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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 45/17

Petición de decisión prejudicial planteada por el Obvodní soud pro Prahu 1 (República Checa) el 29 de octubre de 2013 — Hoštická a.s. y otros/Ministerstvo zemědělství

(Asunto C-561/13)

2014/C 45/32

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Obvodní soud pro Prahu 1

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Hoštická a.s., Jaroslav Haškovec, Zemědělské družstvo Senice na Hané

Demandada: Ministerstvo zemědělství

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Se ha de interpretar el artículo 126 del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo (1) en el sentido de que el pago aparte por azúcar es un pago disociado?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 126, apartado 1, del Reglamento no 73/2009 del Consejo en el sentido de que «los criterios fijados por el Estado miembro en 2006 y 2007» incluyen el período representativo elegido por el Estado miembro en ese momento con arreglo al artículo 143 ter bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, (2) en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 319/2006 del Consejo? (3)

(1) Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 30, p. 16).

(2) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).

(3) Reglamento (CE) no 319/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, que modifica el Reglamento (CE) no 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 58, p. 32).
En segundo lugar, opina que el Tribunal General ha infringido lo dispuesto en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento no 1/2003, pues no ha reconocido la ilegalidad de las Directrices [para el cálculo de las multas] de 2006, las cuales no tienen en cuenta la duración y la gravedad de las infracciones de una empresa que fabrica un solo producto.
—

Que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 27, apartado 1, de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, (1) al no haber adoptado en todo el territorio nacional o en algunas partes del mismo, o al no haber comunicado a la Comisión, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para proceder a la transposición del artículo 2, letras a), b), d), f), g), h) y n), del artículo 3, apartado 4, letras a) y b), de los artículos 5 y 13, apartados 1, letra e), y 6, párrafos segundo y tercero, del artículo 14, apartados 2 a 5, del artículo 16, apartados 1, segunda frase, 3, párrafo primero, 4, segunda frase, y 6 a 8, del artículo 17, apartado 1, letra c), con respecto a los biocarburantes, apartado 2, con respecto a los biolíquidos, apartado 3, letra b), inciso i), con respecto a los demás Estados miembros y a los países terceros, apartado 3, letras a), b), inciso ii), c), apartado 4, letras a) a c), y apartado 8, del artículo 18, apartado 1, con respecto a los biolíquidos, y del artículo 19, apartados 1 y 3, con respecto a los biolíquidos, de dicha Directiva, así como de los anexos II a V de la propia Directiva.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 7 de noviembre de 2013 — Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank, Anstalt des öffentlichen Rechts

(Asunto C-571/13)

2014/C 24/10

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Annegret Weitkämper-Krug

Recurrida: NRW Bank, Anstalt des öffentlichen Rechts

Cuestión prejudicial

¿Se ha de interpretar el artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 (1) del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1), en el sentido de que el tribunal ante el que se ha presentado la segunda demanda y que ostenta competencia exclusiva con arreglo al artículo 22 del Reglamento (CE) no 44/2001, pese a ello debe suspender el procedimiento hasta que se haya aclarado definitivamente la competencia del tribunal ante el que se interpuso la primera demanda y al que no asiste competencia exclusiva con arreglo al artículo 22 del Reglamento (CE) no 44/2001?

(1) Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1).
1)

