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60.

Por lo demás, es objeto de debate entre las partes la cuestión de si el gravamen controvertido puede ser repercutido al consumidor. Es cierto que el Tribunal de Justicia se basó también, en el caso del impuesto sobre los elementos combustibles, en que el tributo no podía repercutirse íntegramente. ( 23 ) No obstante, uno de los motivos expuestos por el Tribunal de Justicia al respecto también puede ser invocado en el presente caso, dado que un gravamen que recae sobre las instalaciones eólicas con independencia de la electricidad producida no puede ser trasladado con exactitud al precio de esa electricidad, y menos aún podrá ser facturado al consumidor final de forma transparente como un componente añadido al precio. En efecto, no es posible determinar qué proporción de la electricidad adquirida por ese consumidor fue producida por la instalación eólica sometida al gravamen. De ahí que la posibilidad, en su caso, de una traslación económica de la carga impositiva al consumidor no permite calificar al tributo de gravamen indirecto en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118.
39.

El Defensor de la Competencia plantea que, si se renuncia a un control ex ante en casos como el presente, las autoridades de defensa de la competencia no podrán actuar con la celeridad necesaria contra un posible menoscabo de la competencia en un mercado que ya de por sí está fuertemente concentrado. Pero ésta es la consecuencia necesaria del sistema de defensa de la competencia introducido por el Reglamento n.o 1/2003. A partir del 1 de mayo de 2004, el legislador de la Unión renunció conscientemente a la notificación obligatoria ex ante de los pactos entre empresas, por un lado, para que los propios operadores económicos asumiesen su responsabilidad y, por otro, para liberar recursos de las autoridades de defensa de la competencia, lo cual, en último término, incrementa su margen de discrecionalidad a la hora de establecer prioridades de intervención. Si ahora se pretendiese, mediante una interpretación extensiva del concepto de «concentración», incluir más casos en el ámbito de aplicación del control europeo de las concentraciones, con ello se pasaría por alto el nuevo sistema de aplicación de las normas europeas de competencia formado desde el 1 de mayo de 2004 por el Reglamento n.o 139/2004 y el Reglamento n.o 1/2003. Nada impide a las autoridades nacionales competentes prestar especial atención, dentro de sus prioridades de defensa de la competencia (artículos 101 TFUE y 102 TFUE), a los acontecimientos de los mercados que, como aquí sucede, están fuertemente concentrados.
57.

De este modo, el ámbito de aplicación del artículo 7, letra f), es, en efecto, más amplio que el del artículo 7, letras c) o e). El primero no está sujeto a circunstancias de hecho o jurídicas específicas, pero está formulado en términos excesivamente generales. Sin embargo, su aplicación es más estricta, puesto que está supeditada a la existencia real de intereses legítimos del responsable de tratamiento de datos o de un tercero que prevalezcan sobre los del interesado, lo que no se requiere en los artículos 7, letras c) o e).
17.

El decreto legislativo 6 de agosto de 2015, n. 130, recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (Decreto Legislativo n.o 130, de 6 de agosto de 2015, por el que se transpone la Directiva 2013/11, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 130/2015»), ( 5 ) ha modificado algunas disposiciones del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, «Codice del consumo» (Decreto Legislativo n.o 206, de 6 de septiembre de 2005, por el que se establece el Código de Consumo; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 206/2005)». ( 6 ) El artículo 1 del Decreto Legislativo n.o 130/2015 sustituyó, entre otros, el artículo 141 del Decreto Legislativo n.o 206/2005, cuyos apartados 4 y 6 establecen ahora lo siguiente: «4. Las disposiciones del presente título se aplicarán a los procedimientos extrajudiciales y voluntarios de resolución, incluso por vía telemática, de litigios nacionales y transfronterizos entre consumidores y comerciantes residentes y establecidos en la Unión Europea, en cuyo ámbito la entidad de resolución alternativa de litigios proponga una solución o reúna a las partes con el fin de facilitar una solución amistosa y, en particular, a las entidades de mediación para la resolución de asuntos en materia de consumo inscritas en la sección especial conforme al artículo 16, apartados 2 y 4, del Decreto Legislativo n.o 28, de 4 de marzo de 2010, y a las demás entidades de resolución alternativa constituidas o inscritas en las listas llevadas y supervisadas por las autoridades mencionadas en el apartado 1, letra i), tras comprobar que su organización y procedimientos cumplen los requisitos y se ajustan a lo dispuesto en el presente título. […] 6. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de las siguientes disposiciones que establecen la obligatoriedad del procedimiento de resolución alternativa de litigios: a) Artículo 5, apartado 1 bis, del Decreto Legislativo n.o 28, de 4 de marzo de 2010, […]»
46.

