Un perjuicio de carácter económico no puede, salvo en circunstancias excepcionales, considerarse irreparable y ni siquiera difícilmente reparable, ya que normalmente puede ser objeto de una compensación económica posterior. En tal supuesto, la medida provisional solicitada estaría justificada si se revelara que, en defecto de esta medida, la parte demandante se hallaría en una situación que podría poner en peligro su viabilidad económica antes de que se pronuncie la sentencia que ponga fin al procedimiento principal o que sus cuotas de mercado se modificarían de manera irremediable y considerable teniendo en cuenta, en particular, la dimensión de su empresa.

Un procedimiento de licitación para la adjudicación de un contrato público tiene por objeto que la autoridad de que se trate pueda elegir, entre varias ofertas competidoras, la que le parezca más conforme con los criterios de selección predeterminados, para lo cual dicha autoridad dispone de una amplia facultad de apreciación. Por tanto, una empresa que participa en dicho procedimiento no tiene nunca la garantía absoluta de que los contratos le serán adjudicados, sino que siempre debe tener en cuenta la posibilidad de que sean adjudicados a otro licitador. En estas circunstancias, las consecuencias económicas negativas para la empresa de que se trate que se deriven de la desestimación de su oferta forman parte, en principio, del riesgo comercial habitual al que debe hacer frente toda empresa presente en el mercado.

Se deduce de ello que la pérdida de la oportunidad de conseguir y ejecutar un contrato público resulta inherente a la exclusión del procedimiento de licitación de que se trate y no puede considerarse, en sí misma, constitutiva de un perjuicio grave, tanto más cuanto que incluso un licitador cuya oferta haya sido aceptada debe tener presente que el órgano de contratación, en virtud del artículo 101, párrafo primero, del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, mientras no se haya firmado el contrato, podrá renunciar al contrato o anular el procedimiento de adjudicación, sin que el licitador pueda, en principio, solicitar ninguna indemnización. En efecto, antes de la firma del contrato con el licitador seleccionado, el órgano de contratación no está obligado y puede, por tanto, en el marco de su misión de interés general, renunciar libremente al contrato o anular el procedimiento de licitación, sin estar obligado a indemnizar a dicho licitador.

A este respecto, el artículo 101, párrafo primero, del Reglamento no 1605/2002 excluye por tanto que el licitador seleccionado pueda obligar al órgano de contratación a celebrar el contrato correspondiente alegando que su situación financiera o incluso su supervivencia económica dependen de la ejecución del contrato que se le ha adjudicado.

Pues bien, esta precariedad inherente a la situación jurídica y económica de la empresa adjudicataria, que, pese a la adjudicación del contrato de que se trate, debe prever desde un principio que puede perderlo sin indemnización, es uno de los factores que debe tomar en consideración el juez de medidas provisionales para apreciar la demanda de medidas provisionales presentada por un licitador cuya oferta ha sido descartada. Al igual que en el caso del licitador seleccionado, el mero hecho de que la desestimación de una oferta pueda tener consecuencias económicas negativas, incluso graves, para el licitador excluido no puede justificar por tanto, por sí solo, las medidas provisionales solicitadas por éste.

(véanse los apartados 28 a 30)