SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 29 de mayo de 1997

Asunto T-6/96

Thémistocle Contargyris

contra

Consejo de la Unión Europea

«Funcionarios — Desestimación de candidatura — Apartado 1 del artículo 19 del Reglamento interno del Consejo — Artículo 45 del Estatuto — Competencia del Secretario General del Consejo para adoptar las decisiones de desestimación de una candidatura y de una reclamación — Convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante — Error manifiesto de apreciación — Artículos 7 y 27 del Estatuto — Obligación de motivación — Desviación de poder»

Texto completo en lengua francesa II-357

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de la decisión del Secretario General del Consejo, de 3 de mayo de 1995, por la que se desestima la candidatura del demandante a un puesto de trabajo de grado A 1 en la Dirección General de Cohesión Económica y Social - Política Regional - Política Social - Empleo - Diálogo Social - Educación y Juventud - Cultura — Audiovisual (DG J), y de la decisión del Secretario General del Consejo, de 7 de noviembre de 1995, por la que se desestima la reclamación del demandante.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante, Sr. Thémistocle Contargyris, de nacionalidad griega, entró al servicio de la Secretaría General del Consejo el 1 de septiembre de 1982 y estuvo destinado en la División de «Pesca». En 1984, fue promovido para ocupar el puesto de Director de la Dirección I «Política Regional, Social; Salud; Educación; Cultura; Audiovisual y Juventud» de la Dirección General G (DG G).

El 9 de febrero de 1995, la Secretaría General del Consejo publicó sendas convocatorias para proveer puesto de trabajo vacante relativas a cinco puestos de grado A 1, entre los cuales se encontraba un «puesto que puede quedar disponible» en la Dirección General de Cohesión Económico y Social — Política Regional — Política Social — Empleo — Diálogo Social — Educación y Juventud — Cultura — Audiovisual (DG J).

El 16 de febrero de 1995, el demandante presentó su candidatura al citado puesto.

Otros dos funcionarios del Consejo, el Sr. A., de nacionalidad portuguesa y el Sr. L., de nacionalidad belga, presentaron también su candidatura a dicho puesto.

Para ayudarle a realizar un examen comparativo de dichas candidaturas, el Secretario General del Consejo creó un Comité de selección integrado por tres Directores Generales del Consejo.

El 20 de marzo de 1995, el demandante fue convocado, para el 31 de marzo siguiente, a una entrevista con el Comité de selección. Dicha entrevista se celebró en la fecha prevista.

El demandante mantuvo un intercambio de opiniones con el Secretario General con respecto al puesto de que se trata durante una entrevista celebrada el 28 de marzo de 1995.

En su informe dirigido al Secretario General que tiene por objeto el examen de las candidaturas, el 3 de abril de 1995 el Comité de selección recomendó, entre otras cosas, no admitir la candidatura del demandante y admitir la candidatura del Sr. L. para la DG J.

Mediante nota de 4 de abril de 1995, el Secretario General sometió al Comité de los representantes permanentes (2 a parte) (Coreper) un proyecto de decisión del Consejo por el que se nombraba al Sr. L. en el grado A 1 y se sugería al Coreper que el Consejo adoptase la decisión como punto A del orden del día.

El extracto del proyecto de informe de síntesis, de fecha 10 de octubre de 1995, de la reunión no 1649 del Coreper, celebrada el 5 de abril de 1995 en Bruselas, está redactado en los siguientes términos:

«El [Coreper]:

— Acuerda por unanimidad añadir a su orden del día cinco puntos adicionales relativos al nombramiento de funcionarios de grado A 1 en la Secretaría General del Consejo.

— Acuerda por unanimidad añadir cinco puntos adicionales correspondientes al orden del día provisional de la sesión no 1844 del Consejo, de los días 10 y 11 de abril de 1995.

— Acuerda proponer al Consejo que apruebe las propuestas de nombramiento realizadas al respecto por el Secretario General.»

