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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 106/24

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) el 28 de diciembre de 2015 — MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)

(Asunto C-697/15)

(2016/C 106/25)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: MB Srl

Recurrida: Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los principios del Derecho de la Unión de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, en relación con los principios de libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como los principios que se derivan de ellos, como el de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia plasmados (en última instancia) en la Directiva 2014/24/UE, (1) a una normativa nacional como la italiana contenida en los artículos 87, apartado 4, y 86, apartado 3 bis, del Decreto Legislativo n.o 163 de 2006, en relación con el artículo 26, apartado 6, del Decreto Legislativo n.o 81 de 2008, conforme a la interpretación adoptada por el Pleno del Consiglio di Stato en sus sentencias n.o 3 y 9 de 2015, en el marco de su función nomofiláctica en virtud del artículo 99 del codice del processo amministrativo, según la cual no indicar por separado los costes de seguridad en la empresa en las ofertas económicas presentadas en un procedimiento de contratación de obras públicas determina en todo caso la exclusión del licitador, aun cuando la obligación de indicación por separado no conste expresamente ni en las normas del procedimiento de licitación ni en el formulario que debe cumplimentarse para presentar la oferta y con independencia de que, desde el punto de vista material, la oferta respete los costes mínimos de seguridad en la empresa?

(1) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94, p. 65).
2)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión Europea, en particular los artículos 4 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 325 TFUE y la Directiva 2006/112, que obligan a los Estados miembros a establecer sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas en protección de los intereses financieros de la Unión, en el sentido de que se opone a la adopción de una norma nacional que excluye la punibilidad del imputado (ya sea éste administrador, representante legal, apoderado en materia tributaria o bien partícipe en el ilícito), cuando la persona jurídica que haya cometido la infracción haya abonado extemporáneamente el impuesto y las sanciones administrativas adeudadas en concepto de IVA, pese a que la liquidación tributaria ya se haya efectuado y se haya procedido al ejercicio de la acción penal, al procesamiento, a la apertura de la fase contradictoria en el marco del procedimiento y en tanto no se haya declarado la apertura del juicio oral, en un sistema que no impone al citado administrador, representante legal o delegado y partícipe en el ilícito ninguna otra sanción, ni siquiera por la vía administrativa?
—

Que se declare que, al no haber establecido un registro electrónico nacional de empresas de transporte por carretera y no haberlo conectado con los registros electrónicos nacionales de los otros Estados miembros, la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 16, apartados 1 y 5, del Reglamento (CE) no 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 92/26/CE del Consejo.
1)

La Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles (Directiva 2000/26/CE (1), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, en la redacción que le dio la Directiva 2005/14/CE (2), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005), y concretamente su considerando 16 bis y su artículo 4, habida cuenta en su integridad de los apartados 4, 5 y 8 de ese mismo artículo 4 (transpuestos en el Derecho portugués por el artículo 43 del Decreto-ley n.o 522/85, de 31 de diciembre, en la redacción que le dio el Decreto-ley no 72-A/2003, de 14 de abril), ¿permiten que se demande al representante de una entidad aseguradora que no opera en el país en el que se ejercita una acción judicial de indemnización por accidente de tráfico con base en el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor concertado en otro país de la Unión Europea?
3.

Además, la sentencia del Tribunal General objeto de casación se apoya también en una desnaturalización de los hechos y de las pruebas así como en una interpretación errónea y una desviación de la competencia del Tribunal General, ya que éste no apreció debidamente los elementos de hecho disponibles ni aplicó adecuadamente el Derecho en el marco del segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8 del Reglamento no 207/2009 sobre la marca comunitaria. (1) De haber respetado el Tribunal General los principios fundamentales de Derecho, incluidos el derecho a un juicio justo y el derecho a la motivación de una resolución, debería haber estimado el recurso de que conocía, máxime cuando el Tribunal General confirmó las resoluciones de la Sala de Recurso siendo plenamente consciente de que el fundamento de las resoluciones, a saber, la existencia de una marca nacional de Benelux y Francia, en el momento de adopción de la resolución objeto de recurso ante el Tribunal General, no había sido ni demostrado por la demandada, ni siquiera planteado. Por lo tanto, el Tribunal General infringió los artículos 8, apartado 1, y 53, apartado 1, del Reglamento no 207/2009 en la medida en que aplicó criterios jurídicos erróneos al declarar que los registros de marca de la recurrente debían anularse por la existencia de registros de marca anteriores en Benelux y Francia.
b)

