SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 21 de marzo de 1996

Asunto T-10/95

Aldi Chehab

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Invalidez permanente parcial — Reconocimiento de una agravación»

Texto completo en lengua francesa II-419

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por un lado, la anulación de una decisión por la que la Comisión sólo reconoció al demandante una agravación del 3 % de su invalidez permanente parcial y, por otro, la condena a la Comisión al resarcimiento del perjuicio moral supuestamente causado al demandante durante el procedimiento.

Resultado:

Anulación y desestimación del recurso en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

El demandante fue víctima de varios accidentes de los cuales, el primero, que se remonta a 1967, tuvo como consecuencia el reconocimiento de una invalidez de un grado del 28 %. A raíz de un segundo accidente, en 1978, se le reconoció un grado de invalidez permanente parcial (en lo sucesivo, «IPP») del 10 %, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») y a la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Reglamentación de accidentes»). Tras un nuevo accidente ocurrido en 1983, el asesor médico designado de conformidad con el articulo 19 de la Reglamentación de accidentes apreció un grado de IPP del 4 %. Mas tarde, con arreglo al artículo 21 de la Reglamentación de accidentes, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») notificó al demandante un proyecto de decisión en el cual indicaba que se proponía reconocerle un grado de IPP del 4 % y le señalaba que tenía la posibilidad de solicitar el dictamen de la Comisión médica prevista en el artículo 23 de la Reglamentación de accidentes.

Solicitada por el demandante la intervención de la Comisión médica, ésta llegó a la conclusión de que, dado que el demandante había sido víctima de un accidente en 1978, la agravación de la situación anterior daba lugar a una IPP del 4 %. Más tarde se reconoció al demandante un grado de IPP adicional del 1 % a causa del accidente de 1983. A continuación el demandante presentó una solicitud de reapertura de su expediente que dio lugar a la constitución de una nueva Comisión médica. Al comprobar esta última la existencia de una situación anterior que había sido tomada en consideración, valoró en un 8 % el grado de IPP. En su informe médico se remitía a lo realizado por el Dr. M., al cual se confió la tarea de examinar al demandante desde el punto de vista neurològico, y que dictaminó que la invalidez permanente podía valorarse, en este momento, en un 10 %. Tras plantear de oficio la cuestión de la diferencia entre los grados de IPP considerados por la Comisión médica y por el Dr. M., el 22 de marzo de 1994, la AFPN reconoció al demandante un grado de IPP del 8 % correspondiente a un «grado de invalidez permanente del 3 %, que representa la agravación del estado de salud del demandante con respecto al dictamen de la última Comisión médica». A la vista del escrito del demandante en que impugnaba el dictamen de la Comisión médica, la AFPN pidió al Dr. R., tercer miembro de la Comisión médica, que diera una definición exacta de la «situación anterior» del demandante. Informado por la AFPN de la respuesta del Dr. R., el demandante mantuvo su reclamación, la cual fue posteriormente denegada por la Comisión porque el demandante no había aportado ningún elemento que desvirtuara la apreciación médica según la cual la situación anterior que la Comisión médica había tenido en cuenta se derivaba de las secuelas de dos accidentes anteriores. En atención a estas circunstancias, la Comisión consideró que tenía la obligación de adoptar una decisión sobre la base del dictamen de la Comisión médica.

Sobre las pretensiones de anulación de la decisión impugnada

En cuanto a la admisibilidad

En los recursos de funcionarios las pretensiones formuladas ante el Juez comunitario han de tener el mismo objeto que las deducidas en la reclamación, y tan sólo pueden contener motivos de impugnación basados en la misma causa que los aducidos en la reclamación, teniendo en cuenta, no obstante, que dichos motivos de impugnación pueden desarrollarse ante el Juez comunitario mediante la formulación de nuevos motivos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación pero que estén estrechamente relacionados con ella. En el caso de autos resulta patente que las pretensiones de anulación tienen el mismo objeto que las expuestas en la reclamación, habida cuenta de que ambas van dirigidas contra la decisión de la Comisión de 22 de marzo de 1994 (apartado 26).

