CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MELCHIOR WATHELET

presentadas el 7 de septiembre de 2017 ( 1 )

Asuntos acumulados C‑66/16 P a C‑69/16 P y asuntos C‑70/16 P y C‑81/16 P

Comunidad Autónoma del País Vasco,

Itelazpi, S.A. (C‑66/16 P),

Comunidad Autónoma de Cataluña,

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C‑67/16 P),

Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (C‑68/16 P),

Cellnex Telecom, S.A., antes denominada Abertis Telecom, S.A.,

Retevisión I, S.A. (C‑69/16 P),

contra

Comisión Europea

y

Comunidad Autónoma de Galicia,

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (C‑70/16 P),

contra

Comisión Europea

y

Reino de España (C‑81/16 P)

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Ayudas de Estado — Televisión digital — Ayuda para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas — Subvención en favor de los operadores de plataformas de televisión digital terrestre — Decisión por la que se declaran las medidas de ayuda parcialmente incompatibles con el mercado interior — Concepto de ayuda de Estado — Ventaja — Servicio de interés económico general — Definición — Margen de apreciación de los Estados miembros»

Introducción

1. Mediante sus recursos de casación, la Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi, S.A. (C‑66/16 P), la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C‑67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (C‑68/16 P), Cellnex Telecom, S.A., y Retevisión I, S.A. (C‑69/16 P), la Comunidad Autónoma de Galicia y Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal) (C‑70/16 P), así como el Reino de España (C‑81/16 P), solicitan la anulación de las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Comisión (T‑462/13, EU:T:2015:902), Comunidad Autónoma de Cataluña y CTTI/Comisión (T‑465/13, no publicada, EU:T:2015:900), Navarra de Servicios y Tecnologías/Comisión (T‑487/13, no publicada, EU:T:2015:899), Abertis Telecom y Retevisión I/Comisión (T‑541/13, no publicada, EU:T:2015:898), Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (T‑463/13 y T‑464/13, no publicada, EU:T:2015:901), y España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891) (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias recurridas»), mediante las cuales dicho Tribunal desestimó sus recursos solicitando la anulación de la Decisión 2014/489/UE de la Comisión, de 19 de junio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.28599 [C 23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/09)] concedida por el Reino de España para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas (excepto en Castilla-La Mancha) (DO 2014, L 217, p. 52; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).

2. De conformidad con lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en un motivo común que constituye el eje central de los seis recursos de casación y exige la interpretación de la sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415; en lo sucesivo, «sentencia Altmark»), y del artículo 106 TFUE, apartado 2.

3. En efecto, en los considerandos 119 a 126 y 172 ( 2 ) de la Decisión controvertida, la Comisión Europea consideró que, si bien las autoridades nacionales o regionales debían definir claramente un servicio público o un servicio de interés económico general (SIEG) y encomendarlo a una empresa determinada con arreglo tanto a la sentencia Altmark como al artículo 106 TFUE, apartado 2, las autoridades españolas en cuestión no habían definido claramente la explotación de una plataforma de radiodifusión terrestre como servicio público o SIEG.

4. Las partes demandantes en las sentencias recurridas interpusieron sus recursos ante el Tribunal General entre el 30 de agosto de 2013 y el 9 de octubre de 2013, solicitando la anulación de la Decisión controvertida. Entre los motivos alegados en apoyo de sus respectivos recursos, las ahora recurrentes impugnaron el análisis realizado por la Comisión en los considerandos 119 a 126 y 172 ( 3 ) de su Decisión. El Tribunal General desestimó estos recursos.

5. El motivo común a los seis recursos de casación tiene por objeto, por una parte, precisar los límites del primer requisito de la sentencia Altmark ( 4 ) y de una de las condiciones que impone el artículo 106 TFUE, apartado 2, a saber, el alcance de la exigencia de una definición «clara» de las obligaciones de servicio público o de SIEG, y, por otra parte, la cuestión del alcance del control jurisdiccional que debe realizarse a este respecto.

Marco jurídico

6. El artículo 14 TFUE establece: «Sin perjuicio del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea y de los artículos 93, 106 y 107 del presente Tratado, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Unión y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los Tratados, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido. […]»

7. El artículo 106 TFUE, apartado 2, dispone lo siguiente: «Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión».

8. El Protocolo n.o 26 sobre los servicios de interés general, que figura como anexo al Tratado UE, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, y al Tratado FUE (en lo sucesivo, «Protocolo n.o 26») establece lo siguiente: «[…] Artículo 1 Los valores comunes de la Unión con respecto a los servicios de interés económico general con arreglo al artículo 14 [TFUE] incluyen en particular: el papel esencial y la amplia capacidad de discreción de las autoridades nacionales, regionales y locales para prestar, encargar y organizar los servicios de interés económico general lo más cercanos posible a las necesidades de los usuarios; […] Artículo 2 Las disposiciones de los Tratados no afectarán en modo alguno a la competencia de los Estados miembros para prestar, encargar y organizar servicios de interés general que no tengan carácter económico.»

9. El Protocolo n.o 29 sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros, que figura como anexo al Tratado UE, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, y al Tratado FUE (en lo sucesivo, «Protocolo n.o 29») establece lo siguiente: «[…] Las disposiciones de los Tratados se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Unión en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público.»

Decisión controvertida

10. Los presentes recursos de casación se refieren a las medidas adoptadas por las autoridades españolas en el marco de la transición de España de la radiodifusión analógica a la radiodifusión digital en todo el territorio español, a excepción de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Esta digitalización, que puede efectuarse técnicamente mediante plataformas terrestres, satelitales, por cable o mediante el acceso a Internet de banda ancha, permite una utilización más eficiente del espectro de frecuencias de radio.

11. El Reino de España estableció un marco normativo para impulsar el proceso de transición de la radiodifusión analógica a la radiodifusión digital, promulgando en particular la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (BOE n.o 142, de 15 de junio de 2005, p. 20562; en lo sucesivo, «Ley 10/2005»), y el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (BOE n.o 181, de 30 de julio de 2005, p. 27006; en lo sucesivo, «Real Decreto 944/2005»). Este Real Decreto impuso a los radiodifusores nacionales privados y públicos la obligación de garantizar, respectivamente, que el 96 % y 98 % de la población recibieran la televisión digital terrestre (TDT).

12. A fin de gestionar la transición de la televisión analógica a la digital, las autoridades españolas dividieron el territorio español en tres zonas distintas: la Zona I, que abarca al 96 % de la población española y en la que, como esta zona se consideró comercialmente rentable, el coste de la transición digital debía ser soportado por los radiodifusores públicos y privados; la Zona II, que comprende regiones menos urbanizadas y remotas que representan el 2,5 % de la población española, en la que los radiodifusores, al no existir un interés comercial, no habían invertido en la digitalización, lo que llevó a las autoridades españolas a poner en práctica una financiación pública; la Zona III, que abarca al 1,5 % de la población española, en la que la topografía excluye la transmisión de la TDT, por lo que las autoridades españolas eligieron la plataforma satelital.

13. En septiembre de 2007, el Consejo de Ministros adoptó el Plan Nacional de Transición a la TDT, que ejecuta el Plan técnico nacional establecido en el Real Decreto 944/2005. Este Plan dividió el territorio español en noventa proyectos técnicos de transición digital y estableció una fecha límite para el cese de la radiodifusión analógica para cada uno de estos proyectos. El objetivo establecido en este Plan era alcanzar una tasa de cobertura de la población española por el servicio de la TDT similar a la alcanzada por la televisión analógica en 2007, a saber, más del 98 % de dicha población y la totalidad o casi totalidad de la población en las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña y Navarra.

14. Con el fin de alcanzar los objetivos de cobertura establecidos para la TDT, las autoridades españolas previeron la concesión de financiación pública, especialmente para apoyar el proceso de digitalización terrestre en la zona II y más concretamente en el interior de las Comunidades Autónomas situadas en dicha zona. ( 5 )

15. El 18 de mayo de 2009, la Comisión recibió una denuncia de SES Astra SA, parte coadyuvante en primera instancia, que tenía por objeto un presunto régimen de ayuda estatal que las autoridades españolas habían adoptado para la conversión de la televisión analógica a la televisión digital en la zona II. Según esta parte, esta medida constituía una ayuda estatal no notificada que ocasionaba un falseamiento de la competencia entre las plataformas de radiodifusión terrestre y satelital.

16. Mediante escrito de 29 de septiembre de 2010, la Comisión informó al Reino de España de su decisión de incoar el procedimiento contemplado en el artículo 108 TFUE, apartado 2, en relación con el régimen de ayudas en cuestión para todo el territorio de España, con excepción de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, región con respecto a la cual se incoó un procedimiento separado (en lo sucesivo, «Decisión de incoación»). Mediante la publicación de la Decisión de incoación, el 14 de diciembre de 2010, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DO 2010, C 337, p. 17), la Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones.

17. Tras haber recibido las observaciones de las autoridades españolas y de otras partes interesadas, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, cuya parte dispositiva establece lo siguiente: «Artículo 1 La ayuda estatal concedida a los operadores de la plataforma de televisión terrestre para el despliegue, el mantenimiento y la explotación de la red de televisión digital terrestre en la zona II, ejecutada ilegalmente por [el Reino de] España infringiendo lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, es incompatible con el mercado interior, con la excepción de la ayuda que fuera concedida con arreglo al criterio de neutralidad tecnológica. Artículo 2 La ayuda individual otorgada en virtud del régimen mencionado en el artículo 1 no constituye ayuda si, en el momento de su concesión, cumple las condiciones establecidas por el reglamento adoptado en aplicación del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 994/98 del Consejo[, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales (DO 1998, L 142, p. 1), aplicable en el momento de la concesión de la ayuda]. Artículo 3 1. [El Reino de] España procederá a recuperar de los operadores de Televisión Digital Terrestre la ayuda incompatible concedida en virtud del régimen mencionado en el artículo 1, recibieran la ayuda directa o indirectamente. […] Artículo 4 1. La recuperación de la ayuda concedida en virtud del régimen mencionado en el artículo 1 será inmediata y efectiva. […] Artículo 5 El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.»

