ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
29.

Si bien es cierto que el Sr. Gottwald no solicitó una viñeta gratuita y suponiendo que, como alegó el Gobierno austriaco, pudiera sancionarse a una persona discapacitada por el único motivo de no haber fijado una viñeta en el vehículo antes de utilizar la carretera de peaje, pese a tener derecho a obtener gratuitamente una viñeta, no es menos cierto que dista mucho de haberse acreditado que el órgano jurisdiccional remitente no podría extraer, para el litigio principal, ninguna consecuencia de la respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión planteada.
6.

En el litigio principal, S.A.R.L. FOSELEV SUD OUEST (en lo sucesivo, «Foselev») exige a la Administration des douanes et des droits indirects la devolución de 1.973,74 euros más los intereses devengados y los gastos, al entender que esa cantidad fue abonada indebidamente durante el período de tiempo comprendido entre el 20 de junio de 2005 y el . La demandante alega que el derecho a la exención tributaria se deriva directamente de la Decisión 2005/449 de la Comisión, de manera que los impuestos ya no se adeudaban desde la fecha de adopción de esta Decisión y no a partir de la entrada en vigor del Decreto.
19.

Ciertamente, en su sentencia Genius Holding, ( 10 ) el Tribunal de Justicia rechazó sin más la existencia de un derecho a deducción cuando el impuesto mencionado en la factura no corresponde a la entrega de bienes o a la prestación de servicios. Sin embargo, no siempre está garantizado que las autoridades tributarias tengan conocimiento de esta circunstancia. Además, la deducción del impuesto soportado puede haberse concedido ya antes de que se compruebe que la prestación facturada no era imponible o no lo era en el importe indicado. Por tanto, la persona que extiende la factura ha de responder del pago del impuesto mencionado en tanto la factura no haya sido rectificada ni se haya eliminado el riesgo de pérdida de ingresos fiscales. ( 11 )
37.

En la decisión controvertida la Comisión no desestimó la denuncia de la recurrente por considerar que las prácticas que constituían su objeto no pudieran causar un perjuicio significativo al comercio entre los Estados miembros. La Comisión no se pronunció en realidad sobre la cuestión de si dichas prácticas son contrarias a los artículos 81 CE y 82 CE. Desestimó la denuncia en la medida en que, ejercitando la facultad que le reconoce la jurisprudencia de conceder diferentes grados de prioridad a las denuncias que le son sometidas, ( 19 ) consideró que no existía un interés comunitario suficiente en proceder al examen de dicha cuestión, dado que, en particular, en su opinión dichas prácticas no podían «causar importantes disfunciones en el mercado común». Es evidente que con ello la Comisión no pretende afirmar que el perjuicio que supuestamente podía derivarse para el comercio intracomunitario de dichas prácticas no superaba el nivel mínimo de pertinencia que hacía en su caso aplicables los artículos 81 CE y 82 CE. Sólo pretendió subrayar «la muy limitada importancia de una eventual infracción [en el] funcionamiento del mercado común» es decir, poner de manifiesto que, en cualquier caso, no se trataba de prácticas que pudieran tener repercusiones considerables en el funcionamiento de este último.
22.

Convengo con el citado Gobierno en que el criterio pertinente es la naturaleza sustancial de la modificación de las condiciones del contrato, pero no estoy convencido de que la modificación de que se trata fuera insustancial o no suficientemente sustancial a efectos del artículo 20, apartado 2, letra a). En la tercera fase se introdujo una condición nueva importante: los licitadores tenían que corregir todas las discrepancias, corriendo ellos mismos con los gastos, mientras que en los términos del anuncio de licitación de la segunda fase tales discrepancias podrían haber sido aceptadas. Es evidente que la propia entidad adjudicadora consideró importante esta nueva obligación, pues de otro modo no habría solicitado a los licitadores participantes el envío de declaraciones vinculantes a este respecto. De igual modo, desde el punto de vista de los licitadores, tal modificación de las condiciones del contrato es indudablemente sustancial, pues excluye de antemano a aquéllos que no pueden o no están dispuestos a corregir las discrepancias contenidas en sus ofertas iniciales ni a correr con los gastos correspondientes. Tales modificaciones de las condiciones iniciales del contrato deberían ser consideradas siempre «sustanciales». Además, como ya he señalado, una disposición, como la del artículo 20, apartado 2, letra a), que permita a una entidad contratante adjudicar un contrato sin una convocatoria de licitación previa debe ser interpretada de forma estricta, pues introduce una excepción al principio de transparencia consagrado en el Tratado. Por consiguiente, las entidades adjudicadoras pueden prescindir del anuncio de licitación únicamente si resulta manifiesto que las modificaciones de que se trata no pueden afectar, ni real ni potencialmente, al proceso de adjudicación. En el caso de autos, no puede afirmarse que las modificaciones de las condiciones del contrato sean insustanciales o bien no sean suficientemente sustanciales a efectos del artículo 20, apartado 2, letra a).
6.

