ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.

Primer motivo, basado en que el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, que establece una lista de sustancias candidatas a la sustitución, en aplicación del artículo 80, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, se adoptó con una base ilegal ya que el Reglamento no 1107/2009, en particular su artículo 24 y el anexo, punto 4, infringen el Derecho de la Unión Europea. — La demandante invoca las pruebas científicas acreditativas de que los criterios de persistencia, bioacumulatividad y toxicidad («PBT»), en especial la persistencia, no son apropiados para el cobre. — Además, la demandante afirma que la aplicación de los criterios PBT a sustancias inorgánicas no concuerda con otras normas legislativas que se han aplicado en el ámbito de las sustancias químicas reguladas. — en lo que atañe a las sustancias candidatas a la sustitución, la demandante alega que la aplicación de los criterios PBT a los compuestos de cobre va más lejos de lo necesario para lograr los objetivos pretendidos por el Reglamento no 1107/2009 y que éste interpreta indebidamente el principio de precaución.
1.

Primer motivo, basado en que se ha interpretado incorrectamente el artículo 3, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) no 1080/2006 (1) al suponer que las inversiones de establecimiento de los Centros Integrados de Servicios, y en particular el empleo de especialistas informáticos en el desarrollo de servicios innovadores, no son, a efectos de dicha disposición, «inversiones productivas que contribuyan a crear o preservar puestos de trabajo duraderos», y que, por ello, no pueden cofinanciarse con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
—

Declare que tiene derecho a retener la suma de 80 242,78 euros percibida como «pre-financing payment», que en la actualidad es objeto de la nota de adeudo emitida por la Comisión Europea — Directorate General Migration and Home Affairs — Directorate E: Migration and Security Funds — Unit E2: Asylum, Migration and Integration Fund — HOME E2/FL/2015, prot 1520007 de 1 de abril de 2015 relativa a «HOME/2011/PPRS/AG/2176 TORRE — Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe no 3241503771», emitida por la demandada con el fin de recuperar el citado importe.
—

Anule la Decisión de la Comisión Europea de 15 de octubre de 2014 en el expediente no C (2014) 7280, relativa a la ayuda estatal SA.355550 (13/C) (ex 12/CP) ejecutada por España;
—

La demandante señala que la Comisión no ha tenido en cuenta los comentarios presentados por la receptora mediante escrito de 14 de agosto de 2014. En este contexto, la Comisión se basó en el artículo 22.II.5 del anexo II del contrato, que la faculta para dejar al margen observaciones y pruebas presentadas fuera de plazo. Sin embargo, a la vista del hecho de que la propia Comisión instó a la receptora a volver a presentar observaciones, esta actuación no es conforme a Derecho. En esta situación, la no consideración por completo de las nuevas pruebas y comentarios constituye una vulneración manifiesta del principio de lealtad recíproca entre partes contratantes y del principio de confianza legítima que los empresarios tienen en la Comisión.
Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 2, y del artículo 14, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento al extender la recuperación de la ayuda a la demandante

La demandante alega que no hubo ayuda estatal a su favor, dado que el precio de venta era a valor de mercado. Según la demandante, la argumentación de la Comisión y las dudas sobre si los precios pagados por Via Chem y posteriormente por Fortishem por los activos de NCHZ representaban los precios de mercado es errónea por diversas razones. Se señala, en primer lugar, que dado que la carga de la prueba recae en la Comisión no es suficiente con que la Comisión exprese dudas. En segundo lugar, dado que la venta se llevó a cabo en el marco de un procedimiento de insolvencia bajo la supervisión de un tribunal de insolvencias, bajo la obligación de actuar en beneficio de los acreedores de la compañía insolvente, existe una presunción de que los activos se vendieron al precio más alto posible. En tercer lugar, el procedimiento de licitación fue abierto, transparente e incondicional por lo que garantizó la obtención del precio más alto factible en el mercado; la opción para asumir determinados compromisos no tuvo ningún impacto en el precio de venta. En cuarto lugar, sin perjuicio de que las condiciones de la venta entre Via Chem y Fortischem no son relevantes dado el precio de mercado de la primera venta, se presume que los precios de venta negociados entre operadores privados del mercado son precios de mercado incluso sin un procedimiento de licitación.

