Asunto T-31/07 R

Du Pont de Nemours (France) SAS y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de suspensión de la ejecución — Directiva 91/414/CEE — Admisibilidad — Fumus boni iuris — Urgencia — Ponderación de intereses»

Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 19 de julio de 2007 II - 2773

Sumario del auto

En el marco de una solicitud de medidas provisionales, el examen de la admisibilidad del recurso principal es necesariamente sumario, habida cuenta del carácter urgente del procedimiento de medidas provisionales. La admisibilidad del recurso principal sólo puede apreciarse a primera vista, ya que la finalidad es examinar si la demandante aduce elementos suficientes que justifiquen a priori afirmar que la admisibilidad del recurso principal no será excluida. El juez de medidas provisionales sólo declarará la inadmisibilidad de la demanda cuando la admisibilidad del recurso principal pueda ser totalmente excluida. En efecto, en caso contrario, pronunciarse sobre la admisibilidad en el procedimiento sobre medidas provisionales cuando ésta no está, prima facie, totalmente excluida, supondría prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento principal. En el marco de una demanda de medidas provisionales inserta en un recurso de anulación parcial sobre la base del artículo 230 CE, párrafo cuarto, dirigido contra Directiva 2006/133, por la que se modifica la Directiva 91/414 del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa flusilazol, a primera vista no puede descartarse que esta Directiva afecte individualmente a una demandante que se mencionaba en el Reglamento no 933/94, por el que se establecen las sustancias activas de los productos fitosanitarios y se designan los Estados miembros ponentes para la aplicación del Reglamento no 3600/92, en calidad de autor de la notificación de interés prevista en el artículo 4, apartado 1, de este último Reglamento, y que, por otra parte, participó en el procedimiento de evaluación de la sustancia controvertida, disfrutando por ello de garantías procedimentales. (véanse los apartados 107 a 109 y 112)

La anulación parcial de un acto comunitario sólo es posible en la medida en que los elementos cuya anulación se solicita puedan separarse del resto del acto. No se cumple dicha exigencia de separabilidad cuando la anulación parcial de un acto modifica la sustancia de éste. La cuestión de si una anulación parcial modificaría la sustancia de un acto impugnado constituye un criterio objetivo y no un criterio subjetivo ligado a la voluntad política de la autoridad que ha adoptado el acto controvertido. (véanse los apartados 114 y 119)

Cuando, por medio de una solicitud de medidas provisionales, las demandantes pretenden obtener que se suspenda la ejecución de determinadas disposiciones de una Directiva y no se limitan a fundamentar su demanda en el artículo 242 CE, sino que también invocan el artículo 243 CE, el juez de medidas provisionales puede, sobre la base del artículo 243 CE, ordenar las medidas provisionales necesarias. En particular, puede, con carácter provisional, dirigir las órdenes oportunas a la Comisión. (véanse los apartados 124 a 126)

En un sector que entra en el ámbito de la política agrícola común, el concepto de riesgo corresponde a una función de la probabilidad de que la utilización de un producto o de un procedimiento tenga efectos perjudiciales para el bien protegido por el ordenamiento jurídico. El concepto de peligro se utiliza normalmente en un sentido más amplio y describe todo producto o procedimiento que pueda tener efectos perjudiciales para la salud humana. La evaluación de riesgos tiene por objeto valorar el grado de probabilidad de que un determinado producto o procedimiento tenga efectos perjudiciales para la salud humana y la gravedad de esos efectos potenciales. Cuando una autoridad comunitaria debe efectuar, en el marco de sus funciones, tales evaluaciones complejas, goza por ello de una amplia facultad de apreciación cuyo ejercicio está sujeto a un control jurisdiccional limitado que no implica que el juez comunitario sustituya la apreciación de los elementos de hecho de dicha autoridad por la suya propia. De este modo, el juez comunitario se limita, en tal caso, a examinar la materialidad de los hechos y las calificaciones jurídicas que dicha autoridad deduce de ella y, en particular, si la acción de esta última no incurre en error manifiesto o en desviación de poder, o, también, si rebasa manifiestamente los límites de su facultad de apreciación. (véanse los apartados 130, 131 y 137)

