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Palabras clave

Índice



Palabras clave

Política social — Trabajadores y trabajadoras — Acceso al empleo y condiciones de trabajo — Igualdad de trato

(Directiva 76/207/CEE del Consejo, arts. 2, aps. 1, 3 y 4, y 5)

Índice

El artículo 2, apartados 1, 3 y 4, y el artículo 5 de la Directiva 76/207, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una medida nacional que prevé que las mujeres, madres de un niño y que tengan la condición de trabajadoras por cuenta ajena, pueden disfrutar de un permiso, según varias modalidades, durante los nueve primeros meses siguientes al nacimiento de ese hijo, en tanto que los hombres, padres de un niño y que tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, sólo pueden disfrutar del citado permiso cuando la madre de ese niño también tiene la condición de trabajadora por cuenta ajena.

En efecto, dado que ese permiso puede disfrutarse indistintamente por el padre trabajador por cuenta ajena o por la madre trabajadora por cuenta ajena, lo que implica que tanto el padre como la madre pueden asumir la alimentación y el tiempo de cuidado del hijo, parece que ese permiso se concede a los trabajadores y trabajadoras por su condición de progenitores del niño. Por tanto, no puede considerarse que permita asegurar la protección de la condición biológica de la madre después de su embarazo o la protección de las particulares relaciones entre la madre y su hijo. Por otra parte, el hecho de denegar el disfrute del permiso referido a los padres que tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, por el único motivo de que la madre del niño no tenga esa condición, podría dar lugar a que una mujer que es trabajadora por cuenta propia se viera obligada a limitar su actividad profesional, y soportar sola la carga derivada del nacimiento de su hijo, sin poder recibir la ayuda del padre del niño. En consecuencia, una medida como esa no constituye una medida que tenga como efecto eliminar o reducir las desigualdades de hecho que pudieran existir para las mujeres en la realidad de la vida social, en el sentido del artículo 2, apartado 4, de la Directiva 76/207, ni una medida tendente a lograr una igualdad sustancial y no meramente formal al reducir las desigualdades de hecho que pueden surgir en la vida social y, de este modo, evitar o compensar, conforme al artículo 157 TFUE, apartado 4, las desventajas en la carrera profesional de las personas afectadas.

(véanse los apartados 31 y 37 a 39 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento — Incumplimiento de las obligaciones derivadas de una directiva — Motivos de defensa — Impugnación de la legalidad de la directiva — Inadmisibilidad — Límites — Acto inexistente (Arts. 226 CE, 227 CE, 230 CE y 232 CE) (véanse los apartados 15 y 16)

2. Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las directivas — Incumplimiento — Justificación basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia (Art. 226 CE) (véase el apartado 18)

3. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE; Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) (véanse los apartados 19 a 22)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO L 105, p. 54).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

