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Mediante su recurso, el Parlamento Europeo solicita al Tribunal de Justicia que anule el Reglamento (CE) no 1968/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, sobre las contribuciones financieras de la Comunidad al Fondo Internacional para Irlanda (2007-2010) (DO L 409, p. 86; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»), por no haberse adoptado sobre una base jurídica adecuada.
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Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82, p. 16), al mantener en vigor las disposiciones del artículo 47, apartados 5 y 6, de la Ley no 428, de (suplemento ordinario de la GURI no 10, de ; en lo sucesivo, «Ley no 428/1990»), en caso de «crisis de la empresa» en el sentido del artículo 2, párrafo quinto, letra c), de la Ley no 675, de (GURI no 243, de ; en lo sucesivo, «Ley no 675/1977»), de forma que no quedan garantizados los derechos de los trabajadores reconocidos en los artículos 3 y 4 de la citada Directiva, en caso de transmisión de una empresa declarada en estado de crisis.
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Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1), y en particular de su artículo 6, apartado 2, letra a), sustituido, desde el , por el Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de , por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1), y en particular de su artículo 6, apartado 3, letra a), — al haberse negado a abonar a la Comisión intereses de demora por un importe total de 847,06 euros por haber contabilizado con retraso los derechos de aduana y al haberse negado a adecuar las disposiciones nacionales a la normativa comunitaria que regula la contabilización de las operaciones de aduana cubiertas por una garantía global y no cuestionadas, resultantes de una operación de tránsito comunitario, y — al haberse negado a abonar a la Comisión intereses de demora por un importe total de 3.322 euros por no haber respetado los plazos señalados en la normativa comunitaria para la inclusión en la contabilidad «A» de los derechos de aduana en el ámbito de las operaciones de tránsito en el sentido del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías amparadas por los talonarios TIR (Convenio TIR), firmado en Ginebra (Suiza) el 14 de noviembre de 1975 (DO 1978, L 252, p. 2; EE 05/02, p. 47; en lo sucesivo, «Convenio TIR»).
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Entre las medidas nacionales que pueden ser calificadas de «restricciones» en el sentido del artículo 56 CE, apartado 1, figuran no sólo las medidas que puedan impedir o limitar la adquisición de acciones en sociedades establecidas en otros Estados (sentencia de 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, C-112/05, Rec. p. I-8995, apartado 19 y jurisprudencia citada), sino también las medidas que puedan disuadir el mantenimiento de tales participaciones en sociedades establecidas en otros Estados (véanse, por analogía, las sentencias de 12 de diciembre de 2002, Lankhorst-Hohorst, C-324/00, Rec. p. I-11779, apartado 32, y de 13 de marzo de 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, Rec. p. I-2107, apartado 61).
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Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Royal Bank of Scotland Group plc (en lo sucesivo, «Royal Bank of Scotland») y los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (en lo sucesivo, «Commissioners»), autoridad competente en el Reino Unido en materia de percepción del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA»), acerca del alcance del derecho a deducción de la cuota del IVA adeudado por esta sociedad.
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Con arreglo a la Ley danesa no 102, de 31 de marzo de 1967, primera Ley sobre el IVA (en lo sucesivo, «Ley del IVA»), en principio las prestaciones de servicios no estaban sujetas al IVA, salvo que estuviera expresamente previsto en la Ley. En virtud de dicha Ley, las prestaciones de servicios realizadas con motivo de la explotación de comedores de empresa no estaban sometidas a este impuesto y, en consecuencia, no se beneficiaban de un derecho a deducción del IVA que grava las adquisiciones correspondientes.
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No obstante, según el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado), esta disposición no implica que la formación haya de ser garantizada exclusivamente por el Estado. Afirma que, si bien la Constitución no recoge un derecho individual de creación de centros de formación profesional a favor de los particulares, no obstante tampoco les prohíbe que creen centros que impartan una formación de este tipo. Por tanto, considera que la Constitución ha confiado al legislador la tarea de regular la creación de esta categoría de centros por parte de particulares, otorgándole la facultad de permitir o prohibir la creación de dichos centros.
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Esta petición ha sido presentada por el Conseil d’État francés en el marco de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS con el fin de solicitar la anulación, en concreto, del Decreto no 2006-881, de 17 de julio de 2006, por el que se modifica el Decreto no 93-743 de relativo a la nomenclatura de las operaciones sometidas a autorización o a declaración en aplicación del artículo 10 de la Ley no 92-3 de sobre el agua y el Decreto no 94-354 de relativo a las zonas de reparto de las aguas (JORF de , p. 10786), así como el Decreto no 2006-942, de , por el que se modifica la nomenclatura de las instalaciones clasificadas (JORF de , p. 11336).
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Cuando se presentó dicha solicitud, aún no se habían fijado definitivamente las modalidades precisas de la ampliación. En consecuencia, Gävle Kraftvärme podía, bien construir la caldera no 2 y ordenar que se construyera la caldera no 3 tan sólo en caso de necesidad, bien no construir la caldera no 2 y construir la caldera no 3. En cualquier caso, la potencia combinada no debía sobrepasar los 85 MW.
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El Dioikitiko Efeteio Athinon señala, además, que los demandantes, a los que se denegó la autorización para organizar una competición de motocicletas por no haber obtenido el dictamen conforme del ELPA, carecen de recurso interno eficaz contra dicha resolución. En efecto, por una parte, no está previsto que las denegaciones de dictamen conforme formuladas por el ELPA deban estar motivadas, y, por otra parte, cuando una denegación de autorización emanada del ministerio competente es objeto de un recurso judicial basado en una falta de motivación y éste es estimado, el Derecho griego no prevé que se conceda la autorización al demandante. Además, el ELPA no está sometido a control o evaluación de ningún tipo respecto del uso que hace de la prerrogativa que le confiere el artículo 49 del Código de circulación griego. Estas circunstancias sitúan a cualquier persona originaria de otro Estado miembro de la Unión Europea que desee organizar competiciones de motocicletas en Grecia ante un hecho consumado.
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Durante los años 1996 a 1998, el pago de una indemnización compensatoria en las regiones agrícolas desfavorecidas estuvo regulado, en un primer momento, por el Reglamento (CEE) no 2328/91 del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias (DO L 218, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 3669/93 del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, (DO L 338, p. 26) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2328/91») y posteriormente por el Reglamento no 950/97, que derogó y sustituyó el Reglamento no 2328/91.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras — Directiva 93/37/CEE — Concesión de obras públicas — Normas de publicidad

