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23

Además, y, en cualquier caso, puesto que, por un lado, para cumplir las exigencias de una buena administración de justicia, la decisión de interponer el presente recurso de casación así como la elección y el enunciado de los motivos deberían haber sido adoptados por un órgano habilitado a tal efecto en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no tenga encomendadas funciones jurisdiccionales y no ejerza influencia alguna sobre este, y, por otro lado, no existe indicación alguna en este sentido en el recurso de casación interpuesto por la recurrente, Kendrion estima que, mientras esta cuestión no se clarifique, el recurso de casación interpuesto por el Tribunal de Justicia es inadmisible.
12

Hypothekenbank entiende que, así pues, los grupos empresariales están sometidos a una tributación más favorable que las empresas que no forman parte de grupos, puesto que en el caso de los grupos el criterio de la no consolidación supone que los balances de las filiales con domicilio social en otros Estados miembros que no sean Austria quedan excluidos automáticamente de la base imponible de los tributos en cuestión. Afirma que no sucede lo mismo con sociedades aisladas que prestan por sí mismas o mediante sucursales servicios en otros Estados miembros que no sean Austria, dado que, a su juicio, tales servicios computan automáticamente en el balance de esas sociedades y en la base imponible del impuesto de estabilidad que deben abonar. Aduce que esta situación constituye discriminación y que así se desprende de la sentencia de 5 de febrero de 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi (C‑385/12, EU:C:2014:47). Arguye que esa discriminación puede interferir en la prestación de servicios bancarios en otros Estados miembros que no sean Austria, y que podría haberse evitado si se hubiera fijado la base imponible del impuesto de estabilidad y de la contribución especial de dicho impuesto en función del balance consolidado, lo cual permitiría al mismo tiempo, de ser necesario, la imputación de cuotas tributarias de la misma naturaleza que una filial debiera abonar en otro Estado miembro.
9

El artículo 12 de la citada Directiva dispone: «1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, los Estados miembros no exigirán al refugiado o a los miembros de su familia, respecto de las solicitudes relativas a los miembros de la familia mencionados en el apartado 1 del artículo 4, que presente la prueba de que el refugiado cumple los requisitos establecidos en el artículo 7. […] Los Estados miembros podrán exigir que el refugiado reúna los requisitos mencionados en el apartado 1 del artículo 7 cuando la solicitud de reagrupación familiar no se haya presentado en el plazo de tres meses a partir de la concesión del estatuto de refugiado. 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, los Estados miembros no exigirán al refugiado que haya residido en su territorio durante un determinado período de tiempo antes de reagrupar a los miembros de su familia con él.»
16

El artículo 3, apartado 6, del decreto-legge n. 64 — recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (Decreto-ley n.o 64, por el que se establecen disposiciones urgentes en materia de espectáculos y de actividades culturales), de 30 de abril de 2010 (GURI n.o 100, de 30 de abril de 2010), convalidado, con modificaciones, mediante la legge n. 100 (Ley n.o 100), de 29 de junio de 2010 (GURI n.o 150, de 30 de junio de 2010, p. 2), dispone, por un lado, que el artículo 3, apartados 4 y 5, de la Ley n.o 426, de 22 de julio de 1977, de medidas extraordinarias de apoyo a las actividades musicales continúa aplicándose a las fundaciones líricas y sinfónicas, pese a su transformación en personas de Derecho privado, y, por otro lado, que las disposiciones del artículo 1, apartados 01 y 2, del Decreto Legislativo n.o 368/2001 no son de aplicación a las fundaciones líricas y sinfónicas.
17

El órgano jurisdiccional remitente estima que, por una parte, desde el punto de vista de la técnica jurídica, el plazo de ejecución puede regirse por el Derecho nacional del juez que conoce de la ejecución, sin que le sea aplicable el Reglamento n.o 44/2001, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 3 de octubre de 1985, Capelloni y Aquilini, 119/84, EU:C:1985:388, apartado 16; de 29 de abril de 1999, Coursier, C‑267/97, EU:C:1999:213, apartado 28, y de 28 de abril de 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, apartado 69). Por otra parte, indica que dicho plazo lleva aparejada la extinción del carácter ejecutivo del título por el transcurso de un cierto período de tiempo, y que, en definitiva, dicho plazo tiene los mismos efectos que una anulación del título en el procedimiento de recurso. Por consiguiente, en su opinión, la aplicación de ese mismo plazo a un mandamiento de embargo preventivo procedente de otro Estado miembro puede no ser conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual la aplicación de las disposiciones procesales del Estado miembro de ejecución no debe menoscabar la eficacia del Reglamento n.o 44/2001 limitando la operatividad de los principios que este impone (sentencias de 3 de octubre de 1985, Capelloni y Aquilini, 119/84, EU:C:1985:388, apartado 21, y de 28 de abril de 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, apartado 69).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la subpartida arancelaria 19023010 de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en la redacción que le da el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012 (DO 2012, L 304, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»).
8

