5.

Las consideraciones que acabo de exponer me inducen a rechazar la tesis del Gobierno belga. En efecto, la interpretación que éste mantiene resulta claramente incompatible tanto con el espíritu y los objetivos del Reglamento no 1408/71 como con los principios que se deducen de los artículos 48 a 51 del Tratado (y, en particular, con el principio según el cual los trabajado-res no pueden recibir, por efecto de las normas del citado Reglamento que prohíben la acumulación, un trato menos favorable que el que les conceda la legislación nacional de un Estado miembro determinado). Quedan entonces dos interpretaciones posibles de la norma objeto de examen. Según una primera interpretación, el apartado 3 del artículo 79 no prejuzga la aplicación de eventuales normas nacionales más favorables, que prevean el abono de cantidades complementarias cuando el importe de los subsidios familiares abonados en otro Estado miembro sea inferior al de los subsidios que correspondan en el Estado que concede la pensión. Según la otra interpretación, en cambio, el Derecho comunitario regula de un modo completo y autónomo (es decir, independientemente de las legislaciones nacionales implicadas) el caso de la acumulación acompañada de una diversidad entre los importes de los subsidios familiares en los dos países, reconociendo al trabajador el derecho a percibir de la institución obligada a abonarle la pensión, con carácter complementario, la diferencia entre ambas cantidades. En el caso de autos, tanto una interpretación como la otra llevan a reconocer al trabajador el derecho a percibir un complemento de subsidios de la institución belga. Sin embargo, en términos generales, se debe considerar que el derecho al complemento será reconocido o excluido en función de que la legislación del Estado que abona subsidios más elevados prevea o no el derecho del trabajador a percibir el complemento. En la legislación belga está prevista esta prestación complementaria, pero en otras legislaciones puede no existir una disposición específica del referido tenor, con la consecuencia de que el trabajador únicamente tendrá derecho a la cantidad complementaria si se considera al ordenamiento jurídico comunitario como fuente inmediata de dicho derecho. Está claro que la interpretación sugerida por la Comisión permite que sigan existiendo casos en los que, precisamente por efecto de la aplicación del apartado 3 del artículo 79, el trabajador no podría conservar los derechos causados en el Estado en el que hubiese desempeñado su actividad, habiendo de recibir por ello un trato menos favorable. Semejante conclusión no me parece conforme con la finalidad del apartado 3 del artículo 79, interpretado a la luz de los principios generales recordados anteriormente. En efecto, la función del apartado 3 del artículo 79 es la de eliminar el riesgo de una plena aplicación acumulativa de dos regímenes nacionales; pero no creo que para conseguir este resultado sea necesario llegar hasta el extremo de sacrificar los derechos causados, que son compatibles con la aplicación de la norma que prohíbe las acumulaciones. Antes al contrario, los principios generales imponen una conciliación entre la exigencia de evitar la acumulación y la de garantizar la observancia de los derechos causados. En el mismo sentido se orienta el principio de la igualdad de trato de los trabajadores que han debido cumplir los mismos requisitos para obtener la pensión. En efecto, tal principio se vería comprometido si se admitiese que, en el ámbito de la Seguridad Social, un trabajador puede ser sometido a un trato menos favorable en relación con los demás trabajadores que hayan desempeñado la misma actividad en el Estado que concede la pensión, por el mero hecho de que el ordenamiento de otro Estado miembro prevea el abono de subsidios de la misma naturaleza y por la misma causa, aunque de un importe inferior. Así pues, si éstas son las líneas con arreglo a las que debe entenderse la normativa comunitaria sobre la acumulación, me parece que no es posible adherirse a una tesis que reduce el apartado 3 del artículo 79 a una norma de conflicto y que no tiene en cuenta la necesidad de garantizar en todo caso al trabajador el trato más favorable y la protección de los derechos causados. Soy, pues, de la opinión de que resulta preferible una interpretación que permita armonizar el apartado 3 del artículo 79 con los principios generales, es decir, aquella que reconoce a la disposición que se examina la función de suspender en su totalidad el abono de subsidios familiares por hijos a cargo por parte de la institución que concede al padre la pensión tan sólo cuando el importe de los subsidios sea igual o menor al importe de los subsidios abonados en el país donde la madre desempeña su actividad laboral; pero que dicha suspensión deberá ser meramente parcial cuando el importe de los primeros subsidios sea superior a la de los segundos.