Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente — Recurso dirigido a que se declare la responsabilidad extracontractual de la Comunidad — Ilegalidad del Reglamento (CE) nº 2362/98 supuestamente causante del perjuicio invocado — Sentencia que no examina la ilegalidad que se alega — Recurso de casación fundado

2. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilicitud — Perjuicio — Relación de causalidad

(Art. 288 CE, párr. 2)

3. Agricultura — Organización común de mercados — Plátano — Régimen de importaciones — Contingente arancelario — Establecimiento y reparto — Delegación de la competencia de ejecución a la Comisión que otorga a ésta un amplio margen de apreciación — Inexistencia de error manifiesto de apreciación

[Art. 211 CE; Reglamento (CE) nº 404/93 del Consejo, arts. 19, ap. 1, y 20; Reglamento (CE) nº 2362/98 de la Comisión]

4. Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Restricciones — Procedencia — Requisitos — Organización común de mercados — Contingentes arancelarios en materia de importación de plátanos — Derecho de propiedad — Derecho adquirido — Libre ejercicio de las actividades profesionales — Violación — Inexistencia

[Art. 33 CE; Reglamento (CE) nº 404/93 del Consejo; Reglamento (CE) nº 2362/98 de la Comisión]

5. Agricultura — Organización común de mercados — Certificados de importación — Atribución de cantidades de referencia — Garantía de la disponibilidad de dichas cantidades de referencia y del derecho de exportar estas cantidades — Inexistencia

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1. Para excluir cualquier responsabilidad de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia, en el marco de un recurso dirigido a que se declare la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, debe verificar si, más allá de las dificultades que las recurrentes hayan encontrado para utilizar plenamente sus cantidades de referencia y sus certificados de importación, la causa del perjuicio invocado por éstas no es precisamente la supuesta ilegalidad del Reglamento nº 2362/98, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad, y, en particular, el método de gestión unificada de los contingentes arancelarios aplicado por la Comisión, que en tal caso ha originado directamente las dificultades comerciales que los operadores tradicionales de países terceros han encontrado, viéndose obligados finalmente a importar plátanos ACP.

El Tribunal de Primera Instancia debe hacer tal verificación, máxime cuando la supuesta ilegalidad del Reglamento nº 2362/98 constituye un elemento esencial de los argumentos desarrollados en los recursos de las recurrentes, que han tratado de demostrar las repercusiones negativas de esta normativa en la actividad económica de las empresas tradicionalmente importadoras de plátanos de países terceros, habida cuenta de las dificultades que encontraron para abastecerse de plátanos ACP.

A este respecto, al no examinar si la ilegalidad del Reglamento nº 2362/98 que se alega puede ser la causa del perjuicio invocado, el Tribunal de Primera Instancia motiva insuficientemente su sentencia.

(véanse los apartados 57 a 59)

2. Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, a la que se refiere el artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilicitud de la actuación imputada a las instituciones comunitarias, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre la actuación de la institución y el perjuicio invocado.

(véase el apartado 61)

3. De la estructura del Tratado, en la que debe situarse el artículo 211 CE, así como de las exigencias de la práctica, resulta que el concepto de ejecución debe interpretarse en sentido amplio. Por ser la Comisión la única institución capaz de seguir de manera constante y atenta la evolución de los mercados agrarios y de actuar con la urgencia que requiera la situación, el Consejo puede verse llevado a concederle amplias facultades en este ámbito. Por consiguiente, los límites de estas facultades deben apreciarse especialmente en función de los objetivos generales esenciales de la organización del mercado relevante.

En materia agrícola, la Comisión puede aprobar todas las normas de desarrollo necesarias o útiles para la ejecución de la normativa de base, siempre que no sean contrarias a ésta o a la normativa de desarrollo del Consejo.

