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RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:F:2011 :13 1SENTENCIA D EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚ BLICA (Sala Primera)
de 15 de febrero de 2011
Asunto F-81/09
Luigi M ar cuc cio
contra
Comisión Europea
«Función p ública — Funcionarios — Asignación p or invalidez — Error en el cálculo — Pago de 
atrasos — Intereses moratorios debidos — Tipo aplicable — Capitalización a nual — Perjuicio material 
y moral»
Objeto: Recurso interpuesto con arr eglo a l os artículos 236 CE y 152 EA me diante el cual el 
Sr. Marcuccio solicita, en esencia, por una parte, la anulación d e la decisión d e la 
Comisión q ue desestima parcialmente su solicitud de que le abonen intereses moratorios 
sobre los atrasos de la asignación p or invalidez que dicha institución le pagó y, por otra 
parte, que se condene a l a Comisión a a bonarle una cuantía igual a la diferencia entre el 
importe de intereses moratorios calculado de conformidad c on l os criterios que, a s u 
juicio, deben ser aplicados y e l efectivamente pagado, más los intereses de demora.
Resultado:Se desestima el recurso. La Comisión c argará, además de con s us propias costas, con u n 
cuarto de las costas del demandante. El demandante cargará c on los tres cuartos de sus 
costas.
Sumario
1. Funcionarios — Decisión lesiva — Obligación de mo tivación — Alcance — Motivación insuficiente — 
Subsanación en el procedimiento contencioso — Requisitos
(Art. 253 CE; Estatuto de l os Funcionarios, art. 25, ap. 2)
2. Actos de l as instituciones — Reglamentos — Aplicación por analogía — Requisitos
3. Excepción de i legalidad — Alcance — Actos cuya ilegalidad puede se r alegada — Acto de c arácter 
general en el que se b asa la de cisión impugnada
(Art. 241 CE)
4. Procedimiento — Escrito de i nterposición de l recurso — Requisitos de f orma
[Estatuto de l Tribunal de J usticia, a rt. 21, ap. 1; Reglamento de P rocedimiento de l Tribunal de l a 
Función Pública, art. 35, ap. 1, letras d) y e)]
1. La obligación d e motivación q ue prescribe el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto, que no 
constituye sino u na me ra reiteración d e la obligación g eneral que impone el artículo 253 CE, tiene por 
objeto, por un lado, proporcionar a l interesado u na indicación s uficiente p ara a preciar l a
2 ECLI:EU:F:2011 :13SUMARIO—ASUNTO F-81/09
MARCUCCIO/COMISIÓN
 fundamentación d el acto lesivo y l a oportunidad d e interponer un recurso ante el Tribunal y, por otro, 
permitir a e ste último ejercer el control que le corresponde sobre la conformidad a D erecho del acto. 
De ello se deduce que la obligación d e motivación a sí establecida c onstituye un principio fundamental 
del Derecho de la Unión q ue sólo ad mite excepciones por razón d e consideraciones impe riosas.
En primer término, es posible paliar u na insuficiencia de motivación — pero no l a ausencia total— 
incluso durante la instancia cuando, antes de la interposición d e su recurso, el interesado ya contaba 
con e lementos que constituyen un inicio de motivación, y, en segundo término, es posible considerar 
una decisión c omo suficiente m otivada c uando fue di ctada e n u n contexto conocido p or el 
funcionario afectado que le permite comprender su alcance.
