SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA UNIÓN EUROPEA (Pleno)

de 13 de enero de 2010 ( )

«Función pública — Funcionarios — Recurso de anulación — Sobreseimiento — Recurso por responsabilidad — Admisibilidad — Privilegios e inmunidades — Suspensión de la inmunidad de jurisdicción — Confidencialidad de las investigaciones de la OLAF — Investigaciones de la IDOC — Acceso a los documentos de carácter médico — Acceso al expediente personal — Procedimiento disciplinario — Plazo razonable»

En los asuntos acumulados F-124/05 y F-96/06,

que tienen por objeto unos recursos interpuestos con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA,

A, antiguo funcionario de la Comisión Europea, con domicilio en Port-Vendres (Francia), representado inicialmente por los Sres. B. Cambier y L. Cambier, abogados, posteriormente por los Sres. B. Cambier, L. Cambier y R. Born, abogados, y finalmente por los Sres. B. Cambier y A. Paternostre, abogados,

parte demandante en el asunto F-124/05,

G, antiguo funcionario de la Comisión Europea, con domicilio en Port-Vendres (Francia), representado inicialmente por los Sres. B. Cambier y L. Cambier, abogados, posteriormente por los Sres. B. Cambier, L. Cambier y R. Born, abogados, y finalmente por los Sres. B. Cambier y A. Paternostre, abogados,

parte demandante en el asunto F-96/06,

contra

Comisión Europea, representada por los Sres. J. Currall y V. Joris, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. D. Waelbroeck, abogado,

parte demandada,

EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Pleno),

integrado por el Sr. P. Mahoney (Ponente), Presidente, y los Sres. S. Gervasoni, Presidente de Sala, H. Kreppel, H. Tagaras y S. Van Raepenbusch, Jueces;

Secretaria: Sra. W. Hakenberg;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 1 de abril de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de diciembre de 2005, registrado con la referencia F-124/05, el demandante solicita, por una parte, que se anule, entre otras, la decisión de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por la que se desestimó su petición de 22 de octubre de 2004 en la que solicitaba el archivo del procedimiento disciplinario incoado en su contra mediante decisión de 16 de enero de 2004 (en lo sucesivo, «la decisión impugnada» o «la decisión por la que se denegó el archivo del procedimiento disciplinario») y, por otra parte, que se condene a la Comisión a abonarle una indemnización de daños y perjuicios.

2 Mediante escrito presentado por fax en la Secretaría del Tribunal el 10 de agosto de 2006 (el original se presentó el 17 de agosto siguiente), registrado con la referencia F-96/06, este mismo demandante solicita que se condene a la Comisión a abonarle una indemnización de daños y perjuicios a causa de diversos actos ilícitos cometidos por dicha institución.

Marco jurídico

I. Disposiciones relativas a los privilegios e inmunidades

3 El artículo 12 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, anexo al Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas (DO 1967, 152, p. 13; en lo sucesivo, «Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades» o «Protocolo»), dispone lo siguiente:

«En el territorio de cada uno de los Estados miembros e independientemente de su nacionalidad, los funcionarios y otros agentes de las Comunidades:

a) gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de los actos por ellos realizados con carácter oficial, incluidas sus manifestaciones orales y escritas, sin perjuicio de las disposiciones de los Tratados relativas, por una parte, a las normas sobre la responsabilidad de los funcionarios y agentes ante las Comunidades y, por otra, a la competencia del Tribunal para conocer de los litigios entre las Comunidades y sus funcionarios y otros agentes. Continuarán beneficiándose de dicha inmunidad después de haber cesado en sus funciones;

b) […]»

4 Según los términos del artículo 18 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades,

«Los privilegios, inmunidades y facilidades a favor de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades se otorgarán exclusivamente en interés de estas últimas.

Cada institución de las Comunidades estará obligada a suspender la inmunidad concedida a un funcionario u otro agente en los casos en que estime que esta suspensión no es contraria a los intereses de las Comunidades.»

5 El artículo 19 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades dispone:

«A los efectos de aplicación del presente Protocolo, las instituciones de las Comunidades cooperarán con las autoridades responsables de los Estados miembros interesados.»

6 El artículo 23, párrafo primero, primera frase, del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea recuerda que los privilegios y las inmunidades de que gozan los funcionarios se confieren exclusivamente en interés de las Comunidades.

II. Disposiciones relativas a las investigaciones en materia de lucha contra el fraude

7 El décimo considerando del Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136, p. 1), indica lo siguiente:

«Considerando que estas investigaciones deben efectuarse de conformidad con el Tratado y, en particular, con el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, respetando el Estatuto […], y respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales y, en particular, el principio de equidad, el derecho de la persona implicada a manifestarse sobre los hechos que le afectan y el derecho a que sólo los elementos con valor probatorio puedan constituir la base de las conclusiones de una investigación; […].»

8 El artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 1073/1999 dispone:

«Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades Europeas.

Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal.»

III. Disposiciones relativas a los procedimientos disciplinarios

9 Según lo dispuesto en el artículo 88, párrafo quinto, del Estatuto, en su versión aplicable hasta el 30 de abril de 2004, cuando un funcionario sea objeto de un proceso penal por hechos que han dado lugar a la incoación de un procedimiento disciplinario, sólo se adoptará una decisión definitiva cuando se haya pronunciado resolución firme por el tribunal competente.

10 El artículo 25 del anexo IX del Estatuto reproduce lo dispuesto en el artículo 88, párrafo quinto, del Estatuto, en su versión aplicable hasta el 30 de abril de 2004.

11 El artículo 1, apartado 1, de la Decisión de la Comisión de 28 de abril de 2004, por la que se establecen las disposiciones generales de ejecución relativas al desarrollo de las investigaciones administrativas y de los procedimientos disciplinarios (en lo sucesivo, «Disposiciones generales sobre investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios»), dispone la creación de una Oficina de Investigación y Disciplina de la Comisión (IDOC), retomando a este respecto lo previsto en la Decisión C(2002) 540 de la Comisión, de 19 de febrero de 2002.

12 El artículo 2, apartados 1 y 2, de las Disposiciones generales sobre investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios está redactado así:

«1. La IDOC se ocupará de realizar las investigaciones administrativas. A efectos de las presentes disposiciones, se considerarán “investigaciones administrativas” todas las acciones que lleve a cabo el funcionario designado al efecto con objeto de establecer los hechos y determinar, en su caso, si se ha producido un incumplimiento de las obligaciones a que están sujetos los funcionarios de la Comisión.

[…]

2. Podrán encomendarse a la IDOC otras investigaciones destinadas a verificar ciertos hechos, en particular en relación con lo dispuesto en los artículos 24, 73 y 90 del Estatuto.»

IV. Disposiciones relativas a la cobertura de los riesgos de enfermedad profesional y de accidente

13 Según el artículo 73, apartados 1 y 2, del Estatuto,

«1. Los funcionarios estarán asegurados contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidente, desde el día de su incorporación al servicio, en las condiciones que se establezcan en una reglamentación adoptada por acuerdo conjunto de las instituciones de las Comunidades, previo informe del Comité del Estatuto. […]

2. Las prestaciones garantizadas serán las siguientes:

a) […]

b) En caso de invalidez permanente total:

Entrega al interesado de un capital equivalente a ocho anualidades de su sueldo base calculadas según la cuantía de los sueldos mensuales percibidos en los doce meses anteriores al accidente;

c) En caso de invalidez permanente parcial:

Entrega al interesado de una parte de la cantidad prevista en la letra b) anterior, calculada según el baremo establecido en la reglamentación prevista en el apartado 1 anterior.

[…]»

14 El 13 de diciembre de 2005, las instituciones de las Comunidades adoptaron una Reglamentación común relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas, que entró en vigor el 1 de enero de 2006 (en lo sucesivo, «la Reglamentación de cobertura» o «la nueva Reglamentación de cobertura»). Antes de esa fecha estaba en vigor otra Reglamentación común relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas, cuya última modificación databa del 18 de julio de 1997 (en lo sucesivo, «la antigua Reglamentación de cobertura»).

15 El artículo 30 de la nueva Reglamentación de cobertura contiene las siguientes disposiciones transitorias:

«Queda derogada [la antigua Reglamentación de cobertura].

No obstante, seguirá siendo aplicable a todo proyecto de decisión adoptado en virtud del apartado 1 del artículo 20 antes del 1 de enero de 2006 […].»

16 El artículo 2, apartado 1, de la nueva Reglamentación de cobertura define el accidente como todo acontecimiento repentino que haya menoscabado la integridad física o psíquica del asegurado y cuya causa, o una de cuyas causas, sea externa al organismo de la víctima. El artículo 2, apartado 1, de la antigua Reglamentación de cobertura definía el accidente como todo acontecimiento o factor externo y repentino o violento o anormal que hubiera menoscabado la integridad física o psíquica del funcionario.

17 Con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la nueva Reglamentación de cobertura, la invalidez permanente total o parcial se medirá por los daños causados a la integridad física y psíquica tal como se fijan por el baremo europeo para la evaluación de los daños causados a la integridad física y psíquica, anexo a dicha Reglamentación.

18 El artículo 11, apartado 2, de la nueva Reglamentación de cobertura dispone que, en caso de invalidez permanente total del asegurado producida a consecuencia de un accidente o de una enfermedad profesional, los daños causados a la integridad física y psíquica serán del 100 % y se le pagará el capital previsto en la letra b) del apartado 2 del artículo 73 del Estatuto. Según el artículo 11, apartado 3, de la nueva Reglamentación de cobertura, en caso de invalidez permanente parcial del asegurado producida a consecuencia de un accidente o de una enfermedad profesional, se le pagará el capital previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 73 del Estatuto, determinado en función de los porcentajes previstos en el baremo europeo para la evaluación de los daños causados a la integridad física y psíquica.

19 El artículo 15 de la nueva Reglamentación de cobertura prescribe que el funcionario víctima de un accidente o sus derechohabientes deberán declarar el accidente a la administración de la institución de la que dependa el asegurado. La declaración de accidente debe indicar de manera detallada el día y la hora, las causas y circunstancias del accidente, así como los nombres de los testigos y del tercero responsable eventuales, e ir acompañada de un certificado médico que especifique la naturaleza de las lesiones y las probables consecuencias del accidente. Dicha declaración debe realizarse en los diez días laborables siguientes a la fecha en que tuvo lugar el accidente. Esta disposición es sustancialmente idéntica al artículo 16 de la antigua Reglamentación de cobertura.

20 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, párrafo primero, primera frase, de la nueva Reglamentación de cobertura, el funcionario que solicite la aplicación de dicha Reglamentación por motivo de enfermedad profesional debe hacer una declaración a la administración de la institución de la que dependa en un plazo razonable tras el inicio de la enfermedad o después de la fecha del primer parte médico. Esta disposición retoma el artículo 17, apartado 1, párrafo primero, primera frase, de la antigua Reglamentación de cobertura.

21 Según los términos del artículo 16, apartado 2, de la nueva Reglamentación de cobertura, la administración procederá a una investigación con objeto de recabar todos los elementos que le permitan determinar la naturaleza de la afección, su origen profesional, así como las circunstancias que dieron lugar a la misma. Esta disposición retoma el artículo 17, apartado 2, párrafo primero, de la antigua Reglamentación de cobertura.

