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La institución de Seguridad Social competente, la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, demandada en el asunto principal, considera, sin embargo, que las disposiciones contenidas en el Reglamento no 1408/71 que se refieren a la acumulación de períodos de seguro no son aplicables a la situación del demandante en el asunto principal. Según la Landesversicherungsanstalt, la acumulación de períodos está establecida a tenor del artículo 45 del Reglamento únicamente a efectos de la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones. Esta norma no puede, por lo tanto, ser aplicada con vistas a determinar si existe una obligación de afiliación a un determinado régimen de seguro de pensiones ni, más exactamente, con vistas a determinar la desaparición de la obligación legal de afiliación. Con el fin de resolver este litigio, el Landessozialgericht formuló a este Tribunal de Justicia las dos siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Ha de aplicarse por analogía también a efectos de determinar la existencia de la obligación de afiliación el artículo 45 del Reglamento no 1408/71, que regula la consideración de los períodos de seguro cubiertos en el extranjero a efectos de la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones? 2) A la hora de determinar la existencia de la obligación de afiliación regulada en la primera frase del apartado 1 de la Handwerkerversicherungsgesetz (HwVG), que subsiste mientras no se acrediten 216 mensualidades de cotización, ¿hay que sumar a las cotizaciones pagadas en Alemania las pagadas en Italia, o no?»
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De ello se infiere que la comunicación contemplada en el artículo 6 del Reglamento no 99/63, tal como se desprende de la expresión «[…] indicará las razones a los solicitantes», únicamente tiene por finalidad asegurar que un solicitante a efectos de la letra b) del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento no 17 sea informado de las razones que han conducido a la Comisión a concluir que los elementos que ha reunido durante la investigación no justifican dar curso favorable a la solicitud. Esta comunicación implica el archivo del expediente sin impedir no obstante a la Comisión la reapertura de este último, si lo estima útil, en particular, en caso de que el demandante aporte, en el plazo que a tal fin le conceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, nuevos elementos de hecho o de Derecho. No cabe, por tanto, acoger la tesis de la demandante, según la cual el autor de una solicitud presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 3 del Reglamento no 17 tiene derecho a obtener de la Comisión una decisión a efectos del artículo 189 del Tratado, acerca de la existencia de la infracción alegada.
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Considerando que la letra c) del apartado 1 del artículo 69 del Reglamento no 1408/71 permite al trabajador en paro total que reúna los requisitos exigidos por la legislación de un Estado miembro para tener derecho a las prestaciones, desplazarse a uno o varios Estados miembros, con el fin de buscar allí un empleo, conservando el derecho a estas prestaciones durante un período de tres meses, como máximo, contado a partir de la fecha en que haya dejado de estar a disposición de los servicios de empleo del Estado de procedencia; que a tenor del apartado 2 del citado artículo, «En el supuesto de que el interesado regrese al Estado competente antes de que se agote el período durante el cual tiene derecho a las prestaciones según lo dispuesto en la letra c) del apartado 1, seguirá teniendo derecho a las prestaciones conforme a la legislación de dicho Estado; perderá todo derecho a las prestaciones que pudieran corresponderle en virtud de la legislación del Estado competente, si no regresa a su territorio antes de que expire ese período. En casos excepcionales este plazo podrá ser ampliado por los servicios o instituciones competentes.» que, por consiguiente, la segunda frase del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento no 1408/71 permite a los servicios o instituciones competentes ampliar «en casos excepcionales» el plazo de tres meses a que está subordinada la conservación de las prestaciones prevista en dicha disposición;
Considerando que por resoluciones separadas de 3 de mayo de 1978 y de 6 de junio de 1978, recibidas en el Tribunal de Justicia los días 9 y 26 de junio de 1978, respectivamente, el Finanzgericht del Land de Hesse (Sala Séptima), planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, las cuestiones prejudiciales siguientes:

En el asunto 131/78

«¿Es el Reglamento (CEE) no 1173/75 del Consejo, de 28 de abril de 1975, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 1975/1976, los precios de umbral de los cereales (DO L 117, p. 6) inválido y, por tanto, inaplicable por infracción del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento no 120/67/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1967 (DO 1967, 117, p. 2269), modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) no 85/75 (DO 1975, L 11, p. 1), en cuanto afecta al trigo blando?»

