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Auto del Tribunal General (Sala Quinta) de 17 de diciembre de 2019 — Società Agricola Tenuta di Rimale y otros/Comisión

(Asunto T‑210/19)

«Recurso de anulación — Política agrícola común — Normas vinculantes para la regulación de la oferta de queso con denominación de origen protegida — Desestimación de la solicitud de adopción de actos de ejecución — Acto no recurrible — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Actos que modifican la situación jurídica del demandante — Escrito de la Comisión por el que se deniega una solicitud de adopción de actos ejecutivos en el sector de la leche y de los productos lácteos para un producto con denominación de origen protegida — Exclusión — Inadmisibilidad del recurso del destinatario [Arts. 106 TFUE, ap. 3, y 263 TFUE; Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 150, ap. 8] (véanse los apartados 35 a 39, 48 y 49)

2. Agricultura — Organización común de mercados — Leche y productos lácteos — Normas vinculantes para la regulación de la oferta de quesos que se beneficien de una denominación de origen protegida — Derecho de una persona física o jurídica de solicitar la adopción de actos ejecutivos que exijan la derogación, por parte de las autoridades nacionales competentes, de las normas adoptadas en vista de tal regulación — Inexistencia [Art. 39 TFUE; Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 150] (véanse los apartados 42 a 46)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la decisión supuestamente contenida en el escrito de la Comisión de 6 de febrero de 2019 [Ares(2019) 677860] denegatoria de la solicitud de las demandantes de que, por una parte, se declarase el alegado incumplimiento por las autoridades italianas del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671), así como del artículo 101 TFUE y, por otra parte, la Comisión adoptara actos de ejecución, sobre la base del artículo 150, apartado 8, de dicho Reglamento, que exijan la derogación por la República Italiana de las normas sobre regulación de la oferta de queso parmigiano reggiano para el período 2017‑2019.

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
3.

Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Mecanismo único de resolución de las entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Escrito dirigido a la demandante que contiene una decisión de la JUR de no efectuar una valoración definitiva ex post de la entidad — Aplicación a la entidad de un instrumento de venta del negocio que no permite el pago de compensaciones tras una valoración definitiva — Pérdida por la demandante de su condición de accionista — Situación de la demandante no afectada por una eventual valoración definitiva ex post — Exclusión [Art. 263 TFUE; Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 20, aps. 11, 12, 16, 17 y 18, art. 76, ap. 1, letra e), y art. 24] (véanse los apartados 40 a 49, 51, 52 y 54 a 62)
Auto del Tribunal General (Sala Primera) de 17 de junio de 2019 — Fugro/Comisión

(Asunto T‑317/18)

«Recurso de anulación — Programa de navegación por satélite Galileo — Especificaciones técnicas y operativas — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad manifiesta»

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Afectación directa — Criterios (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véase el apartado 18)

2. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Afectación directa — Criterios — Decisión de Ejecución de la Comisión Europea por la que se modifican las especificaciones técnicas y operativas relativas al servicio comercial ofrecido por el sistema resultante del programa Galileo — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad manifiesta (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véanse los apartados 22, 23 y 28)

Objeto

Pretensión basada en el artículo 263 TFUE por la que se solicita, con carácter principal, la anulación de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/321 de la Comisión, de 2 de marzo de 2018, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/224 por la que se fijan las especificaciones técnicas y operativas que permiten al servicio comercial ofrecido por el sistema resultante del programa Galileo desempeñar la función contemplada en el artículo 2, apartado 4, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2018, L 62, p. 34) y, con carácter subsidiario, la anulación del artículo 1, punto 2, de dicha Decisión.

Fallo

1) Declarar que el recurso es manifiestamente inadmisible.
3.

Competencia — Procedimiento administrativo — Secreto profesional — Determinación de la información amparada por el secreto profesional — Criterios — Intereses dignos de protección que pueden resultar lesionados por la divulgación de la información — Ponderación del interés general en la transparencia de la actuación de la Unión y los intereses legítimos que se oponen a la divulgación — Interés de una empresa en que no se revele cierta información relativa a su comportamiento — Interés que no merece protección particular alguna tratándose de empresas que hayan participado en una infracción de las normas sobre competencia de la Unión [Art. 101 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, arts. 7, 23, 28 y 30] (véanse los apartados 33 a 35, 37 y 38)
37

A este respecto, además de obstáculos jurídicos, cuya existencia no cabe admitir, como se ha recordado en el apartado 36 anterior, PGNiG plantea a continuación la existencia de dificultades prácticas en la aplicación de los efectos de dicha anulación. Sin embargo, también procede descartar esta objeción. En efecto, por una parte, como ha subrayado, de manera categórica, la Comisión en sus observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención de la República Federal de Alemania, así como en la audiencia celebrada el 5 de julio de 2017, al igual que la República Federal de Alemania en esta última ocasión, si el Tribunal anula la Decisión impugnada, los contratos de reserva de productos de capacidad para los períodos posteriores al pronunciamiento de la sentencia del Tribunal no podrán ejecutarse. Por otra parte, en dicha audiencia, la Comisión hizo hincapié en que, en primer lugar, de las condiciones generales del contrato aplicables al transporte de gas a través del gasoducto OPAL se desprendía que el contrato de transporte celebrado entre los usuarios de la red y OGT en cuanto a la adquisición de productos de capacidad a través de procedimientos de subasta podría rescindirse con efecto inmediato por motivos importantes, inscribiéndose sin lugar a dudas entre estos motivos la anulación de la Decisión impugnada por el Tribunal; en segundo lugar, dicha anulación constituiría una circunstancia fortuita que tendría consecuencias jurídicas sobre el contrato, en el sentido de que justificaría la adaptación de las condiciones de dicho contrato y, en tercer lugar, estas condiciones generales autorizarían a OGT a modificar las condiciones del contrato en el futuro si la necesidad de tomar en consideración la modificación de la situación jurídica así lo exigiera, por ejemplo, en presencia de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional internacional. Por lo demás, no parece descartarse a priori que, por lo que respecta al litigio pendiente ante el Tribunal General, se incorpore una cláusula de salvaguardia en el conjunto de los contratos firmados relativos a los futuros procedimientos de subasta (por ejemplo, los contratos celebrados en la fase descendente por los operadores que participan en el transporte, la distribución y la entrega de gas suministrado por Gazprom, pero también los contratos mercantiles de suministro de gas), a fin de prever las consecuencias de una posible nueva suspensión de la Decisión impugnada o de una anulación de ésta. En cualquier caso, puesto que se han iniciado procedimientos ante el Tribunal que tienen por objeto la anulación de la Decisión impugnada, es evidente que existe un riesgo comercial que los operadores del mercado no podrán ignorar.
2.

Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Procedimiento de caducidad — Hechos y pruebas no presentados en el plazo fijado al efecto — Consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 51, ap. 1, letra a), y 76, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 40, ap. 5] (véase el apartado 23)
Auto del Presidente del Tribunal General de 22 de marzo de 2018 — Hércules Club de Fútbol/Comisión

(Asunto T‑766/16 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado — Ayudas otorgadas por España en favor de ciertos clubes de fútbol profesionales — Aval público concedido por una entidad pública — Decisión por la que se declaran las ayudas incompatibles con el mercado interior — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»

1. Procedimiento sobre medidas provisionales—Suspensión de la ejecución—Medidas provisionales—Requisitos para su concesión—Fumus boni iuris—Urgencia—Perjuicio grave e irreparable—Carácter acumulativo—Ponderación de todos los intereses en conflicto—Orden en que deben examinarse y modo de verificación—Facultad de apreciación del juez de medidas provisionales (Arts. 256 TFUE, ap. 1, 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 156, ap. 4) (véanse los apartados 26 a 29)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales—Suspensión de la ejecución—Medidas provisionales—Requisitos para su concesión—Urgencia—Perjuicio grave e irreparable—Carga de la prueba—Perjuicio económico—Obligación de aportar indicaciones concretas y precisas, confirmadas por pruebas documentales detalladas—Situación que podría poner en peligro la existencia de la sociedad demandante—Apreciación en relación con la situación del grupo al que pertenece—Interés público en la ejecución de las decisiones adoptadas por las instituciones de la Unión que sobrepasa el interés personal de los accionistas de la sociedad demandante—Inexistencia de urgencia (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 156, ap. 4) (véanse los apartados 32 a 39, 44 a 47, 53 y 56)

Objeto

Demanda basada en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE en la que se solicita la suspensión de la ejecución de la Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al Valencia Club de Fútbol, S.A.D., al Hércules Club de Fútbol, S.A.D., y al Elche Club de Fútbol, S.A.D. (DO 2017, L 55, p. 12).