La demandante señala además que es evidente que la transmisión de los activos de NCHZ a Via Chem y posteriormente a la demandante no puede considerarse un intento de eludir la Decisión de la Comisión de recuperación de las ayudas por dos razones. En primer lugar, el caso dista tanto del típico caso de elusión que incluso la Comisión admite que no tiene evidencia alguna de la intención de eludir la recuperación de las ayudas. En segundo lugar, a pesar de ello, llega a la conclusión de que existe continuidad económica, por lo que puede ampliar la recuperación a la demandante. Sin embargo, la conclusión de la Comisión resulta de un análisis erróneo basado en una interpretación incorrecta de los criterios individuales, un desprecio por la carga de la prueba y una comprensión errónea del concepto de continuidad económica en asuntos de ayuda estatal.

Por último, la demandante alega que el enfoque de la Comisión es destructivo económicamente e innecesario desde un punto de vista del Derecho de la competencia. Según la demandante, la Comisión pretende crear una nueva jurisprudencia, mucho más estricta, conforme a la cual el alcance de la operación debe ser el criterio decisivo, mientras que el precio de venta sería, como mucho, un criterio auxiliar, en caso de ser tomado en consideración.
—

A este respecto, se alega que la limitación lingüística introducida por la Comisión es discriminatoria, debido a que las disposiciones mencionadas prohíben imponer a los ciudadanos europeos y a los propios funcionarios de las instituciones restricciones lingüísticas que no hayan sido previstas con carácter general y de modo objetivo en los reglamentos internos de las instituciones mencionados en el artículo 6 del Reglamento no 1/58, que hasta ahora no han sido adoptados, así como introducir tales limitaciones si no existe un interés específico del servicio suficientemente motivado.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 89/29

Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2014 — DenizBank/Consejo

(Asunto T-798/14)

(2015/C 089/35)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: DenizBank A.Ș (Esentepe, Turquía) (representantes: M. Lester y O. Jones, Barristers, R. Mattick y S. Utku, Solicitors)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión 2014/659/PESC del Consejo, de 8 de septiembre de 2014 (1), y el Reglamento (UE) del Consejo no 960/2014, de 8 de septiembre de 2014 (2) (en lo sucesivo, conjuntamente, «medidas impugnadas»), en la medida en que afectan al demandante.

— Declare inaplicables con arreglo al artículo 277 TFUE en relación con el artículo 1 de la Decisión de 8 de septiembre, y el artículo 1, apartado 5, del Reglamento de 8 de septiembre; y

— Condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

1. Primer motivo, basado en que el Consejo incumplió su obligación de motivar la imposición de las medidas impugnadas al demandante. Asimismo, el demandante alega que el Consejo no motivó en absoluto la imposición de las medidas impugnadas y ni siquiera le informó de su inclusión.

2. Segundo motivo, basado en que el Consejo ha vulnerado el derecho de defensa del demandante, incluido su derecho a un juicio justo y al control jurisdiccional efectivo. El demandante alega que el Consejo no le ha motivado ni presentado pruebas para imponer las medidas impugnadas, ni le ha dado la oportunidad de presentar observaciones al respecto, y, por ello, ha impedido que el Tribunal de Justicia «ejerza un control jurisdiccional efectivo».

3. Tercer motivo, basado en que al imponer las medidas impugnadas al demandante, el Consejo ha violado en varios aspectos el Acuerdo de Ankara entre Turquía y la Unión Europea (y su Protocolo Adicional).

4. Cuarto motivo, basado en que el Consejo ha vulnerado los principios de no discriminación y proporcionalidad, y ha limitado de manera injusta y desproporcionada los derechos fundamentales del demandante.

(1) Decisión 2014/659/PESC del Consejo, de 8 de septiembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO L 271, p. 54).

