A raíz de la carta de 25 de febrero de 1973, el Sr. Schlieder, Director General de la División «Competencia» de la Comisión (en lo sucesivo, «DG IV») invitó al Sr. Stanley Adams a entrevistarse con algunos de sus funcionarios para tratar de las cuestiones que él había planteado. En el curso de dicha reunión, que tuvo lugar en Bruselas el 9 de abril del mismo año, se estableció entre los interlocutores una relación de franca colaboración. El Sr. Adams entregó algunos documentos de Roche que los funcionarios consideraron de relativo interés. El aseguró sin embargo que podía proporcionar otros de mayor fuerza probatoria y así lo hizo el día siguiente (10 de abril de 1973) después de haber regresado a Basilea. Entre los muchos documentos que envió figuraban catorce circulares administrativas internas, denominadas «Management Information Memoranda». A este envío siguieron otros dos, de fecha 15 de abril y 21 de julio de 1973, con numerosos documentos sobre las actividades comerciales de Roche, entre ellos la fotocopia de una carta que el presidente, Sr. Adolf Jann, había enviado a los directores de todas las filiales. En su carta de 21 de julio, el Sr. Adams comunicó además que dejaría su empleo en Roche a finales del mes de octubre de 1973.

A partir de entonces, la Comisión afirma que no tuvo posteriores noticias de Adams, perdiendo de este modo su rastro por completo. Por el contrario, el demandante aduce que, ya en su primera carta de 25 de febrero de 1973, escribió que «tenía el propósito de cesar de prestar servicios en (la sociedad) [...] y que quería establecer una planta de producción industrial de carne cerca de Roma, Italia». Además, en su declaración ante este Tribunal de Justicia, afirmó que, con ocasión de su viaje a Bruselas el 9 de abril de 1973, comunicó a los funcionarios de la DG IV, y en particular al Sr. Carisi, su intención de establecerse con su familia en Latina, pequeña ciudad no lejos de Roma, donde precisamente se proponía crear una granja de ganado porcino. Según el demandante, pues, la Comisión estaba al corriente de sus proyectos y del lugar en que habrían debido realizarse. Sostiene por último que tuvo una conversación telefónica con el Sr. Carisi a principios de noviembre de 1973 -y por lo tanto algunos días después de haber cesado en La Roche— en la que comunicó al funcionario el número de teléfono de la casa de sus suegros en Italia, donde había pasado algunos meses de vacaciones antes de trasladarse a Latina. Esta circunstancia no fue confirmada por los funcionarios interrogados en la vista instructoria a la que por otra parte el Sr. Carisi no pudo asistir (véase más ampliamente punto 7, in fine).

Cuando la última carta del Sr. Adams llegó a Bruselas, la Comisión había iniciado ya el estudio de los documentos que él había enviado, con el propósito concreto de emprender una investigación contra La Roche. En efecto, hacía ya tiempo —y precisamente desde que el Sr. Adams presentó las primeras pruebas de sus imputaciones- que los funcionarios de la DG IV se habían dado cuenta de que tenían entre manos un asunto peliagudo y delicadísimo. Se decidió por consiguiente actuar con mucha prudencia; en particular, como declaró el director de la división, se decidió no abrir la investigación en las filiales de Roche antes de que el Sr. Adams se hubiera despedido definitivamente de la empresa suiza.

Después de su dimisión, por el contrario, hubieran podido moverse con mayor desenvoltura. En efecto, los funcionarios encargados de la investigación estaban convencidos de que, una vez concluida la relación laboral entre Roche y su empleado, habría sido menos necesario proteger la identidad de éste último, sobre todo a partir de su disponibilidad declarada de confirmar sus propias acusaciones «ante cualquier Tribunal». En otras palabras, estaban convencidos de que si, para poner término al proceder de Roche, hubiese sido oportuno solicitar que un órgano jurisdiccional hubiere declarado fundadas las imputaciones formuladas contra ella, la Comisión habría podido contar con el testimonio del Sr. Adams, como ex responsable de un sector comercial de la empresa.

