Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

(Arts. 81 CE y 82 CE)

2. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

(Arts. 81 CE y 82 CE)

3. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Reincidencia — Concepto

(Arts. 81 CE y 82 CE; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, punto 2)

4. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Carácter disuasorio de la multa

(Arts. 81 CE y 82 CE; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, punto 1, sección A, párr. 4)

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Medida de la capacidad efectiva para causar un perjuicio en el mercado afectado

(Arts. 81 CE y 82 CE; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, punto 1, sección A, párrs. 1 a 4 y 6)

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Apreciación según la naturaleza de la infracción — Infracciones muy graves

(Arts. 81 CE y 82 CE; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, punto 1, sección A, párrs. 1 y 2)

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Respeto del principio de proporcionalidad

[Art. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, punto 1, sección A]

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1. En caso de infracción de las reglas sobre competencia, el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas. En tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, integran una única empresa, en el sentido de la jurisprudencia mencionada anteriormente. Por lo tanto, el hecho de que una sociedad matriz y su filial formen una única empresa permite que la Comisión remita una Decisión por la que se imponen multas a la sociedad matriz, sin que sea necesario establecer la implicación personal de ésta en la infracción.

En el caso particular de que una sociedad matriz participe en el 100 % del capital de su filial que ha infringido las normas en materia de competencia, por una parte, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia determinante en la conducta de su filial y, por otra, existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial. En estas circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital de ésta para presumir que aquélla ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de esa filial. Consecuentemente, la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde desvirtuar dicha presunción, aporta suficientes pruebas para demostrar que su filial se conduce de manera autónoma en el mercado.

(véanse los apartados 53 y 54)

2. La Comisión puede presumir que, a raíz de la posesión, de forma directa o indirecta, de la totalidad del capital de sus filiales, una sociedad matriz ejerce una influencia determinante en su comportamiento. Corresponde a la sociedad matriz desvirtuar la presunción, demostrando que dichas filiales determinan su política comercial de forma autónoma, de modo que no forman con ella una entidad económica única y, por lo tanto, una sola empresa en el sentido del artículo 81 CE.

Más concretamente, incumbe a la sociedad matriz aportar cualquier dato relativo a los vínculos organizativos, económicos y jurídicos existentes entre sus filiales y ella misma, que considere adecuados para demostrar que no constituyen una sola entidad económica. En su apreciación, el Tribunal debe tener en cuenta, en efecto, el conjunto de los datos que se le sometan, cuya naturaleza e importancia pueden variar según las características de cada caso.

A este respecto, no es una relación de instigación referente a la infracción entre la sociedad matriz y su filial ni, con mayor razón, una implicación de la primera en la infracción, sino el hecho de que ambas forman una sola empresa, lo que faculta a la Comisión para remitir la decisión por la que se imponen las multas a la sociedad matriz de un grupo de sociedades. Por lo tanto, la imputación del comportamiento infractor de la filial a su sociedad matriz no necesita la prueba de que la sociedad matriz influya en la política de su filial en el ámbito específico objeto de la infracción.

En particular, el hecho de que la sociedad matriz sólo sea una sociedad de posesión de participaciones no operativa, que interviene muy poco en la gestión de sus filiales, no puede bastar para descartar que ejerza una influencia decisiva en el comportamiento de dichas filiales, en particular, al coordinar las inversiones financieras en el seno del grupo. En efecto, en el ámbito de un grupo de sociedades, una sociedad matriz que coordina, en particular, las inversiones financieras en el seno del grupo está cualificada para redistribuir las participaciones en diversas sociedades y ejerce la función de asegurar la unidad de dirección de éstas, en particular, a través de dicho control presupuestario.

(véanse los apartados 66 a 68 y 70)

3. El punto 2 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA tiene por objeto, como ejemplo de circunstancias agravantes, la reincidencia de la misma o las mismas empresas en una infracción del mismo tipo. El concepto de reincidencia, tal como se entiende en algunos ordenamientos jurídicos nacionales, implica que una persona ha cometido nuevas infracciones tras haber sido sancionada por infracciones similares. Una eventual reincidencia figura entre los factores que deben tenerse en cuenta para apreciar la gravedad de una infracción de las normas sobre competencia.

