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2)

El Reglamento no 1347/2001 debe interpretarse en el sentido de que no afecta a la validez y a la posibilidad de un uso, que corresponda a una de las situaciones contempladas en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, de las marcas de terceros preexistentes en las que figura el término «Bavaria», registradas de buena fe antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la indicación geográfica protegida «Bayerisches Bier» siempre que dichas marcas no incurran en las causas de nulidad o caducidad establecidas respectivamente en las letras c) y g) del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
2)

El hecho de que todos los componentes de un producto alimenticio, considerados por separado, cumplan el requisito previsto en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento no 258/97, o sean seguros, no puede considerarse suficiente para excluir la aplicación de este Reglamento al producto alimenticio elaborado. Para determinar si éste debe calificarse de alimento nuevo en el sentido del Reglamento no 258/97, la autoridad nacional competente deberá pronunciarse sobre cada caso concreto, teniendo en cuenta todas las características del producto alimenticio, así como el proceso de producción.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 301/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de septiembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

(Asunto C-427/06) (1)

(Igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Artículo 13 CE - Directiva 2000/78/CE - Régimen profesional de pensiones que excluye el derecho a la pensión de viudedad a favor del cónyuge supérstite que sea más de 15 años más joven que el antiguo trabajador fallecido - Discriminación basada en la edad - Conexión con el Derecho comunitario)

(2008/C 301/10)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesarbeitsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Birgit Bartsch

Demandada: Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesarbeitsgericht — Interpretación del principio de no discriminación por razón de edad, del artículo 13 CE y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16) — Régimen profesional de pensiones (betriebliche Altersversorgung) que excluye del derecho a la pensión de viudedad (Ruhegeld) al cónyuge supérstite que sea más de 15 años más joven que el antiguo empleado fallecido — Aplicación del principio de no discriminación por razón de la edad a falta de una conexión con una situación contemplada por otras disposiciones del Derecho comunitario.

Fallo

El Derecho comunitario no contiene una prohibición de toda discriminación por razón de la edad, cuya aplicación deban garantizar los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros cuando el comportamiento eventualmente discriminatorio carece de vínculo alguno con el Derecho comunitario. Tal vínculo no nace del artículo 13 CE ni, en circunstancias como las del litigio principal, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, antes de expirar el plazo concedido al Estado miembro del que se trate para la adaptación de su Derecho nacional a esa Directiva.

(1) DO C 326 de 30.12.2006.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 64/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de enero de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal, Reino Unido) — The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk/Secretary of State for the Home Department

(Asunto C-294/06) (1)

(Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Libre circulación de los trabajadores - Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación - Artículo 6, apartado 1, primer guión - Trabajador que forma parte del mercado legal de trabajo - Autorización de entrada como estudiante o como «au pair» - Incidencia sobre el derecho de residencia)

(2008/C 64/13)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk

Demandada: Secretary of State for the Home Department

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Court of Appeal — Interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Decisión 1/80 del Consejo de Asociación CEE/Turquía — Concepto de trabajador que forma parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro — Nacional turca empleada como «au pair» que ha obtenido una autorización de entrada para un período de dos años a fin de ejercer tal actividad — Nacionales turcos titulares de una autorización de entrada para un período de dos años para cursar estudios y un permiso para trabajar hasta un máximo de 20 horas semanales durante un período lectivo

Fallo

La circunstancia de que se haya autorizado a un nacional turco a entrar en el territorio de un Estado miembro como «au pair» o como estudiante no puede privarle de la condición de «trabajador» ni impedirle formar parte del «mercado legal de trabajo» de ese Estado miembro en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación. Esta circunstancia no puede, por lo tanto, impedir que dicho nacional invoque la citada disposición para obtener la renovación de su permiso de trabajo y disfrutar de su correlativo derecho de residencia.

(1) DO C 237 de 30.9.2006.
1)

Declarar que la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 26 CE, del artículo 20 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario y, por consiguiente, del Arancel Aduanero Común, al haber eximido de derechos de aduana la importación de equipos militares entre los años 1998 y 2002, y que asimismo ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996, y de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, al haberse negado a calcular, constatar y poner a disposición de la Comisión de las Comunidades Europeas los recursos propios correspondientes a dicha importación, y al haberse negado a abonar los intereses de demora devengados por no haber puesto dichos recursos propios a disposición de la Comisión de las Comunidades Europeas.
—

Que se declare que la República de Malta ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 110 TFUE al aplicar un impuesto anual de circulación más elevado a los vehículos de motor matriculados en otros Estados miembros antes del 1 de enero de 2009 e introducidos en Malta después de esa fecha que el aplicado a los vehículos nacionales similares, con arreglo a la Fourth Schedule of the Motor Vehicles Registration and Licensing Act, en su versión modificada por la Act VI of 2009, Chapter 368 of the Laws of Malta (cuarto anexo de la Ley sobre matriculación de vehículos de motor, en su versión modificada por la Ley VI de 2009, capítulo 368 de la Leyes de Malta).
2.

En caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 76 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE, en relación con el artículo 36 de dicha Directiva en el sentido de que se opone a que, tras la anulación de la primera decisión de adjudicación y la remisión del asunto a la entidad adjudicadora para un nuevo procedimiento de examen y evaluación de las ofertas, la entidad adjudicadora solicite al operador económico que presente documentos complementarios que acrediten que cumple los requisitos para participar en el procedimiento de licitación, que no estaban incluidos en la oferta inicial, tales como la lista de las obras ejecutadas completada con una referencia que no se había mencionado en la lista inicial de obras, es decir, que no formaba parte integrante de la oferta inicial?
C 441/8

Recurso de casación interpuesto el 17 de agosto de 2022 por ITV plc contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda ampliada) dictada el 8 de junio de 2022 en los asuntos acumulados T-363/19 y T-456/19, Reino Unido e ITV / Comisión

(Asunto C-556/22 P)

(2022/C 441/12)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: ITV plc (representantes: J. Lesar, Solicitor, y K. Beal QC)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Admita el recurso de casación.

— Anule los puntos 2 y 4 del fallo de la sentencia recurrida en casación.

— Anule la Decisión (UE) 2019/1352 de la Comisión, de 2 de abril de 2019, sobre la ayuda estatal SA.44896 aplicada por el Reino Unido en relación con la exención a la financiación de grupos en el marco de las normas SEC. (1)

— Condene a la Comisión a pagar las costas correspondientes al recurso ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, la parte recurrente invoca cuatro motivos:

Primero, el Tribunal General incurrió en error de Derecho o cometió un error manifiesto de apreciación o de valoración cuando concluyó que la Comisión no había incurrido en error al seleccionar el sistema de referencia para analizar si se habían conculcado o no las disposiciones sobre ayudas de Estado contenidas en los artículos 107 TFUE y 108 TFUE.

Segundo, el Tribunal General incurrió en error de Derecho o cometió un error manifiesto de apreciación o de valoración cuando concluyó que las exenciones pertinentes actuaban como una excepción al sistema general tributario que incluye las normas SEC (sociedades extranjeras controladas) y de este modo concedían una ventaja selectiva únicamente a determinados contribuyentes del impuesto de sociedades que por lo demás se hallan en una situación comparable.

Tercero, el Tribunal General incurrió en error de Derecho o cometió un error manifiesto de apreciación o de valoración al concluir que las exenciones, en caso de conceder una ventaja selectiva (que no es el caso), no podrían justificarse basándose en razones de gestión administrativa.

Cuarto, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no considerar ni aplicar convenientemente la jurisprudencia derivada de la sentencia de 12 de septiembre de 2006, Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544, sobre cuándo considerar la cuestión del marco de referencia, ventaja selectiva o considerar si las exenciones (o una parte de ellas) podrían o no estar justificadas para salvaguardar la libertad de establecimiento conforme al artículo 49 TFUE. Adicionalmente, o con carácter subsidiario, el Tribunal General no motivó adecuadamente sus conclusiones sobre esta cuestión.

(1) DO 2019, L 216, p. 1.
2)

¿Se opone la interpretación [del artículo] 110 TFUE a una normativa nacional, como la que figura en el artículo 1 del OUG n.o 52/2017 (Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 52/2017), según el cual la devolución de un impuesto prohibido por el Derecho de la Unión únicamente puede realizarse a favor del contribuyente que lo haya abonado y no de los adquirentes posteriores del vehículo para el cual se haya pagado dicho impuesto, cuando dicho impuesto no se haya devuelto al pagador?
ad valorem

En caso de que el impuesto adicional sobre el tabaco calentado no constituya un gravamen indirecto con fines específicos sobre productos sujetos a impuestos especiales en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118: ¿Debe interpretarse el artículo 14, apartados 1, párrafo primero, letra b), y 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 21 de junio de 2011, relativa a la estructura y los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco ( DO 2011, L 176, p. 24 ), en el sentido de que se opone a una normativa nacional de un Estado miembro relativa a la aplicación del impuesto sobre el tabaco al tabaco calentado que, para el cálculo del impuesto, dispone que este se determine con arreglo a un tipo impositivoy a un tipo específico determinado en función del peso y el número de rollos de tabaco que contiene?
C 318/24

Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) el 3 de mayo de 2022 — NOS, SGPS, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asunto C-290/22)

(2022/C 318/34)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Supremo Tribunal Administrativo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: NOS-SGPS S.A.

Recurrida: Autoridade Tributária e Aduaneira

Cuestión prejudicial

¿Está comprendida en el concepto de «entidad financiera», en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 22 de la Directiva 2013/36/UE (1) y del artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento UE n.o 575/2013, (2) una sociedad de cartera domiciliada en Portugal, regulada por lo dispuesto en el Decreto-ley n.o 495/88, de 30 de diciembre, que tiene por único objeto la gestión de participaciones sociales de otras sociedades que no operan en el sector de los seguros?

