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Los considerandos primero, segundo, sexto, séptimo y noveno, de la Directiva 85/374 enuncian: «Considerando que es preciso aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de responsabilidad del productor por los daños causados por el estado defectuoso de sus productos dado que las actuales divergencias entre las mismas pueden […] favorecer la existencia de distintos grados de protección del consumidor frente a los daños causados a su salud o sus bienes por un producto defectuoso; Considerando que únicamente el criterio de la responsabilidad objetiva del productor permite resolver el problema, tan propio de una época de creciente tecnicismo como la nuestra, del justo reparto de los riesgos inherentes a la producción técnica moderna; […] Considerando que, para proteger la integridad física y los bienes del consumidor, el carácter defectuoso del producto debe determinarse no por su falta de aptitud para el uso sino por no cumplir las condiciones de seguridad a que tiene derecho el gran público; que la seguridad se valora excluyendo cualquier uso abusivo del producto que no sea razonable en las circunstancias; Considerando que un justo reparto de los riesgos entre el perjudicado y el productor implica que este último debería poder liberarse de la responsabilidad si presentara pruebas de que existen circunstancias que le eximan de la misma; […] Considerando que la protección del consumidor exige la reparación de los daños causados por muerte y lesiones corporales así como la de los daños causados a los bienes […]».
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El Bundesfinanzhof (Tribunal supremo federal en materia tributaria), ante quien «go fair» interpuso recurso de casación, afirma que esta sociedad no cumple los requisitos establecidos en el artículo 4, punto 16, letra k), de la UStG, puesto que no explota un centro destinado al cuidado de personas que requieren asistencia física, mental o psicológica, sino que presta un servicio de cesión de trabajadores con carácter temporal. Por lo tanto, considera que sus ingresos no están exentos del impuesto en virtud de esta disposición.
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El artículo 2, apartados 1, 4 y 5, de la mencionada Directiva tiene el siguiente tenor: «1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “productos energéticos” los productos especificados a continuación: [...] b) los productos de los códigos NC 2701, 2702 y 2704 a 2715; [...] 4. La presente Directiva no se aplicará a: [...] b) los siguientes usos de los productos energéticos y de la electricidad: — productos energéticos utilizados para fines que no sean el de carburante de automoción ni el de combustible para calefacción, [...] 5. Los códigos de la Nomenclatura Combinada a que se hace referencia en la presente Directiva son los del Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común [(DO L 279, p. 1; en lo sucesivo, “Nomenclatura Combinada”)]. […]»
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De ello se deriva que el legislador de la Unión ha querido que se tome en consideración objetivamente el contexto general en el que se cumple ese servicio. Por tanto, por principio, no se excluyen las situaciones en las que el solicitante participó únicamente de manera indirecta en la comisión de tales crímenes, en particular, porque no pertenece a las tropas de combate, pero, por ejemplo, está destinado a una unidad de logística o apoyo. En consecuencia, el que el interesado, debido al carácter meramente indirecto de esta participación no pueda ser objeto, a título personal, de un procedimiento según los criterios del Derecho penal, y, en particular, los de la Corte Penal Internacional, no puede oponerse a la protección que se deduce del artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 2004/83.
El artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en la versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, en relación con el artículo 16 de ese mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que, en lo que respecta al período durante el cual un nacional de un Estado miembro ha estado empleado en una oficina consular de un Estado tercero establecida en el territorio de un Estado miembro del que no es nacional pero en cuyo territorio reside, dicho nacional no está sujeto a la legislación de un Estado miembro en el sentido de esta disposición si, en virtud de la normativa del Estado miembro en el cual reside, adoptada de conformidad con el artículo 71, apartado 2, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, celebrada en Viena el 24 de abril de 1963, el referido nacional no está afiliado al régimen de seguridad social nacional.
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Las partes coadyuvantes alegan que no incumbe al Reino Unido ninguna obligación de prever la posibilidad de que se tengan en cuenta las pérdidas sufridas por filiales no residentes en todos los casos en que no puedan tenerse en cuenta en otro lugar. Consideran, además, que la exigencia de la liquidación de hecho de la filial no residente no es desproporcionada.
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El artículo 48/4 de la Ley de 15 de diciembre de 1980 está así redactado: «§ 1o El estatuto de protección subsidiaria se concederá al extranjero que no pueda ser considerado refugiado y no pueda acogerse al artículo 9 ter, y respecto del cual existan motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, correría un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves mencionados en el apartado 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de ese país, siempre que no le afecten las cláusulas de exclusión previstas en el artículo 55/4. § 2. Se consideran daños graves: a) la condena a la pena de muerte o su ejecución, o b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen, o c) las amenazas graves contra la vida o la integridad física de un civil originadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.»
