Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Prácticas colusorias — Prácticas concertadas sujetas ratione materiae y ratione temporis al régimen jurídico del Tratado CECA — Expiración del Tratado CECA — Mantenimiento del control por parte de la Comisión en el marco jurídico del Reglamento (CE) nº 1/2003

[Art. 65 CA, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo]

2. Actos de las instituciones — Ámbito de aplicación temporal — Expiración del Tratado CECA — Decisión de la Comisión adoptada contra una empresa tras la expiración del Tratado CECA y relativa a hechos anteriores a la expiración de dicho Tratado — Principio de legalidad de los delitos y las penas — Principio de confianza legítima — Alcance — Responsabilidad de las empresas por sus comportamientos contrarios a las normas de competencia, en el contexto de la sucesión del marco jurídico del Tratado CE al del Tratado CECA — Normas sustantivas — Normas de procedimiento

[Art. 65 CA, aps. 1, y 5; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 49, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, arts. 7, ap. 1, y 23, ap. 2]

3. Recurso de anulación — Sentencia anulatoria — Alcance — Fuerza absoluta de cosa juzgada — Alcance

4. Recurso de casación — Motivos — Fundamentos de una sentencia viciados por una infracción del Derecho de la Unión — Fallo justificado en virtud de otros fundamentos de Derecho — Desestimación

5. Competencia — Normas de la Unión — Infracciones — Imputación — Infracción cometida por una entidad que no ha desaparecido y continuada por otra entidad que la sucede en la actividad económica en el mercado de que se trate — Imputación de la totalidad de la infracción a esta otra entidad

(Arts. 81 CE, ap. 1, y 230 CE, párr. 4)

6. Competencia — Procedimiento administrativo — Prescripción en materia de actuaciones — Imputación de la infracción a una persona jurídica distinta de la persona responsable de la explotación de la empresa al cometerse la infracción

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 25, aps. 1 a 6; Decisión nº 715/78/CECA de la Comisión, art. 1, aps. 1 a 3]

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa imputada — Requisitos

(Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

8. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos presentados ante el Tribunal General — Exclusión salvo en caso de desnaturalización

[Arts. 225 CE, ap. 1, y 229 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 31]

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1. Con arreglo a un principio común a los sistemas jurídicos de los Estados miembros, cuyo origen se remonta al Derecho romano, la continuidad de las estructuras jurídicas debe quedar garantizada en caso de cambio de normativa, salvo que el legislador disponga lo contrario. Este principio se aplica a las modificaciones del Derecho primario de la Unión.

A este respecto, no hay indicio alguno de que el legislador de la Unión haya tenido intención de que las prácticas colusorias prohibidas por el Tratado CECA puedan eludir la imposición de toda sanción tras la expiración de éste. La sucesión de los Tratados CECA, CE y FUE permite, a fin de garantizar la libre competencia, que todo comportamiento que corresponda a la situación de hecho prevista en el artículo 65 CA, apartado 1, y haya tenido lugar antes o después de la expiración del Tratado CECA, el 23 de julio de 2002, haya podido ser sancionado por la Comisión y pueda seguir siéndolo.

En estas circunstancias, sería contrario a la finalidad y a la coherencia de los Tratados e inconciliable con la continuidad del ordenamiento jurídico de la Unión que la Comisión no estuviera facultada para garantizar la aplicación uniforme de las normas relativas al Tratado CECA que continúan produciendo efectos incluso después de la expiración de éste. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no incurre en error de Derecho al interpretar que el Reglamento nº 1/2003 permite a la Comisión constatar y sancionar, después de la expiración del Tratado CECA, las prácticas concertadas en los sectores comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado CECA ratione materiae y ratione temporis .

(véanse los apartados 72 a 74, 77 y 78)

2. El principio de legalidad de los delitos y las penas, tal como se recoge concretamente en el artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, exige que una normativa de la Unión defina claramente las infracciones y las sanciones. Además, el principio de seguridad jurídica exige que tal normativa permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que éstos puedan conocer, sin ambigüedad, sus derechos y obligaciones, y adoptar las medidas oportunas en consecuencia. A este respecto, en la medida en que los Tratados definen claramente tanto las infracciones como la naturaleza y la cuantía de las sanciones que pueden imponerse a las empresas por infringir las normas de competencia, el principio de legalidad de los delitos y las penas y el principio de seguridad jurídica no tienen por objeto permitir a las empresas eludir toda sanción relativa a su comportamiento infractor en el pasado debido a modificaciones posteriores de las bases jurídicas y de las disposiciones de procedimiento.

Por lo que se refiere a la decisión de la Comisión relativa a una situación jurídica consolidada con anterioridad a la expiración del Tratado CECA y adoptada contra una empresa con posterioridad a la expiración de dicho Tratado, el Tribunal de Primera Instancia no incurre en error al declarar, por una parte, que el respeto de los principios que rigen la aplicación de la ley en el tiempo y las exigencias de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima obligan a aplicar las disposiciones materiales del artículo 65 CA, apartados 1 y 5, a hechos ocurridos antes de la expiración del Tratado CECA y comprendidos dentro de su ámbito de aplicación ratione materiae y ratione temporis . A este respecto, el artículo 65 CA, apartados 1 y 5, establecía una base legal clara para imponer una sanción por infringir las normas de competencia, de manera que una empresa diligente no podía ignorar en ningún momento las consecuencias de su comportamiento ni contar con que la sucesión del marco jurídico del Tratado CE al del Tratado CECA daría lugar a que pudiera eludir toda sanción por las infracciones del artículo 65 CA cometidas en el pasado.

