SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 19 de septiembre de 1996

Asunto T-158/94

François Brimagel

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Procedimiento de selección — Aplicación del apartado 2 del artículo 29 del Estatuto — Apreciación de las aptitudes profesionales de los candidatos — Desviación de poder — No discriminación — Motivación»

Texto completo en lengua francesa II-1131

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de la decisión del Parlamento Europeo de 19 de julio de 1993, por la que se denegó el nombramiento del demandante para el puesto de Jefe de Protocolo y, como consecuencia, la anulación de la decisión por la que se nombró al Sr. B. para dicho puesto.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante, funcionario de grado A 4 en la Dirección General de Información y Relaciones Públicas del Parlamento Europeo (Parlamento), en la cual desempeñaba las funciones de Jefe del Servicio de Publicaciones y Actos Públicos, presentó su candidatura para el puesto de Jefe de Protocolo, de grado A 3, que había sido objeto de una convocatoria para proveer vacante de 13 de abril de 1992. Su candidatura fue rechazada el 29 de septiembre de 1992. No se eligió a ninguno de los demás candidatos que habían solicitado dicho puesto.

A propuesta del Director General de Administración y después de haber recabado el dictamen de la Comisión paritaria, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramiento (AFPN) volvió a abrir el procedimiento de provisión del citado puesto, esta vez con arreglo al apartado 2 del artículo 29 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto). El 29 de septiembre de 1992, se constituyó un Comité de Selección.

El demandante volvió a presentar su candidatura. El 3 de marzo de 1993, se le informó de que figuraba, junto con otros candidatos, en la lista de aptitud. En una nota de 22 de abril de 1993, el Jefe del Gabinete del Presidente del Parlamento comunicó al Secretario General que el Presidente, a raíz de las entrevistas mantenidas con cada uno de los candidatos propuestos por el Comité de Selección, había considerado que el Sr. B. era la persona más idónea para ocupar el puesto vacante. La decisión por la que se nombró al Sr. B. fue adoptada el 15 de julio de 1993, siendo informado el demandante de ella mediante un escrito de 19 de julio de 1993. El 19 de octubre de 1993 presentó una reclamación, que fue objeto de una denegación presunta.

Sobre el fondo

Sobre el motivo basado en una infracción de los artículos 27, 29 y 30 del Estatuto

Por lo que se refiere a la primera parte: invalidez de la decisión de acudir al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 29 del Estatuto

Este Tribunal de Primera Instancia recuerda, en primer lugar, que el procedimiento regulado en el apartado 2 del artículo 29 del Estatuto sólo se halla autorizado en dos casos, a saber para la selección de los funcionarios de grados A 1 y A 2 y para la selección de otros funcionarios, si bien «en casos excepcionales, para puestos de trabajo que requieren una especial cualificación» (apartados 34 y 35).

Con arreglo a la jurisprudencia, el concepto de «caso excepcional» debe ser interpretado restrictivamente. Además, si los procedimientos previstos en el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto dan lugar a la presentación de candidaturas que respondan a las cualificaciones especiales exigidas, lo específico del puesto de trabajo no puede justificar en modo alguno que el caso se considere excepcional en el sentido del apartado 2 del artículo 29 del Estatuto. Por consiguiente, las Instituciones comunitarias, antes de acudir al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 29, deben valorar, en cada caso si los procedimientos de selección enumerados en el apartado 1 de dicho artículo pueden desembocar en el nombramiento de una persona que posea el más alto grado de capacitación, de rendimiento y de integridad. Por este motivo, no están obligadas a adoptar todas las medidas que allí se mencionan (apartado 36).

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de diciembre de 1974, Van Belle/Consejo (176/73, Rec. p. 1361), apartado 14; Tribunal de Justicia. 7 de octubre de 1985, Van der Stijl/Comisión (128/84, Rec. p. 3281), apartado 22; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CES (T-586/93, RecFP p. II-203). apartado 94

Por lo que se refiere a la cuestión de si el procedimiento ordinario ha dado lugar a la presentación de una candidatura que responda a las cualificaciones exigidas, es jurisprudencia reiterada que incumbe a la AFPN apreciar si el candidato cumple los requisitos exigidos en la convocatoria para proveer vacante y que dicha apreciación sólo puede cuestionarse en caso de error manifiesto (apartado 38).

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1984, Picciolo/Parlamento (111/83, Rec. p. 2323), apartado 16

Este Tribunal de Primera Instancia observa que, según consta en autos, la AFPN consideró que los candidatos internos que se tuvieron en cuenta en el procedimiento ordinario previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 29 no poseían las cualificaciones especiales exigidas en la convocatoria para proveer vacante. Por el contrario, según el Director General de Administración, para que poseyeran dichas cualificaciones, sería necesario que completaran su experiencia (apartados 39 a 41).

