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Las disposiciones de una Directiva deben ser ejecutadas con indiscutible fuerza imperativa y con la especificidad, precisión y claridad exigidas, para cumplir la exigencia de seguridad jurídica, la cual requiere que, en el supuesto de que la Directiva tenga como fin crear derechos a favor de los particulares, los beneficiarios puedan conocer todos sus derechos.

A este respecto, se deduce del artículo 10 bis de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, y del artículo 15 bis de la Directiva 96/61, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, en su versión modificada por la misma Directiva, que los procedimientos establecidos en el marco de estas disposiciones no deben tener un coste prohibitivo. A tal efecto, sólo se regulan los costes ocasionados por la participación en tales procedimientos. Tal prescripción no prohíbe que los órganos jurisdiccionales puedan dictar una condena en costas, siempre que el importe de éstas responda a este requisito. Una norma nacional según la cual los órganos jurisdiccionales tienen la facultad de renunciar a condenar en costas a la parte cuyas pretensiones sean desestimadas y que, a mayor abundamiento, pueden hacer que la otra parte soporte los gastos realizados por aquélla, es sólo una práctica jurisdiccional. Esta mera práctica jurisdiccional, que, por naturaleza, no reviste carácter cierto, no puede, constituir una ejecución válida de las obligaciones que resultan de dichos artículos.

Además, dicho artículo 10 bis, párrafo sexto, de la Directiva 85/337, y el mencionado artículo 15 bis, párrafo sexto, de la Directiva 96/61, prevén una obligación de resultado preciso, por cuyo cumplimiento deben velar los Estados miembros, consistente en poner a disposición del público una información práctica relativa al acceso a las vías de recurso administrativas y judiciales. A falta de dispositivos legales o reglamentarios específicos relativos a la información sobre los derechos ofrecidos al público, no se puede considerar que la mera puesta a disposición mediante publicación en papel o por vía electrónica de las normas relativas a las vías de recurso administrativa y judicial y el posible acceso a las resoluciones judiciales garanticen de manera suficientemente clara y precisa que el público interesado esté en condiciones de conocer su derecho al acceso a la justicia en materia medioambiental.

(véanse los apartados 55, 92 a 94, 97 y 98)
El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 89/105, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad, debe interpretarse en el sentido de que, siempre y cuando se respeten los requisitos de dicha disposición, las autoridades competentes de un Estado miembro pueden adoptar medidas de alcance general, consistentes en disminuir los precios de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos, aunque la adopción de dichas medidas no haya sido precedida de la congelación de estos precios.

En efecto, por una parte, el concepto de «congelación de precios de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos» que figura en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 89/105 incluye todas las medidas nacionales destinadas a controlar los precios de los medicamentos aunque dichas medidas no hayan sido precedidas de la congelación de dichos precios. Pues bien, las medidas nacionales de disminución de precios de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos constituyen medidas nacionales dirigidas a controlar los precios de los medicamentos en el sentido del artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva. Por consiguiente, tales medidas deben cumplir los requisitos de dicha Directiva, en particular las establecidas en el artículo 4 de la Directiva 89/105. Una interpretación en sentido contrario equivaldría a excluir del ámbito de aplicación de dicha disposición las medidas de disminución de los precios de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos cuando dichas medidas no hubieran sido precedidas de una congelación de dichos precios.

Por otra parte, en la Directiva 89/105 subyace la idea de que la injerencia en la organización por los Estados miembros de sus políticas internas en materia de seguridad social debe ser mínima Por consiguiente, una interpretación conforme a la cual la adopción de medidas de disminución de precios de todos los medicamentos o de determinadas categorías de medicamentos debe ir precedida de una congelación de dichos precios afectaría a las políticas de los Estados miembros en materia de determinación de los precios en una medida que excedería de lo necesario para garantizar la transparencia en el sentido de dicha Directiva, puesto que les obligaría a adoptar medidas de congelación de los precios de los medicamentos antes de proceder a la disminución de dichos precios.

