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1)

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 3 y 4 de la Decisión (UE) 2016/1385 de la Comisión, de 1 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.27408 (C‑24/10) (ex NN 37/10, ex CP. 19/09) concedida por las autoridades de Castilla‑La Mancha para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas de Castilla‑La Mancha, al no haber adoptado, en los plazos señalados, todas las medidas necesarias para recuperar de Telecom Castilla‑La Mancha, S. A., la ayuda estatal declarada ilegal e incompatible con el mercado interior por el artículo 1 de la citada Decisión, al no haber acreditado que fueran cancelados todos los pagos pendientes de dicha ayuda y al no haber comunicado a la Comisión Europea, en el plazo fijado, las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esa Decisión.
14

La Audiencia Provincial de Murcia, ante la que CVVP interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, declaró que Pardo no discutía la explotación de los árboles de la variedad Nadorcott ni la falta de consentimiento del titular de esta variedad. La Audiencia Provincial decidió que, mediante su actividad, esa sociedad llevaba a cabo actos infractores y que, al seguir produciendo dichos árboles, tales actos se prolongaban en el tiempo. Además, consideró que el artículo 96 del Reglamento n.o 2100/94 debía interpretarse en el sentido de que las acciones relativas a los actos infractores cometidos menos de tres años antes de la interposición de las demandas de CVVP no habían prescrito, mientras que las referidas a actos cometidos más de tres años antes de esa interposición sí lo habían hecho.
307

En efecto, como el Abogado General ha señalado en esencia en el punto 207 de sus conclusiones, el mero hecho de que el artículo 50 del Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo tenga alcance general y de que el artículo 53, apartado 6, de la Ley sobre el Derecho de Asilo no especifique que el referido artículo 50 es aplicable en el marco de los procedimientos regidos por esta Ley no basta para considerar que Hungría no se haya adecuado de manera precisa y con la suficiente claridad al artículo 46, apartado 6, de la Directiva 2013/32. Procede subrayar al respecto que el artículo 53, apartado 6, de la Ley sobre el Derecho de Asilo no excluye la aplicación del referido artículo 50 ni tampoco consagra una regla incompatible con él. Además, la Comisión no esgrime ningún elemento que pudiera sembrar dudas sobre la posibilidad de que los tribunales húngaros apliquen el artículo 50 del Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo en el marco del examen del recurso judicial interpuesto contra una decisión que deniegue por inadmisible una solicitud de protección internacional.
3)

El artículo 39, apartado 2, del Reglamento n.o 1169/2011 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «cualidades del alimento» no comprende la capacidad de resistencia de un alimento al transporte y a los riesgos de alteración durante el trayecto, de tal modo que esa capacidad de resistencia no podrá tomarse en consideración para apreciar «que se haya demostrado la existencia de una relación entre determinadas cualidades del alimento y su origen o procedencia», a que se refiere la citada disposición.
52

No obstante, en el caso de una cláusula que consiste en limitar la fluctuación a la baja de un tipo de interés variable calculado a partir de un índice, resulta evidente que el valor exacto de ese tipo variable no puede fijarse en un contrato de préstamo para toda su duración. Así pues, no cabe exigir a un profesional que facilite información precisa acerca de las consecuencias económicas asociadas a las variaciones del tipo de interés durante la vigencia del contrato, ya que esas variaciones dependen de acontecimientos futuros no previsibles y ajenos a la voluntad del profesional. En particular, la aplicación de un tipo de interés variable conlleva, a lo largo del tiempo, por su propia naturaleza, una fluctuación de los importes de las cuotas futuras, de forma que el profesional no está en condiciones de precisar el impacto exacto de la aplicación de una cláusula «suelo» sobre tales cuotas.
16

Los litigios principales tienen por objeto unos conflictos colectivos sobre las condiciones de aplicación de los permisos retribuidos contemplados en el artículo 46 del Convenio colectivo de 13 de julio de 2016, que da efecto a las disposiciones mínimas del artículo 37, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores y consagra derechos que van más allá de estas disposiciones. Estos litigios versan, en particular, sobre si el cómputo de estos permisos retribuidos debe comenzar en un día en que el trabajador deba en principio trabajar y, con excepción del permiso por matrimonio, para el que se indica expresamente que ha de computarse en «días naturales», si deben disfrutarse en días en que el trabajador deba en principio trabajar. Los días en que el trabajador no debe trabajar para la empresa incluyen, en particular, los días feriados y de vacaciones.
40

