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1)

¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2009/54/CE (1) en el sentido de que por «agua mineral natural que proced[e] de un mismo manantial»: a) se entiende el agua que procede del mismo punto de emergencia, pero no la que se obtiene en distintos puntos de emergencia aunque sea agua cuyo manantial esté en el mismo «acuífero» de la misma «masa de agua subterránea», según la definición de dichos conceptos contenida en la Directiva 2000/60/CE (2); b) se entiende el agua que procede del mismo punto de emergencia, pero no la que se obtiene en distintos puntos de emergencia aunque sea agua cuyo manantial esté en el mismo «acuífero» de la misma «masa de agua subterránea», según la definición de dichos conceptos contenida en la Directiva 2000/60/CE, debiéndose tener en cuenta a efectos de dicha definición circunstancias como la distancia entre los puntos de emergencia, su profundidad, la calidad específica del agua que procede de un único punto de emergencia (por ejemplo, su composición química y microbiológica), la conexión hidráulica entre los puntos de emergencia, o el hecho de que el «acuífero» sea abierto o cerrado; c) se entiende la totalidad del agua que tenga su manantial en el mismo «acuífero» de la misma «masa de agua subterránea», según la definición de dichos conceptos contenida en la Directiva 2000/60/CE, con independencia de que brote en superficie en varios puntos de emergencia; d) se entiende la totalidad del agua que tenga su manantial en el mismo «acuífero» de la misma «masa de agua subterránea», según la definición de dichos conceptos contenida en la Directiva 2000/60/CE, con independencia de que brote en superficie en varios puntos de emergencia, debiéndose tener en cuenta a efectos de dicha definición circunstancias como la distancia entre los puntos de emergencia, su profundidad, la calidad específica del agua que procede de un único punto de emergencia (por ejemplo, su composición química y microbiológica), la conexión hidráulica entre los puntos de emergencia, o el hecho de que el «acuífero» sea abierto o cerrado?
—

Que se declare que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 13 y 36, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, y de los artículos 5, apartado 3, letra e), 6 —en relación con la Decisión 2003/33/CE del Consejo—, 7, 8, 9, 11 y 12 de la Directiva 1999/31/CE, así como de los anexos I, II, III de esta última, al autorizar el depósito de tierras de excavación —es decir, una actividad que configura la valorización de residuos— en la parcela no 115/1 del catastro municipal de Teharje, sin garantizar que en tal sitio no se depositaron previa o contemporáneamente otros residuos, y al no adoptar medidas para eliminar de tal sitio, calificable de vertedero ilegal, los residuos no cubiertos por la autorización.
1)

¿Es compatible con el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS) (1) en la medida en que supedita la aplicación del principio non bis in idem a que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación del Estado de condena?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/13

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 6 de febrero de 2014 — Hauptzollamt Hannover/Amazon EU Sàrl

(Asunto C-58/14)

2014/C 142/16

Lengua de procedimiento: Alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandado y recurrente en casación: Hauptzollamt Hannover

Demandante y recurrida en casación: Amazon EU Sàrl

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse la descripción de productos que contiene la subpartida 8543 7010 de la Nomenclatura Combinada (1) en el sentido de que sólo incluye los aparatos que dispongan exclusivamente de la función de traducción o de diccionario?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Deben incluirse en la subpartida 8543 7010 de la Nomenclatura Combinada también los aparatos en los que la función de traducción o de diccionario no es significativa frente a la función principal (función de lectura)?

(1) Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en su redacción resultante del Reglamento (UE) no 861/2010 de la Comisión, de 5 de octubre de 2010, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 (DO L 284, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/32

Recurso de casación interpuesto el 10 de enero de 2014 por Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 12 de noviembre de 2013 en el asunto T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Comisión Europea

(Asunto C-7/14 P)

2014/C 52/58

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (representantes: K. Landry y G. Schwendinger, Rechtsanwälte)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule íntegramente la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 12 de noviembre de 2013 en el asunto T-147/12 y que se declare nula la Decisión REM 02/09 de la Comisión, de 16 de septiembre de 2011 [C(2011) 6393 final].

— Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie de nuevo.

— Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Como primer motivo de casación aduce la recurrente que el Tribunal General ha infringido el artículo 220, apartado 2, letra b), del Código aduanero, (1) al haber estimado que la recurrente en casación podía haber detectado el error de las autoridades aduaneras alemanas, algo que, a juicio de ésta, no es correcto. Las disposiciones concretas son complejas y su tenor resulta poco claro y confuso, como muestra en particular la correspondencia entre el Bundesministerium für Finanzen y la Comisión. Además, la duración y el alcance de las prácticas erróneas de las autoridades aduaneras alemanas indican también, según afirma, que ella no podía detectar el error.

