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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 81/28

Recurso interpuesto el 21 de enero de 2015 — International Management Group/Comisión

(Asunto T-29/15)

(2015/C 081/36)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: International Management Group (Bruselas, Bélgica) (representantes: M. Burgstaller y C. Farrell, Solicitors, y E. Wright, Barrister)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el anexo modificado de la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea de 7 de noviembre de 2013 sobre el programa de acción anual de 2013 en favor de Myanmar/Birmania con financiación a cargo del presupuesto general de la Unión Europea, adoptado el 16 de diciembre de 2014;

— Condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca siete motivos.

1. Primer motivo, basado en que la Comisión no ha demostrado que la demandante no cumplió los requisitos del artículo 53 quinquies, apartado l, del Reglamento Financiero de 2002 (1) y del artículo 60, apartado 2, Reglamento Financiero de 2012 (2).

2. Segundo motivo, basado en que no hubo ningún cambio en las normas aplicadas en la contabilidad, la auditoría, el control interno o el régimen de contratación pública de la demandante que justificara una decisión de la Comisión Europea de no seguir encomendando a la demandante tareas de ejecución presupuestaria.

3. Tercer motivo, basado en que la Comisión incumplió su obligación de respetar los principios de buena administración y buena gestión financiera.

4. Cuarto motivo, basado en que la Comisión incumplió sus obligaciones derivadas del principio de transparencia.

5. Quinto motivo, basado en que la Comisión no ha facilitado a la demandante ninguna vía de recurso.

6. Sexto motivo, basado en que la Comisión ha incumplido su obligación de motivación.

7. Séptimo motivo, basado en que la adopción de las medidas impugnadas vulnera el derecho de la demandante a la confianza legítima.

(1) Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, en su versión modificada (DO L 248, p. 1).

(2) Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (DO L 298, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 96/23

Recurso interpuesto el 2 de febrero de 2015 — Hydrex/Comisión

(Asunto T-45/15)

(2015/C 096/29)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandante: Hydrex NV (Amberes, Bélgica) (representante: P. Van Eysendeyk, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare la ilegalidad y, en consecuencia, anule la Decisión de la Comisión Europea, con número de referencia C(2015) 103 final, de 12 de enero de 2015, que, de conformidad con el artículo 297 TFUE, se notificó a la demandante mediante escrito de 13 de enero de 2015, en relación con la orden de ingreso no 3241405101, por un importe de 5 40 721,10 euros, sobre la base de una motivación manifiestamente insuficiente de la que resulta una apreciación completamente errónea.

— Condene a la Comisión Europea a la devolución de todos los importes injustamente exigidos y/o retenidos.

— Condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

El acuerdo de subvención LIFE06 ENV/B/000362, titulado «Demonstration of a 100 % non-toxic durable hull protection and anti-fouling system contributing to zero emissions to the aquatic environment and saving 3-8 % heavy fuels», se firmó en 2006 entre la Comisión Europea y la demandante. El cobro de la Comisión impugnado se basó en una auditoría a posteriori que supuestamente demostraba que los costes del proyecto considerados deben reducirse.

Para sostener su recurso la parte demandante alega una infracción del deber de motivación. Sostiene que la Comisión no tuvo en cuenta una auditoría realizada cuando aún estaban disponibles todos los documentos. Con carácter secundario, alega que la Comisión no tuvo en cuenta su observación relativa al informe de la auditoría a posteriori en apoyo de un importe adicional.
1.

Primer motivo, basado en que al no iniciar el procedimiento de investigación formal, la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 2, los principios de no discriminación, proporcionalidad y confianza legítima e hizo una apreciación errónea de los hechos. La parte demandante alega que: — La Comisión no evaluó adecuadamente el papel potencial de la «Demand-Side Response«DSR»» (respuesta del lado de la demanda, en lo sucesivo «RLD») en el mercado de capacidad del Reino Unido. — Las restricciones de la duración de los contratos de RLD en el mercado de capacidad vulneran los principios de confianza legítima y no discriminación y están basados en una apreciación errónea de los hechos. — El requisito aplicable a los operadores de RLD de optar entre subastas de mercado transitorias y permanentes vulnera los principios de confianza legítima y no discriminación. — La metodología de recuperación de costes del mercado de capacidad vulnera los principios de no discriminación, confianza legítima y proporcionalidad. — El uso de acontecimientos de capacidad abiertos en lugar de acontecimientos con un plazo limitado en las subastas permanentes del mercado de capacidad es contrario a los principios de no discriminación y confianza legítima. — El requisito establecido en el mercado de capacidad de presentar una garantía de licitación para tener acceso a las subastas vulnera los principios de no discriminación y confianza legítima. — El hecho de que el mercado de capacidad no establezca una remuneración adicional por los ahorros en transmisión y en pérdidas de distribución de la RLD vulnera los principios de no discriminación y confianza legítima.
5.

