Palabras clave

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Palabras clave

1. Derecho comunitario - Ámbito de aplicación - Medidas nacionales relativas a la organización de las fuerzas armadas - Inexistencia de una reserva general que excluya las medidas adoptadas por motivos de seguridad pública

2. Política social - Trabajadores y trabajadoras - Acceso al empleo y condiciones de trabajo - Igualdad de trato - Directiva 76/207/CEE - Ámbito de aplicación - Acceso a los puestos de trabajo en las fuerzas armadas - Inclusión - Margen de apreciación de los Estados miembros - Alcance - Control jurisdiccional

(Directiva 76/207/CEE del Consejo)

3. Derecho comunitario - Ámbito de aplicación - Elección de la organización militar de los Estados miembros que tiene por objeto la defensa de su territorio o de sus intereses esenciales - Servicio militar obligatorio reservado a los hombres - Exclusión

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1. Las medidas que los Estados miembros adoptan en lo relativo a la organización de sus fuerzas armadas no quedan excluidas, en su conjunto, de la aplicación del Derecho comunitario por el mero hecho de servir al interés de la seguridad pública o de la defensa nacional. En efecto, de las disposiciones del Tratado relativo a excepciones aplicables a situaciones que puedan poner en peligro la seguridad pública no puede deducirse la existencia de una reserva general, inherente al Tratado, que excluya del ámbito de aplicación del Derecho comunitario cualquier medida adoptada por motivos de seguridad pública, tanto interior como exterior. Reconocer la existencia de tal reserva, sin atender a las condiciones específicas de las disposiciones del Tratado, podría contravenir el carácter imperativo y la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

( véanse los apartados 30 a 32 )

2. El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres tiene un alcance general y la Directiva 76/207, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, se aplica a las relaciones de empleo del sector público, como el acceso a los empleos en las fuerzas armadas. Corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si las medidas adoptadas por las autoridades nacionales en el ejercicio del margen de apreciación que se les reconoce, persiguen, en realidad, el objetivo de garantizar la seguridad pública y si son adecuadas y necesarias para alcanzar ese objetivo.

( véanse los apartados 33 y 34 )

3. El Derecho comunitario no se opone a que el servicio militar obligatorio esté reservado a los hombres. Ciertamente, las decisiones de los Estados miembros relativas a la organización de sus fuerzas armadas no pueden quedar completamente excluidas de la aplicación del Derecho comunitario, especialmente cuando se trata de la observancia del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales, en particular en materia de acceso a los empleos militares. Sin embargo, de ello no se desprende que el Derecho comunitario regule las decisiones de organización militar elegidas por los Estados miembros que tengan por objeto la defensa de su territorio y de sus intereses esenciales, como la decisión de garantizar parcialmente su defensa a través de un servicio militar obligatorio. El retraso sufrido por la carrera profesional de los reclutas es una consecuencia inevitable de dicha elección y no implica que ésta esté comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario. En efecto, so pena de usurpar las competencias propias de los Estados miembros, la existencia de repercusiones desfavorables en el acceso al empleo no pueden obligar al Estado miembro de que se trate ni a extender a las mujeres la obligación de prestar el servicio militar y, por tanto, a imponerles las mismas desventajas en materia de acceso al empleo, ni a suprimir el servicio militar obligatorio.

( véanse los apartados 35, 39, 41 y 42 y el fallo )