ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
12

La exención irlandesa se estableció en Derecho irlandés en virtud del Statutory instrument no 126/1983, Imposition of Duties (no 265) (Excise Duty on Hydrocarbon Oils) Order, 1983 [Decreto Legislativo sobre el establecimiento de impuestos especiales (no 265) (impuestos especiales sobre los hidrocarburos)], de 12 de mayo de 1983. Posteriormente se incluyó en el artículo 100, apartado 1, letra e), de la Finance Act, 1999 (Ley de presupuestos para 1999). Se autorizó su aplicación en la región del Shannon mediante la Decisión 92/510/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, por la que se autoriza a los Estados miembros a seguir aplicando a determinados hidrocarburos utilizados para fines específicos los tipos reducidos existentes del impuesto especial o exenciones del mismo, con arreglo al procedimiento del apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81 (DO L 316, p. 16). Esta autorización fue nuevamente examinada y prorrogada por el Consejo hasta el 31 de diciembre de 1998 en virtud de su Decisión 97/425/CE, de 30 de junio de 1997, por la que se autoriza a los Estados miembros a aplicar y a continuar aplicando a determinados hidrocarburos, cuando se utilicen con fines específicos, las exenciones o reducciones de tipos del impuesto especial vigentes, de conformidad con el procedimiento previsto en la Directiva 92/81 (DO L 182, p. 22). Fue nuevamente prorrogada por el Consejo hasta el 31 de diciembre de 2000 en virtud de su Decisión 1999/880/CE, de 17 de diciembre de 1999, por la que se autoriza a los Estados miembros a aplicar y a continuar aplicando a determinados hidrocarburos, cuando se utilicen para fines específicos, las exenciones o reducciones de tipos del impuesto especial vigentes, de conformidad con el procedimiento previsto en la Directiva 92/81 (DO L 331, p. 73).
45

Esta conclusión no conculca de modo alguno el principio de subsidiariedad, en contra de lo que parece afirmar la demandante. Según los considerandos segundo y tercero del Reglamento no 40/94, la existencia de un régimen comunitario para las marcas es consecuencia de la atribución a la Unión Europea de competencias en materia de mercado interior. Con ello se pretende eliminar los obstáculos derivados de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas. Por tanto, el principio de subsidiariedad no puede desempeñar ningún papel. Además, debe señalarse que el régimen jurídico de la marca comunitaria no ignora los Derechos nacionales, dado que prevé mecanismos que permiten tener en cuenta la existencia de los signos nacionales anteriores. Este es el caso del artículo 106 del Reglamento no 40/94, en relación con los derechos anteriores en el sentido de los artículos 8 o 52, apartado 2, de dicho Reglamento y, entre ellos, los signos de alcance no únicamente local. Lo mismo sucede con lo dispuesto por el artículo 107 del Reglamento no 40/94 para los signos de alcance local. En el presente caso, la posibilidad de coexistencia entre las marcas comunitarias GENERAL OPTICA y el nombre de establecimiento Generalóptica debe examinarse en el marco de otro procedimiento, sobre la base del artículo 107 del Reglamento no 40/94, que permite al titular de un derecho anterior de alcance local oponerse al uso de una marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido.
4

