Asunto T‑235/07

Bavaria NV

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado neerlandés de cerveza — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Prueba de la infracción — Acceso al expediente — Multas — Principio de igualdad de trato — Plazo razonable»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Concepto — Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Art. 81 CE, ap. 1)

2. Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Concepto — Toma de contacto incompatible con el deber de cada empresa de determinar de manera autónoma su comportamiento en el mercado — Intercambio de información — Presunción — Requisitos

(Art. 81 CE, ap. 1)

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Modo de prueba — Utilización de un conjunto de indicios

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Modo de prueba — Pruebas documentales

(Art. 81 CE, ap. 1)

5. Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Presunción de inocencia — Procedimiento en materia de competencia — Aplicabilidad

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Utilización como medios de prueba de declaraciones presentadas en el marco de la Comunicación sobre la cooperación por otras empresas que han participado en la infracción — Procedencia — Requisitos

(Arts. 81 CE y 82 CE)

7. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba de la infracción a cargo de la Comisión — Límites

(Art. 81 CE, ap. 1)

8. Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Objeto contrario a la competencia — Comprobación suficiente

(Art. 81 CE, ap. 1)

9. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión — Fuerza probatoria de unas declaraciones voluntarias que acusan a una empresa realizadas por los principales participantes en un cártel para que se les aplique la Comunicación sobre la cooperación

(Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

10. Competencia — Prácticas colusorias — Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada — Calificación única como «acuerdo y/o práctica concertada» — Procedencia

(Art. 81 CE, ap. 1)

11. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción por parte de una empresa y adoptada con posterioridad a otra Decisión de la Comisión en la que se mencionaba a dicha empresa únicamente en la exposición de los hechos pero sin designarla como destinataria — Violación del principio non bis in idem — Inexistencia

(Art. 81 CE, ap. 1)

12. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión — Alcance de la carga de la prueba

(Art. 81 CE, ap. 1)

13. Competencia — Prácticas colusorias — Prueba — Respuesta de una empresa a una solicitud de información formulada por la Comisión — Valor probatorio — Apreciación

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 11, y (CE) nº 1/2003, art. 18]

14. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Obligación de la Comisión de examinar minuciosa e imparcialmente todos los aspectos pertinentes del asunto de que se trata

15. Competencia — Procedimiento administrativo — Manifestación prematura por la Comisión de su convicción respecto de la existencia de infracción

16. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Acceso al expediente — Alcance — Negativa a transmitir un documento — Consecuencias — Necesidad de distinguir entre las pruebas de cargo y de descargo en el ámbito de la carga de la prueba que incumbe a la empresa afectada

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 27, ap. 2]

17. Competencia — Procedimiento administrativo — Acceso al expediente — Documentos que no figuran en el expediente de la instrucción y que la Comisión no ha utilizado como pruebas de cargo — Documentos que pueden ser útiles para la defensa de las partes

[Arts. 81 CE, ap. 1, y 82 CE; Acuerdo EEE, arts. 53, 54 y 57; Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo; Comunicación 2005/C 325/07 de la Comisión, punto 27]

18. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Margen de apreciación reservado a la Comisión — Límites — Observancia de las directrices adoptadas por la Comisión — Control jurisdiccional

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión]

19. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Consideración de las repercusiones concretas en el mercado — Alcance

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A]

20. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Facultad de apreciación de la Comisión

[Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión]

21. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Clasificación de las empresas afectadas en distintas categorías — Requisitos

(Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A, párrs. 6 y 7)

22. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Clasificación de las empresas afectadas en distintas categorías — Volumen de negocios tomado en consideración

(Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A, párrs. 6 y 7)

23. Competencia — Procedimiento administrativo — Obligaciones de la Comisión — Observancia de un plazo razonable — Criterios de apreciación — Incumplimiento — Consecuencias

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo]

24. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Art. 81 CE)

25. Competencia — Procedimiento administrativo — Obligaciones de la Comisión — Observancia de un plazo razonable — Incumplimiento — Consecuencias — Reducción con arreglo a criterios de equidad del importe de la multa

(Art. 81 CE)

1. Para que exista acuerdo, a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Puede apreciarse la existencia de un acuerdo en el sentido del citado artículo cuando haya una concordancia de voluntades sobre el principio mismo de la restricción de la competencia y aunque los elementos concretos de la restricción planeada se estén aún negociando. La existencia de un acuerdo en el sentido del artículo 81 CE no queda puesta en tela de juicio ni por la circunstancia de que el acuerdo de voluntades entre las empresas no abarcara las condiciones concretas de la ejecución del incremento de precios ni por el hecho de que este incremento nunca se materializara efectivamente en el mercado.

(véanse los apartados 34, 35 y 175)

2. El concepto de práctica concertada se refiere a una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. En este sentido, el artículo 81 CE, apartado 1, se opone a toda toma de contacto directo o indirecto entre operadores económicos que pueda influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real o potencial, o desvelar a dicho competidor el comportamiento que el operador económico en cuestión ha decidido mantener en el mercado o que pretende seguir en el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto u objeto restringir la competencia.

Salvo prueba en contrario que corresponde aportar a los operadores interesados, puede presumirse que las empresas que participan en la concertación y que permanecen activas en el mercado tienen en cuenta la información intercambiada con sus competidores a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado. Ello resulta especialmente cierto cuando la concertación se produce regularmente a lo largo de un período dilatado.

(véanse los apartados 36, 37 y 178)

3. En lo que respecta a la aportación de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, incumbe a la Comisión probar las infracciones que constate y aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción. De este modo, es necesario que la Comisión invoque pruebas precisas y concordantes para demostrar la existencia de la infracción.

Sin embargo, procede señalar que no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente, responda a dicha exigencia.

Habida cuenta del carácter notorio de la prohibición de los acuerdos contrarios a la libre competencia, no puede exigirse a la Comisión que aporte documentos que justifiquen de manera explícita una toma de contacto entre los operadores afectados. Los elementos fragmentarios y confusos de que pueda disponer la Comisión deberían poder completarse mediante deducciones que permitan la reconstitución de las circunstancias pertinentes. Por consiguiente, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia puede inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia.

(véanse los apartados 38 a 41)

4. En el caso de que la Comisión invoque pruebas documentales en apoyo de su conclusión sobre la existencia de un acuerdo o una práctica contrarios a la competencia, incumbe a las partes que impugnan esta apreciación ante el Tribunal no sólo presentar una alternativa verosímil a la tesis de la Comisión, sino también denunciar la insuficiencia de las pruebas utilizadas en la decisión impugnada para demostrar la existencia de la infracción.

(véase el apartado 42)

5. En lo que respecta al alcance del control jurisdiccional, cuando el Tribunal conoce de un recurso de anulación de una decisión adoptada en ejecución del artículo 81 CE, apartado 1, debe ejercer en general un control completo sobre la cuestión de si concurren o no los requisitos de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1.

La existencia de una duda en el ánimo del juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción, tal como exige el principio de presunción de inocencia el cual, como principio general del Derecho de la Unión Europea, se aplica, en particular, a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que puedan conducir a la imposición de multas o multas coercitivas.

(véanse los apartados 43 y 44)

6. Ninguna disposición ni principio general del Derecho de la Unión prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa las declaraciones de otras empresas implicadas. De no ser así, la carga de la prueba de comportamientos contrarios a los artículos 81 CE y 82 CE, que recae en la Comisión, sería insostenible e incompatible con la misión de vigilancia de la buena aplicación de estas disposiciones que le atribuye el Tratado CE.

Ciertamente, en el caso de que una empresa acusada de haber participado en un cártel formule una declaración cuya exactitud niegan varias de las demás empresas acusadas, dicha declaración no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas. Así pues, tal declaración no basta por si sola para demostrar la existencia de la infracción, sino que debe quedar corroborada por otras pruebas. No obstante, procede considerar que el grado de corroboración necesario es menor, tanto en términos de precisión como de intensidad, respecto de una declaración altamente fiable que respecto de una declaración que no sea particularmente digna de crédito.

Así pues, si se llegara a la conclusión de que un conjunto de indicios concordantes permite confirmar la existencia y ciertos aspectos específicos de las prácticas mencionadas en tal declaración, ésta podría bastar por si sola, en tal supuesto, para demostrar otros puntos de la decisión de la Comisión.

Además, en la medida en que un documento no contradiga manifiestamente la declaración sobre la existencia o el contenido esencial de las prácticas imputadas, basta con que dicho documento atestigüe aspectos significativos de las prácticas descritas para que quepa atribuirle un cierto valor como medio de corroboración en el marco del conjunto de pruebas de cargo.

(véanse los apartados 60 y 79 a 81)

7. La Comisión se ve obligada con frecuencia a probar la existencia de una infracción en circunstancias poco propicias para ello, pues es posible que hayan transcurrido varios años desde la época de los hechos constitutivos de la infracción y que algunas de las empresas investigadas no cooperen activamente con ella.

Aunque incumbe necesariamente a la Comisión demostrar la celebración de un acuerdo ilícito de reparto de los mercados, sería excesivo exigirle además que aportase pruebas del mecanismo específico previsto para alcanzar dicho objetivo. En efecto, resultaría demasiado fácil para una empresa infractora eludir todas las sanciones si pudiera utilizar como argumento la vaguedad de las informaciones presentadas sobre el funcionamiento de un acuerdo ilícito, en una situación en la que la existencia del acuerdo y su finalidad contraria a la competencia han quedado sin embargo suficientemente acreditadas. En tal situación, las empresas pueden defenderse adecuadamente en la medida en que tengan la posibilidad de formular observaciones sobre todas las pruebas invocadas en su contra por la Comisión.

(véase el apartado 69)

8. Del propio texto del artículo 81 CE se desprende que los acuerdos y las prácticas concertadas entre empresas están prohibidos, con independencia de cualquier efecto en el mercado, cuando tienen un objeto contrario a la libre competencia. Así pues, cuando la Comisión haya apreciado la existencia de acuerdos y prácticas concertadas con un objeto contrario a la libre competencia, no es posible rebatir esta apreciación mediante observaciones basadas en que los acuerdos colusorios no fueron aplicados o en la no producción de efectos en el mercado.

