CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. KARL ROEMER

presentadas el 7 de febrero de 1968 ( *1 )

Índice

Introducción (exposición de los hechos, cuestiones planteadas por el tribunal de remisión) Valoración jurídica Observación previa 1. Sobre la primera cuestión a) Sobre el artículo 85 b) Sobre el artículo 86 2. Sobre la segunda cuestión 3. Resumen

Señor Presidente,

Señores Jueces,

En el procedimiento prejudicial iniciado mediante cuestión presentada por el Gerechtshof de La Haya, es nuevamente objeto de debate el Derecho de la competencia contenido en el Tratado CEE. Los hechos de los que hemos de partir y que, por la naturaleza de las cuestiones que en ellos se suscitan, han atraído la atención en vastos círculos, son los siguientes.

La sociedad americana Parke, Davis and Co., con domicilio social en Detroit, es titular de dos patentes neerlandesas para la producción (biológica y química) del antibiótico «chloramphenicol». La referida sociedad concedió licencias a una empresa neerlandesa con sede en Delft y, con arreglo a dichas licencias, la concesionaria está obligada a garantizar la protección del derecho de patente en los Países Bajos.

Hay que observar al respecto que, con arreglo al ordenamiento jurídico neerlandés, si bien los medicamentos no pueden ser en sí mismos objeto de patente, el titular de una patente sobre un procedimiento de producción tiene, no obstante, también el derecho exclusivo a comercializar específicos producidos mediante el procedimiento patentado. Por otra parte, en los procedimientos por violación del derecho derivado de una patente en el caso de las denominadas materias «nuevas», con arreglo a la Ley de 7 de noviembre de 1910, rige frente al supuesto infractor la presunción iuris tantum de que las cantidades de producto puestas en circulación fueron producidas mediante el procedimiento protegido.

Pues bien, el parecer, los derechos derivados de la patente de Parke Davis fueron violados al comercializar una sociedad belga (Probel, con domicilio social en Bruselas) y dos empresas neerlandesas (la sociedad anónima Reese en Beintema-Interpharm y la sociedad mercantil Centrafarm, ambas con domicilio social en Rotterdam) chloramphenicol procedente de distintos países europeos sin permiso de la titular de la patente ni de la licenciataria de dicha patente en los Países Bajos. Por tal motivo se inició en Rotterdam, en 1958, un procedimiento judicial en el que Parke Davis solicitó que se condenara a las tres sociedades citadas, por violación de los derechos derivados de su patente, a indemnizarla por daños y perjuicios y se les prohibiera, so pena de sanción económica, continuar vulnerando los derechos derivados de su patente. A lo largo de las distintas fases del procedimiento, que llegó hasta el Hoge Raad se analizaron y resolvieron, en su mayor parte por la sentencia del Gerechtshof de La Haya de 30 de junio de 1967, una serie de cuestiones de hecho y problemas sobre el régimen jurídico neerlandés en materia de patentes, en especial tras fracasar el intento de probar que el chloramphenicol de que se trata hubiera sido producido por un procedimiento diferente. La referida sentencia concluye, efectivamente, que existe violación de los derechos derivados de la patente de Parke Davis y condena a Centrafarm a la indemnización por daños y perjuicios, habida cuenta que dicha pretensión frente a las demandadas había sido objeto de desistimiento, e impuso a todas las demandadas la prohibición de futuras violaciones de los derechos derivados de la patente, so pena de multa coercitiva. La sentencia dejó, sin embargo, una cuestión abierta, en concreto la de enjuiciar la distribución de chloramphenicol procedente de Italia, el único Estado miembro de la CEE en el que Parke Davis no posee derecho de patente relativa a la producción de dicho antibiótico, porque según el Derecho interno italiano ni los productos farmacéuticas ni los procedimientos para su producción pueden ser objeto de patente (véase al respecto la detallada exposición contenida en el escrito presentado por Centrafarm). La demandada Centrafarm, en especial, había subrayado el hecho de que, «últimamente» sólo había comercializado en los Países Bajos chloramphenicol que había sido producido en Italia y podía ser vendido libremente en dicho país, habida cuenta de las especiales características de la normativa italiana en materia de patentes. Alegó que el ejercicio por parte de Parke Davis de una prohibición de la importación invocando el derecho de patente no podía admitirse según las normas sobre la competencia establecidas por el Tratado CEE (apartado 1 del artículo 85 y artículo 86) y, ello, de manera especial, porque en el caso contrario, los consumidores de los Países Bajos no podrían beneficiarse de los precios italianos, al parecer sustancialmente más bajos. El Tribunal de La Haya consideró que la aclaración de esta cuestión era decisiva para la resolución del litigio. Por ello decidió, en el marco de la referida sentencia de 30 de junio de 1967, siguiendo la petición formulada por Centrafarm, dirigir a este Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177, una petición de decisión prejudicial relativa a las siguientes cuestiones:

«1) El concepto de prácticas prohibidas que se contempla en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en conexión, en su caso, con las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 222 del Tratado, ¿incluye el hecho de que el titular de una patente concedida por las autoridades de un Estado miembro invoque dicha patente para obtener un pronunciamiento judicial por el que se prohíba, dentro del territorio de dicho Estado miembro, poner a la venta, revender, dar en alquiler, suministrar, poseer o utilizar con cualquiera de dichos fines, un producto originario de otro Estado miembro, para cuya fabricación y comercialización no se haya concedido en el territorio de este último Estado miembro ningún derecho exclusivo?

2) ¿Varía la respuesta a la primera cuestión en el caso de que el precio al que el licenciatario contractual del titular de la patente ofrece el producto que comercializa en el territorio del primer Estado miembro sea superior al que deben pagar los consumidores en el territorio de dicho Estado por el producto originario de otro Estado miembro?»

Dado que tales cuestiones introducían en el debate problemas manifiestamente fundamentales relativos a la relación entre Derecho interno sobre patentes y normativa comunitaria sobre la competencia, resultaba particularmente trascendente la participación en el procedimiento prejudicial originado por las mismas. Así, con arreglo al artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia, presentaron observaciones escritas las partes en el litigio principal, excepto Interpharm, los Gobiernos del Reino de los Países Bajos, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, así como la Comisión de las Comunidades Europeas. También en la vista oral presentaron observaciones todas las partes citadas excepto el Gobierno neerlandés.

Analizaré a continuación qué respuesta ha de darse a las cuestiones planteadas. No contribuirá precisamente a aligerar mi tarea el número de partes en el procedimiento y la diversidad de sus alegaciones.

Valoración jurídica

OBSERVACIÓN PREVIA

Antes de poderme dedicar a la tarea de interpretación propiamente dicha, se impone una breve observación sobre el alcance de las cuestiones planteadas. Resulta necesaria tal observación por cuanto algunas de las partes (en particular, la Comisión, el Gobierno neerlandés y Centrafarm, demandada en el litigio principal) trataron en las fases escrita y oral del procedimiento ciertos problemas que sólo tienen una lejana relación conceptual con los hechos sometidos al enjuiciamiento del órgano jurisdiccional nacional y, de hecho, no se contemplan sin embargo en las cuestiones formuladas. Se trata del problema de las denominadas «patentes paralelas» o, dicho de otra forma, de la situación en la que un empresario tiene un derecho de patente sobre un producto en un Estado miembro y pretende impedir su importación de otros Estados miembros en los que simultáneamente es titular de derechos de patente, pero se tienen por agotados habida cuenta que el producto fue comercializado por el titular de la patente o con su consentimiento de manera que el titular de la patente ya pudo sacar provecho de la explotación de su derecho. En especial, la Comisión consideró digno de apoyo el incluir este supuesto de hecho en el análisis sobre la interpretación, ya que en el relato histórico de la resolución de remisión (en su traducción francesa) únicamente se habla de productos «provenant de l'Italie» y no de productos «originaires de l'Italie». Según su razonamiento, cabría imaginar que, aun cuando los productos controvertidos fueran efectivamente importados de Italia, hubieran sido, no obstante, puestos en libre práctica en Italia procedentes de otro Estado en el que se hubieran producido y comercializado por el titular de la patente neerlandesa, o con su consentimiento, con base en otra patente. También cabe imaginar, según la Comisión, que las mercancías litigiosas hubieran sido producidas efectivamente en Italia, y, por consiguiente, sin derecho de patente, pero luego comercializadas por el titular de la patente neerlandesa o con su consentimiento, por primera vez, en otro Estado miembro en el que exista protección de patente.

