Conclusiones del Abogado General Vilaça presentadas el 12 de mayo de 1987. - MARCO CASTAGNOLI CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - AGENTES AUXILIARES - SUSTITUCION DE UN AGENTE TEMPORAL. - ASUNTO 329/85.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 03281



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. El demandante, el Sr. Marco Castagnoli, fue contratado el 20 de febrero de 1984 como agente auxiliar y destinado al Centro Común de Investigación de Ispra, establecimiento que depende de la Comisión. El demandante debía desempeñar funciones de obrero, en la categoría D, grupo IX, clase 3. El contrato se concluyó por un período de cuatro meses y se prorrogó por dos períodos sucesivos de la misma duración.

2. Antes de que expirara la segunda prórroga, el jefe de la División "Administración y Personal" de la Comisión hizo saber al demandante, por carta de 22 de enero de 1985, que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "RAA") el contrato no podía prorrogarse más allá del 21 de febrero de 1985.

3. Tras recibir esta carta y de conformidad con el artículo 90 del Estatuto de los funcionarios, el demandante dirigió a la Comisión, el 15 de febrero de 1985, una comunicación en la que impugnaba la calificación de agente auxiliar que se le había atribuido. El demandante alegaba que había tenido conocimiento recientemente de que había sido contratado para sustituir a un agente temporal contratado por tiempo indefinido, el Sr. Augusto Zappatini, jubilado por causa de invalidez el 1 de enero de 1982; de manera que esta calificación profesional, y no la de agente auxiliar, era la que se le debía haber atribuido.

4. La Comisión consideró esta comunicación como una reclamación en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, y la desestimó. El demandante interpuso entonces el presente recurso, en el que alega que se han infringido tanto la legislación italiana (Ley nº 230 de 18 de abril de 1962) como el RAA (artículos 3, 51 y 52), e invoca la ilegalidad de la decisión que puso término a su contrato, solicitando que se le reconozca el derecho a disfrutar de la condición de agente temporal "a partir del 22 de febrero de 1984 o de cualquier otra fecha (anterior o posterior) que el Tribunal de Justicia tenga a bien fijar; así como a la debida indemnización por daños y perjuicios a partir de la fecha en que se le reconozca el derecho a disfrutar de la condición de agente temporal hasta que se adopte la medida de contratación".

5. La Comisión suscitó la cuestión previa de la inadmisibilidad del recurso. Iniciaremos nuestro examen precisamente en este punto, limitándonos, naturalmente, a la alegación basada en el carácter tardío de la reclamación, la única que la Comisión no dejó de invocar hasta el final.

I. Admisibilidad del recurso

6. Según la Comisión, el demandante presentó su reclamación cuando habían transcurrido más de tres meses desde la conclusión del contrato de trabajo o desde las sucesivas prórrogas de que fue objeto, la última de las cuales tuvo lugar el 17 de octubre de 1984, de lo que se desprende la inadmisibilidad del recurso.

7. La solución a este problema exige que se precisen con claridad tanto al objeto del recurso como el de la reclamación que le precedió.

8. Ahora bien, lo que se constata es que el demandante introdujo en ambos documentos diversas ambigueedades tanto por lo que respecta a la identificación del acto impugnado como a las pretensiones formuladas.

9. Intentemos disipar la bruma y ver con claridad.

10. En la reclamación de 15 de febrero de 1985 el demandante atacaba expresamente "el criterio de nombramiento adoptado" a su respecto "por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos", del que sólo tuvo conocimiento poco tiempo antes y por vía indirecta. Puesto que se trata de impugnar el criterio de nombramiento, no puede dejar de cuestionarse el contrato original mediante el que el demandante entró en funciones como agente auxiliar.

11. Sin embargo, ya en el escrito de réplica aclaraba el demandante que su reclamación iba dirigida contra la medida de 22 de enero de 1985, por la que se le denegó una nueva prórroga de su contrato, impidiéndole continuar en el puesto que ocupaba desde hacía más de un año.

12. La pretensión formulada por el demandante en la reclamación perseguía el objetivo de obtener "la condición de agente temporal por tiempo indefinido", sin precisar a partir de qué momento entendía el demandante que debía reconocérsele dicha condición.

