Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 1999. - Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Pesca - Conservación de recursos marinos - Inspección de buques pesqueros - Programa internacional de inspección mutua adoptado por la Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental. - Asunto C-179/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-01251



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Actos de las Instituciones - Reglamentos - Reglamento de aplicación - Excepción al Reglamento de base - Improcedencia

2 Pesca - Conservación de recursos marinos - Inspección de barcos de pesca - Programa internacional de inspección mutua adoptado por la Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental - Reglamento (CE) nº 494/97, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2868/88 - Violación de un acuerdo internacional que vincula a la Comunidad y de un Reglamento de base - Inexistencia

[Reglamentos (CEE) nº 1956/88 y (CE) nº 3067/95 del Consejo; Reglamentos (CEE) nº 2868/88 y (CE) nº 494/97 de la Comisión; Decisión 95/586/CE del Consejo]

Índice

1 Un Reglamento de aplicación, adoptado en virtud de una habilitación contenida en el Reglamento de base, no puede ir en contra de las disposiciones de este último, del cual deriva.

2 El Reglamento nº 494/97, no es contrario ni al Acuerdo en materia de pesca entre la Comunidad Europea y Canadá en el contexto del Convenio NAFO, aprobado mediante la Decisión 95/586, ni al Reglamento de base nº 1956/88, en su versión modificada por el Reglamento nº 3067/95 por el que se ejecuta este Acuerdo, en razón de que introduce en el Reglamento nº 2868/88, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Programa internacional de inspección mutua adoptado por la Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental (NAFO), el apartado 6 del artículo 4 bis que, en relación con la inspección exhaustiva de un buque, en un puerto de desvío, contemplada en el inciso ii) del punto 10 del Anexo del Reglamento de base nº 1956/88, prevé la presencia eventual de un inspector de la NAFO de cualquier otra Parte contratante que desee participar, sin que sea necesario recabar el consentimiento de las autoridades del Estado del pabellón.

En efecto, aunque el inciso ii) del punto 10 del Anexo del Reglamento nº 1956/88, que contempla precisamente el caso de una inspección exhaustiva, en un puerto de desvío, de un buque que haya cometido una presunta infracción a las normas de la NAFO, establece también, en tal circunstancia, la presencia de un inspector de cualquier otra Parte contratante que desee participar, sin que sea necesario recabar el consentimiento del Estado del pabellón a efectos de dicha presencia, el inciso iv) del punto 10 del mismo Anexo, así como el inciso iv) de la letra e) del punto II.9 del Anexo I del Acta Aprobada del Acuerdo antes citado, que exigen, por el contrario, el consentimiento de dicho Estado, se refieren tan sólo a la situación específica en la que otra Parte contratante desee hacer subir un inspector a bordo de un buque que haya recibido orden de dirigirse a un puerto de desvío para ser sometido a una inspección exhaustiva. Estas disposiciones únicamente se refieren a la inspección del buque en el puerto para subrayar que el inspector de una Parte contratante distinta de la del Estado del pabellón, una vez a bordo, tiene derecho a permanecer en el buque hasta que termine la inspección en el puerto.

Partes

En el asunto C-179/97,

Reino de España, representado por la Sra. Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de España, 4-6, boulevard E. Servais,$

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Thomas van Rijn, Consejero Jurídico, y por la Sra. Blanca Vilá Costa, funcionaria nacional adscrita al Servicio Jurídico de la Comisión en el marco del régimen de intercambio con los funcionarios nacionales, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación del Reglamento (CE) nº 494/97 de la Comisión, de 18 de marzo de 1997, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2868/88, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Programa internacional de inspección mutua adoptado por la Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental (DO L 77, p. 5), por cuanto añade al Reglamento (CEE) nº 2868/88 de la Comisión, de 16 de septiembre de 1988 (DO L 257, p. 20), el apartado 6 del artículo 4 bis,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet y P. Jann (Ponente), Presidentes de Sala; C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet y R. Schintgen, Jueces;

Abogado General: Sr. S. Alber;

Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora principal;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 10 de junio de 1998;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de julio de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de mayo de 1997, el Reino de España solicitó la anulación del Reglamento (CE) nº 494/97 de la Comisión, de 18 de marzo de 1997, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2868/88, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Programa internacional de inspección mutua adoptado por la Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental (DO L 77, p. 5; en lo sucesivo, «Reglamento nº 2868/88 modificado»), por cuanto añade al Reglamento (CEE) nº 2868/88 de la Comisión, de 16 de septiembre de 1988 (DO L 257, p. 20), el apartado 6 del artículo 4 bis.