Los proyectos de decisión se incluyeron en la parte A del orden del día, de fecha 7 de abril de 1995, de la sesión no 1844 del Consejo, que se celebró en Luxemburgo el 10 de abril de 1995. Este adoptó entonces la decisión por la que se nombra al Sr. L. en el grado A 1, con efectos de 1 de junio de 1995.

Mediante nota de 3 de mayo de 1995, el Secretario General indicó al demandante que se había decidido desestimar su candidatura.

Mediante nota de 12 de julio de 1995, el demandante presentó una reclamación contra la decisión por la que se desestimaba su candidatura al puesto de grado A 1 de la DG J y contra «todas las decisiones posteriores que condujeron al nombramiento del Sr. L. para ocupar dicho puesto».

El Secretario General, mediante decisión de 7 de noviembre de 1995, dio una respuesta desestimatoria expresa a dicha reclamación.

Mediante decisión de 10 de octubre de 1996, se jubiló al demandante con efectos de 31 de diciembre de 1996.

Sobre la admisibilidad

Un funcionario jubilado conserva un interés personal en proseguir un recurso de anulación dirigido contra la decisión de no promoverle, puesto que, en el supuesto de que dicha decisión fuese anulada, tendría la posibilidad de interponer un recurso dirigido a la reparación del perjuicio que pudiera haber sufrido como consecuencia de dicha decisión denegatoria (apartado 32).

ReferenciaiTribunal de Primera Instanc¡a, 5 de diciembrede 1990, Marcato/Comisión(T-82/89, Rec. p. II-735), apañado 54; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión(T-82/91, RecFP p. II-61), apartados 24 a 26

En estas circunstancias, contrariamente a lo que afirma el Consejo, la admisibilidad del recurso, en la medida en que tiene por objeto la anulación tanto de la decisión del Secretario General por la que se desestima la candidatura del demandante como aquella por la que se desestima su reclamación, no depende de la interposición simultánea de un recurso dirigido a la reparación del perjuicio que el demandante pudiera haber sufrido como consecuencia de la adopción de esas dos decisiones (apartado 33).

Sobre el fondo

El demandante invoca, fundamentalmente, los siguientes motivos de anulación: infracción del apartado 1 del artículo 19 de la Decisión 93/662/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se adopta su Reglamento interno (DO L 304, p. 1 ; Reglamento interno del Consejo), en relación con el punto b) del artículo único de la Decisión 63/9/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1962, por la que se determina la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos por lo que respecta a la Secretaría General de los Consejos (DO 1963, 5, p. 34; Decisión del Consejo de 14 de mayo de 1962; EE 01/01, p. 99); infracción del artículo 4 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto); infracción del artículo 45 del Estatuto; incompetencia del Secretario General del Consejo para adoptar las decisiones por la que se desestiman su candidatura y su reclamación; incompetencia del Secretario General para adoptar la decisión por la que se destina al Sr. L. al puesto de Director General de la DG J; ilegalidad de la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante; error manifiesto de apreciación; infracción de los artículos 7 y 27 del Estatuto; incumplimiento de la obligación de motivación; desviación de poder (apartado 35).

Sobre el primer motivo, basado en una infracción del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento interno del Consejo en relación con la letra b) del artículo único de la Decisión del Consejo de 14 de mayo de 1962

Las competencias de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) serán ejercidas, por lo que respecta a los funcionarios de grado A 1, por el Consejo, a propuesta del Secretario General. En este marco, el Coreper está obligado a proceder al examen previo de las candidaturas y de la propuesta de nombramiento en el grado A 1 del candidato admitido para el puesto declarado vacante, realizada por el Secretario General, salvo en los puestos en los que el Consejo invoque la urgencia o decida por unanimidad deliberar sin que el proyecto de decisión haya sido examinado previamente por el Coreper (apartados 37 y 38).

