Asunto T‑38/02

Groupe Danone

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Prácticas colusorias — Multas — Directrices para el cálculo de las multas — Comunicación sobre la cooperación»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 25 de octubre de 2005

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Acceso al expediente — Objeto — Respeto del derecho de defensa — Alcance — Pruebas inculpatorias — Exclusión de las pruebas no comunicadas a las partes

(Art. 81 CE, ap. 1)

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Acceso al expediente — Documentos que no figuran en el expediente de la instrucción — Documentos que pueden ser útiles para la defensa de las partes — Obligación de las partes de pedir que se les comuniquen

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Pliego de cargos — Contenido necesario

(Reglamento nº 17 del Consejo)

4. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Derecho de defensa — Control jurisdiccional — Competencia jurisdiccional plena del juez comunitario

(Art. 229 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17)

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes — Obligación de la Comisión de atenerse a la práctica seguida en sus decisiones anteriores — Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

6. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Acceso al expediente — Alcance — Pruebas inculpatorias transmitidas verbalmente por un tercero — Obligación de facilitar el acceso a la empresa afectada, elaborando, si resulta necesario, un documento escrito

7. Competencia — Multas — Importe — Carácter apropiado — Control jurisdiccional — Elementos que puede tomar en consideración el órgano jurisdiccional comunitario — Elementos de información no contenidos en la decisión por la que se impone la multa y no exigidos para su motivación — Inclusión

(Arts. 229 CE, 230 CE y 253 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17)

8. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión por la que se imponen multas — Indicación de los elementos de apreciación que permitieron a la Comisión determinar la gravedad y la duración de la infracción — Indicación suficiente

(Art. 253 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, párr. 2; Comunicaciones 96/C 207/04 y 98/C 9/03 de la Comisión)

9. Competencia — Prácticas colusorias — Delimitación del mercado — Objeto — Determinación del perjuicio para el comercio entre Estados miembros

(Art. 81 CE, párr. 1)

10. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Multas — Determinación — Criterios — Elevación del nivel general de las multas — Procedencia — Requisitos

(Reglamento nº 17 del Consejo)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Método de cálculo definido por las Directrices adoptadas por la Comisión — Obligación de la Comisión de cumplirlas — Consecuencias — Obligación de motivar cualquier desviación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Infracciones calificadas de muy graves tomando como base únicamente su propia naturaleza — Necesidad de determinar su repercusión y su ámbito geográfico — Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Consideración del volumen de negocios global de la empresa de que se trate y del volumen de negocios procedente de las ventas de las mercancías que son objeto de la infracción — Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

14. Competencia — Prácticas colusorias — Participación en reuniones de empresas que tienen un propósito contrario a la competencia — Circunstancia que, al no haberse producido un distanciamiento con respecto a las decisiones adoptadas, permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias — Participación bajo una presunta coacción — Circunstancia que no justifica a una empresa que no haya hecho uso de la posibilidad de presentar una denuncia ante las autoridades competentes

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

15. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones vinculada a la búsqueda de efecto disuasorio

(Reglamento nº 17, art. 15, ap. 2)

16. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción y que se adopta con posterioridad a otra decisión de la Comisión relativa a la misma empresa — Falta de identidad entre las infracciones objeto de las dos decisiones — Violación del principio non bis in idem — Inexistencia

17. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Evaluación basada en el valor absoluto de las ventas de que se trate — Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

18. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción — Pruebas que deben reunirse — Grado necesario de fuerza probatoria

(Art. 81 CE, ap. 1)

19. Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Presunción de inocencia — Procedimiento en materia de competencia — Aplicabilidad

20. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad y duración de la infracción — Infracción cometida por varias empresas — Obligación de apreciar la gravedad individualmente

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

21. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Amenaza de represalias proferida por una empresa contra otra

22. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción — Utilización, como medios probatorios, de declaraciones de otras empresas que hayan participado en la infracción — Procedencia — Requisitos

(Arts. 81 CE y 82 CE)

23. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Introducción de directrices por la Comisión — Aplicación de un método de cálculo basado en la gravedad intrínseca y en la duración de la infracción que respeta el límite máximo proporcional al volumen de negocios de cada empresa — Legalidad

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

24. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes — Reincidencia — Concepto

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

25. Competencia — Multas — Inexistencia de definición legal de un plazo de prescripción que excluya la vulneración del principio de seguridad jurídica

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

26. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias atenuantes — No aplicación efectiva de un acuerdo — Apreciación en relación con el comportamiento individual de cada empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

27. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias atenuantes — Inexistencia de medidas de control de la aplicación de un cartel — Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2)

28. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias atenuantes — Situación económica de la empresa afectada — Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

29. Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe como contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Necesidad de un comportamiento que haya facilitado a la Comisión comprobar la infracción — Informaciones relativas a actos que no podían dar lugar a la imposición de multas en virtud del Reglamento nº 17 — No consideración

(Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 11, aps. 4 y 5, y 15; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

30. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo — Valoración del grado de cooperación prestada por las empresas participantes en la práctica colusoria — Respeto del principio de igualdad de trato — Grados de cooperación no comparables que justifican un trato diferenciado

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

31. Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe como contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Reducción por no negar los hechos — Requisitos

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección D, ap. 2)

1. El acceso al expediente en los asuntos sobre competencia tiene, en particular, por objeto permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, a fin de que puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que ésta haya llegado en su pliego de cargos, basándose en tales documentos. El acceso al expediente forma parte de las garantías del procedimiento destinadas a proteger el derecho de defensa y a asegurar, en particular, el ejercicio efectivo del derecho a ser oído.

Por tanto, la Comisión está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, el conjunto de documentos inculpatorios o exculpatorios que recogió durante su investigación, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la institución y de otras informaciones confidenciales.

Si se comprueba que, en la Decisión impugnada, la Comisión se basó en documentos inculpatorios que no figuraban en el expediente de la instrucción ni fueron comunicados a la demandante, debe prescindirse de dichos documentos como medios de prueba.

(véanse los apartados 33 a 35 y 65)

2. En el marco de un procedimiento administrativo en materia de competencia, cuando los documentos que habrían podido contener pruebas exculpatorias figuran en el expediente de la instrucción de la Comisión, la posible declaración de una vulneración del derecho de defensa es independiente del comportamiento adoptado durante el procedimiento administrativo por la empresa de que se trate y de la cuestión de si dicha empresa estaba obligada a solicitar a la Comisión que le diera acceso a su expediente o que le transmitiera determinados documentos.

En cambio, por lo que se refiere a los documentos que habrían podido contener pruebas exculpatorias y que no figuran en el expediente de instrucción de la Comisión, la empresa afectada está obligada a presentar a la institución una solicitud expresa de acceder a dichos documentos y el hecho de no actuar así durante el procedimiento administrativo tiene un efecto preclusivo sobre este extremo por lo que respecta al recurso de anulación que se interponga, en su caso, contra la Decisión definitiva.

(véanse los apartados 36, 37, 42 y 79)

3. Desde el momento en que la Comisión indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido deliberadamente o por negligencia, dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas. Al actuar así, les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa.

(véase el apartado 50)

4. En lo que respecta a la determinación del importe de las multas impuestas por infracción de las normas sobre competencia, el derecho de defensa de las empresas afectadas está garantizado ante la Comisión a través de la posibilidad de presentar observaciones sobre la duración, la gravedad y la previsibilidad del carácter contrario a la competencia de la infracción. Además, existe una garantía adicional para las empresas en lo que se refiere a la fijación del importe de la multa, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia resuelve, en virtud del artículo 17 del Reglamento nº 17, con competencia jurisdiccional plena, en el sentido del artículo 229 CE, sobre los recursos interpuestos contra las decisiones mediante las cuales la Comisión ha fijado una multa y puede, en consecuencia, suprimir, reducir o aumentar la multa impuesta. En el marco de su control jurisdiccional pleno, incumbe al Tribunal de Primera Instancia apreciar si el importe de la multa impuesta es proporcionado en relación con la gravedad y la duración de la infracción y sopesar la gravedad de la infracción y las circunstancias alegadas por la empresa.

(véanse los apartados 51 y 136)

5. El mero hecho de que, en la práctica de sus anteriores decisiones, la Comisión considerase que, para determinar la cuantía de la multa, ciertos elementos no constituían una circunstancia agravante no implica que esté obligada a emitir la misma apreciación en una decisión posterior. Por otro lado, la posibilidad ofrecida, en el marco de otro asunto, a una empresa para pronunciarse sobre la intención de tomarle en cuenta una reincidencia no implica en modo alguno que la Comisión tenga la obligación de proceder de ese modo en todos los supuestos ni que, de no existir tal posibilidad, se impida a la empresa afectada ejercer plenamente su derecho a ser oída.

(véanse los apartados 57, 153 y 395)

6. No existe ninguna obligación general, para la Comisión, de levantar acta de las discusiones que ha mantenido, en el marco de la aplicación de las normas sobre competencia del Tratado, sólo con algunas de las empresas que participaron en una infracción durante las reuniones celebradas con éstas.

Sin embargo, la inexistencia de dicha obligación no puede dispensar a la Comisión de las obligaciones que le incumben en materia de acceso al expediente. En efecto, no cabe admitir que la utilización de comunicaciones verbales con terceros menoscabe el derecho de defensa. De este modo, si la Comisión tiene intención de utilizar en su decisión un elemento inculpatorio comunicado verbalmente por otra parte, debe hacerlo accesible a la empresa afectada, a fin de que ésta pueda pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que la Comisión ha llegado basándose en tal elemento. En su caso, deberá elaborar para ello un documento escrito que ha de figurar en su expediente.