El Reglamento n.o 207/2009 fue modificado por el Reglamento (UE) n.o 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016 y es aplicable a los hechos del litigio principal a partir de esa fecha.
19

El Consejo de Ministros sostiene ante la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional) que el Decreto n.o 187 es conforme con el artículo 105 de la Constitución. Señala que, en su reunión de 19 de octubre de 2011, el Comité de desarrollo rural de la Comisión concluyó que «el FEOGA no se aplicaba a la transmisión mortis causa de la ayuda al cese anticipado». Por lo tanto, esta transmisión no corresponde al objetivo fijado por el Reglamento n.o 1257/1999. Pues bien, uno de los objetivos del Decreto n.o 187 consiste en evitar la incompatibilidad del Derecho letón con las exigencias derivadas de dicho Reglamento y con el principio de uso útil y eficaz de los recursos de la Unión y de los Estados miembros.
46

Por otra parte, además del análisis del tenor, del contexto del artículo 12, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/5 y de la finalidad de esta, la interpretación que figura en el apartado 35 de la presente sentencia viene confirmada por la nota explicativa de la Comisión relativa a la interpretación de la Directiva 1999/5. En la parte titulada «Ambiguity in Annex III to the Directive», de esta nota resulta que, cuando las normas armonizadas indiquen todas las series esenciales de ensayos radiotécnicos para el equipo radioeléctrico, el fabricante que se atenga a ellas no estará obligado a indicar en ese equipo el número de identificación de un organismo notificado. Dicha nota destaca que los organismos notificados no intervendrán en el procedimiento de la conformidad a que se refiere el anexo III de la Directiva 1999/5 cuando el fabricante invoque las normas armonizadas y que, por tanto, no se aplicará la obligación establecida en el artículo 12, apartado 1, párrafo segundo, de esta Directiva cuando dicho fabricante hubiese invocado las normas armonizadas.
24

A este respecto, la Administración tributaria sostiene esencialmente que el análisis funcional de los servicios prestados por DPAS a los pacientes no difiere del de los servicios de que se trataba en los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 26 de mayo de 2016, Bookit (C‑607/14, EU:C:2016:355) y National Exhibition Centre (C‑130/15, no publicada, EU:C:2016:357), de donde se desprende a su entender que un sujeto pasivo que recurre a otros proveedores de servicios financieros para realizar giros entre cuentas no efectúa operaciones relativas a giros. Afirma que DPAS solo lleva a cabo, por tanto, tareas administrativas. Arguye que la sentencia de 28 de octubre de 2010, Axa UK (C‑175/09, EU:C:2010:646), no es pertinente en este caso, puesto que DPAS presta servicios a los pacientes, y no a los dentistas. Si, no obstante, se considerase que DPAS realiza servicios de giro a los dentistas, se aplicaría la doctrina dimanante de la sentencia de 28 de octubre de 2010, Axa UK (C‑175/09, EU:C:2010:646), y la prestación de servicios en cuestión debería calificarse de cobro de créditos, si no se quiere vulnerar el principio de neutralidad fiscal.
14

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que la nulidad de una operación declarada por resolución judicial podría calificarse de modificación de los elementos tomados en consideración para la determinación de la cuantía de las deducciones, en el sentido del artículo 185 de la Directiva del IVA. Dicho órgano jurisdiccional considera, no obstante, que la nulidad de una operación también podría significar que no ha habido «entrega» en el sentido de la Directiva del IVA y que, por lo tanto, no se ha devengado el impuesto, en cuyo caso no procedería efectuar una regularización, sino declarar que no existió derecho a la deducción del IVA.
59