22 El artículo 18 de la nueva Reglamentación de cobertura dispone que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «la AFPN») adoptará, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 20, las decisiones relativas al reconocimiento del origen accidental de un acontecimiento o al reconocimiento del origen profesional de la enfermedad y a la determinación del grado de invalidez permanente, en virtud de las conclusiones emitidas por el médico o los médicos designados por las instituciones y, si el asegurado lo solicita, previa consulta a la comisión médica prevista en el artículo 22 de dicha Reglamentación. Esta disposición es sustancialmente idéntica al artículo 19 de la antigua Reglamentación de cobertura.

23 El artículo 20 de la nueva Reglamentación de cobertura está redactado así:

«1. Antes de adoptar una decisión con arreglo al artículo 18, la [AFPN] notificará al asegurado o a sus derechohabientes el proyecto de decisión, junto con las conclusiones del médico o los médicos designados por la institución. El asegurado o sus derechohabientes podrán solicitar que se transmita el informe médico completo al médico de su elección, o que el mismo les sea comunicado.

2. El asegurado o sus derechohabientes podrán, en un plazo de sesenta días, solicitar el dictamen de la comisión médica prevista en el artículo 22. En la solicitud de dictamen de la comisión médica se deberá indicar el nombre del médico que represente al asegurado o a sus derechohabientes y se deberá adjuntar un informe de dicho médico en el que se precisen al médico o los médicos designados por la institución las cuestiones médicas disputadas, con vistas a la aplicación de las disposiciones de la presente Reglamentación.

3. Si, transcurrido este plazo, no se ha presentado ninguna solicitud de consulta de la comisión médica, la [AFPN] adoptará la decisión conforme al proyecto notificado.»

24 El artículo 21 de la antigua Reglamentación de cobertura permitía que el funcionario solicitara que se transmitiese el informe médico completo al médico de su elección. En cambio, a diferencia del artículo 20 de la nueva Reglamentación de cobertura, el artículo 21 de la antigua Reglamentación de cobertura no contemplaba la posibilidad de que el funcionario solicitara que se le comunicase directamente el informe médico.

25 El artículo 22, apartado 1, de la nueva Reglamentación de cobertura, sustancialmente idéntico, en lo que respecta a la composición de la comisión médica, al artículo 23, apartado 1, de la antigua Reglamentación de cobertura, está redactado así:

«1. La comisión médica estará compuesta por tres médicos designados:

– el primero, por el asegurado o sus derechohabientes;

– el segundo, por la [AFPN];

– el tercero, de común acuerdo entre los dos primeros médicos.

[...]»

26 Finalmente, el artículo 19, apartado 3, de la nueva Reglamentación de cobertura dispone lo siguiente:

«La decisión por la que se establece el grado de invalidez se producirá una vez se hayan estabilizado las lesiones del funcionario. Las secuelas del accidente o de la enfermedad profesional se habrán estabilizado cuando adquieran carácter estacionario, o cuando no vayan a atenuarse sino muy lentamente y de una forma muy limitada. […]

Cuando, una vez finalizado el tratamiento médico, no se pueda todavía determinar definitivamente el grado de invalidez, el dictamen del médico o los médicos citados en el artículo 18 o, dado el caso, el informe de la comisión médica prevista en el artículo 22 deberá especificar la fecha límite en la que se deberá reexaminar el expediente del asegurado.»

V. Disposiciones relativas a las prestaciones recibidas en caso de invalidez

A. Estatuto

27 Según el artículo 53 del Estatuto, cuando la comisión de invalidez certifique que un funcionario reúne las condiciones previstas en el artículo 78, será jubilado de oficio el último día del mes en el que la AFPN reconozca la incapacidad definitiva del funcionario para ejercer sus funciones.

28 A tenor de lo dispuesto en el artículo 59, apartado 4, del Estatuto, la AFPN podrá someter a la comisión de invalidez el caso de todo funcionario cuyas licencias por enfermedad acumuladas excedan de doce meses durante un período de tres años.

29 El artículo 78, párrafo primero, del Estatuto establece lo siguiente:

«El funcionario afectado por una invalidez permanente total que le impida ejercer las funciones correspondientes a un puesto de trabajo de su grupo de funciones tendrá derecho a una asignación por invalidez […].»

30 Según el artículo 78, párrafo tercero, del Estatuto, la asignación por invalidez será igual al 70 % del último sueldo base del funcionario.

31 El artículo 78, párrafo cuarto, del Estatuto precisa que la asignación por invalidez estará sujeta a una contribución al régimen de pensiones, calculada en función de dicha asignación.

32 Con arreglo al artículo 78, párrafo quinto, del Estatuto, cuando la invalidez sea consecuencia de una enfermedad profesional, la contribución al régimen de pensiones a la que está sujeta la asignación por invalidez correrá íntegramente a cargo del presupuesto de la institución.

33 A tenor de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, del anexo VIII del Estatuto:

«Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 1, apartado 1, anterior, el funcionario que no hubiere cumplido los 65 años y que en el curso del período durante el cual causaba derecho a pensión de jubilación, fuere declarado por la comisión de invalidez afectado por una invalidez permanente considerada total y que le impida ejercer las funciones correspondientes a un empleo de su carrera, y que por esta causa tuviera que suspender su servicio a las Comunidades, tendrá derecho, mientras dure la incapacidad, a la asignación por invalidez prevista en el artículo 78 del Estatuto.»

B. Estatuto, en su versión aplicable hasta el 30 de abril de 2004

34 El artículo 53 del Estatuto, en su versión aplicable hasta el 30 de abril de 2004, es idéntico al actual artículo 53 del Estatuto.

35 El artículo 78, párrafo primero, del Estatuto, en su versión aplicable hasta el 30 de abril de 2004, disponía:

«El funcionario afectado por una invalidez permanente total que le impida ejercer las funciones correspondientes a un puesto de trabajo de su carrera tendrá derecho a una pensión de invalidez [...].»

36 Con arreglo al artículo 78, párrafo segundo, del Estatuto, en su versión aplicable hasta el 30 de abril de 2004, cuando la invalidez sea consecuencia de una enfermedad profesional, la cuantía de la pensión será igual al 70 % del sueldo base del funcionario.

37 Según el artículo 78, párrafo tercero, del Estatuto, en su versión aplicable hasta el 30 de abril de 2004, cuando la invalidez se deba a causas distintas de las mencionadas en el párrafo segundo de dicho artículo, la cuantía de la pensión de invalidez será igual a la cuantía de la pensión de jubilación a la que el funcionario hubiera tenido derecho de haber continuado prestando servicio hasta los 65 años.

VI. Disposiciones relativas al expediente personal

38 El artículo 26 del Estatuto está redactado así:

«El expediente personal de cada funcionario deberá contener:

a) los documentos que se refieran a su situación administrativa y los informes sobre su competencia, rendimiento y comportamiento;

b) las observaciones formuladas por el funcionario respecto a dichos documentos.

Todos los documentos deberán estar registrados, numerados y clasificados sin discontinuidad; la institución no podrá oponer a un funcionario ni alegar en su contra los documentos a que se refiere el párrafo a) anterior si no le hubieren sido comunicados antes de su incorporación al expediente.

La comunicación de cualquier documento será certificada mediante la firma del funcionario o, en su defecto, se hará por correo certificado enviado a la última dirección indicada por el funcionario.

[...]

Para cada funcionario se abrirá únicamente un expediente.

Los funcionarios, incluso tras el cese en sus funciones, tendrán derecho a conocer todos los documentos que figuran en su expediente y a hacer copia de los mismos.

El expediente personal tendrá carácter confidencial y sólo podrá ser consultado en las oficinas de la administración o en un soporte informático protegido. Será remitido, sin embargo, al Tribunal de Justicia [de la Unión Europea] cuando se haya interpuesto un recurso que afecte al funcionario.»

39 El artículo 26 bis del Estatuto dispone lo siguiente:

«Todo funcionario tendrá derecho a consultar su expediente médico en las condiciones que las instituciones determinen.»

VII. Disposiciones relativas al acceso del público a los documentos

40 El artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), está redactado así:

«Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de:

– […]

– el objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría,

salvo que su divulgación revista un interés público superior.»

Hechos que originaron el litigio

41 El demandante es un antiguo funcionario de grado AD 15, que comenzó a prestar sus servicios en la Comisión en 1979 y ocupó diversos puestos en dicha institución.

42 Desde el 21 de diciembre de 1995 hasta julio de 1997, el demandante fue Jefe de Gabinete de la Sra. Cresson, Miembro de la Comisión, sustituyendo en ese puesto al Sr. Lamoureux.

43 Como el presente litigio tiene su origen en ciertos hechos producidos en el gabinete de la Sra. Cresson durante este período, procede recordarlos brevemente.

I. El contexto del «asunto Cresson»

44 La Sra. Cresson desempeñó el cargo de Miembro de la Comisión, bajo la presidencia del Sr. Santer, entre el 24 de enero de 1995 y el 8 de septiembre de 1999. La cartera de la Sra. Cresson abarcaba los siguientes ámbitos: ciencia, investigación y desarrollo, recursos humanos, educación, formación y juventud, así como el Centro común de investigación (CCI).

45 Aunque cuando entró en funciones su gabinete ya estaba constituido, la Sra. Cresson manifestó su deseo de contratar a un conocido cercano, el Sr. Berthelot, en calidad de «asesor personal». Debido a su edad, 66 años en el momento de los hechos, el Sr. Berthelot no podía ser contratado como agente temporal para prestar servicios como miembro del gabinete de un Miembro de la Comisión. Por otra parte, el Sr. Lamoureux, Jefe de Gabinete de la Sra. Cresson, había indicado a ésta que, dada la edad del Sr. Berthelot, no veía ninguna posibilidad de que la Comisión lo contratara. La Sra. Cresson, que deseaba no obstante contar con los servicios del Sr. Berthelot en calidad de asesor personal, pidió a los servicios administrativos que estudiasen en qué condiciones sería posible contratarlo. Finalmente se contrató al Sr. Berthelot como científico asociado adscrito a la Dirección General de Investigación (en lo sucesivo, «DG Investigación») a partir del 1 de septiembre de 1995, por una duración inicial de seis meses. Posteriormente, el contrato se prorrogó hasta finales de febrero de 1997. A partir del mes de abril de 1996, en aplicación de una norma que prohíbe la acumulación, se redujo la asignación mensual que percibía el Sr. Berthelot como científico asociado tomando en consideración el importe de una pensión que cobraba en Francia. Poco después de aplicarse dicha reducción, el gabinete de la Sra. Cresson emitió a nombre del Sr. Berthelot trece órdenes de misión durante el período comprendido entre el 23 de mayo y el 21 de junio de 1996, gracias a las cuales éste cobró aproximadamente 6.900 euros. Con efectos a 1 de septiembre de 1996, el Sr. Berthelot fue reclasificado en un grado superior, pasando del grupo II de científicos asociados al grupo I. Su retribución mensual, que ascendía por entonces a cerca de 4.500 euros, se incrementó en unos 1.000 euros. Una vez terminado su contrato con la DG Investigación, a saber, el 1 de marzo de 1997, se ofreció al Sr. Berthelot otro contrato de un año de duración como científico asociado, esta vez en el CCI, que terminaba a finales de febrero de 1998.

