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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 227/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France SAS

(Asunto C-158/11) (1)

(Competencia - Artículo 101 TFUE - Sector de los vehículos de motor - Reglamento (CE) no 1400/2002 - Exención por categorías - Sistema de distribución selectiva - Concepto de «criterios definidos» en el caso de un sistema de distribución selectiva cuantitativa - Negativa a aceptar a una empresa como distribuidor autorizado de vehículos nuevos - Inexistencia de criterios de selección cuantitativos precisos, objetivos, proporcionados y no discriminatorios)

2012/C 227/07

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Auto 24 SARL

Demandada: Jaguar Land Rover France SAS

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Cour de Cassation — Interpretación del artículo 1, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (DO L 203, p. 30) — Sistema de distribución selectiva — Negativa a aceptar a una empresa como distribuidor autorizado de vehículos nuevos Land Rover — Concepto de «criterios definidos» en el marco de una distribución selectiva cuantitativa — Inexistencia de criterios de selección cuantitativos precisos, objetivos, proporcionados y no discriminatorios.

Fallo

En el caso de un sistema de distribución selectiva cuantitativa en el sentido del Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, los términos «criterios definidos», que figuran en el artículo 1, apartado 1, letra f), de este Reglamento, deben entenderse en el sentido de criterios cuyo contenido preciso pueda verificarse. Para disfrutar de la exención establecida en dicho Reglamento no es necesario que tal sistema se base en criterios objetivamente justificados y aplicados uniforme e indistintamente a todos los candidatos a distribuidores autorizados.

(1) DO C 179, de 18.6.2011.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 287/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 5 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën

(Asunto C-259/11) (1)

(Sexta Directiva IVA - Artículos 5, apartado 3, letra c), y 13, parte B, letra d), número 5 - Negociación de una operación de transmisión de acciones o participaciones en sociedades - Operación que también implica la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles de dichas sociedades - Exención)

2012/C 287/23

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: DTZ Zadelhoff vof

Demandada: Staatssecretaris van Financiën

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) — Interpretación de los artículos 5, apartado 3, letra c), y 13, parte B, letra d), número 5, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 6; EE 06/01, p. 54) — Exenciones establecidas en la Sexta Directiva — Operaciones relativas a títulos-valores contempladas en el artículo 13, parte B, letra d), número 5 — Transmisión de acciones o participaciones en sociedades que también implican la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles que pertenecen a dichas sociedades.

Fallo

El artículo 13, parte B, letra d), número 5, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que quedan exentas del impuesto sobre el valor añadido las operaciones, como de las que se trata en el litigio principal, que tenían por objeto y tuvieron por resultado la transmisión de participaciones en las sociedades afectadas pero que, en esencia, se refieren a bienes inmuebles de los que esas sociedades son titulares y a su transmisión (indirecta). La excepción a dicha exención contemplada en el mismo número 5, segundo guión, no es aplicable si el Estado miembro no ha hecho uso de la posibilidad, prevista en el artículo 5, apartado 3, letra c), de dicha Directiva, de considerar bienes corporales las participaciones y las acciones cuya posesión asegure, de derecho o de hecho, la atribución de la propiedad o del disfrute de un inmueble.

(1) DO C 252, de 27.8.2011.
1)

Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 13, apartados 1 a 3 y 6, y 15, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, al no haber elaborado los planes hidrológicos de cuenca, tanto para las cuencas situadas por completo en su territorio nacional como para las cuencas internacionales, y al no haber comunicado a la Comisión Europea, antes del 22 de marzo de 2010, un ejemplar de dichos planes y, además, las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, al no haber incoado, a más tardar el 22 de diciembre de 2008, el procedimiento de información y consulta públicas relativo a los proyectos de planes hidrológicos de cuenca.
1)

El principio non bis in idem enunciado en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se opone a que un Estado miembro imponga, por los mismos hechos de incumplimiento de obligaciones declarativas en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, sucesivamente un recargo fiscal y una sanción penal si la primera sanción no tiene carácter penal, cuestión que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional nacional.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 379/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de octubre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Staatssecretaris van Justitie — Países Bajos) — Staatssecretaris van Justitie/Mangat Singh

(Asunto C-502/10) (1)

(Directiva 2003/109/CE - Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración - Ámbito de aplicación - Artículo 3, apartado 2, letra e) - Residencia fundada en un permiso formalmente limitado)

2012/C 379/06

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad van State

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Staatssecretaris van Justitie

Demandada: Mangat Singh

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Raad van State — Interpretación del artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DO 2004, L 16, p. 44) — Concepto de «permiso de residencia limitado formalmente» — Permiso de residencia que no ofrece ninguna posibilidad de obtener un permiso de residencia por tiempo indefinido, pero que puede ser renovado un número ilimitado de veces.

