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24

A tal respecto, hay que señalar que, tras recordar, en los apartados 30 a 34 del auto recurrido, las competencias de la Comisión en la tramitación de las denuncias que se le presentan y el papel del denunciante, el Tribunal General rechazó la argumentación del recurrente, en los apartados 36 a 38 de dicho auto, en los siguientes términos: «36 […], debe señalarse que la Comisión indicó, en los considerandos 36, 40, 43 y 46 de la Decisión [controvertida], que la información aportada por el demandante no le permitía inferir o tan siquiera fundamentar sospechas razonables de la existencia de colusión entre las empresas afectadas. Asimismo, estimó, en esencia en los considerandos 36, 39 y 46 de la Decisión [controvertida], que los comportamientos denunciados estaban comprendidos en el ámbito del Derecho de la propiedad intelectual y no del Derecho de la competencia, en el sentido de que los derechos de propiedad intelectual del demandante no se habían tenido en cuenta al establecer la citada norma. Precisamente por esta razón la Comisión motivó su conclusión de que la probabilidad de demostrar la existencia de una infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia parecía limitada en el caso de autos y, de ese modo, motivó su negativa a proseguir el examen de la denuncia del demandante. 37 Por tanto, y al no haber demostrado el demandante que tal conclusión procedía de un error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión, esta declaró acertadamente que la Unión no tenía un interés suficiente en proseguir el examen de los hechos denunciados por el demandante. 38 El hecho alegado por el demandante de que la práctica denunciada afectaba a un número muy elevado de supuestos infractores no desvirtúa dicha conclusión, puesto que este no ha demostrado que ese extremo, de suponerlo acreditado, cuestione la constatación realizada por la Comisión sobre la falta de prueba de colusión entre las empresas denunciadas o sobre el hecho de que los comportamientos denunciados se derivaban ante todo del derecho de propiedad intelectual.»
3

El artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1372/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2013 (DO 2013, L 346, p. 27) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»), titulado «Campo de aplicación material», establece en su apartado 1, letra e), que el Reglamento n.o 883/2004 se aplicará a las legislaciones de seguridad social relacionadas con las prestaciones por supervivencia.
5

El artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva dispone lo siguiente: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión todo proyecto de reglamento técnico, salvo si se trata de una simple transposición íntegra de una norma internacional o europea, en cuyo caso bastará una simple información referente a dicha norma; igualmente, los Estados miembros dirigirán a la Comisión una notificación referente a las razones por las cuales es necesaria la adopción de tal reglamento técnico, a menos que dichas razones se deduzcan ya del proyecto. En su caso, y salvo cuando ya se haya remitido en combinación con una comunicación anterior, los Estados miembros comunicarán a la Comisión simultáneamente el texto de las disposiciones legales y reglamentarias básicas de las que se trate principal y directamente, si el conocimiento de dicho texto es necesario para apreciar el alcance del proyecto de reglamento técnico. […] Cuando, en particular, el proyecto de reglamento técnico tenga por objeto limitar la comercialización o la utilización de una sustancia, [una mezcla] o un producto químico, por motivos de salud pública o de protección de los consumidores o del medio ambiente, los Estados miembros comunicarán asimismo bien un resumen, bien las referencias de todos los datos pertinentes relativos a la sustancia, [a la mezcla] o al producto de que se trate y los relativos a los productos de sustitución conocidos y disponibles, siempre y cuando se disponga de dicha información, así como los efectos esperados de la medida en lo que respecta a la salud pública, la protección del consumidor y el medio ambiente, con un análisis de riesgo realizado, en los casos adecuados, según los principios previstos en la parte correspondiente del anexo XV, sección II.3, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1)]. […]»
34

La remisión del artículo 5 del Reglamento n.o 1/2003 a las disposiciones del Derecho nacional que prevén sanciones por la infracción del artículo 101 TFUE implica que los Estados miembros están obligados, en virtud del artículo 4 TUE, apartado 3, párrafos segundo y tercero, a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el alcance y la eficacia de esta disposición del Tratado FUE. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a falta de normativa del Derecho de la Unión en la materia, los Estados miembros deben ejercer su competencia respetando el Derecho de la Unión y, en particular, el principio de efectividad. Así pues, no pueden hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil la ejecución del Derecho de la Unión y, específicamente, en el ámbito del Derecho de la competencia, deben velar por que las normas que establecen o aplican no menoscaben la aplicación efectiva del artículo 101 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, apartados 47 y 48 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, al mismo tiempo que conservan la posibilidad de elegir las sanciones, los Estados miembros deben procurar, en particular, que las infracciones del artículo 101 TFUE sean sancionadas en condiciones de fondo y de procedimiento que confieran a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, apartado 68, y de 3 de abril de 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2019:283, apartado 37).
36

