Estas Directrices pueden aplicarse a infracciones cometidas con anterioridad a su adopción, sin que ello constituya ni una violación del principio de no retroactividad ni una violación del principio de seguridad jurídica y sin que se exija que la Comisión especifique su justificación más de lo que requieren dichas Directrices. En el marco de la apreciación de la gravedad de la infracción es donde la Comisión debe tomar en consideración las circunstancias particulares del caso concreto, así como el contexto en que la infracción se sitúa, y velar por el carácter disuasorio de su acción, principalmente teniendo en cuenta consideraciones ligadas a la necesidad de aumentar el nivel de la multa.

Las empresas implicadas en un procedimiento administrativo que puede conducir a la imposición de una multa deben tener en cuenta la posibilidad de que, en cualquier momento, la Comisión decida aumentar el nivel del importe de las multas respecto del aplicado en el pasado. Esto es aplicable no sólo cuando la Comisión aumenta el importe de las multas al imponerlas en decisiones individuales, sino también cuando dicho aumento se produce al aplicar en supuestos concretos reglas de conducta de carácter general tales como las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA.

Obligar a la Comisión a que tome en consideración tal volumen de negocios llevaría a la violación de las normas prescritas por dichas Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA.

Por lo tanto, el volumen de negocios procedente de las ventas del producto objeto de la infracción no es necesariamente el punto de partida para el cálculo de las multas, ni, con mayor motivo, el único criterio con arreglo al cual la Comisión debe apreciar la gravedad de la infracción.

El Derecho comunitario no tiene ningún principio de aplicación general con arreglo al cual la sanción deba ser proporcional al volumen de negocios realizado por la empresa mediante la venta del producto objeto de la infracción.

Para la determinación del importe de la multa por vulneración de las normas en materia de competencia, cabe tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye un indicador, aunque sea aproximado e imperfecto, de la dimensión de ésta y de su potencia económica, como la parte de ese volumen de negocios que procede de las mercancías objeto de la infracción y que puede, por tanto, ser un indicador de la dimensión de ésta. Ni a uno ni a otro volumen de negocios debe darse una importancia desproporcionada en relación con el resto de elementos de apreciación y, en consecuencia, la fijación de una multa adecuada no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios realizado con la venta del producto en cuestión.

Al Tribunal de Justicia no le corresponde, en el marco de un recurso de casación, cuestionar la apreciación soberana de los hechos efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, pues éste es el único competente para controlar el modo en que la Comisión ha apreciado en cada caso concreto la gravedad de las conductas ilícitas a la luz del Derecho comunitario de la competencia.

En el marco de la fijación de la multa con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, las repercusiones concretas de la práctica colusoria sobre el mercado pertinente son un elemento que puede tenerse en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción cometida. La constatación de que una empresa no ha demostrado suficientemente que las repercusiones de la práctica colusoria de que se trata en el mercado más amplio que preconiza sean desdeñables, incluso inexistentes, no constituye una inversión de la carga de la prueba por lo que respecta a la definición del mercado pertinente. De este modo puede exigirse a la empresa implicada que aporte elementos que permitan refutar el análisis que tiene por objeto demostrar la relación entre la evolución de los precios en el mercado del producto objeto de la práctica colusoria y la entrada en vigor de dicha práctica.

(véanse los apartados 95, 101 y 102)