A raíz de la entrada en vigor del Reglamento no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento no 988/2009, las disposiciones del artículo 65 de dicho Reglamento no deben interpretarse a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 1986, Miethe (1/85). En el caso de un trabajador fronterizo en situación de desempleo total y que ha conservado con el Estado miembro de su último empleo vínculos personales y profesionales de tal naturaleza que dispone en ese Estado de mejores oportunidades de reinserción profesional, dicho artículo 65 debe entenderse en el sentido de que permite que ese trabajador se ponga, con carácter complementario, a disposición de los servicios de empleo de dicho Estado, no para obtener en él subsidios de desempleo, sino únicamente a efectos de disfrutar allí de servicios de reciclaje profesional.

Las normas relativas a la libre circulación de los trabajadores, que figuran en particular en el artículo 45 TFUE, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el Estado miembro del último empleo se niegue, con arreglo a su Derecho nacional, a abonar subsidios de desempleo a un trabajador fronterizo en situación de desempleo total que dispone en ese Estado miembro de mejores oportunidades de reinserción profesional, basándose en que dicho trabajador no reside en su territorio, dado que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento no 988/2009, la legislación aplicable es la del Estado miembro de residencia.

Procede aplicar las disposiciones del artículo 87, apartado 8, del Reglamento no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento no 988/2009, a los trabajadores fronterizos en situación de desempleo total que, a causa de los vínculos que han conservado en el Estado miembro de su último empleo, perciben de éste subsidios de desempleo sobre la base de la legislación de dicho Estado miembro, en virtud del artículo 71 del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, tal como fue modificado por el Reglamento no 592/2008.

En efecto, el artículo 87, apartado 8, del Reglamento no 883/2004 dispone, en favor de las personas a las que, como consecuencia de dicho Reglamento, les sea aplicable la legislación de un Estado miembro distinta de la determinada en virtud del título II de Reglamento no 1408/71, que se les seguirá aplicando esta última legislación durante un determinado período, tras la entrada en vigor del Reglamento no 883/2004, a condición de que la situación que haya prevalecido se mantenga.

A este respecto, el hecho de que el artículo 71 del Reglamento no 1408/71 forme parte del título III del Reglamento no 1408/71 no impide aplicar el citado artículo 87.

El concepto de «situación que se mantiene», en el sentido del artículo 87, apartado 8, del Reglamento no 883/2204, en su versión modificada, debe apreciarse con arreglo a la legislación nacional en materia de seguridad social. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si unos trabajadores que cumplen los requisitos exigidos por esa legislación para tener derecho a que se reanude el pago de los subsidios de desempleo que se les abonaban en virtud de dicha legislación, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada.

(véanse los apartados 49, 56, 61 y 62 y el punto 3 del fallo)