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2)

¿Son conformes con los artículos 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 38, apartado 1, letra h), del Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (2) del Consejo, de 21 de junio de 1999, en relación con el Reglamento (CE) 1681/94 (3) de la Comisión, de 11 de julio de 1994, una normativa y una jurisprudencia (4) en virtud de las cuales el Estado no puede intervenir en un proceso penal para exigir que se le indemnicen los daños que ha sufrido a consecuencia de una conducta fraudulenta del encausado, lo cual da lugar a una apropiación indebida de fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea, ni puede impugnar, de conformidad con el artículo 256, apartado 3, de la Ley de enjuiciamiento criminal, la resolución mediante la cual el juez decide no aceptar su intervención, o la del órgano administrativo que lo representa, en la vista oral para solicitar en calidad de perjudicado que se le indemnicen los perjuicios sufridos, ni tampoco dispone de otro procedimiento en el que pueda hacer valer sus derechos frente al encausado, de modo que ni siquiera es posible garantizar su derecho a la indemnización de los daños sufridos dirigiéndose contra el patrimonio y los derechos patrimoniales del encausado en el sentido del artículo 50 de la Ley de enjuiciamiento criminal, de modo que ese derecho termina por no poder ejercerse de facto?
C 295/12

Recurso interpuesto el 12 de julio de 2019 — Comisión Europea/República de Austria

(Asunto C-537/19)

(2019/C 295/16)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek, Bevollmächtigte)

Demandada: República de Austria

Pretensiones de la parte demandante

La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 28 y 35, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE, (1) dado que Stadt Wien-Wiener Wohnen adjudicó el contrato de 25 de febrero de 2012 relativo al edificio de oficinas sito en Viena, calle Guglstrasse 2-4, sin celebrar un procedimiento de licitación y sin publicar los correspondientes anuncios.

— Condene en costas a la República de Austria.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión alega que la ciudad de Viena (Stadt Wien), en condición de poder adjudicador, celebró en 2012 con un contratista privado un contrato de arrendamiento plurianual sobre un edificio de oficinas, antes de que este fuera construido. A este respecto, la ciudad de Viena ejerció una influencia decisiva en el planeamiento de los trabajos de construcción, excediendo con creces las especificaciones habituales que suele plantear un arrendador para un nuevo inmueble.

La Comisión considera que se trata de un contrato público de obras, tal y como se desprende de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia relativa a la toma en arrendamiento por poderes adjudicadores de proyectos de construcción aún no ejecutados. Dado que no se celebró ningún procedimiento de licitación, la adjudicación infringe los artículos 2, 28 y 35, apartado 2, de la Directiva 2004/18. Dicha infracción persiste en tanto continúe en vigor el contrato de arrendamiento, que no puede extinguirse regularmente antes de 2040.

(1) Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114).
2)

¿Permite el principio de primacía del Derecho de la Unión establecer excepciones, en un procedimiento posterior, a la fuerza de cosa juzgada de la que está revestida una resolución judicial firme por la que se ha establecido esencialmente que, conforme a la aplicación e interpretación de la normativa nacional en materia de impuesto sobre el valor añadido, el abogado no entrega bienes, no ejerce una actividad económica y no celebra contratos de prestaciones de servicios, sino contratos de asistencia legal?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Stuttgart (Alemania) el 24 de abril de 2019 — Eurowings GmbH/GD, HE e IF

(Asunto C-334/19)

(2019/C 288/22)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Stuttgart

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Eurowings GmbH

Demandadas: GD, HE e IF

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse las disposiciones (en particular, el artículo 5, apartado 3) del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, (1) en el sentido de que la ausencia espontánea de una parte importante del personal de navegación, debida a bajas por enfermedad («huelga salvaje»), del transportista aéreo que da en arrendamiento la aeronave y la tripulación en el marco de un arrendamiento de aeronave con tripulación («wet lease») a quien es «transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo» en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento, pero no asume la responsabilidad operativa de los vuelos, tiene como consecuencia que el «transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo» tampoco pueda invocar «circunstancias extraordinarias» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de abril de 2018, Krüsemann y otros, C-195/17, C-197/17 a C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 a C-286/17 y C-290/17 a C-292/17? (2)

(1) DO 2004, L 46, p. 1.

