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En el ámbito de la adopción de medidas de protección respecto a las encefalopatías espongiformes transmisibles con arreglo al Reglamento no 999/2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, con arreglo al artículo 24 bis de dicho Reglamento, introducido por el Reglamento no 1923/2006, las decisiones que se adopten de conformidad con uno de los procedimientos contemplados en el artículo 24 del Reglamento no 999/2001 se basarán en una evaluación adecuada del riesgo potencial para la salud humana y animal y, teniendo en cuenta las pruebas científicas existentes, deberán mantener o, en caso de que esté científicamente justificado, incrementar el nivel de protección de la salud humana y animal garantizado en la Unión.

A este respecto, si bien los considerandos del Reglamento no 1923/2006 no contienen explicaciones acerca del objetivo de la disposición de que se trata, se desprende de los trabajos preparatorios que dicho artículo 24 bis se concibió como una garantía para evitar que, al aplicar el procedimiento de comitología, se adoptaran medidas que pudieran disminuir el nivel de protección de la salud humana y animal en la Unión. No se desprende de ello que dicho artículo 24 bis excluya cualquier flexibilización de las medidas preventivas anteriores. En efecto, por una parte, el artículo 24 bis del Reglamento no 999/2001 no impone que la comparación deba efectuarse respecto al nivel de protección resultante de las medidas preventivas anteriores adoptadas en el mismo ámbito, sino que se refiere en general al nivel de protección de la salud garantizado en la Unión. Por otra parte, se desprende tanto del artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 178/2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que las medidas provisionales de gestión del riesgo, adoptadas en circunstancias de incertidumbre científica, deben ser revisadas en un plazo de tiempo razonable, con objeto de garantizar que sean proporcionadas y que no impongan más restricciones al comercio de lo requerido para alcanzar el nivel elevado de protección de la salud por el que haya optado la Unión.

Por lo tanto, el nivel de protección de la salud humana se encuentra en estrecha correlación con el nivel de riesgo considerado aceptable para la sociedad, el cual depende, a su vez, de los conocimientos científicos disponibles en un momento dado. Ahora bien, no cabe excluir que, habida cuenta de la evolución de la información científica, el mismo nivel de protección pueda ser asegurado mediante medidas menos restrictivas.

(véanse los apartados 131 a 136)
El artículo 6, párrafo segundo, del Reglamento no 343/2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias en las que un menor no acompañado, que no tiene ningún familiar que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado miembro, ha presentado solicitudes de asilo en más de un Estado miembro, dicha disposición designa como «Estado miembro responsable» el Estado miembro en el que se encuentre el menor después de haber presentado ante él una solicitud de asilo.

A este respecto, la expresión «el Estado miembro en el que el menor [...] haya presentado [la solicitud de asilo]», que figura en la citada disposición, no puede entenderse en el sentido de que indique «el primer Estado miembro en el que el menor haya presentado la solicitud de asilo». En efecto, teniendo en cuenta que los menores no acompañados constituyen una categoría de personas particularmente vulnerables, es conveniente no prolongar más de lo estrictamente necesario el procedimiento para determinar el Estado miembro responsable, sino, antes al contrario, garantizar a tales menores un rápido acceso a los procedimientos para determinar la condición de refugiado. Por consiguiente, aunque el interés del menor sólo se mencione expresamente en el párrafo primero del artículo 6 del Reglamento no 343/2003, el artículo 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales, en relación con el artículo 51, apartado 1, de ésta, tiene por efecto que el interés superior del niño también debe constituir una consideración primordial en todas las resoluciones que adopten los Estados miembros en virtud del párrafo segundo de ese mismo artículo 6. De lo anterior se deduce que los menores no acompañados que hayan presentado una solicitud de asilo en un Estado miembro no deberán ser trasladados, en principio, a otro Estado miembro en el que hayan presentado una primera solicitud de asilo.

(véanse los apartados 53, 55, 59, 61 y 66 y el fallo)
Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, y, en particular, de los artículos 8 y 9 de ésta, un Estado miembro que utiliza un criterio puramente cuantitativo para determinar el carácter comercial de la tenencia por particulares de tabaco manufacturado procedente de otro Estado miembro y que aplica dicho criterio por vehículo individual (y no por persona), y globalmente a todas las labores de tabaco.

