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Cuestiones prejudiciales - Sometimiento al Tribunal de Justicia - Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE) - Concepto - Bezirksgericht que actúa como tribunal encargado de la llevanza del Registro de la Propiedad - Exclusión

[Tratado CE, art. 177 (actualmente art. 234 CE)]

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$$Se desprende del artículo 177 del Tratado (actualmente artículo 234 CE) que los órganos jurisdiccionales nacionales sólo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter jurisdiccional.

Por tanto, el Bezirksgericht Bregenz (Austria) no puede plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia cuando actúa en calidad de autoridad administrativa, sin que deba al mismo tiempo resolver un litigio. Ése es el caso cuando el Bezirksgericht examina una solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad de un contrato de compraventa de un bien inmueble, con arreglo a lo dispuesto en la Grundbuchgesetz (Ley federal austriaca de 1955 sobre el Registro de la Propiedad). En efecto, dado que al realizar esa actividad, no resuelve sobre un litigio sino que debe únicamente pronunciarse sobre la conformidad de la solicitud con los requisitos que establece la normativa para inscribir derechos de propiedad en el Registro de la Propiedad, el Bezirksgericht ejerce una función no jurisdiccional.

( véanse los apartados 14 a 17 )
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Derecho comunitario - Interpretación - Consideración de las declaraciones - Declaraciones del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte sobre la definición del término «nacionales»

(Acta de adhesión de 1972, Declaración del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte sobre la definición del término «nacionales» sustituida por la Declaración de 1982)

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$$La Declaración de 1972 del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la definición del término «nacionales», anexa al Acta final del Tratado relativo a la adhesión a las Comunidades Europeas del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, debe tomarse en consideración como un instrumento relacionado con el Tratado, para la interpretación de éste y, más concretamente, para determinar su ámbito de aplicación ratione personae.

Aunque unilateral, esta Declaración tenía por objeto aclarar una cuestión particularmente importante para las demás partes contratantes, por cuanto pretendía definir a los nacionales del Reino Unido amparados por las disposiciones del Tratado y, en particular, por las relativas a la libre circulación de personas. Las demás partes contratantes conocían plenamente su contenido y las condiciones de adhesión fueron determinadas sobre esta base. Por otra parte, la adopción de dicha Declaración no redundó en la privación a una persona no comprendida en la definición de nacional del Reino Unido de derechos a los que pudiera aspirar con arreglo al Derecho comunitario, sino que dio lugar a que tales derechos nunca nacieran a favor de esa persona.

La Declaración de 1982 del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte sobre la definición del término «nacionales» constituía una adaptación de la de 1972 exigida por la adopción, en 1981, de una nueva Ley sobre la nacionalidad. Ésta designaba, esencialmente, las mismas categorías de personas que la Declaración de 1972 y no ha sido contradicha por los demás Estados miembros. De ello se deduce que procede referirse a esta última Declaración para determinar si una persona tiene la condición de nacional en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con arreglo al Derecho comunitario

( véanse los apartados 23 a 27 y el fallo )
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Agricultura - Organización común de mercados - Vino - Destilación obligatoria de vinos de mesa - Reglamentos (CEE) nº 822/87, artículo 39, apartados 3, 4 y 11, y (CE) nº 343/94 - Apreciación de validez - Ilegalidad de la normativa comunitaria relativa a la obligación que incumbe a los productores italianos de destilar determinadas cantidades de vino de mesa durante la campaña vitícola 1993/1994 - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 822/87 del Consejo, art. 39, aps. 3, 4 y 11; Reglamento (CE) nº 343/94 de la Comisión]

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$$La validez del artículo 39, apartados 3, 4 y 11, del Reglamento nº 822/87, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, modificado por el Reglamento nº 1566/93, así como la del Reglamento nº 343/94, por el que se decide iniciar la destilación obligatoria contemplada en el artículo 39 del Reglamento nº 822/87 y se establecen casos de excepción a algunas de las normas de aplicación correspondientes durante la campaña 1993/1994, no queda afectada por la alegación según la cual la variación sensible de la relación entre las disponibilidades y las utilizaciones normales para la campaña 1993/1994, comparada con las campañas de referencia, no ha sido establecida en el marco del artículo 1 del Reglamento nº 343/94 y, en consecuencia, se ha vulnerado la obligación de motivación ni, por aquella según la cual el ajuste del porcentaje de referencia calculado por la Comisión para esta campaña es erróneo, ni tampoco, por aquella según la cual el método de cálculo del ajuste del porcentaje de referencia, instaurado por el Reglamento nº 1972/87 es ilegal, ni, por último, por aquella según la cual el régimen de la destilación obligatoria de vino de mesa, en su globalidad, no se ajusta a las condiciones del mercado y nunca lo ha estado.

( véanse los apartados 11 y 13 y el fallo )
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Aproximación de las legislaciones - Comunicaciones por satélite - Directiva 94/46/CE - Ejecución por los Estados miembros - Disposiciones nacionales que establecen un marco jurídico general - Inexistencia de disposiciones de aplicación - Insuficiencia

[Directiva 94/46/CE de la Comisión, art. 2, punto 2, letra b)]

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No adopta todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 94/46, relativa a las comunicaciones por satélite, y en particular a la letra b) del punto 2 del artículo 2, según la cual los Estados miembros deben comunicar los criterios utilizados para la concesión de las autorizaciones, así como las condiciones en que se concedan las mismas o se efectúen los procedimientos de declaración necesarios para llevar a cabo actividades de transmisión en estaciones terrenas, el Estado miembro que fija el marco jurídico general para el establecimiento y la explotación de las comunicaciones por satélite, desde la declaración hasta la atribución de las frecuencias y de las autorizaciones, pero que no ha adoptado las disposiciones que regulen la aplicación de cada uno de los citados procedimientos y, en particular, no ha determinado las modalidades conforme a las cuales el operador puede obtener las autorizaciones ni tampoco el importe de los gastos de apertura del expediente y de los cánones que debe satisfacer este último.
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1 Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Deducción del impuesto soportado - Gastos que tienen un carácter estrictamente profesional - Exclusiones por normas nacionales anteriores a la Sexta Directiva - Exclusión del derecho a deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido devengado por la compra de vehículos de motor que constituyen el propio instrumento de la actividad del sujeto pasivo - Procedencia

(Directivas del Consejo 67/228/CEE, art. 11, ap. 4, y 77/388/CEE, art. 17, ap. 6)

2 Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Deducción del impuesto soportado - Exclusiones del derecho a deducir - Plazo previsto por el artículo 17, apartado 6, de la Sexta Directiva para la adopción de normas comunitarias - Expiración sin haberse adoptado tales normas - Facultad de los Estados miembros de mantener las exclusiones existentes en el momento de la entrada en vigor de la Sexta Directiva

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1 El artículo 11, apartado 4, de la Directiva 67/228, Segunda Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, autorizaba a los Estados miembros a introducir o a mantener, y el artículo 17, apartado 6, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva, autoriza a éstos a mantener unas exclusiones generales del derecho a deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido devengado por la compra de vehículos de motor utilizados por el sujeto pasivo para la satisfacción de las necesidades de sus operaciones gravadas, incluso cuando los citados vehículos fueren un instrumento indispensable para el ejercicio de la actividad desempeñada por el sujeto pasivo de que se trata o cuando los referidos vehículos no pudieren ser utilizados, en un supuesto concreto, para satisfacer las necesidades privadas del sujeto pasivo de que se trata.

2 El artículo 17, apartado 6, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, que prevé que antes de cuatro años, contados a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Directiva, el Consejo determinará los gastos que no conlleven el derecho a la deducción de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido y que hasta la entrada en vigor de normas al respecto, los Estados miembros podrán mantener todas las exclusiones previstas por su legislación nacional en el momento de la entrada en vigor de la Directiva, debe ser interpretado en el sentido de que los Estados miembros pueden mantener las exclusiones del derecho a deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido, aunque el Consejo no haya determinado, antes de expirar el referido plazo, los gastos que no conllevan derecho a deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Arancel Aduanero Común - Partidas arancelarias - Colecciones y especímenes para colecciones que tengan interés histórico o etnográfico en el sentido de la partida 9705 de la Nomenclatura Combinada - Vehículos automóviles - Inclusión - Requisitos

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La partida 9705 de la Nomenclatura Combinada debe interpretarse en el sentido de que se presume que tienen un interés histórico o etnográfico los automóviles que

- se presenten en su estado original, sin cambios sustanciales en el chasis, dirección o frenos, motor, etc.,

- tengan, al menos, treinta años de antigüedad y

- correspondan a un modelo o tipo que ya no se fabrique.

No obstante, los automóviles que reúnan dichos requisitos no tienen interés histórico o etnográfico cuando la autoridad competente demuestre que no pueden marcar un hito en la evolución de los logros humanos ni ilustrar un período de dicha evolución.

