Asunto C‑299/02

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Reino de los Países Bajos

«Incumplimiento de Estado – Artículos 43 CE y 48 CE – Medidas nacionales que exigen como requisito para poder matricular un buque en los Países Bajos que los accionistas, los administradores y las personas físicas encargadas de la gestión cotidiana de la sociedad comunitaria propietaria del buque tengan nacionalidad comunitaria o del EEE – Medidas nacionales que exigen que el administrador de una empresa armadora tenga nacionalidad comunitaria o del EEE y un domicilio comunitario o en el EEE»

Sumario de la sentencia

1. Libre circulación de personas – Libertad de establecimiento – Matriculación de buques en un Estado miembro – Requisitos relativos a la nacionalidad de los accionistas y de los administradores de las sociedades propietarias de un buque y/o de los representantes locales de los propietarios – Improcedencia – Justificación – Ejercicio de un control y de una jurisdicción efectivos – Inexistencia

(Arts. 43 CE y 48 CE)

2. Libre circulación de personas – Libertad de establecimiento – Gestión de buques – Requisitos relativos a la nacionalidad y el domicilio de los administradores de empresas armadoras – Improcedencia – Justificación – Ejercicio de un control y de una jurisdicción efectivos – Inexistencia

(Arts. 43 CE y 48 CE)

1. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 48 CE un Estado miembro que adopta y mantiene una legislación en virtud de la cual se establecen requisitos en relación con la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión o del Espacio Económico Europeo de los accionistas y de los administradores de las sociedades propietarias de un buque marítimo que éstas deseen matricular en este Estado miembro, así como de las personas físicas encargadas de la gestión cotidiana del establecimiento desde el cual se ejerce, en el Estado miembro de que se trata, la actividad de navegación marítima exigida para esta matriculación, dado que tal régimen de matriculación de buques tiene como efecto restringir la libertad de establecimiento de sus propietarios.

En efecto, las sociedades propietarias que no reúnen los requisitos de nacionalidad arriba mencionados no tienen otra posibilidad de efectuar la matriculación que modificar en consecuencia la estructura de su capital social o de sus órganos de administración. Los propietarios de los buques deben asimismo adaptar su política de contratación de personal para excluir de los representantes locales a todo nacional de un Estado que no pertenezca a la Comunidad ni al Espacio Económico Europeo.

Por otra parte, a falta de una regla armonizada aplicable a toda la Comunidad, el requisito de tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión o del Espacio Económico Europeo instaurado unilateralmente puede, al igual que el requisito de ser nacional de un Estado miembro específico, constituir un obstáculo a la libertad de establecimiento.

Tal restricción no puede justificarse por la necesidad de ejercer un control y una jurisdicción efectivos sobre los buques de pabellón del Estado miembro de que se trate.

(véanse los apartados 19 a 21 y 39 y el fallo)

2. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 48 CE un Estado miembro que adopta y mantiene una legislación en virtud de la cual se establecen requisitos en relación con la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión o del Espacio Económico Europeo y el domicilio en uno de estos Estados miembros de los administradores de empresas armadoras de buques marítimos registrados en este Estado miembro, dado que tal régimen de gestión de buques tiene como efecto restringir la libertad de establecimiento de los propietarios de dichos buques.

En efecto, los nacionales comunitarios que deseen operar mediante una empresa armadora con un administrador nacional de un país tercero o domiciliado en un país tercero no pueden hacerlo.

Tal restricción no puede justificarse por la necesidad de ejercer un control y una jurisdicción efectivos sobre los buques de pabellón del Estado miembro de que se trate.

(véanse los apartados 32, 33 y 39 y el fallo)