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En tales circunstancias, el First-tier Tribunal (Tax Chamber) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Puede la expresión “fondos comunes de inversión” del artículo 13, parte B, letra d), número 6, de la Sexta Directiva sobre el IVA y del artículo 135, apartado 1, letra g) de la Directiva 2006/112 comprender i) un régimen de jubilación creado por un empresario con objeto de proporcionar pensiones a sus empleados y/o ii) un fondo común de inversión en el que los activos de varios de esos regímenes de jubilación se reúnen con fines de inversión en circunstancias en que, en relación con dichos regímenes de jubilación: a) las pensiones a que tiene derecho cada afiliado se definen anticipadamente en los documentos de constitución del régimen (remitiéndose a una fórmula basada en la antigüedad del afiliado al servicio de la empresa y su salario) y no con referencia al valor de los activos del régimen; b) el empresario está obligado a hacer aportaciones al régimen; c) sólo los trabajadores de la empresa pueden participar en el régimen y disfrutar de pensiones en virtud de éste (los partícipes del sistema se denominan aquí “afiliados”); d) los trabajadores tienen libertad para decidir si se afilian o no al régimen; e) los trabajadores afiliados normalmente están obligados a hacer aportaciones al régimen con arreglo a un porcentaje de su salario; f) las aportaciones del empresario y de los afiliados son agrupadas por el trustee del régimen, que las invierte (normalmente en valores) a fin de crear un fondo con el que pagar a los afiliados las prestaciones previstas por el régimen; g) si los activos del régimen son superiores a lo necesario para financiar las prestaciones previstas por éste, el trustee o el empresario, de conformidad con las condiciones del régimen y las disposiciones aplicables del Derecho nacional, pueden optar por una o varias de las siguientes posibilidades: i) reducir las aportaciones del empresario al régimen; ii) transferir todo o parte del superávit al empresario, o iii) aumentar las prestaciones a que tienen derecho los afiliados al régimen; h) si los activos del régimen son inferiores a lo necesario para financiar las prestaciones previstas por éste, el empresario normalmente está obligado a compensar el déficit y, si no lo hace o no puede hacerlo, se reducen las prestaciones percibidas por los afiliados; i) el régimen permite a los afiliados hacer aportaciones adicionales voluntarias (“additional voluntary contributions” o “AVC”), que no se quedan en el régimen, sino que son transferidas a un tercero para que las invierta y ofrezca prestaciones adicionales basadas en el rendimiento de las inversiones realizadas (dichas operaciones no están sujetas al IVA); j) los afiliados tienen derecho a transferir sus derechos adquiridos en el régimen (calculados en función del valor actuarial de dichos derechos en el momento de la transferencia) a otros regímenes de pensiones; k) las aportaciones del empresario y de los afiliados al régimen no se consideran ingresos de los afiliados a los efectos del impuesto sobre la renta recaudado por el Estado miembro; l) las pensiones percibidas por los afiliados conforme al régimen se consideran ingresos de éstos a los efectos del impuesto sobre la renta recaudado por el Estado miembro, y m) el empresario, y no los afiliados al régimen, asume el coste de la gestión del régimen? 2) A la luz de los objetivos de la exención del artículo 13, parte B, letra d), número 6, de la Sexta Directiva […] y del artículo 135, apartado 1, letra g), de la Directiva 2006/112, del principio de neutralidad fiscal y de las circunstancias descritas en la primera cuestión: a) ¿está facultado un Estado miembro para definir en el Derecho nacional los fondos que están comprendidos en el concepto de “fondos comunes de inversión” de tal manera que queden excluidos los fondos de la clase referida en la primera cuestión pero se incluyan los organismos de inversión colectiva conforme a la definición de la Directiva 85/611[/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 375, p. 3; EE 06/03, p. 38), en su versión modificada por la Directiva 2001/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de enero de 2002, (DO L 41, p. 35) (en lo sucesivo, “Directiva OICVM”], b) ¿en qué medida son relevantes (si lo son en alguna medida) para la cuestión de si un fondo de la clase referida en la primera cuestión debe ser calificado como “fondo común de inversión” por la legislación nacional del Estado miembro: — las características del fondo (detalladas en la primera cuestión); — la medida en que el fondo sea “similar y, por tanto, se encuentre en competencia con” instrumentos de inversión que ya hayan sido calificados por el Estado miembro como “fondos comunes de inversión”? 3) En caso de que, en respuesta a la segunda cuestión, letra b), segundo guión, sea relevante determinar hasta qué punto el fondo es “similar y, por tanto, se encuentra en competencia con” instrumentos de inversión que ya han sido calificados por el Estado miembro como “fondos comunes de inversión”, ¿es necesario considerar la existencia de “competencia” entre el fondo de que se trata y esos otros instrumentos de inversión o el alcance de ésta como cuestión independiente de la cuestión de la “similitud”?»