(2) Reglamento (UE) no 960/2014 del Consejo, de 8 de septiembre de 2014 , por el que se modifica el Reglamento (UE) no 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO L 271, p. 3).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 65/35

Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2014 — ANKO/Comisión

(Asunto T-768/14)

(2015/C 065/49)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atenas, Grecia) (representante: V. Christianos, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare que la cantidad de 3 77 733,93 euros, que la Comisión abonó a la demandante por la obra POCEMON, corresponde a gastos subvencionables y que en consecuencia la demandante no está obligada a restituirla como cantidad indebidamente pagada.

— Condena a la Comisión al pago de las costas de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso tiene por objeto la responsabilidad de la Comisión derivada del contrato no 216088 para la ejecución de la obra «Point Of CarE MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases» (POCEMON), en virtud del artículo 272 TFUE. En particular, la demandante sostiene que, pese a haber cumplido todas sus obligaciones contractuales, la Comisión, incumpliendo el citado contrato, vulnerando el principio de buena fe, de la prohibición del abuso de derecho y de la proporcionalidad, solicitó la devolución de las cantidades abonadas a ANKO al considerar que corresponden a gastos no subvencionables.

Por ello, la demandante sostiene, en primer lugar, que la Comisión se basa en afirmaciones completamente infundadas y en cualquier caso no probadas para denegar la casi totalidad de los gastos de ANKO como no subvencionables y solicitar la devolución de la cantidad que abonó a ANKO para la obra POCEMON. En segundo lugar, que la Comisión, al rechazar el 98,68 % de su contribución debida, basándose en que, supuestamente, no corresponde a gastos subvencionables, que soportó la demandante para las necesidades de la obra, vulnera el principio de prohibición de abuso de derecho y de la proporcionalidad.
1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento por la Comisión de su obligación de motivación, ya que no explicó, para cada uno de los documentos y supresiones, la correspondiente excepción del Reglamento (CE) no 1049/2001 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento en materia de transparencia») que había aplicado y las circunstancias fácticas y consideraciones en las que se había fundado. Invocando los mismos argumentos generales para justificar su denegación por razón de la protección de los procedimientos judiciales y del asesoramiento jurídico, la Comisión obvió exponer los motivos por los que la divulgación de los documentos solicitados podía suponer «concreta y materialmente» un perjuicio para cada uno de esos intereses. En particular, la Decisión impugnada no especifica si la justificación esgrimida para cada una de las denegaciones pertinentes es la protección de los «procedimientos judiciales» o del «asesoramiento jurídico».
—

el Reglamento de Ejecución (UE) no 1013/2014 del Consejo, de 26 de septiembre de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 36/2012 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en cuanto añade al Sr. Samir Hassan a la lista que figura en el anexo II del Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo de 18 de enero de 2012 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria;
1.

Primer motivo, basado en que el Consejo ha omitido presentar razones adecuadas o suficientes para incluir a la demandante en la lista de la Decisión 2014/512/PESC del Consejo, en el Reglamento (UE) no 833/2014 del Consejo, en la Decisión 2014/659/PESC del Consejo y en el Reglamento (UE) no 960/2014 del Consejo (en lo sucesivo, «medidas controvertidas»). El Consejo tiene la obligación de exponer las razones específicas por las que se somete a una entidad dada a las medidas restrictivas en cuestión. Sin embargo, el Consejo ha obviado motivar su decisión de aplicar las medidas controvertidas a la declarante o no ha aportado razones adecuadas o suficientes para ello, y ha omitido incluso notificar este extremo a la demandante, por lo que ha incumplido la referida obligación.
3.

Tercer motivo, basado en un incorrecto ejercicio de competencia por parte de la Comisión Aun cuando la Comisión fuera competente para adoptar la decisión impugnada y, al hacerlo, hubiese actuado conforme al principio de seguridad jurídica (quod non), según la República Eslovaca no ejerció su competencia correctamente en el presente caso. En primer lugar, la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación, en la medida en que reclama recursos económicos a la República Eslovaca pese a que la pérdida de recursos propios tradicionales no se ha producido en absoluto o no se ha producido como consecuencia directa de los acontecimientos que la Comisión imputa a la República Eslovaca. En segundo lugar, la Comisión vulneró el derecho de defensa de la República Eslovaca y violó el principio de buena administración.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento no 1049/2001 — El Consejo infringió el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento no 1049/2001 dado que: a) no todos los documentos identificados por el Consejo están comprendidos en el ámbito de aplicación de la excepción relativa a la protección del asesoramiento jurídico, y b) la divulgación de los documentos identificados con arreglo a la solicitud de acceso de la parte demandante reviste un interés público superior.
—

