Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de anulación — Competencia del juez de la Unión — Pretensiones que tienen por objeto obtener una orden conminatoria dirigida a una institución — Inadmisibilidad

(Art. 263 TFUE)

2. Recurso de anulación — Motivos — Vicios sustanciales de forma — Falta de motivación o motivación insuficiente — Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional

(Arts. 263 TFUE y 296 TFUE)

3. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de la Comisión por la que deniega el registro de una propuesta de iniciativa ciudadana

[Arts. 24 TFUE, párr. 1, y 296 TFUE; Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 1 y art. 4, ap. 3]

4. Recurso de anulación — Motivos — Falta de motivación o motivación insuficiente — Motivo distinto del que impugna la legalidad en cuanto al fondo

(Arts. 263 TFUE y 296 TFUE)

5. Política económica y monetaria — Política económica — Competencia de la Unión para acordar una ayuda financiera a los Estados miembros en dificultades — Alcance — Adopción de una legislación que consagre el principio del estado de necesidad que permite que un Estado miembro que debe hacer frente a graves problemas de financiación no reembolse todo o parte de su deuda — Exclusión

(Art. 122 TFUE)

6. Política económica y monetaria — Política económica — Coordinación de las políticas económicas — Competencia de la Unión — Alcance — Adopción de una legislación que consagre el principio del estado de necesidad que permite que un Estado miembro que debe hacer frente a graves problemas de financiación no reembolse todo o parte de su deuda — Exclusión

(Art. 136 TFUE)

7. Tratados de la Unión — Cláusula de solidaridad — Ámbito de aplicación — Obligación de adoptar una legislación que consagra un principio del estado de necesidad que permite a un Estado miembro que debe hacer frente a graves problemas de financiación no reembolsar todo o parte de su deuda — Inexistencia

(Art. 222 TFUE)

8. Comisión — Competencias — Facultad de iniciativa legislativa — Posibilidad de fundamentar una iniciativa legislativa en un principio de Derecho internacional ante la inexistencia de atribución de competencia a dichos efectos en los Tratados — Exclusión

(Art. 13 TUE, ap. 2)

Índice

1. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 12)

2. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 21)

3. La obligación de motivar una decisión individual, establecida por el artículo 296 TFUE, tiene la finalidad de proporcionar al interesado una indicación suficiente para determinar si la decisión está fundada o si, en su caso, adolece de algún vicio que haga posible impugnar su validez y de permitir al juez de la Unión ejercer su control sobre la legalidad de la decisión controlada.

En el supuesto de una decisión mediante la que se deniega la solicitud de registro de una iniciativa ciudadana europea, el hecho de que la propuesta no se registre puede afectar a la propia eficacia del derecho que asiste a los ciudadanos de presentar una iniciativa ciudadana, consagrado por el artículo 24 TFUE, párrafo primero. Por consiguiente, en tal decisión deben constar con claridad los motivos que justifiquen la denegación. En efecto, el ciudadano que haya presentado una propuesta de iniciativa ciudadana debe poder contar con los elementos suficientes para comprender las razones por las que la Comisión ha denegado su registro. Corresponde a esta institución no sólo examinar las iniciativas ciudadanas propuestas, sino también motivar su decisión en los casos en que las rechace, habida cuenta de su incidencia en el ejercicio efectivo del derecho que consagra el Tratado. Ello se desprende de la propia naturaleza de este derecho, que, según se establece en el considerando 1 del Reglamento nº 211/2011, sobre la iniciativa ciudadana, tiene como fin consolidar la ciudadanía europea y reforzar el funcionamiento democrático de la Unión mediante la participación de los ciudadanos en la vida democrática de ésta.

(véanse los apartados 22, 25 y 26)

4. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 33)

5. El artículo 122 TFUE, apartado 1, no puede constituir una base jurídica adecuada para adoptar en la legislación de la Unión un principio del estado de necesidad, conforme al cual un Estado miembro podría decidir unilateralmente no reembolsar la totalidad o una parte de su deuda alegando que debe hacer frente a graves problemas de financiación. A este respecto, si bien es cierto que del tenor de dicha disposición no resulta que ésta se circunscriba necesariamente a la adopción de medidas por parte del Consejo en el caso de que surjan dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía, el espíritu de solidaridad entre los Estados miembros que debe guiar al Consejo en la adopción de las medidas adecuadas a la situación económica, en el sentido de dicha disposición, indica que estas medidas se basan en la asistencia entre los Estados miembros.

De manera manifiesta, la adopción del principio del estado de necesidad tampoco forma parte de las medidas de ayuda financiera que el Consejo puede acordar sobre la base del artículo 122 TFUE, apartado 2. En efecto, si bien esta disposición permite que la Unión conceda una ayuda financiera puntual a un Estado miembro en determinadas condiciones, no permite justificar que se incorpore a la legislación un mecanismo de abandono de la deuda, aunque sólo sea debido al carácter general y permanente de tal mecanismo.

Por otra parte, el artículo 122 TFUE sólo tiene por objeto una ayuda financiera concedida por la Unión y no por los Estados miembros, de modo que la adopción del principio del estado de necesidad, suponiendo que tuviera encaje en el concepto de ayuda financiera en el sentido de dicha disposición, no puede incluirse entre las medidas de ayuda concedidas por la Unión en aplicación de las disposiciones anteriormente mencionadas, principalmente porque la adopción de dicho principio no afectaría únicamente a la deuda de un Estado miembro con la Unión, sino también a las deudas que dicho Estado hubiera contraído con otras personas jurídicas o físicas, públicas o privadas, situación que está manifiestamente fuera del ámbito de aplicación de la disposición de que se trata.

(véanse los apartados 42, 43 y 48 a 50)

6. La función de la Unión en el ámbito de la política económica se circunscribe a la adopción de medidas de coordinación. A este respecto, la adopción de un acto legislativo que autorizase a un Estado miembro a no reembolsar la deuda, lejos de integrar el concepto de orientación de política económica en el sentido del artículo 136 TFUE, apartado 1, letra b), en realidad tendría como efecto sustituir la libre voluntad de las partes contratantes por un mecanismo legislativo de abandono unilateral de la deuda pública, lo que resulta manifiesto que esta disposición no permite.

(véase el apartado 58)

7. La negativa a incorporar a los textos de la Unión un principio del estado de necesidad, conforme al cual un Estado miembro podría decidir unilateralmente no reembolsar la totalidad o una parte de su deuda alegando que debe hacer frente a graves problemas de financiación, no es contraria a la cláusula de solidaridad definida en el artículo 222 TFUE, entre otras razones porque esta cláusula manifiestamente no se refiere a la política económica y monetaria, ni a la situación económica o a las dificultades presupuestarias de los Estados miembros.

(véase el apartado 60)

8. Aun considerando que exista una norma de Derecho internacional que consagre un principio del estado de necesidad conforme al cual un Estado miembro esté autorizado a no reembolsar la deuda pública en situaciones excepcionales, la mera existencia de tal principio de Derecho internacional no sería fundamento suficiente para una iniciativa legislativa de la Comisión, puesto que no existe ninguna atribución de competencia a dichos efectos en los Tratados.

(véase el apartado 65)