ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
18.

Mediante resolución de 6 de julio de 2011, el Oberlandesgericht Dresden (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Dresde, Alemania) obligó a las autoridades de la ciudad de Chemnitz a inscribir a la hija del Sr. Bogendorff von Wolffersdorff con su nombre británico declarando lo siguiente: «El hecho de que, con la entrada en vigor de la Constitución de Weimar, los títulos nobiliarios ya no constituyan títulos en sentido estricto sino que deban ser utilizados como elementos del apellido (y que por tanto se hayan convertido por este motivo en verdaderos apellidos, véase Henrich/Wagenitz, Deutsches Namensrecht, 2007, 015, punto 9, “Apellidos nobles”) no afecta al apellido de la interesada, a la que en principio sólo se le debe dar un apellido. Apellido significa que la parte del nombre que, antes de la entrada en vigor de la Constitución de Weimar, habría sido un título nobiliario, debe situarse detrás del nombre de pila, no antes de éste. No se ha concedido ningún título nobiliario a la interesada, lo que era privilegio del príncipe en la Constitución monárquica. Contrariamente a lo que considera el Landgericht, la Constitución de Weimar no contiene ninguna prohibición de los títulos nobiliarios en el nombre, como establece por ejemplo la Ley austríaca de abolición de la nobleza de 1919, sobre la que se pronunció el Tribunal de Justicia el 22 de diciembre de 2010 (StAZ 2011, página 77). De este modo, en Alemania incluso se reconoce que, también en la República, en determinadas circunstancias puede transmitirse un apellido que contenga un título nobiliario mediante un expediente de cambio de apellido (Henrich/Wagenitz ibid.; véase […] OVG Hamburg StAZ 2007, página 46; BVerwG DVBI. 1997, p. 616)». ( 4 )
«–

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas procesales nacionales como las controvertidas en el procedimiento principal que: i) no permiten a un tribunal concursal, a la hora de resolver una demanda incidental, examinar de oficio la validez, el importe o el orden de prelación de créditos no garantizados exigibles derivados de un contrato de crédito al consumo; ii) no permiten a tal tribunal examinar de oficio la legalidad de un crédito garantizado, y iii) hacen imposible y/o excesivamente difícil para un consumidor que sea deudor impugnar un crédito no garantizado exigible, cuando tales créditos se derivan de un contrato de crédito al consumo, aun cuando el tribunal concursal cuente con los elementos legales y fácticos necesarios para desempeñar tal tarea.
2)

El artículo 7, apartado 4, letra c), de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), debe interpretarse en el sentido de que la información sustancial relativa al precio, en el contexto de una invitación a comprar y cualesquiera que sean las circunstancias, no debe adoptar la forma de un precio definitivo global que incluya no solamente el precio del producto sino también todos los demás componentes del precio final que el consumidor deberá soportar. En cualquier caso, el carácter desleal de una práctica comercial en materia de indicación del precio en una invitación a comprar, definido en el citado artículo 7, apartado 4, letra c), debe ser objeto de un examen caso por caso. La Directiva 2005/29 se opone, pues, a una disposición nacional interpretada en el sentido de que prevé una prohibición general, sin un examen casuístico que permita determinar su carácter desleal, de la mención separada, en un anuncio, del precio del vehículo, por un lado, y del importe de los gastos de traslado obligatorios de dicho vehículo, por otro.»
7.

La Directiva 2010/13 fue incorporada al Derecho finlandés a través de la televisio- ja radiotoiminnasta annettu laki 744/1998 (Ley no 744/1998 sobre las actividades de televisión y radiofonía; en lo sucesivo, «Ley no 744/1998»). La transposición de los artículos 10, apartado 1, letra c), 19, apartado 1, y 23, apartado 1, de dicha Directiva, se llevó a cabo, respectivamente, mediante los artículos 26, apartado 2, 22, apartado 1, y 29, apartado 1, de la Ley no 744/1998.
61.

