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1 Funcionarios - Régimen disciplinario - Procedimiento disciplinario - Existencia simultánea de un procedimiento disciplinario y de un proceso penal - Obligación del funcionario de aportar las pruebas - Apreciación por el Tribunal de Primera Instancia - Apreciación de hecho - Control en el marco del recurso de casación - Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, art. 88, párr. 5)

2 Funcionarios - Régimen disciplinario - Procedimiento disciplinario - Respeto de los derechos de defensa - Documentos que no han sido objeto de una definición de postura por parte del interesado - Exclusión como medio de prueba - Límites

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1 Incumbe al funcionario objeto de un procedimiento disciplinario y que alega que también es objeto de un proceso penal por los mismos hechos en el sentido del artículo 88, párrafo quinto, del Estatuto proporcionar a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, y, en su caso, al Tribunal de Primera Instancia, los datos necesarios para acreditar que era objeto, al mismo tiempo, de un procedimiento disciplinario y de un proceso penal basados en los mismos hechos.

La apreciación del Tribunal de Primera Instancia según la cual el interesado no había proporcionado los datos necesarios a este respecto es una apreciación de hecho que forma parte del ámbito de competencia exclusivo del Tribunal de Primera Instancia y no puede ser impugnada en el marco de un recurso de casación.

2 De acuerdo con el principio general de respeto de los derechos de defensa, el funcionario debe tener la posibilidad de definir, en el marco de un procedimiento disciplinario, una postura ante cada documento que la Institución trate de emplear contra él. En la medida en que no se ha concedido tal posibilidad al funcionario, los documentos no divulgados no deben tenerse en cuenta como medios de prueba. No obstante, esta exclusión como medio de prueba de determinados documentos utilizados por la Institución sólo tendría importancia en la medida en que la imputación formulada por la Institución sólo pudiera probarse a través de dichos documentos.
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1 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Adjudicación de los contratos - Obligación de adjudicar el contrato al único licitador considerado apto para participar - Inexistencia

(Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 18, ap. 1)

2 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Artículo 18, apartado 1 - Efecto directo

(Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 18, ap. 1)

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1 El artículo 18, apartado 1, de la Directiva 93/37 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, en la versión resultante de la Directiva 97/52 debe interpretarse en el sentido de que el órgano de contratación no está obligado a adjudicar el contrato al único licitador que haya sido considerado apto para participar.

No sólo la Directiva no contiene ninguna disposición que obligue expresamente al órgano de contratación que ha convocado una licitación a adjudicar el contrato a este único licitador, sino que además el órgano de contratación no está obligado a proseguir el procedimiento de adjudicación de un contrato público de obras hasta el final.

2 Como no es necesaria ninguna medida particular de aplicación para el cumplimiento de los requisitos enunciados en el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 93/37 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, en la versión resultante de la Directiva 97/52, las obligaciones que se derivan de ellos para los Estados miembros son, por lo tanto, incondicionales y suficientemente precisas de modo que este artículo puede ser invocado por un particular ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
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1 Libre circulación de mercancías - Derechos de aduana - Exacciones de efecto equivalente - Impuesto sobre las entregas de emisores-receptores que utilizan canales ordinarios importados de otros Estados miembros - Improcedencia

(Tratado CE, arts. 9, 12 y 95)

2 Libre circulación de mercancías - Intercambios con países terceros - Derechos de aduana - Exacciones de efecto equivalente - Impuesto sobre las entregas de emisores-receptores que utilizan canales ordinarios importados de otros Estados miembros - Improcedencia

(Tratado CE, arts. 9, 12 y 113)

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1 Los artículos 9 y 12 del Tratado se oponen a un impuesto cuyos sujetos pasivos son los fabricantes, importadores y personas que efectúen entregas en Francia de emisores-receptores CB que utilicen canales ordinarios importados de Estados miembros, como el regulado en el artículo 302 bis X del code général des impôts francés.

Dicho impuesto constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana y no un tributo interno a efectos del artículo 95 del Tratado. En efecto, el impuesto no forma parte de un sistema general de tributos internos que graven sistemáticamente las distintas categorías de productos según criterios objetivos aplicados con independencia del origen de los productos, puesto que el sistema de imposición de los emisores-receptores controvertidos difiere del de los demás aparatos que utilizan el espectro radioeléctrico de ondas hertzianas en que lo que se grava es la entrega y no la utilización.

2 Los artículos 9, 12 y 113 del Tratado se oponen a un impuesto cuyo sujeto pasivo son los fabricantes, importadores y personas que efectúen entregas en Francia de emisores-receptores que utilicen canales ordinarios importados de terceros países, como el regulado en el artículo 302 bis X del code général des impôts francés.

En efecto, desde el establecimiento del Arancel Aduanero Común, la percepción de un derecho de aduana o de una exacción de efecto equivalente introducida unilateralmente por un Estado miembro sobre las importaciones procedentes directamente de terceros países es contraria a dicho artículo.
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1 Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites - Examen de la compatibilidad de una ayuda con el mercado común - Exclusión

[Tratado CE, arts. 93 y 177 (actualmente, art. 88 CE y 234 CE)]

2 Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Facilidades de pago de las cotizaciones a la seguridad social concedidas de forma discrecional a una empresa por el organismo competente para su recaudación - Inclusión - Requisitos

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

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1 El Tratado, al disponer en su artículo 93 (actualmente, artículo 88 CE) el examen permanente y el control de las ayudas de Estado por parte de la Comisión entiende que el reconocimiento de la posible incompatibilidad de una ayuda con el mercado común es el resultado, bajo el control del Tribunal de Justicia, de un procedimiento apropiado cuya aplicación corresponde a la Comisión. De ello resulta que el Tribunal de Justicia no es competente para responder a una cuestión prejudicial que suscita el problema de la compatibilidad con el mercado común de una ayuda examinada ante el juez nacional.

2 El concepto de ayuda de Estado comprende no sólo las prestaciones positivas, como las subvenciones, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos. De este modo, el comportamiento de un organismo público competente para recaudar las cotizaciones de Seguridad Social que permite que éstas se paguen con retraso da a la empresa que se beneficia de ello una ventaja comercial apreciable, al mitigar, a su favor, la carga que deriva de la aplicación normal del régimen de Seguridad Social.

Por otra parte, del tenor del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) se desprende que las medidas de carácter general que no favorecen únicamente a determinadas empresas o producciones no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicha disposición. En cambio, cuando el organismo que concede las ventajas económicas ostenta una facultad discrecional que le permite determinar los beneficiarios o las condiciones de la medida concedida, no puede considerarse que ésta tenga un carácter general.

De ello resulta que las facilidades de pago de cotizaciones a la Seguridad Social concedidas discrecionalmente a una empresa por el organismo competente para su recaudación constituyen una ayuda de Estado a efectos del apartado 1 del artículo 92 del Tratado si, habida cuenta de la importancia de la ventaja económica concedida de este modo, la empresa no hubiera manifiestamente obtenido facilidades comparables de un acreedor privado que, con respecto a ella, se encontrara en la misma situación que el organismo recaudador.
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Funcionarios - Convocatoria para proveer plaza vacante - Convocatoria de oposición - Necesidad de que los requisitos exigidos en dichas convocatorias se correspondan

(Estatuto de los Funcionarios, art. 29, ap. 1; Anexo III, art. 5)

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En el marco de un procedimiento que tenga por objeto cubrir un puesto vacante en una Institución y que no pudo ser cubierto al término de la primera fase del procedimiento, es decir, mediante promoción o traslado, el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto exige una correspondencia entre los requisitos de selección previstos en la convocatoria para proveer plaza vacante y los establecidos en la convocatoria de concurso interno. Una Institución no puede, sin infringir la disposición mencionada y el artículo 5 del Anexo III del Estatuto, reemplazar la enumeración en la convocatoria de oposición de los requisitos relativos a los conocimientos y aptitudes exigidos a los candidatos por la apreciación de los méritos de los candidatos con respecto a dichos requisitos efectuada por el tribunal calificador, con ocasión del desarrollo de las pruebas de dicha oposición. Este reemplazamiento produce el efecto de reducir la importancia y el papel de la convocatoria de concurso, que consiste en informar a los interesados de una forma lo más exacta posible de la índole de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de que se trata, con el fin de permitirles apreciar si pueden presentar sus candidaturas. Además, tal forma de actuar no deja de influir en el resultado del concurso, puesto que, en el caso de que no haya correspondencia entre ambas convocatorias, es más fácil que candidatos que no tengan las aptitudes y conocimientos exigidos sean nombrados para el puesto que debe proveerse.
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1 Medio ambiente - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Medidas nacionales de ejecución tardías que dispensan de la obligación de evaluación a los procedimientos de autorización iniciados antes de su entrada en vigor pero después de la expiración del plazo para adaptar el Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva - Improcedencia (Directiva 85/337/CEE del Consejo, art. 12, ap. 1) 2 Estados miembros - Obligaciones - Incumplimiento - Justificación - Improcedencia (Tratado CE, art. 169) 3 Recurso por incumplimiento - Examen de la fundamentación por el Tribunal de Justicia - Inexistencia de consecuencias negativas del incumplimiento alegado - Falta de pertinencia (Tratado CE, art. 169) 4 Procedimiento - Costas - Desistimiento justificado por la actitud de la otra parte (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 69, ap. 5)

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1 El apartado 1 del artículo 12 de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, debe interpretarse en el sentido de que no permite a un Estado miembro que haya adaptado su ordenamiento jurídico nacional a la Directiva con posterioridad al 3 de julio de 1988, fecha de expiración del plazo de adaptación, dispensar, mediante disposición transitoria, de las obligaciones relativas a la evaluación del impacto medioambiental exigida por la Directiva a los proyectos cuyo procedimiento de aprobación se había iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley nacional de adaptación del Derecho interno a dicha Directiva, pero con posterioridad al 3 de julio de 1988. 2 Un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una Directiva comunitaria. 3 Al ser en sí misma constitutiva de incumplimiento la inobservancia por parte de un Estado miembro de una obligación impuesta por una norma de Derecho comunitario, el hecho de que no haya producido consecuencias negativas carece de pertinencia respecto de la apreciación del fundamento de un recurso al amparo del artículo 169 del Tratado. 4 Cuando el desistimiento parcial de la demandante está justificado por la actitud de la demandada, y la parte que desista lo solicite, procede condenar en costas a la otra parte, de conformidad con el apartado 5 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
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1 Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Seguro de Invalidez - Beneficiario de prestaciones residente en un Estado miembro distinto del Estado competente - Trabajadores fronterizos - Control administrativo y médico - Control realizado por la institución competente sin haber solicitado un control previo de la institución del lugar de residencia - Improcedencia - Renuncia del beneficiario al control previo de la institución de lugar de residencia - Procedencia - Requisitos

[Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, art. 51, ap. 1]

2 Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Seguro de Invalidez - Determinación del grado de invalidez - Persona que reside en un Estado miembro distinto del Estado competente - Determinación por la institución competente sin haber solicitado previamente un control de la institución del lugar de residencia - Procedencia - Obligación de tomar en consideración la información administrativa y médica procedente de la institución del Estado de residencia

[Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, art. 40]

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1 El apartado 1 del artículo 51 del Reglamento nº 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 2001/83, se opone a que, en el caso de un antiguo trabajador fronterizo beneficiario de prestaciones por invalidez, que reside en el territorio de un Estado miembro distinto del de la institución deudora y cuya residencia se halla más cerca de la institución del Estado competente que de la del Estado en cuyo territorio reside, la institución competente ejerza el control administrativo y médico del interesado sin haber solicitado un control previo por la institución del lugar de residencia.

La misma disposición no se opone, sin embargo, a que el interesado renuncie al control previo por la institución del lugar de residencia, a condición de que dicha renuncia sea libre e inequívoca. En efecto, aun cuando esa facultad de renunciar al mencionado control no se deduce directamente de la redacción del apartado 1 del artículo 51, procede aceptar que, en atención a los objetivos perseguidos por la disposición controvertida, que pretenden proteger los intereses del beneficiario de las prestaciones por invalidez, dicha facultad no puede excluirse de forma general.

2 El artículo 40 del Reglamento nº 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento nº 1408/71, no se opone a que, en el caso de la determinación inicial de una prestación por invalidez reconocida a una persona que reside en el territorio de un Estado miembro distinto del de la institución competente, esta última determine el grado de invalidez sobre la base de su propio reconocimiento médico, sin solicitar previamente que la institución del lugar de residencia efectúe un reconocimiento. No obstante, la institución competente debe tener en cuenta los documentos e informes médicos, así como los datos de índole administrativa facilitados por la institución del Estado de residencia del interesado.
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Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Convenios de devolución de cantidades anticipadas por organismos públicos a una empresa en quiebra o en situación de dificultad - Tipo de interés aplicable

(Tratado CE, art. 92)

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Para apreciar si una medida estatal constituye una ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado, debe determinarse si la empresa beneficiaria recibe una ventaja económica que no habría obtenido en condiciones normales de mercado. En el caso de una empresa en quiebra o en situación de dificultad, a la que ciertos organismos públicos han anticipado cantidades para el pago de los salarios de los empleados o para el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y con la cual dichos organismos han establecido las formas de devolución de los anticipos mediante convenios que permiten aplazar o fraccionar las cantidades adeudadas, debe tenerse necesariamente en cuenta el hecho de que tales convenios se celebraron debido a que existía con anterioridad la obligación legal de la empresa de proceder a dichos pagos, de forma que los convenios no generaron nuevas deudas de la empresa frente a las autoridades públicas. Pues bien, los intereses normalmente aplicables a este tipo de créditos son los que se destinan a reparar el perjuicio sufrido por el acreedor como consecuencia del retraso por parte del deudor en la ejecución de su obligación de liberarse de su deuda, a saber, los intereses de demora. Para que el tipo de estos intereses de demora no constituya un elemento de ayuda de Estado, en el supuesto de que dicho tipo aplicado a las deudas contraídas con un acreedor público sea distinto del practicado para las deudas contraídas con un acreedor privado, debe aplicarse este último tipo en caso de que sea superior al primero.
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Exenciones previstas por la Sexta Directiva - Exención del arrendamiento de bienes inmuebles - Excepción relativa a las operaciones de alojamiento efectuadas en el marco del sector hotelero o en sectores que tengan una función similar - Alcance - Legislación nacional que, para distinguir entre alojamiento en el sector hotelero y arrendamiento de habitaciones, aplica el criterio de la duración del alojamiento - Procedencia

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 7 y 13, parte B, letra b)]

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El número 1 de la letra b) de la parte B del artículo 13 de la Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, puede interpretarse en el sentido de que son imponibles, como operaciones de alojamiento que se efectúan en el marco de aquellos sectores que tengan una función similar a la del sector hotelero, las operaciones de alojamiento de corta duración para personas distintas de los familiares.

En este sentido, el número 1 de la letra b) de la parte B del artículo 13 no se opone a que se sometan a tributación los contratos celebrados por una duración inferior a seis meses, ya que se supone que esta duración refleja la intención de las partes. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si, en el asunto de que está conociendo, determinados elementos (como, por ejemplo, la reconducción automática del contrato de arrendamiento) contribuyen a demostrar que la duración que figura en el contrato de arrendamiento no refleja la verdadera intención de las partes, en cuyo caso procedería tomar en consideración la duración efectiva total del alojamiento, más bien que la que consta en el referido contrato.

En efecto, el hecho de que los Estados miembros, que disponen a este respecto de un margen de apreciación, distingan entre el alojamiento en el sector hotelero y el arrendamiento de habitaciones en función de la duración del alojamiento constituye un criterio de distinción adecuado, en la medida en que el alojamiento hotelero se distingue del arrendamiento de una habitación precisamente por la duración de la estancia, entre otros criterios, y la utilización, con este fin, del criterio de la prestación de alojamiento de corta duración, definido como el inferior a seis meses, parece razonable para garantizar la sujeción al tributo de las operaciones realizadas por aquellos sujetos pasivos que ejerzan una actividad similar a la función esencial desempeñada por un hotel, a saber, proporcionar un alojamiento temporal en el marco de una relación mercantil.
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Recursos propios de las Comunidades Europeas - Ayudas comunitarias indebidamente pagadas - Recuperación - Aplicación del Derecho nacional - Norma que permite tomar en cuenta determinados criterios para excluir la recuperación - Procedencia - Requisitos

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El Derecho comunitario no se opone, en principio, a que una normativa nacional permita excluir la recuperación de ayudas comunitarias indebidamente pagadas, tomando en consideración, siempre que se acredite la buena fe del beneficiario, unos criterios como el comportamiento negligente de las autoridades nacionales y el transcurso de un período de tiempo considerable desde el pago de las citadas ayudas, sin perjuicio, no obstante, de que los requisitos previstos sean los mismos que para la recuperación de prestaciones económicas puramente nacionales y de que se tome plenamente en consideración el interés de la Comunidad. En cambio, la culpa de un tercero con el que el beneficiario de la ayuda mantiene relaciones comerciales constituye un riesgo comercial habitual y se halla comprendida dentro de la esfera del beneficiario de la ayuda más que en la de la Comunidad.

Por lo que respecta, más en particular, al requisito de la buena fe del beneficiario de la ayuda y en el supuesto de que un exportador redacta y presenta una declaración con el fin de obtener restituciones a la exportación, el mero hecho de haberla redactado no puede privarle de la facultad de invocar su buena fe, si la declaración se basa exclusivamente en las informaciones facilitadas por otro contratante y cuya veracidad no ha podido comprobar. Asimismo, en circunstancias en las que la realización de un control del procedimiento de fabricación o de las materias primas utilizadas por un tercer proveedor, con el fin de verificar la calidad de la mercancía, constituya una obligación desproporcionada en relación con la finalidad perseguida el Derecho comunitario no puede supeditar la posibilidad de que un exportador alegue su buena fe, en lo relativo a la conformidad de la mercancía con la descripción que hizo de la misma, a la práctica de tal control, a menos que no haya razones especiales para dudar de que el contenido de la declaración se ajuste a la realidad o a circunstancias particulares, como sería el caso de unos precios anormalmente bajos o un margen de beneficio muy elevado para las empresas exportadoras.