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El 8 de enero de 2020, EUROAPTIEKA interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la referida disposición ante la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia), que es el órgano jurisdiccional remitente. En apoyo de su recurso, EUROAPTIEKA alega, en particular, que esa disposición no atañe únicamente a la publicidad de un medicamento determinado, sino a la publicidad de los medicamentos en general. En cambio, a su entender, las disposiciones de la Directiva 2001/83, que el Decreto n.o 378 tiene por objeto aplicar, no se refieren a cualquier publicidad relativa al sector farmacéutico o a los medicamentos en general, sino únicamente a la que promociona determinados medicamentos. Pues bien, EUROAPTIEKA sostiene que la Directiva lleva a cabo una armonización completa en materia de publicidad de medicamentos y que, por consiguiente, los Estados miembros no están autorizados a imponer en su normativa requisitos más restrictivos de esa publicidad. A su juicio, mediante la adopción del subapartado 18.12 del Decreto n.o 378, el Consejo de Ministros amplió la lista de elementos publicitarios prohibidos que figura en el artículo 90 de la Directiva 2001/83 y, por tanto, infringió el artículo 288 TFUE, párrafo tercero.
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El artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva establece: «No podrá comercializarse ningún medicamento en un Estado miembro sin que la autoridad competente de dicho Estado miembro haya concedido una autorización de comercialización con arreglo a la presente Directiva o se haya concedido una autorización de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 1)], leído en relación con el Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico [y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83 y el Reglamento n.o 726/2004 (DO 2006, L 378, p. 1)], y el Reglamento (CE) n.o 1394/2007 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83 y el Reglamento n.o 726/2004 (DO 2007, L 324, p. 121)]. […]»
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Contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el Tribunal General no le impuso, de este modo, obligaciones de diligencia y de carga de la prueba excesivas, sino que se limitó a declarar que no había satisfecho las exigencias que ella misma se había impuesto mediante la adopción de dicha Comunicación. En efecto, no exigió en absoluto que dicha institución aportara pruebas de la inexistencia de operaciones de naturaleza similar en el mercado, sino que se limitó a señalar que la Comisión no había fundamentado su conclusión ni había hecho uso de la facultad que se le brinda, conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 84 de la presente sentencia, de formular durante el procedimiento administrativo una solicitud específica ante las autoridades españolas o las partes interesadas, con el fin de lograr que se aporten datos pertinentes para la apreciación que ha de efectuarse. En particular, el Tribunal General no excluyó que, para cumplir con sus obligaciones de diligencia y con la carga de la prueba que le incumbe, a la Comisión le hubiera bastado con formular tal solicitud específica en el marco de los intercambios de correspondencia mencionados en el apartado 14 de la presente sentencia.
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En este contexto, y habida cuenta de las exigencias del artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 según las cuales, cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con dicha decisión, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a los productos afectados por la práctica colusoria en cuestión mencionada en la Decisión de que se trata. En particular, este órgano jurisdiccional se pregunta si, habida cuenta de la jurisprudencia nacional sobre el alcance del concepto de «camiones» tal como se utiliza en esta Decisión, jurisprudencia que no es uniforme, los camiones de recogida de residuos están o no excluidos de los productos afectados por esta práctica colusoria.
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El recurrente añade, en la réplica, que la interpretación y la aplicación del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto no debería derivarse de una «ficción» que consiste en considerar que el cambio de nacionalidad del funcionario de que se trate se produce retroactivamente en la fecha de entrada en servicio del interesado. En su opinión, tal enfoque no tiene ningún sentido, ya que supondría tener que comprobar, para la concesión del derecho al pago de la indemnización por expatriación, si dicho funcionario rompió, durante esos mismos diez años, cualquier vínculo con el Estado del que no tenía la nacionalidad. Pues bien, por definición, un vínculo que no existía no puede romperse.
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Sin embargo, esta afirmación no es respaldada por ninguna remisión a un programa de mantenimiento efectivamente adoptado y ejecutado en las siete ZPE de que se trata. Si bien es cierto, como se desprende del escrito de contestación de la República Eslovaca y de los documentos a él anexos, que dicho Estado miembro elaboró y preparó una serie de proyectos destinados a garantizar la conservación de los hábitats del urogallo (Tetrao urogallus) en las ZPE designadas a tal efecto, como, en particular, la zonificación del parque nacional «Muránska planina-Stolica» y la creación de la reserva natural «Pralesy Slovenska», no es menos cierto que se trata solo de proyectos que, tanto en la fecha de expiración del plazo fijado en el dictamen motivado como en la fecha de presentación del presente recurso, no se habían concluido ni, menos aún, ejecutado.
