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iv)

parte 1: al considerar que un elemento de interés esencial para el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia manifiestamente no había sido debidamente impugnado y que por tanto era probado (por suponer erróneamente que la Comisión no habría impugnado el hecho de que la demandante hubiera adoptado medidas contables y decisiones financieras y económicas que no pueden ser modificadas en un plazo de 15 meses; (decisión recurrida, apartado 137); parte 2: al estimar que una empresa que solamente ha formulado una solicitud para acogerse a un régimen de ayudas puede invocar la confianza legítima (sentencia recurrida, en particular, apartados 125 a 140);
175.

Además, hay que destacar que para la Comisión –a diferencia de lo que ocurre a raíz de una cooperación reforzada con arreglo al artículo 20 TUE– no existe obligación alguna de asumir las funciones previstas para ella en el Tratado MEDE. La jurisprudencia citada del Tribunal de Justicia no debe entenderse en el sentido de que los Estados miembros puedan obligar a la Comisión a actuar fuera del marco de la Unión, ya que para la Comisión como institución de la Unión tal obligación sólo puede derivarse de las funciones reguladas en Derecho de la Unión. A ello hay que añadir que la Comisión, conforme al artículo 17 TUE, apartado 3, párrafo tercero, ejerce sus responsabilidades con plena independencia y que sus miembros no pueden aceptar instrucciones de ningún Gobierno o institución. También los Estados miembros de la zona del euro parecen partir de este planteamiento cuando se refieren, en el décimo considerando del Tratado MEDE, a la autorización de todos los Estados miembros de la Unión para «pedir» a la Comisión ( 38 ) que efectúe las tareas previstas en dicho Tratado. Por tanto, el Tratado MEDE no parte de la idea de que la Comisión está obligada a ello.
142

El Consejo señala que los artículos 78 TFUE, apartado 2, y 82 TFUE, apartado 2, conllevan la aplicación del Protocolo n.o 21 y el Protocolo (n.o 22) sobre la posición de Dinamarca, anexo al Tratado UE y al Tratado FUE (en lo sucesivo, «Protocolo n.o 22»). Pues bien, como el Reino de Dinamarca no está vinculado por ninguno de los actos de Derecho derivado pertinentes para la celebración del Convenio de Estambul, la aplicabilidad del Protocolo n.o 22 no ha entrañado ninguna dificultad particular. En cambio, dado que Irlanda participa en la cooperación judicial en materia penal establecida por las Directivas 2011/36 y 2011/93, pero no está vinculada por las Directivas 2011/95, 2013/32 y 2013/33, relativas al derecho de asilo, este Estado miembro debía participar en la adopción de la Decisión de firma 2017/865, pero no, en virtud de los artículos 1, 3 y 4 del Protocolo n.o 21, en la adopción de la Decisión de firma 2017/866, de modo que fue necesario adoptar dos decisiones de firma separadas. La República de Bulgaria, Irlanda, la República Francesa y la República Eslovaca comparten este análisis.
El artículo 91 del Reglamento de Procedimiento no puede aplicarse en el marco de la función consultiva atribuida al Tribunal de Justicia por el artículo 228 del Tratado. En efecto, la finalidad del artículo 91 es permitir al Tribunal de Justicia resolver determinadas excepciones e incidentes antes de que las partes inicien el debate sobre el fondo del asunto. Es evidente que este objetivo no tiene cabida en el marco del procedimiento de dictamen. No obstante, si un Estado miembro o una Institución facultada para presentar observaciones formula objeciones a la admisibilidad de la solicitud, corresponde al Tribunal de Justicia examinar dicha admisibilidad.
7

Esta obligación particular, prevista con arreglo al párrafo segundo del artículo 234 del Tratado, explica y justifica la participación de los seis Estados indicados en el Acuerdo, al lado de la Comunidad. Precisamente gracias a esta obligación se eliminará el obstáculo que la existencia de determinadas disposiciones de los Convenios de Mannheim y de Luxemburgo supone para la aplicación del régimen proyectado por el Acuerdo. Debe considerarse que la participación de estos Estados en el Acuerdo sólo tiene este objetivo y no es necesaria para realizar los demás aspectos del régimen. Efectivamente, conforme al artículo 4 del Acuerdo, la fuerza vinculante de este acto y del Estatuto se extiende a los territorios del conjunto de los Estados miembros, incluyendo aquellos que no son parte del Acuerdo; por consiguiente, se puede afirmar que —aparte de la obligación particular que se acaba de citar— los efectos jurídicos del Acuerdo para los Estados miembros resultan, conforme al párrafo segundo del artículo 228 del Tratado, exclusivamente de la celebración de éste por la Comunidad. En estas circunstancias, no puede considerarse que la participación de los seis Estados miembros como Partes Contratantes en el Acuerdo invada la competencia externa de la Comunidad. Por consiguiente, no se puede llegar a la conclusión de que este elemento del Acuerdo proyectado sea incompatible con el Tratado.
37.

