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«(17)

La presente Directiva incluye únicamente aquellos servicios que se realizan por una contrapartida económica. Los servicios de interés general no están cubiertos por la definición del artículo [57 TFUE], por lo que no están incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los servicios de interés económico general son servicios que se realizan por una contrapartida económica, por lo que entran dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Sin embargo, determinados servicios de interés económico general, como los que pueden existir en el sector del transporte, están excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, y algunos otros servicios de interés económico general, como, por ejemplo, los que puedan existir en el ámbito de los servicios postales, están exceptuados de la disposición sobre la libre prestación de servicios establecida en la presente Directiva. La presente Directiva no trata la financiación de servicios de interés económico general ni es aplicable a los sistemas de ayuda concedidos por los Estados miembros, en particular en el ámbito social, de conformidad con las normas comunitarias de competencia. La presente Directiva no trata las medidas de seguimiento del Libro Blanco de la Comisión sobre servicios de interés general.
45

Además, en su resolución no 6/2013 PJE, dictada en unificación de la doctrina civil, la Kúria (Tribunal Supremo) consideró que la celebración de un contrato de préstamo denominado en divisas no da lugar a la aplicación de las obligaciones de información previstas en los artículos 40 a 42 de la Ley no CXXXVIII. de 2007, cuyo objeto es transponer el artículo 19 de la Directiva 2004/39, ya que, en el marco de un contrato de este tipo, el prestamista no presta ninguno de los servicios de inversión enumerados en el artículo 5 de dicha Ley, sino que desembolsa un capital destinado o no a una determinada financiación. No obstante, los artículos 40 y 42 de la Ley no CXXXVIII. de 2007 se aplican en el supuesto de que tal préstamo constituya también una operación de inversión cuando se presten servicios de inversión relativos a un instrumento financiero con fondos del prestatario.
31

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente parte de la premisa de que la operación mencionada en la factura controvertida no puede dar derecho a la deducción del IVA soportado, puesto que, aun cuando Finnet estuviese inscrita en el Registro Mercantil, dicha sociedad debe ser considerada, con arreglo a los criterios establecidos por la normativa cuestionada en el procedimiento principal, como un operador inexistente en el momento en que tuvieron lugar esas entregas de combustible. Según el citado órgano jurisdiccional, esa inexistencia resulta, en particular, de que Finnet no estaba inscrita a efectos del IVA, no presentaba declaración tributaria, no pagaba el impuesto y no disponía de concesión para la venta de combustibles líquidos. Además, el estado ruinoso en que se encontraba el inmueble designado como domicilio social hacía imposible cualquier actividad económica.
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El artículo 1 de la Directiva 89/665 y los principios de equivalencia y de efectividad no se oponen ni a la imposición de tasas judiciales múltiples a un justiciable que interponga varios recursos judiciales relativos al mismo procedimiento de adjudicación de un contrato público ni a que dicho justiciable sea obligado a abonar gastos judiciales suplementarios para poder invocar motivos adicionales en relación con la misma adjudicación de un contrato público en el marco de un procedimiento judicial en curso. No obstante, en caso de impugnación por una parte interesada, corresponde al juez nacional examinar los objetos de los recursos interpuestos por un justiciable o de los motivos por él invocados en el marco de un mismo procedimiento. Si el juez nacional constata que dichos objetos no son realmente diferentes o no constituyen una ampliación importante del objeto del litigio pendiente, deberá dispensar a dicho justiciable de la obligación de pagar tasas judiciales acumulativas.
12

El órgano jurisdiccional remitente recuerda que el Tribunal de Justicia declaró, en su sentencia X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89), que los artículos 49 TFUE y 54 TFUE no se oponen a la normativa de un Estado miembro que permite a una sociedad matriz constituir una unidad fiscal con su filial residente, pero no permite la constitución de dicha unidad fiscal con una filial no residente si los beneficios de ésta no están sometidos a la legislación fiscal de dicho Estado miembro. Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, dicha sentencia no examinó la conformidad al Derecho de la Unión del conjunto de ventajas reservadas a las sociedades miembros de un grupo en consolidación fiscal.
58

