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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Svea hovrätt — Suecia) — Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain

(Asunto C-554/17) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Proceso europeo de escasa cuantía - Reglamento (CE) n.o 861/2007 - Artículo 16 - «Parte perdedora» - Costas procesales - Reparto - Artículo 19 - Derechos procesales de los Estados miembros)

(2019/C 131/11)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Svea hovrätt

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Rebecka Jonsson

Demandada: Société du Journal L’Est Républicain

Fallo

El artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional conforme a la cual, cuando solo se estimen parcialmente las pretensiones de una parte, el juez nacional podrá ordenar que cada parte en el procedimiento cargue con sus propias costas o podrá repartir esas costas entre dichas partes. En tal supuesto, el juez nacional podrá determinar libremente, en principio, el reparto del importe de esas costas, siempre que las normas procesales nacionales sobre reparto de las costas en los procedimientos de escasa cuantía transfronterizos no sean menos favorables que las normas procesales que regulan situaciones similares sometidas al Derecho interno y siempre que los requisitos procesales relativos al reparto de esas costas no lleve a que las personas interesadas renuncien a utilizar ese proceso europeo de escasa cuantía al imponer de todas formas al demandante, cuando se estimen en gran medida sus pretensiones, el pago de sus propias costas o de una parte sustancial de estas.

(1) DO C 402 de 27.11.2017.
2)

El artículo 15, apartados 1 y 4, de la Directiva 2003/86, no se opone a una normativa nacional que permite denegar una solicitud de permiso de residencia autónomo, presentada por un nacional de un tercer país que ha residido más de cinco años en el territorio de un Estado miembro por razones de reagrupación familiar, por no justificar haber superado un examen de integración cívica sobre la lengua y la sociedad de dicho Estado miembro, siempre que las disposiciones concretas que regulan la obligación de aprobar ese examen no excedan de lo necesario para lograr el objetivo de facilitar la integración de los nacionales de terceros países.
C 408/26

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 13 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Noord-Holland — Países Bajos) — Vision Research Europe BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(Asunto C-372/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Arancel aduanero común - Partidas arancelarias - Clasificación de las mercancías - Cámara que tiene una memoria volátil, de modo que las imágenes grabadas se borran cuando la cámara se apaga o cuando se capturan nuevas imágenes - Nomenclatura combinada - Subpartidas 8525 80 19 y 8525 80 30 - Notas explicativas - Interpretación - Reglamento de Ejecución (UE) n.o 113/2014 - Interpretación - Validez])

(2018/C 408/33)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Noord-Holland

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vision Research Europe BV

Demandada: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Fallo

La subpartida 8525 80 30 de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en su versión resultante del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, debe interpretarse en el sentido de que se incluye en ella una cámara, como la controvertida en el litigio principal, que tiene la capacidad de capturar un gran número de imágenes fotográficas por segundo y conservarlas en su memoria volátil interna, de donde son borradas cuando la cámara se apaga, y que el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 113/2014 de la Comisión, de 4 de febrero de 2014, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada, en la medida en que es aplicable por analogía a productos con las características de dicha cámara, es inválido.

(1) DO C 300 de 11.9.2017.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud České republiky — República Checa) — Catlin Europe SE / O.K. Trans Praha spol. s r.o.

(Asunto C-21/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil y mercantil - Proceso monitorio europeo - Reglamento (CE) n.o 1896/2006 - Expedición del requerimiento de pago junto con la petición de requerimiento - Inexistencia de traducción de la petición de requerimiento - Requerimiento europeo de pago declarado ejecutivo - Solicitud de revisión tras la expiración del plazo para presentar escrito de oposición - Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales - Reglamento (CE) n.o 1393/2007 - Aplicabilidad - Artículo 8 y anexo II - Información al destinatario del derecho a negarse a recibir un escrito de inicio del proceso no traducido - Omisión del formulario normalizado - Consecuencias])

(2018/C 399/08)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Nejvyšší soud České republiky

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Catlin Europe SE

Demandada: O.K. Trans Praha spol. s r. o.

Fallo

El Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, así como el Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documento judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que, en caso de que un requerimiento europeo de pago se notifique o traslade al demandado sin que la petición de requerimiento adjunta a este se haya redactado o vaya acompañada de una traducción en una lengua que se presume que el demandado entiende, como exige el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 1393/2007, debe informarse debidamente al demandado, mediante el formulario normalizado que figura en el anexo II de este último Reglamento, de su derecho a negarse a aceptar el documento de que se trata.

En caso de omisión de esta formalidad, la regularización del procedimiento debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en este último Reglamento, mediante la comunicación al interesado del formulario normalizado que figura en el anexo II de este.

