ES Diario Oficial de la Unión Europea C 193/10

Recurso de casación interpuesto el 27 de mayo de 2009 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) dictada el 10 de marzo de 2009 en el asunto T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anteriormente Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anteriormente Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-200/09 P)

2009/C 193/13

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: H. van Vliet y C. Clyne, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anteriormente Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anteriormente Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT y Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia:

— Que anule el punto 1 del fallo de la sentencia.

— Que desestime la totalidad del recurso en primera instancia.

— Que condene a las demandantes a cargar con las costas en que incurra la Comisión en el procedimiento de casación

Motivos y principales alegaciones

PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN — aplicación del concepto de entidad económica única a la hora de determinar los precios de exportación

La Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en dos errores de Derecho al declarar que: «Según reiterada jurisprudencia sobre el cálculo del valor normal, pero aplicable por analogía al cálculo de los precios de exportación, el reparto de las actividades de producción y venta en el interior de un grupo formado por sociedades jurídicamente distintas nada quita al hecho de que se trata de una entidad económica única que organiza de esta manera un conjunto de actividades ejercidas, en otros casos, por una entidad que también es única desde el punto de vista jurídico».

En primer lugar, el TPI incurrió en error por no haber motivado en modo alguno por qué el denominado concepto de entidad económica única era también aplicable por analogía a la determinación de los precios de exportación a la hora de calcular el dumping.

En segundo lugar, el TPI incurrió en error por no haber seguido la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia con respecto al concepto de entidad económica única la cual, tal como se desprende, entre otras, de las sentencias Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh y Canon-II, había declarado lo contrario.

SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN — Carga de la prueba y criterio de control jurisdiccional

Este motivo de casación se refiere a la carga de la prueba y al criterio de control jurisdiccional. Sobre esta cuestión, la Comisión considera que el TPI, en los apartados 180 a 190, incurrió en varios errores de Derecho al no aplicar el criterio de control jurisdiccional adecuado. Al invocar la sentencia Kundan y Tata, el TPI no tuvo en cuenta el hecho de que después de dicha sentencia, se modificó el tenor del artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base precisamente para poder resolver situaciones como la del caso de autos. Ello deja claramente un cierto margen de apreciación a las instituciones. En consecuencia, el TPI aplicó un criterio jurídico incorrecto, al hacer recaer sobre las instituciones una carga de la prueba especialmente elevada, en un ámbito en el que éstas normalmente gozan de una amplia facultad de apreciación. Por tanto, el TPI no demostró, como debía haber hecho, la existencia de un error manifiesto en la apreciación de los hechos por parte de las instituciones.

TERCER MOTIVO DE CASACIÓN — Artículo 2, apartado 10, párrafo primero, del Reglamento de base

Este tercer motivo cuestiona los apartados 193 a 197 de la sentencia recurrida. Debe deducirse que si el primer o el segundo motivo se considerasen fundados, entonces del propio razonamiento del TPI se desprendería que su conclusión según la cual se produjo una infracción del artículo 2, apartado 10, párrafo primero, es jurídicamente errónea.

CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN — Derecho de defensa

Este motivo tiene por objeto los apartados 200 a 211 de la sentencia recurrida. La Comisión considera que en esos apartados, el TPI aplicó un criterio excesivamente estricto y, por tanto, injustificado, por lo que respecta al derecho de defensa de las demandantes. El importe del ajuste y las transacciones afectadas por éste ya eran conocidos por las demandantes desde hacía algún tiempo (desde el primer documento de información final). Además, en respuesta a una observación formulada por las demandantes tras haber recibido dicho documento, la Comisión precisó en el segundo documento de información final que la referencia anterior al artículo 2, apartado 9, como base jurídica para llevar a cabo el ajuste había sido errónea. Por tanto se había informado completamente a las demandantes de las razones exactas por las que la Comisión quería llevar un ajuste, a saber, que consideraba que SEPCO actuaba como un operador comercial que realizaba, por cuenta de las demandantes, funciones análogas a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión.

La Comisión considera que al facilitar esa información, facilitó a las demandantes suficiente información como para permitirles ejercer su derecho de defensa. Por tanto, el TPI incurrió en un error de derecho cuando en el apartado 201 dio a entender que debería haberse incluido más información en el apartado del escrito de información final relativo a esa cuestión. Contrariamente a lo que sugiere el TPI, las demandantes conocían la razón por la cual la Comisión quería incluir ese ajuste en su propuesta al Consejo, a saber, que los vínculos de Sepco con las demandantes estaban comprendidos en el ámbito del artículo 2, apartado 10, letra i), segunda frase. Además, la Comisión considera que su posición se ve apoyada por la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia (por ejemplo, la sentencia EFMA).

Finalmente, la Comisión considera que el TPI incurre en un error de Derecho en el apartado 209 al confundir la cuestión de fondo relativa a la legalidad de llevar a cabo un ajuste con la cuestión del respeto del derecho de defensa de las demandantes. El TPI declara que: «se demostró […] supra […] que [las instituciones actuaron de manera ilegal al llevar a cabo el ajuste]. Por consiguiente, procede concluir que» al no presentar su motivación final en el segundo escrito de información final, las instituciones vulneraron el derecho de defensa de las demandantes. Sin embargo, contrariamente a lo que da a entender el TPI, no existe ningún vínculo de causalidad entre esas dos cuestiones. El mero hecho de que el TPI considere que era ilegal llevar a cabo el ajuste no significa que se hubiese vulnerado el derecho de defensa de las demandantes. La cuestión que debe determinarse es si, durante el procedimiento administrativo, las instituciones facilitaron a las demandantes la información necesaria para permitir a éstas aportar información. El hecho de que el TPI considere el ajuste ilegal no significa que «por consiguiente» durante el procedimiento administrativo se hubiese vulnerado el derecho de defensa de las demandantes.

ACERCA DE SI EL TRIBUNAL DE JUSTICIA PUEDE RESOLVER ÉL MISMO POR LO QUE ATAÑE A LOS MOTIVOS DE QUE SE TRATABA EN EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TPI (o si debe devolver el asunto al TPI)

Según la Comisión, si el Tribunal de Justicia declara que los anteriores motivos son fundados y anula el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida, tendrá ante si un expediente suficientemente completo para resolver él mismo acerca de los motivos pertinentes (y desestimarlos). No obstante, corresponde al Tribunal de Justicia decidir esta cuestión y la Comisión no insistirá en ella.