ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que la decisión relativa a la solicitud de permiso de residencia de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión Europea debe adoptarse y notificarse dentro del plazo de seis meses establecido en la citada disposición.

La Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que obliga a las autoridades nacionales competentes a expedir de oficio una tarjeta de residencia de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión al interesado, si se sobrepasa el plazo de seis meses establecido en el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/38, sin comprobar previamente si el interesado reúne efectivamente los requisitos para residir en el Estado miembro de acogida de conformidad con el Derecho de la Unión.

A este respecto, procede señalar que la Directiva 2004/38 no contiene disposición alguna que rija las consecuencias que se derivan del incumplimiento del plazo establecido en el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/39, pues dicha cuestión está comprendida, en principio, dentro de la autonomía de procedimiento de los Estados miembros a condición de que se observen los principios de efectividad y de equivalencia (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de marzo de 2016, Bensada Benallal,C‑161/15, EU:C:2016:175, apartado 24). En este marco, si bien el Derecho de la Unión no se opone en absoluto a que los Estados miembros establezcan regímenes de aceptación o de autorización implícita, es necesario que tales regímenes no sean contrarios al efecto útil del Derecho de la Unión.

En estas circunstancias, aunque nada impide que una normativa nacional establezca que el silencio de la administración competente durante un período de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud equivalga a una decisión denegatoria, los propios términos de la Directiva 2004/38 se oponen, en cambio, a que equivalga a una decisión de aceptación.

(véanse los apartados 45, 46, 51 y 56 y el punto 2 del fallo)
El principio de retroactividad de la ley penal más favorable, consagrado en el artículo 49, apartado 1, tercera frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una persona sea condenada por haber obtenido indebidamente ciertas restituciones especiales a la exportación establecidas por el Reglamento (CEE) n.o 1964/82 de la Comisión, de 20 de julio de 1982, por el que se establecen las condiciones de concesión de restituciones especiales a la exportación para determinadas carnes de vacuno deshuesadas, valiéndose de maniobras o de falsas declaraciones relativas a la naturaleza de las mercancías para las que se solicitaron las restituciones, cuando, a raíz de una modificación de dicho Reglamento efectuada con posterioridad a los hechos imputados, las mercancías exportadas por dicha persona dan derecho a estas restituciones.

Pues bien, procede señalar, por un lado, que, como se desprende de los autos remitidos al Tribunal de Justicia, el legislador francés no ha modificado el tipo penal del artículo 426, punto 4o, del código aduanero desde que se cometiera el delito objeto del procedimiento principal. Las declaraciones falsas o las maniobras que tengan por efecto obtener un beneficio asociado a la exportación, como una restitución especial a la exportación establecida en el Reglamento n.o 1964/82, siguen siendo penalmente punibles del mismo modo en que lo eran cuando se produjeron los hechos del procedimiento principal. Por otro lado, en lo que atañe a la modificación del marco normativo de la Unión, recordada en el apartado 31 de la presente sentencia, es preciso subrayar que, como se desprende del segundo considerando del Reglamento (CE) n.o 2469/97, el establecimiento de una restitución especial a la exportación de los trozos deshuesados procedentes de los cuartos delanteros de los bovinos pesados machos tenía por objeto adaptar esa normativa a la cambiante realidad del mercado de la carne, y en particular a la evolución de la situación del mercado mundial que siguió a la aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay. Por lo tanto, la elección del legislador de la Unión de modificar los criterios para optar a las restituciones establecidos en el artículo 1 del Reglamento n.o 1964/82 se basó en una apreciación puramente económica y técnica de la situación del mercado global de la carne.

