Asunto C‑230/02

Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG

contra

República de Austria

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesvergabeamt (Austria)]

«Contratos públicos – Directiva 89/665/CEE – Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos – Artículos 1, apartado 3, y 2, apartado 1, letra b) – Personas a las que deben ser accesibles los procedimientos de recurso – Concepto de “interés en obtener un contrato público”»

Sumario de la sentencia

1. Aproximación de las legislaciones – Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras – Directiva 89/665/CEE – Obligación de los Estados miembros de establecer un procedimiento de recurso – Acceso a los procedimientos de recurso – No participación de una empresa en el procedimiento de licitación debido a condiciones supuestamente discriminatorias – No interposición de recurso contra dichas condiciones – Exclusión del acceso a los procedimientos de recurso – Procedencia

[Directiva 89/665/CEE del Consejo, arts. 1, ap. 3, y 2, ap. 1, letra b)]

2. Aproximación de las legislaciones – Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras – Directiva 89/665/CEE – Obligación de los Estados miembros de establecer un procedimiento de recurso – Acceso a los procedimientos de recurso – Pérdida del interés en obtener el contrato que se imputa al empresario que no somete previamente el asunto a una comisión de conciliación – Improcedencia

(Directiva 89/665/CEE del Consejo, art. 1, ap. 3)

1. Los artículos 1, apartado 3, y 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, después de la adjudicación de un contrato público, se considere que una persona no tiene derecho a acceder a los procedimientos de recurso previstos por dicha Directiva cuando esta persona no ha participado en el procedimiento de adjudicación del citado contrato, debido a que no estaría en condiciones de prestar todos los servicios objeto de la licitación, como consecuencia de la existencia de características supuestamente discriminatorias en la documentación relativa a ésta, y contra las cuales, aun así, no interpuso un recurso antes de la adjudicación del citado contrato.

Sobre la falta de participación en el procedimiento de licitación, sería ciertamente excesivo exigir que una empresa supuestamente perjudicada por las cláusulas discriminatorias existentes en la documentación de la licitación, antes de poder utilizar los procedimientos de recurso previstos por la Directiva 89/665 contra esas características, presente una oferta en el procedimiento de adjudicación del contrato controvertido, cuando sus posibilidades de que se le adjudique este contrato son nulas debido a la existencia de las citadas características. Por tanto, tendría derecho, en este caso, a ejercitar un recurso directamente contra dichas características, incluso antes de que concluya el procedimiento de adjudicación del contrato público de que se trate.

Por el contrario, no corresponde a los objetivos de rapidez y eficacia de la Directiva 89/665 el hecho de no interponer el mencionado recurso y esperar a la notificación de la decisión de adjudicación de dicho contrato para impugnarla ante el órgano competente, alegando precisamente el carácter discriminatorio de dichas características. En tales circunstancias, la negativa a reconocer el interés en obtener el contrato de que se trate y, en consecuencia, el derecho a acceder a los procedimientos de recurso previstos por la Directiva no puede menoscabar el efecto útil de ésta.

(véanse los apartados 28, 29, 37, 39 y 40 y el punto 1 del fallo)

2. Si bien el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, permite expresamente a los Estados miembros determinar las modalidades con arreglo a las cuales deben garantizar que los procedimientos de recurso previstos por la citada Directiva sean accesibles a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato público y que se haya visto o pueda verse perjudicada por la supuesta infracción, ello no los autoriza, sin embargo, a interpretar el concepto de «interés en obtener un determinado contrato público» de modo que pueda menoscabar el efecto útil de dicha Directiva. Pues bien, el hecho de supeditar el acceso a los procedimientos de recurso previstos por ésta a la sumisión previa del asunto a una comisión de conciliación es contrario a los objetivos de rapidez y eficacia de la citada Directiva.

En consecuencia, dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se considere que una persona que ha participado en el procedimiento de adjudicación de un contrato público ha perdido su interés en obtener dicho contrato, debido a que, antes de incoar un procedimiento de recurso previsto por la citada Directiva, no sometió el asunto a una comisión de conciliación.

(véanse los apartados 42 y 43 y el punto 2 del fallo)