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Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Reino Unido) el 22 de abril de 2020 — Administrador fiduciario colegiado n.o 1 en la quiebra del Sr. M., Administrador fiduciario colegiado n.o 2 en la quiebra del Sr. M. / Sra. M. MH, ILA, Sr. M

(Asunto C-168/20)

(2020/C 262/15)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Administrador fiduciario colegiado n.o 1 en la quiebra del Sr. M., Administrador fiduciario colegiado n.o 2 en la quiebra del Sr. M.

Demandadas: Sra. M, MH, ILA, y Sr. M.

Cuestiones prejudiciales

1) Cuando un nacional de un Estado miembro ha ejercido los derechos que le reconocen los artículos 21 TFUE y 49 TFUE y la Directiva de los derechos de los ciudadanos (Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) (1) trasladándose al Reino Unido o estableciéndose en él, ¿es compatible con dichas disposiciones que el artículo 11 de la WRPA 1999 excluya de la masa de la quiebra los derechos de pensiones derivados de un régimen de pensiones, incluidos los adquiridos y aprobados fiscalmente en otros Estados miembros, dependiendo de si, en el momento de declararse la quiebra, el régimen de pensiones estaba registrado con arreglo al artículo 153 de la FA 2004 o era obligatorio con arreglo al artículo 2 del Reglamento de 2002 y, por lo tanto, estaba aprobado fiscalmente en el Reino Unido?

2) Para la respuesta a la primera cuestión, ¿es relevante o necesario: a) determinar si el interesado se ha trasladado al Reino Unido con la finalidad principal de declararse allí en quiebra? b) tener en cuenta: i) la protección que pueda existir a favor de la masa de la quiebra frente a regímenes de pensiones no aprobados con arreglo al artículo 12 de la WRPA 1999, y ii) la posibilidad de que los administradores fiduciarios de la quiebra recuperen cantidades procedentes de compromisos de pensiones aprobados? c) tener en cuenta las exigencias a las que están sujetos los regímenes de pensiones registrados y aprobados fiscalmente en el Reino Unido?

(1) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77).
Petición de decisión prejudicial planteada por la Sąd Rejonowy w Gliwicach (Polonia) el 5 de marzo de 2020 — D. Spółka Akcyjna / W. Zrt

(Asunto C-127/20)

(2020/C 209/16)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Partes en el procedimiento principal

Demandante: D. Spółka Akcyjna

Demandada: W. Zrt

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (1) en el sentido de que el transportista aéreo, cuyo avión se ha visto involucrado en una colisión con un ave, está obligado —en el marco de las medidas razonables que ha de adoptar— a tomar en consideración, cuando programan vuelos mediante un sistema rotacional, una reserva de tiempo suficiente para llevar a cabo el control de seguridad?

y en caso de respuesta negativa:

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 en el sentido de que el transportista aéreo, cuyo avión se ha visto involucrado en una colisión con un ave, está obligado —en el marco de las medidas razonables que ha de adoptar— a acordar los cuadrantes de servicio o de la tripulación de modo que esté disponible para realizar las actividades aéreas inmediatamente después de efectuar el control de seguridad requerido, con independencia de las limitaciones del tiempo de vuelo y de actividad, así como de los requisitos relativos al descanso, previstos en el anexo III del Reglamento (UE) n.o 965/2012 (2) de la Comisión de 5 de octubre de 2012 por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo?

(1) DO 2004, L 46, p. 1.

(2) DO 2012, L 296, p. 1.
Petición de decisión prejudicial planteada por la Administratīvā rajona tiesa (Letonia) el 27 de marzo de 2020 — AS «LatRailNet», VAS «Latvijas dzelzceļš» / Valsts dzelzceļa administrācija

(Asunto C-144/20)

(2020/C 201/26)

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Administratīvā rajona tiesa

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: AS «LatRailNet», VAS «Latvijas dzelzceļš»

