Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento — Plazo para recurrir — Recurso de casación

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 2, párr. 2, y 100, ap. 2, párr. 2)

2. Recurso de anulación — Sentencia anulatoria — Alcance

3. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos presentados ante el Tribunal de Primera Instancia — Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)

4. Recurso de casación — Motivos — Admisibilidad — Cuestiones de Derecho

(Art. 88 CE, ap. 3)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Proyectos de ayudas — Notificación a la Comisión

[Art. 88 CE, ap. 3; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 2, ap. 1]

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda no notificada con el mercado común — Obligación de motivación — Alcance

(Art. 88 CE, ap. 3)

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1. A falta de un aviso por el que el Secretario del Tribunal de Primera Instancia informe por fax u otro medio técnico de comunicación en la forma establecida en el artículo 100, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de la notificación de una sentencia o un auto a un destinatario que no haya designado domicilio en Luxemburgo a efectos del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y haya dado su consentimiento a que las notificaciones les sean dirigidas por ese medio, conforme al artículo 44, apartado 2, párrafo segundo, del referido Reglamento de Procedimiento, no puede presumirse que la sentencia o el auto en cuestión ha sido entregado a su destinatario el décimo día siguiente al de depósito del envío en el servicio de Correos de Luxemburgo. En tal caso, la fecha de la notificación de la sentencia o del auto, a partir de la cual comienza a correr el plazo para interponer recurso de casación, es aquella en que el destinatario haya acusado recibo bien del envío postal certificado que se le haya dirigido, o bien de la entrega contra recibo de la sentencia o del auto en cuestión, sin que quepa tener en cuenta el hecho de que su destinatario pudo tener bastante antes conocimiento de tal resolución, accesible en la página de Internet del Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 26 y 27)

2. Una sentencia mediante la cual el juez comunitario anule una decisión de la Comisión que establece que no puede considerarse que una determinada actuación de un Estado miembro constituye una ayuda de Estado, no tiene tan sólo una fuerza de cosa juzgada relativa, al suponer solamente un obstáculo para la interposición de nuevos recursos que tengan el mismo objeto, enfrenten a las mismas partes y se funden en la misma causa. La anulación con efecto retroactivo declarada por tal sentencia tiene un efecto erga omnes frente a todos los justiciables, que le confiere la fuerza de cosa juzgada absoluta, y se opone, de este modo, a que las cuestiones de Derecho que haya resuelto sean sometidas de nuevo al mismo juez y examinadas por éste. Dicha fuerza absoluta no sólo se extiende al fallo, sino también a los fundamentos de Derecho, que constituyen su sustento necesario, por lo que son indisociables de éste. Esta fuerza de cosa juzgada absoluta es una cuestión de orden público, que debe ser suscitada de oficio por el órgano jurisdiccional.

(véanse los apartados 41 a 45)

3. La apreciación de los hechos por el Tribunal de Primera Instancia no constituye una cuestión de Derecho sujeta, sin perjuicio del caso de la desnaturalización de los elementos aportados a aquél, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. Así pues, el Tribunal de Justicia puede criticar la desnaturalización por parte del Tribunal de Primera Instancia de los elementos que le han sido aportados, en particular cuando éste sustituye la motivación de la decisión controvertida por la suya propia.

(véanse los apartados 60 y 67)

4. La calificación jurídica de un hecho o de un acto efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, por ejemplo, de la cuestión de si un escrito ha de ser considerado como un acto de notificación en el sentido del artículo 88 CE, apartado 3, es una cuestión de Derecho que puede ser suscitada en el marco de un recurso de casación.

(véanse los apartados 89 y 90)

5. Del propio sistema del artículo 88 CE, apartado 3, que establece una relación bilateral entre la Comisión y el Estado miembro, se desprende que la obligación de notificación de los proyectos dirigidos a conceder o a modificar una ayuda de Estado recae únicamente sobre los Estados miembros. Por consiguiente, no puede considerarse que se cumple esta obligación mediante la notificación realizada por la empresa beneficiaria de la ayuda. En efecto, el mecanismo de control y de examen de las ayudas de Estado establecido por el artículo 88 CE no impone ninguna obligación específica al beneficiario de la ayuda. Por un lado, la obligación de notificación y la prohibición previa de ejecución de los proyectos de ayuda se dirigen al Estado miembro. Por otro lado, éste es también el destinatario de la decisión por la que la Comisión declara la incompatibilidad de una ayuda y le invita a suprimirla en el plazo que ella señale.

Por consiguiente, carece de influencia la circunstancia de que, en la fecha en la que se haya remitido a la Comisión un proyecto de acuerdo, ningún texto normativo estableciera que una notificación, para que se considerase practicada en debida forma, debía ser realizada por el gobierno interesado. Si bien en la normativa comunitaria, concretamente en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, se ha recordado la exigencia según la cual la notificación incumbe al gobierno de que se trate, este artículo no hacía más que codificar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sin añadir nada respecto a la situación del Derecho aplicable.

(véanse los apartados 102 y 103)

6. En el caso de ayudas de Estado otorgadas sin haber sido previamente notificadas a la Comisión, ésta no está obligada a demostrar en su decisión el efecto real de tales ayudas. En efecto, si se impusiera tal obligación a la Comisión, se favorecería a los Estados miembros que conceden ayudas infringiendo el deber de notificación que impone el artículo 88 CE, apartado 3.

(véase el apartado 109)