Asunto T-53/03

BPB plc

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de los paneles de yeso — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Infracción única y continuada — Reincidencia — Multa — Directrices para el cálculo de las multas — Comunicación sobre la cooperación»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 8 de julio de 2008 II ‐ 1353

Sumario de la sentencia

Si bien la Comisión está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, el conjunto de documentos inculpatorios o exculpatorios que recogió durante su investigación, esta obligación no afecta a los secretos comerciales de otras empresas, a los documentos internos de la Comisión y a otras informaciones confidenciales. Así, en el caso de informaciones proporcionadas con carácter puramente voluntario, pero acompañadas de una petición de tratamiento confidencial para proteger el anonimato del informante, la institución que acepte recibirlas está obligada a respetar dicha condición. En efecto, la capacidad de la Comisión para garantizar el anonimato de algunas de sus fuentes de información tiene una importancia capital para la prevención y represión eficaces de las prácticas contrarias a la competencia prohibidas. Un procedimiento incoado sobre la base de informaciones cuyo origen no sea revelado es regular, puesto que no afecta a la posibilidad de que la empresa interesada dé a conocer su punto de vista sobre la realidad o el alcance de los hechos o documentos comunicados o incluso sobre las conclusiones que la Comisión deduzca de ellos. (véanse los apartados 36 y 37)

Si la Comisión se propone basarse en un pasaje de una contestación a un pliego de cargos o en un documento adjuntado como anexo a dicha contestación para acreditar la existencia de una infracción en el contexto de un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe darse a las demás partes implicadas en dicho procedimiento la oportunidad de pronunciarse sobre esta prueba. En estas circunstancias, el referido pasaje de una contestación al pliego de cargos o el documento unido como anexo a dicha contestación constituye efectivamente una prueba de cargo frente a las diversas empresas que hayan participado en la infracción. Dado que los documentos no comunicados a las partes afectadas durante el procedimiento administrativo no constituyen medios de prueba que puedan oponérseles, si se comprueba que, en la Decisión impugnada, la Comisión se basó en documentos que no figuraban en el expediente de la instrucción ni fueron comunicados a las partes afectadas, habrá que prescindir de dichos documentos como medios de prueba. Si existieran otras pruebas documentales de las que las partes hubieran tenido conocimiento durante el procedimiento administrativo que apoyen específicamente las pretensiones de la Comisión, la supresión como medio de prueba del documento de cargo que no se ha comunicado no desvirtúa el fundamento de las imputaciones que se formulan en la Decisión impugnada. De este modo, incumbe a la empresa afectada demostrar que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si hubiera tenido que descartar como medio de prueba de cargo un documento no comunicado en el que la Comisión se basó para imputar a dicha empresa comportamientos contrarios a la competencia. (véanse los apartados 41 y 43 a 45)

En caso de litigio sobre la existencia de una infracción de las normas sobre competencia, incumbe a la Comisión aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de la infracción. Corresponde, en particular, a la Comisión aportar las pruebas que permitan demostrar la participación de una empresa en tal infracción y su responsabilidad en cada uno de sus elementos. Cuando se trata de acuerdos y de prácticas concertadas con un objetivo contrario a la competencia, la Comisión debe probar, en particular, que la empresa intentó contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos materiales previstos o ejecutados por otras empresas en la consecución de los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo. Ahora bien, es habitual que, en el marco de acuerdos y prácticas contrarios a la competencia, las actividades se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en secreto y que la documentación al respecto se reduzca al mínimo. Resulta de ello que, aunque la Comisión descubra documentos que acrediten explícitamente un contacto ilícito entre los operadores, dichos documentos sólo tienen normalmente carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por deducción. En consecuencia, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia, así como también, en su caso, el carácter único y continuado de la infracción, se infieren de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia. Además, si bien el contenido de un documento aislado encontrado por la Comisión puede no revelar de manera unívoca la existencia de un comportamiento contrario a la competencia, de forma que dicho contenido pueda eventualmente tener otra explicación que una voluntad de restringir la competencia, esta circunstancia no puede, sin embargo, excluir que pueda interpretarse que este documento corrobora la existencia de tal voluntad cuando se inscribe en un conjunto de otros documentos que ofrecen indicios probatorios de la existencia de comportamientos contrarios a la competencia contemporáneos o similares. Por tanto, no puede obligarse a la Comisión a aportar una prueba de la existencia de la infracción «que vaya más allá de toda duda razonable» («beyond reasonable doubt»). (véanse los apartados 61 a 64, 210, 227 y 249)