(2) EU:C:2018:258.
2)

Sobre la carga de la prueba de la «presentación a la facturación» En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a), es decir, en caso de que el artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 sea aplicable a una compensación solicitada por un pasajero que ha sufrido un retraso del vuelo: a) ¿Los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 2, letra a), constituyen requisitos previos que incumbe al consumidor justificar para que se aplique el Reglamento, o constituyen una causa de exoneración de la compañía aérea que permite a esta aportar el registro de pasajeros para demostrar que el consumidor no se presentó a la facturación «en las condiciones requeridas y a la hora indicada previamente y por escrito (inclusive por medios electrónicos) por el transportista aéreo, el operador turístico o un agente de viajes autorizado, o bien, de no indicarse hora alguna, con una antelación mínima de cuarenta y cinco minutos respecto de la hora de salida anunciada» según prevé el artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 261/2004, habida cuenta de los avances tecnológicos que actualmente permiten la emisión electrónica de tarjetas de embarque desmaterializadas, la inexistencia de indicaciones horarias en las tarjetas de embarque en papel, la consiguiente inexistencia de cualquier obligación de presentarse físicamente en un mostrador de facturación y la circunstancia de que solo las compañías aéreas disponen de todos los datos sobre la facturación de los pasajeros hasta el cierre de las actividades de facturación? b) ¿El principio de efecto útil, los objetivos del Reglamento (CE) n.o 261/2004 y el elevado nivel de protección de los pasajeros y los consumidores en general que garantiza este Reglamento u otras disposiciones o normas de Derecho de la Unión se oponen a imponer única y exclusivamente al pasajero la carga de la prueba de su presentación a la facturación «en las condiciones requeridas y a la hora indicada previamente y por escrito (inclusive por medios electrónicos) por el transportista aéreo, el operador turístico o un agente de viajes autorizado, o bien, de no indicarse hora alguna, con una antelación mínima de cuarenta y cinco minutos respecto de la hora de salida anunciada» según prevé el artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 261/2004, habida cuenta de los avances tecnológicos que actualmente permiten la emisión electrónica de tarjetas de embarque desmaterializadas, la inexistencia de indicaciones horarias en las tarjetas de embarque en papel, la consiguiente inexistencia de cualquier obligación de presentarse físicamente en un mostrador de facturación y la circunstancia de que solo las compañías aéreas disponen de todos los datos sobre la facturación de los pasajeros hasta el cierre de las actividades de facturación?
2)

¿Se opone el Derecho de la Unión (en particular, el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/24/UE (1) sobre adjudicaciones in house en régimen de control análogo conjunto por parte de varias administraciones) a una normativa nacional (como la recogida en el artículo 4, apartado 1, del Testo Unico delle società partecipate —Texto único de sociedades participadas— aprobado mediante el Decreto Legislativo n.o 175 de 2016) que impide a una administración publica adquirir en una entidad que ya está participada por otras administraciones públicas una cuota de participación (que, de todos modos, no le permite obtener su control o la posibilidad de ejercer un veto) cuando esa administración tenga en cualquier caso la intención de adquirir en un futuro una participación de control conjunto y, por consiguiente, obtener la posibilidad de efectuar adjudicaciones directas a favor de la citada entidad?
—

En primer lugar, en infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 2, el Tribunal General incurrió en error al determinar que la Comisión había actuado conforme a Derecho y no encontró dificultades serias cuando llegó a la conclusión de que las garantías estatales y préstamos de Estados concedidos a A/S Femern Landanlæg para las conexiones ferroviarias del interior de Dinamarca no podían falsear la competencia ya que el mercado pertinente no estaba abierto a la competencia. Las partes recurrentes alegan que esa resolución errónea del Tribunal General se basa en cuatro errores de Derecho, que corresponden a las cuatro partes siguientes: a) El Tribunal General incurrió en error de Derecho al llegar a la conclusión de que las garantías estatales y los préstamos de Estado concedidos a A/S Femern Landanlæg no podían falsear la competencia mientras que la conexión fija (operada por Femern A/S) y las conexiones ferroviarias hacia el interior danés (operadas por Femern Landanlæg) constituyen un proyecto integral único, y que ya se ha determinado que las garantías estatales y préstamos de Estado concedidos a Femern A/S pueden falsear la competencia. b) El Tribunal General incurrió en error de Derecho al llegar a la conclusión de que el mercado de la gestión de la infraestructura ferroviaria en Dinamarca no está abierto a la competencia de lege. c) El Tribunal General incurrió en error de Derecho al llegar a la conclusión de que el mercado de la gestión de la infraestructura ferroviaria en Dinamarca no está abierto a la competencia de facto. d) Los mercados de la construcción y del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, que están abiertos a la competencia, son distintos del mercado de la gestión y de la explotación, en sentido estricto, de la infraestructura ferroviaria.
2)

