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2.

En 1977, el Sr. Tither compró una finca conocida como «The Old Steam Bakery» en Heoly Bont, Cydweli en Dyfed, Gales. Para ello consiguió un crédito subvencionado estatal de 9000 UKL denominado opción de hipoteca, del Llanelli Borough Council. En agosto de 1978, el Sr. Tither entró al servicio de la Comisión. Por consiguiente, según el artículo 13 del Protocolo, estaba sujeto a impuestos en beneficio de las Comunidades sobre los emolumentos que le abonan éstas, pero gozaba de exención de impuestos nacionales sobre dichos emolumentos. En 1982, el Sr. Tither decidió hacer algunas mejoras en «The Old Steam Bakėry» y contrató un préstamo con una empresa de construcción, que aumentò la cantidad total de su préstamo hasta 25000 UKL. Como explicaré más adelante, ése era entonces el límite del importe de un préstamo para el cual se podía pedir la desgravación fiscal. Sin embargo, no pudo conseguir que el Board le autorizara a aplicar el sistema MIRAS y, por consiguiente, no utilizó el préstamo, con el resultado de que no se llevaron a cabo las mejoras. El Sr. Tither recurrió ante el Special Commissioners contra la negativa del Board a conceder que se aplicara el sistema MIRAS, y el 15 de noviembre de 1988 el Special Commissioners sometió al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE. Las cuestiones formuladas fueron las siguientes: «Cuando un Estado miembro subvenciona los intereses pagados por un particular por un préstamo destinado a la adquisición o mejora de su residencia principal, situada en el mismo Estado, siempre que su renta imponible en dicho Estado sea inferior al importe de los referidos pagos, pero no subvenciona estos últimos cuando, en la misma situación, el interesado o su cónyuge perciba una retribución no gravada con tributo alguno en dicho Estado como consecuencia de una exención o de un estatuto especial: 1) a) El artículo 13 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, o b) el artículo 5, o c) el artículo 7 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, o d) cualquier otra disposición de Derecho comunitario, i deben interpretarse en el sentido de que imponen al Estado miembro de que se trate la obligación de subvencionar los pagos de intereses a que se ha hecho referencia, realizados por un particular que tenga la nacionalidad de dicho Estado, cuya retribución esté exenta de impuestos en el referido Estado en virtud del citado artículo 13 y cuya renta imponible en el mismo Estado sea inferior al importe de los pagos? 2) En el caso de que el Estado miembro tenga la obligación a que se refiere la cuestión precedente, ¿puede el interesado ampararse en el Derecho comunitario para invocar directamente dicha obligación ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro si la legislación nacional no hace efectiva aquella obligación?»
10.

A mi parecer, el criterio del refuerzo del potencial económico de la sociedad debe guiar nuestra reflexión y llevarnos a hacer una distinción. En efecto, una sociedad que ha sufrido pérdidas y que a posteriori celebra un contrato de transferencia de resultados se encuentra ipso facto. con que su socio asume las pérdidas y por tanto, aunque los posibles beneficios posteriores no redunden en provecho de la sociedad sino de su socio, su potencial económico se ve reforzado desde ese momento. Una operación de este tipo, habida cuenta del aumento del patrimonio social que provoca, puede quedar sujeta al impuesto sobre las aportaciones. Por el contrario, si la comprobación de las pérdidas no se produce antes de la celebración del contrato de transferencia de los cargos, sino claramente después de su puesta en práctica, no modifica en nada el potencial económico de la sociedad, ya que, desde el inicio, se había convenido que las pérdidas y los beneficios no producirían en definitiva efecto alguno en la propia sociedad. Por tanto, dicha transferencia dé pérdidas no puede estar sujeta a un impuesto sobre las aportaciones. Una legislación nacional que prevea en todos los casos la sujeción de la transferencia de pérdidas a este impuesto no es compatible con el artículo 4 de la Directiva. Propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión en este sentido.
30.