(véanse los apartados 66 y 67)

7. En los recursos interpuestos contra las decisiones de la Comisión por las que se imponen multas a empresas por vulneración de las normas sobre competencia, el Tribunal de Primera Instancia es competente por un doble motivo. Por un lado, se encarga de controlar su legalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 230 CE. En este marco, debe controlar, en particular, el cumplimiento de la obligación de motivación, prevista en el artículo 253 CE, cuya vulneración provoca la anulabilidad de la Decisión. Por otro, el Tribunal de Primera Instancia es competente para apreciar, en el marco de la competencia jurisdiccional plena que se le reconoce en el artículo 229 CE y en el artículo 17 del Reglamento nº 17, el carácter apropiado de la cuantía de las multas. Esta apreciación puede justificar la presentación y la toma en consideración de elementos complementarios de información, cuya mención en la Decisión impugnada no es exigida, como tal, en virtud de la obligación de motivación prevista en el artículo 253 CE.

(véase el apartado 95)

8. El alcance de la obligación de motivación para el cálculo de una multa impuesta por vulneración de las normas comunitarias sobre competencia debe determinarse conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 17, a tenor del cual «para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta». Pues bien, las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye la obligación de motivación se cumplen cuando la Comisión indica, en su Decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad de la infracción, así como su duración. Por otro lado, las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, así como la Comunicación sobre la cooperación en asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, contienen normas indicativas sobre los criterios de apreciación que la Comisión tiene en cuenta para medir la gravedad y la duración de la infracción. En tales circunstancias, las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye la obligación de motivación se cumplen cuando la Comisión indica, en su Decisión, los criterios de apreciación que tuvo en cuenta en aplicación de lo dispuesto en las Directrices y, en su caso, en la Comunicación sobre la cooperación y que le permitieron medir la gravedad y la duración de la infracción a efectos de calcular el importe de la multa

(véase el apartado 97)

9. En cuanto a la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, es preciso definir el mercado de referencia para determinar si el acuerdo puede afectar al comercio entre Estados miembros y tiene por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. En consecuencia, la obligación de delimitar el mercado en una Decisión adoptada con arreglo al artículo 81 CE, apartado 1, se impone a la Comisión únicamente cuando, sin dicha delimitación, no es posible determinar si el acuerdo, la decisión de asociación de empresas o la práctica concertada de que se trata pueden afectar al comercio entre Estados miembros y tienen por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

(véase el apartado 99)

10. La Comisión dispone, en el marco del Reglamento nº 17, de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas, a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre competencia.

El hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado unas multas de determinado nivel a ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de incrementar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si es necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria sobre la competencia. Una aplicación eficaz de las normas comunitarias sobre la competencia exige, por el contrario, que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política.

(véanse los apartados 134, 135, 154, 395, 407 y 415)

11. Cuando la Comisión adopta unas Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA a fin de precisar, en cumplimiento del Tratado, los criterios que piensa aplicar en el ejercicio de su facultad de apreciación de la gravedad de una infracción, ello supone una autolimitación de dicha facultad, ya que queda obligada a cumplir las normas indicativas que ella misma se ha impuesto. Para determinar la gravedad de las infracciones, la Comisión debe, pues, tener en cuenta a partir de entonces, entre una serie de elementos, los contenidos en las Directrices, salvo que explique específicamente los motivos que justifican, en su caso, desviarse de ellos en un punto concreto.

(véase el apartado 138)

12. La Comisión señaló, en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, que, por lo general, se considerarían muy graves las restricciones horizontales como «carteles de precios» y cuotas de reparto de los mercados u otras prácticas que menoscaben el correcto funcionamiento del mercado interior. De esta descripción indicativa se desprende que los acuerdos o prácticas concertadas que persiguen en particular la fijación de los precios y el reparto de la clientela pueden ser calificados como muy graves basándose únicamente en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales comportamientos estén caracterizados por una repercusión o una dimensión geográfica determinados. Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien la descripción indicativa de las infracciones susceptibles de ser consideradas graves indica que se tratará de infracciones del mismo tipo que las definidas como leves «pero cuya aplicación sea más rigurosa, cuyas repercusiones en el mercado sean más amplias y que puedan surtir sus efectos en amplias zonas del mercado común», la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia de repercusión ni de producción de efectos en una zona geográfica determinada.

(véanse los apartados 150 y 151)

13. Entre los elementos de apreciación de la gravedad de la infracción, y según los casos, pueden figurar el volumen y el valor de las mercancías objeto de la infracción, así como el tamaño y la potencia económica de la empresa y, por tanto, la influencia que ésta ha podido ejercer en el mercado. De ello se deduce, por una parte, que para determinar la multa se puede tener en cuenta tanto el volumen global de negocios de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, del tamaño de ésta y de su potencia económica, como la parte de este volumen que procede de las mercancías objeto de la infracción y que, por tanto, puede dar una indicación de la amplitud de ésta. Por otra parte, de la jurisprudencia se deduce que no hay que atribuir una importancia desproporcionada a ninguno de esos volúmenes de negocio frente a los demás elementos de apreciación y, por consiguiente, que la determinación de una multa adecuada no puede ser resultado de un simple cálculo basado en el volumen global de negocios.

(véanse los apartados 158 y 367)

14. Desde el momento en que se ha demostrado que una empresa ha participado en reuniones entre empresas con un carácter claramente contrario a la competencia, corresponde a dicha empresa aportar indicios apropiados para demostrar que su participación en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las suyas. A falta de tal prueba de distanciamiento, una participación, aunque sea pasiva, en dichas reuniones permite considerar que la empresa participa en la práctica colusoria que de ellas resulta. Además, el hecho de que dicha empresa no se pliegue a los resultados de dichas reuniones no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su participación en la práctica colusoria. Por último, una empresa que participa en tales reuniones no puede invocar el hecho de que interviene en ellas bajo la presión de las otras participantes que cuenten, en su caso, con mayor poder económico. En efecto, dicha empresa habría podido denunciar las presiones de las que era objeto a las autoridades competentes y presentar ante la Comisión una denuncia con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17 en lugar de participar en las actividades controvertidas.

(véanse los apartados 164, 245 y 423)

15. La búsqueda del efecto disuasorio de las multas impuestas por infracción de las normas sobre competencia forma parte integrante de la ponderación de las multas en función de la gravedad de la infracción, en la medida en que persigue impedir que un método de cálculo dé lugar a importes de multas que, por lo que respecta a determinadas empresas, no alcancen el nivel adecuado para garantizar a la multa un efecto suficientemente disuasorio.

(véase el apartado 170)

16. El principio non bis in idem, también consagrado en el artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, constituye un principio general del Derecho comunitario cuyo respeto garantiza el órgano jurisdiccional.

En el ámbito del Derecho comunitario de la competencia, este principio prohíbe que una empresa sea condenada o perseguida de nuevo por la Comisión como consecuencia de un comportamiento anticompetitivo por el que haya sido sancionada o por el que haya sido declarada no responsable mediante una decisión anterior de la Comisión no susceptible de recurso. La aplicación del principio non bis in idem está supeditada a un triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido.

(véanse los apartados 184 y 185)

17. La gravedad de una infracción de las normas sobre competencia no puede depender únicamente ni de su extensión geográfica ni de la proporción que las ventas objeto de la infracción representan en relación con las ventas realizadas en toda la Unión Europea. En efecto, con independencia de los criterios indicados, el valor absoluto de las ventas de que se trata es también un indicador pertinente de la gravedad de la infracción, por cuanto refleja fielmente la importancia económica de las operaciones que la infracción pretende sustraer al juego normal de la competencia.

(véase el apartado 191)

18. En lo que respecta a la aportación de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, incumbe a la Comisión probar las infracciones que constate y aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción. La existencia de una duda en el Juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción. El Juez no puede, pues, concluir que la Comisión ha acreditado la existencia de la infracción de que se trata de modo suficiente en Derecho si sigue albergando dudas sobre esta cuestión, en particular en el marco de un recurso por el que se solicita la anulación de una decisión mediante la que se impone una multa.

Es necesario que la Comisión invoque pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que la infracción fue cometida.

Sin embargo, procede señalar que no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente, responda a dicha exigencia.

(véanse los apartados 215, 217 y 218)

19. El principio de la presunción de inocencia, tal como se halla recogido en el apartado 2 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, forma parte de los derechos fundamentales que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, confirmada, por otra parte, por el Preámbulo del Acta Única Europea y por el artículo 6, apartado 2, del Tratado sobre la Unión Europea, así como por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, están protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones contempladas, así como la naturaleza y grado de severidad de las acciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas susceptibles de conducir a la imposición de multas o multas coercitivas.

(véase el apartado 216)

20. Cuando una infracción ha sido cometida por varias empresas, procede, en el marco de la determinación del importe de las multas, examinar la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas, lo que implica, en particular, hacer constar sus papeles respectivos desempeñados en la infracción durante el tiempo que duró su participación en la misma.

Esta conclusión constituye la consecuencia lógica del principio de individualidad de las penas y de las sanciones en virtud del cual una empresa sólo debe ser sancionada por los hechos que le sean imputables individualmente, principio que es aplicable en cualquier procedimiento administrativo que pueda dar lugar a sanciones en virtud de las normas comunitarias sobre competencia.

(véanse los apartados 277 y 278)

21. El hecho de que una empresa que es parte de un acuerdo obligue a otra parte de dicho acuerdo a ampliar su ámbito de aplicación amenazándola con represalias en caso de negarse puede considerarse una circunstancia agravante. En efecto, tal comportamiento tiene como efecto directo agravar los perjuicios ocasionados por el acuerdo y una empresa que haya adoptado tal comportamiento debe, por dicho motivo, asumir una responsabilidad particular.

