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Debe interpretarse que el Derecho de la Unión no consagra, como tal, un principio general de no discriminación por razón de obesidad en el ámbito del empleo y la ocupación.

A este respecto, procede declarar que ninguna disposición de los Tratados UE y FUE contiene, como tal, una prohibición de la discriminación por motivo de obesidad. En particular, ni el artículo 10 TFUE ni el artículo 19 TFUE se refieren a la obesidad.

Además, tampoco el Derecho derivado de la Unión consagra un principio de no discriminación por razón de obesidad en el ámbito del empleo y la ocupación. Concretamente, la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, no menciona la obesidad como motivo de discriminación. Pues bien, no procede ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78 por analogía a otros tipos de discriminación además de las basadas en los motivos enumerados con carácter exhaustivo en el artículo 1 de la propia Directiva. Por consiguiente, la obesidad como tal no puede añadirse a aquellos otros motivos en relación con los cuales la Directiva 2000/78 prohíbe toda discriminación.

Por último, tampoco las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea están concebidas para ser aplicadas a una situación relacionada con un despido presuntamente producido por motivo de obesidad.

(véanse los apartados 33 y 35 a 40 y el punto 1 del fallo)
1)

Declarar que la República Italiana — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones combinadas de los artículos 1, apartado 1, y 6, letra a), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, y de los artículos 4 y 13 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar que una parte de los residuos municipales depositados en los vertederos de SubATO de Roma, exceptuando los de Cecchina, y en los de SubATO de Latina, no se someta a un tratamiento que comprenda una selección adecuada de las distintas fracciones de residuos y la estabilización de su fracción orgánica, — y ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/98 al no haber establecido, en la región del Lacio, una red integrada y adecuada de instalaciones de gestión de los residuos, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles.
El concepto de mar contemplado en el Reglamento no 3577/92, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), no se limita al mar territorial en el sentido de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982 (Convención de Montego Bay), sino que comprende también las aguas interiores marítimas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial.

Un servicio de transporte marítimo consistente en un crucero que comienza y termina, con los mismos pasajeros, en un mismo puerto del Estado miembro en el que se desarrolla, está comprendido dentro del concepto de cabotaje marítimo en el sentido del Reglamento no 3577/92, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo).

Al tener el Reglamento no 3577/92 como único objeto el cabotaje marítimo, sólo los servicios de crucero que respondan a este concepto están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

Al estar definido el antedicho concepto, en los artículos 1, apartado 1, y 2, número 1, del antedicho Reglamento, por la expresión «servicios de transporte marítimo dentro de un Estado miembro», todo servicio de crucero que se preste normalmente a cambio de una remuneración en las aguas marítimas de un Estado miembro está comprendido dentro del ámbito de aplicación del referido Reglamento. Cuando un crucero de este tipo comienza y termina, con los mismos pasajeros, en un mismo puerto, esta identidad del puerto de partida y de llegada y de los pasajeros durante todo el itinerario no puede dar lugar a la inaplicabilidad del Reglamento no 3577/92. Es cierto que los servicios de transporte enumerados en el artículo 2, número 1, letras a) a c) del Reglamento no 3577/92 se describen diciendo que tienen puertos de partida y de llegada distintos. Sin embargo, esta enumeración, que va precedida del término «en particular», no es exhaustiva y no puede tener como efecto excluir del ámbito de aplicación del referido Reglamento a servicios de transporte que reúnan todas las características esenciales del cabotaje marítimo contenidas en la expresión «servicios de transporte marítimo dentro de un Estado miembro».

(véanse los apartados 25 a 29 y el fallo)
35

En efecto, cabe observar, por un lado, que, según la documentación transmitida por el órgano jurisdiccional remitente, Valimar, en su condición de importador independiente, no estaba vinculada a SSM y no participó en el procedimiento administrativo tramitado por la Comisión en el marco de la investigación destinada a determinar el derecho antidumping. A este respecto, Valimar expuso en la vista que, si bien importaba en Bulgaria, entre otros, productos de SSM, no cabía considerar, en cambio, que fuera su representante comercial ni que hubiera celebrado con ella un contrato de representación en exclusiva. Valimar alega además que, en la fecha de iniciación del procedimiento de reconsideración, la República de Bulgaria no era aún miembro de la Unión y que ella no importaba los productos de que se trata, de manera que no podía considerarse que tuviera legitimación activa para interponer un recurso contra el Reglamento no 1279/2007 en la fecha de la adopción de este último.
78

