Palabras clave

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Palabras clave

1 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Acuerdo europeo entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y Rumania - Reglas de procedimiento - Obligación de la Comisión de informar al Consejo de asociación de la apertura del procedimiento antidumping - Obligación de reiterar la notificación antes de la adopción del Reglamento provisional - Inexistencia

[Acuerdo europeo entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y Rumania, art. 34, ap. 3, letra b); Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo]

2 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Determinación del valor normal - Ventas a precios inferiores al coste de producción unitario efectuadas en cantidades sustanciales - Criterios de determinación - Carácter alternativo - Compatibilidad de las disposiciones del Reglamento antidumping de base con el Código antidumping del GATT

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 4, párr. 3; Acuerdo sobre la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio «Código antidumping de 1994», art. 2.2.1 y nota explicativa nº 5]

3 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Determinación del valor normal - Elección del método de cálculo - Facultad de apreciación de las Instituciones - Respeto del principio de proporcionalidad - Control jurisdiccional - Límites

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo]

4 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Margen de dumping - Comparación entre el valor normal y el precio de exportación - Interpretación de las disposiciones del Reglamento antidumping de base conforme al Código antidumping del GATT - Límites - Obligación de las Instituciones de explicar la razón de su elección de un método que refleje, mejor que los métodos simétricos, la magnitud real del dumping - Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 11; Acuerdo sobre la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio «Código antidumping de 1994», art. 2.4.2]

5 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Reglamentos por los que se establecen derechos antidumping

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE)]

6 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Apreciación de la situación de la industria comunitaria por las Instituciones - Control jurisdiccional - Límites

7 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Procedimiento antidumping - Derechos de defensa de los exportadores - Derecho a ser informados, a través de la información final, de las consideraciones relativas al interés de la Comunidad - Incompatibilidad con una disposición del Reglamento antidumping de base - Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 20, ap. 2]

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1 Si bien para atenerse al artículo 34, apartado 3, letra b), del Acuerdo europeo entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y Rumania, la Comunidad debe facilitar al Consejo de asociación creado por dicho acuerdo toda la información pertinente con tiempo suficiente para permitirle buscar una solución a los casos de dumping aceptable para las dos Partes, de dicho artículo no resulta que la Comisión esté obligada de informar del asunto al Consejo de asociación por segunda vez antes de adoptar el Reglamento provisional.

En el sistema del Reglamento antidumping de base nº 384/96, que atribuye sólo al Consejo competencia para adoptar medidas definitivas, basta con que esa comunicación tenga lugar, a más tardar, treinta días antes de la adopción del Reglamento definitivo.

2 Para el cálculo del valor normal de un producto, el artículo 2, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 debe interpretarse en el sentido de que prevé dos criterios alternativos que permiten determinar si unas ventas a precios inferiores al coste unitario de producción deben considerarse efectuadas en cantidades sustanciales. Basta con que se satisfaga uno de estos criterios para que tales ventas se consideren efectuadas en cantidades sustanciales.

Esta interpretación no es incompatible con el artículo 2.2.1 del Código antidumping del GATT de 1994, leído en relación con su nota explicativa nº 5.

3 La elección entre diferentes métodos de cálculo indicados en el Reglamento antidumping de base nº 384/96 supone la apreciación de situaciones económicas complejas, por lo que el control, por parte del órgano jurisdiccional comunitario, del respeto del principio de proporcionalidad debe limitarse, en este ámbito, a la cuestión de si el método elegido es manifiestamente inadecuado en relación con el objetivo perseguido.

4 Si bien las disposiciones del Reglamento antidumping de base nº 384/96 deben ser interpretadas a la luz del Código antidumping de 1994, no es menos cierto que el régimen relativo a la defensa contra las prácticas de dumping sólo está regulado por este Reglamento.

Por lo tanto, en lo que respecta al método elegido para calcular el margen de dumping, puesto que, por una parte, no puede considerarse que el punto 2.4.2 del Código antidumping del GATT constituya, como tal, una norma aplicable y que, por otra, el artículo 2, apartado 11, del Reglamento antidumping de base no menciona ninguna obligación específica de explicar por qué una comparación del valor normal medio ponderado con los precios de las exportaciones individuales refleja mejor que los métodos simétricos la magnitud real del dumping, no puede reprocharse a las Instituciones comunitarias que no facilitaran tal explicación.

5 La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE) debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos, y que el Juez comunitario pueda ejercer su control. El alcance de la obligación de motivación debe apreciarse en relación con el contexto y el procedimiento en cuyo marco se adoptó el Reglamento impugnado, así como con el conjunto de las normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

A este respecto, la motivación de un Reglamento que establece derechos antidumping debe apreciarse teniendo en cuenta en particular la información que fue comunicada a los exportadores y las observaciones presentadas por éstos en el procedimiento administrativo.

Además, el Consejo no está obligado a motivar especialmente el hecho de no haber tomado en consideración las diferentes alegaciones formuladas por las partes en el procedimiento administrativo. Basta con que el Reglamento contenga una justificación clara de los principales elementos que hayan intervenido en el análisis de la situación de la industria comunitaria, dado que esa justificación puede aclarar las razones por las que el Consejo rechazó las alegaciones pertinentes invocadas a ese respecto por las partes durante el procedimiento administrativo.

6 El análisis de la situación de la industria comunitaria, en el marco del procedimiento antidumping, implica la apreciación por las Instituciones de situaciones económicas complejas, por lo que el Juez debe limitar su control a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos, de la falta de error manifiesto de apreciación o de la falta de desviación de poder.

7 El artículo 20, apartado 2, del Reglamento antidumping de base nº 384/96, relativo a la información de las parte, debe interpretarse -a la luz del sistema general del Reglamento de base y de los principios generales del Derecho comunitario- en el sentido de que los exportadores, que figuran entre las partes que pueden solicitar una información final, tienen derecho a ser informados, al menos de manera sucinta, de las consideraciones relativas al interés de la Comunidad.

El derecho a ser oído, que dicha disposición materializa, constituye uno de los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho comunitario y comprende el derecho a ser informado de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se haya previsto recomendar la imposición de medidas definitivas. Pues bien, tales hechos y consideraciones esenciales se refieren no sólo a la determinación de la existencia de dumping y de un perjuicio, sino también a la apreciación del interés de la Comunidad.

Esta interpretación del artículo 20 del Reglamento de base no es incompatible con su artículo 21, relativo al interés de la Comunidad. El hecho de que el artículo 21, apartados 3, 4 y 6, conceda a las partes mencionadas en él (los denunciantes, importadores y sus asociaciones representativas, usuarios y organizaciones de consumidores representativas) un derecho específico a ser oídas sobre el interés de la Comunidad no significa que esa disposición produzca el efecto de privar a las demás personas interesadas, en particular a los exportadores, del derecho a ser oídos sobre ese punto en el marco del artículo 20, apartados 1 o 2.