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COMISION / BÉLGICA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
5 de abril de 1990 * 
En el asunto C-6/89, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Sean van Raepen-
busch, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como 
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro del Ser­
vicio Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg, 
parte demandante, 
contra 
Reino de Bélgica, representado por el Sr. Jan Devadder, Consejero adjunto en el 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au 
développement, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo 
la sede de la embajada de Bélgica, 4, rue des Girondins, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que, al adoptar el artículo 2 del Real Decreto 
n° 471, de 24 de octubre de 1986, que reduce en un 50 % la retribución de espera 
o la subvención-retribución de espera concedida a los miembros del personal de 
enseñanza destinados en las Escuelas europeas, en condiciones que imponen al 
presupuesto de la Comunidad una carga suplementaria, el Reino de Bélgica ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Tratado 
CEE, 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I-1597 
SENTENCIA DE 5.4.1990 — ASUNTO C-6/89 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres. O. Due, Presidente; Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, 
F. A. Schockweiler, Presidentes de Sala; G. F. Mancini, R. Joliét y G. C. Rodrí­
guez Iglesias, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide : 
1) Declarar que al adoptar el artículo 2 del Real Decreto n° 471, de 24 de octubre 
de 1986, que reduce en un 50 °/o la retribución de espera o la subvención-retri­
bución de espera concedida a los miembros del personal de enseñanza destinados 
en las Escuelas europeas, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que 
le incumben en virtud del artículo 5 del Tratado CEE. 
2) Condenar en costas al Reino de Bélgica. 
I-1598
2

La Comisión considera que la franquicia que se impugna, establecida mediante la «Notice by the Revenue Commissioners, customs, controls on cross-border traffic» de noviembre de 1984, infringe el apartado 1 del artículo 2 y el apartado 2 del artículo 3 de la mencionada Directiva ya que no puede considerarse que sistemáticamente la importación de más de 12 litros de cerveza tenga un carácter comercial.
19

Las partes demandantes en los asuntos principales afirman que lo decisivo son los trozos cortados y no las proporciones naturales de los cortes enteros. Los trozos cortados pueden clasificarse en la misma subpartida arancelaria que los cortes enteros cuando contienen el tejido muscular y los huesos en las mismas proporciones que los trozos aún no cortados, lo cual significa que no puede modificarse el equilibrio natural de la proporción tejido muscular/huesos de los trozos cortados. De esta forma, los trozos de paleta no pueden ser deshuesados después de haber sido separados de la paleta, y, en lo que se refiere al lomo, el tejido muscular que se encuentra entre las chuletas no puede ser separado una vez que el lomo ha sido cortado de la paleta.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA TERCERA) DE 22 DE JUNIO DE 1989. - CLAUDE BRUS CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - FUNCIONARIO - ANULACION DE UNA DECISION DE NOMBRAMIENTO. - ASUNTO 104/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01873

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Índice



Palabras clave

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1. Funcionarios - Promoción - Motivación - Obligación - Inexistencia

(Estatuto de los funcionarios, art. 45)

2. Funcionarios - Promoción - Facultad de apreciación de la administración - Control jurisdiccional - Límites

(Estatuto de los funcionarios, art. 45)

Índice

1. La autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de promoción ni con respecto a su destinatario ni con respecto a los candidatos que no hayan sido ascendidos, a los cuales, por lo demás, podría perjudicar la motivación de una decisión de tal naturaleza, para la que se toma en consideración no sólo la competencia y la validez profesionales de los interesados sino también algunos aspectos de su personalidad (véase sentencia de 19 de marzo de 1964, Raponi contra Comisión, 27/63, Rec. 1964, p. 249).

2. Según jurisprudencia reiterada, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos ostenta un amplio margen de apreciación en materia de promoción, debiendo el Tribunal de Justicia limitar su control al problema de si dicha autoridad ha ejercido sus facultades de manera claramente equivocada (véase sentencia de 16 de diciembre de 1987, Delauche contra Comisión, 111/86, Rec. 1987, p. 5345).

