Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Procedimiento — Sometimiento del asunto al Tribunal de Primera Instancia en virtud de una cláusula compromisoria

(Arts. 238 CE y 240 CE)

2. Procedimiento — Sometimiento del asunto al Tribunal de Primera Instancia en virtud de una cláusula compromisoria — Escrito de interposición del recurso

(Art. 238 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 5 bis)

3. Procedimiento — Sometimiento del asunto al Tribunal de Primera Instancia en virtud de una cláusula compromisoria

(Art. 238 CE)

4. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario

(Art. 288 CE, párr. 2)

5. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Infracción de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares

(Art. 288 CE, párr. 2)

6. Presupuesto de las Comunidades Europeas — Reglamento financiero — Disposiciones aplicables a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos

[Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, art. 101, párr. 1]

7. Derecho comunitario — Principios — Protección de la confianza legítima — Contratación pública de las Comunidades Europeas

8. Contratación pública de las Comunidades Europeas — Procedimiento negociado

(Art. 288 CE, párr. 2)

9. Responsabilidad extracontractual — Requisitos

(Art. 288 CE, párr. 2)

10. Presupuesto de las Comunidades Europeas — Reglamento financiero — Disposiciones aplicables a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos

[Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, art. 101, párr. 1]

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1. Sólo las partes en una cláusula compromisoria pueden ser partes en una acción interpuesta con arreglo al artículo 238 CE. Así pues, a falta de expresión de la voluntad de las partes de atribuirle competencia para conocer de un litigio de base contractual, el Tribunal de Primera Instancia no puede admitir su competencia en el litigio puesto que, de no ser así, extendería su competencia jurisdiccional más allá de los litigios cuya competencia le atribuye con carácter limitado el artículo 240 CE, al expresar esta disposición que los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para conocer de los litigios en los que la Comunidad es parte. Al ser esta competencia comunitaria excepcional frente al Derecho común, debe por tanto ser interpretada restrictivamente.

Si en el marco de una cláusula compromisoria acordada conforme al artículo 238 CE, el tribunal comunitario puede ser competente para pronunciarse sobre el litigio aplicando un Derecho nacional que regula el contrato, su competencia para conocer de un litigio relativo a dicho contrato se apreciará únicamente con arreglo a las disposiciones del artículo 238 CE y a las estipulaciones de la cláusula compromisoria, sin que puedan oponérsele disposiciones del Derecho nacional que, supuestamente, obstaculizarían su competencia.

(véanse los apartados 53 y 55)

2. Si bien el artículo 238 CE no precisa la forma que debe revestir la cláusula compromisoria, del artículo 44, apartado 5 bis, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, que establece que la demanda presentada con arreglo al artículo 225 CE, apartado 1, y al artículo 238 CE deberá ir acompañada de un ejemplar de la cláusula que atribuye competencia a los tribunales comunitarios, se desprende que ésta debe en principio estipularse por escrito. El artículo 44, apartado 5 bis, de dicho Reglamento tiene, sin embargo, una finalidad probatoria y la formalidad que establece debe reputarse cumplida cuando los documentos aportados por la demandante permiten al órgano jurisdiccional comunitario al que están dirigidos tener un conocimiento suficiente del acuerdo adoptado por las partes del litigio de sustraer a los tribunales nacionales la controversia que les enfrenta en relación con el contrato para someterla a los tribunales comunitarios.

(véase el apartado 56)

3. En el supuesto de que la teoría de la apariencia hubiera de reconocerse en el Derecho comunitario, particularmente en materia de representación de las partes de un contrato, su aplicación supondría necesariamente que el tercero que invoca dicha apariencia deba probar que las circunstancias del caso le autorizaban a creer que la apariencia en cuestión concordaba con la realidad. De lo que se desprende que un demandante, que ejercitó su acción sobre la base de una cláusula compromisoria «aparentemente» pactada entre él y la Comisión, debe al menos probar que, dadas las circunstancias del caso, podía legítimamente creer que un agente de la Oficina de infraestructuras y logística de Bruselas, organismo creado por la Decisión 2003/523, tenía la facultad de comprometer contractualmente a la Comisión, actuando en nombre y por cuenta de la Comunidad.

(véase el apartado 60)

4. En materia de responsabilidad extracontractual de la Comunidad, un comportamiento ilegal reprochado a la institución debe constituir una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica cuyo objeto sea conferir derechos a los particulares. El criterio decisivo para considerar que una violación del Derecho comunitario es suficientemente caracterizada es la inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución comunitaria de que se trate, de los límites impuestos a su facultad de apreciación. Cuando dicha institución sólo dispone de un margen de apreciación considerablemente reducido, o incluso inexistente, la mera infracción del Derecho comunitario puede bastar para demostrar la existencia de una violación suficientemente caracterizada.

(véase el apartado 105)

5. La acción de la autoridad pública comunitaria, tanto en el ámbito administrativo como en el contractual, está siempre sometida al respeto del principio de la buena fe. Además, los justiciables no pueden beneficiarse abusivamente de las ventajas establecidas en el Derecho comunitario. Con ocasión de los tratos previos encaminados a la celebración de un contrato entre la autoridad pública comunitaria y un licitador en el marco de un procedimiento de adjudicación de contrato público, dichas normas jurídicas confieren ciertos derechos, cuya vulneración puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, a cualquier licitador en cuestión, al imponer determinados límites a la acción del órgano de contratación comunitario que decide renunciar al contrato y no contratar. Por lo demás, el principio de protección o respeto de la confianza legítima es un principio general del Derecho comunitario que confiere derechos a los particulares. Con ocasión de un procedimiento de adjudicación de contrato público, el principio de protección de la confianza legítima confiere ciertos derechos a cualquier licitador que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria, al darle seguridades concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas.