Fallo

El artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, debe interpretarse en el sentido de que el concepto «permiso de residencia [que] está limitado formalmente» no incluye un permiso de residencia de duración determinada, concedido a los miembros de un grupo específico de personas, cuya validez puede prorrogarse de forma ilimitada, sin ofrecer no obstante perspectiva alguna de obtención de un permiso de residencia de duración indefinida, siempre que esa limitación formal no impida la instalación duradera del nacional del tercer país en el Estado miembro interesado, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente.

(1) DO C 346, de 18.12.2010
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 118/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de marzo de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido] — Football Dataco Ltd y otros/Yahoo UK Limited y otros

(Asunto C-604/10) (1)

(Directiva 96/9/CE - Protección jurídica de las bases de datos - Derechos de autor - Calendarios de encuentros de campeonatos de fútbol)

2012/C 118/08

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd

Demandadas: Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Court of Appeal (Reino Unido) — Interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77, p. 20) — Concepto de «bases de datos que, que por la selección o la disposición de su contenido, constituyen una creación intelectual de su autor» — Catálogos informatizados de partidos de fútbol planificados para la siguiente temporada.

Fallo

1) El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, debe interpretarse en el sentido de que una «base de datos» con arreglo al artículo 1, apartado 2, de esa Directiva está protegida por el derecho de autor previsto por ésta siempre que la selección o la disposición de los datos que contiene constituya una expresión original de la libertad creadora de su autor, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional. Por consiguiente: — El esfuerzo intelectual y la pericia destinados a la creación de esos datos no son pertinentes para apreciar si dicha base puede ser objeto de la protección conferida por ese derecho. — A tal efecto, resulta indiferente que la selección o la disposición de esos datos otorgue o no una relevancia especial a éstos. — El considerable trabajo y pericia exigidos por la configuración de dicha base no pueden, por sí mismos, justificar esa protección si no expresan ninguna originalidad en la selección o en la disposición de los datos que contiene.

2) La Directiva 96/9 debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de la disposición transitoria contenida en su artículo 14, apartado 2, se opone a una normativa nacional que otorgue a bases de datos comprendidas en la definición contenida en el artículo 1, apartado 2, de la citada Directiva, la protección conferida por el derecho de autor en función de requisitos que difieran de los previstos en dicho artículo 3, apartado 1.

(1) DO C 89, de 19.3.2011.
1)

El requisito de proporcionalidad establecido en el artículo 19, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a un régimen sancionador como el establecido por el Decreto de Gobierno no 57/2007, de 31 de marzo de 2007, por el que fija la cuantía de las multas aplicables por la infracción de determinadas disposiciones en materia de transporte por carretera de mercancías y de personas (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. Korm. rendelet), que prevé la imposición de una multa a tanto alzado para todas las infracciones, sea cual fuere su gravedad, de las normas relativas a la utilización de las hojas de registro de los artículos 13 a 16 del Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, en su versión modificada por el Reglamento no 561/2006.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de noviembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Bruchsal — Alemania) — Proceso penal contra QB (*1)

(Asunto C-405/10) (1)

(Protección del medio ambiente - Reglamentos (CE) nos 1013/2006 y 1418/2007 - Control de los traslados de residuos - Prohibición de exportación de catalizadores usados al Líbano)

(2012/C 25/22)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Bruchsal

Parte en el proceso principal

QB (*1)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Amtsgericht Bruchsal — Interpretación del artículo 37 del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO L 190, p. 1), así como del Reglamento (CE) no 1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos, enumerados en el anexo III o IIIA del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo con destino a determinados países a los que no se aplica la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos (DO L 316, p. 6) — Prohibición de exportación de residuos correspondientes a la categoría B1120 (catalizadores) con destino al Líbano.

Fallo

Las disposiciones de los artículos 36, apartado 1, letra f) y 37 del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, en relación con el Reglamento (CE) 1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) no 1013/2006 a determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 740/2008 de la Comisión, de 29 de julio de 2008, deben interpretarse en el sentido de que la exportación de la Unión Europea al Líbano de residuos destinados a operaciones de valorización comprendidos en la categoría B1120, que figura en la lista B de la parte 1 del anexo V del Reglamento no 1013/2006 está prohibida.

