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Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 31 de enero de 2018 — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill)

(Asunto T‑35/17)

«Marca de la Unión Europea — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca denominativa iGrill — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Objetivo—Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 14)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 15 a 17 y 32)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Apreciación del carácter descriptivo de un signo—Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 18)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Marca denominativa iGrill [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 20 a 23, 33, 34, 37 y 38)

5. Marca de la Unión Europea—Resoluciones de la Oficina—Principio de igualdad de trato—Principio de buena administración—Práctica decisoria anterior de la Oficina—Principio de legalidad—Necesidad de efectuar un examen estricto y completo en cada caso concreto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véase el apartado 36)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de noviembre de 2016 (asunto R 538/2016‑2), relativa al registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca denominativa iGrill.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
2.

Agricultura — Financiación por el FEAGA — Principios — Obligación de diligencia de los Estados miembros en la recuperación de las cantidades pagadas irregularmente — No recuperación derivada del no agotamiento de todos los recursos posibles ante los órganos jurisdiccionales nacionales — Falta de presentación de un recurso de casación que priva al Tribunal de Casación de la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales — Negligencia imputable a un Estado miembro — Apreciación en función de las circunstancias de cada caso — Inexistencia de negligencia [Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 54, ap. 5, letra c); Reglamento (CE) n.o 1290/2005 del Consejo, art. 32, ap. 8, letra a)] (véanse los apartados 91, 93, 107 y 108)
80

En efecto, basta recordar que, según reiterada jurisprudencia, la interpretación hecha por la demandante del derecho a la tutela judicial efectiva no puede ignorar los requisitos de admisibilidad de un recurso de anulación. Así, en lo que atañe específicamente al ámbito objeto del presente recurso, el Tribunal de Justicia ha tenido la ocasión de precisar que un particular al que no afecta directa e individualmente una decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado y que, por tanto, no se ve afectado en sus intereses por la medida estatal objeto de la decisión no puede invocar el derecho a una tutela judicial frente a dicha decisión (véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2007, Sniace/Comisión, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, apartados 64 y 65). Pues bien, de las consideraciones expuestas se desprende que en el presente asunto falta precisamente uno de esos dos requisitos, ya que la demandante no ha demostrado que la Decisión impugnada la afectara individualmente. Habida cuenta de que el presente asunto y el asunto que dio lugar a la sentencia de 25 de junio de 1998, British Airways y otros/Comisión (T‑371/94 y T‑394/94, EU:T:1998:140), no se refieren a medidas idénticas, y ni siquiera similares, la demandante no puede sostener que la declaración de inadmisibilidad del presente recurso menoscaba su derecho a una tutela judicial efectiva.
211

Ahora bien, procede indicar que el método utilizado por la Comisión en el Reglamento impugnado en este asunto no se ajusta a ese objetivo. En efecto, dicho método no permite que la Comisión verifique si se otorgó realmente un beneficio a cada uno de esos productores exportadores ni si, gracias a la contribución financiera de los poderes públicos, un productor exportador específico se encuentra realmente en mejor situación que si no existiera tal contribución. Así pues, al haber tomado en consideración unos costes medios de transporte únicos para esos dos productores exportadores, la Comisión no puede excluir la posibilidad de que alguno de ellos no obtenga beneficio, en particular porque los gastos de transporte reales soportados por él sean tales que anulen cualquier beneficio derivado del precio ventajoso del propio producto.
174

En cuanto al porcentaje de participación en este margen de beneficio neto, del 45 %, que habría correspondido a la demandante, la Comisión aduce que la demandante no ha presentado ningún acuerdo celebrado a tal efecto con los miembros del consorcio; que, en la tabla de valoración del perjuicio resultante de la pérdida del contrato controvertido, junto a este porcentaje aparece la sigla «TBC» y que es desproporcionado, dado que, junto con la comisión de gestión, habría supuesto reservar a la demandante un 67 % del margen de beneficio neto que se esperaba obtener mediante la ejecución del contrato controvertido, de modo que los otros cuatro miembros del consorcio se habrían repartido únicamente un 33 % de este margen. A este respecto, es preciso subrayar que las pruebas admisibles que ha presentado la demandante no demuestran qué clave de reparto del margen de beneficio neto acordaron los miembros del consorcio para el supuesto de que el contrato les fuese adjudicado. Además, la demandante no niega que la sigla «TBC» que figura en la tabla de valoración del perjuicio resultante de la pérdida del contrato controvertido indica que la clave de reparto que figura en la tabla quedaba «pendiente de confirmación» una vez que el contrato hubiese sido firmado formalmente. Dado que la demandante necesariamente habría tenido derecho, al igual que el resto de los miembros del consorcio, a una participación en el margen de beneficio neto que se esperaba obtener mediante la ejecución del contrato controvertido, si bien no ha llegado, en el caso de autos, a demostrar que su parte debería haber sido superior a la del resto de los miembros del consorcio y, más concretamente, que debería haber sido del 45 % de dicho margen, el Tribunal considera que se tienen debidamente en cuenta los derechos de indemnización de la demandante si se fija dicha participación en un 20 %, resultado de dividir el margen neto esperado en partes iguales entre los cinco miembros del consorcio.
109