El artículo 17 del Reglamento no 1227/2000 ha sido modificado, entre otros, por el Reglamento (CE) no 315/2003 de la Comisión, de 19 de febrero de 2003 (DO L 46, p. 9), y por el Reglamento (CE) no 1203/2003 de la Comisión, de (DO L 168, p. 9). Así el artículo 17 del Reglamento no 1227/2000 en su versión aplicable al ejercicio financiero de 2006 establece: «1. Los gastos de cada Estado miembro efectivamente realizados y liquidados, declarados con cargo a un ejercicio determinado, se financiarán por una cantidad equivalente a los importes notificados a la Comisión en aplicación de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 16, siempre que la totalidad de esos importes no supere el importe asignado al Estado miembro en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento […] no 1493/1999. […] 3. Las solicitudes efectuadas por los Estados miembros de conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 16 se aceptarán a prorrata, utilizando los créditos disponibles tras deducir la suma de los importes notificados de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 16 y de los importes declarados de conformidad con la letra b) de dicho apartado correspondientes a todos los Estados miembros, del importe total asignado a los mismos en aplicación del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento […] no 1493/1999. La Comisión notificará a los Estados miembros, lo antes posible a partir del 30 de junio, en qué medida las solicitudes pueden ser aceptadas. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, si la superficie total notificada de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 16 es inferior al número de hectáreas indicado en la asignación del correspondiente ejercicio financiero concedida al Estado miembro con arreglo al apartado 1 del artículo 14 del Reglamento […] no 1493/1999, los gastos declarados con cargo a dicho ejercicio sólo se financiarán hasta un importe equivalente al producto de multiplicar la superficie total notificada por el importe de la ayuda media por hectárea, según se desprende de la relación entre el importe asignado al Estado miembro en virtud del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento […] no 1493/1999 y el número de hectáreas previstas. El referido importe no podrá, en ningún caso, ser superior a los gastos declarados de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 16. A efectos de lo previsto en el presente apartado, se aplicará un margen de tolerancia del 5 % de la superficie total notificada en relación con la que figura en la dotación del ejercicio financiero considerado. Los importes no financiados en aplicación del presente apartado no se encontrarán disponibles a efectos de aplicación del apartado 3. […] 8. Las referencias a un ejercicio concreto corresponden a los pagos realmente efectuados por los Estados miembros entre el 16 de octubre y el 15 de octubre del año siguiente. […]»
72

Por lo que se refiere a las interpretaciones histórica y teleológica, procede señalar que, como toda modificación de los planes de financiación realizada sin el consentimiento de la Comisión puede dar lugar a una reducción de la ayuda (véase el apartado 64 supra), las Orientaciones deben considerarse destinadas a facilitar el cierre de los programas, en el sentido de que la Comisión, en virtud del margen de apreciación que le concede el artículo 24 del Reglamento no 4253/88 para decidir si procede o no reducir o suspender una ayuda comunitaria, aceptaría una cierta flexibilidad y, en consecuencia, las modificaciones que cumplieran los requisitos fijados no darían lugar a una reducción de la ayuda aunque no hubieran sido sometidas a su aprobación. De ello se desprende que el punto 6.2 de las Orientaciones ha de interpretarse restrictivamente, de manera que el número de modificaciones para las que la Comisión anunció su intención de no reducir las ayudas concedidas y que podían por tanto realizarse en la práctica sin solicitar su aprobación queda limitado al máximo. En efecto, procede recordar que el Reglamento no 4253/88 establece un procedimiento formal de modificación de los planes de financiación, que se imponía tanto a los Estados miembros como a la Comisión, y que, por tanto, el número de supuestos en los que los Estados miembros podrían quedar dispensados de seguir este procedimiento sin arriesgarse a que se reduzca la ayuda debería reducirse al máximo.
77

Esta conclusión no puede quedar invalidada por la alegación de la demandante según la cual el cómputo del plazo previsto en el artículo 78 del Reglamento no 40/94 se inicia sólo a partir del momento en que la OAMI notifica por escrito la irregularidad relativa a la lengua del escrito de recurso. En efecto, dicha comunicación por escrito no está prevista en el artículo 78 del Reglamento no 40/94. Además, de la jurisprudencia resulta que la OAMI no está obligada a informar a la parte afectada de las irregularidades en el procedimiento y que, por lo tanto, dicha comunicación por parte de la OAMI no puede afectar al inicio del cómputo del plazo concedido para presentar una petición de restitutio in integrum (sentencia BECKETT EXPRESSION, apartado 44 supra, apartado 41).
3.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA [Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo, art. 12, ap. 1, y Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, art. 8, ap. 1; Reglamentos (CE) no 2257/94 de la Comisión y no 2898/95 de la Comisión, art. 7, ap. 3] (véase el apartado 53)
Toda ayuda financiera concedida por los Fondos Estructurales debe ejecutarse de acuerdo con la decisión que la aprobó y, en particular, con el cuadro de financiación anejo a dicha decisión, dado que éste constituye un instrumento de programación que refleja la posición adoptada de común acuerdo por la Comisión y las autoridades nacionales. Las modificaciones de un plan de financiación aprobado por la Comisión que se realicen sin su consentimiento entrañan, en principio, la reducción de la ayuda concedida al programa en cuestión, con independencia de su importancia cualitativa o cuantitativa.