El Tribunal General no se pronunció, de forma indebida y contrariamente a Derecho y al artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y a los artículos 41, apartado 2, letra c), y 49, apartado 3, de la Carta y a los principios generales del Derecho, en particular al principio de proporcionalidad, sobre la proporcionalidad de la multa impuesta por la demandada a la recurrente; la sentencia del Tribunal General al respecto no está motivada o está insuficientemente motivada (de modo insuficientemente comprensible); el Tribunal General desestimó indebidamente el recurso de la (actual) recurrente condenándola en costas.
1)

¿Es compatible con el artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE una normativa nacional como la controvertida del artículo 41a, apartado 2, de la Wiener Besoldungsordnung 1994, que en principio no reconoce el derecho a compensación por vacaciones no disfrutadas previsto en el artículo 7 de la Directiva 2003/88 (1) a los trabajadores que, a petición propia, concluyen en un determinado momento su relación laboral? En caso de respuesta negativa, ¿es compatible con el artículo 7 de la Directiva 2003/88 una disposición nacional con arreglo a la cual todo trabajador que, a petición propia, ponga fin a una relación de servicio debe hacer todo lo posible por disfrutar de sus vacaciones pendientes antes de concluir dicha relación, y, en caso de concluir la relación de servicio a petición del trabajador, sólo se origina el derecho a compensación por las vacaciones no disfrutadas si, aun solicitando vacaciones a partir de la fecha de solicitud de terminación de la relación de servicio, el trabajador no hubiera podido consumir vacaciones en la medida de la compensación solicitada por vacaciones no disfrutadas?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 311/14

Recurso de casación interpuesto el 20 de marzo de 2015 por Mohammad Makhlouf contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 21 de enero de 2015 en el asunto T-509/11, Makhlouf/Consejo

(Asunto C-136/15 P)

(2015/C 311/19)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Mohammad Makhlouf (representante: G. Karouni, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia recurrida.

— Que se declare que las decisiones y los reglamentos del Consejo de la Unión Europea a que se refiere el presente recurso son nulos e inexistentes en la medida en que afectan a la recurrente.

— Que se condene al Consejo a abonar las costas en que incurrió la recurrente en el procedimiento de casación y en el seguido ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca un motivo único basado en un error de Derecho en que incurrió el Tribunal General al aplicar las normas relativas a la obligación que recae sobre el Consejo.

En particular, la recurrente critica que el Tribunal General se basara en una motivación del Consejo que considera incompleta y abstracta, lo que no le permitió identificar las razones específicas y concretas de su inclusión en la lista. Alega que, como consecuencia de ello, no pudo defenderse adecuadamente, puesto que ignoraba qué se le reprochaba, tanto en relación con la represión de los manifestantes, como con el apoyo al régimen o incluso con los supuestos beneficios obtenidos de éste.

Asimismo, considera que el Tribunal General alteró la naturaleza de su obligación de motivación al intentar paliar la omisión del Consejo alegando, erróneamente y por primera vez en su sentencia, que ella «se había beneficiado de las políticas del régimen».

Según la recurrente, la falta de mención clara y precisa en la motivación del Consejo del hecho que se le imputa, generador de la medida restrictiva, menoscabó seriamente el ejercicio de su derecho de defensa.
a)

En caso de que no exista un establecimiento en otro Estado miembro, ¿puede la parte que impugna la competencia del tribunal que conoce del procedimiento destruir la presunción prevista en el [artículo 3], [apartados 1] in fine, y [2], del [Reglamento (CE) no] 1346/2000 (1), [de 29 de mayo de 2000, sobre procedimiento de insolvencia], aportando pruebas que acrediten que el centro de los intereses principales se encuentra en un Estado distinto de aquel en el que está domiciliada la empresa?
3)

¿Es compatible con el artículo 48 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, una norma como la establecida en el ya analizado artículo 53, apartado 3, del Decreto Legislativo no 163, de 16 de abril de 2006, que admite la participación de una empresa con un autor de proyecto «indicado», el cual, según la jurisprudencia nacional, al no ser competidor, no podría recurrir a las capacidades de terceros?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 294/36

Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 24 de junio de 2015 — Delta Air Lines Inc./Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

(Asunto C-305/15)

(2015/C 294/46)

Lengua de procedimiento: danés

Órgano jurisdiccional remitente

Østre Landsret

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Delta Air Lines Inc.

