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Los considerandos 2, 12 y 21 del Reglamento no 1/2005 tienen el siguiente tenor: «(2) En virtud de la Directiva 91/628/CEE [del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte y que modifica las Directivas 90/425 y 91/496/CEE (DO L 340, p. 17), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 806/2003, de 14 de abril de 2003 (DO L 122, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 91/628»)], el Consejo adoptó normas en el ámbito del transporte de los animales con el fin de eliminar los obstáculos técnicos al comercio de animales vivos y permitir el buen funcionamiento de las organizaciones de mercado, garantizando al mismo tiempo un nivel satisfactorio de protección de los animales en cuestión. [...] (12) El transporte con fines comerciales no se limita a los transportes que implica[n] un intercambio inmediato de dinero, bienes o servicios. El transporte con fines comerciales incluye, en particular, los transportes que producen o intentan producir, directa o indirectamente, un beneficio. [...] (21) Los équidos registrados, definidos en la letra c) del artículo 2 de la Directiva 90/426/CEE [del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos procedentes de países terceros (DO L 224, p. 42), en su versión modificada por la Directiva 2004/68/CE (DO L 139, p. 320)], se transportan frecuentemente con fines no comerciales de acuerdo con los objetivos generales del presente Reglamento. Dada la naturaleza de esos movimientos, aparece adecuado no aplicar algunas disposiciones cuando los équidos registrados se transporten para competiciones, carreras, actos culturales o cría. [...]»
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El órgano jurisdiccional remitente pone de relieve que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los impuestos de matriculación se consideran tributos internos en el sentido del artículo 110 TFUE. No obstante, a su juicio, al impuesto de matriculación controvertido, que grava los automóviles nuevos, no le son aplicables las prohibiciones establecidas en este último artículo, puesto que no tiene un efecto discriminatorio ni protector, ya que en el momento en que acaecieron los hechos del litigio principal no se fabricaban automóviles en Grecia.
Los artículos 203 y 204 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, deben interpretarse en el sentido de que un incumplimiento de la obligación de presentar una mercancía incluida en el régimen de tránsito comunitario externo en la aduana de destino da origen a una deuda aduanera no sobre la base del artículo 204 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 1791/2006, sino sobre la del artículo 203 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 1791/2006, cuando la mercancía en cuestión ha salido del territorio aduanero de la Unión Europea y el titular de dicho régimen no puede presentar documentos que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 365, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, en su versión resultante del Reglamento (CE) no 993/2001 de la Comisión, de 4 de mayo de 2001, o en el artículo 366, apartados 2 y 3, del Reglamento no 2454/93, en su versión resultante del Reglamento (CE) no 1192/2008 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2008.
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El artículo 10, párrafo primero, de la Ley de los impuestos especiales dispone que, cuando en el contexto de la venta a distancia no se haya nombrado un representante fiscal, el vendedor deberá pagar el impuesto especial por los productos recibidos en Finlandia. Si un particular adquiere productos en otro Estado miembro, por un medio distinto a la venta a distancia, y éstos se transportan a Finlandia por otro particular o por un profesional, el pago del impuesto especial es exigible al particular, a quien participa en el transporte o a quien tenga en su posesión los productos en Finlandia. El párrafo quinto del mismo artículo establece que, en los casos no mencionados en dicho artículo, será sujeto pasivo del impuesto especial toda persona que reciba o posea productos sujetos al impuesto especial con fines comerciales o de otro tipo, y que al tiempo de recibirlos o adquirirlos supiera o debiera razonablemente haber sabido que esos productos no se habían gravado debidamente en Finlandia.
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La mencionada petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 4, apartado 1, y 5 de la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo (DO L 350, p. 58), en la redacción que le da el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, sobre la adaptación a la Decisión 1999/468/CE del Consejo de las disposiciones relativas a los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado CE (DO L 284, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 98/70»), y la interpretación del artículo 1, puntos 6 y 11, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204, p. 37), en la redacción que le da la Directiva 2006/96/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía (DO L 363, p. 81) (en lo sucesivo, «Directiva 98/34»).
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No obstante, dicho órgano jurisdiccional considera que no puede pronunciarse en tal sentido, debido a la posición del Tribunal de Justicia reflejada en la sentencia Strigl y Securvita (C‑90/11 y C‑91/11, EU:C:2012:147), en la que el referido Tribunal declaró que el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95 se aplica a una marca denominativa formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo, considerado aisladamente, cuando el público percibe este grupo de letras como siglas de dicha combinación de palabras porque reproducen las iniciales de cada palabra y, de este modo, la marca en cuestión, tomada en su conjunto, puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaturas descriptivas que no tiene, por lo tanto, carácter distintivo. El órgano jurisdiccional remitente recuerda, además, que, en el apartado 38 de la mencionada sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el grupo de letras que reproduce las iniciales de los términos que componen la combinación de palabras sólo ocupa, con respecto a ésta, una posición accesoria.
