2.

La segunda razón expuesta por la parte demandante consiste en que la Decisión no 1834/81/CECA podía ser adoptada según el procedimiento previsto en el artículo 95, ya que el Tratado CECA, en sus artículos 60 y 61, relativos a los precios, no prevé la extensión de las obligaciones que incumben a las empresas a otras empresas que estén bajo el control de las primeras. Si bien el artículo 60 prevé expresamente, en el último párrafo de su apartado 1, que la Alta Autoridad podrá definir las prácticas que son objeto de las prohibiciones del apartado 1, esta facultad se refiere únicamente a la naturaleza de las prácticas, no a los autores de las mismas. Corrobora esta interpretación el texto del artículo 63, que figura también en el capítulo sobre precios, y que establece en su apartado 2, letra b): «Las empresas serán responsables del incumplimiento por sus agentes directos o por los comisionistas que actúen por cuenta de dichas empresas de las obligaciones así contraídas». Al no existir ninguna habilitación para ampliar la enumeración que figura en este artículo, el Tratado la considera exhaustiva y únicamente podría ser ampliada aplicando los procedimientos previstos en el artículo 95, como hizo la Comisión en el caso de los comerciantes independientes mediante la Decisión no 1836/81/CECA, ( 11 ) adoptada el mismo día que la Decisión no 1834/81/CECA. La fuerza de este argumento sólo puede valorarse a la luz del contexto y de la finalidad de la Decisión en cuestión. Debe señalarse, en primer lugar, que la Decisión no 30/53 no está basada únicamente en el artículo 60, sino también en el apartado 2 del artículo 63. Ya en su primera versión, de 2 de mayo de 1953, esta Decisión se refería de una manera global a las organizaciones de venta, puesto que en su artículo 7 disponía que «las empresas serán responsables de las infracciones a la anterior obligación (es decir, la de atenerse a las normas establecidas en los artículos 2 a 6 de la Decisión) que cometan sus agentes directos, sus organizaciones de venta o sus comisionistas». En aquel momento, las organizaciones de venta estaban, por tanto, por así decirlo, asimiladas a los agentes directos o a los comisionistas, de los que trata la letra b) del apartado 2 del artículo 63. Más tarde, mediante la Decisión no 19/63, de 11 de diciembre de 1963, ( 12 ) este concepto de organización de venta fue precisado en el sentido indicado en los dos primeros guiones del nuevo apartado 2 del artículo 1 de la Decisión no 30/53. Las razones de esta precisión se indicaban en el tercer considerando de la Decisión no 19/63. ( 13 ) Mediante el artículo 8 de la misma Decisión, la Alta Autoridad introdujo además el concepto de «intermediarios», distinguiendo dos subcategorias. La primera comprende, entre otros, a los agentes, y la segunda, a los comisionistas. La parte demandante no ha impugnado la legalidad de esta Decisión, que no se basa, sin embargo, en el artículo 95, sino en los artículos 4, 60 y 63, apartado 2. Finalmente, como parte de las medidas de crisis que se vio obligada a adoptar en el sector del acero, la Comisión juzgó necesario tomar una medida aún más enérgica acerca de los precios de venta de los productos siderúrgicos y adoptó la Decisión no 1834/81/CECA (basada en el artículo 60). La introducción de una nueva categoría de organizaciones de venta en la Decisión no 30/53 (tercer guión del apartado 2 del artículo 1) se motivó de la siguiente manera en los considerandos cuarto y quinto de la Decisión no 1834/81/CECA: «considerando que, durante estos últimos años, con el fin de incrementar la distribución de sus productos, gran número de empresas de producción se han procurado, directa o indirectamente, el control de empresas de distribución sin que tales empresas distribuyan forzosamente de modo principal la producción de la empresa de la que dependen; que la experiencia ha demostrado que las empresas de producción pueden eludir las prohibiciones de discriminación que les conciernen con la simple intervención en sus ventas directas de las empresas de distribución a las que controlan; considerando que es procedente que las empresas de producción se sometan a las obligaciones derivadas de la Decisión no 30/53, para las ventas directas, en todos aquellos casos en los que las empresas de producción hagan intervenir a las empresas de distribución a las que controlan». Por lo tanto, la Comisión considera en cierto modo que la venta directa por una empresa de producción de sus productos sigue siendo una venta efectuada por esta empresa, incluso cuando una organización de venta actýe como intermediaria, siempre que la empresa de producción pueda ejercer un control sobre la política de precios practicada por la organización de venta en cuestión. El objetivo evidente de esta nueva modificación de la Decisión no 30/53 era, por tanto, garantizar la efectividad del artículo 60, al impedir que las empresas de producción pudieran sustraerse, mediante una artimaña, a