46 A raíz de las alegaciones de ciertos miembros del Parlamento Europeo en las que se acusaba a la Sra. Cresson de haber incurrido en favoritismo al contratar y favorecer a dos de sus conocidos, diversos organismos llevaron a cabo investigaciones al respecto.

47 Un comité de expertos independientes constituido el 27 de enero de 1999 bajo los auspicios del Parlamento Europeo y de la Comisión recibió el encargo de elaborar un primer informe al objeto de determinar en qué medida la Comisión, como órgano colegiado, o uno o varios de sus miembros individualmente, eran responsables de los recientes casos de fraude, mala gestión o nepotismo aducidos durante los debates parlamentarios. En su informe presentado el 15 de marzo de 1999, dicho comité llegó a la conclusión de que existía un caso evidente de favoritismo en relación con el Sr. Berthelot.

48 La Comisión presentó su dimisión colectiva el 16 de marzo de 1999, pero permaneció en funciones hasta el 8 de septiembre del mismo año.

49 El 20 de julio de 1999, la OLAF abrió una investigación interna sobre las condiciones en las que el Sr. Berthelot había sido contratado por la Comisión como científico asociado. En el informe que elaboró al respecto, finalizado el 23 de noviembre de 1999, la OLAF concluía afirmando que “como [ciertos] informes que llevan la firma del Sr. Berthelot y [...] declaraciones con su firma sobre misiones ejecutadas por él pueden recibir la calificación de falsedad documental y de uso de documento falso, procede dar traslado del presente informe [...] a las autoridades judiciales competentes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento nº 1073/99».

50 La OLAF dio traslado de este informe al Director General de la DG Personal y Administración, con vistas a la eventual apertura de procedimientos disciplinarios, y al procureur du Roi du parquet de Bruxelles (Fiscal Jefe de Bruselas). El informe provocó la apertura de varios procedimientos disciplinarios contra funcionarios y agentes de la Comisión y de un procedimiento destinado a recuperar las cantidades indebidamente abonadas al Sr. Berthelot. En ese momento no se abrió ningún procedimiento disciplinario contra el demandante.

51 La DG Personal y Administración y posteriormente la IDOC, creada por la Decisión C(2002) 540 de la Comisión, de 19 de febrero de 2002, llevaron a cabo dos investigaciones complementarias en relación con el Sr. Berthelot, una acerca del papel de la DG Investigación y la otra sobre la implicación del CCI. El 22 de febrero de 2002, la IDOC presentó el informe correspondiente a su investigación administrativa complementaria sobre el período de trabajo del Sr. Berthelot como científico asociado en la DG Investigación y en el CCI. La conclusión a que llegaba dicho informe era que «con arreglo a todos los datos y declaraciones recabados en las investigaciones complementarias prescritas, todo parece indicar que el hilo de Ariadna que servía de base al trabajo del Sr. Berthelot en la Comisión era la necesidad de retribuir al interesado por la asistencia directa que la Sra. Cresson deseaba recibir de él como asesor personal».

52 El 21 de enero de 2003, el Colegio de Comisarios decidió formular un pliego de cargos contra la Sra. Cresson, para la eventual apertura de un procedimiento basado en los artículos 213 CE, apartado 2, y 126 EA, apartado 2.

53 El 18 de marzo de 2003, el Sr. V., Juez de Instrucción del Tribunal de première instance de Bruxelles, imputó a la Sra. Cresson, al Sr. Berthelot y a ocho funcionarios y agentes de la Comisión, entre ellos el demandante, los delitos de falsedad documental, uso de documento falso, estafa y abuso en el ejercicio de funciones públicas. La Comisión se personó como parte civil ante la justicia penal belga el 11 de septiembre de 2003.

54 Mediante resolución de 30 de junio de 2004, la chambre du conseil del tribunal de première instance de Bruxelles, tomando nota del informe oral del procureur du Roi (en lo sucesivo, «Ministerio Fiscal») y remitiéndose a la motivación del informe escrito presentado por éste, acordó el sobreseimiento de la causa. El auto de sobreseimiento indicaba, en particular, que el sumario permitía indudablemente formular cargos por la existencia de falsedades y estafas, pero que ningún indicio permitía imputar con certeza esos delitos a alguno de los inculpados cuya actuación se había examinado en la instrucción.

55 El 7 de octubre de 2004, la Comisión presentó un recurso en el que solicitaba al Tribunal de Justicia que constatase que la Sra. Cresson había incurrido en favoritismo o, al menos, en una negligencia grave, incumpliendo las obligaciones que le imponían los artículos 213 CE y 126 EA, y que en consecuencia privase parcial o totalmente a la Sra. Cresson de su derecho a pensión y de cualquier otro beneficio equivalente.

56 En su sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C-432/04, Rec. p. I-6387; en lo sucesivo, «sentencia Comisión/Cresson»), el Tribunal de Justicia declaró que la Sra. Cresson había incumplido las obligaciones derivadas de su cargo de Miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas, en el sentido de los artículos 213 CE, apartado 2, y 126 EA, apartado 2, en el contexto de la contratación y de las condiciones de empleo del Sr. Berthelot. Sin embargo, en lo que respecta a la pretensión de la Comisión de que se privase a la Sra. Cresson de su derecho a pensión, el Tribunal de Justicia consideró que la declaración de que la Sra. Cresson había incumplido sus obligaciones constituía en sí misma una sanción apropiada, por lo que procedía dispensarla de otras sanciones.

II. Los hechos relativos al demandante

57 El demandante fue Jefe de Gabinete de la Sra. Cresson desde el 21 de diciembre de 1995 hasta julio de 1997. En diciembre de 1996 fue nombrado Consejero Principal en la DG Investigación, puesto para el que había presentado su candidatura. En efecto, deseaba abandonar el gabinete de la Sra. Cresson a causa de las tensiones existentes entre ambos desde mayo de 1996. Sin embargo, su abandono efectivo del gabinete no se produjo hasta julio de 1997, pues la Sra. Cresson no aceptó su dimisión hasta ese momento, al no haber seleccionado a la persona que lo reemplazaría.

58 El 15 de septiembre de 1999 se tomó declaración de modo oficioso al demandante en el contexto de las investigaciones de la OLAF. El 17 de noviembre de 1999 fue informado de que se había abierto una investigación sobre él, y el 19 de noviembre de 1989 se le concedió formalmente audiencia. Por lo que respecta al demandante, el informe de la OLAF de 23 de noviembre de 1999 indicaba que, vistas las declaraciones parcialmente concordantes de varios funcionarios, parecía probable la celebración en su despacho de una reunión en la que se había discutido la posibilidad de reclasificar al Sr. Berthelot en el grupo I de científicos asociados (punto 4.2.2 del informe de la OLAF). Este informe de la OLAF no dio lugar a la apertura de procedimiento disciplinario alguno contra el demandante.

59 El 27 de diciembre de 2000, la radiotelevisión belga francófona (RTBF) emitió el programa de gran audiencia «Au nom de la loi» («En nombre de la ley»), dedicado en esa ocasión al «asunto Cresson», entre otros. En un breve pasaje del programa se citó el nombre del demandante y se ofrecieron imágenes de un documento del que se afirmaba que era el acta de la audición del mismo por la OLAF.

60 Mediante nota de 7 de febrero de 2001, la DG Personal y Administración informó al demandante de la decisión de la Comisión de suspender su inmunidad, atendiendo a la petición en ese sentido remitida el 18 de diciembre de 2000 al Presidente de la Comisión por el Sr. V., Juez de Instrucción del Tribunal de première instance de Bruxelles.

61 El informe de la IDOC de 22 de febrero de 2002 precisaba, por lo que respecta al demandante, que del análisis de los datos obtenidos en las investigaciones parecía desprenderse que entre el 21 y el 29 de noviembre de 1996 se había celebrado en el despacho del demandante una reunión en la que se había discutido la posibilidad de reclasificar al Sr. Berthelot en el grupo I de científicos asociados (punto 4.4 del informe de la IDOC).

62 El 18 de marzo de 2003 (véase el apartado 53 supra), el demandante fue inculpado como autor o coautor, por una parte, de un delito de falsedad documental, principalmente por haber elaborado u ordenado elaborar trece órdenes de misión y trece extractos de gastos de misión, incluyendo u ordenando incluir en cada una de ellos informaciones que no correspondían a la realidad y, por otra parte, de un delito de estafa, en relación con el reembolso de los gastos de misión contemplados en la inculpación anterior. El demandante recibió la notificación del Juez de Instrucción en la que se le informaba de su inculpación el 7 de abril de 2003.

63 Tras esta inculpación, el demandante sufrió una depresión nerviosa por la que se le concedieron varias bajas laborales de diversa duración.

64 El 25 de julio de 2003, el demandante remitió a la Comisión una «declaración de accidente/enfermedad profesional». En esta declaración, que iba acompañada de un informe de su médico, el demandante no formuló acusaciones expresas de acoso moral contra la institución.

65 El 31 de julio de 2003, la Comisión acusó recibo de la declaración del demandante del 25 de julio anterior y le informó de la apertura de una investigación destinada a determinar la naturaleza y el origen de su afección.

66 En septiembre de 2003, una semana después de que el demandante reasumiera sus funciones tras una licencia por enfermedad, el programa de investigación del que era responsable fue «bloqueado», a instancias de la DG Personal y Administración. Este incidente provocó una nueva baja laboral del demandante, que se prolongó hasta principios de enero de 2004.

67 El 16 de enero de 2004, según afirma el demandante, el Director General de la DG Investigación le informó verbalmente de que la AFPN tenía la intención de cesarlo en su puesto por interés del servicio, con arreglo al artículo 50 del Estatuto. Según el demandante, esta información le fue confirmada el 20 de enero de 2004 por el Jefe de Gabinete del Miembro de la Comisión encargado de la investigación científica, pero nunca llegó a materializarse. Tras este anuncio el demandante sufrió una recaída en su depresión, lo que tuvo como consecuencia un nuevo período de baja laboral, desde el 22 de enero de 2004 hasta finales de 2004.

68 Mediante decisión de 16 de enero de 2004, el Sr. Kinnock, Miembro de la Comisión encargado de las cuestiones de personal y administración, y en consecuencia de las investigaciones y medidas disciplinarias, abrió un procedimiento disciplinario contra el demandante y suspendió dicho procedimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88, párrafo quinto, del Estatuto, en su versión aplicable hasta el 30 de abril de 2004, hasta que el Tribunal penal belga hubiera pronunciado resolución firme. En dicha decisión se indicaba que lo que se reprochaba al demandante, además de su inculpación, era haber desempeñado un papel activo, como Jefe de Gabinete de la Sra. Cresson, por una parte en la reclasificación, que se consideraba irregular, del Sr. Berthelot en el grupo I de científicos asociados en la DG Investigación y por otra parte en la contratación de este último como científico asociado en el CCI, que también se consideraba irregular.

69 El informe escrito presentado por el Ministerio Fiscal al término de la instrucción, de fecha 3 de febrero de 2004 (véase el apartado 54 supra), contenía el siguiente análisis a propósito de la inculpación de falsedad documental formulada contra el demandante:

«[…] que aunque el demandante era el Jefe de Gabinete de [la Sra.] Cresson, no existe ninguna declaración que se refiera a él ni expresa ni implícitamente; que ninguna prueba material, tal como una nota o una firma, permite acreditar su participación en los hechos; que él mismo ha aportado datos que demuestran la falsedad de las órdenes de misión, al declarar que el segundo inculpado (Berthelot) venía los martes a Bruselas, en compañía de la Sra. Cresson y en el automóvil de ésta, para salir hacia Châtellerault (Francia) los jueves, a pesar de que esos días coinciden precisamente con las fechas de las misiones efectuadas en sentido inverso [...]».

