AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA

de 1 de octubre de 2015

Yosu Galocha

contra

Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (Empresa Común Fusion for Energy)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de suspensión de la ejecución — Procedimiento de selección de la Empresa Común Fusion for Energy — Urgencia — Inexistencia»

Objeto:

Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el cual el Sr. Galocha solicitó al Presidente del Tribunal de la Función Pública que ordenara la suspensión de la ejecución de las decisiones por las que la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (Empresa Común Fusion for Energy) nombró controladores de gastos oficiales adjuntos y, con carácter subsidiario, que ordenara la suspensión del ejercicio de las funciones de los citados agentes en el supuesto en que éstos ya las hayan asumido.

Resultado:

Se desestima la demanda de medidas provisionales del Sr. Galocha. Se reserva la decisión sobre las costas.

Sumario

La función de la convocatoria para proveer plaza vacante es, por una parte, informar a los interesados de la forma más exacta posible sobre la naturaleza de los requisitos para ocupar la plaza que debe proveerse, con el fin de permitirles apreciar si procede que formalicen su candidatura y, por otra parte, establecer el marco de legalidad en el que la institución pretende proceder al examen comparativo de los méritos de los candidatos. Como una convocatoria para proveer plazas vacantes determina los requisitos relativos al acceso al empleo de que se trata, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, en el caso de los funcionarios, está obligada a respetarla. Además, al igual que una convocatoria para proveer plazas vacantes tiene como función establecer el marco normativo en el que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos efectuará el examen comparativo de los méritos de los candidatos previsto por el artículo 45, apartado 1, del Estatuto, los requisitos establecidos en una convocatoria de candidaturas por la autoridad facultada para celebrar los contratos tiene para ésta carácter vinculante. Permitir a un comité de selección y a la autoridad facultada para celebrar los contratos apartarse de una convocatoria para proveer plazas vacantes y de los documentos que la completan sin un fundamento suficiente que haya sido objeto de una publicidad adecuada en tiempo útil privaría en efecto a tales documentos de la función esencial que deben desempeñar en el procedimiento de contratación, a saber, informar a los interesados de la manera más exacta posible acerca de la naturaleza de los requisitos para ocupar el puesto en cuestión. Aunque la prueba escrita no fuera más que un elemento de apreciación de los méritos de los candidatos, al igual que su carta de motivación, su curriculum vitae y la prueba oral, su supresión no puede considerarse en ningún caso como un detalle que pudiera resultar del hecho de que no se mencionara en la convocatoria de los candidatos y de las explicaciones dadas antes de ser oídos por el comité de selección, a falta de una publicidad adecuada producida en tiempo útil, es decir, con la suficiente antelación para permitir a los interesados prepararse para las pruebas y, en su caso, reorientar su preparación. (véanse los apartados 18, 23 y 24) Referencia: Tribunal de Primera Instancia: sentencias de 5 de noviembre de 2003, Cougnon/Tribunal de Justicia,T‑240/01, EU:T:2003:290, apartados 112 y 113, y de 21 de enero de 2004, Robinson/Parlamento,T‑328/01, EU:T:2004:13, apartado 55 Tribunal de la Función Pública: sentencias de 15 de abril de 2010, Angelidis/Parlamento,F‑104/08, EU:F:2010:23, apartado 78, y de 16 de julio de 2015, Murariu/AEAPP,F‑116/14, EU:F:2015:89, apartados 74 y 75

Poco importa que no se celebrara una prueba escrita, prevista en la documentación que acompaña a una convocatoria, y que, en consecuencia, todos los candidatos recibieran el mismo trato. A este respecto, procede señalar que el principio de no discriminación no puede fundamentar ningún derecho a la aplicación no discriminatoria de un trato ilegal. (véase el apartado 25) Referencia: Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo,T‑13/99, EU:T:2002:209, apartado 479 Tribunal de la Función Pública: sentencia de 1 de julio de 2010, Časta/Comisión,F‑40/09, EU:F:2010:74, apartado 89