Por lo tanto, el Tribunal General examinó debidamente el fundamento del análisis efectuado por la Comisión a la luz de todas las circunstancias que concurrían en el momento de la adopción de la Decisión controvertida y atendiendo al alcance de la cooperación que brindaron las recurrentes tras su desistimiento de la transacción, es decir, durante el procedimiento ordinario. Asimismo, el Tribunal General comprobó sistemáticamente los datos apreciados por la Comisión para calcular el importe de la multa impuesta en la Decisión controvertida. En particular, llevó a cabo un examen pormenorizado del modo en que la Comisión tuvo en cuenta factores que permitían aceptar o no reducciones en la multa, de conformidad con la Comunicación sobre clemencia, o en virtud de la cooperación, mediante la aplicación del punto 29 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003. Además, es preciso constatar que las recurrentes no habían demostrado en qué medida el importe de la multa que les fue impuesta resultaba excesivo, hasta el punto de ser desproporcionado.

A este respecto, si bien el Tribunal General ha velado ciertamente por responder a todas las alegaciones mediante las que las recurrentes habían reprochado a la Comisión el haber aplicado a una empresa que había desistido del procedimiento de transacción una multa más elevada que el máximo del intervalo contemplado durante las discusiones destinadas a la transacción, y ello por una duración de la infracción notablemente reducida, tal análisis pertenece al respeto a los principios de recta administración de la justicia y de transparencia. Por lo tanto, no cabe reprochar al Tribunal General el haber efectuado un examen tan exhaustivo en un litigio concreto que, por primera vez, le llevara a pronunciarse sobre una situación en la que una empresa, después de comprometerse en un procedimiento de transacción, desistiera finalmente. Siendo esto así, el Tribunal General ejercitó perfectamente su competencia jurisdiccional plena al examinar a fondo simultáneamente la legalidad de la Decisión controvertida y el carácter adecuado del importe de la multa consignado en dicha Decisión.

Por lo que respecta al control jurisdiccional de las decisiones de la Comisión cuando decide imponer una multa sancionadora o una multa coercitiva por infracción de las normas de competencia, además del control de legalidad previsto por el artículo 263 TFUE, el juez de la Unión dispone de una competencia jurisdiccional plena que le reconoce el artículo 31 del Reglamento n.o 1/2003, de conformidad con el artículo 261 TFUE, y que le faculta para sustituir la apreciación de la Comisión por la suya, y en consecuencia para suprimir, reducir o aumentar la multa sancionadora o la multa coercitiva impuesta. En este sentido, no corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en el marco de un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal General por la suya propia, cuando éste último resuelve, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, sobre el importe de las multas impuestas a determinadas empresas por haber infringido el Derecho de la Unión. Sólo puede constatarse que el Tribunal General ha cometido un error de Derecho debido al carácter inapropiado del importe de la multa cuando el Tribunal de Justicia estima que el nivel de la sanción no sólo es inapropiado sino también excesivo hasta el punto de ser desproporcionado.

El principio de protección de la confianza legítima forma parte de los principios fundamentales de la Unión y todo particular tiene el derecho a invocarlo cuando se encuentre en una situación de la que se desprende que una institución de la Unión, al darle seguridades concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas. Además, la Comisión no puede dar ninguna garantía concreta con respecto a la aplicación de una reducción de multa en la fase del procedimiento anterior a la adopción de la decisión final, y las partes en el cártel no pueden, por lo tanto, concebir una confianza legítima a este respecto.

En primer lugar, el procedimiento de transacción es un procedimiento administrativo alternativo al procedimiento administrativo ordinario, distinto de éste y que posee algunas especialidades, como la notificación del pliego de cargos aceptada y del probable intervalo de multas. En segundo lugar, si la empresa no presenta solicitud de transacción, el procedimiento que conduce a la decisión final se rige por lo dispuesto con carácter general en el Reglamento n.o 773/2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, y no por lo regulado en el procedimiento de transacción.

En tercer lugar, en lo que se refiere a dicho procedimiento ordinario, dentro del cual todavía deben determinarse las responsabilidades, la Comisión sólo está vinculada por el pliego de cargos, que no fija un intervalo de multas, y está obligada a tomar en consideración los datos nuevos de que haya tenido conocimiento en ese mismo procedimiento. En el caso de autos, las recurrentes desistieron del procedimiento de transacción y sólo después del desistimiento alegaron, en el procedimiento ordinario, los datos que podían reducir la duración de su participación en la infracción reprobada.

Por lo tanto, las recurrentes no podían aducir ninguna expectativa legítima en el mantenimiento de las estimaciones que le había transmitido la Comisión durante el procedimiento de transacción, en forma de intervalos de multas probables fijadas de acuerdo con los elementos tomados en consideración hasta ese momento del procedimiento. Además, cuando las recurrentes desistieron del procedimiento de transacción, disponían de todos los datos que les permitían prever que negar su participación en el cártel en el período anterior al año en cuestión tendría necesariamente consecuencias en las reducciones que se les pudieran conceder, tanto con arreglo a la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel como en virtud del punto 29 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003. Por lo tanto, no cabe reprochar al Tribunal General vulneración alguna del principio de protección de la confianza legítima.

(véanse los apartados 134 a 139)