Con arreglo al artículo 5 de la Directiva 91/414, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, la entrada de una sustancia activa en el anexo I de la misma queda excluida a menos que, a la luz de los actuales conocimientos científicos y técnicos, quepa esperar que al menos un producto fitosanitario que contenga dicha sustancia activa será seguro. En otros términos, aunque una sustancia sea peligrosa, puede, a primera vista, seguir incluida en dicho anexo I, siempre que responda a un parámetro de riesgo jurídicamente aceptable cuando se emplea siguiendo las directrices adecuadas. Si, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, una demandante invoca la infracción, por una parte, de la Directiva 91/414 en tanto en cuanto la Directiva 2006/133 que la modifica a fin de incluir en ella la sustancia activa flusilazol no se basa en una evaluación de los riesgos y, por otra parte, del principio de cautela, la apreciación de estos dos motivos exige, debido a su complejidad, un examen en profundidad que el juez de medidas provisionales no puede realizar. Sin embargo, a primera vista estos dos motivos no pueden considerarse totalmente infundados, cuando la motivación invocada por la Comisión para adoptar la Directiva 2006/133 parece, a primera vista, cuestionar la evaluación de los riesgos previamente efectuada, sin que aparezcan claramente los motivos de este cuestionamiento de los elementos probatorios que había recopilado a lo largo de los muchos años de evaluación precedentes y cuando, para responder a ello, el Tribunal de Primera Instancia podría tener que pronunciarse sobre si la Comisión, al adoptar la Directiva controvertida, rebasó su margen de apreciación. En efecto, en el supuesto de que la Comisión efectivamente haya cometido un error al basar la Directiva 2006/133 en una evaluación de los peligros y no en una evaluación de los riesgos, infringiendo con ello, por una parte, la Directiva 91/414 y, por otra parte, el principio de cautela, no puede excluirse que dicho error pueda afectar a la legalidad de dicha Directiva 2006/133. (véanse los apartados 133, 138 y 140 a 143)

La urgencia de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Cuando el perjuicio depende de la coincidencia de varios factores, basta que pueda considerarse previsible con un grado de probabilidad suficiente. El demandante sigue estando obligado a probar los hechos que supuestamente sirven de base a la creencia de que se producirá el mencionado daño grave e irreparable. Un perjuicio de carácter financiero no puede, salvo circunstancias excepcionales, considerarse irreparable o difícilmente reparable, puesto que puede ser objeto de una compensación financiera posterior. En aplicación de este principio, la suspensión de la ejecución solicitada sólo está justificada si resulta que, de no adoptarse dicha medida, la demandante se encuentra en una situación que puede poner en peligro su propia existencia o modificar de manera irremediable sus cuotas de mercado. Pues bien, si la aplicación de una medida cuya anulación se solicita en el recurso principal puede desencadenar una evolución irreversible de un mercado en el que la parte demandante ya está presente, las pérdidas que ello ocasionaría a la demandante, pese a tener un carácter económico, pueden considerarse, de forma excepcional, irreparables a efectos de la concesión de la medida provisional. (véanse los apartados 144, 145, 174, 175 y 193)

En el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, cuando el demandante es una empresa, la gravedad del perjuicio de índole material debe evaluarse, en particular, en relación con el tamaño de esta empresa. Además, la apreciación de una situación material de una demandante puede llevarse a cabo tomando especialmente en consideración las características del grupo al que está vinculada a través de su accionariado. La toma en consideración de las características del grupo requiere una apreciación de todas las circunstancias de hecho del caso de autos. Además, incumbe al juez de medidas provisionales apreciar, en función de las circunstancias de cada caso, si la ejecución inmediata del acto que es objeto de la demanda de suspensión puede causar al demandante un perjuicio grave e inminente que no podría ser reparado por una resolución posterior. (véanse los apartados 196, 203 y 204)