SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 26 de mayo de 1998

Asunto T-205/96

Roland Bieber

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Reincorporación tardía — Responsabilidad — Perjuicio»

Texto completo en lengua francesa II-723

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por una parte, la anulación de la denegación presunta de la solicitud del demandante, de 18 de octubre de 1995, de reincorporación al término de un período de excedencia voluntaria, así como la reparación del perjuicio supuestamente derivado de su no reincoiporación y, por otra parte, la reparación del perjuicio supuestamente causado por su reincorporación tardía.

Resultado:

Anulación de la denegación presunta de la solicitud del demandante. Condena del Parlamento al pago de una indemnización por daños y perjuicios.

Resumen de la sentencia

Al demandante, que entró al servicio del Parlamento Europeo en 1971 y fue nombrado Jefe de división de grado A 3 en 1981 y Consejero del Servicio Jurídico en 1986, se le concedió una excedencia por interés personal (excedencia) del 15 de noviembre de 1991 al 15 de julio de 1992. Esta excedencia se prorrogó posteriormente hasta el 15 de noviembre de 1994.

Al no recibir ninguna oferta de reincorporación al término de su excedencia, el demandante presentó el 18 de octubre de 1995, con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), una solicitud de reincorporación y de reparación del daño sufrido a causa de su no reincorporación.

Mediante escrito de 7 de diciembre de 1995, el Secretario General del Parlamento comunicó al demandante su intención de proponer su reincorporación al puesto de Jefe de división responsable de la secretaría de la Comisión de Asuntos Institucionales, y supeditó esta oferta a determinadas condiciones. Tras una entrevista entre el demandante y el Secretario General celebrada el 13 de diciembre de 1995, se decidió no proseguir con este proyecto.

Mediante escrito de 21 de febrero de 1996, el Secretario General propuso al demandante, en concepto de primera oferta, su reincorporación a un puesto de Consejero Jurídico de grado A 3. El 8 de marzo de 1996, el demandante aceptó el puesto que se le proponía y solicitó que las modalidades de su reincorporación, en particular la fecha de su entrada en servicio, se fijaran de común acuerdo. Esta fecha fue fijada en el 1 de junio de 1996.

El 10 de mayo de 1996, el demandante presentó una reclamación contra la denegación presunta de su solicitud de indemnización de 18 de octubre de 1995. El Presidente del Parlamento le comunicó el 13 de septiembre de 1996 la desestimación de su reclamación.

El 9 de octubre de 1996, el demandante presentó una solicitud de cese voluntario, en la que especificó que deseaba cesar definitivamente en sus funciones el 1 de febrero de 1997. Posteriormente solicitó su jubilación anticipada con arreglo al artículo 52 del Estatuto.

Sobre las pretensiones de anulación

Del tenor de la letra d) del apartado 4 del artículo 40 del Estatuto se desprende que la obligación que pesa sobre la administración de reincorporar al funcionario cuya excedencia ha terminado no está supeditada a más requisito que la existencia de una vacante para la que dicho funcionario reúna las aptitudes requeridas.

Por tanto, aparte de la existencia de un puesto vacante y de que el interesado reúna las aptitudes requeridas, la reincorporación no depende de ningún otro requisito, como la manifestación, por parte del funcionario, de su interés, o el hecho de que ejerza o no una actividad profesional durante su excedencia. En consecuencia, la facultad de apreciación de las autoridades competentes en materia de reincorporación únicamente se refiere a las propias aptitudes del funcionario pendiente de reincorporación, que deben evaluarse teniendo en cuenta los puestos de trabajo que puede ocupar, y no puede extenderse a la oportunidad de su reincorporación. Además, el Secretario General del Parlamento recuerda expresamente esta regla en una nota de 1 de marzo de 1987, en la que destaca que la reincorporación es prioritaria respecto a cualquier otra forma para proveer vacantes, siempre que el funcionario que debe reincorporarse reúna las aptitudes requeridas para el puesto de que se trate (apartados 36 y 37).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 1 de julio de 1996, Giordani/Comisión(T-48/90, Rec. p. II-721), apartado 50

Cuando cumple su obligación de reincorporar a un funcionario en la primera vacante de un puesto apropiado, la AFPN sólo puede tener en cuenta la voluntad del funcionario si dicho puesto radica en un lugar de destino distinto de aquel en que había estado destinado antes de la excedencia (apartado 38).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1997, Richter/Comisión(T-19/97, RecFP p. II-1019), apartados 51 a 54

Aun suponiendo que, en el caso de autos, el Parlamento hubiera tenido dudas sobre la voluntad real de reincorporación del demandante, debía haberle ofrecido un puesto para el que reunía las aptitudes requeridas cuando se produjo la primera vacante de este tipo. Si no hubiera deseado su reincorporación, el demandante podría haber rehusado la plaza propuesta. En caso de un segundo rechazo, podría haber sido separado de oficio. De ahí se deduce que el hecho de no haber ofrecido el puesto de que se trata al demandante constituye una violación de la letra d) del apartado 4 del artículo 40 del Estatuto, que implica la anulación de la decisión impugnada (apartados 39 y 43).

