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El artículo 14, letra b), de la Directiva 2009/103, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, debe interpretarse en el sentido de que esta disposición no contiene una norma de conflicto especial para determinar la ley aplicable a la acción de repetición de la entidad aseguradora de un vehículo de tracción, que ha indemnizado a las víctimas de un accidente causado por el conductor del citado vehículo, contra la entidad aseguradora del remolque acoplado durante dicho accidente. Por tanto, esta disposición no cumple los requisitos establecidos, en los artículos 23 del Reglamento no 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), y 27 del Reglamento no 864/2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), respectivamente.

En efecto, ni de la redacción ni de los objetivos de la Directiva 2009/103 resulta que ésta pretenda establecer normas de conflicto de leyes. Más en concreto, el artículo 14 de la citada Directiva, en relación con su considerando 26, se limita a exigir a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para que las pólizas de seguros de automóvil cubran basándose en una prima única, la totalidad del territorio de la Unión Europea durante el período de vigencia del contrato y que garanticen basándose en esa prima, en cada Estado miembro, la cobertura a que obligue su legislación, o la cobertura exigida por la legislación del Estado miembro en el cual el vehículo tenga su estacionamiento habitual cuando esta última sea superior. Por tanto, esta disposición se refiere exclusivamente al ámbito territorial y al nivel de cobertura que debe proporcionar la entidad aseguradora con objeto de garantizar una protección adecuada a las víctimas de accidentes de tráfico. De ésta no puede deducirse una norma según la cual la legislación del Estado miembro así determinada regule el reparto de responsabilidad entre entidades aseguradoras.

(véanse los apartados 38, 40 a 42 y 63 y el fallo)
Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2006/123, relativa a los servicios en el mercado interior, al introducir y mantener una normativa que no autoriza a las sucursales de sociedades constituidas en otros Estados miembros y establecidas en su territorio a operar en éste como emisor de vales de ocio fiscalmente ventajosos concedidos por los empresarios a sus trabajadores. En efecto, esa restricción limita la libertad del prestador para elegir entre un establecimiento principal o secundario, y entre un establecimiento en forma de agencia, de sucursal o de filial, con infracción de esa disposición de la Directiva.

Esas exigencias tienen como efecto imponer a ese emisor varias restricciones relacionadas con su forma jurídica, en el sentido del artículo 15, apartado 2, letra b), de la Directiva 2006/123. Cuando esas restricciones están acompañadas de la exigencia de que el prestador de servicios, así como la sociedad dominante del grupo de sociedades al que pertenezca en su caso, estén constituidos según el Derecho de ese Estado miembro, lo que implica que su domicilio social esté situado en éste, no se cumplen las condiciones previstas en el artículo 15, apartado 3, letra a), de la Directiva 2006/123.

Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15, apartados 1, 2, letra b), y 3 de la Directiva 2006/123, relativa a los servicios en el mercado interior, al introducir y mantener una normativa que reserva la posibilidad de emitir vales fiscalmente ventajosos concedidos por los empresarios a sus trabajadores a los bancos y a los establecimientos financieros, dado que éstos son los únicos organismos que pueden reunir las condiciones previstas por esa normativa.

En efecto, aunque esa normativa, que no enuncia ninguna condición expresa sobre la situación del domicilio social del emisor de esos vales, no implica por sí misma una discriminación directa, en cambio, la condición de que el emisor debe disponer de una oficina abierta al público en cada localidad de ese Estado miembro cuya población exceda de 35000 habitantes, sólo puede ser cumplida por establecimientos bancarios o financieros cuyo domicilio social esté en ese mismo Estado miembro. Esas exigencias pueden dar lugar de hecho al mismo resultado que la imposición de una condición relativa a la situación de ese domicilio.

Suponiendo que esas exigencias persigan un objetivo de protección de los consumidores y de los acreedores, al proponerse asegurar que esos emisores ofrezcan garantías suficientes en términos de solvencia económica, de profesionalidad y de accesibilidad, sería preciso acreditar además que las exigencias referidas se ajusten a las condiciones enunciadas en el artículo 15, apartado 3, letra c), de esa Directiva, en particular la de que no haya medidas menos restrictivas para lograr el objetivo pretendido.

