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10.

El artículo 5G, punto 1, reza: «Los sujetos pasivos [...] no podrán deducirse los gastos que, con arreglo a normas fiscales extranjeras, pueden deducirse de ingresos no incluidos en la determinación del impuesto en Dinamarca. Lo mismo será de aplicación en caso de que, en virtud de la normativa fiscal extranjera, la deducción de gastos pueda trasladarse para imputarse a una deducción de los ingresos determinados por sociedades, etc., del grupo en caso de que sus ingresos no se incluyan en la determinación del impuesto en Dinamarca.» El artículo 5G de la LLT no se aplica a los EP daneses de sociedades extranjeras.
24.

Ciertamente, la Directiva 2003/96 no define el concepto de pequeños productores de electricidad, sino que deja esta cuestión a la regulación de las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Sin embargo, no parece controvertido en el litigio principal que Turbogás no sea un pequeño productor, toda vez que produce una parte relevante de la totalidad de la producción nacional de electricidad. No obstante, este problema no tiene relevancia para resolver el presente asunto, tal como procuraré poner de manifiesto a continuación.
78.

Como, sobre todo, el trabajador temporal no alcanza mediante su readmisión el estatus de un empleado público fijo, no se le puede oponer que no haya aprobado un proceso selectivo. Si para emplear inicialmente al trabajador temporal no era necesario proceso selectivo alguno, difícilmente podrá la falta de tal procedimiento selectivo impedir que el mismo trabajador siga trabajando en el empleo que tenía hasta entonces, máxime cuando, como aquí ocurre, no fue una conducta indebida o una falta de rendimiento del trabajador sino (sin perjuicio de las apreciaciones que realice el órgano jurisdiccional nacional) un despido ilegal por parte del empleador lo que hizo que se interrumpiese la relación laboral.
91.

En conclusión, a pesar de la retórica que, al destacar la importancia de la confianza mutua, a veces evoca más la comunicación entre iguales, quizá valga la pena recordar que la transmisión de información por parte de las entidades de crédito o las empresas de inversión a las autoridades de supervisión con arreglo a la Directiva 2013/36 no es una cuestión de buena voluntad, sino una obligación de Derecho público que se impone a las empresas que operan en determinados mercados. Por lo tanto, si bien la confianza mutua es merecedora de aplauso y ha de fomentarse, no por ello se ha de perder de vista el hecho de que lo que debe practicarse no es la confianza prudencial, sino la supervisión prudencial.
208.

El Consejo reconoce que, en el apartado 187 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aplicó el criterio jurídico adecuado al considerar que, con arreglo al artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base y al artículo 9.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en principio debe imponerse individualmente un derecho antidumping a cada «suministrador». No obstante, el Consejo considera jurídicamente errónea la conclusión del Tribunal General, que figura en el apartado 201 de la sentencia recurrida, según la cual los productores estadounidenses incluidos en la muestra eran suministradores, dado que las instituciones los habían mantenido en la muestra de productores y exportadores. Por un lado, el Consejo reitera su posición, desarrollada en la primera parte del presente motivo, según la cual el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base no puede interpretarse a la luz del artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping de la OMC. Por otro lado sostiene que, según los términos del artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base, solo puede considerarse «suministrador» una «[fuente de importaciones de un producto] respecto al cual se haya comprobado la existencia de dumping y de perjuicio». Pues bien, a su juicio, los productores estadounidenses incluidos en la muestra, a quienes no se acusó de dumping en la medida en que no decidían la parte de su producción que iba a destinarse a la exportación y no determinaban el precio de exportación, no podían considerarse suministradores. El Consejo recuerda que la inclusión inicial de estos productores en la muestra de productores-exportadores por parte la autoridad encargada de la investigación se debió únicamente a que estos indicaron erróneamente en su formulario para la selección de la muestra que exportaban bioetanol.
20.

Sin embargo, un examen más detallado no permite confirmar la irrelevancia de la petición de decisión prejudicial, ya que, según consta en esta última, las empresas intervinientes no impugnan directamente la obligación de contribución, sino que alegan la invalidez de la normativa que impone tal obligación. Esta normativa tiene por objeto la transposición de la Directiva 2012/27, y no es en modo alguno extraño que la normativa de transposición pueda impugnarse con arreglo al Derecho nacional por no adecuarse a los requisitos de la Directiva que ha de transponer.
63.

