Por otro lado, el número de Estados miembros que han legislado o han tenido la intención de legislar en el sector de que se trata en la fecha de la propuesta de la Comisión no es, en sí mismo, determinante para apreciar si el legislador de la Unión actuó dentro de la legalidad al utilizar la vía del artículo 95 CE, toda vez que en la fecha en que se adoptó el acto legislativo en cuestión se reunían los requisitos para utilizar dicho artículo.

La legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto. De ese modo, por lo que respecta a un recurso sobre la utilización de la vía del artículo 95 CE para la adopción de un Reglamento, toma como base la fecha de la adopción del acto de la Unión de que se trata para examinar si se cumplen los requisitos para utilizar la vía del artículo 95 CE como base jurídica. Por el contrario, no puede ser pertinente para ese examen la fecha de la propuesta de Reglamento de la Comisión. En efecto, en el marco de un recurso dirigido contra un acto legislativo, el objeto del control de legalidad del juez de la Unión no es dicha propuesta, sujeta a modificaciones durante el procedimiento legislativo, sino el citado acto legislativo tal como lo ha adoptado el legislador de la Unión al finalizar ese procedimiento.

Las medidas contempladas en el artículo 95 CE, apartado 1, deben tener por objeto mejorar las condiciones de establecimiento y funcionamiento del mercado interior. Si bien la mera comprobación de disparidades entre las regulaciones nacionales y del riesgo abstracto de obstáculos a las libertades fundamentales o de distorsiones de la competencia no basta para justificar la elección del artículo 95 CE como base jurídica, el legislador de la Unión puede utilizar esa vía, en particular, en el caso de que existan diferencias entre las normativas nacionales que puedan obstaculizar el ejercicio de las libertades fundamentales y afectar por ello directamente al funcionamiento del mercado interior o crear distorsiones sensibles de la competencia. Cabe también hacer uso de dicha disposición para evitar la aparición de futuros obstáculos a los intercambios comerciales derivados de la evolución heterogénea de las legislaciones nacionales. No obstante, la aparición de tales obstáculos debe ser probable y la medida de que se trate debe tener por objeto su prevención.

Por lo que respecta a la motivación que ha de figurar en un Reglamento para justificar la utilización de la vía del artículo 95 CE, como la motivación de actos de alcance general puede limitarse a indicar, por una parte, la situación de conjunto que ha conducido a su adopción y, por otra parte, los objetivos generales que se propone alcanzar, no puede reprocharse al legislador de la Unión haber expuesto únicamente de modo general las divergencias entre las normativas nacionales que regulan la materia de que se trata y las perturbaciones que de ello resultan para el funcionamiento del mercado interior. En particular, el legislador de la Unión no estaba obligado a precisar en el propio texto de la exposición de motivos del Reglamento el número y la identidad de los Estados miembros cuya normativa se encuentra en el origen de dicho acto.

Por otro lado, al ser en sí misma suficiente la motivación del citado Reglamento, no puede reprocharse al juez de la Unión haber tomado en consideración, en su examen, la información adicional relativa a la situación de la normativa de los Estados miembros que condujo a la adopción de ese Reglamento, presentada durante el procedimiento contencioso, ya que dicha información no hace más que precisar la motivación del Reglamento.

(véanse los apartados 26, 27, 29 y 30)