2) Condenar en costas a la República de Austria.
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En virtud del artículo 68, apartado 1, del Reglamento, que entró en vigor el 1 de marzo de 2002, dicho Reglamento sustituyó, entre todos los Estados miembros –con excepción del Reino de Dinamarca– a las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los sucesivos Convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros al referido Convenio.
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Sobre este particular, la República Checa explica que su sistema de pensiones de jubilación consta tan sólo de dos aspectos, constituidos respectivamente por los pilares primero y tercero de los sistemas de pensión de jubilación. El primer pilar, regulado por la Ley no 155/1995 sobre el seguro de pensión, está constituido por la pensión legal, general y obligatoria para todos los afiliados y está comprendido dentro del régimen nacional de seguridad social. En lo que ser refiere al tercer pilar, regulado por la Ley no 42/1994 sobre el seguro de pensión complementaria que se beneficia de una aportación del Estado, está constituido por los contratos individuales de seguro de pensión firmados por los afiliados voluntariamente con los fondos de pensión creados en virtud de la citada Ley. La afiliación a tales fondos no está relacionada con un puesto de trabajo, con un empresario ni con el ejercicio de una actividad independiente. Por el contrario, el sistema checo de pensiones de jubilación no consta de un segundo pilar, constituido por las pensiones complementarias concedidas en relación con una actividad profesional por cuenta ajena o bien independiente.
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Mediante escrito de 11 de febrero de 2008, el NHS informó a Uniplex de que se había producido un cambio en las circunstancias. Se había descubierto que la oferta de Assut (UK) Ltd no era admisible y B. Braun UK Ltd, que había quedado en cuarta posición en la fase de valoración de las ofertas, había sido incluida en el acuerdo marco en sustitución de Assut (UK) Ltd.
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El artículo 3 de la Directiva 83/374 está redactada de la siguiente forma: «1. Se entiende por “productor” la persona que fabrica un producto acabado, que produce una materia prima o que fabrica una parte integrante, y toda aquella persona que se presente como productor poniendo su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo en el producto. 2. Sin perjuicio de la responsabilidad del productor, toda persona que importe un producto en la Comunidad con vistas a su venta, alquiler, arrendamiento financiero o cualquier otra forma de distribución en el marco de su actividad comercial será considerada como productor del mismo, a los efectos de la presente Directiva, y tendrá la misma responsabilidad que el productor. 3. Si el productor del producto no pudiera ser identificado, cada suministrador del producto será considerado como su productor, a no ser que informara al perjudicado de la identidad del productor o de la persona que le suministró el producto dentro de un plazo de tiempo razonable. Lo mismo sucederá en el caso de los productos importados, si en éstos no estuviera indicado el nombre del importador al que se refiere el apartado 2, incluso si se indicara el nombre del productor».
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El Decreto Legislativo no 163, por el que se establece el Codice dei contratti publici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Código de contratos públicos de obras, de servicios y de suministros en aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE), de 12 de abril de 2006 (suplemento ordinario de la GURI no 100, de 2 de mayo de 2006; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo no 163/2006»), regula, en su conjunto, los procedimientos de licitación de contratos públicos de obras, servicios y suministro. El artículo 34 de este Decreto Legislativo, en su versión modificada por el Decreto Legislativo no 113, de 31 de julio de 2007, titulado «Personas que pueden resultar adjudicatarias de contratos públicos», establece en su apartado 1: «1. Sin perjuicio de las limitaciones expresamente señaladas, las siguientes personas podrán participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos: […] b) los consorcios de sociedades cooperativas de producción y trabajo […], y los consorcios de empresas artesanales […]; c) los consorcios estables, constituidos en forma de sociedades consorciales […], entre empresarios individuales (incluidos artesanos), sociedades mercantiles o sociedades cooperativas de producción y de trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 36; […] f) las personas que hayan celebrado un contrato de Grupo Europeo de Interés Económico (GEIE) […]; f bis) los operadores económicos […] establecidos en otros Estados miembros y constituidos de conformidad con la legislación vigente en el Estado afectado.»
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Además, es necesario destacar que el principio general de igualdad de trato, del que el principio de neutralidad fiscal es una expresión particular a nivel de Derecho comunitario derivado y en el sector particular de la fiscalidad, exige que las situaciones comparables no reciban un trato diferente, a no ser que éste se justifique objetivamente (sentencia Marks & Spencer, antes citada, apartado 51 y jurisprudencia citada). Supone, en concreto, que las distintas categorías de operadores económicos que se encuentran en una situación comparable reciban un trato idéntico para garantizar que la competencia no sea falseada en el mercado interior, de conformidad con las disposiciones del artículo 3 CE, apartado 1, letra g).
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Sin embargo, la Región de Cerdeña afirma que, habida cuenta del carácter y de la finalidad del impuesto regional sobre las escalas, que tiene por objeto garantizar la protección del medio ambiente, los residentes y los no residentes no se encuentran en situaciones objetivamente comparables por lo que su trato distinto no constituye una restricción de la libre prestación de servicios de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, con la sentencia de 14 de febrero de 1995, Schumacker (C-279/93, Rec. p. I-225). En efecto, mientras que los residentes contribuyen a la creación de los recursos destinados a operaciones de conservación, recuperación y protección de los recursos medioambientales, al financiar la acción de la Región de Cerdeña a través de la contribución general y, en particular mediante los impuestos sobre la renta, de los que una cuota está destinada a los presupuestos regionales, las empresas no residentes actúan, por el contrario, como «free riders» medioambientales, utilizando los recursos sin participar en el coste de tales operaciones.
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Las alegaciones formuladas por las partes ante el órgano jurisdiccional remitente se refieren en especial a los criterios aplicables para determinar si Diesel había dado o no su consentimiento tácito, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva, a la comercialización de los zapatos fabricados por Cosmos en el EEE. A este respecto, las partes no están de acuerdo en particular sobre la pertinencia de la interpretación de la citada disposición dada por la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691), en la medida en que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, los productos designados con la marca de que se trataba habían sido comercializados por primera vez fuera del EEE y no directamente en éste como en el litigio principal.
3)

