En efecto, por una parte, la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia, pues dicho marco es únicamente el que establece el Reglamento n° 17, que las Directrices siguen respetando. Por otra parte, habida cuenta del margen de apreciación que el Reglamento n° 17 reconoce a la Comisión, el establecimiento por ésta de un nuevo método de cálculo del importe de las multas, que puede dar lugar en ciertos casos a un incremento del nivel general de éstas, aunque sin sobrepasar el límite máximo fijado en dicho Reglamento, no puede considerarse un aumento con efectos retroactivos de las multas previstas en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n° 17.

Desde este punto de vista, el cambio que suponen las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA con respecto a la práctica administrativa anterior de la Comisión no constituye una alteración del marco jurídico de la determinación del importe de las multas que pueden imponerse y no viola por tanto el principio general de irretroactividad de las disposiciones penales ni el de seguridad jurídica.

A este respecto, aunque el artículo 15, apartado 4, del Reglamento n° 17 dispone que las decisiones de la Comisión en las que se imponen multas por infracción del Derecho de la competencia no tienen carácter penal, no es menos cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho comunitario, y en particular el principio de irretroactividad, en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una sanción con arreglo a las normas sobre la competencia del Tratado. El respeto de dicho principio exige que las sanciones impuestas a una empresa por infracción de las normas sobre competencia sean las previstas en el momento en que se cometió la infracción.

En cuanto a los operadores económicos, éstos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias. Pues bien, en el caso de las normas comunitarias sobre competencia, la aplicación eficaz de las mismas exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de la política de competencia. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento n° 17.

El derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas. Sin embargo, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la Administración no le dio garantías concretas.

El principio non bis in idem, consagrado igualmente en el artículo 4 del Protocolo n° 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario, cuya observancia debe garantizar el juez. En el ámbito del Derecho de la competencia comunitario, dicho principio prohibe que se condene a una empresa o que la Comisión inicie de nuevo un procedimiento sancionador en su contra por un comportamiento contrario a la competencia a causa del cual ya ha sido sancionada o del que la Comisión la ha declarado no responsable mediante una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso.

En cambio, puede darse una acumulación de sanciones, una comunitaria y otra nacional, como resultado de la existencia de dos procedimientos paralelos, que persiguen objetivos distintos, en razón del especial sistema de reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros en materia de competencia. No obstante, una exigencia general de equidad implica que, al fijar la cuantía de una multa, la Comisión está obligada a tener en cuenta las sanciones que ya se han impuesto a la misma empresa por el mismo hecho, si se trata de sanciones impuestas por infracciones al Derecho de la competencia de un Estado miembro y, por consiguiente, cometidas en territorio comunitario.

Como esta posibilidad de acumulación de sanciones se justifica por el hecho de que ambos procedimientos, nacional y comunitario, persiguen objetivos distintos, resulta a fortiori imposible aplicar el principio non bis in idem en un supuesto en el que la Comisión ha decidido imponer una multa a una empresa por su participación en una práctica colusoria ya sancionada por las autoridades o los órganos jurisdiccionales de un Estado tercero, pues es evidente que los procedimientos tramitados y las sanciones impuestas por la Comisión, por una parte, y por las autoridades o los órganos jurisdiccionales de un Estado tercero, por otra, no persiguen los mismos objetivos. Además, no existe en la actualidad ningún principio de Derecho internacional público que prohiba que autoridades o tribunales de distintos Estados procesen y condenen a una persona por los mismos hechos.

Por otra parte, aunque la Comisión está obligada, por exigirlo así la equidad, a determinar la cuantía de las multas teniendo en cuenta las sanciones ya impuestas a la misma empresa por infracciones del Derecho de la competencia de un Estado miembro, cometidas por consiguiente en el territorio comunitario, ello se debe a la especial situación que resulta, por una parte, de la estrecha interdependencia entre los mercados nacionales de los Estados miembros y el mercado común y, por otra, del especial sistema de reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros en materia de prácticas colusorias en un mismo territorio, el del mercado común. Es evidente que no cabe tal justificación en un supuesto en el que las primeras decisiones sancionadoras en contra de una empresa han sido adoptadas por las autoridades o los órganos jurisdiccionales de un país tercero a raíz de la infracción de sus normas sobre competencia, y la Comisión no tiene por tanto obligación alguna de determinar la cuantía de la multa impuesta a dicha empresa por infracción del Derecho de la competencia comunitario teniendo en cuenta las mencionadas decisiones.

(véanse los apartados 85 a 87, 89, 90, 92, 99 y 100)