Por último, esta interpretación viene corroborada por la génesis de la Directiva 86/653. En efecto, de la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales (independientes) (DO 1977, C 13, p. 2) se desprende que la Comisión Europea había propuesto inicialmente que las disposiciones a las que las partes no pudieran establecer excepciones se enumerasen en un único artículo, a saber, el artículo 35 de dicha propuesta. La disposición correspondiente al artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva figuraba en esa lista, pero fue retirada posteriormente. Además, si bien el legislador de la Unión abandonó finalmente el propio principio de la lista única inclinándose por una prohibición de establecer excepciones caso por caso, no mantuvo esta solución para el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 86/653.
3

El artículo 2, letras d) y f), de la Directiva 2011/95 tiene la siguiente redacción: «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: […] d) “refugiado”: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12; […] f) “persona con derecho a protección subsidiaria”: un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplica el artículo 17, apartados 1 y 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país».
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 113 y 113 bis del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO 2007, L 299, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 361/2008 del Consejo, de 14 de abril de 2008 (DO 2008, L 121, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1234/2007»), y de los artículos 5 y 8 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (DO 2011, L 157, p. 1).
9

El artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.o 883/2004 (DO 2009, L 284, p. 1), titulado «Precisiones relativas a los artículos 12 y 13 del Reglamento [n.o 883/2004]», establece, en sus apartados 6, 8 y 9: «6. A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartado 2, del Reglamento [n.o 883/2004], la expresión “persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia en dos o más Estados miembros” designará, en particular, a una persona que ejerce de manera simultánea o alterna una o varias actividades diferentes por cuenta propia, con independencia de la naturaleza de estas, en dos o más Estados miembros. […] 8. A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento [n.o 883/2004], se entenderá que el trabajador ejerce “una parte sustancial de su actividad” por cuenta propia o por cuenta ajena en un Estado miembro si ejerce en él una parte cuantitativamente importante del conjunto de sus actividades por cuenta propia o ajena, sin que se trate necesariamente de la mayor parte de esas actividades. Para determinar si una parte sustancial de la actividad se ejerce en un Estado miembro se tendrá en cuenta la siguiente lista indicativa de criterios: a) en el caso de las actividades asalariadas, el tiempo de trabajo o la remuneración, y b) en el caso de las actividades por cuenta propia, el volumen de negocios, el tiempo de trabajo, el número de servicios prestados o los ingresos. En el contexto de una evaluación global, el hecho de alcanzar un porcentaje inferior al 25 % para los criterios antes mencionados será un indicador de que una parte sustancial de las actividades no se ejerce en el Estado miembro de que se trate. 9. A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento [n.o 883/2004], el “centro de interés” de las actividades de un trabajador por cuenta propia se determinará teniendo en cuenta todos los aspectos de sus actividades profesionales y, en particular, el lugar donde se encuentre la sede fija y permanente de las actividades del interesado, el carácter habitual o la duración de las actividades que ejerza, el número de servicios prestados y la voluntad del interesado, según se desprenda de todas las circunstancias.»
66

Por otra parte, tal como señaló el Abogado General en el punto 54 de sus conclusiones, la apreciación del Tribunal General no tiene por efecto prolongar indefinidamente el período transitorio que va del 1 de noviembre de 2014 al 31 de marzo de 2017, previsto en el artículo 16 TUE, apartado 5, y en el artículo 3, apartado 2, del Protocolo n.o 36. En efecto, según esta apreciación, solo las solicitudes presentadas a más tardar el 31 de marzo de 2017 y relativas a un proyecto de acto de la Unión ya propuesto, pero aún no aprobado, podían desencadenar la aplicación de las normas de votación definidas en el artículo 3, apartado 3, de dicho Protocolo. La posibilidad de que la votación sobre tal proyecto de acto pudiera tener lugar después del 31 de marzo de 2017 es inherente al régimen transitorio previsto en el artículo 3, apartado 2, del mencionado Protocolo, que se basa en la fecha de presentación de la solicitud de la aplicación de estas normas de votación y no en la fecha en la que tiene lugar la votación. Así, es manifiesto que el Tribunal General siguió una interpretación estricta de este régimen transitorio, atendiendo a una interpretación fiel al tenor literal del Protocolo n.o 36, al que se refiere el artículo 16 TUE, apartado 5. Por consiguiente, no cabe reprochar al Tribunal General el haber prolongado la duración de ese régimen más allá de la que se deriva intrínsecamente de lo enunciado por los autores del Tratado de Lisboa en el citado Protocolo.
29