(véanse los apartados 29 a 32, 34, y 36 a 38 y el punto 1 del fallo)
Asunto C-388/07

The Queen, a instancia de: The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England),

contra

Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Discriminación por razón de edad — Extinción de la relación laboral por jubilación — Justificación»

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mazák, presentadas el 23 de septiembre de 2008 I ‐ 1573

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de marzo de 2009 I ‐ 1598

Sumario de la sentencia

Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE [Directiva 2000/78/CE del Consejo, considerando 14, y arts. 1 y 3, ap. 1, letra c)] Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE [Directiva 2000/78/CE del Consejo, arts. 2, ap. 2, letra a), y 6, ap. 1] Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE [Directiva 2000/78/CE del Consejo, arts. 2, ap. 2, letra b), y 6, ap. 1]
La importación de un producto alimenticio en San Marino, antes de la entrada en vigor del Reglamento no 258/97, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, no es un hecho relevante para determinar si este producto cumple el requisito de haber sido utilizado en una medida importante para el consumo humano en la Comunidad Europea en el sentido del artículo 1, apartado 2, del citado Reglamento. En efecto, San Marino no es un Estado miembro de la Comunidad. Por otro lado, este Estado no figura entre los territorios a los que se aplique, en virtud del artículo 229 CE, el Tratado.

(véanse los apartados 16 y 17 y el punto 1 del fallo)
Es cierto que en sentido literal, la expresión «tercer país», utilizada en el artículo 181 A CE, relativo a la cooperación económica, financiera y técnica con terceros países, es lo suficientemente amplia como para incluir tanto los países en desarrollo como otros terceros países. Sin embargo, no puede inferirse de ello, so pena de restringir el ámbito de aplicación del artículo 179 CE, comprendido en el título XX del Tratado CE relativo a la cooperación al desarrollo, que toda acción de cooperación económica, financiera y técnica con los países en desarrollo en el sentido del artículo 177 CE pueda basarse exclusivamente en el artículo 181 A CE. En efecto, si bien solamente el artículo 181 A CE tiene por objeto, de manera explícita, la «cooperación económica, financiera y técnica», mientras que el artículo 179 CE se refiere, de manera general, únicamente a «medidas», no es menos cierto que tal cooperación puede constituir, según sus modalidades, una forma típica de cooperación al desarrollo.

Además, el inicio del artículo 181 A CE tiene el siguiente tenor: «sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado, y en particular de las del título XX». Dichos términos ponen de relieve la idea de que el referido título XX es específico para la cooperación al desarrollo.

Es cierto que el artículo 179 CE también comienza con la expresión: «sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado». Sin embargo, procede señalar, por una parte, que el artículo 179 CE fue redactado en un momento en que el artículo 181 A CE no existía todavía. Por otra parte, la reserva contenida en el artículo 179 CE es menos específica que la del artículo 181 A CE, que incluye expresamente el título XX del Tratado. En tales circunstancias, la reserva del artículo 181 A CE es de aplicación prioritaria respecto a la del artículo 179 CE.

De ello resulta que en la medida en que el artículo 181 A CE se aplica sin perjuicio del título XX del Tratado CE dicho artículo no tiene por objeto constituir la base jurídica de las medidas que persigan los objetivos de cooperación al desarrollo en el sentido del referido título XX contemplados en el artículo 177 CE.

(véanse los apartados 39 a 45 y 47)
Asunto C-310/07

Svenska staten

contra

Anders Holmqvist

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Lunds tingsrätt)

«Aproximación de las legislaciones — Protección de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empresario — Directiva 80/987/CEE — Artículo 8 bis — Actividades en varios Estados miembros»

Conclusiones del Abogado General Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 3 de junio de 2008 I ‐ 7873

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de octubre de 2008 I ‐ 7891

Sumario de la sentencia

Política social — Aproximación de las legislaciones — Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Directiva 80/987/CEE

(Directiva 80/987/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8 bis)

El artículo 8 bis de la Directiva 80/987, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 2002/74, debe interpretarse en el sentido de que, para que se considere que una empresa establecida en un Estado miembro tiene actividades en el territorio de otro Estado miembro, no es necesario que ésta disponga de una filial o de un establecimiento permanente en este otro Estado. No obstante, es necesario que esta empresa disponga en este último Estado de una presencia económica permanente, caracterizada por la existencia de medios humanos que le permitan desarrollar actividades. En el caso de una empresa de transporte establecida en un Estado miembro, la mera circunstancia de que un trabajador contratado por ésta en dicho Estado efectúe entregas de mercancías entre este último Estado y otro Estado miembro no permite concluir que la mencionada empresa dispone de una presencia económica permanente en otro Estado miembro.

