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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 362/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Realchemie Nederland BV/Bayer CropScience AG

(Asunto C-406/09) (1)

(Reglamento (CE) no 44/2001 - Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales - Concepto de «materia civil y mercantil» - Reconocimiento y ejecución de una resolución por la que se impone una multa - Directiva 2004/48/CE - Derechos de propiedad intelectual - Infracción de esos derechos - Medidas, procedimientos y recursos - Condena - Procedimiento de exequátur - Costas de dicho procedimiento)

2011/C 362/05

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Realchemie Nederland BV

Demandada: Bayer CropScience AG

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nedeerlanden — Interpretación del artículo 1 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), y del artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45) — Concepto de materia civil y mercantil — Violación de la prohibición impuesta por una resolución judicial alemana de importar y comercializar en Alemania determinados plaguicidas — Multa — Ejecución de la resolución que la impone — Procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en el extranjero sobre las costas en materia de multas o multas coercitivas por violación de la prohibición de infringir un derecho de propiedad intelectual

Fallo

1) El concepto de «materia civil y mercantil» que figura en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que dicho Reglamento es aplicable al reconocimiento y a la ejecución de una resolución de un órgano jurisdiccional que contiene una condena al pago de una multa con el fin de hacer cumplir una resolución judicial dictada en materia civil y mercantil.

2) Están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, las costas de un procedimiento de exequátur entablado en un Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento y la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro en el marco de un litigio relativo a la tutela de un derecho de propiedad intelectual.

(1) DO C 312, de 19.12.2009.
1)

El artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, en su versión modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que un producto, como el controvertido en el litigio principal que, como medicamento para uso humano, ha sido comercializado en la Comunidad Europea antes de haber obtenido una autorización de comercialización con arreglo a la Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas, en su versión modificada por la Directiva 89/341/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, y, en particular, sin haber sido sometido a pruebas de su inocuidad y su eficacia, no está comprendido en el ámbito de aplicación de este Reglamento, en su versión modificada, y no puede, en consecuencia, ser objeto de un certificado complementario de protección.
4)

El artículo 49 CE, actualmente sustituido por el artículo 56 TFUE, se opone a un requisito como el establecido en el artículo 2 de la loi no 71-498 relative aux experts judiciaires, de 29 de junio de 1971, en su versión modificada por la loi no 2004-130, de 11 de febrero de 2004, con arreglo al cual nadie puede figurar en la lista nacional de peritos judiciales en calidad de traductor si no acredita haber estado inscrito durante tres años consecutivos en una lista de peritos judiciales elaborada por una cour d’appel, ya que consta que dicho requisito impide que, al examinar la solicitud de una persona establecida en otro Estado miembro y que no acredita tal inscripción, se tenga debidamente en cuenta la cualificación adquirida por dicha persona y reconocida en ese otro Estado miembro con objeto de determinar si dicha cualificación puede equivaler, y de ser así en qué medida, a las competencias que normalmente se espera encontrar en una persona que haya estado inscrita durante tres años consecutivos en una lista de peritos judiciales elaborada por una cour d’appel.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 30/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 2 de diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Cortona — Italia) — Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia

(Asunto C-225/09) (1)

(Reglas de la Unión relativas al ejercicio de la profesión de abogado - Directiva 98/5/CE - Artículo 8 - Prevención de conflictos de intereses - Normativa nacional que prohíbe el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado y de un empleo como funcionario a tiempo parcial - Cancelación de la inscripción en el Colegio de abogados)

2011/C 30/08

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Giudice di pace di Cortona

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Edyta Joanna Jakubowska

Demandada: Alessandro Maneggia

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Giudice di pace di Cortona — Interpretación del artículo 6 de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados (DO L 78, p. 17; EE 06/01, p. 224), del articulo 8 de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (DO L 77, p. 36), y de los artículos 3 CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE y 98 CE — Norma nacional que establece la incompatibilidad entre el ejercicio de la profesión de abogado y el trabajo a tiempo parcial para una administración pública — Cancelación de la inscripción en el colegio de abogados de los abogados que no hayan elegido entre el ejercicio libre de la profesión y el trabajo a tiempo parcial.

