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Las facultades de verificación de las que dispone la Comisión en virtud del artículo 20, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 se limitan a que los agentes de esta última estén autorizados, entre otros, a entrar en los lugares que designen, a requerir la presentación de los documentos que indiquen y hacer copia de éstos y a pedir que se les muestre el contenido de los muebles que señalen.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 20, apartados 6 y 7, del Reglamento no 1/2003, se formulará la solicitud de un mandamiento judicial, cuando, en caso de oposición de la empresa afectada, el Estado miembro interesado preste la asistencia necesaria, requiriendo si es preciso la acción de la policía o de una fuerza pública equivalente, para permitirles realizar su misión de inspección y cuando se requiera el citado mandamiento de acuerdo con la normativa nacional, pudiendo solicitarse también con carácter preventivo. Asimismo, en el artículo 20, apartado 8, de dicho Reglamento se precisa que, si bien el juez nacional verificará que las medidas coercitivas contempladas no sean arbitrarias ni desproporcionadas en relación con el objeto de la inspección, no obstante, no puede poner en cuestión la necesidad de proceder a dicha inspección. Esta misma disposición prevé un control judicial a posteriori reservado al Tribunal de Justicia.

Por consiguiente, la falta de mandamiento judicial previo no puede implicar, como tal, que la medida de inspección sea ilegal.

A este respecto, la existencia de un control judicial a posteriori permite compensar la falta de mandato judicial previo y constituye así una garantía fundamental para asegurar la compatibilidad de la medida de inspección en cuestión con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así sucede en el marco del sistema establecido en la Unión Europea, el artículo 20, apartado 8, del Reglamento no 1/2003 indica expresamente que el Tribunal de Justicia es competente para ejercer un control de legalidad de la decisión de inspección adoptada por la Comisión. El citado control implica que el juez de la Unión ejerce, basándose en los medios aportados por el recurrente en apoyo de los motivos aducidos, un control completo, es decir, tanto sobre las cuestiones de Derecho como sobre las cuestiones de hecho.

(véanse los apartados 23 a 25 y 32 a 34)
Asunto C‑424/13

Zuchtvieh-Export GmbH

contra

Stadt Kempten

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

«Procedimiento prejudicial — Agricultura — Reglamento (CE) no 1/2005 — Protección de los animales durante el transporte — Viaje largo de un Estado miembro a un tercer Estado — Artículo 14, apartado 1 — Control del cuaderno de a bordo o de la hoja de ruta que la autoridad competente del lugar de salida debe efectuar antes de los viajes largos — Aplicabilidad de esta disposición a la etapa del viaje que transcurre fuera del territorio de la Unión Europea — Aplicabilidad de las normas establecidas por dicho Reglamento a esa etapa del viaje»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 23 de abril de 2015

Agricultura — Aproximación de las legislaciones — Protección de los animales durante el transporte — Condiciones generales aplicables — Control del cuaderno de a bordo o de la hoja de ruta por la autoridad competente del lugar de salida antes de los viajes largos — Habilitación de la autoridad competente para controlar las disposiciones tomadas para la parte del viaje que transcurre fuera del territorio de la Unión

[Art. 13 TFUE; Reglamento (CE) no 1/2005 del Consejo, art. 14, ap. 1]

El artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 1/2005, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, debe interpretarse en el sentido de que, para que la autoridad competente del lugar de salida pueda autorizar un transporte que implique un viaje largo de équidos domésticos —que no sean équidos registrados— y animales domésticos de las especies bovina, ovina, caprina y porcina que empiece en el territorio de la Unión Europea y prosiga fuera de éste, el organizador del viaje deberá presentar un cuaderno de a bordo u hoja de ruta que, habida cuenta de las disposiciones tomadas para el viaje tal como estén previstas, sea realista y parezca indicar que se respetarán los requisitos de ese Reglamento, incluso para la parte del viaje que transcurra en el territorio de terceros países, y que, de no ser ése el caso, la autoridad competente estará facultada para exigir que se modifiquen dichas disposiciones de modo que se cumplan los referidos requisitos durante la totalidad del viaje.

Efectivamente, en el artículo 14, el Reglamento no 1/2005 no subordina el transporte de animales con origen en el territorio de la Unión y con destino a terceros países a un régimen de autorización particular, distinto del aplicable al transporte que transcurra en el interior de la Unión. A este respecto, la protección del bienestar de los animales constituye un objetivo legítimo de interés general cuya importancia se tradujo, en concreto, en la adopción por los Estados miembros del Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales, anexo al Tratado CE, sobre el que se basa el Reglamento no 1/2005 y al que corresponde ahora el artículo 13 TFUE, disposición de aplicación general del Tratado FUE, que figura en la primera parte de éste, dedicada a los principios.