(véanse los apartados 70 y 71)

9. Aunque resulte oportuno albergar cierta desconfianza respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cártel ilícito, dada la posibilidad de que tales participantes tiendan a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de los demás, el hecho de solicitar la aplicación de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas para obtener una reducción de la multa no representa necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados respecto a los demás participantes en el cártel investigado. En efecto, cualquier tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación.

(véase el apartado 78)

10. Ante una situación fáctica compleja, la doble calificación de los comportamientos contrarios a la competencia como «un conjunto de acuerdos y/o de prácticas concertadas», en la medida en que estos comportamientos incluyen tanto elementos que merecen la calificación de «acuerdos» como elementos que merecen la de «prácticas concertadas», debe entenderse no como una calificación que exige simultanea y acumulativamente la prueba de que cada uno de estos elementos de hecho presente los elementos constitutivos de un acuerdo y de una práctica concertada, sino como una calificación que designa un todo complejo conformado por elementos de hecho de los cuales algunos han sido calificados como acuerdos y otros como prácticas concertadas en el sentido del artículo 81 CE, el cual no contempla una calificación específica para este tipo de infracción compleja.

(véase el apartado 183)

11. El principio non bis in idem, el cual constituye un principio general del Derecho de la Unión por cuyo cumplimiento debe velar el juez, prohíbe sancionar a una misma persona más de una vez por un mismo comportamiento ilícito con el fin de proteger el mismo interés jurídico. La aplicación de este principio está supeditada a tres requisitos acumulativos: identidad de hechos, identidad de infractor e identidad de interés jurídico protegido.

En el supuesto de que la Comisión sancione a una empresa por haber llevado a cabo comportamientos contrarios a la competencia, no se vulnera dicho principio por el hecho de que los comportamientos tomados en consideración hayan sido objeto de una decisión anterior de la Comisión cuando la empresa en cuestión no hubiera sido sancionada mediante dicha decisión anterior ni hubiera figurado entre los destinatarios de la misma o entre los destinatarios del pliego de cargos elaborado en el marco del procedimiento que culminó con la adopción de dicha decisión, y cuando su participación en los comportamientos ilícitos fuera únicamente mencionada en el contexto de la exposición de los hechos y no fuera objeto de ninguna apreciación jurídica de la Comisión.

(véanse los apartados 186 a 188)

12. La duración de la infracción es un elemento constitutivo del concepto de infracción a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, elemento cuya prueba incumbe, con carácter principal, a la Comisión. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que esta infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas.

(véase el apartado 198)

13. Una declaración realizada en nombre de una empresa como respuesta a una solicitud de información formulada por la Comisión en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17 y del artículo 18 del Reglamento nº 1/2003 tiene, como tal, una credibilidad superior a la que podría tener la respuesta dada por uno de sus empleados, independientemente de la experiencia o de las opiniones personales de éste.

(véase el apartado 217)

14. Entre las garantías que otorga el ordenamiento jurídico de la Unión en los procedimientos administrativos figura, en particular, la obligación de la institución competente de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos relevantes del asunto de que se trata.

(véase el apartado 222)

15. La existencia de una infracción debe apreciarse únicamente en función de los elementos de prueba reunidos por la Comisión. Cuando, al finalizar el procedimiento administrativo, queda efectivamente probada la materialidad de una infracción, la prueba de que durante dicho procedimiento la Comisión manifestó de forma prematura su convicción de que existía dicha infracción no implica que deje de existir la prueba de la propia infracción.

(véase el apartado 226)

16. El derecho de acceso al expediente, corolario del principio de los derechos de defensa, implica que la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos incluidos en el expediente de la instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa. Estos documentos comprenden tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

Por lo que se refiere a las pruebas de cargo, la falta de comunicación de un documento sólo constituye una vulneración de los derechos de defensa cuando la empresa afectada demuestra, por una parte, que la Comisión se ha apoyado en dicho documento para fundamentar su imputación relativa a la existencia de una infracción y, por otra, que dicha imputación únicamente puede acreditarse mediante el citado documento. De este modo, incumbe a la empresa afectada demostrar que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si se hubiera debido descartar como medio de prueba ese documento no comunicado.

Por el contrario, por lo que se refiere a la falta de comunicación de un documento de descargo, la empresa afectada únicamente debe probar que el hecho de no divulgarlo pudo influir, en perjuicio suyo, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la decisión de la Comisión. Basta con que la empresa demuestre que habría podido utilizar dichos documentos de descargo en su defensa probando, en particular, que hubiera podido invocar elementos que no concordaban con las apreciaciones efectuadas por la Comisión en la fase de comunicación del pliego de condiciones y que, por tanto, hubiera podido influir, de una manera o de otra, en las apreciaciones formuladas en la decisión.

(véanse los apartados 236 a 239)

17. El pliego de cargos es un documento cuya finalidad consiste en circunscribir el objeto del procedimiento entablado contra una empresa y garantizar el ejercicio eficaz de los derechos de defensa. Por este motivo, el pliego de cargos está revestido de las garantías procesales a través de las que se materializa el principio del respeto de los derechos de defensa y entre las cuales figura el derecho de acceso a los documentos que forman parte del expediente de la Comisión.

Las contestaciones al pliego de cargos no forman parte del expediente de la instrucción propiamente dicho. Por lo que respecta a los documentos que no forman parte del expediente constituido en el momento de la notificación del pliego de cargos, la Comisión sólo está obligada a divulgar las contestaciones antes mencionadas a otras partes afectadas cuando resulte que contienen nuevos elementos de cargo o descargo. Asimismo, según el punto 27 de la Comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente de la Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 [CE] y 82 [CE], los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento nº 139/2004 del Consejo, como regla general, las partes no tienen acceso a las contestaciones al pliego de cargos dadas por las demás partes a las que se refiere la investigación. Una parte sólo tendrá acceso a estos documentos cuando puedan constituir nuevos elementos de prueba, ya sean de cargo o de descargo, referentes a las alegaciones formuladas en relación con esa parte en el pliego de cargos de la Comisión.

A este respecto y por lo que se refiere, por una parte, a los nuevos elementos de cargo, si la Comisión se propone tomar como fundamento un elemento basado en una contestación a un pliego de cargos para acreditar la existencia de una infracción, debe darse a las demás empresas implicadas en dicho procedimiento la oportunidad de pronunciarse sobre ese nuevo elemento de prueba.

Por lo que se refiere, por otra parte, a los nuevos elementos de descargo, la Comisión no está obligada a proporcionar por propia iniciativa acceso a los mismos. En la hipótesis de que la Comisión haya desestimado durante el procedimiento administrativo una solicitud de una demandante dirigida a acceder a documentos no incluidos en el expediente de la instrucción, sólo puede apreciarse una vulneración de los derechos de defensa si se demuestra que el procedimiento administrativo habría podido alcanzar un resultado distinto en el supuesto de que la demandante hubiera tenido acceso a los referidos documentos durante dicho procedimiento.

(véanse los apartados 241 a 246 y 249)

18. La Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta al método de cálculo de las multas. Este método, delimitado por las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 del Consejo y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, contiene varios rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión ejerza su facultad de apreciación respetando las disposiciones del Reglamento nº 1/2003.

Por otra parte, en ámbitos en que la Comisión dispone de tal margen de apreciación, como por ejemplo en la determinación del importe de la multa con arreglo al Reglamento nº 1/2003, el control de legalidad sobre estas apreciaciones se limita a la falta de error manifiesto de apreciación. El margen de apreciación de la Comisión y los límites que ella se ha marcado al respecto no prejuzgan, sin embargo, el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena del juez de la Unión que le faculta para suprimir, reducir o incrementar el importe de la multa impuesta por la Comisión.

(véanse los apartados 265 a 267)

19. La gravedad de una infracción debe determinarse tomando en consideración múltiples factores, tales como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, respecto de los cuales la Comisión dispone de un margen de apreciación.

En particular, según el punto 1 A, párrafo primero, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 del Consejo y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, la evaluación de la gravedad de la infracción habrá de tomar en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado. En el marco de su control jurisdiccional pleno, incumbe al Tribunal apreciar si el importe de la multa impuesta es proporcionado en relación con la gravedad de la infracción y sopesar la gravedad de la infracción y las circunstancias alegadas por la empresa.

Con arreglo al punto 1 A, párrafo segundo, tercer guión, de dichas Directrices, las infracciones muy graves consisten esencialmente, entre otras, en «restricciones horizontales como “cárteles de precios” y cuotas de reparto de mercados». Los acuerdos de este tipo constituyen una de las formas más graves de distorsión de la competencia por cuanto están dirigidos, por su propio objeto, a la eliminación pura y simple de la competencia entre las empresas que los aplican y, por tal motivo, van en contra de los objetivos fundamentales de la Unión. Las prácticas concertadas horizontales de precios o de repartos de mercados pueden ser calificadas de infracciones muy graves sobre la mera base de su propia naturaleza, sin que la Comisión esté obligada a demostrar las repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado.

Si bien es cierto que la existencia de repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado es un elemento que debe tomarse en consideración a la hora de evaluar la gravedad de la infracción, es preciso señalar que se trata de un criterio más entre otros como, por ejemplo, la naturaleza de la infracción y la dimensión del mercado geográfico. Igualmente, del punto 1 A, párrafo primero, de las citadas Directrices se desprende que estas repercusiones únicamente se tomarán en consideración en caso de que puedan determinarse.

(véanse los apartados 270 a 272, 275, 276, 280 y 281)

20. La Comisión dispone, en el marco del Reglamento nº 17 y del Reglamento nº 1/2003, de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas, a fin de impulsar a las empresas a adoptar un comportamiento ajustado a las normas sobre la competencia y de poder en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de dicha política.

La práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve de marco jurídico a las multas en materia de competencia.

Las decisiones relativas a otros asuntos únicamente tienen carácter meramente indicativo en lo referente a la posible existencia de una discriminación, ya que resulta poco probable que las circunstancias que caracterizaban tales decisiones —como puedan ser los correspondientes mercados, productos, empresas y períodos— sean idénticas.