13. Por el contrario, lo impugnado en el escrito de demanda son "los criterios según los cuales la AFPN puso término con carácter definitivo, el 21 de febrero de 1985, a las funciones de agente auxiliar desempeñadas por el demandante".

14. Y lo que pretende el demandante al interponer el recurso es "disfrutar de la condición de agente temporal a partir del 22 de febrero de 1984, o de cualquier otra fecha (anterior o posterior) que el Tribunal de Justicia tenga a bien fijar".

15. ¿En qué quedamos, ante esta incertidumbre?

16. La alegación fundamental del demandante es que no se ajusta a Derecho la contratación de un agente auxiliar para sustituir a un agente temporal definitivamente imposibilitado para ejercer sus funciones. Así pues, no puede dejar de considerarse que el acto presuntamente irregular y del que puede derivarse un perjuicio para el demandante fue, desde el primer momento, el contrato de trabajo inicial de 20 de febrero de 1984.

17. De cualquier manera, no es posible solicitar el reconocimiento de la condición de agente temporal desde el inicio de las relaciones contractuales, con todo lo que ello implica, sin impugnar el acto por el que precisamente se atribuye una condición distinta.

18. Por otra parte, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 52 del RAA, las relaciones contractuales sólo podrían prolongarse más allá del término de la segunda prórroga si el contrato hubiese atribuido al demandante la condición de agente temporal por tiempo indefinido, y no la de agente auxiliar, estatutariamente improrrogable más allá de un año. Ahora bien, una situación semejante sólo podría derivarse del contrato originario, toda vez que las dos prórrogas han mantenido las condiciones contractuales iniciales, limitándose a prolongar en el tiempo la validez del mismo contrato.

19. De lo dicho se desprende que el plazo de tres meses previsto por el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto tiene que empezar a contarse a partir de la fecha en que se estipuló el contrato de trabajo inicial, es decir, el 20 de febrero de 1984, con lo que el recurso se interpuso, en principio, manifiestamente fuera de plazo.

20. La conclusión sería la misma si, considerando aisladamente cada uno de los actos por los que se prorroga el contrato inicial como contrato nuevo, se admitiera que el demandante hubiese podido impugnar únicamente el más reciente de estos dos actos, que le fue notificado el 17 de octubre de 1984. Puesto que el demandante no prestó su consentimiento hasta el 24 de octubre de 1984, el plazo de tres meses requerido para presentar la correspondiente reclamación expiró el 24 de enero de 1985, por lo que la reclamación de 15 de febrero de 1985 se interpuso fuera de plazo.

21. El demandante precisó en el escrito de réplica, sin duda porque era consciente de este hecho, que la reclamación no iba dirigida "contra la medida de octubre de 1984, por la que se prorrogaba su contrato temporal de cuatro meses, sino contra la de 22 de enero de 1985, por la que se le denegaba una nueva prórroga".

22. Sin embargo, y por las razones ya expuestas, no creemos que tenga sentido impugnar ninguno de estos actos sin impugnar el contrato inicial y la calificación profesional que atribuyó éste al demandante.

23. El demandante, sin embargo, alegó en el escrito de réplica que no podía exigírsele que impugnara con anterioridad la calificación profesional reconocida en su contrato, ya que ello hubiese acarreado su despido inmediato.

24. Dejemos de lado la contradicción entre esta afirmación y la alegada por el demandante en su reclamación de 15 de febrero de 1985, en el sentido de que si hubiese sabido antes que había sido contratado para sustituir a un agente temporal por tiempo indefinido, no hubiera tardado tanto tiempo en actuar.

25. No tengamos tampoco en cuenta el hecho de que, si el demandante hubiese presentado una reclamación inmediatamente después de concluido el contrato inicial, una decisión favorable hubiese implicado el reconocimiento de su condición de agente temporal por tiempo indefinido, con lo que el despido sólo hubiese podido producirse de conformidad con el Estatuto.

26. Es indiscutiblemente relevante, sin embargo, el hecho de que el demandante no hubiese podido sufrir perjuicio alguno si hubiese presentado su reclamación en tiempo hábil tras la última prórroga, cuando el contrato aún no se había extinguido; ya que, en cualquier caso, el contrato no podía prorrogarse una vez más, salvo en caso de que se estimara el recurso, en virtud de lo dispuesto en la letra b del artículo 52 del RAA.

