ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
11

El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1234/2008 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2008, relativo al examen de las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios (DO 2008, L 334, p. 7), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 712/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012 (DO 2012, L 209, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1234/2008»), establece que la Comisión elaborará directrices sobre los detalles de las diversas categorías de modificaciones, sobre la aplicación de los procedimientos establecidos en los capítulos II, II bis, III y IV de dicho Reglamento y sobre la documentación que debe presentarse de conformidad con estos procedimientos.
25

Pues bien, se desprende de las definiciones que figuran en esos preceptos, reproducidas en el apartado 5 de esta sentencia, que el titular de una cuenta corriente ordinaria —como Ķipars AI— no coincide con ninguna de dichas entidades. En particular, el titular de una cuenta corriente no corresponde al concepto de «entidad», el cual se refiere exclusivamente, de conformidad con el artículo 2, letra b), de dicha Directiva, a las entidades que pueden ser encargadas de ejecutar las obligaciones financieras que resulten de las órdenes de transferencia emitidas dentro de un sistema, entre las que se encuentran, en particular, las entidades de crédito y las empresas de inversión.
33

Por otro lado, como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, también se desprende del tenor del artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, en particular del término «podrá», que, cuando un Estado miembro ha optado por transponer esta disposición al Derecho interno, la autoridad judicial de ejecución debe disfrutar, no obstante, de un margen de apreciación en lo concerniente a si procede o no denegar la ejecución de la orden de detención europea. A tal respecto, la autoridad judicial de ejecución debe poder tener en cuenta el objetivo perseguido por el motivo de no ejecución facultativa enunciado en esta disposición, que consiste, según una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, en permitir que dicha autoridad pueda conceder particular importancia a la posibilidad de aumentar las oportunidades de reinserción social de la persona reclamada una vez cumplida la pena a la que haya sido condenada (véase la sentencia de 29 de junio de 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, apartado 21 y jurisprudencia citada).
34

No obstante, es preciso señalar que, en la medida en que el disfrute de esta exención fiscal está supeditado también al requisito de que el bosque transmitido por vía sucesoria esté situado en el territorio de la región flamenca del Reino de Bélgica, dicha exención no constituye una medida adecuada para alcanzar los objetivos que persigue, ya que la gestión sostenible de una zona forestal situada en el territorio limítrofe de dos Estados miembros, como la que es objeto del litigio principal, constituye un problema medioambiental transfronterizo que no puede limitarse únicamente al territorio de uno de dichos Estados miembros o a una parte de este.
39

En el presente asunto, se deduce de las autos en poder del Tribunal de Justicia que el objetivo de la cesión de acciones controvertida era utilizar el producto de la cesión para pagar las deudas contraídas con Kaupthing Bank, nuevo propietario del grupo Arovit. Como se ha expuesto en el apartado anterior, no puede considerarse que dicha cesión sea una operación que tiene su causa directa en la actividad económica imponible de C&D Foods ni una operación que constituya una prolongación directa, permanente y necesaria de la actividad económica imponible de esta sociedad. En tales circunstancias, la cesión no constituye una operación para la obtención de ingresos continuados en el tiempo de actividades que excedan de la mera venta y no está comprendida, por tanto, en el ámbito de aplicación del IVA. Por consiguiente el IVA que grava las prestaciones de servicios controvertidas no es deducible.
79

En el presente asunto es preciso señalar que, como alega la Comisión, el sistema nacional de pago móvil regulado por la Ley n.o CC de 2011 y el Decreto Gubernamental n.o 356/2012 constituye un requisito en el sentido del artículo 15, apartado 2, letra d), de la Directiva 2006/123. En efecto, no se discute que tal sistema reserva el acceso a la actividad de prestación de servicios de pago móvil a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mediante el establecimiento de un monopolio en beneficio de dicha empresa pública, sin que el referido monopolio sea un requisito relativo a las materias contempladas en la Directiva 2005/36 o un requisito previsto en otros instrumentos de la Unión.
7

El artículo 485, apartado 1, del decreto legislativo n.o 297, «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (Decreto Legislativo n.o 297, «Texto refundido de las disposiciones legales aplicables en materia de enseñanza, relativas a las escuelas de cualquier tipo y grado»), de 16 de abril de 1994 (suplemento ordinario de la GURI n.o 115, de 19 de mayo de 1994), establece: «Al personal docente de los centros de enseñanza secundaria y artística, del tiempo de servicio prestado en calidad de profesor no incluido en plantilla en dichos centros de enseñanza estatales y asimilados, incluidos los situados en el extranjero, le serán reconocidos como tiempo de servicio prestado en calidad de funcionario de plantilla, a efectos jurídicos y económicos, la totalidad de los cuatro primeros años y las dos terceras partes del eventual periodo adicional, así como, a efectos puramente económicos, la tercera parte restante. Los derechos económicos derivados de este reconocimiento se conservarán y se tendrán en cuenta en todas las categorías de retribución posteriores a la asignada en el momento de dicho reconocimiento.»
16

