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55.

El Tribunal de Justicia no se pronunció en la sentencia Banks sobre si una decisión de la Comisión con arreglo al artículo 65 o al apartado 7 del artículo 66 CECA podría tener efectos retroactivos; se refirió, sin embargo, a la apreciación de la Comisión de que dichos artículos «habían sido infringidos», ( 46 ) lo que puede significar que la Comisión, sea cual fuere la medida que adopte, más que establecer una prohibición ex tune, constata la infracción de una prohibición preexistente. El apartado 1 del artículo 65 establece una prohibición expresa por la que son automáticamente nulos todos los acuerdos o decisiones que contravengan este artículo: por consiguiente, la competencia exclusiva de la Comisión no significa forzosamente que sus decisiones no puedan tener efecto retroactivo hasta el momento del acuerdo o de la decisión. Por otro lado, el apartado 7 del artículo 66, así como el apartado 1 del artículo 63, no parecen prohibir el comportamiento de que se trate a falta de una intervención de la Comisión. El principio general de seguridad jurídica y de no retroactividad de las sanciones penales y de las obligaciones civiles ( 47 ) sería inaplicable si la función de la Comisión fuera comprobar la infracción de una prohibición preexistente. La posibilidad de obtener una reparación por la infracción del apartado 1 del artículo 63 anterior a la fecha de cualquier Recomendación de la Comisión en este ámbito depende naturalmente de si la Recomendación puede tener el referido efecto retroactivo. Aun cuando el apartado 1 del artículo 63 debe interpretarse a la luz de la prohibición expresa del artículo 4, considero, ponderando todos los argumentos, que la naturaleza de una Recomendación no permite dicho efecto.
26.

En realidad, la existencia de una transmisión me parece fácilmente concebible en el caso de autos. En el marco del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, Ford ha expuesto que su nuevo concesionario ha proseguido la actividad de Anfo Motors en el sector de que se trata, que ha contratado al personal restante al servicio de dicha sociedad y conservado su clientela. Habida cuenta de estos elementos, cabría pensar que la entidad cedida ha conservado su identidad, de conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Esto parece posible. Ahora bien, como ya he dicho, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a si Anfo Motors ha transmitido su cartera de clientes a Novarobel. No obstante, Ford y la Comisión se refieren, en este contexto, a una circular que Anfo Motors, según ha indicado, envió a sus clientes el 5 de octubre de 1987. En dicho escrito, Anfo Motors recomienda a sus clientes la sociedad Novarobel, que toma el relevo como concesionario, llamando su atención sobre el hecho de que allí podrán encontrar «muchas caras familiares». En efecto, este escrito constituye un importante indicio de transmisión. Pero este tipo de comprobación es, por supuesto, competencia exclusiva del órgano jurisdiccional remitente. Si tomamos en consideración la naturaleza de las actividades ejercidas por las empresas de que se trata, por otra parte queda de manifiesto que la falta de transmisión de elementos patrimoniales no debería adquirir una importancia particular en el caso de autos. La actividad de un concesionario no se determina por sus bienes de equipo ni es tributaria de éstos, tal como, por ejemplo, puede ser el caso de las empresas industriales. Por norma general, la experiencia y la competencia del personal constituyen un factor particularmente importante para el éxito de un concesionario. El hecho de que otra empresa se haga cargo una de parte, aunque sea mínima, de dicho personal, así como los criterios de selección de esta parte del personal, revisten, por tanto, una particular importancia en el caso de autos para demostrar la existencia de una transmisión con arreglo a la Directiva. También me parece muy importante que Novarobel se haya hecho cargo no sólo de una parte del personal de Anfo Motors, sino también de la concesión de dicha sociedad. Esto significa que el nuevo concesionario ejerce en lo sucesivo en el mismo sector la misma actividad que la desarrollada anteriormente por Anfo Motors. Por tanto, el conjunto de estos elementos abogan muy claramente por una continuidad en el sentido requerido por la Directiva.
9.

