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Ayudas otorgadas por los Estados - Ayudas existentes y ayudas nuevas - Calificación de ayuda nueva - Efectos

[Art. 88 CE, aps. 1, 2 y 3; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, arts. 17 a 19]

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$$Cuando la Comisión decide incoar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, en relación con una medida que está aplicándose y que ha calificado como ayuda nueva, mientras que el Estado miembro sostiene que es una ayuda existente, la decisión tomada por la Comisión acarrea efectos jurídicos autónomos, en particular en lo que respecta a la suspensión de la medida considerada, por lo que no puede considerarse que un recurso de anulación interpuesto contra dicha decisión por el Estado miembro interesado carezca de objeto.

En efecto, la decisión que marca el inicio del procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, produce efectos diferentes según que la ayuda considerada sea una ayuda nueva o una ayuda existente. Mientras que, en el primer caso, el Estado miembro no puede ejecutar el proyecto de ayuda sometido a la Comisión, tal prohibición no se aplica en el caso de una ayuda ya existente.

Además, si bien la calificación de la ayuda responde a una situación objetiva que no depende de la apreciación realizada en la fase de apertura del procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, el hecho de que la Comisión considere una ayuda como nueva implica que no tiene la intención de examinar la ayuda en el marco del examen permanente de los regímenes de ayudas existentes previsto en los artículos 88 CE, apartado 1, y 17 a 19 del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE). Esto significa que la Comisión no propone al Estado miembro afectado medidas apropiadas para la adaptación de la ayuda al desarrollo progresivo o al funcionamiento del mercado común como las que estas disposiciones contemplan antes de incoar el procedimiento y que, desde su punto de vista, la ayuda se aplicó y se sigue aplicando de forma ilegal, ignorando el efecto suspensivo que, para las ayudas nuevas, se desprende del artículo 88 CE, apartado 3, última frase.

Asimismo, tal decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, en relación con una medida que está aplicándose y que se califica como ayuda nueva modifica necesariamente la situación jurídica de la medida considerada, y la de las empresas que son beneficiarias de la misma, especialmente en lo que respecta a la continuación de su ejecución. Mientras que, hasta la adopción de tal decisión, el Estado miembro, las empresas beneficiarias y los demás operadores económicos puedan pensar que la medida se está aplicando legalmente como medida existente, después de su adopción existe cuando menos una duda importante sobre la legalidad de dicha medida, que, sin perjuicio de la facultad de solicitar medidas provisionales al juez competente para dictarlas, debe llevar al Estado miembro a suspender su concesión, dado que la incoación del procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, excluye una decisión inmediata que declare la compatibilidad con el mercado común, lo que permitiría seguir ejecutando legalmente la citada medida. Tal decisión también podría invocarse ante un juez nacional que debería sacar todas las consecuencias derivadas de la infracción del artículo 88 CE, apartado 3, última frase. Finalmente, la referida decisión puede llevar a las empresas beneficiarias de la medida a rechazar en cualquier caso nuevos pagos o a hacer provisión de las cantidades necesarias para eventuales devoluciones posteriores. Los operadores comerciales también tendrían en cuenta, en sus relaciones con los citados beneficiarios, el debilitamiento de la situación jurídica y financiera de éstos.

( véanse los apartados 56 a 59, 62 y 65 )