70 Dicho informe escrito del Ministerio Fiscal concluía señalando que no existía ninguna prueba de cargo contra el demandante en lo que respecta a las inculpaciones de falsedad documental y de estafa.

71 Mediante escrito de 25 de mayo de 2004, el Jefe de la Unidad «Servicio médico (Bruselas)» de la Comisión informó al demandante de que, habida cuenta de sus días de ausencia por enfermedad, estaba analizando la posibilidad de pedir a la AFPN la incoación de un procedimiento de invalidez en lo que a él que respecta, preguntándole si deseaba formular objeciones al respecto.

72 Mediante escrito de 23 de junio de 2004, el demandante respondió que no se oponía a la incoación de dicho procedimiento, a condición de que estuviera basado exclusivamente en el artículo 78, párrafo quinto, del Estatuto, relativo al caso en que la invalidez es consecuencia de una enfermedad profesional.

73 El 29 de junio de 2004, el Jefe de la Unidad «Servicio médico (Bruselas)» respondió al demandante que había tomado buena nota de su escrito del 23 de junio anterior. También le indicó que deseaba recordarle que era imposible presumir cuáles serían las conclusiones de la comisión de invalidez, particularmente en lo relativo al origen profesional de la invalidez, pero que dicha comisión debería analizar tal cuestión.

74 El 13 de julio de 2004, tras el sobreseimiento acordado por el Tribunal penal belga el 30 de junio de 2004 en favor del demandante y de los demás inculpados (véase el apartado 54 supra), la Comisión remitió a éste un escrito formulado como sigue:

«Como usted sabe, el procedimiento disciplinario que le afecta ha quedado suspendido hasta que el Colegio [de Comisarios] adopte una decisión sobre el caso de la Sra. Cresson.

[…]

Una vez que [la resolución del Tribunal penal belga] haya adquirido firmeza y el Servicio Jurídico la haya analizado, todas las cuestiones relativas a la Sra. Cresson serán sometidas al Colegio [de Comisarios] para que adopte una decisión. Inmediatamente después, todos los demás expedientes, incluido el suyo, serán reexaminados a la vista de la decisión adoptada y sometidos de nuevo a la AFPN.»

75 Mediante una decisión de 20 de julio de 2004, de efecto inmediato, la AFPN decidió cambiar de destino al demandante, atribuyéndole el puesto recién creado de «Consejero Principal encargado de cuestiones económicas», dependiente del Director General de la DG Investigación (en lo sucesivo, «decisión de cambio de destino»). En el párrafo primero de dicha decisión se invocaban la aplicación de la política de movilidad del personal directivo superior y el interés del servicio.

76 El 14 de octubre de 2004, el demandante presentó ante la AFPN una reclamación contra la decisión de cambio de destino. La AFPN desestimó dicha reclamación mediante decisión de 15 de marzo de 2005, y el demandante no recurrió esta última decisión en vía judicial.

77 El 22 de octubre de 2004, el demandante presentó, al amparo del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, una petición en la que solicitaba que se archivase el procedimiento disciplinario abierto en su contra. En apoyo de su petición invocaba, en particular, el sobreseimiento acordado por el Tribunal penal belga.

78 El 25 de octubre de 2004, el demandante remitió a la Comisión una nueva «declaración de accidente de trabajo y/o de enfermedad profesional», en la que sostenía que la depresión nerviosa que padecía era consecuencia del conjunto de medidas adoptadas por la Comisión con respecto a él, que a su juicio acreditaban una voluntad de perjudicarlo y de acosarlo moralmente.

79 La comisión de invalidez presentó sus conclusiones el 29 de octubre de 2004. En ellas se indicaba que el demandante padecía una invalidez permanente total que le impedía ejercer las funciones correspondientes a un puesto de trabajo de su carrera. Estas conclusiones precisaban igualmente que la comisión de invalidez no se había pronunciado, en ese momento, sobre la eventual relación entre la invalidez observada y la actividad profesional del demandante, «a la espera de disponer de los datos oportunos procedentes de los órganos competentes».

80 Mediante decisión de la AFPN de 8 de noviembre de 2004, con efectos a 30 de noviembre, el demandante fue jubilado de oficio en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto y se le reconoció el derecho a una asignación por invalidez calculada con arreglo al artículo 78, párrafo tercero, del Estatuto.

81 El 25 de noviembre de 2004, la Comisión acusó recibo del escrito del demandante de 25 de octubre y le indicó que el procedimiento abierto en julio de 2003, en aplicación del artículo 73 del Estatuto, estaba a punto de finalizar. La Comisión informó igualmente al demandante de que, a causa de las acusaciones de acoso moral formuladas por él, la petición de que se reconociera el carácter profesional de su enfermedad debía ser examinada por la IDOC, único órgano habilitado, junto con la OLAF, para efectuar investigaciones administrativas.

82 El 24 de diciembre de 2004, el demandante remitió a la Comisión un escrito en el que le solicitaba que anulase su decisión de encomendar una investigación a la IDOC. En apoyo de su solicitud alegaba, por una parte, que tal investigación sólo serviría para prolongar aún más un procedimiento que llevaba tramitándose cerca de dos años y, por otra parte, que dicha Oficina no era imparcial. En este escrito, el demandante solicitaba igualmente a la Comisión que le precisara, en primer lugar, si la mencionada decisión podía ser objeto de una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto y, en segundo lugar, si dicha institución había excluido definitivamente la posibilidad de que él hubiere sido víctima de un accidente de trabajo.

83 Mediante escrito de 4 de febrero de 2005, la Comisión respondió al demandante que la decisión de confiar el asunto a la IDOC no era susceptible de recurso, y que sus críticas contra la imparcialidad de dicha Oficina eran inaceptables. La Comisión indicó igualmente al demandante que él no había presentado ninguna declaración de accidente, ya que en su declaración de 25 de julio de 2003 se había referido expresamente al artículo 17 de la antigua Reglamentación de cobertura (relativo a las declaraciones de enfermedad profesional), y no al artículo 16 de dicha Reglamentación (relativo a las declaraciones de accidente).

84 Mediante decisión de 28 de febrero de 2005, la AFPN rechazó la petición del demandante de 22 de octubre de 2004, en la que éste solicitaba el archivo del procedimiento disciplinario abierto en su contra. En la motivación de esta decisión se indicaba que el procedimiento disciplinario y el penal eran independientes el uno del otro y que, por lo tanto, el hecho de que el procedimiento penal belga hubiera concluido con un sobreseimiento no significaba que el procedimiento disciplinario debiera archivarse. Por otra parte, la decisión afirmaba que el procedimiento disciplinario en contra del demandante debía seguir suspendido, a causa de su relación con el recurso presentado contra la Sra. Cresson ante el Tribunal de Justicia el 7 de octubre de 2004. Concretamente, el mantenimiento de la suspensión del procedimiento disciplinario contra el demandante se justificaba del siguiente modo:

«Ninguna decisión de fondo en el asunto que le afecta, tanto si fuera un eventual archivo del procedimiento como una eventual reanudación del mismo, sería neutral en relación con el procedimiento contra la Sra. Cresson ante el Tribunal de Justicia, por lo que podría considerarse una tentativa de influencia inapropiada.

Aun teniendo presente que [el procedimiento contra la Sra. Cresson pendiente ante el Tribunal de Justicia] no es de carácter penal, procede no obstante aplicar la jurisprudencia relativa a las razones para suspender un procedimiento disciplinario en caso de proceso penal, artículo 25 del anexo IX del Estatuto ([...] artículo 88[, párrafo quinto,] del Estatuto[, en su versión aplicable hasta el 30 de abril de 2004]). El [Tribunal de Primera Instancia] ha declarado en efecto a este respecto que el objetivo de dicho artículo consiste también en evitar que “en el contexto del proceso penal seguido contra un funcionario [...] se coloque a éste en una situación menos favorable que la que habría podido tener sin esa decisión de la autoridad administrativa […]” (sentencia de 19 [de marzo de] 1998, Tzoanos/Comisión, T-74/96, RecFP pp. [I-A-129 y] II-343 […]).»

85 Mediante escrito de 24 de marzo de 2005, el demandante presentó una tercera «declaración de accidente de trabajo/enfermedad profesional».

86 Mediante escrito de 12 de mayo de 2005, la Comisión informó al demandante de que se limitaría a incorporar al expediente su nueva declaración, que no suponía ningún cambio de fondo. En este escrito se informaba por otra parte al demandante de que el 16 de marzo anterior la IDOC había remitido a la Sección de seguro de accidentes y enfermedad profesional de la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (en lo sucesivo, «PMO», por «Pay Master’s Office») una «aportación» que permitía dar por finalizado el procedimiento de investigación abierto en virtud del artículo 17 de la antigua Reglamentación de cobertura (en lo sucesivo, «la aportación de la IDOC»).

87 Mediante escrito de 19 de mayo de 2005, el demandante solicitó que se le diera traslado de esa aportación de la IDOC.

88 El 20 de mayo de 2005, el demandante presentó una reclamación contra la decisión por la que se denegó el archivo del procedimiento disciplinario en respuesta a su petición.

89 Mediante escrito de 9 de junio de 2005, el Jefe de la Sección de seguro de accidentes y enfermedad profesional de la PMO se negó a dar traslado al demandante de una copia de la aportación de la IDOC a la investigación abierta en virtud del artículo 17 de la antigua Reglamentación de cobertura. Para justificar esa denegación «hasta que se adoptase una nueva decisión», el Jefe de dicha Sección invocaba dos motivos. En primer lugar afirmaba que dicha aportación constituía un acto preparatorio del que debía disponer el médico nombrado por la institución, sin exponerse al riesgo de que la divulgación del mismo pudiera prejuzgar las conclusiones del informe que se le había encargado redactar. En segundo lugar se acogía a la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001, con arreglo a la cual las instituciones pueden denegar el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría.

90 Mediante escrito de fecha 29 de junio de 2005, el demandante presentó el 4 de julio siguiente ante la AFPN una petición en la que solicitaba que se le indemnizase por todos los perjuicios sufridos a causa de diversos actos ilícitos que imputaba a la Comisión.

91 La reclamación de 20 de mayo de 2005 fue desestimada por decisión de la AFPN de 26 de septiembre de 2005.

92 La petición de 29 de junio de 2005 fue rechazada por decisión de la AFPN de 10 de noviembre de 2005. El 23 de enero de 2006, el demandante interpuso una reclamación, fechada el 19 de enero anterior, contra esta última decisión. Dicha reclamación fue objeto de una decisión denegatoria implícita, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2, párrafo segundo, del Estatuto.

93 El 16 de diciembre de 2005, a raíz de la decisión de 26 de septiembre de 2005 por la que se desestimaba su reclamación de 20 de mayo de 2005 (véanse los apartados 88 y 91 supra), el demandante interpuso el recurso registrado con la referencia F-124/05.