La Comisión aprecia la gravedad de las infracciones en función de un gran número de factores que no se encuentran recogidos en una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta y tampoco está obligada a aplicar una fórmula matemática precisa, independientemente de que se trate del importe total de la multa impuesta o de su división en diferentes elementos. Habida cuenta de lo anterior, la comparación directa entre las multas impuestas a los destinatarios de dos decisiones relacionadas con infracciones distintas conllevaría el riesgo de desnaturalizar las funciones específicas que cumplen las diferentes etapas del cálculo de una multa. En efecto, los importes finales de las multas reflejan las circunstancias específicas que concurrían en cada práctica colusoria.

(véanse los apartados 288, 290, 293 y 294)

21. Según las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 del Consejo y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, en el caso de infracciones en las que estén implicadas varias empresas, la Comisión puede ponderar los importes de partida para tomar en consideración el peso específico de cada empresa, distribuyendo en grupos a los participantes en la práctica concertada, en particular cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza. En tales Directrices se precisa, por otra parte, que el principio de la igualdad de las sanciones ante comportamientos idénticos puede conducir, cuando las circunstancias lo exijan, a la aplicación de importes diferenciados a las empresas de que se trate sin que esta diferenciación obedezca a un cálculo aritmético.

En el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, la Comisión no está obligada a velar, en la fase de determinación de la gravedad de la infracción, por que los importes definitivos de las multas a las empresas afectadas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global. La Comisión puede, sin embargo, proceder a distribuir a las empresas en grupos.

No obstante, una distribución por categorías de las empresas en cuestión debe respetar el principio de igualdad de trato según el cual está prohibido tratar situaciones comparables de manera diferente y situaciones diferentes de manera idéntica, a menos que tal trato esté justificado objetivamente. Por otra parte, el importe de las multas debe, al menos, ser proporcionado en relación con los elementos tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción.

(véanse los apartados 298 a 300)

22. A pesar de tener un carácter aproximado, el volumen de negocios de las empresas se considera un criterio adecuado, en el ámbito del Derecho de la competencia, para apreciar el tamaño y la potencia económica de las empresas correspondientes.

Por lo que se refiere al empleo de un volumen de negocios en el que se incluyen los impuestos especiales para calcular los importes de partida individualizados, debe señalarse que, en la medida en que este cálculo implica la ponderación de los pesos relativos de los demás participantes en la práctica concertada correspondiente a un mercado, el hecho de no incluir los gravámenes o los impuestos especiales no modifica la conclusión final de la Comisión. Únicamente podría apreciarse una vulneración del principio de igualdad de trato en el supuesto de que la Comisión hubiera calculado los importes de base individualizados de las demás partes infractoras a partir de un volumen de negocios que no incluyera los impuestos especiales.

(véanse los apartados 304 y 306)

23. El respeto de un plazo razonable en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia constituye un principio general del Derecho de la Unión cuyo respeto garantizan los órganos jurisdiccionales de la Unión.

A efectos de la aplicación de este principio, es preciso establecer una distinción entre las dos fases del procedimiento administrativo, a saber, la fase de instrucción anterior al envío del pliego de cargos y la que comprende el resto del procedimiento administrativo. El primer período, que se extiende hasta el pliego de cargos, tiene como punto de partida la fecha en que la Comisión, en ejercicio de las facultades que le confiere el legislador, adopta medidas que implican la imputación de una infracción y debe permitirle tomar una postura sobre la orientación del procedimiento. El segundo período, por su parte, se extiende desde el pliego de cargos hasta la adopción de la decisión definitiva. Debe permitir a la Comisión pronunciarse definitivamente sobre la infracción imputada.

Una duración de 65 meses de la primera fase del procedimiento debe considerarse, a falta de informaciones o justificaciones complementarias por parte de la Comisión en relación con los actos de investigación efectuados durante dicho período, excesiva. No obstante, la constatación de una vulneración del principio del plazo razonable sólo puede conllevar la anulación de una decisión por la que se constata una infracción en el supuesto de que la duración del procedimiento haya tenido incidencia sobre el resultado del mismo.

(véanse los apartados 316 a 318, 320, 322 y 325)

24. El hecho de que la Comisión haya aplicado, en el pasado, multas de cierto nivel a determinados tipos de infracciones no puede privarle de la posibilidad de elevar dicho nivel dentro de los límites indicados por el Reglamento nº 1/2003, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política en materia de competencia, sino que, por el contrario, la aplicación eficaz de las normas de la competencia exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política.

(véase el apartado 335)

25. Una irregularidad del procedimiento, aunque no permita anular una decisión adoptada por la Comisión respecto de una sociedad por una infracción de las normas en materia de competencia, sí puede justificar una reducción de la multa. El hecho de que se rebase el plazo razonable puede justificar que la Comisión decida reducir, con arreglo a criterios de equidad, el importe de una multa, ya que la posibilidad de conceder una reducción de esta índole forma parte del ejercicio de sus prerrogativas.

(véanse los apartados 337 y 338)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)

de 16 de junio de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado neerlandés de cerveza – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE – Prueba de la infracción – Acceso al expediente – Multas – Principio de igualdad de trato – Plazo razonable»

En el asunto T‑235/07,

Bavaria NV, con domicilio social en Lieshout (Países Bajos), representada inicialmente por los Sres. O. Brouwer y D. Mes y la Sra. A. Stoffer, posteriormente por el Sr. Brouwer, la Sra. Stoffer y el Sr. P. Schepens, abogados,

parte demandante,

y

Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. A. Bouquet, S. Noë y A. Nijenhuis, y posteriormente por los Sres. A. Bouquet y S. Noë, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. M. Slotboom, abogado,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, una pretensión de anulación parcial de la Decisión C(2007) 1697 de la Comisión, de 18 de abril de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/B/37.766 – Mercado holandés de la cerveza), y con carácter subsidiario una pretensión de reducción de la multa impuesta a la demandante,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada),

integrado por el Sr. V. Vadapalas (Ponente), en funciones de Presidente, y los Sres. A. Dittrich y L. Truchot, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de marzo de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Hechos que dieron lugar al presente litigio

1 La demandante, Bavaria NV, es una sociedad dedicada a la producción y comercialización de cerveza y refrescos sin alcohol.

2 La demandante es una de las cuatro principales organizaciones empresariales del mercado neerlandés de cerveza. Las otras empresas cerveceras con mayor presencia en este mercado son, en primer lugar, el grupo Heineken (en lo sucesivo, «Heineken»), cuya dirección asume la sociedad Heineken NV, correspondiendo la producción a la filial Heineken Nederland BV; en segundo lugar, el grupo InBev (en lo sucesivo, «InBev»), el cual, antes de 2004, era conocido con el nombre de Interbrew, y cuya dirección asume la sociedad InBev NV, correspondiendo la producción a la filial InBev Nederland NV, y, en tercer lugar, el grupo Grolsch (en lo sucesivo, «Grolsch»), cuya dirección asume la sociedad Koninklijke Grolsch NV.

3 La demandante y las otras tres principales empresas cerveceras de este mercado venden la cerveza que producen al cliente final principalmente a través de dos canales de distribución. De este modo, es preciso distinguir, por una parte, el circuito de establecimientos de «hostelería», como hoteles, restaurantes y cafeterías, en los que se consume la cerveza y, por otra parte, el circuito de «comercios», como supermercados y bodegas de vinos y bebidas alcohólicas, en los que se compra la cerveza para ser consumida a domicilio. Este último sector comprende, igualmente, el segmento de la cerveza vendida con la marca del distribuidor. De las cuatro empresas cerveceras a las que se refiere la Decisión, sólo InBev y Bavaria operan en este segmento.

4 Estas cuatro empresas cerveceras son miembros de la Centraal Brouwerij Kantoor (en lo sucesivo, «CBK»), la cual es una organización de tipo asociativo que, según sus estatutos, representa los intereses de sus miembros y se organiza a través de una asamblea general y diferentes comisiones, como la comisión encargada de las cuestiones relacionadas con el sector «hostelería» y la comisión financiera, actualmente convertida en el comité directivo. La secretaría de la CBK realiza las convocatorias de las reuniones que tienen lugar en el seno de la CBK y redacta las correspondientes actas oficiales numeradas correlativamente y enviadas a los miembros participantes.

Procedimiento administrativo

5 Mediante escritos fechados el día 28 de enero de 2000 y los días 3, 25 y 29 de febrero de 2000, InBev remitió una serie de declaraciones referidas a las informaciones relativas a prácticas comerciales restrictivas de la competencia en el mercado neerlandés de cerveza. Estas declaraciones fueron hechas a raíz de una investigación realizada por la Comisión de las Comunidades Europeas, en particular en 1999, y que tenía por objeto prácticas de acuerdos entre empresas y un posible abuso de posición dominante en el mercado belga de cerveza. Además de remitir estas declaraciones, InBev presentó una solicitud de clemencia con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

6 Los días 22 y 23 de marzo de 2000, a raíz de las declaraciones de InBev, la Comisión realizó inspecciones en los locales de la demandante y de las demás empresas interesadas. Se remitieron a la demandante, asimismo, solicitudes de información adicional desde 2001 hasta 2005.

7 El 30 de agosto de 2005, la Comisión envió un pliego de cargos a la demandante y a las demás empresas interesadas. Mediante escrito de 24 de noviembre de 2005, la demandante formuló sus observaciones escritas sobre este pliego. Ninguna de las partes interesadas solicitó una vista oral.

8 Mediante escritos fechados los días 7 y 8 de marzo de 2006, la Comisión hizo llegar a la demandante documentación adicional consistente, en particular, en solicitudes de información dirigidas a InBev y en las respuestas que se había dado a las mismas, y en una nota interna procedente de Heineken.

9 El 18 de abril de 2007, la Comisión adoptó la Decisión C(2007) 1697, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/B/37.766 – Mercado holandés de la cerveza; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), un resumen de la cual se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 20 de mayo de 2008 (DO C 122, p. 1), y que se notificó a la demandante mediante escrito de 24 de abril de 2007.