En el asunto 150/78

«¿Es el Reglamento (CEE) no 1427/74 del Consejo, de 4 de junio de 1974, por el que se fijan para la campaña de comercialización 1974/1975 los precios de umbral de los cereales (DO L 151, p. 1) inválido y, por tanto, inaplicable por infracción del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento no 120/67/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1967 (DO 1967, 117, p. 2269), modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) no 1125/74 (DO 1974, L 128, p. 12)m en cuanto afecta al sorgo?»
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que dicha cuestión se planteó a raíz de una sentencia de la cour d'appel de París, de fecha 15 de marzo de 1976, por la que se condenó al Administrador de hecho de una sociedad francesa, declarada en estado de liquidación de bienes, a hacerse cargo de una parte de las deudas sociales, con arreglo al artículo 99 de la Ley francesa no 67.563, de 13 de julio de 1967, sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banquerantes (procedimientos concursales). El síndico solicitó que la sentencia se revistiera de la fórmula ejecutoria para la República Federal de Alemania, alegando que se trataba de un caso particular de responsabilidad civil comprendido dentro del ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 1 del Convenio; que el Oberlandesgericht de Frankfurt am Main, antes de que el Bundesgerichtshof conociera del caso, había desestimado una petición de exequátur por cuanto la condena personal, que no existe en el Derecho alemán, según el artículo 99 de la Ley francesa, no estaba incluida en el marco de las resoluciones en materia civil y mercantil del Convenio, sino que formaba parte del procedimiento de liquidación de bienes; que, ante esta situación, el Bundesgerichtshof planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión: «La resolución de un órgano jurisdiccional civil francés fundada en el artículo 99 de la Ley francesa no 67.563, de 13 de julio de 1967, por la que se condena al Administrador de hecho de una persona jurídica a pagar una cantidad determinada a la masa, ¿debe considerarse dictada en el marco de una quiebra o de un procedimiento análogo (número 2 del párrafo segundo del artículo 1 del Convenio), o procede considerar dicha sentencia como una resolución en materia civil y mercantil (párrafo primero del artículo 1 del Convenio)?»
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que de la resolución de remisión se desprende que, en virtud de lo previsto en las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 7 a) de la Fahrpersonalgesetz (Ley relativa a las tripulaciones de los transportes por carretera), el demandante en el litigio principal fue condenado en primera instancia, por haber efectuado, entre el 18 de julio y el 8 de septiembre de 1976, como conductor de camiones, diversos transportes de mercancías de larga distancia sin cumplir lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 11 del citado Reglamento, que establecen la duración máxima del tiempo de conducción y la duración mínima del tiempo de descanso, respectivamente; que el demandante alega que, en la medida en que las citadas disposiciones persiguen un objetivo de seguridad vial, la materia objeto del Reglamento no 543/69 es ajena al ámbito de competencias que el Tratado reconoce al Consejo en materia de transportes; que, para aclarar este punto, el órgano jurisdiccional nacional solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si el Reglamento no 543/69 «está cubierto por el Tratado CEE, siendo por ello válido».
El derecho de propiedad industrial o comercial, en cuanto régimen jurídico, no tiene los elementos contractuales o de concertación a que se refiere el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, pero su ejercicio puede estar comprendido en las prohibiciones del mismo Tratado si resulta ser el objeto, el medio o la consecuencia de una práctica colusoria. Así sucede cuando la combinación de un acuerdo consistente en la concesión del derecho exclusivo a ejercer un derecho de propiedad industrial y comercial en un determinado territorio y de un acuerdo que reconozca al concesionario de la licencia la condición de distribuidor exclusivo en el mismo territorio garantiza al concesionario de la licencia una protección territorial absoluta al impedir las importaciones paralelas.

Las características específicas del derecho de obtención vegetal derivadas de las particularidades de los procedimientos de reproducción de las semillas no exigen, en relación con las normas sobre la competencia, un trato diferente del de los demás derechos de propiedad industrial y comercial. Esta conclusión no afecta a la necesidad de tener en cuenta, para la aplicación de las normas sobre la competencia, la naturaleza específica de los productos que son objeto del derecho de obtención vegetal.