(véase el apartado 281)

22. Ninguna disposición ni principio general del Derecho comunitario prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa declaraciones de otras empresas incriminadas. De no ser así, la carga de la prueba de los comportamientos contrarios a los artículos 81 CE y 82 CE, que incumbe a la Comisión, sería insostenible e incompatible con la misión de vigilancia de la buena aplicación de dichas disposiciones que le atribuye el Tratado. Sin embargo, no cabe considerar que la declaración de una empresa inculpada por haber participado en una práctica colusoria, cuya exactitud es cuestionada por varias empresas inculpadas, constituye una prueba suficiente de los hechos controvertidos si no es respaldada por otros elementos probatorios. Cuando la práctica colusoria implica sólo a dos partes, la impugnación del contenido de la declaración de una parte por la otra basta para que se exija que dicha práctica sea respaldada por otros elementos probatorios. Así sucede tanto más cuanto que se trata de una declaración destinada a atenuar la responsabilidad de la empresa en nombre de la que se realizó, dando lugar a la responsabilidad de otra empresa.

Por otra parte, con respecto a un documento con el que se pretende acreditar la formulación de una amenaza proferida por una empresa contra la otra y cuyo carácter probatorio cuestiona la primera, es necesario, para apreciar el valor probatorio de tal documento, en primer lugar, comprobar la verosimilitud de la información que en él se contiene. A continuación, es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno.

(véanse los apartados 285 y 286)

23. Siguiendo el método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, el cálculo de las multas continúa realizándose en función de los dos criterios mencionados en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, a saber, la gravedad y la duración de la infracción, al tiempo que se respeta el límite máximo proporcional al volumen de ventas de cada empresa previsto en dicha disposición.

Por consiguiente, no cabe considerar que las Directrices excedan del marco jurídico de las sanciones tal y como lo estableció dicha disposición.

(véanse los apartados 343 y 344)

24. Para apreciar la gravedad de una infracción con el fin de determinar el importe de la multa, la Comisión debe tener en cuenta no sólo las circunstancias particulares del caso sino también el contexto en el que se sitúa la infracción y asegurar el carácter disuasorio de su actuación, sobre todo para infracciones especialmente perjudiciales para la consecución de los objetivos de la Comunidad.

A este respecto, el análisis de la gravedad de la infracción cometida debe tener en cuenta una eventual reincidencia. En efecto, desde el punto de vista disuasorio, la reincidencia es una circunstancia que justifica un aumento considerable del importe de base de la multa. Efectivamente, la reincidencia constituye la prueba de que la sanción anteriormente impuesta no fue suficientemente disuasoria.

Además, la circunstancia de reincidencia, pese al hecho de que se refiere a una característica propia del autor de la infracción, a saber su propensión a cometer tales infracciones, es precisamente, por esta misma razón, un indicio muy significativo de la gravedad del comportamiento controvertido y, por tanto, de la necesidad de elevar el nivel de la sanción a efectos de una disuasión efectiva.

El concepto de reincidencia, tal como se entiende en algunos ordenamientos jurídicos nacionales, supone que una persona haya cometido nuevas infracciones tras haber sido sancionada por infracciones similares.

Sin embargo, el concepto de reincidencia, habida cuenta del objeto que persigue, no implica necesariamente la imposición de una sanción económica previa, sino sólo la de una infracción previa. En efecto, la consideración de la reincidencia tiene por objeto, en lo que respecta a una infracción determinada, la sanción más severa de la empresa que se ha declarado culpable de los hechos que la constituyen cuando resulta que una declaración anterior de infracción por su parte no ha bastado para prevenir la reiteración de un comportamiento infractor. A este respecto, el elemento que determina la reincidencia no es la imposición previa de una sanción, sino la declaración previa de una infracción de su autor.

(véanse los apartados 347 a 349 y 362 a 363)

25. Un plazo de prescripción no puede garantizar una función de protección de la seguridad jurídica ni su vulneración constituir un incumplimiento de dicho principio, a menos que tal plazo de prescripción haya sido fijado por anticipado, y no lo hacen, para la declaración de una reincidencia con respecto a una empresa, ni el artículo 15 del Reglamento nº 17, que constituye el marco jurídico de las sanciones que pueden ser impuestas por la Comisión por una infracción de las normas comunitarias de competencia, ni las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA.

(véanse los apartados 352 y 353)

26. Las circunstancias atenuantes contempladas en el punto 3 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA se basan todas ellas en el comportamiento característico de cada empresa.

De ello se desprende que, a efectos de la apreciación de las circunstancias atenuantes, entre ellas la relativa a la inaplicación de los acuerdos, procede tener en cuenta no los efectos resultantes de la totalidad de la infracción, que deben tenerse en cuenta en la valoración de sus repercusiones concretas sobre el mercado para evaluar su gravedad (punto 1 A, párrafo primero, de las Directrices), sino el comportamiento individual de cada empresa, para examinar la gravedad relativa de la participación de cada empresa en la infracción.

(véanse los apartados 383 y 384)

27. La inexistencia de medidas de control de la aplicación de un cartel no puede, en sí, constituir una circunstancia atenuante.

(véase el apartado 393)

28. La Comisión no puede estar supeditada a la obligación de tener en cuenta, para la fijación del importe de la multa que ha de imponerse por infracción de las normas sobre competencia, las dificultades financieras de una empresa, lo que equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado.

(véase el apartado 413)

29. Una reducción de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento permitió a la Comisión apreciar una infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin.

A este respecto, la colaboración de una empresa en la investigación no da lugar a ninguna reducción de la multa cuando dicha colaboración no ha sobrepasado el nivel derivado de las obligaciones que recaían sobre ella en virtud de los apartados 4 y 5 del artículo 11 del Reglamento nº 17. En cambio, en el supuesto de que una empresa facilite, en respuesta a una solicitud de información con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17, una información que supere ampliamente la que la Comisión puede exigir que se le aporte en virtud de dicho artículo, la empresa de que se trate puede beneficiarse de una reducción de multa.

Asimismo, no constituye una cooperación comprendida en el ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación en asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, ni, con mayor razón, de su sección D, el hecho de que una empresa facilite a la Comisión, en el marco de su investigación sobre un acuerdo, información relativa a actos por los cuales, en todo caso, no habría tenido que pagar una multa con arreglo al Reglamento nº 17.

(véanse los apartados 449, 451, 452 y 471)

30. La Comisión no puede, al valorar la colaboración prestada por las empresas en el contexto de un procedimiento incoado en materia de prácticas colusorias prohibidas, desconocer el principio de igualdad de trato, principio general del Derecho comunitario que se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado.

A este respecto, no se discute que la apreciación del grado de colaboración prestada por las empresas no puede depender de factores puramente casuales. Una diferencia de trato de las empresas afectadas debe, pues, ser imputable a grados de cooperación no comparables, sobre todo en la medida en que éstos han consistido en el suministro de información diferente o en el suministro de dicha información en fases diferentes del procedimiento administrativo, o en circunstancias no análogas.

Además, cuando la cooperación de una empresa se limita a confirmar, de manera menos precisa y explícita, parte de la información ya facilitada por la colaboración de otra empresa, el grado de cooperación prestado por esa empresa, pese a que pueda no carecer de una determinada utilidad para la Comisión, no puede considerarse comparable al prestado por la primera empresa que le facilitó dicha información. Una declaración que se limita a corroborar, en cierta medida, una declaración de la que la Comisión ya disponía no facilita, en efecto, la labor de la Comisión de manera significativa ni por tanto suficiente para justificar una reducción por cooperación del importe de la multa.

(véanse los apartados 453 a 455)

31. Para acogerse a una reducción del importe de la multa por no poner en duda los hechos, conforme a la sección D, apartado 2, segundo guión, de la Comunicación sobre la cooperación en asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, una empresa debe informar expresamente a la Comisión de que no pretende cuestionar la realidad de los hechos, después de haber tenido conocimiento del pliego de cargos.

Sin embargo, no es suficiente que una empresa afirme de manera general que no niega los hechos alegados, conforme a la Comunicación sobre la cooperación, si, en las circunstancias del asunto de que se trate, dicha afirmación no es de la más mínima utilidad para la Comisión. En efecto, para que una empresa pueda acogerse a una reducción de multa por su cooperación durante el procedimiento administrativo, su comportamiento debe facilitar la labor de la Comisión consistente en la comprobación y represión de las infracciones a las normas comunitarias en materia de competencia.

(véanse los apartados 504 y 505)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 25 de octubre de 2005 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Multas – Directrices para el cálculo de las multas – Comunicación sobre la cooperación»

En el asunto T‑38/02,

Groupe Danone, con domicilio social en París (Francia), representada por Mes A. Winckler y M. Waha, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. A. Bouquet y W. Wils, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación de la Decisión 2003/569/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2001, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE (asunto IV/37.614/F3 PO/Interbrew y Alken-Maes) (DO 2003, L 200, p. 1) y, con carácter subsidiario, la reducción de la multa impuesta a la demandante en el artículo 2 de dicha Decisión,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y las Sras. M.E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de diciembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 El Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), dispone en su artículo 15, apartado 2:

«La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las empresas y asociaciones de empresas multas que vayan de un mínimo de mil [euros] a un máximo de un millón de [euros], pudiéndose elevar este límite máximo hasta el diez por ciento del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente por cada empresa que hubiere tomado parte en la infracción cuando, deliberadamente o por negligencia:

a) cometan una infracción a las disposiciones del apartado 1 del artículo [81], o del artículo [82] del Tratado, o

b) contravengan una obligación impuesta en virtud del apartado 1 del artículo 8 [del Reglamento].

Para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta.»

2 Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») establecen una metodología aplicable para el cálculo de la cuantía de dichas multas «que se basa en la fijación de un importe de base al que se aplican incrementos para tomar en consideración las circunstancias agravantes y reducciones para tomar en consideración las circunstancias atenuantes» (Directrices, párrafo segundo). Según dichas Directrices, «el importe de base se determinará en función de la gravedad y la duración de la infracción, únicos criterios que figuran en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17» (Directrices, apartado 1).