Decisión impugnada

Infracción en cuestión

10 El artículo 1 de la Decisión impugnada declara que la demandante y las sociedades InBev NV, InBev Nederland, Heineken NV, Heineken Nederland y Koninklijke Grolsch participaron, en el período comprendido entre el 27 de febrero de 1996 y el 3 de noviembre de 1999, en una infracción única y continuada del artículo 81 CE, apartado 1, consistente en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas cuyo objeto era restringir la competencia en el mercado común.

11 La infracción consistió, en primer lugar, en la coordinación de los precios y los incrementos de los precios de la cerveza en los Países Bajos, tanto en el sector «hostelería» como en el sector del consumo a domicilio, incluida la cerveza vendida con la marca del distribuidor; en segundo lugar, en la coordinación ocasional de otras condiciones comerciales ofrecidas a clientes individuales en el sector «hostelería» en los Países Bajos, como préstamos a los establecimientos, y, en tercer lugar, en la coordinación ocasional sobre el reparto de clientes, tanto en el sector «hostelería» como en el sector del consumo a domicilio en los Países Bajos (artículo 1 y considerandos 257 y 258 de la Decisión impugnada).

12 Los comportamientos contrarios a la competencia de las empresas cerveceras se produjeron, según la Decisión impugnada, con ocasión de un ciclo de reuniones multilaterales oficiosas en las que participaban regularmente las cuatro principales empresas del mercado neerlandés de cerveza y con ocasión de encuentros bilaterales adicionales mantenidos por las mismas empresas cerveceras según diferentes combinaciones. Según la Decisión impugnada, estos encuentros se organizaron deliberadamente en secreto, ya que los participantes eran conscientes de que estos encuentros no estaban autorizados (considerandos 257 a 260 de la Decisión impugnada).

13 De este modo, en primer lugar, se celebró, entre el 27 de febrero de 1996 y el 3 de noviembre de 1999, una serie de reuniones multilaterales denominadas «Catherijne overleg» (concertación Catherijne) o «agendacommissie» (comisión del orden del día). La Decisión impugnada sostiene que estas reuniones, centradas en el sector «hostelería», si bien en ellas también podían abordarse cuestiones relativas al sector del consumo a domicilio, tuvieron fundamentalmente la finalidad de coordinar los precios y los incrementos de los precios de la cerveza, discutir acerca del límite del importe de los descuentos y del reparto de clientes, y concertarse en relación con otras condiciones comerciales. Según la Decisión impugnada, también se trataron en estas reuniones los precios de la cerveza comercializada con la marca del distribuidor (considerandos 85, 90, 98, 115 a 127 y 247 a 252 de la Decisión impugnada).

14 En segundo lugar y por lo que se refiere a los contactos bilaterales entre las empresas cerveceras, la Decisión impugnada indica que, el 12 de mayo de 1997, InBev y la demandante se reunieron y discutieron acerca del aumento de los precios de la cerveza comercializada con la marca del distribuidor (considerando 104 de la Decisión impugnada). Por otra parte, según la Comisión, Heineken y la demandante celebraron un encuentro en 1998 para tratar sobre restricciones relativas a puntos de venta del sector «hostelería» (considerando 189 de la Decisión impugnada). La Comisión indica que también tuvieron lugar encuentros bilaterales en julio de 1999 entre Heineken y Grolsch referidos a compensaciones concedidas a clientes del sector de consumo a domicilio que efectuaban reducciones temporales de precio (considerandos 212 y 213 de la Decisión impugnada).

15 Por último, según la Decisión impugnada, InBev y la demandante mantuvieron en 1997 contactos bilaterales e intercambios de información en relación con discusiones generales referidas al precio de la cerveza y discusiones en las que se abordaron principalmente cuestiones relativas a las marcas de distribuidor. Según esta Decisión, se produjeron, asimismo, en los meses de junio y julio de 1998, contactos bilaterales consistentes en intercambios de información referida a las marcas de distribuidor en los que también participaron empresas cerveceras belgas (considerandos 105, 222 a 229 y 232 a 236 de la Decisión impugnada).

Multa impuesta a la demandante

16 El artículo 3, letra c), de la Decisión impugnada impuso a la demandante una multa de 22.850.000 euros.

17 Para calcular el importe de esta multa, la Comisión aplicó el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), y la metodología expuesta en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 del Consejo y del apartado 5 del artículo 65 [CECA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») (considerandos 436 y 442 de la Decisión impugnada). Según esta metodología, la determinación de la multa impuesta a la demandante se realizó en función de la gravedad y la duración de la infracción (considerando 437 de la Decisión impugnada).

18 En particular, la infracción se calificó como «muy grave» por consistir, fundamentalmente, en la coordinación regular de los precios, de los incrementos de los precios y de otras condiciones comerciales, y en el reparto de clientes (considerando 440 de la Decisión impugnada). La Comisión también tuvo en cuenta el carácter secreto y premeditado de los comportamientos contrarios a la competencia y la circunstancia de que la infracción afectó al conjunto del territorio de los Países Bajos y a la totalidad del mercado de la cerveza, esto es, tanto el sector «hostelería» como el sector de consumo a domicilio (considerandos 453 y 455 de la Decisión impugnada). Por otra parte, la Comisión precisó que en este caso no se había tomado en consideración el efecto real de los comportamientos contrarios a la competencia sobre el mercado neerlandés, ya que resultaba imposible determinarlo (considerando 452 de la Decisión impugnada).

19 Por otra parte, la Comisión dispensó un trato diferenciado a la demandante para tener en cuenta su capacidad económica efectiva y su peso individual en los comportamientos constitutivos de la infracción apreciada. Para ello, la Comisión utilizó las cifras de ventas de cerveza registradas por la demandante en los Países Bajos en 1998, esto es, en el último año civil completo de la infracción. A partir de estos datos, la demandante fue clasificada en la tercera y última categoría, a la que correspondía un importe de partida de 17 millones de euros (considerandos 462 y 464 de la Decisión impugnada).

20 Asimismo, al haber tomado parte la demandante en la infracción desde el 27 de febrero de 1996 hasta el 3 de noviembre de 1999, esto es, durante un período de tres años y ocho meses, este importe de partida se incrementó en un 35 % (considerandos 465 y 469 de la Decisión impugnada). Así pues, el importe de base quedó fijado en 22.950.000 euros (considerando 470 de la Decisión impugnada).

21 Por último, la Comisión acordó una reducción de 100.000 euros sobre el importe de la multa al reconocer que, en este caso, la duración del procedimiento administrativo se había dilatado más allá de lo razonable (considerandos 495 a 499 de la Decisión impugnada).

Procedimiento y pretensiones de las partes

22 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 4 de julio de 2007, la demandante interpuso el presente recurso.

23 Mediante resolución de 10 de febrero de 2010, el Tribunal atribuyó el asunto a la Sala Sexta ampliada, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, y con el artículo 51, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento.

24 En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal formuló, el 12 de febrero de 2010, varias preguntas escritas a la Comisión, a las que ésta respondió en el plazo fijado.

25 En la vista, celebrada el 24 de marzo de 2010, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal.

26 Por impedimento del Juez Ponente para participar en la deliberación tras la fase oral, el asunto fue asignado nuevamente a otro Juez Ponente y las deliberaciones sobre la presente sentencia tuvieron lugar entre los tres Jueces que la firman, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Procedimiento.

27 La demandante solicita al Tribunal que:

– Anule, total o parcialmente, la Decisión impugnada en la medida en que le afecta.

– Con carácter subsidiario, reduzca la multa impuesta a la demandante.

– Condene en costas a la Comisión.

28 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

29 En apoyo de su recurso, la demandante invoca seis motivos basados, en primer lugar, en la vulneración del principio de buena administración; en segundo lugar, en la infracción del artículo 81 CE, en la vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio de legalidad, y en el incumplimiento de la obligación de motivación; en tercer lugar, en un error de Derecho y de hecho en la determinación de la duración de la infracción; en cuarto lugar, en la infracción del artículo 23 del Reglamento nº 1/2003 y de las Directrices y en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad al fijar el importe de la multa; en quinto lugar, en la vulneración del principio del plazo razonable, y, en sexto lugar, en la existencia de vicios sustanciales de forma y en la vulneración del principio de buena administración y de los derechos de defensa, ya que le fue negado el acceso a las respuestas al pliego de cargos dadas por las otras partes afectadas y a un documento del expediente.

30 El Tribunal considera que procede analizar en primer lugar los motivos segundo y tercero con los que se pretende, fundamentalmente, negar la existencia de la infracción, continuar seguidamente con los motivos primero y sexto, basados en supuestos defectos de forma para examinar, en último lugar, los motivos cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la determinación del importe de la multa y a la duración del procedimiento administrativo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 81 CE, en la vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio de legalidad y en el incumplimiento de la obligación de motivación

Alegaciones de las partes

31 La demandante sostiene, fundamentalmente, que la Comisión, por una parte, interpretó y aplicó erróneamente los conceptos de «acuerdo», «práctica concertada» e «infracción única y continuada» y, por otra parte, incurrió en errores de Derecho y de apreciación de los hechos al declarar la existencia de la infracción cometida tanto en el sector «hostelería» como en el sector del consumo a domicilio, incluido el segmento de la cerveza vendida con la marca del distribuidor.

32 La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

Apreciación del Tribunal

33 A tenor del artículo 81 CE, apartado 1, serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

34 Para que exista acuerdo, a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado (sentencias de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, apartado 256, y de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartado 199).

35 Puede apreciarse la existencia de un acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, cuando haya una concordancia de voluntades sobre el principio mismo de la restricción de la competencia y aunque los elementos concretos de la restricción planeada se estén aún negociando (véase, en este sentido, la sentencia HFB y otros/Comisión, citada en el anterior apartado 34, apartados 151 a 157 y 206).

36 El concepto de práctica concertada se refiere a una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 115, y Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartado 158).

37 En este sentido, el artículo 81 CE, apartado 1, se opone a toda toma de contacto directo o indirecto entre operadores económicos que pueda influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real o potencial, o desvelar a dicho competidor el comportamiento que el operador económico en cuestión ha decidido mantener en el mercado o que pretende seguir en el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto u objeto restringir la competencia (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el anterior apartado 36, apartados 116 y 117).

