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16.

En cambio, el Gobierno letón y la Comisión consideran, en esencia, que, aunque los Estados miembros no están autorizados a prohibir completamente la publicidad referida a medicamentos no sujetos a receta, de conformidad con la Directiva 2001/83 deben velar no obstante por que las actividades publicitarias no favorezcan la utilización irracional de medicamentos. Para ello, según la Comisión, los Estados miembros deben tener en cuenta los hábitos o costumbres que rigen en sus territorios. En esa línea, el Gobierno letón señaló que las autoridades nacionales habían recibido quejas de operadores económicos y consumidores en relación con la actividad publicitaria de EUROAPTIEKA, que es la única que la realiza.
36.

A mi parecer, de la jurisprudencia citada en los puntos anteriores de las presentes conclusiones se desprende que el elemento decisivo para determinar que las respectivas situaciones de residentes y no residentes no son objetivamente comparables en cuanto al régimen fiscal de un Estado miembro (y, en particular, en cuanto a la posibilidad de deducir las pérdidas) es que el Estado miembro carece de competencia para someter a tributación a los no residentes. Es preciso hacer referencia, a este respecto, a las conclusiones del Abogado General Wathelet presentadas en el asunto Timac Agro Deutschland, ( 26 ) donde, remitiéndose a las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Miljoen y otros, ( 27 ) observó que «el elemento determinante para comparar las situaciones de contribuyentes residentes y no residentes al objeto de calificar una eventual restricción prohibida respecto del tratado, “es no tanto el objetivo de la legislación en cuestión […], sino más bien el hecho de que una normativa de un Estado miembro no puede establecer una diferencia de trato que tenga como efecto práctico que al final los no residentes soporten una carga impositiva mayor y que de esta forma pueda disuadirles de utilizar dicha libertad”», y que, «según esta metodología, es preciso examinar previamente si el Estado miembro interesado (en el caso de autos, el Estado de residencia de la sociedad matriz que pretende deducir las pérdidas de su establecimiento permanente situado en otro Estado miembro) está o no facultado para gravar la renta de que se trata».
141.

Así, considero que, a partir de un análisis global del contexto fiscal en el presente asunto, el tratamiento fiscal previsto por la normativa en cuestión —y en particular por el artículo 16 de la ZKPO— está justificado por un riesgo de no imposición derivado, por una parte, de la no sujeción de los rendimientos por intereses en el Estado miembro que debía beneficiarse de ellos (a saber, el Gran Ducado de Luxemburgo) habida cuenta de las características del préstamo controvertido (y más concretamente de la falta de un beneficiario efectivo de los intereses dado que el préstamo se había concedido sin intereses) y, por otra parte, del hecho de que, hasta el momento en que se efectuó la regularización tributaria, y, por lo tanto, en el período en cuestión en el presente litigio, la demandante no había convertido el préstamo controvertido en capital (y, a resultas de ello, no podía ser gravado en Bulgaria como aportación de capital). ( 69 ) Considero, pues, que el artículo 16 de la ZKPO, como disposición contra las prácticas abusivas, permite garantizar la recaudación efectiva del impuesto.
75.

Dicho esto, es necesario que esta excepción no socave la finalidad de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales. En cualquier caso, no ocurre tal cosa cuando la sociedad matriz, al recibir dividendos de su filial extranjera, disfruta del crédito fiscal correspondiente que neutraliza la carga previa por el impuesto sobre sociedades soportada por dichos dividendos. En la medida en que dicho crédito fiscal pueda, con ocasión de una redistribución, imputarse a la retención sobre los rendimientos del capital mobiliario (retención que, por su parte, no hace sino corregir un crédito fiscal para el accionista indebido en el plano jurídico sustantivo), no hay lugar a dudas: también en este caso, el sistema francés permite una distribución de dividendos neutra en términos fiscales entre sociedades comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales.
35.

