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112

Procede subrayar igualmente que resulta inoperante la alegación de las recurrentes según la cual el Tribunal General hizo caso omiso de la Ley 31/1987. En efecto, se desprende del apartado 71 de la sentencia T‑462/13 (EU:T:2015:902), del apartado 72 de la sentencia T‑465/13 (EU:T:2015:900) y del apartado 102 de la sentencia T‑541/13 (EU:T:2015:898) que el Tribunal General no se limitó a rechazar la alegación de las recurrentes relativa a la Ley 31/1987 por la razón de que no hubiera sido aportada ante él, sino que se pronunció, con carácter subsidiario, sobre la pertinencia de dicha Ley, estimando al respecto que, en todo caso, el hecho de que, en virtud de esta misma Ley, los servicios de radiodifusión sonora y televisión por ondas terrestres sean servicios públicos no permitía concluir que la Ley 31/1987 define igualmente como servicio público el servicio de que se trata. Ahora bien, en los presentes recursos de casación las recurrentes no invocan desnaturalización alguna del contenido de la Ley 31/1987 por parte del Tribunal General.
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El Derecho italiano fue adaptado a la Directiva 82/76 mediante el decreto legislativo n. 257 — Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Decreto Legislativo n.o 257, por el que se traspone la Directiva 82/76/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982, por la que se modifican anteriores directivas relativas a la formación de los médicos especialistas, con arreglo al artículo 6 de la Ley de Interés Comunitario de 29 de diciembre de 1990, n.o 428), de 8 de agosto de 1991 (GURI n.o 191, de 16 de agosto de 1991; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 257»). Este Decreto Legislativo entró en vigor quince días después de la fecha de su publicación y fue sustituido posteriormente por el decreto legislativo n. 368 — Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE (Decreto Legislativo n.o 368, por el que se traspone la Directiva 93/16/CEE en materia de libre circulación de los médicos y de reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos y las Directivas 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE y 99/46/CE que modifican la Directiva 93/16/CEE), de 17 de agosto de 1999 (suplemento ordinario de la GURI n.o 250, de 23 de octubre de 1999).
b)

los trabajos preparatorios sobre el proyecto de modificación legislativa ponen de manifiesto que la finalidad de las disposiciones sancionadoras citadas consiste, por una parte, en aclarar o introducir una prohibición para los juegos de azar ofrecidos en línea por sociedades de juegos de azar establecidas fuera de Dinamarca y directamente dirigidos al mercado danés y, por otra parte, en prohibir la publicidad relativa, entre otros, a los juegos de azar ofrecidos en línea por sociedades de juegos de azar establecidas fuera de Dinamarca, por cuanto, según esos mismos trabajos preparatorios, resulta que no cabe ninguna duda de que, conforme a las normas vigentes antes de la modificación, los juegos de azar son ilegales cuando una sociedad de juegos de azar establecida fuera de Dinamarca recurre a canales de venta en los que el dispositivo de juego se vende físicamente dentro de las fronteras de Dinamarca; sin embargo, existen mayores dudas sobre si los juegos de azar ofrecidos desde fuera de Dinamarca a participantes que se hallan en Dinamarca por entidades establecidas físicamente fuera de su territorio están asimismo comprendidos en el ámbito de la disposición; por consiguiente, resulta necesario aclarar cuáles de estas formas de juego se encuentran comprendidas en el ámbito de esta disposición. Además, de los trabajos preparatorios se desprende que se propone introducir una prohibición de publicidad sobre juegos de azar, loterías y apuestas que no dispongan de licencia con arreglo a dicha Ley, y que dicha modificación se corresponde con la actual prohibición prevista en el artículo 12, apartado 3, de la Ley sobre apuestas hípicas, pero constituye una aclaración del artículo 10, apartado 4, de la [actualmente derogada] Ley sobre apuestas deportivas y loterías. Asimismo, los trabajos preparatorios indican que la finalidad de la prohibición es proteger a los proveedores de juegos de azar que disponen de una licencia expedida por las autoridades danesas frente a la competencia de las empresas que no disponen de dicha licencia y que, por consiguiente, no pueden ofrecer legalmente servicios de juegos de azar en Dinamarca?»
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Por otra parte, en cuanto a los términos «tras haber estado empleado» que se utilizan, en particular, en las versiones inglesa («after having been employed») y francesa («après avoir été employé») del artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/38 y que, como han puesto de relieve las partes demandadas en el litigio principal, no figuraban en las propuestas inicial y modificada de directiva presentadas por la Comisión Europea [Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (DO 2001, C 270 E, p. 150), y Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, COM(2003) 199 final], es cierto que esos términos pueden interpretarse en el sentido de que remiten al ejercicio previo de una actividad por cuenta ajena.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10), en particular del artículo 5, apartado 2, letra b), de dicha Directiva, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO 2000, L 178, p. 1), así como del Tratado FUE.
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A tenor del artículo 36 de dicha Directiva: «1. En caso de reducción del capital suscrito, los acreedores cuyos créditos se hubieren originado antes de la publicación de la decisión de reducción tendrán al menos el derecho a obtener una garantía por los créditos aún no vencidos en el momento de esta publicación. Los Estados miembros no podrán suprimir este derecho salvo si el acreedor dispone de garantías adecuadas o estas no son necesarias habida cuenta del patrimonio de la sociedad. Los Estados miembros fijarán las condiciones para ejercitar el derecho previsto en el párrafo primero. En cualquier caso, los Estados miembros deberán garantizar que los acreedores están autorizados a dirigirse a la autoridad administrativa o judicial competente para obtener las garantías adecuadas, siempre que puedan demostrar, de forma creíble, que debido a esta reducción del capital suscrito la satisfacción de sus derechos está en juego y que no han obtenido las garantías adecuadas de la sociedad. 2. Además, las legislaciones de los Estados miembros preverán al menos que la reducción no producirá efectos, o que no se podrá efectuar ningún pago en beneficio de los accionistas, en tanto que los acreedores no hubieran obtenido satisfacción o que un tribunal hubiera decidido que no había lugar a acceder a su petición. 3. El presente artículo se aplicará cuando la reducción del capital suscrito se realice por dispensa total o parcial del pago del saldo de las aportaciones de los accionistas.»
10