(véanse los apartados 34, 36, 37 y 41 y el fallo)
Cooperación judicial en materia penal—Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros—Motivos de no ejecución obligatoria de la orden de detención europea—Persona buscada que ha sido juzgada en sentencia firme por los mismos hechos—Concepto de «juzgada»—Resolución por la que se archivan definitivamente las diligencias penales dictada por una autoridad competente para participar en la administración de la justicia penal—Inclusión

Cooperación judicial en materia penal—Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros—Motivos de no ejecución obligatoria de la orden de detención europea—Persona buscada que ha sido juzgada en sentencia firme por los mismos hechos—Motivos de no ejecución facultativos de la orden de detención europea—Persona buscada que ha sido juzgada en sentencia firme por los mismos hechos o respecto a la cual se ha decidido no incoar acción penal o concluir la acción penal—Orden de detención europea dictada contra una persona que ha tenido la calidad de testigo en un procedimiento archivado sobre los mismos hechos—Exclusión

(Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI, arts. 3, punto 2, y 4, punto 3)
La Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1251/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, y los principios generales en los que se basa deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a normas de Derecho nacional, como las controvertidas en el litigio principal, que no prevén la revisión periódica de los precios tras la adjudicación de contratos comprendidos en los sectores objeto de la antedicha Directiva.

A este respecto, debe señalarse que de ninguna disposición de la Directiva se desprende que esta deba interpretarse en el sentido de que se opone a normas de Derecho nacional, como el artículo 115 del Decreto Legislativo n.o 163/2006 en relación con el artículo 206 de dicho Decreto Legislativo, que no prevean la revisión periódica de los precios tras la adjudicación de contratos comprendidos en los sectores objeto de la misma Directiva, ya que esta última no impone a los Estados miembros ninguna obligación específica de prever disposiciones que exijan a la entidad adjudicadora que conceda a la otra parte contratante una revisión al alza del precio tras la adjudicación de un contrato. Tampoco los principios generales en los que se basa la Directiva 2004/17, en particular, el principio de igualdad de trato y la obligación de transparencia que de este se deriva, reconocidos en el artículo 10 de dicha Directiva, se oponen a tales normas. Al contrario, no puede excluirse que una revisión del precio tras la adjudicación del contrato pueda ser contraria a ese principio y a esa obligación (véase, por analogía, la sentencia de 7 de septiembre de 2016, Finn Frogne,C‑549/14, EU:C:2016:634, apartado 40). En efecto, tal como señala la Comisión en sus observaciones escritas, el precio del contrato constituye un elemento de gran importancia en la evaluación de las ofertas que realiza una entidad adjudicadora, al igual que en la decisión de esta de adjudicar el contrato a un operador. Esa importancia queda, por otra parte, puesta de manifiesto por la mención que se hace del precio en los dos criterios relativos a la adjudicación de los contratos que se recogen en el artículo 55, apartado 1, de la Directiva 2004/17. En estas circunstancias, las normas de Derecho nacional que no prevén la revisión periódica de los precios tras la adjudicación de contratos comprendidos en los sectores objeto de la referida Directiva contribuyen más bien a favorecer el respeto de los antedichos principios.

(véanse los apartados 29, 30 y 36 y el fallo)
El artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el artículo 11, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que una persona física, cuya actividad profesional consiste, en particular, en reclamar a las entidades aseguradoras el pago de las indemnizaciones por daños y que para ello se basa en un contrato de cesión de crédito celebrado con el afectado por un accidente de tráfico, no puede invocar los citados preceptos para ejercitar una acción de responsabilidad civil contra la entidad aseguradora del causante del accidente, que tiene su domicilio social en un Estado miembro distinto del Estado miembro del domicilio del perjudicado, ante un tribunal de este último Estado miembro.

Si bien es cierto que, como precisa el considerando 18 del Reglamento n.o 1215/2012, el objeto de la sección 3 del capítulo II de ese Reglamento consiste en proteger a la parte más débil mediante reglas para determinar la competencia judicial más favorables a sus intereses de lo que dispone la regla general, no es menos verdad que consta que la acción controvertida en el litigio principal se incardina en las relaciones entre profesionales y que no puede en modo alguno afectar a la situación procesal de una parte considerada más débil (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2016, SOVAG,C‑521/14, EU:C:2016:41, apartados 29 y 30). A este respecto, el hecho de que un profesional como el Sr. Hofsoe ejerza su actividad en el seno de una pequeña empresa no puede llevar a considerar que sea una parte más débil que el asegurador. En efecto, una apreciación casuística de si puede considerarse a tal profesional como una «parte más débil» para poder estar comprendido en el concepto de «persona perjudicada», a efectos del artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, provocaría inseguridad jurídica y contravendría el objetivo de dicho Reglamento, enunciado en su considerando 15, según el cual las reglas para determinar la competencia deben presentar un alto grado de previsibilidad (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de julio de 2017, MMA IARD,C‑340/16, EU:C:2017:576, apartado 34).

