SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 15 de febrero de 1996

Asunto T-589/93

Susan Ryan-Sheridan

contra

Fundación Europea para la Mejora de Ias Condiciones de Vida y de Trabajo

«Funcionarios — Agentes de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo — Procedimiento de selección — Desestimación de una candidatura interna — Recurso de anulación — Recurso de indemnización»

Texto completo en lengua francesa II-77

Objeto:

Recurso que tiene por objeto que se anule la decisión por la que se desestima la candidatura de la demandante para un puesto de administrador de programa de publicación y que se condene a la Fundación a abonar una indemnización por daños y perjuicios.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

La Sra. Susan Ryan-Sheridan ocupaba, dentro de la categoría B, el puesto de trabajo de «responsable de publicaciones». En este concepto, se encargaba de la administración general y de la gestión del programa de publicaciones de la Fundación, bajo la autoridad del Sr. N. W., Jefe del Servicio.

El Director de la Fundación envió al Sr. N. W. una nota comunicándole la próxima organización de un concurso destinado a seleccionar un administrador de programa de publicación, de grado A 7/A 6, responsable de la política y de la estrategia de un programa de publicación.

La nota contemplaba la posibilidad de un concurso restringido, reservado en un primer momento a los agentes de los órganos comunitarios, pero preveía asimismo, en caso necesario, la preparación de un concurso general basado en los títulos y diplomas de los candidatos y en una entrevista personal.

Los requisitos específicos de aptitud que se contemplaban consistían en una formación universitaria sancionada por el pertinente título, seguida de cinco años por lo menos de experiencia profesional adecuada, la práctica corriente de una lengua comunitaria y el conocimiento de otra lengua comunitaria por lo menos. El comité de selección examinaría las candidaturas presentadas por los agentes de los demás órganos comunitarios con carácter previo a las candidaturas presentadas en el marco del concurso general.

La Fundación publicó una convocatoria de vacante destinada a todos sus agentes de categoría A en condiciones de obtener el traslado al puesto vacante. La descripción de las funciones correspondientes al puesto de trabajo por cubrir reproducía íntegramente la que figuraba en la antes citada nota del Director, pero la convocatoria de vacante no exigía a los candidatos internos ningún requisito de aptitud particular.

Ningún agente de la Fundación se presentó. La Fundación publicó entonces una convocatoria idéntica a la precedente, pero esta vez destinada a todos los miembros de su personal, así como una convocatoria de concurso restringido destinado a los agentes de otros órganos comunitarios. Esta última convocatoria exigía a los candidatos externos, además, el haber realizado estudios universitarios sancionados por un título pertinente en relación con la especialización exigida, una experiencia profesional adecuada de 5 años posterior a la obtención del título, así como un conocimiento profundo del inglés o del francés y un conocimiento satisfactorio de una segunda lengua comunitaria.

En su nota relativa a los «resultados de los concursos interno y restringido», dirigida al Director de la Fundación, el comité de selección indicó que había examinado, en primer lugar, las tres candidaturas internas, incluida la de la demandante, y que se había considerado, por unanimidad, que ninguno de los tres candidatos estaba lo suficientemente cualificado y experimentado en los diferentes ámbitos de las funciones descritas como para merecer ser convocado a una entrevista.

Basándose en esta razón, el Director de la Fundación informó a la demandante de que su candidatura al puesto por cubrir no sería tenida en cuenta.

La demandante presentó una reclamación e interpuso de entrada un recurso de anulación y de indemnización, al que acompañó una demanda de suspensión de los actos impugnados y del procedimiento de selección. Esta demanda de medidas provisionales fue desestimada (auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de marzo de 1994, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93 R, RecFP p. II-257).

La Fundación denegó la reclamación de la demandante, basándose, en particular, en que el puesto de trabajo que ésta ocupaba y el puesto por cubrir eran diferentes, tanto en lo relativo a su naturaleza como a su nivel.

Sobre la competencia del Tribunal de Primera Instancia

El Tribunal de Primera Instancia constata que el Reglamento no 1860/76 le atribuye competencia para resolver los litigios que surjan entre la Fundación y sus agentes. Aunque la Fundación no es una Institución de las Comunidades a efectos del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, el presente asunto constituye un litigio entre la Comunidad Europea y uno de sus Agentes, a efectos del artículo 179 del Tratado CE.

