En virtud, por un lado, de los artículos 19, párrafos tercero y cuarto, y 21, párrafo primero, del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicables al procedimiento ante el Tribunal General con arreglo al artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto y, por otra parte, del artículo 73, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, las partes, distintas de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión Europea, del Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) o de los Estados partes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), deberán estar representadas por un abogado que cumpla el requisito de estar facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el EEE. Además, la demanda habrá de contener el nombre y el domicilio del recurrente y la calidad del firmante. Por último, el original de todo escrito procesal deberá ser firmado por el agente o el abogado de la parte.

Según reiterada jurisprudencia, de las disposiciones antes citadas y, en particular, del empleo del término «representadas» en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que, a efectos de la interposición de un recurso ante el Tribunal General, una «parte» en el sentido de dicho artículo, cualquiera que sea su calidad, no está autorizada a actuar por sí misma, sino que ha de utilizar los servicios de un tercero que debe estar facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo EEE.

A este respecto, es preciso recordar que la concepción de la función del abogado en el ordenamiento jurídico de la Unión, que emana de las tradiciones jurídicas comunes a los Estados miembros y sobre la que se basa el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es la de un colaborador de la justicia que debe proporcionar, con toda independencia y en el interés superior de esta, la asistencia legal que el cliente necesita. Dicha asistencia es la prestada por un abogado que, desde el punto de vista orgánico, jerárquico y funcional, tenga la condición de tercero en relación con la persona que se beneficia de dicha asistencia. Esta interpretación del requisito de independencia del abogado es pertinente en el marco de la representación ante los tribunales de la Unión.

Así pues, ya se ha declarado que el requisito de independencia del abogado exige que no exista ninguna relación laboral entre este y su cliente. En efecto, el concepto de independencia del abogado se determina de manera no solo positiva, tomando como referencia las obligaciones derivadas de la disciplina profesional, sino también negativa, haciendo hincapié en la inexistencia de una vinculación mediante una relación laboral.

Este razonamiento se aplica con la misma fuerza en una situación en la que el abogado es empleado de una entidad vinculada a la parte que representa.

Además, se ha declarado que el abogado de una parte en el sentido del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debe mantener una relación personal con el asunto en cuestión o de dependencia con su cliente que comprometa su capacidad para cumplir su función esencial de auxiliar de la justicia de la manera más adecuada. En particular, el Tribunal General ha considerado que las relaciones económicas u orgánicas que el representante mantenga con su cliente no deben crear una confusión entre los intereses propios del cliente y los intereses personales de su representante.

El requisito impuesto por el Derecho de la Unión a las partes no privilegiadas de estar representadas ante el Tribunal por un tercero independiente no puede percibirse como un requisito que persiga únicamente excluir una representación por empleados del mandante o por aquellos que dependen económicamente de este.

(véanse los apartados 51 a 57)