Apoyado por la República Francesa, el demandante alega que los compromisos aceptados por la Comisión no responden a las inquietudes en materia de competencia manifestadas en la evaluación preliminar que dicha institución realizó. En particular, el demandante sostiene que la Decisión impugnada tiene por objeto examinar los acuerdos entre Paramount y Sky relativos a la distribución de obras audiovisuales en el Reino Unido e Irlanda. Añade que, sin embargo, la Comisión convirtió en obligatorios compromisos relativos a todo el EEE, sin examinar el contexto jurídico y económico de los acuerdos celebrados entre, por una parte, Paramount y, por otra, los organismos de radiodifusión distintos de Sky que operan en el EEE. Según el demandante, al partir de la premisa de que cualquier análisis preliminar sobre el mercado del Reino Unido e Irlanda podía extrapolarse implícitamente al mercado francés, respecto del que no se efectuó análisis alguno, la Comisión incurrió en un error manifiesto que conlleva un error de Derecho. Además, el demandante afirma que la Comisión impuso las mismas consecuencias a Sky y al demandante, a pesar de que estos dos organismos de radiodifusión no disfrutaron de los mismos derechos procedimentales, lo que, en su opinión, supone una violación del derecho de defensa del demandante. El demandante considera que el planteamiento de la Comisión es todavía más paradójico tras la salida del Reino Unido del EEE, ya que los compromisos convertidos en vinculantes se aplican exclusivamente en mercados respecto de los que la Comisión no ha llevado a cabo ningún análisis preliminar.
169

En tercer lugar, cabe recordar que, en el presente caso, la anulación de la decisión impugnada no es suficiente para reparar el daño sufrido por el demandante. En efecto, a causa de la ilegalidad de la decisión impugnada y de las ilegalidades cometidas en la fase de la reclamación, el demandante se encuentra de nuevo en la misma situación de espera y de incertidumbre que la provocada por la ilegalidad de la decisión de 10 de septiembre de 2010. Tal prolongación de la situación de espera y de incertidumbre, provocada por la ilegalidad de la decisión impugnada, constituye un daño moral resarcible, que corresponde compensar al Comité de las Regiones mediante una reparación adecuada fijada ex aequo et bono (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2017, Lucaccioni/Comisión, T‑551/16, no publicada, EU:T:2017:751, apartado 144).
91

Lo mismo cabe afirmar respecto de la mención de que la garantía del Estado asociada a las exposiciones frente a la CDC no las priva de pertinencia para el cálculo del ratio de apalancamiento de la demandante, toda vez que el objetivo de este es ofrecer una apreciación no basada en el nivel de riesgo de cada una de las exposiciones de la demandante y que, además, los Estados pueden estar expuestos a riesgos de insolvencia. En efecto, habida cuenta de que el legislador determinó que las exposiciones frente a entes del sector público que cumplan los requisitos previstos en el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 pueden eventualmente no ser tenidas en cuenta a efectos del cálculo del ratio de apalancamiento, correspondía al BCE conciliar, al ejercer su facultad discrecional, los objetivos que presidieron la introducción del ratio de apalancamiento y los del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013. Pues bien, por las razones expuestas en los apartados 85 a 87 de la presente sentencia, no se llevó a cabo tal conciliación, pues el BCE no se basó en una apreciación de la probabilidad de un impago del Estado francés, sino que adoptó un razonamiento que excluía, en la práctica, toda posibilidad de estimar una solicitud formulada al amparo del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013.
41

