4.

La Comisión explica que la cuestión planteada se subdivide en tres partes: la primera se refiere al contenido de L obligación del Consejo de establecer la libre prestación de servicios en el sector del transporte; la segunda trata de los electos de la comprobación por el Tribunal de Justicia de la omisión del Consejo en dicha materia, y la tercera se refiere a los efectos de la aplicación de las disposiciones que garantizan la libre prestación de servicios en los sistemas nacionales de tarifas que sean aplicables a los transportes realizados dentro del territorio de los Estados miembros. La Comisión estima que la aplicación del principio de la libre prestación de servicios de transporte debe realizarse mediante el establecimiento de la política común de transportes, que implica, entre otras cosas, la determinación de normas comunes aplicables a los transportes internacionales y de las condiciones de admisión de transportistas no residentes en los transportes nacionales. Precisa que los artículos 59 y 60 del Tratado exigen la supresión de cualquier discriminación contra el prestador de servicios por razón de su nacionalidad o de la circunstancia de que esté establecido en un Estado miembro distinto de aquél en el que debe realizarse la prestación. No obstante, según la Comisión, la cuestión del efecto directo de esas disposiciones ya no se plantea, dado que el Consejo ha cumplido las obligaciones que implicaba la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 1985 en un plazo razonable. La Comisión expone que, por lo que respecta a los transportes internacionales, el Consejo ha adoptado, el 21 de junio de 1988, el Reglamento (CEE) n° 1841/88, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3164/76, relativo al contingente comunitario para los transportes de mercancías por carretera efectuados entre los Estados miembros. Dicho Reglamento contiene varias disposiciones que son de importancia fundamental para el establecimiento de la libre prestación de servicios en ese sector. La Comisión mantiene que, con la adopción del Reglamento (CEE) n° 1841/88, el Consejo ha decidido el establecimiento, a partir de una fecha precisa, de un mercado en el que los servicios de transporte internacional podrán efectuarse libremente en el sentido de los artículos 59 y 60 del Tratado. De este modo, el Consejo ha cumplido la obligación, resultante del artículo 176 del Tratado de adoptar las medidas que implique la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 1985. Así pues, en el futuro, el acceso al mercado se regirá por un sistema de autorizaciones concedidas basadas en criterios cualitativos. Por tanto, el transportista deberá cumplir las condiciones referentes a la admisión al ejercicio de las actividades de transporte y dar prueba de un buen comportamiento profesional, así como de cierto nivel de experiencia. Añade que el establecimiento de la libre prestación de servicios para los transportes internacionales no excluye la adopción de restricciones en concepto de medidas de aplicación siempre y cuando esas restricciones se funden en motivos relacionados con la política comunitaria en esta materia sobre una base no discriminatoria. En cuanto a los servicios de cabotaje, la Comisión recuerda que el 21 de diciembre de 1989 el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) n° 4059/89, por el que se determinan las condiciones de admisión de transportistas no residentes en los transportes nacionales de mercancías por carretera en un Estado miembro. Este Reglamento prevé que, a partir del 1 de julio de 1990, cualquier transportista de mercancías por carretera por cuenta ajena, que esté establecido en un Estado miembro y que haya sido autorizado por éste para efectuar transportes internacionales de mercancías por carretera, es admitido, en las condiciones que se establecen en este Reglamento, para efectuar transportes nacionales de mercancías por carretera por cuenta ajena, con carácter temporal, en otro Estado miembro sin disponer en él de una sede o de otro establecimiento. La Comisión añade que el régimen de cabotaje previsto en este Reglamento es, no obstante, un sistema transitorio ya que sólo es aplicable hasta el 31 de diciembre de 1992. El Reglamento estipula que el cabotaje se efectuará en el marco de un contingente comunitario que la Comisión aumenta cada año en función de la evolución media del tráfico interno por carretera de los Estados miembros, tomando como base las estadísticas comunitarias disponibles. Se prevé, asimismo, someter la realización del cabotaje, sin perjuicio de la aplicación de la normativa comunitaria, a las disposiciones vigentes en el Estado miembro de acogida por lo que respecta a los precios y condiciones que regulan el contrato de transporte, al peso y dimensiones de los vehículos, a las disposiciones relativas al transporte de determinadas categorías de mercancías, al tiempo de conducción y de descanso, y al IVA sobre los servicios de transporte. La Comisión alega que, de este modo, el Consejo ha puesto fin a su omisión y ha cumplido la obligación resultante del artículo 176 del Tratado de adoptar las medidas que implica la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 1985 en un plazo razonable. La instauración, a partir de una fecha concreta, de un régimen definitivo para el cabotaje coincide, además, con