Es difícil que el Tribunal de Justicia interprete correctamente el Derecho de la Unión si los hechos no se presentan correctamente. Si de hecho no existiera un error en las facturas, entonces, como acertadamente alega Rumanía, no se suscitaría ninguna de las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente. En cualquier caso, queda abierta la cuestión de cuál pudo haber sido el defecto específico de las facturas en virtud del cual se denegó la solicitud de devolución en 2012. Sin embargo, a efectos de responder a las cuestiones planteadas, es relevante saber si las facturas no presentaban errores, si solo faltaba la fecha en las facturas o si, por ejemplo, en ellas no figuraba el IVA por separado.
49.

No comparto esa apreciación, que, a mi juicio, no se atiene a la definición de explotador de la instalación de servicio del artículo 3, punto 12, de la Directiva. En este contexto, «explotar» no significa obtener rendimientos económicos de un bien inmobiliario (por ejemplo, mediante un alquiler o un arrendamiento financiero), sino asumir la gestión efectiva de la propia instalación. La analogía que propugna el organismo regulador no puede, por consiguiente, aceptarse.
18.

El Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo, Austria), competente para conocer de los dos recursos de casación, no considera que sea posible interpretar de manera conforme con el Derecho de la Unión las normas en materia de intereses que se recogen en los artículos 205 y 205a de la BAO, de modo que, mediante resolución de 24 de octubre de 2018, ha planteado al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Se deriva del Derecho de la Unión una norma directamente aplicable que confiera a un sujeto pasivo al que la Agencia Tributaria, en una situación como la de los litigios principales, no devuelve en tiempo oportuno un crédito de IVA el derecho a percibir intereses de demora, de modo que el sujeto pasivo pueda invocarlo ante la Agencia Tributaria o ante los tribunales de lo contencioso-administrativo aunque el Derecho nacional no recoja una norma de ese tipo en materia de intereses? En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial: 2) ¿Se permite que, también en el supuesto de un crédito de IVA en favor del sujeto pasivo derivado de una minoración a posteriori de la contraprestación a los efectos del artículo 90, apartado 1, de la Directiva 2006/112, el cómputo de intereses comience una vez transcurrido el plazo razonable del que dispone la Agencia Tributaria para verificar la exactitud del derecho invocado por el sujeto pasivo? 3) ¿El hecho de que el Derecho nacional de un Estado miembro no contenga ninguna norma en materia de intereses en el caso del abono tardío en cuenta de créditos de IVA tiene como efecto que la consecuencia jurídica que dispone la norma contenida en el artículo 27, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2008/9, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro, deba ser aplicada por los órganos jurisdiccionales nacional al calcular los intereses también en el caso de que los litigios principales no estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/9?»
10.

Para un examen del estado actual de la jurisprudencia en materia de selectividad de las medidas fiscales y, en particular, para una ilustración del método de análisis de la selectividad en tres etapas elaborado por el Tribunal de Justicia, me remito a las consideraciones expuestas y a los criterios enunciados en los puntos 11 a 21 de mis conclusiones presentadas en el día de hoy en los asuntos acumulados C‑51/19, World Duty Free Group/Comisión, y C‑64/19, España/Comisión. Las imputaciones formuladas por Banco Santander se examinarán a la luz de tales consideraciones y criterios. Sobre las consecuencias de la sentencia WDFG a efectos del examen del presente recurso de casación, me remito en cambio a los puntos 23 a 27 de dichas conclusiones.
82.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales segunda, tercera, sexta y séptima planteadas por el Landesgericht Korneuburg (Tribunal Regional de Korneuburg, Austria): «1) Los artículos 5, apartado 1, letra c), 6, 7, apartado 1, y 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, deben interpretarse en el sentido de que el hecho de que un vuelo aterrice en un aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la reserva que esté situado en la misma ciudad o en la misma región, no hace surgir para el pasajero un derecho a compensación por cancelación del vuelo. El derecho a compensación nace únicamente si, como consecuencia de dicho desvío, el pasajero llega al aeropuerto para el que efectuó la reserva o a otro destino cercano convenido con el transportista aéreo con un retraso de tres horas o más. 2) El artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de aterrizaje en un aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la reserva, el transportista aéreo está obligado a ofrecer al pasajero, por propia iniciativa, la cobertura de los gastos de transporte hasta este último aeropuerto o hasta otro destino cercano convenido con el pasajero. 3) El incumplimiento de la obligación de cobertura de los gastos de transporte de los pasajeros desde el aeropuerto de llegada hasta el aeropuerto para el que se efectuó la reserva (o hasta el destino cercano convenido con el pasajero), que incumbe al transportista aéreo en virtud del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, no puede conferir al pasajero el derecho a recibir una compensación a tanto alzado en el sentido del artículo 7, apartado 1, del citado Reglamento. En cambio, genera para el pasajero el derecho a que se le reembolsen los importes que, a la vista de las circunstancias propias de cada caso, resulten necesarios, adecuados y razonables para suplir esa deficiencia del transportista aéreo.»
41.