3 La Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación») «fija las condiciones en las que las empresas que cooperen con la Comisión en el marco de su investigación sobre un acuerdo podrán quedar exentas del pago de la multa o beneficiarse de una reducción de la multa que, en principio, habrían tenido que pagar» (sección A, apartado 3, de la Comunicación).

4 La sección D de la Comunicación sobre la cooperación tiene el siguiente tenor:

«D. Reducción significativa del importe de la multa

1. Cuando una empresa coopere sin que se reúnan todas las condiciones establecidas en las secciones B o C, gozará de una reducción del 10 al 50 % del importe de la multa que se le habría impuesto a falta de cooperación.

2. Así sucederá cuando:

– antes del envío del pliego de cargos una empresa facilite a la Comisión información, documentos u otros elementos de prueba que contribuyan a confirmar la existencia de la infracción;

– tras recibir el pliego de cargos, una empresa informe a la Comisión de que no pone en duda la veracidad de los hechos sobre los que la Comisión funda sus acusaciones.»

Hechos que originaron el litigio

5 En el momento en que ocurrieron los hechos, Interbrew NV (en lo sucesivo, «Interbrew») y Brouwerijen Alken-Maes NV (en lo sucesivo, «Alken-Maes») eran número 1 y número 2, respectivamente, en el mercado belga de la cerveza. Alken-Maes era una filial del grupo Danone SA (en lo sucesivo, «demandante»), que operaba también en el mercado francés de la cerveza través de otra filial, Brasseries Kronenbourg SA (en lo sucesivo, «Kronenbourg»). En 2000, la demandante cesó sus actividades en el sector de la cerveza.

6 En 1999, la Comisión inició una investigación, con el número de asunto IV/37.614/F3, sobre posibles infracciones de las normas comunitarias en materia de competencia en el sector cervecero belga.

7 El 29 de septiembre de 2000, en el marco de dicha investigación, la Comisión inició un procedimiento y emitió un pliego de cargos contra la demandante, así como contra las empresas Interbrew, Alken-Maes, NV Brouwerij Haacht (en lo sucesivo, «Haacht») y NV Brouwerij Martens (en lo sucesivo, «Martens»). El procedimiento incoado contra la demandante y el pliego de cargos que se le remitió sólo tenían por objeto su presunta implicación en la práctica colusoria denominada «Interbrew/Alken-Maes» relacionada con el mercado belga de la cerveza.

8 El 5 de diciembre de 2001, la Comisión adoptó la Decisión 2003/569/CE relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE (asunto IV/37.614/F3 PO/Interbrew y Alken-Maes) (DO 2003, L 200, p. 1), destinada a la demandante, así como a las empresas Interbrew, Alken-Maes, Haacht y Martens (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

9 La Decisión impugnada declara dos infracciones distintas de las normas sobre competencia, a saber, por un lado, un conjunto complejo de acuerdos y/o prácticas concertadas en el sector de la cerveza vendida en Bélgica (en lo sucesivo, «práctica colusoria Interbrew/Alken-Maes») y, por otro, prácticas concertadas en el sector de la cerveza vendida con marca propia. La Decisión impugnada declara que la demandante, Interbrew y Alken-Maes participaron en la primera infracción, mientras que Interbrew, Alken-Maes, Haacht y Martens participaron en la segunda.

10 Aunque en el momento en que se produjeron los hechos, la demandante era la sociedad matriz de Alken-Maes, la Decisión impugnada sólo le imputa una infracción. En efecto, habida cuenta de su papel activo en la práctica colusoria Interbrew/Alken-Maes, se consideró a la demandante responsable tanto de su propia participación como de la participación de Alken-Maes en dicho acuerdo. En cambio, la Comisión consideró que no procedía imputar a la demandante la responsabilidad de la participación de su filial en la práctica concertada en el sector de la cerveza vendida con marca propia, dado que aquélla no estaba implicada por sí misma en este acuerdo.

11 La infracción reprochada a la demandante consiste en su participación, tanto directamente como a través de su filial Alken-Maes, en un conjunto complejo de acuerdos y/o prácticas concertadas referentes a un pacto general de no agresión, a los precios y las promociones en el comercio minorista, al reparto de la clientela en el sector «hoteles, restaurantes y cafés» (en lo sucesivo, «hostelero» u «horeca»), incluidos los clientes denominados «nacionales», la limitación de las inversiones y la publicidad en el mercado hostelero, a una nueva estructura de precios aplicable a los sectores hostelero y del comercio minorista y al intercambio de informaciones sobre ventas en estos dos sectores.

12 La Decisión impugnada declara que dicha infracción se mantuvo durante el período comprendido entre el 28 de enero de 1993 y el 28 de enero de 1998.

13 Por estimar que una serie de elementos le permitían concluir que la infracción había cesado, la Comisión no consideró necesario obligar a las empresas afectadas a poner fin a la infracción en virtud del artículo 3 del Reglamento nº 17.

14 En cambio, la Comisión consideró que procedía imponer, en virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, una multa a Interbrew y a la demandante por su participación en el acuerdo Interbrew/Alken-Maes.

15 A este respecto, la Comisión señaló, en la Decisión impugnada, que todos los participantes en el acuerdo Interbrew/Alken-Maes habían cometido la infracción de forma deliberada.

16 Para calcular el importe de las multas que debían imponerse, la Comisión siguió, en la Decisión impugnada, la metodología establecida en las Directrices y en la Comunicación sobre la cooperación.

17 La parte dispositiva de la Decisión impugnada tiene el siguiente tenor :

«Artículo 1

[Interbrew], [Alken-Maes] y [la demandante] han infringido el apartado 1 del artículo 81 CE al participar en un conjunto complejo de acuerdos y/o prácticas concertadas, referentes entre otras cosas a un pacto general de no agresión, a los precios y las promociones en el comercio minorista, al reparto de la clientela en el sector hostelero (que incluía la hostelería “clásica” y los clientes nacionales), a la limitación de las inversiones y la publicidad en el mercado hostelero, a una nueva estructura de precios aplicable a los sectores hostelero y del comercio minorista y al intercambio de informaciones sobre ventas en estos dos sectores, y todo ello durante el período del 28 de enero de 1993 al 28 de enero de 1998.

Artículo 2

Se imponen las multas siguientes a [Interbrew] y a [la demandante], en razón de las infracciones contempladas en el artículo 1:

a) a Interbrew NV: una multa de 45,675 millones EUR;

b) a Grupo Danone SA: una multa de 44,043 millones EUR.

[…]»

Procedimiento y pretensiones de las partes

18 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de febrero de 2002, la demandante interpuso el presente recurso.

19 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) decidió iniciar la fase oral. A tenor del artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia instó a las partes a aportar determinados documentos y responder a determinadas preguntas por escrito. Las partes respondieron a estos requerimientos dentro de los plazos señalados.

20 Mediante escrito de 30 de noviembre de 2004, la demandante solicitó al Tribunal de Primera Instancia, por una parte, incorporar a los autos la Decisión de la Comisión, de 29 de septiembre de 2004, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/C.37750/B2 – Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken), notificada con el número C (2004) 3597 final (en lo sucesivo, «Decisión Kronenbourg/Heineken») y, por otra, como diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, instar a la Comisión para que se pronunciara, antes o durante la vista, sobre los resultados de su investigación sobre posibles abusos de posición dominante de Interbrew en el mercado cervecero belga.

21 Mediante resolución de 3 de diciembre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia, por una parte, incorporó a los autos el referido escrito y comunicó a la Comisión que se le solicitaría, en la vista, que presentara sus observaciones sobre la petición de la demandante de que la Decisión Kronenbourg/Heineken se incorporase a los autos. Por otra parte, desestimó la petición de diligencia de ordenación del procedimiento por la que se solicitaba que la Comisión se pronunciara sobre los resultados de su investigación sobre posibles abusos de posición dominante de Interbrew en el mercado cervecero belga.

22 Los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas orales formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, fueron oídos en la vista celebrada el 8 de diciembre de 2004. La Comisión declaró, en la vista, que no se oponía a la petición de la demandante de incorporar a los autos la Decisión Kronenbourg/Heineken, lo que se llevó a cabo mediante resolución del Tribunal de Primera Instancia.

23 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule la Decisión impugnada sobre la base del artículo 230 CE y, con carácter subsidiario, reduzca la multa impuesta en el artículo 2 de dicha Decisión conforme a lo dispuesto en el artículo 229 CE.

– Condene en costas a la Comisión.

24 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

25 En apoyo de su recurso, la demandante formula ocho motivos. Dos motivos, formulados con carácter principal, tienen por objeto la anulación de la Decisión impugnada y se basan en la vulneración del derecho de defensa y del principio de buena administración (primer motivo), así como en la vulneración de la obligación de motivación (segundo motivo). Otros seis motivos, formulados con carácter subsidiario, persiguen la reducción del importe de la multa impuesta. Éstos se basan, respectivamente, en la evaluación errónea de la gravedad de la infracción para determinar el importe de partida de la multa vulnerando así los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y non bis in idem (tercer motivo); en la apreciación errónea de la duración de la infracción (cuarto motivo); en la falta de fundamento de la circunstancia agravante apreciada en razón de la presión ejercida sobre Interbrew (quinto motivo); en la apreciación infundada de la circunstancia agravante de reincidencia con respecto a la demandante (sexto motivo); en la apreciación insuficiente de las circunstancias atenuantes aplicables (séptimo motivo), y en una apreciación incorrecta del grado de cooperación de la demandante vulnerando así el principio de igualdad de trato y la Comunicación sobre la cooperación (octavo motivo).

