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32

Sin embargo, contrariamente al texto del artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva, el texto del artículo 13, parte A, apartado 1, letra c), de ésta no contiene ninguna referencia a prestaciones relacionadas directamente con las prestaciones de asistencia sanitaria, a pesar de que esta disposición siga inmediatamente a la del citado artículo 13, parte A, apartado 1, letra b). Por lo tanto, es preciso señalar que, en principio, este artículo no contempla prestaciones directamente relacionadas con prestaciones de asistencia sanitaria y que ese concepto es irrelevante a efectos de la interpretación del artículo 13, parte A, apartado 1, letra c), de la Sexta Directiva.
5

El artículo 57 de dicha Directiva está redactado en estos términos: «Sin perjuicio [de la Directiva 68/151] y [de la Directiva 77/91/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, Segunda Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital (DO 1977, L 26, p. 1; EE 17/01, p. 44)], los Estados miembros podrán no aplicar a las sociedades sujetas a su derecho nacional que sean empresas filiales en el sentido de la [Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, Séptima Directiva relativa a las cuentas consolidadas (DO L 193, p. 1; EE 17/01, p. 119)] las disposiciones de la presente Directiva relativas al contenido, al control y a la publicidad de las cuentas anuales si se cumplieren las condiciones siguientes: a) la empresa matriz está sujeta al derecho de un Estado miembro; b) todos los accionistas o asociados de la empresa filial han declarado estar de acuerdo en la exención antes indicada; esta declaración será exigida para cada ejercicio; c) la empresa matriz se ha declarado garante de los compromisos contraídos por la empresa filial; d) las declaraciones a que se refieren las letras b) y c) son objeto de publicidad por parte de la empresa filial en las formas establecidas por la legislación del Estado miembro, con arreglo al artículo 3 de la Directiva [68/151]; e) la empresa filial está incluida en las cuentas consolidadas establecidas por la empresa matriz con arreglo a la Directiva [83/349]; f) la exención antes indicada se menciona en el apéndice de las cuentas consolidadas establecidas por la empresa matriz; g) las cuentas consolidadas a que se refiere la letra e), el informe consolidado de gestión y el informe de la persona encargada del control de estas cuentas son objeto de publicidad por parte de la empresa filial según las formas dispuestas por la legislación del Estado miembro con arreglo al artículo 3 de la Directiva [68/151].»
4

A tenor del considerando cuadragésimo quinto del Reglamento no 1698/2005: «Debe establecerse un régimen de sanciones en caso de que los beneficiarios de las ayudas previstas en el marco de determinadas medidas relativas a la gestión de las tierras no cumplan en toda la explotación los requisitos obligatorios establecidos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 [del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1)], habida cuenta de la gravedad, el alcance, la persistencia y la repetición del incumplimiento.»
3

El 23 de agosto de 2006 Lidl Stiftung & Co. KG (en lo sucesivo, «Lidl Stiftung»), presentó a la OAMI una solicitud de registro de marca comunitaria con arreglo al Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituido actualmente por el Reglamento no 207/2009.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Árabe de Egipto, por otra, firmado en Luxemburgo el 25 de junio de 2001, aprobado por la Decisión 2004/635/CE del Consejo, de 21 de abril de 2004 (DO L 304, p. 39; en lo sucesivo, «Acuerdo Euromediterráneo con Egipto»), y más concretamente del artículo 20 del Protocolo no 4 de dicho Acuerdo, relativo a la definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa, en su versión modificada por la Decisión no 1/2006 del Consejo de Asociación UE-Egipto, de 17 de febrero de 2006 (DO L 73, p. 1; en lo sucesivo, «Protocolo no 4»).
3)

El artículo 2, punto 2, letra b), de la Directiva 2003/4 debe interpretarse en el sentido de que una persona que entra en el ámbito de esa disposición constituye una autoridad pública en lo que atañe a todas las informaciones medioambientales que obran en su poder. Las sociedades mercantiles, como United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd y Southern Water Services Ltd, que sólo pueden constituir una autoridad pública en el sentido del artículo 2, punto 2, letra c), de esa Directiva si, cuando prestan servicios públicos en el ámbito medioambiental, están bajo el control de una entidad o de una persona mencionada en el artículo 2, punto 2, letras a) o b), de la misma Directiva, no están obligadas a comunicar información medioambiental si consta que ésta no guarda relación con la prestación de esos servicios.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 24, 29, 32 y 146 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 (DO L 17, p. 1) (en lo sucesivo, «Código aduanero»).
14

Si el artículo 12, letra a), de esa Directiva debe interpretarse en el sentido de que la comunicación de los datos de carácter personal es gratuita, el tribunal remitente se pregunta sobre la necesidad de ofrecer una alternativa a la comunicación de un extracto mediando pago en virtud del artículo 79, apartado 3, de la Wet GBA, en particular permitiendo examinar los datos en pantalla. No obstante, observa que ese examen no constituye una comunicación en el sentido del artículo 12, letra a), de dicha Directiva y que el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sólo protege el derecho a consultar los datos. La consulta en pantalla tiene el inconveniente añadido de que, a diferencia del extracto certificado conforme, no puede ser reconocida como auténtica y exacta por las autoridades públicas (sentencia de 7 de mayo de 2009, Rijkeboer, C-553/07, Rec. p. I-3889), ni puede ofrecer un resumen histórico de los datos registrados.
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que, al no adoptar la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2011, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones [COM(2011) 820 final; en lo sucesivo, «propuesta de reglamento»], el Consejo de la Unión Europea ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, adoptado mediante el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) no 1080/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 (DO L 311, p. 1), con la redacción resultante de la corrección de errores publicada el 5 de junio de 2012 (DO L 144, p. 48) (en lo sucesivo, «Estatuto»).
El régimen aplicable a las entidades financieras a las que se había acordado una moratoria establecido por la Ley no 161/2002 relativa a los establecimientos financieros, en su versión modificada por la Ley no 129/2008, fue modificado por la Ley no 44/2009, de 15 de abril de 2009 (en lo sucesivo, «Ley no 44/2009»). Por un lado, fueron derogadas las disposiciones del artículo 98 de la Ley no 161/2002 relativa a los establecimientos financieros que prohíban ejercitar acciones judiciales y suspendían los procedimientos en curso en contra de entidades financieras a las que se hubiese concedido una moratoria. Por otro lado, la Ley no 44/2009 introdujo una serie de disposiciones transitorias, cuyo punto II, relativo a las entidades financieras a las que se había concedido una moratoria, tiene la siguiente redacción:

«Las siguientes normas especiales se aplicarán a las empresas financieras que se estuvieran beneficiando de una moratoria de la deuda en el momento de entrada en vigor de [la Ley no 44/2009].

1. Se mantendrá la moratoria autorizada a pesar de la entrada en vigor de esta Ley y podrá prorrogarse con arreglo a las normas establecidas en el segundo apartado del artículo 10 [de la Ley no 44/2009].

