Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 25 de junio de 1998. - British Airways plc, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Air UK Ltd, Euralair international, TAT European Airlines SA y British Midland Airways Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Ayuda de Estado - Transportes aéreos - Compañía aérea en situación de crisis financiera - Autorización de una ampliación de capital. - Asuntos acumulados T-371/94 y T-394/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02405



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Ayudas concedidas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Procedimiento contradictorio - Derechos de participación y de información de los interesados - Carácter limitado - Inexistencia de contradicción con la obligación de la Comisión de motivar su Decisión pronunciándose sobre las alegaciones fundamentales formuladas por los interesados

(Tratado CE, arts. 93, ap. 2, 190 y 214)

2 Ayudas concedidas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Obligación de respetar un plazo fijo - Inexistencia - Obligación de recurrir a expertos independientes - Inexistencia

(Tratado CE, art. 93, ap. 2)

3 Procedimiento - Intervención - Motivo no formulado por la parte demandante - Inadmisibilidad

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 4; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 116, ap. 3]

4 Ayudas concedidas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Obligación de transmitir a los demás Estados miembros las observaciones recibidas del Gobierno del Estado que haya solicitado la autorización para conceder una ayuda - Inexistencia

(Tratado CE, art. 93)

5 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites - Apreciación de la legalidad en función de los elementos de información disponibles en el momento de adoptarse la Decisión

(Tratado CE, arts. 92, ap. 3, y 173)

6 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión por la que se autoriza una ayuda de Estado

(Tratado CE, arts. 93, ap. 2, 173 y 190)

7 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Facultad de apreciación de la Comisión

(Tratado CE, art. 92, ap. 3)

8 Comisión - Principio de colegialidad - Alcance - Motivación de las Decisiones - Modificación posterior a la adopción - Ilegalidad

(Tratado CE, art. 190; Tratado de fusión, art. 17)

9 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Examen de las medidas de reestructuración previstas por la empresa beneficiaria de la ayuda - Comparación con las medidas adoptadas por otras empresas del mismo sector - Falta de pertinencia

(Tratado CE, art. 92, ap. 3)

10 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Ayudas destinadas al desarrollo de un sector de actividad económica - Reestructuración de una de las tres mayores compañías aéreas de Europa

[Tratado CE, art. 92, ap. 3, letra c)]

11 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión relativa a la compatibilidad de una ayuda con el mercado común

(Tratado CE, arts. 92, aps. 1 y 3, y 190)

12 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Facultad de apreciación de la Comisión - Referencia al contexto comunitario - Competencia para supeditar a condiciones la Decisión de autorización de la ayuda - Utilidad jurídica y práctica de dichas condiciones - Inobservancia de las condiciones - Inexistencia de repercusión sobre la legalidad de la Decisión

[Tratado CE, art. 92, ap. 3, letra c)]

13 Recurso de anulación - Motivos - Motivo basado en una infracción del artículo 155 del Tratado - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 155 y 173)

Índice

14 Los interesados, en el sentido del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, lejos de poder ampararse en el derecho de defensa, reconocido a las personas en contra de las cuales se inicia un procedimiento, sólo disponen del derecho a participar en el procedimiento administrativo en una medida adecuada en función de las circunstancias del caso concreto.

Pues bien, el alcance de los derechos de participación y de información de que disponen puede verse limitado de dos maneras. Por un lado, cuando un Estado miembro notifica a la Comisión un proyecto de ayuda acompañado de documentos justificativos y los servicios competentes de ésta tienen luego una serie de entrevistas con los funcionarios de aquél, el nivel de información de la Comisión puede haber llegado ya a un grado relativamente elevado que no permita que queden sino un número reducido de dudas que pueden eliminarse mediante informaciones facilitadas por los interesados. En efecto, en la medida en que se refiere a los detalles del proyecto de ayuda, a la situación económica, financiera y competitiva de la empresa beneficiaria y al funcionamiento interno de ésta, el debate entre el Estado miembro y la Comisión se lleva a cabo, necesariamente, más a fondo que el celebrado con las partes interesadas. Por consiguiente, sin dejar de facilitar a los interesados informaciones generales sobre los elementos básicos del proyecto de ayuda, la Comisión puede limitarse a centrar su Comunicación en el Diario Oficial en los puntos del proyecto sobre los cuales aún tenga algunas dudas. Por otro lado, con arreglo al artículo 214 del Tratado, la Comisión está obligada a no divulgar a los interesados informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional, tales como los datos relativos al funcionamiento interno de la empresa beneficiaria.

El carácter limitado de los derechos de participación y de información de los interesados, en la medida en que afectan únicamente al desarrollo del procedimiento administrativo, no se contradice con el deber que incumbe a la Comisión, en virtud del artículo 190 del Tratado, de proveer a su Decisión final por la que se autorice el proyecto de ayuda de una motivación suficiente que debe pronunciarse sobre todas las alegaciones fundamentales que los interesados, afectados directa e individualmente por esa Decisión, hayan formulado, ya sea espontáneamente o a consecuencia de las informaciones comunicadas por la Comisión. Así pues, aun suponiendo que la Comisión pueda válidamente preferir utilizar otras fuentes de información y reducir de ese modo la importancia de la participación de los interesados, ello no la dispensa de motivar debidamente su Decisión.

15 Ningún texto del Tratado ni de la legislación comunitaria prevé que las Decisiones en materia de ayudas de Estado, adoptadas al término del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado, deben respetar un plazo fijo. Incluso suponiendo que la Comisión actúe con demasiada precipitación y no se conceda tiempo suficiente para examinar el proyecto objeto de litigio, tal comportamiento no puede justificar, por sí solo, la anulación de la Decisión por la que se autoriza esa ayuda. Una anulación requeriría más bien que dicho comportamiento constituyese una violación de normas específicas de procedimiento, del deber de motivación o de la legalidad interna de la Decisión impugnada.

Por otra parte, ninguna disposición del Tratado ni de la legislación comunitaria impone a la Comisión la obligación de recurrir a expertos independientes para elaborar una Decisión en materia de ayudas de Estado.

16 Dado que, en virtud del apartado 3 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las partes coadyuvantes deben aceptar el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención, y que, en virtud del párrafo cuarto del artículo 37 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, las pretensiones de su demanda de intervención no pueden tener otro objeto que apoyar las pretensiones de una de las partes principales, una parte coadyuvante, no está legitimada para formular un motivo no invocado por la parte demandante.

17 El texto del artículo 93 del Tratado no obliga a la Comisión a transmitir a los demás Estados miembros las observaciones que haya recibido del Gobierno del Estado que solicite la autorización para conceder una ayuda. Por el contrario, del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 93 del Tratado se desprende que los otros Estados miembros sólo están implicados en un expediente de ayuda específica en caso de que ese expediente, a petición del Estado interesado, sea presentado ante el Consejo.

18 La Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación en la aplicación del apartado 3 del artículo 92 del Tratado. Dado que dicha facultad discrecional implica apreciaciones complejas de orden económico y social, el control jurisdiccional de una Decisión adoptada en ese marco debe limitarse a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para efectuar la elección impugnada, la falta de error manifiesto en la apreciación de esos hechos o la inexistencia de desviación de poder.

A este respecto, en el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 173 del Tratado, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado y no puede depender de consideraciones retrospectivas sobre su grado de eficacia. En particular, las apreciaciones complejas hechas por la Comisión deben examinarse únicamente en función de los elementos de que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones.

19 La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos, y que el Juez comunitario pueda ejercer su control. La cuestión de si la motivación de una Decisión cumple las exigencias del artículo 190 del Tratado debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Si bien la Comisión no está obligada a responder, en la motivación de una Decisión, a todos los puntos de hecho y de Derecho invocados por los interesados durante el procedimiento administrativo, debe tener en cuenta todas las circunstancias y todos los elementos pertinentes del caso.

En lo que respecta a una Decisión por la que se autoriza una ayuda de Estado, pueden considerarse interesados, en el sentido del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, y procede estimar que, como tal, resultan directa e individualmente afectadas por la Decisión, las personas, empresas o asociaciones que puedan verse afectadas en sus intereses por la concesión de la ayuda, es decir, en particular, las empresas competidoras y las organizaciones profesionales.

Dado que la exigencia de motivación debe apreciarse en función, principalmente, del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por la Decisión, en el sentido del artículo 173 del Tratado, puedan tener en recibir explicaciones, no puede determinarse en función del interés, por parte únicamente del Estado miembro al que vaya dirigida dicha Decisión, en recibir información. En efecto, en el supuesto de que un Estado miembro haya obtenido de la Comisión lo que solicitaba, a saber, la autorización de su proyecto de ayuda, su interés en que se le dirija una Decisión motivada, a diferencia del de los competidores del beneficiario de la ayuda, tiene que verse necesariamente muy reducido, en particular cuando ha recibido suficiente información durante las negociaciones con la Comisión y especialmente a través de la correspondencia intercambiada con ésta antes de la adopción de la Decisión de autorización.

20 Teniendo en cuenta que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia y según una práctica administrativa asimismo reiterada de la Comisión, por un lado, una inversión dedicada a una modernización normal destinada a mantener la competitividad de una empresa debe financiarse con los recursos propios de la empresa, y no mediante una ayuda estatal y, por otro lado, una inversión cuyo objetivo sea la renovación y la modernización tecnológica de una línea de producción, que debe tener lugar periódicamente, no puede considerarse que esté destinada a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, en el sentido de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, la Comisión debe, en respuesta a las observaciones hechas durante el procedimiento administrativo por las partes interesadas con respecto a un proyecto de ayuda específico y relativas a la jurisprudencia y práctica administrativa referidas, facilitar indicaciones precisas sobre la cuestión de si se considera que se cumplen los criterios establecidos por dichas jurisprudencia y práctica o si, por motivos específicos, procede no aplicarlos.

21 La parte dispositiva y la motivación de una Decisión, que debe ser obligatoriamente motivada en virtud del artículo 190 del Tratado, constituyen un todo indivisible, y corresponde únicamente a la Junta de Comisarios, según el principio de colegialidad, adoptar tanto una como otra, por lo que cualquier modificación de los motivos que exceda de una adaptación puramente ortográfica o gramatical es competencia exclusiva de dicha Junta.

