Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 14 de mayo de 1998. - Finnish Board Mills Association - Finnboard contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE - Intercambio de información - Orden conminatoria - Multa - Determinación de la cuantía - Motivación - Cooperación durante el procedimiento administrativo. - Asunto T-338/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-01617



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Competencia - Procedimiento administrativo - Régimen lingüístico - Pliego de cargos y Decisión final - Elección de la lengua utilizada en su correspondencia con sus propias filiales comerciales en los Estados miembros de la Comunidad por una empresa cuyo domicilio se encuentra en un país tercero - Anexos del pliego de cargos - Puesta a disposición en su lengua original

(Reglamento nº 1 del Consejo; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 2)

2 Actos de las Instituciones - Decisión individual - Notificación - Concepto - Copia legalizada - Procedencia

(Tratado CE, art. 191)

3 Competencia - Procedimiento administrativo - Pliego de cargos - Transmisión mediante un documento no firmado unido como anexo a un escrito firmado por el Director General de Competencia - Procedencia

(Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 2)

4 Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre competencia

(Tratado CE, art. 190)

5 Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Obligaciones impuestas a las empresas - Proporcionalidad - Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

6 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Volumen de negocios tomado en cuenta - Volumen de negocios total de las empresas que constituyen una asociación de empresas - Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

7 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas a varias empresas por una infracción a las normas sobre la competencia

(Tratado CE, art. 190; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

8 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias agravantes - Ocultación del cartel - Prueba deducida de la inexistencia de notas relativas a las reuniones de las empresas que han participado en el cartel

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

9 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad y duración de las infracciones - Elementos de apreciación - Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

10 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

Índice

1 En virtud de la normativa comunitaria, cuando ninguna lengua oficial de la Comunidad es expresamente aplicable en las relaciones entre la Comisión y una empresa que ha participado en una infracción de las normas comunitarias sobre competencia establecida en un país tercero, asiste a la Comisión el derecho a elegir, como lengua del pliego de cargos y de la Decisión, la lengua utilizada por dicha empresa en su correspondencia con sus propias filiales comerciales de los Estados miembros de la Comunidad y no la lengua del Estado miembro en el que resida su mandatario.

En efecto, por una parte, el Reglamento nº 1 sólo establece las normas relativas al régimen lingüístico aplicable entre la Comunidad y un Estado miembro o una persona sometida a la jurisdicción de alguno de los Estados miembros. Por otra parte, ni el artículo 2 del Reglamento nº 99/63 ni el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aun suponiendo que esta última disposición pueda ser invocada por una empresa objeto de una investigación en materia de Derecho de la competencia, obligan a redactar los documentos en la lengua del Estado miembro en el que el mandatario tiene su domicilio. Por último, la elección de la lengua del pliego de cargos y de la Decisión debe efectuarse teniendo en cuenta las relaciones existentes en la Comunidad entre la demandante y un Estado miembro.

Además, por lo que respecta a los anexos del pliego de cargos que no proceden de la Comisión, deben considerarse pruebas materiales en las que la Comisión se basa, y, por lo tanto, deben ser dados a conocer al destinatario en el estado en que se encuentran.

2 Una Decisión queda debidamente notificada a efectos del Tratado cuando ha sido comunicada a su destinatario y éste puede tener conocimiento de ella.

Por lo que respecta a la regularidad de la notificación, ninguna disposición de Derecho comunitario excluye que la Decisión se notifique mediante copia legalizada, ni que se notifique por separado una Decisión de rectificación. Una copia de una Decisión de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia, en la que figura el nombre del miembro de la Comisión encargado de la política de la competencia, así como la mención «copia legalizada» («certified copy»), firmada además por el Secretario General de la Comisión es válida y está dotada de la misma eficacia jurídica que el acto original adoptado por el Colegio de miembros y autenticado con arreglo a las formas prescritas por el Reglamento interno de la Comisión.

3 En el contexto del procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre competencia, el pliego de cargos puede ser válidamente transmitido a la empresa destinataria mediante un documento no firmado unido como anexo a un escrito firmado por el Director General de la Dirección General de la Competencia de la Comisión.

A este respecto, al firmar dicho escrito, el Director General de la Competencia de la Comisión no actúa en virtud de una delegación de poderes, sino de una simple delegación de firma que ha recibido del miembro competente de la Comisión. Tal delegación constituye el medio normal a través del cual la Comisión ejerce su competencia. Por otra parte, el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 99/63 no exige que en el pliego de cargos figure una firma manuscrita estampada sobre el propio documento, ni que el pliego de cargos esté constituido por un acto formalmente único.

4 La obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.

Aunque, en virtud del artículo 190 del Tratado, la Comisión está obligada a indicar los antecedentes de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la Decisión y las consideraciones que la llevaron a adoptar ésta, no se le exige que discuta todos los puntos de hecho y de Derecho suscitados en el curso del procedimiento administrativo.

Cuando una Decisión de aplicación de las normas sobre competencia contiene una motivación suficiente que permite comprender los motivos por los cuales las actividades comprobadas fueron calificadas de acuerdo y de práctica concertada, la Comisión no está obligada a calificar por separado de acuerdo o de práctica concertada cada una de las actividades de que se trata.

5 La aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 puede suponer la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones declaradas ilegales, pero también la de emprender en el futuro una conducta similar. Además, en la medida en que la aplicación de esta disposición debe efectuarse en función de la naturaleza de la infracción de las normas sobre competencia comprobada, la Comisión tiene la facultad de precisar el alcance de las obligaciones impuestas a las empresas para poner fin a dicha infracción. No obstante, tales obligaciones impuestas a las empresas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido, a saber, el restablecimiento de la legalidad en relación con las normas que se hayan infringido.

Una prohibición destinada a impedir el intercambio de datos puramente estadísticos que no tengan el carácter de información individual o individualizable no cumple los requisitos exigidos para la aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, toda vez que no se deduce de la Decisión que la Comisión considerase que dicho intercambio constituía en sí una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y puesto que el mero hecho de que un sistema de intercambio de datos estadísticos pueda utilizarse con fines contrarios a la competencia no lo hace contrario a dicha disposición, ya que, en tales circunstancias, procede comprobar in concreto sus efectos contrarios a la competencia.

6 La utilización del término genérico «infracción» en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, en la medida en que dicho término abarca, sin distinción, los acuerdos, las prácticas concertadas y las decisiones de asociaciones de empresas, revela que los límites máximos previstos para las multas en esta disposición se aplican del mismo modo a los acuerdos y a las prácticas concertadas, así como a las decisiones de asociaciones de empresas. De ello se deduce que el límite máximo del 10 % del volumen de negocios debe calcularse en relación con el volumen de negocios alcanzado por cada una de las empresas que participan en dichos acuerdos y prácticas concertadas o por el conjunto de empresas miembros de dichas asociaciones de empresas, al menos cuando, en virtud de sus normas internas, la asociación puede vincular a sus miembros. La procedencia de este análisis queda corroborada por el hecho de que la influencia que haya podido ejercer sobre el mercado una asociación de empresas no depende de su propio «volumen de negocios», que no revela ni su dimensión ni su potencia económica, sino, en realidad, del volumen de negocios de sus miembros, que constituye una indicación de su dimensión y de su potencia económica.

Cuando una asociación efectúa en nombre propio y por cuenta de sus sociedades miembros las ventas del producto a las que se refiere la infracción, las relaciones jurídicas y fácticas que mantiene con sus miembros son estrechas y la asociación no tiene ningún interés económico propio en participar en la colusión sobre los precios, el valor de dichas ventas constituye una indicación de la verdadera dimensión y de la potencia económica de la asociación y, por lo tanto, la Comisión puede tomarlo como base de cálculo del límite superior de la multa que procede imponer.

7 La obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.

Por lo que respecta a una Decisión que impone multas a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias de la competencia, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse teniendo en cuenta, en particular, que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, entre otros, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Además, al determinar la cuantía de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación, y no puede considerarse que esté obligada a aplicar, a tal fin, una fórmula matemática precisa.

Por último, la motivación de una Decisión debe figurar en el cuerpo mismo de ésta y, salvo que concurran circunstancias excepcionales, no pueden ser tenidas en cuenta explicaciones posteriores ofrecidas por la Comisión.

Cuando declara en una Decisión la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a las empresas que han participado en ella, la Comisión, si ha tenido en cuenta sistemáticamente determinados elementos básicos para fijar la cuantía de las multas, debe indicar dichos elementos en el cuerpo de la Decisión para permitir a los destinatarios de ésta verificar si el nivel de la multa está correctamente fundado y apreciar si acaso existe una discriminación.

8 El hecho de que las empresas que participaron en una colusión sobre los precios planificaran el anuncio de los incrementos de precio concertados y fueran disuadidas de tomar notas relativas a las correspondientes reuniones prueba que eran conscientes de la ilegalidad de su conducta y que adoptaron medidas para ocultar la colusión. La Comisión puede valorar estas medidas como circunstancias agravantes en la apreciación de la gravedad de la infracción.

A este respecto, la inexistencia de actas oficiales y la falta casi absoluta de notas internas sobre dichas reuniones pueden constituir, habida cuenta del número, de su duración a lo largo del tiempo y de la naturaleza de los debates celebrados, una prueba suficiente de que se disuadía a los participantes de tomar notas.

9 La determinación de la cuantía de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre competencia está en función de la gravedad y de la duración de la infracción. A este respecto, la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

En su apreciación del nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta la circunstancia de que las infracciones patentes a las normas comunitarias sobre competencia son aún relativamente frecuentes y, por lo tanto, está autorizada a elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado unas multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria sobre la competencia.

Además, al fijar el nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta, en particular, la larga duración y el carácter patente de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado que se cometió pese a la advertencia que debería haber constituido la práctica de las Decisiones anteriores de la Comisión.

10 Al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, una reducción de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa investigada permitió a la Comisión apreciar una infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin.

En efecto, cuando una empresa niega en su contestación al pliego de cargos la parte esencial de las alegaciones en ella formuladas por la Comisión, ésta puede correctamente estimar que la empresa no se ha comportado de una manera que justifique una reducción de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo.

