Asuntos acumulados T-339/10 y T-532/10

Cosepuri Soc. Coop. p.A.

contra

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

«Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Servicio de lanzadera en Italia y en Europa — Rechazo de la oferta de un licitador — Decisión de adjudicar el contrato a otro licitador — Responsabilidad extracontractual — Acceso a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Oferta del licitador seleccionado — Denegación de acceso — Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de un tercero»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 29 de enero de 2013

[Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4; Reglamento (CE) no 1605/2002 del Consejo, art. 100, ap. 2]

Contratos públicos de la Unión Europea — Procedimiento de licitación — Decisión de descartar una oferta — Solicitud de acceso a la oferta del licitador seleccionado — Aplicabilidad del Reglamento (CE) no 1049/2001 relativo al acceso a los documentos — Denegación de acceso — Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales del licitador seleccionado — Procedencia — Compatibilidad con el Reglamento (CE) no 1605/2002

[Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento (CE) no 1605/2002 del Consejo, art. 100, ap. 2]

[Art. 296 TFUE; Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, art. 100, ap. 2; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, art. 149]

[Art. 277 TFUE; Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, arts. 89, ap. 1, y 99; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, art. 148]

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 26)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 26 y 77)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 28)

El demandante puede válidamente impugnar, con carácter incidental, en el marco de un recurso de anulación dirigido contra un procedimiento de adjudicación de contratos públicos de la Unión, la legalidad del pliego de condiciones. Un punto del pliego de condiciones, que establece que el procedimiento de evaluación de las ofertas es secreto, responde a los imperativos, por un lado, de proteger la confidencialidad de las ofertas y, por otro, de evitar, en principio, los contactos entre la entidad adjudicadora y los licitadores. El principio de transparencia, mencionado en el artículo 89, apartado 1, del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, debe conciliarse con tales imperativos. En cualquier caso, dicho principio debe conciliarse con la protección del interés público, de los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas y de la competencia leal, lo que justifica la posibilidad prevista en el artículo 100, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Reglamento, de abstenerse de comunicar algunos datos a un licitador no seleccionado, cuando ello es necesario para garantizar el respeto de tales exigencias. En todo caso, esta disposición no establece la comunicación de la totalidad de la oferta del licitador seleccionado. (véanse los apartados 32, 33 y 49)

Del artículo 100, apartado 2, del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, y del artículo 149 del Reglamento no 2342/2002, sobre normas de desarrollo de éste, se deriva que la entidad adjudicadora cumple su obligación de motivación si se limita, en primer término, a informar inmediatamente a los licitadores no seleccionados de los motivos por los que se hubiere desestimado su oferta y si da a conocer seguidamente a los licitadores que hubieren presentado una oferta admisible, siempre y cuando éstos lo soliciten expresamente, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada así como el nombre del adjudicatario, en el plazo de quince días naturales a partir de la recepción de una solicitud por escrito. Esta forma de proceder se ajusta a la finalidad de la obligación de motivación que figura en el artículo 296 TFUE, con arreglo a la cual es preciso poner de manifiesto de manera clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto, de modo que permita, por una parte, que los interesados conozcan la justificación de la medida adoptada a fin de hacer valer sus derechos, y que el juez, por otra parte, ejerza su control. Además, la obligación de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. La obligación de motivación debe considerarse cumplida desde el momento en que la institución comunicó, como motivación de la decisión de no elegir una oferta en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, los motivos por los que se rechazó la oferta, las características y ventajas de la oferta del licitador seleccionado, el nombre de éste, una copia del informe de evaluación y una copia del contrato firmado con el licitador seleccionado. La falta de comunicación del precio ofrecido por el licitador seleccionado no constituye, en cambio, un incumplimiento de dicha obligación, toda vez que el demandante podía conocerlo. (véanse los apartados 42 a 45, 47 y 48)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 54)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 68 a 70)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 77)

Aun suponiendo que el artículo 100, apartado 2, del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, contenga una norma específica en materia de acceso a los documentos, ha quedado acreditado que este Reglamento y el Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, persiguen objetivos diferentes y no contienen disposición alguna que establezca expresamente la primacía de uno sobre el otro. Por consiguiente, es preciso garantizar una aplicación de cada uno de dichos Reglamentos que sea compatible con la del otro y permita así una aplicación coherente. (véase el apartado 85)

Cuando la institución de que se trata decide denegar el acceso a un documento cuya comunicación se le solicitó, le corresponderá, en principio, explicar las razones por las que el acceso a dicho documento puede menoscabar concreta y efectivamente el interés protegido por una excepción prevista en el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Además, el riesgo de tal menoscabo debe ser razonablemente previsible y no puramente hipotético. No obstante, dicha institución puede basarse, a este respecto, en presunciones generales que se apliquen a determinadas categorías de documentos, toda vez que consideraciones de carácter general similares pueden aplicarse a solicitudes de divulgación relativas a documentos de igual naturaleza. Por otra parte, en el supuesto previsto en el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento, la institución debe valorar si no existía un interés público superior que justificase la divulgación del documento. (véanse los apartados 90 y 91)