CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. VERICA TRSTENJAK

de 16 de diciembre de 2010 ( )

Asuntos acumulados C‑71/09 P, C‑73/09 P y C‑76/09 P

Comitato «Venezia vuole vivere»

Contra

Comisión Europea





Hotel Cipriani Srl

Contra

Comisión Europea





Società Italiana per il gas SpA (Italgas)

Contra

Comisión Europea





«Recurso de casación – Artículo 87 CE – Régimen de ayudas multisectorial – Reducciones de cargas sociales en favor de las empresas implantadas en los territorios de Venecia y de Chioggia – Decisión por la que se declara un régimen ilegal de ayudas incompatible con el mercado común y se exige la recuperación de las ayudas abonadas – Admisibilidad – Litispendencia – Legitimación – Afectación individual – Organismo que agrupa a asociaciones profesionales – Interés en ejercitar la acción – Artículo 87 CE, apartado 1 – Concepto de ayuda – Ventaja – Medida por la que se compensan desventajas estructurales – Perjuicio para los intercambios comerciales intracomunitarios y repercusión en la competencia – Alcance del examen de un régimen de ayudas multisectorial – Obligaciones procedimentales – Obligación de motivación – Compatibilidad con el mercado común – Artículo 87 CE, apartado 3, letra c) – Artículo 87 CE, apartado 3, letra d) – Reglamento (CE) nº 659/1999 – Artículo 14 – Calificación de ayuda nueva o existente – Artículo 15 – Principios de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima, igualdad de trato y proporcionalidad»

Índice





I. Marco jurídico

II. Hechos y procedimiento administrativo

A. Régimen de reducción de cargas sociales

B. Procedimiento ante la Comisión

C. La Decisión controvertida

III. Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

A. Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia

B. La sentencia recurrida

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

V. Sobre la adhesión a la casación formulada por la Comisión

A. Sobre la litispendencia

1. Motivación de la sentencia recurrida

2. Principales alegaciones de las partes

3. Apreciación jurídica

a) Sobre la necesidad de examinar la admisibilidad del recurso de Comitato

b) Sobre la desaparición de la litispendencia en caso de retirada del recurso anterior

c) Sobre la identidad de los motivos

d) Conclusión

B. Sobre la afectación individual de los demandantes

1. Motivación de la sentencia recurrida

2. Principales alegaciones de las partes

3. Apreciación jurídica

a) Sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

b) Sobre las objeciones de la Comisión

i) Sobre la vinculación con la obligación de devolver la ayuda

ii) Sobre el carácter suficientemente identificable

iii) Sobre la desaparición del interés en ejercitar la acción

iv) Sobre los efectos indeseables

v) Sobre el carácter contradictorio de las conclusiones

c) Conclusión

C. Sobre la legitimación de Comitato

1. Motivación de la sentencia recurrida

2. Principales alegaciones de las partes

3. Apreciación jurídica

D. Sobre el interés en ejercitar la acción

E. Conclusión

VI. Sobre los recursos de casación de Italgas, Hotel Cipriani y Comitato

A. Sobre la naturaleza compensatoria de las reducciones de cargas sociales

1. Motivación de la sentencia recurrida

2. Principales alegaciones de las partes

3. Apreciación jurídica

a) Sobre la interpretación del concepto de beneficio

b) Sobre el error de motivación

c) Sobre el criterio del operador privado

d) Conclusión

B. Sobre el examen del requisito relativo al falseamiento de la competencia y al perjuicio para el comercio intracomunitario

1. Motivación de la sentencia recurrida

2. Principales alegaciones de las partes

3. Apreciación jurídica

a) Sobre la apreciación del régimen de reducción de cargas sociales

i) Sobre el criterio de examen y la carga de la prueba

– Sobre el criterio de examen

– Sobre la carga de la prueba

– Conclusión provisional

ii) Sobre la aplicación del criterio de examen

– Sobre la prueba de que se ha falseado la competencia y se ha visto afectado el comercio intracomunitario

– Sobre la necesidad de examinar todos los casos concretos

– Sobre la necesidad de examinar la situación individual de Italgas y Hotel Cipriani

– Sobre la necesidad de examinar determinadas ramas económicas

– Sobre el principio de no discriminación

– Sobre la desnaturalización de las pruebas

iii) Conclusión provisional

b) Sobre la orden de recuperación

i) Sobre los errores de Derecho en la motivación del Tribunal de Primera Instancia

– Sobre la motivación del Tribunal de Primera Instancia

– Sobre el error de Derecho en dicha interpretación

– Conclusión provisional

ii) Sustitución de la motivación

– Sobre el contenido de la exigencia de recuperación

– Sobre la compatibilidad de esta apreciación con el artículo 87 CE y el sistema de control de las ayudas

iii) Conclusión provisional

c) Conclusión

C. Sobre los servicios de interés económico general

1. Motivación de la sentencia recurrida

2. Principales alegaciones de las partes

3. Apreciación jurídica

D. Sobre la aplicación del artículo 87 CE, apartado 3, letra c)

1. Motivación de la sentencia recurrida

2. Principales alegaciones de las partes

3. Apreciación jurídica

E. Sobre la aplicación del artículo 87 CE, apartado 3, letra d)

1. Motivación de la sentencia recurrida

2. Principales alegaciones de las partes

3. Apreciación jurídica

F. Sobre la aplicación del artículo 15 del Reglamento nº 659/1999

1. Motivación de la sentencia recurrida

2. Principales alegaciones de las partes

3. Apreciación jurídica

G. Sobre la aplicación del artículo 14 del Reglamento nº 659/1999

1. Fundamentación de la sentencia recurrida

2. Principales alegaciones de las partes

3. Apreciación jurídica

VII. Resumen

VIII. Conclusión

1. Los presentes recursos de casación tienen por objeto la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de noviembre de 2008 en los asuntos acumulados T‑254/00, T‑270/00 y T‑277/00, Hotel Cipriani y otros/Comisión ( ) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»). En dicha sentencia el Tribunal de Primera Instancia consideró admisibles los recursos de anulación presentados con los referidos números de asunto contra la Decisión 2000/394/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de 1999, relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes nos 30/1997 y 206/1995 relativas a desgravaciones de las cargas sociales ( ) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), pero los desestimó por infundados.

2. Todas las partes en el procedimiento de casación solicitan que se anule la sentencia recurrida. La Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia tendría que haber declarado la inadmisibilidad de los recursos de anulación presentados en los asuntos T‑254/00, T‑270/00 y T‑277/00. Las demás partes entienden que el Tribunal de Primera Instancia tendría que haber estimado dichos recursos y anulado la Decisión controvertida.

I. Marco jurídico ( )

3. El artículo 87 CE, apartados 1 y 3, dispone :

«1. Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

[…]

3. Podrán considerarse compatibles con el mercado común:

[…]

c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés común;

[…]»

4. El artículo 88 CE, apartado 2, dispone:

«Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine.

Si el Estado de que se trate no cumpliere esta decisión en el plazo establecido, la Comisión o cualquier otro Estado interesado podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia, no obstante lo dispuesto en los artículos 226 y 227.»

5. Los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, ( ) disponen:

«Artículo 13

Decisiones de la Comisión

1. El examen de la presunta ayuda ilegal deberá terminar con una decisión de conformidad con los apartados 2, 3 o 4 del artículo 4. En el caso de las decisiones de iniciar el procedimiento de investigación formal, el procedimiento se terminará mediante una decisión en virtud del artículo 7. Si un Estado miembro incumple un requerimiento de información, esta decisión se adoptará basándose en la información disponible.

[…]

Artículo 14

Recuperación de la ayuda

1. Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda (denominada en lo sucesivo «decisión de recuperación»). La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho comunitario.

[…]

3. Sin perjuicio de lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pueda disponer, de conformidad con el artículo 185 del Tratado, la recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión. Para ello y en caso de procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales, los Estados miembros de que se trate tomarán todas las medidas necesarias previstas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, incluidas las medidas provisionales, sin perjuicio del Derecho comunitario.

Artículo 15

Plazo de prescripción

1. Las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas estarán sujetas a un plazo de prescripción de diez años.

2. El plazo de prescripción se contará a partir de la fecha en que se haya concedido la ayuda ilegal al beneficiario, bien como ayuda individual, bien en virtud de un régimen de ayudas. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por un Estado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal interrumpirá el plazo de prescripción. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio. El plazo de prescripción deberá suspenderse durante el tiempo en que la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

3. Cualquier ayuda para la que haya expirado el plazo de prescripción se considerará como ayuda existente.»

II. Hechos y procedimiento administrativo

A. Régimen de reducción de cargas sociales

6. El decreto ministeriale (Orden Ministerial) italiano de 5 de agosto de 1994 determina los criterios para la concesión de las exenciones y reducciones de cargas sociales establecidas en las disposiciones contempladas en el artículo 59 del decreto del Presidente della Repubblica, de 6 de marzo de 1978, por el que se establece un régimen especial de reducciones y exenciones de las cargas sociales que deben abonar los empresarios al Istituto Nazionale de la Previdenza Sociale (Instituto Nacional de Previsión Social; en lo sucesivo, «INPS») en el Mezzogiorno, para el período comprendido entre 1994 y 1996. El artículo 1 del decreto ministeriale establece una reducción general de las cargas sociales que deben abonar los empresarios. Por su parte, el artículo 2 de dicho decreto ministerial declara exentos de cargas sociales durante un año los nuevos puestos de trabajo creados por las empresas, a partir de la fecha de contratación de un trabajador desempleado.

7. A raíz de la notificación de dicho decreto ministeriale, la Comisión declaró, mediante la Decisión nº 95/455/CE, de 1 de marzo de 1995, relativa a las disposiciones en materia de reducciones, en el Mezzogiorno, de las cargas sociales que pesan sobre las empresas y de la asunción por el presupuesto del Estado de algunas de dichas cargas, ( ) que las reducciones y exenciones de las cargas sociales eran compatibles con el mercado común, siempre que se cumpliera una serie de requisitos.

8. El régimen de ayudas del decreto ministeriale fue extendido por la Ley italiana nº 206/1995, para los años 1995 y 1996, a las empresas situadas en el territorio insular de Venecia y de Chioggia. La Ley italiana nº 30/1997 prorrogó dicho régimen para 1997.

9. Las reducciones de cargas sociales concedidas en virtud del artículo 1 del decreto ministeriale a las empresas situadas en los territorios de Venecia y de Chioggia se elevaron por término medio a 37,7 millones de euros ( ) anuales, repartidos entre 1.645 empresas, y las reducciones concedidas con arreglo al artículo 2 de dicho decreto ascendieron a 292.831 euros ( ) anuales, repartidos entre 165 empresas.

