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3.

Tercer motivo: incumplimiento del deber de asistencia. El traslado a otro destino vulneró el deber de asistencia del empleador, puesto que resulta incompatible con diversos derechos fundamentales recogidos en la Carta. En particular, se violaron los siguientes derechos: — El derecho a la vida privada y familiar (artículos 7 y 33) y el derecho de su hija, menor de edad, a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con ambos progenitores (artículo 24), dado que la familia de la demandante tendría que vivir separada; la hija se quedaría con su padre en Berlín y la demandante debería mudarse sola a Luxemburgo. — El derecho de igualdad ante la ley (artículo 20) y de no discriminación (artículo 21). A la demandante se le aplica la movilidad, como funcionaria de la EPLO casada y madre de una menor de edad cuya guarda y custodia comparte con su marido, puesto que se la traslada a Luxemburgo. Los funcionarios de las EPLO separados o divorciados que comparten la guarda y custodia de un menor de edad quedan exentos de la movilidad hasta que este alcance la mayoría de edad. No existe una razón objetiva para aplicar esta desigualdad de trato.
2.

Segundo motivo, basado en la violación del artículo 85 del Estatuto, el principio de seguridad jurídica y el deber de asistencia y protección. Las partes demandantes alegan que no podían prever la caída excepcional del coeficiente corrector aplicado a su retribución en el período de referencia, con efecto retroactivo. Según ellas, al no cumplirse los requisitos fijados en el artículo 85 del Estatuto, la Comisión no puede reclamarles el reembolso de varios meses de su retribución, debido a la modificación del coeficiente corrector con efecto retroactivo.
—

En apoyo de su recurso, el demandante alega, en particular, que, al adoptar la Decisión impugnada, el Consejo de la Unión Europea no demostró la diligencia debida, ya que, antes de adoptar dicha Decisión, no consideró las observaciones y las pruebas presentadas por el demandante, que abogan en su favor, y se basó únicamente en la breve exposición del Fiscal General de Ucrania, sin pedir ninguna información complementaria sobre el desarrollo de la investigación en Ucrania.
9.

Noveno motivo, basado en que, si el Tribunal General considera que, al adoptar el Reglamento impugnado, la Comisión puede definir por sí misma las condiciones de clasificación o el objeto de clasificación o que no tenía margen para llevar a cabo una evaluación de impacto o para la aplicación proporcionada, los artículos 37, apartado 5, 53, apartado 1, y 53 bis, del Reglamento n.o 1272/2008 serían contrarios al artículo 290 TFUE, apartados 1 y 2. En ese supuesto, sería contrario al artículo 290 TFUE utilizar el acto de base (Reglamento n.o 1272/2008) como fundamento del Reglamento impugnado.
1.

Primer motivo, basado en la infracción, por parte de la Comisión, del artículo 13, apartado 3, en relación con el artículo 5, apartados 10 y 11, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), en relación con los artículos 6.1, 6.2 y 12.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC, el principio de no discriminación y el principio de protección de la confianza legítima, al no incluir a la demandante en la lista exhaustiva de exportadores en el reglamento por el que se inicia la investigación antielusión por lo que extendió el ámbito de la investigación para cubrir también a la demandante.
1.

Primer motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento Comunitario de Concentraciones (1) al aprobar una operación que daba lugar a la posición dominante de la entidad resultante de la concentración y a la obstaculización significativa de la competencia efectiva («OSCE») en el mercado alemán de suministro al por menor de transmisión de señal de televisión a clientes que son unidades multifamiliares (en lo sucesivo, según sus siglas en inglés, «MDU»). La conclusión de la Comisión de que las partes no eran competidoras ni efectivas (directa o indirectamente) ni potenciales antes de la operación y de que la operación no supondría un deterioro significativo de la competencia adolece de errores manifiestos de apreciación. Concretamente, la Comisión no tuvo en cuenta las repercusiones negativas que el mayor poder de mercado de la entidad resultante de la concentración tendría para los mercados de suministro y adquisición al por mayor de canales de televisión y para la transmisión mayorista de señal de televisión («mercados mayoristas de televisión») del mercado de MDU.
3.

Tercer motivo, basado en que la parte demandada infringió los artículos 3, apartado 7, y 9, apartado 4, del Reglamento de base, al incurrir en errores manifiestos de apreciación y menoscabar el derecho a la buena administración al no valorar otros factores conocidos que perjudicaban a la industria de la Unión y al no garantizar que el perjuicio ocasionado por esos otros factores no fuera imputable a la importación de productos objeto de dumping.
1.