En segundo lugar, la recurrente considera que la sentencia recurrida adolece de una falta de motivación y de una contradicción en la medida en que el Tribunal General consideró que las actas de los interrogatorios de los testigos no debían comunicarse a la recurrente a fin de proteger el anonimato de dichos testigos. En efecto, mientras que, en el apartado 80 de la sentencia recurrida, precisó que el dictamen del Comité Consultivo podía adoptar una forma no confidencial respetuosa con el anonimato de que gozan los testigos, el Tribunal General no se pronunció sobre esta cuestión en relación con las actas de los interrogatorios. De este modo, el Tribunal General, sin explicación alguna, no aplica los mismos criterios a los dos documentos en cuestión en cuanto a su carácter comunicable. El Tribunal General también se contradijo en tanto que no tuvo en cuenta la posibilidad de anonimizar las actas de los interrogatorios de los testigos, pese a que el mismo objetivo de garantizar el anonimato de los testigos se aplica tanto a la comunicación del dictamen del Comité Consultivo como a las actas de los interrogatorios.
27

El artículo 4 de la Umweltrechtsbehelfsgesetz (Ley sobre Recursos en Materia de Medio Ambiente), de 7 de diciembre de 2006 (BGBl. 2006 I, p. 2816), en la redacción que se publicó el 23 de agosto de 2017 (BGBl. 2017 I, p. 3290), reza como sigue: «(1) Podrá solicitarse la anulación de las decisiones de autorización de proyectos a las que se refiere el artículo 1, apartado 1, primer párrafo, puntos 1 a 2b, cuando: 1. se hayan omitido, y no se haya corregido posteriormente esa omisión, a) la evaluación de efectos medioambientales exigida en virtud de las disposiciones de la Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung [(Ley sobre la Evaluación de Impacto Ambiental), de 24 de febrero de 2010 (BGBl. 2010 I, p. 94)], […] o b) la comprobación previa, exigida en virtud de las disposiciones de la Ley sobre la Evaluación de Impacto Ambiental […], de la necesidad de proceder en el caso concreto a una evaluación de efectos medioambientales, 2. no se haya producido, y no se haya corregido posteriormente esa omisión, la participación pública exigida con arreglo al artículo 18 de la Ley sobre la Evaluación de Impacto Ambiental o al artículo 10 de la Bundes-Immissionsschutzgesetz [(Ley Federal de Lucha contra la Contaminación)] o 3. se haya producido otro vicio procedimental que a) no se haya subsanado posteriormente, b) sea comparable en naturaleza y gravedad con los supuestos de los puntos 1 y 2, y c) haya privado al público interesado de la posibilidad, cuando la exija la ley, de participar en la toma de decisiones; en tal participación se incluirá el acceso a documentos que deban facilitarse al público para su consulta. […] (1a) A los vicios procedimentales no contemplados en el apartado 1 les será de aplicación el artículo 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Cuando el órgano jurisdiccional no pueda dilucidar si uno de los vicios procedimentales a que se refiere la frase anterior ha influido en la decisión en cuanto al fondo, se presumirá que sí lo ha hecho. […] (3) Los apartados 1 y 2 se aplicarán a los recursos interpuestos por: 1. personas, al amparo del artículo 61, punto 1, de la Verwaltungsgerichtsordnung [(Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), de 21 de enero de 1960 (BGBl. 1960 I, p. 17)], y asociaciones, al amparo del artículo 61, punto 2, de dicha Ley o 2. asociaciones que reúnan los requisitos del artículo 3, apartado 1, o del artículo 2, apartado 2. El apartado 1, punto 3, será de aplicación a los recursos interpuestos por personas y asociaciones al amparo del punto 1 del presente apartado, si bien solo se podrá solicitar la anulación de una decisión si el vicio procedimental ha privado a los interesados de la posibilidad, cuando la exija la ley, de participar en la toma de decisiones. […]»
21

Por el contrario, el órgano jurisdiccional remitente reconoce la existencia de argumentos que permiten concluir que el acuerdo TIM causaba una restricción de la competencia por el objeto. En particular, una de las motivaciones en las que se basa la uniformidad de los precios establecida en dicho acuerdo es que se trataba de una condición necesaria del acuerdo TDC. Sin embargo, como ese objetivo desapareció inmediatamente, ya que, de hecho, el acuerdo TDC no vio la luz, no cabe reconocer efecto alguno al acuerdo TIM. Por otra parte, si bien tal intención subjetiva de restringir la competencia pudo existir, si no en los bancos que participaron en ese acuerdo, al menos en el espíritu de Visa y de MasterCard, las intenciones subjetivas no permiten per se considerar, desde un punto de vista objetivo, que el acuerdo TIM perseguía un objeto restrictivo de la competencia.
16

