Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación – Competencia del juez comunitario – Pretensiones que tienen por objeto obtener una orden conminatoria dirigida a una institución – Inadmisibilidad

(Arts. 230 CE y 233 CE)

2. Procedimiento – Escrito de interposición del recurso – Requisitos de forma – Exposición sumaria de los motivos invocados

[Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

3. Recurso de anulación – Plazos – Inicio del cómputo – Fecha en que se tiene conocimiento del acto – Carácter subsidiario – Publicación que constituye una práctica constante de la institución – Requisito que no es indispensable para considerar que el plazo se inicia con la fecha de publicación

(Art. 230 CE, párr. 5)

4. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Decisión relativa a la publicación de la referencia de normas de aislamiento térmico – Recurso interpuesto por el presidente de un comité – Inadmisibilidad

[Art. 230 CE, párr. 4; Directiva 89/106/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1; Decisión (CE) 2003/312 de la Comisión]

5. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Decisión relativa a la publicación de la referencia de normas de aislamiento térmico – Obligación de tener en cuenta la situación particular del demandante en virtud de una norma jurídica de rango superior – Inexistencia – Inadmisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4; Directiva 89/106/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1)

6. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Recurso interpuesto por una asociación – Supuesto papel de negociador de la asociación o de uno de sus miembros – Inadmisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4; Directiva 89/106/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1)

7. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Ilegalidad manifiesta del acto impugnado – Irrelevancia para apreciar la afectación individual – Inadmisibilidad

(Arts. 220 CE y 230 CE, párrs. 2 y 4)

8. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Interpretación contra legem del requisito relativo a la necesidad de resultar individualmente afectadas – Improcedencia

(Art. 230 CE, párr. 4)

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1. No corresponde al juez comunitario dirigir órdenes conminatorias a las instituciones en el marco del control de la legalidad que éste ejerce. A tenor del artículo 233 CE, la institución de la que emane el acto anulado está obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia en la que se dicte dicha anulación.

(véase el apartado 42)

2. Una afirmación abstracta, según la cual la Comunicación criticada «carece de base jurídica, y de motivación» no especifica en qué consiste el motivo en el que se basa el recurso y no cumple, pues, el requisito, previsto en el artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, en virtud del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, y en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual el escrito de interposición del recurso debe contener la exposición sumaria de los motivos invocados.

(véase el apartado 43)

3. Del tenor del artículo 230 CE, párrafo quinto, se desprende que el criterio de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto, como inicio del plazo de interposición del recurso, tiene carácter subsidiario respecto a los de publicación o notificación del acto.

Si bien es cierto que el hecho de que la publicación del acto, aunque no sea un requisito para su aplicabilidad, constituya una práctica constante de la institución afectada que ha sido tenido en cuenta por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia para declarar que es la fecha de publicación la que marca el inicio del plazo de interposición de recurso, no obstante, de ello no cabe deducir que la existencia de dicha práctica constituya un requisito indispensable para que la publicación de un acto constituya el inicio del plazo de interposición de recurso. Por el contrario, la publicación del acto impugnado es un requisito suficiente, ya que la existencia de una práctica reiterada en la materia únicamente puede reforzar dicha conclusión.

(véanse los apartados 52, 58 y 59)

4. El hecho de que la Decisión 2003/312, sobre la publicación de la referencia de las normas para productos de aislamiento térmico, geotextiles, sistemas fijos de extinción de incendios y paneles de yeso, con arreglo a la Directiva 89/106, tenga, por su naturaleza y por su alcance, carácter general no basta por sí solo para excluir la posibilidad de que un particular interponga recurso de anulación contra ella. Ahora bien, un acto de alcance general puede afectar individualmente a determinadas personas físicas o jurídicas únicamente si les afecta debido a determinadas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que las caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, la individualiza de manera análoga a la de un destinatario.

