Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 8 de julio de 2003. - Verband der freien Rohrwerke eV, Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH yt Rudolf Flender GmbH & Co. KG contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Control de concentraciones - Concentración comprendida, en parte, dentro del ámbito del TratadoCECA y, en parte, dentro del ámbito del TratadoCE - Decisión de autorización adoptada con arreglo al artículo 66CA, apartado 2 - Decisión de compatibilidad con el mercado común con arreglo al artículo 6, apartado 1, letrab), del ReglamentoCEE nº4064/89 - Requisitos de admisibilidad según el TratadoCECA y según el TratadoCE - Relación entre los regímenes de control de concentraciones establecidos por el TratadoCECA y por el TratadoCE - Obligación de motivación - Error de apreciación. - Asunto T-374/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2003 página II-02275



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Recurso de anulación - Recurso interpuesto contra una decisión CECA por una empresa que ejerce una actividad no comprendida en este Tratado - Falta de legitimación

(Art. 33 CA, párr. 2)

2. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Decisión por la que se declara la compatibilidad de una operación de concentración con el mercado común - Empresa tercera que tiene la condición de competidor directo y que ha participado activamente en el procedimiento administrativo - Admisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4)

3. Competencia - Concentraciones - Examen por la Comisión - Concentración mixta CECA/CE - Aplicación de las normas materiales y de procedimiento de ambos regímenes - Necesidad de dos autorizaciones previas distintas - Derecho de la Comisión de adoptar dos decisiones diferentes

[Arts. 66 CA, aps. 1 y 2, y 305 CE, ap. 1; Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo]

4. Competencia - Concentraciones - Examen por la Comisión - Apreciaciones de orden económico - Facultad discrecional de apreciación - Control jurisdiccional - Límites

[Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, art. 2]

5. Competencia - Concentraciones - Apreciación de la compatibilidad con el mercado común - Creación de una posición dominante colectiva que obstaculiza de manera significativa la competencia efectiva en el mercado común - Requisitos

[Reglamento (CEE) nº 4064/89, art. 2, ap. 3]

6. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas en materia de concentración de empresas

(Art. 253 CE)

7. Competencia - Concentraciones - Apreciación de la compatibilidad con el mercado común - Mercado de referencia - Delimitación geográfica

[Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo]

8. Competencia - Concentraciones - Apreciación de la compatibilidad con el mercado común - Momento que se ha de tomar en consideración

[Art. 81 CE; Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, art. 2]

9. Competencia - Concentraciones - Apreciación de la compatibilidad con el mercado común - Obligación de tener en cuenta el impacto en la estructura de la competencia de los vínculos de orden económico y estructural en caso de control conjunto de una empresa común

[Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, art. 2, aps. 2 y 3]

10. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas en materia de concentración de empresas

[Art. 253 CE; Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, art. 6, ap. 1, letra b)]

Índice

$$1. El artículo 33 CA, párrafo segundo, enumera de manera limitativa los sujetos de Derecho que pueden formular un recurso de anulación, de manera que los sujetos que no se encuentran mencionados en él no pueden formular válidamente tal recurso. Carecen, por tanto, de la requerida legitimación para interponer recurso de anulación contra una decisión CECA las sociedades que no ejercen actividad alguna de producción o de distribución en el sector del carbón y del acero. Tal es el caso de las sociedades que producen tubos de acero que, al no estar mencionadas en el anexo I del Tratado CECA, no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicho Tratado. Si bien es cierto que las disposiciones del Tratado CECA relativas a la legitimación de los justiciables deben interpretarse ampliamente, para garantizar la protección jurídica de los interesados, esta interpretación generosa no puede ir en contra del tenor claro del Tratado CECA. En efecto, no corresponde a los órganos jurisdiccionales comunitarios establecer excepciones al sistema judicial establecido por los Tratados.

( véanse los apartados 33 a 38 )

2. Se desprende del artículo 230 CE, párrafo cuarto, que una empresa solamente tendrá legitimación para solicitar la anulación de una Decisión que autorice una operación de concentración, de la que no es destinataria, si ésta le afecta directa e individualmente.

Una decisión tal afecta directamente a una empresa que opera en el mismo o los mismos mercados que las partes de la concentración, cuando a raíz de la autorización de la operación de concentración propuesta, la Decisión puede provocar una modificación inmediata de la situación del mercado o de los mercados a los que atañe que únicamente depende, pues, de la voluntad de las partes en la concentración.

Una empresa está, además, individualmente afectada por dicha decisión si ésta le afecta debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza con relación a cualesquiera otras personas y, por ello, la individualiza de una manera análoga a la de los destinatarios. Éste es el caso de una empresa que, por una parte, compite directamente con las partes en la concentración en un mercado de productos determinados; la concentración controvertida puede, por tanto, afectarle en su condición de competidor directo, que, por otra parte, ve que la concentración controvertida puede, asimismo, afectarle en su condición de adquirente de materias primas necesarias para la fabricación de dichos productos, habida cuenta de que se dirigió, en varias ocasiones, a una de las partes de la concentración con el fin de satisfacer sus necesidades a este respecto, y que, además, tras la comunicación establecida en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento nº 4064/89, participó activamente en el procedimiento administrativo, especialmente formulando reservas que fueron tenidas en cuenta por la Comisión en su decisión.

( véanse los apartados 46 a 55 )

3. Habida cuenta de que se deduce del artículo 305 CE, apartado 1, que, por lo que se refiere al funcionamiento del mercado común, las normas del Tratado CECA y el conjunto de las disposiciones adoptadas para su aplicación siguen vigentes, a pesar de la adopción del Tratado CE, los aspectos de una concentración mixta que estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Tratado CECA han de ser examinados a la luz de las normas contempladas en el artículo 66 CA, mientras que los demás aspectos de dicha concentración han de ser examinados dentro del marco general de control de concentraciones establecido por el Reglamento nº 4064/89.

Además, en la medida en que tanto el artículo 66 CA como el Reglamento nº 4064/89 someten las operaciones de concentración a un régimen de autorización previa, las partes en una concentración mixta solamente pueden ejecutar el proyecto de concentración notificado si han obtenido dos autorizaciones distintas, a saber, por una parte, una autorización con arreglo al artículo 66 CA, apartado 2, en relación con las partes de la concentración que estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Tratado CECA, y, por otra parte, una autorización en virtud del Reglamento nº 4064/89 en relación con las partes de la concentración sujetas al Tratado CE.

Debido a estas particularidades, la Comisión puede, pues, adoptar dos Decisiones diferentes a efectos de autorizar una concentración mixta, proceder que resulta especialmente justificado si se tiene en cuenta que las disposiciones del artículo 66 CA y las que establece el Reglamento nº 4064/89 difieren tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista del procedimiento. El hecho de que se trate de una única y misma operación de concentración indivisible no desvirtúa esta conclusión. En efecto, si bien desde un punto de vista económico, una operación de concentración mixta notificada representa generalmente un todo indivisible para los autores de la notificación, esta circunstancia no impide que, desde el punto de vista jurídico, dicha operación necesite dos autorizaciones distintas de la Comisión.

A este respecto, el mero hecho de que la Comisión adopte dos decisiones separadas en el marco del control de una operación de concentración mixta no representa, en sí, un incumplimiento de la obligación que tiene la Comisión de evitar las incoherencias que pudieran producirse en la aplicación de las diferentes disposiciones del Derecho comunitario. En efecto, a diferencia de lo que sugieren las demandantes, el hecho de que no se pueda descartar que se adopten decisiones separadas mediante las cuales la Comisión autorice parcial o totalmente una concentración en la parte relativa al Tratado CECA y prohíba parcial o totalmente esa misma concentración por lo que atañe al Tratado CE no constituye una incoherencia, sino que se deduce del hecho de que las operaciones de concentración o algunas de sus partes están sujetas a normas formales y materiales diferentes en función de que estén comprendidas en el ámbito del Tratado CECA o del Tratado CE. La misma observación es válida por lo que se refiere a la posibilidad de que el recurso de anulación dirigido contra las decisiones que aprueben una operación de concentración mixta llegue a un resultado diferente respecto de la decisión adoptada con arreglo al artículo 66 CA y de la decisión adoptada en virtud del Reglamento nº 4064/89. En efecto, independientemente de que la Comisión adopte una única decisión o adopte dos decisiones separadas, corresponderá necesariamente a los órganos jurisdiccionales comunitarios controlar la legalidad de dichas decisiones a la luz de normas diferentes establecidas por los dos regímenes.

( véanse los apartados 68 a 70, 75 y 76 )

4. En la medida en que las normas materiales del Reglamento nº 4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, y en particular su artículo 2, confieren a la Comisión cierta facultad discrecional, especialmente en lo que respecta a las apreciaciones de orden económico, el control por parte del juez comunitario del ejercicio de dicha facultad, que es esencial a la hora de definir las normas en materia de concentraciones, debe ser efectuado teniendo en cuenta el margen de apreciación inherente a las normas de carácter económico que forman parte del régimen de las concentraciones.

( véase el apartado 105 )

5. Para que pueda considerarse que existe una situación de posición dominante colectiva es necesario que se cumplan tres requisitos acumulativos: en primer lugar, todos los miembros del oligopolio dominante deben poder conocer el comportamiento de los demás miembros para comprobar si están adoptando o no la misma línea de acción; en segundo lugar, es necesario que la situación de coordinación tácita pueda mantenerse en el tiempo, es decir, que debe existir un incentivo a no apartarse de la línea de conducta común en el mercado; en tercer lugar, la reacción previsible de los competidores actuales y potenciales y de los consumidores no debe cuestionar los resultados esperados de la línea de acción común.

( véase el apartado 121 )

6. Por lo que se refiere a la obligación de la Comisión de motivar sus decisiones, no se exige que la motivación especifique todos lo elementos de hecho y de Derecho, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple los requisitos del artículo 253 CE no debe apreciarse solamente a la luz de su tenor literal, sino también de su contexto y de la totalidad de normas jurídicas que regulan el ámbito de que se trata. Esto implica que, cuando una autoridad decisoria es competente para adoptar, en procedimientos paralelos, dos decisiones distintas sobre unos mismos hechos y pone dichas decisiones en conocimiento de la misma persona interesada en un breve lapso de tiempo, puede considerarse, desde el punto de vista del deber de motivación frente a esta persona, que cada una de las decisiones forma parte del contexto de la otra decisión y, por tanto, sirve útilmente como complemento de la motivación respecto de la otra decisión.

De lo anterior se deduce que, en los casos en que la Comisión adopta dos Decisiones separadas en el marco de procedimientos paralelos para autorizar una única y misma operación de concentración, comprendida al mismo tiempo en el ámbito de aplicación del Tratado CECA y en el del Tratado CE, y en los que dichas Decisiones se ponen simultáneamente en conocimiento de las demandantes, la motivación que figura en una de las Decisiones debe necesariamente apreciarse a la luz de la motivación expuesta en la otra Decisión. En efecto, en un caso así, aunque el control efectuado por la Comisión en sus Decisiones se basa en normas materiales y de procedimiento diferentes, no es menos cierto que dichas Decisiones separadas atañen a una única y misma concentración, de manera que la apreciación de la Comisión puede coincidir en determinados aspectos.