Se alega a este respecto que los principios de legalidad e irretroactividad de las normas, aplicado al Reglamento (UE) no 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona euro (DO L 306, p. 1) y la Decisión 2012/678/UE, supone que no pueden juzgarse hechos anteriores al 13 de diciembre de 2011, momento en que los hechos de autos no eran susceptibles de sanción. Los únicos datos que podrían ser sancionables son los notificados en abril de 2012. De hecho, el periodo objeto de investigación debería limitarse a los datos comprendidos en las notificaciones a partir de 2012.
6.

Sexto motivo, basado en una violación de los principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de prohibición del enriquecimiento sin causa — A juicio de la demandante, habida cuenta de que no se ha producido una pérdida de recursos propios, la atribución de una responsabilidad financiera por el error en la fase de registro de los datos en el deficiente sistema informático de la Comisión constituye un enriquecimiento sin causa en beneficio de la Unión. — Se ha violado también el principio de seguridad jurídica, en la medida en que no se ha previsto un procedimiento de corrección del error para las situaciones en que puedan producirse enriquecimientos sin causa. — Por otra parte, según la demandante, resulta contraria, además, al principio de proporcionalidad una normativa que no permite corregir errores cometidos en el procedimiento de expedición de certificados de importación, aunque el error administrativo no cause un perjuicio en el mercado a ninguno de los interesados, y que, en consecuencia, da lugar necesariamente a una responsabilidad financiera de Estado miembro. — Por último, al no haber llevado a su término el procedimiento de constatación de la responsabilidad financiera dentro de un plazo razonable, la Comisión violó igualmente el principio de confianza legítima.
1.

Primer motivo, basado en la obligación de actuar que incumbe a la Comisión con arreglo al artículo 8, apartado 1, última frase, en combinación con el artículo 5, apartados 1 y 3, del Reglamento no 999/2001 y el artículo 5, apartado 3, del Reglamento no 178/2002, y con arreglo al artículo 7, apartado 2, segunda frase, del mismo Reglamento y los artículos 23 y 24 del Reglamento no 999/2001. — A este respecto se alega que, en virtud de las disposiciones anteriormente citadas, la Comisión está obligada a reexaminar la excepción temporal introducida en el anexo V, número 2, del Reglamento no 999/2001 y a presentar al Comité de reglamentación, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE, un proyecto de medidas dirigidas a modificar dicho anexo V. Todo ello a fin de garantizar la observancia de las normas sanitarias internacionales adoptadas por la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), las cuales no establecen una lista de material especificado de riesgo para los países que, como Italia, han sido reconocidos como países con riesgo insignificante, es decir, como países con el nivel de riesgo más bajo en la clasificación internacional adoptada por la OIE.
1.

Primer motivo, basado en la ilegalidad del artículo 10 puesto en relación con el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006. (1) La demandante alega que al adoptar la medida impugnada la Comisión infringió el artículo 9, apartado3, del Convenio de Aarhus ya que las disposiciones aplicadas por la Comisión, el artículo 10 puesto en relación con el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento no 1367/2006, son incompatibles con el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus. La ilegalidad de esas disposiciones del Reglamento no 1367/2006 debió llevar a la Comisión a declarar admisible la solicitud de revisión interna.
—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 360/2014 de la Comisión, de 9 de abril de 2014, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ferrosilicio originario de la República Popular China y Rusia (Reglamento impugnado) tras una reconsideración por expiración en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1225/2009 (1) del Consejo (Reglamento de base) (DO L 107, p. 13).
2.

