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6)

¿Debe interpretarse el artículo 143, apartado 1, letra d), de la Directiva IVA, en el sentido de que prohíbe una práctica administrativa de los Estados miembros en virtud de la cual la premisa de que i) el poder de disposición no se transmitió a un socio contractual específico y ii) el sujeto pasivo conocía o podía haber conocido el posible fraude del IVA cometido por el socio contractual, se fundamenta en el hecho de que la empresa comunicaba con sus socios contractuales por medios de comunicación electrónicos y de que la investigación llevada a cabo por la autoridad tributaria ha puesto de manifiesto que los socios contractuales no operaban en las direcciones especificadas y no declaraban el IVA por las operaciones con el sujeto pasivo?
2)

¿Se opone el Derecho de la Unión [en particular, el artículo 395, apartados 1 y 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012, en su versión de la corrección de errores DO 2013, L 321, p. 6], a una disposición nacional, como la que establecía el artículo 97, apartado 1, punto 4, de la Bankwesengesetz (en su versión de BGBl. I n.o 532/2014), cuando, pese a cumplirse los requisitos de la excepción prevista en el artículo 395, apartado 5, en caso de infracción del artículo 395, apartado 1, se imponen intereses (de exacción)?
—

que se anule la Decisión de la Comisión de 1 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.27408 (C 24/2010, ex NN 37/2010, ex CP 19/2009) concedida por el Reino de España para el despliegue de la Televisión Digital Terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas de Castilla La Mancha;
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 121/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 19 de diciembre de 2016 — Hitachi Rail Italy Investments Srl/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Asunto C-655/16)

(2017/C 121/14)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Hitachi Rail Italy Investments Srl

Demandada: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Cuestión prejudicial

¿El artículo 5, apartado 4, párrafos primero y segundo, de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición, (1) en relación con los principios generales previstos por el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva y con la correcta aplicación de los principios generales de protección de la confianza legítima, de proporcionalidad, de racionalidad, de transparencia y de no discriminación, se opone a una normativa nacional, como el artículo 106, apartado 3, letra d), número 2, del Decreto Legislativo n.o 58, de 24 de febrero de 1998 (texto refundido de las disposiciones en materia de intermediación financiera con arreglo a los artículos 8 y 21 de la Ley de 6 de febrero de 1996, n.o 52), en su versión modificada, y el artículo 47 octies de la Decisión de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n.o 11971, de 14 de mayo de 1999 (reglamento de aplicación del Decreto Legislativo n.o 58, de 24 de febrero de 1998, relativo a los emisores), en su versión modificada, en cuanto las citadas disposiciones autorizan a la Consob a aumentar el precio de la oferta pública de adquisición contemplada en el artículo 106 antes mencionado, cuando concurra la circunstancia de que «exista una colusión entre el oferente o las personas que actúan concertadamente con él y uno o varios vendedores», sin precisar las conductas específicas en las que consiste este concepto de colusión y sin determinar claramente las circunstancias y los criterios con arreglo a los cuales la Consob está autorizada a aumentar el precio de la oferta pública de adquisición?

(1) DO 2004, L 142, p. 12.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, en el sentido de que se opone a las medidas de un Estado miembro, aplicables a las aguas bajo su soberanía o jurisdicción, que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE (2) del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, pero afecten a los buques de pesca de otros Estados miembros y prohíban con carácter general la pesca profesional con artes de arrastre y redes de enmalle en áreas de Natura 2000? En particular: a) Debe interpretarse el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, en el sentido de que el concepto de «medidas de conservación» comprende las artes mencionadas en la primera cuestión prejudicial? b) Debe interpretarse el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, en el sentido de que el concepto de «buques de pesca de otros Estados miembros» también comprende los buques de pesca de otro Estado miembro que navegan bajo pabellón del Estado miembro de la República Federal de Alemania? c) Debe interpretarse el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, en el sentido de que el concepto de «cumplir el objetivo de la pertinente legislación de la Unión» también comprende las medidas adoptadas por el Estado miembro que se limiten a favorecer el cumplimiento de los objetivos mencionados en dicha legislación de la Unión?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 86/10

Petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa (Letonia) el 19 de diciembre de 2016 — DW/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

(Asunto C-651/16)

(2017/C 086/13)

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Augstākā tiesa

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: DW

Recurrida: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 45, apartados 1 y 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro como la del litigio principal, que, a efectos de la determinación del importe de la prestación por maternidad, no excluye del período de 12 meses que ha de utilizarse para calcular la base media de cotización los meses en los que la persona trabajó en una institución de la Unión Europea y estuvo cubierta por el régimen común del seguro de las Comunidades Europeas, sino que, al estimar que durante dicho período la persona no estuvo asegurada en Letonia, equipara sus ingresos a la base media de cotización en el Estado, lo cual puede reducir sustancialmente el importe de la prestación de maternidad concedida en comparación con el posible importe de la prestación que la persona habría podido percibir si en el período considerado para el cálculo no hubiera ido a trabajar a una institución de la Unión Europea, sino que hubiera estado empleada en Letonia?
1)

¿Ha previsto el legislador de la Unión en los artículos 70, 71 y 72 del Reglamento (CE) n.o 1122/2009 (1) de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola, la posibilidad —como ocurre en el caso de autos, en el que se dan varios incumplimientos en el mismo ámbito de aplicación de la condicionalidad— de sumar las reducciones de la ayuda por incumplimientos reiterados y no reiterados de la condicionalidad en caso de negligencia, por un lado, y por incumplimientos intencionados de la condicionalidad, por otro?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 22/13

Petición de decisión prejudicial planteada por el Eirinodikeio Lerou (Grecia) el 9 de noviembre de 2016 — Alessandro Saponaro/Kalliopi-Chloi Xylina

(Asunto C-565/16)

(2017/C 022/19)

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Eirinodikeio Lerou

Partes en el procedimiento principal

Solicitantes: Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

Cuestiones prejudiciales

«Cuando se solicita autorización para la repudiación de herencia, presentada ante un órgano jurisdiccional griego por los padres de una menor que residen habitualmente en Italia, para que sea válida la prórroga de la jurisdicción internacional de conformidad con el artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003: (1) a) ¿existe aceptación inequívoca de la prórroga por parte de los padres por la mera presentación de la solicitud ante el órgano jurisdiccional griego?, b) ¿es el fiscal de primera instancia, por ser litigante por Ley en el litigio de que se trata, una de las partes en el procedimiento que deben aceptar la prórroga en el momento de presentación de la solicitud, dado que según el Derecho griego es por Ley litigante en dicho procedimiento? c) ¿es del interés de la menor la prórroga, ya que la misma y sus padres tienen su residencia habitual en Italia, mientras que el domicilio del causante en el momento de la muerte y la masa hereditaria se encuentran en Grecia?»

(1) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1)
—

Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 64, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32), al no adoptar, a más tardar el 16 de junio de 2015, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva, o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.
2)

¿Debe interpretarse la Directiva 2004/18/CE en el sentido de que se opone a la existencia en el Derecho nacional de un acto normativo como la O.U.G. n.o 72/2007 (Decreto-ley n.o 72/2007), que establece que, no obstante lo dispuesto en el acto normativo por el que se adapta el Derecho nacional a la Directiva, en el presente asunto la O.U.G. n.o 34/2006 (Decreto-ley n.o 34/2006), se aplicarán las disposiciones de la Guía para la adjudicación de contratos públicos del Banco Europeo de Inversiones, por razones como las que se exponen en el texto adjunto, con objeto de respetar el contrato de financiación celebrado antes de la adhesión?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 350/19

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 1 de agosto de 2016 — Secretary of State for the Home Department/Franco Vomero

(Asunto C-424/16)

(2016/C 350/24)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Secretary of State for the Home Department

Recurrida: Franco Vomero

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Depende la protección reforzada prevista en el artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE, (1) de la posesión de un derecho de residencia permanente conforme a los artículos 16 y 28, apartado 2? En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, se plantean asimismo las siguientes cuestiones:

2) El período de residencia durante los diez años anteriores a que hace referencia el artículo 28, apartado 3, letra a), (a) ¿es un mero período natural a contar desde la fecha pertinente (en este caso, la fecha de la decisión de expulsión), incluidos los períodos de ausencia o permanencia en prisión, o (b) un período potencialmente no continuado computado a partir de la fecha pertinente y añadiendo el(los) período(s) en los que la persona interesada no estaba ausente o en prisión, a efectos de alcanzar, de ser posible, un total de diez años anteriores de residencia?