En segundo lugar, ciertamente, la práctica administrativa tal como es descrita por el órgano jurisdiccional remitente y después por el Gobierno danés no revela la existencia de una práctica de denegación sistemática de solicitudes de permiso de residencia a efectos de reagrupación familiar ( 31 ) en la medida en que el cónyuge no cumple el requisito de haber superado el examen de lengua. Sin embargo, ello no convierte necesariamente dicha práctica en proporcionada. Se requiere, además, que existan verdaderas posibilidades de eximir de este requisito. De los autos se desprende que estos supuestos son muy limitados y nunca permiten tener suficientemente en cuenta las circunstancias particulares que rodean a cada solicitud de reagrupación familiar y relativas a la persona del propio solicitante. Así, ya he demostrado que, incluso en el caso de un cónyuge que domine perfectamente la lengua del Estado de acogida, su solicitud de permiso de residencia a efectos de reagrupación familiar sería desestimada si el trabajador turco ya residente en dicho Estado no estuviera en condiciones de acreditar que ha superado el examen de idioma. Ello ilustra, a mi juicio, el hecho de que no se prevén verdaderas excepciones o, cuando menos, que no se toman suficientemente en cuenta las circunstancias particulares de cada asunto. ( 32 )
75.

La facultad de dictar órdenes conminatorias supone la posibilidad, reconocida al juez, de requerir a una parte para que proceda a hacer o no hacer el acto que el propio juez determina, en su caso, so pena de una multa conminatoria. ( 37 ) Así, el juez que conoce de un litigio puede ordenar a un particular o a la Administración que adopte alguna medida en un sentido determinado cuando la sentencia implique necesariamente que una de las partes del litigio adopte tal medida. En la actualidad, el principio según el cual el juez nacional puede dictar órdenes conminatorias no es objeto de ninguna normativa de la Unión. Además, este principio no se aplica de manera uniforme en los Estados miembros, en particular cuando la orden conminatoria se dirige contra la Administración.
44.

De este modo, los artículos 18 TFUE y 21 TFUE no se oponen a que el Estado miembro requerido establezca una distinción, basándose en una norma de Derecho constitucional, entre sus nacionales y los nacionales de otros Estados miembros y autorice la extradición de estos últimos a efectos del ejercicio de acciones penales, pese a no permitir la extradición de sus propios nacionales, siempre que las autoridades competentes del Estado miembro del que un ciudadano de la Unión es nacional hayan podido reclamarlo previamente en el marco de una orden de detención europea y este último Estado miembro no haya adoptado ninguna medida en este sentido. ( 31 ) Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no ha creado un mecanismo que permita al Estado miembro requerido negarse, en cualquier circunstancia, a que el ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho a la libre circulación sea extraditado a un Estado tercero a efectos del ejercicio de acciones penales, sino que ha establecido el requisito de que ese Estado miembro coopere de manera efectiva con el Estado miembro de origen de dicho ciudadano a fin de que este último Estado pueda emitir una orden de detención europea.
28.

Dado que en el presente caso la autoridad competente para conceder el permiso no consideró que se tratara de una modificación sustancial, no se produjo ninguna participación pública. Si resulta que esta apreciación fue correcta, parece que, según el Derecho checo, los recurrentes no podrían impugnar el permiso controvertido. La petición de decisión prejudicial no contiene elementos que permitan sostener otro tipo de acciones al amparo del Derecho de la Unión. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente debe averiguar si el permiso controvertido se refería a una modificación sustancial.
10.

