ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
65

Una vez precisado lo anterior, para contestar a la cuestión prejudicial planteada debe recordarse que el artículo 63 TFUE impone a los Estados miembros que, en el supuesto de percepción por parte de sociedades residentes de dividendos distribuidos por otras sociedades residentes, disponen de un sistema para evitar la doble imposición económica: la obligación de conceder un tratamiento equivalente a los dividendos que las sociedades residentes perciben de sociedades no residentes (véanse las sentencias Test Claimants in the FII Group Litigation, EU:C:2006:774, apartado 72; Haribo Lakritzen Hans Riegel y Österreichische Saline, EU:C:2011:61, apartado 156, y Test Claimants in the FII Group Litigation, EU:C:2012:707, apartado 38).
20

El artículo 5 de los estatutos del SUCH establece además que éste puede igualmente, en el marco de un régimen de competencia y de mercado, prestar servicios a entidades públicas que no sean sus socios o a entidades privadas, nacionales o extranjeras, siempre que ello no perjudique los intereses de sus socios y constituya una ventaja para éstos y el SUCH tanto en el plano económico como en materia de valorización tecnológica. No obstante, la prestación de tales servicios debe tener carácter accesorio en el contexto de la actividad del SUCH y no puede representar un volumen de facturación superior al 20 % de su volumen de negocios anual global del ejercicio anterior.
—

en nombre del Government department y del Board of management of a community school, por la Sra. E. Creedon, en calidad de agente, asistida por el Sr. G. Durcan, SC, y la Sra. C. Smith, BL;
6

El artículo 7 de la Directiva, que lleva por título «Derecho de residencia por más de tres meses», tiene la siguiente redacción: «1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si: a) es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o b) dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o c) — está matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado por el Estado miembro de acogida con arreglo a su legislación o a su práctica administrativa, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional, y — cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en el Estado miembro de acogida y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, o d) es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión, o va a reunirse con él, y que cumple las condiciones contempladas en las letras a), b) o c). 2. El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) del apartado 1. [...] 4. No obstante lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 y en el apartado 2, únicamente el cónyuge, la pareja registrada a que se refiere la letra b) del punto 2 del artículo 2 y los hijos a cargo tendrán el derecho de residencia como miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que cumple los requisitos de la letra c) del apartado 1 anterior. El apartado 2 del artículo 3 se aplicará a sus ascendientes directos a cargo y a los de su cónyuge o pareja de hecho registrada.»
7

Así, a tenor del artículo 1, apartados 1, 2 y 7, de la legge no 475 – Norme concernenti il servizio farmaceutico (Ley no 475, que contiene las normas relativas al servicio farmacéutico), de 2 de abril de 1968 (GURI no 107, de 27 de abril de 1968, p. 2638), en su versión modificada por la legge no 362 – Norme di riordino del settore farmaceutico (Ley no 362, que contiene las normas de reestructuración del sector farmacéutico), de 8 de noviembre de 1991 (GURI no 269, de 16 de noviembre de 1991, p. 3): «1. La autorización para abrir y explotar una oficina de farmacia será concedida por la autoridad competente para el territorio de que se trate. 2. El número de autorizaciones que se podrán conceder por cada municipio se determinará de forma que haya una farmacia por cada 5.000 habitantes en los municipios con una población máxima de 12.500 habitantes, y una farmacia por 4.000 habitantes en los demás municipios. [...] 7. Toda nueva oficina de farmacia deberá estar situada a una distancia no inferior a 200 metros de las demás, de manera que en todo caso responda a las necesidades de los habitantes de la zona.»
11

En la Decisión controvertida, la Comisión consideró que las exenciones litigiosas constituían ayudas nuevas y no ayudas existentes en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE] (DO L 83, p. 1). Dicha institución basó esta apreciación, en particular, en el hecho de que las exenciones litigiosas no existían antes de la entrada en vigor del Tratado CE en los Estados miembros afectados, en que nunca habían sido analizadas ni autorizadas sobre la base de las normas que regulan las ayudas de Estado y en que nunca fueron notificadas.
61

