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1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3, 4, 5 y 11 de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO L 105, p. 54), así como del artículo 8 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45; corrección de errores en DO L 195, p. 16).
19

Según el órgano jurisdiccional remitente, el hidroxicloruro de aluminio, fue identificado como «sustancia activa existente» en el sentido del artículo 3 del Reglamento no 1896/2000 e incluido en el anexo I del Reglamento no 1451/2007. En cambio, al no haber sido notificada con arreglo al artículo 4 del Reglamento no 1896/2000, dicha sustancia activa no fue incluida en el anexo II del Reglamento no 1451/2007 y por tanto ya no puede ser comercializada como sustancia activa biocida conforme al artículo 4, apartado 1, del último Reglamento.
71

Con carácter preliminar, procede precisar que, como ha señalado la Abogado General en el punto 153 de sus conclusiones, para determinar si el establecimiento hotelero puede ampararse en la limitación «por uso privado» en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115, lo relevante no es el carácter privado o no del uso de la obra por parte de los clientes de dicho establecimiento, sino el carácter privado o no del uso que hace de la obra el propio establecimiento hotelero.
Las disposiciones de los artículos 36, apartado 1, letra f) y 37 del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, en relación con el Reglamento (CE) no 1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) no 1013/2006 a determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 740/2008 de la Comisión, de 29 de julio de 2008, deben interpretarse en el sentido de que la exportación de la Unión Europea al Líbano de residuos destinados a operaciones de valorización comprendidos en la categoría B1120, que figura en la lista B de la parte 1 del anexo V del Reglamento no 1013/2006 está prohibida.
En el marco de un recurso dirigido contra una decisión de la Comisión que declara una operación de concentración compatible con el mercado común, el hecho de que la operación haya sido efectuada antes de su notificación a la Comisión no incide en la legalidad de dicha decisión. Aunque dicho extremo pueda implicar la aplicación de las sanciones previstas por el Reglamento no 4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, de conformidad con el artículo 14, apartados 1, letra a), o 2, de éste, no puede conducir a la anulación de la decisión de la Comisión toda vez que no incide en la compatibilidad de la operación de concentración con el mercado común. En efecto, el artículo 7, apartado 5, del Reglamento no 4064/89 establece que la validez de cualquier transacción realizada antes de su notificación y antes de su declaración de compatibilidad con el mercado común depende de la decisión adoptada por la Comisión tras el examen de la notificación o tras el procedimiento de examen en profundidad.

(véanse los apartados 33, 36, 38 y 39)
La Directiva 89/106, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción, en su versión modificada por el Reglamento no 1882/2003, debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones nacionales que condicionan de oficio la comercialización de productos de construcción procedentes de otro Estado miembro a la colocación del marcado CE.

En efecto, un Estado miembro no puede exigir de oficio la colocación del marcado CE en un producto de construcción no cubierto por el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 89/106 procedente de otro Estado miembro para que éste pueda ser comercializado en su territorio. Dicho Estado sólo puede someter esa comercialización a disposiciones nacionales que se ajusten a las obligaciones derivadas del Tratado, en particular al principio de libre circulación de mercancías sancionado en los artículos 34 TFUE y 36 TFUE.

(véanse los apartados 19 y 20 y el punto 1 del fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Medio ambiente

—

Residuos

—

Vertido de residuos

—

Directiva 1999/31/CE

—

Normativa nacional que prevé el tratamiento de los residuos de amianto‑cemento en vertederos de residuos inertes

—

Incumplimiento [Art. 258 TFUE; Directiva 1999/31/CE del Consejo, arts. 2, letra e), 3, ap. 1, 6, letra d), y 16, y anexo II; Decisión 2003/33/CE del Consejo, anexo] (véanse los apartados 25, 26 y 28 y el fallo)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Transposición incorrecta de los artículos 2, letra e), 3, párrafo primero, y 6, letra d), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1) y de las disposiciones del anexo de la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE (DO L 11, p. 27) — Normativa nacional, no conforme con la Directiva, que establece una categoría de residuos «inertes y peligrosos» — Vertido de residuos de amianto‑cemento.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, letra e), 3, apartado 1, y 6, letra d), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, y de las disposiciones del anexo de la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar que los residuos de amianto‑cemento se traten en los vertederos apropiados.

