SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

1 de diciembre de 1994

Asunto T-79/92

Kuno Ditterich

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Informes de calificación — No elaboración — Peticiones que tienen por objeto la elaboración de los informes y la indemnización por el retraso — Requisitos de admisibilidad»

Texto completo en lengua alemana II-907

Objeto:

Recurso dirigido a que se condene a la Comisión a elaborar y comunicar al demandante sus informes de calificación correspondientes a los períodos 1983/1985, 1985/1987, 1987/1989 y 1989/1991 y a pagarle una indemnización de 100.000 ECU.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante fue funcionario del servicio científico de la Comisión, destinado en el Centro Común de Investigación de Ispra desde el 4 de octubre de 1965 al 31 de julio de 1992, fecha en que se jubiló. Durante todo el período que ejerció sus funciones, estuvo clasificado en el grado A 5.

No existe ningún informe de calificación definitivo relativo al demandante correspondiente a los períodos de 1983/1985, 1985/1987, 1987/1989 y 1989/1991.

El 23 de febrero de 1988, el demandante dirigió una nota a su superior jerárquico, señalándole que no existían informes de calificación correspondientes a los períodos 1983/1985 y 1985/1987.

El 11 de diciembre de 1991, el superior jerárquico le propuso prorrogar, respecto al período 1989/1991, el informe elaborado para el período 1981/1983.

Mediante nota de 19 de diciembre de 1991, el demandante respondió subrayando la inexistencia de informes de calificación correspondientes a los períodos 1983/1985 1985/1987 y 1987/1989, inexistencia que calificó de infracción grave de los artículos 43 y 45 del Estatuto.

El 7 de febrero de 1992 se comunicó al demandante un proyecto de prórroga respecto al período 1989/1991, del informe de calificación de 1981/1983.

El 26 de febrero de 1992 la Comisión recibió una reclamación del demandante, en la que denunciaba la inexistencia, a pesar de sus recordatorios, de informes de calificación a partir de 1983 y afirmaba que la intención de prorrogar, respecto al último período, el informe elaborado para el período 1981/1983 podía inducir a error. Solicitaba asimismo una indemnización de 100.000 ECU por el perjuicio que estimaba que le había causado dicha situación.

Dicha reclamación no recibió respuesta alguna de la Comisión.

Sobre la admisibUidad

1. Sobre el motivo basado en la inobservancia del procedimiento administrativo previo

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que la primera frase del apartado 1 del artículo 91 del Estatuto constituye el presupuesto de la segunda, de modo que esta disposición sólo atribuye al Tribunal de Primera Instancia una competencia de plena jurisdicción en caso de existencia de un litigio sobre la legalidad de un acto lesivo (apartado 37).

Referencia: Tribunal de Justicia, 10 de diciembre de 1969, Grasselli/Comisión (32/68, Rec. p. 505), apartado 10; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión (T-20/92, Rec. p. II-799), apartado 46

Por otra parte, según el apartado 2 del artículo 91 del Estatuto, sólo podrá ser admitido un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia si previamente se hubiere presentado reclamación ante la AFPN, a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 90, dentro del plazo que en el mismo se prevé, y si respecto de esta reclamación se hubiere adoptado una decisión denegatoria, ya sea explícita o implícita. La propia reclamación debe ir dirigida contra un acto lesivo (apartado 38).

De ello se deduce que el procedimiento administrativo previo a un recurso de indemnización exigido por el Estatuto es diferente, dependiendo de que la circunstancia original impugnada por el funcionario constituya o no un acto lesivo a efectos del Estatuto (apartado 39).

Si el funcionario quiere impugnar un acto lesivo, puede presentar directamente ante la AFPN una reclamación y, si ésta fuera denegada, puede interponer ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso en el que solicite la anulación del acto lesivo, el pago de una indemnización, o ambas cosas (apartado 40).

