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27.

No comparto este último punto de vista. La redacción debatida sólo exige que ambas prestaciones sean realizadas por proveedores incluidos en una determinada definición, ( 16 ) y no precisa que el proveedor deba ser el mismo en ambos casos. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia tampoco señala que deban interpretarse en sentido estricto los términos empleados para especificar exenciones. Añade igualmente que la interpretación debe ser coherente con los objetivos que subyacen a las exenciones y que debe cumplir con los requisitos del principio de neutralidad fiscal inherente al sistema común del IVA; una interpretación estricta no significa que los términos empleados deban entenderse de una forma que despoje a las exenciones de su efecto deseado. ( 17 ) Además, como el Tribunal de Justicia señaló en el asunto Comisión/Francia, ( 18 ) la exención de actividades directamente relacionadas con la asistencia hospitalaria y sanitaria está pensada para garantizar que los beneficios derivados de dicha asistencia no se vean entorpecidos por los mayores costes de prestación que se producirían si la misma, o actividades directamente relacionadas, estuvieran sujetas al IVA. Denegar la exención solamente porque la asistencia y las demás actividades relacionadas no las proporciona la misma persona sería contrario a dicho objetivo. Por último, en esa misma resolución el Tribunal de Justicia consideró la transmisión de una muestra de sangre de un laboratorio a otro como «relacionada directamente» con el análisis efectuado por el segundo laboratorio y como sometida al mismo régimen de IVA contemplado en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva. Es, por tanto, evidente que el Tribunal de Justicia no exige que la asistencia y las actividades relacionadas sean proporcionadas por la misma persona para que estas últimas se beneficien de la exención.
88.

Además, como se confirmó en la vista y reitera la jurisprudencia de la Corte Costituzionale ( 54 ) (Italia), la indemnización concedida al trabajador por el período transcurrido al amparo del artículo 18 de la Ley no 300/1970 está en principio sometida a deducciones en el caso de otras retribuciones. De esta manera, podría perderse cualquier ventaja adquirida en ese período. Por el contrario, y según la misma jurisprudencia de la Corte Costituzionale, la indemnización contemplada en el artículo 32, apartado 5, de la Ley no 183/2010 tiene claramente un carácter sancionador. Debe pagarse en cualquier situación, aunque no haya perjuicio, en que el trabajador haya encontrado rápidamente un trabajo distinto. Por lo tanto, dicha indemnización no tendría tanto el carácter de compensación de un perjuicio efectivamente sufrido como el de un pago indemnizatorio a tanto alzado. Al contrario que la indemnización por despido improcedente, el nivel de indemnización por una cláusula de duración determinada ilícita, que está establecido por ley, aporta certeza jurídica, así como rapidez procesal, a la tramitación de dichos casos. En la vista se mencionó igualmente la posibilidad de que un trabajador de duración determinada pueda también entablar una acción contra su empresario por los perjuicios que superen el importe legal de indemnización establecido en la Ley no 183/2010, de conformidad con las normas ordinarias del Código de Procedimiento Civil italiano.
España enumeró estas medidas, pero no las aportó al Tribunal de Justicia. No obstante, puesto que la Comisión no ha formulado ninguna objeción material y tampoco niega la transposición alegando no tener conocimiento de ellas, no cabe afirmar que estas medidas no cumplan los requisitos del artículo 4, apartado 8, y del anexo V, secciones 1.3 y 1.4.1., incisos i) a iii), de la Directiva Marco de Aguas.
40.

Como han observado, en concreto, el Gobierno italiano y RTI, el equilibrio que debe alcanzarse entre los intereses de los consumidores, por un lado, y de los organismos de radiodifusión televisiva y los anunciantes, por otro lado, no es el mismo en la radiodifusión televisiva de pago que en la radiodifusión televisión privada en abierto. Según ellos, por regla general, las cadenas de televisión de pago ofrecen a los telespectadores una programación especial con la transmisión, en particular, de determinadas películas, programas de entretenimiento y eventos deportivos no disponibles en la programación de la televisión privada en abierto o, al menos, no con el mismo formato. La recepción de estas cadenas de televisión de pago presupone el pago previo por parte del telespectador del precio contractual estipulado en el marco de su contrato individual de abono con el correspondiente organismo de radiodifusión televisiva. Por tanto, resulta razonable que el telespectador espere tener que tolerar mucha menos publicidad en las cadenas de televisión de pago que en las cadenas de televisión privada en abierto, para cuya recepción, por regla general, no ha tenido que realizar ningún desembolso y cuya principal fuente de financiación –si no la única– es la publicidad.
2.

