SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 25 de abril de 1996

Asunto T-274/94

Antonio Castellacci

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Asignación familiar — Requisito de residencia — Asignación por persona asimilada a hijos a cargo — Repetición de lo indebido»

Texto completo en lengua francesa II - 579

Objeto:

Recurso que tiene por objeto: — — La anulación de la decisión, adoptada por la demandada el 24 de noviembre de 1993, por la que, en primer lugar, se suprime la asignación familiar y la asignación por persona asimilada a hijos a cargo y, en segundo lugar, se exige la recuperación de las cantidades supuestamente percibidas en exceso en concepto de dichas asignaciones, y — — la anulación de la decisión, adoptada por la demandada el 26 de enero de 1994, por la que se fijan las modalidades de reembolso de las cantidades que deben recuperarse con arreglo a la citada decisión de 24 de noviembre de 1993.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante, funcionario de la Comisión de grado A 6 destinado en Bruselas, fue enviado en comisión de servicio a Roma y regresó a Braselas el 1 de febrero de 1991. La demandada le concedió, a petición propia, el beneficio de una asignación familiar y una asignación por persona asimilada a hijos a cargo, con arreglo a la letra c) del apartado 2 del artículo 1 y al apartado 4 del artículo 2, respectivamente, del Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), para el período comprendido entre el 1 de julio de 1990 y el 30 de junio de 1991. Mediante varias decisiones posteriores se prorrogó el beneficio de ambas asignaciones hasta el 30 de junio de 1993.

Después de haber suspendido, con efectos retroactivos a 1 de julio de 1993, la asignación por persona asimilada a hijos a cargo, alegando que el demandado ya no cumplía los requisitos para la concesión de dicha asignación, la demandada comunicó, mediante decisión de 24 de noviembre de 1993, al demandante que la asignación sería objeto de recuperación, conforme al artículo 85 del Estatuto, que la asignación familiar sería suprimida con efectos inmediatos y que los importes indebidamente percibidos por dicho concepto serían igualmente objeto de recuperación con arreglo al artículo 85 del Estatuto. En lo referente a la asignación por persona asimilada a hijos a cargo, la decisión señalaba que, según el dictamen del servicio médico de la Comisión, la Sra. Marino, madre del demandante, no necesitaba una enfermera y que, por lo tanto, no se reconocieron los correspondientes gastos y que, de todos modos, el interesado no presentó los justificantes del pago de una enfermera aunque la demandada le instó en varias ocasiones a presentar documentos fehacientes de que se había efectuado dicho pago. En cuanto a la asignación familiar, la decisión de 24 de noviembre de 1993 llegó a la conclusión de que la madre del demandante no vivía permanentemente bajo el mismo techo que el demandante, en Bruselas, y que, por lo tanto, no se cumplían los requisitos para la concesión de dicha asignación.

Después de haber recibido una nota de la demandada de 20 de enero de 1994 en la que se precisaban las modalidades para la recuperación de las cantidades controvertidas, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 1991 y el 31 de diciembre de 1993, seguida de una nota de 26 de enero de 1994, por la que se anula y sustituye la anterior y se modifican los plazos para el reembolso de las cantidades percibidas en exceso, el demandante presentó, el 22 de febrero de 1994, una reclamación contra las decisiones de 24 de noviembre de 1993 y de 20 de enero de 1994. Esta fue desestimada mediante decisión de 4 de mayo de 1994.

Sobre la admisibilidad

Al ser los requisitos de admisibilidad de orden público, el Juez puede examinarlos de oficio. Con arreglo al principio de la concordancia necesaria entre la reclamación y el recurso, las pretensiones de la reclamación administrativa previa y del recurso deben tener el mismo objeto. En el caso de autos, la reclamación de 22 de febrero de 1994 tiene por objeto explícitamente la decisión de 20 de enero de 1994, mientras que el recurso se refiere a la anulación de la decisión de 26 de enero de 1994. No obstante, aunque el acto contra el que se presentó formalmente la reclamación ya no producía efectos jurídicos, de la decisión desestimatoria de la demandada se deduce que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) había comprendido perfectamente que la reclamación tenía por objeto impugnar la decisión que fijó las modalidades de recuperación de las cantidades percibidas indebidamente. Por lo tanto, procede declarar la admisibilidad de las pretensiones dirigidas a la anulación de la decisión de 26 de enero de 1994 (apartado 16).