En cualquier caso, el Tribunal de Justicia no puede sustituir la apreciación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sobre los méritos y calificaciones de los candidatos por la suya (véase sentencia de 21 de abril de 1983, Ragusa contra Comisión, 282/81, Rec. 1983, p. 1245).
Asunto C-53/88

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República Helénica

«Incumplimiento de Estado — Inaplicación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980 — Protección de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empresario»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. C. O. Lenz, presentadas el 11 de julio de 1990 3924

Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de noviembre de 1990 3931

Sumario de la sentencia

Política social — Aproximación de las legislaciones — Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Directiva 80/987 — Ámbito de aplicación — Exclusiones autorizadas por la Directiva

(Directiva 80/987 del Consejo, art. 1, apartado 2)

El apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 80/987, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, atribuye a los Estados miembros la facultad de excluir, si bien excepcionalmente, del ámbito de aplicación de la Directiva los créditos de determinadas categorías de trabajadores por cuenta ajena.

Cuando la exclusión esté autorizada en razón de la naturaleza particular del contrato de trabajo o de la relación laboral, dicha exclusión no está subordinada a la existencia de oua forma de garantía que no sea la prevista por la Directiva pero que asegure una protección equivalente. Por el contrario, cuando esté autorizada precisamente en razón de la existencia de tal garantía, sólo puede ser considerada si el trabajador se beneficia de una protección que, aun estando fundada en un sistema cuyas modalidades difieran de las previstas por la Directiva, le asegure las garantías esenciales definidas por ésta.
Asunto C-365/88

Kongress Agentur Hagen GmbH

contra

Zeehaghe BV

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad de los Países Bajos

«Convenio de Bruselas — Artículo 6, punto 2 — Demanda sobre obligaciones de garantía»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. CO. Lenz, presentadas el 13 de diciembre de 1989 1853

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de mayo de 1990 1860

Sumario de la sentencia

Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales — Competencias especiales — Demanda sobre obligaciones de garantía — Competencia condicionada únicamente por la existencia de conexidad con la demanda principal — Demanda interpuesta ante el Juez que esté conociendo de la demanda principal con arreglo al punto 1 del artículo 5 del Convenio — Inclusión — Requisitos de admisibilidad — Aplicación de las normas procesales del Derecho nacional — Límites

(Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 5, punto 1, y art. 6, punto 2)

En el supuesto de que una persona, domiciliada en el territorio de un Estado contratante, haya sido demandada, con arreglo al punto 1 del artículo 5 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, ante el Juez de otro Estado contratante, este Juez, en virtud del punto 2 del artículo 6 del Convenio, es competente igualmente para conocer de una demanda sobre obligaciones de garantía interpuesta contra una persona domiciliada en el territorio de un Estado contratante distinto del Estado del Juez que esté conociendo de la demanda principal. En efecto, para concentrar en un mismo Tribunal el conocimiento de todo un litigio, esta última disposición sólo exige la existencia de una relación de conexidad entre la demanda principal y la demanda sobre obligaciones de garantía, cualquiera que sea el criterio de atribución de la competencia en el litigio principal.

El punto 2 del artículo 6 debe ser interpretado en el sentido de que no obliga al Juez nacional a admitir la demanda sobre obligaciones de garantía y de que éste puede aplicar las reglas procesales de su Derecho nacional para apreciar la admisibilidad de la demanda, siempre y cuando no menoscabe la eficacia del Convenio en la materia y, en particular, siempre que no funde la inadmisión de la demanda sobre obligaciones de garantía en el hecho de que el garante resida o esté domiciliado en el territorio de un Estado contratante distinto del Estado del Tribunal que esté conociendo de la demanda principal.
El artículo 30 del Tratado se opone a una normativa nacional que reserva a las empresas establecidas en determinadas regiones del territorio nacional un porcentaje de los contratos públicos de suministro.

