96.

A la luz del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del modo siguiente a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría): «1) El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, debe interpretarse en el sentido de que: – no se oponen al reconocimiento de la condición de “empresa suministradora de servicios de comunicaciones electrónicas”, en el sentido de tal disposición, a una empresa que cumpla los requisitos a que está sujeta la autorización general a que se refiere el artículo 3, apartado 2, primera frase, de la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en el Estado miembro al que pertenece la ANR que ha adoptado la decisión controvertida, por un lado, el hecho de que tal empresa no opere todavía en el mercado de dicho Estado miembro y no esté todavía registrada en él, en el sentido de la segunda frase del apartado 2 de dicho artículo 3, ni, por otro lado, la circunstancia de que tal empresa no suministre actualmente servicios de comunicaciones electrónicas, siempre que demuestre un propósito real y una posibilidad no meramente hipotética, sino efectiva, en lo relativo a infraestructuras y tecnología, de acceder al mercado de dichos servicios en el Estado miembro de que se trate. También puede reconocerse la condición de “empresa suministradora de servicios de comunicaciones electrónicas” a una persona jurídica que, pese a no desarrollar directamente una actividad de suministro de servicios de comunicaciones electrónicas, constituye la sociedad holding de un grupo que suministra tales servicios; – para disfrutar del derecho a interponer recurso contra la decisión de una ANR en el sentido de dicha disposición, una empresa que suministra redes o servicios de comunicaciones electrónicas debe demostrar que el contenido de tal decisión puede vulnerar directamente los derechos de que disfruta en virtud del ordenamiento jurídico de la Unión, en particular, de las directivas en materia de servicios de comunicaciones electrónicas. Si bien tal vulneración no ha de ser necesariamente cierta y actual, sí deberá, no obstante, poder verificarse de un modo razonablemente probable. Una empresa que se ajusta al concepto de “empresa suministradora de servicios de comunicaciones electrónicas”, en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco, que haya presentado una oferta para participar en un procedimiento de selección para el otorgamiento de derechos de uso de frecuencias debe considerarse “afectada”, en el sentido de tal disposición, por la decisión mediante la que se declara el resultado del procedimiento de selección. Dicha empresa no perderá la condición de “afectada” por el mero hecho de haber sido excluida de tal procedimiento por no cumplir el requisito de admisión que exige no haber sido condenada por infracción de las normas de competencia durante un determinado período de tiempo anterior a la apertura del procedimiento de subasta; – una entidad que participa en un procedimiento de subasta organizado por una ANR en el sentido del artículo 7 de la Directiva autorización con el fin de asignar derechos de uso de frecuencias dispone de un derecho de recurso contra las decisiones de la ANR adoptadas en el marco de dicho procedimiento, tanto si se trata de decisiones de las que dicha entidad es destinataria, como si se trata, cuando concurren los requisitos establecidos en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/21, de decisiones de las que no es directamente destinataria. La legitimación de una empresa excluida de tal procedimiento para impugnar la decisión final de adjudicación de las frecuencias no depende de que la decisión de exclusión tenga o no carácter definitivo si se pone de manifiesto que dicha empresa cumple los requisitos establecidos en el citado artículo 4, apartado 1. 2) Un procedimiento de subasta organizado por una ANR en el sentido del artículo 7 de la Directiva 2002/20 y la decisión de tal autoridad mediante la que se declara el resultado de dicho procedimiento persiguen el objetivo de defensa de una competencia efectiva y no falseada.»