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3

Los considerandos 6, 7, 16, 17, 21 y 25 del Reglamento n.o 6/2002 establecen: «(6) Habida cuenta de que los Estados miembros no pueden cumplir de manera suficiente los objetivos de la medida prevista, a saber, la protección de dibujos y modelos en una zona que abarque a todos los Estados miembros, debido a la importancia y los efectos de la creación y de una autoridad comunitaria en la materia, se pueden lograr mejor a nivel comunitario, la [Unión] puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. […] (7) Una mejor protección de los dibujos y modelos industriales no solo estimulará las aportaciones de los creadores a la brillante trayectoria comunitaria en este ámbito, sino que fomentará también la innovación y la creación de nuevos productos y las inversiones en su fabricación. […] (16) En algunos [sectores industriales de la Unión] se crea un gran número de dibujos y modelos que con frecuencia tienen una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección sin necesidad de cumplir los lentos trámites de registro, y para los que la duración de dicha protección tiene una importancia menor. Por otra parte, otros sectores industriales se inclinan por las ventajas del procedimiento de registro, por ofrecer este sistema una mayor seguridad jurídica, y prefieren disfrutar de una protección a largo plazo, equivalente a la vida previsible de sus productos en el mercado. (17) Que, por consiguiente, se necesitan dos formas de protección, es decir, la protección a corto plazo del dibujo o modelo no registrado y la protección a largo plazo del dibujo o modelo registrado. […] (21) El carácter exclusivo del derecho que confiere un dibujo o modelo comunitario registrado está en consonancia con su mayor seguridad jurídica. No obstante, el dibujo o modelo comunitario no registrado debe conferir únicamente el derecho a impedir las copias del mismo. La protección no puede, por tanto, abarcar productos a los que se aplican dibujos o modelos que son resultado de un dibujo o modelo concebido independientemente por un segundo creador. Interesa hacer extensivo dicho derecho también al comercio de productos a los que se haya aplicado un dibujo o modelo ilícito. […] (25) El dibujo o modelo comunitario no registrado sería muy ventajoso para aquellos sectores en los que se crean numerosos dibujos y modelos, casi siempre de vida efímera, en períodos breves de tiempo y, de los cuales, tan solo una parte se comercializan en su momento […]».
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En tercer lugar, por lo que respecta a si el ejercicio del derecho a deducción solo puede denegarse al sujeto pasivo de mala fe en el supuesto de que exista un riesgo de pérdida de ingresos fiscales para el Estado miembro y una ventaja fiscal para el sujeto pasivo u otros participantes en la operación controvertida, debe observarse que, en el marco de la aplicación del régimen de inversión del sujeto pasivo [o de autoliquidación], no se adeuda, en principio, ningún pago al Tesoro Público (véanse, en particular, las sentencias de 6 de febrero de 2014, Fatorie, C‑424/12, EU:C:2014:50, apartado 29, y de 26 de abril de 2017, Farkas, C‑564/15, EU:C:2017:302, apartado 41). Por otra parte, la cuestión de si se ha ingresado o no en el Tesoro Público el IVA devengado por las operaciones de venta anteriores o posteriores de los bienes de que se trate no tiene relevancia alguna por lo que se refiere al derecho del sujeto pasivo a deducir el IVA (véase, en este sentido, el auto de 3 de septiembre de 2020, Vikingo Fővállalkozó, C‑610/19, EU:C:2020:673, apartado 42 y jurisprudencia citada). Sin embargo, como se desprende de los apartados 44 y 46 a 52 de la presente sentencia, debe denegarse al sujeto pasivo el ejercicio del derecho a la deducción cuando falten los datos necesarios para comprobar que el proveedor de los bienes o servicios de que se trate tenía la condición de sujeto pasivo o cuando se haya acreditado suficientemente con arreglo a Derecho que dicho sujeto pasivo cometió un fraude en el IVA o sabía o debería haber sabido que la operación invocada como base de ese derecho formaba parte de tal fraude. Por consiguiente, no es necesario comprobar que existe un riesgo de pérdida de ingresos fiscales para fundamentar tal denegación.
