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Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 6 de abril de 2022 — Dorit‑DFT/EUIPO — Erwin Suter (DORIT)

(Asunto T‑208/21) ( 1 )

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca denominativa DORIT — Denominaciones sociales nacionales anteriores — Motivo de denegación relativo — Falta de utilización en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no es únicamente local — Artículos 8, apartado 4, y 52, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 40/94 [actualmente artículos 8, apartado 4, y 60, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso — Nuevo examen de las circunstancias de hecho a la luz de pruebas no presentadas con anterioridad ante los órganos de la Oficina — Exclusión [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 72] (véase el apartado 17)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Interpretación a la luz del Derecho de la Unión — Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 21 a 23)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Alcance local del signo — Medios de prueba [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 26, 49 y 50)

4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Uso del signo en el tráfico económico — Criterio temporal [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 28)

5. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Marca denominativa DORIT y denominaciones sociales DORIT Fleischereimaschinen GmbH y DORIT — DFT Fleischereimaschinen GmbH [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 31, 32, 43 y 74)

6. Marca de la Unión Europea — Disposiciones de procedimiento — Fuerza probatoria de los elementos de prueba — Declaraciones solemnes [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 97, ap. 1, letra f)] (véanse los apartados 56 y 58)

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Dorit‑DFT Fleischereimaschinen GmbH.

( 1 ) DO C 228 de 14.6.2021.
10

Hemweg, que no quemaba biomasa, no producía ninguna energía renovable y cuya eficiencia era la menor de entre las cinco centrales, no disfrutó de un período transitorio. Con arreglo al artículo 3.a de la Ley, debería haber dejado de utilizar carbón a partir del 1 de enero de 2020. Dado que esta central no tenía la posibilidad de adaptarse a otra materia prima, debía quedar cerrada a finales de 2019.
96

En particular, para calcular la ventaja, la Comisión no examinó con mayor rigor, a la luz de la información pertinente procedente del análisis Pindi Kinnisvara y del informe de Uus Maa, el valor de lo invertido por la demandante ni su parte en el alquiler total. En este contexto, no tuvo suficientemente en cuenta, en particular, la inversión en los sistemas de drenaje, respecto de los cuales dicho informe señala, por un lado, que es una inversión en el patrimonio del propietario y, por otro, que supone un gasto importante para el arrendatario añadido al pago del alquiler (véase el apartado 93 anterior).
118

A este respecto, por un lado, cabe observar que un riesgo de conflicto de intereses es una situación excepcional en la que los costes soportados pueden no ser reales y no ser asumidos por el propio beneficiario, o incluso, en su caso, no haber sido destinados únicamente a los fines de realización del proyecto en cuestión en el sentido del artículo II.14, apartado 1, letras a), b) y e), del anexo II de los acuerdos de subvención en cuestión. Por consiguiente, la falta de cumplimiento, por la otra parte, de la obligación contractual, impuesta por el artículo II.3, letra n), del anexo II de los acuerdos de subvención en cuestión, de adoptar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de conflicto de intereses constituye una ejecución incorrecta de las obligaciones contractuales que le incumben. Justifica, en consecuencia, el reembolso de los costes con arreglo al artículo 183 del Reglamento n.o 2342/2002 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2019, EKETA/Comisión, T‑198/17, no publicada, EU:T:2019:27, apartado 91). Por otro lado, cuando la Comisión aporta indicios concretos de la existencia de un riesgo de que el tiempo de trabajo declarado no cumpla los requisitos de subvencionabilidad, como sucede en caso de conflicto de intereses, se presume el carácter no subvencionable de los costes e incumbe al beneficiario demostrar, mediante pruebas, que los requisitos de admisibilidad, por el contrario, sí se han respetado (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de octubre de 2020, EKETA/Comisión, C‑273/19 P, EU:C:2020:852, apartados 74 a 77, y de 22 de enero de 2019, EKETA/Comisión, T‑166/17, no publicada, EU:T:2019:26, apartado 61).
54

En primer lugar, hay que considerar que, como alegan la EUIPO y la coadyuvante, la recurrente sostiene erróneamente que la primera solicitud de nulidad no existe jurídicamente. En efecto, dado que aduce que, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1), la primera solicitud de declaración de nulidad debe considerarse no presentada, es preciso constatar que, cuando se presentó esa solicitud, dicho artículo no era aplicable. En cualquier caso, en virtud del apartado 2 de la disposición entonces aplicable —concretamente la regla 39 del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 (DO 1995, L 303, p. 1)—, se considerará no presentada una solicitud de nulidad si no se han pagado las tasas exigidas, y no si es retirada, y lo mismo sucede en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625. Además, como manifiesta la EUIPO, la primera solicitud de nulidad fue objeto de una resolución de la División de Anulación, el 26 de abril de 2006, después del desistimiento de la recurrente.
3.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 40 y 41)
2)