Referencia: Tribunal de Justicia, 22 de octubre de 1975, Meyer-Burckhardt/Comisión (9/75, Rec. p. 1171), apañados 10 y 11; Tribunal de Primera Instancia, 8 de octubre de 1992, Meskens/Parlamento(T-84/91, Rec. p. II-2335), apañado 42

Por el contrario, si la circunstancia impugnada por el funcionario no constituye un acto lesivo a efectos del Estatuto, sólo podrá iniciar el procedimiento presentando ante la AFPN una petición conforme al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, cuya denegación constituirá una decisión lesiva contra la que podrá formular una reclamación, que, en su caso, podrá ser objeto de un recurso de anulación y/o de un recurso de indemnización (apartado 41).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de septiembre de 1991, Marcato/Comisión (T-5/90, Rec. p. II-731); Tribunal de Primera Instancia, 25 de febrero de 1992, Marcato/Comisión(T-64/91, Rec. p. II-243), apartados 32 a 34; Tribunal de Primera Instancia, 22 de mayo de 1992, Moat/Comisión (T-72/91, Rec. p. II-1771), apartados 40 y 41; Tribunal de Primera Instancia, 16 de julio de 1992, Della Pietra/Comisión (T-1/91, Rec. p. II-2145), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1993, Fiorani/Parlamento(T-50/92, Rec. p. H-555), apartados 40, 41, 45 y 46; Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cámara Alloisio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-17/90, T-28/91 y T-17/92, Rec. p. II-841), apartado 45; Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Camera-Lampitelli y otros/Comisión (T-27/92, Rec. p. II-873), apartado 26; Tribunal de Primera Instancia, 12 de enero de 1994, White/Comisión(T-65/91, RecFP p. II-23), apartado 137

2. Sobre el procedimiento administrativo previo en el caso de autos

El Tribunal de Primera Instancia hace constar que los escritos del demandante de 23 de febrero de 1988 y 19 de diciembre de 1991 no son más que meros recordatorios dirigidos a un superior jerárquico y no constituyen peticiones a efectos del apartado 1 del artículo 90 del Estatuto (apartados 43 y 44).

Señala por otra parte que la reclamación de 26 de febrero de 1992 no fue presentada después de la denegación expresa o presunta de una petición a efectos del artículo 90 del Estatuto. En efecto, suponiendo incluso que el escrito de 19 de diciembre de 1991 hubiera constituido una petición, la reclamación de 26 de febrero de 1992 habría sido presentada prematuramente, es decir, antes de que se produjera una decisión denegatoria presunta, al expirar el plazo de cuatro meses a partir del día de la presentación de la petición (apartados 45 y 46).

La alegación del demandante, según la cual debería considerarse que la reclamación de 26 de febrero de 1992 surtió efectos a partir del 19 de abril de 1992 -a saber, cuatro meses después de la presentación del escrito de 19 de diciembre de 1991 — no puede, en cualquier caso, acogerse, pues el sistema de recursos establecido por los apartados 1 y 2 del artículo 90 del Estatuto presupone que sólo puede presentarse una reclamación contra un acto lesivo ya existente en el momento de su presentación. Por otra parte, no procede admitir un recurso interpuesto antes de que se produzca una decisión, expresa o presunta, denegatoria de la reclamación y, según la jurisprudencia, el carácter de orden público inherente a los plazos de recurso es aplicable también a los plazos de reclamación (apartado 47).

Referencia: Tribunal de Justicia, 19 de febrero de 1981, Schiavo/Consejo(asuntos acumulados 122/79y 123/79, Rec. p. 473), apartado 22; Tribunal de Justicia, 27 de octubre de 1981, Venus y Obert/Comisióny Consejo (asuntos acumulados783/79 y 786/79, Rec. p. 2445), apañado 25; Tribunal de Primera Instancia, 27 de junio de 1991, Valverde Mordt/Tribunal de Justicia (T-156/89, Rec. p. II-407), apañado 29; Tribunal de Primera Instancia, 4 de diciembre de 1991, Moat/Comisión(T-78/91, Rec. p. II-1387), apartado4; 13 de julio de 1993, Moat/Comisión, antes citada, apañado 31

Una reclamación prematura sólo puede considerarse válida, por tanto, en circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando haya sido completada posteriormente. En el caso de autos, no se da ninguna circunstancia de esta naturaleza (apartado 48).

Referencia: Valverde Mordt/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 30; Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1992, Eppe/Comisión (asuntos acumulados T-59/91 y T-79/91, Rec. p. II-2061), apartado 111

Se deduce de todo lo antedicho la inexistencia de un procedimiento administrativo previo en dos etapas. Por ello, incumbe al Tribunal de Primera Instancia examinar si la omisión por parte de la administración de elaborar un informe de calificación al menos cada dos años, conforme al artículo 43 del Estatuto, en los plazos previstos por las disposiciones generales de ejecución constituye una «falta de adopción de una medida que hubiera debido tomarse según el Estatuto» y, por consiguiente, un acto lesivo a efectos del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto (apartado 49).

