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La libertad de establecimiento, que el artículo 43 CE reconoce a los nacionales comunitarios y que implica para ellos el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas, en las mismas condiciones fijadas por la legislación del Estado miembro de establecimiento para sus propios nacionales, comprende, conforme al artículo 48 CE, para las sociedades constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y cuyo domicilio social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad Europea, el derecho a ejercer su actividad en el Estado miembro de que se trate por medio de una filial, sucursal o agencia (véanse, en particular, las sentencias de 21 de septiembre de 1999, Saint-Gobain ZN, C-307/97, Rec. p. I-6161, apartado 35; de 12 de septiembre de 2006, Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, Rec. p. I-7995, apartado 41, y Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, antes citada, apartado 36).
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Estados miembros — Obligaciones — Obligación de cooperación leal con las instituciones comunitarias

(Art. 10 CE)

Índice

El deber de cooperación leal, establecido en el artículo 10 CE, es de aplicación general y no depende ni del carácter exclusivo o no de la competencia comunitaria de que se trate ni del posible derecho de los Estados miembros a contraer obligaciones frente a países terceros. Cuando resulte que la materia de un acuerdo o de un convenio sea en parte competencia de la Comunidad y en parte de los Estados miembros, es necesario garantizar una estrecha cooperación entre estos últimos y las instituciones comunitarias tanto en el proceso de negociación y de celebración, como en la ejecución de las obligaciones contraídas. Esta obligación de cooperar deriva de la exigencia de una unidad de representación internacional de la Comunidad.

Los Estados miembros están sujetos a deberes particulares de acción y de abstención en una situación en que la Comisión ha presentado al Consejo propuestas que, aunque éste no ha aceptado, constituyen el punto de partida de una acción comunitaria concertada. En estas circunstancias, constituye un incumplimiento del deber de cooperación leal la propuesta unilateral de un Estado miembro de incluir una sustancia en el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, que desvincula así a este Estado miembro de una estrategia común concertada en el Consejo, a pesar de que tal propuesta, habida cuenta del marco institucional y procedimental del Convenio, comporta consecuencias para la Unión, en particular, por lo que se refiere al ejercicio de derechos. En efecto, conforme a las disposiciones de este Convenio, las organizaciones de integración económica regional, como la Unión, no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados miembros ejerce el suyo y viceversa. Por otra parte, cuando uno o varios de los Estados miembros de una organización de ese tipo sean, al igual que dicha organización, parte en el Convenio, dicha organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer simultáneamente los derechos previstos en este Convenio.

Tal situación puede comprometer el principio de unidad en la representación internacional de la Unión y de sus Estados miembros y debilitar su poder de negociación frente a las otras partes en el Convenio en cuestión.

Al presentar unilateralmente tal propuesta, un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 CE.

(véanse los apartados 71, 73, 74, 91 a 93, 103 y 104, y el punto 1 del fallo)
Asunto C-569/07

HSBC Holdings plc

y

Vidacos Nominees Ltd

contra

The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs

(Petición de decisión prejudicial planteada por los Special Commissioners of Income Tax, London)

«Impuestos indirectos — Concentración de capitales — Impuesto del 1,5% sobre la transmisión o emisión de acciones en un servicio de compensación (“clearance service”)»

Conclusiones del Abogado General Sr. P. Mengozzi, presentadas el 18 de marzo de 2009 I ‐ 9049

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 1 de octubre de 2009 I ‐ 9067

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales

[Directiva 69/335/CEE del Consejo, art. 11, letra a)]

El artículo 11, letra a), de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada por la Directiva 85/303, debe interpretarse en el sentido de que prohíbe la percepción de un impuesto con ocasión de la emisión de acciones en un servicio de compensación.

En efecto, autorizar la percepción de un impuesto o de un gravamen sobre la primera adquisición de un título nuevamente emitido supondría en realidad gravar la propia emisión del citado título en la medida en que forma parte integrante de una operación global relativa a la concentración de capitales.