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A este respecto, no puede prosperar la alegación de la República Helénica de que sus autoridades competentes adoptaron las medidas adecuadas para rehabilitar los vertederos ilegales, aun cuando su rehabilitación efectiva no hubiera terminado. En efecto, la circunstancia, de suponerla demostrada, de que las autoridades competentes adoptaron, desde el punto de vista administrativo, todas las medidas necesarias para eliminar la infracción declarada no basta para descartar la imposición, en el presente caso, de una multa coercitiva, puesto que, por lo que respecta a los vertederos ilegales de que se trata, algunos de ellos siguen estando operativos y/o no han sido rehabilitados.
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Dicha petición fue presentada en el marco de un recurso interpuesto por el Sr. Feakins contra una resolución adoptada por los Scottish Ministers en relación con la determinación del importe de referencia para el cálculo del derecho de éste a un pago único en virtud del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de base»).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) no 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios (DO L 338, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 1086/2011 de la Comisión, de 27 de octubre de 2011 (DO L 281, p. 7) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2073/2005»), en relación con el anexo I, capítulo 1, entrada 1.28, del referido Reglamento.
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Contra la resolución de la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija se interpusieron recursos de casación ante el órgano jurisdiccional remitente. Starptautiskā lidosta Rīga y Air Baltic sostienen que el reconocimiento y la ejecución de la sentencia del Lietuvos apeliacinis teismas de 31 de diciembre de 2008 son contrarios tanto a las normas de Derecho internacional público relativas a la inmunidad de jurisdicción como al Reglamento no 44/2001. Afirman que el presente asunto no entra dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento. En efecto, según Starptautiskā lidosta Rīga y Air Baltic, puesto que el litigio se refiere a las tasas aeroportuarias establecidas por normas estatales, no se trata de un litigio en materia civil y mercantil en el sentido de dicho Reglamento. A su parecer, la referida sentencia no debe ser reconocida ni ejecutada en Letonia. En su contestación, flyLAL considera que su recurso es de naturaleza civil, puesto que con él pretende obtener la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la infracción de los artículos 81 y 82 CE.
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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CE) no 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros (DO L 385, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 444/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009 (DO L 142, p. 1; corrección de errores, DO L 188, p. 127) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2252/2004»).
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El artículo 3 de la Ley de 1968 del impuesto sobre el volumen de negocios (Wet op de Omzetbelasting 1968), de 28 de junio (Staatsblad 1968, no 329), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Wet OB»), está redactado como sigue: «1. Constituyen entregas de bienes: [...] c) la entrega de inmuebles por quien los ha producido, con excepción de los terrenos no edificados distintos de los terrenos edificables […] [...] h) el hecho de disponer, para necesidades empresariales, de bienes fabricados en la propia empresa en los casos en los que, si dichos bienes se hubieran adquirido a un empresario, el impuesto que grava a dichos bienes no podría deducirse, o no en su totalidad; se equipararán a los bienes fabricados en la propia empresa los bienes fabricados por encargo a terceros mediante la puesta a disposición de materiales, incluido el suelo; quedan excluidos de la aplicación de esta letra los terrenos no edificados distintos de los terrenos edificables […] [...]»
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Ahora bien, si el requerimiento europeo de pago no se notifica de una forma que cumpla los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 a 15 del Reglamento no 1896/2006, el demandado no recibe los formularios indicados en el apartado 40 de la presente sentencia, por lo que no se le informa correctamente de la existencia y el funcionamiento del requerimiento europeo de pago expedido en su contra. En tal caso, no dispone necesariamente de toda la información pertinente para decidir si debe oponerse o no a dicho requerimiento.
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En segundo lugar, las cuestiones prejudiciales no son pertinentes para dirimir al litigio por tratarse de una situación de hecho hipotética, ya que la cuestión previa relativa a la existencia o no de una transmisión de centro de actividad aún no se ha clarificado y que la prueba de las pérdidas de retribución supuestamente sufridas por los trabajadores afectados por la transmisión del centro de actividad no ha sido referida tras un procedimiento contradictorio en el que la Wirtschaftskammer haya sido oída por el tribunal remitente.