En el caso de que el Tribunal de Justicia considere útil, sin embargo, hacer precisiones sobre las modalidades de cuestiones prejudiciales de interpretación relativas al ámbito de la CECA, creo que podría considerar aplicables las del artículo 177 del Tratado CEE. Por una parte, estas últimas han sido útiles en el pasado y de nada serviría sembrar la confusión abandonándolas. Por otra parte, la necesidad de evitar que se establezca en cualquier Estado miembro una jurisprudencia nacional que no sea acorde con las normas del Derecho comunitario y, por consiguiente, divergencias jurisprudenciales dentro de la Comunidad sobre cuestiones de Derecho comunitario, apoya la distinción que ha de hacerse entre órganos jurisdiccionales según se pronuncien o no en última instancia y en particular a favor de la obligación que tienen de someter el asunto al Tribunal de Justicia aquellos órganos cuyas decisiones no pueden ser objeto de un recurso judicial de Derecho interno. Por último, no sería la primera vez que el Tribunal de Justicia se inspira en disposiciones del Tratado CEE (o CEEA) para trasladarlas al Tratado CECA. En su sentencia Humblet, de 16 de diciembre de 1960, ( 11 ) vio en los artículos 171 del Tratado CEE y 143 del Tratado CEEA la confirmación de los límites de la competencia que tenía, en virtud del artículo 16 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la CECA, para pronunciarse sobre la interpretación o la aplicación del citado Protocolo. En su sentencia Merlini, de 21 de enero de 1965, ( 12 ) incorporó implícitamente la disposición del artículo 192 infine, del Tratado CEE, que reserva a los órganos jurisdiccionales nacionales el control de la conformidad a Derecho de las medidas de ejecución forzosa de resoluciones judiciales que implican obligaciones pecuniarias, al artículo 92 del Tratado CECA, que, sin embargo, nada dice sobre el particular.
107.

Por otra parte, hemos visto que el Consejo no estaba obligado a calcular un margen de dumping independiente para los productos Ricoh vendidos a Nashua. Hemos visto también que no fijó el tipo de derecho antidumping al nivel de los márgenes observados sino al nivel del perjuicio que el derecho sobre las importaciones pretende compensar y que no ha incurrido en error manifiesto o en desviación de poder al tener en cuenta, a tal fin, de forma global el conjunto de Jas importaciones de PPC de origen japonés y no independientemente de las importaciones según la identidad de los productores-exportadores. Por consiguiente el establecimiento de un tipo uniforme no puede ser objeto de impugnación en sí mismo. Imponer tipos diferentes para productos de un mismo productor según el margen de beneficios de los importadores prescindiría por otro lado del objetivo principal de todo derecho antidumping, que consiste en suprimir el perjuicio causado a los productores comunitarios y no en reducir o eliminar las diferencias de situación existentes entre los importadores.
Conclusiones del Abogado General Darmon presentadas el 1 de marzo de 1989. - ANNA-MARIA FEDELI CONTRA PARLAMENTO EUROPEO. - FUNCIONARIO - RETENCION DE SALARIO. - ASUNTO 271/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00993

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Conclusiones del abogado general

++++

El Abogado General Sr. Marco Darmon presentó sus conclusiones el 1 de marzo de 1989.(* )Propuso lo siguiente:

- declarar la inadmisibilidad del recurso en lo que respecta a la suspensión del plazo de las retribuciones correspondientes al período transcurrido entre el 1 de agosto de 1983 y el 20 de agosto de 1984;

- condenar al Parlamento Europeo al pago de las retribuciones deducidas durante el período transcurrido entre el 3 de julio de 1985 y el 13 de marzo de 1986 y al pago de intereses de demora a razón de un 8 % anual sobre las cantidades de que se trata a partir de las fechas de vencimiento de las mismas;

- desestimar el recurso en todo lo demás;

- condenar a la institución demandada al pago de sus propias costas y, además, al pago de la mitad de las costas de la demandante.

(*) Lengua de procedimiento: francés.
Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas el 12 de mayo de 1989. - RAR (REFINARIAS DE ACUCAR REUNIDAS) SA CONTRA CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - RECURSO DE ANULACION - ADMISIBILIDAD - AYUDAS A LAS REFINERIAS DE AZUCAR. - ASUNTOS ACUMULADOS 250/86 Y 11/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 02045

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Conclusiones del abogado general

++++

El Abogado General Sr. Jean Mischo presentó sus conclusiones el 12 de mayo de 1989. (* )Propuso lo siguiente:

"1) Con carácter principal, que se declare la inadmisibilidad de los dos recursos y que se condene en costas a la demandante.

2) Para el caso de que, por el contrario, el Tribunal de Justicia estime la admisibilidad de los recursos o de uno de ellos, que se reabra la fase oral del procedimiento con objeto de completar la información de que dispone el Tribunal de Justicia con respecto a la pretensión de la demandante de obtener el pago de un anticipo sobre la ayuda para el refinado.

3) Los restantes argumentos invocados por la demandante carecen de fundamento."