En efecto, el artículo 9, apartado 2, de la Directiva establece algunos criterios con el fin de determinar si la tenencia de productos responde a fines comerciales. En particular, como se desprende del propio tenor del artículo 9, apartado 2, párrafo primero, con objeto de determinar si los productos poseídos están destinados a fines comerciales, los Estados miembros deberán tener en cuenta, entre otros, varios elementos, y la cantidad de los productos poseídos no es más que uno de ellos. A mayor abundamiento, por lo que respecta a dicho elemento, el artículo 9, apartado 2, párrafo segundo, dispone que los Estados miembros podrán establecer niveles indicativos exclusivamente como elemento de prueba. En consecuencia, el citado artículo 9, apartado 2, no permite a los Estados miembros determinar que los productos están destinados a fines comerciales basándose exclusivamente en un nivel puramente cuantitativo de los productos poseídos.

Por otra parte, al fijar expresamente niveles mínimos para varias categorías distintas de labores de tabaco, la Directiva sólo autoriza a los Estados miembros a establecer niveles por peso de las labores de tabaco poseídas, considerando todos los productos conjuntamente, si se respeta cada uno de esos niveles mínimos.

Por último, dado que el artículo 9, apartado 2, de la Directiva tiene por objeto precisar las condiciones en las que se produce el devengo de los impuestos indirectos respecto del tenedor de los productos, en el sentido del artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, debe considerarse que los niveles indicativos mínimos previstos en el artículo 9, apartado 2, párrafo segundo apuntan al mencionado tenedor, por lo que deben aplicarse por persona.

(véanse los apartados 16, 17, 22, 23 y 30 y el fallo)
El artículo 1, apartado 1, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe ser interpretado en el sentido de que el concepto de «materia civil y mercantil» incluye una acción de repetición de lo indebido en el supuesto de que un organismo público, al que una autoridad creada por una ley reparadora de las persecuciones llevadas a cabo por un régimen totalitario obliga a devolver a un perjudicado, en concepto de indemnización, una parte de los ingresos procedentes de la venta de un inmueble, hubiese abonado a dicha persona, por un error accidental, todo el importe del precio de venta y demandase posteriormente en vía judicial el cobro de lo indebido.

El tenor del artículo 6, número 1, de dicho Reglamento no exige, entre los requisitos previstos para que pueda aplicarse esta disposición, que las acciones ejercitadas contra distintos demandados tengan fundamentos jurídicos idénticos. Tal identidad constituye solamente un factor pertinente entre otros.

El artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe ser interpretado en el sentido de que existe una relación estrecha, con arreglo a dicha disposición, entre las demandas presentadas contra varios demandados domiciliados en el territorio de otros Estados miembros en el supuesto de que éstos opongan derechos adicionales a indemnización sobre los que es preciso pronunciarse de manera uniforme.

El artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe ser interpretado en el sentido de que no se aplica a los demandados que no están domiciliados en el territorio de un Estado miembro cuando son citados en el marco de una acción entablada contra varios demandados, entre los cuales se encuentran también personas domiciliadas en la Unión Europea.

(véanse el apartado 56 y el punto 3 del fallo)
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una vez obtenida la autorización de una autoridad administrativa, encargada del control de las compañías de seguros, a petición de la compañía de seguros interesada, cuando dicha autoridad compruebe que, pese a las adaptaciones de las tarifas calculadas sobre la base de esos dos tipos de índices, la aplicación de la tarifa de la citada compañía ocasiona o puede ocasionar pérdidas. En efecto, un sistema de aumento de tarifas puede disuadir a las compañías de seguros cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro distinto de aquel que haya establecido dicho sistema de abrir una sucursal en este último Estado o de ofrecer allí sus productos en régimen de libre prestación de servicios. No obstante, cabe admitir dicho sistema en la medida en que tenga por objetivo proteger al consumidor, objetivo que constituye una razón imperiosa de interés general y, en particular, impedir que el asegurado deba hacer frente a aumentos significativos e inesperados de las primas de seguro. Además, parece adecuado para garantizar la consecución de dicho objetivo. Por último, habida cuenta, por una parte, de las características del seguro de hospitalización, cuyas tarifas, a pesar de que dicho seguro pueda ofrecerse a tarifas reducidas a los asegurados relativamente jóvenes, experimentan subidas a medida que avanza la edad del asegurado y el aumento de los costes que éste ocasione a su asegurador, y dado que, por otra parte, este sistema no prohíbe a las compañías de seguros fijar libremente la prima de base y permite a la autoridad administrativa encargada del control de las compañías de seguros, a petición de una compañía de seguros, autorizar a ésta a adoptar medidas para reequilibrar sus tarifas cuando éstas ocasionen o puedan ocasionar pérdidas, siempre que no exista una medida menos restrictiva que permita conseguir, en las mismas condiciones, el mencionado objetivo de proteger al consumidor, el sistema no va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. (véanse los apartados 34, 37, 40 a 47 y 49 y el fallo)
La Directiva 2005/29, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional nacional ordene el cese de una práctica comercial no contemplada en el anexo I de la citada Directiva, por el mero hecho de que dicha práctica no haya sido objeto de autorización previa por parte de la administración competente, sin que ésta haya examinado el carácter desleal de la mencionada práctica en relación con los criterios establecidos en los artículos 5 a 9 de la citada Directiva.