En el marco de la primera parte de su primer motivo, ST alega, por un lado, que el Tribunal General incurrió en error al concluir, en los apartados 151 y 152 de la sentencia ST, que los requisitos establecidos en la sentencia Bronner, a efectos de la aplicación del artículo 102 TFUE, no se aplican cuando existe una obligación normativa de acceso ex ante. En su opinión, esta conclusión no tiene en cuenta el hecho de que el control ex post con arreglo al artículo 102 TFUE es esencialmente distinto de los controles de regulación realizados ex ante por la autoridad eslovaca de reglamentación en materia de telecomunicaciones. ( 9 )
11.

Según dicho órgano jurisdiccional, dado que el establecimiento permanente y el centro de intereses de Heavyinstall se encuentran en Finlandia, esta sociedad está obligada a cumplir sus obligaciones tributarias en dicho Estado miembro. No obstante, por un lado, pese a disponer de un establecimiento permanente en Finlandia, Heavyinstall no había abonado impuesto alguno en dicho país; por otro, su socio único había facilitado información falsa en relación tanto con la actividad económica de la sociedad como con su propio domicilio. Por tanto, en opinión del citado órgano jurisdiccional, existe un riesgo de que la sociedad observe el mismo comportamiento respecto a las obligaciones tributarias que resulten del procedimiento tributario en curso y, en particular, de que transfiera, transmita o devuelva a terceros su patrimonio o realice actos de otra naturaleza que puedan perjudicar el cobro del crédito de la Administración Tributaria finlandesa.
42.

Si bien la comunicación del material protegido a terceros que desempeñan funciones administrativas o judiciales puede rebasar efectivamente un «cierto umbral de minimis», dado el número de personas potencialmente implicadas, ( 15 ) considero que, por lo general, no constituye una «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, precisamente porque esas personas, pese a no ser un grupo privado ( 16 )per se, están no obstante limitadas por la naturaleza de sus funciones oficiales. En particular, no tienen derecho a tratar el material sujeto a derechos de autor como si no gozase de la protección conferida por tales derechos.
30.

A modo de preámbulo, he de admitir que me inclino más bien por reconocer que ningún pasajero razonablemente diligente conservará la prueba de compra de cada artículo que lleve en su equipaje y que tampoco se le ocurrirá la idea de fotografiar el contenido del equipaje por si tal prueba pudiera servirle en caso de problemas. Sin llegar a ser una prueba diabólica, es indudable que puede resultar difícil aportar la prueba. Además, la indemnización concedida, aun cuando alcance el valor máximo, podrá resultar insuficiente para que el pasajero obtenga una reparación íntegra, si se tiene en cuenta, como he recordado anteriormente, que el Convenio de Montreal establece la responsabilidad limitada de los transportistas aéreos. ( 19 ) Máxime cuando se supone que la indemnización no solo «repara» el perjuicio material sufrido sino también el daño moral. ( 20 ) No obstante, es preciso reconocer que el régimen de responsabilidad de los transportistas aéreos, en los términos definidos por el Convenio de Montreal, es el resultado de un compromiso alcanzado entre los propios redactores del Convenio y destinado a mantener un «equilibrio de intereses equitativo», ( 21 ) compromiso sobre el que no nos compete pronunciarnos. Es menester reconocer asimismo que debe encontrarse un punto intermedio entre obligar al pasajero a aportar la prueba de cada uno de los artículos contenidos en el equipaje perdido y la actitud de SL, que no aporta ante el juez remitente ni siquiera un principio de prueba.
21.