Condenar a Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd a cargar con sus costas, con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y con las de Industries Sportswear Co. Srl.
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 21 de abril de 2021 — Lee/EUIPO (Cuchillos, tenedores y cucharas de mesa)

(Asunto T‑382/20)

«Dibujo o modelo comunitario — Solicitud de dibujo o modelo comunitario que representa unos cuchillos, tenedores y cucharas de mesa — No reivindicación de prioridad — Petición de restitutio in integrum — Artículo 67, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 6/2002 — Deber de diligencia»

1. Dibujos o modelos comunitarios — Normas de procedimiento — Restitutio in integrum — Requisitos — Diligencia requerida por las circunstancias — Delegación de tareas administrativas relativas a la renovación de un dibujo o modelo [Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, art. 67, ap. 1] (véanse los apartados 11, 12 y 38)

2. Dibujos o modelos comunitarios — Normas de procedimiento — Restitutio in integrum — Requisitos — Diligencia requerida por las circunstancias — Acontecimientos excepcionales y, por lo tanto, imprevisibles [Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, art. 67, ap. 1] (véanse los apartados 13, 14 y 35)

3. Dibujos o modelos comunitarios — Normas de procedimiento — Restitutio in integrum — Requisitos — Diligencia requerida por las circunstancias — Acontecimientos excepcionales y, por lo tanto, imprevisibles — Error humano de introducción de información — Exclusión [Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, art. 67, ap. 1] (véanse los apartados 28 y 30)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de abril de 2020 (asunto R 2559/2019‑3), relativa a una petición de restitutio in integrum.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima) de 21 de abril de 2021 — Apologistics/EUIPO — Kerckhoff (APO)

(Asunto T‑282/20)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión APO — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 19)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Apreciación del carácter descriptivo de un signo — Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 20 y 22)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 21)

4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa APO [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 25, 26, 33 a 39 y 50)

5. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Procedimiento de nulidad relativo a motivos de denegación absolutos — Examen limitado a los motivos invocados [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, 52, 55 y 76, ap. 1] (véase el apartado 31)

6. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina — Principio de legalidad — Necesidad de efectuar un examen estricto y completo en cada caso concreto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véase el apartado 42)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 25 de febrero de 2020 (asunto R 982/2019‑5), relativa a un procedimiento de nulidad entre el Sr. Kerckhoff y Apologistics.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
5

Mediante la Decisión C(2015) 80 final, de 16 de enero de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) — Finlandia — Helsingin Bussiliikenne Oy (DO 2015, C 116, p. 22; en lo sucesivo, «Decisión de incoación»), la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, en relación, en particular, con las medidas controvertidas. Esta decisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 10 de abril de 2015 y se invitó a las partes interesadas a que presentaran sus observaciones en el plazo de un mes a partir de dicha publicación. La Comisión no recibió observaciones de la demandante.
142

Para la fijación del tipo de los intereses de demora, se ha de tener en cuenta el artículo 99, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.os 1296/2013, 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013, 1309/2013, 1316/2013, 223/2014 y 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento financiero (DO 2018, L 193, p. 1). Con arreglo a esta disposición, el tipo de interés aplicable se calculará sobre la base del tipo que aplique el BCE a sus operaciones principales de refinanciación, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, vigente el primer día natural del mes correspondiente a la fecha de vencimiento, incrementado en tres puntos y medio porcentuales (véanse, por analogía, los autos de 14 de enero de 2016, Comisión/Marcuccio, C‑617/11 P-DEP, no publicado, EU:C:2016:17, apartado 12, y de 7 de octubre de 2020, Argus Security Projects/Comisión y EUBAM Libya, T‑206/17 DEP, no publicado, EU:T:2020:476, apartado 61).
230

Es preciso señalar que el segundo argumento de Tempus, vago y sucinto, según el cual un GRT no prefiere a una CMU de gestión de la demanda, debido a que reduce las limitaciones en la red y, por lo tanto, la rentabilidad de una expansión de la transferencia de capacidad, no es convincente y no puede prosperar. En primer lugar, el argumento relativo al ahorro de capacidad en la red, que, por lo tanto, está disponible para la exportación a zonas transfronterizas, contradice el primer argumento de Tempus, tal como ha sido desestimado en los anteriores apartados 228 y 229, según el cual los GRT estarían incentivados, ante todo, a proteger la adecuación de los recursos en su red o su mercado doméstico. En segundo lugar, una discriminación entre las capacidades de producción y los operadores de gestión de la demanda en cuanto al acceso al volumen de capacidad obtenido por un GRT extranjero en las subastas del mecanismo de capacidad polaco está expresamente prohibida en el artículo 12, letra f), en relación con el artículo 2, punto 18, de la Directiva 2009/72. En tercer lugar, la República de Polonia y PGE alegaron, de manera plausible, que la gestión de la demanda no afecta a la necesidad de desarrollar la infraestructura de red, ya que únicamente reduce la necesidad de energía en la red durante los períodos de insuficiencia que conllevan paralelamente un aumento de los precios del mercado de la electricidad y que, durante los otros períodos, los operadores de gestión de la demanda gestionan normalmente su clientela, lo que requiere, por lo tanto, una adecuada disponibilidad de infraestructura de red. En efecto, Tempus no alega que la gestión de la demanda contribuya a reducir las necesidades de infraestructura de red en caso de utilización estable y continua de sus métodos por los clientes, con independencia de las señales de precios del mercado de la electricidad. Tal reducción de las necesidades de infraestructura no parece ser objeto de su modelo comercial actual, lo que podría explicar, en parte, su limitado potencial en el mercado de capacidad polaco (véanse los anteriores apartados 103 y siguientes). Por último, como recuerdan acertadamente dichas coadyuvantes, no es posible separar completamente a los productores de electricidad y a los operadores de gestión de la demanda de la actividad de los GRT, en particular, en el marco del comercio transfronterizo (véase el anterior apartado 228).
304

Mediante la tercera parte del tercer motivo, el demandante impugna, tanto en la demanda como en la réplica, la validez de las consultas efectuadas por la Comisión y por el SEAE y la pertinencia del informe de 8 de octubre de 2018, que trata, entre otras cosas, de dichas consultas. En efecto, tales consultas e informe se centran, a su modo de ver, en los beneficios del Acuerdo controvertido, cuando el único criterio pertinente establecido por el Tribunal de Justicia es el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Además, según el demandante, estas consultas, para las que las instituciones y el Reino de Marruecos no eran, a su parecer, competentes, no podían tener por objeto o por efecto obtener dicho consentimiento, en particular debido a que, por una parte, este consentimiento no puede resultar de un proceso informal de consulta y a que, por otra parte, tiene por objeto entidades constituidas en virtud de la ley marroquí y no incluyó a la parte de dicho pueblo que vive fuera de la zona controlada por el Reino de Marruecos. Afirma asimismo que, en el considerando 11 de la Decisión impugnada, el Consejo modificó la naturaleza y el alcance de dichas consultas al considerarlas como una manifestación del consentimiento de las «poblaciones afectadas». Desde su punto de vista, estas consideraciones del Consejo no son conformes con las sentencias Consejo/Frente Polisario y Western Sahara Campaign UK, en particular con el apartado 106 de la primera de estas sentencias.
111

Procede recordar sobre ese particular que, en los apartados 69 y 73 de la sentencia de 28 de marzo de 2017, El-Qaddafi/Consejo (T‑681/14, no publicada, EU:T:2017:227), el Tribunal señaló que la información comunicada a la demandante en el escrito de 4 de mayo de 2015 (véase el apartado 13 anterior) no estaba entre los motivos en que se basó la adopción de los actos de 2014, que no había llegado a conocimiento del Consejo hasta después de la fecha de adopción de dichos actos y que resulta evidente que los motivos controvertidos no recogían datos de los que la demandante pudiera deducir, aun intentando interpretarlos de manera extensiva, cuál era el papel individual, específico y concreto que ella desempeñaba en los acontecimientos de Libia.
83

A este respecto, ha de recordarse, en primer lugar, que, según reiterada jurisprudencia, la anulación de un acto viciado de ilegalidad constituye, por sí misma, la reparación adecuada y, en principio, suficiente de cualquier daño moral que este acto pueda haber causado. No obstante, no sucede así cuando el demandante demuestre haber sufrido un daño moral separable de la ilegalidad que fundamenta la anulación y que no puede ser reparado íntegramente por dicha anulación (véase la sentencia de 30 de enero de 2020, BZ/Comisión, T‑336/19, no publicada, EU:T:2020:210, apartado 54 y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2017, Bodson y otros/BEI, T‑504/16 y T‑505/16, EU:T:2017:603, apartado 77 y jurisprudencia citada).
13

