En el marco de la aplicación de las normas aplicables a las demandas de medidas provisionales, debe tenerse en cuenta la especial función que desempeñan las medidas provisionales en los procedimientos de contratación pública. A tal fin, también debe tomarse en consideración el marco jurídico creado por el legislador de la Unión Europea para su aplicación a los procedimientos de adjudicación de contratos organizados por los órganos de contratación de los Estados miembros. En particular, tal y como se expone en el considerando 40 del Reglamento Delegado no 1268/2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento no 966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, interpretado en relación con el artículo 91, apartado 2, de la Directiva 2014/24 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18, las normas de contratación pública deben basarse en la Directiva 2014/24.

Asimismo, como indican, por un lado, los tres primeros considerandos de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, y, por otro lado, el considerando 3 de la Directiva 2007/66, por la que se modifican las Directivas 89/665 y 92/13 en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos, para garantizar la aplicación efectiva de dichas disposiciones, el legislador ha considerado necesario requerir el establecimiento de procedimientos que permitan recursos rápidos en una etapa en la que aún puedan corregirse eficazmente las infracciones. Además, de los considerandos segundo, tercero y quinto de la Directiva 89/665, así como de su artículo 2, apartado 1, se desprende que, en el contexto particular de los contratos públicos, las medidas provisionales se conciben no sólo como un medio de suspender el procedimiento de adjudicación, sino como un medio de subsanar una ilegalidad, objetivo que, de no ser así, correspondería al procedimiento sobre el fondo del asunto.

El hecho de tener en cuenta la influencia de tales consideraciones en el ejercicio de su competencia por parte del juez de medidas provisionales se justifica porque, por un lado, al igual que sucede a escala nacional, en los asuntos de contratos públicos, el objetivo de las medidas contempladas en el primer capítulo del tercer título del Reglamento de Procedimiento es garantizar la tutela judicial efectiva con respecto a la aplicación por las instituciones y órganos de la Unión de las normas relativas a los contratos públicos, que se basan esencialmente en la Directiva 2014/24, y, por otro lado, conforme al principio general de interpretación tal como se aplica en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dichas Directivas ponen de manifiesto la existencia de un principio fundamental del Derecho de la Unión relativo a la contratación pública como es la tutela judicial efectiva de los licitadores, cuya especial importancia se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y que garantiza el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por consiguiente, aunque el Tribunal General normalmente desestima por ser inoperante un motivo basado en la violación, por una institución de la Unión, de una disposición de una Directiva sobre la adjudicación de contratos públicos, que, por definición, tiene como destinatarios a los Estados miembros, nada impide al juez de la Unión, no obstante, tomar en consideración la expresión de principios generales del Derecho de la Unión que pueda contener ese acto de la Unión. Pues bien, en este caso, las directivas adoptadas en materia de contratos públicos no hacen sino reflejar, a este respecto, el carácter primordial en este ámbito del derecho a gozar de la tutela judicial efectiva.

(véanse los apartados 16 a 20)