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65.

Por otra parte, si el Tribunal de Justicia considera, en contra de lo que propongo en las presentes conclusiones, que este principio no se aplica al litigio principal, la Carta tampoco sería aplicable. En efecto, de jurisprudencia reiterada se desprende que los derechos fundamentales garantizados por el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas. ( 39 ) Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Åkerberg Fransson ((C‑617/10, EU:C:2013:105), no existe ningún supuesto comprendido en el Derecho de la Unión en el que no se apliquen dichos derechos fundamentales. Por consiguiente, la aplicabilidad del Derecho de la Unión implica la aplicabilidad de los derechos fundamentales garantizados por la Carta. ( 40 ) Cuando, por el contrario, una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia. ( 41 ) En el presente caso, es indiscutible que la normativa nacional en cuestión en el litigio principal, al definir las normas de cálculo de las prestaciones de pensión de jubilación de los trabajadores por cuenta ajena, no aplica un acto de Derecho derivado de la Unión. Además, del conjunto de consideraciones expuestas anteriormente se desprende que la situación jurídica de la Sra. Wojciechowski es puramente interna y no está cubierta directamente por ninguna disposición del Estatuto de los Funcionarios. ( 42 ) De ello se deprende que únicamente en el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere, conforme propongo, que el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el Estatuto, es aplicable al litigio principal, entrará la situación de la Sra. Wojciechowski dentro del ámbito del Derecho de la Unión y, por consiguiente, se aplicará la Carta.
5.

Las diferentes disposiciones del Derecho húngaro pertinentes en el marco del litigio principal figuran en la Ley no IV de 1959, por la que se aprueba el Código Civil; ( 5 ) en la Ley no LIII de 1952, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil; ( 6 ) en la Ley no III de 1994, por la que se regula la ejecución forzosa judicial, ( 7 ) y, por último, en la Ley no XLI de 1991 del Notariado. ( 8 )
121.

A la vista de todas las consideraciones anteriores, propongo responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundesfinanzhof de la siguiente manera: «1) Los gastos vinculados a las operaciones de capital soportados por una sociedad de cartera que interviene directa o indirectamente en la gestión de sus filiales tienen una relación directa e inmediata con el conjunto de la actividad económica de dicha sociedad de cartera. Por lo tanto, no cabe proceder al reparto del impuesto sobre el valor añadido soportado sobre dichos gastos entre las actividades económicas y no económicas de la sociedad de cartera. Si la sociedad de cartera realiza operaciones sujetas al impuesto sobre el valor añadido y operaciones exentas, el derecho a deducción del impuesto sobre el valor añadido soportado se calculará según el método de la prorrata, según se establece en el artículo 17, apartado 5, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme. 2) El artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 77/388 se opone a que un Estado miembro, al ejercer la facultad que le ofrece esta disposición, supedite la constitución de un grupo de IVA a la condición de que todos los miembros de dicho grupo tengan personalidad jurídica, a menos que dicha condición esté justificada por la prevención de prácticas abusivas o la lucha contra el fraude y la evasión fiscales, de conformidad con el Derecho de la Unión, y en particular con el principio de neutralidad fiscal, correspondiendo al órgano jurisdiccional remitente verificar esta circunstancia. Una normativa nacional con arreglo a la cual los vínculos firmes en los órdenes financiero, económico y de organización, en el sentido del artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 77/388, sólo pueden producirse si existe una relación jerárquica entre los miembros del grupo de IVA puede ser compatible con este artículo, a condición de que sea necesaria y proporcionada a la persecución de los objetivos de prevención de las prácticas abusivas y de lucha contra el fraude y la evasión fiscales, de conformidad con el Derecho de la Unión, y en particular con el principio de neutralidad fiscal, correspondiendo al órgano jurisdiccional remitente verificar esta circunstancia. 3) Un sujeto pasivo no puede invocar directamente el artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 77/388. Sin embargo, corresponde al órgano jurisdiccional remitente interpretar su normativa nacional, en la medida de lo posible, de conformidad con dicha Directiva.»
85.

