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1)

El artículo 29, apartado 2, segunda frase, del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, debe interpretarse en el sentido de que un solicitante se da a la «fuga», a los efectos de esta disposición, cuando, con el fin de frustrar su traslado, huye deliberadamente de las autoridades nacionales competentes para efectuarlo. Se presumirá que ocurre así cuando el traslado no pueda efectuarse porque el solicitante ha abandonado el lugar de residencia que le fue asignado, sin haber informado de su ausencia a las autoridades nacionales competentes, siempre que dicha persona haya sido informada de sus obligaciones a este respecto, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. El solicitante conserva la posibilidad de demostrar que el hecho de no haber avisado a las referidas autoridades de su ausencia está justificado por razones válidas y no por la intención de huir de tales autoridades. El artículo 27, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que, en un procedimiento contra una decisión de traslado, la persona interesada puede invocar el artículo 29, apartado 2, de dicho Reglamento alegando que, en la medida en que no se ha dado a la fuga, el plazo de seis meses para el traslado ha expirado.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de marzo de 2019 — Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc./Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea

(Asunto C-237/17 P) (1)

(Recurso de casación - Subvenciones - Importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de China - Derecho compensatorio definitivo - Reglamento (CE) n.o 597/2009)

(2019/C 187/11)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power Group Co. Ltd, anteriormente Csi Solar Power (China) Inc. (representantes: J. Bourgeois, A. Willems, avocats, S. De Knop y M. Meulenbelt, advocaten)

Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: H. Marcos Fraile, agente, asistido por N Tuominen, avocată), Comisión Europea (representantes: T. Maxian Rusche, J.-F Brakeland y N. Kuplewatzky, agentes)

Fallo

1) Desestimar los recursos de casación.

2) Condenar a Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd y Csi Solar Power Group Co. Ltd a cargar con las costas del recurso de casación principal.

3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas relativas al recurso de casación principal.

4) Condenar a la Comisión Europea a cargar con las costas relativas a la adhesión a la casación.

5) El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas relativas a la adhesión a la casación.

(1) DO C 239 de 24.7.2017.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 24 de enero de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep — Países Bajos) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV

(Asunto C-477/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (UE) n.o 1231/2010 - Legislación aplicable - Certificado A1 - Artículo 1 - Extensión de los beneficios del certificado A1 a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de un Estado miembro - Residencia legal - Concepto])

(2019/C 93/17)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Centrale Raad van Beroep

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Demandadas: D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV

Fallo

El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1231/2010 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se amplía la aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos, debe interpretarse en el sentido de que los nacionales de terceros países, como los concernidos por el litigio principal, que trabajan y residen temporalmente en diferentes Estados miembros para un empresario establecido en un Estado miembro, pueden invocar las normas de coordinación previstas en el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y en el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, con objeto de determinar a qué legislación de seguridad social están sujetos, siempre que permanezcan y trabajen legalmente en el territorio de los Estados miembros.

(1) DO C 357 de 23.10.2017.
C 44/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 6 de diciembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln — Alemania) — Frank Montag / Finanzamt Köln-Mitte

(Asunto C-480/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Libertad de establecimiento - Fiscalidad directa - Impuesto sobre la renta - Deducibilidad de las cotizaciones abonadas a un organismo profesional de previsión y a un seguro privado de jubilación - Exclusión para los no residentes))

(2019/C 44/04)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Frank Montag

Demandada: Finanzamt Köln-Mitte

Fallo

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual un contribuyente no residente, sujeto, en ese Estado miembro, al impuesto sobre la renta por obligación real, no puede deducir de la base imponible del impuesto sobre la renta el importe de las cotizaciones obligatorias abonadas a un organismo profesional de previsión, en la proporción correspondiente a la parte de los rendimientos sujetos al impuesto en ese Estado miembro cuando estos presentan un vínculo directo con la actividad que ha generado ese rendimiento, mientras que un contribuyente residente, sujeto al impuesto sobre la renta por obligación personal, puede deducir tales cotizaciones de la base imponible del impuesto sobre la renta, dentro de los límites previstos por el Derecho nacional.

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual un contribuyente no residente, sujeto, en ese Estado miembro, al impuesto sobre la renta por obligación real, no puede deducir de la base imponible sobre la renta el importe de las cotizaciones complementarias abonadas a un organismo profesional de previsión y el de las cotizaciones abonadas en el marco de un seguro privado de jubilación, mientras que un contribuyente residente, sujeto al impuesto sobre la renta por obligación personal, puede deducir tales cotizaciones de la base imponible del impuesto sobre la renta, dentro de los límites previstos por el Derecho nacional.

