Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Control jurisdiccional

(Art. 253 CE)

2. Recurso de anulación — Motivos — Falta de motivación o motivación insuficiente — Distinción con respecto a la impugnación de la procedencia de los motivos

(Arts. 230 CE y 253 CE)

3. Recurso de anulación — Decisión de la Comisión adoptada al amparo del artículo 81 CE, apartado 1 — Apreciación económica compleja — Control jurisdiccional — Límites

(Arts. 81 CE, ap. 1, y 230 CE)

4. Recurso de anulación — Objeto — Decisión de aplicación del artículo 81 CE — Pruebas admisibles

(Arts. 81 CE y 230 CE)

5. Competencia — Normas comunitarias — Ámbito de aplicación material — Comportamiento impuesto por medidas estatales — Exclusión — Apreciación concreta del margen de juego restante para la libre competencia

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Concepto — Inclusión únicamente de los comportamientos bilaterales o multilaterales — Existencia de una voluntad común de observar un determinado comportamiento en el mercado — Requisito suficiente

(Art. 81 CE, ap. 1)

7. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba de la infracción a cargo de la Comisión — Prueba del desistimiento del acuerdo a cargo de la empresa participante que lo invoque

(Art. 81 CE, ap. 1)

8. Competencia — Normas comunitarias — Ámbito de aplicación material — Sector de los medicamentos financiados por el sistema nacional de seguro de enfermedad — Inclusión pese a la intervención estatal en materia de precios

(Art. 81 CE, ap. 1)

9. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Apreciación en función del contexto económico y jurídico — Objeto contrario a la competencia que hace innecesaria la prueba de los efectos contrarios a la competencia

[Arts. 3 CE, ap. 1, letra g), y 81 CE, ap. 1]

10. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Acuerdos limitativos del comercio paralelo — Criterios de apreciación — Consideración de los efectos sobre el consumidor final — Presunción de un objeto contrario a la competencia — Límites — Sector de los medicamentos financiados por el sistema de seguro de enfermedad — Exclusión

(Art. 81 CE, ap. 1)

11. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Aplicación de condiciones desiguales a prestaciones equivalentes — Sistema de precios diferenciados — Apreciación — Necesidad de tener en cuenta los diferentes marcos normativos vigentes en los Estados miembros — Medicamentos financiados por los sistemas nacionales de seguro de enfermedad

[Art. 81 CE, ap. 1, letra d)]

12. Derecho comunitario — Principios — Principio de subsidiariedad — Aplicación en el ámbito de la competencia — Exigencia de que el comercio entre Estados miembros se vea afectado

(Arts. 5 CE, párr. 2, y 81 CE, ap. 1)

13. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención — Requisitos — Carga de la prueba — Alcance — Examen por la Comisión

(Art. 81 CE, ap. 3)

14. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención — Requisitos — Apreciación económica compleja — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Límites

(Art. 81 CE, ap. 3)

15. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención — Requisitos — Mejora de la producción o de la distribución de los productos o fomento del progreso técnico o económico — Ventajas objetivas apreciables que puedan compensar los inconvenientes que el acuerdo genera en la competencia — Examen por la Comisión

(Art. 81 CE, ap. 3)

16. Recurso de anulación — Recurso contra una decisión de la Comisión relativa a una solicitud de declaración negativa o de exención en virtud del Reglamento nº 17 — Sentencia anulatoria — Efectos

[Art. 233 CE, párr. 1; Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003]

Índice

1. El artículo 253 CE dispone, en particular, que las decisiones de la Comisión deben estar motivadas.

Para que una decisión de la Comisión cuente con la suficiente motivación con arreglo a Derecho, debe mostrar claramente el razonamiento de la institución de la que emana, de manera que los interesados puedan conocer su fundamentación y el órgano jurisdiccional pueda controlar su procedencia. No se exige, no obstante, que especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, puesto que la cuestión de si cumple con las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor, sino también con su contexto jurídico y fáctico.

Por lo tanto, la necesidad de motivar sus decisiones no impone a la Comisión ninguna obligación general de hacer referencia en ellas a una resolución judicial específica.

