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1 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos de exclusiva - Exención - Contrato de distribución exclusiva sin prohibición de exportación - Existencia de una práctica concertada que tiene por objeto restringir las importaciones paralelas - Exclusión de exención

2 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance

(Tratado CE, art. 190)

3 Competencia - Multas - Importe - Margen de apreciación de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

4 Competencia - Multas - Apreciación en función del comportamiento individual de la empresa - Inexistencia de sanciones contra otro operador económico - Irrelevancia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, párr. 2)

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5 Las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado no pueden, en modo alguno, declararse inaplicables a un contrato de distribución exclusiva que, en sí mismo, no contiene ninguna prohibición de reexportar los productos objeto del contrato, cuando las partes contratantes participan en un práctica concertada que tiene por objeto restringir las importaciones paralelas destinadas a un revendedor no autorizado.

6 La obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado. Cada una de las partes de la Decisión debe interpretarse a la luz de las demás.

Aunque en virtud del artículo 190 del Tratado la Comisión está obligada a motivar sus decisiones, indicando en ellas los antecedentes de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la medida y las consideraciones que la llevaron a adoptar su decisión, no se le exige que discuta todos los puntos de hecho y de Derecho que suscitó cada interesado en el curso del procedimiento administrativo.

7 Las multas que impone en caso de infracción de lo dispuesto en los artículos 85 y siguientes del Tratado constituyen para la Comisión un instrumento de su política en materia de competencia. Por lo tanto, esta Institución debe disponer de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas, a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre la competencia.

8 En la medida en que, con su comportamiento, una empresa haya infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, no puede escapar a la correspondiente sanción por el hecho de no haberse impuesto ninguna sanción a otro operador económico cuando la situación de este último ni siquiera haya sido sometida al Juez comunitario.
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Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Comportamiento ilegal de las instituciones

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2); Reglamentos del Consejo n os 1078/77, 857/84 y 764/89]

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La responsabilidad extracontractual de la Comunidad debido a la introducción en 1984, por el Reglamento nº 857/84, del régimen de tasa suplementaria en el sector de la leche y de los lácteos, sólo se genera respecto a los productores de leche que habían interrumpido temporalmente la producción de leche, en cumplimiento de un compromiso de no producción celebrado en virtud del Reglamento nº 1078/77, y cuya reanudación se vio imposibilitada debido precisamente a la entrada en vigor del régimen de la tasa. La referida responsabilidad no incumbe a los productores que no habían reanudado la comercialización de leche como consecuencia del compromiso de no comercialización por razones distintas de las vinculadas a la entrada en vigor del citado régimen.

Corresponde a los productores que interrumpieron la comercialización de leche en el marco del Reglamento nº 1078/77 y solicitaron una cantidad de referencia específica a raíz de la adopción del Reglamento nº 764/89, la cual les fue concedida y retirada posteriormente, demostrar que, al expirar su compromiso de no comercialización, tenían la intención de reanudar la producción de leche. La prueba de tal intención se considera aportada cuando dichos productores demostrasen que cumplían los requisitos exigidos por la normativa aplicable que les permitían reanudar la producción de leche solicitando y manteniendo una cantidad de referencia específica a efectos de la reanudación de la actividad de productor de leche.

De este modo, la Comunidad puede presumir, con respecto a los productores de leche cuyo compromiso de no comercialización finalizó después de la entrada en vigor del régimen de tasa suplementaria y que solicitaron una cantidad de referencia específica en el marco del Reglamento nº 764/89, pero no la obtuvieron porque no cumplían los requisitos en él exigidos, que, salvo prueba en contrario aportada por ellos, no habrían podido obtener una cantidad de referencia aunque el Reglamento nº 857/84 la hubiese previsto, por lo que se encuentran en la misma situación que los productores que habían suscrito un compromiso en virtud del Reglamento nº 1078/77, que no solicitaron nunca una cantidad de referencia.

Tal presunción debe aplicarse también a los productores que obtuvieron una cantidad de referencia específica en el marco del Reglamento nº 764/89, que les fue retirada por no cumplir los requisitos en él establecidos. Por lo tanto, la no comercialización de leche como consecuencia del compromiso suscrito por tales productores no es imputable, a falta de cualquier prueba de su intención de reanudar la producción de leche, a la entrada en vigor del régimen de tasa suplementaria.