Demandadas: Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Deben interpretarse los artículos 5 y 7 del Reglamento (CE) no 261/2004 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, en el sentido de que los pasajeros aéreos pueden tener derecho a más de una compensación por la misma reserva en virtud del Reglamento cuando el vuelo en el que el transportista aéreo ha reubicado al pasajero se cancela o retrasa más de tres horas, de manera que la compensación establecida en el artículo 7 del Reglamento no es fija sino que depende del número de cancelaciones o del alcance de la cancelación y del correspondiente retraso?

2) En caso de que se responda de manera afirmativa a la primera cuestión, ¿cómo se compatibiliza con el principio establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros, C-402/07 y C-432/07, ECLI:EU:C:2009:716, conforme a la cual el artículo 5 del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que los pasajeros de vuelos retrasados deben equipararse a los pasajeros de vuelos cancelados a los efectos de la aplicación del derecho a compensación, cuando el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia de 23 de octubre de 2012, Nelson y otros, C-581/10 y C-629/10, ECLI:EU:C:2012:657, que la duración del retraso por encima de las tres horas no se tiene en cuenta al calcular el importe de la compensación a tanto alzado?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: a) ¿Debe aplicarse también el artículo 10 del Reglamento (UE) no 1259/2010 al analizar si es posible el reconocimiento nacional de un divorcio? b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2 a): (1) ¿Ha de tomarse como base de manera abstracta una comparación de la que resulta que la ley del foro permite a un cónyuge acceder al divorcio, pero, por motivos de sexo, en condiciones procesales y materiales distintas de las del otro cónyuge, o bien (2) la aplicación de la norma depende de si la aplicación del Derecho extranjero, que es discriminatorio de modo abstracto, también es discriminatoria en el caso concreto? c) En caso de respuesta afirmativa a la pregunta b) 2): ¿Puede considerarse una razón para no aplicar la norma la aceptación del divorcio por parte del cónyuge discriminado, también bajo la forma de la recepción consentida de una compensación?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 294/17

Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) el 19 de mayo de 2015 — Minister Finansów/Jan Mateusiak

(Asunto C-229/15)

(2015/C 294/23)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Naczelny Sąd Administracyjny

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Minister Finansów

Recurrido en casación: Jan Mateusiak

Cuestión prejudicial

¿Se ha de interpretar el artículo 18, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (1), en el sentido de que, en caso de la cesación de la actividad del sujeto pasivo, los activos fijos de éste (cuando ha deducido el impuesto soportado por su adquisición), una vez expirado el período de regularización regulado en el artículo 187 de la Directiva, no están sujetos a tributación y no se deben incluir en la lista de liquidación y disolución, una vez ha expirado el período legalmente establecido para la regularización de la deducción del impuesto soportado por su adquisición, que se determina en función de la vida útil prevista de los bienes de inversión en la empresa del sujeto pasivo, o bien en el sentido de que, en caso de la cesación de la actividad económica del sujeto pasivo, los activos fijos están sujetos a tributación con independencia del período de regularización?

(1) DO L 347, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 279/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 1 de junio de 2015 — Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

(Asunto C-257/15)

(2015/C 279/23)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Michael Ihden, Gisela Brinkmann

Demandada: TUIfly GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 261/2004 (1) en el sentido de que las circunstancias extraordinarias que se producen en un vuelo previo de una ruta constituyen también circunstancias extraordinarias para el vuelo controvertido si el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ha tenido ocasión de evitar el retraso en el curso ulterior de la ruta rehusando efectuar ciertos segmentos de la ruta?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Las circunstancias extraordinarias deben haberse producido en el mismo día, en el día anterior o sólo durante la ruta programada?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 254/13

Recurso de casación interpuesto el 1 de junio de 2015 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 19 de marzo de 2015 en el asunto T-413/13, City Cycle Industries/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-260/15 P)

(2015/C 254/17)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: S. Boelaert, agente, R. Bierwagen, C. Hipp, Rechtsanwälte)

Otras partes en el procedimiento: City Cycle Industries, Comisión Europea, Maxcom Ltd

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2015, notificada al Consejo el 23 de marzo de 2015, en el asunto T-413/13 City Cycle Industries/Consejo de la Unión Europea.

