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C 445/11

Recurso interpuesto el 12 de octubre de 2018 — Comisión Europea / Rumanía

(Asunto C-638/18)

(2018/C 445/14)

Lengua de procedimiento: rumano

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: L. Nicolae y K. Petersen, agentes)

Demandada: Rumanía

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que Rumanía ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE, (1) en relación con su anexo XI, al no haber respetado de manera sistemática y constante desde el año 2007 los valores límite diarios para las concentraciones de PM10, y al no haber respetado de manera sistemática y constante, desde el año 2007 hasta el año 2014 incluido, salvo en el año 2013, los valores límite anuales para las concentraciones de PM10, en la zona RO32101 Bucarest.

— Que se declare que, por lo que respecta a la zona RO32101 Bucarest, Rumanía ha incumplido desde el 11 de junio de 2010 las obligaciones establecidas en el artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE, en relación con la parte A de su anexo XV, en especial la obligación contemplada en el párrafo segundo de garantizar que el periodo en el que las PM10 superan los valores límite sea lo más breve posible.

— Que se condene en costas Rumanía.

Motivos y principales alegaciones

Desde el año 2007, en la zona RO32101 Bucarest se han rebasado de manera sistemática y constante los valores límite diarios para las concentraciones de PM10. Asimismo, desde el año 2007 hasta el año 2014 incluido, salvo en el año 2013, en la misma zona se superaron los valores límite anuales para las concentraciones de PM10. Tales excesos son suficientes para declarar la existencia de una infracción del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE, en relación con el anexo XI de la misma.

Pese a esos excesos sobre los valores límite, Rumanía no ha elaborado planes para dicha zona que cumplan con lo dispuesto por el artículo 23, apartado 1, de la Directiva, en particular con la obligación de adoptar las medidas adecuadas para que el periodo en el que los PM10 rebasan los valores límite sea lo más breve posible. Esta infracción resulta del periodo prolongado en el que se han registrado los excesos, de los largos plazos previstos para que cesen los excesos, de la falta de algunos de los elementos establecidos en la parte A del anexo XV de la Directiva y del hecho de que los planes no abordan todas las causas principales de los excesos sobre los valores límite ni prevén medidas obligatorias suficientes para garantizar el respeto de estos últimos.

(1) DO 2008, L 152, p. 1
C 455/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien (Austria) el 7 de septiembre de 2018 — Austrian Airlines AG / MG, NF

(Asunto C-566/18)

(2018/C 455/28)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Handelsgericht Wien

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Austrian Airlines AG

Demandada: MG, NF

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Deben interpretarse los artículos 5 y 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, (1) en el sentido de que los pasajeros aéreos tendrán derecho, aplicando el Reglamento, a más de una compensación por la misma reserva cuando el vuelo en el que el transportista aéreo haya reubicado a los pasajeros se cancele o sufra un retraso de más de tres horas, de manera que la compensación establecida en el artículo 7 del Reglamento no es fija sino que dependerá del número de cancelaciones o del alcance de estas y del correspondiente retraso?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cómo se concilia tal solución con el principio establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros (asuntos acumulados C-402/07 y C-432/07, EU:C:2009:716), (2) conforme al cual el artículo 5 del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que los pasajeros de vuelos retrasados deben equipararse a los pasajeros de vuelos cancelados a los efectos de la aplicación del derecho a compensación, cuando el Tribunal de Justicia ha declarado en su sentencia de 23 de octubre de 2012, Nelson y otros (asuntos acumulados C-581/10 y C-629/10, EU:C:2012:657), (3) que la duración del retraso por encima de las tres horas no se tiene en cuenta al calcular el importe de la compensación a tanto alzado?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).

