El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que un menor debe haber estado físicamente presente en un Estado miembro para que pueda considerarse que reside habitualmente él, en el sentido de esta disposición. Circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, en caso de quedar demostradas —a saber, por un lado, las presiones ejercidas por el padre sobre la madre, que tuvieron como consecuencia que esta diera a luz a la menor en un Estado tercero y permaneciera con ella en dicho Estado desde su nacimiento y, por otro lado, la vulneración de los derechos fundamentales de la madre o de la menor—, carecen de pertinencia a este respecto.

A este respecto, del considerando 12 del Reglamento n.o 2201/2003 se desprende que este se elaboró con el objetivo de responder al interés superior del menor y, para ello, privilegia el criterio de la proximidad. En efecto, el legislador estimó que el órgano jurisdiccional geográficamente próximo a la residencia habitual del menor es el mejor situado para apreciar las medidas que han de adoptarse en interés de este.

El artículo 8 del Reglamento n.o 2201/2003 refleja este objetivo al establecer una competencia general en materia de responsabilidad parental en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenga su residencia habitual (sentencia de 15 de febrero de 2017, W y V, C‑499/15, EU:C:2017:118, apartado 52).

La importancia atribuida por el legislador de la Unión a la proximidad geográfica a efectos de determinar el órgano jurisdiccional competente en materia de responsabilidad parental se desprende igualmente del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003, que basa la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro en la mera presencia del menor precisamente cuando su residencia no ha podido calificarse de «habitual», en el sentido artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento, en ningún Estado miembro, y la competencia no puede determinarse sobre la base del artículo 12 del mismo Reglamento.

Así pues, el Tribunal de Justicia ha declarado que la determinación de la residencia habitual de un menor en un Estado miembro específico requiere, como mínimo, que el menor haya estado físicamente presente en ese Estado miembro (sentencia de 15 de febrero de 2017, W y V, C‑499/15, EU:C:2017:118, apartado 61).

De las consideraciones expuestas en los apartados 45 a 52 de la presente sentencia se deriva que la presencia física en el Estado miembro en el que el menor esté supuestamente integrado es un requisito necesariamente previo a la apreciación de la estabilidad de dicha presencia y que, por tanto, la «residencia habitual», en el sentido del Reglamento n.o 2201/2003, no puede fijarse en un Estado miembro en el que el menor nunca ha residido. Confirma esta interpretación el lugar que ocupa el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003 en las normas de competencia establecidas por este en materia de responsabilidad parental.

(véanse los apartados 48, 49, 51 a 54 y 70 y el fallo)