18. Con el fin de motivar la Decisión controvertida, ( 6 ) la Comisión estimó que la medida en cuestión debía ser considerada como una ayuda estatal a tenor de lo dispuesto en el artículo 107 TFUE, apartado 1. ( 7 ) La Comisión consideró que los operadores de la plataforma de TDT eran los beneficiarios directos de la ayuda, ( 8 ) mientras que los operadores de red que habían participado en las licitaciones referentes a la extensión de la cobertura de la TDT eran los beneficiarios indirectos de la ayuda. ( 9 ) La Comisión consideró en particular que la ventaja que otorgaba esta medida a estos últimos operadores era selectiva, dado que tal medida sólo beneficiaba a un sector de la radiodifusión y, dentro de este sector, la misma medida sólo incidía en las empresas que intervenían en el mercado de la plataforma terrestre. ( 10 )

19. Según la Decisión controvertida, las autoridades españolas presentaron, como mejor y único ejemplo, el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que la digitalización fue efectuada por la empresa pública Itelazpi, para alegar la ausencia de ayudas estatales con arreglo a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Altmark. ( 11 ) Sin embargo, la Comisión consideró que no se había cumplido el primer requisito de esta sentencia, según el cual la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y según el cual estas obligaciones han estar claramente definidas. ( 12 ) También entendió que no podía invocarse la excepción contemplada en el artículo 106 TFUE, apartado 2. ( 13 )

20. A este respecto, los considerandos 119 a 126 de la Decisión controvertida, que llevan por título «Primera condición Altmark: definición clara y encomienda de las obligaciones de servicio público», establecen lo siguiente: «(119) La legislación española no declara que la explotación de una red terrestre sea un servicio público. La Ley [General] de Telecomunicaciones de 1998 [ ( 14 )] establece que los servicios de telecomunicaciones, incluida la explotación de redes de difusión de radio y televisión, son servicios de interés económico general, si bien no tienen rango de servicios públicos, que solo se reserva a unos pocos servicios de telecomunicaciones. [ ( 15 )] La Ley [General] de Telecomunicaciones actualmente en vigor [ ( 16 )] mantiene la misma definición. Los servicios emisores para la radiodifusión de televisión, es decir, el transporte de señales a través de las redes de telecomunicaciones, se consideran servicios de telecomunicaciones y, como tales, son servicios de interés económico general, pero no constituyen un servicio público. [ ( 17 )] (120) En cualquier caso, las disposiciones de la Ley se caracterizan por su neutralidad tecnológica. Su artículo 1 define las telecomunicaciones como la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados. Telecomunicaciones son la transmisión de señales a través de cualquier red de difusión, y no a través de la red terrestre en particular. [ ( 18 )] Además, el artículo 3 de la Ley especifica que uno de sus objetivos es fomentar, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnológica en la regulación. (121) Aunque la norma vigente y aplicable en el momento de la transferencia de fondos a Itelazpi definía la radiodifusión pública como servicio público, en opinión de la Comisión no es posible ampliar esta definición a la explotación de una determinada plataforma de soporte. Además, cuando existen varias plataformas de transmisión, no se puede considerar que una de ellas en concreto sea “esencial” para la transmisión de las señales de radiodifusión. Por tanto, habría constituido un error manifiesto que la legislación española declarara que el uso de una determinada plataforma para la transmisión de las señales de radiodifusión constituye un servicio público. (122) Por tanto, se concluye que, con arreglo a la legislación española, la explotación de las redes terrestres no tiene rango de servicio público. (123) Las autoridades vascas alegan que la encomienda de la prestación de este servicio de interés económico general a Itelazpi se incluye explícitamente en los convenios celebrados entre el Gobierno Vasco, [Euskadiko Udalen Elkartea] EUDEL (Asociación de Municipios Vascos) y las tres Diputaciones Forales vascas. (124) En los convenios, la Administración vasca reconoce que valores como el acceso universal a la información y a la pluralidad informativa demandan la universalización del servicio de televisión en abierto y se compromete a salvaguardar estos valores extendiendo la cobertura de los múltiples estatales. [ ( 19 )] No obstante, ninguna disposición de los convenios sugiere realmente que la explotación de la red terrestre se considere servicio público. Por consiguiente, la Comisión estima que la redacción de dichos convenios no basta para definir claramente el alcance de la misión de servicio público y, con base en este argumento, no puede alegarse que la transmisión a través de la red terrestre sea un servicio público. (125) Como consecuencia de ello, no se ha acreditado que se haya cumplido la primera condición de la sentencia Altmark. (126) Los criterios establecidos en la sentencia Altmark son acumulativos, es decir, se han de cumplir todos ellos para que la medida no se considere ayuda estatal. Al no cumplirse el primer criterio, la financiación concedida a Itelazpi por las autoridades del País Vasco no cumple los requisitos para ser considerada compensación por la prestación de un servicio de interés económico general.»

21. El considerando 172 de la Decisión controvertida, que lleva por título «Artículo 106, apartado 2, del TFUE», dispone lo siguiente: «La excepción contemplada en el artículo 106, apartado 2, que puede aplicarse a la compensación estatal por los costes de prestar un servicio público, no puede invocarse ni en este caso en general ni en el caso del País Vasco. La Comisión considera que las autoridades nacionales (o regionales) han de definir claramente el SIEG y encomendárselo a una empresa determinada. Como se ha evaluado en los considerandos 119 a 122, se estima que ni España ni las autoridades vascas definieron claramente la explotación de una plataforma terrestre como servicio público.»

Sentencias recurridas

22. En los asuntos que dieron lugar a las sentencias del Tribunal General de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Comisión (T‑462/13, EU:T:2015:902), Comunidad Autónoma de Cataluña y CTTI/Comisión (T‑465/13, no publicada, EU:T:2015:900), y Abertis Telecom y Retevisión I/Comisión (T‑541/13, no publicada, EU:T:2015:898), las partes entonces demandantes formularon un motivo basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que consideraban que la Comisión declaró de forma errónea la existencia de una ayuda estatal.

23. El Tribunal General desestimó este motivo por infundado.

24. El Tribunal General rechazó, en particular, la alegación de las entonces demandantes según la cual la medida controvertida no podía calificarse de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, al no haber supuesto la concesión de una ventaja económica a los beneficiarios, por cuanto se habían cumplido los requisitos de la sentencia Altmark.

25. En el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal General de 26 de noviembre de 2015, Navarra de Servicios y Tecnologías/Comisión (T‑487/13, no publicada, EU:T:2015:899), la entonces demandante formuló un motivo basado, con carácter subsidiario, en la infracción del artículo 106 TFUE, apartado 2, y del Protocolo n.o 29.

26. El Tribunal General desestimó este motivo por infundado.

27. En estos cuatro asuntos, el Tribunal General declaró en particular que la Comisión no había incurrido en un error al considerar que, a falta de una definición clara y precisa del servicio de que se trata como servicio público, no se había cumplido el primer criterio de la sentencia Altmark. ( 20 )

28. Asimismo, en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal General de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (T‑463/13 y T‑464/13, no publicada, EU:T:2015:901), el Tribunal General desestimó un motivo invocado con carácter subsidiario basado en una infracción del artículo 106 TFUE, apartado 2. Dicho Tribunal dictaminó, en particular, que las entonces demandantes no habían demostrado que la Comisión hubiera errado al considerar que, a falta de una definición clara del servicio de explotación de una red terrestre como servicio público, no se había cumplido el primer requisito de la sentencia Altmark. ( 21 )

29. Por último, en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal General de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891), el Tribunal General desestimó un motivo basado en una infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1. Mediante este motivo, el Reino de España había alegado, en particular, que la medida en cuestión constituía un SIEG y que se había cumplido el primer requisito previsto por la sentencia Altmark. En el apartado 75 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891), el Tribunal General declaró que la Comisión no había incurrido en error al considerar que, ante la inexistencia de una definición clara del servicio de explotación de una red terrestre como servicio público, no se había cumplido el primer criterio de la sentencia Altmark.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

30. Mediante decisión de 28 de marzo de 2017, el Tribunal de Justicia ordenó la acumulación de los asuntos Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Comisión (C‑66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña y CTTI (C‑67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías/Comisión (C‑68/16 P), así como Cellnex Telecom y Retevisión I/Comisión (C‑69/16 P), a efectos de la fase oral y de la sentencia.

31. La Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi, la Comunidad Autónoma de Cataluña y el CTTI, Navarra de Servicios y Tecnologías, Cellnex Telecom y Retevisión I, SES Astra y la Comisión presentaron observaciones escritas en dichos asuntos.

32. Asimismo, la Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal, SES Astra y la Comisión presentaron observaciones escritas en el asunto C‑70/16 P. Por último, el Reino de España y la Comisión presentaron observaciones escritas en el asunto C‑81/16 P.

33. Una vez finalizada esta fase escrita del procedimiento, el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, estimó que disponía de información suficiente sobre los seis recursos de casación para resolver sin celebrar una vista oral.

Alegaciones de las partes

Sobre los asuntos acumulados C‑66/16 P a C‑69/16 P ( 22 )

34. Los presentes recursos de casación se basan en un motivo único dividido en seis partes. Como se ha indicado en el punto 2 de las presentes conclusiones, centraré mis conclusiones en las partes primera y segunda del motivo único.

35. Mediante la primera parte de su motivo único, las partes recurrentes alegan que el Tribunal General realizó una aplicación errónea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, según la cual la definición de los SIEG por un Estado miembro sólo puede ser cuestionada por la Comisión en caso de error manifiesto. ( 23 )

36. Las partes recurrentes alegan que, para validar la apreciación de la Comisión, el Tribunal General se basó como único motivo en que la definición del SIEG de que se trata por parte de las autoridades españolas no era lo suficientemente «clara y precisa», sin, por lo demás, declarar que dicha definición fuera «manifiestamente errónea». Al contrario, según ellas, el Tribunal General no negó que existiera un fallo de mercado ni que el servicio de que se trata fuera una actividad susceptible de calificarse de SIEG.

37. Al actuar de este modo, a su juicio, el Tribunal General superó el límite del control del error manifiesto establecido en el artículo 14 TFUE, el artículo 106 TFUE, apartado 2, el artículo 107 TFUE, apartado 1, y en el Protocolo n.o 26.

38. La Comisión considera que la primera parte del motivo único es inoperante o, en todo caso, infundada.

39. La Comisión recuerda que la sentencia Altmark exige que las autoridades públicas encomienden al operador de que se trate una misión de SIEG mediante un acto de poder público que defina claramente las obligaciones en cuestión. ( 24 ) En el presente asunto, a su juicio, el Tribunal General, con base en los actos que se le habían aportado, concluyó que ninguno de ellos definía la explotación de una red de TDT en la zona II como SIEG, ya fuera a nivel nacional o regional.

