CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NILS WAHL

presentadas el 21 de diciembre de 2016 ( 1 )

Asunto C‑516/15 P

Akzo Nobel NV

Akzo Nobel Chemicals GmbH

Akzo Nobel Chemicals BV

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Prácticas colusorias — Mercados europeos de los estabilizadores térmicos — Decisión por la que se declara la existencia de dos infracciones del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Fijación de los precios, reparto de los mercados e intercambio de información comercial sensible — Imputación de la responsabilidad — Infracciones cometidas por filiales y responsabilidad derivada de la sociedad matriz — Consecuencias de la anulación de la multa impuesta a las filiales con motivo de la expiración del plazo de prescripción previsto en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1/2003»

1. El presente recurso de casación, que se dirige contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de julio de 2015, Akzo Nobel y otros/Comisión (T‑47/10, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:506), brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de facilitar algunas precisiones sobre las consecuencias que deben extraerse de los principios que ha consagrado en materia de imputación de la responsabilidad por comportamientos contrarios a la competencia.

2. Más concretamente, se plantea la cuestión de si el beneficio de que haya transcurrido el plazo de prescripción de la facultad sancionadora reconocido con respecto a una filial debe extenderse a su sociedad matriz y, en caso de que proceda, dentro de qué límites. En la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que el hecho de que la Comisión Europea no pudiera ya imponer una multa a Akzo Nobel Chemicals GmbH (en lo sucesivo, «Akzo GmbH») y a Akzo Nobel Chemicals BV (en lo sucesivo, «Akzo BV»), sociedades filiales de Akzo Nobel NV, debido a la prescripción no tenía «la consecuencia de desvirtuar la responsabilidad de la sociedad matriz ni de impedir las actuaciones contra ella». Consideró, en efecto, que «la consumación de la prescripción prevista por el artículo 25 del Reglamento [(CE)] n.o 1/2003 ( 2 ) no [tenía] como efecto borrar la existencia de una infracción ni impedir que la Comisión [constatase] en una decisión la responsabilidad por esa infracción […], sino únicamente excluir a quienes se benefician de la prescripción de las actuaciones dirigidas a imponer sanciones».

3. Por las razones que expondré a continuación, creo que esta apreciación se expone a la censura.

I. Antecedentes del litigio

4. Los hechos que dieron lugar al presente litigio, que son indiscutiblemente complejos, se exponen en los apartados 1 a 50 de la sentencia recurrida.

5. A efectos de comprender el asunto, me limitaré a recordar los siguientes elementos.

6. El presente asunto se refiere a la Decisión C(2009) 8682 final de la Comisión, de 11 de noviembre de 2009, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) (Asunto COMP/38.589 — Estabilizadores térmicos) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).

7. Mediante la Decisión controvertida, la Comisión consideró que varias empresas, entre las cuales figuran las demandantes, habían infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar en dos conjuntos de acuerdos y de prácticas concertadas contrarios a la competencia que abarcaban el territorio del EEE y afectaban a dos categorías de estabilizadores térmicos, a saber, al sector de los estabilizadores de estaño, por una parte, y al sector del aceite epoxidado de soja y de los ésteres, por otra (en lo sucesivo, «sector ESBO/ésteres»).

8. La Decisión controvertida constata la existencia de dos infracciones relacionadas con estas dos categorías de estabilizadores térmicos y consistentes en fijar los precios, repartir los mercados mediante cuotas de venta, repartir los clientes e intercambiar información comercial sensible.

9. Dicha Decisión expone que las empresas en cuestión participaron en esas infracciones durante diversos períodos comprendidos entre el 24 de febrero de 1987 y el 21 de marzo de 2000, por lo que respecta a los estabilizadores de estaño, y entre el 11 de septiembre de 1991 y el 26 de septiembre de 2000, por lo que respecta al sector ESBO/ésteres.

10. La Decisión controvertida fue dirigida, por cada infracción, a 20 sociedades, que participaron bien directamente en las infracciones constatadas o bien, por haber sido consideradas responsables, al ser sociedades matrices (considerando 510 de la Decisión controvertida).

11. La Comisión dividió la participación de las demandantes en las prácticas colusorias en tres períodos de infracción distintos. El presente recurso de casación se refiere únicamente al primer período de infracción.

12. La Comisión estimó que, durante el primer período de infracción (el período anterior al 28 de junio de 1993), habían participado directamente en las infracciones sociedades pertenecientes indirectamente a Akzo (que pasó a ser Akzo Nobel), a saber: Akzo GmbH, en la infracción relacionada con los estabilizadores de estaño, y Akzo BV, en la infracción relacionada con el sector ESBO/ésteres. Akzo Nobel fue declarada responsable de la infracción en su condición de sociedad matriz (considerandos 512 a 519 de la Decisión controvertida).

13. La Comisión consideró que, durante el segundo período de infracción, comprendido entre el 28 de junio de 1993 y el 2 de octubre de 1998, las infracciones habían sido cometidas por la «sociedad colectiva Akcros», que no tenía personalidad jurídica propia (considerandos 563 y 564 de la Decisión controvertida).

14. La Comisión estimó que, durante el tercer período de infracción, comprendido entre el 2 de octubre de 1998 y el 21 de marzo de 2000, para los estabilizadores de estaño, y entre el 2 de octubre de 1998 y el 22 de marzo de 2000, para el sector ESBO/ésteres, las infracciones habían sido cometidas por Akcros (considerandos 582 a 587 de la Decisión controvertida).

15. Por lo que se refiere a la imputación de las multas, el artículo 2 de la Decisión controvertida dispone lo siguiente: «Se imponen las siguientes multas por las infracciones en el mercado de los estabilizadores de estaño […]: […] 4) [Akzo Nobel], [Akzo GmbH] y [Akcros] son solidariamente responsables por importe de 1580000 euros; […] 6) [Akzo Nobel] y [Akzo GmbH] son solidariamente responsables por importe de 9820000 euros; 7) [Akzo Nobel] es responsable por importe de 1432700 euros; […] Se imponen las siguientes multas por las infracciones en el [sector ESBO/ésteres]: […] 21) [Akzo Nobel], [Akzo BV] y [Akcros] son solidariamente responsables por importe de 2033000 euros; […] 23) [Akzo Nobel] y [Akzo BV] son solidariamente responsables por importe de 3467000 euros; 24) [Akzo Nobel] es responsable por importe de 2215303 euros […]».

