SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 12 de marzo de 1996

Asunto T-361/94

Henry A. Weir

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Invalidez permanente parcial — Igualdad de trato — Evolución del poder adquisitivo — Demora en la tramitación del expediente — Intereses de demora — Admisibilidad»

Texto completo en lengua alemana II-381

Objeto:

Recurso por el que se solicita, de una parte, la anulación de la decisión adoptada por la Comisión el 25 de febrero de 1994 con arreglo al artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas o, subsidiariamente, la concesión de intereses compensatorios y, de otra parte, el abono de intereses de demora.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante, antiguo funcionario de la Comisión, sufrió un accidente el 17 de octubre de 1987, que la Comisión reconoció como accidente a efectos del artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto). Después de haber sido informado por su médico de cabecera, en octubre de 1989, de que se habían estabilizado las lesiones derivadas del accidente y de que seguía aquejado de una invalidez permanente parcial, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) decidió, basándose en las conclusiones de la Comisión de invalidez, jubilar al demandante a finales del mes de septiembre de 1990.

El médico-asesor de la Comisión, tras examinar al demandante en noviembre de 1990, con el fin de determinar el porcentaje de invalidez que debía tomarse en consideración para la concesión de la prestación consistente en la entrega del capital previsto en el artículo 73 del Estatuto, afirmó que el demandante padecía una invalidez permanente parcial del 7 %. Dichas conclusiones fueron objeto de un proyecto de decisión de la Comisión de fecha 12 de abril de 1991, siendo después notificadas al demandante el 26 de abril de 1991. Entretanto el demandante, que había dirigido a la Comisión dos dictámenes médicos para que se tuvieran en cuenta al determinar la invalidez, solicitó, el 25 de junio de 1991, que se reuniera la Comisión médica, conforme al artículo 73 del Estatuto y al artículo 21 de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas (Reglamentación). Puesto que los dos médicos designados no pudieron llegar a un acuerdo para la designación del tercer médico, este último fue designado, a petición de la Comisión, mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1993. Después de examinar al demandante, la Comisión médica estuvo de acuerdo en reconocerle un porcentaje de invalidez permanente parcial del 25 %. A continuación, la Comisión adoptó, el 25 de febrero de 1994, una decisión (decisión controvertida) por la que se fijaba definitivamente el porcentaje de invalidez en el 25 % y calculó la indemnización prevista en la letra c) del apartado 2 del artículo 73 del Estatuto según la cuantía de los sueldos mensuales percibidos por el demandante en los doce meses anteriores al accidente. El capital previsto en la referida disposición fue pagado el 30 de marzo de 1994.

A raíz de la denegación presunta por parte de la Comisión de la reclamación presentada por el demandante contra la decisión controvertida, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, éste interpuso el presente recurso.

Sobre la primera pretensión tendente a conseguir la anulación de la decisión de la Comisión de 25 de febrero de 1994

El demandante invoca un único motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato entre los funcionarios, en la medida en que la Comisión calculó el capital, conforme a lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 73 del Estatuto, según la cuantía de los sueldos mensuales percibidos «en los doce meses anteriores al accidente» y no basándose en los sueldos mensuales que el demandante hubiera percibido de no haberse producido el accidente en los doce meses anteriores al dictamen de la Comisión médica. No cuestiona la fijación en el 25 % del porcentaje de invalidez (apartados 22 y 23).

