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1. Aproximación de las legislaciones - Residuos - Directiva 75/442 - Ambito de aplicación - Gestión de residuos - Designación de las autoridades competentes - Facultad discrecional de los Estados miembros - Necesidad de autorización - Límites - Vigilancia de la autoridad competente - Respeto de la protección de la salud de las personas y del medio ambiente.

(Directiva 75/442 del Consejo, arts. 4, 5 y 8 a 12)

2. Actos de las instituciones - Directivas - Efecto directo - Límites - Posibilidad de invocar una directiva frente a un particular - Exclusión.

(Tratado CEE, art. 189)

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1. Las disposiciones de los artículos 8 a 12 de la Directiva 75/442, relativa a los residuos, incluye cualquier actividad de gestión de residuos, sin establecer ninguna limitación en función de la condición jurídica del operador o de la frecuencia o finalidad de las actividades de que se trate.

El artículo 5 de la Directiva no menciona ningún criterio restrictivo con relación a "las autoridades competentes encargadas de la planificación, organización, autorización y supervisión de las operaciones de gestión de los residuos en una zona determinada" que deben establecer o designar los Estados miembros, siendo éstos libres para elegir dichas autoridades.

La autorización prevista por el artículo 8 de la Directiva será concedida por dichas autoridades y no podrá ser reemplazada por el consentimiento del propietario o poseedor del terreno en el que se viertan los residuos. El propietario o el poseedor de un terreno, en su carácter de operador que deposita sus propios residuos en ese terreno, no necesitará la autorización a que se refiere el artículo 8, pero podrá ser sometido a tal exigencia en el marco de las medidas necesarias que deben adoptar los Estados miembros en virtud del artículo 4 de la Directiva.

Sin perjuicio de los límites habituales para el ejercicio de una facultad discrecional, el poder de que disponen los Estados miembros para organizar la vigilancia prevista por el artículo 10 de la Directiva sólo puede ser limitado por la exigencia de respetar los objetivos de la misma, es decir, la protección de la salud del hombre y del medio ambiente.

2. Una directiva no puede crear por sí misma obligaciones a cargo de un particular y, en consecuencia, una disposición de una directiva no puede ser invocada como tal contra dicha persona.
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Una demanda fundada en el artículo 90, apartado 1, después de la expiración de los plazos de recurso contra el acto lesivo, sólo es admisible en el caso de que sobreviniera un hecho nuevo capaz de motivar un nuevo examen de la situación. Ahora bien, la publicación en las Informaciones administrativas no 373, de 9 de julio de 1982, del cuadro con la descripción de los puestos de trabajo-tipo, no constituye un hecho nuevo. Este cuadro no aporta ninguna modificación a la descripción de los puestos de trabajo de los recurrentes, limitándose a recoger las disposiciones del cuadro anteriormente publicado en las Informaciones administrativas no 272, de 4 de septiembre de 1973, que se limita a actualizar, incluyéndolas, las modificaciones dispuestas para las categorías A y B y para algunos puestos de trabajo referentes al sector de la informática en la categoría C. De todos modos, tal como el Tribunal de Justicia lo ha determinado en la sentencia de 18 de junio de 1981 (antes citada), la descripción de los puestos de trabajo-tipo no confiere al personal el derecho a exigir, después del nombramiento para un determinado grado, un grado más elevado fuera de los procedimientos normales de promoción.
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Más en particular, por lo que respecta a los retrasos alegados, la Comisión no ha podido aportar pruebas para refutar las explicaciones dadas por el Gobierno italiano de que los controles bacteriológicos por muestreo realizados sobre la leche cuajada procedente de Alemania estaban justificados por razones de protección de la salud, dado que una gran parte de los resultados de tales análisis mostraba que la calidad higiénica de la leche cuajada era inaceptable. La Comisión no ha podido tampoco refutar la afirmación del Gobierno italiano, según la cual los retrasos en el transporte de la leche cuajada podrían verse sensiblemente reducidos si las empresas interesadas se comprometiesen a respetar todas las disposiciones del Ministerio italiano de Sanidad, lo que permitiría trasladar bajo control sanitario las partidas sometidas a muestreo hacia las localidades de destino en Italia, a la espera de los resultados de los análisis.
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La solución de las cuestiones depende de la determinación del marco de aplicación de las disposiciones comunitarias relativas a la libre circulación de trabajadores: el artículo 48 del Tratado y las normas derivadas, en particular el Reglamento n° 1612 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO 1968, L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77) y la Directiva n° 68/360 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (DO 1968, L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88). Como lo ha establecido el Tribunal en la sentencia de 27 de octubre de 1982 (asuntos acumulados 35 y 36/82, Morson, Rec. 1982, p. 3723), las mencionadas disposiciones tienen como finalidad contribuir a la eliminación de todos los obstáculos para la instauración de un mercado común en el cual los ciudadanos de los Estados miembros puedan desplazarse libremente en el territorio de los Estados miembros a fin de desarrollar sus actividades económicas. En aplicación del principio de no discriminación que establece el artículo 7 del Tratado CEE, el artículo 48 y las disposiciones adoptadas para su aplicación pretenden realizar el libre acceso de los trabajadores establecidos en los diversos países de la Comunidad a puestos de trabajo ofrecidos en países de la Comunidad distintos de aquél en el cual están establecidos, sin distinción de nacionalidad, prohibiendo cualquier restricción de sus desplazamientos en el interior de la Comunidad que obstaculice el ejercicio efectivo de tal derecho, tanto si se trata de restricciones de acceso al territorio nacional cuanto si se trata de restricciones a la libre circulación en el interior de un territorio nacional.
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Agricultura - Organización común de mercados - Cereales - Importación al tipo preferencial de mandioca procedente de Tailandia - Requisitos de expedición de las licencias de importación - Facultades de control de la Comisión - Alcance