El artículo 12 del Decreto Legge n.o 132 — Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (Decreto Ley n.o 132, de medidas urgentes de desjudicialización y otras intervenciones para reducir la acumulación de asuntos en el orden civil; en lo sucesivo, «Decreto Ley n.o 132/2014»), ( 6 ) de 12 de septiembre de 2014, convertido en ley, con modificaciones, mediante la Ley n.o 162 de 10 de noviembre de 2014 (en lo sucesivo, «Ley n.o 162»), establece: «1. Los cónyuges, con la asistencia opcional de un abogado, podrán celebrar ante el alcalde —en su condición de funcionario del registro civil con arreglo al artículo 1 del Decreto n.o 396 del Presidente de la República de 3 de noviembre de 2000— del municipio de residencia de uno de ellos o del municipio donde esté registrado el matrimonio, un acuerdo de separación o, en los casos previstos en el artículo 3, apartado 2, letra b), párrafo primero, de la Ley n.o 898 de1 de diciembre de 1970, un acuerdo de disolución del matrimonio o de cesación de los efectos civiles de este, o bien un acuerdo de modificación de las condiciones de la separación o el divorcio. 2. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán cuando los cónyuges tengan hijos menores o hijos mayores de edad legalmente incapaces o gravemente discapacitados, en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Ley n.o 104 de 5 de febrero de 1992, o económicamente dependientes. 3. El funcionario del registro civil recibirá de cada una de las partes, con la asistencia opcional de un abogado, una declaración personal en la que la parte correspondiente exprese su deseo de separarse, de que cesen los efectos civiles del matrimonio o de que se disuelva el matrimonio de conformidad con las condiciones acordadas entre las partes. Lo mismo se aplicará a toda modificación de las condiciones de la separación o el divorcio. El acuerdo no podrá contener disposiciones relativas a transmisiones de patrimonio. El documento en el que se plasme el acuerdo se redactará y se firmará inmediatamente después de la toma de declaración a la que se refiere este apartado. En los casos mencionados en el apartado 1, el acuerdo equivaldrá a una resolución judicial en la que se ponga fin al procedimiento de separación, de cesación de los efectos civiles del matrimonio, de disolución del matrimonio o de modificación de las condiciones de la separación o el divorcio. En el caso de separación o de cesación de los efectos civiles del matrimonio o de disolución del matrimonio de mutuo acuerdo, el funcionario del registro civil, una vez recibidas las declaraciones de los cónyuges, les invitará a comparecer ante él no antes de treinta días desde la toma de declaración, al objeto de ratificar el acuerdo y con el fin de aportar los acuerdos mencionados en el apartado 5. La incomparecencia implicará la no ratificación del acuerdo. […]»
12.

El artículo 45b de la Vw 2000 tiene el siguiente tenor: «1. La solicitud de concesión de un permiso de residencia de residente de larga duración ‐ UE será denegada cuando, inmediatamente antes de la presentación de la solicitud, el extranjero: a. disponga de un derecho de residencia temporal en virtud de un permiso de residencia de duración determinada previsto en el artículo 14; b. disponga de un derecho de residencia limitado formalmente; c. resida en virtud de un estatuto especial privilegiado; d. resida en virtud de un permiso de residencia de duración determinada previsto en el artículo 28 que no haya sido concedido al amparo del artículo 29, apartado 1, letras a) o b); e. resida, en virtud de un permiso de residencia de duración determinada previsto en el artículo 28 concedido al amparo del artículo 29, apartado 2, en el domicilio de un extranjero que tiene un permiso de residencia previsto en el artículo 28 no concedido con arreglo al artículo 29, apartado 1, letras a) o b). 2. Sin perjuicio del apartado 1, la solicitud de concesión de un permiso de residencia de residente de larga duración ‐ UE solo podrá ser denegada cuando el extranjero: a. no haya tenido, durante cinco años ininterrumpidos inmediatamente antes de la presentación de la solicitud, la residencia legal a que se refiere el artículo 8, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 3; b. durante el período previsto en la letra a), haya residido fuera de los Países Bajos seis o más meses consecutivos, o un total de diez o más meses; c. no disponga de manera independiente y duradera de medios suficientes de subsistencia, conjuntamente o no con el miembro de la familia con el que resida; d. haya sido condenado por sentencia firme a causa de infracciones castigadas con una pena de prisión de tres o más años, o bien se la haya impuesto la medida prevista en el artículo 37a del [Código Penal]; e. represente un peligro para la seguridad nacional; f. no disponga de un seguro de enfermedad suficiente para sí mismo y para los miembros de su familia a su cargo; o g. no haya superado el examen previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), de la [Ley de Integración Civil] o no haya obtenido un diploma, certificado u otro de los documentos que se mencionan en el artículo 5, apartado 1, letra c), de dicha Ley. 3. Para el cómputo del período señalado en el apartado 2, letra a), no se tendrá en cuenta la residencia conforme al apartado 1 ni la residencia con arreglo al apartado 2, letra b), con excepción de la residencia con fines de estudios o de formación profesional, que se contabilizará al 50 %. 4. Mediante acto administrativo general o en virtud del mismo, podrán establecerse normas relativas a la aplicación de los apartados 1 y 2.»
127.

