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En este contexto, el Administrativen sad Varna decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 80, apartado 1, letra c), de la Directiva [IVA] en el sentido de que en las entregas entre personas vinculadas —siempre que la contraprestación sea superior al valor venal— la base imponible sólo estará constituida por el valor [normal] de la operación si el proveedor no disfruta plenamente del derecho a deducción del IVA que grava la compra o la venta de los bienes que constituyen el objeto de la entrega? 2) ¿Debe interpretarse el artículo 80, apartado 1, letra c), de la Directiva [IVA] en el sentido de que si el proveedor ha ejercido plenamente el derecho a deducción del IVA que grava los bienes y servicios, que son objeto de posteriores entregas entre personas vinculadas a un precio superior al valor [normal de mercado] y este derecho a deducir el IVA soportado no ha sido regularizado conforme a los artículos 173 a 177 de la Directiva, el Estado miembro no puede tomar medidas en virtud de las cuales se establezca exclusivamente como base imponible el valor [normal de mercado]? 3) ¿Enumera el artículo 80, apartado 1, de la Directiva [IVA] con carácter taxativo los casos en los que concurren los requisitos que permiten al Estado miembro tomar medidas en virtud de las cuales la base imponible de las entregas esté constituida por el valor [normal] de la operación? 4) ¿Es lícita en circunstancias distintas de las enumeradas en el artículo 80, apartado 1, letras a), b) y c), de la Directiva [IVA], una norma jurídica nacional como la recogida en el artículo 27, apartado 3, número 1, de la ZDDS? 5) En un caso como el de autos, ¿tiene efecto directo el artículo 80, apartado 1, letra c) de la Directiva [IVA] y puede el órgano jurisdiccional nacional aplicarlo directamente?»
14

El Decreto-ley no 195/89, de 12 de junio de 1989 (Diário da República, 1a série, no 133, de 12 de junio de 1989), incorporó al Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Código del impuesto sobre el valor añadido; en lo sucesivo, «CIVA»), aprobado mediante Decreto-ley no 394-B/84, de 26 de diciembre de 1984 (Diário da República, 1a série, no 297, de 26 de diciembre de 1984), y modificado y publicado de nuevo por el Decreto-ley no 102/2008, de 20 de junio de 2008 (Diário da República, 1a série, no 118, de 20 de junio de 2008), con corrección de errores no 44-A/2008, de 13 de agosto de 2008 (Diário da República, 1a série, no 156, de 13 de agosto de 2008), varias disposiciones destinadas a adaptar la legislación portuguesa en materia de IVA a lo establecido en la Sexta Directiva. Entre las modificaciones aportadas a esta legislación, figuran las disposiciones que establecen el régimen especial aplicable a los productores agrícolas (en lo sucesivo, «régimen portugués controvertido).
Para fijar la «indemnización razonable» adeudada, en virtud del artículo 94, apartado 1, del Reglamento no 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, por un agricultor que ha utilizado material de propagación de una variedad protegida obtenido por cultivo sin cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 3, de dicho Reglamento, en relación con el artículo 8 del Reglamento no 1768/95, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no 2100/94, en su versión modificada por el Reglamento no 2605/98, debe utilizarse como base de cálculo el importe del canon que debe pagarse por la producción bajo licencia de material de propagación de variedades protegidas de la especie vegetal de que se trate en la misma zona.

(véanse el apartado 43 y el fallo)
Ciertamente, los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer, en su normativa interna, las condiciones de ejercicio y aplicación del derecho a vacaciones anuales retribuidas, pero no pueden supeditar a ningún tipo de requisito la propia constitución de este derecho. De este modo, los criterios de ejecución y aplicación necesarios para la puesta en práctica de las disposiciones de la Directiva 93/104, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, codificada por la Directiva 2003/88, pueden contener determinadas divergencias por lo que respecta a las condiciones de ejercicio del derecho a vacaciones anuales retribuidas, pero dicha Directiva no permite que los Estados miembros impidan el propio nacimiento de un derecho concedido expresamente a todos los trabajadores.

En el caso de un litigio entre particulares en el que el Derecho nacional es contrario al artículo 7 de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno, especialmente la normativa laboral pertinente, y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por ese Derecho a fin de garantizar la plena efectividad de dicha disposición y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta, si puede efectuar una interpretación del Derecho interno que permita asimilar la baja del trabajador a causa de un accidente in itinere a alguno de los supuestos mencionados en la disposición pertinente de la normativa laboral nacional.

