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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 197/32

Recurso interpuesto el 9 de junio de 2008 — Paul Alfons Rehbein/OAMI — Hervé Dias Martinho y Manuel Dias Martinho (Outburst)

(Asunto T-214/08)

(2008/C 197/56)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG (Glinde, Alemania) (representante: T.E. Lampel, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Hervé Dias Martinho y Manuel Carlos Dias Martinho (Le Plessis Trévise, Francia)

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la resolución adoptada por la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) el 13 de marzo de 2008 en el asunto R 1261/2007-2.

— Que se condene en costas a la OAMI.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca comunitaria solicitada: marca figurativa «Outburst» para bienes comprendidos en las clases 16, 18 y 25 (solicitud no 4.318.333)

Titular de la marca o del signo invocados en oposición: el demandante

Marca o signo invocados en oposición: marca denominativa nacional «Outburst» para bienes comprendidos en la clase 25 (Registro alemán no 399.40.713)

Resolución de la División de Oposición: inadmisión de la oposición en su totalidad

Resolución de la Sala de Recurso: desestimación del recurso

Motivos invocados: incumplimiento del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento no 40/94 del Consejo, dado que la marca nacional anterior se ha usado efectivamente en relación con los bienes y servicios para los cuales está registrada; incumplimiento del artículo 76, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento, dado que la Sala de Recurso cometió un error al no tener en cuenta la declaración del director general de la demandante; incumplimiento del artículo 74, apartado 2, de dicho Reglamento y de la regla 22, apartados 1 y 2, del Reglamento no 2868/95 de la Comisión (1), dado que la prueba adicional aportada en la fase de recurso del procedimiento de oposición es admisible y ha de tenerse en cuenta a efectos de valorar el uso efectivo de la marca opuesta; vulneración del derecho del demandante a ser oído, dado que la Sala de Recurso debió tener en cuenta la prueba del uso aportada una vez expirado el plazo.

(1) Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1).
—

En primer lugar, porque la Comisión adoptó el anuncio extralimitándose en el ejercicio de sus funciones o infringiendo su base jurídica, en particular el Reglamento (CE) no 389/2006 del Consejo, de 27 de febrero de 2006, por el que se crea un instrumento de ayuda económica para impulsar el desarrollo económico de la comunidad turcochipriota y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2667/2000 relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción (1).
—

Que se anule la Decisión de la Comisión no C(2007) 5400 def. de la Comisión, de 20 de noviembre de 2007, notificada el 21 de noviembre de 2007, relativa a la ayuda de Estado no C 36/A/06 (ex NN 38/06) que Italia ejecutó a favor de Thyssenkrupp, Cementir y Nuova Terni Industrie Chimiche.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 37/25

Recurso interpuesto el 29 de noviembre de 2007 — New Look/OAMI (NEW LOOK)

(Asunto T-435/07)

(2008/C 37/40)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: New Look Ltd (Weymouth, Reino Unido) (representantes: S. Malynicz, Barrister, y M. Blair y K. Gilbert, Solicitors)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 3 de septiembre de 2007 en el asunto R 670/2007-2.

— Que se condene a la Oficina al pago de sus propias costas y de las de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «NEW LOOK» para productos y servicios comprendidos en las clases 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 y 35 — Solicitud no 2.932.606

Resolución del examinador: Denegación de la solicitud

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94 del Consejo, en la medida en que la Sala de Recurso, en primer lugar, se equivocó al exigir que la demandante demostrara el carácter distintivo adquirido en un Estado miembro distinto del Reino Unido e Irlanda; en segundo lugar, se equivocó al sostener que la prueba por la demandante del uso de «NEW LOOK» de forma estilizada o junto con una figura distintiva no podía dotar a la marca de carácter distintivo y, en tercer lugar, no otorgó suficiente importancia a la prueba del uso en el Reino Unido e Irlanda de la demandante.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 315/43

Recurso interpuesto el 31 de octubre de 2007 — Basell Polyolefine/Comisión

(Asunto T-399/07)

(2007/C 315/81)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Basell Polyolefine GmbH (Wesseling, Alemania) (representantes: D. Seeliger, E. Wagner e I. Liebach, abogados)

Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la decisión de la Comisión de 23 de agosto de 2007.

— Con carácter subsidiario, que se anule la decisión de la Comisión, de 23 de agosto de 2007, en la medida en que se deniega el acceso parcial a los documentos.

— Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

La demandante impugna la decisión de la Comisión de, 23 de agosto de 2007, por la que se desestima la demanda de acceso a documentos de la Comisión relativos a la decisión en el asunto COMP/E-2/37.857 — Peróxidos orgánicos.

