Además, como en el caso de las excepciones a las libertades fundamentales, las excepciones previstas en los artículos 296 CE y 297 CE deben ser objeto de interpretación estricta. Por cuanto se refiere, más concretamente, al artículo 296 CE, procede señalar que, aunque dicho artículo haga referencia a las medidas que un Estado miembro puede estimar necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad o de los datos cuya divulgación considere contraria a dichos intereses, no cabe interpretarlo, no obstante, como si atribuyera a los Estados miembros la facultad de establecer excepciones a las disposiciones del Tratado mediante la mera invocación de dichos intereses. Por consiguiente, corresponde al Estado miembro que pretende acogerse a lo dispuesto en el artículo 296 CE demostrar la necesidad de recurrir a la excepción prevista en ese artículo con objeto de proteger los intereses esenciales de su seguridad.

Si bien corresponde a los Estados miembros establecer las medidas adecuadas para garantizar su seguridad interior y exterior, no por ello cabe deducir que tales medidas se sustraen totalmente a la aplicación del Derecho comunitario. El Tratado sólo establece excepciones expresas aplicables en caso de situaciones que pueden poner en peligro la seguridad pública en sus artículos 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE y 297 CE, que se refieren a unos supuestos excepcionales claramente delimitados. No puede deducirse de ello que exista una reserva general, inherente al Tratado, que excluya del ámbito de aplicación del Derecho comunitario cualquier medida adoptada por motivos de seguridad pública. Reconocer la existencia de tal reserva, al margen de las condiciones específicas previstas en las disposiciones del Tratado, podría contravenir el carácter imperativo y la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud, por una parte, del artículo 26 CE, del artículo 20 del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario y, por consiguiente, del Arancel Aduanero Común, y, por otra, de los artículos 2, 9, 10 y 17, apartado 1, del Reglamento no 1552/89, por el que se aplica la Decisión 88/376, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, en su versión modificada por el Reglamento no 1355/96, y de los mismos artículos del Reglamento no 1150/2000, por el que se aplica la Decisión 94/728, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, un Estado miembro que eximió de derechos de aduana la importación de material utilizable para fines tanto civiles como militares, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2002, y que se negó a calcular, constatar y poner a disposición de la Comisión de las Comunidades Europeas los recursos propios no recaudados debido a dicha exención, así como los intereses de demora devengados por la falta de puesta a disposición de la Comisión de los mencionados recursos propios en los plazos señalados.

En efecto, no cabe admitir que un Estado miembro invoque el encarecimiento del material militar por la aplicación de los derechos de aduana a las importaciones de dicho material procedente de Estados terceros con objeto de intentar sustraerse a las obligaciones que le impone la solidaridad financiera con respecto al presupuesto comunitario, en perjuicio de los demás Estados miembros que, por su parte, recaudan y abonan los derechos de aduana sobre tales importaciones. Esta conclusión se aplica con mayor razón a la importación de material de doble uso civil y militar, haya sido importado o no exclusivamente para fines militares.

(véanse los apartados 50, 55 y 61 y el fallo)