Ciertamente, una normativa nacional que establece un control anticipado y preventivo de las prácticas comerciales desleales es conciliable con el régimen establecido por la Directiva 2005/29; no obstante, esa normativa no puede prohibir una práctica comercial de ese tipo por el mero hecho de que dicha práctica no haya sido objeto de autorización previa por parte de la administración competente. En efecto, por una parte, dicha normativa excluiría el control de las mencionadas prácticas comerciales y, por otra parte, al establecer un control posterior a la prohibición prevista en caso de incumplimiento de la obligación de autorización previa, la mencionada normativa, dada su naturaleza y especialmente debido al factor tiempo inherente a ella, privaría a la práctica de todo sentido económico para el comerciante. Una normativa nacional de semejantes características supondría imponer una prohibición general de las prácticas comerciales utilizadas en el marco de un régimen particular, sin haber apreciado ni siquiera el carácter potencialmente desleal de éstas conforme a los criterios enunciados en los artículos 5 a 9 de la Directiva.

(véanse los apartados 45 a 50 y el fallo)
Puesto que las disposiciones de los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, interpretados en relación con los artículos 2, apartado 1, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y 41, apartados 1 y 2, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que figura en el Anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado por la Decisión 94/800, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, no son aplicables a un procedimiento de invalidación de la protección de un modelo de utilidad, no puede considerarse que estas disposiciones se opongan a que, en tal procedimiento jurisdiccional, el juez no esté vinculado por las pretensiones y demás declaraciones de las partes y pueda ordenar de oficio la presentación de pruebas que estime necesarias, no esté vinculado ni por una resolución administrativa pronunciada en relación con una solicitud de invalidación ni por los hechos que se declaran en aquélla, y no pueda examinar de nuevo pruebas que ya fueron presentadas con ocasión de una solicitud de invalidación anterior.

En efecto, las disposiciones antes mencionadas no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino sólo los que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos, y, por otra, a las infracciones de éstos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual existente. De ello se deduce que dichas disposiciones se limitan a garantizar el respeto de los diferentes derechos de que se benefician quienes hayan adquirido derechos de propiedad intelectual, a saber, los titulares de tales derechos, y no pueden ser interpretadas como destinadas a regular las distintas medidas y procedimientos puestos a disposición de quienes, sin ser ellos mismos titulares de tales derechos, niegan los derechos de propiedad intelectual adquiridos por otros.

Pues bien, un procedimiento de invalidación de la protección de un modelo de utilidad está precisamente a disposición de quien, sin ser titular de un derecho de propiedad intelectual, refuta la protección de un modelo de utilidad concedida al titular de los derechos correspondientes. Por tanto, tal procedimiento no tiene por objeto garantizar la protección de titulares del derecho de propiedad intelectual, en el sentido de las disposiciones afectadas.

(véanse los apartados 75, 77 a 79 y 82 y el fallo)
El artículo 22, apartado 1, letra a), del Reglamento no 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), debe interpretarse en el sentido de que el requisito que establece dicha disposición, según el cual el interesado debe instalarse por primera vez en una explotación agrícola «como jefe de explotación», implica, en el supuesto de que el interesado se instale mediante una sociedad anónima, que éste tiene el control efectivo y duradero tanto de la explotación agrícola como de la gestión de ésta.

