B.

¿Debe afirmarse, a causa de lo anterior, que el Tribunal de Bruselas había dejado de ser competente, al menos hasta que la Comisión hubiera adoptado su decisión, para resolver el litigio sometido a este Tribunal de Justicia? Para contestar afirmativamente esta pregunta, debería admitirse que dicho Tribunal es una de las «autoridades de los Estados miembros» a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento no 17, y, por lo tanto, procurar determinar el sentido y alcance de esta locución. Las autoridades nacionales pueden aplicar el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 ya sea con carácter principal o incidental. Actúan con carácter principal cuando se dirigen contra empresas acusadas de haber cometido infracciones contra las normas comunitarias de la competencia. En tal caso, según los Estados, puede tratarse de autoridades administrativas, como el Bundeskartellamt en Alemania, o de órganos judiciales, como los tribunaux correctionnels en Francia, cuando se pronuncian sobre una acción penal promovida por el ministère public, cuando al mismo acuda el ministre de l'économie et des finances previa consulta a la Commission technique des ententes. Asimismo, los órganos jurisdiccionales alemanes, como el Kammergericht de Berlin o el Bundesgerichtshof, que conocen de los recursos formulados por las empresas contra las decisiones del Bundeskartellamt, conocen con carácter principal. En modo alguno puede negarse que los órganos jurisdiccionales nacionales, tanto si resuelven directamente en procedimientos penales como si se pronuncian sobre el recurso promovido contra una resolución de la autoridad administrativa, son «autoridades de los Estados miembros» a efectos de lo prevenido en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento, y que, por lo tanto, están obligados a separarse del conocimiento del asunto desde el momento en que la Comisión haya instado un procedimiento. Dicha norma es obligatoria y directamente aplicable en cada uno de los Estados miembros. En consecuencia, poco importa que en determinados Estados miembros la aplicación de las normas de competencia se confíe a los órganos administrativos, mientras que, en otros, forma parte del ámbito de competencia de las autoridades judiciales. No es posible relevarse de la obligación de separación impuesta por el Reglamento no 17. ¿Es otro el caso cuando los órganos jurisdiccionales de lo civil o mercantil de los Estados miembros deben resolver pleitos entre particulares, cuya solución depende de una acción o comportamiento en relación con las normas de la competencia establecidas por el Tratado de Roma? En tal supuesto, el objeto de la acción no consiste en declarar una infracción; se trata solamente de que el Juez se pronuncie sobre las consecuencias civiles de dicha infracción; nulidad o resolución de un contrato, concesión de indemnización de daños y perjuicios a la parte perjudicada. Sin embargo, para llegar a tales consecuencias, es también necesario que con carácter previo resuelva el Juez acerca de la existencia y la calificación de un acuerdo, práctica concertada o abuso de posición dominante a efectos de lo prevenido en los artículos 85 y 86 del Tratado. En otros términos, es necesario en tales supuestos que recurra a la interpretación del Derecho comunitario. En consecuencia, en caso necesario, corresponderá al Juez nacional ejercer la facultad de formular una petición de decisión prejudicial ante este Tribunal de Justicia. Cuando de esta forma aplican el artículo 85 o el 86 con carácter incidental, ¿son igualmente los órganos jurisdiccionales autoridades a efectos de lo prevenido en el Reglamento no 17? La cuestión ha sido objeto de numerosas discusiones doctrinales y de tesis contrapuestas de los órganos jurisdiccionales nacionales. Me propongo tratarla analizando ante todo el texto del Reglamento; en segundo lugar, procuraré dar un enfoque objetivo de las tesis doctrinales y de las jurisprudencias internas para pasar a continuación al examen de las sentencias del Tribunal de Justicia. De estos diversos elementos de reflexión procuraré entresacar las razones para decidir en función de los objetivos previstos por el Tratado y el Reglamento. En el apartado 3 del artículo 9 se usa la