El órgano jurisdiccional remitente señala que, para resolver el litigio principal, es necesario interpretar los términos «el consumidor […] no esté obligado a pagar más de la tarifa básica», que figura en el artículo 21, párrafo primero, de la Directiva 2011/83. Dicho órgano jurisdiccional considera que esos términos pueden interpretarse en el sentido de que un consumidor que ya ha celebrado un contrato no debe tener como única opción razonable, para comunicarse con el comerciante, un número sujeto a un precio superior a la tarifa básica. Esta interpretación no excluye la posibilidad de obligar al consumidor a cargar con los costes adicionales cuando, por propia voluntad, utilice el número sujeto a esa tarifa más elevada.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 44, 45, 132, apartado 1, letra f), 167 a 169, 178, 179, 192 bis a 194 y 196 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010 (DO 2010, L 189, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva del IVA»), de los artículos 10 y 11 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112 (DO 2011, L 77, p. 1), y del principio de neutralidad.
37

No obstante, habida cuenta de los objetivos perseguidos por la Directiva 2003/96, esa disposición relativa a los pequeños productores se refiere únicamente a las modalidades según las cuales la electricidad está sujeta al régimen de tributación armonizada, con el fin de evitar, en particular, como señaló el Abogado General en el punto 21 de sus conclusiones, los gastos administrativos correspondientes a la tributación en esa circunstancia particular, sin que no obstante tenga incidencia en el estatuto de distribuidor concedido en virtud del artículo 21, apartado 5, párrafo tercero, primera frase, de esa Directiva.
30

Aunque el Reglamento no define el concepto de «persona física que entre en la [Unión] o salga de ella», el Tribunal de Justicia ya ha señalado que este concepto no presenta ambigüedades y debe entenderse en su sentido habitual, es decir, que se refiere al desplazamiento de una persona física desde un lugar que no forma parte del territorio de la Unión a un lugar que forma parte de dicho territorio, o bien desde este último lugar a un lugar que no forma parte del citado territorio (sentencia de 4 de mayo de 2017, El Dakkak e Intercontinental, C‑17/16, EU:C:2017:341, apartados 19 a 21).
14

Asimismo, la asociación afirma que el objetivo de aumentar la calidad de los productos, mencionado expresamente en el Real Decreto 4/2014, no puede lograrse con las medidas abordadas por esta norma, ya que, por una parte, no está demostrado que la duplicación de la superficie total mínima de espacio libre por animal aumente la calidad del cerdo y, por otra parte, la fijación de la edad mínima para el sacrificio en diez meses, cuando el peso óptimo para el sacrificio de los cerdos se alcanza aproximadamente a los ocho meses, dará como resultado que se ofrezcan para su venta productos de un peso excesivo, que no tendrán salida en el mercado y para los cuales no será posible un aumento del precio proporcional al aumento de peso.
11

El decreto legislativo n. 157 — Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi (Decreto Legislativo n.o 157, de aplicación de la Directiva 92/50/CEE sobre los contratos públicos de servicios), de 17 de marzo de 1995 (Suplemento ordinario a la GURI n.o 104, de 6 de mayo de 1995), en su versión aplicable en la fecha de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 157/95»), dispone, en su artículo 3: «1. Los contratos públicos de servicios son contratos a título oneroso, celebrados por escrito entre un prestador de servicios y un poder adjudicador contemplado en el artículo 2, que tienen por objeto la prestación de los servicios enumerados en los anexos 1 y 2. 2. Para los contratos de servicios contemplados en el anexo 2 y para aquellos cuyo valor sea superior al de los servicios contemplados en el anexo 1, el presente Decreto solo se aplicará en sus artículos 8, apartado 3, 20 y 21.»
8

La Recomendación de la Comisión, de 26 de marzo de 2003, sobre la aplicación a otros medios de las disposiciones de la Directiva 1999/94 en lo que se refiere a los impresos de promoción (DO 2003, L 82, p. 33), establece en su apartado 4, párrafo segundo, guion segundo, que no se aplica a los servicios de difusión televisiva previstos en el artículo 1, letra a), de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO 1989, L 298, p. 23), en su versión modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997 (DO 1997, L 202, p. 60) y derogada por la Directiva 2010/13.
1

