SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 9 de enero de 1996

Asunto T-23/95

Efthimia Bitha, Vasiliki Bitha y Georgios Bitha

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de la Comunidad — Derecho a las prestaciones previstas en el apartado 2 del artículo 73 del Estatuto — Muerte por accidente — Actividad de submarinismo»

Texto completo en lengua francesa II-45

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión de 26 de abril de 1994, por la que ésta denegó a los demandantes el derecho a las prestaciones previstas en el apartado 2 del artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas en caso de muerte por accidente de un funcionario.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El presente recurso de anulación se enmarca en el contexto de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas (Reglamentación). La Sra. Krinio Bitha, funcionaria de la Comisión, de grado LA 6, escalón 3, y miembro de un club de submarinismo, tomó parte en un ejercicio de buceo durante el cual fue víctima de un accidente mortal.

A raíz de dicho accidente, los causahabientes de la Sra. Krinio Bitha presentaron una petición con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto) con el fin de que se les concediera «la cobertura prevista en el Estatuto en caso de muerte por accidente de funcionarios europeos». Después de que la Comisión dictara una decisión denegatoria expresa, los causahabientes presentaron una reclamación contra dicha decisión. En apoyo de su reclamación invocaron la infracción del artículo 73 del Estatuto, de los artículos 2 y 4 de la Reglamentación y un manifiesto error de apreciación relativo a la distinción existente entre el «submarinismo» y la «exploración submarina».

La Comisión decidió recabar un dictamen pericial de un organismo externo con objeto de aclarar determinados puntos expuestos en la reclamación, si bien no puso dicho dictamen en conocimiento de los demandantes antes de expirar el plazo previsto en el artículo 91 del Estatuto para interponer un recurso. Por este motivo, los causahabientes presentaron el presente recurso.

Sobre el fondo

Este Tribunal de Primera Instancia señala que los términos de la decisión de 26 de abril de 1994, mediante la cual la Comisión denegó a los demandantes el derecho a las prestaciones previstas en el apartado 2 del artículo 73 del Estatuto en caso de muerte por accidente de un funcionario, aluden exclusivamente al tercer guión de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Reglamentación y no a todos los guiones de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Reglamentación, como afirma la Comisión (apartado 29).

Además, no puede admitirse que, al amparo de una decisión presunta denegatoria de una reclamación presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, la Comisión pueda posteriormente modificar la motivación de una decisión ya adoptada, jusfificando ésta, por ejemplo, conforme a otras disposiciones distintas de la inicialmente invocada. Efectivamente, dicha actitud induciría a la Comisión a incumplir su obligación de motivar sus decisiones, en la forma en que resulta del apartado 2 del artículo 25, en relación con el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, y cuya finalidad es, de un lado, facilitar a los demandantes una indicación suficiente para apreciar el fundamento de la denegación de su petición, así como darles la oportunidad de interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, y, de otro, permitir a este órgano jurisdiccional ejercer su control.

Referencia: Tribunal de Justicia. 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento (195/80. Rec. p. 2861), apartado 22; Tribunal de Justicia, 7 de febrero de 1990. Culin/Comisión (C-343/87, Rec. p. I-225), apartado 15; Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento (T-52/90, Rec. p. II-121), apartado 40

Este Tribunal de Primera Instancia considera que debe limitarse a examinar si la Comisión ha incurrido en un manifiesto error de apreciación al entender que la actividad en ejercicio de la cual falleció la Sra. Krinio Bitha era la contemplada en el tercer guión de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Reglamentación, sin que sea preciso pronunciarse acerca de la conformidad de la decisión impugnada con el primer guión de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Reglamentación. A este respecto, tanto de la fase escrita del procedimiento como de los debates habidos durante la vista se desprende que las partes discrepan en lo relativo a la calificación del citado ejercicio de submarinismo con respecto a la expresión «exploración submarina» que utiliza el tercer guión de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Reglamentación (apartados 31 a 34).