Referencia: Tribunal de Justicia, 20 de mayo de 1987, Geist/Comisión (242/85, Rec. p. 2181), apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 30 de marzo de 1993, Vardakas/Comisión (T-4/92, Rec. p. II-357), apartado 16

Sobre la concordancia entre los motivos de impugnación el Tribunal de Primera Instancia señala que, en su reclamación el demandante reprocha a la Comisión el hecho de no haber tomado en consideración el grado de IPP del 10 % propuesto põiel Dr. M. Por lo demás, la reclamación no hace mención expresa del problema específico de la divergencia entre el grado de IPP del 8 % determinado por la Comisión médica y el del 3 % reconocido por la AFPN. Ahora bien, aunque el escrito de recurso se refiera al problema de la divergencia entre los grados de IPP, ya no alega que la AFPN debería haber considerado el 10 % propuesto por el Dr. M. De ello se deduce que, sobre estos dos extremos, no existe la necesaria concordancia. No obstante, procede señalar que, en la medida en que en su reclamación el demandante solicitó el reconocimiento de un grado del 10 % en lugar del 8 % asignado, es evidente que, al mismo tiempo, y con mayor motivo, se oponía a la concesión del grado del 3 % impugnado en la demanda. Por consiguiente, el motivo de impugnación contra la limitación al 3 % debe considerarse intrínsecamente contenido en el que se dirige contra la limitación al 8 % de manera que, el motivo de impugnación formulado en la reclamación y el alegado en la demanda coinciden parcialmente (apartados 27 y 28).

Por lo que se refiere a la cuestión de si el demandante ha formulado una argumentación común al procedimiento administrativo previo y al procedimiento judicial, es patente que el demandante solicitó en su reclamación el reconocimiento de un grado del 10 % debido, en particular, a que no existía ninguna «situación anterior» respecto a él; otro aspecto relativo a la existencia de una posible situación anterior fue planteado a la Comisión en la misma reclamación, en la medida en que el demandante creyó necesario preguntar al Dr. M. si el 10 % de IPP propuesto por él era aplicable a partir de 1990 o a partir de la fecha del accidente, lo cual equivalía a plantear la cuestión de si el período comprendido entre esta fecha y 1990, con los grados de IPP ya reconocidos a causa de dicho accidente (4 % + 1 %), debía, en su caso, considerarse como una situación anterior. Asimismo a causa de la existencia de una situación anterior el demandante considera en su escrito de recurso que tiene derecho a la concesión de un grado de IPP del 8 % como mínimo. Tras enterarse del mandato de la Comisión médica, el cual se presentó, por primera vez, como Anexo al escrito de duplica, el demandante alegó además -de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento- un motivo basado en el carácter irregular de las comprobaciones de la Comisión médica relativas a la situación anterior. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia declara que se ha formulado un argumento común a ambos procedimientos mediante la negación de la «situación anterior» patológica. En atención a estas circunstancias —y teniendo en cuenta que la reclamación, presentada por el demandante sin el asesoramiento de un abogado, debe interpretarse no de forma restrictiva, sino con un espíritu abierto-, el Tribunal de Primera Instancia considera que, en el caso de autos, se cumple el requisito de la concordancia entre la reclamación y la demanda. En consecuencia, procede declarar la admisibilidad del recurso de anulación (apartados 29 a 31).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de marzo de 1989, Del Amo Martínez/Parlamento (133/88, Rec. p. 689), apartado 11