22 En materia de ayudas de Estado, si bien no es posible excluir que la Comisión pueda comparar las medidas de reestructuración previstas por la empresa beneficiaria con las adoptadas por otras empresas del mismo sector económico, no es menos cierto que la reestructuración de una empresa debe enfocarse en sus problemas intrínsecos y que las experiencias que hayan tenido otras empresas en otros períodos, en contextos económicos y políticos distintos, pueden no ser pertinentes.

23 La Comisión puede legítimamente considerar que una verdadera reestructuración de una de las tres mayores compañías aéreas de Europa, que disfruta de una ayuda de Estado, produce el efecto de favorecer el desarrollo económico del sector de la aviación civil europea.

24 Las indicaciones sobre la situación de los mercados de que se trata, especialmente la posición de la empresa beneficiaria de una ayuda y la de las empresas competidoras, constituyen un elemento esencial de la motivación de una Decisión relativa a la compatibilidad de un proyecto de ayuda con el mercado común, en el sentido del artículo 92 del Tratado, tanto cuando la Decisión haya sido adoptada con arreglo al apartado 1 de dicho artículo como cuando lo haya sido en el marco de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo en lo que respecta a la cuestión de si la ayuda altera las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

25 Las apreciaciones económicas en la aplicación de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, con respecto a las cuales la Comisión goza de una amplia facultad discrecional, deben efectuarse en un contexto comunitario, lo que significa que la Comisión tiene la obligación de examinar el impacto de una ayuda en la competencia y el comercio intracomunitario.

Para apreciar si una ayuda altera las condiciones de los intercambios de una forma contraria al interés común, es necesario examinar, especialmente, si no existe un desequilibrio entre, por un lado, las cargas que van a sufrir las empresas interesadas y, por otro lado, los beneficios resultantes de la concesión de la ayuda de que se trate. Incumbe a la Comisión, en el marco de su examen del impacto de una ayuda de Estado, ponderar los efectos beneficiosos de la ayuda con sus efectos negativos sobre las condiciones de los intercambios y sobre el mantenimiento de una competencia no falseada.

La Comisión es competente en principio para supeditar una Decisión por la que se autoriza una ayuda en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado a condiciones destinadas a garantizar que la ayuda autorizada no altere las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

La utilidad jurídica y práctica de tales condiciones de autorización reside en que, si la empresa beneficiaria no las respetase, correspondería al Estado miembro en cuestión velar por el cumplimiento de la Decisión de autorización y a la Comisión apreciar si procedía reclamar la devolución de la ayuda. Si el Estado no respeta las condiciones a las que la obligación supedita una Decisión de aprobación de una ayuda, la Comisión puede, en virtud del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, recurrir inmediatamente al Tribunal de Justicia, no obstante lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Tratado.

Teniendo en cuenta este sistema de funcionamiento de las condiciones en las que se basa una Decisión por la que se autoriza una ayuda, la mera afirmación de que no se cumplirá alguna de esas condiciones no puede cuestionar la legalidad misma de dicha Decisión. En efecto, en general, la legalidad de un acto comunitario no puede depender de eventuales posibilidades de soslayarlo, ni de consideraciones retrospectivas sobre su nivel de eficacia.

26 Dado que el artículo 155 del Tratado tiene por objeto fijar, de manera general, las competencias de la Comisión, no se puede pretender que, cada vez que la Comisión infrinja una disposición específica del Tratado, esa infracción acarree la de la disposición general del artículo 155 del Tratado.

Partes

En los asuntos acumulados T-371/94 y T-394/94,

British Airways PLC, sociedad inglesa, establecida en Hounslow (Reino Unido),

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, sociedad danesa, noruega y sueca, establecida en Estocolmo,

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, sociedad neerlandesa, establecida en Amstelveen (Países Bajos),

Air UK Ltd, sociedad inglesa, establecida en Stansted (Reino Unido),

Euralair International, sociedad francesa, establecida en Bonneuil (Francia),

TAT European Airlines, sociedad francesa, establecida en Tours (Francia),

representadas por el Sr. Romano Subiotto, Solicitor, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Elvinger, Hoss y Prussen, 15, Côte d'Eich,

partes demandantes en el asunto T-371/94,

y

British Midland Airways Ltd, sociedad de derecho inglés, establecida en Castle Donington (Reino Unido), representada por los Sres. Kevin F. Bodley, Solicitor, y Konstantinos Adamantopoulos, Abogado de Atenas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

parte demandante en el asunto T-394/94,

apoyadas por

Reino de Suecia, representado por el Sr. Staffan Sandström, en calidad de Agente,

Reino de Noruega, representado por la Sra. Margit Tveiten, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede del Real Consulado de Noruega, 3, boulevard Royal,

Maersk Air I/S, sociedad danesa, establecida en Dragøer (Dinamarca),

y

Maersk Air Ltd, sociedad inglesa, establecida en Birmingham (Reino Unido),

representados por los Sres. Roderic O'Sullivan y Philip Wareham, Solicitors, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Arendt y Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

partes coadyuvantes en el asunto T-371/94,

Reino de Dinamarca, representado por el Sr. Peter Biering, Jefe de División del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Dinamarca, 4, boulevard Royal,

y

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por los Sres. John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, y Richard Plender, QC, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada del Reino Unido, 14, boulevard Roosevelt,

partes coadyuvantes en los dos asuntos,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Nicholas Khan y Ben Smulders, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, asistidos por Me Ami Barav, Barrister de Inglaterra y del País de Gales y Abogado de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

apoyada por

República Francesa, representada por el Sr. Marc Perrin de Brichambaut, directeur des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, por las Sras. Edwige Belliard y Catherine de Salins y por el Sr. Jean-Marc Belorgey, respectivamente directeur adjoint, sous-directeur y chargé de mission de la direction des affaires juridiques del mismo Ministerio, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

y

Compagnie nationale Air France, sociedad francesa, establecida en París, representada por Me Olivier d'Ormesson, Abogado de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

partes coadyuvantes,

que tiene por objeto una solicitud de anulación de la Decisión 94/653/CE de la Comisión, de 27 de julio de 1994, relativa a la ampliación de capital notificada de Air France (DO L 254, p. 73),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Segunda ampliada),

integrado por los Sres.: C.W. Bellamy, Presidente; K. Lenaerts, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos y A. Potocki, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y después de celebrada la vista el 6 y el 7 de mayo de 1997;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron los recursos y procedimientos

Procedimiento administrativo

1 Mediante escrito de 18 de marzo de 1994, las autoridades francesas notificaron a la Comisión, de conformidad con el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE, su intención de aportar 20.000 millones de FF a la Compagnie nationale Air France (en lo sucesivo, «Air France»). Se adjuntaba a dicha notificación un plan de reestructuración denominado «Projet pour l'entreprise» (en lo sucesivo, «Projet»).

2 Tras una reunión celebrada con representantes de Air France y del Gobierno Francés, y tras la correspondencia intercambiada con estos últimos, la Comisión incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado. Informó de ello a las autoridades francesas mediante escrito de 30 de mayo de 1994 que fue recogido en una Comunicación publicada el 3 de junio de 1994 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DO C 152, p. 2; en lo sucesivo, «Comunicación de 3 de junio de 1994»).

3 En dicha Comunicación, la Comisión consideró que la ampliación de capital prevista constituía una ayuda de Estado, señalando que debía examinar si el proyecto de ayuda afectaría a las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. A este respecto, la Comisión consideró principalmente:

- que la realidad económica exige tener en cuenta la situación y las perspectivas económicas del grupo Air France en su conjunto;

- que la Comisión debe examinar los efectos de la ayuda sobre la competitividad de Air France en las rutas internacionales y nacionales en que compite con otras líneas aéreas europeas.

4 A raíz de ello, las autoridades francesas enviaron a la Comisión una serie de escritos y participaron, junto con representantes de Air France, en varias reuniones celebradas con la Comisión. Hasta el 4 de julio de 1994, la Comisión recibió las observaciones de veintitrés partes interesadas, entre las que figuraban el Reino de Dinamarca, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Reino de Suecia, el Reino de Noruega, la Asociación de Compañías Aéreas de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, «ACE») y gran número de compañías aéreas europeas, entre ellas, las demandantes.

5 La mayoría de las partes interesadas compartían las dudas de la Comisión en cuanto a la licitud de la referida ayuda. Entre sus principales objeciones figuraban las siguientes:

- la ayuda iría en favor del grupo, y no sólo de Air France;

- la ayuda llevaría a la sobrecapitalización del grupo Air France;

- la compra de diecisiete nuevos aviones por un precio de 11.500 millones de FF es inaceptable;

- la valoración de la compatibilidad de la ayuda con el mercado común no debería hacerse sólo desde el punto de vista del desarrollo de su beneficiario;

- en caso de autorización de la ayuda, debería imponerse una reducción enorme de las capacidades de Air France.

6 Los comentarios de las partes interesadas fueron comunicados a las autoridades francesas que respondieron a ellos mediante escrito enviado el 13 de julio de 1994 a los servicios competentes de la Comisión. El 14 de julio de 1994, el Primer Ministro francés dirigió al miembro competente de la Comisión un escrito exponiendo los compromisos que asumiría su Gobierno en caso de aprobación del Projet. El 18 de julio de 1994 se comunicaron dos compromisos adicionales del Gobierno francés. Por último, el 26 de julio de 1994 las autoridades francesas remitieron a la Comisión cierta información complementaria.

La Decisión impugnada

7 El 27 de julio de 1994, la Comisión adoptó la Decisión 94/653/CE, relativa a la ampliación de capital notificada de Air France (DO L 254, p. 73; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), que puede resumirse de la siguiente manera.

8 Tras describir la estructura del grupo Air France (que desarrolla actividades de transporte aéreo, hostelería, turismo, restauración, mantenimiento y formación de pilotos), la Comisión señala que este grupo es, junto con British Airways y Lufthansa, una de las tres mayores compañías aéreas europeas. Según ella, desde principios de los años noventa, ha venido practicando una política de adquisición de participaciones en otras compañías aéreas (UTA, Air Inter, Sabena y CSA) cuyo objetivo es mantener su influencia en el mercado nacional y prepararse para la competencia en las rutas internacionales. El grupo Air France puso en marcha un programa de modernización y expansión de su flota financiado mediante préstamos, cuyas cargas financieras afectaron negativamente a los resultados finales del grupo, llegándose a una primera pérdida de 717,2 millones de FF en 1990. Frente a tal situación, el grupo Air France puso en marcha varios planes de reestructuración, pero todos fracasaron.