Mediante escrito dirigido a la Comisión el 27 de julio de 2013, la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) [Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Máquinas y de Productos Electrónicos (CCCME), China] remitió, en el marco de la investigación antidumping, una oferta de compromiso conjunto de varios productores-exportadores chinos. En esencia, en nombre de éstos y en su propio nombre, proponía la aplicación de precios mínimos de importación para los módulos fotovoltaicos y para cada uno de sus elementos clave (células y obleas) hasta un determinado nivel anual de importación (en lo sucesivo, «PMI»).
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La circunstancia de que una actividad que es beneficiosa para el bienestar físico y mental se practique en competición no permite llegar a una conclusión diferente. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112 no exige, para ser aplicable, que la actividad deportiva se practique en un nivel determinado, por ejemplo, profesional, ni que la actividad deportiva en cuestión se practique de forma determinada, esto es, de manera regular u organizada o con vistas a participar en competiciones deportivas (sentencias de 21 de febrero de 2013, Žamberk, C‑18/12, EU:C:2013:95, apartado 22, y de 19 de diciembre de 2013, Bridport and West Dorset Golf Club, C‑495/12, EU:C:2013:861, apartado 19). A este respecto, procede señalar también que el carácter competitivo de una actividad no basta por sí mismo para fundamentar su calificación como «deporte», si no existe un componente físico no insignificante.
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En lo tocante a esa evolución del Derecho de marcas, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) cita en particular el artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 207/2009»).
En el caso de autos, es cierto que de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la repercusión del artículo 5, apartado 1, letra f), in fine, del CEDH sobre el citado artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letras a) y b), de la Directiva 2013/33. No obstante, dicha petición no presenta datos que permitan considerar que los hechos controvertidos en el litigio principal están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta disposición del CEDH ni muestra en qué medida la jurisprudencia derivada de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2015, Nabil y otros c. Hungría (CE:ECHR:2015:0922JUD006211612), podría influir en la apreciación de dicho artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letras a) y b), en el presente asunto. Por el contrario, la indicación que figura en dicha petición según la cual el demandante en el litigio principal no ha sido objeto de ninguna orden de retorno parece excluir que se encuentre en curso un procedimiento de expulsión o extradición contra él en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra f), in fine, del CEDH.
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De ello resulta que el hecho de que un empresario lleve a cabo, unilateralmente y en perjuicio del trabajador, una modificación no sustancial de un elemento esencial del contrato de trabajo por motivos no inherentes a la persona de ese trabajador o a una modificación sustancial de un elemento no esencial de dicho contrato por motivos no inherentes a la persona de ese trabajador no puede calificarse como «despido», en el sentido de dicha Directiva.
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A este respecto, procede recordar que de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la Directiva 2008/115 se opone a una normativa de un Estado miembro que sanciona penalmente la estancia irregular inicial en la medida en que permite el encarcelamiento de un nacional de un tercer país que, aunque se halle en situación irregular en el territorio de dicho Estado miembro y no esté dispuesto a abandonarlo voluntariamente, no está sujeto a medidas coercitivas como las que contempla el artículo 8 de la citada Directiva. El Tribunal de Justicia ha precisado, sin embargo, que la mencionada Directiva no se opone a una normativa nacional que permite el encarcelamiento de un nacional de un tercer país al que se ha aplicado el procedimiento de retorno establecido en dicha Directiva y se halla en situación irregular en el referido territorio sin que exista un motivo justificado para el no retorno (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de diciembre de 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, apartado 50, y de 7 de junio de 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, apartados 52 y 54).
17