16. La Decisión controvertida fue modificada mediante Decisión de la Comisión de 30 de junio de 2011, en lo que se refería a Akzo Nobel y a Akcros (en lo sucesivo, «Decisión modificativa»).

17. En el considerando 1 de la Decisión modificativa, la Comisión recordó que, en la Decisión [controvertida], había impuesto unas multas a Akzo Nobel y a Akcros «conjunta y solidariamente» con Elementis plc, Elementis Holdings Limited y Elementis Services Limited.

18. En el considerando 2 de la Decisión modificativa, la Comisión declaró que, tras la sentencia de 29 de marzo de 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Comisión y Comisión/ArcelorMittal Luxembourg y otros (C‑201/09 P y C‑216/09 P, EU:C:2011:190), decidió retirar la Decisión controvertida en lo que se refería, en concreto, a Elementis y a Elementis Holdings Limited.

19. Por consiguiente, la Comisión modificó la Decisión controvertida, en lo que se refería a Akzo Nobel y a Akcros en la medida en que las había considerado, junto con Elementis, responsables solidarias de las multas impuestas.

20. Por último, mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 12 de septiembre de 2011, Akzo Nobel y Akcros interpusieron un recurso contra la Decisión modificativa de la Comisión. Dicha Decisión fue anulada mediante la sentencia de 15 de julio de 2015, Akzo Nobel y Akcros Chemicals/Comisión (T‑485/11, EU:T:2015:517), contra la que no se interpuso ningún recurso de casación.

II. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

21. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 27 de enero de 2010, las demandantes solicitaron la anulación de la Decisión controvertida o, con carácter subsidiario, la reducción del importe de las multas que les habían sido impuestas.

22. En apoyo de su recurso, las demandantes invocaron cinco motivos, refiriéndose el primero de ellos a las infracciones de las normas de prescripción. En la primera parte del primer motivo, que hace referencia a una infracción del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1/2003, las demandantes sostuvieron que, desde el 28 de junio de 1998, había precluido el derecho de la Comisión para actuar contra Akzo GmbH y Akzo BV y, por ende, para imponerles una multa solidaria con Akzo Nobel, como sociedad matriz de dichas sociedades.

23. Las alegaciones de las demandantes fueron parcialmente estimadas. El Tribunal General consideró que procedía anular el artículo 2, puntos 4, 6, 21 y 23, de la Decisión controvertida, en la medida en que se impusieron multas a Akzo GmbH y a Akzo BV por el primer período de infracción, y desestimarlas en todo lo demás. Los fundamentos de Derecho expuestos por el Tribunal General al respecto se recogen principalmente en los apartados 118 a 128 de la sentencia recurrida.

III. Pretensiones de las partes

24. Las demandantes solicitan al Tribunal de Justicia que: — Con carácter principal, anule la sentencia recurrida en la medida en que considera que la responsabilidad por las multas inicialmente impuestas a Akzo GmbH y a Akzo BV por su participación en las infracciones se puede seguir atribuyendo a Akzo Nobel tras la anulación de dichas multas por el Tribunal General. — Anule la Decisión controvertida en la medida en que establece la participación de Akzo GmbH y de Akzo BV en las infracciones, en concreto, su artículo 1, punto 1, letra b), y su artículo 1, punto 2, letra b). — Anule la Decisión controvertida en la medida en que atribuye la responsabilidad y/o impone una multa a Akzo Nobel por la conducta infractora de Akzo GmbH y de Akzo BV, en concreto, su artículo 1, punto 1, letra b), en relación con el período comprendido entre el 24 de febrero de 1987 y el 28 de junio de 1993 y el artículo 1, punto 2, letra b), para el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1991 y el 28 de junio de 1993 y/o el artículo 2, puntos 6 y 23. — Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal General. — Condene en costas a la Comisión.

25. La Comisión solicita que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a las demandantes.

IV. Análisis del recurso de casación

A. Alegaciones de las partes

26. En apoyo de su recurso de casación, las demandantes, Akzo Nobel y otros, invocan un único motivo basado, en esencia, en la inobservancia de las normas en materia de responsabilidad de las sociedades matrices por la conducta infractora de sus filiales.

27. Señalan que el Tribunal de Justicia ha confirmado recientemente, en su sentencia de 17 de septiembre de 2015, Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), que, cuando la responsabilidad de la sociedad matriz se deriva íntegramente de la responsabilidad de su filial, la responsabilidad de aquélla no puede exceder de la de ésta. En tal caso, si la sociedad matriz interpone un recurso que tenga el mismo objeto que el recurso interpuesto por su filial, la sociedad matriz debe disfrutar de la anulación parcial o total de la multa impuesta a su filial.

28. A este respecto, las demandantes alegan que la anulación de las multas impuestas a Akzo GmbH y a Akzo BV debía haber supuesto la anulación de la multa impuesta a Akzo Nobel, en tanto que sociedad matriz, por el período de infracción anterior a la constitución de la «sociedad colectiva Akcros», dado que dicha multa le había sido impuesta únicamente en virtud de la participación directa de sus filiales en las infracciones. Consideran que la responsabilidad de Akzo Nobel era, por lo tanto, meramente derivada, accesoria y dependiente de la responsabilidad de sus filiales.

29. Según las demandantes, en el caso de autos, la anulación de las multas impuestas a Akzo GmbH y a Akzo BV debió dar lugar a la anulación de la Decisión controvertida en todo lo que a ellas se refería en relación con el primer período de infracción.

30. En este contexto, las demandantes señalan que, a raíz de la sentencia de 29 de marzo de 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Comisión y Comisión/ArcelorMittal Luxembourg y otros (C‑201/09 P y C‑216/09 P, EU:C:2011:190), la Comisión se enfrentó al hecho de que no podía ya imponer ninguna multa a Elementis ni a Ciba/BASF por causa de prescripción. Como se desprendía de la Decisión modificativa, la Comisión no sólo retiró las multas, sino que también se retractó de su declaración de que estas empresas habían participado de alguna manera en dichas infracciones.

31. Según las demandantes, en virtud del principio de igualdad de trato, y a fin de extraer todas las consecuencias de la sentencia recurrida, en el sentido del artículo 266 TFUE, párrafo primero, la Comisión debió haber adoptado el mismo criterio con respecto a Akzo GmbH y a Akzo BV. Ahora bien, la Decisión controvertida seguía incluyendo una declaración de infracción referida a estas empresas.