(véanse los apartados 49 a 51)

2. El examen de la existencia y alcance de la motivación de una decisión de la Comisión forma parte del control de los requisitos de forma sustanciales y, por tanto, de la legalidad formal de tal decisión. Ha de distinguirse del examen de la procedencia de los fundamentos de dicha decisión, que se integra en el análisis de la legalidad en cuanto al fondo.

(véase el apartado 54)

3. Cuando conoce de un recurso de anulación de una decisión de la Comisión por la que se aplica el artículo 81 CE, apartado 1, el juez comunitario ha de efectuar, conforme a lo dispuesto en el artículo 230 CE, un control sobre la legalidad de dicha decisión.

A este respecto, el juez ejerce un control completo del examen efectuado por la Comisión, salvo si dicho examen incluye apreciaciones económicas complejas, en cuyo caso el control se limita a la verificación de la inexistencia de desviación de poder, del cumplimiento de las normas de procedimiento y de motivación, así como de la exactitud material de los hechos y la falta de error manifiesto en su apreciación.

(véanse los apartados 57 y 145)

4. En el control que efectúa el juez que conoce de un recurso de anulación de una decisión por la que se aplica el artículo 81 CE han de tenerse exclusivamente en cuenta los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó, sin perjuicio de la posibilidad que se reconoce a las partes, en el ejercicio de su derecho de defensa, de completarlos con pruebas que sean posteriores a dicha fecha, pero que hayan sido específicamente preparadas con el fin de impugnar o de afianzar dicha decisión.

(véanse los apartados 58 y 245)

5. El artículo 81 CE, apartado 1, sólo se refiere a los comportamientos contrarios a las normas sobre la competencia que hayan sido adoptados por las empresas por iniciativa propia.

En el caso de que, para decidir si dicha disposición es aplicable, sea necesario examinar previamente la posible incidencia de una normativa nacional, habrá de determinarse si ésta deja subsistir la posibilidad de una competencia que pueda ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas.

Si de este examen resulta que la normativa de que se trate impone a las empresas un comportamiento contrario a la competencia o elimina cualquier posibilidad de que adopten un comportamiento de este tipo, no puede aplicarse el artículo 81 CE, apartado 1.

Sin embargo, si dicha normativa deja abierta la posibilidad de que surja una competencia que pueda ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas, sigue siendo de aplicación el artículo 81 CE, apartado 1.

La posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de dicha disposición un determinado comportamiento debido a que ha sido impuesto por la legislación nacional ha sido utilizada de forma restrictiva por los órganos jurisdiccionales comunitarios.

(véanse los apartados 66 a 70)

6. El artículo 81 CE, apartado 1, se aplica únicamente a los comportamientos de empresa bilaterales o multilaterales, que pueden consistir en acuerdos, prácticas concertadas o decisiones de asociación.

Para que exista acuerdo basta con que al menos dos empresas hayan expresado su voluntad común de comportarse en el mercado de una manera determinada.

Si bien es pues imperativo que en las decisiones por las que la Comisión aplique el artículo 81 CE, apartado 1, se demuestre la existencia de una voluntad común de comportarse en el mercado de una manera determinada, no se exige que se pruebe que concurre una voluntad común de alcanzar un resultado contrario a la competencia.

(véanse los apartados 75 a 77)

7. Incumbe a la Comisión probar las infracciones cuya existencia declare y aportar, en las decisiones por las que aplique normas de competencia, elementos precisos y concordantes que demuestren de modo concluyente la existencia de los hechos constitutivos de dichas infracciones.

Estos elementos pueden constituir pruebas directas que, por ejemplo, adopten la forma de escrito o pruebas indirectas que se evidencien, por ejemplo, en un comportamiento.

Cuando la Comisión aporta la prueba de la existencia de un acuerdo, corresponde a la empresa que haya participado en él y que niegue haber cometido una infracción demostrar su desistimiento, acreditando una voluntad clara de sustraerse al acuerdo, que haya sido comunicada a las demás empresas participantes.