La no inclusión de los ingresos salariales (en este caso, como profesor) es comprensible desde la perspectiva de la legislación del IVA, ya que no hay operaciones imponibles. No obstante, dado que es indiscutible que la actividad de un abogado no asalariado constituye una actividad económica independiente en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva del IVA, se trata de operaciones imponibles que, en principio, se incluyen en el cálculo. A tal efecto, resulta irrelevante si dichas operaciones están sujetas o no a otro impuesto. No sería así si el demandante tuviera ingresos como abogado asalariado (es decir, no independiente) o si las operaciones fueran efectuadas no por él, sino por la sociedad. Dado que la petición de decisión prejudicial no es clara a este respecto, corresponde al tribunal nacional verificar ese extremo.
64.

Es cierto que el apartado 58 de la sentencia recurrida reviste la forma de una aprobación de las conclusiones de la decisión controvertida («In the light of those various factors, it is necessary to uphold the Commission's conclusion that, in essence, the Slovak compulsory health insurance scheme had predominant social, solidarity and regulatory features […]»), ( 27 ) en la que la Comisión había concluido en varias ocasiones que los citados elementos no económicos tenían carácter predominante. Sin embargo, la introducción en el texto de ese apartado de la expresión «in essence» (en esencia) pone de manifiesto, en mi opinión, que el Tribunal General aprobó esa conclusión en la medida en que se refería a la existencia de esos elementos, y no a las consecuencias que dicha existencia tiene para el grado de solidaridad del régimen eslovaco del seguro de enfermedad obligatorio a efectos de considerar como económica la actividad desarrollada en el marco de dicho régimen.
7.

En el considerando trigésimo primero se lee: «Existe una considerable inseguridad jurídica en cuanto a la medida en que los contratos celebrados entre entidades del sector público deben estar regulados por las normas de contratación pública. La correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido objeto de diferentes interpretaciones por parte de los distintos Estados miembros e incluso por los distintos poderes adjudicadores. Por tanto, hace falta precisar en qué casos los contratos celebrados en el sector público no están sujetos a la aplicación de las normas de contratación pública. Esta precisión debe guiarse por los principios establecidos en la correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El hecho de que las dos partes de un acuerdo sean poderes públicos no excluye por sí mismo la aplicación de las normas de contratación. No obstante, la aplicación de las normas de contratación pública no debe interferir con la libertad de los poderes públicos para ejercer las funciones de servicio público que le han sido conferidas utilizando sus propios recursos, lo cual incluye la posibilidad de cooperación con otros poderes públicos. Es preciso asegurar que la cooperación entre entidades públicas exentas no acabe falseando la competencia con respecto a los operadores económicos privados, hasta el punto de situar a un proveedor de servicios privado en una posición de ventaja respecto de sus competidores».
178.

En este sentido, el Tribunal de Justicia no dispone en el presente asunto de la información necesaria de la que se deduzca que existe realmente tal diferencia de trato. El tenor del artículo 124/B no diferencia entre que el fundamento legal de la liquidación tributaria (la ley en la que se basa) sea contrario al Derecho de la Unión o sea inconstitucional. Por tanto, no se comprende cómo precisamente esta ley y la práctica del máximo órgano jurisdiccional húngaro que de ella se deriva dificultan únicamente la devolución de impuestos contrarios al Derecho de la Unión, pero no la de impuestos inconstitucionales. La información acerca de una posible práctica del máximo órgano jurisdiccional húngaro en sentido contrario no se recoge de manera suficientemente clara en la petición de decisión prejudicial. Las manifestaciones al respecto de los intervinientes son contradictorias y no está claro si esta práctica tiene incidencia en el litigio principal ni cómo la tiene. Tampoco las cuestiones formuladas por el Tribunal de Justicia en la vista han permitido aclarar este extremo.
24.

La Entidad Tirolesa del Seguro de Enfermedad niega estar obligada al pago de un complemento. Alega que el padre no cumple los requisitos nacionales para tal derecho, al no haber ejercido durante los seis meses anteriores al nacimiento de su segunda hija, de forma continuada, una actividad profesional o laboral sujeta a la obligación de cotizar a la seguridad social o una actividad equivalente. En su opinión, el Reglamento n.o 883/2004 solo armoniza los casos en que existe derecho a varias prestaciones en distintos Estados miembros. Alega que no existe el elemento transfronterizo que requiere el Reglamento n.o 883/2004.
72.