B. Procedimiento ante la Comisión

10. Después de que las autoridades italianas notificaran a la Comisión la Ley nº 30/1997 mediante escrito de 10 de junio de 1997 conforme a lo dispuesto en la Decisión 95/455, ( ) la Comisión, mediante escrito de 1 de julio de 1997, seguido de un recordatorio de fecha 28 de agosto de 1997, solicitó información complementaria sobre la extensión del ámbito de aplicación del régimen de reducciones y exenciones de cargas sociales (en lo sucesivo, «reducción de cargas sociales») a las empresas situadas en Venecia y en Chioggia.

11. El 1 de diciembre de 1997, las autoridades italianas suspendieron la aplicación del régimen de reducción de cargas sociales de que se trata.

12. Ante la falta de respuesta, la Comisión notificó a la República Italiana, mediante escrito de 17 de diciembre de 1997, su decisión de incoar, en relación con dichas reducciones de cargas sociales, el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero. La decisión de incoar el procedimiento fue publicada en el Diario Oficial de 18 de febrero de 1998.

13. El Comitato «Venezia vuole vivere» (en lo sucesivo, «Comitato»), presentó sus observaciones mediante un escrito de 17 de marzo de 1998, acompañado de un estudio efectuado por el Consorzio per la ricerca e la formazione (en lo sucesivo, «COSES»), fechado en marzo de 1998, sobre las dificultades a las que se enfrentan las empresas que operan en el territorio de la laguna, comparadas con las situadas en tierra firme.

14. El 18 de mayo de 1998, el Ayuntamiento de Venecia presentó también sus observaciones, acompañadas de un primer estudio efectuado por el COSES sobre el mismo tema, fechado en febrero de 1998. En sus observaciones, el Ayuntamiento puso de relieve que entre los beneficiarios figuraban empresas municipales encargadas de la gestión de un servicio de interés económico general a las que resultaba aplicable el artículo 86 CE, apartado 2. La Comisión remitió a la República Italiana todas estas observaciones.

15. Las autoridades italianas presentaron sus observaciones mediante escrito de 23 de enero de 1999. En dicho escrito alegaron que a las empresas de los sectores de la construcción, comercio, hostelería y servicios de interés económico general no les era posible participar en los intercambios comerciales. Mediante escrito de 10 de junio de 1999, las autoridades italianas indicaron a la Comisión que se adherían a las observaciones presentadas por el Ayuntamiento de Venecia.

16. Mediante decisión de 23 de junio de 1999, la Comisión requirió a la República Italiana para que le presentara todos los documentos e informaciones necesarios para precisar el papel de las empresas municipales y apreciar la compatibilidad con el mercado común de las medidas de reducción de cargas sociales de que se trataba. Las autoridades italianas respondieron mediante escrito de 27 de julio de 1999.

17. El 12 de octubre de 1999 se celebró en Bruselas una reunión entre dichas autoridades y los representantes de la Comisión.

C. La Decisión controvertida

18. Según el artículo 1, apartado 1, de la Decisión controvertida, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Decisión, las ayudas ejecutadas por Italia en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia, en forma de desgravaciones de las cargas sociales a las que se hace referencia en las Leyes nos 30/1997 y 206/1995, basadas en el artículo 2 del decreto ministeriale de 5 de agosto de 1994, son compatibles con el mercado común cuando se conceden a las empresas siguientes:

a) PYME en el sentido definido en la normativa comunitaria sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas;

b) empresas que no se atienen a dicha definición y que están localizadas en una zona con derecho a acogerse a la excepción contemplada en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 CE;

c) cualquier otra empresa que emplee categorías de trabajadores con especiales dificultades de inserción o reinserción en el mercado laboral con arreglo a las Orientaciones comunitarias en materia de empleo.

19. En el artículo 1, apartado 2, de la Decisión controvertida, la Comisión declara que dichas ayudas constituyen ayudas incompatibles con el mercado común en la medida en que se concedan a empresas que no sean PYME y estén localizadas fuera de las zonas con derecho a acogerse a la excepción contemplada en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 CE.

20. Según el artículo 2 de la Decisión controvertida, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Decisión, las ayudas ejecutadas por Italia en forma de desgravaciones de las cargas sociales, a las que se refiere el artículo 1 del decreto ministeriale de 5 de agosto de 1994, son incompatibles con el mercado común.

21. De conformidad con el artículo 3 de la Decisión controvertida, las ayudas ejecutadas por Italia en favor de las empresas ASPIV y Consorzio Venezia Nuova son compatibles con el mercado común en virtud de las excepciones contempladas, respectivamente, en el apartado 2 del artículo 86 CE y la letra d) del apartado 3 del artículo 87 CE.

22. Según el artículo 4 de la Decisión controvertida, las medidas ejecutadas por Italia en favor de las empresas ACTV, Panfido SpA y AMAV no constituyen ayudas en el sentido definido en el artículo 87 CE.

23. Con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Decisión controvertida, Italia adoptará todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas incompatibles con el mercado común a las que se refieren el párrafo segundo del artículo 1 y el artículo 2, y ya ilegalmente puestas a su disposición. El artículo 5, apartado 2, primera frase, de la Decisión controvertida ordena que la recuperación se efectuará con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional.

III. Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

A. Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia

24. Además de lo recursos de anulación que dieron lugar a los recursos de casación, se presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia otros 56 recursos de anulación dentro de plazo.

25. En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia preguntó a las autoridades italianas si, con arreglo al artículo 5 de la Decisión controvertida, se consideraban obligadas a recuperar las reducciones de cargas sociales de cada uno de los demandantes. En la medida en que las autoridades italianas lo negaron, el Tribunal de Primera Instancia, mediante resoluciones de 10 de marzo de 2005, declaró inadmisibles los recursos por falta de interés en ejercitar la acción. ( ) Entre ellos se encontraba también el recurso de la codemandante de Comitato en el asunto T‑274/00, Verde Sport. A continuación, Comitato retiró su recurso en el asunto T‑274/00. ( )

26. En lo sucesivo, el Tribunal de Primera Instancia, con el consentimiento de los demandantes y de las otras partes, eligió los asuntos T‑221/00, T‑254/00, T‑270/00 y T‑277/00 como asuntos piloto. ( ) En la medida en que no se declaró la inadmisibilidad de los demás recursos, el Tribunal de Primera Instancia suspendió los correspondientes procedimientos.

B. La sentencia recurrida

27. En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró admisibles los recursos en los asuntos T‑254/00, T‑270/00 y T‑277/00. En este contexto rechazó, en particular, las causas de inadmisibilidad invocadas por la Comisión, que ésta basó en la litispendencia respecto de algunos recursos de Comitato, así como en la falta de legitimación de los demandantes. No obstante, desestimó los recursos por infundados. En particular, negó que la Comisión hubiera infringido los artículos 87 CE, apartado 1, 86 CE, apartado 2, 87 CE, apartado 3, letras b), c), d) y e), los artículos 14 y 15 del Reglamento nº 659/1999, así como el principio de igualdad de trato y la obligación de motivación.

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

28. Mediante escrito de 11 de febrero de 2009, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de febrero de 2009, Comitato interpuso un recurso de casación contra la sentencia recurrida. Comitato solicita:

– Que se estime el recurso.

– Que se anulen, en consecuencia, la sentencia recurrida y la Decisión controvertida; subsidiariamente, que se anule el artículo 5 de dicha Decisión controvertida en la medida en que establece una obligación de recuperar el importe de las reducciones de cargas sociales y dispone que a dicho importe se le sumarán los intereses correspondientes a contar desde el momento en que dichos importes se pusieron a disposición de los beneficiarios hasta el momento en que se produzca la devolución efectiva.

– Que se condene a la Comisión a cargar con las costas en ambas instancias.

29. A este recurso de casación se le atribuyó el número de asunto C‑71/09 P.

30. Mediante escrito de 10 de febrero de 2009, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de febrero de 2009, Hotel Cipriani interpuso un recurso de casación contra la sentencia recurrida. Solicita:

– Que se anule la sentencia recurrida.

– Que se acojan las pretensiones formuladas en primera instancia, en particular,

– que se anule la Decisión controvertida;

– subsidiariamente, que se anule el artículo 5 de dicha Decisión controvertida en la medida en que la orden de recuperación prevista en él incluye ayudas comprendidas en el principio de minimis y/o que se anule el artículo 5 en la medida en que dispone que se devengarán intereses a un tipo superior al que la empresa paga por sus propias deudas.

31. A este recurso de casación se le atribuyó el número de asunto C‑73/09 P.

32. Mediante escrito de 16 de febrero de 2009, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de febrero de 2009, Italgas interpuso un recurso de casación contra la sentencia recurrida. Solicita:

– Que se anule la sentencia recurrida.

– Que se anulen los artículos 1 y 2 de la Decisión controvertida, en la medida en que declaran incompatibles con el mercado común las reducciones de cargas sociales otorgadas por Italia, así como el artículo 5 de la Decisión controvertida o, subsidiariamente, que se devuelva el asunto al Tribunal General conforme al artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

– Que se condene a la Comisión a cargar con las costas en ambas instancias.

33. A este recurso de casación se le atribuyó el número de asunto C‑76/09 P.

34. Coopservice, codemandante de Comitato en el asunto T‑277/00, también interpuso un recurso de casación contra la sentencia recurrida. Sin embargo, dicho recurso se desestimó por haberse presentado fuera de plazo. A continuación, Coopservice presentó sus observaciones sobre los recursos de Comitato, Hotel Cipriani e Italgas mediante escrito de 1 de julio de 2009, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de julio de 2009.

35. Mediante escrito de 16 de julio de 2009, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de julio de 2009, la República Italiana presentó sus observaciones sobre los recursos de Comitato, Hotel Cipriani e Italgas. En dichas observaciones propone que se estimen las pretensiones de los recurrentes en casación y que se anule la sentencia recurrida y, por consiguiente, la Decisión controvertida.

36. Mediante escrito de 10 de julio de 2009, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de julio de 2009, la Comisión presentó un escrito de contestación a los recursos presentados en los asuntos C‑71/09 P, C‑73/09 P y C‑76/09 P y se adhirió a la casación. Solicita:

– Que se anule la sentencia recurrida en la parte en que el Tribunal de Primera Instancia declara la admisibilidad de los recursos de anulación.

– Que se estimen las pretensiones principales formuladas por la Comisión en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

– Subsidiariamente, que se desestimen los recursos de casación, en su caso sustituyendo la motivación de la sentencia recurrida.

– Que, en cualquier caso, se condene a los recurrentes a cargar con las costas en ambas instancias.

37. Mediante escrito de 28 de septiembre de 2009, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de octubre de 2009, Comitato presentó un escrito de contestación a la adhesión a la casación de la Comisión. Solicita:

– Que se desestime la adhesión a la casación formulada por la Comisión.