En este contexto, las Orientaciones sobre el cierre financiero de las intervenciones operativas (1994-1999) de los Fondos Estructurales, que permiten las transferencias de fondos entre las diferentes medidas de un programa al que se ha concedido financiación, siempre que el importe total del subprograma, tal como se haya establecido en el plan de financiación en vigor, no se vea aumentado, deben considerarse destinadas a facilitar el cierre de los programas, en el sentido de que la Comisión, en virtud del margen de apreciación que le concede el artículo 24 del Reglamento no 4253/88, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, en su versión modificada por el Reglamento no 2082/93, para decidir si procede o no reducir o suspender una ayuda comunitaria, aceptaría una cierta flexibilidad y, en consecuencia, las modificaciones que cumplieran los requisitos fijados no darían lugar a una reducción de la ayuda aunque no hubieran sido sometidas a su aprobación. De ello se desprende que el punto 6.2 de las Orientaciones, que establece dicha cláusula de flexibilidad, ha de interpretarse restrictivamente. En efecto, el artículo 25, apartado 5, del Reglamento no 4253/88 establece un procedimiento formal de modificación de los planes de financiación, que se impone tanto a los Estados miembros como a la Comisión, de manera que el número de supuestos en los que los Estados miembros podrían quedar dispensados de seguir este procedimiento sin arriesgarse a que se reduzca la ayuda debería reducirse al máximo.

(véanse los apartados 60, 64 y 72)
226

Sin embargo, la circunstancia de que, en un primer momento, se considerara que el expediente de la demandante no presentaba carencias de datos esenciales y que fuera examinado en una fase preliminar de la evaluación no pudo hacerle concebir esperanza legítima alguna en que la especificación basada en su expediente constituyera la base para la inclusión del clorotalonil en el anexo I de la Directiva 91/414. En efecto, habida cuenta de las modalidades del procedimiento controvertido, señaladas en el apartado 104 supra, el hecho de que, en una fase preliminar de la evaluación, se considerara que el expediente de la demandante no contenía carencias sustanciales no implica de modo alguno que dicho expediente contenga todos los datos necesarios para concluir que el producto de que se trata satisface los requisitos contemplados en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/414.
176

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, los demandantes no pueden sostener que la Comisión no llevara a cabo un estudio adecuado para determinar los elementos pertinentes del presente asunto, en particular con respecto a la definición del mercado geográfico para los mercados de la compra de cerdos y cerdas destinados al sacrificio. En cuanto a la alegación de los demandantes de que nada en la Decisión impugnada permite conocer los factores en los que basó el estudio de mercado, es preciso observar, en primer lugar, que, en varios puntos de este estudio, la Comisión se refiere con precisión a los agentes que facilitaron la información de que se trata (véanse, en particular, los puntos 32, 38 y 42 de la Decisión impugnada) y, en segundo lugar, que, en cualquier caso, en el marco de una decisión adoptada con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento no 139/2004, la Comisión no está obligada a especificar en detalle los documentos y fuentes en los que basa su análisis, siempre que no sea necesario hacer reenvíos específicos para que aparezca su razonamiento de manera clara e inequívoca (véase, en este sentido, con respecto al Reglamento no 4064/89, la sentencia Verband der freien Rohrwerke y otros/Comisión, apartado 41 supra, apartado 185).
224

En cuanto a la solicitud de una diligencia de ordenación del procedimiento referida a la comunicación de la composición del comité de evaluación, es preciso señalar que, suponiendo incluso que se hubiera acordado la diligencia solicitada, esa composición sólo podría comunicarse al Tribunal de Primera Instancia y no a la demandante, en virtud de lo dispuesto por el artículo 67, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, a cuyo tenor «cuando, en el marco de un recurso sobre la legalidad de la denegación por una Institución comunitaria del acceso a un documento, éste sea presentado al Tribunal de Primera Instancia, tal documento no se transmitirá a las demás partes». En consecuencia la diligencia solicitada no puede permitir a la demandante aportar la prueba de que es fundada su alegación de la existencia de un conflicto de intereses que afecta a un miembro del comité de evaluación. Tampoco puede ser de utilidad para informar al Tribunal de Primera Instancia, al que no le sería posible verificar la existencia del conflicto de intereses alegado a partir de la lista de los miembros del comité de evaluación, dada la imprecisión de tal alegación.
176