En segundo lugar, la recurrente en casación alega que el Tribunal ha infringido el artículo 239, apartado 1, segundo guión, del Código aduanero al haber declarado, incurriendo con ello en un error de Derecho, que la recurrente actuó de manera manifiestamente negligente.

En tercer lugar, la recurrente en casación señala que el Tribunal no ha motivado suficientemente su sentencia en dos extremos, de modo que no puede comprender cómo adoptó éste la decisión.

(1) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 93/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Comércio de Lisboa (Portugal) el 16 de diciembre de 2013 — Estado portugués/Massa Insolvente do Banco Privado Português, S.A., en liquidación

(Asunto C-667/13)

2014/C 93/31

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal do Comércio de Lisboa

Partes en el procedimiento principal

Demandante/Recurrente: Estado portugués

Demandada/Recurrida/Otra parte: Massa Insolvente do Banco Privado Português, S.A., en liquidación

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Adolece la Decisión (1) del vicio de falta de motivación: a) por no indicar la razón por la cual la garantía otorgada por el Estado portugués afecta al comercio entre los Estados miembros?; b) por no esclarecer la razón por la cual la ayuda concedida en forma de garantía –ayuda que en un primer momento se consideró amparada por el apartado 3 del artículo 107 TFUE– fue posteriormente declarada incompatible con el mercado común?

2) ¿Incurre la Decisión en un vicio consistente en la contradicción entre su motivación y su parte dispositiva en lo que atañe al momento a partir del cual la [ayuda] pasó a ser considerada ilegal: 5 de diciembre de 2008 o 5 de junio de 2009?

3) ¿Resulta la Decisión contraria a lo dispuesto en el artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que la ayuda concedida no afectó al comercio entre los Estados miembros, habida cuenta especialmente de la finalidad del préstamo y del uso efectivo que se hizo del mismo, así como del hecho de que el beneficiario no ejerza su actividad desde el 1 de diciembre de 2008?

4) ¿Resulta la Decisión contraria a lo dispuesto en el artículo 107 TFUE, apartado 3, en la medida en que la ayuda se destinó a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro y en que, por esta razón, es compatible con el mercado común?

5) Con carácter subsidiario: ¿Se oponen los apartados 1 y 2 [del artículo 14] del Reglamento no 659/1999 (2) a que se aplique en el caso concreto la reducción del importe que procede recuperar, cuando la misma norma es aplicable, de un modo no discriminatorio, a todos los acreedores de la sociedad insolvente?

(1) Decisión 2011/346/UE de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa a la ayuda estatal C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) ejecutada por Portugal en forma de garantía estatal en favor de BPP [notificada con el número C(2010) 4932] (DO L 159, p. 95).

(2) Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (actualmente artículo 88) (DO L 83, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/24

Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Timișoara (Rumanía) el 3 de junio de 2013 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

(Asunto C-304/13)

2014/C 52/43

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Timișoara

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș

Demandadas: Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

Coadyuvante: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

Cuestión prejudicial

¿Se opone el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, (1) en particular sus artículos 115 y 135, a que un Estado establezca requisitos adicionales, que no figuran en el Reglamento, para conceder la prima al agricultor, a saber, el requisito de que «en la fecha de solicitud de la prima [éste] no tenga deudas pendientes con el Estado ni con las entidades locales»?

(1) Reglamento (CE) del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/11

Recurso interpuesto el 20 de noviembre de 2013 — Comisión Europea/República Federal de Alemania

(Asunto C-591/13)

2014/C 24/20

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: W. Mölls y W. Roels, agentes)

Demandada: República Federal de Alemania

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 TFUE y 31 del Acuerdo EEE (1) al haber adoptado y mantenido disposiciones con arreglo a las cuales se aplaza el impuesto sobre las plusvalías latentes puestas de manifiesto con ocasión de la enajenación a título oneroso de determinados activos inmovilizados, siempre que se adquieran o produzcan otros activos inmovilizados, aplazamiento que durará hasta que se realice la venta de esos otros activos inmovilizados, por considerarse que tales plusvalías latentes «se transmiten» a los activos inmovilizados adquiridos o producidos, y ello a condición de que éstos pertenezcan al inmovilizado de establecimientos permanentes del sujeto pasivo que se encuentren en territorio nacional, mientras que no cabe dicho aplazamiento cuando los mismos bienes pertenezcan al inmovilizado de establecimientos permanentes del sujeto pasivo que se encuentren en otro Estado miembro u otro Estado del Espacio Económico Europeo.

— Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.