En cuanto al fondo

Sobre el alcance del motivo único formulado por el demandante

La Comisión está obligada a respetar las comprobaciones de orden médico de la Comisión médica, sin poder sustituirlas por sus propias apreciaciones, y a limitarse a apreciar las consecuencias jurídicas que deben deducirse de ellas. Las apreciaciones médicas propiamente dichas, formuladas por la Comisión médica, deben considerarse definitivas cuando han sido emitidas en circunstancias regulares. Sólo puede ejercerse el control jurisdiccional sobre la regularidad de la constitución y del funcionamiento de dicha Comisión, así como la regularidad de los dictámenes que emite (apartado 41).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 23 de noviembre de 1995, Benecos/Comisión (T-64/94, RecFP p. II-769), apartado 42, con referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que la acción del demandante va exclusivamente dirigida contra la interpretación de los dictámenes de la Comisión médica por parte de la Administración, la cual, según el demandante, ha ignorado dichos dictámenes limitando el grado de IPP al 3 %. Este motivo equivale a decir que la AFPN interpretó incorrectamente los dictámenes de la Comisión médica la cual determinó una agravación del estado de salud del demandante, valorada, como tal, en un 8 %, habida cuenta de todos los grados de IPP reconocidos anteriormente (apartado 43).

Atendido que el demandante invoca la jurisprudencia según la cual corresponde al Juez comunitario examinar la decisión de la AFPN adoptada sobre la base de un dictamen médico, es obligado señalar que el motivo formulado en la demanda remite también a la cuestión del «vínculo comprensible» entre las comprobaciones médicas y la decisión de la AFPN. Además, después de tomar conocimiento del mandato de la Comisión médica, el demandante señaló que esta Comisión debía indicar en su informe el grado de invalidez que ha de relacionarse con una posible situación anterior, y de ello dedujo que, aun suponiendo que la Comisión médica hubiera pretendido fijar una IPP global tenía la obligación de indicar claramente el grado de invalidez concedido anteriormente, en su caso, que debía deducirse de su evaluación final. Agregó que, «a falta de indicaciones en contra», la IPP del 8 % asignada no podía considerarse referida exclusivamente a la agravación de su estado de salud. De este modo, el demandante formuló un motivo de infracción basado en el hecho de que el dictamen de la Comisión médica adolece de una irregularidad relativa a la determinación y/o a la valoración de una situación anterior en relación con las secuelas del accidente ocurrido en 1983. En el acto de la vista el demandante ha abundado sobre este motivo mediante una argumentación adicional, alegando que no puede apreciarse ningún vínculo comprensible entre los informes médicos mal redactados y la decisión impugnada, la cual se basa en dichos informes, y ha solicitado al Tribunal de Primera Instancia que declare la falta de vínculo comprensible en el sentido de la jurisprudencia citada (apartados 44 a 46).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 18 de septiembre de 1992, X/Comisión (asuntos acumulados T-121/89 y T-13/90, Rec. p. II-2195), apartado 45, con referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

El demandante ha expuesto su argumentación basada en el carácter dudoso de un vínculo comprensible añadiendo a ello datos que sólo pudo descubrir tras la presentación de la duplica. Semejante manera de proceder es acorde con el párrafo primero del apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento. El Tribunal de Primera Instancia considera que el motivo único alegado por el demandante puede interpretarse en el sentido de que la limitación del grado de IPP al 3 % por parte de la AFPN es ilegal, en primer lugar porque los dictámenes médicos controvertidos afirman claramente la existencia de una IPP del 8 % y, subsidiariamente, porque estos dictámenes contienen irregularidades relativas a la determinación y/o a la valoración de una situación anterior que pueden excluir la posibilidad de utilizarlos como base legal de la decisión impugnada (apartados 47 y 48).

Sobre la procedencia del motivo

Procede examinar la conformidad a derecho de los dictámenes médicos de que se trata, y más especialmente, la cuestión de si dichos dictámenes eran lo suficientemente claros como para permitir que la AFPN llegara a la controvertida limitación del grado de IPP. A este respecto se desprende de los autos que la Comisión médica tenía, en particular, la misión de indicar si persistía o no una invalidez permanente a raíz del accidente sufrido por el demandante el 29 de enero de 1983 y, en caso afirmativo, fijar su grado. La Comisión médica estaba obligada a tomar en consideración la posible influencia de la situación anterior del demandante, y en el encargo se precisaba que «debe indicarse el grado de invalidez que tiene que ponerse en relación con dicha situación anterior». Semejante diferenciación entre las secuelas del único accidente de 1983 y de las posibles lesiones físicas imputables a otros acontecimientos se explica por el hecho de que, de conformidad con el sistema establecido por la Reglamentación de accidentes, la concesión de un concreto grado de IPP por un accidente determinado, con las consecuencias económicas previstas a este fin, debe limitarse únicamente a las secuelas del accidente de que se trate. Cuando, en un procedimiento relativo a dicho accidente, la Comisión médica observe la persistencia o el agravamiento de las secuelas de otros accidentes, dichas comprobaciones podrían inducir al interesado y a la AFPN a iniciar un nuevo procedimiento para que se reconozca, en su caso, un grado de IPP separado para dichos accidentes (apartados 49 a 51).