(1) DO C 382 de 13.11.2017.
3)

En el supuesto de que el tribunal nacional declare que una medida, como la controvertida en el litigio principal, que establece el abono obligatorio de una indemnización a los trabajadores con ciertos contratos de trabajo de duración determinada al vencimiento del término por el que se celebraron, constituye una medida adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos resultantes de la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada o una medida legal equivalente, en el sentido de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, según la cual el vencimiento del término por el que se celebraron los contratos de trabajo de duración determinada que pertenezcan a ciertas categorías da lugar al abono de esta indemnización, mientras que el vencimiento del término por el que se celebraron los contratos de trabajo de duración determinada perteneciente al resto de categorías no implica el abono a los trabajadores con dichos contratos de indemnización alguna, a menos que no exista ninguna otra medida eficaz en el ordenamiento jurídico nacional para prevenir y sancionar los abusos respecto de estos últimos trabajadores, extremo que incumbe comprobar al tribunal nacional.
1)

Declarar que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, respectivamente, del artículo 14, letra b), y del artículo 14, letra c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber adoptado las medidas necesarias: — para que se proceda, a más tardar el 16 de julio de 2009, con arreglo al artículo 7, letra g), y al artículo 13 de la Directiva 1999/31, al cierre de los vertederos Dragonja, Dvori, Rakek-Pretržje, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec-Steklarna, Tuncovec-OKP y Bočna-Podhom, que no han obtenido, con arreglo al artículo 8 de esa Directiva, la autorización para continuar con sus operaciones, y — para que, a más tardar el 16 de julio de 2009, el vertedero Ostri vrh sea puesto en conformidad con las exigencias de la Directiva 1999/31, a excepción de las dispuestas en su anexo I, punto 1.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 14 de noviembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Eslovenia) — Nova Kreditna Banka Maribor d.d. / Republika Slovenija

(Asunto C-215/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Reutilización de la información del sector público - Directiva 2003/98/CE - Artículo 1, apartado 2, letra c), tercer guion - Requisitos prudenciales aplicables a las entidades de crédito y a las empresas de inversión - Reglamento (UE) n.o 575/2013 - Información que deben hacer pública las entidades de crédito y las empresas de inversión - Artículo 432, apartado 2 - Excepciones a la obligación de publicidad - Información comercial considerada reservada o confidencial - Aplicabilidad - Entidades de crédito en cuyo capital el Estado posee una participación mayoritaria - Normativa nacional que establece el carácter público de determinada información comercial en poder de dichas entidades de crédito))

(2019/C 16/11)

Lengua de procedimiento: esloveno

Órgano jurisdiccional remitente

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Demandada: Republika Slovenija

Fallo

El artículo 1, apartado 2, letra c), tercer guion, de la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público, y el artículo 432, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012, deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que impone a un banco que ha estado bajo la influencia dominante de una entidad de Derecho público la obligación de revelar información relativa a determinados contratos para la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia jurídica, derechos de autor y otros servicios de carácter intelectual, celebrados por dicho banco durante el período durante el que estuvo bajo la referida influencia dominante, sin admitir ninguna excepción a tal obligación en aras de la preservación del secreto comercial del banco en cuestión, y, por lo tanto, en el sentido de que no se oponen a tal normativa nacional.

(1) DO C 213 de 3.7.2017.
C 4/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — XC, YB, ZA

(Asunto C-234/17) (1)

(Procedimiento prejudicial - Principios del Derecho de la Unión - Cooperación leal - Autonomía procesal - Principios de equivalencia y de efectividad - Legislación nacional que establece una vía de recurso que permite repetir un procedimiento penal en caso de violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales - Obligación de ampliar este procedimiento incluyendo en él los casos en que se alegue una violación de derechos fundamentales consagrados por el Derecho de la Unión Europea - Inexistencia)

(2019/C 4/03)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Solicitantes: XC, YB, ZA

con intervención del: Generalprokuratur

Fallo

El Derecho de la Unión, en particular los principios de equivalencia y de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que no exige al juez nacional que amplíe el ámbito de aplicación de una vía de recurso de Derecho interno que permite obtener la repetición de un procedimiento penal concluido con una resolución nacional que haya adquirido fuerza de cosa juzgada únicamente en caso de violación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, o de alguno de sus Protocolos, aplicando igualmente esta vía de recurso a las violaciones del Derecho de la Unión, en particular las vulneraciones del derecho fundamental garantizado en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen (Luxemburgo) el 19 de junio de 1990 y que entró en vigor el 26 de marzo de 1995.