(véanse los apartados 84 a 88 y 91)
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1 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Situación económica difícil de la empresa afectada - Consideración - Obligación - Inexistencia

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

2 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Legislación tributaria de un Estado miembro - Exclusión

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

3 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Fijación de la multa por el Juez comunitario - Facultad jurisdiccional plena

(Tratado CECA, art. 36, párr. 2)

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1 Al determinar el importe de las multas que han de imponerse a empresas siderúrgicas por infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión tiene derecho, en principio, a tener en cuenta la difícil situación económica de dichas empresas, manteniendo las multas a un nivel que considere adecuado. No obstante, el reconocimiento de una obligación que exige a la Comisión tener en cuenta la situación financiera deficitaria de una empresa equivaldría a conceder una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado.

2 La legislación tributaria de un Estado miembro y, en particular, una legislación que no permite a la empresa afectada deducir de sus ingresos fiscales una multa por violación del Derecho comunitario de la competencia, no puede ser un criterio pertinente a la hora de fijar el importe de dicha multa.

3 Por su naturaleza, la fijación de una multa por el Tribunal de Primera Instancia, en el marco del ejercicio de su facultad de plena jurisdicción, no es una operación aritmética precisa. Por otra parte, este Tribunal no está vinculado por los cálculos de la Comisión, sino que debe efectuar su propia apreciación, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.
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Funcionario ° Expediente personal ° Clasificación con retraso de un informe de calificación ° Comportamiento lesivo que genera un perjuicio moral

(Estatuto de los Funcionarios, art. 26)

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La clasificación con retraso de un informe de calificación en el expediente personal de un funcionario constituye un comportamiento lesivo, si el funcionario no ha contribuido notablemente a este retraso. Efectivamente, cuando un informe de calificación, aunque esté redactado, no ha sido incorporado al expediente personal, incumpliendo el artículo 26 del Estatuto, las personas encargadas de emitir dictámenes o adoptar decisiones relativas al desarrollo de la carrera del funcionario no pueden tener en cuenta este importante elemento de apreciación, especialmente, en el marco de un procedimiento de promoción.

Tal retraso da derecho a la reparación del perjuicio moral irrogado al funcionario cuyas posibilidades de ser promovido o trasladado a distintas plazas vacantes se vieron afectadas debido a que el informe de calificación no figuraba en su expediente personal en el momento de examinarse su candidatura, por cuanto no está acreditado que ello se viera compensado por la existencia de informaciones equivalentes acerca de los méritos del interesado y ninguna circunstancia especial permite justificar el retraso en que incurrió la administración.

Para evaluar ex aequo et bono el perjuicio moral, debe tenerse en cuenta el hecho de que, debido a su edad, son muy limitadas las posibilidades que aún tiene el demandante de ser promovido o trasladado en un futuro.
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La parte demandada afirma que el apartado 1 del artículo 72 del Estatuto y el apartado 1 del artículo 3 de la Reglamentación de cobertura están destinados, a establecer, bien a favor del cónyuge del trabajador por cuenta ajena que no ejerza una actividad lucrativa, bien a favor del cónyuge que, en determinadas condiciones, ejerza dicha actividad, una cobertura contra los riesgos de enfermedad que sea equivalente a la asegurada al trabajador. Las condiciones son, precisa la demandada, que la actividad no produzca un rendimiento superior a un determinado importe y que el cónyuge esté cubierto contra los mismos riesgos «en aplicación de cualesquiera otras disposiciones legales o reglamentarias». Dichas disposiciones son las de la legislación del Estado en el que el interesado ejerza su actividad laboral. La Comisión interpreta el concepto de «disposiciones legales o reglamentarias» en el sentido de que comprenden, Uto sensu, la existencia de disposiciones de naturaleza pública y, en consecuencia, no contractuales. Por consiguiente, es necesario que el interesado tenga la posibilidad de asegurarse contra los riesgos de enfermedad de acuerdo con un régimen de seguro que encuentre su fuente originaria en disposiciones legales o reglamentarias y no únicamente en un contrato de Derecho privado. Añade que esta norma tiene la finalidad de evitar que un cónyuge que tenga la posibilidad de beneficiarse de un régimen de seguro de enfermedad, en el sentido de las disposiciones legales o reglamentarias de un Estado, excluya esta posibilidad y recaiga exclusivamente en el régimen comunitario.
No es competencia del Juez comunitario, en el marco del control de legalidad que ejerce, dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones ni colocarse en el lugar de estas últimas. Además, incumbe únicamente a la Institución interesada adoptar las medidas que lleva consigo la ejecución de una sentencia dictada en el marco de un recurso de anulación.