Quinto motivo, basado en que el Reglamento (UE) no 833/2014 del Consejo, no aplica correctamente lo dispuesto en la Decisión 2014/512/PESC del Consejo, en la medida en que el Consejo no era competente para aprobar —o, si era competente, no podía aprobar legalmente— el artículo 3 del Reglamento (UE) no 833/2014 del Consejo, puesto que, al menos a primera vista, contraviene las disposiciones fundamentales de la Decisión 2014/512/PESC del Consejo, principalmente su artículo 4.
3.

Motivo subsidiario, basado en la infracción del artículo 108 TFUE, apartado 3, y del Reglamento no 800/2008 — Con carácter subsidiario, la demandante alega que la demandada ha infringido el artículo 108 TFUE, apartado 3, y el Reglamento no 800/2008, al haber prohibido de modo manifiestamente erróneo a la República Federal de Alemania conceder a la demandante una ayuda derivada del régimen de ayudas de la Investitionszulagengesetz (Ley sobre primas a la inversión) autorizado por un importe que no llega al umbral de 22,5 millones de euros a partir del cual se exige la solicitud. — Esta limitación del importe de la ayuda a una cantidad que no alcanza el umbral a partir del cual se exige la solicitud constituye, en opinión de la demandante, un error manifiesto de apreciación, por el que la demandada se excedió en sus facultades y discriminó a la demandante de modo contrario a Derecho frente a beneficiarios de ayudas que han recibido el importe exento de la obligación de solicitud de 22,5 millones de euros.
—

Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso no R 0966/2013-2 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 4 de junio de 2014, relativa al procedimiento de oposición no B 1 6 9 82 982 contra la solicitud de marca comunitaria no 00 8 1 14 779«LEXDELL» y desestime la oposición en su totalidad.
—

Anule el artículo 2, letras f) y g), de la Decisión impugnada en la medida en que fija el importe de las multas impuestas a Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., Prysmian S.p.a. y The Goldman Sachs Group Inc. en 3 7 3 03 000 euros y a Prysmian Cavi e Sistemi S.r.1. y Pirelli & C. S.p.a. en 6 7 3 10 000 euros.
—

Las demandantes alegan en este punto que la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 1, y el principio de seguridad jurídica, por cuanto aplicó el procedimiento para las ayudas estatales nuevas establecido en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999 en lugar del procedimiento para las ayudas estatales existentes, con arreglo al artículo 17 y siguientes del Reglamento no 659/1999, a efectos de revisar su calificación preliminar de la EEG como ayuda. A este respecto señalan, en particular, que la Comisión, en su decisión de 22 de mayo de 2002, no calificó a la EEG de 2000 como ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que no implicaba transferencia alguna de recursos estatales. Según las demandantes, las modificaciones introducidas en la EEG de 2000 por la EEG de 2012 no fueron sustanciales en comparación con la decisión de la Comisión de 22 de mayo de 2002. Por ello, señalan, la Comisión podría haber invocado una interpretación jurídica modificada, a través del procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 1, sin implicar a las demandantes.
—

Anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 66, p. 26), la Decisión de ejecución 2014/216/PESC del Consejo, de 14 de abril de 2014, por la que se aplica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 111, p. 91), así como el Reglamento (UE) no 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 66, p. 1) y el Reglamento de ejecución (UE) no 381/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 208/2014 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 111, p. 33), en lo que se refiere al demandante.
1.

Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE debido a la clasificación errónea del régimen especial de compensación — La demandante alega que la decisión de incoar el procedimiento es contraria a los artículos 107 TFUE, apartado 1, 108 TFUE y al artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1), dado que el recargo EEG, previsto en la Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Ley alemana de prevalencia de las energías renovables; en lo sucesivo, «EEG») no constituye ningún otorgamiento de recursos estatales y la limitación del recargo EEG para los grandes consumidores de energía no supone ninguna renuncia a recursos estatales. — En este contexto, señala que, en su examen, la Comisión hizo uso de parámetros de delimitación incompatibles con los principios de la jurisprudencia recaída hasta la fecha. En particular, renunció por completo al criterio necesario en virtud de reiterada jurisprudencia para la clasificación de recurso estatal del poder de disposición concreto de las entidades estatales y consideró suficiente que el legislador estatal influyera en los flujos de pago entre particulares y que las autoridades de reglamentación controlaran el cumplimiento por parte de los particulares de las disposiciones normativas. — Además, alega que la Comisión está vinculada a su resolución, en la que calificó la EEG 2000 de no constitutiva de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, porque no existía transmisión de recursos estatales, de modo que incurrió en error de Derecho al calificar la EEG 2012 de nuevo régimen de ayudas introducido de manera contraria a Derecho. — Por otra parte, la Comisión no examinó con carácter suficiente, ni pudo descubrir, que las excepciones para los grandes consumidores de energía están justificadas en función del objetivo, la naturaleza o la estructura interna de la EEG 2012, de modo que no suponen ventaja selectiva alguna.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE La demandante alega que la Comisión clasificó erróneamente el apoyo a las fuentes de energía renovables mediante el sistema de recargo y el régimen especial de compensación para reducir el recargo como ayudas y, por lo tanto, no podía incoar el procedimiento de investigación formal. — En este contexto la demandante aduce que la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación al efectuar la apreciación preliminar de la cuestión de si el régimen especial de compensación constituye una ayuda, toda vez que el régimen especial de compensación, como excepción al recargo EEG, no supone una ventaja que las empresas que consumen grandes cantidades de electricidad no tendrían en condiciones normales de mercado. — Asimismo, la demandante sostiene que no se ve afectado ningún recurso estatal. Habida cuenta de que los ingresos procedentes del recargo EEG no constituyen recursos estatales, tampoco se puede ver afectado ningún recurso estatal por la excepción prevista para los grandes consumidores de energía. — La demandante alega asimismo que el régimen especial de compensación tampoco origina una distorsión de la competencia. A lo sumo, establece las condiciones competitivas que existirían sin el recargo EEG.
2.

Segundo motivo, basado en que la demandada, de manera contraria a Derecho, no ha interpretado las excepciones del artículo 4 del Reglamento (EC) no 1049/2001 de manera restrictiva, según requiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (EC) no 1367/2006 y el artículo 4, apartado 4, del Convenio de Aarhus.
2.

Segundo motivo, basado en infracción del artículo 907 del Reglamento no 2454/93 y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en particular del artículo 41 relativo al derecho a la buena administración, pues la Comisión ha hecho uso ilícitamente de la posibilidad de solicitar información en los términos establecidos en el artículo 907 del Reglamento no 2454/93 para eludir, o cuando menos para aplazar, la futura aplicación del artículo 909 del Reglamento no 2454/93.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 151/31

Recurso interpuesto el 21 de marzo de 2014 — Lubrizol France/Consejo

(Asunto T-191/14)

2014/C 151/40

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Lubrizol France SAS (Ruán, Francia) (representantes: R. McLean, Solicitor, y B. Hartnett, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Admita el recurso.

— Anule los artículos 1 y 4 del Reglamento (UE) no 1387/2013 del Consejo, (1) de 17 de diciembre de 2013, por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales y por el que se deroga el Reglamento [UE] no 1344/2011, en la medida en que priva a la demandante del beneficio de tres suspensiones de derechos con arreglo a los códigos TARIC anteriores 2918.2900.80, 3811.2900.10 y 3811.9000.30, puesto que contiene errores manifiestos de hecho y de Derecho y, además, se aprobó infringiendo requisitos y garantías esenciales del procedimiento.

— Condene a la parte demandada y a cualesquiera coadyuvantes a cargar con las costas y gastos procesales de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

1. Primer motivo, basado en que la parte demandada incurrió en errores manifiestos de hecho y de Derecho al estimar que se cumplían los requisitos aplicables para poner fin a las tres suspensiones de derechos autónomos, pues no aplicó adecuadamente la prueba para demostrar la existencia de cantidades suficientes de productos similares o reemplazables fabricados en la Unión Europea, ni el criterio de los productos idénticos, equivalentes o sustitutivos.

2. Segundo motivo, basado en que la parte demandada infringió varios requisitos y garantías esenciales del procedimiento establecidos para asegurar que las normas de procedimiento, —que prescriben que las empresas que se oponen contesten dentro de plazo y, además, que se evite proporcionar información engañosa e inexacta en las objeciones a la continuación de la suspensión de los derechos autónomos— se apliquen y observen de forma apropiada.