La documentación que obra en poder del Tribunal de Justicia no permite determinar si el proyecto Aichelberglift está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra b), del Convenio de Aarhus. En particular, de la resolución de remisión no se desprende claramente si el proyecto controvertido en el litigio principal se examinó o debería haberse examinado para determinar, con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva EIA o al artículo 6, apartado 1, letra b), del Convenio de Aarhus, si debía someterse a una evaluación de impacto ambiental ( 42 ) y si Protect podía o no impugnar la correspondiente decisión al respecto. ( 43 ) Tampoco está claro si el proyecto está localizado en una ZEC y, en su caso, en qué medida, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva hábitats ni si se analizó (o no) la importancia de los efectos del proyecto sobre el agua en la evaluación de impacto ambiental llevada a cabo sobre la base del artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva. Por último, no está completamente clara la relación entre dicha evaluación y el procedimiento de autorización objeto del litigio principal, pese a que su (posible) interconexión puede ser pertinente a los efectos de la aplicabilidad del artículo 9, apartado 2, del Convenio de Aarhus. ( 44 )
69.

Sin embargo, la decisión de incluir las ventajas otorgadas a través de organismos distintos del Estado genera un riesgo de sobre-inclusión, relativo a las ventajas que no sean imputables al Estado o que no impliquen la utilización de fondos estatales. En particular, se debe tener presente que no constituyen ayudas de Estado las ventajas cuya concesión haya sido declarada obligatoria por el Estado pero no supongan la utilización de fondos estatales. ( 22 )
32.

En palabras del Tribunal de Justicia, «Gibraltar fue cedido por el Rey de España a la Corona británica mediante el Tratado de Utrecht celebrado entre el primero y la Reina de Gran Bretaña el 13 de julio de 1713, en el marco de los tratados por los que se ponía fin a la Guerra de Sucesión española. El artículo X, última frase, de dicho Tratado precisa que si la Corona británica tuviese en algún momento la intención de dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la ciudad de Gibraltar, tendría que otorgar preferencia a la Corona de España, con prioridad a cualquier otro interesado. Gibraltar es actualmente una colonia de la Corona británica. No forma parte del Reino Unido. Ejercen el poder ejecutivo en Gibraltar un Gobernador nombrado por la Reina y, respecto a determinadas competencias internas, un Chief minister y ministros elegidos en el ámbito local. Estos últimos son responsables ante la Asamblea legislativa (House of Assembly), elegida cada cinco años. La Asamblea legislativa está habilitada para votar leyes relativas a determinadas materias internas. El Gobernador tiene, no obstante, la potestad de negarse a sancionar una ley. El Parlamento del Reino Unido y la Reina en el ámbito de su Consejo Privado (Queen in Council) tienen, además, la facultad de promulgar leyes aplicables a Gibraltar. Se han instituido órganos jurisdiccionales propios de Gibraltar. No obstante, las sentencias del órgano jurisdiccional de mayor rango de Gibraltar son recurribles ante la Comisión judicial del Consejo Privado (Judicial Committee of the Privy Council). Según el Derecho comunitario, Gibraltar es un territorio europeo cuyas relaciones exteriores asume un Estado miembro, en el sentido del artículo [355 TFUE, punto 3], y al que se aplican las disposiciones del Tratado CE. El Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1972, L 73, p. 14) dispone, no obstante, que determinadas partes del Tratado no se aplican a Gibraltar». ( 14 )
6.

El artículo 4 dispone: «1. Sólo podrán utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios las vitaminas y minerales enumerados en el anexo I, y en las formas enumeradas en el anexo II, sin perjuicio del apartado 6. [...] 6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y hasta el 31 de diciembre de 2009, los Estados miembros podrán permitir en su territorio el uso de vitaminas y minerales no enumerados en el anexo I, o en las formas no enumeradas en el anexo II, siempre que: a) la sustancia de que se trate se utilice en uno o más complementos alimenticios comercializados en la Comunidad en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva; b) la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no haya emitido ningún dictamen negativo respecto del uso de dicha sustancia, o de su uso en dicha forma, en la fabricación de complementos alimenticios, sobre la base de un expediente de apoyo del uso de la sustancia de que se trate, que el Estado miembro deberá presentar a la Comisión a más tardar el 12 de julio de 2005. 7. No obstante lo dispuesto en el apartado 6, los Estados miembros podrán, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, seguir aplicando las restricciones nacionales o prohibiciones vigentes en materia de complementos alimenticios que contengan vitaminas y minerales no incluidos en la lista del anexo I o en las formas no incluidas en el anexo II. [...]»
16.

