C 15/26

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano (Italia) el 3 de octubre de 2022 — C. Z., M. C., S. P. y otros / Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding SpA, Acciaierie d’Italia SpA

(Asunto C-626/22)

(2023/C 15/28)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Milano

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: C. Z., M. C., S. P. y otros

Recurridas: Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding SpA, Acciaierie d’Italia SpA

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Pueden interpretarse la Directiva 2010/75/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), y en particular los considerandos 4, 18, 34, 28 y 29 y los artículos 3, punto 2, 11, 12 y 23 [de dicha Directiva], y el principio de cautela y protección de la salud de las personas previsto en los artículos 191 TFUE y 174 del Tratado [C]E en el sentido de que, con arreglo a una ley nacional de un Estado miembro, se concede a dicho Estado miembro la posibilidad de prever que la Valutazione di Danno Sanitario [Evaluación de los Perjuicios para la Salud] (VDS) constituya un acto ajeno al procedimiento de expedición y revisión de la Autorizzazione Integrata Ambientale [Autorización Ambiental Integrada] (AIA) —en el presente asunto [Decreto del Presidente del Consejo de Ministros (DPCM)] 2017— y su redacción pueda quedar privada de efectos automáticos en términos de consideración oportuna y efectiva por parte de la autoridad competente en el ámbito de un procedimiento de revisión de la AIA/DPCM, especialmente cuando se obtengan resultados que apunten a un nivel inaceptable de riesgos para la salud de una población significativa afectada por las emisiones contaminantes; o, por el contrario, si procede interpretar la Directiva en el sentido de que: i) el riesgo tolerable para la salud de las personas puede apreciarse mediante un análisis científico de carácter epidemiológico; ii) la VDS debe constituir un acto interno del procedimiento de expedición y revisión de la AIA/DPCM, e incluso un requisito necesario del mismo, y en particular debe ser objeto de una consideración necesaria, oportuna y efectiva por parte de la autoridad competente para la expedición y revisión de la AIA?

2) Pueden interpretarse la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), y en particular los considerandos 4, [15], 18, 21, 34, 28 y 29 y los artículos 3, punto 2, 11, 14, 15, 18 y 21, en el sentido de que, con arreglo a una ley nacional de un Estado miembro, dicho Estado miembro debe prever que la autorización ambiental integrada (en el presente asunto, AIA 2012, DPCM 2014, DPCM 2017) deba considerar en todos los casos todas las sustancias objeto de emisiones que hayan sido establecidas científicamente como perjudiciales, incluidas las fracciones de PM10 y PM2,5 en cualquier caso procedentes de la instalación objeto de evaluación? O bien, ¿procede interpretar la Directiva en el sentido de que la autorización ambiental integrada (la medida administrativa de autorización) únicamente debe incluir las sustancias contaminantes previstas a priori debido a la naturaleza y al tipo de actividad industrial desarrollada?

3) ¿Pueden interpretarse la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), y en particular los considerandos 4, 18, 21, 22, 28, 29, 34, [y] 43 y los artículos 3, puntos 2 y 25, 11, 14, 16 y 21, en el sentido de que, con arreglo a una ley nacional de un Estado miembro, dicho Estado miembro, cuando se esté desarrollando una actividad industrial que entrañe peligros graves y significativos para la integridad del medio ambiente y de la salud de las personas, puede prorrogar el plazo concedido al operador para adecuar la actividad industrial a la autorización concedida, poniendo en práctica las medidas y actividades para la protección del medio ambiente y de la salud previstas en la misma, durante aproximadamente siete años y medio a partir del plazo fijado inicialmente y durante un total de once años?

(1) DO 2010, L 334, p. 17.