A este respecto, hay que precisar que tal apreciación no es más que una técnica que permite al Estado miembro que dispone de competencia fiscal sobre los títulos existentes antes de la operación de canje, pero al que, con arreglo al artículo 8, apartado 1, de la Directiva sobre fusiones, se le impidió ejercerla entonces, conservar su competencia fiscal y ejercerla posteriormente, concretamente en el momento de la cesión de los títulos recibidos en canje, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, párrafo segundo, de dicha Directiva.

El artículo 8 de la Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros, en su versión modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Noruega, de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, adaptada por la Decisión 95/1/CE, Euratom, CECA del Consejo de la Unión Europea, de 1 de enero de 1995, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual la plusvalía resultante de una operación de canje de títulos comprendida en esta Directiva se declara con motivo de esa operación y su tributación se difiere, en cambio, hasta el año durante el cual tiene lugar el acontecimiento que pone fin a ese diferimiento de tributación —en los casos de autos, la cesión de los títulos recibidos en canje—.

Como resulta de los puntos 69 a 71 de las conclusiones del Abogado General, el mero hecho de que la cesión de los títulos recibidos en canje esté comprendida en la competencia fiscal de un Estado miembro distinto del Estado que dispone de la competencia fiscal sobre la plusvalía resultante de la operación de canje de títulos no priva al segundo de esos dos Estados miembros de su derecho a ejercer su competencia fiscal sobre una plusvalía generada en el marco de su competencia fiscal.

En estas circunstancias, y dado que la Directiva sobre fusiones, tal como se desprende del apartado 56 de la presente sentencia, no se opone a que se difiera la tributación de la plusvalía resultante de la operación de canje de títulos hasta la ulterior cesión de los títulos recibidos en canje, esta Directiva no impide al Estado miembro interesado gravar esa plusvalía con motivo de dicha cesión.

El artículo 8 de la Directiva 90/434, en su versión modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Noruega, de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, adaptada por la Decisión 95/1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que grava la plusvalía fiscalmente diferida correspondiente a una operación de canje de títulos en el momento de la ulterior cesión de los títulos recibidos en canje, aunque esa cesión no esté comprendida en la competencia fiscal de dicho Estado miembro.

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que, en una situación en la que la ulterior cesión de los títulos recibidos en canje no está comprendida en la competencia fiscal de dicho Estado miembro, grava la plusvalía fiscalmente diferida con motivo de esa cesión sin tener en cuenta la eventual minusvalía realizada en aquel momento, mientras que esa minusvalía se tiene en cuenta cuando el contribuyente poseedor de títulos reside a efectos fiscales en dicho Estado miembro en el momento de la citada cesión. Corresponde a los Estados miembros establecer los criterios relativos a la imputación y al cálculo de esa minusvalía, siempre que respeten el Derecho de la Unión y, en el caso de autos, más concretamente, la libertad de establecimiento.

Es necesario precisar al respecto que las circunstancias controvertidas en el litigio principal son distintas de las de los asuntos que dieron lugar a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la imposición de salida de las plusvalías, como la sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785). En efecto, el asunto que dio lugar a esa sentencia tenía por objeto el aplazamiento del cobro del impuesto, a saber, una deuda tributaria que se había liquidado definitivamente cuando el contribuyente, con motivo del traslado de su residencia, había dejado de estar sometido al impuesto en el Estado miembro de origen, y no, como en el litigio principal, un diferimiento de tributación. En esas circunstancias, el Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 61 de la sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), que el hecho de que el Estado miembro de acogida no tenga en cuenta, eventualmente, las minusvalías, no impone obligación alguna al Estado miembro de origen de volver a liquidar, en el momento de la cesión definitiva de las nuevas participaciones sociales, una deuda tributaria que se liquidó definitivamente en el momento en el que el contribuyente, debido al traslado de su residencia, dejó de estar sujeto al impuesto en el Estado miembro de origen.

Ahora bien, el diferimiento de tributación de la plusvalía controvertido en el litigio principal hasta la ulterior cesión de los títulos recibidos en canje conlleva que solo se grave la citada plusvalía en el momento de esa ulterior cesión, pese a haber sido declarada con ocasión de la operación de canje de títulos. Esto implica que el Estado miembro interesado ejerce su competencia fiscal sobre dicha plusvalía en el momento en que se realiza la minusvalía controvertida. Por consiguiente, el cómputo de tal minusvalía se inscribe correlativamente —como ha indicado la Comisión Europea— en la obligación de dicho Estado miembro que pretende ejercer su competencia fiscal sobre esa misma plusvalía sometida efectivamente a gravamen en el momento de la citada cesión.

(véanse los apartados 82, 83 y 86 y el punto 3 del fallo)