Partes

En el asunto T-338/94,

Finnish Board Mills Association - Finnboard, asociación comercial finlandesa, con sede en Helsinki, representada inicialmente por los Sres. Hans Hellmann y Hans-Joachim Voges, Abogados de Colonia, y posteriormente sólo por el Sr. Hellmann, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Loesch y Wolter, 11, Rue Goethe,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Bernd Langeheine y Richard Lyal, miembros de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, asistidos por el Sr. Dirk Schroeder, Abogado de Colonia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de dicho Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 - Cartoncillo) (DO L 243, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Tercera ampliada),

integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y por el Sr. C.P. Briët, la Sra. P. Lindh y los Sres. A. Potocki y J.D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista del 25 de junio al 8 de julio de 1997;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Antecedentes de hecho del litigio

1 El presente asunto se refiere a la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 - Cartoncillo) (DO L 243, p. 1), rectificada, antes de su publicación, por la Decisión de la Comisión de 26 de julio de 1994 [C(94) 2135 final] (en lo sucesivo, «Decisión»). La Decisión impuso multas a diecinueve fabricantes proveedores de cartoncillo de la Comunidad por haber infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

2 El producto que constituye el objeto de la Decisión es el cartoncillo. La Decisión menciona tres tipos de cartoncillo, correspondientes a las calidades «GC», «GD» y «SBS».

3 El cartoncillo de calidad GD (en lo sucesivo, «cartoncillo GD») es un cartoncillo de tercera (a base de papel reciclado) que normalmente se utiliza para el embalaje de productos no alimentarios.

4 El cartoncillo de calidad GC (en lo sucesivo, «cartoncillo GC») es un cartoncillo que lleva una capa exterior blanca y se suele utilizar para el embalaje de productos alimentarios. El cartoncillo GC es de calidad superior a la del cartoncillo GD. Durante el período contemplado por la Decisión existió generalmente entre estos dos productos una diferencia de precio próxima al 30 %. El cartoncillo GC se utiliza también, en menor medida, para las artes gráficas.

5 SBS es la sigla utilizada para designar el cartoncillo blanco homogéneo (en lo sucesivo, «cartoncillo SBS»). Se trata de un cartoncillo cuyo precio es superior al del cartoncillo GC en, aproximadamente, un 20 %. Se utiliza para el embalaje de productos alimentarios, cosméticos, medicamentos y cigarrillos, pero se destina principalmente a las artes gráficas.

6 Mediante escrito de 22 de noviembre de 1990, la British Printing Industries Federation, organización profesional que representa a la mayoría de los impresores de cartoncillo del Reino Unido (en lo sucesivo, «BPIF»), presentó una denuncia informal ante la Comisión. En ella afirmaba que los productores de cartoncillo proveedores del Reino Unido habían llevado a cabo una serie de aumentos de precios uniformes y simultáneos, por lo que pedía a la Comisión que investigara si se había producido una infracción de las normas comunitarias sobre competencia. Para asegurarse de que su iniciativa recibiera una publicidad suficiente, la BPIF publicó un comunicado de prensa. En diciembre de 1990, la prensa profesional especializada difundió el contenido de dicho comunicado.

7 El 12 de diciembre de 1990, la Fédération française du cartonnage presentó también una denuncia informal ante la Comisión, en la que formulaba observaciones relativas al mercado francés del cartoncillo en términos parecidos a los de la denuncia de la BPIF.

8 Los días 23 y 24 de abril de 1991, agentes de la Comisión llevaron a cabo, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento nº 17»), unas inspecciones efectuadas simultáneamente y sin previo aviso en los locales de una serie de empresas y asociaciones comerciales del sector del cartoncillo.

9 Una vez realizadas dichas investigaciones, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17, la Comisión dirigió varias solicitudes de información y de documentos a todos los destinatarios de la Decisión.

10 Los elementos obtenidos en dichas verificaciones y solicitudes de información y de documentos llevaron a la Comisión a la conclusión de que las empresas de que se trataba habían participado, al menos entre mediados de 1986 y abril de 1991 (la mayoría de ellas), en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

11 Por ello, la Comisión decidió iniciar un procedimiento con arreglo a dicha disposición. Mediante escrito de 21 de diciembre de 1992, dirigió un pliego de cargos a cada una de las empresas afectadas. Todas las empresas destinatarias presentaron observaciones escritas. Nueve empresas solicitaron ser oídas. Entre el 7 y el 9 de junio de 1993 tuvo lugar la audiencia.

12 Al finalizar dicho procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión, que contiene las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard-the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek "De Eendracht" NV (cuyo nombre comercial es BPB De Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (antes Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [antes Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (antes Tampella Española SA) y Moritz J. Weig GmbH & Co KG han infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE al participar:

- en el caso de Buchmann y Rena, desde aproximadamente marzo de 1988 hasta, como mínimo, finales de 1990;

- en el caso de Enso Española desde, como mínimo, marzo de 1988 hasta, por lo menos, abril de 1991;

- en el caso de Gruber & Weber desde, como mínimo, 1988 hasta finales de 1990;

- en la mayor parte de los casos, desde mediados de 1986 hasta finales de abril de 1991,

en un acuerdo y una práctica concertada iniciados a mediados de 1986 por los cuales los proveedores de cartoncillo en la Comunidad:

- se reunían periódicamente con carácter secreto e institucionalizado con objeto de discutir y adoptar un plan industrial común para restringir la competencia;

- acordaban incrementos periódicos de precios para cada una de las calidades del producto en cada moneda nacional;

- planeaban y aplicaban incrementos de precios uniformes y simultáneos en toda la Comunidad;

- llegaban a un acuerdo para mantener las cuotas de mercado de los principales fabricantes a unos niveles constantes (sujetos a modificación de forma esporádica);

- aplicaban (progresivamente desde el comienzo de 1990) medidas concertadas para controlar el suministro del producto en la Comunidad con el fin de garantizar la efectividad de los mencionados incrementos de precios;

- intercambiaban información comercial (sobre entregas, precios, interrupciones de la producción, carteras de pedidos y porcentajes de utilización de la maquinaria) para reforzar las medidas antes citadas.

[...]

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas que se citan a continuación en relación con la infracción descrita en el artículo 1:

[..]

v) Finnboard-the Finnish Board Mills Association, una multa de 20.000.000 de ECU, de la que serán responsables de forma conjunta y solidaria con Finnboard Oy Kyro AB por un importe de 3.000.000 de ECU, Metsä-Serla Oy por un importe de 7.000.000 de ECU, Tampella Corp. por un importe de 5.000.000 de ECU y United Paper Mills Ltd por un importe de 5.000.000 de ECU;

[...]»

13 Según la Decisión, la infracción se produjo en el seno de un organismo denominado «Product Group (o PG) Paperboard» («Grupo de estudio del producto Cartoncillo»; en lo sucesivo, «GEP Cartoncillo»), compuesto por varios grupos o comités.

14 Este organismo fue provisto, a mediados de 1986, de un «Presidents Working Group» (en lo sucesivo, «PWG») compuesto por altos representantes de los principales fabricantes de cartoncillo de la Comunidad (ocho, aproximadamente).

15 Las actividades del PWG consistían, en particular, en los debates y concertación sobre los mercados, las cuotas de mercado, los precios y la capacidad de producción. En especial, el PWG tomaba decisiones de carácter general relativas al momento y la magnitud de los incrementos de precio que debían aplicar los productores de cartoncillo.

16 El PWG informaba a la «President Conference» (en lo sucesivo, «PC»), en la que participaba (con mayor o menor regularidad) la práctica totalidad de los directores generales de las empresas. La PC se reunió, durante el período de que se trata, dos veces al año.

17 A finales de 1987 se creó el «Joint Marketing Committee» (en lo sucesivo, «JMC»). El cometido principal del JMC consistía, por una parte, en determinar si se podían aplicar los incrementos de precio, y en caso afirmativo la manera en que se deberían efectuar y, por otra parte, en determinar los pormenores de las iniciativas de precios decididas por el PWG, país por país y para los principales clientes, con objeto de establecer un sistema equivalente de precios en Europa.

18 Por último, el «Economic Committee» (en lo sucesivo, «EC») debatía, entre otras materias, sobre las fluctuaciones de precios en los mercados nacionales y la cartera de pedidos, y comunicaba sus conclusiones al JMC o, hasta finales de 1987, al «Marketing Committee», predecesor del JMC. El EC estaba compuesto por los directores comerciales de la mayor parte de las empresas de que se trata y se reunía varias veces al año.

19 Se desprende asimismo de la Decisión que la Comisión consideró que las actividades del GEP Cartoncillo se apoyaban en un intercambio de información a través de la compañía fiduciaria FIDES, con domicilio social en Zúrich (Suiza). Según la Decisión, la mayor parte de los miembros del GEP Cartoncillo facilitaban a FIDES periódicamente informes sobre los pedidos, la producción, las ventas y la utilización de la capacidad. En el marco del sistema FIDES se cotejaban los informes y se enviaban a los participantes los datos considerados conformes.

20 La demandante, Finnish Board Mills Association-Finnboard (en lo sucesivo, «Finnboard»), es una asociación comercial finlandesa que, en 1991, contaba con seis sociedades miembros, entre las que se encontraban los productores de cartoncillo Oy Kiro AB, Metsä-Serla Oy, Tampella Corporation y United Paper Mills. Finnboard comercializa en toda la Comunidad, en parte a través de sus propias filiales, el cartoncillo producido por estas cuatro sociedades miembros.

21 Según la Decisión, Finnboard participó, desde mediados de 1986 hasta, al menos, abril de 1991, en las reuniones de todos los órganos del GEP Cartoncillo. Durante aproximadamente dos años, un representante de Finnboard ocupó la presidencia del PWG y de la PC.

Procedimiento

22 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de octubre de 1994, la demandante interpuso el presente recurso.

23 Dieciséis de las restantes dieciocho empresas consideradas responsables de la infracción interpusieron asimismo recursos contra la Decisión (asuntos T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 y T-354/94).

24 La demandante en el asunto T-301/94, Laakmann Karton GmbH, desistió de su recurso mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de junio de 1996 y, mediante auto de 18 de junio de 1996, Laakmann Karton GmbH/Comisión (T-301/94, Rec. p. II-0000), el asunto fue archivado, haciéndose constar en el Registro del Tribunal de Primera Instancia.

25 Las cuatro sociedades finlandesas antes mencionadas, miembros de la demandante y consideradas, como tales, solidariamente responsables del pago de la multa impuesta a ésta, interpusieron igualmente recursos contra la Decisión (asuntos acumulados T-339/94, T-340/94, T-341/94 y T-342/94).