2) Condenar en costas a la República Francesa.
Palabras clave

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Palabras clave

Aproximación de las legislaciones — Sector de las telecomunicaciones — Marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales — Directiva 97/13/CE — Cánones y gravámenes aplicables a las empresas titulares de autorizaciones generales

(Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 6)

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El artículo 6 de la Directiva 97/13, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que impone a los titulares de una autorización general una tasa que se calcula con periodicidad anual sobre la base de los ingresos brutos de explotación de los operadores sujetos a ella y que se destina a sufragar los gastos administrativos relacionados con los procedimientos de expedición, gestión, control y ejecución de dichas autorizaciones, siempre que el total de los ingresos obtenidos por el Estado miembro en virtud de dicha tasa no exceda del total de los gastos administrativos mencionados, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

Dichas cargas deben basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y transparentes. No obstante, la Directiva 97/13 no puede interpretarse en el sentido de que debe haber plena correlación entre el importe de la tasa impuesta al operador sujeto a ella y los gastos en que haya incurrido efectivamente la autoridad nacional competente en materia de gestión del sistema de autorización general en relación con este operador durante un período determinado, dado que ninguna disposición de la Directiva 97/13 exige esta correlación.

(véanse los apartados 20, 28 y 35 y el fallo)
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Palabras clave

1. Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 2003/10/CE sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido)

(Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3 y 5 a 7)

2. Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 2003/10/CE sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido)

(Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5)

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1. La Directiva 2003/10, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido), en su versión modificada por la Directiva 2007/30, debe interpretarse en el sentido de que un empresario en cuya empresa el nivel de exposición diaria de los trabajadores al ruido sea superior a 85 dB(A), medido sin tener en cuenta los efectos de la utilización de protectores auditivos individuales, no cumple con las obligaciones derivadas de dicha Directiva mediante la mera entrega a los trabajadores de protectores auditivos que permitan reducir la exposición diaria al ruido a un nivel inferior a 80 dB(A), teniendo este empresario la obligación de aplicar un programa de medidas técnicas o de organización destinado a reducir la exposición al ruido a un nivel inferior a 85 dB(A), medido sin tener en cuenta los efectos de la utilización de protectores auditivos individuales.

(véanse el apartado 34 y el punto 1 del fallo)

2. La Directiva 2003/10, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido), en su versión modificada por la Directiva 2007/30, debe interpretarse en el sentido de que no exige que un empresario abone un complemento salarial a los trabajadores que estén expuestos a un nivel de ruido superior a 85 dB(A), medido sin tener en cuenta los efectos de la utilización de protectores auditivos individuales, por el hecho de no haber aplicado un programa de medidas técnicas o de organización destinado a reducir el nivel de exposición diaria al ruido. No obstante, el Derecho nacional debe establecer mecanismos adecuados que garanticen que un trabajador expuesto a un nivel de ruido superior a 85 dB(A), medido sin tener en cuenta los efectos de la utilización de protectores auditivos individuales, pueda invocar el cumplimiento, por el empresario, de las obligaciones preventivas establecidas en el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva.

(véanse el apartado 43 y el punto 2 del fallo)
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (DO L 102, p. 48).
El artículo 12, punto 4, letra a), última frase, del Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas debe interpretarse en el sentido de que obliga a los Estados miembros partes de dicho Convenio a velar por que los profesores en comisión de servicios o destinados en las Escuelas Europeas gocen, durante su comisión de servicios o su destino, de los mismos derechos de progresión en su carrera y de jubilación que los que se aplican a sus homólogos nacionales en virtud de la normativa de su Estado miembro de origen.

En efecto, mientras que las tres primeras frases de dicho artículo atribuyen al Consejo Superior unas responsabilidades que, en su caso, deben ejecutarse en colaboración con los Gobiernos, su última frase está formulada de modo neutro, constatando el derecho de los profesores a conservar los derechos de ascenso y de jubilación que garanticen sus normativas nacionales, sin especificar quién debe garantizar dicha conservación.

