Las partes interesadas en el sentido del artículo 108 TFUE, apartado 2, disponen, no obstante, del derecho a participar en el procedimiento administrativo en una medida adecuada en función de las circunstancias del caso concreto. Por ello, la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal debe permitir a las partes interesadas participar de manera eficaz en el procedimiento durante el cual tendrán la posibilidad de formular sus argumentos. Para ello, basta que las partes interesadas conozcan la razón que ha llevado a la Comisión a considerar provisionalmente que la medida de que se trata puede constituir una ayuda nueva incompatible con el mercado interior.

A este respecto, la Carta no tiene por objeto modificar la naturaleza del control de las ayudas de Estado establecido por el Tratado FUE o conferir a terceros un derecho de examen que el artículo 108 TFUE no prevé. Pues bien, si los interesados en el marco de un procedimiento de control de las ayudas de Estado pudieran obtener el acceso a los documentos del expediente administrativo de la Comisión, se cuestionaría el sistema de control de las ayudas de Estado previsto en el artículo 108 TFUE. Del mismo modo, la obligación de la Comisión de comunicar previamente a los beneficiarios de la ayuda los elementos sobre los que tiene intención de basar su decisión definitiva equivaldría a establecer un debate contradictorio como el que debe mantener con el Estado miembro responsable de la concesión de la ayuda, pese a que esos beneficiarios solo tienen esencialmente una función de fuente de información en el procedimiento.

La Comisión Europea no vulnera el principio de buena administración previsto en el artículo 41, apartados 1 y 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ni el derecho de defensa de las empresas beneficiarias de una ayuda cuando adopta una decisión por la que se declara dicha ayuda incompatible con el mercado interior y se ordena su recuperación sin haber concedido a los citados beneficiarios acceso al expediente y sin haberles notificado previamente los hechos y consideraciones en los que la Comisión iba a basar dicha decisión. En efecto, en el procedimiento de control de las ayudas de Estado, los beneficiarios de la ayuda no pueden invocar un verdadero derecho de defensa.

A este respecto, no es necesario comprobar si los contratos en cuestión conceden ventajas a la citada compañía aérea y a su filial en relación con otros operadores que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable. En efecto, el criterio de la comparación del beneficiario con otros operadores que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable respecto del objetivo perseguido por la medida encuentra su origen y su justificación en el marco de la apreciación del carácter selectivo de medidas de aplicación potencialmente general. Tal criterio no resulta pertinente cuando se trata de apreciar el carácter selectivo de una medida ad hoc, que solo afecta a una empresa y que pretende modificar determinadas presiones competitivas que le son específicas.

No obstante, la exigencia de selectividad es diferente según que la medida en cuestión se prevea como un régimen general de ayuda o como una ayuda individual. En este último caso, la identificación de la ventaja económica permite, en principio, presumir su selectividad. En cambio, al examinar un régimen general de ayuda, es necesario identificar si la medida en cuestión, aun habiéndose comprobado que procura una ventaja de alcance general, lo hace en beneficio exclusivo de determinadas empresas o de determinados sectores de actividad.

Los requisitos que debe reunir una medida para incluirla en el concepto de «ayuda» en el sentido del artículo 107 TFUE no concurren si la empresa beneficiaria podía obtener la misma ventaja que se puso a su disposición mediante recursos del Estado en circunstancias que correspondan a las condiciones normales del mercado. Esta apreciación se realiza, en principio, aplicando el criterio del operador en una economía de mercado.

Para determinar si una medida estatal constituye una ayuda, debe apreciarse si, en circunstancias similares, un operador en una economía de mercado, de una dimensión comparable a la de los organismos gestores del sector público, habría considerado oportuno celebrar el acuerdo en cuestión. No obstante, determinar si un operador en una economía de mercado habría alcanzado tal acuerdo no implica necesariamente que la Comisión Europea tenga la obligación de utilizar el método del análisis comparativo. En efecto, este método es solo un instrumento analítico entre otros para determinar si la empresa beneficiaria recibió una ventaja económica que no habría obtenido en condiciones normales de mercado. La elección del instrumento adecuado corresponde a la Comisión en el marco de su obligación de hacer un análisis completo de todos los elementos pertinentes de la transacción controvertida y de su contexto, incluida la situación de la empresa beneficiaria y del mercado de que se trate.

De ello se deduce que, en una decisión que considera una ayuda de Estado concedida mediante contratos de servicios aeroportuarios y marketing como ayuda incompatible con el mercado interior, la Comisión puede, sin incurrir en error, analizar detalladamente cuál es el método de apreciación más adecuado que puede elegir a efectos de la aplicación del criterio del operador en una economía de mercado y utilizar, a tal fin, el método del análisis de rentabilidad adicional en vez del análisis comparativo.

(véanse los apartados 180 a 184)