26 Por último, interpuso un recurso la asociación CEPI-Cartonboard, que no era destinataria de la Decisión. Sin embargo, desistió de él mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de enero de 1997, y el asunto fue archivado mediante auto de 6 de marzo de 1997, CEPI-Cartonboard/Comisión (T-312/94, Rec. p. II-0000), haciéndose constar en el Registro del Tribunal de Primera Instancia.

27 Mediante escrito de 5 de febrero de 1997, el Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a una reunión informal para que presentaran sus observaciones sobre la posible acumulación de los asuntos T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 y T-354/94 a efectos de la fase oral del procedimiento. En dicha reunión, que se celebró el 29 de abril de 1997, las partes aceptaron tal acumulación.

28 Mediante auto de 4 de junio de 1997, el Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los asuntos mencionados a efectos de la fase oral por razón de su conexión, con arreglo a lo previsto en el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento, y acogió una petición de tratamiento confidencial presentada por la demandante del asunto T-334/94.

29 Mediante auto de 20 de junio de 1997, acogió una petición de tratamiento confidencial presentada por la demandante del asunto T-337/94 con respecto a un documento aportado en respuesta a una pregunta formulada por escrito por el Tribunal de Primera Instancia.

30 Visto el Informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral y acordó la práctica de diligencias de ordenación del procedimiento, pidiendo a las partes que respondieran a determinadas preguntas escritas y que aportaran ciertos documentos. Las partes así lo hicieron.

31 En la vista celebrada entre el 25 de junio y el 8 de julio de 1997 se oyeron los informes de las partes de los asuntos mencionados en el apartado 27 y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

32 Por lo que respecta específicamente al presente asunto, mediante escrito de 19 de julio de 1995 la parte demandante manifestó su renuncia a la presentación de un escrito de contestación. No obstante, en dicho escrito formuló alegaciones relativas a la inexactitud de los datos en que se fundó la Comisión para calcular la multa.

33 El 6 de octubre de 1995, la Comisión presentó sus observaciones sobre el escrito de la parte demandante.

Pretensiones de las partes

34 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión.

- Con carácter subsidiario, reduzca la cuantía de la multa.

- Condene en costas a la Comisión.

35 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Sobre la pretensión de anulación de la Decisión

Sobre el motivo relativo a la vulneración del régimen lingüístico

Alegaciones de las partes

36 Este motivo tiene tres partes.

37 En la primera de ellas, la demandante subraya que, en el momento en que se adoptó la Decisión, no estaba sometida a la jurisdicción de ningún Estado miembro. En consecuencia, por lo que a ella respecta la Decisión sólo pudo autenticarse, a efectos del artículo 16 del Reglamento interno de la Comisión, de 17 de febrero de 1993 (DO L 230, p. 15; en lo sucesivo, «Reglamento interno de la Comisión»), en la lengua de su mandatario, a saber, el alemán. En apoyo de esta tesis, invoca el Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62; en lo sucesivo, «Reglamento nº 99/63»), el apartado 1 de cuyo artículo 2 establece que el pliego de cargos puede ir dirigido a la empresa o a su mandatario. Según la demandante, en una situación como la del presente caso, en la que el mandatario elegido está sometido a la jurisdicción de un Estado miembro, dicha disposición exige que se adopte como lengua de procedimiento la lengua del mandatario. Asimismo, ésta es, a su entender, la única lengua en la que puede ser auténtica la Decisión.

38 La demandante alega, por otra parte, que debe aplicarse por analogía el artículo 2 del Reglamento nº 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 10; en lo sucesivo, «Reglamento nº 1»), y que, dado que la respuesta a las solicitudes de información de la Comisión se redactó en alemán, ésta era la lengua adoptada como lengua de procedimiento. No obstante, observa que, pese a las quejas formuladas en varias ocasiones por el mandatario de la demandante, la Comisión continuó transmitiendo documentos redactados en inglés.

39 Por último, la adopción del inglés como lengua de la Decisión constituye, a juicio de la demandante, una infracción de la letra a) del apartado 3 del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).

40 En la segunda parte del motivo, la demandante alega que se vulneró el régimen lingüístico al notificar la Decisión. En efecto, según el apartado 3 del artículo 191 del Tratado, las Decisiones deben notificarse en la lengua de sus destinatarios. Ahora bien, en el presente caso se le notificó la Decisión en una versión redactada en inglés.

41 Por último, en la tercera parte del motivo la demandante alega que se vulneró su derecho a ser oída por el hecho de que el pliego oficial de cargos formulados en su contra, el escrito de acompañamiento y numerosos medios de prueba adjuntos al pliego de cargos estuvieran redactados en inglés. Remitiéndose a la primera parte del motivo, sostiene que dichos documentos deberían haber estado redactados en alemán, por lo que discute la validez del pliego de cargos formulados en su contra.

42 Añade que habida cuenta, por un lado, de la extensión del pliego de cargos y de sus anexos y, por otro, del hecho de que muchos de estos documentos estaban redactados en una lengua extranjera, se le señaló un plazo insuficiente para contestar a los mismos.

43 La Comisión alega que no infringió en modo alguno la disposiciones relativas al régimen lingüístico.

44 Por lo que respecta a la primera parte del motivo, la Comisión subraya que el Reglamento nº 1 se refiere únicamente a la correspondencia dirigida a personas sometidas a la jurisdicción de un Estado miembro, mientras que la Decisión fue adoptada con anterioridad a la adhesión de Finlandia a la Comunidad. Además, la Comisión sostiene que la Decisión no constituye una «respuesta» a efectos del artículo 2 del Reglamento nº 1.

45 En consecuencia, podía elegir libremente la lengua de procedimiento, teniendo en cuenta, en todo caso, las eventuales relaciones entre la demandante y los Estados miembros de la Comunidad (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 1973, Europemballage y Continental Can/Comisión, 6/72, Rec. p. 215, apartado 12). En el presente caso, se adoptó el inglés como lengua de procedimiento por ser la lengua de trabajo de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y la lengua de procedimiento del Tribunal de Justicia de la AELC, porque la demandante utilizaba el inglés en su correspondencia con sus filiales comerciales en la Comunidad y, por último, porque la demandante tiene una denominación inglesa.

46 Por lo que respecta a la segunda parte del motivo, la Comisión subraya que los eventuales vicios de que adolezca la notificación de una Decisión no afectan a su legalidad. En efecto, tales vicios sólo pueden impedir, en determinadas circunstancias, que empiece a correr el plazo de recurso, efecto que carece de pertinencia en el caso de autos (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, Geigy/Comisión, 52/69, Rec. p. 787, apartado 11).

47 Por último, por lo que respecta a la tercera parte del motivo, la Comisión recuerda que la demandante y su mandatario también accedieron a la versión en alemán del pliego de cargos. En todo caso, la contestación de la demandante al pliego de cargos, presentada sin que se hubiera solicitado una prórroga del plazo establecido, constituye la prueba de que estaba en perfectas condiciones de conocer los cargos formulados en su contra. En consecuencia, la Comisión sostiene que no procede considerar que se vulneró el derecho de la demandante a ser oída (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartados 48, 52 y 53).

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

48 Consta que la Comisión envió el pliego de cargos y la Decisión a la sede de la demandante en Finlandia y que, en la fecha de adopción de la Decisión, la demandante no estaba sometida aún a la jurisdicción de ningún Estado miembro de la Comunidad. A la sazón, ninguna de las lenguas oficiales de la Comunidad era expresamente aplicable, en virtud de la normativa comunitaria, en las relaciones entre la Comisión y una empresa con domicilio en un país tercero.

49 En efecto, el Reglamento nº 1, en su versión modificada, que invoca la demandante, sólo establece las normas relativas al régimen lingüístico aplicable entre la Comunidad y un Estado miembro o una persona sometida a la jurisdicción de alguno de los Estados miembros.

50 En el presente caso, de los autos se desprende que la Comisión no dirigió ningún documento oficial al mandatario alemán de la demandante, ya que los documentos que éste recibió eran copias de los documentos oficiales dirigidos directamente a la demandante.

51 Por otra parte, ni el artículo 2 del Reglamento nº 99/63 ni el artículo 6 del CEDH, aun suponiendo que esta última disposición pueda ser invocada por una empresa objeto de una investigación en materia de Derecho de la competencia, obligan a redactar los documentos en la lengua del Estado miembro en el que el mandatario tiene su domicilio.

52 Por consiguiente, la elección de la lengua del pliego de cargos y de la Decisión debía efectuarse teniendo en cuenta las relaciones existentes en la Comunidad entre la demandante y un Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia Europemballage y Continental Can/Comisión, antes citada, apartado 12). Ahora bien, a este respecto ha quedado acreditado que el inglés era la lengua utilizada por la demandante en su correspondencia con sus propias filiales comerciales de los Estados miembros de la Comunidad. En estas circunstancias, la Comisión estaba facultada para adoptar el inglés como lengua del pliego de cargos y de la Decisión.

53 Por último, los anexos del pliego de cargos que no proceden de la Comisión deben considerarse pruebas materiales en las que la Comisión se basa, y, por lo tanto, deben ser dados a conocer al destinatario en el estado en que se encuentran (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión, T-148/89, Rec. p. II-1063, apartado 21).

54 En cuanto a la pretendida insuficiencia del plazo otorgado a la demandante para contestar al pliego de cargos, basta con señalar que la demandante no ha discutido la alegación de la Comisión según la cual no solicitó ninguna prórroga del plazo para presentar su contestación al pliego de cargos.

55 Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el presente motivo por infundado.

Sobre el motivo relativo a las irregularidades que afectaron al procedimiento de adopción, autenticación y notificación de las Decisiones de la Comisión Alegaciones de las partes

56 La demandante alega que, para garantizar la fuerza probatoria de la Decisión y la protección jurídica de sus destinatarios, la Decisión debería haber sido autenticada mediante un acto único, uniendo las diferentes hojas, en su caso, mediante una conexión material. En efecto, según sostiene, ésta es la única manera de impedir la supresión o modificación de determinadas partes de la Decisión. Ahora bien, en el caso de autos la Decisión no fue autenticada mediante un acto único. Además, el contenido que pretendía dársele no resulta evidente hasta que la Decisión de 13 de julio de 1994 se lee en relación con la Decisión de rectificación de 26 de julio de 1994. Pero ambas Decisiones le fueron notificadas por separado, lo que, a su entender, afecta a su fuerza probatoria.

57 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la Comisión que aporte el original de las dos Decisiones de que se trata para verificar, por un lado, si fueron unidas de dicho modo y, por otro, si la Decisión inicial contiene alguna referencia a la modificación posterior.

