Palabras clave

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Palabras clave

1 Cuestiones prejudiciales - Planteamiento al Tribunal de Justicia - Necesidad de una decisión prejudicial y pertinencia de las cuestiones planteadas - Apreciación por el Juez nacional - Petición de interpretación de una disposición de Derecho comunitario de la competencia en un litigio sobre la aplicación del Derecho nacional de la competencia - Procedencia

(Tratado CE, art. 177)

2 Competencia - Posición dominante - Abuso - Negativa de una empresa en posición dominante a prestar a una empresa competidora los servicios indispensables para el ejercicio de su actividad - Sistema de reparto de periódicos a domicilio - Existencia de otras modalidades de distribución - Inexistencia de abuso

(Tratado CE, art. 86)

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1 Incumbe únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen del litigio y que deben asumir la responsabilidad de la resolución judicial, que se va a emitir, apreciar, en función de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder emitir su fallo como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia. En consecuencia, si las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales versan sobre la interpretación de una disposición de Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse.

Además, el artículo 177 del Tratado, basado en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, no permite a éste censurar los motivos de la resolución de remisión. Por consiguiente, la declaración de inadmisibilidad de una petición planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible si se observa, de modo manifiesto, que la interpretación del Derecho comunitario o el examen de la validez de una norma comunitaria, solicitados por dicho órgano jurisdiccional, no tiene relación alguna con la realidad o el objeto del litigio principal.

En estas circunstancias, el hecho de que un órgano jurisdiccional nacional conozca de un litigio relativo a prácticas restrictivas con arreglo al Derecho nacional de la competencia no debe impedirle plantear al Tribunal de Justicia una cuestión acerca de la interpretación del Derecho comunitario en la materia, y en particular del artículo 86 del Tratado, en relación a esta misma situación, cuando considere que puede plantearse una situación de conflicto entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional.

En efecto, no está excluido que una misma situación de hecho pueda estar sometida al mismo tiempo al Derecho comunitario y al Derecho nacional de la competencia, si bien éstos consideran las prácticas restrictivas bajo aspectos distintos.

En el marco de una petición de decisión prejudicial de estas características, las circunstancias relativas a la aplicabilidad del artículo 86 del Tratado a la situación fáctica que es objeto del litigio principal corresponden a la apreciación del órgano jurisdiccional nacional y carecen de pertenencia en orden a verificar la admisibilidad de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia.

2 No constituye un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 86 del Tratado CE el hecho de que una empresa periodística, con una cuota muy considerable del mercado de diarios en un Estado miembro y que gestiona el único sistema de reparto de periódicos a domicilio de ámbito nacional que existe en dicho Estado miembro, deniegue el acceso al referido sistema, a cambio de una contraprestación adecuada, al editor de un diario competidor, el cual, por la reducida tirada de éste, no está en condiciones de crear y de gestionar, en condiciones económicamente rentables, por sí solo o en colaboración con otros editores, su propio sistema de reparto a domicilio.

En efecto, para que pueda apreciarse la existencia de un abuso de posición dominante en tales circunstancias, es preciso no sólo que la denegación del servicio que constituye el reparto a domicilio pueda eliminar toda competencia en el mercado de los diarios por parte de quien solicita el servicio y no pueda justificarse objetivamente, sino, además, que el servicio, en sí mismo, sea indispensable para el ejercicio de la actividad de éste, en el sentido de que no haya ninguna alternativa real o potencial al citado sistema de reparto a domicilio.

No es éste el caso cuando, por una parte, existen y son utilizadas por los editores otras modalidades de distribución de diarios, como la distribución por correo y la venta en comercios y quioscos, aun cuando sean menos ventajosas para la distribución de algunos de ellos y, por otra parte, no hay obstáculos técnicos, reglamentarios ni económicos que puedan hacer imposible, ni siquiera enormemente difícil, para cualquier otro editor de diarios, el crear, por sí solo o en colaboración con otros editores, su propio sistema de reparto a domicilio de ámbito nacional y utilizarlo para la distribución de sus propios diarios.