Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentadas el 15 de diciembre de 2022 ( )

Asunto C‑204/21

Comisión Europea

contra

República de Polonia

«Artículo 258 TFUE — Incumplimiento de Estado — Régimen disciplinario aplicable a los jueces — Estado de Derecho — Independencia de los jueces — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 267 TFUE — Control de la observancia de la exigencia de la Unión relativa a un juez independiente e imparcial — Competencia exclusiva de la Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) — Independencia de la Izba Dyscyplinarna (Sala Disciplinaria) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) — Derecho al respeto de la vida privada — Derecho a la protección de los datos personales — Reglamento (UE) 2016/679»





I. Alcance del recurso

1. El presente recurso interpuesto con arreglo al artículo 258 TFUE trae causa de la promulgación el 20 de diciembre de 2019 de la ustawa o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Ley por la que se modifican la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, la Ley del Tribunal Supremo y otras leyes) ( ) (en lo sucesivo, «Ley modificativa») por la República de Polonia. En esencia, la Comisión Europea afirma que ciertas disposiciones de la Ley modificativa violan el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), el artículo 267 TFUE, el principio de primacía del Derecho de la Unión y el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protección de los datos personales, garantizados en los artículos 7 y 8, apartado 1, de la Carta y en los artículos 6, apartados 1, letras c) y e), y 3, y 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) ( ) (en lo sucesivo, «RGPD»)

2. El recurso de la Comisión consta de cinco imputaciones.

3. Las tres primeras imputaciones, que están conectadas entre sí, aducen que la Ley modificativa limita o excluye la posibilidad de que un órgano jurisdiccional nacional garantice que los particulares que invocan derechos al amparo del Derecho de la Unión tengan acceso a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, lo que infringe el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta y el artículo 267 TFUE. Las dos primeras imputaciones también afirman que la Ley modificativa vulnera el principio de primacía. En asuntos relativos a la aplicación o a la interpretación del Derecho de la Unión, los Estados miembros están obligados a velar por el respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ante un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Cuando se alegue la vulneración de ese derecho, los particulares, en principio, deben poder invocar tal vulneración ante un órgano jurisdiccional nacional. De ello se deduce que, en asuntos que afecten a los derechos de los particulares en virtud del Derecho de la Unión, cualquier órgano jurisdiccional nacional debe poder determinar si se ha vulnerado el derecho de los particulares a que su causa sea examinada por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Cualquier limitación o exclusión de la posibilidad de que un órgano jurisdiccional nacional compruebe que los particulares que invocan derechos que les confiere el Derecho de la Unión tienen acceso a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, constituye un incumplimiento de las obligaciones impuestas por las disposiciones mencionadas. ( )

4. La cuarta imputación se refiere a la competencia que la Ley modificativa ha atribuido a la Izba Dyscyplinarna (Sala Disciplinaria) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) en asuntos relativos al estatuto de los jueces. La Comisión sostiene que, dado que la Sala Disciplinaria no cumple los estándares exigidos de independencia judicial e imparcialidad, la ley en cuestión menoscaba la independencia de los jueces, cuyo estatuto puede ser objeto de control por parte de la Sala Disciplinaria y, por tanto, infringe el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

5. La quinta imputación se refiere a la obligación que la Ley modificativa impone a los jueces de facilitar información sobre sus actividades públicas y sociales en asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, incluida la afiliación a partidos políticos, previas a su nombramiento, y a la publicación de dicha información. La Comisión considera que estas obligaciones son desproporcionadas y vulneran el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protección de los datos personales, garantizados en los artículos 7 y 8, apartado 1, de la Carta y en el artículo 6, apartados 1, letras c) y e), y 3, y en el artículo 9, apartado 1, del RGPD.

II. Marco jurídico. Derecho polaco

A. Ley del Tribunal Supremo modificada

6. La ustawa o Sądzie Najwyższym (en lo sucesivo, «Ley del Tribunal Supremo»), de 8 de diciembre de 2017, ( ) estableció dos nuevas salas en el Tribunal Supremo: la Sala Disciplinaria y la Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos; en lo sucesivo, «Sala Extraordinaria»).

7. En la medida en que es relevante para el presente procedimiento, la Ley modificativa modificó la Ley del Tribunal Supremo mediante la introducción de los apartados 2 a 6 en el artículo 26, del punto 1a en el artículo 27, apartado 1, del apartado 3 en el artículo 45, de los apartados 2 a 5 en el artículo 82 y mediante la modificación del artículo 29 y del artículo 72, apartado 1.

8. El artículo 26, apartados 2 a 6, de la Ley del Tribunal Supremo modificada dispone:

«2. La [Sala Extraordinaria] será competente para conocer de las solicitudes o declaraciones relativas a la recusación de jueces o a la designación del órgano jurisdiccional ante el que debe sustanciarse un procedimiento, incluidas las imputaciones basadas en la falta de independencia del juez o del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional que conozca del asunto remitirá inmediatamente una solicitud al Presidente de la [Sala Extraordinaria] para que esta sea tramitada de conformidad con las reglas establecidas por disposiciones independientes. La presentación de una solicitud al Presidente de la [Sala Extraordinaria] no suspenderá el procedimiento en curso.

3. La solicitud a que se refiere el apartado 2 no será examinada si se refiere a la determinación o apreciación de la legalidad del nombramiento de un juez o de su legitimidad para ejercer funciones judiciales.

4. La [Sala Extraordinaria] será competente para conocer de los recursos por los que se solicite la declaración de ilegalidad de resoluciones o sentencias firmes del [Tribunal Supremo], de los tribunales ordinarios, de los tribunales militares y de los tribunales de lo contencioso-administrativo, incluido el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia)], cuando la ilegalidad alegada consista en cuestionar el estatuto de la persona designada para el cargo de juez que haya resuelto el asunto.

5. Las disposiciones relativas a la declaración de ilegalidad de una sentencia firme se aplicarán mutatis mutandis al procedimiento en los asuntos a que se refiere el apartado 4, y las disposiciones relativas a la reapertura de un procedimiento judicial concluido mediante sentencia firme se aplicarán a las causas penales. No será necesario acreditar prima facie la verosimilitud o la realidad de un perjuicio derivado del pronunciamiento de la sentencia impugnada.

6. El recurso por el que se solicite que se declare la ilegalidad de una sentencia firme, contemplado en el apartado 4, podrá interponerse directamente ante la [Sala Extraordinaria] sin necesidad de recurrir ante el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia impugnada, incluso cuando alguna de las partes no haya agotado los recursos de que dispone, incluido el recurso extraordinario ante el [Tribunal Supremo].»

9. El artículo 27, apartado 1, de la Ley del Tribunal Supremo modificada establece:

«La Sala Disciplinaria será competente para conocer de:

[…]

(1a) los asuntos relativos a la autorización para incoar un procedimiento penal contra jueces, jueces auxiliares, fiscales y fiscales auxiliares o para decretar su prisión preventiva.

(2) los asuntos en materia de Derecho laboral y de la Seguridad Social relativos a los jueces del [Tribunal Supremo];

(3) los asuntos relativos a la jubilación forzosa de los jueces del [Tribunal Supremo].»

10. El artículo 29, apartados 2 y 3, de la Ley del Tribunal Supremo modificada dispone:

«2. En el marco de las actividades llevadas a cabo por el [Tribunal Supremo] o sus órganos, no estará permitido cuestionar la legitimidad de los jueces y tribunales, de los órganos constitucionales del Estado o de los órganos de control y protección de la legalidad.

3. Ni el [Tribunal Supremo] ni ningún otro órgano del poder podrán declarar o apreciar la legalidad del nombramiento de un juez o de la facultad de este para ejercer funciones judiciales derivadas de dicho nombramiento.»

11. El artículo 45, apartado 3, de la Ley del Tribunal Supremo modificada establece:

«La declaración a que se refiere el artículo 88a de la [Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada] deberá ser presentada por los jueces del [Tribunal Supremo] al Presidente Primero del [Tribunal Supremo], y por el Presidente Primero del [Tribunal Supremo] al [Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial; en lo sucesivo, “CNPJ”)]».

12. Según el artículo 72, apartado 1, de la Ley del Tribunal Supremo:

«Los jueces del [Tribunal Supremo] incurrirán en responsabilidad disciplinaria por sus incumplimientos profesionales (faltas disciplinarias), incluido en caso de:

(1) violaciones graves y manifiestas de la ley;

(2) acciones u omisiones que puedan impedir o perjudicar gravemente el funcionamiento de una autoridad judicial;

(3) acciones que cuestionen la existencia de la relación estatutaria de un juez, la efectividad del nombramiento de un juez o la legitimidad de un órgano constitucional de la República de Polonia.»

13. Con arreglo al artículo 73, apartado 1, de dicha Ley, la Sala Disciplinaria es el tribunal disciplinario de segunda (y última) instancia para los jueces de los tribunales ordinarios y el tribunal disciplinario de primera y segunda instancia para los jueces del Tribunal Supremo.

14. El artículo 82 de la Ley del Tribunal Supremo modificada dice lo siguiente:

«[…]

2. Cuando, al examinar un asunto, se suscite una cuestión de Derecho relativa a la independencia de un juez o de un órgano jurisdiccional, el [Tribunal Supremo] suspenderá el procedimiento y planteará dicha cuestión a una sala integrada por todos los miembros de la [Sala Extraordinaria].

3. En caso de que, al examinar alguna de las solicitudes a que se refiere el artículo 26, apartado 2, el [Tribunal Supremo] albergue serias dudas sobre la interpretación de las disposiciones legales en las que haya de basarse la resolución, podrá suspender el procedimiento y plantear una cuestión de Derecho a una sala integrada por todos los miembros de la [Sala Extraordinaria].

4. Al pronunciarse sobre las cuestiones a que se refieren los apartados 2 y 3, la [Sala Extraordinaria] no estará vinculada por la resolución adoptada por otra sala del [Tribunal Supremo], a menos que hayan adquirido fuerza de principio del Derecho.

5. Las resoluciones adoptadas por todos los miembros de la [Sala Extraordinaria] sobre la base de los apartados 2 o 3 serán vinculantes para todas las salas del [Tribunal Supremo]. Toda desviación respecto a una resolución que haya adquirido fuerza de principio del Derecho requerirá que sea nuevamente sometida a resolución del pleno del [Tribunal Supremo] con la presencia de al menos dos tercios de los jueces de cada una de las Salas. El artículo 88 no será aplicable.»

B. Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada

15. La Ley modificativa modificó la ustawa — Prawo o ustroju sądów powszechnych (en lo sucesivo, «Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios), de 27 de julio de 2001, ( ) en particular, mediante la introducción del artículo 42a, la introducción del apartado 4 en el artículo 55 y la modificación de los artículos 107, apartado 1, y 110, apartado 2a.

16. El tenor literal del artículo 42a de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada es el siguiente:

«1. En el marco de las actividades llevadas a cabo por los tribunales o cualesquiera de sus órganos, no estará permitido cuestionar la legitimidad de los jueces y tribunales, de los órganos constitucionales del Estado o de los órganos de control y protección de la legalidad.

2. Ni los tribunales ordinarios ni ningún otro órgano del poder podrán declarar o apreciar la legalidad del nombramiento de un juez o de la facultad de este para ejercer funciones judiciales derivadas de dicho nombramiento.»

17. El artículo 55, apartado 4, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada establece que:

«Los jueces podrán pronunciarse sobre todos los asuntos en el lugar en el que estén afectados y en otros tribunales en los casos determinados por la ley (competencia del juez). Las disposiciones relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de las salas no limitarán la competencia de los jueces y no podrán ser invocadas para que se declare que una sala es contraria a la ley, que un tribunal está incorrectamente compuesto o que una persona que no está facultada o no es competente forma parte de este.»

18. En virtud del artículo 88a de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada todos los jueces polacos ( ) deben revelar cierta información para su posterior publicación en el Biuletyn Informacji Publicznej (Boletín de Información Pública):

«1. Todo juez deberá presentar una declaración escrita en la que se mencione:

(1) su pertenencia a una asociación, incluyendo el nombre y domicilio social de la asociación, los cargos que ostente y la duración de la pertenencia a esta;

(2) el cargo que ostente en un órgano de una fundación sin ánimo de lucro, incluyendo el nombre y domicilio social de la fundación y el plazo durante el cual se ha ostentado dicho cargo;

(3) su afiliación a un partido político antes de su nombramiento como juez y su afiliación a un partido político durante el ejercicio de su cargo antes del 29 de diciembre de 1989, incluyendo el nombre del partido, los cargos ostentados y el período de afiliación.

2. Los jueces presentarán las declaraciones a las que se refiere el apartado 1 al presidente del tribunal de apelación competente y los presidentes de los tribunales de apelación lo harán ante el [Minister Sprawiedliwości (ministro de Justicia)].

3. Las declaraciones a las que se refiere el apartado 1 se presentarán en el plazo de treinta días desde la fecha de toma de posesión del cargo por parte del juez y en el plazo de treinta días desde la fecha en que se produjeran o dejaran de producirse las circunstancias contempladas en el apartado 1.

4. La información contenida en las declaraciones a las que se refiere el apartado 1 será de carácter público y estará disponible en el Boletín de Información Pública contemplado en la Ley de 6 de septiembre de 2001 sobre el acceso a la información pública a más tardar en el plazo de treinta días desde la fecha en que se hayan presentado las declaraciones ante el órgano autorizado.»

19. Con arreglo al artículo 107, apartado 1, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada:

«Los jueces incurrirán en responsabilidad disciplinaria por sus incumplimientos profesionales (faltas disciplinarias), incluido en caso de:

[…]

(2) acciones u omisiones que puedan impedir o perjudicar gravemente el funcionamiento de una autoridad judicial;

(3) acciones que cuestionen la existencia de la relación estatutaria de un juez, la efectividad del nombramiento de un juez o la legitimidad de un órgano constitucional de la República de Polonia;

[…]»

20. El artículo 110, apartado 2a, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada preceptúa:

«El tribunal disciplinario en cuya demarcación ejerza sus funciones el juez inculpado será territorialmente competente para conocer de los procedimientos contemplados en los artículos 37, apartado 5, y 75, apartado 2, punto 3. Conocerá de los procedimientos contemplados en los artículos 80 y 106zd el [Tribunal Supremo], que resolverá, en primera instancia, integrado por un solo juez de la Sala Disciplinaria y, en apelación, en sala de tres jueces de la Sala Disciplinaria.»

C. Ley de Organización de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo modificada

21. La Ley modificativa modificó la ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (en lo sucesivo, «Ley de Organización de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo»), de 25 de julio de 2002, ( ) en particular, mediante la introducción de los apartados 1a y 1b en el artículo 5 y del apartado 2 en el artículo 8, así como a través de la modificación del artículo 29, apartado 1, y del artículo 49, apartado 1.

22. El artículo 5, apartados 1a y 1b, de la Ley de Organización de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo modificada establece:

«1a. En el marco de las actividades llevadas a cabo por los tribunales de lo contencioso-administrativo o cualquiera de sus órganos, no estará permitido cuestionar la legitimidad de los jueces y tribunales, de los órganos constitucionales del Estado o de los órganos de control y protección de la legalidad.

1b. Ni los tribunales de lo contencioso-administrativo ni ningún otro órgano del poder podrán declarar o apreciar la legalidad del nombramiento de un juez o de la facultad de este para ejercer funciones judiciales derivadas de dicho nombramiento.»

23. El artículo 8, apartado 2, de la Ley de Organización de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo modificada dispone:

«La declaración a que se refiere el artículo 88a de la [Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada] será presentada por los jueces de un [wojewódzki sąd administracyjny (tribunal de lo contencioso-administrativo de un voivodato)] al presidente competente de un tribunal de lo contencioso-administrativo del voivodato, por el presidente de un tribunal de lo contencioso-administrativo del voivodato y por los jueces del [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] al presidente del [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia)], y por el presidente del [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] al [CNPJ]».

24. Con arreglo al artículo 29, apartado 1, de la referida Ley, las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 107, apartado 1, puntos 2 y 3, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada también serán de aplicación a los jueces de los tribunales de lo contencioso-administrativo.

25. Con arreglo al artículo 49, apartado 1, de la Ley de Organización de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo modificada, las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 72, apartado 1, de la Ley del Tribunal Supremo modificada también serán de aplicación a los jueces del Naczelny Sąd Administracyjny (en lo sucesivo, «Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo»).

D. Ley modificativa. Disposiciones transitorias

26. De conformidad con el artículo 8 de la Ley modificativa, el artículo 55, apartado 4, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada se aplica a los asuntos iniciados o concluidos antes de la entrada en vigor de la Ley modificativa, esto es, el 14 de febrero de 2020.

27. A tenor del artículo 10 de la Ley modificativa:

«1. Las disposiciones de la [Ley del Tribunal Supremo], en la versión resultante de la presente Ley, se aplicarán igualmente a los asuntos sometidos al examen de la [Sala Extraordinaria] que se hayan iniciado y no hayan concluido mediante resolución o sentencia firme antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

2. El tribunal que conozca de alguno de los asuntos mencionados en el apartado 1 trasladará el asunto de que se trate, sin demora y a más tardar en el plazo de siete días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, a la [Sala Extraordinaria], que podrá revocar los actos realizados anteriormente en la medida en que impidan que el procedimiento se prosiga de conformidad con la ley.

3. No surtirán efecto procesal alguno los actos que, en violación del apartado 2, lleven a cabo los tribunales y las partes o los participantes en el procedimiento en los asuntos mencionados en el apartado 1 tras la entrada en vigor de la presente Ley.»

III. Procedimiento administrativo previo

28. Al considerar que, mediante la adopción de la Ley modificativa, la República de Polonia había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones combinadas expuestas en el punto 1 de las presentes conclusiones, la Comisión remitió un escrito de requerimiento a dicho Estado miembro el 29 de abril de 2020. La República de Polonia contestó mediante un escrito fechado el 29 de junio de 2020 en el que negaba todas las alegaciones de que hubiera infringido el Derecho de la Unión.

29. El 30 de octubre de 2020, la Comisión emitió un dictamen motivado en el que mantenía su afirmación de que la Ley modificativa infringía las disposiciones del Derecho de la Unión señaladas en el escrito de requerimiento.

30. El 3 de diciembre de 2020, la Comisión emitió un escrito de requerimiento complementario referido a las actividades jurisdiccionales de la Sala Disciplinaria en asuntos relativos al estatuto de los jueces y jueces auxiliares con arreglo al artículo 27, apartados 1, punto 1a, 2 y 3, de la Ley del Tribunal Supremo modificada según los había insertado la Ley modificativa.

31. En su escrito de 30 de diciembre de 2020 en el que respondía al dictamen motivado de la Comisión de 30 de octubre de 2020, la República de Polonia negó las presuntas infracciones. El 4 de enero de 2021, la República de Polonia contestó al escrito de requerimiento complementario de 3 de diciembre de 2020, afirmando que las imputaciones relativas a la falta de independencia de la Sala Disciplinaria carecían de fundamento.

32. El 27 de enero de 2021, la Comisión emitió un dictamen motivado complementario en relación con las actividades jurisdiccionales de la Sala Disciplinaria en asuntos referidos al estatuto de los jueces y jueces auxiliares. Mediante escrito de 26 de febrero de 2021, la República de Polonia respondió que la imputación contenida en el dictamen motivado complementario era infundada.