38. Italgas presentó un escrito de contestación a la adhesión a la casación de la Comisión el 9 de octubre de 2009, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de octubre de 2009. Solicita:

– Que se desestime la adhesión a la casación formulada por la Comisión mediante auto por ser manifiestamente infundada.

– Subsidiariamente, que se desestime la adhesión a la casación formulada por la Comisión por ser parcialmente inoperante y por lo demás infundada, o bien por ser totalmente infundada.

– Que, en cualquier caso, se condene a la Comisión a cargar con las costas adicionales causadas por la adhesión a la casación.

39. Mediante auto de 8 de abril de 2009, se ordenó acumular los asuntos C‑71/09 P, C‑73/09 P y C‑76/09 P a efectos de las fases escrita y oral y de la sentencia.

40. El 16 de septiembre de 2010 se celebró una vista en la que participaron, completaron sus observaciones y respondieron a preguntas los representantes de Comitato, Hotel Cipriani y Coopservice, Italgas, la República Italiana y la Comisión.

V. Sobre la adhesión a la casación formulada por la Comisión

41. Mediante su adhesión a la casación, la Comisión impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia de declarar la admisibilidad de los recursos en los procedimientos T‑254/00, T‑270/00 y T‑277/00. En este contexto, la Comisión alega en primer lugar que el Tribunal de Primera Instancia desestimó, incurriendo en error de Derecho, las causas de inadmisibilidad que había invocado en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y que se basan en la litispendencia (A), la falta de legitimación de todos los demandantes (B) y la falta de legitimación de Comitato (C). Además alega que el Tribunal de Primera Instancia no examinó suficientemente si los demandantes tenían interés en ejercitar la acción o consideró erróneamente que dicho interés existía (D).

A. Sobre la litispendencia

1. Motivación de la sentencia recurrida

42. Mediante el primer motivo de casación, la Comisión impugna los apartados 43 a 46 de la sentencia recurrida. En dichos apartados, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la alegación de la Comisión de que el recurso de Comitato en el asunto T‑277/00 era inadmisible por causa de la litispendencia en relación con sus anteriores recursos en los asuntos T‑231/00 y T‑274/00. En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en primer lugar, que no existía litispendencia respecto al recurso en el asunto T‑274/00, dado que Comitato había retirado su recurso en dicho asunto. ( ) Además, consideró que no estaba obligado a examinar la admisibilidad del recurso de Comitato en el asunto T‑277/00 porque Comitato lo había presentado junto con Coopservice. Habida cuenta de que el recurso de Coopservice era admisible, tenía que examinar de todos modos los motivos de fondo. ( ) Por último, estimó que no existía litispendencia en relación con el recurso anterior de Comitato en el asunto T‑231/00, porque los recursos en los asuntos T‑231/00 y T‑277/00 no se basan en los mismos motivos. Existe una serie de motivos que Comitato invoca únicamente en el asunto T‑277/00 y no en el asunto T‑231/00. ( )

2. Principales alegaciones de las partes

43. La Comisión alega, en primer lugar, que la litispendencia no puede desaparecer por la retirada del recurso anterior. La admisibilidad de un recurso ha de examinarse en el momento de su presentación. Además, resulta contrario al principio de economía procesal que un demandante presente numerosos recursos idénticos para después elegir uno de ellos.

44. En segundo lugar, para que exista litispendencia únicamente se exige que las partes y las pretensiones sean idénticas. Resulta irrelevante que los motivos sean idénticos. En esta dirección apunta también el artículo 27 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. ( ) Aunque se considerase que la identidad de los motivos es una condición imperativa para considerar que existe litispendencia, hubiera procedido desestimar el recurso de Comitato en el asunto T‑277/00 en la medida en que Comitato ya se había basado en motivos idénticos en el asunto T‑231/00.

45. En opinión de Comitato, dicho motivo de casación es inadmisible. Alega que la Comisión se basa en alegaciones que no había formulado de este modo en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia. Además, se le opone la firmeza de los autos del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 2005. ( ) En ellos, el Tribunal de Primera Instancia no había declarado la inadmisibilidad del recurso de Comitato en el asunto T‑277/00.

46. Además, alega que el motivo de casación carece de fundamento. El Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que, en relación con el asunto T‑274/00, había desaparecido la posible litispendencia debido a la retirada del recurso y que los recursos que había presentado en los asuntos T‑231/00 y T‑277/00 no se basaban en motivos idénticos.

3. Apreciación jurídica

47. El motivo de casación es admisible. En primer lugar, no se trata de un nuevo motivo de casación inadmisible. En un recurso de casación puede impugnarse un error de Derecho que se derive directamente de la sentencia recurrida. Así es en el caso del error de Derecho impugnado, dado que el Tribunal de Primera Instancia ha de examinar de oficio la admisibilidad de un recurso y, por lo tanto, la existencia de litispendencia. ( ) En segundo lugar, la firmeza de los autos del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 2005 ( ) no se opone a la impugnación. El Tribunal de Primera Instancia no se pronunció en dichos autos sobre la admisibilidad del recurso en el asunto T‑277/00.

48. El motivo de casación es parcialmente fundado.

a) Sobre la necesidad de examinar la admisibilidad del recurso de Comitato

49. La apreciación del Tribunal de Primera Instancia de que no tenía que examinarse la admisibilidad del recurso de Comitato, puesto que el recurso de su codemandante Coopservice es admisible, no resulta convincente. Es cierto que el Tribunal de Justicia procedió de este modo en un caso comparable. ( ) No obstante, considero que dicha jurisprudencia no puede trasladarse sin más a un recurso de anulación presentado ante el Tribunal de Primera Instancia. En primer lugar, me parece una jurisprudencia concebida para un órgano jurisdiccional de última instancia. Sin embargo, habida cuenta de que puede interponerse un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra una sentencia del Tribunal General, la decisión sobre la admisibilidad de un recurso de anulación puede producir efectos en lo que atañe a la continuación del procedimiento ante el Tribunal de Justicia. Si se hubiera declarado inadmisible el recurso de anulación de Comitato, su recurso de casación habría tenido un objeto distinto. Además, no se habría producido la adhesión a la casación formulada por la Comisión en lo relativo a la sentencia respecto a Comitato. Los efectos sobre la continuación del procedimiento ante el Tribunal de Justicia se ponen especialmente de manifiesto en el presente asunto. En el caso de autos, el Tribunal de Justicia únicamente ha de examinar el motivo de casación de Comitato y no el de su codemandante Coopservice. En segundo lugar, este modo de proceder no me parece compatible con el reparto de competencias entre el Tribunal General y el Tribunal de Justicia. En el marco de la adhesión a la casación formulada por la Comisión, el Tribunal de Justicia ha de examinar la alegación de litispendencia, puesto que este punto es un requisito de admisibilidad del recurso de anulación de Comitato ante el Tribunal de Primera Instancia, que el Tribunal de Justicia ha de examinar de oficio. ( ) Como muestra el presente asunto, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia de que no está obligado a examinar la admisibilidad del recurso de anulación de Comitato podría conducir en un caso como el de autos a que la admisibilidad de dicho recurso se examine por primera vez en el marco de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. En tercer lugar, albergo dudas sobre si la apreciación del Tribunal de Primera Instancia puede justificarse en todos los casos por razones de economía procesal. El hecho de que el primer examen se produzca ante el Tribunal de Justicia puede entrañar dificultades, en particular, cuando el propio Tribunal de Justicia ha de apreciar algunos hechos en el marco del examen de la admisibilidad. El Tribunal de Justicia únicamente está facultado para ello en el marco de un procedimiento de casación, si, de conformidad con el artículo 61, párrafo primero, de su Estatuto, decide resolver por sí mismo definitivamente el litigio. Sin embargo, esto únicamente será posible si el estado del asunto lo permite. Si su estado no lo permite, el Tribunal de Justicia tendrá que devolver el asunto al Tribunal General con arreglo al artículo 61, párrafo primero, de su Estatuto. La ventaja de economía procesal que se supone justifica la omisión del examen de la admisibilidad por parte del Tribunal General, amenaza con convertirse en determinados casos en una prórroga del procedimiento. Por las razones antes expuestas considero que la apreciación, según la cual el Tribunal General no ha de examinar la admisibilidad del recurso de Comitato en un caso como el de autos, es inadmisible también en el procedimiento principal, en contra de la jurisprudencia anterior. ( ) A los efectos del presente asunto no es necesario resolver la cuestión de si el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en error de Derecho, puesto que, de todos modos, el Tribunal de Justicia ha de examinar de oficio la alegación de litispendencia.

b) Sobre la desaparición de la litispendencia en caso de retirada del recurso anterior

50. Sin embargo, contrariamente a la opinión de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que el recurso de Comitato en el asunto T‑277/00 no es inadmisible por causa de litispendencia en relación con su recurso anterior en el asunto T‑274/00. Comitato retiró su recurso en el asunto T‑274/00. Es cierto que la Comisión señala acertadamente que los requisitos de admisibilidad de un recurso han de cumplirse, en principio, en el momento de su presentación. ( ) No obstante, puede desaparecer la inadmisibilidad por causa de litispendencia si el recurso anterior fue declarado inadmisible. ( ) Considero que esto también debe ser así cuando se ha retirado el recurso anterior. Mediante la inadmisibilidad por causa de litispendencia se pretende evitar que tengan que examinarse doblemente recursos idénticos. Entre otros se pretende evitar que recaigan resoluciones divergentes. Sin embargo, si el recurso anterior ha sido declarado inadmisible o ha sido retirado, dicho riesgo deja de existir.

c) Sobre la identidad de los motivos

51. En la medida en que la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia tendría que haber declarado la inadmisibilidad del recurso de Comitato en el asunto T‑277/00 por causa de litispendencia respecto a su recurso anterior en el asunto T‑231/00, dicha alegación está parcialmente fundada.