58 Por otra parte, señala que el párrafo segundo del artículo 15 del Tratado CECA establece, en su versión en alemán, que los actos individuales obligan al interesado «durch die Zustellung» que se le haga, mientras que en el apartado 3 del artículo 191 del Tratado CE, en su versión en alemán, se utiliza la expresión «bekannt werden». Ahora bien, según la demandante la versión en francés de ambos Tratados confirma, al utilizar el concepto de «notification», que no existen diferencias materiales entre ambas disposiciones. Basando su análisis en el artículo 4 de la Decisión nº 22/60 de la Alta Autoridad, de 7 de septiembre de 1960, relativa a la ejecución del artículo 15 del Tratado (DO 1960, 61, p. 1248), la demandante deduce que sólo puede considerarse válida la notificación formal, bien sea de la Decisión original, o bien de una copia auténtica de ésta. Por consiguiente, la notificación, como se hizo en el caso de autos, de una copia legalizada entraña, según la demandante, la invalidez de la Decisión.

59 Por último, la demandante alega que la Decisión no fue autenticada, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento interno de la Comisión, mediante las firmas del Presidente y del Secretario General de la Comisión. A este respecto, recuerda que la Decisión notificada sólo llevaba la firma del miembro de la Comisión encargado de las cuestiones de competencia. Solicita al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la Comisión que aporte el original de la Decisión para verificar la autenticación de ésta.

60 Según la demandante, aun suponiendo que la Decisión original fuera debidamente autenticada la Decisión seguiría siendo inválida, por no haberse notificado un texto idéntico a la Decisión original.

61 Con carácter preliminar, la Comisión subraya que el apartado 3 del artículo 191 del Tratado CE no exige una notificación formal. En efecto, la Comisión considera que es suficiente que la Decisión llegue a su destinatario en forma de una simple comunicación escrita y que éste pueda tener conocimiento de ella (sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 1957, ALMA/Alta Autoridad, 8/56, Rec. p. 179, p. 179, especialmente p. 190, y de 15 de diciembre de 1994, Bayer/Comisión, C-195/91 P, Rec. p. I-5619, apartados 7 y 20). La Comisión sostiene que tales requisitos se cumplieron en el caso de autos, por lo que carecen de fundamento las alegaciones de la demandante relativas a la existencia de vicios de procedimiento en la notificación.

62 Por lo demás, la Comisión afirma que una copia legalizada de la Decisión se considera una versión auténtica de ésta (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1989, Dow Chemical Ibérica y otros/Comisión, asuntos acumulados 97/87, 98/87 y 99/87, Rec. p. 3165, apartado 59, y sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T-43/92, Rec. p. II-411, apartados 24 y 25, y de 27 de octubre de 1994, Fiatagri y New Holland Ford/Comisión, T-34/92, Rec. p. II-905, apartado 27).

63 Asegura que, en el presente caso, la Decisión fue autenticada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento interno de la Comisión. Por lo demás, la demandante no ha aportado ningún indicio de la existencia de irregularidades en el procedimiento de adopción de la Decisión. A este respecto, la Comisión sostiene que la Decisión de 26 de julio de 1994 no modificó en modo alguno la Decisión por lo que se refiere a la demandante y que, en todo caso, la remisión a la Decisión que se hace en la Decisión de 26 de julio de 1994 constituye un vínculo suficiente entre las dos Decisiones de que se trata.

64 En estas circunstancias, la Comisión sostiene que no procede ordenarle que aporte el original de la Decisión (véanse las sentencias Bayer/Comisión, Fiatagri y New Holland Ford/Comisión, y Dunlop Slazenger/Comisión, antes citadas).

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

65 La demandante no puede alegar eficazmente, para negar la regularidad del procedimiento de adopción y autenticación de la Decisión, que en la copia «legalizada» que le fue enviada no figuran las firmas del Presidente y del Secretario General de la Comisión. En efecto, el párrafo primero del artículo 16 del Reglamento interno de la Comisión vigente en la fecha de adopción de la Decisión establece lo siguiente: «Los actos adoptados en reunión [...] se incorporarán, en la lengua o lenguas en las que sean auténticos, como anexos al acta de la reunión de la Comisión durante la que se hayan adoptado [...]. Dichos actos serán autenticados mediante las firmas del Presidente y del Secretario General, que se estamparán en la primera página de dicha acta.» En consecuencia, la formalidad de autenticación de una Decisión adoptada en reunión por el Colegio de miembros de la Comisión no requiere la estampación de las firmas del Presidente y del Secretario General de la Comisión en la propia Decisión, sino en el acta de la reunión durante la que se adoptó ésta. De ello se desprende que la falta de las firmas del Presidente y del Secretario General de la Comisión en la copia de la Decisión «legalizada» no constituye un indicio de que la Decisión no fue debidamente autenticada.

66 La demandante no alega ningún otro indicio ni circunstancia concreta que permita descartar la presunción de validez de la que gozan los actos comunitarios (véase, en especial, la sentencia Dunlop Slazenger/Comisión, antes citada, apartado 24).

67 A falta de tales indicios, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia ordenar las diligencias de prueba propuestas.

68 Por lo que respecta a la regularidad de la notificación, ninguna disposición de Derecho comunitario excluye que la Decisión se notifique mediante copia legalizada, ni que se notifique por separado una Decisión de rectificación.

69 En el caso de autos, en la copia de la Decisión dirigida a la demandante figura el nombre del miembro de la Comisión encargado de la política de la competencia, así como la mención «copia legalizada» («certified copy»). Además, dicha copia está firmada asimismo por el Secretario General de la Comisión. Una copia así es válida. Está dotada de la misma eficacia jurídica que el acto original adoptado por el Colegio de miembros y autenticado con arreglo a las formas prescritas por el Reglamento interno de la Comisión.

70 Por lo que respecta al modo de producirse la notificación, de una reiterada jurisprudencia se desprende que una Decisión queda debidamente notificada a efectos del Tratado cuando ha sido comunicada a su destinatario y éste puede tener conocimiento de ella (sentencia Europemballage y Continental Can/Comisión, antes citada, apartado 10). En el caso de autos, tal como se desprende del propio contenido del recurso, la demandante pudo tener pleno conocimiento de la Decisión e invocar íntegramente sus derechos ante el Tribunal de Primera Instancia.

71 En consecuencia, procede desestimar el presente motivo por carecer de fundamento.

Sobre el motivo relativo a la vulneración de los derechos de defensa y a la infracción de las normas formales relativas al pliego de cargos

Alegaciones de las partes

72 Este motivo contiene dos partes.

73 En la primera de ellas, la demandante afirma que el pliego de cargos no fue adoptado y comunicado a sus destinatarios por el órgano competente con arreglo al artículo 2 del Reglamento nº 99/63, a saber, la Comisión.

74 Según la demandante, el pliego de cargos le fue transmitido en forma de documento sin firma anexo a un escrito del Director General de la Competencia. La demandante considera que, a falta de firma, no puede considerarse que dicho documento constituye un «acto» de la Comisión. Por consiguiente, no puede servir de base a la Decisión.

75 Por otra parte, aun suponiendo que pudiera considerarse que dicho documento, junto con el escrito que le acompañaba, constituía el «pliego de cargos» a efectos del Reglamento nº 99/63, tal documento no le fue comunicado por la Comisión. Ahora bien, el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17 confiere a la Comisión una competencia exclusiva al efecto, cuya delegación no está autorizada por el Reglamento interno. En todo caso, con arreglo al Reglamento interno, ni la determinación del contenido del pliego de cargos ni la comunicación de éste a sus destinatarios pueden delegarse en terceros (sentencias del Tribunal de Justicia Geigy/Comisión, antes citada, y de 17 de octubre de 1972, Cementhandelaren/Comisión, 8/72, Rec. p. 977). Del mismo modo, tampoco puede delegarse en terceros la competencia para fijar el plazo para contestar al pliego de cargos.

76 En la segunda parte del motivo, la demandante alega que, al no haber unido mediante una conexión material el pliego de cargos y sus anexos, la Comisión vulneró la exigencia de forma escrita del pliego de cargos establecida en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 99/63, cuya finalidad consiste en asegurar las mismas garantías que las que se derivan de la exigencia de autenticación de las Decisiones finales. La demandante afirma que, en consecuencia, el pliego de cargos no puede servir de base a la Decisión.

77 La demandante sostiene que la exigencia de forma escrita requiere, además, que el pliego de cargos esté firmado en la parte inferior de la última página. A su entender, la firma del Director General que figura en el escrito de acompañamiento no puede sustituir a la firma exigida.

78 La Comisión recuerda, por lo que respecta a la primera parte del motivo, que de los documentos proporcionados a la demandante se desprende que los cargos formulados en su contra fueron decididos por la propia Comisión. Además, el Director General de la Comisión firmó el pliego de cargos en virtud de una simple delegación de firma, por lo que la alegación relativa a la falta de competencia de éste carece de fundamento (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, Rec. p. 19, apartado 14, y Geigy/Comisión, antes citada, apartado 5).

79 La Comisión subraya que el modo en que debe enviarse el pliego de cargos en virtud del artículo 10 del Reglamento nº 99/63 pretende ante todo conservar la prueba de la fecha de la comunicación. En efecto, según la Comisión el pliego de cargos se notifica debidamente si el destinatario está en condiciones de tener pleno conocimiento del contenido de los cargos formulados en su contra (sentencias Geigy/Comisión, antes citada, apartado 11, y Bayer/Comisión, antes citada, apartados 7 y 20).

80 Por lo que respecta a la segunda parte del motivo, la Comisión sostiene que la demandante ignora el alcance del artículo 2 del Reglamento nº 99/63. Según la Comisión, dicho artículo no exige que en el pliego de cargos figure una firma manuscrita, ni que se sustancie mediante un acto único. Además, la denominación de los anexos y la numeración de todas las páginas de los documentos transmitidos son suficientes para acreditar los vínculos existentes entre ellos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

81 Por lo que respecta a la primera parte del motivo, de los documentos que obran en autos se desprende que el pliego de cargos dirigido a la demandante iba acompañado de un escrito firmado por el Director General de la Dirección General de la Competencia (DG IV) de la Comisión.

