El Derecho de la Unión, en particular los principios de equivalencia y de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que no exige al juez nacional que amplíe el ámbito de aplicación de una vía de recurso de Derecho interno que permite obtener la repetición de un procedimiento penal concluido con una resolución nacional que haya adquirido fuerza de cosa juzgada únicamente en caso de violación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, o de alguno de sus Protocolos, aplicando igualmente esta vía de recurso a las violaciones del Derecho de la Unión, en particular a las vulneraciones del derecho fundamental garantizado en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen (Luxemburgo) el 19 de junio de 1990 y que entró en vigor el 26 de marzo de 1995.

Se desprende de los autos del procedimiento ante el Tribunal de Justicia que la vía de recurso extraordinaria establecida en el artículo 363a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal encuentra su justificación en la propia naturaleza del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que, tal como la ha regulado el legislador austriaco, mantiene un estrecho vínculo funcional con el procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, esta vía de recurso se creó a fin de aplicar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Gobierno austriaco ha puesto de relieve que, de este modo, el legislador había querido dar cumplimiento a la obligación formulada en el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

A este respecto procede recordar, como ha hecho el Abogado General en el punto 75 de sus conclusiones, que la exigencia expuesta en el artículo 35, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual no es posible recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sino después de agotar las vías de recursos internas, implica la existencia de una resolución dictada por un tribunal nacional que resuelve en última instancia y que ha adquirido fuerza de cosa juzgada.

Como resulta de los autos del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, fue precisamente para tener en cuenta esta situación y para garantizar la aplicación en el ordenamiento jurídico interno de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por lo que se creó el procedimiento establecido en el artículo 363a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite repetir un procedimiento penal concluido con una resolución judicial que haya adquirido fuerza de cosa juzgada.

Se deduce además de la petición de decisión prejudicial y de las explicaciones ofrecidas por el Gobierno austriaco que la ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento establecido en esta disposición que llevó a cabo la importante sentencia del Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) de 1 de agosto de 2007 no pone en entredicho el estrecho vínculo funcional existente entre dicho procedimiento y el procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, los recursos interpuestos en virtud de dicha disposición antes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya apreciado una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos o de alguno de sus Protocolos están sometidos a los mismos requisitos de admisibilidad que los recursos interpuestos ante este último tribunal y tienen por único objeto, según las explicaciones del tribunal remitente, anticipar tal apreciación.

Pues bien, procede hacer constar que, habida cuenta del objeto, de la causa y de los elementos esenciales del procedimiento establecido en el artículo 363a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal como acaban de exponerse, no cabe considerar que dicho procedimiento sea similar a los recursos destinados a proteger un derecho fundamental garantizado por el Derecho de la Unión, en particular por la Carta, y ello a causa de las características específicas derivadas de la propia naturaleza de este ordenamiento.

(véanse los apartados 31 a 35 y 59 y el fallo)