( véanse los apartados 123 y 124 )

7. En el marco de la apreciación relativa al impacto en la competencia de una operación de concentración, el mercado geográfico relevante es una zona geográfica definida en la que se comercializa el producto de que se trata y en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas para todos los operadores económicos, de manera que se puedan apreciar razonablemente los efectos que tiene sobre la competencia la concentración de empresas notificada.

( véase el apartado 141 )

8. En el marco de la apreciación de la compatibilidad de una concentración notificada con el mercado común, la Comisión no puede estar obligada, en virtud del artículo 81 CE, a examinar el hipotético riesgo de que las partes en la concentración puedan celebrar acuerdos restrictivos como consecuencia de dicha concentración. En efecto, a tenor del artículo 81 CE, apartado 1, la prohibición que establece solamente se aplica cuando se han celebrado efectivamente acuerdos anticompetitivos. La apreciación por la Comisión de la compatibilidad con el mercado común de una operación de concentración entre empresas debe efectuarse únicamente basándose en circunstancias de hecho y de Derecho que existan en el momento de la notificación de dicha operación y no en elementos hipotéticos cuyo alcance económico no pueda valorarse en el momento en que se adopte la decisión.

( véase el apartado 170 )

9. En el marco del ejercicio del control conjunto de una empresa común, las sociedades matrices de dicha empresa deberán ponerse necesariamente de acuerdo sobre la gestión comercial de ésta y, en cierto modo, sobre su propia posición respecto de la empresa común en determinados mercados. No puede, por consiguiente, excluirse que tales vínculos indirectos puedan tener efectos sobre el comportamiento de las empresas vinculadas frente a sus competidores en determinados mercados. De ello se desprende que la existencia de tales vínculos indirectos, de orden económico y estructural, constituye un elemento que debe tenerse en cuenta en el marco de la apreciación de una concentración a la luz de los requisitos mencionados en el artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 4064/89.

( véanse los apartados 173 y 174 )

10. Cuando la Comisión declara una operación de concentración compatible con el mercado común sobre la base del artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 4064/89, constituye una condición necesaria y suficiente en relación con el deber de motivación el artículo 253 CE exige que dicha Decisión exponga de manera clara y sin equívocos las razones por las cuales la Comisión considera que la concentración controvertida no suscita serias dudas respecto a su compatibilidad con el mercado común. No obstante, no puede deducirse de esta obligación que, en un caso como el presente, la Comisión esté obligada a justificar todos los elementos de hecho o de Derecho de su apreciación que pueden tener un vínculo con la operación de concentración notificada y/o que se han suscitado en el curso del procedimiento administrativo. Una exigencia de esa índole no solo sería difícilmente compatible con el imperativo de celeridad que se impone a la Comisión cuando ejerce su facultad de control de las operaciones de concentración y, en particular, cuando aprueba una concentración sobre la base del artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 4064/89, sino que, además, resultaría difícilmente justificable desde el punto de vista de la propia naturaleza de dicha competencia. En efecto, en el marco del régimen establecido por el Reglamento nº 4064/89, la Comisión está obligada a apreciar, según un análisis prospectivo de los mercados de referencia, si la operación de concentración de que conoce crea o refuerza una posición dominante que pueda obstaculizar de manera significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial de éste. Este proceder requiere un examen pormenorizado, especialmente de las circunstancias que, en cada caso concreto, resulten pertinentes para apreciar los efectos de la operación en el juego de la competencia en el mercado de referencia. De lo anterior resulta que, si una concentración no modifica la situación de la competencia en un mercado determinado, o solamente lo hace en una medida muy limitada, no se puede exigir a la Comisión que aporte una motivación particular sobre este extremo. Por estas mismas razones, la Comisión no incumple su obligación de motivación si, en su Decisión, no ofrece una motivación precisa respecto a la apreciación de determinados aspectos de la concentración que le parecen manifiestamente fuera de contexto, carentes de sentido o claramente secundarios a efectos de la apreciación de esta última.

Se desprende de todo lo que precede, que el mero hecho de que una decisión por la que se declara una concentración compatible con el mercado común con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 4064/89, no contenga motivación alguna respecto a determinados elementos de hecho o de Derecho no implica por sí mismo que la Comisión haya incumplido la obligación de motivación que le incumbe cuando adopta una decisión de esa índole. En efecto, la falta de esa motivación puede interpretarse asimismo en el sentido de que, a juicio de la Comisión, dichos elementos no podían suscitar serias dudas respecto a la compatibilidad de la concentración controvertida con el mercado común.

( véanse los apartados 184 a 187 )

Partes

En el asunto T-374/00,

Verband der freien Rohrwerke eV, con domicilio social en Düsseldorf (Alemania),

Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH, con domicilio social en Kreuztal-Ferndorf (Alemania),

Rudolf Flender Gmbh & Co. KG, con domicilio social en Siegen (Alemania),

representadas por el Sr. H. Hellmann, abogado,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. W. Mölls y W. Wils, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

apoyada por

Mannesmann AG, con domicilio social en Düsseldorf (Alemania), representada por los Sres. K. Moosecker y P. Niggemann, abogados,

y por

Salzgitter AG, con domicilio social en Salzgitter (Alemania), representada por los Sres. J. Sedemund y T. Lübbig, abogados,

partes coadyuvantes,

que tiene por objeto un recurso de anulación de las Decisiones COMP/M.2045 de 5 de septiembre de 2000 y COMP/CECA.1336 de 14 de septiembre de 2000, mediante las cuales la Comisión aprobó la adquisición por Salzgitter del control de Mannesmannröhren-Werke, con arreglo, respectivamente, al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) nº 4064/89 y del artículo 66 CA, apartado 2,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por los Sres. K. Lenaerts, Presidente, J. Azizi y M. Jaeger, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de enero de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Marco jurídico

A. Marco jurídico de la Decisión CECA

1 El artículo 33 CA dispone:

«[...]

Las empresas o las asociaciones contempladas en el artículo 48 podrán interponer, en las mismas condiciones, recurso contra las decisiones y recomendaciones individuales que les afecten o contra las decisiones y recomendaciones generales que estimen que adolecen de desviación de poder por lo que a ellas respecta.

Los recursos previstos en los dos primeros párrafos del presente artículo deberán interponerse en el plazo de un mes a partir, según los casos, de la notificación o de la publicación de la decisión o recomendación.

[...]»

2 En virtud del artículo 66 CA:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, requerirá la autorización previa de la Comisión toda operación que, en los territorios a que se refiere el párrafo primero del artículo 79, y como resultado de la acción de una persona o de una empresa, de un grupo de personas o de empresas, tenga por sí misma por efecto directo o indirecto una concentración de empresas, una de las cuales al menos quede sujeta a la aplicación del artículo 80, tanto si la operación se refiere a un mismo producto o a productos diferentes como si se efectúa mediante fusión, adquisición de acciones o de elementos del activo, préstamo, contrato o cualquier otro medio de control. Para la aplicación de las disposiciones precedentes, la Comisión determinará, mediante un reglamento adoptado previa consulta al Consejo, los elementos que constituyen el control de una empresa.

2. La Comisión otorgará la autorización mencionada en el apartado anterior si reconociere que la operación contemplada no conferirá a las personas o empresas interesadas, con respecto al producto o productos de su competencia, el poder:

- de determinar los precios, controlar o limitar la producción o la distribución u obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en una parte del mercado de tales productos;

- o de sustraerse a las normas sobre la competencia que resulten de la aplicación del presente Tratado, estableciendo, en particular, una posición artificialmente privilegiada, que implique una ventaja sustancial en el acceso a los abastecimientos o a los mercados.

[...]»

3 Por último, el artículo 80 CA establece:

«Se entiende por empresas, con arreglo al presente Tratado, las que ejerzan una actividad de producción en el campo del carbón y del acero dentro de los territorios mencionados en el párrafo primero del artículo 79, y, además, por lo que se refiere a los artículos 65 y 66, así como a las informaciones requeridas para su aplicación y a los recursos interpuestos con motivo de esta aplicación, las empresas u organismos que ejerzan habitualmente una actividad de distribución que no sea la venta a los consumidores particulares o a los artesanos.»

B. Marco jurídico de la Decisión CE

4 El artículo 2, del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO L 395, p. 1, según su rectificación en DO 1990, L 257, p. 13), modificado por última vez por el Reglamento (CE) nº 1310/97 del Consejo, de 30 de junio de 1997 (DO L 180, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 4064/89»), dispone:

«1. Las operaciones de concentración contempladas en el presente Reglamento se evaluarán en función de las disposiciones que figuran a continuación, con el fin de establecer si son compatibles con el mercado común.

En esta evaluación, la Comisión tendrá en cuenta:

a) la necesidad de preservar y de desarrollar una competencia efectiva en el mercado común a la vista, en particular, de la estructura de todos los mercados en cuestión y de la competencia real o potencial de empresas situadas dentro o fuera de la Comunidad;

b) la posición en el mercado de las empresas participantes, su fortaleza económica y financiera, las posibilidades de elección de proveedores y usuarios, su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados, la existencia de hecho o de derecho de obstáculos al acceso a dichos mercados, la evolución de la oferta y la demanda de los productos y servicios de que se trate, los intereses de los consumidores intermedios y finales así como la evolución del progreso técnico o económico, siempre que ésta sea en beneficio de los consumidores y no constituya un obstáculo para la competencia.

2. Se declararán compatibles con el mercado común las operaciones de concentración que no supongan un obstáculo significativo para una competencia efectiva, al no crear ni reforzar posición dominante alguna en el mercado común o en una parte substancial del mismo.

[...]»

5 El artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 4064/89 establece:

«La Comisión procederá al examen de la notificación a su recepción.

[...]

b) Si comprobara que la operación de concentración que se notifica, pese a entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento, no plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común, decidirá no oponerse a la misma y la declarará compatible con el mercado común.

[...]»

Hechos que originaron el litigio y procedimiento

6 El presente recurso ha sido formulado por la Verband der freien Rohrwerke eV (en lo sucesivo, «VFR»), asociación de empresas, y dos de sus miembros, la sociedad Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH (en lo sucesivo, «Ferndorf») y la sociedad Rudolf Flender GmbH & Co KG (en lo sucesivo, «Flender»).

7 VFR es una asociación que representa los intereses de diez medianas empresas con domicilio social en Alemania que producen tubos de acero soldados a partir de bandas anchas en caliente y de chapas en cuarto sin que pertenezcan a ninguno de los grandes grupos siderúrgicos europeos. Dicha asociación es, a su vez, miembro de la Wirtschaftsverband Eisen, Blech und Metall Verarbeitende Industrie eV, asociación que representa los intereses de diversas ramas de la industria de transformación del hierro, de chapas y de metales (en lo sucesivo, «EBM»).

