Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de indemnización - Objeto - Solicitud de indemnización de un daño imputable a la Comunidad - Competencia exclusiva del juez comunitario

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

2. Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Violación de una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares - Imposibilidad de invocar los Acuerdos de la OMC para impugnar la legalidad de un acto comunitario o para fundamentar un recurso de indemnización - Excepciones - Acto comunitario dirigido a garantizar la ejecución de dichos Acuerdos o que se refiera a ellos expresa y precisamente

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

3. Agricultura - Organización común de mercados - Plátano - Régimen de importaciones - Contingente arancelario - Establecimiento y reparto - Atribución de los certificados de importación - Determinación del período de referencia - Principio de protección de la confianza legítima - Violación - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, art. 20, letra d), en su versión modificada por el Reglamento nº 1637/98]

4. Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Ilegalidad - Motivación insuficiente de un acto reglamentario - Exclusión

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

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1. Cuando, en el marco de un recurso de indemnización, el comportamiento culposo no emana de un organismo nacional, sino de una institución comunitaria, los perjuicios que podrían derivar de la ejecución de la normativa comunitaria por las autoridades nacionales son imputables a la Comunidad. Como el juez comunitario, con arreglo al artículo 215 del Tratado (actualmente artículo 288 CE), posee competencia exclusiva para conocer de los litigios sobre indemnización de un daño de esta naturaleza, las vías de recurso nacionales no podrían garantizar a los particulares que se estimen lesionados por los actos de las instituciones comunitarias una protección eficaz de sus derechos.

( véanse los apartados 26 y 27 )

2. En el marco de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, el derecho a indemnización presupone que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, lo que no ocurre en el caso de los Acuerdos OMC. En efecto, habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, dichos Acuerdos no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el juez comunitario controla la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias. Tan sólo en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de los acuerdos que figuran en los anexos del Acuerdo OMC, corresponderá al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC.

( véanse los apartados 45, 46, 50, 51 y 58 )

3. Dado que la determinación del período de referencia que debe tomarse en consideración para atribuir los certificados de importación de plátanos a los operadores económicos forma parte de la elección de los medios necesarios para la realización de la política de las instituciones comunitarias en materia de organización común de mercados del plátano, dichas instituciones disponen, en este ámbito, de un margen de apreciación. Por consiguiente, los operadores económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga el desplazamiento en el tiempo del período de referencia tomado en consideración a efectos de la expedición de certificados de importación, tal como preveía la versión inicial del Reglamento nº 404/93, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano. Por otra parte, las dificultades transitorias que puedan surgir al reestructurar la organización de mercados, en principio, pueden resolverse, con carácter individual, aplicando el régimen para los casos de rigor previsto en el artículo 20, letra d), del Reglamento nº 404/93, en su versión modificada por el Reglamento nº 1637/98, aunque ello requiera un examen detallado de todas las circunstancias que caracterizan la situación del operador de que se trate.

( véanse los apartados 76 y 78 )

4. Al tratarse de una alegación puramente formal, la eventual insuficiencia de motivación de un acto reglamentario no puede originar la responsabilidad de la Comunidad.

( véase el apartado 79 )