A la hora de determinar, por una parte, si el beneficiario de una ayuda puede alegar hechos y documentos que no se pusieron en conocimiento de la Comisión con anterioridad a la adopción de su decisión y, por otra parte, si son admisibles los motivos fundados en tales hechos y documentos, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, en el marco de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de la información existente en la fecha en que el acto fue adoptado. En particular, las apreciaciones complejas hechas por la Comisión deben examinarse únicamente en función de los elementos de que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones. A este respecto, tampoco puede reprocharse a la Comisión no haber tenido en cuenta eventuales elementos de hecho o de Derecho que se le habrían podido presentar durante el procedimiento administrativo pero que no se le presentaron, puesto que la Comisión no está obligada a examinar de oficio qué elementos podrían habérsele presentado (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de noviembre de 2006, Ter Lembeek/Comisión, T-217/02, Rec. p. II-4483, apartados 82 y 83 y la jurisprudencia citada).
320

Respecto a la nota informativa relativa a Eurostat, basada en el segundo informe provisional elaborado por el SAI, tampoco incluye ninguna acusación directa contra los demandantes. Según los demandantes, este documento contiene elementos perjudiciales para ellos, en particular, para el Sr. Franchet en cuanto menciona la falta de transparencia y de comunicación entre el antiguo Director General de Eurostat y el miembro de la Comisión que ejerce la tutela. Además, subrayan que se observa que «la falta de controles en la gestión de estos fondos genera el riesgo de exponerse, de manera inaceptable, al fraude y a las irregularidades». No obstante, el Tribunal de Primera Instancia manifiesta que los demandantes omiten citar la frase siguiente, según la cual, «habida cuenta de la naturaleza del mandato del SAI, [no es posible] pronunciarse sobre la posibilidad de un fraude que implique un enriquecimiento personal». Es preciso indicar que estos elementos no son suficientes para demostrar que hubiera que haber oído a los demandantes al respecto antes de la elaboración de este informe, ni que su comunicación al Parlamento les haya causado algún perjuicio. En cualquier caso, el informe del SAI sobre el que se basaba esta nota no era todavía el informe final. Además, no puede considerarse que se trate de un acto lesivo.
141

El examen de la Ley no 200, de 2 de abril de 1943, por la que se crea el comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées, modificada por el Decreto no 55-1064, de 20 de octubre de 1956, confirma la posición predominante del Estado en este comité.
10

En síntesis, la Segunda Sala de Recurso estimó en primer lugar que, en la medida en que el término «tek» significa madera de teca en italiano y en francés, que ha quedado acreditado que se fabrican estanterías y piezas de estanterías con madera de teca y que no se excluye que las estanterías y las piezas de estanterías de metal y de material plástico pueden imitar la madera de teca, el término «tek», utilizado para las estanterías y las piezas de estanterías de metal, y no de madera, servía «para designar la apariencia, el aspecto exterior y, en su caso, otros aspectos cualitativos de la madera de teca». Por consiguiente, la Sala de Recurso dedujo de esto que la marca TEK constituía una indicación exclusivamente descriptiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94, que debía permanecer disponible para los competidores. En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que, el término «tek» no permitía distinguir los productos solicitados en función de su procedencia, por lo que también procedía denegar el registro de la marca por la falta de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94. Por el contrario, la Sala de Recurso estimó que no estaba obligada a examinar si la marca controvertida podía inducir al público a error, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento no 40/94.
Anulación de la decisión de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas de 15 de abril de 2005 de no seleccionar la oferta de la demandante en el marco de la licitación publicada el 19 de noviembre de 2004 (DO 2004, S 226), para la prestación de servicios relacionados con la recogida, producción y difusión de publicaciones electrónicas, en particular el Suplemento al

Diario Oficial de la Unión Europea,

así como de la decisión de adjudicar el contrato a otro licitador.
2.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA — Concesión de ayudas y primas — Obligación de los Estados miembros de organizar un sistema eficaz de controles administrativos y de controles sobre el terreno — Alcance [Art. 10 CE; Reglamento (CEE) no 3508/92 del Consejo, art. 8, y Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, art. 8, ap. 1; Reglamento (CEE) no 3887/92 de la Comisión, arts. 6, ap. 1, y 9, ap. 2] (véanse los apartados 78 a 88)
9.

Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Reincidencia — Transferencia del control de una sociedad reincidente producida entre las dos infracciones — Aplicación del incremento del importe de la multa por reincidencia únicamente a la filial y no a la sociedad que la controlaba cuando se adoptó la decisión de la Comisión — Procedencia [Reglamento no 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, y Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión] (véanse los apartados 200 a 205)
Puede ser objeto de un control de legalidad por parte del juez comunitario, de conformidad con el artículo 230 CE, párrafo primero, como acto que produce o está destinado a producir efectos jurídicos frente a terceros, la Decisión mediante la cual el Parlamento suspende la inmunidad de uno de sus miembros.

En efecto, esta decisión produce efectos jurídicos que exceden el marco de la organización interna del Parlamento, ya que permite actuar judicialmente contra el diputado afectado por la solicitud de suspensión de la inmunidad.

A este respecto, si bien es cierto que los privilegios e inmunidades previstos en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas se otorgaron exclusivamente en interés de la Comunidad, no debe perderse de vista que se concedieron de modo expreso a favor de los funcionarios y otros agentes de las instituciones de la Comunidad así como a los miembros del Parlamento. El hecho de que los privilegios e inmunidades se establecieron en aras del interés público comunitario justifica la facultad otorgada a las instituciones para suspender en su caso la inmunidad, pero no significa que dichos privilegios e inmunidades se otorgaran a la Comunidad y no de forma directa a sus funcionarios, otros agentes y miembros del Parlamento. El Protocolo crea por consiguiente un derecho subjetivo a favor de las personas a las que se aplica, cuyo respeto está garantizado por el derecho de recurso previsto por el artículo 230 CE.

(véanse los apartados 28, 29 y 31)
187

Por otra parte, las alegaciones de las demandantes por lo que se refiere al tratamiento nocturno, los grandes volúmenes de transacciones y el seguro de responsabilidad civil respecto a EB han sido todos analizados y desestimados en la Decisión impugnada. Si bien en la Decisión impugnada se mencionan determinados documentos en los que se basa este análisis, éstos o bien no han sido presentados a efectos del presente asunto, o bien han sido presentados pero no son concluyentes (véanse, más arriba, los apartados 183 y 184). Pues bien, las afirmaciones de las demandantes que no se basan en ninguna prueba numérica no son convincentes, siendo algunas de ellas ilógicas e incluso contradictorias. Así, las demandantes no han podido demostrar cómo los grandes volúmenes de transacción, a pesar de haber determinado un mayor nivel de automatización, provocaron un aumento de los costes por transacción. Del mismo modo, tampoco explican por qué contrataron un seguro de responsabilidad civil que permitía cubrir los riesgos relativos a los DCVI y no presentan una copia de dicho contrato de seguro. En cuanto al tratamiento nocturno, aunque esta alegación supusiera de por sí una justificación, deben desestimarse las alegaciones de las demandantes sobre este particular. Las demandantes afirman que el cálculo que presentan en anexo a la réplica no contiene ninguna diferenciación de los costes de transacción entre el tratamiento nocturno y el tratamiento diurno, puesto que los costes de la vigilancia especial de las ejecuciones suplementarias de programas lanzados únicamente para los DCVI y de los servicios de datos procedentes de grandes volúmenes de transacciones se tienen en el marco del tratamiento nocturno, pero también en el del diurno. Por una parte, confunden de este modo los costes suplementarios causados por los elementos evocados en el contexto de las alegaciones precedentes y los costes suplementarios debidos al tratamiento nocturno. Por otra parte, no aportan ningún cálculo de estos costes ventilados según el volumen de las transacciones tratadas de día y de noche y según el beneficiario, EB o los DCV.