Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción

(Art. 230 CE, párr. 4; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)

2. Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

(Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)

3. Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

(Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)

4. Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA)

(Art. 226 CE; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)

5. Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que pueden afectar a una situación jurídica determinada

(Art. 230 CE)

6. Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

(Art. 88 CE, ap. 3; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)

7. Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

(Art. 88 CE, ap. 3; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)

8. Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA)

(Arts. 87 CE y 88 CE; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

Índice

1. Sólo cabe declarar la admisibilidad de un recurso de anulación promovido por una persona física o jurídica en la medida en que el demandante tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Un interés de este tipo supone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto.

Por lo que respecta a una decisión de la Comisión relativa a un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA) que sólo rechazó dicho PNA en tanto en cuanto establecía determinadas medidas de ajuste posteriores a la asignación de derechos de emisión, declarándolas incompatibles con los criterios nº 5 y nº 10 del anexo III de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, la existencia de legitimación activa depende de la naturaleza jurídica del procedimiento de examen y del poder de decisión de la Comisión con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 y, en particular, de si dicha decisión implica una autorización de todo el PNA.

(véanse los apartados 96 y 98)

2. El control a priori efectuado por la Comisión en aplicación del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, a raíz de una notificación por un Estado miembro de un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA), no lleva necesariamente a una decisión de autorización, dado que la Comisión sólo debe intervenir en la medida en que considere necesario plantear objeciones frente a determinados aspectos del PNA notificado, y adoptar, en caso de que el Estado miembro se niegue a enmendar su PNA, una decisión de rechazo. Además, estas objeciones y la decisión de rechazo deben formularse en los tres meses siguientes a la notificación del PNA. En efecto, si no se formulan, el PNA notificado se convierte en definitivo y se beneficia de la presunción de legalidad que permite al Estado miembro ejecutarlo durante el período de asignación correspondiente. Por tanto, este control particular se basa en una presunción de legalidad de la medida de Estado, que sólo está sujeta a una prohibición temporal de ejecución. De ello se deriva que cualquier decisión de la Comisión que rechace un PNA o ciertos aspectos del mismo, aun cuando implique una aceptación explícita por la Comisión de otros aspectos de éste o enuncie los motivos por los que no pretende plantear objeciones al respecto y aun cuando vaya acompañada de una aceptación de enmiendas de dicho PNA, no puede considerarse autorización, como acto constitutivo de derechos, puesto que, por naturaleza, las medidas notificadas en este contexto no necesitan dicha autorización.

(véase el apartado 115)

3. El procedimiento de examen incoado con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, tiene por objeto, aparte de la posibilidad de un control a priori por parte de la Comisión, garantizar a los Estados miembros la seguridad jurídica y permitirles estar informados con rapidez sobre el modo en el que pueden asignar los derechos de emisión y gestionar el régimen de comercio de los derechos de emisión sobre la base de su plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA) durante el período de asignación correspondiente. En efecto, teniendo en cuenta la duración limitada de este período, tanto la Comisión como los Estados miembros tienen un interés legítimo en que cualquier controversia sobre el contenido del PNA se solucione rápidamente y en no exponer al PNA al riesgo de oposición por parte de la Comisión durante su período de validez. Además, el logro de los objetivos de la Directiva 2003/87 de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente se vería obstaculizado por el establecimiento de la prohibición de ejecutar los PNA en tanto la Comisión no haya adoptado una decisión de autorización.

(véanse los apartados 117 y 118)

4. A falta de un poder general de autorización stricto sensu de la Comisión con respecto a un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA) notificado por un Estado miembro, la falta de objeciones de la Comisión a la expiración del plazo de tres meses contemplado en el artículo 9, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, no puede servir de base a presunción o ficción jurídica alguna de autorización del PNA. A este respecto, la Comisión sólo dispone de una facultad limitada para controlar y rechazar, ceñida únicamente a los criterios enumerados en el anexo III y al artículo 10 de dicha Directiva. Por tanto, la expiración de este plazo tiene como única consecuencia que el PNA —que se beneficia de una presunción de legalidad salvo objeciones de la Comisión— se convierte en definitivo y puede ser ejecutado por el Estado miembro sin que ello requiera autorización general alguna por parte de la Comisión. Respalda esta apreciación el hecho de que el artículo 9, apartado 3, de esta Directiva no establece expresamente una presunción o ficción jurídica, lo que por otra parte menoscabaría la facultad de control que la Comisión posee en virtud del artículo 226 CE y de la que debe poder hacer uso.