38 Procede recordar, en lo que respecta a la aportación de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, que incumbe a la Comisión probar las infracciones que constate y aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 58, y Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el anterior apartado 36, apartado 86).

39 De este modo, es necesario que la Comisión invoque pruebas precisas y concordantes para demostrar la existencia de la infracción (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2000, Volkswagen/Comisión, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, apartado 43, y la jurisprudencia citada).

40 Sin embargo, procede señalar que no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente, responda a dicha exigencia (véase la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartados 179 y 180, y la jurisprudencia citada).

41 Habida cuenta del carácter notorio de la prohibición de los acuerdos contrarios a la libre competencia, no puede exigirse a la Comisión que aporte documentos que justifiquen de manera explícita una toma de contacto entre los operadores afectados. En cualquier caso, los elementos fragmentarios y confusos de que pueda disponer la Comisión deberían poder completarse mediante deducciones que permitan la reconstitución de las circunstancias pertinentes. Por consiguiente, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia puede inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción a las normas sobre competencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartados 55 a 57).

42 En el caso de que la Comisión invoque pruebas documentales en apoyo de su conclusión sobre la existencia de un acuerdo o una práctica contrarios a la competencia, incumbe a las partes que impugnan esta apreciación ante el Tribunal no sólo presentar una alternativa verosímil a la tesis de la Comisión, sino también denunciar la insuficiencia de las pruebas utilizadas en la Decisión impugnada para demostrar la existencia de la infracción (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el anterior apartado 40, apartado 187).

43 En lo que respecta al alcance del control jurisdiccional, según reiterada jurisprudencia, cuando el Tribunal conoce de un recurso de anulación de una decisión adoptada en ejecución del artículo 81 CE, apartado 1, debe ejercer en general un control completo sobre la cuestión de si concurren o no los requisitos de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1 (véase la sentencia del Tribunal de 26 de octubre de 2000, Bayer/Comisión, T‑41/96, Rec. p. II‑3383, apartado 62, y la jurisprudencia citada).

44 La existencia de una duda en el ánimo del juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción, tal como exige el principio de presunción de inocencia el cual, como principio general del Derecho de la Unión Europea, se aplica, en particular, a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que puedan conducir a la imposición de multas o multas coercitivas (sentencia Hüls/Comisión, citada en el anterior apartado 36, apartados 149 y 150, y sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre 2006, Dresdner Bank y otros/Comisión, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP y T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, apartados 60 y 61).

45 Procede analizar a la luz de estas consideraciones si, en el presente asunto, la Comisión ha acreditado de modo suficiente en Derecho que el comportamiento de la demandante era constitutivo de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1.

– Sobre la declaración de InBev

46 Es necesario comenzar señalando que la Comisión se basa en gran medida (véanse, en particular, los considerandos 40 a 62 de la Decisión impugnada) en la declaración realizada por InBev en el marco de su solicitud de clemencia y contenida en sus escritos de los días 28 de enero y 3, 25 y 29 de febrero de 2000, completados por las declaraciones de cinco directivos de InBev que se incorporan como anexos (considerandos 34 y 40 de la Decisión impugnada, designadas conjuntamente, en lo sucesivo, como «declaración de InBev»).

47 De la Decisión impugnada se desprende que la declaración de InBev indicaba que existían «diferentes formas de concertación […] entre las empresas cerveceras en el mercado neerlandés de cerveza», distinguiéndose entre las reuniones oficiales de la asamblea general de la CBK, las reuniones informales de la comisión financiera de la CBK y las «demás reuniones» paralelas conocidas bajo la denominación «concertación Catherijne», cuya composición variaba y respecto de las cuales InBev declaró no haber encontrado documentación escrita. Las «demás reuniones» podían concretamente dividirse en: «i) reuniones de directivos del sector hostelería de las cuatro principales empresas cerveceras (Heineken, Interbrew, Grolsch y Bavaria) […]; ii) reuniones conjuntas de directivos del sector hostelería y de directivos responsables del sector consumo a domicilio (dos en 1998) y iii) reuniones de directivos responsables del sector consumo a domicilio (una en 1999 […])» (considerandos 41 a 46 de la Decisión impugnada).

48 Según la declaración de InBev, la comisión financiera «tenía un orden del día oficial, si bien servía también de foro de discusión para fijar los precios en el sector de consumo a domicilio y en el sector hostelería[;] no se dejaba constancia por escrito de estas discusiones» (considerando 43 de la Decisión impugnada).

49 Según la misma declaración, las cuestiones abordadas en las «otras reuniones» también se referían tanto al sector «hostelería» como al sector de consumo a domicilio y a la cerveza vendida con marca de distribuidor (considerando 47 de la Decisión impugnada).

50 Por lo que se refiere, en primer lugar, al sector «hostelería», se abordaron dos cuestiones fundamentales: «había un acuerdo de base sobre la fijación de descuentos máximos por volumen en el sector hostelería […] otro tema de consulta se refería a las inversiones realizadas en el sector hostelería[;] la idea consistía en mantener el statu quo en el sector y evitar captar clientes de otras empresas cerveceras» (considerando 48 de la Decisión impugnada).

51 Un directivo de InBev indicó que no conocía el contenido exacto de dicho acuerdo y otro directivo lo describió como «un acuerdo muy complejo y vago sobre escalas (descuentos concedidos en el sector hostelería), en el que nunca colaboramos», indicando que «la concertación consistía en una reunión bimestral de los directivos del sector hostelería en la que se trataban las infracciones conocidas de la “norma” (a pesar de que ésta fuera vaga; se hablaba de exceso de mercado)» (considerando 48 de la Decisión impugnada).

52 Por lo que se refiere, en segundo lugar, al sector del consumo a domicilio, según la declaración de InBev, los debates se referían tanto al nivel de los precios en general como a la cuestión específica de la cerveza vendida con marca de distribuidor.

53 En relación con el nivel de los precios en general, uno de los directivos de InBev declaró que «era costumbre que una empresa aumentara sus precios tras haberlo anunciado previamente a las otras empresas cerveceras […] la iniciativa siempre procedía de una de las grandes empresas cerveceras, en general de Heineken[;] en tales casos, las demás empresas cerveceras disponían del tiempo necesario para adoptar una posición[;] si bien las empresas cerveceras por lo general acomodaban sus precios entre sí, cada una tenía y mantenía, no obstante, su propia política de precios» (considerando 51 de la Decisión impugnada).

54 Respecto de la cerveza vendida con marca del distribuidor, InBev indicó que las discusiones sobre los precios se mantenían entre las empresas neerlandesas del segmento (Bavaria y Oranjeboom, posteriormente adquirida por Interbrew) desde 1987. InBev añade que «ambas partes comprendieron, tras discutirlo conjuntamente, que no aceptarían ninguna intrusión en sus respectivos círculos de clientes de marcas de distribuidor que se tradujera en una disminución del volumen de ventas» (considerando 52 de la Decisión impugnada).

55 Por lo que respecta a la implicación de Heineken y de Grolsch en este sector, según la declaración de InBev, «el mercado neerlandés se caracteriza por la existencia de sensibles diferencias entre los precios de las cervezas vendidas con marca del distribuidor (“marcas B”) y [las vendidas con otras marcas (“marcas A”);] Heineken, quien no opera en el segmento de las marcas del distribuidor, siempre se ha opuesto a aumentar el precio de las marcas A mientras no aumentara el precio de las cervezas vendidas con marca del distribuidor[;] de este modo, esta empresa ejercía una presión indirecta, en particular sobre los productores de marcas de distribuidor como Bavaria e Interbrew» (considerando 53 de la Decisión impugnada).

56 InBev declaró que las cuatro empresas cerveceras discutían igualmente los precios de las marcas de distribuidor, esto es, también en presencia de Grolsch, y en el marco de la cuestión general de las diferencias que debían mantenerse entre los precios de las marcas de cerveza. Según la declaración de InBev, «Heineken y Grolsch no aumentaron sus precios durante años y los precios de las cervezas de marca y de marca de distribuidor de las otras empresas cerveceras tampoco aumentaron; en estos últimos años, Bavaria e Interbrew aumentaron sus precios y Grolsch las imitó» (considerando 54 de la Decisión impugnada). También se señaló que «hace tres o cuatro años, estas consultas informales se integraron en la concertación Catherijne sobre el sector hostelería, en la cual también participaban representantes de la CBK[;] tras algunas reuniones, se decidió volver a celebrar separadamente estas reuniones según se refirieran al sector consumo a domicilio o al sector hostelería» (considerando 54 de la Decisión impugnada).

57 Por otra parte, InBev declaró que la obtención de una determinada cuota de mercado por la empresa cervecera belga Martens a partir de 1996-1997 provocó «un acuerdo entre las empresas cerveceras belgas y neerlandesas que operaban en el mercado de las marcas de distribuidor[;] tuvieron lugar dos reuniones [en un hotel] en Breda en 1998 […] en las que se acordó respetar los volúmenes respectivos de marcas de distribuidor vendidas a los clientes establecidos en los Países Bajos y en Bélgica» (considerando 55 de la Decisión impugnada).

58 Según las declaraciones de los directivos de InBev, las «otras reuniones» se organizaban para que los participantes se tranquilizaran mutuamente en relación con una «agresividad limitada» en el mercado (considerando 46 de la Decisión impugnada).

59 En su respuesta a la solicitud de información de 19 de diciembre de 2001, InBev indicó que «a finales de noviembre de 1998 se hicieron desaparecer las agendas de los años anteriores y las notas tomadas en las reuniones informales[;] en este período, aproximadamente, empezó a revelarse en el mercado la existencia de una concertación entre empresas cerveceras neerlandesas, con el consiguiente temor de que la autoridad neerlandesa de defensa de la competencia realizara un control[;] en los años siguientes se continuaron destruyendo agendas» (considerando 61 de la Decisión impugnada).

60 Es necesario partir de la base de que ninguna disposición ni principio general del Derecho de la Unión prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa las declaraciones de otras empresas implicadas. De no ser así, la carga de la prueba de comportamientos contrarios a los artículos 81 CE y 82 CE, que recae en la Comisión, sería insostenible e incompatible con la misión de vigilancia de la buena aplicación de estas disposiciones que le atribuye el Tratado CE (véase la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el anterior apartado 40, apartado 192, y la jurisprudencia citada).