En el caso de autos, semejante diferenciación era tanto más necesaria por cuanto, en la solicitud de reapertura de su expediente, el demandante había invocado una agravación de las secuelas de los «diversos accidentes sufridos durante el período de actividad en la Comisión». Si bien la AFPN limitó el mandato de la Comisión médica únicamente al accidente de 1983, es evidente que el demandante alegaba una agravación global de su estado de salud, que no deseaba circunscribir tan sólo al accidente de 1983. Además, el accidente de 1983 ya había dado lugar a un doble reconocimiento de IPP (4 % + 1 %), razón por la cual era igualmente importante indicar si dicha IPP entraba o no en el ámbito de la situación anterior que, en su caso, hubiera de reconocer la Comisión médica. En atención a estas circunstancias, de conformidad con el deber de asistencia y protección que le incumbe con respecto a su antiguo funcionario, la AFPN debía velar muy especialmente porque cualquier situación anterior fuera efectivamente indicada, es decir, fuera claramente cuantificada, con el fin de que el demandante pudiera alegar, en un procedimiento posterior, el posible derecho a la concesión de otra IPP (apartado 52).

El Tribunal de Primera Instancia observa que, en su informe médico, contrariamente a los términos de su mandato, la Comisión médica no da ninguna cifra referida al grado de invalidez que pueda relacionarse con dicha situación anterior. Por lo tanto, dicho informe adolece de un defecto. Este tiene la consecuencia de que, basándose exclusivamente en el informe médico y teniendo en cuenta el largo historial de los distintos accidentes del demandante, resulta imposible deducir cual es la relación entre la situación anterior y el grado de IPP del 8 % señalado por la Comisión médica (apartado 53).

No obstante, procede comprobar si dicho defecto ha sido subsanado aposteriori. La solicitud de información de la AFPN sobre la consideración por parte de la Comisión médica de la situación anterior de que se trata sólo puede explicarse mediante una duda en cuanto a la divergencia entre los grados de IPP, duda que precisamente se había suscitado por no haberse cuantificado el estado anterior mencionado en el informe médico. En un informe complementario la Comisión médica todavía no cuantificó claramente la situación anterior de que se trata, pero «acepta» que la diferencia «se explica» por la consideración de la situación anterior. Este pasaje se limita a dar una explicación a posteriori del anterior informe. Por lo tanto, es preciso declarar que dicho informe complementario no eliminó las incertidumbres derivadas del anterior informe médico y que, al no haber cuantificado la situación anterior no cumplió los requisitos del mandato (apartados 54 a 56).

A raíz de la reclamación en la que el demandante, entre otras cosas, señalaba la inexistencia de cualquier situación anterior en relación con los diversos accidentes sufridos, la AFPN pidió información para saber «en qué consiste exactamente dicha situación anterior». El Tribunal de Primera Instancia considera que la carta de respuesta del Dr. R. tampoco contiene las precisiones necesarias en cuanto al grado de IPP que ha de relacionarse con la situación anterior, sino que permite diferentes interpretaciones que, por lo demás, ha realizado la parte demandada hasta el término del procedimiento desarrollado ante el Tribunal de Primera Instancia (apartados 57 a 62).