Referencia: Tribunal de Justicia, 20 de mayo de 1987, Geist/Comisión (242/85, Rec. p. 2181). apartado 9; Tribunal de Justicia, 26 de enero de 1989, Koutchoumoff/Comisión (224/87, Rec. p. 99), apartado 10; Tribunal de Primera Instancia, 29 de marzo de 1990. Alexanürakis/Comisión (T-57/89, Rec. p. II-143). apartado 8; Tribunal de Primera Instancia, 20 de marzo de 1991. Pérez-Mínguez Casariego/Comisión (T-1/90. Rec. p. II-143). apartados 45 a 49; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1995, Kscbwendt/Comisión (T-545/93. RecFP p. II-565), apartado 26; Tribunal de Primera Instancia, 11 de octubre de 1995, Baltsavias/Comisión (asuntos acumulados T-39/93 y T-553/93. RecFP p. II-695), apartado 73

Sobre el fondo

Sobre la asignación familiar

Sobre el motivo único basado en la infracción de la letra c) del apartado 2 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto

La letra c) del apartado 2 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto debe interpretarse en el sentido de que exige a los miembros de la familia afectados vivir bajo el mismo techo. Es necesario que la persona de que se trate viva de modo permanente con el funcionario y que, por tanto, se haya instalado en su hogar con el objetivo de crear allí de manera estable el punto de conexión de sus relaciones profesionales, económicas y sociales. De ello se deduce que las «disposiciones generales de aplicación de la letra c) del apartado 2 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto (asignación familiar)» (disposiciones de aplicación) se atienen a la letra c) del apartado 2 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto (apartado 22).

Referencia: Tribunal de Justicia, 23 de marzo de 1988, Mouriki/Comisión (248/87, Rec. p. 1721), apartado 13

En lo referente al período comprendido entre el mes de febrero de 1991 y el mes de mayo de 1992, el demandante reconoce que, durante dicho período, su madre efectuó frecuentes viajes a Italia. Además, el demandante presentó una declaración escrita de 2 de mayo de 1992, según la cual la Sra. R., con domicilio en Italia, afirmaba cuidar diariamente a su madre. Finalmente, el demandante no ha discutido que las asignaciones de que se trata fueron ingresadas en la cuenta de su madre en Italia hasta el 30 de junio de 1992. Por otra parte, el hecho de que la madre del demandante posea un carnet de identidad especial no constituye, en el presente caso, una prueba suficiente de su residencia permanente en un lugar determinado, siendo así que dicho documento de identidad fue expedido en marzo de 1992, es decir, en una época en la que, como admite el demandante, su madre se ausentaba con frecuencia del hogar de este último. Ninguna de las partes ha alegado las diversas facturas de honorarios médicos para probar la residencia de la madre del demandante durante el período de que se trata. A este respecto, tres facturas relativas a simples consultas no constituyen la prueba de una residencia permanente. Por lo tanto, el demandante no ha probado que su madre viviese de modo permanente bajo su techo. Por ello, la demandada suprimió acertadamente la asignación familiar correspondiente a dicho período (apartados 23 a 27).