Con arreglo al artículo 97, apartado 4, de la LBG, en su versión modificada por la Dienstrechtsneuordnungsgesetz (Ley de reforma y modernización del Derecho de la función pública nacional), de 22 de junio de 2011: «El funcionario en prácticas que supere con éxito el período de prácticas será nombrado con carácter definitivo […]. El funcionario que no sea nombrado con carácter definitivo al final del período de prácticas perderá cualquier derecho a obtener la retribución correspondiente al puesto que finalmente no se le ha adjudicado. El funcionario no adquirirá derechos adicionales. El funcionario no podrá, durante un período de un año, optar a un período de prácticas relativo al mismo puesto. Si el funcionario en prácticas no supera con éxito el período de prácticas una primera vez debido únicamente a que no ha podido ejercer las funciones inherentes al puesto de dirección durante un período prolongado, el superior jerárquico podrá permitir que se establezcan excepciones a lo dispuesto en la séptima frase.»
1

La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación de los puntos 1 y 2 de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, celebrado el 6 de junio de 1997 (en lo sucesivo, «Acuerdo Marco») que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998 (DO 1998, L 131, p. 10) (en lo sucesivo, «Directiva 97/81»), y del artículo 4 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO 2006, L 204, p. 23), y de los artículos 1, 2 y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).
4