sus obligaciones. Así pues, como el Tribunal ha declarado en varias ocasiones «la doctrina y la jurisprudencia coinciden al admitir que las reglas establecidas por un Tratado implican los principios sin los cuales dichas reglas no pueden aplicarse eficaz o razonablemente» ( 14 )(traducción provisional; en lo sucesivo **). Por otra parte, no se puede decir que se trate de un «caso no previsto en el Tratado», con arreglo al artículo 95. La obligación de base, cuyo cumplimiento se trata de garantizar, se deduce claramente del Tratado mismo («quedarán prohibidas en materia de precios las prácticas contrarias a los artículos 2, 3 y 4», artículo 60, primera frase). La última frase del apartado 1 del artículo 60 confiere a la Comisión la facultad de definir con mayor detalle «las prácticas que son objeto» de la prohibición establecida en dicho apartado. El principio según el cual las empresas serán responsables de las infracciones cometidas en materia de precios por los intermediarios que se hallan en una relación de dependencia respecto a ellas, puede deducirse también del Tratado, concretamente de la letra b) del apartado 2 del artículo 63, aun cuando este artículo sólo se refiere expressis verbis a los «agentes directos o a los comisionistas que actúen por cuenta de dichas empresas». Por último, puede decirse que el Tratado CECA, al atribuir a la Comisión la facultad de definir «las prácticas que son objeto» de la prohibición del apartado 1 del artículo 60, le ha conferido también la facultad de definir dichas prácticas en función de determinadas formas especiales según las cuales las empresas de producción pueden dedicarse a esas prácticas a condición de que la responsabilidad final de dicha conducta culpable pueda imputarse a estas empresas. Por tanto no era necesario recurrir al artículo 95. La situación cambia totalmente cuando ya no son las empresas de producción las verdaderas autoras de la infracción, sino empresas de distribución sobre las que aquéllas no tienen control. Así pues, en vista del hecho de que «el mercado del acero forma un todo en el cual los comerciantes ejercen un papel importante, dado que pasa a través de ellos más de la mitad del acero vendido en la Comunidad en ventas directas o franco almacén, incluidas las ventas de productos importados de terceros países», *** la Comisión ha considerado que «cualquier acción destinada a influir sobre los precios debe afectar no sólo a los productores, sino también a los comerciantes» (quinto considerando de la Decisión no 1836/81/CECA). *** También el mismo día en que adoptaba la Decisión no 1834/81/CECA, la Comisión dirigió a los Estados miembros la Recomendación no 1835/81/CECA ( 15 ) con el fin de obligarles a tomar las medidas necesarias para asegurar que «las empresas de distribución del acero (es decir, las empresas de distribución independientes, que no están bajo el control de una empresa de producción) respeten una normativa en materia de precios y de condiciones de venta análoga a la que el artículo 60 del Tratado y sus decisiones de aplicación imponen a las empresas de producción (tercer considerando de la Recomendación no 1835/81/CECA). A estos efectos, la Comisión utilizó la facultad que le confiere expresamente el apartado 3 del artículo 63 del Tratado CECA. Sin embargo, como era consciente de que la ejecución de esta Recomendación por los Estados miembros necesitaría cierto tiempo, impuso directamente, mientras tanto, mediante su Decisión no 1836/81/CECA, dichas obligaciones a las empresas de distribución (último considerando de la Recomendación no 1835/81/CECA). Para hacer esto, la Comisión tuvo que recurrir a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 95, pues como ella misma afirmaba en el sexto considerando de la Decisión no 1836/81/CECA, «el Tratado no ha previsto este caso», *** ya que, en virtud del artículo 80, el artículo 60 es aplicable únicamente a las empresas que ejercen una actividad de producción. Aunque ambas Decisiones se sitúan en un mismo contexto, tienen, por tanto, objetivos diferentes que justifican el haber recurrido a dos bases jurídicas distintas: mientras que la Decisión no 1836/81/CECA extiende el campo de aplicación de las normas en materia de precios, más allá del artículo 60, a las empresas de distribución (independientes), la Decisión no 1834/81/CECA no hace sino precisar, dentro de los límites del artículo 60, las responsabilidades de las empresas de producción por los actos de sus organizaciones de venta, dando una definición más precisa de estas últimas (por las razones expresadas en el cuarto considerando citado anteriormente). El legislador comunitario era consciente de esta distinción hasta el punto de excluir expresamente a «las organizaciones de venta en el sentido de la Decisión no 30/53» del campo de aplicación de la Decisión no 1836/81/CECA (tercer guión del apartado 1 del artículo 1) y del de la Recomendación no 1835/81/CECA (tercer guión del apartado 1 del artículo 2).