32. Consideran que el hecho de que la Comisión pudiera seguir imponiendo una multa a otras entidades jurídicas que formaban parte del grupo Akzo carece de relevancia, en la medida en que, según la jurisprudencia relativa al derecho de defensa y a las garantías procesales individuales, es preciso comparar las situaciones de las distintas entidades jurídicas y no la situación de las empresas implicadas.

33. La Comisión alega que el recurso de casación es, al menos en parte, inadmisible. En primer lugar, aduce que las demandantes no señalan ningún error de Derecho, sino que se limitan a reiterar alegaciones rechazadas por el Tribunal General. En segundo lugar, considera que el motivo, en la medida en que se refiere a una violación del principio de igualdad de trato respecto del dispensado a Elementis y a Ciba/BASF, debía considerarse como un nuevo motivo. Pues bien, conforme al artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y a la jurisprudencia, una alegación de ese tipo debe ser desestimada. En su opinión, no cabe estimar, en este contexto, la alegación relativa a una supuesta eficacia procesal.

34. En cualquier caso, la Comisión considera acertado que el Tribunal General recordara que la consumación de la prescripción no le impide declarar la responsabilidad del destinatario respecto del cual ha prescrito una multa. Añade que, en el caso de autos, la ratificación de la responsabilidad de las filiales es pertinente y legítima como base para determinar la responsabilidad de la sociedad matriz, así como a efectos de posibles reclamaciones por daños y perjuicios presentadas contra la empresa.

35. Por lo que se refiere a la retirada de la Decisión controvertida respecto de Elementis y Ciba/BASF, la Comisión señala que la prescripción se había consumado para todas las entidades jurídicas de dichas empresas, que simplemente habían abandonado la práctica colusoria. En cambio, en el presente caso, Akzo Nobel había participado a través de diversas filiales en dos infracciones únicas y continuas, respecto de las que no había transcurrido el plazo de prescripción.

36. La Comisión vuelve a señalar que el Tribunal General, en la sentencia de 15 de julio de 2015, Akzo Nobel y Akcros Chemicals/Comisión (T‑485/11, EU:T:2015:517), se limita a declarar la existencia de un error de procedimiento en relación con la Decisión modificativa. Añade que la sentencia recurrida ratificó expresamente la Decisión controvertida en la medida en que declara la participación de tres entidades jurídicas miembros del grupo Akzo en las infracciones durante el período anterior a la constitución de la sociedad colectiva Akcros. Por lo tanto, en su opinión, de dichas sentencias no se desprende que la Comisión tenga obligación alguna de proceder a retirar la Decisión controvertida.

37. Por lo que respecta a las normas relativas a la responsabilidad derivada de las sociedades matrices, la Comisión considera que las críticas de las demandantes no reflejan correctamente la jurisprudencia en esta materia. Según la Comisión, en su sentencia de 17 de septiembre de 2015, Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), el Tribunal de Justicia confirmó, haciendo referencia a factores susceptibles de singularizar el comportamiento reprochado a la sociedad matriz, que hay situaciones en las que no está justificado extender a la sociedad matriz la reducción de la multa concedida a su filial.

38. Según la Comisión, dicha extensión sólo es posible cuando esté en juego el mismo motivo de responsabilidad o de imposición de una multa para estas dos entidades y no cada vez que la filial haya obtenido sentencias parcial o totalmente favorables. La Comisión señala que los «factores individuales» que justifican la imposición de una multa diferente a la sociedad matriz no pueden enumerase de forma exhaustiva.

39. La Comisión considera que el análisis de las principales resoluciones del Tribunal General y del Tribunal de Justicia demuestra que el juez de la Unión ha sido coherente en este ámbito. De ello se desprende, a su juicio, que, normalmente, se aplique la misma multa a la sociedad matriz y a la filial si, durante el período de infracción, formaban parte de una sola empresa, no se escindieron posteriormente y no participaron en la infracción, a título individual o a través de otras filiales, antes de constituir una sola empresa.

40. Cuando la reducción concedida a la filial tiene un vínculo directo con la responsabilidad por la comisión de una infracción, en relación, en particular, con la duración de ésta, resulta inherente al principio de la responsabilidad derivada que la reducción de la responsabilidad y de la multa impuesta a la filial repercuta directamente en la sociedad matriz. La Comisión resalta que la duración de la participación de una sociedad matriz y de una filial pueden, no obstante, ser diferentes, por ejemplo, si una filial puso fin a su participación, pero otra filial del mismo grupo, o la sociedad matriz de manera directa, continuó con su participación. Considera que, en tal caso, la prescripción podía aplicarse eventualmente a la primera filial directamente implicada en la práctica colusoria, pero no a la sociedad matriz.

41. La Comisión señala también que de la sentencia de 29 de marzo de 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Comisión y Comisión/ArcelorMittal Luxembourg y otros (C‑201/09 P y C‑216/09 P, EU:C:2011:190), se desprende que la prescripción se aplica individualmente a cada entidad jurídica y no uniformemente al conjunto de la empresa, lo que quiere decir que se trata de una situación reconocida, en la que está justificado que no se extienda a la sociedad matriz una reducción de la multa.

42. Por último, según la Comisión, el Tribunal General comparó acertadamente, en la sentencia recurrida, el transcurso del plazo de prescripción con las garantías procesales individuales, como el derecho de defensa, y con la necesidad de que la Comisión notifique tanto un pliego de cargos como una decisión que imponga tales sanciones a la persona jurídica en cuestión.

B. Apreciación

43. Antes de abordar el fondo de este asunto, es preciso pronunciarse brevemente sobre las causas de inadmisión propuestas por la Comisión en su escrito de contestación.

1. Sobre la admisibilidad

44. Como señaló la Comisión, las alegaciones de las demandantes relativas, por un lado, a la violación por parte de la Comisión del principio de igualdad de trato en relación con las sociedades de los grupos Ciba/BASF y Elementis y, por otro lado, a la falta de un interés legítimo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, última frase, del Reglamento n.o 1/2003, que justifiquen la declaración de que Akzo GmbH y Akzo BV participaron efectivamente en las prácticas colusorias, son alegaciones nuevas, ya que no se debatieron en primera instancia.

45. Las demandantes, en efecto, se limitaron a alegar ante el Tribunal General que no cabía imputar responsabilidad alguna a Akzo GmbH y a Akzo BV habida cuenta de que había expirado el plazo de prescripción y que, por tanto, procedía anular la Decisión controvertida a este respecto.

46. Además, es preciso observar que estas nuevas alegaciones no se fundamentan de ninguna manera en hechos que hayan aparecido durante el procedimiento. A este respecto, hay que señalar que, en sus observaciones presentadas ante el Tribunal General el 16 de septiembre de 2011, en particular sobre las consecuencias que deben extraerse, en su opinión, de la sentencia de 29 de marzo de 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Comisión y Comisión/ArcelorMittal Luxembourg y otros (C‑201/09 P y C‑216/09 P, EU:C:2011:190), las demandantes no formularon ningún argumento relativo a la vulneración del principio de igualdad de trato. En aquel momento, ya conocían, no obstante, la retirada de la Decisión controvertida respecto de las sociedades de los grupos Ciba/BASF y Elementis.

47. Opino, por ello, que el Tribunal de Justicia no es competente para apreciar dichas alegaciones en el marco del presente recurso de casación. ( 3 )

48. En cuanto al resto, considero que procede declarar la admisibilidad del recurso de casación. Parece, en efecto, que las demandantes pretenden, en esencia, impugnar el razonamiento jurídico que llevó al Tribunal General a concluir que el hecho de que las sociedades filiales ganasen la prescripción no suponía cuestionar la responsabilidad de su sociedad matriz.

2. Sobre el fondo

49. Como anunciaba en la introducción de las presentes conclusiones, este asunto, que trata sobre dos prácticas colusorias en el sector de los estabilizadores térmicos, brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de aportar algunas aclaraciones sobre su jurisprudencia en relación con la responsabilidad de las sociedades matrices en caso de infracción de la normativa sobre competencia cometida por sus filiales. En particular, se plantea concretamente si la prescripción de la facultad sancionadora de la Comisión en relación con algunas filiales no afecta, como declaró el Tribunal General en el caso de autos, a la responsabilidad de la sociedad matriz.

50. La respuesta que debe darse a dicha cuestión me parece que depende en gran medida de si la responsabilidad de la sociedad matriz, en el caso de que no se haya demostrado (como en el presente caso) la participación directa de ésta en la infracción en cuestión, debe calificarse de «personal» o de «derivada». Abordaré estos problemas, en primer lugar, a la luz de las enseñanzas que se desprenden, a mi juicio, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

51. En segundo lugar, indicaré por qué considero que la conclusión a la que llegó el Tribunal General en relación con las normas sobre la prescripción contraviene los principios, recogidos en la jurisprudencia, en materia de imputación a las sociedades matrices de conductas contrarias a la competencia de sus filiales. En este contexto, explicaré por qué razones la naturaleza de la responsabilidad de la sociedad matriz implica necesariamente que se pueda beneficiar del transcurso del plazo de prescripción constatado con respecto a su filial.

a) La naturaleza de la responsabilidad de las sociedades matrices por los actos cometidos por sus filiales: ¿responsabilidad «personal» o «derivada»?

52. La jurisprudencia ( 4 ) conoce desde hace mucho tiempo los problemas de la imputación de la responsabilidad por las infracciones al Derecho de la competencia dentro de los grupos de sociedades y el razonamiento adoptado por el Tribunal de Justicia en este sentido se ha mantenido con algunos matices. Dicho razonamiento se articula esquemáticamente de la siguiente manera.

53. Cuando una empresa sea culpable de una infracción de las normas de la Unión sobre competencia, deberá responder por ella.

54. En el caso de que haya sido la filial de un grupo la que cometió la conducta controvertida, corresponde imputar, en principio, a dicha filial, la responsabilidad de la infracción en cuestión, de conformidad con el principio de responsabilidad personal, aplicable en caso de infracciones de las normas de la Unión sobre competencia. ( 5 )

55. Como excepción a dicho principio, el Tribunal de Justicia considera que existen circunstancias en las que a una entidad jurídica que no es la autora directa de la infracción se puede imputar, no obstante, la responsabilidad de la conducta en cuestión y, por lo tanto, puede ser sancionada por ella. En particular, así ocurre cuando una sociedad no determina de manera autónoma su conducta, sino que aplica, esencialmente, las directrices de su sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas. ( 6 ) Este enfoque se basa en la idea de que, aun cuando, desde el punto de vista jurídico, un grupo está compuesto por varias personas jurídicas distintas, puede considerarse como una única «empresa» a efectos del Derecho de la competencia. La facultad que se le brinda a la Comisión de recurrir al concepto funcional de empresa para imputar la responsabilidad de las conductas contrarias a la competencia a sociedades que no hayan participado directamente en las prácticas incriminadas tiene como corolario que la Comisión pueda dirigir una decisión en la que impone una multa a una sociedad matriz sin necesidad de demostrar la implicación personal de ésta en la infracción. ( 7 )

56. Las condiciones en las que una sociedad matriz puede ser declarada responsable de la conducta contraria a la competencia de su filial están en la actualidad claramente definidas por la jurisprudencia: por un lado, hace falta que la sociedad matriz esté en posición de ejercer una influencia decisiva en el comportamiento de su filial y, por otro, que ésta haya ejercido efectivamente tal influencia. ( 8 )

57. La prueba de la existencia de dichas condiciones obliga, en principio, a la autoridad encargada de perseguir y reprimir las conductas contrarias a la competencia a aportar en cada caso la prueba material de la existencia y del ejercicio efectivo de la influencia decisiva por parte de la sociedad matriz sobre su filial. ( 9 ) Sin embargo, el Tribunal de Justicia declaró, tras la sentencia AEG-Telefunken/Comisión ( 10 ) y sin ambigüedades desde de la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, ( 11 ) que, en el supuesto de una sociedad matriz que posee todo el capital de su filial, cabe presumir que ejerce efectivamente una influencia decisiva en el comportamiento de su filial. Esta «presunción en términos de capital», que se extendió después al supuesto en el que una sociedad matriz tiene una participación cuasitotalitaria en el capital de su filial, ( 12 ) es, según el Tribunal de Justicia, una «presunción iuris tantum» que la sociedad matriz puede destruir si demuestra que su filial se comporta de manera autónoma en el mercado.

58. Una vez precisado esto, pueden existir circunstancias específicas de la filial o de la sociedad matriz que pueden justificar la imposición de multas de importes distintos.

