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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la validez de: – la Decisión 2007/445/CE del Consejo, de 28 de junio de 2007, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se derogan las Decisiones 2006/379/CE y 2006/1008/CE (DO 2007, L 169, p. 58); – la Decisión 2007/868/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga la Decisión 2007/445/CE (DO 2007, L 340, p. 100); – la Decisión 2008/583/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga la Decisión 2007/868/CE (DO 2008, L 188, p. 21); – la Decisión 2009/62/CE del Consejo, de 26 de enero de 2009, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga la Decisión 2008/583/CE (DO 2009, L 23, p. 25), y – el Reglamento (CE) n.o 501/2009 del Consejo, de 15 de junio de 2009, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga la Decisión 2009/62/CE (DO 2009, L 151, p. 14), en cuanto, mediante dichos actos, se mantuvo a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (en lo sucesivo, «LTTE» o «Tigres Tamiles») en la lista prevista en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO 2001, L 344, p. 70).
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El artículo 8 de la citada Directiva, titulado «Excepciones a los principios de tarifación», dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2: «1. Con el fin de recuperar totalmente los costes asumidos por el administrador de infraestructuras, los Estados miembros podrán, siempre que el mercado pueda aceptarlo, cobrar recargos basados en principios eficientes, transparentes y no discriminatorios, sin dejar de garantizar una competitividad óptima, en particular, del tráfico internacional ferroviario de mercancías. El sistema de cánones respetará los aumentos de productividad conseguidos por las empresas ferroviarias. No obstante, la cuantía de los cánones no debe excluir la utilización de las infraestructuras por parte de segmentos del mercado que puedan pagar al menos el coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario, más un índice de rentabilidad que pueda asumir el mercado. 2. Para proyectos de inversión específicos, en el futuro, o que hayan concluido no más de quince años antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, el administrador de la infraestructura podrá establecer o mantener tarifas más elevadas basadas en los costes a largo plazo de dichos proyectos si aumentan la eficiencia o la relación coste/eficacia y que de otro modo no se hubieran podido acometer. Un acuerdo tarifario de este tipo puede también incorporar acuerdos sobre el reparto del riesgo asociado con nuevas inversiones.»
85

Philips añade que, contrariamente a lo expuesto en el apartado 233 de la sentencia recurrida II, la jurisprudencia conforme a la cual, si una empresa ha infringido con su comportamiento el artículo 101 TFUE, no puede eludir toda sanción alegando que no se ha impuesto ninguna multa a otro operador económico, cuando el juez de la Unión ni siquiera haya sido llamado a conocer de la situación de este último, no es aplicable al presente asunto, en la medida en que Samsung no eludió toda sanción, sino simplemente recibió un trato más favorable.
1)

La libertad de establecimiento debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa fiscal de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual tanto una sociedad no residente que ejerza una actividad económica en dicho Estado miembro por medio de un establecimiento permanente como una sociedad residente, incluida la filial residente de una sociedad no residente, están sujetas a un impuesto con las características del fairness tax cuando dichas sociedades distribuyan dividendos que, a causa de la aplicación de determinadas ventajas fiscales establecidas en el régimen fiscal nacional, no se reflejen en su resultado imponible definitivo, a condición de que el método de determinación de la base imponible de dicho impuesto no lleve, de hecho, a tratar a esa sociedad no residente de manera menos ventajosa que a una sociedad residente, extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.
40

En estas circunstancias, el Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Land de Alta Austria) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE y los artículos 49 TFUE y siguientes, a la luz del artículo 6 del CEDH en relación con el artículo 47 de la Carta […], en el sentido de que, considerando la objetividad y la imparcialidad exigida a los órganos jurisdiccionales a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (especialmente, de su sentencia de 18 de mayo de 2010, Ozerov c. Rusia, CE:ECHR:2010:0518JUD006496201, apartado 54), dichas disposiciones se oponen a una normativa nacional conforme a la cual las pruebas que se han de aportar en un procedimiento administrativo sancionador a fin de justificar un régimen cuasimonopolístico del mercado nacional de juegos de azar, protegido por el Derecho penal, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en particular, de su sentencia de 30 de abril de 2014, Pfleger y otros, C‑390/12, EU:C:2014:281), no deben ser apreciadas por la autoridad sancionadora (ni por otro órgano estatal de investigación) en su condición de representante de la acusación, sino que debe ser el propio tribunal (actuando como una sola y misma persona/en el ejercicio de una sola y misma función) llamado a resolver sobre la legalidad de la sanción penal impugnada quien, por su propia iniciativa e independientemente de la actuación de las partes, inicialmente las declare y delimite y, posteriormente, las investigue autónomamente y las valore?»
4)