9 En resumen, la Comisión constata que el grupo Air France atraviesa una grave crisis económica y financiera: tras perder 3.200 millones de FF en 1992, en 1993 registró su cuarto resultado negativo consecutivo, esta vez de 8.400 millones de FF. En los tres últimos años, la situación del grupo ha seguido deteriorándose. La brecha entre el grupo Air France y sus competidores ha ido en aumento debido a los malos resultados de 1993, que se deben fundamentalmente a su baja productividad y a sus elevados costes de explotación, así como a las fuertes cargas financieras soportadas.

10 La Comisión describe a continuación las líneas directrices del Projet cuyo objetivo es «faire de Air France une véritable entreprise», objetivo que debe conseguirse durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1996 mediante una reducción de costes y gastos financieros, una noción distinta del producto y una mejor utilización de los medios, una reorganización de la compañía y una participación de los empleados.

11 En este contexto, la Comisión expone principalmente que el número de aviones nuevos que se entregarán durante el período de reestructuración disminuirá de veintidós a diecisiete y que la inversión correspondiente será de 11.500 millones de FF. La flota en explotación (ciento cuarenta y cinco aviones) sólo aumentará en un avión y el número de asientos disponibles disminuirá ligeramente. Además, Air France racionalizará su flota reduciendo los tipos de aeronaves. Efectivamente, añade la Comisión, la heterogeneidad de su flota (veinticuatro tipos o versiones diferentes) es uno de los factores que aumentan sus costes de explotación. Por otra parte, Air France simplificará su red, incrementará las frecuencias en las rutas rentables, ampliará los vuelos de larga distancia, abandonará las rutas marginales y se centrará en aquellas que tengan buenas perspectivas de crecimiento. En el plano social, el Projet prevé una reducción de plantilla de cinco mil puestos de trabajo, la congelación de los salarios (aunque esta medida podrá reconsiderarse) y un bloqueo de los ascensos. Además, Air France se reestructurará en once centros de explotación responsables de sus resultados económicos y cada centro contará con medios propios. La financiación del Projet se financiará por medio de una ampliación de capital y de la venta de activos no básicos.

12 La Comisión señala que, durante sus negociaciones con el Gobierno francés éste asumió una serie de compromisos relativos a la aplicación del Projet y a la utilización del capital concedido a Air France, estando previsto que la ampliación de capital se realizaría en tres tramos: 10.000 millones de FF en 1994, 5.000 millones de FF en 1995 y 5.000 millones de FF en 1996. Estos compromisos se recogen, en forma de condiciones, en la parte dispositiva de la Decisión impugnada.

13 Sobre la base de los elementos expuestos, la Comisión considera que la aportación de capital prevista constituye una ayuda de Estado, en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado y del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), la cual, teniendo en cuenta la amplia red europea de Air France y la intensa competencia existente en la mayoría de las rutas de esta compañía, falsea la competencia dentro del EEE. Por otra parte, según ella, la ayuda afecta a los intercambios entre los países del EEE, dado que la aviación civil es un sector de actividades de carácter internacional.

14 Tras excluir la aplicación de otras excepciones previstas por el Tratado y por el Acuerdo EEE, la Comisión comprueba hasta qué punto se cumplen los criterios establecidos por la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y por la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

15 Examinando la situación actual de la aviación civil, la Comisión estima que este sector parece haberse recuperado de la crisis económica que se hace sentir desde 1990. A pesar de los resultados positivos (incremento del transporte de pasajeros), algunas compañías aéreas europeas siguen registrando pérdidas a causa de los excesos de capacidad que existen en el mercado. Sin embargo, las perspectivas del sector europeo de la aviación son bastante positivas a medio plazo. A la luz de estos datos, parece ser que el exceso de capacidad no es sino un fenómeno temporal. Por consiguiente, la Comisión opina que el mercado no está afectado por una crisis estructural de exceso de capacidad y que el estado del sector no precisa recortes de capacidad generalizados.

16 Tras evaluar el Projet, la Comisión considera que éste puede suponer la recuperación de la viabilidad económica y financiera de Air France y que una auténtica reestructuración de esta compañía contribuirá al desarrollo del transporte aéreo europeo mejorando su competitividad y que, por lo tanto, es de interés común. En este contexto, una nota a pie de página hace referencia al programa de actuación de la Comisión «El futuro de la aviación civil en Europa» [COM(94) 218].

17 Al comprobar si la ayuda prevista es proporcional a las necesidades de reestructuración de Air France, la Comisión estima que esta medida es necesaria y proporcionada para permitir a la empresa llevar a cabo con éxito su plan de reestructuración y recuperar su viabilidad. A este respecto, la Comisión examina los diferentes instrumentos financieros emitidos por Air France entre 1989 y 1993, para llegar a la conclusión de que el coeficiente de endeudamiento (deuda/recursos propios) será de 1,12:1 al final de 1996. En efecto, la estructura del balance del grupo Air France sería la siguiente: capital propio = 18.650 millones de FF y deuda = 20.850 millones de FF. Este coeficiente es superior a la media del sector de la aviación civil, en el que se considera aceptable una cifra de 1,5:1. La Comisión explica a continuación que, independientemente de la ayuda, Air France puede mejorar su situación financiera por sus propios medios procediendo, entre otras cosas, a un aplazamiento de los pedidos de aeronaves y a la venta de activos. En cuanto a la primera posibilidad, la Comisión señala que Air France ya ha pospuesto varios pedidos; otro aplazamiento situaría la edad media de la flota por encima de diez años, nivel que parece excesivo para una compañía aérea que pretende recuperar su competitividad. Con respecto a la venta de activos, la Comisión señala que sólo un número limitado de éstos (Méridien, Sabena y Air Inter) podría suponer una cantidad significativa de fondos. Sabena y Air Inter son importantes activos esenciales para la actividad de Air France en el sector del transporte aéreo. La venta de los activos restantes está ya prevista en el Projet, por lo que no permitiría reducir significativamente la cuantía de la ayuda.

18 Al comprobar que la ayuda no afecta a las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, la Comisión se remite a los compromisos que el Gobierno francés contrajo en el procedimiento administrativo -principalmente el relativo a que Air France sería la única beneficiaria de la ayuda- para llegar a la conclusión de que dichos compromisos limitan sus motivos de preocupación acerca de los posibles efectos de la ayuda, al impedir virtualmente a Air France su utilización para subvencionar las actividades de Air Inter. Así pues, la Comisión limitó el análisis de los efectos de la ayuda sobre las condiciones de los intercambios a Air France, que es la beneficiaria real.

19 La Comisión considera que estos compromisos imponen importantes limitaciones a la libertad de que dispone Air France en materia de capacidad, oferta y precios e impiden a ésta practicar una política de precios agresiva en sus rutas dentro del EEE. Por otra parte, en los cuatro primeros meses de 1994, Air France redujo su oferta en el mercado europeo en un 6,4 % con respecto al mismo período de 1993, mientras que para las compañías europeas se registró un aumento medio del 3,8 %. Según la Comisión, al limitar la oferta de Air France por debajo del crecimiento del mercado, la cuota de mercado de esta empresa en el EEE disminuiría en beneficio de sus competidores. Eso impediría que la ayuda afectara a las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

20 La Comisión señala que, para analizar los efectos de la ayuda en el EEE, debe tener en cuenta la mayor liberalización del sector del transporte aéreo en la Comunidad tras la adopción, en 1992, de varios Reglamentos del Consejo, denominados «tercer paquete». En este contexto, considera que la eliminación de las restricciones que protegen a Air France de sus competidores es una compensación adecuada que justifica la concesión de una ayuda compatible con el interés común.

21 Por último, la Comisión estima que los efectos negativos de la ayuda no se añaden al disfrute de derechos exclusivos o a un trato privilegiado en favor de Air France, dado que las autoridades francesas se comprometieron a modificar las reglas de distribución del tráfico aplicadas al sistema aeroportuario de París, con el fin, por un lado, de hacer que dichas reglas no fueran discriminatorias y, por otro lado, de garantizar que las obras necesarias para la adaptación de las dos terminales de Orly-Sur y Orly-Oeste no afecten a las condiciones de la competencia en detrimento de las compañías aéreas usuarias del aeropuerto de Orly. La Comisión recuerda, además, que el 27 de abril de 1994 adoptó una Decisión que obligaba a Francia a autorizar a las compañías aéreas comunitarias a ejercer sus derechos de tráfico en las rutas entre París (Orly) y Toulouse, así como entre París (Orly) y Marsella, a partir del 27 de octubre de 1994, a más tardar.

22 En definitiva, la Comisión estima que los compromisos asumidos por las autoridades francesas satisfacen, en su conjunto, las preocupaciones expresadas por ella al incoar el procedimiento administrativo.

23 A tenor del artículo 1 de la Decisión impugnada, la ayuda que se concederá a Air France en el período de 1994 a 1996, en forma de una ampliación de capital de 20.000 millones de FF, pagaderos en tres tramos, que tiene como finalidad la reestructuración de la empresa de acuerdo con el Projet, es compatible con el mercado común y con el Acuerdo EEE en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE, siempre que el Gobierno francés cumpla dieciséis compromisos que forman parte de dicho artículo 1.

24 El artículo 2 de la Decisión impugnada dispone que el pago de los tramos segundo y tercero de la ayuda queda supeditado al cumplimiento de los citados compromisos y a la realización efectiva del Projet y de los resultados previstos en él, con el fin de garantizar que el importe de la ayuda sigue siendo compatible con el mercado común. Se conmina al Gobierno francés a que presente a la Comisión, antes de la liberación de los tramos segundo y tercero de la ayuda en 1995 y 1996, un informe sobre la marcha del programa de reestructuración y sobre la situación económica y financiera de Air France. La Comisión confiará a consultores independientes la comprobación de la buena aplicación del plan y el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la aprobación de la ayuda.

Procedimientos jurisdiccionales

25 En tales circunstancias, las demandantes interpusieron los presentes recursos, registrados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de noviembre y el 22 de diciembre de 1994, respectivamente.

26 Las fases escritas siguieron su curso reglamentario.

27 Mediante autos del Presidente de la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo, 8 de mayo y 12 de junio de 1995, se admitió la intervención del Reino de Dinamarca, del Reino Unido, del Reino de Suecia, del Reino de Noruega y de Maersk Air I/S y Maersk Air Ltd (en lo sucesivo, «sociedades Maersk» o «Maersk») en apoyo de las pretensiones de las respectivas partes demandantes.

