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Incumplimiento de Estado — Incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, apartados 1, 2, letra b), y 3, letra c), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108, p. 33), y en virtud del artículo 8, apartados 1 y 4, de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7).
El Tribunal de Justicia puede, de oficio o a propuesta del Abogado General, o a instancia de las partes, ordenar la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes. Sin embargo, no es indispensable reabrir la fase oral de conformidad con la referida disposición cada vez que el Abogado General suscita una cuestión de Derecho que no ha sido objeto de debate entre las partes. En efecto, en virtud del artículo 222 CE, párrafo segundo, el Abogado General tiene la función de presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieran su intervención y si en el ejercicio de dicha función puede, en su caso, analizar una petición de decisión prejudicial colocándola en un contexto más amplio que el estrictamente definido por el órgano jurisdiccional remitente o por las partes en el litigio principal, el Tribunal de Justicia no está vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que éste desarrolla para llegar a las mismas.

(véanse los apartados 33 y 34)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo (Art. 226 CE) (véase el apartado 14)

2. Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros (Art. 249 CE; Directivas del Consejo 75/442/CEE, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, y 91/689/CEE) (véanse los apartados 19, 34, 35 y 37 a 39)

3. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 25)

4. Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las directivas — Incumplimiento — Justificación basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia (Art. 226 CE) (véase el apartado 26)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32) y del artículo 6 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (DO L 377, p. 20) — Obligación de comunicar los planes de gestión de residuos.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, y 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos, al no haber elaborado:

— El plan de gestión de residuos para la provincia de Rímini, conforme al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 75/442, en su versión modificada por la Directiva 91/156.

— Los planes de gestión de residuos para la región del Lacio que comprenda los lugares o instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos o de los residuos peligrosos, con arreglo al artículo 7, apartado 1, cuarto guión de la Directiva 75/442, en su versión modificada por la Directiva 91/156.

— Los planes de gestión de residuos para las regiones de Friul-Venecia Julia y de Apulia, para la provincia autónoma de Bolzano-Alto Adigio, y para la provincia de Rímini con arreglo al artículo 6 de la Directiva 91/689.

2) Condenar en costas a la República Italiana.
23

En el punto 3 del fallo de su sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros (C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457), el Tribunal de Justicia declaró que el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador haya reenvasado el producto y haya puesto de nuevo la marca, a menos que: — se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando el titular haya comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador sea, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realice en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado; — se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje; — se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste; — la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y — el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.
Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que el incumben en virtud del artículo 7, párrafo cuarto, de la Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, Octava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país, al no respetar el plazo de seis meses para la devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 11)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos (DO L 78, p. 32), y del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1) — Inexistencia de las medidas necesarias para cerrar o acondicionar los vertederos ilegales o incontrolados.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, y en virtud del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en estas disposiciones.

2) Condenar en costas a la República Francesa.
Palabras clave

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Palabras clave

Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente

(Arts. 28 CE y 30 CE)

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Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 30 CE un Estado miembro que exige que un residente de este Estado, que desee importar un vehículo legalmente matriculado y utilizado en otro Estado miembro, solicite la expedición de un permiso de transferencia para la puesta en circulación de dicho vehículo antes de su matriculación y antes de pagar los impuestos sobre los vehículos.

Tal régimen de permiso de transferencia, habida cuenta de las formalidades que exige, puede obstaculizar efectivamente el comercio intracomunitario de vehículos automóviles e impedir el acceso al mercado de aquellas mercancías que sean fabricadas y/o comercializadas legalmente en otros Estados miembros, en particular, en la medida en que el poseedor del vehículo automóvil procedente de otro Estado miembro debe realizar gestiones antes de que el referido vehículo pueda utilizarse legalmente; en cuanto que la expedición del permiso de transferencia no está sujeta a ningún plazo a partir de la presentación de la solicitud de obtención del citado permiso y no constituye una obligación para las administraciones afectadas y, por último, en la medida en que el permiso sólo tiene validez durante un breve período.

La consecución del objetivo de seguridad vial encaminado a permitir la identificación precisa de los vehículos no puede justificar un procedimiento de permiso de transferencia, puesto que, en cualquier caso, a la espera de la matriculación definitiva de los vehículos en el Estado miembro de que se trate, pueden identificarse las características técnicas de éstos, sea cual fuere el Estado miembro en el que estén matriculados, en la medida en que todos los Estados miembros disponen de un sistema de matriculación de vehículos.

Por otra parte, si bien el Estado miembro de que se trate puede establecer válidamente unos procedimientos de control que permitan comprobar cuáles son los vehículos que temporalmente pueden quedar exentos de los impuestos sobre los vehículos, la necesidad de garantizar un control fiscal eficaz tampoco puede justificar tal régimen cuando no se ha acreditado que medidas menos restrictivas, como la creación de un régimen de declaración obligatoria de la puesta en circulación dotado de sanciones adecuadas, no pueden garantizar un resultado similar.

