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27

Este motivo de la demandante se compone, en realidad, de cuatro partes: la primera se basa en la afirmación de que la Sala de Recurso desatendió el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009, en relación con el artículo 5 de ese Reglamento, y, en consecuencia, del artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento, al no tener en cuenta que el titular inicial de la marca era un Estado no perteneciente a la Unión; la segunda está relacionada con el error de Derecho supuestamente cometido por la Sala de Recurso al determinar el interés general que debía protegerse en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009; la tercera hace referencia al error manifiesto de apreciación en el que supuestamente incurrió la Sala de Recurso al definir el público pertinente, y la cuarta versa, por una parte, sobre la inexistencia de vínculo entre el lugar geográfico en cuestión y los productos y servicios de que se trata, y, por otra parte, sobre la existencia de un error manifiesto de apreciación del criterio geográfico por parte de la Sala de Recurso. En realidad, aunque los argumentos que conforman estas dos últimas partes se habían clasificado en el motivo relativo al carácter distintivo de la marca controvertida, en el que la demandante censura la aplicación errónea del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, su tenor remite esencialmente, como se desprende del apartado 70 de la demanda, a la impugnación de la denegación de la solicitud de la demandante sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.
Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

Además, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante. Tal podría ser el caso, en particular, cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de la marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por esta.

(véanse los apartados 23 y 24)
El juez de la Unión es competente para conocer de un recurso interpuesto contra una Decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) adoptada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.o 340/2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por la que se declara que la demandante no cumple los requisitos para acogerse a la reducción de tasas prevista para las medianas empresas y le impone una tasa administrativa, y ello sin perjuicio del hecho de que se encuentra pendiente de resolución ante la Sala de Recurso de la ECHA un recurso interpuesto por la demandante contra la Decisión impugnada.

En efecto, el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.o 1907/2006 establece que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 263 TFUE, se podrá interponer recurso ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia para impugnar una decisión de la Sala de Recurso o, en aquellos casos en que la Sala no sea competente para conocer del recurso, para impugnar una decisión de la ECHA. A este respecto, el artículo 91, apartado 1, de este Reglamento dispone que se podrá interponer recurso ante la Sala de Recurso contra las decisiones que la ECHA haya adoptado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, el artículo 20, el artículo 27, apartado 6, el artículo 30, apartados 2 y 3, y el artículo 51. Estas disposiciones no guardan relación con la tasa que deben abonar las empresas solicitantes de registro.

(véanse los apartados 18, 19, 21 y 23)
1.

Procedimiento judicial — Decisión o Reglamento que sustituye al acto impugnado en el curso del proceso — Elemento nuevo — Ampliación de las pretensiones y motivos iniciales — Requisito — Interés en ejercitar la acción — Modificación de un reglamento relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez — Demandante a quien no afecta dicha modificación — Improcedencia [Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 84; Decisiones del Consejo de Ejecución 2011/72/PESC y 2013/409/PESC, 2014/49/PESC y (PESC) 2015/157; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 101/2011, de Ejecución (UE) n.o 735/2013 y de Ejecución (UE) n.o 81/2014] (véanse los apartados 37, 43 y 44)
4.

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos reglamentarios — Actos que no incluyen medidas de ejecución y afectan directamente al demandante — Concepto de medidas de ejecución — Criterios — Reglamento de la Comisión por el que se fija en cero euros el importe de las restituciones por exportación en el sector de la carne de aves de corral — Actos que no incluye medidas de ejecución [Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento de Ejecución (UE) no 689/2013 de la Comisión] (véanse los apartados 44 a 46, 54, 55, 59 y 63 a 66)
Siendo así, una decisión de no renovar el contrato de un agente tomada antes de aprobar el informe de evaluación no puede tener como efecto hacer inútil el diálogo entre el agente y su evaluador en el procedimiento de evaluación, que debe permitir a los interesados medir con exactitud la naturaleza, las razones y el alcance de sus posibles divergencias y llegar a un mejor entendimiento.

