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Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 21 de octubre de 1996. - Pantochim SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Ayudas de Estado - Procedimiento administrativo en curso - Demanda de medidas provisionales destinada a que se ordene a la Comisión dictar una orden conminatoria a un Estado miembro para que modifique las modalidades de concesión de una ayuda - Orden conminatoria que tiene por objeto una medida que excede de las competencias de la Comisión - Desestimación de la demanda. - Asunto T-107/96 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-01361



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Procedimiento sobre medidas provisionales - Medidas provisionales - Demanda destinada a que se ordene a la Comisión intimar a un Estado miembro a que modifique las modalidades de concesión de una ayuda - Desestimación

(Tratado CE, arts. 92; 93, aps. 2 y 3, y 186)

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Una demanda de medidas provisionales destinada a que se ordene a la Comisión intimar a un Estado miembro a conceder a la empresa demandante un régimen de exención del impuesto que, pese a que el Estado miembro interesado no la haya notificado previamente, es objeto de un procedimiento con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado, tiene que ser desestimada necesariamente puesto que la medida solicitada se halla manifiestamente fuera de las competencias que se reconocen a la Comisión en el procedimiento administrativo establecido por el apartado 2 del artículo 93 y, por lo tanto, es contraria a las normas comunitarias en materia de ayudas de Estado. A este respecto, cuando la Comisión comprueba, en el marco de dicho procedimiento, que una ayuda ha sido establecida sin habérsele notificado previamente, como determina el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, no puede adoptar más medida provisional que la que consiste en una orden conminatoria dirigida al Estado miembro interesado para que suspenda inmediatamente el pago de la ayuda y le facilite, en el plazo que ella determine, todos los documentos, informaciones y datos precisos para examinar la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado común.

Para mayor abundamiento, el Juez de medidas provisionales tiene que desestimar necesariamente una demanda dirigida a la adopción de una medida provisional que tiene el mismo contenido y los mismos efectos que la medida que, según la demandante, la Comisión se abstuvo de adoptar. En efecto, no sería conforme con los principios que rigen el reparto de competencias entre las diferentes Instituciones de la Comunidad, deseado por los autores del Tratado, que el Juez comunitario imponga a la Comisión que acoja la solicitud de medidas provisionales que le ha sido sometida.

Asimismo, dado que la medida solicitada implicaría que el Juez de medidas provisionales sustituya a la Comisión en la apreciación de la supuesta ayuda, así como de la eventual necesidad de su extensión a la demandante antes de que esta Institución adopte cualquier decisión en la materia, dicho Juez no se dirigiría a la Institución demandada, sino más bien al Estado miembro interesado.
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Funcionarios ° Recurso ° Legitimación activa ° Personas que reivindican la condición de funcionario o de agente que no sea local ° Candidato a un puesto de Presidente o de miembro de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Tratado CE, art. 179; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

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El artículo 179 del Tratado, que confiere competencia al órgano jurisdiccional comunitario para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Comunidad y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca el Estatuto o que resulten del régimen aplicable a estos últimos, debe interpretarse en el sentido de que se aplica no sólo a las personas que tienen la condición de funcionarios o de agentes que no sean agentes locales, sino también a los que reivindican dicha condición. En efecto, los artículos 90 y 91 del Estatuto relativos a los medios de impugnación no sólo son de aplicación a los funcionarios actualmente en servicio sino también a los candidatos a desempeñar una función.

Así, un demandante, candidato a un puesto de Presidente o de miembro de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, debe interponer imperativamente su recurso al amparo del artículo 91 del Estatuto, en la medida en que el litigio se refiere a su participación en el procedimiento de selección y no del artículo 173 del Tratado que no es aplicable al presente asunto.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 26 de noviembre de 1996. - Hedwig Kuchlenz-Winter contra Consejo de la Unión Europea. - Recurso por omisión - Antiguos funcionarios - Seguridad Social - Admisibilidad. - Asunto T-167/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-01607



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1 Recurso por omisión - Personas físicas o jurídicas - Acto solicitado - Reglamento - Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 175, párr. 3)

2 Recurso por omisión - Personas físicas o jurídicas - Omisiones susceptibles de recurso - Omisión del Consejo de pedir a la Comisión que le presentara propuestas de modificación del Estatuto de los Funcionarios - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 152 y 175)

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3 Debe declararse la inadmisibilidad de un recurso, interpuesto con arreglo al artículo 175 del Tratado, por una persona física o jurídica, cuando el único instrumento jurídico que permitiría estimar una petición presentada a la Institución de que se trata es un Reglamento, dado que éste no puede calificarse, ni por su forma ni por su naturaleza, de acto del cual pueda ser destinataria dicha persona, en el sentido del párrafo tercero del artículo 175.

Aun admitiendo que un justiciable pueda imputar a una Institución haberse abstenido de adoptar un acto del cual no es su destinatario, pero que le afecta directa e individualmente, tampoco podría declararse la admisibilidad de este recurso, dado que la demandante no ha acreditado que se encuentra en dicha situación, en lo que se refiere al acto de que se trata.

4 Debe declararse la inadmisibilidad de un recurso por omisión interpuesto por una persona física o jurídica y que tiene por objeto que se declare que el Consejo se ha abstenido de pronunciarse, contraviniendo el artículo 152 del Tratado, al no haber pedido a la Comisión que le presentara propuestas de modificación del Estatuto de los Funcionarios, dado que, en este ámbito, dicha Institución dispone de un amplio margen de apreciación.
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Medidas provisionales ° Suspensión de ejecución ° Suspensión de la ejecución de una decisión que impone una multa ° Requisitos para su concesión ° Constitución de una fianza ° Procedencia ° Límites ° Circunstancias excepcionales

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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Sólo cuando concurran circunstancias excepcionales corresponde al Juez de medidas provisionales ordenar la suspensión de la obligación de la empresa demandante de prestar un aval bancario que garantice el pago de la multa que le ha sido impuesta.

En lo que se refiere al peligro de quiebra que podría entrañar el cobro de la multa o la constitución de una garantía bancaria, no puede considerarse que ésta sea una circunstancia que dé lugar a la urgencia, debido a que la empresa está sometida a un procedimiento de saneamiento de empresas con dificultades durante el cual no puede ser declarada en quiebra y que, en todo caso, es decir, incluso en el supuesto de que no estuviera excluida la liquidación judicial, no parece que la ejecución forzosa que podría promover la Comisión, según los requisitos establecidos en el artículo 192 del Tratado, pueda, por sí sola, provocar dicha liquidación, habida cuenta del endeudamiento extremadamente importante de la empresa, del que el crédito de la Comisión sólo representa una parte ínfima, y de los derechos de los demás acreedores.

Por otra parte, por lo que se refiere a la ponderación de los intereses de que se trata, una situación de gran endeudamiento como la de la demandante impone que se exijan garantías destinadas a salvaguardar los intereses económicos de la Comunidad.
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Recurso por omisión - Finalización de la omisión antes de la interposición del recurso - Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 175)

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No se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso por omisión, previstos en el artículo 175 del Tratado, cuando la Institución demandada, a la que se ha requerido para actuar, define su posición, después de haber expirado el plazo de dos meses establecido en el párrafo segundo de dicho artículo, si bien antes de la interposición del recurso.

En este sentido, es indiferente el hecho de que dicha definición de posición de la Institución no satisfaga a la demandante, ya que el artículo 175 se refiere a la omisión que consiste en abstenerse de pronunciarse o no definir su posición y no a la adopción de un acto diferente del que los interesados hubieran deseado o considerado necesario.
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Así pues, el acta de la «reunión restringida» de 21 de marzo de 1989, redactada por Eurofer, recoge lo siguiente en el epígrafe «Results of the surveillance system»: «M. von Hülsen gave information on the introduction of a statistical information system concerning monthly bookings and deliveries inside Eurofer. The result of the first inquiry for the months of January and February was given, showing an overall good situation [...]» (véase el documento 24 del apéndice 3 de la demanda en el asunto British Steel).(«El Sr. von Hülsen [Director General de Eurofer] informó sobre la introducción de un sistema de información estadística sobre los pedidos y entregas mensuales en el seno de Eurofer. Los resultados de la primera investigación, para los meses de enero y febrero, fueron comunicados y muestran una buena situación general [...]»)
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El Tribunal de Primera Instancia considera que las alegaciones formuladas por la parte que solicita la intervención, basadas en que la lengua inglesa es la lengua de trabajo del grupo del que forma parte y en que el procedimiento ante la Comisión se desarrolló en esta lengua, no permiten concluir que, de no autorizarse tal excepción vayan a resultar lesionados sus derechos durante la fase escrita del procedimiento, dado que tiene la posibilidad de obtener, por sus propios medios, traducciones al inglés de los escritos procesales y otros documentos de los autos (véanse los autos del Tribunal de Primera Instancia Ladbroke Racing/Comisión, antes citado, apartado 17; de 1 de julio de 1993, Air France/Comisión, T-3/93, apartado 23; de 15 de julio de 1993, Air France/Comisión, T-2/93, apartado 18, y de 10 de febrero de 1995, Comité des Salines de France/Comisión, T-154/94, apartado 41, no publicados en la Recopilación, y Auditel/Comisión, antes citado, apartado 37). Por lo tanto, la petición de excepción al régimen lingüístico debe denegarse en lo que respecta a la fase escrita del procedimiento.
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Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Actos que las afecten directa e individualmente ° Reglamento que fija, para una región determinada, la cantidad de vino de mesa que debe destilarse, así como los porcentajes de la producción de vino de mesa que deben entregarse a la destilación obligatoria

(Tratado CE, art. 173, párr. 4; Reglamentos de la Comisión nos 343/94 y 610/94)

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No obsta al alcance general y, por lo tanto, a la naturaleza normativa de un acto la posibilidad de determinar con mayor o menor precisión el número o incluso la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplica en un momento dado, siempre que conste que esta aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de Derecho o de hecho definida por el acto y relacionada con la finalidad de éste. Para que dichos sujetos puedan considerarse individualmente afectados por el acto cuya anulación solicitan, es preciso que éste los afecte en su posición jurídica debido a una situación de hecho que los caracteriza en relación con cualquier otra persona y los individualiza de forma análoga a la de un destinatario.

Ahora bien, el establecimiento, para la campaña 1993/1994, tanto por el Reglamento nº 343/94, de la cantidad de vino de mesa que debe destilarse en la región 4, a saber, Italia, como por el Reglamento nº 610/94, de los porcentajes de su producción que los productores afectados deben entregar a la destilación se efectuó a partir de datos objetivos relativos a las características de la campaña de que se trata comunicados por las autoridades nacionales, sin que se tuviera en cuenta la situación particular de los productores de vino de mesa de la región de Véneto. Las disposiciones impugnadas de los Reglamentos afectan a estos últimos únicamente por su condición objetiva de productores de vino de mesa, de la misma forma que a cualquier otro operador económico que desarrolle su actividad en el mismo mercado por lo que no pueden impugnarlas por medio de un recurso de anulación al no cumplirse los requisitos previstos por el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado.
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1. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Concepto de denuncia en el sentido del Reglamento nº 17 - Denuncia referida únicamente a las disposiciones del Tratado relativas a ayudas de Estado - Exclusión - Consecuencias en cuanto a la calificación que debe darse a la respuesta de la Comisión

(Tratado CEE, art. 85, 86, 92 y 93; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

2. Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos vinculantes - Procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre la competencia - Observaciones preliminares de la Comisión - Comunicación prevista en el artículo 6 del Reglamento nº 99/63 - Actos de trámite

