Asunto T‑29/05

Deltafina SpA

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado español de compra y primera transformación de tabaco crudo — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Fijación de precios y reparto del mercado — Concordancia entre el pliego de cargos y la Decisión impugnada — Derecho de defensa — Definición del mercado de referencia — Multas — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Función de líder — Cooperación»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Prácticas colusorias — Imputación a una empresa — Decisión de la Comisión por la que se declara la responsabilidad de una empresa que opera en un mercado inmediatamente posterior al mercado de referencia en la cadena de comercialización y que contribuyó activa y deliberadamente a la práctica colusoria

[Arts. 3 CE, ap. 1, letra g), y 81 CE, ap. 1]

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa — Alcance

[Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003]

3. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros — Criterios de apreciación

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Actos de las instituciones — Directrices para el cálculo de las multas impuestas en caso de infracción de las normas sobre la competencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Apreciación — Apreciación en cada caso

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión]

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Apreciación — Interdependencia de los tres criterios expresamente mencionados en las Directrices adoptadas por la Comisión — Calificación de una infracción como muy grave — Función primordial del criterio relativo a la naturaleza de la infracción [Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión]

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Repercusiones concretas en el mercado

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número 1, sección A, párr. 1]

8. Competencia — Multas — Marco jurídico — Determinación — Incidencia de la práctica decisoria anterior de la Comisión — Inexistencia

[Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003]

9. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance

(Art. 253 CE)

10. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa

[Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número 2]

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Función de líder de la infracción — Concepto

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número 2]

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes — Apreciación — Necesidad de considerar por separado cada una de las circunstancias — Inexistencia — Apreciación global

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número 3]

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes — Conducta que se aparta de la acordada en el marco de las prácticas colusorias — Apreciación

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número 3, segundo guión]

14. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes — Cese de la infracción anterior a la intervención de la Comisión — Exclusión

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número 3, tercer guión]

15. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa imputada — Requisitos

[Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión]

16. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Multas — Determinación — Criterios — Elevación del nivel general de las multas — Procedencia — Requisitos

[Arts. 81 CE, ap. 1, y 82 CE; Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003]

1. La Comisión no sobrepasa los límites de la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, al declarar la responsabilidad de una empresa por una infracción de dicha disposición, cuando tal empresa, aunque opera en el mercado en la fase inmediatamente posterior a aquella en la que se llevaron a cabo las prácticas restrictivas de la competencia, participa activa y deliberadamente en un cártel entre productores que operan en un mercado distinto de aquel en el que opera la citada empresa.

En efecto, una empresa puede infringir la prohibición establecida por el artículo 81 CE, apartado 1, cuando su comportamiento, en coordinación con el de otras empresas, tiene la finalidad de restringir la competencia en un mercado pertinente específico dentro del mercado común, sin que ello requiera necesariamente que la misma empresa opere en ese mercado pertinente.

Por lo tanto, no se excluye que una empresa pueda participar en la puesta en práctica de una restricción de la competencia aunque ella misma no restrinja su propia libertad de acción en el mercado en el que opera principalmente. En efecto, cualquier otra interpretación podría reducir el alcance de la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, de forma contraria a su eficacia y a su objetivo principal, entendido a la luz del artículo 3 CE, apartado 1, letra g), de garantizar el mantenimiento de una competencia no falseada en el interior del mercado común, ya que no permitiría una acción sancionadora contra la contribución activa de una empresa a una restricción de la competencia por el mero motivo de que dicha contribución no proviniera de una actividad económica comprendida en el mercado pertinente en el que tal contribución se materializa o tiene por objeto materializarse.

Una interpretación de los términos «acuerdos entre empresas» a la luz de los objetivos perseguidos por el artículo 81 CE, apartado 1, y por el artículo 3 CE, apartado 1, letra g), tiende a confirmar la existencia de una concepción del cártel y de la empresa autora de una infracción que no distingue en función del sector o del mercado en el que las empresas interesadas operan.

La imputación de la infracción en su conjunto a una empresa que participó en un cártel se ajusta a las exigencias del principio de responsabilidad personal cuando se cumplen dos requisitos, el primero de naturaleza objetiva y el segundo, subjetiva.

Respecto al primer requisito, concurre, por lo que se refiere a la relación entre competidores que operan en el mismo mercado pertinente así como entre dichos competidores y sus clientes, cuando la empresa participante ha contribuido a la puesta en práctica del cártel, aun de forma subordinada, accesoria o pasiva, por ejemplo mediante la aprobación tácita y la omisión de denunciar dicho cártel a las autoridades.

Por lo que respecta al segundo requisito, la imputación del conjunto de la infracción a la empresa partícipe depende, además, de la manifestación de su propia voluntad, que demuestre que acepta, siquiera tácitamente, los objetivos del cártel.

(véanse los apartados 48, 49, 51, 57, 58 y 62)

2. El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de sanciones, especialmente de multas o de multas coercitivas, exige, en particular, que el pliego de cargos dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer una sanción por infracción de las normas sobre la competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos de prueba en que se funda la Comisión, para que la referida empresa pueda invocar eficazmente sus alegaciones en el marco del procedimiento administrativo dirigido contra ella.

Una violación del derecho de defensa en el procedimiento administrativo debe ser examinada en función de los cargos formulados por la Comisión en el pliego de cargos y en la decisión que pone fin al referido procedimiento. Por lo tanto, para declarar la existencia de vulneración del derecho de defensa es preciso que la imputación que, según la empresa, no se había formulado en su contra en el pliego de cargos sea recogida por la Comisión en su decisión final. Una mera diferencia en la presentación de los hechos, que pretende relatarlos de forma más precisa en la Decisión final, no constituye una modificación material de las imputaciones.

(véanse los apartados 113 a 115 y 120)

3. Para poder incidir sobre el comercio entre los Estados miembros, una decisión, un acuerdo o una práctica, cuando concurre un conjunto de elementos de Derecho o de hecho, deben permitir prever con un grado suficiente de probabilidad que ejercen una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y ello de manera que pudiera hacer temer que podrían obstaculizar la realización de un mercado único entre Estados miembros. Es necesario, además, que tal influencia no sea insignificante. De este modo, la incidencia sobre el comercio intracomunitario es, en general, el resultado de una combinación de diversos factores que, considerados aisladamente, no serían necesariamente decisivos.

En efecto, el artículo 81 CE, apartado 1, no exige que las prácticas colusorias contempladas en dicha disposición hayan afectado de manera sensible a los intercambios comerciales intracomunitarios, pero sí requiere que se demuestre que dichas prácticas pueden tener tal efecto.

(véanse los apartados 167 a 169)

4. Si bien las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA no pueden calificarse de norma jurídica cuyo cumplimiento se imponga en todo caso a la Administración, establecen sin embargo una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual la Administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad de trato.

(véase el apartado 230)

5. El hecho de que la Comisión haya precisado, mediante las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, su modo de proceder en relación con la valoración de la gravedad de una infracción no se opone a que dicha institución examine la gravedad de manera global en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos elementos que no se mencionan expresamente en las Directrices.

(véase el apartado 230)

6. Los tres criterios que se han de tomar en consideración en la valoración de la gravedad de una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, son su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado. Estos tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción no tienen el mismo peso en el marco del examen de conjunto. La naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones «muy graves».

A este respecto, de la descripción de las infracciones muy graves que hacen las Directrices se desprende que los acuerdos o prácticas concertadas que persiguen, en particular, fijar los precios o repartirse los mercados pueden ser calificados como «muy graves» basándose únicamente en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales comportamientos estén caracterizados por una repercusión o una dimensión geográfica determinadas. Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien la descripción de las infracciones graves menciona expresamente las repercusiones sobre el mercado y que puedan surtir sus efectos en amplias zonas del mercado común, la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia de repercusión concreta sobre el mercado ni de producción de efectos en una zona geográfica determinada.

Existe una interdependencia entre los tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción en el sentido de que una gravedad elevada respecto de uno u otro de los aspectos puede compensar la menor gravedad de la infracción en otros aspectos.

Por lo que respecta a la dimensión del mercado geográfico, ésta no es sino uno de los tres criterios pertinentes a efectos de la valoración global de la gravedad de la infracción y no es un criterio independiente en el sentido de que sólo pueden recibir la calificación de «muy graves» las infracciones que afectan a la mayoría de los Estados miembros. Ni el Tratado CE, ni el Reglamento nº 17 o el Reglamento nº 1/2003, ni las Directrices, ni la jurisprudencia permiten considerar que sólo las restricciones geográficamente muy extensas pueden ser calificadas de ese modo. Por lo tanto, el tamaño limitado del mercado geográfico de referencia no se opone a la calificación de «muy grave» de la infracción declarada. Esta solución se impone a fortiori por lo que se refiere al tamaño limitado del mercado del producto de que se trata, toda vez que el tamaño del mercado del producto no es, en principio, un factor que deba tenerse en cuenta obligatoriamente, sino sólo uno más entre otros para apreciar la gravedad de la infracción y fijar el importe de la multa.

Pues bien, está claro que la infracción reprochada a los transformadores de tabaco y a una empresa controvertida entre cuyas actividades figura la comercialización de tabaco transformado, que consiste en la fijación de las distintas variedades de tabaco crudo en un Estado miembro y en el reparto de las cantidades de tabaco crudo que se han de comprar a los productores, constituye una infracción muy grave por su naturaleza. Las infracciones de este tipo se califican como especialmente graves en la medida en que implican una intervención directa en los parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que se trate o como infracciones patentes a las normas comunitarias sobre la competencia.

(véanse los apartados 231, 233, 234, 238 y 240 a 242)

7. En el marco de la apreciación de la gravedad de la infracción de las normas comunitarias sobre la competencia a efectos de la determinación del importe de la multa, el hecho de que la Comisión no demostró de modo suficiente en Derecho que el cártel tiene unas repercusiones concretas en el mercado es irrelevante por lo que respecta a la calificación de la infracción de «muy grave».