(*) Lengua original: francés.
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SIR GORDON SLYNN

presentadas el 9 de julio de 1986 ( *1 )

Señor Presidente,

Señores Jueces,

El 10 de noviembre de 1981 el Tribunal de Justicia dictó sendas sentencias en los asuntos 28/81 y 29/81 (Comisión contra Italia, Rec. 1981, pp. 2577 y 2585, respectivamente). En la primera declaró que Italia había incumplido las obligaciones que le incumben de conformidad con el Tratado CEE al no aplicar la Directiva 74/561 del Consejo relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías por carretera en el sector de los transportes nacionales e internacionales (DO L 308 de 1974, p. 18) y en la segunda, que Italia no había aplicado la Directiva 74/562 del Consejo sobre acceso a la profesión de transportista de viajeros por carretera en el sector de los transportes nacionales e internacionales (DO 1974, L 308, p. 23).

Dos años más tarde, tras una serie de intentos para averiguar si se habían adoptado medidas para ejecutar las sentencias del Tribunal de Justicia, la Comisión inició el procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado. Al no haber recibido información alguna de que se hubiese dado cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia, la Comisión interpuso, el 22 de mayo de 1985, un recurso que tiene por objeto que se declare que Italia ha incumplido las obligaciones que le incumben de conformidad con el artículo 171 del Tratado CEE. Mediante escrito de contestación a una pregunta del Tribunal de Justicia de 3 de mayo de 1986, presentado en apoyo de la posición de Italia, se puso de relieve que había sido sometido al examen del anterior Parlamento un proyecto de ley de aplicación de la Directiva 74/561 que no llegó a ser aprobado antes de la disolución del Parlamento, y que, en ese momento, había dos propuestas sometidas al examen del Parlamento; además otro proyecto de ley para la aplicación de la Directiva 74/562 había sido sometido a la consideración del Parlamento italiano.

Aún hoy, a pesar de que el procedimiento ha experimentado un cierto progreso y que el proyecto de ley se encuentra en este momento en el Senado, no se han aprobado las citadas disposiciones legales.

Éste es un asunto sencillo en el que, lamentablemente, después de casi cinco años, Italia no ha ejecutado las sentencias del Tribunal de Justicia. Es evidente que procede dictar una sentencia en el sentido de que Italia ha infringido el artículo 171 del Tratado CEE al no aplicar las Directivas 74/561 y 74/562 del Consejo, de conformidad con las sentencias del Tribunal de Justicia. Procede condenar a Italia al pago de las costas de la Comisión en el presente asunto.

( *1 ) Traducido del inglés.
46.

Además, y sobre todo, los peritos nos comunican que no todos los clientes F pueden ser abastecidos alternativamente con gas G o con gas H, porque las condiciones de la conexión no lo permiten. En particular, una fábrica concreta, que utiliza un volumen anual de gas que representa aproximadamente el 30 % del consumo total de los clientes F, no puede ser abastecida con gas H (página 57 del dictamen).
10.

Finalmente, debo pronunciarme respecto al problema particular de admisibilidad que se plantea en lo que se refiere al recurso del Sr. Herbin, dado que el Tribunal de Justicia ha confirmado repetidas veces que los plazos de reclamación y de recurso son de orden público y no están a disposición de las partes y del Juez (véase sobre todo su sentencia de 12 de julio de 1984, Moussis, 227/83, Rec. 1984, pp. 3133 y 3146, punto 12). La edición del boletín «Infor-Rapide» en el que se publicaba la decisión impugnada lleva la fecha de 18 de julio de 1984. La reclamación del Sr. Herbin quedó registrada en la Secretaría General de la Comisión el 19 de octubre de 1984. En el apartado 2, segundo guión, del artículo 90 del Estatuto se establece que el plazo para presentar una reclamación «comenzará a contar a partir del día de la publicación del acto, si se trata de una medida de carácter general». A la pregunta de si el boletín «Infor-Rapide» había estado disponible efectivamente en todos los edificios que albergan servicios de la Comisión en Bruselas el 18 de julio de 1984, el agente de la Comisión ha respondido que su institución no insistía en la excepción de inadmisibilidad que había propuesto contra el recurso del Sr. Herbin. Por consiguiente, no ha quedado probado que el plazo para presentar la reclamación comenzara a contar efectivamente el 18 de julio de 1984. Por otra parte, el apartado 3 del artículo 90 prevé que las reclamaciones de los funcionarios deberán presentarse por la vía jerárquica. Dado que la reclamación del Sr. Herbin quedó registrada en la Secretaría General, situada en otro edificio, el 19 de octubre de 1984, es posible suponer que la misma había sido ya presentada ante el superior jerárquico el 18 de octubre. En cualquier caso la Comisión no ha demostrado lo contrario. Señalemos, por último, que en un asunto anterior el Tribunal de Justicia parece haber aplicado implícitamente y por analogía las disposiciones del Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (DO L 124, p. 1; EE 01/01, p. 149). ( 9 ) En virtud de este Reglamento, el «dies a quo» no deberá contabilizarse en el plazo. Este último comenzará a correr al comienzo de la primera hora del primer día y concluirá al finalizar la última hora del día que, en el último mes, lleve la misma cifra que el día a partir del cual empieza a computarse un plazo. En consecuencia, incluso si se considerara el 18 de julio de 1984 como el «dies a quo», el plazo no habría finalizado hasta el 19 de octubre a las doce de la noche. Por consiguiente, el Sr. Herbin no presentó una reclamación fuera de plazo. El recurso interpuesto por el Sr. Scharf (asunto 292/84) no plantea ningún problema de admisibilidad. Puedo, pues, referirme ahora al problema de fondo, que es el mismo en los asuntos 269/84 y 292/84.
2.

