Asunto T-18/03

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contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de consolas de videojuegos y de cartuchos de juegos Nintendo — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Limitación de las exportaciones paralelas — Prueba de la existencia de un acuerdo destinado a limitar el comercio paralelo — Multas — Trato diferenciado — Circunstancias atenuantes»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) de 30 de abril de 2009 II ‐ 1027

Sumario de la sentencia

El concepto de acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, se basa en la existencia de una concordancia de voluntades entre al menos dos partes. La forma de manifestación de esta concordancia de voluntades carece de importancia siempre y cuando constituya una fiel expresión de éstas. Tal concordancia de voluntades puede inferirse tanto de las cláusulas de un contrato, por ejemplo un contrato de distribución, como de los comportamientos respectivos de las empresas de que se trate. (véase el apartado 48)

En lo que respecta a la aportación de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, la Comisión debe probar las infracciones que descubra y aportar las pruebas que acrediten de modo jurídicamente suficiente la existencia de los hechos constitutivos de la infracción. A este respecto se exige que la Comisión reúna pruebas precisas y concordantes que acrediten la existencia de la infracción. (véase el apartado 49)

El hecho de que una empresa cuya participación en una concertación ilegal con arreglo al artículo 81 CE, apartado 1, ha quedado acreditada no se haya comportado en el mercado conforme a lo acordado con sus competidores no constituye necesariamente una circunstancia que deba tenerse en cuenta. En efecto, una empresa que, pese a la concertación con sus competidores, practica una política que no se ajusta a lo acordado puede simplemente intentar utilizar la concertación en beneficio propio. (véase el apartado 67)

Procede distinguir, por una parte, la apreciación de las repercusiones concretas de una infracción en el mercado a efectos de valorar su gravedad, fase en la que deben tomarse en consideración los efectos producidos por la infracción en su conjunto y no el comportamiento efectivo de cada empresa, y, por otra parte, la apreciación del comportamiento individual de cada empresa a efectos de determinar las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables, fase en la que procede examinar la gravedad relativa de la participación de cada empresa en la infracción, conforme al principio de individualización de las penas y sanciones. En efecto, cuando la Comisión se basa en las repercusiones de la infracción para evaluar su gravedad, de conformidad con el punto 1, sección A, párrafos primero y segundo, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo [65 CA], los efectos que deben tenerse en cuenta en este contexto son los que resultan del conjunto de la infracción en la que participaron todas las empresas, de modo que a este respecto no es pertinente tomar en consideración el comportamiento individual o las circunstancias específicas de cada empresa. No obstante, cuando una infracción ha sido cometida por varias empresas, procede examinar la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas en la infracción, a fin de determinar si existen circunstancias agravantes o atenuantes en lo que a ellas respecta, con arreglo a los puntos 2 y 3 de las Directrices. Esta conclusión constituye la consecuencia lógica del principio de individualización de las penas y sanciones, en virtud del cual una empresa sólo debe ser sancionada por los hechos que le sean imputables individualmente, principio que es aplicable en cualquier procedimiento administrativo que pueda dar lugar a sanciones en virtud de las normas comunitarias sobre competencia. (véanse los apartados 95 a 98)

El método consistente en repartir en categorías a los miembros de un cártel para aplicarles un trato diferenciado en la fase de determinación de los importes de partida de las multas –método cuyo principio ha sido aceptado por la jurisprudencia, pese a que equivale a ignorar las diferencias de tamaño entre empresas de una misma categoría– lleva aparejada la fijación de un importe de partida idéntico para las empresas que pertenecen a la misma categoría. Esta distribución por categorías debe respetar el principio de igualdad de trato y, por otra parte, el importe de las multas debe al menos guardar una proporción con los factores tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción. Para comprobar si la distribución en categorías de los miembros de un cártel respeta los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, el juez comunitario, en el marco de su control de legalidad sobre el ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión en la materia, debe limitarse, no obstante, a verificar que dicho reparto sea coherente y objetivamente justificado, sin sustituir de entrada la apreciación de la Comisión por la suya propia. A este respecto, la decisión de la Comisión de repartir a las empresas en varias categorías en función de sus cuotas de mercado en la distribución de los productos de que se trata y agrupar en una misma categoría a las que tienen una cuota de mercado inferior a cierto nivel no puede calificarse de arbitraria, ni sobrepasa los límites de la facultad de apreciación de que dispone en esta materia. No cabe censurar el hecho de que los importes de partida correspondientes a cada categoría no sean estrictamente proporcionales a las respectivas cuotas de mercado de las empresas implicadas, ya que es simplemente un resultado del reparto en categorías y de la fijación de importes de partida idénticos para cada categoría que dicho reparto conlleva. En efecto, aunque a ciertas empresas se les aplique un importe de base idéntico a pesar de tener diferentes tamaños, debido a la distribución en grupos, dicha diferencia de trato debe considerarse objetivamente justificada por la preeminencia que se otorga a la naturaleza de la infracción, comparada con el tamaño de las empresas, al determinar la gravedad de la infracción. La facultad de la Comisión de proceder a una clasificación en categorías perdería gran parte de su utilidad si cualquier diferencia entre cuotas de mercado, considerable en términos relativos pero muy poco relevante en puntos porcentuales, impidiera clasificar a diferentes empresas en una misma categoría. (véanse los apartados 104, 105, 107, 108 y 110)

Con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo [65 CA], no cabe considerar circunstancia atenuante el hecho de que una empresa carezca de conocimientos que le permitan ser consciente de que su comportamiento constituye una infracción. Aunque el punto 1, sección A, de las Directrices indica que «en términos generales, también podrá tenerse en cuenta el hecho de que las empresas grandes disponen casi siempre de los conocimientos y mecanismos jurídico-económicos que les permiten apreciar mejor la ilegalidad de su comportamiento y las consecuencias que se derivan de dicha ilegalidad desde el punto de vista del Derecho de la competencia», no cabe deducir de ello, a contrario, que la Comisión esté obligada a tener en cuenta el pequeño tamaño de ciertas empresas. (véanse los apartados 114 y 115)

Cuando no existen diferencias significativa entre los papeles desempeñados por dos empresas en una infracción del Derecho comunitario de la competencia, la Comisión viola el principio de igualdad de trato al concluir que una de las empresas no ha desempeñado un papel exclusivamente pasivo en la infracción y reconocer simultáneamente a la otra esta circunstancia atenuante. Tal diferencia de trato parece aún menos justificada cuando la empresa a la que no se reconoce esta circunstancia atenuante ha entrado en el mercado objeto de la infracción en una fecha muy tardía y, a diferencia de la otra empresa, no ha celebrado un acuerdo formal que restrinja la competencia. (véanse los apartados 119 y 120)

No se deduce en absoluto del artículo 10 del Reglamento no 2842/98 de la Comisión, relativo a las audiencias en determinados procedimientos en aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE], tal como fue desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 2001/462, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia, que los consejeros auditores sean los únicos que pueden entrar en contacto con las empresas imputadas a fin de discutir con ellas la eventual celebración de una audiencia formal y de informarlas al respecto. Esta toma de contacto, que forma parte de las actividades administrativas corrientes, no invade por tanto el ámbito de la misión encomendada al consejero auditor. (véase el apartado 124)