A efectos de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que un acuerdo tenga por objeto restringir, impedir o falsear el juego de la competencia, independientemente de sus efectos concretos. En consecuencia, en el supuesto de acuerdos que se ponen de manifiesto con ocasión de reuniones de empresas competidoras, se produce una infracción de la referida disposición cuando las reuniones tienen dicho objeto y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento del mercado. Ello sucede, por ejemplo, cuando dos empresas expresan su voluntad común de poner fin a una guerra de precios y estabilizar los mercados de que se trata. En tal caso, cabe apreciar válidamente la responsabilidad de una determinada empresa en la infracción cuando ha participado en dichas reuniones teniendo conocimiento de su objeto, aun cuando, a continuación no haya puesto en práctica alguna de las medidas acordadas en éstas. La presencia más o menos frecuente de la empresa en las reuniones y la puesta en práctica más o menos completa de las medidas acordadas tienen consecuencias, no sobre la existencia de su responsabilidad, sino sobre el alcance de ésta y, por tanto, sobre el nivel de la sanción. Unas empresas que celebran un acuerdo cuya finalidad es restringir la competencia no pueden, en principio, eludir la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, alegando que su acuerdo no debía de tener repercusiones apreciables en la competencia. (véanse los apartados 83, 84, 87 y 90)

Los acuerdos sobre intercambio de información son contrarios a las normas sobre la competencia en la medida en que debilitan o suprimen el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado de que se trate, con la consecuencia de que restringen la competencia entre las empresas. En efecto, es inherente a las disposiciones sobre competencia del Tratado que todo operador económico debe determinar de manera autónoma la política que pretende seguir en el mercado común. De este modo, tal exigencia de autonomía se opone a toda toma de contacto directo o indirecto entre operadores económicos susceptible ya sea de influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real o potencial, ya sea de desvelar a dicho competidor el comportamiento que se haya decidido o se pretenda seguir en el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto u objeto abocar a condiciones de competencia que no se corresponderían con las condiciones normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos entregados o los servicios prestados, la importancia y el número de las empresas, así como el volumen de dicho mercado. En un mercado verdaderamente competitivo, la circunstancia de que un operador económico tenga en cuenta informaciones sobre el funcionamiento del mercado, de las que dispone gracias a un sistema de intercambio de información, para adaptar su comportamiento en dicho mercado, no atenúa ni suprime para los otros operadores económicos, habida cuenta del carácter atomizado de la oferta, toda incertidumbre en cuanto al comportamiento previsible de sus competidores. No obstante, en un mercado oligopolístico fuertemente concentrado, el intercambio de información puede permitir a las empresas conocer la posición en el mercado y las estrategias comerciales de sus competidores y, de este modo, alterar sensiblemente la competencia subsistente entre los operadores económicos. Salvo prueba en contrario, que corresponde aportar a los operadores interesados, puede presumirse que las empresas que participan en la concertación y que permanecen activas en el mercado toman en consideración la información intercambiada con sus competidores, a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado. Ello resulta especialmente cierto cuando la concertación se produce regularmente a lo largo de un período dilatado. (véanse los apartados 106 a 109, 180 a 184 y 313)

Una conducta paralela sólo puede considerarse como prueba de la existencia de una concertación, si dicha concertación constituye su única explicación posible. En efecto, si bien el artículo 81 CE prohíbe toda forma de colusión que pueda falsear el juego de la competencia, no excluye el derecho de los operadores económicos a adaptarse de forma inteligente al comportamiento real o previsible de sus competidores. En una situación en la que la Comisión ha constatado que varias empresas se han puesto de acuerdo para poner fin a una guerra de precios en varios mercados europeos, la casi simultaneidad de los anuncios de subidas de precios y el paralelismo de los precios anunciados constituyen fuertes indicios de una concertación previa destinada a informar a las empresas competidoras de las subidas de precios, aunque los intervalos entre los distintos anuncios de subidas de precios hayan permitido eventualmente a las empresas tener conocimiento de ellos a través de información procedente del mercado y aunque estas subidas no hayan sido siempre exactamente del mismo nivel. (véanse los apartados 143 y 144)