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Posteriormente, mediante la nota controvertida, dicho jefe de unidad comunicó al recurrente que el importe de su pensión se reajustaría en la medida de la reducción del importe de las pensiones análogas abonadas en Italia a los antiguos diputados nacionales con arreglo a la Decisión n.o 14/2018. En esta nota se precisaba también que el importe de la pensión del recurrente se reajustaría a partir de abril de 2019 conforme se establecía en el borrador de determinación del nuevo importe de la pensión adjunto a la expresada nota. Por otra parte, en la misma nota se concedía al recurrente un plazo de 30 días, a contar desde la fecha de su recepción, para formular observaciones. En el caso de que no se presentaran observaciones en ese plazo, la nota controvertida surtiría efectos definitivos que conllevarían, en particular, el reintegro de los importes indebidamente percibidos por los meses de enero a marzo de 2019.
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En segundo lugar, el tribunal remitente se plantea las consecuencias de incumplir el referido plazo. A su juicio, cabe sostener que no es posible acreditar la afectación de un bien al patrimonio de la empresa si no existen indicios de que el sujeto pasivo ha optado por dicha afectación que resulten reconocibles para la Administración tributaria. Entiende que, de ese modo, existe la presunción de que todos los bienes que el sujeto pasivo no haya afectado expresamente al patrimonio de su empresa se asimilarán a su patrimonio privado. Sin embargo, destaca asimismo que, según se desprende de la sentencia de 25 de julio de 2018, Gmina Ryjewo (C‑140/17, EU:C:2018:595), la falta de una declaración sobre la afectación no supone que esa intención no pueda manifestarse de manera implícita y que, para valorar si el interesado actuaba como sujeto pasivo, debe utilizarse una acepción amplia del concepto. Para el tribunal remitente, de acuerdo con lo anterior, puede decirse que existe una presunción de «adquisición en condición de sujeto pasivo» cuando el empresario adquiere un bien que, por su naturaleza, puede utilizarse, en principio, a efectos de las actividades de la empresa, pero no lo ha afectado exclusivamente a esta.
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El artículo 3 de dicha Directiva dispone lo siguiente: «Para tener derecho a la devolución, todo sujeto pasivo definido en el artículo 2 que no haya efectuado ninguna entrega de bienes o ninguna prestación de servicios que puedan considerarse realizadas en el interior del país estará obligado a: a) presentar, ante el Servicio competente a que se refiere el párrafo primero del artículo 9, una solicitud ajustada al modelo que figura en el Anexo A, a la que se acompañarán los originales de las facturas o de los documentos de importación. Los Estados miembros pondrán a disposición de los solicitantes una nota explicativa, en la que figurarán necesariamente los elementos de información mínimos recogidos en el Anexo C. b) justificar, mediante certificación expedida por la administración del Estado en que el sujeto pasivo esté establecido, que está sometido al Impuesto sobre el Valor Añadido en dicho Estado. No obstante, cuando el servicio competente a que se refiere el párrafo primero del artículo 9 se halle ya en posesión de esta justificación, el sujeto pasivo no estará obligado a proporcionar una nueva durante un período de un año, a contar de la fecha de expedición de la primera certificación de la administración del Estado en que se halle establecido. Los Estados miembros no expedirán certificación a los sujetos pasivos que gocen de franquicia del Impuesto en virtud del apartado 2 del artículo 24 de la [Sexta Directiva IVA]; c) declarar por escrito que no ha efectuado ninguna entrega de bienes [ni] ninguna prestación de servicios que puedan considerarse realizadas en el interior del país durante el período a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 del artículo 7; d) comprometerse a reintegrar toda suma indebidamente percibida.»
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A tenor del artículo 8 del citado Reglamento: «1. El contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las partes de conformidad con el artículo 3. No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, [habría] sido [aplicable] en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo. 2. En la medida en que la ley aplicable al contrato individual de trabajo no haya sido elegida por las partes, el contrato se regirá por la ley del país en el cual o, en su defecto, a partir del cual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su trabajo habitualmente. No se considerará que cambia el país de realización habitual del trabajo cuando el trabajador realice con carácter temporal su trabajo en otro país. 3. Cuando no pueda determinarse, en virtud del apartado 2, la ley aplicable, el contrato se regirá por la ley del país donde esté situado el establecimiento a través del cual haya sido contratado el trabajador. 4. Si del conjunto de circunstancias se desprende que el contrato presenta vínculos más estrechos con un país distinto del indicado en los apartados 2 o 3, se aplicará la ley de ese otro país.»
