Así, el hecho de que el consejero auditor no formulara una apreciación separada para cada considerando de la decisión al que se refería la solicitud no implica que la Decisión impugnada adolezca de falta de motivación si el interesado estaba en condiciones de cuestionar eficazmente la legalidad del análisis del consejero auditor y el juez de la Unión dispone de los datos necesarios para formular su apreciación a este respecto.

En este contexto, el hecho de que uno o varios de los motivos subyacentes al rechazo del reconocimiento del carácter confidencial sean invocados en relación con una serie de informaciones que, a juicio del consejero auditor, presentan características comunes, no tiene incidencia en el carácter completo de la motivación, siempre que la decisión impugnada permita comprender el fundamento de las conclusiones del consejero auditor. Si los motivos de que se trata no son válidos respecto a una o varias informaciones, es el fundamento de la motivación lo que será cuestionado y no el carácter suficiente de ésta como formalidad sustancial.

Según el artículo 8, apartado 2, de la Decisión 2011/695, relativa a la función y el mandato del consejero auditor en determinados procedimientos de competencia, el consejero auditor tiene derecho a declarar que una información puede divulgarse ya sea porque no constituye un secreto comercial u otro tipo de información confidencial, o porque considera que su revelación reviste un interés fundamental. Por ello, una conclusión según la cual la información cuestionada puede ser divulgada debe motivarse haciendo referencia a las consideraciones que llevaron al consejero auditor a declarar que no constituía un secreto comercial u otro tipo de información confidencial, o porque, aunque éste fuera el caso, su revelación revestía un interés fundamental.

En el contexto del artículo 4 del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, leído en relación con los artículos 27, apartado 2 y 28, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 y con los artículos 6, 8, 15 y 16 del Reglamento no 773/2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 CE y 82 CE, considerar que el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001 prohíbe a la Comisión publicar cualquier información debido a que la mencionada institución tiene derecho a rechazar, en virtud de esta última norma, el acceso a los documentos en los que figura esa información invocando una presunción general vaciaría de contenido el artículo 30 del Reglamento no 1/2003. Por una parte, tal interpretación tendría como efecto privar a la Comisión de la posibilidad de publicar siquiera el contenido principal de su decisión, puesto que éste debe forzosamente desprenderse de los datos del expediente de investigación. Por otra parte, tendría también como efecto práctico invertir la carga de la prueba, que, en materia de tratamiento confidencial, incumbe a la empresa solicitante de dicho tratamiento, puesto que a ésta le bastaría ampararse en la presunción general que pueden invocar las instituciones y obligar de hecho a la Comisión a demostrar que la información controvertida puede incluirse en la versión publicada de su decisión.

Por ello, el hecho de que la Comisión, confrontada a una petición de acceso a un conjunto de documentos designados de manera global que figuran en el expediente de investigación sobre una infracción de las normas de competencia, pueda invocar una presunción general basada en la protección de alguno de los intereses enumerados en el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001 no prejuzga en absoluto el alcance de la publicación que puede realizar esta institución en el marco del artículo 30 del Reglamento no 1/2003.

(véanse los apartados 46, 47 y 89)