8 Ferndorf es una empresa principalmente activa en la fabricación de tubos de acero de soldadura en espiral de un diámetro superior a 406 mm (en lo sucesivo, «tubos grandes»). Por su parte, Flender produce tubos de acero de soldadura longitudinal de un diámetro inferior a 406 mm (en lo sucesivo, «tubos pequeños»). Es preciso señalar que a diferencia de los demás miembros de VFR que fabrican tubos de acero a partir de chapas en cuarto, tanto Ferndorf como Flender producen tubos a partir de bandas anchas en caliente.

9 El 1 de agosto de 2000, la sociedad Salzgitter AG, gran empresa alemana que produce y transforma, de forma integrada, productos de acero (en lo sucesivo, «Salzgitter»), notificó a la Comisión su intención de adquirir el control de la sociedad Mannesmannröhren-Werke AG, empresa cuyo capital social poseen Mannesmann AG (99,3 %) y Thyssen AG (0,7 %) y que produce y comercializa tubos de acero así como materias primas para la fabricación de tubos (en lo sucesivo, «MRW») (operación denominada en lo sucesivo, «concentración controvertida»). MRW controla junto con la sociedad Dillingerhütte (en lo sucesivo, «DH»), que forma parte del grupo Usinor, la sociedad Europipe SA que produce tubos de soldadura longitudinal y de soldadura en espiral. Además, MRW controla junto con el grupo Vallourec, la sociedad Vallourec & Mannesmann tubes SA que produce asimismo tubos de acero. Por último, MRW controla, junto con la sociedad Thyssen Krupp Stahl AG (en lo sucesivo, «TKS»), la sociedad Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (en lo sucesivo, «HKM») que fabrica acero bruto y productos semiacabados.

10 En la medida en que la concentración controvertida afectaba a productos siderúrgicos, los cuales, en virtud de las disposiciones del artículo 81 CA en relación con las del anexo I de dicho Tratado, están comprendidos dentro del ámbito del control de las operaciones de concentración con arreglo al artículo 66 CA, y a productos de transformación, como los tubos de acero, que están comprendidos dentro del ámbito del Tratado CE, se notificó el proyecto, por una parte, en virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 4064/89 y, por otra parte, en virtud del artículo 66 CA.

11 Mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de 12 de agosto de 2000, la Comisión instó a las partes interesadas a presentar sus observaciones respecto a la concentración controvertida en un plazo de diez días.

12 Después de esta publicación, tanto EBM como Ferndorf manifestaron sus reservas respecto a la concentración que se había notificado. Alegaron que temían que, como consecuencia de dicha concentración, Salzgitter no estuviera dispuesta a suministrar chapas en cuarto ni bandas anchas en caliente, en condiciones competitivas, a los fabricantes de tubos que no pertenecen a un gran grupo siderúrgico integrado (en lo sucesivo, «productores independientes de tubos») máxime cuando éstos compiten con Saltzgitter y con determinadas sociedades controladas por ésta en el mercado posterior de tubos.

13 El 5 de septiembre de 2000, la Comisión adoptó la Decisión COMP/M.2045 - Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke mediante la cual declaró que la concentración controvertida era compatible con el mercado común en virtud de los artículos 2, apartado 2, y 6, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 4064/89 (en lo sucesivo, «Decisión CE»).

14 El 14 de septiembre de 2000, la Comisión adoptó la Decisión COMP/CECA.1336 - Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke mediante la cual autorizó la concentración controvertida con arreglo al artículo 66 CA, apartado 2 (en lo sucesivo, «Decisión CECA»; las Decisiones CECA y CE se denominarán conjuntamente, en lo sucesivo, «Decisiones impugnadas»).

15 En esta última Decisión, la Comisión consideró que eran infundadas las objeciones formuladas respecto al proyecto de concentración por diversos productores independientes de tubos grandes domiciliados en Alemania que temían que Salzgitter pudiese discriminarles en relación con el suministro de chapas en cuarto y de bandas anchas en caliente. En efecto, la Comisión consideró que si Salzgitter recurriese a tales prácticas discriminatorias, siempre sería posible adoptar las medidas previstas en los artículos 65 CA y 66 CA, apartado 7. No obstante, la Comisión hizo constar la siguiente declaración de Salzgitter:

«El grupo Salzgitter declara por la presente, en el marco de la notificación de una concentración en virtud del Reglamento relativo al control de las operaciones de concentración y del artículo 66 CA, apartado 3, que, en caso de autorización de la concentración por la Comisión Europea, continuará realizando ofertas a sus clientes, en particular a los productores independientes de tubos grandes soldados, en las condiciones del mercado, mientras el grupo Salzgitter produzca dichas mercancías. No adoptará medida discriminatoria alguna en relación con sus clientes, en particular por lo que se refiere al precio, la calidad y las condiciones de entrega. El criterio para apreciar la falta de discriminación estará constituido, respecto a las chapas en cuarto, por las condiciones concedidas a Europipe, y en relación con las bandas anchas en caliente, por las condiciones que Salzgitter concede actualmente a los productores de tubos» (en lo sucesivo, «declaración de no discriminación»).

16 Mediante escrito de 25 de septiembre de 2000, EBM instó a la Comisión a que le proporcionara información más detallada sobre las decisiones por las cuales se aprobaba la concentración controvertida y respecto a la posibilidad de definir su postura con respecto a dichas decisiones.

17 Como consecuencia de esta solicitud, la Comisión, mediante fax de 3 de octubre de 2000, transmitió una copia de las Decisiones impugnadas a EBM.

18 EBM respondió a dicho envío mediante escrito de 4 de octubre de 2000. En él precisaba que, entre sus miembros, figuraban asimismo determinados productores de tubos pequeños de acero a los que también afectaba la concentración controvertida, de manera que era necesario que Salzgitter se comprometiese asimismo a no discriminarles.

19 Mediante escrito de 30 de octubre de 2000, las demandantes manifestaron sus críticas a la Comisión en relación con las Decisiones impugnadas. En particular, le informaron de las razones por las que consideraban que tanto las Decisiones impugnadas como la declaración de no discriminación que incluyen no tenían suficientemente en cuenta los intereses de los productores independientes de tubos. Además, solicitaron a la Comisión que les enviase copias en buen estado de las Decisiones impugnadas. Estas copias fueron recibidas el 14 de noviembre de 2000.

20 Mediante escrito de 23 de noviembre de 2000, las demandantes solicitaron a la Comisión tener acceso al expediente administrativo de la concentración controvertida. La Comisión les informó, mediante escrito de 1 de diciembre de 2000, que no podía acceder a dicha solicitud. Además, mediante escrito de 5 de diciembre de 2000, confirmó que Salzgitter se negaba a que les fuera enviada a las demandantes una copia de la notificación, incluso sin los secretos comerciales que contenía.

21 Mediante demanda presentada en la Secretaría el 12 de diciembre de 2000, las demandantes interpusieron el presente recurso.

22 Mediante escritos de 8 y de 20 de marzo de 2001, Mannesmann y Salzgitter, respectivamente, solicitaron intervenir en apoyo de la Comisión.

23 Tras recabar las observaciones de las partes, el Presidente de la Sala Tercera admitió, mediante auto de 17 de mayo de 2001, la intervención de Salzgitter y de Mannesmann en apoyo de la Comisión (en lo sucesivo, «partes coadyuvantes»). Éstas presentaron sus escritos de formalización de la intervención el 2 de julio de 2001.

24 La fase escrita terminó con la presentación de la dúplica el 14 de diciembre de 2001.

25 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, requirió a las partes para que aportaran determinados documentos y respondieran por escrito a algunas preguntas.

26 En la vista celebrada el 16 de enero de 2003 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

27 Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Ordene que la Comisión aporte el expediente administrativo relativo a la concentración controvertida o, al menos, que presente la notificación o notificaciones de dicha concentración.

- Anule las Decisiones impugnadas.

- Condene en costas a la Comisión.

28 La Comisión, apoyada por las partes coadyuvantes, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Con carácter principal, declare la inadmisibilidad del recurso.

- Con carácter subsidiario, desestime el recurso de anulación por infundado.

- Condene en costas a las demandantes.

Sobre la admisibilidad

A. Sobre la admisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto la anulación de la Decisión CECA

1. Alegaciones de las partes

29 La Comisión, apoyada por las partes coadyuvantes, estima que el recurso es inadmisible en la medida en que tiene por objeto la anulación de la Decisión CECA, dado que las demandantes carecen de legitimación activa. En efecto, destaca que las demandantes no son «empresas o [...] asociaciones contempladas en el artículo 48 [CA]» las cuales, según el artículo 33 CA, párrafo segundo, son las únicas que pueden formular un recurso de anulación contra las decisiones y recomendaciones adoptadas con arreglo al Tratado CECA.

30 Además, la Comisión alega que el recurso, que fue presentado el 11 de diciembre, es extemporáneo. Señala, en efecto, que según la jurisprudencia en un caso como el de autos, en el que el acto impugnado no ha sido notificado a las demandantes ni tampoco ha sido publicado en el Diario Oficial, el plazo de un mes previsto en el artículo 33 CA, párrafo tercero, empieza a correr desde el momento en que el demandante tuvo conocimiento del contenido de la motivación del acto (sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de julio de 1988, Dillinger Hüttenwerke/Comisión, 236/86, Rec. p. 3761, apartado 14). Pues bien, según la Comisión, se desprende de una serie de elementos que las demandantes tuvieron conocimiento de la totalidad de la Decisión CECA y de su motivación, como muy tarde, el 30 de octubre de 2000, e incluso muy probablemente antes de esa fecha.

31 Las demandantes sostienen que tienen la legitimación activa necesaria para solicitar la anulación de la Decisión CECA. Señalan, en efecto, que la admisibilidad de un recurso formulado por un tercero contra una decisión adoptada con arreglo al Tratado CECA está sujeta a los mismos requisitos que la admisibilidad de un recurso de anulación formulado contra una decisión adoptada con arreglo al Tratado CE puesto que, con arreglo al artículo 33 CA, los terceros pueden formular recursos contra «las decisiones individuales que les afecten», lo que, según las demandantes, ocurre en el presente caso. Además, consideran que el régimen establecido por el Tratado CECA, que niega el acceso a un órgano jurisdiccional a todas las empresas que no estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicho Tratado, aun cuando la decisión adoptada con arreglo al Tratado les afecte directa e individualmente, está viciada desde el punto de vista de los principios constitucionales y, en particular, del principio de igualdad de trato.