En segundo lugar, la Sala de Recurso confirmó las conclusiones de la División de Anulación en el sentido de que la recurrente no había demostrado que la coadyuvante conociese los servicios ofrecidos en la Unión por la recurrente o por un tercero que actuara bajo el signo TARGET VENTURES. La recurrente tampoco ha demostrado el supuesto conocimiento de sus actividades por parte la coadyuvante. La utilización del signo TARGET VENTURES en Europa por la recurrente o un tercero no era de tal magnitud que pudiera suponerse razonablemente que ese signo era bien conocido o reconocido por el público y los competidores interesados en el momento en que se solicitó el registro de la marca controvertida. Debido a la relativamente breve duración del uso del signo TARGET VENTURES en Europa antes del 27 de enero de 2015, la recurrente debería haber demostrado una intensidad de uso alta o, por lo menos, una amplia cobertura mediática de sus actividades. Sin embargo, según la Sala de Recurso, faltan tales elementos, de modo que no podía presumirse que la coadyuvante tuviese, o por lo menos hubiese debido tener, conocimiento de las actividades comerciales realizadas por la recurrente o una tercera sociedad utilizando el signo TARGET VENTURES. Por consiguiente, la Sala de Recurso apreció que no se cumplía uno de los requisitos necesarios según el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, de modo que la solicitud de nulidad debía ser desestimada.
72

En segundo lugar, la observación de la Sala de Recurso que figura en el apartado 20 de la resolución impugnada según la cual, en esencia, los consumidores podrían no percibir que el ángulo saliente de la etiqueta se despega de la parte superior de la botella según el modo en que sostengan la botella al consumir su contenido debe entenderse a la luz de la jurisprudencia citada en los apartados 37 y 41 anteriores, recordada y aplicada en particular en los apartados 12, 22, 23 y 26 de la resolución impugnada, según la cual el público relevante normalmente informado y razonablemente atento no presta, con carácter general, una especial atención al comprar los productos de que se trata, de manera que la etiqueta en cuestión y la forma en la que está colocada en la botella no captarán realmente su atención. Además, la Sala de Recurso no declaró que ninguno de los consumidores percibiría dicho elemento. En este sentido, se limitó a mencionar la posibilidad de que un consumidor normalmente atento no perciba esta particularidad al sostener la botella de determinada manera. Ahora bien, efectivamente, no puede excluirse que se produzca esa situación, siquiera en raras ocasiones, en la medida en que la botella puede agarrarse tanto por la parte inferior como por la parte superior.
24

El 2 de noviembre de 2018, la demandante presentó una reclamación contra la decisión impugnada en virtud del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, en la que alegaba, en primer lugar, que la Comisión había cometido un error manifiesto de apreciación en cuanto al carácter razonable del plazo tomado por ella para presentar la solicitud de reconocimiento del origen profesional de la enfermedad, teniendo en cuenta que estaba muy débil en 2013 y 2014, en particular debido al fallecimiento de sus padres, que era de «sentido común» que presentara antes una solicitud de asistencia para poder tener en cuenta cómo se trataría su enfermedad, y que había sido instada a someterse a exámenes médicos, lo que demostraba que ya se había superado la fase de admisibilidad y que, en consecuencia, su solicitud debía ser tramitada. En segundo lugar, reprochó a la Comisión una desviación de poder, en la medida en que había aludido a exámenes supuestamente practicados el 24 de febrero de 2018 y el 15 de julio de 2018 con el fin de demostrar la inadmisibilidad de la solicitud de reconocimiento del origen profesional de la enfermedad, cuando la demandante negaba haber sido examinada en esas fechas. En tercer lugar, sostuvo que se había vulnerado su derecho de defensa, ya que, antes de que B emitiera su informe el 15 de julio de 2018, debería haber sido oída. De esta manera, al privarla de su derecho a ser oída por el médico asesor, no había tenido la oportunidad de explicarle a él y, en última instancia, a la AFCC, las razones por las que no había podido presentar antes su solicitud de reconocimiento del origen profesional de la enfermedad. Según la demandante, los documentos médicos enviados a A muestran que no se le hizo ninguna pregunta al respecto. Además, alegó que el informe médico de B no estaba debidamente motivado.