Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2002. - Procedimento penal entablado contra Dante Bigi, en el que interviene: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. - Petición de decisión prejudicial: Tribunale di Parma - Italia. - Reglamento (CEE) n. 2081/92 - Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios - Artículo 13 - Régimen de excepción - Ámbito de aplicación. - Asunto C-66/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-05917



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites - Cuestiones manifiestamente carentes de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil - Cuestiones sin relación con el objeto del procedimiento principal

(Art. 234 CE)

2. Agricultura - Legislaciones uniformes - Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios - Reglamento (CEE) nº 2081/92 - Régimen de excepción del artículo 13, apartado 2 - Ámbito de aplicación - Productos originarios del Estado de la denominación de origen protegida - Exclusión

[Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, art. 13, ap. 2]

Índice

1. En el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse.

Sin embargo, al Tribunal de Justicia, en supuestos excepcionales, le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia. La negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas.

( véanse los apartados 18 y 19 )

2. El artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en su versión modificada por el Reglamento nº 535/97, debe interpretarse en el sentido de que no están comprendidos en el régimen de excepción que establece esta disposición los productos procedentes del Estado miembro que obtuvo el registro de la denominación de origen protegida cuya protección en virtud del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), del Reglamento nº 2081/92, en su versión modificada, se discute y cuyo pliego de condiciones no respetan.

( véanse el apartado 34 y el fallo )

Partes

En el asunto C-66/00,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunale di Parma (Italia), destinada a obtener, en el proceso penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra

Dante Bigi,

en el que interviene:

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 535/97 del Consejo, de 17 de marzo de 1997 (DO L 83, p. 3),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, el Sr. P. Jann, las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. S. von Bahr, Presidentes de Sala, los Sres. D.A.O. Edward (Ponente), J.-P. Puissochet, V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Léger;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre del Sr. Bigi, por el Sr. G.G. Lasagni, avvocato;

- en nombre del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, por el Sr. F. Capelli, avvocato;

- en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. U. Leanza, en calidad de agente, asistido por el Sr. O. Fiumara, avvocato dello Stato;

- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. W.-D. Plessing y la Sra. B. Muttelsee-Schön, en calidad de agentes;

- en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. I.K. Chalkias y la Sra. C. Tsiavou, en calidad de agentes;

- en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. H. Dossi, en calidad de agente;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. J.L. Iglesias Buhigues y P. Stancanelli, en calidad de agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales del Sr. Bigi, representado por el Sr. G.G. Lasagni; del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, representado por el Sr. F. Capelli; del Gobierno italiano, representado por los Sres. U. Leanza y O. Fiumara; del Gobierno alemán, representado por el Sr. W.-D. Plessing; del Gobierno helénico, representado por el Sr. G. Kanellopoulos, en calidad de agente, y la Sra. C. Tsiavou; del Gobierno francés, representado por las Sras. C. Vasak y L. Bernheim, en calidad de agentes; del Gobierno portugués, representado por el Sr. L.I. Fernandes, en calidad de agente, y de la Comisión, representada por los Sres. J.L. Iglesias Buhigues y P. Stancanelli, expuestas en la vista de 6 de junio de 2001;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de octubre de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante resolución de 21 de febrero de 2000, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de febrero siguiente, el Tribunale de Parma planteó, con arreglo al artículo 234 CE, siete cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 535/97 del Consejo, de 17 de marzo de 1997 (DO L 83, p. 3; en lo sucesivo, «Reglamento nº 2081/92»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un proceso penal entablado contra el Sr. Bigi, a instancia del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (en lo sucesivo, «Consorzio»), por haber infringido la legislación italiana relativa al fraude en el comercio, a la comercialización de productos que lleven marcas o signos engañosos y a la utilización de las denominaciones de origen protegidas (en lo sucesivo, «DOP»).

Marco jurídico

3 El Reglamento nº 2081/92 establece una protección comunitaria de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios.

4 El artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92 establece lo siguiente:

«Las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse.

A efectos del presente Reglamento se entenderá por "denominación que ha pasado a ser genérica", el nombre de un producto agrícola o de un producto alimenticio que, aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio.

[...]»

5 El artículo 4, apartado 1, del mismo Reglamento dispone que «para tener derecho a una denominación de origen protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida (IGP), un producto agrícola o alimenticio deberá ajustarse a un pliego de condiciones». El apartado 2 de este artículo enumera los elementos que el pliego de condiciones debe contener como mínimo.

6 El artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 2081/92 establece lo siguiente:

«1. Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:

a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;

b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como "género", "tipo", "método", "estilo", "imitación" o una expresión similar;

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una opinión errónea acerca de su origen;

d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

Cuando una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o alimenticio considerado como genérico, la utilización de dicho nombre genérico para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes no debe considerarse como contraria a las letras a) o b) del párrafo primero.

