ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

¿Se opone el artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 54 TFUE, a una disposición tributaria nacional como la controvertida en el procedimiento principal, que niega a una sociedad matriz no residente, cuyo socio único es una sociedad de capital residente en el país, la exención del impuesto sobre los rendimientos del capital correspondiente a un reparto de dividendos, cuando poseen participaciones de dicha sociedad personas que, si percibiesen directamente los ingresos, no tendrían derecho a la devolución o a la exención, y los ingresos brutos obtenidos por la sociedad extranjera en el ejercicio económico en cuestión no provienen de una actividad económica propia, y 1. no existen razones sólidas, ya sea económicas o de otro tipo, para la interposición de la sociedad extranjera en lo referente a tales ingresos o 2. la sociedad extranjera no participa en el tráfico económico general con un establecimiento adecuado para su propio objeto social, mientras que sí se concede la exención del impuesto sobre los rendimientos del capital a las sociedades matrices residentes, sin necesidad de cumplir los mencionados requisitos?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, (1) por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en relación con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en el sentido de que la persona a que allí se alude, que ejerce una actividad asalariada, no está sujeta a la legislación del Estado miembro en que la empresa que la emplea está establecida si, de conformidad con la legislación mencionada en el artículo 1, letra l), del Reglamento de base, dicha persona no poseía la condición de asegurada en dicho Estado miembro inmediatamente antes de su contratación?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 330/4

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 12 de junio de 2017 — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana

(Asunto C-350/17)

(2017/C 330/05)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Mobit Soc.cons.arl

Recurrida: Regione Toscana

Cuestiones prejudiciales

1) El artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 (1) (en especial, en lo que atañe a la prohibición —establecida en las letras b) y d)— de que un operador interno participe en licitaciones extra moenia o extraterritoriales), ¿debe aplicarse también a las adjudicaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento?

2) ¿Cabe calificar, en abstracto, de «operador interno» —en el sentido del citado Reglamento y eventualmente por analogía con la jurisprudencia desarrollada sobre la figura de «in house providing» [contratación interna]— a una persona jurídica de Derecho público a la que la autoridad estatal ha adjudicado directamente el servicio de transporte local, cuando dicha persona jurídica está vinculada directamente a la autoridad estatal desde el punto de vista de organización y control, y su capital social pertenece al propio Estado (total o parcialmente, y en este último caso junto con otros entes públicos)?

3) En una adjudicación directa de servicios comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, el hecho de que, tras la adjudicación, la referida autoridad estatal cree un ente público administrativo dotado de facultades de organización de los servicios de que se trata (manteniendo, sin embargo, el Estado la potestad exclusiva de disponer del título de concesión) —ente que no ejerce ningún «control análogo» sobre el adjudicatario directo de los servicios—, ¿constituye una circunstancia susceptible de excluir dicha adjudicación del régimen del artículo 5, apartado 2, del Reglamento?

4) La expiración original de una adjudicación directa una vez transcurrido el plazo de treinta años que finaliza el 3 de diciembre de 2039 [y que empezó a correr a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1370/2007], ¿supone en cualquier caso la disconformidad de la adjudicación con los principios establecidos en el artículo 5 en relación con el artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento, o debe considerarse subsanada tal irregularidad de manera automática, a todos los efectos jurídicos, por reducción implícita «ex lege» (artículo 8, apartado 3, párrafo segundo) a ese plazo de treinta años?

(1) Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (DO 2007, L 315, p. 1).
1)

¿Pueden interpretarse los artículos [1], apartado 5, y 32 de la Directiva 2004/18/[CE] (1) y el artículo 33 de la Directiva 2014/24/UE (2) en el sentido de que permiten la celebración de un acuerdo marco en el que: un poder adjudicador actúa en nombre propio y de otros poderes adjudicadores indicados específicamente, los cuales, no obstante, no intervienen directamente en la firma del acuerdo marco; no se determina la cantidad de prestaciones que podrán solicitar los poderes adjudicadores no firmantes cuando celebren los acuerdos posteriores previstos en el propio acuerdo marco?
1)

