Palabras clave

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Palabras clave

1 Agricultura - Política Agrícola Común - Financiación por el FEOGA - Obligaciones de los Estados miembros - Adopción de medidas que puedan garantizar la regularidad de los gastos

[Tratado CE, art. 5; Reglamento (CEE) nº 729/70 del Consejo, art. 8, ap. 1]

2 Agricultura - FEOGA - Liquidación de cuentas - Facultad de control de la Comisión en cuanto a la regularidad de los gastos - Aparición de una duda razonable - Carga de la prueba que incumbe al Estado miembro

3 Agricultura - Política Agrícola Común - Financiación por el FEOGA - Decisión relativa a la liquidación de cuentas - Objeto - Plazo - Incumplimiento - Incidencia en la obligación de la Comisión de denegar la financiación de los gastos realizados irregularmente con respecto a las normas comunitarias - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 729/70 del Consejo, arts. 3 y 5]

4 Agricultura - FEOGA - Liquidación de cuentas - Negativa a financiar gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa comunitaria - Corrección financiera - Valoración del nivel de omisión de controles y del grado de riesgo asumido por el Fondo - Impugnación por el Estado miembro interesado - Carga de la prueba

5 Agricultura - Política Agrícola Común - Financiación por el FEOGA - Obligación de los Estados miembros de comunicar a la Comisión las irregularidades comprobadas - Irregularidades que deben ser objeto de comunicación - Concepto - Tentativas de fraude - Inclusión

[Reglamento (CEE) nº 283/72 del Consejo, arts. 3 y 4]

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1 El apartado 1 del artículo 8 del Reglamento nº 729/70, que constituye, en el ámbito de la gestión financiera de la Política Agrícola Común, una expresión de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por el artículo 5 del Tratado, define los principios conforme a los cuales deben regular la Comunidad y los Estados miembros la ejecución de las decisiones comunitarias de intervención agrícola financiadas por el FEOGA y la lucha contra el fraude y las irregularidades relacionadas con estas operaciones. Impone a los Estados miembros la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurarse de la realidad y de la regularidad de las operaciones financiadas por el FEOGA.

2 Cuando la Comisión se niega a declarar con cargo al FEOGA determinados gastos, porque fueron provocados por infracciones a la normativa comunitaria imputables a un Estado miembro, la Comisión tiene la obligación no de demostrar de forma exhaustiva la insuficiencia de controles efectuados por los Estados miembros, sino de aportar un elemento de prueba de la duda seria y razonable que alberga con respecto a los controles efectuados por las autoridades nacionales. Esta atenuación de la carga de la prueba en favor de la Comisión se explica por el hecho de que el Estado se encuentra en mejor situación para recoger y comprobar los datos necesarios para la liquidación de cuentas del FEOGA, y, en consecuencia, le incumbe probar detallada y completamente la realidad de sus cifras y, en su caso, la inexactitud de las afirmaciones de la Comisión o las consecuencias financieras que dicha Institución había deducido de sus dudas relativas a los mencionados controles.

3 El procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA tiene por objeto asegurar que los créditos puestos a disposición de los Estados miembros se han utilizado respetando la normativa comunitaria en vigor en el marco de la organización común de mercados. En efecto, la Comisión sólo puede imputar al FEOGA los importes pagados de acuerdo con las normas establecidas en los diferentes sectores de los productos agrícolas, corriendo por cuenta de los Estados miembros cualquier otro importe pagado, en particular los importes que las autoridades nacionales hayan pagado por considerarse erróneamente autorizadas para ello en el marco de la organización común de mercados.

Por consiguiente, mientras las cuentas no hayan sido debidamente liquidadas, el artículo 3 del Reglamento nº 729/70 obliga a la Comisión a no declarar con cargo al FEOGA las intervenciones destinadas a la regularización de los mercados agrícolas que no se hayan ajustado a las normas comunitarias. Esta obligación no desaparece por el simple hecho de que la liquidación de cuentas se efectúe después de la expiración del plazo previsto en el artículo 5 de dicho Reglamento.

4 Cuando, en el marco de su misión de liquidar las cuentas del FEOGA, la Comisión comprueba la falta de mecanismos de control suficientes en el Estado miembro de que se trate, puede denegar el pago del conjunto de gastos realizados por dicho Estado, quien, en consecuencia, no le puede reprochar haberse limitado a una corrección a tanto alzado por importe del 10 %. Además, cuando la Comisión, en lugar de rechazar la totalidad de los gastos afectados por la infracción, se haya esforzado en establecer normas que tienen por objeto establecer un trato diferenciado de casos de irregularidades según el nivel de omisión de controles y el grado de riesgo asumido por el FEOGA, incumbe al Estado miembro demostrar que dichos criterios son arbitrarios y no equitativos.

5 De los artículos 3 y 4 del Reglamento nº 283/72, referente a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la Política Agrícola Común, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito, se desprende que, para prevenir los casos de irregularidad y reforzar la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión, las autoridades nacionales competentes deben comunicar a esta última las irregularidades, incluidas las tentativas de fraude, descubiertas en su territorio.

Una resolución del organismo nacional de control competente para la intervención que rechaza admitir a intervención un producto o que demuestra una supuesta tentativa de fraude, constituye un primer acto de comprobación administrativa conforme al párrafo primero del artículo 3 de dicho Reglamento, que obliga a los Estados miembros a comunicar a la Comisión un estado en el que se indiquen los casos de irregularidades que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial.