ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
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A tenor del anexo II del mismo Reglamento: «[…] 6. Aguardiente de orujo u orujo a) El aguardiente de orujo u orujo es la bebida espirituosa que reúne las siguientes condiciones: i) se obtiene exclusivamente de orujos de uva fermentados y destilados, bien directamente por vapor de agua, bien previa adición de agua, ii) la proporción de lías que podrá añadirse al orujo será, como máximo, de 25 kg de lías por 100 kg de orujo, iii) la cantidad de alcohol procedente de las lías no sobrepasará el 35 % de la cantidad total de alcohol del producto acabado, iv) la destilación tendrá lugar en presencia de los orujos a menos de 86 % vol, v) se autoriza la redestilación con ese mismo grado alcohólico, vi) el contenido de sustancias volátiles será igual o superior a 140 g/hl de alcohol a 100 % vol, y el contenido máximo de metanol será de 1000 g/hl de alcohol a 100 % vol. b) El grado alcohólico mínimo del aguardiente de orujo será de 37,5 % vol. c) No podrá realizarse adición de alcohol, diluido o no, según se define en el punto 5 del anexo I. d) El aguardiente de orujo u orujo no contendrá aromatizantes. Esto no excluye los métodos de producción tradicionales. e) El aguardiente de orujo u orujo podrá contener caramelo añadido únicamente para adaptar el color. […] 28. Anis a) El anis es la bebida espirituosa anisada cuyo aroma característico proviene exclusivamente del anís verde (Pimpinella anisum L.) y/o del anís estrellado (Illicium verum Hook f.) y/o del hinojo (Foeniculum vulgare Mill.). b) El grado alcohólico mínimo del anis será de 35 % vol. c) En la elaboración del anis, solo se podrán utilizar las sustancias y preparados aromatizantes naturales definidos en el artículo 1, apartado 2, letra b), inciso i), y en el artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva 88/388/CEE. 29. Anis destilado a) El anis destilado es el anís que contiene alcohol destilado en presencia de las semillas mencionadas en la categoría 28, letra a), y en el caso de indicaciones geográficas mástique y otras semillas, plantas o frutas aromáticas, a condición de que ese alcohol represente como mínimo el 20 % del grado alcohólico del anis destilado. b) El grado alcohólico mínimo del anis destilado será de 35 % vol. c) En la elaboración del anis destilado, solo se podrán utilizar las sustancias y preparados aromatizantes naturales definidos en el artículo 1, apartado 2, letra b), inciso i), y en el artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva 88/388/CEE. […]»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 30, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 17, p. 1) (en lo sucesivo, «código aduanero»), así como de los artículos 151, apartado 4, y 152, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92 (DO 1993, L 253, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de Aplicación»).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las subpartidas 85269120 y 85285900 de la nomenclatura combinada (en lo sucesivo, «NC») que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión resultante del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1821 de la Comisión, de 6 de octubre de 2016 (DO 2016, L 294, p. 1), así como del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 698/2012 de la Comisión, de 25 de julio de 2012, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (DO 2012, L 203, p. 34), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 459/2014 de la Comisión, de 29 de abril de 2014 (DO 2014, L 133, p. 43) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución n.o 698/2012»).
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En su versión inglesa, la misma nota explicativa establece: «Beer is an alcoholic beverage obtained by fermenting a liquor (wort) prepared from malted cereals (most commonly barley or wheat), water and (usually) hops. Certain quantities of non-malted cereals (e.g., maize (corn) or rice) may also be used for the preparation of the liquor (wort). The addition of hops imparts a bitter and aromatic flavour and improves the keeping qualities. Cherries or other flavouring substances are sometimes added during fermentation. Sugar (particularly glucose), colouring matter, carbon dioxide and other substances may also be added. According to the fermenting process employed, the products may be bottom fermentation beer, obtained at a low temperature with bottom yeasts, or top fermentation beer, obtained at a higher temperature with top yeasts. Beer may be pale or dark, sweet or bitter, mild or strong. It may be put up in barrels, bottles or in airtight tins and may be marketed as ale, stout, etc. This heading also covers concentrated beer prepared by vacuum-condensing beer of low alcoholic strength (but with a high content of malt extract) to between one fifth and one sixth of its original volume. The heading does not cover: (a) Certain beverages which, although they are sometimes described as beers, do not contain alcohol (e.g., beverages prepared from water and caramelised sugar) (heading 22.02). (b) Beverages called non-alcoholic beer consisting of beer made from malt, the alcoholic strength of which by volume has been reduced to 0.5 % vol or less (heading 22.02). (c) Medicaments of heading 30.03 or 30.04.»
20