2. No obstante lo dispuesto en las letras a) y b) del apartado 1, los Estados miembros podrán mantener regímenes nacionales que autoricen el uso de las denominaciones registradas en virtud del artículo 17 durante un período máximo de cinco años tras la fecha de publicación del registro, siempre que:

- los productos hayan sido comercializados legalmente con esas denominaciones durante al menos cinco años antes de la fecha de publicación del presente Reglamento,

- las empresas hayan comercializado legalmente los productos en cuestión utilizando de manera continua las denominaciones durante el período al que hace referencia el primer guión,

- la etiqueta indique claramente el auténtico origen del producto.

No obstante, esta excepción no podrá conducir a que se comercialicen libremente los productos en el territorio de un Estado miembro en el que estuviesen prohibidas dichas denominaciones.»

7 El Reglamento nº 2081/92 establece, además del procedimiento normal de registro previsto en sus artículos 5 a 7, un procedimiento transitorio y simplificado, descrito en su artículo 17, que permite el registro de las denominaciones de origen que ya estaban protegidas en el Derecho nacional.

8 Así pues, el artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 dispone lo siguiente:

«1. En un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento los Estados miembros comunicarán a la Comisión cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas o, en los Estados miembros en que no exista un sistema de protección, entre las consagradas por el uso, desean que se registren en virtud del presente Reglamento.

2. La Comisión registrará, según el procedimiento establecido en el artículo 15, las denominaciones contempladas en el apartado 1 que sean conformes con los artículos 2 y 4. No se aplicará el artículo 7. No obstante, las denominaciones genéricas no serán registradas.

3. Los Estados miembros podrán mantener la protección nacional de las denominaciones comunicadas con arreglo al apartado 1 hasta la fecha en que se tome una decisión sobre su registro.»

9 En el marco de dicho procedimiento simplificado, la República Italiana indicó a la Comisión que deseaba que se registrase, entre otras, la denominación «Parmigiano Reggiano». La Comisión procedió a registrarla e incluyó esta denominación entre las DOP que figuran en el anexo del Reglamento (CE) nº 1107/96 de la Comisión, de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 (DO L 148, p. 1).

El asunto del procedimiento principal

10La empresa Nuova Castelli SpA (en lo sucesivo, «Castelli»), cuyo representante legal es el Sr. Bigi, produce en Italia varios tipos de queso. Además de un queso que respeta el pliego de condiciones de la DOP «Parmigiano Reggiano», produce desde hace mucho tiempo un queso rallado, deshidratado, pasteurizado y en polvo, preparado a partir de una mezcla de varios tipos de queso de diversas procedencias, que no respeta dicho pliego de condiciones y por tanto no puede venderse en Italia. Este segundo tipo de queso, vendido con una etiqueta en la que resalta la palabra «parmesan», se comercializa exclusivamente fuera de Italia, en particular en Francia.

11 El 11 de noviembre de 1999, cierta cantidad de este segundo tipo de queso producido por Castelli, envasado con la citada etiqueta que lleva la palabra «parmesan» y destinado a la exportación a otros Estados miembros, fue incautada en las instalaciones de un distribuidor con domicilio en Parma. El embargo se realizó como consecuencia de una denuncia del Consorzio, organismo que agrupa a los productores de queso con la denominación «Parmigiano Reggiano», que se personó como actora civil en el procedimiento penal seguido ante el Tribunale di Parma contra el Sr. Bigi.

12 Se imputan al Sr. Bigi las infracciones de fraude en el ejercicio del comercio y venta de productos industriales con elementos que puedan engañar al público, al producir y comercializar dicho queso en tales circunstancias. Se le acusa además de haber contravenido la prohibición de utilizar denominaciones de origen o típicas reconocidas, alterándolas o modificándolas parcialmente añadiendo, aunque sea indirectamente, términos rectificativos como «tipo», «uso», «gusto» o una expresión similar.

13 Para defenderse, el Sr. Bigi invoca las disposiciones del artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 y sostiene que la República Italiana no tiene derecho a prohibir que los productores establecidos en Italia fabriquen un queso que no sea conforme con la DOP «Parmigiano Reggiano» cuando este queso se destine a ser exportado y comercializado en otros Estados miembros.

Las cuestiones prejudiciales

14 Como albergaba dudas sobre la interpretación correcta del Derecho comunitario aplicable en esta materia, el Tribunale di Parma resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 2081/92 [en su versión modificada por el artículo 1 del Reglamento (CE) nº 535/97] en el sentido de que no es necesario que el Estado miembro interesado adopte disposición alguna, ya sea de carácter normativo o administrativo, para permitir la utilización en su territorio de denominaciones que puedan confundirse con las denominaciones registradas con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92?