Incumbe asimismo a la AFPN apreciar, bajo el control del Juez comunitario, si se trata de un caso excepcional, para unos puestos de trabajo que requieren cualificaciones especiales. Esta apreciación únicamente puede cuestionarse en caso de error manifiesto (apartado 45).

Referencia: Tribunal de Justicia, 29 de octubre de 1975, Marenco/Comisión(asuntosacumulados 81/74 a 88/74, Rec. p. 1247), apartado 27

El Parlamento alega que las tareas que debe desempeñar el Jefe de Protocolo requieren unas cualificaciones especiales. Este Tribunal considera que no hay ninguna razón para cuestionar dicha apreciación (apartados 46 a 48).

Por lo que se refiere a la existencia de un caso excepcional, procede señalar que, en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia en la vista, el Parlamento calificó de excepcional la situación geopolítica de la época, poiło cual era conveniente definir un nuevo perfil para el puesto de Jefe de Protocolo. Este Tribunal de Primera Instancia considera que tampoco deben cuestionarse las explicaciones dadas por el Parlamento sobre este particular, las cuales, por lo demás, no son discutidas por el demandante (apartados 49 y 50).

Finalmente, de las consideraciones anteriores se desprende que no procede estimar el argumento del demandante, conforme al cual la AFPN habría podido organizar una oposición general. Es cierto que, en el supuesto de que en el procedimiento ordinario se presentaran unas candidaturas que cumplieran los requisitos exigidos, el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto reconoce a la Institución la posibilidad de organizar una oposición general, abierta a todos los posibles candidatos, tanto internos como externos, si considerara que era deseable disponer de un marco más amplio para su elección. Sin embargo, cuando concurren las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 29 del Estatuto, la Institución está facultada para acudir a otro tipo de procedimiento con el fin de proveer el puesto vacante (apartado 51).

Referencia: Van der Stijl, antes citada, apartado 23; Kotzonis/CES, antes citada, apartado 94

Sobre la segunda parte: incumplimiento de las normas de selección (artículos 27 y 30 del Estatuto)

El artículo 30 del Estatuto dispone que la AFPN «elegirá», de entre los candidatos que figuren en la lista de aptitud establecida al término del concurso, a los que serán nombrados para los puestos vacantes; dicha autoridad está facultada para no respetar, en su elección, el orden exacto de clasificación de los aprobados resultante del concurso por razones que a ella le corresponde apreciar y, en su caso, justificar ante el Juez comunitario, siempre y cuando no anule el concepto mismo del concurso, separándose sustancialmente del resultado del mismo sin unas razones que lo justifiquen. Este Tribunal de Primera Instancia considera que la referida jurisprudencia es aplicable a un procedimiento como el del presente caso (apartados 67 y 68).

Referencia:Tribunal de Justicia, 15 de diciembre de 1966, Ser¡o/Comisión(62/65, Rec. p. 813); Tribunal de Justicia, 18 de diciembre de 1986, Kotsonis/Consejo (246/84, Rec. p. 3989), apartado 9

La AFPN dispone de una amplia facultad de apreciación para efectuar un examen comparativo de los méritos de los candidatos. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a controlar si, habida cuenta de los elementos en los que se basó la administración para hacer su apreciación, ésta se ha movido dentro de unos límites razonables, como resultado de un procedimiento exento de irregularidades y sin haber usado sus facultades de una forma manifiestamente errónea o para fines distintos de aquellos para los que le fueron otorgadas (apartado 69).

Referencia: Kotzonis/CES, antes citada, apartado 81

De la exposición del Parlamento se desprende que esta Institución, por una parte, atribuyó una especial importancia a las cualidades personales del candidato elegido y, por otra parte, que deseaba que el puesto de Jefe de Protocolo tuviera un nuevo perfil. A falta de elementos en el expediente que permitan afirmar que la apreciación de los méritos de los candidatos adolecía de un error de hecho o de Derecho, procede desestimar la segunda parte de este motivo (apartados 70 a 74).

Sobre los motivos basados en una desviación de poder y en una violación del principio de no discriminación

El concepto de desviación de poder se refiere al hecho de que una autoridad administrativa haya usado sus atribuciones con una finalidad distinta de aquella para la cual le fueron conferidas. Con arreglo a reiterada jurisprudencia, una decisión sólo incurre en desviación de poder cuando se manifiesta, de acuerdo con indicios objetivos, oportunos y concordantes, que fue adoptada para alcanzar finalidades distintas de las que se alegan (apartado 86).

