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En efecto, el Tribunal de Justicia ya se pronunció sobre la compatibilidad de esa normativa con el artículo 33, apartado 1, de la Sexta Directiva en el asunto que dio lugar al auto de 27 de noviembre de 2008, Renta (C‑151/08). A este respecto, el Tribunal de Justicia consideró en dicho auto que un impuesto que presenta características como las del impuesto sobre transmisiones patrimoniales se distingue del impuesto sobre el valor añadido de tal manera que no cabe calificarlo de impuesto que tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios en el sentido del artículo 33, apartado 1, de la Sexta Directiva.

La Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 91/680, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional que grava la adquisición de la mayoría del capital de una sociedad cuyo activo está constituido esencialmente por inmuebles con un impuesto indirecto distinto del impuesto sobre el valor añadido.

Si bien el órgano judicial nacional es el único competente, habida cuenta del reparto de competencias en el marco del procedimiento prejudicial, para definir el objeto de las cuestiones que desea plantear al Tribunal de Justicia, corresponde a éste examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, al objeto de verificar su propia competencia. A este respecto, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a una cuestión planteada con carácter prejudicial cuando resulta evidente que la disposición del Derecho de la Unión sometida a su interpretación no puede aplicarse.

Por lo que se refiere a las disposiciones del Tratado FUE en materia de libertad de establecimiento y de libre circulación de capitales, tales disposiciones no se aplican a una situación en la que todos los elementos se circunscriben al interior de un sólo Estado miembro.

No obstante, en determinadas circunstancias muy concretas, el carácter puramente interno de la situación no es óbice para que el Tribunal de Justicia responda a una cuestión planteada en virtud del artículo 267 TFUE. Puede suceder así, en particular, en el supuesto de que el Derecho nacional obligue al órgano jurisdiccional remitente a conceder a un nacional del Estado miembro al que pertenezca dicho órgano jurisdiccional los mismos derechos que el Derecho de la Unión reconoce a un nacional de otro Estado miembro que se halle en la misma situación o si la petición de decisión prejudicial trata sobre disposiciones del Derecho de la Unión a las que el Derecho nacional de un Estado miembro remite para determinar las normas aplicables a una situación puramente interna de ese Estado.

(véanse los apartados 40 a 44)
Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 bis de la Directiva 70/311, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los mecanismos de dirección de los vehículos a motor y de sus remolques, del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2007/46, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, al supeditar la matriculación en su territorio de turismos nuevos cuyo dispositivo de dirección está situado en el mismo lado que el sentido de la circulación, al desplazamiento del volante al lado izquierdo.

Los dispositivos de dirección de los vehículos son objeto específico de la Directiva 70/311, cuyo artículo 2 bis obliga a los Estados miembros a no prohibir, en particular, la matriculación de los vehículos por motivos que se refieren a los dispositivos de dirección si éstos satisfacen las prescripciones de dicha Directiva. Ciertamente, las Directivas 2007/46 y 70/311 se refieren a la «posición de conducción: derecha/izquierda», que debe indicarse en la ficha informativa a efectos de la homologación de un vehículo. De ese modo, la indicación debe hacerse en el certificado de conformidad, según la cual el vehículo es «adecuado» para la circulación por la derecha o por la izquierda. Sin embargo, esas disposiciones no pueden referirse a elementos fundamentales de la fabricación del vehículo, como el emplazamiento del volante, sino únicamente a otros elementos, como los dispositivos de iluminación y de limpiaparabrisas o los sistemas de visión indirecta de los vehículos. En efecto, los ajustes que pueden exigirse no pueden referirse al desplazamiento de la posición de conducción, extremo que constituiría una intervención sustancial en la arquitectura de fabricación del vehículo, contraria al tenor y al objetivo de la Directiva 70/311, sino únicamente a intervenciones de menor envergadura.