A este respecto, el referido Juzgado de Instrucción expone que tal normativa se basa en el artículo 24 de la Constitución y que, en materia penal, el derecho de defensa de la persona investigada se regula en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Añade que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo interpretan estas disposiciones en el sentido de considerar que el derecho a la asistencia de letrado puede estar supeditado a la necesaria comparecencia personal del investigado en el proceso. En particular, según jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional, el disfrute de tal derecho podría negarse en aquellos casos en los que esa persona permanece ausente o en ignorado paradero. Conforme a esa jurisprudencia, la exigencia del requisito de la comparecencia personal es razonable y no incide sustancialmente en el derecho de defensa. En esencia, la presencia personal del acusado en el proceso penal es un deber. Puede ser necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Por otra parte, si la situación persiste concluido el sumario, no puede celebrarse la vista oral ni haber sentencia, respecto del rebelde, con lo que se paraliza el procedimiento con daño evidente no solo de los particulares posiblemente afectados, sino también de los intereses públicos en cuestión.
10

A tenor del artículo 7 del mismo Real Decreto: «1. Todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tiene derecho de residencia en el territorio del Estado Español por un período superior a tres meses si: […] b) Dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España, o […] d) Es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o va a reunirse con él, y que cumple las condiciones contempladas en las letras a), b) o c). 2. El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o se reúnan con él en el Estado español, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) de dicho apartado 1. […] 7. En lo que se refiere a medios económicos suficientes, no podrá establecerse un importe fijo, sino que habrá de tenerse en cuenta la situación personal de los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En cualquier caso, dicho importe no superará el nivel de recursos por debajo del cual se concede asistencia social a los españoles o el importe de la pensión mínima de Seguridad Social.»
69

Para extraer las consecuencias de las diferencias expuestas en los apartados 66 a 68 de la presente sentencia, es importante, en primer lugar, tener en cuenta el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 714/2009, que dispone, en particular, que los problemas de congestión de la red se abordarán mediante «soluciones no discriminatorias». Dicha disposición refleja el principio general de no discriminación que ahora consagra el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
34

Esta diferencia de redacción entre el punto 5 y los demás puntos del artículo 15 del Reglamento n.o 1215/2012 se explica, sin embargo, por la génesis de dicho artículo. Como se desprende del apartado 140 del informe del Sr. P. Schlosser sobre el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia (DO 1979, C 59, p. 71), a fin de completar este último Convenio en el momento de la adhesión del Reino Unido, en 1978, sin tener que definir un criterio abstracto y general de delimitación de las situaciones en las que se admitirían cláusulas atributivas de competencia, se decidió elaborar una lista de los contratos de seguros a los que procedía extender la admisibilidad de tales cláusulas. No obstante, como se desprende de ese apartado del referido informe, tal añadido no tenía en absoluto por objeto permitir que esas cláusulas atributivas de competencia fuesen oponibles a terceros.
20

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente observa que la Directiva 2000/35 no distingue las operaciones comerciales en función del origen de los recursos económicos que constituyen su fuente de financiación y no prevé ningún trato diferenciado para las operaciones financiadas por los Fondos Estructurales de la Unión. Dicho órgano jurisdiccional añade que la exclusión de tales operaciones del ámbito de aplicación de la Ley de 12 de junio de 2003 puede comprometer el objetivo de la lucha contra la morosidad en el mercado interior que se persigue con la Directiva 2000/35. Por último destaca que, en la fecha de conclusión del contrato, KROL no sabía que este se financiaría en parte por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea, por lo que, en todo caso, el contrato de cofinanciación no se refería al contrato celebrado entre KROL y Porr.
8

La Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Ley n.o 677/2001 para la Protección de las Personas en relación con el Tratamiento de los Datos Personales y la Libre Circulación de Tales Datos; Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 790, de 12 de diciembre de 2001), en su versión modificada por la Ley n.o 102/2005 y por el Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 36/2007, aplicable ratione temporis al litigio principal, fue adoptada con el fin de transponer al Derecho rumano la Directiva 95/46.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190), así como del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44).
8

El artículo 61 de la legge n. 99 — Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Ley n.o 99, por la que se aprueban disposiciones para el desarrollo y la internacionalización de las empresas, y en materia de energía), de 23 de julio de 2009 (GURI n.o 176, de 31 de julio de 2009), dispone: «Las autoridades competentes para la adjudicación de contratos de servicios podrán aplicar, incluso con carácter de excepción a la normativa sectorial, lo dispuesto en el artículo 5, apartados 2, 4, 5 y 6, y en el artículo 8, apartado 2, del [Reglamento n.o 1370/2007]. A las sociedades que, en Italia o en el extranjero, resultan adjudicatarias de contratos de servicios de conformidad con lo dispuesto en el citado [Reglamento n.o 1370/2007] no se les aplicará la exclusión prevista en el artículo 18, apartado 2, letra a), del [decreto legislativo n. 422 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 de marzo de 1997, n. 59 (Decreto Legislativo n.o 422, por el que se transfieren a las regiones y a las entidades locales funciones y tareas en materia de transporte público local de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Ley n.o 59, de 15 de marzo de 1997), de 19 de noviembre de 1997 (GURI n.o 287, de 10 de diciembre de 1997, p. 4)].»
14