Fallo

1) Los artículos 3 CE, apartado 1, letra g), 4 CE, 10 CE, 81 CE y 98 CE no se oponen a una normativa nacional que impide a los funcionarios que desempeñan un empleo a tiempo parcial ejercer la profesión de abogado, aun cuando posean la habilitación para el ejercicio de esa profesión, e impone la cancelación de su inscripción en el Colegio de abogados.

2) El artículo 8 de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, debe interpretarse en el sentido de que el Estado miembro de acogida está facultado para imponer a los abogados inscritos en dicho Estado y empleados –ya sea a jornada completa o a tiempo parcial– por otro abogado, por una asociación o una sociedad de abogados o por una empresa pública o privada, restricciones del ejercicio simultáneo de la profesión de abogado y de dicho empleo, siempre que esas restricciones no vayan más allá de lo necesario para lograr el objetivo de prevención de conflictos de intereses y se apliquen al conjunto de los abogados inscritos en ese Estado miembro.

(1) DO C 205, de 29.8.2009.
2)

El artículo 3 bis, apartado 1, letra a), de la Directiva 84/450, en su versión modificada por la Directiva 97/55, debe interpretarse en el sentido de que una publicidad como la controvertida en el asunto principal puede resultar engañosa, en particular: — si se constata, habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes en el caso de autos, y, en particular de las indicaciones u omisiones que acompañan a dicha publicidad, que la decisión de compra de un número significativo de consumidores a los que va dirigida dicha publicidad puede ser adoptada en la creencia errónea de que la selección de productos realizada por el anunciante es representativa del nivel general de precios de éste último respecto del de su competidor, y que, en consecuencia, comprando asiduamente sus productos de consumo habitual al anunciante y no al referido competidor, dichos consumidores lograrán el mismo nivel de ahorro que el anunciado por dicha publicidad, o incluso en la creencia errónea de que todos los productos del anunciante son menos caros que los de su competidor, o — si se constata que, a los efectos de una comparación realizada exclusivamente desde la perspectiva de los precios, se seleccionaron productos alimenticios que, en realidad, presentan diferencias que condicionan de manera considerable la elección del consumidor medio, sin que dichas diferencias se recojan en la publicidad de que se trata.
3)

Por lo que atañe a la asistencia médica que no puede dispensarse en el Estado miembro en cuyo territorio reside el beneficiario de la seguridad social, el artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en su versión modificada por el Reglamento no 1992/2006, debe interpretarse en el sentido de que una autorización requerida en virtud del apartado 1, letra c), inciso i), del mismo artículo no puede denegarse: — si, cuando las prestaciones previstas por la legislación nacional son objeto de una lista que no menciona expresa y precisamente el método de tratamiento aplicado, pero que define los tipos de tratamientos cubiertos por la institución competente, se comprueba, en aplicación de los principios de interpretación usuales, tras un examen basado en criterios objetivos y no discriminatorios, y tomando en consideración todos los elementos médicos pertinentes y los datos científicos disponibles, que dicho método de tratamiento corresponde a los tipos de tratamientos mencionados en la referida lista, y — si un tratamiento alternativo que tenga el mismo grado de eficacia no puede dispensarse en tiempo útil en el Estado miembro en cuyo territorio reside el beneficiario de la seguridad social. El mismo artículo se opone a que los órganos nacionales que han de pronunciarse acerca de una solicitud de autorización previa presuman, a la hora de aplicar dicha disposición, que la asistencia hospitalaria que no puede dispensarse en el Estado miembro en cuyo territorio reside el beneficiario de la seguridad social no figura entre las prestaciones cuya cobertura está prevista por la legislación del referido Estado e, inversamente, que la asistencia hospitalaria que figura entre esas prestaciones puede obtenerse en el antedicho Estado miembro.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 246/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 15 de julio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën

(Asunto C-354/09) (1)

(Código aduanero comunitario - Artículo 33 - Valor en aduana de las mercancías - Inclusión de los derechos de aduana - Condición de entrega “Delivered Duty Paid”)

2010/C 246/17

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Gaston Schul BV

Demandada: Staatssecretaris van Financiën

Objeto

Interpretación de los artículos 33, párrafo primero, y letra f), y 220 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1) — Valor en aduana — Contrato que contiene la cláusula de entrega «Delivered Duty Paid», celebrado para el caso de inexistencia de derechos de aduana — Exclusión o no del valor en aduana.

Fallo

Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, según el cual los derechos de importación deben ser «diferentes» del precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías importadas, se cumple cuando las partes contratantes han acordado que las mercancías se entreguen DDP («Delivered Duty Paid») y han inscrito esta mención en la declaración de aduana, pero, debido a un error sobre el origen preferencial de dichas mercancías, han omitido indicar el importe de los derechos de importación.

(1) DO C 282, de 21.11.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 148/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de abril de 2010 — Comisión Europea/Irlanda

(Asunto C-294/09) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2006/43/CE - Auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas - No adaptación completa del Derecho interno dentro del plazo establecido - No comunicación de las medidas de adaptación del Derecho interno)

2010/C 148/15

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Braun y A.-A. Gilly, agentes)

Demandada: Irlanda (representante: D. O’Hagan)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No haber adoptado o no haber comunicado dentro de plazo las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157, p. 87)

Fallo

1) Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 53 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado a la Comisión de las Comunidades Europeas las disposiciones de Derecho interno que se considere que contribuyen a lograr tal cumplimiento.

2) Condenar en costas a Irlanda.

(1) DO C 220, de 12.9.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 346/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2010 — Deutsche Telekom AG/Comisión Europea, Vodafone D2 GmbH, anteriormente Vodafone AG & Co. KG, anteriormente Arcor AG & Co. KG y otros

(Asunto C-280/08 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Artículo 82 CE - Mercados de servicios de telecomunicaciones - Acceso a la red fija del operador histórico - Precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local prestados a los competidores - Precios minoristas por los servicios de acceso prestados a los abonados - Prácticas tarifarias de una empresa dominante - Compresión de márgenes de los competidores - Precios aprobados por la autoridad reguladora nacional - Margen de maniobra de la empresa dominante - Imputabilidad de la infracción - Concepto de “abuso” - Criterio del competidor igual de eficiente - Cálculo de la compresión de márgenes - Efectos del abuso - Importe de la multa)

2010/C 346/06

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Deutsche Telekom AG (representantes: U. Quack, S. Ohlhoff y M. Hutschneider, Rechtsanwälte)

Recurridas: Comisión Europea (representantes: K. Mojzesowicz, W Mölls y O. Weber, agentes), Vodafone D2 GmbH, anteriormente Vodafone AG Co. KG, anteriormente Arcor AG Co. KG (representante: M. Klusmann, Rechtsanwalt), Versatel NRW GmbH, anteriormente Tropolys NRW GmbH, anteriormente CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord GmbH, anteriormente Versatel Nord-Deutschland GmbH, anteriormente KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd GmbH, anteriormente Versatel Süd-Deutschland GmbH, anteriormente tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West GmbH, anteriormente Versatel West-Deutschland GmbH, anteriormente Versatel Deutschland GmbH Co. KG (representante: N. Nolte, Rechtsanwalt)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada), de 10 de abril de 2008, en el asunto T-271/03, Deutsche Telekom/Comisión, por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso que tenía por objeto la anulación de la Decisión, 2003/707/CE de la Comisión, de 21 de mayo de 2003, en un procedimiento con arreglo al artículo 82 del Tratado CE (Asunto COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG) (DO L 263, p. 9), y, con carácter subsidiario, la reducción de la multa impuesta a la recurrente — Abuso de posición dominante — Precios de acceso a la red fija de telecomunicaciones en Alemania — Carácter abusivo de las prácticas de precios de una empresa dominante que factura a sus competidoras tarifas mayoristas por el acceso al bucle local más altas que las tarifas minoristas que cobra a sus abonados.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Deutsche Telekom AG.

