Además, como el litigio está determinado por el escrito de interposición de la demanda, una excepción de ilegalidad es inadmisible cuando se plantea en una fase posterior del procedimiento. A este respecto, una excepción de ilegalidad invocada por una parte demandante en la fase de sus observaciones sobre una excepción de inadmisibilidad es inadmisible, ya que el artículo 277 TFUE no forma parte de las disposiciones invocadas en apoyo del recurso y no se basa en ningún elemento de Derecho o de hecho producido durante el procedimiento.

La posibilidad de invocar la inaplicabilidad de un acto de alcance general en virtud del artículo 277 TFUE no constituye un derecho de acción autónomo y sólo puede ejercitarse de manera incidental. En consecuencia, la mera invocación de una excepción de ilegalidad contra una normativa adoptada por una institución no permite llevar a dicha institución ante el juez de la Unión. Cualquier otra interpretación equivaldría a poner en entredicho el hecho de que la posibilidad de invocar la inaplicabilidad de un acto de alcance general en virtud del artículo 277 TFUE no constituye una acción autónoma.

El artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 1907/2006 no puede modificar dicha conclusión ya que ese artículo responde a una finalidad distinta, a saber, garantizar que los expedientes de registro presentados por las empresas declarantes estén completos.

Corresponde, en particular, a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), en el marco de las funciones de ejecución presupuestaria que le han sido asignadas, garantizar el cobro de todos los ingresos que le corresponden, entre los que figuran las tasas abonadas por las empresas. Del artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 340/2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la ECHA con arreglo al Reglamento n.o 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, se desprende expresamente que la ECHA podrá solicitar en cualquier momento pruebas de que se reúnen las condiciones para aplicar la reducción del importe de la tasa o la exención de ésta. Por otro lado, con arreglo al artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.o 340/2008, la ECHA es quien aplicará el importe íntegro de la tasa además de una tasa administrativa, cuando una persona física o jurídica que declare tener derecho a una reducción del importe de la tasa o a la exención de ésta no pueda demostrar que tiene derecho a la reducción o a la exención. De ello se desprende que la ECHA dispone de la competencia necesaria para comprobar que se cumplen los requisitos para que una empresa declarante pueda acogerse a una reducción de tasas o a una exención de éstas.

A este respecto, por lo que atañe a la Recomendación 2003/361, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, nada permite considerar, a falta de indicación en ese sentido, que la remisión expresa efectuada a la misma por los Reglamentos n.o 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, y n.o 340/2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al Reglamento n.o 1907/2006, sólo se refería a una parte de dicha definición, excluyendo algunos de los criterios mencionados en su anexo. En efecto, el artículo 3, punto 36, del Reglamento n.o 1907/2006 se remite precisamente a la definición de las pequeñas y medianas empresas que figura en la Recomendación 2003/361. Esa definición, como la recoge el título I del anexo de la citada Recomendación, incluye no sólo el efectivo y los umbrales económicos que permiten definir las categorías de empresas, sino también, en particular, los tipos de empresas que se toman en consideración para calcular el efectivo y los importes económicos. Ha de velarse por que esa definición no se eluda por motivos meramente formales.

No puede excluirse, por principio, que las disposiciones de una recomendación puedan aplicarse por medio de una remisión expresa de un reglamento a las disposiciones de ésta siempre que se respeten los principios generales de Derecho y, en particular, el principio de seguridad jurídica.

El objetivo del artículo 11 del Reglamento n.o 340/2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) con arreglo al Reglamento n.o 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, es permitir, bajo determinadas condiciones, la aplicación por parte de la ECHA de una tasa por servicios que no están cubiertos por otra tasa prevista por el citado Reglamento. En consecuencia, la clasificación llevada a cabo por el Consejo de Administración de la ECHA comprende necesariamente la fijación de un importe de las tasas de que se trata, previo dictamen favorable de la Comisión, so pena de privar de su efecto útil al citado artículo 11. En la medida en que el artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.o 340/2008, que se refiere específicamente a la tasa administrativa, se remite al procedimiento previsto en el artículo 11, apartado 5, del mismo Reglamento, nada permite considerar que la ECHA no dispone de la competencia necesaria para fijar el importe de la citada tasa.

A este respecto, no puede inferirse del artículo 59 del Reglamento n.o 2343/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento n.o 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, que los Consejos de Administración de los organismos de la Unión no puedan disponer, en su caso, de la competencia necesaria para determinar las tasas o los cánones.

Por otro lado, como la ECHA dispone de la competencia necesaria para llevar a cabo la comprobación del tamaño de las empresas declarantes y, en consecuencia, para solicitar el pago de las tasas y tasas administrativas que se debían, la firma por el Director Ejecutivo de la ECHA de una decisión relativa al tamaño de una empresa que aplicaba la tasa íntegra e imponía una tasa administrativa no adolece de ilegalidad alguna.

(véanse los apartados 93, 94 y 104)