(véanse los apartados 29, 32 a 34, 37, 40, 42 a 44, 46 y 47 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Funcionarios — Recursos — Petición con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto — Concepto

(Estatuto de los Funcionarios, art. 90, ap. 1)

2. Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto

(Estatuto de los Funcionarios, art. 90, ap. 2)

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1. La solicitud de prórroga de un contrato de un agente temporal presentada por el jefe de unidad en la que está destinado no constituye una petición formulada por el agente temporal en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto. En efecto, del claro tenor de esta disposición se deduce que las únicas personas que pueden formular tal petición son las personas a las que se aplique dicho Estatuto. Por tanto, una nota dirigida por un servicio de la Comisión a otro no está incluida en el marco definido por esta disposición y no puede asimilarse a una petición de este tipo, so pena de permitir que se eluda el procedimiento establecido por dicha disposición.

Un correo electrónico de este agente temporal dirigido al servicio competente en el que se solicita determinada información sobre su contrato, pero en el que no se pide a este servicio que adopte una decisión a su respecto, tampoco constituye una petición en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto.

(véanse los apartados 37 y 39)

2. Únicamente son lesivos, en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, los actos o las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios, que puedan afectar directa e inmediatamente a los intereses del demandante, modificando de manera caracterizada su situación jurídica.

Manifiestamente no sucede así en el caso de un correo electrónico del servicio competente que informa al jefe de unidad de un agente temporal de la imposibilidad de prorrogar el contrato de éste y no contiene ningún elemento nuevo en relación con las estipulaciones del contrato, única fuente de efectos jurídicos para las personas a las que se aplica el Estatuto. Tal comunicación constituye un acto meramente confirmatorio del contrato y no puede producir el efecto de abrir un nuevo plazo de recurso.

(véanse los apartados 42 y 46)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines — Derecho de alquiler y préstamo de obras protegidas — Directiva 92/100/CEE

(Directiva 92/100/CEE del Consejo, arts. 1 y 5)

2. Recurso por incumplimiento — Incumplimiento de las obligaciones derivadas de una directiva — Motivos de defensa

(Art. 226 CE)

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1. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1 y 5 de la Directiva 92/100, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, el Estado miembro que exime a todas las categorías de establecimientos de préstamo público de la obligación del pago de la remuneración debida a los autores, por ceder sus obras en préstamo público.

En efecto, el artículo 5, apartado 3, de dicha Directiva, en virtud del cual los Estados miembros podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos del pago de la remuneración debida a los autores por ceder sus obras en préstamo público prevista en el apartado 1 del mismo artículo, no puede interpretarse en el sentido de que permite una excepción total a la citada obligación de remuneración, dado que una interpretación semejante tendría como resultado privar de sustancia al apartado 1 del referido artículo y despojar así de todo efecto útil a esta disposición. La Directiva pretende garantizar unos ingresos suficientes a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes y amortizar las inversiones particularmente elevadas y aleatorias necesarias, en particular, para la producción de fonogramas y películas. Pues bien, el hecho de eximir a la totalidad de las categorías de establecimientos que efectúan tales préstamos de la obligación establecida en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva priva a los autores de una remuneración que pueda amortizar sus inversiones, lo cual no deja de tener asimismo repercusiones sobre la actividad de creación de nuevas obras.

(véanse los apartados 23 a 25 y 42 y el fallo)

2. Un Estado miembro no puede invocar debidamente la ilegalidad de una directiva o de una decisión de las que sea destinatario como medio de defensa frente a un recurso por incumplimiento fundado en la inejecución de dicha directiva.

(véase el apartado 30)
Incumplimiento de Estado — No ejecución de las obligaciones que se desprenden del artículo 12, apartado 6, de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228, p. 1), y del artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida (DO L 345, p. 1) — Normativa nacional discriminatoria frente a los aseguradores de otros Estados miembros.
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De este modo el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 1275/94, de 30 de mayo de 1994, relativo a las adaptaciones del régimen previsto en los capítulos dedicados a la «Pesca» del Acta de adhesión de España y de Portugal (DO L 140, p. 1), así como los Reglamentos nos 685/95 y 2027/95, derogados por el Reglamento no 1954/2003. En lo que atañe al Reino de España, el artículo 1 del Reglamento no 1275/94 dispone que, a partir del 1 de enero de 1996, el régimen de acceso a las aguas y recursos establecido en los artículos 156 a 166 del Acta de adhesión se adaptará con arreglo a los artículos siguientes del Reglamento y se integrará en las medidas comunitarias establecidas en los artículos 3 y 4 del mismo Reglamento aplicables a todos los buques comunitarios. El artículo 3 del mismo Reglamento prevé que el Consejo adoptará, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 y 8 del Reglamento (CEE) no 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura (DO L 389, p. 1), las medidas comunitarias por las que se fijen las condiciones de acceso a las zonas y a los recursos sujetos a una reglamentación específica en virtud de los artículos 156 a 166 del Acta de adhesión y que tales medidas deberán respetar el principio de no aumento del esfuerzo pesquero cuyo nivel está establecido en los artículos 158, 160, 164 y 165 del Acta de adhesión. En aplicación del citado artículo 3, el Consejo adoptó el Reglamento no 685/95, el cual estableció, con efectos de 1 de enero de 1996, los criterios y los procedimientos para la instauración de un régimen de gestión del esfuerzo pesquero en las zonas CIEM V b, VI, VII, VIII, IX y X, así como CPACO 34.1.1, 34.1.2 y 34.2.0, régimen posteriormente establecido por el Reglamento no 2027/95, que fijaba, para cada Estado miembro, el nivel máximo de esfuerzo pesquero por pesquería. En lo que atañe al Irish Box, el artículo 3, apartado 5, del Reglamento no 685/95 preveía que los Estados miembros de que se tratara debían calcular el esfuerzo pesquero en dicha zona basándose en los niveles de actividad existentes para sus buques, a excepción de los que enarbolaran el pabellón de España, cuyo número de buques se limitaba a cuarenta en dicha zona.
Palabras clave