(1) DO C 223, de 30.8.2008.
1)

Declarar que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 249 CE, párrafo cuarto, y del artículo 2 de la Decisión 2007/254/CE de la Comisión, de 7 de junio de 2006, relativa a la ayuda de Estado C 25/05 (ex NN 21/05) realizada por la República Eslovaca a favor de Frucona Košice a.s., al no haber adoptado en el plazo señalado todas las medidas necesarias para que el beneficiario de la ayuda ilegal objeto de la citada Decisión devolviese dicha ayuda.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 179/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de mayo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Oldenburg — Alemania) — Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts/Freerk Heidinga

(Asunto C-434/08) (1)

(Política agrícola común - Sistema integrado de gestión y de control de determinados regímenes de ayudas - Reglamento (CE) no 1782/2003 - Régimen de pago único - Cesión de derechos de ayuda - Cesión definitiva)

2010/C 179/09

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Oldenburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Demandada: Freerk Heidinga

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Oldenburg — Interpretación del artículo 46, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1) — Cláusula contractual, incluida en un acuerdo que tiene por objeto la realización aparente de una transmisión completa y definitiva de los derecho al pago, según la cual el cesionario, en su calidad de titular formal de los derechos al pago, debe activar dichos derechos al pago mediante la explotación de las superficies correspondientes, pero está obligado a transmitir al cedente una parte de los pagos concedidos

Fallo

El Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un acuerdo contractual, como el controvertido en el litigio principal, que tenga por objeto la cesión definitiva de derechos de ayuda y en virtud del cual el cesionario, como titular de los derechos de ayuda, esté obligado a activar tales derechos y a transmitir al cedente, sin ninguna limitación temporal, todos los pagos que se le abonen por ese concepto, o una parte de ellos, siempre que tal acuerdo no tenga por objeto permitir que el cedente retenga una parte de los derechos de ayuda que ha cedido formalmente, sino determinar, por referencia al valor de esa parte de los derechos de ayuda, el precio convenido para la cesión de todos los derechos de ayuda.

(1) DO C 44, de 21.2.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 100/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de febrero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Müller Fleisch GmbH/Land Baden-Württemberg

(Asunto C-562/08) (1)

(Sistema de seguimiento de la encefalopatía espongiforme bovina - Reglamento (CE) no 999/2001 - Animales bovinos de más de 30 meses de edad - Sacrificio por el procedimiento habitual - Carne destinada al consumo humano - Prueba obligatoria de detección - Normativa nacional - Obligación de realizar pruebas de detección - Ampliación - Animales bovinos de más de 24 meses de edad)

2010/C 100/09

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Müller Fleisch GmbH

Demandada: Land Baden-Württemberg

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesverwaltungsgericht — Interpretación del artículo 6, apartado 1, en relación con el anexo III, capítulo A, parte I, del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (DO L 147, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1248/2001 de la Comisión, de 22 de junio de 2001 (DO L 173, p. 12) — Realización de pruebas de la EEB a todos los animales bovinos de más de 30 meses de edad que deban sacrificarse por el procedimiento habitual para el consumo humano — Normativa nacional que amplía a todos los animales bovinos de más de 24 meses de edad la obligación de realizar pruebas.

Fallo

El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encelopatías espongiformes transmisibles, y el anexo III, capítulo A, parte I de éste, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1248/2001 de la Comisión, de 22 de junio de 2001, no se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual todos los animales bovinos de más de 24 meses de edad deben ser sometidos a pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme bovina.

(1) DO C 69, 21.3.2009.