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3)

En caso de no considerarse compatibles las anteriores interpretaciones con los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE, ¿es contrario a las «exigencias de la buena fe», siempre y en todo caso, la incorporación a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor de cláusulas que definen el objeto principal del contrato redactadas de forma no suficientemente clara y comprensible, o debe valorarse dicha vulneración del principio de buena fe atendiendo a otras circunstancias? En este último caso, ¿qué circunstancias debe valorar el órgano jurisdiccional nacional para poder considerar no vulnerado el principio de buena fe en cuando detecta la existencia de una cláusula definitoria del objeto principal del contrato que ha sido redactada de forma poco clara y comprensible? En particular, ¿se puede incluir entre tales circunstancias la existencia de normativa nacional de rango legal o reglamentario que contemple, en abstracto, la validez de este tipo de «cláusulas suelo»?
—

Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 130, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 , por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) no 1093/2010 y (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) al no haber adoptado todas las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para aplicar la citada Directiva, o en cualquier caso no haberlas comunicado a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 98/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 4 de diciembre de 2015 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

(Asunto C-661/15)

(2016/C 098/25)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: X BV

Recurrida: Staatssecretaris van Financiën

Cuestiones prejudiciales

1) a) ¿Debe interpretarse el artículo 145, apartado 2, del Reglamento de aplicación del Código Aduanero Comunitario (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), (1) en relación con el artículo 29, apartados 1 y 3, del Código aduanero comunitario (en lo sucesivo, «Código aduanero»), (2) en el sentido de que la regla allí establecida es también aplicable en el supuesto de que se compruebe que, en el momento de aceptación de la declaración para una determinada mercancía, existía el riesgo, ligado a la fabricación, de que se estropee con el uso una parte de la mercancía y el vendedor, para cumplir una obligación contractual de garantía con respecto al comprador, conceda a éste una reducción del precio en forma de devolución de los gastos por él asumidos para ajustar la mercancía de tal modo que se excluya el riesgo citado? b) En caso de que la regla establecida en el artículo 145, apartado 2, del Reglamento de aplicación no sea aplicable al supuesto antes mencionado, ¿basta simplemente lo dispuesto en el artículo 29, apartados 1 y 3, del Código aduanero, en relación con su artículo 78, para disminuir el valor en aduana declarado una vez concedida la reducción del precio antes citada?

2) ¿Se opone el requisito, establecido en el artículo 145, apartado 3, del Reglamento de aplicación y aplicable a la modificación del valor en aduana allí mencionada, de que la modificación del precio efectivamente pagado o a pagar por las mercancías debe tener lugar en un plazo de doce meses a contar desde la fecha de aceptación de la declaración de despacho a libre práctica, a lo dispuesto en los artículos 78 y 236 del Código aduanero, en relación con su artículo 29?

(1) Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1).

(2) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).
3)

¿Se opone el Derecho de la Unión Europea, en particular el artículo 56 TFUE, el artículo 9 de la Directiva 2002/21, denominada Directiva Marco, los artículos 3, 5 y 7 de la Directiva 2002/20, denominada Directiva Autorización, y los artículos 2 y 4 de la Directiva 2002/77, (4) denominada Directiva Competencia, así como los principios de no discriminación, transparencia, libre competencia, proporcionalidad, efectividad y pluralismo informativo, a la anulación del procedimiento de beauty contest —que se incoó para subsanar, en el sistema de asignación de las frecuencias digitales de televisión, la exclusión ilegal de operadores de mercado y para permitir el acceso a los operadores de menor tamaño— y a su sustitución por otro procedimiento de licitación oneroso en el que se imponen a los participantes requisitos y obligaciones no exigidos anteriormente a los operadores históricos, de modo que la relación de competencia resulta desequilibrada y antieconómica?
—

Anule total o parcialmente el artículo 1, apartados 1, letra c), y 2, letra f), y el artículo 2, apartados 1, letras c) y e), y 2, letras c) y e), de la Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2012 en el asunto COMP/39437 — Tubos para pantallas de televisión y de ordenador (en lo sucesivo, «Decisión»), en la medida en que se refieren a KPNV; y/o reduzca las multas impuestas a KPNV en el artículo 2, apartados 1, letras c) y e), y 2, letras c) y e), de dicha Decisión.
—