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

33. La Comisión interpuso el presente recurso ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 258 TFUE mediante demanda presentada el 1 de abril de 2021. La Comisión solicita que se efectúen las siguientes cinco constataciones declarando que:

« – la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la [Carta], a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH] relativa al artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (CEDH), y en virtud del artículo 267 TFUE y del principio de primacía del Derecho de la Unión al adoptar y mantener en vigor los artículos 42a, apartados 1 y 2, y 55, apartado 4, de la [Ley de Organización los Tribunales Ordinarios modificada]; los artículos 26, apartado 3, y 29, apartados 2 y 3, de la [Ley del Tribunal Supremo modificada], el artículo 5, apartados 1a y 1b, de la [Ley de Organización de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo modificada] y el artículo 8 de la Ley modificativa, que impiden a todos los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar la observancia de las exigencias de la Unión Europea relativas al juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley;

– la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, y en virtud del artículo 267 TFUE y del principio de primacía del Derecho de la Unión al adoptar y mantener en vigor los artículos 26, apartados 2 y 4 a 6, y 82, apartados 2 a 5, de la Ley del Tribunal Supremo modificada y el artículo 10 de la Ley modificativa, que atribuyen a la [Sala Extraordinaria] competencia exclusiva para conocer de las imputaciones y cuestiones jurídicas relativas a la falta de independencia de un juez o de un órgano jurisdiccional;

– la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, y en virtud del artículo 267 TFUE al adoptar y mantener en vigor el artículo 107, apartado 1, puntos 2 y 3, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada y el artículo 72, apartado 1, puntos 1 a 3, de la Ley del Tribunal Supremo modificada, que permiten calificar como falta disciplinaria el examen de la observancia de las exigencias de la Unión relativas al juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley;

– la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, al atribuir a la [Sala Disciplinaria], cuya independencia e imparcialidad no están garantizadas, la facultad para pronunciarse en asuntos que inciden directamente en el estatuto y el ejercicio del cargo de juez o juez auxiliar, tales como, por una parte, las solicitudes de autorización para incoar un procedimiento penal contra jueces y jueces auxiliares o para detenerlos y, por otra parte, asuntos en materia de Derecho laboral y de la Seguridad Social relativos a los jueces del [Tribunal Supremo] y asuntos relativos a la jubilación forzosa de dichos jueces;

– la República de Polonia ha vulnerado el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protección de datos personales garantizados en los artículos 7 y 8, apartado 1, de la Carta y en los artículos 6, apartados 1, letras c) y e), y 3, y 9, apartado 1, del [RGPD] al adoptar y mantener en vigor el artículo 88a de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada, el artículo 45, apartado 3, de la Ley del Tribunal Supremo modificada y el artículo 8, apartado 2, de la Ley de Organización de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo modificada».

34. La Comisión también solicita que se condene en costas a la República de Polonia.

35. En su escrito de contestación, presentado el 17 de junio de 2021, la República de Polonia sostiene que el Tribunal de Justicia debe desestimar el presente recurso en su totalidad por infundado y condenar a la Comisión en costas.

36. La Comisión y la República de Polonia presentaron sus escritos de réplica y dúplica el 28 de julio de 2021 y el 7 de septiembre de 2021, respectivamente.

37. Mediante escrito separado presentado el 1 de abril de 2021, la Comisión presentó una demanda de medidas provisionales con arreglo al artículo 279 TFUE, solicitando al Tribunal de Justicia que ordenara a la República de Polonia, a la espera de que se dictara la sentencia sobre el fondo en el presente procedimiento, que suspendiera la aplicación de varias disposiciones introducidas por la Ley modificativa.

38. Mediante auto de 14 de julio de 2021, ( ) la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia estimó la demanda de medidas provisionales de la Comisión hasta que se dictara la sentencia por la que se ponga fin al presente procedimiento y reservó la decisión sobre las costas. ( )

39. El 16 de agosto de 2021, la República de Polonia, considerando que la sentencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional, Polonia) de 14 de julio de 2021, dictada en el asunto P. 7/20 [en lo sucesivo, «sentencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), asunto P 7/20»], constituía una variación de las circunstancias, solicitó al Tribunal de Justicia que anulara su auto de 14 de julio de 2021 en virtud del artículo 163 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Dicho Estado miembro también solicitó que la Gran Sala del Tribunal de Justicia examinara la demanda. ( )

40. Mediante auto de 6 de octubre de 2021, ( ) la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia desestimó las pretensiones de la República de Polonia y reservó la decisión sobre las costas. En su auto, la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia declaró que el principio de primacía del Derecho de la Unión obliga a todos los órganos de los Estados miembros a dar plena eficacia a las normas de la Unión, sin que el Derecho de los Estados miembros pueda afectar a los efectos reconocidos a estas normas. En virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que es claro, preciso y no está sujeto a ninguna condición, todo Estado miembro debe garantizar que los órganos jurisdiccionales que puedan tener que resolver sobre la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión cumplan las exigencias de la tutela judicial efectiva. Las disposiciones nacionales relativas a la organización de la Administración de Justicia en los Estados miembros pueden ser objeto de control a la luz del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en el contexto de un recurso por incumplimiento y, en consecuencia, de medidas provisionales de suspensión de dichas disposiciones, en ese contexto. Esta apreciación no se ve alterada por el hecho de que un tribunal constitucional nacional declare que dichas medidas provisionales son contrarias al orden constitucional del Estado miembro de que se trate. En virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, un Estado miembro no puede invocar normas de Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional, para menoscabar la unidad y a la eficacia del Derecho de la Unión. ( )

41. Mientras tanto, el 7 de septiembre de 2021, la Comisión afirmó que de la información facilitada por la República de Polonia mediante el escrito de 16 de agosto de 2021 no se desprendía que esta hubiera adoptado todas las medidas necesarias para ejecutar las medidas provisionales decretadas en el auto de 14 de julio de 2021. La Comisión alegó que, con el fin de dar plena eficacia al auto de 14 de julio de 2021, así como de efectuar una aplicación efectiva del Derecho de la Unión y dar cumplimiento a los principios del Estado de Derecho y de la integridad del ordenamiento jurídico de la Unión, era preciso que el Tribunal de Justicia ordenara a la República de Polonia abonar una multa coercitiva diaria de un importe que pudiera incitar a dicho Estado miembro a ejecutar, a la mayor brevedad, las referidas medidas provisionales. La República de Polonia afirmó que había adoptado todas las medidas necesarias para ejecutar el auto de 14 de julio de 2021.

42. Mediante auto de 27 de octubre de 2021, ( ) el Vicepresidente del Tribunal de Justicia ordenó a la República de Polonia que abonara a la Comisión una multa coercitiva por importe de 1 000 000 de euros diarios, desde la fecha de la notificación de este requerimiento hasta que dicho Estado miembro diera cumplimiento a las obligaciones derivadas del auto de 14 de julio de 2021 o, en su defecto, hasta el día en que se dicte la sentencia que ponga fin al presente procedimiento, y reservó la decisión sobre las costas.

43. Mediante resolución de 30 de septiembre de 2021, el Presidente del Tribunal de Justicia admitió la intervención del Reino de Bélgica, del Reino de Dinamarca, del Reino de los Países Bajos, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia en el presente asunto en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Estos Estados miembros presentaron observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.

44. Mediante resolución de 7 de octubre de 2021, el Presidente del Tribunal de Justicia concedió al presente asunto una tramitación prioritaria con arreglo al artículo 53, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.

45. El 28 de junio de 2022 se celebró una vista en la que se oyeron los informes orales del Reino de Bélgica, del Reino de Dinamarca, del Reino de los Países Bajos, de la República de Polonia, de la República de Finlandia, del Reino de Suecia y de la Comisión y en la que respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia.

V. Marco jurídico

46. Para poder resolver las cuestiones planteadas ante el Tribunal de Justicia en el presente procedimiento por incumplimiento, debe hacerse referencia a las siguientes premisas jurídicas consolidadas.

47. La Unión Europea se fundamenta en valores comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por la justicia. ( ) La confianza mutua entre los Estados miembros —en particular, entre sus órganos jurisdiccionales— se asienta en la premisa de que comparten una serie de valores comunes. De ello se sigue que el respeto por un Estado miembro de los valores consagrados en el artículo 2 TUE constituye un requisito para poder disfrutar de todos los derechos derivados de la aplicación de los Tratados a dicho Estado miembro. ( )

48. El respeto del Estado de Derecho es uno de estos valores comunes, del cual el artículo 19 TUE, apartado 1, es una manifestación concreta. Su párrafo segundo exige a los Estados miembros que establezcan las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. La primera frase del artículo 47, apartado 2, de la Carta, que refleja el principio general del Derecho de la Unión de la tutela judicial efectiva, también establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. ( ) Asimismo, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47 de la Carta tienen efecto directo y confieren derechos a los particulares que estos pueden invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales. ( )

49. Corresponde a los Estados miembros ( ) establecer un sistema de vías de recurso y procedimientos para garantizar la tutela judicial efectiva ( ) en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión en virtud del cual los órganos jurisdiccionales que formen parte de dicho sistema y que puedan pronunciarse sobre la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión cumplan los requisitos de la tutela judicial efectiva. ( ) Por lo tanto, incumbe a los Estados miembros designar los tribunales y/o las instituciones competentes para controlar la validez de unas normas nacionales, establecer las vías de recurso y los procedimientos que permitan cuestionar tal validez y, cuando el recurso resulte fundado, anular las normas de que se trate y, en su caso, determinar los efectos de la anulación. ( ) Salvo en los casos en los que el Derecho de la Unión establezca lo contrario, no impone ningún modelo judicial concreto ( ) a los Estados miembros, ni tampoco exige que adopten un sistema de vías de recurso específico, siempre y cuando los recursos disponibles respeten los principios de equivalencia y efectividad. ( ) Cuando ejercen tal competencia, los Estados miembros deben cumplir sus obligaciones que les impone el Derecho de la Unión. ( ) Este planteamiento refleja los principios de subsidiariedad y proporcionalidad consagrados en el artículo 5 TUE y la autonomía procesal de los Estados miembros. ( )

50. El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, se opone a unas disposiciones nacionales relativas a la organización de la Administración de Justicia que reduzcan la protección del valor del Estado de Derecho, en particular de las garantías de independencia judicial. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que un Estado miembro no puede modificar su legislación de manera que se reduzca la protección del Estado de Derecho. Por consiguiente, los Estados miembros deben abstenerse de adoptar normas que menoscaben la independencia judicial. ( )

51. La exigencia de independencia de los tribunales, inherente a la función jurisdiccional, es un elemento constitutivo del derecho a la tutela judicial efectiva, que a su vez forma parte del derecho fundamental a un proceso equitativo que establece el artículo 47 de la Carta. Considerada en este contexto, la independencia de los jueces de los Estados miembros reviste una importancia fundamental para el ordenamiento jurídico de la Unión. ( )

52. La exigencia de independencia de los tribunales comprende dos aspectos. El primero, de orden externo, exige que el órgano jurisdiccional ejerza sus funciones de forma autónoma, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones. El segundo aspecto, de orden interno, se asocia al concepto de imparcialidad. Se refiere a garantizar que, en relación con el objeto del litigio, el órgano jurisdiccional mantenga una equidistancia con respecto a las partes en dicho litigio y a sus intereses respectivos. Este aspecto de la independencia exige que los órganos jurisdiccionales sean objetivos y no tengan en la solución del litigio más interés que el de la aplicación estricta de la norma jurídica. ( )

53. La exigencia de imparcialidad también abarca dos aspectos. Por un lado, es preciso que el tribunal sea subjetivamente imparcial, es decir, que ninguno de sus miembros muestre opiniones preconcebidas ni prejuicios personales. Salvo prueba en contrario, se presume la imparcialidad personal. Por otro lado, el tribunal debe ser objetivamente imparcial, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para descartar a este respecto cualquier duda legítima. ( )

54. Finalmente, al exigir que el tribunal esté «establecido previamente por la ley», el artículo 47 de la Carta pretende garantizar que la organización del sistema judicial esté regulada por una ley adoptada por el poder legislativo de conformidad con las normas que delimitan el ejercicio de su competencia, evitando así que esta organización se deje a la discreción del poder ejecutivo. Esta exigencia se aplica a la base jurídica de la propia existencia del tribunal, así como a cualquier otra disposición de Derecho interno cuyo incumplimiento conlleva la irregularidad de la participación de uno o varios jueces en el examen del asunto en cuestión, como las disposiciones que rigen la composición de la sala jurisdiccional. ( )

55. La exigencia de que un tribunal esté establecido por la ley se incumple cuando se comete una irregularidad con ocasión del nombramiento de los jueces ( ) de tal naturaleza y gravedad que crea un riesgo real de que otras ramas del poder, en particular el ejecutivo, puedan ejercer una influencia indebida que ponga en peligro la integridad del proceso de nombramiento. Así sucede cuando está en juego la aplicación de normas fundamentales que forman parte integrante del establecimiento y del funcionamiento de dicho sistema judicial. ( ) Tal irregularidad puede originar una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia ( ) y la imparcialidad del juez o de los jueces nombrados de este modo.

56. Las exigencias de independencia, imparcialidad y establecimiento previo por la ley están intrínsecamente relacionadas y se solapan entre sí. La inobservancia de una de estas exigencias puede dar lugar al incumplimiento de otra o incluso de todas ellas. ( )

57. Los Estados miembros, y, en concreto, sus poderes judiciales, deben proteger los derechos que se conceden a los particulares con arreglo al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 47 de la Carta de dos maneras.

58. En primer lugar, es un corolario del derecho a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, que todo justiciable tenga la posibilidad invocar este derecho. ( ) Asimismo, cuando la existencia de un juez independiente e imparcial sea objeto de una controversia que no parezca de entrada manifiestamente carente de fundamento, ( ) todo órgano jurisdiccional ( ) está obligado a verificar si, por su composición, es un órgano jurisdiccional con tales características. Esta competencia es necesaria para mantener la confianza que los órganos jurisdiccionales de una sociedad democrática deben inspirar al justiciable. En consecuencia, dicho control constituye un requisito sustancial de forma cuya observancia es de orden público y debe comprobarse bien a raíz de una petición de parte o de oficio por el propio órgano jurisdiccional. ( ) En supuestos excepcionales puede ser necesario que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro comprueben si el derecho fundamental de una persona a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, se ha violado en otro Estado miembro. ( )

59. En segundo lugar, los órganos jurisdiccionales deben respetar el principio de primacía del Derecho de la Unión. ( ) En el marco del ejercicio de la competencia que se les confiere, los órganos jurisdiccionales encargados de aplicar el Derecho de la Unión deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión, dejando inaplicada, si fuera necesario, cualquier disposición o jurisprudencia nacionales que sean contrarias al Derecho de la Unión. ( ) Para inaplicar una disposición del Derecho nacional, el órgano jurisdiccional encargado por la normativa nacional de la aplicación del Derecho de la Unión debe estar en condiciones de examinar y determinar si una disposición del Derecho nacional es contraria al Derecho de la Unión. En virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, ( ) existe una clara distinción entre el ejercicio de la facultad de dejar sin aplicar en un caso concreto una norma de Derecho nacional por considerarse que es contraria al Derecho de la Unión y la facultad de anular la norma en cuestión, que supone privar a la norma de toda validez. ( )

60. En lo tocante al papel de las constituciones nacionales y de los tribunales constitucionales nacionales evocado en el escrito de dúplica, ( ) el Tribunal de Justicia ha declarado que la Unión debe respetar las identidades nacionales de los Estados miembros de conformidad con el artículo 4 TUE, apartado 2. El Derecho de la Unión no exige a los Estados miembros que escojan un modelo constitucional determinado. No obstante, los respectivos ordenamientos constitucionales de los Estados miembros deben garantizar la independencia de sus órganos jurisdiccionales. Siempre y cuando un tribunal constitucional pueda garantizar la tutela judicial efectiva, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no se opone a normas nacionales en virtud de las cuales los tribunales ordinarios de un Estado miembro estén vinculados por una resolución del tribunal constitucional en la que se declare que la normativa nacional es conforme con la Constitución de dicho Estado miembro. No sucede lo mismo cuando la aplicación de dichas normas nacionales impide a tales tribunales ordinarios apreciar la compatibilidad con el Derecho de la Unión de una norma nacional que el tribunal constitucional de ese Estado miembro ha declarado conforme con una disposición constitucional nacional que contempla la primacía del Derecho de la Unión. En virtud de este último principio, un Estado miembro no puede invocar normas de Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional, para menoscabar la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión. El principio de la primacía del Derecho de la Unión vincula a todos los órganos de los Estados miembros, y el Derecho interno, incluyendo las normas de rango constitucional, no puede suponer obstáculo a ello. Incumbe al Tribunal de Justicia precisar el alcance del principio de primacía del Derecho de la Unión en el ejercicio de su competencia exclusiva para dar la interpretación definitiva del Derecho de la Unión. ( )

61. En las presentes conclusiones abordaré en primer lugar la segunda imputación de la Comisión, que se refiere al supuesto monopolio de la competencia para pronunciarse sobre las alegaciones de falta de independencia de un tribunal y, en consecuencia, para determinar el derecho de acceso a un juez independiente. Esta imputación tiene un alcance más limitado que la primera, que se refiere al derecho a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, de conformidad con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47 de la Carta. Asimismo, la decisión propuesta respecto de la segunda imputación puede tener consecuencias para la que se adopte en relación con la primera.

VI. Análisis jurídico

A. Segunda imputación. Competencia exclusiva de la Sala Extraordinaria para examinar imputaciones y cuestiones de Derecho relativas a la falta de independencia de un juez o un tribunal

1. Alegaciones de las partes

62. Mediante su segunda imputación, la Comisión alega que, al atribuir el examen de las imputaciones y cuestiones jurídicas relativas a la falta de independencia de un juez o un tribunal a la competencia exclusiva de la Sala Extraordinaria, la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, en virtud del artículo 267 TFUE y el principio de primacía del Derecho de la Unión. La imputación se basa en la adopción y el mantenimiento en vigor de los artículos 26, apartados 2 y 4 a 6, y 82, apartados 2 a 5, de la Ley del Tribunal Supremo, en su versión resultante de la Ley modificativa, así como del artículo 10 de la Ley modificativa.

63. En la vista, la Comisión confirmó que considera que la Sala Extraordinaria tiene competencia exclusiva para conocer de los asuntos relativos a la independencia de los tribunales, los órganos judiciales y los jueces. Declaró que tales asuntos no pueden examinarse en apelación ante otros órganos jurisdiccionales. La Comisión también observó que el monopolio sobre la verificación de la independencia por parte de la Sala Extraordinaria es extremadamente limitado, ya que el artículo 26, apartado 3, de la Ley del Tribunal Supremo modificada establece que la Sala Extraordinaria no es competente para examinar cuestiones sobre la independencia relativas al nombramiento de un juez o a su autoridad para desempeñar funciones jurisdiccionales. La Comisión también confirmó que las tres primeras imputaciones no se contradicen entre sí, como asevera la República de Polonia, dado que las disposiciones aplicables del Derecho polaco hacen que no sea posible controlar el procedimiento de nombramiento de un juez.

64. La segunda imputación consta de cuatro partes. En primer lugar, el artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada atribuye a la Sala Extraordinaria una competencia exclusiva para resolver sobre solicitudes de recusación de jueces o de designación de tribunales competentes para pronunciarse en asuntos en los que se alega que un juez o tribunal no son independientes. Un órgano jurisdiccional ante el que se presente una solicitud de este tipo debe trasladar dicha solicitud a la Sala Extraordinaria sin demora. Las resoluciones de la Sala Extraordinaria vinculan a dicho órgano jurisdiccional con independencia de si dicha Sala tiene competencia sobre el fondo del asunto.

65. En el apartado 166 de la sentencia A. K., el Tribunal de Justicia declaró que un órgano jurisdiccional que conozca de un litigio que, con arreglo al Derecho nacional, deba ser examinado por un órgano jurisdiccional que no reúne las exigencias de independencia o de imparcialidad está obligado a dejar inaplicada la disposición nacional para garantizar la tutela judicial efectiva en el sentido del artículo 47 de la Carta y para que el litigio sea resuelto por un órgano jurisdiccional que satisfaga esas exigencias.

66. Al atribuir a la Sala Extraordinaria la competencia exclusiva para resolver sobre estas cuestiones, el artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada priva a los órganos jurisdiccionales nacionales, a excepción de la Sala Extraordinaria, del derecho a realizar una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE sobre la exigencia de independencia en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta. La Comisión considera que el artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada impide a los órganos jurisdiccionales nacionales examinar de oficio ( ) o a instancia de parte ( ) si un juez que conoce de un asunto que se rige por el Derecho de la Unión cumple la exigencia de independencia en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta. La independencia de un juez o tribunal es una cuestión horizontal que puede surgir en cualquier asunto y cualquier órgano jurisdiccional que conozca de un asunto relativo al Derecho de la Unión debería poder examinarla. La atribución de una competencia exclusiva para resolver sobre tales cuestiones tampoco se ve justificada por una necesidad de establecer tribunales especializados al efecto.