Por consiguiente, la Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Anulación relativa a la denegación de la petición de restitutio in integrum y, en lo que respecta a la solicitud de caducidad de la marca controvertida, consideró que, al no existir pruebas del uso efectivo de dicha marca en la Unión Europea durante el período pertinente y al no haberse indicado motivos que justificaran la falta de tal uso efectivo, procedía declarar nulos todos los derechos de The Green Effort y considerar que no produjeron efectos a partir del 15 de marzo de 2016.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 16 y 27 del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DO 2007, L 199, p. 40; en lo sucesivo, «Reglamento Roma II»), y del artículo 28 de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO 2009, L 263, p. 11).
58

A este respecto, del tenor del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto, y en particular del uso del término «representadas», se desprende que una «parte» en el sentido de esta disposición, cualquiera que sea su calidad, no está autorizada para actuar por sí misma ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, sino que debe recurrir a los servicios de un tercero. Otras disposiciones de este Estatuto o del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, como el artículo 21, párrafo primero, de dicho Estatuto y los artículos 44, apartado 1, letra b), 57, apartado 1, y 119, apartado 1, de dicho Reglamento de Procedimiento, confirman asimismo que una parte y su representante no pueden ser la misma persona (autos de 5 de diciembre de 1996, Lopes/Tribunal de Justicia, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, apartado 11; de 16 de marzo de 2006, Correia de Matos/Comisión, C‑200/05 P, no publicado, EU:C:2006:187, apartado 10, y de 6 de abril de 2017, PITEE/Comisión, C‑464/16 P, no publicado, EU:C:2017:291, apartado 23).
46

Por lo que respecta a los derechos de autor, del artículo 9 de la Directiva 2001/29, cuyo epígrafe es «Continuación de la vigencia de otras disposiciones legales» —y que debe interpretarse teniendo en cuenta, en particular, todas sus versiones lingüísticas (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de febrero de 2016, C & J Clark International y Puma, C‑659/13 y C‑34/14, EU:C:2016:74, apartado 122 y jurisprudencia citada), así como en relación con el considerando 60 de la misma Directiva—, resulta que esta Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales o de la Unión vigentes en otros ámbitos, y, en particular, las relativas a los dibujos y modelos.
20

El 3 de septiembre de 2015, el tribunal de Roma certificó la transacción judicial celebrada entre la Sra. C. y el Sr. Casamassima como título ejecutivo europeo, de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO 2004, L 143, p. 15).
El artículo 1, apartado 3, letra d), del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, debe interpretarse en el sentido de que los traslados de subproductos animales objeto del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1774/2002 (Reglamento relativo a los subproductos animales), están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1013/2006, salvo en los supuestos en que el Reglamento n.o 1069/2009 establezca de forma expresa la aplicación del Reglamento n.o 1013/2006.
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Ahora bien, dicho requisito tampoco implica que sea forzoso aplicar la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112, únicamente a quienes ejerzan una profesión regulada por la normativa del Estado miembro de que se trate, puesto que no cabe excluir con carácter general y absoluto que personas que no son miembros de una profesión regulada puedan disponer de las cualificaciones necesarias para garantizar tratamientos de una calidad suficiente para considerarlos similares a los que ofrecen quienes ejercen la profesión regulada, en particular si han recibido la formación ofrecida por un establecimiento de enseñanza reconocido por dicho Estado miembro.
4

El artículo 5 de este Reglamento, titulado «Cancelación de vuelos», dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 3: «1. En caso de cancelación de un vuelo: […] c) los pasajeros afectados tendrán derecho a una compensación por parte del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo conforme al artículo 7, a menos que: i) se les informe de la cancelación al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista, o ii) se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista, o iii) se les informe de la cancelación con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista. […] 3. Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables.»
35