Es cierto que no se puede pasar por alto la distinción efectuada en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009. Si bien dicha disposición indica que la EUIPO debe examinar de oficio los hechos, precisa que en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro —como el contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009— el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. El artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 añade que la EUIPO «podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo». ( 21 )
65.

Aunque la última afirmación se desprende claramente de la redacción del mecanismo específico en su versión inglesa, ([…] a patent […] for a medicinal product filed in a member State at the time when […]) ( 39 ) he de hacer no obstante una breve referencia a esta redacción, dado que la versión alemana original de algunas de las Actas de Adhesión utilizadas por el órgano jurisdiccional remitente no utilizaba el término «presentada», sino «registrada». Si el momento determinante fuera más bien la fecha de registro y no la de presentación de la solicitud, esto daría a entender que podrían ser relevantes los cambios en la legislación de los nuevos Estados miembros que entraron en vigor después de la solicitud en el antiguo Estado miembro, pero antes de que la patente se registrara allí, lo cual obligaría al titular de la patente a atenerse a estas leyes nuevas. En este supuesto, no aprovechar esta ocasión excluiría la posibilidad de que el titular de la patente invocara el mecanismo específico.
28.

Pues bien, en el presente asunto no existe de entrada una diferencia de trato. Respecto a la superficie total de entre 1 m2 y 2000 m2, no hay en este punto diferencia de trato entre establecimientos comerciales grandes y pequeños, nacionales o extranjeros. Ninguno resulta gravado con el impuesto por esa superficie. El valor límite opera aquí como un mínimo exento del que se benefician todos los minoristas. Los establecimientos comerciales más pequeños (con una superficie de venta inferior a 500 m2) no están sujetos al impuesto; los más grandes sí están sujetos al IDMGAV, pero no resultan gravados con el impuesto por la superficie total que no exceda de 2000 m2. En este sentido, dado que este «mínimo exento» se aplica tanto a los establecimientos comerciales grandes como a los pequeños, no hay un trato desventajoso de ningún establecimiento comercial. Por tanto, en esa medida, no existe restricción de la libertad de establecimiento.
3.

En la época de los hechos pertinente del presente asunto, la adjudicación de los contratos públicos de servicios de la EUIPO se regía por las disposiciones de la parte I, título V, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, ( 3 ) en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006 ( 4 ) (en lo sucesivo, «Reglamento financiero»), así como por las de la parte I, título V, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento n.o 1605/2002 ( 5 ).
13.

El Finanzamt (Oficina Tributaria, Alemania) no admitió los datos declarados por RGEX y, mediante resolución de 31 de agosto de 2010, liquidó el IVA correspondiente a 2008 basándose en las conclusiones de dos inspecciones del IVA. Consideró que las entregas intracomunitarias de vehículos dirigidas a España declaradas como exentas estaban sujetas al impuesto, ya que los vehículos en cuestión en realidad no habían sido llevados a España, sino que se habían comercializado en Alemania. Declaró que las cuotas del impuesto soportado expresadas en las facturas emitidas por EXTEL no eran deducibles al considerar que ésta era una «sociedad ficticia» que carecía de un establecimiento en la dirección que figuraba en la factura.
7.

La sociedad B Plus Giocolegale Ltd, actualmente Global Starnet Ltd (en lo sucesivo, «Global Starnet»), es titular de una concesión de la AAMS para la creación y explotación de la red telemática para la gestión de juegos de azar lícitos. Dicha sociedad participó en el programa establecido por el Decreto-Ley n.o 39/2009, que permitía a los titulares de concesiones realizar pruebas y lanzar posteriormente determinados sistemas de juego. La participación en ese programa de prueba confería a los titulares de las concesiones el derecho a la renovación de estas.
68.

No obstante, no me parece razonable exigir al profesional que, en la fase de la celebración del contrato de crédito, informe al consumidor de acontecimientos o de circunstancias posteriores a la celebración del contrato que él no estaba en condiciones de prever. No cabe exigir a los profesionales que faciliten a los consumidores información distinta de la que ellos conocen o habrían debido conocer objetivamente en el momento de la celebración de este contrato.
77.