28 Mediante autos del Presidente de la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de 12 de junio de 1995, se admitió la intervención de la República Francesa en apoyo de las pretensiones de la parte demandada.

29 Mediante autos del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 12 de junio de 1995, se admitió la intervención de Air France en apoyo de las pretensiones de la parte demandada y se la autorizó a litigar en lengua francesa en las fases orales.

30 Mediante decisión del Tribunal de Primera Instancia, el Juez Ponente fue destinado a la Sala Segunda ampliada, a la que, por consiguiente, se atribuyeron los asuntos.

31 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. No obstante, pidió a las partes que dieran detalles sobre varios extremos en sus informes orales.

32 En la vista que se celebró el 6 y el 7 de mayo de 1997, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia.

33 En esa ocasión, el Tribunal de Primera Instancia acordó una diligencia de ordenación del procedimiento con arreglo al artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, instando a las demandantes y a las partes que intervienen en apoyo de sus pretensiones a entregar en la Secretaría de este Tribunal las observaciones que habían presentado ante la Comisión en el procedimiento administrativo, en la medida en que aún no se hubiesen aportado a los autos. A raíz de dicha diligencia, el 8 de mayo de 1997 fueron presentadas en la Secretaría las observaciones de British Airways plc (en lo sucesivo, «British Airways»), TAT European Airlines (en lo sucesivo, «TAT»), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (en lo sucesivo, «SAS»), Euralair international (en lo sucesivo, «Euralair») y Air UK Ltd (en lo sucesivo, «Air UK»). Las formuladas por el Reino de Dinamarca, el Reino Unido, el Reino de Suecia y el Reino de Noruega ya habían sido presentadas en la vista.

34 Oídas las partes sobre este punto en la vista y al no haber objeción alguna por su parte a este respecto, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) estima que procede acumular los dos asuntos a efectos de la sentencia.

Pretensiones de las partes

35 Las partes demandantes solicitan, en ambos asuntos, al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión impugnada.

- Condene en costas a la Comisión.

La demandante en el asunto T-394/94 solicita, además, al Tribunal de Primera Instancia que acuerde diligencias de ordenación del procedimiento y diligencias de prueba, con arreglo a los artículos 64 y 65 del Reglamento de Procedimiento, y que exija la presentación de todos los expedientes y documentos pertinentes que obran en poder de la Comisión.

36 El Reino Unido solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión impugnada.

- Condene a la Comisión al pago de las costas, incluidas las del Reino Unido.

37 El Reino de Dinamarca, el Reino de Suecia y el Reino de Noruega solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión impugnada.

38 Las sociedades Maersk solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión impugnada.

- Condene a la Comisión al pago de las costas de su intervención como partes coadyuvantes, en la medida que competa al Tribunal de Primera Instancia resolver a este respecto.

39 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime los recursos.

- Condene en costas a las demandantes.

- Condene al Reino de Dinamarca, al Reino Unido, al Reino de Suecia, al Reino de Noruega y a las sociedades Maersk a cargar con parte de las costas de la Comisión.

40 La República Francesa solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime los recursos.

41 La sociedad Air France solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime los recursos.

- Condene a las demandantes al pago de las costas, incluidas las de Air France.

Sobre el fondo

42 En apoyo de sus recursos, las demandantes formulan varios motivos que pueden ser agrupados. En el marco del primer grupo de motivos (I), las demandantes reprochan a la Comisión, por un lado, haber infringido las normas relativas al procedimiento administrativo previsto por el apartado 2 del artículo 93 del Tratado, al no haber recabado suficiente información y/o al no facilitar a los interesados, entre ellos las demandantes, suficiente información para permitirles ser oídos lealmente y ejercer efectivamente los derechos que les confieren el apartado 2 del artículo 93 del Tratado y la letra a) del apartado 1 del artículo 62 del Acuerdo EEE. Le imputan, por otro lado, no haber recurrido a expertos independientes para determinar si la ayuda controvertida es compatible con la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y con la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE y no haber tomado todas las medidas necesarias para comprobar la exactitud de los datos facilitados por las autoridades francesas y por la compañía Air France.

43 En el marco del segundo grupo de motivos (II), las demandantes reprochan a la Comisión haber incurrido en varios errores en la aplicación de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE. En este contexto, se imputa a la Comisión haber violado el principio de proporcionalidad aplicable en materia de ayudas de Estado al haber, en primer lugar, autorizado, erróneamente, la compra por Air France de diecisiete nuevos aviones (A), en segundo lugar, al haber autorizado, erróneamente, la financiación de gastos de explotación y de medidas de funcionamiento de Air France (B), en tercer lugar, al haber efectuado una clasificación errónea de los títulos emitidos por Air France entre 1989 y 1993 (C), en cuarto lugar, al no haber tenido en cuenta el coeficiente de endeudamiento de Air France (D) y, en quinto lugar, al haberse abstenido erróneamente de exigir la venta de ciertos activos de Air France que podían ser enajenados (E). Además, las demandantes reprochan a la Comisión haber considerado equivocadamente que la ayuda estaba destinada a facilitar el desarrollo de una actividad económica sin alterar las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. En este contexto, sus críticas se dirigen especialmente contra doce de las dieciséis condiciones a las que se supedita la aprobación de la ayuda. Por último, las demandantes cuestionan, en diferentes aspectos, que el plan de reestructuración sea adecuado y reprochan a la Comisión haber llegado equivocadamente a la conclusión de que dicho plan podía hacer que Air France recuperase su viabilidad económica. En el marco de estas diferentes imputaciones, las demandantes reprochan también a la Comisión haber motivado insuficientemente la Decisión impugnada. Mediante un último motivo, la demandante en el asunto T-394/94, British Midland Airways Ltd (en lo sucesivo, «British Midland»), alega una infracción del artículo 155 del Tratado.

I. Sobre los motivos basados en el desarrollo incorrecto del procedimiento administrativo

Resumen de la argumentación de las partes

44 La demandante en el asunto T-394/94 alega, fundamentalmente, que el procedimiento administrativo establecido por el apartado 2 del artículo 93 del Tratado tiene carácter contradictorio y que, por tanto, la Comisión debe facilitar a las partes interesadas suficiente información para permitirles apreciar plenamente el efecto potencial de una ayuda en lo que a ellas respecta. Añade que, en este caso, la Comunicación de la Comisión de 3 de junio de 1994 fue insuficiente. En particular, la Comisión

- no explicó el método de cálculo de los 20.000 millones de FF;

- no indicó, en lo que se refiere a la adquisición de diecisiete nuevos aviones, qué tipos de aeronaves se comprarían ni de qué tipos de aeronaves se compondría la flota;

- no facilitó el texto del plan de reestructuración;

- no explicó en qué se basaba el cálculo de un incremento de la productividad de Air France en un 30 % o en un 33,3 %;

- no indicó cuál era el coste de las bajas voluntarias propuestas;

- no dio detalles sobre los activos de Air France ni facilitó ningún desglose de los activos básicos ni de los activos no básicos;

- no facilitó ninguna estimación del valor de la cadena de hoteles Méridien;

- no proporcionó detalle alguno sobre el valor de las participaciones de Air France en Air Inter, en Sabena o en otras sociedades, ni explicó por qué esos activos no se consideraban activos no básicos;

- no dio ningún detalle sobre el proyecto de red de Air France, de modo que permitiese el cálculo de sus posibles efectos sobre la competencia;

- no dio detalle alguno sobre los «nuevos productos» previstos por Air France, a fin de poder valorar sus efectos sobre la competencia;

- no disponía de las cuentas anuales de Air France en el momento de la adopción de la Decisión impugnada;

- no explicó por qué no había solicitado la comunicación de la información esencial necesaria para la adopción de una decisión motivada acerca de la compatibilidad de la ayuda con el mercado común;

- no tuvo en cuenta las filiales, especialmente Air Inter, debido a que el plan de reestructuración se concentraba exclusivamente en Air France;

- no explicó cómo las propuestas relativas a la continuación de los proyectos de expansión de Air France podían conciliarse con los objetivos del Tratado, especialmente a la luz del fracaso de las dos anteriores ampliaciones de capital por importe de 5.800 millones de FF.

45 En sus observaciones presentadas ante la Comisión en el procedimiento administrativo, British Midland ya había expuesto la mayor parte de los puntos mencionados pidiendo a la Comisión que le comunicara el plan de reestructuración presentado por Air France, alegando que si no lo hacía ella no dispondría de suficiente información para poder pronunciarse eficazmente sobre el proyecto de ayuda.

46 Las demandantes en el asunto T-371/94 estiman también que la información contenida en la Comunicación de 3 de junio de 1994 era insuficiente. Una mayor precisión en la Comunicación sobre las intenciones de Air France de aumentar sus frecuencias en las rutas rentables, de ampliar los vuelos de larga distancia, de abandonar las rutas marginales y de centrarse en aquellas que tengan buenas perspectivas de crecimiento habría permitido a las demandantes ayudar a la Comisión a evaluar esos aspectos del plan de reestructuración. En particular, añaden, la Comisión no mencionó las justificaciones de Air France sobre la necesidad de comprar diecisiete nuevas aeronaves, de modo que las partes interesadas no pudieron facilitar a la Comisión la información necesaria que le habría permitido examinar con cuidado e imparcialidad este aspecto del asunto.

47 Señalan además que la Comunicación no hace referencia alguna a la unidad de medida utilizada, expresada en «equivalente de pasajero/kilómetro de pago» (en lo sucesivo, «ERPK»). Fue en la Decisión impugnada donde se encontraron por primera vez con esta unidad de medida elaborada específicamente para Air France y aplicada al cálculo de sus propios umbrales de productividad actuales y futuros.

48 Indican también que la Comisión debería haber comprobado la versión francesa de la Comunicación en lo que respecta a la parte relativa a una posible sobrecapitalización de Air France. En efecto, la conversión de las ORA [«obligations remboursables en actions» (obligaciones convertibles en acciones)] y de los TSDI [«titres subordonnés à durée indéterminée reconditionnés» (títulos perpetuos subordinados)], «from the side of the debts into the equity», en la versión inglesa, debería haberse traducido como conversión «du passif vers l'actif» [considerarse «capital en lugar de deudas»]. Según ellas, este error de traducción hizo que para los terceros que utilizaron la versión francesa fuese más difícil formular comentarios pertinentes.