la prevista para los transportes internacionales. Señala que un régimen definitivo de cabotaje sólo puede ser un régimen en el que los servicios de cabotaje podrán realizarse libremente, sin restricción a su circulación en el mercado común, es decir, sin contingente comunitario. Además, el régimen de cabotaje totalmente liberalizado sólo será definitivo si se aplica sin discriminación por razón del establecimiento del prestador en un país distinto al del destinatario de la prestación. En cuanto a la cuestión de si la instauración de la libre prestación de servicios de cabotaje es compatible con la existencia de restricciones nacionales en el país de acogida en cuanto al precio de transporte, la Comisión indica que las dificultades que ha tenido el Consejo en esta materia y que han desempeñado un papel importante en el hecho de no haberse realizado la libre prestación de servicios de transporte, se deben en gran parte a la divergencia de opiniones que existe entre, por un lado, los Estados miembros que estaban dispuestos a aceptar un mercado libre en el transporte por carretera, sin armonización de las condiciones de competencia, y, por otro lado, los que consideraban que el establecimiento de un mercado de esas características debería ir acompañado de cierta armonización de las condiciones en que se realicen los transportes, ya se trate de las condiciones económicas o de las intervenciones sociales de los Estados miembros. La Comisión señala que la instauración del libre acceso al mercado del transporte, sin discriminación por razón del establecimiento del prestador en un país distinto al del destinatario de la prestación, no requiere necesariamente la existencia de un mercado libre en cuanto a los precios de los transportes. Un mercado en el que los servicios de cabotaje están liberalizados, es decir, un mercado sin restricciones en cuanto a su circulación en el mercado común, no es necesariamente sinónimo de un mercado libre. Es posible que, por motivos relacionados con la política de la Comunidad en ese sector existan restricciones o condiciones relativas a los precios del transporte. A falta de una política común, las restricciones nacionales son posibles por motivos relacionados con la situación interna de cada Estado miembro, sobre una base no discriminatoria y a condición de que la legislación nacional sea compatible con el Tratado, especialmente con las normas sobre la competencia. La Comisión considera que el hecho de que no exista una política común no constituye un obstáculo para el establecimiento de la libre prestación de servicios en el sector de los transportes. Según ella, el Consejo, en lo que respecta a la puesta en práctica de la libre prestación de servicios de transporte, tiene una competencia discrecional para determinar las medidas de acompañamiento que deben tomarse y el grado de armonización de las disposiciones nacionales en esa materia. La inexistencia de una política común de transportes relativa a estas medidas no constituye en sí misma una omisión, ya que corresponde al Consejo determinar los objetivos y los medios de dicha política. Según la Comisión, a falta de una política común en materia de precios para los transportes dentro de los Estados miembros, estos últimos son libres de adoptar las medidas que juzguen necesarias siempre y cuando esas medidas sean compatibles con las disposiciones del Tratado y sus normas sobre la competencia. Los regímenes nacionales sobre precios para los transportes nacionales pueden aplicarse a todo tipo de operaciones de transporte realizadas dentro del Estado miembro de que se trate, incluidas las operaciones de cabotaje, a condición de que no haya discriminación en cuanto a la residencia del transportista. En conclusión, la Comisión propone que se responda a la cuestión prejudicial de la manera siguiente: «1) Con la adopción del Reglamento (CEE) n° 1841/88, de 21 de junio de 1988, para los servicios de transpones internacionales, y del Reglamento (CEE) n° 4059/89, de 21 de diciembre de 1989, en materia de cabotaje, el Consejo ha adoptado dentro de un plazo razonable las medidas que implica la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 13/83 en lo que respecta a la instauración de la libre prestación de servicios en el sector del transporte. Dado que ya no existe la omisión del Consejo, la cuestión de la aplicación directa de los artículos 59 y 60 del Tratado a los transportes ya no es procedente. 2) La instauración de la libre prestación de servicios en el sector del transporte implica que los servicios sean liberalizados de toda restricción a su circulación en el mercado común y que se suprima toda discriminación impuesta al prestador de servicios por razón de su nacionalidad o porque esté establecido en un Estado miembro distinto de aquél en el que deba realizarse la prestación. 3) La instauración de la libre prestación de servicios es compatible con la existencia de restricciones comunitarias relacionadas con la política común de transportes. A falta de una política común, las restricciones nacionales relativas a materias que no sean la libre circulación son compatibles con la libre prestación de servicios de transporte, siempre y cuando dichas restricciones nacionales sean conformes a las disposiciones del Tratado, especialmente a sus normas sobre la competencia.»