27. Por otra parte, nos parece aplicable al caso de autos la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en dos asuntos análogos en los que se planteó la extemporaneidad de diversas solicitudes de reclasificación presentadas por distintos funcionarios comunitarios después de su nombramiento definitivo. En una sentencia reciente,(1) el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, confirmando una jurisprudencia ya esbozada en casos particulares resueltos por sentencias anteriores,(2) estimó que, a pesar de lo precario de la situación del funcionario a prueba, el acto lesivo a los efectos de las solicitudes de reclasificación es la decisión de nombramiento con ocasión de la admisión al período de prueba y no la atribución de la categoría cuando tiene lugar la titularización, de manera que los plazos para interponer el recurso empiezan a correr a partir de esta primera decisión.

28. Sin embargo, el demandante sigue alegando que sólo tuvo conocimiento de que había sido contratado para sustituir a un agente temporal en estado de invalidez permanente poco antes de que se le comunicara el término de su contrato.

29. Siguiendo la lógica de la afirmación del demandante, de acuerdo con la cual el acto impugnado es la comunicación de 22 de enero de 1985, este hecho es perfectamente irrelevante.

30. Por otra parte, esta afirmación se compagina difícilmente con la importancia que el demandante otorga también al temor de ser despedido si hubiese actuado cuando estaba sujeto a contratos temporales.

31. En cualquier caso, si damos la razón al demandante cuando afirma haber tenido conocimiento con retraso de la relación eventualmente existente entre su contratación y la jubilación del agente temporal Sr. Augusto Zappatini, lo que la Comisión no niega, podemos entender que nos encontramos ante un hecho nuevo que puede servir de base para reabrir los plazos para presentar una reclamación en el sentido del segundo guión del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto.(3) De todas formas, la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 90, in fine se justifica plenamente, ya que el plazo solamente comienza a correr a partir de la fecha en la que el demandante tuvo conocimiento de los hechos en que puede basar su reclamación. De esta manera el demandante habría impugnado la calificación profesional que le otorgó el contrato inicial dentro de los plazos prescritos, y, por lo tanto, su recurso sería admisible.

32. Es preciso reconocer que los errores cometidos por el recurrente durante el procedimiento en la designación del objeto del recurso no favorecen una conclusión clara sobre este problema.

33. Sin embargo, ya hemos aceptado que en la demanda del demandante, según la interpretación dirigida a la obtención de la calificación profesional de agente temporal a partir del 22 de febrero de 1984, está forzosamente implícita la impugnación del contrato inicial que le atribuyó la categoría de agente auxiliar. Admitamos, por lo tanto, que al haber tenido conocimiento el demandante ulteriormente de los hechos en que podía basar su reclamación, ésta se presentó dentro de plazo y que, por tanto, el recurso es admisible.

34. Por consiguiente, examinemos el fondo de la cuestión.

II. Conformidad a Derecho de la demanda

35. En contra de la calificación profesional que se le ha atribuido, el demandante, en primer lugar, ha invocado la legislación italiana (Ley nº 230 de 18 de abril de 1962), de acuerdo con la cual se prohíbe la conclusión de "más de dos contratos temporales".

36. Sin embargo, esta alegación, que el demandante, en el escrito de réplica, reconoce haber invocado a título de ejemplo de una legislación particulamente característica en relación con los principios generales comunes al Derecho laboral de los Estados miembros, no es pertinente.

37. Las relaciones contractuales entre las instituciones y sus agentes temporales o auxiliares se rigen exclusivamente por el Derecho comunitario y, en particular, por el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a otros agentes de la Comunidad.(4)

38. Por tanto, conviene que nos detengamos en estas disposiciones.

39. A tenor de lo previsto en el artículo 3 del RAA, tendrá la consideración de auxiliar el agente contratado:

- para remplazar a un funcionario o a un agente temporal provisionalmente imposibilitado para el ejercicio de sus funciones (letra b) o

- para ejercer funciones en una institución, dentro de los límites previstos en el artículo 52, sin ser destinado a un puesto de trabajo de los comprendidos en la relación anexa a la sección del presupuesto correspondiente a la citada institución (letra a).

40. No es de aplicación en el caso de autos la letra b: el agente cuyas funciones el demandante fue llamado a desempeñar no se encontraba en estado de invalidez personal, sino que había cesado definitivamente toda actividad.

