3.

La Comisión recuerda, en primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual las incitaciones a la compra de productos nacionales constituyen medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, prohibidas por el artículo 30 del Tratado, en la medida en que puedan obstaculizar directa o indirectamente, actual o potencialmente el comercio intracomunitário. Según la Comisión, puede hacerse el mismo análisis cuando una normativa nacional prevé que las autoridades públicas reserven determinados pedidos de suministros a productores nacionales. La Comisión menciona a continuación su Directiva 70/32/CEE, de 17 de diciembre de 1969, relativa a los suministros de productos al Estado, a entidades territoriales y a entidades públicas con personalidad jurídica, que preveía, concretamente, la supresión de las disposiciones nacionales que reservan los suministros a los productos nacionales o bien les conceden una preferencia distinta de una ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado. Por lo demás, la Comisión invoca la Directiva 77/62 que pane, según declara, del principio de que las restricciones a la libre circulación de mercancías aplicadas en el ámbito de los contratos públicos de suministro están prohibidas en virtud de los artículos 30 y siguientes del Tratado. A la luz de lo anterior, la Comisión se pregunta si unas disposiciones nacionales que, en materia de contratos públicos de suministro, reservan una parte de éstos a las empresas implantadas en regiones determinadas son medidas que, debido a su carácter selectivo, constituyen, no medidas de efecto equivalente en el sentido del artículo 30, sino más bien ayudas en el sentido del artículo 92. A este respecto, la Comisión considera, por una parte, que estas disposiciones tienen sobre las importaciones los mismos efectos que las que imponen una parte reservada en favor de todos los productores nacionales. Además, indica, la amplitud de estos efectos no depende del número de productos favorecidos, sino de la importancia de las necesidades de las autoridades públicas cuya satisfacción por productos importados queda excluida, limitada o dificultada. Por otra parte, estima que, a los efectos de la calificación jurídica de las disposiciones de que se trata, no es pertinente tener en cuenta los objetivos perseguidos por los Estados miembros, por ejemplo, las políticas regionales o sociales, puesto que la libre circulación de mercancías es un principio fundamental del Tratado, cuya violación sólo puede tolerarse por los motivos indicados en el artículo 36, así como por ciertas razones «imperativas» definidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia: según la Comisión, no parece que en el caso de autos puedan concurrir unos u otras. Por lo demás, continúa, la calificación de medida de efecto equivalente de la que aquí se trata no puede ponerse en duda por el único motivo de que las reservas selectivas perjudican, no sólo a los productos de los demás Estados miembros, sino también a otros productos nacionales no beneficiados por ellas. De hecho, el elemento esencial de esta calificación es el efecto restrictivo verificado sobre los intercambios. En lo que se refiere al concepto de ayuda a efectos del artículo 92 del Tratado, la Comisión afirma que resulta del propio texto de este artículo, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al respecto, que el concepto de ayuda no sólo incluye prestaciones positivas que se concreten en pagos pecuniarios, sino también intervenciones que alivien las cargas que pesan normalmente sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el estricto sentido de la palabra, son de la misma naturaleza y tienen idénticos efectos. Estas intervenciones se realizan gracias al empleo de los recursos financieros del Estado. La Comisión añade que no puede concebirse que el artículo 92 prohiba medidas que ya están prohibidas por otras disposiciones del Tratado. Llega a la conclusión de que, cuando el artículo 92 prohibe las ayudas, debe necesariamente tratarse de medidas distintas de los derechos de aduana y de las exacciones o medidas de efecto equivalente. Por consiguiente, el ámbito de aplicación del artículo 92 se limita exclusivamente a las intervenciones de los poderes públicos que implican la utilización de los recursos financieros del Estado en favor de las empresas beneficiarias. Resulta pues de ello, según la Comisión, que las disposiciones italianas no pueden considerarse «ayudas» en el sentido del artículo 92, puesto que no suponen directa ni indirectamente el empleo de recursos financieros del Estado, al no hacer otra cosa éste que imponer al sector público la obligación de adquirir sus suministros de determinadas empresas, limitando así la posibilidad de obtener estos suministros de otras empresas. Además, señala la Comisión, el dinero desembolsado por el Estado en casos de este tipo sólo representa el precio pagado por la mercancía adquirida en las condiciones del mercado. No se trata pues de un acto gratuito, sino de una contraprestación. Por consiguiente, la Comisión estima que las citadas medidas italianas constituyen un obstáculo directo para la importación de los productos competitivos, y no «ayudas» en el sentido del artículo 92 del Tratado. Para el caso de que las medidas pudieran ser consideradas como una ayuda en el sentido del artículo 92, la Comisión sostiene que dicha hipótesis no obligaría necesariamente a considerarlas compatibles con el artículo 30. A este respecto, se apoya en la jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia, que va desde la sentencia de 22 de marzo de 1977, Iannelli & Volpi (74/76, Rec. p. 557) a la de 5 de junio de 1986, Comisión/Italia (103/84, Rec. p. 1759), según la cual los artículos 92 y siguientes del Tratado no pueden servir en ningún caso para desvirtuar las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías. La Comisión llama finalmente la atención sobre el hecho de que los regímenes preferenciales como el régimen en cuestión son igualmente incompatibles con las disposiciones de la Directiva 77/62. Es exacto, reconoce, que el artículo 26 de la citada Directiva prevé que ésta «no impedirá la aplicación de las disposiciones en vigor en el momento de su adopción [...] que figuran en la ley italiana n° 835 de 6 de octubre de 1950 [...] y en sus modificaciones sucesivas». No es menos cierto, añade, que, por una parte, el contenido de la legislación nacional a la que se refiere el Juez a quo (Ley n° 64/86) es parcialmente diferente del que tenía en el momento de la adopción de la Directiva y más amplio y, por otra, que ésta se aplica en todo caso «sin perjuicio de la compatibilidad de esas disposiciones con el Tratado». La Comisión solicita que el Tribunal de Justicia responda lo siguiente: «1) El artículo 92 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que las reservas, incluso parciales, de pedidos de suministros públicos a empresas nacionales determinadas no constituyen “ayudas” en el sentido de dicho artículo. 2) El artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que las reservas constituyen medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, prohibidas por dicho artículo.»