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Recurso interpuesto el 8 de julio de 2022 — Comisión Europea / Rumanía

(Asunto C-455/22)

(2022/C 318/45)

Lengua de procedimiento: rumano

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Escobar Gómez, E. A. Stamate, C. Valero, agentes)

Demandada: Rumanía

Pretensiones de la parte demandante

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que, hasta el 3 de octubre de 2020, Rumanía incumplió las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2010/75/UE. (1)

— Condene en costas a Rumanía.

Motivos y principales alegaciones

Desde el año 2014 y hasta el 3 de octubre de 2020, S.C. CET Govora n.o 2, S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n.o 2 y S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n.o 3 operaron sin una autorización medioambiental válida con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2010/75. Las autoridades rumanas reconocieron que estas tres instalaciones siguieron operando sin una autorización medioambiental válida hasta el 3 de octubre de 2020, pero sostuvieron que las instalaciones entraron en funcionamiento esporádicamente para garantizar la seguridad del sistema energético nacional.

Al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que S.C. CET Govora n.o 2, S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n.o 2 y S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n.o 3 operasen sobre la base de una autorización medioambiental válida, Rumanía incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2010/75.

En lo que atañe a la alegación según la cual las instalaciones operaron esporádicamente para garantizar la seguridad del sistema energético nacional, la Directiva 2010/75 no prevé tal posibilidad de exención general de la obligación de poseer una autorización medioambiental, prevista en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva. Además, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la responsabilidad de un Estado miembro por el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión subsiste independientemente del órgano estatal responsable de que se trate y ese Estado no puede invocar disposiciones, prácticas o circunstancias existentes en el propio ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones previstas por las directivas [de la Unión]. En este sentido, Rumanía no puede invocar, para justificar el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva, situaciones puramente nacionales como la insolvencia de los operadores o las controversias relativas a la suspensión de la actividad de las instalaciones.

(1) Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO 2010, L 334, p. 17).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 20 de abril de 2022 — Global Roads Investimentos SGPS, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asunto C-267/22)

(2022/C 318/29)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Global Roads Investimentos SGPS, Lda

Demandada: Autoridade Tributária e Aduaneira

Cuestión prejudicial

¿Está comprendida en el concepto de «entidad financiera», en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 22 de la Directiva 2013/36/UE (1) y del artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, (2) una sociedad de cartera domiciliada en Portugal, regulada por lo dispuesto en el Decreto-ley n.o 495/88, de 30 de diciembre, que tiene por único objeto la gestión de participaciones sociales de otras sociedades como forma indirecta de ejercicio de actividades económicas, y que, en este ámbito, adquiere y posee con carácter duradero esas participaciones, que, en general, no son inferiores al 10 % del capital social de las sociedades participadas, que no operan en el sector de los seguros ni en el sector financiero?

(1) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).

(2) Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1).
Recurso de casación interpuesto el 18 de febrero de 2022 por Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 8 de diciembre de 2021 en el asunto T-595/19, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)

(Asunto C-121/22 P)

(2022/C 294/17)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (representantes: V. Marsland, Solicitor, y C. Milbradt, Rechtsanwältin)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Fontana Food AB

Mediante auto de 15 de junio de 2022, el Tribunal de Justicia (Sala de admisión a trámite de recursos de casación) ha resuelto no admitir a trámite el recurso de casación y que Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi cargue con sus propias costas.
1)

El Tribunal General incurrió en error de Derecho, al infringir el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, (1) como consecuencia de: a) su interpretación incorrecta de esta disposición, en relación con el apartado 127 de la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, que lo condujo a considerar erróneamente que la Comisión no había incurrido en error manifiesto de apreciación acerca de la idoneidad de los compromisos; b) una serie de manifiestas distorsiones de los hechos, que lo condujeron a la aplicación errónea del artículo 9 del Reglamento 1/2003 y, como consecuencia de tal infracción, a considerar erróneamente que la Comisión no había incurrido en error manifiesto al apreciar la idoneidad de los compromisos; c) la falta de consideración de que, en el ejercicio de su legítima facultad de apreciación respecto a cuestiones económicas y técnicas complejas, la Comisión estaba obligada a actuar de manera coherente y conforme con las disposiciones del TFUE y los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión, en la medida en que su actuación no podía ser contraria a las disposiciones del TFUE ni a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión y no podía conducir a un resultado contrario a tales disposiciones y principios.
2)