Teniendo en cuenta tales consideraciones, la Comisión esperó hasta el 22 de octubre de 1974, es decir, casi un año desde el cese del Sr. Adams, para poner en marcha su investigación (con anterioridad se había desplegado y había dado frutos bastante modestos solamente una investigación llamada «periférica» sobre clientes habituales de Roche). En aquellos días de otoño, pues, tres funcionarios de la DG IV se presentaron en las oficinas de Roche en París: su objetivo era conseguir oficialmente del director de aquella filial los documentos que la Comisión poseía desde tiempo atrás sin saberlo la empresa y sobre los que basaría luego su decisión de infracción (artículo 86 del Tratado). Sin embargo, todas las tentativas fueron vanas. Incluso se leyeron al director los fragmentos más elocuentes de los «Management Information Memoranda»; inútilmente, sin embargo, porque él alegó que no los conocía. No quedaba sino mostrarle los documentos para obtener la declaración de autenticidad; pero una decisión semejante no tenía precedentes y era demasiado arriesgada para que se pudiera adoptar de inmediato.

«Regresamos con las manos vacías —afirma en su declaración un alto funcionario de la DG IV— y nos preguntamos si se debía archivar la investigación a pesar de las pruebas aplastantes en nuestro poder o bien seguir hasta el fondo. Se decidió valorar en primer lugar los intereses en juego, ponderando los datos que aconsejaban continuar y los que inclinaban a la decisión opuesta. De una parte, estaba el interés general de la Comunidad, que impone a la Comisión velar sobre la aplicación del Tratado y en particular sobre los principios consagrados por los artículos 85 y 86; por otra parte, podía también apreciarse, aunque no fuese vinculante para la Institución, un interés del informador en mantener secreta su propia identidad. Contra la presentación de los documentos pesaba la forma en que éstos habían llegado a Berlaymont y los indicios para identificar a su autor que en ellos aparecían. Estaba además el hecho —continúa el Sr. Rihoux— de que el Sr. Adams no había dado ninguna instrucción, ni siquiera la más vaga, sobre cómo debía utilizar la Comisión sus informaciones y no había pedido que se le tuviera al corriente de su uso». Por último, como ya he dicho, los funcionarios estaban convencidos de que, una vez dejada Basilea, «el Sr. Adams no tenía ninguna razón especial para esconder su identidad» (véase la declaración del Sr. Pappalardo, responsable también él de la investigación). Con todo esto, cuando se adoptó la decisión de exhibir los documentos, los inspectores de la DG IV tuvieron cuidado de elegir los que, además de servir de prueba para la decisión de imponer una sanción, tuvieran el aspecto más anónimo o mejor más neutro, como las circulares que se distribuyen en copia a las distintas filiales. Además se procedió a eliminar de los textos respectivos las indicaciones que permitieran llegar hasta una fuente específica.

Una vez tomadas estas precauciones y puesta a punto la estrategia que se iba a seguir, el 29 de octubre de 1974, los funcionarios comunitarios se presentaron simultáneamente a los directores de las filiales Roche de París y Bruselas, esperando todavía persuadirlos para que sacaran de sus archivos los documentos controvertidos. Pero como los dos continuaron adoptando una actitud evasiva o incluso obstructiva, los funcionarios de la DG IV se decidieron a presentar las 14 notas administrativas internas y la carta del Sr. Adolf Jann. De este modo, puestos ante la evidencia, los directores de las filiales, a quienes se permitió fotocopiar los documentos, confirmaron por fin la existencia y la autenticidad de estos últimos.

Pocas semanas más tarde, exactamente el 18 de diciembre de 1974, Me Alder, presentó en nombre de Roche ante las autoridades suizas de policía una denuncia por infracción de los artículos 273 y 162 del Código penal helvético. La denuncia se dirigía formalmente contra autor desconocido. Después de haber expuesto las circunstancias relativas a la visita de los funcionarios a las filiales de París y Bruselas y el contenido de los documentos fotocopiados por los directores respectivos, Me Alder afirmó expresamente que «la sociedad Hoffmann-La Roche ignora de qué modo la Comisión de las Comunidades Europeas consiguió hacerse con los documentos reservados [...] La conversación mantenida [por el] abajo firmante con los Sres. Carisi, Pappalardo y Rihoux el 8 de noviembre de 1974 en Bruselas da la impresión de que los funcionarios de la Comunidad [...] han obtenido los documentos referidos sin iniciativa por parte suya y que conocen [...] a quien los ha proporcionado. Sin embargo no ha sido posible saber el momento en que [los] han recibido».