(2) ECLI:EU:C:2009:716

(3) ECLI:EU:C:2012:657
Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session, Edimburgo (Reino Unido) el 3 de octubre de 2018 — Andy Wightman y otros / Secretary of State for Exiting the European Union

(Asunto C-621/18)

(2018/C 445/12)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Session, Edimburgo

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Recurrida: Secretary of State for Exiting the European Union

Otras partes en el procedimiento: Chris Leslie, Tom Brake

Cuestión prejudicial

Si un Estado miembro ha notificado al Consejo Europeo, con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, su intención de retirarse de la Unión Europea, ¿permite el Derecho de la Unión que dicho Estado miembro revoque unilateralmente la notificación y, en caso afirmativo, qué requisitos deben cumplirse y cuáles serían los efectos en relación con la permanencia del Estado miembro en la Unión Europea?
«1)

En circunstancias como las del procedimiento principal, en que una organización de productores en el sentido de los artículos 11, apartado 1, y 15 del Reglamento (CE) n.o 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, (1) por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, realiza entregas de bienes a sus miembros cobrándoles por ello unos precios que no cubren los precios de adquisición, a) ¿debe considerarse que se trata de una permuta con pago en metálico de la diferencia, ya que los productores, como contraprestación por dicha operación, se han comprometido contractualmente con la organización de productores a suministrarle frutas y hortalizas durante el período de vinculación, de manera que la base imponible de la operación es el precio de compra pagado por la organización de productores a sus proveedores por los bienes de producción? b) ¿constituye el importe íntegro efectivamente pagado por el fondo operativo a la organización de productores por la operación una “subvención directamente vinculada al precio de estas operaciones” en el sentido del artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, (2) Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (en lo sucesivo, “Sexta Directiva”), de manera que la base imponible comprende también la ayuda económica en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.o 2200/96, concedida al fondo operativo en virtud de un programa operativo?
C 427/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 7 de septiembre de 2018 — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl y otros

(Asunto C-567/18)

(2018/C 427/21)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Coty Germany GmbH

Demandadas: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Cuestión prejudicial

Una persona que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha infracción, ¿posee estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos cuando no es ella misma sino solo el tercero el que pretende ofrecer o comercializar los productos? (1)

(1) Interpretación del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), y del artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
1)

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, (1) en el sentido de que el equipamiento de un vehículo a los efectos del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.o 715/2007 es inadmisible, si la válvula de recirculación de gases, es decir, un componente que puede afectar a las emisiones, se ha diseñado de manera que la cuota de recirculación, es decir, la cuota de gases de escape que son reconducidos, es regulada de modo que solamente entre 15 y 33 grados centígrados y solamente por debajo de 1 000 metros de altura se garantiza un modo de bajas emisiones y que, fuera de dicho marco térmico, con un recorrido de 10 grados centígrados, y por encima de los 1 000 metros, en un recorrido de 250 metros, se ve reducida de un modo lineal a 0, de modo que se produce un incremento de las emisiones de NOx, más allá de los valores límite de NOx previstos en el Reglamento n.o 715/2007?
—

Que se declare que Rumanía ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 67 de la Directiva 2015/849/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, (1) al no haber adoptado, a más tardar el 26 de junio de 2017, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en todo caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.
C 392/8

Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresní soud v Českých Budějovicích (República Checa) el 7 de agosto de 2018 — RD / SC

(Asunto C-518/18)

(2018/C 392/12)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Okresní soud v Českých Budějovicích

Partes en el procedimiento principal

Demandante: RD

Demandada: SC

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, (1) en el sentido de que un crédito sobre el que se ha adoptado una resolución tras la práctica de la prueba puede considerarse no impugnado cuando ni el demandado, quien reconoció la deuda antes de la interposición de la demanda, ni su representante designado por el tribunal participaron en el procedimiento judicial ni formularon ninguna objeción en el transcurso del procedimiento?

(1) DO 2004, L 143, p. 15.
Asunto C-348/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 29 de mayo de 2018 — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 29 de mayo de 2018 — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Asunto C-348/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice

Recurrida: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 3950/92 ( 1 ) —a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2011, asuntos acumulados C-230/09 y C-231/09, en relación con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento n.o 17[8]8/2003/CE— ( 2 ) en el sentido de que la reasignación de la parte no utilizada de la cantidad de referencia nacional destinada a las entregas puede efectuarse conforme a criterios objetivos de prioridad fijados por los Estados miembros o bien debe interpretarse en el sentido de que tal fase de distribución se tiene que regir exclusivamente por un criterio de proporcionalidad?

( 1 ) Reglamento (CEE) n.o 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO 1992, L 405, p. 1).

( 2 ) Reglamento (CE) n.o 1788/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO 2003, L 270, p. 123).
Asunto C-289/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien (Austria) el 26 de abril de 2018 — KAMU Passenger & IT Services GmbH / Türk Hava Yollari A.O. — T.H.Y. Turkish Airlines

Petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien (Austria) el 26 de abril de 2018 — KAMU Passenger & IT Services GmbH / Türk Hava Yollari A.O. — T.H.Y. Turkish Airlines

(Asunto C-289/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Handelsgericht Wien

Partes en el procedimiento principal

Demandante: KAMU Passenger & IT Services GmbH

Demandada: Türk Hava Yollari A.O. — T.H.Y. Turkish Airlines

Cuestión prejudicial

¿Debe calificarse de conexión directa, a efectos del artículo 2, letra h), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, ( 1 ) el vuelo realizado desde el aeropuerto de destino del vuelo anterior cuando el pasajero ha reservado ambos vuelos conjuntamente y solo ha recibido un billete con un único número de billete, teniendo en cuenta que entre uno y otro vuelo había previsto un intervalo de algo más de trece horas?

( 1 ) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

¿Debe interpretarse el artículo 168, letra a), de la Directiva [2006/112/CE], ( 1 ) teniendo en cuenta el objetivo del Reglamento (CE) n.o 178/2002 ( 2 ) de garantizar la seguridad alimentaria (que se alcanza, entre otros medios, garantizando la trazabilidad de los alimentos), en el sentido de que no se opone a la denegación de la deducción del impuesto soportado en caso de que el sujeto pasivo que participa en la cadena alimentaria no haya mostrado, al elegir a su otro contratante, una mayor diligencia (más allá de las prácticas comerciales habituales) consistente, en esencia, en la obligación de efectuar comprobaciones respecto al otro contratante, pero, al mismo tiempo, haya comprobado la calidad de los alimentos, cumpliendo así el objetivo del Reglamento n.o 178/2002?
Asunto C-375/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 7 de junio de 2018 — Hampshire County Council / C.E, N.E.

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 7 de junio de 2018 — Hampshire County Council / C.E, N.E.

(Asunto C-375/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Hampshire County Council

Recurrida: C.E, N.E.

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con el Derecho de la Unión y, concretamente, con las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 ( 1 ) del Consejo, que los tribunales de un Estado miembro dicten una orden conminatoria (medidas cautelares) dirigida in personam a un organismo público de otro Estado miembro, prohibiéndole iniciar la tramitación de un procedimiento de adopción de menores ante los tribunales de ese otro Estado miembro, cuando la orden conminatoria in personam surge de la necesidad de proteger los derechos de las partes en un procedimiento de ejecución con arreglo al capítulo III del Reglamento de 2003?

( 1 ) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
2.

El principio general del Derecho por el que se autoriza la revocación de un acto administrativo ilegal no era aplicable en el presente asunto. No existe ninguna laguna jurídica en la legislación. Las disposiciones de los artículos 80 y 83 del Reglamento n.o 207/2009 constituyen una lex specialis.
Asunto C-325/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 17 de mayo de 2018 — Hampshire County Council / C.E., N.E.

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 17 de mayo de 2018 — Hampshire County Council / C.E., N.E.

(Asunto C-325/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Hampshire County Council

Recurridas: C.E., N.E.

Cuestiones prejudiciales

1) «Cuando se alega que los padres u otros familiares de unos menores han trasladado indebidamente a estos fuera de su Estado de residencia habitual incumpliendo una resolución judicial dictada a instancias de una autoridad pública de dicho Estado, ¿puede dicha autoridad pública solicitar la ejecución de una resolución judicial de restitución a ese país de los menores ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, ( 1 ) o ello supondría una elusión ilícita del artículo 11 de este mismo Reglamento y del Convenio de La Haya de 1980, o bien un abuso de Derecho o fraude de ley por parte de la autoridad de que se trata?

2) En un asunto relativo al régimen de ejecución previsto en el Reglamento n.o 2201/2003 del Consejo, ¿existe la facultad de ampliar el plazo a efectos del artículo 33, apartado 5, de este mismo Reglamento, cuando el retraso sea, en esencia, mínimo y dicha ampliación habría sido concedida en virtud del Derecho procesal nacional?