¿Es conforme con el Tratado, en particular con el artículo 107 TFUE, por el que se prohíben las ayudas de Estado «bajo cualquier forma», la consulta tributaria prevista en el artículo 11 de la Ley italiana n.o 212 [de 27 de julio de 2000], que impide interpretar el artículo 9, apartado 8, del Decreto Legislativo n.o 23, por analogía con la jurisprudencia de la Suprema Corte (Tribunal Supremo) de Italia en materia del IMBI, en el sentido de que una AUSL no tiene derecho a la exención del IMU cuando el inmueble sea utilizado por una sociedad anónima, aunque esté participada por esa entidad pública, que ejerza allí actividades sanitarias en régimen de competencia con otras sociedades mercantiles de capital íntegramente privado, que también prestan servicios sanitarios, obteniendo así una ventaja fiscal, que ha de calificarse de ayuda de Estado, produciendo una alteración de las reglas del libre mercado?
2)

Si se presume que el ánimo de lucro tiene cierta relevancia y cuando, debido a la escasa entidad del lucro obtenido por una persona y el incumplimiento de los eventuales otros criterios, no cabe suponer que existió un uso de la marca en el tráfico económico, ¿se cumple el requisito de un uso en el tráfico económico en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas si el particular ha usado la marca para otro en el marco del tráfico económico de ese otro, aun cuando el particular no sea su asalariado?
Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 5 de noviembre de 2018 — Amoena Ltd / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-677/18)

(2019/C 25/31)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Amoena Ltd

Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Incurrieron el CCA (1) y/o la Comisión Europea en un error manifiesto al clasificar los SM: (2) a) en el capítulo 62 de la Nomenclatura Combinada de la Unión Europea, (3) en la partida 6212, que comprende concretamente los «sostenes», y en el código NC 6212 10 90; en lugar de: b) en el capítulo 90, partida arancelaria 9021 y código NC 9021 10 10, como accesorios de artículos y aparatos de ortopedia en el sentido de la nota 2, letra b), del capítulo 90 de la NC?

2) ¿Restringe el Reglamento (4) ilegítimamente el alcance de la clasificación de los accesorios de artículos y aparatos de ortopedia en la partida arancelaria 9021 y la nota 2, letra b), del capítulo 90 de la NC, excediendo así las facultades de la Comisión Europea?

3) ¿Constituye el Reglamento una violación del principio de cooperación leal establecido en el artículo 4 [TUE], apartado 3, en una situación en la que: a) la Comisión Europea debe respetar las decisiones de los órganos jurisdiccionales nacionales, pero también debe promover la aplicación uniforme (y correcta) del Código Aduanero y de la NC; b) el Tribunal Supremo del Reino Unido ha llegado a la conclusión unánime de que los SM deben clasificarse en el capítulo 90 de la NC, en la partida arancelaria 9021, y c) la resolución del Tribunal Supremo ha sido presentada a la Comisión Europea y ha sido facilitada por esta a todos los Estados miembros de la Unión, junto con un resumen de la motivación del Tribunal Supremo?

(1) Comité del Código Aduanero (CCA).

(2) Sostenes de mastectomía (SM).

(3) NC.

(4) Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1167 de la Comisión, de 26 de junio de 2017, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (DO 2017, L 170, p. 50).
C 455/24

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski gradski sad (Bulgaria) el 8 de octubre de 2018 — EN, FM, GL/Ryanair Designated Activity Company

(Asunto C-629/18)

(2018/C 455/34)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Sofiyski gradski sad

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: EN, FM, GL

Demandada: Ryanair Designated Activity Company

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) que, antes de que surja la controversia, se celebre un acuerdo atributivo de competencia en relación con las demandas presentadas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (2)?

(1) Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).