Como lo que en este asunto está en juego es una petición de reintegro del IVA pagado en exceso por Compass, el desajuste temporal, fruto de las vicisitudes del proceso legislativo nacional, entre el régimen de prescripción para ese tipo de demandas y para las solicitudes de deducción del IVA soportado no es, a mi juicio, objetable desde la perspectiva del derecho de la Unión, pues: — por un lado, como ya he destacado, el derecho de la Unión no contiene una regulación unificada, ni armonizada, que se sobreponga a las normas nacionales que rigen el ejercicio del derecho al reintegro del IVA indebidamente pagado, bastando que estas últimas respeten los principios de equivalencia y efectividad, ( 41 ) lo que ahora no se discute; y — por otro lado, ni la Sexta Directiva ni el resto de las disposiciones aplicables al sistema común del IVA obligan a parificar el tratamiento de las solicitudes de reintegro de este tributo (cuando se haya ingresado por error o, en general, no sea debido) con las solicitudes de deducción del IVA soportado.
4)

La definición de “tiempo de trabajo” contenida en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/88 no debe interpretarse en el sentido de que se extiende automáticamente a los trabajadores que permanecen en situación de disponibilidad y tienen la obligación de responder a llamadas del empresario en un período breve de tiempo (sin estar obligados al mismo tiempo a estar presentes físicamente en el establecimiento de dicho empresario), y cuya capacidad de llevar a cabo otras actividades durante ese tiempo puede, por tanto, estar limitada. Por el contrario, es preciso atender a la calidad del tiempo del que el trabajador puede disfrutar cuando permanece en situación de disponibilidad, que se traduce, por ejemplo, en su capacidad de dedicarse a sus intereses personales o a su familia. En este contexto, lo más importante no es la proximidad al centro de trabajo exigida, sino la calidad del tiempo. Si dicho tiempo puede calificarse o no como “tiempo de trabajo” en un caso particular es una cuestión que debe determinar el órgano jurisdiccional nacional en función de los hechos.»
65.

De lo que he expuesto hasta ahora, deduzco que la contestación a esa pregunta, tal como está formulada, debería ser negativa. Bastaría, para ello, explicar que la Directiva 2004/17 no se aplica a este género de adjudicaciones, sin perjuicio de que el legislador nacional pueda someterlas, si lo estima pertinente y por su propia autoridad, a pautas análogas a las que rigen para los contratos públicos en los sectores especiales. En la medida en que el Decreto Legislativo n.o 18/1999 no prevé el sistema reglado de licitación para otorgar el uso de aquellos espacios, no entra en conflicto con la Directiva 2004/17.
53.

Por consiguiente, los antecedentes legislativos parecen apoyar la aseveración de la Comisión en el caso de autos según la cual el artículo 8 fue redactado como excepción a la regla general que obliga al Estado miembro del foro a cubrir los gastos. En cualquier caso, no hallo respaldo alguno para la opinión expresada por el Gobierno español en la vista oral en el sentido de que los artículos 7 y 8 contienen una regla de reparto de los gastos, mediante el desglose detallado de los gastos que han de ser cubiertos por cada uno de los dos Estados miembros afectados. En particular, como he expuesto supra, ( 9 ) no alcanzo a ver cómo cabría interpretar el artículo 7 en el sentido de que excluye los gastos de traducción de los documentos necesarios para resolver sobre una solicitud de justicia gratuita cuando dicha solicitud se presenta en el Estado miembro del foro. Una interpretación tan restrictiva, en mi opinión, entraría en conflicto con el objetivo de la Directiva de asegurar el derecho a obtener la adecuada justicia gratuita con el fin de garantizar el acceso efectivo a la tutela judicial en los conflictos de carácter transfronterizo.
47.