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, en relación con el considerando 14 de éste, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de un retraso de vuelo igual o superior a tres horas a la llegada que tenga su origen no sólo en una circunstancia extraordinaria que no podría haberse evitado incluso adoptando medidas adaptadas a la situación y que fue objeto, por parte del transportista aéreo, de todas las medidas razonables para evitar sus consecuencias, sino también en otra circunstancia no comprendida en dicha categoría, el retraso imputable a esa primera circunstancia debe descontarse del tiempo total de retraso a la llegada del vuelo afectado para apreciar si el retraso a la llegada de ese vuelo debe ser objeto de la compensación prevista en el artículo 7 de ese Reglamento.
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El artículo 29 bis, apartados 1, 4, 6 y 7, de la Ley relativa a los peajes de las carreteras, introducido en esta Ley por la Ley n.o LIV de 2014, con efectos a partir del 9 de noviembre de 2014, dispone: «(1) En los supuestos previstos en los apartados 2 a 4, quienes presenten una solicitud ante el organismo designado para recaudar el peaje (en lo sucesivo, “sujeto encargado de recaudar el peaje”), con arreglo a lo dispuesto en los apartados 6 y 7 (en lo sucesivo, “solicitud”), estarán dispensados con arreglo a las disposiciones de la presente Ley del pago de la multa impuesta por la circulación sin autorización de tránsito definida en el artículo 14, letra a), que haya tenido lugar entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de marzo de 2014. […] (4) Con base en una solicitud fundada en lo dispuesto en el apartado 7, el solicitante estará dispensado del pago de la multa impuesta por infringir lo dispuesto en el artículo 14, letra a), en caso de que la imposición de la multa tuviera lugar en un tramo viario de peaje o en una vía que lleve al mismo —dentro del período de validez del billete de ruta y en no más de una ocasión en un punto de control determinado por cada sentido de la circulación— que se considere funcionalmente paralelo desde el punto de vista de la red viaria respecto del tramo para el que el vehículo en cuestión contara con una autorización de tránsito en el mismo período de tiempo, y no se hubiera dado uso efectivo a esa autorización durante el período de validez de la misma. […] (6) Además de lo dispuesto en los apartados 2 a 4, para obtener la dispensa de la multa será necesario que, antes de presentar la solicitud, el solicitante haya satisfecho al sujeto encargado de recaudar el peaje, por cada multa, gastos de servicio por una cuantía de 12000 HUF [aproximadamente 39 euros], incluido el impuesto sobre el valor añadido, y que acredite ese pago en el momento de presentar la solicitud. […] (7) Podrá presentarse la solicitud dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de la Ley LIV de 2014, de modificación de la [Ley relativa a los peajes de las carreteras]. El sujeto encargado de recaudar el peaje, con base en la solicitud presentada, cuando el contenido de la solicitud se ajuste a lo establecido en la presente Ley y no presente divergencias con la información de la base de datos del sujeto encargado de recaudar el peaje, expedirá una certificación indicando si el solicitante puede ser dispensado del pago de la multa, habida cuenta del cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2 a 4. No se expedirá tal certificación cuando los datos de la solicitud no coincidan con la información que figure en la base de datos del sujeto encargado de recaudar el peaje. El sujeto encargado de recaudar el peaje expedirá la certificación dentro de los ciento veinte días siguientes a la recepción de la solicitud. […]»
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El artículo 106, apartado 5, del Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Real Decreto por el que se desarrolla el Código de impuestos sobre la renta de 1992), de 27 de agosto de 1993 (Belgisch Staatsblad, 13 de septiembre de 1993, p. 20096), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «AR/CIR 1992»), dispone: «Quedarán exentos en su integridad de la retención sobre los rendimientos del capital mobiliario los dividendos cuyo deudor sea una sociedad filial belga y cuyo beneficiario sea una sociedad matriz de otro Estado miembro de la Comunidad Económica Europea. No obstante, no será aplicable esta exención si la participación social de la sociedad matriz en virtud de la cual se abonan los dividendos no representa una participación mínima del 25 % del capital de la sociedad filial y la participación mínima del 25 % no se mantiene o no se ha mantenido durante un período ininterrumpido de cuando menos un año. A los efectos de la aplicación de los párrafos primero y segundo, se entenderá por sociedad filial y sociedad matriz las sociedades filiales y matrices tal como se definen en la Directiva [90/435]».
25