Si bien las directrices para los evaluadores y agentes sobre los procedimientos de evaluación del personal no pueden calificarse como reglas jurídicas que la administración esté obligada a cumplir en todo caso, establecen sin embargo reglas de conducta indicativas de la práctica que debe seguir la administración de las que no puede apartarse en un caso concreto sin manifestar razones compatibles con el principio de igualdad de trato. Al adoptar estas reglas de conducta y anunciar mediante su publicación que las aplicará a los casos correspondientes, la institución en cuestión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de tales reglas, so pena de ser sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del Derecho, tales como la igualdad de trato o la protección de la confianza legítima. Por tanto, no cabe excluir que, con ciertos requisitos y en función de su contenido, dichas reglas de conducta de alcance general puedan producir efectos jurídicos.

(véase el apartado 61)

Tribunal de Justicia: sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, apartados 209 a 211

Tribunal General: sentencia de 9 de julio de 1997, Monaco/Parlamento, T‑92/96, RecFP, EU:T:1997:105, apartado 46
Asunto T‑508/13

Government of Malaysia

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa HALAL MALAYSIA — Marca figurativa anterior no registrada HALAL MALAYSIA — Motivo relativo de denegación — Inexistencia de derechos al signo anterior adquiridos conforme al Derecho del Estado miembro antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Utilización de la marca anterior como signo de garantía — Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) — Inexistencia de “goodwill”»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 18 de noviembre de 2015

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Interpretación a la luz del Derecho de la Unión — Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Signo que confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior — Carga de la prueba [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] Derecho nacional — Remisión a los Derechos nacionales — Derecho del Reino Unido — Régimen de la acción por usurpación de denominación (action for passing off) Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Signo que confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior — Marca figurativa HALAL MALAYSIA [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4]
En materia de medidas restrictivas contra Irán el Consejo no puede elegir arbitrariamente el modo de comunicación de sus decisiones a las personas interesadas. Sólo cuando es imposible comunicar individualmente al interesado el acto por el cual se adoptan o se mantienen medidas restrictivas en relación con él, la publicación de un aviso en el Diario Oficial determina el inicio del plazo del recurso.

El hecho de que un aviso no contuviera ninguna indicación de la posibilidad de que las personas y entidades sujetas a las medidas restrictivas interpusieran un recurso ante el Tribunal conforme a lo dispuesto en el artículo 275 TFUE, párrafo segundo, y el artículo 263 TFUE, párrafos cuarto y sexto, no puede desvirtuar la apreciación de que esa publicación permitió al interesado tener conocimiento de los motivos sustantivos de su inscripción en la lista de las personas y entidades sujetas a las medidas restrictivas contra Irán.

En efecto, a falta de disposición expresa del Derecho de la Unión, no puede reconocerse la existencia de una obligación general a cargo de las instituciones de la Unión de informar a los justiciables de los recursos disponibles y de las condiciones en que pueden interponerlos.

Pues bien, el Reglamento no 267/2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 961/2010, no contiene ninguna disposición que exija al Consejo, con ocasión de la comunicación mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial, señalar los recursos disponibles y las condiciones para interponerlos. En particular, el artículo 46, apartado 3, de ese Reglamento, que se refiere a la comunicación de los motivos de la imposición de medidas restrictivas a las personas y entidades interesadas, no establece ninguna obligación en ese sentido.

(véanse los apartados 43 y 67 a 69)
El principio de fuerza de cosa juzgada, que impide cuestionar el carácter firme de una resolución judicial, no es aplicable a la relación entre una resolución final en materia de oposición y una solicitud de nulidad, en particular porque, por una parte, los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) tienen naturaleza administrativa, y no naturaleza judicial, y, por otra parte, porque el artículo 53, apartado 4, y el artículo 100, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 sobre la marca comunitaria no establecen regla alguna en este sentido. Lo mismo cabe decir de la situación inversa respecto a la relación entre el procedimiento que llevó a una resolución final en materia de caducidad o de nulidad y un procedimiento de oposición. No es menos cierto que las declaraciones hechas en una resolución final en materia de caducidad o de nulidad no pueden ignorarse totalmente por la Oficina a la hora de resolver la oposición entre las mismas partes, que tiene el mismo objeto y está basada en los mismos motivos, siempre y cuando no existan nuevos elementos fácticos, nuevas pruebas o nuevos motivos que afecten a dichas declaraciones o a los aspectos ya resueltos. En efecto, esta afirmación no es sino una expresión particular de la jurisprudencia según la cual la práctica decisoria anterior de la Oficina constituye un elemento que puede tomarse en consideración para apreciar si un signo es apropiado para ser registrado.