En consecuencia, el emplazamiento de la posición de conducción, parte integrante del dispositivo de dirección de un vehículo, está comprendido en el ámbito de aplicación de la armonización establecida por las Directivas 2007/46 y 70/311, de modo que los Estados miembros no pueden exigir, por razones de seguridad, a efectos de la matriculación de un vehículo nuevo en su territorio, el desplazamiento de la posición de conducción de dicho vehículo hacia el lado opuesto al sentido de la circulación.

(véanse los apartados 44, 48, 50 y 52 y el fallo)
1)

Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, al no haber extendido las autorizaciones con arreglo a los artículos 6 y 8 de dicha Directiva o al no haber revisado y, en su caso, actualizado, de forma adecuada, las condiciones de autorización respecto de trece instalaciones para la cría de cerdos y aves de corral, de modo que no ha garantizado que todas las instalaciones existentes sean explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, 14, letras a) y b), y 15, apartado 2, de la mencionada Directiva a más tardar el 30 de octubre de 2007.
Pues bien, debe señalarse que una medida como la controvertida en el litigio principal, que dispone la baja automática de los cursos de formación e implica la imposibilidad de presentarse al examen organizado a continuación sin tener en cuenta, en particular, ni la fase de los mencionados cursos en la que se produce la ausencia debida al permiso de maternidad ni la formación previamente adquirida, y que se limita a reconocer a la mujer que haya disfrutado de dicho permiso el derecho a participar en un curso de formación que tendrá lugar en una fecha posterior pero incierta, no es conforme con el mencionado principio de proporcionalidad.

El artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2006/54, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, no es aplicable a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no reserva una actividad determinada únicamente a los trabajadores de sexo masculino, sino que retrasa el acceso a dicha actividad de las trabajadoras que no hayan podido seguir una formación profesional completa debido a un permiso de maternidad obligatorio.

(véanse el apartado 43 y el punto 2 del fallo)
La Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y el principio de neutralidad fiscal no se oponen, en el marco de una operación sujeta al sistema de la autoliquidación, a que el destinatario de servicios se vea privado del derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido que pagó indebidamente al prestador de servicios sobre la base de una factura emitida de manera errónea, inclusive cuando la corrección del tal error sea imposible por la quiebra de dicho prestador.

En efecto, en aplicación del sistema de la autoliquidación, no procede ningún pago de impuesto sobre el valor añadido entre el prestador y el destinatario de servicios, el cual es deudor del impuesto sobre el valor añadido soportado, a la vez que, en principio, puede deducir tal impuesto, de manera que no se debe ningún importe a la Administración Tributaria. A este respecto, si bien el principio de neutralidad fiscal exige que se acuerde la deducción del IVA soportado si se cumplen los requisitos materiales, aun cuando los sujetos pasivos hayan omitido determinados requisitos formales, el destinatario de los servicios debería haber pagado el impuesto sobre el valor añadido a las autoridades fiscales, conforme al artículo 199 de la Directiva 2006/112. De este modo, aparte de que la factura controvertida no cumple con las exigencias formales previstas por la normativa nacional, no se respetó un requisito material del sistema de la autoliquidación. Tal situación impidió que la Administración Tributaria verificara la aplicación del sistema de la autoliquidación y conllevó un riesgo de pérdida de ingresos fiscales para el Estado miembro de que se trata.

De este modo, al no haberse devengado el impuesto sobre el valor añadido pagado por el destinatario al prestador y al no respetar dicho pago uno de los requisitos materiales del sistema de la autoliquidación, el destinatario de los servicios no puede invocar un derecho a la deducción de dicho impuesto sobre el valor añadido.

Por otra parte, la situación de quiebra del prestador de servicios no puede cuestionar la denegación de la deducción del impuesto sobre el valor añadido, imputable al incumplimiento por el destinatario de los servicios de las obligaciones esenciales para la aplicación del sistema de la autoliquidación. No obstante, el destinatario de los servicios que pagó indebidamente el impuesto sobre el valor añadido al prestador de dichos servicios puede reclamarle la devolución de éste con arreglo al Derecho nacional.

(véanse los apartados 29, 35, 37, 38, 40 a 42 y 44 y el punto 1 del fallo)
El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, ya que no puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el sentido de dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente.