Sobre la admisibilidad de este motivo

Si bien es cierto que el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto no establece por sí mismo los requisitos relativos al contenido y, en particular, a la motivación de una reclamación presentada conforme al referido precepto, la regla de la concordancia entre la reclamación y el recurso exige, so pena de inadmisibilidad, que un motivo formulado ante el Juez comunitario lo haya sido ya en el procedimiento administrativo previo, con el fin de que la AFPN esté en condiciones de conocer de forma suficientemente precisa las críticas que el interesado formula frente a la decisión impugnada. La finalidad del artículo 90 del Estatuto es permitir y favorecer un arreglo amistoso de los litigios entre los funcionarios y la administración. Para satisfacer esta exigencia, es preciso que esta última pueda conocer con suficiente precisión las imputaciones que formula el interesado o las pretensiones que deduce. De ello se desprende que el funcionario no puede limitarse a invocar, en la reclamación, los hechos pertinentes. La reclamación debe indicar asimismo, aun cuando no se formulen en términos jurídicos, las imputaciones que el demandante alega en apoyo de su impugnación de la decisión controvertida. En los recursos de funcionarios, las pretensiones deducidas ante el Juez comunitario sólo pueden tener, por una parte, el mismo objeto que las invocadas en la reclamación y, por otra parte, deben contener exclusivamente motivos de impugnación basados en la misma causa que los invocados en la reclamación. Dichos motivos de impugnación pueden desarrollarse mediante la presentación de motivos nuevos y de alegaciones que no tienen que figurar necesariamente en la reclamación pero que han de estar estrechamente relacionados con ella (apartados 27 y 28).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 11 de julio de 1991, Von Hoessle/Tribunal de Cuentas (T-19/90, Rec. p. II-615), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 16 de julio de 1992, Della Pietra/Comisión (T-1/91, Rec. p. II-2145), apartado 24; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1995, Alio/Comisión (T-496/93, RecFP p. II-405), apartado 26

Este Tribunal de Primera Instancia considera que la reclamación, tal como estaba redactada, no sólo no hacía alusión alguna al presente motivo, sino que tampoco contenía ningún dato del que la Comisión pudiera deducir, ni siquiera esforzándose en interpretar la reclamación con un espíritu abierto, que el demandante pretendiera invocar una violación del principio de igualdad de trato (apartados 29 y 30).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de marzo de 1989, Del Amo Martínez/Parlamento (133/88, Rec. p. 689), apartado 13

En su reclamación, el demandante solicita únicamente, por una parte, que al importe del capital se añada una cantidad que pueda compensar la disminución de valor real que experimentó entre la fecha del accidente y la del pago, y, por otra parte, que se le abonen intereses de demora. Por el contrario, mediante el presente motivo, alega, en sustancia, que una aplicación estricta de lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 73 del Estatuto constituye una violación del principio de igualdad de trato en su perjuicio y que dicha discriminación reside en que el funcionario cuyas lesiones tardaron más tiempo en consolidarse percibe una indemnización menor en términos de poder adquisitivo que aquel otro funcionario que padece el mismo grado de invalidez, pero en cuyo caso pudieron efectuarse todas las comprobaciones en la fecha en que se produjo el accidente. El demandante cuestiona la fundamentación de las apreciaciones efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia de 28 de febrero de 1992, ya que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo suficientemente en cuenta la existencia de la referida discriminación (apartado 31).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 28 de febrero de 1992, Colmant/Comisión(T-8/90, Rec. p. II-469), apartados 29, 39 y 40

Este Tribunal de Primera Instancia considera que la apreciación de la fundamentación de las imputaciones formuladas en la reclamación se distingue netamente de la que suscita el presente motivo de forma que no hay ninguna relación estrecha entre este último y la mera pretensión de que se adapte el importe del capital concedido con el fin de compensar una pretendida disminución del valor real de éste. Por lo tanto, la reclamación no era lo suficientemente explícita como para que la Institución ante la que se presentó pudiera responder adecuadamente. La fundamentación de dicha apreciación se ve corroborada por el hecho de que, según se desprende de la respuesta dada por la Comisión a la reclamación, esta Institución no había comprendido que el demandante pretendiera invocar una violación del principio de igualdad de trato. Además, la referencia a «[...] la jurisprudencia [...]» en lo que se refiere al fundamento jurídico de las pretensiones formuladas en la reclamación no es suficientemente explícita. Por todo ello, procede declarar la inadmisibilidad de este motivo y desestimar la pretensión correspondiente (apartados 32 a 34).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 22 de junio de 1990, Marcopoulos/Tribunal de Justicia (asuntos acumulados T-32/89 y T-39/89, Rec. p. II-281), apartado 28

Sobre la segunda pretensión tendente a que se condene a la Comisión a basarse, al efectuar un nuevo cálculo del capital, en los sueldos mensuales que el demandante hubiera percibido en los doce meses anteriores al dictamen emitido por la Comisión médica

