SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 6 de noviembre de 1997

Asunto T-15/96

Lino Lião

contra

Consejo de la Unión Europea

«Funcionarios — Recurso de anulación — Informe de calificación tardío — Recurso de indemnización — Admisibilidad — Perjuicio»

Texto completo en lengua francesa II-897

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la pretensión de que se anule el informe de calificación definitivo correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 30 de junio de 1993, fechado el 6 de noviembre de 1995 y notificado al demandante el 9 de noviembre de 1995, así como una pretensión de indemnización.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante es funcionario del Consejo de la Unión Europea de grado B 5 desde el 1 de noviembre de 1990.

El presente recurso tiene su origen en la elaboración del informe de calificación del demandante correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 30 de junio de 1993.

La primera versión llevaba la firma del primer calificador debajo de la fecha del 7 de noviembre de 1994 y la del segundo calificador debajo de la fecha del 28 de noviembre de 1994. El demandante firmó el informe el 8 de diciembre de 1994, añadiendo el siguiente comentario: «No estoy de acuerdo con las evaluaciones del primer calificador y deseo un encuentro con el segundo calificador para proceder a la revisión del informe.»

Mediante escrito de 25 de abril de 1995, el Consejo comunicó al demandante que una petición de revisión por el Comité de informes debía presentarse ante el segundo calificador antes de que éste firmara el informe. Mediante escrito de 12 de mayo de 1995, el demandante llamó la atención del Consejo sobre el hecho de que, cuando recibió el informe de calificación, ya lo habían firmado tanto el primer calificador como el segundo. Así pues, le resultó imposible pedir la revisión antes de la firma del segundo calificador.

Con posterioridad auna reunión celebrada, el 17 de mayo de 1995, entre el segundo calificador y el demandante, el 19 de mayo de 1995 se elaboró una segunda versión del informe de calificación — que cubría el mismo período que la primera-, versión esta que firmó el segundo calificador, así como el primer calificador, en concepto de «persona consultada». Esta segunda versión confirmó la evaluación y la calificación de la primera. El demandante la firmó el 31 de mayo de 1995, añadiendo el siguiente comentario: «No comparto las evaluaciones de los calificadores primero y segundo.»

Mediante escrito de 18 de agosto de 1995, registrado en el servicio postal del Consejo el 22 de agosto de 1995, el demandante presentó una solicitud de intervención del Comité de informes en relación con la segunda versión del informe de calificación de 19 de mayo de 1995.

Mediante acto presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia ese mismo día, el demandante interpuso un recurso (T-161/95) contra el Consejo, que tiene por objeto «que se anule el informe de calificación correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 30 de junio de 1993», así como que se le conceda la cantidad de 250.000 BFR en concepto de indemnización por el daño material y la cantidad de 75.000 BFR en concepto de indemnización por el daño moral.

El 30 de octubre de 1995, después de haber oído a el demandante y a otras personas citadas por él, el Comité de informes emitió un dictamen sobre la solicitud de 18 de agosto de 1995. En dicho dictamen, el Comité reconoció que hubo un «retraso considerable» en la elaboración de la primera versión del informe de calificación de 7 de noviembre de 1994 e hizo constar que «parece ser que el procedimiento se desarrolló de una manera poco satisfactoria entre principios de noviembre de 1994 y finales de mayo de 1995». Pero el Comité no emitió críticas en cuanto a las apreciaciones analíticas contenidas en dicho informe.

Tras el dictamen del Comité de informes, el 6 de noviembre de 1995 se elaboró una calificación definitiva para el período comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 30 de junio de 1993, calificación que se notificó al demandante el 9 de noviembre de 1995. Esta calificación confirmó, en cuanto al fondo, la anterior versión de 19 de mayo de 1995.

