Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso por omisión - Plazos - Caducidad - Posibilidad de invocar el principio de protección de la confianza legítima - Requisito

[Tratado CE, art. 175 (actualmente art. 232 CE)]

2. Recurso por omisión - Eliminación de la omisión después de la interposición del recurso - Desaparición del objeto del recurso - Sobreseimiento - Escrito con arreglo al artículo 6 del Reglamento nº 99/63/CEE

[Tratado CE, arts. 175 y 176 (actualmente arts. 232 CE y 233 CE); Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 6]

3. Recurso de casación - Motivos - Motivo dirigido contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia relativa a las costas - Inadmisibilidad en caso de desestimación de todos los demás motivos

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 2)

Índice

1. Para poder invocar el principio del respeto de la confianza legítima con el fin de evitar la caducidad derivada del transcurso del plazo para interponer un recurso por omisión, el demandante debe poder referirse a esperanzas basadas en garantías concretas dadas por la Administración comunitaria o a un comportamiento de esta Administración que haya podido provocar una confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe, que haya dado muestras de toda la diligencia exigible a un operador normalmente cuidadoso. Pues bien, no es éste el caso de las manifestaciones públicas de carácter general pronunciadas por un miembro de la Comisión ni de contactos repetidos entre el interesado y la Comisión posteriores a un requerimiento dirigido a esta última.

Por cuanto se desprende de los términos muy generales del escrito remitido por el miembro de la Comisión encargado de las cuestiones de competencia al autor de una denuncia con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 17, que en modo alguno dicha comunicación puede dar al interesado garantías concretas ni provocar en él una confusión admisible, que le haga concebir esperanzas fundadas, que puedan dar lugar a una confianza legítima digna de protección judicial, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que tal interesado no puede invocar el principio del respeto de la confianza legítima para paliar la expiración de los plazos de recurso, que son de orden público, por lo que no corresponde a las partes fijarlos a su conveniencia.

( véanse los apartados 50 a 52 )

2. El recurso previsto en el artículo 175 del Tratado (actualmente artículo 232 CE) está basado en la idea de que la inacción ilegal de la Institución demandada permite recurrir ante el Tribunal de Justicia a fin de que éste declare que la abstención de actuar es contraria al Tratado en tanto en cuanto la institución de que se trate no haya subsanado dicha abstención. Esta declaración produce el efecto, a tenor del artículo 176 del Tratado (actualmente artículo 233 CE), de que la institución demandada esté obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad extracontractual que puedan traer causa de la propia declaración. En el caso de que el acto cuya omisión constituye el objeto del litigio haya sido adoptado después de la interposición del recurso, pero antes de pronunciarse la sentencia, una declaración del Tribunal de Justicia de la ilegalidad de la abstención inicial ya no puede producir las consecuencias previstas por el artículo 176 del Tratado. De ello se deriva que, en tal caso, al igual que en aquel en que la Institución demandada hubiera respondido al requerimiento para actuar en el plazo de dos meses, el objeto del recurso ha desaparecido, por lo que ya no procede resolver. Es indiferente la circunstancia de que la postura adoptada por la Comisión no satisfaga a la parte recurrente, ya que el artículo 175 del Tratado se refiere a la omisión por haberse abstenido de adoptar una decisión o una posición y no a la adopción de un acto diferente del que dicha parte habría deseado o considerado necesario.

Sobre el particular, por lo que respecta, más concretamente, al contexto de una infracción de normas reguladoras de competencia, un escrito de conformidad con los requisitos del artículo 6 del Reglamento nº 99/63, al autor de una denuncia presentada con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 17 constituye una definición de posición a efectos del artículo 175, párrafo segundo, del Tratado, que puede poner fin a la inactividad de la Comisión y privar de objeto al recurso por omisión interpuesto por el autor de la denuncia.

( véanse los apartados 83 y 84 )

3. En el supuesto de que hayan sido desestimados todos los demás motivos, debe declararse la inadmisibilidad del motivo relativo a la supuesta ilegalidad de la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre las costas, de conformidad con el artículo 51, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, a cuyo tenor, la imposición y la cuantía de las costas no pueden constituir el único motivo de un recurso de casación.

( véase el apartado 93 )