De la forma en que se ha planteado no es posible responder a la primera cuestión, porque en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 177 del Tratado, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse directamente sobre la compatibilidad de una Ley nacional con las normas del Derecho comunitario, es decir, pronunciarse sobre la validez de disposiciones nacionales. En consecuencia, es necesario modificar la formulación de la cuestión en el sentido de que es importante interpretar el preámbulo del GATT y otras disposiciones del GATT teniendo en cuenta la Ley italiana sobre las exacciones adoptada después de la adhesión de dicho Estado al GATT. En este marco, debe aclararse, en particular, si, teniendo en cuenta el hecho de que, en su prohibición de aumentar los tipos de los derechos a la importación, el artículo II del GATT se remite expresamente a las listas de concesión, es importante saber si las mercancías gravadas por la exacción figuraban en la lista de concesión original. Como han demostrado claramente las exposiciones de las demandantes en los litigios pendientes en los procedimientos principales, se trata esencialmente de saber si el GATT prohibe introducir nuevos derechos después de la adhesión a dicho Acuerdo, independientemente de que las mercancías de que se trata figuraran o no en las listas de concesión. A este respecto, he expresado ya todas las observaciones necesarias en las citadas conclusiones en los asuntos acumulados 267/81,268/81 y 269/81. Tras examinar minuciosamente todas las razones alegadas, he llegado a la conclusión de que, en realidad, el GATT no contiene una obligación de «stand—stili», tal como los demandantes creen que pueden decir. En consecuencia, al igual que en los asuntos antes mencionados, no es posible poner en duda, en los casos de autos, la conformidad a Derecho de la percepción de la exacción italiana en concepto de remuneración de servicios de la Administración por la sola razón de que la Ley italiana fue adoptada después de la adhesión de Italia al GATT.
3.

Creo que la sentencia Horváth debe analizarse atentamente porque representa objetivamente la referencia fundamental y no sólo porque los órganos jurisdiccionales remitentes la hayan tenido en cuenta. Me limitaré a observar a este respecto que en dicha sentencia el Tribunal de Justicia adoptó una posición meditada y suficientemente motivada: el hecho de que difiera de mis conclusiones presentadas el 27 de noviembre de 1980 (Rec. 1981, p. 399) no me lleva a proponer de nuevo la tesis que considero conveniente sino, más bien, a intentar comprender y clarificar plenamente la ratio de la argumentación expuesta por el Tribunal de Justicia. En efecto, si el análisis se limitara a la lectura del fallo (que he recordado anteriormente), podría pensarse que el descubrimiento y la destrucción inmediata de los estupefacientes importados de contrabando constituyen dos requisitos indispensables para excluir la aplicabilidad de los derechos de aduana. A este respecto, el órgano jurisdiccional de Düsseldorf ha señalado acertadamente que, con esta interpretación de las disposiciones comunitarias relativas al Arancel Aduanero Común, se acabaría por hacer depender el nacimiento de la deuda fiscal de un hecho totalmente fortuito como el descubrimiento o no por las autoridades aduaneras de las mercancías de contrabando. Ahora bien, no cabe acoger dicha interpretación: los fundamentos de Derecho de la sentencia Horváth muestran que el Tribunal de Justicia se refirió en el fallo a la hipótesis de la destrucción de los estupefacientes importados y descubiertos únicamente porque en aquel caso concreto se daba esta circunstancia, pero que, en realidad, quiso expresar una orientación de un alcance diferente y mucho más amplio. Desde este punto de vista, es ilustrativo el apartado 11 de los fundamentos de Derecho, en el que el Tribunal de Justicia afirma que el Arancel Aduanero Común, cuando comprende un producto estupefaciente (en aquel caso se trataba de heroína), «sólo puede referirse a la importación con vistas a una utilización autorizada». Las razones de esta interpretación se precisan inmediatamente: «un derecho de aduana ad valorem no puede ser determinado respecto a mercancías de tal naturaleza que no pueden ser puestas en circulación en ninguno de los Estados miembros sino que por el contrario deben ser decomisadas y puestas fuera de circulación por las autoridades competentes al ser descubiertas». Ello muestra claramente que, en la lógica de la sentencia Horváth, la inaplicabilidad de los derechos de aduana no está supeditada al hecho de que los estupefacientes hayan sido descubiertos y destruidos sino más bien al hecho de que en los Estados miembros tales productos no pueden ser importados e integrados en el circuito económico debido a su carácter nocivo y al uso ilícito al que se destinan (véanse también, a este respecto, los apartados 9 y 10 de los fundamentos de Derecho).
32