No voy a desarrollar, sin embargo, tales construcciones de la Comisión, y de otras partes del procedimiento, que dan la impresión de ser artificiosas e inverosímiles, ni tampoco las tesis que sobre las mismas se sustentan, ya que no procede responder a los ultra petita. Es ciertamente evidente que no tienen fundamento alguno en el procedimiento nacional que nos vincula. Resulta, más bien, de la motivación de la resolución de remisión, sobre todo de la referencia que hace a las alegaciones de Centrafarm, que únicamente habla de productos fabricados en Italia y directamente exportados a los Países Bajos, así como del hecho de que ya se había prohibido la importación de otros Estados miembros, plenamente inequívoco cuál es la situación fáctica concreta a que actualmente se enfrenta el órgano jurisdiccional neerlandés. Por consiguiente, sólo interesa la cuestión de si, en virtud del Derecho neerlandés, se puede dar protección al titular de una patente neerlandesa, mediante el reconocimiento del derecho a una indemnización por daños y perjuicios y mediante la orden judicial de cesar en la importación efectuada en contra de su voluntad o sin su consentimiento, de productos protegidos por derechos de patente, de un país, que no tiene establecida protección de patente alguna para dichos productos y en el que pueden producirse y comercializarse sin permiso del titular de la patente, o, por el contrario, las normas sobre competencia contenidas en el Tratado CEE excluyen el ejercicio de acciones de esta índole al amparo del derecho de patente.

En lo sucesivo sólo me ocuparé de esta cuestión, mientras que, las de mayor alcance planteadas, en especial por la Comisión, deben quedar reservadas para un futuro procedimiento del cual, llegado el caso, constituyeran efectivamente el objeto.

1. Sobre la primera cuestión

Para responder a la primera cuestión, cuyo tenor no tengo que repetir ahora, es aconsejable, en mi opinión, proceder a una división en función de los dos artículos del Tratado a que hace referencia. Me centraré, pues, en primer lugar, en el artículo 85 y analizaremos acto seguido la significación del artículo 86 en el presente supuesto.

a) Sobre el artículo 85

Puedo ser muy breve en mis observaciones por lo que al artículo 85 del Tratado CEE se refiere. Como es sabido, el referido precepto prohíbe determinados acuerdos entre varias empresas, decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas, es decir, que se aplica únicamente a los casos en que mediante el concierto voluntario entre varias empresas se provoca una restricción de la competencia y se afecta a los intercambios comerciales.

Es manifiesto que no ocurre así en el presente supuesto. Nos encontramos ante una conducta unilateral del titular del derecho de patente, a saber, la invocación de sus derechos nacionales originarios, que no se basan en un acuerdo. Aun cuando esté obligado frente a su licenciatario neerlandés al ejercicio del derecho, no es ciertamente éste uno de tales acuerdos que tienen por efecto una restricción de la competencia, sino únicamente el derecho (subjetivo) de patente nacional.

Por lo tanto, como coinciden en señalar el Gobierno federal y el Gobierno francés, se ha de declarar que el artículo 85 no puede, por naturaleza, ser aplicado a un supuesto como el que nos ocupa.

b) Sobre el artículo 86

No parece tan fácil responder a la cuestión de si el artículo 86, que prohíbe el abuso de una posición dominante en el mercado, puede ser invocado frente al ejercicio de los derechos derivados de una patente. La mayoría de las partes han divagado un poco en la respuesta a esta cuestión; propongo que sigamos su estela.