Al igual que, en el marco del Tratado CE, la Comisión puede continuar tramitando un procedimiento orientado a comprobar una infracción basándose en el artículo 85 o en el artículo 86, en relación con un contrato que impone a quienes contratan con una empresa en posición dominante unas obligaciones que constituyen un abuso de posición dominante y al que se puede aplicar igualmente el artículo 85, y en especial su apartado 3, del mismo modo, en el marco del Tratado CECA, dicha Institución tiene la facultad de analizar únicamente a la luz del apartado 7 del artículo 66 el importe del canon para la concesión de licencias de extracción fijado por un productor que disfruta de un derecho exclusivo de explotación y extracción del carbón, sin pronunciarse sobre la licitud del importe del canon con arreglo a los criterios del artículo 65 de dicho Tratado.

Por otra parte, como el apartado 7 del artículo 66 del Tratado CECA desarrolla la letra d) del artículo 4 de dicho Tratado, que sólo tiene aplicación autónoma a falta de disposiciones más específicas, debe entenderse que una Decisión que, una vez analizado el importe del canon, sólo se ha basado expresamente en el primero de estos artículos para desestimar la denuncia, aplica simultáneamente ambos artículos. En efecto, cuando unas disposiciones de este tipo están recogidas o reguladas en otros artículos del Tratado, los textos correspondientes a una misma disposición deben ser considerados en su conjunto y deben aplicarse simultáneamente.

En todo caso, el examen del importe del canon no entra en el ámbito de aplicación del artículo 60 del Tratado CECA. En efecto, dicho artículo no se aplica a las licencias de extracción de carbón otorgadas por el productor, dado que sólo se refiere a las prácticas de competencia desleal y a las prácticas discriminatorias en materia de precios de los productos. En la medida en que concede licencias de extracción, dicho productor no puede ser considerado un vendedor de los productos.
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Funcionarios - Promoción - Examen comparativo de los méritos - Modalidades - Consideración de los informes de calificación - Expediente individual incompleto - Irregularidad que puede ocasionar la anulación de las promociones concedidas - Requisitos - Anulación que constituye una sanción excesiva - Reparación del daño moral causado por el comportamiento lesivo

(Estatuto de los funcionarios, arts. 26, 43 y 45)

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Las irregularidades comprobadas en el modo de llevar el expediente individual de un funcionario que aspira a una promoción pero no lo ha obtenido, no pueden ser sancionadas mediante una sentencia que anule las promociones concedidas salvo que dichas irregularidades hayan podido influir decisivamente sobre el procedimiento de promoción objeto del litigio. Esto es así cuando, a falta de un informe de calificación, los méritos de un funcionario han sido valorados conforme a una propuesta de promoción que no figura en su expediente individual y que contiene apreciaciones menos favorables para el demandante que las vertidas en el informe de calificación redactado con posterioridad.