49 Por último, consideran que, debido a la complejidad del asunto, la Comisión debería haber sido asistida por expertos independientes en economía, financiación y gestión de los transportes aéreos. Según dichas demandantes, como se desprende del artículo 2 de la Decisión impugnada, que prevé la intervención de consultores independientes antes de la liberación de los tramos segundo y tercero de la ayuda, la propia Comisión reconoce que es indispensable hacer comprobar por expertos independientes la aplicación correcta del plan de reestructuración. Así pues, añaden, la Comisión confiesa implícitamente que no dispone de los conocimientos técnicos suficientes para efectuar ella misma tal comprobación.

50 Las demandantes en los dos asuntos estiman que la Comisión, al adoptar la Decisión impugnada, actuó con demasiada precipitación, lo que es incompatible con el respeto de sus derechos fundamentales y de los de las demás partes interesadas. En efecto, la referida Decisión fue adoptada sólo dieciséis días laborables antes de la expiración del plazo fijado a las partes interesadas para presentar sus observaciones, lo que supone un tiempo excepcionalmente corto para analizar, debatir y resolver los complejos problemas suscitados por el proyecto de ayuda controvertido. El plazo entre la fecha de apertura del procedimiento incoado en virtud del apartado 2 del artículo 93 del Tratado y la fecha de adopción de la Decisión impugnada (3 de junio y 27 de julio de 1994) fue efectivamente de treinta y siete días laborables y, por tanto, muy inferior a la media de los plazos señalados en asuntos similares.

51 El Reino de Dinamarca recordó, en la vista, que había pedido en vano a la Comisión, durante el procedimiento administrativo, que transmitiese a los demás Estados miembros la respuesta del Gobierno francés a la Comunicación de 3 de junio de 1994, para que pudieran presentar sus observaciones antes de que la Comisión adoptase su Decisión.

52 La Comisión replica que el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado no exige ningún debate contradictorio con terceros interesados. Estos no pueden pretender ser tratados de la misma manera que el destinatario de la Decisión final. A este respecto, la Comisión se remite a la jurisprudencia sentada en materia de competencia, según la cual los derechos procedimentales de los denunciantes no son tan amplios como el derecho de defensa de las empresas contra las que la Comisión lleva a cabo su investigación.

53 En cuanto a la Comunicación que inicia el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93, la Comisión señala que su única finalidad es obtener, de los interesados, todos los datos necesarios para estar informada en cuanto a su acción futura. En el presente asunto, la Comunicación de 3 de junio de 1994 enumeraba todos los aspectos sobre los que deseaba recibir observaciones para poder pronunciarse sobre el proyecto de ayuda notificado por las autoridades francesas. La Comisión añade que en dicha Comunicación proporcionó toda la información necesaria para permitir a las partes afectadas expresar su opinión.

54 A una escala más general, la Comisión estima que sólo puede hacer que figure en su Comunicación la información que obre en su poder en el momento de la publicación y que no carezca de interés ni esté amparada por el secreto profesional o por el secreto comercial. Además, el objetivo de la comunicación prevista en el apartado 2 del artículo 93 no es expresar una opinión definitiva, sino plantear cuestiones. En cuanto a la numerosa información que, según las demandantes debería figurar en la Comunicación de 3 de junio de 1994, la Comisión destaca que la mayor parte de los puntos señalados estaban cubiertos por el secreto comercial o no suscitaban dudas sobre las que ella hubiera necesitado más datos.

55 En lo que respecta al plazo de examen, la Comisión recuerda que el proyecto de ayuda controvertido le fue notificado el 18 de marzo de 1994 y que la Decisión impugnada se adoptó ciento treinta y un días más tarde, el 27 de julio de 1994. La separación entre esas dos fechas es aproximadamente la misma que en asuntos similares [Decisión 91/555/CEE de la Comisión, de 24 de julio de 1991, relativa a las ayudas que el Gobierno belga prevé conceder a la compañía aérea Sabena (DO L 300, p. 48; en lo sucesivo, «Decisión Sabena»); Decisión 94/118/CE de la Comisión, de 21 de diciembre de 1993, relativa a una ayuda del Gobierno irlandés al grupo Aer Lingus (DO 1994, L 54, p. 30; en lo sucesivo, «Decisión Aer Lingus»), y Decisión 94/698/CE de la Comisión, de 6 de julio de 1994, relativa a la ampliación de capital, garantías de crédito y exenciones fiscales existentes en favor de TAP (DO L 279, p. 29; en lo sucesivo, «Decisión TAP»)]. Por otra parte, añade la Comisión, la normalidad de dicho plazo es confirmada por el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO L 395, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento nº 4064/89»), según el cual las decisiones por las que se declara que una concentración notificada es compatible con el mercado común deben adoptarse en un plazo de cuatro meses.

56 La Comisión considera, por último, que no tiene ninguna obligación jurídica de dirigirse a expertos independientes antes de adoptar sus Decisiones.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

Generalidades

57 Debe recordarse, con carácter preliminar, que el proyecto de ayuda objeto de litigio fue oficialmente notificado por las autoridades francesas a la Comisión, la cual, al haber decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado, estaba obligada, antes de pronunciarse sobre dicho proyecto, a «[emplazar] a los interesados para que [presentasen] sus observaciones».

58 En cuanto a la finalidad de este último pasaje del mencionado apartado 2 del artículo 93, procede recordar también que, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el objeto de dicha disposición es, por un lado, obligar a la Comisión a actuar de manera que todas las personas potencialmente interesadas queden advertidas y tengan ocasión de hacer valer sus argumentos (sentencia de 14 de noviembre de 1984, Intermills/Comisión, 323/82, Rec. p. 3809, apartado 17) y, por otro lado, permitir a la Comisión informarse del conjunto de datos procedentes antes de adoptar su Decisión (sentencia de 20 de marzo de 1984, Alemania/Comisión, 84/82, Rec. p. 1451, apartado 13).

59 En lo que respecta más concretamente al deber que incumbe a la Comisión de informar a los interesados, el Tribunal de Justicia ha estimado que la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas constituye un medio adecuado para dar a conocer a todos los interesados la apertura de un procedimiento (sentencia Intermills/Comisión, antes citada, apartado 17), especificando que «esta comunicación tiene exclusivamente por objeto obtener de los interesados todo tipo de información destinada a orientar la actuación futura de la Comisión» (sentencia de 12 de julio de 1973, Comisión/Alemania, 70/72, Rec. p. 813, apartado 19). El Tribunal de Primera Instancia ha seguido esa jurisprudencia que confiere a los interesados esencialmente la función de fuentes de información para la Comisión en el marco del procedimiento administrativo incoado con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado (sentencia de 22 de octubre de 1996, Skibsværftsforeningen y otros/Comisión, T-266/94, Rec. p. II-1399, apartado 256).

60 De ello se desprende que los interesados, lejos de poder ampararse en el derecho de defensa, reconocido a las personas en contra de las cuales se inicia un procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 1987, BAT y Reynolds/Comisión, 142/84 y 156/84, Rec. p. 4487, apartados 19 y 20, dictada en materia de competencia, así como la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, C-142/87, Rec. p. I-959, apartado 46), sólo disponen del derecho a participar en el procedimiento administrativo en una medida adecuada en función de las circunstancias del caso concreto.

61 Pues bien, el alcance de los derechos de participación y de información de que disponen los interesados en el marco del procedimiento administrativo incoado en virtud del apartado 2 del artículo 93 del Tratado puede verse limitado de dos maneras.

62 Por un lado, cuando -como ocurre en el caso de autos- un Estado miembro notifica a la Comisión un proyecto de ayuda acompañado de documentos justificativos y los servicios competentes de ésta tienen luego una serie de entrevistas con los funcionarios de aquél, el nivel de información de la Comisión puede haber llegado ya a un grado relativamente elevado que no permita que queden sino un número reducido de dudas que pueden eliminarse mediante informaciones facilitadas por los interesados. En efecto, en la medida en que se refiere a los detalles del proyecto de ayuda, a la situación económica, financiera y competitiva de la empresa beneficiaria y al funcionamiento interno de ésta, el debate entre el Estado miembro y la Comisión se lleva a cabo, necesariamente, más a fondo que el celebrado con las partes interesadas. Por consiguiente, sin dejar de facilitar a los interesados informaciones generales sobre los elementos básicos del proyecto de ayuda, la Comisión puede limitarse a centrar su Comunicación en el Diario Oficial en los puntos del proyecto sobre los cuales aún tenga algunas dudas.

63 Por otro lado, con arreglo al artículo 214 del Tratado, la Comisión está obligada a no divulgar a los interesados informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional, tales como los datos relativos al funcionamiento interno de la empresa beneficiaria. A este respecto, la situación de los interesados no es diferente de la de los denunciantes en materia de competencia, a los que, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no deben comunicárseles secretos comerciales (sentencia BAT y Reynolds/Comisión, citada en el apartado 60, apartado 21).

64 El carácter limitado de los referidos derechos de participación y de información, en la medida en que afectan únicamente al desarrollo del procedimiento administrativo, no se contradice con el deber que incumbe a la Comisión, en virtud del artículo 190 del Tratado, de proveer a su Decisión final por la que se autorice el proyecto de ayuda de una motivación suficiente que debe pronunciarse sobre todas las alegaciones fundamentales que los interesados, afectados directa e individualmente por esa Decisión, hayan formulado, ya sea espontáneamente o a consecuencia de las informaciones comunicadas por la Comisión. Así pues, aun suponiendo que, en un caso concreto, la Comisión pueda válidamente preferir utilizar otras fuentes de información y reducir de ese modo la importancia de la participación de los interesados, ello no la dispensa de motivar debidamente su Decisión (véase el apartado 96 infra).

65 Las supuestas ilegalidades que viciaron el desarrollo del procedimiento administrativo deben ser examinadas a la luz de los principios expuestos anteriormente, quedando claro que no se discute que las demandantes y las partes que intervienen en apoyo de sus pretensiones, así como la ACE, que, en el procedimiento administrativo ante la Comisión, se opusieron a la autorización del proyecto de ayuda controvertido, deben ser consideradas interesados, en el sentido del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en su sentencia Intermills/Comisión (citada en el apartado 58, apartado 16).