Pues bien, dichos derechos no podrían conservarse si los Estados miembros partes del Convenio tuvieran libertad para configurar sus normativas nacionales y las disposiciones que regulan el destino o la comisión de servicios de sus profesores en una Escuela Europea de un modo que privara a éstos, durante el destino o la comisión de servicios, de tales derechos.

A este respecto, los derechos de ascenso y de jubilación de los profesores destinados o en comisión de servicios en las Escuelas Europeas se rigen íntegramente por las normativas nacionales respectivas y, en consecuencia, el Consejo Superior no puede garantizar el mantenimiento de tales derechos cuando las mencionadas normativas no permiten ese mantenimiento. Además, si bien es cierto que el Consejo Superior debe atenerse a lo dispuesto en dichas normativas, no lo es menos que, por un lado, la aplicación de éstas a los mencionados profesores no requiere ninguna intervención por parte del Consejo y, por otro lado, difícilmente puede concebirse que este último pueda, habida cuenta de sus competencias limitadas y acotadas estrictamente por el Convenio, lesionar los derechos de ascenso y de jubilación que reconoce la normativa nacional a esos profesores.

Por último, el alcance de los términos «derechos de ascenso que garanticen» las normativas nacionales, que figuran en la última frase del artículo 12, punto 4, letra a), del Convenio, y, por tanto, la protección que concede dicha disposición a los profesores destinados o en comisión de servicios en las Escuelas Europeas, no puede diferir en función de su lugar de origen, y que dichos términos requieren, en consecuencia, una interpretación autónoma. En consecuencia, dichos términos requieren una interpretación autónoma, que debe en particular permitir que se alcance efectivamente el objetivo perseguido por la mencionada disposición y por tanto garantizar que los profesores no sufran, debido a su destino o comisión de servicios en una Escuela Europea, desventajas en materia de ascensos y de jubilación.

(véanse los apartados 42 a 44, 52, 53 y 56 y el punto 1 del fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

Aproximación de las legislaciones — Legislaciones uniformes — Propiedad industrial y comercial — Derecho de patente — Certificado complementario de protección para los medicamentos — Ámbito de aplicación

[Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo, art. 2; Directiva 65/65/CEE del Consejo]

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Un producto que, como medicamento para uso humano, ha sido comercializado en la Comunidad Europea antes de haber obtenido una autorización de comercialización con arreglo a la Directiva 65/65, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas, en su versión modificada por la Directiva 89/341, y, en particular, sin haberse sometido a pruebas de inocuidad y eficacia, no está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1768/92, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, en su versión modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión Europea, establecido en el artículo 2 de este Reglamento, en su versión modificada, y no puede ser objeto de un certificado complementario de protección.

(véanse el apartado 36 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de capitales — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación territorial — Países y territorios de Ultramar — Inclusión en su calidad de Estados terceros

(Art. 63 TFUE)

2. Libre circulación de capitales — Restricciones a los movimientos de capitales con destino a terceros países o procedentes de ellos — Restricciones existentes a 31 de diciembre de 1993 — Impuesto sobre el valor de mercado de los inmuebles

(Arts. 63 TFUE y 64 TFUE, ap. 1)

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1. Habida cuenta del ámbito de aplicación territorial ilimitado del artículo 63 TFUE, hay que considerar que este artículo se aplica necesariamente a los movimientos de capitales con destino a los países y territorios de Ultramar (PTU) o procedentes de ellos.

Sin embargo, los PTU están sometidos a un régimen especial de asociación, definido en la cuarta parte del Tratado, de modo que las disposiciones generales del Tratado, cuyo ámbito de aplicación se limita en principio a los Estados miembros, no les son aplicables si no es mediante referencia expresa. Por lo tanto, a los PTU sólo les son aplicables las disposiciones del Derecho de la Unión de una manera análoga a los Estados miembros cuando tal asimilación de los PTU a los Estados miembros se halla expresamente establecida en el Derecho de la Unión.

Pues bien, los Tratados UE y FUE no contienen referencia expresa alguna a los movimientos de capitales entre los Estados miembros y los PTU. De ello se deduce que los PTU se benefician de la liberación de los movimientos de capitales establecida en el artículo 63 TFUE en su calidad de Estados terceros.