41. El demandante no hubiese podido ser contratado como agente auxiliar sino en virtud de la letra a.

42. Es lo que alega la Comisión cuando señala que el contrato del demandante no especificaba las tareas que podrían incumbirle, y que debió ejercer funciones de obrero sin ocupar empleo alguno en el cuadro de efectivos.

43. En efecto, alega la Comisión que la jubilación del agente Augusto Zappatini dejó vacante el puesto por él ocupado, que se asignó a una "reserva" de puestos vacantes para, posteriormente, ser redistribuido por la dirección del CCI de Ispra, independientemente de la función que anteriormente le correspondía y con el único criterio de responder a las prioridades y necesidades del servicio. En opinión de la Comisión, éste es un sistema de gestión practicado en el Centro de Ispra, habiéndose publicado un aviso de vacante para cubrir un puesto disponible en la misma División ("Infraestructura"), pero en otro sector, el correspondiente a "Instalaciones de depuración de aguas utilizadas", y no en la "Sección térmica y de climatización"-

44. En la misma época se seguía un procedimiento idéntico para cubrir un puesto vacante en otra División, como consecuencia de la jubilación de otro agente de la misma categoría que Augusto Zappatini.

45. Ahora bien, como se desprende del RAA y como el propio Tribunal ha afirmado,(5) "el criterio de distinción entre agente auxiliar y agente temporal reside en el hecho de que este último ocupa un empleo permanente comprendido en el cuadro de efectivos, mientras que el primero ejerce una actividad administrativa sin ser asignado a un empleo comprendido en el cuadro de efectivos, salvo que lo ocupe interinamente".

46. Sin embargo, como ha reconocido el propio Tribunal,(6) "quien solicite que un período de trabajo realizado como agente auxiliar le sea reconocido como un período de servicio desempeñado en calidad de agente temporal debe probar, antes que nada, que, a la sazón, figuraban en el cuadro de efectivos de la institución y estaban disponibles empleos correspondientes a las funciones ejercidas" (traducción provisional).

47. Sin embargo, a nuestro parecer, el demandante no ha aportado al expediente elementos de prueba suficientes como para rebatir la afirmación reiterada de la Comisión, según la cual dicho demandante no ha ocupado empleo alguno comprendido en el cuadro de efectivos, ya que los empleos vacantes fueron afectados al ejercicio de otras funciones y cubiertos de acuerdo con el procedimiento estatutario.

48. La afectación de un empleo permanente a otro servicio se justifica por el orden de prioridades de la institución interesada; esto es lo que hizo la dirección del Centro de Ispra en relación con el empleo ocupado con anterioridad por el agente temporal Sr. Zappatini, haciendo uso, para ello, de la facultad para organizar los servicios que le corresponden en virtud del Estatuto.

49. A partir del momento en que ya no existía un empleo en su cuadro de efectivos, la dirección del Centro de Ispra no podía contratar a un agente temporal para que ejerciera las funciones que hasta entonces correspondían al Sr. Zappatini, incluso cuando hubiese habido empleos disponibles en otros servicios de la institución, circunstancia que no se ha probado.

50. De acuerdo con lo expuesto, no sería posible contratar al demandante como agente temporal sin crear previamente un puesto nuevo en el cuadro de efectivos y sin prever la partida presupuestaria correspondiente, circunstancia cuya posibilidad o dificultad se desconoce.

51. Tampoco cabe duda alguna de que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,(7) "la característica del contrato de agente auxiliar es la precariedad en el tiempo, puesto que sólo puede recurrirse a él para garantizar una sustitución momentánea o para confirmar la ejecución de tareas administrativas que presentan un carácter pasajero, que responden a una necesidad urgente o que no están definidas con nitidez" (traducción provisional). Incumbe a los demandantes "la prueba de que las funciones ejercidas en calidad de agentes auxiliares no tenían un carácter pasajero o, dicho con otros términos, que no se trataba de tareas permanentes de la función pública comunitaria".(8) (traducción provisional).

52. La Comisión estima que tal no era el caso: las tareas que debía ejecutar el demandante no estaban especificadas y, en su opinión, contratar agentes auxiliares era la mejor manera de adaptarse a las necesidades de un servicio cuyos efectivos se han reducido de quince a dieciséis personas en 1982 a nueve actualmente, de acuerdo con la información que se nos ha proporcionado en la vista.

53. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que como con toda propiedad declaró el Tribunal,(9) el régimen aplicable a los agentes auxiliares "no puede aplicarse de manera abusiva para confiar tareas permanentes durante largos períodos de tiempo a dicho personal que, de esta manera, se infrautilizaría, con el coste adicional de una incertidumbre prolongada".

54. El contrato del demandante, incluidas sus dos prórrogas, no excedió, en efecto, el límite temporal fijado por la letra b del artículo 52 del RAA, es decir, un año.

55. Sin embargo, el contrato del demandante fue precedido por la contratación por períodos de un año de otros dos agentes auxiliares que debían desempeñar idénticas funciones, e, igualmente, parece ser que fue seguido de otros dos contratos celebrados con arreglo a las mismas condiciones.

56. ¿No constituye este hecho un indicio del comportamiento ilegal de la institución, de suficiente entidad como para desviar el contrato de agente auxiliar de sus verdaderos objetivos, utilizándolo para el desempeño de funciones permanentes, al fin y al cabo, lo que bastaría para conferir un carácter irregular a la categoría atribuida al recurrente?

57. Creemos que éste es un punto decisivo para resolver la cuestión.

58. Debe tenerse en cuenta, a este respecto, que:

- el demandante ha alegado reiteradas veces que tanto él mismo como los otros agentes auxiliares contratados en condiciones idénticas han desempeñado sucesivamente las mismas funciones que el agente Sr. Zappatini, es decir, la de ayudante del encargado de las instalaciones frigoríficas;

- la Comisión se limitó a alegar en el procedimiento que la clasificación del demandante (agente auxiliar en la categoría D, grupo IX, clase 3, correspondiente al grado D 4, escalón 1 o 2, de la categoría de agentes temporales) así como su nivel profesional (obrero sin experiencia en materia de instalaciones frigoríficas industriales) no le permitían sustituir al 100 % al agente Sr. Zappatini, obrero cualificado de grado C 2, con una gran experiencia profesional;

- ha admitido, sin embargo, la Comisión que el demandante fue contratado para llenar, temporalmente y en parte, el vacío dejado por la marcha del Sr. Zappatini, cuyas funciones, desde un principio, fueron desempeñadas por agentes auxiliares; la propia Comisión ha admitido en la vista que la contratación de agentes auxiliares tras la marcha del Sr. Zappatini no tenía otro objetivo que evitar un bloqueo y una interrupción momentánea del trabajo, lo que pone en evidencia que la función a desempeñar era necesaria;

- en distintas comunicaciones de 3 de octubre de 1984 y de 21 de enero de 1985, el superior jerárquico del demandante indicó que este último desempeñaba funciones "en sustitución del Sr. Zappatini" y que su puesto "correspondía al anteriormente ocupado por el Sr. Zappatini".

59. Creemos que a lo largo del procedimiento ha sido suficientemente probado el carácter permanente de las funciones asumidas (durante cinco años por lo menos).

60. El carácter eventualmente urgente de las tareas a ejercitar en nada modifica su naturaleza y sólo puede justificar la contratación de agentes auxiliares si los empleos presupuestados adecuados no estuviesen disponibles inmediatamente.(10)

61. Durante el tercer año siguiente a la marcha del Sr. Zappatini, el demandante ocupó, en concreto, el mismo empleo; es decir, desempeñó idénticas funciones, independientemente del hecho de que no podía desempeñarlas de la misma manera por razón de su inexperiencia. La AFPN se limitó a estimar que las mismas funciones podían pasar a ser desempeñadas por cualquier trabajador, incluso por un aprendiz, en vez de por un trabajador especializado.

62. Por lo tanto, la regularidad de la práctica seguida a este respecto por la parte demandada suscita serias reservas.

63. No nos parece, sin embargo, que el recurso se ajuste a Derecho en su totalidad.

64. En efecto, no vemos la manera cómo el Tribunal podría fallar que el demandante tiene derecho a la calificación de agente temporal (y no de agente auxiliar) a partir de la fecha de conclusión de su contrato, con todos los efectos que ello podría comportar, incluida la prórroga de su vínculo contractual más allá del 21 de febrero de 1985.

