SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 15 DE DICIEMBRE DE 1987. - REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - PESCA MARITIMA - FIJACION DE CUOTAS EN CASO DE INACTIVIDAD DEL CONSEJO - FINANCIACION FEOGA. - ASUNTO 346/85.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 05197



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Estados miembros - Obligaciones - Iniciativa de la Comisión destinada a hacer frente a necesidades urgentes - Deberes de acción y de abstención

(Tratado CEE, art. 5)

2. Pesca - Conservación de los recursos marinos - Inactividad del Consejo - Adopción de medidas provisionales de conservación - Requisitos - Cooperación entre los Estados miembros y la Comisión - Propuestas de cuotas decididas unilateralmente por la Comisión - Exceso sobre las cuotas - Medidas de intervención - Financiación por el FEOGA - Negativa - Ilegalidad

(Reglamento nº 729/70 del Consejo, art. 3)

3. Derecho comunitario - Principios - Seguridad jurídica - Normativa que puede implicar consecuencias financieras

Índice

1. El artículo 5 del Tratado CEE impone a los Estados miembros deberes concretos de acción y de abstención en una situación en que la Comisión, para hacer frente a urgentes necesidades de conservación de los recursos pesqueros, sometió al Consejo propuestas que, aunque no hayan sido adoptadas por éste, constituyen el punto de partida de una acción comunitaria concertada.

2. En una situación en la que el Consejo se haya abstenido de dictar las medidas de conservación necesarias para preservar los recursos pesqueros, tales medidas, que obedecen a necesidades urgentes, pueden resultar de un procedimiento de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión, a fin de que la Comunidad continúe en condiciones de hacer frente a sus responsabilidades. A falta de tal cooperación, a las propuestas unilateralmente adoptadas por la Comisión, relativas a las cuotas de pesca que hayan de asignarse a un Estado miembro, no se les puede reconocer el carácter de normas comunitarias en el sentido del artículo 3 del Reglamento nº 729/70 del Consejo, sobre la financiación de la política agrícola común, normas cuyo incumplimiento pueda justificar la negativa de la Comisión a que se financien con cargo al FEOGA, en concepto de medidas de intervención, los gastos realizados por dicho Estado miembro y que se refieran a capturas obtenidas rebasando las mencionadas cuotas.

3. La legislación comunitaria debe ser precisa y su aplicación previsible para los justiciables. Este imperativo de seguridad jurídica se impone con rigor especial cuando se trata de una normativa que puede implicar consecuencias financieras, a fin de permitir que los interesados conozcan con exactitud el alcance de las obligaciones que se les imponen.

Partes

En el asunto 346/85,

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por el Sr. R.N. Ricks, del Treasury Solicitor' s Department, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Stephen Richards, Barrister del Gray' s Inn, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de su embajada,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. D. Grant Lawrence, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georges Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación parcial, en lo relativo a los productos de la pesca, de la Decisión 85/466 de la Comisión, de 28 de agosto de 1985, relativa a la liquidación de las cuentas presentadas por el Reino Unido en concepto de gastos financiados por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección "Garantía", correspondientes al ejercicio financiero de 1981 (DO L 267, p. 52),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. G. Bosco, Presidente de Sala, en funciones de Presidente; J.C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala; T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet y F. Schockweiler, Jueces,

Abogado General: Sr. J.L. da Cruz Vilaça

Secretaria: Sra. Blanca Pastor, administradora

habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 5 de mayo de 1987,

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de septiembre de 1987,

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de noviembre de 1985, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte interpuso un recurso, con arreglo al párrafo 1 del artículo 173 del Tratado CEE, que tiene por objeto la anulación de la Decisión 85/466 de la Comisión, de 28 de agosto de 1985, relativa a la liquidación de las cuentas presentadas por el Reino Unido en concepto de gastos financiados por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (en lo sucesivo, "FEOGA"), sección "Garantía", correspondientes al ejercicio financiero de 1981 (DO L 267, p. 52), en la medida en que dicha Decisión no ha incluido en la financiación comunitaria las cantidades de 12 976,92 UKL y de 3 236,25 UKL que el Reino Unido pagó en 1981 en concepto de compensación financiera a las organizaciones de productores por indemnizaciones pagadas por la retirada del mercado de bacalao fresco y de merluza.

2 El Reino Unido alega cuatro motivos en apoyo de su recurso:

a) infracción del artículo 43 del Tratado CEE y del artículo 102 del Acta de adhesión, junto con los Reglamentos nº 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 94, p. 13; EE 03/03, p. 220), nº 1723/72 de la Comisión, de 26 de julio de 1972, relativo a la liquidación de las cuentas referentes al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección "Garantía" (DO L 186, p. 1; EE 03/06, p. 70), y nº 100/76 del Consejo, de 19 de enero de 1976, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca (DO L 20, p. 1);

b) infracción de los Reglamentos nº 729/70, nº 1723/72 y nº 100/76;

c) desviación de poder;

d) vicios sustanciales de forma.

3 Para una más amplia exposición de los hechos, del procedimiento y de los motivos y alegaciones de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

4 Mediante su primer motivo, el Reino Unido afirma, en sustancia, que las cuotas de pesca en que se funda la Comisión para denegar la financiación comunitaria de las intervenciones en cuestión, no son jurídicamente obligatorias, por cuanto la competencia para adoptar las medidas comunitarias en materia de conservación de los recursos del mar corresponde al Consejo y que no tuvo lugar ningún proceso de cooperación según las exigencias de la jurisprudencia del Tribunal para remediar, en 1981, la inactividad del Consejo.

5 La Comisión replica que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en la situación particular del año 1981, estaba justificado pedir a los Estados miembros que se atuviesen a las propuestas que ella había sometido al Consejo para 1981 y que establecían, para determinadas existencias de peces, las capturas totales autorizadas y su reparto entre los Estados miembros.

6 Para enjuiciar el primer motivo, procede examinar si, en 1981, existían normas comunitarias en materia de conservación de los recursos marinos que limitasen las capturas.

7 La situación de 1981 se caracteriza por el hecho de que el Consejo, que en virtud del artículo 102 del Acta de adhesión de 1972 tenía desde el 1 de enero de 1979 competencia exclusiva para adoptar, en el marco de la política común de pesca, a propuesta de la Comisión, las medidas destinadas a la conservación de los recursos, se abstuvo de adoptar dichas medidas.

8 La Decisión 80/993 del Consejo, de 28 de octubre de 1980, basada en los Tratados, relativa a las actividades pesqueras ejercidas en las aguas sometidas a la soberanía o a la jurisdicción de los Estados miembros, y adoptada con carácter provisional a la espera de la adopción de medidas comunitarias definitivas (DO L 298, p. 38), había previsto medidas comunitarias provisionales, aplicables hasta el 20 de diciembre de 1980. Dichas medidas preveían que los Estados miembros ejerciesen sus actividades pesqueras de manera que se tuviesen en cuenta las capturas totales autorizadas ("TAC") y la parte de las TAC asignada a terceros países en el marco de los convenios y acuerdos celebrados con ellos, tal como figuran en el Reglamento nº 754/80 del Consejo, de 26 de marzo de 1980, relativo al establecimiento, para determinadas existencias de peces que se encuentran en la zona de pesca de la Comunidad, de capturas totales autorizadas para 1980 y de la parte disponible para la Comunidad, así como las modalidades de captura (DO L 84, p. 36), y en las propuestas de la Comisión de 12 de septiembre y 24 de octubre de 1980.

9 En su reunión del 15 al 17 de diciembre de 1980, el Consejo hizo en el acta de la reunión una declaración manifestando que los Estados miembros ejercerían sus actividades pesqueras de forma que las capturas efectuadas por sus buques durante el período transitorio tuviesen en cuenta las TAC para 1981, sometidas por la Comisión al Consejo en sus propuestas de 18 de noviembre y de 16 de diciembre de 1980.