(véanse los apartados 82, 83 y 86)

8. El sector de los medicamentos financiados por el sistema nacional de seguro de enfermedad se caracteriza, en muchos Estados miembros, por la existencia de una normativa que no se limita a la mera fiscalización de una actividad económica, en particular en materia de precios. La coexistencia de estas diferentes normativas estatales puede falsear la competencia. Por otro lado, tiende a provocar la compartimentación de los mercados nacionales a este respecto.

Sin embargo, el artículo 81 CE, apartado 1, sólo puede dejar de aplicarse si el sector en el que se celebra el acuerdo está sometido a una normativa que excluya la posibilidad de una competencia que pueda ser obstaculizada, restringida o falseada por dicho acuerdo.

Ahora bien, entre los productores de medicamentos se da una competencia, en el sector de que se trata, basada fundamentalmente en parámetros distintos del precio y, en concreto, en la innovación.

Por otro lado, puede entablarse una competencia entre un productor y sus distribuidores, o entre comerciantes paralelos y distribuidores nacionales, que se base precisamente en las diferencias significativas de precio a las que contribuyan las normativas estatales de que se trate y que, si los medicamentos están protegidos por una patente que confiere un monopolio temporal a su titular, sea, hasta la expiración de ésta, la única forma de competencia por el precio concebible a su respecto.

(véanse los apartados 104 a 107)

9. La competencia a la que se refieren el artículo 3 CE, apartado 1, letra g), y el artículo 81 CE es una competencia eficaz, es decir, el grado de competencia necesario para que se alcancen los objetivos del Tratado. Su intensidad puede variar en función de la naturaleza del producto de que se trate y de la estructura del mercado en cuestión. Además, sus parámetros pueden tener desigual importancia, puesto que la competencia de precios no constituye la única forma eficaz de competencia ni aquella a la que, en todas las circunstancias, deba darse prioridad absoluta.

Por consiguiente, para la calificación de una restricción de la competencia a los efectos del artículo 81 CE, apartado 1, debe tenerse en cuenta el marco real y, por tanto, el contexto jurídico y económico en el que despliega sus efectos el acuerdo al que se atribuye la restricción. Esta obligación se impone en la determinación tanto del objeto como del efecto del acuerdo.

De este modo, cuando del propio examen de las cláusulas de un acuerdo, habida cuenta de su contexto jurídico y económico, se desprenda que la competencia ha resultado alterada, puede presumirse que el acuerdo tiene por objeto impedir, restringir o falsear la competencia, sin que sea ya necesario examinar su efecto.

Sin embargo, en caso contrario, ha de analizarse el efecto de dicho acuerdo y demostrar de modo suficiente con arreglo a Derecho que impide, restringe o falsea, actual o potencialmente, la competencia.

(véanse los apartados 109 a 112)

10. En principio, debe considerarse que los acuerdos con los que se pretende, en definitiva, prohibir el comercio paralelo tienen por objeto obstaculizar la competencia, mientras que, en principio, ha de estimarse que los acuerdos que manifiestamente reservan un trato desfavorable al comercio paralelo tienen por objeto restringir la competencia.

Sin embargo, la mera circunstancia de que el acuerdo tenga por objeto restringir el comercio paralelo no basta para que se tenga por vulnerado el artículo 81 CE, apartado 1. En efecto, el objetivo asignado a esta disposición es evitar que las empresas, al restringir la competencia existente entre ellas o con terceros, incidan desfavorablemente en el bienestar del consumidor final de los productos de que se trate.

En consecuencia, la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, no puede depender únicamente del hecho de que un acuerdo pretenda limitar el comercio paralelo o compartimentar el mercado común, circunstancias que permiten llegar a la conclusión de que afecta a los intercambios, sino que requiere también que se efectúe un análisis para determinar si dicho acuerdo tiene por objeto o por efecto obstaculizar, restringir o falsear la competencia en el mercado en cuestión, en perjuicio del consumidor final. Este análisis, que puede aligerarse cuando las propias cláusulas del acuerdo demuestren que la competencia ha resultado alterada, debe sin embargo profundizarse, en función de las circunstancias del caso, cuando no sea así.