Sila licencia exclusiva concedida reviste el carácter de licencia abierta, es decir, se refiere únicamente a la relación contractual entre el titular del derecho y el concesionario de la licencia, en el sentido de que el primero se compromete únicamente a no conceder otras licencias para el mismo territorio y a no competir él mismo con el concesionario en el territorio de éste, la concesión de una licencia exclusiva del derecho de obtención vegetal sobre determinadas variedades de semillas nuevamente desarrolladas en un Estado miembro no es, en sí, incompatible con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, teniendo en cuenta el carácter específico de los productos de que se trata, si favorece la difusión de una nueva tecnología y la competencia entre el nuevo producto y los productos semejantes en el territorio de la Comunidad.
Asunto 182/78

Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds Drenthe-Platteland

contra

G. Pierik

Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep

«Prestaciones en especie a titulares»

Sumario de la sentencia

[Reglamento no 1408/71 del Consejo, art. 22, ap. 1, letra c)]

[Reglamento no 1408/71 del Consejo, art. 22, ap. 1, letra c), y ap. 2]

[Reglamento no 1408/71 del Consejo, art. 22, ap. 1, letra c), y ap. 2]

[Reglamento no 1408/71 del Consejo, art. 22, ap. 1, letra c)]

La definición del concepto de «trabajador» recogida en la letra a) del artículo 1 del Reglamento no 1408/71 del Consejo, tiene, a efectos de aplicación de dicho Reglamento, un alcance general y, teniendo esto en cuenta, abarca a cualquier persona que, con independencia de que ejerza o no una actividad profesional, esté asegurada en virtud de la legislación de Seguridad Social de uno o de varios Estados miembros. De ello se desprende que los titulares de una pensión o de una renta que les corresponda en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros, incluso en el caso de que no ejerzan una actividad profesional, están sujetos, como consecuencia de su afiliación a un régimen de Seguridad Social, a las disposiciones del Reglamento relativo a los «trabajadores», a no ser que se regule en disposiciones específicas adoptadas con respecto a ellos.

La letra c) del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento no 1408/71 no pretende, al referirse al «trabajador», limitar su ámbito de aplicación a los trabajadores activos en relación con los trabajadores inactivos, ya que la misma referencia se contiene en los artículos 25 y 26 del mismo Capítulo en relación con los «trabajadores en paro» y los «solicitantes de pensiones o de rentas», respectivamente.

En el caso de un titular de pensión o de renta que tenga derecho a prestaciones en especie en virtud de la legislación de un Estado miembro y que no ejerza un actividad profesional, el derecho a ser autorizado por la institución competente a desplazarse a otro Estado miembro para recibir la asistencia apropiada a su estado se regula por las disposiciones de la letra c) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento no 1408/71.

Desde el momento en que la institución competente reconoce que la asistencia apropiada al estado de un trabajador constituye un tratamiento necesario y eficaz de la enfermedad o de la afección que éste padece, quedan satisfechos los requisitos para la aplicación del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento no 1408/71 y la institución competente no puede, en ese caso, denegar la autorización prevista en dicha disposición y requerida en virtud de la letra c) de su apartado 1.
Asunto 118/78

C.J. Meijer BV

contra Department of Trade, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food and Commissioners of Customs and Excise

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court de Londres

«Restricciones a la importación de patatas»

Sumario de la sentencia

Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades Europeas — Acta de adhesión — Agricultura — Disposiciones relativas a la eliminación de restricciones cuantitativas — Excepciones a lo previsto en el apartado 2 del artículo 60 — Naturaleza jurídica — Disposición particular en el sentido del apartado 2 del artículo 9 — No

El apartado 2 del artículo 60 del Acta de adhesión no puede ser considerado como una disposición particular en el sentido de la reserva formulada por el apartado 2 del artículo 9 de dicha Acta, de suerte que, en virtud de esta última disposición, dejará de aplicarse al final del año 1977.
Asunto 97/78

Fritz Schumalla

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht de Düsseldorf

«Seguridad vial»

