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En los apartados 96 y 104 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró lo siguiente: «96 A este respecto, procede recordar que el control jurisdiccional de la legalidad de un acto por el que se adoptan medidas restrictivas contra una entidad se extiende a la apreciación de los hechos y de las circunstancias que se han invocado para justificarlo, así como a la comprobación de los elementos de prueba y de información en los que se basa esa apreciación. En el caso de que se discutan, corresponde al Consejo aportar esos elementos para su comprobación por el juez de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de octubre de 2009, Bank Melli Iran/Consejo, [T-390/08, Rec. p. II-3967], apartados 37 y 107). 97 Así, contrariamente a lo que sostiene el Consejo, el control de legalidad que debe ejercer en el presente caso no se limita a la comprobación de la “verosimilitud” abstracta de los motivos invocados, sino que debe incluir la cuestión de si éstos están respaldados de manera suficiente con arreglo a Derecho por elementos concretos de prueba y de información. 98 El Consejo tampoco puede sostener que no está obligado a aportar esos elementos. 99 A este respecto, en primer lugar, el Consejo alega que las medidas restrictivas contra los demandantes fueron adoptadas a propuesta de un Estado miembro, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 23, apartado 2, de la Decisión 2010/413. Ahora bien, esa circunstancia no desvirtúa en absoluto el hecho de que los actos impugnados son actos del Consejo, el cual debe, por lo tanto, asegurarse de que su adopción está justificada, en su caso pidiendo al Estado miembro afectado que le aporte los elementos de prueba y de información necesarios a tal fin. 100 En segundo lugar, el Consejo no puede alegar que los elementos de que se trata proceden de fuentes confidenciales y que no pueden, por lo tanto, ser divulgados. En efecto, si bien esas circunstancias podrían justificar restricciones a la comunicación de dichos elementos [a Fulmen o al Sr. Mahmoudian] o a sus abogados, no es menos cierto que, habida cuenta del papel esencial del control jurisdiccional en el contexto de la adopción de las medidas restrictivas, el juez de la Unión debe poder controlar la legalidad y la procedencia de tales medidas, sin que se le puedan oponer el secreto o la confidencialidad de los elementos de prueba y de información utilizados por el Consejo (véase, por analogía, la sentencia [de 12 de diciembre de 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consejo, T-228/02, Rec. p. II-4665], apartado 155). Además, el Consejo no puede fundamentar un acto por el que se adoptan medidas restrictivas en información o en elementos del expediente comunicados por un Estado miembro, si ese Estado miembro no está dispuesto a autorizar su comunicación al órgano jurisdiccional de la Unión al que incumbe el control de la legalidad de esa decisión (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 4 de diciembre de 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consejo, T-284/08, Rec. p. II-3487, apartado 73). 101 En tercer lugar, el Consejo sostiene infundadamente que no se le puede exigir la prueba de la participación de una entidad en la proliferación nuclear, dado el carácter clandestino de los comportamientos en cuestión. Por una parte, el mero hecho de que se proponga la adopción de las medidas restrictivas con arreglo al artículo 23, apartado 2, de la Decisión 2010/413 presupone que el Estado miembro afectado o el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, según los casos, dispone de pruebas o de elementos de información que demuestran, a su juicio, que la entidad afectada participa en la proliferación nuclear. Por otra parte, las dificultades que puede encontrar el Consejo para tratar de probar esa participación pueden, en su caso, tener repercusiones en el nivel de prueba que se le exige. En cambio, no pueden tener por consecuencia una exención total de la carga de la prueba que le incumbe. 102 En cuanto a la apreciación del caso concreto, el Consejo no aportó ninguna información o prueba que apoyara el motivo invocado en los actos impugnados. Como él mismo admite, en esencia, se basó en meras alegaciones no fundamentadas según las cuales Fulmen instaló equipos eléctricos en el sitio de Qom/Fordoo en un momento en que aún no se había revelado la existencia de este sitio. 103 En tales circunstancias, procede declarar que el Consejo no aportó la prueba de que Fulmen había participado en el sitio de Qom/Fordoo y, por lo tanto, estimar el tercer motivo, sin que sea necesario pronunciarse sobre la segunda alegación formulada por el Sr. Mahmoudian en el asunto T‑440/10, en relación con su posición en el seno de Fulmen. 104 En la medida en que el Consejo no invocó, en los actos impugnados, otras circunstancias que justificaran la adopción de medidas restrictivas contra Fulmen y el Sr. Mahmoudian, procede anular tales actos en la medida en que [les] afectan [a Fulmen y al Sr. Mahmoudian].»