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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 194/7

Auto del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 2012 — Cantiere navale De Poli SpA/Comisión Europea

(Asunto C-167/11 P) (1)

(Recurso de casación - Artículo 119 del Reglamento de Procedimiento - Ayudas de Estado - Incompatibilidad con el mercado común - Decisión de la Comisión - Modificación de una ayuda existente - Reglamento (CE) no 794/2004 - Reglamento (CE) no 1177/2002 - Mecanismo de defensa temporal a favor de la construcción naval)

2012/C 194/10

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Recurrente: Cantiere navale De Poli SpA (representantes: A. Abate y A. Franchi, avvocati)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci y C. Urraca Caviedes, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la recurrente: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, y P. Gentili, avvocato dello Stato)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 3 de febrero de 2011 — Cantiere navale De Poli/Comisión (T-584/08), mediante la cual dicho Tribunal desestimó el recurso de anulación contra la Decisión 2010/38/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 2008, relativa a la ayuda estatal C 20/08 (ex N 62/08) que Italia tiene previsto ejecutar mediante una modificación del régimen de ayudas N 59/04 relativo al mecanismo de defensa temporal a favor de la construcción naval (DO 2010, L 17, p. 50).

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Cantiere navale De Poli SpA.

3) La República Italiana cargará con sus propias costas.

(1) DO C 173, de 11.6.2011.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 126/10

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza — Italia) — Enipower SpA (C-328/10), ENI SpA (C-329/10), Edison Trading SpA (C-330/10), E.On Produzione SpA (C-331/10), Edipower SpA (C-332/10), E.On Energy Trading SpA (C-333/10)/Autorità per l’energia elettrica e il gás (C-328/10 a C-333/10), Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (C-329/10) con la intervención de: Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (C-328/10, C-329/10, C-331/10 y C-332/10), Ministero dello Sviluppo Economico (C-328/10 y C-329/10), Gestore dei Servizi Elettrici SpA (C-331/10)

(Asuntos acumulados C-328/10 a C-333/10) (1)

2012/C 126/20

Lengua de procedimiento: italiano

El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar los asuntos acumulados.

(1) DO C 346, de 18.12.2010.
1)

Procede interpretar el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, en el sentido de que únicamente quedan excluidos del ámbito de aplicación de la referida Directiva los proyectos adoptados en detalle por un acto legislativo específico, de modo que los objetivos de la misma Directiva se hayan alcanzado mediante el procedimiento legislativo. Corresponde al juez nacional comprobar que esas dos condiciones se hayan cumplido teniendo en cuenta tanto el contenido del acto legislativo adoptado como el conjunto del procedimiento legislativo que haya conducido a su adopción y, en particular, los actos preparatorios y los debates parlamentarios. A este respecto, un acto legislativo que únicamente «ratifica» pura y simplemente un acto administrativo anterior, limitándose a señalar los motivos imperiosos de interés general sin apertura previa de un procedimiento legislativo de fondo que permite cumplir tales condiciones, no puede considerarse un acto legislativo específico en el sentido de dicha disposición, por lo que no basta para excluir un proyecto del ámbito de aplicación de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 234/19

Auto del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 2010 — Pígasos Alieftikí Naftikí Etaireía/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea

(Asunto C-451/09 P) (1)

(Recurso de casación - Responsabilidad extracontractual - Prueba del origen comunitario de los productos pescados por un buque perteneciente a una sociedad griega - Falta de adopción de disposiciones que permitan que las autoridades aduaneras de los Estados miembros acepten documentos emitidos por un Estado tercero distintos del documento T2M)

2010/C 234/29

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Recurrente: Pígasos Alieftikí Naftikí Etaireía (representantes: N. Skandamís y E. Perákis, dikigoroi)

Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: F. Florindo Gijón y M. Balta, agentes), Comisión Europea (representantes: M. Patakia y B.-R. Killmann, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 16 de septiembre de 2009, Pígasos Alieftikí Naftikí Etaireía/Consejo y Comisión (T-162/07), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó un recurso de indemnización que tenía por objeto obtener reparación del daño supuestamente sufrido por la demandante al no haber adoptado el Consejo y la Comisión disposiciones que permitan que las autoridades aduaneras de un Estado miembro, en el presente caso las autoridades aduaneras griegas, acepten como prueba del origen comunitario de los productos pescados por un buque griego propiedad de la demandante documentos emitidos por un Estado tercero distintos del documento T2M, contemplado en el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993 (DO L 253, p. 1).

