Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Actos que las afectan directamente - Criterios - Reglamento de ampliación de un derecho antidumping

[Tratado CE, art. 173, párr. 4 (actualmente art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación); Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 13, aps. 3 y 4]

2. Derecho comunitario - Interpretación - Textos plurilingües - Interpretación uniforme - Consideración de las diferentes versiones lingüísticas y, en caso de divergencia, de la estructura general y de la finalidad de la normativa de que se trate

3. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Elusión - Operación de montaje - Piezas que constituyen el 60 % o más del valor total de las piezas del producto montado

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 13, ap. 2]

4. Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Elusión - Operación de montaje - Derecho de las Instituciones a exigir la presentación de certificados de origen - Límites

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 13]

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$$1. Para que una persona resulte directamente afectada, en el sentido del artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado (actualmente artículo 230 CE, párrafo cuarto, tras su modificación) la medida comunitaria impugnada debe surtir efectos directos en la situación jurídica del particular y no debe permitir ninguna facultad de apreciación a los destinatarios de dicha medida encargados de su aplicación, por tener ésta un carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa comunitaria sin aplicación de otras normas intermedias.

Un Reglamento de ampliación de un derecho antidumping definitivo afecta directamente a la situación jurídica de una empresa cuyas importaciones estén gravadas por el derecho ampliado desde el momento en que, por una parte, con arreglo al artículo 13, apartado 3, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 y al propio Reglamento de ampliación, las autoridades aduaneras de los Estados miembros deben recaudar el derecho ampliado sin disponer de margen de apreciación alguno al respecto y, por otra parte, la empresa sólo ha obtenido de la Comisión una exención tras modificar su método de aprovisionamiento.

Esta conclusión no resulta desvirtuada por el hecho de que el Reglamento de ampliación disponga que, cuando se cumplan ciertos requisitos, las importaciones que no constituyan una elusión del derecho inicial podrán declararse exentas del derecho ampliado, con efectos retroactivos hasta la fecha de entrada en vigor del Reglamento de apertura de la investigación, por un acto de la Comisión, ya que de la exposición de motivos de dicho Reglamento se deduce que la Comisión, tras su examen, ya había considerado que la empresa afectada no cumplía dichos requisitos y que, por consiguiente, no cabía ninguna duda de la intención de la Comisión de no conceder una exención a dicha empresa para el período anterior a la adopción del Reglamento de ampliación.

( véanse los apartados 61 a 68 )

2. La exigencia de una interpretación uniforme de los Reglamentos comunitarios impide considerar un texto determinado de forma aislada, y obliga, en caso de duda, a interpretarlo y aplicarlo a la luz de las versiones existentes en otras lenguas oficiales. Por otra parte, en caso de divergencia entre dichas versiones, la norma de que se trata debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra.

( véase el apartado 81 )

3. El artículo 13, apartado 2, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 debe interpretarse en el sentido de que se considerará que una operación de montaje en la Comunidad o en un país tercero elude las medidas vigentes cuando, además de concurrir los demás requisitos mencionados en dicha disposición, las piezas que constituyan el 60 % o más del valor total de las piezas del producto montado procedan del país sometido a dichas medidas, salvo en el caso de que la empresa afectada aporte ante las Instituciones comunitarias la prueba de que dichas piezas son originarias de otro país.

( véase el apartado 88 )

4. En una investigación sobre la elusión de medidas antidumping, nada se opone, en principio, a que las Instituciones comunitarias soliciten a los importadores, por razones de eficacia administrativa, la presentación de certificados de origen para probar la exactitud de las afirmaciones recogidas en sus declaraciones de aduana, a fin de asegurarse de que se alcanza el objetivo del artículo 13 del Reglamento antidumping de base nº 384/96, es decir, la lucha contra las prácticas elusivas.

Sin embargo, las Instituciones comunitarias no pueden exigir certificados de origen y rechazar cualquier otro medio de prueba cuando saben o deben saber que a ciertas empresas les resulta imposible presentar tales certificados, sin que dicha imposibilidad les sea imputable, pues tal exigencia supondría una infracción del artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base nº 384/96. En efecto, en estas circunstancias específicas, dicha exigencia violaría los principios de seguridad jurídica y de respeto de los derechos de la defensa, en la medida en que hace imposible probar, en un litigio que puede dar lugar a la imposición de una carga pecuniaria, la improcedencia de ésta. En tales circunstancias específicas, el rechazo de los demás medios de prueba equivale, en efecto, a negar al demandado el derecho a presentar documentos de descargo (ultra posse nemo tenetur).

Además, en tales circunstancias, exigir dicho medio de prueba resulta inapropiado para alcanzar el objetivo perseguido, es decir, la lucha contra las prácticas de elusión del derecho establecido inicialmente. En efecto, la exigencia de una prueba imposible puede tener como resultado que la aplicación del derecho ampliado no quede limitada únicamente a las importaciones de piezas que eludan aquel derecho, en el sentido del artículo 13 del Reglamento de base. Por lo tanto, dicha exigencia violaría igualmente el principio de proporcionalidad.

(véanse los apartados 111 a 113)