Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Competencia del órgano jurisdiccional comunitario - Pretensiones que tienen por objeto obtener una orden conminatoria de que se adopten medidas de ejecución de una sentencia de anulación de una Decisión - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 173 y 176)

2 Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Obligación de la Comisión de pronunciarse mediante Decisión sobre la existencia de una infracción - Inexistencia - Consideración del interés comunitario vinculado a la tramitación de un asunto - Criterios de apreciación - Preferencia a que se incite a las empresas afectadas a modificar los comportamientos denunciados

[Tratado CE, arts. 3, letra g), 85, 86, 89, ap. 1, 155 y 189; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3]

3 Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Consideración del interés comunitario vinculado a la tramitación de un asunto - Control jurisdiccional - Límites

(Tratado CE, arts. 85 y 86; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

4 Recurso de anulación - Motivos - Desviación de poder - Concepto

(Tratado CE, art. 173)

5 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Tratado CE, art. 190)

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1 Procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones presentadas en el marco de un recurso de anulación y que tienen por objeto que se ordene a la Comisión la adopción de las medidas oportunas para atenerse a las obligaciones establecidas en el artículo 176 del Tratado. En efecto, si bien incumbe a la Institución de que se trate, en virtud de dicha disposición, adoptar las medidas para la ejecución de una sentencia dictada en el marco de un recurso de anulación, no corresponde al órgano jurisdiccional comunitario dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones comunitarias o sustituir a estas últimas en el marco del control de legalidad que ejerce.

2 El artículo 3 del Reglamento nº 17 no confiere al autor de una solicitud presentada en virtud de dicho artículo el derecho a obtener una Decisión de la Comisión, en el sentido del artículo 189 del Tratado, sobre si existe o no una infracción del artículo 85 y/o del artículo 86 del Tratado. Además, la Comisión tiene derecho a desestimar una denuncia cuando comprueba, o bien antes de haber iniciado una investigación, o bien después de haber adoptado medidas de investigación, que el asunto no presenta un interés comunitario suficiente para justificar que prosiga el examen del mismo.

Para determinar el interés comunitario que hay en proseguir el examen de un asunto, la Comisión debe tener en cuenta las circunstancias del caso de que se trate y, especialmente, los elementos de hecho y de Derecho contenidos en la denuncia presentada. Le corresponde, en particular, tras evaluar con toda la atención requerida los elementos de hecho y de Derecho expuestos por la parte denunciante, sopesar la importancia de la supuesta infracción para el funcionamiento del mercado común, la probabilidad de probar su existencia y el alcance de las medidas de investigación necesarias, a efectos de cumplir, en las mejores condiciones, su misión de velar por la observancia de los artículos 85 y 86. No obstante, la apreciación del interés comunitario se basa necesariamente en el examen de las circunstancias específicas de cada caso, por lo que la Comisión tiene derecho a tener en cuenta en dicha apreciación otros elementos pertinentes.

A este respecto, habida cuenta del objetivo general asignado por la letra g) del artículo 3 del Tratado a la acción de la Comunidad, a saber, el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia en el mercado común, así como de la misión general de vigilancia confiada a la Comisión por los artículos 89 y 155 del Tratado, sin perjuicio de motivar dicha Decisión, la citada Institución puede decidir que no es oportuno tramitar una denuncia de prácticas contrarias al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, cuando los hechos que se examinen le permitan legítimamente creer que los comportamientos de las empresas afectadas se modificarán en un sentido favorable al interés general.

En tal situación, corresponde a la Comisión, en el marco de su misión de vigilancia de la correcta aplicación del Tratado, decidir si interesa a la Comunidad incitar a las empresas implicadas en el procedimiento administrativo a modificar sus comportamientos teniendo en cuenta las imputaciones formuladas contra ellas y exigirles garantías de que efectivamente se modificarán dichos comportamientos en el sentido que ella defiende, más bien que declarar formalmente en una decisión que dichos comportamientos empresariales infringen las normas sobre la competencia establecidas en el Tratado.

3 Cuando la Comisión desestima, por falta de interés comunitario, una solicitud de declaración de infracción con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, el control de legalidad que debe efectuar el órgano jurisdiccional comunitario tiene la finalidad de comprobar que la Decisión controvertida no está basada en hechos materialmente inexactos, no está viciada de ningún error de Derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación ni de desviación de poder.

4 Una decisión sólo está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada para alcanzar fines distintos de los alegados.

5 La motivación de una decisión individual debe, por una parte, permitir a su destinatario conocer la justificación de la medida adoptada, para que éste pueda, en su caso, defender sus derechos y comprobar si la decisión está o no fundada y, por otra parte, debe permitir al Juez comunitario ejercer su control de legalidad.

El alcance preciso de la obligación de motivación depende de la naturaleza del acto de que se trate y de las circunstancias en que fue adoptado. La obligación de motivación prevista en el artículo 190 del Tratado constituye un medio de control jurisdiccional esencial de la utilización que hace la Comisión del concepto de interés comunitario para desestimar determinadas denuncias.

Por lo que respecta a la obligación de motivación que recae sobre la Comisión en el marco de un examen con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, los intereses legítimos de los denunciantes están plenamente salvaguardados cuando son informados del resultado de las negociaciones confidenciales mantenidas entre las empresas afectadas por la investigación y la Comisión para determinar las modificaciones que puedan llevar a ésta a retirar sus imputaciones, sin que dichos denunciantes tengan derecho, sin embargo, a acceder a los documentos precisos que constituyeron el objeto de las citadas negociaciones.