En efecto, por una parte, el Sr. Jurašinović reconoce que no presentó el escrito de 30 de mayo de 2007 en el asunto en que se dictó la sentencia recurrida. A este respecto, se limita a explicar las razones por las que no presentó ese elemento de prueba, concretamente, el hecho de que su escrito de réplica, presentado fuera de plazo, no había sido admitido por el Tribunal General y de que la instrucción había terminado.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación (en lo sucesivo, «Decisión no 1/80»). El Consejo de Asociación fue instituido mediante el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara el 12 de septiembre de 1963 por la República de Turquía, por una parte, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad en virtud de la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18; en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»).
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Declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania (C-112/05, Rec. p. I-8995), relativa a la incompatibilidad con el Derecho de la Unión de determinadas disposiciones de la Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand (Ley de privatización de las participaciones de la sociedad de responsabilidad limitada Volkswagenwerk), de 21 de julio de 1960 (BGBl. 1960 I, no 39, p. 585, y BGBl. 1960 III, p. 641-1-1; en lo sucesivo, «Ley Volkswagen»).
2

El Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), fue sustituido y codificado por el Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51; corrección de errores en DO 2010, L 7, p. 22). No obstante, habida cuenta de la fecha de adopción del Reglamento controvertido, el litigio debe examinarse sobre la base del Reglamento no 384/96, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2117/2005 del Consejo, de 21 de diciembre de 2005 (DO L 340, p. 17) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), que en su artículo 2, apartados 1, párrafo primero, 8 y 10, disponía lo siguiente: «1. El valor normal se basará en principio en los precios pagados o por pagar, en el curso de operaciones comerciales normales, por clientes independientes en el país de exportación. […] 8. El precio de exportación será el precio realmente pagado o por pagar por el producto cuando sea exportado por el país de exportación a la Comunidad. […] 10. Se realizará una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal en la misma fase comercial, sobre la base de ventas realizadas en fechas lo más próximas posible entre sí y teniendo debidamente en cuenta cualquier otra diferencia que afecte a la comparabilidad de los precios. Cuando el valor normal y el precio de exportación establecidos no puedan ser directamente comparados, se harán ajustes en función de las circunstancias particulares de cada caso, para tener en cuenta diferencias en factores, que se alegue y demuestre que influyan en los precios y por lo tanto en la comparabilidad de éstos. Se evitarán las duplicaciones al realizar los ajustes, en particular por lo que se refiera a los descuentos, reducciones, cantidades y fase comercial. Cuando se cumplan estas condiciones podrán aplicarse ajustes en concepto de: […] b) Gravámenes a la importación e impuestos indirectos Se realizará un ajuste del valor normal, deduciendo del mismo los gravámenes a la importación o los impuestos indirectos que deba soportar un producto similar y los materiales incorporados físicamente al mismo, cuando se destine al consumo en el país de exportación, no percibidos o devueltos en relación con el producto exportado a la Comunidad. […] k) Otros factores Podrá igualmente procederse a un ajuste en relación con las diferencias en otros factores no previstos en las letras a) a j), si se demostrare que esas diferencias afectan a la comparabilidad de los precios tal y como se establece en la presente letra, especialmente cuando, debido a esos factores, los clientes pagan sistemáticamente precios diferentes en el mercado interno.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 2, número 6, y 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 9, y corrección DO 2007, L 12, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 116/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010 (DO L 37, p. 16) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1924/2006»).
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Ahora bien, la Comisión considera que el primero de esos objetivos no puede considerarse «legítimo» en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, al haber excluido el Tribunal de Justicia que objetivos de carácter organizativo puedan justificar una discriminación. Frente al argumento de Hungría, que sostiene que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 21 de julio de 2011, Fuchs y Köhler (C-159/10 y 160/10, Rec. p. I-6919), adoptó la postura contraria, a saber, que tales objetivos son legítimos, la Comisión replica que esa sentencia no es extrapolable al caso de autos. En efecto, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia no extendió la definición del «objetivo legítimo» en el sentido de dicha disposición, sino que declaró que el objetivo consistente en establecer una «estructura por edades equilibrada» entre los funcionarios jóvenes y los de edad más avanzada puede constituir un «objetivo legítimo» de la política de empleo y del mercado de trabajo. Al margen de que tal «objetivo legítimo» pueda tener consecuencias «organizativas», en particular en términos de mejora de la eficacia del servicio público de la justicia, estas consecuencias no pueden considerarse, en sí mismas, «objetivos legítimos».
A fin de que el Tribunal de Justicia pueda proporcionar una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional, se desprende del artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia que la petición de decisión prejudicial ha de indicar las razones que han llevado al órgano jurisdiccional nacional a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal. Si una resolución de remisión no permite entender las razones por las que el juez nacional alberga dudas acerca de la compatibilidad de la normativa controvertida en el litigio principal con el Derecho de la Unión y no contiene indicaciones que permitan al Tribunal de Justicia proporcionar al juez nacional los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que éste precisa para la solución del litigio que debe dirimir, procede declarar inadmisible la cuestión prejudicial, dado que el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder eficazmente.