El litigio que dio lugar al presente asunto versaba sobre la incorrecta transposición por la República Portuguesa de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, ( 2 ) que llevó a la Comisión a interponer un recurso con arreglo al artículo 226 CE (actualmente artículo 258 TFUE) contra dicho Estado miembro. Mediante sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal, ( 3 ) (en lo sucesivo, «sentencia declarativa de incumplimiento de 2004»), el Tribunal de Justicia declaró que al no haber derogado el Decreto-ley no 48051, de 21 de noviembre de 1967, que supeditaba la indemnización de daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción al Derecho comunitario de contratos públicos o a las normas nacionales de transposición a la prueba de la culpa o del dolo (en lo sucesivo, «Decreto-ley no 48051»), la República Portuguesa había infringido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva antes citada. Al considerar que la República Portuguesa no había dado cumplimiento a dicha sentencia, la Comisión interpuso un nuevo recurso en virtud del artículo 228 CE, apartado 2 (actualmente artículo 260 TFUE, apartado 2). Mediante sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (en lo sucesivo, «sentencia sobre la ejecución de 2008»), ( 4 ) el Tribunal de Justicia declaró la falta de ejecución de la sentencia declarativa de incumplimiento de 2004 e impuso a la República Portuguesa una multa coercitiva que debía pagar hasta la plena ejecución de la sentencia declarativa de incumplimiento de 2004.
69.

En segundo lugar, Systemtechnik invoca infracciones del Reglamento no 207/2009 y del Reglamento de Ejecución. Este último recoge normas necesarias para la ejecución del primero. ( 17 ) Por tanto, no puede interpretarse de forma que contravenga el Reglamento no 207/2009. Sin embargo, este último Reglamento puede guardar silencio sobre una materia determinada, como el reparto de la carga de la prueba en un procedimiento de caducidad, mientras que el texto del Reglamento de Ejecución puede interpretarse en el sentido de que establece normas en esa materia. En tales casos, no cabe concluir que el Reglamento de Ejecución no se ajusta al Reglamento no 207/2009. Por esta razón, no encuentro fundamento en el razonamiento aplicado por Systemtechnik en varios motivos de recurso, según el cual el Reglamento de Ejecución no puede establecer una norma que no esté confirmada ni excluida por el texto del Reglamento no 207/2009.
54.

En conclusión, considero que el objetivo de la agrupación a efectos del IVA que contempla el régimen del IVA no fundamenta la tesis de que las personas que no son sujetos pasivos no pueden incluirse en grupos a efectos del IVA con arreglo al artículo 11 de la Directiva IVA.
29.

La Comisión considera que las sustancias medicinales no entran dentro de la categoría 3 porque no son productos acabados y, por tanto, no puede considerarse que sean «utilizados normalmente para el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades y tratamiento con fines médicos o veterinarios». La Comisión sostiene que siempre que el legislador de la Unión Europea ha querido incluir en una determinada categoría del anexo III de la Directiva IVA no sólo el producto acabado sino también los productos utilizados en su obtención lo ha indicado expresamente. Por ejemplo, la categoría 1 del anexo III incluye no sólo a los «productos alimenticios», sino también a «los animales vivos, las semillas, las plantas y los ingredientes utilizados normalmente en la preparación de productos alimenticios».
10.