En efecto, opino que el requisito de que la restricción en cuestión sea sensible no puede ser ignorado en el caso de una restricción de la competencia «por su objeto», sino que en cierto modo queda subsumido en el examen del contexto económico y jurídico que se realiza para confirmar la capacidad real del acuerdo en cuestión para producir tal efecto restrictivo. En el supuesto de que el juez concluyera, tras analizar el contexto económico y jurídico, que los efectos potenciales sobre la competencia del acuerdo en cuestión sólo pueden ser insignificantes, habida cuenta en particular la débil posición que ocupan los interesados en el mercado de los productos de que se trate, dicho juez puede verse obligado a concluir que dicho acuerdo queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1.
28.

Sin embargo, ha de señalarse, por una parte, que dichas disposiciones persiguen finalidades diferentes y están dirigidas a proteger intereses distintos. De este modo, en lo que respecta al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 [y al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009], el Tribunal de Justicia ha precisado que el interés general subyacente a dicha disposición consiste en garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las características de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores económicos que ofrezcan tales productos o servicios. ( 21 ) El concepto de interés general que subyace en el artículo 3, apartado 1, letra b), de dicha Directiva (y en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009) se confunde, en cambio, con la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. ( 22 ) Los motivos de denegación relativos previstos en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2008/95 [así como en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 207/2009] tienen por objeto supuestos de falta de novedad del signo debido al riesgo de confusión con marcas anteriores. Si existe un vínculo claro entre esos motivos de denegación del registro y la función de origen de la marca, ( 23 ) dichos motivos tienen por objeto, esencialmente, proteger los intereses individuales de los titulares de las marcas anteriores que entran en conflicto con el signo solicitado, lo que resulta, en particular, del hecho de que su examen se hace únicamente por oposición, mientras que los motivos de denegación absolutos se examinan de oficio. ( 24 )
34.

En efecto, la República Checa no se limitó a someter a tributación la asignación del 10 % de los derechos de emisión: según sus propios datos, la medida afectaba a casi el 20 % de los derechos asignados. No parece evidente que tal extensión de la carga fuera compatible con el artículo 10 de la Directiva 2003/87 sólo porque el importe obtenido fuera inferior al 10 % del valor total. Por el contrario, SKO y la Comisión han subrayado acertadamente que la Directiva no atiende al valor de los derechos de emisión, sino a su número, que representa la cantidad de gases de efecto invernadero que se va a liberar.
104.

En lo que respecta al motivo v) (prestación de servicios a la AEOI y a Novin), no se presentaron pruebas ni información de que Bank Mellat hubiera prestado servicios a la AEOI. Reconoció prestar servicios a Novin, si bien explicando que dejó de hacerlo después de que se tomaran medidas restrictivas contra Novin. ¿Proporcionan tales servicios apoyo a las actividades de proliferación nuclear en el sentido de la Decisión 2010/413, el Reglamento no 423/2007, el Reglamento no 961/2010 y el Reglamento no 267/2012? La cuestión estriba en si el banco tomó medidas para poner fin a la prestación de los servicios tan pronto como supo o podría haber sospechado razonablemente que Novin participaba en actividades de proliferación nuclear. El Consejo no ha aportado datos, pruebas específicas o información que indiquen que el banco tenía conocimiento de la participación de Novin antes de la adopción de las medidas restrictivas de las Naciones Unidas. Las instituciones aceptaron que en el período subsiguiente, por orden inmediata del banco, no se prestaron nuevos servicios a Novin, aparte de pagos pendientes no relacionados con la proliferación nuclear. Tras señalar que el artículo 20, apartado 6, de la Decisión 2010/413, el artículo 9 del Reglamento no 423/2007, el artículo 18 del Reglamento no 961/2010 y el artículo 25 del Reglamento no 267/2012 permiten, en esencia, que se desbloqueen los fondos de las entidades afectadas para efectuar pagos en virtud de las obligaciones contraídas por ellas con anterioridad a su designación, en la medida en que dichos pagos no estén vinculados a la proliferación nuclear, el Tribunal General declaró que las circunstancias no justificaban la adopción de medidas restrictivas contra el banco. Habida cuenta de que las medidas restrictivas no estaban justificadas por los motivos i), iv) o v), el Tribunal General estimó el segundo motivo de Bank Mellat.
13.

