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31

En esas circunstancias, el Administrativen sad — Silistra (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Silistra) ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Debe interpretarse el artículo 39, en particular, el artículo 39, apartado 3, de la [Decisión SIS II], en el sentido de que no se opone a una normativa y una práctica administrativa nacionales en virtud de las cuales el órgano de ejecución competente puede y debe denegar la ejecución cuando entienda que existen indicios de que la descripción introducida en el SIS no se ajusta a los objetivos para los que fue registrada, en particular, a los mencionados en el artículo 38, apartado 1, de la referida Decisión?»
9

El Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión, de 18 de julio de 2008, por el que se aplica y modifica el Reglamento n.o 715/2007 (DO 2008, L 199, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) n.o 566/2011 de la Comisión, de 8 de junio de 2011 (DO 2011, L 158, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 692/2008»). Con efectos de 1 de enero de 2022, el Reglamento n.o 692/2008 fue derogado por el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión, de 1 de junio de 2017, que complementa el Reglamento n.o 715/2007, modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos n.o 692/2008 y (UE) n.o 1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento n.o 692/2008 (DO 2017, L 175, p. 1). Sin embargo, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, el Reglamento n.o 692/2008 era aplicable a este.
2)

El Reglamento n.o 550/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1070/2009, en relación con su considerando 5, así como con el artículo 58 TFUE, apartado 1, y el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales, debe interpretarse en el sentido de que excluye la aplicación de las normas sobre competencia previstas en el Tratado FUE a las prestaciones de servicios de navegación aérea relacionadas con el ejercicio de las competencias de los poderes públicos previstas por dicho Reglamento, pero que no excluye la aplicación de las normas del Tratado FUE y de la Carta relativas a los derechos y libertades de los usuarios del espacio aéreo, como las relativas a la libre prestación de servicios en materia de transportes y a la libertad de empresa.
27

Si bien la recurrente reconoce que, en el auto recurrido, el Tribunal General reflejó correctamente el contenido de la denuncia que había formulado ante la Comisión y comprendió perfectamente el contenido de sus imputaciones, en particular, en cuanto al hecho de que solo los productores SER estaban obligados a soportar la carga financiera ligada a la eliminación del déficit de la cuenta especial SER, considera, no obstante, que el Tribunal General debería haberle reconocido la condición de «parte interesada». En particular, estima que, aunque el Tribunal General resumió correctamente el objeto de sus imputaciones en el apartado 10 del auto recurrido, no extrajo de ello las conclusiones necesarias en el apartado 44 del citado auto, al no tener en cuenta el hecho de que los proveedores y los productores SER se encontraban en una situación comparable en el marco del sistema de referencia constituido por la cuenta especial SER y del objetivo perseguido por el nuevo acuerdo SER, a saber, la eliminación del déficit de esa cuenta especial. Además, la recurrente sostiene que el Tribunal General debería haber tenido en cuenta que los proveedores también podrían haber sido considerados parcialmente responsables de la existencia de dicho déficit.
16

El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (BOE n.o 51, de 28 de febrero de 2007, p. 8558), transpone al Derecho español la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35).
El artículo 4, apartado 1, punto 1.1, y el anexo I de la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, en relación con el artículo 2, apartado 2, de esta Directiva, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, para garantizar la seguridad de las personas, en particular frente a los terremotos, impone determinados modos de instalación de los equipos a presión, como tuberías destinadas al transporte de gas, incluidas las que llevan el marcado CE, siempre que dicha normativa no suponga ninguna modificación de esos equipos y no constituya un obstáculo prohibido por los artículos 34 TFUE y 36 TFUE.
8

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/118, establece lo siguiente: «La presente Directiva establece el régimen general en relación con los impuestos especiales que gravan directa o indirectamente el consumo de los productos que se mencionan a continuación (en lo sucesivo, “los productos sujetos a impuestos especiales”): […] b) alcohol y bebidas alcohólicas, regulados por las Directivas 92/83/CEE [del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO 1992, L 316, p. 21)] y 92/84/CEE [del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO 1992, L 316, p. 29)]; c) las labores del tabaco reguladas por las Directivas 95/59/CE [del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco (DO 1995, L 291, p. 40)], 92/79/CEE [del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los impuestos sobre los cigarrillos (DO 1992, L 316, p. 8)] y 92/80/CEE [del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los impuestos sobre el tabaco elaborado, excluidos los cigarrillos (DO 1992, L 316, p. 10)].»
40

