AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 20 de julio de 1998

Asunto T-61/96

José Francisco Meoro Avilés

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Convocatoria de concurso-oposición — Inexistencia de candidatura — Recurso de anulación — Inadmisibilidad»

Texto completo en lengua española II-1289

Objeto:

Recurso por el que se solicita, con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE, que se anulen las convocatorias de concursos-oposición EUR/LA/97 y EUR/LA/98, de 1 de marzo de 1996 (DO C 62 A p. 9, versión española únicamente) y que se inste a la Comisión para que modifique cualquier publicación referida al acceso a la Función Pública comunitaria, de manera que se incluya la «Ingeniería Técnica» en los «títulos nacionales que pueden dar acceso a los concursos generales».

Resultado:

Inadmisibilidad.

Resumen del auto

Con fecha 1 de marzo de 1996, se publicaron dos convocatorias de concursos-oposición (EUR/LA/97 y EUR/LA/98) con el fin de constituir listas de reserva para la contratación de traductores y de traductores adjuntos de lengua española. Dichas convocatorias exigen, por lo que se refiere a los títulos universitarios obtenidos en España, estudios superiores completos (licenciatura). La Guía para los candidatos, que completa las convocatorias de concursos-oposición, reproduce dicha exigencia.

El título universitario del demandante, Ingeniero Técnico Industrial de nacionalidad española, es una «diplomatura». Este título de ciclo corto no alcanza el nivel requerido para participar en los concursos-oposición. El demandante no presentó su candidatura a ninguno de dichos concursos-oposición.

Mediante demanda registrada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de abril de 1996, el demandante interpuso el presente recurso.

Sobre la admisibilidad

A tenor del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de un auto motivado. En el caso presente, el Tribunal de Primera Instancia considera que los documentos obrantes en autos esclarecen suficientemente el asunto y decide que no procede iniciar la fase oral del procedimiento (apartado 26).

El artículo 173 del Tratado CE confiere a toda persona física o jurídica la posibilidad de interponer recurso contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un Reglamento, la afecten directa e individualmente. El criterio para distinguir una decisión de un Reglamento debe buscarse en el alcance general o no del acto impugnado. De este modo, el Reglamento se define como un acto de carácter esencialmente normativo, aplicable no a destinatarios limitados, designados o identificables, sino a categorías consideradas abstractamente y en su conjunto. No obsta a la naturaleza normativa de un acto la posibilidad de determinar el número o incluso la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplica en un momento dado, siempre que conste que esta aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de Derecho o de hecho definida por el acto y relacionada con la finalidad de éste (apartados 27 y 28).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de diciembre de 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes y otros/Consejo (asuntos acumulados 16/62 y 17/62, Rec. pp. 901 y ss., especialmente p. 918); Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Consejo (6/68, Rec. pp. 595 y ss., especialmente pp. 605 y 606); Tribunal de Justicia, 16 de abril de 1970, Compagnie française commerciale et financière/Comisión (64/69, Rec. p. 221), apartado 11; Tribunal de Justicia, 5 de mayo de 1977, Koninklijke Scholten Honig/Consejo y Comisión (101/76, Rec. p. 797), apartado 23; Tribunal de Justicia, 24 de febrero de 1987, Deutz y Geldermann/Consejo (26/86, Rec. p. 941), apartado 8; Tribunal de Primera Instancia, 29 de junio de 1995, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto y otros/Comisión (T-183/94, Rec. p. II-1941), apartado 48

En el caso de autos, las convocatorias impugnadas se configuran como medidas de alcance general, en el sentido del artículo 189 del Tratado. El requisito relativo a la posesión de un título universitario cubre una situación objetiva definida en función de la finalidad de los actos impugnados. Por consiguiente, las convocatorias de concursos-oposición revisten, por su naturaleza y alcance, un carácter normativo y no constituyen decisiones en el sentido del artículo 189 del Tratado (apartados 29 y 30).

No obstante, en determinadas circunstancias, un acto normativo puede afectar individualmente a algunos de sus destinatarios potenciales. En tal supuesto, un acto comunitario puede revestir a la vez un carácter normativo y, frente a determinados interesados, un carácter de decisión (apartado 31).

Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de mayo de 1994, Codorníu/Consejo (C-309/89, Rec. p. I-1853), apartado 19; Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1995, Exporteurs in Levende Varkens y otros/Comisión (asuntos acumulados T-481/93 y T-484/93, Rec. p. II-2941), apartado 50; Tribunal de Primera Instancia, 30 de septiembre de 1997, Federolio/Comisión (T-122/96, Rec. p. II-1559), apartado 58

Una persona física o jurídica sólo puede alegar verse afectada individualmente si el acto de que se trata le atañe debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualquier otra persona (apartado 32).