En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo al Hof van Beroep te Antwerpen: «1) No se infringe el artículo 288 TFUE por el solo hecho de que el ordenamiento nacional eventualmente no prevea un procedimiento específico de revisión conforme con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. 2) A fin de proceder a la certificación como título ejecutivo europeo de las resoluciones procedentes de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, no es suficiente con que el ordenamiento jurídico de dicho Estado prevea la posibilidad de solicitar la revisión si la notificación al deudor de una citación o el escrito de incoación de un procedimiento ha tenido lugar del modo mencionado en el artículo 14 del Reglamento no 805/2004 y se dan los demás requisitos que establece el artículo 19, apartado 1, letra a), del referido Reglamento. Será necesario, además, que el ordenamiento jurídico de dicho Estado miembro permita asimismo la revisión si se da el supuesto de que el deudor (también en el caso de notificaciones efectuadas por la vía del artículo 13 del Reglamento no 805/2004) no haya podido impugnar el crédito por razones de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad. El procedimiento elegido por el Estado miembro debe respetar suficientemente los derechos del deudor a la defensa y a un juicio justo y permitir una revisión plena de la resolución, no limitada simplemente a las cuestiones de Derecho. 3) No cumple las normas mínimas para la revisión en casos excepcionales la legislación de un Estado miembro que impide al deudor solicitar la revisión de la resolución una vez transcurrido un plazo que comienza a contar desde el momento de la notificación y no desde el momento en que el deudor ha tenido efectivamente conocimiento del contenido de lo notificado. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si el Derecho procesal nacional y la interpretación que del mismo hacen los órganos jurisdiccionales del Estado miembro permite prorrogar los plazos para recurrir una resolución judicial sobre un crédito no impugnado, no sólo en casos de fuerza mayor, sino también cuando concurran otras circunstancias extraordinarias ajenas a la responsabilidad del deudor que puedan haberle impedido impugnar el crédito, tal como dispone el artículo 19 del Reglamento no 805/2004. 4) La decisión de certificar la resolución judicial como título ejecutivo europeo debe quedar reservada al juez, sin perjuicio de que se pueda encomendar al secretario judicial la expedición del correspondiente certificado. 5) No procede responder a la quinta cuestión prejudicial.»
209.

En tercer lugar, creo que no es coherente el argumento de Hungría sobre si la actividad constituye o no una actividad económica. En efecto, pese a que afirma en primer lugar que no se trata de una actividad económica, de modo que los artículos 49 TFUE y 56 TFUE no son aplicables, ( 82 ) Hungría observa acto seguido que en el presente asunto no se han vulnerado dichos artículos ( 83 ) lo cual presupone, en mi opinión, que son aplicables.
60.

En primer lugar, la cooperación establecida no puede constituir una participación disfrazada en la aplicación de la medida, lo que socavaría los requisitos y procedimientos previstos en los artículos 4 y 5 del Protocolo de Schengen. Me parece difícil identificar un criterio claro que permita trazar una distinción entre la «participación» y la «cooperación». No obstante, a este respecto parece particularmente relevante saber si la posición de los Estados miembros que no participan en la medida de desarrollo de Schengen se asemeja esencialmente o en gran medida a la de los Estados que participan en ella.
45.

Esta obligación me parece contraria al tenor literal de los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18, que cita a título de ejemplo un medio de prueba que un operador económico puede utilizar para basarse en las capacidades de otras entidades para un contrato determinado, lo que por definición no sólo no impone dicho medio de prueba sino que tampoco excluye ningún otro.
54.

El estrecho lazo que une estas dos partes de la actividad de los NCHD queda convenientemente resaltado en el documento titulado «Training principles to be incorporated into new working arrangements for doctors in training» («Principios formativos que han de incluirse en los nuevos planes de trabajo de los médicos en formación»). ( 28 ) En dicho documento se indica que, entre los principios generales que deben orientar la formación de los NCHD, se encuentra el principio según el cual «las posibilidades de aprendizaje y de formación en el lugar de trabajo deberán explotarse y aprovecharse al máximo», y el de que «no deberá crearse una barrera artificial entre el servicio y la formación». ( 29 )
55.