En primer lugar, por lo que respecta al período comprendido entre el mes de junio de 1992 y la adopción de la decisión de 24 de noviembre de 1993, el demandante no proporcionó a la demandada las pruebas complementarias que le había solicitado en varias ocasiones. Seguidamente, no se puede censurar a la demandada el haber considerado que los únicos documentos presentados por el demandante no eran suficientes para probar que su madre residía con él permanentemente. Por una parte, los dos recibos expedidos por unos médicos de Bruselas sólo prueban que la madre del demandante fue atendida en Bruselas, pero no que viviese bajo su techo con carácter permanente. Por otra parte, los documentos que contienen las declaraciones de la Sra. D. no ofrecen garantías de credibilidad suficientes, puesto que no puede excluirse que fueran realizados por cortesía, siendo así que, en las fechas de que se trata, la Sra. D., que trabajaba igualmente como empleada doméstica para el demandante, se hallaba en una situación de subordinación respecto del mismo. Además, el valor probatorio de la declaración en la que la Sra. D. afirma prestar cuidados médicos desde el mes de mayo de 1992 es dudosa puesto que la Sr. R. firmó una declaración similar por cuidados prestados en Italia, sin precisar el período al que se refería (apartado 28).

La legalidad de la decisión de la demandada no puede quedar afectada, a la vista, en particular, del hecho de que el apartado 4 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto obliga al funcionario que solicita el beneficio de la asignación de que se trata a presentar documentos fehacientes, por documentos presentados con posterioridad a la adopción de la decisión impugnada. En efecto, el demandante no afirma que se le privara de la posibilidad de presentar otros elementos de prueba con anterioridad a la decisión de la demandada. De ello se deduce que debe apreciarse la legalidad de la decisión basándose únicamente en los elementos que obraban en su poder en la época en que la adoptó y que no procede examinar el valor probatorio de los diversos certificados presentados por el demandante por vez primera en la fase de recurso (apartado 29).

De todo lo que antecede se deduce que la demandada consideró acertadamente que la madre del demandante no vivió bajo el techo de este último durante el período comprendido entre el mes de junio de 1992 y el día de la adopción de la decisión impugnada y que, por consiguiente, no se cumplían los requisitos para la concesión de la asignación familiar (apartados 30 y 31).

Sobre la asignación por persona asimilada a hijos a cargo

Sobre el motivo único basado en la infracción del apartado 4 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto

En lo relativo a determinar si el demandante asumió obligaciones legales en materia de alimentos constitutivas de pesadas cargas, los dos certificados médicos que invoca para demostrar que el estado de salud de su madre requería una asistencia diaria sólo prueban una necesidad de asistencia y de cuidados de naturaleza familiar, por una parte, y de cuidados regulares, por otra. Por lo tanto, estos dos certificados médicos no permiten llegar a la conclusión de que el estado de salud de la madre del demandante exigiese la presencia cotidiana de una enfermera. Al no ser suficientes dichos elementos de prueba, la demandada solicitó acertadamente que se aportasen pruebas adicionales (apartado 40).

Además, la afirmación del demandante relativa a los gastos ocasionados por una asistencia diaria se apoya únicamente en unas declaraciones de la Sra. R. y de la Sra. D. y en una declaración de un banco en la que se certifica que el demandante efectuaba mensualmente reintegros en efectivo por un importe minimo de 40.000 BFR. Ahora bien, por una parte, las declaraciones de la Sra. R. y de la Sra. D. no ofrecen garantías suficientes de credibilidad. Por otra parte, el certificado bancario no precisa el destino del dinero retirado y el demandante, a pesar de avisos reiterados, no presentó pruebas suficientemente convincentes de la realidad de los pagos supuestamente efectuados en favor de las Sras. R. y D. En estas circunstancias, la demandada consideró con fundamento que los documentos presentados por el demandante no constituían una prueba suficiente del presunto hecho de que había soportado pesadas cargas en relación con su madre (apartados 41 y 42).

Sobre la repetición de lo indebido

Sobre el motivo único basado en la infracción del artículo 85 del Estatuto

El artículo 85 del Estatuto prevé dos situaciones en las que una cantidad percibida en exceso da lugar a su devolución: aquella en que el beneficiario tuvo conocimiento de la irregularidad del pago y aquella en que dicha irregularidad era tan evidente que no pudo dejar de advertirla. Por una parte, aduciendo su buena fe, el demandante niega implícitamente haber tenido conocimiento de la irregularidad de los pagos objeto de litigio. Por otra parte, la demandada no ha probado que el beneficiario tuviese un conocimiento efectivo del carácter irregular del pago. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia debe examinar si la irregularidad de los pagos a los que se acogió el demandante era tan evidente que no pudo dejar de advertirla (apartados 48 y 49).