Alemania afirma no haber infringido el apartado 6 del artículo 6 ni el artículo 16 de la Directiva. Considera que el artículo 17 y el apartado 4 del artículo 47a de la LMBG no son medidas que requieran notificación en el sentido del apartado 6 del artículo 6 de la Directiva: su objetivo es mucho más amplio puesto que no solamente se aplican a productos alimenticios, se basan en los mismos criterios que el artículo 2 de la Directiva y prácticamente sólo se aplican cuando se adoptan medidas respecto a casos particulares. El artículo 47a de la LMBG fue notificado a la Comisión conforme a la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas. ( 2 ) Alemania también señala que a las medidas individuales tampoco se les aplica la obligación de notificación contenida en la Directiva: no son «disposiciones» en el sentido de la Directiva. Destaca que no existe una normativa nacional que regule los ingredientes de los productos alimenticios de que se trata. El hecho de que dichos productos alimenticios no contengan grasas vegetales o la sustancia «E 160 F», según el caso, se debe únicamente a la costumbre tradicional.
6.

En consecuencia, por considerar controvertida la interpretación del Reglamento n° 1247/92 que, como he dicho, amplió expresamente el concepto de Seguridad Social, para comprender también en él las prestaciones especiales de carácter no contributivo, entre ellas, precisamente, la que es objeto de discusión en el presente asunto, el órgano jurisdiccional nacional planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Dicho órgano jurisdiccional pregunta: a) si la prestación de que se trata, mencionada expresamente en el Reglamento n° 1247/92, corresponde únicamente a los nacionales comunitarios o también, con arreglo al apartado 1 del artículo 39 del Acuerdo, a los nacionales argelinos; b) si, por analogía, dicho subsidio puede abonarse también a los nacionales de los países que hayan celebrado con la CEE un Acuerdo de Cooperación en materia de Seguridad Social: Marruecos, Túnez, etc. Prescindiendo de su formulación, no precisamente ortodoxa, las cuestiones planteadas pretenden, esencialmente, que se determine si la prestación objeto de litigio está incluida en la Seguridad Social y, por consiguiente, en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 39 del Acuerdo, con el resultado de que puede percibirla también la viuda de un trabajador argelino que sigue residiendo en el territorio del Estado miembro en el que su marido desarrolló su actividad laboral.
114.

A este respecto, es importante tomar conciencia de que, en el marco de la solución consistente en no admitir sino un análisis puesto por puesto, con exclusión de todo análisis por sectores, necesariamente ha de presumirse que el apartado 4 del artículo 48 es a priori aplicable a todo puesto de trabajo, sea cual sea el sector al que pertenezca, siempre que esté comprendido en la acción de los poderes públicos nacionales. Ahora bien, tal presunción confiere a esos poderes públicos el cometido de determinar en un primer momento el ámbito de una excepción, en virtud de su mera decisión de que un sector dependa del Estado o de una entidad pública. Por lo tanto, esa presunción me parece más discutible que la basada en la comprobación objetiva de que la actividad de un sector determinado está o no incluida en las actividades específicas de la Administración y de que, por consiguiente, la mayor parte de los puestos de trabajo considerados se adaptan o no se adaptan a los criterios de la definición comunitaria de Administración pública.
19.

El órgano jurisdiccional remitente recuerda que, según lo dispuesto en la BetrVG, la condición de miembro de un comité de empresa es un cargo gratuito y honorífico y que, los miembros del comité de empresa representan los intereses de los trabajadores de una empresa. Ejercen su actividad independientemente, sin sujeción a las órdenes de su empresario. De ello se deduce que la asistencia de los miembros del comité de empresa a cursos de formación en los que adquieren los conocimientos necesarios que les permiten desarrollar sus funciones no es una actividad laboral. Según el apartado 6 del artículo 37 de la BetrVG, un miembro del comité de empresa que asiste a dichos cursos no recibe por ello ninguna contraprestación sino que queda únicamente protegido contra cualquier pérdida de ingresos como consecuencia del ejercicio de su actividad como miembro del comité de empresa. En el caso de que un miembro del comité de empresa dedique su propio tiempo libre a actividades del comité de empresa o a clases de formación no recibirá retribución alguna en relación con tales actividades. La compensación de la pérdida de ingresos de los miembros de un comité de empresa, según el apartado 6 del artículo 37 de la BetrVG, no constituye retribución en el sentido del artículo 119 del Tratado. El órgano jurisdiccional remitente sugiere que «trabajo» en el sentido del artículo 119 debe interpretarse en el sentido de prestación de un servicio como consecuencia de una relación laboral durante la cual deben obedecerse órdenes y que dicho término no incluye el desarrollo de actividades en el comité de empresa.
6.

