1.

La Comisión alega, en primer lugar, que la excepción prevista por el artículo 1 del Real Decreto de 27 de abril de 1984 respecto al agua extraída por las personas físicas para su uso doméstico no es compatible con la Directiva 80/778. Subraya que el ámbito de aplicación de la Directiva, como se describe en general en el artículo 1, es «la calidad de las aguas destinadas al consumo humano» y que a tenor del artículo 2 estas aguas se definen como «todas las aguas utilizadas para tal fin [...] sea cual fuere su origen». La Comisión precisa, además, que, según el primer considerando de la Directiva, las normas de calidad que deben satisfacer las aguas destinadas al consumo humano están fijadas en interés de la salud pública. A su juicio, este interés es idéntico tanto si se trata de agua extraída por personas físicas para sus propias necesidades como de agua destinada al consumo humano. Por otra parte, considera que esta conclusión no puede quedar afectada por el hecho de que, según el artículo 12 de la Directiva, deban efectuarse controles regulares de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano en el punto en que queden a disposición del usuario. A este respecto, la Comisión se opone a la alegación del Gobierno belga en el procedimiento administrativo previo según el cual dichos controles sólo se aplican a las tomas públicas de agua, puesto que carecerían de sentido para las tomas privadas. Considera la Comisión que la disposición del citado artículo relativa al control no tiene tanta importancia como para señalar un ámbito de aplicación de la Directiva en contra de las disposiciones expresas de los artículos 1 y 2. En segundo lugar, la Comisión alega que el artículo 5 del Real Decreto de 27 de abril de 1984 no es compatible con la Directiva, por cuanto esta disposición no tiene en cuenta el apartado 3 del artículo 9 de la Directiva, que establece que, en circunstancias de accidentes graves o en situaciones relativas a circunstancias meteorológicas excepcionales, la superación de las concentraciones máximas admisibles en ningún caso debe referirse a los factores tóxicos y microbiológicos. En cuanto a la calidad del agua del pantano de la Gileppe, la Comisión sostiene que no cumple los requisitos expresados en la Directiva y en el Real Decreto de 27 de abril de 1984. Basándose en el escrito de la representación permanente de Bélgica de 17 de enero de 1988, señala que la situación en él descrita, y en particular el hecho de que la calidad del agua de Verviers sólo mejorará con la entrada en servicio de la estación depuradora prevista para finales de 1990, es incompatible con el artículo 19 de la Directiva, a tenor del cual la calidad de las aguas destinadas al consumo humano deberá conformarse a la Directiva no más tarde del 18 de julio de 1985. Por otra parte, la Comisión considera que la solicitud presentada por el Gobierno belga en el citado escrito por lo que se refiere al aplazamiento de la aplicación de la Directiva a los consumidores de Verviers no puede considerarse como una «solicitud especial» en el sentido del artículo 20 de la Directiva, porque no responde a las exigencias en él mencionadas. Además de que esta solicitud fue presentada ocho años después de la notificación de la Directiva, no considera las dificultades encontradas ni propone un plan de acción acompañado de un calendario. El Gobierno belga precisa, en primer lugar, que el Real Decreto de 27 de abril de 1984 fue anulado por el Decreto n° 31587 del Consejo de Estado de Bélgica, adoptado el 14 de diciembre de 1988. Precisa además que corresponde a las Regiones tomar las medidas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico belga a la Directiva 80/778, pues desde el 1 de enero de 1989 son éstas las competentes en la materia. No obstante, la Región flamenca había adaptado su Derecho a la Directiva mediante «besluit van de Vlaamse Executieve houdende Vaststelling van een technische reglementering inzake drinkwater» (Decreto del ejecutivo flamenco sobre el establecimiento de normas técnicas relativas al agua potable) de 15 de marzo de 1989, que fue publicado poco después. El Gobierno belga informa al Tribunal de Justicia que la excepción que figura en el artículo 1 del Real Decreto anulado, relativa al agua extraída para uso doméstico, no se recoge en el citado Decreto del Gobierno flamenco y que, además, éste elimina la divergencia entre dicho artículo 5 del Real Decreto y el apartado 3 del artículo 9 de la Directiva. La Región valona y la Región de Bruselas adoptarán próximamente medidas análogas para adaptar su Derecho a la Directiva y el Gobierno belga informará sin falta al Tribunal de Justicia en cuanto se hayan adoptado estas medidas. Por último, por lo que respecta a la calidad del agua de Verviers, el Gobierno belga subraya que la Región valona está ejecutando las disposiciones que fueron adoptadas anteriormente para mejorar la situación, de manera que a partir del 31 de diciembre de 1990 la calidad del agua responderá a las normas de la Directiva. A este respecto, comunica el importe destinado a las obras en curso e informa que, gracias a las medidas provisionales adoptadas, el 75 % de la población puede disponer ya de un agua que se ajusta a los requisitos expuestos en la Directiva. No obstante, reconoce que técnicamente no es posible terminar las obras proyectadas a un ritmo acelerado.