A tenor del artículo 106a, apartado 1, de la Vreemdelingwet 2000 (Ley de Extranjería de 2000), de 23 de noviembre de 2000 (Stb. 2000, n.o 495), en su versión modificada por la wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteistsvaststelling van de vreemdeling (Ley por la que se modifica la Ley de Extranjería de 2000 por lo que se refiere al uso generalizado de los identificadores biométricos en el marco de la cooperación entre los órganos competentes en materia de extranjería con vistas a mejorar la identificación de los extranjeros), de 11 de diciembre de 2013 (Stb. 2014, n.o 2) (en los sucesivo, «Ley de Extranjería»): «Cuando los Reglamentos europeos relativos a los datos biométricos a los que se refiere el artículo 1 no prevean esa posibilidad, podrán tomarse y tratarse una imagen facial y una imagen de las diez impresiones dactilares de un nacional extranjero para verificar la identidad de este con vistas a la ejecución de la presente Ley. Las imágenes faciales y de impresiones dactilares se compararán con las que figuran en el fichero de nacionales extranjeros.»
1)

El artículo 3, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 967/2006, de la Comisión, de 29 de junio de 2006, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 318/2006 del Consejo en lo que se refiere a la producción obtenida al margen de cuotas en el sector del azúcar, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad competente de un Estado miembro remite una rectificación del importe por excedentes del azúcar al fabricante de azúcar interesado dentro del plazo establecido en dicho precepto, dicho plazo, en principio, se aplica asimismo a la rectificación de la notificación a raíz de una inspección llevada a cabo con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 952/2006 de la Comisión, de 29 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 318/2006 del Consejo en lo referente a la gestión del mercado interior del azúcar y al régimen de cuotas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 707/2008 de la Comisión, de 24 de julio de 2008. No obstante, puede admitirse que se sobrepase ese plazo cuando la autoridad nacional competente ignoraba los detalles de la producción de azúcar de la empresa, salvo negligencia por parte de dicha autoridad, y esa ignorancia puede razonablemente imputarse a la empresa porque no ha actuado de buena fe y no ha cumplido todas las disposiciones relevantes. Incumbe al tribunal remitente determinar si sucede así en el procedimiento principal, para lo que deberá tener en cuenta todas las circunstancias del asunto.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 2, letra e), y 5, apartado 4, letra b), del Convenio sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (DO 1980, L 266, p. 1; EE 01/03, p. 36; en lo sucesivo, «Convenio de Roma»), de los artículos 1, apartado 2, letra f), y 6, apartado 4, letra b), del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6; en lo sucesivo, «Reglamento Roma I»), y del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
27

El órgano jurisdiccional remitente considera que la precisión a que se refiere el apartado 21 de la presente sentencia, que figura en el documento informativo sobre el derecho de rescisión, relativa a la extinción de este derecho, se basa en el artículo 312d, apartado 3, punto 1, del BGB, que transpone al Derecho alemán el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 2002/65. No obstante, de conformidad con la jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), dicha disposición del BGB no es aplicable a los contratos de préstamo celebrados con un consumidor, incluidos los contratos celebrados a distancia. Según dicha jurisprudencia, con respecto a tales contratos, el consumidor dispone de un derecho de rescisión establecido, no en el artículo 312d, apartado 3, punto 1, del BGB, sino en el artículo 355, apartado 3, del BGB, en relación con el artículo 495, apartado 1, del mismo Código. Pues bien, dicho artículo 355, apartado 3, por un lado, dispone que el derecho de rescisión no se extinguirá si el consumidor no ha sido debidamente informado de su derecho de rescisión y, por otro lado, no establece la extinción de este derecho en el caso de que el contrato haya sido ejecutado en su totalidad por ambas partes a petición expresa del consumidor antes de que este ejerza su derecho de rescisión.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
21

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, con arreglo al Derecho español, el conductor no es responsable de los daños causados con motivo de la circulación de un vehículo si estos son debidos a fuerza mayor ajena a su conducción. No obstante, no se consideran casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguno de sus mecanismos. Así pues, si el accidente es consecuencia de un defecto del vehículo, esta circunstancia no exime de responsabilidad al conductor ni excluye por tanto la cobertura del seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles.