Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Competencia - Prácticas colusorias - Participación en reuniones de empresas cuyo objetivo es contrario a la competencia - Circunstancia que, al no haberse producido un distanciamiento con respecto a las decisiones adoptadas, permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

2 Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Incompatibilidad de la coordinación y cooperación con el deber de cada empresa de determinar de manera autónoma su conducta en el mercado - Declaración unilateral de sus precios futuros en el mercado efectuada por una empresa - Falta de un valor probatorio suficiente

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

3 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

4 Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Obligaciones impuestas a las empresas - Proporcionalidad - Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

5 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas a varias empresas por una infracción a las normas sobre la competencia

(Tratado CE, art. 190; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

6 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad y duración de las infracciones - Elementos de apreciación - Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

7 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

8 Competencia - Multas - Principio de igualdad de trato - Reducción de la cuantía de las multas - Diferencias en función de la actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo - Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

9 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Volumen de negocios global de la empresa - Volumen de negocios procedente de las mercancías que son objeto de la infracción - Consideración respectiva - Límites - Aplicación del porcentaje de multa considerado a un volumen de negocios de referencia idéntico para las empresas implicadas en una misma infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

1 El hecho de que una empresa no se pliegue a los resultados de reuniones cuyo objeto sea manifiestamente contrario a las normas sobre la competencia y en las que dicha empresa ha participado no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su participación en el acuerdo, siempre que no se haya distanciado públicamente del contenido de las reuniones. Incluso suponiendo que el comportamiento de la demandante en el mercado no se haya ajustado al comportamiento convenido, ello no afecta en nada, por consiguiente, a su responsabilidad por una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

2 El concepto de práctica concertada se refiere a una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. Los criterios de coordinación y cooperación que permiten definir este concepto deben interpretarse a la luz de la concepción inherente a las disposiciones del Tratado relativas a la competencia según la cual todo operador económico debe determinar de manera autónoma la política que pretende seguir en el mercado. Por consiguiente, el hecho de que una empresa declare unilateralmente cuáles serán sus futuros precios en el mercado no constituye una prueba suficiente de la existencia de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, a menos que se demuestre que esta declaración se inscribe en el contexto de una cooperación entre empresas.

3 Para que exista acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 85, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado.

Así ocurre cuando las empresas expresaron su voluntad común de aplicar incrementos de precio uniformes y simultáneos.

Por consiguiente, no es preciso examinar si se tomaron medidas de sanción con el fin de obligar a las empresas a adoptar el comportamiento convenido.

4 La aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 puede suponer la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones declaradas ilegales, pero también la de emprender en el futuro una conducta similar. Además, en la medida en que la aplicación de esta disposición debe efectuarse en función de la naturaleza de la infracción de las normas sobre competencia comprobada, la Comisión tiene la facultad de precisar el alcance de las obligaciones impuestas a las empresas para poner fin a dicha infracción. No obstante, tales obligaciones impuestas a las empresas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido, a saber, el restablecimiento de la legalidad en relación con las normas que se hayan infringido.

Una prohibición destinada a impedir el intercambio de datos puramente estadísticos que no tengan el carácter de información individual o individualizable no cumple los requisitos exigidos para la aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, toda vez que no se deduce de la Decisión que la Comisión considerase que dicho intercambio constituía en sí una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y puesto que el mero hecho de que un sistema de intercambio de datos estadísticos pueda utilizarse con fines contrarios a la competencia no lo hace contrario a dicha disposición, ya que, en tales circunstancias, procede comprobar in concreto sus efectos contrarios a la competencia.

5 La obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.

Por lo que respecta a una Decisión que impone multas a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias de la competencia, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse teniendo en cuenta, en particular, que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, entre otros, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Además, al determinar la cuantía de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación, y no puede considerarse que esté obligada a aplicar, a tal fin, una fórmula matemática precisa.

Por último, la motivación de una Decisión debe figurar en el cuerpo mismo de ésta y, salvo que concurran circunstancias excepcionales, no pueden ser tenidas en cuenta explicaciones posteriores ofrecidas por la Comisión.

Cuando declara en una Decisión la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a las empresas que han participado en ella, la Comisión, si ha tenido en cuenta sistemáticamente determinados elementos básicos para fijar la cuantía de las multas, debe indicar dichos elementos en el cuerpo de la Decisión para permitir a los destinatarios de ésta verificar si el nivel de la multa está correctamente fundado y apreciar si acaso existe una discriminación.

6 En su apreciación del nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta la circunstancia de que las infracciones patentes a las normas comunitarias sobre competencia son aún relativamente frecuentes y, por lo tanto, está autorizada a elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado unas multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria sobre la competencia.

Además, al apreciar la gravedad de la infracción, la Comisión puede tener en cuenta las medidas adoptadas por las empresas afectadas con el fin de ocultar la existencia de colusión.

Por último, cuando fija el nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta, en particular, la larga duración y el carácter patente de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado que se cometió pese a la advertencia que debería haber constituido la práctica de las Decisiones anteriores de la Comisión.

7 Al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, una reducción de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa investigada permitió a la Comisión apreciar una infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin.

A este respecto, una empresa que declara expresamente que no niega las alegaciones de hecho en las que la Comisión basa sus imputaciones ha contribuido a facilitar la labor de la Comisión consistente en la comprobación y represión de las infracciones a las normas comunitarias en materia de competencia. En sus decisiones declarativas de una infracción de estas normas, la Comisión puede considerar que tal comportamiento constituye un reconocimiento de las alegaciones de hecho y, por consiguiente, un elemento de prueba del fundamento de las correspondientes alegaciones. Por lo tanto, tal comportamiento puede justificar una reducción de la multa.

En este contexto, una colaboración con la investigación que no sobrepase el nivel derivado de las obligaciones que incumben a las empresas en virtud de los apartados 4 y 5 del artículo 11 del Reglamento nº 17 no justifica una reducción de la multa.

8 El principio general de igualdad de trato sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado. La Comisión no vulnera este principio al conceder una mayor o menor reducción de la cuantía de las multas en función de la colaboración de cada empresa con la Comisión durante el procedimiento administrativo.

9 Al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, entre los elementos de apreciación de la gravedad de la infracción pueden figurar, según los casos, el volumen y el valor de las mercancías objeto de la infracción, así como la talla y la potencia económica de la empresa y, por tanto, la influencia que ésta haya podido ejercer sobre el mercado. De ello se sigue que, para determinar la multa, la Comisión puede tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximativa e imperfecta, de la talla de la empresa y de su potencia económica, como la parte de dicho volumen de negocios que proceda de las mercancías objeto de la infracción y que permite, pues, dar una indicación de la amplitud de ésta.

Puesto que ha de utilizarse un único método de cálculo al determinar las multas que deben imponerse a las empresas implicadas en una misma infracción, no puede reprocharse a la Comisión que, para determinar dichas multas, se funde en un volumen de negocios de referencia idéntico para las citadas empresas.