Si tal interpretación no fuese posible, incumbe al tribunal nacional comprobar si, habida cuenta de la naturaleza jurídica de las partes demandadas en el procedimiento principal, puede invocarse frente a ellas el efecto directo del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88.

En caso de que el órgano jurisdiccional nacional no pueda alcanzar el resultado previsto en el citado artículo 7, la parte perjudicada por la no conformidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión podrá invocar, no obstante, la sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, C-6/90 y C-9/90, para obtener, en su caso, reparación del daño sufrido.

(véanse el apartado 44 y el punto 2 del fallo)
La imposibilidad de abrir un procedimiento principal de insolvencia que se establece en el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento no 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe ser objetiva y no puede variar en función de las circunstancias específicas en las que se solicita la apertura de tal procedimiento. Si bien dicha imposibilidad puede derivarse de características relativas a la condición del deudor, no puede resultar, en cambio, del mero hecho de que una persona determinada —como el representante del Ministerio Fiscal de un Estado miembro en cuyo territorio posee un establecimiento el deudor— no esté facultada, según la legislación del Estado miembro en el que el deudor tiene su centro de intereses principales, para solicitar la apertura de un procedimiento principal en este último Estado miembro.

Por consiguiente, la expresión «condiciones establecidas», que figura en el citado artículo 3, apartado 4, letra a), y que remite a las condiciones que —según la legislación del Estado miembro en cuyo territorio tiene el deudor su centro de intereses principales— impidan la apertura de un procedimiento principal de insolvencia en dicho Estado, debe interpretarse en el sentido de que no se refiere a las condiciones que excluyen a algunas personas concretas del círculo de las facultadas para solicitar la apertura de tal procedimiento.

(véanse los apartados 21, 23, 24 y 26 y el punto 1 del fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 258 TFUE; Directiva 2005/47/CE del Consejo) (véanse los apartados 8 y 11 a 13)

2. Recurso por incumplimiento — Derecho de la Comisión a recurrir en vía jurisdiccional — Ejercicio discrecional (Art. 258 TFUE) (véase el apartado 9)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso por incumplimiento — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas previstas por la Directiva 2005/47/CE del Consejo, de 18 de julio de 2005, relativa al acuerdo entre la Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (EFT) sobre determinados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector ferroviario (DO L 195, p. 15).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/47/CE del Consejo, de 18 de julio de 2005, relativa al acuerdo entre la Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (EFT) sobre determinados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector ferroviario, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
Palabras clave

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Palabras clave

Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Conectores eléctricos, fabricados en metal, que constituyen sólo una parte de los conectores macho y hembra fabricados posteriormente, sin garantizar el aislamiento en el punto de conexión

[Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, anexo I; Reglamentos (CE) de la Comisión n os 1810/2004, 1719/2005 y 1549/2006]

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La subpartida 8536 69 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento nº 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada para los años 2005, 2006 y 2007, respectivamente, por los Reglamentos n os 1810/2004, 1719/2005 y 1549/2006, debe interpretarse en el sentido de que los conectores eléctricos fabricados en metal troquelado (cobre, latón, chapa), carentes de aislamiento, denominados «terminals» y que se dividen en «female terminals» (terminales hembra de puntera plana) y «male terminals» (terminales macho de puntera plana) no están excluidos de dicha subpartida por el hecho de no garantizar el aislamiento de la línea en el punto de conexión o de ser sólo una parte de los conectores macho y hembra fabricados posteriormente, ya que permiten conexiones eléctricas múltiples, entre aparatos, cables, conectores de tarjetas, etc., simplemente insertando la clavija (contacto macho) en la toma de corriente (contacto hembra), sin requerir operaciones de montaje.

