Si bien la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de promoción relativas a los funcionarios no promovidos, deberá en cambio motivar sus decisiones por las que se desestimen las reclamaciones presentadas por esos mismos funcionarios. Al efectuarse las promociones, a tenor del artículo 45 del Estatuto, mediante libre designación, basta que la motivación de la desestimación de la reclamación se refiera al cumplimiento de los requisitos legales a los que el Estatuto subordina la conformidad a Derecho de la promoción.

El informe de calificación constituye un elemento de juicio indispensable cuando la carrera de un funcionario es tomada en consideración por la autoridad jerárquica y un procedimiento de promoción incurre en ilegalidad en la medida en que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no haya podido proceder a un examen comparativo de los méritos de los candidatos por el hecho de que los informes de calificación de uno o varios de ellos se hayan formalizado, por culpa de la Administración, con un retraso considerable.

No obstante, ello no implica que los informes de calificación respectivos de todos los candidatos deban encontrarse, en el momento que se adopte la decisión de promoción, exactamente en la misma fase, ni que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos esté obligada a aplazar su decisión si el informe más reciente de cualquiera de los candidatos no fuese aún definitivo, por haberse acudido al calificador de alzada o al comité paritario. Se incurrirá, sin embargo, en ilegalidad, si la ausencia de informe de calificación no se debe al desarrollo normal del procedimiento de calificación sino a un retraso considerable de éste, imputable a la Administración.

Por otra parte, la ilegalidad mencionada anteriormente no dará lugar a sanción en dos supuestos.

Por un lado, en circunstancias excepcionales, la ausencia de informe de calificación puede compensarse con la existencia de otras informaciones sobre los méritos del funcionario. Un informe de calificación no definitivo e impugnado además por el interesado no puede servir de fuente de esas otras informaciones. Por otra parte, tales informaciones deben cumplir determinados requisitos cuya existencia deberá ser probada por la institución demandada. Las informaciones de referencia deberán ser suficientemente objetivas como para permitir un control jurisdiccional, contener una valoración de los méritos del interesado efectuada por las personas responsables de la elaboración de su informe de calificación, haber sido comunicadas al interesado de forma que se garantice el respeto de sus derechos de defensa y, por último, ser conocidas por el comité de promoción en el momento de realizar su examen comparativo de los méritos de todos los candidatos.

Por otra parte, no basta, para anular las promociones, que el expediente personal de un candidato contenga irregularidades y sea incompleto. Es preciso, además, que esté acreditado que dicha circunstancia pudo tener una influencia decisiva en el procedimiento de promoción.

(véanse los apartados 38 a 40, 45, 52 y 56)

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de junio de 1980, Oberthür/Comisión (24/79, Rec. p. 1743), apartado 8; Tribunal de Justicia, 18 de diciembre de 1980 (Gratreau/Comisión, asuntos acumulados 156/79 y 51/80, Rec. p. 3943), apartados 22 y 24; Tribunal de Justicia, 27 de enero de 1983, List/Comisión (263/81, Rec. p. 103), apartado 27; Tribunal de Justicia, 10 de junio de 1987, Vincent/Parlamento (7/86, Rec. p. 2473), apartados 16 y 17; Tribunal de Justicia, 17 de diciembre de 1992, Moritz/Comisión (C-68/91 P, Rec. p. I-6849), apartado 16; Tribunal de Primera Instancia, 19 de septiembre de 1996, Alio/Comisión (T-386/94, RecFP pp. I-A-393 y II-1161), apartado 38; Tribunal de Primera Instancia, 21 de noviembre de 1996, Michaël/Comisión (T-144/95, RecFP pp. I-A-529 y II-1429), apartado 52; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 2000 (Jacobs/Comisión, T-82/98, RecFP pp. I-A-39 y II-169), apartado 40