40. Así pues, la Comisión sostiene que, antes de abordar la cuestión de la existencia, o inexistencia, de un error manifiesto en la definición y la atribución de un SIEG, el Tribunal General debía determinar si existía un acto (o varios) de poder público en virtud del cual (o de los cuales) se había encomendado al operador una misión de SIEG, lo que a su entender no sucedió en el presente caso. Por lo tanto, entiende que no se puede reprochar al Tribunal General haber aplicado erróneamente el criterio del error manifiesto, puesto que el Tribunal General se limitó a verificar si se habían cumplido las condiciones mínimas establecidas a tal fin por la jurisprudencia.

41. SES Astra considera que la primera parte del motivo es inadmisible y, en cualquier caso, infundada.

42. En efecto, a su entender, mediante esta primera parte, las partes recurrentes en realidad sólo impugnan una apreciación fáctica realizada por el Tribunal General, que no puede ser objeto de un recurso de casación. Según SES Astra, la cuestión de si se ha cumplido el primer requisito establecido por la sentencia Altmark es una cuestión de carácter fáctico que corresponde resolver al Tribunal General, ya que el Tribunal de Justicia únicamente es competente para determinar, en tal supuesto, si el Tribunal General no ha alterado el tenor de las disposiciones nacionales de que se trata, no ha emitido consideraciones que vayan manifiestamente en contra de su contenido y, a efectos de determinar el contenido de la legislación nacional de que se trate, no ha atribuido al conjunto de los datos un alcance que no le corresponde en relación a los demás. ( 25 )

43. Mediante la segunda parte de su motivo único, las partes recurrentes alegan que las sentencias en cuestión adolecen de una incoherencia, en la medida en que el Tribunal General consideró en ellas que, para enmarcarse en la amplia facultad de apreciación reconocida a los Estados miembros, la elección de una tecnología particular debe estar incluida en la propia definición del SIEG, ( 26 ) mientras que declaró, por otra parte, que, al definir el servicio de explotación de la TDT como SIEG, las autoridades españolas no debían discriminar a las demás plataformas. ( 27 )

44. En todo caso, las partes recurrentes consideran que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que la definición del SIEG en cuestión no era lo suficientemente clara y precisa en la medida en que no mencionaba una tecnología concreta. En efecto, la amplia facultad de apreciación que, a su juicio, el Tratado otorga a los Estados miembros les permite no sólo «definir» el SIEG, sino también «prestar, encargar y organizar» éste, como por otro lado indica expresamente el Tribunal General en las sentencias de que se trata. ( 28 ) En su opinión, esta facultad se desprende del Protocolo n.o 26 y del Protocolo n.o 29, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General. ( 29 )

45. Según las partes recurrentes, los Estados miembros no sólo disponen de la posibilidad de decidir incluir en la definición del SIEG las condiciones de prestación de este servicio, sino también de prestarlo o de organizarlo según las condiciones que estos Estados miembros estimen adecuadas, sin que la Comisión pueda cuestionar esta elección. Así pues, al limitar la facultad de apreciación de dichos Estados miembros a la mera definición del SIEG, el Tribunal General incurrió, a su juicio, en un error de Derecho. A este respecto, según estas partes, el propio Tribunal General declaró por lo demás que la Decisión controvertida adolecía de un error de Derecho en la medida en que dicha Decisión consideró que la inclusión de la tecnología terrestre en la definición del SIEG constituía en todos los casos un error manifiesto de apreciación de las autoridades del Estado miembro de que se trata.

46. Por lo tanto, las partes recurrentes alegan que el Tribunal General debería haber exigido a la Comisión que examinara, en primer lugar, si el Estado miembro había incurrido en un error manifiesto en la definición del SIEG en cuestión, independientemente de la cuestión de si las condiciones concretas de prestación de ese servicio se habían enunciado explícitamente en ésta. En segundo lugar, el examen debería haber versado sobre la cuestión de si, al escoger una forma concreta de prestación de dicho servicio, en este caso la tecnología terrestre, este Estado miembro había incurrido en un error manifiesto.

47. La Comisión considera que el argumento en el que se basa esta segunda parte es inoperante, puesto que choca con la constatación del Tribunal General según la cual las autoridades españolas no podían invocar la existencia de un SIEG a falta de un acto de atribución, con arreglo al Derecho de la Unión, que encomendara a determinadas empresas la misión de prestar el servicio de explotación de la red de TDT en la zona II. ( 30 )

48. Asimismo, según la Comisión, la amplia facultad de apreciación de los Estados miembros para definir lo que éstos consideran que constituye un SIEG está limitado por la obligación de respetar los principios generales del Derecho de la Unión, ( 31 ) así como el criterio de proporcionalidad. ( 32 ) A su entender, por tanto, tal como acertadamente declaró el Tribunal General, ( 33 ) esta capacidad no es ilimitada y no puede ejercerse de forma arbitraria con el único fin de evitar que a un sector concreto, como el de la telecomunicación, se le apliquen las normas sobre competencia. ( 34 )

49. SES Astra considera igualmente que la segunda parte es inoperante, dado que la legislación nacional no define claramente el suministro de plataforma terrestre en la zona II como un SIEG. Además, en la medida en que, a su juicio, esta parte supone a impugnar las constataciones de hecho realizadas por el Tribunal General, también sería inadmisible.

50. Con carácter subsidiario, SES Astra alega que las partes recurrentes hacen una lectura errónea de las sentencias en cuestión ( 35 ) cuando afirman que el Tribunal General se limitó a reconocer un margen de apreciación a los Estados miembros únicamente en lo referente a la definición del SIEG y no a la prestación, la ejecución o la organización de éste. Asimismo, a su entender, la jurisprudencia invocada por las partes recurrentes para justificar el margen de apreciación de los Estados miembros en la organización de los SIEG ( 36 ) no es pertinente en el presente caso. Por último, SES Astra afirma que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el amplio margen de apreciación de los Estados miembros está limitado por el respeto de los principios generales del Derecho de la Unión. ( 37 ) Así pues, según SES Astra, cuando deciden incluir una tecnología específica en la definición del SIEG, las autoridades de los Estados miembros deben garantizar el respeto de estos principios y, en particular, como dictaminó el Tribunal General, ( 38 ) del principio de neutralidad tecnológica.

Sobre el asunto C‑70/16 P, Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., contra Comisión Europea

51. El presente recurso de casación se basa en cuatro motivos. Como se indica en el punto 2 de las presentes conclusiones, centraré mis conclusiones en las partes primera y segunda del cuarto motivo.

52. La primera parte del cuarto motivo se basa en un error de Derecho consistente en ignorar la facultad de apreciación de la que disponen los Estados miembros para definir un SIEG.

53. A este respecto, las partes recurrentes alegan que el Tribunal General se limitó a excluir, por principio, que la explotación de una red terrestre de televisión digital sea definida como un servicio público. Dichas partes consideran que el Tribunal General omitió analizar la disposición adicional duodécima del Real Decreto 944/2005 para determinar si se cumplían los requisitos exigidos por la sentencia Altmark para definir el servicio de soporte en la zona II como servicio público. Según las partes recurrentes, el Real Decreto 944/2005 habilita a las administraciones territoriales a ejercer dicha actividad que, de no ser así, les estaría prohibida. A su entender, esta disposición nacional implica, en definitiva, la atribución de un verdadero poder público para la prestación de un servicio público. Las partes recurrentes señalan que la misión de servicio público se concretó posteriormente en actos sucesivos «a través de: i) el Convenio Marco de Colaboración y su posterior Adenda suscritos entre la Administración General del Estado y la [Comunidad Autónoma] de Galicia en el marco del proceso de digitalización, y, posteriormente, ii) los Convenios de Colaboración formalizados entre la [Comunidad Autónoma] de Galicia y los distintos ayuntamientos ubicados en la zona II […]».

54. Las partes recurrentes alegan que el servicio tal como se concibió y tal como se prestó en las condiciones establecidas en la disposición adicional duodécima del Real Decreto 944/2005 y en los convenios de colaboración entre Administraciones es un servicio público cuya prestación está reservada a las Administraciones Públicas territoriales de la zona II y que es, por consiguiente, a nivel de la Unión, un SIEG. Aducen que los actos oficiales encomiendan la misión del servicio público a los municipios, en colaboración con la Comunidad Autónoma. Las partes recurrentes señalan que la intervención de las autoridades públicas de Galicia no consistió en crear una red susceptible de una explotación comercial, ni en explotar la red así creada, sino en adaptar la red de centros analógicos existentes pertenecientes a los municipios, para, de este modo, poder continuar prestando a sus administrados el servicio de soporte de la señal de televisión en las condiciones fijadas en la disposición adicional duodécima del Real Decreto 944/2005.

55. Por lo que se refiere a la cuestión de si las obligaciones de servicio público están bien definidas en los actos oficiales, las partes recurrentes señalan que la disposición adicional duodécima del Real Decreto 944/2005 precisa que el servicio cuya prestación se encomienda a las Administraciones territoriales es el de la «difusión a sus ciudadanos del servicio de televisión digital terrestre». Añaden que tampoco cabe la menor duda sobre el carácter obligatorio y universal de la misión de servicio público a la vista de los actos oficiales que les confieren la misión de que se trata.

56. Dichas partes señalan que, según reiterada jurisprudencia, los Estados miembros disponen de una amplia facultad de apreciación al definir lo que consideran como SIEG, por lo que esa definición sólo puede ser cuestionada por la Comisión en caso de «error manifiesto». ( 39 ) Según las partes recurrentes, la extensión del control efectuado por el Tribunal General sobre las apreciaciones de la Comisión debe necesariamente tener en cuenta esta limitación. No obstante, ese control debe comprobar el respeto de algunos criterios mínimos, referidos a la existencia de un acto del poder público que haya encargado al operador de que se trate una misión de SIEG ( 40 ) y al carácter universal y obligatorio de esa misión. ( 41 )

57. Las partes recurrentes consideran que el Tribunal General rebasó los límites de este control y que se cometieron errores evidentes que le llevaron a concluir que no existía un acto del poder público que encomendara una misión de servicio público. Así pues, en su opinión, el Tribunal General ignoró y vulneró el poder discrecional y el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros para definir un SIEG.

58. Las partes recurrentes señalan también que una «amplia capacidad de discreción de las autoridades nacionales, regionales y locales para prestar, encargar y organizar» estos servicios es la formulación reproducida en el Protocolo n.o 26, que a su vez reprodujo el Tribunal General en el apartado 95 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (T‑463/13 y T‑464/13, no publicada, EU:T:2015:901).