59. Como señaló la Comisión, muy acertadamente en mi opinión, puede existir una serie de situaciones que justifiquen la imposición de una multa distinta de la impuesta a la filial, incluso en una configuración de responsabilidad derivada. No obstante, debe demostrarse que dicha diferenciación se basa en factores individuales, propios de la sociedad matriz, relativos tanto a elementos de fondo (como el período en el que participó directamente en una práctica colusoria) como a parámetros que se hayan tenido en cuenta para el cálculo de la multa (como la aplicación de una reducción por la cooperación prestada por una de las entidades jurídicas que componen la «empresa» incriminada o la aplicación de un aumento por razón de la constatada reincidencia por parte de la sociedad matriz). A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró, en el asunto Total/Comisión, ( 13 ) que salvo «en el supuesto en el que ningún otro factor singulariza el comportamiento reprochado a la sociedad matriz», ( 14 ) está justificado imponer a la sociedad matriz una multa de un importe diferente a la impuesta a su filial.

60. Pero ¿cuál es la naturaleza exacta de la responsabilidad de una sociedad matriz respecto de la que se ha demostrado que no está directamente implicada en las prácticas contrarias a la competencia controvertidas? ¿Debe asimilarse a la responsabilidad del autor directo de la infracción (habida cuenta de la estrecha relación que dicha sociedad mantiene con la sociedad o las sociedades directamente incriminadas) o debe más bien considerarse que la referida sociedad no hace sino asumir la responsabilidad de un comportamiento del que no es concretamente la autora?

61. Debo señalar que subsisten ambigüedades en cuanto a si la responsabilidad de las sociedades matrices, en el caso en el que se haya comprobado que no participaron directamente en la infracción en cuestión, es «derivada» o «personal».

62. Conviene señalar, a este respecto, que tanto la terminología utilizada por el Tribunal de Justicia como las consecuencias que ha extraído varían considerablemente en este ámbito.

63. Desde un punto de vista terminológico, la jurisprudencia remite a menudo al concepto de imputación de responsabilidad ( 15 ) y no de conducta infractora. Algunas sentencias sostienen, por el contrario, una perspectiva de «culpabilidad compartida», en el sentido de que se considera que la propia sociedad matriz es autora de la infracción, sin que se haya efectuado claramente alguna diferenciación entre la situación en la que se ha constatado que dicha sociedad estuvo directamente implicada como autora en la infracción en cuestión y aquella en la que la imputación de la responsabilidad de dicha infracción a la sociedad matriz sólo se contempla de rebote. Según esta línea jurisprudencial, en mi opinión difícilmente conciliable con la primera, la sociedad matriz que posee una influencia decisiva sobre una filial que participa en una infracción del artículo 101 TFUE, se supone que ha cometido personalmente la infracción de las normas sobre competencia del Derecho de la Unión. ( 16 )

64. Desde un punto de vista sustancial, dicha diferencia terminológica tiene a menudo consecuencias contrastadas, e incluso incongruentes. ( 17 )

65. Por un lado, se ha declarado que la relación de solidaridad que vincula a la sociedad matriz y a su filial no puede reducirse a una forma de garantía otorgada por la sociedad matriz para garantizar el pago de la multa impuesta a la filial; una sociedad matriz puede ser condenada al pago de una multa de importe superior al de la multa impuesta a su filial. ( 18 ) Esto sugiere que la responsabilidad de la sociedad matriz ciertamente se considera personal.

66. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha considerado, también recientemente, en línea con lo declarado en la sentencia dictada por la Gran Sala, de 22 de enero de 2013, Comisión/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), que la sociedad matriz cuya responsabilidad se deriva íntegramente de la de su filial debe disfrutar, en principio, de una eventual reducción de la responsabilidad de su filial que le ha sido imputada. ( 19 ) A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, en el supuesto en el que ningún otro factor singulariza el comportamiento reprochado a la sociedad matriz, la responsabilidad de dicha sociedad matriz no puede exceder de la de su filial; ( 20 ) cuando se reúnen los requisitos procedimentales necesarios, la sociedad matriz debe disfrutar, en principio, de una eventual reducción de la responsabilidad de su filial que le ha sido imputada. ( 21 )

67. Por mi parte, considero que, en la medida en que la postura del Tribunal de Justicia se basa en un enfoque unitario sobre la imputación de la responsabilidad de las conductas infractoras, procede extraer todas las consecuencias de dicho enfoque unitario, ( 22 ) en concreto, en términos de facultad sancionadora de la Comisión respecto de las sociedades en cuestión. La coherencia del enfoque así seguido sería fuente de seguridad jurídica.

68. Por consiguiente, si el Tribunal de Justicia ha indicado, en numerosas ocasiones, que la sociedad matriz soportaba, en supuestos de estas características, una responsabilidad denominada «personal», no podría ser, en mi opinión, sino para subrayar el hecho de que le incumbía responder de las actuaciones contrarias a la competencia cometidas por su filial, con independencia de su implicación concreta en las prácticas incriminadas, y por razón de los vínculos de capital y organizativos que mantiene con su filial, así como para subrayar la unicidad de la entidad económica que representan. ( 23 ) En otras palabras, el principio de responsabilidad personal no se opone a que la Comisión contemple, en un primer momento, sancionar a la sociedad autora de una infracción de las normas sobre la competencia antes de examinar si, en su caso, puede imputarse la infracción a la sociedad matriz. ( 24 )

69. Desde el momento en que la Comisión puede dirigir una decisión en la que impone una multa a la sociedad matriz, sin que sea necesario que demuestre una implicación concreta —y, por tanto, directa— de ésta en la infracción, la contrapartida inevitable de recurrir a esta posibilidad es, en mi opinión, que cualquier error que vicie los datos relativos a la responsabilidad concreta de la filial en la infracción —y, como consecuencia de ello, el cálculo de la multa que se imponga, en su caso, por este concepto— debería beneficiar también a la sociedad matriz. ( 25 ) Por lo tanto, se trata únicamente de extraer las consecuencias de las elecciones realizadas por la Comisión en materia de imputación de la responsabilidad de conductas infractoras.

70. A la luz de estas consideraciones procede pronunciarse sobre la fundamentación de la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el apartado 128 de la sentencia recurrida.

b) La prescripción de la facultad sancionadora constatada en relación con una filial, ¿debe beneficiar a la sociedad matriz respecto de la que se ha demostrado que no participó directamente en las prácticas incriminadas?

71. A tenor del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1/2003, el ejercicio de la facultad de la Comisión en materia de imposición de sanciones está sometido a un plazo de prescripción de cinco años. ( 26 ) Según el artículo 25, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, el plazo de prescripción comienza a contar a partir del día en que se haya cometido la infracción, salvo para las infracciones continuas o continuadas, respecto de las que sólo empieza a contar a partir del día en que haya finalizado la infracción.

