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La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, Directrices de aplicación de la Directiva 2003/86 [COM(2014) 210; en lo sucesivo, «Directrices»], contiene los siguientes pasajes: «[…] 3. Presentación y examen de la solicitud […] 3.2. Documentos justificativos De conformidad con el artículo 5, apartado 2, toda solicitud de reagrupación familiar debe ir acompañada de: a) los documentos acreditativos de los vínculos familiares; […] Los Estados miembros tendrán cierto margen de apreciación para decidir si es apropiado y necesario comprobar las pruebas del vínculo familiar mediante entrevistas u otras investigaciones, incluidas las pruebas de ADN. Los criterios de propiedad y necesidad implican que tales investigaciones no se autorizarán cuando existan otros medios adecuados y menos restrictivos de demostrar la existencia de un vínculo familiar. Cada solicitud, los justificantes que la acompañen y la propiedad y necesidad de entrevistas y otras investigaciones deben ser objeto de una evaluación individual. […] 6. Reagrupación familiar de los beneficiarios de protección internacional 6.1. Refugiados […] La Comisión recalca que las disposiciones del capítulo V deben interpretarse a la luz de los principios fijados en el artículo 5, apartado 5, y en el artículo 17. Por consiguiente, al examinar las solicitudes de reagrupación familiar de los refugiados, los Estados miembros deben efectuar una evaluación equilibrada y razonable de los intereses en juego en cada caso, teniendo debidamente en cuenta los intereses superiores de los hijos menores de edad […]. Ningún elemento aislado puede dar lugar, de forma automática, a una decisión: cada uno de ellos debe ser, únicamente, uno de los factores de la ecuación […] […] 6.1.2. Ausencia de justificantes oficiales Según dispone el artículo 11, el artículo 5 se aplicará a la presentación y al examen de la solicitud, sin perjuicio de la excepción relativa a los justificantes oficiales recogida en el artículo 11, apartado 2. Por lo tanto, en consonancia con el artículo 5, apartado 2, los Estados miembros podrán considerar los justificantes para determinar el vínculo familiar, pudiendo también realizar entrevistas y otras investigaciones si lo consideran apropiado y necesario. No obstante, la situación particular de los refugiados que se ven obligados a huir de sus países a menudo hace imposible o peligroso, tanto para ellos como para los miembros de su familia, el cometido de presentar documentos o de entrar en contacto con las autoridades diplomáticas o consulares de su país de origen. El artículo 11, apartado 2, es explícito y no deja margen alguno de apreciación cuando establece que la falta de documentos no es causa suficiente, por sí sola, para denegar una solicitud, y obliga a los Estados miembros a que, en esos casos, examinen otras pruebas de la existencia de esos vínculos familiares. Dado que esas “otras pruebas” han de examinarse conforme a la legislación nacional, los Estados miembros disponen de cierto margen de apreciación, aunque deben adoptar normas claras que regulen estos requisitos probatorios. Ejemplos de “otras pruebas” para establecer los vínculos familiares pueden ser declaraciones escritas y orales de los solicitantes, entrevistas con los miembros de la familia o investigaciones de la situación en el extranjero. Estas declaraciones pueden además ser corroboradas por documentos, material audiovisual y pruebas documentales o físicas (títulos académicos o resguardos de transferencias bancarias, etc.) o por el conocimiento de hechos específicos. La evaluación individual del artículo 17 requiere a los Estados miembros que, al examinar las pruebas aportadas por los solicitantes, tengan en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el sexo, el nivel de educación, la procedencia y la situación social, amén de los aspectos culturales específicos. La Comisión considera que cuando persistan serias dudas tras el examen de los otros tipos de pruebas o cuando haya fuertes indicios de ánimo fraudulento, puede procederse, como último recurso, a pruebas de ADN […] En tales casos, la Comisión opina que los Estados deben observar los principios del [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)] en materia de pruebas de ADN […] […]»