ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 220/18

Recurso interpuesto el 19 de junio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda

(Asunto C-226/09)

2009/C 220/33

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Konstantinidis y A.-A. Gilly, agentes)

Demandada: Irlanda

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los principios de igualdad de trato y transparencia, como los interpreta el Tribunal de Justicia, al atribuir los coeficientes de ponderación de los criterios de adjudicación a la fecha de cierre del plazo de presentación de ofertas y modificarlos tras un examen previo de las ofertas enviadas.

— Que se condene en costas a Irlanda.

Motivos y principales alegaciones

En el caso de la licitación en cuestión, el poder adjudicador publicó una licitación de la que se desprendía razonablemente que los criterios de adjudicación se aplicarían en orden de importancia decreciente. A la fecha de cierre del plazo de presentación de ofertas, decidió atribuir a los criterios de adjudicación una ponderación relativa. Tras un examen previo de las ofertas enviadas, la mesa de contratación del poder adjudicador discutió la posibilidad de variar estas ponderaciones, y en su caso modificarlas.

Las ponderaciones relativas asignadas a los criterios de adjudicación tras la presentación de las ofertas y el examen inicial modificaron la importancia de los criterios de adjudicación y atribuyeron una importancia relativa sustancialmente diferente de la que el licitador habría razonablemente inferido de la licitación.

Toda vez que la licitación en cuestión versaba sobre la provisión de servicios que no están enumerados en el anexo II A de la Directiva 2004/18/CE, (1) las detalladas normas de procedimiento de esta Directiva no son de aplicación. Del mismo modo, el artículo 40 de la Directiva, con arreglo al cual los poderes adjudicadores han de especificar en la invitación a presentar una oferta al menos la ponderación relativa de los criterios de adjudicación, tampoco era aplicable. No obstante, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el poder adjudicador está obligado a respetar los principios fundamentales del Tratado, incluidos los principios de igualdad de trato y transparencia.

La Comisión alega que el poder adjudicador, que está sujeto a la obligación de respeto de las normas y principios fundamentales del Tratado CE, vulneró los principios de igualdad de trato y transparencia, tal y como los interpreta el Tribunal de Justicia, al modificar los criterios de adjudicación durante el procedimiento de licitación.

(1) Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 205/20

Recurso interpuesto el 9 de junio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República eslovaca

(Asunto C-207/09)

2009/C 205/35

Lengua de procedimiento: eslovaco

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: K. Simonsson, A. Tokár, agentes)

Demandada: República Eslovaca

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 94/57/CE, (1) al haber utilizado los servicios de sociedades que no están reconocidas, en el sentido de los artículos 2 y 4 de dicha Directiva, a efectos de la realización de las inspecciones y peritajes previstos en el artículo 3 de la citada Directiva.

— Que se condene en costas a la República Eslovaca.

Motivos y principales alegaciones

La República Eslovaca ha utilizado los servicios de sociedades que no son sociedades de clasificación reconocidas en el sentido de la Directiva 94/57/CE y, según la información de la Comisión, no ha puesto fin a las tareas atribuidas a tales sociedades. Además, dado que la República Eslovaca no ha establecido un marco normativo adecuado a fin de evitar en el futuro eventuales encargos a sociedades de clasificación no reconocidas, existe el riesgo de que se repitan casos similares de incorrecta aplicación de la Directiva 94/57/CE, como aquellos que son objeto del presente recurso.

(1) Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas (DO L 319, p. 20).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 153/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Bíróság el 8 de abril de 2009 — József Uzonyi, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Asunto C-133/09)

2009/C 153/40

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Fővárosi Bíróság

Partes en el procedimiento principal

Demandante: József Uzonyi

Demandada: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Cuestión prejudicial

¿Se desprende de la frase «se concederá sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios», recogida en el artículo 143 ter bis, apartado 1, del Reglamento no 1782/2003, (1) en su versión vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, que, en lo que atañe al derecho al pago aparte por azúcar en relación con el pago único por superficie, no puede establecerse una distinción entre los agricultores en función de que entreguen directamente (por cuenta propia) o indirectamente (a través de un integrador) la remolacha azucarera para su transformación?