(véanse los apartados 107 a 109)

6. Se deriva concretamente del artículo 101, párrafo primero, del Reglamento nº 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, que, en el marco de un procedimiento negociado de adjudicación de un contrato público, sin publicación previa de anuncio de contrato, el órgano contratante dispone de una facultad de apreciación muy amplia para renunciar a celebrar el contrato y, consecuentemente, romper los tratos previos iniciados.

(véase el apartado 111)

7. El derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria, al darle seguridades concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas. Constituyen seguridades de esa índole, cualquiera que sea la forma en que le hayan sido comunicados, los datos precisos, incondicionales y concordantes que emanan de fuentes autorizadas y fiables. Si es cierto, a este respecto, que los operadores económicos deben soportar los riesgos económicos inherentes a sus actividades, y que en el ámbito de un procedimiento de adjudicación de un contrato público dichos riesgos económicos comprenden, en particular, los costes relacionados con la preparación de la oferta, puede producirse una violación del principio de la confianza legítima capaz de generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad si, antes de la adjudicación al vencedor del contrato de que se trate, el órgano de contratación incitase a un licitador a efectuar con antelación inversiones irreversibles y, por consiguiente, a contraer riesgos superiores a los inherentes a las actividades de referencia, consistentes en presentar una oferta.

(véanse los apartados 138 y 139)

8. En el marco de un contrato de bienes inmuebles negociado únicamente con una contraparte y relativo a un bien inmovilizado por razón de los tratos previos a la celebración del contrato, la Comisión ha violado, de forma suficientemente caracterizada, el principio de buena fe, y ha abusado de su derecho a no contratar, al haber informado a la contraparte de su decisión de renunciar al contrato y, por consiguiente, romper los tratos previos mantenidos con ella más de dos meses después de la adopción de esta decisión, continuando así con unos tratos previos que sabía condenados al fracaso, privando a ésta de la posibilidad de buscar otro eventual inquilino para el inmueble en cuestión desde la fecha de dicha decisión.

Además, la Comisión ha violado, de forma suficientemente caracterizada, el principio de protección de la confianza legítima al romper los tratos previos a la celebración del contrato después de haber incitado a su contraparte en las negociaciones a realizar las obras de acondicionamiento necesarias para poder alquilar dicho inmueble a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato de arrendamiento. En efecto, la demandante fue incitada por la Comisión, en su calidad de órgano de contratación, a efectuar anticipadamente determinadas inversiones irreversibles y, por consiguiente, a exceder los riesgos inherentes a las actividades consideradas, consistentes en presentar una oferta en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público. Además, la demandante actuó de manera razonable y realista al aceptar efectuar anticipadamente las inversiones necesarias para poder estar en condiciones de ejecutar el contrato de arrendamiento de conformidad con las exigencias de la Comisión, ya que había recibido previamente seguridades concretas de la Comisión en el sentido de que las obras de acondicionamiento que tenía que efectuar al margen de la cobertura contractual le serían reembolsadas por dicha institución.

Por lo tanto, en el momento de la ruptura de los tratos previos a la celebración del contrato, la Comisión adoptó un comportamiento ilegal capaz de generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, al dejar que continuasen unos tratos previos que sabía estaban condenados al fracaso y al romper tales negociaciones precontractuales después de haber incitado a su contraparte en las negociaciones a realizar las obras de acondicionamiento necesarias para el alquiler del inmueble a partir de la fecha prevista para la entrada en vigor del contrato de arrendamiento.

(véanse los apartados 131, 132, 137, 153, 155 y 156)

9. En el marco de un procedimiento negociado de adjudicación de un contrato público comunitario, la ruptura unilateral de los tratos previos a la celebración del contrato se deriva de la facultad del órgano de contratación de no celebrar el contrato de arrendamiento proyectado en virtud de lo dispuesto en el artículo 101, párrafo primero, del Reglamento nº 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. Por consiguiente, el operador económico nunca llega a adquirir ningún derecho a la celebración de ese contrato. Por otra parte, a falta de un acuerdo firme y definitivo entre las partes, el licitador no puede adquirir ningún derecho en virtud del contrato ni, por consiguiente, ningún derecho a obtener la ganancia contractual esperada. De ello resulta que el comportamiento ilegal adoptado por la institución, que procede únicamente de las circunstancias que rodearon al ejercicio por su parte de su derecho a renunciar al contrato y a romper unilateralmente los tratos previos a su celebración, no puede ser considerado como la causa del perjuicio consistente en la pérdida de una oportunidad de contratación y de obtener los beneficios que la celebración de dicho contrato permitiría esperar.

(véanse los apartados 161 y 162)

10. Del artículo 101, párrafo primero, del Reglamento nº 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, resulta que, en principio, los costes y gastos soportados por un licitador para participar en una licitación no pueden constituir un perjuicio susceptible de reparación mediante una indemnización de daños y perjuicios. Sin embargo, dicha disposición no es aplicable en el supuesto de que una infracción del Derecho comunitario en la dirección del procedimiento de licitación haya afectado a las posibilidades de un licitador de obtener la adjudicación del contrato, o haya llevado directamente a este último a sufragar unos gastos y costes injustificados, so pena de vulnerar los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.

(véase el apartado 165)