locución «autoridades de los Estados miembros», pero entre las demás normas de esta disposición son múltiples las que contienen una locución análoga al referirse a las «autoridades competentes de los Estados miembros». Por dicho motivo el apartado 1 del artículo 10 se refiere a la transmisión por la Comisión a dichas autoridades de «copias de las solicitudes y notificaciones, así como de los documentos más importantes que les hayan sido dirigidos, con vistas a la comprobación de infracciones a las disposiciones de los artículos 85 y 86 del Tratado, a la concesión de una declaración negativa o a la concesión de una decisión de aplicación del apartado 3 del artículo 85». Asimismo, el apartado 2 del artículo 11 establece que una copia de cualquier solicitud de información que la Comisión dirija a una empresa debe cursarse simultáneamente a la autoridad competente del Estado miembro interesado. No cabe duda de que dichas autoridades encargadas de recibir notificaciones de documentos expedidos por la Comisión sólo pueden ser órganos administrativos. En virtud del artículo 13, las autoridades competentes de los Estados miembros proceden a efectuar las verificaciones que la Comisión juzgue oportunas. Según el apartado 4 del artículo 14, dicha Institución puede asimismo tomar decisiones ordenando semejantes verificaciones, tras haber oído a la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio deba efectuarse la verificación. En virtud del apartado 2 del artículo 20, las autoridades competentes de los Estados miembros están obligadas a no divulgar las informaciones que hayan recogido en el curso de dichas investigaciones o verificaciones. En los diferentes casos apuntados, son autoridades competentes aquellas a las que designan los Estados para proceder a las investigaciones; en general se trata de los servicios administrativos de control económico. Algunos tratadistas (Mégret. Le droit de la Communauté économique européenne, tomo IV: Concurrence, p. 157) infieren de lo anterior que, de este modo, en el Reglamento no 17 se utilizan repetidamente los términos «autoridades competentes de los Estados miembros» en un sentido que impide que puedan referirse a los Tribunales ordinarios cuando resuelven con carácter incidental. Sin embargo, estos razonamientos exegéticos del Reglamento no son convincentes. No basta hacer resaltar el hecho de que en otros artículos de la disposición, no es patente que esta locución se refiera a los Tribunales integrantes del Poder Judicial para deducir que el apartado 3 del artículo 9 no se refiere a dichos órganos jurisdiccionales. Otra argumentación en relación con el tenor literal de la disposición se basa en que el apartado 3 del artículo 9 sólo menciona la competencia de las autoridades de los Estados miembros en cuanto a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86. Sin embargo, al paso que el apartado 1 del artículo 9 reconoce la competencia exclusiva de la Comisión para la aplicación del apartado 3 del artículo 85, ningún precepto del Reglamento señala a la autoridad competente para pronunciar la nulidad prevista en el apartado 2 del artículo 85. ¿Debe deducirse de ello que los redactores del Reglamento consideraron que dicha misión correspondía a los Tribunales ordinarios que resolvieran sobre litigios entre particulares, puesto que normalmente la tarea de los órganos jurisdiccionales consiste en deducir las consecuencias, en el plano privado, de la infracción de las normas contenidas en los artículos 85 y 86? Esta interpretación se basa también en los Fundamentos de Derecho de la sentencia de este Tribunal de Justicia de 6 de abril de 1962, Bosch (antes citada); en efecto, en la misma este Tribunal diferenció la competencia de los Tribunales para declarar la nulidad de pleno Derecho de los acuerdos en virtud del apartado 2 del artículo 85, de la de las autoridades de los Estados miembros para aplicar el apartado 1 del artículo 85. Según la sentencia de este Tribunal de Justicia, en el primer caso, esta competencia resulta del carácter directamente aplicable del apartado 2 del artículo 85, mientras que, en el segundo caso, la misma se basa en el artículo 88 del Tratado en relación con el artículo 9 del Reglamento no 17. ¿No debería deducirse