52. Es cierto que carece de fundamento la alegación formulada por la Comisión de que el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que la identidad de los motivos era un requisito de inadmisibilidad por causa de litispendencia. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, únicamente existe inadmisibilidad por causa de litispendencia si el recurso anterior enfrenta a las mismas partes, contiene las mismas pretensiones y se basa en los mismos motivos. ( ) Contrariamente a la opinión de la Comisión, no cabe entender dicha jurisprudencia en el sentido de que el Tribunal de Justicia únicamente mencionó el requisito de la identidad de los motivos ad abundantiam. ( ) En la sentencia Francia/Parlamento, el Tribunal de Justicia trató en profundidad la cuestión de la identidad de los motivos en dos recursos distintos, ( ) lo que resulta contrario a la hipótesis de considerar que la identidad de los motivos es irrelevante. Además, el Tribunal de Justicia fundó en la sentencia Diezler la inadmisibilidad de un recurso por causa de litispendencia en el hecho de que, además de la identidad de los objetos de los dos litigios, los motivos invocados por el demandante en los dos recursos eran básicamente idénticos. ( ) De las sentencias Bode/Comisión ( ) y Consejo/Perinciolo ( ) tampoco puede deducirse, en mi opinión, que exista litispendencia por el mero hecho de que las partes y las pretensiones sean idénticas. Dichas sentencias se basaban en un supuesto especial, en el que los demandantes habían presentado en primer lugar un recurso contra una primera decisión y posteriormente contra una segunda por la que se confirmaba el contenido de la primera decisión. Del hecho de que el Tribunal de Justicia declarara inadmisible el recurso presentado contra la segunda decisión por el motivo de que la demandante únicamente había «repetido» ( ) sus pretensiones, no puede deducirse sin más que el Tribunal de Justicia considere que el recurso es inadmisible por causa de litispendencia por el mero hecho de que las partes y las pretensiones son idénticas. Antes bien, como se desprende de las alegaciones de las partes en ambos asuntos, los recursos se basaban en los dos asuntos en motivos idénticos.

53. No obstante, la Comisión alega acertadamente que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta la identidad parcial de los motivos en los asuntos T‑231/00 y T‑277/00. El Tribunal de Primera Instancia declaró que Comitato había invocado algunos de sus motivos únicamente en su recurso en el asunto T‑277/00, pero no en su recurso en el asunto T‑231/00. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia debería haber llegado a la conclusión de que el recurso de Comitato en el asunto T‑277/00 era admisible en su totalidad. El doble examen de motivos idénticos podría conducir a la adopción de decisiones contradictorias. Este riesgo tampoco puede evitarse dejando de examinar, una vez dictada la sentencia en el asunto T‑277/00, los motivos idénticos en el asunto T‑231/00. Según la jurisprudencia, resulta inadmisible el recurso posterior y no el anterior. Por último, tal modo de proceder del Tribunal de Primera Instancia no puede justificarse por el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia, con el consentimiento de todas las partes, designara el asunto T‑277/00 como asunto piloto. Como señala la Comisión acertadamente, la admisibilidad de un recurso ha de examinarse de oficio, ( ) de modo que a este respecto no queda espacio para consideraciones de economía procesal.

d) Conclusión

54. Al no examinar en qué medida los recursos de Comitato en el asunto anterior T‑231/00 y en el posterior T‑277/00 se basaban en motivos esencialmente idénticos y al no declarar la inadmisibilidad, en esta medida, del recurso de Comitato en el asunto T‑277/00, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho. Por lo tanto, procede declarar fundado el primer motivo de casación de la Comisión. Procede rechazarlo en todo lo demás.

B. Sobre la afectación individual de los demandantes

1. Motivación de la sentencia recurrida

55. Mediante su segundo motivo, la Comisión impugna la declaración del Tribunal de Primera Instancia, basada en los apartados 69 a 112 de la sentencia recurrida, de que la Decisión controvertida afecta de manera individual a los demandantes en los asuntos T‑254/00, T‑270/00 y T‑277/00.

56. En dichos apartados, el Tribunal de Primera Instancia declaró en primer lugar que una decisión de la Comisión sobre un régimen de ayudas ilegal tiene alcance general, ya que se aplica a situaciones determinadas objetivamente y produce efectos jurídicos de manera general y abstracta. ( ) No obstante, cabe la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, las disposiciones de un acto de alcance general afecten individualmente a determinadas personas físicas o jurídicas, cuando les atañan debido a ciertas cualidades que les sean propias o a una situación de hecho que las caracterice con respecto a cualquier otra persona. ( )

57. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia rechazó la tesis defendida por la Comisión según la cual los beneficiarios efectivos de un régimen de ayudas únicamente están afectados individualmente cuando éste se ejecute mediante decisiones individuales. ( ) Consideró que dicha tesis era incompatible con la jurisprudencia ( ) y con el sistema de control de las ayudas de Estado. ( ) Por último, el Tribunal de Primera Instancia analizó el argumento de la Comisión de que las autoridades nacionales, al ejecutar la Decisión controvertida, son competentes para verificar si concurren en cada caso individual los requisitos de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1. El Tribunal de Primera Instancia negó la existencia de tal facultad. ( )

2. Principales alegaciones de las partes

58. En opinión de la Comisión, la motivación del Tribunal de Primera Instancia adolece de errores de Derecho. En primer lugar, considera que la Decisión controvertida es un acto de alcance general. En el caso de una decisión relativa a un régimen de ayudas multisectorial ilegal, la Comisión no está obligada a tener en cuenta casos concretos. Por esta razón, no se pronunció en la Decisión controvertida sobre si, en el caso de los demandantes, existe una ayuda. Este punto únicamente se aclara en el momento de la ejecución de la Decisión controvertida. Por lo tanto, la Decisión controvertida no afecta a los demandantes de manera individual. Este hecho no se ve modificado en absoluto por la orden de recuperación prevista en el artículo 5 de la Decisión controvertida.

59. Además, alega que el Tribunal de Primera Instancia vinculó la afectación individual de los demandantes a su obligación de devolver la ayuda, incurriendo así en error de Derecho. La legitimación ha de examinarse en el momento de presentación de la demanda. Sin embargo, en ese momento no era seguro si se obligaría a los demandantes a la devolución. Tan sólo a raíz de una investigación, llevada a cabo por las autoridades nacionales en el marco de la ejecución de la Decisión controvertida, pudo saberse qué beneficiarios efectivos estaban obligados a la devolución. En esta misma dirección apunta también el hecho de que una empresa no tiene interés en ejercitar la acción cuando resulta manifiesto que no se le obligará a devolver la ayuda.

60. Por otro lado, señala que el Tribunal de Primera Instancia declaró erróneamente que es identificable el círculo de personas afectadas por la Decisión controvertida. Según la Comisión, este círculo únicamente es identificable cuando el número o la identidad de las personas puede determinarse de manera más o menos precisa. La mera posibilidad de averiguación posterior no es suficiente. La Comisión tiene que poder determinar por lo menos quiénes son los obligados a la devolución; no era así en el caso de autos. En el momento de la adopción de la Decisión y de la presentación del recurso no disponía de la información necesaria para ello.

61. Además, la Comisión alega la existencia de errores de Derecho en la parte de la motivación de la sentencia recurrida en la que el Tribunal de Primera Instancia declaró que la tesis de la Comisión era incompatible con el sistema de control de las ayudas de Estado, así como en la parte en la que señaló los motivos por los que las autoridades nacionales, al ejecutar la orden de recuperación, no están facultadas para examinar si existe una ayuda en cada caso concreto.

62. Italgas considera que procede rechazar el segundo motivo de casación. Contrariamente a lo que entiende la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia no vinculó la afectación individual de los demandantes a su obligación de devolución, sino al hecho de que la Decisión controvertida afectase directamente a su posición jurídica. Además, únicamente ha de atenderse al carácter identificable del círculo de personas y no a si la Comisión puede identificarlo. Por lo demás, alega que la Comisión confunde la legitimación con el interés en ejercitar la acción. Por otra parte, la tesis de la Comisión conduce a que el acceso de los demandantes a los Tribunales de la Unión quede en manos de la Comisión. Según su tesis, la Comisión puede excluir el interés en ejercitar la acción del particular manteniendo el carácter abstracto de su decisión. Además, por lo que respecta a las órdenes de la Comisión dadas a las autoridades nacionales en el marco de la ejecución de la Decisión controvertida, no existe posibilidad alguna de una tutela judicial efectiva.

63. Las alegaciones de la Comisión acerca de la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que la tesis de la Comisión es incompatible con el sistema de control de las ayudas de Estado es irrelevante en opinión de Italgas, puesto que no es parte fundamental de la motivación. Así sucede también en el caso de las alegaciones relativas a la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que las autoridades nacionales no están facultadas, al ejecutar la Decisión controvertida, para examinar en cada caso concreto si existe una ayuda. Por lo demás, las alegaciones con las que se impugna dicha declaración carecen de fundamento.

64. Comitato también considera que procede rechazar el segundo motivo de casación de la Comisión. ( ) A diferencia de los beneficiarios potenciales, la Decisión controvertida no es para los beneficiarios efectivos un acto de carácter general, dado que afecta a un número determinable de empresas en su posición jurídica. Los beneficiarios efectivos se determinan en cuanto destinatarios de una orden de recuperación de las autoridades nacionales. Por lo tanto, su posición puede compararse con la de un beneficiario de una ayuda individual.

3. Apreciación jurídica

65. Habida cuenta de que el Tribunal de Primera Instancia fundamenta su motivación, en primera línea, en un análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ( ) examinaré primeramente las alegaciones de la Comisión dirigidas contra esa parte de la motivación del Tribunal de Primera Instancia.

66. Dichas alegaciones carecen de fundamento. El Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los beneficiarios efectivos de la reducción de cargas sociales han de considerarse afectados individualmente por la Decisión controvertida (a). Procede rechazar las objeciones formuladas por la Comisión contra dicha jurisprudencia (b).

a) Sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

67. Como señaló acertadamente el Tribunal de Primera Instancia, ( ) los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión sólo pueden alegar que se ven afectados individualmente si ésta les atañe en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona y por ello los individualiza de manera análoga a la del destinatario (fórmula Plaumann). ( )

68. Si en una decisión la Comisión califica un régimen nacional de ayudas multisectorial de incompatible con el mercado común, según la fórmula Plaumann las personas que tan sólo se hubieran beneficiado potencialmente de dicho régimen no estarían afectadas individualmente por dicha decisión. Los beneficiarios potenciales de un régimen de ayudas multisectorial son un grupo de personas descrito de manera general y abstracta. ( )

69. Sin embargo, en la medida en que la Comisión ordene en una decisión de este tipo que el Estado miembro recupere las ayudas otorgadas con arreglo al régimen nacional, los beneficiarios efectivos de dicho régimen están, según la fórmula Plaumann, afectados directamente por ella. Como señaló acertadamente el Tribunal de Primera Instancia, ( ) los beneficiarios efectivos están constituidos por un círculo de personas que en el momento de adoptarse la Decisión era identificable y, por lo tanto, delimitable. La Decisión controvertida también les afecta en su posición jurídica. Tienen que temer que las autoridades nacionales pretendan recuperar de ellas los beneficios obtenidos en virtud del régimen. ( )

b) Sobre las objeciones de la Comisión

70. No me parecen convincentes las objeciones formuladas por la Comisión contra dicha jurisprudencia, que puede considerarse constante particularmente después de las sentencias Italia y Sardegna Lines/Comisión ( ) e Italia/Comisión, ( ) o contra la aplicación de dicha jurisprudencia al caso de autos.

i) Sobre la vinculación con la obligación de devolver la ayuda

71. En la medida en que la Comisión objeta, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia supedita la afectación individual de los beneficiarios efectivos a su obligación de devolver la ayuda, pese a que dicha obligación aún no existía en el momento de adoptarse la Decisión o de presentarse el recurso, esta objeción es infundada.

72. Contrariamente a lo que opina la Comisión, los beneficiarios efectivos no están afectados individualmente tan sólo cuando las autoridades nacionales les exijan la devolución. Antes bien, la orden de recuperación de la Comisión ya afecta individualmente a todas las personas que se han beneficiado efectivamente con arreglo al régimen de reducción de cargas sociales, salvo que, en la Decisión controvertida, la Comisión declarara, en cuanto a su caso o a determinados grupos de casos en los que estén comprendidas, que la reducción de cargas sociales es compatible con el artículo 87 CE. Tal Decisión afecta a la posición jurídica de los beneficiarios efectivos independientemente de cómo se entienda dicha Decisión.

73. En la medida en que el artículo 5, en relación con los artículos 1, apartado 2, y 2 de la Decisión controvertida se entienda en el sentido de que se insta a la República Italiana a recuperar todas las reducciones de cargas sociales que no hayan sido declarados expresamente compatibles con el artículo 87 CE con arreglo al artículo 1, apartado 1, artículo 3 y artículo 4, o con arreglo a la motivación de la Decisión controvertida, resulta manifiesto que la Decisión afecta directamente a la postura jurídica de los demandantes. Según esta tesis, sólo es cuestión de tiempo que las autoridades nacionales los insten a devolver la ayuda.

74. En cambio, la Comisión entiende el artículo 5, en relación con los artículos 1, apartado 2, y 2 de la Decisión controvertida en el sentido de que únicamente se ordena la recuperación de las reducciones de cargas sociales en la medida en que constituyan, también en el caso concreto, ayudas en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. Las autoridades nacionales examinan este extremo únicamente al ejecutar la Decisión. No obstante, también según esta tesis la Decisión controvertida afecta individualmente a los beneficiarios efectivos.

75. Primeramente, las autoridades nacionales están sujetas, al ejecutar la Decisión controvertida, a las declaraciones de la Comisión. Aunque la Comisión señale que no ha examinado si las reducciones de cargas sociales falsean la competencia en el caso concreto o afectan al comercio intracomunitario, sí ha hecho una declaración acerca de otros requisitos del artículo 87 CE, apartado 1, que vinculan a las autoridades nacionales también en el marco de un análisis de los casos concretos. Así, la Comisión declaró en los considerandos 52 a 56 de la Decisión controvertida que las reducciones de cargas sociales constituyen ventajas en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, aunque el legislador italiano pretendiera compensar con ellas algunas desventajas en materia de competencia. Por lo tanto, la Decisión controvertida contiene una declaración de la Comisión que vincula a las autoridades nacionales al ejecutar la decisión sobre la recuperación. De este modo afecta directamente a los beneficiarios efectivos en su posición jurídica.

76. La idea de tutela judicial efectiva también aboga por considerar que, en tal supuesto, existe una afectación individual. Dicha tutela no existiría si una empresa que pretendiera actuar contra tal declaración hecha en la Decisión controvertida tuviera que acudir ante los tribunales nacionales, dado que estos, al igual que las autoridades nacionales, están vinculados a tal declaración de la Comisión, de modo que no podrían hacer más que plantear dicha cuestión al Tribunal de Justicia. ( )

77. Por último, considero que no puede constituir una desventaja para los beneficiarios efectivos el hecho de que la Comisión no haya profundizado en la motivación de la Decisión controvertida en lo relativo a determinados requisitos del artículo 87 CE, apartado 1, de modo que para un beneficiario efectivo en particular no resulte claro si se le exigirá la devolución.

78. Por lo tanto, la Decisión controvertida afecta individualmente a los beneficiarios efectivos, con independencia de la manera en que haya de entenderse.

ii) Sobre el carácter suficientemente identificable

79. También procede desestimar la siguiente objeción de la Comisión de que los beneficiarios efectivos de la reducción de cargas sociales no eran suficientemente identificables. Contrariamente a lo que considera la Comisión, el punto decisivo no es si la Comisión los conocía o podía conocer en el momento de adoptarse la Decisión o de presentarse el recurso. Según la fórmula Plaumann, únicamente resulta decisivo que pueda delimitarse el círculo de los beneficiarios efectivos. ( ) De este modo, en los apartados 81, 82 y 84 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia se basó acertadamente en que el círculo de los beneficiarios efectivos era un círculo de personas delimitable y por lo tanto identificable. En la medida en que el Tribunal de Primera Instancia señaló, además, en los apartados 91 y 92 de la sentencia recurrida que la Comisión conocía el número exacto de empresas beneficiarias, esto es meramente una indicación adicional, pero que no cuestiona en modo alguno la fundamentación acertada que el Tribunal de Primera Instancia hace en los apartados 81, 82 y 84 de la sentencia recurrida.

iii) Sobre la desaparición del interés en ejercitar la acción

80. Por otro lado, tampoco resulta convincente la alegación de la Comisión según la cual la admisibilidad del recurso de un beneficiario efectivo puede desaparecer como consecuencia de una investigación adicional llevada a cabo por las autoridades nacionales en el marco de la ejecución de una medida de la Comisión. En este contexto procede distinguir entre la legitimación por una parte y el interés en ejercitar la acción por otra.

81. La afectación individual de una persona natural o jurídica, requisito para su legitimación en virtud del artículo 230 CE, párrafo cuarto, depende únicamente de la Decisión controvertida. Como se ha expuesto anteriormente, la orden de recuperación contenida en la Decisión controvertida afectaba directa e individualmente a todas las personas que se beneficiaban efectivamente del régimen de reducción de cargas sociales, salvo a aquellas personas respecto de las cuales la Comisión había declarado la compatibilidad de la reducción de cargas sociales con el artículo 87 CE. De este modo, ya en el momento de adoptarse la Decisión controvertida, y por consiguiente en el momento de presentarse el recurso, estaba claro quién se veía individualmente afectado por dicha Decisión.

82. Si después de la adopción de la Decisión controvertida resulta que no se exigirá la devolución de las reducciones de cargas sociales a una persona individualmente afectada, este hecho no produce efectos sobre su afectación individual. Pero, como señaló el Tribunal de Primera Instancia acertadamente en los apartados 88 y 89 de la sentencia recurrida, dicha persona puede carecer de interés en ejercitar la acción contra la Decisión controvertida por haber perdido en ese caso el interés en que se anule la Decisión controvertida.

iv) Sobre los efectos indeseables

83. La Comisión alega, además, que la consideración de que los beneficiarios efectivos están individualmente afectados tendría efectos indeseables para ellos. Éstos únicamente podrían actuar contra una decisión de recuperación por vía de recurso con arreglo al artículo 230 CE. Dejaría de ser posible la apreciación de la validez de tal decisión por vía de decisión prejudicial con arreglo al artículo 234 CE, párrafo primero, letra b), primera alternativa.

84. Esta objeción tampoco resulta convincente. Como estimó acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 90 de la sentencia recurrida, no puede deducirse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( ) que para ejercitar una acción contra una decisión de la Comisión las personas físicas o jurídicas legitimadas en virtud del artículo 230 CE, párrafo cuarto, únicamente puedan invocar la validez de tal decisión por la vía de un recurso de anulación y no puedan cuestionar la validez de dicha decisión en el marco de una petición de decisión prejudicial.

85. Por lo que respecta a la remisión de la Comisión a la sentencia Textilwerke Deggendorf, procede señalar que en dicho asunto concurrían circunstancias especiales que abogaban por entender que la petición de decisión prejudicial era inadmisible. En primer lugar, en dicho asunto el beneficiario de las ayudas había sido mencionado expresamente en la decisión de la Comisión; aunque no por su nombre, sí de manera que no cabía duda sobre su identidad. ( ) En segundo lugar, las autoridades nacionales le habían informado de la decisión de la Comisión y se le había señalado la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Justicia. ( )

86. El presente asunto es distinto. En primer lugar, los demandantes no han sido nombrados en la Decisión controvertida. En segundo lugar, en el momento de su adopción aún no se sabía a qué beneficiarios efectivos les iban a exigir las autoridades nacionales la devolución de las reducciones de cargas sociales. Considero que en tal supuesto no puede reprocharse a un beneficiario efectivo que, aunque esté legitimado con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, no presente directamente un recurso contra la Decisión controvertida, sino que espere antes las medidas de las autoridades nacionales.

87. En mi opinión, la sentencia Atzeni y otros ( ) también debe interpretarse en este sentido. Contrariamente a lo que considera la Comisión, el Tribunal de Justicia no cuestiona en dicha sentencia su jurisprudencia en materia de afectación individual de los beneficiarios efectivos, reiterada tras las sentencias Italia y Sardegna Lines ( ) e Italia/Comisión. ( ) Antes bien, en dicha sentencia meramente subrayó que, en un caso en el que no pueda reprocharse a una persona no haber hecho uso de una posibilidad manifiesta de presentar un recurso contra una decisión de la Comisión, es posible presentar una petición de decisión prejudicial en la que se pregunte al Tribunal de Justicia sobre la validez de la decisión de la Comisión. ( ) Por lo tanto, procede rechazar la objeción de la Comisión.

v) Sobre el carácter contradictorio de las conclusiones

88. Por último tampoco me convence la objeción de la Comisión de que considerar que los beneficiarios efectivos están afectados individualmente conduce a conclusiones contradictorias porque en tal supuesto se daría un trato favorable a empresas por el mero hecho de que el Estado miembro no haya cumplido con su obligación de notificación. La idea de que un Estado miembro no ha de obtener ventajas del incumplimiento de su obligación de notificación puede tenerse en cuenta en la medida en que se trate del criterio de examen de la Comisión al analizar regímenes de ayudas multisectorial que sean ilegales. ( ) Sin embargo, no considero acertado trasladar dicha idea sin restricciones a la legitimación de personas físicas y jurídicas y, en particular, a los criterios para valorar si están afectados individualmente que, según reiterada jurisprudencia, se rigen por los criterios de la fórmula Plaumann.

c) Conclusión

89. Debo, por tanto, concluir en primer lugar que el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La declaración del Tribunal de Primera Instancia de que los demandantes en los asuntos T‑254/00, T‑270/00 y T‑277/00, en cuanto beneficiarios efectivos de las reducciones de cargas sociales, están afectados individualmente por la Decisión controvertida, queda suficientemente fundamentada por la remisión que el Tribunal de Primera Instancia hace a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

90. De ello resulta que las demás alegaciones de la Comisión son irrelevantes. ( ) Ni la parte de la motivación de la sentencia recurrida en la que el Tribunal de Primera Instancia expuso los motivos por los que la tesis defendida por la Comisión es incompatible con el sistema de control de las ayudas de Estado, ni la parte en la que el Tribunal de Primera Instancia señaló las razones por las que se supone que las autoridades nacionales, al ejecutar la Decisión controvertida, son incompetentes para verificar si concurren en cada caso individual los requisitos de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, son necesarios para fundamentar la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que los demandantes están afectados individualmente por la Decisión controvertida. Por lo tanto, un error de Derecho en las referidas partes de la sentencia no podría poner en tela de juicio la citada declaración del Tribunal de Primera Instancia.