(Directiva 93/37/CEE del Consejo, arts. 3, aps. 1 y 4, y 11, aps. 3 y 6)

Índice

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, apartado 1, y 11, apartados 3 y 6, de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, en relación con el anexo V de ésta, un Estado miembro que, después de haber iniciado un procedimiento para la adjudicación de una concesión de obras públicas, relativa a la construcción, al mantenimiento y a la explotación de determinados tramos de autopistas, adjudica obras complementarias, concretamente, la construcción de vías de circulación adicionales y un nuevo túnel en determinados tramos de autopistas, sin que estas obras se mencionen en el objeto del contrato de concesión de obras públicas, tal como se describía en el anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el pliego de condiciones.

En efecto, el objeto de una concesión debe estar definido en el anuncio y en el pliego de condiciones, que deben contener el objeto principal y los objetos adicionales del contrato, la descripción y el lugar de las obras de la concesión, y la cantidad o extensión global de éstas. Aun cuando el órgano de contratación pueda, teniendo en cuenta las posibles particularidades de los trabajos objeto de concesión, dejar cierto margen a la iniciativa de los licitadores para la formulación de sus ofertas, la remisión del pliego de condiciones a la legislación nacional respecto a la posibilidad de que los licitadores presenten variantes en sus ofertas no es legal cuando no se precisan, en el pliego de condiciones, los requisitos mínimos que tales variantes deben cumplir.

Asimismo, no es respetuoso con la Directiva 93/37 adjudicar sin transparencia alguna un contrato de concesión de obras públicas que incluye trabajos denominados «complementarios» que por sí solos constituyen «contratos públicos de obras» en el sentido de la Directiva, y cuyo valor supere el umbral que allí se establece. En caso contrario, ello significaría que estos trabajos denominados «complementarios» se sustraerían a la obligación de publicidad y, por consiguiente, a toda forma de competencia.

Por otra parte, el hecho de que el concesionario no ejecute por sí mismo las obras complementarias, sino que las adjudique a terceras empresas, de conformidad con las exigencias de publicidad establecidas en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 93/37, no libera al órgano de contratación de sus propias obligaciones, puesto que el artículo 3 de dicha Directiva impone claramente, tanto al órgano de contratación como al concesionario, obligaciones de publicidad acumulativas y no alternativas.

(véanse los apartados 55, 64 a 66, 70, 71, 76 y 81 y el fallo)
El artículo 1, apartado 1, del Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida dentro del concepto de «materias civiles», en el sentido de esta disposición, una resolución por la que se decide asumir la guarda inmediata de un menor y ordenar su acogimiento fuera del domicilio de su familia de origen cuando dicha resolución ha sido adoptada en el marco de las normas de Derecho público relativas a la protección de menores.

