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31

En segundo lugar, los trabajos preparatorios que condujeron a la adopción de la Directiva 2004/48 y, en particular, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, de 30 de enero de 2003 [COM(2003) 46 final], el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 29 de octubre de 2003 (DO 2004, C 32, p. 15) y el informe del Parlamento Europeo de 5 de diciembre de 2003 (A5‑0468/2003) sobre esta propuesta se orientan en la misma línea de tal constatación. En efecto, como ha señalado el Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones y como ha sostenido la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia, dichos trabajos preparatorios no contienen indicio alguno que sugiera que el término «dirección» empleado en el artículo 8, apartado 2, letra a), de esta Directiva deba entenderse en el sentido de que comprende no solo la dirección postal, sino también la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o la dirección IP de las personas de que se trate.
20

Soho Group ha interpuesto un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente, en el que sostiene que el pago de los gastos de prórroga no es obligatorio para obtener el préstamo o utilizarlo. Por otra parte, la prórroga del contrato de crédito no es más que una de las tres opciones posibles cuando se produce el vencimiento del préstamo. Las otras dos opciones consisten en devolver el préstamo sin pago adicional o en no devolver el préstamo, lo que da lugar al cálculo de intereses de demora. Según Soho Group, dado que la prórroga del crédito no se conocía en el momento de la celebración del contrato, es decir, en el momento en el que se determina el coste total del crédito y se calcula la TAE, los gastos de dicha prórroga no pueden incluirse en el coste total del crédito.
30

Por otra parte, los datos comunicados con arreglo al artículo 12 de la Directiva sobre las aves tanto por la República de Finlandia como por el Estado miembro vecino, el Reino de Suecia, que son pertinentes al tratarse de una especie migratoria, ilustran un descenso de la población de pato de flojel a corto y a largo plazo. La Comisión reconoce que varias razones explican este descenso. No obstante, subraya que las sentencias de 8 de junio de 2006, WWF Italia y otros (C‑60/05, EU:C:2006:378), apartado 32, y de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Malta (C‑76/08, EU:C:2009:535), apartado 59, relativas a la «explotación prudente» en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva sobre las aves, excluyen la posibilidad de acogerse a la excepción prevista en el artículo 9, apartado 1, letra c), de dicha Directiva si no existe garantía alguna de que la población en cuestión se mantenga en un «nivel satisfactorio», con independencia de que la caza contribuya o no al mal estado de conservación de la población. A su juicio, no se debe permitir la caza de tales poblaciones aun cuando esta no haya ocasionado ese estado de conservación desfavorable o no contribuya a él.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9 del Protocolo (n.o 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (DO 2012, C 326, p. 266; en lo sucesivo, «Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión»).
2

Dicha petición se presentó en el contexto de un litigio entre Pfizer Consumer Healthcare Ltd (en lo sucesivo, «Pfizer») y los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Administración tributaria y de aduanas, Reino Unido; en lo sucesivo, «Administración tributaria»), en relación con la clasificación arancelaria de parches y cintas de calentamiento espontáneo para aliviar el dolor.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto, principalmente, la interpretación del artículo 2, letra m), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco) (DO 2002, L 108, p. 33; en lo sucesivo, «Directiva Marco»), y del artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO 2002, L 108, p. 51), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (DO 2009, L 337, p. 11) (en lo sucesivo, «Directiva servicio universal»).
115

Por lo que respecta, más concretamente, al segundo de los supuestos contemplados en el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre el comercio electrónico, a saber, el relativo al «conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito», el Tribunal de Justicia ha declarado que basta con que el prestador de servicios de que se trate haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir ese carácter ilícito y actuar de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b), de dicho artículo 14. Así pues, encajan en este supuesto, en particular, tanto la hipótesis de que el prestador descubra la existencia de una actividad o información ilícitas como consecuencia de una investigación realizada por su propia iniciativa como la hipótesis de que le sea notificada la existencia de este tipo de actividad o información. En el segundo caso, si bien es cierto que el hecho de que se realice una notificación no determina automáticamente que el operador pierda la posibilidad de invocar la exención de responsabilidad prevista en dicho artículo 14, puesto que la notificación de la existencia de actividades o informaciones supuestamente ilícitas puede resultar excesivamente imprecisa o no encontrarse suficientemente fundamentada, no es menos cierto que tal notificación constituye, como regla general, un elemento que el juez nacional debe tomar en consideración para apreciar, habida cuenta de la información que se ha comunicado de este modo al operador, si este tenía realmente conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar ese carácter ilícito (sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C‑324/09, EU:C:2011:474, apartado 122).
18