Sin embargo, si se determina que la anulación de las promociones concedidas constituye una sanción excesiva para la irregularidad cometida, este Tribunal de Primera Instancia puede, por una parte, desestimar el recurso de anulación y, por otra parte, condenar a la Institución demandada al pago de una indemnización para reparar el perjuicio moral sufrido por el interesado debido al comportamiento lesivo en que ha incurrido la Administración.
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A continuación, el demandante superó con éxito las pruebas de la oposición general EUR/A/17, convocada por la Comisión y el Tribunal de Cuentas para la constitución de una lista de reserva para la selección de administradores. En el punto I de la convocatoria de la oposición, publicada el 25 de febrero de 1988 (DO C 54, p. 13), venía descrita de la siguiente forma la «naturaleza de las funciones»: «Ejecución, de acuerdo con directrices generales, de funciones de concepción, de estudio y de control relativas a la actividad de las Comunidades en el campo de la auditoría. Las funciones comprenden la ejecución de una o varias de las tareas descritas a continuación con carácter indicativo. Esta lista no es exhaustiva: — trabajos de control y de verificación documental e in situ de las cuentas y de la gestión comunitaria; — trabajos de análisis de sistemas, utilización de técnicas financieras y contables; — análisis de costes y de beneficios, cálculos financieros, análisis económicos y jurídicos, utilización de técnicas estadísticas y de muestreo; — utilización de técnicas informáticas y de bases de datos; — evaluación a posteriori de las actuaciones financieras de la Comunidad.» En el número 2 del punto II, B, se precisaba que los candidatos debían: «a) Haber realizado estudios universitarios completos sancionados por un título b) Poseer una experiencia profesional de un nivel equivalente al de las funciones mencionadas en el punto I [...]» No obstante, en el punto II, C, se precisaba que serían «admitidos a la oposición, aunque no reúnan las condiciones especiales descritas en el punto B 2 b), los candidatos que el 8 de abril de 1988 sean funcionarios o agentes de las Comunidades Europeas, clasificados en la categoría B desde hace dos años y que hayan realizado estudios universitarios completos sancionados por un título».
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El CES alega que, aunque la decisión impugnada constituyera un acto lesivo, el demandante no aporta, no obstante, la prueba de la existencia de un perjuicio. El demandante, en particular, no indica con suficiente verosimilitud que, si se le hubiera permitido participar en las pruebas, las habría superado efectivamente. En cuanto al lugar de residencia de su esposa e hijos, es resultado de una decisión de su familia. Según el CES, la sentencia Di Pillo no es pertinente en el presente caso, ya que se refiere a una decisión extemporánea de separación del servicio como resultado de un informe sobre la fase de prácticas negativo, y, en dicho asunto, el interesado había tenido que efectuar grandes gastos en espera de su nombramiento definitivo. Por último, el CES considera que no existe prueba alguna de la pérdida de prestigio.
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Responde la demandada afirmando que, en la medida en que tales reproches no versan sobre la decisión impugnada sino sobre los proyectos de informe de calificación, no cabe considerarlos como lesivos para el demandante. Recuerda, además, la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual éste, en un principio, se abstiene de controlar los juicios de valor realizados en los informes de calificación (sentencias de 5 de mayo de 1983, Ditterich/Comisión, apartado 15, 207/81, Rec. p. 1359). Añade que, con arreglo a esta misma jurisprudencia, los calificadores gozan de la más amplia facultad de apreciación en la valoración del trabajo de las personas que están encargadas de calificar, y que la función del Tribunal de Justicia no consiste en sustituir al calificador, salvo en caso de error o exceso manifiesto (sentencia Ditterich, antes citada: sentencias de 28 de octubre de 1982, Oberthür/Comisión, apartado 26, 105/81, Rec. p. 3781, y de 1 de junio de1983, Seton/Comisión, apartado 23, 36/81, 37/81 y 218/81, Rec. p. 1789). Por lo que se refiere al conflicto entre el demandante y otro funcionario, la demandada pone de manifiesto que el propio demandante formuló algunas observaciones acerca de este funcionario en el comentario que dirigió al calificador de alzada, eligiendo, de esta forma, continuar la controversia en el marco del informe de calificación. Finalmente, la demandada alega que el procedimiento de elaboración del informe de calificación no constituye un procedimiento que conduzca a una resolución de carácter judicial, por lo cual no está sujeto ni al principio de contradicción ni al de imparcialidad del juzgador.
