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105.

En lo que respecta a la existencia del problema y su carácter no ocasional, el informe del TTSS sobre el que la Comisión ha basado la parte fundamental de su recurso constituye, en mi opinión, una indicación no sólo suficiente, sino difícilmente refutable, tanto más teniendo en cuenta que se trata de un documento encargado por el propio Gobierno de Reino Unido. En particular, como se ha visto, dicho informe pone de manifiesto la considerable frecuencia de los vertidos de aguas no tratadas por los sistemas colectores y de aguas tratadas sólo mínimamente por las instalaciones de tratamiento. No solamente: esos hechos, lejos de limitarse a situaciones meteorológicas extraordinarias, tienen lugar incluso en caso de lluvias moderadas.
58.

Desde luego, la Comisión también declaró que un sistema de estas características, que exige una consulta entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros, le parecía complejo y no estaba expresamente previsto. Procede recordar, no obstante, que no sólo el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 91/439 preveía ya que los Estados miembros se prestaran ayuda mutua en la aplicación de esa Directiva y se intercambiaran, si fuera necesario, la información sobre los permisos de conducción que hubieran registrado, sino que además el artículo 15 de la Directiva 2006/126 insiste en esta necesidad de ayuda mutua con vistas a crear una red ulterior de permisos de conducción. En mi opinión, la cooperación y la ayuda mutua entre Estados miembros son precisamente la clave que permite, al reforzar la confianza mutua, alcanzar los objetivos que la Unión se ha fijado en materia de seguridad vial. Por lo demás, la creación de una red de permisos de conducción no me parece más complicada que la puesta en red, que ya han llevado a cabo determinados Estados miembros, de los ficheros que contienen los registros de antecedentes penales.
45.

A continuación, ha de desestimarse el razonamiento de la Comisión de que los Estados miembros no pueden ampararse en un margen de maniobra, por no ser aplicable el artículo 249 CE, párrafo tercero, por razón de la naturaleza «reglamentaria» del artículo 9, apartado 3, de la Directiva. La Comisión considera que una disposición de una directiva destinada a aplicarse únicamente entre las instituciones y los Estados miembros, cuyo carácter aplicable no depende de una transposición previa al ordenamiento jurídico nacional, tiene carácter «reglamentario». Este razonamiento no resulta convincente. El artículo 249 CE, párrafo tercero, se aplica a todas las disposiciones de una directiva y, por lo tanto, también a las disposiciones que estén destinadas a aplicarse únicamente entre las instituciones y los Estados miembros. Por otra parte, la Comisión no alega ninguna razón convincente por la que una disposición como la del artículo 9, apartado 3, de la Directiva no deba dejar un margen de maniobra a los Estados miembros en cuanto a la forma y los medios cuando dichos elementos no han sido armonizados en la Directiva. En cualquier caso, el enfoque del Tribunal de Primera Instancia está justificado habida cuenta de que la Directiva ha sido adoptada en un ámbito de competencia compartida en el que los Estados miembros permanecen siendo competentes en la medida en que un aspecto no haya sido armonizado en la Directiva.
13.

Debe observarse también que el Derecho de la Comunidad Europea de la Energía Atómica ha establecido normas y estándares relativos a la construcción y funcionamiento de instalaciones nucleares que la instalación de Temelín cumple plenamente. La Comisión también ha tratado de abordar el presente problema apoyándose en esas reglas para justificar la aplicación del Derecho comunitario. Sin embargo, las reglas de la Comunidad Europea de la Energía Atómica sólo pretenden regular las condiciones conforme a las que debe ser autorizado el funcionamiento de una instalación nuclear y no se proponen regular los posibles conflictos de Derecho civil entre los propietarios de esas instalaciones y quienes pueden ser afectados por su funcionamiento. Como la misma Comisión observó en la vista, la existencia de las reglas de la Comunidad Europea de la Energía Atómica que determinan las condiciones que deben cumplir las instalaciones nucleares no implica por sí misma que cualesquiera reglas nacionales que puedan tener un efecto en el funcionamiento de una instalación nuclear sean necesariamente contrarias al Derecho comunitario. El hecho de que una determinada instalación cumpla los estándares establecidos por las autoridades públicas no supone que el titular de esa instalación no podrá ser demandado en un procedimiento relativo a la repercusión que sus actividades puedan tener en los derechos privados de terceros. Puede observarse ese principio en otras áreas del Derecho. Por ejemplo, un restaurante que cumpla la reglamentación urbanística y sanitaria no estará, por ello, exento de acciones de clientes que aleguen haber sufrido una intoxicación alimentaria al cenar en él, o de vecinos perjudicados por los olores producidos por las cocinas. Por tanto, como se expone más adelante, aunque la conformidad de la instalación de Temelín con las reglas de la Comunidad Europea de la Energía Atómica pueda ser relevante a otros efectos en el presente asunto, por sí misma no es suficiente para excluir el ejercicio de los derechos de terceros según el Derecho civil.
64.