subsidiariamente: (i) es contraria al artículo 7, apartado 3, letra b) del Reglamento 2019/1022, por cuanto el recurso a la medida no estaba contemplada en el citado Reglamento y de los dictámenes científicos examinados por el Reino de España no se desprende la necesidad de adoptar esta medida de conservación: y (ii) es desproporcionada, por ser manifiestamente inadecuada para la consecución del objetivo del Reglamento 2019/1022 al no respetar la exigencia de dictamen científico y solaparse con otras medidas de conservación; y no ser necesaria al existir otras medidas alternativas implementadas para la consecución de dicho objetivo (vedas, tallas mínimas e incremento de la selectividad de los artes de arrastre).
Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 8 de febrero de 2022 — Right to Know CLG / An Taoiseach

(Asunto C-84/22)

(2022/C 191/17)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Right to Know CLG

Demandada: An Taoiseach

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Las actas de las reuniones oficiales del poder ejecutivo de un Estado miembro, a las que han de asistir los miembros del Gobierno y en las que estos actúan como órgano colegiado, deben calificarse, a efectos de una solicitud de acceso a la información medioambiental que figure en ellas, de «comunicaciones internas» o de «procedimientos» de las autoridades públicas en el sentido, respectivamente, del artículo 4, apartado 1, letra e), y del artículo 4, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2003/4/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo?

2. ¿Se extiende el principio de cosa juzgada (como se expuso en el asunto Köbler, C-224/01 (2) y la subsiguiente jurisprudencia) más allá de la parte dispositiva o fallo de la sentencia anterior y alcanza también a los fundamentos de hecho y de Derecho expuestos en dicha sentencia? Dicho de otro modo, ¿se limita el principio de cosa juzgada a impedir que vuelva a someterse el asunto a un tribunal (cause of action estoppel), o también excluye que una de las partes vuelva a plantear una cuestión de hecho o de Derecho que ya ha sido definitivamente resuelta en un procedimiento anterior (issue estoppel)?

3. En el procedimiento en curso entre las partes en relación con el supuesto incumplimiento de la Directiva 2003/4/CE con respecto a una solicitud específica de información medioambiental, en el que la parte demandante/solicitante ha obtenido la anulación de una decisión tras estimarse algunos motivos de impugnación basados en el Derecho de la Unión y desestimarse otros, ¿se opone el Derecho de la Unión y, en particular, el principio de efectividad, a una norma nacional sobre la fuerza de cosa juzgada basada en el issue estoppel que obliga a un órgano jurisdiccional nacional, en el marco de un nuevo procedimiento relativo a una segunda decisión sobre la misma solicitud, a inadmitir que dicha parte demandante/solicitante impugne esta segunda decisión por motivos basados en el Derecho de la Unión que ya fueron desestimados anteriormente, si no ha sido impugnada dicha desestimación?

4. ¿Afecta a la repuesta a la tercera cuestión que: i) no se hiciera referencia al Tribunal de Justicia, y ii) ninguna de las partes llamara la atención del órgano jurisdiccional nacional sobre la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia?

(1) DO 2003, L 41, p. 26.

(2) Sentencia de 30 de septiembre de 2003 (EU:C:2003:513).
C 171/20

Recurso de casación interpuesto el 25 de febrero de 2022 por Patrick Breyer contra la sentencia del Tribunal General (Sala Décima) dictada el 15 de diciembre de 2021 en el asunto T-158/19, Breyer / Agencia Ejecutiva Europea de Investigación

(Asunto C-135/22 P)

(2022/C 171/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente en casación: Patrick Breyer (representante: J. Breyer, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Agencia Ejecutiva Europea de Investigación

Pretensiones de la parte recurrente:

1. Que se anule la sentencia del Tribunal General dictada el 15 de diciembre de 2021 en el asunto T-158/19, Breyer/REA, y que se declare nula la decisión de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) de 17 de enero de 2019 [ARES (2019) 266593].

2. Que se condene en costas a la otra parte en el procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En resumen, el recurrente en casación alega que, con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001, (1) tiene derecho a acceder íntegramente a los documentos relativos a la ejecución del proyecto de investigación «iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System» en el contexto del programa Horizonte 2020. El interés público en la transparencia del desarrollo —financiado con fondos públicos— de sistemas de inteligencia artificial que hayan de utilizarse del modo previsto por autoridades con competencia en materia de control de fronteras como detectores de mentiras o para apreciar el riesgo que presenta quien entra en el territorio es superior a los intereses comerciales privados.