Se dijo en la vista que el Derecho neerlandés (artículo 30 de la Ley de 7 de noviembre de 1910) otorga al titular de una patente el derecho exclusivo, aunque limitado en el tiempo, a la explotación de la invención, mediante la producción y distribución del producto patentado, en el territorio de los Países Bajos. Tal derecho sólo se agota una vez que el producto se comercializa por el titular de la patente o con su consentimiento, y ello, según la jurisprudencia dominante, en el territorio de los Países Bajos. Rige, por consiguiente, al igual que en otros Estados miembros, el principio de territorialidad.

Tal derecho de patente nacional (y sobre este punto parecen coincidir las partes en líneas generales) no debería ser afectado, ni en su existencia ni en su esencia, por el Tratado CEE. ( 1 ) Tal exigencia encuentra efectivamente puntales inequívocos en el Tratado, en concreto, en los artículos 36 y 222. En el artículo 36 se reconoce, aunque no sin reservas, como acertadamente destaca la Comisión, que han de admitirse restricciones a la circulación de mercancías o, dicho de otro modo, repartos de mercados, en contra de lo dispuesto en los artículos 30 a 34, en tanto en cuanto estén vinculadas a la existencia de la propiedad industrial nacional. El artículo 222 del Tratado deja expresamente intacto el régimen de la propiedad en los Estados miembros. Hay que deducir de ello, con recto criterio, frente a ciertas insinuaciones de la Comisión, que con base errónea en el artículo 83 del Tratado CECA habla únicamente de libertad de elección entre formas societarias de derecho público y de derecho privado, que todos los elementos esenciales del régimen nacional de la propiedad deben mantenerse intactos y, por consiguiente, también la existencia de los derechos sobre las invenciones de naturaleza análoga al derecho de propiedad. Así lo avalan incluso, como señalaron algunas de las partes, ciertos pasajes de la sentencia Grundig, en particular aquellos en los que, en atención a la protección de los derechos de propiedad industrial, no se rechaza a priori la invocación del artículo 222. Por lo demás, únicamente desde esta perspectiva cobran sentido los esfuerzos que desde 1959 se vienen desarrollando con vistas a la celebración de un Convenio europeo para la adaptación de los derechos nacionales de patentes a las exigencias del mercado común.

Ahora bien, la sustancia y la esencia del Derecho nacional de patentes resultarían evidentemente afectadas si, en un asunto como el que nos ocupa, e invocando las exigencias del mercado común, se marginaran el principio de la autonomía de los Derechos nacionales de patentes y el principio comúnmente aceptado de la territorialidad, y, por consiguiente, se admitiera el agotamiento del derecho de patente o, dicho de otra forma, la privación de las acciones de exclusión y defensa de él derivados incluso en el supuesto de que se hubieran comercializado, en países en los que no pueden ser objeto de tal protección, productos protegidos por patente sin consentimiento del titular de la misma. Poco quedaría entonces, en efecto, de la exclusiva legal de explotación, que debe asegurar al inventor la oportunidad de obtener una adecuada remuneración, ya que personas carentes de justo título podrían abastecer el mercado común, sin obstáculos, desde un país sin protección por patente, y ello en condiciones más ventajosas que el propio inventor, dado que no tendrían que soportar determinados costes de desarrollo como el titular de la patente o sus licenciatarios. Las consecuencias en la vida económica y en la práctica del derecho de patentes serían enormes. Un derecho de patente así mermado y desvalorizado podría detener el progreso técnico, ya que con frecuencia restaría a los empresarios el aliciente de cargar con los gastos necesarios para la investigación, al no contar con la perspectiva alguna de obtener en su momento una remuneración adecuada en forma de una exclusiva de explotación eficaz y legal. Como mínimo, habría que contar con el hecho de que en lo sucesivo, precisamente para asegurar la explotación exclusiva, se mantendrían secretas las invenciones, lo que privaría a otros empresarios no sólo de la posibilidad de seguir trabajando sobre la base de los descubrimientos ya realizados, sino también de conseguir por vía de licencias una posibilidad de participar legalmente en la explotación.