Si bien es manifiesto que el comercio paralelo goza de una cierta protección, también es cierto que esta protección no se le dispensa en cuanto tal, sino en la medida en que favorece el desarrollo de los intercambios y el refuerzo de la competencia, es decir, en lo que atañe a este segundo aspecto, en la medida en que procura a los consumidores finales las ventajas de una competencia eficaz en términos de abastecimiento o de precios. Las repercusiones que la limitación del comercio paral elo tenga o pueda tener en algún que otro parámetro de competencia, como la cantidad de abastecimiento del producto o el precio al que se vende, son las que demuestran la existencia de una restricción de la competencia.

Por lo tanto, aun cuando deba considerarse en principio que un acuerdo celebrado para limitar el comercio paralelo tiene por objeto restringir la competencia, sólo será efectivamente así si puede presumirse que priva a los consumidores finales de tales ventajas.

Ahora bien, no puede presumirse que los acuerdos con los que se pretende obstaculizar las importaciones paralelas de medicamentos tengan por efecto privar a los consumidores finales de las ventajas que proporcionan tales importaciones. En efecto, los precios a los que se venden los medicamentos en el plano del comercio al por menor están sujetos al control de los Estados miembros, que los fijan directa o indirectamente en las cuantías que estiman adecuadas y se determinan a niveles estructuralmente diferentes en los diferentes Estados miembros, de tal modo que no puede presumirse que el comercio paralelo incida en los precios de venta al por menor de los medicamentos financiados por los sistemas nacionales de seguro de enfermedad ni que proporcione a los consumidores finales una ventaja apreciable análoga a la que se derivaría del libre juego de la oferta y de la demanda.

(véanse los apartados 115 a 122, 133, 134 y 140)

11. Cuando conste que, por lo que se refiere a un producto concreto, en el presente caso los medicamentos financiados por el sistema nacional de seguro de enfermedad, cada uno de los Estados miembros constituye un mercado distinto, en la medida en que existen diferencias en las normativas en materia de precios y reembolso de los medicamentos en cuestión, la aplicación de diferentes precios en función del Estado miembro en el que vayan a revenderse o reembolsarse los medicamentos no basta para que se tenga por acreditada una discriminación en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, letra d).

(véanse los apartados 178 y 179)

12. En el contexto del artículo 81 CE, apartado 1, el principio de subsidiariedad se concreta en la limitación de la prohibición de los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros. Así, cuando concurren elementos objetivos, de hecho o de Derecho, que permitan presumir con un grado de probabilidad suficiente que tales comportamientos pueden ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre Estados miembros, debe considerarse que los mencionados comportamientos pueden afectar al comercio entre Estados miembros, de tal modo que resulte conveniente que la Comunidad intervenga debido a la dimensión y a los efectos de su acción.

Cuando esta acción adopta la forma de una decisión de la Comisión, ésta se ajusta al principio de subsidiariedad cuando demuestra de modo suficiente conforme a Derecho que el comercio entre Estados miembros puede resultar afectado por el acuerdo entre empresas, la decisión de asociación de empresas o la práctica concertada cuya legalidad examina.

(véanse los apartados 201 y 202)

13. Todo acuerdo que restrinja la competencia, bien por sus efectos bien por su objeto, puede, en principio, beneficiarse de una exención en virtud del artículo 81 CE, apartado 3.

La aplicación de esta disposición depende de ciertos requisitos, cuya concurrencia es a un tiempo necesaria y suficiente. Es necesario, en primer lugar, que el acuerdo contribuya a mejorar la producción o la distribución de los productos de que se trate o a fomentar el progreso técnico o económico; en segundo lugar, que se reserve a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante; en tercer lugar, que no imponga a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables, y, en cuarto lugar, que no les ofrezca la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

En consecuencia, el operador económico que invoque el artículo 81 CE, apartado 3, debe demostrar que se cumplen estos requisitos mediante la presentación de argumentos y pruebas convincentes.