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El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó, mediante resolución interlocutoria, la demanda de Lokomotion Gesellschaft, al considerar que el Apéndice E (CUI), de conformidad con su artículo 19, apartado 1, sustituía, como régimen de responsabilidad único, a todos los demás regímenes de responsabilidad nacionales. Señaló que, según la definición del artículo 8, apartado 1, letra b), del Apéndice E (CUI), los «daños materiales» se limitan a la destrucción o avería de los bienes muebles e inmuebles. Concluyó que, en cambio, los gastos de alquiler reclamados en el litigio principal son un daño puramente pecuniario que no está cubierto ni por lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), ni por lo preceptuado en el artículo 8, apartado 1, letra c), del Apéndice E (CUI) y, por tanto, no pueden ser reparados. Dicho órgano jurisdiccional consideró, además, que el punto 20 de las condiciones generales no constituye un acuerdo entre las partes, a efectos del artículo 8, apartado 4, del Apéndice E (CUI), del que se derivaría la responsabilidad de ÖBB-Infrastruktur en virtud de las disposiciones nacionales.
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El artículo 2 de este Reglamento, titulado «Determinación de la existencia del dumping», establece: «1. El valor normal se basará en principio en los precios pagados o por pagar, en el curso de operaciones comerciales normales, por clientes independientes en el país de exportación. No obstante, si el exportador en el país de exportación no fabrica o no vende un producto similar, el valor normal podrá ser calculado sobre la base de los precios de otros vendedores o productores. […] 2. Para determinar el valor normal se utilizarán en primera instancia las ventas del producto similar destinado al consumo en el mercado interno del país de exportación, siempre que dichas ventas representen como mínimo el 5 % de las ventas en la Unión del producto considerado. Sin embargo, podrá utilizarse un volumen inferior al 5 % cuando, por ejemplo, los precios cobrados se consideren representativos del mercado de que se trate. 3. Cuando, en el curso de operaciones comerciales normales, no existan ventas del producto similar o estas sean insuficientes, o cuando, debido a una situación especial del mercado, dichas ventas no permitan una comparación adecuada, el valor normal del producto similar se calculará sobre la base del coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrativos y en concepto de beneficios. También podrá calcularse utilizando los precios de exportaciones realizadas a un tercer país apropiado en el curso de operaciones comerciales normales y siempre que estos precios sean representativos. […] 9. En los casos en que no exista un precio de exportación o en los que se considere que no es fiable, debido a la existencia de una asociación o de un acuerdo de compensación entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación podrá ser calculado basándose en el precio al que el producto importado se venda por primera vez a un comprador independiente o, si no se revendiese a un comprador independiente o no se revendiese en el mismo estado en que fue importado, basándose en cualquier criterio razonable. […] 11. Sin perjuicio de las normas aplicables para obtener una comparación ecuánime, la existencia de márgenes de dumping durante el período de investigación se establecerá normalmente sobre la base de la comparación del valor normal [medio] ponderado con la media ponderada de los precios de todas las transacciones de exportación a la Unión o mediante una comparación de los valores normales individuales y los precios individuales de exportación a la Unión para cada transacción individual. Sin embargo, un valor normal establecido sobre la base de la media ponderada podrá compararse con los precios de todas las transacciones de exportación individuales a la Unión, si se comprueba que existe una pauta de precios de exportación considerablemente diferentes en función de los distintos compradores, regiones o períodos y los métodos especificados en la primera frase del presente apartado no reflejasen en toda su magnitud el dumping existente. El presente apartado no obstará al uso de muestras con arreglo al artículo 17.»
6

El considerando 9 del Reglamento (CE) n.o 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje (DO 1997, L 285, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002 (DO 2002, L 140, p. 2) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2027/97»), es del siguiente tenor: «[…] las compañías aéreas de la [Unión] podrán quedar exentas de responsabilidad en caso de que el pasajero de que se trate haya incurrido en negligencia concurrente».