3. Sobre el concepto de «falta de adopción de una medida que hubiera debido tomarse según el Estatuto»

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que sólo son lesivos los actos que puedan afectar directa e inmediatamente a la situación jurídica de un funcionario (apartado 65).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de enero de 1987, Streghili/Tribunal de Cuentas (204/85, Rec. p. 389); Tribunal de Primera Instancia, 24 de junio de 1993, Seghers/Consejo(T-69/92, Rec. p. II-651)

Ahora bien, la inexistencia de un informe de calificación o el retraso producido en su elaboración siempre han sido considerados por la jurisprudencia como un comportamiento lesivo y nunca como un acto lesivo (apartado 66).

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de junio de 1980, Oberthür/Comisión(24/79, Rec. p. 1743), apartado 14; Tribunal de Justicia, 5 de mayo de 1983, Ditterich/Comisión (207/81, Rec. p. 1359), apartados 27 y 28; Tribunal de Justicia, 6 de febrero de 1986, Castille/Comisión (asuntos acumulados 173/82, 157/83 y 186/84, Rec. p. 497), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 8 de noviembre de 1990, Barbi/Comisión(T-73/89, Rec. p. II-619), apartados 35, 43 y 50; Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T-63/89, Rec. p. II-19), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T-27/90, Rec. p. II-35); Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1992, Barbi/Comisión (T-68/91, Rec. p. II-2127);Tribunalde Primera Instancia, 17 de marzo de 1993, Moat/Comisión (T-13/92, Rec. p. II-287), apartados 34 y 48; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Moritz/Comisión (T-20/89 RV, Rec. p. II-1423), apartado 37

A la luz de dicha jurisprudencia y habida cuenta de la estructura de los artículos 90 y 91 del Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia no puede declarar que el hecho de no elaborar un informe de calificación constituya, en cuanto tal, un acto lesivo a efectos del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto (apartado 67).

En efecto, por una parte, el mero hecho de que no se haya elaborado un informe de calificación dentro del plazo señalado no es, por sí solo, suficientemente definitivo ni tangible como para ser considerado un «acto» lesivo, aún cuando revista la forma de una «falta de adopción» de una medida que hubiera debido tomarse según el Estatuto y, por otra parte, la mera inexistencia de un informe de calificación en cuanto tal no puede modificar de forma precisa la situación jurídica de un funcionario, ya que no tiene, por sí misma, efectos jurídicos obligatorios que fijen definitivamente la postura de la Institución (apartado 68).

Por otra parte, si la inexistencia de un informe de calificación pudiera constituir, en sí misma, un acto lesivo, tal calificación provocaría importantes dificultades por lo que respecta al cálculo del plazo de tres meses previsto en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto para la presentación de una reclamación. La prescripción afectaría a cualquier procedimiento dirigido a subsanar la inexistencia de un informe de calificación si no se iniciara dentro de los tres meses siguientes a la fecha prevista en las disposiciones generales de ejecución para la elaboración del informe de calificación, lo que haría que, transcurrido dicho plazo, quedaría sustraído del control por parte del Tribunal de Primera Instancia el incumplimiento de su obligación estatutaria por la administración, cuando dicha obligación no se extingue en modo alguno al finalizar los tres meses, sino que, por el contrario, se hace cada vez más acuciante con el paso del tiempo (apartado 70).

Ello implicaría también que un funcionario que no ha recibido un informe de calificación en la fecha prevista estaría obligado a presentar inmediatamente una reclamación para asegurarse la protección de sus derechos, lo cual, en un contexto en el que resulta notorio que las administraciones de todas las Instituciones comunitarias tienen dificultades para que se ek boren muchos informes de calificación dentro de plazo, no sería compatible con la sistemática general del Estatuto ni con los principios de equidad y buena administración (apartado 71).

Además, la jurisprudencia ha afirmado siempre que la administración dispone de un plazo razonable para elaborar el informe de calificación después de la fecha prevista por las disposiciones generales de ejecución (apartado 72).

Referencia: Ditterich/Comisión, antes citada, apartado 25; Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, Moritz/Comisión(T-29/89, Rec. p. II-787), apañado 21

Se deduce de lo antedicho que no existe en el caso de autos un acto lesivo que pueda ser objeto de recurso (apartado 73).

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso.