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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de marzo de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo / BP, AB, PB, «Тrast B» ООD, «Agro In 2001» EOOD, «ACounT Service 2009» EOOD, «Invest Management» OOD, «Estate» OOD, «Bromak» OOD, «Bromak Finance» EAD, «Viva Telekom Bulgaria» EOOD, «Balgarska Telekomunikationna Kompania» AD, «Hedge Investment Bulgaria» AD, «Kemira» OOD, «Dunarit» AD, «Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika» AD, «Еvrobild 2003» EOOD, «Тechnotel Invest» AD, «Ken Trade» EAD, «Konsult Av» EOOD, Louvrier Investments Company 33 SA, EFV International Financial Ventures Ltd, Interv Investment SARL, LIC Telecommunications SARL, V Telecom Investment SCA, V2 Investment SARL, Empreno Ventures Ltd

(Asunto C-234/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia penal - Procedimiento de decomiso de bienes obtenidos ilegalmente sin que se haya impuesto una condena penal - Directiva 2014/42/UE - Ámbito de aplicación - Decisión Marco 2005/212/JAI)

(2020/C 222/06)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Sofiyski gradski sad

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo

Demandadas: BP, AB, PB, «Тrast B» ООD, «Agro In 2001» EOOD, «ACounT Service 2009» EOOD, «Invest Management» OOD, «Estate» OOD, «Bromak» OOD, «Bromak Finance» EAD, «Viva Telekom Bulgaria» EOOD, «Balgarska Telekomunikationna Kompania» AD, «Hedge Investment Bulgaria» AD, «Kemira» OOD, «Dunarit» AD, «Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika» AD, «Еvrobild 2003» EOOD, «Тechnotel Invest» AD, «Ken Trade» EAD, «Konsult Av» EOOD, Louvrier Investments Company 33 SA, EFV International Financial Ventures Ltd, Interv Investment SARL, LIC Telecommunications SARL, V Telecom Investment SCA, V2 Investment SARL, Empreno Ventures Ltd

con intervención de: Corporate Commercial Bank, en liquidación

Fallo

La Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que un órgano jurisdiccional nacional deberá ordenar el decomiso de bienes obtenidos ilegalmente al término de un procedimiento que no está supeditado ni a la constatación de una infracción penal ni, a fortiori, a la condena de los supuestos autores de tal infracción.

(1) DO C 240 de 9.7.2018.
C 68/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de diciembre de 2019 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n.o 11 de Vigo y por el Juzgado de Primera Instancia n.o 20 de Barcelona) — Bondora AS/Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18)

(Asuntos acumulados C-453/18 y C-494/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Proceso monitorio europeo - Reglamento (CE) n.o 1896/2006 - Aportación de documentación complementaria que acredite la deuda - Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores - Directiva 93/13/CEE - Control por parte del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado una petición de requerimiento europeo de pago)

(2020/C 68/07)

Lengua de procedimiento: español

Órganos jurisdiccionales remitentes

Juzgado de Primera Instancia n.o 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia n.o 20 de Barcelona

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Bondora AS

Demandadas: Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18)

Fallo

El artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, y los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia y a la luz del artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que permiten que un «órgano jurisdiccional», según la definición de dicho Reglamento, que conoce de un proceso monitorio europeo pida al acreedor información complementaria relativa a las cláusulas contractuales que este invoca para acreditar la deuda de que se trate, con el fin de controlar de oficio el carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas, y de que, en consecuencia, se oponen a una normativa nacional que declara inadmisible la documentación complementaria aportada a tal efecto.

(1) DO C 381 de 22.10.2018.
C 27/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de noviembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen — Suecia) — CeDe Group AB/KAN Sp. z.o.o. en concurso de acreedores

(Asunto C-198/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Reglamento (CE) n.o 1346/2000 - Artículos 4 y 6 - Procedimientos de insolvencia - Ley aplicable - Proceso monitorio europeo - Falta de pago de una deuda contractual antes de la declaración de concurso - Excepción de compensación basada en una deuda contractual anterior a la situación concursal)

(2020/C 27/03)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Högsta domstolen

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CeDe Group AB

Demandada: KAN Sp. z.o.o., en concurso de acreedores

Fallo

El artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 788/2008 del Consejo, de 24 de julio de 2008, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a una demanda presentada por el administrador concursal de una sociedad en concurso de acreedores, establecida en un primer Estado miembro, mediante la que se solicita el pago de mercancías entregadas en virtud de un contrato celebrado antes de la apertura del procedimiento de insolvencia de dicha sociedad, contra la otra sociedad contratante, establecida en un segundo Estado miembro.

(1) DO C 190 de 4.6.2018.
1)

El artículo 43, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un procedimiento de admisión de un recurso a trámite para su ulterior examen en el que, por una parte, el tribunal de apelación se pronuncia sobre la referida admisión a trámite teniendo en cuenta la resolución adoptada en primera instancia, el recurso interpuesto ante él, las eventuales observaciones de la parte recurrida y, de ser necesario, los demás documentos obrantes en autos, y en el que, por otra parte, debe acordarse la admisión a trámite, en particular, si existen motivos para dudar de la procedencia de la resolución de que se trate, si no es posible evaluar la procedencia de dicha resolución sin la admisión a trámite o si existe otra razón de peso para acordar la admisión a trámite.
1)

El artículo 148, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, no se opone a una normativa nacional, como la prevista en el artículo 3, apartado 3, punto 1, de la Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII-1907 (Ley XII 1907 de la República de Lituania por la que se prohíben las prácticas desleales de los operadores lituanos que compran y venden leche cruda y comercian con productos lácteos), de 25 de junio de 2015, en su versión modificada por la Ley de 22 de diciembre de 2015, que, al objeto de luchar contra las prácticas comerciales desleales, prohíbe a los compradores de leche cruda pagar un precio de compra diferente a los productores que deben considerarse pertenecientes a la misma categoría en función del volumen diario de leche cruda vendida, de misma composición y calidad y entregada según los mismos métodos, siempre que dicha normativa sea adecuada para garantizar el cumplimiento del objetivo perseguido y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
2)

Una unidad institucional, como la del litigio principal, cuyo grado de independencia respecto de una administración pública está limitado por la legislación nacional, en virtud de la cual esta unidad institucional no dispone del dominio completo de la gestión de sus activos y de sus pasivos, por cuanto dicha administración pública ejerce, por un lado, un control sobre sus activos y asume, por otro, una parte del riesgo vinculado a sus pasivos, puede ser calificada de «institución financiera de ámbito limitado», en el sentido del anexo A, puntos 2.21 a 2.23, del Reglamento n.o 549/2013, siempre que las medidas de control previstas por esa legislación nacional puedan ser interpretadas por el juez nacional en el sentido de que tienen por efecto que la unidad institucional en cuestión no puede actuar de manera independiente con respecto a dicha administración pública, por imponerle esta las condiciones con arreglo a las cuales está obligada a actuar y carecer de la posibilidad de modificarlas sustancialmente por iniciativa propia.
2)

El artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica, ni siquiera por analogía, a una acción como la del litigio principal, excluida del ámbito de aplicación de ese Reglamento, pero que sí está incluida en el del Reglamento n.o 1346/2000.
2)

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2002/65, en relación con el artículo 3, apartado 1, punto 3, letra a), y el artículo 6, apartado 2, letra c), de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que un profesional que ha celebrado con un consumidor un contrato a distancia relativo a un servicio financiero no incumple la obligación de comunicar de manera clara y comprensible a un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, de conformidad con lo establecido en el Derecho de la Unión, antes de que este consumidor asuma obligaciones mediante cualquier contrato a distancia u oferta, la información sobre la existencia o no de derecho de rescisión cuando dicho profesional informa al consumidor de que el derecho de rescisión no se aplica al contrato ejecutado en su totalidad por ambas partes a petición expresa del consumidor antes de que este ejerza su derecho de rescisión, aun cuando dicha información no se ajusta a la normativa nacional, tal como la ha interpretado la jurisprudencia nacional, que establece que, en tal caso, se aplicará el derecho de rescisión.
C 423/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de octubre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien — Austria) — Adelheid Krah/Universität Wien

(Asunto C-703/17) (1)

(Procedimiento prejudicial - Libre circulación de personas - Artículo 45 TFUE - Trabajadores - Reglamento (UE) n.o 492/2011 - Artículo 7, apartado 1 - Senior lecturers/postdoc - Limitación del cómputo de los períodos anteriores de actividad relevante cumplidos en otro Estado miembro - Sistema de retribución que vincula el beneficio de una retribución más elevada a la antigüedad acumulada en el empresario actual)

(2019/C 423/04)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Wien

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Adelheid Krah

Demandada: Universität Wien

Fallo

El artículo 45 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de una universidad de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, que, para establecer la categoría salarial de un trabajador como senior lecturer/postdoc en esa universidad, solo computa hasta una duración máxima de cuatro años los períodos anteriores de actividad cumplidos por ese trabajador en otro Estado miembro, si esa actividad era equivalente, o incluso idéntica, a la que dicho trabajador debe ejercer en el marco de la función de senior lecturer/postdoc.

El artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de ese tipo si la actividad anteriormente desempeñada en ese otro Estado miembro no era equivalente, sino que resultaba meramente útil para el ejercicio de la citada función de senior lecturer/postdoc.

(1) DO C 13 de 9.4.2018.
1)

El artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, debe interpretarse en el sentido de que no permite que el anfitrión o patrocinador interponga un recurso en su propio nombre contra una denegación de visado.
1)

Para apreciar el carácter definitivo de las pérdidas de una filial no residente, en el sentido de la sentencia de 13 de diciembre de 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), apartado 55, la circunstancia de que el Estado miembro de la filial no permita transferir pérdidas de una sociedad a otro sujeto pasivo en caso de fusión, mientras que el Estado miembro de la sociedad matriz autoriza tal transferencia en caso de fusión entre sociedades residentes, no es determinante, a menos que la sociedad matriz demuestre que le es imposible materializar el valor de dichas pérdidas, en particular mediante una cesión, de modo que un tercero pueda computarlas fiscalmente en ejercicios futuros.
1)

La durabilidad de una operación de inversión que, como la del asunto principal, fue aprobada y cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para el período de programación 2007-2013 debe apreciarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento n.o 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Si la recuperación de los importes pagados indebidamente en el marco de la referida operación tiene lugar una vez finalizado dicho período de programación, a saber, después del 1 de enero de 2014, tal recuperación debe fundarse en el artículo 56 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de marzo de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Unareti SpA/Ministero dello Sviluppo Economico y otros

(Asunto C-702/17) (1)

(Procedimiento prejudicial - Mercado interior del gas natural - Concesiones de servicio público de distribución - Cese anticipado de concesiones al término de un período transitorio - Reembolso debido por el concesionario entrante al concesionario saliente - Principio de seguridad jurídica)

(2019/C 187/26)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Unareti SpA

Recurridas: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli Affari Regionali, Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico — Sede di Milano, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Ministero per gli affari regionali, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Conferenza Unificata Stato Regioni e Enti Locali

Fallo

El Derecho de la Unión en materia de concesiones de servicio público, a la luz del principio de seguridad jurídica, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que modifica las normas de referencia para el cálculo del reembolso al que tienen derecho los titulares de distribuciones de gas adjudicadas sin licitación por el cese anticipado de dichas concesiones a fin de proceder a su adjudicación mediante licitación pública.

