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17

En este contexto, el tribunal de première instance du Luxembourg (Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Se opone el artículo 45 TFUE a una normativa como la controvertida en el litigio principal, contenida o no en un convenio para evitar la doble imposición, en virtud de la cual un contribuyente pierde, en el cálculo de la cuota del impuesto sobre la renta que debe abonar en el Estado de residencia, una fracción de la parte exenta de sus ingresos y de sus demás ventajas fiscales personales (como una reducción de impuesto por ahorro a largo plazo, a saber, primas de seguros abonadas en virtud de un contrato de seguro de vida, y una reducción de impuesto por gastos destinados a incrementar la eficiencia energética), por haber percibido también, durante el año considerado, retribuciones en otro Estado miembro que han sido gravadas en este último Estado? 2) Si la respuesta a la primera cuestión es afirmativa, ¿seguirá siéndolo si el contribuyente no percibe ingresos significativos —cuantitativa o proporcionalmente— en su Estado de residencia, pero este puede, no obstante, concederle dichas ventajas fiscales? 3) Si la respuesta a la segunda cuestión es afirmativa, ¿seguirá siéndolo si, con arreglo a un convenio para evitar la doble imposición entre el Estado de residencia y el otro Estado, el contribuyente se ha beneficiado en este otro Estado, respecto de los ingresos gravables en este, de ventajas fiscales personales previstas por la legislación fiscal de este otro Estado, pero dichas ventajas no incluyen determinadas ventajas fiscales a las que el contribuyente tiene derecho, en principio, en el país de residencia? 4) Si la respuesta a la tercera cuestión es afirmativa, ¿seguirá siéndolo si, a pesar de esta última diferencia, el contribuyente obtiene de este modo en este otro Estado una reducción del impuesto en una cantidad al menos equivalente a aquella que perdió en su Estado de residencia? 5) ¿Son las respuestas a las cuestiones idénticas, a la vista de los artículos 63 [TFUE, apartado 1, y 65 TFUE, apartado 1, letra a)], con respecto a una normativa como la controvertida en el procedimiento principal, contenida o no en un convenio para evitar la doble imposición, en virtud de la cual un contribuyente pierde, en el cálculo de la cuota del impuesto sobre la renta que debe abonar en el Estado de residencia, una fracción de la parte exenta de sus ingresos y de sus demás ventajas fiscales personales (como una reducción de impuesto por ahorro a largo plazo, a saber, primas de seguros abonadas en virtud de un contrato de seguro de vida, y una reducción de impuesto por gastos destinados a incrementar la eficiencia energética), por haber percibido también, durante el año considerado, rendimientos procedentes del arrendamiento de un bien inmueble de su propiedad en otro Estado miembro que han sido gravados en este último Estado?»
23

Además, dicho órgano jurisdiccional considera que el carácter temporal de una prestación de servicios debe evaluarse no solo en función de la duración de dicha prestación, sino también de su frecuencia, su periodicidad y su continuidad. De ello deduce que una cierta asiduidad no constituye, en principio, un obstáculo para el reconocimiento del carácter temporal de una actividad. Por otra parte, el carácter temporal de una prestación de servicios no excluye la posibilidad de que el interesado se dote, en el Estado miembro en el que presta sus servicios, de una determinada infraestructura, como puede ser un despacho.
18

A este respecto, dicho Tribunal observa que las citadas disposiciones, que establecen, en particular, la suspensión del plazo de prescripción en caso de comunicación de motivos, no estaban en vigor cuando nació la deuda aduanera controvertida en el litigio principal y añade que el régimen jurídico entonces vigente, resultante del código aduanero comunitario, no establecía esa suspensión. A su entender, es cierto que el hecho de que, cuando resultó aplicable el nuevo régimen jurídico, esto es, el 1 de mayo de 2016, la deuda aduanera controvertida en el litigio principal no estuviese aún prescrita puede resultar pertinente para responder a tales interrogantes. No obstante, añade que la aplicación de este nuevo régimen en el litigio principal puede violar los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.
25

Afirma, por otro lado, que de la finalidad expresa de esta Directiva resulta que los derechos que de ella se deducen no son derechos lingüísticos o culturales, sino más bien derechos relativos al acceso a la información sobre los medicamentos veterinarios. A su parecer, tales derechos solo se verán vulnerados si un consumidor se halla en posesión de un embalaje o un etiquetado que no puede comprender plenamente. Ahora bien, según Irlanda, el demandante en el litigio principal no ha alegado que hubiera debido hacer frente a un embalaje o a un etiquetado que no pudiese comprender plenamente.
49