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Palabras clave

1. Agricultura — Organización común de mercados — Materias grasas — Aceite de oliva — Normas de comercialización

[Reglamento (CE) nº 1019/2002 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1176/2003, art. 2, párr. 1]

2. Agricultura — Organización común de mercados — Materias grasas — Aceite de oliva — Normas de comercialización

[Reglamento (CE) nº 1019/2002 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1176/2003, art. 2, párr. 1]

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1. El Reglamento nº 1019/2002 sobre las normas de comercialización del aceite de oliva, en su versión modificada por el Reglamento nº 1176/2003 y, en particular, su artículo 2, párrafo primero, que dispone que los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva se presentarán al consumidor final en envases de cinco litros como máximo y deberán llevar tanto un sistema de apertura que pierda su integridad después de su primera utilización como un etiquetado conforme a ciertas normas específicas para estos productos, deben interpretarse en el sentido de que los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva sólo pueden ofrecerse al consumidor final envasados de acuerdo con lo previsto en esta disposición.

(véanse el apartado 33 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 2, párrafo primero, del Reglamento nº 1019/2002, sobre las normas de comercialización del aceite de oliva, en su versión modificada por el Reglamento nº 1176/2003, que dispone que los aceites se presentarán al consumidor final en envases de cinco litros como máximo y deberán llevar tanto un sistema de apertura que pierda su integridad después de su primera utilización como un etiquetado conforme a ciertas normas específicas para estos productos, debe interpretarse en el sentido de que prohíbe una forma de comercialización, como el procedimiento denominado «bag in the box», que no reúne los requisitos impuestos por esta disposición. En efecto, a causa de la necesidad de que el aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva se trasvasen, en el lugar de la compra, desde un recipiente abierto o por abrir hasta otro recipiente que el consumidor compra o lleva consigo, dicha forma de comercialización no permite que se cumpla el requisito del mencionado artículo 2, párrafo primero, relativo a un sistema de apertura adecuado, que implica que, para garantizar la autenticidad del aceite de oliva, el consumidor pueda efectuar por sí mismo la apertura del envase.

(véanse los apartados 40 a 42 y 45 y el punto 2 del fallo)
Asunto C‑193/03

Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH

contra

Bundesrepublik Deutschland

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Sozialgericht Stuttgart)

«Seguridad social – Reembolso de gastos médicos efectuados en otro Estado miembro – Artículo 34 del Reglamento (CEE) nº 574/72 – Entidad gestora del seguro de enfermedad que aplica un procedimiento simplificado de reembolso íntegro en el caso de facturas de reducido importe»

Sumario de la sentencia

Seguridad social de los trabajadores migrantes – Seguro de enfermedad – Reembolso por el Estado miembro competente de los gastos producidos con motivo de la prestación de asistencia sanitaria en otro Estado miembro – Aplicación de las tarifas vigentes en el Estado miembro de estancia – Artículo 34 del Reglamento (CEE) nº 574/72 – Práctica de una entidad gestora del seguro de enfermedad que consiste en reembolsar íntegramente los gastos médicos que no exceden de un determinado importe – Procedencia

[Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, art. 34]

Cuando no se haya dado cumplimiento a las formalidades que confieren derecho, con ocasión de estancias en un Estado miembro distinto del Estado competente, a disfrutar de prestaciones en especie realizadas, por cuenta de la institución competente, por la institución del lugar de estancia, el artículo 34 del Reglamento nº 574/72 ofrece a los beneficiarios de la seguridad social la posibilidad de obtener del Estado competente el reembolso de los gastos ocasionados durante la estancia en cuestión con arreglo a las tarifas aplicadas por la institución del lugar de estancia. Este artículo debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la práctica de una entidad gestora del seguro de enfermedad que se inscribe en el marco de la aplicación de una normativa interna y que consiste en reembolsar íntegramente los gastos médicos en que incurren sus beneficiarios con ocasión de una estancia en otro Estado miembro, cuando tales gastos no exceden de un determinado importe. En efecto, la circunstancia de que el reembolso en cuestión revista un carácter íntegro basta para garantizar que la cobertura de que disfruta el beneficiario de la seguridad social es al menos equivalente, cuando no superior, a la cobertura de la que habría disfrutado si el reembolso se hubiera producido con arreglo a las condiciones previstas en el referido artículo.

(véanse los apartados 24 y 27 y el fallo)