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El concepto de «denegación de embarque» definido en los artículos 2, letra j), y 4 del Reglamento no 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento no 295/91, debe interpretarse en el sentido de que se refiere no sólo a las denegaciones de embarque debidas a situaciones de exceso de reserva, sino también a las denegaciones de embarque por otros motivos, como los motivos operativos.

Los artículos 2, letra j), y 4, apartado 3, del Reglamento no 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento no 295/91, deben interpretarse en el sentido de que la concurrencia de circunstancias extraordinarias que llevan a un transportista aéreo a reorganizar vuelos posteriores a las mismas no puede justificar una denegación de embarque en dichos vuelos posteriores ni eximir al citado transportista de su obligación de compensar, con arreglo al artículo 4, apartado 3, del mismo Reglamento, al pasajero al que se deniega el embarque en uno de esos vuelos operados con posterioridad a dichas circunstancias.

En efecto, a diferencia del artículo 5, apartado 3, del Reglamento no 261/2004, los artículos 2, letra j), y 4 de éste no establecen que, en caso de denegación de embarque relacionada con circunstancias extraordinarias que no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables, un transportista aéreo queda eximido de su obligación de compensar a los pasajeros a los que se deniega el embarque contra su voluntad. De ello se desprende que el legislador de la Unión no pretendió que dicha compensación pudiera descartarse por motivos relacionados con la concurrencia de circunstancias extraordinarias.

Por otra parte, del considerando 15 del Reglamento no 261/2004 se desprende que las circunstancias extraordinarias sólo pueden referirse a «una aeronave determinada y en una fecha determinada», lo que no sucede en el supuesto en que se deniega el embarque a un pasajero por la reorganización de vuelos debida a circunstancias de ese tipo que han afectado a un vuelo anterior. En efecto, el concepto de «circunstancias extraordinarias» tiene por objeto limitar las obligaciones del transportista aéreo, incluso eximirlo de éstas, cuando el acontecimiento de que se trate no hubiera podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables. Pues bien, si dicho transportista se ve obligado a cancelar un vuelo previsto el día de una huelga del personal de un aeropuerto y después decide reorganizar sus vuelos posteriores, no puede en modo alguno considerarse que dicho transportista se haya visto obligado por la citada huelga a denegar el embarque a un pasajero que se ha presentado debidamente al embarque dos días después de la cancelación del mencionado vuelo.

(véanse los apartados 36, 37 y 40 y el punto 2 del fallo)
Del considerando 51 del Reglamento no 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, que sustituyó al Reglamento no 2991/94, por el que se aprueban las normas aplicables a las materias grasas para untar, y tomó de éste todas sus disposiciones, resulta que este último estableció normas de comercialización por lo que se refiere a los productos lácteos, junto con una clasificación uniforme de tales materias. En el marco de esta clasificación, la excepción prevista en el punto I, apartado 2, párrafo tercero, letra a), del anexo XV del Reglamento no 1234/2007 constituye necesariamente una excepción. Además, el artículo 121, letra c), inciso i), de dicho Reglamento habilita expresamente a la Comisión a establecer la lista exhaustiva de los productos que, sobre la base de las listas transmitidas por los Estados miembros, pueden acogerse a la citada excepción.

Por consiguiente, los productos que cumplen los requisitos establecidos en el punto I, apartado 2, párrafo tercero, letra a), del anexo XV del Reglamento no 1234/2007 pueden acogerse a la excepción prevista por dicha disposición sin una decisión previa de la Comisión que declare que se cumplen esos requisitos. Una interpretación contraria pondría en cuestión, por una parte, la competencia atribuida a la Comisión por el Consejo, en virtud del artículo 121, letra c), inciso i), del Reglamento no 1234/2007, así como, por otra parte, la eficacia del citado Reglamento, en la medida en que éste tiene como finalidad armonizar el uso de las denominaciones comerciales, para garantizar la competencia y proteger a los consumidores.