2 Este Reglamento se inserta en el marco de las relaciones de la Comunidad Europea con la Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental (en lo sucesivo, «NAFO»), tal como fueron establecidas por el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental (en lo sucesivo, «Convenio NAFO»), que fue aprobado mediante el Reglamento (CEE) nº 3179/78 del Consejo, de 28 de diciembre de 1978 (DO L 378, p. 1; EE 04/01, p. 45). Uno de los objetivos del Convenio NAFO consiste en la conservación y la utilización óptima de los recursos haliéuticos en la zona regulada. A dicho fin, instauró un régimen de inspección mutua en caso de infracción, que establecía derechos recíprocos de embargo y de inspección de los buques por las Partes contratantes, así como, llegado el caso, derecho a iniciar acciones judiciales y a imponer sanciones.

3 En este contexto, el 10 de febrero de 1988, la Comisión Pesquera de la NAFO adoptó un Programa internacional de inspección mutua. Este Programa se declaró aplicable en la Comunidad mediante el artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 1956/88 del Consejo, de 9 de junio de 1988, por el que se establecen disposiciones para la aplicación del Programa internacional de inspección mutua adoptado por la Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental (DO L 175, p. 1), Reglamento al que acompaña como Anexo.

4 De conformidad con el artículo 4 del Reglamento nº 1956/88, según el cual las normas de aplicación se adoptarían, en caso necesario, con arreglo a un procedimiento especial, la Comisión adoptó el Reglamento nº 2868/88.

5 El 20 de abril de 1995, se firmó un Acuerdo en materia de pesca entre la Comunidad Europea y Canadá en el contexto del Convenio NAFO, integrado por un Acta aprobada, un Intercambio de Cartas, un Canje de Notas y los Anexos correspondientes (en lo sucesivo, «Acuerdo»). Este Acuerdo fue aprobado mediante la Decisión 95/586/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1995 (DO L 327, p. 35). En la letra e) del punto II.9 del Anexo I del Acta Aprobada del Acuerdo, titulado «Propuestas para mejorar las medidas de control de pesca y su aplicación», se prevé lo siguiente:

«[...]

i) si un inspector de la NAFO citara a un buque por haber cometido una presunta infracción grave, la Parte contratante de este buque se cerciorará de que el buque correspondiente sea inspeccionado por un inspector debidamente autorizado de esa Parte contratante en el plazo de 48 horas. Con objeto de conservar las pruebas, el inspector de la NAFO tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad y continuidad de las mismas, incluyendo en su caso, el precintado de la bodega del buque, y permanecerá a bordo de éste hasta la llegada del inspector debidamente autorizado;

ii) cuando esté justificado, el inspector de la Parte contratante del buque correspondiente pedirá al buque, cuando esté debidamente autorizado para hacerlo, que se dirija inmediatamente a un puerto cercano que elija el capitán y que será St. Pierre, St. John's, las Azores o el puerto del país del buque, para someterse a una inspección completa bajo la autoridad del Estado del pabellón y en presencia de un inspector de la NAFO de cualquier otra Parte contratante que desee participar [...]

[...]

iv) cuando a un buque se le ordene dirigirse a puerto para someterse a una inspección completa de acuerdo con lo dispuesto en el punto ii) anterior, un inspector de la NAFO de otra Parte contratante podrá, previo consentimiento de la Parte contratante del buque, subir a bordo del buque en cuestión en su camino hacia el puerto, podrá permanecer a bordo del mismo en su camino al puerto y podrá estar presente durante la inspección del buque en el puerto.

[...]»

