Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Embarcaciones de recreo — Directiva 94/25/CE

(Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 94/25/CE, art. 2, ap. 2, y 2003/44/CE)

2. Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Prohibición de uso de motos acuáticas fuera de las vías designadas — Procedencia — Justificación — Requisitos

(Arts. 34 TFUE y 36 TFUE)

3. Aproximación de las legislaciones — Procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información — Directiva 98/34/CE

(Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, ap. 1)

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1. La Directiva 94/25, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo, en su versión modificada por la Directiva 2003/44 no se opone a una normativa nacional que, por motivos de protección del medio ambiente, prohíbe la utilización de motos acuáticas fuera de las vías designadas.

(véanse los apartados 33, 34 y 40 y el punto 1 del fallo)

2. Los artículos 34 TFUE y 36 TFUE no se oponen a una normativa nacional que, por razones de protección del medio ambiente, prohíbe el uso de motos acuáticas (VNM) fuera de las vías designadas, siempre que:

— las autoridades nacionales competentes estén obligadas a adoptar las medidas de aplicación previstas para designar las zonas situadas fuera de las vías de navegación públicas en las que puedan utilizarse las motos acuáticas;

— dichas autoridades hayan ejercido efectivamente la competencia que les ha sido conferida a este respecto y hayan designado las zonas que cumplen los requisitos establecidos en la normativa nacional, y

— tales medidas hayan sido adoptadas en un plazo razonable tras la entrada en vigor de dicha normativa.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si se cumplen esos requisitos teniendo en cuenta los elementos siguientes. Por lo que respecta al primer requisito, conforme a la normativa nacional, la autoridad nacional competente está obligada a adoptar las disposiciones para designar las zonas situadas fuera de las vías de navegación públicas en que pueden utilizarse motos acuáticas. Por lo que respecta al segundo requisito, compete al órgano jurisdiccional nacional verificar si puede considerarse razonablemente que la autorización de uso de motos acuáticas en algunas zonas designa todas las zonas que, en la provincia de que se trata, cumplen las condiciones previstas por la normativa nacional. En efecto, dado que se supone que la utilización de motos acuáticas en una zona que cumple tales condiciones no engendra riesgos o molestias inadmisibles para el medio ambiente, cualquier prohibición de utilizar motos acuáticas en tal zona, por no haber sido designada en la medida de aplicación, debe considerarse que excede de lo necesario para lograr el objetivo de la protección del medio ambiente. Por último, por lo que respecta a apreciar el carácter razonable del plazo de once meses transcurrido entre la adopción de la normativa nacional y la de dicha autorización, procede tener en cuenta que la autorización en cuestión fue adoptada previa consulta a los municipios y a otras partes interesadas.

(véanse los apartados 33 y 36 a 40 y el punto 2 del fallo)

3. El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 98/34, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, debe interpretarse en el sentido de que una modificación introducida en un proyecto de reglamento técnico ya notificado a la Comisión, con arreglo al párrafo primero de ese artículo, y que sólo implica, respecto del proyecto notificado, una flexibilización de los requisitos de utilización del producto de que se trata y, por tanto, reduce el impacto potencial del reglamento técnico en los intercambios comerciales, no constituye una modificación significativa del proyecto en el sentido del tercer párrafo de dicha disposición y no debe ser objeto de notificación previa a la Comisión. A falta de tal obligación de notificación previa, no haber comunicado a la Comisión una modificación no significativa de un reglamento técnico, con anterioridad a la adopción de éste, no afecta a su aplicabilidad.

(véase el apartado 49 y el punto 3 del fallo)