En efecto, si bien dicho régimen preferencial produce sus efectos limitativos en idéntica proporción tanto respecto de los productos fabricados por empresas del Estado miembro de que se trata que no están situadas en la región contemplada, como respecto de los productos fabricados por empresas establecidas en los demás Estados miembros, no es menos cierto que todos los productos que se benefician del régimen preferencial son productos nacionales. Por otra parte, el hecho de que el efecto restrictivo de una medida estatal sobre las importaciones no favorezca al conjunto de los productos nacionales, sino sólo a una parte de los mismos, no puede exceptuar a la medida de que se trata de la prohibición del artículo 30.
La negativa de la Comisión, en el marco de un procedimiento antidumping, a aceptar una propuesta de compromiso no es una medida que produzca efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a' los intereses de los operadores económicos a los que atañe, dado que la Comisión puede volver sobre su Decisión o el Consejo decidir no establecer un derecho antidumping. Una negativa de este tipo ės una medida intermedia cuyo objeto es preparar la Decisión final y no constituye, por tanto, un acto impugnable por un recurso de anulación.

Al impugnar el Reglamento que establece los derechos antidumping definitivos los operadores económicos, en su caso, pueden alegar cualquier irregularidad relativa a la no aceptación de sus ofertas de compromiso.
Palabras clave

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Palabras clave

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1. Funcionarios - Selección - Concurso - Concurso-oposición - No admisión a las pruebas - Motivación - Obligación - Alcance

(Estatuto de los funcionarios, anexo III, art. 5)

2. Funcionarios - Selección - Concurso - Evaluación de los méritos de los candidatos - Nuevo examen de las candidaturas en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia - Obligaciones del tribunal del concurso

(Estatuto de los funcionarios, anexo III, art. 5)

Índice

1. Con el fin de solventar las dificultades prácticas que surgen en un concurso en el que participan muchos candidatos, el tribunal de dicho concurso puede, en una primera fase, comunicar a los candidatos sólo los criterios y el resultado de la selección, sin perjuicio de dar después explicaciones individuales a los candidatos que lo soliciten expresamente.

No se cumple esta exigencia de motivación cuando, en la carta dirigida a un candidato que no fue admitido a las pruebas, en respuesta a su solicitud de explicaciones, no precisa el tribunal los datos del expediente que justifican que no fuera admitido a las pruebas.

2. Cuando un tribunal de concurso vuelve a examinar las candidaturas, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia, tiene que hacerlo con la debida diligencia y con especial esmero.

Recurrir a notas y recuerdos personales de los miembros del tribunal del concurso-oposición, que pueden ser incompletos e inexactos, para reconstruir, a falta de documentos escritos, los pareceres expresados varios años antes por los superiores jerárquicos sobre un número considerable de candidatos constituye una grave irregularidad que puede justificar la anulación de las decisiones mediante las cuales el tribunal denegó la admisión a las pruebas de los candidatos interesados.
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Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Prestaciones de orfandad - Aplicación exclusiva del capítulo 8 del Reglamento nº 1408/71 y de las disposiciones a las que se remite

(Reglamento nº 1408/71 del Consejo, arts. 44, apartado 3, 48, apartado 1, 78 y 79)

Índice

El apartado 3 del artículo 44 del Reglamento nº 1408/71 debe ser interpretado en el sentido de que las pensiones de orfandad están reguladas exclusivamente por las disposiciones del capítulo 8 de dicho Reglamento, completadas, cuando proceda, por la aplicación de disposiciones de otros capítulos del mismo Reglamento a las que se remiten expresamente las del capítulo 8. De ello resulta, en particular, que tratándose de pensiones de orfandad no se aplican las disposiciones del apartado 1 del artículo 48, que prevé que, bajo determinadas condiciones, la institución de un Estado miembro, en el que los períodos de seguro o de residencia de un asegurado no lleguen a ser de un año, no está obligada a conceder las prestaciones en razón de tales períodos.
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Palabras clave

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1. Arancel aduanero común - Reglas generales comunes a la nomenclatura y a los derechos - "Envases" en el sentido de la regla 2 - Toneles, botellas y cajas de cerveza - Inclusión - Restitución ulterior al vendedor extranjero - Falta de incidencia

2. Arancel aduanero común - Disposiciones especiales relativas a los envases importados llenos - Regla 1 a) - Alcance - Pago de los derechos de aduana por los envases al tipo aplicable a las mercancías envasadas