Sobre la pretensión de anulación

Sobre la admisibilidad

El Tribunal de Primera Instancia comprueba que la decisión lesiva es el acto contenido en la carta del Director de la Fundación por el que se comunica a la demandante la desestimación de su candidatura, por cuanto este acto fija definitivamente la posición de la Fundación al término de un procedimiento de selección que incluye la convocatoria interna, la convocatoria de concurso restringido y el dictamen del comité de selección (apartado 23).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de enero de 1987, Stroghili/Tribunalde Cuentas (204/85, Rec. p. 389), apartado 6; Tribunal de Primera Instancia, 24 de junio de 1993, Seghers/Consejo (T-69/92, Rec. p. II-651), apartado 28; Tribunalde Justicia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión (T-20/92, Rec. p. II-799), apartado 43

Así pues, en la medida en que se dirige contra la decisión desestimatoria de su candidatura, la pretensión de anulación de la demandante es admisible y, al examinar la legalidad de dicha decisión, el Tribunal de Primera Instancia puede, a la vista de la cohesión de los diferentes actos que integran el procedimiento de selección, examinar si adolecen eventualmente de ilegalidad los tres actos preparatorios, que están íntimamente vinculados a la decisión impugnada (apartado 25).

Referencia: Tribunal de Justicia, 31 de marzo de 1965, Ley/Comisión (asuntos acumulados 12/64 y 29/64, Rec. p. 143); Tribunalde Justicia, 14 de diciembre de 1966, Alfieri/Parlamento (3/66, Rec. p. 633); Tribunal de Justicia, 11 de agosto de 1995, Comisión/Noonan (C-448/93 P, Rec. p. I-2321), apartados 17 a 19; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 1994, Caló/Comisión (T-108/92. RecFP p. II-213), apartado 13

Sobre el fondo

1. En cuanto a la infracción del artículo 29 del Estatuto

El Tribunal de Primera Instancia estima que, contrariamente a las alegaciones de la demandante, no consta en autos que la demandada se haya desviado del orden de prioridad que establece el artículo 29 del Estatuto, aun suponiendo aplicable a la Fundación dicha disposición (apartado 32).

2. En cuanto a la violación del principio de igualdad de trato

El Tribunal de Primera Instancia declara que, al haber podido presentar su candidatura al puesto por cubrir, la demandante no tiene, en cualquier caso, interés alguno en alegar que, contrariamente a la convocatoria interna, la convocatoria de concurso restringido contenía requisitos de aptitud precisos que situaban a los agentes de los demás órganos comunitarios en condiciones de apreciar la oportunidad de su candidatura. Además, el Tribunal de Primera Instancia comprueba que el motivo no es exacto en cuanto a los hechos, ya que los requisitos de acceso al puesto por cubrir no fueron más exigentes para el personal de la Fundación que para el personal de los restantes órganos comunitarios (apartados 41 y 42).

3. En cuanto a la ilegalidad de la convocatoria interna

El Tribunal de Primera Instancia afirma que la demandante no tiene interés en prevalerse de la imprecisión eventual de la convocatoria interna, sea cual sea su naturaleza jurídica exacta, convocatoria de vacante o convocatoria de concurso. En efecto, la imprecisión alegada, aun suponiendo que se haya demostrado, no le resultó lesiva, puesto que la demandante pudo presentar su candidatura al puesto por cubrir. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia estima que la convocatoria interna responde a los requisitos que la jurisprudencia exige a las convocatorias de plazas vacantes y a las convocatorias de concursos (apartados 55 y 56).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión (T-16/94, RecFP p. II-335), apartado 18; Seghers/Consejo, antes citada, apartado 34

4. En cuanto a la violación de la convocatoria interna

El Tribunal de Primera Instancia afirma que, al haber estimado la Fundación que la demandante no estaba lo suficientemente cualificada y experimentada en los diferentes ámbitos de las funciones, tal como se describían en la convocatoria interna, la decisión por la que se desestima su candidatura no se basa en condiciones que no figuren expresamente en dicha convocatoria (apartados 61 y 62).

5. En cuanto al error manifiesto de apreciación

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, incumbe a la demandada apreciar si la demandante reúne los requisitos exigidos en la convocatoria interna y que esta apreciación sólo puede cuestionarse en caso de error manifiesto. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir a la Institución demandada y fiscalizar las apreciaciones que ésta haga sobre las aptitudes profesionales de los candidatos, salvo si comprueba un error manifiesto de apreciación (apartado 75).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, Kalavros/Tribunal de Justicia (asuntos acumulados T-160/89 y T-161/89. Rec. p. II-871), apartado 29

Después de haber comparado las funciones correspondientes al puesto de trabajo de la demandante y al puesto por cubrir, el Tribunal de Primera Instancia llega a la conclusión de que la demandante, a quien incumbe la carga de la prueba, no ha logrado acreditar la alegada correspondencia entre la funciones correspondientes a los dos puestos de trabajo y de que, por consiguiente, la Fundación pudo estimar, sin cometer error manifiesto de apreciación en este punto, que la demandante no estaba suficientemente cualificada y experimentada en los diferentes ámbitos de las funciones descritas en la convocatoria interna (apartados 76 a 86).