(véanse los apartados 71, 86 a 88, 91 y 93 y el punto 1 del fallo)
El artículo 4 de la Directiva 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en su versión modificada por el Reglamento no 1137/2008, impone a los Estados miembros velar por que, dentro de los plazos señalados en dicho artículo, las aglomeraciones de que se trate sometan las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores de que dispongan, conforme al artículo 3 de dicha Directiva, a un tratamiento adecuado y dichos vertidos cumplan las prescripciones del anexo I, letra B, de dicha Directiva. Esta obligación no implica que la recogida de muestras prevista en el anexo I, letra D, de la mencionada Directiva, se extienda durante un año entero para que pueda considerarse que las instalaciones en cuestión se encuentran en situación de conformidad con respecto a lo establecido en el anexo I, letra B, de la misma Directiva. A este respecto, siempre que un Estado miembro pueda presentar una muestra que responda a las prescripciones previstas en el anexo I, letra B, de la Directiva 91/271, deben reputarse cumplidas las obligaciones derivadas del artículo 4 de ésta.

Si bien, en un procedimiento por incumplimiento incoado con arreglo al artículo 258 TFUE, corresponde a la Comisión probar la existencia del incumplimiento alegado, aportando al Tribunal de Justicia todos los datos necesarios para que éste pueda verificar la existencia de tal incumplimiento, sin poder basarse en ninguna presunción, es preciso tener en cuenta el hecho de que, por lo que se refiere a la comprobación de la correcta aplicación en la práctica de las disposiciones nacionales destinadas a garantizar la ejecución efectiva de una directiva, la Comisión, que no dispone de facultades propias de investigación en la materia, depende en gran medida de los elementos proporcionados por los eventuales denunciantes, así como por el propio Estado miembro. De lo anterior se desprende, en particular, que cuando la Comisión haya aportado suficientes datos que pongan de relieve que las disposiciones nacionales de transposición de una directiva no se aplican correctamente en la práctica en el territorio del Estado miembro demandado, incumbe a éste rebatir de manera fundada y pormenorizada los datos presentados y las consecuencias que se derivan de ellos.

(véanse los apartados 47 y 48)
En efecto, el referido artículo presenta un carácter incondicional y es suficientemente preciso, en la medida en que, sin establecer requisito alguno ni exigir la adopción de medidas adicionales, obliga en términos inequívocos a los Estados miembros a asegurarse, cuando recauden impuestos sobre productos que no estén sujetos a impuestos especiales o sobre prestaciones de servicios, de que la imposición de tales gravámenes no pueda dar lugar, en el comercio entre Estados miembros, a trámites conexos al cruce de fronteras.

Los automóviles no forman parte de las categorías de productos sujetos a impuestos especiales en todos los Estados miembros en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, y del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/118, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12, y, por lo tanto, no están sometidos al régimen armonizado de los impuestos especiales. Si bien los Estados miembros tienen la facultad de introducir o de mantener gravámenes sobre dichos productos, deben no obstante ejercer su competencia en este ámbito respetando el Derecho de la Unión. En particular, a este respecto los Estados miembros deben respetar, no sólo lo dispuesto en el Tratado FUE, en concreto en sus artículos 30 y 110, sino también las normas contenidas en los artículos 3, apartado 3, de la Directiva 92/12 y 1, apartado 3, de la Directiva 2008/118, ya que estas últimas disposiciones prohíben que la imposición de un gravamen dé lugar, en el comercio entre Estados miembros, a trámites conexos al cruce de fronteras.

(véanse los apartados 39 y 40)
2.

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos reglamentarios que incluyen medidas de ejecución — Concepto — Reglamento (UE) no 861/2010 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común — Inclusión — Recursos jurisdiccionales disponibles contra dichos actos — Existencia de recursos internos contra las medidas de ejecución [Art. 19 TUE, ap. 1; art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (UE) no 861/2010 de la Comisión, anexo] (véanse los apartados 48 a 56 y 62 a 65)
En este contexto, corresponde a los Estados miembros establecer la regulación procesal de las demandas por daños y perjuicios relativas a los contratos públicos. No obstante, dicha regulación procesal no puede ser menos favorable que la referente a demandas similares previstas para la protección de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad).

El Derecho de la Unión Europea, y en particular el principio de efectividad, se opone a una normativa nacional que supedita la presentación de una demanda de indemnización de daños y perjuicios por la infracción de una norma del Derecho de contratación pública a que se haya declarado previamente la ilegalidad del procedimiento de adjudicación del contrato considerado debido a que no se ha publicado previamente un anuncio de licitación, cuando la solicitud de dicha declaración de ilegalidad está sometida a un plazo de preclusión de seis meses que empieza a correr el día siguiente al de la adjudicación del contrato público controvertido, y ello con independencia de si el demandante podía conocer o no la existencia de la ilegalidad relativa a dicha decisión del poder adjudicador.

