1.

a) En apoyo de su recurso, recuerda la Comisión que, a tenor del párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CEE, las Directivas obligarán al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse. Además, con arreglo al párrafo primero del artículo 5 del Tratado, los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o que resulten de los actos de las Instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión. De esto deduce la Comisión que los Estados miembros tienen la obligación de adoptar, dentro del plazo señalado, las medidas necesarias para atenerse a las Directivas, no pudiendo alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar la inobservancia de las obligaciones y plazos establecidos en tales Directivas. b) En su réplica, la Comisión rechaza las alegaciones que la República Italiana aduce en su defensa. Empieza la Comisión por rechazar la tesis de la República Italiana conforme a la cual la citada Directiva 87/53 no hace sino imponer a los Estados miembros determinados comportamientos, por lo cual no precisa ni adopción ni comunicación de las medidas nacionales de adaptación del Derecho interno. A juicio de la Comisión, la citada Directiva impone unas obligaciones precisas que no figuran en la Directiva 83/643. Como ejemplo, la Comisión cita las disposiciones de las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 83/643, modificada por la Directiva 87/53, antes citada, de las que no se puede considerar que establezcan meros comportamientos para las autoridades nacionales. De esto deduce la Comisión que, según reiterada jurisprudencia (véase la sentencia de 2 de diciembre de 1986, Comisión/Bélgica, 239/85, Rec p. 3645, apartado 7), las exigencias de claridad y de seguridad jurídicas obligaban, en el caso de autos, a la República Italiana a adaptar su ordenamiento jurídico interno a las disposiciones de la citada Directiva 87/53 mediante normas internas de carácter imperativo, en interés de los transportistas establecidos en otros Estados miembros. Tal obligación de adaptación del Derecho nacional existe igualmente para las disposiciones de las Directivas en las que se establecen facultades para la Administración, teniendo en cuenta que este Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que las simples prácticas administrativas, por naturaleza modificables y carentes de una adecuada publicidad, no pueden considerarse como un cumplimiento válido de la obligación que impone a los Estados miembros el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado (véase la sentencia de 6 de mayo de 1980, Comisión/Bélgica, 102/79, Rec. p. 1473, apartado 11). Sigue diciendo la Comisión que, si bien con arreglo a la jurisprudencia (véase la sentencia de 23 de mayo de 1985, Comisión/Alemania, 29/84, Rec. p. 1661, apartado 23), una Directiva no exige necesariamente una acción legislativa en cada Estado miembro, cuando los principios generales del Derecho constitucional o administrativo garanticen efectivamente la plena aplicación de la Directiva por parte de la Administración nacional y, en el supuesto de que la Directiva trate de crear derechos a favor de los particulares, los beneficiarios se hallen en condiciones de conocer plenamente sus derechos, ello no es así en el caso de autos. Efectivamente, la citada Directiva 87/53, que prevé unas formas precisas de facilitar los controles físicos y las formalidades administrativas en el transporte de mercancías, pretende conferir unos derechos a los transportistas de otros Estados miembros que, normalmente, no estarán al corriente de las prácticas en vigor en los distintos Estados. Añade la Comisión que, según la jurisprudencia (sentencia de 6 de mayo de 1980, Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 12), la posible aplicabilidad directa de las disposiciones de una Directiva no representa más que una garantía mínima que deriva del carácter imperativo de la obligación impuesta a los Estados miembros por el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, no pudiendo servir de justificación para que un Estado deje de adoptar, a su debido tiempo, disposiciones de ejecución adecuadas al objetivo de la citada Directiva. Por lo que se refiere, a continuación, al argumento de la República Italiana, conforme al cual la ejecución incorrecta del segundo guión de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 83/643, modificada por la Directiva 87/53, antes citada, ya fue objeto de un recurso de la Comisión (sentencia de 30 de mayo de 1989, Comisión/Italia, 340/87, Rec. p. 1483), por lo cual no puede invocarse de nuevo en el presente asunto, la Comisión admite que esta disposición es ajena al objeto del litigio, dado que no ha experimentado ninguna modificación en relación con el texto inicial de la Directiva 83/643. No obstante, precisa la Comisión que la citada sentencia de 30 de mayo de 1989, Comisión/Italia, dictada en el asunto 340/87, no tiene autoridad de cosa juzgada en lo relativo a las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 5 de la citada Directiva 87/53, que impone nuevas obligaciones a los Estados miembros y tiene un contenido distinto en relación con la letra a) del apartado 1 del artículo 5.