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El artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29, corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), dispone lo siguiente: «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
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En este contexto, se interroga, en particular, acerca de la pertinencia del hecho de que las obras en cuestión no fueran aún publicadas de otra manera con la autorización del titular, del hecho de que el suministro de tales hipervínculos facilita en gran medida la localización de esas obras porque el sitio de Internet en el que se encuentran accesibles a todos los internautas no es fácilmente localizable y del hecho de que el que coloca tales vínculos conocía o debía conocer estos hechos así como la circunstancia de que el titular no autorizó la publicación de las obras en cuestión en este último sitio.
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El Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92 (DO 1993, L 253, p. 1), fue derogado con efecto desde el 1 de mayo de 2016 por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2016/481 de la Comisión (DO 2016, L 87, p. 24). Sin embargo, dada la época de los hechos del asunto principal, sigue siendo aplicable en éste el Reglamento n.o 2454/93, según su modificación por el Reglamento (CE) n.o 993/2001 de la Comisión, de 4 de mayo de 2001 (DO 2001, L 141, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 21/2013 del Consejo, de 10 de enero de 2013, por el que el derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 791/2011 a las importaciones de determinados tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio originarios de la República Popular China, se amplía a las importaciones de determinados tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio procedentes de Taiwán y Tailandia, hayan sido declarados o no originarios de Taiwán o Tailandia (DO 2013, L 11, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de ampliación»), que se adoptó a raíz de una investigación abierta al amparo del artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51, y corrección de errores DO 2010, L 7, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento de base»).
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Además, por lo que se refiere al riesgo de retraso en la ejecución de las decisiones de traslado, del artículo 27, apartado 3, letra c), del Reglamento n.o 604/2013 resulta que el legislador de la Unión, al precisar que los Estados miembros establecerán que la persona interesada pueda solicitar en un plazo razonable a un tribunal que suspenda la ejecución de la decisión de traslado hasta la resolución del recurso, reconoce que los Estados miembros pueden decidir que la interposición de un recurso contra una decisión de traslado no es suficiente, en sí misma, para suspender el traslado, de modo que éste puede tener lugar sin esperar al examen del recurso, siempre que no se haya solicitado la suspensión o que haya sido desestimada la petición de suspensión.
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De hecho, en varias sentencias pronunciadas el 10 de junio de 2014 el TEDH condenó a Rumanía debido a la sobrepoblación carcelaria en las prisiones de este país (TEDH, sentencias Voicu c. Rumanía, n.o 22015/10; Bujorean c. Rumanía, n.o 13054/12; Constantin Aurelian Burlacu c. Rumanía, n.o 51318/12, y Mihai Laurenţiu Marin c. Rumanía, n.o 79857/12). El TEDH consideró probado que el Estado rumano había infringido el artículo 3 del CEDH al haber encarcelado a los demandantes en esos asuntos en celdas demasiado pequeñas y sobrepobladas, sin calefacción suficiente, sucias y carentes de agua caliente para ducharse.
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El artículo 11 del citado Reglamento, con el epígrafe «Restitución del menor», dispone: «1. Los apartados 2 a 8 [serán] de aplicación cuando una persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia solicite a las autoridades competentes de un Estado miembro que se dicte una resolución con arreglo al [Convenio de La Haya de 1980], con objeto de conseguir la restitución de un menor que hubiera sido trasladado o retenido de forma ilícita en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos. [...] 6. En caso de que un órgano jurisdiccional haya dictado [una] resolución de no restitución con arreglo al artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, transmitirá de inmediato al órgano jurisdiccional competente o a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, bien directamente o bien por conducto de su autoridad central, copia de la resolución judicial de no restitución y de los documentos pertinentes, en particular el acta de la vista, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional. El órgano jurisdiccional deberá recibir todos los documentos mencionados en el plazo de un mes a partir de la fecha de la resolución de no restitución. 7. Salvo que alguna de las partes haya presentado ya una demanda ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, el órgano jurisdiccional o la autoridad central que reciba la información mencionada en el apartado 6 deberá notificarla a las partes e invitarlas a presentar sus reclamaciones ante el órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación, a fin de que el órgano jurisdiccional examine la cuestión de la custodia del menor. Sin perjuicio de las normas de competencia establecidas en el presente Reglamento, en caso de que el órgano jurisdiccional no recibiera reclamación alguna en el plazo previsto, declarará archivado el asunto. 8. Aun cuando se haya dictado una resolución de no restitución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, cualquier resolución judicial posterior que ordene la restitución del menor, dictada por un órgano jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento será ejecutiva [...], con el fin de garantizar la restitución del menor.»
El artículo 265 TFUE contempla la omisión como una abstención a la hora de pronunciarse o definir una posición. A tal respecto, cabrá interponerse recurso por omisión no sólo contra la omisión en la adopción de actos que surtan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante y modificar marcadamente su situación jurídica sino también contra la omisión en la adopción de actos preparatorios que constituyan la fase previa necesaria para el desarrollo de procedimientos que vayan a desembocar en actos que surtan dichos efectos.

