2.

La Comisión estima que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véanse las sentencias de 23 de marzo de 1982, Levin, 53/81, Rec. p. 1035; de 3 de julio de 1986, Lawrie Blum, 66/85, Rec. p. 2139; de 21 de junio de 1988, Brown, 197/86, Rec. p. 3237), la Srta. Haugh debe ser considerada como un trabajador. En efecto, la principal característica de una relación laboral es la circunstancia de que una persona realice durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones por las cuales percibe una remuneración (sentencia de 21 de junio de 1988, Brown, antes citada). La Comisión añade que de la antes citada sentencia Lawrie Blum, de 3 de julio de 1986, se desprende que ni el hecho de que el período de prácticas pueda ser considerado como una preparación práctica vinculada al mismo ejercicio de la profesión de que se trate, ni el hecho de que el trabajador en prácticas no trabaje a tiempo completo y sólo perciba una remuneración inferior al mínimo de la retribución de un profesional al comienzo de su carrera que trabaje en el mismo sector, pueden oponerse a la calificación del trabajador en prácticas como trabajador. La Comisión añade que la Srta. Haugh estaba afiliada a la Seguridad Social francesa, por lo que también posee la condición de trabajador con arreglo al Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 43). Según la Comisión, el artículo 48 del Tratado CEE, en tanto que aplicación de la prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad que recoge el artículo 7 del Tratado, así como el artículo 7 del antes citado Reglamento n° 1612/68, prohiben todo tipo de trato discriminatorio del trabajador migrante en relación con el trabajador nacional. Según reiterada jurisprudencia, añade la Comisión, las referidas normas no sólo prohiben las discriminaciones ostensibles por razón de la nacionalidad, sino también cualquier otra forma encubierta de discriminación que conduzca, de hecho, al mismo resultado. En el caso de autos, la normativa francesa que se discute no se basa abiertamente en el criterio de la nacionalidad, sino en el criterio del país en donde ha hecho sus estudios el trabajador en prácticas. Ahora bien, continúa la Comisión, es fácil comprobar que dicha normativa tiene por efecto desfavorecer sobre todo a los nacionales de los restantes Estados miembros, puesto que disuade a los empresarios franceses de contratar trabajadores en prácticas originarios de otros Estados miembros, en relación con los cuales deben pagarse cotizaciones de Seguridad Social más elevadas. El hecho de que no exista convenio entre los Estados miembros implicados no puede obstaculizar la aplicación plena y en su integridad de las normas comunitarias sobre libre circulación de los trabajadores, que forman parte de los principios fundamentales de la Comunidad. Aunque el Tribunal de Justicia hubiese de llegar a la conclusión de que no se puede considerar como trabajador a un trabajador en prácticas que se encuentre en las circunstancias del litigio principal, la normativa que se discute debe considerarse, según la Comisión, contraria al artículo 7 del Tratado. Constituye jurisprudencia reiterada (sentencias de 13 de febrero de 1985, Gravier, 293/83, Rec. p. 606; de 2 de febrero de 1988, Blaizot, 24/86, Rec. p. 379; de 21 de junio de 1988, Lair, 39/86, Rec. p. 3161; de 27 de septiembre de 1988, Comisión/Bélgica, 42/87, Rec. p. 5445) que la materia de la formación profesional, a que alude el artículo 128 del Tratado, está incluida en el ámbito de aplicación del Tratado CEE y que, por consiguiente, resulta aplicable el artículo 7. La Comisión estima que la normativa francesa también resulta incompatible con el Derecho comunitario, y en particular con el artículo 7 del Tratado, si se considera a la luz de los programas «PETRA», «Comett II» o «Erasmus», programas de ámbito comunitario que tienen por objeto, entre otras cosas, favorecer la movilidad de los jóvenes en proceso de formación. En virtud de lo expuesto, la Comisión propone que se responda de la siguiente manera a la cuestión planteada: «Los artículos 48 del Tratado y 7 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que tenga como consecuencia el que, en el Estado miembro en el que esté en vigor, se impongan a los empresarios que contratan trabajadores en prácticas vinculados al sistema de formación profesional de otro Estado miembro cargas sociales patronales más onerosas que las que se imponen a los empresarios que contratan trabajadores en prácticas vinculados al dispositivo de formación profesional organizado por la Educación nacional del Estado de que se trate.» Ahora bien, en el supuesto de que deba considerarse que un trabajador en prácticas que se encuentre en las circunstancias del litigio principal no es un trabajador con arreglo al Derecho comunitario, la Comisión propone, con carácter subsidiario, que se responda que el artículo 7 del Tratado se opone a una normativa como la que se discute en el caso de autos.