Por lo que respecta a este último aspecto, el órgano jurisdiccional remitente señala, por un lado, que ha quedado acreditado que los certificados laborales fraudulentos, presentados por el padre para demostrar que disponía de recursos fijos y regulares suficientes, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86, constituyen la base para la concesión y la prórroga de los permisos de residencia ordinarios por tiempo determinado de la madre y del hijo. Pues bien, el padre no dispuso nunca de dichos recursos ya que su trabajo era ficticio. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente señala que la madre y el hijo no obtuvieron ningún permiso de residencia autónomo, en el sentido del artículo 15, apartado 1, de esa Directiva, habida cuenta de que, en Derecho neerlandés, un permiso de residencia de este tipo se limita a motivos humanitarios no limitados en el tiempo y de que ni la madre ni el hijo solicitaron nunca su concesión.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13 TFUE, del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2092/91 (DO 2007, L 189, p. 1), del Reglamento (CE) n.o 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 834/2007 (DO 2008, L 250, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 271/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010 (DO 2010, L 84, p. 19) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 889/2008»), y del Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza (DO 2009, L 303, p. 1).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2349 del Consejo, de 10 de diciembre de 2015, por la que se autoriza a Hungría a aplicar una medida de excepción a lo dispuesto en el artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2015, L 330, p. 53; en lo sucesivo, «Decisión de Ejecución»), en relación con el artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2013/43/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013 (DO 2013, L 201, p. 4) (en lo sucesivo, «Directiva del IVA»).
43