Si bien los Estados miembros siguen pudiendo precisar de forma concreta los requisitos en virtud de los cuales cabe concluir que un candidato a la ayuda tiene la cualidad de jefe de explotación, la condición es que tales requisitos no rebasen el marco que pretenden precisar y que, por tanto, respetando los objetivos perseguidos por el Reglamento no 1698/2005, se ocupen de garantizar que el candidato en cuestión tiene el control efectivo y duradero tanto de la explotación agrícola como de la gestión de ésta. Cumplen tales exigencias disposiciones nacionales que establecen que, cuando un joven agricultor se instala mediante una persona jurídica, la obtención de la ayuda se supedita, en particular, al hecho de que éste tenga potestad de decisión dentro de dicha persona jurídica, lo que exige que posea más de la mitad de las acciones de ésta y que esas acciones supongan más de la mitad de los derechos de voto.

(véanse el apartado 61 y el fallo)
El artículo 183 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no concede a la Administración tributaria de un Estado miembro el derecho a retrasar, sin realizar ningún análisis específico, basándose únicamente en un cálculo aritmético, la devolución de una parte del excedente del impuesto sobre el valor añadido que se produce durante un período impositivo de un mes hasta que dicha Administración examine la declaración-liquidación anual del sujeto pasivo.

En efecto, las modalidades de devolución del excedente del impuesto sobre el valor añadido no pueden lesionar el principio de neutralidad fiscal haciendo recaer sobre el sujeto pasivo, total o parcialmente, el peso del impuesto sobre el valor añadido. En particular, deben permitir al sujeto pasivo recuperar, en condiciones adecuadas, la totalidad del crédito que resulte de ese excedente del impuesto sobre el valor añadido, lo que implica que la devolución se efectúe en un plazo razonable, mediante un pago en metálico o de manera equivalente, y que en todo caso el modo de devolución que se adopte no debe suponer ningún riesgo financiero para el sujeto pasivo.

Ciertamente, la devolución de un excedente del impuesto sobre el valor añadido en varios períodos impositivos posteriores a aquel en el que se generó el excedente no es necesariamente incompatible con el artículo 183, párrafo primero, de la Directiva 2006/112. Sin embargo, un plazo de un año, incluso mayor, en el que los sujetos pasivos deben soportar la carga económica del impuesto sobre el valor añadido, mientras que el período impositivo está fijado en principio en un mes civil, no se puede considerar razonable.

Aunque tal normativa tiene por objeto eliminar el riesgo de fraude o de evasión fiscal, debe declararse que su aplicación preventiva y general, sobre la base de una mera constatación aritmética, sin llevar a cabo una apreciación específica del supuesto concreto en cuyo marco el sujeto pasivo de que se trate tenga la posibilidad de demostrar la inexistencia de riesgo de fraude o de evasión fiscal, vulnera el principio de proporcionalidad.

(véanse los apartados 24 a 28, 33, 36 y 38 y el fallo)
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La Loi no 97-135, portant création de l’établissement public «Réseau ferré de France» en vue du renouveau du transport ferroviaire (Ley no 97-135 por la que se crea la entidad pública «Réseau ferré de France» con vistas a la renovación del transporte ferroviario), de 13 de febrero de 1997 (JORF de 15 de febrero de 1997, p. 2592), en su versión aplicable a los hechos, derivada de las modificaciones introducidas por la Loi no 2009-1503, relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au transport (Ley no 2009-1503 sobre organización y regulación de los transportes ferroviarios y diversas disposiciones relativas a los transportes, de 8 de diciembre de 2009 (JORF de 9 de diciembre de 2009, p. 21226) (en lo sucesivo, «Ley no 97-135»), prevé que la Réseau ferré de France (en lo sucesivo, «RFF») será el administrador de la infraestructura ferroviaria francesa.
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TUI Travel y otros sostienen que, si el Tribunal de Justicia responde afirmativamente a la primera cuestión y negativamente a la tercera, debe limitar los efectos temporales de la presente sentencia de modo que los artículos 5 a 7 del Reglamento no 261/2004 no puedan ser invocados para fundamentar demandas de compensación de pasajeros por vuelos que sufrieron retrasos antes de la fecha de la presente sentencia, salvo en lo que respecta a los pasajeros que ya hayan interpuesto un recurso judicial para obtener la compensación en la fecha de esta sentencia. En su opinión, a pesar de lo declarado en la sentencia Sturgeon, antes citada, las compañías aéreas y los otros agentes afectados pueden concluir razonablemente, en el momento actual, que el artículo 7 del Reglamento no 261/2004 no se aplica a los pasajeros cuyo vuelo se retrase, pues dicha sentencia está en contradicción con el claro tenor del Reglamento, así como con la sentencia IATA y ELFAA, antes citada.