82 Ahora bien, al firmar dicho escrito, el Director General no actuó en virtud de una delegación de poderes, sino de una simple delegación de firma que había recibido del miembro competente de la Comisión (sentencia Geigy/Comisión, antes citada, apartado 5). Tal delegación constituye el medio normal a través del cual la Comisión ejerce su competencia (sentencia VBVB y VBBB/Comisión, antes citada, apartado 14).

83 En la medida en que la demandante no ha aportado ninguna indicación que permita concluir que, en el presente caso, la Administración comunitaria se apartó de las normas aplicables en la materia (sentencia VBVB y VBBB/Comisión, antes citada, apartado 14), debe desestimarse esta imputación.

84 En segundo lugar, la demandante sostiene que el pliego de cargos no fue adoptado por la Comisión. A este respecto, basta con señalar que la demandante no aporta ningún indicio que pueda cuestionar la presunción de validez que se atribuye a los actos comunitarios. En consecuencia, no procede verificar la eventual existencia de la infracción alegada (por analogía, sentencia Fiatagri y New Holland Ford/Comisión, antes citada, apartado 27).

85 En consecuencia, procede desestimar la primera parte del motivo.

86 En cuanto a la segunda parte del motivo, tampoco puede prosperar.

87 A tenor del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 99/63, «la Comisión comunicará por escrito a las empresas y a las asociaciones de empresas las quejas presentadas contra ellas». Esta disposición no exige que en el pliego de cargos figure una firma manuscrita estampada sobre el propio documento, ni que el pliego de cargos esté constituido por un acto formalmente único.

88 En todo caso, los cargos formulados en contra de la demandante le fueron comunicados por escrito de tal modo que podían identificarse con precisión los diferentes documentos en los que la Comisión fundaba tales cargos.

89 Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el presente motivo.

Sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 190 del Tratado

Alegaciones de las partes

90 Tras exponer de manera detallada los objetivos que persigue la obligación de motivación establecida en el artículo 190 del Tratado, la demandante alega, en primer lugar, que la Comisión debería haber indicado la disposición infringida para cada acción calificada como infracción, precisando si la infracción había adoptado la forma de un acuerdo o de una práctica concertada. En efecto, la demandante sostiene que dichas indicaciones son indispensables para verificar si cada una de las acciones de que se trata reúne los elementos constitutivos del ilícito, a saber, el supuesto de hecho, la ilegalidad y la culpa. Por tanto, a su entender no es suficiente la indicación según la cual la infracción consistió en la participación en un acuerdo o una práctica concertada, ya que una misma acción no puede calificarse a la vez de acuerdo y de práctica concertada.

91 Según la demandante, si bien es posible calificar varias acciones de infracción continuada, esta posibilidad no exime a la Comisión de la obligación de indicar, para cada una de las acciones individuales, los elementos constitutivos del ilícito. A su juicio, sólo si todas y cada una de las acciones individuales constituyen un ilícito puede calificarse de infracción continuada, en su caso, el conjunto de dichas acciones.

92 En segundo lugar, la demandante alega que la Decisión debería haber contenido asimismo, para cada uno de los actos calificados como ilícito, una indicación precisa de las circunstancias de hecho concretas, como el lugar en que se produjeron, los participantes que intervinieron y el papel exacto desempeñado por cada uno de ellos.

93 Por último, en tercer lugar, la demandante sostiene que la Decisión debería haber contenido, para cada una de las acciones de que se trata, una indicación de las personas físicas que intervinieron. A este respecto, considera que el artículo 15 del Reglamento nº 17 presupone la existencia de una acción deliberada o por negligencia de una persona física, aunque imputable a una empresa.

94 La Comisión estima que la Decisión contiene una descripción suficiente de los elementos de hecho que justifican la imposición de la multa. Al tratarse de un cartel complejo y de larga duración, las conductas individuales se inscribieron en el marco de un sistema único que tenía por objeto impedir el libre juego de la competencia en el mercado, de modo que, a su entender, no es necesario calificar de acuerdo o práctica concertada cada una de las conductas individuales (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T-7/89, Rec. p. II-1711, apartados 262 a 264). En todo caso, la Comisión señala que, en los puntos 131 y 132 de la exposición de motivos de la Decisión, precisó que, desde finales de 1987, la conducta de las empresas reunía todas las características de un acuerdo propiamente dicho en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y que, hasta esa fecha, la conducta de las empresas era constitutiva de una práctica concertada. Además, incluso habría podido calificar una acción de acuerdo con carácter principal y de práctica concertada con carácter subsidiario (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, ICI/Comisión, T-13/89, Rec. p. II-1021, apartados 251 y 252).

95 Al tratarse de una infracción única, la Comisión afirma que no está obligada a demostrar que cada una de las acciones individuales del cartel cumple los criterios establecidos en el artículo 85 (sentencia ICI/Comisión, antes citada, apartados 259 y 260).

96 Tampoco es necesario, según la Comisión, probar la participación de cada una de las empresas en cada uno de los aspectos del cartel. Tal como se señala en los puntos 116 y 117 de la exposición de motivos de la Decisión, es suficiente que la Comisión demuestre la existencia del cartel global, por un lado, y la participación de cada una de las empresas en algunos de los actos que forman parte del plan global común, por otro (véanse las sentencias, antes citadas, ICI/Comisión, apartados 256 a 261 y 305, y Hercules Chemicals/Comisión, apartado 272).

97 Por último, la Comisión sostiene que no tenía que indicar, en la Decisión, el nombre de las personas que habían intervenido en la infracción, pues el artículo 85 del Tratado se dirige expresamente a las empresas. A su entender, sólo es necesario demostrar que personas autorizadas para actuar por cuenta de las empresas participaron en el cartel, ya que las acciones de dichas personas son imputables a las respectivas empresas (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 97). Ahora bien, sobre este particular, el pliego de cargos contiene, según la Comisión, una exposición detallada de las pruebas consideradas en contra de la demandante, y los anexos de dicho pliego de cargos revelan la identidad de las personas que intervinieron.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

98 Según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado (véase, particularmente, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 1996, Van Megen Sports/Comisión, T-49/95, Rec. p. II-1799, apartado 51). Aunque, en virtud del artículo 190 del Tratado, la Comisión está obligada a indicar los antecedentes de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la Decisión y las consideraciones que la llevaron a adoptar ésta, no se le exige que discuta todos los puntos de hecho y de Derecho suscitados en el curso del procedimiento administrativo (véase, particularmente, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. I-3125, apartado 66).

99 En el caso de autos, la Decisión expone de manera detallada los motivos por los cuales la Comisión consideró que la infracción comprobada en el caso de las empresas mencionadas en el artículo 1 de la Decisión debía considerarse un acuerdo y una práctica concertada (puntos 129 a 132 de la exposición de motivos). En particular, del párrafo primero del punto 131 de la exposición de motivos se desprende que «desde finales de 1987, al concretarse la colusión progresiva de los fabricantes en el denominado programa de "prioridad del precio sobre el tonelaje", la infracción reúne todas las características de un "acuerdo" propiamente dicho en el sentido del artículo 85».Además, se precisa que «el desarrollo de dicho plan a través de las iniciativas de precios bianuales no debe considerarse como constitutivo de una serie de distintos acuerdos o prácticas concertadas sino como parte integrante de un único e idéntico acuerdo permanente» (párrafo segundo del mismo punto de la exposición de motivos).

100 Pues bien, cuando, como en el presente caso, una Decisión contiene una motivación suficiente que permite comprender los motivos por los cuales las actividades comprobadas fueron calificadas de acuerdo y de práctica concertada, la Comisión no está obligada a calificar por separado de acuerdo o de práctica concertada cada una de las actividades de que se trata (véase, en el mismo sentido, la sentencia Hercules Chemicals/Comisión, antes citada, apartado 264).

101 La Decisión contiene asimismo una motivación detallada por lo que respecta a la participación de la demandante en la infracción. A este respecto, contiene referencias directas a la demandante en el contexto de la descripción de los incrementos de precio concertados (puntos 74, 76, 78, 79, 81, 85 y 87 de la exposición de motivos). Además, sin perjuicio de la exactitud de los motivos que se enuncian en ellos, cuyo control forma parte del examen del fundamento de la Decisión, los puntos de ésta en los que se describen los debates con objeto contrario a la competencia que se desarrollaron en el seno del PWG (en especial, los puntos 37, 51 y 52 de la exposición de motivos) afectan necesariamente a la demandante, ya que, según la Decisión, la demandante participó en las reuniones de este órgano (párrafo segundo del punto 36 de la exposición de motivos). Igualmente, los puntos de la Decisión donde se describen los debates con objeto contrario a la competencia que se desarrollaron en el seno del JMC (en especial, los puntos 44 a 46, 58, 71, 73, 84, 85 y 87 de la exposición de motivos) también afectan a la demandante, en la medida en que la Comisión consideró que ésta participó en las reuniones de dicho órgano (cuadro 7 del Anexo de la Decisión y párrafo primero del punto 46 de la exposición de motivos).

102 Por consiguiente, la motivación de la Decisión proporcionó a la demandante una indicación suficiente para conocer los principales elementos de hecho y de Derecho en que se sustentaba el razonamiento que llevó a la Comisión a considerarla responsable de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

103 Por último, dado que, a efectos del artículo 85 del Tratado, los actos de una persona física son imputables a la empresa cuando dicha persona está autorizada para actuar por cuenta de la empresa (por analogía, sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 97), de ello se deduce que la Comisión motivó suficientemente la Decisión al referirse a la denominación de la demandante.

104 En todo caso, el informe individual que acompañaba al pliego de cargos revela la identidad de los representantes de la demandante que, según la Comisión, habían participado en las reuniones de los órganos del GEP Cartoncillo.

105 Por no haberse acogido ninguna de las imputaciones formuladas por la demandante, procede desestimar el presente motivo.

Sobre el motivo relativo a la infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado por no haber demostrado la Comisión la participación de la demandante en ningún cartel

106 El motivo está formado por tres partes. Cada una se examinará por separado.

Sobre la primera parte del motivo, relativa a la inexistencia de pruebas de la participación de la demandante en un cartel

- Alegaciones de las partes

107 La demandante alega que jamás participó en las reuniones de los diferentes órganos del GEP Cartoncillo y que no tuvo conocimiento alguno de los debates con objeto contrario a la competencia que, según la Decisión, se mantuvieron en dichas reuniones.

108 En efecto, la demandante afirma que las personas que, según la Decisión, la representaban en los órganos del GEP Cartoncillo sólo participaban en ellos como representantes del Nordic Paperboard Institute (en lo sucesivo, «NPI»), asociación escandinava que agrupa a los productores de cartoncillo. Asegura que las declaraciones efectuadas por otros productores (véase el cuadro 5 del Anexo de la Decisión), según las cuales se la consideraba uno de los miembros del JMC, están basadas en errores.

