Asunto C-417/10

Ministero dell’Economia e delle Finanze y Agenzia delle Entrate

contra

3M Italia SpA

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione)

«Fiscalidad directa — Terminación de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional que se pronuncia en última instancia en materia fiscal — Abuso de Derecho — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Libertades garantizadas por el Tratado — Principio de no discriminación — Ayudas de Estado — Obligación de asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión»

Sumario de la sentencia

Estados miembros — Obligaciones — Obligación de cooperación leal — Ejecución del Derecho de la Unión — Principio de prohibición del abuso de Derecho — Libre circulación de capitales — Principio de no discriminación — Reglas en materia de ayudas de Estado — Fiscalidad directa de los Estados miembros

(Art. 4 TUE, ap. 3; arts. 63 TFUE y 107 TFUE, ap. 1)

El Derecho de la Unión —concretamente, el principio de prohibición de abuso de Derecho, el artículo 4 TUE, apartado 3, las libertades garantizadas por el TFUE, el principio de no discriminación, las normas en materia de ayudas de Estado y la obligación de asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión— debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que en un asunto que versa sobre fiscalidad directa de un Estado miembro se aplique una disposición nacional que establece la terminación de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional que se pronuncia en última instancia en materia tributaria, mediante el pago de un importe equivalente al 5 % de la cuantía del litigio, cuando dichos procedimientos se hayan iniciado a través de un recurso interpuesto en primera instancia más de diez años antes de la fecha de entrada en vigor de la citada disposición y las pretensiones de la Administración tributaria hayan sido desestimadas en las dos primeras instancias.

En cualquier caso, en Derecho de la Unión no existe ningún principio general del que derive la obligación de los Estados miembros de luchar contra las prácticas abusivas en el ámbito de la fiscalidad directa y que se oponga a la aplicación de una disposición nacional de ese tipo cuando la operación imponible objeto del procedimiento pendiente deriva de esas prácticas y no está en juego el Derecho de la Unión.

Además, dicha disposición no puede ser calificada de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En efecto, las ventajas resultantes de una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos no constituyen ayudas de Estado. Aun suponiendo que la aplicación de la citada disposición pueda ocasionar, en una situación determinada, que se conceda una ventaja al beneficiario de dicha disposición, ésta es aplicable con carácter general a todos los contribuyentes que son partes en un procedimiento en materia tributaria pendiente ante el órgano jurisdiccional que se pronuncie en última instancia, con independencia de la naturaleza del impuesto de que se trate, cuando dicho procedimiento se haya iniciado a través de un recurso interpuesto en primera instancia más de diez años antes de la fecha de entrada en vigor de la citada disposición y las pretensiones de la Administración tributaria hayan sido desestimadas en las dos primeras instancias. El hecho de que sólo puedan beneficiarse de dicha medida los contribuyentes que reúnan esos requisitos no confiere por sí mismo a ésta carácter selectivo. En efecto, las personas que no pueden acceder a la citada medida no se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de los mencionados contribuyentes respecto del objetivo perseguido por el legislador nacional, que es garantizar que se respete el principio del plazo razonable.

Al no haberse infringido el Derecho de la Unión, no puede considerarse que una disposición semejante sea contraria a la obligación que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales que se pronuncian en última instancia de asegurar, en el marco de sus competencias, la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, por el hecho de que, como cualquier otra disposición que establezca la extinción de la instancia antes de que se adopte una resolución en cuanto al fondo, impida al órgano jurisdiccional nacional que se pronuncie en última instancia ejercer su control de legalidad en los procedimientos de que se trate conforme al Derecho de la Unión, después de que dicho órgano jurisdiccional se haya dirigido, en su caso, al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE.

(véanse los apartados 32, 39, 41, 42, 44, 46 y 47 y el fallo)

Asunto C-417/10

Ministero dell’Economia e delle Finanze y Agenzia delle Entrate

contra

3M Italia SpA

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione)

«Fiscalidad directa — Terminación de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional que se pronuncia en última instancia en materia fiscal — Abuso de Derecho — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Libertades garantizadas por el Tratado — Principio de no discriminación — Ayudas de Estado — Obligación de asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión»

Sumario de la sentencia

Estados miembros — Obligaciones — Obligación de cooperación leal — Ejecución del Derecho de la Unión — Principio de prohibición del abuso de Derecho — Libre circulación de capitales — Principio de no discriminación — Reglas en materia de ayudas de Estado — Fiscalidad directa de los Estados miembros

(Art. 4 TUE, ap. 3; arts. 63 TFUE y 107 TFUE, ap. 1)

El Derecho de la Unión —concretamente, el principio de prohibición de abuso de Derecho, el artículo 4 TUE, apartado 3, las libertades garantizadas por el TFUE, el principio de no discriminación, las normas en materia de ayudas de Estado y la obligación de asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión— debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que en un asunto que versa sobre fiscalidad directa de un Estado miembro se aplique una disposición nacional que establece la terminación de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional que se pronuncia en última instancia en materia tributaria, mediante el pago de un importe equivalente al 5 % de la cuantía del litigio, cuando dichos procedimientos se hayan iniciado a través de un recurso interpuesto en primera instancia más de diez años antes de la fecha de entrada en vigor de la citada disposición y las pretensiones de la Administración tributaria hayan sido desestimadas en las dos primeras instancias.

En cualquier caso, en Derecho de la Unión no existe ningún principio general del que derive la obligación de los Estados miembros de luchar contra las prácticas abusivas en el ámbito de la fiscalidad directa y que se oponga a la aplicación de una disposición nacional de ese tipo cuando la operación imponible objeto del procedimiento pendiente deriva de esas prácticas y no está en juego el Derecho de la Unión.

Además, dicha disposición no puede ser calificada de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En efecto, las ventajas resultantes de una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos no constituyen ayudas de Estado. Aun suponiendo que la aplicación de la citada disposición pueda ocasionar, en una situación determinada, que se conceda una ventaja al beneficiario de dicha disposición, ésta es aplicable con carácter general a todos los contribuyentes que son partes en un procedimiento en materia tributaria pendiente ante el órgano jurisdiccional que se pronuncie en última instancia, con independencia de la naturaleza del impuesto de que se trate, cuando dicho procedimiento se haya iniciado a través de un recurso interpuesto en primera instancia más de diez años antes de la fecha de entrada en vigor de la citada disposición y las pretensiones de la Administración tributaria hayan sido desestimadas en las dos primeras instancias. El hecho de que sólo puedan beneficiarse de dicha medida los contribuyentes que reúnan esos requisitos no confiere por sí mismo a ésta carácter selectivo. En efecto, las personas que no pueden acceder a la citada medida no se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de los mencionados contribuyentes respecto del objetivo perseguido por el legislador nacional, que es garantizar que se respete el principio del plazo razonable.

Al no haberse infringido el Derecho de la Unión, no puede considerarse que una disposición semejante sea contraria a la obligación que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales que se pronuncian en última instancia de asegurar, en el marco de sus competencias, la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, por el hecho de que, como cualquier otra disposición que establezca la extinción de la instancia antes de que se adopte una resolución en cuanto al fondo, impida al órgano jurisdiccional nacional que se pronuncie en última instancia ejercer su control de legalidad en los procedimientos de que se trate conforme al Derecho de la Unión, después de que dicho órgano jurisdiccional se haya dirigido, en su caso, al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE.

(véanse los apartados 32, 39, 41, 42, 44, 46 y 47 y el fallo)