(véanse los apartados 120 a 122)

5. Cualquiera que sea la motivación que fundamenta una decisión, tan sólo su parte dispositiva puede producir efectos jurídicos y, por tanto, lesivos. En cambio, las apreciaciones formuladas en los motivos de una decisión no pueden, por sí mismas, ser objeto de un recurso de anulación y solamente pueden ser sometidas al control de legalidad del juez comunitario en la medida en que, tratándose de la motivación de un acto lesivo, constituya el soporte necesario de la parte dispositiva de dicho acto, o si, al menos, esta motivación puede alterar la naturaleza de lo decidido en la parte dispositiva del acto en cuestión. Puesto que, en principio, la parte dispositiva de un acto no puede disociarse de su motivación, en caso necesario, debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción.

En consecuencia, a falta de pronunciamiento jurídicamente vinculante sobre una regla en la parte dispositiva de una decisión de la Comisión relativa a un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, los motivos de esta decisión relativos a dicha regla y a su posible compatibilidad con las normas sobre ayudas de Estado están excluidos del control del juez comunitario en el marco de un recurso de anulación interpuesto contra esta misma decisión con arreglo al artículo 230 CE y no pueden fundamentar legitimación activa alguna de un operador económico.

(véanse los apartados 127 y 130)

6. La obligación de un Estado miembro de notificar a la Comisión, de conformidad con el artículo 88 CE, apartado 3, cualquier proyecto de concesión de una ayuda de Estado es jurídicamente distinta y, en principio, independiente de la relativa a la notificación de un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA) con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. Por su parte, una decisión basada únicamente en el artículo 9, apartado 3, de esta Directiva y no en los artículos 87 CE y 88 CE sólo permite a la Comisión, con respecto a los aspectos de ayuda de Estado del PNA de que se trata, realizar una apreciación prima facie desde el punto de vista del derecho de las ayudas de Estado, que no puede prejuzgar la posibilidad de adoptar una decisión formal en el sentido del artículo 88 CE, apartado 3, párrafo tercero.

(véase el apartado 133)

7. Ni la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, adoptada únicamente sobre la base del artículo 175 CE y no del artículo 89 CE, ni las medidas jurídicamente no vinculantes adoptadas en este contexto pueden limitar válidamente el alcance y el efecto útil de las normas sobre el control de las ayudas de Estado. En efecto, sin perjuicio de la obligación de la Comisión de considerar la posibilidad de conflictos entre las disposiciones de un plan nacional de asignación de dichos derechos (PNA) y el Derecho de las ayudas de Estado, en el marco del procedimiento de examen con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, así como de la posibilidad de que la notificación de un PNA también pueda constituir una notificación en el sentido del artículo 88 CE, apartado 3, dicha Directiva no puede, a falta de una base legal pertinente, constituir una lex specialis que permita el control de las ayudas de Estado en el marco del procedimiento de examen previsto en este mismo artículo 9, apartado 3.

(véanse los apartados 132 y 134)

8. El criterio nº 5 del anexo III de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, que prevé que los artículos 87 CE y 88 CE también deben respetarse en el contexto de la ejecución de los planes nacionales de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, sólo es la expresión de un principio consolidado en Derecho comunitario según el cual todo acto de Derecho derivado debe ejecutarse de tal modo que no menoscabe las disposiciones del Tratado ni ninguna otra norma de Derecho primario, como los principios generales del Derecho o los derechos fundamentales. Sin embargo, esta obligación general de respeto al Derecho comunitario no puede implicar que deba incoarse un procedimiento administrativo en aplicación de todas las disposiciones procedimentales y materiales pertinentes, como las del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, sino que sólo obliga a la Comisión a realizar una apreciación prima facie en el marco de la aplicación de la Directiva 2003/87. Finalmente, el procedimiento de examen con arreglo al artículo 9, apartado 3, de esta Directiva en ningún caso permite que la Comisión autorice a los Estados miembros a establecer excepciones a disposiciones de Derecho comunitario que no están contenidas en la misma.

(véase el apartado 135)