(1) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 90/15

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) el 13 de febrero de 2009 — Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

(Asunto C-62/09)

2009/C 90/24

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Association of the British Pharmaceutical Industry

Demandada: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

Cuestiones prejudiciales

¿Prohíbe el artículo 94, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE (1) que un organismo público que forma parte de un sistema nacional de seguridad social establezca, con el objeto de reducir su gasto total en medicamentos, un sistema que ofrece incentivos económicos a las prácticas médicas (que pueden proporcionar, a su vez, un beneficio económico al médico que realiza la prescripción) consistentes en prescribir un medicamento designado específico promocionado por el sistema de incentivos, que sea:

(a) o bien un medicamento prescrito distinto del que anteriormente había prescrito el médico al paciente; o bien

(b) un medicamento prescrito distinto del que se le habría prescrito al paciente de no existir el sistema de incentivos;

cuando el medicamento prescrito pertenezca a la misma clase terapéutica de medicamentos utilizada para tratar la afección particular del paciente?

(1) Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 90/11

Recurso de casación interpuesto el 30 de enero de 2009 por la Société des plantations de Mbanga SA (SPM) contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) dictada el 13 de noviembre de 2008 en el asunto T-128/05, SPM/Consejo y Comisión

(Asunto C-39/09 P)

2009/C 90/16

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Société des plantations de Mbanga SA (SPM) (representante: A. Farache, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea, Comisión de las Comunidades Europeas

Pretensiones de la parte recurrente

— Con carácter principal: — Que se anule parcialmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. — Que se condene a la Comisión al pago de una indemnización y también al pago de las costas de ambos procedimientos, incluidas las de la parte recurrente en casación.

— Con carácter subsidiario: — Que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie de nuevo sobre el asunto y sobre el importe de las indemnizaciones que hayan de abonarse.

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente en casación invoca esencialmente dos motivos en apoyo de su recurso.

En su primer motivo, alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho cuando afirmó que el régimen comunitario de importación de plátanos no ignora de una forma manifiesta y grave el principio del mantenimiento de una competencia efectiva, principio que, en opinión de la parte recurrente, constituye una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares.

A este respecto, la parte recurrente invoca, por un lado, que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta los objetivos en materia de competencia, en la medida en que basó su resolución únicamente en los objetivos generales perseguidos concretamente en el marco de la organización común del mercado en el sector del plátano. Por otro lado, la parte recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente la relación existente entre la normativa comunitaria y las prácticas contrarias a la competencia que se dan en el mercado del plátano, al no admitir que las disposiciones comunitarias permiten conceder ciertas ventajas económicas, mediante los certificados de importación, a algunos operadores económicos cuya posición en el mercado se ve reforzada por las normas existentes.

En su segundo motivo la parte recurrente invoca la violación, por el Tribunal de Primera Instancia, de los principios generales del Derecho y, en particular del principio de buena administración, en la medida en que consideró que éste no constituye, en sí mismo, una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. Pues bien, la jurisprudencia ha reconocido en repetidas ocasiones el citado principio, que da lugar en el presente caso a una obligación de la Comisión de tener en cuenta la especial situación del mercado y de los productores que no pueden lograr que se les reconozca la condición de operadores al aprobarse la normativa comunitaria.
1)

¿El cambio de la reserva a otro vuelo constituye uno de los supuestos previstos por el artículo 4, apartado 3, del Reglamento no 261/2004 (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91? (1)
—

Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (1), al no haber designado, como exige el artículo 7 de la Directiva 2003/55/CE, los gestores de red, al no haber previsto únicamente un acceso regulado, sino también un acceso negociado de terceros a la red, contrariamente a lo que dispone el artículo 18 de la Directiva 2003/55/CE, en combinación con su artículo 25, apartado 2, al no haber adaptado el Derecho interno al artículo 22, apartado 3, letras d y e, y apartado 4 de dicha Directiva.
1)

¿Es conforme con la Directiva 97/81 (1), en particular con la cláusula 4, relativa al principio de no discriminación, la normativa del Estado italiano (el citado artículo 7, apartado 1, de la Ley 638/83) que da lugar a que no se consideren como antigüedad de cotización, útil para la obtención de la pensión, los períodos del régimen de tiempo parcial vertical en los que no se ha trabajado?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/8

Petición de decisión prejudicial planteada por la House of Lords (Reino Unido) el 23 de julio de 2008 — The Queen (ex parte: M) (FC)/Her Majesty's Treasury y otros

(Asunto C-340/08)

(2008/C 260/13)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

House of Lords

Partes en el procedimiento principal

Demandante: The Queen (ex parte: M) (FC)

Demandada: Her Majesty's Treasury y otros

Cuestiones prejudiciales

¿El artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 881/2002 (1) del Consejo se aplica a las prestaciones de seguridad social que facilita el Estado al cónyuge de una persona designada por el Comité de Sanciones establecido conforme a la Resolución de Naciones Unidas 1267 (1999), por el mero hecho de que el cónyuge vive con esa persona designada y utilizará o podrá utilizar parte de los fondos para pagar bienes y servicios que aquél consumirá o de los que se beneficiará?