Segundo motivo, basado en errores obvios en la apreciación de los hechos. El demandante sostiene que no se inició investigación alguna contra él en relación con la malversación de los fondos del Estado de Ucrania y/o su transferencia ilegal hacia fuera de Ucrania antes de la adopción de las medidas controvertidas o en el momento de su adopción. Además, el demandante alega que, aun cuando hubiera existido la investigación mencionada, no se habría apoyado en ningún fundamento fáctico o jurídico y estaría exclusivamente motivada por razones políticas. Por último, el demandante señala que las razones esgrimidas por el Consejo para incluir al demandante en la lista no se ajustan a los requisitos establecidos a tal efecto en las medidas impugnadas y no están respaldadas por ninguna prueba.
1.

Primer motivo, basado en que el Consejo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Consejo») carecía de base jurídica adecuada para adoptar la Decisión y el Reglamento. Entre las alegaciones formuladas en apoyo de este motivo figuran las siguientes: a) que la Decisión no cumplía los requisitos para que el Consejo se basara en el artículo 29 TUE. En particular, i) el Consejo no podía, en realidad, fundamentar los objetivos invocados expresamente (consolidación del Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos en Ucrania), por lo que indicó entonces motivos (relacionados con la supuesta malversación de fondos del Estado ucraniano y su transferencia ilegal fuera de Ucrania, lo que el demandante niega) que no son compatibles ni están en consonancia con los objetivos alegados del artículo 21 TUE o con cualesquiera otros objetivos de dicho artículo; ii) la Decisión y el Reglamento no se ajustan a otros objetivos indicados en el artículo 21 TUE por cuanto no «consolidan y respaldan la democracia […] [y] los principios del Derecho internacional», especialmente porque afirman erróneamente y se basan en que el demandante, Presidente legítimo de Ucrania democráticamente elegido, era un «expresidente», en contra del Derecho de Ucrania y del Derecho internacional, y al apoyar a los denominados «Gobierno y Presidentes provisionales», que no han sido elegidos legal y democráticamente, y que asumieron el poder por la fuerza de manera ilegal, contraviniendo el Estado de Derecho, los principios democráticos y el Derecho internacional; b) que no concurrían los requisitos para basarse en el artículo 215 TFUE porque no existía una decisión válida adoptada de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea; c) que no había un vínculo suficiente para invocar contra el demandante el artículo 215 TFUE.
—

Anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 66, p. 26) y el Reglamento (UE) no 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 66, p. 1), en lo que se refiere al demandante.
—

En consecuencia, estime las pretensiones de los recurrentes en primera instancia y por tanto: — anule las decisiones de aplicar a los recurrentes una prima en virtud del nuevo sistema de rendimiento derivado de la resolución de 14 de diciembre de 2010 del consejo de administración y de las resoluciones de 9 de noviembre de 2010 y de 16 de noviembre de 2011 del comité de dirección, cuya decisión individual de aplicación está contenida en la nómina salarial de abril de 2012 puesta en conocimiento de los interesados no antes del 22 de abril de 2012. — En consecuencia, — condene a la parte recurrida al pago de la diferencia de retribución resultante de la resolución de 14 de diciembre de 2010 del consejo de administración y de las resoluciones de 9 de noviembre de 2010 y de 16 de noviembre de 2011 en relación con la aplicación del anterior sistema de bonus, diferencia a la que deben sumarse intereses de demora a partir del 22 de abril de 2012 hasta la liquidación total, fijados al tipo del BCE más 3 puntos; — Condene a la parte recurrida al pago de una indemnización por el prejuicio sufrido a causa de la pérdida de poder adquisitivo, evaluado ex aequo et bono, y a título provisional en el 1,5 % de la retribución mensual de cada recurrente; — en su caso, si la parte recurrida no los presentara espontáneamente, inste a esa parte en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento a presentar los siguientes documentos: — el acta de la reunión del consejo de administración del BEI de 13 de diciembre de 2011; — los proyectos elaborados por el departamento de recursos humanos de fechas 22 de junio de 2011 (RH/P&O/2011-119), 20 de octubre de 2011 (RH/P&O/2011-74) y 25 de enero de 2012; — condene al BEI al pago de la totalidad de las costas.