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1)

La República Francesa — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, en relación con el anexo XI de esta, al no haber velado por que no se superara, de forma sistemática y persistente, el valor límite diario de concentración de micropartículas (PM10) desde el 1 de enero de 2005 hasta el año 2019, inclusive, en la aglomeración y la zona de calidad París (FR04A01/FR11ZAG01) y desde el 1 de enero de 2005 hasta el año 2016, inclusive, con excepción del año 2008, en la aglomeración y la zona de calidad Martinica/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01), y — ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23, apartado 1, párrafo segundo de la Directiva 2008/50/CE, en relación con el anexo XV de esta, al no haber velado por que los planes relativos a la calidad del aire establezcan medidas adecuadas para que el período de superación de ese valor límite sea lo más breve posible.
2)

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, que completa la Directiva 2001/83, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el código de barras con el identificador único al que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento Delegado se coloque en el embalaje exterior del medicamento mediante una etiqueta adhesiva, siempre que esta no pueda retirarse sin ser estropeada y que, en particular, el código de barras siga siendo perfectamente legible a lo largo de la cadena de suministro y durante todo el período previsto en el artículo 6 del referido Reglamento Delegado.
1)

Los artículos 76 y 77 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que reserva a las entidades privadas sin ánimo de lucro la facultad de celebrar, previo examen competitivo de sus ofertas, acuerdos en virtud de los cuales esas entidades prestan servicios sociales de asistencia a las personas, a cambio del reembolso de los costes que soportan, sea cual fuere el valor estimado de esos servicios, aunque dichas entidades no cumplan los requisitos establecidos en dicho artículo 77, siempre y cuando, por una parte, el marco legal y convencional en el que se desarrolla la actividad de esas entidades contribuya efectivamente a la finalidad social y a la consecución de los objetivos de solidaridad y de eficiencia presupuestaria que sustentan esa normativa y, por otra parte, se respete el principio de transparencia, tal como se precisa, en particular, en el artículo 75 de la mencionada Directiva.
C 266/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de mayo de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimiento penal contra IR

(Asunto C-569/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia penal - Directiva (UE) 2016/343 - Artículo 8 - Derecho a estar presente en el juicio - Información sobre el juicio - Imposibilidad de localizar al acusado a pesar de los esfuerzos razonables de las autoridades competentes - Posibilidad de un juicio y de una condena en rebeldía - Artículo 9 - Derecho a un nuevo juicio, u otras vías de recurso, que permita una nueva apreciación del fondo del asunto)

(2022/C 266/07)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Spetsializiran nakazatelen sad

Partes en el procedimiento penal

IR

con intervención de: Spetsializirana prokuratura

Fallo

Los artículos 8 y 9 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, deben interpretarse en el sentido de que una persona acusada, a la que las autoridades nacionales competentes, pese a sus esfuerzos razonables, no logran localizar y a la que, por ello, dichas autoridades no han podido entregar la información relativa al juicio incoado contra ella, puede ser objeto de un juicio y, en su caso, de una condena en rebeldía, pero, en tal caso, tras la comunicación de esa condena, debe tener la posibilidad de invocar directamente el derecho, conferido por la referida Directiva, de obtener la reapertura del proceso o de acceder a una vía de recurso equivalente que lleve a un nuevo examen del fondo del asunto en su presencia. No obstante, podrá denegarse este derecho a esa persona si se desprende de indicios precisos y objetivos que esta ha recibido información suficiente para saber que iba a celebrarse un juicio contra ella y, mediante actos deliberados y con la intención de eludir la acción judicial, impidió a las autoridades informarle oficialmente de la celebración de dicho juicio.

