El derecho a ser oído, tal como se aplica en el marco de la Directiva 2004/83, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, no exige en principio que, cuando una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal establece sendos procedimientos distintos y sucesivos para examinar la solicitud que tiene por objeto la obtención del estatuto de refugiado y la solicitud de protección subsidiaria, el solicitante de protección subsidiaria tenga derecho a una audiencia oral relativa a su solicitud ni a designar o a repreguntar a testigos con ocasión de dicha audiencia.

No obstante, deberá celebrarse una audiencia oral cuando concurran circunstancias concretas, relativas a los elementos de que dispone la autoridad competente o a la situación personal o general en la que se inscribe la solicitud de protección subsidiaria, que la hagan necesaria para examinar dicha solicitud con pleno conocimiento de causa, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

En efecto, en primer lugar, de las consideraciones recogidas en la sentencia de 22 de noviembre de 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), no se desprende que deba celebrarse necesariamente una audiencia oral en el marco del procedimiento relativo al otorgamiento de la protección subsidiaria. En segundo lugar, ha de señalarse que, ante la inexistencia de una normativa de la Unión en la materia aplicable en Irlanda, corresponde al ordenamiento jurídico interno de dicho Estado miembro configurar la regulación procesal relativa al examen de las solicitudes de protección subsidiaria, teniendo dicho Estado miembro la responsabilidad de garantizar, en ese marco, una protección efectiva de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión y, en particular, de garantizar el respeto del derecho del solicitante de protección subsidiaria a ser oído (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK,C‑243/15, EU:C:2016:838, apartado 65).

Por lo tanto, las modalidades con arreglo a las cuales un solicitante de protección subsidiaria debe poder ejercer su derecho a ser oído con carácter previo a la adopción de una decisión final relativa a su solicitud deben apreciarse a la luz de las disposiciones de la Directiva 2004/83 que tienen por objeto, en particular, establecer normas mínimas relativas a los requisitos que deben reunir los nacionales de terceros países para poder acogerse a la protección subsidiaria (véanse, por analogía, las sentencias de 5 de noviembre de 2014, Mukarubega,C‑166/13, EU:C:2014:2336, apartado 55, y de 11 de diciembre de 2014, Boudjlida,C‑249/13, EU:C:2014:2431, apartado 45).

A estos efectos, se desprende del artículo 4 de la misma Directiva que, entre los elementos pertinentes que la autoridad competente ha de tener en cuenta, figuran, en particular, la información y la documentación relativas a la edad del solicitante, a su pasado, a su identidad, a su o sus nacionalidades, a los lugares de anterior residencia, a sus solicitudes de asilo previas, a sus itinerarios de viaje y, más ampliamente, a los daños graves que ha sufrido o que pudiera sufrir. En su caso, la autoridad competente también ha de tomar en consideración las explicaciones que se le faciliten sobre la falta de elementos probatorios y sobre la credibilidad general del solicitante.

Por lo tanto, el derecho a ser oído antes de que se adopte una decisión relativa a una solicitud de protección subsidiaria ha de permitir al solicitante exponer su punto de vista sobre el conjunto de esos elementos a fin de fundamentar su solicitud y de permitir a la administración proceder con pleno conocimiento de causa a la evaluación individual de los hechos y de las circunstancias, prevista en el artículo 4 de la Directiva 2004/83, al objeto de determinar si existe un riesgo real de que el solicitante sufra daños graves, en el sentido de dicha Directiva, si es devuelto a su país de origen.

A este respecto, ha de recordarse que si, por cualquier razón, los elementos facilitados por el solicitante de protección internacional no están completos o no son actuales o pertinentes, del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2004/83 se desprende que el Estado miembro de que se trate debe cooperar activamente con el solicitante para permitir que se reúnan todos los elementos con los cuales pueda evaluarse su solicitud (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2012, M.,C‑277/11, EU:C:2012:744, apartado 66).

Por lo tanto, deberá celebrarse una audiencia oral si la autoridad competente, sobre la base de los elementos de que dispone tras el procedimiento escrito y tras la audiencia oral del solicitante llevada a cabo durante el examen de su solicitud de asilo, no está objetivamente en condiciones de determinar con pleno conocimiento de causa si existen motivos fundados para creer que dicho solicitante, si regresase a su país de origen, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir algún daño grave, dándose la circunstancia de que dicho solicitante no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país. Asimismo, deberá celebrarse una audiencia oral si, a la vista de la situación personal o general en la que se inscribe la solicitud de protección subsidiaria, en particular en caso de una especial vulnerabilidad del solicitante atendiendo, por ejemplo, a su edad, a su estado de salud o al hecho de que haya sufrido formas graves de violencia, resulta que tal audiencia es necesaria para permitir al solicitante manifestarse de manera completa y coherente acerca de los elementos que pueden fundamentar dicha solicitud.

(véanse los apartados 28, 30, 34, 36, 37, 48, 49, 51, 56 y 57 y el fallo)