Palabras clave

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Palabras clave

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Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping o de subvención por parte de terceros Estados - Facultad de apreciación de las instituciones comunitarias - Alcance del control jurisdiccional

(Reglamentos nº 3017/79 y nº 2176/84 del Consejo)

Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Desarrollo de la investigación - Conclusión del procedimiento en vista únicamente de la inexistencia de perjuicio - Procedencia

((Reglamento del Consejo nº 2176/84, arts. 2, 4 (apartado 1) y 12 (apartado 1) ))

Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Perjuicio - Período que debe tomarse en cuenta - Facultad de apreciación de la Comisión

(Reglamento nº 2176/84 del Consejo, art. 4)

Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Desarrollo del procedimiento - Duración superior a un año - Procedencia - Requisito - Duración razonable

(Reglamento nº 2176/84 del Consejo, art. 7, apartado 9)

Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Establecimiento de derechos antidumping - Propuesta de la Comisión - Facultad de decisión del Consejo - Alcance

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Aun cuando la normativa comunitaria relativa a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de terceros Estados confiera a las instituciones comunitarias una facultad discrecional, el Tribunal de Justicia debe comprobar si éstas han respetado las garantías procesales concedidas por dicha normativa y si no han incurrido en errores manifiestos en su apreciación de los hechos o si no han tenido en cuenta elementos esenciales o incluido en su motivación consideraciones constitutivas de desviación de poder.

El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento nº 2176/84 no prohíbe que, según las circunstancias, la existencia del perjuicio supuestamente sufrido por las industrias comunitarias se verifique independientemente de los otros dos requisitos exigidos para el establecimiento de derechos antidumping, a saber, la comprobación definitiva del dumping y la necesidad de actuar en interés de la Comunidad. Además, según los artículos 2 y 4 del Reglamento mencionado, la comprobación del dumping y la del perjuicio se basan en factores diferentes que pueden, por tanto, analizarse por separado.

Si bien el apartado 1 del artículo 4 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento supeditan el establecimiento de un derecho antidumping definitivo a la existencia de un nexo causal entre el dumping y el perjuicio sufrido por la industria comunitaria, la comprobación de que no existe un perjuicio basta para justificar la conclusión del procedimiento sin que se imponga un derecho antidumping.

El artículo 4 del Reglamento nº 2176/84 confiere a la Comisión una amplia facultad de apreciación en lo que respecta al período que hay que tener en cuenta a efectos de la comprobación del perjuicio en el marco de un procedimiento antidumping. Al tener en cuenta un período de alrededor de cuatro años, la Comisión no hizo sino atenerse a la práctica comunitaria seguida en la materia.

El plazo de un año previsto por el apartado 9 del artículo 7 del Reglamento nº 2176/84 para el desarrollo de los procedimientos antidumping es indicativo y no imperativo. Esta interpretación resulta tanto de la letra de la disposición controvertida como de la naturaleza del procedimiento antidumping, cuyo avance no depende únicamente de la diligencia de las autoridades comunitarias. No obstante, de dicha disposición se desprende que el procedimiento antidumping no debe prolongarse más allá de un plazo razonable, que debe ser determinado en función de las circunstancias concretas de cada caso.

Según el artículo 12 del Reglamento nº 2176/84, el Consejo es competente para pronunciarse sobre todos los requisitos que deben satisfacerse para el establecimiento de un derecho antidumping, sin estar obligado a adoptar todas las propuestas formuladas a estos efectos por la Comisión.