Palabras clave

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Palabras clave

1. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Impuesto sobre las aportaciones que grava a las sociedades de capital

[Directiva 69/335/CEE del Consejo, art. 4, ap. 1, letras g) y h), y ap. 3, letra b)]

2. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Impuesto sobre las aportaciones que grava a las sociedades de capital

(Directiva 69/335/CEE del Consejo, art. 3, aps. 1, 8 y 9)

3. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Impuesto sobre las aportaciones que grava a las sociedades de capital

(Directiva 69/335/CEE del Consejo, art. 3, aps. 1 y 2)

4. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Impuesto sobre las aportaciones que grava a las sociedades de capital

(Directiva 69/335/CEE del Consejo, art. 3, ap. 2)

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1. Un Estado que grava con el impuesto sobre las aportaciones el traslado desde otro Estado miembro del domicilio social o de la sede de la dirección efectiva de una sociedad siempre que ésta no esté sujeta al impuesto sobre las aportaciones en este otro Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales. En efecto, el criterio de la «sujeción» no se corresponde con el criterio de la «sociedad de capital» previsto en el artículo 4, apartados 1, letras g) y h), y 3, letra b), de la Directiva. Por el contrario, permite gravar con el impuesto sobre las aportaciones casos para los que la Directiva no prevé tal gravamen.

(véanse los apartados 30 y 64 y el fallo)

2. Un Estado que exime del impuesto sobre las aportaciones a las copropiedades de buques, los consorcios navieros y las compañías navieras de cualquier tipo cuando no se reúnen los requisitos que exigen los artículos 8 y 9 de la Directiva para conceder la exención del impuesto sobre las aportaciones incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales. En efecto, la Directiva no establece ninguna otra posibilidad de eximir a una categoría de sociedades de capital en el sentido del artículo 3, apartado 1.

(véanse los apartados 60 a 61 y 64 y el fallo)

3. No están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, las cooperativas agrícolas cuyas participaciones no pueden ser negociadas en bolsa y cuyos miembros únicamente pueden transmitir sus participaciones previa autorización del consejo rector y a condición de que los estatutos permitan tal transmisión, que sólo podrá producirse en beneficio de los demás miembros de dicha cooperativa.

Habida cuenta de que ejercen una actividad económica que, sin estar dirigida específicamente a obtener ganancias financieras, tiene, no obstante, por objeto aumentar el desarrollo económico y social de sus miembros. Por tanto, dichas cooperativas persiguen un fin lucrativo y deben considerarse sociedades de capital asimiladas en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Directiva.

(véanse los apartados 41 a 42)

4. El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, deja a los Estados miembros la facultad de limitar el alcance de la asimilación a las sociedades de capital, que aquélla prevé, permitiéndoles excluir de la percepción del impuesto sobre las aportaciones a determinadas categorías de sociedades de capital asimiladas. Debe entenderse que esta excepción se refiere a formas societarias y no meramente a sociedades individuales o sociedades que operen en uno u otro sector económico.

Por tanto, un Estado miembro podía eximir del impuesto sobre las aportaciones a las cooperativas agrícolas, así como a las uniones o consorcios de dichas cooperativas, habida cuenta de que las cooperativas agrícolas están sometidas a un régimen jurídico autónomo que contiene normas específicas relativas a su estructura, constitución y organización. Por tanto, no son sólo cooperativas que operan en un sector económico especial.

(véanse los apartados 44 a 47)