94 La sentencia Comisión/Cresson se dictó el 11 de julio de 2006.

95 El 10 de agosto de 2006, a raíz de la decisión denegatoria implícita de su reclamación de 19 de enero de 2006 (véase el apartado 92 supra), el demandante interpuso el recurso registrado con la referencia F-96/06.

96 El 16 de octubre de 2006, el Sr. Kallas, Vicepresidente de la Comisión, informó al demandante de que, tras un atento examen de la sentencia Comisión/Cresson, había decidido archivar el procedimiento disciplinario que le concernía.

97 El 16 de marzo de 2007, la Comisión notificó al demandante un proyecto de decisión por el que se negaba a reconocer el origen profesional de su enfermedad, basándose en las conclusiones adoptadas por el médico designado por la institución.

98 El 3 de mayo de 2007, el demandante solicitó la constitución de la comisión médica contemplada en el artículo 22 de la Reglamentación de cobertura.

99 El 5 de diciembre de 2007, la comisión médica presentó su informe, en el que reconocía por unanimidad el origen profesional de la enfermedad del demandante. Las conclusiones del informe de la comisión médica estaban redactadas en estos términos:

«1. Tras el choque psicológico sufrido por él en el contexto de sus actividades profesionales el [7 de abril de] 2003, [el demandante] se encontró en una situación de incapacidad temporal total para el trabajo desde el 10 de abril de 2003 hasta el 31 de agosto de 2003, como mínimo.

2. A continuación, [el demandante] intentó brevemente en dos ocasiones reemprender sus actividades, pero sin éxito, lo que provocó unas recaídas en la situación de incapacidad temporal total que estaban manifiestamente relacionadas con el proceso patológico inicial.

3. En la fecha en que se emite este dictamen pericial médico, [el demandante] sigue hallándose en una situación de incapacidad temporal total, sin que existan indicios de estabilización.

4. [El demandante] deberá ser examinado de nuevo en un plazo de dos años aproximadamente, a instancias de la parte más diligente.

[...]»

100 Por otra parte, en la parte «discusión» del informe de la comisión médica se indicaba lo siguiente:

«Dadas estas circunstancias, la comisión médica estima, por unanimidad, que procede concluir que el estado psicológico [del demandante] continúa evolucionando y que actualmente no existen, por tanto, indicios de estabilización.

Habida cuenta de todas estas circunstancias, la comisión médica, pronunciándose por unanimidad, considera justificado reconocer [al demandante] una incapacidad superior al 66 % a partir del [18 de marzo de] 2003.»

101 El 28 de marzo de 2008, el Jefe de la Sección de seguro de accidentes y enfermedad profesional de la PMO remitió un escrito al demandante en el que le indicaba que, a la vista del informe de la comisión médica de 5 de diciembre de 2007, podía reconocer el origen profesional de la enfermedad que éste padecía. El informe de la comisión médica de 5 de diciembre de 2007 figuraba en anexo a dicho escrito.

102 El 8 de abril de 2008, el demandante remitió un escrito al Jefe de la Sección de seguro de accidentes y enfermedad profesional de la PMO el que le solicitaba que se pronunciara sin demora sobre la aplicación a su caso del artículo 73, apartado 2, letra b), del Estatuto.

103 El 28 de abril de 2008, el Jefe de la Sección de seguro de accidentes y enfermedad profesional de la PMO respondió al demandante que, en ese momento, no le era posible pronunciarse sobre la aplicación del artículo 73, apartado 2, letra b), del Estatuto, ya que el informe de la comisión médica de 5 de diciembre de 2007 indicaba que su estado no presentaba aún indicios de estabilización y que sería preciso volver a examinarlo en un plazo de dos años aproximadamente.

104 El 9 de junio de 2008, la comisión de invalidez se reunió de nuevo y concluyó, a la vista del informe de la comisión médica de 5 de diciembre de 2007, que la invalidez del demandante había sido causada por una enfermedad de origen profesional.

105 Mediante decisión de 16 de junio de 2008, que anulaba y sustituía a la decisión de 8 de noviembre de 2004, la AFPN reconoció al demandante, a la vista de las conclusiones de la comisión de invalidez de 9 de junio de 2008, el derecho a una asignación por invalidez calculada con arreglo al artículo 78, párrafo quinto, del Estatuto, con efectos en la fecha de su jubilación de oficio por invalidez, es decir, a 30 de noviembre de 2004.

106 El 18 de febrero de 2009, el demandante interpuso ante este Tribunal un tercer recurso, registrado con la referencia F-12/09, A/Comisión, en el que solicitaba, por una parte, que se anulase la decisión de la Comisión de 28 de abril de 2008, por la que está se negó a pronunciarse sobre la aplicación a su caso del artículo 73, apartado 2, letra b), del Estatuto, y, por otra parte, que se reparase el perjuicio que le habían causado el conjunto de actos ilícitos imputados por él a la Comisión en la gestión del procedimiento de reconocimiento del origen profesional de su enfermedad.

Procedimiento

I. En el asunto F-124/05, antes de ser acumulado con el asunto F-96/06

107 Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 12 de abril de 2006, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad del recurso, con arreglo al artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, aplicable mutatis mutandis al Tribunal de la Función Pública hasta la entrada en vigor del Reglamento de Procedimiento de este último, según lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, de la Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (DO L 333, p. 7).

108 Mediante escrito recibido por fax en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 21 de enero de 2008 (el original fue presentado el 24 de enero siguiente), el demandante presentó sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad.

109 Mediante auto de 29 de junio de 2006, el Tribunal de la Función Pública unió la excepción de inadmisibilidad al examen del fondo del asunto, con arreglo al artículo 114, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

110 A raíz de la decisión de archivo del procedimiento disciplinario contra el demandante, la Comisión presentó, mediante escrito separado, recibido por fax en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 18 de octubre de 2006 (el original fue presentado el 5 de abril siguiente), una demanda de sobreseimiento al amparo del artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

111 Mediante escrito recibido por fax en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 2 de noviembre de 2006 (el original fue presentado el 6 de noviembre siguiente), el demandante presentó sus observaciones sobre la demanda de sobreseimiento.

112 Mediante auto de 22 de noviembre de 2006, el Tribunal de la Función Pública unió la demanda de sobreseimiento al examen del fondo del asunto, con arreglo al artículo 114, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

113 La Comisión presentó su escrito de contestación por fax el 8 de enero de 2007 (el original fue presentado el 11 de enero siguiente).

114 Mediante auto de 27 de marzo de 2007, el Tribunal de la Función Pública suspendió el procedimiento, a petición conjunta de ambas partes, hasta que finalizase el procedimiento abierto por el demandante en relación con el artículo 73 del Estatuto o, a más tardar, hasta el 30 de junio de 2007, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Mediante autos de 24 de julio de 2007 y de 26 de octubre de 2007, el procedimiento fue suspendido de nuevo a petición conjunta de ambas partes, con idéntico fundamento legal, hasta que finalizase el procedimiento abierto por el demandante en relación con el artículo 73 del Estatuto o, a más tardar, hasta el 31 de octubre de 2007 y hasta el 1 de marzo de 2008, respectivamente.

115 En concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal de la Función Pública requirió a las partes para que respondieran a unas preguntas escritas y presentaran un cierto número de documentos. Las partes así lo hicieron dentro del plazo fijado.

116 El 9 de julio de 2008, el Tribunal de la Función Pública decidió remitir el asunto al Pleno.

II. En el asunto F-96/06, antes de ser acumulado con el asunto F-124/05

117 La Comisión presentó su escrito de contestación por fax el 20 de noviembre de 2006 (el original fue presentado el 22 de noviembre siguiente).

118 Mediante auto de 27 de marzo de 2007, el Tribunal de la Función Pública suspendió el procedimiento, a petición conjunta de ambas partes, hasta que finalizase el procedimiento abierto por el demandante en relación con el artículo 73 del Estatuto o, a más tardar, hasta el 30 de junio de 2007, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Mediante autos de 24 de julio de 2007 y de 26 de octubre de 2007, el procedimiento fue suspendido de nuevo a petición conjunta de ambas partes, con idéntico fundamento legal, hasta que finalizase el procedimiento abierto por el demandante en relación con el artículo 73 del Estatuto o, a más tardar, hasta el 31 de octubre de 2007 y hasta el 1 de marzo de 2008, respectivamente.

119 En concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal de la Función Pública requirió a las partes para que respondieran a unas preguntas escritas y presentaran un cierto número de documentos. Las partes así lo hicieron dentro del plazo fijado.

120 El 9 de julio de 2008, el Tribunal de la Función Pública decidió remitir el asunto al Pleno.

III. En los asuntos acumulados F-124/05 y F-96/06

121 Mediante auto del Presidente del Tribunal de 22 de enero de 2009 se ordenó acumular los asuntos F-124/05 y F-96/06 a efectos de la fase oral del procedimiento y de la resolución que pusiera fin al proceso, con arreglo al artículo 46 del Reglamento de Procedimiento.

122 En concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal de la Función Pública requirió a las partes para que respondieran a unas preguntas escritas y presentaran un cierto número de documentos. Las partes así lo hicieron dentro del plazo fijado.

Pretensiones de las partes

I. En el asunto F-124/05

123 El demandante solicita al Tribunal de la Función Pública que:

– Anule la decisión por la que se denegó el archivo del procedimiento disciplinario.

– Anule la decisión de la Comisión de 26 de septiembre de 2005 por la que se desestimó su reclamación de 20 de mayo de 2005.

– Declare admisible y fundada su petición de 22 de octubre de 2004.

– Declare la responsabilidad de la Comisión por los actos ilícitos que cometió al adoptar la decisión por la que se denegó el archivo del procedimiento disciplinario y la decisión de 26 de septiembre de 2005.

– Condene a la Comisión a abonar al demandante y a su familia una indemnización de 3.163.602 euros.

– Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17, apartado 4, de las Instrucciones al Secretario del Tribunal de Primera Instancia de 3 de mayo de 1994, ordene que se oculte su identidad en toda publicación relativa al presente litigio.

– Condene en costas a la Comisión.

124 La Comisión solicita al Tribunal de la Función Pública que:

– Sobresea el recurso.

– Con carácter subsidiario, declare la inadmisibilidad del recurso.

– Con carácter absolutamente subsidiario, declare el recurso carente de fundamento.

– Resuelva sobre las costas con arreglo a Derecho y, subsidiariamente, reserve su decisión sobre las costas hasta que se adopte la resolución que ponga fin al proceso en el recurso registrado con la referencia F-96/06.

II. En el asunto F-96/06

125 El demandante solicita al Tribunal de la Función Pública que:

– Declare la responsabilidad de la Comisión por los actos ilícitos que cometió.

– Condene a la Comisión a abonar al demandante y a su familia una indemnización de 3.163.602 euros.

– Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17, apartado 4, de las Instrucciones al Secretario del Tribunal de Primera Instancia de 3 de mayo de 1994, ordene que se oculte su identidad en toda publicación relativa al presente litigio.

– Condene en costas a la Comisión.

126 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Declare el recurso parcialmente inadmisible o, al menos, carente de fundamento.

– Resuelva sobre las costas con arreglo a Derecho.