(véanse los apartados 44, 45 y 47 y el fallo)
2

El artículo 1 del Reglamento n.o 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (DO 2013, L 158, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento 1/58»), establece: «Las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión serán el alemán, el búlgaro, el castellano, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco.»
El aumento de la recaudación de los impuestos que financian varios regímenes de ayudas autorizadas con respecto a las previsiones notificadas a la Comisión Europea, como ocurre en el caso contemplado en el litigio principal, es una modificación de una ayuda existente, en el sentido del artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE], y del artículo 4, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 794/2004, de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 659/1999, interpretados a la luz de lo dispuesto en el artículo 108 TFUE, apartado 3, salvo que ese aumento permanezca por debajo del umbral del 20 % establecido en el artículo 4, apartado 1, segunda frase, de este segundo Reglamento. En una situación como la del litigio principal, este umbral debe apreciarse en relación con la recaudación afectada a los regímenes de ayudas de que se trate, y no en relación con las ayudas efectivamente otorgadas.
1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de septiembre de 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión (T‑220/13, no publicada, EU:T:2016:484), por cuanto desestimó el recurso interpuesto por Scuola Elementare Maria Montessori Srl que tenía por objeto la anulación de la Decisión 2013/284/UE de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, relativa a la ayuda estatal SA.20829 [C‑26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régimen de exención del impuesto municipal sobre bienes inmuebles concedido a entidades no comerciales por los bienes inmuebles utilizados para fines específicos ejecutado por Italia, en la medida en que la Comisión Europea no ordenó la recuperación de las ayudas ilegales concedidas en virtud de la exención de la Imposta comunale sugli immobili (impuesto municipal sobre bienes inmuebles).
7

El Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (Código de Procedimiento Tributario y de Seguridad Social), de 1 de enero de 2006 (DV n.o 105, de 29 de diciembre de 2005; en lo sucesivo, «Código de Procedimiento Tributario»), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, establece, en su artículo 18, que lleva por título «Responsabilidad de las personas que deben practicar las retenciones y abonar impuestos o gravámenes sociales»: «(1) Una persona legalmente obligada a retener e ingresar un impuesto o gravámenes sociales obligatorios que no retiene y no ingresa el impuesto o los gravámenes sociales será responsable solidario junto con el deudor del impuesto o de los gravámenes sociales no retenidos y no ingresados. (2) Cuando la persona a la que se refiere el apartado 1 ha retenido el impuesto o los gravámenes sociales obligatorios pero no los ha ingresado, debe dicho impuesto o esos gravámenes sociales obligatorios quedando extinguida la responsabilidad del deudor.»
56

Por otra parte, en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno español expuso que la jurisprudencia del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento jurídico nacional, en la medida en que garantiza una interpretación uniforme de la ley por los tribunales españoles. Según dicho Gobierno, sin embargo, la mencionada jurisprudencia no tiene carácter vinculante u obligatorio, puesto que carece de valor normativo erga omnes, no tiene fuerza de ley y no constituye fuente del Derecho en el ordenamiento jurídico español. De este modo, los tribunales inferiores pueden dejar de aplicarla e intentar convencer al Tribunal Supremo para que la modifique. El Gobierno español añadió que, no obstante, la mencionada jurisprudencia goza de ejemplaridad, en el sentido de que las resoluciones de los tribunales inferiores nacionales podrán ser anuladas por el Tribunal Supremo si se apartan de esa misma jurisprudencia.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO 2013, L 354, p. 22; corrección de errores en DO 2014, L 369, p. 79).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, 3 y 9 y la validez del artículo 66 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»).
17

El artículo 15 de la AGG es del siguiente tenor: «1. En caso de infringirse la prohibición de discriminación, el empresario está obligado a resarcir por los perjuicios que resulten de ello. No habrá lugar a la indemnización si el citado empresario no fuere responsable de la infracción. 2. El empleado podrá reclamar una indemnización económica adecuada por los daños no patrimoniales sufridos. De no mediar contratación, la indemnización no podrá superar el equivalente a tres meses de salario en el supuesto de que el trabajador tampoco hubiera sido contratado si se hubiera realizado un proceso de selección no discriminatorio. […]»
4