¿Deben interpretarse y aplicarse el artículo 3, apartado 2, y el artículo 4, apartado l, de la [Directiva 93/13/CEE] (1) en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal —según fueron expuestas por la parte demandante y demandada, que se remitió a la jurisprudencia nacional (sentencia n.o 1646 de 18 de abril de 2011, pronunciada en casación por la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția comercială, y sentencia civil n.o 466, de 6 de abril de 2016, pronunciada en apelación por la Curtea de Apel Bacău en el asunto n.o 3364/110/2014) y, concretamente, a la circunstancia de que la prueba del carácter negociado de todas las cláusulas del precontrato de compraventa concluido por las partes resulta del mero hecho de que los demandantes y demandados, como consumidores, aceptaron tales cláusulas al firmar el precontrato que había sido redactado de antemano por el promotor inmobiliario y que fue posteriormente legalizado por un notario público— quedó, por principio, desvirtuada mediante la prueba en contrario la presunción sobre el carácter no negociado de las cláusulas redactadas de antemano por el vendedor o proveedor?
—

Tanto la Comisión como el Tribunal General incurrieron en error en el cálculo de la multa impuesta a la recurrente. En particular, el Tribunal General no tuvo en consideración los efectos del control selectivo e incompleto que había llevado a cabo (únicamente algunos de los contactos controvertidos fueron verificados) y, en consecuencia, no ejerció su plena competencia jurisdiccional en relación con la multa impuesta. Asimismo, el Tribunal General incurrió en error y actuó sin motivar suficientemente las razones de su proceder al incluir en los ingresos de la recurrente los correspondientes a las tarjetas «non-SIM», lo que dio lugar a que la multa impuesta fuera excesiva y, por tanto, desproporcionada. Se formulan otras alegaciones relativas a la desnaturalización de diversas pruebas por parte del Tribunal General, a la atribución errónea de la carga de la prueba en relación con elementos de prueba eventualmente carentes de fiabilidad y a errores de Derecho relativos a los elementos de prueba aportados por la Comisión contra la recurrente que no fueron divulgados durante el procedimiento seguido ante ella.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 151/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Contas (Portugal) el 28 de febrero de 2017 — Secretaria Regional de Saúde dos Açores/Ministério Público

(Asunto C-102/17)

(2017/C 151/27)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de Contas

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Secretaria Regional de Saúde dos Açores

Recurrida: Ministério Público

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 58, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, en el sentido de que se opone a una norma nacional como la descrita[, esto es, el artículo 40, apartados 3 y 5, letra c), del Decreto Legislativo Regional n.o 27/2015/A, de 29 de dezembro de 2015 (Decreto legislativo Regional n.o 27/2015/A, de 29 de diciembre de 2015)], que, en el ámbito de una licitación pública, permite que se imponga como requisito de admisión un criterio geográfico consistente en haber ejecutado con anterioridad tres obras en la misma Región Autónoma?

(1) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 112/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud České republiky (República Checa) el 18 de enero de 2017 — Catlin Europe SE/O.K. Trans Praha spol. s.r.o.

(Asunto C-21/17)

(2017/C 112/28)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Nejvyšší soud České republiky

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Catlin Europe SE

Recurrida (demandante en el litigio principal): O.K. Trans Praha spol. s.r.o.

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1896/2006 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, en el sentido de que la falta de comunicación al destinatario de la posibilidad de negarse a aceptar los documentos que deban notificarse o trasladarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 (3) del Consejo, justifica el reconocimiento de un derecho en favor de la parte recurrente (el destinatario) a solicitar la revisión del requerimiento europeo de pago con arreglo al citado artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1896/2006?

(1) DO 2006, L 399, p. 1.

(2) DO 2007, L 324, p. 79.

(3) DO 2000, L 160, p. 37.
2)

¿Debe interpretarse la definición del concepto de «fichero» establecida en el artículo 2, letra c), de la Directiva sobre protección de datos, habida cuenta de los considerandos 26 y 27 de dicha Directiva, en el sentido de que el conjunto de los datos personales recopilados de forma no automatizada en relación con la actividad descrita de predicación puerta a puerta (nombre, dirección y otros posibles datos y características relativos a la persona) a) no constituye un fichero en tal sentido porque no se trata de archivos de fichas o catálogos específicos ni de sistemas similares de clasificación y búsqueda a efectos de la definición de la Ley finlandesa sobre los datos personales, o bien b) constituye un fichero en tal sentido porque de dichos datos, teniendo en cuenta su finalidad, puede extraerse la información necesaria para un uso posterior de forma efectivamente sencilla y sin costes excesivos, tal y como está previsto en la Ley finlandesa sobre los datos personales?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 30/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 5 de octubre de 2016 — Andrea Witzel, Jannis Witzel y Jazz Witzel/Germanwings GmbH

