Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso por incumplimiento - Procedimiento administrativo previo - Objeto - Determinación del objeto del litigio por el dictamen motivado

[Tratado CE, art. 169 (actualmente art. 226 CE)]

2 Recurso por incumplimiento - Prueba del incumplimiento - Carga que incumbe a la Comisión - Adaptación insuficiente o inadecuada del Derecho interno a una Directiva - Obligación de probar los efectos reales de la legislación nacional de adaptación - Inexistencia

[Tratado CE, art. 169 (actualmente art. 226 CE)]

3 Medio ambiente - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Directiva 85/337/CEE - Sujeción a evaluación de los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II - Facultad de apreciación de los Estados miembros - Límites - Falta de consideración de la naturaleza, la localización y el efecto acumulativo de los proyectos - Incumplimiento

(Directiva 85/337/CEE del Consejo, arts. 2, ap. 1, y 4, ap. 2)

4 Recurso por incumplimiento - Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia - Situación que debe considerarse - Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado

[Tratado CE, art. 169 (actualmente art. 226 CE)]

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1 En el marco del recurso por incumplimiento, la finalidad del procedimiento administrativo previo es dar al Estado miembro interesado la ocasión, por una parte, de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario y, por otra, de formular adecuadamente las alegaciones en su defensa frente a las imputaciones de la Comisión.

El procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 169 del Tratado (actualmente artículo 226 CE) delimita el objeto de un recurso interpuesto al amparo de dicho artículo. Por tanto, el recurso no podrá fundarse en imputaciones distintas de las indicadas en el dictamen motivado.

2 En el marco de un recurso por incumplimiento no es necesario, para demostrar que la adaptación del Derecho interno a la Directiva es insuficiente o inadecuada, probar los efectos reales de la legislación nacional de adaptación. Por consiguiente, nada impide a la Comisión demostrar dicho carácter defectuoso o insuficiente sin esperar a que la aplicación de la Ley de adaptación del Derecho interno produzca efectos perjudiciales.

3 El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, establece que los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II de la Directiva se someterán a una evaluación cuando los Estados miembros consideren que sus características lo exigen y que, a tal fin, los Estados miembros podrán especificar determinados tipos de proyectos que deban someterse a una evaluación o establecer criterios y/o umbrales necesarios para determinar cuáles, entre los proyectos de que se trata, deberán ser objeto de una evaluación. Dicho margen de apreciación está limitado por la obligación, establecida en el artículo 2, apartado 1, de someter a un estudio de impacto ambiental los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización.

Así, un Estado miembro que estableciera criterios y/o umbrales teniendo en cuenta únicamente las dimensiones de los proyectos, sin tomar en consideración asimismo su naturaleza y su localización, sobrepasaría el margen de apreciación de que dispone en virtud del artículo 2, apartado 1, y del artículo 4, apartado 2, de la Directiva. Lo mismo ocurriría si un Estado miembro estableciera los criterios y/o umbrales en un nivel tal que, en la práctica, la totalidad de los proyectos de un determinado tipo quedara a priori exenta de la obligación del estudio sobre impacto ambiental salvo que, sobre la base de una apreciación global, pudiera considerarse que ninguno de los proyectos excluidos podía tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente. Así sucedería en el supuesto de un Estado miembro que se limitase a fijar un criterio de dimensión de los proyectos y no se asegurase, por otra parte, de que no se eludiera el objetivo de la normativa mediante un fraccionamiento de los proyectos. En efecto, el hecho de que no se tenga en cuenta el efecto acumulativo de los proyectos tiene como consecuencia práctica que la totalidad de los proyectos de un determinado tipo puede quedar exenta de la obligación de evaluación, aunque, considerados conjuntamente, pueden tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva.

4 En el marco de un recurso por incumplimiento que pone en tela de juicio la compatibilidad con el Derecho comunitario de una legislación nacional, las posibles modificaciones de dicha legislación carecen de influencia sobre la resolución que haya de dictarse acerca del objeto del recurso, en la medida que no se hayan efectuado antes de expirar el plazo señalado en el dictamen motivado.