Palabras clave

Índice



Palabras clave

Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Solicitud de interpretación de disposiciones del Derecho de la Unión manifiestamente inaplicables en el litigio principal

(art. 267 TFUE; Directivas del Consejo 2000/43/CE, art. 15, y 2000/78/CE, art. 17).

Índice

El rechazo de una petición de decisión prejudicial formulada por un órgano jurisdiccional nacional puede justificarse si resulta evidente que el Derecho de la Unión no puede aplicarse, ni directa ni indirectamente, a los hechos del procedimiento principal.

Así sucede en el caso de una petición de decisión prejudicial presentada por un órgano jurisdiccional nacional que se refiere al artículo 15 de la Directiva 2000/43, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y al artículo 17 de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y que no tiene por objeto verificar si una situación de discriminación salarial basada en la categoría socioprofesional o en el lugar de trabajo está comprendida en el ámbito de aplicación de esas disposiciones, sino que más bien parte del presupuesto de que tal es el caso para solicitar una interpretación del Tribunal de Justicia, pese a que dichas normas de Derecho de la Unión no pueden manifiestamente aplicarse, ni directa ni indirectamente, a las circunstancias del caso de autos.

El artículo 15 de la Directiva 2000/43 y el artículo 17 de la Directiva 2000/78 no pueden manifiestamente aplicarse a las discriminaciones salariales basadas en la categoría socioprofesional o en el lugar de trabajo. El principio de igualdad de trato que las citadas Directivas consagran se aplica en función de los motivos exhaustivamente enumerados en su artículo 1.

Cuando una normativa nacional se atiene, para resolver una situación interna, a las soluciones aplicadas en Derecho de la Unión con objeto, especialmente, de evitar la aparición de discriminaciones en contra de los propios nacionales o, como sucede en el procedimiento principal, de eventuales distorsiones de la competencia, existe un interés manifiesto en que, con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación, las disposiciones o los conceptos tomados del Derecho de la Unión reciban una interpretación uniforme, cualesquiera que sean las condiciones en que tengan que aplicarse.

No ocurre así en el caso de una disposición nacional que establece, en virtud de los artículos 15 de la Directiva 2000/43 y 17 de la Directiva 2000/78, un régimen de reparación respecto a las infracciones de las normas de no discriminación establecidas por estas Directivas cuando, además, dicho régimen se aplica en relación con las violaciones de las normas de no discriminación que resultan sólo del Derecho nacional.

Además, si bien la necesidad de asegurar la interpretación uniforme de las normas de Derecho de la Unión puede justificar que la competencia del Tribunal de Justicia en materia de interpretación se extienda al contenido de tales normas, aun en el supuesto de que éstas sólo sean aplicables indirectamente a una situación dada en virtud de una remisión llevada a cabo por una norma de Derecho nacional, esta consideración no puede, en cambio, sin vulnerar el reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros, llevar a conferir a dicha norma de Derecho de la Unión primacía sobre las normas internas de rango superior en cuya virtud, en tal situación, debe descartarse la aplicación de dicha norma de Derecho nacional o la interpretación que se le ha dado.

(véanse los apartados 28, 32 a 34, 39 y 48 y el fallo)