Asunto T-25/07

Iride SpA e Iride Energia SpA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado — Sector de la energía — Compensación de los costes irrecuperables — Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado común — Obligación de la empresa beneficiaria de devolver previamente una ayuda anterior declarada ilegal — Fondos estatales — Ventaja — Obligación de motivación»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 11 de febrero de 2009 II ‐ 250

Sumario de la sentencia

Sólo las ventajas concedidas directa o indirectamente a través de fondos estatales se consideran ayudas a los efectos del artículo 87 CE, apartado 1. En efecto, la distinción que establece esta norma entre las «ayudas otorgadas por los Estados» y las ayudas otorgadas «mediante fondos estatales» no significa que todas las ventajas otorgadas por un Estado constituyan ayudas, tanto si se financian con fondos estatales como si no, pues su único objeto es incluir en dicho concepto las ventajas concedidas directamente por el Estado, así como las otorgadas por medio de organismos públicos o privados, designados o instituidos por el Estado. Por otra parte, el artículo 87 CE, apartado 1, comprende todos los medios económicos que las autoridades públicas pueden efectivamente utilizar para apoyar a las empresas, independientemente de que dichos medios pertenezcan o no de modo permanente al patrimonio del Estado. Por consiguiente, aun cuando las sumas correspondientes a la medida que se discute no estén de manera permanente en poder de las autoridades públicas, el hecho de que permanezcan constantemente bajo control público y, por tanto, a disposición de las autoridades nacionales competentes, basta para que se las califique de fondos estatales. A este respecto, al tratarse de una compensación que se concede a las empresas productoras-distribuidoras de energía a partir de una cuenta específica gestionada por un organismo público y que se nutre con el producto de la aplicación de un determinado componente de la tarifa eléctrica, cargado a todos los clientes finales, las cantidades redistribuidas al beneficiario deben calificarse de fondos estatales, puesto que no sólo se encuentran constantemente bajo control público, sino que, además, son propiedad del Estado, antes de ser redistribuidas al beneficiario. (véanse los apartados 23, 25, 27 y 28)

Para apreciar si una medida estatal constituye una ayuda procede determinar si la empresa beneficiaria recibe una ventaja económica que no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado. En cuanto a la cuestión de si, en el contexto de la liberalización del mercado de producción de electricidad, las modificaciones del marco normativo forman parte de la evolución en las condiciones normales de mercado que deben prever los agentes económicos, procede subrayar que, en efecto, en un Estado democrático —lo mismo que en una economía de mercado— el marco normativo puede resultar modificado en cualquier momento. Teniendo en cuenta la orientación general de la política económica de la Comunidad Europea en el sentido de una apertura de los mercados nacionales y del fomento del comercio entre los Estados miembros, lo anterior tiene mayor validez, si cabe, en aquellos casos en los que el marco normativo anterior preveía la compartimentación nacional y/o regional de un mercado, creando situaciones de monopolio. De ello se sigue que no puede calificarse de anomalía en relación con las condiciones normales de mercado la apertura de un mercado previamente compartimentado. La modificación del marco normativo en el sector de la electricidad, producida a raíz de la Directiva 96/92, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, se inscribe en las condiciones normales de mercado. (véanse los apartados 46, 48, 50 y 51)

La motivación de un acto debe adaptarse a la naturaleza de éste y debe mostrar claramente el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer su fundamentación y el órgano jurisdiccional pueda controlar su procedencia; no obstante, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto jurídico y fáctico. Cuando se trata de una decisión en materia de ayudas de Estado en la que la Comisión se circunscribe a una única frase, según la cual dicha institución «ha concluido que la medida evaluada debe considerarse ayuda estatal», la Comisión cumple su obligación de motivación siempre que el contexto jurídico y fáctico de la citada decisión comprenda, además de la decisión de incoar el procedimiento de examen de la ayuda, una decisión relativa a medidas análogas a la que se haga referencia expresa en la decisión de incoar el procedimiento y en la decisión en cuestión y que contenga una exposición detallada de las razones por las que la Comisión consideró que las medidas objeto de examen eran ayudas de Estado. (véanse los apartados 66, 67, 70 y 71)

En el ámbito de la apreciación de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común según el artículo 87 CE, apartado 3, la Comisión goza de una amplia facultad de apreciación, cuyo ejercicio implica valoraciones de tipo económico y social que deben efectuarse en el contexto comunitario. Cuando la Comisión examina la compatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común, debe tener en cuenta todos los datos pertinentes, incluyendo en su caso el contexto ya valorado en una decisión anterior así como las obligaciones que la citada decisión pudo imponer a un Estado miembro. Así pues, la Comisión no se extralimita en el ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone cuando, al examinar un proyecto de ayuda que un Estado miembro se propone conceder a una empresa, adopta la decisión de declarar tal ayuda compatible con el mercado común, pero supeditándola al requisito de que la empresa devuelva previamente una antigua ayuda ilegal, y ello debido al efecto acumulativo de las ayudas en cuestión. Ahora bien, los únicos destinatarios de las decisiones adoptadas por la Comisión en materia de ayudas de Estado son los Estados miembros afectados. Por consiguiente, en el marco de su toma en consideración de todos los datos pertinentes, la Comisión examina únicamente las obligaciones del Estado miembro afectado contenidas en tal decisión, y no aquellas obligaciones que, en su caso, puedan derivarse de la misma para la sociedad beneficiaria. Cuando se trata de un régimen de ayudas, el hecho de que la Comisión no facilite indicaciones exactas sobre las empresas beneficiarias de un régimen ilegal y acerca de las cantidades exactas que éstas han percibido no afecta a la validez de una orden de restitución ni constituye obstáculo alguno para su ejecución, en la medida en que, por una parte, el Estado miembro afectado es el mejor situado para obtener tales datos y en que, por otra, la Comisión está facultada para, en caso de falta de cooperación del Estado miembro interesado, adoptar una decisión basándose en la información de que disponga. (véanse los apartados 82, 83, 85 y 89)