91. Por lo tanto, procede desestimar en su totalidad el segundo motivo de casación de la Comisión.

C. Sobre la legitimación de Comitato

1. Motivación de la sentencia recurrida

92. Mediante su tercer motivo de casación, la Comisión impugna la declaración del Tribunal de Primera Instancia hecha en los apartados 114 y 115 de la sentencia recurrida según la cual Comitato, en su condición de organismo que agrupa a asociaciones profesionales, está legitimado. En dichos apartados el Tribunal de Primera Instancia señaló, en primer lugar, que no tenía que examinar la admisibilidad del recurso de Comitato en el asunto T‑277/00, dado que era admisible el recurso de su codemandante Coopservice. Además, Comitato, en su condición de organismo que agrupa a asociaciones profesionales representativas de empresas situadas en Venecia o en Chioggia, se veía directa e individualmente afectado por la Decisión controvertida. Comitato actúa en lugar de sus miembros, cuyos recursos habrían sido admisibles.

2. Principales alegaciones de las partes

93. Según la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia no podía prescindir de analizar la legitimación de Comitato. Además, alega que la jurisprudencia relativa a la legitimación de asociaciones profesionales no puede trasladarse a un organismo que agrupa a asociaciones profesionales. Por otra parte, indica que faltaban pruebas de que los miembros de las asociaciones profesionales hubieran dado mandato a éstas para defender sus intereses ante los tribunales y de que las asociaciones profesionales por su parte hubieran dado mandato para ello a Comitato.

94. Comitato solicita que se desestime el referido motivo de casación. De conformidad con sus estatutos, su función consiste, en particular, en coordinar acciones dirigidas contra la prohibición de las reducciones de cargas sociales. Entre ellas se encuentra también la interposición de recursos. Además, participó de manera activa en el procedimiento de investigación formal.

3. Apreciación jurídica

95. Con carácter previo debe declararse que el Tribunal de Primera Instancia no podía prescindir de analizar la legitimación de Comitato en el asunto T‑277/00 por los motivos antes señalados, ( ) aunque el recurso de su codemandante Coopservice en dicho asunto resultara ser admisible.

96. Sin embargo, en definitiva no son fundadas las alegaciones por las que la Comisión impugna la declaración subsidiaria del Tribunal de Primera Instancia de que Comitato estaba legitimado.

97. Según reiterada jurisprudencia, una asociación profesional que defiende los intereses individuales de algunos de sus miembros sin dejar de proteger los del sector en su conjunto, está legitimada si lo estuvieran dichos miembros. ( ) Las dudas que alberga la Comisión en cuanto a la posibilidad de aplicar dicha jurisprudencia a un organismo que agrupa a asociaciones profesionales no son fundadas. La ratio de la referida jurisprudencia consiste en poder unir, mediante un recurso de una asociación profesional, los posibles recursos de empresas particulares. Esta idea de coordinar acciones tiene aún más peso respecto a un organismo en el que se agrupan asociaciones profesionales que en el caso de una asociación profesional. A esta idea tampoco se opone el hecho de que Comitato actuara en el asunto T‑277/00 como codemandante, puesto que no puede excluirse que el comportamiento de Comitato como codemandante estuviera dirigido a proteger los intereses del sector en su conjunto.

98. En la medida en que la Comisión alega además que no ha quedado suficientemente acreditado el mandato «escalonado» de Comitato, dicha impugnación es admisible. La Comisión no impugna una apreciación de los hechos llevada a cabo por el Tribunal de Primera Instancia, sino más bien el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia no dispusiera de la formación necesaria para poder considerar que existía tal mandato atribuido a Comitato. Una alegación como ésta es admisible en el recurso de casación. ( )

99. La alegación de la Comisión no puede rechazarse señalando meramente que la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia era suficiente porque una sentencia no tiene que contener una motivación detallada respecto de cada uno de sus puntos. Esto presupondría que el Tribunal de Primera Instancia ha verificado efectivamente la existencia de un mandato «escalonado» de Comitato y que únicamente limitó su fundamentación. Sin embargo, el propio Comitato señaló que no había presentado al Tribunal de Primera Instancia sus estatutos de los que resulta su mandato.

100. No obstante, considero que la legitimación de Comitato en el presente caso no puede basarse únicamente en que defiende los intereses de las asociaciones profesionales. Por el contrario, me parece suficiente, en virtud de la jurisprudencia antes citada, que Comitato defienda por lo menos los intereses de algunas de las empresas legitimadas y que al mismo tiempo intente proteger los intereses del sector en su conjunto. En el presente asunto puede deducirse del mero hecho de que Comitato presentara un recurso junto con empresas legitimadas, como Coopservice, que Comitato ha ejercido su papel con el consentimiento de al menos esas empresas. Por lo demás, ha de señalarse que Comitato ha participado de manera activa en el procedimiento de investigación formal.

101. Por consiguiente, propongo desestimar el tercer motivo de casación de la Comisión sustituyendo parcialmente la motivación de la sentencia recurrida.

D. Sobre el interés en ejercitar la acción

102. Mediante su cuarto motivo de casación, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia no examinó suficientemente el interés de los demandantes en ejercitar la acción. Según ellos éste no existía en el momento de presentarse el recurso, dado que en ese momento no se sabía con certeza si los demandantes serían obligados a devolver las reducciones de cargas sociales. Según Italgas, procede rechazar esta alegación. Considera que el Tribunal de Primera Instancia señaló acertadamente que el interés en ejercitar la acción se deriva directamente de la Decisión controvertida.

103. El cuarto motivo de casación de la Comisión carece de fundamento. Como señaló acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 88 y 89 de la sentencia recurrida, los demandantes tenían interés en ejercitar la acción, dado que la anulación de la Decisión controvertida habría mejorado su posición jurídica. La propia Decisión controvertida afectaba directamente a la posición jurídica de los beneficiarios efectivos de las reducciones de cargas sociales. ( ) Por lo tanto, este hecho no sólo constituye en el presente asunto la base para la legitimación de los beneficiarios efectivos, sino también para el interés de éstos en ejercitar la acción. No obstante, el interés puede desaparecer posteriormente, si se sabe con suficiente certeza que las autoridades nacionales no exigirán a un beneficiario efectivo la devolución de las reducciones de cargas sociales. ( )

E. Conclusión

104. Por lo tanto, está fundado el primer motivo de casación de la Comisión en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia no examinó en qué medida Comitato ya había alegado en el asunto anterior T‑231/00 los motivos en los que se basa en el asunto T‑277/00 y el Tribunal de Primera Instancia no declaró la inadmisibilidad del recurso de Comitato en el asunto T‑277/00 por causa de litispendencia en la medida en que concurrieran motivos idénticos. Por lo demás, procede desestimar la adhesión a la casación formulada por la Comisión.

VI. Sobre los recursos de casación de Italgas, Hotel Cipriani y Comitato

105. En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los recursos presentadas en los asuntos T‑254/00, T‑270/00 y T‑277/00 por carecer de fundamento. Hotel Cipriani, Italgas y Comitato, demandantes en dichos asuntos, alegan esencialmente en sus recursos de casación que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en varios errores de Derecho al aplicar los artículos 87 CE, apartado 1, 86 CE, apartado 2, 87 CE, apartado 3, letras c) y d), así como los artículos 14 y 15 del Reglamento nº 659/1999. Además alegan que el Tribunal de Primera Instancia vulneró el principio de no discriminación y declaró erróneamente que la Comisión había motivado suficientemente la Decisión controvertida. A continuación analizaré conjuntamente los motivos de casación idénticos de Hotel Cipriani, Italgas y Comitato (en lo sucesivo, «recurrentes en casación»). ( )

A. Sobre la naturaleza compensatoria de las reducciones de cargas sociales

1. Motivación de la sentencia recurrida

106. Los recurrentes en casación impugnan, en primer lugar, la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que las reducciones de cargas sociales hayan de considerarse un beneficio en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. La Comisión declaró en la Decisión controvertida que el carácter de beneficio de las reducciones de cargas sociales no desaparece porque se pretenda compensar con ellas las desventajas estructurales que sufren las empresas establecidas en Venecia y Chioggia. El Tribunal de Primera Instancia confirmó esta declaración de la Comisión en los apartados 179 a 198 de la sentencia recurrida.

107. En dichos apartados, el Tribunal de Primera Instancia se basó, en primer lugar, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como en que las normas relativas a la competencia no pretenden garantizar una competencia perfecta, sino una competencia efectiva o eficaz. ( ) Es cierto que el Tribunal de Primera Instancia ha reconocido que en algunas situaciones particulares un beneficio que pretende compensar una desventaja no puede constituir un beneficio en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. Sin embargo, en el presente asunto no existe tal situación particular en la que se pretende compensar parcialmente las desventajas estructurales por razón del lugar de ubicación con las reducciones de cargas sociales. ( )

108. Subsidiariamente, el Tribunal de Primera Instancia se basó en que no existe relación directa entre las reducciones de cargas sociales y el objetivo de compensar costes adicionales que se producen en Venecia y Chioggia. ( ) Además, el Gobierno italiano no hizo comparación alguna de una empresa domiciliada en Venecia o Chioggia, por una parte, y otra empresa de tipo medio domiciliada en la Comunidad, por otra, sino que únicamente comparó los costes de una empresa domiciliada en Venecia o Chioggia y los de una empresa italiana en tierra firme. ( )

2. Principales alegaciones de las partes

109. Los recurrentes en casación impugnan en primer lugar la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia de que el carácter de beneficio de las reducciones de cargas sociales no desaparece por el hecho de que se pretendan compensar desventajas estructurales de las empresas domiciliadas en Venecia y Chioggia. En este contexto, Comitato y el Gobierno italiano alegan que el Tribunal de Primera Instancia no consideró suficientemente el carácter compensatorio de las reducciones de cargas sociales. Según ellos, un beneficio que únicamente tenga por objeto compensar una desventaja competitiva no constituye una ayuda. El régimen nacional únicamente sirve para mantener la competitividad de las empresas domiciliadas en Venecia y Chioggia. Resulta contradictorio aplicar la prohibición de las ayudas de modo que conduzca al traslado de las empresas y a la desaparición de la competencia. Hotel Cipriani y Coopservice alegan que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo suficientemente en cuenta el objetivo del legislador nacional, que pretende mantener el centro histórico de Venecia y fomentar el empleo. Alegan que el legislador italiano ha evaluado de manera cualitativa y cuantitativa las mayores cargas que tiene que soportar una empresa domiciliada en Venecia o Chioggia. Ni la Comisión ni el Tribunal de Primera Instancia pueden hacer un análisis detallado de dicha evaluación. Además, no cabe argumentar que los costes superiores pueden compensarse con un incremento en los precios de los hoteles. En primer lugar, no todas las empresas beneficiarias ejercen una actividad turística. En segundo lugar, se pretende que la competencia no conduzca a un aumento, sino a una reducción de los precios.

