ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El artículo 30, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo, en relación con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) n.o 639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento n.o 1307/2013 y que modifica el anexo X de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que un joven agricultor, considerado tal conforme al artículo 30, apartado 11, letra a), del Reglamento n.o 1307/2013, en relación con el artículo 50, apartado 2, de dicho Reglamento, que, en virtud del artículo 24 de dicho Reglamento, ya ha obtenido una primera asignación de derechos de pago correspondiente a las hectáreas admisibles declaradas en el momento de su solicitud puede obtener, a continuación, una asignación adicional de derechos de pago a cargo de la reserva nacional igual al número adicional de hectáreas admisibles que posea ahora y con respecto a las cuales aún no posea ningún derecho de pago. Este derecho está supeditado a la existencia de fondos suficientes disponibles en las reservas nacional o regionales. Si no es así, la asignación deberá realizarse de tal forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores que pueden optar a los derechos con arreglo al artículo 30, apartado 6, del Reglamento n.o 1307/2013 y se eviten distorsiones del mercado y de la competencia.
34

Por lo que respecta, en particular, a la extraterritorialidad, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la pertinencia de la circunstancia de que JR haya realizado actos preparatorios en el Estado emisor de la orden de detención europea. Si hubiera que tener en cuenta tales actos, a efectos de la aplicación de la Decisión Marco 2002/584, el delito no sería extraterritorial y, por lo tanto, no sería aplicable el motivo de no ejecución facultativa previsto en el artículo 4, punto 7, letra b), de la referida Decisión Marco.
194

Si bien no cabe excluir que un dictamen emitido por el Comité de Vigilancia se refiera a un caso particular, no es menos cierto que el legislador de la Unión ha exigido que tal dictamen no pueda tener por objeto influir en las decisiones que debe tomar la OLAF en un asunto dado, puesto que, como recordó acertadamente el Tribunal General en el apartado 162 de la sentencia recurrida, el artículo 11, apartado 1, del propio Reglamento establece que los dictámenes del Comité de Vigilancia se emitan sin interferir en el desarrollo de las investigaciones en curso.
31

Por consiguiente, si no se indica que se presta con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento de una enfermedad y restablecimiento de la salud y, por tanto, con finalidad terapéutica, en el sentido de la jurisprudencia citada en los apartados 24 y 26 de la presente sentencia, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente, un servicio de seguimiento nutricional, como el prestado en el litigio principal, no cumple el criterio de la actividad de interés general común a todas las exenciones previstas en el artículo 132 de la Directiva 2006/112 y, en consecuencia, no se le aplica la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, por lo que, en principio, estará sujeto al IVA.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto, por un lado, la interpretación de los artículos 6 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, «Carta»), los artículos 4, 6, apartado 2, y 7, apartado 1, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO 2012, L 142, p. 1), y los artículos 1, apartado 3, y 8 y el formulario que figura en el anexo de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1; corrección de errores en DO 2017, L 124, p. 37), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/584»), y, por otro lado, la validez de la Decisión Marco 2002/584.
3)

El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2013/33 debe interpretarse en el sentido de que: – se puede atribuir al solicitante de protección internacional la demora en la adopción de una resolución en primera instancia que tenga por objeto una solicitud de protección internacional cuando ello resulte de la falta de cooperación del solicitante con las autoridades competentes; – un Estado miembro no puede atribuir al solicitante de protección internacional la demora en la adopción de una resolución en primera instancia que tenga por objeto una solicitud de protección internacional por no haber presentado su solicitud ante el primer Estado miembro de entrada, a efectos del artículo 13 del Reglamento n.o 604/2013; – un Estado miembro no puede atribuir al solicitante de protección internacional la demora en la tramitación de su solicitud resultante de la interposición, por parte de este, de un recurso judicial con efecto suspensivo contra la decisión de traslado dictada respecto a él, de acuerdo con el Reglamento n.o 604/2013.
34

No obstante, una diferencia de trato resultante de la normativa de un Estado miembro en perjuicio de las sociedades que ejercen su libertad de establecimiento no constituye obstáculo a dicha libertad si se refiere a situaciones que no sean objetivamente comparables o si está justificada por una razón imperiosa de interés general y proporcionada a dicho objetivo (sentencias de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, apartado 167; de 25 de febrero de 2010, X Holding, C‑337/08, EU:C:2010:89, apartado 20, y de 22 de febrero de 2018, X y X, C‑398/16 y C‑399/16, EU:C:2018:110, apartado 20).
18