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Con el epígrafe «Solicitud de permiso de residencia», el artículo 16 del Decreto del Presidente de la República no 394, de 31 de agosto de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del texto único de las disposiciones reguladoras de la inmigración y de las reglas sobre el estatuto del extranjero, con arreglo al artículo 1, apartado 6, del Decreto Legislativo no [286/1998] (Suplemento Ordinario de la GURI no 190, de 3 de noviembre de 1999), en su versión modificada por el Decreto del Presidente de la República no 334, de 18 de octubre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento que modifica y completa el Decreto no 394, de 31 de agosto de 1999, en materia de inmigración (Suplemento Ordinario de la GURI no 17, de 10 de febrero de 2005), prevé en sus apartados 1 a 4: «1. Para que se le expida el permiso de residencia previsto en el artículo 9 del [Decreto Legislativo no 286/1998], el interesado deberá solicitarlo por escrito a través del formulario aprobado por decreto del [Ministro del Interior]. 2. Cuando efectúe la solicitud, que deberá presentarse en la Jefatura de Policía del lugar de residencia del extranjero, éste deberá indicar: a. sus datos personales completos; b. el lugar o lugares en los que el solicitante haya residido en Italia durante los cinco años anteriores; c. su lugar de residencia; d. el origen de sus ingresos, […] […] 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 2, y en el artículo 30, apartado 4, del texto único, cuando la solicitud se refiera a los familiares indicados en el artículo 9, apartado 1, y en el artículo 29, apartado 1, letra b) bis, del citado texto único, los datos previstos en el apartado 2 y la documentación enumerada en el apartado 3 del presente artículo deberán referirse asimismo al cónyuge y a los hijos menores de 18 años que convivan con el solicitante para los cuales también se pida el permiso de residencia y deberá aportarse la documentación pertinente que acredite: a. la condición de cónyuge o hijo menor de edad […] b. la disponibilidad de una vivienda [...] c. la renta […] teniendo en cuenta la renta que perciban los familiares que convivan con el solicitante que no estén a su cargo.»
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Según el órgano jurisdiccional remitente, la transformación de una sociedad de capital en una sociedad de capital de tipo diferente no es, conforme al artículo 4, apartado 3, letra a), de la Directiva 69/335, una constitución de una sociedad de capital en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, por lo que no está sujeta al impuesto sobre las aportaciones. Tras haber recordado que el artículo 10, letra c), de dicha Directiva no contempla expresamente las operaciones mencionadas en su artículo 4, a diferencia del artículo 10, letras a) y b), de ésta, dicho órgano jurisdiccional considera que no puede excluirse que la transferencia a la Hacienda Pública de la parte de los derechos, que consta en las liquidaciones de 11 de diciembre de 2008 y de 19 de agosto de 2013, constituya un impuesto prohibido por el artículo 10, letra c), de la Directiva 69/335.
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El artículo 15 de dicha Ley dispone: «1. En caso de que un sujeto pasivo (la sociedad matriz) tenga la propiedad jurídica y económica de, por lo menos, el 95 % de las participaciones en el capital nominal desembolsado de otro sujeto pasivo (la sociedad filial), a petición de ambos sujetos pasivos, éstos tributarán como si formaran un solo sujeto pasivo, es decir, como si las actividades y el patrimonio de la filial formaran parte de las actividades y del patrimonio de la sociedad matriz. La sociedad matriz será la obligada al pago del impuesto. Ambos sujetos pasivos se considerarán conjuntamente como una unidad fiscal. Pueden formar parte de una misma unidad fiscal varias filiales. [...] 3. El primer apartado sólo resultará aplicable en el supuesto de que: [...] b) ambos sujetos pasivos estén sometidos a la misma normativa a efectos del cálculo del beneficio; c) ambos sujetos pasivos estén establecidos en los Países Bajos; en caso de que resultara aplicable a uno de los sujetos pasivos la Ley general tributaria del Reino (Belastingregeling voor het Koninkrijk) o un convenio para evitar la doble imposición, ese sujeto pasivo también se considerará establecido en los Países Bajos en virtud de dicha Ley o de dicho convenio [...]; [...] 4. Mediante disposición general de la Administración podrá establecerse que, como excepción a lo dispuesto en el apartado 3, letra b), los sujetos pasivos que no estén sometidos a la misma normativa a efectos del cálculo del beneficio podrán no obstante formar una unidad fiscal. Asimismo, como excepción a lo dispuesto en el apartado 3, letra c), un sujeto pasivo que, en virtud de su normativa nacional, de la Ley general tributaria del Reino o de un convenio para evitar la doble imposición, no esté establecido en los Países Bajos pero explote una empresa a través de un establecimiento permanente sito en los Países Bajos podrá formar parte de una unidad fiscal, en las condiciones que se definan mediante disposición general de la Administración, siempre y cuando la potestad tributaria de gravar el beneficio procedente de dicha empresa se haya atribuido a los Países Bajos en virtud de la Ley general tributaria del Reino o de un convenio para evitar la doble imposición y si concurren los siguientes requisitos: a) que la dirección efectiva de dicho sujeto pasivo esté ubicada en las Antillas Neerlandesas, en Aruba, en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado que haya firmado con los Países Bajos un convenio para evitar la doble imposición que resulte aplicable y contenga una prohibición de discriminación de los establecimientos permanentes; b) que el sujeto pasivo al que se refiere la letra a) sea una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, o bien una entidad comparable por su naturaleza y forma de constitución, y c) en caso de que el sujeto pasivo al que se refiere la letra a) forme parte de la unidad fiscal como sociedad matriz, que la participación en la filial mencionada en el apartado 1 forme parte del patrimonio del establecimiento permanente de dicha sociedad matriz sito en los Países Bajos. [...]»