72. ¿Qué sucede con la situación en la que se declara la prescripción en relación con una filial, cuya sociedad matriz, sólo por esta condición, también ha sido considerada responsable de una infracción de las normas sobre competencia? ¿Debe beneficiarse también dicha sociedad matriz de la declaración de la prescripción efectuada en relación con su filial en el supuesto de responsabilidad puramente derivada? ¿Procede atenerse al enfoque unitario descrito anteriormente o debe escindirse la apreciación de la prescripción según la entidad considerada?

73. En el caso de autos, es necesario señalar que la Comisión consideró responsable a Akzo Nobel en virtud del artículo 81 CE (actualmente artículo 101 TFUE), como sociedad dominante del grupo Akzo, por toda la duración de las infracciones, es decir, desde el 24 de febrero de 1987 hasta el 22 de marzo de 2000, debido a las conductas seguidas por sus filiales y por la «sociedad colectiva Akcros».

74. Durante el procedimiento administrativo, Akzo GmbH y Akzo BV alegaron que habían cesado su participación en las prácticas colusorias el 28 de junio de 1993, es decir, más de cinco años antes del comienzo de la investigación (2003). Por lo tanto, teniendo en cuenta las normas aplicables en materia de prescripción, la Comisión ya no podía actuar contra ellas. Akzo Nobel alegó, por su parte, que sólo podía ser considerada responsable como sociedad matriz en la medida en que sus filiales pudieran serlo.

75. La Comisión descartó, en la Decisión controvertida, esta argumentación, alegando, en particular, que «no puede aceptarse que la prescripción se aplique simplemente por razón de una reorganización dentro del grupo Akzo. En efecto, las infracciones que recoge el artículo 81 [CE], apartado 1, fueron cometidas por “empresas”. De igual manera, las normas de prescripción del artículo 25 del [Reglamento n.o 1/2003] se aplican a las “empresas”». ( 27 )

76. Las demandantes y la Comisión mantuvieron en esencia sus posturas ante el Tribunal General.

77. El Tribunal General desestimó la apreciación de la Comisión según la cual Akzo GmbH y Akzo BV, como miembros del grupo Akzo, no podían invocar legítimamente la prescripción, pero consideró, no obstante, que procedía llevar a cabo, en el presente caso, una distinción entre los conceptos de responsabilidad y de prescripción. Declaró así que la prescripción de la facultad de la Comisión para adoptar sanciones contra las filiales no afectaba a la responsabilidad de la sociedad matriz.

78. Efectivamente, en los apartados 125 y 126 de la sentencia recurrida, señaló lo siguiente: «125. […] hay que recordar que la consumación de la prescripción prevista por el artículo 25 del Reglamento n.o 1/2003 no tiene como efecto borrar la existencia de una infracción ni impedir que la Comisión constate en una decisión la responsabilidad por esa infracción (véase en ese sentido la sentencia de 6 de octubre de 2005, Sumitomo Chemical y Sumika Fine Chemicals/Comisión, T‑22/02 y T‑23/02, Rec, EU:T:2005:349, apartados 60 a 63), [ ( 28 )] sino únicamente excluir a quienes se benefician de la prescripción de las actuaciones dirigidas a imponer sanciones (véase en ese sentido la sentencia de 27 de junio de 2012, Bolloré/Comisión, T‑372/10, Rec, EU:T:2012:325, apartado 194). [ ( 29 )] 126. Además, de una interpretación literal, teleológica y contextual del artículo 25 del Reglamento n.o 1/2003 se deduce que, al igual que las garantías procedimentales individuales, como el derecho de defensa, y la exigencia de que la Comisión notifique tanto un pliego de cargos como una decisión que imponga esas sanciones a la persona jurídica interesada […], la consumación de la prescripción en virtud del apartado 1 beneficia a cada una de las personas jurídicas por separado y puede ser invocada por ella cuando están expuestas a las actuaciones de la Comisión. Así pues, ya se ha reconocido en la jurisprudencia que el solo hecho de que una sociedad filial de un grupo de sociedades, en el sentido de una unidad económica, se beneficiara del transcurso del plazo de prescripción no tenía la consecuencia de desvirtuar la responsabilidad de la sociedad matriz ni de impedir las actuaciones contra ella (véase en ese sentido la sentencia Bolloré/Comisión, apartado 125 supra, EU:T:2012:325, apartados 193 a 196 […]).»

79. Habida cuenta de todas estas consideraciones, el Tribunal General concluyó que sólo las filiales Akzo GmbH y Akzo BV podían invocar legítimamente la expiración del plazo quinquenal de prescripción establecido en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1/2003.

80. Esta conclusión me parece criticable en varios aspectos.

81. En primer lugar, al rechazar la idea defendida por la Comisión según la cual «no se puede aceptar que la prescripción se aplique simplemente por razón de una reorganización dentro del grupo Akzo» (véase el considerando 527 de la Decisión controvertida) y al llevar a cabo una distinción entre las distintas entidades jurídicas en cuestión, el Tribunal General no extrajo todas las consecuencias del carácter derivado de la responsabilidad de la sociedad matriz en el caso de autos. El Tribunal General no tuvo en cuenta, por lo tanto, que la facultad sancionadora de que dispone la Comisión en virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003 se refiere a la empresa como tal y no a las personas físicas o jurídicas que forman parte de ella, ( 30 ) si bien la Comisión había tomado precisamente en consideración la unidad que formaban las sociedades en cuestión cuando se impusieron e imputaron las multas. En este sentido, me parece que existe un desajuste, en el presente caso, entre la conclusión del Tribunal General y la constatación objetiva de que los primeros actos de la Comisión encaminados a la instrucción e investigación «de las infracciones», en su conjunto, se llevaron a cabo tras la expiración del plazo establecido en el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003.

82. En segundo lugar, opino que, habida cuenta del carácter derivado de la responsabilidad que pesa sobre la sociedad matriz, ésta debería haberse beneficiado también del transcurso del plazo de prescripción. Sobre este particular, es necesario señalar que, por lo que respecta a los problemas que se nos plantean aquí, a saber, la constatación de que el plazo de prescripción de la facultad sancionadora había claramente expirado en relación con el primer período de infracción, ningún factor individual caracterizaba, en el presente caso, la situación respectiva, por un lado, de las filiales Akzo GmbH y Akzo BV y, por otro, de la sociedad dominante Akzo Nobel. Toda vez que la responsabilidad de Akzo Nobel es únicamente derivada de la de sus filiales, me parece que la expiración del plazo de prescripción también debía haberla beneficiado, a menos que se considere que estuvo directamente implicada en las prácticas colusorias controvertidas.