59. Según las partes recurrentes, la facultad de apreciación que reconoce el Tratado a los Estados miembros comprende tanto la facultad de «definir» como la de «prestar, encargar y organizar» dichos servicios, lo que habilita también a las autoridades nacionales para elegir la modalidad de prestación del servicio, como puede ser la elección de una determinada plataforma de soporte y, por lo tanto, para elegir válidamente el modo de intervención pública de las autoridades regionales y locales de Galicia. En este sentido, consideran que el reconocimiento, en el apartado 95 de la sentencia en cuestión, respecto de la facultad de apreciación mencionada es puramente nominal, sin que esta facultad se refleje, con el alcance con el que está reconocido en el Tratado, en su aplicación concreta en el presente caso por parte del Tribunal General, de modo que lo desnaturaliza, lo vacía de contenido y lo desconoce.

60. En lo referente a la primera parte del cuarto motivo, la Comisión alega en particular que las partes recurrentes no impugnan la constatación realizada por el Tribunal General en el apartado 110 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (T‑463/13 y T‑464/13, no publicada, EU:T:2015:901), de que éstas «no han podido determinar […] las obligaciones de servicio público que, según ellas, se habían impuesto a las empresas que explotan redes de TDT, ya sea por la legislación española, ya por los convenios de explotación, y menos aún aportar la prueba de ello». Según la Comisión, esta constatación (que no se ha impugnado en el recurso de casación y que contiene una apreciación del valor de las pruebas) basta, por sí misma, para excluir que se cumpla el primer requisito de la sentencia Altmark, que es, por lo demás, necesario para la aplicación del artículo 106 TFUE, apartado 2.

61. SES Astra sostiene que la primera parte del cuarto motivo es inoperante, puesto que, en la medida en que la legislación nacional no define claramente el servicio en cuestión como un SIEG, la cuestión del margen discrecional conferido a los Estados miembros carece de pertinencia. Además, a su juicio las alegaciones de las partes recurrentes se dirigen en realidad a impugnar las apreciaciones de hecho realizadas por el Tribunal General por lo que respecta al primer requisito de la sentencia Altmark y son, por consiguiente, inadmisibles en la fase de casación.

62. Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia declare la admisibilidad de la primera parte, quod non, SES Astra opina que ésta es infundada, dado que el Tribunal General no sólo ha reconocido a los Estados miembros un margen de apreciación en la definición de los SIEG, sino también en lo referente a la prestación, la ejecución o la organización de estos últimos. ( 42 ) Así pues, en su opinión, el primer requisito de la sentencia Altmark ( 43 ) también exige, aparte de la definición del SIEG por el Estado miembro de que se trate, que se encomienden a la empresa beneficiaria obligaciones de servicio público, lo que, a su entender, no sucede en este caso. SES Astra destaca que, en todo caso, el Estado miembro de que se trate no puede ejercer su margen discrecional en la definición de los SIEG de una manera que sea contraria a los principios generales del Derecho de la Unión ( 44 ) y, en particular, al principio de neutralidad tecnológica.

63. La segunda parte del cuarto motivo está basada en una supuesta inobservancia por parte del Tribunal General del límite del error manifiesto, en el marco de su examen del Derecho nacional que define el SIEG en cuestión.

64. Las partes recurrentes reprochan al Tribunal General haber limitado su apreciación al hecho de que no existía una definición clara y precisa del SIEG de que se trata, sin haber determinado, en el apartado 112 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (T‑463/13 y T‑464/13, no publicada, EU:T:2015:901), ( 45 ) si la definición de este servicio por las autoridades españolas era manifiestamente errónea. Según dichas partes, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al ignorar que la facultad de apreciación de los Estados miembros les permite escoger un modo particular de ejecución de los SIEG, como, en el presente asunto, la plataforma terrestre. A este respecto, las partes recurrentes señalan una contradicción con el apartado 78 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Comisión (T‑462/13, EU:T:2015:902), en la que, según aducen, el Tribunal General declaró que la Comisión había constatado erróneamente, en el considerando 121 de la Decisión controvertida, un error manifiesto de las autoridades españolas en la definición del SIEG de que se trata. Las partes recurrentes alegan de esta manera que, ante un fallo de mercado en la zona afectada y un objetivo de universalidad establecido en el Derecho nacional pertinente, la definición de este servicio contenía los elementos esenciales para su definición como SIEG.

65. La Comisión opina que la segunda parte del cuarto motivo es inadmisible en la fase de casación. En efecto, en primer lugar, alega que el considerando 121 de la Decisión controvertida ( 46 ) no fue objeto de ninguna crítica de las partes recurrentes en primera instancia y que el Tribunal General no estaba obligado a controlar de oficio este aspecto de la Decisión controvertida. En segundo lugar, esta institución alega que una parte no puede modificar el objeto del litigio invocando por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que habría podido aducir ante el Tribunal General, pues ello equivaldría a permitir plantear ante el Tribunal de Justicia un litigio más amplio que aquel del que conoció el Tribunal General. En todo caso, la Comisión subraya que, en cuanto al fondo, la segunda parte del motivo de las recurrentes «no es admisible», puesto que, a su juicio, se desprende, en particular, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General que el margen de apreciación de los Estados miembros en la organización de los SIEG no se puede ejercer de una manera que sea contraria al principio de neutralidad tecnológica. ( 47 )

66. SES Astra considera, en esencia, por las mismas razones que las invocadas por la Comisión, que esta parte del cuarto motivo es manifiestamente inadmisible. Además, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia declare que el SIEG en cuestión estaba claramente definido, SES Astra considera que, al actuar de este modo, las autoridades españolas incurrieron, en todo caso, en un error manifiesto de apreciación en relación con el principio de neutralidad tecnológica. A su entender, la Comisión motivó a este respecto de modo suficiente en Derecho la conclusión sobre la compatibilidad de la ayuda contenida en los considerandos 121 y 152 a 167 de la Decisión controvertida.

67. En su escrito de réplica, las recurrentes consideran que los argumentos formulados por la Comisión y SES Astra sobre la supuesta inadmisibilidad de la presente parte carecen de fundamento. Dichas partes consideran que no se les puede reprochar que en primera instancia no impugnaran las consideraciones que aparecen en el considerando 121 de la Decisión controvertida, en la medida en que dichas consideraciones no se refieren a Galicia sino al País Vasco.

Sobre el asunto C‑81/16 P, Reino de España contra Comisión Europea

68. El presente recurso de casación se basa en dos motivos. Como he indicado en el punto 2 de las presentes conclusiones, centraré mis conclusiones en la primera parte del primer motivo.

69. El primer motivo está basado en un error de Derecho relativo al control de los Estados miembros sobre la definición y la aplicación de un SIEG.

70. Mediante la primera parte del primer motivo, el Reino de España critica los apartados 53 a 78 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891), que reproducen el razonamiento del Tribunal General sobre el primer requisito de la sentencia Altmark.

71. El Reino de España alega que dicho razonamiento se basa en tres premisas erróneas. En primer lugar, el Tribunal General dictaminó que no cabía tomar en consideración, además del marco jurídico, el conjunto de los actos de las autoridades españolas mediante los cuales se había encargado a los operadores en cuestión la ejecución de obligaciones de servicio público. En segundo lugar, el Tribunal General declaró que el Reino de España no le había presentado ningún contrato que impusiera obligaciones de servicio público. En tercer lugar, según el Tribunal General, ninguna otra Comunidad Autónoma distinta del País Vasco presentó una argumentación que permitiera justificar que la explotación de la red terrestre era un servicio público.

72. En primer lugar, a su juicio, el análisis del marco jurídico efectuado por el Tribunal General es manifiestamente erróneo. En efecto, aduce que la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones califica explícitamente la explotación de redes de radio y televisión de SIEG y que no es posible, con arreglo a la jurisprudencia, excluir la pertinencia de esta ley basándose en que se aplica a todos y no a determinados operadores del sector. ( 48 )

73. En segundo lugar, considera que los actos de Derecho nacional y los contratos celebrados por las autoridades españolas no sólo definen y confían la ejecución del SIEG a determinados operadores, sino que también hacen referencia expresa a la tecnología terrestre. A su entender, estos actos fueron tenidos en cuenta por la Comisión ( 49 ) y el Tribunal General para concluir que existía una ayuda estatal.

74. A este respecto, el Reino de España alega que los elementos de prueba que pueden aportarse en el marco del procedimiento judicial, en este caso los contratos que imponen obligaciones de servicio público, no son pertinentes para el control de la legalidad de una Decisión de la Comisión. ( 50 ) Asimismo, entre las obligaciones procesales que deben cumplirse, figura la obligación de que la Comisión examine, minuciosa e imparcialmente, todos los elementos relevantes y motive su decisión. ( 51 ) En el presente asunto, según este Estado miembro, la Comisión debería haber tenido en cuenta las licitaciones, que, tal como se desprende por otro lado de la descripción de la medida de ayuda que figura en la Decisión controvertida, ( 52 ) forman parte integrante de dichas medidas.

75. En tercer lugar, el Reino de España sostiene que el Tribunal General no podía afirmar que ninguna Comunidad Autónoma distinta del País Vasco había demostrado la calidad de SIEG de la explotación de la red terrestre, en la medida en que se desprende de la Decisión controvertida que la Comisión examinó una muestra de 82 licitaciones con el fin de apreciar la compatibilidad de la ayuda. ( 53 )

76. Según el Reino de España, el Tribunal General «ha rehusado verificar que la Comisión examinó todos los elementos relevantes para apreciar la definición de un servicio público. Como se indicaba en la demanda [ante el Tribunal General], en el caso de autos la Comisión al instruir el expediente no realizó un análisis detallado en el que se concluyese si se le confería o no a la empresa una misión de interés general. Por tanto, no verificó si el Estado Miembro había incurrido en un error manifiesto en el ejercicio de su poder de apreciación a la hora de conferir esa misión».

77. En su réplica, el Reino de España señala que la primera parte del primer motivo del recurso de casación atañe a la negativa del Tribunal General a verificar si la Comisión había examinado efectivamente todos los elementos relevantes para apreciar la definición de un servicio público. Según este Estado miembro, en el caso de autos la Comisión al instruir el expediente no realizó un análisis detallado que le hubiera permitido determinar si se había encargado, o no, una misión de interés general a la empresa. Para el Reino de España, el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al no verificar si la Comisión había realizado ese análisis.

78. La Comisión considera que la primera parte del primer motivo es inoperante y, en cualquier caso, inadmisible e infundada.

