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Dadas las circunstancias, el Verwaltungsgericht Berlin resolvió suspender los procedimientos y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, formuladas en los asuntos C‑501/12, C‑503/12 y C‑505/12, pero que recogen igualmente el conjunto de las cuestiones planteadas en los asuntos C‑502/12, C‑504/12, C‑506/12, C‑540/12 y C‑541/12: «1) ¿Deben interpretarse el Derecho primario y/o el Derecho derivado de la Unión, en el presente asunto concretamente la Directiva [2000/78], cuando establecen una prohibición absoluta de la discriminación no justificada por razón de edad, en el sentido de que la prohibición alcanza también a las normas nacionales sobre la retribución de los funcionarios [...]? 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se deduce de la interpretación de dicho Derecho primario y/o derivado de la Unión que una disposición nacional con arreglo a la cual el importe del sueldo base de un funcionario al iniciarse la relación funcionarial depende sustancialmente de su edad y, a partir de ese momento, va incrementándose atendiendo sobre todo a la antigüedad en la función pública constituye una discriminación directa o indirecta por razón de edad? 3) En caso de respuesta afirmativa también a la segunda cuestión, ¿se opone la interpretación de dicho Derecho primario y/o derivado de la Unión a que se justifique la citada disposición nacional con el objetivo legislativo de retribuir la experiencia profesional? 4) En caso de respuesta afirmativa también a la tercera cuestión, ¿admite la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión, en tanto no se adopte una normativa retributiva no discriminatoria, una consecuencia jurídica distinta a la de abonar retroactivamente a las personas discriminadas la retribución correspondiente al máximo escalón de su grado? A este respecto, ¿la consecuencia jurídica de la infracción del principio de no discriminación se deriva del propio Derecho primario y/o derivado de la Unión, en el presente asunto concretamente de la Directiva [2000/78], o el derecho de la persona discriminada se deduce únicamente de la responsabilidad de los Estados miembros prevista en el Derecho de la Unión en caso de transposición deficiente de la normativa de la Unión? 5) ¿Se opone la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión a una medida nacional que supedite el derecho a reclamar el pago (de atrasos) o una indemnización por daños a que los funcionarios hayan ejercido dicho derecho dentro un plazo relativamente breve? 6) En caso de que se responda afirmativamente a las cuestiones primera a tercera, ¿se deduce de la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión que una ley que establece un régimen transitorio en virtud del cual los funcionarios [previamente titulares] se clasifican en un escalón del nuevo sistema atendiendo únicamente al importe, calculado con arreglo a la (discriminatoria) normativa retributiva anterior, de su sueldo base en la fecha de referencia para la transición, y conforme a la cual el posterior ascenso a escalones superiores se determina atendiendo únicamente a los períodos de experiencia acumulados desde la entrada en vigor de esa ley transitoria, con independencia de los períodos de experiencia en términos absolutos del funcionario, supone una perpetuación de la discriminación por razón de edad existente, que continuará hasta que se alcance el máximo escalón retributivo? 7) En caso de respuesta afirmativa también a la sexta cuestión, ¿se opone la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión a que dicha desigualdad de trato, que se perpetúa sin límite de tiempo, se justifique con el objetivo del legislador de proteger con la ley transitoria no (sólo) los derechos ya adquiridos en la fecha de referencia para la transición, sino (también) la expectativa de evolución de los ingresos en el respectivo grado, pronosticable en virtud de la anterior normativa retributiva? ¿Se puede justificar la discriminación continuada de los funcionarios [previamente titulares] por el hecho de que la alternativa —clasificación individual de los funcionarios [previamente titulares] atendiendo a los períodos de experiencia— implicaría una mayor carga en cuanto a la tramitación administrativa? 8) En caso de que en la séptima cuestión se rechace la justificación, ¿admite la interpretación del Derecho primario y/o derivado de la Unión, en tanto no se adopte una normativa retributiva no discriminatoria para los funcionarios [previamente titulares], una consecuencia jurídica distinta a la de abonar retroactivamente y de forma continuada a los funcionarios [previamente titulares] la retribución correspondiente al máximo escalón de su grado? A este respecto, ¿la consecuencia jurídica de la infracción del principio de no discriminación se deriva del propio Derecho primario y/o derivado de la Unión, en el presente asunto concretamente de la Directiva [2000/78], o el derecho de la persona discriminada se deduce únicamente de la responsabilidad de los Estados miembros prevista en el Derecho de la Unión en caso de transposición deficiente de la normativa de la Unión?»