El Consejo actuó de esta forma pese a no haberse acreditado en absoluto la urgencia y a que el propio Consejo no invoca imposibilidad material o jurídica alguna para comunicar a la interesada los «nuevos elementos» que, según él, justificaban su mantenimiento en la lista.

El Consejo adoptó la Decisión 2008/583, por la que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, sin haber comunicado previamente a la interesada los nuevos datos o los nuevos elementos del expediente que, según él, justificaban su mantenimiento en la lista de las personas, grupos y entidades cuyos fondos deben ser congelados y, a fortiori, no le dio la oportunidad de exponer eficazmente su postura al respecto antes de la adopción de dicha Decisión.

El hecho de que el Consejo no se atuviese a un procedimiento claramente definido por una sentencia anterior del Tribunal de Primera Instancia relativa a las mismas partes y encaminado a garantizar el respeto del derecho de defensa en el marco de la adopción de una medida comunitaria de congelación de fondos, omisión que se produjo con pleno conocimiento de causa y que no puede fundarse en ninguna justificación razonable, podría constituir un indicio pertinente para el examen del motivo basado en un abuso o en una desviación de poder.

De ello se desprende que, si bien es cierto que la carga de la prueba de que la congelación de fondos de una persona, grupo o entidad está o sigue estando legalmente justificada incumbe al Consejo, a la luz de la normativa pertinente, no lo es menos que el objeto de dicha prueba es relativamente limitado en el ámbito del procedimiento comunitario de congelación de fondos. En el caso de una decisión inicial de congelación de fondos, la carga de la prueba se refiere esencialmente a la existencia de información concreta o de elementos del expediente que demuestren que una autoridad nacional que responde a la definición del artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 2001/931 adoptó una decisión en contra del interesado. Por otra parte, en el caso de una decisión subsiguiente de congelación de fondos, previa revisión, la carga de la prueba se refiere esencialmente a la cuestión de si la congelación de fondos sigue estando justificada a la luz de todas las circunstancias relevantes del asunto de que se trate y, muy en particular, teniendo en cuenta las medidas que se hayan tomado a raíz de esta decisión de la autoridad nacional competente.

En virtud del artículo 10 CE, las relaciones entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias se rigen por deberes recíprocos de cooperación leal. En un caso de aplicación del artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y del artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, disposiciones que instauran una forma de cooperación específica entre el Consejo y los Estados miembros en el marco de la lucha común contra el terrorismo, ese principio de cooperación leal entraña, para el Consejo, la obligación de ajustarse tanto como sea posible a la apreciación de la autoridad nacional competente, al menos cuando se trate de una autoridad judicial, en particular en lo que se refiere a la existencia de «pruebas o indicios serios y creíbles» en los que se basa la decisión de dicha autoridad, prevista en el artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 2001/931.

El Consejo dispone de una amplia facultad de apreciación respecto de los elementos que hay que tener en cuenta para adoptar sanciones económicas y financieras al amparo de los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE, de conformidad con una posición común adoptada en virtud de la política exterior y de seguridad común. Esta facultad de apreciación se refiere, en particular, a las consideraciones de oportunidad sobre las que se basan tales decisiones.

Sin embargo, si bien el Tribunal de Primera Instancia reconoce al Consejo un margen de apreciación en la materia, ello no implica que deba abstenerse de controlar la interpretación que esta institución haga de los datos relevantes. En efecto, el juez comunitario no sólo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar la situación y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos. No obstante, en el marco de este control, no le corresponde sustituir la apreciación del Consejo por la suya propia.

(véase el apartado 55)