No puede considerarse que esta primera adquisición constituya una «transmisión», en el sentido del artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva 69/335, so pena de privar de efecto útil al artículo 11, letra a), de dicha Directiva, e invalidar la clara distinción establecida por dichos artículos entre el concepto de «emisión» y el de «transmisión». En efecto, tal interpretación haría posible someter a un impuesto o a un gravamen la operación de emisión que, a pesar de que implica necesariamente la adquisición de títulos emitidos nuevamente, no debe, de conformidad con el artículo 11, letra a), estar sometido a ningún impuesto o gravamen distinto del derecho de aportación. Por lo tanto, un impuesto que grave esta primera adquisición no puede hallarse comprendido dentro del ámbito de aplicación de la excepción que figura en el artículo 12, apartado 1, letra a). Por lo demás, no cabe considerar que dicho impuesto se aplica, en realidad, a las transmisiones futuras, puesto que ni la base imponible ni el sujeto pasivo de dicho impuesto están determinados respecto de tales transmisiones, que además, son hipotéticas.

En consecuencia, en la medida en que dicho impuesto grava los títulos nuevos, creados como consecuencia de un aumento de capital, tal impuesto constituye una imposición en el sentido del artículo 11, letra a), de la referida Directiva, cuya percepción esta prohibida por esta disposición.

(véanse los apartados 32 y 34 a 38 y el fallo)
Cuando, a diferencia del régimen de seguridad social del Estado competente, el del Estado miembro en el que reside una persona dependiente, asegurada como miembro de la familia de un trabajador por cuenta ajena o de un trabajador por cuenta propia en el sentido del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, modificado por el Reglamento no 1386/2001, no prevé el servicio de prestaciones en especie en situaciones de dependencia como las de esta persona, los artículos 19 o 22, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento no exigen, como tales, el servicio de tales prestaciones fuera del Estado competente por parte o por cuenta de la institución competente.

Sin embargo, no cabe interpretar los artículos 19 y 22 del Reglamento no 1408/71 en el sentido de que, en el caso de residencia en un Estado miembro distinto del Estado competente, el acceso del asegurado social a las prestaciones en especie se rige exclusivamente por la normativa del Estado miembro de residencia, de forma que, cuando la normativa de este Estado miembro no prevé la concesión de prestaciones en especie que cubran el riesgo por el que se reclama el derecho a tales prestaciones, dichas disposiciones podrían impedir a la institución competente conceder tales prestaciones en especie. En efecto, interpretar el Reglamento no 1408/71 en el sentido de que prohíbe a un Estado miembro conceder a los trabajadores y a los miembros de su familia una protección social más amplia que la que se desprende de la aplicación de dicho Reglamento sería tanto ir más allá del objetivo de dicho Reglamento como situarse fuera de los objetivos y del marco del artículo 42 CE.

(véanse los apartados 55 a 57 y el punto 1 del fallo)
Puesto que la obligación de compensación está, conforme al Reglamento no 1191/69, necesariamente vinculada a la ejecución de obligaciones de servicio público, una empresa que reciba la consideración de prestadora de servicio de transporte público de pasajeros en un municipio, sin que se le imponga ninguna obligación de servicio público, no puede disfrutar de dicha compensación.

El Reglamento no 1191/69, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, en su versión modificada por el Reglamento no 1893/91, debe interpretarse en el sentido de que autoriza a los Estados miembros a imponer obligaciones de servicio público a una empresa pública encargada del transporte público de pasajeros en un municipio y que prevé, para las cargas que derivan de dichas obligaciones, la concesión de una compensación determinada conforme a las disposiciones de dicho Reglamento.

El Reglamento no 1191/69, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, en su versión modificada por el Reglamento no 1893/91, se opone a la concesión de indemnizaciones compensatorias cuando no es posible determinar el importe de los costes imputables a la actividad que las empresas de que se trate desarrollen en el marco de la ejecución de sus obligaciones de servicio público.