Al no contener el artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento no 1347/2000, remisión expresa alguna al ordenamiento jurídico de los Estados miembros para determinar el sentido y el alcance del concepto de «residencia habitual», debe hacerse la determinación de dicho concepto a la vista del contexto de las disposiciones y del objetivo del Reglamento, en particular, del que resulta de su duodécimo considerando, según el cual las normas de competencia que establece dicho Reglamento en materia de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del menor, y en particular en función del criterio de proximidad. De este modo, además de la presencia física del menor en un Estado miembro, deben tenerse en cuenta otros factores que puedan indicar que dicha presencia no tiene en absoluto carácter temporal u ocasional y que la residencia del menor se traduce en una determinada integración en un entorno social y familiar.

Por lo tanto, el concepto de «residencia habitual», a tenor del artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 2201/2003, debe interpretarse en el sentido de que dicha residencia se corresponde con el lugar en el que el menor tenga una cierta integración en un entorno social y familiar. A estos efectos deben considerarse, en particular, la duración, la regularidad, las condiciones y razones de la permanencia en el territorio de un Estado miembro y del traslado de la familia a dicho Estado, la nacionalidad del menor, el lugar y las condiciones de escolarización, los conocimientos lingüísticos, así como las relaciones familiares y sociales que el menor mantiene en el referido Estado. Es competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales determinar la residencia habitual del menor teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias de hecho particulares en cada caso.

(véanse los apartados 33, 35, 38 y 44 y el punto 2 del fallo)
La competencia del Tribunal de Justicia se extiende, en principio, a las cuestiones relativas a disposiciones comunitarias en situaciones en las que los hechos del procedimiento principal se sitúan fuera del ámbito de aplicación del Derecho comunitario, pero en las que dichas disposiciones de este Derecho han sido declaradas aplicables por el Derecho nacional.

A este respecto, aunque en el marco del procedimiento prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no se manifieste expresamente sobre el extremo de si la sentencia del Tribunal de Justicia le vincularía a efectos de la solución del litigio principal y, en tal caso, de qué manera lo haría, la circunstancia de que el citado órgano jurisdiccional se haya dirigido al Tribunal de Justicia para plantearle una cuestión prejudicial y de que en esa cuestión haya establecido una relación entre la normativa nacional de que se trata y la normativa comunitaria conduce a considerar que dicha sentencia vinculará al órgano jurisdiccional. Habida cuenta de que las explicaciones que a este respecto facilitó el Gobierno belga al Tribunal de Justicia no contienen indicaciones objetivas que demuestren, con carácter manifiesto, que ello no es así, la competencia del Tribunal de Justicia no queda cuestionada por la tesis según la cual la interpretación del Derecho comunitario solicitada constituye tan sólo uno de los factores que han de tomarse en consideración con vistas a la interpretación del Derecho nacional y según la cual, por tanto, la sentencia del Tribunal de Justicia no vincula al órgano jurisdiccional remitente.

