ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El hecho de que se adjunten al informe de calificación de un empleado del Banco Central Europeo mensajes emitidos o dirigidos a ese empleado y/o a uno y/o al otro de los autores de dicho informe y que hayan sido intercambiados a través del sistema de correo electrónico interno de esa institución no puede considerarse injerencia en la vida privada del interesado ni infracción del Reglamento no 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, o de la Directiva 95/46, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por cuanto ha quedado acreditado que no se produjo obtención alguna a espaldas del interesado, que dichos mensajes, que no son esencialmente distintos de los mensajes intercambiados por carta, revisten un carácter exclusivamente profesional y que no han sido divulgados ni transmitidos a terceros.

(véanse los apartados 28 a 32)
307

Por lamentable que sea la falta de publicación en el Diario Oficial del aviso previsto en la Comunicación de 1983 sobre las ayudas ilegales, no es menos cierto que la información recogida en dicha Comunicación, que acaba de recordarse en el apartado 306 supra, carece de ambigüedad alguna. Además, la interpretación defendida por los demandantes supone atribuir a la Comunicación de 1983 sobre las ayudas ilegales un alcance contrario al artículo 88 CE, apartado 3. En efecto, la precariedad de las ayudas concedidas ilegalmente se deriva del efecto útil de la obligación de notificación establecida por el artículo 88 CE, apartado 3, y no depende de que se publique o no en el Diario Oficial el aviso previsto en la Comunicación de 1983 sobre las ayudas ilegales. En particular, el mero hecho que la Comisión no publique dicho aviso no puede impedir la recuperación de las ayudas concedidas ilegalmente, so pena de menoscabar el sistema de control de las ayudas estatales que ha establecido el Tratado.
No procede admitir una demanda mediante la que se solicita al juez comunitario que conmine a la institución demandada a adoptar una nueva decisión de clasificación de un funcionario. Por una parte, el juez comunitario no está facultado para dirigir a la Administración órdenes conminatorias y, por otra parte, en caso de anulación de un acto, la institución de que se trate está obligada, en virtud del artículo 233 CE, a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia.

El artículo 31, apartado 2, del Estatuto prevé la posibilidad de establecer excepciones, dentro de un límite, al principio enunciado en el apartado 1 del mismo artículo. A este respecto, en el nombramiento de un funcionario recientemente seleccionado, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada, por lo general, a examinar en cada caso si procede aplicar el artículo 31, apartado 2, del Estatuto ni a motivar una decisión de no aplicar dicha disposición.

No obstante, para evitar que el artículo 31, apartado 2, del Estatuto se vea privado de significado jurídico, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos está obligada, en caso de que existan circunstancias particulares, a efectuar una valoración concreta de la eventual aplicación de dicha disposición. Tal obligación se impone cuando las necesidades específicas del servicio exigen seleccionar a un titular especialmente capacitado o cuando la persona seleccionada posea aptitudes excepcionales y solicite acogerse a esta disposición. Cuando ha llevado a cabo efectivamente dicha valoración, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede decidir libremente, teniendo en cuenta el interés del servicio, si procede conceder una clasificación en el grado superior, respetando los requisitos de clasificación que ella se haya podido imponer en la convocatoria para proveer plaza vacante. En este contexto, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos dispone de una facultad discrecional.

En estas circunstancias, el control jurisdiccional no puede sustituir a la apreciación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Debe limitarse a verificar si no se ha incurrido en vicios sustanciales de forma, si la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no ha basado su decisión en hechos materiales inexactos o incompletos o si la decisión no adolece de desviación de poder, de un error de Derecho o de insuficiencia de motivación.

