Palabras clave

Índice



Palabras clave

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1. Funcionarios - Recurso - Reclamación administrativa previa - Decisión que forma parte de un procedimiento complejo - Decisión no impugnada - Falta de incidencia sobre el derecho a recurrir contra actos posteriores

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2. Funcionarios - Indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales - Pensión de invalidez - Prestaciones diferentes - Procedimientos diferentes - Reconocimiento del origen profesional de una invalidez - Reconocimiento en el marco del procedimiento de invalidez

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 73 y 78)

3. Funcionarios - Invalidez - Comisión de Invalidez - Comunicación de las conclusiones a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos y al funcionario interesado - Obligación - Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, Anexo II, art. 9)

4. Funcionarios - Seguro de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesionales - Invalidez - Comisión Médica y Comisión de Invalidez - Control jurisdiccional - Alcance - Límites

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 73 y 78)

5. Funcionarios - Seguridad Social - Seguro de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesionales - Reconocimiento del origen profesional de la enfermedad - Dictamen médico - Facultad de apreciación de la Administración - Límites

(Estatuto de los Funcionarios, art. 73; Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional, arts. 18 y 19)

6. Funcionarios - Recurso - Recurso de indemnización - Anulación del acto impugnado que no supone la reparación adecuada del perjuicio moral - Concesión de una reparación pecuniaria

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

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1. En el marco de un procedimiento complejo que se compone de varios actos interdependientes, como es el caso en un procedimiento de reconocimiento de invalidez, no se puede exigir a los interesados que formulen tantas reclamaciones como actos se integran en el procedimiento y que puedan resultarles lesivos. Teniendo en cuenta la cohesión de los diferentes actos que integran este procedimiento, el hecho de no haber formulado una reclamación contra alguno de ellos no puede impedir al demandante alegar que son contrarios a Derecho actos posteriores que estén estrechamente vinculados con el primero.

2. La comparación entre los artículos 73 y 78 del Estatuto muestra que las prestaciones previstas por estas dos disposiciones son diferentes e independientes una de otra, por más que puedan acumularse. Lo mismo sucede con los procedimientos conducentes a la aplicación de dichas disposiciones. Por consiguiente, tanto la declaración de una invalidez permanente total que ponga al funcionario en la imposibilidad de ejercer las funciones correspondientes a un empleo de su carrera como la de la causa de dicha invalidez deben realizarse no de acuerdo con la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional, sino según las modalidades y el procedimiento prescritos por el régimen aplicable a las pensiones, en este caso, el Anexo VIII del Estatuto.

Constituye, por consiguiente, una infracción del artículo 78 el hecho de subordinar la instrucción del procedimiento contemplado en el párrafo segundo de esta disposición a la previa conclusión del procedimiento previsto por el artículo 73, siendo así que el interesado había solicitado que se declarara el origen profesional de su invalidez, con arreglo al párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto.

3. Si bien el artículo 9 del Anexo II del Estatuto impone la comunicación a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos y al funcionario interesado de las conclusiones de la comisión de invalidez, no impone, sin embargo, la comunicación del contenido de los trabajos de dicha comisión, que deben permanecer secretos.

4. La finalidad de las comisiones médica y de invalidez es confiar a peritos médicos la apreciación definitiva de todas las cuestiones de índole médica. De ello se sigue que el control jurisdiccional no puede extenderse a las apreciaciones propiamente médicas, que deben reputarse definitivas una vez que se hayan manifestado en condiciones conformes a Derecho, pero puede por el contrario ejercerse sobre la conformidad a Derecho de la constitución y el funcionamiento de estas comisiones así como de los dictámenes que emitan.

Bajo este aspecto, el Tribunal de Primera Instancia es competente para examinar si el dictamen de la comisión de invalidez contiene una motivación que permita enjuiciar las consideraciones sobre las que se base y si existe un vínculo comprensible entre los diagnósticos médicos pronunciados por la comisión y las conclusiones a las que llega ésta.

5. Si bien el artículo 18 de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional permite a la administración solicitar cualquier dictamen médico que estime necesario para la aplicación de la presente reglamentación y si bien la administración no está vinculada por las conclusiones emitidas por un médico designado por ella y es libre para solicitar en su caso nuevos peritajes, no se puede deducir de ello que la administración tenga el derecho de designar indefinidamente nuevos expertos médicos sin motivar su decisión, por la única razón de no estar de acuerdo con las conclusiones a que hayan llegado los peritajes anteriores.

En este caso, la administración que utilice sus facultades con una finalidad distinta de aquélla para la que le habían sido atribuidas incurre en desviación de poder.

6. El perjuicio moral sufrido por un funcionario a causa de una infracción administrativa que pueda dar lugar a la responsabilidad de la administración da derecho a una indemnización de daños y perjuicios cuando la anulación del acto contrario a Derecho impugnado no pueda constituir por sí misma una reparación adecuada de dicho perjuicio.