67. En segundo lugar, la Comisión alega que, con arreglo al artículo 82, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada, la Sala Extraordinaria tiene competencia exclusiva para resolver sobre cuestiones jurídicas en asuntos pendientes ante el Tribunal Supremo relativos a la independencia de un juez o un tribunal. A tenor del artículo 82, apartados 3 a 5, de la Ley del Tribunal Supremo modificada, en tales asuntos la Sala Extraordinaria, actuando en pleno, adoptará una decisión que vincula a todas las demás salas del Tribunal Supremo y que solo puede ser revocada por resolución del pleno del Tribunal Supremo adoptada por al menos dos tercios de los jueces de cada una de sus salas. Cuanto adopta su decisión, la Sala Extraordinaria no está vinculada por ninguna otra resolución de Tribunal Supremo, salvo cuando esta última tenga la consideración de «principio del Derecho». La Comisión considera que las disposiciones mencionadas impiden a las demás salas del Tribunal Supremo resolver sobre dichas materias y, en consecuencia, infringen el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47 de la Carta.

68. En tercer lugar, la Comisión sostiene que el artículo 26, apartados 4 a 6, de la Ley del Tribunal Supremo modificada también infringe estas disposiciones del Derecho de la Unión, dado que atribuye a la Sala Extraordinaria una competencia exclusiva para conocer de acciones por las que se solicita que se declare la ilegalidad de resoluciones o sentencias firmes de cualquier órgano jurisdiccional polaco, incluidas las demás Salas del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, cuando la presunta ilegalidad se refiera al estatuto del juez que resolvió sobre el asunto. Dichas acciones pueden ejercitarse ante la Sala Extraordinaria sin que conozca de ellas el tribunal que dictó la sentencia en cuestión, con independencia de si una parte ha agotado todos los demás recursos disponibles.

69. En cuarto lugar, la Comisión afirma que las disposiciones transitorias del artículo 10 de la Ley modificativa también infringen el Derecho de la Unión. Con arreglo a estas disposiciones, los órganos jurisdiccionales polacos deben trasladar a la Sala Extraordinaria, antes del 21 de febrero de 2020, los asuntos que estuvieran pendientes a 14 de febrero de 2020 referidos a materias que son de la competencia exclusiva de la Sala Extraordinaria de conformidad con los artículos 26, apartados 2 y 4 a 6, y 82, apartados 2 a 4, de la Ley del Tribunal Supremo modificada. Tras el traslado de tales asuntos, la Sala Extraordinaria, «podrá revocar los actos realizados anteriormente en la medida en que impidan que el procedimiento se prosiga de conformidad con la ley». La Ley modificativa también priva de efectos procesales a los actos llevados a cabo en dichos asuntos tras el 14 de febrero de 2020, en particular por jueces.

70. La Comisión considera que los poderes de la Sala Extraordinaria mencionados arriba infringen el artículo 267 TFUE y el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta. También son contrarios a la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de aplicar el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión.

71. La Comisión destaca que, en lo referente a las cuestiones relativas a la independencia de jueces y tribunales, todos los órganos jurisdiccionales nacionales deben poder aplicar el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, a fin de garantizar a los justiciables el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En el contexto de un litigio del que conozca, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que actúe en el marco de su competencia está obligado a aplicar el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, y a dejar inaplicada cualquier disposición nacional contraria a una disposición del Derecho de la Unión que tenga efecto directo. Las disposiciones nacionales controvertidas privan a todos los órganos jurisdiccionales polacos, a excepción de la Sala Extraordinaria, del derecho a pronunciarse sobre cuestiones incidentales, como la recusación de un juez que integre la sala y la atribución de competencia a un órgano jurisdiccional. Estas disposiciones también impiden que los órganos jurisdiccionales nacionales garanticen la tutela judicial efectiva mediante la inaplicación de disposiciones nacionales que otorgan competencia, en asuntos comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, a jueces y tribunales que no reúnen las exigencias del artículo 19 TUE, apartado 1, y del artículo 47 de la Carta.

72. Asimismo, la Comisión considera que, desde el 14 de febrero de 2020, las disposiciones examinadas en el presente procedimiento privan a otros órganos jurisdiccionales nacionales de su facultad y, en el caso de los tribunales de última instancia, de su obligación, de efectuar remisiones prejudiciales con arreglo al artículo 267 TFUE en relación con la interpretación de las exigencias de independencia e imparcialidad de un órgano jurisdiccional en virtud del Derecho de la Unión. En particular, los órganos jurisdiccionales nacionales distintos de la Sala Extraordinaria se ven privados de la oportunidad de resolver dichas cuestiones. Tampoco están limitados los artículos 26, apartados 4 a 6, y 82, apartados 2 a 4, de la Ley del Tribunal Supremo a cuestiones incidentales, dado que atribuyen una competencia exclusiva a la Sala Extraordinaria. Este derecho y esta facultad son inherentes al sistema de cooperación establecido por el artículo 267 TFUE y a los deberes que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, impone a los jueces encargados de aplicar el Derecho de la Unión.

73. Según la Comisión, las disposiciones transitorias del artículo 10 de la Ley modificativa también violan el artículo 267 TFUE, ya que impiden a los órganos jurisdiccionales nacionales mantener las peticiones de decisión prejudicial anteriores a 14 de febrero de 2020. El artículo 10, apartado 2, de la Ley modificativa autoriza a la Sala Extraordinaria a revocar actos llevados a cabo por un órgano jurisdiccional nacional y, en particular, a retirar las peticiones de decisión prejudicial que este pueda haber planteado. Se deduce claramente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, para garantizar la efectividad de los poderes que el artículo 267 TFUE otorga a los órganos jurisdiccionales nacionales, estos deben poder mantener una petición de decisión prejudicial.

74. El escrito de réplica hace hincapié en que la Comisión no cuestiona el derecho de los poderes legislativos nacionales para legislar sobre las competencias de los tribunales. Cuestiona más bien el monopolio que se ha concedido a la Sala Extraordinaria para comprobar la observancia por parte de los jueces o tribunales de la exigencia de independencia con arreglo al Derecho de la Unión cuando tales asuntos se planteen ante cualquier órgano jurisdiccional nacional. La Comisión no mantiene que un órgano jurisdiccional que conozca de una cuestión relativa a la exigencia de independencia en virtud del Derecho de la Unión deba examinarla en todos los casos. Sin embargo, en un Estado miembro con diez mil jueces, la competencia para la aplicación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta no puede reservarse a una sala formada por veinte jueces. La Comisión también señala que la Sala Extraordinaria se estableció de conformidad con la Ley del Tribunal Supremo de 8 de diciembre de 2017 y que sus miembros son nombrados a propuesta del CNPJ. Dado que el papel del CNPJ en el nombramiento de los jueces a menudo da lugar a solicitudes para su recusación, la propia Sala Extraordinaria puede no ser imparcial y objetiva en cuestiones relativas a la independencia judicial. ( )

75. En la vista, la Comisión, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, confirmó que la cuestión de la independencia de un tribunal, un órgano judicial o un juez no puede plantearse ante un tribunal superior en apelación. Por lo tanto, la Sala Extraordinaria tiene competencia exclusiva sobre todas las cuestiones relativas a la independencia de un juez, órgano judicial o tribunal.

76. La República de Polonia considera que la segunda imputación es infundada y debe desestimarse en su totalidad.

77. Por lo que respecta a la presunta infracción del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta, la República de Polonia considera que la Comisión interpreta la sentencia A. K. de forma errónea. De dicha sentencia se desprende que si un asunto relacionado con el Derecho de la Unión se ha sometido a un órgano jurisdiccional que no es competente y una parte alega que el examen del asunto por un órgano jurisdiccional competente vulnerará sus derechos con arreglo al artículo 47 de la Carta, el órgano jurisdiccional que no es competente puede estimar tal objeción y trasladar el asunto a otro órgano jurisdiccional independiente que habría sido competente en ausencia de las normas que atribuyeron la competencia a un órgano jurisdiccional que no es independiente. Según la República de Polonia, la sentencia A. K. no determina que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, impide a los Estados miembros adoptar normas sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales. Además, las posiciones respectivas de un órgano jurisdiccional que debe trasladar un asunto al órgano jurisdiccional que es competente para conocer al respecto, y de un órgano jurisdiccional ante el que se ha formulado la recusación formulada contra el juez, que tiene ante sí una cuestión jurídica o una duda sobre la legalidad de una resolución firme, son fundamentalmente diferentes. El planteamiento de la Comisión daría lugar a una vulneración del derecho a un juez establecido por la ley y, en asuntos relativos a la recusación de un juez, al derecho a un juez independiente. La atribución de competencia a los órganos jurisdiccionales en todos los asuntos que se les plantean es una condición sine qua non para el acceso a un tribunal establecido por la ley.

78. La República de Polonia destaca que los Estados miembros tienen competencia exclusiva para adoptar disposiciones sobre las competencias de sus tribunales. Si bien los Estados miembros deben respetar el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, esta disposición no regula el reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales nacionales. La República de Polonia señala que la Comisión no ha cuestionado la independencia de la Sala Extraordinaria. Por lo tanto, la segunda imputación se basa en la afirmación de que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen derecho a conocer de ciertas categorías de asuntos, derecho que, en opinión de la Comisión, menoscabaría la competencia por razón de la materia conferida a otros órganos jurisdiccionales. A este respecto, señala que los órganos jurisdiccionales remitentes involucrados en el asunto que dio lugar a la sentencia A. K. no eran competentes para pronunciarse sobre el fondo de los asuntos de los que conocían y los trasladaron al órgano jurisdiccional competente para ello. Dicho traslado está regulado por el artículo 200, apartado 1, punto 4, del Código de Enjuiciamiento Civil, que establece que cada órgano jurisdiccional debe examinar si es competente y, si no lo es, trasladar el asunto al órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre dicha cuestión.

79. En lo referente al artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada, relativo a la recusación de los jueces, la República de Polonia sostiene que un juez o un órgano judicial ante el que se formule su recusación debe trasladar la recusación a otro órgano judicial o a un tribunal superior. En consecuencia, el artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada no priva al juez, órgano judicial o tribunal pertinente de la competencia para pronunciarse sobre tales cuestiones incidentales. En la vista, la República de Polonia, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, confirmó que la cuestión de la independencia de un tribunal, un órgano judicial o un juez puede plantearse en la fase de apelación.