de ello que los preceptos del Reglamento no 17 no se refieren a los Tribunales ordinarios cuya competencia para aplicar los artículos 85 y 86 con carácter incidental se basa únicamente en el efecto directo de estos artículos del Tratado y no en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento? A mi juicio, esta deducción no es necesariamente acertada. Si bien es cierto que los particulares pueden invocar ante los Tribunales nacionales los derechos que a su favor derivan de los artículos 85 y 86 y que estos Jueces están facultados para reconocer que ostentan tales derechos, este apotegma no necesariamente tiene por corolario que a los órganos jurisdiccionales nacionales, incluso cuando resuelven con carácter incidental, no les afecte el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento no 17 y queden relevados de la obligación de separarse provisionalmente del asunto cuando la Comisión haya promovido un procedimiento sobre la base de los mismos preceptos del Tratado. Sobre el particular, en modo alguno resulta patente que pueda establecerse un distingo entre los órganos jurisdiccionales internos en función de si se pronuncian con carácter principal o incidental. Por su parte, los órganos jurisdiccionales nacionales discrepan considerablemente sobre esta cuestión. En Alemania, los Tribunales que resuelven en materia civil no tienen la consideración de autoridades, dado que únicamente pueden pronunciarse sobre las consecuencias civiles de las decisiones adoptadas por el Bundeskartellamt. Ello se desprende especialmente de una sentencia dictada el 9 de abril de 1970 por el Tribunal federal alemán (Bundesgerichtshof). Sin embargo, uno de los comentaristas de esta resolución, el Dr. Kurt Markert, refiriéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1970, Bilger (43/69,—Rec. pp. 127 y ss., especialmente p. 137), al hacer resaltar que en esta resolución este Tribunal había declarado que era preciso incluir a los Tribunales civiles de los Estados miembros en el concepto de «autoridades nacionales», por su parte, considera que el Tribunal federal no podía decidir que la cuestión de la competencia de los Tribunales civiles se resolvería en función del Derecho interno alemán. Según parece, en Francia, la jurisprudencia es constante en el sentido de que los Tribunales del poder judicial son «autoridades» obligadas a suspender el procedimiento en cuanto la Comisión inicie un procedimiento (cour d'appel de París, 26 de enero de 1963 y 22 de febrero de 1967). A decir verdad, esta solución se explica por el hecho de que, en este país, las únicas autoridades competentes para resolver sobre la aplicación del Derecho de la competencia, tanto en el plano comunitario como en el plano nacional, son las autoridades judiciales ordinarias. La Commission technique des ententes et des positions dominantes es tan sólo un órgano consultivo y el ministre de l'économie et des finances sólo puede de oficio acudir al «Parquet» (Fiscalía). Únicamente los Tribunales están facultados para sancionar, declarar la nulidad o la validez de las prácticas colusorias y resolver sobre las consecuencias civiles. En Bélgica la jurisprudencia es más matizada. En 1966 el Tribunal civil de Bruselas consideró que debía considerarse autoridades a los Tribunales del poder Judicial a efectos de lo prevenido en el Reglamento no 17; sin embargo, el Tribunal de Casación, ante la que se promovió un recurso contra una sentencia del Tribunal de Apelación que había acordado suspender el procedimiento, consideró que en cualquier caso un órgano jurisdiccional nacional podía acordar semejante suspensión hasta la decisión de la Comisión, si estimaba que no disponía de elementos suficientes para resolver acerca de la aplicación del apartado 1 del artículo 85. En consecuencia, adoptó la tesis de la suspensión con carácter optativo y consideró que, en el caso objeto de examen, no era necesario recurrir a la interpretación de la locución «autoridades de los Estados miembros». En cuanto a la doctrina, ésta se encuentra asimismo dividida. Algunos, como el Abogado General Sr. Dumon, del Tribunal de Casación belga, han sostenido que entre las autoridades mencionadas en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento no se