61 En el presente asunto, la demandante no rebate las indicaciones de la declaración de InBev según las cuales se celebraron reuniones entre representantes de los productores neerlandeses de cerveza, como tampoco niega que estuviera representada en la mayoría de estas reuniones o que en éstas se tratara del nivel de los precios en el mercado neerlandés o de la aplicación de descuentos a los clientes del sector «hostelería».

62 En estas circunstancias, la Comisión pudo apreciar fundadamente que tuvieron lugar las reuniones mencionadas en la declaración de InBev y que representantes de la demandante participaron efectivamente en estas reuniones o, al menos, en un número determinado de las mismas.

63 No obstante, la demandante niega que las discusiones mantenidas en las reuniones en cuestión culminaran con la celebración de un acuerdo o con el compromiso de una práctica concertada contraria a la competencia. La demandante alega que en tales reuniones se trataban cuestiones legítimas y que, en las ocasiones en las que se abordó la situación del mercado, ello no se hizo con fines contrarios a la competencia. A este respecto, la demandante cuestiona la fiabilidad de la declaración de InBev por considerarla vaga, incoherente e intrínsecamente contradictoria.

64 En particular y por lo que se refiere al carácter contradictorio de la declaración de InBev, la demandante señala que ésta contiene una serie de declaraciones exculpatorias.

65 Por una parte, se trata, según la demandante, de los pasajes de la declaración complementaria de InBev de 3 de febrero de 2000, en los que se indica lo siguiente: «“se mantuvieron conversaciones principalmente para darse mutuamente la impresión de que mantendríamos la paz en el mercado. Nunca o apenas se trataron cuestiones relacionadas con escalas y puntos de venta. De hecho, cada uno tomaba al otro por idiota”. Durante estos últimos años, estas reuniones han perdido progresivamente contenido y la concertación se ha hecho más imprecisa» (considerando 46 de la Decisión impugnada).

66 Por otra parte, la demandante se refiere a determinados fragmentos de las declaraciones de los directivos de InBev, según los cuales, en particular: «no había un acuerdo en relación con el sector de la alimentación»; «los incrementos de precios no se aplicaron, sin embargo, en el marco de los acuerdos»; «no tengo conocimiento de la existencia de acuerdos en el sector de las “marcas de distribuidor”»; «esta reunión no tuvo mucho contenido. Se trató más bien de una reunión agradable, sin un orden del día concreto. Se hicieron comentarios generales sobre los descuentos. Tenía la impresión de que ya existía desde hace años alguna clase de sistema de escala o una regla para los descuentos, si bien nunca se explicitó de forma concreta. Sólo se hablaba de cifras globales de descuentos en términos muy generales, dando lugar a que se señalaran ciertos incidentes»; «[Interbrew] no participó en ningún acuerdo sobre precios»; «no hay, por otra parte, ninguna concertación. Hemos actuado de forma totalmente independiente y, cuando en 1999 aumentó el precio de todas las cervezas, nosotros incrementamos el de las marcas A (después de que Bavaria y Grolsch lo hubieran hecho algunos meses antes) y nuestros clientes se opusieron tenazmente en relación con las marcas de distribuidor […] así pues, actuamos de forma totalmente legal».

67 La demandante sostiene que las anteriores declaraciones son incompatibles con las conclusiones de la Comisión relativas a la existencia de una infracción del artículo 81 CE. Según la demandante, de lo anterior se desprende que los incrementos de precio aplicados en el sector del consumo a domicilio no habían sido pactados ni coordinados, que Interbrew fijaba de forma completamente independiente sus precios de venta, que las empresas cerveceras neerlandesas siempre han mantenido una dura competencia, y que nunca ha existido ningún acuerdo entre las empresas cerveceras relativo a los descuentos concedidos al sector «hostelería».

68 Procede, en primer lugar, señalar que las deducciones que hace la demandante a partir de determinados elementos de la declaración de InBev, y mediante las que se pone de manifiesto el carácter general de las discusiones, la no existencia de un acuerdo en determinados sectores y la circunstancia de que las discusiones no produjeron ningún efecto en el comportamiento de las empresas cerveceras en el mercado, no bastan, por sí mismas, para cuestionar la apreciación de la Comisión en relación con la existencia de la infracción.

69 En efecto, por lo que se refiere al supuesto carácter general de dicha declaración, es necesario recordar que la Comisión se ve obligada con frecuencia a probar la existencia de una infracción en circunstancias poco propicias para ello, pues es posible que hayan transcurrido varios años desde la época de los hechos constitutivos de la infracción y que algunas de las empresas investigadas no cooperen activamente con ella. Aunque incumbe necesariamente a la Comisión demostrar la celebración de un acuerdo ilícito de reparto de los mercados, sería excesivo exigirle además que aportase pruebas del mecanismo específico previsto para alcanzar dicho objetivo. En efecto, resultaría demasiado fácil para una empresa infractora eludir todas las sanciones si pudiera utilizar como argumento la vaguedad de las informaciones presentadas sobre el funcionamiento de un acuerdo ilícito, en una situación en la que la existencia del acuerdo y su finalidad contraria a la competencia han quedado sin embargo suficientemente acreditadas. En tal situación, las empresas pueden defenderse adecuadamente en la medida en que tengan la posibilidad de formular observaciones sobre todas las pruebas invocadas en su contra por la Comisión (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el anterior apartado 40, apartado 203; véase, igualmente, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Sumitomo Metal Industries y Nippon Steel/Comisión, C‑403/04 P y C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, apartado 50).

70 En relación, por otra parte, con el supuesto carácter contradictorio de la declaración de InBev puesto de manifiesto por la indicación contenida en la misma de que el comportamiento controvertido no produjo efectos en el mercado, debe recordarse que del propio texto del artículo 81 CE se desprende que los acuerdos y las prácticas concertadas entre empresas están prohibidos, con independencia de cualquier efecto en el mercado, cuando tienen un objeto contrario a la libre competencia (sentencias del Tribunal de Justicia Hüls/Comisión, citada en el anterior apartado 36, apartados 163 a 166, y de 4 de junio de 2009, T‑Mobile Netherlands y otros, C‑8/08, Rec. p. I‑4529, apartado 29).

71 Así pues, puesto que la Comisión ha apreciado la existencia de acuerdos y prácticas concertadas con un objeto contrario a la libre competencia, no es posible rebatir esta apreciación mediante observaciones basadas en que los acuerdos colusorios no fueron aplicados o en la no producción de efectos en el mercado.

72 Por lo que se refiere a las indicaciones supuestamente reveladoras de la inexistencia de un acuerdo en el sector del consumo a domicilio y en el sector «hostelería», es preciso observar que los fragmentos invocados por la demandante, interpretados en su contexto, no permiten en absoluto descartar la existencia de un acuerdo o de una práctica concertada en los sectores de que se trata.

73 En efecto, en relación con el sector del consumo a domicilio (venta minorista), la afirmación de uno de los directivos de InBev, según la cual «no existía un acuerdo en relación con [este] sector», va seguida de una descripción detallada del mecanismo de coordinación de precios aplicado por las empresas cerveceras. El pasaje pertinente dice así (considerando 51 de la Decisión impugnada):

«No existía un acuerdo en relación con el sector de la venta minorista (“Food”). Por lo que respecta a los incrementos de los precios de la cerveza, era costumbre que una empresa aumentara sus precios tras haberlo anunciado previamente a las otras empresas cerveceras. Cuando una de estas partes hacía un anuncio de este tipo, se abría un debate acerca del impacto en el mercado de tal incremento; en cualquier caso, se producía el incremento del precio de la cerveza. La iniciativa siempre procedía de una de las grandes empresas cerveceras, en general de Heineken[;] en tales casos, las demás empresas cerveceras disponían del tiempo necesario para adoptar una posición[;] si bien las empresas cerveceras acomodaban en líneas generales sus precios entre sí, cada una tenía y mantenía, no obstante, su propia política de precios».

74 En este contexto, el mero hecho de que el directivo de InBev se refiriera a la inexistencia de un «acuerdo» no puede constituir un argumento válido, ya que corresponde a la Comisión y, en su caso, al Tribunal calificar jurídicamente los comportamientos descritos en las declaraciones realizadas por los responsables de las empresas en cuestión.

75 Por lo que respecta a la supuesta inexistencia de un acuerdo y a la falta de cumplimiento de un acuerdo en el sector «hostelería», es preciso señalar que los fragmentos de la declaración complementaria de InBev de 3 de febrero de 2000 y las declaraciones de los directivos de InBev citados en los anteriores apartados 65 y 66 no permiten excluir la existencia de un acuerdo sobre los descuentos concedidos a los clientes en este sector. Al destacar que las discusiones tenían un carácter general y raramente versaban sobre escalas y puntos de venta precisos, estos fragmentos refieren el grado de detalle de estas discusiones, sin, no obstante, desmentir la existencia de un acuerdo en el sentido del artículo 81 CE. Así pues, no puede considerarse que contradicen la indicación realizada en el marco de la declaración de InBev según la cual «había un acuerdo de base sobre la fijación de descuentos máximos por volumen en el sector hostelería» (considerando 48 de la Decisión impugnada).

76 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, carecen de fundamento las alegaciones de la demandante basadas en el supuesto carácter vago y contradictorio de la declaración de InBev y, en consecuencia, en la forma supuestamente selectiva en que la Comisión utilizó esta declaración.

77 Por último y en relación con la apreciación general de la fiabilidad de la declaración de InBev, debe considerarse que, contrariamente a lo sostenido por la demandante, la Comisión pudo atribuir fundadamente a la declaración de InBev un valor probatorio especialmente elevado, ya que se trataba de una respuesta dada en nombre de la empresa como tal y que tenía una credibilidad superior a la que pudiera tener la respuesta dada por un miembro de su personal, con independencia de cual fuera la experiencia o la opinión personal de éste. Debe también tenerse en cuenta que la declaración de InBev es el resultado de una investigación interna realizada por la empresa y que esta declaración se hizo llegar a la Comisión a través de un abogado, el cual estaba profesionalmente obligado a actuar en interés de dicha empresa. En consecuencia, no podía confesar a la ligera la existencia de una infracción sin sopesar las consecuencias de dicho acto, (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 45, y JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el anterior apartado 40, apartado 206).