A tenor del artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva: «No podrá comercializarse ningún medicamento en un Estado miembro sin que la autoridad competente de dicho Estado miembro haya concedido una autorización de comercialización con arreglo a la presente Directiva o se haya concedido una autorización de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 1)], leído en relación con el Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico [y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83 y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 (DO 2006, L 378, p.1)], y el Reglamento (CE) n.o 1394/2007 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83 y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 (DO 2007, L 324, p. 121)]. Cuando un medicamento haya obtenido una autorización de comercialización inicial de acuerdo con el primer párrafo, toda dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y presentación adicionales, así como cualesquiera modificaciones y ampliaciones que se introduzcan[,] deberán también obtener una autorización con arreglo al párrafo primero o incluirse en la autorización de comercialización inicial. Todas estas autorizaciones de comercialización se considerarán pertenecientes a la misma autorización global de comercialización, en particular a los efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 10.»
52

En el presente asunto, se desprende de los autos en poder del Tribunal de Justicia y de las precisiones aportadas por el Gobierno neerlandés en la vista que el Reino de los Países Bajos, en un primer momento, renunció a ejercer la facultad que le ofrece el artículo 64, apartado 1, letra c), segunda frase, del Reglamento n.o 883/2004, en virtud de una circular del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de enero de 2011. Sin embargo, en un segundo momento, después de que, mediante sentencia de 2 de octubre de 2013 dictada en el litigio principal, el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) considerara que la denegación de una solicitud de prórroga de la exportación de las prestaciones por desempleo más allá del plazo de tres meses debe estar motivada, el Uwv decidió, aun manteniendo el principio según el cual no puede estimarse una solicitud de esta naturaleza, que circunstancias particulares propias del caso de que se trate, en particular la existencia de perspectivas concretas y apreciables de empleo, pueden justificar que se conceda esta solicitud. En particular, como se desprende de las indicaciones contenidas en la resolución de remisión, el Uwv considera que estas circunstancias concurren cuando el interesado está inmerso en un proceso que puede llevarle a conseguir un empleo o cuando presenta una declaración de intenciones de un empresario que le ofrece perspectivas reales de contratación en dicho Estado miembro.
92

En el referido apartado, el Tribunal General desestimó la alegación de la Comisión fundada en la «vinculación indirecta de las ventajas fiscales en cuestión con diferentes planes aplicados en China», debido a que «procede de un formalismo excesivo, ya que la supervivencia de dichos planes en China no implica necesariamente que los referidos regímenes sean heredados del sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado, salvo que se considere que todas las medidas adoptadas en China y que puedan vincularse a un plan sean heredadas de su sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado, lo cual privaría al artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base de cualquier efecto útil».
22

En tercer lugar, el tribunal remitente constata que, contrariamente a los inversores neerlandeses o eslovacos, los inversores de Estados miembros que no sean el Reino de los Países Bajos y la República Eslovaca no tienen la posibilidad de acudir a un tribunal arbitral en vez de a un órgano judicial estatal, lo que constituye una desventaja considerable que puede constituir una discriminación contraria al artículo 18 TFUE. No obstante, la limitación en un tratado bilateral interno de la Unión del disfrute de una ventaja a los nacionales de los Estados miembros contratantes solo es discriminatoria si los nacionales de los demás Estados miembros que no disfrutan de esa ventaja se encuentran en una situación objetivamente comparable. Ahora bien, según el tribunal remitente, no sucede así en el presente asunto, dado que el hecho de que los derechos y las obligaciones recíprocos solo se apliquen a quienes sean nacionales de alguno de los dos Estados miembros contratantes es una consecuencia inherente a los convenios bilaterales celebrados entre estos.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 14, punto 1, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 1971, L 149, p. 2, EE 05/01, p. 98), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), y con las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) n.o 631/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 (DO 2004, L 100, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»), y del artículo 11, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento n.o 1408/71 (DO 1972, L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.o 118/97 (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 574/72»).