19

Seguidamente, el Tribunal General estimó el primer motivo y la primera parte del segundo motivo, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 4 del anexo V del Estatuto y del artículo 1 sexto, apartado 2, de éste, pronunciándose del siguiente modo en los apartados 38 a 56 de dicha sentencia: «38 [...] [el Tribunal de la Función Pública] consideró que el artículo 1 sexto, apartado 2, del Estatuto [...] exigía que las disposiciones previstas en el Estatuto relativas a la ordenación del tiempo de trabajo y, en particular, a las vacaciones anuales fueran conformes o al menos equivalentes a las disposiciones mínimas establecidas en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, tal como han sido interpretadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente en la sentencia Schultz-Hoff y otros, antes citada. [...] 40 Sin embargo, ha de señalarse que las directivas se dirigen a los Estados miembros y no a las instituciones de la Unión. Por ello, no cabe considerar que las disposiciones de la Directiva 2003/88 impongan, como tales, obligaciones a las instituciones en sus relaciones con su personal [...] […] 42 No obstante, la circunstancia de que una directiva no vincule, como tal, a las instituciones y de que no pueda fundamentar una excepción de ilegalidad de una disposición del Estatuto no puede excluir que las normas o principios establecidos en esa directiva puedan ser invocados frente a las instituciones cuando sólo constituyan la expresión concreta de normas fundamentales del Tratado [CE] y de los principios generales que se imponen directamente a dichas instituciones (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2003, Rinke, C-25/02, Rec. p. I-8349, apartados 25 a 28 [...]). 43 Asimismo, una directiva podría vincular a una institución cuando ésta, en el marco de su autonomía organizativa y dentro de los límites del Estatuto, haya pretendido ejecutar una obligación particular establecida por una directiva o en el supuesto de que un acto de alcance general de aplicación interna se remita, a su vez, expresamente a las medidas adoptadas por el legislador de la Unión en aplicación de los Tratados (sentencia [del Tribunal de la Función Pública,] Aayhan y otros/Parlamento, [F-65/07, RecFP pp. I-A-1-1054 y II-A-1-567], apartado 116). […] 45 Sin embargo, las excepciones antes indicadas, con arreglo a las cuales las disposiciones de una directiva pueden vincular indirectamente a una institución en determinadas circunstancias […], no son aplicables en el presente asunto. 46 A este respecto, ha de señalarse, en primer lugar, […] que, según jurisprudencia reiterada, el derecho a vacaciones anuales retribuidas establecido en el artículo 7 de la Directiva 2003/88 debe considerarse un principio del Derecho social de la Unión de especial importancia, respecto al cual no pueden establecerse excepciones y cuya aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes únicamente puede efectuarse respetando los límites establecidos expresamente por la propia Directiva (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de enero de 2012, Domínguez, C‑282/10, apartado 16 y la jurisprudencia citada). 47 En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que el derecho a vacaciones anuales está expresamente consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la [Carta], a la que el artículo 6 TUE, apartado 1, reconoce el mismo valor jurídico que a los Tratados (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2011, KHS, C-214/10, Rec. p. I-11757, apartado 37; de 3 de mayo de 2012, Neidel, C‑337/10, apartado 40, y de 21 de junio de 2012, ANGED, C‑78/11, apartado 17). 48 En tercer lugar, el derecho a vacaciones anuales no puede interpretarse de manera restrictiva (véase la sentencia ANGED, antes citada, apartado 18 y la jurisprudencia citada). 49 Sin embargo, aun suponiendo que el derecho a vacaciones anuales pudiera entenderse como un principio general de Derecho, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 42 supra, que obliga directamente a las instituciones y a cuya luz podría apreciarse la legalidad de uno de sus actos, no podría considerarse, en cualquier caso, que el artículo 4 del anexo V del Estatuto ha privado al Sr. Strack del ejercicio de ese derecho. 