Si los acuerdos de acción concertada de que aquí se trata no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24, ( 117 ) lo cual corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, ello no significa sin embargo que queden necesariamente excluidos del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que estos acuerdos de acción concertada pueden no obstante estar sujetos a las libertades fundamentales y a los principios generales del Derecho de la Unión, en particular los principios de igualdad de trato y no discriminación por razón de la nacionalidad y el resultante deber de transparencia, siempre que presenten una cierta dimensión transfronteriza. ( 118 ) Por otro lado, con sujeción a esta condición, dichas libertades fundamentales y principios son de aplicación si no se realiza elección alguna entre los operadores interesados. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, a diferencia de la Directiva 2014/24, la libertad de establecimiento y el principio de igualdad de trato se aplican a distintos sistemas de concesión en que no se realiza elección. ( 119 )
12.

El artículo 97a, en su versión aplicable al litigio principal, preceptúa: «1) Antes de iniciar un procedimiento judicial, el perjudicado debe ( 6 ) dirigir al infractor un requerimiento instándole a cesar en la conducta de que se trate y ofrecerle la posibilidad de resolver el litigio asumiendo el compromiso de abstenerse de realizar dichas actuaciones, junto con una penalización contractual adecuada. 2) El requerimiento deberá, de manera clara y comprensible: 1. indicar el nombre o la denominación social del perjudicado, si no es el propio perjudicado sino un representante quien expide el requerimiento; 2. describir exactamente la vulneración de un derecho; 3. presentar un cálculo detallado de las reclamaciones de pago según se trate de una indemnización por daños y perjuicios o del reembolso de gastos; y 4. en caso de que se exija un compromiso de abstenerse de realizar determinadas actuaciones, indicar en qué medida el compromiso propuesto va más allá del menoscabo que constituye el objeto del requerimiento. Un requerimiento que no se ajuste a la primera frase no producirá efectos. 3) En la medida en que el requerimiento esté justificado y conforme al apartado 2, primera frase, puntos 1 a 4, podrá exigirse el reembolso de los gastos necesarios. Por lo que respecta a la utilización de los servicios de un abogado, el reembolso de los gastos necesarios se limita, en cuanto a los honorarios legales, a un importe correspondiente a un valor controvertido de 1000 euros por una acción de prohibición y de cesación, cuando la persona requerida: 1. sea una persona física que no utilice obras protegidas en virtud de la presente Ley u otros objetos protegidos en virtud de la presente Ley para su actividad comercial o profesional independiente, y 2. no esté ya obligada a cesar en determinadas actuaciones como consecuencia de un derecho contractual de la persona que expide el requerimiento o a causa de una resolución judicial firme o de una orden cautelar. El valor indicado en la segunda frase se aplicará también si paralelamente se invoca un derecho de prohibición y un derecho de cesación. La segunda frase no se aplicará si dicho valor no es equitativo en las circunstancias particulares del caso concreto».
13.

El Amtsgericht Düsseldorf (Tribunal de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) desestimó el recurso de los pasajeros afectados. Dicho órgano jurisdiccional declaró, por una parte, que, si bien se había modificado la hora de salida del vuelo, no se había abandonado la programación inicial de dicho vuelo. Por otra parte, consideró que, en todo caso, se había informado a estos pasajeros de la modificación de la hora de salida en el plazo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra c), inciso ii), del Reglamento citado, que es de entre dos semanas y siete días antes de la hora de salida prevista. Asimismo, dicho órgano jurisdiccional señaló que no era necesario examinar la cuestión de si Corendon Airlines había cumplido su obligación de informar sobre los derechos de los pasajeros afectados en el litigio principal en virtud del artículo 8 del mismo Reglamento, puesto que un posible incumplimiento de la obligación de información no genera un derecho a compensación con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 261/2004.
60.