Este Tribunal de Primera Instancia considera que no puede aceptarse la interpretación de los términos «exploración submarina» efectuada por los demandantes, según la cual se trata del ejercicio de una actividad científica de investigación, ya que la disposición controvertida enumera precisamente una lista de actividades que la propia disposición califica de «deportes», entre las cuales se halla la exploración submarina. Después, este Tribunal señala que los autores de la Reglamentación sólo distinguieron, como «deportes considerados peligrosos», entre la exploración submarina y la pesca submarina, sin distinguir entre el submarinismo y la exploración submarina. De lo anterior se desprende que cualquier actividad de submarinismo practicada con carácter deportivo, con equipo respiratorio que incluya depósitos de alimentación de aire o de oxígeno y que no tenga por objeto la pesca submarina constituye necesariamente una actividad de exploración submarina a efectos de la Reglamentación. Por lo tanto, este Tribunal de Primera Instancia considera que los propios términos del tercer guión de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Reglamentación incluyen todas las actividades submarinas practicadas en aguas libres con dicho equipo por los funcionarios en el marco de su vida privada y con carácter deportivo. Por lo demás, la citada interpretación se ve corroborada por el contenido del dictamen pericial recabado por la Comisión (apartados 35 a 38).

De cuanto antecede se deduce que la actividad practicada por la Sra. Krinio Bitha en el momento de producirse el accidente que le costó la vida debe considerarse como una actividad de exploración submarina a efectos de lo dispuesto en el tercer guión de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Reglamentación (apartado 39).

No obstante, procede responder a los demás argumentos expuestos por los demandantes. En primer lugar, por lo que se refiere al argumento según el cual la exploración submarina es más arriesgada que el submarinismo y conforme al cual este último constituye una actividad deportiva que no implica ningún riesgo especial cuando se toman determinadas precauciones, este Tribunal de Primera Instancia considera que no le incumbe examinar si la calificación de la exploración submarina como «deporte considerado peligroso» efectuada por la Reglamentación se justifica de hecho. A continuación, por lo que se refiere al argumento según el cual la actitud de la Comisión frente al club de submarinismo creado en su seno por los miembros de su personal pone de manifiesto que el buceo submarino constituye una actividad deportiva que no implica ningún riesgo especial, este Tribunal de Primera Instancia señala que la actitud de la Comisión no puede vaciar de contenido la norma contenida en el tercer guión de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Reglamentación. Finalmente, por lo que se refiere al argumento según el cual el tercer guión de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Reglamentación debe ser objeto de una interpretación restrictiva, este Tribunal de Primera Instancia considera que dicho argumento no resulta pertinente, ya que la disposición controvertida tiene una significación perfectamente clara (apartados 40 a 42).

Del conjunto de los datos antes expuestos se desprende que la decisión de la Comisión de 26 de abril de 1994 se ajusta a lo dispuesto tanto en el artículo 73 del Estatuto como en el artículo 2 y en el tercer guión de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Reglamentación. Por lo tanto, procede desestimar el recurso (apartado 43).

Costas

De los documentos obrantes en los autos se deduce que la Comisión, a lo largo del procedimiento administrativo previo, no actuó con diligencia frente a los demandantes, al privarles -sin ningún motivo aparente- del derecho a conocer el dictamen pericial que les había prometido en el momento en que debieron tomar la decisión de interponer o no interponer el presente recurso. Además, durante este procedimiento, la Comisión ha expuesto un argumento que no correspondía a la motivación precisa del acto impugnado, de forma que obligó a los demandantes a desarrollar, en su escrito de réplica, unas consideraciones que no resultaban pertinentes para la solución del litigio (apartados 44 a 46).

Este Tribunal de Primera Instancia considera que condenar a la Comisión a cargar, además de con sus propias costas, con las efectuadas por los demandantes, supone apreciar debidamente las circunstancias del presente caso (apartado 47).

Fallo:

Se desestima el recurso.