(Reglamentos nº 2029/82, arts. 6 y 7, y nº 499/83 de la Comisión)

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Las modalidades de aplicación del Acuerdo de Cooperación CEE-Tailandia, que abre la posibilidad de importar a la Comunidad mandioca procedente de Tailandia a un tipo preferencial, han quedado fijadas por el Reglamento nº 2029/82. El artículo 7 de este Reglamento faculta a la Comisión para oponerse a la expedición por la autoridad nacional competente de las licencias de importación solicitadas cuando "no se observen las condiciones previstas por el Acuerdo de Cooperación". La Comisión está por tanto obligada a comprobar que la expedición de los certificados solicitados no supera los límites del contingente anual fijado por el acuerdo. A este efecto le correspondía, en un caso dudoso, reclamar al operador económico interesado informaciones complementarias cuya comunicación sistemática no estaba prevista por el artículo 6 del citado reglamento, antes de quedar modificado por el Reglamento nº 499/83.
La aplicación por el Gobierno de un Estado miembro de una política que tenga un efecto equivalente al de las restricciones cuantitativas no escapa a las prohibiciones previstas por el Derecho comunitario por el solo hecho de que la misma no se haya plasmado en decisiones que obliguen a las empresas dado que, aun desprovistas de fuerza coercitiva, las medidas gubernamentales pueden estar encaminadas a influir sobre el comportamiento de las empresas y tener así como efecto el de hacer fracasar los fines de la Comunidad.

Si bien es cierto que el artículo 113 del Tratado se opone a una exclusión general y de principio de ciertos productos del ámbito de la política comercial común, no le está prohibido, sin embargo, al Consejo, en el marco del margen de apreciación del que dispone en una materia económica tan compleja, que excluya transitoriamente ciertos productos del régimen común de exportaciones. Tal exclusión era, en particular, admisible para el petróleo, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales contraídas en esta materia por ciertos Estados miembros y en consideración de las características particulares de este producto, de vital importancia para la economía de un Estado y para el funcionamiento de sus instituciones y servicios públicos.

Los artículos 34 y 85 del Tratado no se oponen a que un Estado miembro lleve a cabo una política dirigida a restringir o prohibir las exportaciones de petróleo hacia un tercer país, sobre la base del artículo 10 del Reglamento n° 2603/69. En efecto, tal política no perjudica específicamente las exportaciones hacia los Estados miembros y no pretende garantizar una ventaja particular a la producción nacional o al mercado interior del Estado miembro interesado, como tampoco están, por sí mismas, encaminadas a restringir o falsear el juego de la competencia en el interior del mercado común.
a)

En cuanto a la infracción del artículo 65, apartado 1, del Estatuto, sostiene que ni dicho artículo ni la Decisión del Consejo de 26 de junio de 1976 sobre el método de adaptación anual de las retribuciones, imponen el principio de identidad entre el aumento de los sueldos comunitarios y nacionales, sino simplemente una evolución paralela. Explica que, para el logro del objetivo fijado por el principio de base, el Consejo toma su decisión, según el método de 1976, en función de cinco factores (evolución del coste de la vida calculado mediante el «índice común», evolución de las rentas reales de los funcionarios nacionales, masa salarial en términos reales per cápita en las administraciones públicas, factores generales de orden económico y social, necesidades de contratación y estructura del personal comunitario) y que, al adoptar este método, el Consejo precisó que no tenía intención de restringir su libertad de apreciación más allá de los límites establecidos por el artículo 65 del Estatuto ni de aplicar un principio de identidad con las retribuciones de los funcionarios nacionales sino únicamente un principio de paralelismo. Hace notar, por otra parte, que en la sentencia de 6 de octubre de 1982 en el asunto 59/81 (apartados 21 y 22), el Tribunal de Justicia precisó que en el ejercicio de su facultad de apreciación el Consejo no puede dejar de tener en cuenta los criterios enunciados en el artículo 65, apartado 1, párrafo 2, segunda frase, pero que no está obligado a tener sólo en cuenta la evolución de los sueldos nacionales. La Comisión subraya por otra parte que la referencia de los demandantes al asunto 72/74 no es pertinente, dado que el método utilizado en el mismo no fue el de 1976; que en el asunto 59/81 el Tribunal de Justicia no sancionó una violación del principio vinculante de aumentos paralelos de retribución sino únicamente la infracción del artículo 65, apartado 1, del Estatuto; que la norma de derecho consuetudinario que ella defendió en el asunto 59/81 resulta de la aplicación repetida del principio de aumentos paralelos y no del principio de identidad de retribución; que entre 1975 y 1979 las retribuciones reales comunitarias aumentaron un 4,4 % contra un 4 % para los funcionarios públicos nacionales, de acuerdo con el principio de aumentos paralelos y no con el de identidad de retribución; que el hecho de que el Reglamento n° 3139/82 no establezca el pago de una cantidad destinada a compensar la depreciación monetaria en el momento del pago de los atrasos de haberes priva a las instituciones comunitarias de la posibilidad de efectuar dicho pago por propia iniciativa y que, aun si se admitiera el principio de identidad entre la evolución de los sueldos comunitarios y los sueldos nacionales, dicho principio no implicaría que el retraso en la determinación de las adaptaciones obligue a tener en cuenta la depreciación monetaria producida durante ese retraso.
1)

Anular el Reglamento (CEE) no 1615/83 de la Comisión, de 15 de junio de 1983, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1602/82 por el que se establecen los coeficientes que deben aplicarse al importe de la ayuda a la producción para los concentrados de tomate, en la medida en que los coeficientes establecidos mediante dicho Reglamento tienen por efecto crear una desigualdad de trato entre la República Helénica y los demás Estados miembros por lo que respecta a la compensación de los costes suplementarios ocasionados por la utilización de envases de menores dimensiones que el envase tipo definido en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1618/83 de la Comisión, de 15 de junio de 1983, por el que se fija, para la campaña 1983/1984, el precio mínimo que debe pagarse a los productores y el importe de la ayuda a la producción para determinados productos transformados a base de frutas y hortalizas.
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En el momento de emitir su Dictamen sobre la comunicación de la Comisión al Consejo de octubre de 1973 relativa al desarrollo de la política común de transportes, el Parlamento adoptó una resolución, el 25 de septiembre de 1974, sobre los principios de la política común de transportes (DO C 127, p. 24). Posteriormente, el Parlamento reiteró al Consejo su petición de que estableciese sin demora una política común coherente en el sector de los transportes, mediante resoluciones de 16 de enero de 1979 (DO C 39, p. 16) y de 3 de marzo de 1982 (DO C 87, p. 42).
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Tras el fracaso de la reunión del Consejo de 21 de diciembre de 1982, que se materializó en la falta de adopción de las disposiciones previstas, la Comisión formuló, el 21 de diciembre de 1982, una declaración (DO C 343, p. 2) en la cual, al tiempo que recordaba que la conservación de los recursos pesqueros era una competencia exclusiva de la Comunidad desde el 1 de enero de 1979, pero que la Comunidad no había podido todavía adoptar un régimen de conservación global y que los Estados miembros tenían no sólo el derecho, sino también el deber de adoptar las medidas necesarias para la protección del interés común, la Comisión — requirió a todos los Estados miembros para que le comunicasen en el plazo más breve posible las medidas nacionales de conservación que pensasen adoptar, sin perjuicio de su aprobación por la Comisión; — invitó a los Estados miembros a colaborar con ella para que las diferentes medidas nacionales de conservación estuviesen coordinadas... y que constituyesen un régimen transitorio que fuese a la vez practicable, eficaz y no discriminatorio.
No procede admitir un recurso interpuesto por un particular cuando vaya dirigido contra un Reglamento de alcance general, en el sentido del párrafo segundo del artículo 189 del Tratado, como es un Reglamento que contenga una prohibición aplicable a todos los operadores económicos de utilizar determinadas traducciones para la designación de los vinos importados de países terceros.