En su escrito de denuncia, pues, la sociedad declaró que, en virtud del material que tenía en su poder, y a pesar de las averiguaciones llevadas a cabo en el interior del grupo, no estaba en condiciones de determinar la identidad del informador. Sin embargo su Abogado manifestó ante los investigadores una certidumbre y una sospecha: la primera se refería a la procedencia de los documentos cuyas copias había conseguido la Comisión, todos ellos redactados sin duda en la sede de las oficinas centrales de Basilea. La sospecha se refería al nombre del presunto culpable: el Sr. Stanley Adams. En el escrito de denuncia Me Adler justificó esta conjetura explicando que, desde hacía algunos años, la conducta del Sr. Adams había merecido críticas de sus superiores, hasta el punto de que en el verano de 1973 la dirección de la sociedad le había sugerido la dimisión. El hecho de que hubiera abandonado Roche en términos no precisamente cordiales y ciertas deducciones obtenidas al comparar los documentos originales con las copias en poder de la Comisión —concluía Me Adler— «daban fundamento a la sospecha de que el Sr. Adams sea el autor de los hechos incriminados».

El 31 de diciembre de 1974, el demandante fue arrestado. Puesto en libertad provisional el 21 de marzo de 1975, reanudó los contactos con la Comisión, que estaban interrumpidos desde hacía casi un año y medio y, en los primeros días de abril, se entrevistó en Bruselas con los funcionarios que habían seguido la investigación contra La Roche. Como reconocen las partes, la atmósfera de la entrevista fue amistosa. Al expresarle su solidaridad, los funcionarios prometieron al Sr. Adams que la Comisión pagaría todos los gastos del juicio, incluida la fianza pagada para salir de la cárcel. Según el demandante, los funcionarios se comprometieron también a dar consejos jurídicos al Sr. Portmann, a la sazón Abogado del Sr. Adams, para la preparación de su defensa. La parte demandada confirma que, en efecto, procedió a pagar las costas del Sr. Adams y que lo ayudó de distintos modos, incluso después de acabados sus problemas judiciales, pero niega que aceptara la obligación de colaborar con sus Abogados.

En el curso de la entrevista se habló también de los acontecimientos más recientes. Los funcionarios preguntaron al Sr. Adams sobre los detalles de las circunstancias en que había tenido lugar su detención y, por su parte, contaron cuanto había sucedido en Bruselas después de su última visita; en particular le hablaron de la investigación que habían realizado en las filiales de La Roche. A este respecto, por el contrario, el Sr. Pappalardo recuerda que contó al demandante que precisamente en aquella ocasión los directores de París y de Bruselas tuvieron copias de los documentos que el Sr. Adams había proporcionado: «hablé de ello» -afirma el funcionario- como «de una hipótesis (que podía) explicar lo que para (nosotros) era (todavía) inexplicable, es decir, la identificación y la detención» del Sr. Adams. Este último -concluye el Sr. Pappalardo— no pareció impresionarse, por otra parte, por estas manifestaciones ni opuso ninguna crítica a las actuaciones de la Comisión.

Sobre esta parte de la conversación los recuerdos del demandante son diversos; en efecto, sostiene que nunca preguntó a los funcionarios presentes cómo las autoridades suizas consiguieron obtener la posesión de los documentos controvertidos. Sin embargo es oportuno recordar a este respecto que —como aparece en el acto del interrogatorio al que el Sr. Adams fue sometido durante su detención— los investigadores suizos le mostraron algunos documentos indicándole que determinados funcionarios de la Comisión los habían entregado a los directores de las filiales belga y francesa. El demandante no niega este hecho, pero afirma que no le dio importancia, considerando que se trataba de un pretexto de la policía suiza para arrancarle una confesión. Sin embargo, en el acta del interrogatorio aparece que el Sr. Adams reconoció prácticamente que entregó a la Comisión los «Management Information Memoranda»; tal cosa —admite— es «enteramente posible».

El 9 de junio de 1976, la Comisión adoptó una Decisión en la que declaraba formalmente que la empresa Hoffmann-La Roche había abusado de su posición dominante en el mercado comunitario de las vitaminas. Así concluía el primer «round» del asunto que dos años y medio después daría lugar a la sentencia que a su vez dio lugar al caso de autos.