Motivos y principales alegaciones

Con arreglo a las referidas disposiciones de Derecho alemán, en el supuesto de la enajenación de determinados activos inmovilizados del patrimonio empresarial, la ganancia patrimonial resultante no se somete inmediatamente a tributación si el sujeto pasivo vuelve a adquirir o produce en un plazo determinado ciertos activos inmovilizados para su patrimonio empresarial. En dicho supuesto, la tributación por la ganancia patrimonial resultante de la enajenación de los bienes iniciales se aplaza, mediante la «transmisión» de las referidas plusvalías latentes, hasta el momento en que se enajenen los bienes así adquiridos o producidos. No obstante, con arreglo a dichas disposiciones, sólo se concederá el aplazamiento cuando los bienes adquiridos o producidos pertenezcan al inmovilizado de establecimientos permanentes que se encuentren en territorio nacional, y no cuando los establecimientos permanentes relevantes se encuentren en otro Estado miembro u otro Estado del Espacio Económico Europeo. A juicio de la Comisión, la referida normativa resulta contraria a la libertad de establecimiento.

(1) Acuerdo de 2 de mayo de 1992 sobre el Espacio Económico Europeo (DO 1994, L 1, p. 3).
6)

¿Se oponen el principio de efectividad, o bien el elevado nivel de protección del consumidor dentro de la Unión perseguido por la Directiva 1999/44, u otras disposiciones o normas del Derecho de la Unión, a la normativa neerlandesa relativa a la obligación de alegación y a la carga de la prueba del comprador-consumidor de que el bien no es conforme y que esta falta de conformidad se ha manifestado dentro de los seis meses siguientes a la entrega? ¿Qué significa la expresión «faltas de conformidad que se manifiesten», contenida en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 1999/44, y en particular: en qué medida debe el comprador-consumidor alegar hechos y circunstancias que afecten a (la causa de) la no conformidad? ¿Basta a tal fin con que el comprador-consumidor alegue y, en caso de ser rebatido de forma motivada, pruebe que el bien comprado no funciona (correctamente), o debe también alegar y, en caso de ser rebatido de forma motivada, probar qué deficiencia del bien vendido causa (o ha causado) que éste no funcione (correctamente)?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 1 del Reglamento (UE) no 1086/2011, (1) por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2073/2005, (2) en el sentido de que la carne fresca de aves de corral debe cumplir en todas las fases de distribución el criterio microbiológico del anexo 1, capítulo 1, entrada 1.28, del Reglamento (CE) no 2073/2005 de la Comisión?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/28

Recurso interpuesto el 26 de junio de 2013 — Comisión Europea/República Eslovaca

(Asunto C-361/13)

2013/C 260/51

Lengua de procedimiento: eslovaco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: F. Schatz, A. Tokár, en calidad de agentes)

Demandada: República Eslovaca

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 45 y 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 7 del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, (1) al denegar la concesión del subsidio de Navidad de la Ley no 592/2006 a los beneficiarios que residan en un Estado miembro distinto de la República Eslovaca.

— Que se condene en costas a la República Eslovaca.

Motivos y principales alegaciones

El subsidio de Navidad de la Ley no 592/2006 es una prestación de vejez en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) no 883/2004, que también debe abonarse a los beneficiarios que residan fuera del Estado miembro de que se trate (en este caso, la República Eslovaca). Por lo tanto, una disposición del ordenamiento jurídico interno no puede limitar el derecho de los beneficiarios que vivan fuera de la República Eslovaca a recibir el subsidio de Navidad. En consecuencia, la disposición de Derecho interno de la República Eslovaca que prevé la mencionada limitación es incompatible con los artículos 45 TFUE y 48 TFUE y con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 883/2004.

(1) DO L 166, p. 1.
2)

¿Qué significado tiene el concepto «constituyentes no aromáticos» empleado en las notas explicativas relativas al capítulo 27 de la NC y en las notas explicativas relativas al capítulo 27 del SA, así como en la nota 2 al capítulo 27 del SA? ¿Dicho significado coincide con el significado del concepto de «hidrocarburos no aromáticos» o es más amplio? En caso de que fuera más amplio que el significado del último concepto mencionado: ¿Comprende todos los constituyentes que, en lo que concierne al peso, no están comprendidos en el concepto de «constituyentes aromáticos», o se trata de constituyentes de un producto, como el del procedimiento principal, que, en lo que concierne al peso, no están comprendidos en ninguna de las dos categorías («constituyentes aromáticos» y «constituyentes no aromáticos»)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 207/27

Recurso de casación interpuesto el 8 de mayo de 2013 por Peter Schönberger contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 7 de marzo de 2013 en el asunto T-186/11, Peter Schönberger/Parlamento Europeo

(Asunto C-261/13 P)

2013/C 207/44

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Peter Schönberger (representante: O. Mader, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2013 en el asunto T-186/11.

— Que se estime la pretensión del demandante formulada en primera instancia. Que se anule la decisión comunicada al demandante mediante escrito de 25 de enero de 2011, por la que se puso fin al examen de su petición no 1188/2010, sin que el Comité de Peticiones analizara el contenido de la misma.

— Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

El demandante alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta en su relato de hechos que la presidenta del Comité de Peticiones comunicó sin motivación alguna que su petición era admisible, pero que el Comité de Petición no podía tratar su contenido. En lo sucesivo, el Tribunal General supuso, falseando los hechos, que se había producido un examen de la petición.

Señala que el Tribunal General no tuvo en cuenta el alcance de la protección del derecho fundamental a formular peticiones, al considerar erróneamente que dicha protección se limita únicamente a la admisibilidad de una petición. Sin embargo, la protección incluye también el derecho a que la petición se examine en cuanto a su contenido y a que se adopte una decisión motivada en cuanto al fondo, si una petición resulta admisible (derecho a que un asunto sea tratado).

Aduce que el Tribunal General se abandonó a la contradicción lógica de que, a diferencia del no examen de una petición inadmisible, el no examen por parte del Parlamento de una petición admisible no produce efectos jurídicos.

Alega que el Tribunal General contradice su propia jurisprudencia sentada en el asunto T-308/07 (Tegebauer). (1) En dicha sentencia declaró que la eficacia del derecho a formular peticiones puede verse afectado si no se hace un examen del contenido de la petición.

Señala que el Tribunal General no tuvo en cuenta la infracción que reside en la falta de motivación de la decisión del Parlamento, sino que, en su lugar, sustituyó la falta de motivación del no examen de la petición por la suya propia.

Aduce que el Tribunal General no apreció el hecho de que se denegara al recurrente la posibilidad de explicar su petición al Comité de Peticiones sin que ésta fuese falseada.

(1) Sentencia del Tribunal General de 14 de septiembre (aún no publicada en la Recopilación).
—

Que se declare que la República de Estonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 54, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, al no haber adoptado disposiciones normativas para adaptar su ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, nos 10, 20 y 22, 3, apartados 3 y 4, 7, apartado 3, 9, apartados 5, 7 y 12, 10, apartado 5, 11, apartado 5, letras a) y b), 12, 13, 15, 16, 26, apartado 2, letra b), 26, apartado 2, letra c). frases segunda, cuarta y quinta, artículos 26, apartado 2, letra d), frases tercera y cuarta, 26, apartado 3, 27, apartado 2, 33, 36, apartado 4, párrafos segundo y cuarto, 36, apartados 6 y 8, 36, apartado 9, párrafo tercero, 41, apartado 1, letras d), e), i), k), n), p), q) y s), artículos 41, apartado 6, letra c), 41, apartado 9, frases segunda y tercera, 41, apartado 10, 44, apartado 3, anexo 1, no 1, letra a), apartado 1, guiones segundo, tercero, quinto y séptimo, anexo 1, no 1, letra a), apartado 2, anexo 1, no 1, letras b), d), f), h), i) y j), y anexo 1, no 2, o, en cualquier caso, al no haber notificado a la Comisión las disposiciones legales y administrativas exigibles para el cumplimiento de lo establecido en dicha Directiva.
—

Con carácter principal, que se anule el Reglamento (UE) no 93/2013 de la Comisión, de 1 de febrero de 2013, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2494/95, relativo a los índices armonizados de precios al consumo, por lo que se refiere a la elaboración de los índices de precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios (DO 2013 L 33, p. 14), en la medida en que el artículo 4, apartado 1, del Reglamento 93/2013 no puede separarse del resto de las disposiciones de dicho Reglamento.
i)

A juicio de la parte recurrente en casación, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al apreciar que la Comisión había vulnerado el derecho de defensa de ENI al aplicar un incremento por reincidencia a la multa impuesta solidariamente a ENI y Versalis por dos infracciones cometidas anteriormente por sociedades controladas al 100 % o en un porcentaje cercano a esta cifra por ENI, aunque las dos Decisiones en las que se declaró la existencia de tales infracciones no estuvieran dirigidas a ENI (a quien, en consecuencia, no se le había notificado el pliego de cargos en relación con esas infracciones). En particular, el Tribunal General obvió que, en relación con la aplicación de la circunstancia de reincidencia, el derecho de defensa queda garantizado si, en el momento en el que la Comisión anuncia su intención de aplicar la circunstancia de reincidencia, ésta da a las partes la posibilidad de demostrar que no concurren los requisitos necesarios para ello. Asimismo, el Tribunal General no tomó en consideración el hecho de que, a través de la aplicación de la circunstancia de reincidencia por una ulterior infracción de las normas en materia de competencia, la Comisión no sanciona retroactivamente la primera infracción, sino que meramente extrae las consecuencias correspondientes del hecho de que la misma empresa (entidad económica) ha cometido una nueva infracción.