Asunto T‑734/15 P

Comisión Europea

contra

FE

«Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Oposición general — Inclusión en la lista de reserva — Decisión de la AFPN de no seleccionar a un candidato aprobado — Competencias respectivas del tribunal calificador y de la AFPN — Requisitos de admisión a la oposición — Duración mínima de la experiencia profesional — Métodos de cálculo — Pérdida de una oportunidad de ser seleccionado — Pretensión de indemnización de daños y perjuicios»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala de Casación) de 15 de septiembre de 2017

Una convocatoria de oposición quedaría privada de su objeto —que no es otro que informar a los posibles candidatos acerca de los requisitos que deben reunir para presentar su candidatura— si la administración pudiera excluir a un candidato por un motivo que no figurara expresamente en la citada convocatoria o en el Estatuto, o que no hubiera sido objeto de publicación. La convocatoria de oposición puede limitarse legalmente a copiar, sin especificar el nivel de experiencia exigido para el puesto que debe cubrirse, la fórmula general correspondiente del artículo 5, apartado 1, del Estatuto y, por consiguiente, dejar al tribunal calificador la responsabilidad de apreciar, caso por caso, si los títulos y los diplomas presentados, así como la experiencia profesional acreditada por cada candidato, corresponden al nivel exigido por el Estatuto y, por tanto, por la convocatoria de la oposición, para el ejercicio de las funciones de la categoría contemplada en la misma. En caso de que un requisito de la convocatoria de oposición esté redactado en términos generales, el tribunal calificador dispone de una amplia facultad de apreciación para definir los criterios de aplicación de los requisitos de admisión a la oposición, entre ellos el de la duración de la experiencia profesional requerida. De este modo, cuando la convocatoria de oposición únicamente exige que la actividad profesional se haya ejercido durante un período mínimo de dos años, dicho requisito debe entenderse referido a un período trabajado a jornada completa durante dos años o a uno o a varios períodos trabajados a tiempo parcial o por cuenta propia equivalentes, en términos de tiempo de trabajo, a dos años a jornada completa. Esta interpretación es la única que permite garantizar la aplicación uniforme del procedimiento de selección a todos los candidatos a la oposición, ya que el período de actividad exigido podría variar en proporciones considerables en función de si la actividad se ejerció a jornada completa, a media jornada, a un cuarto de jornada o un día a la semana durante tres años, conllevando, en su caso, una desigualdad entre los candidatos por lo que respecta a la duración de la experiencia requerida. (véanse los apartados 24, 26, 29, 30 y 85)

Aunque la autoridad facultada para proceder a los nombramientos carece de la facultad de anular o modificar una decisión adoptada por un tribunal calificador, sin embargo, está obligada a adoptar, en el ejercicio de sus propias competencias, decisiones que no sean ilegales. Por lo tanto, no puede quedar vinculada por decisiones de tribunales calificadores cuya ilegalidad pueda viciar, consiguientemente, sus propias decisiones. Por ello, dicha autoridad tiene la obligación de comprobar, antes de nombrar funcionaria a una persona, si cumple los requisitos exigidos a tal efecto. Cuando el tribunal admite erróneamente a un candidato para que participe y lo incluye luego en la lista de reserva, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos debe negarse a nombrar a dicho candidato mediante una decisión motivada que permita al juez de la Unión apreciar su conformidad. Ahora bien, a la vista de la amplia facultad de apreciación de que dispone el tribunal calificador para determinar si la experiencia profesional anterior de los candidatos les permite satisfacer los requisitos de admisión a la oposición, la citada autoridad, en el marco de su control de la regularidad de las decisiones del tribunal calificador, debe limitarse a verificar que el ejercicio por el tribunal calificador de su facultad de apreciación no adolece de un error manifiesto. Sólo puede calificarse de manifiesto un error cuando pueda detectarse fácilmente mediante los criterios a los que el legislador ha querido supeditar el ejercicio por la administración de su amplia facultad de apreciación. En consecuencia, para demostrar que se ha cometido un error manifiesto en la apreciación de hechos que puede justificar la anulación de una decisión, es necesario probar que las apreciaciones recogidas en la decisión controvertida no son plausibles. En otras palabras, no existe error manifiesto si la apreciación litigiosa puede admitirse como verdadera o válida. A este respecto, la falta de información sobre las apreciaciones del tribunal calificador no puede impedir que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos considere que la decisión que este último adoptó podía adolecer de un error manifiesto de apreciación. (véanse los apartados 55 a 57 y 61)

El modo de cálculo consistente en cuantificar el trabajo realizado según el número de páginas traducidas se emplea muy habitualmente en el ámbito de la traducción, tanto por las instituciones como en la empresa privada, probablemente por considerarse el más objetivo. Así pues, el hecho de que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos haya utilizado, para calcular la duración mínima de la experiencia profesional fijada por la convocatoria de oposición, el criterio del número de páginas traducidas al día según la ratio empleada por los servicios de traducción de la institución, a saber, cinco páginas por cada día laborable, no puede considerarse manifiestamente erróneo en sí mismo. A este respecto, procede señalar que la decisión del tribunal calificador y la de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no tienen el mismo alcance. Mientras que la primera de tales decisiones conduce a admitir o no a la oposición a un candidato, la de tal autoridad se limita a la posible selección de un candidato aprobado por una determinada institución. Debe recordarse que dicha autoridad no dispone de la facultad de anular o de modificar una decisión adoptada por un tribunal calificador. Pues bien, dado que el interesado deseaba ser seleccionado por la institución y a falta de un modo interinstitucional generalmente aplicable o de indicaciones sobre un cálculo plausible por parte del tribunal calificador, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la institución aplicó legítimamente el modo de cálculo utilizado internamente con carácter general en materia de traducción. (véanse los apartados 104 a 106)