Palabras clave

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Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados – Prohibición – Excepciones – Alcance de la excepción – Interpretación estricta – Actividades del Treuhandanstalt – Concepto de privatización

[Art. 87 CE, aps. 1 y 2, letra c)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados – Examen por la Comisión – Apreciación de la legalidad en función de la información disponible al adoptarse la decisión

(Art. 88 CE)

3. Ayudas otorgadas por los Estados – Prohibición – Excepciones – Ayudas en favor de las regiones afectadas por la división de Alemania – Alcance de la excepción – Interpretación estricta – Desventajas económicas causadas por el aislamiento resultante del trazado de la frontera entre las dos zonas

[Art. 87 CE, aps. 1 y 2, letra c)]

4. Ayudas otorgadas por los Estados – Recuperación de una ayuda ilegal – Obligación que se deriva de la ilegalidad – Objeto – Restablecimiento de la situación anterior

(Art. 88 CE, ap. 2)

5. Ayudas otorgadas por los Estados – Recuperación de una ayuda ilegal – Determinación del deudor en caso de cesión de activos – Beneficiario de la ventaja competitiva

(Art. 88 CE, ap. 2)

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1. Las excepciones al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común, enunciado en el artículo 87 CE, apartado 1, deben interpretarse en sentido estricto. Para la interpretación de una disposición de Derecho comunitario, procede tener en cuenta no sólo el tenor de ésta, sino también su contexto y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de que forma parte.

El marco normativo que regula las actividades del Treuhandanstalt, tal como ha sido establecido por la Comisión, comprende una serie de excepciones al principio general de incompatibilidad de las ayudas con el mercado común, enunciado en el artículo 87 CE, apartado 1. Al establecer dichas excepciones, la Comisión pretendía facilitar la misión del Treuhandanstalt, que es un organismo único en su género, consistente en reestructurar las empresas de la antigua República Democrática Alemana y asegurar el paso de éstas de una economía planificada a una economía de mercado.

Como condición de aplicación de un régimen de excepción al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común, enunciado en el artículo 87 CE, apartado 1, el concepto de «privatización» en el ámbito de los regímenes de ayudas del Treuhandanstalt debe interpretarse de manera restrictiva. En el marco de dicha interpretación, la existencia de una privatización, en el sentido de dichos regímenes, sólo puede admitirse en principio, si un inversor privado adquiere una participación del capital que le permita obtener el control de la empresa de que se trate.

Así, no puede excluirse que la adquisición de una participación minoritaria del capital de una empresa pública, junto con una cesión del control efectivo de dicha empresa, pueda considerarse una «privatización» en el sentido de los regímenes de ayudas del Treuhandanstalt.

(véanse los apartados 20 a 22, 24 y 25)

2. La legalidad de una decisión en materia de ayudas de Estado debe ser apreciada en función de los elementos de información de que disponía la Comisión cuando la adoptó. Por consiguiente, un Estado miembro no puede alegar elementos que omitió comunicar a la Comisión durante el procedimiento administrativo para impugnar la legalidad de dicha decisión

(véase el apartado 39)

3. El artículo 87 CE, apartado 2, letra c), a tenor del cual son compatibles con el mercado común «las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas que resultan de tal división», tras la reunificación de Alemania, no ha sido derogada ni por el Tratado de la Unión Europea ni por el Tratado de Ámsterdam.

No obstante, al tratarse de una excepción al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común enunciado en el artículo 87 CE, apartado 1, el artículo 87 CE, apartado 2, letra c), debe ser objeto de una interpretación estricta. Además, para interpretarlo, procede tener en cuenta no sólo su tenor, sino también su contexto y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de que forma parte.

Por lo demás, aunque a raíz de la reunificación de Alemania el artículo 87 CE, apartado 2, letra c), debe aplicarse a los nuevos Estados federados, esta aplicación debe estar sujeta a los mismos requisitos que eran aplicables en los antiguos Estados federados durante el período anterior a la fecha de la reunificación.

