Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Reglamento por el que se establecen derechos antidumping — Derechos diferentes impuestos a empresas diferentes — Admisibilidad circunscrita para cada empresa a las disposiciones que la afectan en particular

[Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 451/2011 del Consejo]

2. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Exposición sumaria de los motivos invocados — Inexistencia — Inadmisibilidad

[Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 44, ap. 1, letra c)]

3. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Importaciones procedentes de países sin economía de mercado como los contemplados en el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento (CE) nº 1225/2009 — Procedimiento de evaluación de los requisitos que permiten a un productor acogerse al estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado — Conocimiento por la Comisión del efecto de una decisión relativa al reconocimiento del estatuto de sociedad que opera en condiciones de una economía de mercado sobre el margen de dumping de una empresa — Procedencia

[Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, art. 2, ap. 7, letra c)]

4. Recurso de anulación — Motivos — Desviación de poder — Concepto

(Art. 263 TFUE, párr. 2)

5. Recurso de anulación — Motivos — Vicios sustanciales de forma — Vulneración por una institución de su reglamento interno — Normas de consulta de los Estados miembros en el seno de un comité consultivo antidumping — Motivo invocado por una persona física o jurídica como consecuencia de la falta de transmisión o de la transmisión fuera de plazo al comité de documentos que no contienen elementos de apreciación importantes — Inexistencia de vicios sustanciales de forma

[Art. 263 TFUE, párr. 2; Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, art. 2, ap. 7, letra c)]

6. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Importaciones procedentes de países sin economía de mercado como los contemplados en el artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento (CE) nº 1225/2009 — Aplicación de las normas relativas a los países de economía de mercado — Interpretación estricta — Aplicación limitada a los productores que cumplan los requisitos acumulativos mencionados en el artículo 2, apartado 7, letra c), de dicho Reglamento — Carga de la prueba que recae sobre los productores — Carácter no razonable de dicha carga — Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, art. 2, ap. 7, letras b) y c)]

7. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Facultad de apreciación de las instituciones — Obligación de examen diligente e imparcial de todas las circunstancias pertinentes — Control jurisdiccional — Alcance

8. Recurso de anulación — Motivos — Imposibilidad de invocar los acuerdos de la OMC para impugnar la legalidad de un acto de la Unión Europea — Excepciones — Acto de la Unión que pretende asegurar su ejecución o se refiere expresamente y precisamente a ellos — Decisión relativa al estatuto de sociedad que opera en condiciones de una economía de mercado en el sentido del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) nº 1225/2009 — Inaplicabilidad de las excepciones

[Art. 263 TFUE, párr. 1; Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, art. 2, ap. 7, letra c)]

9. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Perjuicio — Factores que hay que tener en cuenta — Datos relativos a un productor de la Unión que no dio respuesta a la solicitud de la Comisión facilitados por una asociación de productores — Procedencia

[Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, art. 3, ap. 2]

10. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Facultad de apreciación de las instituciones — Obligación de las instituciones de clasificar los criterios macroeconómicos y microeconómicos o de abstenerse de constituir subgrupos de productores — Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo]

11. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Perjuicio — Margen de beneficio utilizado para el cálculo del precio indicativo — Margen que puede estimarse razonablemente para el supuesto de no haber existido dumping

[Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, arts. 3, ap. 1, y 9, ap. 4]

12. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Investigación — Definición del producto de que se trata — Factores que pueden tenerse en cuenta

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo; Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo]

13. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Reglamento por el que se establecen derechos antidumping

(Art. 296 TFUE)

14. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Perjuicio — Determinación de la relación de causalidad — Obligaciones de las instituciones — Consideración de factores ajenos al dumping — Facultad de apreciación — Carga de la prueba

[Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, art. 3, ap. 7]

Índice

1. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 62 y 63)

2. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 66, 125, 135, 160 y 174)

3. No hay una relación inmediata entre el plazo de tres meses mencionado en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento nº 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, y el eventual conocimiento por la Comisión del efecto de una decisión relativa al estatuto de sociedad que opera en condiciones de una economía de mercado sobre el margen de dumping de una empresa. Además, no puede excluirse que, incluso sin una superación de dicho plazo al adoptar la decisión relativa al estatuto de sociedad que opera en condiciones de una economía de mercado, la Comisión adopte tal decisión pese a estar ya en posesión de información que le permita calcular su efecto sobre el margen de dumping de la empresa afectada.

En estas circunstancias, aun suponiendo que pueda ser pertinente el hecho de que la Comisión, debido al incumplimiento del plazo de tres meses mencionado en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento nº 1225/2009, hubiera podido tener conocimiento del efecto de una decisión relativa al estatuto de sociedad que opera en condiciones de una economía de mercado de las partes demandantes sobre su margen de dumping, en la medida en que se considere que la Comisión pudiera haberse visto influida por el citado conocimiento al adoptar tal decisión, debe también concurrir la circunstancia de que el acto impugnado por las demandantes hubiera podido tener un contenido diferente sin la supuesta irregularidad que afectó al proceso de adopción de la decisión relativa al estatuto de sociedad que opera en condiciones de una economía de mercado. A este respecto, el mero conocimiento del efecto de una decisión relativa al estatuto de sociedad que opera en condiciones de una economía de mercado sobre el margen de dumping de una empresa no implica necesariamente que tal decisión —y, en consecuencia, el reglamento que establece un derecho antidumping— hubiera podido tener un contenido diferente si dicha decisión se hubiera adoptado en el plazo de tres meses mencionado en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, de dicho Reglamento.