En apoyo de sus pretensiones, la Comisión señaló que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados miembros están obligados a adaptar su legislación nacional a las Directivas, de modo que los particulares puedan conocer sus derechos y, llegado el caso, invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales. ( 3 ) Las dos Directivas controvertidas en el presente asunto tienen precisamente por objeto que los proveedores y empresarios puedan invocar las normas de adjudicación de las Directivas frente a las entidades adjudicadoras públicas y, en su caso, alegar la infracción de dichas normas ante los órganos jurisdiccionales nacionales. La adaptación por medio de circulares es insuficiente para cumplir estas exigencias, dado que los particulares no pueden invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Tampoco basta incluir las normas de la Directiva en el VOL/A y en el VOB/A. Estos instrumentos fueron elaborados por comités integrados por representantes de «Gebietskörperschaften», cámaras de industria y federaciones sindicales. Las facultades que se les otorgan carecen de base legal y el conjunto de disposiciones que emanan de ellas deben calificarse de normas de procedimiento puramente privadas. La Comisión invocó, a este respecto, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Comisión/Alemania, ( 4 ) que se refería a la aplicación de la Directiva 80/779/CEE ( 5 ) por medio de una circular general «Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft» (circular técnica: Aire). Con arreglo al apartado 20 de la sentencia: «[...] la República Federal de Alemania no hizo mención de jurisprudencia nacional alguna que reconozca expresamente a dicha circular un efecto directo frente a terceros, aparte de su efecto obligatorio para la Administración. Por lo tanto, no puede alegarse que los particulares estén en condiciones de conocer con certeza el alcance de sus derechos, para ejercitarlos en su caso ante los órganos jurisdiccionales nacionales, ni que aquellos que ejercen actividades que puedan producir inmisiones estén suficientemente informados del contenido de sus obligaciones.» Los procedimientos de recurso previstos en la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministro y de obras ( 6 ) (en lo sucesivo, «Directiva 89/665») completan, en opinión de la Comisión, las posibilidades de los interesados de invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales las infracciones de las Directivas sobre contratos públicos y no sustituyen a estas últimas.
6.

