6.

En cuanto a la Comisión, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y en el informe del Sr. Jenard (ya citado), considera que el apartado 2 del artículo 27 del Convenio menciona dos motivos, independientes, de denegación del reconocimiento y que la existencia de uno solo de esos motivos debe bastar, por tanto, para denegar el reconocimiento. Por consiguiente, añade, el reconocimiento y la ejecución deben denegarse no sólo cuando la notificación se haya efectuado de forma regular pero no con tiempo suficiente, sino también cuando la notificación se haya efectuado con tiempo suficiente pero no de forma regular. Este punto de vista, señala la Comisión, podría indudablemente suscitar objeciones. Así, se podría afirmar que el Convenio debe interpretarse de modo que facilite el reconocimiento de las resoluciones extranjeras: por lo tanto, añade, el apartado 2 del artículo 27 del Convenio, en la medida en que constituye una excepción al principio del reconocimiento, debe interpretarse en sentido estricto. Además, sigue diciendo la Comisión, esa excepción tiene por objeto garantizar a la parte demandada la posibilidad de defenderse; por tanto, conviene no pararse en el carácter irregular de la notificación ni fijarse en los defectos que pueda tener, ya que la parte demandada pudo, efectivamente y con tiempo suficiente, tener conocimiento del litigio. Por último, prosigue, el párrafo 2 del artículo 20 del Convenio, en el que la regularidad no se menciona expresamente, podría ser invocado en apoyo del punto de vista de que la regularidad de la notificación no desempeña sino un papel secundario. La Comisión rechaza esas posibles objeciones alegando, en primer lugar, que el apartado 2 del artículo 27 del Convenio establece, en interés de la parte demandada, como requisito, no sólo que la notificación debe efectuarse de forma regular, sino también que debe hacerse con tiempo suficiente. Eso no significa, según ella, que la regularidad de la notificación sólo tenga una importancia secundaria. La regularidad, recalca la Comisión, constituye también un requisito igualmente esencial para el reconocimiento de una resolución dictada en el marco de un procedimiento en el que no ha participado la parte demandada. En segundo lugar, sigue diciendo, el requisito de la entrega regular de la cédula de emplazamiento o documento equivalente tiene como finalidad permitir a un habitante de un Estado miembro asegurarse de que se ha ejercitado contra él una acción judicial acompañada por una petición concreta. Según la Comisión, este requisito tiene una importancia muy especial cuando, en el caso de una notificación sustitutoria, debe adjuntarse a dicho documento una traducción al idioma del Estado requerido. A esto hay que añadir, sigue diciendo la Comisión, que los Convenios internacionales relativos a la notificación en materia de procedimiento civil han contribuido a una simplificación del procedimiento de notificación. Por lo tanto, la Comisión estima que conviene no renunciar al requisito mínimo de la notificación de la cédula de emplazamiento o documento equivalente en la forma prescrita por las disposiciones aplicables. En cuanto a la referencia al párrafo 2 del artículo 20 del Convenio, la Comisión precisa que el apartado 3 del mismo artículo dispone que el párrafo 2 será remplazado por el artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 cuando deba remitirse la cédula de emplazamiento o documento equivalente en ejecución de ese Convenio. Ahora bien, según la Comisión, este artículo menciona también el requisito de la regularidad formal además de la obligación de informar con tiempo suficiente a la parte demandada.