incluyen los Tribunales ordinarios que se pronuncien con carácter incidental (artículo en Liber Amicorum, en honor del profesor L. Frédéricq, 1965, T.I, p. 337). Por el contrario, otros autores han manifestado la opinión de que esta expresión engloba a todos los órganos nacionales -administrativos o jurisdiccionales-que, de una manera o de otra, intervienen en la aplicación del Derecho de la competencia, aunque las decisiones que se pretende que adopten dichos órganos se basen en el Derecho privado (Metzger, nota bajo cour d'appel de París, 26 de enero de 1963, en la Revue critique de droit intemational privé, 1963, apartado 398). Una tercera tendencia ha considerado que a falta de un concepto autónomo de Derecho comunitario, en cada Estado, para la definición de autoridades debe estarse a lo establecido por el Derecho nacional. La mayoría de dichas opiniones se expresaron antes de que recayera la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Bilger. Por lo tanto, se trata de determinar qué conclusiones pueden sacarse de la propia jurisprudencia de este Tribunal. Según parece, la mencionada sentencia resolvió la cuestión puesto que, en la misma, el Tribunal de Justicia aseveró claramente que, «el concepto de autoridades de los Estados miembros engloba a los órganos jurisdiccionales nacionales». Ciertamente, el mismo Tribunal de Justicia declara, asimismo, que esta solución deriva del hecho de que «el artículo 88 del Tratado remite a las normas de competencia y procedimiento nacionales», lo cual, según el profesor Berthold Goldmann, significa que el Tribunal de Justicia no ha resuelto definitivamente el problema cuya solución debería encontrarse en las distintas Leyes nacionales. Si bien otros autores, como el Profesor Etienne Cerexhe (Congreso Internacional de Derecho Europeo, Berlín, septiembre de 1970), han sostenido que la sentencia de este Tribunal de 18 de marzo de 1970 ya no permite albergar ninguna duda, no es este el criterio de otros comentaristas que han llegado a preguntarse incluso si verdaderamente el Tribunal de Justicia pretendió tomar partido en la controversia (Mégret y otros, obra citada, p. 159). También el procureur général de la Cour de cassation belga, Sr. Ganshof Van der Meersch, ha sido mucho menos categórico en cuanto al alcance de la sentencia recaída en el asunto Bilger (véanse sus conclusiones anteriores a la sentencia de la Cour de cassation de Bélgica de 24 de diciembre de 1970, Pasicrisie, 1971, I, pp. 392 y ss.). No obstante, debo señalar que la cuestión planteada en el asunto Bilger se refería a un pleito entre personas privadas, en el cual, se había suscitado con carácter incidental el problema de la aplicación del apartado 2 del artículo 85. Por lo tanto, según parece, debe descartarse el hecho de que el Tribunal de Justicia sólo haya pretendido referirse a los órganos jurisdiccionales nacionales en tanto en cuanto aplican los artículos 85 y 86 con carácter principal. En una sentencia mas reciente, de 6 de febrero de 1973 — Brasserie de Haecht— con respecto a una petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de commerce de Lieja, este Tribunal de Justicia declaró: «sin que sea necesario volver a examinar la cuestión de si, mediante los términos “autoridades de los Estados miembros”, el mencionado artículo 9 se refiere también a los órganos jurisdiccionales nacionales que actúan en virtud del apartado 2 del artículo 85 del Tratado». Se trata, ciertamente, de una tesis que influye sobre los fundamentos de Derecho de la resolución del Tribunal de Justicia, pero dicha alusión va dirigida a realizar una interpretación amplia de la sentencia recaída en el asunto Bilger. Al estimar que era inútil reconsiderar el problema, ¿no quiso este Tribunal de Justicia refutar la tesis según la cual su anterior sentencia no lo solucionó? En segundo lugar, también la sentencia Brasserie de Haecht II se refiere al supuesto en el que los órganos jurisdiccionales nacionales actúan en virtud del apartado 2 del artículo 85, es decir, se pronuncian con carácter incidental. ¿No implica esto una confirmación de que la sentencia recaída en el asunto Bilger debe interpretarse en el sentido de que a los órganos jurisdiccionales que se pronuncian con carácter