(1) Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO L 139, p. 9).
2)

En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté facultado para prohibir, en aplicación de la Directiva y del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (2), ¿puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de remisión a sitios web suministra un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31, de 8 de junio de 2000 (3), de modo que no podría incurrir en responsabilidad antes de que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso ilícito de dicha marca?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 171/12

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 2 de abril de 2008 — J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j./Hauptzollamt Bremen

(Asunto C-134/08)

(2008/C 171/21)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Hauptzollamt Bremen

Recurrida: J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

Cuestión prejudicial

El artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2193/2003 del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por el que se establecen derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados productos originarios de los Estados Unidos de América (1), ¿debe interpretarse en sentido contrario a su tenor literal, de modo que no están sujetos a derechos de aduana adicionales tales productos cuando pueda demostrarse que ya han sido enviados a la Comunidad en la fecha inicial de aplicación de los derechos de aduana adicionales y no pueda modificarse su destino?

(1) DO L 328, p. 3.
1)

¿Prohíbe el Derecho de la Unión Europea, en particular el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 60/2004 (1) de la Comisión, en conexión con el tercer considerando del Reglamento (CE) no 832/2005 (2) de la Comisión y el artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1972/2003 (3) de la Comisión, determinar la cuantía de los excedentes de un agente económico de forma que se deduzcan automáticamente de los excedentes [sic] (como existencias de enlace) las existencias medias de dicho agente, multiplicadas por el factor 1, 2, al 1 de mayo de los últimos (no más de cuatro) años de actividad anteriores al 1 de mayo de 2004? Si se responde afirmativamente a esta cuestión, ¿será diferente la respuesta si al determinar el volumen de las existencias de enlace y de los excedentes se puede tener en cuenta también un aumento del volumen de producción, de transformación o de ventas del agente económico, el tiempo de maduración del producto agrícola de que se trate, el tiempo de creación de las existencias y otras circunstancias independientes del agente económico?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 51/36

Recurso interpuesto el 11 de diciembre de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda

(Asunto C-554/07)

(2008/C 51/59)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Lyal y M. Afonso, agentes)

Demandada: Irlanda

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 9 y 13 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (1), al no haber adaptado correctamente la legislación irlandesa al artículo 13 de dicha Directiva (incluido el anexo I de ésta) y al haber excluido, consecuentemente, del ámbito de aplicación del impuesto todas las actividades económicas llevadas a cabo por el Estado, las entidades locales y otros organismos de Derecho público, salvo ciertas excepciones limitadas.

— Que se condene en costas a Irlanda.

Motivos y principales alegaciones

En Irlanda, el Estado y las entidades locales tienen la consideración de sujetos pasivos únicamente en la medida en que así lo disponga el Ministerio de Hacienda mediante una orden específica. En opinión de la Comisión, dicha situación es contraria, en varios aspectos, al sistema establecido en el artículo 13 de la Directiva IVA. En primer lugar, no existe ninguna disposición que establezca la sujeción al impuesto de los organismos públicos cuando no actúen en calidad de autoridades públicas. En segundo lugar, no existe ninguna disposición general que establezca la sujeción al impuesto de los organismos públicos cuando actúen en calidad de autoridades públicas, pero realicen una actividad económica cuya no sujeción al impuesto origine distorsiones significativas de la competencia. La sujeción al impuesto de los organismos públicos se deja a la entera discreción del Ministerio de Hacienda; las disposiciones pertinentes no establecen criterios para su decisión. En tercer lugar, no existe ninguna disposición que establezca la sujeción al impuesto de las actividades relacionadas en el anexo I de la Directiva IVA.