6 El 21 de Diciembre de 1995, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 3067/95, que modifica el Reglamento (CEE) nº 1956/88 (DO L 329, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento del Consejo»). Este Reglamento, cuyo objeto consiste en la ejecución de determinadas disposiciones del Acuerdo, introduce un nuevo punto 10 en el Anexo del Reglamento nº 1956/88 que, en términos casi idénticos a los de la letra e) del punto II.9 del Anexo I del Acta aprobada del Acuerdo, dispone lo siguiente:

«[...]

i) Si un inspector de la NAFO citara el nombre de un buque por haber cometido, en un grado importante, una supuesta infracción con arreglo al apartado 9, la Parte contratante del buque velará por que este último sea sometido a una inspección dentro de un plazo de setenta y dos horas por un inspector debidamente autorizado por dicha Parte contratante. A fin de conservar las pruebas, el inspector de la NAFO tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y continuidad de las pruebas, y podrá permanecer a bordo del buque durante el período necesario para proporcionar información al inspector debidamente autorizado sobre la presunta infracción.

ii) Cuando ello esté justificado, la autoridad competente del Estado miembro de pabellón o el inspector autorizado por la mencionada autoridad del buque afectado exigirá, siempre que cuente con la debida autorización para ello, que el buque se dirija sin demora a un puerto cercano, escogido por el capitán, que debería ser uno de los siguientes: St. John's, Halifax, el puerto de procedencia del buque o un puerto designado por el Estado miembro de pabellón, a efectos de someterse a una inspección exhaustiva bajo la autoridad de un inspector NAFO de cualquier otra Parte contratante que desee participar [...]

[...]

iv) Cuando se obligue a un buque a dirigirse a un puerto para ser sometido a una inspección exhaustiva con arreglo al inciso ii), un inspector NAFO de otra Parte contratante podrá, previo consentimiento de la Parte contratante del buque, subir o permanecer a bordo del buque mientras se dirija al puerto, así como estar presente durante la inspección del buque en el puerto.

[...]»

7 El Reglamento nº 494/97 añadió, en particular, los artículos 4 bis y 4 ter al Reglamento nº 2868/88. A tenor del artículo 4 bis:

«1. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de pabellón reciban de un inspector de la NAFO, en virtud del inciso iii) del punto 10 del Anexo del Reglamento (CEE) nº 1956/88, la información de que existe la presunción de que un buque de pesca que enarbola su pabellón ha cometido la infracción grave a que se refiere el punto 9 del Anexo del Reglamento (CEE) nº 1956/88, o cuando la Comisión reciba tal información, dichas autoridades y la Comisión se informarán mutuamente al respecto sin demora.

[...]

5. Tras la notificación de los resultados, en caso de que la infracción presuntamente cometida sea grave de acuerdo con la definición de las infracciones enumeradas en el punto 9 del Anexo del Reglamento (CEE) nº 1956/88, la autoridad competente del Estado miembro de pabellón, cuando la situación lo justifique, ordenará al buque en un plazo de 24 horas que se dirija hacia un puerto designado de acuerdo con el inciso ii) del punto 10 del Anexo del Reglamento (CEE) nº 1956/88 o facultará al inspector debidamente autorizado para que dé tal orden.

[...]

En caso de desvío, el inspector debidamente autorizado adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la continuidad de la prueba, incluido, en su caso, el precintado de la bodega del buque con vistas a una inspección posterior en puerto.

6. A la llegada al puerto de desvío, el buque incriminado será sometido a una inspección exhaustiva, efectuada bajo la autoridad del Estado miembro de pabellón, en su caso en presencia de un inspector de la NAFO de cualquier otra Parte contratante que desee participar en dicha inspección. El Estado miembro de pabellón informará sin demora a la Comisión de los resultados de la inspección exhaustiva utilizando el formulario recogido en el Anexo I del presente Reglamento y de las medidas que haya adoptado como consecuencia de la infracción.

[...]»

El artículo 4 ter del Reglamento nº 2868/88 modificado dispone:

«1. Cuando los inspectores comunitarios sospechen que un buque de pesca que enarbola pabellón de una Parte contratante ha cometido una de las graves infracciones enumeradas en el punto 9 del Anexo del Reglamento (CEE) nº 1956/88, informará en un plazo de 24 horas a las autoridades competentes del Estado de pabellón correspondiente y a la secretaría ejecutiva de la NAFO comunicándoles todos los elementos a partir de los cuales los inspectores comunitarios imputan a ese buque la presunción de una infracción grave [...]