Infracción del Derecho de la Unión: la recurrente en casación sostiene que el Tribunal ha negado de forma infundada que se cumplan los requisitos del artículo 265 TFUE, puesto que la omisión de la Comisión no ha finalizado. Además, según afirma, el Tribunal ha interpretado incorrectamente el Reglamento (CE) no 1924/2006, en particular los artículos 17 y 28. No se pueden equiparar las declaraciones de propiedades saludables autorizadas y las que se hallan en suspenso. Las consecuencias jurídicas que se desprenden de las disposiciones transitorias no son, a su juicio, suficientemente previsibles.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 371/16

Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2015 — Comisión Europea/República Federal de Alemania

(Asunto C-481/15)

(2015/C 371/19)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: W. Mölls y F. Wilman, agentes)

Demandada: República Federal de Alemania

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 del Reglamento (CE) no 300/2008 (1) y de los puntos 4.1, 4.2, 7.5 y 14 del anexo II de dicho Reglamento, al no haber garantizado la supervisión regular de determinadas normas básicas comunes de seguridad aérea en la medida necesaria y con la frecuencia necesaria, y al no haber nombrado un número suficiente de auditores para la aplicación de medidas de control de calidad.

— Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante alega lo siguiente:

El artículo 11 del Reglamento (CE) no 300/2008 y los puntos 4.1, 4.2, 7.5 y 14 del anexo de dicho Reglamento obligan a los Estados miembros a garantizar la supervisión regular de determinadas normas básicas comunes de seguridad aérea en la medida necesaria y con la frecuencia necesaria, así como a nombrar un número suficiente de auditores para la aplicación de medidas de control de calidad.

Según la demandante, Alemania no ha cumplido con estas obligaciones.

(1) Reglamento (CE) no 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 2320/2002 (DO L 97, p. 72, en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 18/2010 de la Comisión, de 8 de enero de 2010 (DO L 7, p. 3).
2)

En el supuesto de que las tres asociaciones no puedan considerarse como tres empresarios independientes (sujetos pasivos), ¿se ha de considerar como empresario independiente: a) la sociedad de capital comercializadora o b) una asociación compuesta por los miembros de las tres asociaciones, que no opera como tal en el mercado por lo que respecta a los clientes ni a los proveedores, o c) una asociación compuesta por las tres asociaciones y la sociedad de capital, que no opera como tal en el mercado por lo que respecta a los clientes ni a los proveedores?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 311/24

Recurso de casación interpuesto el 30 de junio de 2015 por Polynt SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 30 de abril de 2015 en el asunto T-134/13, Polynt SpA y Sitre Srl/Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

(Asunto C-323/15 P)

(2015/C 311/30)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Polynt SpA (representante: C. Mereu, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), Sitre Srl, New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Reino de los Países Bajos, Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-134/13.

— Anule la Decisión impugnada o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que éste se pronuncie sobre el recurso de anulación de la recurrente.

— Condene en costas a la parte demandada, incluidas las correspondientes al procedimiento ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega que, al desestimar su recurso de anulación de la Decisión impugnada, el Tribunal General vulneró el Derecho comunitario. En particular, la recurrente aduce que el Tribunal cometió una serie de errores en su motivación y en la interpretación de la legislación aplicable a la situación de dicha parte. Como consecuencia de ello, el Tribunal General incurrió en los siguientes errores de Derecho:

— Realizó afirmaciones contradictorias y erróneas respecto de la necesidad de tener en cuenta la evaluación del riesgo en el sentido del artículo 57, letra f), del Reglamento REACH (1), lo que dio lugar a una interpretación equivocada de esa disposición.

— Realizó afirmaciones contradictorias y se apartó de la jurisprudencia consolidada sobre el rango y la relevancia de los documentos de orientación al interpretar el concepto de «grado de preocupación equivalente» utilizado en el artículo 57, letra f), de dicho Reglamento.

— Incurrió en una motivación insuficiente al basarse erróneamente en el artículo 60, apartado 2, del Reglamento REACH.

— Utilizó un criterio jurídico erróneo para rechazar las alegaciones relativas a la exposición de los trabajadores y los consumidores, aplicando así de forma incorrecta el artículo 57, letra f), del Reglamento REACH.

Por estas razones, la recurrente sostiene que procede anular la sentencia del Tribunal General en el asunto T-134/13 y la Decisión impugnada.