(1) DO C 239 de 24.7.2017.
1)

El artículo 10 bis, párrafo quinto, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, debe interpretarse en el sentido de que la exigencia de que determinados procedimientos judiciales en materia de medio ambiente no sean excesivamente onerosos, que dicho artículo enuncia, carece de efecto directo. A falta de transposición de dicho artículo por un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales nacionales de este último deben, no obstante, en la medida de lo posible, interpretar el Derecho interno, a partir de la expiración del plazo previsto para la transposición de dicho artículo, de tal manera que no se impida a los particulares interponer un recurso judicial comprendido en el ámbito de aplicación del mismo artículo, o continuar con dicho recurso, debido a la carga económica que de ello podría resultar.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de marzo de 2021 — H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd / Comisión Europea, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Asunto C-591/16 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Productos farmacéuticos - Mercado de los medicamentos antidepresivos (citalopram) - Acuerdos de resolución amistosa de litigios relativos a patentes de procedimiento celebrados entre un fabricante de medicamentos de referencia titular de dichas patentes y fabricantes de medicamentos genéricos - Artículo 101 TFUE - Competencia potencial - Restricción por el objeto - Calificación - Cálculo del importe de la multa - Ventas relacionadas directa o indirectamente con la infracción)

(2021/C 206/04)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd (representantes: inicialmente por R. Subiotto, QC, y T. Kuhn, Rechtsanwalt, posteriormente por R. Subiotto, QC)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: F. Castilla Contreras, T. Vecchi, B. Mongin y C. Vollrath, agentes, asistidos por B. Rayment y D. Bailey, Barristers, G. Peretz, QC, y S. Kingston, SC), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (representantes: F. Carlin, Barrister, y N. Niejahr, Rechtsanwältin)

Parte coadyuvante en apoyo de la Comisión Europea: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: inicialmente por D. Guðmundsdóttir, Z. Lavery y D. Robertson, agentes, asistidos por J. Turner, QC, J. Holmes, QC, M. Demetriou, QC, y T. Sebastian, Barrister, posteriormente por D. Guðmundsdóttir, agente, asistida por J. Turner, QC, J. Holmes, QC, M. Demetriou, QC, y T. Sebastian, Barrister)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) H. Lundbeck A/S y Lundbeck Ltd cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3) La European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) cargará con sus propias costas.

4) El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

(1) DO C 30 de 30.1.2017.
6)

El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con la referencia al procedimiento de recurso contenida en el artículo 40, apartado 1, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una decisión denegatoria de protección internacional está obligado, en principio, a apreciar como «alegaciones adicionales», previa solicitud a la autoridad decisoria de un examen sobre ellas, los motivos de concesión de protección internacional o los elementos de hecho que, pese a referirse a acontecimientos o a amenazas que presuntamente tuvieron lugar antes de la adopción de dicha decisión, e incluso antes de la presentación de la solicitud, se invocan por primera vez durante el procedimiento de recurso. En cambio, dicho órgano jurisdiccional no está sujeto a esa obligación si determina que tales motivos o elementos han sido invocados en una fase extemporánea del procedimiento de recurso o no se han expuesto de forma suficientemente concreta como para que puedan ser debidamente examinados, o si determina, tratándose de elementos de hecho, que no son significativos o no se distinguen suficientemente de los elementos que la autoridad decisoria ya hubiera podido tener en cuenta.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 166/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de marzo de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Enzo Di Puma / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-596/16), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) / Antonio Zecca (C-597/16)

(Asuntos acumulados C-596/16 y C-597/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Directiva 2003/6/CE - Operaciones con información privilegiada - Sanciones - Normativa nacional que establece una sanción administrativa y una sanción penal para los mismos hechos - Fuerza de cosa juzgada de una sentencia penal firme en relación con el procedimiento administrativo - Sentencia penal firme absolutoria por operaciones con información privilegiada - Efectividad de las sanciones - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 50 - Principio ne bis in idem - Carácter penal de la sanción administrativa - Existencia de la misma infracción - Artículo 52, apartado 1 - Limitaciones del principio ne bis in idem - Requisitos))

(2018/C 166/19)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Enzo Di Puma (C-596/16), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-597/16)

Recurridas: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-596/16), Antonio Zecca (C-597/16)

Fallo

El artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado), en relación con el artículo 50, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional según la cual no puede tramitarse un procedimiento de sanción administrativa pecuniaria de carácter penal tras una sentencia penal firme absolutoria en que se haya declarado que no han quedado probados los hechos supuestamente constitutivos de infracción de la normativa relativa a las operaciones con información privilegiada, sobre la base de los cuales se incoó igualmente dicho procedimiento.

(1) DO C 63 de 27.2.2017.
2)

El artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «materia contractual», con arreglo a dicha disposición, incluye la acción de compensación de los pasajeros aéreos por gran retraso de un vuelo de conexión, ejercitada, sobre la base del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, contra un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que no es quien contrata con el pasajero afectado.