Fundamentos de Derecho

I. Sobre el recurso F-124/05

127 Procede comenzar examinando la demanda de sobreseimiento formulada por la Comisión.

A. Alegaciones de las partes

128 La Comisión basa su demanda de sobreseimiento en dos argumentos. En primer lugar alega que la decisión de la AFPN de 16 de octubre de 2006 por la que se archivó el procedimiento disciplinario, a raíz de la sentencia Comisión/Cresson, ha hecho desaparecer el interés del demandante en solicitar la anulación de la decisión por la que se denegó el archivo del procedimiento disciplinario. En segundo lugar sostiene que las pretensiones de indemnización formuladas en el recurso F-124/05 son sustancialmente idénticas a los formuladas en el recurso F-96/06.

129 El demandante precisa que no niega que su recurso ha quedado sin objeto en lo que respecta a la pretensión de anulación de la decisión por la que se denegó el archivo del procedimiento disciplinario. Alega, en cambio, que su pretensión de indemnización continúa siendo totalmente pertinente. A su juicio, como el recurso F-124/05 fue interpuesto antes que el recurso F-96/06, el Tribunal debería pronunciarse primero sobre el primer recurso y, a continuación, tener en cuenta esa resolución en el segundo recurso.

B. Apreciación del Tribunal

130 La petición del demandante de 22 de octubre de 2004 tenía por objeto el archivo del procedimiento disciplinario en su contra. Mediante decisión de 16 de octubre de 2006, la AFPN ha archivado dicho procedimiento. Por lo tanto, esta última decisión ha permitido que el demandante obtuviera el resultado que buscaba.

131 Además, el propio demandante reconoce que sus pretensiones de anulación han quedado sin objeto a raíz de la decisión de la Comisión de archivar el procedimiento disciplinario abierto en su contra. El hecho de que el demandante así lo reconozca puede interpretarse en el sentido de que renuncia a esas pretensiones.

132 Se deduce de las consideraciones expuestas que procede sobreseer las pretensiones de anulación.

133 En cambio, las pretensiones indemnizatorias del recurso conservan su objeto.

134 Procede hacer constar, en primer lugar, que el octavo motivo de impugnación en el recurso registrado con la referencia F-96/06 remite al conjunto de motivos invocados en apoyo del recurso registrado con la referencia F-124/05 y, en segundo lugar, que las pretensiones del recurso registrado con la referencia F-96/06 son idénticas a las pretensiones de indemnización formuladas en el recurso registrado con la referencia F-124/05.

135 A continuación es necesario recordar que, según reiterada jurisprudencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de mayo de 1973, Perinciolo/Consejo, 58/72 y 75/72, Rec. p. 511, apartados 3 a 5, de 19 de septiembre de 1985, Hoogovens Groep/Comisión, 172/83 y 226/83, Rec. p. 2831, apartado 9, y de 22 de septiembre de 1988, Francia/Parlamento, 358/85 y 51/86, Rec. p. 4821, apartado 12; auto del Tribunal de 19 de septiembre de 2006, Vienne y otros/Parlamento, F-22/06, RecFP pp. I-A-1-101 y II-A-1-377, apartado 12), procede declarar la inadmisibilidad del recurso que presente una identidad de partes, de objeto y de motivos con un recurso presentado anteriormente.

136 Sin embargo, habida cuenta de la acumulación de los asuntos F-124/05 y F-96/06 a efectos de la fase oral del procedimiento y de la resolución que ponga fin al proceso, y a pesar de que el recurso F-124/05 fue registrado antes que el recurso F-96/06, este Tribunal considera más apropiado, en interés de una buena administración de la justicia, no examinar las pretensiones de indemnización del demandante en el contexto del recurso registrado con la referencia F-124/05, sino hacerlo en el contexto del recurso registrado con la referencia F-96/06.

137 Por consiguiente, procede estimar en su totalidad la demanda de sobreseimiento presentada por la Comisión.

II. Sobre el recurso F-96/06

A. Sobre la admisibilidad

1. Alegaciones de las partes

138 En la vista, la Comisión ha sostenido que el recurso de indemnización es prematuro, y por ello no admisible, a causa del procedimiento abierto por el demandante para que se reconozca el carácter profesional de su enfermedad. La Comisión invoca a este respecto la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de diciembre de 1999, Latino/Comisión (T-300/97, RecFP pp. I-A-259 y II-1263, apartados 94 y 95), en la que éste declaró prematura la pretensión de un funcionario que solicitaba una indemnización del perjuicio moral causado por su enfermedad profesional, estimando que, en el momento en que el interesado había presentado su recurso, no era posible apreciar si la indemnización estatutaria que éste podía solicitar sería o no apropiada. La Comisión pone de relieve que, en el presente asunto, el informe de la comisión médica indicaba que no era posible determinar el porcentaje de invalidez del demandante, al no haberse estabilizado su estado de salud, y que sería preciso reexaminar su caso unos dos años después. Según la Comisión, antes de conocer el resultado de este reexamen, es imposible saber qué cantidad podrá obtener el demandante con arreglo al artículo 73, apartado 2, del Estatuto. Ahora bien, a su juicio, esta información es indispensable para que el Tribunal de la Función Pública pueda determinar si la reparación obtenida por el demandante en virtud de dicha disposición constituye una reparación suficiente de su perjuicio.

139 El demandante replica que no es necesario que la comisión médica determine un porcentaje de invalidez para que la AFPN adopte una decisión con arreglo al artículo 73, apartado 2, del Estatuto. En efecto, según el artículo 11, apartado 2, de la nueva Reglamentación de cobertura, en caso de invalidez permanente total del asegurado producida a consecuencia de un accidente o de una enfermedad profesional, los daños causados a su integridad física y psíquica son del 100 % y se le debe abonar el capital previsto en la letra b) del apartado 2 del artículo 73 del Estatuto. Ahora bien, indica el demandante, el 29 de octubre de 2004 la comisión de invalidez determinó que él padecía una invalidez permanente total.

140 El demandante alega además que, en su sentencia de 10 de diciembre de 2008, Nardone/Comisión (T-57/99, RecFP pp. I-A-2-83 y II-A-2-505), el Tribunal de Primera Instancia estimó que la regla formulada en la sentencia Latino/Comisión, antes citada, según la cual la indemnización por los eventuales daños y perjuicios causados por una actuación ilícita en el funcionamiento del servicio únicamente constituye un complemento del régimen estatutario y sólo es procedente cuando se haya podido constatar que las cantidades obtenidas por ese concepto son insuficientes, no era sistemáticamente aplicable. A juicio del demandante, en su caso procede aplicar la solución a que se llegó en la sentencia Nardone/Comisión, antes citada, ya que la prolongación injustificada del procedimiento abierto con arreglo al artículo 73 del Estatuto hace que perdure la situación de incertidumbre en la que se encuentra desde hace años e impide que se estabilice su estado de salud. Ahora bien, la Comisión se niega a indemnizarlo mientras su estado de salud no se haya estabilizado. El demandante considera que la Comisión lo ha encerrado así en un «círculo vicioso», en una «espiral infernal» que sólo puede detener el Tribunal de la Función Pública, condenando a la institución a indemnizarlo de inmediato.

141 La Comisión responde a esta alegación que en el presente asunto no concurren las circunstancias excepcionales que dieron lugar a la sentencia Nardone/Comisión, antes citada.

2. Apreciación del Tribunal

142 Con carácter preliminar, este Tribunal observa que la Comisión no alegó que el recurso fuera prematuro, y por ello no admisible, en su escrito de contestación en el asunto F-96/06, sino que sólo formuló esa alegación, por primera vez, en su escrito de contestación en el asunto F-124/05, precisando que dicha alegación también valía para el recurso F-96/06, y, por segunda vez, en un escrito de 25 de febrero de 2008 presentado en respuesta a una diligencia de ordenación de procedimiento decidida por el Tribunal para ambos asuntos y, finalmente, en la vista común a ambos asuntos.

143 No obstante, el hecho de que la Comisión no invocase esta causa de inadmisión de la demanda en su escrito de contestación en el asunto F-96/06 no puede impedir que este Tribunal la examine, habida cuenta de que los requisitos de admisibilidad de los recursos interpuestos con arreglo a los artículos 90 y 91 del Estatuto son de orden público (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 2008, Bélgica y Comisión/Genette, T-90/07 P y T-99/07 P, Rec. p. II-3859, apartado 87 y jurisprudencia que allí se cita). Por otra parte, en el presente asunto es preciso tener en cuenta que los dos asuntos han sido acumulados (véase en este sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1980, Forges de Thy-Marcinelle et Monceau/Comisión, 26/79 y 86/79, Rec. p. 1083, apartado 4) y las partes han podido debatir de modo contradictorio esta cuestión en la vista común a ambos asuntos.

144 En el presente asunto, como no todos los perjuicios invocados por el demandante se derivan del menoscabo de su salud, no puede afirmarse a priori que el procedimiento de reconocimiento del origen profesional de su enfermedad permitirá repararlos íntegramente. Algunos de los motivos de impugnación invocados por el demandante se refieren a situaciones que pueden causar un perjuicio moral a un funcionario, incluso aunque no llegue a declararse una enfermedad profesional.

145 En particular, las numerosas violaciones de su derecho de defensa denunciadas por el demandante pueden haberle causado un perjuicio moral distinto del menoscabo de salud, que no puede por tanto ser reparado por el capital previsto en el artículo 73 del Estatuto.

146 El demandante solicita igualmente una reparación del perjuicio moral que afirma haber sufrido a causa de la duración excesiva del procedimiento disciplinario abierto en su contra.

147 A este respecto procede hacer constar que todo procedimiento disciplinario coloca al funcionario en una situación de incertidumbre con respecto a su futuro profesional y le causa necesariamente un cierto estrés y una cierta ansiedad. Cuando esta incertidumbre persiste durante demasiado tiempo, la intensidad del estrés y de la ansiedad causados al funcionario llega a ser injustificable. Así pues, procede considerar que la duración excesiva de un procedimiento disciplinario permite presumir la existencia de un perjuicio moral para el interesado.

148 Es bien sabido que, frente a una situación de grave incertidumbre cuya duración sobrepasa lo razonable, las personas pueden reaccionar de distinto modo, en función, por ejemplo, de su eventual fragilidad psicológica. Así, las consecuencias de un procedimiento disciplinario con una duración que sobrepase lo razonable pueden ser, bien un sufrimiento psíquico, bien, en los casos más graves, la aparición de una auténtica enfermedad psíquica o el agravamiento de una enfermedad psíquica preexistente.

149 Así pues, por lo que respecta concretamente al perjuicio moral que la duración excesiva de un procedimiento disciplinario puede provocar, es preciso distinguir, por una parte, el perjuicio moral causado a todo funcionario o agente, independientemente de una eventual enfermedad, y, por otra parte, el perjuicio causado por una eventual enfermedad psíquica —o por el agravamiento de una enfermedad de esta índole— que tenga su origen en la duración excesiva de dicho procedimiento (véase por analogía la sentencia del Tribunal de 2 de mayo de 2007, Giraudy/Comisión, F-23/05, RecFP pp. I-A-1-121 y II-A-1-657, apartados 197 a 202).

150 Por consiguiente, procede declarar la admisibilidad de una pretensión de indemnización en la que se solicite la reparación del primer tipo de perjuicio, sea cual sea la situación en que se encuentre el eventual procedimiento abierto, por otra parte, por el funcionario con arreglo al artículo 73 del Estatuto.