(véanse los apartados 39 y 40)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 15 de septiembre de 2005 , Casini/Comisión (T -132/03), apartado 30 y j urisprudencia 
citada
Tribunal General: 2 de marzo de 2010 , Doktor/Consejo (T -248/08 P), apartado 93 y j urisprudencia citada
2. El ámbito de aplicación d e un reglamento se define no rmalmente por sus propias disposiciones y, en 
principio, no p uede ser ampliado a s ituaciones distintas de las que pretende contemp lar. No obstante, 
sí puede serlo en determinados supuestos excepcionales. De este modo, los operadores económicos 
pueden invocar j ustificadamente la aplicación p or analogía d e un reglamento q ue no l es es 
normalmente de aplicación, si justifican, por una parte, que el régimen jurídico que se les aplica es 
estrictamente comparable a a quél cuya aplicación p or analogía solicitan y, por otra p arte, que el 
régimen jurídico que se les aplica supone una omisión q ue es incompatible con u n principio general 
del Derecho de la Unión, omisión q ue puede ser subsanada g racias a l a aplicación p or analogía del 
reglamento que no l es es no rmalmente de aplicación.
Por tanto, la aplicación a nalógica de una no rmativa está supeditada a q ue se reúnan dos requisitos 
acumulativos, a s aber, por una parte, la existencia de una relación e stricta de comparabilidad e ntre el 
régimen jurídico no rmalmente aplicable y l a no rmativa cuya aplicación p or analogía se pretende, y, 
por otra parte, la existencia de una laguna en dicho régimen jurídico, laguna que es incompatible con 
un principio general del Derecho de la Unión y q ue podría s er colmada p or la no rmativa cuya 
aplicación p or analogía se pretende.
(véase el apartado 55)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 20 de febrero de 1975 , Reich (64/74); 11 de julio de 1978 , Union française de Céréales (6/78); 
12 de diciembre de 1985 , Krohn (165/84), apartados 13 y 14
3. El artículo 241 CE constituye la expresión d e un principio general que garantiza a c ualquiera de las 
partes el derecho de cuestionar, para o btener la anulación d e una decisión q ue le afecte dir ecta e 
individualmente, la validez de los actos institucionales anteriores que constituyan la base jurídica de la 
decisión i mpugnada, cuando la referida p arte no di sponga del derecho a i nterponer, con arr eglo al 
artículo 230 CE, un recurso dir ecto contra di chos actos, cuyas consecuencias sufriría a sí sin haber 
podido solicitar su anulación.
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MARCUCCIO/COMISIÓN
Por tanto, el artículo 241 CE tiene por objetivo proteger al justiciable contra la aplicación d e un acto 
normativo ilegal, entendiéndose que los efectos de una sentencia que declara l a inaplicabilidad d e un 
acto de ese tipo se limitan únicamente a l as partes en el litigio y q ue dicha sentencia no c uestiona el 
acto en sí mismo, que ha adquirido firmeza.
(véase el apartado 60)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 6 de marzo de 1979 , Simme nthal/Comisión (92/78), apartado 39; 19 de enero de 1984 , Andersen 
y otros/Parlamento (262/80), apartado 6
Tribunal de Primera I nstancia: 12 de diciembre de 1996 , Altmann y otros/Comisión (T -177/94 y T -377/94), 
apartado 119; 20 de noviembre de 2007 , Ianniello/Comisión (T -308/04), apartado 32 y j urisprudencia citada
4. Con arr eglo al artículo 35, apartado 1, letras d) y e), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal 
de la Función P ública, la demanda a q ue se refiere el artículo 21 d el Estatuto del Tribunal de Justicia 
deberá indicar, en particular, la cuestión o bjeto del litigio y c ontener los motivos y l os hechos y 
fundamentos de Derecho invocados.
Estos elementos han de ser suficientemente claros y p recisos para pe rmitir que la parte demandada 
prepare su defensa y e l Tribunal resuelva el recurso, en su caso sin más información q ue ésa.
(véanse los apartados 61 y 62)
Referencia:
Tribunal de la Función P ública: 30 de junio de 2006 , Ott y o tros/Comisión ( F-87/05), apartado 38; 14 de mayo de 
2008 , Taruffi/Comisión ( F-95/06), apartados 121 a 125; 30 de noviembre de 2009 , de Britto Patrício-Dias/Comisión 
(F-16/09), apartado 42