Demandada: Valsts dzelzceļa administrācija

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 56, apartado 2, de la Directiva 2012/34 (1) en el sentido de que confiere al organismo regulador la facultad de adoptar por iniciativa propia una decisión por la que se conmine a la empresa que desempeña las funciones esenciales del administrador de infraestructuras ferroviarias mencionadas en el artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva a introducir, en disposiciones relativas al cálculo de los cánones por la utilización de infraestructuras (sistema de cánones), determinadas modificaciones que no conciernen a la discriminación en perjuicio de los candidatos?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿está facultado el organismo regulador para establecer, mediante tal decisión, las condiciones que deben cumplir dichas modificaciones, por ejemplo, imponiendo la obligación de excluir de los criterios para la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras los gastos previamente programados cubiertos por el presupuesto estatal o por los presupuestos de las administraciones locales que los transportistas de pasajeros no puedan cubrir con los ingresos procedentes del transporte?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2012/34 en el sentido de que la obligación impuesta a los Estados miembros en dicho apartado de garantizar una competitividad óptima de los segmentos de mercado ferroviario, al establecer recargos aplicables a los cánones por utilización de la infraestructura, resulta también aplicable a la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras en los segmentos de mercado en los que no existe competencia, por ejemplo, debido a que, en el segmento de mercado de que se trate, el transporte solo lo lleva a cabo un único operador ferroviario al que se le ha conferido el derecho exclusivo previsto en el artículo 2, letra f), del Reglamento n.o 1370/2007 (2) para realizar transportes en ese segmento de mercado?

(1) Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (DO 2012, L 343, p. 32).

(2) Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (DO 2007, L 315, p. 1).
1.

Primer motivo de casación , basado en que la sentencia recurrida, al desestimar el recurso y determinar en primer lugar que «[…] el Reglamento impugnado no afecta a aquellos de los [recurrentes] que son personas físicas debido a determinadas características particulares de los mismos o debido a una situación efectiva que los distinga de cualquier otra persona, sino en razón a sus convicciones, que comparte o puede compartir un número indeterminado de personas. En consecuencia, el Reglamento impugnado no afecta personalmente a los [recurrentes] en cuestión en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto», infringió el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, violó el principio de proporcionalidad e infringió el preámbulo, los artículos 47 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C-364/01), y el artículo 5, apartados 1 y 4, del Tratado de la Unión Europea (en sí mismo y en relación con el Protocolo n.o 2 por lo que respecta a la aplicación del principio de proporcionalidad), y la correspondiente jurisprudencia. Mediante su recurso, los recurrentes sostienen que el Reglamento impugnado vulnera algunos de sus derechos humanos, entre ellos, algunos derechos fundamentales previstos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (dignidad humana, conciencia religiosa, derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos, vida personal y libertad, datos de carácter personal, derecho al consentimiento expreso a su tratamiento), de tal modo que el Reglamento les afecta de modo directo y personal y que, debido precisamente a que los derechos vulnerados tienen naturaleza de derechos fundamentales , por un lado, están legitimados para interponer recurso de anulación ante el Tribunal General en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto y, por otro lado, el Tribunal General está obligado a controlar la nulidad de los Reglamentos en el supuesto de vulneración de los derechos humanos fundamentales.
C 161/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf (Alemania) el 10 de enero de 2020 — Flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Asunto C-10/20)

(2020/C 161/30)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Flightright GmbH

Demandada: Eurowings GmbH

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Debe interpretarse la regulación del pago de una compensación en caso de cancelación establecida en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) en relación con el artículo 7 de este, en el sentido de que los pasajeros que sean conducidos en un transporte alternativo a su destino final con un adelanto superior a una hora respecto a la hora de salida prevista y, por lo tanto, alcancen ese destino final con el transporte alternativo antes de lo que hubiera sido el caso con el vuelo programado (cancelado) también tienen derecho a percibir una compensación por aplicación analógica del artículo 7 de dicho Reglamento?

2. a) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede reducirse la compensación establecida en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 261/2004, que en principio cabe conceder, en función de la distancia de vuelo, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de este Reglamento, cuando la hora de llegada del transporte alternativo sea anterior a la hora de llegada prevista para el vuelo reservado inicialmente? b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2, letra a), ¿existe algún motivo de exclusión de la posibilidad de reducción cuando la hora de llegada del transporte alternativo sea muy anterior a la del vuelo reservado inicialmente, aproximadamente más de tres horas?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

¿Pueden considerarse como prestación de servicios realizada a título oneroso en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE los servicios de comunicación audiovisual prestados a los usuarios por la televisión pública si se financian mediante subvenciones estatales, de suerte que los usuarios no tienen que pagar ninguna tarifa por la difusión de los programas, o, por el contrario, debe considerarse que tales servicios no constituyen una prestación de servicios realizada a título oneroso en el sentido de dicha disposición y no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada Directiva?
1)