¿Deben entenderse e interpretarse, conjuntamente o por separado, las normas sobre contratación pública del Derecho de la Unión Europea, a saber, a título meramente enunciativo y no limitativo, el artículo 1, apartado 1, párrafo tercero, de la [Directiva 89/665, en su versión modificada por la] Directiva 2007/66, (1) en el que se prevén los principios de eficacia y rapidez en relación con la defensa de los derechos de los licitadores que han sido vulnerados, el artículo 2 de la Directiva 2004/18, (2) que establece los principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia, y los artículos 44, apartado 1, y 53, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/18, que regulan el procedimiento de celebración de un contrato con el licitador que haya presentado la oferta económica más ventajosa, en el sentido de que: a) en el caso de que un licitador tenga conocimiento de un eventual vínculo (relación) significativo entre otro licitador y los expertos del poder adjudicador que han evaluado las ofertas y/o tenga conocimiento de la eventual situación excepcional de dicho licitador a raíz de su participación en los trabajos preparatorios realizados previamente al procedimiento de licitación controvertido, sin que el poder adjudicador haya adoptado ninguna medida en relación con estas circunstancias, esa información es suficiente por sí sola para sustentar la alegación de que el órgano que conoce de un recurso debe declarar ilegales las actuaciones del poder adjudicador que no garantizaron la transparencia y objetividad del procedimiento, sin que el recurrente esté obligado, por lo demás, a demostrar de modo preciso que los expertos actuaron de forma parcial? b) el órgano que conoce de un recurso, una vez que determine que los motivos del recurso del antes mencionado son fundados, cuando se pronuncie sobre las consecuencias que dichos motivos pueden tener en los resultados del procedimiento de licitación, no está obligado a tener en cuenta que los resultados de la evaluación de las ofertas presentadas por los licitadores habrían sido sustancialmente los mismos de no existir profesionales parciales entre los expertos que evaluaron las ofertas? c) el licitador tiene (finalmente) conocimiento del contenido de los criterios sobre la oferta económica más ventajosa, formulados con arreglo a parámetros cualitativos y establecidos de forma abstracta en las condiciones de licitación (criterios tales como la exhaustividad y compatibilidad con las necesidades del poder adjudicador), con arreglo a los cuales el licitador pudo, en esencia, presentar una oferta, sólo en el momento en que el poder adjudicador evaluó, con arreglo a tales criterios, las ofertas presentadas por los licitadores y facilitó a las partes interesadas información exhaustiva sobre los motivos de las decisiones adoptadas, aplicándose únicamente a partir de dicho momento a ese licitador los plazos para interponer recurso previstos en la legislación nacional?
2)

a) Al determinar si el hecho de declarar accesible a los Black Cabs –pero no a los minicabs– el carril bus de una vía pública durante las horas de funcionamiento de dicho carril bus es selectivo a los efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1, ¿cuál es el objetivo relevante al que ha de atenderse para valorar si los Black Cabs y los minicabs se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable? b) En caso de que pueda demostrarse que el objetivo relevante a efectos de la segunda cuestión, letra a), es, al menos en parte, forjar un sistema de transporte seguro y eficaz, y que existen consideraciones de seguridad o de eficacia que justifican que se permita a los Black Cabs circular por el carril bus –consideraciones que no se dan respecto de los minicabs– ¿puede decirse que la medida no es selectiva en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1? c) Al responder a la segunda cuestión, letra b), ¿ha de tenerse en cuenta el hecho de que el Estado miembro que aduce tal justificación haya demostrado, además, que el trato favorable dispensado a los Black Cabs respecto de los minicabs es proporcionado y no va más allá de lo necesario?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 377/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België (Bélgica) el 3 de octubre de 2013 — Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck

(Asunto C-525/13)

2013/C 377/12

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Cassatie van België

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vlaams Gewest

Demandada: Heidi Van Den Broeck

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 33, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2419/2001 (1) de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducido por el Reglamento (CEE) no 3508/92 del Consejo, en el sentido de que la no concesión de «la ayuda a la que hubiera tenido derecho el productor, con arreglo al apartado 2 del artículo 31, con cargo al régimen de ayuda de que se trate», durante el año natural en cuestión, hace referencia al importe de la ayuda que se adeuda en virtud de la aplicación del «régimen de ayuda de que se trate» enumerado en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 3508/92 (2) del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, por el que se establece un sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios, de suerte que se denegará no sólo la ayuda correspondiente al «grupo de cultivos de que se trate», sino también el importe total de la ayuda en virtud de la aplicación de uno de los regímenes de ayuda enumerados en la citada disposición del que forme parte el grupo de cultivos de que se trate?

(1) DO L 327, p. 11.

