Palabras clave

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Palabras clave

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1. Ayudas otorgadas por los Estados ° Prohibición ° Excepciones ° Decisión de la Comisión por la que se supedita la autorización del pago de una ayuda a la previa devolución por la empresa afectada de una ayuda contraria a Derecho percibida anteriormente ° Requisito establecido para evitar una acumulación de ayudas que altere las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común ° Decisión que forma parte de las competencias de la Comisión

[Tratado CEE, arts. 92, ap. 3, letra c); 93, ap. 2, y 169]

2. Ayudas otorgadas por los Estados ° Competencias respectivas de la Comunidad y de los Estados miembros ° Competencia de la Comisión para adoptar una Decisión por la que se supedita el pago de una ayuda a la previa devolución de otra ayuda contraria a Derecho, aun cuando la empresa afectada cuestione la existencia de una obligación de devolución, habida cuenta de la protección de la confianza legítima garantizada por el Derecho nacional y de las normas de procedimiento administrativo nacionales

[Tratado CEE, arts. 92, ap. 3, letra c), y 93, ap. 2]

3. Ayudas otorgadas por los Estados ° Prohibición ° Excepciones ° Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común ° Facultad de apreciación de la Comisión ° Control jurisdiccional ° Límites

(Tratado CEE, art. 92, ap. 3)

4. Excepción de ilegalidad ° Posibilidad de invocarla contra un acto que no fue objeto, dentro de plazo, de recurso de anulación por parte del demandante ° Inadmisibilidad

(Tratado CEE, arts. 173 y 184)

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1. La Comisión se mantiene dentro de los límites de su competencia cuando, habiendo de pronunciarse sobre un proyecto de ayuda que un Estado miembro se propone otorgar a una empresa, adopta una Decisión mediante la que autoriza dicha ayuda en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, pero prohíbe su pago mientras la empresa no haya devuelto una ayuda percibida anteriormente cuya ilegalidad, tanto por falta de notificación previa como por incompatibilidad con el mercado común, ha sido declarada por una Decisión de la Comisión que ha adquirido firmeza.

Por una parte, en efecto, la facultad, que el apartado 2 del artículo 93 del Tratado atribuye a la Comisión, de decidir que una ayuda se modifique, implica necesariamente que la Decisión por la que se autorice una ayuda en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado pueda ir acompañada de condiciones destinadas a garantizar que las ayudas autorizadas no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Por otra parte, el riesgo de alteración debe apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, entre los cuales se incluyen tanto el posible efecto acumulado de la antigua ayuda y de la nueva como la no devolución de la antigua ayuda ilícita. Por último, no puede considerarse que al establecer tal condición la Comisión haya utilizado, para obtener la devolución efectiva de la ayuda ilegal, un procedimiento no previsto en el Tratado, a pesar de tener a su disposición los recursos por incumplimiento previstos en el apartado 2 del artículo 93 y en el artículo 169 del Tratado, puesto que, según resulta de los considerandos de la Decisión, la Comisión, habiendo de pronunciarse sobre un proyecto de ayuda, no tuvo intención de hacer constar el incumplimiento de una Decisión anterior, sino que, como era su deber, intentó que la ayuda proyectada no produjera consecuencias que la hicieran incompatible con el mercado común.

2. Al adoptar, para evitar una alteración de las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, una Decisión que supedita el pago de una ayuda a una empresa a la previa devolución por ésta de unas ayudas cuya ilegalidad, tanto por falta de notificación previa como por incompatibilidad con el mercado común, se hizo constar mediante una Decisión anterior que ha adquirido firmeza, la Comisión no ha vulnerado el reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros, y ello a pesar de que en el Derecho nacional aplicable en el caso de autos exista un principio de protección de la confianza legítima, que ha sido alegado por la empresa ante el Juez nacional, y una norma nacional de procedimiento administrativo que, en materia de revocación de actos administrativos, establece un plazo que en el caso de autos ya ha sido rebasado.

Por una parte, en efecto, el ejercicio de sus competencias por la Comisión no puede ser paralizado por la existencia de un litigio nacional, pues no cabe admitir que éste tenga por efecto compeler a la Comisión a autorizar el pago de una ayuda que, acumulada a otras ayudas ilegales no devueltas, resultaría incompatible con el mercado común. Por otra parte, las disposiciones del Derecho nacional, tanto las que protegen la confianza legítima como las que prevén un plazo para la revocación de los actos administrativos declarativos de derechos, no pueden aplicarse de manera que resulte prácticamente imposible la recuperación exigida por el Derecho comunitario, el cual, cuando se trata de una ayuda ilegal por falta de notificación previa, sólo admite que la empresa pueda beneficiarse de la protección de la confianza legítima cuando concurran circunstancias excepcionales en el sentido del Derecho comunitario.

3. Para decidir si una ayuda puede considerarse compatible con el mercado común, el apartado 3 del artículo 92 del Tratado confiere a la Comisión una facultad discrecional cuyo ejercicio implica consideraciones complejas de orden económico y social que deben efectuarse en un contexto comunitario. Por consiguiente, el control del Tribunal de Primera Instancia sobre tal apreciación debe limitarse a la observancia de las normas de procedimiento, al carácter suficiente de la motivación, a la exactitud material de los hechos y a la inexistencia de error de apreciación manifiesto y de desviación de poder.

4. La excepción de ilegalidad prevista en el artículo 184 del Tratado no puede ser invocada por una persona física o jurídica que, habiendo tenido la posibilidad de interponer recurso de anulación contra un acto con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, no haya impugnado dicho acto dentro del plazo previsto.