109 Por lo que respecta a los acuerdos y/o prácticas concertadas entre los participantes en las reuniones de los órganos del GEP Cartoncillo, la demandante afirma que la Decisión no contiene ninguna indicación precisa que permita determinar las reuniones en las que dichos debates se desarrollaron, el contenido preciso de éstos, los participantes en dichas reuniones y, por último, los participantes en las concertaciones. En particular, señala que muchos de los puntos de la Decisión no mencionan en modo alguno a la demandante o a sus sociedades miembros.

110 La demandante, tras observar que sus supuestos representantes sólo participaron, según la propia Decisión, en un pequeño número de reuniones del PWG y del JMC, sostiene que la Decisión no contiene ningún elemento que pueda probar su participación en concertación alguna. En efecto, aun suponiendo que en algunas de las reuniones se llevaran a cabo concertaciones y que ella estuviera representada en el seno de los órganos de que se trata, no se ha probado que las concertaciones se produjeran en las reuniones a las que asistieron sus supuestos representantes.

111 Por lo que respecta al PWG, la demandante niega las afirmaciones relativas a la comunicación de los resultados alcanzados en las reuniones de dicho órgano a las empresas que no pertenecían a él (punto 38 de la exposición de motivos de la Decisión). En particular, la demandante sostiene que la afirmación según la cual «los productores escandinavos (todos miembros del NPI) solían ser informados de los resultados por Finnboard» (párrafo cuarto del punto 38 de la exposición de motivos de la Decisión) no está fundada en ningún elemento de prueba.

112 Además, la demandante considera que la afirmación según la cual las empresas que no pertenecían al PWG eran informadas de los resultados de las reuniones de dicho órgano durante las reuniones de la PC (punto 38 de la exposición de motivos de la Decisión) no es más que una mera suposición.

113 Por lo que respecta a las reuniones de la PC, la demandante afirma que la indicación contenida en la Decisión según la cual la demandante y, en cierta medida, sus sociedades miembros participaron en las reuniones de dicho órgano es una afirmación carente de fundamento.

114 En relación con el JMC, la declaración de Fiskeby según la cual en algunas ocasiones fue informada de los resultados de las reuniones por un representante del NPI (punto 46 de la Decisión), declaración de la que, por lo demás, la demandante afirma no haber tenido conocimiento, confirma que eran los representantes del NPI, y no los de la demandante, quienes participaban en las reuniones de dicho comité.

115 Por último, la demandante observa que, según la propia Decisión, los debates desarrollados en las reuniones del EC se referían a la situación general del mercado.

116 La Comisión afirma que la demandante era uno de los miembros de pleno derecho del GEP Cartoncillo. A este respecto, se refiere a la declaración de Stora de 23 de diciembre de 1991 (anexo 43 del pliego de cargos), en la que se designa a la demandante como una de las empresas representadas en el PWG. Además, las actas de las reuniones de la PC se refieren a los directores gerentes de Finnboard como representantes de Finlandia, junto a los representantes de otros países escandinavos.

117 Según la Comisión, la argumentación de la demandante según la cual no participó en las reuniones del PWG es en todo caso ineficaz. En efecto, aun suponiendo que los directores gerentes de Finnboard actuaran como representantes del NPI, esto sólo significaría que representaban los intereses de la práctica totalidad de los productores escandinavos. Necesariamente tomaron en consideración los intereses de la demandante, habida cuenta de las funciones que ejercían en esta empresa.

118 Según la Comisión, la demandante estuvo representada asimismo en las reuniones del JMC y del EC. Diversos productores de cartoncillo la designaron como uno de los miembros del JMC.

119 Por lo demás, la Comisión basa su argumentación en la exposición de las principales funciones de tales órganos contenida en la Decisión.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

120 Según la Decisión, la demandante y las demás empresas mencionadas en el artículo 1 de la Decisión infringieron el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al participar en un acuerdo y una práctica concertada. La Comisión estimó que la demandante había participado en dicha infracción desde mediados de 1986 hasta, al menos, abril de 1991.

121 Según el cuadro 7 del Anexo de la Decisión, la demandante participó en las reuniones del PWG, de la PC, del JMC y del EC.

122 A este respecto, la Comisión considera que la demandante participó en las reuniones del PWG a título individual y como representante del NPI (párrafo cuarto del punto 38 y párrafo cuarto del punto 79 de la exposición de motivos). Además, en la Decisión se afirma que el «director gerente [de Finnboard] fue también presidente del PG Paperboard y presidió el PWG desde mayo de 1988 en adelante» (párrafo cuarto del punto 79 de la exposición de motivos).

123 Por lo que respecta a la participación de la demandante en el JMC, se precisa que «Finnboard parece haber representado al NPI, así como a otras cuatro empresas suyas a saber, Kyro, Metsä-Serla, Tampella y United Paper Mills» (párrafo primero del punto 32 de la exposición de motivos).

124 Por último, por lo que respecta a la participación de la demandante en reuniones de la PC, «los representantes de Finnboard (que también habían participado en las reuniones del PWG celebradas inmediatamente antes) asistían independientemente del NPI a todas las reuniones de la `President Conference'» (párrafo segundo del punto 42 de la exposición de motivos).

125 Los documentos que obran en autos atestiguan que directivos de la demandante estuvieron implicados en las estructuras del GEP Cartoncillo durante el período comprendido por la Decisión. Así, los informes individuales que acompañan al pliego de cargos explican que, durante el período a que se refiere la Decisión, la vicepresidencia del GEP Cartoncillo fue ocupada por un director («managing director») de la demandante, a saber, el Sr. de la Chapelle desde mediados de 1986 a 1987, el Sr. Sommar desde 1987 a 1988 y el Sr. Lindahl a partir de 1990.

126 Por lo que respecta al Sr. Sommar, fue elegido vicepresidente del GEP Cartoncillo en la junta general de 1987, ocasión en la que fue propuesto para ocupar esta nueva función siendo expresamente presentado como «el nuevo presidente del Finnboard Executive Committee» («the new Chairman of the Finnboard Executive Committee») (anexo 97 del pliego de cargos).

127 Además, consta que la presidencia del GEP Cartoncillo fue ocupada por el Sr. Köhler desde mayo de 1988 hasta el otoño de 1990. El acta de la reunión del PWG de 6 de abril de 1990 (incluida como anexo del escrito de contestación) indica lo siguiente a este respecto:

«El Sr. Köhler nos recuerda que, a partir del próximo otoño, asumirá otras funciones en la industria forestal finlandesa. Por tanto, dejará Finnboard y deberá dimitir como presidente del GEP Cartoncillo.»

128 Según las declaraciones de Stora, la demandante participó en las reuniones del PWG [anexos 35 (p. 14), 37 (p. 2) y 43 (p. 3) del pliego de cargos].

129 Por último, varias empresas han identificado a la demandante como uno de los participantes en las reuniones del JMC (véase el cuadro 5 del Anexo de la Decisión).

130 En consecuencia, habida cuenta de las declaraciones de Stora y de la participación efectiva de diversas personas empleadas por la demandante en las reuniones de los órganos del GEP Cartoncillo, no puede acogerse la afirmación de ésta según la cual dichas personas sólo participaron en las reuniones en su condición de representantes del NPI.

131 Por otra parte, la demandante no ha aportado el más mínimo elemento de prueba, como por ejemplo un mandato de representación exclusiva del NPI, que sustente la impugnación de las pruebas concordantes que demuestran su participación, a título individual, en las reuniones de los órganos del GEP Cartoncillo. En la vista, la demandante llegó a admitir que cargaba con los gastos de viaje ocasionados por la participación de sus empleados en dichas reuniones, circunstancia de hecho que no puede sino confirmar la exactitud de las conclusiones extraídas por la Comisión.

132 Teniendo en cuenta estos elementos, debe considerarse acreditada la participación de la demandante, a título individual, en las reuniones de los órganos del GEP Cartoncillo.

133 En la medida en que, mediante esta parte del motivo, la demandante pretende discutir el fundamento de las alegaciones de la Comisión relativas al objeto contrario a la competencia de las reuniones de que se trata, se trata de argumentos que deben examinarse en el marco de las otras dos partes del motivo.

134 Habida cuenta de los elementos anteriores, no puede acogerse la primera parte del presente motivo.

Sobre la segunda parte del motivo, relativa a la inexistencia de pruebas de la participación de la demandante en las iniciativas de precios

- Alegaciones de las partes

135 La demandante señala que la Decisión no contiene ninguna indicación precisa que permita acreditar su participación en iniciativas de precios. A su juicio, la motivación general de la Decisión no acredita la existencia de un eventual vínculo entre las diferentes iniciativas de precios llevadas a cabo y la conducta de cada una de las empresas. En particular, la demandante considera que la motivación de la Decisión no permite excluir que se produjeran concertaciones al margen de las reuniones o en reuniones en las que no participara ninguna persona vinculada a ella.

136 En su opinión, los anuncios sistemáticos de los incrementos de precios no demuestran la existencia de una concertación, pues no son sino una consecuencia directa de la situación del mercado.

137 Remitiéndose a los anexos del pliego de cargos invocados en la Decisión, la demandante señala que muchos de los documentos ni siquiera mencionan directa o indirectamente su nombre, y que los documentos que la mencionan contienen, por lo general, indicaciones insignificantes cuya fuente no se proporciona. Además, algunos de estos documentos fueron redactados, a su entender, en unas circunstancias que demuestran la inexistencia de relación entre los documentos y las reuniones de los órganos del GEP Cartoncillo. En consecuencia, estima que no puede considerarse que dichos documentos demuestran su participación en iniciativas de precios.

138 Partiendo de estas consideraciones, la demandante discute el valor probatorio de una parte importante de los documentos invocados por la Comisión. Además, sostiene que los documentos que constituyen los anexos 44, 109, 130 y 131 del pliego de cargos, invocados en la Decisión, no tienen el valor probatorio que la Comisión les atribuye. Por el contrario, la demandante considera que atestiguan más bien que no participó en colusión alguna.