El artículo 9, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento trata de la información que el transformador debe facilitar al titular de la obtención vegetal si no se ha celebrado entre el titular y el transformador ningún contrato en relación con dichas informaciones: «2. […] se pedirá al transformador que presente al titular, a solicitud de éste, un informe con los datos pertinentes, sin perjuicio de los requisitos de información que establezcan otras disposiciones de la normativa comunitaria o de los Estados miembros. Se considerarán pertinentes los siguientes datos: a) nombre del transformador, localidad del domicilio y denominación y dirección registradas de su empresa; b) prestación o no por su parte de un servicio de tratamiento del producto de la cosecha de una o más variedades del titular para su plantación, cuando dichas variedades hayan sido declaradas como tales o conocidas por el transformador de otro modo; c) si ha prestado ese servicio, cantidad del producto de la cosecha perteneciente a la variedad o variedades en cuestión que ha sometido a tratamiento para su plantación y cantidad resultante de ese tratamiento; d) fechas y lugares del tratamiento contemplado en la letra c); e) nombre y dirección de la persona o personas a las que ha prestado el servicio de tratamiento contemplado en la letra c) y cantidades respectivas. 3. Los datos contemplados en las letras b), c), d) y e) del apartado 2 se referirán a la campaña de comercialización en curso y a una o varias de las tres ( 6 ) campañas anteriores respecto a los cuales el titular no haya solicitado anteriormente información con arreglo a lo que se dispone en los apartados 4 y 5. No obstante, la primera campaña a que se refieran los datos deberá ser aquélla en que se haya realizado la primera solicitud de información con respecto a la variedad y al transformador en cuestión. 4. Lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8 será, mutatis mutandis, aplicable. […]»
5.

Con arreglo a la legislación belga, la cobertura de los trabajadores autónomos por el régimen de la seguridad social está regulada por el arrêté royal no 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants (Real Decreto no 38 por el que se organiza el régimen de seguridad social de los trabajadores autónomos), de 27 de julio de 1967, ( 4 ) modificado, en particular, por el arrêté royal portant des dispositions financières et diverses concernant le statut social des travailleurs indépendants, en application du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne (Real Decreto de disposiciones financieras y otras sobre el régimen de seguridad social de los trabajadores autónomos, en aplicación del título VI de la Ley de 26 de julio de 1996 por la que se moderniza la seguridad social y se garantiza la viabilidad de los regímenes legales de pensiones, y del artículo 3 de la Ley de 26 de julio de 1996 destinada a alcanzar las condiciones presupuestarias para la participación de Bélgica en la Unión Económica y Monetaria europea), de 18 de noviembre de 1996. ( 5 )
9.

Tras recibir reclamaciones de terceros, DVGW inició un procedimiento de verificación y encargó de nuevo a MPA Darmstadt la realización de los ensayos. Entre ellos estaba también la realización del conocido como test de ozono. En junio de 2005, DVGW comunicó a la demandante en el procedimiento principal que su empalme no había aprobado el test de ozono; no obstante, podía presentar en un plazo de tres meses un informe de ensayo positivo. DVGW no aceptó el informe de ensayo de Cerisie Laboratorio presentado a raíz de ello por la demandante, ya que Cerisie Laboratorio no estaba autorizado por la demandada como laboratorio de ensayo.
26.

En lo que respecta a la independencia de la DCF en el ámbito jurídico, la Comisión estima que se trata de un servicio especializado de SNCF, por lo que no es independiente en este ámbito, en contra de lo que exige el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14, ya que no sólo la DCF no dispone de personalidad jurídica, sino que además está integrada jurídicamente dentro de la personalidad jurídica de SNCF. En cuanto a la independencia de la DCF en los aspectos organizativo y de toma de decisiones, la Comisión indica que no está suficientemente asegurada.
25.

El concepto de permiso de residencia limitado formalmente no ha sido definido por el legislador de la Unión. Éste no se ha remitido tampoco a la legislación de los Estados miembros en lo que respecta al significado que hay que atribuir a esa expresión. Por consiguiente, a efectos de la aplicación de la Directiva, debe considerarse que dicha expresión designa un concepto autónomo del Derecho de la Unión, que ha de interpretarse de manera uniforme en el territorio de todos los Estados miembros. ( 9 ) Además, ello supone que el significado y alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión deben determinarse, en especial, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte. ( 10 )
94.