32 Las demandantes rebaten asimismo el argumento de la Comisión según el cual el recurso es extemporáneo en la medida en que tiene por objeto la anulación de la Decisión CECA. Subrayan, en efecto, que dicha Decisión aún no les ha sido notificada, de manera que, con arreglo al artículo 33 CA, párrafo tercero, el plazo de un mes previsto por dicha disposición todavía no ha empezado a correr.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

33 El artículo 33 CA, párrafo segundo, dispone que «las empresas o las asociaciones contempladas en el artículo 48 [CA]» pueden formular, en las mismas condiciones previstas en el párrafo primero, un recurso contra las decisiones y recomendaciones individuales que les afecten o contra las decisiones y recomendaciones generales que estimen que adolecen de desviación de poder por lo que a ellas respecta. Según reiterada jurisprudencia, dicho artículo enumera de manera limitativa los sujetos de Derecho que pueden formular un recurso de anulación, de manera que los sujetos que no se encuentran mencionados en él no pueden formular válidamente tal recurso (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1984, Commune de Differdange y otros/Comisión, 222/83, Rec. p. 2889, apartado 8; autos del Tribunal de Primera instancia de 29 de septiembre de 1997, D'Orazio y Hublau/Comisión, T-4/97, Rec. p. II-1505, apartado 15, y Région wallonne/Comisión, T-70/97, Rec. p. II-1513, apartado 22).

34 Por otra parte, se desprende del artículo 80 CA que el concepto de «empresas» abarca «[las empresas] que ejerzan una actividad de producción en el campo del carbón y del acero dentro de los territorios [de la Comunidad]» y, además, por lo que se refiere a la aplicación de los artículos 65 CA y 66 CA y los recursos formulados con arreglo a éstos, las empresas u organismos que ejercen una actividad de distribución en el mismo ámbito.

35 Por lo que se refiere a las «asociaciones contempladas en el artículo 48 [CA]», este concepto comprende las asociaciones que representan y agrupan a empresas en el sentido del artículo 80 CA (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1956, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Alta Autoridad, asuntos acumulados 7/54 y 9/54, Rec. pp. 53 y ss., especialmente p. 83; de 19 de marzo de 1964, Sorena/Alta Autoridad, 67/73, Rec. pp. 293 y ss., especialmente p. 316; de 6 de diciembre de 1990, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, C-180/88, Rec. p. I-4413, apartado 23, y del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1997, EISA/Comisión, T-239/94, Rec. p. II-1839, apartado 28).

36 En el presente caso, es preciso observar que las sociedades Ferndorf y Flender no ejercen actividad alguna de producción o de distribución en el sector del carbón y del acero puesto que producen tubos de acero, los cuales, al no estar mencionados en el anexo I del Tratado CECA, no están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicho Tratado. Por lo que se respecta a VFR, ésta representa los intereses de algunos productores de tubos de acero.

37 Por consiguiente, aun suponiendo que las demandantes puedan demostrar que la Decisión CECA les afecta, resulta, no obstante, manifiesto que carecen de la legitimidad activa necesaria para pedir la anulación de dicha Decisión con arreglo al artículo 33 CA, párrafo segundo.

38 A este respecto, no cabe aceptar el razonamiento de las demandantes según el cual es contrario al principio de tutela jurisdiccional efectiva, así como al principio de igualdad de trato, limitar el derecho de recurso contra las decisiones y recomendaciones adoptadas en virtud del Tratado CECA solamente a las empresas y asociaciones de empresas comprendidas dentro del ámbito de dicho Tratado. Es cierto que, según jurisprudencia consolidada, las disposiciones del Tratado CECA relativas a la legitimación de los justiciables deben interpretarse ampliamente, para garantizar la protección jurídica de los interesados (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de febrero de 1977, CFDT/Consejo, 66/76, Rec. p. 305, apartado 8, y del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2001, UK Coal/Comisión, asuntos acumulados T-12/99 y T-63/99, Rec. p. II-2153, apartado 53). No obstante, es preciso señalar que esta interpretación generosa no puede ir en contra del tenor claro del Tratado CECA. En efecto, como los órganos jurisdiccionales comunitarios han recordado en múltiples ocasiones, no corresponde a éstos establecer excepciones al sistema judicial establecido por los Tratados (véase, específicamente en relación con los recursos previstos por el Tratado CECA, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 1963, Schlieker/Alta Autoridad, 12/63, Rec. pp. 173 y ss., especialmente p. 186).

39 Por lo tanto, y sin que sea necesario examinar la cuestión del carácter extemporáneo del recurso en relación con el plazo de un mes previsto en el artículo 33 CA, párrafo tercero, se desprende de todo cuanto precede que el recurso es inadmisible en la medida en que tiene por objeto la anulación de la Decisión CECA.

B. Sobre la admisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto la anulación de la Decisión CE

1. Alegaciones de las partes

40 La Comisión, apoyada a este respecto por las partes coadyuvantes, manifiesta dudas respecto a la admisibilidad del recurso. En efecto, estima que la Decisión CE, de la que no son destinatarias, no afecta individualmente a las demandantes, en contra de lo dispuesto en el artículo 230 CE, párrafo cuarto.

41 En primer lugar, señala que VFR y Flender no reúnen ninguno de los tres requisitos establecidos por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia de 19 de mayo de 1994, Air France/Comisión (T-2/93, Rec. p. II-323), para poder considerar que la demandante en dicho asunto estaba individualmente afectada, a saber, primero, que ya en la fase del procedimiento administrativo había expresado sus reservas sobre la operación de concentración notificada; segundo, que la Comisión había apreciado la situación de competencia en los mercados de referencia teniendo en cuenta específicamente la situación de la demandante, y, tercero, que la demandante, según un acuerdo celebrado con el Gobierno francés y con la Comisión, había sido obligada a vender su participación en la compañía TAT. Por lo que atañe a Ferndorf, la Comisión considera que el mero hecho de que participara en el procedimiento administrativo no basta por sí solo para individualizarla, puesto que, con arreglo a su práctica habitual seguida a este respecto, la Comisión se puso en contacto con numerosas empresas en el marco del examen de la concentración notificada y recibió de éstas unas veinte respuestas.

42 En segundo lugar, la Comisión alega que las demandantes se refieren equivocadamente a la sentencia de 27 de abril de 1995, CCE de la Société générale des grandes sources y otros/Comisión (T-96/92, Rec. p. II-1213) en la cual el Tribunal de Primera Instancia consideró que el hecho de que el artículo 18, apartado 4, del Reglamento nº 4064/89 designe expresamente a los representantes reconocidos de los trabajadores de las empresas afectadas entre los terceros que acreditan un interés suficiente para ser oídos por la Comisión, basta para considerar que la Decisión adoptada por la Comisión sobre la compatibilidad de dicha operación con el mercado común les afecta directamente. En efecto, estima que dicho principio no puede aplicarse en el presente caso en la medida en que, a diferencia de los representantes reconocidos de los trabajadores, las demandantes no forman parte de un grupo claramente definido y no gozan de derechos particulares en virtud del Reglamento nº 4064/89.

43 En tercer lugar, estima que, a diferencia de lo que afirman las demandantes, el mero hecho de que la concentración tenga repercusiones negativas sobre la situación económica de Ferndorf y de Flender como productores independientes de tubos no es suficiente para individualizarlas, en la medida en que, además de que dicha afirmación se basa en parte en datos inexactos, existe un gran número de productores independientes de tubos en la Comunidad que se encuentran en una situación similar.

44 Por último, la Comisión estima que las demandantes se refieren equivocadamente la sentencia de 24 de marzo de 1994, Air France/Comisión (T-3/93, Rec. p. II-121), en la medida en que, a diferencia del presente caso, la situación de la demandante Air France estaba, en aquel asunto, netamente caracterizada con respecto a la de los demás operadores en el mercado.

45 Las demandantes sostienen que tienen legitimación activa para solicitar la anulación de la Decisión CE.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

46 Dado que las demandantes no son destinatarias de la Decisión CE, que está únicamente dirigida a las partes en la concentración, se desprende del artículo 230 CE, párrafo cuarto, que solamente tendrán legitimación activa para solicitar la anulación de dicha Decisión si ésta les afecta directa e individualmente.

47 En el presente caso, es patente y, por otra parte, consta entre las partes que la Decisión CE afecta a las demandantes. En efecto, dado que autoriza que se lleve a cabo la operación de concentración propuesta, la Decisión impugnada puede provocar una modificación inmediata de la situación de los mercados a los que atañe que únicamente depende, pues, de la voluntad de las partes en la concentración (véase la sentencia de 24 de marzo de 1994, Air France/Comisión, citada en el apartado 44 supra, apartado 80).

48 Por consiguiente, procede examinar si dicha Decisión afecta individualmente a las demandantes.

49 Según reiterada jurisprudencia, «quienes no sean destinatarios de una decisión sólo pueden alegar que ésta les afecta individualmente cuando dicha decisión les atañe debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que les caracteriza con relación a cualesquiera otras personas y, por ello, les individualiza de una manera análoga a la del destinatario» (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, Rec. pp. 197 y ss., especialmente p. 223, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de mayo de 1994, Air France/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartado 42).

50 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que, como se desprende de los puntos 37 y 43 de la Decisión CE, Ferndorf compite directamente con las partes en la concentración en el mercado de tubos grandes de soldadura en espiral. La concentración controvertida puede, por tanto, afectar a Ferndorf en su condición de competidor directo.

51 A continuación, la concentración controvertida puede asimismo afectar a Ferndorf en su condición de adquirente de materias primas necesarias para la fabricación de tubos. En efecto, consta que, como fabricante de tubos que no dispone de producción propia de bandas anchas en caliente necesarias para fabricar tubos grandes de soldadura en espiral, Ferndorf se ha dirigido a Salzgitter en numerosas ocasiones para satisfacer sus necesidades a este respecto. En efecto, del escrito de formalización de la intervención de Salzgitter se desprende que, en 1998 y 1999, dicha empresa suministró a Ferndorf 2.100 toneladas y 10.200 toneladas, respectivamente, de bandas anchas en caliente, lo cual, al menos por lo que se refiere al año 1999, representa una parte considerable del consumo anual de esta última sociedad. Además, en sus escritos y en la vista, las demandantes alegaron que los efectos perjudiciales de la concentración controvertida sobre la situación de su abastecimiento serán de mayor magnitud dado que, en el marco de dicha operación, Salzgitter ha adquirido indirectamente el control conjunto del mayor productor de tubos de la Comunidad, a saber, Europipe, y que, por consiguiente, podrá favorecer a esta empresa en perjuicio de las demandantes por lo que respecta al abastecimiento en bandas anchas en caliente. Por otra parte, las demandantes sostuvieron que dicha operación tendría asimismo como efecto crear vínculos entre Salzgitter y los otros proveedores principales de bandas anchas en caliente, a saber, los grupos Usinor y Thyssen, y que no se puede descartar que, en el marco de esos vínculos, las partes en la concentración y esas empresas terceras coordinen sus actividades en los mercados de materias primas necesarias para la producción de tubos, en perjuicio de los productores independientes de tubos. Por último, las demandantes afirmaron que sus temores relativos a los efectos perjudiciales de la concentración controvertida sobre su abastecimiento en bandas anchas en caliente se habían visto confirmados por el hecho de que, desde la fecha de la celebración de la operación en agosto de 2000, las partes en la concentración se habían negado a suministrar bandas anchas en caliente a Flender.