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2) Revocar el auto de 11 de noviembre de 2016, Hércules Club de Fútbol/Comisión (T‑766/16 R).
Para que una persona resulte directamente afectada, la medida impugnada debe surtir efectos directos en la situación jurídica del particular y no debe permitir ninguna facultad de apreciación a los destinatarios de dicha medida que están encargados de su aplicación, por tener ésta un carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa impugnada sin aplicación de otras normas intermedias. Lo mismo sucede cuando la posibilidad que los destinatarios tienen de no aplicar el acto de la Unión es meramente teórica, por no existir duda alguna de su voluntad de que se realicen las consecuencias de dicho acto.

Por lo que respecta a una Decisión de la Comisión por la que se modifican las condiciones de exención relativas a las modalidades de explotación de un gasoducto, en particular en lo que se refiere al acceso de terceros, a raíz de una propuesta de la autoridad nacional competente en virtud del artículo 36 de la Directiva 2009/73, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, una sociedad competidora de la sociedad destinataria de esa Decisión no resulta directamente afectada por ella. En efecto, no concurre el requisito relativo a la falta de facultad de apreciación de los destinatarios, ya que la decisión de la autoridad nacional por la que se aplica la Decisión de la Comisión no es automática, en vista de la posibilidad tanto para la autoridad nacional como para el destinatario de la decisión de esta última de renunciar a la medida propuesta.

(véanse los apartados 31 a 33)
6.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 28)
Asunto T‑584/15

Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA)

contra

Comisión Europea

«Recurso de anulación — Solicitud de registro de una denominación de origen protegida (“Halloumi” o “Hellim”) — Decisión de publicación en el Diario Oficial, serie C, de una solicitud de registro de una denominación de origen protegida en aplicación del artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 — Acto de trámite — Acto no recurrible — Inadmisibilidad»

Sumario — Auto del Tribunal General (Sala Segunda) de 14 de septiembre de 2016

Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Actos de trámite — Exclusión — Decisión de publicación en el Diario Oficial de una solicitud de denominación de origen protegida — Acto no destinado a producir efectos jurídicos — Inadmisibilidad

[Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 50, ap. 2, 51 y 52]

Únicamente constituyen actos o decisiones susceptibles de recurso de anulación, a efectos del artículo 263 TFUE, las medidas que producen efectos jurídicos vinculantes que pueden afectar a los intereses del demandante, modificando sensiblemente su situación jurídica. Cuando se trata de actos cuya elaboración se efectúa en varias fases de un procedimiento interno, en principio sólo constituyen actos que pueden impugnarse las medidas que fijan definitivamente la postura de la institución al término del procedimiento, con exclusión de los actos de trámite cuyo objetivo es preparar la decisión definitiva y cuya ilegalidad puede plantearse eficazmente en un recurso contra ésta.

En consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad de un recurso de anulación interpuesto contra una decisión de la Comisión de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea una solicitud de denominación de origen protegida en aplicación del artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

En efecto, por un lado, con arreglo al artículo 50, apartado 2, del Reglamento n.o 1151/2012, la citada decisión tiene por objeto, como señala su título, iniciar el procedimiento de oposición previsto en el artículo 51 de ese Reglamento y, de ese modo, preparar la decisión de registro, mencionada en el artículo 52 del citado Reglamento, que continúa siendo la decisión final.

De ello se desprende que la decisión en cuestión reviste un carácter de trámite respecto de la decisión de registro, de modo que únicamente esta última decisión puede producir efectos jurídicos capaces de afectar a los intereses de la demandante y, por tanto, de ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE.

Por otro lado, las eventuales ilegalidades de que adolece un acto de trámite de ese tipo puede plantearse útilmente mediante un recurso dirigido contra el acto definitivo del que constituye una etapa de elaboración, siempre que la parte demandante demuestre, con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, que se cumplen los requisitos de admisibilidad.

(véanse los apartados 32 a 37 y 48)
6.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Obligación de conceder un acceso parcial a los datos no cubiertos por las excepciones — Aplicación a los documentos comprendidos en una categoría cubierta por una presunción general de denegación de acceso — Exclusión [Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 6] (véanse los apartados 53 y 54)
Las agencias ejecutivas a las que se refiere el artículo 18, apartado 1, del Reglamento no 58/2003, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios, disponen de servicios diferenciados de los de la Comisión. Por tanto, dichas agencias no forman parte de la Comisión a efectos del acceso a los concursos internos. A este respecto, en la medida en que el interesado fue seleccionado directamente por una agencia ejecutiva como agente temporal y sigue siendo agente temporal en el momento de presentar su candidatura a un concurso interno, no puede considerarse que exista un vínculo de Derecho público suficiente entre el interesado y la institución de que se trata.

El principio de igualdad de trato exige que situaciones comparables no se traten de forma diferente y que situaciones diferentes no se traten de la misma forma, a menos que dicho trato se justifique objetivamente. Lo mismo sucede con el principio de no discriminación, que no es sino la expresión específica del principio general de igualdad.

A este respecto, cuando una institución decide organizar un concurso interno con arreglo al Estatuto, tal concurso —una de cuyas finalidades es el nombramiento como funcionarios de los agentes temporales de dicha institución— sólo está destinado, por definición, a los funcionarios y a los agentes temporales que se encuentran al servicio de dicha institución, con independencia de en qué calidad. Por tanto, dichos funcionarios y agentes temporales, incluidos los que se encuentran en comisión de servicios fuera de la institución, no están en una situación jurídica y fáctica comparable, por lo que respecta a la posibilidad de acceder a tal concurso, a la de los agentes temporales al servicio de una agencia ejecutiva distinta de dicha institución, los cuales, por consiguiente, no están al servicio de dicha institución.

(véanse los apartados 30 y 31)

Tribunal de Justicia: sentencias de 19 de octubre de 1977, Ruckdeschel y otros, 117/76 y 16/77, Rec, EU:C:1977:160, apartado 7, y de 9 de octubre de 2008, Chetcuti/Comisión, C‑16/07 P, Rec, EU:C:2008:549, apartado 40 y jurisprudencia citada
Auto del Tribunal General (Sala Octava)

de 11 de marzo de 2016 — Amrita y otros/Comisión

(Asunto T‑439/15)

«Recurso de anulación — Agricultura — Protección contra los organismos nocivos para los vegetales — Medidas dirigidas a evitar la introducción y la propagación en la Unión de la bacteria Xylella fastidiosa — Acto normativo que incluye medidas de ejecución — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Concepto de acto reglamentario — Todo acto de alcance general con excepción de los actos legislativos — Decisión de la Comisión relativa a medidas dirigidas a evitar la introducción y la propagación en la Unión de la bacteria Xylella fastidiosa — Inclusión (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véase el apartado 19)

2. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos reglamentarios — Actos que no incluyen medidas de ejecución y afectan directamente al demandante — Concepto de medidas de ejecución — Criterios — Decisión de la Comisión relativa a medidas dirigidas a evitar la introducción y la propagación en la Unión de la bacteria Xylella fastidiosa — Acto que incluye medidas de ejecución [Art. 263 TFUE, párr. 4; Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, art. 9 y anexo I] (véanse los apartados 21, 27 y 29)

3. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Afectación individual — Criterios — Decisión de la Comisión relativa a medidas dirigidas a evitar la introducción y la propagación en la Unión de la bacteria Xylella fastidiosa — Recurso de empresas oleícolas que forman parte del conjunto de operadores a los que se refiere la decisión, sin estar no obstante individualizadas por la aplicación en su caso, de las disposiciones de que se trata — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad [Art. 263 TFUE, párr. 4; Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, art. 9 y anexo I] (véanse los apartados 31 y 32)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, de 18 de mayo 2015, sobre medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (DO L 125, p. 36), en su caso, tras haber descartado la aplicación de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad (DO L 169, p. 1).

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Auto del Presidente del Tribunal General de 4 de diciembre de 2015 — E‑Control/ACER

(Asunto T‑671/15 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Dictamen sobre la conformidad de las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales que aprueban los métodos de asignación de capacidad de transporte transfronteriza de electricidad — Demanda de suspensión de la ejecución — Inobservancia de las exigencias de forma — Inadmisibilidad»

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carácter acumulativo (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 156, ap. 3) (véase el apartado 6)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de forma — Presentación de las demandas — Exposición sumaria de los motivos invocados — Falta de explicación suficiente de los motivos que constituyen un fumus boni iuris — Remisión global a otros escritos — Inadmisibilidad [Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 76, letra d), y 156, ap. 4] (véanse los apartados 7 a 10)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carga de la prueba (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 156, ap. 3) (véanse los apartados 13 y 14)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución del dictamen no 09/2015 de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de 23 de septiembre de 2015 sobre la conformidad de las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales que aprueban los métodos de asignación de capacidad de transporte transfronteriza en Europa Central y Oriental con el Reglamento (CE) no 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1228/2003 (DO L 211, p. 15), y con las directrices sobre la gestión de la congestión y asignación de la capacidad de transmisión disponible en las interconexiones entre redes nacionales que figuran en el anexo I de este Reglamento.

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.