(véanse el apartado 36 y el fallo)
La Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11, debe interpretarse en el sentido de que prevé la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de reforma y mejora de vías urbanas, ya sea cuando se trate de proyectos mencionados en el anexo I, punto 7, letras b) o c), de dicha Directiva, ya sea cuando se trate de proyectos previstos en el anexo II, puntos 10, letra e), o 13, primer guión, de la misma Directiva, que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud de su naturaleza, de sus dimensiones o de su localización y, en su caso, habida cuenta de su interacción con otros proyectos.

En efecto, dado que el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337 y el de la Directiva modificada es muy extenso, sería por tanto contrario al objeto mismo de la Directiva modificada que todo proyecto relativo a una vía urbana quedara fuera de su ámbito de aplicación por el único motivo de que esa Directiva no menciona expresamente, entre los proyectos enumerados en sus anexos I y II, los proyectos que afectan a esa clase de vía. Además, los conceptos enunciados en los anexos citados son conceptos de Derecho comunitario, a los que ha de darse una interpretación autónoma, y no cabe excluir que las clases de vías que se mencionan en dichos anexos se localicen tanto en aglomeración urbana como fuera de ella.

Por otro lado, el hecho de que el anexo I, punto 7, letras b) y c), de dicha Directiva modificada se refiera a los proyectos relativos a la «construcción» de las clases de vías que en él se mencionan no significa que los proyectos de reforma y mejora de vías existentes queden excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva modificada. En efecto, un proyecto de reforma de una vía que, por su amplitud y sus características, sea equivalente a una construcción puede considerarse relativo a una construcción en el sentido de dicho anexo.

Por último, el objetivo de dicha Directiva modificada no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto y el hecho de que no se considere el efecto acumulativo de varios proyectos no debe tener como consecuencia práctica que se sustraigan en su totalidad a la obligación de evaluación cuando, considerados conjuntamente, puedan tener efectos significativos en el medio ambiente en el sentido del artículo 2, apartado 1, de esta misma Directiva.

(véanse los apartados 28, 29, 36, 44 y 46 y el fallo)
Asunto C-19/07

Herederos de Paul Chevassus-Marche

contra

Groupe Danone y otros

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia)]

«Aproximación de las legislaciones — Directiva 86/653/CEE — Agentes comerciales independientes — Derecho a comisión de un agente encargado de un sector geográfico — Operaciones concluidas sin intervención del empresario»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de enero de 2008 I - 161

Sumario de la sentencia

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Agentes comerciales independientes — Directiva 86/653/CEE

(Directiva 86/653/CEE del Consejo, arts. 7, ap. 2, primer guión, 10, aps. 1 y 2, y 11, ap. 1)

El artículo 7, apartado 2, primer guión, de la Directiva 86/653, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, debe interpretarse en el sentido de que el agente comercial encargado de un sector geográfico determinado no tiene derecho a una comisión por las operaciones concluidas entre clientes que pertenezcan a dicho sector y un tercero sin la intervención, directa o indirecta, del empresario.

En efecto, aunque esta disposición se limita a contemplar toda «operación que se haya concluido mientras dure el contrato de agencia» sin más precisiones que la de que se concluya ésta con un cliente que pertenezca a un sector geográfico o a un grupo determinado de personas a cargo del agente comercial, sin embargo, de la interpretación conjunta de los apartados 1 y 2 del artículo 10 de la Directiva resulta que el derecho del agente comercial a la comisión nace bien cuando el empresario ha ejecutado su obligación, o hubiese debido hacerlo, bien cuando el tercero en el contrato de agencia, es decir, el cliente, ha ejecutado la suya, o hubiese debido hacerlo. En todos estos casos, la presencia del empresario en las operaciones por las que el agente comercial puede pretender una comisión es indispensable. Ello se corrobora por el tenor del artículo 11, apartado 1, de la Directiva según el cual, el derecho del agente comercial a la comisión sólo podrá extinguirse si y en la medida en que se demostrase que el contrato entre el cliente y el empresario no será ejecutado y la no ejecución no se debiere a circunstancias atribuibles al empresario.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si los elementos de que dispone, teniendo en cuenta al apreciarlos la preocupación por la protección del agente comercial, que constituye uno de los objetivos de la Directiva, así como la obligación de actuar de forma leal y de buena fe que incumbe al empresario en virtud del artículo 4 de la Directiva, le permiten o no determinar la existencia de dicha intervención, tanto si ésta tiene naturaleza jurídica, como por ejemplo por medio de un representante, o fáctica.

