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19

En particular, el Gobierno finlandés señala que, hasta donde tiene conocimiento, el Tribunal de Justicia nunca ha considerado que la divulgación de un documento por un tercero sea pertinente para apreciar si el interés de un recurrente perdura en un asunto relativo a la aplicación del Reglamento n.o 1049/2001. Dicho Gobierno alega, además, que las situaciones controvertidas en los asuntos que dieron lugar al auto de 11 de diciembre de 2006, Weber/Comisión (T‑290/05, no publicado, EU:T:2006:381), y a las sentencias de 3 de octubre de 2012, Jurašinović/Consejo (T‑63/10, EU:T:2012:516), y de 15 de octubre de 2013, European Dynamics Belgium y otros/EMA (T‑638/11, no publicada, EU:T:2013:530), a los que el Tribunal General se refirió en el apartado 27 del auto recurrido, se diferencian de la situación controvertida en el presente asunto.
2

La petición en el asunto C‑511/18 se ha presentado en el contexto de varios litigios entre, por un lado, La Quadrature du Net, French Data Network, la Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs e Igwan.net y, por otro, el Premier ministre (Primer Ministro, Francia), el Garde des Sceaux, ministre de la Justice (Ministro de Justicia, Francia), el ministre de l’Intérieur (Ministro del Interior, Francia) y el ministre des Armées (Ministro de Defensa, Francia), relativos a la legalidad del décret n.o 2015‑1185, du 28 septembre 2015, portant désignation des services spécialisés de renseignement (Decreto n.o 2015‑1185, de 28 de septiembre de 2015, de Designación de Servicios Especializados de Información) (JORF de 29 de septiembre de 2015, texto 1 de 97; en lo sucesivo, «Decreto n.o 2015‑1185»); del décret n.o 2015‑1211, du 1er octobre 2015, relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État (Decreto n.o 2015‑1211, de 1 de octubre de 2015, relativo a los recursos sobre la aplicación de técnicas de información sujetas a autorización y ficheros que afecten a la seguridad del Estado) (JORF de 2 de octubre de 2015, texto 7 de 108; en lo sucesivo, «Decreto n.o 2015‑1211»); del décret n.o 2015‑1639, du 11 décembre 2015, relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure (Decreto n.o 2015‑1639, de 11 de diciembre de 2015, relativo a la designación de servicios, distintos de los servicios especializados de información, autorizados a utilizar las técnicas mencionadas en el título V del libro VIII del Código de Seguridad Interior) (JORF de 12 de diciembre de 2015, texto 28 de 127; en lo sucesivo, «Decreto n.o 2015‑1639»), y del décret n.o 2016‑67, du 29 janvier 2016, relatif aux techniques de recueil de renseignement (Decreto n.o 2016‑67, de 29 de enero de 2016, relativo a las Técnicas de Recopilación de Información) (JORF de 31 de enero de 2016, texto 2 de 113; en lo sucesivo, «Decreto n.o 2016‑67»).
–

Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003 (DO 2009, L 211, p. 15), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 347/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013 (DO 2013, L 115, p. 39) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 714/2009»), y del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1775/2005 (DO 2009, L 211, p. 36), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 347/2013 (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 715/2009»), al no tener en cuenta, en la fijación de las tarifas de acceso a las redes, los costes reales de los gestores de redes.
10