Mientras que, a juicio del Bundesfinanzhof, la AuslInvestmG cumple los requisitos temporal y personal establecidos en el artículo 57 CE, apartado 1, pues dicha ley se ha mantenido en lo esencial inalterada desde el 31 de diciembre de 1993 y, en el caso de autos, se aplica a participaciones de fondos de inversión cuyas sociedades de gestión estaban domiciliadas en un tercer país, resulta que el requisito material no se cumple, lo cual debe conducir a la desestimación del recurso de casación de las autoridades tributarias alemanas. En efecto, según el órgano jurisdiccional remitente, es indudable que si el artículo 57 CE, apartado 1, no es aplicable en el asunto principal, tal como este órgano jurisdiccional tiende a sostener, la imposición a tanto alzado prevista en el artículo 18, apartado 3, de la AuslInvestmG, combinada, por un lado, con la imposibilidad de que un inversor demuestre el importe efectivo de sus rendimientos si un fondo de inversión no cumple los requisitos del artículo 17, apartado 3, de esta misma ley y, por otro lado, con el hecho de que no se ha designado ningún representante de conformidad con el artículo 18, apartado 2, de dicha ley, es manifiestamente incompatible con la libre circulación de capitales establecida en el artículo 56 CE y no puede estar justificada en virtud de las disposiciones del artículo 58 CE o por razones imperiosas de interés general. Por tanto, tomando como referencia la sentencia Cilfit y otros, ( 6 ) el órgano jurisdiccional remitente considera que no es necesario plantear una cuestión en relación con la interpretación de los artículos 56 CE y 58 CE.
40.

No obstante, en el presente asunto no puede entenderse que exista fraude fiscal por el hecho de que un trabajador que vive a menos de 150 kilómetros de la frontera neerlandesa se acoja al régimen de tanto alzado. En nuestro contexto no se acierta a ver cuál es el montaje puramente artificial que un trabajador como el Sr. Sopora estaría creando. En particular, importa que el Sr. Sopora no afirma haber incurrido en gastos extraterritoriales de un importe determinado, sino que desea acogerse, como otros trabajadores, a un régimen de tanto alzado que se aplica precisamente con independencia del importe efectivo de dichos gastos.
17.

A juicio de los demandantes, la idea de que debe tenderse a una interpretación amplia del concepto de distribución para que la protección de los titulares de los derechos quede garantizada y, en particular, para que no se vean menoscabadas sus posibilidades comerciales no resulta fundada cuando la oferta no da lugar a adquisición alguna. En ese caso, el titular del derecho no sufre ningún perjuicio y, por lo tanto, no tiene derecho a indemnización. Por otro lado, no es necesario extender el concepto de distribución para prohibir operaciones publicitarias, dado que la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, ( 12 ) prevé expresamente en su artículo 9, apartado 1, letra a), la posibilidad de que los tribunales competentes dicten un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual. Por lo tanto, cuando se trate de un acto que menoscabe un derecho de propiedad intelectual, los actos que lo precedan pueden prohibirse sobre esta base, sin que sea necesario considerarlos constitutivos de una vulneración de este derecho.
34.

Dado que, con toda probabilidad, una perforación de prospección normalmente estará incluida en la Directiva ERMA como prospección profunda, no es necesario extender el concepto de extracción de gas natural más allá del uso normal dado en la legislación de minas para garantizar la evaluación de tales repercusiones. Aunque Alemania no ve clara la interpretación de esta clase de proyecto, por no estar definido el concepto de prospección profunda, los Estados miembros no pueden concretar unilateralmente tal concepto del Derecho de la Unión, sino que ha de ser objeto de una interpretación autónoma y, en particular, a la luz de los objetivos de la Directiva ERMA.
61.