80. A juicio de la República de Polonia, un recurso con el objeto de que se declare ilegal una sentencia firme con arreglo al artículo 26, apartados 4 a 6, de la Ley del Tribunal Supremo modificada no constituye una cuestión previa o incidental, sino que debe plantearse ante un tribunal especializado con competencias para pronunciarse sobre esta materia. El procedimiento se inicia mediante recurso extraordinario interpuesto contra una sentencia firme que una parte alega que infringe las normas sustantivas o procesales y le ocasiona un perjuicio. Según la República de Polonia, permitir a cualquier persona plantear tal cuestión ante cualquier tribunal en el marco de cualquier procedimiento menoscabaría, en particular, los principios de res judicata y de seguridad jurídica. Es evidente que el tribunal que dictó la sentencia recurrida no puede conocer de tal recurso. Tampoco se desprende de forma evidente de la sentencia A. K. el motivo por el cual la Comisión considera que, para que exista una tutela judicial efectiva en caso de infracción del artículo 47 de la Carta, tribunal que dictó la sentencia que constituye el objeto de la impugnación debe conocer de ese recurso. La atribución de competencia a una sala especializada en examinar dichas cuestiones refuerza las salvaguardas procesales de las partes y no lesiona el derecho a un tribunal.

81. La República de Polonia sostiene que las alegaciones de la Comisión sobre el artículo 82, apartados 2 a 5, de la Ley del Tribunal Supremo modificada y la competencia de la Sala Extraordinaria en materia de cuestiones de Derecho relativas a la independencia de un juez o un tribunal son infundadas. Según el artículo 1, apartado 1, letra a, de la Ley del Tribunal Supremo modificada, el Tribunal Supremo es competente para adoptar resoluciones en que se resuelva sobre cualquier cuestión de Derecho en los asuntos de su competencia. El artículo 82, apartados 2 a 5, de la Ley del Tribunal Supremo modificada asimismo confiere a la Sala Extraordinaria la competencia para interpretar la ley. Por consiguiente, no limita el derecho de otros órganos jurisdiccionales para valorar los hechos. Asimismo, los órganos jurisdiccionales tienen el derecho, pero no la obligación, de trasladar dichas cuestiones a la Sala Extraordinaria.

82. La República de Polonia afirma que los artículos 26, apartados 2 y 4 a 6, y 82, apartados 2 a 5, de la Ley del Tribunal Supremo modificada y el artículo 10 de la Ley modificativa no limitan la potestad de los órganos jurisdiccionales para plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE. En cualquier caso, la Sala Extraordinaria es un tribunal de última instancia que, de conformidad con el artículo 267 TFUE, debe efectuar una remisión prejudicial en caso de que albergue dudas relativas a la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

83. La República de Polonia considera que, dado que la Comisión no ha sido capaz explicar de qué manera las disposiciones del Derecho nacional examinadas en la segunda imputación vulneran el principio de primacía, procede desestimarla. ( )

84. En cuanto a las disposiciones transitorias contenidas en el artículo 10 de la Ley modificativa, la República de Polonia afirma que este precepto ya no está en vigor. La Comisión no ha presentado ninguna prueba, ya sea basada en el tenor literal del precepto o en la práctica de la Sala Extraordinaria, que demuestre que esta Sala ha usado o podría usarlo para retirar peticiones de decisión prejudicial formuladas por otros órganos jurisdiccionales polacos o para menoscabar la efectividad de las sentencias del Tribunal de Justicia. Además, el artículo 200, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Civil y el artículo 35, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuya legalidad no cuestiona la Comisión, regulan la competencia de los órganos jurisdiccionales.

85. El escrito de dúplica señala que las alegaciones de la Comisión expuestas en el punto 74 de las presentes conclusiones acerca de la falta de independencia de la Sala Extraordinaria no figuraban en la demanda. En vista de que son motivos nuevos, deben desestimarse en virtud del artículo 127, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

2. Apreciación

a) Sobre la admisibilidad

86. Las alegaciones de la Comisión sobre la falta de independencia de la Sala Extraordinaria debido a la intervención del CNPJ en el nombramiento de los jueces que forman dicha Sala y sus recursos humanos limitados en vista de que la integran solo veinte jueces ( ) se formularon por primera vez en el escrito de réplica. ( )

87. Basta con señalar que, con arreglo al artículo 127, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

88. Durante la fase precontenciosa del presente procedimiento, y en el momento en que interpuso el presente recurso, la Comisión sabía ( ) que la Sala Extraordinaria se había establecido de conformidad con la Ley del Tribunal Supremo de 8 de diciembre de 2017. La Comisión era por tanto conocedora del número de jueces que integraban dicha Sala y de la forma de su nombramiento, en particular del papel desempeñado por el CNPJ. En la medida en que las alegaciones de la Comisión se refieren a tales cuestiones, deben desestimarse por inadmisibles.

89. La sentencia Régimen disciplinario aplicable a los jueces ( ) constató que existían dudas legítimas en cuanto a la independencia del CNPJ y a su papel en el nombramiento de los miembros de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo. Según el Tribunal de Justicia, este hecho, unido a otros factores, suscitaba dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en cuanto a la independencia y la imparcialidad de dicha Sala Disciplinaria. En consecuencia, el Tribunal de Justicia declaró que, al no garantizar la independencia e imparcialidad de la Sala Disciplinaria, la República de Polonia había incumplido la obligación que le incumbía en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

90. Aunque el hecho de que la Comisión no formulara una alegación similar respecto de la Sala Extraordinaria en ninguna fase del presente procedimiento es algo que solo es de su incumbencia, resulta un tanto sorprendente. En este contexto, cabe señalar que la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el incumplimiento por parte de la República de Polonia de su deber de garantizar la independencia e imparcialidad de la Sala Disciplinaria se basó en una serie de factores que no se limitaban a las dudas sobre la independencia del CNPJ. ( ) En consecuencia, incluso si el Tribunal de Justicia pudiera basarse en su conclusión sobre la independencia del CNPJ alcanzada en la sentencia Régimen disciplinario aplicable a los jueces,( ) no sería suficiente, por sí solo, para justificar una constatación en el presente procedimiento de que la Sala Extraordinaria no es independiente. ( )

91. Asimismo, en su sentencia de 8 de noviembre de 2021 en el asunto Dolińska-Ficek y Ozimek c. Polonia, ( ) el TEDH declaró unánimemente que la República de Polonia había violado el artículo 6, apartado 1, del CEDH dado que la Sala Extraordinaria no era un «tribunal establecido por la ley». ( ) Para alcanzar tal conclusión, el TEDH se basó ampliamente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las recientes reformas del poder judicial en Polonia. La sentencia del TEDH se fundaba en la constatación de que se habían producido infracciones manifiestas del Derecho interno que habían afectado negativamente al funcionamiento de las normas esenciales del procedimiento para el nombramiento de los jueces de la Sala Extraordinaria. Estas irregularidades en el proceso de nombramiento comprometieron la legitimidad de la Sala Extraordinaria hasta tal punto que esta carecía de los atributos de un «tribunal» «legal» a los efectos del artículo 6, apartado 1, del CEDH. A este respecto, el TEDH declaró en términos inequívocos que «la recomendación de candidatos para nombramientos judiciales en la [Sala Extraordinaria] —una conditio sine qua non para la designación por el Presidente de la República de Polonia ( )— era responsabilidad del [CNPJ], organismo que no gozaba de las suficientes garantías de independencia respecto del poder legislativo y ejecutivo». ( )

92. La sentencia del TEDH no vincula al Tribunal de Justicia dado que la Unión no se ha adherido al CEDH. Sin embargo, con arreglo al artículo 52, apartado 3, de la Carta, el Tribunal de Justicia debe velar por que su interpretación del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta garantice un nivel de protección que respete el garantizado por el artículo 6 CEDH, apartado 1, según lo interpreta el TEDH. ( ) En consecuencia, el estándar establecido por la sentencia firme en el asunto Dolińska-Ficek y Ozimek v. Polonia ( ) puede ser relevante en futuros procedimientos ante el Tribunal de Justicia. También cabe señalar de paso que, según el artículo 46 CEDH, la República de Polonia debe acatar la sentencia firme en el asunto Dolińska-Ficek y Ozimek c. Polonia ( ) y adoptar las medidas adecuadas para cumplirla sin demora. ( )

b) Sobre el fondo

93. La Comisión se basa en gran medida en la sentencia A. K. para justificar su segunda imputación En ese asunto, se cuestionaba la competencia exclusiva de la Sala Disciplinaria para conocer de acciones ejercitadas por jueces nacionales y basadas en el Derecho de la Unión ( ) debido a la presunta falta de independencia e imparcialidad de dicha Sala a la vista del artículo 19 TUE, apartado 1, y del artículo 47 de la Carta. Dado que existe un considerable desacuerdo entre la Comisión y la República de Polonia sobre la interpretación de esta sentencia, citaré sus apartados 165 y 166:

«165. Pues bien, una disposición nacional que otorgase competencia exclusiva para conocer de un litigio en el que un justiciable alegue, como en el caso de autos, una violación de derechos derivados de normas del Derecho de la Unión a un determinado órgano que no reúna las exigencias de independencia e imparcialidad derivadas del artículo 47 de la Carta privaría al interesado de toda tutela judicial efectiva, en el sentido de este artículo y del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2000/78, y vulneraría el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta […]

166. De ello se sigue que, cuando una disposición nacional reserve la competencia para conocer de un litigio como los del caso de autos a un órgano que no reúna las exigencias de independencia o de imparcialidad requeridas en virtud del Derecho de la Unión, en particular del artículo 47 de la Carta, otro órgano ante el que se haya instado tal litigio tiene la obligación, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, en el sentido del artículo 47, y de conformidad con el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, de dejar inaplicada esa disposición nacional, de forma que el litigio pueda ser resuelto por un órgano jurisdiccional que satisfaga esas exigencias y que sería competente en el ámbito de que se trate si dicha disposición no se opusiera a ello, es decir, por regla general aquel al que la legislación vigente confería la competencia antes de que tuviera lugar la modificación legislativa que dio lugar a que se atribuyera al órgano que no satisface dichas exigencias […]». ( )