52 Además, procede señalar que, tras la comunicación establecida en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento nº 4064/89, Ferndorf participó activamente en el procedimiento administrativo.

53 En efecto, tras haber solicitado a la Comisión, por propia iniciativa, que le permitiese responder al cuestionario que ésta había transmitido a diversos operadores económicos con objeto de reunir información en relación con los posibles efectos de la concentración controvertida en los mercados afectados, Ferndorf formuló algunas críticas respecto de dicha operación. En particular, en sus escritos de 22 y 24 de agosto de 2000, así como en la respuesta al cuestionario que figuraba como anexo al último de estos escritos, precisaba que la concentración controvertida reforzaría la posición competitiva de las partes en la concentración en el mercado de los tubos grandes de soldadura en espiral en perjuicio de los productores independientes de tubos que, como ella, no producen las materias primas necesarias para fabricar tubos y que no logran abastecerse de materias primas a precios competitivos de los grandes grupos siderúrgicos integrados.

54 Por otra parte, se desprende claramente de los puntos 20 a 23 de la Decisión CECA, que forma parte del contexto de la motivación de la Decisión CE (véase el punto 123), así como de los escritos de la Comisión, que ésta apreció la situación de la competencia en los mercados de materias primas necesarias para la producción de tubos, así como en los mercados de tubos, teniendo en cuenta algunas objeciones formuladas por los productores independientes de tubos, como Ferndorf.

55 Además, es preciso subrayar que en el punto 23 de la Decisión CECA, la Comisión hizo constar la declaración de no discriminación realizada por Salzgitter. Pues bien, se desprende claramente de este pasaje y, por lo demás, no es objeto de discusión entre las partes que, en esa declaración, Salzgitter se comprometió a no aplicar condiciones discriminatorias en relación con las entregas de chapas en cuarto y de bandas anchas en caliente a los productores independientes de tubos precisamente con el objeto de responder a las objeciones formuladas por algunos productores independientes, como Ferndorf.

56 En tales circunstancias, procede considerar que la Decisión CE afecta directa e individualmente a Ferndorf.

57 Además, por tratarse de un solo e idéntico recurso, no procede examinar la legitimación de las demás demandantes (sentencias del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión, C-313/90, Rec. p. I-1125, apartado 31, y del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2002, Diputación Foral de Álava y otros/Comisión, asuntos acumulados, T-127/99, T-129/99 y T-148/99, Rec. p. II-1275, apartado 52).

58 Por lo tanto, se desprende de todo cuanto precede que el recurso es admisible en la medida en que tiene por objeto la anulación de la Decisión CE.

C. Sobre la alegación de las demandantes según la cual el recurso es admisible en su totalidad en la medida en que tiene por objeto la anulación de dos decisiones que, en realidad, solamente constituyen una decisión

1. Alegaciones de las partes

59 Las demandantes estiman que la alegación formulada por la Comisión para demostrar la inadmisibilidad del recurso se basa en un error de Derecho, a saber que la Decisión CECA y la Decisión CE constituyen dos actos jurídicos independientes, basados en disposiciones diferentes y que, por consiguiente, la admisibilidad de los recursos que tienen por objeto su anulación está sometida a requisitos diferentes. En efecto, consideran que estas dos Decisiones forman en realidad un único acto administrativo al que han de aplicarse requisitos de admisibilidad uniformes, de manera que debe declararse la admisibilidad en su conjunto de un recurso que, como el presente, cumple los requisitos de admisibilidad de uno de los dos Tratados.

60 En apoyo de esta afirmación, las demandantes alegan, en primer lugar, que el punto de vista de la Comisión queda desvirtuado por el hecho de que las Decisiones impugnadas tienen por objeto un único y mismo proyecto de concentración que era indivisible y que, con arreglo a los artículos 66 CA, apartado 1, y 7, apartado 1, del Reglamento nº 4064/89, está comprendido dentro del ámbito de aplicación del control de las operaciones de concentración que realiza la Comisión y que, por tanto, sólo puede ser lícito si cumple los requisitos de los dos ámbitos jurídicos. Según las demandantes, se tenía que haber adoptado una decisión que cumpliese, por sí misma, los requisitos de los dos ámbitos normativos.

61 En segundo lugar, consideran que el hecho de que la adopción de decisiones por separado pueda eventualmente dar lugar a resultados incoherentes es contrario a los principios de coherencia y de legalidad de la acción administrativa que obligan a la Comisión a tener en cuenta, en sus decisiones, normas jurídicas que entran en el ámbito de sus competencias y que son aplicables al objeto del procedimiento o que pueden influir en su apreciación (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1993, Matra/Comisión, C-225/91, Rec. p. I-3203, apartados 41 y 42; de 27 de enero de 2000, DIR International Film y otros/Comisión, C-164/98 P, Rec. p. I-447, apartados 21 y 30, y del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, RJB Mining/Comisión, T-156/98, Rec. p. II-337, apartado 112).

62 En tercer lugar, consideran que la postura defendida por la Comisión es contraria a las opiniones vertidas en su Comunicación relativa a la aproximación en materia de procedimientos de tramitación de las operaciones de concentración contemplados en los Tratados CECA y CE (DO 1998, C 66, p. 36; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la aproximación de los procedimientos»), en la medida en que se desprende de dicha Comunicación que las concentraciones comprendidas en el ámbito de aplicación de dos prohibiciones han de ser examinadas bajo los dos puntos de vista en el curso de un procedimiento único y que las normas contenidas en el Reglamento nº 4064/89 y sus disposiciones de aplicación se aplican de manera análoga al presente procedimiento.

63 En cuarto lugar, las demandantes estiman que el enfoque de la Comisión es erróneo en la medida en que, dado que la concentración fue probablemente objeto de una única notificación, la Comisión solamente podía pronunciarse sobre dicha operación en un acto jurídico único adoptado dentro del mes siguiente a la fecha de recepción de la notificación (artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 4064/89). Las demandantes observan, en efecto, que aun cuando la Comisión, en la Comunicación sobre la aproximación de los procedimientos, no reconoció que el plazo de un mes tiene, generalmente, carácter vinculante, en un caso como el de autos, la aplicación del plazo de un mes obedece tanto a imperativos de seguridad jurídica como al deseo de no desnaturalizar el sistema de notificación establecido por el Reglamento nº 4064/89.

64 En quinto lugar, las demandantes alegan que no cabe aceptar el enfoque de la Comisión habida cuenta de la expiración del Tratado CECA en el curso del año 2002. En efecto, destacan que el examen efectuado desde el punto de vista del control de las operaciones de concentración representa una apreciación a largo plazo de los efectos de dicha concentración en las estructuras del mercado, de manera que la Comisión debería haber tenido en cuenta, a la luz del Derecho derivado del Tratado CE relativo al control de las operaciones de concentración, las modificaciones estructurales de las condiciones de competencia que la concentración podía provocar en los mercados siderúrgicos y en los mercados de bienes de consumo posteriores dentro del proceso económico, dentro de un período de tiempo que se extiende más allá de la vigencia del Tratado CECA.

65 Por último, las demandantes estiman que el enfoque de la Comisión limita su protección jurídica en el medida en que no puede descartarse que, en determinados supuestos, dicho enfoque tenga como consecuencia que una parte interesada se vea obligada a interponer un recurso de anulación contra la primera decisión antes incluso de haber tenido conocimiento de la segunda.

66 La Comisión impugna la totalidad de la argumentación de las demandantes según la cual debería haber autorizado la concentración controvertida en el marco de una única decisión.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

67 Con carácter preliminar, es preciso recordar que la concentración controvertida está comprendida al mismo tiempo dentro del ámbito de aplicación del Tratado CECA y del Tratado CE, ya que las partes en la concentración no operan únicamente en el sector de la producción de acero, en el sentido en que el anexo I del Tratado CECA define este término, sino también en otros sectores situados en fases posteriores de la cadena de transformación del acero y, por tanto, no están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Tratado CECA, sino del Tratado CE (en lo sucesivo, «concentración mixta»).

68 Pues bien, según reiterada jurisprudencia, se deduce del artículo 305 CE, apartado 1, que, por lo que se refiere al funcionamiento del mercado común, las normas del Tratado CECA y el conjunto de las disposiciones adoptadas para su aplicación siguen vigentes, a pesar de la adopción del Tratado CE (véanse las sentencias de 24 de octubre de 1985, Gerlach, 239/84, Rec. p. 3507, apartado 9, y de 24 de septiembre de 2002, Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión, asuntos acumulados C-74/00 P y C-75/00 P, Rec. p. I-7869). Así, en la medida en que el Tratado CECA establece, en su artículo 66, normas específicas para el control de las operaciones de concentración, estas normas se aplican, como lex specialis, a las operaciones de concentración o a las partes en dichas operaciones que estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicho Tratado. De ello se desprende que, en el caso particular de una concentración mixta, los aspectos de dicha operación que estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Tratado CECA han de ser examinados a la luz de las normas contempladas en el artículo 66 CA, mientras que los demás aspectos de dicha concentración han de ser examinados dentro del marco general de control de concentraciones establecido por el Reglamento nº 4064/89.

69 Además, en la medida en que tanto el artículo 66 CA como el Reglamento nº 4064/89 someten las operaciones de concentración a un régimen de autorización previa, las partes en una concentración mixta solamente pueden ejecutar el proyecto de concentración notificado si han obtenido dos autorizaciones distintas, a saber, por una parte, una autorización con arreglo al artículo 66 CA, apartado 2, en relación con las partes de la concentración que estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Tratado CECA, y, por otra parte, una autorización en virtud del Reglamento nº 4064/89 en relación con las partes de la concentración sujetas al Tratado CE.

70 Debido a estas particularidades, la Comisión podía adoptar dos Decisiones diferentes a efectos de autorizar la concentración controvertida. Además, este proceder resulta especialmente justificado si se tiene en cuenta que las disposiciones del artículo 66 CA y las que establece el Reglamento nº 4064/89 difieren tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista del procedimiento.

71 En efecto, es preciso señalar que los requisitos para la autorización de una operación de concentración previstos por dichas disposiciones y el propio objeto del control que éstas establecen no coinciden. Efectivamente, según el artículo 66 CA, apartado 2, la Comisión solamente puede autorizar una concentración que esté comprendida dentro del ámbito de aplicación del Tratado CECA cuando dicha operación no confiera a las personas o empresas interesadas el poder «de determinar los precios, controlar o limitar la producción o la distribución u obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en una parte del mercado de tales productos» o «de sustraerse a las normas sobre la competencia que resulten de la aplicación del presente Tratado, estableciendo, en particular, una posición artificialmente privilegiada, que implique una ventaja sustancial en el acceso a los abastecimientos o a los mercados». En cambio, con arreglo al artículo 2, apartado 2, del Reglamento nº 4064/89, la Comisión únicamente puede declarar que una operación de concentración es compatible con el mercado común cuando ésta «no suponga un obstáculo significativo para una competencia efectiva, al no crear ni reforzar posición dominante alguna en el mercado común o en una parte substancial del mismo».