Por todo lo expuesto, propongo que se responda a las cuestiones planteadas por el Bundesfinanzhof de la siguiente manera: «1) El artículo 14, punto 1, letra a), y el artículo 14 bis, punto 1, letra a), respectivamente, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en la versión resultante del Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro cuya legislación no es la legislación aplicable a efectos de tales disposiciones reconozca prestaciones familiares, en virtud de su normativa nacional, a un trabajador que sólo está empleado o destacado con carácter temporal en su territorio en circunstancias tales como las que concurren en los asuntos de que conoce el tribunal remitente, en que ni el trabajador ni sus hijos residen habitualmente en ese Estado miembro, en que el trabajador no sufre ninguna desventaja de carácter jurídico por ejercitar su derecho a la libre circulación y en que existe —o puede existir— derecho a la asignación por hijo a cargo en el Estado competente. 2) El Derecho de la Unión Europea y, en particular, el Reglamento no 1408/71 no se oponen a la aplicación de disposiciones nacionales, como el artículo 65, apartado 1, punto 2, de la Einkommensteuergesetz (Ley federal alemana del impuesto sobre la renta), en relación con el artículo 65, apartado 2, de ésta, en circunstancias tales como las que concurren en los asuntos de que conoce el tribunal remitente, en un Estado miembro que no sea el Estado competente a efectos del derecho a la asignación por hijo a cargo.»
52.

A este respecto, el Gobierno neerlandés señala que de la resolución de remisión no se deduce qué efecto tiene la preclusión por presentación fuera de plazo, es decir, si el crédito tributario se extingue o si simplemente ya no se puede ejecutar. El Gobierno francés declaró en la vista que, a su juicio y, por lo visto, también a juicio del órgano jurisdiccional remitente, en un supuesto como el presente, el crédito tributario no se extingue, sino que se transforma en una obligación natural. Por tanto, el crédito sigue existiendo, pero, simplemente, ya no es ejecutable por vía judicial. No obstante, si el deudor paga, ese pago no carece de causa.
265.

En segundo lugar, ha de recordarse que, ante el Tribunal de Primera Instancia, las demandantes en primera instancia alegaban, en su segundo motivo, que el Consejo había incurrido en un error manifiesto de apreciación por no haber excluido de los productores de la Unión incluidos en la muestra de la investigación al productor Tubos Reunidos, debido al hecho de que Productos Tubulares, una sociedad vinculada a dicho productor, no había respondido por separado al cuestionario enviado por la Comisión. Pues bien, en estas circunstancias, no alcanzo a comprender cómo puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia haber ejercido precisamente su control sobre la cuestión de si las instituciones habían estimado legítimamente que la falta de respuesta al cuestionario por parte de Productos Tubulares no había tenido un impacto significativo en la determinación del perjuicio, en particular, al ordenar diligencias de ordenación del procedimiento. A mi juicio, puesto que este examen se limitó a un control jurisdiccional del motivo invocado, no tiene por objeto ni por efecto reemplazar a la instrucción completa del asunto en el marco del procedimiento administrativo. Es evidente que el hecho de que, en el ejercicio de su control jurisdiccional, dicho Tribunal haya llegado a una conclusión que puede no satisfacer a Niko Tube y NTRP no puede formar parte de las cuestiones examinadas en el marco de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.
10.