139 Según la demandante, la lista de precios hallada en los locales de la sociedad Finnboard (UK) Ltd. (véase el punto 79 de la exposición de motivos de la Decisión; en lo sucesivo, «lista de Finnboard») no la menciona. Además, dicho documento no presenta suficientes similitudes con las dos listas de precios halladas en Rena (anexos 110 y 111 del pliego de cargos) como para poder extraer de ella conclusiones relativas a la demandante. En efecto, tampoco se la menciona en las listas de precios de Rena, y la lista de Finnboard sólo contiene información accesible a todo el mundo y que, aparentemente, mediante la utilización del término sueco «höjs» (verbo que, en infinitivo, significa «aumentar»), se refería a un acontecimiento pretérito. Además, la demandante observa que las listas de precios halladas en Rena contienen datos relativos a Irlanda, sin que en ellas se mencione a Finlandia. En el caso de la lista de Finnboard, sucede lo contrario.

140 Según la demandante, la nota obtenida de Rena, que, según la Decisión, se refería a la reunión del JMC de 6 de septiembre de 1989 (anexo 117 del pliego de cargos) indica solamente lo siguiente: «[...] 10,5 % de diferencia entre CG I y GC con respecto a los precios más bajos aplicados por Finnboard [...]». En su opinión, dicha observación no revela la participación de la demandante en concertación alguna, sino que el autor de la nota se limitó a reflejar la existencia de una diferencia de precios entre dos productos. Por lo demás, según el escrito de acompañamiento de Rena (anexo 116 del pliego de cargos), las indicaciones contenidas en dicha nota se basaban en conversaciones individuales mantenidas al margen de la reunión del JMC, en las que, según la demandante, no participaron sus empleados.

141 La nota de Rena que, según la Decisión, se refiere a la reunión del JMC de 6 septiembre de 1990 (anexo 118 del pliego de cargos) ni siquiera se refiere a una reunión del JMC (véase el escrito de acompañamiento de Rena, anexo 116 del pliego de cargos), sino sólo a debates internos. La mera alusión a la demandante («Finnboard a lot down in USSR [...]») no constituye un elemento que pruebe concertación alguna.

142 Por lo que respecta a la declaración de Stora en la que se describe el papel del JMC en la implantación de las iniciativas de precios (anexo 35 del pliego de cargos, p. 17), la demandante subraya que, aun suponiendo que participara en las reuniones de dicho órgano, quod non, según la Decisión ella y Stora sólo coincidieron en siete reuniones del JMC. En consecuencia, es perfectamente posible que los eventuales debates con objeto contrario a la competencia tuvieran lugar únicamente en reuniones en las que no participó la demandante, y que en las siete reuniones del JMC en las que participaron tanto Stora como la demandante se mantuvieran debates anodinos.

143 La Comisión estima que ha demostrado la existencia de iniciativas de precios, por un lado, y la participación de la demandante en dichas iniciativas, por otro.

144 Por lo que respecta a la existencia de las iniciativas de precios, se remite, fundamentalmente, a los puntos 74 a 90 de la exposición de motivos de la Decisión. Además, hace hincapié en determinados elementos de prueba invocados en la Decisión (anexos 44 y 70 del pliego de cargos).

145 Por último, se remite a las dos listas de incrementos de precios halladas en Rena (anexos 110 y 111 del pliego de cargos, mencionados, respectivamente, en los puntos 80 y 83 de la exposición de motivos de la Decisión). Según la Comisión, dichas listas, que tienen el mismo origen, confirman las declaraciones de Stora relativas a los acuerdos en materia de incremento de precios alcanzados en el seno del GEP Cartoncillo. Aunque no mencionan el nombre de ninguna sociedad concreta, dejan constancia de los incrementos que debían aplicarse en cada uno de los países europeos. En consecuencia, la Comisión considera que la inexistencia de referencias expresas a la demandante carece de pertinencia.

146 Por lo que respecta a la participación de la demandante en las iniciativas de precios, la Comisión niega que los incrementos de precios fueran el resultado de las condiciones generales del mercado. Por un lado, considera que ha aportado la prueba de la existencia de concertaciones a este respecto, algo que varios de los productores afectados ni siquiera han negado. Por otro, la Comisión señala que la participación en reuniones en las que se desarrollen debates con objeto contrario a la competencia basta para cumplir los criterios establecidos para la aplicación del artículo 85 del Tratado (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1991, Rhône-Poulenc/Comisión, T-1/89, Rec. p. II-867, apartado 66).

147 Según la Comisión, la lista de Finnboard contiene datos relativos a las calidades GD que ponen de manifiesto que no se trataba de un documento interno, ya que la demandante no producía dichas calidades. Además, la similitud entre la lista de Finnboard y las listas halladas en Rena demuestra, según la Comisión, que la primera de ellas se refería a los incrementos de precios sobre los que se habían puesto de acuerdo los productores de cartoncillo. A su entender, los datos contenidos en la lista de Finnboard permiten afirmar que se refería a los incrementos de precios del segundo trimestre de 1989 y no, como afirma la parte demandante, a datos antiguos.

148 Por último, la Comisión considera que la participación de la demandante quedó demostrada por las notas manuscritas halladas en FS-Karton y Rena (anexos 113 y 117 del pliego de cargos), pues dichos documentos designaban a determinados productores de cartoncillo, entre ellos Finnboard.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

149 A tenor del artículo 1 de la Decisión, las empresas en él enumeradas infringieron el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al participar, durante el período de referencia, en un acuerdo y una práctica concertada por los cuales los proveedores de cartoncillo en la Comunidad, entre otras medidas, «acordaban incrementos periódicos de precios para cada una de las calidades del producto en cada moneda nacional» y «planeaban y aplicaban incrementos de precios uniformes y simultáneos en toda la Comunidad».

150 Ya se ha señalado que la demandante participó en las reuniones del PWG y del JMC durante el período comprendido entre mediados de 1986 y, al menos, abril de 1991. En consecuencia, antes de entrar en el examen de la situación individual de la demandante con respecto al objeto de dichas reuniones, procede determinar si la Comisión acreditó que las reuniones de estos dos órganos tenían por objeto, en particular, una colusión sobre los precios.

151 Por lo que respecta al PWG, en la Decisión se indica que el verdadero cometido del PWG «abarcaba los "debates y concertación sobre los mercados, las cuotas de mercado, los precios, los incrementos de precios y la capacidad de producción"» (párrafo tercero del punto 37 de la exposición de motivos) y que «al poco tiempo de su creación, el PWG "acordaba y decidía de forma global el momento y la magnitud de los incrementos de precio aplicados por los productores de cartoncillo"» (párrafo cuarto del punto 37 de la exposición de motivos).

152 Estas indicaciones están tomadas de las declaraciones de Stora (anexo 39 del pliego de cargos), que, por lo demás, precisa que «el PWG se reunió a partir de 1986 con el fin de cooperar en la implantación de una disciplina de mercado». Dichas afirmaciones encuentran respaldo en el anexo 73 del pliego de cargos, una nota confidencial de 28 de diciembre de 1988 enviada por el director comercial responsable de las ventas del grupo Mayr-Melnhof en Alemania (Sr. Katzner) al gerente de Mayr-Melnhof en Austria (Sr. Gröller) y que trataba la situación del mercado.

153 Según dicho documento, la cooperación más estrecha en el seno del «círculo de presidentes» («Präsidentenkreis»), decidida en 1987, produjo dos resultados significativos:

«- PRO-Cartoncillo - Disciplina en materia de precios.

En estos dos ámbitos, cabe señalar tanto elementos positivos como elementos negativos:

[...]

- En materia de precios, hay ganadores y perdedores.»

154 El autor de la nota continúa precisando que «todos los participantes fueron (y siguen siendo) ganadores en la medida en que se ha detenido la tendencia sostenida, hasta el otoño de 1987, a la caída de los precios, consiguiendo reemplazarla por incrementos de precios en dos etapas (hasta ahora) claramente perceptibles y diferenciadas».

155 Procede señalar que la expresión «círculo de presidentes» fue interpretada por Mayr-Melnhof como referida a la vez al PWG y a la PC en un contexto general, esto es, sin relación con un acontecimiento o con una reunión concreta (punto 2.a del anexo 75 del pliego de cargos), interpretación que no procede discutir en el presente contexto.

156 Habida cuenta de estos elementos, debe considerarse que la Comisión ha demostrado el papel desempeñado por el PWG en la colusión sobre los precios.

157 Por lo que respecta al JMC, de la Decisión se desprende que su misión principal era, desde el principio, la siguiente:

«- determinar si se podían aplicar los incrementos de precio, y en caso afirmativo la manera en que se debería efectuar, y comunicar sus conclusiones al PWG;

- determinar los pormenores de las iniciativas de precios decididas por el PWG, país por país para los principales clientes, con objeto de establecer un sistema equivalente (es decir, uniforme) de precios en Europa [...]» (último párrafo del punto 44 de la exposición de motivos de la Decisión).

158 Más concretamente, la Comisión mantiene, en los párrafos primero y segundo del punto 45 de la exposición de motivos de la Decisión, lo siguiente:

LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC: 694A0338.1

«[...] Este comité discutía mercado por mercado cómo podían ser aplicados por cada productor los incrementos de precios aprobados por el PWG. Los detalles prácticos de la puesta en práctica de los incrementos de precios propuestos se discutían en una "mesa redonda" en la que cada participante podía expresar su opinión en cuanto a los incrementos propuestos.

En caso de que aparecieran dificultades a la hora de aplicar los incrementos de precios aprobados por el PWG, o de que se produjeran negativas a cooperar, se informaba de ello al PWG el cual (según afirma Stora) "procuraba alcanzar el nivel de cooperación considerado necesario". El JMC elaboraba informes separados para las calidades GC y GD. Si el PWG modificaba una decisión de precios en virtud de la información recibida del JMC, en la siguiente reunión de este último se discutían las medidas necesarias para su aplicación.»

159 Debe señalarse que la Comisión obra correctamente al remitirse, en apoyo de tales indicaciones acerca del objeto de las reuniones del JMC, a las declaraciones de Stora (anexos 35 y 39 del pliego de cargos).

160 Además, aun cuando no dispone de ningún acta oficial de la reunión del JMC, la Comisión obtuvo de Mayr-Melnhof y Rena ciertas notas internas sobre las reuniones de 6 de septiembre de 1989, 16 de octubre de 1989 y 6 de septiembre de 1990 (anexos 117, 109 y 118 del pliego de cargos). Dichas notas, cuyo contenido se describe en los puntos 80, 82 y 87 de la exposición de motivos de la Decisión, relatan los minuciosos debates mantenidos durante dichas reuniones acerca de las iniciativas concertadas en materia de precios. Constituyen, pues, elementos probatorios que corroboran claramente la descripción de las funciones del JMC ofrecida por Stora.

