Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión por la que se declara una ayuda compatible con el mercado común sin incoar el procedimiento de investigación formal — Recurso de una asociación constituida para promover los intereses colectivos de justiciables y que incluye a determinados competidores directos de los beneficiarios de dicha ayuda — Inadmisibilidad

(Arts. 88 CE, aps. 2 y 3, y 230 CE, párr. 4)

2. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión por la que se autoriza un régimen de ayudas modificado a raíz de una primera decisión que declaraba su incompatibilidad con el mercado común al término de un procedimiento de investigación formal — Recurso de una asociación que desempeñó un papel activo en dicho procedimiento pero que no fue más allá del ejercicio de los derechos de procedimiento reconocidos a los interesados en el artículo 88 CE, apartado 2 — Inadmisibilidad

(Art. 88 CE, aps. 2 y 3)

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1. Con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, una persona física o jurídica sólo puede interponer recurso contra una decisión dirigida a otra persona si esta decisión le afecta directa e individualmente. Los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión sólo pueden alegar que se ven afectados individualmente si ésta les atañe en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona y por ello los individualiza de manera análoga a la del destinatario.

Por lo que respecta a las decisiones de la Comisión en materia de ayudas de Estado, en el marco del procedimiento de control de las ayudas de Estado previsto en el artículo 88 CE, el Tratado tan sólo prevé la obligación de la Comisión de emplazar a los interesados para que presenten sus observaciones en el marco de la fase de examen prevista en el apartado 2 de este artículo, cuya finalidad es permitir a la Comisión obtener una información completa sobre el conjunto de datos del asunto.

Cuando, sin iniciar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, la Comisión declara, mediante una decisión adoptada sobre la base del apartado 3 del mismo artículo, que una ayuda es compatible con el mercado común, los beneficiarios de esas garantías de procedimiento únicamente pueden obtener su respeto si tienen la posibilidad de impugnar ante el juez comunitario dicha decisión. Por estos motivos, dicho órgano jurisdiccional admitirá un recurso que solicite la anulación de tal decisión, interpuesto por un interesado en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, cuando el autor del recurso, mediante su interposición, pretenda que se salvaguarden los derechos de procedimiento que le confiere esta disposición. Pues bien, los interesados en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, que pueden interponer recursos de anulación con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, son las personas, empresas o asociaciones que puedan verse afectadas en sus intereses por la concesión de la ayuda, es decir, en particular, las empresas competidoras de las beneficiarias de dicha ayuda y las organizaciones profesionales.

En cambio, si el demandante cuestiona el fundamento de la decisión de apreciación de la ayuda en sí misma, el mero hecho de que pueda ser considerado interesado en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, no basta para reconocer la admisibilidad del recurso. En tal caso, debe demostrar que goza de una situación particular, a saber, que la decisión le atañe en razón de determinadas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que lo caracteriza frente a cualquier otra persona y por ello lo individualiza de manera análoga a la del destinatario. Ello sucede, en especial, en el supuesto de que la posición del demandante en el mercado se vea afectada sustancialmente por la ayuda objeto de la decisión de que se trate.

Una asociación constituida para promover los intereses colectivos de una categoría de justiciables sólo puede ser considerada individualmente afectada si la posición de sus miembros en el mercado resulta sustancialmente afectada por el régimen de ayudas objeto de la decisión controvertida. Ello no sucede, aun suponiendo que algunos miembros de dicha asociación sean operadores económicos que puedan ser considerados competidores directos de los beneficiarios de las ayudas concedidas y que, por tanto, su posición competitiva se vea necesariamente afectada por la decisión impugnada, cuando está admitido que todos los operadores del sector afectado de la Unión Europea pueden ser considerados competidores de los beneficiarios de las citadas ayudas.

(véanse los apartados 32 a 37 y 70 a 72)

2. El hecho de que una asociación participase activamente en el procedimiento de investigación formal de un régimen de ayudas y en las conversaciones informales relativas a la aplicación de la decisión por la que se declara la incompatibilidad con el mercado interior adoptada al término de este procedimiento y lo hiciese de manera activa, en repetidas ocasiones y aportando informes científicos, y la circunstancia de que desempeñase un importante papel de interlocutor durante dicho procedimiento, de que la decisión controvertida por la que se autoriza el citado régimen de ayudas tras introducir modificaciones, pero sin incoar un nuevo procedimiento de investigación formal, esté directamente relacionada con la primera decisión y de que la propia Comisión admitiese que la citada asociación influyó en el proceso de decisión y constituyó una fuente de información interesante no permiten considerar que ésta fuera una negociadora individualmente afectada por la decisión controvertida, si el papel desempeñado por esta asociación durante el procedimiento de investigación formal no va más allá del ejercicio de los derechos de procedimiento reconocidos a los interesados en el artículo 88 CE, apartado 2. Por tanto, dicha asociación no está legitimada para impugnar la decisión controvertida adoptada por la Comisión con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3, y dirigida a un sujeto distinto de esta asociación.

(véanse los apartados 55 a 58)