La petición de decisión prejudicial versa esencialmente sobre la interpretación de las subpartidas arancelarias 90211010, 90211090 y 90219090 de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en la versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1754 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015 (DO 2015, L 285, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»)
El artículo 4, punto 1, y el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, deben interpretarse en el sentido de que una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado, no puede certificarse como título ejecutivo europeo.
La circunstancia de que el juez de la Unión haya incumplido el plazo razonable de enjuiciamiento en asuntos relativos a la legalidad de una multa impuesta por la Comisión no puede ser la causa determinante del perjuicio sufrido por la empresa que interpuso el recurso debido al pago de gastos de garantía bancaria durante el período que excedió de dicho plazo. En efecto, únicamente sería así si el mantenimiento de la garantía bancaria tuviese carácter obligatorio, de modo que la empresa que hubiese interpuesto un recurso contra una decisión de la Comisión por la que se le impone una multa y que hubiese elegido constituir una garantía para no tener que ejecutar inmediatamente esa decisión, no tuviese derecho, antes de dictarse sentencia en dicho recurso, a pagar la citada multa y cancelar la garantía bancaria constituida.

Ahora bien, al igual que la constitución de la garantía bancaria, su mantenimiento depende de la libre apreciación de la empresa interesada a la vista de sus intereses financieros. En efecto, nada impide a dicha empresa, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, cancelar en cualquier momento la garantía constituida y pagar la multa impuesta, si, habida cuenta de la evolución de las circunstancias desde el momento de la constitución de la garantía, dicha empresa considera que esa opción es más favorable a sus intereses. Así podría ocurrir, en particular, cuando el desarrollo del procedimiento ante el juez de la Unión lleve a la empresa en cuestión a considerar que la sentencia se dictará en una fecha posterior a la que inicialmente se pensaba y que, en consecuencia, el coste de la garantía bancaria será superior al inicialmente previsto en el momento de la constitución de esa garantía.

(véanse los apartados 29, 30 y 32)
El concepto de «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que comprende la puesta en línea en un sitio de Internet de una fotografía publicada previamente, sin medidas restrictivas que impidan su descarga y con la autorización del titular del derecho de autor, en otro sitio de Internet.

Habida cuenta de estas consideraciones, procede considerar, a la luz de la jurisprudencia recordada en el apartado 24 de la presente sentencia, que la puesta en línea de una obra protegida por el derecho de autor en un sitio Internet distinto de aquel en el que se efectuó la comunicación inicial con la autorización del titular de los derechos de autor debe calificarse, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, de puesta a disposición de esa obra a un público nuevo. En efecto, en tales circunstancias, el público que fue tenido en cuenta por el titular de los derechos de autor cuando autorizó la comunicación de su obra en el sitio de Internet en el que se publicó inicialmente está integrado únicamente por los usuarios de dicho sitio, y no por los usuarios del sitio de Internet en el que la obra fue posteriormente puesta en línea sin autorización del titular, o por otros internautas. No influye en las consideraciones objetivas expuestas en los apartados 29 a 35 de la presente sentencia el hecho de que, como en el litigio principal, el titular de los derechos de autor no restringiera las posibilidades de utilización de la fotografía por los internautas. En efecto, el Tribunal de Justicia ya tuvo la ocasión de recordar que el goce y el ejercicio del derecho contemplado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 no puede estar sujeto a ninguna formalidad (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2016, Soulier y Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, apartado 50).

(véanse los apartados 35, 36 y 47 y el fallo)
1)

Anular los autos del Tribunal General de la Unión Europea de 26 de junio de 2017, L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER PRECISE) (T‑181/16, no publicado, EU:T:2017:447); L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY) (T‑179/16, no publicado, EU:T:2017:445); L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE) (T‑180/16, no publicado, EU:T:2017:451); L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DUO) (T‑182/16, no publicado, EU:T:2017:448), y L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA) (T‑183/16, no publicado, EU:T:2017:449).
Asunto C‑17/17

Grenville Hampshire

contra

The Board of the Pension Protection Fund

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Procedimiento prejudicial — Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — Artículo 8 — Regímenes complementarios de previsión — Protección de los derechos a prestaciones de vejez — Nivel mínimo garantizado de protección»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de septiembre de 2018