(1) DO C 112 de 26.3.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 30 de enero de 2019 — Reino de Bélgica / Comisión Europea

(Asunto C-587/17 P) (1)

([Recurso de casación - Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) - Reglamento (CE) n.o o1290/2005 - Reglamento (UE) n.o o1306/2013 - Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea - Restituciones a la exportación abonadas indebidamente - Recuperación - No agotamiento de todas las vías de recurso - No interposición de recurso de casación a raíz del dictamen negativo de un abogado habilitado para intervenir ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Bélgica) - Artículo 267 TFUE - No planteamiento de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia - Negligencia del Estado miembro])

(2019/C 112/06)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Reino de Bélgica (representantes: J.-C. Halleux, M. Jacobs y C. Pochet, agentes, asistidos por E. Grégoire y J. Mariani, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet y B. Hofstötter, agentes)

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 20 de julio de 2017, Bélgica/Comisión (T-287/16, no publicada, EU:T:2017:531).

2) Devolver el asunto T-287/16 al Tribunal General de la Unión Europea.

3) Reservar la decisión sobre las costas.

(1) DO C 412 de 4.12.2017.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de enero de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Stefano Liberato / Luminita Luisa Grigorescu

(Asunto C-386/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de obligaciones alimentarias - Reglamento (CE) n.o 44/2001 - Artículo 5, punto 2 - Artículo 27 - Artículo 35, apartado 3 - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Reglamento (CE) n.o 2201/2003 - Artículo 19 - Litispendencia - Artículo 22, letra a) - Artículo 23, letra a) - No reconocimiento de resoluciones judiciales en caso de contrariedad manifiesta con el orden público - Artículo 24 - Prohibición de proceder al control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen - Motivo de denegación del reconocimiento basado en la inobservancia de las normas de litispendencia - Inexistencia])

(2019/C 93/12)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Stefano Liberato

Demandada: Luminita Luisa Grigorescu

Fallo

Las normas de litispendencia que figuran en el artículo 27 del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y en el artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, deben interpretarse en el sentido de que, cuando, en el marco de un litigio en materia matrimonial, de responsabilidad parental o de obligaciones alimentarias, el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la segunda demanda ha adoptado, en violación de dichas normas, una resolución que ha adquirido firmeza, estas se oponen a que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del que forma parte el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la primera demanda denieguen, por esta sola razón, el reconocimiento de dicha resolución. En particular, esta violación no puede justificar, por sí sola, la denegación del reconocimiento de dicha resolución por ser manifiestamente contraria al orden público de este Estado miembro.

(1) DO C 338 de 9.10.2017.
1)

El artículo 23 del Reglamento (CE) n.o 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no cabe excluir la aplicación, respecto a una acción por daños y perjuicios ejercitada por un distribuidor contra su proveedor sobre la base del artículo 102 TFUE, de una cláusula atributiva de competencia contenida en el contrato celebrado entre las partes por la sola razón de que esta cláusula no haga referencia expresa a los litigios relativos a la responsabilidad derivada de una infracción del Derecho de la competencia.
C 408/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 12 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti — Rumanía) — Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, anteriormente Gamesa Wind România SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Asunto C-69/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Derecho a la deducción - Adquisiciones efectuadas por un contribuyente declarado «inactivo» por la Administración tributaria - Denegación del derecho a la deducción - Principios de proporcionalidad y de neutralidad del IVA])

(2018/C 408/15)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Bucureşti

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, anteriormente Gamesa Wind România SRL

Demandadas: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Fallo

La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, en particular sus artículos 213, 214 y 273, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite a la Administración tributaria denegar a un sujeto pasivo que ha efectuado adquisiciones mientras estuvo anulado su número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido (por no haber presentado declaraciones tributarias) el derecho a deducir el IVA correspondiente a estas adquisiciones mediante declaraciones de IVA presentadas —o facturas emitidas— tras reactivarse su número de identificación, basándose exclusivamente en que tales adquisiciones se efectuaron mientras este estuvo desactivado, cuando se han cumplido los requisitos materiales y el derecho a la deducción no se ha invocado de manera fraudulenta o abusiva.

(1) DO C 144 de 8.5.2017.