Por su parte, la Comisión sostiene que en el tercer motivo el recurrente formula una alegación nueva, según la cual la introducción de un mecanismo de ayuda financiera en forma de impago de la deuda odiosa puede proponerse sobre la base del artículo 352 TFUE, habida cuenta del tenor del artículo 136 TFUE, apartado 1. Considera que, en consecuencia, la parte de este motivo relativa al artículo 352 TFUE debe declararse inadmisible. En cualquier caso, señala que el recurrente no ha explicado por qué sería necesaria la adopción de un acto conforme a lo establecido en la propuesta de ICE para alcanzar el objetivo de los Tratados relativo a la estabilidad de la zona del euro. Con carácter subsidiario, la Comisión evoca la sentencia Pringle, ( 57 ) en la que el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 136 TFUE, apartado 1, no crea ninguna base jurídica nueva que permita a la Unión emprender acciones. La Comisión también sostiene que la alegación basada en la decisión que se adoptó en la reunión de los países de la zona del euro el 21 de julio de 2011 sobre la reestructuración de la deuda soberana es nueva y que, en cualquier caso, dicha decisión no se adoptó sobre la base de los Tratados. Asimismo, considera que no adolece de error la conclusión del Tribunal General de que autorizar a un Estado miembro a decidir unilateralmente el no reembolso de su deuda no puede calificarse como medida de orientación de la política económica que el Consejo puede adoptar sobre la base de los Tratados. Alega que, por tanto, el artículo 136 TFUE, apartado 1, sobre cuya base únicamente se puede adoptar una medida de orientación de la política económica, necesariamente no vinculante, no puede servir de fundamento a la propuesta de ICE. A juicio de la Comisión, el presente motivo debe declararse inadmisible por lo que respecta al artículo 136 TFUE, apartado 3, y al artículo 352 TFUE e infundado por lo que respecta al artículo 136 TFUE, apartado 1.
32.

En el presente asunto, el Gobierno italiano ha declarado que, al adoptar la normativa impugnada, a saber los artículos 19, apartado 5, y 19-bis del DPR n.o 633/72, el legislador italiano ejercitó la facultad prevista en el artículo 17, apartado 5, párrafo tercero, letra d), de la Sexta Directiva. ( *16 ) Además, me parece evidente que esta normativa no puede justificarse en virtud del resto de excepciones previstas en las letras a) a e) de este mismo párrafo, que permiten establecer una prorrata distinta para cada sector de actividad [letras a) y b)], efectuar la deducción por el procedimiento de afectación real de la totalidad o de parte de los bienes y servicios a una actividad precisa [letra c)] y no tener en cuenta las cuotas no deducibles que sean insignificantes [letra e)]. ( *17 ) Por consiguiente, en el análisis que realizaré a continuación me limitaré a examinar la excepción prevista en el artículo 17, apartado 5, párrafo tercero, letra d), de la Sexta Directiva.
70.

En este contexto, el hecho de que el órgano jurisdiccional remitente no haya solicitado expresamente la interpretación del artículo 43 CE con respecto al artículo 3, apartado 1, números 3 y 4, del Real Decreto-ley n.o 143 no constituye, en mi opinión, un obstáculo para que el Tribunal de Justicia aborde esa problemática. Por otra parte, es práctica habitual del Tribunal de Justicia considerar que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a éste proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio de que conoce. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha manifestado en múltiples ocasiones su preocupación por que el órgano jurisdiccional remitente obtenga una respuesta exhaustiva. ( 19 ) Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. La circunstancia de que un órgano jurisdiccional nacional, en el plano formal, haya formulado una cuestión prejudicial refiriéndose a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia proporcione a ese órgano jurisdiccional todos los elementos de interpretación que puedan permitirle resolver el asunto del que conoce, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia extraer del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio. ( 20 )
35.

En principio, dado que se ha concluido que la Ley controvertida no es incompatible con el artículo 15, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2011/64, no sería preciso examinar dicha Ley en relación con el párrafo segundo de la referida disposición. La razón es obvia: dado que la Ley controvertida no vulnera el principio recogido en el párrafo primero, no tiene sentido dilucidar si resulta aplicable la excepción a dicho principio.
8.