(véanse el apartado 30 y el fallo)
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Además, en contra de lo declarado por el Tribunal de Primera Instancia, el Consejo y la Comisión alegan que consideraron fundadamente que los elementos probatorios aportados por Xinanchem en relación con sus precios de exportación carecían de pertinencia. Según afirman, estos elementos muestran únicamente que existían operaciones de exportación, validadas por la CCCMC, cuyo precio era inferior al precio mínimo. No obstante, tales pruebas no son, en su opinión, suficientes para refutar el hecho de que el sistema en vigor permitía a la CCCMC controlar los precios de exportación. En particular, el hecho de que algunas exportaciones se llevasen a cabo a precios inferiores al precio mínimo no aporta ninguna indicación sobre si se denegaron otras exportaciones a tales precios. La consideración en la que se basa el Tribunal de Primera Instancia, según la cual las instituciones deben examinar la política de precios para poder determinar si un sistema como el controvertido en el presente litigio restringe efectivamente la capacidad de los exportadores para fijar los precios de exportación de manera autónoma, no sólo equivaldría a invertir la carga de la prueba, sino que haría imposible que estas instituciones satisfagan dicha carga porque no podrían aportar prácticamente nunca la prueba de una participación real del Estado en el procedimiento de fijación de los precios.
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 249 CE, párrafo cuarto, y de los artículos 2 y 3 de la Decisión 2008/697/CE de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativa a la ayuda estatal C 13/07 (ex NN 15/06 y N 734/06) ejecutada por Italia en favor de New Interline, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las medidas necesarias para garantizar la ejecución de dicha Decisión.
11

Mediante decisión de 4 de febrero de 2008, el Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin denegó la prórroga del permiso de residencia y apercibió de expulsión a la Sra. Genc. Según esta autoridad administrativa, la Sra. Genc no podía acogerse a la Decisión no 1/80, debido a que no reunía los requisitos previstos en el artículo 6 de dicha Decisión. En efecto, a su juicio, dado el número particularmente reducido de horas de trabajo efectuadas para L. Glas- und Gebäudereinigungsservice GmbH, la actividad profesional de la Sra. Genc no podía considerarse un empleo en sentido legal. A su entender, tampoco había adquirido derechos en virtud del artículo 7, párrafo primero, primer guión, de la Decisión no 1/80 puesto que su marido, como trabajador autónomo, había dejado de formar parte del mercado de trabajo como trabajador por cuenta ajena desde el mes de mayo de 2003. Por último, no se apreciaba la existencia de ningún interés digno de protección que justificara que la demandante en el asunto principal permaneciese en el territorio de la República Federal de Alemania.
El principio de fuerza de cosa juzgada, que también es aplicable en los procedimientos por incumplimiento, implica que la fuerza de cosa juzgada puede oponerse a la admisibilidad de un recurso si atendiendo al marco fáctico y jurídico de los dos procedimientos por incumplimiento considerados existe en sustancia una identidad de hecho y de Derecho entre ambos.

En materia de ayudas de Estado la vía de recurso establecida por el artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, no es más que una variante del recurso por incumplimiento, específicamente adaptada a los problemas particulares que plantean a la competencia en el mercado interior las ayudas de Estado. En el marco de un recurso interpuesto al amparo del artículo 258 TFUE, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al finalizar el plazo señalado en el dictamen motivado y los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta. La fecha pertinente para la apreciación de un incumplimiento con fundamento en el artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, es en principio la fijada en la decisión de la Comisión de cuyo incumplimiento se discute. En efecto, esa disposición no prevé ninguna fase administrativa previa, a diferencia del artículo 258 TFUE, y, por consiguiente, la Comisión no emite ningún dictamen motivado que imponga a los Estados miembros un plazo para ajustarse al Derecho de la Unión.

En el supuesto de que la Comisión hubiera fijado un plazo para que el Estado miembro cumpliera sus obligaciones derivadas de una decisión en materia de ayudas de Estado y tras un primer recurso por incumplimiento, en el contexto de las largas discusiones que tuvieron lugar entre las partes acerca de la recuperación de las ayudas en cuestión, la Comisión fijó un nuevo plazo, este último es el pertinente para apreciar el incumplimiento en el segundo asunto.

Por tanto, no cabe mantener válidamente que el segundo litigio y el que dio lugar a una sentencia precedente del Tribunal de Justicia tienen el mismo objeto cuando la fecha pertinente en segundo asunto es muy posterior a la del pronunciamiento de la sentencia precedente.

(véanse los apartados 64, 65, 67 a 71 y 74 a 78)
Palabras clave

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Palabras clave

Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Prohibición sectorial de circulación de camiones de más de 7,5 toneladas que transporten determinadas mercancías

(Arts. 28 CE y 29 CE; Directivas del Consejo 96/62/CE, art. 8, ap. 3, y 1999/30/CE)

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Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 29 CE un Estado miembro que, para garantizar la calidad del aire ambiente en la zona afectada conforme al artículo 8, apartado 3, de la Directiva 96/62 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, puesto en relación con la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de óxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, impone una prohibición de circulación de los camiones de más de 7,5 toneladas que transportan determinadas mercancías en un tramo de autopista de primera importancia que constituye una de las principales vías de comunicación terrestre entre ciertos Estados miembros.