Por consiguiente, si en atención a los artículos 36 y 222 del Tratado es seguro que no cabe decir que cese la protección derivada de la patente en un país cuando los productos protegidos son comercializados sin la conformidad del titular de la patente, en un país en el que no pueden ser objeto de patente, sólo queda despejar la cuestión de hasta qué punto puede encajar aquí la prohibición de abuso contenida en el artículo 86.

No se podría considerar razonablemente la opción de excluir a priori la vigencia de tal prohibición en materia de Derecho de patente. Así se indicó ya en el asunto Grundig en relación con el fenómeno análogo del Derecho de marcas, respecto del cual se dijo que, si bien su existencia permanece intacta, su ejercicio debe someterse a ciertas limitaciones, en particular, en tanto en cuanto se trataba de apreciar un abuso en relación con la eficacia de las normas comunitarias sobre competencia. También el Derecho nacional de patentes conoce limitaciones en este campo, como señaló entre otros el Gobierno francés, como en lo referente a las exigencias derivadas del Derecho de la competencia o del régimen de los precios.

Veamos, pues, cuáles son los elementos típicos que, en particular conforme al artículo 86, deben analizarse y qué sentido hay que atribuirles en relación con el supuesto que nos interesa.

La primera condición es que se dé una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. En este punto, la mayoría de las partes coincidió en subrayar que se trata de un concepto económico y que, por consiguiente, no basta acreditar la existencia de un monopolio jurídico (como el que posee el titular de una patente), sino que se ha de examinar qué posición tiene el titular de la patente en el mercado, si el producto que fabrica carece por sus características de toda competencia o de competencia esencial, de manera que el titular del monopolio tiene la posibilidad de fijar los precios y las condiciones. Cabe imaginar, en efecto, que exista una patente que no se pueda explotar comercialmente, en el caso de que su titular no tenga capacidad alguna de influir en el mercado; cabe también pensar que varios licenciatarios se encarguen de mantener una competencia suficiente, que existan otros procedimientos de fabricación del producto patentado, como las propias demandadas en el asunto principal afirmaron, o, por el contrario, como manifiesta la demandante en relación con el chloramphenicol, que la competencia esté garantizada por la existencia de otros muchos productos similares de otras empresas, a cuyo efecto es indiferente si dicha competencia se produce en relación con la elección del consumidor final o con la de los médicos que los prescriben. Para que se diese el primer elemento típico del artículo 86 no bastaría con la existencia de un derecho de patente, sino que, más bien, sería necesario efectuar, en cada caso, comprobaciones económicas del tipo de las descritas. Sobre este particular, puede quedar abierta para nosotros, en la tarea hermenéutica, la cuestión de hasta qué punto puede el órgano jurisdiccional nacional tomar como punto de partida ciertas presunciones para apreciar la existencia de competencia en relación con productos protegidos por patente; presunciones, por ejemplo, como las que la demandante en el asunto principal estima fundadas. ( 2 )

Hay que destacar, en segundo lugar, que el artículo 86 habla de la explotación de una posición en el mercado. No son, por tanto, ilegítimas, como subrayó sobre todo el Gobierno federal, todas las conductas de los titulares de monopolio, sino únicamente aquellas que se practiquen en uso de la posición dominante; en otros términos, es necesario que se aplique la posición dominante en el mercado como un medio para conseguir un determinado fin. Cabe preguntarse, en efecto, si es posible en general, en el plano de los conceptos, hablar de tal cosa con ocasión del ejercicio del Derecho nacional de patente dado que en su aplicación sólo cuenta la situación jurídica objetiva y no cuenta, en cambio, la posición del titular de la patente en el mercado. No obstante, esta cuestión, que quizá parece algo sofisticada, no debe examinarse más a fondo, sino que hemos de entrar a examinar el tercer elemento típico, respecto del cual es posible, en mi opinión llegar a conclusiones plenamente inequívocas.