En tercer lugar, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que el derecho de residencia derivado que resulta del artículo 20 TFUE no es absoluto y que los Estados miembros pueden negarse a concederlo en determinadas circunstancias específicas, no lo es menos que ha declarado igualmente que el artículo 20 TFUE no permite a los Estados miembros introducir una excepción al derecho de residencia derivado consagrado en ese artículo en relación con la exigencia de que el ciudadano de la Unión de que se trate disponga de recursos suficientes. En efecto, negar al nacional de un tercer país, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, un derecho de residencia derivado en el territorio del Estado miembro del que ese ciudadano tiene la nacionalidad por la única razón de que este último no disponga de recursos suficientes, incluso cuando entre el ciudadano de la Unión y el nacional del tercer país exista una relación de dependencia como la descrita en el apartado 46 de la presente sentencia, constituiría un menoscabo del disfrute de la esencia de los derechos que confiere el estatuto de ciudadano de la Unión que resultaría desproporcionado en relación con el objetivo perseguido por el mencionado requisito de disponer de recursos suficientes, a saber, preservar el erario del Estado miembro de que se trate [sentencia de 27 de febrero de 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Cónyuge de un ciudadano de la Unión), C‑836/18, EU:C:2020:119, apartados 44 y 46 a 48].
161

Por lo que respecta, en cuarto lugar, al principio de proporcionalidad, debe recordarse que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, no corresponde a este, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en el marco de un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal General por la suya propia, resolviendo, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, sobre el importe de las multas impuestas a empresas por haber infringido el Derecho de la Unión. Así, únicamente si el Tribunal de Justicia estimara que la cuantía de la sanción no solo es inapropiada, sino también excesiva, hasta el punto de ser desproporcionada, se habría de constatar que el Tribunal General ha cometido un error de Derecho, debido al carácter inapropiado del importe de una multa (sentencias de 30 de mayo de 2013, Quinn Barlo y otros/Comisión, C‑70/12 P, no publicada, EU:C:2013:351, apartado 57 y jurisprudencia citada, y de 26 de septiembre de 2018, Philips y Philips France/Comisión, C‑98/17 P, no publicada, EU:C:2018:774, apartado 107).
7

El 15 de julio de 2013, el Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» (Comité de Ciudadanos para la Iniciativa Ciudadana «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe») presentó a la Comisión la propuesta de iniciativa ciudadana europea (en lo sucesivo, «ICE») titulada «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» (en lo sucesivo, «propuesta de ICE de que se trata»).
69

En primer lugar, por lo que respecta a la alegación del Parlamento de que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación, en la medida en que el Tribunal General no tuvo en cuenta las circunstancias fácticas del asunto, incluida la gravedad de los incumplimientos imputables a UZ y el número de denunciantes, así como las garantías de las que UZ disfrutó durante el procedimiento disciplinario, como la presencia de su abogado en todas sus fases, procede recordar que la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues esta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. En efecto, la motivación de una decisión consiste en expresar formalmente los fundamentos en los que se basa dicha decisión. Si estos fundamentos incurren en errores, estos vician la legalidad de la decisión sobre el fondo, pero no su motivación, que puede ser suficiente aunque exprese una fundamentación equivocada. De ello se deduce que los motivos y alegaciones que tienen por objeto impugnar el carácter fundado de un acto carecen de pertinencia en el marco de un motivo basado en la falta o la insuficiencia de motivación (sentencia de 22 de octubre de 2020, EKETA/Comisión, C‑274/19 P, no publicada, EU:C:2020:853, apartado 79 y jurisprudencia citada, y auto de 14 de enero de 2021, Manea/CdT, C‑892/19 P, no publicado, EU:C:2021:30, apartado 91).
160

Por lo que respecta a la supuesta sustitución de fundamentos jurídicos, es preciso señalar que el Tribunal General examinó, en los apartados 165 a 167 de la sentencia recurrida, la alegación de AW según la cual la Comisión había errado al no tener en cuenta los riesgos de fracaso de las negociaciones y de litigios. A este respecto, el Tribunal General declaró que los riesgos alegados por AW no habían quedado acreditados. Pues bien, la Comisión no está obligada, en principio, a precisar en sus decisiones las razones por las que no tuvo en cuenta datos no acreditados. Por lo tanto, en dichos apartados de la sentencia recurrida, el Tribunal General no proporcionó una motivación que hubiera debido figurar en la Decisión controvertida, sino que expuso un razonamiento que rechazaba las alegaciones presentadas ante él y dirigidas a demostrar una supuesta falta de motivación de la Decisión controvertida.
70

En este caso, procede señalar que, en la presente petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no ha subsanado el defecto advertido por el Tribunal de Justicia en el apartado 23 de su sentencia de 19 de abril de 2018, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi (C‑152/17, EU:C:2018:264), en la medida en que, contrariamente a lo que prescribe el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento, en esta ocasión tampoco expone con la precisión y claridad necesarias las razones por las que considera que la interpretación del artículo 3 TUE, así como del artículo 26 TFUE y del artículo 101 TFUE, apartado 1, letra e), es necesaria y útil para la solución del litigio principal, ni la relación entre el Derecho de la Unión y la normativa nacional aplicable a ese litigio. Dicho órgano jurisdiccional tampoco precisa las razones por las que alberga dudas en cuanto a la interpretación de las demás disposiciones y actos mencionados en las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, entre las que figura, en particular, la Carta Social Europea, para cuya interpretación, por otro lado, no es competente el Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de febrero de 2015, Nisttahuz Poclava, C‑117/14, EU:C:2015:60, apartado 43), sino que se limita, en esencia, a transmitir los interrogantes planteados a este respecto por los recurrentes en el litigio principal, como se desprende del apartado 20 de la presente sentencia, sin exponer su propia apreciación.
5

El artículo 3 de dicho Reglamento, titulado «Salvaguardia del acceso a internet abierta», dispone en sus apartados 1 a 3 lo siguiente: «1. Los usuarios finales tendrán derecho a acceder a la información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección, con independencia de la ubicación del usuario final o del proveedor o de la ubicación, origen o destino de la información, contenido, aplicación o servicio, a través de su servicio de acceso a internet. […] 2. Los acuerdos entre los proveedores de servicios de acceso a internet y los usuarios finales sobre condiciones comerciales y técnicas y características de los servicios de acceso a internet como el precio, los volúmenes de datos o la velocidad, así como cualquier práctica comercial puesta en marcha por los proveedores de servicios de acceso a internet, no limitarán el ejercicio de los derechos de los usuarios finales establecidos en el apartado 1. 3. Los proveedores de servicios de acceso a internet tratarán todo el tráfico de manera equitativa cuando presten servicios de acceso a internet, sin discriminación, restricción o interferencia, e independientemente del emisor y el receptor, el contenido al que se accede o que se distribuye, las aplicaciones o servicios utilizados o prestados, o el equipo terminal empleado. Lo dispuesto en el párrafo primero no impedirá que los proveedores de servicios de acceso a internet apliquen medidas razonables de gestión del tráfico. Para ser consideradas razonables, dichas medidas deberán ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, y no podrán basarse en consideraciones comerciales, sino en requisitos objetivamente diferentes de calidad técnica del servicio para categorías específicas de tráfico. Dichas medidas no supervisarán el contenido específico y no se mantendrán por más tiempo del necesario. Los proveedores de servicios de acceso a internet no tomarán medidas de gestión del tráfico que vayan más allá de las recogidas en el párrafo segundo y, en particular, no bloquearán, ralentizarán, alterarán, restringirán, interferirán, degradarán ni discriminarán entre contenidos, aplicaciones o servicios concretos o categorías específicas, excepto en caso necesario y únicamente durante el tiempo necesario para: a) cumplir los actos legislativos de la Unión o la legislación nacional acorde con la de la Unión, a la que el proveedor de servicio de acceso a internet esté sujeto, o las medidas que cumplan dicho derecho de la Unión para hacer efectivos actos legislativos de la Unión o de la legislación nacional, incluidas las sentencias de tribunales o autoridades públicas investidas con los poderes pertinentes; b) preservar la integridad y la seguridad de la red, los servicios prestados a través de ella y los equipos terminales de los usuarios finales; c) evitar la inminente congestión de la red y mitigar los efectos de congestiones de la red excepcionales o temporales, siempre que categorías equivalentes de tráfico se traten de manera equitativa.»
29

No obstante, el artículo 1, apartado 5, letras a) a e), del Reglamento n.o 1072/2009 dispone que, en ciertos tipos de transporte, los transportistas de mercancías por carretera no precisarán licencia comunitaria y quedarán exentos de cualquier autorización de transporte. Así ocurre con los transportes postales realizados en un régimen de servicio universal [artículo 1, apartado 5, letra a), de dicho Reglamento], los transportes de vehículos accidentados o averiados [artículo 1, apartado 5, letra b), de dicho Reglamento], los transportes de mercancías con vehículo automóvil cuyo peso de carga total autorizado, incluido el de los remolques, no sea superior a 3,5 toneladas [artículo 1, apartado 5, letra c), del mismo Reglamento] y los transportes de mercancías con vehículo automóvil por cuenta propia [artículo 1, apartado 5, letra d), del Reglamento n.o 1072/2009] o los transportes de medicamentos, de aparatos y equipos médicos y de otros artículos necesarios en casos de ayudas urgentes, en particular en casos de catástrofes naturales [artículo 1, apartado 5, letra e), del Reglamento n.o 1072/2009].
16