En segundo lugar, el artículo 10, apartado 1, letra a), de la Directiva 2014/40, que dispone que todas las unidades de envasado, así como todo embalaje exterior, de los productos del tabaco para fumar incluirán advertencias sanitarias combinadas, describe dicha advertencia afirmando que estas constarán de una de las advertencias de texto y de «la correspondiente fotografía en color». El artículo 2, apartado 33, de dicha Directiva, que define la advertencia sanitaria combinada, emplea la expresión «fotografía o ilustración». Así pues, al mencionar la «fotografía», los artículos 2, apartado 33, y 10, apartado 1, letra a), no emplean el término «imagen», como hace el artículo 8, apartado 8, sino un término diferente («fotografía o ilustración»). Esto apunta a que el concepto de «imagen» en el sentido del artículo 8, apartado 8, de la Directiva 2014/40 no se limita a las fotografías de las unidades de envasado. Lo mismo ocurre con la versión francesa de los artículos 2, apartado 33, y 10, apartado 1, letra a), que emplea los términos «photo ou […] illustration» y «photographie», y no «image», como en el artículo 8, apartado 8, y con la versión alemana de los artículos 2, apartado 33, y 10, apartado 1, letra a), que emplean los términos «Fotografie oder Illustration» y «Farbfotografie», y no «Bild», como sucede en el artículo 8, apartado 8. Esta circunstancia no es tan cierta en el caso de la versión italiana de los artículos 2, apartado 33, y 10, apartado 1, letra a), que emplea los términos «fotografia o […] illustrazione» y «fotografia», cuando en el artículo 8, apartado 8, se emplea «illustrazione». Sin embargo, en general, estas distintas versiones lingüísticas de los artículos 2, apartado 33, y 10, apartado 1, letra a), parecen utilizar uno o varios términos diferentes cuando se refieren a una fotografía real.
72.

Como he recordado, la Directiva 2006/112 no determina el método de cálculo de la prorrata de los costes que corresponde a la actividad no gravada. Por consiguiente, esta determinación incumbe al Derecho nacional de los Estados miembros. Comparto el planteamiento de la Comisión, recogido en su respuesta a la pregunta del Tribunal de Justicia, con arreglo al cual los Estados miembros pueden, pero no tienen por qué, aplicar a este respecto por vía de analogía las reglas establecidas en los artículos 173 a 175 de esa Directiva para las operaciones gravadas y las operaciones exentas.
20.

Paralelamente, la demandante alega asimismo que no se le pueden exigir los intereses de demora por el período comprendido entre la fecha en que venció la deuda del IVA de la empresa proveedora y la fecha en que se emitió la declaración de responsabilidad. Como quiera que no era la deudora originaria del IVA devengado en la entrega, considera no ha violado ninguna obligación de pago de ese IVA en el plazo establecido por la ZDDS. Aduce que la responsabilidad del destinatario de una entrega sujeta en virtud del artículo 177 de la ZDDS no incluye los intereses de demora que se hayan devengado a cargo de la empresa proveedora desde el momento de la entrega.
100.

En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour administrative (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Luxemburgo) del siguiente modo: «1) Los artículos 1, apartado 1, y 5, en relación con el artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2011/16 deben interpretarse en el sentido de que una solicitud de intercambio de información formulada por una autoridad de un Estado miembro requirente que define a los contribuyentes objeto de dicha solicitud aludiendo simplemente a su condición de accionistas y de beneficiarios efectivos de una persona jurídica, sin que la autoridad requirente haya identificado previamente de forma individual y por su nombre a esos contribuyentes, es conforme con las exigencias de identificación que imponen dichas disposiciones. No obstante, el cumplimiento del criterio de la pertinencia previsible exige que, en su solicitud de información, la autoridad del Estado miembro requirente (i) describa el grupo de contribuyentes de la forma más concreta y completa posible, (ii) explique las obligaciones fiscales a las que está sujeto el grupo de contribuyentes en el Estado requirente y los hechos en los que se basa la solicitud, y (iii) exponga las razones por las que entiende que el grupo no ha actuado de acuerdo con la ley. 2) El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige que la información a la que se refiere el artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2011/16 se ponga ya a disposición del destinatario de la decisión de requerimiento junto con esta o que, en el marco del Derecho procesal, al destinatario se le brinde al menos la posibilidad de que examine y cumpla la decisión de requerimiento en un plazo razonable tras recibir dicha información sin incurrir en gastos y sin ser sancionado. En este caso, no será necesario un plazo suspensivo de pago adicional.»