Según Madaus, a la vista de lo anterior, el producto controvertido está comprendido en el capítulo 38 de la NC. Aduce que la exclusión de determinados productos del ámbito de aplicación de este capítulo, prevista en la nota 1, letra b), de éste, referida a las «mezclas de productos químicos con sustancias alimenticias u otras que tengan valor nutritivo», no se aplica al producto controvertido en el litigio principal, dado que no se trata de una mezcla compuesta, en particular, de una sustancia alimenticia o de otra sustancia que tenga un valor nutritivo. En efecto, con arreglo a las Notas Explicativas del SA relativas al capítulo 38, la simple presencia de sustancias alimenticias o de otras sustancias que tengan valor nutritivo en una mezcla, como en el presente asunto, el almidón modificado, no basta para excluir esta mezcla del ámbito de aplicación del capítulo 38 de la NC, dado que, según sus Notas Explicativas, una sustancia cuyo valor nutritivo tiene una importancia secundaria, a la vista de su función como agente de fabricación, no se considera una sustancia con valor nutritivo. Por último, Madaus añade que el Reglamento de Ejecución n.o 328/2013 es nulo, ya que no tiene en cuenta el alcance de la nota 1, letra b), del capítulo 38 de la NC.
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El órgano jurisdiccional remitente expone que el artículo 73 de la Ley de derechos de autor establece un motivo de defensa contra una acción por violación de derechos de autor sobre una emisión o sobre cualquier obra incluida en una emisión, aplicable «cuando una emisión inalámbrica efectuada desde algún lugar del Reino Unido sea recibida e inmediatamente retransmitida por cable». Precisa que el motivo de defensa sobre el que debe pronunciarse no se refiere al artículo 73, apartado 2, letra a), y apartado 3, de la Ley de derechos de autor, del que se desprende, en particular, que los derechos de autor sobre la emisión se consideran violados «si la retransmisión por cable obedece a una exigencia pertinente», sino únicamente al artículo 73, apartado 2, letra b), y apartado 3, de esa Ley, que dispone que esos derechos no se consideran violados «si la emisión está destinada a ser recibida en la zona en la que se retransmita por cable y en la medida en que así sea y si forma parte de un servicio reconocido y en la medida en que así sea».
(22)

Procede proteger a los consumidores contra prácticas comerciales engañosas y desleales, tal como establece la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior[, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (“Directiva sobre las prácticas comerciales desleales”) (DO 2005, L 149, p. 22)], así como la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) [(DO 2000, L 178, p. 1)], y la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores[, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE (DO 2002, L 271, p. 16), en su versión modificada por la Directiva 2005/29]. Las disposiciones adicionales de esas Directivas siguen siendo aplicables. No obstante, conviene aclarar la relación entre la presente Directiva y la Directiva 2002/65 […] por lo que se refiere a los requisitos de información precontractual.
a)

si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca [de la Unión] si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;
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El considerando 24 de la Directiva 2008/48 indica lo siguiente: «El consumidor debe ser ampliamente informado antes de la celebración del contrato, con independencia de que en la venta del crédito haya participado o no un intermediario de crédito. En consecuencia, como regla general, los requisitos de información precontractual deben aplicarse también a los intermediarios de crédito. No obstante, a los proveedores de bienes y servicios que actúen como intermediarios de crédito de manera subsidiaria no procede imponerles la obligación legal de proporcionar la información precontractual tal como se establece en la presente Directiva. Puede considerarse, por ejemplo, que los proveedores de bienes y servicios actúan como intermediarios de crédito a título subsidiario si su actividad como intermediarios no constituye el objeto principal de su actividad comercial, empresarial o profesional. En tales casos, el consumidor sigue estando suficientemente protegido, ya que el prestamista ha de garantizar que reciba la información precontractual completa, bien a través del intermediario, si el prestamista y el intermediario así lo acuerdan, o bien por cualquier otro medio adecuado.»
14