Por consiguiente, una Sala de Recurso no está obligada a seguir fielmente las consideraciones y las conclusiones expuestas en una resolución de la División de Anulación. De otro modo, se comprometería el efecto útil de las vías de recurso diferentes a la oposición al registro de una marca comunitaria, por una parte, y de caducidad y de nulidad de una marca comunitaria registrada, por otra, pese a que su utilización sucesiva o paralela es posible con arreglo al Reglamento no 207/2009. Esta apreciación se confirma por el hecho de que, a la luz del artículo 42, apartado 2, y del artículo 57, apartado 2, del Reglamento no 207/2009, en función de la fecha, bien de la presentación de la solicitud de caducidad o de nulidad, bien de la publicación de la solicitud de registro, los períodos de cinco años durante los cuales se exige la prueba del uso efectivo de una marca comunitaria pueden divergir.

(véanse los apartados 38 y 39)
No cabe admitir que, en el supuesto de que el Consejo haga uso, excepcionalmente, de la competencia que ejerce normalmente la Comisión, ésta no pueda recurrir directamente al Tribunal de Justicia con el fin de que se declare que un Estado miembro ha incumplido una decisión adoptada en materia de control de ayudas de Estado. En particular, cuando el incumplimiento que la Comisión estima que se ha producido lleva consigo la concesión de una nueva ayuda, dicha institución tiene derecho a ejercer las facultades que le atribuye el artículo 108 TFUE para controlar la compatibilidad de esa ayuda con el mercado interior. En este marco, la Comisión debe tener en cuenta todos los datos pertinentes, incluyendo, en su caso, el contexto ya valorado en una decisión anterior, así como los requisitos que dicha decisión pudo imponer al Estado miembro de que se trate. Además, puede tomar en consideración cualquier elemento fáctico nuevo que pudiera modificar el análisis efectuado anteriormente. A falta de tales elementos, está facultada para basar su nueva decisión en las apreciaciones reflejadas en la decisión anterior y en el incumplimiento de los requisitos que ésta impuso.

(véanse los apartados 58 y 61)
6.

Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Procedimiento de nulidad — Hechos y pruebas no presentados en apoyo de la solicitud de nulidad en el plazo fijado a tal efecto — Consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 52, ap. 2; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 40, ap. 6] (véanse los apartados 68, 69, 74 a 76 y 78)
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 6 de marzo de 2015 — Braun Melsungen/OAMI (SafeSet)

(Asunto T‑513/13)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa SafeSet — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Obligación de motivación — Artículo 75, primera frase, del Reglamento no 207/2009 — Examen de oficio de los hechos — Artículo 76, apartado 1, del Reglamento no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE — Motivación lógica [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase] (véanse los apartados 11 y 12)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Concepto — Marca consistente en una palabra o un neologismo resultante de una combinación de elementos [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 29 a 31)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Marca denominativa SafeSet [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 37 a 40)

4. Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina (véanse los apartados 44 a 46)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 27 de junio de 2013 (asunto R 1598/2012-1) relativa a la solicitud de registro del signo denominativo SafeSet como marca comunitaria.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
La regla 71, apartado 2, del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una parte, en un procedimiento inter partes, solicita una prórroga de plazo, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) puede solicitar, aunque no está obligada a ello, el consentimiento de la otra parte, y que esa disposición debe ponerse en relación con el apartado 1 de la misma regla, lo que lleva a que la Oficina tenga en cuenta circunstancias en las que se presenta la solicitud de prórroga del plazo, en particular, cuando decide no pedir el consentimiento de la otra parte.