72 Además, existen muchas diferencias desde el punto de vista del procedimiento. A modo de ejemplo, a diferencia del régimen de control de concentraciones previsto en el artículo 66 CA, el Reglamento nº 4064/89 establece la publicación en el Diario Oficial del hecho de la notificación (artículo 4, apartado 3), plazos más estrictos para la adopción de decisiones en el marco del control de operaciones de concentración (artículo 10), y el envío de un pliego de cargos así como el acceso al expediente antes de que la Comisión adopte una decisión que declare que una concentración no es compatible con el mercado común o que apruebe una concentración acompañada de condiciones (artículo 18, apartados 1 y 3).

73 Por consiguiente, resulta evidente que la Comisión no incurrió en una ilegalidad al adoptar dos decisiones separadas para autorizar la concentración controvertida.

74 Ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes desvirtúan esta conclusión.

75 En primer lugar, falta razón a las demandantes cuando alegan que la Comisión no podía adoptar dos decisiones separadas ya que éstas tenían por objeto un único y mismo proyecto de concentración indivisible que, con arreglo a los artículos 7, apartado 1, del Reglamento nº 4064/89 y 66 CA, apartado 1, estaba comprendido dentro del régimen de control de las operaciones de concentración por la Comisión y que, por ello, sólo podía ser legal si cumplía los requisitos de los dos ámbitos jurídicos. En efecto, como acaba de subrayarse, el mero hecho de que el Tratado CECA y el Tratado CE hayan establecido regímenes de control distintos facultaba, en sí, a la Comisión para adoptar dos decisiones separadas a efectos de autorizar una concentración mixta, máxime teniendo en cuenta que el control previsto en el artículo 66 CA difiere, tanto desde el punto de vista del procedimiento como desde el punto de vista material, del control establecido por el Reglamento nº 4064/89. El hecho de que se trate de una única y misma operación de concentración indivisible no desvirtúa esta conclusión. En efecto, si bien desde el punto de vista económico la operación de concentración mixta notificada representa generalmente un todo indivisible para los autores de la notificación, esta circunstancia no impide que, desde el punto de vista jurídico, dicha operación necesite dos autorizaciones distintas de la Comisión, a saber, por una parte, una autorización con arreglo al artículo 66 CA, apartado 2, para los aspectos de la concentración que estén comprendidos en el ámbito del Tratado CECA y, por otra parte, una autorización en virtud del Reglamento nº 4064/89 para el resto de la concentración.

76 En segundo lugar, es preciso rechazar la argumentación de las demandantes según la cual, la adopción de las decisiones separadas en el caso de una concentración mixta es contraria a la obligación que incumbe a la Comisión de garantizar la coherencia de sus decisiones. Es cierto que, según reiterada jurisprudencia, la Comisión debe, por principio, poder evitar las incoherencias que pudieran producirse en la aplicación de las diferentes disposiciones del Derecho comunitario (sentencias Matra/Comisión, citada en el apartado 61 supra, apartados 41 y 42, y DIR International Film y otros/Comisión, citada en el apartado 61 supra, apartados 21 y 30). No obstante, procede señalar que el mero hecho de que la Comisión adopte dos decisiones separadas en el marco del control de una operación de concentración mixta no representa, en sí, un incumplimiento de dicha obligación. En efecto, a diferencia de lo que sugieren las demandantes, el hecho de que no se pueda descartar que se adopten decisiones separadas mediante las cuales la Comisión autorice parcial o totalmente una concentración en la parte relativa al Tratado CECA y prohíba parcial o totalmente esa misma concentración por lo que atañe al Tratado CE no constituye una incoherencia, sino que se deduce del hecho de que las operaciones de concentración o algunas de sus partes están sujetas a normas formales y materiales diferentes en función de que estén comprendidas en el ámbito del Tratado CECA o del Tratado CE. La misma observación es válida por lo que se refiere a la posibilidad de que el recurso de anulación dirigido contra las decisiones que aprueben una operación de concentración mixta llegue a un resultado diferente respecto de la decisión adoptada con arreglo al artículo 66 CA y de la decisión adoptada en virtud del Reglamento nº 4064/89. En efecto, independientemente de que la Comisión adopte una única decisión o adopte dos decisiones separadas, corresponderá necesariamente a los órganos jurisdiccionales comunitarios controlar la legalidad de dichas decisiones a la luz de normas diferentes establecidas por los dos regímenes.

77 Es cierto que, con arreglo a la jurisprudencia antes citada, la Comisión tiene la obligación de evitar incoherencias al ejercer el control sobre una operación de concentración mixta a la luz de los requisitos establecidos en el artículo 66 CA y en el Reglamento nº 4064/89. Sin embargo, las demandantes no han presentado dato alguno que demuestre que la Comisión incumplió dicha obligación en el presente asunto. Además, es preciso subrayar que no sucede así en el presente caso puesto que, como se desprende claramente de las Decisiones impugnadas, la Comisión adoptó estas Decisiones en el marco de la apreciación global y coherente de la concentración notificada. En efecto, la Comisión no solamente describió de forma prácticamente idéntica las actividades de las partes en la operación que figuran en los puntos 3 a 11 de la Decisión CECA y en los puntos 3 a 8 de la Decisión CE, sino que, además, en el undécimo considerando de la Decisión CECA, la Comisión subrayó claramente que los aspectos de la concentración que están comprendidos en el Tratado CE se examinaban en la Decisión CE mientras que, en el punto 8 de la Decisión CE, observó que los aspectos de la concentración que estaban comprendidos en el ámbito del Tratado CECA se examinaban en la Decisión CECA. Por último, en los puntos 20 a 23 de la Decisión CECA, la Comisión analizó los efectos potenciales de la concentración controvertida en los mercados CECA directamente anteriores al mercado de tubos que está comprendido en el ámbito del Tratado CE. En efecto, la Comisión tuvo en cuenta las reservas formuladas a este respecto por los productores de tubos, a saber, que, a raíz de la concentración, las partes en dicha concentración no estarían ya interesadas en suministrarles las materias primas necesarias para la fabricación de tubos de acero, mercado en el que compiten directamente con las filiales de las partes en la concentración. Para responder a estas reservas, la Comisión examinó los efectos potenciales que la posición de las partes en la concentración en los mercados CECA situados en una fase anterior de la cadena de producción podía tener sobre la situación de competencia en los mercados CE posteriores, a saber, los mercados de tubos.

78 En tercer lugar, las demandantes se refieren equivocadamente a la Comunicación sobre la aproximación de los procedimientos con objeto de acreditar que la Comisión no estaba facultada para adoptar decisiones separadas.

79 En efecto, es preciso señalar que, como resulta claramente de dicha Comunicación, ésta pretende «incrementar la transparencia y el respeto a los derechos de la defensa en el contexto de la instrucción de [las solicitudes de concentración comprendidas en el ámbito del Tratado CECA], así como agilizar el proceso decisorio» (punto 1). Pretende asimismo responder a las expectativas de las empresas, especialmente en lo que respecta a las operaciones de concentración mixtas, simplificar los procedimientos y, por último, permitir que «las empresas CECA [puedan] familiarizarse con los procedimientos de Derecho común de cara a la futura expiración del Tratado CECA» (punto 2). Para lograr estos objetivos, la Comisión tiene previsto aplicar, por analogía, determinadas normas establecidas por el Reglamento nº 4064/89 y por las disposiciones adoptadas para su ejecución a las concentraciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Tratado CECA. En cambio, a diferencia de lo que sugieren las demandantes, la Comisión en ningún momento afirma en dicha Comunicación que fuese a aplicar, por analogía, la totalidad de las normas establecidas por el Reglamento nº 4064/89 y por sus Reglamentos de ejecución. Por el contrario, la Comisión precisó claramente que únicamente se aplicarían por analogía algunas normas específicas.

80 Además, debe señalarse que esta Comunicación, que contiene determinadas normas que la Comisión se ha impuesto, no excluye en absoluto que la Comisión adopte decisiones separadas cuando aprueba una operación de concentración mixta. Dicha Comunicación establece, en cambio, determinadas normas para simplificar el procedimiento, es decir para reducir los posibles inconvenientes que resultan del hecho de que la operación de concentración notificada esté comprendida en el ámbito de aplicación de dos tratados distintos y se examine a la luz de las disposiciones diferentes que éstos establecen. Esto sucede especialmente con los plazos dentro de los cuales la Comisión adopta sus decisiones en virtud del Tratado CECA (puntos 7 a 9 de la Comunicación). Así, aunque el artículo 66 CA no prevé plazo alguno para adoptar una decisión por la que se autorice una concentración comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Tratado, la Comisión precisa en el punto 7 de la Comunicación que «intentará adoptar una decisión en el plazo de un mes desde la notificación». Este compromiso, que tiene carácter de obligación de medio, garantiza, en los casos de concentraciones mixtas, que la Comisión conceda su autorización en virtud del Tratado CECA dentro de un plazo lo más próximo posible al de la autorización concedida en virtud del Tratado CE, la cual, según el artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 4064/89 debe adoptarse en el plazo de un mes a partir de la notificación de la concentración.

81 A este respecto, es preciso desestimar, por otra parte, el argumento de las demandantes según el cual el principio de seguridad jurídica así como el deseo de mantener el sistema de notificación del Reglamento nº 4064/89 implican que, en el caso de una concentración mixta, el plazo de un mes establecido en el artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento debía haberse aplicado asimismo a la Decisión adoptada con arreglo al Tratado CECA. Es cierto que, a diferencia del régimen del control de las concentraciones comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado CE, el hecho de que la Comisión no esté sujeta a plazos estrictos cuando adopta una decisión en materia de control de concentraciones comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado CECA puede tener el efecto de poner en una situación delicada a las partes en una concentración mixta. Así sucede, en particular, cuando la Comisión ya ha aprobado la parte de la concentración comprendida en el ámbito de aplicación del Tratado CE pero aún no la parte de la concentración comprendida en el ámbito de aplicación del Tratado CECA. En efecto, en este supuesto, aunque exista una autorización respecto de la parte de la concentración comprendida dentro del ámbito de aplicación del Tratado CE, las partes interesadas deberán esperar a que la Comisión apruebe asimismo la parte de la concentración comprendida en el ámbito de aplicación del Tratado CECA antes de ejecutar la operación en su conjunto. Sin embargo, resulta evidente que, a diferencia de lo que sugieren las demandantes, la precariedad de la situación no provoca inseguridad jurídica alguna para la operación de que se trata puesto que, desde el punto de vista del Derecho comunitario, ésta aún no ha podido realizarse. Además, la Comisión precisa en su Comunicación sobre la aproximación de los procedimientos que, precisamente para reducir al máximo dicha situación precaria, intenta adoptar las decisiones CECA en el plazo de un mes desde la notificación.