Por un lado, no cabe excluir que no sea el propio saldista quien venda los productos a los consumidores, sino que se los entregue a revendedores que los presenten en un entorno que desvirtúe su imagen de lujo y prestigio. Cabría pensar, por ejemplo, en que el saldista los vendiera a tiendas exclusivas que no hayan podido adquirir hasta entonces el producto de marca porque no formen parte de la red de distribución de la misma. Los consumidores podrían difícilmente inferir de estas ofertas que el producto de marca es menos exclusivo que antes.
52.

Según una jurisprudencia reiterada, el principio de no discriminación exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente y que las situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. ( 38 )
59.

Propongo por tanto responder a las cuestiones planteadas por el Oberster Gerichtshof, de Austria, como sigue: «1) Una marca comunitaria está protegida en toda la Comunidad en virtud de ser “notoriamente conocida en la Comunidad”, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, si es notoriamente conocida en una parte sustancial de la Comunidad. Lo que constituye una parte sustancial de la Comunidad a estos efectos no depende de las fronteras nacionales sino que debe determinarse mediante la apreciación de todas las circunstancias relevantes del caso, teniendo en cuenta en particular i) el público interesado en los productos o servicios cubiertos por la marca y la proporción de ese público que conoce la marca, y ii) la importancia del área en que la marca es notoriamente conocida, definida por factores como su extensión geográfica, su población y su importancia económica. 2) Una marca comunitaria que sea notoriamente conocida en un área que no es una parte sustancial de la Comunidad en dicho sentido no disfruta con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94 de protección limitada a esa área. Por consiguiente no puede dictarse una orden prohibitiva de infracción limitada a dicha área.»
81.

En virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia: — este Tribunal resolvió, en la sentencia Awoyemi, antes citada, que la obligación de reconocimiento recíproco no requiere ninguna formalidad y no deja ningún margen de apreciación a los Estados miembros en lo relativo a las medidas que deben adoptar para atenerse a tal obligación; ( 18 ) — en la sentencia Kapper, antes citada, así como en los autos Halbritter ( 19 ) y Kremer, antes citado, indicó que cuando el período de prohibición de solicitar un nuevo permiso de conducción haya transcurrido en el territorio del Estado miembro de acogida o cuando la medida de retirada no lleve aparejado tal período, ese Estado miembro no puede denegar el reconocimiento de la validez de todo permiso de conducción expedido con posterioridad por otro Estado miembro; — en la sentencia Wiedemann y Funk, antes citada, consagró una excepción a ese principio de reconocimiento recíproco. En efecto, indicó que un Estado miembro podía denegar a una persona que hubiera sido objeto en su territorio de una medida de retirada de permiso de conducción que llevara aparejada una prohibición de solicitar un nuevo permiso el reconocimiento de un nuevo permiso expedido por otro Estado miembro durante el período de prohibición, ( 20 ) y — el Tribunal de Justicia consideró que toda persona que hubiese sido objeto de una medida restrictiva de su derecho a conducir no debía poder obtener un permiso de conducción con desconocimiento del requisito de residencia. En efecto, el Tribunal de Justicia estimó que este requisito contribuye, en particular, a combatir el «turismo del permiso de conducción» a falta de una armonización completa de las normativas de los Estados miembros relativas a la expedición de permisos de conducción. Por otro lado, al constituir dicho requisito una condición previa que permite la comprobación del cumplimiento de los demás requisitos impuestos por la Directiva 91/439, reviste una importancia particular. ( 21 ) El Tribunal de Justicia ha antepuesto aquí el imperativo de la seguridad vial.
69.

