Si el examen de un acto comunitario muestra que éste persigue un doble objetivo o que tiene un componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras que el otro sólo es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante. Con carácter excepcional, si se demuestra, por el contrario, que el acto de que se trata persigue al mismo tiempo varios objetivos, o tiene varios componentes, vinculados entre sí de modo indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro, tal acto podrá fundarse en las distintas bases jurídicas correspondientes. Esto no ocurre con el Reglamento no 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, que persigue el objetivo de protección del medio ambiente y que, por consiguiente, se basó válidamente en el artículo 175 CE, apartado 1. En efecto, el objetivo y los componentes de dicho Reglamento deben considerarse principales o preponderantes.

Del análisis del Reglamento no 1013/2006, relativo al traslado de residuos, se desprende que su objetivo principal, tanto por su finalidad como por su contenido, es la protección de la salud humana y del medio ambiente frente a los efectos nocivos que puedan derivarse de los traslados transfronterizos de residuos. Más concretamente, en la medida en que el procedimiento de notificación y de autorización previas por escrito persigue claramente un objetivo de protección del medio ambiente en el ámbito de los traslados de residuos entre los Estados miembros y, por consiguiente, está basado correctamente en el artículo 175 CE, apartado 1, sería incoherente considerar que, dado que ese mismo procedimiento se aplica a los traslados de residuos entre los Estados miembros y los terceros países con el mismo objetivo de protección del medio ambiente –como confirma el considerando trigésimo tercero del citado Reglamento–, tiene el carácter de instrumento de la política comercial común y, por este motivo, debe basarse en el artículo 133 CE. Esta conclusión resulta corroborada por un examen del contexto normativo en el que se enmarca dicho Reglamento.

Una interpretación amplia del concepto de política comercial común no puede poner en entredicho la afirmación de que el Reglamento no 1013/2006 es un instrumento comprendido principalmente en el ámbito de la política de medio ambiente. Un acto comunitario puede estar comprendido en este ámbito, aun cuando las medidas previstas por dicho acto puedan afectar a los intercambios comerciales.

En efecto, un acto comunitario únicamente está incluido en el ámbito de la competencia exclusiva en materia de política comercial común, contemplada en el artículo 133 CE, cuando tenga por objeto específico los intercambios internacionales, en la medida en que esté dirigido, en lo esencial, a promover, facilitar o regular los intercambios comerciales y produzca efectos directos e inmediatos en el comercio o en los intercambios de los productos de que se trate.

Evidentemente, esto no ocurre en el presente asunto. Efectivamente, el objetivo del Reglamento no 1013/2006 no es definir las características que deben poseer los residuos para circular libremente en el mercado interior o en el marco de los intercambios comerciales con terceros países, sino proporcionar un sistema armonizado de procedimientos mediante los cuales pueda limitarse la circulación de los residuos para garantizar la protección del medio ambiente.

(véanse los apartados 62 a 64 y 70 a 72)