En este caso se encuentra una empresa de transporte titular de una concesión de servicio público que disfruta, dentro de un perímetro urbano determinado, de un régimen de exclusividad como consecuencia de las obligaciones de servicio público que pesan sobre ella, pero que ejerce también en competencia con operadores privados fuera de dicho perímetro otra parte de su actividad por la que no está sujeta a las mismas obligaciones, cuando no sea posible determinar, basándose en datos fiables de su contabilidad, la diferencia entre los costes imputables a la parte de su actividad en la zona que es objeto de concesión y los correspondientes ingresos, y, en consecuencia, no resulte posible calcular el sobrecoste derivado del cumplimiento de las obligaciones de servicio público por dicha empresa.

(véanse los apartados 26 y 29 y el punto 2 del fallo)
El artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2002/22, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que obliga al operador de cable a incluir en su red de cable analógica programas y servicios de televisión que ya se transmiten por vía terrestre, conduciendo, por tanto, a la utilización de más de la mitad de los canales disponibles de esa red y que establece, en caso de escasez de canales disponibles, una clasificación de los candidatos según un orden de prioridad que tiene por resultado la utilización de todos los canales disponibles de dicha red, siempre que esas obligaciones no den lugar a consecuencias económicas no razonables, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

(véanse el apartado 56 y el punto 1 del fallo)
Si, en el marco de un recurso de casación, el Tribunal de Justicia es competente para apreciar la solución jurídica que se ha dado a los motivos objeto de debate ante el Tribunal de Primera Instancia, también debe ser competente, so pena de privar al procedimiento de casación de una parte importante de su sentido, para apreciar las consecuencias jurídicas derivadas de la solución dada por el Tribunal de Primera Instancia, que constituyen asimismo una cuestión de Derecho y que, además, no pueden ser previstas necesariamente por las partes durante el procedimiento sustanciado ante el Tribunal de Primera Instancia. De ello se deriva que no puede considerarse que un motivo invocado en el marco de un recurso de casación contra una consecuencia jurídica derivada de la solución jurídica dada por el Tribunal de Primera Instancia a un motivo debatido ante él modifica el objeto del litigio planteado ante el Tribunal de Primera Instancia en el sentido del artículo 113, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

El mero hecho de que el Tribunal de Primera Instancia considere fundado un motivo invocado por la parte demandante en apoyo de su recurso de anulación no le permite anular automáticamente el acto impugnado en su totalidad. En efecto, no puede adoptarse una anulación total cuando es del todo evidente que dicho motivo, que se refiere únicamente a un aspecto específico del acto impugnado, sólo puede sustentar una anulación parcial que se refiera a elementos que pueden separarse del resto del acto.

De ello se desprende que el Tribunal de Primera Instancia incurre en un error de Derecho cuando anula totalmente una decisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda de Estado con arreglo a conclusiones limitadas a la motivación de la actualización del importe inicial de la ayuda por aplicación de un tipo de interés compuesto. La cuestión de si el importe inicial de la ayuda debe actualizarse empleando un tipo de interés simple o un tipo de interés compuesto no influye en la declaración de la decisión controvertida de que la ayuda es incompatible con el mercado común y debe recuperarse. En cambio, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia que no disociara la cuestión del interés compuesto de la del interés simple, ya que no puede proceder a sustituir la actualización del importe inicial de la ayuda mediante la utilización de un tipo de interés compuesto por la aplicación de un tipo de interés simple sin modificar la esencia de la decisión controvertida.

(véanse los apartados 104, 105, 107, 109 y 110)
En efecto, en primer lugar, la mencionada cuota de enlace está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 12, apartado 7, de la Directiva 97/33 y que, por lo tanto, su cuantificación debe cumplir los mismos requisitos que se aplican a la cuota de interconexión en sentido estricto y que se concretan en el respeto del principio de orientación de las tarifas en función de los costes. Dicho principio, recogido en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/33, obliga a determinar la cuota en función de los costes reales. Por consiguiente, el artículo 12, apartado 7, de la Directiva 97/33 no permite a una autoridad nacional de reglamentación autorizar una cuota de enlace cuya tarifa no se oriente en función de los costes, cuando presente las mismas características que una cuota de interconexión y se perciba además de dicha cuota.

