La calificación jurídica exacta de un escrito o de una nota depende únicamente de la apreciación del juez, y no de la voluntad de las partes. Constituye una reclamación, en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, la carta mediante la que un funcionario, aun sin solicitar expresamente la revocación de la decisión cuestionada, manifiesta claramente su voluntad de impugnar la decisión que le resulta lesiva. A este respecto, el contenido del acto se impone sobre su forma.

Aunque el artículo 85, apartado 1, del Régimen aplicable a los otros agentes establece la posibilidad de una segunda renovación del contrato, no se trata de un derecho conferido al interesado ni de una garantía de continuidad en el empleo, sino de una posibilidad que se deja a la apreciación de la autoridad competente para celebrar los contratos. En efecto, las instituciones comunitarias disponen de una amplia facultad de apreciación en la organización de sus servicios en función de las misiones que les son confiadas y en el destino, a efectos de dichas misiones, del personal que se encuentra a su disposición, siempre que dicho destino, sin embargo, se decida en interés del servicio.

No obstante, el artículo 6, apartado 2, de la decisión del consejo de administración de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía mediante la que se adoptan las disposiciones generales de ejecución relativas a los procedimientos que regulan la contratación y el empleo de los agentes contractuales en la referida Agencia, supedita la posibilidad de proceder a una segunda renovación del contrato por una duración indeterminada al requisito sine qua non de que la duración acumulada del contrato inicial y de su primera renovación alcance al menos cinco años. Si no se cumple este requisito, toda posibilidad de renovación, tanto si es a petición del interesado como si es de oficio, quedará obligatoriamente excluida.

Pues bien, cuando una institución o un agencia tiene la capacidad de adoptar disposiciones generales de ejecución con el fin de completar o de ejecutar disposiciones jerárquicamente superiores y de obligado cumplimiento del Estatuto o del Régimen aplicable a los otros agentes, la autoridad competente no puede actuar contra legem, en particular, adoptando disposiciones cuya aplicación resulte contraria a la finalidad de las disposiciones estatutarias o que las privaría de todo efecto útil, ni eludir el respeto de los principios generales de Derecho, como son los principios de buena administración, de igualdad de trato y de protección de la confianza legítima.

Así pues, el artículo 6, apartado 2, de la referida decisión limita el alcance del artículo 85, apartado 1, del Régimen aplicable a los otros agentes, pues introduce un requisito adicional para la renovación de un contrato de agente contractual en el sentido del artículo 3 bis del Régimen aplicable a los otros agentes, que no está previsto en dicho Régimen y obstaculiza el ejercicio de la facultad de apreciación conferida a la administración, sin que tal limitación pueda verse objetivamente justificada por el interés del servicio. Pues bien, salvo habilitación expresa a tal efecto, una decisión interna de alcance general adoptada por una agencia, como la decisión relativa a las disposiciones generales de ejecución, no puede limitar legalmente el alcance de una norma explícita establecida en el Estatuto o en el Régimen aplicable a los otros agentes.

(véanse los apartados 51 a 53 y 56)

Tribunal General: sentencias Comisión/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, apartados 31 y 34 a 36, y la jurisprudencia citada, y Comisión/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, apartados 49 y 60