79. En primer lugar, según la Comisión, las críticas del Reino de España se refieren a un fundamento redundante de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891), de manera que esta parte es, a su entender, inoperante. Alega que, a este respecto, el Tribunal General excluyó de modo suficiente en Derecho el primer requisito de la sentencia Altmark en el apartado 74 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891), ( 54 ) que no forma parte del objeto del recurso de casación.

80. En segundo lugar, a juicio de la Comisión, la presente parte también es inadmisible, en la medida en que dicho Estado miembro impugna la apreciación realizada por el Tribunal General de los contratos y del Derecho nacional, que excede del control del Tribunal de Justicia. A este respecto, el Reino de España, a su entender, no invoca ninguna desnaturalización del Derecho nacional y, aun cuando sus alegaciones se entendieran en ese sentido, este Estado miembro se limitó a realizar meras afirmaciones.

81. En tercer lugar, la Comisión considera que esta parte también es infundada, en la medida en que el Reino de España no presentó ante el Tribunal General ninguna prueba que permitiera concluir que el servicio de difusión de la señal mediante una plataforma determinada podía calificarse de SIEG.

82. Desde este punto de vista, la Comisión alega que ni la legislación nacional, ni otra normativa, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo español permiten llegar a tal conclusión. Al contrario, considera que la legislación nacional reserva la calificación de «servicio público» a un número limitado de servicios, como las telecomunicaciones para la defensa nacional y la protección civil o el servicio telefónico universal. Según la Comisión, el término «servicio de interés general» empleado en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, designa una actividad económica que presente un interés para la colectividad, sin estar necesariamente vinculada a una misión de servicio público en el sentido del Derecho español, ni tratarse necesariamente de un SIEG en el sentido del primer requisito de la sentencia Altmark o del artículo 106 TFUE, apartado 2.

83. Asimismo, según la Comisión la argumentación de este Estado miembro sobre las obligaciones de cobertura de los organismos de radiodifusión en la zona II no permite cuestionar los apartados 67 y 68 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891).

84. Además, las alegaciones del Reino de España relativas a la supuesta falta de toma en consideración de los contratos públicos son inoperantes, a juicio de la Comisión, ya que se refieren al apartado 71 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891), que enuncia un razonamiento suplementario. Asimismo, según la Comisión, este Estado miembro confunde el control de la legalidad, que corresponde al Tribunal General en el marco de un recurso de anulación, con el control de oficio, que no le corresponde. ( 55 ) Así pues, entiende que el recurso de casación del Reino de España consiste en criticar al Tribunal General por no haber planteado de oficio motivos o elementos de prueba que el propio Estado miembro no invocó ante el Tribunal General. De este modo, considera que la conclusión del Tribunal General no adolece de ningún error de Derecho.

Análisis

Sobre la relación entre el artículo 107 TFUE, apartado 1, la sentencia Altmark y el artículo 106 TFUE, apartado 2

85. Las compensaciones que los Estados miembros otorguen por la prestación de un servicio público ( 56 ) o un SIEG ( 57 ) están sujetas al cumplimiento de las normas establecidas por el legislador de la Unión en los artículos 107 TFUE y 108 TFUE. ( 58 )

86. Según reiterada jurisprudencia, la calificación de «ayuda», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, requiere que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición. Así pues, para que se pueda calificar una medida nacional de ayuda de Estado, en primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales; en segundo lugar, es necesario que esta intervención pueda afectar al comercio entre los Estados miembros; en tercer lugar, debe conferir una ventaja a su beneficiario y, en cuarto lugar, debe falsear o amenazar con falsear la competencia. ( 59 )

87. Dado que estos requisitos son acumulativos, una medida estatal no puede ser calificada de ayuda de Estado si falta alguno de ellos. ( 60 )

88. Por lo que se refiere al tercer requisito previsto en el artículo 107 TFUE, apartado 1, a saber, la existencia de una ventaja concedida a una empresa beneficiaria, se consideran ayudas de Estado las intervenciones que, bajo cualquier forma, puedan favorecer directa o indirectamente a las empresas o que puedan considerarse una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado. ( 61 )

89. En el apartado 87 de la sentencia Altmark, el Tribunal de Justicia declaró que, «si una intervención estatal debe considerarse una compensación que constituye la contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, de forma que estas empresas no gozan, en realidad, de una ventaja financiera y que, por tanto, dicha intervención no tiene por efecto situar a estas empresas en una posición competitiva más favorable respecto a las empresas competidoras, tal intervención no está sujeta al artículo [107 TFUE, apartado 1]».

90. Según el Tribunal de Justicia, tal compensación puede quedar excluida de la calificación de ayuda de Estado si se cumplen los cuatro requisitos previstos ( 62 ) en los apartados 89 a 93 de la sentencia Altmark. ( 63 )

91. Procede señalar que, si no se cumplen los cuatro requisitos de la sentencia Altmark y la medida estatal constituye una ayuda de Estado, ( 64 ) dicha medida todavía puede estar justificada, en particular, en virtud de la excepción prevista en el artículo 106 TFUE, apartado 2. ( 65 )

92. En efecto, el artículo 106 TFUE, apartado 2, en relación con el apartado 1 del mismo artículo, puede invocarse para justificar la concesión, por parte de un Estado miembro, de derechos especiales o exclusivos contrarios a las normas del Tratado FUE a una empresa encargada de la gestión de SIEG, en la medida en que el cumplimiento de la misión específica a ella confiada no pueda garantizarse sino mediante la concesión de tales derechos y siempre que el desarrollo de los intercambios no resulte afectado de una forma contraria al interés de la Unión. ( 66 )

93. En lo referente a la relación entre el artículo 107 TFUE, apartado 1, los requisitos establecidos por la sentencia Altmark y el artículo 106 TFUE, apartado 2, el Tribunal de Justicia ha declarado que «el control de la observancia de los requisitos establecidos por [la sentencia Altmark] se efectúa en un momento anterior, a saber, el momento en que se analiza si las medidas en cuestión deben ser calificadas de ayudas de Estado [con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1]. Esta cuestión es, en efecto, previa a la eventual verificación de si una ayuda incompatible es, no obstante, necesaria para el cumplimiento de la misión confiada al beneficiario de la medida de que se trate, en el sentido del artículo 106 TFUE, apartado 2». ( 67 )

94. Según el Tribunal de Justicia, por consiguiente, una vez que la Comisión, tras constatar que una medida debe ser calificada de ayuda, pasa a examinar si dicha ayuda podría estar justificada con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2, ya no procede aplicar los requisitos establecidos por la sentencia Altmark. ( 68 ) A este respecto, el Tribunal de Justicia dictaminó, en el apartado 38 de la sentencia de 8 de marzo de 2017, Viasat Broadcasting UK/Comisión (C‑660/15 P, EU:C:2017:178), que el artículo 106 TFUE, apartado 2, no obligaba a la Comisión a tomar en consideración los requisitos segundo y cuarto de la sentencia Altmark al objeto de decidir si una ayuda de Estado era compatible con el mercado interior con arreglo a dicha disposición.

95. En efecto, por lo que se refiere a la aplicación del artículo 106 TFUE, apartado 2, el Tribunal General declaró (acertadamente, en mi opinión), en el apartado 61 de la sentencia de 24 de septiembre de 2015, Viasat Broadcasting UK/Comisión (T‑125/12, EU:T:2015:687), que debían concurrir tres requisitos para que una ayuda de Estado otorgada como compensación por la ejecución de obligaciones de servicio público pudiera considerarse compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2. Según el Tribunal General, «el primer requisito, concerniente a la definición de servicio público, exige que el servicio de que se trate sea un servicio de interés económico general y esté claramente definido como tal por el Estado miembro. El segundo requisito, relativo al mandato de servicio público, exige que el Estado miembro haya confiado expresamente a la empresa beneficiaria la prestación de dicho servicio público. Finalmente, el tercer requisito se basa en el concepto de proporcionalidad. Con arreglo a este requisito, la financiación de una empresa encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público debe considerarse compatible con el mercado interior en la medida en que la aplicación de las normas sobre competencia del TFUE —en este caso, la prohibición de las ayudas de Estado— impida el cumplimiento de la misión específica confiada a dicha empresa y la excepción a tales normas sobre competencia no afecte al desarrollo de los intercambios en forma tal que sea contraria al interés de la Unión». ( 69 )

96. En mi opinión, los dos primeros requisitos que acaban de mencionarse corresponden al primer requisito de la sentencia Altmark.

97. Si bien el Tribunal de Justicia declaró que los requisitos segundo y cuarto de la sentencia Altmark no eran pertinentes para verificar si la excepción prevista en el artículo 106 TFUE, apartado 2, era aplicable a una ayuda de Estado, considero, en cambio, que debe cumplirse un requisito equivalente al primer requisito de la sentencia Altmark, a saber, que una ( 70 ) empresa esté efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público/SIEG y que dichas obligaciones estén claramente definidas, para que se aplique la excepción prevista por dicha disposición.

98. En efecto, en la sentencia de 21 de marzo de 1974, BRT y Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (127/73, EU:C:1974:25), apartado 22, el Tribunal de Justicia dictaminó que una empresa que invoque las disposiciones del artículo 106 TFUE, apartado 2, para acogerse a una excepción a las normas del Tratado, debía haber recibido efectivamente el encargo de la gestión de un SIEG por parte del Estado miembro. ( 71 ) Además, en la sentencia de 11 de abril de 1989, Ahmed Saeed Flugreisen y Silver Line Reisebüro (66/86, EU:C:1989:140), apartado 56, el Tribunal de Justicia subrayó la necesidad de definir claramente la misión de SIEG concedida a la empresa, con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2. ( 72 )

Sobre el primer requisito establecido por la sentencia Altmark ( 73 )

La prerrogativa de los Estados miembros de designar determinados servicios como SIEG

99. Según reiterada jurisprudencia, el artículo 106 TFUE, apartado 2, pretende conciliar el interés de los Estados miembros en utilizar determinadas empresas como instrumento de política económica o social con el interés de la Unión en la observancia de las normas sobre competencias y en el mantenimiento de la unidad del mercado común. En ese contexto, los Estados miembros están facultados, dentro del respeto del Derecho de la Unión, para definir el alcance y la organización de sus SIEG. En particular, pueden tener en cuenta objetivos propios de su política nacional. ( 74 )

100. En este contexto, considero que esta facultad que se reconoce a los Estados miembros de «definir» los SIEG implica la de designar determinados servicios como SIEG así como «definir» el alcance y la organización de estos SIEG. La designación de los SIEG y la definición de su alcance y su organización por parte de los Estados miembros se enmarcan en una elección de carácter político, caracterizada por una «amplia facultad de apreciación».