2)

El artículo 89, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo, en relación con el artículo 64, apartado 2, letra d), de dicho Reglamento y con el artículo 80, apartado 2, del Reglamento n.o 1308/2013, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que, cuando una persona que comercializa en ese Estado miembro un lote de vino importado de un tercer país que no es conforme con las prácticas enológicas mencionadas en el artículo 80, apartado 2, letras a) o c), del Reglamento n.o 1308/2013, presenta un documento V I 1 expedido para ese lote y que certifica que este último fue elaborado utilizando prácticas enológicas recomendadas y publicadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino o autorizadas por la Unión, la carga de la prueba de la existencia de la responsabilidad de ese comerciante por infringir la prohibición de comercialización prevista en el artículo 80, apartado 2, del Reglamento n.o 1306/2013 corresponde a las autoridades competentes de ese Estado miembro.
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Zhejiang considera, por un lado, que la Comisión no podía concluir, en virtud de una información no contrastada procedente del productor exportador indio, que este no producía tubos sin soldadura de acero inoxidable destinados a usos nucleares o militares a partir de clases normales de acero, aun cuando los folletos de dicho productor exportador no excluyan que pueda fabricar tales productos. Por otro lado, sostiene que la Comisión en modo alguno puede hacer recaer sobre ella la carga de la prueba de tal posibilidad. Además, Zhejiang estima que, en el apartado 207 de la sentencia recurrida, el Tribunal General malinterpretó sus alegaciones, que no se referían al precio de los productos, sino a los costes superiores de producción que la Comisión consideró al establecer los coeficientes que sirvieron para ajustar el valor normal en el caso de autos.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 20, 21, 31, 33, 34 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»); de la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial, celebrado el 6 de junio de 1997 (en los sucesivo, «Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial»), que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998 (DO 1998, L 131, p. 10) (en los sucesivo, «Directiva 97/81»); de las cláusulas 2, 4 y 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada»), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43); de los artículos 1 y 2 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16), y del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).
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En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que la cour d’appel de Versailles (Tribunal de Apelación de Versalles) consideró que la última residencia habitual del causante radicaba en el Reino Unido y no en Francia. A este respecto, procede señalar que, como resulta del considerando 82 del Reglamento n.o 650/2012, el Reino Unido —de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado UE y al Tratado FUE— no participó en la adopción de este Reglamento. Por otra parte, no parece que, en la fecha del fallecimiento de XA, el Reino Unido hubiera hecho uso de la facultad prevista en el artículo 4 de dicho Protocolo de notificar su propósito y deseo de aceptar dicho Reglamento. Por lo tanto, en esa fecha, el Reino Unido, aun cuando era Estado miembro de la Unión Europea, no estaba vinculado por el Reglamento n.o 650/2012 ni, por consiguiente, sujeto a su aplicación. Ahora bien, a efectos de la interpretación del artículo 10 de ese Reglamento, procede considerar que la competencia prevista en esta disposición puede ser aplicable si, en el momento de su fallecimiento, el causante tenía su residencia habitual en tal Estado miembro no vinculado por dicho Reglamento. En consecuencia, en la medida en que se cumplan también los demás criterios previstos en dicha disposición, procede concluir que la situación de que se trata en el litigio principal puede estar comprendida en su ámbito de aplicación.
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En efecto, según la HMRC, tal derecho no existe, puesto que VI no disponía de un seguro de enfermedad que cubriera todos riesgos durante los referidos períodos. Por consiguiente, no podía disfrutar respecto de tales períodos de la bonificación fiscal por hijo a cargo ni de las prestaciones por hijo. No obstante, la HMRC admite ahora que no puede obtener de VI la devolución de las cantidades eventualmente percibidas en exceso, puesto que esta jamás desnaturalizó ni ocultó los hechos materiales.
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De este modo y en tales circunstancias, en el apartado 68 de la sentencia de 17 de diciembre de 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832), el Tribunal de Justicia declaró que el Derecho de la Unión no se opone a que, en el marco de un procedimiento administrativo, la Administración tributaria pueda utilizar, con el fin de constatar la existencia de una práctica abusiva en materia de IVA, pruebas obtenidas en el marco de un procedimiento penal nacional paralelo aún no concluido referido al sujeto pasivo, siempre que se respeten los derechos garantizados por el Derecho de la Unión, y en especial por la Carta. Asimismo, declaró, en el apartado 38 de la sentencia de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary (C‑189/18, EU:C:2019:861), en esencia, que, con esta misma salvedad, la Administración tributaria nacional, para demostrar la existencia de fraude del IVA, debe poder basarse en pruebas obtenidas en procedimientos penales no concluidos que no conciernen al sujeto pasivo o recabadas en procedimientos administrativos conexos en los que el sujeto pasivo no era parte.