2. La Comisión decidirá, con el consentimiento de la Parte contratante a la que corresponda el buque, si un inspector comunitario permanece a bordo durante el desvío del buque. La Comisión decidirá también si un inspector comunitario estará presente en la inspección exhaustiva del buque incriminado efectuada en puerto.»

8 El Reino de España sostiene que la primera frase del apartado 6 del artículo 4 bis del Reglamento nº 2868/88 modificado, según la cual «a la llegada al puerto de desvío, el buque incriminado será sometido a una inspección exhaustiva, efectuada bajo la autoridad del Estado miembro de pabellón, en su caso en presencia de un inspector de la NAFO de cualquier otra Parte contratante que desee participar en dicha inspección», está viciada de ilegalidad. Afirma que, de los términos mismos de la disposición se desprende que un inspector de la NAFO podría participar, sea cual fuere la Parte contratante que lo haya nombrado, en la inspección exhaustiva que se efectúe en el puerto de desvío, sin que sea necesario obtener el consentimiento de las autoridades del Estado miembro de pabellón, mientras que el inciso iv) del apartado 10 del Anexo del Reglamento del Consejo, así como el inciso iv) de la letra e) del punto II.9 del Anexo I del Acta aprobada del Acuerdo establecen, en tal situación «el consentimiento de la Parte contratante del buque».

9 Según el Reino de España, esta contradicción entre el Reglamento del Consejo y el Reglamento nº 2868/88 modificado, es decir, entre el Reglamento de base y el Reglamento de aplicación, respectivamente, entraña la nulidad de este último. Solicita, por tanto, la anulación del Reglamento nº 494/97 por cuanto introduce el apartado 6 del artículo 4 bis en el Reglamento nº 2868/88.

10 Según el Gobierno español, la contradicción entre el texto de la disposición criticada y el del inciso iv) del apartado 10 del Anexo del Reglamento del Consejo es evidente. Ahora bien, un Reglamento de aplicación, adoptado en virtud de una habilitación contenida en el Reglamento de base, no puede ir en contra de las disposiciones de éste.

11 Añade que la misma contradicción existe en lo que respecta al inciso iv) de la letra e) del punto II.9 del Anexo I del Acta aprobada del Acuerdo. Pues bien, dado que el apartado 7 del artículo 228 del Tratado CE establece que los Acuerdos celebrados por la Comunidad serán vinculantes para sus Instituciones, se deduce de ello que la Comisión no puede contravenir unilateralmente las disposiciones contenidas en un Acuerdo de esta naturaleza. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha manifestado ya que la primacía de los Acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad sobre las disposiciones de Derecho comunitario derivado impone interpretar éstas, en la medida de lo posible, de conformidad con dichos Acuerdos (sentencia de 10 de septiembre de 1996, Comisión/Alemania, C-61/94, Rec. p. I-3989). Asimismo, de acuerdo con el principio pacta sunt servanda, recogido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

12 La Comisión se opone a estas alegaciones y solicita la desestimación del recurso y la condena en costas del Reino de España.

13 En su escrito de contestación a la demanda, alega principalmente que el recurso del Gobierno español se basa en una interpretación errónea de los textos. En efecto, la disposición del Reglamento nº 2868/88 modificado reproduce exactamente el inciso ii) del punto 10 del Anexo del Reglamento del Consejo, así como el inciso ii) de la letra e) del punto II.9 del Anexo I del Acta aprobada del Acuerdo.