La regla 22, apartado 6, del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria, completa y precisa las disposiciones de la regla 22, apartados 2 a 4, del mismo Reglamento, aplicables mutatis mutandis a los procedimientos de caducidad en virtud de la regla 40, apartado 5, del citado Reglamento. En tales circunstancias, la regla 22, apartado 6, del Reglamento no 2868/95 es aplicable a un procedimiento de caducidad basado en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009 sobre la marca comunitaria. De la regla 22, apartado 6, del Reglamento no 2868/95 resulta que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) puede exigir la traducción de los documentos que no se hayan facilitado en la lengua de procedimiento a la parte que los haya presentado.

(véanse los apartados 55 y 56)
5.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca denominativa Pioneering for You [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 32, 35, 36, 39 y 40)
5.

Contratos públicos de la Unión Europea — Procedimiento de licitación — Procedimiento restringido — Obligación del órgano de contratación de recabar las observaciones de los candidatos no seleccionados antes de adoptar la decisión de denegación de admisión — Inexistencia — Violación del principio de contradicción — Inexistencia [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra c); Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión] (véanse los apartados 55 y 56)
2.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa THE SPIRIT OF CUBA [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 19 y 24 a 29)
9

Con carácter preliminar, el consejero auditor señaló, en primer lugar, que la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2006, C 298, p. 17; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación de 2006») no generaba en las demandantes una confianza legítima que impidiera a la Comisión revelar información que no constituyera secreto profesional. Consideró, además, que el interés de las demandantes en guardar en secreto los detalles de su comportamiento no constitutivos de secreto comercial no merecía ninguna protección particular. El consejero auditor, por otro lado, juzgó que no era de su competencia pronunciarse sobre la oportunidad de la divulgación de información no confidencial ni sobre las infracciones derivadas de la política general de la Comisión al respecto (considerandos 12 a 14 y 19 de la Decisión impugnada).
240

Los motivos de inclusión en la lista de personas sujetas a las medidas restrictivas controvertidas de los nombres de las tres personas mencionadas por los demandantes en el marco de esta alegación se desprenden del anexo III del Reglamento no 314/2004, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 77/2009 de la Comisión, de 26 de enero de 2009, por el que se modifica el Reglamento no 314/2004 (DO L 23, p. 5), así como del anexo de la Posición Común 2004/161, en su versión modificada por la Posición Común 2009/68/PESC del Consejo, de 26 de enero de 2009, relativa a la prórroga de medidas restrictivas contra Zimbabue (DO L 23, p. 43). En el caso del Sr. Charumbira, esos motivos mencionan que el interesado es «ex Ministro Adjunto de Administraciones Locales, Obras Públicas y Vivienda [y] ex miembro del Gobierno, al que permanece vinculado». En el caso del Sr. Gambe, se señala que es «Presidente de la Comisión de Supervisión Electoral» y que es «corresponsable de las elecciones fraudulentas de 2005». Finalmente, por lo que atañe al Sr. Kuruneri, los dos textos antes mencionados señalan que es «ex Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico [y] ex miembro del Gobierno, al que permanece vinculado».
65

Por otra parte, la República Francesa mantiene que, en sus decisiones anteriores, la Comisión procedió a la disociación de diferentes medidas anunciadas simultáneamente y aisló las unas de las otras a los efectos de la aplicación del criterio del inversor privado. A este respecto invoca la Decisión 2009/613/CE de la Comisión, de 8 de abril de 2009, relativa a las medidas C 7/07 (ex NN 82/06 y NN 83/06) aplicadas por el Reino Unido en beneficio de Royal Mail (DO L 210, p. 16; en lo sucesivo, «Decisión Royal Mail»), en la cual la Comisión, según la República Francesa, disoció diferentes medidas de ayudas previstas en favor de Royal Mail, porque perseguían objetivos diferentes, y la Decisión 2009/973/CE de la Comisión, de 13 de julio de 2009, sobre la ayuda de reestructuración a Combus AS (DO L 345, p. 28; en lo sucesivo, «Decisión Combus»), en la que la Comisión consideró que dos aportaciones de capital realizadas en mayo de 1999 y en enero de 2001 debían considerarse dos medidas separadas, aunque el Gobierno que otorgó las ayudas había considerado que estas medidas tenían el mismo objetivo, a saber, la reestructuración y la recapitalización de Combus AS para su privatización.