incidental debe considerárselos como «autoridades de los Estados miembros» ? Sea lo que fuere, una definición común de este concepto tan sólo puede referirse a la aplicación del artículo 9 del Reglamento no 17; en efecto, se trata de dilucidar cuáles son las autoridades que, en cada Estado, deberán separarse del conocimiento del asunto si la propia Comisión promueve un procedimiento basado en lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 o en el artículo 86. Si bien es cierto que cada Estado miembro se halla facultado para determinar las autoridades que, en su territorio, se hallan facultadas para aplicar el Derecho comunitario de la competencia, ya sea directamente o con carácter incidental, por el contrario, los Estados no tienen la facultad de designar las autoridades que están obligadas a separarse del conocimiento del asunto. En realidad, admitir que semejante facultad pueda ser ejercida por los Estados miembros equivale a reconocer que el alcance e incluso la propia existencia de la competencia de la Comisión dependen de la voluntad estatal. Ahora bien, dicha competencia se basa en el Derecho comunitario, el cual debe ser objeto de aplicación uniforme. Por lo tanto, como al profesor Goldmann, se nos induce a considerar que para efectuar esta uniformidad de aplicación es preciso: «establecer como norma general de carácter comunitario que cualquier órgano de un Estado miembro, que colabora en la aplicación del Derecho de la competencia -ya sea mediante el inicio de actuaciones, la comprobación y penalización de infracciones o incluso mediante decisiones relativas a las consecuencias civiles de los actos restrictivos de la competencia-, es una autoridad a efectos de lo prevenido en el artículo 9 del Reglamento no 17». (B. Goldmann, Droit commercial européen, Dalloz, 2. a ed., p. 375). ¿Cuál es, en efecto, el objetivo de dicho precepto sino evitar decisiones contradictorias, nacionales, por un lado, y comunitarias, por otro, y además, asegurar la primacía de la resolución comunitaria sobre la nacional? Igualmente, desde el punto de vista terminológico, la expresión «autoridades de los Estados miembros» se utiliza tanto en el artículo 88 del Tratado como en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento no 17, como, por otra parte, en el artículo 15 del Reglamento no 1017/68 por el que se aplican las normas de la competencia al sector de los transportes. La ratio legis de estas disposiciones es idéntica, salvo el hecho de que la fecha a partir de la cual cesa, por lo demás provisionalmente, la competencia conferida a las autoridades de los Estados miembros, es, en un caso, la entrada en vigor de las disposiciones que se adopten con arreglo al artículo 87 del Tratado, en el otro, el inicio de un procedimiento por parte de la Comisión o incluso, en el caso de una empresa de transportes, la notificación prevista en el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento no 1017/68. En todos los casos se trata de asegurar una aplicación uniforme de las normas de competencia en el mercado común, sin menoscabar el efecto directo de las normas del Tratado relativas a las prácticas colusorias y las posiciones dominantes. Sería actualmente paradójico afirmar que esta misma expresión «autoridades de los Estados miembros» se refiere únicamente a los órganos, administrativos o jurisdiccionales, que se pronuncien con carácter principal y que, a los órganos que se pronuncien con carácter incidental, les reconociera competencia para declarar la nulidad de una práctica colusoria o de un abuso de posición dominante y para extraer las consecuencias de ello desde el prisma del Derecho civil, sin considerar mínimamente el inicio de un procedimiento por parte de la Comisión. No sería menor el riesgo de resoluciones contrapuestas y, por ende, de discrepancia en la aplicación de las normas de competencia, si se tratara simplemente de una declaración de carácter incidental que si se estuviera ante una decisión nacional emitida por un órgano administrativo o judicial que se pronunciara con carácter principal. Asimismo, sería paradójico reconocer que, antes de la entrada en vigor del Reglamento no 17, los órganos jurisdiccionales nacionales que se pronunciaran con carácter incidental, podían