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Pígasos Alieftikí Naftikí Etaireía.

(1) DO C 24, de 30.1.2010.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 148/23

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el tribunal de grande instance de Nanterre — Francia) — Tereos, Vermandoise Industries SA, Sucreries de Toury et Usines annexes SA, Roquette Frères SA, Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA, Cristal Union, Lesaffre Frères SA, Sucrerie Bourdon, SAFBA, Sucreries du Marquenterre SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

(Asuntos acumulados C-411/09 a C-420/09) (1)

2010/C 148/40

Lengua de procedimiento: francés

El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

(1) DO C 312, de 19.12.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 51/15

Auto del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 2009 — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda/Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-85/09 P) (1)

(Recurso de casación - Responsabilidad extracontractual - Pretensión de que se repare el perjuicio sufrido como consecuencia de diferentes omisiones que se imputan a la Comisión en relación con la ejecución de la Directiva 93/42/CEE - Inexistencia de relación de causalidad entre las supuestas omisiones y el perjuicio sufrido por la demandante por la comercialización de termómetros digitales defectuosos - Recurso de casación manifiestamente infundado)

2010/C 51/24

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Recurrente: Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda (representante: C. Mourato, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Schima y P. Guerra e Andrade, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) de 17 de diciembre de 2008, Portela/Comisión (T-137/07), por el que dicho Tribunal desestimó por ser, en parte, manifiestamente inadmisible y, en parte, manifiestamente carente de fundamento jurídico un recurso en el que, con carácter principal, se solicitaba que se obligara a la Comisión a actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 ter de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (DO L 331, p. 1), instando a la sociedad de certificación TÜV Rheinland Product Safety GmbH, a través de la República Federal de Alemania, para que, con cargo al seguro obligatorio de responsabilidad civil suscrito por dicha sociedad con arreglo al punto 6 del anexo XI de la Directiva 93/42, respondiera por los perjuicios causados a la demandante, y, con carácter subsidiario, que se condenara a la Comisión, en el caso de que los perjuicios alegados no pudieran repararse mediante la estimación de la pretensión principal, a indemnizar a la demandante por los perjuicios sufridos como consecuencia de las distintas omisiones que se imputaban a dicha institución.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda.

(1) DO C 102, de 1.5.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 167/2

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de marzo de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italia) — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d’Apello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso

(Asunto C-535/08) (1)

(Requisitos para poder ser elegido en las elecciones regionales - Exigencia de residir en la región de que se trate - Artículos 17 CE y 18 CE - Derechos fundamentales - Falta de una conexión con el Derecho comunitario - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia)

2009/C 167/03

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Partes

Demandante: Maria Catena Rita Pignataro

Demandadas: Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d’Apello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Interpretación del artículo 6 UE, del artículo 3 del primer Protocolo adicional, del artículo 2 del cuarto Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos — Interpretación de los artículos 17 CE y 18 CE — Compatibilidad de una legislación regional por la que se restringe el derecho de sufragio pasivo de un nacional italiano sobre la base de la exigencia de residir en la región.

Fallo

1) Los artículos 17 CE y 18 CE no se oponen a una normativa nacional en la que se prevea, en una situación como la controvertida en el asunto principal, la obligación de residir en la región de que se trate en el momento de presentar la candidatura entre los requisitos para poder ser elegido para una asamblea regional.