78 Por otra parte, según la jurisprudencia, aunque resulte oportuno albergar cierta desconfianza respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cártel ilícito, dada la posibilidad de que tales participantes tiendan a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de los demás, el hecho de solicitar la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación para obtener una reducción de la multa no representa necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados respecto a los demás participantes en el cártel investigado. En efecto, cualquier tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación (sentencia del Tribunal de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, apartado 70).

79 Ciertamente, es necesario recordar que, en el caso de que una empresa acusada de haber participado en un cártel formule una declaración cuya exactitud niegan varias de las demás empresas acusadas, dicha declaración no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas (véase, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Enso-Gutzeit/Comisión, T‑337/94, Rec. p. II‑1571, apartado 91, y JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el anterior apartado 40, apartado 219).

80 Así pues, la declaración de InBev no basta por si sola para demostrar la existencia de la infracción, sino que debe quedar corroborada por otras pruebas.

81 No obstante, procede considerar que, dada la fiabilidad de la declaración de InBev, el grado de corroboración necesario en el presente asunto, tanto en términos de precisión como de intensidad, es menor de lo que lo sería si tal declaración no fuera particularmente digna de crédito. Así pues, es preciso afirmar que, si se llegara a la conclusión de que un conjunto de indicios concordantes permite confirmar la existencia y ciertos aspectos específicos de las prácticas mencionadas en la declaración de InBev y a las que se refiere el artículo 1 de la Decisión impugnada, en tal caso dicha declaración podría bastar por si sola, para demostrar otros puntos de la Decisión impugnada. Además, en la medida en que un documento no contradiga manifiestamente la declaración de InBev sobre la existencia o el contenido esencial de las prácticas imputadas, basta con que dicho documento atestigüe aspectos significativos de las prácticas descritas por aquél para que quepa atribuirle un cierto valor como medio de corroboración en el marco del conjunto de pruebas de cargo (véase, en este sentido, la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el anterior apartado 40, apartado 220, y la jurisprudencia citada).

82 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, para corroborar las apreciaciones basadas en la declaración de InBev, es necesario analizar las alegaciones de la demandante relativas a otros elementos probatorios invocados por la Comisión en la Decisión impugnada.

– Sobre otros elementos de prueba

83 En la Decisión impugnada, la Comisión indica que la declaración de InBev queda corroborada por una serie de documentos internos procedentes de la demandante y de las otras tres empresas cerveceras neerlandesas, por notas manuscritas de las reuniones, por notas de gastos y por las copias de agendas obtenidas gracias a investigaciones y a solicitudes de información.

84 En el considerando 67 de la Decisión impugnada, la Comisión hace referencia a las notas manuscritas tomadas por un director comercial de Grolsch, relativas a la reunión celebrada el 27 de febrero de 1996, cuyo objeto se designó con la mención «CBK cie HOS cath». Estas notas incluyen el siguiente fragmento: «Garantías/financiaciones: fin[anciaciones] por [...] superiores a las necesidades de puntos determinados. Entonces […] mil[lones]».

85 Según la Comisión, de este fragmento se deduce que las cuatro empresas cerveceras en cuestión abordaron, en el marco de una reunión «Catherijne», la cuestión de las condiciones económicas aplicadas o que habrían de aplicarse a determinados clientes del sector «hostelería» (considerando 72 de la Decisión impugnada) y, más concretamente, a los establecimientos gestionados por un propietario de numerosos establecimientos pertenecientes al sector «hostelería» en los Países Bajos.

86 En el considerando 76 de la Decisión impugnada la Comisión menciona las notas manuscritas de un directivo del sector «hostelería» de Bavaria relativas a la reunión de 19 de junio de 1996. Las notas son del siguiente tenor:

«– adaptar precios

consumo a domicilio elevado – bajo

concertación Bavaria – Interbrew

[…] y […] – > problema […]

Martens

Schultenbrau!! 89 ct

– aumento únicamente del precio barril

argumentos

sólo Hein + Grolsch a todos los niveles

Frise US Heit

Interbrew \

| aumentan conjuntamente

Bavaria /

– > […] también

inferior aumenta más que superior

– insuflar aire

– acuerdos

reorganizar descuento locales de bebidas 7,5 por barril Heineken

preparar representantes acerca de posibles acuerdos

Interbrew \

| puede utilizarse aire

Grolsch /».

87 Según la Comisión, estas notas revelan que las empresas cerveceras presentes discutieron pormenorizadamente tanto los precios de la cerveza vendida con marca de distribuidor y de la cerveza vendida en barril como la necesidad de que el precio de las cervezas menos caras, producidas por Interbrew y Bavaria, debía aumentar más que el de las cervezas más caras, producidas por Heineken y Grolsch (considerando 85 de la Decisión impugnada).

88 En el considerando 89 de la Decisión impugnada, la Comisión hace referencia a una carta que el director general de Interbrew Nederland remitió el 25 de marzo de 1997 a la sede de InBev en Bélgica:

«Existe actualmente un consenso entre las principales empresas cerveceras para introducir un aumento de precios antes de 1998. Esto permitirá a las empresas cerveceras aumentar su margen de cara a los presupuestos promocionales adicionales que sean necesarios. Las empresas de la marca A pretenden tratar de forma diferente el incremento de los precios de las marcas A (más 2 NLG/hl) y de las marcas B (más 4 NLG/hl), lo cual me parece muy poco realista, ya que debemos apoyar un incremento global de 4 NLG. Yo excluiría del aumento de precios a nuestras cervezas especiales “de fácil consumo” (DAS, Hoegaarden, Leffe). Las negociaciones han comenzado».

89 A partir de esta carta la Comisión llegó a la conclusión de que estaba previsto un incremento de precios antes de 1998 como resultado de las negociaciones relativas a precios mantenidas entre los principales productores. Por otra parte, la misma carta confirmaba la existencia de una distinción entre productores y marcas de cerveza más o menos caras (considerando 90 de la Decisión impugnada).

90 En el considerando 92 de la Decisión impugnada, la Comisión hace referencia a las notas manuscritas tomadas por un miembro del consejo de administración de Bavaria correspondientes a la reunión celebrada el 1 de mayo de 1997. Esta institución cita los siguientes fragmentos:

«Catherijne Club 1/5 - 97

transferencias “internas” del grupo

deben también respetar la “escala”

[…] “La Haya”

Monster ZH [Holanda del Sur] oferta competitiva más elevada».

91 Según la Comisión, estas notas confirman que las empresas cerveceras discutían acerca de una «escala» relativa a las condiciones comerciales aplicadas a cada uno de los puntos de venta en caso de transferencia de un grupo a otro y también en caso de transferencia dentro de un mismo grupo (considerando 99 de la Decisión impugnada).

92 En el considerando 100 de la Decisión impugnada, la Comisión constata que en las notas antes citadas también aparecen los nombres «Heineken/Amstel/Brand/Grolsch» en la primera línea y los nombres «Interbrew/Bavaria» en la segunda, figurando ambas líneas unidas con una llave al lado de la cual figura la mención «sin aumentos de precio». La Comisión deduce de ello que la distinción entre las marcas A, propiedad de Heineken y Grolsch, y las marcas B, propiedad de Interbrew y Bavaria, formaba parte del tema central de los debates relativos a los incrementos de los precios de la cerveza mantenidos por las empresas cerveceras (considerando 103 de la Decisión impugnada).

93 En el considerando 117 de la Decisión impugnada, la Comisión cita las notas manuscritas tomadas por un miembro del consejo de administración de Bavaria correspondientes a la reunión celebrada el 17 de diciembre de 1997. Esta institución cita el siguiente fragmento:

«2) Situación de los precios: marzo/abril

cohete de una fase/cohete de dos fases

a) Heineken no espera mucha agitación!! Heineken 18.59

b) en caso de incremento: muy negociable; encantado; habrá apoyos».

94 La Comisión deduce de estas notas que las empresas cerveceras presentes en la reunión de 17 de diciembre de 1997, en particular Bavaria, Grolsch y Heineken, debatían acerca de los incrementos de precio y de las reacciones que éstos podrían provocar (considerando 127 de la Decisión impugnada).

95 En el considerando 129 de la Decisión impugnada, la Comisión menciona el siguiente fragmento de las notas manuscritas tomadas por un directivo del sector «hostelería» de Bavaria correspondientes a la reunión celebrada el 12 de marzo de 1998:

«– Apenas ha pasado nada desde el 1 de enero

– Marcas A todo tranquilo en cuanto precios Hein

9.95 bajar de 11,49 tiene poco sentido Int

9.75 9.36 Bavaria

2x 4.95 4.75 }→

marcas de distribuidores

precios sector bajo de mercado

[…] mediados de marzo Bavaria algo

debajo de Amstel (17) Bavaria (15)

de 9.75 a 10.75 si nada

ocurre, entonces Grolsch y Hein

aumento pocket cervecería

→ fijar acuerdo […] y Dick

Debe “poder ser demostrable” a través de Nielsen si no

no pasará nada».

96 La Comisión deduce de estas notas que las empresas cerveceras presentes en la reunión de 12 de marzo de 1998 discutieron los descuentos concedidos a los supermercados neerlandeses (considerando 137 de la Decisión impugnada) y que los incrementos de precios aplicados por Bavaria debían poder quedar demostrados a través de los datos de las cajas de supermercados recabados por AC Nielsen (considerando 133 de la Decisión impugnada).

97 En el considerando 138 de la Decisión impugnada, la Comisión invoca un segundo fragmento de las notas manuscritas antes citadas:

«Bav interés 4 %? 6 1/2

salvo

que exista compensación por publicidad».

98 Según la Comisión, este fragmento demuestra que hubo conversaciones relativas al porcentaje de los tipos de interés aplicados a los préstamos concedidos a los puntos de venta del sector «hostelería» (considerando 142 de la Decisión impugnada).