Sobre este particular, procede precisar que, aunque el Tribunal de Justicia ha reconocido que un gravamen que constituya la retribución de un servicio efectivamente prestado al operador económico, quien está obligado a pagar dicho gravamen, cuyo importe sea proporcionado al referido servicio, no constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana (sentencia de 9 de septiembre de 2004, Carbonati Apuani, C‑72/03, EU:C:2004:506, apartado 31), no es menos cierto que, como recordó la Abogado General en el punto 66 de sus conclusiones, para que un gravamen no está comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 28 TFUE, el servicio prestado debe conferir una ventaja específica y cierta al exportador individual, ya que un beneficio para el interés público es demasiado general e incierto para considerarlo una remuneración que constituye la contrapartida de una ventaja determinada efectivamente obtenida (véase, en este sentido, las sentencias de 1 de julio de 1969, Comisión/Italia, 24/68, EU:C:1969:29, apartado 16, y de 27 de septiembre de 1988, Comisión/Alemania, 18/87, EU:C:1988:453, apartado 7).
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El artículo 4 de la Gesetz über die bedarfsorientierte Mindestsicherung in Oberösterreich (Ley relativa a la garantía de recursos mínimos para asegurar la cobertura de las necesidades en Alta Austria) establece: «(1) Siempre que la presente Ley no disponga otra cosa, únicamente se concederá una garantía de recursos mínimos para asegurar la cobertura de las necesidades a aquellas personas que: 1. tengan su residencia habitual en Alta Austria […] y 2. […] b) sean beneficiarios del derecho de asilo o de protección subsidiaria, […] (3) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las personas […] contempladas en el apartado 1, punto 2, letra b), que carezcan de derecho de residencia permanente en Austria […], en particular los beneficiarios del derecho de asilo titulares de un derecho de residencia temporal […] y las personas beneficiarias de protección subsidiaria recibirán, para cubrir sus necesidades de manutención y alojamiento, una prestación de base y un complemento provisional con arreglo al artículo 13.»
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El artículo 1 de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO 1993, L 169, p. 1), en la redacción que le dio la Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007 (DO 2007, L 247, p. 21) (en lo sucesivo, «Directiva 93/42»), dispone lo siguiente: «1. La presente Directiva se aplicará a los productos sanitarios y a sus accesorios. A los efectos de la presente Directiva, los accesorios recibirán un trato idéntico al de los productos sanitarios. En lo sucesivo se denominarán “productos” tanto los productos sanitarios como sus accesorios. 2. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) “producto sanitario”: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de: — diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, […] y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios; […] 3. En caso de que un producto sanitario esté destinado a la administración de un medicamento de acuerdo con la definición del artículo 1 de la Directiva [2001/83], dicho producto estará regulado por la presente Directiva, sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva [2001/83] por lo que respecta al medicamento. No obstante, en caso de que un producto de esta índole se comercialice de tal modo que el producto y el medicamento constituyan un solo producto integrado destinado a ser utilizado exclusivamente en tal asociación y que no sea reutilizable, dicho producto único se regirá por lo dispuesto en la Directiva [2001/83]. En lo que se refiere a las características del producto relacionadas con su seguridad y sus prestaciones serán aplicables los correspondientes requisitos esenciales del anexo I de la presente Directiva. 4. Cuando un producto incorpore, como parte integrante, una sustancia que, de utilizarse por separado, pueda considerarse un medicamento con arreglo a la definición del artículo 1 de la Directiva [2001/83] y que pueda ejercer en el cuerpo una acción accesoria a la del producto, dicho producto se evaluará y autorizará de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva. […] 5. La presente Directiva no se aplicará: […] c) a los medicamentos cubiertos por la Directiva [2001/83]. La decisión sobre si un determinado producto está regulado por dicha Directiva o por la presente Directiva se tomará teniendo en cuenta, fundamentalmente, el modo de acción principal del producto; […]».
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El artículo 29/A, apartados 1, 4, 6 y 7, de la Ley relativa a los peajes de las carreteras, introducido en esta Ley por la Ley n.o LIV de 2014, con efectos a partir del 9 de noviembre de 2014, dispone: «(1) En los supuestos previstos en los apartados 2 a 4, los solicitantes que presenten una solicitud ante el organismo designado para recaudar el peaje (en lo sucesivo, “sujeto encargado de recaudar el peaje”), con arreglo a lo dispuesto en los apartados 6 y 7 (en lo sucesivo, “solicitud”), estarán dispensados con arreglo a las disposiciones de la presente Ley del pago de la multa impuesta por la circulación sin autorización de tránsito definida en el artículo 14, letra a), que haya tenido lugar entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de marzo de 2014. […] (4) Con base en una solicitud fundada conforme a lo dispuesto en el apartado 7, el solicitante estará dispensado del pago de la multa impuesta por infringir lo dispuesto en el artículo 14, letra a), en caso de que la imposición de la multa tuviera lugar en un tramo viario de peaje o en una vía que lleve al mismo —dentro del período de validez del billete de ruta y en no más de una ocasión en un punto de control determinado por cada sentido de la circulación— que se considere funcionalmente paralelo desde el punto de vista de la red viaria respecto del tramo para el que el vehículo en cuestión contara con una autorización de tránsito en el mismo período de tiempo, y no se hubiera dado uso efectivo a esa autorización durante el período de validez de la misma. […] (6) Además de lo dispuesto en los apartados 2 a 4, para obtener la dispensa de la multa será necesario que, antes de presentar la solicitud, el solicitante haya satisfecho al sujeto encargado de recaudar el peaje, por cada multa, gastos de servicio por una cuantía de 12000 HUF [aproximadamente 39 euros], incluido el impuesto sobre el valor añadido, y que acredite ese pago en el momento de presentar la solicitud. […] (7) Podrá presentarse la solicitud dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de la Ley no LIV de 2014, de modificación de la [Ley relativa a los peajes de las carreteras]. El sujeto encargado de recaudar el peaje, con base en la solicitud presentada, cuando el contenido de la solicitud se ajuste a lo establecido en la presente Ley y no presente divergencias con la información de la base de datos del sujeto encargado de recaudar el peaje, expedirá una certificación indicando si el solicitante puede ser dispensado del pago de la multa, habida cuenta del cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2 a 4. No se expedirá tal certificación cuando los datos de la solicitud no coincidan con la información que figure en la base de datos del sujeto encargado de recaudar el peaje. El sujeto encargado de recaudar el peaje expedirá la certificación dentro de los ciento veinte días siguientes a la recepción de la solicitud […]»
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En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente, haciendo referencia, en particular, a la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), se pregunta asimismo si el artículo 11 de la citada Directiva, que exige, en particular, que las medidas nacionales destinadas a luchar contra las prácticas comerciales desleales sean adecuadas y eficaces, se opone a una normativa nacional, como los artículos 695 y 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual, no solo el consumidor no puede oponerse al procedimiento de ejecución hipotecaria alegando la existencia de prácticas comerciales desleales que fundamentan el título ejecutivo, pues el juez de ejecución no está facultado para ejercer tal control, sino que además, a estos efectos, está obligado a iniciar un procedimiento declarativo ante otro juez, el cual no puede suspender dicho procedimiento de ejecución hipotecaria.
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En cambio, el Sr. Renckhoff y el Gobierno francés sostuvieron en la vista, al igual que la Comisión, en sus observaciones escritas, en esencia, que la jurisprudencia mencionada en el apartado anterior de la presente sentencia no es aplicable en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal. En particular, la comunicación de una obra que no se realiza mediante un enlace, sino mediante su nueva puesta en línea en un sitio de Internet distinto de aquel en el que ya fue comunicada con la autorización del titular de los derechos de autor debe calificarse de «nueva comunicación al público», especialmente habida cuenta de que, a raíz de esta nueva puesta a disposición, dicho titular ya no está en condiciones de ejercer su control sobre la comunicación inicial de dicha obra.