En efecto, una finalidad específica, en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12, es un objetivo distinto del exclusivamente presupuestario. Además, ya se ha declarado que el aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente presupuestario, que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12.

Sin embargo, ya que todo impuesto tiene necesariamente una finalidad presupuestaria, el mero hecho de que ese impuesto tenga finalidad presupuestaria no basta, por sí mismo, a menos que se prive de todo contenido al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12, para excluir que pueda considerarse que dicho impuesto tiene también una finalidad específica, en el sentido de esta disposición. A este respecto, la afectación predeterminada de los rendimientos de ese impuesto a la financiación por parte de autoridades regionales de competencias que les ha transferido el Estado en materia de sanidad y medioambiente podría constituir un elemento que debe tenerse en cuenta para identificar la existencia de una finalidad específica. No obstante, tal afectación, que resulta de una mera modalidad de organización presupuestaria interna de un Estado miembro, no puede, como tal, constituir un requisito suficiente a este respecto, ya que cualquier Estado miembro puede ordenar la afectación del rendimiento de un impuesto a la financiación de determinados gastos, sea cual sea la finalidad perseguida.

Para considerar que persigue una finalidad específica, en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12, es preciso que un impuesto tenga por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente. Tal sería el caso, en particular, si los rendimientos de dicho impuesto debieran utilizarse obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos que grava dicho impuesto, de tal modo que existiera un vínculo directo entre el uso de los rendimientos y la finalidad del impuesto en cuestión.

(véanse los apartados 23, 25, 27 a 30 y 36 y el fallo)
La aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, no puede depender, por regla general, de la existencia de un vínculo transfronterizo que implique a otro Estado miembro.

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se ha abierto el procedimiento de insolvencia tienen competencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia contra un demandado cuyo domicilio no se encuentre en el territorio de un Estado miembro.

En efecto, una armonización, en la Unión, de las reglas de competencia judicial por lo que respecta a las acciones revocatorias por insolvencia contribuye a la consecución de los objetivos de la referida disposición, que consisten en promover la previsibilidad de la competencia judicial en materia de quiebra y, por consiguiente, la seguridad jurídica, con independencia de que el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro o en un Estado tercero.

El hecho de que las disposiciones del antedicho Reglamento relativas al reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas por el tribunal que incoó el procedimiento de insolvencia no sean vinculantes para Estados terceros no impide aplicar la regla de competencia prevista en el artículo 3, apartado 1, de ese Reglamento. Además, aunque, en un caso concreto, no exista la posibilidad de invocar el propio Reglamento para obtener el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, cabe, a veces, la posibilidad de lograr, al amparo de un convenio bilateral, el reconocimiento y la ejecución de una resolución dictada por el tribunal competente. Por otra parte, aunque falte el reconocimiento y la ejecución, sobre la base de un convenio bilateral, de tal resolución por el Estado en el que se encuentre el domicilio del demandado, dicha resolución puede ser reconocida y ejecutada por los otros Estados miembros en virtud del artículo 25 del Reglamento no 1346/2000, en particular, en el caso de que una parte del patrimonio de dicho demandado se encuentre en el territorio de uno de esos Estados.

(véanse los apartados 33 y 37 a 39 y el fallo)
El artículo 3, letra c), del Reglamento no 469/2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una patente que protege un principio activo innovador y de una autorización de comercialización de un medicamento que contiene dicho principio activo como principio activo único, y que ya ha obtenido un certificado complementario de protección que le permite oponerse a la utilización de dicho principio activo sólo o en combinación con otros principios activos, obtenga, basándose en esa misma patente pero en una autorización de comercialización posterior de un medicamento distinto que contiene dicho principio activo en combinación con otro, el cual no está protegido como tal por la referida patente, un segundo certificado complementario de protección para esta composición de principios activos.

