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En estas circunstancias, el Ustavno sodišče (Tribunal Constitucional) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse el artículo 123 TFUE y el artículo 21 del Protocolo [sobre el SEBC y el BCE] en el sentido de que se oponen a que un banco central nacional, que es miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales [(SEBC)], sea responsable de la indemnización, con cargo a sus propios fondos, a los antiguos titulares de instrumentos financieros cancelados, instrumentos que el banco central nacional decidió cancelar en el ejercicio de competencias legales que le permiten adoptar medidas extraordinarias en aras del interés público con el fin de prevenir amenazas para la estabilidad del sistema financiero, en el caso de que, en el marco de ulteriores procedimientos judiciales, se ponga de manifiesto que tal cancelación de instrumentos financieros se efectuó sin respetar el principio según el cual ningún titular de un instrumento financiero deberá encontrarse, como consecuencia de una medida extraordinaria, en una situación peor que aquella en la que se habría hallado de no haberse adoptado tal medida, de manera que el banco central nacional responde: 1) de los perjuicios que habrían podido preverse sobre la base de los hechos y circunstancias existentes en el momento en el que adoptó su decisión, que el banco central nacional tuvo en cuenta o debería haber tenido en cuenta, y 2) de los perjuicios que son consecuencia del comportamiento de personas que actuaron como representantes del banco central para ejercer las competencias de este y que, no obstante, en tal contexto, considerados los hechos y las circunstancias que conocían o deberían haber conocido de conformidad con las facultades conferidas, no actuaron con la diligencia debida? 2) ¿Deben interpretarse el artículo 123 TFUE y el artículo 21 del Protocolo [sobre el SEBC y el BCE] en el sentido de que se oponen a que un banco central nacional, que es miembro del [SEBC], pague, con cargo a sus propios fondos, compensaciones financieras individuales a una parte de los antiguos titulares de instrumentos financieros cancelados (con arreglo al criterio de la situación patrimonial) como consecuencia de las cancelaciones de instrumentos [financieros] que hayan sido decididas por el banco central nacional en el ejercicio de competencias legales que le permiten adoptar medidas extraordinarias en aras del interés público con el fin de prevenir amenazas para la estabilidad del sistema financiero, siendo así que, para tener derecho a una compensación, basta con que el instrumento financiero haya sido cancelado, sin que sea relevante si se ha violado o no el principio según el cual ningún titular de un instrumento financiero deberá encontrarse, como consecuencia de una medida extraordinaria, en una situación peor que aquella en la que se habría hallado de no haberse adoptado tal medida? 3) ¿Deben interpretarse el artículo 130 TFUE y el artículo 7 del Protocolo [sobre el SEBC y el BCE] en el sentido de que se oponen a que se obligue a un banco central nacional a pagar indemnizaciones por los perjuicios causados como consecuencia del ejercicio de sus competencias legales en una cuantía tal que pueda menoscabar la capacidad de dicho banco de desempeñar eficazmente sus funciones? A este respecto, para determinar si se ha violado el principio de independencia financiera del banco central nacional, ¿tienen alguna relevancia los requisitos legales en virtud de los cuales se atribuye la citada responsabilidad? 4) ¿Deben interpretarse los artículos 53 a 62 de la Directiva [2013/36] o los artículos 44 a 52 de la Directiva [2006/48], los cuales protegen la confidencialidad de las informaciones confidenciales recibidas o generadas en el marco de la supervisión prudencial de los bancos, en el sentido de que estas Directivas también protegen la confidencialidad de las informaciones que hayan sido recibidas o generadas en el marco de la ejecución de medidas destinadas al rescate de bancos con el fin de garantizar la estabilidad del sistema financiero, cuando no ha sido posible eliminar los riesgos para la solvencia y la liquidez de los bancos mediante las medidas usuales de supervisión prudencial, consideradas medidas de saneamiento en el sentido de la Directiva [2001/24]? 