(véanse los apartados 20 y 29 a 31)

2. El artículo 64 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que el artículo 63 TFUE no empece a la aplicación de una normativa nacional, que existía el 31 de diciembre de 1993, que exime del impuesto sobre el valor de mercado de los inmuebles situados en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea a las sociedades que tengan su domicilio social en el territorio de ese Estado y que condiciona esta exención, respecto a una sociedad cuyo domicilio social se encuentre en el territorio de un país o territorio de Ultramar, a la existencia de un convenio de asistencia administrativa celebrado entre dicho Estado miembro y ese territorio para luchar contra el fraude y la evasión fiscales o a la circunstancia de que, con arreglo a un tratado que contenga una cláusula de no discriminación por razón de nacionalidad, tales personas jurídicas no deban estar sujetas a un impuesto más gravoso que aquél al que están sujetas las sociedades establecidas en el territorio de ese mismo Estado miembro.

(véanse el apartado 38 y el fallo)
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Palabras clave

1. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Sexta Directiva — Operaciones constitutivas de práctica abusiva — Concepto

(Directiva 77/388/CEE del Consejo)

2. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Sexta Directiva — Operaciones constitutivas de práctica abusiva

(Directiva 77/388/CEE del Consejo)

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1. La ventaja fiscal resultante del hecho de que una empresa realice operaciones de arrendamiento financiero de activos en lugar de adquirir esos activos directamente no constituye una ventaja fiscal cuya concesión sea contraria al objetivo perseguido por las disposiciones relevantes de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 95/7, y de la normativa nacional por la que se adapta el Derecho interno a esta Directiva, siempre que los términos contractuales de tales operaciones —en particular, los relativos a la fijación del importe de los alquileres— se correspondan con las condiciones normales de mercado y que la participación en dichas operaciones de una sociedad tercera interpuesta no obstaculice la aplicación de las citadas disposiciones, extremo este que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional.

A este respecto, es irrelevante el hecho de que tal empresa no realice operaciones de arrendamiento financiero en el marco de sus transacciones comerciales normales. En efecto, la declaración de la existencia de una práctica abusiva no resulta de la naturaleza de las transacciones comerciales que normalmente realiza el autor de las operaciones, sino del objeto, finalidad y efectos de estas operaciones.

(véanse los apartados 44 y 45 y el punto 1 del fallo)

2. Si algunos términos contractuales de las operaciones de arrendamiento financiero que realiza una empresa o la intervención en tales operaciones de una sociedad tercera interpuesta constituyen una práctica abusiva, dichas operaciones deben redefinirse para que se restablezca la situación a como habría sido de no haber existido esos elementos de carácter abusivo de los términos contractuales ni la intervención de dicha sociedad. En este contexto, la redefinición que se efectúe no debe ir más allá de lo necesario para asegurar la exacta percepción del impuesto sobre el valor añadido y evitar el fraude.

(véanse los apartados 52 y 53 y el punto 2 del fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva — Exención de la asistencia a personas físicas en el ejercicio de profesiones médicas y sanitarias — Alcance

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte A, ap. 1, letra c)]

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El artículo 13, parte A, apartado 1, letra c), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 95/7, debe interpretarse en el sentido de que la extracción de células del cartílago articular del material cartilaginoso extraído a su vez de una persona y el posterior cultivo de tales células con objeto de ser implantadas de nuevo con fines terapéuticos constituyen «asistencia a personas físicas» en el sentido de dicha disposición.

En efecto, el concepto de «asistencia a personas físicas» abarca las prestaciones que tienen por objeto diagnosticar, tratar y, en la medida de lo posible, curar enfermedades o problemas de salud. Si bien la asistencia a personas físicas debe tener una finalidad terapéutica, de ello no se desprende necesariamente que la finalidad terapéutica de un servicio deba entenderse en una acepción particularmente restrictiva. A este respecto, es irrelevante que estos servicios sean prestados por técnicos de laboratorio que no son médicos titulados, en la medida en que no es necesario que todos los aspectos de un servicio asistencial de carácter terapéutico sean efectuados por personal médico. La circunstancia de que las células cultivadas sean implantadas de nuevo en el paciente del que fueron extraídas o en otro diferente tampoco incide en la calificación del servicio como «asistencia a personas físicas».

(véanse los apartados 24, 28, 29 y 32 y el fallo)