110. Italgas alega un error de motivación. Señala que el Tribunal de Primera Instancia admitió que existen situaciones particulares en las que la compensación de una desventaja puede hacer desaparecer el carácter de beneficio de una medida sin exponer de manera convincente los motivos por los que en el caso de autos no estamos ante tal situación particular.

111. Además, el Gobierno italiano alegó, comparando las autoridades italianas con una empresa privada y las cotizaciones a la seguridad social con primas de seguro, que, en un caso como el de autos, una empresa privada habría reducido las primas de seguro.

112. Además, los recurrentes en casación impugnan la motivación subsidiaria del Tribunal de Primera Instancia según la cual no existe relación directa entre las reducciones de cargas sociales y el objetivo de compensar costes adicionales que se producen en Venecia y Chioggia, ( ) así como la motivación subsidiaria según la cual las autoridades italianas no compararon una empresa domiciliada en Venecia o Chioggia, por una parte, y una empresa de tipo medio domiciliada en la Comunidad, por otra. ( )

113. Según la Comisión, procede rechazar dichas alegaciones. Sostiene, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia concluyó en definitiva acertadamente que el objetivo de compensar desventajas estructurales no resta a las reducciones de cargas sociales el carácter de beneficio en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. Únicamente es errónea la motivación del Tribunal de Primera Instancia, por lo que debe sustituirse. No existe ninguna situación particular en la que un beneficio pueda desaparecer debido al objetivo de compensar desventajas estructurales de un sector o de una región. Por consiguiente, debe sustituirse la motivación de la sentencia recurrida. Además, también procede rechazar las alegaciones de los recurrentes en casación dirigidas contra la motivación subsidiaria del Tribunal de Primera Instancia.

3. Apreciación jurídica

114. En primer lugar, procede examinar si el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que las reducciones de cargas sociales constituyen un beneficio en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, aunque el legislador italiano pretendiera compensar con ellas las desventajas en materia de competencia de las empresas domiciliadas en Venecia y Chioggia.

a) Sobre la interpretación del concepto de beneficio

115. En la medida en que los recurrentes en casación alegan que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente el concepto de beneficio en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, procede rechazar dichas alegaciones.

116. El Tribunal de Primera Instancia se basó en el apartado 182 de la sentencia recurrida y en la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual el hecho de que un Estado miembro se proponga compensar las desventajas en las condiciones de competencia que sufren empresas de un determinado sector económico o de determinadas regiones mediante un beneficio no desvirtúa el carácter de ayuda de estas medidas. ( )

117. Al analizar si una medida constituye una ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, en principio no se tienen en cuenta los objetivos que con ella se persiguen, sino sus efectos. Los objetivos perseguidos con una medida no se tienen en cuenta hasta el examen de si una ayuda es compatible con el mercado interior. ( ) Como señaló el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 185 a 187 de la sentencia recurrida, es cierto que, en la jurisprudencia, dicho principio no se respeta en todos los casos. Sin embargo, a los efectos del presente asunto no es necesario hacer un análisis detallado de los casos excepcionales en los que la jurisprudencia se aparta del citado principio. La Comisión señala acertadamente que el objetivo de compensar las desventajas de ciertas empresas en materia de competencia derivadas de su localización no justifica apartarse de dicho principio.

118. En este sentido apunta la estructura del artículo 87 CE. Según el artículo 87 CE, apartado 3, letras a) a d), tal objetivo puede tenerse en cuenta en el marco del examen de la compatibilidad de una ayuda con el mercado común. Por lo tanto, la sistemática de dicha norma se opone a que ya se considere tal objetivo como un elemento del supuesto de hecho previsto en el artículo 87 CE, apartado 1.

119. Además, tampoco sería compatible con el sentido y la finalidad del artículo 87 CE, apartado 1, tener en cuenta tal objetivo en el marco de dicha disposición. Como señalaron acertadamente la Comisión en el quincuagésimo tercer considerando de la Decisión controvertida y el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 184 de la sentencia recurrida, el artículo 87 CE, apartado 1, protege todos los tipos de competencia contra la injerencia estatal en forma de ayuda. Por lo tanto, no sólo se protege la competencia entre empresas que operan en circunstancias comparables, sino también la competencia entre empresas que ejercen su actividad en circunstancias desiguales. Además, contrariamente a lo que consideran Comitato y el Gobierno italiano, el artículo 87 CE, apartado 1, protege también la competencia predatoria. No obstante, los efectos negativos de una competencia predatoria pueden tenerse en cuenta en virtud del artículo 87 CE, apartado 3.

b) Sobre el error de motivación

120. Por otro lado, procede rechazar la alegación de Italgas de que el Tribunal de Primera Instancia no motivó suficientemente en qué medida las reducciones de cargas sociales se diferencian de situaciones en las que el objetivo perseguido puede tenerse en cuenta con carácter excepcional al examinar el carácter de ayuda. En un primer momento, en los apartados 181 y 182 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se basó acertadamente en la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual el hecho de que un Estado miembro se proponga compensar mediante un beneficio las desventajas en las condiciones de competencia que sufren empresas de un determinado sector económico o de determinadas regiones no desvirtúa el carácter de ayuda de estas medidas. Además, señaló acertadamente en el apartado 184 de la sentencia recurrida que el artículo 87 CE, apartado 1, protege todo tipo de competencia. De dicha motivación ya resultaba que el objetivo que se persigue con la reducción de cargas sociales es manifiestamente inadecuado para hacer desaparecer su carácter de ayuda. En este contexto no era necesario que el Tribunal de Primera Instancia analizara con más detalle las situaciones particulares en las que el objetivo que se persigue con una medida ya puede tenerse en cuenta al aplicar el artículo 87 CE, apartado 1. Más bien basta con la declaración que el Tribunal de Primera Instancia hizo en el apartado 188 de la sentencia recurrida de que en el presente caso no cabía considerar la existencia de una situación excepcional y que debido a los argumentos antes citados quedaba claro que las reducciones de cargas sociales constituyen un beneficio en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.

c) Sobre el criterio del operador privado

121. La indicación del Gobierno italiano en el sentido de que el Tribunal de Primera Instancia debería haber aplicado el criterio del operador privado carece de relevancia por el mero hecho de que la República Italiana no interpuso recurso de casación y ninguno de los recurrentes se basa en dicho argumento. De todos modos, la comparación con un operador privado es infundada, particularmente porque mediante las reducciones de cargas sociales no se persigue ningún objetivo que perseguiría un operador privado y las reducciones para las empresas de Venecia y Chioggia se concedieron independientemente de su situación económica concreta, lo cual no se corresponde con el principio de maximización de beneficios en el que se basaría un operador privado.

d) Conclusión

122. Por consiguiente, procede rechazar las alegaciones de los recurrentes en casación dirigidas contra la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que el objetivo de equilibrar las desventajas de las empresas domiciliadas en Venecia y Chioggia no puede hacer desaparecer el carácter de ayuda de las reducciones de cargas sociales.

123. Contrariamente a lo que considera la Comisión, no me parece imperativamente necesario sustituir la motivación de la sentencia. Esto tan sólo sería necesario si las alegaciones de los recurrentes en casación no pudieran rechazarse sobre la base de la motivación contenida en la sentencia recurrida. Como se ha señalado anteriormente, las alegaciones pueden rechazarse sobre la base de los elementos de motivación antes expuestos. Por tanto, no es necesario que el Tribunal de Primera Instancia examine en qué situaciones específicas con carácter excepcional, puede tenerse en cuenta el objetivo perseguido en el momento de analizar el carácter de ayuda. Por lo tanto, no me parece necesario sustituir la motivación del Tribunal de Primera Instancia hecha en los apartados 185 a 188 de la sentencia, aunque lo indicado por el Tribunal de Primera Instancia en dichos apartados adoleciera de errores de Derecho.

124. Procede rechazar por irrelevantes las demás alegaciones de los recurrentes en casación dirigidas contra los argumentos subsidiarios del Tribunal de Primera Instancia expuestos en los apartados 189 a 194 de la sentencia recurrida. ( ) La declaración del Tribunal de Primera Instancia de que las reducciones de cargas sociales constituyen un beneficio en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, encuentra su fundamento en que el objetivo, que se persigue con la reducción de cargas sociales, de compensar desventajas en materia de competencia que sufren las empresas domiciliadas en Venecia y Chioggia no puede tenerse en cuenta en el marco del artículo 87 CE, apartado 1. Por lo tanto, un error de Derecho en la motivación subsidiaria del Tribunal de Primera Instancia no podría poner en tela de juicio su declaración de que las reducciones de cargas sociales constituyen beneficios en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.

125. Por consiguiente, procede desestimar en su totalidad las alegaciones de los recurrentes en casación dirigidas contra la referida declaración.