3) Sin perjuicio de la segunda cuestión, cuando una autoridad pública extranjera traslada a los menores objeto de la controversia fuera del territorio de un Estado miembro en virtud de una resolución de ejecución dictada ex parte con arreglo al artículo 31 del Reglamento n.o 2201/2003, pero antes de la notificación de dicha resolución a los padres, privándolos así de su derecho de solicitar la suspensión de tal resolución hasta que se resuelva el recurso, ¿resulta menoscabado el contenido esencial del derecho de los padres reconocido por el artículo 6 CEDH o el artículo 47 de la Carta, teniendo en cuenta que, en otro caso, dicha ampliación del plazo debería haberse concedido (a efectos de lo dispuesto en el artículo 33, apartado 5, del citado Reglamento)?»

( 1 ) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
3.

Ilegalidad interna de los actos impugnados a. Error manifiesto de apreciación por parte del Tribunal Si el apéndice del contrato fuera una prueba tan esencial del trabajo, incumbiría al Parlamento hacer constar que el recurrente había omitido aportarlo pese a los sucesivos requerimientos al efecto, contrariamente a lo que afirma el Tribunal. De este modo, el Tribunal invirtió la carga de la prueba, incurriendo en un error de hecho con consecuencias jurídicas. b. Tiempos de trabajo que han de justificarse y modo de prueba El Tribunal ha desnaturalizado la frase del Secretario General que exige que se acredite la totalidad del tiempo de trabajo del período y no la «demostración de la conformidad con las medidas de aplicación del trabajo». El Tribunal no puede considerar que existe una obligación allí donde el Parlamento reconoce que no existe ninguna, extremo que se recoge en el acta de una vista oral del Tribunal, y cuando ningún artículo de las medidas de aplicación establece tal obligación. El Tribunal ha incurrido en error de Derecho. c. Trabajo realizado Basándose en el artículo 127 del Reglamento de Procedimiento, el recurrente aporta ante el Tribunal de Justicia dos nuevos documentos. d. Violación del principio de proporcionalidad Contrariamente a lo que afirma el Tribunal, el Parlamento no tenía ninguna obligación incondicional de recuperar las cantidades correspondientes a la totalidad de los cinco años si únicamente se consideraban litigiosos tres de ellos. Semejante violación del principio de proporcionalidad justifica la anulación de la sentencia. e. Contratos externos El Parlamento y el Tribunal, por consiguiente, no han demostrado que J.-F. Jalkh mantuviera relaciones profesionales con terceros que puedan causar perjuicio a la persona del recurrente o a la dignidad del Parlamento o entrañar un conflicto de intereses.
1)

¿Procede considerar que no es abusiva, es decir, que es clara y comprensible, tomando en consideración las consecuencias económicas, una cláusula contractual que atribuye al consumidor el riesgo de tipo de cambio, redactada (en tanto que condición general de la contratación utilizada por la parte contratante profesional y no negociada individualmente) sobre la base de la obligación de información prevista, necesariamente con carácter general, en la ley, pero que no indica expresamente que el importe de las cuotas de devolución que han de abonarse conforme al contrato de préstamo podrá ser superior al importe de los ingresos del consumidor constatados en el marco del examen de solvencia realizado por la parte contratante profesional o que podrá ascender a una parte de tales ingresos mucho mayor [que la prevista], teniendo asimismo en cuenta que la norma nacional pertinente ordena la concreción del riesgo por escrito, no la mera declaración de la existencia de un riesgo y su atribución, y, además, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en el apartado 74 de su sentencia dictada en el asunto C-26/13 que la parte contratante profesional no solo ha de poner al consumidor en conocimiento del riesgo, sino que también es preciso que, gracias a la información, el consumidor pueda evaluar las consecuencias económicas potencialmente importantes para él derivadas del riesgo de tipo de cambio que se le asigna y, por tanto, el coste total de su préstamo?
1)

¿Es correcta la interpretación que se hace de la cláusula 4a del Acuerdo Marco, al entender que una situación como la que se describe, en la que el funcionario interino realiza el mismo trabajo que el funcionario de carrera (funcionario de carrera que no goza de derecho [a] indemnización porque la situación de la que traería causa [dicha indemnización] no existe en su régimen jurídico), no es encuadrable en la situación que en la misma se describe?