Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de personas – Libertad de establecimiento – Sociedades – Directiva 90/605/CEE – Cuentas anuales y cuentas consolidadas de determinadas formas de sociedades – Posibilidad de que los terceros consulten las cuentas anuales y el informe de gestión de las sociedades – Elección de la base jurídica – Artículo 54, apartado 3, letra g), del Tratado CE [actualmente artículo 44 CE, apartado 2, letra g), tras su modificación] – Validez

[Tratado CE, art. 54, ap. 3, letra g) [actualmente art. 44 CE, ap. 2, letra g), tras su modificación]; Directiva 90/605/CEE del Consejo]

2. Libre circulación de personas – Libertad de establecimiento – Sociedades – Directiva 90/605/CEE – Cuentas anuales y cuentas consolidadas de determinadas formas de sociedades – Posibilidad de que los terceros consulten las cuentas anuales y el informe de gestión de las sociedades – Violación de los principios de libre ejercicio de una actividad profesional y de libertad de expresión respecto a las sociedades de prensa, edición o radiodifusión – Inexistencia

[Tratado CE, art. 54, ap. 3, letra g) [actualmente art. 44 CE, ap. 2, letra g), tras su modificación]; Directiva 90/605/CEE del Consejo]

3. Libre circulación de personas – Libertad de establecimiento – Sociedades – Directiva 90/605/CEE – Cuentas anuales y cuentas consolidadas de determinadas formas de sociedades – Obligación de publicación de las cuentas anuales impuesta a una sola categoría de sociedades comanditarias simples – Violación del principio de igualdad de trato – Inexistencia

(Directiva 90/605/CEE del Consejo)

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1. La Directiva 90/605, por la que se modifican las Directivas 78/660 y 83/349, relativas, respectivamente, a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas, en lo relativo a su ámbito de aplicación, en la medida que de ella se desprende que cualquier persona tiene la posibilidad de consultar las cuentas anuales y el informe de gestión de las formas de sociedades en ella previstas sin tener que justificar un derecho o un interés que necesite protección, pudo ser adoptada válidamente con arreglo al artículo 54, apartado 3, letra g), del Tratado [actualmente artículo 44 CE, apartado 2, letra g), tras su modificación], en virtud del cual el Consejo y la Comisión obran por la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento coordinando, en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades para proteger los intereses de socios y terceros.

Esta disposición, que confiere una amplia facultad discrecional al legislador comunitario, menciona en efecto el objetivo de protección de los intereses de terceros en general sin distinguir o excluir categorías entre ellos, de modo que el concepto de tercero en el sentido de dicho artículo se refiere a cualquier tercero. De ello se desprende que este concepto debe interpretarse de manera amplia y que abarca, en particular, a los competidores de las sociedades de que se trata.

(véanse los apartados 34 y 35 y el punto 1 del fallo)

2. La Directiva 90/605, por la que se modifican las Directivas 78/660 y 83/349, relativas, respectivamente, a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas, en lo relativo a su ámbito de aplicación, en la medida en que de ella se desprende que cualquier persona tiene la posibilidad de consultar las cuentas anuales y el informe de gestión de empresas que revistan una de las formas de sociedades en ella previstas y que ejerzan su actividad, en el ámbito de la prensa, la edición o la radiodifusión, sin tener que justificar un derecho o un interés que necesite protección, es compatible con los principios generales de Derecho comunitario de libre ejercicio de una actividad profesional y de libertad de expresión.

En efecto, pueden imponerse restricciones a estos derechos, siempre y cuando respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de esos derechos. Pues bien, las medidas en materia de publicidad impuestas por la Directiva 90/605 responden a tales objetivos, dado que persiguen el doble objetivo de interés general establecido en el artículo 54, apartado 3, letra g), del Tratado [actualmente artículo 44 CE, apartado 2, letra g), tras su modificación], a saber, por un lado, la protección de los terceros contra los riesgos financieros que llevan consigo las formas de sociedades que sólo ofrecen como garantía a los terceros un patrimonio social y, por otro, el establecimiento en la Comunidad de condiciones jurídicas mínimas equivalentes por lo que respecta al alcance de los datos financieros que las sociedades competidoras deben poner en conocimiento del público. Por otra parte, no constituyen una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos en cuestión, pues no pueden modificar la posición competitiva de las sociedades de que se trata.

(véanse los apartados 36, 48, 50, 52, 53, 58 y 59 y el punto 2 del fallo)

3. La Directiva 90/605, por la que se modifican las Directivas 78/660 y 83/349, relativas, respectivamente, a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas, en lo relativo a su ámbito de aplicación, es compatible con el principio de igualdad de trato, en la medida en que dicha Directiva tiene por efecto imponer obligaciones de publicación de las cuentas anuales a las sociedades comanditarias simples cuyos socios con responsabilidad ilimitada están constituidos en forma de sociedad de responsabilidad limitada a diferencia de lo que sucede con las sociedades comanditarias simples en las que, al menos, un socio con responsabilidad ilimitada es una persona física y que no están sujetas a dichas obligaciones.

La distinción que establece la Directiva 90/605 se basa efectivamente en la consideración de que las sociedades de la primera categoría sólo ofrecen como garantía a los terceros un patrimonio social, mientras que no sucede así con las sociedades comanditarias simples de la segunda categoría. Por tanto, esta distinción está objetivamente justificada por consideraciones de protección de los intereses de terceros, protección que constituye una finalidad esencial de dicha Directiva.

(véanse los apartados 60, 67, 69 y 73 y el punto 3 del fallo)