(2) DO 2004, L 46, p. 1.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) el 6 de agosto de 2018 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Regione autonoma della Sardegna

(Asunto C-515/18)

(2018/C 436/22)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Recurrida: Regione autonoma della Sardegna

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, de 23 de octubre de 2007, (1) en el sentido de que obliga a la autoridad competente que pretende proceder a la adjudicación directa del contrato a adoptar las medidas necesarias para publicar o comunicar la información necesaria a todos los operadores potencialmente interesados en la gestión del servicio para que preparen una oferta seria y razonable?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, de 23 de octubre de 2007, en el sentido de que la autoridad competente, antes de proceder a la adjudicación directa del contrato, debe realizar una valoración comparativa de todas las ofertas de gestión del servicio eventualmente recibidas tras la publicación del anuncio de información previa contemplado en dicho artículo 7, apartado 4?

(1) Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (DO 2007, L 315, p. 1).
«1)

En circunstancias como las del procedimiento principal, en que una organización de productores en el sentido de los artículos 11, apartado 1, y 15 del Reglamento (CE) n.o 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, (1) por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, realiza entregas de bienes a sus miembros cobrándoles por ello unos precios que no cubren los precios de adquisición, a) ¿debe considerarse que se trata de un trueque con pago en metálico de la diferencia, ya que los productores, como contraprestación por dicha operación, se han comprometido contractualmente con la organización de productores a suministrarle frutas y hortalizas durante el período de vinculación, de manera que la base imponible de la operación es el precio de compra pagado por la organización de productores a sus proveedores por los bienes de producción? b) ¿constituye el importe íntegro efectivamente pagado por el fondo operativo a la organización de productores por la operación una “subvención directamente vinculada al precio de estas operaciones” en el sentido del artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, (2) Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (en lo sucesivo, “Sexta Directiva”), de manera que la base imponible comprende también la ayuda económica en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.o 2200/96, concedida por las autoridades competentes al fondo operativo en virtud de un programa operativo?
C 427/4

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polonia) el 3 de julio de 2018 — Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach / Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

(Asunto C-437/18)

(2018/C 427/06)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach

Demandada: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Cuestión prejudicial

¿Debe el término «residencia» interpretarse conforme al artículo 1, letra j), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo y al artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, o si el término «residencia» significa también residencia temporal a los efectos del artículo 1, letra k), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo?

(1) Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. (DO 2004, L 166, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 , por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. (DO 2009, L 284, p. 1).
C 352/15

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 15 de junio de 2018 — Gennaro Cafaro / DQ

(Asunto C-396/18)

(2018/C 352/20)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Gennaro Cafaro

Recurrida: DQ

Cuestiones prejudiciales

1) Si la normativa nacional establecida en el Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de 9 de septiembre de 2008 que, en aplicación del artículo 748, apartado 3, del codice della navigazione (Código de la Navegación), regula los límites de empleo del personal de vuelo de DQ y dispone, en particular, la extinción automática de la relación laboral al alcanzarse los 60 años de edad, es contraria al Reglamento n.o 1178/2011 (1) en la parte en que este último fija un límite de 65 años de edad para el empleo de los pilotos en el transporte aéreo comercial, y si este último Reglamento es aplicable al presente asunto, tras descartar la aplicación de la normativa especial nacional.

2) Con carácter subsidiario, en el caso de que se considerase que el Reglamento no es aplicable ratione materiae al presente asunto, si la normativa nacional antes citada es contraria al principio de no discriminación por razón de edad establecido en la Directiva 2000/78 y en la Carta de los Derechos Fundamentas de la Unión Europea (artículo 21, apartado 1), del que la Directiva 2000/78 (2) constituye una expresión concreta.

(1) Reglamento (UE) n.o 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud del Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 311, p. 1).

(2) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).
1)

¿Son compatibles con el Derecho de la Unión el artículo 23, apartado 1, letra c), del Código del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción en vigor en 2013, y el artículo 23, apartados 1 y 2, letra c), del mismo Código, en su redacción en vigor en 2014, si se interpretan en el sentido de que, con posterioridad a una fusión inversa, los intereses devengados por los préstamos obtenidos de terceros (que la sociedad absorbida podría haberse deducido de no haberse producido la fusión) para adquirir el capital de la filial absorbente, transmitidos a consecuencia de la fusión, dejan de ser fiscalmente deducibles de los rendimientos de la sociedad absorbente? En particular ¿puede considerarse que la imposibilidad de deducir los intereses constituye un obstáculo o una restricción a las operaciones de concentración comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/133/CE del Consejo, (1) vulnerando tanto los principios y objetivos de la Directiva como lo dispuesto en su artículo 4?