El interés público en acceder a la información comienza ya —debido a las implicaciones que la tecnología de alto riesgo de que se trata tiene desde el punto de vista ético, social y de los derechos humanos— al iniciarse la fase de investigación, sin que pueda posponerse legítimamente a la fase posterior a la finalización del proyecto de investigación. El sistema de difusión de los resultados previsto en el Reglamento n.o 1290/2013 (2) y en el acuerdo de subvención no es adecuado, a juicio del recurrente en casación, para satisfacer el interés científico, el interés de los medios de comunicación y el del público en general en el proyecto.

(1) Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).

(2) Reglamento (UE) n.o 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1906/2006 (DO 2013, L 347, p. 81).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Liège (Bélgica) el 28 de enero de 2022 — PL / État belge

(Asunto C-56/22)

(2022/C 148/22)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance de Liège

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: PL

Recurrida: État belge

Cuestión prejudicial

¿Se aplica el Derecho de la Unión, en particular las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y de la Directiva 2008/115/CE, (1) a una práctica de un Estado miembro que le permite regularizar in situ la situación de un extranjero que reside ilegalmente en dicho Estado miembro? En caso de respuesta afirmativa, ¿deben interpretarse los artículos 5, 6, y 13 de la Directiva 2008/115/CE, en relación con sus [considerandos 6 y 24], y los artículos 1, 7, 14, 20, 21, 24 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión en el sentido de que, cuando un Estado miembro estudie la posibilidad de conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo, este puede, por una parte, exigir a dicho nacional que demuestre previamente la imposibilidad de presentar su solicitud en su país de origen y, por otra parte, no establecer en su legislación las condiciones y criterios, a fortiori objetivos, que permitan justificar tales razones humanitarias o de otro tipo (ya sea a efectos de la admisibilidad, exigiendo que se acrediten circunstancias excepcionales sin definirlas o en cuanto al fondo, sin establecer ningún criterio objetivo que permita definir las razones, principalmente humanitarias, que justifiquen la concesión del permiso de residencia), lo que tiene como consecuencia que no pueda preverse, e incluso que resulte arbitraria, la respuesta a dicha solicitud? En el supuesto de que sea posible que la legislación no prevea estos criterios, en caso de denegación, ¿menoscaba el derecho a la tutela judicial efectiva el hecho de que el único recurso sea de estricta legalidad, sin que quepa ninguna apreciación de oportunidad?

(1) Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98).
Recurso de casación interpuesto el 28 de diciembre de 2021 por Fachverband Spielhallen eV y LM contra el auto del Tribunal General (Sala Cuarta) dictado el 22 de octubre de 2021 en el asunto T-510/20, Fachverband Spielhallen eV y LM / Comisión Europea

(Asunto C-831/21 P)

(2022/C 198/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrentes en casación: Fachverband Spielhallen eV, LM (representantes: A. Bartosch y R. Schmidt, Rechtsanwälte)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, República Federal de Alemania

Pretensiones de las partes recurrentes en casación

Los recurrentes en casación solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule el auto del Tribunal General dictado en el asunto T-510/20.

— Devuelva el asunto al Tribunal General.

— Reserve la decisión sobre las costas.

Motivos de casación y principales alegaciones

Los recurrentes en casación invocan un único motivo, mediante el cual alegan que se ha infringido el artículo 107 TFUE, apartado 1.

Según afirman, el Tribunal General ha desestimado el recurso interpuesto en el asunto T-510/20 por el único motivo de que la medida objeto del litigio no puede conceder una ventaja económica a los efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1. Ahora bien, según jurisprudencia consolidada de la Unión en materia tributaria, los elementos constitutivos de la ventaja y de la selectividad deben examinarse siempre de forma conjunta. La apreciación de la selectividad presupone en todo caso que se haya determinado un sistema de referencia fiscal. Sin tal determinación no cabe apreciar, por tanto, si existe una ventaja económica. Pues bien, el Tribunal General no ha examinado el sistema de referencia fiscal y, en consecuencia, no debía haber llegado a la conclusión de que la medida controvertida no concedía una ventaja económica. Así pues, según los recurrentes en casación, el auto impugnado adolece de un grave error de Derecho.
6)

