21.

Las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia contienen diferentes elementos que pueden proporcionar una respuesta apropiada a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional. Tal y como se ha subrayado en varias ocasiones, es preciso partir de los motivos subyacentes en las sentencias Marshall y Johnston: ni el Estado miembro ni tampoco cualquier otra autoridad pública, encargada de una función determinada por el Estado miembro de la que recibe su autoridad, pueden obtener ninguna ventaja del hecho de que el Estado miembro no haya adaptado su Derecho nacional a la disposición de que se trate de la Directiva. No obstante, es preciso preguntarse a este respecto cuál es el exacto alcance de las expresiones «autoridad pública», «encargada de una función determinada» y «de la que emana». Por otra parte, no es fácil atribuir un sentido comunitario preciso a estas expresiones: es difícil determinar si una persona forma parte de la autoridad pública, si una función determinada es una función correspondiente a la autoridad pública y si una persona deriva su autoridad de un Estado (y no necesariamente en el sentido de que ejerce una autoridad delegada por este Estado); el contenido de estas expresiones varía considerablemente no sólo de un Estado miembro a otro y, dentro de cada Estado miembro, según las épocas, sino también en el seno del Derecho comunitario, en la medida en que estas expresiones se utilizan en él en función de las distintas materias. En la jurisprudencia que recordé anteriormente, el Tribunal no ha intentado —en mi opinión, acertadamente— definir estos conceptos in abstracto. No obstante, de esta jurisprudencia se deduce que el concepto de autoridad pública debe interpretarse muy ampliamente y que todos los órganos investidos de cualquier autoridad sobre los particulares en virtud de la estructura constitucional de un Estado miembro entran en el concepto de «Estado». Ni la manera en que está organizada esta autoridad (en lo sucesivo, «autoridad pública»), ni las relaciones entre los diferentes órganos que ejercen esta autoridad revisten ninguna importancia. Habida cuenta de las sentencias Marshall, Johnston y Costanzo (así como la anterior sentencia Auer ( 43 )), es innegable que entran todos en el concepto de «Estado», sin que sea preciso recurrir a ningún criterio de delegación o de control por otras autoridades. Hasta ese punto está todo claro. La cuestión que se plantea en el presente asunto es la de hasta qué punto la aplicación de esta jurisprudencia puede extenderse, en particular respecto a empresas, in casu empresas públicas, que no ejercen como tales ninguna autoridad strido sensu sobre los particulares. Entiendo que a esta cuestión debe responderse como sigue: esta jurisprudencia puede extenderse en la medida en que el «Estado» (en sentido amplio, definido en el párrafo anterior) se ha atribuido una competencia que le permite influir de manera decisiva sobre el comportamiento de personas —de cualquier naturaleza, pública o privada, o en cualquier sector de actividad— en relación con la materia contemplada en la Directiva que no ha sido aplicada debidamente. La manera en que el «Estado» puede influenciar el comportamiento de estas personas carece de relevancia a este respecto : de iure o de facto, por ejemplo, porque la autoridad pública tenga un poder general o especial (o incluso un poder de hecho) para dar instrucciones obligatorias a esas personas, ejerciendo o no sus derechos de accionista, o para autorizar previamente o suspender o anular a posteriori las decisiones adoptadas por esas personas, o para nombrar o remover los miembros de sus órganos de dirección (o a la mayoría de éstos), o para dejar, en todo o en parte, de financiarlos en una medida que amenace su existencia; siempre y cuando, no obstante: 1) esa posibilidad de ejercer una influencia debe proceder de una competencia distinta de una potestad legislativa general (porque, en ese último caso, todos los particulares —sometidos a semejante potestad normativa general— entrarían en el ámbito de aplicación de la jurisprudencia Marshall, con lo que esta jurisprudencia erraría su objetivo, y 2), como ya he dicho, esta posibilidad de ejercer una influencia debe situarse, entre otros aspectos o en particular, en el marco de la materia contemplada por la disposición de la Directiva a la que no se ha adaptado aún el Derecho nacional. Cuando el «Estado» (en sentido amplio) se reserva este poder de influir en una persona {en el caso de autos, la BGC), entre otras, respecto a la materia contemplada en la disposición de que se trate de la Directiva, ha sometido esta persona a su autoridad frente a los particulares. Por consiguiente, estos últimos pueden invocar también la falta de adaptación del Derecho interno a la Directiva por parte del Estado miembro, frente a dicha persona. En efecto, entra en la ratio de la sentencia Marshall no dejar al Estado de que se trate obtener ventajas de su omisión en todo lo que corresponda a la esfera de responsabilidad que se ha atribuido, independientemente de cuál sea la persona en la que ha delegado esta responsabilidad.