Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance

(Tratado CE, art. 190)

2 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

3 Competencia - Prácticas colusorias - Participación en reuniones de empresas cuyo objetivo es contrario a la competencia - Circunstancia que, al no haberse producido un distanciamiento con respecto a las decisiones adoptadas, permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

4 Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Obligaciones impuestas a las empresas - Proporcionalidad - Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

5 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias agravantes - Ocultación del cartel - Prueba deducida de la inexistencia de notas relativas a las reuniones de las empresas que han participado en el cartel

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

6 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad y duración de las infracciones - Elementos de apreciación - Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

7 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas a varias empresas por una infracción a las normas sobre la competencia

(Tratado CE, art. 190; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

8 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo - Ilicitud de las reducciones de la multa concedidas a las empresas que no hayan reconocido expresamente las alegaciones de hecho de la Comisión - Inexistencia para una empresa de la posibilidad de invocar el principio de igualdad de trato para obtener el reconocimiento de una reducción ilícita

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

9 Derecho Comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Respeto garantizado por el Juez comunitario - Consideración del Convenio Europeo de Derechos Humanos

(Tratado de la Unión Europea, art. F, ap. 2)

10 Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto de los derechos de defensa - Indicación a una empresa de la posibilidad de obtener una reducción de la cuantía de la multa si reconoce las alegaciones de hecho de la Comisión, sin precisar el importe de tal reducción - Procedencia

11 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias atenuantes - Obligación de la Comisión de atenerse a la práctica seguida en sus Decisiones anteriores - Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

12 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Comportamiento pasado de la empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

13 Competencia - Normas comunitarias - Infracciones - Comisión deliberada - Concepto

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

14 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Volumen de negocios tomado en consideración - Mercado de referencia - Igualdad de trato

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

15 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Volumen de negocios tomado en consideración - Volumen de negocios de una empresa cuyo control adquirió la empresa incriminada durante el año de referencia - Inclusión en caso de infracción cometida por ambas empresas pero imputada únicamente a la empresa adquirente

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

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1 La obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si, en su caso, está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.

Aunque, en virtud del artículo 190 del Tratado, la Comisión está obligada a indicar los antecedentes de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la Decisión y las consideraciones que la llevaron a adoptar ésta, no se le exige que discuta todos los puntos de hecho y de Derecho suscitados en el curso del procedimiento administrativo.

2 Para que exista acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 85, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Por consiguiente, no es preciso examinar si tales empresas se consideraron obligadas -jurídica, fáctica o moralmente- a adoptar el comportamiento convenido.

Participaron en un acuerdo las empresas que expresaron su voluntad común de aplicar incrementos de precio uniformes y simultáneos, de controlar la oferta mediante el examen de los períodos de interrupción de la producción y de mantener sus cuotas de mercado en niveles constantes, con modificaciones ocasionales.

3 El hecho de que una empresa no se pliegue a los resultados de reuniones cuyo objeto sea manifiestamente contrario a las normas sobre la competencia y en las que dicha empresa ha participado no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su participación en el acuerdo, siempre que no se haya distanciado públicamente del contenido de las reuniones. Incluso suponiendo que el comportamiento de la demandante en el mercado no se haya ajustado al comportamiento convenido, ello no afecta en nada, por consiguiente, a su responsabilidad por una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

4 La aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 puede suponer la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones declaradas ilegales, pero también la de emprender en el futuro una conducta similar. Además, en la medida en que la aplicación de esta disposición debe efectuarse en función de la naturaleza de la infracción de las normas sobre competencia comprobada, la Comisión tiene la facultad de precisar el alcance de las obligaciones impuestas a las empresas para poner fin a dicha infracción. No obstante, tales obligaciones impuestas a las empresas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido, a saber, el restablecimiento de la legalidad en relación con las normas que se hayan infringido.

Una prohibición destinada a impedir el intercambio de datos puramente estadísticos que no tengan el carácter de información individual o individualizable no cumple los requisitos exigidos para la aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, toda vez que no se deduce de la Decisión que la Comisión considerase que dicho intercambio constituía en sí una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y puesto que el mero hecho de que un sistema de intercambio de datos estadísticos pueda utilizarse con fines contrarios a la competencia no lo hace contrario a dicha disposición, ya que, en tales circunstancias, procede comprobar in concreto sus efectos contrarios a la competencia.

5 El hecho de que las empresas que participaron en una colusión sobre los precios planificaran el anuncio de los incrementos de precio concertados y fueran disuadidas de tomar notas relativas a las correspondientes reuniones prueba que eran conscientes de la ilegalidad de su conducta y que adoptaron medidas para ocultar la colusión. La Comisión puede valorar estas medidas como circunstancias agravantes en la apreciación de la gravedad de la infracción.

A este respecto, la inexistencia de actas oficiales y la falta casi absoluta de notas internas sobre dichas reuniones pueden constituir, habida cuenta del número, de su duración a lo largo del tiempo y de la naturaleza de los debates celebrados, una prueba suficiente de que se disuadía a los participantes de tomar notas.

6 La determinación de la cuantía de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre competencia está en función de la gravedad y de la duración de la infracción. A este respecto, la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

En su apreciación del nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta la circunstancia de que las infracciones patentes a las normas comunitarias sobre competencia son aún relativamente frecuentes y, por lo tanto, está autorizada a elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado unas multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria sobre la competencia.