Es preciso además que dichos vehículos revistan las cualidades necesarias para formar parte de una colección en el sentido de la partida 9705, es decir, que se trate de objetos relativamente raros, que no son utilizados habitualmente para su destino inicial, que son objeto de transacciones especiales al margen del comercio habitual de artículos de una utilidad similar y que tienen un valor elevado.
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Aproximación de las legislaciones - Procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas - Obligación de los Estados miembros de comunicar a la Comisión los proyectos de reglamentos técnicos - Normativa nacional relativa a los alcoholímetros - Falta de notificación a la Comisión - Prueba obtenida mediante un alcoholímetro autorizado con arreglo a normas no notificadas - Procedencia

(Directiva 83/189/CEE del Consejo, arts. 1 y 8)

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La Directiva 83/189, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, debe interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de la obligación, impuesta por su artículo 8, de notificar una reglamentación técnica relativa a los alcoholímetros no impide que pueda invocarse frente al particular acusado de conducir en estado de embriaguez la prueba obtenida mediante un alcoholímetro autorizado con arreglo a los reglamentos no notificados.

En efecto, si bien la falta de notificación de reglamentos técnicos, que constituye un vicio de procedimiento en su adopción, hace que no puedan aplicarse éstos en la medida en que obstaculizan la utilización o la comercialización de un producto que no se ajusta a esos reglamentos, por el contrario, no hace ilegal toda utilización de un producto que se ajuste a los reglamentos no notificados. Ahora bien, la utilización del producto por los poderes públicos no puede suponer un obstáculo a los intercambios que pudiera haberse evitado si se hubiera seguido el procedimiento de notificación.
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1 Derecho comunitario - Principios - Proporcionalidad - Obligación principal y obligación secundaria - Sanción idéntica - Improcedencia

2 Agricultura - Organización común de mercados - Azúcar - Producción fuera de cuota (azúcar C) - Importe adeudado por el azúcar vendido en el mercado interior - Percepción en caso de exportación, pero sin que se hubieran cumplido las formalidades aduaneras - Principio de proporcionalidad - Violación - Inexistencia

[Reglamentos (CEE) de la Comisión nº 2670/81, arts. 2, ap. 2, y 3, y nº 3183/80)

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3 Para determinar si una disposición de Derecho comunitario es conforme con el principio de proporcionalidad, es preciso comprobar si los medios empleados son adecuados y necesarios para alcanzar el objetivo perseguido. A este respecto, cuando una normativa comunitaria establece una distinción entre la obligación principal, cuyo cumplimiento es necesario para alcanzar el objetivo fijado, y una obligación secundaria, de naturaleza fundamentalmente administrativa, no puede, sin vulnerar el principio de proporcionalidad, sancionar con el mismo rigor el incumplimiento de la obligación secundaria y el de la obligación principal.

4 El cumplimiento de las formalidades aduaneras previstas para la exportación de la producción fuera de cuota del sector del azúcar (azúcar C), al igual que la propia exportación, debe considerarse que forma parte de las obligaciones principales del régimen de referencia, en la medida en que dichas formalidades no sólo deben facilitar los procedimientos administrativos, sino que son también indispensables para el buen funcionamiento del régimen de cuotas en el sector del azúcar. No pueden constituir, por tanto, obligaciones secundarias, de carácter fundamentalmente administrativo, cuyo incumplimiento, so pena de violar el principio de proporcionalidad, no puede sancionarse con el mismo rigor que el incumplimiento de una obligación principal.

En consecuencia, es compatible con el principio de proporcionalidad la percepción del importe adeudado por el azúcar C vendido en el mercado interior, tal como lo prevé el artículo 3 del Reglamento nº 2670/81, por el que se establecen las modalidades de aplicación para la producción fuera de cuota en el sector del azúcar, cuando es innegable, en efecto, que el azúcar de que se trata fue exportado fuera de la Comunidad sin que se cumplieran las formalidades aduaneras, razón por la cual no pudo aportarse la prueba de dicha exportación mediante la presentación del ejemplar nº 1 del certificado de exportación debidamente imputado y visado, con arreglo al apartado 2 del artículo 2 del citado Reglamento, en relación con el Reglamento nº 3183/80, por el que se establecen modalidades comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas.
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1 Actos de las Instituciones - Directivas - Ejecución por los Estados miembros - Adaptación del Derecho interno a una Directiva sin acción legislativa - Improcedencia en caso de obligación expresa de hacer referencia a la Directiva

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

2 Agricultura - Aproximación de las legislaciones - Comercialización de productos fitosanitarios - Directiva 91/414/CEE - Ejecución por los Estados miembros - Exigencia de adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido - Medida comunitaria de ejecución no adoptada aún - Irrelevancia

(Tratado CE, art. 189, párr. 3; Directiva 91/414/CEE del Consejo)

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3 No puede considerarse que una legislación ya vigente suponga una adaptación a la Directiva, puesto que la Directiva obliga expresamente a los Estados miembros a adoptar disposiciones que contengan una referencia a dicha Directiva o que vayan acompañadas de tal referencia.