Puesto que el Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional, Bélgica) manifiesta dudas sobre la compatibilidad del fairness tax con la libertad de establecimiento y con la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, con fecha 28 de enero de 2015 se dirigió al Tribunal de Justicia planteando las siguientes cuestiones prejudiciales de acuerdo con el artículo 267 TFUE: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 49 TFUE en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual: a) las sociedades establecidas en otro Estado miembro con un establecimiento permanente en Bélgica están sujetas a un impuesto cuando deciden repartir beneficios que no están comprendidos en el resultado imponible definitivo de la sociedad, con independencia de si se traspasa un beneficio desde el establecimiento permanente en Bélgica a la casa matriz, mientras que sociedades establecidas en otro Estado miembro con una filial belga no están sujetas a tal impuesto cuando deciden repartir beneficios que no están comprendidos en el resultado imponible definitivo de la sociedad, con independencia de si la filial ha repartido o no dividendos; b) las sociedades establecidas en otro Estado miembro con un establecimiento permanente en Bélgica, en caso de reserva íntegra de los beneficios obtenidos en Bélgica, están sujetas a un impuesto cuando deciden repartir beneficios que no están comprendidos en el resultado imponible definitivo de la sociedad, mientras que las sociedades belgas, en caso de reserva íntegra de los beneficios, no quedan sujetas a tal impuesto? 2) ¿Debe interpretarse el artículo 5 de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales en el sentido de que existe una retención en origen cuando una disposición de Derecho nacional dispone que, en caso de distribución de beneficios de una filial a su matriz, se aplique un impuesto porque en el mismo período impositivo se distribuyen dividendos y el resultado imponible se reduce total o parcialmente mediante la deducción de capital riesgo y/o pérdidas fiscales trasladadas, mientras que los beneficios no quedarían gravados en virtud de la legislación nacional si los conservara la filial y no fueran distribuidos a la sociedad matriz? 3) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 3, de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual se aplica un impuesto a la distribución de dividendos cuando dicho régimen tiene como consecuencia que, si una sociedad distribuye dividendos en un ejercicio posterior al ejercicio en el que ella misma los ha percibido, quedará sujeta a gravamen en una parte del dividendo que rebasa el umbral establecido en el citado artículo 4, apartado 3, de la Directiva, mientras que tal no será el caso cuando la sociedad distribuya de nuevo dividendos en el mismo año en que los haya percibido?»
5.

En el asunto principal, de los autos resulta que, entre el 1 de octubre de 2007 y el 31 de marzo de 2010, Oxycure aplicó al alquiler y venta de concentradores de oxígeno y sus accesorios un tipo reducido de IVA del 6 %, con el que el Reino de Bélgica había decidido gravar la entrega o el alquiler de ciertos equipos, artículos o aparatos médicos en aplicación del artículo 98, apartado 2, y del anexo III de la Directiva IVA. No obstante, según las autoridades fiscales belgas las operaciones de Oxycure habrían debido estar sujetas al tipo normal de 21 %, conforme al arrêté royal n.o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Real Decreto n.o 20, de 20 de julio de 1970, que fija los tipos del impuesto sobre el valor añadido y determina la clasificación de los bienes y servicios en esos tipos). ( 5 ) Las autoridades fiscales belgas enviaron por tanto a Oxycure un requerimiento de pago de cerca de un 1300000 euros de IVA más una multa del 10 % de la cantidad reclamada.
61.

En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal da Relação de Évora (Audiencia de Évora, Portugal): «Primera cuestión prejudicial: El artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional puede basarse en un documento distinto de un acuse de recibo para determinar que se ha notificado o dado traslado de un acto procesal al destinatario de conformidad con dicha disposición. Para poder ser considerados equivalentes a un acuse de recibo, los documentos en cuestión deben permitir al juez nacional comprobar que el destinatario ha recibido la notificación o traslado de un modo que proteja sus derechos procesales. Segunda cuestión prejudicial: El Reglamento n.o 1393/2007 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual la notificación o el traslado de un acto procesal se consideran efectuados al destinatario si son aceptados por un tercero, siempre que la entrega se realice en la residencia del destinatario y el documento notificado se entregue a una persona adulta de la que quepa razonablemente esperar que va a trasladarlo al destinatario. Tercera cuestión prejudicial: El Reglamento n.o 1393/2007 se opone a una norma nacional que dispone que la irregularidad de la notificación y traslado derivada de la omisión del formulario que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007 puede subsanarse por el transcurso de un plazo durante el cual el destinatario no formule objeciones a la omisión de tal formulario. Dicha omisión únicamente puede subsanarse notificando dicho formulario al destinatario de conformidad con las disposiciones aplicables del Reglamento n.o 1393/2007.»
11.

Al tiempo que desestimó la alegación basada en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento n.o 207/2009, la referida Sala de Recurso afirmó que era evidente que la forma controvertida no tenía la forma de un puzle y que no podía considerarse que dicha forma viniera impuesta por la naturaleza del propio producto. En lo que atañe a la alegación basada en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o 207/2009, señaló, en particular, que las características esenciales de la forma, especialmente la «estructura cúbica cuadriculada», no daban indicación alguna sobre su función, ni tan siquiera de que tuviera una.
72.