(*1) Datos suprimidos o sustituidos en el marco de la protección de datos personales y/o confidenciales.

(1) DO C 288, de 23.10.2010.
2)

Las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la prefinanciación de las restituciones a la exportación deben interpretarse en el sentido de que: — Cuando y en la medida en que no se haya cumplido la obligación de llevar una contabilidad de existencias conforme a la normativa aduanera de la Unión de los productos sometidos a control aduanero, la prueba de la exportación de mercancías de cantidad y características similares a aquellas a las que se hace referencia en la declaración de pago de un anticipo no basta para que pueda considerarse que el exportador ha adquirido el derecho al pago del importe de la restitución a la exportación correspondiente a dichas mercancías. — En el supuesto de que el exportador deba devolver todo o parte del importe recibido en concepto de anticipo de una restitución a la exportación debido al incumplimiento de la obligación de llevar una contabilidad de existencias de los productos sometidos a control aduanero, procede aplicar al importe recibido indebidamente que ha de devolverse el incremento del 20 % establecido en el artículo 33, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada, en particular, por el Reglamento (CEE) no 1708/93, de la Comisión, de 30 de junio de 1993.
1)

Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio, en su versión modificada por la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, y de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida), al no haber aplicado en su integridad la normativa de la Unión Europea en materia de seguros, en particular, los artículos 6, 8, 9, 13, 15, 16 y 17 de la Directiva 73/239/CEE y los artículos 22 y 23 de la Directiva 92/49/CEE, a todas las compañías de seguros de manera no discriminatoria.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 319/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — Williams y otros/British Airways plc

(Asunto C-155/10) (1)

(Condiciones de trabajo - Directiva 2003/88/CE - Ordenación del tiempo de trabajo - Derecho a vacaciones anuales - Pilotos de línea aérea)

2011/C 319/11

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Williams y otros

Demandada: British Airways plc

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretación del artículo 7 de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 307, p. 18), y del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299, p. 9) — Alcance de las obligaciones establecidas por las directivas en cuanto a la naturaleza y al importe de la retribución de las vacaciones anuales retribuidas — Margen de libertad de los Estados miembros para fijar sus modalidades — Vacaciones anuales retribuidas de los pilotos de línea aérea.

Fallo

El artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y la cláusula 3 del Acuerdo anexo a la Directiva 2000/79/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa a la aplicación del Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil celebrado por la Association of European Airlines (AEA), la European Transport Workers’ Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la International Air Carrier Association (IACA), deben interpretarse en el sentido de que un piloto de línea aérea tiene derecho durante sus vacaciones anuales no sólo al mantenimiento de su salario de base, sino también, por un lado, a todos los elementos intrínsecamente vinculados a la ejecución de las tareas que le incumben según su contrato de trabajo y compensados por un importe pecuniario incluidos en el cálculo de su retribución global, y, por otro, a todos los elementos vinculados con el estatuto personal y profesional del piloto de línea aérea.

Corresponde al juez nacional apreciar si los diversos elementos que componen la retribución global de dicho trabajador responden a estos criterios.

(1) DO C 161, de 19.6.2010.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 103/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de febrero de 2011 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido] — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications, British Telecommunications plc

(Asunto C-16/10) (1)

(Aproximación de las legislaciones - Telecomunicaciones - Redes y Servicios - Directiva 2002/22/CE - Designación de empresas para la prestación del servicio universal - Imposición de obligaciones específicas a la empresa designada - Servicios de información sobre números de abonados y guías telefónicas)

2011/C 103/11

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd

Demandadas: Office of Communications, British Telecommunications plc

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretación de las Directivas 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «autorización») (DO L 108, p. 21), 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco») (DO L 108, p. 33) y 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal») (DO L 108, p. 51) — Designación de empresas para la prestación del servicio universal — Obligaciones específicas que pueden ser impuestas a la empresa designada.

Fallo

El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), autoriza a los Estados miembros, cuando deciden con arreglo a esta disposición designar a una o varias empresas para garantizar el suministro del servicio universal, o de diversos elementos del servicio universal, según se define en los artículos 4 a 7 y 9, apartado 2, de dicha Directiva, a imponer a dichas empresas únicamente las obligaciones específicas establecidas en las disposiciones de esta Directiva relativas al suministro a los usuarios finales de dicho servicio o de dichos elementos del servicio mediante las propias empresas designadas.

(1) DO C 63, de 13.3.2010.