En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró: «340 Se desprende de la jurisprudencia que el principio non bis in idem constituye un principio fundamental del Derecho comunitario, cuya observancia debe garantizar el juez. En el ámbito del Derecho comunitario de la competencia, este principio prohíbe que una empresa sea condenada o perseguida de nuevo por la Comisión como consecuencia de un comportamiento contrario a la competencia por el que haya sido sancionada o por el que haya sido declarada no responsable mediante una decisión anterior de la Comisión no susceptible de recurso […]. La aplicación del principio non bis in idem está supeditada a un triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido. El citado principio prohíbe, por tanto, sancionar a una misma persona más de una vez por un mismo comportamiento ilícito con el fin de proteger el mismo bien jurídico […]. 341 […] la Comisión podía legítimamente sancionar a las federaciones participantes en el acuerdo basándose en el papel individual que cada una desempeñó en la firma y la aplicación de éste y en las circunstancias atenuantes y agravantes propias de cada una de ellas. 342 […] no desvirtúa esta conclusión la circunstancia de que la FNB, la FNPL y los JA sean miembros de la FNSEA. En efecto, estas federaciones tienen personalidades jurídicas independientes, presupuestos separados y objetivos que no siempre coinciden. De esta forma, llevan a cabo sus respectivas acciones sindicales en defensa de intereses que les son propios y específicos […]. El hecho de que, en el caso de autos, estas federaciones hayan coordinado en gran medida su actuación, y la de sus respectivos miembros, en pos de objetivos comunes no exime a cada una de ellas de su respectiva responsabilidad en la comisión de la infracción. 343 Además, contrariamente a lo que parecen afirmar las demandantes, la Decisión impugnada no impuso sanciones a sus miembros de base, directos o indirectos. En efecto, el hecho de tomar en consideración los volúmenes de negocios de los miembros de una asociación de empresas al determinar el límite del 10 % no significa imponer una multa a éstos […]. 344 De ello se desprende que, en el caso de autos, falta la identidad de infractores, ya que la Decisión impugnada no sanciona varias veces a las mismas entidades o a las mismas personas por los mismos hechos. Por lo tanto, procede concluir que no se vulneró el principio non bis in idem. Asimismo, al no haber sido doblemente sancionados los miembros directos o indirectos de las demandantes por una misma y única infracción, contrariamente a lo que afirma la República francesa, tampoco hubo en el caso de autos violación del principio de proporcionalidad.» ( 40 )
26.

La nota a pie de página relativa al concepto de «vía rápida», contenida en el anexo I, punto 7, letra b), de la Directiva sobre evaluación del impacto ambiental, no remite de manera general a las vías rápidas según se conciben en el Acuerdo, sino que «“vía rápida”corresponde a la definición» dada por el Acuerdo. Por lo tanto, no se trata de trasladar el ámbito de aplicación del Acuerdo, sino que el legislador comunitario sólo se ha servido de una definición que se ha desarrollado en un contexto distinto. Esta definición no excluye las zonas urbanas. Con mayor razón, al utilizar la definición de autopista —lo cual no se prevé expresamente— no hay razón alguna para excluir las vías urbanas.
27.

Esta alegación no es convincente. En primer lugar, la decisión que esgrime el Sr. Cavallera no es «una decisión de reconocimiento» basada en la Directiva, sino una decisión de homologación adoptada con arreglo al Derecho nacional. En efecto, el título italiano no es un «título» en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva. Éste es precisamente el problema en el caso de autos, puesto que el título obtenido en Italia por el Sr. Cavallera, si bien sanciona un ciclo de estudios de tres años, no permite el acceso a la profesión de ingeniero en Italia. En estas circunstancias, no se cumple el tercer requisito para que el título sea calificado de título en el sentido de la Directiva. Además, la homologación y la subsiguiente inscripción en el colegio de ingenieros en España se realizó únicamente sobre la base del Derecho nacional y no fundamentándose en la Directiva 89/48.
6.