Por tanto, y como primera conclusión intermedia, propongo que se responda a las dos primeras cuestiones en el sentido de que la Directiva servicio universal debe interpretarse en el sentido de que el servicio de telefonía móvil no forma parte del «servicio universal “y, por lo tanto, no le es aplicable la tarifa social de servicio universal ni, en consecuencia, el mecanismo de compensación previsto en el artículo 13, apartado 1, letra b), de la repetida Directiva. Por su parte, sólo el abono a Internet a través de una instalación fija forma parte del «servicio universal» en el sentido de la Directiva «servicio universal», quedando excluido de ese concepto el abono a Internet mediante telefonía móvil. Sentado lo anterior, los Estados miembros no pueden añadir nuevos servicios al elenco de los que integran el «servicio universal» en el sentido de la Directiva servicio universal, si bien pueden decidir que los servicios de telefonía móvil y el abono a Internet a través de telefonía móvil se impongan como «servicios obligatorios adicionales». En este caso, su compensación deberá articularse a través de un mecanismo distinto del previsto en la Directiva para los servicios que componen el «servicio universal» y que, en particular, no podrá estar dirigido a empresas concretas.
21.

ClientEarth interpuso recurso de anulación ante el Tribunal General, fundamentado en un total de siete motivos: (1) Infracción del artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento no 1049/2001, por considerar que la Comisión prorrogó ilegalmente el plazo para dar respuesta a la solicitud confirmatoria; (2) Infracción del artículo 4, apartados 1, 2 y 4, del Convenio de Aarhus, por entender que dicho precepto no contempla la excepción del acceso a documentos basada en la protección del objetivo de las actividades de investigación que no tengan naturaleza penal ni disciplinaria; (3) Incumplimiento de la obligación de difusión activa de las informaciones sobre el medioambiente establecida en el artículo 5, apartados 3 a 7, del Convenio de Aarhus, y en el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento no 1367/2006; (4) Infracción del artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento no 1049/2001, entendiendo que la Comisión vulneró los límites propios de la excepción al derecho de acceso a los documentos establecida en dicho precepto; (5) Infracción del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento no 1049/2001, al entender que la posibilidad de que la divulgación íntegra de los estudios controvertidos perjudique al proceso de toma de decisiones de la Comisión es hipotética y no es razonablemente previsible; (6) Infracción del artículo 4, apartado 2, in fine, y apartado 3, in fine, del Reglamento no 1049/2001, por existir un interés público superior que justifica la divulgación; y (7) Infracción grave y reiterada por parte de la Comisión del artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento no 1049/2001, y del artículo 4, apartado 1, del Convenio de Aarhus, que obligaría al Tribunal General a adoptar medidas disuasorias.
80.

A la luz de las anteriores consideraciones, la cuestión planteada resulta interesante. No obstante, para que nazcan las obligaciones resultantes de la Directiva 2008/94 es preciso que se haya producido el impago de un derecho de crédito incluido dentro del ámbito de aplicación de la referida Directiva (como, por ejemplo, una indemnización de protección) debido a la insolvencia del empresario. Si el Tribunal de Justicia declarara que el Reino Unido ha transpuesto incorrectamente el método del inciso ii) —y dejando aparte la posibilidad de interpretar el Derecho nacional de manera conforme a la Directiva, extremo que, según afirma expresamente la Court of Appeal, no es objeto de la cuestión prejudicial planteada—, el derecho a una indemnización de protección presupone que la Directiva tenga efecto directo horizontal respecto de los empresarios privados, solventes o insolventes. De no existir dicho efecto horizontal, las alegaciones de la USDAW y de la Sra. Wilson conducirían al resultado absurdo de que los trabajadores despedidos colectivamente por empresarios insolventes tendrían más derechos que los despedidos colectivamente por empresarios solventes, idea ésta que no se puede concebir. En todo caso, no se ha alegado que la Directiva 98/59 tenga efecto directo horizontal y no veo como podría ser así. En tales circunstancias, la argumentación de la USDAW y de la Sra. Wilson parece abocada al fracaso.
48.