(véanse los apartados 56 a 61)
Los artículos 179, apartado 1, 180 y 273 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la existencia de un plazo de caducidad para el ejercicio del derecho a la deducción, siempre que no se haga excesivamente difícil o imposible en la práctica el ejercicio de ese derecho. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional realizar esta apreciación, para la cual puede tener en cuenta, en particular, la consiguiente aprobación posterior de una ampliación del plazo de caducidad, así como la duración del procedimiento de registro, a efectos del impuesto sobre el valor añadido, que debe seguirse dentro del mismo plazo para poder ejercitar el citado derecho a la deducción.

(véanse el apartado 64 y el punto 1 del fallo)
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 103 p. 1; EE 13/02, p. 113; en lo sucesivo, «Primera Directiva»), del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles (DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244; en lo sucesivo, «Segunda Directiva»), y de los artículos 1 y 1 bis de la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (DO L 129, p. 33; en lo sucesivo, «Tercera Directiva»).
33

Como se desprende de una jurisprudencia reiterada, ante una norma incompatible con el Derecho de la Unión, el juez nacional está obligado a no aplicar la norma nacional, si bien esta obligación no limita la facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes para aplicar, entre los distintos procedimientos del ordenamiento jurídico interno, aquellos que sean apropiados para salvaguardar los derechos individuales reconocidos por el Derecho de la Unión (en este sentido, véanse, en particular, las sentencias de 27 de octubre de 1993, van Gemert-Derks, C-337/91, Rec. p. I-5435, apartado 33; de 22 de octubre de 1998, IN. CO. GE. 90 y otros, C-10/97 a C-22/97, Rec. p. I-6307, apartado 21, y de 19 de noviembre de 2009, Filipiak, C-314/08, Rec. p. I-11049, apartado 83).
1)

El Reglamento (CE) no 1193/2009 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2009, que corrige los Reglamentos (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 y fija los importes de las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para las campañas de comercialización 2002/03, 2003/04, 2004/05 y 2005/06, en las disposiciones que no sean las contenidas en su artículo 3, ya anuladas por efecto de la anulación del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1686/2005 de la Comisión, de 14 de octubre de 2005, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2004/05, los importes de las cotizaciones por producción y el coeficiente de la cotización complementaria en el sector del azúcar, declarada por el Tribunal General de la Unión Europea en su sentencia de 29 de septiembre de 2011, Polonia/Comisión (T-4/06), es inválido.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación: — del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29); — del artículo 2 de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 110, p. 30); — de las disposiciones del Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399, p. 1); — de los artículos 5, apartado 1, letras l) y m), 6, 7 y 10, apartado 2, letra l), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133, p. 66), y — del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149, p. 22).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de varias disposiciones del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227, p. 1), así como del Reglamento (CE) no 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 2100/94 (DO L 173, p. 14), tal como resultó modificado por el Reglamento (CE) no 2605/98 de la Comisión, de 3 de diciembre de 1998 (DO L 328, p. 6) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1768/95»).
2

Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Lebara Ltd (en lo sucesivo, «Lebara») y los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (en lo sucesivo, «Commissioners») sobre la liquidación emitida por éstos relativa al impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») supuestamente adeudado por Lebara por servicios de telecomunicaciones prestados por ella a lo largo de marzo de 2005.
14

El artículo 7 de la Directiva 2005/29 enuncia: «1. Se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación, omita información sustancial que necesite el consumidor medio, según el contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa y que, en consecuencia, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. 2. Se considerará también que hay omisión engañosa cuando un comerciante oculte la información sustancial contemplada en el apartado 1, teniendo en cuenta las cuestiones contempladas en dicho apartado, o la ofrezca de manera poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea el adecuado, o no dé a conocer el propósito comercial de la práctica comercial en cuestión en caso de que no resulte evidente por el contexto, siempre que, en cualquiera de estos casos, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. [...]»
17

Post Danmark interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente contra dicha resolución del Østre Landsret. En particular, alega que, conforme a los criterios establecidos en la sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión (C-62/86, Rec. p. I-3359), tal como fueron «modificados» por la Decisión 2001/354/CE de la Comisión, de 20 de marzo de 2001, en un procedimiento con arreglo al articulo 82 del Tratado CE (Asunto COMP/35.141 – Deutsche Post AG) (DO L 125, p. 27), los precios aplicados al grupo Coop sólo pueden considerarse abusivos si puede demostrarse la intención de eliminar a un competidor. En cambio, el Konkurrencerådet sostiene que la intención de excluir a un competidor no se exige necesariamente para que la práctica de precios selectivos inferiores a los costes totales medios pero superiores a los costes incrementales medios sea constitutiva de abuso de posición dominante.
2