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La Directiva 2014/41 fue transpuesta en Derecho italiano mediante el Decreto Legislativo n.o 108 — Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (Decreto Legislativo n.o 108 por el que se establecen disposiciones de transposición de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal), de 21 de junio de 2017 (GURI n.o 162, de 13 de julio de 2017; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 108/17»).
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En este contexto, procede señalar que los menores turcos cuyos progenitores no reúnan los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de la Decisión n.o 1/80, recordados en los apartados 26 a 29 de la presente sentencia, no pueden invocar el derecho de acceso a la enseñanza general y a la formación profesional consagrado en el artículo 9, primera frase, de la Decisión n.o 1/80.
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Los considerandos 59 a 62 de la Directiva 2014/24 disponen: «(59) En los mercados de contratación pública de la Unión se comienza a observar una marcada tendencia a la agregación de la demanda por los compradores públicos con el fin de obtener economías de escala, incluida la reducción de los precios y de los costes de transacción, y de mejorar y profesionalizar la gestión de la contratación. Ello puede hacerse concentrando las compras, bien por el número de poderes adjudicadores participantes, bien por su volumen y valor a lo largo del tiempo. No obstante, la agregación y la centralización de las compras deben supervisarse cuidadosamente para evitar una excesiva concentración de poder adquisitivo y la colusión y preservar la transparencia y la competencia, así como las posibilidades de acceso al mercado de las PYME. (60) El instrumento de los acuerdos marco ha sido ampliamente utilizado y se considera una técnica de contratación eficiente en toda Europa. Por lo tanto, debe mantenerse a grandes rasgos en su estado actual. No obstante, es preciso aclarar algunos aspectos, en particular que los acuerdos marco no deben ser utilizados por poderes adjudicadores que no sean reconocidos en dicho instrumento. A tal efecto, los poderes adjudicadores que desde el principio sean partes en un acuerdo marco específico deben indicarse claramente, por su nombre o por otros medios, por ejemplo haciendo referencia a una determinada categoría de poderes adjudicadores dentro de una zona geográfica claramente delimitada, de modo que los poderes adjudicadores de que se trate puedan ser reconocidos fácilmente y sin equívocos. Asimismo, un acuerdo marco no debe estar abierto a la entrada de nuevos operadores económicos una vez que haya sido celebrado […]. (61) […] Los poderes adjudicadores deben gozar de más flexibilidad en la contratación realizada con arreglo a acuerdos marco que se hayan celebrado con más de un operador económico y que establezcan todas las condiciones. […] No se debe recurrir a los acuerdos marco de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. Los poderes adjudicadores no están obligados, con arreglo a la presente Directiva, a contratar obras, suministros o servicios que estén cubiertos por un acuerdo marco, en virtud de dicho acuerdo marco. (62) Asimismo cabe aclarar que mientras que los contratos basados en un acuerdo marco se adjudican antes del final de la validez del propio acuerdo marco, no es necesario que la duración de los contratos individuales basados en un acuerdo marco coincida con la duración de dicho acuerdo marco, sino que puede ser más corto o largo, como proceda […]. También es necesario aclarar que pueden existir casos excepcionales en que se autorice una duración de los propios acuerdos marco superior a cuatro años. Dichos casos, debidamente justificados, en particular por el objeto del acuerdo marco, pueden darse, por ejemplo, cuando los operadores económicos necesiten disponer de equipos para los que el período de amortización sea superior a cuatro años y que deban estar disponibles en cualquier momento durante toda la duración del contrato marco.»