En caso de respuesta negativa a las letras a), b) y c) de la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 13, parte B, letra c), de la Sexta Directiva en el sentido de que la transmisión a título oneroso de contratos de reaseguro de vida constituye una entrega de bienes, y que, en la aplicación del artículo 13, parte B, letra c), de la Sexta Directiva no debe diferenciarse entre si el lugar de las actividades exentas del impuesto se encuentra en el Estado miembro de la entrega o en otro Estado miembro?»
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El Reino de España precisa que el ámbito de aplicación de la exención controvertida no se extiende a todas las loterías, juegos de azar y apuestas organizados en España o por entidades residentes en España. Así, con la salvedad de lo dispuesto en dicha exención, los premios repartidos en los juegos organizados por residentes están sujetos a la misma tributación que los repartidos en los juegos organizados por no residentes. Por consiguiente, no cabe afirmar que dicha exención produce o puede producir una discriminación contra los organizadores de loterías no establecidos en España. Según el Reino de España, no existe discriminación alguna contra las entidades no residentes de características análogas a las que se recogen en la Ley del Impuesto sobre la Renta, puesto que esta última no define el ámbito de la exención en función de unas características concretas y determinadas y no se refiere ni a la nacionalidad ni al lugar de establecimiento de las entidades de que se trata.
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22).
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El Decreto Legislativo no 507, de 15 de noviembre de 1993, relativo a la revisión y armonización de los impuestos locales sobre la publicidad y de los derechos sobre la colocación de anuncios en lugares públicos, del canon por ocupar espacios y zonas públicas de los ayuntamientos y provincias, así como de la tasa para la eliminación de los residuos sólidos urbanos en virtud del artículo 4 de la Ley no 421 de , sobre reorganización de las Haciendas Locales (suplemento ordinario de la GURI no 108, de ; en lo sucesivo, «Decreto no 507/1993»), creó la tasa sobre los residuos en su capítulo III.
Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE (DO L 209, p. 1), y del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 76, p. 14) — Plazo mínimo que debe respetarse entre la notificación de la decisión de adjudicación del contrato a los candidatos y a los licitadores y la firma del contrato correspondiente.
2)

El artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento no 1593/91, en relación con el artículo 11, apartados 1 y 2, del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, suscrito el Ginebra el 14 de noviembre de 1975, debe interpretarse en el sentido de que únicamente determina el plazo para aportar la prueba de la regularidad del transporte, pero no el plazo en el que se debe aportar la prueba del lugar de comisión de la infracción o la irregularidad. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar, según los principios de su Derecho nacional aplicables en materia de prueba, si, en el caso concreto de que conozca y habida cuenta de todas las circunstancias, la prueba ha sido aportada dentro de plazo. No obstante, el órgano jurisdiccional nacional apreciará este plazo con arreglo al Derecho comunitario y, especialmente, por una parte, teniendo en cuenta que el plazo no debe ser demasiado largo, para no hacer jurídica y materialmente imposible la recaudación de las cantidades adeudadas en otro Estado miembro, y, por otra parte, velando por que este plazo no ponga al titular del cuaderno TIR en la imposibilidad material de aportar la prueba mencionada.
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Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE, 43 CE y 49 CE, así como del artículo 8 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de (DO L 217, p. 18) (en lo sucesivo, «Directiva 98/34»), al no haber adoptado todas las medidas necesarias para ejecutar la sentencia de , Comisión/Grecia (C-65/05, Rec. p. I-10341).
El artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 495/97 de la Comisión, de , debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de una restitución diferenciada, la parte diferenciada de la restitución no se solicita en el momento de la presentación de la solicitud prevista en el artículo 47, apartado 1, del Reglamento no 3665/87, o del documento para el pago de la restitución previsto en el artículo 47, apartado 2, del citado Reglamento, sino desde el momento de la presentación del documento contemplado en el artículo 3, apartado 5, de dicho Reglamento. La inclusión en este último documento de informaciones que puedan dar como resultado una restitución superior a la restitución aplicable y que resulten ser incorrectas lleva aparejada, por consiguiente, la aplicación de la sanción prevista en los párrafos primero y segundo del referido artículo 11, apartado 1, excepto en los supuestos previstos en los párrafos tercero y séptimo del artículo 11, apartado 1, del mencionado Reglamento.
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A tenor del artículo 17, apartados 2, 6 y 7, de la Sexta Directiva, en su versión modificada por la Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de 1995 (DO L 102, p. 18): «2. En la medida en que los bienes y los servicios se utilicen para las necesidades de sus operaciones gravadas, el sujeto pasivo podrá deducir del impuesto del que es deudor: a) el [IVA] debido o pagado dentro del país por los bienes que le hayan sido o le vayan a ser entregados y por los servicios que le hayan sido o le vayan a ser prestados por otro sujeto pasivo; […] 6. Antes de cuatro años, contados a partir de la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva, el Consejo determinará, a propuesta de la Comisión y por unanimidad, los gastos que no conlleven el derecho a la deducción de las cuotas del [IVA]. Del derecho de deducción se excluirán en todo caso los gastos que no tengan un carácter estrictamente profesional, tales como los de lujo, recreo o representación. Hasta la entrada en vigor de las normas del apartado anterior, los Estados miembros podrán mantener todas las exclusiones previstas por su legislación nacional en el momento de la entrada en vigor de la presente Directiva. 7. Sin perjuicio de la reserva prevista en el artículo 29, cada Estado miembro estará facultado, por razones coyunturales, para excluir total o parcialmente del régimen de deducciones algunos o todos los bienes de inversión u otros bienes. En orden a mantener unas condiciones de competencia idénticas, los Estados miembros podrán, en vez de negar la deducción, gravar los bienes que el sujeto pasivo haya fabricado por sí mismo o haya comprado en el interior del país, o haya importado, de manera que esta tributación no sobrepase la cuantía del [IVA] que gravaría la adquisición de bienes similares.»
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/100/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía (DO L 363, p. 141).
El artículo 73 del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que una persona divorciada, a quien abonaba las prestaciones familiares la institución competente del Estado miembro en el que dicha persona residía y en el que su anterior esposo sigue viviendo y trabajando, conserva respecto a su hijo, siempre que este último sea reconocido como «miembro de la familia» de ese anterior esposo, en el sentido del artículo 1, letra f), inciso i), de dicho Reglamento, el derecho a esas prestaciones, aun cuando abandone el referido Estado para establecerse con su hijo en otro Estado miembro en el que no trabaja y aun cuando ese anterior esposo pueda percibir dichas prestaciones en su Estado miembro de residencia.

(véanse el apartado 32 y el punto 1 del fallo)