Dichas peticiones se presentaron en el marco de sendos procesos penales incoados contra los Sres. Costa y Cifone, gerentes de centros de transmisión de datos (en lo sucesivo, «CTD») contractualmente vinculados a la sociedad inglesa Stanley International Betting Ltd (en lo sucesivo, «Stanley»), por incumplimiento de la normativa italiana que regula la recogida de apuestas, en particular del Regio decreto n. 773 — Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Real Decreto no 773, texto refundido de las leyes sobre seguridad pública), de 18 de junio de 1931 (GURI no 146, de 26 de junio de 1931), en su versión modificada por el artículo 37, apartado 4, de la Ley no 388, de 23 de diciembre de 2000 (suplemento ordinario de la GURI no 302, de 29 de diciembre de 2000; en lo sucesivo, «Real Decreto»). Esas peticiones se inscriben en contextos jurídicos y fácticos similares a los que dieron lugar a las sentencias de 21 de octubre de 1999, Zenatti (C-67/98, Rec. p. I-7289); de 6 de noviembre de 2003, Gambelli y otros (C-243/01, Rec. p. I-13031); de 6 de marzo de 2007, Placanica y otros (C-338/04, C-359/04 y C-360/04, Rec. p. I-1891), y de 13 de septiembre de 2007, Comisión/Italia (C-260/04, Rec. p. I-7083).
5

El artículo 79 de la citada Directiva establece: «No quedarán comprendidos en la base imponible los siguientes elementos: a) las disminuciones de precio a título de descuento por pago anticipado; b) las rebajas y descuentos de precio concedidos al adquiriente o al destinatario del servicio con efecto en el mismo momento en que se realice la operación; c) las sumas que un sujeto pasivo reciba del adquiriente de los bienes o del destinatario de la prestación en reembolso de los gastos pagados en nombre y por cuenta de estos últimos y que figuren en su contabilidad en cuentas específicas. El sujeto pasivo vendrá obligado a justificar la cuantía efectiva de los gastos contemplados en la letra c) del párrafo primero y no podrá proceder a la deducción del IVA que, eventualmente, los hubiera gravado.»
Petición de decisión prejudicial — Rechtbank Haarlem — Interpretación y validez de los Reglamentos (CE) n

os

535/94 de la Comisión, de 9 de marzo de 1994, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 68, p. 15); 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 290, p. 1); 1871/2003 de la Comisión, de 23 de octubre de 2003, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 275, p. 5), y 2344/2003 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2003, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 346, p. 38) — Trozos de pollo deshuesados, congelados e impregnados de sal — Clasificación arancelaria.
2.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado — Determinación por muestreo de los operadores que pueden beneficiarse de dicho estatuto — Obligación de la Comisión de examinar las solicitudes de operadores que no forman parte del muestreo [Reglamentos del Consejo (CE) no 384/96, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2117/2005, arts. 2, ap. 7, letras b) y c), párr 1, y 17, y no 1472/2006] (véanse los apartados 28 a 34 y 36)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Transportes — Política común — Desarrollo de los ferrocarriles comunitarios — Administrador nacional de infraestructuras ferroviarias — Independencia — Criterios de apreciación enumerados en un documento de trabajo de la Comisión — Valor jurídico obligatorio — Inexistencia — Obligación de transposición — Inexistencia

(Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 91/440/CEE del Consejo)

2. Recurso por incumplimiento — Prueba del incumplimiento — Carga que incumbe a la Comisión — Aportación de pruebas que pongan de manifiesto el incumplimiento — Presunciones — Improcedencia

(Art. 258 TFUE)

Índice

1. Carece de fuerza jurídica obligatoria un documento de trabajo de la Comisión que enumera los criterios en los que se basa para apreciar la independencia del administrador nacional de infraestructuras ferroviarias que exige la Directiva 2001/14, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización, y las medidas previstas para garantizar esa independencia, que nunca fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, se hizo público tres años después de finalizar el plazo para la transposición de esa Directiva y no se ha recogido en ningún otro instrumento legislativo.