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A tenor del artículo 2, letras c) a e), de dicha Directiva: «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: […] c) “refugiado”: nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores[,] no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12; d) “estatuto de refugiado”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado; e) “persona con derecho a protección subsidiaria”: nacional de un tercer país o apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplican los apartados 1 y 2 del artículo 17, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país».
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A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente expone que, en virtud del Derecho alemán, un sujeto pasivo que no haya procedido a la deducción del impuesto soportado no puede invocar su derecho a deducción en un ejercicio fiscal posterior. Indica que, de este modo, el derecho a deducción no puede ejercitarse cuando el impuesto soportado ya no puede invocarse de manera retroactiva debido a la expiración del plazo de liquidación del impuesto, como sucede en el asunto del que conoce. Sin embargo, estima que el artículo 167 de la Directiva sobre el IVA podría exigir una apreciación diferente en tal caso. En su opinión, habida cuenta de la importancia fundamental del derecho a deducción y para garantizar la neutralidad del IVA, podría resultar necesario permitir a un sujeto pasivo deducir el impuesto soportado durante el período impositivo que resulta de la aplicación de dicho artículo incluso en el caso de que el Derecho nacional establezca una excepción a este.
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El artículo 4 del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Código del Impuesto sobre el Valor Añadido), en su versión resultante del Decreto-Lei 102/2008 (Decreto-ley n.o 102/2008), de 20 de junio de 2008 (Diário da República, 1.a serie, n.o 118, de 20 de junio de 2008) (en lo sucesivo, «Código del IVA»), titulado «Concepto de prestación de servicios», establece: «1. Serán consideradas prestaciones de servicios las operaciones realizadas a título oneroso que no sean entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de bienes. 2. Tendrán también la consideración de prestaciones de servicios a título oneroso: […] c) la entrega de bienes muebles fabricados o montados por encargo con materiales aportados por el promotor a tal efecto, independientemente de que el contratante haya aportado o no una parte de los productos utilizados. […] 4. Cuando la prestación de servicios la efectúa un mandatario que actúa en nombre propio, este es sucesivamente el destinatario y el prestador del servicio.»
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Mediante sentencia dictada el 24 de mayo de 2019, dicho órgano jurisdiccional condenó a New Media al pago de la cantidad adeudada en concepto de principal, más los intereses legales de demora calculados desde el 1 de abril de 2018, al amparo del artículo 481 del Código Civil y no de la Ley de 8 de marzo de 2013, por no resultar la obligación de pago de la renta anual de una «operación comercial» en el sentido de dicha Ley, sino por tener como base jurídica el artículo 71 de la Ley de Gestión de la Propiedad Inmobiliaria y el artículo 238 del Código Civil. Este, además, declaró que el Tesoro Público no era parte en el contrato de 15 de mayo de 2014, por el que New Media adquirió el usufructo perpetuo del terreno de que se trata.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO 2003, L 275, p. 32), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2392 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017 (DO 2017, L 350, p. 7) (en lo sucesivo, «Directiva 2003/87»), así como la validez del artículo 10, apartado 5, del artículo 29, del artículo 55, apartado 1, letra a), y apartado 3, y del artículo 56 del Reglamento (UE) n.o 389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el que se establece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE y las Decisiones n.o 280/2004/CE y n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 920/2010 y n.o 1193/2011 de la Comisión (DO 2013, L 122, p. 1).
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En segundo término, tal interpretación se ve corroborada por el artículo 27 bis, apartado 3, de la Directiva 2003/87. En virtud de esta disposición, los Estados miembros pueden excluir del RCDE de la Unión las unidades de generación de electricidad de reserva y de seguridad de una instalación siempre que estas no hayan estado funcionando más de 300 horas al año en cada uno de los tres años anteriores a la notificación, por el Estado miembro de que se trate, de dichas unidades a la Comisión Europea. De ello se deduce que el mero hecho de que una unidad técnica de una instalación no funcione, durante un determinado período, no implica automáticamente que no deba tomarse en consideración para determinar si la instalación de la que forma parte está sujeta al RCDE de la Unión.