Constituyen un elemento probatorio suficientemente preciso de la realización efectiva de dicho examen por parte del Coreper con anterioridad a la reunión del Consejo la declaración del Presidente del Coreper según la cual éste ha examinado la cuestión del nombramiento del candidato admitido para ocupar el puesto vacante a la luz de las explicaciones proporcionadas por el Secretario General relativas a la identidad y la capacitación de los candidatos para ocupar el puesto vacante, los resultados de los trabajos del comité de selección así como los de su propio examen de los méritos de los candidatos (apartados 53 y 54).

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 45 del Estatuto

El artículo 45 del Estatuto, que se refiere al procedimiento de promoción de los funcionarios, impone a la AFPN, por un lado, la observancia escrupulosa del procedimiento del nombramiento, tal como está previsto en el punto b) del artículo único de la Decisión del Consejo de 14 de mayo de 1962 en relación con el artículo 151 del Tratado y el artículo 19 y los apartados 6 y 7 del artículo 2 del Reglamento interno del Consejo y, por otro lado, el cumplimiento efectivo, por los órganos competentes, de la obligación de proceder a un examen comparativo de los méritos respectivos de los candidatos a un puesto de trabajo vacante (apartado 69).

Por lo que al Consejo se refiere, la letra b) del artículo único de la Decisión del Consejo de 14 de mayo de 1962 establece que las competencias que el Estatuto de los Funcionarios atribuye a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos serán ejercidas, respecto a los funcionarios de grado A 1 por el Consejo, a propuesta del Secretario General (apartado 70).

Corresponde, pues, a este último proceder a un primer examen comparativo de los méritos respectivos de los candidatos a un puesto vacante. En efecto, la función que se le confía, consistente en formular propuestas de nombramiento al Consejo, implica necesariamente que efectúe una selección previa de los candidatos en función de un examen comparativo de sus méritos respectivos (apartado 71).

En el marco del ejercicio de su facultad de apreciación, el Consejo no debe hacer uso sistemáticamente, en todos los procedimientos de nombramiento de funcionarios de grado A 1, de sus prerrogativas de examen y de debate detallado en el marco de sus sesiones. Dicha exigencia tendría como consecuencia privar de todo contenido la posibilidad prevista por el Tratado en su artículo 151, tal y como ha sido precisada por el apartado 6 del artículo 2 y el apartado 1 del artículo 19 de su Reglamento interno, de adoptar decisiones sin debate cuando el Coreper ya se haya pronunciado, al propio tiempo sobre la fundamentación de la proposición del Secretario General y sobre la oportunidad de no proceder a un debate en el seno del Consejo incluyendo dicha propuesta en la parte A del orden del día de una próxima sesión del Consejo (apartado 81).

Sobre el tercer motivo, basado en la incompetencia del Secretario General del Consejo para adoptar las decisiones por las que se desestiman la candidatura y la reclamación del demandante

En caso de discrepancia, de las letras b) y c) del artículo único de la Decisión del Consejo de 14 de mayo de 1962 se desprende que las competencias atribuidas por el Estatuto a la AFPN serán ejercidas por los Consejos, a propuesta del Secretario General, para la aplicación a los agentes de grado 1 de la categoría A de las disposiciones del artículo 90 y por el Secretario General en los demás casos (apartado 87).

De ello se deduce que la determinación del órgano competente para ejercer las competencias atribuidas por el Estatuto a la AFPN depende del grado del funcionario destinatario del acto administrativo impugnado. En el caso de un funcionario clasificado en el grado 2 de la categoría A, es, pues, al Secretario General a quien incumbe adoptar la decisión desestimatoria de la reclamación administrativa previa presentada por el interesado. El hecho de que la reclamación se refiera al nombramiento de un funcionario de grado 1 y que éste sea de la exclusiva competencia del Consejo no puede desvirtuar la conclusión precedente, habida cuenta de la formulación muy clara e incondicional de las letras b) y c) del artículo único de la Decisión del Consejo de 14 de mayo de 1962, que no prevé ninguna excepción a las competencias atribuidas al Secretario General en materia de desestimación de la reclamación (apartado 88).