Dado que la elección de la forma de un acto no puede cambiar su naturaleza, el criterio de distinción entre el Reglamento y la Decisión debe buscarse en el carácter general o no del acto de que se trata. El carácter de Reglamento de un acto no se ve cuestionado por la posibilidad de determinar el número o incluso la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplica en un momento determinado. La distinción entre el Reglamento y la Decisión sólo puede basarse en la naturaleza del propio acto y en los efectos jurídicos que produce y no en el modo en que se adopta.
El Tribunal de Justicia, en el marco del artículo 177 del Tratado, no puede pronunciarse sobre la interpretación y la validez de las disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales. No obstante, puede proporcionar al órgano jurisdiccional nacional elementos de interpretación del Derecho comunitario que permitirán a éste resolver el problema que le fue sometido.

Al dictar disposiciones que otorgaban protección a una forma particular de botella de vino, la «flûte d'Alsace», el legislador comunitario no agotó las competencias en materia de designación y presentación de los vinos que le había conferido el apartado 1 del artículo 54 del Reglamento n° 337/79. Por lo tanto, hasta la entrada en vigor de normas comunitarias, el citado artículo, en lo que se refiere en concreto a la protección de la botella denominada «Bocksbeutel», permite el mantenimiento de las normas adoptadas por los Estados miembros, en la medida en que no vulneren los artículos 30 y siguientes del Tratado.
Si bien en virtud del artículo 190 del Tratado, la Comisión está obligada a mencionar los elementos de hecho de los que depende la justificación de una Decisión y las consideraciones que la han conducido a adoptarla, dicha disposición no exige que la Comisión discuta todos los aspectos de hecho y de Derecho que hayan sido tratados en el procedimiento administrativo.