A. Sobre las pretensiones de anulación de la Decisión impugnada

1. Sobre el motivo basado en la vulneración del derecho de defensa y del principio de buena administración

26 El motivo se articula en tres partes. En la primera, la demandante alega que no se le ofreció la posibilidad de examinar el contexto en el se produjo un documento utilizado por la Comisión como inculpatorio. En la segunda parte, señala que la Comisión no le permitió conocer, antes de la adopción de la Decisión impugnada, los elementos que se tuvieron en cuenta en el cálculo de la multa. Por último, en la tercera parte, la demandante alega que la falta de documentación de las reuniones celebradas entre la Comisión e Interbrew, así como la negativa de la Comisión a comunicarle la respuesta de Interbrew al pliego de cargos, constituyen no sólo una vulneración del derecho de defensa, sino también una vulneración del principio de buena administración.

a) Sobre la primera parte, basada en que no se ofreció a la demandante la posibilidad de examinar el contexto en el que se produjo un documento utilizado por la Comisión como inculpatorio

Alegaciones de las partes

27 La demandante alega que debe anularse la Decisión impugnada porque no se le ofreció la posibilidad de comentar y de impugnar el extracto de un documento del que la Comisión tomó inicialmente una copia en la empresa Heineken NV (en lo sucesivo, «Heineken») en el marco de una investigación conexa en los Países Bajos (en lo sucesivo, «documento Heineken»). Alega que la Comisión invocó este documento, en el considerando 55 de la Decisión impugnada, en apoyo de la conclusión de que la demandante ejerció una presión sobre Interbrew amenazándola con represalias en el mercado francés para obligarla a ampliar el ámbito del acuerdo. Precisa que el resto de los elementos tomados en consideración en apoyo de dicha conclusión, mencionados en el considerando 54 de la Decisión impugnada, se limitan a declaraciones unilaterales de Interbrew.

28 La demandante reconoce que el documento Heineken se cita en el pliego de cargos y que tuvo conocimiento de él cuando se le dio acceso al expediente. Sin embargo, la Comisión se limitó a indicar, en la Decisión impugnada, el lugar y las circunstancias de obtención del documento Heineken, dando crédito a dicho documento sin más formalidades, y no ofreció a la demandante la oportunidad de examinar el contexto en el que se produjo dicho documento.

29 De este modo, alega, no tuvo acceso a los escritos o notas internas anteriores o posteriores a dicho documento, en la medida en que no forman parte del expediente. No se aportó al expediente, según la demandante, ninguna prueba relacionada con dicho documento que se hubiera recabado durante la investigación en los Países Bajos, pese a la petición formulada por la demandante en este sentido. Tampoco se aportaron al expediente las observaciones formuladas, en su caso, por Heineken e Interbrew en relación con el alcance de dicho documento. Además, la correspondencia entre la Comisión y Heineken acerca de la confidencialidad del documento Heineken, que ha sido comunicada por la Comisión, no aporta, a juicio de la demandante, ninguna información adicional, ni demuestra que la propia Comisión dispusiera de los elementos necesarios para la interpretación de dicho documento.

30 A este respecto, la demandante formula dos motivos alternativos. Bien dichos elementos de interpretación existían y no han sido aportados al expediente, y el acceso que se permitió a éste ha sido irregular, vulnerando el derecho de defensa, o bien dichos elementos no existían e incumbía a la Comisión, en virtud de su deber de efectuar una investigación también exculpatoria, verificar la verosimilitud de la información contenida en el documento Heineken, tratando de determinar el contexto en el que éste se produjo.

31 La demandante sostiene que, en cualquier caso, su conocimiento de la identidad del autor y del contexto de la elaboración del documento Heineken podía dar lugar a que el procedimiento administrativo tuviera un resultado diferente, ya que, en su caso, habría podido demostrar la falta de autenticidad o de veracidad de dicho documento. En tal supuesto, las declaraciones individuales de Interbrew no habrían podido bastar para probar la supuesta presión ejercida sobre ésta. Por consiguiente, se produjo una vulneración del derecho de defensa, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, denominada «Cemento», asuntos acumulados T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 247).

32 La Comisión señala que la demandante tuvo acceso al documento Heineken, cuyo «contexto» pudo captar plenamente, y que, además, la demandante no invocó en ningún momento una vulneración del derecho de defensa durante el procedimiento administrativo. En cualquier caso, el documento Heineken no es el único elemento que prueba la amenaza lanzada a Interbrew por la demandante.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

33 Según jurisprudencia reiterada, el acceso al expediente en los asuntos sobre competencia tiene, en particular, por objeto permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, a fin de que puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que ésta haya llegado en su pliego de cargos, basándose en tales documentos (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container Line y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑191/98 y T‑212/98 a T‑214/98, Rec. p. II‑3275, apartado 334, y la jurisprudencia que en éste se cita). El acceso al expediente forma parte de las garantías del procedimiento destinadas a proteger el derecho de defensa y a asegurar, en particular, el ejercicio efectivo del derecho a ser oído (véase la sentencia Atlantic Container Line y otros/Comisión, antes citada, apartado 334, y la jurisprudencia que en éste se cita).

34 Por tanto, la Comisión está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, el conjunto de documentos inculpatorios o exculpatorios que recogió durante su investigación, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la institución y de otras informaciones confidenciales (véase la sentencia Atlantic Container Line y otros/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartado 335, y la jurisprudencia que en éste se cita).

35 Si se comprueba que, en la Decisión impugnada, la Comisión se basó en documentos inculpatorios que no figuraban en el expediente de la instrucción ni fueron comunicados a la demandante, debe prescindirse de dichos documentos como medios de prueba (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983, AEG/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartados 24 a 30, y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Cemento, citada en el punto 31 supra, apartado 382, y Atlantic Container Line y otros/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartado 338).

36 Por lo que respecta a los documentos que habrían podido contener pruebas en su descargo, procede señalar que, cuando dichos documentos figuran en el expediente de la instrucción de la Comisión, la posible declaración de una vulneración del derecho de defensa es independiente del comportamiento adoptado durante el procedimiento administrativo por la empresa de que se trate y de la cuestión de si dicha empresa estaba obligada a solicitar a la Comisión que le diera acceso a su expediente o que le transmitiera determinados documentos (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión, T‑30/91, Rec. p. II‑1775, apartado 96, y Atlantic Container Line y otros/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartado 340).

37 En cambio, por lo que se refiere a los documentos que habrían podido contener pruebas en su descargo y que no figuran en el expediente de instrucción de la Comisión, la demandante está obligada a presentar a la institución una solicitud expresa de acceder a dichos documentos y el hecho de no actuar así durante el procedimiento administrativo tiene un efecto preclusivo sobre este extremo por lo que respecta al recurso de anulación que se interponga, en su caso, contra la Decisión definitiva (sentencias Cemento, citada en el apartado 31 supra, apartado 383, y Atlantic Container Line y otros/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartado 340).

38 La procedencia de los motivos formulados por la demandante ha de examinarse a la luz de estos principios.

39 Con carácter previo, procede señalar que en ningún momento se ha cuestionado que el documento Heineken pasara por primera vez a manos de la Comisión durante la verificación efectuada por ésta, al amparo del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17, en los locales de Heineken en los Países Bajos, los días 22 y 23 de marzo de 2000, en el marco de un asunto distinto del caso de autos. La Comisión reclamó posteriormente a Heineken, el 14 de abril de 2000, en el marco del procedimiento administrativo relacionado con el presente asunto y mediante una solicitud de información, conforme al artículo 11 del Reglamento nº 17, el envío de una nueva copia del documento, que fue aportada al expediente.

40 Asimismo, ha de señalarse que la demandante reconoce que el documento Heineken se cita en el pliego de cargos y que tuvo conocimiento de éste al acceder al expediente durante el procedimiento administrativo. En lo que atañe concretamente a dicho documento, la demandante pudo, pues, ejercer efectivamente su derecho a ser oída.

41 Sin embargo, la demandante alega que no tuvo acceso a los eventuales escritos o notas internas que pudieron preceder la producción del documento Heineken o derivarse de éste y que podían contener pruebas exculpatorias.

42 No procede estimar el motivo que la demandante basa en que la Comisión se abstuvo de comunicarle tales escritos o notas internas que estaban en su poder. En efecto, ha de recordarse que, conforme a la jurisprudencia, la demandante sólo puede invocar una vulneración del derecho de defensa si ha presentado a la Comisión, durante el procedimiento administrativo, una solicitud expresa de acceder a los documentos de que se trate (véase el apartado 37 supra).

43 Pues bien, la demandante no presentó en ningún momento tal solicitud. En efecto, por un lado, en su respuesta al pliego de cargos, la demandante se limitó a afirmar en relación con el documento Heineken que «el valor probatorio de dicho documento parece dudoso [y que] ningún elemento en el [pliego de cargos] o en el documento permite a [la demandante] identificar a su autor o examinar su contexto». No cabe considerar dicha afirmación como una solicitud expresa de acceso a los escritos o notas internas de que se trata. Al ser preguntada sobre este particular en la vista por el Tribunal de Primera Instancia, la demandante confirmó, además, que la solicitud de acceso al expediente que había presentado durante el procedimiento administrativo era de carácter general. Por otro lado, en sus escritos de 24 y 28 de enero de 2002, la demandante se limita a formular, en términos muy generales y sin ninguna referencia expresa a los documentos controvertidos, una segunda solicitud de acceso al expediente, que se produce, en cualquier caso, después del cierre del procedimiento administrativo.