99 En el considerando 143 de la Decisión impugnada, la Comisión invoca un tercer fragmento de las notas manuscritas antes citadas:

«Clubes de fútbol Salas de espectáculos Teatros

Asociaciones de estudiantes

[…]

Grolsch

Por encima/fuera de la escala

130

[…] (125) 124,5 ».

100 Según la Comisión, estas notas confirman que las empresas cerveceras mantuvieron un debate dedicado específicamente a determinados clientes del sector «hostelería» en relación con una «escala», lo cual corrobora la declaración de InBev por lo que se refiere a la existencia de un acuerdo conocido bajo la denominación de «escala» (considerando 147 de la Decisión impugnada).

101 En el considerando 156 de la Decisión impugnada, la Comisión invoca un fragmento de las notas manuscritas de un miembro del consejo de administración de Bavaria correspondientes a la reunión celebrada el 3 de julio de 1998.

«[…] Heineken aumentó

[…] >> Heineken cerveza en barril».

102 La Comisión deduce de este fragmento que las empresas cerveceras discutieron acerca de los precios aplicados tanto a clientes del sector de consumo a domicilio como a un cliente del sector «hostelería» (considerandos 162 a 164 de la Decisión impugnada).

103 En el considerando 165 de la Decisión impugnada, la Comisión invoca otro fragmento de las notas manuscritas antes citadas:

« Café […] 1800 […]

[…] 400 […]

60 por hl

650.000,- V.B.K.».

104 Según la Comisión, de este fragmento se deduce que las empresas cerveceras discutieron acerca de un descuento determinado y/o de una provisión por descuento aplicado o que habría de aplicarse a puntos de venta del sector «hostelería» específicos (considerando 171 de la Decisión impugnada).

105 En el considerando 174 de la Decisión impugnada, la Comisión hace referencia a un documento fechado el 30 de junio de 1998 y a una lista de precios de Heineken en los que se anunciaban los nuevos precios de la cerveza embotellada y de la cerveza a presión (cerveza en cisterna y cerveza de barril) a partir del 1 de junio de 1998, encontrados en una oficina de un directivo de ventas del sector «consumo a domicilio» de Grolsch, y en los que figuraba la mención «agenda c[ommiss]ie CBK» (comisión del orden del día CBK). Según la Comisión, estos documentos corroboran la declaración de InBev en la parte en que se afirma que tanto los precios del sector «consumo a domicilio» como la competencia en el mercado del sector «hostelería» fueron abordados en las reuniones correspondientes (considerando 175 de la Decisión impugnada).

106 En el considerando 179 de la Decisión impugnada, la Comisión invoca una nota interna de Heineken fechada el 14 de octubre de 1998, dirigida al equipo directivo de Heineken, y en la que se podía leer lo siguiente: «el incremento de precios prometido por Bavaria en el seno de la CBK no aparece claramente reflejado en las [cifras] de Nielsen». Según la Comisión, esta nota confirma la conclusión de que Bavaria habría anunciado en la reunión celebrada el 12 de marzo de 1998 su intención de aplicar en primer lugar un incremento de precios que las demás empresas cerveceras habrían de seguir posteriormente y de que los incrementos aplicados por Bavaria debían «poder quedar demostrados» mediante las cifras de Nielsen (considerando 180 de la Decisión impugnada).

107 En el considerando 184 de la Decisión impugnada, la Comisión hace referencia a un mensaje de correo remitido a un directivo de la unidad «hostelería» – Países Bajos de Heineken por un directivo de marketing y consumo a domicilio de la empresa cervecera Brand BV de Heineken en relación con su entrevista con un miembro del consejo de administración de Bavaria:

«En el salón de alimentación de Noordwijk, celebrado el 9 de septiembre [de 1998], [un miembro del consejo de administración de Bavaria] me habló del asunto […] y de la reacción de Heineken. Su opinión, en resumen, era que Heineken hubiera podido sentarse mucho antes en la mesa de negociación con los principales responsables de Heineken y Bavaria del mercado neerlandés del sector hostelería. Los hectolitros perdidos podrían haber quedado compensados de otra forma. Por otra parte, añadió que para el futuro Bavaria quizá tuviera en mente otros clientes potenciales del sector hostelería que deseaban pasarse voluntariamente (poniendo énfasis en el término voluntariamente, como, según él, ocurrió con […]) a Bavaria. [Nombre de un responsable del sector hostelería – Países Bajos de Heineken], está de más decir que este tipo de afirmaciones son las típicas de la retórica de los […] que todos conocemos. Quería compartir contigo esta información. Buena suerte con tu entrevista».

108 La Comisión estima que este correo confirma la declaración de InBev en la parte en que se sostiene que las empresas cerveceras discutían –en reuniones multilaterales y también con ocasión de encuentros bilaterales– no sólo acerca de limitaciones en los descuentos sino también de limitaciones relativas a los puntos de venta que cambiaban de empresa cervecera (considerando 189 de la Decisión impugnada).

109 En el considerando 193 de la Decisión impugnada, la Comisión menciona las notas manuscritas de un director general de Grolsche Bierbrouwerij Nederland relativas a la invitación a la reunión de 8 de enero de 1999:

«– venta ‘98

– precio de la cerveza →

– caja del tipo «pinool» | acciones / cat II

– cajas | bajo

| barril

| NMA».

110 La Comisión extrae de estas notas la conclusión de que las discusiones sobre el precio de la cerveza se concentraron en cuatro elementos: en primer lugar, las medidas promocionales en el mercado del consumo a domicilio; en segundo lugar, el precio de las cervezas menos caras y comercializadas con marca de distribuidor; en tercer lugar, el precio de la cerveza en barril, los contenedores de gran tamaño empleados en el sector «hostelería» del mercado neerlandés de la cerveza, y, en cuarto lugar, la autoridad neerlandesa de defensa de la competencia NMA (considerando 194 de la Decisión impugnada).

111 En los considerandos 197 y 199 de la Decisión impugnada, la Comisión hace referencia a la lista de los temas que debían tratarse en la reunión de 8 de enero de 1999, y en la cual un representante de Grolsch anotó la abreviatura «BP», que la Comisión interpretó como «precio de la cerveza» (bierprijs) o «precio mínimo» (bodemprijs), y la mención «P[rivate] L[abel] 50 ct. más». La Comisión deduce de estas menciones que las empresas cerveceras discutieron con detalle los precios de la cerveza de barril (considerando 203 de la Decisión impugnada).

112 En los considerandos 212 y 213 de la Decisión impugnada, la Comisión menciona un documento en el cual se contiene una referencia a tres contactos mantenidos entre las direcciones de Heineken y Grolsch en torno al 5 de julio de 1999, y en el que se alude a una «guerra de precios» entre las dos empresas cerveceras. La Comisión deduce de este documento que Heineken se puso en contacto directamente con Grolsch para tratar del tema de las reducciones un mes y medio antes de que se aplicaran efectivamente las reducciones temporales practicadas por una cadena de tiendas a la que Grolsch negó la concesión de una compensación (considerando 213 de la Decisión impugnada).

113 En el considerando 224 de la Decisión impugnada, la Comisión hace referencia a una serie de documentos incluidos en su expediente administrativo en los que se mencionan las cuestiones abordadas en las reuniones bilaterales mantenidas por Bavaria e InBev el 8 de marzo de 1995, en la segunda mitad de marzo de 1997, el 12 de mayo de 1997, el 19 de junio de 1997 y el 8 de septiembre de 1997. La Comisión cita los siguientes fragmentos de estos documentos:

– reunión de 8 de marzo de 1995: «Tanto [Bavaria] como [Interbrew Nederland] afirmaron tener graves problemas con M. […] en los Países Bajos» (nota a pie de página nº 491 de la Decisión impugnada);

– reunión de 12 de mayo de 1997: Se hizo referencia al «incremento de precio» y [a] «las marcas de distribuidor como una espada de Damocles […] presión psicológica de Grolsch y sobre todo de Heineken para aumentar los precios de la cerveza vendida con marca de distribuidor» (nota a pie de página nº 493 de la Decisión impugnada);

– reunión de 19 de junio de 1997: Se trató acerca del «comportamiento que debía adoptarse en el segmento de las marcas de distribuidor y, en relación con ello, la postura de Interbrew respecto de Martens (considerado como un intruso en el mercado neerlandés de la cerveza)» (nota a pie de página nº 494 de la Decisión impugnada);

– reunión de 8 de septiembre de 1997: Se hizo referencia a «la situación del mercado de las marcas de distribuidor en los Países Bajos y [al] hecho de que Bavaria había captado un cliente de Interbrew […] oferta especial al [cliente] […] Bavaria altera el statu quo […]» (nota a pie de página nº 495 de la Decisión impugnada).

114 La Comisión interpreta estos documentos como la prueba de que las consultas bilaterales entre Bavaria e InBev permitieron el mantenimiento de una «paz armada» o un «pacto de no agresión» en relación con la cerveza vendida con marca de distribuidor (considerando 223 de la Decisión impugnada).

115 En el considerando 227 de la Decisión impugnada, la Comisión hace referencia a la carta fechada el 26 de septiembre de 1997 que un directivo de exportaciones de Interbrew Nederland remitió a un directivo de exportaciones de la sede central de Interbrew en relación con las «ventas de cerveza en Alemania y las marcas de distribuidor»:

«He mantenido recientemente conversaciones a este respecto con nuestro principal competidor en los Países Bajos y fui informado en esa ocasión de que debían encontrarse con […] para mantener o no el volumen de la cerveza TIP para 1998. Pregunté acerca del nivel de precios con el que preveían operar y me confirmó exactamente el mismo precio, menos una contribución destinada a la sede central de […], y el hecho de que aceptaría un volumen de 200.000 hl, aproximadamente, a ese precio».

116 Según la Comisión, de ello se desprende que Interbrew solicitó a Bavaria y obtuvo de ella información detallada acerca del precio y los volúmenes de un posible despacho por parte de Bavaria de cerveza con marca de distribuidor a una cadena alemana de gran distribución. La Comisión estima que este elemento confirma la declaración de InBev,