El artículo 3 lleva por título «Intereses de demora». Dicho artículo dispone: «1. Los Estados miembros velarán por que: a) el interés devengado con arreglo a la letra d) sea pagadero el día siguiente a la fecha o al término del plazo de pago que se fije en el contrato; b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés sea pagadero automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento: i) treinta días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente, o ii) si la fecha de recibo de la factura o de la solicitud de pago equivalente se presta a duda, treinta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, o iii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, treinta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, o iv) si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, treinta días después de esta última fecha; […] d) el tipo de interés de demora (“tipo legal”), que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de refinanciación [ ( 4 )] efectuada antes del primer día natural del semestre de que se trate (“tipo de referencia”) más, como mínimo, 7 puntos porcentuales (“margen”) salvo que se especifique otra cosa en el contrato. […] […] 2. En el caso de algunos tipos de contrato que deberá definir la legislación nacional, los Estados miembros podrán fijar el plazo de exigibilidad del pago de los intereses en un máximo de sesenta días cuando obliguen a las partes contratantes a no rebasar dicha demora o cuando fijen un tipo de interés obligatorio sustancialmente superior al tipo legal. 3. Los Estados miembros dispondrán que cualquier acuerdo sobre la fecha de pago o sobre las consecuencias de la demora que no sea conforme a lo dispuesto en las letras b) a d) del apartado 1 y en el apartado 2 no sea aplicable o dé lugar al derecho a reclamar por daños si […] es manifiestamente abusivo para el acreedor. […] En caso de determinarse que el acuerdo es manifiestamente abusivo, se aplicarán las disposiciones legales, a no ser que los tribunales nacionales determinen otras condiciones que sean justas. 4. Los Estados miembros velarán por que, en interés de los acreedores y los competidores, existan medios adecuados y efectivos para evitar que sigan aplicándose cláusulas que resulten manifiestamente abusivas en el sentido del apartado 3. […]»
16.

El Secretary of State denegó las solicitudes. Basó esta denegación en que los estudiantes que ejercen una actividad laboral a tiempo parcial y las personas que trabajan como «au pair» no pueden invocar el artículo 6, apartado 1, de la Decisión no 1/80. Los demandantes impugnaron ante los tribunales estas decisiones desestimatorias. La Administrative Court de la High Court of England and Wales acogió estas demandas y revocó las decisiones del Secretary of State aduciendo que los demandantes estaban comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, de la Decisión no 1/80. El Secretary of State interpuso un recurso contra las resoluciones de la Administrative Court ante la Court of Appeal.
63.

No obstante, no me parecería justificado, en caso de reclamación escrita, limitar la obligación de comunicación y de incorporación al expediente a un mero informe de la administración. Siempre que sea posible, el propio funcionario debe poder controlar la existencia y el contenido de la denuncia y no contentarse con una síntesis, que puede ser más o menos completa, incluso más o menos objetiva. Es cierto que, si una denuncia es oral, el funcionario podrá tener conocimiento de su contenido sólo de manera indirecta y, naturalmente, no podrá exigir, en esa fase, una audiencia como en las investigaciones, o una confrontación. No obstante, la posibilidad de una denuncia oral y la situación de hecho resultante no debería bastar para justificar la no comunicación de una denuncia escrita, cuando ésta exista.
14.