3) ¿Cuál es la auténtica relación entre el criterio de diez años de residencia mencionado en el artículo 28, apartado 3, letra a), y la apreciación global de un vínculo de integración?

(1) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (DO 2004, L 158, p. 77).
1)

a) ¿Debe interpretarse el artículo 220, apartados 1 y 2, letra b), del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, (1) en el sentido de que la contracción del importe de los derechos adeudados reconocidos por la Administración debe considerarse efectuada en el momento de la resolución de contracción o de determinación de la obligación de pagar los derechos adoptada por la Administración, con independencia del hecho de que dicha resolución sea objeto de impugnación administrativa y de recurso ante los tribunales? b) ¿Deben interpretarse los artículos 236 y 239 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, en el sentido de que en el momento en que la Administración ha adoptado la resolución de contracción del importe correspondiente de los derechos y ha determinado la obligación del deudor de abonarlos (resolución adoptada por la Administración Estatal en el presente asunto), pero dicho deudor ha impugnado administrativamente esa resolución y la ha recurrido ante los tribunales, debe al mismo tiempo exigirse la condonación o devolución de estos derechos, con arreglo a los artículos 236 o 239 del Reglamento (o puede considerarse en cambio que en este caso la solicitud de impugnación de la resolución de dicha Administración es también una solicitud de condonación o devolución de la deuda tributaria)? En caso de respuesta afirmativa, ¿cuál es entonces la diferencia material entre el control de la legalidad de la resolución administrativa de contracción y de la obligación de pago de los derechos, por un lado, y la cuestión que procede resolver de acuerdo con el artículo 236, por otro? c) ¿Debe interpretarse el artículo 236, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, en el sentido de que el hecho de haber impugnado la resolución de la Administración que determina la obligación de abonar los derechos, y la duración de la tramitación judicial, prorrogan el plazo para presentar la solicitud de condonación o devolución de los derechos (o justifican su no respeto)? d) Si la procedencia de contracción o condonación en este asunto debe resolverse con independencia de la decisión de la Comisión Europea adoptada en relación con otro Estado miembro (en ese caso, Finlandia), ¿incumbe a la autoridad aduanera o al tribunal, teniendo en cuenta el artículo 869, letra b), del Reglamento n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, (2) así como el importe de los posibles derechos en el asunto considerado, remitir la cuestión de la no contracción o la condonación de los derechos a la Comisión Europea?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 287/16

Recurso interpuesto el 1 de junio de 2016 — Comisión Europea/República Checa

(Asunto C-314/16)

(2016/C 287/20)

Lengua de procedimiento: checo

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: Z. Malůšková y J. Hottiaux)

Demandada: República Checa

Pretensiones de la parte demandante

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que: a) Al no garantizar que la definición de las categorías C1 y C se refiera únicamente a los automóviles distintos de los automóviles de los grupos D1 y D; la República Checa ha incumplido sus obligaciones con arreglo al artículo 4, apartados 1 y 4, letras d) y f), de la Directiva 2006/126/CE. b) Al haber restringido la definición de la categoría D 1 a los automóviles diseñados y construidos para más de ocho pasajeros, la República Checa ha incumplido sus obligaciones con arreglo al artículo 4, apartados 1 y 4, letra h), de la Directiva 2006/126/CE. (1)

— Condene en costas a la República Checa.