La falta de demostración suficiente de unas repercusiones concretas en el mercado no puede poner en entredicho el importe inicial de la multa, fijado por la Comisión en función de la gravedad de la infracción.

(véanse los apartados 250 y 251)

8. La práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve, en sí misma, de marco jurídico a las multas en materia de competencia.

(véanse los apartados 292 y 426)

9. La motivación de una decisión individual debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con el tenor literal del acto de que se trate, sino también con el contexto en que dicho acto se adoptó, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

(véase el apartado 319)

10. Desde el momento en que la Comisión indica expresamente en el pliego de cargos que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas y expone los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de ésta se cometiera «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas afectadas a ser oídas. Al actuar así, les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa. Sin embargo, exigir a la Comisión que facilite a las empresas imputadas, en la fase de envío del pliego de cargos, indicaciones concretas sobre el nivel de las multas previstas equivaldría a obligarla a anticipar de una manera inadecuada su decisión final.

A este respecto, la calificación de líder atribuida a una empresa genera importantes consecuencias en cuanto al importe de la multa que se ha de imponer a dicha empresa. Así, constituye, conforme al número 2 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, una circunstancia agravante que ocasiona un aumento notable del importe de base de la multa. Igualmente, a tenor de la sección B, letra e), de la Comunicación sobre la cooperación, dicha calificación excluye, de entrada, la posibilidad de gozar de una considerable reducción de la multa, aun cuando la empresa calificada de líder reúna todos los requisitos exigidos para poder obtener tal reducción. Por consiguiente, corresponde a la Comisión exponer, en el pliego de cargos, los elementos que estime pertinentes para permitir que la empresa susceptible de ser calificada de líder del cártel responda a dicha acusación. No obstante, habida cuenta de que dicho pliego no es sino una etapa en la adopción de la decisión final y de que no constituye, por tanto, la posición definitiva de la Comisión, no puede exigirse a esta última que proceda ya en esa fase a una calificación jurídica de los elementos en los que se basará en su decisión final para calificar a una empresa de líder del cártel.

(véanse los apartados 324, 325 y 327)

11. En el marco de la determinación del importe de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la empresa de que se trate, para ser calificada de líder, debe haber sido un importante impulsor del cártel y haber cargado con una responsabilidad particular y concreta en su funcionamiento.

Aun cuando los elementos invocados por la Comisión demuestren que dicha empresa desempeñó una función activa y directa en un cártel, no bastan, sin embargo, para demostrar que fue un importante impulsor de dicho cártel, en particular, si ningún elemento obrante en autos indica que la empresa de que se trata tomara iniciativa alguna con el objetivo de crear dicho cártel o de llevar a una de las demás empresas a adherirse a él, y si ningún elemento obrante en autos permite demostrar que la empresa de que se trata asumió la carga de actividades asociadas normalmente al ejercicio de la función de líder de un cártel, como la presidencia de reuniones o la centralización y distribución de determinados datos.

(véanse los apartados 332 a 335)

12. En principio, a la hora de determinar el importe de las multas por infracciones de las normas comunitarias sobre la competencia, la Comisión debe atenerse a lo que establecen sus propias Directrices. No obstante, en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA no se indica que la Comisión siempre deba tomar en consideración por separado cada una de las circunstancias atenuantes enumeradas en el número 3 de las citadas Directrices y dicha institución no está obligada a otorgar automáticamente una reducción adicional por ese concepto, ya que la procedencia de una eventual reducción de la multa en atención a las circunstancias atenuantes debe valorarse desde un punto de vista global, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias pertinentes.

En efecto, la adopción de las Directrices no ha privado de pertinencia a la jurisprudencia anterior, según la cual, la Comisión dispone de una facultad de apreciación que le permite tomar o no en consideración determinados factores al decidir el importe de las multas que piensa imponer, en función sobre todo de las circunstancias del asunto.

Así, a falta de indicaciones imperativas en las Directrices en lo que atañe a las circunstancias atenuantes que pueden tenerse en cuenta, hay que considerar que la Comisión conservó un cierto margen para valorar globalmente la importancia de una posible reducción del importe de las multas en atención a circunstancias atenuantes.

(véanse los apartados 347 y 348)

13. En el marco de la determinación del importe de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la Comisión sólo está obligada a reconocer la existencia de una circunstancia atenuante por falta de aplicación efectiva de una concertación si la empresa que alega dicha circunstancia puede demostrar que se opuso clara y considerablemente a la aplicación de dicha concertación, hasta el punto de haber perturbado el propio funcionamiento de ésta, y que no dio la impresión de adherirse al acuerdo ni incitó así a otras empresas a aplicar el acuerdo ilícito de que se trata. Sería efectivamente demasiado fácil para las empresas minimizar el riesgo de verse obligadas a pagar una cuantiosa multa si pudiesen beneficiarse de una concertación ilícita y a continuación conseguir una reducción de la multa alegando que sólo desempeñaron un papel limitado en la aplicación de la infracción, a pesar de que su actitud incitó a otras empresas a comportarse de una forma más perjudicial para la competencia.

(véase el apartado 350)

14. En el marco de la determinación del importe de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la «interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión (en particular, verificaciones)», mencionada en el número 3, tercer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, sólo puede lógicamente constituir una circunstancia atenuante si existen motivos para suponer que fueron las intervenciones en cuestión las que incitaron a las empresas afectadas a poner fin a sus comportamientos contrarios a la competencia, no estando comprendido en dicha disposición de las Directrices el supuesto de que la infracción ya hubiese finalizado antes de la fecha de las primeras intervenciones de la Comisión.

(véanse los apartados 354 y 355)

15. La Comisión goza de un amplio margen de apreciación por lo que se refiere al método de cálculo de las multas por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia y puede tener en cuenta, a este respecto, numerosos factores, entre los que figura la cooperación de las empresas implicadas en la investigación realizada por los servicios de esta institución. En efecto, la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de valorar la relevancia y utilidad de la cooperación prestada por una empresa, en especial en comparación con las contribuciones de otras empresas. Para justificar que se reduzca la multa en atención a la cooperación, el comportamiento de la empresa debe haber facilitado la labor de la Comisión consistente en comprobar y reprimir dichas infracciones. Al valorar la colaboración prestada por las empresas, la Comisión no puede desconocer el principio de igualdad de trato, que se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que ese trato esté objetivamente justificado.

(véanse los apartados 389, 390 y 399)

16. El hecho de que la Comisión haya aplicado, en el pasado, multas de cierto nivel a determinados tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de elevar dicho nivel, dentro de los límites indicados por el Reglamento nº 1/2003, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de la competencia.

Los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada por la Comisión en el ejercicio de su facultad de apreciación.

En consecuencia, las empresas implicadas en un procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una multa no pueden invocar una confianza legítima en el hecho de que la Comisión no sobrepasará el nivel de las multas que aplicaba con anterioridad.

En efecto, cualquier empresa implicada en un procedimiento administrativo que puede conducir a la imposición de una multa debe tener en cuenta la posibilidad de que, en cualquier momento, la Comisión decida aumentar el nivel del importe de las multas respecto del aplicado en el pasado.

(véanse los apartados 426 y 435)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 8 de septiembre de 2010 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado español de compra y primera transformación de tabaco crudo – Decisión mediante la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE – Fijación de precios y reparto del mercado – Concordancia entre el pliego de cargos y la Decisión impugnada – Derecho de defensa – Definición del mercado de referencia – Multas – Gravedad de la infracción – Circunstancias agravantes – Función de líder – Cooperación»

En el asunto T‑29/05,

Deltafina SpA, con domicilio social en Orvieto (Italia), representada por los Sres. R. Jacchia, A. Terranova, I. Picciano, F. Ferraro, J.‑F. Bellis y F. Di Gianni, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. É. Gippini Fournier y F. Amato, posteriormente por los Sres. Gippini Fournier y V. Di Bucci, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión C(2004) 4030 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE], apartado 1 (asunto COMP/C.38.238/B.2 – Tabaco crudo – España), y, subsidiariamente, la reducción de la multa impuesta a la demandante en dicha Decisión,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. O. Czúcz, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. K. O’Higgins (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de junio de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 La demandante, Deltafina SpA, es una sociedad italiana cuyas actividades principales son la primera transformación de tabaco crudo y la comercialización de tabaco transformado. Es propiedad al 100 % de la sociedad americana Universal Corp. a través de una filial, propiedad al 100 % de esta última: la sociedad americana Universal Leaf Tobacco Company Inc. (en lo sucesivo, «Universal Leaf»).

2 Universal Leaf posee, asimismo, todo el capital de Tabacos Españoles S.L. (en lo sucesivo, «Taes»), una de las cuatro empresas de primera transformación de tabaco crudo en España (en lo sucesivo, «transformadores» o «transformadores españoles»).

3 En lo sucesivo, se hará referencia al grupo al que pertenecen las distintas sociedades mencionadas en los anteriores apartados 1 y 2 mediante la expresión «grupo Universal».

4 Los días 3 y 4 de octubre de 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas, al disponer de la información de que los transformadores y los productores españoles de tabaco crudo habrían infringido el artículo 81 CE, llevó a cabo verificaciones con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), en los locales de tres de dichos transformadores, a saber, Compañía española de tabaco en rama, S.A. (en lo sucesivo, «Cetarsa»), Agroexpansión, S.A. y World Wide Tobacco España, S.A. (en lo sucesivo, «WWTE»), así como de la Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Tabaco (en lo sucesivo, «ANETAB»).

5 La Comisión también efectuó verificaciones en los locales de la Maison des Métiers du Tabac y de la Federación Europea de Transformadores de Tabaco, el 3 de octubre de 2001, así como de la Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco (en lo sucesivo, «FNCT»), el 5 de octubre de 2001.

6 Mediante escrito de 16 de enero de 2002, los transformadores y ANETAB, invocando la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»), comunicaron a la Comisión su voluntad de cooperar.