A la luz de todas las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main: «Una autoridad de supervisión competente puede invocar los deberes de confidencialidad que le incumben conforme al Derecho de la Unión y, en particular, en virtud del secreto profesional previsto en el artículo 54, apartado 1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, frente a una persona que le ha solicitado información sobre una determinada empresa de inversión que actualmente se encuentra en liquidación judicial tras su disolución por insolvencia, pese a que el modelo empresarial fundamental de dicha sociedad consistía en una estafa a gran escala con el objetivo deliberado de defraudar a los inversores, y varios responsables de dicha sociedad han sido condenados por sentencia firme a penas de varios años de prisión. En cualquier caso, cuando una empresa de inversión haya sido declarada en quiebra o esté en proceso de liquidación forzosa, toda aquella información confidencial que no ataña a terceros sólo podrá ser divulgada en virtud del artículo 54, apartado 2, de la Directiva 2004/39 en el curso de procedimientos civiles o mercantiles y si fuera necesario para el desarrollo de los mismos. No se podrá divulgar dicha información confidencial con objeto de sustentar un recurso ulterior independiente que no esté comprendido en el marco del procedimiento civil o mercantil pendiente.»
97.

En el asunto AFM v. Carroll, ( 36 ) la US Supreme Court confirmó la validez de una serie de precios mínimos (en lo sucesivo, «lista de precios») que un sindicato (que representaba a músicos y directores de orquesta) ( 37 ) exigía a los directores de orquesta aplicar a la hora de celebrar contratos con quienes requerían sus servicios. Aunque la Federal Court of Appeal había considerado que la lista de precios infringía por sí misma la Sherman Act, en la medida en que hacía referencia a precios y no a salarios (puesto que los directores de orquesta son autónomos y no asalariados), la US Supreme Court rechazó dicho enfoque porque pasaba por alto «la necesidad de indagar más allá de la forma». La US Supreme Court consideró que el elemento clave en ese caso no era si la lista se refería a precios o a salarios, sino si dicha lista protegía los salarios de los músicos contratados por el director. Al considerar que así era, la US Supreme Court declaró que la lista de precios estaba comprendida en la excepción relativa a las relaciones laborales de la Sherman Act. ( 38 )
81.

En mi opinión, las cifras presentadas por el Gobierno rumano y el desacuerdo de las partes sobre estas estimaciones son irrelevantes, ya que el presente asunto no se refiere a la cuestión de la restitución de los importes percibidos en virtud del OUG no 9/2013, sino a la restitución de los importes percibidos en virtud de la legislación anterior, en particular del OUG no 50/2008. De este modo, a falta de estimaciones precisas que permitan concluir que la economía rumana podría verse gravemente alterada debido a las repercusiones de la presente sentencia, estimo que, al igual que sucedió en el asunto Nisipeanu (EU:C:2011:466), no puede considerarse que se haya acreditado el requisito relativo a la existencia de un riesgo de trastornos graves.
36.

La excepción establecida en el artículo 185, apartado 2, de la Directiva del IVA no se opone a la regularización. Allí se mencionan diversos supuestos en los que no tiene lugar la regularización. No obstante, en esa disposición no se hace referencia al supuesto en que, una vez efectuado el pago anticipado a cuenta, la prestación no llega a realizarse.
60.

Parece también probable —y así pareció admitirlo sutilmente la Comisión en la vista, cuando se mostró de acuerdo en que era de lamentar que en la Directiva sobre folletos no se mencionaran en absoluto las ventas ejecutivas de valores— que el legislador sencillamente no estimara necesario contemplar las ventas ejecutivas. No he encontrado mención alguna de este tipo de ventas en los antecedentes del texto de la Directiva, y tampoco se ha formulado ante el Tribunal de Justicia observación alguna al respecto. Todo parece indicar que se supuso tácitamente que ese tipo de ventas no entraba en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre folletos, dado que no se creyó necesario mencionarlas expresamente a pesar de su especificidad.
98.