Referencia: Kotzonis/CES, antes citada, apartado 73; Tribunal de Primera Instancia, 23 de noviembre de 1995, Benecos/Comisión(T-64/94, RecFP p. II-769), apartado 76

De las afirmaciones del Tribunal de Primera Instancia, en el marco del motivo basado en una infracción de los artículos 27, 29 y 30 del Estatuto se desprende, por una parte, que la AFPN no ha incurrido en ningún error manifiesto de apreciación al acudir al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 29 del Estatuto, y, por otra parte, que ningún indicio permite presumir que se valorará la candidatura del Sr. B. teniendo en cuenta unos requisitos distintos de los exigidos en la convocatoria (apartado 88).

Puesto que los demás argumentos expuestos por el demandante en el marco de estos motivos no pueden considerarse como indicios pertinentes para acreditar que la AFPN ha incurrido en desviación de poder, este Tribunal de Primera Instancia reconoce que la AFPN no ha usado sus atribuciones con una finalidad distinta de aquella para la cual le fueron conferidas (apartados 89 a 91).

Tampoco se ha violado el principio de no discriminación, dado que la AFPN, en el ejercicio de su facultad de apreciación, efectuó un examen comparativo válido de la candidatura del demandante (apartado 92).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento(T-52/90, Rec. p. II-121), apartados 24 y ss.

Sobre el motivo basado en una falta o en una insuficiencia de motivación

La obligación de motivar una decisión tiene por objeto permitir a los órganos jurisdiccionales comunitarios ejercer su control sobre la legalidad de la decisión y facilitar al interesado las indicaciones necesarias que le permitan saber si la decisión está bien fundada o si adolece de un vicio que permita impugnar su legalidad. Dicho principio ha sido confirmado en relación con el apartado 2 del artículo 29 del Estatuto. Dicha obligación se cumple cuando el acto impugnado ha sido dictado en un contexto conocido por el funcionario afectado y le permite entender el alcance de la medida adoptada respecto a él (apartado 106).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento (195/80, Rec. p. 2861), apartado 22; Tribunal de Justicia, 7 de marzo de 1990, Hecq/Comisión (asuntos acumulados C-l 16/88 y C-149/88, Rec. p. I-599), apartados 26 y 27; Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, Kalavros/Tribunalde Justicia (asuntos acumulados T-160/89 y T-161/89, Rec. p. II-871), apartado 64; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión(T-80/92, Rec. p. II-1465), apartado 62

En el supuesto de que se desestime una candidatura para un puesto vacante, la AFPN está obligada a motivar, por lo menos, la decisión por la que se deniega la reclamación presentada por el interesado. Basta con que la motivación se base en la existencia de los requisitos legales a los que el Estatuto supedita la regularidad del procedimiento. No puede considerarse suficiente una motivación general y de índole puramente procesal cuando el motivo concreto y pertinente que justificó la desestimación de una candidatura no le ha sido comunicado. En el presente caso, dado que el motivo que se reputó pertinente para desestimar la candidatura del demandante no le fue comunicado, su formulación sucinta en la decisión impugnada no se reputa suficiente para cumplir la obligación de motivación. A este respecto, el demandante manifestó en su reclamación un deseo claro de conocer los motivos específicos y pertinentes por los que se desestimó su candidatura (apartados 107 a 109).

Referencia: Volger/Parlamento, antes citada, apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrerode 1994, Caló/Comisión (T-108/92, RecFPp. II-213), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión(T-16/94 RecPP p. II-335), apartado 35

Sin embargo, este Tribunal de Primera Instancia considera que no se trata de una falta total de motivación. A este respecto, procede señalar, en particular, que la candidatura del demandante fue desestimada en la fase final del procedimiento. Por lo tanto, el demandante debía haber entendido que se trataba de una elección discrecional de la AFPN, motivada por la personalidad de los candidatos inscritos en la lista de aptitud. Además, dado que, durante el procedimiento, el Parlamento le explicó los motivos que le afectaban personalmente, ha quedado sin objeto el motivo basado en una insuficiencia de motivación (apartados 113 a 115).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Vela Palacios/CES (T-25/92, Rec. p. I-201), apartado 27; Benecos/Comisión, antes citada, apartado 38

Costas

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, habida cuenta del hecho de que la decisión impugnada adolecía de una motivación insuficiente que subsistió en la fase de desestimación de la reclamación y que sólo fue corregida en el marco del procedimiento contencioso, procede condenar al Parlamento a cargar con las costas del demandante (apartado 119).

Fallo:

1) Se desestima el recurso.