7 Mediante escrito de 21 de enero de 2002 proporcionaron determinada información a la Comisión.

8 Mediante escrito de 15 de febrero de 2002, Universal Leaf informó a la Comisión de que apoyaba totalmente la iniciativa de Taes de cooperar al amparo de la Comunicación sobre la cooperación. Asimismo, le indicó que Deltafina participaba con Taes en la elaboración de un informe en el que se describe la función y actividades de ésta en el mercado español del tabaco y que esperaba que así Deltafina pudiera disfrutar también de las ventajas derivadas de la Comunicación sobre la cooperación.

9 El 18 de febrero de 2002, Taes envió a la Comisión el informe mencionado en el anterior apartado 8.

10 Acto seguido, la Comisión dirigió varias solicitudes de información a los transformadores españoles, a la ANETAB y a la FNCT sobre la base del artículo 11 del Reglamento nº 17. Asimismo, solicitó información al Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación (en lo sucesivo, «Ministerio de Agricultura») acerca de la normativa española en materia de productos agrícolas.

11 El 11 de diciembre de 2003, la Comisión inició el procedimiento que dio lugar al presente asunto y adoptó un pliego de cargos que dirigió a 20 empresas o asociaciones, entre las que se encuentran los transformadores españoles, Deltafina, Universal, Universal Leaf, la ANETAB y la FNCT.

12 Las empresas y asociaciones de que se trata tuvieron acceso al expediente de instrucción de la Comisión en forma de una copia de CD‑ROM, que se les envió, y remitieron observaciones escritas en respuesta a los cargos imputados por ésta. Deltafina presentó sus observaciones escritas el 1 de marzo de 2004.

13 El 29 de marzo de 2004 se celebró una audiencia en la que participó Deltafina.

14 Tras consultar al Comité Consultivo de prácticas restrictivas y posiciones dominantes, y visto el informe final del consejero auditor, la Comisión adoptó, el 20 de octubre de 2004, la Decisión C(2004) 4030 final, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE], apartado 1 (Asunto COMP/C.38.238/B.2 − Tabaco crudo – España) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de la Unión Europea de 19 de abril de 2007 (DO L 102, p. 14).

15 La Decisión impugnada se refiere a dos infracciones horizontales llevadas a cabo en el mercado español del tabaco crudo.

16 La primera infracción, que implicaba a los transformadores y a Deltafina, tenía por objeto fijar, cada año, en el período 1996/2001, el precio medio (máximo) de entrega de cada variedad de tabaco crudo, sin distinción de calidades, y repartir las cantidades de cada variedad de tabaco crudo que cada uno de los transformadores podía comprar a los productores (véanse, en particular, los considerandos 74 a 76 y 276 de la Decisión impugnada). Desde 1999 hasta 2001, los transformadores y Deltafina habían acordado también horquillas de precios por grados cualitativos de cada variedad de tabaco crudo que se incluían en las tablas anexas a los «contratos de cultivo» y las «condiciones complementarias», a saber, el precio mínimo medio por productor y el precio mínimo medio por agrupación de productores (véanse, en particular, los considerandos 77 a 83 y 276 de la Decisión impugnada).

17 En lo sucesivo, se hará referencia a la práctica colusoria descrita en el anterior apartado 16 mediante la expresión «cártel de los transformadores».

18 La segunda infracción indicada en la Decisión impugnada implicaba a los tres sindicatos agrícolas españoles, a saber, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (en lo sucesivo, «ASAJA»), la Unión de Pequeños Agricultores (en lo sucesivo, «UPA») y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (en lo sucesivo, «COAG»), así como a la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (en lo sucesivo, «CCAE»). El objeto de este cártel era fijar cada año, durante el período 1996/2001, las horquillas de precios por grado cualitativo de cada variedad de tabaco crudo que se incluían en las tablas adjuntas a los «contratos de cultivo» y las «condiciones complementarias» (véanse, en particular, los considerandos 77 a 83 y 277 de la Decisión impugnada).

19 En lo sucesivo, se hará referencia a la práctica colusoria descrita en el anterior apartado 18 mediante la expresión «cártel de los productores».

20 En la Decisión impugnada, la Comisión considera que cada una de esas prácticas colusorias constituye una infracción única y continua del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse, en particular, los considerandos 275 a 277 de la Decisión impugnada).

21 En el artículo 1 de dicha Decisión, la Comisión imputa la responsabilidad del cártel de los transformadores a nueve empresas, entre ellas, los transformadores españoles y Deltafina, y la del cártel de los representantes de los productores a ASAJA, UPA, COAG y CCAE (en lo sucesivo, conjuntamente, «representantes de los productores»).

22 En el artículo 2 de la Decisión impugnada, la Comisión ordena que dichas empresas y los representantes de los productores pongan fin inmediatamente, si aún no lo han hecho, a las infracciones mencionadas en el artículo 1 y se abstengan en lo sucesivo de cualquier práctica restrictiva que tenga un objeto o efecto idéntico o equivalente.

23 En el artículo 3 de la Decisión impugnada, se imponen las siguientes multas:

– Deltafina: 11.880.000 euros

– Cetarsa: 3.631.500 euros

– Agroexpansión: 2.592.000 euros

– WWTE: 1.822.500 euros

– Taes: 108.000 euros

– ASAJA: 1.000 euros

– UPA: 1.000 euros

– COAG: 1.000 euros

– CCAE: 1.000 euros.

24 El importe de la multa impuesta a Deltafina toma en consideración, en particular, la función de líder que había desempeñado en el cártel de los transformadores (considerandos 435 y 436 de la Decisión impugnada). Habida cuenta de dicha función, la Comisión aumenta en un 50 % el importe de base de la multa por circunstancias agravantes. No obstante, Deltafina obtiene una reducción del 40 % del importe de base de la multa por circunstancias atenuantes (considerandos 437 y 438 de la Decisión impugnada) y del 10 % del importe de la multa por su cooperación en el procedimiento administrativo (considerandos 448 a 456 de la Decisión impugnada).

25 Asimismo, del artículo 3 de la Decisión impugnada se desprende que las sociedades matrices de WWTE son responsables solidarias del pago de la multa impuesta a WWTE y la sociedad matriz de Agroexpansión, del pago de la impuesta a Agroexpansión.

Procedimiento y pretensiones de las partes

26 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 20 de enero de 2005, Deltafina interpuso el presente recurso.

27 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, instó a las partes a presentar determinados documentos y les formuló unas preguntas. Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado dentro del plazo señalado.

28 En la vista celebrada el 9 de junio de 2009 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

29 Deltafina solicita al Tribunal que:

– Anule la Decisión impugnada.

– Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa.

– Condene en costas a la Comisión.

30 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Declare la inadmisibilidad parcial del recurso y, en cualquier caso, lo desestime por infundado.

– Condene en costas a la demandante.

– En su defecto, condene a cada parte a cargar con sus propias costas si se desestiman las pretensiones de la demandante en la misma medida que las de la Comisión o condene a la demandante a cargar con sus propias costas y una parte de las de la Comisión si se desestiman la mayoría de las pretensiones de la demandante.

Fundamentos de Derecho

31 En apoyo de su recurso, Deltafina invoca once motivos, basados:

– el primero, en la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO L 1, p. 1), y en la violación de los principios de legalidad y de responsabilidad personal, así como en la falta de motivación y la desviación de poder;

– el segundo, en la infracción del artículo 27, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1/2003, la vulneración del derecho de defensa y del derecho a un proceso justo, la existencia de vicios sustanciales de forma y la violación de los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de proporcionalidad, así como en la falta de motivación y la desviación de poder;

– el tercero, en la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, del artículo 2 del Reglamento nº 1/2003 y del número 43 de las Directrices relativas al concepto de perjuicio para el comercio contenido en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2004, C 101, p. 81), así como en la falta de motivación;

– el cuarto, en la infracción del artículo 2 y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003; del número 1, sección A, y del número 5, letra d), de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») y en la violación de los principios de proporcionalidad, de «igualdad de trato y de sanciones», así como en la falta de motivación y la desviación de poder;

– el quinto, en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, y del número 1, sección B, de las Directrices, y en la violación del principio de igualdad de trato, así como en la desviación de poder;

– el sexto, en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y del número 2 de las Directrices, así como en la falta de motivación y la desviación de poder;

– el séptimo, en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y del número 3 de las Directrices, así como en la desviación de poder;

– el octavo, en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 y del número 5, letra a), de las Directrices;

– el noveno, en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003; de la exposición de motivos y del número 4 de las Directrices; de la sección B, letra e), y de la sección D de la Comunicación sobre la cooperación y en la violación del principio de igualdad de trato, así como en la falta de motivación y la desviación de poder;

– el décimo, en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, y del número 5, letra b), de las Directrices y en la violación del principio de proporcionalidad, así como en la desviación de poder;

– el undécimo, en la violación de los principios de igualdad de trato, de irretroactividad de las penas y de protección de la confianza legítima, así como en la desviación de poder.

32 Los tres primeros motivos se invocan con carácter principal y están en relación con las pretensiones de anulación de la Decisión impugnada. Los siete motivos siguientes se plantean con carácter subsidiario y están en relación con las pretensiones de reducción del importe de la multa. El último motivo se invoca con carácter más subsidiario, en el supuesto en que los siete motivos anteriores sean desestimados, y tiende también a la reducción del importe de la multa.

1. Sobre la admisibilidad de los motivos basados en la desviación de poder

33 En el marco de los distintos motivos que invoca en apoyo de su recurso, a excepción de los motivos tercero y octavo, Deltafina reprocha a la Comisión, en particular, haber incurrido en desviación de poder.

34 Sobre este particular, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el concepto de desviación de poder se refiere al hecho de que una autoridad administrativa haga uso de sus facultades con una finalidad distinta de aquélla para la que le fueron conferidas. Una decisión solamente está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada con el fin exclusivo o, al menos determinante, de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado CE para hacer frente a las circunstancias del caso (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C‑331/88, Rec. p. I‑4023, apartado 24, y de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, apartado 99).