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Esta última disposición establece, en su apartado 1, que quien explota el establecimiento y el gerente deberán velar por que en el establecimiento de prostitución no se cometa ningún delito contra las prostitutas en el sentido del artículo 273f del Código Penal (Wetboek van Strafrecht), el cual sanciona la trata de seres humanos; que en dichos establecimientos únicamente trabajen prostitutas que posean un permiso de residencia en vigor o respecto a las cuales quien explota el establecimiento disponga de un permiso en el sentido del artículo 3 de la Ley de trabajo de extranjeros (Wet arbeid vreemdelingen); y que los clientes no sean víctimas de actos delictivos tales como robos, hurtos, estafas o delitos similares. Asimismo, el apartado 3 de la referida disposición establece que quien explota un establecimiento de prostitución en escaparates debe garantizar, en particular, que las prostitutas que trabajen en su establecimiento no causen perturbaciones graves en la vecindad y no alteren el orden público.
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Dadas estas circunstancias, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Qué debe entenderse por la expresión “se establezca” la competencia, en el sentido del artículo 19, apartados 1 y 3 del Reglamento no 2201/2003: a) cuando la parte demandante no lleva a cabo prácticamente ninguna actuación en el procedimiento del que conoce el tribunal ante el que se presentó la primera demanda (“primer procedimiento”), después de la primera audiencia ante él, y, en particular, no promueve el emplazamiento de la parte demandada antes de vencer el plazo para formular la demanda, de modo que el primer procedimiento caduca, sin que se dicte una resolución, por el transcurso del plazo, de conformidad con la legislación nacional (francesa) aplicable al primer procedimiento, a saber, treinta meses desde que se practiquen las primeras diligencias procesales; b) cuando el primer procedimiento caduca, según lo arriba indicado, poco tiempo después (tres días) de que se inicie en el Reino Unido el procedimiento ante el tribunal que conoce de la segunda demanda (“segundo procedimiento”), con la consecuencia de que no se dicta sentencia en Francia y no existe, por lo tanto, el riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables en el primer y en el segundo procedimiento, y c) cuando, debido al huso horario del Reino Unido, la parte demandante en el primer procedimiento, una vez caducado éste, tiene siempre la posibilidad de presentar una demanda de divorcio en Francia antes de que la parte demandante [en el segundo procedimiento] pueda presentarla en el Reino Unido? 2) En particular, ¿debe interpretarse la expresión “se establezca” la competencia en el sentido de que la parte demandante en el primer procedimiento ha de llevar a cabo, con la debida diligencia y celeridad, las actuaciones necesarias para impulsar el primer procedimiento a fin de que se resuelva el litigio (por resolución judicial o por acuerdo), o bien en el sentido de que la parte demandante en el primer procedimiento, una vez que se establezca la competencia del tribunal que ha elegido con arreglo a los artículos 3 y 19, apartado 1 [del Reglamento no 2201/2003], puede abstenerse de emprender actuación alguna para la resolución del litigio en el primer procedimiento, pudiendo paralizar de este modo el segundo procedimiento y dejar en punto muerto el litigio en su conjunto?»
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Mediante escrito de 11 de diciembre de 2012, la Sra. Wojciechowski solicitó ante el tribunal du travail de Bruxelles (Bélgica) que se anulara la resolución de 11 de septiembre de 2012 y se condenase a la ONP a concederle una pensión de jubilación fijada en una cantidad correspondiente a la fracción de 13/45, es decir, según las estimaciones de la Sra. Wojciechowski, aproximadamente 367,07 euros al mes. En apoyo de su solicitud, la Sra. Wojciechowski alega, en esencia, que si el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»), o el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1), fuesen aplicables a su situación, de ello se derivaría, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la ONP no podría aplicar el citado principio de la unidad de período de actividad laboral para calcular su pensión belga. Por otra parte, considera que la ONP ha cometido un error, dado que la duración de su período de actividad laboral en las instituciones de la Unión ha sido de 34 años y 11 meses, es decir, 35 años, y no 45. A este respecto, la Sra. Wojciechowski se pregunta también cuál ha sido el fundamento jurídico sobre el cual la ONP ha fijado de manera teórica la cuantía de su pensión europea.
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El artículo 5, apartado 2 ter, del Decreto Legislativo no 286/1998, de 25 de julio de 1998, que establece el texto unificado de las disposiciones reguladoras de la inmigración y las reglas sobre la condición de los extranjeros (suplemento ordinario de la GURI no 191, de 18 de agosto de 1998), introducido en ese Decreto Legislativo por el artículo 1, apartado 22, letra b), de la Ley no 94, de 15 de julio de 2009, de disposiciones en materia de seguridad pública (suplemento ordinario de la GURI no 170, de 24 de julio de 2009), dispone: «La solicitud de expedición y renovación del permiso de residencia está sujeta al pago de una tasa, cuyos importes mínimo y máximo, respectivamente, de 80 y de 200 euros, serán fijados mediante Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, de acuerdo con el Ministero dell’Interno, que también determinará su forma de pago y las modalidades de ejecución del artículo 14 bis, apartado 2[, del Decreto Legislativo no 286/1998]. No será exigible el pago de la tasa por la expedición o renovación del permiso de residencia en virtud del asilo, de la solicitud de asilo, de la protección subsidiaria o de la autorización de residencia por motivos humanitarios.»