La demandante alega en primer lugar la infracción del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1049/2001 (1). La demandante considera que, en su condición de persona jurídica con sede en un Estado miembro, tiene derecho a acceder a los documentos de la Comisión, y que ese derecho es válido igualmente, conforme al artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001, para los documentos obtenidos en el marco de un procedimiento de infracción en materia de competencia.

La demandante invoca igualmente la infracción del artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento (CE) no 1049/2001, puesto que el acceso a los documentos no perjudica intereses comerciales dignos de protección, y no se está realizando actualmente ninguna investigación en relación con el procedimiento de infracción en materia de competencia controvertido. Asimismo, aduce que existe un interés público superior en que se divulguen los documentos solicitados.

Por añadidura, la negativa a permitir el acceso a los documentos solicitados infringe el artículo 255 CE, apartado 1. La decisión infringe igualmente el artículo 6 UE, apartado 3, en relación con el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Además, la demandante invoca una infracción del artículo 4, apartado 6 en relación con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001 porque por lo menos tiene el derecho a un acceso parcial a los documentos solicitados. Por último, se infringen dichas disposiciones debido a que la Comisión ha incumplido su obligación de examinar concreta e individualmente cada documento.

(1) Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 8/29

Recurso interpuesto el 20 de noviembre de 2007 — Pioneer Hi-Bred International/OAMI (OPTIMUM)

(Asunto T-424/07)

(2008/C 8/51)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Pioneer Hi-Bred International Inc. (Johnston, Estados Unidos) (representantes: G. Würtenberger, R. Kunze y T. Wittmann, abogados).

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 11 de septiembre de 2007 en el asunto R 288/2007-2, relativa a la solicitud de marca comunitaria no 4.893.053 «OPTIMUM».

— Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «OPTIMUM» para productos de la clase 1 (solicitud no 4.893.053).

Resolución del examinador: Denegación de la solicitud.

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

Motivos invocados: Infracción de los artículos 7, apartado 1, letra b); 7, apartado 2; 73, y 74 del Reglamento no 40/94 del Consejo, al no tomar en consideración el hecho de que los productos de que se trata están destinados a un público especializado y al no sustentar la resolución con pruebas del uso de la marca solicitada.
Auto del Tribunal General (Sala Octava) de 28 de julio de 2021 — UPTR/Parlamento y Consejo

(Asunto T‑634/20)

«Recurso de anulación — Transporte por carretera — Reglamento (UE) 2020/1055 — Mercado del transporte internacional de mercancías por carretera — Cabotaje — Asociación profesional — Legitimación activa — Falta de afectación individual — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Concepto de acto reglamentario en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto — Todo acto de alcance general con excepción de los actos legislativos (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véanse los apartados 20 y 21)

2. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Recurso de una asociación profesional de defensa y de representación de sus miembros — Admisibilidad — Requisitos (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véanse los apartados 25, 27 y 29)

3. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Afectación individual por un acto de carácter general — Requisitos — Reglamento por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera — Recurso de una asociación profesional de defensa y de representación de sus miembros — Inexistencia de afectación directa e individual — Inadmisibilidad [Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 2, ap. 4] (véanse los apartados 39 a 41, 45, 46 y 49)

4. Derechos fundamentales — Derecho a la tutela judicial efectiva — Control de la legalidad de los actos de la Unión — Regulación — Protección de este derecho por el juez de la Unión o por los órganos jurisdiccionales nacionales según la naturaleza jurídica del acto impugnado — Posibilidad de utilizar la vía del recurso de anulación o de la remisión prejudicial de apreciación de validez (Arts. 6 TUE, ap. 1, y 19 TUE, ap. 1; Arts. 263 TFUE, párr. 4, 267 TFUE y 277 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 47, 51, ap. 1, y 52, ap. 7) (véanse los apartados 60 y 62 a 66)

Objeto

Recurso interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación del artículo 2, apartado 4, del Reglamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1071/2009, (CE) n.o 1072/2009 y (UE) n.o 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector del transporte por carretera (DO 2020, L 249, p. 17).

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2)

Condenar en costas a Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd y a Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd.
1.

Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Escrito de la Comisión por el que se deniega una solicitud de revisión de la aprobación de la sustancia activa glifosato — Demandantes que no tienen derecho a solicitar la apertura del procedimiento de revisión — Denegación que no produce efectos jurídicos obligatorios — Inadmisibilidad del recurso [Art. 263 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 12 y arts. 21 y 44, ap. 1] (véanse los apartados 24 a 26, 30, 34, 46 y 48)
16

Con carácter previo, procede recordar que, apoyada en este sentido por la República Francesa, la Comisión, sin proponer formalmente una excepción de inadmisibilidad, expresó reservas en el escrito de contestación en cuanto a la admisibilidad del recurso contra el Reglamento impugnado. En efecto, señaló que el recurso interpuesto por las demandantes era prematuro, ya que, en el momento en que presentaron su demanda, el Reglamento impugnado aún no había entrado en vigor, estaba sujeto al procedimiento de objeciones previsto por el Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.o 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n. o 713/2009 (CE) n.o 714/2009 y (CE) n.o 715/2009 (DO 2013, L 115, p. 39), y, por lo tanto, no constituía un acto definitivo recurrible.
19

No obstante, el hecho de que una parte del procedimiento ante la Sala de Recurso haya perdido la posibilidad de —o haya renunciado a— ejercer los derechos procesales reforzados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento de Procedimiento no excluye que pueda, en su caso, ser admitida a intervenir en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con los artículos 142 a 145 de dicho Reglamento en la medida en que dicha parte justifique un interés en la solución del litigio. En efecto, no cabe concluir que, en el marco de los procedimientos relativos a los derechos de propiedad intelectual, la condición de parte en el procedimiento ante la EUIPO —y la consiguiente posibilidad de beneficiarse de una posición procesal equivalente a la de las partes principales en virtud del artículo 173 del Reglamento de Procedimiento— excluya la posibilidad de intervenir con arreglo al artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a los artículos 142 a 145 del referido Reglamento, en el supuesto de que la parte interesada no haya sido admitida a intervenir conforme al artículo 173 de dicho Reglamento debido al incumplimiento del plazo establecido en el artículo 179 del mismo. A este respecto, procede señalar que los derechos procesales de que dispone un coadyuvante con arreglo a los artículos 142 a 145 de dicho Reglamento están más limitados que los previstos en su artículo 173, apartado 3. En la medida en que, por lo tanto, se trata de dos regímenes de intervención diferentes, la aplicación a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de los artículos 142 a 145 del Reglamento de Procedimiento es compatible con las particularidades del contencioso relativo a los derechos de propiedad intelectual y no constituye una elusión del plazo previsto en el artículo 179 de dicho Reglamento.
La finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales es garantizar la plena eficacia de la futura resolución definitiva, con objeto de evitar una laguna en la protección jurídica que ofrece el juez de la Unión. Para alcanzar este objetivo, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad de decidir provisionalmente a fin de evitar que los intereses de la parte que solicita la protección provisional sufran un perjuicio grave e irreparable. Incumbe a esa parte aportar la prueba de que no puede esperar a que se resuelva el procedimiento relativo al recurso sobre el fondo sin sufrir un perjuicio grave e irreparable.

Por lo que se refiere a una demanda de suspensión de la ejecución relativa a una Decisión de la Comisión por la que se modifican las condiciones de exención de las normas de la Unión relativas a la explotación de un gasoducto, la parte que solicita las medidas provisionales demuestra una comprensión errónea del funcionamiento del orden jurídico propio establecido por los Tratados cuando alega un riesgo de pérdida de su acceso a las fuentes de suministro diversificadas, debido a la posibilidad de efectuar reservas a largo plazo de las capacidades de transporte de gas a través del gasoducto liberadas por la Decisión impugnada, lo que, según ella, paralizará la situación. En caso de anulación de la Decisión impugnada, las condiciones de uso del gasoducto autorizadas por dicha Decisión ya no se aplicarán. Dado que no se podrá dar cumplimiento a ningún acto de Derecho privado basado en dichas condiciones, las consecuencias descritas por la parte demandante solo podrían producirse, en su caso, en el período anterior a la adopción de la sentencia del Tribunal que ponga fin al procedimiento principal. Pues bien, este supuesto no constituye, por sí solo, el perjuicio alegado por la parte demandante, ya que este depende de la persistencia a largo plazo de esa situación.

(véanse los apartados 27, 30, 35, 36 y 40)
8

El artículo 57 del Reglamento n.o 1151/2012 dispone lo siguiente: «1. La Comisión estará asistida por el Comité de la Política de Calidad de los Productos Agrícolas. Este será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011. 2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. Si el Comité no emite dictamen alguno, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 182/2011.»
50

Por último, procede señalar, por analogía, que el Tribunal de Justicia ha declarado que una decisión de no emprender una acción en virtud del artículo 106 TFUE, apartado 3, no constituye un acto impugnable, ya que del tenor literal de dicho apartado 3 y de la sistemática de ese artículo se desprende que la Comisión no está obligada a emprender una acción. En consecuencia, los particulares no pueden exigir que dicha institución adopte una determinada posición. El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que no puede considerarse que un escrito mediante el que la Comisión informa al autor de una denuncia de su decisión de no darle curso produzca efectos jurídicos vinculantes, de manera que no constituye un acto impugnable, sin que ello obste para que un particular pueda, en su caso, tener derecho a interponer un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro y adoptada sobre la base del artículo 106 TFUE, apartado 3, si concurren los requisitos establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de febrero de 2005, Comisión/max.mobil, C‑141/02 P, EU:C:2005:98, apartados 68 a 70).
2.

