1.

Examinaré en primer lugar la segunda cuestión, que constituye al parecer el centro de gravedad de la presente solicitud de decisión prejudicial. En virtud de dicha cuestión, el Bundesgerichtshof desea saber si el número 5 del artículo 16 del Convenio de Bruselas permite pedir ante los Tribunales del Estado contratante del lugar de la ejecución, mediante una acción de oposición a la ejecución, la compensación entre el derecho en virtud del cual se efectúa la ejecución y un crédito sobre el cual los órganos jurisdiccionales de dicho Estado contratante no tendrían competencia para pronunciarse si fuera objeto de una acción autónoma. La demandante en el procedimiento principal desea que la respuesta a esta cuestión sea afirmativa. A su modo de ver, los términos del Convenio de Bruselas, que prevé la competencia exclusiva de los Tribunales del «Estado contratante del lugar de la ejecución» para conocer de las acciones de oposición a la ejecución, implicarían la competencia exclusiva para resolver sobre las excepciones invocadas. Por su parte, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión opinan lo contrario. Admiten que, a primera vista, algunos elementos aboguen, en aras de una administración eficaz de la justicia, en favor de la competencia del órgano jurisdiccional del lugar de la ejecución para conocer de todas las acciones que puedan estar vinculadas con la ejecución forzosa de una resolución judicial. Sin embargo, esta tesis podría ser contraria a determinados principios imperativos. En su opinión, el artículo 16 sólo rige supuestos de competencia que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, son de interpretación estricta. ( 1 ) Así, según el Reino Unido y la Comisión, el artículo 16 no crea supuestos de competencia suplementarios para conocer de nuevas acciones o excepciones destinadas a crear o —como en el asunto de autos— a extinguir una obligación. La excepción prevista en el artículo 16 a las normas generales de competencia previstas por el Convenio de Bruselas sólo se podría justificar si se dieran razones objetivas, propias de una buena administración de la justicia : el principio contenido en el artículo 2 (competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado en el cual el deudor tiene su domicilio) no podría quedar inaplicada, salvo en virtud de una razón imperativa. La finalidad, el objeto y el sistema del Convenio de Bruselas abogan sin duda alguna en favor de la tesis expuesta en último lugar. El Convenio de Bruselas concede a la parte demandante notables facilidades para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales. Sin embargo, a estas facilidades se oponen -por así decirlo, en contrapartida— las disposiciones protectoras de los derechos del demandado, recogidas en el Título II del Convenio. Habida cuenta precisamente de la simplificación de los procedimientos de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones judiciales, el demandado debe ser protegido contra el riesgo de ser «sorprendido» por recursos interpuestos ante órganos jurisdiccionales que carezcan de competencia, de ver obstaculizada así su defensa y, por último, de sufrir las consecuencias derivadas de resoluciones judiciales desfavorables. Pues bien, tal sería el caso si debiera, con arreglo al número 5 del artículo 16, verse obligado a implicarse en una acción de oposición a la ejecución, basada en la compensación con un crédito, sobre el cual los propios órganos jurisdiccionales del Estado del lugar de ejecución declararan, mediante una resolución definitiva, carecer de competencia. Así pues, aunque el demandado no se haya visto obligado a responder a las pretensiones planteadas en su contra «en el marco del procedimiento principal», por haber sido sometido éste último a un Tribunal incompetente, dicho demandado debería, sin embargo, a resultas del procedimiento de tasación de las costas, entablar el debate sobre el fundamento de tales pretensiones, con el único fin de recuperar las cantidades por él desembolsadas para defenderse contra una acción inadmisible. De este modo, el demandado estaría obligado a entablar el debate en cuanto al fondo, mientras que en el procedimiento en el cual fueron invocadas en su contra las controvertidas pretensiones, no tuvo que enfrentarse a tal dificultad por carecer de competencia internacional el órgano jurisdiccional ante el cual se había planteado el asunto. En su sentencia de 4 de noviembre de 1983, el Landgericht Baden-Baden destacó con razón que: «Tal resultado no puede ser conforme a derecho, habida cuenta del sentido, del objeto y del carácter protector de las disposiciones relativas a la competencia.» Además, la solución propuesta por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión concuerdan con las disposiciones del número 5 del artículo 16 del Convenio de Bruselas. Por una parte, las disposiciones relativas a los supuestos de competencia exclusiva tienen carácter de excepción y deben, como he afirmado con anterioridad, ser interpretadas de forma estricta. Por otra parte, habida cuenta de la dificultad o complejidad particular que presentan, los supuestos contemplados por el artículo 16 -relativos a determinados litigios en materia de derecho de arrendamientos, de sociedades, de inscripción en los registros públicos, de protección de la propiedad industrial y comercial y, por último, en materia de ejecución forzosa— exigen que el órgano jurisdiccional competente tenga un conocimiento profundo de las correspondientes legislaciones nacionales. «[...] Es preferible que la aplicación de estas disposiciones competa, en particular por su complejidad, solamente a los Jueces del país en el que estén en vigor»: de este modo justificó el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 14 de diciembre de 1977, la competencia exclusiva con arreglo al número 1 del artículo 16. ( 2 ) Es cierto que se puede exigir que el órgano jurisdiccional competente esté «familiarizado» con el problema cuando se trata de disposiciones relativas al «recurso a la fuerza, al apremio o a la expropiación de bienes muebles o inmuebles con vistas a garantizar la ejecución material de las resoluciones judiciales, de los actos», ( 3 ) es decir, cuando se trata de apreciar la validez de las medidas de ejecución forzosa. Sin embargo, la mencionada exigencia no puede constituir un motivo suficiente para reconocer una competencia exclusiva de apreciación de un derecho en el marco de un procedimiento subsiguiente, siendo así que en el procedimiento principal, y, por tanto, para la apreciación de ese derecho carecía de competencia internacional, y tal ausencia de competencia se había hecho constar mediante por una resolución judicial definitiva.