Aunque la resolución de remisión es poco prolija en lo que respecta a las normas nacionales pertinentes, no se discute que la legislación belga ( 5 ) se aplica, por cuanto aquí interesa, del siguiente modo. En primer lugar, los dividendos percibidos de filiales en el sentido de la Directiva se incluyen en la base imponible de la sociedad matriz. En segundo lugar, el 95 % de la cuantía de dichos dividendos se deduce de los beneficios imponibles de la sociedad matriz. ( 6 ) Dicha deducción se conoce como la «aftrek van definitief belaste inkomsten» (deducción de la renta imponible definitiva; en lo sucesivo, «ADBI»). En tercer lugar, la ADBI se limita a la cuantía de los beneficios correspondientes al ejercicio fiscal pertinente. Por consiguiente, la ADBI no puede practicarse en un ejercicio en el que no se obtengan beneficios; además, cuando la ADBI supere los beneficios obtenidos, la parte no practicada de la ADBI no puede trasladarse a ejercicios posteriores.
61.

En particular, según la Comisión, no existe ninguna contradicción, ya que en realidad el Derecho nacional regula sólo los «procedimientos» de recuperación de la ayuda, pero no el tipo de interés aplicado, que es un elemento sustancial y no procedimental.
144.

Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales del modo siguiente: «— El artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1251/70, de 29 de junio de 1970, relativo al derecho de los trabajadores a permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, no se aplica a un estudiante en una situación como la controvertida en el presente asunto, ya que dicho estudiante no está comprendido en ninguna de las categorías de trabajadores a que se refiere su artículo 2. — Un estudiante en una situación como la del asunto principal puede, en principio, invocar en el Estado miembro de acogida su derecho, como trabajador comunitario, en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1612/68, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, a disfrutar de las mismas ventajas sociales que un trabajador nacional para obtener una beca como la controvertida. Sin embargo, corresponde en último término al tribunal nacional determinar si en el caso de que se trata se cumplen los distintos requisitos respecto de la conservación de la condición de trabajador una vez finalizada su relación laboral. — El artículo 3 de la Directiva 93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los estudiantes, no se opone a que un nacional de un Estado miembro que ha sido residente legal durante un determinado período en el territorio de otro Estado miembro invoque el principio fundamental de la igualdad de trato consagrado en el párrafo primero del artículo 12 CE para obtener una beca de estudios como la controvertida en el asunto principal en el Estado miembro de acogida, aun cuando su derecho de residencia se base en dicha Directiva. — El artículo 12 CE, interpretado en relación con el principio de proporcionalidad, impide que se deniegue una beca de estudios como la controvertida a un estudiante económicamente inactivo de otro Estado miembro que ha sido residente legal durante tres años en el Estado miembro de acogida basándose simplemente en que dicho estudiante no residió en el Estado miembro de acogida durante cinco años antes del período de estudios de que se trata, si otros elementos, que el estudiante deberá demostrar por los medios adecuados, indican un nivel sustancial de integración en la sociedad del Estado miembro de acogida. — El principio de seguridad jurídica no se opone a que un Estado miembro aplique una norma como las Beleidsregel de 9 de mayo de 2005 respecto de períodos en el pasado cuando dicha aplicación coloca al interesado en una posición jurídica más ventajosa.»
108.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1 bis, de la Ley no 990 y posteriormente de los artículos 35, apartado 1, y 314, apartado 2, del Código, se ordena a las compañías de seguros que están autorizadas para proporcionar el seguro obligatorio de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles por daños a terceros en Italia, incluidas las que operan en ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, que calculen sus primas de un modo específico. Además, el hecho de que una compañía de seguros no observe el método prescrito para el cálculo de primas conforme al artículo 11, apartado 1 bis, de la Ley no 990 y posteriormente a los artículos 35, apartado 1, y 314, apartado 2, del Código puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a la imposición de elevadas sanciones por el ISVAP. Como se ha indicado en el anterior punto 99, la única finalidad del artículo 11, apartado 1 bis, de la Ley no 990 y posteriormente de los artículos 35, apartado 1, y 314, apartado 2, del Código es evitar la elusión de la obligación de cobertura.
51.