10 En 1981, la Comisión modificó sucesivamente sus propuestas de TAC y presentó, finalmente al Consejo, el 24 de julio de 1981, una relación con determinadas existencias de peces que se encuentran en la zona de pesca de la Comunidad, una propuesta de reglamento sobre la fijación, para 1981, de las capturas totales autorizadas y de la parte disponible para la Comunidad, y una propuesta de reglamento sobre reparto entre los Estados miembros de la totalidad de las posibilidades de capturas, disponibles para la Comunidad en 1981, de las existencias o grupos de existencias de peces que se encuentran en la zona de pesca de la Comunidad.

11 En una declaración al Consejo de 27 de julio de 1981 (DO C 224, p. 1), la Comisión expuso la situación derivada de la falta de acuerdo sobre aquellas de sus propuestas que establecían las TAC y las cuotas para 1981. Refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y en particular a la sentencia de 5 de mayo de 1981 (Comisión contra Reino Unido, 804/79, Rec. 1981, p. 1045), la Comisión recordó que en virtud del artículo 155 del Tratado tiene determinados derechos y obligaciones. A la vista del interés público prioritario y como medida preventiva a la espera de una decisión final del Consejo, la Comisión hizo un llamamiento a todos los Estados miembros para que, de conformidad con sus derechos y obligaciones, ejerciesen sus actividades pesqueras de manera que se garantizase el cumplimiento de las propuestas de la Comisión. Ésta declaró asimismo que estaba decidida a utilizar todos los medios a su alcance para garantizar el cumplimiento de sus propuestas por parte de los Estados miembros, propuestas que, dada la situación, consideraba jurídicamente obligatorias para dichos Estados.

12 Del acta de la reunión del Consejo de 27 de julio de 1981 se desprende que la declaración de la Comisión fue rebatida por el Servicio Jurídico del Consejo y por los representantes de diversos Estados miembros y que, para concluir, el Consejo se puso de acuerdo para discutir en su siguiente reunión sobre las TAC y las cuotas propuestas para 1981.

13 Mediante carta de 28 de julio de 1981, la Comisión recordó su declaración a los Estados miembros, añadiendo que se creía en la obligación no sólo de aprobar o desaprobar, en función de sus propuestas, las medidas nacionales que se le sometieran, sino también de pedir a todos los Estados miembros que adoptaran las medidas necesarias para atenerse a dichas propuestas; y afirmó que, a la espera de la próxima reunión del Consejo, estaba dispuesta a dar su aprobación a aquellas capturas cuyas cuantías no excedieran de las tres cuartas partes de las cuotas que había propuesto. La Comisión requirió a todos los Estados miembros para que, a más tardar el 24 de agosto de 1981, indicasen las medidas que se proponían adoptar para garantizar el cumplimiento de esta norma general durante el período transitorio.

14 El 5 de enero de 1981, el Reino Unido notificó a la Comisión las medidas tendentes a limitar la pesca del arenque del criadero de Mourne en el transcurso del año 1981. El 17 de marzo de 1981, la Comisión declaró que la medida del Reino Unido era conforme con la propuesta de regulación de las TAC para 1981.

15 El 17 de septiembre de 1981, el Reino Unido adoptó diversas medidas de limitación del volumen de capturas de caballa en determinadas zonas y la Comisión aprobó esta medida de conservación. No fueron adoptadas otras medidas de conservación.

16 En anteriores sentencias y, por última vez, en la sentencia de 5 de mayo de 1981 (antes citada), el Tribunal de Justicia tuvo ocasión de recordar los elementos de Derecho comunitario aplicables en la materia. No obstante, la situación del caso de autos se distingue de la situación descrita en aquella sentencia, debido a que en el caso presente el Consejo no adoptó ninguna decisión provisional para 1981 y a que sólo hubo por su parte la declaración hecha en el acta de la reunión del Consejo del 15 al 17 de diciembre de 1980, disponiendo que los Estados miembros ejercerían sus actividades pesqueras de manera que las capturas tuviesen en cuenta las TAC, para 1981, sometidas por la Comisión al Consejo en sus propuestas de 18 de noviembre y de 16 de diciembre de 1980.

