ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Recurso interpuesto el 2 de agosto de 2018 — WV/SEAE

(Asunto T-471/18)

(2018/C 364/19)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: WV (representante: É. Boigelot, abogado)

Demandada: Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución de 27 de noviembre de 2017 con referencia «eeas.ba.hr.3(2017)6459331» procedente del [confidencial], (1) que conlleva una retención en el salario en proporción a 72 días naturales a cargo de la demandante.

— Anule, en la medida en que sea necesario, la resolución desestimatoria expresa de 2 de mayo de 2018 [«eeas.ba.hr.3/ED/ld(2018)2309062»], a raíz de la reclamación presentada por la demandante el 3 de enero de 2018.

— Decida que los importes que han de ser devueltos a la demandante tras esa anulación se incrementen en un interés de demora del 5 % anual o en cualquier otro porcentaje que fije el Tribunal, calculado al día de la devolución efectiva y en función de la fecha de las distintas retenciones realizadas.

— Condene en costas a la demandada, de conformidad con el artículo 134 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante formula un único motivo, basado en la infracción de los artículos 1 sexto, apartado 2, 12, 12 bis, 21, 25, 26, 55 y 60 del Estatuto de los Funcionarios, en la vulneración del deber de asistencia y protección, en la violación del principio de buena administración y en la infracción de los artículos 1 y 2 del anexo IX del Estatuto y del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1). También alega la vulneración de los artículos 41, 47 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del derecho de defensa, la infracción del artículo 296 TFUE, así como abuso de Derecho y desviación del procedimiento, además de la violación manifiesta del principio de confianza legítima y de igualdad de armas. Por último, la demandante aduce la violación del principio que obliga a la administración a dictar resoluciones basadas únicamente en una motivación legalmente admisible, es decir, pertinente y sin errores manifiestos de apreciación, de hecho o de Derecho, y la violación de los principios de proporcionalidad, contradicción y seguridad jurídica, además de la violación del principio del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).

(1) Datos confidenciales ocultos.
—

Anule la resolución impugnada en su integridad y, en consecuencia, autorice el registro de la marca de la Unión con solicitud de registro n.o 14961767 en relación con todos los productos y servicios designados por la misma de las clases 18, 25 y 35 (o, eventualmente, pida a la EUIPO que examine de nuevo el recurso interpuesto por la parte recurrente el 15 de junio de 2017, pero que esta vez, no obstante, compare la solicitud controvertida con la marca reivindicada por el registro internacional anterior n.o 1258728 del oponente).
1.

Primer motivo, basado en la falta de base jurídica. A este respecto, la demandante sostiene que la decisión impugnada crea una nueva norma de alcance general que rebasa claramente el marco jurídico que rige el ejercicio por la demandada de sus tareas de supervisión prudencial. Además, al adoptar una decisión sin analizar previamente el riesgo de solvencia y de liquidez y sin tomar en consideración el perfil de riesgo de la demandante, la parte demandada excedió las facultades contempladas en los artículos 4, apartado 1, letra f), y 16, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo (BCE) tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63; en lo sucesivo, «Reglamento MUS»). Por último, la demandante considera que el artículo 16, apartado 1, letra c), del Reglamento MUS no autoriza al BCE a actuar para garantizar una «mejor información sobre los riesgos» y que los artículos 4, apartado 1, letra f), y 16, apartado 2, letra d), del referido Reglamento no autorizan la adopción de medidas prudenciales con respecto a partidas fuera de balance.
1.

Primer motivo, basado en la violación de la Guía de calificación y del procedimiento de Annual Salary and Bonus Review (ASBR), la vulneración del principio de seguridad jurídica y el incumplimiento del deber de asistencia y protección, cometidos por la parte demandada al adoptar el informe de evaluación para el año 2016 (en lo sucesivo, «informe de evaluación controvertido»). La parte demandante invoca, en particular, los siguientes argumentos: — El informe de evaluación controvertido fue redactado por un agente de la DG-H y no por los evaluadores. — El informe de evaluación controvertido se adoptó cuando ya se había cerrado de manera definitiva el ejercicio de evaluación de la demandante. — El período de evaluación objeto del informe de evaluación controvertido se refiere a un espacio de tiempo excesivamente corto que no permite la evaluación anual. — El informe de evaluación controvertido no es un instrumento para medir el rendimiento.
2.