3. Arancel aduanero común - Valor en Aduana - Valor de la transacción - Determinación - Envases no comprendidos en el precio de las mercancías y destinados a ser restituidos al vendedor extranjero - Exclusión - Compensación económica que debe pagar el comprador por los envases no devueltos - Coste que debe añadirse al precio pagado - Recaudación a posteriori

((Reglamentos del Consejo nº 1697/79, art. 2, y nº 1224/80, arts. 3 y 8, apartado 1, letra a) ))

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1. La disposición del último párrafo del apartado 2 de la letra C del título I de la primera parte del arancel aduanero común, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de "envases" comprende los toneles de cerveza, las botellas de cerveza y las cajas de material sintético destinadas a contener botellas de cerveza, incluso cuando estos objetos deben ser restituidos al vendedor de cerveza extranjero.

2. La disposición de la letra a) del apartado 1 de la letra D del título II de la primera parte del Arancel Aduanero Común (en la versión del Reglamento nº 3333/83) debe interpretarse en el sentido de que por los envases debe pagarse el tipo de derechos de aduana aplicable a las mercancías envasadas.

3. Cuando los envases no están incluidos en el precio a pagar por las mercancías, porque han de ser restituidos al vendedor extranjero, su valor no está incluido en el valor de aduana como parte integrante del valor de transacción. No obstante, la compensación económica que el comprador está obligado a pagar al vendedor por los envases no devueltos constituye, a efectos de determinar el valor en aduana, un coste que debe añadirse al precio efectivamente pagado en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento nº 1224/80 y da lugar, conforme al artículo 2 del Reglamento nº 1697/79, a una recaudación a posteriori de los derechos devengados.
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Palabras clave

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Arancel Aduanero Común - Partidas arancelarias - Nota 1, letra d) del Capítulo 28 - Clasificación de un producto químico que contiene un estabilizante indispensable para su transporte.

Índice

La nota 1, letra d) del capítulo 28 del Arancel Aduanero Común ("Productos químicos inorgánicos";((...))") debe interpretarse en el sentido de que la aplicación del capítulo 28 no queda descartada únicamente por el hecho de que la incorporación, al producto químico importado, de un

estabilizante, indispensable para su transporte o su conservación, pueda permitir una utilización distinta del producto químico de que se trate. No obstante, no puede aplicarse el capítulo 28 cuando la utilización primordial del producto esté determinada por el uso posible del estabilizante y no por el del producto químico.
Palabras clave

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Palabras clave

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Agricultura - Organización común de mercados - Carnes de ovino y caprino - Prima variable por sacrificio - Importe equivalente percibido con motivo de la exportación a otro Estado miembro ("clawback") - Percepción sobre animales y productos que no puedan ser objeto de la prima - Ilegalidad

(Reglamento del Consejo nº 1837/80, art. 9, apartado 3, según la redacción dada por el Reglamento nº 871/84; Reglamentos de la Comisión nos 3451/85 y 9/86)

