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Según su propio tenor literal, el artículo 4 del Reglamento n.o 650/2012 establece que los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para pronunciarse sobre la totalidad de la sucesión. A este respecto, procede precisar que, si bien es cierto que nada en el tenor literal del citado artículo indica que la aplicación de la regla general para determinar la competencia que establece ese mismo artículo esté supeditada al requisito de que exista una sucesión mortis causa que implique a varios Estados miembros, no es menos verdad que tal regla para determinar la competencia se basa en la existencia de una sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas. Además, del epígrafe del artículo 4 del Reglamento n.o 650/2012 se desprende que este artículo regula la determinación de la competencia general de los tribunales de los Estados miembros, mientras que el reparto de las competencias en el plano interno se establece según las reglas nacionales, de conformidad con el artículo 2 de ese Reglamento.

(véanse los apartados 34 a 36)
1

Mediante su demanda, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 1, y de los anexos II y III de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7; en lo sucesivo, «Directiva sobre los hábitats»), al no haber designado lugares para la protección de la marsopa común (Phocoena phocoena), y que, consecuentemente, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva, al no haber contribuido a la constitución de la red Natura 2000 en función de la representación que tengan en su territorio los hábitats de esa misma especie.
1)

El artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que una prestación como la asistencia personal controvertida en el litigio principal, que consiste, en particular, en el abono de los gastos generados por las actividades cotidianas de una persona gravemente discapacitada que no realiza ninguna actividad económica, con el fin de que pueda cursar estudios superiores, no tiene cabida en el concepto de «prestación de enfermedad» en el sentido de dicha disposición y, por tanto, está excluida del ámbito de aplicación de ese Reglamento.
5

El Reglamento (UE) n.o 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 680/2007 y (CE) n.o 67/2010 (DO 2013, L 348, p. 129; corrección de errores en DO 2015, L 21, p. 22), establece, según su artículo 1, el Mecanismo «Conectar Europa» (en lo sucesivo, «MCE»), que determina las condiciones, métodos y procedimientos para proporcionar ayuda financiera de la Unión Europea a las redes transeuropeas a fin de apoyar proyectos de interés común en el sector de las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía, y de explotar las sinergias potenciales entre esos sectores. Establece asimismo el desglose de los recursos que deben facilitarse con arreglo al marco financiero plurianual del período 2014‑2020.
8

La transposición de la Directiva 97/67 al Derecho italiano se efectuó mediante el Decreto Legislativo n.o 261 — Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio (Decreto Legislativo n.o 261, de transposición de la Directiva 97/67/CE relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio), de 22 de julio de 1999 (GURI, n.o 182, de 5 de agosto de 1999), en su versión modificada por el Decreto Legislativo n.o 58 — Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità (Decreto Legislativo n.o 58, de transposición de la Directiva 2008/6/CE por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios), de 31 de marzo de 2011 (GURI n.o 98, de 24 de abril de 2011) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 261/99»). Los términos utilizados por el Decreto Legislativo n.o 261/99 para definir los conceptos de «servicios postales», de «proveedores de servicios postales» y de «envío postal» son sustancialmente los mismos que figuran en la Directiva 97/67.
31

No obstante, la concurrencia de determinados hechos con posterioridad al momento en que se presentó un asunto ante un órgano jurisdiccional puede demostrar que la aceptación contemplada en el artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003 no existía en ese momento. Así, en la sentencia de 12 de noviembre de 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364), apartados 56 y 57, el Tribunal de Justicia consideró que la existencia de un consentimiento expreso —o cuando menos inequívoco— en el sentido de esta disposición no queda acreditada cuando el órgano jurisdiccional de que se trate conoce de un asunto a instancia de una sola de las partes en el procedimiento y otra parte en el procedimiento insta ante ese mismo órgano jurisdiccional otro procedimiento en un momento posterior e impugna en la primera actuación que le incumbe en el marco de este procedimiento la competencia del órgano jurisdiccional elegido.
96