65. Por una parte, el Tribunal no puede sustituir a la Administración en la elección de sus agentes.

66. Por otra parte, las mismas razones que asisten al demandante podrían invocarse igualmente por cualquier otro agente auxiliar de entre los que han desempeñado las mismas funciones, algunos de los cuales podrían encontrarse todavía en condiciones de respetar el plazo para interponer el recurso. Ahora bien, no es posible permitir que varias personas, a las que se reconozca la calidad de agente temporal, ocupen simultáneamente el mismo puesto.

67. A esto se añade el hecho de que no puede afirmarse que la clasificación del demandante le permitiría ocupar el puesto que fuese a crearse a tal efecto.

68. Creemos justo, sin embargo, que se conceda al demandante la indemnización que solicita para el período en que estuvo en servicio en calidad de agente auxiliar, indemnización equivalente, cuando menos, a la diferencia entre el salario que ha percibido de hecho y el que hubiera percibido si hubiese sido contratado como agente temporal; es decir, 44 016 BFR y 44 172 BFR mensuales respectivamente, de acuerdo con la Comisión.

69. No supone un obstáculo para ello el hecho de que no sea posible afirmar que existiera en el cuadro de efectivos un empleo vacante al que hubiese podido asignarse el demandante en calidad de agente temporal, puesto que la propia dirección del Centro de Ispra se ha visto obligada a transferir a otro servicio el puesto ocupado con anterioridad por el Sr. A. Zappatini, sin que esto signifique amortizar el puesto correspondiente a las funciones desempeñadas por el demandante.

70. III. Por todo lo dicho, proponemos al Tribunal que:

- condene a la Comisión a indemnizar al demandante con una suma igual a la diferencia entre sus ingresos anuales de agente auxiliar y lo que habría percibido durante el mismo período si hubiese sido contratado como agente temporal con la categoría equivalente, además de las sumas suplementarias a que hubiera tenido derecho en este caso (y no en el primero), tanto durante el período de ejecución del contrato como en virtud de la resolución de éste;

- en las demás peticiones del recurrente, se estime el recurso no fundado;

- condene a la Comisión, aparte de al pago de sus propias costas, al pago de la mitad de las costas realizadas por el demandante; debiendo correr el resto a cargo de este último, ya que parte de sus pretensiones han sido desestimadas.

(*) Traducido del portugués.

(1) Sentencia de 7 de mayo de 1986 (Jean-Pierre Barcella y otros/Comisión, 191/84, Rec. 1986, p. 1541), apartado 11.

(2) Sentencias de 18 de junio de 1981 (Blasig/Comisión, 173/80, Rec. 1981, pp. 1649 y ss., especialmente p. 1658); de 1 de diciembre de 1983 (Blomefield/Comisión, 190/82, Rec. 1983, pp. 3981 y ss., especialmente p. 3991).

(3) Sentencia de 15 de mayo de 1985 (Esly/Comisión, 127/84, Rec. 1985, p. 1437) apartados 9 a 13.

(4) Véase la sentencia de 1 de abril de 1987 (Duffet/Parlamento Europeo, 257/85, Rec. 1987, p. 1561) apartado 12; véase igualmente la sentencia de 21 de junio de 1981 (Desmedt/Comisión, 105/80, Rec. 1981, pp. 1701 y ss., especialmente p. 1711) de donde se desprende que las relaciones entre funcionarios e instituciones se rigen exclusivamente por el Estatuto.

(5) Sentencia de 23 de febrero de 1983 (Toledano Laredo y Garilli/Comisión, asuntos acumulados 225 y 241/81, Rec. 1983, pp. 347 y ss., especialmente p. 360) apartado 6. Véase igualmente la sentencia de 1 de febrero de 1979 (Deshormes/Comisión, 17/78, Rec. 1979, pp. 189 y ss., especialmente p. 203); así como la sentencia de 19 de noviembre de 1981 (Fournier/Comisión, 106/80, Rec. 1981, pp. 2759 y ss., especialmente p. 2769).

(6) Sentencia Toledano Laredo, anteriormente citada, p. 360

(7) Véanse las sentencias citadas.

(8) Sentencia Toledano Laredo, anteriormente citada, p. 361, apartado 12.

(9) Sentencia Deshormes, anteriormente citada, p. 201, apartado 38; sentencia Fournier, anteriormente citada, p. 2768, apartado 5.

(10) Sentencia Toledano Laredo, anteriormente citada, p. 363, apartado 17.