La Comunicación de 3 de junio de 1994

66 Por lo que respecta, en primer lugar, al carácter supuestamente insuficiente de la Comunicación de 3 de junio de 1994, procede señalar que dicha Comunicación expone

- la situación económica y financiera de Air France que precedió a la elaboración del proyecto de ayuda, en particular los planes de reestructuración y las inyecciones de capital anteriores, así como sus pérdidas acumuladas;

- las «grandes lignes de force» del nuevo plan de reestructuración [temas en que se centra el plan];

- el importe de la ayuda previsto, de 20.000 millones de FF, y

- las principales dudas expresadas por la Comisión en esa fase del procedimiento, relativas especialmente a los aumentos de productividad de Air France, a la estructura del grupo, a la situación de Air France en el ámbito de la competencia y a la posibilidad de su sobrecapitalización.

El Tribunal de Primera Instancia estima que tal información era suficiente para permitir a los interesados hacer valer eficazmente sus argumentos ante la Comisión.

67 En la medida en que las demandantes en el asunto T-371/94 consideran que la unidad de medida ERPK, la red aérea de Air France y su futuro desarrollo, así como las razones que justifican la adquisición de diecisiete nuevos aviones, también deberían haber figurado en la Comunicación, la respuesta de la Comisión, según la cual no tenía dudas sobre esos puntos concretos, basta para justificar el silencio de la Comunicación al respecto, lo que no priva a las demandantes del derecho a hacer que el Tribunal de Primera Instancia examine si la Decisión final de la Comisión está suficientemente motivada con respecto a esos elementos o incluso si contiene errores manifiestos de apreciación o de Derecho.

68 En lo que respecta a los motivos formulados por la demandante en el asunto T-394/94 en cuanto a la omisión de comunicar los numerosos detalles mencionados (véase el apartado 44 supra), la Comisión invoca acertadamente el secreto comercial que le prohibía divulgar a los competidores de Air France información comercial delicada sobre la compañía aérea. En particular, el plan de reestructuración -en la fase anterior a su aprobación por la Comisión y al comienzo de su aplicación- contenía informaciones de ese tipo y, evidentemente, no correspondía a los competidores evaluar, y comparar con sus propias medidas de gestión, cada una de las medidas de reestructuración previstas por Air France. De otro modo, los competidores podrían inmiscuirse en la reestructuración interna de Air France y tratar de «dictar» las medidas que considerasen buenas para ésta, tras haber obtenido valiosas informaciones sobre su competidora. Este enfoque no es incompatible con el hecho de que otros interesados, como la ACE, pudieran, al parecer, hacerse con dicho plan de reestructuración. Eso no puede inducir a la Comisión a infringir el artículo 214 del Tratado.

69 Procede añadir que las cuentas anuales de Air France para 1993 fueron publicadas en el Bulletin des annonces légales obligatoires de 17 de junio de 1994, en la página 10207, y, por tanto, eran accesibles para los interesados. En consecuencia, éstos no pueden reprochar a la Comisión no haber divulgado las cifras definitivas en su Comunicación de 3 de junio de 1994 y haber adoptado su Decisión final sin conocer esos datos.

70 Por último, el reproche dirigido a la Comisión de no haber obtenido informaciones esenciales antes de la adopción de su Decisión final y no haber comprobado suficientemente todos los aspectos pertinentes del asunto, se reduce a meras afirmaciones y suposiciones generales que no están apoyadas por ninguna prueba concreta. Por tanto, la Comisión podía limitarse a responder que efectivamente había obtenido toda la información útil y necesaria que fue objeto de una comprobación rigurosa por su parte. Además, esta imputación no se refiere en realidad a la fase de la Comunicación de 3 de junio de 1994, sino a aquella, posterior, de la Decisión impugnada. Lo mismo puede decirse de las dos últimas imputaciones formuladas por la demandante en el asunto T-394/94 (véase el apartado 44 supra) que constituyen, de hecho, alegaciones dirigidas, en lo que se refiere a la motivación y a la apreciación en cuanto al fondo, contra la legalidad de la Decisión impugnada. Por consiguiente, se examinarán más adelante en un contexto diferente.

El plazo de examen

71 Las demandantes consideran que, habida cuenta de la complejidad del proyecto de ayuda controvertido, el plazo que la Comisión se concedió para examinarlo antes de adoptar la Decisión impugnada era demasiado corto. A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que ningún texto del Tratado ni de la legislación comunitaria prevé que las Decisiones en materia de ayudas de Estado, adoptadas al término del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado, deben respetar un plazo fijo. Por otra parte, aun suponiendo que la Comisión actuara con demasiada precipitación y no se concediera tiempo suficiente para examinar el proyecto objeto de litigio, tal comportamiento no puede justificar, por sí solo, la anulación de la Decisión impugnada. Una anulación requeriría más bien que dicho comportamiento constituyese una violación de normas específicas de procedimiento, del deber de motivación o de la legalidad interna de la Decisión impugnada. Por consiguiente, sin que sea necesario pronunciarse sobre la pertinencia de la práctica decisoria de la Comisión en materia de concentraciones, procede desestimar esta alegación.

Los expertos independientes

72 El reproche formulado a la Comisión de no haber recurrido a expertos independientes para elaborar la Decisión impugnada carece manifiestamente de fundamento, ya que ninguna disposición del Tratado ni de la legislación comunitaria impone a la Comisión tal obligación. Debe añadirse que, en cualquier caso, la Comisión disponía de un nivel de información relativamente elevado en el sector del transporte aéreo antes de la adopción de la Decisión impugnada. A este respecto, procede recordar que la Comisión ya se había familiarizado con la situación de dicho sector, la cual era objeto del informe «Expanding Horizons», publicado a principios de 1994 por el «Comité de Sabios», del programa «El futuro de la aviación civil en Europa» y de publicaciones de la International Air Transport Association (IATA) y de la Association of European Airlines (AEA). Además, la Comisión había adoptado otras Decisiones en el sector del transporte aéreo, como las Decisiones Sabena, Aer Lingus y TAP (mencionadas en el apartado 55 supra). Por último, ningún elemento concreto del presente asunto indica que la Comisión hubiese tenido necesidad de expertos independientes.

El error de traducción

73 El error que figura en el texto francés de la Comunicación de 3 de junio de 1994 señalado por las demandantes en el asunto T-371/94, es tan manifiesto que los medios iniciados del sector aéreo podían detectarlo fácilmente. En efecto, es evidente que los títulos de un préstamo no pueden, de conformidad con los principios contables, ser transferidos «du passif vers l'actif» («from the side of the debts into the equity», según el texto inglés de la Comunicación), sino que su calificación debe efectuarse únicamente dentro del pasivo, en el que constituyen fondos propios o deudas.

74 De todos modos, la Comisión señaló expresamente, en esa parte de su Comunicación, que aún debía examinar a fondo la clasificación de los títulos de que se trata. De ello resulta que la apreciación de la Comisión todavía no era definitiva, y eso se aplica también al punto falseado por el referido error. Por tanto, este error no puede afectar a la legalidad del procedimiento administrativo, dado que la única cuestión decisiva en dicho contexto es si dicho error afectó a la Decisión final, lo que ni siquiera ha sido alegado por las partes demandantes.

La participación de los demás Estados miembros

75 El motivo formulado por el Reino de Dinamarca según el cual la Comisión debería haber transmitido a los demás Estados miembros la respuesta del Gobierno francés a la Comunicación de 3 de junio de 1994 debe declararse inadmisible, ya que no fue invocado por las demandantes. En efecto, dado que, en virtud del apartado 3 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento, las partes coadyuvantes deben aceptar el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención, y que, en virtud del párrafo cuarto del artículo 37 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, las pretensiones de su demanda de intervención no pueden tener otro objeto que apoyar las pretensiones de una de las partes principales, el Reino de Dinamarca, como parte coadyuvante, no está legitimado para formular dicho motivo (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión, C-313/90, Rec. p. I-1125, apartados 19 a 22).

76 De cualquier forma, el texto del artículo 93 del Tratado no obliga a la Comisión a transmitir a los demás Estados miembros las observaciones que haya recibido del Gobierno del Estado que solicite la autorización para conceder una ayuda. Por el contrario, del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 93 del Tratado se desprende que los otros Estados miembros sólo están implicados en un expediente de ayuda específica en caso de que ese expediente, a petición del Estado interesado, sea presentado ante el Consejo.

Conclusiones

77 De cuanto precede resulta que el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado que se instruyó en el presente asunto no adolece de ningún vicio, por lo que los motivos formulados sobre esa base deben ser desestimados.

II. Sobre los motivos referentes a errores de apreciación y a errores de Derecho en que supuestamente incurrió la Comisión en contra de lo previsto en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y en la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE

Generalidades

78 En la Decisión impugnada, la Comisión examinó la legalidad de la ayuda controvertida a la luz de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE. En el marco de dicho examen, constató que una verdadera reestructuración de Air France sería conforme al interés común, que el importe de la ayuda no parecía excesivo y que ésta no afectaba a las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

79 Según jurisprudencia reiterada, la Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación en la aplicación del apartado 3 del artículo 92 del Tratado (véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris/Comisión, 730/79, Rec. p. 2671, apartados 17 y 24; de 24 de febrero de 1987, Deufil/Comisión, 310/85, Rec. p. 901, apartado 18, y de 14 de febrero de 1990, Francia/Comisión, C-301/87, Rec. p. I-307, apartado 49). Dado que dicha facultad discrecional implica apreciaciones complejas de orden económico y social, el control jurisdiccional de una Decisión adoptada en ese marco debe limitarse a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para efectuar la elección impugnada, la falta de error manifiesto en la apreciación de esos hechos o la inexistencia de desviación de poder (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1996, Bélgica/Comisión, C-56/93, Rec. p. I-723, apartado 11, y jurisprudencia citada). En particular, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir la apreciación de orden económico del autor de la Decisión por la suya propia (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1993, Matra/Comisión, C-225/91, Rec. p. I-3203, apartado 23). El Tribunal de Primera Instancia considera que esta jurisprudencia es igualmente pertinente para el examen a la luz de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

80 En el caso de autos, la Comisión señala que una parte de las alegaciones formuladas por las demandantes se basa en hechos posteriores a la adopción de la Decisión impugnada. Las demandantes replican que algunos de esos hechos posteriores forman parte de una sucesión ininterrumpida de acontecimientos de los que la Comisión debería haber tenido conocimiento. Por otra parte, añaden, ciertos hechos posteriores ilustran claramente los comentarios que ellas habían presentado en el marco del procedimiento administrativo.