— Que se desestime la demanda de anulación del Reglamento impugnado presentada en primera instancia por City Cycle Industries (1).

— Que se condene en costas a City Cycle Industries en primera instancia y en casación.

Con carácter subsidiario:

— Que se devuelva el asunto al Tribunal General para un nuevo examen.

— Que se reserve la decisión sobre las costas en primera instancia y en casación.

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal General ha interpretado incorrectamente el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base (2) al concluir que el Consejo no disponía de indicios suficientes para decidir que la demandante se dedicaba a operaciones de tránsito. La interpretación del Tribunal General acerca de las condiciones que deben cumplir las empresas individuales para quedar exentas de las medidas ampliadas es contraria a la estructura del artículo 13 del Reglamento de base (primer motivo).

La apreciación del Tribunal General, según la cual, habida cuenta de los autos, el Consejo no disponía de indicios suficientes para concluir expresamente en el Reglamento impugnado que la demandante estaba implicada en operaciones de tránsito, carece de adecuada motivación. Además, contrariamente a lo que se sostiene en la sentencia recurrida, dado que se demostró debidamente el tránsito en la esfera nacional y que la solicitud de exención de la demandante no estaba justificada, la única conclusión que el Consejo y, por consiguiente, el Tribunal General, podía sacar de los hechos era que la demandante había participado en operaciones de tránsito. Al llegar a una conclusión diferente, el Tribunal General ha distorsionado los hechos (segundo motivo).

(1) Reglamento de Ejecución (UE) no 501/2013 del Consejo, de 29 de mayo de 2013, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo impuesto mediante el Reglamento de Ejecución (UE) no 990/2011 a las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China a las importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez, hayan sido o no declaradas originarias de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez (DO L 153, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).
I.

En relación con el Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (1) [en lo sucesivo, «Reglamento no 593/2008»]: 1) ¿Puede interpretar un tribunal de un Estado miembro la expresión «de las circunstancias resulta», recogida en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 593/2008, en el sentido de que el examen de «las circunstancias que deben tomarse en consideración» a efectos de determinar si es razonable que no se haya prestado el consentimiento, con arreglo a la ley del país en que la parte tenga su residencia habitual, ha de referirse a las circunstancias de la celebración del contrato, al objeto del contrato y a la ejecución del contrato? 1.1. ¿Debe interpretarse el efecto al que se refiere el artículo 10, apartado 2, derivado de la situación descrita en el anterior punto 1, en el sentido de que cuando, a raíz de la referencia [a la ley del país de residencia habitual] hecha por cualquiera de las partes, resulte de las circunstancias que deben tomarse en consideración que la prestación de consentimiento a la ley aplicable con arreglo al apartado 1 no era un efecto razonable del comportamiento de esa parte, el tribunal debe apreciar la existencia y la validez de la cláusula contractual con arreglo a la ley del país de residencia habitual de la parte que hizo tal referencia? 2) ¿Puede el tribunal de ese Estado miembro interpretar lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 593/2008 en el sentido de que el tribunal puede apreciar discrecionalmente —habida cuenta del conjunto de circunstancias que concurren en el caso— si, en atención a las circunstancias que deben tomarse en consideración, la prestación de consentimiento a la ley aplicable con arreglo al artículo 10, apartado 1, no era un efecto razonable del comportamiento de la parte? 3) En el supuesto de que —con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 593/2008— cualquiera de las partes se refiera a la ley del país en que tenga su residencia habitual para establecer que no ha dado su consentimiento, ¿debe el tribunal de un Estado miembro tomar en consideración la ley del país de residencia habitual de dicha parte en el sentido de que, en virtud de la ley de ese país, debido a las mencionadas «circunstancias», el consentimiento de esa parte a la ley designada en el contrato no era un comportamiento razonable? 3.1. En ese supuesto, ¿es contraria al Derecho comunitario la interpretación del tribunal de un Estado miembro con arreglo a la cual el examen de las «circunstancias» a efectos de determinar si es razonable que no se haya prestado el consentimiento se refiere a las circunstancias de la celebración del contrato, al objeto del contrato y a la ejecución del contrato?