Por tanto, no cabe reprochar a un Estado miembro no haber incorporado esos criterios en las disposiciones legales o reglamentarias de transposición de las Directivas 91/440, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, y 2001/14, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización. Siendo así, la falta de transposición de esos criterios no puede llevar por sí sola a deducir la inexistencia de independencia decisoria del administrador nacional de infraestructuras ferroviarias en relación con la empresa en la que está integrado y que como holding supervisa también a las empresas ferroviarias.

(véanse los apartados 32, 54, 58 y 61)

2. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 62)
En el marco de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, la directiva aplicable es, en principio, aquella que está en vigor en el momento en que la entidad adjudicadora elige el tipo de procedimiento que va a seguir y decide con carácter definitivo si tiene o no la obligación de proceder a una convocatoria de licitación previa para la adjudicación de un contrato público. En efecto, resultaría contrario al principio de seguridad jurídica determinar el Derecho aplicable con referencia a la fecha de adjudicación del contrato, en la medida en que esa fecha representa el fin del procedimiento, mientras que la decisión de la entidad adjudicadora de realizar o no una convocatoria de licitación previa se adopta normalmente en la fase inicial del procedimiento. No obstante, cuando negociaciones iniciadas después de esa decisión revisten características sustancialmente diferentes de las negociaciones anteriormente desarrolladas y pueden demostrar, en consecuencia, la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato, la aplicación de las disposiciones de una directiva cuyo plazo de transposición ha expirado después de la fecha de dicha decisión podría estar justificada.

(véanse los apartados 52 a 54)
El Estado miembro que reserve a los fondos de pensiones residentes el derecho de tratar los importes de las provisiones para hacer frente a los compromisos en materia de pensiones como gastos deducibles sin ofrecer la misma ventaja a los fondos de pensiones no residentes incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

En efecto, debido a tal normativa, los dividendos percibidos por los fondos de pensiones residentes resultan, en la práctica, contrariamente a los dividendos que perciben los fondos de pensiones no residentes, exentos o prácticamente exentos del impuesto sobre la renta, mientras que los dividendos que perciben los fondos de pensiones no residentes son objeto de una retención en la fuente por la que no se permite ninguna deducción de impuestos. Dicho trato desfavorable en relación con los dividendos pagados a los fondos de pensiones no residentes, en comparación con el trato que se dispensa a los dividendos pagados a los fondos de pensiones residentes, puede disuadir a las sociedades establecidas en otro Estado miembro o en otro Estado miembro del EEE de invertir en él y, por consiguiente, constituye una restricción a la libre circulación de capitales prohibida, en principio, por el artículo 63 TFUE y el artículo 40 del Acuerdo EEE.

Al crear un vínculo directo entre los importes de las provisiones para hacer frente a los compromisos en materia de pensiones y la actividad de los organismos que garantizan una pensión que generan ingresos imponibles, una normativa como ésta está dirigida a tener en cuenta la finalidad específica de los fondos de pensiones que es la de acumular capital por medio de inversiones que produzcan, en particular, unos ingresos en forma de dividendos, para hacer frente a sus obligaciones futuras en méritos de contratos de seguro. Habida cuenta de que esta finalidad específica puede ser igualmente la de los fondos de pensiones no residentes que ejercen la misma actividad, éstos se encuentran en una situación objetivamente comparable a la de los fondos de pensiones residentes en lo que a los dividendos percibidos en dicho Estado miembro se refiere.

Además, una restricción como ésta a la libre circulación de capitales no está justificada por el objetivo basado en la necesidad de garantizar la coherencia del sistema fiscal nacional, puesto que no se ha demostrado de modo suficiente en Derecho que la ventaja fiscal concedida a los fondos de pensiones residentes sea compensada con un gravamen fiscal determinado que justifique de este modo una tributación de los dividendos pagados a los fondos de pensiones no residentes.

(véanse los apartados 32, 33, 41 a 43, 50 y 53 y el fallo)