(1) DO C 28 de 25.1.2021.
C 318/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — CC / Pensionsversicherungsanstalt

(Asunto C-576/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Seguridad social de los trabajadores migrantes - Reglamento (CE) n.o 987/2009 - Artículo 44, apartado 2 - Ámbito de aplicación - Pensión de vejez - Cálculo - Consideración de los períodos de educación de los hijos cubiertos en otros Estados miembros - Artículo 21 TFUE - Libre circulación de los ciudadanos)

(2022/C 318/02)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CC

Demandada: Pensionsversicherungsanstalt

Fallo

El artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la persona de que se trate no cumple el requisito del ejercicio de una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia impuesto por dicha disposición para obtener, a efectos de la concesión de una pensión de vejez, el cómputo, por el Estado miembro al que corresponde abonar dicha pensión, de los períodos de educación de los hijos que hubiera cubierto en otros Estados miembros, dicho Estado miembro está obligado a computar dichos períodos en virtud del artículo 21 TFUE, dado que dicha persona trabajó y cotizó exclusivamente en ese Estado miembro, tanto antes como después del traslado de su residencia a otro Estado miembro en el que transcurrieron los referidos períodos.

(1) DO C 35 de 1.2.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 10 de febrero de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — DIMCO Dimovasili M.I.K.E. / Ypourgos Perivallontos kai Energeias

(Asunto C-499/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Directiva 97/23/CE - Equipos a presión - Marcado CE - Comercialización y puesta en servicio - Restricciones con las que se pretende garantizar la protección de las personas - Artículos 34 TFUE y 36 TFUE - Normativa nacional que impone restricciones relativas al modo de instalación de las tuberías de gas)

(2022/C 148/06)

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoulio tis Epikrateias

Partes en el procedimiento principal

Demandante: DIMCO Dimovasili M.I.K.E.

Demandada: Ypourgos Perivallontos kai Energeias

Fallo

El artículo 4, apartado 1, punto 1.1, y el anexo I de la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, en relación con el artículo 2, apartado 2, de esta Directiva, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, para garantizar la seguridad de las personas, en particular frente a los terremotos, impone determinados modos de instalación de los equipos a presión, como tuberías destinadas al transporte de gas, incluidas las que llevan el marcado CE, siempre que dicha normativa no suponga ninguna modificación de esos equipos y no constituya un obstáculo prohibido por los artículos 34 TFUE y 36 TFUE.

(1) DO C 433 de 14.12.2020.
C 73/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de diciembre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el County Court at Birkenhead — Reino Unido) — BT / Seguros Catalana Occidente, EB

(Asunto C-708/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil y mercantil - Reglamento (UE) n.o 1215/2012 - Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil - Competencia en materia de seguros - Pretensión de reparación del perjuicio sufrido por un particular domiciliado en un Estado miembro a raíz de un accidente acaecido en un alojamiento alquilado en otro Estado miembro - Acción entablada por la persona perjudicada contra, por una parte, el asegurador y, por otra parte, el asegurado propietario de dicho alojamiento - Aplicabilidad del artículo 13, apartado 3, de este Reglamento)

(2022/C 73/07)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

County Court at Birkenhead

Partes en el procedimiento principal

Demandante: BT

Demandadas: Seguros Catalana Occidente, EB

Fallo

El artículo 13, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que la persona perjudicada entable una acción directa contra el asegurador con arreglo a dicho artículo 13, apartado 2, el órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que esté domiciliada esta persona no puede declararse competente, sobre la base del citado artículo 13, apartado 3, para pronunciarse sobre una demanda de indemnización por daños y perjuicios presentada simultáneamente por dicha persona contra el tomador del seguro o el asegurado domiciliado en otro Estado miembro que no haya sido demandado por el asegurador.

(1) DO C 110 de 29.3.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de noviembre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por The Labour Court, Ireland — Irlanda) — MG / Dublin City Council

(Asunto C-214/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores - Ordenación del tiempo de trabajo - Directiva 2003/88/CE - Artículo 2 - Concepto de «tiempo de trabajo» - Bombero del retén - Guardia en régimen de disponibilidad no presencial - Ejercicio, durante el período de guardia, de una actividad profesional con carácter independiente - Limitaciones derivadas del régimen de disponibilidad no presencial)