(1) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).

(2) Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 11 de abril de 2022 — Fallimento Villa di Campo Srl / Agenzia delle Entrate

(Asunto C-250/22)

(2022/C 266/15)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Fallimento Villa di Campo Srl

Recurrida: Agenzia delle Entrate

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los artículos 5, apartado 8, de la Directiva 77/388/CEE (1) y 19 de la Directiva 2006/112/CE (2) a una disposición nacional como el artículo 20 del Decreto del Presidente de la República n.o 131, de 26 de abril de 1986, modificado por el artículo 1, apartado 87, letra a), números 1 y 2, de la Ley n.o 205, de 27 de diciembre de 2017, y por el artículo 1, apartado 1084, de la Ley n.o 145, de 30 de diciembre de 2018, que obliga a la Administración tributaria a calificar la operación celebrada entre las partes exclusivamente en función de los elementos que figuren en el texto del contrato, prohibiendo recurrir a elementos que no formen parte de su tenor (aun cuando existan objetivamente y estén probados), de modo que resulta totalmente imposible que la Administración tributaria pueda demostrar que la prestación económica, constitutiva de una cesión de empresa, en sí misma indisociable, en realidad se ha desglosado artificialmente en varias prestaciones —múltiples entregas de bienes— con el consiguiente reconocimiento de la deducción del IVA, al no cumplirse los requisitos previstos por el Derecho de la Unión Europea?

(1) Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1).

(2) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Alba Iulia (Rumanía) el 14 de marzo de 2022 — Vantage Logistics S.R.L. / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, Auto Help Alba S.R.L., Banca Transilvania S.A., BRD — Groupe Société Générale S.A., S.C. Croma S.R.L., S.C. Polaris M.Holding, S.C. Elit România Piese Auto Originale S.R.L., S.C. Nedo Auto Service S.R.L., CH Insolvency I.P.U.R.L. en calidad de administrador concursal de S.C. Nedo Auto Service S.R.L.

(Asunto C-200/22)

(2022/C 222/29)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Alba Iulia

Partes en el procedimiento principal

Apelante: Vantage Logistics S.R.L.

Otras partes en el procedimiento: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, Auto Help Alba S.R.L., Banca Transilvania S.A., BRD — Groupe Société Générale S.A., S.C. Croma S.R.L., S.C. Polaris M.Holding, S.C. Elit România Piese Auto Originale S.R.L., S.C. Nedo Auto Service S.R.L., y CH Insolvency I.P.U.R.L. en calidad de administrador concursal de S.C. Nedo Auto Service S.R.L.

Cuestión prejudicial

El Derecho de la Unión, el principio de respeto y protección de la propiedad privada, dimanante del artículo 17 de la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea], el principio de primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho nacional y, en particular, el artículo 9, apartado 6, párrafo primero, de la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), (1) ¿deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal [artículo 139, apartado 1, [punto] C, de la Ley n.o 85/2014] que, en el marco del procedimiento aplicable en caso de insolvencia, [permite] considerar aceptado el plan de reorganización/reestructuración cuando, existiendo dos o cuatro categorías de créditos, es votado por al menos la mitad del número de categorías, siempre que el plan sea aceptado por una de las categorías no privilegiadas y por al menos el 30 % del importe total de la masa pasiva?

(1) DO 2019, L 172, p. 18.
4.

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿constituyen los brotes de trigo sarraceno en una solución de espermidina un proceso de producción primaria en relación con un vegetal al que no es aplicable la legislación alimentaria, en particular el Reglamento 2015/2283, al no ser consideradas como alimentos las plantas antes de la cosecha [artículo 2, letra c), del Reglamento (CE) n.o 178/2002]? (2)
3)

¿Puede justificar la normativa establecida en la Directiva 2005/29, en particular los artículos 3, apartado 4, y 13, apartado 2, letra e), una excepción a la prohibición del non bis in idem establecida en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (posteriormente incorporada al Tratado de la Unión Europea en el artículo 6 TUE) y en el artículo 54 del Convenio de aplicación de Schengen?
1.

¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2012/13/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO 2012, L 142, p. 1), en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, en atención a una jurisprudencia reiterada del propio Estado miembro, se aplica de forma corregida en el sentido de que permite que la información de los motivos para la detención de una persona sospechosa, incluida la infracción penal que se sospecha ha cometido, no se ha de incluir necesariamente en la orden escrita de detención, sino que puede constar en otros documentos accesorios (previos o posteriores) que no han de entregarse de forma inmediata y de los cuales puede tener conocimiento la persona sospechosa en un momento posterior, en el caso de que impugne judicialmente la legalidad de su privación de libertad?