En efecto, no puede admitirse a efectos de la aplicación del artículo 3, letra c), del referido Reglamento, que el titular de una patente de base en vigor pueda obtener un nuevo certificado complementario de protección para los medicamentos, dotado eventualmente de un período de validez más largo, cada vez que comercialice en un Estado miembro un medicamento que contenga, por un lado, el principio activo protegido como tal por su patente base, el cual constituye la actividad inventiva central de dicha patente, y, por otro lado, otro principio activo, que no está protegido como tal por la referida patente.

(véanse los apartados 30 y 43 y el fallo)
Asunto C‑413/12

Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León

contra

Anuntis Segundamano España, S.L.

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Salamanca)

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Acción de cesación ejercitada por una asociación regional de protección de los consumidores — Tribunal territorialmente competente — Imposibilidad de recurrir la resolución de inhibición por falta de competencia dictada en primera instancia — Autonomía procesal de los Estados miembros — Principios de equivalencia y de efectividad»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de diciembre de 2013

Aproximación de las legislaciones — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Medios para que cese la utilización de las cláusulas abusivas — Acción de cesación ejercitada por una asociación regional de protección de los consumidores — Normativa nacional que atribuye la competencia territorial para conocer de dicha acción al órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su establecimiento o su domicilio — Inexistencia de recurso contra la resolución de inhibición por falta de competencia dictada en primera instancia — Procedencia — Respeto de los principios de equivalencia y de efectividad

(Directiva 93/13/CEE del Consejo)

La Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y los principios de efectividad y de equivalencia, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro según la cual, en materia de acciones de cesación ejercitadas por las asociaciones de protección de los consumidores, por una parte, tal acción debe interponerse ante los tribunales del lugar donde el demandado tiene su establecimiento o su domicilio y, por otra parte, no cabe recurso de apelación contra la resolución por la que un órgano jurisdiccional de primera instancia declara su falta de competencia territorial.

En efecto, a falta de armonización de los recursos procesales de que disponen las asociaciones de protección de los consumidores para que cese el uso de las cláusulas abusivas tanto en interés de los consumidores como de los competidores profesionales, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales reglas, en virtud del principio de autonomía procesal, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a las asociaciones de protección de los consumidores (principio de efectividad).

(véanse los apartados 30 y 53 y el fallo)
Asunto C‑394/12

Shamso Abdullahi

contra

Bundesasylamt

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Asylgerichtshof)

«Procedimiento prejudicial — Sistema europeo común de asilo — Reglamento (CE) no 343/2003 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo — Control del cumplimiento de los criterios de responsabilidad relativos al examen de la solicitud de asilo — Alcancedel control jurisdiccional»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de diciembre de 2013

Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo — Reglamento (CE) no 343/2003 — Método interpretativo — Control jurisdiccional — Alcance — Impugnación por el solicitante de la asunción de responsabilidad por parte del primer Estado miembro en que se produjo la entrada — Requisitos — Deficiencias sistemáticas del procedimiento de asilo y de las condiciones de acogida de los solicitantes en un Estado miembro — Riesgo real de tratos inhumanos o degradantes

[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 4; Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, arts. 10, ap. 1, y 19, ap. 2]

El artículo 19, apartado 2, del Reglamento no 343/2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro ha aceptado hacerse cargo de un solicitante de asilo en virtud del criterio recogido en el artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento, es decir, porque es el primer Estado miembro en que se produjo la entrada en territorio de la Unión Europea de dicho solicitante, éste únicamente puede cuestionar la elección de tal criterio si invoca deficiencias sistemáticas del procedimiento de asilo y de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en ese Estado miembro que constituyan motivos serios y acreditados para creer que dicho solicitante correrá un riesgo real de ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, en el sentido del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por lo que se refiere al alcance del recurso previsto por el artículo 19, apartado 2, del Reglamento no 343/2003, procede interpretar dicho Reglamento no sólo a la vista del tenor literal de sus disposiciones, sino también de su estructura general, objetivos y contexto, y en particular de la evolución que ha experimentado en relación con el sistema al que pertenece.

(véanse los apartados 51 y 62 y el fallo)