A este respecto, dado que la expresión «división de Alemania» se refiere, históricamente, al establecimiento en 1948 de la línea divisoria entre las dos zonas ocupadas, las «desventajas económicas que resultan de tal división» únicamente pueden consistir en las desventajas económicas provocadas en determinadas regiones alemanas por el aislamiento imputable al establecimiento de dicha frontera física, tales como el cierre de vías de comunicación o la pérdida de mercados como consecuencia de la interrupción de las relaciones comerciales entre ambas partes del territorio alemán.

En cambio, la idea de que el artículo 87 CE, apartado 2, letra c), permite compensar íntegramente el retraso económico, por indiscutible que sea, que sufren los nuevos Estados federados resulta contraria tanto al carácter excepcional de dicha disposición como a su contexto y a los objetivos que pretende alcanzar. En efecto, la división geográfica de Alemania, en el sentido del artículo 87 CE, apartado 2, letra c), no ha sido la causa directa de las desventajas económicas que sufren globalmente los nuevos Estados federados. Debe reconocerse que los distintos niveles de desarrollo entre los antiguos y los nuevos Estados federados se explican por causas distintas de la separación geográfica derivada de la división de Alemania y, en particular, por los regímenes político-económicos distintos establecidos en cada parte de Alemania.

(véanse los apartados 45 a 53)

4. La supresión de una ayuda ilegal mediante su recuperación es la consecuencia lógica de la declaración de su ilegalidad y tiene por objeto restablecer la situación anterior. Dicho objetivo se logra una vez que las ayudas de que se trata, más, en su caso, los intereses de demora han sido devueltas por el beneficiario o, en otros términos, por las empresas que las han disfrutado efectivamente. Con esta devolución, el beneficiario pierde, en efecto, la ventaja de que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores y queda restablecida la situación anterior a la concesión de la ayuda.

El principal objetivo del reembolso de una ayuda de Estado pagada ilegalmente es eliminar la distorsión de la competencia provocada por la ventaja competitiva procurada por la ayuda ilegal.

(véanse los apartados 74 a 76)

5. Cuando se compra una empresa que se ha beneficiado de una ayuda de Estado ilegal a precio de mercado, es decir al precio más elevado que un inversor privado que actúa en condiciones normales de competencia estaba dispuesto a pagar por dicha sociedad en la situación en la que se encontraba, en particular tras haber disfrutado de ayudas de Estado, el elemento de ayuda ha sido evaluado a precio de mercado e incluido en el precio de compra. En estas circunstancias, no se puede considerar que el comprador haya disfrutado de una ventaja en relación con los demás operadores en el mercado.

Cuando la empresa a la que se concedieron las ayudas ilegales conserva su personalidad jurídica y continúa realizando, por sí misma, las actividades subvencionadas de este modo, normalmente conserva la ventaja competitiva ligada a las citadas ayudas y, por consiguiente, es a ella a quien hay que obligar a reembolsar su importe. Por ello, no se puede exigir al comprador que reembolse tales ayudas.

Cuando, por el contrario, la empresa beneficiaria quiebra, el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de la distorsión de la competencia resultante de las ayudas ilegalmente pagadas pueden, en principio, lograrse mediante la inscripción, en la relación de créditos, del crédito relativo a la restitución de las ayudas de que se trata.

Ciertamente, no puede descartarse que, en el supuesto de que se creen sociedades de salvamento con el fin de continuar con una parte de las actividades de la empresa beneficiaria cuando ésta ha quebrado, las citadas sociedades puedan igualmente, en su caso, estar obligadas a reembolsar las ayudas en cuestión, si se acredita que conservan el disfrute efectivo de la ventaja competitiva ligada al disfrute de las referidas ayudas. Ese podría ser el caso, en particular, cuando dichas sociedades de salvamento proceden a la adquisición de activos de la sociedad en quiebra sin pagar en contrapartida un precio acorde con las condiciones del mercado o cuando se prueba que la creación de tales sociedades tuvo el efecto de eludir la obligación de restituir esas ayudas.

Sin embargo, el mero hecho de que las instalaciones de la empresa beneficiaria hayan sido alquiladas, por un determinado período, por una sociedad de este tipo no acredita, por sí solo, que ésta se haya beneficiado de la ventaja competitiva en razón de las ayudas concedidas al arrendador cerca de tres años antes de la creación del arrendatario.

(véanse los apartados 80, 81, 85, 86 y 88)