Así, es preciso señalar, como indica acertadamente la EUIPO, que el artículo 12, apartado 2, del Reglamento n.o 2245/2002 dispone que una corrección de la solicitud de registro no puede modificar la representación del dibujo o modelo de que se trate. Pues bien, esto supone necesariamente que la solicitud de registro, antes de poder obtener una fecha de presentación, debe contener una representación de ese tipo que permita identificar el objeto para el que se solicita protección. En efecto, no es posible interpretar el Reglamento n.o 6/2002 en el sentido de que admite que una solicitud de registro pueda considerarse válidamente presentada aunque no permita identificar claramente el dibujo o modelo cuyo registro se solicita y que ya no pueda subsanarse este defecto.
b)

el artículo 8, punto 3, del Reglamento [n.o 1215/2012] se refiere únicamente a una reconvención derivada del hecho o contrato en que se fundamente la demanda, de forma que no resulta aplicable a una reconvención no derivada del hecho o contrato en que se fundamente la demanda y, por este motivo, cabe determinar con arreglo a otras reglas de competencia del Reglamento [n.o 1215/2012] que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda lo es también para conocer de la reconvención?»
10

A tenor del artículo 42 del Reglamento de 2011: «1. La autoridad pública deberá llevar a cabo una evaluación previa a efectos de determinar la necesidad de una evaluación adecuada de todo plan o proyecto con respecto al cual haya recibido una solicitud de autorización, o que la autoridad pública desee llevar a cabo o aprobar, que no tenga relación directa con la gestión del lugar como lugar europeo o no sea necesario para la misma, a efectos de apreciar, a la luz de los mejores conocimientos científicos y de los objetivos de conservación de dicho lugar, si el plan o proyecto puede afectar de forma apreciable al lugar europeo, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos». 2. La autoridad pública deberá llevar a cabo una evaluación previa a efectos de determinar la necesidad de una evaluación adecuada con arreglo al apartado 1 antes de autorizar el plan o proyecto o de adoptar la decisión de llevarlo a cabo o aprobarlo. […] 6. La autoridad pública determinará que es preciso llevar a cabo una evaluación adecuada de un plan o proyecto cuando este no tenga relación directa con la gestión del lugar como lugar europeo o no sea necesario para la misma y no quepa excluir, a la luz de los datos científicos objetivos obtenidos en el marco de la evaluación previa con arreglo al presente artículo, que el plan o proyecto puede afectar de forma apreciable al lugar europeo, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos. 7. La autoridad pública determinará que no es preciso llevar a cabo una evaluación adecuada de un plan o proyecto cuando este no tenga relación directa con la gestión del lugar como lugar europeo o no sea necesario para la misma y quepa excluir, a la luz de los datos científicos objetivos obtenidos en el marco de la evaluación previa con arreglo al presente artículo, que el plan o proyecto puede afectar de forma apreciable al lugar europeo, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos.»
25

Dicha petición contenía, en particular, a título de la declaración exigida por el artículo 15 del Reglamento de Ejecución n.o 1189/2011 para certificar que se cumplían las condiciones previstas en la Directiva 2010/24 para iniciar el procedimiento de asistencia mutua, la siguiente información: – «The claim(s) is (are) not contested» [«El (los) crédito(s) no se ha(n) impugnado»]; – «The claim(s) may no longer be contested by an administrative appeal/by an appeal to the courts» [«El (los) crédito(s) ya no puede(n) recurrirse en vía administrativa/judicial»]; – «Appropriate recovery procedures have been applied in the State of the applicant authority but will not result in the payment in full of the claim» [«En el Estado de la autoridad requirente se han iniciado procedimientos de cobro adecuados, pero no conducirán al pago total del crédito»].
6

El artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549, y corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 17), indica: «Los Estados miembros instaurarán un sistema a efectos de asesorar a los beneficiarios sobre la gestión de tierras y explotaciones (“el sistema de asesoramiento a las explotaciones”) […]».
En principio, una parte conserva su interés en mantener un recurso de anulación, dado que este último puede constituir la base de un eventual recurso por responsabilidad. La eventualidad de un recurso de indemnización es fundamento suficiente del interés en ejercitar la acción, siempre que este no sea hipotético. El interés en ejercitar la acción también puede sustentarse en cualquier acción ejercitada ante los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco de la cual la eventual anulación del acto impugnado ante el juez de la Unión pueda procurar una ventaja al recurrente.

A este respecto, en lo referente, por una parte, a un recurso interpuesto ante el juez de la Unión contra una decisión de la Comisión por la que se constata la compatibilidad de una ayuda de Estado consistente en la inyección de capital en un banco nacional con el Derecho de la Unión y, por otra parte, a un recurso interpuesto ante un órgano jurisdiccional nacional por el que se solicita que se constate la incompatibilidad de la decisión de resolución de dicho banco con el Derecho nacional, habida cuenta de los vínculos indisociables existentes entre dichas decisiones, que demuestran, en particular, que la ayuda de Estado fue concedida en el marco de la resolución del banco concernido, es preciso constatar que el juez de la Unión no puede concluir, sin sustituir al juez nacional que debe apreciar la fundamentación del recurso de anulación contra dicha decisión de resolución, que, debido a que el objeto de este último recurso no es el mismo que el del recurso interpuesto ante el juez de la Unión, la eventual anulación de la decisión de la Comisión no podría afectar en modo alguno al examen por los tribunales nacionales del recurso formulado ante ellos.