Motivos y principales alegaciones

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2006/126/CE establece que el permiso de conducción autorizará a conducir vehículos de motor de las categorías definidas en ese artículo. Las categorías C1 y C se definen concretamente con arreglo al artículo 4, apartado 4, letras d) y f), de la Directiva. El requisito de que la categoría debe incluir automóviles «distintos de los de las categorías D1 y D» se encuentra expresamente establecido respecto a ambas categorías. Sin embargo, la legislación checa que define las categorías de automóviles no incluye el requisito de que las categorías C1 y C deben limitarse a los «automóviles distintos de los de las categorías D1 o D».

El artículo 4, apartado 4, letra h), de la Directiva 2006/126/CE define la categoría D1 como una categoría que incluye los automóviles «diseñados y construidos para el transporte de no más de 16 personas, sin incluir el conductor», y no establece un número mínimo de pasajeros. Sin embargo, la legislación checa incluye el requisito adicional de que los automóviles destinados a transportar a más de 8 pasajeros deben clasificarse en la categoría D1.

(1) DO L 403, p. 18.
—

Infringe el Reglamento (CEE) n.o 1191/69, (1) ya que el Tribunal General se abstuvo de constatar que la normativa italiana no era conforme al citado Reglamento por dos razones 1) porque dicha normativa obligaba a los particulares a ejercer su actividad económica únicamente en forma de servicio público, mientras que el Reglamento n.o 1191/69 excluye esa modalidad de ejercicio de actividad de empresa, en la medida en que el servicio público implica que el concesionario quede sujeto al cumplimiento de obligaciones de servicio público; 2) porque dicha normativa no preveía la compensación de las obligaciones de servicio público asumidas por la empresa; a raíz de las modificaciones introducidas por el Reglamento (CEE) n.o 1893/91, (2) la sociedad Simet ya no podía estar sujeta a ninguna obligación de servicio público, al tratarse de una empresa de transporte interregional de personas en autobús.
2)

El artículo 10 de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, ¿debe interpretarse en el sentido de que la entidad adjudicadora puede retener la fianza del proveedor si éste, pese a haber sido requerido al respecto por la entidad adjudicadora, no ha presentado «declaraciones y documentos» (muestras) complementarios que acrediten que los suministros, servicios u obras ofertados satisfacen las exigencias del poder adjudicador, en caso de que dicha adición de declaraciones y documentos hubiese modificado el contenido de la oferta o el proveedor no estuviese de acuerdo con la corrección de la oferta hecha por la entidad adjudicadora, con la consecuencia de que la oferta del proveedor no haya podido ser seleccionada como la más ventajosa?
C 222/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Alemania) el 5 de abril de 2016 — Werner Fries/Lufthansa CityLine GmbH

(Asunto C-190/16)

(2016/C 222/06)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesarbeitsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Werner Fries

Demandada: Lufthansa CityLine GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Es compatible el epígrafe FCL.065, letra b), del anexo I del Reglamento (UE) n.o 1178/2011 (1) con la prohibición de la discriminación por razón de edad establecida en el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

2) ¿Es compatible el epígrafe FCL.065, letra b), del anexo I del Reglamento (UE) n.o 1178/2011 con el artículo 15, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, conforme al cual toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada?

3) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y segunda: a) ¿Están incluidos en el concepto de «transporte aéreo comercial», a efectos del epígrafe FCL.065, letra b), del anexo I del Reglamento (UE) n.o 1178/2011 y en el sentido definido en el epígrafe FCL.010 del mismo anexo, los denominados vuelos en vacío efectuados en el ámbito de la explotación comercial de una compañía aérea, en los que no se transportan ni pasajeros, ni carga ni correo? b) ¿Están incluidas en el concepto de «transporte aéreo comercial», a efectos del epígrafe FCL.065, letra b), del anexo I del Reglamento (UE) n.o 1178/2011 y en el sentido definido en el epígrafe FCL.010 del mismo anexo, las actividades de formador y examinador en las que un piloto de más de 65 años de edad permanece en el puesto de pilotaje del avión como miembro de la tripulación sin ser personal de vuelo?

(1) Reglamento (UE) n.o 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud del Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 311, p. 1).