Conforme a la segunda hipótesis recogida en el artículo 32, apartado 3, párrafo primero, letra f), del Reglamento no 1260/1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, el concepto de «medida» tiene un alcance general, vinculado a una prioridad estratégica definida por un «eje prioritario», del que la medida constituye el medio de ejecución en una base plurianual que permite la financiación de «operaciones». Dado que tal «medida» puede abarcar una pluralidad de «operaciones», este último concepto tiene un alcance más amplio que el de «operación» que, por su parte, refleja proyectos o acciones que pueden beneficiarse de una intervención de los Fondos.

Para poder concluir que una solicitud de pago es inadmisible, la segunda hipótesis contemplada en el artículo 32, apartado 3, párrafo primero, letra f), del Reglamento no 1260/1999 exige comparar el objeto del procedimiento de infracción entablado por la Comisión con el de «la medida o medidas» —y no con el de las «operaciones»— «objeto de dicha solicitud». En efecto, el mero hecho de que una solicitud de pago pueda referirse a varias operaciones concretas, ejecutadas en el marco de una medida (plurianual), no permite interpretar contra legem el tenor claro y preciso de la segunda hipótesis contemplada en el artículo 32, apartado 3, párrafo primero, letra f), del Reglamento no 1260/1999, en el sentido de que tal comparación deba realizarse con el objeto de cada una de las distintas operaciones como tales, y no con la «medida» o «medidas» de que se trate. Ciertamente, la Comisión debe acreditar una relación suficientemente directa entre, por una parte, la «medida» de que se trata y, por otra parte, el objeto del procedimiento de infracción.

Estas consideraciones responden a la finalidad de las disposiciones pertinentes del Reglamento no 1260/1999. Si bien es cierto que la segunda hipótesis contemplada en el artículo 32, apartado 3, párrafo primero, letra f), del Reglamento no 1260/1999 pretende evitar que los Fondos Estructurales financien operaciones realizadas por los Estados miembros vulnerando el Derecho de la Unión, no por ello el riesgo concomitante de pérdida inadmisible de fondos comunitarios debe imputarse específicamente a la ilegalidad o a la ejecución ilegal de las operaciones (proyectos o acciones) concretas que sean objeto de la solicitud de pago, ni la Comisión está obligada a demostrar que tal riesgo se deriva concreta y directamente de dichas operaciones ilegales, impugnadas en un procedimiento de infracción. En efecto, tal interpretación restrictiva mermaría el efecto útil de las disposiciones de que se trata, que confieren a la Comisión, sólo provisionalmente, la facultad de suspender pagos en concepto de compromisos financieros de los Fondos Estructurales adoptados en el marco de un programa operativo, cuando ésta se enfrenta a un presunto incumplimiento del Derecho de la Unión, por parte del Estado miembro beneficiario, que presente una relación suficientemente directa con la medida objeto de la financiación solicitada, hasta que el Tribunal de Justicia, mediante sentencia, confirme o revoque definitivamente dicho incumplimiento.

Tampoco cuestiona esta apreciación la primera hipótesis contemplada en el artículo 32, apartado 3, párrafo primero, letra f), del Reglamento no 1260/1999 que, de forma análoga, prevé la posibilidad de que la Comisión desencadene un efecto suspensivo respecto de los pagos intermedios, mediante el procedimiento de suspensión del artículo 39, apartado 2, de dicho Reglamento, es decir, fuera del marco de un procedimiento de infracción. En efecto, al margen de que esta última disposición tampoco contempla el concepto de «operación», la primera hipótesis del artículo 32, apartado 3, párrafo primero, letra f), del Reglamento no 1260/1999, al igual que la segunda hipótesis, prevé que la «decisión de no suspender los pagos [falta de decisión de suspender los pagos]» debe afectar a «la medida o medidas objeto de la solicitud [de pago]». Por último, del tenor literal de ambas hipótesis contempladas en el artículo 32, apartado 3, párrafo primero, letra f), del Reglamento no 1260/1999 se desprende claramente que la Comisión puede denegar provisionalmente un pago intermedio invocando únicamente uno de tales supuestos.

Para justificar la declaración de inadmisibilidad de pagos intermedios a la vista de un procedimiento de infracción en curso, basta con que la Comisión demuestre que el objeto de dicho procedimiento presenta una relación suficientemente directa con la «medida» que comprende las «operaciones» objeto de las solicitudes de pago de que se trata.

Por consiguiente, la Comisión, por una parte, puede fundamentar legítimamente una decisión de inadmisibilidad de pagos intermedios en la segunda hipótesis contemplada en el artículo 32, apartado 3, párrafo primero, letra f), del Reglamento no 1260/1999 y, por otra parte, habida cuenta de la facultad así conferida para denegar provisionalmente pagos intermedios, no está obligada a seguir el procedimiento previsto por la primera hipótesis contemplada en el artículo 32, apartado 3, párrafo primero, letra f), del Reglamento no 1260/1999, en conexión con el artículo 39, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento.

(véanse los apartados 45, 46, 49 a 51, 53 y 54)