El requisito del fumus boni iuris se cumple cuando al menos uno de los motivos invocados por la parte que solicita las medidas provisionales en apoyo de su recurso principal parezca, a primera vista, no carente de fundamento serio. Este es el caso, en particular, cuando uno de estos motivos revela la existencia de cuestiones jurídicas complejas cuya solución no se evidencia de manera inmediata y requiere, por tanto, un examen más profundo, que no puede realizar el juez de medidas provisionales, sino que debe ser objeto del procedimiento principal, o cuando el debate suscitado entre las partes pone de relieve la existencia de una controversia jurídica importante cuya solución no surge de un modo inmediato.

En el marco de una demanda de medidas provisionales presentada en el contexto de un recurso por incumplimiento en el que se solicita que se declare que, por una parte, al rebajar la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo, aplicando esa medida a los jueces en ejercicio que fueron nombrados en ese órgano judicial antes de una determinada fecha y, por otra parte, al conceder al Presidente del Estado miembro la facultad discrecional de prorrogar la función judicial activa de los jueces de dicho órgano judicial más allá de la nueva edad de jubilación establecida, dicho Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los motivos invocados por la Comisión plantean la cuestión del alcance preciso de las disposiciones anteriormente citadas en el contexto del ejercicio, por un Estado miembro, de su competencia de organización de su sistema judicial; se trata de una cuestión jurídica compleja, objeto de controversia entre las partes y cuya solución no se evidencia de manera inmediata siendo necesario, por tanto, un examen más profundo, que no puede llevar a cabo el juez de medidas provisionales.

Por otra parte, habida cuenta, en particular de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entre otras las sentencias de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), y de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), los argumentos invocados por la Comisión no parecen a primera vista carentes de fundamento serio.

En efecto, según dicha jurisprudencia, todo Estado miembro debe garantizar que aquellos órganos que, en calidad de «órganos jurisdiccionales» —en el sentido definido por el ordenamiento jurídico de la Unión—, formen parte de su sistema de vías de recurso «en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión» —en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo— cumplan las exigencias de la tutela judicial efectiva.

Pues bien, para garantizar la tutela judicial efectiva, resulta primordial preservar la independencia de tales órganos, como así lo confirma el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, precepto que, entre las exigencias vinculadas al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, menciona el acceso a un juez «independiente».

A la vista de las anteriores consideraciones, no cabe excluir a primera vista que las disposiciones nacionales controvertidas infrinjan el deber que, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, incumbe al Estado miembro de garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

(véanse los apartados 30, 39 a 42 y 44)