101. En efecto, aunque el Protocolo n.o 26 no establece expresamente que los Estados miembros disponen de una amplia facultad de apreciación en cuanto a la definición de sus SIEG, su artículo 1, primer guion, destaca el papel esencial y la amplia capacidad de discreción de las autoridades nacionales, regionales y locales para prestar, encargar y organizar los SIEG lo más cercanos posibles a las necesidades de los usuarios. En mi opinión, la posibilidad de prestar, encargar y organizar los SIEG está íntimamente ligada al derecho a designar estos servicios y no puede disociarse de éste.

102. Considero, conforme a las sentencias en cuestión, ( 75 ) que, a falta de una normativa de la Unión armonizada en la materia, ( 76 ) los Estados miembros disponen de una amplia facultad de apreciación en la definición de los servicios que consideran como SIEG, ( 77 ) así como de su alcance y su organización.

103. Dada esta amplia facultad de apreciación de los Estados miembros, el Tribunal General dictaminó acertadamente que, en principio, «la Comisión no está facultada para pronunciarse sobre la amplitud de la misión de servicio público que incumbe a la entidad explotadora pública […], sobre la oportunidad de las opciones políticas que las autoridades nacionales asuman al respecto, ni sobre la eficacia económica de la entidad explotadora pública». ( 78 )

104. Por consiguiente, de conformidad con las sentencias en cuestión, ( 79 ) la Comisión sólo puede cuestionar la designación por un Estado miembro de los servicios como SIEG en caso de error manifiesto. ( 80 ) Por lo tanto, la Comisión ejerce un control limitado sobre la designación de los servicios como SIEG.

105. Por las mismas razones, en caso de recurso de anulación contra una Decisión de la Comisión relativa a la designación de servicios como SIEG y a la definición del alcance y la organización de dichos SIEG por los Estados miembros, el Tribunal General debe tomar en consideración la amplia facultad de apreciación de los Estados miembros y el control limitado de la Comisión a este respecto.

106. Sin embargo, cabe señalar que, a pesar de la amplia facultad de apreciación de los Estados miembros en la «designación» de sus SIEG, esta prerrogativa no es ilimitada.

107. En la sentencia de 8 de marzo de 2017, Viasat Broadcasting UK/Comisión (C‑660/15 P, EU:C:2017:178), apartado 29, el Tribunal de Justicia afirmó que «los propios términos del artículo 106 TFUE, apartado 2, muestran que las excepciones a las normas del Tratado sólo están permitidas si son necesarias para el cumplimiento de la misión específica confiada a una empresa encargada de la gestión de un [SIEG]». ( 81 )

108. Asimismo, en el apartado 26 de la sentencia de 10 de diciembre de 1991, Merci convenzionali porto di Genova (C‑179/90, EU:C:1991:464), apartados 26 y 27, el Tribunal de Justicia declaró que «para poder recurrir a la excepción a la aplicación de las normas del Tratado prevista en [el artículo 106 TFUE, apartado 2], no basta sólo con que los poderes públicos hayan confiado a la empresa de que se trate la gestión de un servicio económico de interés general, sino que es preciso, además, que la aplicación de las normas del Tratado obstaculice el cumplimiento de la misión específica confiada a dicha empresa y que el interés de [la Unión] no resulte afectado». En el apartado 27 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que las operaciones portuarias en cuestión no tenían un interés económico general que poseyera características específicas respecto al de otras actividades y que, aun suponiendo que fuese así, la aplicación de las normas del Tratado no podría obstaculizar el cumplimiento de dicha misión.

109. Por añadidura, cabe señalar que esta prerrogativa de los Estados miembros se ejerce bajo el control de la Comisión. En efecto, en la sentencia de 14 de julio de 1971, Muller y Hein (10/71, EU:C:1971:85), apartados 14 y 15, el Tribunal de Justicia declaró que la aplicación del artículo 106 TFUE, apartado 2, «entraña la apreciación de los requisitos inherentes, por una parte, al cumplimiento de la misión particular confiada a las empresas de que se trate y, por otra parte, a la tutela del interés de [la Unión]» y «que esta apreciación depende de los objetivos de política económica general que persigan los Estados bajo la vigilancia de la Comisión». ( 82 )

La obligación del Estado miembro de confiar la ejecución de las obligaciones de servicio público a la empresa beneficiaria de las subvenciones públicas mediante un acto de poder público y de definir claramente estas obligaciones

110. Si bien los Estados miembros gozan de una amplia facultad de apreciación para «designar» determinados servicios como SIEG y para definir su alcance y organización, el primer requisito de la sentencia Altmark, así como el tenor del artículo 106 TFUE, apartado 2, exigen sin duda que se haya encargado efectivamente a una ( 83 ) empresa la ejecución de obligaciones de servicio público ( 84 ) y que dichas obligaciones estén claramente definidas. ( 85 )

111. Estos dos requisitos, que en mi opinión el Tribunal General ha calificado correctamente de «criterios mínimos», ( 86 ) son claramente distintos de la prerrogativa de carácter político de la que disponen los Estados miembros para designar servicios como SIEG.

112. A este respecto, según reiterada jurisprudencia, para que pueda considerarse que una empresa está encargada de la gestión de un servicio público/SIEG, está debe estarlo en virtud de un acto de la autoridad pública. ( 87 ) Este requisito es de estricta aplicación e incumbe al Estado miembro de que se trate demostrar que se ha cumplido para poder acogerse a la aplicación de la sentencia Altmark o a la excepción prevista en el artículo 106 TFUE, apartado 2. El alcance del control jurisdiccional que realiza el Tribunal General a este respecto es un control de legalidad.

113. Sin embargo, no por ello es necesario que este acto de poder público sea un acto legislativo o reglamentario. ( 88 ) En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha admitido que se encomiende la gestión de SIEG a una empresa en virtud de una concesión de Derecho público. ( 89 )

114. Asimismo, en lo que atañe a la definición clara de las obligaciones que incumben a la empresa encargada de un SIEG, considero que, si bien la enumeración y la delimitación de estas obligaciones varían caso por caso según los servicios concretos de que se trate y las circunstancias existentes en los diferentes Estados miembros, éstas deben incluir, como mínimo la naturaleza, la duración y el alcance de las obligaciones impuestas. ( 90 ) También esta exigencia es de estricta aplicación.

115. Estos criterios mínimos no pueden ser obligaciones meramente formales. Tienen por objeto, en particular, garantizar la transparencia ( 91 ) en la designación de los SIEG y la definición de su alcance y organización por parte de los Estados miembros. Además, este objetivo de transparencia tiene a su vez por objeto incrementar la seguridad jurídica, en particular, de los Estados miembros, de las empresas encargadas de la ejecución de obligaciones de servicio público, de sus posibles competidores y de los consumidores. ( 92 )

116. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para que pueda considerarse que las obligaciones impuestas a una empresa encargada de la gestión de un SIEG forman parte de la misión específica que le ha sido encomendada, es preciso que tales obligaciones guarden relación con el objeto del SIEG de que se trate y que tengan como objetivo directo contribuir a satisfacer este interés. Estas obligaciones o exigencias pueden ser tenidas en cuenta al apreciar si las excepciones a las normas del Tratado que se desea justificar son necesarias para permitir a la empresa de que se trate cumplir la misión de interés general que le ha sido confiada. ( 93 )

117. Pues bien, sería imposible comprobar si un Estado miembro ha respetado los límites de su amplia facultad de apreciación en la designación de los SIEG si no se sabe con certeza a quién se ha encomendado la ejecución de obligaciones de servicio público y cuál es la naturaleza, la duración y el alcance de sus obligaciones. ( 94 )

118. Por añadidura, considero que esta exigencia de transparencia sobre la misión encargada es imperativa para verificar si se cumplen los demás requisitos de la sentencia Altmark y del artículo 106 TFUE, apartado 2. En particular, sería imposible comprobar si se cumple el tercer requisito de la sentencia Altmark, a saber, que «la compensación no super[e] el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público», si la naturaleza y el alcance de estas obligaciones no están claramente definidas. En cuanto a la aplicación del artículo 106 TFUE, apartado 2, sería imposible verificar si la aplicación de las normas de los Tratados obstaculiza el cumplimiento de los SIEG, si la naturaleza y el alcance de estos servicios de cuya gestión están encargadas las empresas no están claramente definidos. ( 95 )

Aplicación a los presentes recursos de casación

Sobre los asuntos acumulados C‑66/16 P a C‑69/16 P

119. Con carácter preliminar, considero que, contrariamente a lo que alega SES Astra, la primera parte del motivo único no es inadmisible. ( 96 )

120. En efecto, mediante la primera parte de su motivo único, las partes recurrentes reprochan al Tribunal General que efectuara una aplicación errónea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, según la cual la definición de los SIEG por un Estado miembro sólo puede ser cuestionada por la Comisión en caso de error manifiesto. En mi opinión, al actuar de este modo, y contrariamente a lo que alega SES Astra, ( 97 ) las partes recurrentes no impugnan una apreciación fáctica realizada por el Tribunal General, sino que solicitan al Tribunal de Justicia que controle si el Tribunal General incurrió en un error de Derecho ( 98 ) al precisar las obligaciones impuestas por el primer requisito de la sentencia Altmark. ( 99 ) Se trata de una cuestión de Derecho que puede ser objeto de revisión por el Tribunal de Justicia como instancia de casación.

121. En cuanto al fondo, considero, contrariamente a lo que alegan las partes recurrentes, ( 100 ) que el Tribunal General no rebasó el límite del error manifiesto en el examen de los diversos actos de definición y de atribución de la misión de SIEG. En efecto, conforme a los puntos 113 a 115 de las presentes conclusiones, la obligación de encargar efectivamente a la empresa beneficiaria de las subvenciones públicas la ejecución de obligaciones de servicio público mediante un acto de poder público y la de definir claramente estas obligaciones son de estricta aplicación. La ejecución de estas obligaciones mínimas no se enmarca en la amplia facultad de apreciación de los Estados miembros de designar servicios como SIEG. Esta facultad de apreciación en tal designación es la única que no puede ser cuestionada por la Comisión más que en caso de error manifiesto. ( 101 )

122. El hecho de que esté acreditado que existe un fallo de mercado y que el servicio en cuestión sea materialmente una actividad susceptible de calificarse de SIEG no es pertinente. Estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta en el análisis sobre si un servicio puede ser designado como un SIEG, lo que forma parte de la amplia facultad de apreciación de los Estados miembros, análisis que no puede ser cuestionado salvo error manifiesto. En cambio, estas circunstancias no son pertinentes para determinar si se ha encomendado efectivamente a la empresa beneficiaria de las subvenciones públicas la ejecución de obligaciones de servicio público mediante un acto de la autoridad pública y si dichas obligaciones han sido claramente definidas.