La recepción por parte de una empresa de información procedente de un competidor relativa al comportamiento futuro de éste en el mercado constituye una práctica concertada prohibida por el artículo 81 CE, apartado 1, incluso si se trata de un comportamiento puramente unilateral. En efecto, si bien es cierto que el concepto de práctica concertada exige la existencia de contactos entre competidores caracterizados por la reciprocidad, este requisito se cumple, sin embargo, cuando un competidor informa a otro, a petición de éste o, al menos, con su beneplácito, de sus intenciones o de su conducta futura en el mercado. Éste, gracias a la recepción de dicha información, que debe necesariamente tener en cuenta, de modo directo o indirecto, elimina por adelantado la incertidumbre sobre el comportamiento futuro del primero, a pesar de que todo operador económico debe determinar de manera autónoma la política que pretende seguir en el mercado. También sucede así, incluso cuando los clientes ya conocen la información de que se trata antes de ser comunicada al competidor y, por ello, ésta puede obtenerse en el mercado. En efecto, el envío directo permite al competidor tener conocimiento de esta información de manera más sencilla, rápida y directa que a través del mercado y permite crear un clima de certeza mutua respecto a su comportamiento futuro. (véanse los apartados 153, 154 y 231 a 236)

Una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. El concepto de infracción única se refiere precisamente a una situación en la que varias empresas participaron en una infracción constituida por un comportamiento continuado que tenía una única finalidad económica, dirigida a falsear la competencia o incluso por infracciones individuales relacionadas entre ellas por una identidad de objeto (misma finalidad de todos los elementos) y de sujetos (identidad de las empresas de que se trata, conscientes de participar en el objetivo común). Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado también puedan constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Cuando las diversas acciones se inscriben en un plan conjunto, debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto. Por tanto, es artificial subdividir este comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad, viendo en él varias infracciones distintas. El carácter único de la infracción resulta, en efecto, de la unicidad del objetivo perseguido por cada uno de los participantes en las prácticas colusorias y no de las modalidades de aplicación de éstas. Por consiguiente, la mera circunstancia de que cada empresa participe en la infracción de forma específica no afecta a la calificación de la infracción de infracción única y continuada. En efecto, aunque los acuerdos y prácticas concertadas que contempla el artículo 81 CE, apartado 1, son necesariamente el resultado del concurso de varias empresas, que son en su totalidad coautoras de la infracción, su participación puede revestir formas diferentes, principalmente en función de las características del mercado de que se trate y de la posición de cada empresa en dicho mercado, de los fines perseguidos y de las modalidades de aplicación elegidas o planeadas. Del mismo modo, en el marco de un acuerdo global que dura varios años, el transcurso de algunos meses entre las manifestaciones del acuerdo tiene poca importancia, mientras que el hecho de que las diferentes acciones se inscriban en un plan conjunto debido a su objeto idéntico es determinante. Por último, el hecho de que el número y la intensidad de las prácticas colusorias varíen en función del mercado afectado no significa que la infracción no afecte a los mercados en que las prácticas son menos intensas o menos numerosas. Sólo procede tomar en consideración todos estos elementos cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, se determine la multa. (véanse los apartados 240, 252 y 255 a 260)

Del mismo modo que la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia, en la mayoría de los casos, se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción a las normas sobre competencia, cuando se trata de una infracción compleja, única y continuada de dichas normas, cada una de las distintas manifestaciones de la infracción corrobora la demostración de que tal infracción tuvo lugar efectivamente. Así, las diferentes manifestaciones de la infracción deben entenderse en un contexto global que explique su razón de ser. No se trata, por tanto, de un razonamiento circular, sino de una práctica de la prueba en la que el valor probatorio de los distintos elementos de hecho está corroborado o invalidado por otros elementos de hecho existentes que, conjuntamente, pueden demostrar la existencia de una infracción única. (véanse los apartados 249 y 250)

A la hora de determinar el importe de las multas por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la apreciación de la gravedad de la infracción debe efectuarse tomando en consideración, en particular, la naturaleza de las restricciones ocasionadas a la competencia, el cual constituye el criterio esencial a este respecto, aunque deban igualmente tomarse en consideración la dimensión del mercado geográfico afectado y la repercusión en el mercado, cuando pueda determinarse. La Comisión puede calificar, con arreglo a Derecho, de muy grave, a la vista de su naturaleza, un acuerdo horizontal por el que se fijen los precios. Esta calificación no puede ser puesta en entredicho ni por el hecho de que el impacto del acuerdo sobre el mercado hubiese sido limitado, ni por el hecho, suponiendo que fuese cierto, de que la Comisión hubiese moderado por esta razón el importe de la multa en otras decisiones, ya que, por una parte, los factores que forman parte del objeto de un comportamiento contrario a la competencia pueden ser más importantes, a efectos de la fijación de la cuantía de la multa, que los relativos a sus efectos, y, por otra parte, la práctica decisoria anterior de la Comisión no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia. (véanse los apartados 268, 271 a 275 y 278)