En efecto, supeditar la admisibilidad de las demandas por daños y perjuicios a que se haya declarado previamente la ilegalidad del procedimiento de adjudicación del contrato considerado debido a que no se publicó previamente un anuncio de licitación, cuando la solicitud de dicha declaración está sometida a un plazo de preclusión de seis meses, sin que se tenga en cuenta que la persona perjudicada haya tenido o no conocimiento de la existencia de un incumplimiento de una norma jurídica, puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a presentar una demanda por daños y perjuicios. Pues bien, cuando no se ha publicado previamente un anuncio de licitación, tal plazo de seis meses podría impedir que la persona perjudicada obtenga la información necesaria para una eventual demanda, lo que obstaculiza la presentación de dicha demanda.

(véanse los apartados 41, 42 y 46 y el fallo)
De conformidad con el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, cuando se suscita ante él una cuestión de Derecho de la Unión, ha de dar cumplimiento a su obligación de someter dicha cuestión al Tribunal de Justicia, a menos que haya comprobado que la cuestión suscitada no es pertinente, o que la disposición de Derecho de la Unión de que se trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia, o que la correcta aplicación del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna.

Ni el Reglamento no 297/95, relativo a las tasas que deben pagarse a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, en su versión modificada por el Reglamento no 273/2012, ni el Reglamento no 1234/2008, relativo al examen de las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios, en su versión modificada por el Reglamento no 712/2012, imponen o prohíben que una autoridad nacional competente exija, en caso de traslado del domicilio social del titular de una autorización de comercialización, el pago de tantas tasas como autorizaciones de comercialización deban modificarse.

En efecto, el Reglamento no 297/95 no establece ninguna obligación a cargo de las autoridades nacionales competentes en materia de autorizaciones de comercialización de medicamentos. En cuanto al Reglamento no 1234/2008, no contiene ninguna disposición que regule la cuantía de las tasas percibidas por las autoridades nacionales competentes por tramitar tales agrupaciones de modificaciones de importancia menor de tipo IA, como las modificaciones de carácter puramente administrativo relativas a los detalles de identidad y contacto del titular de una autorización de comercialización. La cuestión de si esas autoridades nacionales pueden exigir el pago de tantas tasas como autorizaciones de comercialización deban modificarse, a pesar de la agrupación de las solicitudes de modificaciones, debe regirse por el Derecho nacional, a falta de disposiciones reglamentarias adoptadas por la Unión.

(véanse los apartados 32, 37, 40 y 41 y el punto 1 del fallo)
El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que constituyen prestaciones de servicios realizadas a título oneroso, en el sentido de esta disposición, unas operaciones consistentes en un intercambio de divisas tradicionales por unidades de la divisa virtual «bitcoin», y viceversa, y realizadas a cambio del pago de un importe equivalente al margen constituido por la diferencia entre, por una parte, el precio al que el operador de que se trate compre las divisas y, por otra, el precio al que las venda a sus clientes.

En efecto, en primer lugar, la divisa virtual de flujo bidireccional «bitcoin» no puede calificarse de bien corporal en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2006/114, puesto que no tiene ninguna finalidad distinta de la de ser un medio de pago. En consecuencia, las operaciones que consisten en un intercambio de distintos medios de pago no están comprendidas en el concepto de entrega de bienes definido en el artículo 14 de la Directiva. Por lo tanto, estas operaciones constituyen prestaciones de servicios, en el sentido del artículo 24 de la Directiva 2006/114. En segundo lugar, por lo que respecta al carácter oneroso de la prestación de servicios en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, procede considerar que constituyen prestaciones de servicios realizadas a cambio de una contrapartida que presente una relación directa con el servicio prestado las operaciones en cuyo marco existe una relación jurídica sinalagmática según la cual las partes se comprometen recíprocamente a entregar ciertos importes en una determinada divisa y a recibir su contravalor en una divisa virtual de flujo bidireccional, o viceversa. A este respecto, para determinar el carácter oneroso de una prestación de servicios, es irrelevante que la retribución de dicha prestación no revista la forma de abono de una comisión o de pago de gastos específicos.

(véanse los apartados 24 y 26 a 31 y el punto 1 del fallo)
En el supuesto de que la autoridad de control de un Estado miembro que entiende de unas denuncias, de conformidad con el artículo 28, apartado 4, de la Directiva 95/46, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, llegue a la conclusión de que el Derecho aplicable al tratamiento de los datos personales de que se trata no es el Derecho de ese Estado miembro, sino el de otro Estado miembro, el artículo 28, apartados 1, 3 y 6, de esa misma Directiva debe interpretarse en el sentido de que dicha autoridad de control sólo podría ejercer en el territorio de su propio Estado miembro las facultades efectivas de intervención que se le han conferido conforme al artículo 28, apartado 3, de la citada Directiva. Por lo tanto, no puede imponer sanciones basándose en el Derecho de ese Estado miembro al responsable del tratamiento de tales datos que no está establecido en dicho territorio, sino que, con arreglo al artículo 28, apartado 6, de la misma Directiva, debe instar la intervención de la autoridad de control dependiente del Estado miembro cuyo Derecho es aplicable.