Sumario de la sentencia

Transportes — Política común — Competencia del Consejo — Alcance — Disposiciones de política social y de seguridad vial — Adopción — Legalidad

(Tratado CEE, arts. 74 y 75; Reglamento no 543/69 del Consejo)

Al confiar al Consejo la tarea de establecer una política común de transportes, en el sentido del artículo 74, el Tratado le confiere una amplia facultad normativa por lo que respecta a la adopción de las correspondientes normas comunes. El Reglamento no 543/69 del Consejo, adoptado en virtud del artículo 75 del Tratado y relativo principalmente a la materia social, no constituye sino un desarrollo parcial de dicha política. Por consiguiente, al regular mediante este acto materias relativas al mismo tiempo a la protección social del conductor y a la seguridad vial, por estar relacionadas entre sí, el Consejo no ha rebasado sus competencias.
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que de los autos se desprende que la demandante en el procedimiento principal invocó, en primer lugar, como base de sus pretensiones, la norma de no discriminación del artículo 95, que considera aplicable a los departamentos franceses de Ultramar; que las opiniones expuestas a este respecto durante el procedimiento por la Comisión, por un lado, y el Gobierno de la República Francesa, por otro, son contradictorias; que, según la Comisión, las disposiciones fiscales del Tratado no son aplicables a los departamentos franceses de Ultramar, por no contemplarse expresamente en el apartado 2 del artículo 227 y no haber sido declaradas aplicables mediante un acto ulterior; que, por el contrario, el Gobierno francés expresó la opinión según la cual los departamentos franceses de Ultramar pertenecen a la Comunidad, en la medida en que forman parte integrante de la República Francesa, y que, en consecuencia, todas las disposiciones del Tratado les son aplicables de pleno Derecho, salvo disposiciones particulares adoptadas por el Consejo, en caso de necesidad para tener en cuenta su especificidad, reconocida pro el Tratado; que el Gobierno de la República Federal de Alemania, sin definir su postura sobre esta cuestión de principio, expresó el parecer según el cual el artículo 95 se aplica, en todo caso, como complemento necesario de las disposiciones relativas a la supresión de los derechos de aduana y de las exacciones de efecto equivalente.
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Considerando que el artículo 14 del Reglamento de base no 459/68, modificado por el Reglamento (CEE) no 2011/73 del Consejo, de 24 de julio de 1973 (DO L 206, p. 3), después de haber dispuesto en su apartado 1 que «cuando […], no resulte necesaria ninguna medida de protección […] se concluirá el procedimiento», dispone en su apartado 2: «a) Se aplicará igualmente lo dispuesto en el apartado anterior si, en el curso del examen de los hechos, los exportadores se comprometen voluntariamente a revisar sus precios de forma que se elimine el margen de dumping o a cesar sus exportaciones del producto de que se trate con destino a la Comunidad, siempre que la Comisión, tras oír los dictámenes emitidos en el seno del Comité, considere aceptable esta solución. b) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión haya aceptado el compromiso a que el mismo se refiere, la investigación sobre el perjuicio se llevará, no obstante, a término cuando lo soliciten los exportadores o cuando lo decida la Comisión tras oír los dictámenes emitidos en el seno del Comité. Si la Comisión, tras oír los dictámenes emitidos en el seno del Comité, llega a la conclusión de que no existe perjuicio, el compromiso asumido por los exportadores se extinguirá automáticamente, a menos que éstos confirmen su validez. c) Los exportadores podrán abstenerse de suscribir los compromisos anteriormente mencionados o negarse a adoptarlos a pesar de que la Comisión les haya requerido para tal fin, sin que ello pueda ir en detrimento de su causa. No obstante, la Comisión podrá libremente considerar que la materialización de una amenaza de perjuicio es más probable si prosiguen las importaciones objeto de dumping. d) Si la Comisión comprueba que el compromiso de los exportadores ha sido burlado, incumplido o revocado y que, por lo tanto, pueden ser necesarias medidas de protección, lo comunicará inmediatamente a los Estados miembros y reanudará el examen de los hechos en el sentido del artículo 10. e) El apartado 1 del artículo 18 se aplicará mutatis mutandis a los compromisos que asuman los exportadores en base al presente artículo. Cualquier modificación de dichos compromisos se efectuará según el procedimiento previsto en el presente artículo.»
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que, sin embargo, esta institución se negó a conceder las prestaciones solicitadas basándose en que la Srta. Recq, al terminar sus estudios, había perdido la condición de derechohabiente de su padre, sin adquirir, no obstante, un derecho personal en virtud de la legislación social aplicable, ya que no había justificado el número de horas de trabajo por cuenta ajena o equiparable durante un período de referencia, determinado en virtud del artículo 249 L del code de sécurité sociale o poder ser considerada como trabajadora migrante a efectos del Reglamento no 1408/71;
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que dicha cuestión se suscitó en el marco de dos litigios relativos a la ejecución en la República Federal de Alemania de sendas resoluciones pronunciadas por el Tribunal de commerce de Bruselas sobre la recaudación por Eurocontrol de las cantidades adeudadas respectivamente por Bavaria y Germanair en concepto de canon por la utilización de las instalaciones y los servicios de Eurocontrol; que, en su sentencia de 14 de octubre de 1976, LTU/Eurocontrol (29/76,↔ Rec. p. 1541), sobre un asunto remitido por el Tribunal de apelación de Düsseldorf, con ocasión de un litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional sobre cánones de la misma naturaleza que el presente, el Tribunal de Justicia estimó: «1) Para la interpretación del concepto de “materia civil y mercantil” a fin de aplicar el Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en particular su Título III, procede referirse, por una parte, a los objetivos y al sistema del Convenio y, por otra parte, a los principios generales que se deducen de todos los sistemas jurídicos nacionales y no remitirse al Derecho de uno cualquiera de los Estados interesados. 2) Están excluidas del ámbito de aplicación del Convenio las resoluciones dictadas en los litigios entablados entre autoridades públicas y particulares, en los que la autoridad pública, haya actuado en ejercicio del poder público»; que el Bundesgerichtshof planteó esta cuestión teniendo en cuenta, en particular, dicha sentencia del Tribunal de Justicia y la existencia entre la República Federal de Alemania y el Reino de Bélgica de un Convenio «relativo al reconocimiento y a la ejecución recíproca, en materia civil o mercantil, de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos», firmado en Bonn el 30 de junio de 1958; que, con dicha cuestión se pretende fundamentalmente dilucidar si y en qué medida los conceptos jurídicos definidos por el Tribunal de Justicia en el marco del Convenio vinculan a los órganos jurisdiccionales nacionales a fin de aplicar, en su caso, un Convenio bilateral, como el citado, en las materias que están excluidas del ámbito de aplicación del Convenio; que, según las resoluciones de remisión, en Derecho alemán la cuestión de determinar si, para el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera, un litigio se refiere a una materia civil o mercantil, ha sido enjuiciada tradicionalmente según el Derecho del Estado en el que se haya pronunciado la sentencia.
Asunto 150/77