Por su parte, la Société Fromagère du Livradois sostiene que la DOP protege los productos de una zona definida, que son los únicos que puede utilizar la denominación protegida, pero no prohíbe a otros productores producir y comercializar productos similares, siempre que no den la impresión de que se benefician de la denominación en cuestión. Afirma que del Derecho nacional se deduce que estará prohibida toda utilización del signo constitutivo de la DOP para designar productos similares que no tengan derecho a ella, ya sea porque no proceden de la zona delimitada o porque aun procediendo de esta no presentan las propiedades requeridas, pero no se prohibirá la comercialización de productos similares, siempre que dicha comercialización no vaya acompañada de ninguna práctica que pueda causar confusión, en particular por la usurpación o evocación de dicha DOP. Asimismo, alega que una «práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto», en el sentido de los respectivos artículos 13, apartado 1, letra d), de los Reglamentos n.os 510/2006 y 1151/2012, debe referirse necesariamente al «origen» del producto y que, en consecuencia, debe tratarse de una práctica que lleve al consumidor a pensar que se halla ante un producto amparado por la DOP en cuestión. Considera que esta «práctica» no puede resultar de la mera apariencia del producto como tal, al margen de cualquier mención en su envase que haga referencia a la procedencia protegida.
18

El 26 de noviembre de 2015, la Comisión, en virtud del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE (DO 2015, L 248, p. 9), adoptó la Decisión controvertida, por la que decidió no formular objeciones al régimen nacional de compensación, al considerar que se trataba de una ayuda de Estado compatible con el mercado interior. Según la Comisión, con arreglo a los criterios expuestos en las secciones 2.1 a 2.8 del Marco SIEG, la medida controvertida no afecta a los intercambios comerciales de modo contrario al interés de la Unión. Además, en su opinión, los principios de funcionamiento del fondo de compensación no dan lugar a graves distorsiones de la competencia y no precisan, por lo tanto, de requisitos adicionales para garantizar que el desarrollo de los intercambios no se vea afectado de modo incompatible con el interés de la Unión.
El INPS y el Gobierno italiano aducen asimismo que la exclusión del titular de un permiso único, cuando los miembros de su familia no residen en el territorio del Estado miembro de que se trate, del derecho a la igualdad de trato establecido por la Directiva 2011/98 se ve confirmada por el artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se amplía la aplicación del Reglamento n.o 883/2004 y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos (DO 2010, L 344, p. 1), a cuyo tenor el Reglamento n.o 883/2004 y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.o 883/2004 (DO 2009, L 284, p. 1), se aplicarán a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén aún cubiertos por los mismos, así como a los miembros de sus familias y a sus supervivientes, siempre que estén residiendo legalmente en el territorio de un Estado miembro y siempre que su situación no esté circunscrita, en todos sus aspectos, al interior de un solo Estado miembro.
6

A tenor de los considerandos 2, 17 y 21 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1): «(2) El Consejo Europeo de Tampere corroboró el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales como piedra angular de la creación de un verdadero espacio judicial, y destacó el derecho de visita como prioritario. […] (17) En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, es importante que su restitución se produzca sin demora y con este fin debe seguir aplicándose el Convenio de La Haya de […] 1980 tal y como queda completado mediante las disposiciones del presente Reglamento y, en particular, del artículo 11. Con todo, conviene que, en casos concretos y debidamente justificados, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro al que haya sido trasladado o en el que esté siendo retenido ilícitamente el menor puedan oponerse a su restitución. Sin embargo, semejante resolución debe poder ser sustituida por otra posterior del órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado o retención ilícitos. En caso de que esta última resolución implique la restitución del menor, esta debería realizarse sin necesidad de procedimiento alguno para el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en el Estado miembro en el que se encuentra el menor sustraído. […] (21) El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro deben basarse en el principio de confianza mutua, y los motivos del no reconocimiento deben limitarse al mínimo necesario.»
7

El artículo 4 de dicha Directiva, con el epígrafe «Motivos de denegación absolutos o causas de nulidad absoluta», dispone lo siguiente: «1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: […] b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; […] 4. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declarará nula una marca por los mismos motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. 5. Los Estados miembros podrán establecer que el apartado 4 también se aplique cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la fecha de la solicitud de registro pero antes de la fecha de registro.»
A tenor del artículo 1 del Decreto-ley n.o 52/2017:

«1) Los contribuyentes que hayan abonado el impuesto especial sobre los automóviles regulado en los artículos 214 bis a 214 quater de la Ley n.o 571/2003, relativa al Código Tributario, en su versión posteriormente modificada y completada, el impuesto sobre la contaminación de los automóviles, regulado por el Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 50/2008, por el que se establece el impuesto sobre la contaminación de los automóviles, aprobado por la Ley n.o 140/2011, el impuesto sobre las emisiones contaminantes procedentes de los automóviles, regulado por la Ley n.o 9/2012, relativa al impuesto sobre las emisiones contaminantes procedentes de los automóviles, en su versión modificada y completada, o el timbre medioambiental para automóviles, regulado por el Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 9/2013, sobre el timbre medioambiental para automóviles, aprobado, modificado y completado por la Ley n.o 37/2014, en su versión posteriormente modificada y completada, sin haber obtenido su devolución hasta la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto-ley con carácter de urgencia, podrán solicitar la devolución de dichos impuestos, así como los intereses devengados durante el período comprendido entre la fecha del pago y la fecha de la devolución, y ello mediante solicitud dirigida al órgano fiscal central competente. El tipo del interés adeudado será el regulado en el artículo 174, apartado 5, de la Ley n.o 207/2015, sobre el Código de Procedimiento Tributario, en su versión posteriormente modificada y completada.

2) El derecho de los contribuyentes a los que se refiere el apartado 1 nacerá en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley con carácter de urgencia, independientemente de la fecha de pago del impuesto, y, no obstante lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley n.o 207/2015 [sobre el Código de Procedimiento Tributario], en su versión posteriormente modificada y completada, las solicitudes se presentarán, so pena de caducidad, hasta el día 31 de agosto de 2018.

[…]»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5 y 6, en relación con los artículos 10, apartado 1, y 28, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO 2006, L 404, p. 9; corrección de errores en el DO 2007, L 12, p. 3 y en DO 2013, L 160, p. 15), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 107/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008 (DO 2008, L 39, p. 8) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1924/2006»), así como del artículo 3 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22).
11

En apoyo del recurso interpuesto contra dicha resolución ante la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía), UR se basa en la fuerza de cosa juzgada resultante de una sentencia de 30 de abril de 2018, que ha adquirido firmeza, en virtud de la cual ese mismo órgano jurisdiccional, que confirma una sentencia de 21 de septiembre de 2016 del Tribunalul Bucureşti (Tribunal de Distrito de Bucarest), declaró que un contribuyente, como UR, que ejerce la profesión liberal de abogado, no desarrolla ninguna actividad económica y, por ello, no puede considerarse que realiza entregas de bienes o prestaciones de servicios, dado que los contratos celebrados con sus clientes son contratos de asistencia jurídica y no contratos de prestación de servicios (en lo sucesivo, «sentencia de 30 de abril de 2018»).
5

A tenor de los considerandos 10, 34 y 36 del Reglamento n.o 1215/2012: «(10) El ámbito de aplicación material del presente Reglamento debe abarcar lo esencial de las materias civil y mercantil, salvo determinadas materias claramente determinadas […] […] (34) Procede garantizar la continuidad entre el Convenio [de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186)], el Reglamento (CE) n.o 44/2001 [del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en material civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1),] y el presente Reglamento; a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación del Convenio de Bruselas de 1968 y de los Reglamentos que lo sustituyen por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. […] (36) Sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de los Tratados, el presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de convenios o acuerdos bilaterales sobre materias reguladas por el presente Reglamento celebrados entre terceros Estados y los Estados miembros antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 44/2001.»
36

Según Irlanda, el MCIB está sometido a estas leyes. También lo está al Code of Practice for the Governance of State Bodies (Código de buenas prácticas para la dirección de los organismos estatales), que prescribe en su artículo 5, apartado 1, la obligación del MCIB de aprobar un código de conducta para sus miembros y su personal. Irlanda invoca, a este respecto, el Code of Business Conduct (Código de conducta profesional) del MCIB y pone de relieve que este Código regula, en especial, la imparcialidad de dicho organismo, los conflictos de intereses, la accesibilidad de la información y las obligaciones legales del MCIB.
44