Las notas explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea (DO 2011, C 137, p. 1) se refieren a la NC en su versión resultante del Reglamento n.o 861/2010 (en lo sucesivo, «notas explicativas de la NC»). No obstante, estas son pertinentes para el litigio principal, ya que, como se desprende del apartado 3 de la presente sentencia, el tenor de la partida 8525 y de las subpartidas 85258030 y 85258091 de la NC ha permanecido inalterado en las modificaciones aportadas a dicha nomenclatura por el Reglamento n.o 1006/2011 y por el Reglamento de Ejecución n.o 927/2012. Las notas explicativas de la NC relativas a estas partidas y subpartidas están redactadas como sigue: «8525 Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras […] […] […] 8525 80 30 Cámaras fotográficas digitales Las cámaras fotográficas digitales de esta subpartida permiten siempre capturar y grabar imágenes fijas, ya sea en una memoria interna o en soportes intercambiables. La mayoría de las cámaras de esta subpartida tienen el aspecto de una cámara fotográfica tradicional y carecen de visor plegable. Estas cámaras también permiten la captura y grabación de secuencias de vídeo. Y permanecen clasificadas en esta subpartida a no ser que sean capaces de grabar al menos 30 minutos en una sola secuencia de vídeo en una resolución igual o superior a 800 × 600 píxeles a 23 o más fotogramas por segundo, utilizando la máxima capacidad de almacenamiento. A diferencia de las videocámaras de las subpartidas 8525 80 91y 8525 80 99, muchas cámaras fotográficas digitales (cuando funcionan como videocámaras) no ofrecen una función de zoom óptico durante la grabación de vídeo. Independientemente de la capacidad de almacenamiento, algunas cámaras dejan automáticamente de grabar al cabo de cierto tiempo. 8525 80 91 y 8525 80 99 Videocámaras Las videocámaras de estas subpartidas permiten siempre capturar y grabar secuencias de vídeo, ya sea en una memoria interna o en soportes intercambiables. Generalmente, el diseño de las videocámaras de estas subpartidas es diferente del de las cámaras fotográficas digitales de la subpartida 8525 80 30. Suelen tener un visor plegable y con frecuencia se presentan con un mando a distancia. Ofrecen siempre una función de zoom óptico durante la grabación. Estas videocámaras también permiten grabar imágenes fijas. Se excluyen de estas subpartidas las cámaras que no son capaces de grabar al menos 30 minutos en una sola secuencia de vídeo en una resolución igual o superior a 800 × 600 píxeles a 23 o más fotogramas por segundo, utilizando la máxima capacidad de almacenamiento.»
72

Independientemente de que tales circunstancias no podían constituir una motivación suficiente de las decisiones controvertidas, como ya se ha constatado en los apartados que preceden, se ha de señalar que aquellas no figuran en las referidas decisiones, extremo que ha admitido la propia Comisión, dicho sea de paso. En efecto, en su escrito de contestación a la demanda, esta última sostiene, por el contrario, que no estaba obligada a exponer las razones por las que juzgaba probable que Hungría no respetaría las decisiones por las que se le requería que suspendiera la ejecución de las medidas en cuestión. Dicha institución entiende asimismo que los motivos que figuran en los apartados 135 a 137 de la sentencia recurrida son contrarios a los formulados en los apartados 70, 71, 130 y 134 de esta sentencia. La Comisión reconoció también, en sus observaciones relativas al escrito de formalización de la intervención de la República de Polonia, que las decisiones impugnadas no proporcionaban explicaciones concretas de las razones por las que había deducido que Hungría no tenía previsto suspender la concesión de la ayuda en cuestión. Esta argumentación es además coherente con el alcance de la facultad discrecional que la Comisión afirmaba poseer, en virtud del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999, para adoptar una decisión por la que se dicta un requerimiento de suspensión, como se desprende de los escritos que presentó tanto ante el Tribunal General como ante el Tribunal de Justicia.
39

El órgano jurisdiccional remitente señala que de la Ley de Decomiso se desprende expresamente que el procedimiento de decomiso iniciado ante un tribunal civil es independiente del proceso penal incoado contra la persona investigada o las personas vinculadas a ella o controladas por ella. La mera existencia de diligencias penales es suficiente para iniciar un procedimiento de decomiso civil. No obstante, según el órgano jurisdiccional remitente, del tenor de la Directiva 2014/42 se desprende claramente que no debe excluirse toda relación entre el proceso penal y el procedimiento de decomiso civil y que no debe ponerse fin a este último antes de que finalice el proceso penal. Según dicho órgano jurisdiccional, la Ley de Decomiso iba, por tanto, más allá de la armonización mínima prevista por la Directiva 2014/42 y, por ello, era contraria a esta. Dado que BP aún no ha sido condenado penalmente por los hechos del litigio principal, dicho órgano jurisdiccional considera que el procedimiento de decomiso civil debería suspenderse hasta que concluya el proceso penal incoado, en particular, contra BP.
3

El artículo 401 de la Directiva IVA dispone: «Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias, las disposiciones de la presente Directiva no se oponen al mantenimiento o establecimiento por parte de un Estado miembro de impuestos sobre los contratos de seguros y sobre los juegos y apuestas, impuestos especiales, derechos de registro y, en general, de cualquier impuesto, derecho o gravamen que no tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios, siempre que la recaudación de impuestos, derechos o gravámenes no dé lugar, en los intercambios entre Estados miembros, a formalidades relacionadas con el paso de una frontera.»
2)

El artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1891/2006, y el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que una solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe, en el sentido de dichas disposiciones, si el solicitante de dicha marca tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca. Cuando la falta de intención de usar la marca conforme a sus funciones esenciales se refiere únicamente a determinados productos o servicios contemplados en la solicitud de marca, dicha solicitud constituye un acto de mala fe solo en la medida en que se refiere a dichos productos o servicios.
70

Asimismo, cabe añadir que, contrariamente a lo que sugiere la Sala de Recurso en el apartado 38 de la resolución controvertida, el carácter relevante del éxito de las comedias epónimas como uno de los elementos de contexto no queda en absoluto desvirtuado por el hecho de que el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.o 207/2009 no pueda eludirse mediante la prueba de un carácter distintivo adquirido por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del citado Reglamento, de la marca solicitada. En efecto, el éxito de las comedias epónimas entre el público pertinente y, en particular, la ausencia de controversia por lo que se refiere a su título deben ser tenidos en cuenta para determinar si el público destinatario percibe que la marca solicitada es contraria a las buenas costumbres y, por tanto, decidir si este motivo de denegación absoluto se opone a su registro y no para rechazar dicho motivo tras establecer su aplicabilidad al presente caso.
127

La recurrente considera asimismo que el Tribunal General erró al no tener en cuenta la necesidad de proteger los datos contenidos en el informe controvertido durante todo el período de exclusividad de estos, contemplado en el artículo 8 del Reglamento n.o 141/2000. Sin embargo, esta alegación no demuestra que el Tribunal General infringiera lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1049/2001, que exige denegar la divulgación a terceros de documentos que formen parte de un proceso de toma de decisiones que aún esté en curso cuando se adopte la decisión sobre la solicitud de acceso. En efecto, no puede considerarse que un proceso de toma de decisiones, en el sentido de esta última disposición, esté en curso durante toda la duración del período de exclusividad contemplado en el citado artículo 8 del Reglamento n.o 141/2000.
9

El artículo 27, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35), establece: «Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas. La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general.»
24

El tribunal remitente recuerda que el Hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes) declaró que de una interpretación estricta del artículo 13, parte A, apartado 1, letra f), de la Sexta Directiva y, en particular, del requisito establecido en dicha disposición según el cual las agrupaciones autónomas de personas se limitan a exigir a sus miembros el reembolso exacto de la parte que les incumba en los gastos hechos en común, se desprendía que la mencionada disposición excluía la posibilidad de que los servicios fueran también prestados por tales agrupaciones a personas o entidades que no fueran miembros de las mismas. El Hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes) también consideró que, dado que Infohos no se limitaba a prestar servicios a sus miembros, sino que también comercializaba aplicaciones informáticas a terceros, dicha asociación no podía invocar la exención para todas sus actividades.
En virtud del artículo 1, sección 2, parte A, apartado 2, del anexo I del Decreto n. 264 — Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti (Decreto n.o 264, por el que se establecen normas relativas a los criterios indicativos para facilitar la demostración de la existencia de los requisitos para la calificación de los residuos de producción como subproductos y no como residuos), de 13 de octubre de 2016 (GURI n.o 38, de 15 de febrero de 2017):

«Sobre la base de la normativa aplicable en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, solo podrán utilizarse para la producción de energía por combustión los productos procedentes de la biomasa residual contemplados en el anexo X de la parte V del [Decreto Legislativo n.o 152/2006] y por el artículo 2 bis del Decreto-ley n.o 171 de 3 de noviembre de 2008, sin perjuicio de las futuras disposiciones que regulen expresamente la utilización de productos procedentes de la biomasa residual como combustibles. En el caso de que se destinen a la producción de energía por combustión, las materias contempladas en el artículo 185 del [Decreto Legislativo n.o 152/2006] quedarán sujetas, en todo caso, al régimen de los residuos si no están indicadas en las disposiciones mencionadas en el presente apartado.»
Los artículos 3, letra k), y 11, apartado 1, de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que no permite a una farmacia del mismo dispensar medicamentos sujetos a receta médica mediante una orden de pedido en caso de que esta haya sido extendida por un profesional sanitario facultado para prescribir medicamentos y ejercer su actividad en otro Estado miembro, mientras que esa dispensación está permitida en caso de que la orden de pedido la haya extendido un profesional sanitario facultado para ejercer su actividad en ese primer Estado miembro, debiendo precisarse que, de conformidad con la referida normativa, dichas órdenes de pedido no incluyen el nombre del paciente.
28