83. El hecho, al que hizo referencia la Comisión, de que estaba en cuestión una infracción única y continua, que se manifestó incluso después del período de infracción precisamente objeto del presente recurso de casación, no me parece pertinente en este contexto en el que, sin implicación personal de la sociedad matriz y habida cuenta, por tanto, del carácter derivado de su responsabilidad (véase el punto 82 de las presentes conclusiones), no se ha comprobado que el comportamiento en cuestión se caracterice por la existencia de una voluntad culpable del autor de dicho comportamiento.

84. En tercer y último lugar, conviene señalar que, contrariamente a la postura defendida por la Comisión, opino que la conclusión del Tribunal General no encuentra soporte sólido alguno en la línea trazada por la sentencia de 29 de marzo de 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Comisión y Comisión/ArcelorMittal Luxembourg y otros (C‑201/09 P y C‑216/09 P, EU:C:2011:190), sentencia a la que el Tribunal General no estimó oportuno referirse, pese a la atención que se le había prestado durante el procedimiento (véase el punto 46 de las presentes conclusiones).

85. En su sentencia dictada por la Gran Sala, el Tribunal de Justicia, apartándose en este punto de la postura defendida por el Abogado General, ( 31 ) declaró que en el caso de que sólo la sociedad matriz interponga un recurso contra la decisión final de la Comisión en la que se impone una multa, la suspensión de la prescripción en materia de imposición de sanciones, prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento n.o 1/2003, operará únicamente respecto de la sociedad matriz. El plazo de prescripción por lo que respecta a las filiales continuará corriendo. ( 32 )

86. Así pues, de esta última sentencia se desprende que se introduce un límite —sin duda motivado por una exigencia de seguridad jurídica y un imperativo de respeto del derecho de defensa de las entidades jurídicas afectadas— ( 33 ) al recurso del concepto de entidad económica cuando se cuestiona la extensión a una sociedad de la «suspensión» de la prescripción constatada en relación con otra sociedad con la que formaba, en la fecha que se declaró la existencia de una infracción, una única entidad económica.

87. No por ello deja de ser cierto que, por lo que se refiere, en cambio, a una cuestión diferente como es la «interrupción» de la prescripción, el Tribunal de Justicia confirmó la decisión del Tribunal General según la cual la interrupción era pertinente para todas las empresas cuya participación en la infracción en cuestión la Comisión aún ignorase el día del acto de interrupción y declaró que, debido a la imputabilidad a ARBED de la conducta infractora de TradeARBED y a la existencia de una unidad económica entre ambas sociedades, los actos que interrumpían la prescripción eran oponibles a ARBED. ( 34 )

88. En mi opinión, se impone una conclusión idéntica también cuando se trata, como en el presente caso, del transcurso del plazo de prescripción declarado respecto de la filial en virtud del artículo 25 del Reglamento n.o 1/2003. Puesto que se trata de un único comportamiento incriminado, el efecto de la extinción del plazo de prescripción no puede limitarse a la entidad autora directa de dicho comportamiento, sino que debe extenderse a las entidades a las que se ha imputado la responsabilidad de ese mismo comportamiento. Puesto que la facultad de la Comisión de sancionar a una empresa por un comportamiento dado se extingue por el propio efecto de la prescripción, dicha extinción debe beneficiar a todas las entidades jurídicas cuya responsabilidad es consecuencia de dicho comportamiento.

89. En definitiva, me parece que, aun cuando es bien sabido que la Comisión puede defender legítimamente un enfoque unitario, basado en el concepto funcional de «empresa», en la fase de imputación de la responsabilidad de las conductas contrarias a la competencia, debe comprender todas las implicaciones de dicho enfoque en la fase de sanción de dichas conductas, incluso cuando se cuestionan los problemas de la prescripción de la facultad sancionadora de la Comisión.

90. Por todas estas razones, considero que el motivo único invocado por las demandantes es fundado. De ello se deduce que procede anular la sentencia recurrida, en la medida en que el Tribunal General no equiparó el importe de la multa impuesta respectivamente a la sociedad matriz Akzo Nobel y a sus filiales en relación con el primer período de infracción.

91. De conformidad con el artículo 61, primer apartado, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia, en caso de que se anule la resolución del Tribunal General, puede resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita. Así considero que ocurre en el presente caso.

V. Conclusión

92. En virtud de todo lo expuesto, se sugiere al Tribunal de Justicia que resuelva de la siguiente manera: 1) Anule la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de julio de 2015, Akzo Nobel y otros/Comisión (T‑47/10, EU:T:2015:506), en la medida en que considera que la responsabilidad por las multas inicialmente impuestas a Akzo Nobel Chemicals GmbH y a Akzo Nobel Chemicals BV por su participación en las infracciones podía seguir atribuyéndose a Akzo Nobel NV en relación con el período anterior al 28 de junio de 1993. 2) Anule la Decisión C (2009) 8682 final de la Comisión, de 11 de noviembre de 2009, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.589 — Estabilizadores térmicos) en la medida en que impone, con respecto al período anterior al 28 de junio de 1993, una multa a Akzo Nobel NV por la conducta infractora de Akzo Nobel Chemicals GmbH y de Akzo Nobel Chemicals BV. 3) Condene en costas a la Comisión Europea.

( 1 ) Lengua original: francés.

( 2 ) Reglamento del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1).

( 3 ) Véanse, en particular, las sentencias de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062), apartado 99, y de 24 de octubre de 2013, Kone y otros/Comisión (C‑510/11 P, no publicada, EU:C:2013:696), apartado 72 y jurisprudencia citada.

( 4 ) Véanse, en particular, las sentencias de 14 de julio de 1972, Imperial Chemical Industries/Comisión (48/69, EU:C:1972:70), y de 21 de febrero de 1973, Europemballage y Continental Can/Comisión (6/72, EU:C:1973:22).

( 5 ) Dicho principio se consideró aplicable «en atención a la naturaleza de las infracciones contempladas, así como a la naturaleza y gravedad de las sanciones correspondientes» (véase la sentencia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356), apartado 78.