Sin embargo, el hecho de que una persona intervenga de un modo u otro en el procedimiento de adopción de un acto comunitario sólo es suficiente para individualizarla en relación con el acto de que se trate cuando la normativa comunitaria aplicable haya previsto determinadas garantías de procedimiento para dicha persona. A este respecto, las garantías previstas en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/106, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, en su versión modificada, existen en beneficio del Comité Europeo de Normalización y del Comité permanente de la construcción, y no de algunos de sus miembros o de su presidente a título personal. Aun suponiendo que el demandante pueda invocar, a título personal, tales garantías procesales, el perjuicio alegado de la reputación de dicho demandante derivado de la vulneración de sus garantías no puede, como tal, individualizarlo en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. En efecto, las garantías previstas en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/106 no tienen por objeto proteger la reputación de los miembros de los comités a que se hace referencia en esta disposición, ni siquiera del presidente, sino únicamente emitir un dictamen sobre la solicitud de retirada de una norma armonizada presentada por la Comisión o un Estado miembro.

(véanse los apartados 95, 96, 100, 101 y 103)

5. Es cierto que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia han declarado admisibles recursos de anulación interpuestos contra actos de alcance general cuando existe una norma jurídica superior que obligue a su autor a tener en cuenta la situación particular de la parte demandante, ya que la existencia de contratos celebrados por un demandante y afectados por el acto controvertido puede, en determinados supuestos, caracterizar a dicha situación particular. Ahora bien, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/106, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, en su versión modificada, no prevé la obligación de la Comisión de tener en cuenta la situación particular de los demandantes o la del Estado miembro que haya planteado una objeción contra una norma armonizada, sino que se limita a indicar el procedimiento aplicable cuando se plantea dicha objeción.

(véanse los apartados 116 y 117)

6. La existencia de circunstancias particulares, como el papel desempeñado por una asociación en el marco de un procedimiento de adopción de un acto en el sentido del artículo 230 CE, puede justificar la admisibilidad de un recurso interpuesto por una asociación cuyos miembros no resultan directa e individualmente afectados por el acto controvertido, en particular cuando la posición negociadora de dicha asociación ha sido afectada por éste.

A este respecto, la Directiva 89/106, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, en su versión modificada, no prevé que la Comisión, antes de adoptar una Decisión basada en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva deba seguir un procedimiento en el que las asociaciones nacionales como la demandante tengan derecho a defender sus derechos o incluso a ser oídas. Esta conclusión no resulta tampoco afectada por el supuesto papel de negociador o de interlocutor mantenido por otro demandante, miembro de la asociación demandante antes citada, y por su participación en el procedimiento. Dicha circunstancia, aun suponiéndola acreditada, no puede en modo alguno acreditar que la demandante tiene, como asociación, un interés propio para interponer un recurso de anulación en virtud del artículo 230 CE, párrafo cuarto. En efecto, la admisibilidad del recurso de las asociaciones interesadas se basó en la condición de negociadora de dichas asociaciones y no en el papel individual de uno de sus miembros.

(véanse los apartados 131, 134, 140 y 141)

7. El examen del fondo de un recurso no tiene ninguna incidencia sobre la apreciación de la afectación individual de los demandantes, ya que la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica y el control de la legalidad respecto al fondo del acto impugnado por dicho recurso son objeto de un examen distinto efectuado en virtud del artículo 230 CE, párrafo cuarto, y del artículo 230 CE, párrafo segundo.

Por otra parte, aun suponiendo acreditada la posible ilegalidad manifiesta del acto impugnado, ésta no puede, debido a que en virtud del artículo 220 CE el Tribunal de Primera Instancia garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado CE, justificar, a través de una interpretación judicial, una modificación del sistema de recursos jurisdiccionales y de procedimientos establecido por dicho Tratado. Esta circunstancia no permite, en ningún caso, que se declare la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica que no cumpla los requisitos establecidos por el artículo 230 CE, párrafo cuarto.

(véanse los apartados 148 y 149)

8. Si bien es cierto que el requisito del interés individual exigido en el artículo 230 CE, párrafo cuarto, debe interpretarse a la luz del principio de tutela judicial efectiva y teniendo en cuenta las distintas circunstancias que pueden individualizar a un demandante, tal interpretación no puede conducir a ignorar dicho requisito, expresamente previsto en el Tratado, sin sobrepasar las competencias que éste atribuye al juez comunitario. La posible falta de recurso, aun suponiendo que quede probada, no puede justificar una modificación, por vía de interpretación jurisdiccional, del sistema de recursos y de procedimientos previsto en el Tratado. En ningún caso permite declarar la admisibilidad de un recurso interpuesto por una persona física o jurídica que no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 230 CE, párrafo cuarto.

(véanse los apartados 156 y 157)