Por su parte, la Comisión debe examinar adecuadamente estas alegaciones y pruebas, determinando si demuestran la concurrencia de los requisitos para la aplicación del artículo 81 CE, apartado 3. En algunos casos, estas alegaciones y pruebas pueden ser tales que la obliguen a la presentación de una explicación o de una justificación, que, de no producirse, permite concluir que la carga de la prueba que incumbe al operador económico que invoca el artículo 81 CE, apartado 3, ha sido observada. La Comisión debe en tal caso rebatir estas alegaciones y pruebas.

(véanse los apartados 233 a 236)

14. El juez que conoce de un recurso de anulación de una decisión por la que se aplica el artículo 81 CE, apartado 3, ha de ejercer, en la medida en que concurran apreciaciones económicas complejas, un control que se limita, en cuanto al fondo, a la comprobación de la exactitud material de los hechos, de la inexistencia de error manifiesto de apreciación de tales hechos y de la exactitud de las consideraciones jurídicas inferidas.

No sólo le corresponde verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos.

Sin embargo, no le corresponde sustituir la apreciación económica del autor de la decisión cuya legalidad debe controlar por la suya propia.

La Comisión dispone de un margen de apreciación, sobre el que sólo se ejerce un control jurisdiccional restringido, a la hora de efectuar, una vez comprobado el cumplimiento de uno de los criterios que, conforme al artículo 81 CE, apartado 3, permite plantear la concesión de la exención, la ponderación entre las ventajas que se esperan de la aplicación del acuerdo y los inconvenientes que supone para el consumidor final como consecuencia de su impacto sobre la competencia; esta ponderación se lleva a cabo a la luz del interés general comunitario.

(véanse los apartados 241 a 244)

15. Para que un acuerdo pueda quedar exento con arreglo al artículo 81 CE, apartado 3, es necesario que contribuya a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico. Esta contribución no puede identificarse con todas las ventajas que las empresas interesadas obtienen del acuerdo en relación con su actividad, sino con ventajas objetivas apreciables que puedan compensar los inconvenientes que el acuerdo genera en el ámbito de la competencia.

Por lo tanto, la Comisión debe, en primer lugar, examinar si las alegaciones de hecho y las pruebas que le han sido presentadas demuestran, de manera convincente, que el acuerdo de que se trata permite obtener ventajas objetivas apreciables, en el buen entendido de que éstas pueden producirse no sólo en el mercado en cuestión, sino también en otros mercados, y de que no es necesario que se deriven directamente del acuerdo.

Esta tarea puede implicar un análisis prospectivo, en el que debe analizarse si, habida cuenta de las alegaciones de hecho y de las pruebas presentadas, parece más probable que el acuerdo permita obtener ventajas objetivas apreciables o que no lo permita.

En su caso, la Comisión debe apreciar, en segundo lugar, si estas ventajas objetivas apreciables pueden compensar los inconvenientes para la competencia que hayan sido detectados en el examen relativo al artículo 81 CE, apartado 1.

Por último, en la medida en que la Comisión deba determinar si los requisitos para la aplicación del artículo 81 CE, apartado 3, se cumplen en un contexto jurídico y económico, como el que caracteriza al sector farmacéutico, donde el juego de la competencia resulta falseado por la presencia de normativas estatales, le incumbe la obligación de examinar con especial atención las alegaciones y pruebas que le presente el operador económico que invoque la mencionada disposición.

(véanse los apartados 247 a 250, 276, 280, 298 y 301)

16. Con arreglo al artículo 233 CE, párrafo primero, la Comisión está obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de una sentencia anulatoria de una decisión que resuelva sobre una solicitud de exención presentada al amparo del Reglamento nº 17.

A este respecto, aun cuando el Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, haya suprimido el procedimiento de notificación previsto por el Reglamento nº 17, corresponde a la Comisión pronunciarse sobre la solicitud de exención colocándose en la fecha en que se presentó esta última, en la medida en que siga estando pendiente ante ella.

(véanse los apartados 319 y 320)