Segundo motivo, basado en la aplicación errónea del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c) — Inexistencia de un objetivo de interés común En segundo lugar, la República de Austria señala que, contrariamente a lo que opina la demandada, no existe el interés común necesario para la autorización de la ayuda de conformidad con el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c).
—

Derecho de defensa/confianza legítima/error manifiesto: Incumplimiento y falta de aplicación de los requisitos para la lista de candidatos conforme al punto 4 del anexo II del Reglamento n.o 1107/2009; la demandada no llevó a cabo una evaluación de la exposición para determinar si la excepción del punto 4 del anexo II podría aplicarse a la sustancia. Al hacerlo, vulneró las disposiciones aplicables del Reglamento n.o 1107/2009 así como el derecho de defensa de la demandante y su confianza legítima. Por su parte, la demandada cometió también un manifiesto error de apreciación.
—

Infracción del artículo 42 del Reglamento n.o 207/2009, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.
4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del interés del servicio y en un error manifiesto de apreciación, ya que no se evaluó el conocimiento del neerlandés, pese a tratarse de una unidad neerlandófona. En relación con ello, la parte demandante formula una excepción de ilegalidad con arreglo al artículo 277 del TFUE contra el anuncio de vacante interna, al amparo del artículo 7 del Estatuto. Al no exigir dicho anuncio el perfecto dominio del neerlandés, es, por tanto, contrario al artículo 7 del Estatuto. En consecuencia, la parte demandante solicita que en el presente procedimiento se reconozca incidenter tantum la ilegalidad de dicho anuncio. Por último, aduce que, si bien los demás servicios de traducción de las instituciones pueden beneficiarse de jefes de unidad con un perfecto conocimiento de la lengua de traducción, no ocurre así con la lengua neerlandófona. Así pues, se dará a ésta un trato distinto en relación con las demás lenguas, infringiendo el artículo 1 del Reglamento n.o 1/1958, que atribuye la misma dignidad a todas las lenguas.
—

Por último, la demandante alega que se ha infringido el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001. A pesar de dos ampliaciones del plazo, la última por tiempo indefinido, no se había adoptado, en el momento de interponerse el recurso, ninguna decisión sobre la solicitud confirmatoria presentada por la demandante el 29 de mayo de 2017. El artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 prevé únicamente la posibilidad de ampliar el plazo una vez en 15 días laborables y no por tiempo indefinido.
—

D) En cuanto al fondo: Declare la nulidad/ilegalidad del acto lesivo constituido por el despido con fecha de 22 de diciembre de 2016 denominado «note to the attention of ms Catalina stancu» recibido con fecha 24 de enero de 2017, por las razones expuestas en la demanda, con la inmediata reanudación de la relación laboral y la condena al pago de la indemnización por el daño constituido por las retribuciones devengadas desde la fecha del cese hasta la publicación de la sentencia. Con carácter subsidiario, si no se reincorpora a su puesto de trabajo, condene a ERCEA a la indemnización del perjuicio que se cuantificará en la pérdida de las retribuciones hasta el vencimiento del contrato (enero de 2018) equivalente a 39 000 euros.
1.

Condene a la Unión Europea, representada por el Consejo, a pagar al demandante una indemnización por importe de 250 000 euros en concepto de daños morales supuestamente sufridos por el demandante debido a: — La inclusión en la tabla III del anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, modificada por la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2011, L 319, p. 71), y la inclusión en la tabla III del anexo VIII del Reglamento (UE) n.o 961/2010 a través del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 961/2010 sobre medidas restrictivas contra Irán (DO 2011, L 319, p. 11). — La inclusión en la tabla III del anexo IX del Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 961/2010 (DO 2012, L 88, p. 1). — La inclusión en la tabla III del anexo de la Decisión 2013/661/PESC del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 306, p. 18), y la inclusión en la tabla III del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1154/2013 del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 267/2012 sobre medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 306, p. 3).
—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/423 de la Comisión, de 9 de marzo de 2017, por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y Vietnam y fabricado por Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd y Dongguan Texas Shoes Limited Co., y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14.
1.