El artículo 86 exige ante todo y en especial la presencia de un «abuso» de la posición dominante y, en lo que al derecho de patente se refiere, un abuso en el ejercicio de las acciones que de ella derivan. El uso normal, conforme a la esencia y a la inalidad del derecho, jamás podrá quedar prohibido en virtud del artículo 86. ( 3 ) Pero así sucede en un caso como el que nos ocupa. Como sabemos, se trata de impedir por medio de una prohibición judicial importaciones de productos protegidos por una patente procedentes de un territorio en el que dichos productos no pueden ser objeto de patente. Es decir, el ejercicio de acciones que resultan de la naturaleza del Derecho de patente y sin las cuales, como ya hemos visto, quedaría casi totalmente desvirtuado, ya que el monopolio de explotación del titular de la patente, que debe garantizar a este una remuneración adecuada por sus gastos, resultaría amenazado. En este aspecto no debe compararse tampoco el presente asunto con el asunto Grundig en el que se afirmaba que la cesión de un Derecho de marca, cuya función es, por lo demás, diferente de la del derecho de patente, con el fin de asegurar una distribución exclusiva contraria al Tratado excluyendo importaciones paralelas, es decir, para asegurar un reparto de mercado, era abusiva, ya que no estaba amparada por el objetivo y función del Derecho de marca.

Por consiguiente resulta, en resumen, respecto a la primera cuestión, que si bien no hay que excluir la aplicación del artículo 86 al ejercicio de los derechos de patente, en un caso como el presente no se puede impedir en absoluto al titular de la patente el ejercicio de sus acciones de exclusión y defensa frente a importaciones procedentes de territorios en los que no existe posibilidad de patente para los productos de que se trate.

La primera pregunta debe, pues, contestarse negativamente. Tal es también la opinión de los Estados miembros que han presentado observaciones, la de la demandante en el asunto principal y, siempre que no nos encontremos ante patentes paralelas, también la de la Comisión.

2. Sobre la segunda cuestión

Mediante la segunda cuestión, complementaria de la primera, interesa al órgano jurisdiccional neerlandés saber si varía la respuesta cuando se observa que el titular de la patente, así como su licenciatario, ofrecen los productos que comercializan en los Países Bajos a precios superiores que los que se aplican a los productos importados de Italia.

Sobre este punto, sería posible conformarse, como opina la demandante en el asunto principal, con declarar que la existencia de una diferencia de precios, sin especificar su amplitud y su causa, no permite, obviamente, sin más, obtener ninguna conclusión exacta desde el punto de vista de la regulación jurídica de los acuerdos entre empresas.

Con todo, no debería tratarse la respuesta de manera tan concisa, sino que procede realizar las siguientes observaciones.

Es posible, en efecto, ver en una configuración extrema de los precios un indicio de la existencia de una posición y de un abuso de la misma en el sentido del artículo 86, única disposición de las normas sobre competencia contenidas en el Tratado que, como ya hemos visto, interesa en el presente asunto. No obstante, el Juez nacional no podría de ninguna manera contentarse únicamente con un indicio de esta índole, sino que tendría que proceder a precisas comprobaciones complementarias, que, naturalmente, no tienen cabida en un procedimiento de interpretación con arreglo al artículo 177, para llegar a declarar de manera fiable la existencia de un dominio de mercado y de un abuso de éste, por ejemplo, como estima correcto el Gobierno francés, por medio de la comparación con situaciones análogas en otros mercados en los que existe protección por patentes. En efecto, como quedó satisfactoriamente acreditado en este procedimiento, en un supuesto como el presente puede producirse de manera natural una cierta, y notable, diferencia de precios. Es, por lo tanto, normal que se repercutan en el precio de un producto patentado, con independencia de que éste sea distribuido directamente por el titular de la patente o a través de un licenciatario, obligado a compensar a aquél, los costes de investigación (incluso los derivados de investigaciones infructuosas), particularmente elevados precisamente en la industria farmacéutica, que, debido al acelerado ritmo de su evolución, han de amortizarse en un plazo relativamente breve. Como ya hemos destacado, sin tal posibilidad de cubrir gastos mediante el derecho exclusivo derivado de la patente, desaparecería en adelante el aliciente para investigaciones costosas. De igual manera, se reflejan en el precio los costes derivados de la obtención de la patente, de la introducción e implantación del producto en el mercado, por ejemplo, cuando se trata de productos de marca. Todos estos costes no gravan al productor en un país en el que no hay protección por patente, quien puede aprovecharse de manera gratuita de las invenciones ajenas a partir de su inscripción en registros públicos. No ha de extrañar, por consiguiente que tal productor pueda ofrecer sus productos sustancialmente más baratos. Posiblemente, como se intentó demostrar al Tribunal de Justicia durante la vista, inciden en este punto, además, diferencias de calidad que pueden asimismo reflejarse en el precio.