Sobre el fondo

Para fundamentar su recurso, el demandante invoca dos motivos. El primer motivo se basa en que el informe de calificación impugnado se elaboró tardíamente, con infracción del artículo 43 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), de la Decisión del Consejo de 19 de octubre de 1981, por la que se establecen las disposiciones generales de aplicación del artículo 43 del Estatuto, relativo a los informes de calificación (DGE), y de la guía para la calificación del Consejo [Comunicación al personal de 28 de julio de 1989, no 99/89 (guía para la calificación)]. El segundo motivo se basa en la irregularidad del procedimiento, en cuanto que el examen de las versiones del informe de calificación de 7 de noviembre de 1994 y de 19 de mayo de 1995 pone de relieve que los calificadores primero y segundo firmaron dichas versiones antes de que el demandante hubiera estado en condiciones de formular observaciones o de solicitar una entrevista con el segundo calificador (apartado 19).

Sobre la pretensión de anulación

Para fundamentar su recurso, el demandante invoca dos motivos.

Sobre el primer motivo, basado en el retraso en la elaboración del informe de calificación

Contrariamente a lo que mantiene el demandante, la Comunicación al personal no 68/93, de 9 de julio de 1993, en virtud de la cual el plazo para la elaboración de los informes de calificación se fijó a 1 de noviembre de 1993, en lo que atañe a los primeros calificadores, y a 1 de enero de 1994, respecto de los segundos calificadores, no adolece de ilegalidad. En efecto, aunque las disposiciones del artículo 43 del Estatuto, en relación con los artículos 1 y 11 de las DGE, prevén que cada dos años se elaborará un informe de calificación y que dicha calificación «se elaborará en la fecha de 1 de julio», la Administración dispone de un plazo razonable para elaborar el informe de calificación tras la fecha prevista por las DGE. Este plazo fue razonable en el caso de autos, habida cuenta, en particular, de las exigencias del procedimiento de calificación que se explicitan en las DGE y en la guía para la calificación (apartado 32).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 1 de diciembre de 1994, Ditterich/Comisión (T-79/92, RecFP p. II-907), apartado 72

En segundo lugar, no debe tomarse en consideración el retraso en la elaboración del informe de calificación posterior al 19 de mayo de 1995. En efecto, dado que el demandante solicitó la intervención del Comité de calificaciones, como prevé la guía para la calificación, no cabe imputar a la Administración el retraso adicional resultante (apartado 33).

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de marzo de 1989, Bevan/Comisión (140/87, Rec. p. 701)

No obstante, salvo circunstancias excepcionales, no cabe anular un informe de calificación por la única razón de haber sido elaborado tardíamente, con infracción del artículo 43 del Estatuto. En efecto, si pudiera anularse un informe de calificación por el único motivo de su carácter tardío, resultaría imposible elaborar un informe válido transcurrido cierto plazo, por una parte, y el informe que habría de sustituir al informe anulado en ningún caso podría ser, por otra parte, menos tardío que éste (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 26 de octubre de 1994, Marcato/Comisión (T-18/93, RecFP p. II-681), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 1 de diciembre de 1994, Schneider/Comisión (T-54/92, RecFP p. II-887), apartados 26 a 27; Tribunal de Primera Instancia, 18 de junio de 1996, Vela Palacios/CES (T-150/94, RecFP p. II-877), apartado 52

Si bien el retraso en la elaboración de un informe de calificación puede, en su caso, dar derecho a reparación en beneficio del funcionario afectado, dicho retraso en ningún caso puede afectar a la validez del informe de calificación ni, por consiguiente, justificar su anulación (apartado 35).

Referencia: Tribunal de Justicia, 16 de diciembre de 1987, Turner/Comisión (178/86, Rec. p. 5367), apartados 8 y 9; Tribunal de Justicia, 9 de febrero de 1988, Picciolo/Comisión (1/87, Rec. p. 711), apartado 32; Bevan/Comisión, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latbam/Comisión (T-63/89, Rec. p. II-19), apartado 15

Sobre el segundo motivo, basado en la irregularidad del procedimiento

En las circunstancias del caso de autos, la irregularidad en que se incurrió al elaborar la primera versión del informe de calificación, en noviembre de 1994, fue efectivamente corregida más tarde. Por consiguiente, no cabe considerar que tal irregularidad pueda cuestionar la validez de la versión definitiva del informe, de 6 de noviembre de 1995, que constituye el objeto del presente recurso. Lo mismo cabe decir en lo que atañe al hecho de que el primer calificador firmara la versión de 19 de mayo de 1995 en tanto que «persona consultada» (apartado 45).