La Administración tributaria denegó la exención del IVA de esas actividades. Consideró que, con arreglo al artículo 4, punto 22, de la UStG, únicamente los derechos de inscripción en los eventos de golf quedan exentos, siempre que el solicitante sea una entidad con fines de utilidad pública, en el sentido de los artículos 51 y siguientes de la AO. A su juicio, no ocurre así en el caso de Golfclub, ya que sus estatutos no recogen normas suficientemente precisas respecto a la afectación de su patrimonio en caso de disolución. La adquisición de Golfplatz-Y-Betriebs-GmbH demuestra, en su opinión, que Golfclub no tiene exclusivamente un fin no lucrativo.
1)

Las disposiciones del artículo 20 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y del artículo 26 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.o 883/2004, relativo al tratamiento programado, consideradas conjuntamente, a la luz del artículo 56 TFUE, deben interpretarse en el sentido de que: – La asistencia médica recibida en un Estado miembro distinto de aquel en que reside el asegurado, decidida exclusivamente por este último, debido a que, en su opinión, tal asistencia o los tratamientos con el mismo grado de eficacia no están disponibles en el Estado miembro de residencia en un plazo justificable desde el punto de vista médico, está comprendida en el concepto de «tratamiento programado», a efectos de las citadas disposiciones, de modo que el derecho a obtener tal asistencia médica, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento n.o 883/2004, está supeditado, en principio, a que la institución competente del Estado miembro de residencia expida una autorización. – El asegurado que haya recibido tratamiento programado en un Estado miembro distinto del de su residencia, sin haber solicitado, no obstante, autorización a la institución competente, con arreglo al artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, tendrá derecho al reembolso de los gastos del tratamiento en las condiciones previstas en dicho Reglamento, si – por una parte, entre la fecha en que se concertó la cita para un reconocimiento médico y para un posible tratamiento en otro Estado miembro y la fecha en que el tratamiento en cuestión le fue dispensado en ese Estado miembro, al que tuvo que desplazarse, el asegurado se encontraba, por motivos relacionados, en particular, con su estado de salud o con la necesidad de recibir allí urgentemente dicho tratamiento, en una situación que le impedía solicitar tal autorización a la institución competente o esperar a la resolución de esta institución sobre tal solicitud, y – por otra parte, se cumplen los demás requisitos para la cobertura de las prestaciones en especie, con arreglo al artículo 20, apartado 2, segunda frase, de dicho Reglamento. Corresponde al tribunal remitente efectuar las comprobaciones necesarias a este respecto.
16

El normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Reglamento de Aplicación de la Ley n.o 571/2003 sobre el Código Tributario), aprobado por el hotărâre nr. 44 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Decreto n.o 44, por el que se aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley n.o 571/2003 sobre el Código Tributario), de 22 de enero de 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 112 de 6 de febrero de 2004), en su versión modificada por el hotărâre nr.670 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (Decreto n.o 670 por el que se modifica y completa el Reglamento de Aplicación de la Ley n.o 571/2003 sobre el Código Tributario, aprobado mediante el Decreto del Gobierno n.o 44/2004), de 4 de julio de 2012 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 481 de 13 de julio de 2012), disponía, en su punto 47, apartado 3, lo siguiente: «Una operación es accesoria a la actividad principal si concurren acumulativamente los siguientes requisitos: a) la realización de dicha operación requiere recursos técnicos limitados en lo concerniente a los equipamientos y a la utilización de personal; b) la operación no está directamente ligada a la actividad principal del sujeto pasivo; c) el importe de las adquisiciones efectuadas con vistas a la operación y el importe del impuesto deducible correspondiente a la operación no son significativos.»
75