161 Basta al respecto con remitirse, a modo de ejemplo, a la nota obtenida en Rena sobre la reunión del JMC de 6 de septiembre de 1990 (anexo 118 del pliego de cargos), en la cual se indica, entre otros datos, lo siguiente:

«Se anunciará el incremento de precios la próxima semana de septiembre

Francia 40 FF Países Bajos 14 HFL Alemania 12 DM Italia 80 LIT Bélgica 2,50 BFR Suiza 9 SFR Reino Unido 40 UKL Irlanda 45 IRL

Todas las calidades deberán incrementarse en una cuantía igual GD, UD, GT, GC, etc.

Sólo un incremento de precios cada año. Para entregas después del 7 de enero. No más tarde del 31 de enero. 14 de septiembre carta con incremento precios (Mayr-Melnhof). 19 de septiembre Feldmühle envía su carta. Cascades antes de finales de septiembre. Todos deben haber enviado sus cartas antes del 8 de octubre.»

162 Según explica la Comisión en los puntos 88 a 90 de la exposición de motivos de la Decisión, le fue posible obtener, además, documentos internos que permitían concluir que las empresas, y, sobre todo, las mencionadas nominalmente en el anexo 118 del pliego de cargos, anunciaron efectivamente y aplicaron los incrementos de precio concertados (véase asimismo el cuadro G del Anexo de la Decisión).

163 En este contexto, procede desestimar la alegación de la demandante según la cual no se ha demostrado que el anexo 118 del pliego de cargos se refiera a una reunión del JMC. En efecto, dicho documento figura en hojas de papel con el membrete de «Schweizerischer Bankverein» («Sociedad de Banca Suiza») y está fechado el 6 de septiembre de 1990, es decir, el día en que se celebró en Zúrich una reunión del JMC. En él se describen con una gran claridad los debates con objeto contrario a la competencia mantenidos entre los productores que en él se mencionan. En consecuencia, ha quedado acreditado que se refiere a la reunión del JMC celebrada en la fecha considerada.

164 A pesar de que los documentos invocados por la Comisión sólo atañen a un reducido número de reuniones del JMC mantenidas durante el período contemplado por la Decisión, todas las pruebas documentales disponibles corroboran la indicación de Stora de que la función principal del JMC era determinar y planear la aplicación de los incrementos de precio concertados. A este respecto, la casi absoluta inexistencia de actas, oficiales o internas, de las reuniones del JMC debe considerarse prueba suficiente de la alegación de la Comisión según la cual las empresas que participaron en las reuniones se esforzaron en ocultar la verdadera naturaleza de los debates celebrados en el seno de dicho órgano (véase, en especial, el punto 45 de la exposición de motivos de la Decisión). Ante tales circunstancias, se invirtió la carga de la prueba, e incumbía a las empresas destinatarias de la Decisión que participaron en las reuniones de dicho órgano probar que éste tenía un objeto lícito. Dado que dichas empresas no aportaron esta prueba, la Comisión obró correctamente al considerar que los debates mantenidos por las empresas en las reuniones de dicho órgano tenían un objeto primordialmente contrario a la competencia.

165 En cuanto a la situación individual de la demandante, el Tribunal de Primera Instancia estima que su participación en las reuniones del PWG y el JMC constituye una prueba suficiente de su participación en una colusión sobre los precios.

166 En primer lugar, debe señalarse que los directivos de la demandante ocuparon funciones de dirección en el GEP Cartoncillo durante el período comprendido entre mediados de 1986 y el otoño de 1990 (véanse los apartados 122 a 127 supra). Además, el anexo 118 del pliego de cargos describe los debates mantenidos en una reunión del JMC en la que se ha demostrado que participó un empleado de la demandante.

167 Por lo demás, la participación de la demandante en la colusión sobre los precios se ve corroborada por la existencia de pruebas documentales de dicha colusión, expuestas en la Decisión. En particular, la lista de Finnboard, descrita en el punto 79 de la exposición de motivos de la Decisión, presenta sorprendentes similitudes formales con las otras dos listas de precios mencionadas en los puntos 80 y 83 de la exposición de motivos de la Decisión, a saber, las listas obtenidas por la Comisión en Rena (anexos 110 y 111 del pliego de cargos). Las tres listas contienen indicaciones, para diversos tipos de cartoncillo y para diversos países comunitarios, sobre las fechas y las cuantías precisas de los incrementos de precio aplicados por las correspondientes empresas en abril de 1989, en septiembre/octubre de 1989 y en abril de 1990. Estas indicaciones coinciden, por lo que se refiere a las cuantías de los incrementos de precios y a las fechas de su aplicación, con los comportamientos efectivos en el mercado apreciados por parte de dichas empresas y, en particular, por parte de la demandante (véanse los cuadros D, E y F del Anexo de la Decisión).

168 Habida cuenta de las sorprendentes similitudes formales existentes entre estas tres listas de precios, procede considerar que tienen un origen común. Además, el anexo 110 está fechado el 3 de diciembre de 1989, una fecha anterior al anuncio de los incrementos de precios que en él se indican. Por consiguiente, la Comisión obró correctamente al inferir que debía considerarse que las otras dos listas de precios, no fechadas, fueron igualmente elaboradas en una fecha anterior a la de los anuncios efectivos de los incrementos de precio mencionados en ellas.

169 Por lo que respecta, más concretamente, a la lista de Finnboard, la alegación de la demandante según la cual el término sueco «höjs» atestigua que dicho documento se refiere a un incremento anterior de los precios del cartoncillo para artes gráficas, debe desestimarse por infundada. En efecto, el término «höjs» puede referirse a un acontecimiento presente («aumenta») o futuro («será aumentado»).

170 Por último, por lo que respecta a esa misma lista, en la Decisión (párrafo cuarto del punto 79 de la exposición de motivos) la Comisión observó con razón, que:

«Finnboard no fabrica calidades UD o GD, por lo que la lista no puede ser puramente interna o referente únicamente a las actividades de Finnboard.»

171 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y sin que sea necesario entrar a examinar las alegaciones de la demandante relativas a otros documentos (anexos 44, 130 y 131 del pliego de cargos), procede concluir que la Comisión ha demostrado la participación de la demandante en una colusión sobre los precios.

Sobre la tercera parte del motivo, relativa a la inexistencia de pruebas de la participación de la demandante en la regulación de los volúmenes de producción

- Alegaciones de las partes

172 La demandante sostiene que la Decisión no contiene ningún elemento que permita concluir que infringió el artículo 85 del Tratado por lo que respecta a la regulación de los volúmenes de producción. Según señala, el anexo 73 del pliego de cargos (véase el punto 53 de la exposición de motivos de la Decisión), documento de una especial importancia en la motivación de la Decisión, no menciona ni una sola vez el nombre de la demandante.

173 El punto 61 de la exposición de motivos de la Decisión, relativo al sistema de seguimiento y control de las capacidades de producción y de los volúmenes de producción y de ventas no contiene, según la demandante, ningún reproche en su contra, ya que no proporcionó información a FIDES ni recibió ningún informe sobre capacidades.

174 Según la demandante, la motivación de la Decisión relativa a la cartera de pedidos y a las interrupciones de la producción tiene un carácter meramente teórico. Ni siquiera hace alusión a un eventual acuerdo con dicho objeto, ya que lo único que hubo fue un sistema informal de persuasión.

175 Por último, por lo que respecta al acuerdo supuestamente alcanzado en el seno del PWG sobre la congelación de las cuotas de mercado de los principales productores, la demandante reitera que no participó en dichas reuniones. Además, ni la declaración de Stora (anexo 43 del pliego de cargos) ni la nota de Rena relativa a una reunión del NPI (anexo 102 del pliego de cargos; véase el punto 58 de la exposición de motivos de la Decisión) contienen indicaciones que permitan concluir que la demandante participó en una concertación. En particular, la demandante sostiene que la declaración de Stora pone de manifiesto que los debates relativos a las cuotas de mercado fueron extremadamente vagos, y que no se referían a empresas concretas.

176 La Comisión sostiene que la existencia de colusiones en materia de regulación de los volúmenes de producción ha quedado demostrada (puntos 51 a 71 de la exposición de motivos de la Decisión).

177 Según la Comisión, la política de prioridad del precio sobre el tonelaje fue descrita de forma detallada por Stora (anexo 39 del pliego de cargos). La aplicación de dicha política implicaba el control de los volúmenes de producción y su adaptación a la demanda. Esta es la razón por la cual los productores intercambiaban información relativa al estado de las carteras de pedidos, la recepción de pedidos y la utilización de las capacidades. Además, se informaban mutuamente de la duración de los períodos de interrupción de la producción previstos o aplicados con el fin de planificar períodos de interrupción de la producción a escala de todo sector.

178 Según la Comisión, esta descripción de la política de prioridad del precio sobre el tonelaje se ve corroborada por una nota de Mayr-Melnhof relativa a la reunión del EC de 3 de octubre de 1989 (anexo 70 del pliego de cargos), por una nota confidencial de 28 de diciembre de 1988 redactada por el director de ventas de Mayr-Melnhof (anexo 73 del pliego de cargos) y por los anexos 113, 130 y 131 del pliego de cargos.

179 Por lo que respecta a la participación de la demandante en los debates de que se trata, la Comisión subraya que su participación queda demostrada por el hecho de que, durante mucho tiempo, ocupara la presidencia del PWG, en cuyo seno tuvieron lugar dichos debates.

180 Además, la Comisión afirma que el papel desempeñado por la demandante se ve confirmado por un gran número de documentos, en particular, los anexos 70, 130 y 131 del pliego de cargos, en los que se menciona en varias ocasiones a la demandante.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

181 A tenor del artículo 1 de la Decisión, las empresas enumeradas en dicha disposición infringieron el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al participar, durante el período de referencia, en un acuerdo y una práctica concertada por los cuales los proveedores de cartoncillo de la Comunidad «llegaban a un acuerdo para mantener las cuotas de mercado de los principales fabricantes a unos niveles constantes (sujetos a modificación de forma esporádica)» y «aplicaban (progresivamente desde el comienzo de 1990) medidas concertadas para controlar el suministro del producto en la Comunidad con el fin de garantizar la efectividad de los mencionados incrementos de precios».

182 Según la Comisión, estas dos clases de colusión, ag