En efecto, estas disposiciones, al obligar a los Estados miembros a incrementar los importes mínimos de garantía del seguro de vehículos automóviles, no excluyen de dicho aumento los importes de garantía previstos en dichos contratos. Así pues, la fecha de celebración del contrato de seguro no constituye un elemento determinante a este respecto. Por tanto, del tenor de dichas disposiciones no se desprende que el legislador de la Unión haya pretendido establecer una excepción al principio según el cual las nuevas normas se aplican inmediatamente a las situaciones en curso.
42

Esta interpretación se ve corroborada, además, por el Informe explicativo, preparado por la Sra. Borrás, del Convenio sobre la Competencia, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia Matrimonial, denominado Convenio «Bruselas II» (DO 1998, C 221, p. 1), que inspiró el texto del Reglamento n.o 2201/2003. En efecto, del punto 32 de dicho Informe (DO 1998, C 221, p. 27), se desprende que, por lo que respecta a la «residencia habitual» como criterio de atribución de la competencia en materia de disolución del matrimonio, se había tenido particularmente en cuenta la definición dada por el Tribunal de Justicia en otros ámbitos, según la cual este concepto designaba el lugar en que la persona ha fijado, con carácter estable, el centro permanente o habitual de sus intereses.
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de las subpartidas 15219091 y 15219099 de la nomenclatura combinada (en lo sucesivo, «NC») que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en sus versiones resultantes de los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 1101/2014 de la Comisión, de 16 de octubre de 2014 (DO 2014, L 312, p. 1), y 2015/1754 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015 (DO 2015, L 285, p. 1).
8

A tenor del artículo 7 de la citada Decisión Marco, titulado «Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución»: «1. La autoridad competente del Estado de ejecución podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la resolución si el certificado contemplado en el artículo 4 no se presenta, está incompleto o no se corresponde manifiestamente con la resolución. 2. La autoridad competente del Estado de ejecución podrá también denegar el reconocimiento y la ejecución de la resolución si se demuestra que: […] b) en uno de los supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo 5, la resolución se refiere a hechos no constitutivos de infracción en virtud del Derecho del Estado de ejecución; […] 3. En los casos a que hacen referencia el apartado 1 y las letras c), g), i) y j) del apartado 2, antes de decidir el no reconocimiento y la no ejecución total o parcial de una resolución, la autoridad competente del Estado de ejecución consultará a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que considere adecuado y, cuando sea oportuno, solicitará que le envíe cualquier información necesaria sin demora.»
18

El code monétaire et financier (Código Monetario y Financiero), en su versión resultante de la ordonnance n.o 2009‑866 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement (Decreto Legislativo n.o 2009‑866 sobre las condiciones que ha de cumplir la prestación de servicios de pago y por el que se crean las entidades de pago) (JORF de 16 de julio de 2009, texto n.o 13), de 15 de julio de 2009 (en lo sucesivo, «Código Monetario y Financiero»), dispone en su artículo L. 133‑18: «En caso de operaciones de pago no autorizadas notificadas por el usuario en las condiciones establecidas en el artículo L.133‑24, el proveedor de servicios de pago del ordenante le devolverá de inmediato el importe de la operación no autorizada y, en su caso, restablecerá en la cuenta en la cual se haya adeudado el importe el estado que habría existido de no haberse efectuado la operación de pago no autorizada. El ordenante y su proveedor de servicios de pago podrán acordar contractualmente una indemnización complementaria.»
29

El Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [Reglamento sobre el Crédito Universal (Irlanda del Norte) de 2016], en su redacción modificada por el Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 [Reglamento de Seguridad Social (Prestaciones Relacionadas con la Renta) (Actualización y Modificación) (Salida de la UE) (Irlanda del Norte) de 2019] (en lo sucesivo, «Reglamento sobre el Crédito Universal de 2016»), prevé, en su artículo 9: «Personas respecto de las que se entiende que no se hallan en Irlanda del Norte. 1. Al efecto de determinar si una persona cumple el requisito básico de hallarse en territorio de Irlanda del Norte, a no ser que la persona de que se trate esté comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 4, se entenderá que no se halla en Irlanda del Norte si no tiene su residencia habitual en el Reino Unido, las islas del Canal, la Isla de Man o la República de Irlanda. 2. Se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en el Reino Unido, las islas del Canal, la Isla de Man o la República de Irlanda si goza de un derecho de residencia en alguno de estos lugares. 3. A los efectos del apartado 2, el derecho a residir no incluye un derecho que exista en virtud de, o de conformidad con: a) el artículo 13 del Immigration (European Economic Area) Regulations 2016 [Reglamento de 2016 relativo a la inmigración (Espacio Económico Europeo), (SI‑2016/1052); en lo sucesivo, «Reglamento EEE»] o el artículo 6 de la Directiva 2004/38, b) el artículo 14 del Reglamento EEE, si bien únicamente en los supuestos en que exista tal derecho en virtud del Reglamento EEE por hallarse la persona de que se trate en alguno de los siguientes supuestos: i) cumple los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, del presente Reglamento en su condición de solicitante de empleo, o ii) es un miembro de la familia (en el sentido del artículo 7 del citado Reglamento) del solicitante de empleo, c) el artículo 16 del Reglamento EEE, si bien únicamente en los supuestos en que exista un derecho en virtud de dicho Reglamento debido a que la persona cumple los criterios enunciados en el artículo 16, apartado 5, del Reglamento o en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en los supuestos en que el derecho de residencia nace por el hecho de que, en su defecto, se privaría a un ciudadano británico del disfrute efectivo de sus derechos como ciudadano de la Unión), o d) toda persona que haya obtenido una autorización limitada para entrar o residir en el Reino Unido con arreglo a la Immigration Act 1971 [Ley de Inmigración de 1971] en virtud de: i) [el Apéndice relativo a la UE del régimen de residencia] basado en el artículo 3, apartado 2, de la Ley de Inmigración, […] […]».
36

Si bien la utilización de los términos «interés legítimo» no proporciona ninguna indicación sobre el criterio que debe tomarse en consideración para determinar el círculo de personas que pueden ejercer el derecho a formular oposición en el procedimiento nacional de oposición al registro de una indicación geográfica protegida o a las solicitudes de modificación de cierta importancia del pliego de condiciones de un producto amparado por dicha indicación, la adición de los términos «cualquier persona física o jurídica» a las citadas disposiciones sugiere, no obstante, que el legislador no ha querido adoptar una definición restringida de dicho círculo. Sin embargo, de esta redacción se desprende que este «interés legítimo» no está reservado únicamente a los operadores que elaboran productos o alimentos comparables a los producidos por los operadores cuyos productos están amparados por la indicación geográfica protegida de que se trata, ni a estos últimos productores con exclusión de todos los demás.
12

El Reglamento n.o 216/2008 fue derogado, con efectos desde el 11 de septiembre de 2018, por el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 2111/2005, (CE) n.o 1008/2008, (UE) n.o 996/2010, (CE) n.o 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 552/2004 y (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) n.o 3922/91 del Consejo (DO 2018, L 212, p. 1). Sin embargo, el Reglamento 2018/1139 no es aplicable ratione temporis al litigio principal.
Los artículos 89 y 90 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 847/96, (CE) n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007, (CE) n.o 676/2007, (CE) n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008 y (CE) n.o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1627/94 y (CE) n.o 1966/2006, leídos a la luz del principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no se oponen a una disposición nacional que, para sancionar una infracción del artículo 32 del Reglamento (CE) n.o 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 227/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, prevé no solo la imposición de una multa, sino también el decomiso obligatorio de las capturas y los artes de pesca prohibidos o no conformes hallados a bordo del buque de que se trate.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de octubre de 2021 — INSS (Pensión de viudedad basada en una relación de pareja de hecho)

(Asunto C‑244/20) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Directiva 79/7/CEE — Artículo 3, apartado 2 — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Prestaciones a favor de los supervivientes — Pensión de viudedad basada en una relación de pareja de hecho — Cláusula de exclusión — Validez — Prohibición de toda discriminación por razón de sexo — Prestación no comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 79/7 — Inadmisibilidad — Artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — No discriminación por razón de sexo — Artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la propiedad — Situación jurídica que no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión — Incompetencia»

1. Política social — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Ámbito de aplicación material de la Directiva 79/7/CEE — Pensión de viudedad basada en una relación de pareja de hecho — Prestaciones a favor de los supervivientes — Exclusión del ámbito de aplicación de la citada Directiva y de la Directiva 2006/54/CE (Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 79/7/CEE del Consejo, art. 3, ap. 2) (véanse los apartados 35 a 40 y 67)