(2022/C 11/10)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

The Labour Court, Irlanda

Partes en el procedimiento principal

Demandante: MG

Demandada: Dublin City Council

Fallo

El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que un período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial cubierto por un bombero del retén, durante el cual dicho trabajador ejerce, con la autorización de su empresario, una actividad profesional por cuenta propia, pero debe, en caso de llamada de urgencia, incorporarse a su parque de bomberos de adscripción en un plazo máximo de diez minutos, no constituye «tiempo de trabajo», en el sentido de dicha disposición, si de una apreciación global del conjunto de circunstancias del caso concreto, en particular de la extensión y condiciones de esa facultad de ejercer otra actividad profesional y de la inexistencia de obligación de participar en todas las intervenciones realizadas desde ese parque se desprende que las limitaciones impuestas al citado trabajador durante ese período no son de tal naturaleza que afecten objetiva y muy significativamente su facultad para administrar libremente, en el referido período, el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales como bombero.

(1) DO C 262 de 10.8.2020.
1)

El artículo 19, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un agricultor que se haya beneficiado de la ayuda destinada a la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, prevista en la letra a), inciso iii), de dicha disposición, pueda acumularla con la ayuda destinada a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, prevista en la letra a), inciso i), de esta, siempre que se respete el importe máximo de la ayuda concedida, según se contempla en el apartado 6 de dicho artículo.
C 278/21

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de mayo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Analisi G. Caracciolo srl / Regione Siciliana — Assessorato regionale della salute — Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia — Assessorato della salute — Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia — Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

(Asunto C-142/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Reglamento (CE) n.o 765/2008 - Requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos - Organismo nacional de acreditación único - Expedición del certificado de acreditación a los organismos de evaluación de la conformidad - Organismo de acreditación establecido en un tercer Estado - Artículo 56 TFUE - Artículo 102 TFUE - Artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Validez)

(2021/C 278/29)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Analisi G. Caracciolo srl

Recurridas: Regione Siciliana — Assessorato regionale della salute — Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia — Assessorato della salute — Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia — Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

con intervención de: Perry Johnson Laboratory Accreditation Inc.

Fallo

1) Los artículos 4, apartados 1 y 5, y 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 339/93, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la interpretación de una normativa nacional según la cual la actividad de acreditación puede ser ejercida por organismos distintos del organismo nacional de acreditación único, en el sentido de dicho Reglamento, que tengan su domicilio social en un tercer Estado, aun cuando tales organismos garanticen el cumplimiento de las normas internacionales y demuestren, incluso mediante acuerdos de reconocimiento mutuo, que disponen de una cualificación equivalente a la de dicho organismo único de acreditación.

2) El examen de la segunda cuestión prejudicial no ha puesto de manifiesto la existencia de ningún elemento que pueda afectar a la validez de las disposiciones del capítulo II del Reglamento n.o 765/2008 a la luz de los artículos 56 TFUE y 102 TFUE y de los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(1) DO C 209 de 22.6.2020.
C 62/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de diciembre de 2020 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos)] — Órdenes de detención europeas emitidas contra L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU)

(Asuntos acumulados C-354/20 PPU y C-412/20 PPU) (1)

(Procedimiento prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Cooperación policial y judicial en materia penal - Orden de detención europea - Decisión Marco 2002/584/JAI - Artículo 1, apartado 3 - Artículo 6, apartado 1 - Procedimientos de entrega entre Estados miembros - Requisitos de ejecución - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 47, párrafo segundo - Derecho de acceso a un juez independiente e imparcial - Deficiencias sistémicas o generalizadas - Concepto de «autoridad judicial emisora» - Consideración de acontecimientos producidos con posterioridad a la emisión de la orden de detención europea de que se trate - Obligación de la autoridad judicial de ejecución de comprobar, concreta y precisamente, si existen razones serias y fundadas para creer que la persona de que se trate corre un riesgo real de que se vulnere su derecho a un proceso equitativo en caso de ser entregada)

(2021/C 62/10)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Amsterdam

Partes en el procedimiento principal

L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU)