¿Son conformes con las disposiciones pertinentes [en materia de deducción del IVA] de la Directiva 2006/112 (1) y con el principio de neutralidad fiscal una interpretación y una práctica nacionales con arreglo a las cuales la autoridad tributaria deniega el derecho [a deducción del IVA] respecto a una operación económica realizada entre las partes, basándose en que considera fraudulenta la forma de relación jurídica entre estas (contrato de obra) porque conlleva derecho a deducción y, por tanto, la califica, con arreglo al artículo 1, apartado 7, [de la Ley de Procedimiento General Tributario] de una actividad (actividad de agente) que no genera derecho a deducción, al entender que el comportamiento de las partes tiene por objeto una evasión fiscal dado que la actividad llevada a cabo por el destinatario de la factura no debía revestir necesariamente [esa forma de actividad empresarial], puesto que también podía haberla realizado en calidad de agente. En este contexto, como requisito para aplicar la [deducción del IVA], ¿tienen los sujetos pasivos la obligación de índole fiscal de elegir como forma de actividad económica la que les supone una mayor carga fiscal, o constituye una práctica abusiva el hecho de que elijan, en ejercicio de la libertad de contratación de la que disfrutan y con fines ajenos al Derecho fiscal, una forma contractual de la actividad económica llevada a cabo entre ellas que surte también un efecto no perseguido por las mismas y que consiste en el derecho a deducir el impuesto?
1.

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento n.o 261/2004 (1) en el sentido de que el transporte alternativo al que se refiere dicha disposición, que permite despegar al pasajero con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista, debe efectuarse desde el mismo lugar de salida que el vuelo reservado o también es admisible la salida desde otro aeropuerto?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Salzburg (Austria) el 31 de octubre de 2019 — CT/VINI GmbH

(Asunto C-805/19)

(2020/C 77/28)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesgericht Salzburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CT

Demandada: VINI GmbH

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 2), y el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88/CE (Directiva del tiempo de trabajo), (1) en el sentido de que no es aplicable una disposición nacional como el artículo 10, apartado 2, de la Urlaubsgesetz (Ley de vacaciones), con arreglo a la cual no procede el pago de una compensación sustitutiva de las vacaciones correspondientes a la (última) anualidad en curso si el trabajador rescinde el contrato anticipadamente?

(1) Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).
1)

¿Deben interpretarse el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, el artículo 2, el artículo 4, apartado 3, y el artículo 6, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de que no es un juez independiente con arreglo al Derecho de la Unión una persona que haya sido nombrada para desempeñar el cargo de juez con flagrante infracción de las normas del Derecho del Estado miembro relativas al nombramiento de jueces, consistente, en particular, en que esa persona haya sido nombrada para desempeñar el cargo de juez a resultas de haber sido designada por un órgano que no ofrece garantías de independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo, ni de imparcialidad, al producirse una exclusión sistemática del control jurisdiccional de la legalidad del procedimiento de nombramiento, así como en que esa persona haya sido nombrada para desempeñar el cargo de juez, pese a que anteriormente había sido impugnada ante el órgano jurisdiccional nacional competente [el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia)] la resolución del órgano nacional [Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia)] relativa a la propuesta de su nombramiento para desempeñar el cargo de juez, a que la ejecución de dicha resolución había sido suspendida con arreglo al Derecho nacional y a que no había concluido el procedimiento ante el órgano jurisdiccional nacional competente (Naczelny Sąd Administracyjny) en el momento de la notificación del nombramiento — y, en consecuencia, es un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y predeterminado por la ley, de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, el integrado por personas que hayan sido nombradas en las condiciones anteriormente expuestas?
4)

En caso de respuesta negativa a las cuestiones segunda y tercera 4.1. ¿Debe interpretarse el artículo 21 del Reglamento n.o 1215/2012 en el sentido de que, en el caso de una relación laboral en la que la trabajadora no ha realizado prestaciones de trabajo, debe demandarse en el Estado miembro en el que la trabajadora se mantuvo disponible para trabajar? 4.2. ¿Debe interpretarse el artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 en el sentido de que, en el caso de una relación laboral en la que la trabajadora no ha realizado prestaciones de trabajo, debe demandarse en el Estado miembro en el que se produjeron los preparativos y la celebración del contrato de trabajo, aun cuando en dicho contrato se acordaron o previeron prestaciones de trabajo en otro Estado miembro? En caso de respuesta negativa a la primera cuestión
a)