Así pues, la Declaración controvertida tiene por objeto establecer un marco general para autorizar a los buques pesqueros que enarbolan el pabellón venezolano a faenar en la zona económica exclusiva de Guayana, marco que posteriormente fue precisado sucesivamente por el artículo 36, apartado 1, y el anexo VIII del Reglamento no 44/2012, por el artículo 34, apartado 1, y el anexo VIII del Reglamento (UE) no 40/2013 del Consejo, de 21 de enero de 2013, por el que se establecen para 2013 las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE para determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales (DO L 23, p. 54), y por el artículo 40, apartado 1, y el anexo VIII del Reglamento (UE) no 43/2014 del Consejo, de 20 de enero de 2014, por el que se establecen, para 2014, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión (DO L 24, p. 1). A este respecto, debe señalarse que los tres Reglamentos mencionados fueron adoptados sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 3.
3

DEI fue transformada en sociedad anónima el 1 de enero de 2001 con arreglo, en particular, a la Ley griega 2773/1999, sobre la liberalización del mercado de la electricidad (FEK A’ 286), que procedió concretamente a la transposición de la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (DO 1997, L 27, p. 20). Según el artículo 43, apartado 3, de esta Ley, la participación del Estado en el capital de DEI no puede ser en ningún caso inferior al 51 % de las acciones con derecho de voto, ni siquiera tras un aumento de capital. La República Helénica poseía, al adoptarse la Decisión controvertida, el 51,12 % de las acciones de dicha empresa. Desde el 12 de diciembre de 2001, las acciones de DEI cotizan en la Bolsa de Atenas (Grecia) y en la Bolsa de Londres (Reino Unido).
3

La Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación de 1996») preveía en su sección D: «1. Cuando una empresa coopere sin que se reúnan todas las condiciones establecidas en las secciones B o C, gozará de una reducción del 10 al 50 % del importe de la multa que se le habría impuesto a falta de cooperación. 2. Así sucederá cuando: — antes del envío del pliego de cargos una empresa facilite a la Comisión información, documentos u otros elementos de prueba que contribuyan a confirmar la existencia de la infracción; — tras recibir el pliego de cargos, una empresa informe a la Comisión de que no pone en duda la veracidad de los hechos sobre los que la Comisión funda sus acusaciones.»
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 1, en relación con el artículo 16, apartados 1 y 2, letra b), del Reglamento (CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1775/2005 (DO L 211, p. 36), al no haber suministrado servicios de transporte virtual de gas en sentido inverso a todos los participantes en el mercado.
99

De las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a la tercera cuestión prejudicial que los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, al analizar los requisitos de aplicación de estas disposiciones, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados, obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.
10

El artículo 33, apartado 1, de la Directiva dispone: «Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias y, en particular, en las disposiciones comunitarias vigentes relativas al régimen general de la tenencia, circulación y controles de los productos sujetos a impuestos especiales, las disposiciones de la presente Directiva no se oponen al mantenimiento o establecimiento por parte de un Estado miembro de impuestos sobre los contratos de seguros, sobre juegos y apuestas, impuestos especiales, derechos de registro y, en general, de cualquier impuesto, derecho o gravamen que no tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios, siempre que dichos impuestos, derechos o gravámenes no den lugar, en los intercambios entre Estados miembros, a formalidades relacionadas con el paso de una frontera.»
9

Mediante escrito de 31 de marzo de 2009, la Comisión notificó al Reino de los Países Bajos su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2 (DO C 158, p. 13), a causa de las dudas sobre la conformidad de algunos aspectos de la medida relativa a los activos depreciados con la Comunicación de la Comisión sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector bancario comunitario (DO 2009, C 72, p. 1). No obstante, mediante dicha decisión, autorizó la referida medida por un período de seis meses. En ella se indicaba que las autoridades neerlandesas se habían comprometido a incluir la medida de salvaguardia de los activos depreciados en el plan de reestructuración que debían presentar en virtud de la Decisión inicial.
3

El Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (DO L 370, p. 8), en su versión modificada por el Reglamento no 561/2006 (en lo sucesivo, «Reglamento no 3821/85»), establece en su artículo 3, apartados 1 y 2: «1. El aparato de control se instalará y utilizará en los vehículos destinados al transporte por carretera de viajeros o de mercancías, matriculados en un Estado miembro, con excepción de los vehículos contemplados en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 561/2006. […] 2. Los Estados miembros podrán eximir del cumplimiento del presente Reglamento a los vehículos a que se refiere el artículo 13, apartados 1 y 3, del Reglamento (CE) no 561/2006.»
8

El artículo 102 quater de la legge no 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, de 22 de abril de 1941 (Ley no 633 relativa a la protección de los derechos de autor y otros derechos asociados a su ejercicio) (GURI no 166, de 16 de julio de 1941), en su versión modificada por el decreto legislativo no 68 – Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, de 9 de abril de 2003 (Decreto Legislativo no 68, mediante el que se transpone la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información) (suplemento ordinario a la GURI no 87, de 14 de abril de 2003), establece: «1. Los titulares de derechos de autor y de derechos afines a los derechos de autor y del derecho al que se refiere el artículo 102 bis, apartado 3 [relativo a las bases de datos], podrán aplicar a las obras o prestaciones protegidas medidas tecnológicas de protección eficaces que engloben cualquier técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos que no cuenten con la autorización de los titulares de los derechos. 2. Las medidas tecnológicas de protección se considerarán eficaces cuando el uso de la obra o prestación protegidas esté controlado por los titulares mediante la aplicación de un dispositivo de acceso o un procedimiento de protección, por ejemplo, codificación, aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o cuando dicho uso se restrinja mediante un mecanismo de control del copiado, que logre el objetivo de protección. 3. El presente artículo no afectará a la aplicación de las disposiciones relativas a los programas de ordenador a los que se refiere el título I, capítulo IV, parte VI.»
12

El artículo 5 de la Ley regional del Lacio no 58, de 26 de octubre de 1993, por la que se establecen disposiciones relativas al ejercicio de la actividad de transporte público no regular y normas relativas a la función de los conductores en los servicios públicos de transporte no regular, a las que se hace referencia en el artículo 6 de la Ley no 21, de 15 de enero de 1992 (Bollettino ufficiale della Regione Lazio no 31, de 10 de noviembre de 1993), en su versión modificada por el artículo 58 de la Ley regional del Lacio no 27, de 28 de diciembre de 2006 (Suplemento Ordinario no 5 del Bollettino ufficiale della Regione Lazio no 36, de 30 de diciembre de 2006; en lo sucesivo, «Ley regional no 58/1993»), dispone lo siguiente: «El servicio de alquiler de vehículos con conductor está dirigido a los usuarios concretos que solicitan en el domicilio social del transportista una prestación determinada en cuanto a la duración del trayecto o al itinerario. La recogida del usuario o bien el inicio del servicio tendrán lugar en el término municipal del ayuntamiento que haya expedido la autorización. El servicio se prestará para cualquier destino. El estacionamiento de los vehículos se efectuará en el interior de las cocheras.»
23

A este respecto, invoca, en primer lugar, la coherencia interna del sistema fiscal y alega que el régimen belga de planes de pensiones se adecua a las sentencias de 28 de enero de 1992, Bachmann (C-204/90, Rec. p. I-249), y Comisión/Bélgica (C-300/90, Rec. p. I-305), en las que el Tribunal de Justicia exigió, en particular, la existencia de un vínculo directo entre una ventaja fiscal y una desventaja efectiva. En efecto, mientras que las prestaciones de pensión son, en principio, imponibles en virtud del artículo 34, apartado 1, 3°, del CIR 1992, están, en cambio, exentas en virtud del artículo 39, apartado 2, 3°, del citado Código si la reducción impositiva prevista en el artículo 145/1, 5°, de dicho Código no ha sido concedida para los pagos ingresados en las cuentas de planes de pensiones o para las primas de seguros de ahorro, como sucede cuando dichas cuentas y el seguro de ahorro están gestionados por entidades no establecidas en Bélgica.
2

Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA (en lo sucesivo, «Portgás») y el Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (en lo sucesivo, «el Ministerio»), relativo a una decisión por la que se ordenaba la recuperación de la ayuda financiera concedida a dicha sociedad en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, debido a que Portgás no había respetado las normas del Derecho de la Unión en materia de contratación pública al adquirir contadores de gas de otra sociedad.
1

