Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Reglamento relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el «Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas» - Recurso de un productor que comercializa productos con una denominación que es objeto de inscripción - Inadmisibilidad

[Art. 230 CE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 1338/2000 de la Comisión]

2. Agricultura - Legislaciones uniformes - Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios - Reglamento (CEE) nº 2081/92 - Procedimiento de oposición a una solicitud de registro - Derecho a tutela judicial efectiva - Violación - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, art. 7]

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1. Una persona física o jurídica sólo puede afirmar que una disposición que, por su naturaleza y alcance, tiene carácter normativo le afecta individualmente cuando dicha disposición le atañe debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas. En el presente asunto, el Reglamento nº 1338/2000, que completa el anexo del Reglamento nº 2400/96, relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el «Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas» establecido en el Reglamento nº 2081/92, sólo atañe a la recurrente en razón de su condición objetiva de agente económico que cría patos de foie gras en la zona geográfica de que se trata, como queda delimitada en el pliego de condiciones que acompaña a la solicitud de registro, y que comercializa los productos que se derivan de dicha producción. Se trata de una actividad económica que puede ejercer, en cualquier momento, cualquier empresa.

El hecho de que la recurrente se hallase, cuando se adoptó el Reglamento nº 1338/2000, en una situación en la que tenía que adaptar su estructura de producción para reunir los referidos requisitos no basta para que le afecte individualmente de manera análoga a la del destinatario de un acto. Por una parte, en efecto, aun suponiendo que, al adoptar el Reglamento nº 1338/2000, la Comisión hubiera debido tener en cuenta, con arreglo a una disposición específica del Reglamento nº 2081/92, las consecuencias que podía traer el acto proyectado para la situación de determinados particulares, entre los que se encuentra la recurrente, tal exigencia no la eximiría en modo alguno de la obligación de demostrar que el Reglamento nº 1338/2000 le afecta en razón de una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas. Por otra parte, la adopción de una estructura de producción que sea compatible con los límites máximos de cría de patos establecidos en el pliego de condiciones que acompaña a la solicitud de registro controvertida es igualmente necesaria para cualquier otro agente económico que desee comercializar sus productos derivados del pato haciendo uso de la denominación geográfica protegida «canard à foie gras du Sud-Ouest».

( véanse los apartados 33 a 37 )

2. El procedimiento de oposición recogido en el artículo 7 del Reglamento nº 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, no está destinado a regular las oposiciones existentes entre la autoridad competente del Estado miembro que solicitó el registro de una denominación y una persona física o jurídica que resida o que esté establecida en dicho Estado miembro. Tal interpretación del artículo 7 del Reglamento nº 2081/92 no es contraria al derecho de cualquier persona a la tutela judicial efectiva, tal como está garantizado por el Derecho comunitario como principio general que deriva de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y que está sancionado por los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En efecto, de conformidad con este principio general de Derecho comunitario, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales pronunciarse sobre la legalidad de una solicitud de registro de una denominación presentada ante la Comisión por la autoridad competente de un Estado miembro, en las mismas condiciones de control que las aplicables a todo acto definitivo que, adoptado por la misma autoridad nacional, pueda ser lesivo para los derechos de terceros que éstos deducen del Derecho comunitario y, por consiguiente, declarar la admisibilidad del recurso interpuesto con tal objeto, aunque las normas de procedimiento internas no lo prevean en semejante caso.

( véanse los apartados 45 a 47 )