6. En cuanto a la inexistencia o insuficiencia de motivación

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, la motivación de una decisión lesiva tiene por finalidad proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si dicha decisión es o no ajustada a Derecho, a fin de que pueda, en su caso, interponer los recursos necesarios para la defensa de sus derechos e intereses. Por otra parte, la obligación de motivar tiene por finalidad permitir al Juez comunitario ejercer su control sobre la legalidad de la decisión. Además, el alcance de la obligación de motivar deberá apreciarse, en cada caso, en función de las circunstancias concretas de éste. En particular, una decisión estará suficientemente motivada cuando se haya dictado en un contexto conocido por el agente interesado, que le permita comprender el alcance de la medida adoptada con respecto a él (apartados 90, 92 y 95).

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de junio de 1983, Seton/Comisión (asuntos acumulados 36/81, 37/81 y 218/81, Rec. p. 1789), apartado 47; Tribunal de Justicia, 21 de junio de 1984, Lux/Tribunal de Cuentas (69/83, Rec. p. 2447), apartado 36; Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1984, Picciolo/Parlamento (111/83, Rec. p. 2323); Tribunal de Justicia, 13 de diciembre de 1989, PrelIe/Comisión (C-169/88, Rec. p. 4335), apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 20 de junio de 1990, Burban/Parlamento (T-133/89, Rec. p. II-245), apartado 43; Tribunal de Primera Instancia, 21 de abril de 1993, Tallarico/Parlamento (T-5/92, Rec. p. II-477), apartado 35; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión (T-80/92, Rec. p. II-1465), apartado 62; Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión (T-36/93, RecFP p. II-497), apartado 60

Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia considera que la motivación de la decisión que desestima la candidatura de la demandante colocó, por sí misma, a la interesada en condiciones de impugnar la procedencia de la decisión y permitió al Tribunal de Primera Instancia comprobar que no se podía reprochar a la Fundación ningún error manifiesto de apreciación. Por otra parte, la demandante sabía perfectamente, cuando menos, que no estaba suficientemente cualificada y experimentada con respecto a la totalidad de las funciones correspondientes al puesto por cubrir. Por último, el Tribunal de Primera Instancia hace constar que la decisión que desestima la reclamación de la demandante expone con la suficiente claridad y precisión las diferencias de naturaleza y de nivel existentes entre el puesto de trabajo de la demandante y el puesto por cubrir (apartados 91, 93, 96 y 97).

7. En cuanto al vicio de imparcialidad formal del comité de selección y a la infracción del artículo 10 del Reglamento no 1860/76

El Tribunal de Primera Instancia considera que, con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo 10, el Director de la Fundación fue informado a su debido momento del conflicto personal que había enfrentado a la demandante con el Sr. N. W. Por consiguiente, aun suponiendo que el artículo 10 del Reglamento no 1860/76 sea aplicable, sus disposiciones, en cualquier caso, han sido respetadas (apartados 104 y 105).

El Tribunal de Primera Instancia considera, por otra parte, que objetivamente era útil que el Sr. N. W. formara parte del comité de selección, en su doble condición de Jefe del Servicio afectado y de superior jerárquico directo del futuro titular del puesto por cubrir. Por otra parte, si bien incumbía a la administración velar por la imparcialidad de la composición del comité de selección, las apreciaciones que el Sr. N. W. hizo sobre las cualidades profesionales de la demandante, aunque contenían observaciones críticas con respecto a ella, eran motivadas y moderadas y estaban exentas de cualquier elemento que pusiera de relieve alguna animosidad incompatible con el deber de imparcialidad que incumbe al miembro de un comité de selección. Por último, consta en autos que el comité de selección emitió su dictamen con los votos unánimes de sus tres miembros, incluido el del representante del Comité de personal. En tales circunstancias, no parece que la presencia del Sr. N. W. en el comité de selección haya podido afectar a la objetividad de las deliberaciones de este comité (apartados 106, 107, 108 y 109).

