Asunto T-185/05

República Italiana

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Régimen lingüístico — Modalidades de aplicación en materia de selección del personal de la función pública de la Unión Europea — Recurso de anulación basado en el artículo 230 CE — Recurso interpuesto por un Estado miembro contra, por un lado, una decisión de la Comisión de publicar los anuncios de vacante para los puestos de nivel superior en alemán, en francés y en inglés y, por otro lado, un anuncio de vacante de la Comisión publicado en estas tres lenguas para la provisión del puesto de Director General de la OLAF — Admisibilidad — Plazo para recurrir — Actos recurribles — Motivación — Artículos 12 CE, 230 CE y 290 CE — Reglamento no 1 — Artículos 1 quinquies y 27 del Estatuto — Principio de no discriminación»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 20 de noviembre de 2008 II ‐ 3211

Sumario de la sentencia

(Arts. 290 CE y 314 CE; Reglamento no 1 del Consejo)

Si se cumplen los requisitos para su aplicación, el artículo 230 CE puede servir de base para la interposición de recursos de anulación contra actos de la Comisión en materia de función pública europea por demandantes no contemplados en el artículo 91 del Estatuto de los Funcionarios, es decir, por demandantes que no sean ni funcionarios o agentes comunitarios ni candidatos a un puesto en la función pública europea. El derecho de un Estado miembro a interponer un recurso de anulación, sobre la base del artículo 230 CE, contra los actos decisorios de la Comisión no puede, por tanto, ponerse en entredicho por la circunstancia de que tales actos versen sobre cuestiones relativas a la función pública europea. (véanse los apartados 27 y 28)

Ni el artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios, que autoriza a las instituciones a adoptar un procedimiento de selección que no sea el del concurso para los altos funcionarios, ni ninguna otra disposición impiden que, con anterioridad a la ejecución de un procedimiento concreto para la provisión de un puesto de nivel superior, una institución adopte normas de aplicación general en las que se fijen con carácter definitivo al menos algunos aspectos del procedimiento aplicable para la selección de altos funcionarios en dicha institución. Estas normas producen efectos jurídicos obligatorios, puesto que, mientras no sean modificadas ni derogadas, la institución de que se trate no puede obviar su aplicación al proveer un puesto determinado de esta categoría. En tal caso, un demandante privilegiado, como un Estado miembro, puede impugnar de inmediato tales normas, por medio de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE, sin tener que esperar a que se apliquen en un caso concreto. Los anuncios de vacante, puesto que determinan, al definir los requisitos para el acceso al puesto, las candidaturas que pueden tenerse en cuenta, constituyen actos lesivos para los potenciales candidatos que ven su candidatura excluida como consecuencia de dichos requisitos. (véanse los apartados 46 y 55)

A falta de publicación o de notificación, corresponde a quien tiene conocimiento de la existencia de un acto que le afecta solicitar su texto íntegro en un plazo razonable. Con esta salvedad, el plazo para recurrir sólo puede empezar a correr a partir del momento en que el tercero interesado tenga un conocimiento exacto del contenido y de la motivación del acto de que se trate, de manera que pueda hacer uso de su derecho de recurso. Cuando resulte imposible determinar con certeza la fecha en la que la parte demandante haya adquirido conocimiento exacto del contenido y de la motivación del acto que impugna, procede considerar que el plazo de recurso comienza a correr, a más tardar, el día en el que pueda acreditarse que ya tenía este conocimiento. (véanse los apartados 68 y 70)

Las numerosas referencias del Tratado al uso de las lenguas en la Unión Europea, como las contenidas en los artículos 290 CE y 314 CE, no pueden considerarse la expresión de un principio general del Derecho comunitario que garantice a todo ciudadano el derecho a que se redacte en su lengua todo lo que pueda afectar a sus intereses, sean cuales fueren las circunstancias. Tal principio tampoco puede deducirse del Reglamento no 1, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea. (véanse los apartados 116 y 117)