No obstante, si de la observación de los elementos expuestos resultara que, como consecuencia de una posición dominante en el mercado, se produce una configuración de precios no equitativa, carente de justificación económica, en el sentido de la letra a) del artículo 86, no se podría con todo, en buena lógica, llegar a la consecuencia jurídica de privar al titular de la patente de sus derechos legales de exclusión y defensa frente a importaciones procedentes de países sin protección por patente, derechos sobre los que versa principalmente el asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente. Como ya hemos visto, ello equivaldría a vaciar casi totalmente de contenido y de valor al Derecho de patente, es decir, a eliminar la posición dominante derivada de tal derecho y por él protegida. Pero no es eso, es decir, la condena en sí misma de una posición dominante, lo que en modo alguno establece el artículo 86, sino únicamente la prohibición de abusar de ella. Por tanto, si el abuso se manifiesta en la configuración de los precios, únicamente ésta podría ser objeto de una medida en el marco del derecho sobre prácticas restrictivas de la competencia, como las previstas por el artículo 3 del Reglamento no 17, y no, por el contrario, el afán de impedir la importación de países sin protección por patente.

Por consiguiente, como proponen, entre otros, la Comisión, el Gobierno francés y el Gobierno federal, la contestación a la segunda cuestión ha de ser en todo caso también negativa.

3. Resumen

De cuanto se ha expuesto resultan en conjunto las siguientes respuestas a las preguntas formuladas:

— Ni el artículo 85 ni el artículo 86 del Tratado CEE impiden que el titular de una patente concedida por un Estado miembro obtenga basándose en su derecho de patente una prohibición judicial contra la importación de productos protegidos por dicha patente procedentes de otro Estado miembro en el que ni dichos productos ni el procedimiento para su producción pueden ser objeto de protección por patente.

— Así sucede también cuando el titular de la patente, o su licenciatario, comercializa los productos en el país en el que son objeto de protección por patente a precios que superan a los aplicados en el mismo Estado miembro a productos importados de un Estado miembro en el que no son objeto de protección por patente.

— Por tratarse de un procedimiento prejudicial no procede pronunciarse sobre las costas. Tal pronunciamiento corresponde al órgano jurisdiccional nacional.

( *1 ) Lengua original: alemán.

( 1 ) Véanse también las observaciones de la Cámara Internacional dé Comercio sobre la incidencia de las normas sobre la competencia contenidas en el Tratado CEE sobre los derechos de propiedad industria, GRUR, ausländischer und internationaler Teil, 1959, p. 392; Plaisant, «Le traité de la CEE, l'article 85 et les droits de propriété industrielle» en: Propriété industrielle et Marché commun, p. 145; Wagret, La propriété industrielle et le droit européen des ententes, Revue du Marché commun, 1962, p. 431; Janssen y otros, Der Einfluß der Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrages auf die gewerblichen Schutzrechte, GRUR, ausländischer und internationaler Teil, 1961, p. 276.

( 2 ) Véase, también, Jansse, op. cit.

( 3 ) Véase Jansse, op. cit.