Por otra parte, la mera circunstancia de que la interpretación que haya de dar el órgano jurisdiccional remitente a una disposición de la normativa nacional por la que se adapta el Derecho interno a una directiva no se desprenda exclusivamente de la sentencia que el Tribunal de Justicia habrá de dictar no se opone a la competencia de éste para pronunciarse sobre la cuestión planteada. En efecto, en el marco del reparto de las funciones jurisdiccionales entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia previsto por el artículo 234 CE, éste no puede, en su respuesta al juez nacional, tener en cuenta el sistema general de las disposiciones del Derecho interno, las cuales, al mismo tiempo que remiten al Derecho comunitario, determinan el alcance de tal remisión. De este modo, corresponde al Derecho interno y, por consiguiente, a la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de que se trate, tener en cuenta los límites que el legislador nacional haya podido poner a la aplicación del Derecho comunitario a situaciones puramente internas. En lo que atañe al Derecho comunitario, por el contrario, el órgano jurisdiccional remitente, dentro de los límites de la remisión del Derecho nacional al Derecho comunitario, no puede desviarse de la interpretación del Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 21, 23 y 25 a 27)
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Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE, al exigir que, con vistas a su primera matriculación en Austria, los automóviles matriculados anteriormente en otros Estados miembros que no hayan sido objeto de homologación comunitaria debido a su antigüedad respeten unos valores límite en materia de emisiones contaminantes y de ruido más estrictos que los que debían cumplir inicialmente, en particular los valores establecidos por las Directivas 93/59/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1993, por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de medidas contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor, y 92/97/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, por la que se modifica la Directiva 70/157/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor, siendo así que los vehículos que tienen las mismas características y que están autorizados ya a circular en Austria no están sujetos a dicho requisito en caso de nueva matriculación en el referido Estado miembro.
En lo que atañe a las empresas beneficiarias que hayan cesado su actividad y sean objeto de un procedimiento colectivo, el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de la distorsión de la competencia resultante de ayudas ilegalmente pagadas pueden, en principio, lograrse mediante la inscripción en la relación de créditos del crédito relativo a la restitución de las ayudas de que se trata. Si hubiera expirado el plazo de presentación de créditos, las autoridades nacionales deberán, cuando exista y esté aún abierto, aplicar cualquier procedimiento dirigido a que quede sin efecto la caducidad y que permita la presentación fuera de plazo de un crédito. Cuando los beneficiarios hayan cesado su actividad y cedido sus activos, las autoridades nacionales deben verificar si las condiciones financieras de la cesión se ajustaron a las condiciones de mercado. En tal caso, el elemento de ayuda se ha evaluado al precio de mercado y se ha incluido en el precio de compra, por lo que no se puede considerar que el comprador haya disfrutado de una ventaja en relación con los demás operadores en el mercado. En caso contrario, no puede descartarse que el cesionario pueda estar obligado a reembolsar las ayudas en cuestión, si se acredita que conserva el disfrute efectivo de la ventaja competitiva ligada al disfrute de las referidas ayudas. Para la verificación de las condiciones financieras de la cesión, las autoridades nacionales pueden tener en cuenta, en particular, la forma empleada para la cesión, por ejemplo la de la adjudicación pública, que se considera que garantiza una venta en condiciones de mercado, o un peritaje promovido eventualmente con ocasión de la cesión. Cuando los activos pasen a varios cesionarios diferentes, nada se opone a que se verifique si las condiciones financieras de cada una de las operaciones se ajustaron a las condiciones de mercado. En el supuesto de una cesión de activos de común acuerdo, la recuperación de las ayudas frente al cesionario no puede supeditarse a la mención expresa en el documento de una transmisión de dichas ayudas. La recuperación puede llevarse a cabo cuando el cesionario debía tener conocimiento de la existencia de las ayudas y de un procedimiento de control promovido por la Comisión.

Habida cuenta de estos elementos, el Estado miembro demandado en un procedimiento por incumplimiento no puede limitarse a enunciar afirmaciones generales y abstractas, sin referirse a casos concretos identificados, analizados a la luz de todas las gestiones efectivamente realizadas con vistas a la ejecución de la decisión.

(véanse los apartados 56 a 63)
Los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, así como el artículo 21, apartado 1, letra b), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2000/17, no se oponen a una normativa nacional que prevé un plazo de caducidad del ejercicio del derecho a deducir por un sujeto pasivo, siempre que se respeten el principio de equivalencia, que exige que dicho plazo se aplique de igual forma a los derechos análogos en materia fiscal basados en el Derecho interno y a los basados en el Derecho comunitario, y el principio de efectividad, en virtud del cual el plazo de caducidad no puede hacer en la práctica imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a deducir.

El principio de efectividad no se infringe por el mero hecho de que la Administración fiscal disponga de un plazo para proceder a la recaudación del impuesto sobre el valor añadido impagado más largo que el plazo concedido a los sujetos pasivos para ejercitar su derecho a deducir, dado que la situación de la Administración fiscal no puede compararse con la del sujeto pasivo y que el hecho de que un plazo de caducidad comience a transcurrir para la Administración fiscal en una fecha posterior a la del inicio del plazo de caducidad oponible al sujeto pasivo para que éste ejercite su derecho a deducir no puede vulnerar el principio de igualdad.

(véanse los apartados 46, 51 y 54 y el punto 1 del fallo)
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En consecuencia, el hecho de que algunos Estados miembros hayan optado por establecer un régimen distinto del instaurado por la República Italiana para garantizar que todo propietario de vehículo pueda concertar, a una tarifa no excesiva, un contrato de seguro de responsabilidad civil del automóvil no puede demostrar que la obligación de contratar vaya más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos. Además, las explicaciones dadas por la Comisión sobre los regímenes establecidos en algunos Estados miembros distintos de la República Italiana no permiten concluir que, in fine, tales regímenes sean menos restrictivos y más ventajosos para las compañías de seguros que la obligación de contratar establecida por el legislador italiano.
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La República de Austria considera que, al no existir restricciones a los movimientos de capitales y a los pagos aprobadas por el Consejo, tiene libertad para regular la circulación de capitales con los países terceros, sobre la base del artículo 56 CE. Sostiene que, mientras el Consejo no adopte ninguna restricción no se plantea la cuestión de la compatibilidad de los convenios de que se trata con una disposición del Tratado que no ha sido objeto de aplicación.