(2) DO L 355, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 359/3

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 30 de agosto de 2013 — Heidemarie Retzlaff/easyJet Airline Co. Ltd

(Asunto C-476/13)

2013/C 359/04

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Heidemarie Retzlaff

Demandada: easyJet Airline Co. Ltd

Cuestiones prejudiciales

1) Si el transportista aéreo ha cumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 8, apartado 1, y 9, apartado 1, del Reglamento, (1) ¿pueden deducirse del derecho a compensación derivado del artículo 7 del Reglamento los derechos a obtener una compensación concedidos por la legislación nacional y dirigidos al reembolso de gastos de viaje adicionales causados por la cancelación del vuelo reservado?

2) En caso de que sea posible realizar la referida deducción: Respecto de los costes del transporte alternativo hasta el destino final del viaje en avión, ¿rige el mismo criterio que para la cuestión anterior?

3) En el supuesto de que sea posible realizar la referida deducción: ¿Puede el transportista aéreo efectuarla en todo caso, o ello depende de en qué medida la autorice la legislación nacional o la considere adecuada el órgano jurisdiccional?

4) En el supuesto de que haya de atenderse a la legislación nacional o el órgano jurisdiccional haya de adoptar una decisión discrecional: ¿El pago de la compensación prevista en el artículo 7 del Reglamento debe compensar solamente por las molestias y por la pérdida tiempo ocasionada a los pasajeros aéreos debido a la cancelación, o también por los daños patrimoniales?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
1)

Aplicación errónea de una norma jurídica, es decir, al no dar carácter ejecutivo a la nota de adeudo y, en consecuencia, al no aplicar el artículo 263 TFUE. El Tribunal General aplicó erróneamente una norma de Derecho al determinar que la Comisión Europea no hizo uso de sus prerrogativas de autoridad pública y que la finalidad de la nota de adeudo consiste en el ejercicio de los derechos que las disposiciones del contrato otorgan a la Comisión.
4)

— ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo, en el sentido de que no es posible que el prestamista facilite explicaciones adecuadas al consumidor si no ha comprobado previamente cuál es su situación financiera y cuáles son sus necesidades? — ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48/CE en el sentido de que se opone a que las explicaciones adecuadas facilitadas al consumidor sólo resulten de la información contractual contenida en el contrato de crédito y no de un documento específicamente preparado al efecto?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 274/14

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 16 de julio de 2013 — R en representación de ClientEarth/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Asunto C-404/13)

2013/C 274/25

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: ClientEarth

Recurrida: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Cuestiones prejudiciales

1) Si, en virtud de la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (en lo sucesivo, «Directiva»), (1) en una zona o aglomeración determinada no puedan respetarse los valores límite de dióxido de nitrógeno en el plazo límite de 1 de enero de 2010 fijado en el anexo XI de la Directiva, ¿está el Estado miembro obligado por la Directiva y/o por el artículo 4 del TUE a solicitar la prórroga del plazo con arreglo a lo previsto en el artículo 22 de la Directiva?

2) En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias (de haberlas) puede quedar un Estado miembro exento de dicha obligación?

3) ¿En qué medida (en caso de hacerlo) afecta el artículo 23 (en concreto, su apartado segundo) a las obligaciones de un Estado miembro que ha incumplido el artículo 13?

4) En caso de incumplimiento de los artículos 13 o 22, ¿qué medidas judiciales (en su caso) debe proporcionar un órgano jurisdiccional nacional en virtud del Derecho europeo con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 30 de la Directiva y/o en los artículos 4 o 19 del TUE?

(1) Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152, p. 1).
2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿procede interpretar las disposiciones transitorias del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, (2) en el sentido de que obligan a la República Checa a conceder una prestación familiar después del 30 de abril de 2010, a pesar de que desde el 1 de mayo de 2010 la competencia de un Estado puede verse influida por la nueva definición de residencia introducida por el Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (artículos 22 y siguientes)? (3)
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/30

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido) el 28 de junio de 2013 — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents

(Asunto C-364/13)

2013/C 260/54

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: International Stem Cell Corporation

Recurrida: Comptroller General of Patents

Cuestión prejudicial

¿Están comprendidos en la expresión «embriones humanos» contenida en el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44/CE, (1) relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, los óvulos humanos no fecundados que han sido estimulados mediante partenogénesis para que se dividan y sigan desarrollándose y que, a diferencia de los óvulos fecundados, sólo contienen células pluripotentes y no son aptos para convertirse en seres humanos?