(véanse los apartados 52 a 58)

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de octubre de 1995, Alexopoulou/Comisión(T-17/95, RecFP pp. I-A-227 y II-683), apartados 20 y 21 ; Tribunal de Primera Instancia, 9 de julio de 1997, Monaco/Parlamento (T-92/96, RecFP pp. I-A-195 y II-573), apartado 45; Tribunal de Primera Instancia, 13 de febrero de 1998, Alexopoulou/Comisión (T-195/96, RecFP pp. I-A-51 y II-117), apartados 38 y 39
Palabras clave

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Palabras clave

1. Marca comunitaria Presentación de la solicitud de marca comunitaria Derecho de prioridad Solicitud de marca con reivindicación de prioridad Examen de los requisitos de forma y de fondo por la Oficina

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 29]

2. Marca comunitaria Procedimiento de registro Retirada, limitación y modificación de la solicitud de marca Solicitud de rectificación de la marca Solicitud directamente relacionada con una reivindicación del derecho de prioridad Repercusión en el examen de la solicitud de rectificación

[Reglamento (CE) nº 40/94, arts. 29 y 44, ap. 2]

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1. A efectos de una solicitud de marca comunitaria que contiene una reivindicación de prioridad presentada con arreglo al artículo 29 del Reglamento nº 40/94, el hecho de que la intención del solicitante sea solicitar la misma marca que la invocada en virtud del derecho de prioridad no implica, sin embargo, que el examen de la reivindicación de la prioridad resulte inútil ni que nunca pueda denegarse la prioridad porque el documento acreditativo de la prioridad haga constar de manera vinculante para la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) la intención de la demandante. En efecto, una solicitud de marca comunitaria que contenga una reivindicación de prioridad no puede aceptarse automáticamente sobre la base de una presunción absoluta de que la intención del solicitante sea solicitar la misma marca cuya prioridad invoca, sino que debe ser objeto de un examen en el que la Oficina aprecie si se cumplen todos los requisitos, de forma y de fondo.

( véanse los apartados 43 y 44 )

2. Al establecer la posibilidad de modificar la solicitud de marca comunitaria, a instancia del solicitante, en los casos previstos en el artículo 44, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 y en determinadas condiciones, en particular, para rectificar faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca, el legislador comunitario quiso perseguir dos objetivos. Por una parte, quiso evitar los inconvenientes que se derivan de una prohibición absoluta de toda modificación de una solicitud de marca, entre los que se incluyen, en particular, la obligación de que el solicitante presente una nueva solicitud. Por otra parte, al limitar tal posibilidad con el requisito de que la modificación de la solicitud no afecte sustancialmente a la marca, el legislador pretendió evitar los abusos que pudieran resultar de un sistema muy liberal de modificaciones y proteger así los intereses de terceros con respecto a la disponibilidad de los signos.

En la medida en que la solicitud de rectificación de la marca solicitada está directamente relacionada con una reivindicación de prioridad, en tanto en cuanto el objetivo de la rectificación es hacer coincidir la grafía de la marca comunitaria solicitada con la de la marca solicitada con anterioridad, se trata de un elemento que debe tenerse en cuenta al interpretar la exigencia antes mencionada, a saber, que la modificación no afecte sustancialmente a la marca.

( véanse los apartados 48 y 49 )
Palabras clave

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Palabras clave

Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto - Vocablos «UNIVERSALTELEFONBUCH» y «UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

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$$Los signos que se incluyen en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, son signos que definen o indican exclusivamente el producto o servicio de que se trata por su naturaleza, sus propiedades, sus cualidades o su destino, y que se consideran incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que la adquiere repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior. Los vocablos UNIVERSALTELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS no pueden constituir una marca comunitaria para «soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento de la información, en particular discos compactos de ROM; productos de imprenta, obras de consulta, páginas amarillas; servicios de una editorial, en particular, la edición de textos, libros, revistas, periódicos y servicios de un redactor» ya que permiten al público afectado, en este caso al consumidor medio de habla alemana, que esté normalmente informado y sea razonablemente atento y perspicaz, establecer de inmediato y sin más reflexión una relación concreta y directa con los productos y servicios para los que se solicita el registro de las marcas controvertidas.

