ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 389/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de octubre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Reino Unido) — A/B

(Asunto C-489/14) (1)

([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Reglamento (CE) no 2201/2003 - Litispendencia - Artículos 16 y 19, apartados 1 y 3 - Procedimiento de separación judicial en un primer Estado miembro y procedimiento de divorcio en un segundo Estado miembro - Competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda - Concepto de competencia «establecida» - Extinción del primer procedimiento e iniciación de un nuevo procedimiento de divorcio en el primer Estado miembro - Consecuencias - Diferencia horaria entre los Estado miembros - Efectos sobre la iniciación del procedimiento judicial])

(2015/C 389/12)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: A

Demandada: B

Fallo

Por lo que respecta a los procedimientos de separación y de divorcio sustanciados entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de dos Estados miembros, el artículo 19, apartados 1 y 3, del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, en la que el procedimiento ante el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda en el primer Estado miembro se ha extinguido después de que se presentara la segunda demanda ante un órgano jurisdiccional en el segundo Estado miembro, han dejado de concurrir los criterios de la litispendencia y, por tanto, la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda debe considerarse no establecida.

(1) DO C 26, de 26.1.2015.
1)

El artículo 2, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento (CE) no 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002, y el artículo 1, apartado 1, del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999 y aprobado en nombre de la Unión Europea mediante la Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se examine a la luz del artículo 17 de dicho Convenio la acción de indemnización ejercitada por una persona que era ocupante de una aeronave que debía despegar y aterrizar en un mismo lugar situado en un Estado miembro, y a quien se transportaba gratuitamente para un vuelo de observación aérea de una finca sobre la que se pretendía celebrar una transacción inmobiliaria con el piloto de dicha aeronave, y que sufrió lesiones corporales al estrellarse la citada aeronave.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 302/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland — Irlanda) — Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality

(Asunto C-218/14) (1)

([Procedimiento prejudicial - Directiva 2004/38/CE - Artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a) - Derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión - Matrimonio entre un ciudadano de la Unión y un nacional de un tercer país - Mantenimiento del derecho de residencia del nacional de un tercer país después de la partida, seguida de un divorcio, del ciudadano de la Unión del Estado miembro de acogida - Artículo 7, aparado 1, letra b) - Recursos suficientes - Consideración de los recursos del cónyuge nacional de un tercer país - Derecho de los nacionales de terceros países a trabajar en el Estado miembro de acogida para contribuir a la obtención de recursos suficientes])

(2015/C 302/11)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Ireland

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly

Demandada: Minister for Justice and Equality

Con intervención de: Immigrant Council of Ireland

Fallo

1) El artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un tercer país, divorciado de un ciudadano de la Unión, cuyo matrimonio haya durado por lo menos tres años antes del inicio del procedimiento judicial de divorcio, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, no podrá mantener su derecho de residencia en ese Estado miembro, sobre la base de dicha disposición, cuando el inicio del procedimiento judicial de divorcio haya sido posterior a la partida de ese Estado miembro del cónyuge ciudadano de la Unión.

2) El artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que el ciudadano de la Unión dispone de recursos suficientes para él y para los miembros de su familia, de modo que no se convierta en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida durante el período de su residencia, aun cuando esos recursos procedan en parte de los de su cónyuge que es nacional de un tercer país.

(1) DO C 223, de 14.7.2014.
2)

El Reglamento no 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el traslado del menor ha tenido lugar conforme a una resolución judicial ejecutiva provisionalmente, que fue revocada posteriormente por una resolución judicial que fijaba la residencia del menor en el domicilio del progenitor que permanecía en el Estado miembro de origen, la no restitución del menor a ese Estado miembro con posterioridad a esa segunda resolución es ilícita y el artículo 11 del Reglamento es aplicable si se apreciara que el menor aún tenía su residencia habitual en dicho Estado miembro inmediatamente antes de esa omisión de restitución. Si se apreciara, por el contrario, que en ese momento el menor ya no tenía su residencia habitual en el Estado miembro de origen, la resolución denegatoria de la demanda de restitución basada en esa disposición se adoptaría, en su caso, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en un Estado miembro establecidas en el capítulo III del Reglamento.
4)

Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea para que se pronuncie, en relación con los tres motivos de la demanda, teniendo en cuenta el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo, acerca de la legalidad de la Decisión 2011/3/EU en la medida en que ésta declaró que las ayudas abonadas a partir del 3 de diciembre de 2009 con arreglo al segundo contrato de servicio público de transporte celebrado para los años 2005 a 2014 eran compatibles con el mercado interior.
2)

Ante una relación contractual como la controvertida en el litigio principal, es preciso, para determinar si esta relación contractual debe calificarse de suministro de mano de obra, en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra c), de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, tener en cuenta todo elemento que indique si el desplazamiento del trabajador al Estado miembro de acogida es el propio objeto de la mencionada prestación de servicios a la que se refiere la relación contractual o no. En principio, constituyen indicios de que tal desplazamiento no es el propio objeto de la prestación de servicios controvertida, concretamente, el que el proveedor de servicios soporte las consecuencias de la ejecución no conforme de la prestación estipulada en el contrato y el que ese proveedor tenga libertad para determinar el número de trabajadores que considera oportuno trasladar al Estado miembro de acogida. En cambio, el que la empresa beneficiaria de la prestación controle la conformidad con dicho contrato de la mencionada prestación o que pueda dar instrucciones generales a los trabajadores de ese proveedor no permite, como tal, declarar la existencia de un suministro de mano de obra.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 138/16

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de febrero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État — Francia) — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

(Asunto C-623/13) (1)

([Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Artículo 4 - Ámbito de aplicación material - Gravámenes sobre los rendimientos del patrimonio - Contribución social generalizada - Contribución para el reembolso de la deuda social - Exacción social - Contribución suplementaria de la exacción social - Participación en la financiación de regímenes obligatorios de seguridad social - Nexo directo y suficientemente pertinente con ciertas ramas de la seguridad social])

(2015/C 138/20)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d'État

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ministre de l'Économie et des Finances

Demandada: Gérard de Ruyter

Fallo

El Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) no 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, debe interpretarse en el sentido de que gravámenes sobre los rendimientos del patrimonio como los discutidos en los asuntos principales, cuando contribuyen a la financiación de regímenes obligatorios de seguridad social, tienen un nexo directo y pertinente con algunas de las ramas de seguridad social enumeradas en el artículo 4 del Reglamento no 1408/71 y entran por tanto en el ámbito de aplicación de ese Reglamento, aun si esos gravámenes recaen sobre los rendimientos del patrimonio de las personas sujetas con independencia del ejercicio por ellas de toda actividad profesional.

(1) DO C 31, de 1.2.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 65/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/X

(Asunto C-87/13) (1)

((Procedimiento prejudicial - Libertad de establecimiento - Normativa tributaria - Impuesto sobre la renta - Sujeto pasivo no residente - Deducibilidad de los gastos relativos a un monumento histórico habitado por su propietario - No deducibilidad en el caso de un monumento que no está registrado como monumento protegido en el Estado de imposición a pesar de estarlo en el Estado de residencia))

(2015/C 065/04)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Staatssecretaris van Financiën

Demandada: X

Fallo

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que, en nombre de la protección del patrimonio cultural e histórico nacional, reserve exclusivamente a los propietarios de monumentos situados en su territorio la posibilidad de deducir los gastos relativos a monumentos declarados como tales, siempre que esta posibilidad se ofrezca también a los propietarios de monumentos que puedan vincularse al patrimonio cultural e histórico de dicho Estado miembro a pesar de que estén situados en el territorio de otro Estado miembro.

(1) DO C 141, de 18.5.2013.
1)

El artículo 12, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un procedimiento en materia de responsabilidad parental, dicha disposición permite fundamentar la competencia de un tribunal de un Estado miembro que no es el de la residencia habitual del menor, aun cuando no exista ningún otro procedimiento pendiente ante el tribunal elegido.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 7/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 6 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane/ADL American Dataline Srl

(Asunto C-546/13) (1)

([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CEE) no 2658/87 - Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Partidas 8471 y 8518 - Cajas de altavoces que reproducen el sonido mediante la conversión de una señal electromagnética en ondas sonoras, que sólo se pueden conectar a un ordenador y se comercializan por separado])

(2015/C 007/13)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane

Demandada: ADL American Dataline Srl

Fallo

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en sus versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento (CE) no 2388/2000 de la Comisión, de 13 de octubre de 2000, del Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, del Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, y del Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003, debe interpretarse en el sentido de que los productos, como los controvertidos en el litigio principal, que se conectan a un ordenador provisto del sistema operativo «MAC OS 9» o de un sistema más avanzado deben clasificarse como altavoces en la subpartida 8518 22 90 de dicha Nomenclatura.

