En efecto, dado que los Estados miembros pueden someter, en virtud de las disposiciones antes mencionadas de las Directivas 2011/92 y 2010/75, la admisibilidad de los recursos interpuestos por particulares contra las decisiones, actos u omisiones que entran en el ámbito de aplicación de esas Directivas a condiciones, como es la exigencia de una lesión de un derecho subjetivo, esos Estados también están facultados para prever que la anulación de una decisión administrativa por el tribunal competente requiere la vulneración de un derecho subjetivo del que sea titular el demandante. En ese sentido, el legislador nacional está facultado para limitar los derechos cuya vulneración puede ser invocada por un particular en el marco de un recurso jurisdiccional contra una de las decisiones, uno de los actos o una de las omisiones contemplados en el artículo 11 de la Directiva 2011/92 únicamente a los derechos subjetivos, pero esa limitación no puede aplicarse a las asociaciones de defensa del medio ambiente.

Puesto que, conforme al artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2011/92, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y al artículo 25, apartado 1, de la Directiva 2010/75, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), los miembros del público interesado deben tener la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de las decisiones, las acciones u omisiones sujetas a esas Directivas, una disposición nacional de un Estado miembro en virtud de la que la anulación de un acto administrativo exige que la ilegalidad constatada por el juez implique también la vulneración de un derecho subjetivo del demandante no se puede considerar compatible con esas disposiciones de las Directivas.

El artículo 11 de la Directiva 2011/92, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, se opone a que los Estados miembros limiten la aplicabilidad de las disposiciones de transposición al Derecho interno del referido artículo únicamente al supuesto de que se impugne la legalidad de una decisión por haberse omitido la evaluación del impacto medioambiental, sin extenderla al supuesto de que tal evaluación se haya llevado a cabo, pero al término de un procedimiento viciado. Por tanto, una disposición nacional de transposición según la que una autorización administrativa sólo puede ser anulada si no se ha concedido sobre la base de una evaluación o de un examen del impacto medioambiental previos, y regulares por su forma, se debe considerar incompatible con el referido artículo 11.

En ese sentido la circunstancia de que otra disposición nacional prevea la posibilidad de un recurso jurisdiccional en el caso de que se hayan realizado una evaluación o un estudio previo de las repercusiones en el medio ambiente, pero les afecte un vicio de procedimiento, imponiendo no obstante limitaciones al ejercicio de los recursos previstos en el artículo 11 de la Directiva 2011/92, no puede subsanar esa incompatibilidad. En efecto, el Estado miembro que establece esas disposiciones no cumple su obligación de ejecutar las disposiciones de la Directiva con indiscutible fuerza imperativa y con la especificidad, precisión y claridad requeridas para cumplir la exigencia de seguridad jurídica.

(véanse los apartados 36 y 49 a 52)