110

El Consejo, apoyado por la Comisión, sostiene que el requisito de la existencia de un perjuicio no concurre en el presente asunto. Afirma que los actos controvertidos no eran sanciones de naturaleza penal impuestas a la demandante y no tenían por objeto causarle un perjuicio, sino que estaban destinados únicamente a disuadir de la proliferación nuclear. Alega que, por tanto, la demandante no fue estigmatizada como una organización que constituyera, en cuanto tal, una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y que, por lo demás, esta no aportó ninguna prueba en tal sentido. El Consejo precisa que la demandante únicamente fue identificada como una persona que facilitó operaciones comerciales vinculadas a la proliferación nuclear, lo que en su opinión era suficiente para justificar la inclusión de su nombre en las listas controvertidas. Sostiene que la demandante no ha aportado ninguna prueba de que hubiera sufrido un daño moral a raíz de la adopción de tales actos, como exige la jurisprudencia. Añade que nada demuestra que gozara de buena reputación a nivel internacional, que hubiera sufrido un lucro cesante como consecuencia de que se hubiera atentado contra su reputación, ni que hubiese debido hacer frente a gastos generados en campañas publicitarias o de otro tipo para restablecer su reputación. En opinión del Consejo, el artículo de prensa aportado como anexo a la demanda, que versa sobre el coste estimado de una campaña publicitaria mundial, carece de pertinencia porque se refiere a una sociedad sin conexión con la demandante, dado que opera en un sector de actividad y en un continente distintos de los suyos y carece de relación con las medidas restrictivas adoptadas por la Unión. A su juicio, las alegaciones de la demandante que figuran en la réplica no demuestran la existencia de un atentado contra su reputación, en particular fuera de Irán, y, en consecuencia, de un daño moral vinculado a él. Asimismo, el Consejo considera que la demandante no aporta ninguna explicación ni ningún elemento de prueba en apoyo de sus alegaciones de que será costos reanudar las relaciones con SWIFT. Añade que, en cualquier caso, como declaró el TEDH en el apartado 22 de la sentencia de 19 de julio de 2011, Uj c. Hungría (CE:ECHR:2011:0719JUD002395410), existe una diferencia entre el atentado contra la reputación comercial de una sociedad y el atentado contra la reputación de una persona que afecte a su posición social, el primero de los cuales carece de dimensión moral. Señala que el propio Tribunal se refirió a esta jurisprudencia en un asunto relativo a medidas restrictivas (sentencia de 12 de febrero de 2015, Akhras/Consejo, T‑579/11, no publicada, EU:T:2015:97, apartado 152). A juicio del Consejo, al pedir al Tribunal que designe a un perito en el marco de una diligencia de prueba, la demandante intenta eludir la obligación que le incumbe de acreditar la existencia del daño que alega haber sufrido y de cuantificarlo. Sostiene que en el supuesto de que el Tribunal estimara que se ha generado la responsabilidad extracontractual de la Unión, debería considerar, de conformidad con la jurisprudencia, que la anulación de los actos controvertidos ha constituido una reparación adecuada del perjuicio moral sufrido por la demandante. Indica que, en cualquier caso, el importe de 1 millón de euros reclamado por la demandante en concepto de reparación del perjuicio moral sufrido es excesivo, atendiendo a la jurisprudencia, y no se ha acreditado.