La recurrente mantiene que no podría ni impugnar una medida de ejecución nacional del Reglamento controvertido ni cuestionar los efectos de este Reglamento. En particular, mientras una autoridad nacional no decida proceder a la sustitución del metalaxil, dicha sustancia deberá ser objeto de evaluaciones comparativas sucesivas que la recurrente no podría impugnar por falta de interés legítimo en cuestionar un acto que le es favorable. Afirma que, en España, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han considerado que un recurrente no tiene ni interés en ejercitar la acción ni legitimación activa cuando la decisión que impugna no le resulta lesiva.
115

No obstante, también es jurisprudencia reiterada que tal justificación solo es admisible en la medida en que su objeto específico sean los montajes artificiales que tengan ese objetivo (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2006, Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas, C‑196/04, EU:C:2006:544, apartados 51 y 55 y jurisprudencia citada, y de 13 de marzo de 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C‑524/04, EU:C:2007:161, apartados 72 y 74).
2

La Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 19 de mayo y 9 de julio de 2008, por la que se establecen Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (DO 2009, C 159, p. 1), en su versión vigente a partir del 21 de octubre de 2010 (DO 2010, C 283, p. 9) (en lo sucesivo, «Medidas de aplicación del Estatuto»), establece lo siguiente en su artículo 68, apartado 1, titulado «Reintegración de las cantidades percibidas indebidamente»: «Toda cantidad abonada indebidamente en aplicación de las presentes Medidas de aplicación deberá ser reintegrada. El Secretario General cursará instrucciones para recuperar dichas cantidades del diputado interesado.
12

El Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92 (DO 1993, L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 881/2003 de la Comisión, de 21 de mayo de 2003 (DO 2003, L 134, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), recoge en la sección 1 del capítulo 2, rubricado «Declaración para el despacho a libre práctica», dentro del título IX, rubricado «Procedimientos simplificados», las disposiciones aplicables a las declaraciones incompletas. El artículo 256, apartado 1, del Reglamento de aplicación dispone lo siguiente: «El plazo concedido por las autoridades aduaneras al declarante para la presentación de los datos o de los documentos que no hubiere presentado en el momento de la admisión de la declaración no podrá exceder de un mes contado a partir de la fecha de admisión de la declaración. Cuando se trate de un documento a cuya presentación quede supeditada la aplicación de un derecho de importación reducido o nulo, y siempre que las autoridades aduaneras tengan razones fundadas para suponer que las mercancías a las que se refiere la declaración incompleta pueden beneficiarse efectivamente de ese derecho reducido o nulo, se podrá conceder, a petición del declarante, un plazo más amplio que el contemplado en el primer párrafo para la presentación de este documento, cuando las circunstancias lo justifiquen. Dicho plazo no podrá exceder de cuatro meses a partir de la fecha de aceptación de la declaración y será improrrogable. Cuando se trate de la comunicación de datos o documentos que falten en materia de valor en aduana, las autoridades aduaneras podrán, en la medida en que se considere indispensable, fijar un plazo más largo o prorrogar el plazo fijado de antemano. El período total concedido deberá tener en cuenta los plazos de prescripción vigentes.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO 2006, L 102, p. 1).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (DO 2009, L 243, p. 1; corrección de errores en DO 2013, L 154, p. 10), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (DO 2013, L 182, p. 1) (en lo sucesivo, «Código de visados»).
8

El artículo 7 de dicha Directiva, titulado «Derecho de residencia por más de tres meses», prescribe en sus apartados 1 y 2: «1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si: a) es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o b) dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o c) – está matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado por el Estado miembro de acogida con arreglo a su legislación o a su práctica administrativa, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional, y – cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en el Estado miembro de acogida y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, o […] 2. El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) del apartado 1.»
9

El Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO 2010, L 268, p. 1), refunde el Reglamento (CE) n.o 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 218/92 (DO 2003, L 264, p. 1). En particular, amplía el contenido de la base de datos electrónica del sistema de intercambio de información en materia de IVA (VAT Information Exchange System, en lo sucesivo, «VIES»).
2

Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd y la Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Administración Tributaria y Aduanera del Reino Unido) (en lo sucesivo, «Administración Tributaria») acerca de la calificación de la entrega de vehículos en virtud de un contrato tipo en relación con las operaciones gravadas por el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
26

Para determinar si concurre efectivamente este requisito, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan la operación en cuestión, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Estos elementos deben apreciarse en el marco de una evaluación de conjunto de las circunstancias del caso y, por lo tanto, no pueden apreciarse aisladamente (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Aira Pascual y Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14, EU:C:2015:781, apartado 32 y jurisprudencia citada).
44

Por lo que respecta a la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, según resulta del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ha señalado que esta exigencia, recordada también en el artículo 5 de la citada Directiva, no puede reducirse sólo al carácter comprensible de éstas en un plano formal y gramatical, sino que, por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales, y por ende de transparencia, debe entenderse de manera extensiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, apartados 71 y 72, y de 9 de julio de 2015, Bucura, C‑348/14, no publicada, EU:C:2015:447, apartado 52).
20

En tales circunstancias, el Vrhovno sodišče (Tribunal Supremo, Eslovenia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Abarca la tutela judicial prevista en el artículo 27 del Reglamento [Dublín III] también la interpretación de los requisitos del criterio recogido en el artículo 13, apartado 1, en los casos en que un Estado miembro adopta la decisión de no examinar la solicitud de protección internacional, otro Estado miembro ya ha asumido, fundándose en los mismos motivos, la responsabilidad de examinar dicha solicitud y el solicitante impugna aquella decisión? 2) ¿Debe interpretarse el requisito del cruce irregular del artículo 13, apartado 1, del Reglamento [Dublín III] de manera independiente o bien en relación con el artículo 3, punto 2, de la [Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98)], y el artículo 5 del [Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) (DO 2006, L 105, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (DO 2013, L 182, p. 1)], donde se define el cruce irregular de la frontera y debe aplicarse dicha interpretación a los efectos del artículo 13, apartado 1, del Reglamento [Dublín III]? 3) A la vista de cuál sea la respuesta a la segunda cuestión, ¿debe interpretarse el concepto de cruce irregular a los efectos del artículo 13, apartado 1, del Reglamento [Dublín III], en las circunstancias del presente asunto, en el sentido de que si las autoridades de un Estado miembro organizan el cruce de la frontera con el fin de dirigir el tránsito hacia otro Estado miembro […] no existe cruce irregular de la frontera? 4) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿debe interpretarse, en consecuencia, el artículo 13, apartado 1, del Reglamento [Dublín III] en el sentido de que prohíbe que un nacional de un tercer Estado sea devuelto al Estado [miembro] por el que entró inicialmente en el territorio de la [Unión]? 5) ¿Debe interpretarse el artículo 27 del Reglamento [Dublín III] en el sentido de que los plazos de los artículos 13, apartado 1, y 29, apartado 2, se interrumpen cuando el solicitante ejerce su derecho a la tutela judicial, a fortiori cuando ello conlleva también una cuestión prejudicial o cuando el órgano jurisdiccional nacional está esperando la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a una cuestión de esa naturaleza que ha sido planteada en otro asunto? Con carácter subsidiario, ¿puede afirmarse que, en tales casos, no se interrumpen los plazos, pero el Estado miembro responsable no puede denegar la acogida?»
32

No obstante, de la anterior afirmación no cabe deducir que proceda declarar la inadmisibilidad de la cuestión prejudicial. Es preciso recordar que la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es hipotético o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder eficazmente a las cuestiones planteadas (sentencia de 17 de marzo de 2016, Aspiro, C‑40/15, EU:C:2016:172, apartado 17 y jurisprudencia citada).
42