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Examen prima facie de los motivos invocados en apoyo del recurso principal — Recurso contra una decisión de la Agencia Europea de Medicamentos mediante la que se concede acceso a un tercero a informes de estudios clínicos — Motivo basado en la existencia de una presunción general de aplicación de una excepción al derecho de acceso al público en virtud del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Motivo que pone de manifiesto la existencia de cuestiones jurídicas complejas — Motivo que no parece infundado a primera vista [Arts. 278 TFUE, 279 TFUE y 339 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 7; Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2, primer guion] (véanse los apartados 26, 52, 60, 64 a 66 y 77 a 80)
6

En sus observaciones sobre la demanda de interpretación presentadas el 27 de marzo de 2017, el Consejo expone, en primer lugar, que no está de acuerdo con la interpretación literal planteada por la demandante. Según el Consejo, el punto 3 del fallo del auto en el litigio principal debe interpretarse en el sentido de que, por lo que respecta a la pretensión de anulación formulada en la demanda, todas las costas recuperables comprenden las costas en que el Sr. Viktorovych Yanukovych incurrió hasta su fallecimiento. El Consejo sostiene que esta interpretación se desprende claramente no sólo del tenor de dicho punto del propio fallo, sino también de los apartados 96 y 97 del auto en el litigio principal. A este respecto, el Consejo señala que, contrariamente a lo que parece alegar la demandante, las costas recuperables deben definirse en relación con la pretensión de anulación formulada en la demanda, respecto de la que la parte cuyas pretensiones han sido estimadas tiene derecho a obtener el pago de las costas recuperables, y no en relación con la persona que constituye la parte cuyas pretensiones han sido estimadas. Por último, en lo que atañe a las costas del presente procedimiento, el Consejo solicita al Tribunal que condene a cada parte a cargar con sus propias costas.
25

Por consiguiente, procede concluir que, al no haber sido interpuesto en la lengua de procedimiento del asunto que dio lugar a la sentencia recurrida, es decir, el polaco, el presente recurso de casación no se ha interpuesto de conformidad con el régimen lingüístico del Tribunal y no es admisible (véase, en este sentido y por analogía, el auto Petrides/Comisión, citado en el apartado 17 supra, EU:C:2010:279, apartado 16) y que tal causa de inadmisibilidad no puede eludirse mediante la petición de excepción al régimen lingüístico presentada tras la expiración del plazo para interponer el recurso de casación.
En principio, la Comisión es competente, como ordenador y contable del presupuesto de la Unión, para proceder al cobro de las cantidades adeudadas por los Estados miembros cuando el Tribunal de Justicia les haya impuesto una multa coercitiva con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 2. Esa competencia supone que la Comisión pueda apreciar si se cumplen los requisitos exigidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia en la que haya impuesto la multa coercitiva, con el fin de determinar la fecha del cese del incumplimiento de que se trate. En cambio, esa competencia no incluye la posibilidad de que la Comisión aprecie la conformidad con el Derecho de la Unión de una norma o un comportamiento de un Estado miembro sobre la que el Tribunal de Justicia no se haya pronunciado previamente.

En el caso de que el incumplimiento declarado por el Tribunal de Justicia radique en la falta de derogación de la normativa nacional incompatible con el Derecho de la Unión, la Comisión no puede ir más allá de la comprobación de la existencia de esa derogación. Por lo tanto, no puede considerar que la derogación de la normativa nacional incompatible es insuficiente ni concluir que únicamente una nueva normativa puede poner fin a la incompatibilidad, ya que, con ello, la Comisión entra a valorar la conformidad del nuevo régimen con el Derecho de la Unión cuando el Tribunal de Justicia no ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto.

En cambio, la Comisión permanece dentro de los límites de la competencia de principio de que dispone en materia de ejecución del presupuesto de la Unión cuando liquida la multa coercitiva sin analizar de forma autónoma la conformidad de la nueva normativa con el Derecho de la Unión y se limita a tomar nota de la fecha de entrada en vigor de la norma nacional por la que se deroga la normativa incompatible, derogación que el Tribunal de Justicia ha considerado suficiente para poner fin al incumplimiento declarado.

(véanse los apartados 40 a 42)