SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 18 de junio de 1996

Asunto T-293/94

Juana de la Cruz Vela Palacios

contra

Comité Economico y Social de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Admisibilidad — Acto lesivo — Informe intermedio de calificación — Deber de lealtad — Sanción disciplinaria»

Texto completo en lengua francesa II-893

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de las decisiones de 6 de diciembre de 1993 y 22 de junio de 1994 del Secretario General del Comité Económico y Social, por las que se impone a la demandante la sanción disciplinaria de amonestación y se desestima la reclamación contra dicha sanción, así como la anulación o la revocación del informe de calificación de 5 de julio de 1993 elaborado por el antiguo superior jerárquico de la demandante.

Resultado:

Anulación parcial.

Resumen de la sentencia

El 26 de octubre de 1993, la demandante, funcionaria del Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas (CES), se negó a acusar recibo de una nota de 4 de octubre de 1993, que le envió el Secretario General del CES, por la que le informaba de la redacción por parte de su antiguo superior jerárquico de una «nota de apreciación» de 5 de julio de 1993 relativa a la calidad de sus prestaciones. La nota de 4 de octubre de 1993 otorgó a la demandante un plazo de veinte días para formular observaciones sobre la «nota de apreciación». Al no haber hecho uso la demandante de dicha facultad, el Secretario General del CES le informó mediante escrito de 17 de diciembre de 1993 que la «nota de apreciación» se incorporaría a su expediente personal, para que fuera tomada en consideración por el nuevo calificador, si este lo considerase necesario al elaborar el siguiente informe de calificación.

A la vista, en particular, de la negativa de la demandante a acusar recibo de la nota de 4 de octubre de 1993, se inició un procedimiento disciplinario. El 16 de noviembre de 1993, se dio audiencia a la interesada. El 18 de noviembre de 1993, el Abogado de la demandante presentó unas observaciones escritas, desestimadas por el CES por considerarlas extemporáneas. El 6 de diciembre de 1993, el Secretario General del CES impuso a la demandante la sanción disciplinaria de amonestación. Esta decisión, notificada el 14 de diciembre de 1993, fue objeto de una reclamación, presentada el 11 de marzo de 1994 y desestimada el 22 de junio de 1994.

Sobre la admisibilidad

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que sólo pueden ser objeto de un recurso de anulación los actos que producen efectos obligatorios que pueden afectar directa e inmediatamente a los intereses del demandante, al modificar, de modo caracterizado, su situación jurídica. En el caso de autos, el carácter de fase intermedia del informe impugnado, que se deduce, en particular, del hecho de que su contenido sólo deberá ser tomado en consideración por el calificador del siguiente informe de calificación si éste lo considera necesario, impide que el informe afecte a los intereses de la demandante de un modo directo e inmediato. Además, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones comunitarias. Por consiguiente, el Tribunal carece de competencia para ordenar que se retire el informe objeto de litigio del expediente personal de la demandante. No obstante, en la medida en que la demandante pretende que se retire el informe objeto de litigio de su expediente personal, su reclamación y su recurso incluyen una pretensión de anulación del acto de la demandada por el que esta decidió incorporar el informe al expediente personal de la demandante. Dicha decisión constituye un acto definitivo por parte de la administración, cuya legalidad puede controlar el Tribunal de Primera Instancia (apartados 22 a 24).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 30 de noviembre de 1994, Düchs/Comisión (T-558/93. RecFP p. II-837), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995. Kotzonis/CES (T-586/93, RecFP p. II-203), apartado 28; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1995, Alio/Comisión (T-496/93. Rec. p. II-405), apartados 31 y 32

Sobre el fondo

Sobre la incorporación del informe al expediente personal de la demandante

La letra a) del párrafo primero del artículo 26 del Estatuto establece que el expediente personal de cada funcionario deberá contener los documentos que se refieran a su situación administrativa y los informes sobre su competencia, rendimiento y comportamiento. El objeto de dicha disposición es garantizar el derecho de defensa del funcionario, evitando que las decisiones adoptadas por la administración que afecten a su situación administrativa y su carrera se basen en hechos relativos a su comportamiento no mencionados en su expediente personal. En el caso de autos, el informe objeto de litigio podía servir para la elaboración del siguiente informe de calificación de la demandante. Por lo tanto, a la luz del principio antes mencionado, la Institución demandada está obligada a incorporar dicho informe al expediente personal de la demandante (apartados 36 a 38).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia. 5 de diciembre de 1990, Marcato/Comisión(T-82/89, Rec. p. II-735), apartado78; Tribunal de Primera Instancia, 29 de febrero de 1996, Lopes/Tribunal de Justicia (T-547/93, RecFP p. II-185), apartado 80

Sobre la sanción disciplinaria

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, en los casos en los que se impone una sanción disciplinaria a un funcionario, la motivación de la decisión debe indicar de modo preciso los hechos imputados al funcionario así como las consideraciones que han conducido a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) a adoptar la sanción elegida. En el caso de autos, la decisión disciplinaria sólo se refiere a la negativa de la demandante a acusar recibo de la nota que tenía por objeto la comunicación del informe intermedio de apreciación (apartados 40 a 41).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 28 de marzo de 1995, Daffíx/Comisión (T-12/94, RecFP p. II-233), apartado 33

El párrafo tercero del artículo 26 del Estatuto tiene por objeto garantizar que el funcionario reciba efectivamente todos los documentos que le afecten. Al negarse a acusar recibo del documento objeto de litigio, la demandante no ha incumplido una obligación estatutaria, sino que se ha limitado, como máximo, a renunciar a un derecho, sin que dicha conducta pueda causar un perjuicio al buen funcionamiento de la administración (apartado 42).

Conforme al párrafo primero de los artículos 11 y 21 del Estatuto, todo funcionario tiene un deber de cooperación y de lealtad respecto de la Institución a la que pertenece y de sus superiores. El deber de lealtad se interpreta como la obligación del funcionario de abstenerse de conductas lesivas para la dignidad y el respeto debidos a la Institución y sus autoridades. En el caso de autos, la actitud supuestamente desleal de la demandante debe apreciarse a la luz del hecho de que el documento al que se oponía la demandante era ajeno a la práctica administrativa de la Institución. El carácter excepcional de la iniciativa tomada por la Institución demandada respecto de la demandante impide que la negativa manifestada por la demandante sea calificada de conducta que atenta contra la dignidad y el respeto debidos a la Institución y a sus autoridades (apartado 43).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia. 26 de noviembre de 1991, Williams/Tribunal de Cuentas (T-146/89. Rec. p. II-1293). apartado 72

Fallo:

Se anulan la decisión del Comité Econòmico y Social de 6 de diciembre de 1993 por la que se impone la sanción de amonestación a la demandante, así como la decisión del Comité Económico y Social de 22 de junio de 1994 por la que se desestima la reclamación de la demandante contra la decisión de 6 de diciembre de 1993.

Se desestima el recurso en todo lo demás.