En mi caso, en el que la multa cuya imputación a la sanción pecuniaria impuesta por la Comisión se solicita del Tribunal de Justicia emana de un órgano jurisdiccional estadounidense, no carece de interés saber que en los Estados Unidos acciones paralelas, fundadas, por una parte, en la legislación de un Estado y, por otra parte, en la legislación federal, pueden conducir, y efectivamente conducen, a una acumulación de sanciones, a pesar del tenor de la quinta enmienda de la Constitución federal, que establece que: «nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life of limb», es decir, a pesar del principio constitucional de prohibición de una doble sanción.

La jurisprudencia americana admite que si el mismo comportamiento infringe preceptos de dos ordenamientos jurídicos distintos, el de la Federación y el de uno de los Estados federados, existen dos infracciones distintas. En consecuencia, debe negarse el requisito de identidad de los hechos que implica la prohibición de la doble represión. La Supreme Court of the United States declaró de esta forma que «todo ciudadano de los Estados Unidos es, al mismo tiempo, ciudadano de un Estado o de un territorio. De esta manera, debe obediencia a dos Estados soberanos y su conducta es punible cuando infringe las leyes de uno u otro Estado. Un mismo comportamiento puede constituir una infracción en virtud de cada una de las dos legislaciones. Está fuera de duda que un Estado o los dos pueden castigar a su discreción a dicho delincuente. Sin embargo, no se podría afirmar que este delincuente ha sido castigado dos veces por la misma infracción. Al contrario, mediante un mismo y único comportamiento, ha cometido dos infracciones y es justo que sea castigado por cada una de ellas. Por tanto, no puede escudarse en una de las sanciones para escapar a una condena por causa de la otra infracción».

Esta decisión se refería a la cuestión de si una Ley de un Estado era contraria a la Constitución porque no impedía una nueva condena con arreglo al Derecho federal.

En otro asunto, Estado Unidos contra Lanza, la Supreme Court declaró que una condena que, en virtud de la ley de un Estado federal, tenía fuerza de cosa juzgada, no impedía una nueva acción para la aplicación del Derecho federal ni la acumulación de sanciones.

La Supreme Court adoptó la misma solución en un caso en el que un órgano jurisdiccional de un Estado había impuesto una pena con arreglo al Derecho de dicho Estado, aunque el interesado había sido castigado anteriormente, en aplicación del Derecho federal, por el mismo comportamiento.

A pesar de que se formularon «dissenting opinions», esta jurisprudencia fue confirmada. Así, en caso de conflicto entre la soberanía de la Federación y de los Estados, por una parte, y el principio de prohibición de acumulación de sanciones, por otra parte, la Supreme Court of the United States se pronunció a favor de la soberanía.

De esta posición resulta, y comparto aquí la opinión del profesor Mestmaecker (estudio publicado en Der Betriebsberater, 1968, p. 1297), que una sentencia condenatoria, revestida de fuerza de cosa juzgada, adoptada en virtud del Derecho de la competencia de un Estado, no impide en absoluto una nueva sanción impuesta de conformidad con el Derecho federal, y a la inversa. Solamente una concertación constante entre las autoridades de los Estados y las autoridades federales permite evitar, de hecho, una doble sanción. De ello se deduce que, incluso en un sistema federal como el de los Estados Unidos, la regla non bis in idem cede ante los principios de soberanía y de territorialidad, sin que esté admitida la imputación de una sanción anterior.