151 En cambio, según la jurisprudencia, por regla general procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión de indemnización de un funcionario que solicite reparación del perjuicio material y moral que le ha causado una enfermedad profesional mientras no haya concluido el procedimiento abierto al amparo del artículo 73 del Estatuto.

152 A este respecto procede recordar que en el régimen establecido en ejecución del artículo 73 del Estatuto se otorga una indemnización a tanto alzado en caso de accidente o de enfermedad profesional, sin necesidad de que el interesado pruebe que la institución cometió un acto ilícito de algún tipo. La jurisprudencia indica además que el funcionario sólo tiene derecho a solicitar una compensación adicional cuando se acredite que el régimen estatutario no permite indemnizar apropiadamente el perjuicio sufrido (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de octubre de 1986, Leussink-Brummelhuis/Comisión, 169/83 y 136/84, Rec. p. 2801, apartado 13, y de 9 de septiembre de 1999, Lucaccioni/Comisión, C-257/98 P, Rec. p. I-5251, apartado 22; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Lucaccioni/Comisión, T-165/95, RecFP pp. I-A-203 y II-627, apartado 71, y Latino/Comisión, antes citada, apartado 94).

153 Por consiguiente, en la sentencia Latino/Comisión, antes citada, apartados 94 y 95, se declaró prematura una demanda en la que un funcionario pedía reparación del perjuicio que afirmaba haber sufrido a causa de su enfermedad profesional y que fue presentada antes de que finalizase el procedimiento abierto con arreglo al artículo 73 del Estatuto, dado que, en la fecha de interposición del recurso, no era posible apreciar si la indemnización estatutaria que el interesado podía solicitar sería o no apropiada.

154 Sin embargo, en una sentencia reciente, el Tribunal de Primera Instancia ha estimado que el hecho de que el procedimiento médico no hubiera finalizado no permitía calificar sistemáticamente de prematura la pretensión de obtener una indemnización de daños y perjuicios a causa de una actuación ilícita en el funcionamiento del servicio supuestamente imputable a la institución (véase en este sentido la sentencia Nardone/Comisión, antes citada, apartado 56). Dicha sentencia precisa, en efecto, que aunque para el funcionario normalmente resulta más rápido y menos gravoso demostrar que tiene derecho, en su caso, a una indemnización a tanto alzado en virtud del artículo 73 del Estatuto que acreditar que concurren los requisitos necesarios para que se reconozca la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, no siempre ocurre así (sentencia Nardone/Comisión, antes citada, apartado 56). Aunque, en su sentencia Latino/Comisión, antes citada, el Tribunal de Primera Instancia había supeditado la admisibilidad del recurso de indemnización ordinario al agotamiento de la vía de la indemnización estatutaria contemplada en el artículo 73 del Estatuto, lo hizo basándose en el principio de economía procesal, principio que requiere contrapesar los diferentes factores que concurren en cada caso concreto (sentencia Nardone/Comisión, antes citada, apartado 56).

155 A este respecto cabe precisar que, en lo que respecta a la determinación y a la evaluación del perjuicio derivado de una enfermedad profesional, el procedimiento establecido en aplicación del artículo 73 del Estatuto debe considerarse ley especial con respecto al Derecho común de la responsabilidad extracontractual (véase en este sentido la sentencia Giraudy/Comisión, antes citada, apartados 193 a 196).

156 En la mayoría de los casos, para determinar la relación de causalidad entre las condiciones en que ha prestado sus servicios el funcionario y el perjuicio alegado y para evaluar dicho perjuicio es preciso recurrir a un dictamen pericial médico, por lo que carecería de sentido, o sería incluso imposible, que el juez europeo determinase dicha relación de causalidad y dicho perjuicio antes de que hubiera finalizado el procedimiento abierto con arreglo al artículo 73 del Estatuto.

157 Éste es precisamente el caso en el presente asunto, por lo que no resulta aplicable la solución a que se llegó en la sentencia Nardone/Comisión.

158 Esa solución se basó en razones de economía procesal, dadas «las circunstancias excepcionales que caracterizan el asunto» (sentencia Nardone/Comisión, antes citada, apartado 57). En efecto, en dicho asunto no era necesario un dictamen pericial médico para evaluar el perjuicio moral sufrido por el Sr. Nardone como consecuencia de su trabajo en un ambiente polvoriento e insalubre (véase en este sentido la sentencia Nardone/Comisión, antes citada, apartados 98 a 123).

159 En cambio, en el presente asunto se requiere un dictamen pericial médico para determinar la entidad del perjuicio físico y psíquico imputable a las condiciones en que el demandante ejerció su actividad profesional.

160 Además, como la Comisión indicó en la vista, parece que no falta mucho para que finalice el procedimiento abierto por el demandante con arreglo al artículo 73 del Estatuto. En efecto, el informe de la comisión médica de 5 de diciembre de 2007 indicaba que el demandante debería ser examinado de nuevo en un plazo de dos años aproximadamente, a instancias de la parte más diligente.

161 Por otra parte, conviene recordar que el artículo 19, apartado 3, párrafo segundo, de la Reglamentación de cobertura dispone que cuando, una vez finalizado el tratamiento médico, no se pueda todavía determinar definitivamente el grado de invalidez, el informe de la comisión médica debe especificar la fecha límite en la que se deberá reexaminar el expediente del asegurado. Ahora bien, esta disposición exige necesariamente una interpretación restrictiva. En efecto, si la comisión médica pudiera retrasar una y otra vez la fecha en la que se debe reexaminar el expediente del asegurado, algunos asegurados fallecerían antes de que se les abonase el capital fijado en el artículo 73 del Estatuto. Por otra parte, interpretar extensivamente esta disposición equivaldría a olvidar el concepto de estabilización definido en el artículo 19, apartado 3, de la Reglamentación de cobertura, según el cual las secuelas del accidente o de la enfermedad profesional se habrán estabilizado cuando adquieran carácter estacionario, o cuando no vayan a atenuarse sino muy lentamente y de una forma muy limitada. El concepto de estabilización no excluye, pues, toda evolución del estado del paciente, pero implica una situación estacionaria o una evolución muy lenta.

162 Se deduce del conjunto de consideraciones expuestas que, en el presente asunto, el principio de economía procesal exige que llegue a su término el procedimiento especial establecido en aplicación del artículo 73 del Estatuto.

163 Por lo tanto, sin necesidad de pronunciarse sobre las críticas del demandante contra el modo en que se ha desarrollado el procedimiento abierto con arreglo al artículo 73 del Estatuto, incluidas las críticas basadas en la inaplicación del artículo 11, apartado 2, de la nueva Reglamentación de cobertura que se han expuesto en el apartado 139 de la presente sentencia, procede declarar inadmisible, por prematura, la pretensión del demandante de obtener la reparación del perjuicio derivado de la enfermedad profesional que padece. En cambio, procede declarar la admisibilidad de la pretensión de indemnización del demandante en lo que respecta a la parte de su perjuicio moral que no depende de la enfermedad que padece.

B. Sobre el fondo

164 El demandante alega que la Comisión ha cometido numerosos actos ilícitos que son prueba de un acoso moral en su contra. A su juicio, estos diversos actos ilícitos son la causa de la aparición de la depresión nerviosa que padece y de sus posteriores recaídas en dicha enfermedad, que a su vez es la causa de que se le jubilase de oficio por invalidez. Sostiene haber sufrido así un perjuicio material, constituido por la diferencia entre su remuneración como funcionario y su asignación por invalidez, y un perjuicio moral especialmente grave.

165 Con carácter preliminar procede señalar que el demandante solicitaba en su demanda que se nombrase un perito que tendría por misión calcular el importe del perjuicio material y moral sufrido por él. En la vista no volvió a mencionar esta pretensión y aportó una estimación actualizada de su perjuicio, en la que el importe del perjuicio se cifraba en 3.163.602 euros. Procede entender, pues, que el demandante ha renunciado a su pretensión de que se nombrase un perito.

166 Según reiterada jurisprudencia, para que en el contexto de una demanda de daños y perjuicios formulada por un funcionario se declare la responsabilidad de la Comunidad es preciso que concurran una serie de requisitos en lo que respecta a la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento y el perjuicio alegado (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2008, Comisión/Girardot, C-348/06 P, Rec. p. I-833, apartado 52 y jurisprudencia que allí se cita; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de mayo de 2009, M/EMEA, T-12/08 P, RecFP pp. I-B-1-31 y II-B-1-159, apartado 98).

167 En primer lugar procede analizar si la Comisión ha cometido algún acto ilícito que pueda generar su responsabilidad.

1. Sobre los actos ilícitos imputados a la Comisión

168 El demandante formula ocho motivos de impugnación en apoyo de su recurso por responsabilidad, denunciando:

– su imputación pretendidamente injustificada en el «asunto Berthelot» (primer motivo);

– las diversas carencias y violaciones del derecho de defensa de que adolecieron las investigaciones administrativas (segundo motivo);

– la violación del principio de confidencialidad de las investigaciones de la OLAF (tercer motivo);

– la ilegalidad de la decisión de suspender su inmunidad de jurisdicción (cuarto motivo);

– la ilegalidad de la decisión de cambio de destino que se le impuso (quinto motivo);

– diversas ilegalidades en el procedimiento relativo al reconocimiento del origen profesional de su enfermedad (sexto motivo);

– la ilegalidad del dictamen presentado por la comisión de invalidez el 29 de octubre de 2004 (séptimo motivo);

– la ilegalidad de la decisión de incoar y de mantener abierto un procedimiento disciplinario en su contra (octavo motivo).

a) Sobre el primer motivo de impugnación, en el que se invoca la imputación pretendidamente injustificada del demandante en el «asunto Berthelot»

Alegaciones de las partes

169 En su primer motivo, el demandante denuncia su imputación, a su juicio totalmente injustificada, en el «asunto Berthelot». Sostiene así que la Comisión incumplió sus deberes de asistencia y protección, violó el principio de buena administración, burló su confianza legítima e infringió lo dispuesto en el décimo considerando del Reglamento nº 1073/1999, que reconoce el derecho a que sólo los elementos con valor probatorio puedan constituir la base de las conclusiones de una investigación de la OLAF, al considerar, sin prueba alguna, que él era el principal instigador del «asunto Berthelot», «al formular acusaciones de tanta gravedad y sin el menor fundamento en su contra, al ocultar a las autoridades judiciales belgas las observaciones expuestas por él, pese a ser esenciales, al mantener durante tanto tiempo las acusaciones sin intentar en absoluto verificarlas, en contra de su deber, y al abrir incluso un procedimiento disciplinario en su contra».

170 En la decisión de 10 de noviembre de 2005 por la que rechazó la petición del demandante, la AFPN estimó que las alegaciones formuladas por el demandante en este primer motivo eran argumentos relativos al fondo del procedimiento disciplinario.

171 Replicando a esta alegación, el demandante ha precisado en su demanda que el presente motivo va más lejos que el octavo motivo de impugnación, que se refiere a la irregularidad del procedimiento disciplinario.

Apreciación del Tribunal

172 En la medida en que las alegaciones formuladas en el presente motivo de impugnación se hallan estrechamente relacionados con el octavo motivo, en el que el demandante critica la decisión de incoar un procedimiento disciplinario en su contra, tales alegaciones se examinarán al analizar este último motivo.