La Comisión dispone de una facultad de apreciación en lo que respecta a la elección de los factores que deben tomarse en consideración para determinar el importe de las multas, tales como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin necesidad de remitirse a una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. La constatación de una reincidencia y la valoración de sus características específicas forman parte de esta facultad de la Comisión, sin que dicha institución pueda quedar vinculada por un eventual plazo de prescripción para tal constatación.

A este respecto, la repetición por parte de una empresa de un comportamiento infractor, en particular, poco después de adoptarse una decisión anterior, la cual a su vez había sido adoptada menos de diez años después de una primera decisión, pone de manifiesto la propensión de la empresa de que se trata a no extraer las consecuencias apropiadas de su sanción por una infracción de las normas sobre la competencia, de modo que la Comisión podía basarse con razón en dichas decisiones anteriores para declarar la reincidencia, y ello sin vulnerar el principio de seguridad jurídica.

Además, las medidas adoptadas por la empresa en cuestión para adecuarse al Derecho sobre la competencia no pueden alterar la realidad de la infracción cometida y la reincidencia comprobada por la Comisión. Por lo tanto, la aprobación de un programa de adecuación por parte de la empresa interesada no obliga a la Comisión a conceder una reducción del importe de la multa en atención a dicha circunstancia. Además, es imposible determinar el grado de eficacia de las medidas internas adoptadas por una empresa para evitar la reiteración de las infracciones del Derecho de la competencia.

En el mismo sentido, la cooperación de la empresa durante el procedimiento administrativo no puede privar a su reincidencia de su naturaleza de circunstancia agravante.

Finalmente, en cuanto al carácter proporcionado de un recargo de la multa por reincidencia, la Comisión, al determinar el importe de la multa, dispone de una facultad de apreciación, sin estar obligada a aplicar una fórmula matemática precisa. Además, la Comisión debe velar por el carácter disuasorio de su acción al determinar el importe de la multa. Pues bien, la reincidencia es una circunstancia que justifica un aumento considerable del importe de base de la multa. En efecto, la reincidencia constituye la prueba de que la sanción anteriormente impuesta no fue suficientemente disuasoria. Por otra parte, debe señalarse que la Comisión puede, mediante la fijación de un tipo de recargo por causa de reincidencia, considerar los factores que confirman la tendencia de la empresa de que se trata a infringir las reglas de competencia, incluido el tiempo transcurrido entre las infracciones en cuestión.

(véanse los apartados 90 a 93 y 95 a 98)

4. Cuando la Comisión impone una multa a una empresa por infracción de las normas de competencia y determina su importe aplicando un coeficiente multiplicador diferente del utilizado para calcular el importe de una multa impuesta a la misma empresa en otra decisión, el principio de igualdad de trato no resulta vulnerado si cada una de las dos decisiones se basa en situaciones de hecho diferentes.

La capacidad de la Comisión para imponer multas a las empresas que, deliberadamente o por negligencia, cometan una infracción de lo dispuesto en el artículo 81 CE, constituye, en efecto, uno de los medios que se le atribuyen con el fin de permitirle cumplir la misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario, misión que comprende el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas. De ello se deduce que, para apreciar la gravedad de una infracción con el fin de determinar el importe de la multa, la Comisión debe asegurar el carácter disuasorio de su actuación, sobre todo respecto a las infracciones especialmente perjudiciales para la consecución de los objetivos de la Comunidad. Ello exige que el importe de la multa se module para tener en cuenta la repercusión buscada en la empresa a la que se impone, y ello con objeto de que la multa no resulte insignificante, o por el contrario excesiva, en particular en relación con la capacídad financiera de la empresa en cuestión, de conformidad con las exigencias basadas, por una parte, en la necesidad de garantizar la efectividad de la multa y, por otra parte, en el respeto al principio de proporcionalidad. Una empresa de gran tamaño, que dispone de recursos financieros considerables en comparación con los de otros miembros de un cártel, puede movilizar más fácilmente los fondos necesarios para el pago de su multa, lo que justifica, para lograr un efecto disuasorio suficiente de ésta, la imposición —concretamente mediante la aplicación de un multiplicador— de una multa proporcionalmente más elevada que la que sanciona la misma infracción cometida por una empresa que no disponga de tales recursos.

Además, la toma en consideración del volumen de negocio mundial de cada empresa perteneciente a un cártel es pertinente para fijar del importe de la multa. El objetivo disuasorio que la Comisión tiene derecho a perseguir al fijar el importe de una multa tiene por objeto garantizar el respeto, por parte de las empresas, a las normas de competencia establecidas en el Tratado, para reconducir sus actividades al seno de la Comunidad o del Espacio Económico Europeo. De aquí se deduce que el factor de disuasión que puede incluirse en el cálculo de la multa se valorará tomando en consideración una multitud de elementos, y no sólo la situación particular de la empresa de que se trate. Dicho principio se aplica, en especial, cuando la Comisión ha determinado un multiplicador disuasorio que afecta a la multa impuesta a una empresa.

Por otra parte, la Comisión dispone, para fijar el importe de las multas, de una amplia facultad de apreciación, sin estar vinculada por las apreciaciones que ella misma haya podido realizar con anterioridad. De aquí se deduce que la empresa interesada no puede invocar la política decisoria de la Comisión ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.

Finalmente, en cualquier caso, el principio de igualdad de trato sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado.

(véanse los apartados 119 a 122, 125, 126, 129 y 136)

5. Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA distinguen entre infracciones leves, graves y muy graves (punto 1, sección A, párrafos primero y segundo, de las Directrices). Por otra parte, la diferenciación entre empresas consiste en determinar, de conformidad con lo dispuesto en el punto 1, sección A, párrafos tercero, cuarto y sexto, de las Directrices, la contribución individual de cada empresa, en términos de capacidad económica efectiva, al éxito de la práctica colusoria, a fin de clasificarla en la categoría apropiada.

Debe distinguirse la contribución individual de cada empresa al éxito de la práctica colusoria, en términos de capacidad económica efectiva, de las repercusiones concretas de la infracción mencionada en el punto 1, sección A, párrafo primero, de las Directrices. En este último caso, la repercusión concreta de la infracción se tiene en cuenta, cuando es mensurable, para clasificar la infracción como leve, grave o muy grave. La contribución individual de cada empresa se toma en consideración, respecto a ésta, para ponderar los importes determinados de acuerdo con la gravedad de la infracción.

Aun sin repercusión concreta mensurable de la infracción, la Comisión puede decidir, de conformidad con el punto 1, sección A, párrafos tercero, cuarto y sexto, de las Directrices, y tras haber calificado la infracción como leve, grave o muy grave, efectuar una diferenciación entre las empresas de que se trate.

Por otra parte, la Comisión puede fijar el importe de partida a un nivel más elevado para las empresas que tenían una cuota de mercado relativamente más importante que las otras en el mercado de referencia. De esta forma tiene en cuenta la repercusión real de cada empresa en dicho mercado. En efecto, dicho elemento es la expresión de un nivel de responsabilidad más elevado por parte de las empresas cuya cuota de mercado es relativamente más importante que la de las otras en el mercado de referencia por los daños causados a la competencia —y, a fin de cuentas, a los consumidores— al acordar una práctica colusoria secreta.

(véanse los apartados 146, 149, 150 y 154)

6. Se desprende de la descripción de las infracciones muy graves en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA que los acuerdos o prácticas concertados que pretenden especialmente, fijar objetivos de precios o el reparto de cuotas de mercado pueden merecer, basándose únicamente en la naturaleza que les es propia, la calificación de «muy grave», sin que la Comisión esté obligada a demostrar una repercusión concreta de la infracción en el mercado. Del mismo modo, las prácticas colusorias horizontales en materia de precios están incluidas entre las infracciones más graves del Derecho comunitario de la competencia y que, por lo tanto, por sí solas, pueden calificarse como muy graves.

(véase el apartado 166)

7. El principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones comunitarias no rebasen los límites de lo que resulte apropiado y necesario para conseguir el objetivo perseguido. En el contexto del cálculo de las multas, el principio de proporcionalidad implica que la Comisión debe fijar la multa en proporción a los elementos tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción y que, a este respecto, debe aplicar dichos elementos de forma coherente y justificada objetivamente.

(véase el apartado 175)