( véanse los apartados 23 y 25 a 31 )
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 11 de febrero de 1999

Asunto T-244/97

Chantal Meitēns

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Concursos — Requisitos de admisión — Prueba»

Texto completo en lengua francesa II-91

Objeto:

Recurso que tiene por objeto que se anulen la decisión denegatoria implícita de la reclamación formulada el 28 de enero de 1997 por la demandante, y, si resulta necesario, las decisiones del tribunal del concurso COM/C/3/95, notificadas a la demandante el 13 de enero y el 22 de agosto de 1997, por las que se denegó su inclusión en la lista de aptitud de dicho concurso, así como la decisión por la que se instó al tribunal del concurso a examinar de nuevo la situación a efectos de la modificación de la lista de aptitud, notificada a la demandante el 9 de junio de 1997.

Resultado:

Desestimación del recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Concursos — Concurso-oposición — Requisitos de admisión — Experiencia profesional — Prueba — Poder de apreciación del tribunal del concurso — Control jurisdiccional

(Estatuto de los Funcionarios, Anexo HI, art. 5)

El tribunal del concurso-oposición dispone de una amplia facultad de apreciación para valorar los títulos y la experiencia profesional de los candidatos. El Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a comprobar si en el ejercicio de dicha facultad se ha incurrido en error manifiesto.

No cabe considerar que el tribunal del concurso ha incurrido en error manifiesto de apreciación al estimar que un candidato puede ser admitido al concurso, cuando se base en documentos escritos elaborados in tempore non suspecte, a saber, el impreso de candidatura y los informes de calificación del candidato, los cuales acreditan claramente que el interesado posee la experiencia profesional exigida en la convocatoria del concurso.

(véase el apartado 44)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 6 de noviembre de 1997, Wolf/Comisión (T-101/96, RecFP p. II-949), apartados 64 y 68.
—

El hecho de que el Sr. J. no haya ejercido todavía las funciones de Jefe de la División de Asuntos Sociales no autoriza a suponer que la AFPN, al nombrarlo, no tuviera la intención de confiarle el ejercicio de las funciones correspondientes al puesto de que se trata.
Las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación respecto a la valoración del interés del servicio. Teniendo en cuenta el alcance de dicha facultad, el control del Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a la cuestión de si la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos se ha mantenido dentro de unos límites no condenables, sin haber utilizado su facultad de apreciación de manera manifiestamente errónea. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia está obligado a ejercer un control de las eventuales irregularidades de forma y de los errores de hecho manifiestos en que puedan incurrir las apreciaciones realizadas por la administración.

El artículo 26 del Estatuto tiene por objeto garantizar el derecho de defensa del funcionario, evitando que decisiones adoptadas por la administración y que afecten a su situación administrativa y a su carrera se funden en hechos relativos a su comportamiento y que no se mencionen en su expediente personal.

No obstante, el mero hecho de que unos documentos no fueran incorporados al expediente personal de un funcionario no puede justificar la anulación de una decisión lesiva si tales documentos se pusieron efectivamente en conocimiento del interesado. En efecto, del párrafo segundo del artículo 26 del Estatuto resulta que la imposibilidad de invocar contra un funcionario documentos se refiere únicamente a los documentos que no le hayan sido comunicados previamente.

Debe anularse, por tanto, una decisión fundada, entre otras cosas, en documentos que no figuran en el expediente personal y de los que no tuvo conocimiento el interesado antes de que la Institución los aportara durante un procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

(véanse los apartados 41, 45 y 53 a 55)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 18 de junio de 1996, Vela Palacios/CES (T-293/94, RecFP p. II-893), apartado 37, y la jurisprudenciacitada; Tribunal de Justicia, 12 de noviembre de 1996, Ojha/Comisión (C-294/95 P, Rec. p. I-5863), apartado 68; Tribunal de Primera Instancia, 5 de marzo de 1997, Rozand-Lambiotte/Comisión (T-96/95, RecFP p. II-97), apartado 43
A este respecto, un escrito que sólo contiene propuestas formuladas a dichas autoridades con el fin de poner término a un conflicto nacido de una investigación comunitaria, así como la invitación a ellas dirigida de bloquear provisionalmente cualquier pago o fianza relativos al almacenamiento de aceites de oliva sujetos a intervención en el contexto de la organización común de los mercados de materias grasas, no puede tener carácter de Decisión. En efecto, dado que tanto la aplicación de las disposiciones comunitarias relativas a las organizaciones comunes de mercados como la movilización de los recursos necesarios para la financiación de la Política Agrícola Común incumben a los organismos nacionales designados a estos fines, los servicios de la Comisión carecen de competencia para adoptar decisiones de aplicación de dichas disposiciones o de concesión de financiaciones. Sólo pueden expresar su opinión, que no vincula a las autoridades nacionales, acerca de la ejecución de la normativa comunitaria, así como decidir, en el momento de la liquidación de las cuentas anuales, acerca de la asunción por parte del FEOGA de los gastos efectuados por los organismos estatales de intervención.