2. En lo que respecta a la moratoria, las disposiciones del primer apartado del artículo 101, de los artículos 102, 103 y 103a [del capítulo XII de la Ley no 161/2002 relativa a los establecimientos financieros] se aplicarán como si se hubiese declarado la liquidación de la empresa mediante resolución judicial en el momento de entrada en vigor de [la Ley no 44/2009]; no obstante, los procedimientos de liquidación se denominarán “moratoria autorizada de la deuda” mientras dicha autorización siga siendo válida, [con arreglo a lo dispuesto en el anterior apartado 1]. Cuando expire dicha autorización la empresa será considerada automáticamente como incursa en un procedimiento de liquidación con arreglo a las normas generales, sin mediar una resolución judicial concreta [...]»
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En el transcurso del procedimiento ante la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie fue publicada en el Monitorul Oficial al României no 278, de 20 de abril de 2011, la Decisión interpretativa no 2 de la Comisión fiscal central, de 12 de abril de 2011 (en lo sucesivo, «Decisión interpretativa no 2/2011»). Esta Decisión fue adoptada por la citada Comisión en ejercicio de sus competencias de unificación en la aplicación de la normativa fiscal. Dicha Decisión confirma el enfoque de la Administración Tributaria en materia de determinación de la base imponible del IVA. Tiene el siguiente tenor: «[...] para las entregas de construcciones y de terrenos sujetas, el [IVA] devengado se determinará, en función de la voluntad de las partes expresada en los contratos o en otros medios de prueba conformes con el Decreto del Gobierno rumano no 92/2003 [...]: a) aplicando el tipo del IVA a la contraprestación de la entrega [...] cuando: 1) las partes hayan acordado que el IVA no está incluido en la contraprestación de la entrega, o 2) las partes no hayan dispuesto nada en relación con el IVA; b) aplicando el método de cálculo inverso [...] cuando las partes hayan acordado que el IVA está incluido en la contraprestación de la entrega.»
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A este respecto, debe desestimarse la alegación de las sociedades Billerud de que no se les puede reprochar un comportamiento excesivamente perjudicial para el medio ambiente. En efecto, el artículo 16, apartados 3 y 4, de la Directiva 2003/87 no tiene como objeto ni efecto sancionar a los «contaminadores» con carácter general, sino únicamente a aquellos titulares cuyo número de emisiones del año anterior supere, a 30 de abril del año en curso, el número de derechos de emisión que figure en la parte de la tabla «derechos de emisión entregados» designada para sus instalaciones de ese año en el registro centralizado del Estado miembro al que pertenecen, con arreglo al artículo 52 del Reglamento no 2216/2004. En este sentido debe entenderse el concepto de «exceso de emisiones» y no en el de emisiones excesivas por sí mismas.
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No obstante, de las alegaciones expuestas por el Gobierno alemán no se desprende con claridad cómo se garantiza el objetivo de subvencionar únicamente los estudios en el extranjero que incrementen las oportunidades laborales de los estudiantes mediante la normativa controvertida en el litigio principal y, en particular, mediante el requisito establecido en el artículo 2, apartado 2, de la BAföG, que exige una duración mínima de dos años de los estudios que se pretenden realizar sin tomar en consideración su naturaleza ni su contenido, mientras que en determinadas circunstancias, como las que caracterizan la situación de la demandante, se subvencionan estudios que no cumplen con este requisito pero que se realizan en Alemania. Por tanto, el requisito de una duración de dos años carece de cualquier relación con el nivel de los estudios elegidos.
El concepto de «transporte no comercial de mercancías» que figura en el artículo 3, letra h), del Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos del Consejo (CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 y se deroga el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que incluye el transporte de mercancías realizado por un particular por cuenta propia y solamente como parte de una actividad de tiempo libre cuando dicha actividad está financiada en parte mediante ayudas de terceros y dicho transporte no da lugar a ninguna remuneración.
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En estas circunstancias, el Administrativen sad Sofia-grad decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Cómo debe interpretarse el concepto de “creación artificial de las condiciones” a efectos del artículo 4, apartado 8, del Reglamento no 65/2011? 2) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 8, del Reglamento no 65/2011 en el sentido de que se opone al artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 29 […] con arreglo al cual no se concederá ninguna ayuda económica a los solicitantes/beneficiarios cuando se demuestre que han creado artificialmente las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda con el fin de obtener una ventaja contraria a los objetivos del régimen de ayuda? 3) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 8, del Reglamento no 65/2011 en el sentido de que se opone a la jurisprudencia búlgara conforme a la cual existe una creación artificial de las condiciones con el propósito de obtener una ventaja contraria a los objetivos del régimen de ayuda cuando existe un vínculo jurídico entre los solicitantes de la ayuda? 4) ¿Constituyen una creación artificial de las condiciones el uso de parcelas independientes contiguas, que antes de presentarse las solicitudes de ayuda formaban parte de una única parcela, por parte de distintos solicitantes con personalidad jurídica independiente, y la vinculación de hecho comprobada, como la identidad de apoderados, licitadores, contratistas para la ejecución, domicilios sociales y dirección postal de los solicitantes? 5) ¿Es preciso demostrar que existe una coordinación deliberada entre las personas jurídicas solicitantes y/o terceros con el propósito de obtener una ventaja a favor de un solicitante concreto? 6) ¿En qué consiste la ventaja a que se refiere el artículo 4, apartado 8, del Reglamento no 65/2011? ¿En particular, debe comprender la preparación de varios proyectos de inversión menores a fin de que un solicitante concreto obtenga el importe máximo de financiación de 200.000 [euros] para cada uno de esos proyectos, aunque éstos hayan sido presentados por distintos solicitantes? 7) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 8, del Reglamento no 65/2011 en el sentido de que se opone a la jurisprudencia búlgara conforme a la cual el supuesto de hecho de la disposición exige el cumplimiento de tres requisitos acumulativos: [primero,] falta de autonomía funcional y/o creación artificial de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda; [segundo,] con el propósito de obtener una ventaja, y [tercero,] ello de un modo contrario a los objetivos del régimen de ayuda?»
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A la vista de estas consideraciones el Hovrätten för Nedre Norrland decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Los números 1 y 3 del artículo 5 del Reglamento […] no 44/2001 […] ¿deben interpretarse en el sentido de que constituyen una excepción completa a la norma general del artículo 2 en los litigios relativos a acciones de indemnización? 2) ¿Debe interpretarse el concepto de “materia delictual o cuasidelictual” a que se refiere el número 3 del artículo 5 del Reglamento [no 44/2001] de modo que incluya la demanda presentada por el titular de un crédito contra un miembro del consejo de administración de una sociedad para exigir la responsabilidad de dicho miembro del consejo por las deudas de la sociedad cuando éste no ha tomado medidas formales destinadas a controlar la situación económica de la empresa y, en vez de ello, ha permitido que la empresa siguiera funcionando y contrayendo nuevas deudas? 3) ¿Debe interpretarse el concepto de “materia delictual o cuasidelictual” a que se refiere el número 3 del artículo 5 del Reglamento [no 44/2001] de modo que incluya la demanda presentada por el titular de un crédito contra un accionista de una sociedad para exigir la responsabilidad de dicho accionista por las deudas de la sociedad cuando éste ha permitido que la sociedad siguiera funcionando a pesar de que […] estaba infracapitalizada y […] obligada a solicitar la declaración de liquidación? 4) ¿Debe interpretarse el concepto de “materia delictual o cuasidelictual” a que se refiere el número 3 del artículo 5 del Reglamento [no 44/2001] de modo que incluya la demanda presentada por el titular de un crédito contra un accionista de una sociedad que se ha comprometido a pagar las deudas de la sociedad? 5) En caso de respuesta afirmativa a la [segunda cuestión], cuando el miembro del consejo de administración tiene su domicilio en los Países Bajos y el incumplimiento de sus obligaciones se refiere a una sociedad sueca, ¿debe considerarse que un eventual hecho dañoso se ha producido en los Países Bajos o en Suecia? 6) En caso de respuesta afirmativa [a las cuestiones formuladas en los puntos 3 y 4], cuando el accionista tiene su domicilio en los Países Bajos y la sociedad es sueca, ¿debe considerarse que un eventual hecho dañoso se ha producido en los Países Bajos o en Suecia? 7) En caso de que los números 1 o 3 del artículo 5 del Reglamento [no 44/2001] deban aplicarse a alguna de las situaciones descritas, ¿tiene alguna pertinencia para dicha aplicación que el crédito haya sido transmitido por su titular inicial a otra persona?»
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A fin de dar una respuesta completa a las cuestiones planteadas, debe recordarse que, para apreciar si prestaciones de servicios como las controvertidas en el asunto principal están exentas del IVA con arreglo al artículo 132, apartado 1, letras b) o c), de la Directiva IVA, deben tomarse en consideración todos los requisitos establecidos en dicho artículo 132, apartado 1, letras b) y c), así como otras disposiciones pertinentes del título IX, capítulos 1 y 2, de dicha Directiva (véase, por analogía, en particular, la sentencia de 10 de junio de 2010, CopyGene, C-262/08, Rec. p. I-5053, apartado 37), y no sólo el hecho de que estén comprendidas en los conceptos de «asistencia sanitaria» o «asistencia a personas físicas» en el sentido del artículo 132, apartado 1, letras b) y c), de dicha Directiva.
¿Es aplicable el artículo 2, apartado 2, letra a), de la [Directiva 2000/78] en el supuesto de que un accionista de un club de fútbol que se presenta a sí mismo y es percibido en los medios de comunicación y en la sociedad como el principal directivo (“patron”) de ese club de fútbol declare lo siguiente en un medio de comunicación:

“No cojo a un homosexual en el equipo ni aunque el [FC Steaua] tenga que cerrar. El rumor rumor es, pero poner algo así por escrito si no es cierto…, y encima que salga en la portada. A lo mejor (el jugador de fútbol [...] X [...]) no es homosexual. Pero ¿y si lo es? A un tío mío que no creía ni en Dios ni en el diablo le dije yo: ‘supongamos que Dios no existe. Pero ¿y si existe? ¿Qué pierdes por comulgar? ¿No sería mejor ir al cielo?’ Me hizo caso. Un mes antes de morir fue a comulgar. Que Dios le perdone. Nada pinta un gay en mi familia y el [FC Steaua] es mi familia. Prefiero jugar con alguien de la cantera que con un gay. Para mí esto no es discriminación. No pueden obligarme a que trabaje con cualquiera. Yo también tengo derecho a trabajar con quien quiera, igual que ellos tienen sus derechos.”

‘¡No cojo a un homosexual en el equipo ni aunque el Steaua tenga que cerrar! A lo mejor no es homosexual. Pero ¿y si lo es? Nada pinta un homosexual en mi familia y el [FC Steaua] es mi familia. Prefiero jugar con alguien de la cantera que tener un homosexual en el terreno de juego. Para mí esto no es discriminación. No pueden obligarme a que trabaje con cualquiera. Yo también tengo derecho a trabajar con quien quiera, igual que ellos tienen sus derechos. ¡No lo cogería ni aunque el mismísimo Dios en sueños me garantizase al 100 % que X no es homosexual! Se ha escrito demasiado en los periódicos que es homosexual. ¡No lo cogería ni aunque [el actual club del jugador X] me lo ofreciera gratis! Ya puede ser el mayor pendenciero y el mayor borracho… que como sea homosexual no quiero saber nada de él”?
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Por otra parte, ni el artículo 79 TFUE, apartados 1 y 2, letra c) —que prevé el desarrolló, por la Unión, de una política común de inmigración destinada a garantizar, en particular, una prevención de la inmigración y residencia ilegales— ni el Reglamento no 562/2006 excluyen la competencia de los Estados miembros en el ámbito de la lucha contra la inmigración y residencia ilegales, aun cuando éstos deben ajustar su legislación en esta materia para asegurar el respeto del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2011, Achughbabian, C-329/11, Rec. p. I-12695, apartados 30 y 33). En efecto, tanto las disposiciones del artículo 21, letras a) a d), del Reglamento no 562/2002 como el tenor del artículo 72 TFUE confirman que la supresión de los controles en las fronteras interiores no afecta a las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.
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Habida cuenta de la definición del concepto de «deporte», consagrada en el ámbito nacional por el artículo 2 de la Ley no 115/2001, el Nejvyšší správní soud desea saber, en esencia, si las actividades deportivas no organizadas y no sistemáticas pueden tener la consideración de «práctica del deporte», en el sentido de lo dispuesto en el artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva IVA.