Referencia: Picciolo/Comisión, antes citada, apartado 25

Sobre la pretensión de indemnización

Sobre la admisibilidad del recurso

Los artículos 90 y 91 del Estatuto supeditan la admisibilidad del recurso judicial interpuesto por un funcionario contra la Institución de la que forma parte al requisito de principio de un desarrollo regular del procedimiento administrativo previo que dichos artículos regulan. Estas normas son de orden público y las partes no pueden eludir su aplicación. Según el artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia podrá examinar de oficio en cualquier momento las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público (apartado 54).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 11 de mayo de 1992, Whitehead/Comisión (T-34/91, Rec. p. II-1723), apartados 18 y 19

Con arreglo al apartado 2 del artículo 91 del Estatuto, sólo podrá ser admitido un recurso ante el Tribunal de Justicia si, previamente, se hubiere presentado reclamación ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, dentro del plazo que en él se prevé, y si respecto de esta reclamación se hubiere adoptado una decisión denegatoria, ya sea explícita o implícita. El apartado 2 del artículo 90 del Estatuto dispone que los funcionarios podrán presentar ante la AFPN reclamaciones dirigidas contra los actos que les sean lesivos, bien se hayan producido por resolución de la AFPN o por la falta de adopción por ésta de medidas que hubieran debido tomarse según el Estatuto. Un acto lesivo puede consistir, entre otras cosas, en la denegación presunta o expresa de una petición dirigida previamente por el funcionario a la AFPN con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto (apartado 55).

No obstante, cuando el acto lesivo es un informe de calificación, el funcionario, como excepción al procedimiento previsto en los artículos 90 y 91 del Estatuto, tiene la facultad de interponer directamente ante el órgano jurisdiccional comunitario un recurso de anulación del mencionado informe. Esta excepción se justifica por el hecho de que el informe de calificación expresa la opinión libremente formulada por los calificadores y no la apreciación de la AFPN. Por lo tanto, presentar una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto no es un requisito previo necesario para interponer un recurso judicial, por motivos análogos a los que el Tribunal de Justicia tiene en cuenta en relación con las decisiones de los tribunales de oposiciones que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de ser anuladas o modificadas por la AFPN (apartado 56).

Referencia: Tribunal de Justicia, 3 de julio de 1980, Grassi/Consejo (asuntos acumulados 6/79 y 97/79, Rec. p. 2141); Tribunal de Primera Instancia, 16 de julio de 1992, Della Pietra/Comisión (T-1/91, Rec. p. II-2145), apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 26 de septiembre de 1996, Maurissen/Tribunalde Cuentas (T-192/94, RecFP p. II-1229), apartado 22

En cuanto al recurso de indemnización, en el sistema de recursos que establecen los artículos 90 y 91 del Estatuto, un recurso de este tipo, que constituye una vía procesal autónoma con respecto al recurso de anulación, sólo es admisible si ha sido precedido por un procedimiento administrativo previo con arreglo a las disposiciones del Estatuto. Este procedimiento difiere según que el daño cuya reparación se pida resulte de un acto lesivo, en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, o de una conducta de la administración desprovista de carácter decisorio. En el primer supuesto, incumbe al interesado presentar ante la AFPN, dentro del plazo establecido, una reclamación dirigida contra el acto de que se trate. En el segundo

supuesto, en cambio, el procedimiento administrativo deberá iniciarse mediante la presentación, con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, de una petición dirigida a obtener una indemnización por daños y perjuicios, y continuarse, en su caso, mediante una reclamación dirigida contra la decisión desestimatoria de la petición (apartado 57).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 28 de junio de 1996, Y/Tribunal de Justicia (T-500/93, RecFP p. II-977), apartado 64