173 En la medida en que el presente motivo puede interpretarse en el sentido de que critica el hecho de que en las investigaciones de la OLAF y de la IDOC se haya analizado la actuación del demandante, procede señalar que las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para abrir o no investigaciones administrativas y para dirigirlas como deseen, a condición de que existan sospechas razonables de que se ha cometido una infracción disciplinaria.

174 Pues bien, en el presente caso, el demandante era Jefe de Gabinete de la Sra. Cresson, Miembro de la Comisión, en el momento en que se produjeron la reclasificación ilegal del Sr. Berthelot en un grado superior y la contratación, también ilegal, de este último en el CCI. Además, en los testimonios de ciertos funcionarios y agentes se hacía referencia al demandante. En particular, la Sra. T., asistente en el CCI, afirmaba haber enviado al demandante, a petición expresa de éste, una nota en la que se estudiaba si era factible reclasificar al Sr. Berthelot y eventualmente contratarlo como científico asociado en el CCI.

175 Era por tanto legítimo que, en el transcurso de sus investigaciones, la OLAF y la IDOC analizasen si el demandante había desempeñado algún papel, en cuanto Jefe de Gabinete, en las irregularidades detectadas y, de ser así, cuál había sido ese papel.

176 Habida cuenta de que en el contexto del «asunto Berthelot» existían datos que podían suscitar sospechas razonables acerca del demandante, procede rechazar el presente motivo en la parte en que se refiere a la apertura de las investigaciones en las que se analizó la actuación del demandante y al modo en que se dirigieron.

b) Sobre el segundo motivo de impugnación, el que se invocan las diversas carencias y violaciones del derecho de defensa de que adolecieron las investigaciones administrativas

Alegaciones de las partes

177 Este segundo motivo está dividido en dos partes. En la primera de ellas, el demandante denuncia diversas carencias y violaciones del derecho de defensa en las investigaciones administrativas. En la segunda parte del motivo critica la falta de imparcialidad de las autoridades que llevaron a cabo las investigaciones administrativas.

178 En la primera parte del presente motivo, el demandante formula las siguientes alegaciones.

179 En primer lugar sostiene que a él se le colocó en primera línea de fuego, mientras que otras personas que intervinieron en la reclasificación en grado del Sr. Berthelot y en su contratación en el CCI no fueron investigadas.

180 En segundo lugar, el demandante afirma que las autoridades encargadas de llevar cabo las investigaciones no mostraron el más mínimo interés por algunas de las proposiciones de prueba que él formuló. Primero, la OLAF rechazó la agenda que el demandante pretendía entregarle. Segundo, la Comisión, la OLAF y la IDOC no intentaron verificar la respuesta del Sr. L., Director de la Dirección de personal y administración en la DG Investigación, a la pregunta de por qué no se había inscrito en el registro correspondiente la entrada de tres funcionarios en el edificio Breydel, en Bruselas, para una reunión pretendidamente celebrada en noviembre de 1996. Tercero, los investigadores no interrogaron en ningún momento a la Sra. M., responsable del secretariado del Jefe de Gabinete en la época en que se produjeron los hechos. Cuarto, no se tuvieron en cuenta las contradicciones y divergencias entre los diferentes testimonios.

181 En tercer lugar, el demandante sostiene que supuso una violación de su derecho de defensa la autorización concedida a un equipo de periodistas de la RTBF para que entrasen en los locales de la OLAF y filmasen documentos confidenciales en los que se le acusaba directamente, imágenes que luego difundieron en el programa de gran audiencia «Au nom de la loi» el 27 de diciembre de 2000.

182 En cuarto lugar, el demandante señala que no se adjuntó al informe de 22 de febrero de 2002 sobre la investigación administrativa complementaria una nota de 18 de marzo de 2002 que contenía las observaciones formuladas por él.

183 En la segunda parte del presente motivo, el demandante denuncia en particular la actitud de la responsable de las investigaciones, la Sra. D., que, según él, en primer lugar, omitió adjuntar el informe de su audición a una nota de 27 de marzo de 2001; en segundo lugar, en un escrito remitido a la Sra. Cresson el 23 de noviembre de 2001, presentó como hechos probados unas graves acusaciones contra él y, en tercer lugar, omitió adjuntar la nota del interesado de 18 de marzo de 2002 al informe de 22 de febrero de 2002 sobre la investigación administrativa complementaria.

184 La Comisión recuerda, en primer lugar, que el principio de igualdad de trato entre los funcionarios no puede interpretarse en el sentido de que un funcionario sancionado por una violación de las disposiciones del Estatuto pueda invocar en su favor, para impugnar la sanción que se le ha impuesto, el hecho de que no se haya sancionado a otro funcionario que violó las mismas disposiciones. A su juicio, este principio se aplica aún con mayor razón en el presente asunto, en el que el demandante no ha sido sancionado.

185 En segundo lugar, la Comisión rechaza la afirmación del demandante de que los hechos alegados por él no se tuvieron en cuenta. En efecto, según la Comisión, los informes de las investigaciones están redactados en términos hipotéticos y no afirmativos, y en ellos se mencionan todas las divergencias entre las declaraciones de los diversos funcionarios interrogados.

186 En tercer lugar, la Comisión alega que la nota del demandante de 18 de marzo de 2002 reproducía, básicamente, las afirmaciones formuladas por éste en su declaración de 12 de septiembre de 2001, anexa al informe de la investigación de la IDOC. Por lo tanto, no fue preciso modificar en atención a lo indicado en esa nota el proyecto de informe comunicado al demandante para que formulase sus observaciones, pues los datos que figuraban en la nota ya se habían tenido en cuenta al redactar dicho informe.

187 En lo que respecta a la segunda parte del presente motivo, la Comisión replica que, en la nota de 23 de noviembre de 2001 remitida a la Sra. Cresson, la Sra. D. no tomó partido, sino que se limitó a dar cuenta de un testimonio, de modo que dicha nota no revela en absoluto una falta de imparcialidad. En lo que respecta a la nota del demandante de 18 de marzo de 2002, la Comisión se remite a la argumentación que ha expuesto en relación con la primera parte del presente motivo.

Apreciación del Tribunal

188 En primer lugar, por lo que respecta a la alegación de que otras personas que intervinieron en la reclasificación en grado del Sr. Berthelot y en su contratación en el CCI no han sido investigadas, es preciso recordar que las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para abrir o no investigaciones administrativas y para dirigirlas como deseen, a condición de que existan sospechas razonables de que se ha cometido una infracción disciplinaria (véase el apartado 173 supra).

189 Habida cuenta, por una parte, de esta amplia facultad de apreciación y, por otra, de la existencia de datos que podían suscitar sospechas razonables acerca del demandante (véase el apartado 176 supra), la alegación de éste de que ciertos funcionarios no fueron objeto de investigaciones administrativas no permite acreditar las carencias ni las violaciones del derecho de defensa invocadas por él en la primera parte del presente motivo.

190 Por lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación del demandante de que las autoridades responsables de las investigaciones no tuvieron en cuenta algunas de las proposiciones de prueba que él formuló, el interesado no ha demostrado que esas autoridades hayan omitido incluir en el expediente o examinar los medios de prueba presentados por él.

191 En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación del demandante de que no se adjuntó al informe de la IDOC sobre la investigación administrativa complementaria la nota de 18 de marzo de 2002, procede señalar que dicha nota no mencionaba ningún hecho nuevo con respecto al testimonio del interesado anexo a dicho informe. Además, el derecho del funcionario a expresarse sobre los hechos que le afectan no implica que los investigadores estén obligados a modificar las conclusiones de su informe en función de las peticiones que formule el funcionario al que se haya tomado declaración.

192 Por último, en cuarto lugar, procede desestimar las alegaciones del demandante relativas a la falta de imparcialidad de las autoridades responsables de las investigaciones. Primero, el hecho de que la responsable de las investigaciones, la Sra. D., no adjuntase el informe de la audición del demandante a su nota de 27 de marzo de 2001 no permite acreditar esa falta de imparcialidad, ya que dicho informe figuraba en uno de los anexos del informe final de la IDOC. Segundo, como señala acertadamente la Comisión, no es exacto que, en su escrito de 23 de noviembre de 2001, remitido a la Sra. Cresson, la Sra. D. haya presentado como hechos probados unas graves acusaciones en contra del demandante, ya que, en ese escrito, la Sra. D. se limitó a solicitar aclaraciones a la antigua Miembro de la Comisión, principalmente en lo que respecta al testimonio de la Sra. T., asistente en el CCI. Tercero, en cuanto a la alegación de que la nota del interesado de 18 de marzo de 2002 no se adjuntó al informe de la IDOC sobre la investigación administrativa complementaria, ya se ha precisado antes que el derecho del funcionario a expresarse sobre los hechos que le afectan no implica que los investigadores estén obligados a modificar las conclusiones de su informe en función de las peticiones que formule el funcionario al que se haya tomado declaración.

193 La alegación relativa a la supuesta autorización concedida por la Comisión a un equipo de periodistas de la RTBF para que filmasen un documento confidencial relativo al demandante se examinará al analizar el tercer motivo de impugnación, relativo a la violación del principio de confidencialidad de las investigaciones de la OLAF, en el que se invocan los mismos hechos.

194 Por lo tanto, salvo en lo que respecta a esta última alegación, que será examinada por el Tribunal al analizar el tercer motivo de impugnación, las violaciones del derecho de defensa denunciadas por el demandante en su segundo motivo de impugnación carecen de fundamento.

c) Sobre el tercer motivo de impugnación, en el que se invoca una violación del principio de confidencialidad de las investigaciones de la OLAF

Alegaciones de las partes

195 En el tercer motivo de impugnación se invoca una violación del principio de confidencialidad de las investigaciones de la OLAF. El demandante sostiene que, en el año 2000, la OLAF o la Comisión permitieron que la RTBF entrase en los locales de la OLAF, recibiera información sobre unos documentos estrictamente confidenciales que se referían a él y filmase algunos de ellos. Así, en el programa televisivo de gran audiencia «Au nom de la loi» de 27 de diciembre de 2000 se difundió el acta de su audición por la OLAF clasificada como «secreto», lo que equivalía a acusarlo públicamente.

196 El demandante sostiene además que la Comisión incumplió su deber de asistencia en lo que a él respecta, puesto que no adoptó iniciativa alguna para identificar a los responsables de la difusión de dicho documento ni para defender la honorabilidad del demandante.

197 La Comisión impugna la admisibilidad de este motivo de impugnación, alegando que ya había sido invocado por el demandante en su reclamación de 14 de octubre de 2004 contra la decisión de cambio de destino y que dicha reclamación fue desestimada por la AFPN mediante una decisión de 15 de marzo de 2005, contra la que el demandante no interpuso recurso en el plazo fijado por el artículo 91 del Estatuto.

198 Con carácter subsidiario, la Comisión considera infundado el presente motivo y niega haber permitido que la RTBF tomara conocimiento de unos documentos relativos al demandante.

199 La Comisión precisa así, en primer lugar, que la OLAF, persiguiendo un objetivo de interés general de información del público y con arreglo a su propia estrategia de comunicación, pone a disposición de los medios de comunicación audiovisuales imágenes genéricas de sus locales en un banco de imágenes y permite que dichos medios graben imágenes genéricas en sus locales, sin darles acceso a documentos o a lugares delicados.

200 En segundo lugar, la Comisión alega que las autoridades judiciales belgas recibieron copia del acta de la audición d