En el marco del primer motivo, basado en una infracción del artículo 13 de la Directiva 2013/36 y del artículo L. 511‑13 del CMF, las demandantes alegan que, al equiparar el concepto de «dirección efectiva» con el de «alta dirección», el BCE modificó el sentido de ambas disposiciones. En particular afirman, a ese respecto, que la utilización de la expresión «personas en la dirección efectiva de la actividad» en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2013/36 no supone una remisión a la definición de «alta dirección», que figura en el artículo 3, apartado 1, punto 9, de esa misma Directiva y deducen de ello que un «directivo efectivo» no es necesariamente miembro de la alta dirección. Consideran que el término «efectivo» debe entenderse en su sentido literal, es decir, como referido a lo «real» o lo que «existe efectivamente, realmente». Añaden que el artículo 3, apartado 1, punto 9, de la Directiva 2013/36 no impide al Derecho nacional establecer que las personas que ejerzan una función de supervisión ostenten asimismo funciones ejecutivas y no implica que los miembros de la alta dirección sean los únicos que puedan considerarse «directivos efectivos» ni que deban encargarse de la gestión diaria de la entidad de crédito. En su opinión, el concepto de «directivo efectivo» alude a la dirección de una entidad de crédito, dirección que abarca una doble dimensión, a saber, una función de supervisión y una función ejecutiva. También consideran que el BCE dedujo erróneamente de otras disposiciones del CMF que únicamente aquellos directivos que gozan de poderes ejecutivos pueden calificarse de efectivos. Por último, las demandantes sostienen que no cabe invocar la sentencia del Conseil d’État (Consejo de Estado) de 30 de junio de 2016 a efectos de justificar la negativa a designar a los presidentes de sus consejos de administración como «directivos efectivos», puesto que dicha sentencia se basa en una interpretación errónea de su estatuto de cooperativas de crédito.
1

La demandante, Fertisac, S.L., es una sociedad española dedicada a la fabricación de sustancias sometidas a la obligación de registro en la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en virtud del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1).
1

El Reglamento (UE) n.o 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n.o 1982/2006/CE (DO 2013, L 347, p. 104), y el Reglamento (UE) n.o 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1906/2006 (DO 2013, L 347, p. 81), establecieron, sobre la base de los artículos 173 TFUE y 182 TFUE, el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020.
46

Según jurisprudencia reiterada, del tenor del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, relativo al examen de oficio de los hechos por la EUIPO, se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes introduzcan hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha introducción con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n.o 207/2009 y que no se prohíbe en modo alguno a la EUIPO que tenga en cuenta hechos alegados y pruebas presentadas extemporáneamente [véase la sentencia de 11 de diciembre de 2014, CEDC International/OAMI — Underberg (Forma de brizna de hierba dentro de una botella), T‑235/12, EU:T:2014:1058, apartado 44 y jurisprudencia citada]. Dicho de otro modo, la EUIPO puede tenerlas en cuenta fuera del plazo establecido por la División de Oposición y, en su caso, por primera vez ante la Sala de Recurso haciendo uso de la facultad de apreciación que le otorga el mencionado artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Forma de brizna de hierba dentro de una botella, T‑235/12, EU:T:2014:1058, apartado 44 y jurisprudencia citada).
56

En efecto, en primer lugar, el mecanismo de ajuste previsto para 2013, precisamente definido por el método de 2009, forma parte de las modalidades de aplicación de éste. Dicho ajuste tenía por objeto exclusivamente corregir, para el año 2013, la adaptación del baremo de los sueldos base en el supuesto de que la aplicación del método de 2009 para los años 2010 a 2012 no hubiera llevado a una indexación de ese baremo a la tasa de inflación efectivamente registrada durante esos años. Por otra parte, es importante subrayar, como se ha hecho en el apartado 9 de la presente sentencia, que el incremento del baremo de los sueldos base en un 3,6 % que resulta de la aplicación, en 2013, del método de 2009 tiene en cuenta, en particular, el ajuste previsto en 2013. Por tanto, dicho ajuste no constituye ni una excepción que permita al BEI inaplicar ese método ni un factor que pueda determinar el carácter no vinculante del método de 2009, sino que, en cambio, constituye un factor adicional que refuerza su carácter vinculante.
22