Primer motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 107 TFUE, apartado 1, al concluir que la supuesta medida de ayuda confiere una ventaja selectiva a las empresas que recurren a la exención del 75 % para las relaciones de préstamo de bajo riesgo que cumplen los requisitos establecidos, por el motivo de que la Comisión: — Identificó erróneamente el régimen de las sociedades extranjeras controladas (SEC) del Reino Unido como sistema de referencia. — Incurrió en un error de Derecho al concluir que la exención del 75 % constituye una excepción al régimen fiscal de referencia por el motivo de que: (i) La constatación de una excepción está basada erróneamente en la técnica reglamentaria. (ii) El criterio de las funciones que ejercen las personas influyentes no es el criterio principal para el sistema de las SEC del Reino Unido. (iii) Las relaciones de préstamo que cumplen los requisitos y las que no lo hacen no están en la misma situación de hecho y de Derecho y, en cualquier caso, la Comisión incurrió en un error de Derecho al aplicar por analogía la Directiva (EU) 2016/1164 del Consejo (1) o al basarse de manera indebida en dicha Directiva. — La Comisión ha incurrido en un error de hecho y de Derecho al concluir que la exención del 75 % no está justificada por la naturaleza y la estructura general del régimen fiscal de la misma manera que la exención a la financiación de grupos que se aplica a los beneficios financieros no comerciales a los que se aplica el artículo 371EC de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Ley Tributaria (disposiciones generales y de otra índole) de 2010] (inversiones de capital del Reino Unido).
1.

Primer motivo, basado en vicios sustanciales de forma En opinión de la demandante, la Comisión infringió el artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1/2003 (2) y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 773/2004, en relación con el artículo 41, apartados 1 y 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al violar el principio del plazo razonable, dado que la Decisión fue adoptada casi dos años después de la notificación del 13 de septiembre de 2017 por la que informaba a la demandante de su intención de desestimar la denuncia, lo que incidió en el resultado del procedimiento. La Comisión también vulneró el derecho de la demandante al examen de su asunto y no motivó de manera circunstanciada la desestimación de la denuncia, lo que se refleja en el contenido general de la notificación de 13 de septiembre de 2017 por la que informaba a la demandante de su intención de desestimar la denuncia y en la motivación lacónica de la Decisión impugnada.
2.

Segundo motivo, basado en que, en todo caso, la demandada vulneró el artículo 8, apartados 1, 9, y 10 y el artículo 10, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea, el artículo 13, apartados 1, 9, y 10, y el artículo 16, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea cuando anuló las facturas de compromiso y dio instrucciones a las autoridades aduaneras para que exigieran el pago de derechos, como si no se hubiesen emitido facturas de compromiso y lo comunicó a las autoridades aduaneras en el momento en que los bienes fueron declarados para despacho a libre práctica. Las demandantes plantean por tanto un motivo de ilegalidad del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se cobra definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, del artículo 2, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/367 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, del artículo 2, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1239/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, y del artículo 2, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/366 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se establecen derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, que otorgan a la demandada la facultad de declarar nulas las facturas de compromiso y ordenar a las autoridades aduaneras exigir el pago de derechos sobre importaciones anteriores declaradas para despacho a libre práctica.
C 363/19

Recurso interpuesto el 26 de julio de 2019 — TestBioTech/Comisión

(Asunto T-534/19)

(2019/C 363/27)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: TestBioTech eV (Múnich, Alemania) (representante: K. Smith, QC)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de 20 de mayo de 2019 de la Comisión, por la que se rehúsa revocar o modificar la Decisión de Ejecución 2018/2046 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018. (1)

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en un error de Derecho, en tanto en cuanto la Comisión efectuó una evaluación del maíz en cuestión con arreglo al Reglamento (CE) n.o 641/2004 de la Comisión. (2)

2. Segundo motivo, basado en errores manifiestos cometidos en la apreciación científica.

3. Tercer motivo, basado en que la Comisión omitió indebidamente requerir un plan de seguimiento poscomercialización específico para cada evento.

(1) Decisión de Ejecución (UE) 2018/2046 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 y 59122, y por la que se deroga la Decisión 2011/366/UE [notificada con el número C(2018) 8238] (DO 2018, L 327, p. 70).

(2) Reglamento (CE) n.o 641/2004 de la Comisión, de 6 de abril de 2004, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la solicitud de autorización de nuevos alimentos y piensos modificados genéticamente, la notificación de productos existentes y la presencia accidental o técnicamente inevitable de material modificado genéticamente cuya evaluación de riesgo haya sido favorable (DO 2004, L 102, p. 14).
4.

