Además, pese a que la divulgación de secretos comerciales puede ciertamente causar un perjuicio consistente en el hecho de que, una vez publicada la información confidencial, una anulación posterior de la decisión controvertida no eliminaría los efectos derivados de la publicación de dicha información, esta conclusión no es igualmente aplicable en caso de divulgación de información que no pueda considerarse amparada por el secreto profesional. Éste es el caso de una información que no se consideró secreto comercial en una parte de una sentencia del Tribunal General que no ha sido impugnada en el recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia. En efecto, procede considerar que la parte de la sentencia relativa a la información de que se trata ha adquirido firmeza.

A este respecto, si bien para demostrar la existencia de un perjuicio de esa índole no es necesario exigir la prueba de que el perjuicio se producirá con absoluta certeza, sino que basta con que éste sea previsible con un grado de probabilidad suficiente, no es menos cierto que la parte que solicita una medida provisional sigue estando obligada a probar los hechos que a su juicio justifican la perspectiva de la aparición de ese perjuicio grave e irreparable.

En el contexto del examen de la urgencia de una medida provisional, el hecho de que la publicación de una información relativa a los nombres de clientes y a la descripción de los productos de empresas perseguidas por infracción de las normas sobre competencia de la Unión pueda violar los principios de confianza legítima y de igualdad de trato no es suficiente, en cuanto tal, para concluir que esa información debe considerarse amparada por el secreto profesional y que, por ese motivo, su divulgación causaría un perjuicio grave e irreparable a tales empresas. En efecto, esta circunstancia, suponiendo que estuviera acreditada, sólo podría fundamentar, como máximo, la obligación de la Comisión de no divulgar tal información.

En caso de demanda de suspensión de la ejecución de un acto de la Unión, la concesión de la medida provisional solicitada sólo se justifica si dicho acto es la causa determinante del perjuicio grave e irreparable alegado.

En el caso del daño causado por una empresa al infringir las normas sobre competencia de la Unión, infracción cuya persecución implicó la divulgación por parte de la Comisión de cierta información relativa a los nombres de clientes y a la descripción de los productos de que se trataba, la causa determinante del daño causado a terceros y cuya reparación se solicita mediante acciones de indemnización de daños y perjuicios estriba, no en la divulgación de la información de que se trata por parte de la Comisión, sino en la infracción del Derecho de la competencia cometida por la empresa sancionada. Aunque tal información puede facilitar la aportación de pruebas por parte de quienes demanden por daños y perjuicios a la empresa sancionada, en la medida en que tal información proporciona a esos demandantes pruebas que no podrían invocar de otro modo, esta circunstancia no impediría sin embargo que la Comisión divulgara información por la simple razón de que la misma podría constituir una prueba a esos efectos y, por tanto, debilitar la posición de la empresa sancionada. En efecto, ello equivaldría a exigir a la Comisión que mantenga la confidencialidad de la información con el único objetivo de proteger el interés de los destinatarios de una decisión que constata la existencia de una infracción de las normas del Derecho de la competencia de la Unión en que no puedan tener acceso a esas pruebas quienes les demanden por daños y perjuicios.

Aun reconociendo la importancia de este interés, especialmente en la medida en que forma parte de los derechos de defensa en este tipo de acciones, no es menos cierto que, por una parte, ninguna norma jurídica de la Unión obliga a la Comisión a proteger ese interés exigiéndole que mantenga el carácter confidencial de una información como la que aquí se discute, al contrario de lo que ocurre con la obligación de transparencia que le impone el artículo 15 TUE y más concretamente, en el presente asunto, el artículo 30 del Reglamento no 1/2003. Por otra parte, el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2014/104, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, dispone expresamente que el interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una infracción del Derecho de la competencia no constituye un interés que justifique protección.

(véanse los apartados 45 a 50)