A la luz del Reglamento n.o 953/21, (2) que prohíbe toda forma de discriminación entre quienes se han vacunado y quienes no han querido o no han podido hacerlo por razones médicas, ¿es conforme a Derecho una normativa nacional, como la resultante del artículo 4, apartado 11, del Decreto-ley n.o 44/2021, que permite al personal sanitario que ha sido declarado exento de la obligación de vacunación desarrollar su actividad en contacto con el paciente, si bien respetando las medidas de seguridad impuestas por la legislación vigente, mientras que el profesional sanitario que, como la demandante —en cuanto persona naturalmente inmune de resultas del contagio— no quiera someterse a la vacunación sin que se hayan realizado investigaciones médicas exhaustivas, queda automáticamente suspendido de la realización de cualquier actividad profesional y privado de remuneración?
2)

¿Deben interpretarse el artículo 2, apartados 1 y 2, así como el artículo 3, apartado 1, letra c), in fine, de la Directiva 2000/78/C[E] del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la contenida en el artículo 1, apartado 2, de la Legea-cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Ley marco n.o 330, de 5 de noviembre 2009, relativa a la retribución unitaria del personal remunerado con fondos públicos), tal como fue interpretada por la sentencia n.o 7/2019 (publicada en el Monitorul Oficial al României n.o 343 de 06/05/2019) dictada por la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía) en un recurso de casación para la unificación de doctrina, habida cuenta de que el demandante no ha tenido la posibilidad legal de solicitar el incremento del complemento de destino en el momento en que accedió a la Magistratura, con posterioridad a la entrada en vigor de la Legea [nr.] 330 din 2009 (Ley n.o 330 de 2009), que preveía expresamente que los derechos retributivos son y siguen siendo exclusivamente los que se establecen en ella, existiendo por lo tanto una discriminación retributiva en comparación con sus compañeros, incluso por razón de edad, lo que de hecho implica que solo los magistrados de mayor edad que fueron nombrados para sus cargos con anterioridad al mes de enero de 2010 (que habían obtenido resoluciones judiciales en su favor en el período comprendido entre 2006 y 2009, cuyos fallos fueron aclarados durante el año 2019 en virtud de la sentencia n.o 7/2019 [de la Înalta Curte de Casație și Justiție]), percibieron, durante los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, el pago retroactivo de los derechos retributivos (similares a los solicitados mediante la demanda objeto del presente procedimiento) correspondientes al período transcurrido entre 2010 y 2015, aunque durante dicho período el demandante también ostentó el cargo de fiscal y desempeñó el mismo trabajo, en las mismas condiciones y en la misma institución?
4)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial primera y negativa a la cuestión prejudicial segunda, ¿debe interpretarse el artículo 18 de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, en relación con el artículo 3 de la misma Directiva, en el sentido de que se opone a una normativa nacional conforme a la cual el perjudicado que ya no sea propietario del automóvil dañado, por haberlo vendido a cambio de una suma de dinero y no tener, por tanto, la posibilidad de repararlo, no puede consecuentemente reclamar a la empresa de seguros que cubre a la persona responsable en lo que respecta a la responsabilidad civil el pago de los gastos de la reparación que habría sido necesaria para restituir el vehículo dañado a su estado anterior al daño, de modo que solo puede ejercitar una acción a fin de reclamar a la empresa de seguros una indemnización por el valor real y actual de la pérdida sufrida en su patrimonio, a saber, la diferencia entre el valor del vehículo en su estado anterior al accidente y el importe obtenido por la venta del vehículo, más los gastos justificados efectivamente soportados por la reparación del vehículo y otros gastos justificados efectivamente soportados resultantes del accidente?
—

Segundo motivo. Se alega que el Tribunal General incurrió en error manifiesto de apreciación al interpretar el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base y al no tener en cuenta alegaciones esenciales o no aportar una motivación. Al amparo de la protección del Tribunal General, la Comisión rebasó sobremanera los límites del período de investigación, al elegir 2008 como «el año representativo más reciente» no afectado por la crisis financiera. A este respecto, la recurrente alega que la conclusión sobre la existencia de un perjuicio en la sentencia recurrida está viciada por cuanto no es el resultado de una ponderación de factores positivos y negativos. En tal contexto, la recurrente adujo que una reducción de los costes de producción de la industria de la Unión debería ir asociada, en particular, también a la situación de la industria de la Unión tras la crisis financiera global de 2012. No obstante, el Tribunal General se negó a considerar siquiera si la crisis financiera llegó a influir en la cadena de perjuicios.