1.

La República Federal de Alemania sostiene que el Reglamento n° 368/77, antes mencionado, no impone la obligación de efectuar un análisis químico. Por consiguiente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase sentencia de 14 de enero de 1981, República Federal de Alemania/Comisión, 819/79, Rec. p. 21), según la cual una ayuda que se ha pagado incumpliendo determinadas formalidades de prueba o de control exigidas no es conforme con el Derecho comunitario y el gasto correspondiente a la misma no puede imputarse con cargo al FEOGA, no es pertinente en el presente caso. El primer guión del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento impone la obligación de respetar los requisitos contemplados en el apartado 3 del Anexo únicamente al licitador y no a los Estados miembros. El título del apartado 3 no puede interpretarse en el sentido de que dicho apartado imponga una forma especial de control. Asimismo, el párrafo primero del apartado 2 del artículo 16 indica únicamente por quién y de qué forma debe efectuarse el control, sin exigir un análisis químico. Según un principio general del Derecho administrativo, sólo cabe imponer obligaciones de pago cuando los hechos causantes de dichas obligaciones sean claros y manifiestos. Ahora bien, no se ha demostrado, en el presente caso, que la República Federal de Alemania haya infringido una obligación manifiestamente consagrada por el Derecho comunitario. El informe de síntesis de 1983, invocado por la Comisión, carece de efecto jurídico vinculante y se apoya, por otra parte, en la tesis, equivocada, de que el análisis químico constituye la única posibilidad de control. Respecto a la fórmula de desnaturalización y al agente de desnaturalización, a saber, la colza triturada, adoptados por la República Federal de Alemania, el análisis químico resulta un medio de control inadecuado. La Comisión justifica la exigencia del análisis químico por la necesidad de verificar la distribución de sulfato ferroso y de sulfato de cobre en el producto desnaturalizado. Ahora bien, estas sustancias no están permitidas por la Directiva 70/524/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1970, sobre los aditivos en la alimentación animal (DO L 270, p. 1; EE 03/04, p. 82). Por otra parte, se deduce de un análisis del Reglamento (CEE) n° 1725/79 de la Comisión, de 26 de julio de 1979, relativo a las modalidades de concesión de las ayudas para la leche desnatada transformada en piensos compuestos y para la leche desnatada en polvo destinada a la alimentación de los terneros (DO L 199, p. 1; EE 03/16, p. 181), cuyos objetivos son similares a los del Reglamento n° 368/77, antes mencionado, que un control in situ efectuado durante la fabricación de la mezcla puede sustituir a un análisis de laboratorio. Un análisis químico, efectuado después del 21 de septiembre de 1987, de muestras de leche desnatada en polvo desnaturalizada en 1986 demostró la distribución homogénea de las sustancias de desnaturalización. Ni en el citado Reglamento n° 368/77, ni posteriormente, se ha pronunciado la Comisión sobre el momento o la periodicidad de los análisis. El apartado 2 del artículo 16 del Reglamento n° 368/77, tantas veces repetido, no significa que los análisis químicos deban «incluirse» en los controles continuos; asimismo, el apartado 1 de dicho artículo no exige que dichos análisis se lleven a cabo en el plazo de cuatro meses a partir del día en que el comprador acepte la mercancía. El procedimiento de liquidación de cuentas tiene una doble finalidad: por una parte, eliminar aquellas distorsiones de la competencia causadas por una aplicación uniforme del Derecho comunitario en todos los Estados miembros y por la igualdad de trato de los operadores económicos, y por otra, distribuir correctamente, entre los Estados miembros y la Comunidad, las cargas financieras ocasionadas por la política agraria común. Para dar lugar a una negativa de aceptación de los gastos, es irrelevante si las disposiciones infringidas tienen un efecto económico directo o constituyen meras formalidades, siempre que hayan tenido incidencia en el funcionamiento del sistema. No obstante, el procedimiento de liquidación no puede responder al «principio de todo o nada» y la Comisión violó el principio de proporcionalidad al hacer correr con el conjunto de los gastos a la República Federal de Alemania. La sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 1988, Países Bajos/Comisión (238/86, Rec. p. 1191), según la cual negarse a hacerse cargo de determinados gastos no es contrario al principio de proporcionalidad, en caso de inobservancia de las formalidades de control, se refiere al supuesto, distinto del que nos ocupa, de que las formalidades incumplidas estén contenidas en el propio texto del Reglamento.