Palabras clave

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Palabras clave

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1. CEEA ° Régimen de abastecimiento ° Derecho de opción y derecho exclusivo de la Comunidad ° Requisitos para su ejercicio ° Obligación de la Agencia de abastecimiento de garantizar la venta de la producción comunitaria ° Inexistencia ° Aplicación del principio de preferencia en favor de los productores comunitarios ° Requisitos ° Facultad de apreciación de las Instituciones ° Control jurisdiccional

(Tratado CEEA, arts. 52 a 76; Reglamento de la Agencia de abastecimiento de la CEEA por el que se determinan las modalidades de confrontación de las ofertas y las demandas de minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales, art. 5 bis)

2. Responsabilidad extracontractual ° Requisitos ° Ilegalidad ° Perjuicio ° Relación de causalidad

(Tratado CEEA, arts. 151 y 188, párr. 2)

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1. En el sistema del Tratado CEEA, las ofertas de los productores comunitarios, por regla general, compiten con las procedentes del exterior de la Comunidad. De ello se deduce que la Agencia de abastecimiento Euratom no está habilitada, si no concurren circunstancias excepcionales que puedan perjudicar a los objetivos del Tratado, para ejercer su derecho de opción cuando el precio pedido por el productor comunitario es demasiado elevado para garantizarle su venta en el mercado. Por otra parte, salvo excepciones previstas por el Tratado , el régimen de fijación de los precios instituido por el Capítulo VI del Tratado no permite, en principio, obligar a los usuarios a comprar minerales procedentes de la Comunidad a un precio más elevado que el precio del mercado, resultante de la confrontación de las ofertas y las demandas.

Concretamente, de ello se deduce que, llegado el caso, la Agencia no podría, si no existieran obstáculos jurídicos que se opusieran a la satisfacción de un pedido con arreglo al párrafo primero del artículo 61 del Tratado, hacer prevalecer la preferencia comunitaria en favor de los productores de la Comunidad y, con esta finalidad, oponerse a una importación, excepto si el precio solicitado por estos últimos fuera equivalente o inferior al especificado bien en el pedido comunicado a la Agencia por el usuario según el procedimiento instituido por el artículo 60 del Tratado en sus cinco primeros párrafos, bien, en la práctica, en el contrato previamente presentado a esta última para la firma a efectos de su celebración con arreglo al artículo 5 bis del Reglamento de la Agencia por el que se determinan las modalidades de confrontación de las ofertas y las demandas, o si sus ofertas ofrecieran ventajas para el usuario que pudieran compensar una posible diferencia de precio.

Por otra parte, aun cuando la Agencia está habilitada para ejercer su derecho de opción sobre los minerales producidos en la Comunidad, no está obligada a privilegiar la venta de la producción comunitaria, en la medida en que el régimen de abastecimiento instituido por el Tratado no consagra el principio de la preferencia comunitaria en favor de los productores. En particular, la Agencia sólo podrá ejercer sus derechos exclusivos para vender el uranio natural ofrecido por un productor comunitario y garantizar así el mantenimiento en actividad de su explotación en el territorio de la Comunidad en relación con la persecución de los objetivos definidos por el Tratado. A tal fin, y en cuanto a las decisiones en materia de política económica y comercial, así como de política nuclear, la Agencia dispone de un amplio margen de apreciación en el marco del ejercicio de sus competencias, de modo que el control del Tribunal de Primera Instancia en todo caso deberá limitarse al del error manifiesto de apreciación o de desviación de poder.

A la vista de este marco jurídico, una empresa que produce aproximadamente el 1,5 % del consumo comunitario de uranio natural y que no consigue vender su producción en el mercado comunitario, no tiene derecho, a falta de circunstancias particulares que justifiquen una excepción al sistema de abastecimiento, a exigir a la Comisión que obligue a la Agencia de abastecimiento a hacer uso de su derecho de opción y de su derecho exclusivo de celebrar contratos de suministro para permitirle vender su producción.

2. El nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad está supeditado a la concurrencia de un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilicitud de la conducta imputada a las Instituciones comunitarias, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre la conducta y el perjuicio invocado.