Dado que obliga a las empresas afectadas a buscar soluciones alternativas rentables para el transporte de las mercancías de que se trata, dicha prohibición obstaculiza la libre circulación de mercancías y debe considerarse una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, incompatible con las obligaciones derivadas de los artículos 28 CE y 29 CE, si no está objetivamente justificada.

Pues bien, aunque exigencias imperativas relacionadas con la protección del medio ambiente, que también engloba en principio la protección de la salud, pueden justificar medidas nacionales que puedan obstaculizar el comercio intracomunitario siempre que esas medidas sean apropiadas para lograr la realización de ese objetivo y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo, la prohibición referida no puede justificarse en ese concepto ya que no se ha demostrado que el objetivo perseguido no podría alcanzarse con otras medidas menos restrictivas de la libre circulación.

(véanse los apartados 116,117, 122, 125, 139, 140, 150 y 151 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento — Incumplimiento de una decisión de la Comisión relativa a una ayuda de Estado — Obligación de recuperar las ayudas otorgadas — Plazo de recuperación (Arts. 88 CE, ap. 2, 226 CE y 249 CE) (véanse los apartados 34 y 37)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Empresas beneficiarias de ayudas que entran en quiebra — Inscripción de las ayudas en la relación de créditos para restablecer la situación anterior (Art. 88 CE, ap. 2) (véanse los apartados 35 y 36)

3. Recurso por incumplimiento — Incumplimiento de una decisión de la Comisión relativa a una ayuda de Estado — Motivos de defensa — Impugnación de la legalidad de la decisión — Inadmisibilidad — Límites — Acto inexistente (Arts. 88 CE, ap. 2, párr. 2, 226 CE, 227 CE, 230 CE y 232 CE) (véase el apartado 41)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para atenerse a los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 2008/697/CE de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativa a la ayuda de Estado C 13/07 (ex NN 15/06 y N 734/06) ejecutada por Italia en favor de New Interline [notificada con el número C(2008) 1321].

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 249 CE, párrafo cuarto, y de los artículos 2 y 3 de la Decisión 2008/697/CE de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativa a la ayuda estatal C 13/07 (ex NN 15/06 y N 734/06) ejecutada por Italia en favor de New Interline, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las medidas necesarias para garantizar la ejecución de dicha Decisión.

2) Condenar en costas a la República Italiana.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Disposiciones fiscales

—

Armonización de las legislaciones

—

Impuestos sobre el volumen de negocios

—

Sistema común del impuesto sobre el valor añadido

—

Facultad de los Estados miembros de aplicar un tipo reducido a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios (Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 96 y 98 y anexo III) (véanse los apartados 44 y 47 a 55)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 96 y 98, en relación con el anexo III, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Tipo reducido — Entrega, importación y adquisición de determinados animales vivos (en particular caballos) no destinados a la preparación o producción de alimentos para el consumo humano o animal.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 96 y 98, en relación con el anexo III, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al aplicar un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a todas las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de caballos.

2) Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

3) La República Francesa y el Reino de los Países Bajos cargarán con sus propias costas.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Restricciones — Derecho de sociedades

(Arts. 49 TFUE y 63 TFUE; Directiva 68/151/CEE del Consejo)

Índice

La Directiva 68/151, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional según la cual las multas establecidas en los apartados anteriores de dicho artículo por violación de la legislación e infracción de las normas de deontología que regulan el funcionamiento de los canales de televisión deben imponerse no sólo a la sociedad titular de una autorización para crear y explotar un canal de televisión, sino también conjunta y solidariamente a todos los accionistas que sean titulares de un número de acciones superior al 2,5 %.

En cambio, los artículos 49 TFUE y 63 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a tal norma nacional.

En efecto, tal norma produce un efecto disuasorio para los inversores, afecta a su acceso al mercado de las participaciones en las sociedades y restringe así tanto la libertad de establecimiento como la libre circulación de capitales. Aunque el objetivo de tal restricción sea conseguir que las sociedades de televisión cumplan la legislación y la deontología de los periodistas a fin de, en particular, evitar que se atente contra el honor o la vida privada de las personas cuya imagen aparece en pantalla o cuyo nombre se cita, no puede considerarse que esta restricción sea adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue ni, especialmente, que no va más allá de lo necesario para alcanzarlo.

(véanse los apartados 46, 56, 60, 63, 65 y 70 y los puntos 1 y 2 del fallo)