81 A este respecto, procede recordar que, en el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 173 del Tratado, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1979, Francia/Comisión, asuntos acumulados 15/76 y 16/76, Rec. p. 321, apartado 7, y del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 1997, SFEI y otros/Comisión, T-77/95, Rec. p. II-1, apartado 74) y no puede depender de consideraciones retrospectivas sobre su grado de eficacia (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1973, Schröder, 40/72, Rec. p. 125, apartado 14). En particular, las apreciaciones complejas hechas por la Comisión deben examinarse únicamente en función de los elementos de que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones (sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Bélgica/Comisión, 234/84, Rec. p. 2263, apartado 16, y de 26 de septiembre de 1996, Francia/Comisión, C-241/94, Rec. p. I-4551, apartado 33).

82 Los motivos y alegaciones de fondo que se formulan en el presente asunto deben examinarse a la luz de los principios mencionados anteriormente. Dichos motivos y alegaciones cuestionan la apreciación del carácter proporcionado de la ayuda, la del impacto de ésta en el sector de la aviación civil del EEE y la del carácter adecuado del plan de reestructuración que acompaña a la ayuda controvertida.

En cuanto a las imputaciones basadas en una violación del principio de proporcionalidad aplicable en materia de ayudas de Estado

83 Mediante estas imputaciones, las demandantes y las partes que intervienen en apoyo de sus pretensiones reprochan a la Comisión haber autorizado una ayuda de un importe excesivo con relación a las necesidades de la reestructuración de Air France. Dichas imputaciones se basan, fundamentalmente, en la sentencia Philip Morris/Comisión (citada en el apartado 79, apartado 17), en la que el Tribunal de Justicia consideró que no se puede permitir a los Estados miembros efectuar pagos que hagan mejorar la situación de la empresa beneficiaria de la ayuda «si no son necesarios para lograr los objetivos previstos por el apartado 3 del artículo 92».

A. Sobre la alegación relativa a que la Comisión autorizó erróneamente la compra por Air France de diecisiete nuevos aviones

Resumen de la argumentación de las partes

84 Las demandantes estiman que era desproporcionado aprobar una ayuda cuyo objetivo era permitir a Air France comprar diecisiete aviones nuevos. Evidentemente, la Comisión se equivocó al llegar a la conclusión de que el importe de la ayuda no podía reducirse mediante la anulación o el aplazamiento del pedido efectuado por Air France por un importe de 11.500 millones de FF. En efecto, añaden, el coste de renovación periódica necesaria de la flota es una inversión en bienes de equipo y, en principio, forma parte de los gastos de explotación normales de una compañía aérea. Ese tipo de renovación debe efectuarse sin ayuda estatal. En cualquier caso, la adquisición de nuevas aeronaves no era indispensable para Air France.

85 Las demandantes en el asunto T-371/94 reprochan a la Comisión, además, haber motivado insuficientemente este extremo, a pesar de que, en el procedimiento administrativo, fue informada de que la adquisición de diecisiete nuevos aviones no era un elemento esencial del plan de reestructuración de Air France y, por tanto, debía anularse. Según ellas, la Comisión no examinó seriamente los comentarios presentados por los terceros en respuesta a su Comunicación de 3 de junio de 1994. La demandante en el asunto T-394/94 y las partes coadyuvantes Maersk mantienen, de manera general, que la Comisión no se preocupó de acompañar la Decisión impugnada de una motivación adecuada, omitiendo, entre otras cosas, tener debidamente en cuenta las observaciones detalladas presentadas por los terceros durante el procedimiento administrativo.

86 La Comisión señala que era necesario para Air France adquirir las diecisiete nuevas aeronaves. A este respecto, recuerda el texto de la Decisión impugnada según el cual los elevados costes de explotación de Air France se debían en parte a la heterogeneidad de su flota, cuya racionalización estaba, por tanto, prevista en el plan de reestructuración (DO L 254, pp. 75 y 76). Dicho plan, lejos de remozar la flota de Air France, no haría sino aminorar su envejecimiento. Por otra parte, los nuevos aviones a reacción consumen una cantidad de carburante considerablemente menor, son conformes a las normativas en materia de protección del medio ambiente y sus costes de reparación y mantenimiento son poco elevados. Por último, tienen un mayor atractivo para los pasajeros.

87 En cuanto a su obligación de motivación, la Comisión considera que la Decisión impugnada es conforme a lo dispuesto en el artículo 190 del Tratado. En efecto, es suficiente con especificar, en una Decisión, los principales puntos de Derecho y de hecho en que se apoya y que son necesarios para hacer comprensible el razonamiento de la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 1963, Alemania/Comisión, 24/62, Rec. pp. 129 y ss., especialmente p. 143). No se requiere que la Comisión discuta todos los puntos de hecho y de Derecho suscitados por cada interesado durante el procedimiento administrativo (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 66). Por último, la exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso concreto, especialmente del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios puedan tener en recibir explicaciones. La Comisión estima que los requisitos establecidos por la jurisprudencia citada han sido plenamente respetados por la Decisión impugnada, que expone en diecisiete páginas del Diario Oficial todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes en el presente asunto y que resume también las objeciones formuladas por los terceros durante el procedimiento administrativo. La Comisión niega que no tuviera en cuenta las observaciones presentadas en el procedimiento administrativo. Según ella, dichas observaciones fueron debidamente examinadas y transmitidas a las autoridades francesas para que éstas hicieran eventualmente sus comentarios.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

88 Habida cuenta de las alegaciones formuladas por las demandantes, este Tribunal considera que procede comprobar, en primer lugar, si la Decisión impugnada está suficientemente motivada en lo que respecta a la autorización de compra, por Air France, de diecisiete nuevos aviones. A este respecto, debe recordarse que, teniendo en cuenta la jurisprudencia reiterada según la cual toda posible falta de motivación puede ser examinada de oficio (sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 1959, Nold/Alta Autoridad, 18/57, Rec. pp. 89 y ss., especialmente p. 115, y de 20 de febrero de 1997, Comisión/Daffix, C-166/95 P, Rec. p. I-983, apartados 24 y 25, y del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Comisión, T-61/89, Rec. p. II-1931, apartado 129), el Tribunal de Primera Instancia pidió a las demandantes y a las partes que intervienen en apoyo de sus pretensiones que presentaran las observaciones que habían formulado ante la Comisión durante el procedimiento administrativo en calidad de interesados, en el sentido del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, en la medida en que dichas observaciones aún no hubiesen sido aportadas a los autos (véase el apartado 33 supra).

89 Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos, y que el Juez comunitario pueda ejercer su control (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C-350/88, Rec. p. I-395, apartado 15, y jurisprudencia citada).

90 En lo que se refiere al concepto de «interesados», en el sentido de la jurisprudencia citada, el Tribunal de Justicia consideró, en un asunto que se refería a una Decisión de la Comisión por la que se denegaba la autorización de un proyecto de ayuda previsto por un Estado miembro en favor de una empresa nacional, que la exigencia de motivación debe apreciarse principalmente en función del interés que los destinatarios «u otras personas afectadas directa e individualmente» por el acto impugnado, en el sentido del artículo 173 del Tratado, puedan tener en recibir explicaciones (sentencia de 13 de marzo de 1985, Países Bajos y Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisión, asuntos acumulados 296/82 y 318/82, Rec. p. 809, apartado 19).

91 El Tribunal de Justicia precisó posteriormente que una empresa competidora de la empresa beneficiaria de la ayuda debe ser considerada «interesado», en el sentido del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, y que procede estimar que, como tal, resulta directa e individualmente afectada por la Decisión de la Comisión que haya autorizado el pago de la ayuda en cuestión. De este modo, el Tribunal de Justicia recordó también que los interesados, en el sentido del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, ya habían sido definidos como las personas, empresas o asociaciones que puedan verse afectadas en sus intereses por la concesión de una ayuda de Estado, es decir, en particular, las empresas competidoras y las organizaciones profesionales (sentencia de 19 de mayo de 1993, Cook/Comisión, C-198/91, Rec. p. I-2487, apartados 24 a 26, y jurisprudencia citada).

92 Resulta, por tanto, que la exigencia de motivación de una Decisión adoptada en materia de ayudas de Estado no puede determinarse en función del interés, por parte únicamente del Estado miembro al que vaya dirigida dicha Decisión, en recibir información. En efecto, en el supuesto de que un Estado miembro haya obtenido de la Comisión lo que solicitaba, a saber, la autorización de su proyecto de ayuda, su interés en que se le dirija una Decisión motivada, a diferencia del de los competidores del beneficiario de la ayuda, tiene que verse necesariamente muy reducido, en particular cuando ha recibido suficiente información durante las negociaciones con la Comisión y especialmente a través de la correspondencia intercambiada con ésta antes de la adopción de la Decisión de autorización.

93 En el presente asunto, consta que las demandantes, las partes coadyuvantes Maersk y la ACE son interesados, en el sentido del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, y que la Decisión impugnada las afecta directa e individualmente, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, dado que la medida de ayuda autorizada por la Decisión impugnada afecta sustancialmente a su posición en el mercado (sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 1986, Cofaz/Comisión, 169/84, Rec. p. 391, apartado 25).

94 Según jurisprudencia reiterada, la cuestión de si la motivación de una Decisión cumple las exigencias del artículo 190 del Tratado debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia Delacre y otros/Comisión, citada en el apartado 89, apartado 16, y jurisprudencia citada). Si bien la Comisión no está obligada a responder, en la motivación de una Decisión, a todos los puntos de hecho y de Derecho invocados por los interesados durante el procedimiento administrativo (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1995, Publishers Association/Comisión, C-360/92 P, Rec. p. I-23, apartado 39), debe tener en cuenta todas las circunstancias y todos los elementos pertinentes del caso (sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1996, Alemania y otros/Comisión, asuntos acumulados C-329/93, C-62/95 y C-63/95, Rec. p. I-5151, apartado 32; en lo sucesivo, «sentencia Bremer Vulkan/Comisión»), con el fin de permitir al Juez comunitario ejercer su control de legalidad y dar a conocer tanto a los Estados miembros como a los nacionales interesados las condiciones en que la Comisión ha aplicado el Tratado (sentencia Publishers Association/Comisión, antes citada, apartado 39).

95 Debe añadirse que la Decisión impugnada fue adoptada por la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 92 del Tratado, es decir, en un ámbito en el que goza de una amplia facultad de apreciación (véase el apartado 79 supra). Dado que el Tribunal de Justicia ha estimado que la facultad discrecional de la Comisión va acompañada de la obligación de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos relevantes del asunto de que se trate (sentencia de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec. p. I-5469, apartado 14), el control de esta obligación requiere una motivación suficientemente precisa para permitir al Juez asegurarse de que ha sido cumplida.

