6.

Paso, pues, a examinar el fondo. Indico, en primer lugar, que no advierto ninguna contradicción entre la decisión adoptada por la comisión médica y la concesión de una pensión de invalidez de una cuantía del 70 %. En efecto, nada permite poner en duda seriamente la afirmación del Parlamento Europeo, que presenta las cuentas, en el sentido de que este porcentaje le ha sido atribuido en aplicación del apartado 3 del artículo 78, por la antigüedad en el servicio del Sr. Bernardi y no por haber tenido su invalidez un supuesto origen profesional. Establecido esto, conviene, en primer lugar, examinar si el procedimiento seguido durante la fase del reconocimiento médico está viciado o no de ilegalidad. Deben plantearse, pues, las cuestiones siguientes: — ¿se ha efectuado con regularidad la investigación médica prevista en el apartado 2 del artículo 17 de la Reglamentación? ; — ¿se ha adoptado y notificado con regularidad el proyecto de decisión, objeto del párrafo 1 del artículo 21 del mismo texto? El examen médico fue confiado al Doctor de Meersman que lo realizó asistido por su colega el Doctor Stumper, en condiciones que no parece deben ser objetadas por el Tribunal de Justicia. Respecto al proyecto de decisión, las cosas son menos simples. Este adopta, curiosamente, la forma de un tríptico. Primer panel: la carta citada de 10 de julio de 1980, que invita al demandante a que comunique si está de acuerdo con la conclusión negativa del Doctor de Meersman y con el proyecto de decisión de conformidad propuesto por la AFPN, recordando al Sr. Bernardi que, en caso de disconformidad, tiene la facultad de recurrir a la comisión médica. Los requisitos materiales exigidos por el artículo 21, párrafo 1, podría parecer que se daban desde este instante, si no debía haberse comprobado ulteriormente que las conclusiones médicas no tenían más que un carácter provisional. Este carácter aparecerá solamente en el segundo panel, constituido por la carta de 28 de julio de 1980. En todo caso, antes de haber recibido esta última y mediante otra carta de 19 de junio de 1980, el Sr. Bernardi solicitó la intervención de la comisión médica. Tercer panel: la carta de 22 de mayo de 1981, de la que sólo recordaré lo esencial. Las conclusiones definitivas, que confirmaban las conclusiones provisionales, son notificadas al Sr. Bernardi, a quien se avisa de que, a su petición de 19 de junio, la comisión médica emitiría dictamen. Lo diré claramente: esta manera de proceder no me parece un modelo de gestión administrativa. Un proyecto de decisión no debe basarse en conclusiones provisionales. Verdad es que éstas se convirtieron en definitivas y la carta de 22 de mayo de 1981 vino a confirmar la de 10 de junio de 1980. Pero hubiera sido preferible que el proyecto de decisión no se hubiese adoptado hasta esta fecha y en ella se hubiera debido ofrecer al Sr. Bernardi la opción que contempla el Estatuto entre la aceptación de las conclusiones del examen y su oposición a ellas recurriendo a la comisión médica. Pero, aunque mal articulados, me parece que estos tres paneles pueden ser considerados como un todo, materialmente conforme con las disposiciones de los artículos 17, apartado 2, y 21, párrafo 1, de la Reglamentación. Además, es necesario que el proyecto de decisión haya sido adoptado y notificado por la autoridad competente, es decir, en virtud del artículo 21 de la Reglamentación, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Ahora bien, ¿cuál es la situación en el caso de autos? El artículo 2 del Estatuto dispone en su párrafo 1 que: «Cada institución determinará las autoridades que ejercerán en su ámbito las funciones atribuidas [...] a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.» Este artículo, que reproduce sustancialmente los anteriores artículos 2 de los Estatutos de los funcionarios de la CEE y de la CEEA [Reglamentos no 31 (CEE) y 11 (CEEA) de los Consejos, de 18 de diciembre de 1961, DO 45 de 14.6.1962, p. 1385; EE 01/01, p. 19], legitima a las instituciones para establecer al respecto un sistema de distribución y delegación de competencias. Se deduce de la Decisión 175/62 de 12 de diciembre de 1962, adoptada y alegada por el Parlamento Europeo, que, respecto a los funcionarios pertenecientes a la categoría del Sr. Bernardi, las competencias atribuidas a la AFPN por el artículo 73 del Estatuto y la Reglamentación adoptada para su aplicación serán ejercidas por «el Secretario General, autorizado para delegar sus competencias ejecutivas de orden administrativo en el Director General de la Administración» [punto d, letra i), de la Decisión]. Mediante decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 1982, se ha flexibilizado esta delegación, autorizándose al Secretario General, «a delegar sus competencias» sin precisar a quién. Ahora bien, la delegación hecha por el Secretario General al jefe de la División de asuntos sociales sólo tuvo lugar el 1 de marzo de 1982, es decir, posteriormente a las tres cartas ya citadas, siendo la última de 22 de mayo de 1981. No tenía —ni podía desde luego, tener— ningún efecto retroactivo. ¿Cuáles son las consecuencias respecto a la legalidad del proyecto mismo y de su notificación? A este respecto deben citarse dos decisiones del Tribunal de Justicia. En la primera, más reciente (sentencia de 30 de mayo de 1973, asunto 46/72, De Greef contra la Comisión, Rec. 1973, p. 543), este Tribunal consideró que una decisión adoptada en aplicación del artículo 2 del Estatuto —se trataba de la designación de la autoridad encargada de recibir una declaración en materia disciplinaria— debía entenderse como un «reparto de asuntos dentro de los servicios de la Comisión» más que como una «atribución rígida de competencias cuya inobservancia estaría sancionada por la nulidad de los actos realizados de los límites marcados» (apartado 18, p. 553). Pero el Tribunal de Justicia señaló inmediatamente los límites de esta flexibilidad, precisando que una subdelegación o una excepción a los criterios de reparto determinados por la Comisión, «sólo podría significar la nulidad de un acto realizado por la Administración si había el peligro de que atentase contra alguna de las garantías concedidas a los funcionarios por el Estatuto o las reglas de buena administración en materia de gestión del personal» (apartado 21, p. 553). Probablemente el Tribunal de Justicia tiene presente una sentencia dictada anteriormente a la que el Abogado General Trabucchi se había referido en sus conclusiones. Se trata de la segunda decisión a la que hemos hecho alusión, en un asunto que enfrentó a las partes del presente proceso (sentencia de 16 de marzo de 1971, asunto 48/70, Bernardi contra Parlamento Europeo, Rec. 1971, p. 175). En este asunto, el Secretario General del Parlamento Europeo había designado a un traductor adjunto para ocupatad interim un puesto de traductor. El Sr. Bernardi solicitó y obtuvo la anulación de esta designación alegando que la decisión anteriormente citada de la Mesa del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 1962 atribuía competencia en semejante materia no al Secretario General, sino, a propuesta de este último, al Presidente. En efecto, de estas sentencias se desprende un criterio basado en la distinción, que propuso al Tribunal el Sr. Trabucchi, entre los actos preparatorios y los ejecutivos por una parte, y las decisiones que proceden del «poder discrecional» de la institución y que tienen por efecto «vincular» a ésta, por otra parte (conclusiones del Sr. Trabucchi en el asunto 46/72, Rec. 1973, p. 557).