En cuarto término, alega la infracción del artículo 52, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549), y del artículo 31, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO 2005, L 209, p. 1), y la violación del principio de proporcionalidad en la medida en que, mediante la corrección a tanto alzado del 10 % que aplicó, la Comisión, por una parte, no apreció correctamente el carácter y el alcance, en cualquier caso mínimo, de una eventual infracción en relación con los criterios de selección y, por otra, no tuvo en cuenta que la Unión ni había sufrido un perjuicio financiero ni había corrido un riesgo real de sufrir tal perjuicio. Añade que la Decisión impugnada adolece de falta de motivación sobre este extremo.
155

En el caso de autos, tras la presentación de la solicitud de renovación, seis días hábiles antes de la expiración del contrato el 31 de mayo de 2015 y con independencia del hecho de que la administración disponía a ese respecto, en virtud del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, de un plazo de respuesta de cuatro meses (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de enero de 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, no publicada, EU:T:2017:7, apartado 64) y de que la interesada se encontraba entonces en situación de licencia por enfermedad, la AFCC pudo dar una respuesta a la solicitud de renovación en menos de una semana. Sin embargo, la AFCC no oyó formalmente a la interesada a este respecto previamente, aun cuando las exigencias resultantes del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales no entrañaban ninguna dificultad particular de aplicación para una administración diligente y la audiencia de la interesada es una garantía mínima en los casos en que, como en el presente asunto, la administración actúa en un ámbito en el que dispone de una amplia facultad de apreciación (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de febrero de 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, apartado 77). De la misma manera, la AFCC tampoco oyó formalmente a la demandante antes de que se adoptase la decisión confirmatoria de 14 de julio de 2015.
3.

Concentraciones de empresas — Examen por la Comisión — Compromisos de las empresas interesadas aptos para hacer compatible la operación notificada con el mercado interior — Posibilidad de que terceros presenten una denuncia ante la Comisión por incumplimiento de los compromisos — Inexistencia [Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo; Reglamentos (CE) de la Comisión n.o 773/2004, art. 7, y n.o 802/2004] (véanse los apartados 38 y 39)
A este respecto, unas meras decisiones de aplicación respecto de otras personas no deben confundirse con las medidas de ejecución a las que hace referencia dicha disposición. En efecto, si todas las decisiones de aplicación, en particular las «sancionadoras» o «negativas», que tienen por objeto penalizar el incumplimiento de un acto reglamentario, debieran tener también la consideración de medidas de ejecución, la inclusión en el Tratado FUE del tercer supuesto del artículo 263, párrafo cuarto, quedaría a menudo privada de alcance, cuando precisamente da respuesta al deseo de evitar que los justiciables se vean obligados a provocar la adopción de medidas «sancionadoras» o «negativas» en su contra para obtener el control de legalidad de ese acto reglamentario en vía prejudicial.

La circunstancia de que un acto de la Unión impida a una persona jurídica pública ejercer como considere oportuno sus competencias propias produce directamente efectos en su posición jurídica y, por lo tanto, ese acto la afecta directamente. Si se trata de una entidad infraestatal, un acto de la Unión la afecta de forma aún más directa si afecta a sus propias competencias normativas y no solamente a su potestad para adoptar decisiones individuales en un marco preestablecido.

En cuanto atañe al Reglamento 2016/646, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 692/2008 en lo que concierne a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6), se desprende de las interpretaciones literal, teleológica y contextual de la Directiva 2007/46, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco), y más concretamente de su artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, que esta Directiva impide a las autoridades públicas de los Estados miembros, sin dejarles ninguna facultad de apreciación, restringir u obstaculizar la circulación viaria de vehículos por motivos relacionados con aspectos de su fabricación o funcionamiento comprendidos en esta Directiva si satisfacen los requisitos establecidos en ella, lo que implica que, debido a la adopción del referido Reglamento, las autoridades públicas no pueden limitar, en el marco de una medida específica que tenga en cuenta los niveles de las emisiones contaminantes de los vehículos, la circulación de aquellos que no respeten en los ensayos de RDE los límites de las emisiones de óxidos de nitrógeno fijadas en la norma Euro 6 pero que respeten no obstante en dichos ensayos los valores NTE de emisiones de óxidos de nitrógeno definidos en este Reglamento, que son más elevados que los primeros. Habida cuenta de las potestades de las autoridades públicas infraestatales demandantes para restringir la circulación de los automóviles a fin de proteger la calidad del aire y del uso real que hacen de las mismas, ha quedado demostrado que el Reglamento 2016/646 produce efectos en su situación jurídica y que, en consecuencia, los afecta directamente, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

(véanse los apartados 50, 76, 80 y 84)