En ese caso, por razón de la irregularidad de procedimiento que afecta a la notificación o al traslado del requerimiento europeo de pago, junto con la petición de requerimiento, este requerimiento no adquiere fuerza ejecutiva y el plazo concedido al demandado para presentar escrito de oposición no comienza a correr, de modo que el artículo 20 del Reglamento n.o 1896/2006 no resulta de aplicación.

(1) DO C 112 de 10.4.2017.
C 328/20

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de julio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Förvaltningsrätten i Malmö — Suecia) — A / Migrationsverket

(Asunto C-404/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Política de asilo - Directiva 2013/32/UE - Artículo 31, apartado 8, y artículo 32, apartado 2 - Solicitud de protección internacional manifiestamente infundada - Concepto de país de origen seguro - Inexistencia de normas nacionales relativas a este concepto - Declaraciones del solicitante consideradas fiables aunque insuficientes habida cuenta del carácter satisfactorio de la protección ofrecida por su país de origen))

(2018/C 328/24)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Förvaltningsrätten i Malmö

Partes en el procedimiento principal

Demandante: A

Demandada: Migrationsverket

Fallo

El artículo 31, apartado 8, letra b), de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 32, apartado 2, de la misma, debe interpretarse en el sentido de que no permite considerar manifiestamente infundada una solicitud de protección internacional en una situación como la del litigio principal, en la que, por un lado, de la información sobre el país de origen del solicitante resulta que en este se le puede garantizar un nivel de protección aceptable y, por otro lado, el solicitante no ha facilitado información suficiente para justificar que se le conceda protección internacional, cuando el Estado miembro en el que se ha presentado la solicitud no ha adoptado normas de aplicación del concepto de país de origen seguro.

(1) DO C 293 de 4.9.2017.
C 352/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Château du Grand Bois SCI / Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Asunto C-59/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Agricultura - Mercado vitivinícola - Reglamento (CE) n.o 555/2008 - Ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos - Controles sobre el terreno sin previo aviso - Competencias de los agentes de control - Posibilidad de entrar en una explotación agrícola sin consentimiento de su titular])

(2018/C 352/07)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Château du Grand Bois SCI

Recurrida: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Fallo

Los artículos 76, 78 y 81 del Reglamento (CE) n.o 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola, deben interpretarse en el sentido de que no autorizan a los agentes que efectúen un control sobre el terreno a entrar en una explotación agrícola sin consentimiento de su titular.

(1) DO C 112 de 10.4.2017.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de julio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Gmina Ryjewo

(Asunto C-140/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículos 167, 168 y 184 - Deducción del impuesto soportado - Regularización - Bienes inmuebles de inversión - Afectación inicial a una actividad que no confiere el derecho a deducción y luego, además, a una actividad sujeta al IVA - Organismo público - Condición de sujeto pasivo en el momento de realizar la operación sujeta al impuesto))

(2018/C 328/18)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Naczelny Sąd Administracyjny

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Recurrida: Gmina Ryjewo

Fallo

Los artículos 167, 168 y 184 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y el principio de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido (IVA) deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un organismo de Derecho público disfrute del derecho a regularizar las deducciones del IVA que soportó por un bien inmueble de inversión en una situación como la que se contempla en el litigio principal, en la que, al adquirir dicho inmueble, por una parte, este último podía destinarse por su naturaleza tanto a actividades gravadas como a actividades no gravadas, pero en un primer momento se utilizó para actividades no gravadas y, por otra parte, el organismo público no había declarado expresamente que tuviera la intención de afectar dicho inmueble a una actividad gravada, pero tampoco había excluido tal posibilidad, en la medida en que el análisis de conjunto de las circunstancias de hecho, cuya realización incumbe al tribunal nacional, permita concluir que concurre el requisito establecido en el artículo 168 de la Directiva 2006/112, según el cual el sujeto pasivo debe haber actuado en su condición de sujeto pasivo en el momento en que adquirió el bien de que se trate.

(1) DO C 202 de 26.6.2017.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 112/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 31 de enero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Szczecinie — Polonia) — Paweł Hofsoe / LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

(Asunto C-106/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil - Reglamento (UE) n.o 1215/2012 - Artículo 11, apartado 1, letra b), y artículo 13, apartado 2 - Competencia en materia de seguros - Ámbito de aplicación personal - Concepto de «persona perjudicada» - Profesional del sector de los seguros - Exclusión])

(2018/C 112/07)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Paweł Hofsoe

Demandada: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

Fallo

El artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el artículo 11, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que una persona física, cuya actividad profesional consiste, en particular, en reclamar a las entidades aseguradoras el pago de las indemnizaciones por daños y que para ello se basa en un contrato de cesión de crédito celebrado con el afectado por un accidente de tráfico, no puede invocar los citados preceptos para ejercitar una acción de responsabilidad civil contra la entidad aseguradora del causante del accidente, que tiene su domicilio social en un Estado miembro distinto del Estado miembro del domicilio del perjudicado, ante un tribunal de este último Estado miembro.