El Tribunal Regional, České Budějovice, desestimó el recurso mediante sentencia de 14 de marzo de 2007, č.j. 10 Ca 239/2006 — 40 (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»). El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia recurrida ante el tribunal remitente. En dicho recurso el demandante alegaba que la liquidación no era ejecutiva porque no contenía una identificación lo suficientemente precisa del deudor que excluyera la posibilidad de que fuera confundido con otras personas. Añadía que la demandada no era competente para subsanar dicho defecto de la liquidación mediante la aplicación de su propio criterio en lo que respecta a la persona a la que la liquidación imponía la obligación. Según el demandante, ni siquiera era posible que dicho defecto fuera subsanado por el hecho de que en la petición de cobro (en la que la fecha de nacimiento del demandante aparecía por primera vez) se identificara al demandante como la persona a quien se notificó la liquidación. Además, el demandante alegaba que la liquidación no se le notificó en la forma debida, que le habría permitido emprender actuaciones en defensa de sus derechos, ya que en el acuse de recibo que obraba en autos era identificado por su nombre, apellido y dirección como el destinatario, lo que no era suficiente para acreditar que la liquidación fue notificada al propio demandante y no a cualquier otra persona que correspondiera a dicha identificación. El demandante negaba que la firma en el acuse de recibo fuera la suya. Además, hasta la fecha no había tenido la posibilidad de comprender plenamente la liquidación en lengua checa. La demandada considera que ni ella misma ni los tribunales de lo contencioso-administrativo checos eran competentes para verificar la validez de la liquidación a la luz de los requisitos relativos a su emisión y su contenido. La identificación precisa del demandante como deudor resultaba claramente de la petición de cobro emitida por la autoridad requirente. Si hubiera faltado la fecha de nacimiento en la petición de cobro, la demandada habría solicitado a la autoridad requirente que facilitara ese dato adicional. La demandada considera que la liquidación fue notificada al demandante, lo que se desprende de la propia afirmación de éste de que obtuvo documentos de las autoridades aduaneras alemanas que, sin embargo, no identificaban debidamente al destinatario, se expidieron sólo en alemán sin una traducción al checo y no eran comprensibles para él.
59.

Ahora bien, ha de recordarse a este respecto que, según reiterada jurisprudencia, una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona. De lo anterior se deduce que incluso una disposición clara, precisa e incondicional de una directiva que tiene por objeto conferir derechos o imponer obligaciones a los particulares no puede aplicarse como tal en el marco de un litigio exclusivamente entre particulares. ( 7 ) Así pues, no cabe inferir directamente de la Directiva una obligación del empresario de pagar la indemnización por despido más elevada. Ahora bien, el Derecho nacional debe ser interpretado del modo más conforme posible al Derecho comunitario. ( 8 ) A una interpretación del Derecho nacional conforme con el Derecho comunitario no se opone el hecho de que probablemente pueda ir en detrimento del particular. ( 9 ) Así, ha de reconocerse que la obligación de realizar una interpretación conforme del Derecho nacional se aplica también a las relaciones jurídicas horizontales, en las que por fuerza un particular resulta indirectamente perjudicado. ( 10 )
107.

Procede indicar, a este respecto, que se desprende del principio reconocido por el Derecho comunitario de la ley más favorable ( 32 ) que la excepción a la prohibición del artículo 8 de la Directiva debería también redundar en provecho de los demandantes siempre que se cumplan sus requisitos. Del artículo 8 de la Directiva se deriva, en efecto, que el legislador comunitario, siempre que se cumplan determinados requisitos, no considera la recompra de acciones propias en el marco de un programa de opciones sobre acciones para los trabajadores como una operación prohibida con información privilegiada. De lo anterior se sigue que, en la actualidad, las demandantes ya no pueden ser sancionadas por una actuación que pueda subsumirse en tal supuesto. Aunque el legislador belga no hubiera adaptado aún el Derecho interno a este artículo, sancionar a las demandantes no se corresponde con la voluntad del legislador comunitario y la sanción no debería aplicarse. Lo anterior se aplica únicamente a condición de que la actuación de las demandantes casualmente respetara los requisitos establecidos en el Reglamento no 2273/2003, que aún no había entrado en vigor, para un programa de recompra. No obstante, si en el procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente debiera confirmarse, en particular, que las demandantes habían modificado posteriormente la orden de compra en cuanto al número de acciones, el precio y la urgencia, los requisitos podrían no haberse satisfecho. Por consiguiente, no se excluiría una infracción de la prohibición de las operaciones con información privilegiada con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2003/6 en relación con el Reglamento no 2273/2003.