Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento — Intervención — Demanda que tiene por objeto apoyar las pretensiones de una de las partes — Demanda que contiene alegaciones complementarias que modifican el marco del litigio — Inadmisibilidad de dichas alegaciones

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 40, párr. 4; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 116, ap. 3)

2. Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001 — Obligación de la institución de efectuar un examen concreto e individual de los documentos — Alcance — Exclusión de la obligación — Requisitos

[Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4]

3. Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001 — Obligación de la institución de efectuar un examen concreto e individual de los documentos — Incumplimiento de la obligación — Violación del principio de proporcionalidad — Examen que resulta extremadamente gravoso e inadecuado — Excepción a la obligación de examen — Carga de la prueba que recae en la institución — Obligación de la institución de llegar a un arreglo con el solicitante

[Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4]

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1. Si bien ni el artículo 40, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 53 del propio Estatuto, ni el artículo 116, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se oponen a que el coadyuvante formule alegaciones distintas a las de la parte que apoya, ello es a condición de que no modifique el marco del litigio y que con su intervención pretenda en todo caso apoyar las pretensiones de esta parte. Este requisito no se cumple, en particular, si las alegaciones complementarias del coadyuvante, suponiéndolas fundadas, abocaran a la declaración de ilegalidad del acto impugnado, aun cuando las pretensiones de la parte a la que el coadyuvante supuestamente apoya sólo consistieran en la desestimación del recurso de anulación. Habida cuenta de que dichas alegaciones complementarias tienen por efecto modificar el marco del litigio definido en los escritos de demanda y de contestación, procede declarar su inadmisibilidad.

(véanse los apartados 52, 53 y 55)

2. El examen que requiere la tramitación de una solicitud de acceso a documentos presentada al amparo del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, debe revestir un carácter concreto. Por una parte, el mero hecho de que un documento se refiera a un interés protegido por una excepción no basta para justificar la aplicación de ésta. En principio, la aplicación de la excepción sólo se justifica en caso de que la institución haya valorado previamente, primero, si el acceso al documento habría perjudicado concreta y efectivamente el interés protegido y, segundo, en los supuestos previstos en el artículo 4, apartados 2 y 3, del citado Reglamento, si no existe un interés público superior que justifique la divulgación del documento. Por otra parte, el riesgo de perjuicio al interés protegido debe ser razonablemente previsible y no puramente hipotético. Por consiguiente, la institución afectada debe efectuar un examen concreto e individual del contenido de cada uno de los documentos a que se refiere la solicitud e indicar, al menos para cada categoría de documentos, los motivos por los que considera que los documentos mencionados en la solicitud que le ha sido presentada están vinculados a una categoría de información amparada por una excepción.

Sin embargo, dicho examen no será necesario cuando, por las circunstancias particulares del caso, sea evidente que el acceso ha de denegarse o, por el contrario, concederse. Tal será, en particular, el supuesto de determinados documentos que o bien estén manifiestamente amparados en su integridad por una excepción al derecho de acceso, o bien, a la inversa, sean manifiestamente accesibles en su integridad, o bien hayan sido objeto de una previa valoración concreta e individual por la institución en circunstancias similares.

(véanse los apartados 69, 72, 73 y 75)

3. La negativa de una institución a examinar concreta e individualmente los documentos objeto de una solicitud de acceso constituye, en principio, una violación manifiesta del principio de proporcionalidad, el cual exige que los actos de las instituciones comunitarias no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos perseguidos.

Sin embargo, en aquellos casos particulares en que el examen concreto e individual de los documentos le suponga un trabajo administrativo inadecuado, la institución afectada debe tener la posibilidad de ponderar, por una parte, el interés del público en acceder a los documentos y, por otra, la carga de trabajo que de ello se derivaría, con el fin de salvaguardar, en tales casos particulares, el interés de una buena administración. Semejante excepción a la obligación de examen debe admitirse con carácter extraordinario y únicamente cuando la carga administrativa provocada por tal examen se revelara extremadamente gravosa, excediendo así de los límites de lo que puede exigirse razonablemente.

La institución que invoque dicha excepción deberá aportar prueba de la envergadura de tal carga administrativa. En su caso, deberá tratar de llegar a un arreglo con el solicitante al objeto, por una parte, de conocer o instarle a precisar su interés en la obtención de los documentos controvertidos y, por otra parte, de considerar concretamente las opciones de que dispone para adoptar una medida menos gravosa que el examen concreto e individual de los documentos, y tiene la obligación de primar la opción que, sin conformar en sí misma una tarea que exceda de los límites de lo que puede exigirse razonablemente, sea la más favorable al derecho de acceso del solicitante.

(véanse los apartados 99, 100, 102 y 112 a 114)