SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 19 de junio de 1997

Asunto T-73/96

Miguel Forçat leardo

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Adscripción a un nuevo puesto — Interés del servicio — Desviación de poder»

Texto completo en lengua francesa II-485

Objeto:

Recurso que tiene por objeto que se anule la nota del Director General de la Dirección General IX (Personal y Administración), de 11 de agosto de 1995, mediante la cual se adscribió al demandante a un nuevo puesto con efectos a partir del 1 de octubre de 1995, y que se repare el perjuicio moral sufrido.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante, a la sazón Jefe de una Unidad de la Dirección General de Desarrollo (DG VIII), recibió comunicación de una nota, fechada el 3 de febrero de 1995, en la que se hacían constar observaciones en contra suya formuladas por el Jefe de otra Unidad de la DG VIII, que el demandante consideró injuriosas y difamatorias.

De ello resultó un intercambio de correspondencia, concretamente entre el demandante y el Director General de la DG VIII, así como la celebración de reuniones entre estas dos personas. El Director General llegó a la conclusión de que las observaciones formuladas contra el demandante carecían de fundamento y decidió archivar el asunto.

El 11 de agosto de 1995, mediante nota del Sr. De Koster, Director General de la Dirección General de Personal y Administración, se comunicó al demandante que, en el marco de la reorganización de la DG VIII, la Comisión había decidido, el 1 de agosto de 1995, destinar al demandante como Jefe de la Unidad 5 de la Dirección B de la DG VIII (Unidad VIII.B.5), a partir del 1 de octubre de 1995. La reclamación del demandante de 26 de octubre de 1995 no obtuvo respuesta.

El 14 de marzo de 1996, el Abogado del demandante envió al Sr. De Koster un escrito en el que solicitaba, en nombre de su cliente, la asistencia de la Comisión en virtud del artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto).

Sobre la admisibilidad del recurso de anulación

Aunque una decisión como la del caso de autos no afecta a los intereses materiales ni al rango del funcionario, sí puede, habida cuenta de la naturaleza de la función de que se trata y de las circunstancias, dañar los intereses morales y las perspectivas de futuro del demandante. Por ello, no cabe considerar a priori que no pueda ser lesiva para el demandante (apartado 16).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de mayo de 1981, Kindermann/Comisión (60/80, Rec. p. 1329), apartado 8

Sobre la admisibilidad de la pretensión relativa a la indemnización en virtud del párrafo segundo del artículo 24 del Estatuto

La admisibilidad del recurso de indemnización interpuesto por un funcionario con base en la obligación solidaria y subsidiaria que establece el párrafo segundo del artículo 24 del Estatuto está supeditada al agotamiento de los recursos internos, siempre que éstos garanticen de manera eficaz la protección de los particulares interesados y hagan posible la reparación del daño alegado. Por otra parte, el funcionario supuestamente perjudicado debe al menos alegar indicios que puedan suscitar dudas fundadas en cuanto al carácter eficaz de la protección que garantizan los recursos nacionales (apartado 20).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 28 de febrero de 1996, Dimitriadis/Tribunal de Cuentas (T-294/94, RecFP p. II-151), apartado 68

En el caso de autos, el demandante no ha pretendido ni haber iniciado un procedimiento nacional ni haber cuestionado la eficacia de la protección que garantiza el Derecho nacional aplicable (apartado 21).

Sobre la infracción del apartado 1 del artículo 7 del Estatuto

Las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para organizar sus servicios en función de las misiones que les han sido confiadas y para destinar con arreglo a éstas al personal que se encuentra a su disposición, siempre que los destinos se decidan en interés del servicio y respetando la equivalencia de los puestos de trabajo (apartado 26).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Tumer/Comisión(T-80/92, Rec. p. II-1465), apartado 53

Ni el hecho de que las acusaciones vertidas contra el demandante sean anteriores a la decisión de asignar destino, ni la circunstancia de que, en la reunión que el demandante mantuvo con el Director General de la DG VIII el 3 de julio de 1995, se tratara tanto del nuevo destino como de las acusaciones vertidas contra el demandante, bastan para acreditar que éstas sean la causa de aquél y que la decisión constituya una sanción encubierta en contra del demandante (apartados 28 y 29).

Por otra parte, la norma relativa a la correspondencia entre el grado y el puesto de trabajo, que se plasma específicamente en el artículo 7 del Estatuto, supone que, en caso de modificación de las funciones de un funcionario, no ha de efectuarse una comparación entre sus funciones actuales y sus funciones anteriores, sino entre sus funciones actuales y su grado en la jerarquía. Por ello, carece de pertinencia la argumentación del demandante basada en una comparación entre sus funciones actuales y sus funciones anteriores (apartados 30 y 31).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 28 de mayo de 1980, Kuhner/Comisión (asuntos acumulados 33/79 y 75/79, Rec. p. 1677), apartado 20

Nada se opone a que una Institución decida que se provean puestos de Jefe de Unidad con personas de grado A3, A4 o A 5, según la importancia de las funciones encomendadas a la unidad de que se trate (apartado 33).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Kratz/Comisión(T-10/94, Rec. p. II-1455), apartado 53

Por otra parte, no existe disposición alguna que establezca que, una vez fijado el nivel de un puesto de trabajo, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos quede privada de la posibilidad de modificar ulteriormente la clasificación de dicho puesto. Por lo tanto, el hecho de que el puesto al que se destinó al demandante hubiera estado ocupado anteriormente por un funcionario de grado inferior al suyo no basta por sí mismo para acreditar la falta de correspondencia entre el grado y el puesto de trabajo (apartado 34).

En tales circunstancias, el demandante, a quien incumbe la carga de la prueba, no ha demostrado que el puesto que ocupa no corresponda a su grado, a pesar de la reducción del ámbito de intervención de la Unidad VIII.B.5, reducción que, por lo demás, tuvo lugar mucho antes de que se destinara al demandante a dicha Unidad, y, a fortiori, tampoco ha demostrado que el destino a dicho puesto de trabajo pueda considerarse como una sanción encubierta (apartado 35).

Sobre la desviación de poder

Cuando una decisión no ha sido juzgada contraria al interés del servicio, debe excluirse la desviación de poder (apartado 36).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1992, Eppe/Comisión (asuntos acumulados T-59/91 y T-79/91, Rec. p. II-2061), apartado 57

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso en lo relativo a la pretensión de indemnización basada en el párrafo segundo del artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.

Se desestima el recurso en todo lo demás.