la calificación jurídica de un hecho o de un acto (como puede ser un escrito) efectuada por el Tribunal General es una cuestión de Derecho que puede ser suscitada en el marco de un recurso de casación. Por tanto, si un escrito enviado por una institución en contestación a un requerimiento para que actúe supone o no que cese la omisión que se aducía de dicha institución es una cuestión de Derecho que puede analizarse en la fase de casación.

Si bien es cierto que, en principio, las declaraciones tanto autorizadas como suspendidas de propiedades saludables pueden utilizarse en la comercialización de alimentos, no lo es menos que cada categoría de declaraciones queda sujeta a requisitos distintos y que no gozan de unas mismas condiciones.

Mientras el artículo 17, apartado 5, del Reglamento n.o 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, autoriza en principio a cualquier explotador de empresa alimentaria a utilizar las declaraciones autorizadas de propiedades saludables, que figuran en la lista definitiva y única para la Unión las declaraciones suspendidas, sujetas al régimen transitorio, deben entre otras cosas, en virtud del artículo 28, apartados 5 y 6, del mismo Reglamento, ajustarse a lo dispuesto en dicho Reglamento y a las disposiciones nacionales que se les apliquen.

Ello supone en particular que, de conformidad con los artículos 3, párrafo segundo, letra a), y 6, apartado 1, del Reglamento n.o 1924/2006, ninguna declaración de propiedades saludables pueda ser ambigua o engañosa, y todas deban basarse en pruebas científicas generalmente aceptadas. Por otra parte, en cada Estado miembro, las declaraciones suspendidas de propiedades saludables deberán responder asimismo a lo dispuesto en su propio régimen nacional. Por consiguiente, el análisis de cada caso acarreará el riesgo de provocar resultados divergentes tras los procedimientos administrativos y judiciales nacionales en materia de autorización de dichas declaraciones, no sólo entre Estados miembros, sino también dentro de cada Estado miembro.

(véanse los apartados 87 a 89)
El derecho de acceso a los documentos de las instituciones que confiere al público el Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, está sometido a la vez a determinados límites basados en razones de interés público o privado. Más concretamente, y de conformidad con su considerando 11, el Reglamento n.o 1049/2001 establece, en su artículo 4, un régimen de excepciones que permite a las instituciones denegar el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para alguno de los intereses protegidos por este artículo. No obstante, dado que tales excepciones invalidan el principio del mayor acceso posible del público a los documentos, deben interpretarse y aplicarse en sentido estricto.

De ese modo, el concepto de «proceso de toma de decisiones» contemplado por la citada disposición debe entenderse referido a la adopción de la decisión sin cubrir la totalidad del procedimiento administrativo que condujo a aquélla. Esa interpretación resulta del propio tenor de la citada disposición y responde a la exigencia de interpretar de manera estricta.

Por lo que respecta al derecho de acceso a la información medioambiental en poder de las instituciones y órganos de la Unión, la citada interpretación del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, el Reglamento n.o 1049/2001 se impone también habida cuenta de la finalidad del Reglamento n.o 1367/2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Ciertamente, el artículo 6 de ese Reglamento se limita a señalar que la excepción prevista en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1049/2001 debe interpretarse de manera estricta, sin precisar el concepto de «proceso de toma de decisiones» en el sentido de esa disposición. No obstante, el Convenio de Aarhus dispone, en su artículo 4, apartado 4, letra a), que podrá denegarse una solicitud de información sobre el medio ambiente en el caso de que la divulgación de esa información pudiera tener efectos desfavorables sobre el secreto de las deliberaciones de las autoridades públicas, cuando ese secreto esté previsto en el Derecho interno, y no sobre la totalidad del procedimiento administrativo al final del cual deliberan esas autoridades.