En su recurso de casación, Telefónica, S.A. (en lo sucesivo, «Telefónica») solicita la anulación del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de marzo de 2012, Telefónica/Comisión (T‑228/10; en lo sucesivo, «el auto recurrido»), por el que éste declaró la inadmisibilidad del recurso de aquélla que tenía por objeto la anulación del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 7, p. 48; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
21

A este respecto, dicho órgano jurisdiccional indica que el Tribunal de Justicia, en su jurisprudencia acerca de lo dispuesto en el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), ha declarado que la eficacia de las acciones de cesación del uso de cláusulas ilícitas previstas en el artículo 7 de la Directiva 93/13 se vería considerablemente afectada si tales acciones pudiesen ejercitarse únicamente en el Estado en el que el comerciante tiene su domicilio social (sentencia de 1 de octubre de 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, apartado 43). El órgano jurisdiccional remitente deduce de ello que los mismos principios podrían aplicarse en un supuesto como el que se plantea en el litigio principal, lo que implicaría que debieran declararse competentes los órganos jurisdiccionales del lugar del domicilio de una asociación de protección de los consumidores que actúa frente a un profesional que ha incluido cláusulas abusivas en sus contratos.
8

El artículo 4 de esta Directiva establece: «1. Los Estados miembros tendrán la facultad de limitar la obligación de pago de las instituciones de garantía prevista en el artículo 3. 2. Cuando los Estados miembros hagan uso de la facultad prevista en el apartado 1, establecerán la duración del período que dé lugar al pago de los créditos impagados por la institución de garantía. Esa duración no podrá, sin embargo, ser inferior a un período correspondiente a la remuneración de los tres últimos meses de la relación laboral situados antes y/o después de la fecha contemplada en el artículo 3. Los Estados miembros podrán incluir ese período mínimo de tres meses en un período de referencia cuya duración no podrá ser inferior a seis meses. Los Estados miembros que establezcan un período de referencia de al menos dieciocho meses podrán limitar a ocho semanas el período que dé lugar al pago de los créditos impagados por la institución de garantía. En ese caso, para el cálculo del período mínimo se considerarán los períodos más favorables para el trabajador. 3. Además, los Estados miembros podrán establecer límites a los pagos efectuados por la institución de garantía. Esos límites no podrán ser inferiores a un umbral socialmente compatible con el objetivo social de la presente Directiva. Cuando los Estados miembros hagan uso de esta facultad comunicarán a la Comisión los métodos utilizados para establecer dicho límite.»
12

El artículo 13 del Código civil eslovaco dispone: «1) En particular, las personas físicas pueden exigir el cese de las vulneraciones ilícitas del derecho a la protección de su persona, que se eliminen las consecuencias de dichas vulneraciones y que se les reconozca una indemnización adecuada. 2) Cuando no sea posible una compensación adecuada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, en particular cuando se hubiera vulnerado gravemente la dignidad de la persona física o su prestigio social, ésta tendrá además derecho a que se le indemnicen los daños no patrimoniales en forma pecuniaria. 3) El juez determinará el importe de la indemnización prevista en el apartado 2 en función de la gravedad del daño ocasionado y de las circunstancias en las que se hubiera producido la vulneración del derecho.»
2)

¿Debe interpretarse el concepto de cuantías de salario mínimo que figura en el artículo 3, apartado 1, segundo guion, letra c), de la Directiva [96/71] en el sentido de que se opone a una normativa o práctica nacional conforme a la cual las prestaciones de un empresario no se consideran parte del salario mínimo y, por lo tanto, no se han de imputar a la satisfacción del derecho al salario mínimo si el empresario las realiza en virtud de una obligación establecida en convenio colectivo: — que, conforme a la voluntad de los interlocutores sociales y del legislador nacional, tiene por objeto la formación de un patrimonio en manos de los trabajadores, y a tal fin, — las prestaciones mensuales del empresario a favor del trabajador se invierten a largo plazo, por ejemplo, como contribuciones al ahorro o a la construcción o adquisición de un inmueble destinado a vivienda, o como aportaciones a un seguro de vida de capital, y — se fomentan con subvenciones estatales y ventajas fiscales, y — el trabajador no puede disponer de esas aportaciones hasta transcurrido un período de varios años, y — el importe de las aportaciones, como importe fijo mensual, depende únicamente del tiempo de trabajo acordado, y no del salario (“prestaciones para la constitución de un patrimonio”)?»