3.

La demandante afirma en segundo lugar que el artículo 9 del Reglamento n° 1837/80 ha establecido una verdadera exacción equivalente a derechos de aduana, en contravención de los artículos 9,12, 13 y 16 del Tratado CEE. Para demostrar los fundamentos de esta imputación, el Abogado de la sociedad Kind invoca la sentencia de este Tribunal de Justicia de 20 de abril de 1978, Commissionnaires réunis (asuntos acumulados 80/77 y 81/77, ↔ Rec. p. 927). Se trataba en dicho asunto de precisar si una disposición comunitaria que autorizaba a los Estados miembros productores de vino a establecer y a percibir exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana, en los intercambios intracomunitários de productos vinícolas, era compatible con el citado artículo 13 del Tratado CEE, que dispone la supresión, antes del período transitorio, de las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana a la importación. Con razón entendió este Tribunal de Justicia que la supresión entre los Estados miembros de los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente constituye un principio fundamental del mercado común, que no admite excepciones. Pero la referencia a este precedente no constituye un argumento a favor de la tesis de la demandante: en efecto, en el caso resuelto por la citada sentencia, el litigio se refería al pago de un impuesto francés sobre la importación de vinos de mesa (o que podían llegar a ser vinos de mesa), exacción establecida, como he dicho, en base a la disposición de un Reglamento comunitario que la autorizaba. En el presente caso, por el contrario, nos enfrentamos a un simple mecanismo de recuperación, en el momento de la exportación, de una ayuda comunitaria concedida a la producción y que se ha concebido como un apoyo destinado a actuar exclusivamente en el mercado interior del mercado interesado. En efecto, la exacción a la exportación está vinculada estrechamente a la naturaleza de la prima por el sacrificio; dado que esta última se destina a contribuir al equilibrio de los precios en un mercado determinado, se quiere evitar que produzca también efectos en el exterior de ese mismo mercado y que por consiguiente se recupere sobre el importe ya pagado cuando la carne de ovino sale del territorio del Estado interesado. Mediante este mecanismo, no se hace sino restablecer el nivel de precios normal a los efectos de las relaciones exteriores y circunscribir al mercado interior los efectos de la medida de intervención. Por otra parte, incluso si se compartiera la tesis que atribuye a la exacción de que se trata la naturaleza de un tributo de efecto equivalente a un derecho de aduana, me parece que la imputación de que se trata resultaría igualmente sin fundamento. En realidad, es sabido que, según lajurisprudencia de este Tribunal de Justicia, la responsabilidad de la Comunidad por un acto normativo que implique, como en el presente caso, decisiones de política económica, no puede apreciarse más que en caso de violación grave de una norma jurídica de rango superior que protege a los particulares (véase, especialmente, la sentencia de 25 de mayo de 1978, HNL/Consejo y Comisión, asuntos acumulados 83/76 y 94/76, 4/77, 15/77 y 40/77, ↔ Rec. p. 1209). El Tribunal de Justicia precisó recientemente este punto de vista al afirmar (sentencia de 4 de octubre de 1979, Ireks-Arkady, 238/78, ↔ Rec. p. 2955, especialmente, apartado 9) que «en un contexto de normas comunitarias caracterizado por el ejercicio de una amplia facultad discrecional, indispensable para la aplicación de la política agrícola común, no puede generarse la responsabilidad de la Comunidad más que de manera excepcional, en los casos en los que la Institución interesada hubiera sobrepasado, de manera manifiesta y grave, los límites que se imponen en el ejercicio de sus facultades». Ahora bien, no puede llegarse a considerar que la medida de la que nos ocupamos haya sido gravemente arbitraria. El establecimiento de la exacción a la exportación, prevista por el artículo 9 del Reglamento n° 1837/80, ha sido en todo caso una decisión justificada por circunstancias objetivas y relativa a la esfera discrecional de la política económica. Baste recordar lo que el representante de la Comisión, principalmente, ha puesto de relieve respecto a las exigencias que han llevado a establecer tanto la prima por el sacrificio como la recuperación de su importe en caso de exportación. La situación particular del Reino Unido (que es al mismo tiempo el principal productor y el principal consumidor de carnes de ovino) ha tenido a este respecto una importancia determinante. Antes del establecimiento de la organización común en el sector que nos interesa, los productores del Reino Unido disfrutaban de una subvención pública por un importe igual a la diferencia entre el precio de mercado y un precio fijado por la administración. Este sistema, llamado «deficiency payment», a la vez que trataba de mantener el precio en el mercado inferior a un nivel relativamente más elevado, constituía al mismo tiempo una ayuda a la exportación, dado que la subvención se concedía igualmente a las carnes producidas en el Reino Unido y exportadas posteriormente. Cuando empezó a aplicarse el régimen de la organización común de mercado, la prima por sacrificio de la que hablamos sustituyó al «deficiency payment», por que era preciso evitar que se produjera un aumento brusco e importante de los precios en el mercado interior, lo que tendría como consecuencia la reducción tanto del consumo como de la importación procedente de los países terceros. A este respecto, procede señalar igualmente que cualquier reducción perceptible de las importaciones procedentes de países terceros hubiera supuesto también complicaciones en el sistema del GATT, ya que se hubiera podido replantear la discusión sobre los acuerdos celebrados relativos al importe del derecho de aduana a la entrada en la Comunidad. Las circunstancias en las que se prevé la prima por sacrificio hacen por lo tanto comprender que no se trataba en absoluto de una medida arbitraria y que su limitación al mercado interior del Estado que la concede no tenía tampoco un carácter arbitrario; como ya se ha dicho, se trata de una limitación garantizada por el mecanismo de la exacción a la exportación. Es del todo evidente, pues, que no cabe hablar, respecto al artículo 9 del Reglamento n° 1837/80 de infracción grave de una norma comunitaria de rango superior: en realidad, esta norma ha sido el resultado de una decisión de política económica justificada por las circunstancias objetivas del mercado y sobre todo del mercado del Reino Unido en el sector de las carnes de ovino.