Cuarto motivo: además, queda patente que se ha producido una manifiesta desviación de poder por el motivo de que, cuando se evaluó si Tricondi aporta un «beneficio considerable» con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 141/2000, se incurrió en error de Derecho al no tomar en consideración todos los datos a efectos de la apreciación, sino que se excluyeron de la evaluación, por considerarse no aptos metodológicamente, datos clínicos obtenidos a partir de comparaciones indirectas.
—

A este respecto, se afirma que la comunicación del Parlamento Europeo es ilegal porque adolece de omisiones graves y manifiestas, sobre todo de carácter procedimental, y, en particular, porque la decisión fue adoptada por la Dirección General de Finanzas y no por la Mesa del Parlamento Europeo con arreglo a lo previsto en el artículo 11 bis, apartado 6, y en el artículo 25, apartado 3, del Reglamento interno del Parlamento Europeo. No se han motivado suficientemente las razones por la que se ha adoptado dicha comunicación y que suponen la aplicabilidad automática de la deliberación italiana.
—

Anule la antedicha decisión, adoptada por la Mesa del Parlamento el 10 de diciembre de 2018, por la que se modifican las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, en la medida en que modifica el artículo 76 de las MAE (considerandos 5 y 6, artículo 1, apartado 7, y artículo 2, en la medida en que afecta al artículo 76 de las MAE, de la mencionada decisión), o, si no, en la medida en que establece la exacción especial del 5 % de las pensiones devengadas desde el 1 de enero de 2019, o si no, si se considera que las disposiciones citadas no pueden separarse del resto del acto impugnado, anule esa decisión en su totalidad.
2.

Segundo motivo, basado en que la inclusión de neumáticos recauchutados no ofrece a la Comisión base alguna para proseguir lógicamente su investigación, lo que constituye una infracción de los artículos 2, letra d), 8, apartados 1, 4 y 5, y 9, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones. El análisis del perjuicio y de la causalidad, al ignorar la segmentación entre los neumáticos nuevos y los recauchutados, no se basa en pruebas manifiestas y no representa un examen objetivo, lo que infringe el artículo 8, apartados 1, 4 y 5, del Reglamento de base antisubvenciones.
Recurso interpuesto el 25 de enero de 2019 — República Helénica/Comisión

(Asunto T-46/19)

(2019/C 93/100)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: República Helénica (Representantes: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A.-E. Vasilopoulou)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión impugnada en la parte en la que se imponen a la República Helénica correcciones financieras a tanto alzado, que ascienden a 25 092 988,84 euros brutos y a 24 851 438,56 euros netos como consecuencia de la investigación ΑΑ/2016/013/GR por las ayudas agroambientales durante los años de solicitudes 2015/2016 (ejercicios económicos 2016 y 2017, páginas 63 a 74 de la exposición sucinta) y condene a la demandada a cargar con las costas de la República Helénica.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 4, apartado 1, letra h), del Reglamento 1307/2013, (1) por lo que respecta a la interpretación del término «pastos permanentes».

2. Segundo motivo, basado en la falta de motivación en la infracción del artículo 296 TFUE, en la infracción del artículo 18, apartado 5, del Reglamento 640/2014, (2) y de la directrices de valoración de la calidad del SIPA [Executable Test Suite (ETS) LPIS data quality measures, version 6.0], y en la vulneración del principio de proporcionalidad.

3. Tercer motivo, basado en la motivación insuficiente en el capítulo de la decisión impugnada con el que se imponen las correcciones a tanto alzado.

(1) Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608).

(2) Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o o1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad (DO 2014, L 181, p. 48).
1.

Motivo relativo a la pretensión principal: error de Derecho y apreciación errónea de la prueba disponible Las autoridades húngaras, contraviniendo el artículo 107 TFUE, apartado 1, concedieron ayudas estatales ilegales a veintiuna empresas beneficiarias, que eran competidoras de la demandante. Estas ayudas no se destinaron únicamente a los gastos añadidos ocasionados por emplear a trabajadores discapacitados, sino que financiaban los gastos generales de las empresas beneficiarias y, de este modo, distorsionaban la competencia. En la decisión impugnada con carácter principal, la Comisión señaló que el importe conjunto de las ayudas concedidas a las empresas beneficiarias no supera el importe total de las ayudas que cabe conceder con arreglo a los artículos 41 y 42 del Reglamento general de exención por categorías, (1) por lo que, en principio, las ayudas controvertidas son compatibles con el mercado interior a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 3. La decisión impugnada con carácter principal no trata los efectos perjudiciales derivados para la demandante de las medidas nacionales por las que se adjudicaron las ayudas y, con ello, vulnera los derechos procedimentales que asisten a la demandante en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 2.
—