Debe señalarse que el verdadero sentido del concepto de situación anterior que utiliza la Comisión médica se caracteriza por imprecisiones y dudas que no permiten precisar ni la naturaleza de dicha situación ni el grado de IPP correspondiente. De ello se desprende que los dictámenes médicos sobre los que se basa la decisión impugnada no responden al mandato y que, al mismo tiempo, no establecen un vínculo comprensible entre las comprobaciones médicas a que se refieren y la conclusión a la que llegan (apartado 63).

Referencia: X/Com¡sión. antes citada, apartado 45, con referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; Benecos/Comisión, antes citada, apartado 42, con referencias a la jurisprudenciadel Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia

En consecuencia, dichos dictámenes médicos no son suficientes para justificar la limitación, en la decisión impugnada, del grado de IPP al 3 %, de manera que procede acoger el motivo único formulado por el demandante. Por consiguiente, debe anularse la decisión de la Comisión de 22 de marzo de 1994 en la medida en que implica dicha limitación del grado de IPP (apartado 64).

Sobre las pretensiones de indemnización

En su escrito de réplica el demandante alega que, sin su permiso, la Comisión ha divulgado datos relativos a su estado de salud e incluso ha aportado informes médicos confidenciales amparados por el secreto médico. De este modo, la Comisión ha vulnerado el derecho del demandante al respeto de su vida privada, consagrado por el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Habida cuenta de este hecho nuevo, aparecido durante el procedimiento, el demandante solicita el resarcimiento del daño moral sufrido, mediante la condena de la Comisión al pago de 1 ECU simbólico (apartado 65).

Aunque el apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento permite, en determinadas circunstancias, invocar motivos nuevos en el curso del proceso, en ningún caso puede interpretarse que estas disposiciones autoricen a las partes demandantes a presentar ante el Juez comunitario nuevas pretensiones y modificar de tal forma el objeto del litigio. Es cierto que el Tribunal de Justicia ha admitido que, en el marco del recurso de anulación, las pretensiones dirigidas contra un acto revocado, en el curso del proceso, por la Institución de la que emana pueden considerarse como dirigidas contra el nuevo acto que sustituye al acto revocado. No obstante, dicha sustitución no modifica la naturaleza del recurso de anulación inicialmente interpuesto. Completamente distinta es la situación en el caso de autos en el que el demandante ha añadido a sus pretensiones de anulación unas pretensiones de indemnización con lo que se modifica la naturaleza del litigio original (apartado 66).

Referencia: Tribunal de Justicia, 25 de septiembre de 1979, Comisión/Francia (232/78, Rec. p. 2729), apartado 3; Tribunal de Justicia, 18 de octubre de 1979, Gema/Comisión (125/78, Rec. p. 3173), apartado 26; Tribunal de Justicia, 3 de marzo de 1982, Alpha Steel/Comisión (14/81, Rec. p. 749), apartado 8; Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Comisión (103/85, Rec. p. 4131), apartado 11; Tribunal de Primera Instancia, 18 de septiembre de 1992, Asia Motor France y otros/Comisión (T-28/90, Rec. p. II-2285), apartado 43

Debe añadirse, que en los recursos de funcionarios la admisibilidad de las pretensiones de indemnización se supedita al desarrollo conforme a Derecho del procedimiento administrativo previo previsto en los artículos 90 y 91 del Estatuto. Dado que el perjuicio moral alegado por el demandante trae causa de la divulgación, por parte de la Comisión, de elementos supuestamente confidenciales, antes de formular estas pretensiones el demandante debería haber seguido el procedimiento administrativo que consta de dos etapas, a saber, una petición y una reclamación conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 90 del Estatuto, iniciado por la solicitud a la AFPN de que repare el perjuicio alegado. Ahora bien, en el caso de autos falta dicho procedimiento administrativo previo. De ello se deduce que, en cualquier caso, debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones de indemnización (apartados 67 y 68).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1993, Fiorani/Parlamento(T-50/92, Rec. p. II-555), apartados 45 y 46

Fallo:

Se anula la decisión de la Comisión de 22 de marzo de 1994 en cuanto limita al 3 % el grado de invalidez permanente parcial reconocido al demandante.

Se desestima el recurso en todo lo demás.