82 En cuarto lugar, debe desestimarse el argumento de las demandantes según el cual la adopción de decisiones separadas limita su protección jurídica. En efecto, es preciso observar que, en el presente caso, la Decisión CECA fue adoptada nueve días después de la Decisión CE, es decir, dentro de un período de tiempo particularmente breve. Al obrar así, la Comisión se atuvo a lo que había anunciado en el punto 7 de la Comunicación sobre la aproximación, es decir, que «intentar[ía] adoptar una decisión [en virtud del Tratado CECA] en el plazo de un mes desde la notificación». Asimismo, la circunstancia de que la Comisión adoptara la Decisión CECA poco tiempo después de la Decisión CE excluye, de hecho, la hipótesis evocada por las demandantes, según la cual éstas tuvieron que interponer un recurso de anulación contra la Decisión CE antes incluso de que se adoptase la Decisión CECA. En efecto, en el presente caso, las demandantes tuvieron conocimiento de las Decisiones impugnadas mediante fax de 4 de octubre de 2000, de manera que el plazo de dos meses previsto en el artículo 230 CE, párrafo quinto, aún no había comenzado a correr cuando la Comisión adoptó la Decisión CECA.

83 Por último, es preciso destacar que, a diferencia de lo que afirman las demandantes, el hecho de que el Tratado CECA fuese a expirar en el curso del año 2002 no era óbice para que la Comisión adoptase dos decisiones separadas para autorizar la concentración controvertida. En efecto, la expiración del Tratado CECA no puede ocultar el hecho de que, mientras éste estuviera en vigor, incumbía a la Comisión comprobar, con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo 66 CA, si podían ser autorizadas las concentraciones o partes de éstas que estuviesen comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicho Tratado. Pues bien, consta que el Tratado CECA estaba en vigor en el momento en que la Comisión adoptó la Decisión CECA. Además, las demandantes no han acreditado en ningún momento en qué había de impedir la próxima expiración de dicho Tratado que la Comisión procediese a un apreciación correcta de la concentración notificada respecto a los requisitos mencionados en el artículo 66 CA, apartado 2.

84 Habida cuenta de todo lo que antecede, procede desestimar por infundadas las alegaciones de las demandantes que pretenden demostrar que, en un caso como el del presente asunto, basta que se reúnan los requisitos de admisibilidad por lo que atañe a una de los dos Decisiones de autorización de la concentración controvertida para que se declare la admisibilidad del recurso en su totalidad. Asimismo, es preciso observar que la Comisión no incurrió en ilegalidad alguna al adoptar dos decisiones separadas para autorizar la concentración controvertida.

D. Sobre la admisibilidad del escrito de formalización de la intervención de Mannesmann

1. Alegaciones de las partes

85 Las demandantes alegan que el escrito de formalización de la intervención de Mannesmann infringe el artículo 116, apartado 4, párrafo segundo, letra b), del Reglamento de Procedimiento así como la obligación de motivación y, por lo tanto, debe considerarse inadmisible en la medida en que la parte coadyuvante se abstuvo de motivar personalmente su escrito de formalización de la intervención limitándose a remitirse al escrito de formalización de la intervención de Salzgitter.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

86 El artículo 116, apartado 4, párrafo 2, del Reglamento de Procedimiento dispone:

«El escrito de formalización de la intervención contendrá:

a) Las pretensiones del coadyuvante que apoyen o se opongan, total o parcialmente, a las pretensiones de una de las partes.

b) Los motivos y alegaciones del coadyuvante.

c) La proposición de prueba cuando proceda.»

87 En el presente caso, Mannesmann informó al Tribunal de Primera Instancia, mediante escrito de 2 de julio de 2001, de que apoyaba plenamente las alegaciones de la Comisión y compartía asimismo sus pretensiones, a saber, que se declarase la inadmisibilidad del recurso o que se desestimase por infundado y que se condenase en costas a las demandantes. No obstante, añadía que, para evitar repeticiones, se remitía a los argumentos desarrollados por Salzgitter en su escrito de formalización de la intervención, en cuya preparación había participado.

88 A diferencia de lo que afirman las demandantes, esta manera de obrar no es contraria a las disposiciones del artículo 116, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento ni a la obligación de motivación.

89 En efecto, es preciso destacar que, al obrar así, Mannesmann se limitó a remitirse a un documento de los autos que cumplía todos los requisitos del artículo 116, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento. Por otra parte, este documento fue presentado el mismo día, en el mismo asunto y ante la misma Sala del Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión alguno. Además, esta forma de actuar permite ahorrar los limitados recursos de los tribunales comunitarios. Por último, en la medida en que la parte coadyuvante no remitió a documentos futuros ni a documentos cuyo contenido no podía conocer, un proceder de esa índole no es incompatible con la responsabilidad de cada parte respecto del contenido de los escritos procesales que presenta.

90 Además, procede observar que la jurisprudencia citada por las demandantes en apoyo de su afirmación carece de pertinencia.

91 Así, si bien es cierto que, en su sentencia de 29 de junio de 1995, ICI/Comisión (T-37/91, Rec, p. II-1901), el Tribunal de Primera Instancia no admitió que la demandante en dicho asunto se remitiese, en general, a los escritos de interposición de los recursos que había presentado en otros dos asuntos, esta negativa se basaba, no obstante, en que los motivos y las alegaciones formuladas en dichos recursos se referían a «dos mercados distintos y a dos infracciones diferentes» (apartado 46 de la sentencia) y sobre todo a dos asuntos distintos que no habían sido acumulados, lo que constituía una remisión a un escrito que no obraba en autos. Ahora bien, es manifiesto que no sucede así en el presente caso, que se refiere a la remisión a un escrito procesal presentado en el mismo asunto y ante la misma Sala. Además, en el apartado 47 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia aceptó la remisión a los escritos procesales presentados en otro asunto debido a que «las partes, los agentes y los abogados son idénticos, que ambos recursos se presentaron en el Tribunal de Primera Instancia el mismo día, que ambos asuntos fueron atribuidos a la misma Sala y al mismo Juez Ponente y, por último, que las Decisiones impugnadas se refieren al mismo mercado». Pues bien, si el Tribunal de Primera Instancia ha reconocido, acertadamente, que podía autorizarse la remisión a los escritos procesales de otro asunto, con mayor motivo ha de admitirse la remisión a un escrito procesal presentado en el mismo procedimiento y ante la misma Sala, como sucede en el presente asunto.

92 Por lo que atañe a las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 1990, Comisión/Grecia (C-347/88, Rec. p. I-4747) y de 13 de marzo de 1992, Comisión/Alemania (C-43/90, Rec. p. I-1909), éstas tampoco confirman la irregularidad del proceder de Mannesmann. En efecto, es preciso observar que en dichos asuntos la Comisión, que había solicitado al Tribunal de Justicia que declarase que los Estados interesados habían incumplido las obligaciones que les incumbían, se refería a determinadas imputaciones que solamente se encontraban en los escritos de requerimiento dirigidos a dichos Estados. El Tribunal de Justicia declaró la inadmisibilidad de una referencia de esa índole a imputaciones que no figuraban en los escritos de interposición de los recursos, dado que tal proceder infringe claramente las disposiciones del artículo 19 del Protocolo sobre el Estatuto CE del Tribunal de Justicia y el artículo 38, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que establecen que la demanda debe contener, entre otros elementos, una exposición sumaria de los motivos alegados (apartados 28 y 29 de la sentencia Comisión/Grecia, y apartados 5 a 9 de la sentencia Comisión/Alemania, antes citadas).

93 Por último, el auto del Tribunal de Justicia de 7 de marzo de 1994, De Hoe/Comisión (C-338/93 P, Rec. p. I-819, apartados 28 a 30), no confirma las pretensiones de las demandantes. En efecto, es preciso observar que en el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que había desestimado su recurso, el Sr. De Hoe imputaba al Tribunal de Primera Instancia haber afirmado erróneamente que el hecho de reproducir en el cuerpo de la demanda el contenido íntegro de la reclamación no se ajustaba a lo prescrito por el artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y por el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento. En su sentencia, el Tribunal de Justicia desestimó este motivo señalando que, en las circunstancias del caso, la reproducción pura y simple en el cuerpo de la demanda del contenido íntegro de la reclamación no puede paliar el hecho de que no se indiquen los motivos en los que se basa el recurso (apartado 29 del auto). Resulta evidente que no se pueden aplicar estas consideraciones al presente asunto, que se refiere a un escrito de formalización de la intervención presentado por otra parte coadyuvante en el marco del mismo procedimiento contencioso.

Sobre el fondo

A. Sobre el motivo basado en un error de apreciación por lo que se refiere a los efectos de la concentración controvertida sobre el mercado de tubos grandes soldados

1. Alegaciones de las partes

94 Las demandantes alegan que la Comisión cometió un error de apreciación por lo que se refiere a los efectos, tanto horizontales como verticales, de la concentración controvertida sobre el mercado de tubos grandes soldados.

95 Por lo que respecta a los efectos horizontales, las demandantes alegan que dudan que la cuantía de la cuota del mercado de tubos grandes que poseen las partes en la concentración y que figura en la Decisión CE sea exacta, que la Comisión tuvo en cuenta, según ellas, los volúmenes de ventas de una empresa que nunca ha operado en dicho mercado (Linde), de una empresa que abandonó el mercado de referencia en 1993 (Gräbener) y, por último, de una empresa que se encontraba sometida a un procedimiento de quiebra al adoptarse la Decisión impugnada (Klöckner Muldenstein). Además, destacan que, aun en el supuesto de que los datos de la Comisión fuesen correctos, de ellos se deriva que con una cuota de mercado del 30,5 % (punto 36 de la Decisión CE) y habida cuenta de la considerable distancia que las separa de los demás competidores, las partes en la concentración dominan el mercado de tubos grandes soldados.

96 Por lo que atañe a los efectos verticales de la concentración controvertida, las demandantes alegan que se desprende claramente del formulario CO anejo al Reglamento nº 447/98 así como del artículo 2, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 4064/89, que en el marco del control de las operaciones de concentración, la Comisión no debe tener en cuenta únicamente los efectos horizontales sino también los aspectos verticales de la concentración sobre un mercado determinado. Estiman que este examen era aún más importante en el presente caso debido a que, a raíz de la concentración controvertida, la posición que las partes en la concentración ocupaban en el mercado de tubos grandes soldados, que era muy fuerte, se vio reforzada por la posición que ocupan en el mercado de materias primas destinadas a la producción de dichos tubos, a saber, por una parte, las bandas anchas en caliente, y, por otra parte, las chapas en cuarto. Pues bien, las demandantes afirman que la Comisión no tuvo en cuenta dichos efectos verticales, o no los tuvo suficientemente en cuenta.