Una medida comunitaria sólo puede afectar directamente a la situación jurídica de un particular, y éste sólo estará, por consiguiente, legitimado para impugnarla al amparo del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, cuando no permita ninguna facultad de apreciación a los destinatarios que estén encargados de su aplicación, a cuyo efecto, ésta debe tener un carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa comunitaria. Lo mismo sucede cuando la posibilidad que los destinatarios tienen de no aplicar el acto comunitario es meramente teorica, por no existir duda alguna de su voluntad de que se realicen las consecuencias de dicho acto.

En el caso de la asunción por parte del FEOGA de gastos relativos a operaciones de intervención efectuadas en el contexto de una organización común de mercados, no afectan directamente a un operador económico, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, las meras opiniones manifestadas por los servicios de la Comisión a las autoridades nacionales durante la fase informal anterior a la liquidación de cuentas, que sólo sirve para preparar la decisión final de la Comisión.
Palabras clave

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Palabras clave

Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Comportamiento ilegal de las Instituciones - Productores de leche privados de cantidades de referencia en el marco del régimen de la tasa suplementaria tras haber suspendido sus entregas con arreglo al régimen de primas por no comercialización - Productor que, voluntariamente, no reanudó la producción al término del compromiso de no comercialización - Violación de la confianza legítima - Inexistencia

[Reglamentos (CEE) del Consejo nos 1078/77 y 857/84]

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La Comunidad no puede incurrir en responsabilidad frente a los demandantes a consecuencia de la aplicación del Reglamento nº 857/84, que fija, en el marco de la tasa suplementaria sobre la leche, la cantidad de referencia de cada productor sobre la base de la producción entregada en un año de referencia, respecto a un productor que, conforme a un compromiso de no comercialización asumido conforme al Reglamento nº 1078/77 y que hubiera expirado en el año de referencia, no reanudó la producción en esta última fecha por razones ajenas al hecho de haber suscrito dicho compromiso y no manifestó su intención de reanudar la producción hasta varios años más tarde.