(1) Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 302/24

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Évora (Portugal) el 13 de julio de 2015 — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA

(Asunto C-354/15)

(2015/C 302/31)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal da Relação de Évora

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Andrew Marcus Henderson

Recurrida: Novo Banco SA

Cuestiones prejudiciales

1) En el supuesto de que un tribunal portugués, que conoce de un proceso judicial civil contra un ciudadano residente en otro Estado miembro de la Unión Europea, haya ordenado la citación de ese mismo ciudadano, a efectos de dicho proceso, mediante carta certificada con acuse de recibo, y no haya sido devuelto el correspondiente acuse de recibo, ¿el tribunal portugués puede considerar, a la luz del citado Reglamento [(CE) no 1393/2007] (1) y de los principios subyacentes a éste, que se ha efectuado esa citación basándose en los documentos facilitados por la entidad postal del país de residencia del destinatario de la misiva que acreditan la entrega de la carta certificada con acuse de recibo al destinatario?

2) La aplicación de lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de enjuiciamiento civil portuguesa, en el supuesto referido en la primera cuestión, ¿resulta contraria al Reglamento y a los principios subyacentes a éste?

3) La aplicación de lo dispuesto en el artículo 191, apartado 2, de la Ley de enjuiciamiento civil portuguesa, en el presente litigio, ¿resulta contraria al Reglamento y a los principios subyacentes a éste?

(1) Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo (DO L 324, p. 79).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 294/28

Recurso de casación interpuesto el 10 de junio de 2015 por Alexandre Borde y Carbonium contra el auto del Tribunal General (Sala Tercera) dictado el 25 de marzo de 2015 en el asunto T-314/14, Borde y Carbonium/Comisión

(Asunto C-279/15 P)

(2015/C 294/35)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Alexandre Borde y Carbonium SAS (representante: A.B.H. Herzberg, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de las partes recurrentes

Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule el auto del Tribunal General de 25 de marzo de 2015, en la medida en que éste: a. desestima las pretensiones de las recurrentes, y b. condena a las recurrentes a cargar con sus propias costas y con las costas de la Comisión.

— Estime la pretensión de anulación formulada por las recurrentes. y a) se pronuncia con carácter definitivo sobre el asunto, o, con carácter alternativo, b) devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre el fondo.

— Con carácter alternativo: que devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie acerca de la admisibilidad junto con el fondo del asunto, y que resuelva en consecuencia.

— Condene en costas a la Comisión, de conformidad con el artículo 184, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Motivos y principales alegaciones

Los recurrentes sostienen que la desestimación de sus pretensiones es contraria a Derecho, ya que a) el Tribunal General determinó los hechos de modo incorrecto y desnaturalizado, menoscabando de ese modo el derecho de los recurrentes a ser oídos, b) al aplicar el artículo 263 TFUE, apartado 4, el Tribunal General limitó de modo incorrecto los actos impugnables a los actos contemplados en el artículo 288 TFUE, c) el Tribunal General incurrió en error al llegar a la conclusión de que las medidas impugnadas no son decisiones en el sentido del artículo 288 TFUE, apartado 4; d) al aplicar el artículo 263 TFUE, apartado 4, el Tribunal General consideró decisivo el hecho de que el acto impugnado pudiera «aislarse de su contexto contractual» o no y no tomó en consideración otros factores relevantes, e) al aplicar el artículo 263 TFUE, apartado 4, el Tribunal General utilizó incorrectamente criterios pensados para casos bipolares en un caso tripolar, f) el Tribunal General no tuvo en cuenta el derecho de los recurrentes a una tutela judicial efectiva como recogen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 294/28

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 9 de junio de 2015 — Servoprax GmbH/Roche Diagnostics Deutschland GmbH

(Asunto C-277/15)

(2015/C 294/34)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Servoprax GmbH

Recurrida en casación: Roche Diagnostics Deutschland GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe un tercero someter un producto sanitario para diagnóstico in vitro destinado a la automedición de la glucemia, ya sometido por el fabricante a una evaluación de la conformidad con arreglo al artículo 9 de la Directiva en un Estado miembro A (en el caso de autos, el Reino Unido), que lleva el marcado CE con arreglo al artículo 16 de la Directiva y que cumple los requisitos esenciales del artículo 3 y del anexo I de la Directiva, a una nueva evaluación de la conformidad o a una evaluación de la conformidad complementaria, con arreglo al artículo 9 de la Directiva 98/79/CE (1), antes de comercializar el producto en un Estado miembro B (en el caso de autos, la República Federal de Alemania) en envases sobre los que se han colocado indicaciones en la lengua oficial del Estado miembro B, distinta de la lengua oficial del Estado miembro A (en el caso de autos, en alemán en lugar de en inglés), y a los que se han adjuntado instrucciones de utilización en la lengua oficial del Estado miembro B en lugar de la del Estado miembro A?