En lo que atañe, por otra parte, a las disposiciones de procedimiento aplicables, el Tribunal de Primera Instancia concluyó fundadamente que la Comisión es competente para llevar a cabo el procedimiento conforme a los artículos 7, apartado 1, y 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. En efecto, la disposición que constituye la base jurídica de un acto y que faculta a la institución de la Unión para adoptarlo debe estar en vigor en el momento de la adopción del acto y las normas de procedimiento se aplican en el momento de su entrada en vigor.

(véanse los apartados 79 a 83 y 86 a 88)

3. El principio de cosa juzgada tiene una importancia fundamental, tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales. La fuerza de cosa juzgada sólo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjados por la resolución judicial de que se trate.

Cuando el juez de la Unión deba limitarse a determinar el contenido de una declaración hecha por una empresa, para constatar que mediante dicha declaración se pretende la transferencia de responsabilidad por el comportamiento infractor de una empresa a otra, pronunciarse sobre la legalidad de esa operación constituye un obiter dictum pronunciado más allá de los límites del litigio planteado al juez de la Unión, que no zanja ni efectiva ni necesariamente una cuestión jurídica. En consecuencia, no puede tener fuerza de cosa juzgada.

(véanse los apartados 123, 131 y 132)

4. Aunque los fundamentos de Derecho de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia revelen una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, el recurso de casación debe desestimarse.

(véase el apartado 136)

5. En principio, incumbe a la persona física o jurídica que dirigía la empresa en el momento en que se cometió la infracción de las normas de competencia responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la decisión por la que se declara la existencia de la infracción ya no estuviera bajo su responsabilidad la explotación de la empresa. En cuanto a la cuestión de determinar en qué circunstancias una entidad que no es la autora de la infracción puede, sin embargo, ser sancionada por ella, está comprendida dentro de ese supuesto la situación en que la entidad que ha cometido la infracción ha dejado de existir jurídica o económicamente, por cuanto existe el riesgo de que una sanción impuesta a una empresa que ya no realiza actividades económicas pueda carecer de efecto disuasivo.

Cuando una empresa, surgida de la concentración de las actividades de dos sociedades, confirma expresamente mediante una declaración su voluntad de asumir, como empresa que prosigue las actividades económicas implicadas en una práctica colusoria, la responsabilidad del comportamiento infractor de una entidad perteneciente a una de estas sociedades, a efectos de la multa que la Comisión puede imponerle en el marco de las actuaciones emprendidas a causa de dicha práctica colusoria, la consecuencia jurídica de la transferencia de responsabilidad asumida por la empresa mediante dicha declaración es de todo punto precisa y previsible para ella.

La empresa que ha asumido esta responsabilidad ya no puede solicitar la revocación de su declaración en un momento en que la Comisión, sobre la base de esa declaración, le ha impuesto efectivamente una multa. No obstante, la irrevocabilidad posterior de tal declaración no impide a dicha empresa impugnar, mediante recurso ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, la interpretación del contenido de la declaración, o el reconocimiento explícito o implícito de elementos fácticos o jurídicos durante el procedimiento administrativo tramitado ante la Comisión, ya que esta irrevocabilidad no puede limitar el ejercicio mismo del derecho a recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia que tiene cualquier persona física o jurídica en virtud del artículo 230 CE, párrafo cuarto.

(véanse los apartados 143, 144, 149, 150 y 153 a 155)

6. Tanto el artículo 1, apartado 1, de la Decisión nº 715/78, relativa a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, como el artículo 25, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, someten el poder de la Comisión para imponer multas por las infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia a un plazo de prescripción de cinco años, que comenzará a contar, conforme al artículo 1, apartado 2, de dicha Decisión y al artículo 25, apartado 2, del citado Reglamento, a partir del día en que se haya cometido la infracción o en que ésta haya finalizado, y la prescripción puede quedar interrumpida o suspendida en virtud de los artículos 2 y 3 de la referida Decisión y del artículo 25, apartados 3 a 6, de ese Reglamento.

Por lo que se refiere a la decisión de la Comisión mediante la que se impone una multa por infringir las normas de competencia a una empresa que ha asumido, como adquirente de una entidad económica, la responsabilidad por el comportamiento infractor de esta entidad, la prescripción sólo puede apreciarse en relación con la empresa que ha asumido la responsabilidad, por cuanto la decisión de la Comisión impone una multa únicamente a ésta. En particular, si bien es cierto que determinados actos de la entidad transferida pueden seguir produciendo efectos respecto de la empresa que asume la responsabilidad y que la prescripción adquirida respecto a esa entidad no puede soslayarse mediante una transferencia de responsabilidad, de ello no resulta que la prescripción deba apreciarse en relación con dicha entidad.

(véanse los apartados 166 a 168)

7. Una reducción del importe de la multa impuesta por infringir las normas de competencia, basada en la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, sólo se justifica cuando quepa considerar que la información facilitada y el comportamiento de la empresa de que se trate revelan una auténtica cooperación por parte de ésta.

(véase el apartado 176)

8. Cuando el Tribunal de Primera Instancia declara que la Comisión consideró acertadamente que una empresa no debía beneficiarse de una reducción suplementaria de la multa superior al 20 % ya acordado, efectúa, en el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena que le confiere, en aplicación del artículo 229 CE, el artículo 31 del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, una apreciación de carácter fáctico, sustraída, como tal, del control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

Sobre este particular, de los artículos 225 CE y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia resulta que el Tribunal de Primera Instancia, por una parte, es el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos. Cuando el Tribunal de Primera Instancia ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, con arreglo al artículo 225 CE, un control sobre la calificación jurídica de éstos y las consecuencias en Derecho que de ella haya deducido el Tribunal de Primera Instancia. Salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba aportados ante el Tribunal de Primera Instancia, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 179 y 180)