A este respecto, dicho órgano jurisdiccional estima que cabe pensar, en particular, que para afirmar que existe un derecho anterior es necesario que, en virtud de ese derecho, y de conformidad con la legislación nacional aplicable, pueda prohibirse al titular de la marca el uso que hace de ella. Indica que de los trabajos preparatorios de la citada disposición resulta que una parte del texto que figuraba en la propuesta inicial, que extendía su ámbito de aplicación a los derechos anteriores de ámbito local que ya no pueden invocarse frente a la marca registrada posteriormente, finalmente no se adoptó.
11

El Decreto Legislativo n.o 112 — Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Decreto Legislativo n.o 112 por el que se revisa la normativa en materia de empresas sociales), de 3 de julio de 2017 (GURI n.o 167, de 19 de julio de 2017) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 112/2017»), establece, en su artículo 3, titulado «Inexistencia de ánimo de lucro»: «1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 y en el artículo 16, la empresa social destinará los beneficios y los excedentes de explotación que hubiera al ejercicio de sus actividades estatutarias o al incremento de su patrimonio. 2. A efectos del apartado 1, queda prohibida la distribución, incluso indirecta, de beneficios y de excedentes de explotación, de fondos y de reservas, cualquiera que sea su denominación, a los fundadores, miembros o socios, trabajadores y colaboradores, administradores y otros miembros de los órganos de empresa, incluso en caso de rescisión o de cualquier otro caso de cese individual de la relación. En el caso de las empresas sociales constituidas con las formas previstas en el libro V del Código Civil, se permitirá reembolsar al miembro el capital efectivamente desembolsado y, en su caso, revalorizado o incrementado dentro de los límites establecidos en el apartado 3, letra a). A efectos del presente apartado, deberá entenderse, en cualquier caso, por distribución indirecta de beneficios: a) el pago a los administradores, auditores de cuentas y a cualquier persona que ejerza un mandato social de una retribución individual que no sea proporcional a la actividad ejercida, a las responsabilidades asumidas y a las competencias específicas o, en cualquier caso, superior a la prevista en entidades que operen en sectores y condiciones idénticas o similares. […] 2 bis. A efectos de los apartados 1 y 2, no se considerará como distribución, ni siquiera indirecta, de beneficios y de excedentes de explotación la distribución entre los miembros de los retornos cooperativos derivados de una actividad de interés general contemplada en el artículo 2, ejercida de conformidad con el artículo 2545 sexies del Código Civil y respetando los requisitos y límites establecidos por la ley y sus estatutos, por empresas sociales constituidas con la forma de sociedades cooperativas, siempre que sus estatutos o su escritura de constitución indiquen los criterios de distribución a los miembros de los retornos cooperativos proporcionalmente a la cantidad y a la calidad de los intercambios mutualistas y que se registre un excedente de explotación mutualista. […]»
25

Dicho órgano jurisdiccional señala que, según la jurisprudencia nacional relativa a la acumulación de funciones, que es objeto de debate entre los tribunales checos, en particular entre el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, República Checa) y el Ústavní soud (Tribunal Constitucional, República Checa), un contrato de trabajo celebrado entre una sociedad mercantil y una persona, en el que se prevé que esta acumule las funciones de miembro del órgano estatutario de la sociedad y de director de la misma, es válido a la luz del Código de Trabajo. No obstante, una persona que se encuentre en tal situación no puede ser calificada de trabajador asalariado, en el sentido de la Ley n.o 118/2000. En efecto, aunque exista un contrato de trabajo, un miembro del órgano estatutario que dirige la actividad de la sociedad mercantil no puede ejercer sus funciones en el marco de una relación de subordinación, de modo que no existe relación laboral entre ese miembro y la mencionada sociedad.
1)