(véanse los apartados 62 a 64 y 76 a 81)
El artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1251/2011, debe interpretarse en el sentido de que una sociedad que, por una parte, pertenece en su totalidad a un poder adjudicador cuya actividad consiste en satisfacer necesidades de interés general y que, por otra parte, lleva a cabo tanto operaciones para dicho poder adjudicador como operaciones en el mercado competitivo debe calificarse de «organismo de Derecho público» en el sentido de esta disposición, siempre que las actividades de dicha sociedad sean necesarias para que ese poder adjudicador pueda ejercer su actividad y que, para satisfacer necesidades de interés general, la referida sociedad se guíe por consideraciones que no sean económicas, extremo que ha de verificar el órgano jurisdiccional remitente. Carece de pertinencia a este respecto el hecho de que el valor de las operaciones internas pueda representar, en un futuro, menos del 90 % del volumen de negocios global de la sociedad o una parte no esencial de éste.

(véanse el apartado 48 y el fallo)
Una decisión con la que la Comisión hace vinculantes los compromisos aceptados por un Estado miembro para garantizar la compatibilidad con el mercado interior de un régimen de ayuda existente supone necesariamente que la Comisión haya efectuado con carácter previo una apreciación acerca de la compatibilidad del régimen de ayudas de que se trata con el mercado interior y, tras haber tomado en consideración la información transmitida por el Estado miembro de que se trate, haya llegado a la conclusión de que ese régimen no es, o ha dejado de ser, compatible con el mercado interior y de que, en consecuencia, resultan necesarias medidas apropiadas para poner remedio a esa incompatibilidad. La apreciación de la Comisión y la conclusión que extraiga de la misma no pueden quedar sustraídas al control de los órganos jurisdiccionales de la Unión, ya que en tal caso se menoscabaría el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de los beneficiarios del régimen de ayudas existente.

Pues bien, una decisión adoptada por la Comisión que hace vinculantes los compromisos aceptados por un Estado miembro para garantizar la compatibilidad con el mercado interior de un régimen de ayudas existente en virtud del artículo 18 del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE, en relación con el artículo 19, apartado 1, del citado Reglamento, al basarse en la constatación previa de la incompatibilidad con el mercado interior de un régimen de ayudas existente, puede perjudicar los intereses de los beneficiarios de ese régimen. El derecho a una tutela judicial efectiva de los beneficiarios de un régimen de ayudas existente supone por tanto que éstos puedan impugnar, con ocasión de un recurso dirigido contra una decisión de ese tipo, también la apreciación de ese régimen efectuada por la Comisión y la conclusión de esa institución según la cual ese régimen no es compatible con el mercado interior y, en consecuencia, resultan necesarias medidas apropiadas para poner remedio a esa incompatibilidad.

Esa constatación no queda en entredicho por la alegación según la cual la apreciación controvertida no tiene carácter definitivo. Ciertamente, el procedimiento de examen de los regímenes de ayudas existentes perseguido en aplicación del artículo 108 TFUE, apartado 1, no conduce a una constatación formal de la incompatibilidad. Pero la conclusión de que el régimen de ayudas existente es incompatible con el mercado interior y la proposición de medidas apropiadas que implica necesariamente producen, una vez que la Comisión ha tomado nota de la aceptación por el Estado miembro de que se trata de esas medidas, los mismos efectos jurídicos que una constatación formal de ese tipo respecto de dicho Estado.

(véanse los apartados 38 a 40, 43 y 50 a 52)
Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que deben equipararse a prestaciones de enfermedad, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1408/71, ciertas prestaciones correspondientes al riesgo de dependencia, tales como la que es objeto del litigio principal, a pesar de que, a diferencia de las prestaciones de enfermedad stricto sensu, no están destinadas en principio a hacerse efectivas durante breve tiempo y pueden presentar, en especial por sus modalidades de aplicación, características que en la práctica se aproximan también, en cierto grado, a las ramas de invalidez y de vejez (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 2011, da Silva Martins, C‑388/09 , EU:C:2011:439 , apartados 47 y 48 ).

