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9

Mediante el auto recurrido, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso. Consideró, de entrada, que la decisión de 18 de julio de 2011 era un acto lesivo que había adquirido firmeza a falta de reclamación por parte del recurrente. Al tiempo que recordó que un agente que no haya interpuesto un recurso contra un acto que le sea lesivo no puede, mediante una demanda posterior, subsanar esa omisión a menos que un hecho nuevo y sustancial pueda motivar la revisión de su situación, el Tribunal General estimó que la transferencia de los derechos a pensión del recurrente no constituía tal hecho, en particular, porque dicha transferencia no modificaba la situación del recurrente en relación con su afiliación al RCSE. El Tribunal General dedujo de ello que, mediante su solicitud de afiliación al RCSE de 17 de diciembre de 2017, el recurrente no podía hacer que volviera a nacer a su favor un derecho de recurso contra la decisión de 18 de julio de 2011.
110

Si bien Irlanda no ha cuestionado directamente los fundamentos recogidos en ese pasaje de la sentencia recurrida, no cabe sostener, como pretende la Comisión, que el recurso de casación deba declararse inoperante por el hecho de que la argumentación formulada por Irlanda no pueda influir en el fallo de dicha sentencia.
4

El artículo 121 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en lo sucesivo, «LIS»), titulado «Bienes y derechos no contabilizados o no declarados: presunción de obtención de rentas», establece: «1. Se presumirá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada los elementos patrimoniales cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen registrados en sus libros de contabilidad. La presunción procederá igualmente en el caso de ocultación parcial del valor de adquisición. 2. Se presumirá que los elementos patrimoniales no registrados en contabilidad son propiedad del contribuyente cuando este ostente la posesión sobre ellos. 3. Se presumirá que el importe de la renta no declarada es el valor de adquisición de los bienes o derechos no registrados en libros de contabilidad, minorado en el importe de las deudas efectivas contraídas para financiar tal adquisición, asimismo no contabilizadas. En ningún caso el importe neto podrá resultar negativo. La cuantía del valor de adquisición se probará a través de los documentos justificativos de esta o, si no fuera posible, aplicando las reglas de valoración establecidas en la [LGT]. 4. Se presumirá la existencia de rentas no declaradas cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad del contribuyente deudas inexistentes. 5. El importe de la renta consecuencia de las presunciones contenidas en los apartados anteriores se imputará al período impositivo más antiguo de entre los no prescritos, excepto que el contribuyente pruebe que corresponde a otro u otros. 6. En todo caso, se entenderá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada que se imputará al período impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización, los bienes y derechos respecto de los que el contribuyente no hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la Disposición adicional decimoctava de la [LGT]. No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que los bienes y derechos cuya titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas o bien con cargo a rentas obtenidas en períodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente de este Impuesto. […]»
96

Contrariamente a lo que afirma EDW, esta conclusión no queda desvirtuada por el «Guidance Document n.o 3 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 (Data collection guidance)» [Documento de orientaciones n.o 3 sobre el método armonizado de asignación gratuita en la Unión Europea después de 2012 (guía para la recogida de datos)], de 14 de abril y 29 de junio de 2011, disponible en el sitio web de la Comisión.
55

No obstante, en lo que concierne a aquellas situaciones en las que la acción de resarcimiento por daños y perjuicios tiene como fundamento la declaración de la Comisión de que se ha cometido una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, recogida en una decisión dirigida a la sociedad matriz de la sociedad filial demandada, esta última no puede impugnar, ante el juez nacional, la existencia de la infracción así declarada por la Comisión. En efecto, el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 dispone en particular que, cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud del artículo 101 TFUE que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión.
25

La Dirección de Recursos consideró que los pagos efectuados por Boehringer Ingelheim a favor del NEAK no cumplían los requisitos para la reducción de la base imponible del IVA establecidos en el artículo 77, apartado 4, de la Ley del IVA. En efecto, según la Dirección de Recursos, por una parte, los pagos efectuados por Boehringer Ingelheim no pueden considerarse un reembolso a posteriori concedido «con fines promocionales», ya que el artículo 17, apartado 4, de Gyftv prohíbe la promoción comercial de los medicamentos admitidos en la lista de productos aceptados para su financiación por la Seguridad Social. Por otra parte, Boehringer Ingelheim no realizó dichos pagos «conforme a las condiciones especificadas en su política comercial», puesto que el importe de las contribuciones adeudadas en virtud de los contratos no era fijado por la empresa farmacéutica, sino por un colegio de profesionales sanitarios conforme a un reglamento ministerial.
85