17 En una situación caracterizada por la inactividad del Consejo, el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia de 5 de mayo de 1981 (antes citada) que, con arreglo al artículo 5 del Tratado, los Estados miembros tienen la obligación de facilitar a la Comunidad el cumplimiento de su misión y de abstenerse de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado; que dicha disposición impone a los Estados miembros deberes concretos de acción y de abstención en una situación en que la Comisión, para hacer frente a urgentes necesidades de conservación, sometió al Consejo propuestas que, aunque no hayan sido adoptadas por éste, constituyen el punto de partida de una acción comunitaria concertada. El Tribunal de Justicia declaró también que, al tratarse de una materia reservada a la competencia de la Comunidad en la que los Estados miembros ya sólo pueden actuar como gestores del interés común, ante la falta de adecuada acción por parte del Consejo, un Estado miembro sólo podrá poner en vigor las medidas provisionales de conservación que la situación requiera en el marco de una colaboración con la Comisión; y que los Estados miembros tienen el deber de no adoptar medidas nacionales de conservación en contra de las objeciones, reservas o condiciones que la Comisión pudiera formular.

18 De este modo, en una situación en que el Consejo se había abstenido de dictar las medidas de conservación necesarias para preservar los recursos pesqueros, el Tribunal de Justicia admitió que tales medidas, que obedecían a necesidades urgentes, podían resultar de un procedimiento de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión, a fin de que la Comunidad continuase en condiciones de hacer frente a sus responsabilidades.

19 Resulta probado que en 1981 no se emprendió semejante procedimiento entre el Reino Unido y la Comisión, al no haber respondido el Reino Unido al requerimiento de la Comisión de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus propuestas. En estas condiciones y sin que sea necesario pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas de esta falta de cooperación por parte de un Estado miembro, es preciso declarar que a las propuestas unilateralmente adoptadas por la Comisión, relativas a las cuotas de pesca que habían de asignarse al Reino Unido, no se les puede reconocer el carácter de normas comunitarias.

20 Además, según ha declarado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia, la legislación comunitaria debe ser precisa y su aplicación previsible para los justiciables. Este imperativo de seguridad jurídica se impone con rigor especial cuando se trata de una normativa que puede implicar consecuencias financieras, a fin de permitir que los interesados conozcan con exactitud el alcance de las obligaciones que se les imponen.

21 Resulta de lo que antecede que, en el caso de autos, no existían en 1981 normas jurídicas comunitarias, en el sentido del artículo 3 del Reglamento nº 729/70, cuyo incumplimiento pudiese justificar la negativa de la Comisión a que se financiasen con cargo al FEOGA las intervenciones que constituyen el objeto del presente recurso.

22 Como por otra parte no se ha discutido la realidad de los gastos realizados por el Reino Unido, procede anular, en la medida solicitada, la Decisión 85/466 de la Comisión, de 28 de agosto de 1985, sin que sea necesario examinar los demás motivos y alegaciones del demandante.

Decisión sobre las costas

Costas

23 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

decide:

1) Anular la Decisión 85/466 de la Comisión, de 28 de agosto de 1985, relativa a la liquidación de las cuentas presentadas por el Reino Unido en concepto de gastos financiados por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección "Garantía", correspondientes al ejercicio financiero de 1981, en la medida en que dicha Decisión no ha incluido en la financiación comunitaria las cantidades de 12 976,92 UKL y de 3 236,25 UKL, relativas a las intervenciones emprendidas para la retirada del mercado de bacalao fresco y de merluza.

2) Condenar en costas a la Comisión.