Una prestación como el componente de dependencia del subsidio de subsistencia para minusválidos (disability living allowance) constituye una prestación de enfermedad en el sentido del Reglamento n.o 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.o 118/97, tal como fue modificado por el Reglamento n.o 307/1999.

El artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento n.o 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.o 118/97, tal como fue modificado por el Reglamento n.o 307/1999, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una persona haya adquirido derechos a una pensión de vejez por las cotizaciones abonadas durante un determinado período al régimen de seguridad social de un Estado miembro no impide que la legislación de este Estado miembro pueda dejar de ser aplicable posteriormente a esta persona. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar, a la vista de las circunstancias del litigio del que conoce y de las disposiciones del Derecho nacional aplicable, en qué momento esa legislación dejó de ser aplicable a tal persona.

En efecto, como se especifica en el artículo 10 ter del Reglamento n.o 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento n.o 1408/71 (DO 1972, L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156), en su versión modificada por el Reglamento n.o 2195/91 (DO 1991, L 206, p. 2), la fecha y las condiciones en las que la legislación de un Estado miembro deje de ser aplicable a una de las personas contempladas en el artículo 13, apartado 2, letra f) del Reglamento n.o 1408/71 se determinarán de conformidad con las disposiciones de dicha legislación.

Por otra parte, para la determinación del momento en el que la legislación de un Estado miembro deja de ser aplicable a una persona, es preciso tener en cuenta igualmente, en su caso, las disposiciones del anexo VI de este último Reglamento, que contiene las modalidades particulares de aplicación de las legislaciones de ciertos Estados miembros.

(véanse los apartados 65, 66 y 69 y el punto 2 del fallo)
Y es que, si bien en relación con un producto para autodiagnóstico los Estados miembros tienen la obligación de exigir la traducción en sus lenguas oficiales de la información necesaria para que dicho producto pueda utilizarse de forma correcta y segura, no pueden llegar hasta el punto de imponer al importador de tal producto, que lleva un marcado CE y cuya conformidad ha sido evaluada por un organismo notificado, que someta ese producto a un organismo notificado para que éste evalúe la conformidad de las modificaciones inducidas por esa obligación de traducción.

El artículo 9 de la Directiva 98/79, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, debe interpretarse en el sentido de que no impone a un importador paralelo de un producto para autodiagnóstico destinado a la medición de la glucemia que lleva un marcado CE y que ha sido objeto de una evaluación de la conformidad realizada por un organismo notificado proceder a una nueva evaluación para acreditar la conformidad del etiquetado y de las instrucciones de utilización de ese producto en razón de la traducción de esos elementos en la lengua oficial del Estado miembro de importación.

La obligación de proceder al examen de la conformidad establecida por el artículo 9 de la Directiva 98/79, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, sólo se aplica a los fabricantes. Este concepto, definido en el artículo 1, apartado 2, letra f), de esta Directiva, hace referencia a la persona que pone tal producto en el mercado en su propio nombre. Cuando una persona adquiere en un Estado miembro productos para diagnóstico in vitro, después de que el fabricante de éstos los haya puesto en el mercado de la Unión, para revenderlos posteriormente en otro Estado miembro, sin modificar su envase ni su presentación original salvo mediante la colocación de una etiqueta y unas instrucciones de utilización redactadas en la o las lenguas oficiales del Estado miembro de importación, no puede considerarse que esa persona haya vuelto a acondicionar ese producto o que lo haya puesto en el mercado «en su propio nombre».

Por ello, el importador paralelo de productos para autodiagnóstico, que no los comercializa en su propio nombre, no puede ser considerado «fabricante», en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra f), de la Directiva 98/79. Por consiguiente, no se le puede obligar a someter los productos controvertidos a un nuevo procedimiento de evaluación de la conformidad en virtud del artículo 9 de esta Directiva para acreditar la conformidad de las modificaciones que haya introducido en la etiqueta y las instrucciones de utilización por el hecho de haberlas traducido en la lengua oficial del Estado miembro de importación.

(véanse los apartados 43 y 44)