14 En cuanto al inciso iv) del punto 10 del Anexo del Reglamento y al inciso iv) de la letra e) del punto II.9 del Anexo I del Acta aprobada del Acuerdo, tan sólo establecen el requisito del consentimiento de la Parte contratante a la que corresponda el buque desviado en razón de que su objeto consiste en la comprobación de una eventual infracción en aguas internacionales. El consentimiento del Estado del pabellón resulta necesario porque en tal caso se plantea la cuestión de la salvaguardia de las prerrogativas de dicho Estado. En cambio, la disposición criticada del Reglamento nº 2868/88 modificado se refiere exclusivamente a la inspección efectuada en un puerto, situación en la que no puede presentarse ningún problema relativo a los límites de la jurisdicción del Estado del pabellón, debido a que las autoridades de éste supervisan por sí mismas el desarrollo de la inspección y se hallan en condiciones de garantizar el respeto a sus prerrogativas por otros procedimientos. Por consiguiente, no es necesario, en tal caso, el consentimiento del Estado del pabellón.

15 Además, el requisito relativo al consentimiento del Estado del pabellón, invocado en su recurso por el Reino de España, está previsto en el apartado 2 del artículo 4 ter del Reglamento nº 2868/88 modificado.

16 La Comisión alega también que, de todos modos, no puede haber infringido el Acuerdo, ya que éste ha dejado de ser aplicable desde el mes de septiembre de 1995. Recuerda que, a tenor de la cláusula final del Acta aprobada del Acuerdo, éste «dejará de aplicarse el 31 de diciembre de 1995 o cuando las medidas establecidas en ella sean aprobadas por la NAFO, si esto último ocurriera antes». La adopción de las medidas a que se ha hecho referencia tuvo lugar en septiembre de 1995 y fue objeto de una recomendación de la NAFO. De ello resulta que, en la fecha mencionada en último lugar, el Acuerdo quedó sin objeto y, por consiguiente, no puede servir de base jurídica al recurso del Reino de España.

17 El Gobierno español replica que la referencia al artículo 4 ter del Reglamento criticado es errónea, puesto que esta disposición, como se deduce del tenor literal de su apartado 1, se refiere a los buques que enarbolan pabellón de una Parte contratante no comunitaria y no a los buques comunitarios.

18 En cuanto a la aplicabilidad del Acuerdo, el Gobierno español reconoce que las disposiciones multilaterales se adoptaron, en efecto, con ocasión de la Reunión Anual nº 17 de la NAFO en septiembre de 1995, pero subraya que son idénticas a las disposiciones del mencionado Acuerdo. De cualquier forma, la disposición criticada del Reglamento nº 2868/88 modificado es contraria a las obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo sobre pesca en la zona de la NAFO.

Sobre el motivo de anulación basado en una contradicción entre el Reglamento nº 2868/88 modificado y el Reglamento del Consejo

19 Con carácter preliminar, es preciso señalar que, en virtud del artículo 4 del Reglamento nº 1956/88, la Comisión estaba habilitada para adoptar las disposiciones de aplicación de este Reglamento.

20 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que un Reglamento de aplicación, adoptado en virtud de una habilitación contenida en el Reglamento de base, no puede ir en contra de las disposiciones de este último, del cual deriva (sentencia de 10 de marzo de 1971, Tradax, 38/70, Rec. p. 145, apartado 10).

21 En estas circunstancias, es preciso verificar si la disposición criticada del Reglamento nº 2868/88 modificado, que es el Reglamento de aplicación, es compatible con el Reglamento del Consejo, que es el Reglamento de base.

22 En primer lugar, debe refutarse el argumento de la Comisión según el cual el apartado 2 del artículo 4 ter del Reglamento nº 2868/88 modificado introduce, de todos modos, un requisito relativo al consentimiento de la Parte contratante a la que corresponde el buque, con lo que quedan satisfechas las pretensiones del Gobierno español.

23 A este respecto, basta con señalar que, como se desprende del tenor literal del apartado 1 de este artículo, esta disposición se refiere a los buques que enarbolan pabellón de Estados que no son miembros de la Comunidad. Dicho precepto carece, pues, de repercusiones sobre la solución del presente litigio y, por lo tanto, no puede servir de fundamento a las alegaciones de la Comisión.

24 A continuación, procede examinar el argumento de la Comisión según el cual el apartado 6 del artículo 4 bis del Reglamento nº 2868/88 modificado es conforme con el inciso ii) del punto 10 del Anexo del Reglamento del Consejo y no implica, pues, que se haya extralimitado en el ejercicio de las facultades que le han sido conferidas, aun cuando este artículo no contenga ninguna disposición específica relativa a la situación prevista en el inciso iv) del punto 10 del Anexo de este último Reglamento.