En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 3 de la Directiva [2000/78] en el sentido de que esta disposición es aplicable a una ventaja establecida en la normativa fiscal, en virtud de la cual los gastos de formación pueden deducirse, en determinadas condiciones, de la renta sujeta a imposición? En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial: 2) ¿Debe aplicarse el principio de no discriminación por razón de edad, en cuanto principio general del Derecho de la Unión, a una ventaja fiscal en virtud de la cual los gastos de formación se deducen únicamente en determinadas condiciones, incluso cuando dicha ventaja no quede comprendida en el ámbito de aplicación material de la Directiva [2000/78] y tal norma no aplique el Derecho de la Unión? En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales primera o segunda: 3) a) ¿Pueden estar justificadas del modo previsto en el artículo 6 de la Directiva [2000/78] diferencias de trato contrarias al principio de no discriminación por razón de edad, en cuanto principio general del Derecho de la Unión? b) En caso de respuesta negativa, ¿qué criterios se observan en la aplicación de dicho principio o para la justificación de una distinción por razón de edad? 4) a) ¿Deben interpretarse el artículo 6 de la Directiva [2000/78] y/o el principio de no discriminación por razón de edad en el sentido de que una diferencia de trato por razón de edad puede estar justificada si el motivo de tal diferencia de trato alcanza únicamente a una parte de los casos a los que afecta tal distinción? b) ¿Puede estar justificada una distinción por razón de edad por la opinión del legislador según la cual sobrepasada una determinada edad no es necesario disponer de una ventaja fiscal debido a la “propia responsabilidad” de quien la reclama para alcanzar el objetivo perseguido mediante dicha ventaja?»
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que la Directiva 2011/92 se limitó a codificar la Directiva 85/337, que todos los Estados miembros no fueron parte del Acuerdo y que no existe razón alguna para considerar que el legislador de la Unión, en el momento de la adopción de la Directiva 2011/92, pretendiera referirse, con la remisión al Acuerdo, no a su versión inicial, sino a sus versiones modificadas o revisadas, procede continuar refiriéndose a la versión del Acuerdo vigente en el momento de su firma, esto es, el 15 de noviembre de 1975.
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En esas circunstancias, la cour d’appel de Liège (Tribunal de Apelación de Lieja, Bélgica) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «Debe interpretarse el concepto de “vendedor” de bienes de consumo, establecido en el artículo 1649 bis del Código Civil belga, introducido por la Ley de 1 de septiembre de 1994 relativa a la protección del consumidor en caso de venta de bienes de consumo (loi du 1er septembre 1994 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation), que transpone al Derecho belga la Directiva 1999/44/CE, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, en el sentido que se refiere no sólo al profesional que, en calidad de vendedor, transmite la propiedad de un bien de consumo a un consumidor, sino también al profesional que actúa como intermediario de un vendedor no profesional, al margen de que perciba o no una retribución por su intervención y de que haya informado o no al potencial comprador de que el vendedor es un particular?»
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El artículo 105 del Reglamento n.o 1083/2006, titulado «Disposiciones transitorias», es del siguiente tenor: «1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación, incluida la supresión total o parcial, de la ayuda cofinanciada por los Fondos Estructurales o de proyectos cofinanciado por el Fondo de Cohesión aprobados por la Comisión de conformidad con los Reglamentos (CEE) n.o 2052/88 [...], (CEE) n.o 4253/88 [...], (CE) n.o 1164/94 [...] y (CE) n.o 1260/1999, o de cualquier otra legislación que se aplique a dicha ayuda a 31 de diciembre de 2006, que, por ende, se aplicará a partir de esa fecha a dicha ayuda o proyectos hasta su cierre. 2. Al adoptar decisiones sobre programas operativos, la Comisión tendrá en cuenta cualquier ayuda cofinanciada por los Fondos Estructurales o cualquier proyecto cofinanciado por el Fondo de Cohesión aprobados por el Consejo o por la Comisión con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, que tenga repercusiones financieras durante el período cubierto por dichos programas operativos. 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, el artículo 32, apartado 4, y el artículo 37, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1260/1999, los importes parciales comprometidos para ayudas cofinanciadas por el [Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)] o el [Fondo Social Europeo (FSE)] , aprobadas por la Comisión entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2006, y con respecto a los cuales no se haya remitido a la Comisión, en el plazo de 15 meses después de la fecha final de subvencionabilidad del gasto establecida en la decisión por la que se concede una contribución con cargo a los Fondos, la declaración certificada de los gastos efectivamente pagados, el informe final de ejecución y la declaración a que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento, serán liberados automáticamente por la Comisión, a más tardar 6 meses después de este plazo, y darán lugar a la devolución de los importes indebidamente pagados. Los importes referidos a operaciones o programas que hayan sido suspendidos como consecuencia de procedimientos judiciales o de recursos administrativos con efectos suspensivos no se tendrán en cuenta a la hora de calcular el importe que debe ser objeto de liberación automática.»