En efecto, no corresponde al juez de la Unión, al examinar el interés en ejercitar la acción ante él, apreciar la probabilidad del fundamento de un recurso interpuesto ante los órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo al Derecho interno y, en consecuencia, sustituirlos al efectuar tal apreciación. Sin embargo, sí es necesario, aunque también suficiente, que el recurso de anulación interpuesto ante el juez de la Unión pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto.

(véanse los apartados 42 a 44, 52, 55 y 56)
Asunto C‑451/17

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contra

Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Veliko Tarnovo)

«Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.o 883/2004 — Artículo 12, apartado 1 — Reglamento (CE) n.o 987/2009 — Artículo 14, apartado 1 — Trabajadores desplazados — Legislación aplicable — Certificado A 1 — Sujeción del trabajador por cuenta ajena a la legislación del Estado miembro en que el empleador está establecido — Requisitos»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de octubre de 2018

Seguridad social — Trabajadores migrantes — Legislación aplicable — Trabajador contratado con miras a enviarlo a un Estado miembro distinto de aquel en el que el empresario está establecido — Aplicabilidad de la legislación del Estado miembro de establecimiento — Requisito — Trabajador ya sujeto a la legislación del Estado miembro de establecimiento antes de ocupar su puesto de trabajo — Concepto — Trabajador que no ha tenido la condición de asegurado justo antes de ocupar su puesto de trabajo — Inclusión en caso de residencia en el referido Estado miembro antes de ocupar dicho puesto de trabajo

[Reglamentos (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo n.o 987/2009, art. 14, ap. 1, y n.o 883/2004, arts. 2, 11, ap. 1, y 12, ap. 1]

El artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en relación con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, debe interpretarse en el sentido de que debe considerarse que una persona que ejerza una actividad asalariada contratada con miras a enviarla a otro Estado miembro, «inmediatamente antes de ocupar su puesto de trabajo, [estaba] ya [sujeta] a la legislación del Estado [miembro] en el que la empresa que la emplea esté establecida», en el sentido del artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 987/2009, aunque dicho trabajador por cuenta ajena no tuviera la condición de asegurado con arreglo a la legislación de ese Estado miembro inmediatamente antes de comenzar su actividad asalariada, siempre que el trabajador por cuenta ajena tuviese en ese momento su residencia en el referido Estado miembro, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(véanse el apartado 51 y el fallo)
El artículo 28 de la Directiva 2009/72 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de unas redes como las examinadas en los litigios principales, calificadas por un Estado miembro de redes de distribución cerradas en el sentido del apartado 1 de este artículo, ese Estado puede eximirlas únicamente, en su condición de tales, de las obligaciones mencionadas en el apartado 2 de dicho artículo, sin perjuicio de que tales redes puedan acogerse, por lo demás, a otras exenciones previstas en esta Directiva, en particular la contemplada en el artículo 26, apartado 4, de esa Directiva, si cumplen los requisitos allí establecidos, extremo cuya verificación incumbe al tribunal remitente. En cualquier caso, dicho Estado miembro no puede incluir tales redes en una categoría distinta de redes de distribución a fin de concederles exenciones no previstas en dicha Directiva.

(véanse el apartado 51 y el punto 2 del fallo)
Protección de los consumidores — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales agresivas — Prácticas que se consideran desleales en cualquier circunstancia — Suministro no solicitado — Concepto — Comercialización de tarjetas SIM sin informar previamente y de modo adecuado al consumidor de los servicios preinstalados y preactivados en ellas ni de su coste — Inclusión

Protección de los consumidores — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Directiva 2005/29/CE — Ámbito de aplicación — Suministro no solicitado de servicios de comunicaciones electrónicas — Inclusión — Normativa nacional que somete la apreciación del comportamiento constitutivo de un suministro no solicitado a las disposiciones de la Directiva 2005/29/CE y, por tanto, a la competencia de una autoridad nacional de reglamentación que dispone de competencias transectoriales, de modo que no es competente para sancionar tal comportamiento la autoridad nacional de reglamentación mencionada en la Directiva 2002/21/CE — Procedencia

(Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, arts. 1, ap. 4, y 20, ap. 1, y Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 4, y anexo I, punto 29)