44 En lo que atañe al motivo que la demandante basa en que, en el supuesto de que la Comisión no tuviera en su poder ningún escrito o nota interna anterior o posterior a la producción del documento Heineken, ésta no verificó la veracidad del contenido de dicho documento incumpliendo así su obligación de imparcialidad, basta señalar que este motivo no guarda relación con la problemática del derecho de defensa. En efecto, la demandante solicita que se determine si la Comisión ha acreditado de manera suficiente lo que pretendía probar a través del documento Heineken en particular y si, en la medida en que dicho documento era necesario para la acreditación de dicha prueba, se ha acreditado de manera suficiente la veracidad de las declaraciones que recoge. Por lo tanto, la demandante pone en duda el carácter probatorio del documento Heineken, cuestión que carece de pertinencia en el examen del presente motivo, basado en una vulneración del derecho de defensa (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, ICI/Comisión, T‑37/91, Rec. p. II‑1901, apartado 72), y que será analizada más adelante en los apartados 260, 261, 271 a 273 y 284 a 290.

45 Por consiguiente, procede desestimar la primera parte del motivo.

b) Sobre la segunda parte, basada en que la Comisión no ha permitido a la demandante conocer, antes de la adopción de la Decisión impugnada, los elementos tenidos en cuenta en el cálculo de la multa

Alegaciones de las partes

46 La demandante invoca una vulneración del derecho de defensa como consecuencia del hecho de que la Comisión no le dio, en ningún momento, la posibilidad de conocer o de comentar los elementos que pretendía utilizar en la determinación del importe de la multa. Afirma que la Comisión se limitó a resumir en unas líneas, en el pliego de cargos, la metodología propuesta en las Directivas y nada en dicho pliego de cargos permitió a la demandante prever el tratamiento especialmente desfavorable que la Comisión le reservaba y la desigualdad de trato que de ello se derivaría en comparación con Interbrew.

47 La demandante precisa que nada en el pliego de cargos le indicó que la Comisión tenía la intención de invocar la reincidencia con respecto a ella, cuando dicha circunstancia agravante sólo se ha apreciado de forma errática en su práctica decisoria. Así, durante el año 2001, la Comisión condenó en varias ocasiones a empresas reincidentes sin invocar, no obstante, esta circunstancia agravante frente a ellas al efectuar la determinación de la multa. Así sucedió con la empresa F. Hoffmann-La Roche AG (en lo sucesivo, «Hoffmann-La Roche») en la Decisión 2003/2/CE de la Comisión, de 21 de noviembre de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/E‑1/37.512 – Vitaminas) (DO 2003, L 6, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión Vitaminas»), y en la Decisión 2002/742/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2001, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/E‑1/36.604 – Ácido cítrico) (DO 2002, L 239, p. 18; en lo sucesivo, la «Decisión Ácido cítrico»), así como con la empresa Stora Kopparbergs Bergslags AB (en lo sucesivo, «Stora»), aunque destinataria de la Decisión con un nombre diferente, en el asunto que dio lugar a la Decisión 2004/337/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, relativa a un procedimiento conforme al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/E‑1/36.212 – Papel autocopiativo) (DO 2004, L 115, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión Papel autocopiativo»), o incluso con la empresa Volkswagen AG (en lo sucesivo, «Volkswagen») en la Decisión 2001/711/CE de la Comisión, de 29 de junio de 2001, en un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/F‑2/36.693 – Volkswagen) (DO L 262, p. 14; en lo sucesivo, «Decisión Volkswagen II»). Pues bien, dicha diferencia de trato no está justificada a juicio de la demandante.

48 La omisión de tal indicación es tanto más perjudicial cuanto que, en el asunto que dio lugar a la Decisión 2002/405/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2001, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 82 del Tratado CE (COMP/E-2/36.041/PO – Michelin) (DO 2002, L 143, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión Michelin II»), en la que la Comisión apreció también como circunstancia agravante la reincidencia, se ofreció a la empresa afectada la posibilidad de exponer sus alegaciones sobre este particular antes de la adopción de la Decisión.

49 La Comisión alega que dispone de una facultad de apreciación en la fijación del importe de una multa y que indicó en el pliego de cargos todos los elementos que pretendía tomar en cuenta a tal efecto, entre ellos los requeridos por la exigencia de motivación. Añade que no estaba obligada a indicar su intención de tener en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia. En cualquier caso, afirma, la demandante no podía desconocer que las Directrices mencionan expresamente la reincidencia como circunstancia agravante, ni que había sido ya objeto en dos ocasiones de una declaración de infracción.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

50 Según jurisprudencia reiterada, desde el momento en que la Comisión indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas. Al actuar así, les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión, asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 21, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, ABB Asea Brown Boveri/Comisión, T‑31/99, Rec. p. II‑1881, apartado 78).

51 En lo que respecta a la determinación del importe de las multas, el derecho de defensa de las empresas afectadas está garantizado ante la Comisión a través de la posibilidad de presentar observaciones sobre la duración, la gravedad y la previsibilidad del carácter contrario a la competencia de la infracción. Además, existe una garantía adicional para las empresas en lo que se refiere a la fijación del importe de la multa, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia resuelve con competencia jurisdiccional plena y puede suprimir o reducir la multa, en virtud del artículo 17 del Reglamento nº 17 (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T‑83/91, Rec. p. II‑755, apartado 235, y, en este sentido, sentencia ABB Asea Brown Boveri/Comisión, citada en el apartado 50 supra, apartado 79).

52 En el presente asunto, procede señalar, en primer lugar, que la Comisión indicó, en el apartado 213 del pliego de cargos, a la vista de los hechos reprochados, su intención de imponer multas a las empresas destinatarias, entre ellas la demandante. En el apartado 214 del pliego de cargos, la Comisión añadió que, para determinar el importe de las multas que habían de imponerse, debía tener en cuenta todas las circunstancias del asunto y, en particular, la gravedad y la duración de la infracción. Además, la Comisión señaló, en el apartado 216 de dicho pliego, que, entre los hechos expuestos en el pliego de cargos, tendría en cuenta sobre todo el hecho de que las prácticas colusorias imputadas constituían una vulneración deliberada del artículo 81 CE, apartado 1.

53 Asimismo, la Comisión señaló, en dicho apartado 216, que los acuerdos de reparto de los mercados y de fijación de precios, según se describieron en el pliego de cargos, constituían, por su propia naturaleza, el tipo de vulneración más grave del artículo 81 CE, apartado 1. En el apartado 215 del pliego de cargos, precisó que tendría en cuenta, para apreciar la gravedad de la infracción, su naturaleza, su incidencia real en el mercado, cuando ésta sea mensurable, así como la dimensión del mercado geográfico afectado. Asimismo, señaló en el apartado 216 de dicho pliego, que determinaría el papel de cada empresa que hubiera participado en la infracción teniendo en cuenta, entre otros elementos, el papel desempeñado por cada una en los acuerdos secretos y la duración de cada una de esas participaciones en la infracción.

54 La Comisión precisó asimismo, en el apartado 217 del pliego de cargos, que el importe de la multa que se impondría a cada empresa reflejaría las posibles circunstancias agravantes o atenuantes, y que aplicaría, cuando procediera, la Comunicación sobre la cooperación. Por último, la Comisión señaló, en el apartado 218, que tenía intención de fijar el importe de las multas en un nivel suficiente para garantizar su efecto disuasorio.

55 De lo anterior resulta que, conforme a la jurisprudencia antes mencionada, la Comisión señaló expresamente en su pliego de cargos (apartados 213 a 218) su intención de imponer multas a las empresas destinatarias y los elementos de hecho y de Derecho que tendría en cuenta para el cálculo del importe de la multa que había que imponer a la demandante, de modo que, a este respecto, se respetó su derecho a ser oída.

56 En segundo lugar, por lo que respecta más concretamente a la circunstancia agravante de reincidencia apreciada contra la demandante, procede señalar, por un lado, que las Directrices citan como ejemplo de circunstancia agravante la reincidencia de una misma empresa en una infracción del mismo tipo y, por otro, que la Comisión señaló en el pliego de cargos que tendría en cuenta el papel desempeñado por cada empresa en los acuerdos secretos imputados y que el importe de la multa reflejaría las posibles circunstancias agravantes o atenuantes. En consecuencia, la demandante no podía desconocer que la Comisión apreciaría dicha circunstancia agravante si llegaba a la conclusión de que concurrían los requisitos para su aplicación.

57 En tercer lugar, por lo que se refiere específicamente a la alegación de que la demandante fue objeto de un trato discriminatorio en comparación con otras empresas reincidentes contra las que no se apreció dicha circunstancia agravante, procede señalar que el mero hecho de que, en la práctica de sus anteriores decisiones, la Comisión considerase que, para determinar la cuantía de la multa, ciertos elementos no constituían una circunstancia agravante no implica que esté obligada a emitir la misma apreciación en una decisión posterior (véanse en particular, por analogía, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, apartado 357; de 14 de mayo de 1998, Mayr-Melnhof/Comisión, T‑347/94, Rec. p. II‑1751, apartado 368, y de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartados 234 y 337). Por otro lado, como se desprende de las consideraciones expuestas en el apartado 56 supra, la posibilidad ofrecida, en el marco de otro asunto, a una empresa para pronunciarse sobre la intención de tomarle en cuenta una reincidencia no implica en modo alguno que la Comisión tenga la obligación de proceder de ese modo en todos los supuestos ni que, de no existir tal posibilidad, se impida a la demandante ejercer plenamente su derecho a ser oída.

58 Por consiguiente, debe desestimarse la segunda parte del motivo.

c) Sobre la tercera parte, basada en la falta de documentación de las reuniones celebradas entre la Comisión e Interbrew, así como en la negativa de la Comisión a comunicar a la demandante la respuesta de Interbrew al pliego de cargos

Alegaciones de las partes

59 La demandante alega, por un lado, que ni el pliego de cargos ni la Decisión impugnada contienen elementos precisos que le permitan apreciar el contenido y el alcance de las reuniones celebradas entre los agentes de la Comisión y los representantes de Interbrew, mencionadas en el considerando 34 de la Decisión impugnada. Además, no se aportó al expediente de la Comisión ninguna acta de dichas reuniones que, en el presente asunto, no se pusieron en conocimiento de la demandante antes de la adopción de la Decisión impugnada. Por otro lado, al denegarle, mediante escrito de 7 de febrero de 2002, el acceso a la respuesta de Interbrew al pliego de cargos, la Comisión vulneró su derecho de defensa y el principio de buena administración.