2) ¿Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que las instrucciones de utilización adjuntadas por el tercero sean textualmente idénticas a la información que utiliza el fabricante del producto al comercializarlo en el Estado miembro B?

(1) Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (DO L 331, p. 1), en su última versión modificada por la Directiva 2011/100/UE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011 (DO L 341, p. 50).
2.

Además, señala que el Tribunal ha incurrido en error (segundo motivo de recurso) al considerar que el concepto de ayuda del artículo 107 TFUE es un concepto objetivo, que no puede verse influenciado por una autorización de la Comisión. El valor de la ayuda de un aval no puede modificarse por una autorización de la Comisión. Así es, en particular, en el caso de ayudas de mínimis, puesto que no están comprendidas dentro del artículo 107 TFUE, de modo que todavía menos pueden ser objeto de una resolución de autorización de la Comisión.
1)

¿Son los envases monodosis de miel que se incluyen en un embalaje conjunto que contiene todos los elementos identificativos (incluida la indicación del país de origen) y que no se venden, como tales envases monodosis, a los consumidores finales ni se entregan individualmente a colectividades, «productos alimenticios envasados» a efectos del artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directiva 2000/13 (1) y del artículo 2, apartado 2, letra e), del Reglamento no 1169/2011 (2), sujetos a la correspondiente obligación de etiquetado, o, al no constituir una unidad de venta, no son productos alimenticios envasados sujetos a etiquetado obligatorio?
En primer lugar, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en su interpretación del apartado 13 de las Directrices sobre las multas de la Comisión (1), al considerar que la Comisión podía tener en cuenta, a la hora de determinar el valor pertinente de las ventas, ventas realizadas conforme a contratos anteriores al período de la infracción y que no fueron renegociados durante el período de la infracción. Dado que esas ventas no pudieron verse afectadas por la infracción, no era legal tenerlas en cuenta a la hora de determinar el importe de base de la multa.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 34/8

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Torino (Italia) el 7 de noviembre de 2014 — Procedimiento penal contra Stefano Burzio

(Asunto C-497/14)

(2015/C 034/08)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale ordinario di Torino

Partes en el procedimiento principal

Stefano Burzio

Cuestión prejudicial

A la luz de los artículos 4 del [Protocolo no 7 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales] y 50 [de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea], ¿es conforme al Derecho de la Unión la disposición contenida en el artículo 10 bis, del Decreto Legislativo no 74/2000, en la parte en la que permite proceder a apreciar la responsabilidad penal de una persona que ya ha sido objeto por el mismo hecho (impago de retenciones) de la sanción administrativa irrevocable prevista en el artículo 13 del Decreto Legislativo no 471/97 (aplicación de un recargo)?
3)

¿Son compatibles con las normas del Derecho de la Unión antes citadas el artículo 2, apartado 4, del D. L. no 4/2014, posteriormente convalidado mediante la Ley no 50/2014, puesto en relación con el artículo 160 del D. Lgs. no 259/2003 y con el artículo 21 de la Tarifa adjunta al DPR. no 641/1972, que únicamente establecen la obligación de disponer de una autorización general y de la correspondiente licencia de estación radioeléctrica para una categoría particular de usuarios, titulares de un contrato que formalmente se denomina de abono, mientras que no se exige autorización general ni licencia alguna para otros usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas en virtud de un contrato simplemente porque éste tiene otra denominación (servicio de prepago o de recarga)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 329/2

Recurso interpuesto el 27 de junio de 2014 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Asunto C-308/14)

2014/C 329/03

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Martin y M. Wilderspin, agentes)

Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento (CE) no 883/2004 (1), al exigir que el solicitante de la ayuda por hijo o del crédito fiscal por hijo tenga derecho a residir en el Reino Unido.

— Que se condene en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión sostiene que el Reino Unido ha impuesto un requisito no permitido por el Reglamento (CE) no 883/2004, al exigir que el solicitante de la ayuda por hijo o del crédito fiscal por hijo tenga derecho a residir en el Reino Unido como condición para ser tratado como residente en dicho país. Subsidiariamente, la Comisión alega que el Reino Unido, al imponer el requisito de tener derecho a prestaciones de seguridad social —el cual concurre automáticamente en sus propios nacionales— ha generado una situación de discriminación directa en perjuicio de los nacionales de otros Estados miembros, infringiendo con ello el artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004.

(1) Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1).