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El 20 de enero de 2014, F. presentó una solicitud ante la ciudad de Karlsruhe con objeto de que se reconociera la validez de su permiso de conducción español en territorio alemán. Esa solicitud fue denegada, ya que le había sido retirado en Alemania su permiso de conducción español por conducir en estado de embriaguez, medida que le priva definitivamente de la posibilidad de conducir en territorio alemán hasta que se haya verificado de nuevo su aptitud para conducir. Pues bien, las autoridades alemanas señalaron que, al expirar el período de prohibición para solicitar un nuevo permiso de conducción que se le había impuesto, no había obtenido en España ningún nuevo permiso de conducción cuya validez debiera ser reconocida por las autoridades alemanas, sino que únicamente había obtenido documentos para renovar su permiso de conducción inicial. La ciudad de Karlsruhe consideró que, en virtud del artículo 13, primera frase, punto 2, letra c), del FeV, F. estaba obligado a presentar un informe médico-psicológico para disipar las dudas sobre su aptitud para conducir. Al no haberse presentado dicho informe pericial, la ciudad de Karlsruhe estimó que podía considerarse, con arreglo al artículo 11, apartado 8, del FeV, que no era apto para la conducción. La reclamación presentada por F. contra esa resolución fue desestimada por idénticas razones.
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A tenor del artículo 8 de esta Directiva, referido al «internamiento»: «1. Los Estados miembros no internarán a una persona por la única razón de que sea un solicitante de protección internacional, de conformidad con la Directiva [2013/32]. 2. Cuando ello resulte necesario, sobre la base de una evaluación individual de cada caso, los Estados miembros podrán internar a un solicitante siempre que no se puedan aplicar efectivamente medidas menos coercitivas. 3. Un solicitante solo podrá ser internado: a) para determinar o verificar su identidad o nacionalidad; b) para determinar los elementos en que se basa la solicitud de protección internacional que no podrían obtenerse sin el internamiento, en particular cuando exista riesgo de fuga del solicitante; c) para decidir, en el marco de un procedimiento, sobre el derecho del solicitante a entrar en el territorio; d) cuando la persona internada esté sometida a un procedimiento de retorno con arreglo a la Directiva [2008/115], para preparar el retorno o la ejecución del proceso de expulsión, y el Estado miembro pueda demostrar sobre la base de criterios objetivos, que, en particular, el interesado ya ha tenido la oportunidad de acceder al procedimiento de asilo, por lo que hay motivos razonables para pensar que únicamente presenta la solicitud de protección internacional para retrasar o frustrar la ejecución de la decisión de retorno; e) cuando así lo exija la protección de la seguridad nacional y el orden público; f) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida [(DO 2013, L 180, p. 31)]. Los motivos de internamiento quedarán establecidos en el Derecho nacional. […]»
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El artículo 6 del decreto legislativo del 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 de agosto de 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti (Decreto Legislativo n.o 261, de 20 de diciembre de 2007, por el que se modifica el Decreto Legislativo n.o 191, de 19 de agosto de 2005, por el que se transpone la Directiva 2002/98/CE por la que se establecen normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes) (GURI n.o 19, de 23 de enero de 2008; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 261/2007»), dispone: «1. La entidad de la que forma parte el centro de transfusión sanguínea designará a la persona que será su responsable y que, en cuanto tal, deberá ejercer las siguientes tareas: a) asegurarse de que cada lote de sangre o de componentes sanguíneos se haya extraído y verificado, sea cual sea su destino, y se haya tratado, almacenado, distribuido y atribuido, cuando se destine a transfusión, de conformidad con la legislación vigente; b) comunicar la información requerida en el marco de los procedimientos de autorización y de acreditación; c) velar por que los centros de transfusión sanguínea cumplan los requisitos establecidos en los artículos 7 a 11. 2. La persona responsable con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 deberá ser titular de un diploma en medicina y en cirugía, y cumplir los requisitos establecidos por la normativa en vigor para acceder a la dirección de una estructura compleja en la disciplina de la medicina transfusional.»