declarar que no era nula una práctica colusoria o que no existía abuso de posición dominante y afirmar que a partir del momento en que la Comisión inicia un procedimiento, estos mismos órganos jurisdiccionales, a los que ya no se consideraría «autoridades de los Estados miembros», estarían plenamente facultados para declarar, con carácter incidental, la no aplicación del artículo 85 u 86. Debo añadir que el riesgo de contraposición de resoluciones no sólo existe en las relaciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la Institución comunitaria que es la Comisión. En efecto, si con ocasión de litigios análogos a aquel de que conoce el Tribunal de Bruselas, tales órganos jurisdiccionales plantean cuestiones de interpretación ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177, la sentencia de este Tribunal, caso de que recaiga antes que la Decisión que dicte la Comisión, puede ser contradictoria con tal Decisión. Ahora bien, es muy posible que el examen de las cuestiones prejudiciales que se plantean ante este Tribunal de Justicia en casos de este tipo no le deje aprehender todos los aspectos del problema y le lleve a dictar una sentencia de interpretación sin estar en condiciones de sopesar todas las consecuencias. Por último, si posteriormente se impugnara directamente ante el Tribunal de Justicia la Decisión de la Comisión y si, como Tribunal plenamente competente, se sometiera ante él la totalidad del expediente del procedimiento seguido ante la Comisión, y por lo tanto el Tribunal de Justicia tuviera que resolver en sentido distinto al de una sentencia dictada con carácter prejudicial sobre la misma situación, dicho Tribunal se arriesgaría a contradecirse consigo mismo. Para decidir si, en particular, una empresa abusa de su posición dominante, ¿no resulta necesario que este Tribunal esté plenamente instruido sobre todos los aspectos fácticos del expediente? En la sentencia recaída en el asunto Continental Can, ¿no aprobó el Tribunal de Justicia el razonamiento de la Comisión, pero anuló su Decisión por motivos relacionados con algunos elementos que tan sólo el examen del expediente le había permitido conocer? Por mi parte, dichas consideraciones me inducen a alentar una interpretación amplia del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento no 17, que, según mi parecer, es la única capaz de asegurar la eficacia de dicho precepto y, por lo tanto, de evitar no sólo las discrepancias entre decisiones nacionales y comunitarias, sino también el riesgo de una falta de congruencia entre las soluciones que el Tribunal de Justicia podría estar compelido a acoger según que se acudiera al mismo sucesivamente con arreglo al artículo 177 y luego en méritos de un recurso de plena jurisdicción. Dos objeciones pueden ciertamente plantearse contra la tesis que acabo de exponer. La primera se basa en el hecho de que ni el artículo 87 del Tratado ni el Reglamento del Consejo adoptado en ejecución de dicho artículo otorgan a las Instituciones comunitarias la facultad de enervar las normas nacionales que rigen la competencia de los órganos jurisdiccionales internos obligando a éstos a suspender el procedimiento sobre un litigio de Derecho privado. Este argumento no es determinante. La suspensión del procedimiento no es una negación de su competencia, no supone su separación definitiva. Solamente les obliga a retrasar provisionalmente el examen del litigio hasta que se adopte la Decisión de la Comisión. Una vez que ello se haya producido, dichos Tribunales, debidamente instruidos, estarán en condiciones de pronunciarse, esta vez con conocimiento de causa, debiendo atenerse a la Decisión comunitaria en tanto la misma se convierta en definitiva, a menos que, en su caso, planteen al Tribunal de Justicia las cuestiones de interpretación que consideren necesarias para resolver el litigio civil. Debo añadir que, si tal como he dicho en la primera parte de mis conclusiones, el Tribunal de Justicia no está facultado para verificar la competencia de un órgano jurisdiccional nacional con arreglo al Derecho interno que le es aplicable, por el contrario, dicho Tribunal tiene la obligación de verificar si, en virtud del Derecho comunitario, en este caso el Reglamento no 17, tal