Palabras clave

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Palabras clave

1 Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Excepciones - Actividades que participan en el ejercicio del poder público - Actividad de las empresas y del personal de seguridad privada - Exclusión

(Tratado CE, art. 55, párr. 1, y art. 66)

2 Libre circulación de personas - Excepciones - Protección del orden público, de la seguridad pública y de la salud pública - Exclusión general de las actividades de seguridad privada - Improcedencia

(Tratado CE, art. 48, ap. 3, arts. 52 y 56)

3 Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Restricciones - Administradores y directores de empresas de seguridad sujetos a un requisito de residencia - Improcedencia - Justificación por razones de seguridad pública - Inexistencia

(Tratado CE, arts. 56, ap. 1, y 66)

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1 Por tratarse de una excepción a la regla fundamental de la libertad de establecimiento, la excepción prevista en el párrafo primero del artículo 55 en relación, en su caso, con el artículo 66 del Tratado, debe ser interpretada de tal modo que su alcance quede limitado a lo estrictamente necesario para salvaguardar los intereses cuya protección les está permitida a los Estados miembros por esta disposición. La excepción contenida en dicho artículo debe limitarse a las actividades que, consideradas en sí mismas, estén relacionadas directa y específicamente con el ejercicio del poder público.

No sucede así con la actividad de las empresas y del personal de seguridad que tiene por objeto llevar a cabo misiones de vigilancia y de protección sobre la base de relaciones jurídico-privadas, cuyo ejercicio no implica que estén investidos de poderes coercitivos. En efecto, la mera contribución al mantenimiento de la seguridad pública, a la que puede verse requerido cualquier individuo, no constituye ejercicio del poder público.

2 Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48 y 52 del Tratado al excluir el ejercicio de las actividades de seguridad privada por parte de una persona o de una empresa que posean la nacionalidad de otro Estado miembro. Esta exclusión general del acceso a determinadas actividades profesionales no puede justificarse por las razones de orden público, seguridad pública y salud pública a que se refieren el apartado 3 del artículo 48 y el artículo 56 del Tratado. En efecto, la facultad de los Estados miembros de limitar la libre circulación de personas por dichos motivos no tiene por objeto dejar sectores económicos como el de la seguridad privada fuera del ámbito de aplicación del principio de libre circulación, desde el punto de vista del acceso al empleo, sino permitir al Estado que deniegue el acceso o la estancia en su territorio a personas cuyo acceso o estancia en dicho territorio constituiría, como tal, un peligro para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

3 La norma de Derecho interno conforme a la cual los administradores y los directores de todas las empresas de seguridad deben residir en el territorio del Estado miembro en donde radiquen constituye un obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios. Este requisito de residencia no es necesario para garantizar la seguridad pública en el mencionado Estado miembro y, por tanto, no está amparado por la excepción prevista en el apartado 1 del artículo 56 en relación, en su caso, con el artículo 66 del Tratado. En efecto, para poder recurrir a esta justificación ha de existir una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Pues bien, pueden efectuarse controles eficaces sobre las actividades ejercidas por las empresas de seguridad y pueden imponerse sanciones a cualquier empresa establecida en un Estado miembro, independientemente del lugar de residencia de sus directivos. Además, el pago de una eventual sanción puede garantizarse mediante la constitución de una fianza previa.