AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Segunda)

de 28 de septiembre de 2015

Christiana Kriscak

contra

Oficina Europea de Policía (Europol)

«Función pública — Personal de Europol — Convenio Europol — Estatuto del personal de Europol — Apéndice 1 del Estatuto del personal de Europol — Lista de puestos señalados en negrita que sólo pueden ser ocupados por personal nombrado de entre los servicios competentes en el sentido del artículo 2, apartado 4, del Convenio Europol — Puestos reservados — Decisión Europol — Puestos que sólo pueden dotarse con personal procedente de las autoridades competentes en el sentido del artículo 3 de la Decisión Europol — Aplicación del ROA a los agentes de Europol — No renovación de un contrato de agente temporal de duración determinada — Negativa a ofrecer un contrato de agente temporal por tiempo indefinido — Recurso de anulación — Recurso de indemnización»

Objeto:

Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE en el que la Sra. Kriscak solicita, en particular, la anulación de la decisión presunta de la Oficina Europea de Policía (Europol) de desestimar su solicitud de que se renovara su contrato de agente temporal, que expiraba el 30 de noviembre de 2013, transformándolo en un contrato por tiempo indefinido.

Resultado:

Se declara el recurso manifiestamente infundado. La Oficina Europea de Policía cargará con sus propias costas y con un tercio de las costas de la Sra. Kriscak. La Sra. Kriscak cargará con dos tercios de sus propias costas.

Sumario

Recursos de funcionarios — Agentes de Europol — Interés en ejercitar la acción — Decisión de no ofrecer un contrato de agente temporal por tiempo indefinido a un agente que no cumple los requisitos para ello — Motivo basado en la existencia de vicios sustanciales de forma — Motivo inoperante

Aunque la administración no está obligada a motivar su decisión de renovar un contrato de agente temporal en la fecha en que éste expira, sí está obligada, en cambio, a motivar la decisión por la que desestima la solicitud de un agente de que se renueve su contrato, pues tal decisión constituye un acto lesivo. (véase el apartado 46) Referencia: Tribunal de la Función Pública: sentencia de 27 de noviembre de 2012, Sipos/OAMI, F‑59/11, EU:F:2012:164, apartado 71

Una institución de la Unión puede subsanar un eventual defecto de motivación ofreciendo una motivación adecuada en la fase de la respuesta a la reclamación, suponiéndose que esta última motivación coincide con la motivación de la decisión contra la que se formuló la reclamación. Por tanto, tratándose de una decisión presunta, que necesariamente carece de motivación alguna, la institución de que se trate puede cumplir la obligación de motivación que le imponen el artículo 25 del Estatuto y el artículo 296 TFUE exponiendo las razones de tal decisión en la decisión desestimatoria de la reclamación. (véanse los apartados 47 y 48) Referencia: Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 18 de septiembre de 2003, Lebedef y otros/Comisión, T‑221/02, EU:T:2003:239, apartado 62 Tribunal General: auto de 20 de noviembre de 2012, Marcuccio/Comisión, T‑491/11 P, EU:T:2012:608, apartado 24

Se desprende del texto de la normativa relativa a la atribución de contratos por tiempo indefinido, adoptada por el consejo de administración de la Oficina Europea de Policía (Europol), que sólo podían ofrecerse contratos de este tipo a los agentes que ocupasen puestos no incluidos en la lista de puestos reservados. Así pues, cuando un agente de Europol ocupa un puesto reservado, no es posible ofrecerle un contrato por tiempo indefinido, por lo que Europol actuó legítimamente al no constituir un panel para examinar la posibilidad de atribuir tal contrato al interesado. Si bien es cierto que, con arreglo al artículo 3 de la decisión del consejo de administración de Europol de 7 de febrero de 2013, Europol puede excepcionalmente establecer excepciones a la regla que dispone que los puestos reservados deben ser ocupados por personas procedentes de las autoridades competentes de los Estados miembros en el sentido del artículo 3 de la Decisión 2009/371, por la que se crea Europol, no por ello dicha Oficina está autorizada a establecer excepciones a la prohibición de celebrar un contrato por tiempo indefinido con esos agentes. En efecto, cuando se ha cubierto un puesto reservado mediante un procedimiento de selección sin restricciones en cuanto a los candidatos, el apartado 2 del artículo 3 de la decisión del consejo de administración de 7 de febrero de 2013 dispone que al candidato seleccionado sólo se le podrá ofrecer un contrato de duración determinada, renovable una vez por una duración también determinada. (véanse los apartados 62 a 64)

No puede calificarse de vulneración del deber de asistencia y protección el hecho de que la administración no haya adoptado una decisión expresa sobre una petición presentada con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto. En efecto, esa disposición contempla la posibilidad de que la administración no dé una respuesta expresa a esa petición dentro del plazo fijado en el Estatuto, en cuyo caso se considera que existe una decisión presunta, contra la que puede interponerse una reclamación. Por consiguiente, el mero hecho de que una institución no haya dado una respuesta expresa dentro del plazo fijado en el Estatuto no constituye, en sí mismo, una vulneración de su deber de asistencia y protección con respecto al interesado. (véase el apartado 71)

