Al tratarse de una demanda de medidas provisionales, no basta con alegar, de modo abstracto, una vulneración de los derechos fundamentales para declarar que el daño que puede derivarse de ella tiene necesariamente un carácter irreparable. La protección reforzada de los derechos fundamentales que se deriva del Tratado de Lisboa no pone dicha jurisprudencia en tela de juicio, puesto que los referidos derechos, y en particular los dos invocados en el caso de autos, estaban ya protegidos en el Derecho de la Unión antes de que entrara en vigor el referido Tratado. Es cierto que la vulneración de determinados derechos fundamentales como la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, consagrada en el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, puede, debido a la propia naturaleza del derecho vulnerado, dar lugar por sí misma a un perjuicio grave e irreparable. No obstante, incumbe siempre a la parte que solicita la adopción de una medida provisional exponer y demostrar la probable producción de tal perjuicio en su caso concreto.

Un perjuicio de naturaleza económica se considera irreparable si dicho perjuicio no puede evaluarse, incluso una vez producido. Es cierto que la incertidumbre inherente a la reparación de un perjuicio pecuniario en el marco de un eventual recurso de indemnización de daños y perjuicios no constituye en sí misma una circunstancia que acredite el carácter irreparable de dicho perjuicio. En efecto, en la fase de medidas provisionales existe necesariamente incertidumbre sobre la posibilidad de obtener reparación de un perjuicio pecuniario ulteriormente, en el marco del recurso de indemnización de daños y perjuicios que podría interponerse tras la eventual anulación del acto impugnado. Por el contrario, será distinto si resulta claramente, desde la apreciación efectuada por el juez de medidas provisionales, que, si se produce, el perjuicio invocado no puede, por su naturaleza y su modo previsible de producción, determinarse y evaluarse de manera adecuada y que, en la práctica, un recurso de indemnización no puede, por consiguiente, permitir su reparación. Así puede suceder, en particular, cuando se trata de la publicación de información comercial concreta y supuestamente confidencial relativa a datos como la identidad de los clientes, el número de piezas suministradas, los cálculos de precios y las modificaciones de precio. En efecto, resultaría imposible identificar el número y la calidad de todas las personas que efectivamente hubiesen tenido conocimiento de la información publicada y apreciar de este modo el impacto concreto que la publicación de ésta pueda tener sobre los intereses comerciales y económicos de la sociedad a la que se refieren.

Sin embargo, no cabe deducir que el hecho de que la Comisión permita el acceso a una comunicación de las imputaciones puede necesariamente dar lugar a un perjuicio grave e irreparable del mismo modo que lo hace la publicación de una resolución definitiva en la que se declara la existencia de una infracción. En efecto, cuando una parte en el procedimiento administrativo tiene acceso a una versión de una comunicación de las imputaciones que contiene secretos comerciales, dicho acceso se le concede, en principio, únicamente a fin de permitirle participar de manera útil en el referido procedimiento, de modo que no tiene derecho a explotar la citada información que contiene ese documento con fines distintos. Además, el perjuicio que puede resultar del acceso a una comunicación de las imputaciones, permitido a un número limitado de personas bien identificables, no es comparable, en particular en lo que respecta a la posibilidad de apreciarlo y, en definitiva, evaluarlo, al derivado de la publicación en Internet de una resolución definitiva que cualquiera puede consultar.

(véanse los apartados 52 a 55, 57 y 58)