Según la Sra. Délavant, del apartado 2 del artículo 19 resulta que no sólo ella misma tiene derecho a prestaciones en especie servidas por la demandada por cuenta de la institución competente de su seguro francés, sino que tal derecho también asiste a sus hijas. La parte demandada estima que, mientras que (la parte demandada) está obligada a servir prestaciones en especie a la Sra. Délavant por cuenta de la institución competente francesa, con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 19, como si la demandante estuviera asegurada con la demandada, no está obligada a satisfacer tales prestaciones a sus hijas en virtud del apartado 2 del artículo 19. La parte demandada basa su denegación de prestaciones en especie para los hijos en el apartado 3 del artículo 10 del libro V del Sozialgesetzbuch (Ley General de la Seguridad Social alemana; en lo sucesivo, «SGB V»). Dicha disposición (a la que me referiré en lo sucesivo como apartado 3 del artículo 10 de la SGB V) establece que los hijos de los afiliados no están cubiertos por el seguro cuando el cónyuge del afiliado, que tenga relación de parentesco con los hijos de éste no esté afiliado a una entidad gestora de un Seguro Obligatorio de Enfermedad y la cuantía total de sus ingresos mensuales supere habitualmente un dozavo del límite máximo anual de ingresos y sea superior, por regla general, al total de ingresos del afiliado. El esposo de la Sra. Délavant, padre carnal de las hijas de ésta, no está afiliado a un Seguro de Enfermedad Obligatorio y sus ingresos superan el referido límite máximo y son, por regla general, más elevados que los de la Sra. Délavant.
En los asuntos 77/86 ( 7 ) y 291/86, ( 8 ) llamados «de las pasas», se cuestionó la validez del Reglamento no 2742/72 y, más en particular, el importe del gravamen compensatorio. Entre otras cosas, los importadores de pasas impugnaban el carácter fijo del gravamen compensatorio, señalando que habría bastado con fijar dicho gravamen a un tipo igual a la diferencia entre el precio mínimo y el precio de importación. Tal gravamen de importe fijo estaba tanto menos justificado cuanto que las fluctuaciones del tipo de cambio y las variaciones frecuentes de los precios mínimos, debido en particular al sistema de coeficientes, no permitían determinar con certeza, en el momento de la venta de la mercancía, cuáles serían el precio mínimo y el precio de importación en el momento de despacho a libre práctica. La Comisión, por su parte, explicaba que el importe del gravamen compensatorio se había calculado deduciendo del precio mínimo el precio más bajo en el mercado mundial, porque había que tener en cuenta los precios del mercado mundial que son los más susceptibles de causar perturbaciones en el mercado interior de la Comunidad. Por estimar que el establecimiento de un gravamen compensatorio único de tipo fijo, impuesto incluso en el caso de que el precio de importación fuera ligeramente inferior al precio mínimo, constituía una penalización económica y que la Comisión no había probado que tal sistema fuera necesario para garantizar el objetivo del Reglamento no 521/77, este Tribunal de Justicia declaró inválido el Reglamento no 2742/82 «puesto que ha establecido un gravamen compensatorio de tipo fijo igual a la diferencia entre el precio mínimo y el precio más bajo practicado en el mercado mundial».

A raíz de la primera sentencia de febrero de 1988, la Comisión adoptó el Reglamento (CEE) no 994/88, ( 9 ) recordando la normativa comunitaria aplicable al reembolso de los importes pagados indebidamente y precisando que los operadores tenían derecho al reembolso de la diferencia entre, por una parte el importe del gravamen compensatorio abonado con arreglo al Reglamento no 2742/82 y, por otra parte, el importe que resultara de la diferencia entre el precio mínimo aplicable, determinado conforme al Reglamento no 2742/82, y el precio de importación en el momento de despacho a libre práctica.
88.

Tampoco me parece convincente el argumento de Alpine Investments de que las Conduct of Business Rules de la SFA en el Reino Unido imponen una prohibición menos estricta. El hecho de que otro Estado miembro imponga normas menos estrictas no significa que las normas neerlandesas vulneren el principio de proporcionalidad. Este extremo queda confirmado por el hecho de que las Directivas de armonización en materia de protección al consumidor permiten generalmente a los Estados miembros exigir el cumplimiento de requisitos adicionales o más estrictos. A fortiori, cuando no se hayan adoptado medidas armonizadoras, no puede considerarse que la legislación de un Estado miembro viola el principio de proporcionalidad por el mero hecho de que otro Estado miembro aplique normas menos estrictas. Ello queda confirmado por la sentencia Oosthoek's Uitgeversmaatschappij. ( 46 ) En dicho asunto se discutía la legislación neerlandesa que prohibía la entrega gratuita de regalos como técnica de promoción de ventas salvo que el uso o consumo del objeto entregado gratuitamente estuviera relacionado con el producto por cuya compra se daba el regalo. El Tribunal de Justicia estimó que, aunque el requisito del consumo o uso relacionado con el producto adquirido no había sido incorporado a la legislación de otros Estados miembros, no iba más allá de lo necesario para la consecución de los objetivos perseguidos.
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 9 de noviembre de 1993. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - INCUMPLIMIENTO - ARTICULO 48 DEL TRATADO CEE - REGLAMENTO (CEE) NO 1612/68 DEL CONSEJO. - ASUNTO C-37/93.