Política social—Aproximación de las legislaciones—Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario—Directiva 2008/94/CE—Regímenes complementarios de previsión profesionales—Protección de los derechos a prestaciones de vejez—Nivel mínimo de protección exigido—Indemnización equivalente al menos al 50 % del valor de los derechos de cada trabajador asalariado individual (Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 8 y 12) Política social—Aproximación de las legislaciones—Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario—Directiva 2008/94/CE—Regímenes complementarios de previsión profesionales—Protección de los derechos a prestaciones de vejez—Creación por el Estado miembro de un organismo obligado a garantizar el pago de las indemnizaciones—Posibilidad para un trabajador asalariado de invocar contra tal organismo el artículo 8 de dicha Directiva, que tiene efecto directo (Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8)
Asunto C‑66/17

Grzegorz Chudaś e Irena Chudaś

contra

DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu)

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.o 805/2004 — Ámbito de aplicación — Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Títulos ejecutivos que pueden certificarse como título ejecutivo europeo — Decisión sobre el importe de las costas procesales contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado — Exclusión»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 14 de diciembre de 2017

Cooperación judicial en materia civil — Creación de un título ejecutivo europeo para los créditos no impugnados — Reglamento (CE) n.o 805/2004 — Títulos ejecutivos que pueden certificarse — Decisión ejecutiva sobre el importe de las costas procesales contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado — Exclusión

[Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4, punto 1, y 7]

El artículo 4, punto 1, y el artículo 7 del Reglamento n.o 805/2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, deben interpretarse en el sentido de que una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado, no puede certificarse como título ejecutivo europeo.

En efecto, el empleo del término «también» en el tenor del artículo 7 de ese Reglamento indica que una «decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales» se certificará como título ejecutivo europeo únicamente cuando la resolución principal tenga por objeto, con arreglo a la finalidad del citado Reglamento, un crédito no impugnado.

(véanse los apartados 30 y 35 y el fallo)
27

A este efecto, la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo) estimó que el tribunal de apelación, tras haber señalado que el Sr. Vădan tenía derecho a deducción como consecuencia de su inscripción de oficio en el listado de los sujetos pasivos a efectos del IVA, había considerado erróneamente que no podía invocar determinados documentos, en particular, las conclusiones de dos dictámenes periciales, por no haber presentado los originales de los documentos relativos a las compras de bienes y servicios relacionados con las construcciones vendidas, aunque en su demanda ante ese órgano jurisdiccional había precisado que no podía presentar esos documentos.
7

El artículo 3 de dicha Directiva dispone lo siguiente: «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
21

Según jurisprudencia reiterada, la libertad de establecimiento pretende garantizar el disfrute del trato nacional en el Estado miembro de acogida a los nacionales de otros Estados miembros y a las sociedades a las que se refiere el artículo 54 TFUE, y prohíbe, en el caso de las sociedades, cualquier discriminación basada en el lugar de su domicilio social (véanse, en particular, las sentencias de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C‑374/04, EU:C:2006:773, apartado 43, y de 14 de diciembre de 2006, Denkavit Internationaal y Denkavit France, C‑170/05, EU:C:2006:783, apartado 22).
6

El artículo 147 de dicha Directiva establece lo siguiente: «1. En caso de que la entrega contemplada en la letra b) del apartado 1 del artículo 146 se refiera a bienes que vayan a transportarse en el equipaje personal de viajeros, la exención sólo se aplicará cuando se reúnan las siguientes condiciones: a) el viajero no está establecido en la Comunidad; b) los bienes se transportan fuera de la Comunidad antes de finalizar el tercer mes siguiente a aquél en que se efectúa la entrega; c) el valor global de la entrega, incluido el IVA, es superior a la cantidad de 175 euros o a su contravalor en moneda nacional, determinado una vez al año, aplicando el tipo de conversión del primer día laborable del mes de octubre con efecto al 1 de enero del año siguiente. No obstante, los Estados miembros podrán eximir del impuesto las entregas cuyo valor global sea inferior al importe establecido en la letra c) del párrafo primero. 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, se entenderá por “viajero que no está establecido en la Comunidad” el viajero cuyo domicilio o residencia habitual no esté situado en la Comunidad. En ese caso se entenderá por “domicilio o residencia habitual” el lugar mencionado como tal en el pasaporte, el documento de identidad o cualquier otro documento que el Estado miembro en cuyo territorio se efectúe la entrega reconozca como equivalente al documento de identidad. La prueba de la exportación estará constituida por la factura o un documento justificativo equivalente, provista del visado de la aduana de salida de la Comunidad. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión un modelo de los sellos que utilicen para expedir el visado mencionado en el párrafo segundo. La Comisión comunicará esta información a las autoridades fiscales de los demás Estados miembros.»