Esta facultad viene limitada por los objetivos de la Directiva 2004/35, que no pueden ser socavados por los Estados miembros. ( 27 ) Por lo tanto, no les estaría permitido determinar otros responsables que ocupasen en lugar de los causantes, pues éstos son a quienes la Directiva designa como responsables. Pero, dado que la responsabilidad de los meros propietarios que existe en Italia requiere, con arreglo al artículo 253, apartado 3, del Decreto Legislativo no 152, que el causante no pueda ser identificado o que no se le pueda reclamar, la regla en cuestión no pone en peligro dichos objetivos.
74.

A tenor de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda como sigue a la cuestión prejudicial del Naczelny Sąd Administracyjny: «La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, no se opone a una disposición nacional con arreglo a la cual, en caso de entrega de un bien inmueble mediante una subasta forzosa, se impone al agente judicial interviniente la obligación de liquidar, recaudar y abonar el IVA devengado, sin deducir el impuesto soportado desde el principio del período impositivo, y, en caso de no cumplir esa obligación debe responder con todo su patrimonio, salvo que el incumplimiento lo haya causado la actuación de un tercero sobre el cual no tiene influencia alguna.»
18.

No obstante, de la citada decisión se desprende que la Comisión no examinó otras dos operaciones a las que estaba supeditada la concentración y que versaban, en primer lugar, sobre la venta a A1 de una filial de Orange y, en segundo lugar, sobre la transferencia a A1 de determinadas frecuencias de las que Orange disponía antes de la concentración. En su decisión, la Comisión declaró que la transferencia de frecuencias estaba sujeta en particular a la autorización de la TCK. ( 7 )
15.

La libertad de establecimiento puede restringirse por toda normativa nacional que coloque a los no residentes en una situación desfavorable respecto de los residentes. ( 4 ) En virtud de la normativa neerlandesa, un no residente, al contrario que un residente, no tiene la posibilidad de ejercer el derecho a la deducción personal por los gastos relativos a un edificio monumental habitado por él mismo. En nada cambia este resultado el hecho de que, tal y como destaca el Reino de los Países Bajos, el incentivo fiscal neerlandés también se aplique a los inmuebles que no estén habitados por el dueño y en este aspecto trate de la misma manera a los residentes y a los no residentes.
64.

Sin embargo, esta argumentación no supera un examen más detenido, pues, o bien la Comisión no tiene competencias para examinar dichos documentos profesionales en virtud del artículo 20, apartado 4, del Reglamento no 1/2003, y en ese caso la falta de competencia no puede solventarse mediante ningún tipo de argumentación que se quiera incluir en la motivación de su decisión de inspección; o bien la competencia de inspección de la Comisión se extiende también a esos documentos, y en ese caso no será precisa ninguna motivación específica en la decisión de inspección para que los inspectores de la Comisión puedan revisarlos. Por lo tanto, tanto en un caso como en el otro, en realidad no estamos ante ningún problema de motivación.
7.

El artículo 69 de la Ley no 337/1992 de gestión de impuestos (en lo sucesivo, «Ley de gestión de impuestos»), que lleva por título «Retención en la fuente», establece, en su apartado 1, lo siguiente: «El obligado al pago del impuesto deberá abonar a la administración tributaria el impuesto o el pago en garantía del impuesto que tiene la obligación de retener o recaudar sobre la base imponible dentro del plazo establecido en la presente Ley o en la legislación específica. En caso de que no se hayan retenido o percibido al tipo establecido dichos importes o de que éstos no se hayan abonado dentro del plazo establecido, la administración tributaria requerirá al obligado al pago para que abone directamente las cantidades adeudadas. En casos justificados, la administración tributaria podrá imponer al obligado al pago un plazo distinto para el ingreso del impuesto retenido en la fuente; dicha resolución podrá ser objeto de recurso. Si el obligado al pago no lleva a cabo la retención del impuesto o no exige el impuesto al tipo establecido, ni siquiera en una fecha posterior, la base para el cálculo del impuesto será la cuantía que el obligado al pago del impuesto ha de abonar al sujeto pasivo una vez practicada la retención en la fuente.»
31.

Ahora bien, como he mencionado anteriormente las disposiciones generales de los Tratados no son aplicables a los PTU, si no es mediante referencia expresa, ( 21 ) pero ello no excluye la aplicación de las normas sobre libre circulación de capitales a las Antillas Neerlandesas. Ello se debe a que, con arreglo al artículo 56 CE, no sólo se prohíben las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros, sino también a los movimientos de capitales entre «Estados miembros y terceros países».
26.