Primer motivo, alegado con carácter principal y basado en el hecho de que el régimen de ayudas regional controvertido no se aplicó ilegalmente, dado que no estaba sometido a la obligación de notificación previa. En efecto, se trataba de un régimen de ayudas existente a efectos del artículo 108 TFUE, apartado 1, y de lo dispuesto en el artículo 1, letra b), y en el capítulo VI del Reglamento (UE) n.o 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9). Según la normativa que regula los regímenes de ayudas existentes, su aplicación no es ilegal y la Comisión únicamente puede prescribir, en su caso, medidas apropiadas con el fin de que dichos regímenes evolucionen o desaparezcan en el futuro.
1.

Primer motivo, que se invoca con carácter principal, basado en el hecho de que el régimen de ayudas regional en cuestión no se aplicó ilegalmente, dado que no estaba sujeto a la obligación de notificación previa. Se alega que el régimen de ayudas regional es, de hecho, un régimen de ayudas existente, en el sentido del artículo 108 TFUE, apartado 1, y del artículo 1, letra b), y del capítulo VI del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9) (en lo sucesivo, «Reglamento 2015/1589»). Las partes demandantes sostienen que, según las normas aplicables a los regímenes de ayudas existentes, su aplicación no es ilegal, por lo que la Comisión únicamente puede adoptar, en su caso, medidas útiles para su desarrollo o su supresión en el futuro.
—

Condene a la parte demandada a abonarle el importe de 433 485,93 euros en relación con el convenio de subvención para empresas asociadas n.o 325954 «ESICAPIA-Experimental Subsonic Investigation of a Complete Aircraft Propulsion system Installation and Architecture power plant optimization» más el importe de 2 244,63 euros en concepto de intereses de demora calculados al 3,5 % por el período del 7 de febrero al 1 de abril de 2017.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 213/36

Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN)

(Asunto T-278/17)

(2017/C 213/49)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: The Bank of New York Mellon Corp. (Nueva York, Nueva York, Estados Unidos) (representantes: A. Klett y K. Schlüter, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Nixen Partners (París, Francia)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente

Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «NEXEN» — Solicitud de registro n.o 13374152

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de febrero de 2017 en el asunto R 1570/2016-2

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada de 23 de febrero de 2017 en el asunto R 1570/2016-2 y desestime la oposición.

— Condene en costas a la EUIPO en este procedimiento y en los procedimientos ante la Sala de Recurso y la División de Oposición, incluidos todos los gastos necesarios en que haya incurrido el recurrente en estos procedimientos.

Motivo invocado
4.

Cuarto motivo, basado en la alegación de que el procedimiento que condujo a la adopción del Reglamento impugnado no era conforme con los principios generales del Derecho de la Unión, tal como los principios de buena administración, transparencia y los derechos de defensa de la demandante. — La Comisión no facilitó a la demandante la «información disponible» dentro de plazo después de la divulgación provisional. Cuando la Comisión finalmente reveló por primera vez dicha información junto a otros datos e información, no concedió a la demandante tiempo suficiente para llevar a cabo una apreciación significativa. — Vulneró los derechos de defensa de la demandante al no darle la oportunidad de comentar resultados clave basándose en afirmaciones de última hora del querellante que no fueron comprobadas y que aparecen por primera vez en el Reglamento impugnado.
4.

Cuarto motivo, basado en el error de interpretación de los requisitos que deben reunir las infraestructuras de gas para que se les pueda aplicar la exención contemplada en el artículo 36, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 2, punto 33, de la Directiva 2009/73. — El requisito para la concesión de la exención para una gran infraestructura de gas nueva es que el nivel de riesgo relacionado con la inversión en dicha infraestructura sea tan elevado que la inversión en cuestión no tendría lugar si no se concede la exención. — La inversión que tiene por objeto la construcción del gasoducto OPAL fue realizada y finalizada el 13 de julio de 2011, por lo que no puede hablarse de la existencia de dicho riesgo.
3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 80 del Reglamento n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (en lo sucesivo, «Reglamento financiero»). La demandante considera que, mientras no se haya resuelto el procedimiento ante el juez belga, el contable de la Comisión no puede legítimamente calificar el crédito de cierto, líquido y exigible, y que, por tanto, dicho crédito no cumple los requisitos establecidos en el artículo 80 del Reglamento financiero, por lo que no podía ser objeto de compensación.
2.