Sólo cuando existe una relación directa entre un recurso de anulación y el recurso de indemnización es admisible este último en cuanto accesorio del recurso de anulación, sin que necesariamente deba ser precedido por una petición que inste a la AFPN a reparar el perjuicio presuntamente sufrido ni por una reclamación que impugne la procedencia de la denegación implícita o explícita de la petición. En cambio, cuando el perjuicio alegado no resulta de un acto cuya anulación se persigue, sino de varias acciones y omisiones supuestamente cometidas por la Administración, el procedimiento administrativo debe iniciarse imperativamente con una petición que inste a la AFPN a reparar dicho perjuicio (apartado 58).

Referencia: Y/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 66

La finalidad del procedimiento administrativo previo es, por un lado, garantizar que la AFPN se encuentre en condiciones de conocer los motivos del interesado de una manera suficientemente precisa antes de la interposición de un recurso judicial y, por otro, hacer posible la solución amigable de las controversias que surjan entre los funcionarios o agentes de las Comunidades y las Instituciones (apartado 64).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Moat/Comisión (T-58/92, Rec. p. II-1443), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 12 de marzo de 1996, Weir/Comisión (T-361/94, RecFP p. II-381), apartados 27 y 28

En el caso de autos, la pretensión de indemnización se basa ùnicamente en la elaboración tardía del informe de calificación, sin que ningún motivo haga referencia también a su contenido. En tales circunstancias, nada impide que la propia AFPN aprecie el carácter fundado de la pretensión y, en su caso, solucione el asunto amigablemente, antes de que se inteiponga un recurso. Así pues, no sería conforme con la finalidad de los artículos 90 y 91 del Estatuto permitir que el demandante interponga el referido recurso de indemnización sin procedimiento administrativo previo. En el sistema de recursos que ha establecido el Estatuto, la apreciación de tal pretensión forma parte en primer lugar de la competencia de la AFPN, en el marco del procedimiento administrativo previo que establece (apartados 65 y 66).

La conexión entre el recurso de anulación y el recurso de indemnización que invoca el demandante no es suficiente para determinar la admisibilidad del recurso de indemnización, puesto que el procedimiento administrativo previo falta por completo (apartado 67).

De cuanto antecede resulta que debe declararse la inadmisibilidad de la pretensión de indemnización.

A mayor abundamiento, el demandante no ha demostrado haber sufrido un perjuicio material como consecuencia de la elaboración tardía del informe de calificación impugnado. Del mismo modo, el demandante no ha demostrado haber «perdido una oportunidad» de ser promovido. Figuraba en las listas de promoción para los ejercicios de que se trata, y la mera inexistencia de un informe de calificación no basta por sí misma para demostrar que la AFPN haya rebasado su facultad de apreciación con ocasión del examen comparativo de los méritos de los funcionarios interesados (apartados 71 y 72).

En cuanto al perjuicio moral, la mera circunstancia de que el demandante reuniera todos los requisitos para poder ser promovido no es suficiente para generar en su favor una confianza legítima (apartado 73).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 6 de junio de 1996, Baiwir/Comisión (T-262/94, RecFP p. II-739), apartado 67

Por lo que se refiere al perjuicio moral resultante del estado de incertidumbre e inquietud en el que quedó sumido el demandante debido al hecho de no poseer un expediente individual regular y completo, tal perjuicio sólo se invocó en la fase de réplica y el demandante no alegó elementos precisos a este respecto, al menos en lo que atañe al período que finalizó en noviembre de 1994 (apartado 74).

En tales circunstancias, y habida cuenta del hecho de que el demandante se encuentra aún en una etapa relativamente inicial de su carrera, el hecho de que en la presente sentencia se haga constar la mala gestión de su expediente por parte del Consejo, extremo ya observado por el Comité de informes, basta para reparar de manera adecuada el perjuicio moral alegado por el demandante (apartado 75).

Fallo:

Se desestima el recurso.