(véanse los apartados 17 y 19 a 21)
3.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Importaciones procedentes de países que no tienen economía de mercado — Concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado — Requisitos — Decisiones de las empresas sobre precios y costes en un mercado no distorsionado por injerencias estatales — Consideración de las subvenciones concedidas al sector industrial proveedor de las materias primas del sector que es objeto de investigación — Procedencia — Obligación de incoar y llevar a cabo un procedimiento antisubvenciones — Inexistencia [Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 7, letras a), b) y c)] (véanse los apartados 51 a 55)
En el marco del sistema de competencias de la Unión, la elección de la base jurídica de un acto de la Unión debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran la finalidad y el contenido del acto. Si el examen de un acto comunitario muestra que éste persigue un doble objetivo o que tiene un componente doble y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras que el otro sólo es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante.

A este respecto, el objetivo principal o preponderante de la Directiva 2011/82, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, es la mejora de la seguridad vial, lo que constituye un objetivo central de la política de transportes de la Unión. Por consiguiente, puesto que dicha Directiva constituye una medida que permite mejorar la seguridad en los transportes, en el sentido del artículo 91 TFUE, apartado 1, letra c), debería haber sido adoptada sobre la base de esta disposición.

En efecto, si bien es cierto que dicha Directiva instaura un sistema de intercambio transfronterizo de información sobre infracciones en materia de seguridad vial, no es menos cierto que este sistema se establece precisamente para que la Unión pueda perseguir el objetivo de mejorar la seguridad vial, Por consiguiente, dicha Directiva no guarda relación directa con los objetivos de cooperación policial y no podía adoptarse válidamente sobre la base del artículo 87 TFUE, apartado 2.

(véanse los apartados 29, 30, 36, 37, 44, 49 y 50)
El artículo 4 del Reglamento no 1191/69, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, en su versión modificada por el Reglamento no 1893/91, así como el artículo 6 de dicho Reglamento, sólo deberán aplicarse si los servicios de transporte público local prestados están basados en una obligación de servicio público en el sentido del artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento. En cambio, los mencionados artículos no serían aplicables si los servicios de transporte público local prestados estuvieran basados en un contrato de servicio público en el sentido del artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 1191/69, extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente.

(véase el apartado 23)
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, al haber excluido la categoría de los «dirigenti» del ámbito de aplicación del procedimiento de movilidad previsto en el artículo 2 de dicha Directiva mediante el artículo 4, apartado 9, de la Ley no 223, relativa a las normas en materia de paro técnico, movilidad, subsidios de desempleo, aplicación de las Directivas comunitarias, colocación de mano de obra y otras disposiciones relativas al mercado de trabajo (legge n. 223 — Norme in materia di cassa integrazione, mobilitá, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunitá europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), de 23 de julio de 1991.
El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación y a una aplicación del Derecho interno de un Estado miembro consistente en excluir de manera categórica, por motivos jurídicos, que empresas participantes en un cártel respondan civilmente por los daños resultantes de los precios que una empresa no participante en dicho cártel ha fijado, teniendo en cuenta la actuación de dicho cártel, en un nivel más elevado que el que habría aplicado de no existir el cártel