Para garantizar la observancia del artículo 50 de la Carta, corresponde al tribunal remitente comprobar que los hechos materiales constitutivos del delito principal, a saber, la evasión fiscal, no son idénticos a aquellos por los que se enjuicia a LG sobre la base del artículo 29, apartado 1, letra a), de la Ley n.o 656/2002, teniendo en cuenta las precisiones expuestas en los apartados 78 a 80 de la presente sentencia. La violación del principio non bis in idem queda excluida en el supuesto de que se compruebe que los hechos por los que se enjuicia a LG por un delito de blanqueo de capitales sobre la base del artículo 29, apartado 1, letra a), de la Ley n.o 656/2002 no son idénticos a los constitutivos del delito principal de evasión fiscal, lo que parece desprenderse de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia.
12

El artículo 1 de la Legge Regionale Sicilia n.o 12 — Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli Allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e contributi alle associazioni degli Allevatori (Ley Regional de Sicilia n.o 12, por la que se establecen actuaciones encaminadas al saneamiento y la reconstitución de las explotaciones ganaderas afectadas por la tuberculosis, la brucelosis y otras enfermedades infecciosas y contagiosas y aportaciones a favor de las asociaciones ganaderas), de 5 de junio de 1989 (Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n.o 28, de 7 de junio de 1989; en lo sucesivo, «Ley Regional n.o 12/1989»), es del siguiente tenor: «1. Para el saneamiento de las granjas bovinas afectadas por la tuberculosis, la brucelosis y la leucosis y de las granjas ovinas y caprinas afectadas por la brucelosis, de conformidad con la [legge 9 giugno 1964, n.o 615 (Ley n.o 615, de 9 de junio de 1964)], y con las [leggi 23 gennaio 1968, n.o 33 e n.o 34 (Leyes n.os 33 y 34, de 23 de enero de 1968)], en sus correspondientes versiones posteriormente modificadas y completadas, se concederá una indemnización a los propietarios de animales bovinos sacrificados al estar afectados por tuberculosis, brucelosis o leucosis, y de animales ovinos y caprinos sacrificados por estar afectados por brucelosis, además de la indemnización establecida en las disposiciones nacionales vigentes, en el importe indicado en el cuadro anexo a la presente Ley. 2. El Assessore regionale per la sanità [(Consejero Regional de Sanidad, Italia)] deberá adaptar anualmente, mediante decreto, el importe de la indemnización complementaria prevista por la Ley Regional n.o 12/1989 […], en una proporción idéntica al aumento anual de los importes concedidos por el Estado en este ámbito, dentro de los límites de los créditos presupuestarios previstos en la presente Ley. […] 4. Con idéntico fin al mencionado en los apartados anteriores, y para facilitar la ejecución de las medidas de saneamiento de las granjas ganaderas, además de la suma prevista por la legislación nacional vigente se pagará una cuota de 2000 liras italianas (ITL) [(aproximadamente 1,03 euros)] por cada animal bovino inspeccionado a los veterinarios (que sean profesionales liberales) autorizados para llevar a cabo las operaciones a que se refieren los decretos ministeriales de 1 de junio de 1968 y de 3 de junio de 1968. En cualquier caso, la indemnización total no podrá exceder de 3000 ITL [(aproximadamente 1,55 euros)]. 5. A efectos del presente artículo, se autorizará un gasto por importe de 7000 millones de ITL [(aproximadamente 3615000 euros)] para el ejercicio presupuestario en curso y por importe de 6000 millones de ITL [(aproximadamente 3099000 euros)] para cada ejercicio presupuestario entre 1990 y 1991.»
17

El órgano jurisdiccional remitente considera que la imposición de una sanción administrativa tenía por objeto incitar a los sujetos pasivos a presentar sus declaraciones fiscales con exactitud y rigor. Sin embargo, a su juicio, la sanción controvertida en el litigio principal tiene un carácter represivo y no preventivo. En efecto, el artículo 112b, apartado 2, de la Ley del IVA no permite —según el órgano jurisdiccional remitente— tener en cuenta la circunstancia de que la liquidación errónea del IVA se debe a un error de apreciación cometido por las dos partes de la operación respecto a la sujeción al impuesto de la entrega. Según dicho órgano jurisdiccional, esa sanción constituye una medida inadecuada para alcanzar el objetivo de lucha contra las infracciones fiscales y, en todo caso, va más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo, dado que no puede cumplir la función preventiva necesaria frente a los potenciales defraudadores y no tiene en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción ni el hecho de que la Hacienda Pública no haya sufrido ninguna pérdida de ingresos fiscales y de que no exista ningún indicio de fraude fiscal.
53