Habida cuenta de lo que antecede, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera, segunda y cuarta en cada uno de los asuntos acumulados que la Directiva 2001/23, en particular a la luz de sus artículos 3, apartados 1 y 4, y 5, apartado 2, letra a), debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en caso de transmisión de una empresa sometida a un procedimiento de insolvencia, efectuada por el administrador concursal, a una normativa nacional, tal como la interpreta la jurisprudencia nacional, según la cual, cuando se produce, con posterioridad a la apertura del procedimiento de insolvencia, la contingencia que da derecho a una pensión de jubilación en virtud de un régimen complementario de previsión profesional, el cesionario no responde de los derechos en curso de adquisición a esa pensión de jubilación de un trabajador acumulados por los períodos de trabajo anteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia, siempre que, por lo que respecta a la parte del importe de la que no es responsable el cesionario, las medidas adoptadas para proteger los intereses de los empleados sean de un nivel al menos equivalente al nivel de protección exigido con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2008/94.
30

En tercer lugar, el tribunal remitente destaca que corresponde al interesado demostrar que el incumplimiento del plazo no le es imputable. A estos efectos, no puede limitarse a alegar que no tuvo noticia de la notificación hecha al apoderado del auto de autorización de decreto de propuesta de imposición de pena que le atañe, puesto que se le exige que obtenga información actual del apoderado sobre los posibles escritos a él dirigidos, sin que quepa tener en cuenta las posibles dificultades idiomáticas que puedan surgir en la comunicación con su apoderado. Además, solo puede concederse de oficio la retroacción de actuaciones a la situación anterior si de los autos se desprende claramente que la inobservancia del plazo no es culposa.
32

Entre estos criterios, el Tribunal de Justicia ha subrayado en repetidas ocasiones el papel ineludible del usuario y el carácter deliberado de su intervención. En efecto, el usuario lleva a cabo un «acto de comunicación» cuando interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar a sus clientes acceso a una obra protegida, especialmente cuando, si no tuviera lugar tal intervención, los clientes no podrían, o difícilmente podrían, disfrutar de la obra difundida [véanse, en particular, las sentencias de 15 de marzo de 2012, SCF, C‑135/10,EU:C:2012:140, apartado 82 y jurisprudencia citada; de 15 de marzo de 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, apartado 31, y de 14 de junio de 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, apartado 26 y jurisprudencia citada].
6

El artículo 5 del Reglamento n.o 261/2004, bajo el epígrafe «Cancelación de vuelos», establece: «1. En caso de cancelación de un vuelo: a) el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los pasajeros afectados conforme al artículo 8, y b) el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los pasajeros afectados conforme a la letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 9 así como, en caso de que se les ofrezca un transporte alternativo cuando la salida prevista del nuevo vuelo sea como mínimo al día siguiente de la salida programada del vuelo cancelado, la asistencia especificada en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 9, y c) los pasajeros afectados tendrán derecho a una compensación por parte del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo conforme al artículo 7, a menos que: i) se les informe de la cancelación al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista, o ii) se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista, o iii) se les informe de la cancelación con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista. 2. Siempre que se informe a los pasajeros de la cancelación, deberá darse una explicación relativa a los posibles transportes alternativos. 3. Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. 4. La carga de la prueba de haber informado al pasajero de la cancelación del vuelo, así como del momento en que se le ha informado, corresponderá al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo.»
30

En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera, no obstante, tras oír al Abogado General, que dispone, al término de la fase escrita y de la vista celebrada ante él, de todos los elementos necesarios para pronunciarse y que los hechos nuevos invocados por el Defensor del Pueblo no pueden ejercer una influencia decisiva en la decisión que este Tribunal ha de dictar. El Tribunal de Justicia señala, además, que los presentes asuntos acumulados no deben resolverse sobre la base de un argumento no debatido entre los interesados. En estas circunstancias, no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
27

En segundo lugar, del artículo 133, párrafo primero, letra c), de la mencionada Directiva se desprende que los Estados miembros pueden supeditar la concesión a organismos distintos de los de Derecho público de las exenciones previstas, en particular, en el artículo 132, apartado 1, letras b) y g), de la misma Directiva al cumplimiento del requisito de que dichos organismos apliquen precios autorizados por las autoridades públicas o que no sean superiores a dichos precios o, por lo que se refiere a las actividades no susceptibles de autorización de precios, unos precios inferiores a los exigidos para operaciones análogas por las empresas comerciales sujetas al IVA.
9