(Tratado CEE, art. 173; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, § 2; Reglamento nº 99/63 de la Comisión, art. 6)

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1. No puede calificarse de solicitud basada en el artículo 3 del Reglamento nº 17 una denuncia presentada ante la Comisión que de un modo claro se refiera exclusivamente a los artículos 92 y 93 del Tratado, pero no a los artículos 85 y 86. En consecuencia, y sin perjuicio de una denuncia complementaria basada en los artículos 85 u 86 y recibida en el ínterin por la Comisión o de una Decisión de ésta de iniciar de oficio un procedimiento con arreglo a tales artículos, la respuesta que se dé a aquella denuncia no podrá interpretarse como una respuesta de la Comisión a una solicitud del referido tipo.

2. Ni las observaciones preliminares emitidas por los Servicios de la Comisión en el momento de iniciarse un procedimiento para la comprobación de la infracción de las normas de competencia, ni la comunicación al denunciante prevista en el artículo 6 del Reglamento nº 99/63, pueden considerarse, a la vista de su naturaleza y efectos jurídicos, como decisiones contra las que se pueda interponer recurso de anulación de conformidad con el artículo 173 del Tratado. En el marco de un procedimiento administrativo como el que se regula en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento nº 17 y en el artículo 6 del Reglamento nº 99/63, las referidas observaciones y comunicaciones no constituyen actos que produzcan efectos jurídicos obligatorios que afecten a los intereses de los demandantes, sino actos preparatorios.

Con mayor razón aun, no se podrá considerar como una decisión en el sentido del artículo 173 una correspondencia dirigida a un denunciante que no se pronuncie sobre la calificación de los hechos alegados ni tenga por efecto, por sí misma y en la fase del procedimiento en la que se dicte, el de poner término a la instrucción llevada a cabo por la Comisión.
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1. Funcionarios - Recursos - Recurso interpuesto contra una decisión de un tribunal de concurso - Motivos basados en la irregularidad de la convocatoria de concurso, no impugnada en tiempo hábil - Inadmisibilidad - Límites - Irregularidad sobrevenida durante el desarrollo del concurso

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

2. Funcionarios - Recursos - Recurso interpuesto contra la no inscripción en una lista de aptitud - Admisibilidad - Motivos que pueden invocarse

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

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1. Un funcionario no puede, en apoyo de un recurso contra una decisión de no admisión al concurso, invocar motivos resultantes de la pretendida irregularidad de la convocatoria del mismo cuando no haya impugnado a su debido tiempo las disposiciones de la convocatoria que, según él, le resultan lesivas. Si no fuera así, sería posible impugnar una convocatoria de concurso mucho tiempo después de publicada y cuando la mayor parte o todas las actuaciones del concurso ya se han desarrollado, lo que es contrario a los principios de la seguridad jurídica, de la confianza legítima y de la buena administración. Distinto es el supuesto en que el funcionario alega irregularidades cuyo origen puede, efectivamente, encontrarse en el texto de la convocatoria del concurso, pero se ha incurrido en tales irregularidades durante el desarrollo del mismo.