96 Por lo tanto, procede comprobar si la motivación de la Decisión impugnada muestra, de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Comisión, habida cuenta, especialmente, de las alegaciones esenciales para la evaluación del proyecto de ayuda controvertido, tal como fueron comunicadas a la Comisión, en el procedimiento administrativo, por las compañías British Airways, TAT, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (en lo sucesivo, «KLM»), SAS, Air UK, Euralair y British Midland, así como por la ACE, en nombre, especialmente, de Euralair y de Maersk, por el Reino de Dinamarca, el Reino Unido, el Reino de Suecia y el Reino de Noruega (en lo sucesivo, «partes interesadas»).

97 De la lectura del conjunto de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia resulta que algunas de esas partes habían insistido, ante la Comisión, en que la compra de diecisiete nuevos aviones, por 11.500 millones de FF, prevista en el plan de reestructuración, era inaceptable. Dado que todas las compañías aéreas no subvencionadas, afectadas por la crisis de exceso de capacidad, habían tenido que anular o aplazar, desde principios de los años noventa, los pedidos de nuevos aviones, Air France no podía sustraerse a tal obligación. La decisión de invertir 11.500 millones de FF en la adquisición de aviones aumentaría las necesidades de capital adicional y, por tanto, la deuda de Air France. Teniendo en cuenta su desastrosa situación financiera, no estaba justificado utilizar los ingresos procedentes de la venta de otros activos para una financiación de ese tipo. Con el fin de asegurar la homogeneización de la flota de Air France, prevista en el plan de reestructuración, sería más conveniente transformar los aviones que ya tiene.

98 En particular la compañía TAT y el Reino Unido señalaron que la inversión que constituye la compra de diecisiete nuevos aviones entraba en el ámbito de las actividades de funcionamiento a corto plazo de Air France, y no en el de su reestructuración. Según ellas, se trata de una modernización normal destinada a mantener la competitividad de la compañía. Una medida de esas características debería ser financiada mediante los recursos propios de una empresa, y no mediante una ayuda estatal. En el presente asunto, añaden, es inevitable que, en contra de lo que exigen la jurisprudencia y las Decisiones adoptadas por la Comisión en esta materia, la ayuda controvertida se utilice para financiar la compra de esos aviones. Dicha ayuda debería calificarse de ayuda de funcionamiento, no conforme a lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado. En este contexto, las mencionadas partes se remiten a las sentencias del Tribunal de Justicia Deufil/Comisión (citada en el apartado 79 supra), y de 8 de marzo de 1988, Exécutif régional wallon/Comisión (asuntos acumulados 62/87 y 72/87, Rec. p. 1573), así como a la Decisión 90/70/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1989, relativa a las ayudas concedidas por Francia a determinadas empresas siderúrgicas de primera transformación del acero (DO 1990, L 47, p. 28).

LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC: 694A0371.1

99 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia constata que, en la Decisión impugnada, la Comisión indica que una de las desventajas del grupo Air France es la heterogeneidad de su flota, formada por demasiados tipos distintos de aeronaves (veinticuatro tipos o versiones diferentes), y que esa heterogeneidad contribuye al incremento de los costes de explotación (los costes de mantenimiento son especialmente elevados debido a la necesidad de utilizar piezas de recambio distintas y a la diversa cualificación que ha de tener el personal, tanto de vuelo como de tierra). A 31 de diciembre de 1993, el grupo contaba con una flota de doscientos ocho aviones (la flota utilizada por Air France estaba formada por ciento cuarenta y cinco aeronaves), con un promedio de edad de 8,6 años (DO L 254, p. 75).

100 En cuanto a los temas en que se centra el plan de reestructuración (grandes lignes de force), la Comisión indica que se prevé reducir de veintidós a diecisiete el número de aviones nuevos que se entregarán durante el período de reestructuración. La inversión correspondiente será de 11.500 millones de FF (DO L 254, p. 75). En lo que respecta a los fondos necesarios para dicha inversión, la Comisión toma nota del aplazamiento de los pedidos que hace que, al final del período de reestructuración, la edad media de la flota llegue a ser de unos 9,3 años. Todo nuevo aplazamiento en la renovación de la flota significaría un aumento de esa cifra y podría perjudicar a la competitividad de Air France y poner en peligro la viabilidad de su reestructuración (DO L 254, p. 82).

101 En el marco del examen de la proporcionalidad de la ayuda con relación a las necesidades de la reestructuración (DO L 254, p. 83), la Comisión considera que Air France tiene, además de la ayuda, tres posibilidades de mejorar su situación financiera por sus propios medios, y una de ellas consiste en aplazar sus pedidos de aviones. Ahora bien, como ya se han pospuesto varios pedidos, otro aplazamiento situaría la edad media de la flota por encima de diez años, nivel que parece excesivo para una compañía aérea que pretende recuperar su competitividad (DO L 254, p. 85).

102 El Tribunal de Primera Instancia estima que esa exposición de motivos muestra, de manera clara e inequívoca, las razones por las que la Comisión considera que es indispensable, en el caso concreto de Air France, proceder a la compra de diecisiete nuevos aviones. La motivación incluye los puntos justificativos que la Comisión califica de esenciales, a saber, la necesidad de Air France de disponer de una flota de un promedio de edad razonable, la circunstancia de que el número de aviones que se compraran sólo constituye una parte del número contemplado en principio y el hecho de que la inversión prevista servirá para homogeneizar la flota de Air France y, por tanto, se traducirá en una reducción de los costes de explotación. Así pues, al mismo tiempo la Comisión respondió suficientemente al primer aspecto de las observaciones presentadas en el procedimiento administrativo por las partes interesadas.

103 En el contexto del segundo aspecto de sus observaciones, las partes interesadas consideraron que una parte de la ayuda controvertida constituía una ayuda de funcionamiento prohibida por la jurisprudencia, en la medida en que su objetivo era financiar actividades de Air France de mero funcionamiento, a saber, la renovación de los aviones de su flota como bienes de equipo.

104 A este respecto, debe señalarse que, en su sentencia Deufil/Comisión (citada en el apartado 79), el Tribunal de Justicia aprobó la consideración de la Comisión de que una inversión dedicada a una modernización normal destinada a mantener la competitividad de una empresa debía financiarse con los recursos propios de la empresa, y no mediante una ayuda estatal (apartados 16 a 19). En su sentencia Exécutif régional wallon/Comisión (citada en el apartado 98), el Tribunal de Justicia estimó que las consideraciones expuestas por la Comisión, según las cuales una inversión cuyo objetivo era la renovación y la modernización tecnológica de una línea de producción, que debía tener lugar periódicamente, no podía considerarse que estuviese destinada a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, en el sentido de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, constituían una línea de razonamiento comprensible y estaban incluidas dentro de su facultad de apreciación (apartados 31, 32 y 34).

105 Remitiéndose a dicha jurisprudencia, las partes interesadas señalaron que el importe de la ayuda autorizado podía resultar excesivo, dado que una parte de ésta no se destinaba a la reestructuración de Air France propiamente dicha. Pues bien, en su sentencia Philip Morris/Comisión (citada en el apartado 79, apartado 17), el Tribunal de Justicia consideró que los Estados miembros no pueden efectuar pagos que hagan mejorar la situación de la empresa beneficiaria «si no son necesarios para lograr los objetivos previstos por el apartado 3 del artículo 92».

106 Por tanto, las partes interesadas señalaron la posibilidad de un error de Derecho, en este caso, de una violación del principio de proporcionalidad específicamente sancionado en materia de ayudas de Estado por el apartado 3 del artículo 92 del Tratado. El Tribunal de Primera Instancia estima que se trataba de una alegación esencial para la evaluación del proyecto de ayuda controvertido. Por tanto, la Comisión estaba obligada a responder a ella en los motivos de la Decisión impugnada.

107 A este respecto, procede señalar que la Comisión considera, en la Decisión impugnada, que la inversión en la renovación de la flota es necesaria para la viabilidad de la reestructuración de Air France (DO L 254, p. 82) y que el aplazamiento de los pedidos de nuevos aviones haría subir el promedio de edad de la flota de Air France a más de diez años, nivel excesivo para una compañía aérea que pretende recuperar su competitividad (DO L 254, p. 85). Así pues, la Comisión considera que la inversión en la renovación de la flota de un importe de 11.500 millones de FF, que figura en las «grandes lignes de force» del plan de reestructuración (DO L 254, p. 75), es parte integrante de la reestructuración de Air France.

108 Además, ante este Tribunal de Primera Instancia, la Comisión confirmó ese punto de vista al afirmar que la adquisición de diecisiete nuevos aviones estaba justificada «en el marco de la aplicación del Projet» (asunto T-371/94). Por otra parte, según el informe Ernst & Young presentado por la Comisión (asunto T-371/94), la compra de los aviones era «un elemento integrante del programa cuya finalidad es racionalizar la flota [...] constituyendo dicha inversión un elemento clave del plan».

109 En lo que respecta al modo de financiación de dicha inversión, la Decisión impugnada indica que la realización del plan de reestructuración se financiará por medio de una ampliación de capital y de la venta de activos no básicos, con lo que Air France espera conseguir unos 7.000 millones de FF, a saber, principalmente la venta de algunos aviones, que aportaría unos ingresos de 4.100 millones de FF, así como la venta de piezas de repuesto (1.200 millones de FF), de un edificio (400 millones de FF) y de la cadena de hoteles Méridien (DO L 254, p. 76). La Decisión impugnada añade que las autoridades francesas se comprometieron a que, mientras durara el plan, la ayuda sería utilizada exclusivamente por Air France para los fines de reestructuración de la empresa (DO L 254, pp. 78 y 79).

110 Al evaluar la viabilidad del plan de reestructuración, la Comisión afirma que la finalidad de la ayuda es la financiación del plan y la reestructuración de las finanzas de Air France (DO L 254, p. 82). En resumen, está convencida de que la ayuda a Air France es necesaria y proporcionada para permitir a la empresa llevar a cabo con éxito su plan de reestructuración y recuperar su viabilidad (DO L 254, p. 86). Por último, la condición de autorización nº 6 obliga a las autoridades francesas a velar por que «la ayuda [sea] utilizada exclusivamente por Air France para los fines de reestruct