Asunto T‑48/16

Sigma Orionis SA

contra

Comisión Europea

«Cláusula compromisoria — Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013) y Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte 2020” — Suspensión de los pagos y resolución de los contratos de subvención a raíz de una auditoría financiera — Recurso que tiene por objeto obtener el pago de las cantidades debidas por la Comisión en el marco de la ejecución de los contratos de subvención — Responsabilidad extracontractual»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 3 de mayo de 2018

[Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 51; Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, considerando 12]

[Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 3; Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, art. 6, ap. 1, párr. 3]

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 47, 51 y 52)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 48)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 54)

Únicamente son competentes para declarar la invalidez de un acto de la Unión los órganos jurisdiccionales de la Unión. Por consiguiente, un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sigue siendo legal en el ordenamiento jurídico de la Unión mientras no haya sido invalidado por el juez de la Unión, y ello con independencia de que un tribunal nacional haya declarado la invalidez de tal informe en un proceso penal incoado en el Estado miembro de que se trate contra una empresa que percibe financiación mediante subvenciones de la Unión. En tales circunstancias, si bien, en ejecución de la sentencia de dicho tribunal nacional, el informe de la OLAF no puede utilizarse en el proceso penal incoado en ese Estado miembro, no es menos cierto que, en un procedimiento administrativo sujeto al Derecho de la Unión y delimitado por unas disposiciones contractuales, la Comisión puede basarse en dicho informe de la OLAF para adoptar las medidas de resolución de los acuerdos celebrados con la empresa y de suspensión de los pagos, mientras dicho informe no sea invalidado por el juez de la Unión. Por otra parte, el procedimiento desarrollado ante el tribunal nacional no puede influir en un recurso interpuesto por esa empresa ante el juez de la Unión, ya que, por lo que se refiere a la compatibilidad de las medidas adoptadas por la Comisión con los acuerdos de subvención y las normas que resultan aplicables según estos últimos, este recurso compete exclusivamente al Tribunal General en virtud del artículo 272 TFUE, interpretado a la luz de la cláusula compromisoria establecida en dichos acuerdos. (véanse los apartados 62, 63, 66 y 70)

Según el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 883/2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), y el artículo 6, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.o 2185/96, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades, la OLAF efectúa los controles y verificaciones in situ en pleno cumplimiento de las normas y las prácticas de los Estados miembros afectados, sin perjuicio de la legislación de la Unión aplicable. De dichas disposiciones resulta que las investigaciones y las verificaciones in situ efectuadas por la OLAF se insertan en un entorno marcado por la aplicación del Derecho nacional, pero que este último debe ceder, en cualquier caso, ante el Derecho de la Unión, cada vez que lo establezcan el Reglamento n.o 883/2013 o el Reglamento n.o 2185/96. (véanse los apartados 78 y 79)

La presencia de agentes nacionales durante los controles y verificaciones in situ efectuados por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) se regula en el Reglamento n.o 2185/96, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades, y se exige en dos circunstancias. Por un lado, es necesaria en caso de que un operador se oponga a los controles y verificaciones efectuados por la OLAF. Por otro lado, la presencia de los agentes nacionales debe aceptarse si son estos últimos quienes así lo solicitan. Por otra parte, es cierto que el Reglamento n.o 2185/96 recoge en su artículo 9 la situación en la que un operador económico se opone a los controles y verificaciones in situ efectuados por la OLAF y establece, en ese caso, que puede requerirse la ayuda de las autoridades nacionales y que las operaciones realizadas por ellas deben desarrollarse de conformidad con el Derecho nacional. Sin embargo, dicha disposición no atribuye a los operadores económicos el derecho a oponerse a las operaciones previstas por la OLAF, ni a fortiori a ser informados de la existencia de tal derecho, sino que únicamente establece que, en caso de oposición, se les puede obligar a aceptar dichas operaciones, pudiendo requerirse a estos efectos la fuerza pública nacional en las condiciones establecidas en el Derecho nacional. (véanse los apartados 86, 94, 95 y 110)

Los derechos fundamentales están llamados a regular el ejercicio de las competencias que se atribuyen a las instituciones de la Unión, incluso en un marco contractual, como se aplican a los actos adoptados por los Estados miembros en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Este alcance general de los derechos fundamentales tiene como consecuencia que la Comisión no puede suspender, basándose en información obtenida por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) vulnerando derechos fundamentales, los pagos debidos a un operador económico o resolver los acuerdos que la vinculan a tal operador. En efecto, según el Reglamento n.o 883/2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF, las investigaciones llevadas a cabo por esta última deben respetar los derechos fundamentales. Esta obligación se deriva del considerando 51 de dicho Reglamento. Por su parte, el Reglamento n.o 2185/96, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades, indica, en su considerando 12, que los controles y verificaciones in situ se efectúan dentro del respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas. (véanse los apartados 102, 103, 105 y 106)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 115 y 116)

Recogido en el artículo 5 TUE, apartado 4, el principio de proporcionalidad es un principio general del Derecho de la Unión que exige que las instituciones de la Unión no rebasen los límites de lo que resulte adecuado y necesario para alcanzar el fin perseguido en las acciones que emprendan. Este principio está destinado a regular todas las formas de actuación de la Unión con independencia de si tienen o no naturaleza contractual. En efecto, en el contexto de la ejecución de obligaciones contractuales, el respeto de este principio está comprendido en la obligación de carácter más general que incumbe a las partes de un contrato de ejecutarlo de buena fe. (véanse los apartados 127 y 128)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 138, 139 y 154)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 155)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 160 y 161)