50 En efecto, dicho artículo se limita a definir las modalidades de acumulación y de compensación en caso de días de vacaciones anuales no disfrutados, autorizando la acumulación automática al tiempo de vacaciones del año siguiente de doce días de vacaciones anuales no disfrutados y estableciendo la posibilidad de acumular los días que superen ese límite cuando el hecho de no haber agotado el tiempo de vacación anual sea imputable a las necesidades del servicio. De este modo, no cabe entender que el artículo 4 del anexo V del Estatuto supedita la concesión o el ejercicio del derecho a vacaciones anuales a un requisito que lo vacía de contenido o es incompatible con el sistema y la finalidad del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88. Por lo demás, la exigencia de supeditar a determinados requisitos la acumulación y la compensación de las vacaciones anuales no disfrutadas parece justificada tanto por la necesidad de evitar la acumulación de vacaciones no disfrutadas de manera ilimitada como por la protección de los intereses económicos de la Unión. […] 52 Por último, ha de señalarse que del tenor del artículo 1 sexto, apartado 2, del Estatuto no puede inferirse que ese artículo se corresponda con la situación expuesta en el apartado 43 supra, conforme a la cual, mediante su inserción en el Estatuto, las instituciones pretendieron ejecutar una obligación concreta establecida por la Directiva 2003/88, ni que la referencia que ese artículo contiene a los requisitos mínimos aplicables con arreglo a las medidas adoptadas en los ámbitos sanitario y de seguridad en virtud de los Tratados remita al artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva, ya que el objeto de esta última difiere del objeto del artículo 1 sexto del Estatuto. 53 En efecto, en primer lugar, procede señalar que el artículo 1 sexto del Estatuto, que forma parte de las disposiciones generales del título I de dicho Estatuto, alude a la conformidad de las condiciones de trabajo de los funcionarios en servicio activo con las «normas sanitarias y de seguridad apropiadas», lo que parece referirse a las normas técnicas mínimas de protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo, no reguladas por el resto de las disposiciones del Estatuto, y no a los requisitos mínimos sanitarios y de seguridad con carácter general, que abarcan también los relativos a la ordenación del tiempo de trabajo recogidos en la Directiva 2003/88 y, en particular, las vacaciones anuales. Como alega la Comisión, una interpretación tan amplia del artículo 1 sexto, apartado 2, del Estatuto sería contraria a la autonomía de legislador de la Unión en materia de función pública, reconocida en el artículo 336 TFUE. 54 En segundo lugar, el Estatuto contiene disposiciones concretas sobre la ordenación del tiempo de trabajo y las vacaciones, en su título IV y en su anexo V. La cuestión planteada en el presente asunto, relativa a las modalidades de acumulación o de compensación en el año siguiente de los días de vacaciones anuales no disfrutados está regulada específicamente en el artículo 4 del anexo V del Estatuto. Dado que esta disposición establece una regla clara y precisa, que limita el derecho de acumulación y de compensación de las vacaciones anuales con respecto al número de días de vacaciones no disfrutados, no pueden aplicarse, partiendo de un razonamiento basado por analogía en la sentencia Schultz-Hoff y otros, antes citada, disposiciones de la Directiva 2003/88 sobre la base de otra disposición del Estatuto, como el artículo 1 sexto, entendida como una norma de aplicación general que permite establecer excepciones a las disposiciones específicas del Estatuto en la materia. Ello llevaría a una interpretación contra legem del Estatuto, como adujo correctamente la Comisión ante el Tribunal de la Función Pública. 55 De ello se deduce que el Tribunal de la Función Pública aplicó erróneamente el artículo 1 sexto, apartado 2, del Estatuto, en lugar de basarse en el artículo 4 del anexo V de dicho Estatuto. 56 Por consiguiente, procede declarar que el Tribunal de la Función Pública incurrió en un doble error de Derecho al aplicar el artículo 7 de la Directiva 2003/88 a la situación del Sr. Strack, basándose en el artículo 1 sexto, apartado 2, del Estatuto, a pesar de las restricciones contenidas en el artículo 4 del anexo V del Estatuto, y al entender que este último artículo no regulaba la cuestión planteada en el caso de autos.»