En efecto, la plena efectividad del artículo 101 TFUE resultaría menoscabada si el derecho de cualquier persona a solicitar la reparación del perjuicio sufrido quedara subordinado por el Derecho nacional, de manera categórica e independientemente de las circunstancias específicas del caso, a la existencia de una relación de causalidad directa, excluyendo tal derecho debido a que la persona en cuestión ha tenido vínculos contractuales, no con un miembro del cártel, sino con una empresa no participante en éste, cuya política de precios, no obstante, es una consecuencia del cártel que ha contribuido a falsear los mecanismos de formación de los precios que rigen en los mercados competitivos.

34 Por consiguiente, la víctima de un efecto paraguas sobre los precios («umbrella pricing») puede obtener de los miembros de un cártel la reparación del daño sufrido, aun cuando no haya tenido vínculos contractuales con ellos, en la medida en que se acredite que, según las circunstancias del caso y, en particular, conforme a las especificidades del mercado en cuestión, dicho cártel podía tener como consecuencia que terceras partes, actuando de manera autónoma, aplicaran precios aprovechando la concertación, y que tales circunstancias y especificidades no podían ser ignoradas por los miembros del cártel. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si se cumplen tales requisitos.

(véanse los apartados 33, 34 y 37 y el fallo)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Relaciones con los convenios relativos a una materia particular — Artículo 71 — No aplicación del Reglamento — Límites — Respeto de los principios que inspiran la cooperación judicial en materia civil y mercantil en el seno de la Unión

Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Relaciones con los convenios relativos a una materia particular — Artículo 71 — Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR) — Litispendencia — Acción declarativa negativa o sentencia declarativa negativa que no tienen el mismo objeto y la misma causa que una acción de repetición referida a los mismos elementos y entre las mismas partes del litigio — Interpretación que no garantiza el respeto de los objetivos y principios que inspiran el Reglamento

[Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, arts. 27 y 71]
El artículo 3, letra a), del Reglamento no 469/2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, debe interpretarse en el sentido de que, para poder considerar que un principio activo está «protegido por una patente de base en vigor» en el sentido de esta disposición, no es necesario que el principio activo esté mencionado en las reivindicaciones de esta patente a través de una fórmula estructural. Cuando este principio activo esté cubierto por una fórmula funcional que figure en las reivindicaciones de una patente concedida por la Oficina Europea de Patentes, este artículo 3, letra a), no se opone, en principio, a la concesión de un certificado complementario de protección para este principio activo, siempre que, no obstante, sobre la base de tales reivindicaciones, interpretadas en particular de acuerdo con la descripción de la invención, según lo prescrito en el artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea y en el Protocolo interpretativo de éste, se pueda concluir que estas reivindicaciones se referían de manera específica, implícita pero necesariamente, al principio activo de que se trate, extremo cuya verificación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.

En relación con las exigencias impuestas por el Convenio sobre la Patente Europea, el Tribunal de Justicia no tiene ninguna competencia para interpretar este Convenio, dado que, a diferencia de los Estados miembros, la Unión no se ha adherido a él. En consecuencia, el Tribunal de Justicia no puede proporcionar ninguna indicación al órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la manera en que debe apreciar el alcance de las reivindicaciones de una patente concedida por la Oficina Europea de Patentes.

(véanse los apartados 40 y 44 y el fallo)
Aproximación de las legislaciones — Legislaciones uniformes — Propiedad industrial y comercial — Derecho de patente — Certificado complementario de protección para los medicamentos — Requisitos para su concesión — Patente que protege una composición de varios principios activos — Autorización de comercialización y certificado complementario de protección expedidos para un medicamento que contiene esa composición de principios activos — Solicitud de certificado relativa a uno de esos principios activos, individualmente protegido por la citada patente — Procedencia

[Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 1, letras b) y c), y 3, letras a) y c)]