Segundo motivo: el demandante alega que las decisiones se adoptaron en un procedimiento contrario a los principios generales de seguridad jurídica y al derecho a un proceso equitativo establecidos en el artículo 6 del CEDH, debido entre otros a lo siguiente: la investigación y la valoración de la prueba fueron llevadas a cabo y la decisión fue adoptada por la misma parte (es decir, en el marco de un sistema inquisitivo). Las decisiones fueron adoptadas sin basarse en una descripción precisa de los hechos. El demandante alega que se le impidió saber de qué se le acusaba concretamente y no se le dio la oportunidad de defenderse de las imputaciones en cuanto al fondo. El demandante no pudo hacer preguntas, ni personalmente ni a través de un representante, a la persona que le había denunciado ni a los testigos secretos que se habían presentado. Tampoco tuvo suficiente tiempo para prepararse. El Parlamento Europeo no se pronunció sobre las alegaciones y elementos de prueba del demandante y no acreditó una infracción del Estatuto de los Funcionarios.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 53/40

Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2016 — HeidelbergCement/Comisión

(Asunto T-902/16)

(2017/C 053/49)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Alemania) (representantes: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler y H. Weiß, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la decisión de la Comisión Europea n.o (2016)6591 final, de 10 de octubre de 2016, para incoar el procedimiento contemplado en el artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento del Consejo (CE) n.o 139/2004 (1) en el asunto M. 7878 —HeidelbergerCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia— relativo al proyecto de adquisición por parte de Duna-Dráva Cement Kft. del 100 % de las acciones de Cemex Hratska dd. y de Cemex Hungária Építőanyagok Kft.

— En todo caso, condene a la Comisión a cargar con las costas de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo.

En opinión de la demandante, la Comisión Europea incurrió en error manifiesto de apreciación al considerar a la demandante y a Schwenk Zement KG —en lugar de Duna-Dráva Cement Kft., una empresa en participación con plenas funciones en la que tanto la demandante como Schwenk Zement KG tienen una participación dominante del 50 %— como «empresas participantes», que le llevó a concluir que la operación tiene «dimensión comunitaria», en el sentido del artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 139/2004. En opinión de la demandante, la Comisión Europea, en realidad, carece de competencia para adoptar la decisión objeto de recurso y para revisar la operación sobre la base del Reglamento (CE) n.o 139/2004, y la decisión objeto de recurso, por tanto, vulnera el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 y los principios subyacentes de seguridad jurídica y de subsidiaridad.

En primer lugar, la demandante expone que la Comisión Europea incurrió en error de Derecho y en error manifiesto de apreciación al invocar el apartado 147 de la Comunicación consolidada sobre cuestiones jurisdiccionales (2) para calificar como «empresas participantes» a la demandante y a Schwenk Zement KG, en lugar de a Duna-Dráva Cement Kft.

En segundo lugar, la demandante alega que el apartado 147 de la Comunicación consolidada sobre cuestiones jurisdiccionales sería contraria a Derecho si efectivamente fuera de aplicación al presente asunto, pues supondría una vulneración del artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 y de los principios subyacentes de seguridad jurídica y de subsidiaridad.

(1) Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO 2004, L 24, p. 1).

(2) Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO 2008, C 95, p. 1).
—

Se alega a este respecto que, para determinar el tamaño de la demandante, procede tener únicamente en cuenta los datos de la demandante y de sus asociadas. La demandante no forma parte de un grupo de empresas. La guía del usuario sobre la definición del concepto de PYME, publicada por la Comisión Europea, confirma esta interpretación. Por otro lado, el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el reglamento (CE) no 1488/04 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/1555/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006 L 396, p. 1), en su artículo 3, como el Reglamento (CE) no 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH9 8 DO 2008 L 107, P. 6), en su considerando 9 y en su artículo 2, se remiten a la recomendación 2003/361, a efectos de definir las PYME.
—

Anule la Decisión de Ejecución de la Comisión C(2016) 5644, de 7 de septiembre de 2016, por la que se autorizan determinados usos del amarillo de sulfocromato de plomo y del rojo de cromato molibdato sulfato de plomo con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).