Sobre el cuarto motivo, basado en la ilegalidad de la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante

La función de la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante consiste, por un lado, en informar a los interesados de una manera tan exacta como sea posible acerca de la índole de las cualidades requeridas para ocupar el puesto de que se trata, para que puedan valorar la oportunidad de presentar su candidatura y, por otro lado, establecer el marco de legalidad con respecto al cual la Institución va a proceder al examen comparativo de los méritos de los candidatos (apartado 97).

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de octubre de 1974, Grassi/Consejo(188/73, Rec. p. 1099), apartado 40; Tribunal de Justicia, 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión (C-343/87, Rec. p. I-225), apartado 19; Tribunal de Primera Instancia, 11 de diciembre de 1991, Frederiksen/Parlamento(T-169/89, Rec.p. II-1403), apartado 69; Tribunalde Primera Instancia, 18 de febrero de 1993, Mc Avoy/Parlamento(T-45/91, Rec. p. II-83), apartado 48; Tribunalde Primera Instancia, 18 de abril de 1996, Kyrpitsis/CES(T-13/95, RecFPp. II-503), apartado 34

La AFPN no respeta dicho marco de legalidad si no se pronuncia sobre los requisitos especialmente exigidos para ocupar el puesto declarado vacante hasta después de la publicación de la convocatoria referente al mismo, una vez vistos los candidatos presentados y si toma en consideración, al examinar las candidaturas, otros requisitos distintos de los que figuren en la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante. Tal forma de proceder privaría, en efecto, a la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante de la función esencial que debe desempeñar en el procedimiento de selección, a saber, informar a los interesados del modo más exacto posible de la naturaleza de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de que se trate (apartado 98).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Booss y Fischer/Comisión (T-58/91, Rec. p. II-147), apartado 67; Kyrpitsis/CES, antes citada, apartados 34 y 35

Por tratarse de un puesto de alta responsabilidad política dentro del Consejo, la exigencia de cualificaciones más detalladas, o incluso más técnicas, que las requeridas en la convocatoria no era indispensable. En efecto, como ha destacado el Consejo, para un puesto de Director General, la posesión de una experiencia específica en el ámbito concreto de la Dirección General desempeña una función menos determinante que la posesión de cualidades generales de dirección, de análisis y de valoración a un nivel muy elevado, ya que la experiencia técnica puede adquirirse siempre dentro de la propia DG (apartado 100).

Referencia: Booss y Fischer/Comisión, antes citada, apartado 69

Suponiendo incluso que la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante se hubiese formulado en tales términos que todos los candidatos potenciales reuniesen en principio todas las cualificaciones necesarias, dicha circunstancia no puede, por sí sola, provocar su ilegalidad. En efecto, el hecho de que todos los candidatos potenciales cumplan en principio todos los requisitos de la convocatoria no significa que unos no sean más capaces que otros para ejercer las funciones inherentes al puesto de que se trata. Dado que el objetivo mismo de la convocatoria es fijar los requisitos necesarios para ocupar el puesto que ha de proveerse, no es anormal que todos o la mayor parte de los funcionarios que presentan sus candidaturas los cumplan. Corresponde a la AFPN, en el ejercicio de su amplia facultad de apreciación, elegir al candidato más adecuado en función del interés del servicio (apartado 106).

Sobre el quinto motivo, basado en un error manifiesto de apreciación

La AFPN dispone de una amplia facultad de apreciación para evaluar el interés del servicio así como los méritos que deben tomarse en consideración dentro del ámbito de una decisión de promoción prevista en el artículo 45 del Estatuto. El control del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de los criterios y motivos que hayan podido conducir a la Administración a su apreciación, ésta se ha mantenido dentro de unos límites razonables y no ha ejercitado su facultad de una manera manifiestamente errónea. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir la apreciación de los méritos y las cualificaciones de los candidatos efectuada por la AFPN por la suya propia, toda vez que ningún elemento de los autos permite afirmar que al apreciar los méritos y calificaciones de los candidatos la AFPN haya incurrido en error manifiesto (apartado 120).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de abril de 1983, Ragusa/Comisión (282/81, Rec. p. 1245), apartados 9 y 13; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1995, Alio/Comisión (T-496/93, RecFP p. II-405), apartados 39 y 46; Tribunal de Primera Instancia, 6 de junio de 1996, Baiwir/Comisión(T-262/94, RecFPp. II-739), apartados 66 y 138