En el caso de autos, aun cuando VR disponía, en el momento de interponer su demanda contra Novo Banco España ante el Juzgado de Primera Instancia de Vitoria, el 4 de febrero de 2015, de todos los elementos necesarios para tomar con pleno conocimiento de causa una decisión sobre la interposición de tal demanda, así como para identificar con certeza contra quién debía dirigirse esta última, y, en particular, el hecho de que aún podía adoptarse y producir efectos retroactivos una medida de nueva transmisión de Novo Banco a BES, de la responsabilidad asociada al contrato de compraventa de participaciones, no es menos cierto que VR, una vez interpuesta su demanda, pero antes de que recayera un pronunciamiento definitivo, no podía anticipar la materialización de esa última posibilidad ni adoptar las medidas oportunas en consecuencia.
59

No obstante, por lo que respecta a la excepción prevista en el artículo 75, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial se desprende que esta excepción solo es aplicable a las resoluciones dictadas en Estados que ya eran miembros de la Unión en la fecha de su pronunciamiento. Pues bien, no sucede así en el caso de las resoluciones en materia de obligaciones de alimentos controvertidas en el litigio principal, dictadas el 14 de febrero de 2003 en Polonia, Estado que no se adhirió a la Unión hasta el 1 de mayo de 2004. Por consiguiente, esta disposición no puede servir de base para el reconocimiento y la ejecución en otro Estado miembro de tales resoluciones.
11

La sucursal sueca de Danske Bank impugnó el dictamen previo de la Comisión de Derecho Fiscal ante el Högsta förvaltningsdomstolen (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Suecia), alegando que el establecimiento principal de Danske Bank y esta sucursal debían considerarse un único sujeto pasivo y que los servicios puestos a disposición de esta sucursal por dicho establecimiento principal no debían considerarse prestaciones a efectos del IVA. Dicha sucursal indicó que no ejerce una actividad económica independiente y que no forma parte de un grupo a efectos del IVA en Suecia, de modo que no puede separarse del establecimiento principal de que se trata.
134

En cuarto lugar, VodafoneZiggo añade que la interposición de un recurso ante un órgano jurisdiccional nacional contra la decisión de la ACM no permite subsanar la ilegalidad del acto controvertido. Al contrario, reservar este litigio únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales agrava la vulneración del derecho de VodafoneZiggo a la tutela judicial efectiva. Al afirmar, en los apartados 118 y 119 del auto recurrido, que tal órgano jurisdiccional podría plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, el Tribunal General no tuvo en cuenta la alegación de VodafoneZiggo de que el importante peso atribuido a un acto de la Comisión en el marco de procedimientos nacionales puede tener como efecto influir en la solución del litigio nacional y en la decisión de dicho órgano jurisdiccional de plantear o no al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial. Además, al afirmar, en ese mismo apartado 118, que la apreciación de los órganos jurisdiccionales nacionales no puede llevar a conferir a un acto adoptado por una institución de la Unión efectos jurídicos vinculantes que el Derecho de la Unión no le reconoce, el Tribunal General ignoró nuevamente que el requisito relativo a la existencia de efectos jurídicos vinculantes debe interpretarse a la luz de los derechos fundamentales de VodafoneZiggo.
23

Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente sostiene que no sería concebible que se adoptase, contra nacionales de terceros países que, como en el presente caso, disfrutan del estatuto de refugiado en otro Estado miembro, una decisión de retorno a su país de origen, dada la prohibición de devolución que debe respetarse en caso de aplicación de la Directiva 2008/115. Además, en su opinión, no está previsto el posible retorno de M, A y T a un país de tránsito y estas personas no han expresado su deseo de marcharse voluntariamente a otro tercer país. Por lo tanto, afirma que no resulta posible adoptar una decisión de retorno en el sentido de dicha Directiva.
42