(1) DO L 347, p. 1.
1)

¿Se opone el Reglamento (CEE) no 1768/92 del Consejo (1), de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 182 de 2 de julio de 1992, pp. 1-5, modificado posteriormente) y, más concretamente, su artículo 3, apartado 1, letra c), a que se conceda al titular de una patente de base un certificado para un producto para el que, en el momento en que se solicita el certificado, ya se han expedido uno o varios certificados a favor de uno o varios titulares de una o varias patentes de base?
41.

Según la Comisión, la ponderación de intereses no puede llevar en ningún caso a que el interés general sea siempre preponderante en materia de internamiento y de retorno. El juez nacional debe sopesar globalmente in concreto todos los intereses puestos en relación unos con otros. En esa apreciación concreta el juez nacional debe tener en cuenta especialmente no sólo la gravedad de la infracción sino también los factores pertinentes que el interesado hubiera podido alegar en el procedimiento administrativo y la probabilidad de que esos factores hubieran podido influir en el resultado de ese procedimiento. Ese criterio se podría apoyar mutatis mutandis en el criterio seguido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Distillers Company/Comisión, antes citada, en materia de Derecho de la competencia. La Comisión piensa que en las circunstancias del presente asunto, en el que los interesados fueron oídos aunque de manera irregular y no existen a primera vista factores que hubieran podido influir en el resultado del procedimiento administrativo, el juez nacional podría decidir que la ponderación in concreto se inclinara a favor del interés general.
Dado que la Comunidad sólo dispone de competencias de atribución, la existencia de una competencia, más aún si no está prevista de manera expresa en el Tratado y tiene carácter exclusivo, debe basarse en las conclusiones resultantes de un análisis concreto de la relación entre el acuerdo previsto y el Derecho comunitario vigente, del que se desprenda que la celebración de dicho acuerdo puede afectar a las normas comunitarias.

En algunos casos, el examen y la comparación de los ámbitos cubiertos por las normas comunitarias y por el acuerdo previsto bastan para excluir que las primeras puedan verse afectadas.

No obstante, no es necesario que exista una concordancia completa entre el ámbito abarcado por el acuerdo internacional y el de la normativa comunitaria. Cuando procede determinar si se cumple el criterio enunciado por la fórmula «un ámbito ya cubierto en gran medida por normas comunitarias» que figura en el dictamen 2/91, el análisis debe basarse no sólo en el alcance de las normas de que se trata, sino también en su naturaleza y su contenido. Además, es preciso tener en cuenta no sólo el estado actual del Derecho comunitario en el ámbito afectado, sino también sus perspectivas de evolución, cuando éstas sean previsibles en el momento de dicho análisis.

En definitiva, es fundamental garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas comunitarias y el buen funcionamiento del sistema que establecen para preservar la plena eficacia del Derecho comunitario.

(véanse los apartados 124 a 128)
58.

Sin embargo, en primer lugar, no está claro si la resolución del Conseil d’État (Consejo de Estado) de 7 de febrero de 2020 y el proyecto de decreto que resulta de ella deben considerarse circunscritos a la mutagénesis aleatoria in vitro sobre células aisladas, dado que el concepto de «células vegetales» no es preciso. ( 37 ) En segundo lugar, considero que hacer depender el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/18 no solo de cuestión de si mutagénesis se ha aplicado in vivo o in vitro, sino también de la cuestión de si se ha aplicado sobre células aisladas o sobre entidades pluricelulares contradice claramente la voluntad del legislador de la Unión al adoptar dicha Directiva. El hecho de que el dictamen del HCB y el informe EFSA, redactados en el marco del procedimiento objeto del procedimiento principal, no avalen semejante distinción corrobora este criterio.
45.

En ese sentido, resulta comprensible o incluso imperativo que el artículo 226, punto 11 bis, exija la mención «inversión del sujeto pasivo» en dicha factura. Esta mención tiene por objeto garantizar que el destinatario de la entrega tenga conocimiento de su deuda tributaria y tribute debidamente por la entrega en el país de destino, en lugar del proveedor. Por otro lado, una factura que no desglose el IVA por separado solamente indicará que el proveedor considera que no tiene que recaudar el IVA, pero no explicará por qué razón. Podría deberse, por ejemplo, a la exención o no sujeción de la operación. El traslado de la deuda tributaria al destinatario de la prestación no está necesariamente relacionado con la falta de desglose del IVA.