(1) DO C 202 de 26.6.2017.
Asunto C-75/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de abril de 2018 — Fiesta Hotels & Resorts, S.L. / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Residencial Palladium, S.L. [Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículo 8, apartado 4 — Artículo 65 — Nombre comercial no registrado GRAND HOTEL PALLADIUM — Marca figurativa que contiene los elementos verbales «PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA» — Solicitud de nulidad basada en un derecho anterior adquirido con arreglo al Derecho nacional — Requisitos — Signo cuya alcance no es únicamente local — Derecho a prohibir la utilización de una marca posterior]

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de abril de 2018 — Fiesta Hotels & Resorts, S.L. / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Residencial Palladium, S.L.

(Asunto C-75/17 P) ( 1 )

«[Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículo 8, apartado 4 — Artículo 65 — Nombre comercial no registrado GRAND HOTEL PALLADIUM — Marca figurativa que contiene los elementos verbales «PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA» — Solicitud de nulidad basada en un derecho anterior adquirido con arreglo al Derecho nacional — Requisitos — Signo cuya alcance no es únicamente local — Derecho a prohibir la utilización de una marca posterior]»

Partes

Recurrente: Fiesta Hotels & Resorts, S.L. (representantes: J.-B. Devaureix y J.C. Erdozain López, abogados)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (representantes: J. Crespo Carrillo y D. Botis, agentes), Residencial Palladium, S.L. (representante: D. Solana Giménez, abogado)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Fiesta Hotels & Resorts, S.L.

( 1 ) DO C 151 de 15.5.2017.
1)

El artículo 4 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la autoridad responsable de examinar las solicitudes de protección internacional o los órganos jurisdiccionales competentes para conocer, en su caso, de un recurso contra una decisión de esta autoridad, ordenen un dictamen pericial para la valoración de los hechos y las circunstancias relativos a la orientación sexual alegada por el solicitante, siempre que los métodos empleados en tal dictamen respeten los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dicha autoridad y los órganos jurisdiccionales no fundamenten su decisión exclusivamente en las conclusiones del dictamen pericial y que no queden vinculados por esas conclusiones al valorar las declaraciones del solicitante sobre su orientación sexual.
1)

El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 75/363/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los médicos, en su versión modificada por la Directiva 82/76/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982, y el artículo 24, apartado 1, letra c), de la Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual la concesión de la asignación nacional destinada a financiar una formación, impartida en otro Estado miembro, que permite la obtención del título de médico especialista está supeditada a la condición de que el médico beneficiario ejerza su actividad profesional en este primer Estado miembro durante cinco años en los diez años siguientes a la obtención de la especialidad o, en su defecto, a que restituya hasta el 70 % del importe de la asignación percibida, más los intereses.
2)

El artículo 299 TFUE y el Reglamento (CEE) n.o 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, el Reglamento (CEE) n.o 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, y el Reglamento (CEE) n.o 4256/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2052/88, en lo relativo al FEOGA, sección Orientación, deben interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, no determinan quiénes son las personas contra las que puede incoarse la ejecución forzosa en virtud de una decisión de la Comisión relativa a la devolución de importes abonados que es título ejecutivo. Incumbe al Derecho nacional determinar quiénes son estas personas, respetando los principios de equivalencia y de efectividad.
2)

El artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.o 1008/2008 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la aplicación de una normativa nacional que transpone la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, pueda llevar a anular una cláusula que figura en las condiciones generales de contratación y que permite facturar gastos de tramitación a tanto alzado específicos a los clientes que no se hayan presentado a un vuelo o que hayan anulado su reserva.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 239/16

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 11 de mayo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Noord-Nederland, Países Bajos) — Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

(Asunto C-302/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Transportes aéreos - Reglamento (CE) n.o 261/2004 - Artículo 5, apartado 1, letra c) - Compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de cancelación de un vuelo - Exención de la obligación de pagar una compensación - Contrato de transporte celebrado a través de una agencia de viajes operativa en Internet - Transportista aéreo que informó con tiempo suficiente a la agencia de viajes de un cambio en el horario de vuelo - Agencia de viajes que por correo electrónico transmitió esta información al pasajero diez días antes del vuelo])

(2017/C 239/20)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Noord-Nederland

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Bas Jacob Adriaan Krijgsman

Demandada: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

Fallo

Los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, deben interpretarse en el sentido de que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo está obligado a abonar la compensación establecida en estas disposiciones en caso de que se cancele un vuelo sin que el pasajero haya sido informado de ello con al menos dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista, incluso cuando el transportista informó de esta cancelación, al menos dos semanas antes de tal hora, a la agencia de viajes a través de la cual se había concluido el contrato de transporte con el pasajero en cuestión pero esta agencia no informó a dicho pasajero dentro del plazo antes mencionado.

(1) DO C 326 de 5.9.2016.