Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Procedimiento - Plazos - Normativa comunitaria - Necesidad de aplicación estricta - Plazo por razón de la distancia aplicable a Suecia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, Anexo II, art. 1)

2 Recurso de anulación - Interés para ejercitar la acción - Demandante que impugna una Decisión por la que se le deniega el acceso a documentos de una Institución

(Tratado CE, art. 173, párr. 4; Decisión 93/731/CE del Consejo)

3 Procedimiento - Intervención - Excepción de inadmisibilidad no propuesta por la parte demandada - Inadmisibilidad - Causas de inadmisión por motivos de orden público - Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, arts. 37, párr. 3, y 46; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 113]

4 Recurso de anulación - Competencia del Juez comunitario - Decisión por la que se deniega el acceso del público a documentos formulados en virtud del Título VI del Tratado de la Unión Europea

(Tratado CE, art. 173, párr. 4; Tratado de la Unión Europea, arts. K a K.9 y L; Decisión 93/731/CE del Consejo)

5 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se deniega el acceso del público a documentos de una Institución

(Tratado CE, art. 190; Decisión 93/731/CE del Consejo, art. 4)

6 Procedimiento - Tramitación de los asuntos ante el Tribunal de Primera Instancia - Protección reconocida a las partes contra la utilización inadecuada de los escritos procesales - Principio general de buena administración de la justicia - Alcance

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 116, ap. 2; Instrucciones al Secretario del Tribunal de Primera Instancia, art. 5, ap. 3)

Índice

7 La normativa comunitaria relativa a los plazos de procedimiento debe observarse rigurosamente en aras de la seguridad jurídica y de la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia. Por consiguiente, si el artículo 1 del Anexo II del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establecía un plazo de diez días para determinados países designados por su nombre, entre los que no figuraba Suecia, el plazo por razón de la distancia correspondiente a este Estado miembro únicamente podía ser el de dos semanas previsto para los demás países y territorios de Europa.

8 Una persona a quien el Consejo ha denegado el acceso a un documento de este último ya tiene, por este simple hecho, un interés en la anulación de la decisión denegatoria.

La Decisión 93/731, relativa al acceso del público a los documentos del Consejo, tiene por objetivo traducir el principio que postula por un acceso de los ciudadanos a la información lo más amplio posible con el fin de reforzar el carácter democrático de las Instituciones, así como la confianza del público en la Administración, y no supedita dicho acceso a una justificación particular. El hecho de que los documentos solicitados hayan pasado a ser de dominio público carece de pertinencia a este respecto.

9 A tenor del último párrafo del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 46 de dicho Estatuto, las pretensiones de una demanda de intervención no pueden tener otro fin que el apoyo de las pretensiones de una de las partes del litigio. Por consiguiente, la parte coadyuvante carece de legitimación para proponer una excepción de inadmisibilidad no formulada durante la fase escrita del procedimiento y, por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a examinar los motivos por ella invocados al respecto.

No obstante, en virtud del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia puede examinar de oficio en cualquier momento las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público, incluidas las invocadas por las partes coadyuvantes.

10 El Tribunal de Primera Instancia es competente para conocer de un recurso de anulación interpuesto contra una Decisión del Consejo por la que se deniega el acceso del demandante a determinados documentos, incluso en el caso de que estos hayan sido formulados en virtud de lo dispuesto en el Título VI del Tratado de la Unión Europea, relativo a la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior.

En efecto, por una parte, se deduce expresamente del apartado 2 del artículo 1 y del apartado 2 del artículo 2 de la Decisión 93/731, relativa al acceso del público a los documentos del Consejo, que ésta es aplicable a todo documento del Consejo y, por lo tanto, que la aplicación de la Decisión es independiente del objeto de dicho documento. Por otra parte, dado que, de conformidad con el apartado 1 del artículo K.8 del Tratado de la Unión Europea, los actos adoptados con arreglo al apartado 3 del artículo 151 del Tratado CE, que constituye la base jurídica de la Decisión 93/731, son aplicables a las disposiciones relativas a las materias a que se refiere el Título VI del primero de los referidos Tratados, la Decisión 93/731 debe aplicarse a los documentos comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Título VI, por no existir disposición en contra de dicha Decisión, y la circunstancia de que, en virtud del artículo L del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Primera Instancia no sea competente para apreciar la legalidad de los actos comprendidos en el ámbito de aplicación del Título VI no obsta a su competencia para pronunciarse en materia de acceso del público a dichos actos.

11 La obligación, resultante del artículo 190 del Tratado, de motivar las decisiones individuales tiene el doble objetivo de permitir, por un lado, que los interesados conozcan las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otro, que el Juez comunitario ejerza su control sobre la legalidad de la decisión. Así pues, en el caso de una Decisión del Consejo por la que se deniega el acceso del público a determinados documentos, la motivación debe indicar, al menos para cada categoría de documentos de que se trate, los motivos específicos por los que el Consejo considera que a la divulgación de los documentos solicitados le es aplicable una de las excepciones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Decisión 93/731, relativas a la protección, por una parte, del interés público y, por otra, del secreto de las deliberaciones.

No responde a las mencionadas exigencias y, por consiguiente, debe ser anulada, una Decisión por la que se deniega el acceso del demandante a un cierto número de documentos del Consejo, cuando dicha Decisión indica simplemente que la divulgación de los documentos de que se trata podría suponer un perjuicio para el interés público (seguridad pública) y que tales documentos se refieren a deliberaciones del Consejo y que, por ello, están sujetos a la obligación de confidencialidad.

En efecto, por una parte, al no indicarse los motivos por los que la divulgación de los documentos podría efectivamente afectar a cualquier aspecto de la seguridad pública, la demandante no pudo conocer para defender sus derechos las justificaciones de la medida adoptada y al propio Tribunal de Primera Instancia le resulta imposible apreciar las razones por las que es aplicable a los documentos denegados la excepción basada en la protección del interés público (seguridad pública), y no la excepción basada en la protección del secreto de las deliberaciones del Consejo. Por otra parte, por lo que respecta a esta última excepción, el texto de la decisión impugnada no permite a la demandante ni, por consiguiente, al Tribunal de Primera Instancia, determinar si el Consejo ha cumplido su obligación, derivada del apartado 2 del artículo 4 de la Decisión 93/731, de realizar un análisis comparativo ponderando, por una parte, los intereses de los ciudadanos que solicitan información y, por otra, los criterios de confidencialidad de las deliberaciones del Consejo.

12 Las normas que regulan la tramitación de los asuntos ante el Tribunal de Primera Instancia y, entre ellas, el párrafo tercero del apartado 3 del artículo 5 de las Instrucciones al Secretario y el apartado 2 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento, en virtud de las cuales ampara a las partes una protección contra la utilización inadecuada de los escritos procesales, reflejan un principio de buena administración de la justicia en virtud del cual las partes tienen derecho a defender sus intereses independientemente de toda influencia externa, especialmente por parte del público.

De ello se desprende que una parte a la que se conceda el acceso a los escritos procesales de las demás partes sólo puede utilizar este derecho para la defensa de sus propios intereses, excluyendo cualquier otro objetivo como el de suscitar críticas entre el público sobre las alegaciones formuladas por las demás partes del asunto.