El artículo 12, apartado 3, letras a) y d), del decreto legislativo n.o 286 — Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto Legislativo n.o 286, por el que se aprueba el texto único de las disposiciones reguladoras de la inmigración y de las normas sobre el estatuto del extranjero), de 25 de julio de 1998, ( *5 ) en su versión modificada por la Ley n.o 94, de 15 de julio de 2009, ( *6 ) establece que, salvo que los hechos sean constitutivos de un delito más grave, todo aquel que, infringiendo las disposiciones de este texto único, promueva, dirija, organice, financie o realice el transporte de extranjeros a Italia o lleve a cabo otros actos cuyo objeto sea permitirles entrar ilegalmente en Italia o en el territorio de otro Estado del que no son nacionales o en el que no disponen de permiso de residencia permanente será castigado con la pena de prisión de cinco a quince años y multa de 15000 euros por cada persona cuando los hechos guarden relación con la entrada o la presencia ilegales en Italia de cinco o más personas o cuando los cometan tres o más personas que actúan conjuntamente, o utilizando servicios de transporte internacionales o documentos falsificados o alterados o, en cualquier caso, obtenidos de forma ilícita.
102.

Aunque el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 216/96 fija el plazo en el que la parte recurrente puede presentar un escrito de réplica a raíz del escrito de contestación presentado por la parte recurrida, hay que señalar que no se hace ninguna mención al plazo en el que hay que presentar, en realidad, dicho escrito de contestación —que incluiría una eventual adhesión al recurso—. Por otra parte, aunque esta disposición recuerda las normas aplicables al intercambio de escritos relativo al recurso principal interpuesto por la parte recurrente, no se hace ninguna mención a la posibilidad de dar respuesta a los nuevos datos que se incluirían en la eventual adhesión al recurso. El tenor literal del artículo 8 de dicho Reglamento no garantiza, a mi juicio, la claridad ni la seguridad jurídica que se exigen, no obstante, para ejercitar un recurso, ( 37 ) y menos aún la tutela judicial de las partes.
41.

Los gastos generales tampoco se pueden equiparar a la «situación personal» de un sujeto pasivo, cuya consideración fiscal, conforme a la jurisprudencia, en principio sólo corresponde al Estado de establecimiento, y no al de la actividad. ( 23 ) Los gastos resultantes de la situación personal de un sujeto pasivo son sólo aquellos que están relacionados con las circunstancias particulares de un sujeto pasivo, y no con las de una actividad gravada. ( 24 ) Y esto se aplica, en particular, a la consideración fiscal de su situación familiar ( 25 ) y a los demás gastos necesarios para su vida particular. ( 26 ) Resulta dudoso, para empezar, que esta jurisprudencia desarrollada en relación con las personas físicas pueda hallar un margen de aplicación siquiera en relación con las sociedades, pues éstas no pueden tener en modo alguno una «situación personal». En cualquier caso, no obstante, los gastos generales de la actividad económica de una sociedad no se pueden equiparar a los gastos de la vida particular de un sujeto pasivo, pues éstos no están dirigidos en absoluto a la obtención de ingresos.
18.

Tales errores no existen aquí. El litigio principal versa sobre la exención del IVA de una prestación de servicios relativa a seguros, ámbito que está regulado por el artículo 135, apartado 1, letra a), de la Directiva IVA. A tal efecto, el órgano jurisdiccional remitente está obligado por el Derecho de la Unión a interpretar el Derecho nacional conforme a la Directiva. ( 9 ) No se aprecia que el tenor literal de las disposiciones polacas aplicables se opongan a ello. En particular, el artículo 43, apartado 13, de la Ley polaca del IVA, controvertido en el litigio principal, no exime expresamente del impuesto prestaciones de servicios como las efectuadas por Aspiro. La norma simplemente establece requisitos abstractos, necesitados de interpretación, que parecen admitir perfectamente la consideración de lo exigido por el Derecho de la Unión.
16.

En primer lugar, procede señalar que todas las partes que han presentado observaciones escritas dan una respuesta negativa a esta cuestión. Comparto esta conclusión. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. ( 3 ) Pues bien, en el presente asunto, tanto el contexto en el que se inscribe el artículo 23, apartado 1, del Reglamento, como su finalidad, me llevan a pensar que esta disposición debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una licencia pueda ejercitar una acción por violación de la marca objeto de la licencia si esta última no está inscrita en el registro.