Índice

El texto del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento nº 1837/80 del Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las carnes de ovino y caprino, en su redacción dada por el Reglamento nº 871/84, no puede interpretarse en el sentido de que se reconozca a la Comisión una facultad de apreciación que le permita imponer, a la salida de la región 5 (Gran Bretaña) de los animales y productos en relación con los que no se haya concedido la prima variable por sacrificio de los ovinos, la percepción de un importe en función de dicha prima ("clawback"). Por lo tanto, los Reglamentos nos 3451/85 y 9/86 de la Comisión carecen de validez en cuanto prevén la percepción de un importe, a la exportación con destino a otro Estado miembro, calculado en función de dicha prima, sobre los animales y productos que no dan derecho a recabar la concesión de la prima.
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De dicha sentencia resulta en particular que «no se ha demostrado que, en lo que se refiere a la exposición de los hechos, la motivación de la decisión esté viciada por errores u omisiones injustificados» (apartado 16), que «no consta [...] al Tribunal de Justicia que la Comisión haya cometido error manifiesto al considerar que el demandante, no obstante su naturaleza impulsiva, “ha traspasado un límite cualitativo inaceptable para un funcionario con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones”» (apartado 22), que «no considera el Tribunal de Justicia que la Comisión haya cometido un error manifiesto al no apreciar la situación del demandante en aquel momento dado como una circunstancia atenuante que excluyera su separación del servicio» (apartado 23) y, por último, que «el Tribunal [de Justicia] no se considera en situación de calificar de sanción manifiestamente desproporcionada la separación del servicio del demandante sin reducción ni supresión de sus derechos a la pensión de jubilación».
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A este respecto, procede hacer constar que la publicación de las convocatorias de varios concursos para cubrir puestos de grado A 5/A 4 no es un hecho nuevo. Tales convocatorias no modifican la situación jurídica del demandante. No afectan directamente al puesto del demandante, y no puede considerarse que le hayan permitido enterarse por primera vez de que la Comisión organiza concursos para cubrir puestos que no son de A 7/A 6. A mayor abundamiento, el demandante, ya en su formulario de candidatura de 4 de julio de 1983, había llamado la atención de los servicios de la Comisión sobre la existencia de excepciones a la regla del nombramiento definitivo en el grado inicial como consecuencia de un concurso interno.
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El Sr. Faure, acusado en el asunto principal, estima que las disposiciones de los Tratados y del Protocolo aplicables en el presente caso, en la versión vigente con posterioridad a 1965, no han modificado en nada la situación anterior, y que la práctica seguida por el Parlamento Europeo después de esta fecha no se diferencia de la seguida en el período anterior, de manera que no existe ninguna razón para modificar la interpretación dada al término «período de sesiones» por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 12 de mayo de 1964.
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Por el contrario, los Gobiernos neerlandés y danés estiman que un trabajo que proporciona ingresos inferiores al mínimo necesario de subsistencia, tal como lo entiende el Estado miembro de acogida, no puede considerarse como una actividad por cuenta ajena real y efectiva cuando el interesado solicita el beneficio de una asistencia social procedente de fondos públicos. En estas condiciones, efectivamente, el trabajo no es el medio directo de mejorar el nivel de vida, sino solamente un medio de obtener la garantía del mínimo necesario de subsistencia por parte del Estado de acogida, por lo que no constituye una actividad económica de las que considera el Tratado. El Gobierno danés precisa, por otra parte, que la condición de trabajador debe apreciarse solamente en el momento de la solicitud del permiso de residencia, con la consecuencia de que una persona que tenga el estatuto de trabajador en esa fecha lo conserve incluso si pierde su trabajo posteriormente y se convierte por ello en titular de una ayuda económica con cargo a fondos públicos.
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El Sr. Pressler-Hoeft se opuso a esta excepción de inadmisibilidad y alegó que la carta de 28 de febrero de 1985 no constituía una decisión, al ir firmada por una persona que, por falta de competencia, no puede hacer responsable al Tribunal de Cuentas. La reclamación del 15 de enero de 1985 no dio lugar a una decisión formal, sino que fue rechazada de manera implícita al cabo de cuatro meses, es decir, el 16 de mayo de 1985, fecha en que empezó a correr el plazo para recurrir, que venció el 17 de agosto de 1985. Su recurso, interpuesto el 16 de agosto de 1985, no está pues, a su juicio, fuera de plazo.
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La Comisión arguye que, ante el Tribunal de Justicia, los demandantes no pueden valerse de argumentos que no hayan utilizado en su reclamación. Alega la Comisión que, una vez que el funcionario ha optado por interponer una reclamación administrativa, y no dirigirse directamente al Tribunal de Justicia, conviene sacar de ahí todas las consecuencias y, principalmente, exigir que el recurso jurisdiccional, formulado después de la reclamación, se funde en los mismos argumentos que esta última. Efectivamente, en el caso de autos, si prescindimos de la reclamación de los candidatos, el recurso sería inadmisible como fuera de plazo, puesto que no ha sido interpuesto en los tres meses siguientes a la decisión del tribunal de oposiciones. En tal caso, el único argumento admisible sería el que se refiere a la irregularidad de la prueba escrita, debiendo los demás argumentos rechazarse por inadmisibles.