Por último, me parece significativo que el litigio principal se refiera a una situación en la que el apellido se determinó y registró en el momento del nacimiento en virtud del Derecho danés aplicable, y se modificó y registró de nuevo al poco tiempo del nacimiento con arreglo a la misma normativa aplicable, antes de que se presentara ninguna solicitud para registrarlo ante las autoridades alemanas. Por lo tanto, no es un asunto relativo a la modificación, en el Estado miembro de residencia habitual, de un apellido determinado con arreglo a la normativa del Estado miembro de la nacionalidad. El hecho de que el apellido registrado en un primer momento fuera compatible con la normativa alemana, y que el apellido modificado no lo sea, no significa que el primero se formara con arreglo a dicha normativa. Ambos se formaron con arreglo a la normativa danesa y los padres de Leonhard Matthias tenían derecho a ejercer cualquiera de las opciones disponibles en virtud de dicha normativa mientras residieran habitualmente en Dinamarca. Lo que pretenden ahora no es el registro de un niño al que aún no se le ha atribuido un apellido, sino la trascripción en los registros alemanes de un apellido que el niño ya tiene en virtud de la normativa de su lugar de nacimiento y de residencia habitual. Y mientras que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el apellido de Leonhard Matthias hubo de registrarse inmediatamente después de su nacimiento en Dinamarca, del tenor del artículo 1617, apartado 3, del BGB, se desprende claramente que no existía una obligación automática de que su apellido se registrara inmediatamente en un registro o un documento de identidad alemanes.
30.

Invocando sobre todo la sentencia McMenamin y las conclusiones del Abogado General Darmon en dicho asunto, ( 10 ) la Comisión alega que en este asunto no sólo es de aplicación el artículo 13 del Reglamento no 1408/71, sino también el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento no 574/72. El artículo 73 del Reglamento no 1408/71 únicamente establece que es de aplicación la legislación del Estado de empleo: no establece si debe pagarse la prestación y, de serlo, por quién. Desde esta perspectiva, el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento no 574/72 debe entenderse en el sentido de que, aunque el Estado de empleo sea competente, el derecho a la prestación conforme a la legislación del Estado de residencia puede seguir existiendo. Dado que, en el caso del litigio principal, la «prestación debida» en el Estado de empleo es cero, la prestación familiar por hijos alemana se hace de facto operativa e íntegramente debida. Asimismo, la Comisión señala que, si el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento no 574/72 no fuera aplicable a una situación como de la que se trata en los autos por no existir acumulación de prestaciones, lo mismo cabría decir de los artículos 13 y 73 del Reglamento no 1408/71.
15.

Sin embargo, a la vista de las respuestas dadas por Irlanda a las preguntas formuladas en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia se planteó de oficio si Thomas Flaherty (asunto T-224/03), Ocean Trawlers Ltd (asunto T-226/03), Larry Murphy (asunto T-236/03) y O’Neill Fishing Co. Ltd (asunto T-239/03) ( 13 ) tenían interés en ejercitar la acción. Llegó a la conclusión de que: «62 De las mencionadas respuestas se desprende que las demandas presentadas por esos cuatro demandantes se basaban en que en esa época éstos tenían intención de construir buques y darles los nombres reproducidos en el Anexo II de la decisión impugnada. No obstante, dichos demandantes no llegaron a construir los mencionados buques, de modo que, en la fecha en que se adoptó la Decisión impugnada, no eran propietarios de los buques en cuestión. Por tanto, esos demandantes no tienen interés en ejercitar la acción. En cualquier caso, no resultan afectados individualmente por la Decisión impugnada, dado que los buques de que se trata son ficticios.»
40.

Tanto Alemania como los Países Bajos se apoyan firmemente en las conclusiones presentadas por el Abogado General Geelhoed el 23 de febrero de 2006, en el asunto Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C-374/04). ( 16 ) En los puntos 37 a 39 de dichas conclusiones (que no fueron seguidas específicamente por el Tribunal de Justicia, pese a llegar a la misma conclusión), el Abogado General Geelhoed clasificó un cierto número de circunstancias que producen un efecto restrictivo como «cuasi restricciones». Afirmó que tales cuasi restricciones se producen simplemente como una consecuencia inevitable del hecho de que coexistan dos regímenes jurídicos distintos. Los dos ejemplos que señaló fueron cuando las restricciones surgían como consecuencia de las disparidades entre los regímenes fiscales nacionales y cuando las restricciones se producían como consecuencia de la necesidad de repartir la competencia tributaria entre dos Estados miembros. Sugirió que las cuasi restricciones no debían dar lugar a la intervención de los órganos jurisdiccionales.
Conclusiones del Abogado General Stix-Hackl presentadas el 10de enero de2002. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 96/61/CE. - Asunto C-39/01.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-02513



Conclusiones del abogado general

1 Mediante un recuso por incumplimiento interpuesto ante el Tribunal de Justicia el 29 de enero de 2001, con arreglo al artículo 226 CE, la Comisión solicita que se declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben, con arreglo a la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber informado de ello a la Comisión. La Comisión solicita, por lo demás, que se condene en costas al Reino Unido.

