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Palabras clave

Seguridad social de los trabajadores migrantes — Prestaciones familiares — Normas comunitarias que prohíben la acumulación

[Reglamentos (CEE) del Consejo nº 1408/71, arts. 73 y 76, y nº 574/72, art. 10]

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Los artículos 76 del Reglamento nº 1408/71 y 10 del Reglamento nº 574/72, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 118/97, en su versión modificada por el Reglamento nº 647/2005, deben interpretarse en el sentido de que el derecho a las prestaciones debidas con arreglo a la normativa de un Estado miembro en el que reside uno de los progenitores con los hijos en favor de los cuales se conceden dichas prestaciones, derecho que no está sujeto a condiciones de seguro, de empleo o de actividad por cuenta propia, no puede suspenderse parcialmente en una situación en la que el ex-cónyuge, que es el otro progenitor, tendría derecho, en principio, a las prestaciones familiares con arreglo a la normativa del Estado en el que desempeña un empleo, ya sea en virtud únicamente de la normativa nacional de dicho Estado o en aplicación del artículo 73 del referido Reglamento nº 1408/71, pero no las percibe efectivamente por no haberlas solicitado.

En efecto para que pueda considerarse que han de abonarse las prestaciones familiares en virtud de la normativa de un Estado miembro, la legislación de dicho Estado debe reconocer el derecho al pago de las prestaciones en favor del miembro de la familia que trabaje en dicho Estado. Por tanto, es necesario que la persona interesada reúna todos los requisitos, tanto de forma como de fondo, exigidos por la normativa interna de dicho Estado para poder ejercer dicho derecho, entre los que puede figurar, dado el caso, el requisito de que se haya presentado una solicitud previa para que se abonen dichas prestaciones.

(véanse los apartados 53 y 59 y el fallo)
el carácter provisional de la medida adoptada en el marco del procedimiento cautelar sobre la custodia de la menor, que exige por sí mismo la intervención urgente del Tribunal de Justicia para que no se prolongue la situación de inseguridad jurídica.

El artículo 20 del Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que no permite que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro adopte una medida provisional en materia de responsabilidad parental que otorgue la custodia de un menor que se encuentra en el territorio de dicho Estado miembro a uno de los progenitores cuando un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, competente en virtud del mencionado Reglamento para conocer del fondo de litigio sobre la custodia del menor, ya ha dictado una resolución judicial que concede provisionalmente la custodia de dicho menor al otro progenitor y esta resolución judicial ha sido declarada ejecutiva en el territorio del primer Estado miembro.

En efecto, si un cambio de circunstancias derivado de un proceso gradual, como la integración del menor en un nuevo entorno, fuera suficiente para autorizar a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no competente para conocer del fondo a adoptar una medida provisional que modifique la medida en materia de responsabilidad parental que fue adoptada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro competente para conocer del fondo y que fue declarada ejecutiva en el territorio del primer Estado miembro, la posible lentitud del procedimiento de ejecución en el Estado miembro requerido contribuiría a crear las circunstancias que permitirían al primer órgano jurisdiccional impedir la ejecución de la resolución judicial declarada ejecutiva. Esta interpretación quebrantaría los propios principios en los que se basa el citado Reglamento, en particular el del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales dictadas en los Estados miembros, instaurado por el citado Reglamento.

También es contrario al objetivo del mencionado Reglamento, que es evitar los traslados o retenciones ilícitos de menores entre Estados miembros, el reconocimiento de una situación de urgencia en un caso en el que el cambio en la situación del menor resulta de un traslado ilícito en el sentido del artículo 2, apartado 11, del citado Reglamento. En efecto, admitir que una medida que implique el cambio de la responsabilidad parental pueda adoptarse con arreglo al artículo 20, apartado 1, de dicho Reglamento equivaldría a reforzar la posición del progenitor responsable del traslado ilícito, consolidando una situación de hecho derivada de un comportamiento ilícito.

(véanse los apartados 45 y 47 a 49 y el fallo)
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 94, p. 70), así como del Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de , que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento no 1782/2003 (DO L 141, p. 1).
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Por último, ha de añadirse que la sentencia Comisión/Portugal, antes citada, no contradice la interpretación según la cual el concepto de despidos colectivos en el sentido de la Directiva 98/59 no incluye las extinciones de los contratos de trabajo de varios trabajadores cuyo empresario es una persona física como consecuencia de la muerte éste. En efecto, dicha sentencia se dictó en el marco de un procedimiento por incumplimiento, con ocasión del cual se examinaron los términos «motivos no inherentes a la persona de los trabajadores», empleados en el artículo 1 de esta Directiva, pero no se analizó de manera específica una situación como la del litigio principal, caracterizada por la extinción de los contratos de trabajo como consecuencia de la muerte del empresario persona física y por la falta de un sujeto de Derecho destinatario de las obligaciones previstas por dicha Directiva.
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A juicio de este Gobierno, dado que el litigio opone a dos empresas alemanas, la situación controvertida en el litigio principal se caracteriza por que todos sus elementos se circunscriben al interior de un solo Estado miembro, de manera que las disposiciones de la Directiva 2005/29 no se aplican al litigio principal (véase la sentencia de 21 de octubre de 1999, Jägerskiöld, C-97/98, Rec. p. I-7319, apartado 45). Con carácter subsidiario, el Gobierno español alega, en esencia, que la Directiva 2005/29 no es de aplicación al litigio principal en la medida en que los hechos que dieron lugar a éste se produjeron no sólo antes de que expirara el plazo de adaptación del Derecho interno a esta Directiva, sino antes incluso de su adopción. Por consiguiente, considera que el Tribunal de Justicia no puede apreciar la conformidad de la Ley alemana con la Directiva 2005/29. Por último, dicho Gobierno subraya que, en todo caso, esta Directiva no tiene por objeto regular concursos o loterías vinculados a la comercialización de bienes o servicios destinados a los consumidores, régimen que ha sido expresamente objeto de la propuesta de reglamento COM(2001) 546 final, relativo a las promociones de ventas, que fue posteriormente retirada por la Comisión de las Comunidades Europeas en 2006.
1

La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»).
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Al respecto alega que, en relación con los servicios de que se trata, las oficinas públicas no actúan en el ejercicio de sus funciones públicas en el sentido del primer párrafo de dicha disposición, ya que no prestan esos servicios en el ámbito del régimen jurídico que les es propio (véase, en particular, la sentencia de 14 de diciembre de 2000, Fazenda Pública, C-446/98, Rec. p. I-11435, apartado 17 y jurisprudencia citada). En efecto, las oficinas públicas no prestan tales servicios en virtud de disposiciones específicas no aplicables a los asesores jurídicos privados, sino que actúan en el mismo marco jurídico que estos últimos. A este respecto, la situación es distinta cuando las oficinas públicas prestan servicios de asistencia jurídica al margen de un procedimiento judicial. En efecto, como los asesores privados no tienen acceso al ejercicio de dicha actividad, las oficinas públicas no la ejercen en condiciones jurídicas idénticas a las aplicables a esos asesores.
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En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, si bien en relación con las participaciones no comprendidas en la Directiva 90/435, corresponde a los Estados miembros determinar si debe evitarse, y en qué medida, la doble imposición económica de los beneficios distribuidos y establecer, a este efecto, de forma unilateral o mediante convenios celebrados con otros Estados miembros, mecanismos dirigidos a evitar o a atenuar esta doble imposición económica, este solo hecho no les permite, sin embargo, aplicar medidas contrarias a las libertades de circulación garantizadas por el Tratado (véanse las sentencias Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, antes citada, apartado 54, y Amurta, antes citada, apartado 24, así como de 18 de junio de 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C-303/07, Rec. p. I-5145, apartado 28).
15

A la luz de estos elementos, el órgano jurisdiccional remitente se considera vinculado por dichas sentencias, que declaran de manera definitiva el carácter real, lícito y no fraudulento del comodato. No obstante, señala que esto podía traducirse en que le sea imposible examinar el litigio principal a la luz de la normativa comunitaria y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de IVA, en particular la sentencia de 21 de febrero de 2006, Halifax y otros, (C-255/02, Rec. p. I-1609), y, en su caso, declarar la existencia de un abuso de Derecho.
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Corresponde en especial a cada Estado miembro organizar, respetando el Derecho comunitario, su sistema de tributación de los beneficios distribuidos y, en particular, determinar la base imponible y el tipo impositivo que se aplicarán en sede del accionista beneficiario (véanse, en este sentido, las sentencias Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, antes citada, apartado 50; de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Rec. p. I-11753, apartado 47, y de , Orange European Smallcap Fund, C-194/06, Rec. p. I-3747, apartado 30).
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE (DO L 323, p. 1).
Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE (DO L 10, p. 13) — No elaboración de determinados planes de emergencia externos con respecto a las medidas que deben tomarse fuera de los establecimientos.
Incumplimiento de Estado — No adaptación del Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social (DO L 225, p. 40), y en la Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social (DO L 46, p. 20).
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1. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo — Adaptación en razón de un cambio en el Derecho de la Unión — Procedencia — Requisitos

(Art. 226 CE)

2. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado — Situación de incertidumbre derivada de circunstancias específicas sobrevenidas durante el proceso legislativo — Inexistencia de incumplimiento

(Arts. 43 CE, 45 CE, párr. 1, y 226 CE; Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

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1. En el marco de un recurso por incumplimiento, aunque las pretensiones deducidas en el recurso no pueden, en principio, ampliarse más allá de los incumplimientos alegados en las conclusiones del dictamen motivado y en el escrito de requerimiento, no es menos cierto que la Comisión está legitimada para instar la declaración de un incumplimiento de las obligaciones cuyo origen se encuentre en la versión inicial de un acto de la Unión, posteriormente modificado o derogado, que hayan sido mantenidas por las disposiciones de un nuevo acto de la Unión. En cambio, el objeto del litigio no puede ampliarse a las obligaciones derivadas de nuevas disposiciones que no tengan su equivalente en la versión inicial del acto de que se trata, so pena de constituir un vicio sustancial de forma en cuanto a la regularidad del procedimiento por el que se declare el incumplimiento.

(véase el apartado 42)

2. Cuando, durante el proceso legislativo, circunstancias particulares como la falta de una postura clara del legislador o la falta de precisión en cuanto a la determinación del ámbito de aplicación de una disposición del Derecho de la Unión den lugar a una situación de incertidumbre, no es posible declarar que al término del plazo señalado en el dictamen motivado existiese una obligación suficientemente clara para los Estados miembros de transponer una Directiva.

(véanse los apartados 54 a 56)
Además, las autoridades aduaneras del Estado miembro de importación no pueden llevar a cabo un concurso de calificaciones dejando abierta la cuestión de cuál de los acuerdos que han de tenerse en cuenta, a saber, el Acuerdo de Asociación CE-Israel y el Acuerdo de Asociación CE-OLP, es de aplicación en un supuesto concreto y de si la prueba del origen debe emanar de las autoridades israelíes o de las autoridades palestinas.

En efecto, el artículo 16, apartado 4, del Protocolo no 3 anejo al Acuerdo euromediterráneo interino de asociación en materia de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), actuando por cuenta de la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza, implica que las autoridades aduaneras de Cisjordania y la Franja de Gaza son las únicas facultadas para expedir un certificado de circulación de mercancías EUR.1 cuando los productos de que se trate puedan ser considerados productos originarios de Cisjordania y la Franja de Gaza. En consecuencia, interpretar el artículo 83 del Acuerdo de Asociación CE-Israel en el sentido de que las autoridades israelíes están investidas de competencias aduaneras respecto de los productos originarios de Cisjordania equivaldría a imponer a las autoridades aduaneras palestinas la obligación de no ejercer las competencias que les otorgan las disposiciones de dicho Protocolo. De este modo, tal interpretación, que tendría por efecto crear una obligación para un tercer sujeto sin su consentimiento, sería contraria al principio de Derecho internacional general «pacta tertiis nec nocent nec prosunt», tal como está codificado en el artículo 34 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados.

En el marco del procedimiento previsto en el artículo 32 del Protocolo no 4 anexo al Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por otra, las autoridades aduaneras del Estado de importación no están vinculadas por la prueba de origen presentada y por la respuesta de las autoridades aduaneras del Estado de exportación cuando dicha respuesta no incluye información suficiente, en el sentido del artículo 32, apartado 6, de dicho Protocolo, para determinar el origen real de los productos.

Además, las autoridades aduaneras del Estado de importación no están obligadas a someter al Comité de cooperación aduanera creado por el artículo 39 de dicho Protocolo una controversia relativa a la interpretación del ámbito de aplicación territorial del Acuerdo de Asociación CE-Israel.