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Con carácter principal, la Administración tributaria alegó que la «suma a tanto alzado por cuidados» no se analiza como una subvención, sino como un sistema de tarificación y que el hecho de que la tarificación se establezca sobre la base de las necesidades de cuidados no obsta a que se califique de «prestación de carácter oneroso». Con carácter subsidiario, esta Administración sostuvo, en particular, que existe un vínculo directo e inmediato entre el abono de la «suma a tanto alzado por cuidados» y las prestaciones de cuidados prestadas a los beneficiarios. Ciertamente, la prestación no está necesariamente individualizada, pero es individualizable. Además, adujo que Rayon d’Or tiene la obligación legal de dispensar los cuidados de que se trata, cuyo precio no tiene ni que ser abonado por los beneficiarios ni ser proporcional al valor de los servicios.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 107 del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001 (DO L 187, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 574/72») y del artículo 90 del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 284, p. 1).
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Sobre el particular, es cierto que el Derecho de la Unión no puede obligar al juez nacional a aplicar de oficio una disposición de dicho Derecho cuando tal aplicación provoque que no se aplique el principio, recogido en su Derecho procesal nacional, de prohibición de la reformatio in peius (sentencia de 25 de noviembre de 2008, Heemskerk y Schaap, C-455/06, Rec. p. I-8763, apartado 46). Sin embargo, en cualquier caso, no parece que en un litigio como el del procedimiento principal, que desde su origen tiene por objeto el derecho a deducir el IVA que figura en un determinado número de facturas concretas, pueda aplicarse tal prohibición a la presentación de elementos nuevos por parte de la Administración tributaria durante el procedimiento judicial que, refiriéndose a esas mismas facturas, no pueden considerarse agravantes de la situación del sujeto pasivo que invoca ese derecho de deducción.
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Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 243 y 245 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996 (DO 1997 L 17, p. 1) (en lo sucesivo, «Código aduanero»), así como de los artículos 181 bis, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92 (DO L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 3254/94 de la Comisión, de 19 de diciembre de 1994 (DO L 346, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2454/93»).
Para determinar el importe de las multas impuestas por infracción a las normas en materia de competencia, procede tener en cuenta la duración de la infracción y todos los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de ésta. Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento del cártel, el beneficio que han podido obtener de éste, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Unión.

La circunstancia de que una empresa no pertenezca al «núcleo duro» del cártel por no haber, en particular, contribuido a su creación ni a su mantenimiento no permite, en ningún caso, demostrar que el Tribunal General hubiera debido considerar que los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» del 15 % no eran adecuados o eran demasiado elevados, ya que tal porcentaje quedaba justificado por la propia naturaleza de la infracción de que se trataba, esto es, la ejecución de una coordinación de incrementos de precio. En efecto, una infracción de tal naturaleza es una de las restricciones de la competencia más graves con arreglo a los puntos 23 y 25 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003, y ese porcentaje del 15 % es el menos elevado dentro de la graduación de las sanciones prevista para tales infracciones en virtud de esas Directrices.

Por lo tanto, el Tribunal General puede considerar fundadamente que la Comisión no había vulnerado el principio de proporcionalidad al fijar los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» en un porcentaje del 15 %, a pesar del limitado alcance geográfico de la participación de la empresa en la infracción en cuestión.

(véanse los apartados 57, 58 y 60 a 62)