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Procede destacar que, en el presente caso refendo a Irlanda y al Reino Unido, el artículo 234 del Tratado es aplicable, en virtud del artículo 5 del Acta de adhesion, a los Convenios celebrados antes de su adhesión a la Comunidad, que tuvo lugar el 1 de enero de 1973. De ello se deduce que, en las relaciones entre Estados miembros, las disposiciones del Convenio de Berna, ratificado por Irlanda y por el Reino Unido antes del 1 de enero de 1973, no pueden prevalecer sobre las disposiciones del Tratado. En consecuencia, la demandante no puede ampararse en aquéllas para justificar restricciones al régimen de libre competencia instaurado y aplicado en la Comunidad, con arreglo a las disposiciones del Tratado y, en particular, del artículo 86. Así pues, procede desestimar la alegación según la cual el artículo 2 de la parte dispositiva de la Decisión es contrario al apartado 1 del artículo 9 del Convenio de Berna, sin necesidad de analizar el fondo. La misma conclusión se impone respecto del apartado 2 del citado artículo 9. En este sentido, basta decir que fue introducido por el instrumento suscrito en París en 1971, del que el Reino Unido es parte desde el 2 de enero de 1990, y que no fue ratificado por Irlanda. En consecuencia, por lo que se refiere al Reino Unido, el instrumento de París —y en particular el apartado 2 del artículo 9 del Convenio— fue ratificado con posterioridad a su adhesión a la Comunidad y por ende no puede prevalecer sobre una disposición del Tratado. Efectivamente, los Estados miembros no pueden obviar las normas del Tratado mediante la celebración de un Acuerdo o Convenio internacional. A tal fin, están obligados a recurrir al procedimiento previsto en el artículo 236 del Tratado. De ello se sigue que no puede invocarse el apartado 2 del artículo 9 del Convenio de Berna a fin de restringir la competencia que la Comunidad ostenta en virtud del Tratado para la aplicación de las normas sobre la competencia que en él se contienen, y en particular del artículo 86 y sus normas de aplicación, tales como el artículo 3 del Reglamento n° 17.
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Si bien el principio de igualdad constituye un principio fundamental en el desarrollo de un concurso (sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 1976, Prais contra Consejo, 130/75, Rec. 1976, p. 1589), es, no obstante, evidente que un concurso de selección abierto a los candidatos de todos los Estados miembros, como el presente concurso, no puede desarrollarse de conformidad con este mismo principio sin que los miembros del tribunal del concurso y los asesores, que no conozcan la lengua de algunos candidatos, dispongan de una traducción de sus ejercicios. El mero hecho de que se traduzcan determinados ejercicios antes de ser calificados, no implica, en sí mismo, una discriminación entre los candidatos. En este asunto, el demandante no ha aportado la prueba de que la traducción de los ejercicios haya causado a los candidatos de lengua italiana y, menos aún, al propio demandante, un perjuicio específico. Por consiguiente, debe desestimarse este primer argumento.
Por lo que se refiere a su segundo argumento, la violación del derecho de defensa, el demandante, en el escrito de réplica que presentó en el asunto T-47/89, afirmó que el Comité de promoción B se pronunció sin tener conocimiento de los expedientes individuales de los funcionarios promovibles. Afirmó asimismo que nadie formuló la menor objeción a las observaciones hechas por el representante de la DG XIX a su respecto, siendo así que su expediente individual no contenía nada sobre este tema. El demandante alegó que las declaraciones realizadas por el representante de la DG XDC en el seno del Comité de promoción fueron la causa de no resultar seleccionado. Al no haber tenido conocimiento de la actitud de esta persona, no tuvo la posibilidad de defenderse. Si su comportamiento hubiera dejado que desear, lo cual el demandante considera que no es el caso, sus superiores habían debido advertírselo y mantener un diálogo con él. A juicio del demandante, la forma unilateral en que procedió la AFPN no se conformó con la objetividad, la imparcialidad y la igualdad que deben prevalecer en el marco de un procedimiento de promoción. Dado que no fue oído, el demandante no pudo presentar pruebas acerca de la animosidad de su superior hacia él. En la vista, el demandante añadió que, según las informaciones de los representantes del personal en el seno del Comité de promoción, el representante de la DG XIX se opuso obstinadamente a su promoción.
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Con carácter previo, la Comisión manifiesta que el recurso se dirige únicamente contra la decisión desestimatoria de la reclamación interpuesta por la demandante. Según la Comisión, de los motivos y alegaciones expuestos en la demanda no se desprende en modo alguno que de hecho el recurso se refiera a la decisión que constituye el objeto de la reclamación. La Comisión añade que no ignora, sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual cabe admitir el recurso cuando no exista duda alguna sobre el «verdadero objeto del litigio».