94. De lo anterior se deduce que la sentencia A. K. no objetó a la competencia exclusiva que el Derecho nacional atribuía a la Sala Disciplinaria para resolver litigios promovidos por jueces en relación con los derechos otorgados por la Directiva 2000/78. Antes bien, el Tribunal de Justicia declaró que el Derecho nacional no podía reservar una competencia exclusiva a un órgano jurisdiccional que no reúna los requisitos de independencia e imparcialidad exigidos por el artículo 47 de la Carta. ( ) También se desprende claramente de los pasajes citados que el Tribunal de Justicia no consideró que cualquier otro órgano jurisdiccional nacional que reuniera dichos requisitos habría o debería haber tenido competencia para pronunciarse al respecto. El Tribunal de Justicia simplemente declaró que el órgano jurisdiccional que era competente con arreglo al Derecho nacional para resolver sobre tales cuestiones conforme a la normativa anterior tenía competencia para conocer del asunto. ( )

95. La sentencia A. K. confirma el derecho de cada Estado miembro, con arreglo al principio de autonomía procesal, a definir su propia arquitectura judicial y a establecer normas procesales para los recursos que permitan a los justiciables proteger los derechos que les confiere el Derecho de la Unión. Aparte del requisito establecido de que los órganos jurisdiccionales nacionales sean independientes e imparciales y hayan sido establecidos previamente por la ley, ( ) las normas que rigen tales recursos deben respetar los principios de equivalencia y efectividad. Las exigencias derivadas de estos principios se aplican en lo que atañe a la designación de los tribunales competentes para conocer de las acciones basadas en el Derecho de la Unión y en lo tocante a la regulación procesal de tales acciones. El respeto de dichas exigencias debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupan las normas de que se trate en el conjunto del procedimiento, el desarrollo de este y las particularidades de tales normas ante las distintas instancias nacionales. ( )

96. La Comisión no ha afirmado que los artículos 26, apartados 2 y 4 a 6, y 82, apartados 2 a 5, de la Ley del Tribunal Supremo modificada y el artículo 10 de la Ley modificativa no respeten el principio de equivalencia. En cambio, la imputación de la Comisión se centra en el principio de efectividad y particularmente en el derecho a la tutela judicial efectiva. Sostiene que, por principio, las cuestiones relativas a la independencia de un órgano jurisdiccional o de un juez son cuestiones horizontales que pueden surgir en cualquier asunto y que todos los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de un asunto referente al Derecho de la Unión deben poder examinarlas. En consecuencia, la competencia para pronunciarse sobre tales cuestiones no debe reservarse a tribunales especializados.

97. El análisis del artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada revela que atribuye a la Sala Extraordinaria competencia exclusiva para resolver sobre imputaciones basadas, en particular, en la falta de independencia de un juez o tribunal y para poner remedio a tal situación. Por lo tanto, todos los órganos jurisdiccionales, incluidos aquellos que conozcan de un asunto relativo al Derecho de la Unión, deben trasladar las imputaciones ( ) basadas en la falta de independencia de un juez o un tribunal al Presidente de la Sala Extraordinaria. Dicho traslado no suspende el procedimiento ante el órgano jurisdiccional que conozca del asunto. ( )

98. La expresión «será competente», que figura en el artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada, es inequívoca y, en mi opinión, basta para garantizar que la cuestión de la independencia de un tribunal, un órgano judicial o un juez sea competencia exclusiva de la Sala Extraordinaria. ( ) Por consiguiente, el tenor literal de esta disposición no parece apoyar la afirmación de la República de Polonia de que las cuestiones relativas a la independencia pueden plantearse en fase de apelación. Asimismo, cuando el Tribunal de Justicia planteó esta cuestión en la vista, la República de Polonia no fue capaz de aportar pruebas convincentes de que dichos aspectos pudieran suscitarse adecuadamente en un procedimiento de apelación. Dicho esto, ni la Comisión ha afirmado ni se desprende del artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada que la cuestión de la independencia de un juez o un tribunal deba plantearse ante la Sala Extraordinaria mediante un recurso separado e independiente. Más bien, una cuestión planteada con arreglo al artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada se tramitará como una cuestión incidental ante la Sala Extraordinaria. La Comisión no ha alegado que la exigencia de trasladar tal cuestión incidental a la Sala Extraordinaria sea tan onerosa que menoscabe la plena eficacia de los derechos que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47 de la Carta confieren a los particulares. Tampoco existen pruebas que sugieran que el traslado de estas cuestiones a la Sala Extraordinaria acarree desventajas procesales que puedan hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos a los particulares por el artículo 19 TUE, apartado 1, y el artículo 47 de la Carta. Aunque puede ser cierto que las cuestiones relativas a la independencia de un tribunal, un órgano judicial o un juez son cuestiones horizontales que no exigen ser ventiladas ante tribunales especializados, no hay nada ilegal en que sean resueltas por otro tribunal u órgano judicial. Tal práctica incluso puede promover una aplicación mejorada y uniforme de las normas aplicables, garantizando así la tutela judicial efectiva en ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión con pleno respeto del principio de primacía.

99. Si la norma nacional en cuestión menoscabara la efectividad del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta, ( ) por ejemplo mediante un monopolio para resolver sobre la independencia de un tribunal concedido a otro tribunal que no sea independiente, el principio de la primacía del Derecho de la Unión exigiría al tribunal ante el que se suscite tal cuestión ( ) que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de dichas disposiciones del Derecho de la Unión, de ser necesario dejando inaplicadas las disposiciones o jurisprudencia nacionales contrarias al Derecho de la Unión. ( )

100. Considero por tanto que, si no hay violación del principio de equivalencia o de efectividad, las normas jurisdiccionales nacionales que limitan o restringen los tribunales u órganos judiciales que pueden pronunciarse sobre cuestiones relativas a la independencia de un tribunal, órgano judicial o juez no conculcan el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47 de la Carta o el principio de la primacía del Derecho de la Unión.

101. De ello se deduce que el artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada no impide a los órganos jurisdiccionales nacionales examinar si cumplen el requisito de independencia en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47 de la Carta. ( ) Simplemente atribuye una competencia exclusiva a la Sala Extraordinaria para pronunciarse sobre la independencia de un tribunal, de un órgano judicial o de un juez cuando se le traslade una cuestión al respecto.

102. Las alegaciones de la Comisión resumidas en los puntos 67 y 68 de las presentes conclusiones referentes a los artículos 26, apartados 4 a 6, y 82, apartados 2 a 5, de la Ley del Tribunal Supremo modificada simplemente describen el contenido de estas disposiciones. ( ) Como se desprende del punto 66 de las presentes conclusiones, la Comisión sostiene que, por principio, las cuestiones relativas a la independencia de jueces y tribunales son de carácter horizontal; en consecuencia, estas disposiciones de Derecho nacional infringen el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47 de la Carta al privar a todos los órganos jurisdiccionales polacos, a excepción de la Sala Extraordinaria, del derecho a pronunciarse sobre cuestiones relativas a la independencia de jueces o tribunales que surjan en litigios a los que se refieren estas disposiciones de Derecho nacional. Sin embargo, la Comisión no ha demostrado que esas disposiciones de Derecho nacional y los procedimientos y normas sobre competencia establecidos en ellas menoscaben la plena eficacia del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta o el principio de primacía del Derecho de la Unión. Antes bien, ha sido incapaz de refutar los argumentos de la República de Polonia en el sentido de que la tramitación de tal procedimiento por un tribunal especializado respeta el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47 de la Carta.

103. En cuanto a la alegación de la Comisión de que los artículos 26, apartados 2 y 4 a 6, y 82, apartados 2 a 5, de la Ley del Tribunal Supremo modificada infringen el artículo 267 TFUE, aparte de que estas disposiciones no hacen ninguna referencia a dicho artículo, no ha acreditado que impidan o dificulten, desde un punto de vista jurídico o fáctico, ( ) a un órgano jurisdiccional nacional, distinto de la Sala Extraordinaria, que conozca de un asunto en el que se haya planteado la cuestión de la independencia de un juez, órgano judicial o tribunal, plantear una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE. ( )

104. En este sentido, tanto del tenor como del sistema del artículo 267 TFUE se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales solo están habilitados para plantear cuestiones prejudiciales en la medida en que ante ellos penda un litigio en el que proceda adoptar una decisión que pueda tener en cuenta la sentencia prejudicial. ( )

105. De ello se deduce que, más allá del ejercicio de la competencia exclusiva que los artículos 26, apartados 2 y 4 a 6, ( ) y 82, apartados 2 a 5, de la Ley del Tribunal Supremo modificada otorgan a la Sala Extraordinaria, la cuestión de la independencia de tribunales, órganos judiciales y jueces es una cuestión horizontal que puede surgir ante cualquier órgano jurisdiccional, como ha afirmado acertadamente la Comisión. Un tribunal que conozca de cuestiones relativas a la independencia de un tribunal, un órgano judicial o un juez en un litigio pendiente ante él puede plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia, si lo considera necesario.

106. El artículo 267 TFUE confiere a los órganos jurisdiccionales nacionales la más amplia facultad para dirigirse al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que exigen la interpretación de disposiciones del Derecho de la Unión necesarias para resolver el litigio del que conocen. Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden ejercer dicha facultad en cualquier fase del procedimiento que estimen apropiada. ( ) Además, según jurisprudencia reiterada, incluso cuando una norma nacional exige a un órgano jurisdiccional que siga las resoluciones de otro órgano jurisdiccional, este hecho por sí solo no priva al primer órgano jurisdiccional de su derecho a realizar remisiones prejudiciales sobre la interpretación y la validez del Derecho de la Unión en virtud del artículo 267 TFUE. El primer órgano jurisdiccional debe tener libertad para someter al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales, en particular cuando considere que la resolución de otro órgano jurisdiccional podría exigirle dictar una sentencia contraria al Derecho de la Unión. ( ) Asimismo, una sentencia en la que el Tribunal de Justicia se pronuncie en un procedimiento prejudicial es vinculante para el órgano jurisdiccional en cuanto a la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión en cuestión a los efectos de la resolución del procedimiento principal. ( )

107. De todo lo anterior se desprende que los órganos jurisdiccionales en la República de Polonia pueden plantear al Tribunal de Justicia peticiones de decisión prejudicial sobre cualquier cuestión que consideren necesaria, en cualquier fase del procedimiento que estimen apropiada, incluso al final de un procedimiento como el establecido en el artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo modificada. También pueden adoptar cualquier medida necesaria para garantizar la tutela judicial provisional de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión y dejar inaplicada, al final del procedimiento, la disposición legislativa nacional controvertida o una sentencia de la Sala Extraordinaria si consideran que son contrarias al Derecho de la Unión. Como tribunal de última instancia, la Sala Extraordinaria está obligada, en principio, a realizar una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo tercero, cuando se le plantee una cuestión relativa a la interpretación del TFUE.