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, Rec. pp. 197 y ss., especialmente p. 223); Codorníu/Consejo, antes citada, apartado 20; Tribunal de Primera Instancia, 27 de abril de 1995, CCE de Vittel y otros/Comisión (T-12/93, Rec. p. II-1247), apartado 36; Federolio/Comisión,antes citado, apartado 59

Pues bien, desde este punto de vista, el demandante no puede invocar su legitimación para interponer recurso de anulación contra dichas convocatorias por el mero hecho de que sea posible individualizar a las personas afectadas basándose en el título universitario que posean, elemento éste que el demandante considera reflejo de una voluntad manifiesta de la AFPN de excluir a los poseedores de una diplomatura. En efecto, las convocatorias de concursos-oposición impugnadas sólo afectan al demandante en su condición objetiva de persona que no posee una licenciatura, en igualdad de condiciones con cualquier otra persona que no posea dicho título. En tales circunstancias, el demandante no puede alegar que las convocatorias de concursos-oposición le afecten de modo suficiente debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que le caracteriza en relación con cualquier otro candidato potencial (apartado 33).

De cuanto antecede resulta que las convocatorias de concursos-oposición no afectan individualmente al demandante. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del recurso (apartado 34).

Además, para impugnar la legalidad de las convocatorias de concursos-oposición, el demandante habría podido presentar su candidatura a los concursos-oposición controvertidos al objeto de interponer un recurso de anulación contra el acto administrativo de rechazo de su candidatura al amparo del artículo 179 del Tratado (apartado 35).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de septiembre de 1993, Noonan/Comisión (T-60/92, Rec. p. II-911), apartado21; Tribunal de Justicia, 11 de agosto de 1995, Comisión/Noonan (C-448/93 P, Rec. p. I-2321), apartado 6, y conclusiones del Abogado General Sr. Léger (Rec. p. I-2323), puntos 17 y 21 a 23

En lo que atañe a la pretensión de que se inste a la Comisión para que modifique la Guía, no incumbe al Juez comunitario, en el marco del control de la legalidad, dirigir órdenes conminatorias a las autoridades comunitarias (apartados 36 y 37).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de febrero de 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Comisión(15/85, Rec. p. 1005), apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 26 de octubre de 1993, Weilienfels/Parlamento(T-22/92, Rec. p. II-1095), apartado 23

No obstante, el Tribunal de Primera Instancia estima que, con carácter subsidiario, procede examinar si cabría haber declarado la admisibilidad del recurso del demandante en caso de que hubiera sido interpuesto con arreglo al artículo 179 del Tratado (apartado 39).

A este respecto, el artículo 179 del Tratado, que confiere competencia al órgano jurisdiccional comunitario para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Comunidad y sus agentes, y los artículos 90 y 91 del Estatuto, relativos a los medios de impugnación, no sólo son de aplicación a las personas que tienen la condición de funcionarios o de agentes que no sean agentes locales, sino también a los que reivindican dicha condición, en particular a los candidatos a desempeñar una función (apartado 40).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1994, Altmann y otros/Comisión (T-177/94, Rec p. II-1245), apartados 34 y 35; Tribunal de Primera Instancia, 11 de julio de 1996, Gomes de Sá Pereira/Consejo(T-30/96, Rec. p. II-785), apartado 24; Tribunal de Justicia, 31 de marzo de 1965, Vandevy vere/Parlamento (23/64, Rec. pp.205 y ss., especialmente p. 214); Tribunal de Justicia, 23 de septiembre de 1986, Du Besset/Consejo (130/86, Rec. p. 2619), apartado 7; Tribunal de Justicia, 27 de febrero de 1991, Bocos Viciano/Comisión (C-126/90P, Rec. p. I-781), apartado 13

Pues bien, dicho medio de impugnación no puede ser utilizado por una persona que no ha presentado su candidatura a un concurso-oposición y no reúne, pues, el requisito de ser candidato a la Función Pública comunitaria (apartado 41).

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso.

Convocatoria de concurso-oposición — Inexistencia de candidatura — Recurso de anulación — Inadmisibilidad (AUTO DE 20.7.1998 — ASUNTO T-61/96 - MEORO AVILES / COMISIÓN) II-1289