¿Qué requisitos deben cumplirse en la situación descrita en la primera cuestión prejudicial para que el solicitante de asilo sea considerado un «miembro de la familia» (artículo 2, letra j), de la Directiva 2011/95/UE) que se encuentra «en el mismo Estado miembro en relación con su solicitud de protección internacional» que el beneficiario de protección internacional y con el que existía una familia «ya en el país de origen»? ¿Se requiere, en particular, que se haya retomado la vida familiar, en el sentido del artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), entre el beneficiario de protección y el solicitante de asilo en el Estado miembro de acogida, o basta la mera presencia simultánea del beneficiario de protección y del solicitante de asilo en el Estado miembro de acogida? ¿Cabe considerar a un progenitor también miembro de la familia cuando, dadas las circunstancias del caso concreto, su llegada no tenía por objeto ejercer efectivamente su responsabilidad, en el sentido del artículo 2, letra j), tercer guion, de la Directiva 2011/95/UE, respecto del beneficiario de protección internacional, quien todavía era un menor no casado?
Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2019 — Comisión Europea/República de Austria

(Asunto C-787/19)

(2019/C 413/43)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: J. Jokubauskaitė y M. Wasmeier, agentes)

Demandada: República de Austria

Pretensiones de la parte demandante

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 73 y 306 a 310 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) al excluir del régimen del IVA de las agencias de viaje los servicios de viaje prestados a sujetos pasivos que utilizan tales servicios para sus negocios y al permitir a las agencias de viaje sujetas a este régimen particular determinar la base imponible del IVA de manera global por grupos de servicios y por todos los servicios prestados en un período impositivo.

— Condene en costas a la República de Austria.

Motivos y principales alegaciones

La parte demandante alega que las reglas de cálculo del IVA previstas en Austria en lo relativo a los servicios de viaje no son conformes con la Directiva 2006/112. Esta Directiva prevé en sus artículos 306 a 310 un régimen particular, en virtud del cual los servicios de viaje prestados por una agencia de viajes a un cliente son considerados un servicio único. El Derecho austriaco se aparta de ello de manera inadmisible.

En primer lugar, es inadmisible excluir de la aplicación de dicho régimen particular a los sujetos pasivos que utilizan los servicios de viaje para sus negocios. Ya en la sentencia de 26 de septiembre de 2013, Comisión/España (C-189/11, EU:C:2013:587), el Tribunal de Justicia declaró que el referido régimen particular es aplicable no solo a los servicios prestados a consumidores finales privados, sino también a los prestados a empresas que son sujetos pasivos. Los Estados miembros no pueden limitar la aplicación de ese régimen a la primera categoría. El Tribunal de Justicia lo ha confirmado una vez más en la sentencia de 8 de febrero de 2018, Comisión/Alemania (C-380/16, EU:C:2018:76).

En segundo lugar, el método de cálculo previsto en el Derecho tributario austriaco no es compatible con la Directiva 2006/112. Con arreglo a los artículos 73 y 306 a 310 de esta, la base imponible debe determinarse respecto a cada viaje por separado. En cambio, el Derecho austriaco permite determinar el margen de beneficio de manera global por «grupos de servicios» o por todos los viajes en un período de tiempo determinado. En las citadas sentencias, el Tribunal de Justicia consideró asimismo que este tipo de tratamiento global no es conforme con el sistema común del IVA.

(1) DO 2006, L 347, p. 1.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1889/2005 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad, en el sentido de que se opone a una sanción como la establecida por el artículo 653, letra i), del Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (Decreto del Gobierno n.o 707/2006), que dispone que las cantidades de dinero en efectivo superiores a 10 000 euros no declaradas por escrito a las autoridades aduaneras serán objeto de confiscación en su totalidad y con carácter definitivo?
4)

Si la segunda cuestión se responde negativamente y las cuestiones primera y tercera se responden afirmativamente, ¿deben interpretarse las disposiciones de la partida 2403 de la Nomenclatura Combinada que figuran en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, (2) en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011, el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) n.o 927/2012, de 9 de octubre de 2012, el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) n.o 1001/2013, de 4 de octubre de 2013 y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) n.o 1101/2014, de 16 de octubre de 2014, en el sentido de que los componentes del tabaco para pipa de agua tales como: 1) el jarabe de azúcar, 2) los aromatizantes o 3) la glicerina, no deben tratarse como «sucedáneos del tabaco»?