Se cumple el requisito de una irregularidad evidente cuando se trata de una irregularidad que no puede dejar de ser advertida por un funcionario que actúa con una diligencia normal. Entre los elementos que el Juez comunitario toma en consideración para evaluar la capacidad de un funcionario para darse cuenta de una irregularidad, figuran el nivel de responsabilidad del funcionario, su grado y su antigüedad, el grado de claridad de las disposiciones estatutarias que definen los requisitos para la concesión de la indemnización así como la importancia de los cambios sobrevenidos en la situación que dio lugar al beneficio de una asignación (apartados 50 y 51).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 1994, Stahlschmidt/Parlamento (T-38/93, RecFP p. II-227), apartado 19; Kscbwendt/Comisión, antes citada, apartado 104; Tribunal de Primera Instancia, 1 de febrero de 1996. Chabert/Comisión (T-122/95, RecFP p. II-63), apartado 32

En su condición de funcionario de grado A 6, el demandante ocupa un puesto de responsabilidad. Las disposiciones estatutarias de que se trata son suficientemente claras para permitir que un funcionario comprenda su alcance. En estas circunstancias, el demandante no ha obrado con una diligencia normal (apartado 52).

En lo referente a la asignación familiar, la letra c) del apartado 2 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto dispone que sólo los funcionarios que asumen efectivamente cargas familiares tienen derecho a beneficiarse de la asignación familiar. Los artículos 2 y 5 de las disposiciones de aplicación de dicha disposición señalan de modo claro e inequívoco que sólo se cumple dicho requisito si la persona afectada reside efectivamente y de modo permanente con el funcionario y que el requisito de residencia común y permanente deja de cumplirse si el funcionario y el miembro de su familia no residen conjuntamente por un período continuado de un mes durante el período de concesión de la asignación. Un funcionario de grado A 6 que percibe una asignación familiar no puede ignorar razonablemente que solo tiene derecho a dicha asignación si presenta pruebas de que reside efectivamente y de modo permanente con el miembro de su familia. De ello se deduce que el demandante, que admitió que su madre no vivió de modo permanente con él durante el período comprendido entre el mes de febrero de 1991 y el mes de mayo de 1992, debería haber sabido que las disposiciones controvertidas no pueden interpretarse de tal modo que el concepto de residencia permanente incluya períodos de ausencia de tal extensión (apartados 53 y 54).

Por lo que respecta al período posterior, que discurre hasta el día de la adopción de la decisión impugnada, la demandada solicitó a la demandante, bajo apercibimiento de repetición de lo indebido, que le proporcionase los justificantes. El demandante no puede alegar su buena fe, desde el momento en que no respondió a los requerimientos de la demandada. Habida cuenta de la claridad de las disposiciones de que se trata, la irregularidad de los pagos es tan evidente que el demandante no pudo dejar de advertirla (apartado 55).

En cuanto a la asignación por persona asimilada a hijos a cargo, un funcionario medio del grado A 6 diligente no puede ignorar el carácter excepcional de dicha asignación, así como el hecho de que el apartado 4 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto exige la presentación de documentos fehacientes. A la vista de ambos elementos, el demandante debería haberse dado cuenta de que un documento que certificaba simplemente que su madre necesitaba cuidados regulares no bastaba para probar la necesidad de recurrir a los servicios de una enfermera o de una persona de compañía, ni que los gastos efectuados para garantizar los servicios de dichas personas constituían pesadas cargas impuestas por obligaciones legales en materia de alimentos. Por lo tanto, al no haber presentado documentos fehacientes, el demandante debería haber sabido que los pagos efectuados en concepto de asignación por persona asimilada a hijos a cargo estaban viciados de irregularidad (apartado 56).

De ello se deduce que la demandada exigió acertadamente, conforme al artículo 85 del Estatuto, la devolución de las asignaciones indebidamente percibidas (apartados 57 y 58).

Fallo:

Se desestima el recurso.