35 En el caso de autos, es necesario señalar que Deltafina se limita a invocar en abstracto una serie de motivos basados en la desviación de poder, sin aportar el menor indicio o exposición que los apoyen ni precisar siquiera qué finalidad perseguiría realmente la Comisión con la adopción de la Decisión impugnada. Dichos motivos, tal y como se presentan, no reúnen los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, en la medida en que no son suficientemente claros ni precisos para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos. Por lo tanto, debe declararse su inadmisibilidad (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal, de 14 de mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, apartados 333 y 334).

2. Sobre las pretensiones dirigidas a la anulación de la Decisión impugnada

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 y en la violación de los principios de legalidad y de responsabilidad personal, así como en la falta de motivación

36 El primer motivo formulado por Deltafina se articula en cuatro partes. En la primera parte, critica que la Comisión la considere responsable de una infracción cometida en un mercado en el que no está presente. En la segunda parte, alega que los comportamientos que, según ella, se le imputan no están previstos en el artículo 81 CE, apartado 1, ni en el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003. En la tercera parte, considera que la Comisión la calificó erróneamente de líder del cártel de los transformadores. Por último, en la cuarta parte, alega que la Comisión no definió el mercado de referencia en la Decisión impugnada.

37 El Tribunal examinará, conjuntamente, las dos primeras partes, y posteriormente, por separado, las partes tercera y cuarta.

38 Por lo que respecta a la alegación de incumplimiento de la obligación de motivación, que Deltafina invoca en el marco del presente motivo sin relacionarla con ninguna de sus cuatro partes, es necesario señalar que Deltafina no proporciona la menor exposición que la pueda aclarar. Por consiguiente, procede declarar su inadmisibilidad a la luz del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento (véase el anterior apartado 35).

Sobre las partes primera y segunda, en las que se alega, respectivamente, que la Comisión considera a Deltafina responsable de una infracción cometida en un mercado en el que no está presente y que los comportamientos que se imputan a Deltafina no están previstos en el artículo 81 CE, apartado 1, ni en el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003

– Alegaciones de las partes

39 En primer lugar, Deltafina alega que no opera en el mercado de compra y transformación de tabaco crudo en España, de modo que, suponiendo que dicho mercado constituya el mercado de referencia, no se la puede considerar responsable de los comportamientos que se adoptaron en él.

40 En segundo lugar, Deltafina aduce que no participó en la elaboración de los acuerdos celebrados entre los transformadores y que no los ejecutó, al no estar autorizada para operar como transformador en España y, por lo tanto, no estar calificada para negociar y celebrar contratos con los productores españoles de tabaco crudo ni para participar en el reparto de las cantidades de tabaco crudo que se han de comprar. Sostiene que no se le puede imputar la función de «autor o coautor de las conductas», ni aún menos de líder del cártel de los transformadores, sino a lo sumo la de una «persona objetiva y subjetivamente ajena al cártel, pero que facilita indirectamente las conductas de los autores, con su presencia en reuniones, el intercambio de información y de comunicaciones, la mediación entre los participantes, la conservación de documentos y de datos». Ahora bien, considera que tales comportamientos no están contemplados en el artículo 81 CE, apartado 1, ni en el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 y que, por consiguiente, no pueden ser objeto de sanción.

41 En apoyo de sus alegaciones, Deltafina invoca la Decisión 2005/349/CE de la Comisión, de 10 de diciembre de 2003, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E‑2/37.857 — Peróxidos Orgánicos) (DO L 110, p. 44; en lo sucesivo, «Decisión peróxidos orgánicos»). Manifiesta que, en esta Decisión, la Comisión declaró la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, por una sociedad ajena al cártel de que se trataba, a saber, la empresa asesora AC‑Treuhand AG, debido a determinados comportamientos adoptados por ésta que presentarían similitudes con los comportamientos que a ella se le reprochan. Señala que a dicha empresa asesora, pese a que había desempeñado una función crucial en la organización y ejecución del cártel y que se la había considerado su «vigilante», sólo se le impuso una multa simbólica de 1.000 euros debido al «carácter relativamente inédito de la situación».

42 En primer lugar, la Comisión responde que el argumento de Deltafina de que el artículo 81 CE, apartado 1, no es aplicable a las empresas que no operan directamente en el mercado relevante no encuentra apoyo alguno en el tenor de dicha disposición. Considera que lo importante a efectos de la aplicación de ésta es que la empresa de que se trate haya participado en una práctica restrictiva de la competencia que tenga, al menos potencialmente, un efecto apreciable en los intercambios entre Estados miembros.

43 En segundo lugar, la Comisión alega que el argumento de Deltafina de que los comportamientos que se le reprochan no están comprendidos en la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, no sólo carece de todo fundamento, sino que también viene contradicho por diversas manifestaciones que figuran en el escrito de interposición de la demanda.

44 Por otra parte, la Comisión señala que la propia Deltafina considera que su función puede asimilarse a la que había adoptado AC‑Treuhand en el asunto que dio lugar a la Decisión peróxidos orgánicos y que tal función puede ser sancionada de conformidad con el artículo 81 CE, apartado 1.

– Apreciación del Tribunal

45 Por lo que respecta a la primera parte del presente motivo, procede señalar que es pacífico entre las partes que en España, que constituye el mercado geográfico de referencia en el caso de autos, Deltafina no compra tabaco crudo a los productores ni ejerce actividades de primera transformación de tabaco crudo. En dicho Estado miembro, Deltafina sólo opera en la siguiente fase del proceso, en este caso, la de compra de tabaco transformado para su reventa a las empresas de manufactura de tabaco.

46 Por consiguiente, es preciso señalar que Deltafina no está presente en el mercado de referencia, a saber, como se expondrá en el posterior apartado 82, el mercado español de compra y primera transformación de tabaco crudo.

47 Sin embargo, no cabe deducir de esta afirmación que la Comisión no pudiera sancionar a Deltafina por infracción del artículo 81 CE, apartado 1.

48 Como ya declaró el Tribunal en el apartado 122 de su sentencia de 8 de julio de 2008, AC‑Treuhand/Comisión (T‑99/04, Rec. p. II‑1501), una empresa puede infringir la prohibición establecida por el artículo 81 CE, apartado 1, cuando su comportamiento, en coordinación con el de otras empresas, tiene la finalidad de restringir la competencia en un mercado pertinente específico dentro del mercado común, sin que ello requiera necesariamente que la misma empresa opere en ese mercado pertinente.

49 En este mismo sentido, el Tribunal puntualizó, en el apartado 127 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado anterior, que no se excluía que una empresa pudiera participar en la puesta en práctica de una restricción de la competencia aunque ella misma no restrinja su propia libertad de acción en el mercado en el que opera principalmente. En efecto, cualquier otra interpretación podría reducir el alcance de la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, de forma contraria a su eficacia y a su objetivo principal, entendido a la luz del artículo 3 CE, apartado 1, letra g), de garantizar el mantenimiento de una competencia no falseada en el interior del mercado común, ya que no permitiría una acción sancionadora contra la contribución activa de una empresa a una restricción de la competencia por el mero motivo de que dicha contribución no proviniera de una actividad económica comprendida en el mercado pertinente en el que tal contribución se materializa o tiene por objeto materializarse. En el apartado 128 de la misma sentencia, el Tribunal concluyó que una interpretación de los términos «acuerdos entre empresas» a la luz de los objetivos perseguidos por el artículo 81 CE, apartado 1, y por el artículo 3 CE, apartado 1, letra g), tendía a confirmar la existencia de una concepción del cártel y de la empresa autora de una infracción que no distingue en función del sector o del mercado en el que las empresas interesadas operan.

50 Pues bien, en el presente caso, como se explicará más detalladamente en los posteriores apartados 122 a 133, queda acreditado que Deltafina participó, activa y directamente, con los transformadores, en un cártel cuyo objetivo era eliminar o restringir la competencia en el sector del tabaco crudo en España, cosa que sabía o no podía ignorar.

51 La apreciación del Tribunal expuesta en el anterior apartado 48 es tanto más pertinente en el presente caso cuanto que, mientras que AC‑Treuhand, en su condición de empresa asesora, no operaba en absoluto en el mercado del producto de que se trataba, a saber, el de los peróxidos orgánicos, como competidor o por el lado de la oferta o de la demanda, Deltafina, en cambio, como principal cliente de los transformadores españoles, operaba en España en un mercado situado en la fase inmediatamente posterior a aquella en la que se llevaron a cabo las prácticas restrictivas de la competencia controvertidas. Además, en Italia, Deltafina estaba presente en el mercado del mismo producto en cuestión que el del presente caso.

52 De lo anterior se desprende que la primera parte del primer motivo debe desestimarse por infundada.

53 Por lo que respecta a la segunda parte del presente motivo, reposa en la premisa de que Deltafina no participó activa y directamente en el cártel de los transformadores, en las mismas condiciones que éstos, sino que se limitó a facilitar «indirectamente» su ejecución.

54 Ahora bien, como ya se ha señalado en el anterior apartado 50 y se demostrará en los posteriores apartados 122 a 133, esta premisa es errónea.

55 En cualquier caso, también es erróneo el argumento de Deltafina de que las empresas que sólo contribuyen a un cártel de forma subordinada, accesoria o pasiva no infringen el artículo 81 CE, apartado 1, y, por lo tanto, no pueden ser multadas con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.

56 Así, en la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, el Tribunal rechazó un argumento similar, y ello tras recordar la jurisprudencia relativa a los requisitos que debe reunir la participación de una empresa en un cártel para que ésta pueda ser considerada responsable como coautora de la infracción en su conjunto (apartados 129 a 136).

57 Más concretamente, en dicha sentencia, el Tribunal recordó que la imputación de la infracción en su conjunto a una empresa que participó en un cártel se ajustaba a las exigencias del principio de responsabilidad personal cuando se cumplían dos requisitos, el primero de naturaleza objetiva y el segundo, subjetiva.