2) El Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas es manifiestamente incompetente para responder a la primera cuestión planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

(1) DO C 32, de 7.2.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 69/11

Auto del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2008 — Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd/Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-468/07 P) (1)

(Recurso de casación - Artículo 119 del Reglamento de Procedimiento - Competencia - Prácticas colusorias - Multa - Pretensiones dirigidas a reducir el importe de la multa fijada por el Tribunal de Primera Instancia)

(2009/C 69/17)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd (representantes: W. Sibree y C. Jeffs, Solicitors)

Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: F. Castillo de la Torre y K. Mojzesowicz, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de septiembre de 2007 en el asunto Coats Holdings y Coats/Comisión (T-36/05), por el cual el Tribunal de Primera Instancia anuló en parte la decisión C(2004) 4221 final de la Comisión, de 26 de octubre de 2004, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/F-1/38.338 — PO/Needles), en relación con acuerdos para el reparto del mercado de productos de mercería y el reparto del mercado geográfico, y fijó el importe de la multa impuesta a las recurrentes en 20 millones de euros — Solicitud de reducción del importe de la multa.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Coats Holdings Ltd y J & P Coats Ltd.

(1) DO C 297 de 8.12.2007.
3)

La Directiva 2006/112, en relación con el principio de proporcionalidad, debe interpretarse en el sentido de que — no se opone, cuando existan indicios que permitan sospechar la existencia de irregularidades o de un fraude, a que se exija al sujeto pasivo que actúe con mayor diligencia para cerciorarse de que la operación que lleva a cabo no le conduce a participar en un fraude; — no obstante, no se le puede exigir que lleve a cabo comprobaciones complejas y exhaustivas como las que puede realizar la Administración tributaria; — corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, el sujeto pasivo ha actuado con la suficiente diligencia debida y ha adoptado las medidas que se le pueden exigir razonablemente en tales circunstancias.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 20 de octubre de 2022 [petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākā tiesa (Senāts) — Letonia] — Mikrotīkls SIA / Valsts ieņēmumu dienests

(Asunto C-542/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Unión aduanera - Arancel aduanero común - Nomenclatura combinada - Clasificación arancelaria - Partida 8517 - Subpartidas 8517 70 11 y 8517 70 19 - Antenas para routers)

(2022/C 472/25)

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Augstākā tiesa (Senāts)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Mikrotīkls SIA

Recurrida: Valsts ieņēmumu dienests

Fallo

La subpartida 8517 70 11 de la nomenclatura combinada, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 254/2000 del Consejo, de 31 de enero de 2000, tal como dicho anexo ha sido modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012, y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1001/2013, de la Comisión, de 4 de octubre de 2013,

debe interpretarse en el sentido de que

no comprende las antenas para routers configurados para la comunicación en redes locales (LAN) o extendidas (WAN).

(1) DO C 462 de 15.11.2021.
1)

El artículo 123 TFUE, apartado 1, y el artículo 21.1 del Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece que un banco central nacional, perteneciente al Sistema Europeo de Bancos Centrales, es responsable, con cargo a sus propios fondos, de los daños sufridos por antiguos titulares de instrumentos financieros cancelados por él en aplicación de medidas de saneamiento, en el sentido de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito, ordenadas por ese banco central, cuando resulte en un procedimiento judicial posterior que, o bien tal cancelación no era necesaria para garantizar la estabilidad del sistema financiero, o bien esos antiguos titulares de instrumentos financieros han sufrido, por dicha cancelación, pérdidas mayores que las que habrían sufrido en caso de quiebra de la entidad financiera de que se trate, siempre que solo se considere responsable a ese banco central cuando él mismo o las personas que ha habilitado para actuar en su nombre hayan actuado incumpliendo gravemente su deber de diligencia.
1)

El artículo 26 bis de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, a la vista de este Reglamento y de la Recomendación de la Comisión de 13 de julio de 2010 sobre directrices para el desarrollo de medidas nacionales de coexistencia destinadas a evitar la presencia accidental de OMG en cultivos convencionales y ecológicos, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una medida nacional que prohíbe, con el fin de impedir la presencia accidental de organismos modificados genéticamente en otros productos, el cultivo en el territorio de una región del Estado miembro de que se trate de organismos modificados genéticamente autorizados en virtud del Reglamento n.o 1829/2003, siempre que dicha medida permita alcanzar el objetivo de garantizar a los productores y a los consumidores la posibilidad de elegir entre productos procedentes de cultivos modificados genéticamente y productos procedentes de cultivos ecológicos o convencionales y que, habida cuenta de las particularidades de los citados cultivos en ese territorio, la medida sea proporcionada a ese objetivo y necesaria para alcanzarlo.
1)