Para que la Comisión pueda basarse en las repercusiones concretas en el mercado de una práctica colusoria a efectos del cálculo del importe de la multa en función de la gravedad de la infracción, tal como prevé el punto 1, parte A, párrafo primero, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, basta que pueda proporcionar indicios concretos y verosímiles que indiquen, con una probabilidad razonable, que dicha práctica colusoria ha tenido esas repercusiones, sin que sea necesario haberlas cuantificado ni haber aportado una valoración numérica al respecto. En efecto, el examen de las repercusiones de una práctica colusoria en el mercado implica necesariamente recurrir a la formulación de hipótesis. En este contexto, la Comisión debe examinar, en particular, cuál habría sido el precio del producto en cuestión si no hubiera existido la práctica colusoria. Ahora bien, en el examen de las causas de la evolución real de los precios es delicado especular sobre el papel que cada una de estas últimas desempeña. Ha de tenerse en cuenta el hecho objetivo de que, debido a la existencia de una concertación sobre los precios, las partes renunciaron precisamente a su libertad de competir a través de los precios. Así pues, la evaluación de la influencia resultante de factores distintos de esta abstención voluntaria de los participantes en la práctica colusoria debe basarse forzosamente en probabilidades razonables y que no pueden cuantificarse con precisión. Tanto el hecho de que los participantes en la práctica colusoria poseyeran la mayor parte (incluso casi la totalidad) del mercado de que se trata como la circunstancia de que los acuerdos puestos en evidencia estaban específicamente destinados a llevar los precios a un nivel superior al que hubieran alcanzado sin ellos son indicios que tienden a demostrar que la infracción podía producir efectos contrarios a la competencia significativos. En cambio, no se puede exigir a la Comisión, cuando se demuestra la puesta en práctica de la práctica colusoria, que pruebe sistemáticamente que los acuerdos permitieron efectivamente a las empresas afectadas alcanzar un nivel de precios de transacción superior al que habría existido sin la práctica colusoria. Sería desproporcionado exigir dicha demostración, que requeriría recursos considerables puesto que supondría hacer cálculos hipotéticos, basados en modelos económicos cuya exactitud sólo difícilmente puede verificar el juez y cuya infalibilidad no está probada en absoluto. (véanse los apartados 297, 300, 301, 303 y 307)

En lo tocante al cálculo del importe de las multas impuestas por la Comisión por la infracción de las normas comunitarias sobre competencia, las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye la obligación de motivación se cumplen cuando la Comisión indica, en su decisión, los criterios de apreciación que tuvo en cuenta en virtud de sus Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA y, en su caso, de la Comunicación sobre la no imposición de multas o la reducción de su importe, y que le permitieron medir la gravedad y la duración de la infracción a efectos de calcular el importe de la multa. El alcance de la obligación de motivación debe determinarse a la luz del hecho de que la gravedad de las infracciones debe apreciarse en función de un gran número de factores, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta de modo obligatorio. Además, se debe evitar que las multas sean fácilmente previsibles por los operadores económicos con el fin de no perjudicar el efecto disuasorio de éstas. Si el importe de la multa fuera el resultado de un cálculo que respondiera a una mera fórmula matemática, las empresas tendrían la posibilidad de prever la eventual sanción y compararla con los beneficios que sacarían de la infracción de las normas del Derecho de la competencia. Por tanto, la obligación de motivación no impone a la Comisión que indique en su decisión los datos numéricos relativos al método de cálculo de las multas. (véanse los apartados 331, 333, 336 y 343)