(véanse los apartados 35, 47 y 56 y el fallo)
Los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Decisión 2011/273, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, en su versión modificada por la Decisión 2011/522, se refieren, en particular, a las personas y entidades que se beneficien del régimen o lo apoyen y a las personas y entidades asociadas con ellas, mientras que el artículo 5, apartado 1, del Reglamento no 442/2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en su versión modificada por el Reglamento no 878/2011, se refiere en especial a las personas y entidades que se beneficien de ese régimen o que le presten apoyo, y a las personas y entidades asociadas a ellas.

Ni la Decisión 2011/273 ni el Reglamento no 442/2011 contienen definiciones de los conceptos de «beneficio» derivado del régimen sirio, o de «apoyo» recibido de éste, de «apoyo» prestado a ese régimen ni de «asociación» con las personas o entidades que se beneficien del régimen o reciban apoyo de éste, o que apoyen a dicho régimen. Tampoco contienen precisiones sobre la forma de prueba de esos hechos.

Por tanto, ni la Decisión 2011/273 ni el Reglamento no 442/2011 establecen una presunción de apoyo al régimen sirio contra los directivos de las principales empresas de Siria.

(véanse los apartados 41 a 43)
Habida cuenta de que el artículo 191 TFUE, apartado 2, que contiene el principio de quien contamina paga, se dirige a la acción de la Unión, la referida disposición no puede ser invocada en cuanto tal por los particulares a fin de excluir una norma nacional, adoptada en un ámbito comprendido dentro de la política medioambiental cuando no sea aplicable alguna normativa de la Unión adoptada sobre la base del artículo 192 TFUE que cubra específicamente la situación de que se trate.

La Directiva 2004/35, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, que, cuando es imposible identificar al responsable de la contaminación de un terreno u obtener de éste las medidas reparadoras, no permite a la autoridad competente imponer la ejecución de las medidas preventivas y reparadoras al propietario de dicho terreno, no responsable de la contaminación, al que se exige únicamente reembolsar los gastos relativos a las actuaciones realizadas por la autoridad competente por un importe no superior al valor de mercado del paraje, determinado una vez ejecutadas esas actuaciones.

(véanse el apartado 63 y el fallo)
La Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse, a la luz del artículo 3, apartados 1, letra c), y 3, de dicha Directiva, en relación con el decimotercer considerando de ésta, el ámbito de aplicación de dicha Directiva no cubre los regímenes de seguridad social y de protección social cuyas ventajas no estén equiparadas a una retribución en el sentido conferido a este término para la aplicación del artículo 157 TFUE, apartado 2.

El concepto de «retribución» en el sentido del artículo 157 TFUE, apartado 2 incluye todas las gratificaciones actuales o futuras en dinero o en especie siempre que sean abonadas, aun indirectamente, por el empresario a un trabajador en razón de la relación de trabajo de éste.

El importe de la pensión de jubilación depende de los períodos de servicio y de los períodos equiparables, así como del sueldo que percibía el funcionario. La pensión de jubilación constituye un futuro pago dinerario, del empresario a sus trabajadores como consecuencia directa de la relación laboral de éstos. Dicha pensión se considera, en Derecho nacional, una retribución que continúa pagándose en el marco de una relación de servicio que prosigue tras el otorgamiento al funcionario de las prestaciones de jubilación. En virtud de ello, la referida pensión constituye una retribución en el sentido del artículo 157 TFUE, apartado 2.

(véanse los apartados 20, 21 y 23)
El principio de igualdad de trato establecido en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, y con las modificaciones introducidas por el Reglamento no 1992/2006, se opone a una disposición de un Estado miembro según la cual la concesión de una pensión de vejez posterior a un trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación exige que el trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación se haya desarrollado exclusivamente conforme a las disposiciones nacionales de dicho Estado miembro.

En efecto, una disposición como ésta es, puede, por un lado, perjudicar más concretamente a los trabajadores migrantes que han hecho uso de su derecho a la libre circulación, en la medida en que sitúa a un trabajador migrante que, tras haber desarrollado la mayor parte de su carrera en un Estado miembro, ejerce un trabajo en otro Estado miembro donde se beneficia de un trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación, en una situación menos favorable que la de los trabajadores que han desarrollado toda su carrera profesional en un solo Estado miembro y se benefician en él del trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación y, por otro lado, puede disuadir a un empresario establecido en otro Estado miembro de contratar, en el marco de su régimen de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación, a una persona que haya desarrollado gran parte de su carrera profesional en el Estado en el que solicita la pensión si las modalidades del régimen nacional difieren de aquellas por las que se rige el régimen nacional de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación de ese Estado miembro.