Bertrand

contra

Paul Ott KG

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation de France

«Venta a plazos»

Sumario de la sentencia

Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales — Competencia en materia de venta y préstamo a plazos — Concepto de «venta a plazos de mercaderías» — Calificación autónoma en el marco del Convenio — Significado

(Convenio de 27 de septiembre de 1968, arts. 13 y 14)

Como el concepto de contrato de venta a plazos difiere de un Estado miembro a otro según las finalidades perseguidas por las legislaciones respectivas, es necesario, en el marco del Convenio, considerar dicho concepto como autónomo y darle, por lo tanto, un contenido material uniforme fundado en el Derecho comunitario.

De acuerdo con los principios comunes a las legislaciones de los Estados miembros, la venta a plazos de mercaderías se entiende como una transacción en la que el precio se abona en varios pagos o está vincula da a un contrato de financiación. No obstante, una interpretación restrictiva del párrafo segundo del artículo 14 del Convenio, de acuerdo con los objetivos perseguidos por la sección 4, conduce a que el privilegio jurisdiccional previsto por dicha disposición no se reserve más que a compradores que necesiten protección, ya que su posición económica se caracteriza por su debilidad frente a los vendedores por ser aquéllos consumidores finales de carácter privado que no intervienen, mediante la compra del producto adquirido a plazos, en actividades comerciales o profesionales.