5) En caso de respuesta afirmativa a la [cuarta cuestión prejudicial], ¿deben interpretarse los artículos 53 a 62 de la Directiva [2013/36] o los artículos 44 a 52 de la Directiva [2006/48], en materia de protección de las informaciones confidenciales recibidas o generadas en el ámbito de la supervisión prudencial, en el sentido de que, a efectos de la protección que ofrecen tales disposiciones, la Directiva [2013/36], posterior, es igualmente aplicable cuando se trata de informaciones confidenciales recibidas o generadas durante la vigencia de la Directiva [2006/48], si tales informaciones fueron divulgadas durante la vigencia de la Directiva [2013/36]? 6) En caso de respuesta afirmativa a la [cuarta cuestión prejudicial], ¿deben interpretarse el artículo 53, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva [2013/36] (y el artículo 44, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva [2006/48], en función de la respuesta que se dé a la anterior cuestión), en el sentido de que ya no constituyen informaciones confidenciales, respecto de las que se aplique la obligación de respetar el secreto profesional, las informaciones de que disponga un banco central nacional en su condición de autoridad de supervisión y que se hayan hecho públicas en un determinado momento posterior a aquel en el que se generaron, o bien las informaciones que podrían constituir un secreto profesional pero que se remontan a cinco o más años atrás y respecto de las que se considera, por tanto, que en virtud del tiempo transcurrido constituyen información histórica y han perdido su carácter confidencial? En el caso de información histórica que se remonte a cinco o más años atrás, ¿dependerá el mantenimiento del carácter confidencial de si la confidencialidad puede justificarse por motivos ajenos a la situación económica de los bancos sujetos a supervisión o de otras empresas? 7) En caso de respuesta afirmativa a la [cuarta cuestión prejudicial], ¿deben interpretarse el artículo 53, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva [2013/36] (y el artículo 44, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva [2006/48], en función de la respuesta que se dé a la [quinta cuestión prejudicial]), en el sentido de que autorizan que los documentos confidenciales que no se refieran a terceros implicados en intentos de rescate de una entidad de crédito y que sean jurídicamente relevantes para la decisión del órgano jurisdiccional en el marco del procedimiento civil de indemnización incoado contra la autoridad competente en materia de supervisión prudencial se divulguen automáticamente, incluso antes del comienzo del procedimiento judicial, a todos los demandantes potenciales y a sus representantes, sin que se establezca un procedimiento específico para decidir sobre el carácter justificado de la divulgación de cada uno de los documentos a cada uno de los destinatarios y sin que se realice una ponderación de los intereses en juego en cada caso concreto, aun cuando se trate de informaciones relativas a entidades de crédito que no se hallen en situación de quiebra o de liquidación forzosa, pero que se hayan beneficiado de la ayuda del Estado en el procedimiento en el que se han cancelado instrumentos financieros de accionistas y de acreedores subordinados de las entidades de crédito? 8) En caso de respuesta afirmativa a la [cuarta cuestión prejudicial], ¿deben interpretarse el artículo 53, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva [2013/36] (y el artículo 44, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva [2006/48], en función de la respuesta que se dé a la [quinta cuestión prejudicial]), en el sentido de que permiten que se publiquen en Internet de forma accesible para el público documentos confidenciales o bien resúmenes de tales documentos que no se refieran a terceros implicados en intentos de rescate de una entidad de crédito y que sean jurídicamente relevantes para la decisión del órgano jurisdiccional en el marco del procedimiento civil de indemnización incoado contra la autoridad competente en materia de supervisión prudencial, en caso de que se trate de informaciones relativas a entidades de crédito que no se hallen en situación de quiebra o de liquidación forzosa, pero que se hayan beneficiado de la ayuda del Estado en el procedimiento en el que se han cancelado instrumentos financieros de accionistas y de acreedores subordinados de las entidades de crédito, incluso si se ha prescrito que, en el marco de la publicación en Internet en cuestión, se oculten todas las informaciones confidenciales?»