123. Por consiguiente, considero que la primera parte del motivo único en los asuntos C‑66/16 P a C‑69/16 P debe ser desestimada por infundada.

124. Mediante la segunda parte de su motivo único, las partes recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al limitar la amplia facultad de apreciación de los Estados miembros únicamente a la definición de los SIEG, cuando también disponen de una amplia facultad de apreciación para «prestar, encargar y organizar» dichos servicios. Dichas partes estiman que la facultad de apreciación comprende necesariamente la elección de una tecnología concreta que, contrariamente a lo que se afirma en las sentencias en cuestión, ( 102 ) no es sino una modalidad de prestación.

125. Considero, como SES Astra, que la presente parte revela una lectura errónea de las sentencias en cuestión. ( 103 )

126. En efecto, el Tribunal General no cuestionó la amplia facultad de apreciación de la que disponen los Estados miembros ( 104 ) para «prestar, encargar y organizar» los SIEG escogiendo una tecnología particular; simplemente constató que las partes ahora recurrentes no habían cumplido el primer requisito de la sentencia Altmark al estimar, tras una evaluación de la legislación nacional y autonómica española, que el Reino de España no había definido de manera clara y precisa el servicio de explotación de una red terrestre como un servicio público con arreglo al primer requisito de la sentencia Altmark. Me permito indicar que el Tribunal General declaró ( 105 ) que, «las demandantes no han podido determinar en ningún momento las obligaciones de servicio público que, según ellas, se habían impuesto a las empresas que explotan redes de TDT, ya sea por la legislación española, ya por los convenios de explotación, y menos aún aportar la prueba de ello». ( 106 )

127. A mayor abundamiento, quisiera señalar que, por lo que se refiere a las sentencias de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Comisión (T‑462/13, EU:T:2015:902), Comunidad Autónoma de Cataluña y CTTI/Comisión (T‑465/13, no publicada, EU:T:2015:900), y Abertis Telecom y Retevisión I/Comisión (T‑541/13, no publicada, EU:T:2015:898), si bien el Tribunal General estimó que, al definir el servicio de explotación de una red de TDT como SIEG, las autoridades españolas debían respetar el principio de igualdad de trato ( 107 ) y, por lo tanto, no debían discriminar a las demás plataformas con respecto a la plataforma terrestre, de estas sentencias se desprende claramente que, según el Tribunal General, «el respeto del principio de neutralidad tecnológica no implica que, en todos los casos, la definición de una determinada plataforma para la explotación de las redes de radiodifusión constituya un error manifiesto». ( 108 ) Así pues, el Tribunal General reprochó a la Comisión no haber examinado si la elección de una determinada plataforma estaba objetivamente justificada en el caso de autos, teniendo en cuenta la amplia facultad de apreciación de las autoridades españolas en lo referente a la definición de lo que consideraban un SIEG. De lo anterior se deduce que el Tribunal General reconoció que los Estados miembros disponían efectivamente de una amplia facultad de apreciación para «prestar, encargar y organizar» los SIEG.

128. Por consiguiente, la segunda parte del motivo único en los asuntos C‑66/16 P a C‑69/16 P debería desestimarse por infundada.

Sobre el asunto C‑70/16 P

129. En cuanto a la primera parte de su cuarto motivo, las partes recurrentes consideran que el Tribunal General ignoró la facultad de apreciación de la que gozan los Estados miembros para definir un SIEG. ( 109 )

130. Me permito señalar que, si bien las partes recurrentes no cuestionan directamente la constatación realizada por el Tribunal General en el apartado 110 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (T‑463/13 y T‑464/13, no publicada, EU:T:2015:901), éstas alegan que la disposición adicional duodécima del Real Decreto 944/2005 así como los convenios de colaboración entre Administraciones contienen una definición clara del servicio público de que se trata, a saber, la difusión del servicio de televisión digital terrestre, y que dichos actos oficiales confían este servicio a los municipios en colaboración con la Comunidad Autónoma. ( 110 )

131. En mi opinión, esta argumentación, que se refiere a la apreciación realizada por el Tribunal General del Derecho nacional aplicable, debe declararse inadmisible en ausencia de una alegación de desnaturalización de ese Derecho. ( 111 )

132. A este respecto, cabe recordar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, una vez que el Tribunal General ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es únicamente competente para ejercer, en virtud del artículo 256 TFUE, un control de la calificación jurídica de éstos y las consecuencias jurídicas que de ellos se hayan deducido. Por lo tanto, salvo en el caso de desnaturalización de los elementos de prueba que se presentaron ante el Tribunal General, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. De este modo, en lo que atañe al examen en el marco de un recurso de casación de las apreciaciones del Tribunal General por lo que respecta al Derecho nacional, el Tribunal de Justicia sólo es competente para comprobar si existió una desnaturalización de este Derecho. ( 112 )

133. Por consiguiente, considero que la primera parte del cuarto motivo en el asunto C‑70/16 P debe ser desestimada por inadmisible.

134. Asimismo, del apartado 95 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (T‑463/13 y T‑464/13, no publicada, EU:T:2015:901), se desprende claramente que, según el Tribunal General, «los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación a la hora de definir lo que consideran un SIEG y, en consecuencia, la definición de estos servicios por parte de un Estado miembro sólo puede ser cuestionada por la Comisión en caso de error manifiesto».

135. Sin embargo, el Tribunal General consideró que no se habían cumplido «algunos criterios mínimos, referidos a la existencia de un acto del poder público que [hubiera] encargado al operador de que se [trataba] una misión de SIEG». ( 113 )

136. En efecto, en el apartado 110 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (T‑463/13 y T‑464/13, no publicada, EU:T:2015:901), el Tribunal General constató que «las partes demandantes no han podido determinar en ningún momento las obligaciones de servicio público que, según ellas, se habían impuesto a las empresas que explotan redes de TDT, ya sea por la legislación española, ya por los convenios de explotación, y menos aún aportar la prueba de ello».

137. Por consiguiente, el Tribunal General dictaminó que las partes entonces demandantes no habían podido demostrar que la Comisión errara al considerar que, ante la falta de una definición clara del servicio de explotación de una red terrestre como servicio público, no se había cumplido el primer criterio de la sentencia Altmark. ( 114 )

138. De ello se sigue que, contrariamente a las alegaciones de las partes recurrentes, el Tribunal General no excluyó «por principio, que la explotación de una red terrestre [pudiera ser] definida como un servicio público». ( 115 )

139. Por consiguiente, considero que la primera parte del cuarto motivo también debe ser desestimada por infundada. Por lo que se refiere a la segunda parte de su cuarto motivo, las partes recurrentes consideran que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en el apartado 112 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (T‑463/13 y T‑464/13, no publicada, EU:T:2015:901), consistente en ignorar que la facultad de apreciación de los Estados miembros abarca no sólo el establecimiento, sino también la prestación y la organización del SIEG. Según las partes recurrentes, la prestación del servicio de soporte de TDT mediante una plataforma terrestre es una simple forma de organización de la prestación del servicio, que incumbe al Estado miembro. ( 116 )

140. Del artículo 127, apartado 1, en relación con el artículo 190, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que no pueden invocarse nuevos motivos en el recurso de casación. En efecto, estas disposiciones pretenden evitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, apartado 1, de dicho Reglamento de Procedimiento, que el recurso de casación modifique el objeto del litigio sustanciado ante el Tribunal General. ( 117 )

141. En mi opinión, la segunda parte del cuarto motivo del presente recurso de casación tiene el efecto de plantear al Tribunal de Justicia un litigio más amplio que aquél del que conoció el Tribunal General.

142. En efecto, en el apartado 112 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (T‑463/13 y T‑464/13, no publicada, EU:T:2015:901), el Tribunal General constató que las partes recurrentes no habían refutado la apreciación de la Comisión en el considerando 121 de la Decisión controvertida según la cual la definición como servicio público de la explotación de una plataforma de soporte determinada, en este caso la de la plataforma terrestre, habría constituido un error manifiesto de las autoridades españolas, puesto que, cuando existen varias plataformas de transmisión, no es posible considerar que una de ellas en concreto sea esencial para la transmisión de las señales de radiodifusión.

143. Por lo tanto, considero que la segunda parte del cuarto motivo debería desestimarse por inadmisible.

Sobre el asunto C‑81/16 P

144. En lo referente a la primera parte del primer motivo del Reino de España y, en particular, a la alegación del Reino de España según la cual el análisis del marco jurídico por el Tribunal General es manifiestamente erróneo ( 118 ) y los actos del Derecho nacional y los contratos celebrados por las autoridades españolas no sólo definen y confían la ejecución del SIEG a determinados operadores, sino que también hacen referencia expresa a la tecnología terrestre, ( 119 ) considero que esta alegación, que cuestiona la apreciación realizada por el Tribunal General del Derecho nacional aplicable y de los contratos celebrados por las autoridades españolas, que es una apreciación de hecho, debe declararse inadmisible en ausencia de una alegación de desnaturalización de este Derecho. ( 120 )

145. Por tanto, considero que la primera parte del primer motivo del Reino de España debería ser desestimada por inadmisible.

146. En cuanto al fondo, considero que la primera parte del primer motivo del Reino de España revela una lectura errónea de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891).

147. Contrariamente a lo que alega el Reino de España, ( 121 ) el Tribunal General no estimó que no se debiera tomar en consideración, además del marco jurídico, el conjunto de los actos de las autoridades españolas mediante los cuales se encomendó a los operadores afectados la ejecución de obligaciones de servicio público.

148. De los apartados 69 y siguientes de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891), se desprende claramente que el Tribunal General examinó los actos de las autoridades españolas mediante los cuales se había encomendado a los operadores en cuestión, según el Reino de España, la ejecución de obligaciones de servicio público.

149. En efecto, en el apartado 70 de la sentencia en cuestión, el Tribunal General analizó el Plan Nacional de Transición a la TDT, adoptado por el Consejo de Ministros el 7 de septiembre de 2007, y consideró que, mediante dicho Plan, no se había encomendado a ningún operador la ejecución de obligaciones de servicio público.

