SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 18 de diciembre de 1997

Asunto T-222/95

Antonio Angelini

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Cambio del lugar de destino — Regreso al lugar de destino inicial — Indemnización de instalación»

Texto completo en lengua italiana II-1277

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una solicitud de anulación de decisiones de la Comisión por las que se denegó al demandante el pago de una indemnización de instalación con ocasión de su regreso a su lugar de destino inicial, después de un período de destino fuera de su Institución.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

El demandante, funcionario de la Comisión, destinado al Centro Común de Investigación de Ispra, fue destinado, por decisión de la Comisión, al Iter Home Central Team, entidad no comunitaria, sita en Garching (Alemania), durante el período comprendido entre el 16 de abril de 1993 y el 31 de diciembre de 1994. El demandante se instaló con su esposa en Garching, donde alquiló un apartamento amueblado. A este efecto, se le pagaron la indemnización de instalación y la indemnización diaria previstas en los artículos 5 y 10 del Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto).

En enero de 1995, el demandante regresó a Ispra, donde se instaló en su casa. Solicitó a la administración que le pagara las indemnizaciones previstas en los artículos 5 y 10 del Anexo VII del Estatuto, a causa de su regreso a su anterior lugar de destino. Los servicios administrativos pagaron la indemnización diaria. Por lo que respecta a la indemnización de instalación, se informó al demandante, mediante nota de 17 de mayo de 1995, que una decisión de la Comisión le había denegado el pago correspondiente.

Sobre el único motivo, basado en una infracción del apartado 2 del artículo S del Anexo VII del Estatuto

El hecho de que la administración recurra a una base jurídica errónea constituye un error de Derecho, pero semejante error no justifica la anulación de la decisión administrativa de que se trata, toda vez que esta opción, de alcance meramente formal, no ejerció ninguna influencia determinante en la apreciación de la administración y consiguientemente sobre el contenido de la decisión impugnada. En el presente caso, la opción sobre la base jurídica del traslado temporal del demandante a Garching no ha tenido ninguna influencia determinante en el contenido de la decisión impugnada (apartados 30 y 31).

Referencia: Tribunal de Justicia, 3 de diciembre de 1996, Portugal/Consejo (C-268/94, Rec. p. I-6177), apartado 79; Tribunal de Primera Instancia, 5 de junio de 1996, Günzler Aluminium/Comisión (T-75/95, Rec. p. II-497), apartado 55

Como el apartado 1 del artículo 5 del Anexo VII establece una prestación de carácter global, de ello se desprende que, cuando la instalación del funcionario queda probada mediante los documentos exigidos en el párrafo segundo del apartado 3 del mismo artículo, el interesado no está obligado a probar gastos efectivos (apartados 35 y 36).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de noviembre de 1978, Verhaaf/Comisión (140/77, Rec. p. 2117), apartado 20; conclusiones del Abogado General Sir Gordon Slynn en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia, 18 de marzo de 1982, Burg/Tribunal de Justicia (90/81, Rec. pp. 983 y ss., especialmente p. 995); Tribunal de Primera Instancia, 30 de enero de 1990, Yorck von Wartenburg/Parlamento (T-42/89, Rec. p. II-31), apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 4 de julio de 1990, Parlamento/York von Wartenburg (T-42/89 OPPO, Rec. p. II-299), apartado 20 ; Tribunal de Primera Instancia, 12 de diciembrede 1996, Lozano Palacios/Comisión (T-33/95, RecFP p. II-1535), apartado 62; Tribunal de Primera Instancia, 12 de diciembrede 1996. Monteiro da Silva/Comisión (T-74/95, RecFP p. II-1559), apartado 62

Fallo:

Se anula la decisión de la Comisión comunicada mediante nota de 17 de mayo de 1995, por la que se denegó al demandante el pago de la indemnización de instalación.

Se condena a la Comisión al pago al demandante del importe de la indemnización prevista en el apartado 3 del artículo 5 del Anexo VII del Estatuto, incrementado por los intereses al 8 %, a partir de la fecha de la demanda.