El artículo 33 CA, párrafo segundo, enumera de manera limitativa los sujetos de Derecho que pueden formular un recurso de anulación, de manera que los sujetos que no se encuentran mencionados en él no pueden formular válidamente tal recurso. Carecen, por tanto, de la requerida legitimación para interponer recurso de anulación contra una decisión CECA las sociedades que no ejercen actividad alguna de producción o de distribución en el sector del carbón y del acero. Tal es el caso de las sociedades que producen tubos de acero que, al no estar mencionadas en el anexo I del Tratado CECA, no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicho Tratado. Si bien es cierto que las disposiciones del Tratado CECA relativas a la legitimación de los justiciables deben interpretarse ampliamente, para garantizar la protección jurídica de los interesados, esta interpretación generosa no puede ir en contra del tenor claro del Tratado CECA. En efecto, no corresponde a los órganos jurisdiccionales comunitarios establecer excepciones al sistema judicial establecido por los Tratados.

A este respecto, el mero hecho de que la Comisión adopte dos decisiones separadas en el marco del control de una operación de concentración mixta no representa, en sí, un incumplimiento de la obligación que tiene la Comisión de evitar las incoherencias que pudieran producirse en la aplicación de las diferentes disposiciones del Derecho comunitario. En efecto, a diferencia de lo que sugieren las demandantes, el hecho de que no se pueda descartar que se adopten decisiones separadas mediante las cuales la Comisión autorice parcial o totalmente una concentración en la parte relativa al Tratado CECA y prohiba parcial o totalmente esa misma concentración por lo que atañe al Tratado CE no constituye una incoherencia, sino que se deduce del hecho de que las operaciones de concentración o algunas de sus partes están sujetas a normas formales y materiales diferentes en función de que estén comprendidas en el ámbito del Tratado CECA o del Tratado CE. La misma observación es válida por lo que se refiere a la posibilidad de que el recurso de anulación dirigido contra las decisiones que aprueben una operación de concentración mixta llegue a un resultado diferente respecto de la decisión adoptada con arreglo al artículo 66 CA y de la decisión adoptada en virtud del Reglamento n° 4064/89. En efecto, independientemente de que la Comisión adopte una única decisión o adopte dos decisiones separadas, corresponderá necesariamente a los órganos jurisdiccionales comunitarios controlar la legalidad de dichas decisiones a la luz de normas diferentes establecidas por los dos regímenes.

Debido a estas particularidades, la Comisión puede, pues, adoptar dos Decisiones diferentes a efectos de autorizar una concentración mixta, proceder que resulta especialmente justificado si se tiene en cuenta que las disposiciones del artículo 66 CA y las que establece el Reglamento n° 4064/89 difieren tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista del procedimiento. El hecho de que se trate de una única y misma operación de concentración indivisible no desvirtúa esta conclusión. En efecto, si bien desde un punto de vista económico, una operación de concentración mixta notificada representa generalmente un todo indivisible para los autores de la notificación, esta circunstancia no impide que, desde el punto de vista jurídico, dicha operación necesite dos autorizaciones distintas de la Comisión.

Para que pueda considerarse que existe una situación de posición dominante colectiva es necesario que se cumplan tres requisitos acumulativos: en primer lugar, todos los miembros del oligopolio dominante deben poder conocer el comportamiento de los demás miembros para comprobar si están adoptando o no la misma línea de acción; en segundo lugar, es necesario que la situación de coordinación tácita pueda mantenerse en el tiempo, es decir, que debe existir un incentivo a no apartarse de la línea de conducta común en el mercado; en tercer lugar, la reacción previsible de los competidores actuales y potenciales y de los consumidores no debe cuestionar los resultados esperados de la línea de acción común.