2 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso con arreglo al artículo 226 CE, la existencia de un incumplimiento debe ser apreciada en función de la situación en que se encontraba el Estado miembro al final del plazo señalado en el dictamen motivado. (2)

3 Como se desprende de los autos, al término del plazo de dos meses establecido en el dictamen motivado adoptado por la Comisión el 3 de agosto de 2000, el Reino Unido no había adoptado todas las medidas necesarias para ejecutar la Directiva 96/61 y, en particular, las relativas a las instalaciones «offshore».

4 El Gobierno del Reino Unido no discute que no ha adoptado en el plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar un adecuado cumplimiento a la Directiva 96/61.

5 La obligación derivada del Derecho comunitario de adaptar el ordenamiento nacional a la Directiva resulta, por una parte, directamente de la Directiva y, por otra parte, del artículo 249 CE, párrafo tercero, y del artículo 10 CE.

6 Puesto que el Reino Unido ha incumplido la obligación que le incumbe en virtud del Derecho comunitario, procede declarar fundado el recurso de la Comisión y, con arreglo al recurso por incumplimiento, condenar en costas al Estado miembro.

Conclusión

Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que:

«1) Declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, al no haber adoptado dentro del plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condene en costas al Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.»

(1) - DO L 257, p. 26.

(2) - Véase, por ejemplo, la sentencia de 11 de noviembre de 1999, Comisión/Italia (C-315/98, Rec. p. I-8001), apartado 11.
Conclusiones del Abogado General Léger presentadas el 20 de septiembre de 2001. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a las Directivas 97/41/CE, 98/51/CE y 98/67/CE. - Asunto C-166/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2001 página I-09835



Conclusiones del abogado general

1. Mediante el presente recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 97/41/CE, 98/51/CE, y 98/67/CE al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las citadas Directivas.

2. A tenor de una jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Justicia considera que, en el marco de un recurso interpuesto al amparo del artículo 226 CE, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado.

3. Pues bien, en el presente caso, de los autos se desprende que, al expirar el plazo de dos meses señalado en el dictamen motivado emitido por la Comisión, es decir, el 5 de octubre de 1999, la República Helénica no había adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las Directivas 97/41, 98/51 y 98/67. El Gobierno griego no muestra su disconformidad con estos datos de hecho, aunque solicita que se desestime el recurso.

Conclusión

4. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que estime el recurso interpuesto por la Comisión y que decida:

1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud:

del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 97/41/CE del Consejo, de 25 de junio de 1997, por la que se modifican las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE relativas a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas, sobre y en los cereales, sobre y en los productos alimenticios de origen animal, y en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas, respectivamente;

del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 98/51/CE de la Comisión, de 9 de julio de 1998, relativa a determinadas disposiciones de aplicación de la Directiva 95/69/CE del Consejo por la que se establecen los requisitos y las normas aplicables a la autorización y el registro de determinados establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal, y

del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 98/67/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de 1998, por la que se modifican las Directivas 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE y la Directiva 96/25/CE del Consejo y se deroga la Directiva 92/87/CEE,

al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las citadas directivas.

2) Condenar en costas a la República Helénica.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 14 de octubre de 1999. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo. - Incumplimiento de Estado - Directiva 94/56/CE - Transporte aéreo - Aviación civil - Investigación de los accidentes e incidentes - Adaptación del Derecho interno. - Asunto C-138/99.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-09021



Conclusiones del abogado general

1 En el presente asunto la Comisión solicita que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 94/56/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil, (1) al no adoptar todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva.

2 El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 94/56 establece que los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva, a más tardar, el 21 de noviembre de 1996.

3 En su escrito de contestación, presentado al Tribunal de Justicia el 19 de mayo de 1999, el Gran Ducado de Luxemburgo no niega no haber adoptado las medidas necesarias. Explica este retraso alegando razones puramente procedimentales e invoca dificultades procedimentales sobrevenidas.

4 En estas circunstancias, el recurso de la Comisión es fundado.

Conclusión

5 Por todo ello propongo al Tribunal de Justicia que:

1) Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 94/56/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil, al no adoptar todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva.

2) Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

(1) - DO L 319, p. 14.