58 Respecto al primer requisito, el Tribunal señaló que, según la jurisprudencia, concurría, por lo que se refiere a la relación entre competidores que operan en el mismo mercado pertinente así como entre dichos competidores y sus clientes, cuando la empresa participante ha contribuido a la puesta en práctica del cártel, aun de forma subordinada, accesoria o pasiva, por ejemplo mediante la aprobación tácita y la omisión de denunciar dicho cártel a las autoridades (sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 133).

59 Para llegar a esta declaración, el Tribunal destacó, en primer lugar, que bastaba con que la Comisión demostrase que la empresa de que se trate ha participado en reuniones en las que se han concluido acuerdos contrarios a la competencia sin haberse opuesto expresamente a ellos para probar de modo suficiente la participación de dicha empresa en el cártel (sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 130). El Tribunal añadió que, para acreditar la participación de una empresa en un acuerdo único, integrado por un conjunto de comportamientos ilícitos separados en el tiempo, la Comisión debía probar que esa empresa pretendía contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos materiales previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo. A este respecto, el Tribunal recordó que la aprobación tácita de una iniciativa ilícita sin distanciarse públicamente de su contenido o sin denunciarla a las autoridades administrativas producía el efecto de incitar a que se continúe la infracción y dificultaba que se descubriera. El Tribunal subrayó que esta complicidad constituía un modo pasivo de participar en la infracción que podía conllevar, por tanto, la responsabilidad de la empresa en el marco de un acuerdo único. El Tribunal precisó que esos principios se aplicaban mutatis mutandis en relación con reuniones en las que no sólo habían participado competidores productores, sino también sus clientes.

60 En segundo lugar, el Tribunal señaló, en el apartado 131 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, que, por lo que respecta a la determinación de la responsabilidad personal de una empresa cuya participación en el cártel no tenga la misma amplitud e intensidad que la de otras empresas, de la jurisprudencia resulta que, si bien los acuerdos y prácticas concertadas que contempla el artículo 81 CE, apartado 1, son necesariamente el resultado del concurso de varias empresas, que son todas ellas coautoras de la infracción, pero cuya participación puede revestir formas diferentes, principalmente en función de las características del mercado de que se trate y de la posición de cada empresa en dicho mercado, de los fines perseguidos y de las modalidades de aplicación elegidas o planeadas, la mera circunstancia de que cada empresa participe en la infracción aplicando métodos específicos no basta para excluir su responsabilidad por la totalidad de la infracción, incluidos los comportamientos materialmente realizados por otras empresas participantes, pero que comparten un mismo objeto o efecto contrario a la competencia.

61 Por último, el Tribunal dedujo de lo anterior, en el apartado 132 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, que el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de un cártel o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado no era relevante para apreciar la existencia de una infracción por su parte. No obstante, el Tribunal añadió que, aunque la importancia, en su caso, limitada de la participación de la empresa interesada no podía por tanto desvirtuar su responsabilidad personal por el conjunto de la infracción, cabía sin embargo que tuviera incidencia en la apreciación de su alcance y de su gravedad y, por consiguiente, en la determinación del importe de la multa.

62 Por lo que respecta al segundo requisito, el Tribunal recordó, en el apartado 134 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, que la imputación del conjunto de la infracción a la empresa partícipe dependía, además, de la manifestación de su propia voluntad, que demuestre que acepta, siquiera tácitamente, los objetivos del cártel. El Tribunal precisó que este requisito subjetivo era, por una parte, inherente al criterio de la aprobación tácita del cártel y al de la falta de distanciamiento público de su contenido, en cuanto que esos criterios implican la presunción de que la empresa interesada sigue aceptando los objetivos y la puesta en práctica del cártel, y por otra parte constituía la justificación para considerar corresponsable a la empresa interesada, ya que ésta pretendía contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y tuvo conocimiento de los comportamientos ilícitos de los demás participantes o pudo de forma razonable haberlos previsto y estaba dispuesta a asumir el riesgo.

63 En el apartado 136 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, el Tribunal señaló que los principios expuestos en los anteriores apartados 57 a 62 se aplicaban mutatis mutandis a la participación de una empresa cuya actividad económica y competencia profesional permitían que no pudiera ignorar el carácter contrario a la competencia de los comportamientos de que se trataba y que pudiera aportar de esa forma un sostén no carente de importancia a la comisión de la infracción.

64 De todo lo anterior se desprende que la segunda parte del primer motivo también debe desestimarse por infundada.

Sobre la tercera parte, en la que se alega que la Comisión calificó erróneamente a Deltafina de líder del cártel de los transformadores

– Alegaciones de las partes

65 Deltafina afirma que la Comisión la calificó erróneamente de líder del cártel de los transformadores.

66 En apoyo de su afirmación, invoca los siguientes factores, que distinguirían su situación de la de otras empresas que fueron consideradas líderes de un cártel en otros asuntos:

– No tuvo una función de promotor de los comportamientos reprochados a los transformadores.

– No incitó –y aún menos obligó– a empresa alguna a unirse al cártel de los transformadores.

– No ejerció presiones sobre nadie y, en cualquier caso, no disponía del poder para hacerlo.

– No desempeñó ninguna función en la dirección o el control del cártel de los transformadores, el cual, por otra parte, no disponía de «órganos institucionales de dirección».

– Su Presidente, el Sr. M, sólo asistió a cuatro reuniones del cártel de los transformadores y no pudo «orquestar sus estrategias».

– No pudo adoptar un comportamiento de «líder de precios» (price leader) por el lado de la demanda, puesto que, al no operar en la misma fase del proceso que los transformadores españoles, no compraba tabaco crudo a los productores.

– Nunca dispuso de poder jurídico o fáctico para adoptar sanciones o represalias en contra de los miembros del cártel de los transformadores que no se hubieran atenido a las actuaciones comunes.

67 Por otra parte, Deltafina rebate la alegación de la Comisión de que la función del líder que se le imputa sólo fue tomada en consideración en la Decisión impugnada como circunstancia agravante. Alega que dicha función constituye, de hecho, el único reproche que se le ha dirigido.

68 En primer lugar, la Comisión responde que, aun suponiendo que hubiera incurrido en error al calificar a Deltafina de líder del cártel de los transformadores, ello no exime a ésta de toda responsabilidad por lo que se refiere a las infracciones que se le reprochan, sino que, a lo sumo, podría llevar a una reducción del importe de la multa. Añade que el hecho de que Deltafina fuera el líder del cártel de los transformadores sólo se había tenido en cuenta, en la Decisión impugnada, como circunstancia agravante a la hora de calcular la multa.

69 En segundo lugar, la Comisión considera que, en cualquier caso, esta parte debe desestimarse por infundada. A este respecto, recuerda que, según la jurisprudencia, la práctica seguida anteriormente en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia. Por otro lado, remite al considerando 435 de la Decisión impugnada que, en su opinión, indica de manera suficientemente clara y precisa los motivos por los que Deltafina fue considerada líder del cártel de los transformadores.

– Apreciación del Tribunal

70 Es preciso señalar que esta parte es invocada por Deltafina en apoyo de sus pretensiones dirigidas a la anulación de la Decisión impugnada y que, a semejanza de las dos primeras partes, tiene por objeto demostrar que la Comisión no podía considerarla responsable del cártel de los transformadores.

71 Ahora bien, como alega acertadamente la Comisión, la condición de líder del cártel de los transformadores atribuida a Deltafina sólo se tuvo en cuenta, en la Decisión impugnada, en el contexto del cálculo del importe de la multa, y ello como circunstancia agravante (véanse los considerandos 435 y 436 de la Decisión impugnada). Contrariamente a lo que deja entender Deltafina, no es la afirmación de que desempeñó la función de líder del cártel de los transformadores lo que llevó a la Comisión a declararla responsable de la infracción, sino la afirmación, basada concretamente en los distintos factores resumidos en los considerandos 359 a 369 de la Decisión impugnada, de que participó directa y activamente en dicho cártel. En otras palabras, la condición de líder del cártel de los transformadores atribuida a Deltafina no tuvo incidencia en la generación de la responsabilidad de ésta por la comisión de la infracción.

72 Es cierto que las conductas de Deltafina en las que se basó la Comisión para calificarla de líder del cártel de los transformadores son sustancialmente las mismas que aquellas en que se basó para deducir su participación en el referido cártel. No es menos cierto que, como señala acertadamente la Comisión en sus escritos, la cuestión de si una empresa participó en un cártel y la de, en su caso, el alcance y la intensidad de dicha participación corresponden a dos apreciaciones distintas, al referirse la primera a la demostración de la existencia de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y la segunda, a la determinación del importe de la sanción.

73 De las consideraciones anteriores se desprende que la tercera parte del primer motivo, aun cuando esté fundada, no puede implicar la anulación de la Decisión impugnada. Por lo tanto, debe desestimarse por inoperante en el marco de este motivo. No obstante, se tendrá en cuenta esta tercera parte a la hora de examinar el sexto motivo, que se apoya en parte en la misma argumentación.

Sobre la cuarta parte, en la que se alega que la Comisión no definió el mercado de referencia en la Decisión impugnada

– Alegaciones de las partes

74 Deltafina reprocha a la Comisión no haber definido los mercados del producto y geográfico de referencia en la Decisión impugnada.