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En efecto, según la recurrente, dado que la infracción cuya existencia declara la Decisión controvertida solo cubre las pantallas LCD y no los productos terminados a los que éstas se incorporan, las únicas ventas dentro del EEE que guardan relación con la infracción en el sentido del citado punto 13 son las LCD vendidas a terceros o suministradas dentro del grupo a clientes vinculados. Aun cuando una LCD sea un componente del producto terminado, el objeto de la venta no sería una LCD destinada a incorporarse a un producto terminado, sino el propio producto terminado. Ahora bien, las ventas de productos terminados no se llevan a cabo en el mercado al que afecta la infracción. En consecuencia, las ventas de productos terminados dentro del EEE no pueden restringir el juego de la competencia en el mercado de las LCD en el EEE. Por tanto, según la recurrente, tales ventas no están comprendidas en el ámbito de la infracción cuya existencia declara la Decisión controvertida.
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El Sr. Wittmann considera que los hechos que dieron lugar a las sentencias anteriores del Tribunal de Justicia en la materia no son comparables a los del presente asunto. Alega, refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el principio del reconocimiento mutuo de los permisos de conducción (sentencia Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, apartado 46), que no deben añadirse nuevas excepciones a este principio. En su opinión, el Tribunal de Justicia ha desarrollado dos excepciones claras, a saber, el incumplimiento del requisito de residencia, que no tiene ninguna relevancia en el asunto principal, y, por otra parte, la obtención de un permiso de conducción extranjero tras la retirada de la autorización nacional o durante un período de prohibición. Según el Sr. Wittmann, no obtuvo su permiso de conducción polaco durante un período de prohibición, dado que esta prohibición sólo entró en vigor después de la obtención de dicho permiso.
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El Gobierno francés destaca que la exclusión de un medicamento de la lista mencionada no genera ninguna consecuencia desfavorable para los hospitales. En efecto, la reintegración de un medicamento en el paquete hospitalario se realiza sobre la base de un coste medio de las prestaciones realizadas en el marco de una hospitalización, coste que se revaloriza anualmente. Tras la exclusión de un medicamento de esa lista la partida financiera que correspondía a la cobertura por el seguro de enfermedad en virtud de dicha lista se transfiere a la partida financiera correspondiente a la tarifa del «grupo homogéneo de estancia» de la que forma parte ese medicamento. En consecuencia, la referida exclusión no incide en el tratamiento de los pacientes y el alza eventual del coste que deriva de ella para los hospitales no da lugar a ningún sobrecoste para los pacientes.
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En estas circunstancias, el Varhoven administrativen sad decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 193 de la Directiva IVA en el sentido de que sólo será deudor del IVA el sujeto pasivo que efectúe una entrega de bienes o una prestación de servicios gravada, o bien la persona que adquiera los bienes o sea destinataria de los servicios, pero no ambas personas a la vez, cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios gravada sea realizada por un sujeto pasivo que no está establecido en el Estado miembro en el que se devenga el IVA y así lo dispone dicho Estado miembro? 2) Si se considera que sólo es deudor del IVA una de las dos personas (bien el proveedor de los bienes o el prestador de los servicios, bien el adquirente o el destinatario), si así lo dispone el Estado miembro, ¿debe observarse la regla del artículo 194 de la Directiva IVA también en los casos en los que el destinatario de las prestaciones haya aplicado incorrectamente el procedimiento de autoliquidación, en la creencia de que el prestador no había constituido en el territorio de la República de Bulgaria ningún establecimiento permanente a efectos del IVA, pero en realidad el prestador de los servicios sí había constituido un establecimiento permanente a efectos de dichos servicios? 3) ¿Debe interpretarse el principio de neutralidad fiscal, de importancia fundamental para la creación y el funcionamiento del sistema común del IVA, en el sentido de que permite una práctica de inspección tributaria como la del procedimiento principal, conforme a la cual el IVA fue liquidado nuevamente al prestador de servicios a pesar de que el destinatario había aplicado el procedimiento de autoliquidación, teniendo en cuenta que el destinatario ya había liquidado el impuesto aplicable al servicio, no existe riesgo de pérdida de ingresos fiscales y no es aplicable la normativa para la corrección de los documentos fiscales prevista en la ley nacional? 4) ¿Debe interpretarse el principio de neutralidad del impuesto en el sentido de que no permite que la Administración tributaria, invocando una disposición nacional, deniegue al prestador de un servicio, por el que el destinatario liquidó el IVA conforme al artículo 82, apartado 2, del ZDDS, la devolución del IVA liquidado doblemente, cuando la Administración tributaria denegó al destinatario el derecho a deducir el IVA liquidado doblemente por carecer del correspondiente documento fiscal y cuando ya no es aplicable la normativa correctora prevista en la ley nacional debido a la existencia de una resolución válida de liquidación complementaria?»
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La Ley no 357/1992 del impuesto sobre sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales, en su versión modificada por la Ley no 402/2010 (en lo sucesivo, «Ley no 357/1992»), contiene disposiciones que gravan la adquisición gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con un impuesto sobre donaciones.
El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que, en principio, una empresa no puede ser considerada responsable de una práctica concertada debido a las acciones de un proveedor independiente que le presta servicios, a menos que se cumpla alguno de los requisitos siguientes:

— el proveedor operaba en realidad bajo la dirección o el control de la empresa de que se trate, o

— dicha empresa conocía los objetivos contrarios a la competencia perseguidos por sus competidores y el proveedor e intentaba contribuir a ellos con su propio comportamiento o

— la mencionada empresa podía prever razonablemente el comportamiento contrario a la competencia de sus competidores y estaba dispuesta a asumir ese riesgo.

En efecto, en primer lugar, en la medida en que un proveedor ofrece servicios en un mercado determinado de modo independiente a cambio de una remuneración, éste debe ser percibido, a efectos de la aplicación de las normas que tienen por objeto sancionar los comportamientos contrarios a la competencia, como una empresa distinta de aquellas a las que presta sus servicios, y las acciones de tal proveedor no pueden ser atribuidas de antemano a una de estas empresas.

En segundo lugar, en lo que atañe al primero de estos requisitos, una empresa puede ser responsable de las acciones de un proveedor que se presente como independiente opere en realidad bajo la dirección o el control de una empresa usuaria de sus servicios. Éste sería el caso, por ejemplo, en circunstancias en las que tuviera escasa o nula autonomía y flexibilidad en cuanto a la manera de ejecutar la actividad convenida, de modo que su supuesta independencia disimulara una relación laboral. Por otro lado, tal dirección o control podrían deducirse, como ocurre en la relación entre sociedades matrices y sus filiales, de la existencia de vínculos organizativos, económicos y jurídicos entre el proveedor de que se trate y el usuario de sus servicios.

En lo que atañe al segundo de estos requisitos, si bien es cierto que se cumple si la empresa tenía la intención, a través de su proveedor, de divulgar su información comercial sensible a sus competidores, o cuando ha aprobado expresa o tácitamente que comparta con ellos información comercial sensible, éste no es el caso cuando dicho proveedor, sin informar a la mencionada empresa usuaria, emplea su información comercial sensible para elaborar las ofertas de los antedichos competidores.

Por último, en lo que atañe al tercer requisito, la práctica concertada puede también imputarse a dicha empresa usuaria si ésta podía prever razonablemente que el proveedor al que recurrió compartiría su información comercial con sus competidores y estaba dispuesta a asumir ese riesgo.

(véanse los apartados 25, 27, 30, 31 y 33 y el fallo)