60 La demandante estima, en primer lugar, que no se le ofreció la posibilidad de verificar y, en su caso, impugnar las posibles declaraciones de Interbrew en las referidas reuniones que, sin embargo, podían haber tenido una influencia considerable en la apreciación por la Comisión de los hechos controvertidos y de la cooperación de las empresas objeto de la investigación.

61 A este respecto, la demandante sostiene, en particular, que la Comisión dio muestras de una actitud globalmente benévola con respecto a Interbrew, que contrasta con la severidad mostrada frente a ella. De este modo, el hecho de que, durante el procedimiento, no se mencionara la posición dominante de Interbrew que, sin embargo, dio lugar a la investigación, podría explicarse a la luz del contenido de las reuniones informales de que se trata. Añade que la mención, en la Decisión impugnada, de una conversación telefónica entre el Sr. L. B. (Alken-Maes) y el Sr. A. B. (Interbrew) el 9 de diciembre de 1996 no está confirmada en el expediente. Lo mismo sucede a su juicio, con el contenido comunicado de una reunión interna en Interbrew el 5 de mayo de 1994, en la que el Chief Executive Officer (en lo sucesivo, «CEO») de Interbrew (Sr. M.), es decir, su máximo directivo, reveló un plan, supuestamente conforme a la petición de la demandante, según el cual Interbrew debía transferir 500.000 hectolitros de cerveza a Alken‑Maes.

62 La demandante alega, en segundo lugar, que no tuvo acceso a la respuesta de Interbrew al pliego de cargos, ya que dicho acceso fue denegado por la Comisión. Explica que solicitó expresamente a la Comisión, mediante escritos de 24 y 28 de enero de 2002, un nuevo acceso al expediente, en particular a la respuesta de Interbrew al pliego de cargos, que la Comisión denegó mediante escrito de 7 de febrero de 2002.

63 La Comisión alega que la demandante conocía la existencia de las reuniones informales y que, durante el procedimiento administrativo, no solicitó en ningún momento el acceso a las eventuales actas de dichas reuniones, por otra parte inexistentes, y que, en cualquier caso, habrían carecido de utilidad. Todos los elementos de hecho contenidos en la Decisión impugnada se basaron en documentos del expediente, al que la demandante no ha negado nunca que tuvo acceso. La solicitud de acceso a los documentos formulada en virtud del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), fue retirada.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

64 En primer lugar, en lo que respecta a las reuniones informales con las partes, procede señalar que ni la demandante ni la Comisión cuestionan en sus escritos el hecho de que tales reuniones no dieron lugar al levantamiento de actas. Por tanto, esta parte del primer motivo relativo a las reuniones equivale a sostener que el respeto por la Comisión del derecho de acceso al expediente, en los asuntos sobre competencia, le obliga a levantar tales actas y ponerlas a disposición de las partes.

65 A este respecto, procede recordar que la jurisprudencia citada en los apartados 33 y 34 supra establece que el derecho de acceso al expediente en los asuntos sobre competencia tiene por objeto permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, con el fin de que el derecho a ser oído pueda ser ejercitado debidamente. Por tanto, la Comisión está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, el conjunto de documentos inculpatorios o exculpatorios que recogió durante su investigación, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la institución y de otras informaciones confidenciales.

66 Además, de la jurisprudencia se desprende que no existe, en cambio, ninguna obligación general, para la Comisión, de levantar acta de las discusiones que ha mantenido con el resto de las partes, en el marco de la aplicación de las normas sobre competencia del Tratado, durante las reuniones celebradas con éstas (véase, en este sentido, la sentencia Atlantic Container Line y otros/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartado 351).

67 Sin embargo, la inexistencia de dicha obligación no puede dispensar a la Comisión de las obligaciones que le incumben en materia de acceso al expediente. En efecto, no cabe admitir que la utilización de comunicaciones verbales con terceros menoscabe el derecho de defensa. De este modo, si la Comisión tiene intención de utilizar en su decisión un elemento inculpatorio comunicado verbalmente por otra parte, debe hacerlo accesible a la empresa afectada, a fin de que ésta pueda pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que la Comisión ha llegado basándose en tal elemento. En su caso, deberá elaborar para ello un documento escrito que ha de figurar en su expediente (véase, en este sentido, la sentencia Atlantic Container Line y otros/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartado 352).

68 En el presente asunto, procede señalar que, con excepción de dos alegaciones concretas, la argumentación de la demandante consiste en afirmar con carácter general, en primer lugar, que las reuniones informales pudieron tener una influencia importante en la apreciación de los hechos y de la colaboración de las empresas objeto de la investigación; en segundo lugar, que la Comisión mostró con respecto a Interbrew, durante el procedimiento, una actitud globalmente benévola que contrasta con la severidad con la que la Decisión impugnada la trata y, por último, que, si la información comunicada durante las reuniones informales era útil para Interbrew, dicha información no podía no afectar a su posición.

69 Esta alegación general, que no precisa por qué habría de entenderse que los elementos inculpatorios apreciados por la Comisión en la Decisión impugnada se basan en elementos comunicados durante reuniones informales, no puede acreditar la existencia de una vulneración del derecho de defensa, que debe ser examinada en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto (véase, en este sentido, la sentencia Solvay/Comisión, citada en el apartado 36 supra, apartado 60). En efecto, como se ha expuesto en el apartado 33 supra, el derecho de acceso al expediente en los asuntos sobre competencia se reconoce únicamente para permitir a las empresas afectadas pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que la Comisión ha llegado en su pliego de cargos. Ahora bien, puesto que la demandante no indicó, excepción hecha de dos alegaciones concretas examinadas más adelante, ningún cargo imputado en el pliego de cargos y después en la Decisión impugnada, basado en elementos comunicados verbalmente en reuniones informales a las que ella no tuvo acceso, no puede reprochar a la Comisión una vulneración del derecho de defensa en este punto (véase, en este sentido, la sentencia Atlantic Container Line y otros/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartados 353 y 354).

70 En lo que atañe a las dos alegaciones concretas antes mencionadas, según las cuales las referencias a una conversación telefónica de 9 de diciembre de 1996 y al contenido de una reunión interna de 5 de mayo de 1994 que aparecen en la Decisión impugnada sólo pueden tener su origen en el contenido de reuniones informales, procede examinar si los hechos de que se trata se basan en elementos concretos que figuran en el expediente.

71 En lo que respecta, en primer lugar, a la conversación telefónica de 9 de diciembre de 1996, a la que se hace referencia en el considerando 91 de la Decisión impugnada, procede señalar que el apartado 93 del pliego de cargos indica que «tras una reunión que [se celebró] el 19 de septiembre, el Sr. L. B. (Alken-Maes) mantuvo, el 9 de diciembre de 1996, una conversación telefónica con el Sr. A. B. (Interbrew)». Esta frase viene acompañada por la nota 116 a pie de página que indica: «Escrito de Alken-Maes de 7 de marzo de 2000 y sus anexos 42 y 44 ([páginas] 7884, 8513, y 8528 a 8530 [del expediente de la Comisión]), que contiene referencias a los siguientes documentos: verificación efectuada por Alken-Maes, documento AvW19 ([páginas] 150 a 153 [del expediente de la Comisión]) y documento MV17 ([páginas] 532 a 541 [del expediente de la Comisión])». Las mismas referencias aparecen en la Decisión impugnada, en la nota a pie de página 123, que se corresponde con el considerando 91.

72 En respuesta a una cuestión escrita del Tribunal de Primera Instancia mediante la que se solicitaba que precisara los elementos que le llevaron a concluir que tuvo lugar una conversación telefónica el 9 de diciembre de 1996, sobre los precios de Interbrew, entre el Sr. L. B. (Alken-Maes) y el Sr. A. B. (Interbrew), la Comisión respondió que había llegado a dicha conclusión basándose en la página 8513 del expediente de la Comisión, que constituye la última página del anexo 42 del escrito de Alken-Maes a la Comisión de 7 de marzo de 2000.

73 El análisis de este documento, que consiste en notas manuscritas del Sr. L. B. (Alken-Maes), pone de manifiesto que aunque no se menciona en él ninguna conversación telefónica mantenida el 9 de diciembre de 1996, dicho documento contiene, en cambio, varias anotaciones, que es evidente que se realizaron después de su redacción inicial, que sirven aparentemente de respuesta a las preguntas redactadas inicialmente sobre las condiciones de precios de Interbrew. Pues bien, tres de estas anotaciones incluyen la fecha «(9/12/96)» y dos de ellas la abreviatura «IB» (Interbrew), y una de ellas incluye, además, las iniciales del Sr. A. B. (Interbrew).

74 Por lo tanto, procede concluir, en primer lugar, que la mención de la existencia de un contacto, el 9 de diciembre de 1996, entre Interbrew y Alken-Maes sobre las condiciones de precios de Alken-Maes figura efectivamente en el pliego de cargos y que la existencia del contacto al que se refiere la Comisión está respaldada por un documento que, por figurar en el expediente, fue accesible para la demandante, ya que fue facilitado por su antigua filial Alken-Maes a la Comisión. El hecho de que el contacto fuera telefónico o no carece de importancia desde el punto de vista del ejercicio del derecho a ser oído, ya que, aunque sea lamentable que la afirmación de la Comisión sobre este particular carezca de respaldo, el derecho de la demandante a ser oída se refería a la cuestión de si existió un contacto y, en su caso, a su contenido, y no al carácter telefónico o no de tal contacto, ya que dicho aspecto no repercute de ningún modo en la determinación de su naturaleza infractora.

