SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Primera)

de 23 de noviembre de 2010

Asunto F-75/09

Fritz Harald Wenig

contra

Comisión Europea

«Función pública — Funcionarios — Solicitud de asistencia — Ataque al honor y a la presunción de inocencia»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, mediante el que el Sr. Wenig solicita, por una parte, la anulación de las decisiones de la Comisión por las que se desestiman sus solicitudes de asistencia, y, por otra parte, la condena de ésta a reparar el perjuicio resultante de la supuesta ilegalidad de dichas decisiones.

Resultado: Se desestima el recurso del demandante. El demandante cargará con la totalidad de las costas.

Sumario

Funcionarios — Obligación de asistencia que incumbe a la administración — Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, art. 24)

En virtud de la obligación de asistencia, que se deriva del artículo 24, párrafo primero, del Estatuto, la administración debe, ante un incidente incompatible con el orden y la serenidad del servicio, intervenir con toda la energía necesaria y responder con la rapidez y la solicitud exigidas por las circunstancias del caso, con el fin de esclarecer los hechos y sacar de ellos las consecuencias apropiadas, con pleno conocimiento de causa. A tal efecto, es suficiente con que el funcionario que reclame la protección de su institución aporte un principio de prueba de la realidad de los ataques de los que afirme ser objeto. A la vista de tales datos, incumbirá a la institución de que se trate adoptar las medidas adecuadas para determinar, en su caso iniciando una investigación, los hechos que originaron la denuncia, en colaboración con el autor de ésta.

Por otro lado, la obligación de asistencia no está supeditada al requisito de que previamente se haya acreditado la ilegalidad de las actuaciones que motivaron la solicitud de asistencia por parte del funcionario. Por lo demás, semejante requisito estaría en contradicción con el objeto mismo de la solicitud de asistencia en los frecuentes casos en que tal solicitud se presenta precisamente con vistas a obtener, mediante una acción judicial a la que la institución preste su asistencia, que las actuaciones en cuestión sean declaradas contrarias a Derecho.

No obstante, si bien la obligación de asistencia a que se refiere el artículo 24, primer párrafo, del Estatuto constituye una garantía estatutaria esencial para el funcionario y no está supeditada al requisito de que previamente se haya acreditado la ilegalidad de las actuaciones que motivaron la solicitud de asistencia por parte del funcionario, es necesario que éste aporte elementos que apunten, a primera vista, a que dichas actuaciones le afectan por su condición de tal o como consecuencia del ejercicio de sus funciones y son ilegales con arreglo a la ley nacional aplicable. En efecto, si no se impusieran tales exigencias al funcionario, una administración se vería obligada, en cuanto uno de sus funcionarios presentase una denuncia por hechos supuestamente relacionados con el ejercicio de sus funciones, a prestarle asistencia con independencia de la naturaleza de dichos hechos, de la seriedad de la denuncia y de sus posibilidades de éxito.

Además, la administración no puede estar obligada a asistir a un funcionario de quien se sospecha, a la vista de elementos precisos y pertinentes, que ha incumplido gravemente sus obligaciones profesionales y que puede ser objeto por ello de diligencias disciplinarias, pese a que tal incumplimiento se haya producido a favor de actuaciones irregulares de terceros.

(véanse los apartados 46 a 49)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 26 de enero de 1989, Koutchoumoff/Comisión (224/87, Rec. p. 99), apartados 15 y 16

Tribunal de la Función Pública: 16 de enero de 2007, Vienne y otros/Parlamento (F-115/05, RecFP pp. I-A-1-9 y II-A-1-47), apartado 51