2. Es posible, en principio, la admisión de un recurso contra una decisión de no inscripción en la lista de aptitud establecida por un tribunal de concurso. No obstante, si la no inscripción trae causa de que el candidato no obtuvo en las pruebas la puntuación mínima exigida por la convocatoria de concurso, el demandante no puede alegar eficazmente más que un solo motivo, consistente en un manifiesto error de apreciación de sus aptitudes por parte del tribunal calificador y, en especial, de una atribución errónea, por parte del citado tribunal, de una nota eliminatoria en las pruebas. Dado que el demandante no alegó que el tribunal calificador le atribuyera erróneamente una nota eliminatoria, procede declarar la no admisión de las pretensiones cuyo fin es la anulación o la modificación de la lista de aptitud.
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Además, la clasificación de un producto con arreglo a otras normas del Derecho de la Unión no es, en principio, determinante para su clasificación a efectos del registro de una marca de la Unión. En efecto, por una parte, del artículo 33, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 se desprende, en esencia, que, a efectos del registro de una marca de la Unión, los productos y los servicios se clasificarán de conformidad con la Clasificación de Niza. Por otra parte, si bien los actos legislativos de la Unión citados por la recurrente revisten una importancia primordial para el sector del que se trata, dado que preservan el proceso de fabricación, etiquetado y distribución de los medicamentos, no influyen, sin embargo, necesariamente en el modo en que los productos y los servicios se clasifican en la Clasificación de Niza. A este respecto, es importante no confundir la función esencial de la marca con las otras funciones que, en su caso, también pueda cumplir esta, como la que consiste en garantizar la calidad del producto de que se trate. Por consiguiente, la clasificación de un producto con arreglo a otras normas del Derecho de la Unión, como la Directiva 2001/83, no es en principio determinante para su clasificación a efectos del registro de una marca de la Unión [véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM), T‑372/20, no publicada, EU:T:2021:652, apartado 38 y jurisprudencia citada].
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La demandante ha propuesto una estimación numérica del importe que debía servir de base para el cálculo de la cuantía de la indemnización ligada a la pérdida de oportunidades. No obstante, no se puede aceptar tal estimación. En efecto, no es posible cuantificar correctamente esa oportunidad ni precisar las consecuencias económicas de la pérdida de oportunidades, debido a que un cálculo correcto del perjuicio material de la demandante depende de diversas hipótesis, en particular, por lo que respecta al sentido de la nueva decisión adoptada por la AESPJ a la vista de la presente sentencia, a la duración total de la carrera de la demandante en la AESPJ o incluso a sus promociones. Por consiguiente, habida cuenta de todas las circunstancias del asunto, hay que estimar el perjuicio sufrido ex æquo et bono (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2020, VP/Cedefop, T‑187/18, no publicada, EU:T:2020:613, apartado 200 y jurisprudencia citada).
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En este contexto, la convocatoria de propuestas precisa, en el punto 6.1, letra b), que los solicitantes, los solicitantes principales y los cosolicitantes que pueden participar en dicha convocatoria deben ser, en particular, personas jurídicas o representantes de los trabajadores, como los comités de empresa. Asimismo, las organizaciones de interlocutores sociales sin personalidad jurídica en virtud del Derecho nacional aplicable también pueden presentar una candidatura con arreglo al artículo 197, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento financiero»), y siempre que reúnan los requisitos de dicho Reglamento.
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Primeramente, el demandante, apoyado en esencia por Hungría, alega que el CELM no es apto para la realización de las tareas y los objetivos de un centro de la diversidad lingüística en el ámbito de las lenguas regionales o minoritarias. Según el demandante, por un lado, las competencias del CELM no abarcan tales tareas y objetivos, como demuestra el hecho de que sus estatutos no hagan referencia alguna a tales idiomas, ni a las demás tareas objeto de la propuesta 3. Por otro lado, las actividades del CELM no incluyen la promoción de dichas lenguas regionales o minoritarias, ni los objetivos perseguidos por la propuesta 3, como demuestra el hecho de que dichas lenguas no se mencionen explícitamente en ninguno de los proyectos del programa del CELM 2020 a 2023 y de que las actividades de formación y de asesoramiento de este programa no mencionen ninguna actividad relevante al respecto. Por otra parte, según la arquitectura institucional del Consejo de Europa, la Secretaría de este último es el organismo encargado de la promoción de las lenguas regionales o minoritarias, sobre la base de la Carta del Consejo de Europa referida en el apartado 54 de la presente sentencia. Pues bien, varios de los países que se negaron a firmar o ratificar la Carta del Consejo de Europa se adhirieron al Acuerdo del CELM. Hungría expone, por su parte, que el CELM y el departamento competente del Consejo de Europa para las lenguas minoritarias son unidades organizativas distintas, entre las que no existe ningún vínculo ni cooperación.
5.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 83)