Por lo tanto, no era lícito que el Tribunal General concluyera, como hizo en el apartado 49 de la sentencia recurrida, que «el carácter reproducible [del método CENELEC] no deja de plantear dudas» sin explicar por qué razón la argumentación en contrario esgrimida por DYSON apoyándose en las pruebas mencionadas en el apartado anterior no podía ser acogida. Más concretamente, el Tribunal no podía afirmar que la reproducibilidad de un método de medición requería la realización de pruebas del tipo «interlaboratorios» sin explicar por qué tal afirmación no resultaba invalidada por la argumentación en contrario esgrimida por Dyson en sus escritos procesales. Si bien es cierto que la Comisión refutó ante el Tribunal General el carácter reproducible del método CENELEC, debe advertirse que Dyson, en los escritos procesales que presentó ante el Tribunal General, opuso sus propias razones, de modo que correspondía al Tribunal General pronunciarse al respecto. Al no responder a la argumentación esgrimida por Dyson, el Tribunal General incumplió la obligación de motivación que le incumbe en virtud del artículo 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 117 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
19

Las versiones del artículo 3, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2008/69 en las lenguas alemana («[...] die sämtlich bis spätestens 31 Dezember 2008 in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgeführt waren [...]»), inglesa («[...] all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 31 December 2008 at the latest [...]») y francesa («[...] toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008 [...]») sugieren, en cambio, una interpretación según la cual la fecha de 31 de diciembre de 2008 se refiere a la inclusión de las sustancias activas contenidas en el producto fitosanitario autorizado que debe ser objeto de una nueva evaluación por parte de los Estados miembros, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 3, apartado 2. Lo mismo cabe afirmar, en particular, de las versiones de esta disposición en las lenguas griega, italiana y neerlandesa.
22

Así las cosas, el Spetsializiran Nakazatelen Sad (Tribunal Penal Especializado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «¿Es conforme con los artículos 3 y 6 de la Directiva 2016/343 (relativa a la presunción de inocencia y a la carga de la prueba en los procesos penales) una jurisprudencia nacional, en particular, un dictamen con carácter vinculante del Varhoven Kasatsionen Sad (Tribunal Supremo de Casación) (emitido tras la adopción de la Directiva 2016/343 pero antes de que finalizara su plazo de transposición) con arreglo al cual el Varhoven Kasatsionen Sad (Tribunal Supremo de Casación), tras haber constatado un conflicto entre el artículo 5, apartado 4, del CEDH, en relación con el apartado 1, letra c), de este mismo artículo, y la legislación nacional (artículo 270, apartado 2, de la NPK), en relación con la toma o no en consideración de indicios racionales de la comisión de una infracción (en el marco del procedimiento de control de una prolongación de una medida cautelar de “prisión preventiva” durante la fase de enjuiciamiento del procedimiento penal), otorgó a los órganos jurisdiccionales que conocen sobre el fondo potestad para decidir si procede cumplir el CEDH?»
15

Ante el órgano jurisdiccional remitente, Sapirod sostuvo en particular que no existía contradicción alguna entre el artículo 1, apartado 3, letra g), del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 3 de la Directiva 2002/15, ya que en ambas normas la disposición de una «licencia o autorización administrativa» para poder llevar a cabo la prestación de servicios de transporte por carretera era la nota característica de la exclusión de relación laboral, mientras que el hecho de que la norma europea no hiciera referencia expresa a la titularidad o poder de disposición del vehículo carecía de relevancia.
1)

Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartados 5 y 7, de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, en relación con los anexos II, A, puntos 1 a 3 y 5 y III, apartados 1, puntos 1 a 3, y 2 de dicha Directiva, al no haber adoptado medidas adicionales o acciones reforzadas en cuanto resultó evidente que las medidas del programa de acción no eran suficientes para cumplir los objetivos de la Directiva, y al no haber revisado dicho programa de acción.