El artículo 9 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y los artículos 54, 110 y 111 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que un acto, como un requerimiento, mediante el cual el titular de una marca anterior o de otro derecho anterior se opone al uso de una marca posterior sin, no obstante, hacer lo necesario para obtener una solución jurídicamente vinculante no pone fin a la tolerancia y, por consiguiente, no interrumpe el plazo de caducidad previsto en dichas disposiciones.
—

no se oponen a que, en circunstancias en las que los cónyuges ejercen dicha actividad agrícola en el régimen de tanto alzado de los productores agrícolas, la decisión de uno de los cónyuges de someter su actividad al régimen general del IVA suponga para el otro cónyuge la pérdida del estatuto de agricultor en régimen de tanto alzado cuando, tras examinar la situación concreta, ello resulte necesario para evitar riesgos de abuso y de fraude que no pueden ser excluidos mediante la aportación por los cónyuges de pruebas adecuadas, o cuando el ejercicio por los cónyuges de dicha actividad, de forma independiente y cada uno de ellos en el marco del régimen general del IVA, no presente dificultades administrativas con respecto a la situación de la existencia concomitante de dos estatutos diferentes para dichos cónyuges.
1)

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que el efecto útil de sus disposiciones no puede garantizarse, a falta de una norma de Derecho nacional de carácter supletorio que rija tal situación, únicamente mediante un dictamen no vinculante del tribunal supremo del Estado miembro de que se trate en el que se indique a los tribunales inferiores el enfoque que ha de seguirse para declarar que un contrato es válido o ha surtido efectos entre las partes cuando dicho contrato no pueda subsistir por el carácter abusivo de una cláusula relativa a su objeto principal.
2)

Los artículos 6, apartados 1 y 5, y 8, apartados 1 y 7, de la Directiva 2011/83 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, con anterioridad a la celebración del contrato, la información a que se refiere dicho artículo 6, apartado 1, se facilite únicamente al consumidor en las condiciones generales de la prestación de servicios en el sitio de Internet del intermediario, aprobadas de manera activa por ese consumidor marcando la casilla prevista a tal efecto, siempre que dicha información sea puesta en conocimiento de este de forma clara y comprensible. No obstante, esa modalidad de comunicación de la información no puede reemplazar a la entrega al consumidor de la confirmación del contrato en un soporte duradero, en el sentido del artículo 8, apartado 7, de dicha Directiva, circunstancia que no afecta al hecho de que esa información forme parte integrante del contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 13 de enero de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — Zipvit Ltd / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-156/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 168 - Derecho a deducción - Prestación de servicios postales exenta por error - IVA que se considera incluido en el precio comercial de la prestación a efectos del ejercicio del derecho a deducir - Exclusión - Concepto de IVA «devengado o pagado»)

(2022/C 109/08)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Zipvit Ltd

Demandada: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Fallo

El artículo 168, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) no puede considerarse devengado o pagado, a efectos de dicha disposición, y, por lo tanto, no es deducible por el sujeto pasivo cuando, por una parte, este último y su proveedor han considerado equivocadamente, sobre la base de una interpretación errónea del Derecho de la Unión por las autoridades nacionales, que las prestaciones en cuestión estaban exentas del IVA, por lo que las facturas emitidas no lo mencionan, en un contexto en el que el contrato celebrado entre esas dos personas estipula que, si se devenga ese impuesto, el beneficiario de la prestación deberá soportarlo, y, por otra parte, no se ha llevado a cabo a su debido tiempo ninguna actuación dirigida a recuperar el IVA, de modo que han prescrito todas las acciones del proveedor y de la Administración tributaria y aduanera que tienen por objeto la recuperación del IVA omitido.

(1) DO C 215 de 29.6.2020.