2) En consecuencia, para permitir la utilización de las denominaciones a las que se refiere la cuestión anterior en el territorio del Estado miembro de que se trata, ¿es suficiente con que el mismo Estado miembro no se oponga a dicha utilización?

3) La falta de oposición por parte del Estado miembro en cuyo territorio se produce la utilización de la denominación que puede confundirse con la denominación registrada con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92, ¿legitima el uso de aquella denominación por parte de una empresa cuyo domicilio social se encuentre en el territorio del Estado miembro en el que se ha producido el registro, en el supuesto de que dicha empresa utilice la denominación que puede confundirse únicamente para productos destinados a ser vendidos fuera del Estado de registro y sólo dentro del territorio del Estado miembro que no se ha opuesto a la utilización de esta denominación?

4) El plazo de cinco años previsto en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 2081/92 para la utilización del signo controvertido en el caso de un producto cuya denominación se registró el 12 de junio de 1996 [véase el Reglamento (CE) nº 1107/96, antes citado], ¿finaliza el 12 de junio de 2001?

5) Por consiguiente, una empresa cuyo domicilio social se encuentra en un Estado miembro a petición del cual se ha registrado una denominación de origen protegida (DOP) conforme al artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92, que haya utilizado una denominación que puede confundirse con la denominación registrada de manera ininterrumpida durante los cinco años anteriores a la entrada en vigor del citado Reglamento (CEE) nº 2081/92 (24 de julio de 1993), ¿tiene derecho a utilizar la misma denominación para designar productos destinados únicamente a la venta fuera del Estado miembro de registro y sólo en el territorio de un Estado miembro que no se ha opuesto a la utilización de tal denominación en dicho territorio?

6) En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión, la empresa cuyo domicilio social se encuentra en el Estado miembro de registro de la denominación de origen protegida, ¿puede lícitamente designar sus productos utilizando la denominación que puede confundirse con la denominación registrada hasta que finalice un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de registro de la denominación protegida (12 de junio de 1996), es decir, por lo tanto, hasta el 12 de junio de 2001?

7) Al llegar la fecha indicada en la sexta cuestión (12 de junio de 2001), ¿debe considerarse prohibida la utilización de cualquier denominación que pueda confundirse con la denominación registrada en todos los Estados miembros, por parte de todo operador que no esté expresamente autorizado para utilizar la denominación registrada con arreglo al Reglamento (CEE) nº 2081/92, antes citado?»

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

15 El Gobierno alemán sostiene que debe declararse la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial, dado que la respuesta a las cuestiones planteadas no es necesaria para resolver el asunto que es objeto del procedimiento principal. En efecto, este Gobierno estima que la denominación «parmesan» utilizada por el Sr. Bigi constituye una denominación genérica y no una DOP en el sentido del Reglamento nº 2081/92.

16 Dicho Gobierno afirma que la denominación «parmesan» es genérica puesto que se ha convertido, de manera general, en una denominación que designa por sí misma un queso rallado o destinado a ser rallado. Así pues, «parmesan» ha «pasado a ser el nombre común de un producto [...] alimenticio», nombre común contemplado en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92. El Gobierno alemán hace referencia en particular al punto 35 de las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer expuestas en el asunto Canadane Cheese Trading y Kouri (auto de 8 de agosto de 1997, C-317/95, Rec. p. I-4681) respecto al carácter genérico de la denominación «Queso Parmesano».

17 Pues bien, este Gobierno alega que, como sólo se registró la denominación «Parmigiano Reggiano», la protección comunitaria se limita a ésta y sólo abarca la formulación exacta de la denominación registrada. Añade que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la protección de cada uno de los componentes de una denominación compuesta sólo es posible si no se trata de un término genérico o de un término común (sentencia de 9 de junio de 1998, Chiciak y Fol, asuntos acumulados C-129/97 y C-130/97, Rec. p. I-3315, apartado 37).

18 A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (véase, en particular, la sentencia de 15 de diciembre de 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, apartado 59).

19 Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha declarado que, en supuestos excepcionales, le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia. La negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véase, en particular, la sentencia de 22 de enero de 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-0000, apartado 19).

20 Sin embargo, en el caso de autos no es en modo alguno evidente que la denominación «parmesan» haya pasado a ser genérica. En efecto, a excepción del Gobierno alemán y, en cierta medida, del Gobierno austriaco, todos los Gobiernos que han presentado observaciones en el presente asunto así como la Comisión alegan que la denominación francesa «parmesan» constituye la traducción correcta de la DOP «Parmigiano Reggiano».

21 En tales circunstancias, no cabe sostener que resulte manifiesto que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente corresponden a uno de los supuestos considerados en la jurisprudencia mencionada en el apartado 19 de la presente sentencia. En consecuencia, procede admitir la petición de decisión prejudicial.

Sobre las cuestiones prejudiciales

22 Las cuestiones prejudiciales tratan sobre ciertos aspectos del régimen de excepción que establece el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92.