Puesto que la Comisión no está obligada a calcular el importe de las multas partiendo de importes basados en el volumen de negocios de las empresas implicadas, tampoco está obligada a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas a las empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global o a su volumen de negocios en el mercado del producto de que se trate. En efecto, por una parte, el Derecho comunitario no contiene ningún principio de aplicación general según el cual la sanción deba ser proporcionada a la importancia de la empresa en el mercado de los productos que constituyen el objeto de la infracción. Por otra parte, el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 tampoco exige que, en el supuesto de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, el importe de la multa impuesta a una empresa pequeña o mediana no sea superior, en porcentaje de volumen de negocios, al de las impuestas a las empresas más grandes. De dicho precepto se desprende que, tanto en el caso de las empresas pequeñas o medianas como en el de las de mayor tamaño, procede tener en cuenta, para calcular el importe de la multa, la gravedad y la duración de la infracción. En la medida en que la Comisión imponga a cada una de las empresas implicadas en la misma infracción una multa que esté justificada en función de la gravedad y de la duración de la infracción, no puede reprochársele que las cuantías de las multas de algunas de ellas sean superiores, en porcentaje del volumen de negocios, a las de las otras empresas. La Comisión tampoco está obligada a fijar multas que sean proporcionales a los volúmenes de negocios y perfectamente coherentes con las impuestas en otros asuntos anteriores comparables en cuanto a la gravedad de la infracción. En efecto, su práctica decisoria anterior no sirve en sí misma de marco jurídico para las multas en materia de competencia. El hecho de que la Comisión haya aplicado, en el pasado, multas de cierto nivel a determinados tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de elevar dicho nivel, dentro de los límites indicados por el Reglamento no 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de la competencia. Además, la gravedad de las infracciones debe apreciarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta de modo obligatorio. Ahora bien, los datos pertinentes, como los mercados, los productos, los países, las empresas y los períodos de que se trata, son diferentes en cada asunto. A este respecto, el juez comunitario es competente para apreciar, en el marco de la facultad jurisdiccional plena que le reconocen los artículos 229 CE y 17 del Reglamento no 17, el carácter apropiado del importe de las multas. (véanse los apartados 338 a 344)

Una empresa —es decir una unidad económica que comprende elementos personales, materiales e inmateriales— está dirigida por los órganos previstos por su estatuto jurídico y cualquier decisión que le imponga una multa puede dirigirse a la dirección estatutaria de la empresa (Consejo de administración, comité de dirección, Presidente, administrador, etc.). Las normas de la competencia se infringirían fácilmente si se exigiese a la Comisión, ante el comportamiento ilícito de una empresa, comprobar siempre quién es el autor de los distintos comportamientos, lo que podría impedirle sancionar a la empresa que sacó provecho de la práctica colusoria. (véanse los apartados 360 y 430)

A la hora de calcular la duración de una infracción de las normas sobre competencia, la Comisión puede tener en cuenta fracciones de años. En efecto, en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA nada prohíbe la consideración de la duración real de la infracción. Tal enfoque es totalmente lógico y razonable, y se inscribe, en todo caso, en el marco de la facultad de apreciación de la Comisión. (véase el apartado 361)

Por lo que respecta a las infracciones de larga duración de las normas sobre competencia, la Comisión puede aplicar automáticamente el porcentaje máximo de incremento del 10 % por año del importe establecido en función de la gravedad de la infracción. En efecto, aunque el punto 1, parte B, párrafo primero, tercer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA no prevé un incremento automático, concede un margen de apreciación al respecto a la Comisión. (véase el apartado 362)

A la hora de determinar el incremento del importe de la multa en función de la duración de la infracción, tal como se prevé en el punto 1, parte B, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, no sería lógico tener en cuenta una variación en la intensidad de la infracción durante el período de que se trata. En efecto, dicho incremento se realiza mediante la aplicación de un determinado porcentaje al importe de partida, que se determina en función de la gravedad de la infracción, lo que refleja ya así la distinta intensidad de la infracción. (véase el apartado 364)

El concepto de reincidencia no implica necesariamente la imposición de una sanción económica previa, sino sólo la declaración de una infracción del Derecho comunitario de la competencia. En efecto, la consideración de la reincidencia tiene por finalidad inducir a las empresas que hayan demostrado tendencia a infringir las reglas sobre la competencia a rectificar su conducta, cuando resulta que una declaración anterior de infracción por su parte no ha bastado para prevenir la reiteración de un comportamiento infractor. Así, el elemento que determina la reincidencia no es la imposición previa de una sanción, ni a fortiori el importe de ésta, sino la declaración previa de una infracción similar de la misma disposición del Tratado. Cuando existen dos infracciones concomitantes, el incremento del importe de la multa con la que se sanciona a una de esas infracciones basándose en que la otra ya fue objeto de una decisión de sanción no está justificado cuando la mayor parte del período de participación en la segunda infracción es anterior a la decisión que sanciona la primera infracción. En cambio, la Comisión no excede su facultad de apreciación cuando incrementa por reincidencia el importe de la multa impuesta como consecuencia de la segunda infracción basándose en que ésta continuó durante varios años tras la primera declaración de infracción. (véanse los apartados 387, 388, 390, 391, 393, 394 y 396)