En el supuesto en que el fiscal no respetase esos nuevos plazos, el juez debía hacerse cargo del asunto y clausurar el proceso penal. En cambio, si el fiscal concluía la fase preliminar del proceso y presentaba al juez un escrito de acusación en el plazo fijado, este último examinaba la regularidad del procedimiento y se cercioraba en particular de que no se hubiese incurrido en vicios sustanciales de forma. Si consideraba que se habían producido tales vicios, el juez devolvía de nuevo el asunto al fiscal para que este último los subsanase en un plazo adicional. Si el fiscal no respetaba este último plazo, no subsanaba los vicios o incurría en nuevos vicios, el juez debía clausurar el proceso.
37

A este respecto, de los trabajos preparatorios que llevaron a la adopción del Convenio de Montreal se deduce que se ha preferido el concepto de «accidente» al concepto de «acontecimiento» propuesto en el proyecto inicial (véase, en particular, la opinión presentada por la International Union of Aviation Insurers, DCW Doc n.o 28, de 13 de mayo de 1999, y el Report of the Rapporteur on the Modernization and Consolidation of the Warsaw System, C‑WP/10576). Esto se debe a que el término «acontecimiento» se consideraba demasiado amplio, pues comprendía cualquier circunstancia y podía fomentar la litigiosidad.
15

En su recurso interpuesto ante el Helsingin hovioikeus (Tribunal de Apelación de Helsinki), ML alega, ante todo, que la resolución del Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju) de 7 de diciembre de 2009 fue dictada sin su presencia. Además, ML aduce que el escrito de demanda no le fue notificado en tiempo útil, ni de manera tal que hubiera podido defenderse. Por otra parte, señala que no tuvo conocimiento de todo el procedimiento hasta que el Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de Primera Instancia de Helsinki) le notificó la decisión de otorgar la ejecución de la resolución del Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju). Además, ML considera que este último tribunal no era competente para conocer del asunto que se le había sometido, ya que, desde el 26 de noviembre de 2007, tiene su domicilio en Finlandia. A estos efectos, ML invocó los artículos 34 y 35 del Reglamento n.o 44/2001 en apoyo de sus alegaciones.
12

El artículo 118 del decreto legislativo n. 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto Legislativo n.o 163, por el que se establece el Código de Contratos Públicos de Obras, de Servicios y de Suministros en Aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE), de 12 de abril de 2006 (suplemento ordinario de la GURI n.o 100, de 2 de mayo de 2006; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 163/2006»), establece: «[…] 2. El poder adjudicador deberá indicar en el proyecto y en el anuncio de licitación cada una de las prestaciones y, para las obras, la categoría dominante con el importe correspondiente, así como las demás categorías, relativas a todas las demás operaciones previstas en el proyecto, igualmente acompañadas de su importe. Todas las prestaciones, así como las operaciones, cualquiera que sea la categoría a la que pertenezcan, pueden ser subcontratadas y adjudicadas por unidades. Para las obras, por lo que respecta a la categoría dominante, la parte que puede subcontratarse se determinará en el reglamento de desarrollo, con valores eventualmente diferentes en función de las categorías, pero en cualquier caso en una proporción que no podrá sobrepasar el treinta por ciento. Para los servicios y los suministros, esta proporción se determinará en función del importe total del contrato. […] […] 4. El adjudicatario deberá aplicar a las prestaciones subcontratadas los mismos precios unitarios que resulten de la adjudicación, con una reducción no superior al veinte por ciento […]».
12

El artículo 14, apartado 3, del Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016 (BOE n.o 312, de 30 de diciembre de 2015), establece: «Si, después de haber aplicado lo dispuesto en el apartado anterior, la suma de los importes de las pensiones, reconocidas al amparo de un convenio bilateral o multilateral de Seguridad Social, tanto por la legislación española como por la extranjera, fuese inferior al importe mínimo de la pensión de que se trate vigente en cada momento en España, se le garantizará al beneficiario, en tanto resida en territorio nacional y reúna los requisitos exigidos al efecto por las normas generales, la diferencia entre la suma de las pensiones reconocidas, española y extranjera, y el referido importe mínimo. Para las pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos comunitarios de Seguridad Social, será de aplicación lo previsto en el artículo 50 del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad[, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), y modificado por el Reglamento (CE) n.o 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 392, p. 1)] y en el artículo 58 del [Reglamento n.o 883/2004]. […]»