75 En segundo lugar, en cuanto a la afirmación contenida en el considerando 53 de la Decisión impugnada, a saber que el «planteamiento» revelado por el CEO de Interbrew en una reunión interna el 5 de mayo de 1994 «se [ajustaba] a la solicitud de Danone/Kronenbourg», es decir, que Interbrew cediera «500.000 hectolitros a Alken-Maes (en particular, en el comercio minorista)», procede señalar que el apartado 55 del pliego de cargos indica que, «en una reunión interna en Interbrew, [el Sr. M.] revela el planteamiento siguiente, que se corresponde con la solicitud de Danone/Kronenbourg. Interbrew debía ceder 500.000 hectolitros a Alken‑Maes (en particular, en el comercio minorista)» y que si «Interbrew no accedía a dicha petición, Interbrew Francia sería destruida con la complicidad de Heineken, y se atacaría a Interbrew en Bélgica con unos precios muy bajos». El apartado 56 a continuación precisa que «el planteamiento presentado por Kronenbourg fue examinado en una reunión interna de Interbrew el 5 de mayo de 1994». El apartado 55 del pliego de cargos está completado por dos notas 35 y 36 a pie de página, que hacen referencia a una carta de Interbrew de 28 de febrero de 2000 y a su anexo 18 (página 7683 del expediente de la Comisión). Las mismas referencias documentales aparecen en la Decisión impugnada, en el considerando 53.

76 A este respecto, ha de señalarse que el anexo 18 de la carta de Interbrew de 28 de febrero de 2000, que consiste en una declaración de M. C. de Interbrew, contiene en la página 2 de dicha declaración la frase siguiente:

«[El Sr. M.] nos mencionó, durante una reunión interna (el 5 de mayo de 1994), el planteamiento en que consistía la petición de Kronenbourg. En sustancia, KRO ejercía un chantaje para que ITW transfiriera 500.000 [hectolitros] a AM (sobre todo, en el sector de la “alimentación”). Si no, destruirían a ITW-Francia con la complicidad de Heineken y atacarían a ITW-Bélgica con precios muy bajos.»

77 Por consiguiente, hay que señalar que la afirmación contenida en el considerando 53 de la Decisión impugnada y en los apartados 55 y 56 del pliego de cargos reproduce, en sustancia, el contenido de una información facilitada por escrito por Interbrew, que consta en el expediente y que, por tanto, fue accesible para la demandante. Por ello, ésta no puede invocar el hecho de que, en lo que respecta a la afirmación contenida en el considerando 53 de la Decisión impugnada, no pudo hacer valer de manera efectiva su derecho a ser oída.

78 De cuanto antecede resulta, por un lado, que las afirmaciones supuestamente procedentes de reuniones informales con Interbrew figuraban en el pliego de cargos y, por otro, que se basaban, en cualquier caso, en la medida en que eran necesarias para acreditar una vulneración del artículo 81 CE, apartado 1, en documentos a los que la demandante tuvo acceso. En consecuencia, debe concluirse que la demandante pudo pronunciarse debidamente sobre dichas afirmaciones y que se respetó su derecho a ser oída.

79 En segundo lugar, por lo que se refiere a la alegación de que, vulnerando el derecho de defensa, se denegó a la demandante el acceso a los documentos que figuran en el expediente después de que ésta tuviera acceso al mismo el 5 de octubre de 2002, en particular a la respuesta de Interbrew al pliego de cargos en cuanto ésta hubiera podido contener elementos exculpatorios, basta recordar que la solicitud de acceso a los documentos adicionales del expediente fue presentada mediante escritos de 24 y 28 de enero de 2002, después del cierre del procedimiento administrativo. Pues bien, el hecho de no presentar dicha solicitud durante el procedimiento administrativo tiene un efecto preclusivo sobre este extremo por lo que respecta al recurso de anulación que se interponga posteriormente (véase, en este sentido, la sentencia Cemento, citada en el apartado 31 supra, apartado 383). Por tanto, procede desestimar dicha alegación.

80 En cuanto a la solicitud de acceso formulada el 4 de marzo de 2002 en virtud del Reglamento nº 1049/2001, basta señalar que el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento dispone que «en caso de denegación total o parcial, el solicitante podrá presentar, en el plazo de 15 días laborables a partir de la recepción de la respuesta de la institución, una solicitud confirmatoria a la institución con el fin de que ésta reconsidere su postura». Pues bien, como consecuencia de la negativa de la Comisión, el 26 de marzo de 2002, a admitir la solicitud de acceso de la demandante, procede señalar que ésta, al no presentar una solicitud confirmatoria en los plazos previstos, tal como señaló en la vista en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, retiró su solicitud de 4 de marzo de 2002.

81 De ello se sigue que la tercera parte del motivo debe desestimarse al igual que, en consecuencia, la totalidad del mismo.

2. Sobre el motivo basado en la vulneración de la obligación de motivación

a) Alegaciones de las partes

82 La demandante alega que la Decisión impugnada adolece de una insuficiencia de motivación en la medida en que, por un lado, no contiene ninguna definición de los mercados pertinentes, pese a que se trata de un requisito necesario y previo para cualquier apreciación de un comportamiento contrario a la competencia y, por otro, se limita a una simple referencia, para el cálculo del importe de la multa, a las Directrices, sin indicar el alcance exacto de los criterios utilizados para la determinación del importe de la multa que se le impone.

83 Precisa que, en primer lugar, la Decisión impugnada adolece de insuficiencia de motivación en la medida en que, en contra de la exigencia establecida por la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, SIV y otros/Comisión, denominada «Vidrio plano», asuntos acumulados T‑68/89, T‑77/89 y T‑78/89, Rec. p. II‑1403, apartado 159), no se basa en una definición adecuada del mercado pertinente en el presente asunto, sino únicamente en la comprobación de la existencia de un «mercado de la cerveza belga». Afirma que la Comisión se equivoca al obviar un análisis del alcance geográfico exacto del o de los mercados de referencia, así como de la posible sustituibilidad de los distintos productos cerveceros. La sustitución que la Comisión lleva a cabo, en su escrito de contestación, del «mercado de la cerveza belga» por la expresión «sector de la cerveza en Bélgica» no responde, según la demandante, a su objeción según la cual, en el presente asunto, la definición del mercado era consustancial a la definición de la infracción. La definición de los mercados geográficos mencionados, a saber los mercados belga y francés, no está, a su juicio, suficientemente documentada en la Decisión impugnada.

84 Añade que la Comisión tuvo en cuenta elementos de hecho relacionados con el mercado francés sin considerar necesario el análisis de su alcance desde el punto de vista de las características específicas de dicho mercado. En particular, precisa, la Comisión se basa sobre una supuesta amenaza de represalias en el mercado francés lanzada por la demandante contra Interbrew, pese a que la existencia de ese comportamiento restrictivo de la competencia sólo puede determinarse después de comprobar una determinada incidencia en un mercado correctamente definido.

85 La demandante aduce que, en el presente asunto, determinados hechos utilizados en apoyo de la declaración de la infracción que constituye el objeto de la Decisión impugnada, entre ellos la reunión de 11 de mayo de 1994, la conversación telefónica de 6 de julio de 1994 y la reunión de 17 de abril de 1997, tenían, según la Comisión, un objeto más amplio que Bélgica. Además, a juicio de la demandante, la interacción entre Francia y Bélgica y la similitud de los comportamientos en los dos países, fueron, según la Comisión, elementos importantes de la infracción, en particular en lo que respecta a la amenaza alegada.

86 A este respecto, alega la demandante, la opción de la Comisión de tratar en marcos distintos comportamientos que presentan similitudes se aparta de su práctica tradicional consistente en declarar en una sola decisión diferentes comportamientos infractores, cuando existe un vínculo entre ellos como consecuencia de la identidad de las partes del acuerdo, la similitud de los mecanismos de la práctica colusoria en diferentes países o incluso la interacción entre diferentes territorios o productos [véase, por ejemplo, la Decisión 96/478/CE de la Comisión, de 10 de enero de 1996, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/34.279/F3 – ADALAT) (DO L 201, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión ADALAT»), y las Decisiones Vitaminas y Papel autocopiativo].

87 Sobre esa base, la demandante señala que la opción de adoptar varias decisiones la coloca en una situación de inseguridad jurídica y tiene por efecto permitir a la Comisión inflar artificialmente, como consecuencia de la aplicación reiterada de importes de partida y, en su caso, de coeficientes multiplicadores, el importe total de las multas impuestas por un determinado conjunto de hechos, sin que las empresas afectadas hayan tenido la posibilidad de comprender por qué los comportamientos eran distintos y por qué motivos constituían infracciones independientes.

88 En segundo lugar, la Decisión impugnada también adolece, según la demandante, de insuficiencia de motivación en cuanto al cálculo del importe de la multa. Al limitarse a una simple referencia, en el considerando 294 de la Decisión impugnada, a la metodología definida por las Directrices, pese a que éstas tienen como finalidad «asegurar la transparencia y el carácter objetivo de las Decisiones de la Comisión, de cara tanto a las empresas como al Tribunal de Justicia», la Comisión incumplió, según la demandante, la obligación de motivación que le incumbe y vulneró el principio de seguridad jurídica.

89 Dado que la motivación del importe de la multa se basa en una metodología que consiste en tomar una cantidad como punto de partida y aplicar determinadas correcciones, es esencial, según la demandante, que la Comisión precise de manera suficientemente detallada el alcance de los criterios que intervienen en el cálculo del importe de la multa, para cumplir con la finalidad de la obligación de motivación, a saber, permitir que la demandante aprecie la coherencia y la legalidad de la fijación del importe de la multa para defender sus derechos, que el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia ejerzan su control, y que cualquier interesado conozca las condiciones de aplicación del Tratado CE por la Comisión.

90 La demandante expone que,