23 Considerando que los productos afectados por el asunto del procedimiento principal proceden del Estado miembro que obtuvo el registro de la DOP (en lo sucesivo, «Estado de la DOP») a la cual no se ajustan y cuya protección con arreglo al artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), del Reglamento nº 2081/92 se discute, es necesario examinar previamente si este régimen de excepción puede aplicarse a tales productos.

24 Procede, por tanto, determinar el ámbito de aplicación de dicho régimen de excepción. A este respecto, no sólo ha de tomarse en cuenta el tenor literal del artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 sino también la finalidad de esta disposición en el marco general de dicho Reglamento.

25 Según su tenor literal, el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 establece un régimen de excepción cuya aplicación depende de la voluntad del Estado miembro interesado de mantener, para su territorio y durante un período limitado, su régimen nacional anterior y requiere que se cumplan ciertos requisitos. Estos requisitos exigen fundamentalmente que la empresa que desee ampararse en el citado régimen de excepción haya comercializado legalmente durante un período que se especifica los productos en cuestión con la denominación que entretanto se ha registrado y que la etiqueta de dichos productos indique claramente su auténtico origen.

26 Además, el artículo 13, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 2081/92 dispone que esta excepción no podrá conducir a que se comercialicen libremente los citados productos en el territorio de un Estado miembro en el que estuviese prohibida dicha denominación.

27 Así pues, el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 pone en práctica uno de los objetivos de dicho Reglamento, a saber el de no suprimir con efecto inmediato la posibilidad de utilizar denominaciones registradas en virtud del artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 para productos que no correspondan al pliego de condiciones de la DOP de que se trate. En efecto, como indica el tercer considerando del Reglamento nº 535/97, el legislador comunitario estimó necesario conceder un período de adaptación con el fin de evitar perjuicios a los productores que utilizan dichas denominaciones desde hace mucho tiempo.

28 No obstante, como expone asimismo este considerando, tal período transitorio debe aplicarse únicamente a las denominaciones registradas en virtud del artículo 17 del citado Reglamento, es decir a las denominaciones registradas con arreglo al procedimiento simplificado, como la denominación de que se trata en el litigio principal. Este procedimiento exige en particular que la denominación cuyo registro solicita un Estado miembro esté legalmente protegida en dicho Estado miembro o, en los Estados miembros en que no exista un sistema de protección, consagrada por el uso.

29 En otras palabras, el procedimiento simplificado presupone que, en el momento en el que un Estado miembro solicita el registro de una denominación como DOP, los productos que no se ajusten al pliego de condiciones correspondiente a esta denominación no pueden comercializarse legalmente en su territorio.

30 En tales circunstancias, procede interpretar el Reglamento nº 2081/92 en el sentido de que, una vez que una denominación queda registrada como DOP, el régimen de excepción que establece el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 con el fin de permitir, en ciertas condiciones y con ciertos límites, que se siga utilizando dicha denominación se aplica únicamente a los productos que no sean originarios del Estado de la DOP.

31 Como ha señalado el Abogado General en los puntos 71 a 79 de sus conclusiones, esta interpretación del artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 respeta los objetivos de protección de los consumidores y de competencia leal enunciados en los considerandos sexto y séptimo del Reglamento nº 2081/92.

32 Por tanto, el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 debe interpretarse en el sentido de que no están comprendidos dentro del régimen de excepción que establece esta disposición los productos procedentes del Estado de la DOP cuya protección en virtud del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), del Reglamento nº 2081/92 se discute y cuyo pliego de condiciones no respetan.

33 En consecuencia, dado que el régimen de excepción previsto en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 no se aplica a unos productos como aquellos de que se trata en el asunto del procedimiento principal, no procede responder a las cuestiones tal como las plantea el Tribunale di Parma.

34 Teniendo en cuenta estas consideraciones, procede responder al órgano jurisdiccional remitente que el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 debe interpretarse en el sentido de que no están comprendidos en el régimen de excepción que establece esta disposición los productos procedentes del Estado de la DOP cuya protección en virtud del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), del Reglamento nº 2081/92 se discute y cuyo pliego de condiciones no respetan.

Decisión sobre las costas

Costas

35 Los gastos efectuados por los Gobiernos italiano, alemán, helénico, francés, austriaco y portugués, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del procedimiento principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunale di Parma mediante resolución de 21 de febrero de 2000, declara:

El artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 535/97 del Consejo, de 17 de marzo de 1997, debe interpretarse en el sentido de que no están comprendidos en el régimen de excepción que establece esta disposición los productos procedentes del Estado miembro que obtuvo el registro de la denominación de origen protegida cuya protección en virtud del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), del Reglamento nº 2081/92, en su versión modificada, se discute y cuyo pliego de condiciones no respetan.