(1) DO C 377, de 21.12.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 315/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de julio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Fazenda Pública/Banco Mais, S.A.

(Asunto C-183/13) (1)

((Fiscalidad - IVA - Directiva 77/388/CEE - Artículo 17, apartado 5, párrafo tercero, letra c) - Artículo 19 - Deducción del impuesto soportado - Operaciones de arrendamiento financiero o «leasing» - Bienes y servicios de uso mixto - Regla para determinar el importe de la deducción del IVA que cabe aplicar - Régimen excepcional - Requisitos))

2014/C 315/18

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Supremo Tribunal Administrativo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Fazenda Pública

Demandada: Banco Mais, S.A.

Fallo

El artículo 17, apartado 5, párrafo tercero, letra c), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las que concurren en el litigio principal, no se opone a que un Estado miembro obligue a un banco que ejerce actividades de arrendamiento financiero, entre otras actividades, a no incluir, en el numerador y en el denominador de la fracción que sirve para establecer una única y misma prorrata de deducción para la totalidad de sus bienes y servicios de uso mixto, todas las rentas abonadas por sus clientes en el marco de los contratos de arrendamiento financiero, sino a incluir únicamente aquellas que correspondan a los intereses, cuando la utilización de tales bienes y servicios venga ocasionada sobre todo por la financiación y la gestión de dichos contratos, extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 189, de 29.6.2013.
2)

El artículo 85, apartado 2, del Reglamento no 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que, para que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios consideren válido un dibujo o modelo comunitario no registrado, su titular no está obligado a demostrar que posee carácter singular en el sentido del artículo 6 de ese Reglamento, sino que debe indicar únicamente en qué posee tal carácter dicho dibujo o modelo, es decir, debe identificar las características del dibujo o modelo de que se trate que, a su juicio, le confieren ese carácter.
1)

El artículo 77, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) no 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, debe interpretarse en el sentido de que una prestación como la pensión de crianza prevista en el artículo 47, apartado 1, del Libro VI del Código de la Seguridad Social (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch), que se concede, en caso de muerte, al ex cónyuge del fallecido a efectos de la crianza de los hijos de dicho ex cónyuge, no puede asimilarse a una «[pensión o a una renta] de vejez, de invalidez, de accidente de trabajo o de enfermedad profesional», en el sentido de esta disposición del citado Reglamento.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 325/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de septiembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Asunto C-383/13 PPU) (1)

(Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas - Política de inmigración - Inmigración clandestina y situación irregular - Repatriación de las personas en situación irregular - Directiva 2008/115/CE - Retorno de nacionales de países terceros en situación irregular - Proceso de expulsión - Medida de internamiento - Prórroga del internamiento - Artículo 15, apartados 2 y 6 - Derecho de defensa - Derecho a ser oído - Vulneración - Consecuencias)

2013/C 325/11

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad van State

Partes en el procedimiento principal

Demandante: M. G., N. R.

Demandada: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Raad van State — Interpretación del artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2000, C 364, p. 1), y del artículo 15, apartado 6, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO L 348, p. 98) — Medidas de internamiento — Prórroga — Falta de cooperación de los nacionales afectados en el marco del procedimiento de expulsión — Violación del derecho de defensa — Derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente.

Fallo

El Derecho de la Unión, en particular el artículo 15, apartados 2 y 6, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe interpretarse en el sentido de que, cuando en el marco de un procedimiento administrativo se ha decidido la prórroga de una medida de internamiento con vulneración del derecho a ser oído, el juez nacional competente para apreciar la legalidad de esa decisión sólo puede ordenar el levantamiento de la medida de internamiento si estima, a la vista de todas las circunstancias de hecho y de Derecho de cada caso concreto, que esa vulneración ha privado efectivamente a quien la invoca de la posibilidad de ejercer mejor su defensa, en tal grado que ese procedimiento administrativo hubiera podido llevar a un resultado diferente.

(1) DO C 260, de 7.9.2013.