Por lo que respecta a la otra objeción, se plantea la cuestión de si la demandante cumple los requisitos del artículo 173 del Tratado CEE, es decir, si está afectada directa e individualmente por la decisión, para interponer recurso contra la Decisión de exención, en su condición de tercero que no participa en el sistema de distribución, como resulta de su parte dispositiva, ya que ni siquiera está dirigida a ella, sino que sólo fue informada sobre la misma.

a) Hay poco que decir sobre la exigencia de que «le afecte directamente», que en realidad no se ponía en tela de juicio. Cierto que se trata de una exención de un sistema de distribución, es decir, de la liberación de su práctica en el sentido de una autorización. Pero no queda la menor duda de que el sistema es aplicado por SABA. Ello se demostró durante el procedimiento, cuando se señaló que SABA había exigido de personas no autorizadas a la distribución declaraciones de abstención de vender productos SABA, amenazándoles con entablar acciones judiciales o incluso entablándolas. A mi juicio, ello basta para reconocer que la Decisión de exención produce efectos directos en el sentido material -en la posición jurídica de la demandante y que ésta queda por tanto directamente afectada.

b) Más difícil es la cuestión de si se puede admitir que la demandante está afectada individualmente.

A este respecto, la jurisprudencia sobre asuntos similares en el ámbito de la CEE podría dar lugar a dudas. No debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de la CECA en la materia ya que en el sistema de protección jurídica de dicho Tratado, no se habla de que un acto afecte a alguien individualmente. En realidad, no se puede negar que la exención tiene como consecuencia que todo aquel que a causa de su actividad comercial podría participar en la distribución de productos SABA, pero que no cumple los requisitos del sistema, queda excluido del mismo. Por consiguiente, es natural que se califique a dichas personas de no partícipes en el sistema, pues se trata de un grupo que se debe describir en abstracto en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del que no es posible determinar con exactitud quiénes pertenecen a él.

Pero, junto con la Comisión, dudo de que esta consideración parezca irrefutable y si debe llevar necesariamente a la inadmisibilidad del recurso.

En primer lugar hay que admitir que existe, sin duda, una diferencia entre los asuntos a los que se refiere la jurisprudencia indicada y el que aquí nos interesa: en dicha jurisprudencia se trataba de actos dirigidos a los Estados miembros y que se encaminaban a la adopción de actos normativos de soberanía, mientras que aquí nos ocupamos de la autorización de un sistema de distribución de Derecho privado. Por tanto, el alcance de los actos que se debatían en la jurisprudencia es completamente distinto del que se debe admitir en el presente asunto y por ello también se podrían justificar otros criterios para la apreciación de la admisibilidad del recurso. En el presente asunto se podría considerar suficiente que la decisión en litigio presente importantes elementos individuales, por cuanto autoriza criterios de un sistema de distribución que son objeto de acuerdos individuales o que excluyen tales acuerdos.

Además, no hay que olvidar que el artículo 85 del Tratado CEE también debe proteger la competencia en relación con terceros que no participan en un acuerdo. Si no se les reconoce el derecho de recurso el control jurisdiccional en tales casos queda prácticamente excluido, pues, en general, quienes participan en el acuerdo en caso de una exención no interpondrán recurso. Tampoco se puede recurrir al procedimiento del artículo 177 y a las posibilidades de control jurisdiccional que de él se derivan, en todo caso no con la misma justificación que en los asuntos en los que se trata de disposiciones de ejecución nacionales y soberanas. En efecto, en el Derecho de la competencia, cuando se trata de asuntos como el presente, no son igualmente evidentes los puntos de partida de los procedimientos nacionales y, en este terreno, la pérdida de tiempo que ocasiona el desvío por el procedimiento nacional con remisión al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177, debe parecer especialmente considerable.

Por consiguiente, estimo justificable que en procesos relacionados con la competencia, como el presente, se disipen las dudas sobre la admisibilidad del recurso, que seguramente se pueden abrigar y, teniendo presente el principio ya subrayado por la jurisprudencia de que el artículo 173 no debe interpretarse de modo restrictivo, se reconozca el derecho de recurso a toda persona que por su actividad podría participar en la distribución, pero que queda excluida del sistema autorizado. Esto es aplicable de modo indiscutible a la demandante, que evidentemente explota un departamento especializado de electrónica de entretenimiento.

Pero si no queremos ir tan lejos, se podría pensar, sobre la cuestión de si está afectada individualmente, tener en cuenta el hecho de que la demandante, con arreglo al artículo 3 del Reglamento no 17, -que como es sabido exige un interés legítimo — presentó una reclamación ante la Comisión contra el sistema de distribución, que participó en el procedimiento prestando declaración oralmente y por escrito y que, sobre todo, fue informada de la Decisión de exención, lo que debe considerarse como una comunicación de las razones de la desestimación de la solicitud en el sentido del artículo 6 del Reglamento no 99/63/CEE (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62). Aun cuando el mencionado artículo 3 -al que SABA se ha referido- solamente autoriza las solicitudes cuando se trata de la comprobación de infracciones a las disposiciones sobre la competencia, pero no de exenciones o de la expedición de declaraciones negativas, dado que el procedimiento de comprobación de una infracción y de concesión de una exención constituye una unidad, la presentación de la solicitud ha creado para la demandante una relación tan estrecha con el litigio que se puede decir que está especialmente e individualmente afectada por la decisión que constituye la conclusión de todo el procedimiento.

Por tanto, considero que no se debe admitir la objeción contra la admisibilidad formulada por SABA y que, por consiguiente, nada se opone al examen de si la demanda principal está fundada.