75 A este respecto, en primer lugar, Deltafina hace referencia a los apartados 27 y siguientes de la sentencia del Tribunal de 11 de diciembre de 2003, Adriatica di Navigazione/Comisión (T‑61/99, Rec. p. II‑5349). Afirma que, según el apartado 30 de esta sentencia, las imputaciones formuladas contra la definición del mercado de referencia adoptada por la Comisión pueden referirse a elementos propios de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, que no sean la existencia de un «acuerdo» entre empresas, «la afectación del comercio entre Estados miembros» y «el perjuicio de la competencia», a saber, concretamente, el alcance de las prácticas colusorias de que se trata, su carácter único o global y el alcance de la participación individual de cada una de las empresas afectadas. Estos últimos elementos están íntimamente relacionados con el principio de responsabilidad personal por la comisión de infracciones colectivas y con varios principios generales del Derecho tales como el principio de seguridad jurídica y el de proporcionalidad. Deltafina señala, asimismo, que, según el apartado 32 de la misma sentencia, «es deseable [por tanto] que, cuando adopta una decisión por la que declara la participación de una empresa en una infracción compleja, colectiva e ininterrumpida, como son con frecuencia los cárteles, la Comisión, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos específicos de aplicación del artículo [81 CE, apartado 1], tenga en cuenta que, si una decisión de este tipo debe acarrear la responsabilidad personal de cada una de sus destinatarias, sólo puede hacerlo por su participación acreditada en los comportamientos colectivos sancionados y correctamente delimitados». Añade que, según el mismo apartado, «dado que tal decisión puede generar consecuencias importantes en las relaciones de las empresas afectadas no sólo con la administración sino también con terceros, es necesario que la Comisión examine el mercado o los mercados de referencia y los identifique en la exposición de motivos de la decisión que sancione una infracción del artículo [81 CE, apartado 1,] de manera suficientemente precisa para captar las condiciones de funcionamiento del mercado en el cual se ha falseado la competencia y responder a las necesidades esenciales de seguridad jurídica.»

76 En segundo lugar, Deltafina alega que al no operar en el mercado en el que se han producido los comportamientos restrictivos de la competencia, la Comisión no puede declararla responsable de dichos comportamientos e imponerle una sanción, sin vulnerar el principio de responsabilidad personal.

77 Por último, invocando el mismo motivo, Deltafina alega también que, en la Decisión impugnada, la Comisión no demuestra el «vínculo entre [dichos] comportamientos y los efectos sobre el mercado que, aun en presencia de una infracción por su objeto, debe traducirse en consecuencias adversas en el juego de la competencia». Considera que no es pertinente la referencia que la Comisión hace, en el considerando 368 de la Decisión impugnada, al apartado 136 de la sentencia del Tribunal de 15 de septiembre de 1998, European Night Services y otros/Comisión (T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 y T‑388/94, Rec. p. II‑3141).

78 En respuesta a las alegaciones de Deltafina, en primer lugar, la Comisión aduce que, en la Decisión impugnada, definió de forma suficientemente clara y detallada el contexto económico y jurídico del mercado en el que se llevaron a cabo las prácticas restrictivas de que se trata.

79 En segundo lugar, la Comisión rechaza la alegación de Deltafina de que ha menoscabado el principio de responsabilidad personal al considerarla responsable de los comportamientos restrictivos de la competencia de que se trata puesto que dicha sociedad no operaba en el mercado en el que se señalaron tales comportamientos.

80 Por último, la Comisión considera «totalmente carente de sentido» la alegación de Deltafina de que, al no estar presente ésta en el mercado de referencia, no existe el vínculo entre los comportamientos ilícitos de que se trata y sus efectos en el mercado. Alega que el hecho de que Deltafina no opere directamente en el mercado en el que se han señalado las prácticas restrictivas de la competencia no la exime de su responsabilidad por la ejecución de dichas prácticas, ni debe llevar a la conclusión de que éstas no tienen efectos en el referido mercado. A este respecto, hace referencia concretamente al apartado 136 de la sentencia European Night Services y otros/Comisión, citada en el apartado 77 supra, y afirma que, conforme a reiterada jurisprudencia, no es necesario valorar los efectos concretos en el mercado de acuerdos que, como en el presente caso, restringen manifiestamente la competencia.

– Apreciación del Tribunal

81 Es necesario señalar que, contrariamente a lo que sostiene Deltafina, la Comisión identificó los mercados del producto y geográfico de referencia en la Decisión impugnada.

82 En efecto, de dicha Decisión se desprende de forma suficientemente clara y precisa que el mercado de referencia es el mercado español de compra y primera transformación de tabaco crudo. En particular, en los considerandos 19 a 65 de la Decisión impugnada, la Comisión describe detalladamente las empresas de primera transformación de tabaco crudo en España –precisando en concreto sus actividades de compra y de transformación de tabaco crudo, así como las relaciones comerciales que mantienen entre ellas–, los productores de tabaco crudo, los representantes de los productores, distintos aspectos del sector del tabaco crudo en España, entre ellos, las zonas de producción, el volumen y valor de la producción, el valor de las ventas, las distintas variedades de tabaco crudo y los precios medios (máximos) de entrega de cada una de dichas variedades, así como los marcos normativos comunitario y español aplicables al tabaco crudo.

83 Por otra parte, el examen que llevó a cabo de este modo la Comisión en la Decisión impugnada permite comprender totalmente las condiciones de funcionamiento del mercado en el que se ha falseado la competencia, contrariamente a lo que deja entender Deltafina cuando cita la última frase del apartado 32 de la sentencia Adriatica di Navigazione/Comisión, citada en el apartado 75 supra.

84 Deltafina puede tanto menos alegar que la Comisión no identificó el mercado de referencia en la Decisión impugnada cuanto que de numerosos pasajes de sus escritos procesales se desprende que comprendió perfectamente que éste era el mercado español de compra y primera transformación de tabaco crudo. Así, por citar únicamente un ejemplo, toda la argumentación que desarrolla en apoyo de la primera parte del presente motivo se basa precisamente en dicha definición.

85 Por lo tanto, la cuarta parte del primer motivo carece por completo de fundamento fáctico.

86 Por lo que respecta a la alegación de Deltafina de que la Comisión vulneró el principio de responsabilidad personal al considerarla responsable de un cártel puesto en práctica en un mercado en el que aquélla no operaba, no cabe acogerla. Como ya se ha expuesto en los anteriores apartados 48 y 49, una empresa puede infringir la prohibición establecida por el artículo 81 CE, apartado 1, cuando su comportamiento, en coordinación con el de otras empresas, tiene la finalidad de restringir la competencia en un mercado pertinente específico dentro del mercado común, sin que ello requiera necesariamente que la misma empresa opere en ese mercado pertinente. En realidad, lo importante para que la imputación de la infracción en su conjunto a una empresa participante en un cártel se ajuste a las exigencias del principio de responsabilidad personal es que dicha empresa satisfaga los dos requisitos, objetivo y subjetivo, recordados en los anteriores apartados 57 a 63, cosa que ocurre en el caso de Deltafina, como se expondrá más adelante, en los apartados 122 a 133.

87 Por último, contrariamente a lo que parece sostener Deltafina (véase el anterior apartado 77), del mero hecho de que ésta no operase en el mercado de referencia no cabe deducir que el cártel de los transformadores no pudiera tener efectos perjudiciales sobre la competencia en dicho mercado.

88 A la luz de las consideraciones precedentes, debe desestimarse la cuarta parte del primer motivo por infundada.

89 De todas las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar el primer motivo, en todas sus partes.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 27, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1/2003, la vulneración del derecho de defensa y del derecho a un proceso justo, la existencia de vicios sustanciales de forma y la violación de los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de proporcionalidad, así como en la falta de motivación

90 El segundo motivo formulado por Deltafina se articula en cuatro partes. En la primera parte, critica que, en la Decisión impugnada, la Comisión le atribuyó una función distinta de la que le reprochaba en el pliego de cargos. En la segunda parte, alega que los comportamientos que se le reprochan deben ser reprochados, en realidad, a su Presidente. En la tercera parte, aduce que la Comisión le denegó el acceso a determinados documentos inculpatorios. Por último, en la cuarta parte, alega que la Comisión no definió de forma suficientemente clara en el pliego de cargos los mercados del producto y geográfico de referencia.

91 Por lo que respecta a la alegación basada en el incumplimiento de la obligación de motivación, que Deltafina invoca en el marco del segundo motivo, sin relacionarla expresamente con ninguna de sus cuatro partes, es necesario señalar que no proporciona la menor exposición que la pueda aclarar. Por consiguiente, procede declarar su inadmisibilidad a la luz del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento (véase el anterior apartado 35).

Sobre la primera parte, en la que se alega que, en la Decisión impugnada, la Comisión atribuyó a Deltafina una función distinta de la que le reprochaba en el pliego de cargos

– Alegaciones de las partes

92 Deltafina alega que la Comisión, al considerarla responsable como «autora» o «coautora» de la infracción en la Decisión impugnada y al calificarla, en ésta, de líder del cártel de los transformadores, le atribuyó una función distinta y más grave que la que le imputaba en el pliego de cargos.

93 En apoyo de sus alegaciones, Deltafina señala una serie de diferencias entre el texto del pliego de cargos y el de la Decisión impugnada. En particular, alega que, mientras que en ningún lugar del primero se le reprocha haber participado en los acuerdos y prácticas controvertidos –puesto que tal reproche sólo se formulaba contra los transformadores españoles–, en la segunda, en cambio, se la presenta como participante directa y activa en dichos acuerdos y prácticas. Igualmente, en el pliego de cargos no se hace mención alguna al hecho de que Deltafina podía ser considerada líder del cártel de los transformadores. Por otra parte, Deltafina critica una serie de consideraciones que figuran en la Decisión impugnada.

94 Deltafina afirma que, al proceder de este modo, la Comisión no sólo expuso una tesis no corroborada por los elementos del expediente, sino que también menoscabó su derecho de defensa. Respecto a esto último, reprocha a la Comisión, más concretamente, no haberle permitido explicarse sobre las calificaciones de autora o coautora de la infracción y de líder del cártel de los transformadores que se le habían atribuido en la Decisión impugnada.

95 La Comisión alega que nunca calificó a Deltafina de «autora» o «coautora» de las prácticas restrictivas imputadas, señalando que dichas calificaciones no tienen «significado jurídico» en el Derecho de la competencia. Remite a los elementos de hecho recogidos en los considerandos 362 a 366 de la Decisión impugnada y puntualiza que la conclusión a la que llegó en ésta es que Deltafina «participó» plenamente en dichas prácticas y que, por lo tanto, debía ser considerada corresponsable «de pleno derecho» de la infracción.