El Gobierno español alega que la diferencia de trato controvertida en el litigio principal entre los funcionarios de carrera y el personal eventual está justificada por la existencia de tales razones objetivas. A este respecto subraya, en primer lugar, que al personal eventual se le nombra para desempeñar funciones con carácter temporal. Afirma que la naturaleza particular de las tareas y la especificidad de la función del personal eventual, que consiste en una función de confianza o de asesoramiento especial, no pueden asimilarse a funciones que encarnen tareas de carácter permanente dentro de la organización administrativa. En segundo lugar, sostiene que el nombramiento y el cese de este personal son libres, en el sentido de que el empleador no está sometido a formalidad alguna en la materia. En tercer lugar, aduce que los puestos reservados a personal eventual tienen carácter excepcional y las personas nombradas en esta condición no prestan servicios de larga duración. Por último, en cuarto lugar, asevera que, toda vez que los trienios controvertidos en el litigio principal son un premio concedido al personal que presta servicios de manera continuada en la Administración y que desempeña en ella cometidos puramente administrativos, sería contradictorio concedérselo al personal eventual, que no responde a estas características.
49

En estas circunstancias, procede declarar que, en aplicación del artículo 11, punto 4, párrafo segundo, de la Directiva 92/85, un Estado miembro no puede denegar a una trabajadora una prestación de maternidad por el hecho de que, en su condición de funcionaria que ha obtenido una excedencia por interés particular con el fin de ejercer una actividad como trabajadora por cuenta ajena, ésta no haya cubierto, en el marco de esa actividad por cuenta ajena, el período mínimo de cotización exigido por el Derecho nacional para poder acceder a dicha prestación de maternidad a pesar de haber trabajado más de doce meses inmediatamente antes de la fecha prevista para el parto.
3

Los considerandos decimonoveno y vigésimo de la Directiva 93/13 están redactados en los siguientes términos: «Considerando que, a los efectos de la presente Directiva, la apreciación del carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la prestación; que en la apreciación del carácter abusivo de otras cláusulas podrán tenerse en cuenta, no obstante, el objeto principal del contrato y la relación calidad/precio; que de ello se desprende, entre otras cosas, que en los casos de contratos de seguros las cláusulas que definen o delimitan claramente el riesgo asegurado y el compromiso del asegurador no son objeto de dicha apreciación, ya que dichas limitaciones se tienen en cuenta en el cálculo de la prima abonada por el consumidor; Considerando que los contratos deben redactarse en términos claros y comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas y que, en caso de duda, deberá prevalecer la interpretación más favorable al consumidor».
2.

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos reglamentarios que incluyen medidas de ejecución — Concepto — Reglamento (UE) no 861/2010 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común — Inclusión — Recursos jurisdiccionales disponibles contra dichos actos — Existencia de recursos internos contra las medidas de ejecución [Art. 19 TUE, ap. 1; art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (UE) no 861/2010 de la Comisión, anexo] (véanse los apartados 47 a 55 y 61 a 64)
La cláusula 4, apartado 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, que figura en el anexo de la Directiva 97/81, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada por la Directiva 98/23, y el artículo 7 de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, deben interpretarse en el sentido de que, en caso de que se incremente la jornada laboral de un trabajador, los Estados miembros no tienen la obligación de prever que las vacaciones ya devengadas, y eventualmente disfrutadas, se vuelvan a calcular a posteriori, en función del nuevo ritmo de trabajo de ese trabajador. Sin embargo, debe hacerse un nuevo cálculo para el período durante el cual la jornada laboral se haya incrementado.

En efecto, en lo que atañe al devengo del derecho a vacaciones anuales retribuidas, se deben distinguir los períodos en los que el asalariado trabajaba a un ritmo de trabajo diferente, ya que el número de unidades de descanso anual devengadas en relación con el número de unidades laborables trabajadas deberán calcularse de forma separada para cada período.

Esta conclusión no se ve afectada por la aplicación del principio de pro rata temporis previsto en la cláusula 4, apartado 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial.

Si bien es cierto que la aplicación de este principio es apropiada para la concesión de las vacaciones anuales para un período de trabajo a tiempo parcial, en cuanto que, para tal período, la disminución de los días de vacaciones anuales a los que el trabajador tiene derecho en relación con las vacaciones concedidas para un período de trabajo a tiempo completo está justificada por razones objetivas, no deja de ser cierto que dicho principio no puede aplicarse ex post a los días de vacaciones retribuidas anuales ya devengados en el transcurso de un período de trabajo a tiempo completo.

Por lo tanto, aunque las disposiciones de la cláusula 4, apartado 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial y del artículo 7 de la Directiva 2003/88 no exigen a los Estados miembros que procedan a un nuevo cálculo de los días de vacaciones retribuidas anuales ya devengados cuando un trabajador incremente la jornada laboral, no se oponen tampoco a que los Estados miembros adopten disposiciones más favorables para los trabajadores y procedan a tal nuevo cálculo.

(véanse los apartados 35 a 38 y 44 y el punto 1 del fallo)
El artículo 2, apartado 2, letra d), de la Directiva 2006/123, relativa a los servicios en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que las actividades de inspección técnica de vehículos están excluidas del ámbito de aplicación de dicha Directiva.

En efecto, en primer lugar, según dicha disposición, la citada Directiva no se aplica a los servicios en el ámbito del transporte que entren dentro del ámbito de aplicación del título VI del TFUE. La utilización de los términos «servicios en el ámbito del transporte», por lo tanto, demuestra la intención del legislador de la Unión Europea de no restringir la exclusión señalada en ese precepto únicamente a los medios de transporte en sí mismos. Por ello, esta exclusión abarca no sólo toda actividad física de desplazamiento de personas o mercancías de un lugar a otro por medio de un vehículo, aeronave o embarcación, sino también cualquier servicio ligado a dicha actividad de forma inherente.

En segundo lugar, esta interpretación se ve corroborada por la finalidad de la Directiva 2009/40, relativa a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques, que trata de la actividad de inspección técnica de los vehículos. A este respecto, la Directiva 2009/40 y la Directiva 2014/45, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE, fueron aprobadas, la primera, con arreglo a lo establecido en el artículo 71 CE y, la segunda, con arreglo a lo establecido en el artículo 91 TFUE, dos preceptos incluidos respectivamente en el Tratado CE y en el TFUE, en el título rubricado «Transportes», que es la base jurídica que autoriza expresamente al legislador de la Unión a establecer las medidas que permitan mejorar la seguridad en los transportes. Ahora bien, resulta de los trabajos preparatorios para la aprobación de la Directiva de servicios que el legislador de la Unión quiso que los servicios regulados por las disposiciones adoptadas con arreglo al artículo 71 CE quedasen excluidos del ámbito de aplicación de esta Directiva.

(véanse los apartados 39, 45, 46, 48, 49 y 54, y el punto 1 del fallo)
El artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento no 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que la prescripción que en él se establece es aplicable, no sólo a las actuaciones dirigidas a la persecución de irregularidades que den lugar a la imposición de sanciones administrativas, en el sentido del artículo 5 de este Reglamento, sino también a las actuaciones que den lugar a la adopción de medidas administrativas, en el sentido del artículo 4 de dicho Reglamento. Esta interpretación no afecta al artículo 3, apartado 3, del Reglamento no 2988/95, según el cual los Estados miembros conservan la posibilidad de aplicar un plazo más largo que el previsto respectivamente en el apartado 1 y en el apartado 2 de dicho artículo 3.

(véanse los apartados 32 y 33 y el fallo)
161

En cuarto lugar, la recurrente considera que, en cualquier caso, habida cuenta de la anulación parcial de la Decisión controvertida por lo que respecta a determinados Estados miembros en las sentencias de 16 de septiembre de 2013, Wabco Europe y otros/Comisión (T‑380/10, EU:T:2013:449), Keramag Keramische Werke y otros/Comisión (T‑379/10 y T‑381/10, no publicada, EU:T:2013:457), y Duravit y otros/Comisión (T‑364/10, no publicada, EU:T:2013:477), y del hecho de que ciertas empresas pueden no haber tenido conocimiento de la totalidad de la infracción, no puede haberse producido la infracción global que se describe en dicha Decisión.
11

Con el fin de aliviar la carga de trabajo de los centros hospitalarios públicos y reducir los períodos de espera de los pacientes adscritos a dichos centros y que necesitan atención médica que los servicios públicos de salud no pueden prestar en un plazo razonable, las autoridades competentes establecieron un mecanismo de colaboración con centros de salud y hospitales privados, con arreglo al cual se externalizan determinados servicios públicos de atención médica de apoyo que pasan a realizar esos centros privados, sobre una base contractual y tras la adjudicación de un contrato público de servicios. De ese modo, esos centros privados ponen a disposición del servicio público de salud sus infraestructuras y sus medios técnicos y humanos, en particular, enfermeros y asistentes, con el fin de contribuir a llevar a cabo las tareas del sistema de servicio público de salud. No obstante, las intervenciones quirúrgicas y las demás actuaciones médicas se llevan a cabo por cirujanos pertenecientes al servicio público de salud, que se desplazan a tal efecto a los citados centros privados.
34