De ello se deduce que toda información medioambiental que obre en poder de una autoridad pública no es necesariamente «interna». Este es el caso únicamente de la información que no abandona la esfera interna de una autoridad pública, en particular cuando no ha sido divulgada a un tercero o no ha sido puesta a disposición del público.
2)

Los artículos 146, apartado 1, letra b), y 147 de la Directiva 2006/112 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual, cuando la Administración tributaria comprueba que no se cumplen los requisitos para la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) prevista para los bienes que vayan a transportarse en el equipaje personal de viajeros, pero los bienes de que se trata han sido transportados efectivamente fuera de la Unión Europea por el adquirente, dicha Administración está obligada a examinar si la exención del IVA establecida en el artículo 146, apartado 1, letra b), puede aplicarse a la entrega en cuestión, pese a que no se hayan realizado las formalidades aduaneras aplicables y a que, en el momento de la compra, el adquirente no tuviera intención de que se aplicara esta última exención.
9

La Directiva 2003/109 fue transpuesta al Derecho nacional mediante el decreto legislativo n. 3 — Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (Decreto Legislativo n.o 3, relativo a la transposición de la Directiva [2003/109]), de 8 de enero de 2007 (GURI n.o 24, de 30 de enero de 2007) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 3/2007»), que incorporó las disposiciones de esa Directiva al decreto legislativo n. 286 — Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto Legislativo n.o 286, texto unificado de las disposiciones relativas a la regulación de la inmigración y de las normas sobre la condición de extranjero), de 25 de julio de 1998 (suplemento ordinario a la GURI n.o 191, de 18 de agosto de 1998) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 286/1998»). El artículo 9, apartado 12, letra c), de este Decreto Legislativo establece que el nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia de larga duración podrá acogerse, en particular, a las prestaciones de seguridad social y de asistencia social, «salvo disposición en contrario y siempre que se demuestre la residencia efectiva del extranjero en el territorio nacional».
3

Los considerandos 15, 16 y 34 del Reglamento n.o 1215/2012 están así redactados: «(15) Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción. (16) El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación. […] (34) Procede garantizar la continuidad entre el Convenio [de 27 de septiembre de 1968 relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los sucesivos convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio], el Reglamento (CE) n.o 44/2001 [del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1),] y el presente Reglamento; a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación [de dicho] Convenio y de los Reglamentos que lo sustituyen por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.»
29

De lo anterior se deduce que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional solamente está justificada cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 4 de diciembre de 2018, Minister for Justice and Equality y Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, apartado 27 y jurisprudencia citada).
4

El artículo 2 de ese Reglamento, titulado «Definición de “alimento”», establece: «A efectos del presente Reglamento, se entenderá por “alimento” (o “producto alimenticio”) cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si no. “Alimento” incluye las bebidas, la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida el agua, incorporada voluntariamente al alimento durante su fabricación, preparación o tratamiento. Se incluirá el agua después del punto de cumplimiento definido en el artículo 6 de la Directiva 98/83/CE [del Consejo, de3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO 1998, L 330, p. 32),] y sin perjuicio de los requisitos estipulados en las Directivas 80/778/CEE [del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO 1980, L 229, p. 11; EE 15/02, p. 174),] y 98/83/CE. “Alimento” no incluye: a) los piensos; b) los animales vivos, salvo que estén preparados para ser comercializados para consumo humano; c) las plantas antes de la cosecha; d) los medicamentos tal y como lo definen las Directivas 65/65/CEE [del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas (DO 1965, 22, p. 369; EE 13/01, p. 18),] y 92/73/CEE del Consejo[, de 22 de septiembre de 1992, por la que se amplía el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre medicamentos y por la que se adoptan disposiciones complementarias para los medicamentos homeopáticos (DO 1992, L 297, p. 8)]; e) los cosméticos tal como los define la Directiva 76/768/CEE del Consejo[, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (DO 1976, L 262, p. 169; EE 15/01, p. 206)]; f) el tabaco y los productos del tabaco tal como los define la Directiva 89/622/CEE del Consejo[, de 13 de noviembre de 1989, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos del tabaco (DO 1989, L 359, p. 1)]; g) las sustancias estupefacientes o psicotrópicas tal como las define la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes[, hecha en Nueva York el 30 de marzo de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 520, p. 151)], y el Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas[, hecho en Viena el 21 de febrero de 1971 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1019, p. 175)]; h) los residuos y contaminantes.»