96 La Comisión afirma que, en el pliego de cargos, se basó en los mismos elementos de hecho para declarar la participación de Deltafina en el cártel de los transformadores y, por ende, su corresponsabilidad por la infracción del artículo 81 CE. Señala que, en su respuesta a dicho pliego de cargos, Deltafina se defendió ampliamente además en relación con la función que se le atribuía en el cártel de los transformadores. Por lo tanto, considera que ninguna de las «diferencias de redacción» entre el pliego de cargos y la Decisión impugnada señaladas por Deltafina puede demostrar la existencia de una vulneración del derecho de defensa de ésta.

97 Por otra parte, la Comisión rechaza las críticas que Deltafina aduce en contra de determinadas consideraciones contenidas en la Decisión impugnada.

98 Por último, la Comisión, remitiendo a los comportamientos descritos en los considerandos 363 a 365 de la Decisión impugnada, estima que no resulta en absoluto «irrazonable» afirmar, como hace en el considerando 361 de la Decisión impugnada, que Deltafina desempeñó una función «particularmente activa» en el cártel de los transformadores.

99 Según la Comisión, de los anteriores elementos resulta que ni incurrió en errores de apreciación ni vulneró el derecho de defensa de Deltafina al considerarla parte en las prácticas restrictivas mencionadas en el artículo 1 de la Decisión impugnada y al declararla corresponsable de dichas prácticas.

100 Por lo que respecta a las críticas que Deltafina formula en relación con la calificación de líder del cártel de los transformadores que se le atribuye en la Decisión impugnada, la Comisión, en primer lugar, alega que, aun suponiéndolas fundadas, ello podría llevar, a lo sumo, a una reducción del importe de la multa.

101 En segundo lugar, la Comisión recuerda que, conforme a reiterada jurisprudencia, desde el momento en que indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas (sentencia del Tribunal de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 199). Añade que los elementos así exigidos por la jurisprudencia figuraban en el pliego de cargos.

102 Por último, la Comisión alega que, en cualquier caso, el hecho de que no haya indicado expresamente, en el pliego de cargos, su intención de considerar como circunstancia agravante la función específica desempeñada por Deltafina en el cártel de los transformadores no tuvo consecuencias en relación con la defensa de dicha empresa. En su opinión, ésta formuló expresamente argumentos con objeto de minimizar su función, en las páginas 31 a 37 de su respuesta al pliego de cargos.

– Apreciación del Tribunal

103 La presente parte tiene una doble vertiente. Por un lado, Deltafina invoca la existencia de divergencias entre el pliego de cargos y la Decisión impugnada por lo que respecta a la apreciación de su función en el cártel de los transformadores. Por otro lado, impugna la fundamentación de dicha apreciación tal y como se realizó en la Decisión impugnada.

104 En cada uno de los dos aspectos, Deltafina formula, en particular, críticas en contra de la condición de líder del cártel de los transformadores que se le ha atribuido. Así, en el marco del primero, reprocha a la Comisión no haber mencionado, en el pliego de cargos, que podía ser considerada líder del cártel de los transformadores, vulnerando de este modo su derecho de defensa. En el contexto del segundo, alega que la conclusión de la Comisión, en la Decisión impugnada, de que desempeñó tal función en el cártel de los transformadores no está suficientemente motivada.

105 Como ya se ha señalado en el anterior apartado 71 y destacado acertadamente por la Comisión, la condición de líder del cártel de los transformadores atribuida a Deltafina sólo se tuvo en cuenta, en la Decisión impugnada, en el contexto del cálculo del importe de la multa y ello como circunstancia agravante. Por consiguiente, aun cuando se demostrase la vulneración del derecho de defensa invocada en relación con dicha condición o resultase que dicha condición no se demostró de modo suficiente en Derecho, esto no supondría la anulación de la Decisión impugnada, como persigue Deltafina al formular la presente parte, sino, a lo sumo, una reducción del importe de la multa que se le impuso. Por lo tanto, las críticas anteriormente mencionadas deben desestimarse por inoperantes en el marco de la presente parte. Se examinarán más adelante en el marco del sexto motivo, que Deltafina invoca en apoyo de sus pretensiones dirigidas a la reducción del importe de su multa y sustenta, esencialmente, en las mismas consideraciones.

106 Por lo que respecta a las demás críticas que Deltafina formula en apoyo de la presente parte, suscitan tres cuestiones distintas, a saber, en primer lugar, la de la base sobre la que la Comisión llegó a la conclusión, en la Decisión impugnada, de que dicha sociedad había infringido el artículo 81 CE; en segundo lugar, la de si existen al respecto divergencias entre dicha Decisión y el pliego de cargos, y, en tercer lugar, la de la justificación suficiente en Derecho de la conclusión anteriormente mencionada de la Comisión.

107 En lo referente a la primera cuestión, debe recordarse que, como ya se ha expuesto en los anteriores apartados 15 a 21, la Decisión impugnada se refiere a dos infracciones horizontales llevadas a cabo en el mercado español del tabaco crudo, implicando la primera a los transformadores españoles y a Deltafina, y la segunda, a los representantes de los productores. A tenor de la Decisión impugnada, cada una de estas infracciones se caracteriza por un conjunto de acuerdos y/o prácticas concertadas y constituye una infracción única y continua del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse, en particular, los considerandos 275 a 277 y 296 a 298 de la Decisión impugnada).

108 Los transformadores españoles y Deltafina son considerados responsables del conjunto de la primera infracción y los representantes de los productores, del conjunto de la segunda (véanse, en particular, el artículo 1 y los considerandos 358, 359 y 366 de la Decisión impugnada).

109 Más concretamente, de varios considerandos de la Decisión impugnada se desprende que se considera que Deltafina, al igual que los transformadores españoles, celebró acuerdos o participó en prácticas concertadas que tenían por objeto fijar, cada año, en el período 1996/2001, el precio medio (máximo) de entrega de cada variedad de tabaco crudo, sin distinción de calidades, y repartir las cantidades de cada variedad de tabaco crudo que cada uno de los transformadores podía comprar a los productores (véanse, en particular, los considerandos 85, 88, 112, 144, 274, 276, 278, 279, 281 a 283, 285 a 287, 301, 303, 305 y 357 de la Decisión impugnada). Además, se considera que Deltafina, al igual que los transformadores españoles, y en el período 1999/2001, celebró acuerdos o participó en prácticas concertadas que tenían por objeto fijar las horquillas de precios por grados cualitativos de cada variedad de tabaco crudo que se incluían en las tablas anexas a los contratos de cultivo y las condiciones complementarias (véanse, en particular, los considerandos 85, 274, 276, 290 y 357 de la Decisión impugnada).

110 En otras palabras, en la Decisión impugnada se reprocha a Deltafina haber participado directa y activamente en el cártel de los transformadores (véanse, en particular, los considerandos 357, 361, 366 y 369 de la Decisión impugnada). A este respecto, cabe señalar que la Comisión puntualiza, concretamente, en el considerando 369 de la Decisión impugnada, que «debe considerarse que la función de Deltafina en el presente caso fue directa y primaria y [que no se limitó] a la función de coordinador exterior o facilitador».

111 En los considerandos 359 a 366 de la Decisión impugnada, la Comisión expone, remitiendo a otros considerandos de dicha Decisión, el razonamiento y los hechos específicos en los que se basa para llegar a las conclusiones recogidas en los anteriores apartados 109 y 110.

112 Dicho razonamiento y tales hechos son los siguientes:

– Deltafina, por medio de su Presidente y –a veces– de otros representantes, participó en algunas reuniones del cártel de los transformadores (considerandos 67, 112 y 363 de la Decisión impugnada), en este caso, las reuniones de 13 de marzo de 1996 en Madrid (considerandos 88 y 92 de la Decisión impugnada), de 17 de diciembre de 1996 (considerando 117 de la Decisión impugnada), de 30 de enero de 1997 en Roma (considerando 118 de la Decisión impugnada) y de marzo de 1999 (considerando 186 de la Decisión impugnada).

– Deltafina, cuando no estaba presente en algunas de las reuniones del cártel de los transformadores, era regularmente informada, por éstos, de la situación del mercado español del tabaco crudo y de las prácticas que habían realizado (considerandos 112, 133 a 136, 140 a 143, 145, 149 y 364 de la Decisión impugnada).

– En 1997, el Presidente de Deltafina fue incluso depositario de una nota que los transformadores españoles habían elaborado y firmado en una de sus reuniones y que recogía los detalles de los diferentes acuerdos alcanzados (considerandos 122 y 364 de la Decisión impugnada).

– Deltafina intervino en la organización del cártel de los transformadores, en particular, enviándoles correos para obtener la correcta ejecución de los acuerdos ilícitos y actuando, por tanto, como mediador en las desavenencias que les enfrentaban (considerandos 140 y 365 de la Decisión impugnada).

– Deltafina desempeñó una función central en las negociaciones entre los transformadores españoles y los representantes de los productores relativas a las horquillas de precios referentes al tabaco excedente de la cosecha de 1999 (considerandos 207, 221 y 365 de la Decisión impugnada).

113 Por lo que respecta a la segunda cuestión, es preciso recordar previamente que, según reiterada jurisprudencia, el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de sanciones, especialmente de multas o de multas coercitivas, constituye un principio fundamental de Derecho comunitario que debe ser observado aun cuando se trate de un procedimiento de carácter administrativo (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann‑La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, apartado 9, y de 2 de octubre de 2003, ARBED/Comisión, C‑176/99 P, Rec. p. I‑10687, apartado 19).

114 Este principio exige, en particular, que el pliego de cargos dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer una sanción por infracción de las normas sobre la competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos de prueba en que se funda la Comisión, para que la referida empresa pueda invocar eficazmente sus alegaciones en el marco del procedimiento administrativo dirigido contra ella (véase la sentencia ARBED/Comisión, citada en el apartado 113 supra, apartado 20, y la jurisprudencia citada).