En septiembre de 2017, en paralelo a los procedimientos iniciados ante el Tribunal General, OH interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, el Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunal de Primera Instancia de Atenas, Grecia), mediante el que solicitaba que se obligara al miembro de la Comisión a indemnizarlo del perjuicio que alegaba haber sufrido por haber formulado este afirmaciones difamatorias contra OH en las que lo acusaba de haber sido el causante de la ruptura de la relación de confianza mutua y de deficiencias en el ejercicio de sus funciones. Según OH, este comportamiento del miembro de la Comisión indujo la rescisión del contrato de trabajo de OH por parte de la Comisión, lo que ocasionó a este un perjuicio material que evalúa en un importe de 452299 euros, correspondiente a la pérdida de remuneración en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2019. OH solicita asimismo al órgano jurisdiccional remitente que condene al miembro de la Comisión a abonarle un importe de 600000 euros en concepto de daño moral y que le ordene retirar las afirmaciones engañosas y calumniosas que le causaron un perjuicio.
10

El artículo 28 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (BOE n.o 181 de 29 de julio de 1988, p. 23405) establecía lo siguiente en la redacción aplicable al litigio principal: «1. La responsabilidad de la información que figura en el folleto deberá recaer, al menos, sobre el emisor, el oferente o la persona que solicita la admisión a negociación en un mercado secundario oficial y los administradores de los anteriores, de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente. […] 2. Las personas responsables de la información que figura en el folleto estarán claramente identificadas en el folleto con su nombre y cargo o, en el caso de personas jurídicas, con su denominación y domicilio social. Asimismo, deberán declarar que, a su entender, los datos del folleto son conformes a la realidad y no se omite en él ningún hecho que por su naturaleza pudiera alterar su alcance. 3. De acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente, todas las personas indicadas en los apartados anteriores, según el caso, serán responsables de todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones de datos relevantes del folleto o del documento que en su caso deba elaborar el garante. […] 4. No se podrá exigir ninguna responsabilidad a las personas mencionadas en los apartados anteriores sobre la base del resumen o sobre su traducción, a menos que sea engañoso, inexacto o incoherente en relación con las demás partes del folleto, o no aporte, leído junto con las otras partes del folleto, información fundamental para ayudar a los inversores a la hora de determinar si invierten o no en los valores.»
Como se recuerda en el considerando 16 del Reglamento n.o 1215/2012, que debe tenerse en cuenta para interpretar el artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, la existencia de una estrecha conexión entre el órgano jurisdiccional y el litigio debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente, y este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación (sentencia de 17 de octubre de 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, apartado 28).
23

Con carácter preliminar, debe recordarse que, en la medida en que, de conformidad con el considerando 34 del Reglamento n.o 1215/2012, este deroga y sustituye al Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), que, a su vez, sustituye al Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo que respecta a estos últimos instrumentos jurídicos sigue siendo válida para las disposiciones del Reglamento n.o 1215/2012 que puedan calificarse de «equivalentes». Pues bien, tal es el caso del artículo 5, apartado 3, de dicho Convenio, en su versión modificada, y del Reglamento n.o 44/2001, por una parte, y del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, por otra (sentencia de 9 de julio de 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19, EU:C:2020:534, apartado 22).
34

Procede señalar que las diferencias existentes entre la redacción del punto 26, párrafo tercero, de la Comunicación sobre la cooperación de 2006 y la del punto 23, letra b), último párrafo, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 no pueden sugerir que la interpretación restrictiva adoptada por el Tribunal de Justicia en relación con esta última disposición no pueda aplicarse al punto 26, párrafo tercero, de la Comunicación sobre la cooperación de 2006. En particular, el hecho de que los términos «hechos de los cuales la Comisión no tenga conocimiento previo», mencionados en el punto 23, letra b), último párrafo, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, no hayan sido recogidos expresamente en el punto 26, párrafo tercero, de la Comunicación sobre la cooperación de 2006 no puede justificar otra interpretación de ese punto 26, párrafo tercero.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 16, apartado 5, párrafo tercero, y 18, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural (DO 2011, L 25, p. 8; corrección de errores en DO 2011, L 201, p. 20), del artículo 39, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2005, L 277, p. 1), y de los artículos 4 y 6 del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 (DO 2009, L 30, p. 16).
10

El artículo 3, apartado 1, letras t) y v), del Decreto Legislativo n. 30 — Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Decreto Legislativo n.o 30 por el que se aplica la Directiva 2009/29/CE por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para mejorar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero), de 13 de marzo de 2013 (GURI n.o 79, de 4 de abril de 2013; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 30/2013»), define los conceptos de «titular» y de «instalación», en el sentido de ese Decreto Legislativo, de forma análoga a la Directiva 2003/87.