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En estas circunstancias, el Pécsi Törvényszék (Tribunal de Pécs, Hungría) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) En relación con el Reglamento Roma I: — ¿Puede interpretar un tribunal de un Estado miembro la expresión “de las circunstancias resulta”, recogida en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento Roma I, en el sentido de que el examen de “las circunstancias que deben tomarse en consideración” a efectos de determinar si es razonable que no se haya prestado el consentimiento, con arreglo a la ley del país en que la parte tenga su residencia habitual, ha de referirse a las circunstancias de la celebración del contrato, al objeto del contrato y a la ejecución del contrato? — ¿Debe interpretarse el “efecto” al que se refiere el artículo 10, apartado 2, del Reglamento Roma I, derivado de la situación descrita en el guión anterior, en el sentido de que cuando, a la luz de la ley del país en el que la parte afectada tenga su residencia habitual, de las circunstancias resulte que su consentimiento a la ley aplicable con arreglo al apartado 1 de dicho artículo no era un “efecto razonable de su comportamiento”, el tribunal de un Estado miembro debe apreciar la existencia y la validez de la cláusula contractual con arreglo a la ley del país de residencia habitual de dicha parte? — ¿Puede el tribunal de ese Estado miembro interpretar lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento Roma I en el sentido de que el tribunal puede apreciar discrecionalmente —habida cuenta del conjunto de circunstancias que concurren en el caso— si, en atención a dichas circunstancias, la prestación de consentimiento a la ley aplicable con arreglo al artículo 10, apartado 1, no era un “efecto razonable del comportamiento” de la parte? — En el supuesto de que la parte afectada invoque el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 593/2008 para referirse a la ley del país en el que tenga su residencia habitual a fin de demostrar que no ha dado su consentimiento, ¿debe el tribunal de un Estado miembro tomar en consideración dicha ley para determinar si, debido a las mencionadas “circunstancias”, el consentimiento de esa parte a la aplicación de la ley designada en el contrato no era un comportamiento razonable en virtud de la ley de ese país? — En ese supuesto, ¿es contraria al Derecho de la Unión la interpretación del tribunal de un Estado miembro con arreglo a la cual el examen de las “circunstancias” a efectos de determinar si es razonable que no se haya prestado el consentimiento se refiere a las circunstancias de la celebración del contrato, al objeto del contrato y a la ejecución del contrato? 2) En relación con el Reglamento Bruselas I: — ¿Es contraria a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento Bruselas I la interpretación de un tribunal de un Estado miembro con arreglo a la cual es necesaria la designación de un tribunal preciso, o —habida cuenta de lo establecido en el considerando 14 de dicho Reglamento— es suficiente que de la redacción del contrato se deduzca inequívocamente la voluntad o la intención de las partes? — ¿Es compatible con lo establecido en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento Bruselas I la interpretación del tribunal de un Estado miembro con arreglo a la cual una cláusula atributiva de competencia, incluida en las condiciones generales de contratación de una de las partes, en virtud de la cual las partes estipularon que los litigios surgidos o relacionados con la validez, la ejecución o la terminación del encargo que no puedan solucionarse amistosamente entre las partes quedarán sometidos a la jurisdicción exclusiva y definitiva de los tribunales de una ciudad de un determinado Estado miembro —concretamente, los tribunales de París— es suficientemente precisa, por deducirse claramente de su redacción —habida cuenta de lo establecido en el considerando 14 de dicho Reglamento— la voluntad o la intención de las partes en relación con el Estado miembro designado?»