Fallo

El artículo 6, apartado 1, y el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución que debe decidir sobre la entrega de una persona que es objeto de una orden de detención europea, cuando dispone de elementos que demuestran la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas relativas a la independencia del poder judicial en el Estado miembro emisor de esa orden de detención, que existían en el momento en que esta se dictó o que han surgido después, no puede negar al órgano jurisdiccional que haya dictado la referida orden de detención la condición de «autoridad judicial emisora» y no puede presumir que existen razones serias y fundadas para creer que, en caso de entrega a este último Estado miembro, esta persona correrá un riesgo real de que se vulnere su derecho fundamental a un proceso equitativo, garantizado por el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sin llevar a cabo una comprobación concreta y precisa en la que se tengan en cuenta, en particular, la situación personal de aquella, la naturaleza de la infracción que se le imputa y el contexto fáctico en el que se dictó la orden de detención europea, como las declaraciones de autoridades públicas que pueden interferir en el tratamiento que ha de darse a un caso concreto.

(1) DO C 320 de 28.9.2020.

DO C 378 de 9.11.2020.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 de octubre de 2021 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Consiglio di Stato — Italia) — Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19) / Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (C-915/19 à C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19)

(Asuntos acumulados C-915/19 al C-917/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Ayudas de Estado - Mercado del biodiésel - Régimen de ayudas que establece cuotas de biodiésel exentas del pago del impuesto especial - Modificación del régimen de ayudas autorizado - Modificación de los criterios de asignación de las cuotas - Obligación de notificación previa a la Comisión Europea - Reglamento (CE) n.o 659/1999 - Artículo 1, letra c) - Concepto de «nueva ayuda» - Reglamento (CE) n.o 794/2004 - Artículo 4, apartado 1 - Concepto de «modificación de una ayuda existente»)

(2022/C 2/06)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19)

Demandadas: Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (C-915/19 a C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19)

con intervención de: Oil.B Srl unipersonale, Novaol Srl (C-915/19), Fallimento Mythen SpA, Ital Bi-Oil Srl, Cereal Docks SpA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-916/19 y C-917/19)

Fallo

Los artículos 107 TFUE y 108 TFUE y las disposiciones del Reglamento n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE], en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 734/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013, y del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 659/1999, deben interpretarse en el sentido de que una modificación de un régimen fiscal preferencial para el biodiésel autorizado por la Comisión Europea no debe considerarse una nueva ayuda sujeta a la obligación de notificación que establece el artículo 108 TFUE, apartado 3, cuando tal modificación consiste en cambiar, con efecto retroactivo, los criterios de reparto de las cuotas de biodiésel a las que se aplica un tipo de impuesto especial privilegiado en virtud de dicho régimen, siempre que esa modificación no afecte a los elementos constitutivos del régimen de ayuda de que se trata, tal como han sido apreciados por la Comisión a efectos de evaluar la compatibilidad de las versiones anteriores del citado régimen con el mercado interior.

(1) DO C 95 de 23.3.2020.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de junio de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal — Reino Unido) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs / WR

(Asunto C-279/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Régimen general de los impuestos especiales - Directiva 2008/118/CE - Artículo 33, apartado 3 - Productos «despachados a consumo» en un Estado miembro y que se mantienen con fines comerciales en otro Estado miembro - Persona obligada al pago de los impuestos especiales devengados por dichos productos - Persona que tenga los productos destinados a ser entregados en otro Estado miembro - Transportista de los productos)

(2021/C 297/03)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Recurrida: WR

Fallo

El artículo 33, apartado 3, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, debe interpretarse en el sentido de que una persona que transporta por cuenta ajena productos sujetos a impuestos especiales a otro Estado miembro y que tiene la posesión material de dichos productos en el momento en que se devenga el impuesto especial correspondiente está obligada al pago de dicho impuesto, en virtud de la referida disposición, aun cuando no tenga derecho o interés alguno en lo que concierne a dichos productos ni conocimiento de que estos están sujetos a impuestos especiales o, teniéndolo, no sepa que se han devengado tales impuestos.

(1) DO C 230 de 8.7.2019.