(1) Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (DO L 213, p. 13).
—

Eso sí, la parte recurrente tiene que cumplir la obligación dentro del plazo, cosa que hizo, por lo que no procede interpretar que lo que cuenta es la fecha de recepción, ya que ello implicaría la violación del principio de igualdad dada la diversidad de países y el hecho de que los medios no estén disponibles y no sean exigibles, al ser alternativos conforme a lo dispuesto en el Reglamento no 2868/95.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 171/25

Recurso interpuesto el 6 de mayo de 2013 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-248/13)

2013/C 171/48

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: J. Curral, J. P. Keppene y D. Martin, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que, al no adoptar la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2012, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones, el Consejo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Estatuto de los Funcionarios.

— Que se condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso la demandante alega que el Consejo no obró conforme a Derecho al no adoptar la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se adaptan las retribuciones y pensiones de los funcionarios con arreglo al artículo 3 del anexo XI del Estatuto, aunque de su tenor imperativo se deduce que el método de adaptación anual de dichas retribuciones y pensiones es un procedimiento automático que no deja ningún margen de apreciación al Consejo. En efecto, el citado artículo impone al Consejo la obligación de adoptar la propuesta de la Comisión antes del 31 de diciembre del año en curso. La Comisión reprocha al Consejo haberse limitado a constatar que no existía mayoría cualificada en su seno para adoptar la propuesta de la Comisión, relativa, por una parte, a la adaptación salarial y, por otra parte, a los coeficientes correctores previstos en el anexo XI del Estatuto. La demandante afirma que el Consejo aplicó, en realidad e injustificadamente, el artículo 10 del anexo XI, ignorando las prerrogativas de la Comisión y del Parlamento. Al obrar de esta forma, concluye la Comisión, el Consejo no sólo ha infringido las citadas disposiciones, sino que también ha vulnerado el principio de equilibrio institucional, incurriendo al mismo tiempo en desviación de poder.
7)

¿Los principios generales del Derecho comunitario vigente de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima, igualdad de armas en el proceso, tutela judicial efectiva, derecho a un juez independiente y, en general, derecho a un proceso equitativo, garantizados por el artículo 6 TUE, apartado 2 (en su versión modificada por el artículo 1, apartado 8, del Tratado de Lisboa y al que se remite el artículo 46 del TUE), en relación con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y los artículos 46, 47 y 52, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000, según se recogen en el Tratado de Lisboa, deben interpretarse en el sentido de que se oponen, en el ámbito de la aplicación de la Directiva 1999/70, a que el Estado italiano adopte, después de un plazo considerable (tres años y seis meses), una norma, como el artículo 9 del Decreto Legislativo no 70, de 13 de mayo de 2011, convertido en la Ley no 106, de 12 de julio de 2011, que ha añadido el apartado 4 bis al artículo 10 del Decreto Legislativo no 368/01, que puede modificar las consecuencias de los procesos en curso perjudicando directamente al trabajador en beneficio del empleador-Estado y eliminando la posibilidad que confiere el ordenamiento interno de sancionar la reiteración abusiva de los contratos de duración determinada?
4)

En caso de respuesta afirmativa también a la tercera cuestión: ¿Permite la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión, mientras no se implemente una normativa salarial no discriminatoria, una consecuencia jurídica distinta de la retribución retroactiva de los discriminados conforme al máximo escalón de su grupo salarial? A este respecto, la consecuencia jurídica de la vulneración del principio de no discriminación ¿se deriva del propio Derecho primario y/o derivado de la Unión, en particular de la Directiva 2000/78/CE, o se deriva el derecho únicamente de la responsabilidad del Estado resultante del Derecho de la Unión, a causa de la deficiente transposición de la normativa de la Unión?