Recopilación de Jurisprudencia 1993 página I-06295



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. Mediante el presente recurso por incumplimiento, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

° Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 48 del Tratado CEE y de los artículos 1 y 4 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, al mantener vigentes en la legislación belga disposiciones en virtud de las cuales determinados empleos de marino, distintos del de capitán y primer oficial, se reservan a los nacionales belgas.

° Condene en costas al Reino de Bélgica.

2. El Gobierno del Reino de Bélgica no niega que las disposiciones de la normativa belga impugnadas por la Comisión son incompatibles con el Derecho comunitario. Se limita a alegar que ya están preparados varios proyectos de ley que habrán de modificar las citadas disposiciones con objeto de adaptarlas al Derecho comunitario. El Gobierno belga afirma que la Comisión ya ha recibido la comunicación de los citados proyectos que se presentarán a los órganos legislativos competentes, una vez hayan sido aprobados por la propia Comisión.

3. En el dictamen motivado que emitió el 23 de abril de 1991, la Comisión instó al Reino de Bélgica a poner fin al incumplimiento que le imputaba dentro de un plazo de dos meses a partir de la notificación del dictamen. Ahora bien, consta en autos que, hasta el final de la fase escrita del procedimiento (y probablemente hasta esta fecha), el Reino de Bélgica no se atuvo al citado requerimiento, aun cuando declarara, a partir del 13 de junio de 1991, en respuesta al propio dictamen motivado, que había decidido adaptar la normativa belga en el sentido preconizado por la Comisión. El Reino de Bélgica no ha expuesto ninguna razón que pueda justificar tal retraso.

4. En esta situación, no puedo sino proponer al Tribunal de Justicia que estime las pretensiones de la Comisión.

(*) Lengua original: alemán.
Conclusiones del Abogado General Gulmann presentadas el 12 de mayo de 1993. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - ACCESORIOS MEDICOS ESTERILIZADOS - OBLIGACION DE EFECTUAR, EN EL ESTADO MIEMBRO DE IMPORTACION, UN EXAMEN YA REALIZADO EN EL ESTADO MIEMBRO DE ORIGEN. - ASUNTO C-373/92.



Recopilación de Jurisprudencia 1993 página I-03107



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. Con arreglo al arrêté royal (Real Decreto; en lo sucesivo, "arrêté royal") belga, de 6 de junio de 1960, relativo a la fabricación, preparación y distribución al por mayor de medicamentos y a su dispensación, (1) la importación en Bélgica, a partir de otros Estados miembros, de instrumental médico esterilizado, regulada por este mismo arrêté, está sujeta a la concesión de una licencia previa. Dicho requisito es exigido por razones de salud pública.

Además, los mencionados productos importados están sometidos al cumplimiento de análisis y de pruebas que deben efectuarse en Bélgica. Este requisito se exige aun cuando se hayan efectuado controles y análisis idénticos en otro Estado miembro y aunque sus resultados puedan estar a disposición de las autoridades belgas en el marco del procedimiento de licencia previa. La Comisión estimó que, en este caso, la aplicación de este segundo requisito implica una violación de las obligaciones que incumben a Bélgica en virtud de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE e interpuso el presente recurso por incumplimiento.

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare "que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 30 y 36 del Tratado, al poner en vigor el apartado 2 del artículo 15 y el artículo 53 del arrêté royal de 6 de junio de 1960 por los que se somete el instrumental médico esterilizado, importado de otros Estados miembros, a pruebas o a análisis de laboratorio ya efectuados en dichos Estados miembros y cuyos resultados pueden ponerse a su disposición, en particular, en el marco del procedimiento de licencia previa".

2. El Reino de Bélgica no ha discutido el incumplimiento y ha señalado su intención de acabar con el mismo.

Conclusión

3. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que dicte sentencia en el sentido propuesto por la Comisión y condene en costas a Bélgica.

(*) Lengua original: francés.

(1) ° Moniteur belge de 22 de junio de 1960, p. 4684.