La interpretación según la cual los servicios prestados por Cardpoint no constituyen una transmisión de fondos que dé lugar a las modificaciones jurídicas y financieras que caracterizan una operación relativa a pagos no queda desvirtuada por el hecho de que los servicios prestados por Cardpoint, especialmente en lo que concierne a la recogida de datos y a su transmisión y a la entrega de efectivo, resultaran indispensables para realizar una operación relativa a pagos exenta. A este respecto, según reiterada jurisprudencia, habida cuenta de la interpretación estricta de la que deben ser objeto las exenciones del IVA, ese mero hecho no permite deducir que tales servicios disfruten de la exención si no concurren los demás criterios que figuran en los apartados 21 y 22 de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, DPAS, C‑5/17, EU:C:2018:592, apartado 43).
50

A este respecto, cabe observar no obstante que, para llegar en el apartado 64 de la sentencia recurrida a la conclusión de que en el caso de autos no era posible hacer ajustes para tener en cuenta las diferencias en el proceso de producción y en el acceso a las materias primas detectadas en China cuando se determina el valor normal en virtud del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, el Tribunal General hizo constar, en el apartado 63 de la misma sentencia, que, habida cuenta de que en el momento de los hechos China no estaba considerada una economía de mercado y de que la recurrente no había presentado una solicitud de TEM, nada indicaba que en el suministro de níquel o en el proceso de producción de una empresa que operaba en condiciones que no se correspondían a las de una economía de mercado no hubieran influido parámetros que no son resultado de las fuerzas que operan en el mercado.
3

Según el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO 2001, L 311, p. 67), en su versión modificada por la Directiva 2012/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 (DO 2012, L 299, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 2001/83»), «No podrá comercializarse ningún medicamento en un Estado miembro sin que la autoridad competente de dicho Estado miembro haya concedido una autorización de comercialización con arreglo a la presente Directiva o se haya concedido una autorización de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 1)], leído en relación con el Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico [y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 (DO 2006, L 378, p.1)], y el Reglamento (CE) n.o 1394/2007 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 (DO 2007, L 324, p. 121)]. […]»
El artículo 87, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que una persona que, en la fecha de aplicación del Reglamento n.o 883/2004, ejercía una actividad por cuenta ajena en un Estado miembro y una actividad por cuenta propia en otro Estado miembro, estando por tanto sujeta simultáneamente a las legislaciones aplicables en materia de seguridad social de esos dos Estados miembros, no debía, para quedar sujeta a la legislación aplicable en virtud del Reglamento n.o 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.o 988/2009, presentar una solicitud expresa en este sentido.
111

A este respecto, la circunstancia de que un órgano como el Presidente de la República tenga atribuida la facultad para decidir si concede o no una prórroga ciertamente no basta, por sí sola, para concluir que se ha violado dicho principio. No obstante, es importante asegurarse de que las condiciones materiales y las normas de procedimiento que rigen la adopción de tales decisiones impiden que se susciten dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces de que se trate frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio.
53

A la luz de estos razonamientos, ha de notarse que la obligación de los vendedores de pagar sistemáticamente por anticipado los gastos del transporte de bienes no conformes adquiridos en una venta a distancia a sus domicilios sociales respectivos puede perfectamente, por un lado, aumentar el tiempo necesario para la subsanación de dichas faltas de conformidad, en detrimento de su realización en un plazo razonable. Tal sería el caso, en particular, cuando los vendedores no utilicen etiquetas de devolución con franqueo pagado y se vean obligados a efectuar dichos pagos anticipados. Por otro lado, existe el peligro de que esa obligación haga recaer una carga demasiado elevada sobre los vendedores, en particular en casos en que, tras el examen de los bienes, resulte que no adolecen de defectos.
36

Hay que añadir que otras formalidades, como, en particular, un desglose formal de los gastos efectuados o una certificación de pago final, mencionados en la petición de decisión prejudicial, no pueden ser pertinentes para determinar el momento en el que se realizó la prestación, en la medida en que al no formar parte de la prestación, en cuanto tal, no son determinantes para apreciar que se haya realizado efectivamente.