Los considerandos sexto y séptimo de la Segunda Directiva enuncian lo siguiente: «Considerando que es necesario prever que un organismo garantice que la víctima no se quede sin indemnización en el caso en que el vehículo que haya causado el siniestro no estuviera asegurado o no fuera identificado; que, sin modificar las disposiciones aplicadas por los Estados miembros en lo referente al carácter subsidiario o no de la intervención de dicho organismo así como a las normas aplicables en materia de subrogación, es importante prever que la víctima de tal siniestro pueda dirigirse directamente a dicho organismo como primer punto de contacto; que, no obstante, conviene dar a los Estados miembros la posibilidad de aplicar determinadas exclusiones limitadas en lo que se refiere a la intervención de dicho organismo y que, en caso de daños materiales causados por un vehículo no identificado, vistos los riesgos de fraude, conviene prever que la indemnización de tales daños pueda ser limitada o excluida; Considerando que es interés de las víctimas que los efectos de determinadas cláusulas de exclusión estén limitados a las relaciones entre el asegurador y el responsable del accidente; que, sin embargo, en el caso de los vehículos robados u obtenidos por la fuerza, los Estados miembros pueden prever que el organismo citado intervenga para indemnizar a la víctima».
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En efecto, es preciso recordar que los recurrentes fueron incluidos por primera vez en la lista controvertida mediante el Reglamento n.o 246/2006, a raíz de una decisión del Comité de Sanciones de 7 de febrero de 2006 en la que se les incluía en la lista de personas y entidades afectadas por las medidas restrictivas, elaborada con arreglo a la Resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El artículo 2 del Reglamento n.o 881/2002 fue posteriormente anulado, en cuanto se refería a los recurrentes, mediante la sentencia de 29 de septiembre de 2010, Al-Faqih y otros/Consejo (T‑135/06 a T‑138/06, no publicada, EU:T:2010:412), citada en el apartado 6 de la presente sentencia. Acto seguido, fueron incluidos de nuevo en la lista controvertida mediante el Reglamento n.o 1139/2010, objeto del recurso de anulación desestimado por el Tribunal General en la sentencia recurrida. Por último, fueron suprimidos de la lista controvertida mediante el Reglamento de Ejecución n.o 640/2011, adoptado a raíz de una decisión del Comité de Sanciones de 22 de junio de 2011 en la que se les suprimía de la lista de las Naciones Unidas.
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Por resolución de 21 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria confirmó la liquidación, basándose en que «L.Č.» no tenía derecho a aplicar un tipo de IVA del 0% a los servicios que había prestado en cumplimiento de su contrato con «Atek», ya que, por una parte, a falta de vínculo jurídico con el expedidor o el destinatario de las mercancías transportadas, dichos servicios no podían equipararse a los de transitario o de comisionista de transporte, y que, por otra parte, al no ser titular de la licencia requerida por la normativa letona, «L.Č.» no podía tener la consideración de transportista y no estaba autorizado, por consiguiente, a efectuar transportes de mercancías.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
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El órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 12, apartado 4, de la mencionada Directiva utiliza el concepto de «contrato» y no el de «operación», mientras que en muchas otras disposiciones aparece el concepto de «operación». Dicho órgano jurisdiccional considera, sin embargo, que persiste una duda respecto a si el objetivo de la Directiva no es el de proteger las relaciones individuales duraderas o de tracto sucesivo y si no procede, por ello, al interpretar el artículo 12, apartado 4, de esta Directiva, dar prioridad al principio de aplicación inmediata de la nueva ley.
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Mediante sus cuestiones prejudiciales, a las que procede responder conjuntamente, los tribunales remitentes piden que se dilucide, en esencia, si los artículos 2, 3, apartado 1, letra c), y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en los litigios principales, que, en el marco de un proceso penal, establece que el encausado que no resida en ese Estado miembro y que no disponga de domicilio fijo en éste o en su Estado miembro de origen tiene la obligación de designar a un representante a efectos de recibir la notificación de un auto de autorización de un decreto de propuesta de imposición de pena que le atañe y que el plazo para oponerse a ese auto, antes de que éste se convierta en título ejecutivo, se computa a partir de la notificación de dicho auto al representante, aunque el encausado puede solicitar la reposición a la situación anterior si no tuvo conocimiento efectivo del auto de autorización del decreto de propuesta de imposición de pena en cuestión.
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Este anexo B fue modificado, en particular, por el Reglamento n.o 147/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013 (DO 2013, L 50, p. 1), pero la definición de la energía hidráulica se mantuvo inalterada.
No constituye un régimen de ayudas en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento n.o 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, una medida que se limita a conceder a una persona jurídica determinada el beneficio de una garantía ilimitada e implícita del Estado vinculada por el Derecho nacional al estatuto de organismo público de carácter industrial y comercial (EPIC), que conlleva la concesión a dicho operador de tal garantía. Por lo tanto, debe señalarse que tal medida no contiene ninguna disposición sobre cuya base sea posible conceder ayudas, en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento n.o 659/1999. A este respecto, en la medida en que la transformación del referido operador en EPIC podía calificarse de ayuda de Estado, constituía una ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas que debía notificarse, es decir, una ayuda individual en el sentido del artículo 1, letra e), del referido Reglamento.

Incumbe a la Comisión demostrar la existencia de una ayuda de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En particular, la Comisión está obligada a tramitar el procedimiento de examen de las medidas consideradas de manera diligente e imparcial, con el fin de disponer, al adoptar la decisión final por la que se aprecia la existencia y, en su caso, la incompatibilidad o la ilegalidad de la ayuda, de los datos más completos y fiables posibles para ello. No obstante, en el marco de dicho procedimiento, la Comisión puede invocar una presunción simple según la cual la concesión de una garantía implícita e ilimitada del Estado en favor de una empresa con estatuto de organismo público de carácter industrial y comercial (EPIC) que no está sometida a los procedimientos ordinarios de concurso de acreedores y de liquidación tiene como consecuencia una mejora de su posición financiera mediante un aligeramiento de las cargas que normalmente gravan su presupuesto. De este modo, en el marco de un procedimiento relativo a los regímenes de ayudas existentes, para demostrar la ventaja generada por tal garantía a la empresa beneficiaria, basta con que la Comisión demuestre la existencia misma de tal garantía, sin que deba demostrar los efectos reales producidos por esta a partir del momento de su concesión.

A este respecto, si bien es cierto que tal presunción no es más que una presunción simple y, por lo tanto, refutable, únicamente puede quedar enervada en la medida en que se demuestre que, habida cuenta del contexto económico y jurídico en el que se inserta la garantía aparejada al estatuto de EPIC de que se trata, este no ha obtenido en el pasado y, según toda plausibilidad, no obtendrá en el futuro ninguna ventaja económica real de dicha garantía. Ahora bien, la mera circunstancia de que el beneficiario de tal garantía no haya obtenido en el pasado ninguna ventaja económica real de su estatuto de EPIC no basta, por sí misma, para enervar la presunción de la existencia de una ventaja.

(véanse los apartados 110, 111, 117 y 118)