(Asunto C-520/16)

(2017/C 030/17)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Andrea Witzel, Jannis Witzel y Jazz Witzel

Demandada: Germanwings GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) en el sentido de que la inevitabilidad se refiere sólo a la aparición de las circunstancias extraordinarias o en el sentido de que se refiere también a las consecuencias de éstas, concretamente la cancelación o el gran retraso?

2) En caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión en el sentido de que la inevitabilidad se refiere al retraso: si las circunstancias extraordinarias afectan a la aeronave utilizada en el vuelo anterior, ¿debe entonces el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, ya desde el momento en que aparecen las circunstancias extraordinarias en el vuelo anterior, procurar una aeronave sustitutoria o puede esperar al momento en que sea seguro que las circunstancias extraordinarias van a causar un retraso significativo en el vuelo posterior?

3) En caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión en el sentido de que la inevitabilidad se refiere al retraso: ¿no es razonable exigir que se subcontrate el vuelo con otra compañía cuando el coste triplica aproximadamente el coste de un vuelo propio?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
2.

La recurrente aduce que el público destinatario no efectuará el examen analítico del nombre expuesto en la sentencia recurrida, con su significado de «nueva piedra del cisne», sino que se limitará a relacionar el nombre de fantasía con el castillo mundialmente conocido. En este sentido, la sentencia recurrida es contraria a la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en su sentencia Windsurfing Chiemsee, (2) dado que el público pertinente vinculará los productos etiquetados con el signo «Neuschwanstein» con el castillo de Neuschwanstein como centro turístico de fama mundial. Así pues, dicho lugar es indudablemente adecuado para influir en las preferencias de los consumidores mediante asociaciones de carácter positivo con ese lugar. Por consiguiente, el signo como indicación geográfica no puede ser objeto de protección. Existe un interés general en mantener los nombres de los monumentos conocidos libres de una monopolización mediante la protección de la marca, al menos con respecto a los típicos artículos de souvenir que se comercializan y se compran para recordar el monumento en cuestión. No obstante, la sentencia recurrida no efectuó ningún análisis de los productos y servicios para los que se solicitaba la marca en lo relativo a si sirven como artículos de souvenir. Pues bien, dicho análisis hubiera sido necesario, especialmente porque la marca controvertida se solicitaba para conceptos generales, entre los que se incluyen artículos típicos de souvenir. El hecho de que en el caso de autos el solicitante sea el Freistaat Bayern (Estado libre de Baviera) no influye en estos principios, como destacó el Tribunal General en su sentencia MEM/OAMI (Monaco), (3) dado que un Estado que solicita una marca está sometido a los mismos principios que los demás operadores del mercado.
C 441/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) el 14 de septiembre de 2016 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, L.da

(Asunto C-491/16)

(2016/C 441/13)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Supremo Tribunal Administrativo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Recurrida: Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, L.da

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe considerarse que el Programa Operativo de Desarrollo Rural («Programa AGRO») constituye un «programa plurianual» a efectos del artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, (1) (derogado por el artículo 107 del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, (2) sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 105, apartado 1)?

2) ¿Debe considerarse que el Programa AGRO constituye un «programa plurianual» a efectos del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, (3) conforme al cual «[p]ara los programas plurianuales, el plazo de prescripción se extenderá en todo caso hasta el cierre definitivo del programa»?

3) En el caso de que se considere que el Programa AGRO constituye un «programa plurianual» a efectos del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95, — ¿está sujeta la prescripción de los procedimientos administrativos abiertos en el ámbito de aquél al plazo de 4 años establecido por el artículo 3, apartado 1?; — si el plazo de 4 años expira antes de que se cierre el programa, ¿se produce la prescripción o, — habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, [segunda] frase, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95, ¿se pospone el dies ad quem del plazo de prescripción, de tal modo que pasa a coincidir con el día del «cierre definitivo del programa [plurianual]»?