En todo caso, admitiendo que los proyectos invocados por el Gobierno alemán no hayan supuesto un perjuicio financiero concreto, ello no significa que no puedan ser objeto de extrapolación. El objeto de la extrapolación no es, como afirma la República Federal de Alemania, el efecto financiero de una irregularidad, sino la irregularidad misma en cuanto tal. Los proyectos en cuestión pudieran no haber producido un efecto financiero concreto, pero todos ellos incurrían en una grave irregularidad, a saber, no tratarse de PYME e incumplir, con ello, una de las condiciones principales de la subvención.
80.

Por un lado puedo apreciar, por ejemplo, la contundencia de los argumentos relativos a la máxima conveniencia de la «ventanilla única» dentro de un territorio, tanto para los titulares como para los usuarios; por otro lado, parece plausible que tal servicio pueda crearse en el ámbito de la Unión, siempre y cuando se eliminen todas las restricciones a la libre prestación de servicios en este terreno. No obstante, no se ha probado en ningún caso que ello ocurriría necesariamente sin una regulación. Y, aunque la Comisión puede no haber encontrado pruebas de la fragmentación de los repertorios o del descuido de la música de interés minoritario en los pocos Estados miembros en los que no existe actualmente un monopolio legal, ello no implica necesariamente que dichos efectos no se eviten en la práctica mediante la existencia de monopolios legales o monopolios de hecho en la mayoría de los Estados miembro. Asimismo, aunque la necesidad de regular las actividades de las sociedades de gestión colectiva no exige la imposición de monopolios nacionales, podría resultar difícil lograr el objetivo deseado únicamente mediante la subordinación de dichas sociedades a diversas medidas reglamentarias nacionales según los Estados miembros en los que lleven a cabo su actividad.
30.

Respecto a la fijación de precios de los servicios aéreos y, en particular, a la relacionada con la facturación de equipajes, por lo tanto, no hay que equivocarse de controversia. Si bien es perfectamente legítimo querer reordenar las prácticas comerciales de las compañías de transporte aéreo, no es menos cierto que el Reglamento no 1008/2008 tiene por objeto una desregulación del sector mediante el reconocimiento a esas compañías de la libertad de fijación de precios. En el presente asunto, por lo tanto, la cuestión estriba en determinar si el cobro por facturar un equipaje en concepto de suplemento opcional de precio está comprendido en el ámbito de esta libertad o si se trata, en sí, de una práctica ilícita que deberá considerarse desde el punto de vista de las disposiciones generales y especiales establecidas por la legislación sobre protección del consumidor. No obstante, el tratamiento de la cuestión no puede en modo alguno conducir a que se restablezca una normativa que el legislador de la Unión ha querido suprimir, salvo que se desee ocupar el lugar de éste.
58.

Dicho esto, no creo que pueda descartarse categóricamente que en determinadas circunstancias completamente excepcionales en las que la repercusión económica de la retroactividad sería especialmente grave, el Tribunal de Justicia pudiera considerar limitar los efectos en el tiempo de su sentencia, aun cuando no concurra el segundo requisito, relativo a la buena fe. Así ocurriría, en particular, cuando las repercusiones económicas se consideren manifiestamente desproporcionadas con respecto al grado de negligencia en que se haya incurrido. No obstante, he de advertir contra el abandono del criterio de la buena fe en las presentes circunstancias. Como he señalado antes, España parece haber asumido deliberadamente el riesgo de seguir adelante con la legislación controvertida y, en consecuencia, esa legislación se ha aplicado durante muchos años en perjuicio del consumidor final y del mercado interior.
47.

Dicho esto, no obstante, en mi opinión, si el trato dispensado a un trabajador a tiempo parcial es más desfavorable que el aplicado al t.c.e., al emplear el número de horas trabajadas como fundamento para reducir proporcionalmente un abono, la reducción alícuota únicamente puede ser «adecuada» o no serlo. Si el hecho de que el trabajador a tiempo parcial trabaje menos horas constituye una justificación objetiva para la reducción alícuota, la aplicación del principio pro rata temporis es «adecuada» y está cubierta por la cláusula 4, punto 2, del Acuerdo marco. Si no es «adecuada», no queda margen alguno para analizar si la reducción alícuota está objetivamente justificada por otros motivos y por tanto no infringe el principio de no discriminación con arreglo a la cláusula 4, punto 1.