Tal productor, al que legalmente no se impedía reanudar su actividad al finalizar el período de no comercialización, no puede alegar haber confiado legítimamente en una posibilidad de reanudar la producción en cualquier momento. En efecto, en el ámbito de las organizaciones comunes de mercados, cuyo objeto supone una constante adaptación en función de las variaciones de la situación económica, no está justificado que los operadores económicos confíen legítimamente en que no se les impongan restricciones como consecuencia de posibles reglas de la política de mercados o de estructuras.
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Contra estos dos motivos, la Comisión alega, en primer lugar, que los documentos de que se trata eran documentos internos, destinados a preparar el informe de calificación del demandante (para el período 1985-1987), que, a diferencia del propio informe, no pueden ser considerados como informes referidos a la competencia, al rendimiento o al comportamiento de este último, y que tampoco son documentos que se refieran a su situación administrativa. La Comisión niega que los documentos controvertidos hayan tenido influencia en el desarrollo de la carrera del demandante. De ello deduce que no estaba obligada a incorporar al expediente personal del demandante unos documentos en los que se consignan hechos relativos a la elaboración de la calificación de alzada, en la medida en que no se ha probado que hayan influido en la situación administrativa o en el desarrollo de la carrera del funcionario. Por lo tanto, estima que no se ha infringido el artículo 26 del Estatuto.
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La demandante considera que la diferencia entre las estructuras jerárquicas existentes en los diversos pools dactilografieos de las Divisiones de traducción que, según el Parlamento, impidió su promoción, es consecuencia de distintas acciones y abstenciones de la AFPN, cuya incapacidad para cumplir sus deberes y para mantener una estructura jerárquica equitativa no debe producir la consecuencia de perjudicarle a ella. El artículo 45 del Estatuto no hubiera podido serle aplicable por el mero hecho de esta «manipulación» de la AFPN, contraria a un reparto equitativo de las plazas, aun cuando ella reuniera los requisitos que exige este artículo. Este citado precepto presupone la «aptitud» de la AFPN para garantizar un reparto equitativo de las plazas como conditio sine qua non para su aplicación y, por consiguiente, este artículo no puede invocarse en el marco de una argumentación jurídica para «justificar» la discriminación sufrida por la demandante en sus derechos a promoción. El Estatuto no legitima la forma de proceder de la AFPN, consistente en romper el reparto equitativo de las plazas existentes, en detrimento de un Estado miembro, para garantizarlo en beneficio de otros Estados miembros. De esto se sigue una discriminación de los funcionarios de un Estado miembro afectados por esta medida, los cuales se ven perjudicados económicamente por esta infracción del apartado 1 del artículo 45 del Estatuto.
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El perito fue oído en la vista celebrada el 4 de mayo de 1990. Al responder a las preguntas formuladas por este Tribunal de Primera Instancia acerca del número de personas miembros del tribunal calificador que dominaban las lenguas del concurso oposición, la Sra. Seleskovitch afirmó: «No recuerdo que sólo hubiera un único colega en el tribunal que conociera las dos lenguas del candidato. Esto parecería de poco peso [...] Sería muy poca cosa, a mi juicio [...] tratándose de lenguas como el danés, por ejemplo, es evidente que se requieren varias personas. No cabe contentarse con una única persona, por cuanto una sola persona no se retracta y, caso de no haber discusión entre las diversas personas que oyeron lo mismo y que entendieron el mismo original, sería muy difícil para alguien que no dominara ambas lenguas [...] (Tal sistema) no funcionaría de forma satisfactoria.» Añadió que no aceptaría que el único miembro de un tribunal que pudiera valorar las aptitudes lingüísticas del candidato fuera un traductor y no un intérprete. Al responder a una pregunta particular, precisó que «no cabe que el juicio que debe emitirse sobre un intérprete dependa de un traductor».
6

El demandante invoca, en apoyo de su recurso, un único motivo, relativo al incumplimiento del artículo 85 del Estatuto, a cuyo tenor «las cantidades percibidas en exceso darán lugar a su devolución si el beneficiario hubiere tenido conocimiento de la irregularidad del pago o si ésta fuere tan evidente que no hubiere podido dejar de advertirla». No discute, en efecto, que la «basisbeurs», prevista por la Ley neerlandesa de 24 de abril de 1986 sobre la financiación de estudios, es «de la misma naturaleza que las asignaciones estatutarias por hijos a cargo y por escolaridad» (apartado 3 de los «Fundamentos de Derecho» del escrito de réplica). Precisa que esta nueva prestación sustituye al «kinderbijslag» que anteriormente se abonaba a los padres y, en su caso particular, servía únicamente para completar las asignaciones previstas por el Estatuto, ya que la asignación establecida por la ley neerlandesa era superior a la abonada por la Comisión. No discute por tanto el carácter indebido del pago de la asignación por escolaridad durante el período controvertido (1 de octubre de 1986 a 1 de abril de 1988), pero estima que en el presente caso no se cumple ninguno de los dos requisitos alternativos exigidos, con arreglo al artículo 85 antes citado, para que proceda la reclamación. Más precisamente, pretende, por una parte, que no tuvo conocimiento de la irregularidad del pago y, por otra, que esta irregularidad no era tan evidente que no hubiere podido dejar de advertirla.