Palabras clave

Índice



Palabras clave

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Restricciones — Normativa que limita el emplazamiento y el tamaño de los grandes establecimientos comerciales dentro de un determinado territorio

(Art. 43 CE)

Índice

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE todo Estado miembro que adopte o mantenga en vigor disposiciones que:

— prohíban la implantación de grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada de un número limitado de municipios;

— limiten la implantación de nuevos hipermercados a un reducido número de comarcas y exijan que esos nuevos hipermercados no absorban más del 9 % del consumo de productos de uso cotidiano o del 7 % del consumo de productos de uso no cotidiano;

— exijan la aplicación de límites en cuanto al grado de implantación y a la repercusión sobre el comercio minorista existente, más allá de los cuales no se puedan abrir nuevos establecimientos comerciales grandes ni medianos, y

— regulen la composición de la Comisión de Equipamientos Comerciales, cuya consulta es obligatoria a efectos de obtener una licencia específica para la apertura de un gran establecimiento comercial, garantizando la representación de los intereses del comercio minorista ya existente y no contemplando la representación de las asociaciones activas en el ámbito de la protección del medio ambiente ni de las agrupaciones de interés que velen por la protección de los consumidores, puesto que tales disposiciones, consideradas en su conjunto, tienen como efecto obstaculizar y hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de operadores económicos de otros Estados miembros, de sus actividades en el territorio de que se trate mediante un establecimiento permanente, afectando de ese modo a su establecimiento en el mercado nacional, y constituyen por lo tanto una restricción a la libertad de establecimiento en el sentido del artículo 43 CE.

Tales restricciones no están justificadas por la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio o la protección de los consumidores.

En particular, la obligación de tomar en consideración, a la hora de conceder una licencia, la existencia de un equipamiento comercial en la zona correspondiente y los efectos de una nueva implantación sobre la estructura comercial de dicha zona se refiere a la repercusión sobre el comercio ya existente y la estructura del mercado, y no a la protección de los consumidores. Otro tanto puede decirse de la obligación, en el marco del procedimiento de concesión de esa licencia, de elaborar un informe sobre el grado de implantación, que es vinculante en caso de ser desfavorable y que debe ser desfavorable siempre que se exceda un determinado valor de cuota de mercado. A este respecto, puesto que se exige la aplicación de límites en cuanto al grado de implantación y a la repercusión sobre el comercio minorista existente más allá de los cuales no se pueden abrir nuevos establecimientos comerciales grandes ni medianos, tales consideraciones, de carácter meramente económico no pueden constituir una razón imperiosa de interés general capaz de justificar las restricciones a la libertad de establecimiento.

Por otra parte, en cuanto al hecho de que en la Comisión de Equipamientos Comerciales el único interés sectorial representado sea el del comercio local ya existente, un organismo con esa composición, en el que no estén representados los intereses relativos a la protección del medio ambiente y de los consumidores, mientras que sí lo están los competidores potenciales del solicitante de la licencia, no puede constituir un instrumento idóneo para alcanzar los objetivos de ordenación del territorio, de protección del medio ambiente y de protección de los consumidores.

(véanse los apartados 70, 72, 85, 95 a 98 y 111, y el punto 1 del fallo)