De ello resulta que el artículo 5 de la Directiva 2011/7 no tiene por objeto delimitar el ámbito de aplicación material de esta Directiva, excluyendo de ese ámbito, en particular, los contratos que no son de prestación única, sino precisar que dicha Directiva no impide los pagos a plazos o escalonados, con independencia de que los contratos en cuestión estipulen un pago único o un pago periódico a intervalos regulares previamente definidos.
63

Si bien la Directiva 2009/72 no se opone a que el Gobierno de un Estado miembro pueda hacer valer ante la autoridad reguladora nacional su posición acerca de la manera en la que considera que esta podría tener en cuenta el interés público en el ámbito de sus funciones de regulación, fundamentalmente mediante la participación de representantes de sus ministerios, tal participación y, en particular, las opiniones expresadas por dichos representantes en los procedimientos relativos a la fijación de precios no pueden revestir un carácter vinculante ni ser consideradas en ningún caso por la autoridad reguladora como instrucciones que deba observar en el ejercicio de sus obligaciones y competencias.
56

El SEAE sostiene, en primer lugar, que este análisis preliminar no constituye un acto lesivo que afecte a los derechos del Sr. De Loecker, sino un acto interno de mero trámite, que permite a la AFCC apreciar si procede dar comienzo o no a una investigación administrativa. A este respecto, se basa en la sentencia de 12 de julio de 2012, Comisión/Nanopoulos (T‑308/10 P, EU:T:2012:370), apartado 85. Afirma que, cuando la AFCC decide iniciar, o no, una investigación administrativa, tiene en cuenta varios elementos, entre los que figura el análisis preliminar efectuado por la IDOC. Así pues, considera que no es el análisis preliminar lo que afecta desfavorablemente a la persona afectada, sino la decisión de denegar la solicitud de asistencia. Pues bien, según el SEAE, antes de adoptar esta última decisión, la AFCC da audiencia a esa persona, que dispone entonces de la oportunidad de formular cualquier alegación y de aportar cualquier documento que no haya presentado en el momento de presentar la solicitud de asistencia.
39

No obstante, es preciso señalar que, como se desprende de los apartados 28 y 29 de la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864), la comparación entre los tomadores de seguros y los consumidores realizada por el Tribunal de Justicia en esta última sentencia se basaba únicamente en la existencia de elementos comunes a su situación contractual, a saber, los riesgos vinculados a la celebración de un contrato de seguro a falta de una información conforme con las exigencias previstas por el Derecho de la Unión y la situación de debilidad en la que se encuentra el tomador del seguro, habida cuenta, por una parte, del carácter de productos financieros jurídicamente complejos que tienen los contratos de seguro y, por otra parte, de los considerables compromisos económicos, de una duración potencial muy larga, que conllevan tales contratos. No cabe considerar que estos elementos no puedan existir en el caso de tomadores de seguros que no tengan la condición de consumidores.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, apartado 3, 5, apartado 1, letra c), inciso iii), y 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
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Procede constatar que la exigencia a que se refiere esa disposición no va acompañada de ninguna excepción. A este respecto, la excepción que figura en la disposición correspondiente del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 1971, L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), a saber, el artículo 68, apartado 1, de este, que preveía otra base de cálculo de las prestaciones por desempleo cuando el interesado no hubiese ocupado su último empleo durante cuatro semanas como mínimo en el territorio del Estado miembro cuya legislación era aplicable a efectos de esas prestaciones, no ha sido recogida en el artículo 62, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004.
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Conforme al tenor del artículo 30 del Decreto Legislativo n. 276 — Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.o 30 (Decreto Legislativo n.o 276 de ejecución de las funciones en materia de empleo y mercado de trabajo delegadas en virtud de la Ley n.o 30 de 14 de febrero de 2003), de 10 de septiembre de 2003 (suplemento ordinario a la GURI n.o 235, de 9 de octubre de 2003): «1. Se produce un desplazamiento cuando un empresario, para satisfacer un interés propio, pone temporalmente a uno o más trabajadores a disposición de otro sujeto para la ejecución de una determinada actividad profesional. 2. En caso de desplazamiento, el empresario sigue siendo responsable del régimen económico y normativo que debe aplicarse al trabajador.»