El Tribunal de Justicia ha declarado al respecto que esta excepción a la exención del impuesto no es aplicable si el Estado miembro no ha hecho uso de la posibilidad ofrecida en el artículo 5, apartado 3, letra c), de la Sexta Directiva. ( 12 ) De ahí se deduce que los derechos mencionados en la excepción del segundo guión, en principio, también podrían ser objeto de un título-valor exento conforme al artículo 13, parte B, letra d), número 5, de la Sexta Directiva. Pero como la excepción del segundo guión no se remite solamente a la letra c), sino a todo el apartado 3 del artículo 5, todos los derechos allí mencionados deberían estar comprendidos en el concepto de título-valor. Sin embargo, el artículo 5, apartado 3, no contiene sólo en su letra c) los supuestos descritos de derechos respecto de una sociedad que confieren el derecho de propiedad sobre un inmueble. Las letras a) y b) describen también derechos sobre bienes inmuebles y derechos reales que confieren a su titular un poder de utilización sobre bienes inmuebles sin que dichos derechos se transmitan mediante la participación en una sociedad.
Por último, no considero pertinente la afirmación de Hungría de que el nombramiento del supervisor como presidente no podía producirse tras las declaraciones públicas que habría hecho para expresar su intención de no aceptar tal nombramiento. Dejando al margen la circunstancia de que tales declaraciones publicadas en la prensa carecen de todo valor jurídico a la luz de las estrictas exigencias impuestas por el artículo 28 de la Directiva y por el artículo 15 de la Ley no LIX de 1993, ( 40 ) Hungría no ha sostenido que se ofreciera oficialmente al supervisor el puesto en cuestión. Debo señalar igualmente que, según la respuesta de Hungría de 30 de marzo de 2012 al dictamen motivado, el supervisor Sr. Jóri expresó su desacuerdo con la nueva Ley de protección de datos añadiendo que no habría aceptado su nombramiento como presidente de la Autoridad en caso de que se lo hubieran propuesto, ya que consideraba, en particular, que la institución de la Autoridad no cumplía la exigencia de independencia impuesta por la Directiva. En el procedimiento administrativo previo, la propia Comisión reprodujo estas críticas y algunas de ellas, excepto la referida a la terminación anticipada del mandato del supervisor, fueron finalmente tenidas en cuenta por Hungría en modificaciones legislativas. ( 41 ) Asimismo, las observaciones oficiales del supervisor de 10 y 22 de junio de 2011 ( 42 ) relativas al proyecto de la nueva ley, en las que indicaba que la falta de disposiciones transitorias constituía una vulneración de su independencia y que, en consecuencia, fueron formuladas en el marco de sus funciones oficiales como autoridad de control establecida en aplicación del artículo 28 de la Directiva, no le pueden ser reprochadas en ningún caso y no pueden considerarse como la presentación de su dimisión.
75.

Esto es así, en particular, en lo que respecta al derecho a ser oído a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente. Por una parte, de la existencia de un derecho a ser oído no se desprende sin más el derecho a participar en el examen de testigos. El referido derecho no tiene por objeto controlar la actividad investigadora de la Administración, sino brindar al interesado la posibilidad de formular su propio punto de vista. Por otra parte, en relación con la información comunicada por el Estado miembro requerido, el sujeto pasivo no tiene ningún derecho a ser oído. A este respecto, me remito a lo expuesto en relación con la solicitud de información, ( 41 ) que, a fortiori, también es aplicable a la propia información.
115.

No obstante, procede constatar que ni siquiera el actual IVA grava todas las operaciones. En particular, los artículos 132 y 135 de la Directiva del IVA contienen múltiples exenciones para prestaciones concretas o incluso para sectores enteros. Así las cosas, la aplicación general de un impuesto no puede implicar que realmente estén gravados todos los tipos de prestaciones. Además, tal interpretación privaría de cualquier ámbito de aplicación relevante a la prohibición del artículo 401 de la Directiva del IVA. ( 58 )