(véanse el apartado 73 y el punto 2 del fallo)
Al interpretar el artículo 24 del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, los tribunales de los Estados miembros pueden recurrir a los criterios derivados de las reglas de lista elaboradas por la Comisión con el fin de precisar los conceptos que figuran en el citado artículo 24 y que contribuyen a la determinación del origen no preferencial de las mercancías, siempre que ello no conduzca a modificar este artículo Dichas reglas de lista, que carecen de fuerza obligatoria en Derecho, y cuyo contenido debe ser conforme con las normas de origen, como las enunciadas en el referido artículo 24, no pueden modificar el alcance de estas últimas.

Con vistas a determinar el origen de las mercancías clasificadas en la partida 7312 de la Nomenclatura Combinada, que constituye el anexo I del Reglamento no 2658/87 del Consejo, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento no 1719/2005, las transformaciones o las elaboraciones sustanciales, en el sentido del artículo 24 del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, pueden abarcar no sólo las que tienen como efecto la clasificación de la mercancía que haya sido objeto de una operación de transformación o de elaboración en otra partida de la Nomenclatura Combinada, sino también las que, sin tal cambio de partida, conducen a la creación de una mercancía que presenta cualidades y una composición específica propias que esa mercancía no poseía antes de dicha operación.

En efecto, al interpretar el concepto de «transformación o elaboración sustancial» que figura en el artículo 24 del Código aduanero, el recurso exclusivo al criterio del cambio de partida arancelaria de una mercancía, sin ninguna indicación sobre las transformaciones o las elaboraciones específicas de las que haya sido objeto la mercancía, puede restringir el alcance de dicho artículo. Ese criterio no se basa en una distinción objetiva y real entre producto de base y producto transformado, ni en las cualidades materiales específicas de cada uno de esos productos, y no tiene en cuenta las transformaciones o elaboraciones específicas que hayan conducido a la fabricación del producto transformado. Si bien ese criterio constituye una indicación del carácter sustancial de la transformación o de la elaboración de la mercancía y abarca la mayoría de las situaciones, no permite por sí solo identificar todas las situaciones en las que la transformación o la elaboración de la mercancía es sustancial.

(véanse los apartados 33 a 37 y el fallo)
Asunto C-246/08

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República de Finlandia

«Incumplimiento de Estado — Sexta Directiva IVA — Artículos 2, número 1, y 4, apartados 1 y 2 — Concepto de “actividades económicas” — Oficinas públicas de asistencia jurídica — Servicios de asistencia jurídica prestados en el marco de un procedimiento judicial en contrapartida de una aportación parcial del beneficiario — Concepto de “relación directa” entre el servicio prestado y el contravalor recibido»

Conclusiones del Abogado General Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 7 de julio de 2009 I ‐ 10607

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de octubre de 2009 I ‐ 10625

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Actividades económicas a efectos del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Sexta Directiva

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 2, número 1, y 4, aps. 1, 2 y 5)

No incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, número 1, y 4, apartados 1, 2 y 5, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, un Estado miembro que no sujeta al impuesto sobre el valor añadido los servicios de asistencia jurídica prestados por las oficinas públicas en el marco de un procedimiento judicial en contrapartida de una aportación parcial del beneficiario, ya que la relación entre dichos servicios de asistencia jurídica y el contravalor que deben pagar los beneficiarios no reviste el carácter directo que se exige para poder considerar que éste constituye la remuneración de esos servicios y para calificar, por tanto, éstos de actividades económicas sujetas al impuesto sobre el valor añadido en el sentido de los artículos 2, número 1, y 4, apartados 1 y 2, de la Sexta Directiva.

En efecto, como el importe de la retribución parcial pagada a las oficinas públicas por los beneficiarios de los servicios de asistencia jurídica prestados en el marco de un procedimiento judicial no se calcula únicamente en función de los honorarios, sino que depende igualmente de los ingresos y del patrimonio de los beneficiarios, no existe tal relación directa dado que dicha retribución sólo depende parcialmente del valor real de los servicios prestados, siendo la relación con éste tanto más tenue cuanto más modestos sean los ingresos y el patrimonio de los beneficiarios. Corrobora esta constatación la existencia de una diferencia importante entre el importe de las retribuciones parciales pagadas en el curso de un año por dichos beneficiarios y los gastos de funcionamiento brutos, mucho más elevados, soportados por las oficinas de asistencia jurídica; una diferencia de esta importancia tiende a sugerir que la retribución parcial a cargo de los beneficiarios debe asimilarse más a un canon, cuyo cobro no puede conferir, por sí solo, carácter económico a una actividad determinada, que a una remuneración propiamente dicha.

(véanse los apartados 48 a 51)