En consecuencia, si un terreno no urbanizado se considera un terreno edificable con arreglo a la normativa nacional del Estado miembro en cuestión, las transformaciones a efectos de su urbanización de que haya sido objeto dicho terreno, que sigue, pues, destinado a la construcción, no influyen en modo alguno en su calificación como «terreno edificable», siempre que tales obras de urbanización no puedan calificarse de «edificios» (sentencia de 30 de septiembre de 2021, Icade Promoción, C‑299/20, EU:C:2021:783, apartado 61).
7

En la Decisión controvertida, la Comisión apreció, en primer término, los efectos probables de la operación notificada. A este respecto, en primer lugar, la Comisión consideró que la operación notificada suscitaba serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado interior debido a los efectos verticales no coordinados en los mercados minorista y mayorista de prestación de servicios de telecomunicaciones móviles. En segundo lugar, la Comisión no excluyó que la operación notificada pudiera suscitar serias dudas acerca de su compatibilidad con el mercado interior debido, por una parte, a los efectos verticales no coordinados en detrimento de los proveedores de servicios minoristas y mayoristas de telecomunicaciones fijas inalámbricas que utilizan la tecnología «fixed wireless access» (acceso inalámbrico fijo) y, por otra parte, a los efectos horizontales no coordinados relacionados con la prestación de servicios de alojamiento en infraestructuras pasivas a operadores de redes móviles, a proveedores que utilizan la tecnología «fixed wireless access» y a clientes distintos de las emisoras de televisión y radio.
76

En particular, debe subrayarse a este respecto que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno cuando declaró, en los apartados 135 y 136 de la primera sentencia recurrida, en los apartados 118 y 119 de la segunda sentencia recurrida y en los apartados 122 y 123 de la tercera sentencia recurrida, que, para poder controlar si las sanciones pecuniarias administrativas impuestas mediante las Decisiones controvertidas se ajustaban al principio de proporcionalidad y a los criterios establecidos en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento n.o 1024/2013, que exige, entre otras cosas, que la sanción sea proporcionada, era necesario que la motivación de esas Decisiones mostrara, de modo suficiente en Derecho, la metodología seguida por el BCE para determinar el importe de esas sanciones. Por lo tanto, el Tribunal General consideró acertadamente, en los apartados 121 y 122 de la primera sentencia recurrida, en los apartados 104 y 105 de la segunda sentencia recurrida y en los apartados 108 y 109 de la tercera sentencia recurrida, que, para poder examinar las críticas de las recurrentes sobre este punto, debía examinar, a título preliminar, el carácter suficientemente motivado de esas Decisiones.
3)

Mantener los efectos de la Decisión de la sesión ejecutiva de la Junta Única de Resolución de 11 de abril de 2017 relativa al cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución para 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05), en la medida en que se refiere a Portigon AG, hasta la entrada en vigor, dentro de un plazo razonable que no excederá los seis meses a contar desde la fecha de notificación del presente auto, de una nueva Decisión de la Junta Única de Resolución que determine la aportación ex ante al Fondo Único de Resolución de dicha entidad para el año 2017.