2. Cuestiones prejudiciales — Apreciación de validez — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Directiva 79/7/CEE — Cuestión relativa a la validez de la cláusula de exclusión de las prestaciones a favor de los supervivientes contenida en dicha Directiva — Pensión de viudedad basada en una relación de pareja de hecho que no está comprendida en el ámbito de aplicación de la citada Directiva con independencia de la existencia de la referida cláusula — Inadmisibilidad [Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7, ap. 1, letra a); Directiva 79/7/CEE del Consejo, arts. 3, aps. 1 y 2, y 4, ap. 1] (véanse los apartados 41 a 54 y el punto 1 del fallo)

3. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Solicitud de interpretación de la Carta de los Derechos Fundamentales — Normativa nacional que no constituye una medida de aplicación del Derecho de la Unión — Incompetencia del Tribunal de Justicia (Art. 6 TUE, ap. 1; art. 19 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 51, aps. 1 y 2) (véanse los apartados 57, 59 a 63, 68 y 69 y el punto 2 del fallo)

Fallo

1) La primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es inadmisible.

2) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

( 1 ) DO C 320 de 28.9.2020.
43

Aun cuando el Tribunal de Justicia ya ha delimitado, en repetidas ocasiones y teniendo en cuenta las exigencias de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, la manera en que el juez nacional debe garantizar la protección de los derechos que esta Directiva confiere a los consumidores, no es menos cierto que, en principio, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual y que, por consiguiente, corresponde a cada Estado miembro establecer en su ordenamiento jurídico interno tales procedimientos, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que los que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que no hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el Derecho de la Unión (principio de efectividad) (véase, en particular, la sentencia de 26 de junio de 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, apartados 45 y 46 y jurisprudencia citada).
22

Mediante escrito de 16 de noviembre de 2018 dirigido a la JUR, las recurrentes recordaron el contenido de su escrito de 3 de octubre de 2018. Asimismo, refutaron el contenido de la respuesta que les había remitido la JUR el 25 de octubre de 2018, en particular la invocación de la existencia de un procedimiento pendiente para justificar la negativa a transmitir el escrito entregado al Tribunal General o su contenido, incumpliendo la obligación de motivación, y cuestionaron la referencia que hizo la JUR al contenido del escrito de 2 de agosto de 2018. Las recurrentes indicaron que, pese a que la JUR no quiso confirmar ni negar expresamente si había decidido no preparar una versión definitiva ex post de los informes de valoración primero y segundo, consideraban dicho escrito de 2 de agosto como una confirmación más de que había decidido no preparar tal versión. Añadieron que, de ser así, se estaría infringiendo el artículo 20, apartado 11, del Reglamento n.o 806/2014. Indicaron además que no podía considerarse que el mencionado escrito se hubiera «publicado» en el sitio de Internet de la JUR, pues solo pudieron acceder a él utilizando el término de búsqueda «Deloitte». Llegaron a la conclusión de que ese escrito no cumplía la obligación de motivación. De este modo, las recurrentes solicitaron a la JUR una confirmación expresa de que había adoptado la decisión de no preparar una versión definitiva ex post de dichos informes de valoración y que les entregara, en tal caso, una copia de esa decisión.
12

La Oficina Tributaria interpuso recurso de casación contra la resolución del Finanzgericht (Tribunal de lo Tributario) ante el órgano jurisdiccional remitente, el Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario). La mencionada Oficina Tributaria alegó, en particular, que las prestaciones controvertidas en el litigio principal no están comprendidas entre las exenciones del IVA ni en el Derecho de la Unión ni en el Derecho nacional, dado que Dubrovin & Tröger no tiene la condición de docente que dé clases a título particular, en el sentido del artículo 132, apartado 1, letra j), de la Directiva 2006/112.
128

Ciertamente, la Directiva 2012/13 no regula la forma en que ha de llevarse a cabo la comunicación a la persona acusada de la información relativa a la acusación contemplada en su artículo 6. No obstante, dicha forma no puede menoscabar el objetivo al que se hace referencia, en particular, en ese artículo 6, que consiste, según se desprende igualmente del considerando 27 de dicha Directiva, en permitir a los sospechosos o acusados de haber cometido una infracción penal preparar su defensa y salvaguardar la equidad del proceso (sentencia de 13 de junio de 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, apartado 51 y jurisprudencia citada).
46

Sin embargo, la JUR afirma que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al estimar que la segunda Decisión controvertida era confirmatoria de la primera Decisión controvertida en lo que se refiere al objeto del litigio, dado que la recurrente alega que la JUR incurrió en error al no excluir los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento del cálculo de sus aportaciones ex ante al FUR para el año 2016, siendo así que, al calcular estas aportaciones, no se modificó la toma en consideración de los pasivos vinculados a las actividades auxiliares.