97 Así, por lo que se refiere a las chapas en cuarto, destinadas a la producción de tubos grandes de soldadura longitudinal, las demandantes señalan que, como se desprende de los puntos 17 a 19 de la Decisión CECA, las partes en la concentración ocupan una posición muy fuerte en ese mercado, puesto que con Usinor/DH y Riva poseen una cuota de mercado del 96 %, lo que permite suponer, por otra parte, que forman un oligopolio en dicho mercado. Según las demandantes, la importancia de este dato era aún mayor debido a que esas tres empresas poseen una cuota de mercado del 50 % y, con ello, una fuerte posición en el mercado posterior al de tubos grandes de soldadura longitudinal. Pues bien, las demandantes señalan que, en su Decisión CE, la Comisión no tuvo en cuenta dicho dato, lo que, a su juicio, constituye una violación del artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 4064/89.

98 Por lo que respecta a las bandas anchas en caliente destinadas a la producción de tubos, las demandantes estiman que la concentración controvertida modificó fundamentalmente la situación de las partes en la concentración en dicho mercado, puesto que, gracias a la producción de bandas anchas en caliente de Salzgitter, MRW dispone desde entonces de una fuente de suministro autónoma en materias primas, lo que refuerza su posición en el mercado posterior al de tubos grandes de soldadura en espiral en detrimento de los productores independientes, entre los que se encuentra Ferndorf.

99 Señalan, asimismo, que la afirmación de Salzgitter según la cual las partes en la concentración poseen solamente una cuota del 4,2 % en el mercado de bandas anchas en caliente se basa en la premisa errónea de que dicho mercado agrupa a la totalidad de las bandas anchas en caliente, sin tener en cuenta su destino. En efecto, las demandantes observan que, desde el punto de vista de los condicionamientos tanto técnicos como normativos aplicables, la producción de bandas anchas en caliente destinadas a la fabricación de tubos de acero difiere de tal manera de la producción de bandas anchas en caliente destinadas a otros fines, como por ejemplo la construcción de automóviles, que no existe la posibilidad de intercambiar estas dos categorías de productos. Según las demandantes, la falta de esta posibilidad de intercambio queda reforzada por el hecho de que los productores de acero fijan precios diferentes en función de que las bandas anchas en caliente se destinen a la producción de tubos o a otros fines. Afirman que este error respecto a la definición del mercado de productos de referencia tiene muchas repercusiones sobre las afirmaciones de Salzgitter y de la Comisión, puesto que, si se aplica la definición del mercado de productos que sugieren las demandantes, resulta que la cuota de mercado de Salzgitter es mayor que la que ésta afirma poseer. Las demandantes señalan, además, que en la nota a pie de página nº 20 de su escrito de contestación, la Comisión reconoció implícitamente que la definición que las demandantes proponían del mercado de los productos era correcta.

100 Asimismo, las demandantes destacan que la Comisión cometió un error de apreciación por lo que se refiere a la definición del mercado geográfico para las bandas anchas en caliente. En efecto, según ellas, resulta de determinados indicios que el mercado geográfico de las bandas anchas en caliente no se extiende a la totalidad de la Comunidad sino que está limitado a los mercados nacionales: en primer lugar, solamente una pequeña parte de la producción de bandas anchas en caliente en la Comunidad es objeto de intercambios intracomunitarios; en segundo lugar, las importaciones de bandas anchas en caliente originarias de países terceros fueron limitadas mediante el establecimiento de derechos antidumping muy elevados [Decisión nº 283/2000/CECA de la Comisión, de 4 de febrero de 2000, por la que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados productos laminados planos, de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, sin chapar ni revestir, enrollados, simplemente laminados en caliente, originarias de Bulgaria, la India, Sudáfrica, Taiwán y la República Federativa de Yugoslavia, por la que se aceptan los compromisos ofrecidos por determinados productores exportadores y por la que se concluye el procedimiento relativo a las importaciones originarias de Irán (DO L 31, p. 15); Decisión nº 1758/2000/CECA de la Comisión, de 9 de agosto de 2000, por la que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados productos planos de acero sin alear laminados en caliente originarias de la República Popular de China, de la India y de Rumania, por la que se acepta un compromiso en relación con la India y Rumania y por la que se perciben definitivamente los derechos provisionales impuestos (DO L 202, p. 21)]; en tercer lugar, en el curso del año 2000, los precios facturados por Salzgitter por el suministro de bandas anchas en caliente aumentó en el 74 %, y, por último, existen, a su juicio, grandes diferencias entre los niveles de los precios aplicados en los distintos Estados miembros a las bandas anchas en caliente y a las chapas en cuarto.

101 Además, las demandantes estiman que, en el cálculo de las cuotas de mercado por lo que respecta a las bandas anchas en caliente, la Comisión debería haber tenido en cuenta asimismo la producción de bandas anchas en caliente de MRW, aunque esta última subcontrate esa actividad a TKS. Según las demandantes, el mero hecho de que MRW no esté autorizada para vender las bandas anchas en caliente a terceros debido a las cargas públicas que la Comisión le impuso no desvirtúa esta conclusión, ya que en el supuesto de que se anulasen dichas cargas, MRW sería, en todo caso, un vendedor potencial de bandas anchas en caliente y, por ello, asimismo un competidor potencial de Salzgitter y de otras empresas.

102 Por otra parte, las demandantes señalan que en el punto 14 de la Decisión CECA, la Comisión no se pronunció acerca de si existe un solapamiento entre el mercado de bandas anchas en caliente y el de chapas en cuarto. Pues bien, según ellas, no cabe la menor duda de que, incluso según el concepto de la Comisión, las ofertas de bandas anchas en caliente y de chapas en cuarto se realizan en el mismo mercado, de manera que, a efectos del cálculo de las cuotas del mercado de chapas en cuarto, la Comisión debería haber incluido las cantidades de bandas anchas en caliente vendidas por Salzgitter. Por lo tanto, estiman que, en la medida en que la Comisión no hizo la más mínima observación por lo que se refiere al mercado de bandas anchas en caliente, la apreciación que realizó del mercado de chapas en cuarto está viciada. Según las demandantes, ha de llegarse a esta conclusión máxime cuando, en el punto 17 de la Decisión CECA, la Comisión observó que las partes en la concentración poseían una cuota de mercado del 28 % únicamente por lo que atañe a las ventas de chapas en cuarto, de manera que esta cuota de mercado habría sido más elevada si la Comisión hubiese tenido en cuenta las ventas de bandas anchas en caliente efectuadas por Salzgitter.

103 Por último, las demandantes consideran que la declaración de no discriminación hecha por Salzgitter no basta para paliar los vicios de la Decisión relativos a la apreciación de los efectos verticales de la concentración controvertida, aunque ello se deba únicamente al carácter no vinculante de dicha declaración y a que implica tratar de forma diferenciada a los interesados. Observan asimismo que las críticas que formularon hacen surgir tantas dudas por lo que se refiere a la comprobación de los hechos y a la apreciación jurídica que figuran en la Decisión CE, que cabe dudar incluso de la propia existencia de dicha Decisión.

104 La Comisión, apoyada a este respecto por las partes coadyuvantes, rebate la totalidad de la argumentación expuesta por las demandantes según la cual cometió un error de apreciación por lo que se refiere a los efectos tanto horizontales como verticales de la concentración controvertida sobre el mercado de tubos grandes soldados.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

105 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, en la medida en que las normas materiales del Reglamento nº 4064/89, y en particular su artículo 2, confieren a la Comisión cierta facultad discrecional, especialmente en lo que respecta a las apreciaciones de orden económico, el control por parte del juez comunitario del ejercicio de dicha facultad, que es esencial a la hora de definir las normas en materia de concentraciones, debe ser efectuado teniendo en cuenta el margen de apreciación inherente a las normas de carácter económico que forman parte del régimen de las concentraciones (sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1998, Francia y otros/Comisión, asuntos acumulados C-68/94 y C-30/95, Rec. p. I-1375, apartado 223 y 224; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 25 de marzo de 1999, Gencor/Comisión, T-102/96, Rec. p. II-753, apartado 165, y de 28 de abril de 1999, Endemol/Comisión, T-221/95, Rec. p. II-1299, apartado 106).

106 A la luz de estos principios procede apreciar, en primer lugar, el argumento de las demandantes según el cual la Comisión cometió un error de apreciación por lo que se refiere a los efectos horizontales de la concentración controvertida sobre el mercado de tubos grandes soldados y, a continuación, el argumento según el cual cometió un error de apreciación por lo que respecta a los efectos verticales de la concentración controvertida en dicho mercado.

a) Sobre los efectos horizontales de la concentración controvertida sobre el mercado de tubos grandes soldados

107 Es preciso recordar que, en los puntos 11 y siguientes de la Decisión CE, la Comisión examinó el mercado de tubos grandes de soldadura longitudinal y de soldadura en espiral. A este respecto, indicó que no era necesario pronunciarse sobre la cuestión de si los tubos grandes de soldadura longitudinal y los tubos grandes de soldadura en espiral forman un único mercado o constituyen mercados diferentes, ni tampoco sobre la cuestión de si el mercado geográfico pertinente es el mercado del Espacio Económico Europeo (EEE) o el mercado mundial, en la medida en que, en el presente caso, ninguna de esas definiciones del mercado permitía constatar la creación o el reforzamiento de una posición dominante a raíz de la concentración.

108 En particular, la Comisión observó que, incluso suponiendo que el mercado de referencia se definiese como el mercado de tubos grandes de soldadura longitudinal y de soldadura en espiral a nivel mundial o a nivel del EEE, la concentración controvertida no tendría por efecto crear o reforzar una posición dominante. En efecto, aun suponiendo que dicho mercado sea mundial, la Comisión subrayó que, aunque las partes en la concentración poseen una posición de líder con una cuota de mercado del 17 %, en primer lugar, los demás competidores posen en total una cuota de mercado de más del 80 %; en segundo lugar, en el período 1997-1999, la capacidad de producción de tubos grandes a nivel mundial solamente se utilizó en un 36 % de media; y, en tercer lugar, las sociedades petroleras y de gas de dimensión internacional ocupan una posición muy fuerte en el plano de la demanda. Además, la Comisión expuso que, aun suponiendo que dicho mercado se limite al EEE, la concentración tampoco crearía ni reforzaría una posición dominante a pesar de que las partes en la concentración ocupan en él una posición de líder con una cuota de mercado del 30,5 %. En efecto, en primer lugar, los demás competidores poseen en total una cuota de mercado de aproximadamente el 70 %; en segundo lugar, en el período 1997-1999, la capacidad de producción de tubos grandes en el EEE solamente se utilizó en un 51 %, de media; en tercer lugar, el supuesto examinado, según el cual, el mercado se limita al EEE se basa, fundamentalmente, en segmentos determinados como el agua y la construcción, que representan meras actividades secundarias de las partes en la concentración y en los cuales éstas pugnan con