En efecto, de las exigencias derivadas de la soberanía territorial del Estado miembro de que se trate, del principio de legalidad y del concepto de Estado de Derecho se desprende que el ejercicio de la potestad sancionadora no puede tener lugar, en principio, fuera de los límites legales dentro de los cuales una autoridad administrativa está autorizada para actuar, sujeta al Derecho de su propio Estado miembro.

(véanse los apartados 56 y 60 y el punto 2 del fallo)
La Directiva 92/49, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239 y 88/357 (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida), según su modificación por la Directiva 2007/44, debe interpretarse en el sentido de que esa Directiva no se opone a que un Estado miembro autorice en virtud de su legislación nacional que la autoridad nacional competente, en un supuesto en el que esa autoridad podría oponerse válidamente a un proyecto de adquisición en virtud del artículo 15 ter, apartado 2, de la misma Directiva, acompañe de restricciones o condiciones la aprobación del proyecto de adquisición, ya sea de oficio o bien formalizando los compromisos ofrecidos por el adquirente propuesto, siempre que no se vean afectados los derechos de este adquirente al amparo de dicha Directiva.

La Directiva 92/49, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239 y 88/357 (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida), según su modificación por la Directiva 2007/44, debe interpretarse en el sentido de que la autoridad nacional competente no está obligada a imponer al adquirente propuesto restricciones o condiciones, antes de que esa autoridad pueda oponerse a la adquisición proyectada. Cuando la referida autoridad decida acompañar la aprobación de un proyecto de adquisición de restricciones o condiciones, éstas no pueden basarse en un criterio que no figure entre los enunciados en el artículo 15 ter, apartado 1, de dicha Directiva, ni ir más allá de lo necesario para que la adquisición proyectada se ajuste a esos criterios.

(véanse el apartado 46 y el punto 2 del fallo)
2.

Recursos propios de la Unión Europea — Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación — Requisitos para que no se proceda a la contracción de los derechos de importación contemplados en el artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) no 2913/92 — Error de la Administración que «razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor» — Criterios de apreciación — Complejidad de la normativa tarifaria [Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, art. 220, ap. 2, letra b); Reglamentos (CE) de la Comisión, no 2125/95, art. 10, ap. 1, y no 1864/2004, art. 14, ap. 2] (véanse los apartados 55 a 67)
3

Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006») señalan, en su punto 2, que, por lo que respecta a la determinación de las multas, «la Comisión debe tener en cuenta la duración y la gravedad de la infracción» y que «la multa impuesta no debe superar los límites que se indican en el artículo 23, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento (CE) n.o 1/2003».
2)

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva [sobre autorización] en el sentido de que se opone a que una normativa de una autoridad nacional o de una entidad local establezca, con fines presupuestarios ajenos a los de esta autorización, una tasa sobre las infraestructuras de comunicaciones móviles y personales no incluida entre las condiciones enumeradas en la parte A del anexo de dicha Directiva, en particular, por no tratarse de una tasa administrativa en el sentido del artículo 12? [de dicha Directiva]?»
77

Como se desprende del considerando 43 del Reglamento no 917/2011, «las diferencias entre los códigos NC indicados en el Reglamento [provisional] y los mencionados en el anuncio de inicio no están relacionadas con un cambio de la definición del producto ni del alcance de la investigación. Las modificaciones no cambian los tipos de baldosas objeto de la investigación, sino que simplemente están relacionad[a]s con la necesidad de tener en cuenta los cambios generales de la [NC]». Además, se desprende del considerando 45 del Reglamento no 917/2011 que la alegación sobre la diferencia entre los mosaicos de cerámica y otros tipos de baldosas de cerámica fue examinada durante la investigación, donde se reveló que unos y otros tienen las mismas características básicas desde el punto de vista físico y técnico. También resulta de este considerando que «en cuanto a la [supuesta] ausencia de dumping en este segmento, que no estaba corroborada por prueba alguna, el análisis del dumping y del perjuicio ha de reflejar la situación del producto afectado en su conjunto».
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Por último, basándose asimismo en la circunstancia de que el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004 (DO L 367, p. 1), establece el principio según el cual el ámbito de aplicación de dicho Reglamento se circunscribe a las «materias civiles», sin definir, no obstante, el contenido y alcance de este concepto, el Tribunal de Justicia declaró que el concepto de materias civiles debe ser objeto de una interpretación autónoma (véase la sentencia C, C‑435/06, EU:C:2007:714, apartados 38 y 46).