La República Francesa, – ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, en relación con el anexo XI de esta, al no haber velado por que no se superara, de forma sistemática y persistente, el valor límite diario de concentración de micropartículas (PM10) desde el 1 de enero de 2005 hasta el año 2019, inclusive, en la aglomeración y la zona de calidad París (FR04A01/FR11ZAG01) y desde el 1 de enero de 2005 hasta el año 2016, inclusive, con excepción del año 2008, en la aglomeración y la zona de calidad Martinica/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01), y – ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23, apartado 1, párrafo segundo de la Directiva 2008/50/CE, en relación con el anexo XV de esta, al no haber velado por que los planes relativos a la calidad del aire establezcan medidas adecuadas para que el período de superación de ese valor límite sea lo más breve posible.
30

En efecto, para el órgano jurisdiccional remitente, habida cuenta de que, según las normas nacionales aplicables, se considera que estas entidades no tienen voluntad propia, en la medida en que se encuentran en una relación de subordinación con respecto a la entidad dominante de la unidad fiscal de la que forman parte, se ha de considerar que dichas entidades no cumplen el requisito de la independencia, en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Sexta Directiva. Pues bien, los Estados miembros pueden legítimamente considerar que las entidades que no respondan a los criterios de independencia no pueden ser consideradas sujetos pasivos, de manera que su volumen de negocios respectivo y, por tanto, el IVA correspondiente deba atribuirse a la entidad dominante, habida cuenta de la relación de subordinación existente entre esta última y aquellas.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2, puntos 3 y 5, de la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros (DO 2003, L 9, p. 3), en su versión modificada por la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (DO 2014, L 173, p. 349) (en lo sucesivo, «Directiva 2002/92»), y del artículo 2, apartado 1, puntos 1, 3 y 8, de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros (DO 2016, L 26, p. 19), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018 (DO 2018, L 76, p. 28) (en lo sucesivo, «Directiva 2016/97»).
25

El artículo 4 del decreto legislativo n.o 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo n.o 175, por el que se aprueba el Texto único en materia de sociedades con participación pública), de 19 de agosto de 2016 (GURI n.o 210, de 8 de septiembre de 2016; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 175/2016»), establece que los objetivos perseguidos por las administraciones públicas cuando recurren a la constitución de sociedades participadas por ellas están sujetos a una doble limitación. Por un lado, deberá tratarse de sociedades que tengan por objeto actividades estrictamente necesarias para la consecución de los objetivos institucionales de la administración en cuestión. Por otro lado, las actividades que desarrollen deberán estar comprendidas en las expresamente indicadas en el apartado 2 de dicho artículo, a saber, en particular, la producción de un servicio de interés general, incluidas la creación y la gestión de las redes y los equipos utilizados para tales servicios, y la organización y gestión de servicios de interés general por medio de un convenio de cooperación contemplado en el artículo 180 del Decreto Legislativo n.o 50/2016, con un empresario seleccionado con arreglo a las modalidades previstas en el artículo 17, apartados 1 y 2, del Decreto Legislativo n.o 175/2016.
93

Pues bien, se desprende, en particular, de los apartados 140 a 168 de la sentencia de 6 de octubre de 2020, La Quadrature du Net y otros (C‑511/18, C‑512/18 y C‑520/18, EU:C:2020:791), y de los apartados 59 a 101 de la sentencia de 5 de abril de 2022, Commissioner of An Garda Síochána y otros (C‑140/20, EU:C:2022:258), que, en virtud del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, esa conservación no puede justificarse por tales objetivos.
35

A este respecto, el Reino de Dinamarca señala que, a diferencia del Reglamento n.o 1151/2012, otros Reglamentos estrechamente relacionados con él —caso del Reglamento (UE) n.o 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1601/91 del Consejo (DO 2014, L 84, p. 14); el Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1576/89 del Consejo (DO 2008, L 39, p. 16), y el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671)— establecen expresamente que las normas que en ellos se contienen se aplican a los productos fabricados en la Unión con fines de exportación, lo que, a su entender, es indicativo de que el legislador de la Unión no estimó oportuno hacer uso de una disposición como la anterior cuando aprobó el Reglamento n.o 1151/2012.