A este respecto, ni el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 94/19, ni el punto 12 del anexo I de ésta prevén, a efectos de la exclusión de la garantía de depósitos, que los instrumentos en cuestión deban presentar todas las características de un instrumento financiero en el sentido de la Directiva 2004/39. Además, a tenor del artículo 1, punto 1, de la Directiva 94/19, la definición del término «depósito» a efectos de dicha Directiva incluye, por una parte, cualquier saldo acreedor que proceda de fondos que se hayan mantenido en cuenta o de situaciones transitorias generadas por operaciones bancarias normales y, por otra parte, cualquier pasivo formalizado en un certificado de depósito emitido por esa entidad de crédito. Por tanto, de los términos de dicha disposición se desprende que el concepto de depósito, a efectos de la antedicha Directiva, no se define por referencia a las características de un instrumento financiero, en el sentido de la Directiva 2004/39. Asimismo, de la referida disposición se desprende que lo que caracteriza al segundo tipo de depósito es el hecho de estar representado por un título que puede transmitirse, permitiendo así la circulación del derecho de crédito incorporado.

La Directiva 94/14, relativa a los sistemas de garantía de depósitos, en su versión modificada por la Directiva 2009/14, y la Directiva 97/9, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores, deben interpretarse en el sentido de que, cuando las deudas de una entidad de crédito puedan estar comprendidas a la vez dentro del concepto de depósito, en el sentido de la Directiva 94/19, y del de instrumento, en el sentido de la Directiva 97/9, pero el legislador nacional ha hecho uso de la facultad prevista en el punto 12 del anexo I de la antedicha Directiva 94/19 de excluir esas deudas del sistema de protección previsto en esa última Directiva, tal exclusión no puede dar lugar a que las referidas deudas sean también excluidas del sistema de protección previsto en la Directiva 94/19, salvo cuando se reúnan los requisitos contemplados en el artículo 4, apartado 2, de esta última.

A este respecto, debe señalarse que, habida cuenta de las definiciones de los conceptos de depósito y de instrumento contenidas en las Directivas 94/19 y 97/9, respectivamente, un mismo instrumento de deuda puede estar comprendido simultáneamente dentro de los dos conceptos y, por tanto, dentro del ámbito de aplicación de esas dos Directivas. Ahora bien, los sistemas de garantía previstos en esas dos Directivas responden a condiciones distintas, en particular, en términos de exclusión. En efecto, mientras que el artículo 7, apartado 2, y el anexo I de la Directiva 94/19 prevén exclusiones basadas bien en el tipo de depositante, bien en el tipo de depósito, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 97/9 únicamente contempla exclusiones en función del tipo de inversor. En estas circunstancias, si bien es cierto que el Derecho de la Unión no se opone a que un Estado miembro opte por transponer las Directivas 94/19 y 97/9 mediante un mismo acto legislativo, es, no obstante, preciso que, tal como se subraya en el considerando 9 de la Directiva 97/9, el régimen establecido por dicho acto responda a las exigencias de las dos Directivas.

(véanse los apartados 43 a 45 y 47 y el punto 2 del fallo)