( 6 ) Véase la jurisprudencia anteriormente citada. Véase, también, la sentencia de 24 de junio de 2015, Fresh Del Monte Produce/Comisión y Comisión/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P y C‑294/13 P, EU:C:2015:416), apartado 75 y jurisprudencia citada.

( 7 ) Véase, en particular, la sentencia de 19 de julio de 2012, Alliance One International y Standard Commercial Tobacco/Comisión (C‑628/10 P y C‑14/11 P, EU:C:2012:479), apartado 44 y jurisprudencia citada.

( 8 ) Véase la reciente sentencia de 17 de septiembre de 2015, Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), apartado 35.

( 9 ) La efectividad del control ejercido sobre unas sociedades puede demostrarse haciendo referencia a la estructura del capital del grupo, pero también mediante otros elementos como la facultad de designar a los altos directivos de las sociedades implicadas en la infracción.

( 10 ) Sentencia de 25 de octubre de 1983 (107/82, EU:C:1983:293), apartado 50.

( 11 ) Sentencia de 10 de septiembre de 2009 (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), apartados 60 a 64.

( 12 ) Véase, en particular, la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Arkema/Comisión (C‑520/09 P, EU:C:2011:619), apartados 42 y 48.

( 13 ) Véase la sentencia de 17 de septiembre de 2015 (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), apartado 38 y jurisprudencia citada.

( 14 ) El subrayado es mío.

( 15 ) Véanse, de entre muy numerosas sentencias, las de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), apartado 59; de 20 de enero de 2011, General Química y otros/Comisión (C‑90/09 P, EU:C:2011:21), apartado 38, de 11 de julio de 2013, Comisión/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514), apartado 42, y de 16 de junio de 2016, Evonik Degussa y AlzChem/Comisión (C‑155/14 P, EU:C:2016:446), apartado 27 y jurisprudencia citada.

( 16 ) Sentencias de 10 de abril de 2014, Comisión y otros/Siemens Österreich y otros (C‑231/11 a 233/11 P, EU:C:2014:256) apartado 47, y de 26 de noviembre de 2013, Kendrion/Comisión (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), apartado 55. Véase, igualmente, la sentencia de 27 de junio de 2012, Bolloré/Comisión (T‑372/10, EU:T:2012:325), apartado 94.

( 17 ) Sobre las diferencias entre los enfoques del Tribunal de Justicia, se hace referencia también a mis conclusiones presentadas en el asunto Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:207), apartados 38 a 43.

( 18 ) Véase, en particular, la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Kendrion/Comisión (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), apartado 58.

( 19 ) Véase, en particular, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), apartado 41.

( 20 ) Véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de enero de 2013, Comisión/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), apartados 37, 39, 43 y 49, y de 17 de septiembre de 2015, Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), apartado 38.

( 21 ) Sentencia de 7 de septiembre de 2015, Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), apartado 41.

( 22 ) Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:207), punto 65.

( 23 ) Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:207), punto 50.

( 24 ) Véase la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión (C‑521/09 P, EU:C:2011:620), apartado 121 y jurisprudencia citada.

( 25 ) Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:207), punto 52.

( 26 ) Se trata de la facultad atribuida a la Comisión, en virtud de los artículos 23 y 24 del Reglamento n.o 1/2003, de imponer multas sancionadoras y multas coercitivas.

( 27 ) Véase el considerando 527 de la Decisión controvertida.

( 28 ) De dicha sentencia del Tribunal General se desprende que las normas de prescripción no se aplican a la facultad de la Comisión de declarar la existencia de una infracción; no obstante, habida cuenta de la sentencia de 2 de marzo de 1983, GVL/Comisión (7/82, EU:C:1983:52), la Comisión debía demostrar la existencia de un interés legítimo en constatar una infracción después del transcurso del plazo de prescripción.

( 29 ) Según este apartado, «la eventual circunstancia de que la filial no pueda ya ser sancionada por la infracción declarada, bien por la desaparición de dicha filial o —como alega la demandante en el caso de autos— por el juego de la prescripción en favor de dicha filial, no afecta a la cuestión de si puede serlo la sociedad matriz, a la que se reputa a su vez autora de la infracción debido a la unidad económica con su filial. La responsabilidad de la sociedad matriz no existiría ciertamente si se demostrase que no hubo infracción, pero dicha responsabilidad no puede extinguirse por el hecho de que haya prescrito la sanción con respecto a su filial. En efecto, la prescripción prevista en el artículo 25 del Reglamento n.o 1/2003 no tiene como efecto eliminar la existencia de una infracción, sino únicamente hacer que eludan las sanciones quienes se benefician de ella». Cabe señalar que, en fase de casación, en la sentencia de 8 de mayo de 2014, Bolloré/Comisión (C‑414/12 P, no publicada, EU:C:2014:301), el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre la fundamentación de estas consideraciones.

( 30 ) Véase, en este sentido, la sentencia de 10 de abril de 2014, Comisión y otros/Siemens Österreich y otros (C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256), apartado 56.

( 31 ) Según el Abogado General Bot, sería preciso atribuir un efecto erga omnes a la suspensión de la prescripción resultante de la interposición, por parte de una de las sociedades implicadas en la infracción, de un recurso ante el juez de la Unión. Conclusiones del Abogado General Bot presentadas en los asuntos acumulados ArcelorMittal Luxembourg/Comisión y Comisión/ArcelorMittal Luxembourg y otros (C‑201/09 P y C‑216/09 P, EU:C:2010:634), en particular, el punto 73, según el cual: «la prescripción se refiere únicamente a los hechos. Tiene carácter real, independiente de las personas de que se trate. Así pues, cuando la acción que puede ejercitar la Comisión se extingue a causa de la prescripción, tal extinción se produce respecto de todos los hechos controvertidos y beneficia a todos los participantes».

( 32 ) Véanse los apartados 141 a 149 de la sentencia.

( 33 ) En la sentencia de 31 de marzo de 2009, ArcelorMittal Luxembourg y otros/Comisión (T‑405/06, EU:T:2009:90), apartado 158, el Tribunal General señalaba en concreto, al referirse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la única que puede interponer un recurso contra la decisión adoptada al término del procedimiento administrativo y, por tanto, la única a la que se puede oponer la suspensión de la prescripción es la persona jurídica a la que se dirige el pliego de cargos.

( 34 ) Véase la sentencia de 29 de marzo de 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Comisión y Comisión/ArcelorMittal Luxembourg y otros (C‑201/09 P y C‑216/09 P, EU:C:2011:190), apartado 110.