En mi opinión, el Reglamento n.o 1169/2011 corrobora, por consiguiente, que la indicación del país de origen de la miel debe figurar en general en el envase o en la etiqueta de los envases monodosis, incluidos los suministrados al consumidor como parte de una comida. No obstante, en virtud del Reglamento n.o 1169/2011, así como con arreglo a la Directiva relativa al etiquetado de los productos alimenticios, no existe la obligación de indicar el país de origen de un producto alimenticio envasado en minirrecipientes. La excepción contemplada en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento n.o 1169/2011, está redactada en términos prácticamente idénticos a la excepción que figuraba anteriormente en el artículo 13, apartado 4, de la Directiva relativa al etiquetado de los productos alimenticios. Aun cuando la lista de indicaciones obligatorias establecida en dicho Reglamento es algo más extensa, su artículo 16, apartado 2, no contempla ninguna obligación de indicar el país de origen [a saber, artículo 9, apartado 1, letra i)] en tales envases o recipientes. Por consiguiente, ahora, como antes, sigue siendo aplicable a la miel envasada en tales recipientes la excepción relativa a los minirrecipientes.
72.

Tampoco desvirtúa esta conclusión la objeción, no fundamentada, de Forge de Laguiole en el sentido de que, puesto que confirma la resolución anterior, la sentencia Cœur de princesse no puede estar inaugurando una nueva corriente jurisprudencial. En el presente asunto no es preciso aclarar si la sentencia Cœur de princesse constituye o no una «resolución de referencia». Basta con constatar que de la estructura de la respuesta al primer motivo de casación y del contexto de la declaración sobre el ámbito de protección de las denominaciones sociales se desprende claramente que se trata de una declaración de principios y con validez general.
6.

Su artículo 3 disponía, en particular: «1. Los Estados miembros velarán por que: a) el interés devengado con arreglo a la letra d) sea pagadero el día siguiente a la fecha o al término del plazo de pago que se fije en el contrato; b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés sea pagadero automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento: i) 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente, o […] c) el acreedor tendrá derecho a intereses de demora en la medida en que: i) haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales, y ii) no haya recibido a tiempo la cantidad debida, a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso». d) el tipo de interés de demora (“tipo legal”) que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de refinanciación efectuada antes del primer día natural del semestre de que se trate (“tipo de referencia”) más, como mínimo, 7 puntos porcentuales (“margen”), salvo que se especifique otra cosa en el contrato. […] e) salvo que el deudor no sea responsable del retraso, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una compensación razonable por todos los costes de cobro que haya sufrido a causa de la morosidad de éste. Estos costes de cobro respetarán los principios de transparencia y proporcionalidad respecto a la deuda de que se trate. Siempre que respeten los principios citados, los Estados miembros podrán fijar una cantidad máxima en lo que se refiere a los costes de cobro para diferentes cuantías de deuda. […] 3. Los Estados miembros dispondrán que cualquier acuerdo sobre la fecha de pago o sobre las consecuencias de la demora que no sea conforme a lo dispuesto en las letras b) a d) del apartado 1 y en el apartado 2 no sea aplicable o dé lugar al derecho a reclamar por daños si, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas los usos habituales del comercio y la naturaleza del producto, es manifiestamente abusivo para el acreedor. Para determinar si un acuerdo es manifiestamente abusivo para el acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse de lo dispuesto en las letras b) a d) del apartado 1 y en el apartado 2. En caso de determinarse que el acuerdo es manifiestamente abusivo, se aplicarán las disposiciones legales, a no ser que los tribunales nacionales determinen otras condiciones que sean justas. 4. Los Estados miembros velarán por que, en interés de los acreedores y los competidores, existan medios adecuados y efectivos para evitar que sigan aplicándose cláusulas que resulten manifiestamente abusivas en el sentido del apartado 3. […]»
3.

El Reglamento no 44/2001 fue derogado por el artículo 80 del Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351, p. 1). No obstante, en virtud de su artículo 81, párrafo segundo, este último Reglamento no entró en vigor hasta el 10 de enero de 2015. Al haber acaecido los hechos del procedimiento principal con anterioridad a tal fecha, procede aplicar el Reglamento no 44/2001 en el presente asunto.
11.

Posteriormente, esa disposición fue modificada por el artículo 34 duodecies del Decreto-ley no 179 sobre medidas urgentes adicionales para el crecimiento del país (decreto-legge n. 179 — Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), de 18 de octubre de 2012 (GURI no 245, de 19 de octubre de 2012), convalidado mediante la Ley no 221 (legge n. 221), de 17 de diciembre de 2012 (GURI no 294, de 18 de diciembre de 2012), prorrogándose hasta el 31 de diciembre de 2020 la duración de las concesiones.