La Comisión expone que las negociaciones relativas a un acuerdo internacional en ámbitos que no se refieran principal o exclusivamente a la política exterior y de seguridad común forman parte de sus competencias. Las otras instituciones de la Unión no pueden cuestionar su papel de negociador en este ámbito. Aunque el Tratado FUE haya atribuido al Consejo la facultad de autorizar la apertura de tales negociaciones, éste no dispone de la facultad de ampliar el contenido de las directrices de negociación incluyendo en ellas disposiciones que no tienen relación directa con la negociación con el tercer Estado de que se trate.
3

El Reglamento no 73/2009 derogó y sustituyó al Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1 y, corrección de errores en DO 2004, L 94, p. 70), con efectos a partir de 1 de enero de 2009.
10

Durante los años 1997 a 2003, la Sra. Schweier disponía de un depósito en LGT Bank AG (en lo sucesivo, «LGT») en Liechtenstein, en el que se incluían, en particular, participaciones en fondos de inversión que tenían su sede en las Islas Caimán. Dichos fondos de inversión, que no cumplían las obligaciones en materia de declaración, de autorización y de prueba, previstas en el artículo 17, apartado 3, de la AuslInvestmG, y que no habían designado un representante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, tercera frase, de la AuslInvestmG, eran considerados, por ello, en Alemania, fondos denominados «negros», a los que se podía aplicar lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3, de la AuslInvestmG.
3

El artículo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE] (DO L 83, p. 1), establece lo siguiente en sus letras b), c) y f): «A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: [...] b) “ayuda existente”: i) […] toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del Tratado en el Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes de ayuda que fueran aplicables y las ayudas individuales que se hayan llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado y que sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma; […] iv) la ayuda considerada como ayuda existente con arreglo al artículo 15; […] c) “nueva ayuda”: toda ayuda […] que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes; […] f) “ayuda ilegal”: cualquier nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo [88 CE]».
2

Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Modelo Continente Hipermercados SA (en lo sucesivo, «MCH») y la Autoridade para as Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT), en relación con la decisión de ésta de condenar a MCH por infracciones al Derecho del trabajo portugués cometidas por Good and Cheap — Comércio Retalhista SA (en lo sucesivo, «Good and Cheap») antes de su absorción por MCH.
7

La Nomenclatura Combinada, que constituye el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 861/2010 de la Comisión, de 5 de octubre de 2010 (DO L 284, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»), contiene en su primera parte, título I, sección A, un conjunto de Reglas Generales para la interpretación de dicha nomenclatura (en lo sucesivo, «Reglas Generales de la NC»). Dicha sección dispone: «La clasificación de mercancías en la nomenclatura combinada se regirá por los principios siguientes: 1. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes: [...] 3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación de la regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue: a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las más genéricas. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deberán considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. b) Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3 a), se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo. c) Cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. [...] 6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartida así como, mutatis mutandis, por las reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla, también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo disposición en contrario.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p.1), modificado por el Reglamento (CE) no 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998 (DO L 209, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 71 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), tal como fue modificado por el Reglamento (CE) no 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998 (DO L 209, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»).
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Pues bien, en el caso de autos, si bien la Comisión alega que no se puede hacer referencia en modo alguno, en el presente caso, a la situación contemplada en la segunda cuestión prejudicial planteada, dado que Italmoda no cumplió correctamente todas las obligaciones que le incumbían en materia de información frente a las autoridades tributarias del Estado miembro de expedición de los bienes de que se trata, procede señalar, en primer lugar, que de la resolución de remisión no se desprende que dichas obligaciones de información a las autoridades tributarias no hayan sido, en definitiva, correctamente cumplidas. El órgano jurisdiccional remitente pretende más bien estimar el motivo que se opone, únicamente sobre la base de una falta de motivación, a la declaración realizada por el tribunal de apelación de que tuvo lugar una correcta información a las autoridades tributarias, por considerar que esta declaración no podía realizarse por el único motivo de que las declaraciones de Italmoda no habían sido contradichas.