26.

Para precisar los criterios con sujeción a los cuales se cumple la obligación de permanecer a disposición de la Administración competente, obligación prevista en la norma, existe otra consideración más general, que aboga en favor de una respuesta afirmativa a la cuestión examinada. La norma comunitaria que ha de interpretarse establece una excepción al principio general de la territorialidad de las prestaciones por desempleo, permitiendo que el trabajador perciba las prestaciones aunque resida en otro Estado miembro. Tal excepción, destinada a ampliar el abanico de posibilidades del trabajador en paro y a facilitarle la búsqueda de un nuevo empleo, se refiere exclusivamente a aquellos trabajadores que, en el ejercicio de su último puesto de trabajo, residieran en un Estado miembro distinto del Estado competente. ( 13 ) Ahora bien, estoy convencido de que la disposición que se aparta del criterio general debe interpretarse en el sentido de que atribuye la debida relevancia a la finalidad específica que lo inspira. Desde este punto de vista, el requisito de la disponibilidad no puede ser objeto de ninguna interpretación que reduzca indebidamente su significado, vaciando de contenido la facultad, que la norma concede expresamente al trabajador en paro, de continuar residiendo fuera del Estado competente para conceder las prestaciones. Al establecer el requisito de la disponibilidad, el legislador comunitario no quiso ciertamente suprimir la libertad de elegir el lugar de residencia, que se reconoce al trabajador. En modo alguno. En definitiva, la propia libertad fundamental de circulación es la que también se refleja, en el sentido precisado anteriormente, en el régimen que recoge el Derecho comunitario para el supuesto de desempleo. En el sentido del Reglamento, por consiguiente, no se puede justificar que el trabajador en paro quede atrapado en un vínculo territorial, cual sería el deber de residir obligatoriamente en el Estado competente para conceder las prestaciones de Seguridad Social. La interpretación que propongo del inciso i) de la letra b) del artículo 71 obedece, creo, más que a la letra de la norma, a la lógica del sistema en el que dicha disposición se inserta. En cualquier caso, debo añadir que el propio tenor literal de la norma precisa que el desempleado que continúe a disposición de los servicios del Estado competente disfrutará de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en la legislación de dicho Estado, «como si residiese en el territorio del mismo». El Reglamento reconoce expresamente que el requisito de permanecer a disposición puede cumplirse plenamente aunque el interesado no resida en el Estado. Así pues, la disponibilidad equivale a la residencia, por expresa disposición del legislador comunitario, que aquí debe aplicarse. El resultado al que hemos llegado resulta aplicable, por lo demás, en el plano de los criterios hermenêuticos enunciados por el Tribunal de Justicia en la materia que se discute. El Juez nacional que haya de verificar en el caso concreto si la disponibilidad del trabajador en paro se atiene o no a los requisitos que establece el Reglamento deberá, en cualquier caso, seguir el criterio que el Tribunal de Justicia tuvo ocasión de precisar en su sentencia Van Munster: la normativa nacional debe interpretarse de manera adecuada para evitar que «su interpretación pueda disuadir al trabajador migrante de ejercitar efectivamente su derecho a la libre circulación». ( 14 ) Por lo tanto, la utilización del mencionado criterio hermenêutico no autoriza, ni siquiera a quien pase por alto el contexto de las disposiciones comunitarias aplicables, a configurar el requisito de «continuar a disposición» de manera que incluya la obligación de residir en el territorio del Estado competente.