(1) Reglamento (CE) n.o 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO 1999, L 161, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (DO 2006, L 210, p. 25).

(3) Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1).
6)

Para el caso de una respuesta afirmativa a la pregunta anterior, la pregunta que planteamos es la siguiente: ¿Las tasas que deben pagar los consumidores a las que se refiere el art. 13, no 1 e) mencionado solo pueden incluir aquellos gravámenes o imposiciones fiscales que traten de compensar en este caso los daños causados por su impacto en el medio ambiente y traten de reparar con el importe de la recaudación los daños ligados a tal impacto o afección negativos, pero no aquellos tributos o prestaciones que recayendo sobre las energías no contaminantes cumplan una finalidad primordialmente presupuestario o recaudatoria?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 200/7

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) el 7 de marzo de 2016 — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini

(Asunto C-140/16)

(2016/C 200/10)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl

Recurrida: Comune di Maiolati Spontini

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los principios de la Unión de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, en relación con los principios de libre circulación de mercancías, de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios, consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como los principios que se derivan de ellos, como la igualdad de trato, la no discriminación, el reconocimiento mutuo, la proporcionalidad y la transparencia, plasmados (en última instancia) en la Directiva 2014/24/UE, (1) a una normativa nacional, como la italiana contenida en los artículos 87, apartado 4, y 86, apartado 3 bis, del Decreto Legislativo n.o 163 de 2006, en relación con el artículo 26, apartado 6, del Decreto Legislativo n.o 81 de 2008, conforme a la interpretación adoptada por el Pleno del Consiglio di Stato en sus sentencias n.o 3 y n.o 9 de 2015, en el ejercicio de su función nomofiláctica, con arreglo al artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo (codice del processo amministrativo), según la cual no indicar por separado los costes de seguridad de la empresa en las ofertas económicas presentadas en un procedimiento de concesión de obra pública determina, en cualquier caso, la exclusión del licitador, sin que se le conceda la posibilidad de subsanar los defectos u omisiones o de formular oposición, aun cuando la obligación de indicación por separado no conste expresamente ni en las normas que rigen el procedimiento de licitación ni en el modelo anexo destinado a la presentación de las ofertas y con independencia de que, desde el punto de vista material, la oferta respete los costes mínimos de seguridad de la empresa?

(1) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94, p. 65).
C 211/31

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 29 de marzo de 2016 — M.H./M.H.

(Asunto C-173/16)

(2016/C 211/41)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Demandante: M.H.

Demandada: M.H.

Cuestión prejudicial

Debe interpretarse la expresión «el momento en que se le presente el escrito de demanda» del artículo 16, apartado 1, letra a), del Reglamento 2201/2003 (1) en el sentido:

i) del momento en el que el órgano jurisdiccional reciba el escrito de demanda, aun cuando dicha recepción no inicie inmediatamente el procedimiento de acuerdo con el Derecho nacional, o

ii) del momento en que, tras la recepción del escrito de demanda en el órgano jurisdiccional, se inicia el procedimiento de acuerdo con el Derecho nacional.

(1) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO L 338, p. 1)
1)

¿Está obligada la Comisión, con arreglo al artículo 54, apartado 1, del Reglamento n.o 178/2002, (1) a adoptar medidas de emergencia de las contempladas en el artículo 53 del Reglamento n.o 178/2002 si así lo solicita un Estado miembro, aunque ella considere que no existen, con respecto a determinados alimentos o piensos, razones para temer un riesgo grave y manifiesto para la salud humana o animal y para el medio ambiente?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 165/5

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Dresden (Alemania) el 19 de enero de 2016 — Ute Wunderlich/Bulgarian Air Charter Limited

(Asunto C-32/16)

(2016/C 165/06)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Dresden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ute Wunderlich

Demandada: Bulgarian Air Charter Limited

Cuestión prejudicial

¿Constituye una cancelación de un vuelo en el sentido del artículo 2, letra l), del Reglamento n.o 261/2004 (1) el hecho de que el vuelo previsto despegase en hora y aterrizase en el lugar de destino previsto con un retraso no superior a tres horas, habiendo tenido lugar, no obstante, una escala no programada?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO L 46, p. 1).