Una directiva no puede, por sí misma, crear obligaciones a cargo de los particulares, sino sólo derechos. Por consiguiente, un particular no puede invocar una directiva contra un Estado miembro cuando se trata de una obligación estatal que está directamente relacionada con la ejecución de otra obligación que incumbe a un tercero, en virtud de esta directiva. En cambio, las meras repercusiones negativas sobre los derechos de terceros, incluso si pueden preverse con seguridad, no justifican que se niegue a un particular la posibilidad de invocar las disposiciones de una directiva contra el Estado miembro de que se trate.

(véanse los apartados 35, 36 y 40)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de febrero de 2008 — Comisión/Luxemburgo

(Asunto C-328/07)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

1. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 9)

2. Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las directivas — Incumplimiento — Justificación basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia (Art. 226 CE) (véase el apartado 11)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción de las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45 y —corrección de errores— DO L 195, p. 16).

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la citada Directiva.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de febrero de 2008 — Comisión/Luxemburgo

(Asunto C-328/07)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

1. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 9)

2. Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las directivas — Incumplimiento — Justificación basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia (Art. 226 CE) (véase el apartado 11)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción de las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45 y —corrección de errores— DO L 195, p. 16).

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la citada Directiva.
1

Mediante su recurso de casación, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 6 de septiembre de 2006, Italia y Wam/Comisión (T-304/04 y T-316/04; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste anuló la Decisión 2006/177/CE de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, relativa a la ayuda estatal no C 4/2003 (ex NN 102/2002) concedida por Italia en favor de WAM SpA (DO 2006, L 63, p. 11; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
29

En Italia, el acceso a las profesiones de ingeniero técnico y de ingeniero está supeditado tanto a la posesión del título universitario requerido como a la superación del examen de Estado («esame di Stato») correspondiente a la profesión de que se trate [artículo 4 del regio decreto no 2537, de 23 de octubre de 1925(Gazzetta ufficiale no 37, de )]. Este examen de Estado consta, según los artículos 47 y 48 del decreto del Presidente della Repubblica no 328, de (suplemento ordinario a la GURI no 190, de ), de al menos dos pruebas escritas, una prueba oral y una prueba práctica. Los candidatos que hayan superado con éxito el examen de Estado obtienen la habilitación para el ejercicio de la profesión de ingeniero («abilitazione all’esercizio della profesione di ingegnere»).
51

En particular, como destacó la Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, el hecho de que la mencionada sentencia Nestlé se refiriera a la adquisición de carácter distintivo por una marca cuyo registro se solicitaba, mientras que en el caso de autos se trata de acreditar el carácter distintivo particular de una marca anterior para determinar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, no justifica un enfoque diferente.
1)

Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 3 de mayo de 2006, Eurohypo/OAMI (EUROHYPO) (T-439/04), en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas declaró que la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, al denegar, mediante su resolución de 6 de agosto de 2004 (asunto R 829/2002-4), el registro como marca comunitaria del sintagma EUROHYPO para los servicios comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, clase a la que corresponde la siguiente descripción: «negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios financieros; financiación […]».
1

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992 (DO L 209, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva sobre recursos»), al no prever un plazo obligatorio para que la entidad adjudicadora notifique la decisión de adjudicación de un contrato a todos los licitadores, al no prever un plazo de espera obligatorio entre la adjudicación de un contrato y su celebración y al permitir que un contrato anulado continúe produciendo efectos jurídicos.
48

Entre los derechos fundamentales que pueden ser así protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad, que está recogido en el artículo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1) (véanse, en particular, las sentencias de 8 de abril de 1992, Comisión/Alemania, C-62/90, Rec. p. I-2575, apartado 23, y de 5 de octubre de 1994, X/Comisión, C-404/92 P, Rec. p. I-4737, apartado 17). A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas físicas y jurídicas (véase TEDH, sentencias Niemietz c. Alemania, de 16 de diciembre de 1992, serie A no 251-B, § 29; Société Colas Est y otros c. Francia, de 16 de abril de 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-III, § 41, y Peck c. Reino Unido, de 28 de enero de 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-I, § 57), actividades que pueden comprender la participación en un procedimiento de adjudicación de un contrato público.