108. Por lo que respecta a las alegaciones de la Comisión relativas a las disposiciones transitorias contenidas en el artículo 10 de la Ley modificativa, según reiterada jurisprudencia la cuestión de si un Estado miembro ha incumplido sus obligaciones debe determinarse en relación con la situación que existía al final del plazo para el cumplimiento señalado en el dictamen motivado.( ) El artículo 10 de la Ley modificativa entró en vigor el 14 de febrero de 2020. La Comisión, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia formulada en la vista, confirmó que no disponía de pruebas de que dicha disposición siguiese produciendo efectos tras la expiración del plazo señalado en el dictamen motivado, esto es, el 30 de diciembre de 2020. Por lo tanto, aceptó que el artículo 10 de la Ley modificativa había «expirado» en tal fecha. De ello se deduce que la imputación de la Comisión respecto del artículo 10 de la Ley modificativa es inadmisible.

109. En cualquier caso, a falta de pruebas que pongan en entredicho la legitimidad de la transferencia de la competencia exclusiva a la Sala Extraordinaria para pronunciarse sobre el asunto de la independencia de un tribunal, un órgano judicial o un juez en virtud de los artículos 26, apartados 2 y 4 a 6, y 82, apartados 2 a 5, de la Ley del Tribunal Supremo modificada, las alegaciones de la Comisión sobre las disposiciones transitorias contenidas en el artículo 10 de la Ley modificativa, que simplemente prevén la aplicación temporal de las disposiciones mencionadas, no pueden prosperar.

110. La Comisión también solicita que se declare que, al aplicar las disposiciones nacionales impugnadas en la presente imputación, la República de Polonia ha vulnerado la primacía del Derecho de la Unión. Basta con observar que la alegación relativa a la primacía se refiere a la aplicación por parte de la República de Polonia del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 47 de la Carta y del artículo 267 TFUE. Por consiguiente, no constituye una pretensión separada y no es necesario pronunciarse al respecto. ( )

111. Así pues, propongo que el Tribunal de Justicia desestime la segunda imputación.

B. Primera imputación. Prohibición de que los órganos jurisdiccionales nacionales comprueben la observancia de la exigencia del Derecho de la Unión relativa a la tutela judicial efectiva ante un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley

1. Alegaciones de las partes

112. La Comisión sostiene que, al prohibir a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar la observancia de la exigencia del Derecho de la Unión relativa a la tutela judicial efectiva ante un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, a la vista de la jurisprudencia del TEDH referente al artículo 6 CEDH, apartado 1, y en virtud del artículo 267 TFUE y del principio de la primacía del Derecho de la Unión.

113. En primer lugar, la Comisión argumenta que el artículo 42a, apartados 1 y 2, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada, el artículo 29, apartados 2 y 3, de la Ley del Tribunal Supremo modificada y el artículo 5, apartados 1a y 1b, de la Ley de Organización de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo modificada, prohíben a dichos órganos jurisdiccionales nacionales controlar la legalidad del nombramiento de jueces o la legitimidad de los órganos judiciales en la República de Polonia, y, por tanto, si un tribunal del que forme parte un juez ha sido establecido previamente por la ley a los efectos del artículo 19 TUE, apartado 1, en relación con el artículo 47 de la Carta, interpretado a la luz de la sentencia del TEDH Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islandia. ( ) En su escrito de réplica, la Comisión alega que el texto de las disposiciones de Derecho polaco citadas no parece distinguir entre el control judicial del acto de nombramiento de un juez por el Presidente de la República y el control judicial para velar por el respeto de las garantías establecidas en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. La regularidad del procedimiento que conduce al nombramiento de un juez no solo afecta a la validez del acto de nombramiento sino también a la aplicación de la exigencia del Derecho de la Unión relativa al acceso a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, con arreglo al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 47 de la Carta. El apartado 134 de la sentencia A. K. señaló que es necesario asegurarse de que tanto las condiciones materiales como las normas de procedimiento que rigen el nombramiento de los jueces impiden que se susciten dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dichos jueces frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio.

114. En segundo lugar, la Comisión afirma que el artículo 55, apartado 4, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada impide a los órganos jurisdiccionales polacos apreciar si los miembros de un órgano judicial pueden ejercer legítimamente funciones jurisdiccionales. Prohíbe a los órganos jurisdiccionales declarar, ya sea de oficio o a instancia de parte, sobre la base de «disposiciones relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de las salas», que una sala del tribunal es contraria a la ley, que está incorrectamente compuesta o que una persona no está facultada o no es competente para el ejercicio de funciones judiciales. En consecuencia, dicha disposición impide a los órganos jurisdiccionales verificar, mediante el control de la legalidad de una sentencia, si un órgano jurisdiccional es un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, y, por tanto, si era competente para conocer del asunto. Además, en virtud del artículo 8 de la Ley modificativa, el artículo 55, apartado 4, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada también es aplicable a los asuntos pendientes. El escrito de réplica aclaró que, con arreglo al artículo 55, apartado 4, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios modificada, una vez que se nombra a un juez de conformidad con las normas de reparto de los asuntos, se considera que dicho juez es competente para pronunciarse legalmente sobre un asunto. Esto impide que la exigencia de un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, sea examinada en un recurso de apelación contra una sentencia.

115. La Comisión considera que la disposición nacional mencionada impide a un órgano jurisdiccional polaco cumplir su obligación de comprobar, de oficio o a instancia de parte, si, habida cuenta de su composición, constituye un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Además, estas disposiciones impiden a los órganos jurisdiccionales determinar, cuando esta cuestión es importante para su propia sentencia (por ejemplo, en un recurso de anulación de una resolución fundado en la composición irregular de un órgano jurisdiccional), si otro órgano jurisdiccional reúne las exigencias de la Unión relativas a un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, a los efectos del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, interpretado a la luz de la jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 6 CEDH, apartado 1, habida cuenta de las circunstancias que rodean el nombramiento de un juez o la legitimidad de un órgano judicial.

116. Según la Comisión, el control judicial de la exigencia de un juez independiente establecido por la ley de conformidad con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47 de la Carta no exige la introducción de un mecanismo específico a tal efecto. Tampoco exige necesariamente que un juez nacional anule el acto de nombramiento de un juez o aparte de su cargo a la persona designada. Por lo tanto, es irrelevante que, con arreglo a la Constitución de la República de Polonia, el acto de nombramiento de un juez no pueda impugnarse. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional que conozca del caso determinar las consecuencias de cualquier inobservancia del requisito relativo a un juez independiente establecido previamente por la ley, sobre la base del Derecho nacional aplicable, teniendo debidamente en cuenta la eficacia del Derecho de la Unión y cuestiones como el principio de seguridad jurídica.

117. La República de Polonia aduce que la Comisión no ha fundamentado su alegación sobre el presunto incumplimiento del artículo 267 TFUE y del principio de primacía. Además, argumenta que la Comisión no ha hecho referencia al artículo 26, apartado 3, de la Ley del Tribunal Supremo modificada ni ha explicado de qué modo esta disposición infringe el Derecho de la Unión.

118. La República de Polonia establece una clara distinción entre el control judicial del acto de nombramiento de un juez y sus efectos y el control judicial de las garantías que debe ofrecer un tribunal con arreglo al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. El Derecho polaco no autoriza la primera forma de control judicial y el Tribunal de Justicia no expresó ninguna objeción al respecto en su sentencia A. K. ( ) Según la Constitución de la República de Polonia y la jurisprudencia reiterada de los tribunales polacos, la facultad para nombrar a los jueces es una prerrogativa del Presidente de la República. Esta facultad no está sujeta a control judicial ni lo ha estado nunca, pues permitir tales impugnaciones menoscaba el principio de la inamovilidad de los jueces. Esto está en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que declara que las condiciones para que se aparte a un juez de su cargo deben establecerse por ley, estar justificadas y ser proporcionadas. También se ajusta a la jurisprudencia del TEDH según la cual la organización de la Administración de Justicia no debe dejarse únicamente a la discreción del poder judicial. En cambio, el Derecho polaco prevé el control judicial del derecho a un juez independiente y de la garantía de las salvaguardas consagradas en el Derecho de la Unión. La República de Polonia añade que la interpretación que hace la Comisión de las disposiciones controvertidas no está respaldada por la jurisprudencia.

119. La República de Polonia considera que los artículos 42a, apartados 1 y 2, y 55, apartado 4, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, el artículo 29, apartados 2 y 3, de la Ley del Tribunal Supremo modificada y el artículo 5, apartados 1a y 1b, de la Ley de Organización de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo modificada no restringen el poder de los órganos jurisdiccionales nacionales para comprobar el respeto de la garantía conferida a los particulares por el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta.

120. A este respecto, la República de Polonia señala, en primer lugar, que, en caso de que existan dudas sobre la imparcialidad de un juez, puede instarse su recusación con arreglo a los artículos 48 a 54 del Código de Enjuiciamiento Civil, ( ) los artículos 40 a 44 del Código de Enjuiciamiento Criminal ( ) o los artículos 18 a 24 de la Ley de Procedimiento Contencioso-Administrativo. ( )

121. En segundo lugar, un asunto en el que se cuestione la competencia de un órgano jurisdiccional concreto o se planteen dudas sobre el derecho de un justiciable a un juez independiente e imparcial establecido por la ley puede trasladarse a otro órgano jurisdiccional competente con arreglo al Derecho nacional ( ) y ajustado a lo previsto en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

122. En tercer lugar, si la composición del órgano jurisdiccional que conoce del asunto fuera contraria a la ley o si un juez recusado hubiera juzgado un asunto, el tribunal de apelación debe anular el procedimiento de oficio y revocar dicha sentencia en virtud del artículo 379, apartado 4, del Código de Enjuiciamiento Civil, del artículo 349, apartado 1, punto 1, del Código de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 183, apartado 2, punto 4, de la Ley de Procedimiento Contencioso-Administrativo, respectivamente. La constatación de una infracción del artículo 47 de la Carta puede llevar a un tribunal de apelación a anular el procedimiento y revocar una sentencia debido a que no la dictó un juez independiente e imparcial establecido previamente por la ley. No obstante, el tribunal de apelación no puede impugnar el mandato o la competencia del juez que dictó la sentencia anula