Un contrato de distribución exclusiva' que no contenga ninguna prohibición de exportación no puede beneficiar de la exención por categorías con arreglo al Reglamento n° 67/67 de la Comisión cuando las empresas interesadas participen en una práctica concertada encaminada a restringir las importaciones paralelas destinadas a un revendedor no autorizado.
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El artículo 107 del Reglamento n° 574/72 determina el tipo de conversión aplicable con arreglo al apartado 2 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71. Sin embargo, el artículo 107 no implica la obligación de calcular de nuevo periódicamente, las prestaciones corrientes (en particular, las pensiones) cuando se produzcan variaciones de los tipos de conversión de las monedas. Dicha interpretación queda corroborada por la Decisión n° 99 de la Comisión administrativa de las Comunidades para la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO C 150, p. 2), relativa a la interpretación del apartado 1 del artículo 107 del Reglamento n° 574/72 en lo que respecta a la obligación de calcular nuevamente las prestaciones en curso.
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En lo que respecta a la campaña publicitaria, el Gobierno irlandés alega que forma parte de las actividades del Irish Goods Council. Sin embargo, dicho organismo no puede considerarse una autoridad pública irlandesa; no es otra cosa que una agrupación que permite a las distintas industrias irlandesas cooperar en interés común. Añade que las actividades del Irish Goods Council no se basan en ninguna normativa oficial y, por otra parte, dicho organismo no disfruta de ninguna participación del Gobierno distinta de la concesión de ayuda financiera y apoyo moral.
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Aun cuando dicho criterio no haya sido adoptado por las legislaciones de otros Estados miembros y, en particular, por la de Bélgica, no carece de relación con los objetivos antes mencionados de la legislación neerlandesa, en especial con la voluntad de garantizar la transparencia del mercado considerada necesaria para la protección de los consumidores y la lealtad en las transacciones comerciales. En consecuencia, al adoptar dicho criterio para delimitar el ámbito de aplicación de una excepción a una prohibición de ofrecer primas en especie, una legislación nacional no va más allá de lo que es necesario para alcanzar los objetivos de que se trata.
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La Comisión considera que las medidas que prevé el artículo 58 no constituyen el lugar apropiado para tener en cuenta el problema de las subvenciones otorgadas en determinados Estados miembros a la industria siderúrgica. En el sistema del Tratado CECA, el problema de las ayudas sólo puede abordarse basándose en la letra c) del artículo 4, cuya aplicación podría dar lugar, en su caso, a las Decisiones reguladas en el artículo 88, o en el marco del artículo 67, que se refiere a los perjuicios en las condiciones de competencia. Llama también la atención sobre la relación de esta materia con el régimen general de ayudas; en cuanto a las ayudas específicas para la siderurgia, recuerda que es ella quien creó el marco general de su normativa a través de sus Decisiones nos 80/257, de 1 de febrero de 1980 (DO L 62, p. 90), y 2320/81, de 7 de agosto de 1981, que establecen las normas comunitarias sobre ayudas a la siderurgia (DO L 228, p. 14; EE 08/02, p. 90).
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Las demandantes opinan que las Decisiones individuales adoptadas respecto a ellas son nulas debido a que las Decisiones Generales que constituyen su fundamento no son aplicables a las empresas griegas. Por una parte, estas decisiones generales, anteriores a la fecha de adhesión de la República Helénica, el 1 de enero de 1981, no son actos adoptados por las Instituciones comunitarias ampliadas por la entrada de Grecia. Por otra parte, estas mismas Decisiones, al ser posteriores a la firma de los documentos relativos a la adhesión de Grecia, no vinculan a Grecia ni ésta las ha ratificado. En efecto, no se puede admitir que los actos institucionales a. que se refiere el artículo 2 del Acta de Adhesión hayan podido ser actos futuros, indeterminados en su contenido y, por tanto, desconocidos por las partes en la fecha en que se celebró el acuerdo internacional.
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Durante el proceso penal, el inculpado alegó que el Reglamento no 2527/80 del Consejo, de 30 de septiembre de 1980, antes citado, que entró en vigor el 1 de octubre siguiente, contenía disposiciones más favorables para él, al establecer el límite de tonelaje en 70 TRB y fijar la medida mínima de la malla de hilo doble en 75 mm. Por estimar que precisaba una decisión del Tribunal de Justicia no sólo para pronunciarse sobre dichos motivos, sino también, sobre todo, para apreciar la compatibilidad con el Derecho comunitario de las medidas belgas antes citadas, el Rechtbank solicitó al Tribunal de Justicia que se pronunciara sobre las siguientes cuestiones: «1) Habida cuenta de los artículos 30,34 y 38 a 47 del Tratado CEE de 25 de marzo de 1957, del artículo 102 del Acta de Adhesión y de los Reglamentos (CEE) nos 100/76 y 101/76, por los que se establece, respectivamente, la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca, y una política común de estructuras en el sector pesquero (DO 1976, L 20, p. 19; EE 04/01, p. 16), ¿seguían teniendo los Estados miembros, en el momento de producirse los hechos sometidos a la apreciación del Rechtbank, la facultad de adoptar medidas de limitación de la pesca como las contenidas en el Real Decreto de 23 de abril de 1979, por el que se adoptan medidas de protección de las reservas de peces, crustáceos y moluscos en la zona de pesca de Bélgica {Moniteur belge de 15.5.1979) y el derecho a asegurar su cumplimiento en las aguas sometidas a su jurisdicción? 2) ¿Cabe atribuir efecto retroactivo al Reglamento no 2527/80, por el que se adoptan determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros, o a eventuales Reglamentos posteriores por los que se regula la misma materia?»