25 A este respecto procede destacar que la Comisión ha aducido acertadamente que el contenido del apartado 6 del artículo 4 bis del Reglamento nº 2868/88 modificado está redactado en términos casi idénticos a los del inciso ii) del punto 10 del Anexo del Reglamento del Consejo. En efecto, esta disposición contempla el caso de una inspección exhaustiva, en un puerto de desvío, de un buque que haya cometido una presunta infracción a las normas de la NAFO y establece, en tal circunstancia, la presencia de un inspector de «cualquier otra Parte contratante que desee participar», sin que sea necesario recabar el consentimiento del Estado del pabellón a efectos de dicha presencia. La situación a que se refiere el apartado 6 del artículo 4 bis es precisamente la de una inspección exhaustiva en un puerto y esta situación se regula en términos semejantes a los del inciso ii) del punto 10 del Anexo del Reglamento del Consejo.

26 En cuanto al inciso iv) del punto 10 del Anexo del Reglamento del Consejo, se trata de una disposición que se refiere a la situación específica en la que otra Parte contratante desea hacer subir un inspector a bordo de un buque que, conforme al inciso ii) del punto 10, ha recibido orden de dirigirse a un puerto de desvío para ser sometido a una inspección exhaustiva.

27 Es cierto que el tenor literal del inciso iv) del punto 10 no está del todo desprovisto de ambigüedad ya que de esta disposición no se desprende claramente que el consentimiento que se exige al Estado al que corresponda el buque no se refiere a cada una de las tres situaciones que en él se mencionan, a saber, la subida a bordo, la presencia durante el trayecto y la inspección exhaustiva en el puerto. Sin embargo, no es menos cierto que la única interpretación de dicha disposición que resulta coherente con el inciso ii) del punto 10 del Anexo del Reglamento del Consejo es la de que el inciso iv) del punto 10 únicamente se refiere a la inspección del buque en el puerto para subrayar que el inspector de una Parte contratante distinta de la del Estado del pabellón, una vez a bordo, tiene derecho a permanecer en el buque hasta que termine la inspección en el puerto.

28 Dado que la conformidad a Derecho del Reglamento nº 2868/88 modificado debe ser apreciada únicamente con respecto a las disposiciones del Anexo del Reglamento del Consejo que regulan la misma situación, a saber, el inciso ii) del punto 10 del mencionado Anexo, de cuanto se ha dicho se deduce que no se ha comprobado ninguna infracción de dicho Reglamento.

Sobre el motivo de anulación basado en una contradicción entre el Reglamento nº 2868/88 modificado y el inciso iv) de la letra e) del punto II.9 del Anexo I del Acta aprobada del Acuerdo

29 El Reino de España sostiene que el Reglamento nº 2868/88 modificado es contrario al Acuerdo y, en especial, a las disposiciones del inciso iv) de la letra e) del punto II.9 del Anexo I del Acta aprobada de dicho Acuerdo. Según el Gobierno español, para que un inspector de la NAFO de una Parte contratante que no sea la del buque pueda participar en la inspección efectuada en el puerto, es necesario obtener el consentimiento del Estado del pabellón. Si no se otorga este consentimiento, el mencionado inspector no podrá participar en las operaciones de inspección exhaustiva que tengan lugar en el puerto de desvío.

30 A este respecto basta responder que las disposiciones del inciso iv) de la letra e) del punto II.9 del Anexo I del Acta aprobada de dicho Acuerdo están redactadas en términos casi idénticos a los del inciso iv) del punto 10 del Anexo del Reglamento del Consejo. En estas circunstancias, no cabe más que desestimar el segundo motivo por las mismas razones que han llevado a desestimar el primer motivo aducido por el Gobierno español, sin que sea necesario abordar la cuestión de la aplicabilidad de este Acuerdo.

31 De todo cuanto antecede se desprende que el recurso debe ser desestimado.

Decisión sobre las costas

Costas

32 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha solicitado la condena en costas del Reino de España y que han sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas al Reino de España.