Por lo que se refiere a la obligación de la Comisión de motivar sus decisiones, no se exige que la motivación especifique todos lo elementos de hecho y de Derecho, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple los requisitos del artículo 253 CE no debe apreciarse solamente a la luz de su tenor literal, sino también de su contexto y de la totalidad de normas jurídicas que regulan el ámbito de que se trata. Esto implica que, cuando una autoridad decisoria es competente para adoptar, en procedimientos paralelos, dos decisiones distintas sobre unos mismos hechos y pone dichas decisiones en conocimiento de la misma persona interesada en un breve lapso de tiempo, puede considerarse, desde el punto de vista del deber de motivación frente a esta persona, que cada una de las decisiones forma parte del contexto de la otra decisión y, por tanto, sirve útilmente como complemento de la motivación respecto de la otra decisión.

En el marco de la apreciación de la compatibilidad de una concentración notificada con el mercado común, la Comisión no puede estar obligada, en virtud del artículo 81 CE, a examinar el hipotético riesgo de que las partes en la concentración puedan celebrar acuerdos restrictivos como consecuencia de dicha concentración. En efecto, a tenor del artículo 81 CE, apartado 1, la prohibición que establece solamente se aplica cuando se han celebrado efectivamente acuerdos anticompetitivos. La apreciación por la Comisión de la compatibilidad con el mercado común de una operación de concentración entre empresas debe efectuarse únicamente basándose en circunstancias de hecho y de Derecho que existan en el momento de la notificación de dicha operación y no en elementos hipotéticos cuyo alcance económico no pueda valorarse en el momento en que se adopte la decisión.

Cuando la Comisión declara una operación de concentración compatible con el mercado común sobre la base del artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 4064/89, constituye una condición necesaria y suficiente en relación con el deber de motivación el artículo 253 CE exige que dicha Decisión exponga de manera clara y sin equívocos las razones por las cuales la Comisión considera que la concentración controvertida no suscita serias dudas respecto a su compatibilidad con el mercado común. No obstante, no puede deducirse de esta obligación que, en un caso como el presente, la Comisión esté obligada a justificar todos los elementos de hecho o de Derecho de su apreciación que pueden tener un vínculo con la operación de concentración notificada y/o que se han suscitado en el curso del procedimiento administrativo. Una exigencia de esa índole no solo sería difícilmente compatible con el imperativo de celeridad que se impone a la Comisión cuando ejerce su facultad de control de las operaciones de concentración y, en particular, cuando aprueba una concentración sobre la base del artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 4064/89, sino que, además, resultaría difícilmente justificable desde el punto de vista de la propia naturaleza de dicha competencia. En efecto, en el marco del régimen establecido por el Reglamento n° 4064/89, la Comisión está obligada a apreciar, según un análisis prospectivo de los mercados de referencia, si la operación de concentración de que conoce crea o refuerza una posición dominante que pueda obstaculizar de manera significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial de éste. Este proceder requiere un examen pormenorizado, especialmente de las circunstancias que, en cada caso concreto, resulten pertinentes para apreciar los efectos de la operación en el juego de la competencia en el mercado de referencia. De lo anterior resulta que, si una concentración no modifica la situación de la competencia en un mercado determinado, o solamente lo hace en una medida muy limitada, no se puede exigir a la Comisión que aporte una motivación particular sobre este extremo. Por estas mismas razones, la Comisión no incumple su obligación de motivación si, en su Decisión, no ofrece una motivación precisa respecto a la apreciación de determinados aspectos de la concentración que le parecen manifiestamente fuera de contexto, carentes de sentido o claramente secundarios a efectos de la apreciación de esta última.

Se desprende de todo lo que precede, que el mero hecho de que una decisión por la que se declara una concentración compatible con el mercado común con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 4064/89, no contenga motivación alguna respecto a determinados elementos de hecho o de Derecho no implica por sí mismo que la Comisión haya incumplido la obligación de motivación que le incumbe cuando adopta una decisión de esa índole. En efecto, la falta de esa motivación puede interpretarse asimismo en el sentido de que, a juicio de la Comisión, dichos elementos no podían suscitar serias dudas respecto a la compatibilidad de la concentración controvertida con el mercado común.

(véanse los apartados 184 a 187)