En estas circunstancias, el requisito de la doble tipificación al que hace referencia el artículo 2, apartado 4, de la Decisión Marco 2002/584 no puede ser interpretado en el sentido de que permite a la autoridad judicial de ejecución comprobar y exigir, para aplicar motivo de no ejecución facultativa enunciado en el artículo 4, punto 6, de dicha Decisión Marco, que los hechos en los que se basa la condena en el Estado miembro de emisión estén castigados con una pena, si no idéntica, cuando menos similar en el Estado miembro de ejecución. El enfoque comparativo que adopte la autoridad judicial de ejecución se encuentra, por tanto, limitado y no puede extenderse a la naturaleza de la pena impuesta en el Estado miembro emisor y en el Estado miembro de ejecución.
60.

Si, excepcionalmente, la Comisión no se decide hasta un momento posterior por la versión definitiva del modelo econométrico empleado, esta demora no puede redundar en perjuicio del derecho de defensa de las empresas afectadas. En tal caso, la Comisión debe oír de nuevo a dichas empresas de forma particular sobre ese aspecto concreto, a no ser que la versión definitiva no difiera sustancialmente de las versiones ya discutidas con las empresas o constituya un desarrollo de estas versiones a la luz de los argumentos formulados por ellas. ( 33 )
El razonamiento de Alemania en este punto no me convence más allá de la duda. En particular, su enfoque se basa en la premisa de que se puede afirmar que el objetivo de beneficiar a los trabajadores en dificultades económicas desaparece cuando el perceptor de la prestación en cuestión adquiere el derecho a una pensión. Esto presupone que la pensión será de una cuantía suficientemente alta para compensar dicha necesidad económica. Aunque el nivel de las pensiones de jubilación estatales varía de un Estado miembro a otro, no se puede asumir que, aun cuando se perciba su cuantía íntegra, dichas pensiones sean en todos los casos suficientes para que el perceptor viva con un cierto nivel de confort. Cuando la cuantía en cuestión se ve reducida debido a un pago anticipado, será aún más probable que el importe percibido no constituya un ingreso satisfactorio. En ese caso, no será cierto que «puede afirmarse que desaparece» la necesidad económica del perceptor. Por consiguiente, concluyo que puede considerarse que desaparece el objetivo de proporcionar unos ingresos satisfactorios a los trabajadores en circunstancias como las del Sr. Bedi —y, por tanto, que la medida es adecuada— únicamente cuando la diferencia entre la cuantía de la pensión a la que tienen derecho y el de la ayuda que se extingue no provoca que los trabajadores vuelvan a encontrarse, o estén en riesgo de volver a encontrarse, en la situación de padecer dificultades económicas que la ayuda pretendía solucionar. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si se da este supuesto o no.
34.

En dicha demanda, el Colegio sostiene que, de conformidad con el artículo 4, letra i), de la Ley n.o 160/1998, para que exista una verdadera exclusividad en la venta de medicamentos veterinarios es preciso que los médicos veterinarios tengan facultades decisorias, y ello no es así cuando únicamente tienen la condición de socio minoritario. Por consiguiente, aduce que las acciones o participaciones de las sociedades que solicitan su inscripción o autorización como farmacias veterinarias y como puntos de farmacia veterinaria deben ser de la titularidad de médicos veterinarios registrados, en exclusiva o al menos en un porcentaje mayoritario. En relación con el artículo 1, letra m), del EMV, el Colegio alega que, en su condición de administrador del Registro, tiene un mejor conocimiento de la situación de los médicos veterinarios rumanos y que esa es la razón por la que se le ha dotado de mecanismos para garantizar el cumplimiento del artículo 4, letra i), de la Ley n.o 160/1998. El Colegio arguye que el requisito de exclusividad no se respeta en la práctica, habida cuenta de que actualmente las autoridades sanitarias veterinarias competentes conceden autorizaciones a sociedades en las que el médico veterinario no solo no es el accionista único, sino que ni siquiera es mayoritario.