8. En cuanto a la desviación de poder y utilización de procedimiento inadecuado, así como a la infracción del artículo 23 del Reglamento no 1860/76

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que la desviación de poder exige la prueba, basada en elementos objetivos, pertinentes y concordantes, de que la decisión impugnada ha sido adoptada para conseguir fines distintos de los expuestos o de que la administración ha usado de sus atribuciones con una finalidad distinta de aquella para la cual le fueron conferidas (apartado 117).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1982. Buyl y otros/Comisión (817/79, Rec. p. 245), apartado 28; Lux/Tribunal de Cuentas, antes citada, apartado 30; Tribunal de Primera Instancia. 12 de julio de 1990, Scheuer/Comisión (T-108/89, Rec. p. II-411), apartados 49 y 50; Tribunal de Primera Instancia, 7 de diciembre de 1995. Abelio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-544/93 y T-566/93, RecFP p. II-815), apartado 86

Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia considera que, contrariamente a las alegaciones de la demandante, no consta que la Fundación haya tenido de entrada la intención de dar prioridad a un candidato externo, ni que el comité de selección haya examinado las candidaturas externas presentadas en el marco de la convocatoria de concurso restringido antes que las candidaturas internas, ni que la candidatura de la demandante haya sido desestimada en razón del conflicto personal que la enfrentaba con el Sr. N. W. (apartados 118, 119 y 120).

9. En cuanto a la violación del principio de protección de la confianza legítima y al derecho de la demandante a la consideración efectiva de sus títulos y diplomas

Por una parte, el Tribunal de Primera Instancia estima que ni la experiencia de la demandante, ni sus títulos y diplomas universitarios, ni ambos elementos considerados conjuntamente permiten llegar a la conclusión de que, al no haber convocado a la demandante a la entrevista preliminar, el comité de selección cometió un error manifiesto de apreciación. Por otra parte, contrariamente a lo que afirma la demandante, no consta en el expediente que la Fundación le haya dado seguridades suficientemente precisas para generar legítimas expectativas de que podría ocupar el puesto por cubrir (apartados 126 y 127).

10. En cuando al incumplimiento del deber de asistencia y protección

El Tribunal de Primera Instancia estima que la demandante no puede invocar eficazmente este motivo, puesto que no ha logrado acreditar la alegada correspondencia entre las funciones propias a su puesto de trabajo y las correspondientes al puesto vacante.

Además, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que las exigencias del deber de asistencia y protección no pueden impedir que la autoridad pública adopte las medidas que estime necesarias para el interés del servicio, dado que la provisión de cada puesto de trabajo debe basarse, en primer lugar, en dicho interés. Habida cuenta de la amplitud de las facultades de apreciación de que dispone la autoridad a la hora de valorar el interés del servicio, la fiscalización por parte del Tribunal de Primera Instancia debe circunscribirse al extremo de verificar que dicha autoridad ha actuado dentro de límites no criticables y que no ha utilizado sus facultades de un modo manifiestamente erróneo (apartados 131 y 132).

Referencia: Turner/Comisión, antes citada, apartado 77

Pues bien, teniendo en cuenta que no se le puede imputar ninguna irregularidad al respecto, la Fundación no ha incumplido el deber de asistencia y protección que le incumbe (apartado 133).

Sobre la pretensión de indemnización

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, para que la Comunidad incurra en responsabilidad extracontractual han de reunirse una serie de presupuestos, consistentes en la ilegalidad del comportamiento imputado al órgano comunitario, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento y el perjuicio invocado (apartado 141).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-3/92, RecFPp. II-83), apartado 63

Pues bien, teniendo en cuenta que la demandante no ha presentado ninguna prueba de irregularidades en el procedimiento de selección objeto de litigio, debe desestimarse la pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido poiła demandante debido a la decisión que desestimó su candidatura (apartado 142).

Referencia: Latham/Comisión, antes citada, apartados 65 y 66

El Tribunal de Primera Instancia considera, a mayor abundamiento, que, en la medida en que la pretensión formulada por la demandante en la vista y destinada a incrementar en 500.000 BFR el perjuicio alegado en la fase escrita del procedimiento se basa, como sostiene la Fundación, en una causa distinta, constituye una nueva pretensión y en cuanto tal, por consiguiente, no procede admitirla (apartado 144).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 8 de marzo de 1990, Schwedler/Parlamento (T-41/89, Rec. p. II-79), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 26 de octubre de 1993, Weißenfels/Parlamento (T-22/92, Rec. p. II-1095), apartados27 y 28

Fallo:

Se desestima el recurso.