El Juez comunitario no puede, sin inmiscuirse en las facultades de la autoridad administrativa, dirigir órdenes conminatorias a una Institución comunitaria. Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad del presente motivo de las pretensiones (apartado 37).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión (T-20/92, Rec. p. II-799); Tribunal de Primera Instancia, 20 de mayo de 1994, Obst/Comisión (T-510/93, RecFPp. II-461)

Sobre la tercera pretensión tendente, subsidiariamente, a la concesión de intereses compensatorios con el fin de tener en cuenta la supuesta disminución de valor real de la indemnización pagada

Al ser de orden público los requisitos establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto para que pueda declararse la admisibilidad de un recurso, el Juez comunitario puede examinarlos de oficio. Debe desestimarse la pretensión de que se concedan intereses compensatorios en la medida en que está estrechamente relacionada con la pretensión tendente a la anulación de la decisión controvertida, la cual debe ser desestimada, bien por resultar inadmisible, bien por ser infundada. Aunque se considera que el perjuicio alegado por el demandante fue causado por un comportamiento desprovisto de carácter decisorio, el Estatuto exige que se siga un procedimiento administrativo previo en dos fases, que comprenda una petición y una reclamación, en el sentido de los artículos 90 y 91 del Estatuto. Pues bien, en el presente caso, no se siguió dicho procedimiento. Aun suponiendo que deba interpretarse que el escrito denominado «reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto» constituye una petición con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, en lo relativo a la pretensión de concesión de intereses compensatorios, debe señalarse que el demandante no ha presentado una reclamación contra la denegación por parte de la Comisión de la referida «petición». Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la presente pretensión (apartados 47 a 49).

Referencia: Della Pietra/Comisión, antes citada, apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 12 de enero de 1994, White/Comisión(T-65/91, RecFP p. II-23), apartado 137

Sobre la cuarta pretensión, tendente a conseguir la concesión de intereses de demora, calculados sobre la indemnización, a partir del 17 de octubre de 1987 y, subsidiariamente, a partir del 12 de abril de 1991

La obligación de pagar intereses de demora sólo puede existir cuando el crédito principal sea de cuantía cierta o, por lo menos, determinable según elementos objetivos probados y si, después, el pago de la indemnización se ha retrasado indebidamente, por causa imputable a la administración. Por lo demás, el derecho al pago de la indemnización por invalidez permanente no nace a medida que se consolida cada una de las lesiones, sino solamente cuando se han estabilizado todas las lesiones. Por otra parte, la referida interpretación se ve corroborada por el artículo 20 de la Reglamentación (apartados 52 y 53).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de mayo de 1981. Morbelli/Comisión (156/80, Rec. p. 1357), apartado 24; Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1981, Suss/Comisión (186/80, Rec. p. 2041), apartados 15 y 16; Tribunal de Justicia, 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C-136/92P, Rec. p. I-1981). apartado 53; Colmant/Comisión, antes citada, apartado 37

La indemnización prevista en el artículo 73 del Estatuto sólo es exigible a partir de la fecha en que ha quedado fijado con carácter definitivo el porcentaje de invalidez permanente. En el presente caso, dado que el crédito principal no es de cuantía cierta ni tampoco determinable según elementos objetivos probados, sólo puede exigirse a partir de la decisión final de la Comisión médica. Por este motivo, la Comisión no tenía la obligación ni la posibilidad de pagar el capital antes de la citada fecha. Con posterioridad, adoptó la decisión controvertida y pagó el capital al demandante. En estas circunstancias, este Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión cumplió con diligencia su obligación de pago, por lo cual procede desestimar la presente pretensión (apartados 54 y 55).

Referencia; Tribunal de Justicia, 2 de octubre de 1979, B./Comisión (152/77. Rec. p. 2819), apartado 21

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso, en la medida en que tiene por objeto que se dicten órdenes conminatorias a la Comisión y que se condene a ésta a pagar al demandante intereses compensatorios.

Se desestima el recurso por infundado en todo lo demás.