(véanse los apartados 70, 71, 79 y 81)

4. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 90)

5. El incumplimiento de una norma relativa a la consulta de un comité sólo puede viciar de ilegalidad la decisión final de la institución de que se trate cuando es de carácter sustancial y ha lesionado la situación jurídica y material de la parte que invoca un vicio de procedimiento. En efecto, la consulta a un comité constituye una formalidad esencial cuya vulneración afecta a la legalidad del acto adoptado tras la consulta si se acredita que la falta de transmisión de determinados elementos esenciales no permitió al comité emitir su dictamen con pleno conocimiento de causa, es decir, sin haber sido inducido a error en una cuestión esencial por inexactitudes u omisiones.

No sucede así cuando los documentos no transmitidos al comité, o transmitidos fuera de plazo, no contienen elementos de apreciación importantes o inéditos en relación con los que ya figuran en el expediente comunicado al comité cuando fue convocado. En efecto, en tal supuesto, la falta de transmisión o el retraso en la transmisión de un documento por parte de la Comisión no tiene ninguna incidencia en el resultado del procedimiento de consulta. En consecuencia, una omisión de tal naturaleza no puede viciar al procedimiento administrativo en su conjunto y, consiguientemente, poner en tela de juicio la legalidad del acto final.

(véanse los apartados 98 a 101)

6. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 120, 121, 165 y 166)

7. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 122, 162 a 164, 182 a 184, 249 y 323)

8. Los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no forman parte en principio de las normas respecto a las cuales el juez de la Unión controla la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo primero. Sin embargo, en el supuesto de que la Unión tuviera el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto de la Unión se remita expresamente a disposiciones precisas de los acuerdos de la OMC, corresponderá al juez de la Unión controlar la legalidad del acto de la Unión de que se trate en relación con las normas de la OMC.

En este contexto, una decisión relativa al estatuto de sociedad que opera en condiciones de una economía de mercado no es una medida particular a efectos del artículo 32, apartado 1, del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC ya que, en primer lugar, el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, tercer guión, del Reglamento nº 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, no sirve de aplicación del artículo 32, apartado 1, del citado acuerdo; en segundo lugar, esa decisión no se remite expresamente a disposiciones precisas de los acuerdos de la OMC, incluido el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, y, en tercer lugar, dicha decisión relativa al estatuto de sociedad que opera en condiciones de una economía de mercado no fue adoptada tras determinar un dumping o una subvención y tampoco está indisociablemente vinculada a los elementos constitutivos de un dumping o una subvención.

(véanse los apartados 147, 148 y 151 a 153)

9. En el marco de los asuntos antidumping, el Consejo y la Comisión dependen de la cooperación voluntaria de las partes para obtener la información necesaria en los plazos fijados.

Si bien la situación de un productor, que no dio respuesta en los plazos fijados, fue tomada en cuenta por lo que respecta a los indicadores macroeconómicos gracias a los datos facilitados por una asociación de productores, los cuales representan prácticamente la totalidad de la producción de los productores exportadores de la Unión, los indicadores microeconómicos sólo pueden apreciarse mediante la transmisión de datos por parte de empresas individuales. De este modo, la circunstancia de que un productor de la Unión no haya respondido no puede constituir una omisión en el marco de un examen concreto basado en elementos de prueba objetivos de la evaluación del perjuicio.

(véanse los apartados 193 y 198 a 200)

10. En el marco de los asuntos antidumping, el Consejo y la Comisión dependen de la cooperación voluntaria de las partes para obtener la información necesaria en los plazos fijados. En este marco, ninguna obligación derivada del Reglamento nº 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, impone a las instituciones de la Unión una clasificación de los criterios macroeconómicos y microeconómicos o una prohibición de constituir subgrupos de productores cuando la Comisión procede a un examen objetivo basado en pruebas igualmente objetivas, tal como sucedió en el presente asunto.

(véanse los apartados 222 y 226)

11. De la lectura de los artículos 3, apartado 1, y 9, apartado 4, del Reglamento nº 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, resulta que el margen de beneficio que el Consejo debe utilizar para calcular el precio indicativo, a fin de eliminar el perjuicio sufrido por la industria de la Unión, debe limitarse al margen de beneficio que esta industria podría obtener de forma razonable en condiciones normales de competencia, en ausencia de importaciones objeto de dumping. Sería contrario al artículo 3, apartado 1, y al artículo 9, apartado 4, de dicho Reglamento conceder a la industria de la Unión un margen de beneficio que no habría podido alcanzar de no existir dumping.

Por otra parte, cuando hacen uso del margen de apreciación que les confiere el Reglamento nº 1225/2009, las instituciones no se encuentran obligadas a explicar en detalle y de antemano los criterios que piensan aplicar en cada situación, ni siquiera en los casos en que decidan optar por una nueva línea de conducta.

(véanse los apartados 245 y 254)

12. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 288)

13. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 302 a 304, 306, 307, 311 y 312)

14. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 322 a 325, 327 y 332)