A pesar de estar formulada como si se tratase de llegar a la interpretación correcta del Reglamento no 563/76, la primera cuestión contempla un problema de alcance general: si los organismos nacionales llamados a aplicar los Reglamentos comunitarios están obligados a respetar lo en ellos previsto mientras no se declare su invalidez. En efecto, no basta con albergar ciertas dudas en relación con la validez de un acto adoptado por una Institución de las Comunidades para justificar el comportamiento de la autoridad administrativa de un Estado miembro, llamada a aplicar la legislación comunitaria y que quisiera sustraerse unilateralmente a las obligaciones impuestas por el acto de que se trate. La misma observación puede hacerse extensiva a todo destinatario de actos comunitarios. Esto, es efecto, supondría ir en contra del principio de la seguridad jurídica, que ha de salvaguardarse en el marco del sistema comunitario con el concurso de las Administraciones nacionales y que, por otra parte, está directamente relacionado con la exigencia fundamental de una interpretación y aplicación uniformes del Derecho comunitario en todo el territorio de la Comunidad.

La parte demandante en el litigio principal estima que, cuando menos, sería preciso reconocer a la Administración nacional la facultad –obligación–de no aplicar la normativa comunitaria ilícita ante una infracción manifiesta del Tratado. No es preciso, en el caso de autos, pronunciarse a este respecto, puesto que, en la ya citada sentencia de 25 de mayo de 1978, el Tribunal de Justicia excluyó el carácter manifiesto de la violación de los principios de Derecho comunitario causante de la invalidez del Reglamento de que se trata. No obstante, considero procedente recordar que, en el sistema instituido por los Tratados, la invalidez de un acto comunitario únicamente puede determinarse mediante el correspondiente procedimiento entablado ante el Tribunal de Justicia (al amparo, bien del artículo 173, bien del artículo 177 del Tratado) y que todo acto se presume lícito y generador de efectos jurídicos mientras no se haya declarado su invalidez. No cabe duda alguna, por otra parte, de que el Tratado no prevé ningún supuesto de inexistencia de actos comunitarios. La doctrina ha aludido a supuestos marginales de inexistencia; ahora bien, difícilmente encaja dentro de alguna de estas hipótesis marginales una violación patente del Tratado, máxime cuando la violación del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución se recogen en el artículo 173 como un motivo de interposición de un recurso de anulación. Podría aún referirme a supuestos como un acto adoptado por una Institución totalmente carente de competencia o de un acto de ejecución imposible; ahora bien, ello nos alejaría inútilmente del problema que nos ocupa.

Por lo que respecta a la segunda cuestión, mediante la que se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si un organismo nacional de intervención en materia agrícola puede dispensar a una empresa de la obligación de respetar lo dispuesto en el Reglamento no 563/76, la respuesta debe ser negativa, como reconoce la propia empresa interesada. De hecho, el citado Reglamento no habilita en disposición alguna a los organismos nacionales para establecer excepciones o conceder exenciones. A falta de una cláusula del tipo aludido, todo trato de favor hubiese sido arbitrario e injustificado. Por otra parte, la empresa demandante no se encuentra en una situación que la diferencie de la generalidad de las empresas sujetas al Reglamento y, por lo tanto, eximirla de la observancia de una norma vigente, aun cuando el Reglamento hubiera legitimado a los organismos nacionales para ello, hubiera sido contrario al principio de igualdad de trato entre los administrados, que únicamente admite exenciones en supuestos muy excepcionales.