El Estatuto no confiere ningún derecho exigible a una promoción, ni siquiera a los funcionarios que cumplen todos los requisitos para poder ser promovidos, y ni el hecho de que un candidato haya asumido interinamente el puesto controvertido ni el largo período de servicio en el grado inferior constituyen elementos de valoración decisivos que puedan prevalecer sobre el interés del servicio, que constituye el criterio determinante para la designación entre los candidatos a una promoción (apartado 121).

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de febrero de 1987, Huybrechts/Comisión (306/85, Rec. p. 629), apartados 10, 11 y 13; Baiwir/Comisión, antes citada, apartado 67

En el presente caso, aparte de la afirmación del demandante, no acreditada mediante pruebas, según la cual el Sr. L. no justifica poseer una experiencia profesional general en determinados ámbitos de competencia de la nueva DG J, de las explicaciones proporcionadas por el Consejo en sus escritos de contestación y de duplica, no discutidas por el demandante, se desprende que el candidato elegido por la AFPN reunía los requisitos de la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante, en particular por lo que respecta a la exigencia de poseer amplios conocimientos de la política general de las Comunidades Europeas y en el ámbito de las relaciones internacionales. Por lo que se refiere a la alegación del demandante según la cual el Consejo incurrió en un error manifiesto de apreciación en la medida en que, habida cuenta de su experiencia específica en relación con el puesto que ha de proveerse y sus conocimientos generales, su candidatura hubiera debido preferirse a la del Sr. L., el Tribunal de Primera Instancia considera que al no constituir un requisito de la convocatoria poseer una experiencia específica en las funciones correspondientes al puesto de que se trata, ello no puede influir en la existencia o no de un error manifiesto de apreciación en la decisión impugnada. Además, y suponiendo incluso que el demandante reuniese todos los requisitos exigidos por la convocatoria, nada se opone a que, en caso de igualdad, la AFPN, en el ejercicio de su amplia facultad de apreciación, se pronuncie a favor de un candidato y no de otro por razones de interés del servicio. Pues bien, el demandante no ha expuesto ningún argumento que demuestre que la decisión de nombramiento se haya tomado por razones incompatibles con la elección del candidato que mejor respondía al interés del servicio y a los requisitos del puesto de trabajo que ha de proveerse (apartados 123, 124 y 126).

Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de diciembre de 1981, De Hoe/Comisión (151/80, Rec. p. 3161), apartado 16; Tribunal de Primera Instancia, 11 de junio de 1996, Anacoreta Correia/Comisión (T-l 18/95, RecFP p. II-835), apartado 75

Sobre el sexto motivo, basado en la infracción de los artículos 7 y 27 del Estatuto

Con arreglo al párrafo tercero del artículo 27 del Estatuto, ningún puesto de trabajo podrá estar reservado a nacionales de un Estado miembro determinado. Dicha regla debe respetarse en todos los procedimientos de selección previstos por el artículo 29 del Estatuto, incluso en lo que respecta a la selección de funcionarios de grado A 1 o A 2 (apartado 134).

Referencia: Booss y Fischer/Comisión, antes citada, apartado 85

Por su parte, el párrafo primero del artículo 27 del Estatuto prevé que la selección debe efectuarse sobre una base geográfica lo más amplia posible entre los nacionales de los Estados miembros. Sin embargo, esta disposición no permite a la AFPN reservar un puesto a una nacionalidad determinada, sin que ello esté justificado por razones relacionadas con el funcionamiento de sus servicios (apartado 135).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de marzo de 1964, Lassalle/Parlamento (15/63, Rec. pp. 57 y ss., especialmente p. 73); Tribunal de Justicia, 30 de junio de 1983, Schloh/Consejo (85/82, Rec. p. 2105), apartado 37

Sobre el séptimo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación

La AFPN no está obligada a motivar las decisiones de promoción frente a los candidatos no ascendidos, y lo mismo puede decirse por lo que respecta a las decisiones de la AFPN de no admitir una candidatura. Sin embargo, la AFPN ha de motivar una decisión por la que desestima una reclamación presentada en virtud del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto por un candidato no ascendido, entendiéndose que la motivación de esta decisión por la que se desestima la reclamación debe coincidir con la motivación de la decisión contra la que se dirigía la reclamación (apartado 147).