Además, al fijar el nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta, en particular, la larga duración y el carácter patente de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado que se cometió pese a la advertencia que debería haber constituido la práctica de las Decisiones anteriores de la Comisión.

7 Por lo que respecta a una Decisión que impone multas a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias de la competencia, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse teniendo en cuenta, en particular, que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, entre otros, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Además, al determinar la cuantía de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación, y no puede considerarse que esté obligada a aplicar, a tal fin, una fórmula matemática precisa.

Por último, la motivación de una Decisión debe figurar en el cuerpo mismo de ésta y, salvo que concurran circunstancias excepcionales, no pueden ser tenidas en cuenta explicaciones posteriores ofrecidas por la Comisión.

Cuando declara en una Decisión la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a las empresas que han participado en ella, la Comisión, si ha tenido en cuenta sistemáticamente determinados elementos básicos para fijar la cuantía de las multas, debe indicar dichos elementos en el cuerpo de la Decisión para permitir a los destinatarios de ésta verificar si el nivel de la multa está correctamente fundado y apreciar si acaso existe una discriminación.

8 Al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, una reducción de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa investigada permitió a la Comisión apreciar una infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin.

A este respecto, una empresa que declara expresamente que no niega las alegaciones de hecho en las que la Comisión basa sus imputaciones ha contribuido a facilitar la labor de la Comisión consistente en la comprobación y represión de las infracciones a las normas comunitarias en materia de competencia. En sus decisiones declarativas de una infracción de estas normas, la Comisión puede considerar que tal comportamiento constituye un reconocimiento de las alegaciones de hecho y, por consiguiente, un elemento de prueba del fundamento de las correspondientes alegaciones. Por lo tanto, tal comportamiento puede justificar una reducción de la multa.

No ocurre así cuando una empresa niega en su contestación al pliego de cargos la parte esencial de las alegaciones presentadas en él por la Comisión, se abstiene de contestar o declara únicamente no pronunciarse sobre las alegaciones de hecho formuladas por ésta. En efecto, al adoptar tal actitud durante el procedimiento administrativo, la empresa no contribuye a facilitar la labor de la Comisión.

Las reducciones de multa sólo pueden considerarse lícitas en la medida en que las empresas afectadas declararon expresamente que no negaban las alegaciones de hecho, de manera que una empresa que no haya adoptado tal actitud no puede aspirar a que se le conceda una reducción en atención a la cooperación durante el procedimiento administrativo, ya que, aun suponiendo que la Comisión aplicara un criterio ilegal al reducir las multas impuestas a empresas que tampoco habían efectuado tal declaración expresa, el respeto del principio de igualdad de trato debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar en su provecho una ilegalidad cometida en favor de otro.

9 El Juez comunitario no es competente para apreciar la legalidad de una investigación de Derecho de la competencia respecto de las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, puesto que éstas no forman parte, como tales, del Derecho comunitario.

No obstante, los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Juez comunitario. A este respecto, el Juez comunitario se inspira en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. Dentro de este contexto, el Convenio Europeo de Derechos Humanos reviste un significado particular.

10 El mero hecho de que la Comisión indique a una empresa objeto de una investigación de Derecho de la competencia, durante el procedimiento administrativo, la posibilidad de reducir la cuantía de la multa que deba imponerse en caso de que la empresa reconozca la parte esencial o la totalidad de las alegaciones de hecho de la Comisión, sin precisar el importe de tal reducción, no puede constituir una presión ejercida sobre esta empresa. Al actuar así, la Comisión no viola el principio fundamental del ordenamiento jurídico comunitario que es el respeto de los derechos de defensa.

11 Al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, entre otros, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

El mero hecho de que, en la práctica de sus anteriores Decisiones, la Comisión considerase que, para determinar la cuantía de la multa, ciertos elementos constituían circunstancias atenuantes no implica que esté obligada a emitir la misma apreciación en una Decisión posterior.

12 Al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, el hecho de que la Comisión hubiera comprobado, en el pasado, que una empresa había infringido las normas sobre la competencia y, en su caso, la hubiera sancionado por este motivo, puede ser utilizado como circunstancia agravante contra dicha empresa, pero la inexistencia de infracción anterior es una circunstancia normal que la Comisión no está obligada a considerar como circunstancia atenuante.

13 Para que una infracción de las normas comunitarias sobre competencia pueda considerarse cometida deliberadamente, no es necesario que la empresa tuviera conciencia de infringir la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Es suficiente que no pudiera ignorar que el objeto de la conducta que se le imputa era restringir la competencia en el mercado común.

14 Al determinar la cuantía de las multas individuales que deben imponerse a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias en materia de competencia, el principio de igualdad de trato exige que la Comisión tenga en cuenta el volumen de negocios alcanzado por tales empresas en un mismo mercado de referencia.

15 Cuando dos empresas participan en una infracción de las normas comunitarias sobre competencia y una ha tomado el control de la otra durante el año de referencia considerado para calcular la multa que procede imponer, de manera que la Comisión ha podido imputarle el comportamiento de la empresa adquirida por el período anterior y posterior a su adquisición, la Comisión puede, legítimamente, incluir, para calcular el volumen de negocios de la empresa adquirente, el volumen de negocios alcanzado durante dicho año de referencia por la empresa adquirida.