Cuando para clasificar una mercancía puede optarse entre dos partidas, la clasificación se efectúa aplicando el punto 3 de las Reglas Generales. En el presente caso es la letra b) del punto 3 la que resulta pertinente. Como afirma con acierto la Comisión, el módulo de base es un artículo compuesto. Los elementos que lo componen son separables. Según las Notas Explicativas del Sistema Armonizado, esto no tiene, sin embargo, ninguna importancia, a condición de que dichos elementos estén adaptados unos a otros, sean complementarios los unos de los otros y ensamblados constituyan un todo que no pueda venderse normalmente por elementos separados. ( 6 ) El módulo de base cumple estos requisitos. Con arreglo a la letra b) del punto 3, procede pues clasificarlo en función del artículo que le confiere su carácter esencial. Para ello habrá que tener en cuenta la naturaleza y composición de sus artículos, su volumen, cantidad, peso, valor o importancia en función de la utilización de la mercancía. ( 7 ) Como indica con acierto la Comisión, la naturaleza, la composición, el volumen, la cantidad y el peso de los diferentes artículos no tienen especial importancia en el presente caso, porque no influyen en la función del módulo de base. Lo procedente es basarse en el valor y la importancia de los diferentes elementos con vistas a la utilización de la mercancía. Como afirma la Comisión, los indicadores y mandos, los cables de conexión y el chasis tienen sólo una importancia secundaria: sirven para hacer funcionar los lectores y la unidad de alimentación de cara a la utilización prevista —el tratamiento automático de información— o para proteger los componentes. Hay que reconocer por otra parte que la Comisión tiene razón al afirmar que, desde el punto de vista del valor, los elementos esenciales son los lectores de disquetes. Es sobre todo al adoptar el criterio de la utilización prevista —el tratamiento automático de la información— cuando se ve que son los lectores y no la unidad de alimentación quienes confieren a la mercancía su carácter esencial. De ello se deduce que, al igual que los elementos le confieren su carácter esencial, a saber los lectores de disquetes, el módulo de base se clasifica, en cuanto unidad de memoria, en la subpartida 8471 93 59. Procede pues responder a la primera cuestión que, con arreglo a la Regla 3 b) de las Reglas Generales, el módulo de base debe clasificarse en la subpartida 84719359 como unidad de memoria, a causa de los lectores que contiene.
10.

El escrito de interposición de recurso menciona además un incumplimiento consistente en la no comunicación a la Comisión de las medidas de adaptación del Derecho interno a las Directivas. Aunque fuera posible considerar, interpretando el escrito de interposición, que la Comisión solicita la declaración de este otro incumplimiento, el examen de este extremo no es necesario puesto que, en cualquier caso, la República Italiana no ha adoptado las medidas necesarias en el plazo señalado. ( 4 )
Conclusiones del Abogado General Cosmas presentadas el 16 de enero de 1997. - Intelligente Systemen, Database toepassingen, Elektronische diensten BV (IDE) contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Cláusula compromisoria - Contrato relativo a la elaboración de un programa informático - Reclamación del pago del saldo y de una indemnización de daños y perjuicios - Reconvención en la que se solicita la devolución de los anticipos abonados. - Asunto C-114/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-00803



Conclusiones del abogado general

1 Presenté por primera vez mis conclusiones en el presente asunto el 28 de marzo de 1996. Mediante auto de 12 de septiembre de 1996, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ordenó la reapertura de la fase oral del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, a raíz del prematuro fallecimiento, el 1 de junio de 1996, del Juez Ponente, Sr. F.A. Schockweiler.

2 Como ninguna de las personas legitimadas para presentar observaciones orales en dicha fase del procedimiento ha manifestado interés en ello, no se ha señalado nueva vista.

3 Dadas estas circunstancias, no tengo nada que añadir a mis conclusiones de 28 de marzo de 1996.
78.

No me parece convincente este argumento. Ciertamente, tiene una cierta lógica, en la medida en que puede considerarse que un Estado miembro pierde el derecho a invocar los plazos en interés de la seguridad jurídica cuando dicho Estado ha incurrido en una infracción a la vez grave y manifiesta. Sin embargo, en contra de la opinión de los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido, no me parece necesario establecer un paralelo entre los requisitos para la existencia de una responsabilidad por parte del Estado y los que se exigirían para excluir la aplicación de los plazos en los recursos administrativos normales. Desde el punto de vista de las garantías de una protección jurisdiccional efectiva, resultaría paradójico que, en el marco de los recursos administrativos, los Estados miembros pudieran invocar unos plazos relativamente cortos cuando la infracción alegada fuera oscura, pero no pudieran hacer lo mismo cuando la infracción fuera clara y fácilmente detectable por un demandante diligente. La exigencia de una infracción manifiesta como requisito para declarar la responsabilidad por daños del Estado no entraña tal paradoja. Los especiales requisitos que se exigen para que exista una responsabilidad del Estado se deben al carácter excepcional de esta última, por ser una vía de recurso que va más lejos que los recursos administrativos ordinarios, al ofrecer una compensación por los daños y perjuicios causados por un acto administrativo o legislativo que incurre en una ilegalidad flagrante. El paralelismo sugerido no tiene en cuenta este carácter excepcional y complementario.