1)

¿Se basan las disposiciones de la Hessisches Beamtengesetz, que establecen para los funcionarios un límite de edad en principio obligatorio, con la consecuencia de la jubilación, en un objetivo de interés general conforme con los criterios establecidos en el Derecho de la Unión? En este sentido se plantean sobre todo las siguientes cuestiones concretas: ¿Qué requisitos concretos son exigibles desde la perspectiva del Derecho de la Unión para que exista un objetivo de interés general? ¿Qué aspectos complementarios debería examinar adicionalmente el órgano jurisdiccional remitente para esclarecer los hechos? ¿El interés por ahorrar recursos presupuestarios y gastos de personal, en este caso evitando nuevas contrataciones y reduciendo así los costes salariales, constituye una finalidad legítima en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE? (1) ¿Puede considerarse una finalidad legítima de interés general que un empleador público disponga de la posibilidad de planificar con cierta seguridad la baja definitiva de funcionarios, aun cuando cada empleador público sometido a la Hessisches Beamtengesetz o a la Beamtenstatusgesetz puede desarrollar y aplicar sus propios criterios de planificación de personal? ¿Puede considerarse un objetivo de interés general el interés por una «favorable estratificación por edades» o una «estructura de edades favorable», a pesar de que al respecto no existen pautas generales ni normas legales sobre la corrección de una estratificación por edades o de una estructura de edades? ¿Puede considerarse que el interés en crear oportunidades de ascenso para los funcionarios ya contratados es una finalidad legítima de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE? ¿Persigue una finalidad legítima de interés general un régimen de límite de edad que busque evitar litigios individuales con empleados de edad más avanzada sobre la subsistencia de su capacidad para el servicio? ¿El requisito de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE exige un concepto de política del mercado laboral en el ámbito del trabajo por cuenta ajena que no se limite a empleadores públicos o privados concretos y, si es así, con qué grado de uniformidad y de obligatoriedad? ¿Pueden realmente perseguir empleadores públicos o privados concretos fines de interés general para grupos de empleados, en este caso específicamente los funcionarios del ámbito de aplicación de la Hessisches Beamtengesetz, con regímenes de límite de edad de aplicación tan restringida? ¿En qué condiciones puede considerarse que sirve al interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE el objetivo permitido para los empleadores públicos concretos, pero no establecido de forma obligatoria, de ocupar mediante nuevas contrataciones puestos que han quedado disponibles por jubilación, en su caso tras ascender a empleados ya contratados? ¿Para cumplir el requisito de interés general, además de afirmaciones genéricas de que el régimen sirve a los fines indicados, debe disponerse también de datos estadísticos u otro tipo de información que demuestre la seriedad de la medida y su eficacia para la realización de esos objetivos?