Habida cuenta de que el Reglamento nº 2362/98, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad, fue adoptado por la Comisión sobre la base de los artículos 19, apartado 1, y 20 del Reglamento nº 404/93, y confiere a ésta la misión de adoptar las disposiciones para la gestión de los contingentes arancelarios tomando en consideración las corrientes comerciales tradicionales, de adoptar las medidas concretas necesarias para facilitar la transición del régimen de importación aplicable a partir del 1 de julio de 1993 al régimen introducido mediante el título IV del Reglamento nº 404/93, y de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos celebrados por la Comunidad, de conformidad con el artículo 300 CE, las recurrentes no han demostrado que la Comisión hubiera infringido la normativa de base aplicable en la materia ni que se hubiera extralimitado manifiestamente al hacer uso de la facultad de apreciación para la elección de las normas de desarrollo que le fue atribuida por el Consejo.

(véanse los apartados 74 a 77 y 81)

4. Tanto el derecho de propiedad, como el libre ejercicio de las actividades profesionales, forman parte de los principios generales del Derecho comunitario. No obstante, estos principios no aparecen como prerrogativas absolutas, sino que deben tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad. Por consiguiente, pueden imponerse restricciones al derecho de propiedad y al libre ejercicio de una actividad profesional, en especial, en el marco de una organización común de mercado, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados.

Por lo que se refiere, por una parte, al derecho de propiedad de los importadores de plátanos de países terceros, dicho derecho no se desvirtúa por el establecimiento del contingente comunitario y sus normas de reparto. En efecto, ningún operador económico puede reivindicar un derecho de propiedad sobre una cuota de mercado que ostentaba en un momento anterior al establecimiento de una organización común de mercado, puesto que dicha cuota de mercado únicamente representa una posición económica momentánea expuesta a los imprevistos de un cambio de circunstancias. Un operador económico tampoco puede invocar un derecho adquirido, ni siquiera una confianza legítima en el mantenimiento de una situación existente, que puede verse modificada por decisiones adoptadas por las instituciones comunitarias en el marco de su facultad de apreciación.

Por lo que respecta, por otra parte, a la supuesta violación del libre ejercicio de las actividades profesionales, el establecimiento de un método de gestión unificada de los contingentes arancelarios, como el previsto en el Reglamento nº 2362/98, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad, puede modificar, efectivamente, la posición competitiva de los importadores de plátanos de países terceros en la medida en que, en virtud de dicho método, todos los operadores sin excepción pueden importar plátanos cualquiera que sea su origen. No obstante, aunque de este modo, los importadores de plátanos de países terceros compiten con los importadores de plátanos ACP, ya no tienen que soportar la reducción del 30 % de sus importaciones en favor de los importadores de los plátanos ACP de la categoría B prevista por el régimen anterior. Además, en el marco del nuevo régimen también pueden elegir abastecerse de plátanos ACP. Las dificultades invocadas por las recurrentes para encontrar suministradores que pudieran proporcionarles plátanos ACP no cuestionan la legalidad de un régimen que les reconoce precisamente el derecho a importar dichos plátanos en el marco del contingente comunitario. En cualquier caso, las restricciones a la facultad de importar plátanos de países terceros, nacidas de la apertura de todo contingente arancelario y de su mecanismo de reparto, son inherentes al establecimiento de una organización común de mercado cuya finalidad consiste en garantizar la salvaguardia de los objetivos del artículo 33 CE y el respeto de las obligaciones internacionales contraídas por la Comunidad. Por tanto, tales restricciones no perjudican indebidamente al libre ejercicio de las actividades profesionales de los operadores tradicionales de plátanos de países terceros.

(véanse los apartados 86 y 88 a 91)

5. Una cantidad de referencia atribuida a un operador en el marco de una organización común de mercado representa la cantidad máxima para la que este operador puede, en un año determinado, presentar solicitudes de certificados de importación con objeto de beneficiarse de los derechos vinculados a un contingente arancelario. Por tanto, la atribución de cantidades de referencia no garantiza la disponibilidad de éstas ni el derecho de los operadores a exportar efectivamente a la Comunidad la totalidad de cantidades atribuidas en el marco del contingente arancelario.

(véase el apartado 87)