La Sala de Recurso aplicó las disposiciones del Reglamento n.o 2017/1001, que no estaba en vigor en la fecha de la solicitud de anulación presentada a la EUIPO. La Sala de Recurso no cumplió los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 5, en relación con el artículo 53 del Reglamento 207/2009.
Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2018 — Agrochem-Maks/Comisión

(Asunto T-574/18)

(2018/C 427/122)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Agrochem-Maks d.o.o. (Zagreb, Croacia) (representante: S. Pappas, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1019 de la Comisión. (1)

— Condene a la parte demandada a cargar con sus propias costas y con las de la demandante en el presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

1. Primer motivo, basado en el incumplimiento por la administración de la obligación de motivar con arreglo al artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2. Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 6, letra f) o del punto 2.2 del Anexo 2 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 (2) y en la vulneración del principio de proporcionalidad, en relación con las supuestas lagunas de los datos sobre la sustancia activa para la que se solicita la aprobación.

3. Tercer motivo, basado en la aplicación errónea del principio de cautela con respecto a dichas supuestas lagunas de los datos que no pudieron colmarse a efectos de la evaluación de los riesgos.

4. Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 por lo que respecta a la identificación de un riesgo elevado para los organismos acuáticos.

(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1019 de la Comisión, de 18 de julio de 2018, relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa oxasulfurón con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (DO 2018, L 183, p. 14).

(2) Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO 2009, L 309, p. 1).
—

Aun cuando en este caso la República Checa hubiera infringido el Reglamento n.o 809/2014 (lo cual niega como demandante), la Comisión también incluyó en el cálculo de la corrección financiera los recursos económicos pagados a explotaciones agrarias que, como se puede demostrar, no habían infringido el Reglamento n.o 809/2014, según lo observado en los controles sobre el terreno. Por lo tanto, considera que la Comisión impuso una corrección financiera por gastos que no pueden considerarse realizados sin justificación y de los que no se derivaba peligro alguno para los fondos de la UE.
—

Anule los artículos 5 y 6 de la Decisión (UE) n.o 2018/628 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) concedida por Austria en favor del Aeropuerto de Klagenfurt, Ryanair y otras compañías aéreas que utilizan este aeropuerto (DO 2018 L 107, p. 1), así como los artículos 9, 10 y 11 de la citada Decisión, en la medida en que se refieren a las demandantes.
—

Anule parcialmente la resolución impugnada, en concreto en la medida en que la Sala de Recurso: a) Desestimó el recurso R 979/2017-4 interpuesto por la recurrente. b) Autorizó parcialmente la nulidad en el recurso de Thalgo TCH R 1070/2017-4 para los productos de la clase 3 de la Clasificación de Niza. c) También declaró nula la marca de la Unión n.o 11649324 para los productos indicados de la clase 3. d) Confirmó parcialmente la resolución de la EUIPO de 21 de marzo de 2017 (procedimiento de nulidad n.o 11974 C) conforme a la cual la marca de la recurrente se declaró nula para los productos de la clase 3.
4.

Cuarto motivo, basado en un error manifiesto de apreciación al calcular la multa. En su cuarto motivo, la demandante alega presuntos errores manifiestos de apreciación al calcular la multa. En primer lugar, considera que la Comisión violó el principio de proporcionalidad e infringió sus directrices para el cálculo de las multas al tomar incorrectamente el valor total de las ventas en el EEE como base para el cálculo de la multa. En segundo y tercer lugares, al establecer erróneamente tanto el coeficiente gravedad como el importe adicional, la Comisión violó los principios de proporcionalidad y ne bis in idem e incumplió la obligación de motivación. En cuarto lugar, considera que la Comisión violó los principios de proporcionalidad e igualdad de trato e incumplió su obligación de motivación al no haber presuntamente reflejado del modo debido en la multa la limitada participación de la demandante. Añade que la Comisión violó el principio de proporcionalidad e infringió las directrices para el cálculo de las multas al no tener en cuenta como circunstancias atenuantes la negligencia, si la hay, de la demandante, así como su función sustancialmente limitada y su conducta competitiva.