SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 26 de octubre de 1994

Asunto T-21/93

N

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Deberes — Declaración falsa — Sanción disciplinaria — Consejo de disciplina — Sanción de descenso de grado — Motivación — Proporcionalidad»

Texto completo en lengua portuguesa I-709

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión de 27 de noviembre de 1992 por la que se impone al demandante la sanción disciplinaria de descenso de grado.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

Después de haber obtenido un permiso a fines de octubre de 1987, el demandante se trasladó a Lisboa, ciudad en la que consultó a un médico, el cual, el 1 de noviembre de 1987, le expidió un certificado acreditativo de que estaba enfermo y

de que, por tanto, no podía incorporarse durante un período indeterminado a su servicio. Autentificado por un notario portugués el 9 de noviembre de 1987, el certificado fue posteriormente enviado a la Comisión por la esposa del demandante.

Mediante decisión del Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, se decretó la prisión provisional del demandante desde el 3 de noviembre de 1987 hasta el 26 de marzo de 1988 y se le mantuvo incomunicado hasta, aproximadamente, el 20 de noviembre de 1987. El órgano jurisdiccional portugués ordenó, además, que se le informara en el plazo de ocho días sobre la incomunicación del interesado, puesto que éste estaba al servicio de una Institución comunitaria.

El 18 de diciembre de 1987, la Comisión envió al domicilio portugués del demandante un telegrama en el que se le rogaba que se presentara el 21 de diciembre siguiente a una visita médica de control en Lisboa, a la que el demandante, por encontrarse aún en prisión provisional, no se presentó.

Fue entonces cuando, a petición del Abogado del demandante, el órgano jurisdiccional portugués informó a la Comisión, el 22 de enero de 1988, de que su cliente se encontraba en prisión provisional.

La Comisión decidió posteriormente iniciar un procedimiento disciplinario contra el demandante por haber efectuado falsas declaraciones en las que justificaba su ausencia del servicio por motivos de salud mediante un certificado médico, cuando, en realidad, se hallaba en prisión. Mientras que el Consejo de disciplina propuso amonestar al demandante, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos impuso la sanción de descenso de grado contra la que el demandante formuló una reclamación que no obtuvo respuesta.

Sobre los motivos basados en un error de hecho y en un error de Derecho

El Tribunal de Primera Instancia considera que la decisión impugnada está viciada de un error de hecho porque la Comisión no ha probado que el demandante hubiera actuado voluntaria y premeditadamente (apartados 41 y 42).

En efecto, el demandante pudo creer legítimamente y de buena fe que las autoridades portuguesas informarían a su empleador de su situación (apartado 38).

El Tribunal de Primera Instancia considera que la decisión impugnada también adolece de un error de Derecho. Contrariamente a la afirmación de la Comisión, aunque el Estatuto prevea que el funcionario debe comunicar su indisponibilidad a su Institución en el más breve plazo posible, precisando al mismo tiempo el lugar en que se encuentre, de ello no se deduce que esté obligado, en todos los casos, a informar a la Institución personalmente o mediante un mandatario designado por él a tal fin. En efecto, el propio tenor y la ratio legis del artículo 59 del Estatuto no permiten interpretarlo en el sentido de que, si el interesado tiene fundadas razones para pensar que su Institución será informada por otro medio cierto y fiable, esté obligado a informar personalmente a su Institución. Puesto que el demandante pudo creer legítimamente que la policía portuguesa informaría a la Comisión, no incumplió una obligación estatutaria durante el período de que se trata, que expiró el 18 de diciembre de 1987 (apartados 43 y 44).

Puesto que estos dos errores se refieren a un aspecto esencial de la decisión impugnada, en concreto, que la decisión de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos diverge particularmente del dictamen elaborado por el Consejo de disciplina, el Tribunal de Primera Instancia anula la decisión (apartado 45).

Fallo:

Se anula la decisión de la Comisión de 27 de noviembre de 1992.