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A tenor del artículo 183 de dicho código, cuyo epígrafe es «Financiación de proyectos»: «1. Para la realización de obras públicas o de utilidad pública, incluidas las relativas a estructuras destinadas a la navegación de recreo, inscritas en los instrumentos de programación oficialmente adoptados por la administración adjudicadora sobre la base de la normativa vigente, incluidos los planes portuarios, que puedan financiarse total o parcialmente con capital privado, en lugar de adjudicar contratos por medio de una concesión en virtud de la parte III, las administraciones adjudicadoras podrán adjudicar una concesión mediante licitación basada en el proyecto de viabilidad, publicando un anuncio de licitación que tenga por objeto la presentación de ofertas que prevean la utilización de recursos total o parcialmente a cargo de los autores de las propuestas. En cualquier caso, para las infraestructuras relativas a obras lineales, es necesario que las propuestas correspondientes estén inscritas en los instrumentos de programación adoptados por el Ministerio de Infraestructuras y Transportes. 2. El anuncio de licitación se publicará de conformidad con lo establecido en el artículo 72 o en el artículo 36, apartado 9, en función del importe de las obras, y la licitación se basará en el proyecto de viabilidad elaborado por la administración adjudicadora. El proyecto de viabilidad en que se base la licitación será elaborado por el personal de las administraciones adjudicadoras que cumpla los requisitos subjetivos necesarios para la preparación de dicho proyecto, que dependen de las diferentes profesiones que forman parte del enfoque pluridisciplinario inherente al proyecto de viabilidad. En caso de escasez de personal suficientemente cualificado, las administraciones adjudicadoras podrán confiar la redacción del proyecto de viabilidad a terceros, elegidos según los procedimientos previstos en el presente código. Los gastos efectuados para confiar actividades a terceros pueden incluirse en el marco económico de la obra. […] 15. Los operadores económicos podrán presentar a las administraciones adjudicadoras propuestas sobre la realización mediante concesión de obras públicas o de utilidad pública, incluidas las relativas a las estructuras destinadas a la navegación de recreo, no inscritas en los instrumentos de programación adoptados por la administración adjudicadora sobre la base de la normativa vigente. La propuesta incluirá un proyecto de viabilidad, un proyecto de convenio, el plan económico y financiero certificado por una de las entidades contempladas en el apartado 9, primera frase, así como la especificación de las características del servicio y de la gestión. En el caso de las estructuras destinadas a la navegación de recreo, el proyecto de viabilidad deberá describir las características cualitativas y funcionales de las obras, así como el marco de las necesidades que deban satisfacerse y de las prestaciones específicas que hayan de proporcionarse, contener un estudio que incluya la descripción del proyecto y los datos necesarios para determinar y evaluar los principales efectos que el proyecto pueda tener sobre el medio ambiente, y completarse según las solicitudes específicas del Ministerio de Infraestructuras y Transportes, adoptadas mediante sus propios decretos. El plan económico y financiero incluirá el importe de los gastos efectuados para la preparación de la propuesta, incluidos los derechos sobre las obras intelectuales en virtud del artículo 2578 del Código Civil. La propuesta irá acompañada de las declaraciones juradas relativas a la reunión de los requisitos contemplados en el apartado 17, de la fianza prevista en el artículo 93 y del compromiso de constituir una fianza por el importe indicado en el apartado 9, tercera frase, en caso de licitación. La administración adjudicadora evaluará la viabilidad de la propuesta en el plazo imperativo de tres meses. Para ello, la administración adjudicadora podrá instar al autor de la propuesta a aportar al proyecto de viabilidad las modificaciones necesarias para su aprobación. Si el autor de la propuesta no incluye las modificaciones solicitadas, la propuesta no podrá evaluarse positivamente. El proyecto de viabilidad eventualmente modificado se inscribirá en los instrumentos de programación adoptados por la administración adjudicadora sobre la base de la normativa vigente y se aprobará según las normas aplicables a la aprobación de los proyectos; el autor de la propuesta está obligado a incorporar las modificaciones adicionales eventualmente solicitadas en la fase de aprobación del proyecto, sin lo cual el proyecto se considerará no aprobado. El proyecto de viabilidad aprobado sirve de base a la licitación, a la que se invita al autor de la propuesta. En el anuncio de licitación, la administración adjudicadora podrá solicitar a los competidores, incluido el autor de la propuesta, que presenten variantes del proyecto. El anuncio de licitación precisará que el promotor puede ejercer su derecho de prioridad. Los competidores, incluido el promotor, deberán reunir los requisitos establecidos en el apartado 8 y presentar una oferta que contenga un proyecto de convenio, el plan económico y financiero certificado por una de las entidades mencionadas en el apartado 9, primera frase, así como la especificación de las características del servicio y de la gestión y cualquier variante del proyecto de viabilidad; serán de aplicación los apartados 4, 5, 6, 7 y 13. Si el promotor no fuese el adjudicatario, podrá ejercer su derecho de prioridad y ser nombrado adjudicatario en un plazo de quince días a partir de la fecha de la comunicación de la adjudicación si declara comprometerse a cumplir las obligaciones contractuales en las mismas condiciones que las propuestas por el adjudicatario. Si el promotor no fuese el adjudicatario y no ejerciese su derecho de prioridad, tendrá derecho a que el adjudicatario le reembolse el importe de los gastos en que hubiese incurrido para preparar la propuesta dentro de los límites indicados en el apartado 9. Si el promotor ejerciese su derecho de prioridad, el adjudicatario inicial tendrá derecho a que el promotor le reembolse el importe de los gastos en que hubiese incurrido para preparar la oferta dentro de los límites indicados en el apartado 9. 16. Las propuestas contempladas en el apartado 15, primera frase, podrán referirse, en lugar de a la concesión, a todos los contratos en colaboración público-privada. […]»