Desde el punto de vista disuasorio, la reincidencia es una circunstancia que justifica un aumento considerable del importe de base de una multa impuesta por infracción de las normas sobre la competencia. En efecto, constituye la prueba de que la sanción anteriormente impuesta no fue suficientemente disuasoria. A este respecto, el hecho de que, en la primera infracción, el papel de la empresa sancionada fuese menor y pasivo no puede poner en entredicho las consecuencias que conlleva la reincidencia, ya que lo que importa es el hecho de que, a pesar de la declaración de una infracción del Derecho comunitario de la competencia, la empresa en cuestión continuó infringiéndolo. Al determinar un incremento por reincidencia, la Comisión puede limitarse a examinar cual sería el porcentaje proporcionado sin tener en cuenta el importe en valor absoluto del incremento del importe de base de la multa al que lleva la aplicación de este porcentaje. Siempre que el porcentaje de incremento no sea excesivo, el importe del aumento en valor absoluto no es más que la consecuencia matemática de la aplicación de este porcentaje al importe de base, cuya proporcionalidad en relación con la gravedad y la duración de la infracción en cuestión ha sido objeto de un examen separado. El mero hecho de que, en otra decisión, la Comisión haya incrementado de otra manera un importe de base por reincidencia no implica que estuviera obligada a aplicar ese mismo porcentaje de incremento en la Decisión impugnada. En efecto, la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve, en sí misma, de marco jurídico a las multas en materia de competencia, pues dicho marco es únicamente el que se define en el Reglamento no 17. Asimismo, carece de pertinencia, por lo que respecta al nivel del incremento por reincidencia, el hecho de que dicho incremento sea superior al importe de partida de la multa impuesta en función de la gravedad de la infracción a los demás participantes en la infracción. En efecto, cuando la multa se fijó correctamente y el incremento por reincidencia es proporcionado, el hecho de que el importe del aumento en valor absoluto sea más elevado que el importe de partida de las multas impuestas a los demás participantes en la infracción no es más que una consecuencia matemática del incremento que no tiene relación con el importe de las demás multas. Lo mismo sucede por lo que atañe al hecho de que el incremento por reincidencia sea superior a la reducción del importe de la multa que se le concedió a la empresa sancionada en razón de su cooperación con la Comisión. En efecto, se trata de dos etapas distintas de la fijación del importe de la multa. Por último, la empresa sancionada no puede, para poner en entredicho el importe del incremento de la multa por reincidencia, alegar que la Comisión, por esa misma razón, le aplicó el mismo incremento que a otro participante en la misma infracción, aunque las características de la infracción anterior cometida por éste no son análogas a las de la infracción anterior imputada a la referida empresa. En efecto, cuando el incremento por reincidencia está relacionado con una circunstancia agravante propia de la empresa en cuestión, lo que es pertinente es la circunstancia de que las dos empresas estuvieron anteriormente implicadas en infracciones pero que, a pesar de la constatación de estas infracciones, no pusieron fin a su participación en una nueva infracción. (véanse los apartados 398, 399, 401 y 406 a 412)

Aunque es ciertamente importante que una empresa haya adoptado medidas para impedir que los miembros de su personal cometan en el futuro nuevas infracciones del Derecho comunitario de la competencia, este hecho no cambia en nada la realidad de la infracción comprobada. De ello se deduce que el mero hecho de que, en determinados casos, en la práctica de sus decisiones anteriores, la Comisión haya tomado en consideración la aplicación de un programa de adecuación del comportamiento de la empresa a las normas comunitarias sobre competencia como circunstancia atenuante no implica que esté obligada a proceder del mismo modo en otro caso determinado. La Comisión no está por tanto obligada a considerar que este dato constituya una circunstancia atenuante, siempre que respete el principio de igualdad de trato, que la obliga a no aplicar una valoración diferente en relación con este tema a las empresas destinatarias de una misma Decisión. (véanse los apartados 423 y 424)