La administración dispone de una amplia facultad de apreciación en materia de renovación de contratos y, en este contexto, el control del juez se limita a la cuestión de si la administración se ha mantenido dentro de unos límites no criticables, habida cuenta de los métodos y de los medios que han podido llevarla a formular su apreciación, y no ha ejercido esta facultad de manera manifiestamente errónea. Además, el deber de asistencia y protección implica que, al pronunciarse sobre la situación de un agente, incluso en ejercicio de su amplia facultad de apreciación, la autoridad competente debe tomar en consideración todas las circunstancias que puedan determinar su decisión; en esta situación le incumbe tener en cuenta, no sólo el interés del servicio, sino también el interés del funcionario o agente de que se trate. Teniendo precisamente en cuenta la amplia facultad de apreciación de que disponen las instituciones al evaluar el interés del servicio, el control del juez de la Unión debe limitarse a la cuestión de si la autoridad competente se ha atenido a unos límites razonables y no ha hecho uso de su facultad de apreciación de manera errónea. En relación con ello, el respeto del deber de asistencia y protección y el concepto de interés del servicio no obligan a la administración a examinar previamente, antes de decidir no renovar un contrato de agente temporal, la posibilidad de trasladar al agente de que se trate a otro puesto. Así pues, la administración no está en absoluto obligada a investigar, antes de adoptar la decisión de no renovar un contrato de agente temporal, si existe algún otro puesto que el interesado podría ocupar fructíferamente en interés del servicio. En este contexto, por lo que respecta a la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, adjunto a la Directiva 1999/70, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y que tiene por objeto evitar la utilización abusiva de los contratos de duración determinada, no se recoge en ella derecho alguno del personal contratado a una cierta continuidad en el empleo. (véanse los apartados 72 a 74 y 77) Referencia: Tribunal General: sentencia de 21 de mayo de 2014, Comisión/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, apartado 57 Tribunal de la Función Pública: sentencia de 25 de junio de 2014, Molina Solano/Europol, F‑66/13, EU:F:2014:168, apartado 54

El principio de igualdad de trato prohíbe que situaciones comparables se traten de forma diferente o que situaciones diferentes se traten de la misma forma, a menos que dicho trato, diferente o idéntico según los casos, esté objetivamente justificado. Un agente de la Oficina Europea de Policía (Europol) que ocupa un puesto reservado no se encuentra, en lo que respecta a la posible renovación de su contrato, en una situación idéntica o comparable a la de un agente de Europol que no ocupe un puesto reservado y al que, en virtud del artículo 57, apartado 3, de la Decisión 2009/371, por la que se crea Europol, únicamente puede renovársele su contrato por tiempo indefinido. (véanse los apartados 79 y 80) Referencia: Tribunal de la Función Pública: sentencias de 28 de abril de 2009, Balieu‑Steinmetz y Noworyta/Parlamento, F‑115/07, EU:F:2009:41, apartado 26, y de 25 de junio de 2014, Molina Solano/Europol, F‑66/13, EU:F:2014:168, apartado 18

Un funcionario no tiene interés legítimo alguno en solicitar la anulación de una decisión por vicio de forma y, en particular, por violación de su derecho a ser oído antes de la adopción de cualquier decisión que le sea lesiva, en un caso en el que la administración no dispone de ningún margen de apreciación y se encuentra obligada a actuar como lo hizo. En este supuesto de competencia reglada de la administración, la anulación de la decisión impugnada sólo podría dar lugar, una vez subsanado ese vicio, a la adopción de una decisión idéntica en cuanto al fondo a la decisión anulada. Éste es el caso de la decisión de no renovación de un contrato de duración determinada de un agente de la Oficina Europea de Policía (Europol), ya que se deduce de la lectura del artículo 39, apartado 4, y del artículo 57, apartado 3, de la Decisión 2009/371, por la que se crea Europol, puestos en relación, que a Europol no le era posible acceder a la solicitud del interesado de que se le ofreciera un contrato por tiempo indefinido. Por tanto, si bien es cierto que la decisión impugnada se adoptó sin haber oído al interesado, lo que constituye un vicio sustancial de forma, no es menos cierto que, incluso en el caso de que Europol hubiera respetado el derecho de defensa del interesado y lo hubiera escuchado antes de adoptar dicha decisión, con arreglo al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esta Oficina se habría visto obligada a adoptar una decisión idéntica en cuanto al fondo a la decisión impugnada, ya que se encontraba en una situación de competencia reglada. (véanse los apartados 86 a 88) Referencia: Tribunal de Justicia: sentencia de 29 de abril de 2004, Parlamento/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, apartados 59 a 61