B. Sobre el examen del requisito relativo al falseamiento de la competencia y al perjuicio para el comercio intracomunitario

1. Motivación de la sentencia recurrida

126. Además, los recurrentes en casación impugnan las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia de que la Comisión examinó suficientemente si el régimen de reducción de cargas sociales falseaba la competencia y afectaba a los intercambios comerciales entre Estados miembros y de que lo había motivado suficientemente. El Tribunal de Primera Instancia basó las referidas apreciaciones en la motivación contenida en los apartados 222 a 252 de la sentencia recurrida. En dichos apartados, el Tribunal de Primera Instancia expuso, en primer lugar, que, cuando se trata de un régimen multisectorial, la Comisión puede limitarse a estudiar las características del régimen controvertido sin tener en cuenta los casos particulares. ( ) Además, el Tribunal de Primera Instancia señaló que, en el procedimiento de control de las ayudas, el reparto de la carga de la prueba está supeditado al cumplimiento de las obligaciones procedimentales respectivas que recaen sobre la Comisión y sobre el Estado miembro o sobre los terceros interesados. ( ) Incumbe al Estado miembro o a los terceros interesados aportar a la Comisión, en el marco del procedimiento administrativo, toda la información necesaria. ( ) Por consiguiente, en el caso de un régimen de ayudas multisectorial, la Comisión únicamente está obligada a verificar la existencia de los requisitos relativos a la distorsión de la competencia y al perjuicio para el comercio intracomunitario si en el procedimiento administrativo se le aportó información suficiente a este respecto. A falta de información suficiente, la Comisión podrá recurrir a presunciones basadas en el análisis de las características del régimen de ayudas examinado, como ha establecido la jurisprudencia. ( ) El alcance de la motivación necesaria de la Comisión depende de los datos y argumentos presentados a dicha institución en el procedimiento administrativo. ( ) La legalidad de la decisión de la Comisión debe valorarse únicamente en función de los datos de que ésta disponía en el momento en que adoptó la decisión. ( )

127. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia examinó si la motivación de la Comisión, teniendo en cuenta estas directrices, era suficiente y consideró que así sucedía, en particular, porque las observaciones y los documentos presentados a la Comisión en el marco del procedimiento administrativo no contenían ningún indicio o dato concreto que pudiera inducir a dicha institución a prestar atención a la especial situación de ciertos sectores y que le permitiera concluir que, en tales sectores, las reducciones de cargas sociales controvertidas no podían afectar a los intercambios comerciales intracomunitarios ni repercutir en la competencia. Por lo tanto, no incumbía a la Comisión recabar información adicional de las autoridades nacionales. ( )

128. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia de Primera Instancia rechazó los motivos basados en la vulneración del principio de no discriminación y en el carácter contradictorio de la motivación, que habían sido invocados porque la Comisión había considerado la situación de las empresas municipales pero no la de los demandantes ni de determinadas ramas económicas. En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia también se basó en que, en el marco del procedimiento administrativo, únicamente se había presentado a la Comisión información específica respecto de las empresas municipales. ( )

129. Además, el Tribunal de Primera Instancia rechazó la alegación de que la Comisión tendría que haber hecho un análisis más profundo del escaso importe de las reducciones de cargas sociales y del carácter local de la actividad de las empresas beneficiarias. El escaso importe de las reducciones de cargas sociales no excluye que puedan verse afectados los intercambios comerciales entre los Estados miembros. Aunque las empresas beneficiarias únicamente ejerzan su actividad a escala local, puede obstaculizarse el intercambio comercial entre los Estados miembros y falsearse la competencia. ( )

130. Como consecuencia de estas apreciaciones el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Decisión de la Comisión estaba suficientemente motivada. ( )

131. Por último, el Tribunal de Primera Instancia también desestimó el motivo según el cual la Decisión controvertida no era lo suficientemente determinada para ser ejecutada por las autoridades nacionales. En este contexto señaló que la motivación de la Decisión controvertida era suficiente para permitir que las autoridades nacionales determinasen las empresas obligadas a devolver las ayudas recibidas. Además, no incumbía a dichas autoridades, al ejecutar la Decisión controvertida, verificar si concurrían en cada caso individual los requisitos de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1. ( )

2. Principales alegaciones de las partes

132. Italgas alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió las normas en materia de reparto de la carga de la prueba, al haber considerado que las autoridades nacionales o terceros interesados cargan con la prueba relativa a los requisitos del artículo 87 CE, apartado 1.

133. Además, alega que el Tribunal de Primera Instancia declaró, incurriendo en error de Derecho, que la Comisión había motivado suficientemente su Decisión. Antes de adoptar la Decisión controvertida, la Comisión había obtenido información que suscitó dudas sobre si las reducciones de cargas sociales previstas para determinadas categorías de empresas o para determinadas ramas económicas, podían falsear la competencia y afectar al comercio intracomunitario. Es cierto que la Comisión instó a las autoridades nacionales a presentar toda la información necesaria para poder evaluar la situación de las empresas municipales. Sin embargo, la Comisión tendría que haber llevado a cabo una investigación adicional en relación con otras categorías de empresas que le habían sido señaladas. Al menos tendría que haber declarado cuáles son los criterios que las autoridades nacionales tienen que observar al ejecutar la Decisión, para evitar que las autoridades nacionales exijan la devolución de beneficios que no constituyan ayudas.

134. Por otro lado, alega que el Tribunal de Primera Instancia desvirtuó pruebas. De la carta del ayuntamiento de Venecia de 18 de mayo de 1998, de la notificación del Gobierno italiano de 23 de enero de 1999 y de la carta de las autoridades italianas de 10 de junio de 1999, no sólo se desprendían indicios de que la reducción de cargas sociales no era adecuada, en el caso de las empresas municipales, para falsear la competencia y afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. Antes bien, se puso de relieve información respecto de otras categorías de empresas.

135. Por último, alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al declarar que la Decisión controvertida era lo suficientemente concreta para poder ser ejecutada por las autoridades nacionales. Como reconoce la propia Comisión, la Decisión controvertida era incompleta y tuvo que ser completada con las cartas de la Comisión de 29 de agosto y 29 de octubre de 2001. La adopción de tales decisiones incompletas es incompatible con el sistema de control de las ayudas. En primer lugar, la Comisión ya tiene que analizar en el marco del procedimiento de investigación formal los indicios de que en determinados casos no existen ayudas o que éstas son compatibles con el mercado común. Tan sólo así se garantiza que las autoridades nacionales puedan ejecutar correctamente las decisiones de la Comisión. En segundo lugar, las investigaciones no pueden trasladarse al procedimiento de ejecución de la Decisión, puesto que en ese momento no está garantizada la investigación correcta por parte de la Comisión ni el control de la Comisión por parte de los Tribunales comunitarios.

136. Hotel Cipriani también impugna la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que la Decisión de la Comisión estaba suficientemente motivada. Los mercados de la hostelería y la restauración han de delimitarse localmente, puesto que los turistas eligen, en primer lugar, el destino territorial y después el hotel o el restaurante. Dado que los hoteles de Venecia no compiten con hoteles de otras ciudades, las reducciones de cargas sociales no podían afectar al comercio intracomunitario.

137. Según Comitato, el Tribunal de Primera Instancia vulneró el principio de no discriminación al declarar que la Comisión no había incumplido sus obligaciones procedimentales. Alega que la Comisión únicamente llevó a cabo una profunda investigación respecto de las empresas municipales, pero no respecto de otras categorías de empresas.

138. Además, Comitato y el Gobierno italiano también impugnan la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que la Comisión no incurrió en error de motivación alguno. En un régimen de ayudas con objetivos regionales la Comisión no puede limitarse a hacer declaraciones de principio ni basarse en presunciones, sino que tiene que demostrar que se reúnen los requisitos del artículo 87 CE, apartado 1. Alegan que en su motivación la Comisión se limitó a declarar que la reducción de cargas sociales se había concedido a empresas que participan extensamente en el comercio intracomunitario, como empresas del sector comercial y el sector de los servicios. No tuvo en cuenta que la actividad de muchas empresas de Chioggia y Venecia es solamente local, pese a que este dato se desprendía de la información presentada a la Comisión. Según el Gobierno italiano, la Comisión tendría que haber considerado en mayor medida el escaso importe de las reducciones de cargas sociales, el carácter local de la actividad de los beneficiarios y el carácter insular de Venecia.

139. Por último, el Gobierno italiano defiende la postura de que tenían que haberse aplicado los criterios para evaluar las ayudas concretas, puesto que la Comisión podría haber conocido a los beneficiarios y el importe de las reducciones de cargas sociales. Tras la adopción de la Decisión controvertida, la Comisión excluyó que existiera una ayuda para determinadas empresas, puesto que en su caso no se veía afectado el comercio intracomunitario. Tendría que haber llevado a cabo dicha investigación en el marco del procedimiento de investigación formal.

140. Según la Comisión, procede rechazar dichas alegaciones. Considera que el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que la Comisión había motivado suficientemente su Decisión.

141. En primer lugar, alega que el Tribunal de Primera Instancia señaló acertadamente que la Comisión, al evaluar un régimen de ayudas multisectorial ilegal, no puede limitarse a un enfoque general sin analizar cada una de las ramas económicas. En este caso, incumbe a las autoridades nacionales y a los terceros interesados presentar a la Comisión la información necesaria para que ésta pueda evaluar si la medida carece, en lo relativo a determinadas ramas económicas, de la aptitud para falsear la competencia o afectar al comercio intracomunitario. Sin embargo, la información presentada a la Comisión no ponía de relieve particularidades respecto de las ramas económicas de la actividad hotelera y el suministro de gas.

142. En segundo lugar, aduce que el Tribunal de Primera Instancia señaló acertadamente que también un beneficio otorgado a actividades exclusivamente locales puede falsear la competencia y afectar a los intercambios comerciales intracomunitarios, puesto que puede producir efectos sobre la oferta de determinados productos y servicios.

143. En tercer lugar, alega que es cierto que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho por lo que respecta a la carga de la prueba. No obstante, en definitiva, sus conclusiones fueron correctas, de modo que procede rechazar esta alegación y sustituir la motivación de la sentencia recurrida. Afirma que la Comisión demostró que el régimen de reducción de cargas sociales constituye una ayuda. Objeto de la investigación de la Comisión fue el régimen de reducción de cargas sociales y no los beneficios concretos otorgados con arreglo a dicho régimen. De haberse notificado dicho régimen a la Comisión con carácter previo, ésta, en principio, solamente tendría que haberlo evaluado de manera general, sin tener en cuenta los casos concretos. Incumbe al Estado miembro señalar las situaciones especiales a la Comisión. Estos principios también deben aplicarse cuando el Estado miembro incumple su obligación de notificación. Los Estados miembros no pueden verse recompensados por un incumplimiento de su obligación de notificación. Como se desprende de la sentencia recurrida, no se presentó a la Comisión información específica sobre las empresas demandantes. En este contexto, la Comisión observa que instó reiteradamente a las autoridades nacionales a que presentasen información.

144. En cuarto lugar, aduce que procede rechazar la alegación de la desvirtuación de las pruebas. En la medida en que Italgas impugna la apreciación de hechos por parte del Tribunal de Primera Instancia, procede señalar que esto es inadmisible en el marco de un recurso de casación. En la medida en que Italgas alega una desvirtuación de las pruebas, esta alegación es, en principio, admisible. Sin embargo, por lo que respecta al contenido, Italgas no alega la desvirtuación de pruebas, sino su apreciación por el Tribunal de Primera Instancia. De todos modos, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que la información general que aparece en las pruebas no contiene ningún dato concreto que hubiera llamado la atención de la Comisión sobre la situación particular de determinados sectores.

145. En quinto lugar, considera que también procede rechazar la alegación de Italgas de que la Decisión controvertida es incompleta. En la medida en que la motivación de la sentencia recurrida presenta contradicciones, esto es debido a los errores de