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El artículo 27, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento dispone lo siguiente: «1. Antes de adoptar las decisiones previstas en los artículos 7, 8, 23 y en el apartado 2 del artículo 24, la Comisión ofrecerá a las empresas o asociaciones de empresas sometidas al procedimiento instruido por la Comisión la oportunidad de manifestar su opinión con respecto a los cargos que les sean imputados por la Comisión. La Comisión únicamente basará sus decisiones en los cargos en relación con los cuales las partes interesadas hayan podido presentar sus observaciones. Los denunciantes participarán estrechamente en el procedimiento. 2. Los derechos de la defensa de las partes estarán garantizados plenamente en el curso del procedimiento. Tendrán derecho a acceder al expediente de la Comisión, sin perjuicio del interés legítimo de las empresas en la protección de sus secretos comerciales. No se podrá acceder a información de carácter confidencial ni a los documentos internos de la Comisión o de las autoridades de competencia de los Estados miembros. En particular, el derecho de acceso al expediente no se extiende a los intercambios de correspondencia entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros o entre estas últimas, incluidos los documentos elaborados en virtud de los artículos 11 y 14. Lo dispuesto en este párrafo no impedirá que la Comisión utilice o difunda la información necesaria para demostrar una infracción.»
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A este respecto, procede recordar que, como se desprende de los apartados 61 y 62 de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra c), tercer guion, del Reglamento de base, el productor de que se trate debe presentar pruebas suficientes que demuestren que sus costes de producción y su situación financiera no sufren distorsiones significativas heredadas del sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado. Por tanto, esta disposición establece dos requisitos acumulativos, que exigen, el primero de ellos, la existencia de distorsiones significativas de los costes de producción y de la situación financiera de la empresa de que se trate y, el segundo, que dichas distorsiones sean heredadas del sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado.
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En segundo término, por lo que respecta a la argumentación del Ayuntamiento de Bruselas expuesta en el apartado 54 de la presente sentencia, basta con señalar que, en contra de lo que parece que el Tribunal General consideró en el apartado 83 de la sentencia recurrida, el hecho de que la Comisión incoase unos procedimientos por incumplimiento contra el Reino de Bélgica, el Reino de España o la República Francesa por una presunta insuficiencia en la calidad del aire en sus respectivos territorios a la luz de lo prescrito por la Directiva 2008/50, incluido en lo referente al nivel de los óxidos de nitrógeno, no puede considerarse un efecto directamente resultante del Reglamento controvertido. En efecto, habida cuenta de que, como se desprende del apartado 94 de la presente sentencia, este Reglamento no impide a los ayuntamientos recurridos en casación hacer uso de las competencias de que disponen para regular la circulación como consideren oportuno con la finalidad, en particular, de proteger el medio ambiente, no puede estimarse que dicho Reglamento tenga un impacto directo en la posibilidad de que los Estados miembros de los que esos ayuntamientos forman parte sean demandados ante el Tribunal de Justicia, e incluso condenados por este, en el marco de un procedimiento por incumplimiento de las obligaciones que les incumben en el ámbito del medio ambiente.
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El organismo de pensiones interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia). En apoyo de su recurso de casación, el referido organismo alega, en primer lugar, que la sentencia Tomaszewska versaba sobre la interpretación del artículo 45, apartado 1, del Reglamento n.o 1408/71, que corresponde al artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004, y no del artículo 46, apartado 2, del Reglamento n.o 1408/71, que corresponde al artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, de que se trata en el litigio principal. En segundo lugar, a juicio del organismo de pensiones, dicha sentencia solo puede aplicarse en situaciones fácticas análogas a las del asunto que dio lugar a dicha sentencia. En tercer lugar, la aplicación al litigio principal de la interpretación del artículo 45 del Reglamento n.o 1408/71 adoptada por la sentencia Tomaszewska tendría como consecuencia que los períodos de seguro no contributivos cubiertos conforme a la legislación de la República de Polonia serían tenidos en cuenta en una medida más amplia que la prevista por el Derecho polaco, lo que daría lugar a un aumento de la parte de la contribución del régimen polaco de seguridad social en la prestación devengada por el asegurado. En cuarto lugar, siempre según el organismo de pensiones, del apartado 2 de la Decisión n.o H6 de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, de 16 de diciembre de 2010, relativa a la aplicación de determinados principios relacionados con la totalización de los períodos en virtud del artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004 (DO 2011, C 45, p. 5), se desprende que los períodos de seguro comunicados por otros Estados miembros son totalizados por el Estado miembro destinatario sin cuestionar su valor, de modo que el organismo polaco de seguridad social no puede ser obligado a tener en cuenta períodos de seguro nacionales con un alcance más amplio que el previsto en su Derecho nacional.