Sobre las pretensiones de indemnización

Para que la Comunidad incurra en responsabilidad extracontractual el demandante ha de probar la ilegalidad del comportamiento imputado al órgano comunitario, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento y el perjuicio invocado (apartado 48).

Referencia: Tribunal de Primera/Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-3/92, RecFP p. II-83), apartado 63; Tribunal de Primera Instancia, 15 de febrero de 1996, Ryan-Sheridan/FEMCVT(T-589/93, RecFP p. II-77), apartado 141

La Institución demandada actuó ilegalmente al no reincorporar al demandante en la primera vacante de un puesto que correspondía a sus aptitudes. Esta ilegalidad constituye una falta que ocasionó un perjuicio al demandante por el que puede solicitar una reparación.

La indemnización debida al funcionario por la pérdida de ingresos resultante de su reincorporación tardía equivale, en principio, a las remuneraciones netas a las que hubiera tenido derecho menos los ingresos profesionales netos obtenidos durante el mismo período ejerciendo otra actividad. El inicio del período de referencia para el cálculo de la indemnización es la fecha de la primera vacante de un empleo para el que el demandante poseía las aptitudes requeridas, no la fecha en la que el demandante quiso reincorporarse. El final del período de referencia corresponde a la fecha en la que el demandante acepta la oferta de empleo propuesta, no la fecha en que reinicia efectivamente sus funciones, ya que en el caso de autos esta aceptación se encuentra en el origen de la pérdida de ingresos sufrida entre ambas fechas (apartados 50, 52, 57 y 63).

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de mayo de 1983, Pizziolo/Comisión(785/79, Rec. p. 1343), apartado 12; Tribunal de Justicia, 1 de julio de 1996, Sergy/Comisión (58/75, Rec. p. 1139), apartado 40

La evaluación del perjuicio sufrido por el interesado debe tener en cuenta la subida de escalón automática en su grado que habría tenido y los derechos a pensión que le habrían sido reconocidos de haberse reincorporado en la primera vacante correspondiente a sus aptitudes.

Por lo que se refiere a la determinación de los intereses de demora, dado que el demandante ni ha alegado ni ha demostrado haber sufrido una pérdida económica consistente en cargas por préstamos resultantes de la mora en el pago, el perjuicio causado por este retraso equivale al lucro cesante correspondiente a la remuneración que se le habría pagado por la inversión de las cantidades adeudadas si hubiera dispuesto de ellas desde el momento de su exigibilidad.

Habida cuenta de que sólo un perjuicio real y cierto puede dar lugar a una reparación, procede tomar como referencia para evaluar dicho lucro cesante una inversión cuyo rendimiento económico sea prácticamente cierto (apartados 66 y 67).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 18 de mayo de 1995, Wafer Zoo/Comisión (T-478/93, Rec. p. II-1479), apartado 49

A este respecto, en el marco de su facultad de jurisdicción plena en esta materia, establecida en el apartado 1 del artículo 91 del Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia estima que debe tomar como referencia el tipo de interés para un depósito realizado por un buen padre de familia correspondiente a un tipo anual del 4,5 %.

Fallo:

Se anula la denegación presunta de la solicitud de reincorporación y de indemnización presentada por el demandante el 18 de octubre de 1995.

Se condena al Parlamento a indemnizar al demandante por el daño material sufrido al no haber sido reincorporado el 1 de enero de 1995, en el escalón 6 del grado A 3, en el puesto de Consejero Jurídico del Parlamento que fue objeto de la convocatoria para proveer plaza vacante no 7580, de 5 de diciembre de 1994.

La cantidad que se ha de pagar al demandante para compensar su pérdida de ingresos profesionales equivale a la diferencia entre, por una parte, las remuneraciones netas a las que hubiera tenido derecho entre el 1 de enero de 1995 y el 8 de marzo de 1996 y, por otra parte, los ingresos profesionales netos obtenidos durante el mismo período ejerciendo otras actividades.

A esta suma se añadirá la cantidad correspondiente a la pérdida resultante de no haberse producido la subida de escalón automática.

El total de las cantidades definidas en los apartados 3 y 4 supra devengará un interés anual del 4,5 % a partir del 12 de diciembre de 1996, hasta su pago al demandante.

Se condena al Parlamento a restablecer los derechos a pensión del demandante, de modo que se compense la diferencia entre los derechos a pensión que se le deberían haber reconocido si se hubiera reincorporado el 1 de enero de 1995 y los que se le reconocieron efectivamente.

Las cantidades adeudadas con arreglo al apartado 6 supra devengarán un interés del 4,5 % a partir de su exigibilidad.

Antes de pronunciarse con carácter definitivo sobre el importe de la indemnización adeudada al demandante: a) las partes comunicarán a este Tribunal de Primera Instancia, dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la presente sentencia, su acuerdo, en primer lugar, sobre la cantidad adeudada en concepto de indemnización al demandante y, en segundo lugar, sobre el restablecimiento de sus derechos a pensión y los intereses adeudados a este respecto; b) a falta de acuerdo, las partes formularán ante este Tribunal, en el mismo plazo, sus pretensiones, indicando cantidades y las razones por las que no aceptan la propuesta de la parte contraria.