150. En el apartado 71 de esa sentencia, el Tribunal General confirmó que, según la jurisprudencia, la atribución de la misión de servicio público puede nacer también de actos convencionales, siempre que emanen del poder público y sean obligatorios, a fortiori cuando esos actos concretan las obligaciones impuestas por la legislación. No obstante, según el Tribunal General, el Reino de España no aportó ningún contrato que permitiera respaldar su afirmación según la cual se encomendó la ejecución de obligaciones de servicio público a los operadores de que se trataba. Además, según el Tribunal General, por el mero hecho de que un servicio haya sido objeto de un contrato público, tal servicio no reviste automáticamente, sin ninguna precisión de las autoridades correspondientes, la calidad de SIEG en el sentido de la sentencia Altmark.

151. Por añadidura, en el apartado 72 de la sentencia en cuestión, el Tribunal General examinó los convenios interinstitucionales celebrados entre el Gobierno vasco, EUDEL y las tres Diputaciones Forales Vascas. Dicho Tribunal consideró que esos convenios tampoco definían la explotación de una red terrestre como servicio público.

152. Por otra parte, en el apartado 73 de la sentencia en cuestión, el Tribunal General constató que las autoridades españolas no habían podido determinar en ningún momento las obligaciones de servicio público que, según ellas, se habían impuesto a las empresas que explotaban redes de TDT, ya fuera por la legislación española, ya por los convenios de explotación, y menos aún aportar la prueba de ello.

153. Considero también, como la Comisión, que el Tribunal General no incurrió en un error al considerar que el Reino de España no había demostrado que la Comisión hubiera constatado erróneamente, en los considerandos 119 a 122 y 172 de la Decisión controvertida, que el despliegue, el mantenimiento y la explotación de la red de TDT en la zona II no se habían definido con precisión como servicio público en el sentido del primer requisito de la sentencia Altmark.

154. A este respecto, lo que se cuestiona no es la amplia facultad de apreciación de la que disponen los Estados miembros para definir sus SIEG, al no existir una normativa de la Unión armonizada en la materia, sino la obligación, de conformidad con el primer requisito de la sentencia Altmark así como del tenor literal del artículo 106 TFUE, apartado 2, de que se haya encomendado efectivamente a la empresa beneficiaria de las subvenciones públicas la ejecución de obligaciones de servicio público y de que estas obligaciones hayan sido definidas de forma clara.

155. Quisiera señalar que, en el apartado 67 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891), el Tribunal General constató que, si bien el Estado español había calificado todos los servicios de telecomunicaciones, incluidas las redes de difusión de radio y televisión, de servicio de interés general, no se desprendía de las leyes en cuestión que todos los servicios de telecomunicaciones en España tuvieran el carácter de SIEG. A este respecto, el Tribunal General señaló que el artículo 2, apartado 1, de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones disponía expresamente que los servicios de interés general en el sentido de dicha Ley debían prestarse en el marco de un régimen de libre competencia, siendo así que la calificación de un servicio como SIEG en el sentido del primer requisito de la sentencia Altmark exige que la responsabilidad de su gestión se confíe a determinadas empresas. Además, en el apartado 68 de la sentencia en cuestión, el Tribunal General consideró que, como las disposiciones nacionales se caracterizaban por su neutralidad tecnológica y que las telecomunicaciones eran la transmisión de señales a través de cualquier red de difusión, y no a través de la red terrestre en particular, extremo no rebatido por el Reino de España, no cabía concluir que la Comisión hubiera estimado erróneamente que la explotación de una red terrestre no estaba definida como servicio público en el sentido de la sentencia Altmark.

156. Habida cuenta de los elementos ambiguos y contradictorios de las disposiciones nacionales de que se trata, cuya esencia, por otro lado, no ha sido cuestionada por el Reino de España, el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al declarar que la Comisión no había errado al estimar que esas disposiciones nacionales no contenían una definición clara del servicio de explotación de una red terrestre como servicio público.

157. Por último, no comparto la argumentación del Reino de España según la cual el Tribunal General no podía afirmar que ninguna comunidad autónoma salvo el País Vasco había demostrado la calidad de SIEG de la explotación de la red terrestre, en la medida en que la Comisión había examinado una muestra de 82 licitaciones con el fin de apreciar la compatibilidad de la ayuda. ( 122 )

158. Del apartado 77 de la sentencia de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891), se desprende que el Tribunal General declaró que correspondía a las Comunidades Autónomas invocar la inexistencia de ayuda estatal conforme a la sentencia Altmark y que, como mejor y único ejemplo, dichas autoridades habían presentado el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

159. En mi opinión, el hecho de que la Comisión examinara una muestra de 82 licitaciones con el fin de apreciar la compatibilidad de la ayuda en cuestión no demuestra que ninguna otra comunidad autónoma distinta del País Vasco hubiera acreditado, o siquiera invocado, la calidad de SIEG de la explotación de la red terrestre.

160. A este respecto, cabe recordar que, en el apartado 71 de la sentencia en cuestión, el Tribunal General confirmó que la atribución de la misión de servicio público también podía nacer, en determinadas circunstancias, de actos convencionales. No obstante, el Tribunal General consideró que el Reino de España no había demostrado que se hubiera atribuido ninguna misión de servicio público mediante contratos públicos celebrados entre la Administración Pública y los operadores afectados. Añadió, acertadamente, que el mero hecho de que un servicio fuera objeto de un contrato público no implicaba que dicho servicio revistiera automáticamente, sin ninguna precisión de las autoridades correspondientes, la calidad de SIEG en el sentido de la sentencia Altmark.

161. Por consiguiente, considero que la primera parte del primer motivo del Reino de España es infundada.

162. De cuanto antecede se deduce, por lo tanto, que la primera parte del primer motivo del Reino de España debería ser desestimada por inadmisible e infundada.

Conclusión

163. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que: – en los asuntos acumulados Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Comisión (C‑66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña y CTTI/Comisión (C‑67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías/Comisión (C‑68/16 P), y Cellnex Telecom y Retevisión I/Comisión (C‑69/16 P), desestime por infundadas las partes primera y segunda del motivo único; – en el asunto Comunidad Autónoma de Galicia y Redes de Telecomunicación Galegas Retegal/Comisión (C‑70/16 P), declare parcialmente inadmisible y desestime por infundada la primera parte del cuarto motivo y declare inadmisible la segunda parte del cuarto motivo, y – en el asunto España/Comisión (C‑81/16 P), declare inadmisible y desestime por infundada la primera parte del primer motivo.

( 1 ) Lengua original: francés.

( 2 ) Véanse los puntos 20 y 21 de las presentes conclusiones.

( 3 ) Véanse los puntos 20 y 21 de las presentes conclusiones.

( 4 ) En efecto, con arreglo a los apartados 89 a 93 de la sentencia Altmark, las subvenciones públicas no constituyen ayudas estatales con arreglo al artículo 107 TFUE si dichas subvenciones cumplen cuatro requisitos acumulativos, a saber, en primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben estar claramente definidas; en segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente; en tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones; en cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.

( 5 ) En febrero de 2008, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (en lo sucesivo, «MITC») adoptó una decisión denominada «Plan Avanza» orientada a mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones y a establecer los criterios así como la distribución de la financiación de las actuaciones encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la Información. El presupuesto aprobado mediante esta decisión se asignó en gran parte a la digitalización de la televisión en la zona II. Entre los meses de julio y noviembre de 2008, esta digitalización fue realizada mediante diferentes adendas a los convenios marco vigentes, firmados por el MITC y las Comunidades Autónomas en el marco del Plan Avanza. A continuación, el MITC transfirió fondos a las Comunidades Autónomas, que se comprometieron a cubrir los demás costes de la operación a partir de sus presupuestos. En el mes de octubre de 2008, el Consejo de Ministros acordó asignar fondos complementarios para extender y culminar la cobertura de la TDT en el marco de los proyectos de transición digital que debían ejecutarse durante el primer semestre de 2009. Los fondos se concedieron tras la firma, en diciembre de 2008, de nuevos convenios marco entre el MITC y las Comunidades Autónomas relativos al desarrollo del Plan Nacional de Transición a la TDT. El Consejo de Ministros también aprobó los criterios de distribución de los fondos asignados a la financiación de la transición a la TDT. Posteriormente, las Comunidades Autónomas dieron comienzo al proceso de extensión de la TDT. A tal efecto, organizaron licitaciones o encomendaron dicha extensión a empresas privadas. En algunos casos, las Comunidades Autónomas solicitaron a los municipios que se encargaran de dicha extensión. Se realizaron dos tipos de licitaciones en España. El primer tipo de licitaciones tenía por objeto la extensión de la cobertura de la TDT, lo que implicaba confiar a la empresa adjudicataria la misión de ofrecer una red de TDT operativa. A tal efecto, entre las tareas que había que llevar a cabo se encontraban el diseño y la explotación de la red, el transporte de la señal, el despliegue de la red y el suministro del equipo necesario. El segundo tipo de licitaciones tenían por objeto el suministro de equipos de telecomunicación.

( 6 ) La presente descripción de la Decisión controvertida no es exhaustiva. Tan sólo pretende resumir las secciones de la Decisión controvertida que son pertinentes para el motivo común invocado por los presentes recursos de casación.

( 7 ) Véase el considerando 94 de la Decisión controvertida.

( 8 ) Véanse los considerandos 100 a 108 de la Decisión controvertida.

( 9 ) Véanse los considerandos 109 a 122 de la Decisión controvertida.

( 10 ) Véase el considerando 113 de la Decisión controvertida.

( 11 ) Véase el considerando 114 de la Decisión controvertida.

( 12 ) Véanse los considerandos 119 a 126 de la Decisión controvertida y el punto 20 de las presentes conclusiones.

( 13 ) Véanse el considerando 172 de la Decisión controvertida y el punto 21 de las presentes conclusiones.

( 14 ) «Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.»

( 15 ) «Entre los que se incluyen los servicios relacionados con la defensa pública y la protección civil y la explotación de la red telefónica.»

( 16 ) «Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.»

( 17 ) «En el artículo 2, apartado 1, de esta Ley se establece: “Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia”.»

( 18 ) «El anexo II de la [Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones] recoge definiciones precisas y tecnológicamente neutras de “telecomunicaciones” y de “red de comunicaciones electrónicas”. […]»

( 19 ) «Considerandos 6 y 7 y cláusula 5.a de los convenios».

( 20 ) Sentencias de 26 de noviembre de 2015, Com