(véanse los apartados 16, 19 a 23 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento —– Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 9)

2. Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las directivas — Incumplimiento — Justificación basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia (Art. 226 CE) (véase el apartado 10)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adaptación, dentro del plazo establecido, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y — correcciones de errores — DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2005, L 197, p. 34).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
35

En este contexto, la Comisión remite a diferentes actos comunitarios que fueron adoptados sobre una doble base jurídica constituida por los artículos 113 del Tratado CEE (posteriormente artículo 113 del Tratado CE y actualmente artículo 133 CE, tras su modificación) y 130 S del Tratado CEE, a saber, concretamente, el Reglamento (CEE) no 3254/91 del Consejo, de 4 de noviembre de 1991, por el que se prohíbe el uso de cepos en la Comunidad y la introducción en la Comunidad de pieles y productos manufacturados de determinadas especies animales salvajes originarias de países que utilizan para su captura cepos o métodos no conformes a las normas internacionales de captura no cruel (DO L 308, p. 1), la Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 de marzo de 1998, relativa a la celebración por la Comunidad Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 y del Acuerdo de 28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de dicha Convención (DO L 179, p. 1), así como el Reglamento (CE) no 1420/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se establecen normas y procedimientos comunes aplicables a los traslados de ciertos tipos de residuos a determinados países no miembros de la OCDE (DO L 166, p. 6). Señala que el Consejo ya había admitido la posibilidad de adoptar actos sobre la doble base jurídica en cuestión. En la medida en que el Reglamento impugnado establece medidas análogas a las enunciadas en el Reglamento no 1420/1999, la Comisión considera que, si el Consejo no acepta que el conjunto del régimen de los traslados a países no miembros de la OCDE de residuos destinados a la valorización debe fundarse en la doble base jurídica propuesta, su postura sería contraria a la que tomó al adoptar este último Reglamento.
26

No obstante, es preciso señalar que, si bien el derecho preferente de suscripción reconocido en favor de los accionistas no admite más excepción que la prevista en dicho artículo 29, apartado 4 (véase la sentencia Syndesmos Melon tis Eleftheras Evangelikis Ekklisias y otros, antes citada, apartado 40), no es menos cierto que la Segunda Directiva, como se desprende de su segundo considerando y de la sentencia Siemens, antes citada, establece unas exigencias mínimas en materia de protección de los accionistas y de los acreedores de las sociedades anónimas, ya que deja a los Estados miembros la libertad de adoptar disposiciones que les sean más favorables, mediante, en particular, condiciones más restrictivas para la supresión de dicho derecho preferente.
10

El Decreto legislativo no 164, de 23 de mayo de 2000, que, de conformidad con el artículo 41 de la Ley no 144 de 17 de mayo de 1999, adapta el Derecho interno a la Directiva 98/30/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (decreto legislativo n. 164, attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) (GURI no 142, de 20 de junio de 2000, p. 4; en lo sucesivo, «Decreto legislativo 164/2000»), establece que la actividad de distribución de gas natural es, en principio, una actividad de servicio público otorgada por los municipios a concesionarios seleccionados exclusivamente mediante licitación por períodos no superiores a doce años.
6

La sección 5 del capítulo II del Reglamento, titulada «Competencia en materia de contratos individuales de trabajo», contiene, entre otras, las siguientes disposiciones: «Artículo 18 1. En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio del artículo 4 y del punto 5 del artículo 5. […] Artículo 19 Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados: 1) ante los tribunales del Estado en que estuvieren domiciliados, o 2) en otro Estado miembro: a) ante el tribunal del lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo o ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere desempeñado; o b) si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador. Artículo 20 1. Los empresarios sólo podrán demandar a los trabajadores ante el tribunal del Estado miembro en el que estos últimos tuvieren su domicilio. 2. Lo dispuesto en la presente sección no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.»