órgano jurisdiccional estaba o no obligado a suspender el procedimiento, desde el momento en que, como es el caso en el presente asunto, debiera aplicar, incluso con carácter incidental, el artículo 86 del Tratado y la Comisión hubiera promovido un procedimiento. Una segunda objeción podría basarse en la protección debida a los derechos individuales de referencia. ¿Es posible admitir, en efecto, que una acción de nulidad contractual y de reclamación de una indemnización de daños y perjuicios se halle paralizada ante el Juez nacional, a la espera de una Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, al paso que, sobre todo, la experiencia demuestra que los procedimientos promovidos por esta Institución pueden durar un lapso de tiempo considerable? Es realmente lamentable que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan estar obligados a suspender los procedimientos de Derecho civil durante meses, incluso años, a causa de la lentitud del procedimiento comunitario. Sin embargo, creo igualmente que la objeción no es decisiva. No cabe duda de que existen medios de evitar que los retrasos prolongados sean altamente perjudiciales para los intereses particulares. Estos medios son de dos clases: corresponde al Juez nacional adoptar, a petición de una u otra de las partes, las medidas cautelares que, sin prejuzgar el fondo, sean idóneas para proteger los derechos de las partes de que se trate. Asimismo, puede pensarse en un recurso por omisión contra la Comisión, que podría incitarla a adoptar su Decisión en un plazo razonable. Por último, si tuvieran que ponderarse, por una parte los intereses privados originados con ocasión de la ejecución de un determinado contrato y, por otra parte, el interés general de una aplicación congruente del Derecho comunitario, me vería seriamente compelido a considerar que éste debe prevalecer sobre aquéllos. Falta abordar los problemas relativos al conocimiento por parte de las autoridades nacionales del inicio de un procedimiento ante la Comisión y al momento en que el Juez nacional debe separarse del conocimiento del asunto. Sobre el primer extremo, las partes del litigio principal tienen un papel primordial y no produce más que asombro que SABAM no haya manifestado antes ante el Tribunal de Bruselas la existencia del procedimiento de que era objeto por parte de la Comisión. Asimismo, al propio Gobierno belga se había notificado la Decisión por la cual, desde junio de 1970, la Comisión había promovido el procedimiento. En cualquier caso, no puede alterarse la interpretación de la expresión «autoridades de los Estados miembros» debido a la insuficiencia de información que, en su caso, dichas autoridades puedan tener acerca de las iniciativas que tome la Comisión. En cuanto al segundo extremo, a mi juicio, poco importa que se haya promovido el procedimiento comunitario después de que, a su vez, ante un Tribunal nacional se haya sometido un litigio que, con carácter incidental se refiera a la aplicación del artículo 85 o del 86. Es preciso y suficiente que el inicio del procedimiento tenga lugar en el curso de las actuaciones que se desarrollan ante el Juez nacional, es decir antes de que dicte su resolución. Es patente que así sucedió en el presente caso, puesto que, si bien se acudió al Tribunal de Bruselas en 1969, fue al año siguiente cuando la Comisión promovió de oficio un procedimiento basado en el artículo 86 del Tratado contra SABAM, y en 1973, cuando ya se habían formulado las pretensiones de las partes y presentada la intervención de la Radio-télévision belga contra SABAM, el Tribunal de Bruselas creyó que todavía podía plantear ante el Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales objeto del presente asunto. Ahora bien, a la sazón dicho Tribunal no podía ignorar que la Comisión había promovido un procedimiento; por lo tanto tenía la obligación de suspender el procedimiento, no pudiendo, en consecuencia, acudir al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177. El Juez nacional -de primera instancia o, en su caso, de apelación-sólo debería haber reanudado el examen del litigio después de dictada la Decisión de la Comisión, pero hasta dicho momento, era prematuro que formulara una petición de decisión prejudicial.