(1) Reglamento (UE) no 1387/2013 del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales y por el que se deroga el Reglamento [UE] no 1344/2011 (DO L 354, p. 201).
2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los Tratados — En el marco de este motivo, la demandante alega que la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal infringe el artículo 107 TFUE, apartado 1. A este respecto, expone que el Tribunal de Justicia ya declaró en su sentencia de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra (C-397/98, Rec. p. I-2099), que la Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien (Ley por la que se concede prioridad a las fuentes de energía renovables; en lo sucesivo, «EEG») no otorga ninguna ayuda estatal. Señala que la EEG sigue en vigor sin modificaciones sustanciales y que, en particular, se mantienen inalterados los aspectos fundamentales que afectan a la apreciación jurídica de la ayuda estatal. Según ella, lo mismo cabe decir de la decisión de la demandada de 22 de mayo de 2002 (DO C 164, p. 5), mediante la que ésta declaró que la EEG no constituye una ayuda. — La demandante añade que la reducción del recargo EEG no reúne los elementos típicos de una ayuda estatal con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1. A este respecto, señala en particular que la reducción del recargo EEG no supone ninguna ventaja que una empresa no tendría en condiciones normales de mercado, que carece de carácter selectivo, que no se trata de una ayuda otorgada por el Estado o mediante fondos estatales y que tampoco origina una distorsión de la competencia ni un eventual perjuicio para el comercio entre los Estados miembros.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 112/55

Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2014 — Unitec Bio/Consejo

(Asunto T-111/14)

2014/C 112/71

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Unitec Bio SA (Buenos Aires, Argentina) (representantes: J.-F. Bellis y R. Luff, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1194/2013 del Consejo, de 19 de noviembre de 2013, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia (DO L 315, p. 2), en la medida en que afecta a la demandante.

— Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que las instituciones incurrieron en un manifiesto error al apreciar los hechos, pues concluyeron que había una distorsión de los precios de la soja y del aceite de soja que justificaba la aplicación del párrafo segundo del artículo 2, apartado 5, del Reglamento antidumping de base (1).

2. Segundo motivo, basado en que el párrafo segundo del artículo 2, apartado 5, del Reglamento antidumping de base, tal como se interpreta por las instituciones en este caso, no puede aplicarse a las importaciones procedentes de un miembro de la OMC, puesto que el citado precepto no está en consonancia con lo dispuesto en el Acuerdo antidumping de la OMC.

3. Tercer motivo, basado en que la valoración del perjuicio no toma en consideración factores que rompen el nexo causal entre el supuesto perjuicio y las importaciones supuestamente objeto de dumping, con lo que se infringe el artículo 3, apartado 7, del Reglamento antidumping de base.

(1) Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).
—

Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 2 de diciembre de 2013 en el asunto R 1963/2012-1 en la medida en que decidió que el uso de la marca anterior «ARTHUR» no 17 731 no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento no 207/2009.
1.

Primer motivo, basado, en primer lugar, en la infracción de los artículos 1, apartado 1, 7, apartado 2, y 9, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1225/2009, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009 L 343, p. 51) por parte del Consejo de la Unión Europea; y, en segundo lugar, en la infracción de los principios de buena administración, proporcionalidad y no discriminación, vulnerados por el Consejo de la Unión Europea al ordenar la percepción definitiva de las medidas antidumping provisionales impuestas a la demandante, ya que: — Con arreglo al artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, no pueden imponerse medidas antidumping a los exportadores, como la demandante, cuyos productos no sean objeto de dumping. Por lo tanto, no hay base legal alguna para imponer derechos antidumping definitivos a la demandante ni para ordenar que se perciban tales derechos. — El Consejo infringió lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, al imponer a la demandante y percibir con carácter definitivo un derecho antidumping del 2,8 %, que sobrepasa su margen de dumping provisional correcto. — El artículo 9, apartado 3, del Reglamento del Consejo (CE) no 1225/2009 del Consejo, prohíbe la imposición de derechos provisionales por parte de la Comisión cuando el margen de dumping provisional sea inferior al 2 %. El Consejo infringió el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, al ordenar la percepción definitiva de los derechos provisionales impuestos a la demandante. — A la vista de los errores en que incurrió la Comisión Europea al calcular el margen de dumping provisional de la demandante, el Consejo debería haber llegado a la conclusión de que la Comisión no había examinado atenta e imparcialmente todos los aspectos relevantes del asunto. Tal omisión equivale a la vulneración del principio de buena administración. — La actuación del Consejo al percibir definitivamente los derechos provisionales impuestos incorrectamente a la demandante debe tener la consideración de desproporcionada respecto al objetivo del Reglamento (CE) no 1225/2009 y, en consecuencia, entenderse como una vulneración del principio de proporcionalidad. — Al exigir que los derechos por dumping provisionales calculados incorrectamente a la demandante fueran percibidos definitivamente y al no exigir a P. T. Cilandra Perkasa que pagara derechos provisionales por dumping, el Consejo efectuó una discriminación entre dos empresas cuya situación era equiparable. Consecuentemente, la demandante alega que el Consejo ha vulnerado el principio de no discriminación.