4 La Directiva 91/414, cuyo objeto es definir las normas aplicables por los Estados miembros en lo que atañe a los requisitos y a los procedimientos de autorización de los productos fitosanitarios, prevé, en interés de la libre circulación de los productos, que se establezca una lista comunitaria de sustancias activas autorizadas y un sistema de reconocimiento mutuo de las autorizaciones concedidas por los Estados miembros. A este respecto, la circunstancia de que todavía no se haya incluido ninguna sustancia activa en dicha lista no puede dispensar a los Estados miembros, al no existir disposición expresa en este sentido, de su obligación de adoptar dentro del plazo establecido las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva. En efecto, la adaptación del Derecho interno a las disposiciones pertinentes debe permitir, precisamente, garantizar la aplicación inmediata del principio de reconocimiento mutuo de las autorizaciones, a partir del momento en que surta eficacia la inclusión de las sustancias activas.
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Prohibición de recaudar otros impuestos nacionales que tengan el carácter de impuestos sobre el volumen de negocios - Objetivo - Concepto de «impuestos sobre el volumen de negocios» - Alcance - Impuesto sobre actos jurídicos documentados que sólo grava una parte de las operaciones económicas - Exclusión

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 33)

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Dado que el artículo 33 de la Directiva 77/388 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios tiene por objetivo evitar que se ponga en peligro el funcionamiento del sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido por las medidas fiscales de un Estado miembro que recaigan sobre la circulación de bienes y servicios y graven las transacciones comerciales de una manera comparable al Impuesto sobre el Valor Añadido, dicho artículo no se opone al mantenimiento de un tributo nacional que, presentando las características de un impuesto sobre actos jurídicos documentados que grava los contratos de arrendamiento de obra y de suministro de materiales o de cualesquiera artículos de consumo, quedando excluida una parte importante de las operaciones económicas en el Estado miembro de que se trate, no constituye un impuesto general, puesto que su objeto no es abarcar el conjunto de operaciones económicas realizadas en el Estado miembro de que se trata, y no reviste una de las características esenciales del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Base imponible - Medidas nacionales de inaplicación - Límites

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 11, parte A, ap. 1, letra c), y 27]

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Las medidas especiales de inaplicación, que, para evitar determinados fraudes o evasiones fiscales, pueden introducir los Estados miembros en virtud del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, son de interpretación estricta y sólo pueden apartarse de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido regulada en el artículo 11 de la Sexta Directiva en la medida en que resulte absolutamente imprescindible para el logro de esta finalidad.

Por consiguiente, pese a existir una autorización otorgada por el Consejo al Estado miembro de que se trata con arreglo al citado artículo 27, no está amparada por este artículo una normativa nacional que, en el supuesto de prestación de servicios a título oneroso entre personas vinculadas y, en particular, tratándose de arrendamiento de inmuebles, establezca como base imponible mínima el total de los gastos correspondientes a la ejecución de la operación, tal como se define en la letra c) del apartado 1 de la parte A del artículo 11 de la Directiva, cuando la contraprestación convenida, aunque inferior a la base imponible mínima, es la habitual en el mercado.
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Arancel Aduanero Común - Partidas arancelarias - Fécula de patata esterificada - Clasificación en la partida 11.08 A IV (subpartida 1108 13 00 de la Nomenclatura Combinada) o 39.06 B I (subpartida 3505 10 50 de la Nomenclatura Combinada) - Criterio - Contenido de acetil - Contenido máximo de acetil comprendido entre el 0,61 % y el 0,74 % en peso - Clasificación en la partida 11.08 A IV sujeta a la verificación del mantenimiento de la calidad de la fécula originaria del producto de que se trata

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La clasificación de la fécula de patata esterificada en la partida 11.08 A IV del Arancel Aduanero Común, y en la subpartida 1108 13 00 de la Nomenclatura Combinada, o en la partida 39.06 B I del Arancel Aduanero Común y en la subpartida 3505 10 50 de la Nomenclatura Combinada, depende en primer lugar de su contenido de acetil y, por consiguiente, de su grado de esterificación, puesto que el mero procedimiento químico de esterificación, introducido en el momento de fabricar el producto, no determina por sí solo la clasificación de la fécula de patata en una o en otra de dichas partidas.

Un contenido máximo de acetil comprendido entre el 0,61 % y el 0,74 % en peso de la fécula de patata esterificada no se opone a su clasificación en la partida 11.08 A IV.

No obstante, corresponde al Juez nacional verificar si la naturaleza de la esterificación no constituye una modificación de la fécula de la patata que hace que ésta no corresponda ya, por su calidad, a la fécula de patata originaria.