La posibilidad de conceder a una empresa que haya cooperado con la Comisión durante un procedimiento por vulneración de las normas de competencia una reducción de la multa fuera del marco fijado por la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, tal como prevé el punto 3, sexto guión, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, supone necesariamente que la cooperación de que se trate no pueda ser recompensada en el marco de la Comunicación sobre la cooperación y que haya sido efectiva, es decir, que haya facilitado la labor de la Comisión que consiste en comprobar y en sancionar las infracciones de las normas comunitarias sobre competencia. (véanse los apartados 426 y 428)

Según el punto 3, tercer guión, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, la «interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión (en particular, inspecciones)» se encuentra entre las circunstancias atenuantes. No obstante, una reducción de la multa por la interrupción de una infracción desde las primeras intervenciones de la Comisión no puede ser automática, sino que depende de una valoración de las circunstancias del caso de autos por la Comisión, en el marco de su facultad de apreciación. A este respecto, la aplicación de esta disposición de las Directrices en favor de una empresa será particularmente oportuna en el supuesto de que el carácter contrario a la competencia de la conducta en cuestión no resulte evidente. Por el contrario, su aplicación será menos oportuna, en principio, en el supuesto de que el comportamiento sea claramente contrario a la competencia, suponiendo que haya sido probado. En efecto, aunque en el pasado la Comisión haya considerado la interrupción voluntaria de una infracción como circunstancia atenuante, puede tener en cuenta, al aplicar sus Directrices, el hecho de que infracciones manifiestas muy graves siguen siendo relativamente frecuentes, a pesar de haber sido declaradas ilegales desde los inicios de la política comunitaria de la competencia y, por tanto, estimar que se debe abandonar esta práctica generosa y dejar de recompensar la interrupción de dicha infracción mediante una reducción de la multa. En estas circunstancias, el carácter apropiado de una reducción de la multa a causa de la interrupción de la infracción depende de la cuestión de si la empresa imputada podía dudar razonablemente del carácter ilícito de su comportamiento. Éste no es el caso cuando se trata de un cártel secreto que tiene por objeto un intercambio de información en un mercado oligopolístico y una estabilización del mercado. Este tipo de prácticas colusorias constituye una infracción muy grave y por lo tanto, las empresas de que se trata son conscientes, necesariamente, de la ilicitud de su comportamiento. La naturaleza secreta del cártel confirma que los participantes son conscientes de la ilicitud de sus actuaciones. (véanse los apartados 436 a 439)

Si bien el importe de la multa impuesta por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia debe ser proporcionado en relación con la duración de la infracción y los demás elementos que puedan incluirse en la apreciación de la gravedad de la infracción, entre los que figura el beneficio que la empresa de que se trate haya podido obtener se sus prácticas, el hecho de que una empresa no haya obtenido ningún beneficio de la infracción no puede impedir que se imponga una multa, so pena de privar a ésta de su carácter disuasorio. De ello resulta que, a efectos de determinar el importe de las multas, la Comisión no está obligada a tomar en consideración la inexistencia de beneficio derivado de la infracción de que se trate. A este respecto, aunque la Comisión pueda, a tenor del punto 2, quinto guión, de sus Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, y en concepto de circunstancias agravantes, incrementar la sanción para rebasar el importe de las ganancias ilícitas realizadas gracias a la infracción, esto no implica que la Comisión se haya impuesto, en adelante, la obligación de demostrar en todo caso, a efectos de la determinación del importe de la multa, la ventaja económica derivada de la infracción imputada. En otras palabras, no cabe considerar que la inexistencia de dicha ventaja sea una circunstancia atenuante. (véanse los apartados 441 a 443)

En el cumplimiento de las tareas que le son asignadas en materia de competencia, la Comisión puede recabar todas las informaciones que considere necesarias de los Gobiernos y autoridades competentes de los Estados miembros, así como de las empresas y asociaciones de empresas. En particular, la Comisión tiene la potestad de obligar a una empresa a que facilite toda la información necesaria relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento y a que le presente, si fuere preciso, los documentos correspondientes que obren en su poder, incluso si éstos pueden servir para probar contra ella o contra cualquier otra empresa la existencia de una conducta contraria a la competencia. Por consiguiente, las respuestas dadas de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento no 17 constituyen el cumplimiento de una obligación y no una cooperación voluntaria en el sentido de la Comunicación sobre la no imposición de multas o la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas. (véase el apartado 468)