Referencia: Grassi/Consejo, antes citada, apartado 12; Tribunal de Justicia, 13 de abril de 1978, Ganzini/Comisión (101/77, Rec. p. 915), apañado 10; Culin/Comisión, antes citada, apartado 13; Tribunal de Primera Instancia, 23 de febrero de 1994, Coussios/Comisión(asuntos acumulados T-18/92 y T-68/92, RecFP p. II-171), apartados 69 a 74; Kyrpitsis/CES, antes citada, apartados 67 y 68

Al efectuarse las promociones, a tenor del artículo 45 del Estatuto, «mediante libre designación», la motivación sólo puede referirse a la existencia de los requisitos legales a los que el Estatuto supedita la conformidad a Derecho de la promoción. En particular, la AFPN no está obligada a revelar al candidato excluido la apreciación comparativa de él y del candidato seleccionado para la promoción ni a exponer detalladamente los motivos por los que considera que el candidato nombrado cumplía los requisitos de la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante (apartado 148).

Referencia: Grassi/Consejo, antes citada, apartados 11 a 15; Tribunal de Justicia, 17 de diciembrede 1981, DeHoe/Comisión (151/80, Rec. p. 3161), apartado 13; Tribunal de Primera Instancia, 30 de enero de 1992, Schönherr/CES(T-25/90, Rec. p. II-63), apartado 21; Tribunal de Primera Instancia, 25 de febrero de 1992, Schloh/Consejo (T-ll/91, Rec. p. II-203), apartado 73

Habida cuenta de las explicaciones dadas en la respuesta del Secretario General a la reclamación y dada la amplia facultad de apreciación de que disponía la AFPN por tratarse de un puesto de alta responsabilidad política, así como de los términos necesariamente genéricos de la convocatoria para proveer puesto de trabajo vacante, es necesario señalar que la decisión de 7 de noviembre de 1995, por la que se desestima la reclamación presentada por el demandante, es conforme a las exigencias en materia de motivación derivadas de la jurisprudencia. Por lo que se refiere a la alegación del demandante según la cual la negativa del Secretario General a comunicar los criterios supuestamente fijados por el Comité de selección tras la publicación de la convocatoria constituye un incumplimiento de la obligación de motivación, basta señalar, por un lado, que, como se ha precisado en los apartados 73 y siguientes, el Comité de selección no se ha fundado en criterios de selección distintos de los previstos en la convocatoria, tal como ésta fue publicada y, por otro lado, que según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no existe una exigencia de motivación respecto a las propuestas de un órgano administrativo interno que tenga competencia meramente consultiva (apartados 150 y 151).

Referencia: Tribunal de Justicia, 8 de julio de 1965, Fonzi/Comisión (asuntos acumulados 27/64 y 30/64, Rec. pp. 615 y ss., especialmente p. 638)

Sobre el octavo motivo, basado en una desviación de poder

El concepto de desviación de poder tiene un alcance preciso, que se refiere al uso de sus facultades por parte de una autoridad administrativa con un fin distinto de aquel para el que le fueron conferidas. Una decisión únicamente adolece de desviación de poder cuando resulte, con arreglo a indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada para alcanzar fines distintos de los establecidos (apartado 156).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 11 de junio de 1996, Anacoreta Correia/Comisión (T-l 18/95, RecFP p. II-835), apartado 25

El demandante no ha aportado tales indicios (apartado 159).

Fallo:

Se desestima el recurso.