Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001

[Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 1, letra a)]

2. Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001

[Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 1, letra a); Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo]

3. Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001

[Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3]

Índice

1. El alcance del control de legalidad que corresponde al juez comunitario en virtud del artículo 230 CE puede variar según el ámbito del que se trate. Por lo que se refiere al control judicial del respeto del principio de proporcionalidad, debe reconocerse al legislador comunitario una amplia facultad discrecional en ámbitos en los que deba tomar decisiones de naturaleza política, económica y social, y realizar apreciaciones complejas. Sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en estos ámbitos, en relación con el objetivo que tiene previsto conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad la medida en cuestión.

En relación con el alcance del control judicial de la legalidad de una decisión del Consejo por la que se deniega el acceso del público a un documento invocando una de las excepciones relativas al interés público establecidas en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, ha de reconocerse al Consejo un amplio margen de apreciación para determinar si la divulgación de los documentos pertenecientes a ámbitos comprendidos en dichas excepciones puede perjudicar el interés público. El Tribunal de Primera Instancia también actuó con buen criterio al declarar, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, que, por tanto, el control de legalidad ejercido por el juez comunitario sobre una decisión de este tipo debe limitarse a comprobar el cumplimiento de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto en la apreciación de los hechos y la inexistencia de desviación de poder.

(véanse los apartados 32 a 34)

2. El objetivo del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, es garantizar el derecho de acceso del público en general a los documentos de las instituciones, y no dictar normas destinadas a proteger el interés específico que tal o cual persona pueda tener en acceder a uno de ellos. Además, del tenor del artículo 4, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento se desprende que, cuando se trata de las excepciones al derecho de acceso establecidas en esta disposición, la institución está obligada a negarse a divulgar un documento cuando dicha divulgación puede perjudicar los intereses protegidos por dicha disposición, sin que, en un caso semejante y a diferencia de lo dispuesto, por ejemplo, en el apartado 2 del mismo artículo, puedan sopesarse las exigencias ligadas a la protección de dichos intereses y las derivadas de otros. Por consiguiente, la institución que debe decidir si la divulgación de determinados documentos puede perjudicar los intereses protegidos por dicha disposición y a denegar, en tal caso, el acceso solicitado, no puede tener en cuenta el interés particular que puede tener un demandante para acceder a dichos documentos.

Aun suponiendo que el recurrente tuviera el derecho a ser informado detalladamente de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él como consecuencia de su inclusión en la lista de personas cuyos fondos y activos financieros se congelan en virtud del Reglamento nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y que ese derecho implicara un acceso a documentos en poder del Consejo, basta destacar que, como estimó con buen criterio el Tribunal de primera Instancia en los apartados 52 a 55 de la sentencia recurrida, ese derecho no puede ejercerse específicamente recurriendo a los mecanismos de acceso del público a los documentos establecido por el Reglamento nº 1049/2001.

(véanse los apartados 43 y 46 a 48)

3. El artículo 9, apartado 3, del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, precisa que los documentos sensibles únicamente se incluirán en el registro o se divulgarán con el consentimiento del emisor. Por tanto, dicha autoridad emisora también está facultada para exigir que se mantenga en secreto la propia existencia de un documento sensible y dispone asimismo de la facultad de oponerse a que sea divulgada su propia identidad en caso de que llegara a conocerse la existencia de dicho documento. Esta conclusión, impuesta por el tenor de la mencionada disposición, se explica a la vista de la peculiar naturaleza de los documentos mencionados en el apartado 1 de dicho artículo, documentos cuyo contenido extremadamente sensible justifica, como se desprende del noveno considerando del mencionado Reglamento, que sean objeto de un tratamiento especial. Por consiguiente, no puede considerarse que esa conclusión sea desproporcionada alegando que el solicitante al que se deniega el acceso a un documento sensible habrá de enfrentarse a mayores dificultades —e incluso a la imposibilidad práctica— de identificar el Estado de origen del documento.

(véanse los apartados 101 a 103)