115 Además, una violación del derecho de defensa en el procedimiento administrativo debe ser examinada en función de los cargos formulados por la Comisión en el pliego de cargos y en la decisión que pone fin al referido procedimiento (sentencias del Tribunal de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión, T‑30/91, Rec. p. II‑1775, apartado 60, e ICI/Comisión, T‑36/91, Rec. p. II‑1847, apartado 70). Por lo tanto, para declarar la existencia de vulneración del derecho de defensa es preciso que la imputación que, según la empresa, no se había formulado en su contra en el pliego de cargos sea recogida por la Comisión en su decisión final.

116 En el presente caso, en el pliego de cargos, como en la Decisión impugnada, la Comisión distingue dos infracciones horizontales, que se caracterizan por un conjunto de acuerdos y/o prácticas concertadas, en el mercado español del tabaco crudo, la primera que implica al sector de la primera transformación y la segunda al de la producción, y califica cada una de estas infracciones de infracción única y continua del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse, en particular, los puntos 1, 316 a 318 y 338 a 340 del pliego de cargos). Como en la Decisión impugnada, en el pliego de cargos los transformadores españoles y Deltafina son considerados responsables del conjunto de la primera infracción y los representantes de los productores, del conjunto de la segunda (véanse, en particular, los puntos 411, 412 y 420 del pliego de cargos).

117 Por lo que respecta, más concretamente, a Deltafina, del pliego de cargos se desprende con claridad que, como en la Decisión impugnada, se imputa a dicha sociedad la responsabilidad de la infracción debido a su implicación directa y activa en las actividades del cártel de los transformadores. Así, en la primera frase del punto 415 del pliego de cargos, que es casi idéntica a la primera frase del considerando 361 de la Decisión impugnada, la Comisión manifiesta que «Deltafina desempeñó una función particularmente activa en el cártel de los transformadores españoles de tabaco crudo». Igualmente, en el punto 420 del pliego de cargos, que está redactado en términos semejantes a los del considerando 366 de la Decisión impugnada, la Comisión concluyó, concretamente, que es preciso «considerar que Deltafina participó activamente en la elaboración y puesta en práctica del acuerdo sobre el precio medio y las cantidades celebrado entre los transformadores a partir de 1996, así como en la negociación de las tablas de precios del excedente de tabaco en el 2000».

118 Además, el razonamiento y los hechos en los que se basa la Comisión para establecer la imputación relacionada con la implicación directa y activa de Deltafina en la infracción corresponden, en esencia, a los que considera en la Decisión impugnada y que se exponen en el anterior apartado 112 (véanse, en particular, los puntos 412 a 420 del pliego de cargos y los distintos puntos de este mismo pliego a los que remiten).

119 Es necesario señalar que, contrariamente a lo que alega Deltafina, la Decisión impugnada no difiere del pliego de cargos en cuanto a los motivos en relación con los cuales se le ha imputado la responsabilidad de la infracción. Al leer el pliego de cargos, Deltafina debía comprender necesariamente que, como hace en la Decisión impugnada, la Comisión pretendía basarse en su implicación directa y activa en las actividades del cártel de los transformadores. Toda vez que el pliego de cargos permitió a Deltafina conocer no sólo la imputación basada en su implicación directa y activa en la infracción, sino también los hechos considerados por la Comisión en la Decisión impugnada en apoyo de dicha imputación, la demandante podía defenderse plenamente en el procedimiento administrativo.

120 Es cierto que, en diversos pasajes de la Decisión impugnada, se menciona expresamente a Deltafina, junto a los transformadores españoles, en el sentido de que tomó parte en los acuerdos y/o prácticas concertadas controvertidos (véase el anterior apartado 109), lo que no ocurre en los pasajes correspondientes del pliego de cargos. Sin embargo, sólo se trata de una mera diferencia en la presentación de los hechos, que únicamente pretende relatarlos de forma más precisa en la Decisión impugnada y no constituye una modificación material de las imputaciones respecto del modo en que se expusieron en el pliego de cargos. Sobre este particular, debe recordarse que, conforme a reiterada jurisprudencia, no es necesario que la decisión final de la Comisión sea una copia del pliego de cargos (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartado 91, y de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 14; sentencia del Tribunal General de 8 de octubre de 1996, Compagnie maritime belge de transports y otros/Comisión, T‑24/93 a T‑26/93 y T‑28/93, Rec. p. II‑1201, apartado 113).

121 Igualmente, en el punto 413 del pliego de cargos, la Comisión, citando su Decisión 80/1334/CEE, de 17 de diciembre de 1980, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81 CE] (IV/29.869 – Vidrio colado en Italia) (DO L 383, p. 9; en lo sucesivo, «Decisión vidrio colado»), declara que, según su práctica decisoria, «cuando una empresa permite y contribuye “a sabiendas” a la realización de las restricciones de la competencia que son el objetivo mismo de los acuerdos de que se trata, cabe considerarla “corresponsable” de los efectos restrictivos que de ellas se deriven». Esta observación, que no encuentra equivalente en la Decisión impugnada y que figura en la sección del pliego de cargos dedicada a sus destinatarios y, especialmente, a Deltafina, puede interpretarse, a primera vista, en el sentido de que la Comisión no reprocha a esta última haber participado directa y activamente en el cártel de los transformadores, sino únicamente haber facilitado la comisión de la infracción. Sin embargo, no cabe acoger tal interpretación, en la medida en que no tiene en cuenta los puntos del pliego de cargos que siguen a dicha observación y, más concretamente, los puntos 415 y 420, en los que se reprocha claramente a Deltafina haber participado activamente en el cártel de los transformadores (véase el anterior apartado 117). En realidad, al formular dicha observación en el punto 413 del pliego de cargos, la Comisión –aun cuando cabe lamentar que no haya empleado términos más precisos al respecto– pretendía indicar que una empresa puede infringir la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, cuando su comportamiento, en coordinación con el de otras empresas, tiene por objeto restringir la competencia en un mercado relevante específico dentro del mercado común, sin que ello implique necesariamente que ella misma opere en dicho mercado relevante. Esto resulta claro si la referida observación se lee en el contexto del pasaje de la Decisión vidrio colado de donde se extrajo.

122 En lo referente a la tercera cuestión, es preciso señalar que Deltafina no rebate que los hechos en los que se basa la Comisión, en los considerandos 359 a 366 de la Decisión impugnada, para considerarla responsable de la infracción del artículo 81 CE, como se recuerdan en el anterior apartado 112, se apoyan en los elementos de prueba contenidos en el expediente. En realidad, en el marco de la presente parte, Deltafina cuestiona la conclusión de la Comisión de que tales hechos justifican que se le impute la primera infracción en su conjunto.

123 Sobre este particular, procede recordar que, para que el conjunto de la infracción pueda ser imputado a una empresa que participe en un cártel, es preciso que se reúnan dos requisitos, uno de naturaleza objetiva y el otro de naturaleza subjetiva (véanse los anteriores apartados 57 a 63). Por lo que respecta al primer requisito, es necesario que dicha empresa haya contribuido a la puesta en práctica del cártel, aun de forma subordinada, accesoria o pasiva. Por lo que se refiere al segundo requisito, la referida empresa debe haber manifestado su propia voluntad, demostrando que aceptó, aunque sólo fuera tácitamente, los objetivos del cártel.

124 En el presente caso, en primer lugar, resulta acreditado que Deltafina contribuyó activa y directamente a la puesta en práctica del cártel de los transformadores durante el período de la infracción.

125 Los elementos que obran en autos demuestran que dos representantes de Deltafina, en el presente caso, el Sr. M., su Presidente, y el Sr. C., su Director responsable de compras, participaron en la primera reunión del cártel de los transformadores, la de 13 de marzo de 1996 en Madrid, en la que se discutió sobre los precios y los volúmenes de compras de tabaco crudo para la campaña 1996/1997 y se concluyó un acuerdo sobre los precios. De un fax dirigido por WWTE a Deltafina el 10 de abril de 1996, mencionado en el considerando 95 de la Decisión impugnada, se desprende que Deltafina contribuyó activamente a al conclusión de dicho acuerdo y redactó el acta que lo contenía. De dicho fax –así como de un fax dirigido por Agroexpansión a Deltafina el 22 de abril de 1996– resulta también que WWTE y Agroexpansión se quejaron a Deltafina del incumplimiento del acuerdo por Cetarsa.

126 Para el 17 de diciembre de 1996 estaba prevista otra reunión del cártel de los transformadores, en presencia del Sr. M. Éste y el Sr. C. participaron también en la reunión del cártel de los transformadores de 30 de junio de 1997 en Roma, en la que se concluyeron acuerdos sobre los precios y las cantidades de compra de tabaco crudo para la campaña 1997/1998. De los autos se desprende que el Sr. M. conservó una nota redactada y firmada por los transformadores españoles en esta última reunión, que recoge detalladamente esos diversos acuerdos, y que destruyó posteriormente a petición de esos mismos transformadores.

127 A continuación, en repetidas ocasiones, WWTE y Agroexpansión informaron a Deltafina de la situación del mercado español del tabaco crudo y se quejaron ante ella del incumplimiento de los acuerdos mencionados en el anterior apartado 126 y de otros acuerdos celebrados en los primeros meses del año 1997. Así, el 29 de abril de 1997, WWTE envió un fax al Sr. M. en el que le indicaba que el precio mínimo (medio) que Cetarsa había aceptado pagar a los productores constituía una vulneración del acuerdo concluido entre los transformadores en presencia del Sr. M. y que, en consecuencia, sería imposible respetar el compromiso de pagar un precio medio de 50/60 pesetas españolas (ESP) por kilo. En respuesta a este fax, el Sr. M., mediante fax del mismo día en papel con membrete de Deltafina, instó a WWTE a «mantener la calma», indicándole que «pagar siempre más no sirve a nadie». El 30 de abril de