Por otra parte, la disposición antes citada no puede justificarse, habida cuenta de que excede de lo que es necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, a saber, garantizar a los trabajadores que lo soliciten una transición hacia la jubilación en las mejores condiciones posibles y, por otra parte, promover la contratación de parados o aprendices.

En efecto, la exclusión pura y simple de la toma en consideración de un tiempo parcial previo a la jubilación efectuado en otro Estado miembro para la obtención de la pensión de jubilación nacional hace abstracción del hecho de que el régimen de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación de ese otro Estado miembro puede, en su caso, perseguir objetivos idénticos o similares a los del Derecho del Estado miembro en el que se solicita la pensión según modalidades igualmente idénticas o similares a las previstas por dicho Derecho, y de que la aplicación de ese régimen realiza de igual modo el o los objetivos legítimos de que se trata.

(véanse los apartados 35 a 37, 39, 41, 42 y 46 y el punto 1 del fallo)
Los artículos 41, apartado 1, 43 y 45 de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, deben interpretarse en el sentido de que, cuando no se cumplen los requisitos de aplicación de una causa de exclusión previstos en el citado artículo 45, éste no se opone a que un poder adjudicador adopte una decisión de renunciar a adjudicar un contrato público licitado y no llevar a cabo la adjudicación definitiva de dicho contrato al único licitador que quedaba en liza y que había sido declarado adjudicatario con carácter provisional.

En efecto, el Derecho de la Unión no se opone a que los Estados miembros establezcan, en su normativa, la posibilidad de adoptar una decisión de revocar una licitación. Los motivos de dicha decisión de revocación pueden basarse en razones, relacionadas en particular con la apreciación de la oportunidad, desde el punto de vista del interés público, de llevar a término un procedimiento de licitación, habida cuenta, entre otras cosas, de la posible modificación del contexto económico o de las circunstancias de hecho, o incluso de las necesidades de la entidad adjudicadora de que se trata. Una decisión de ese tipo puede también motivarse por el nivel insuficiente de competencia, debido al hecho de que, al finalizar el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión, únicamente quedara un licitador idóneo para ejecutar dicho contrato. En consecuencia, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de transparencia y de igualdad de trato, un poder adjudicador no puede estar obligado a llevar a término un procedimiento de adjudicación iniciado y a adjudicar el contrato de que se trata, incluso con el único licitador que queda en liza.

(véanse los apartados 35 a 37 y el punto 1 del fallo)
Asunto C‑291/13

Sotiris Papasavvas

contra

O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd y otros

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Eparchiako Dikastirio Lefkosias)

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2000/31/CE — Ámbito de aplicación — Litigio por difamación»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 11 de septiembre de 2014

El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «servicios de la sociedad de la información», definido en dicha disposición, incluye los servicios que ofrecen información en línea y por los cuales el prestador del servicio obtiene su remuneración, no del destinatario, sino de los ingresos generados por la publicidad que figura en una página de Internet. (véanse el apartado 30 y el punto 1 del fallo)

La Directiva 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, no se opone a que un Estado miembro adopte un régimen de responsabilidad civil por difamación, aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en su territorio, toda vez que su artículo 3, apartado 1, dispone que todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad de la información facilitados por un prestador de servicios establecido en su territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho Estado miembro que formen parte del ámbito coordinado, y dicho ámbito cubre, en particular, como establece el artículo 2, letra h), de dicha Directiva, el régimen de responsabilidad civil del prestador de servicios. (véanse los apartados 32 y 33 y el punto 2 del fallo)

Las limitaciones de la responsabilidad civil formuladas en los artículos 12 a 14 de la Directiva 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, no se aplican al supuesto de una sociedad editora de prensa que dispone de una página de Internet en la que se publica la versión digital de un periódico y que, por otra parte, obtiene una remuneración de los ingresos generados por la publicidad comercial difundida en esa página, desde el momento en que tiene conocimiento de la información publicada y ejerce un control sobre la misma, con independencia de que el acceso a dicha página sea gratuito o de pago. En efecto, una sociedad de ese tipo no puede ser considerada un prestador de servicios intermediarios, en el sentido de los citados artículos 12 a 14. (véanse los apartados 45 y 46 y el punto 3 del fallo)
A este respecto, en el caso de una solicitud de un documento de gran extensión o de un gran número de documentos, se autoriza, únicamente con carácter excepcional, una ampliación de 15 días laborables del plazo previsto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento. Si bien en ese supuesto el artículo 6, apartado 3, del Reglamento permite a la institución tratar de llegar a un arreglo amistoso con el solicitante de acceso a documentos que obran en su poder, dicho arreglo sólo puede referirse al contenido o al número de documentos solicitados. Para salvaguardar el interés de una buena administración, en circunstancias excepcionales una institución podría denegar el acceso a determinados documentos basándose en que la carga de trabajo vinculada a su divulgación sería desproporcionada con respecto a los objetivos indicados en la solicitud de acceso a esos documentos. Sin embargo, la invocación del principio de proporcionalidad no puede permitir modificar los plazos previstos por el Reglamento no 1049/2001 sin crear una situación de inseguridad jurídica.

El Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, no prevé la posibilidad de establecer excepciones a los plazos fijados en sus artículos 7 y 8, ya que dichos plazos son determinantes para el desarrollo del procedimiento de acceso a los documentos de las instituciones, que tiene por objeto permitir una tramitación rápida y fácil de las solicitudes de acceso a dichos documentos.

En el marco del régimen establecido por el Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la inexistencia de un documento al que se solicita acceder o la circunstancia de que éste no se encuentre en poder de la institución no entrañan la inaplicabilidad de dicho Reglamento.

En efecto, puesto que, con arreglo al artículo 8, apartados 1 y 3, del Reglamento no 1049/2001, cualquier denegación de acceso a documentos reclamados a la Administración puede ser objeto de impugnación por vía judicial, con independencia del motivo invocado para denegar el acceso, no afecta al derecho de recurso de los interesados el hecho de que se sostenga que el acceso a un documento debe denegarse por una de las razones previstas en el artículo 4 de dicho Reglamento o que se alegue que el documento solicitado no existe. Cualquier otra solución imposibilitaría el control que debe ejercer el juez de la Unión sobre el fundamento de una decisión denegatoria de acceso a los documentos de las instituciones, ya que bastaría que la institución afirmase que un documento no existe para eludir el control judicial. Por el contrario, corresponde a la institución de que se trate responder al solicitante y justificar en su caso ante el juez su denegación de acceso por ese motivo.

En cambio, ni el artículo 11 del Reglamento no 1049/2001 ni la obligación de asistencia establecida en el artículo 6, apartado 2, de dicho Reglamento pueden obligar a una institución a elaborar un documento que se le ha solicitado pero que no existe.

(véanse los apartados 39 a 42 y 46)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Entrega de bienes — Concepto — Bienes objeto de un contrato de arrendamiento financiero o «leasing» — No recuperación de los bienes por la sociedad de leasing con posterioridad a la resolución del contrato — Exclusión — Facultad de la Administración de exigir una regularización

(Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 16, 18 y 184 a 186)

Índice

Los artículos 16 y 18 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que no puede asimilarse a una entrega de bienes a título oneroso, con arreglo a dichos artículos, el hecho de que a una sociedad de leasing le resulte imposible recuperar del arrendatario financiero (usuario) los bienes objeto de un contrato de arrendamiento financiero a raíz de la resolución del contrato por culpa del usuario, a pesar de las actuaciones de la sociedad de leasing encaminadas a recuperar los bienes y a pesar de la inexistencia de toda contrapartida derivada de la resolución del contrato.

En efecto, tal imposibilidad de recuperar los bienes objeto de un contrato de arrendamiento financiero no puede subsumirse en ninguno de los supuestos que figuran en el artículo 16. En primer lugar, no se puede considerar que los bienes de que se trata estén destinados a las necesidades privadas del sujeto pasivo o a las del personal de su propia empresa, puesto que tales bienes no están en posesión ni de uno ni de otro. En segundo lugar, la circunstancia de que el usuario esté en posesión de dichos bienes sin prestar ningún tipo de contrapartida es el resultado del comportamiento presuntamente ilícito de éste y no de la transmisión de los bienes por el arrendador financiero al usuario a título gratuito. En tercer lugar, no puede considerarse que esos bienes hayan sido afectados «a fines ajenos a los de la propia empresa» del sujeto pasivo, puesto que el arrendamiento de los mismos y, por tanto, su puesta a disposición del arrendatario o usuario, constituyen el núcleo sustancial de la actividad económica del arrendador financiero. El hecho de que éste no logre recuperar los bienes litigiosos no significa en modo alguno que los haya afectado a fines ajenos a los de su propia empresa. Por último, el artículo 18 tampoco resulta aplicable en una situación de este tipo.

Por lo tanto, las consideraciones precedentes no afectan al nacimiento de un eventual derecho de la Administración tributaria a exigir al sujeto pasivo una regularización en las condiciones previstas a este respecto en la Directiva 2006/112. En efecto, el mecanismo de la regularización previsto por los artículos 184 a 186 de la misma Directiva forma parte integrante del régimen de deducción del impuesto sobre el valor añadido establecido por ésta.

(véanse los apartados 25, 26, 28, 32 y 33 y el fallo)