Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Derecho de la Comisión a recurrir en vía jurisdiccional — Ejercicio que no depende de la existencia de un interés específico en ejercitar la acción

(Art. 226 CE)

2. Recurso por incumplimiento — Procedimiento administrativo previo — Objeto — Dictamen motivado — Contenido

(Art. 226 CE)

3. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones — Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE — Procedimiento que permite a la Comisión intervenir con carácter preventivo en caso de infracción clara y manifiesta de las disposiciones comunitarias en materia de adjudicación de contratos — Procedimiento que no guarda relación con el procedimiento por incumplimiento del artículo 226 CE

(Art. 226 CE; Directivas del Consejo 89/665/CEE, art. 3, y 92/13/CEE, art. 8)

4. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones — Directiva 93/38/CEE — Excepciones a las normas comunes — Requisitos — Interpretación estricta — Carga de la prueba

[Directiva 93/38/CEE del Consejo, art. 20, ap. 2, letras c) y d)]

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1. La Comisión, en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 226 CE, no necesita demostrar la existencia de un interés en ejercitar la acción. En efecto, la Comisión tiene por misión velar de oficio y en el interés general por la aplicación del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros e instar la declaración de la existencia de posibles incumplimientos de las obligaciones que derivan de aquél, con vistas a poner fin a los mismos. Por consiguiente, la finalidad del artículo 226 CE no es proteger los derechos propios de la Comisión. Sólo a ésta corresponde decidir si es o no oportuno incoar un procedimiento para la declaración de incumplimiento y, en su caso, debido a qué actuación u omisión debe iniciarse dicho procedimiento.

(véanse los apartados 14 a 16)

2. Si bien, en el marco de un recurso por incumplimiento, el dictamen motivado debe contener una exposición coherente y detallada de las razones que han llevado a la Comisión a la convicción de que el Estado miembro de que se trate ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, la Comisión no está obligada a indicar en dicho dictamen las medidas que permitirían eliminar el incumplimiento imputado.

En efecto, la finalidad del procedimiento administrativo previo es delimitar el objeto del recurso por incumplimiento con el fin de dar a dicho Estado miembro interesado la ocasión de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario o de formular adecuadamente sus alegaciones de defensa frente a las imputaciones formuladas por la Comisión.

Por consiguiente, la Comisión tan sólo debe indicar concretamente las medidas que permitirían remediar el incumplimiento reprochado en el dictamen motivado cuando pretenda convertir la falta de adopción de dichas medidas en el objeto de su recurso por incumplimiento.

(véanse los apartados 21 a 23)

3. El procedimiento de intervención directa establecido por el artículo 8 de la Directiva 92/13, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, y por el artículo 3 de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, procedimiento en virtud del cual la Comisión puede intervenir ante un Estado miembro cuando considere que se ha cometido una infracción clara y manifiesta de las disposiciones comunitarias en materia de contratos públicos, constituye una medida preventiva que no puede ni contravenir ni sustituir las competencias que corresponden a la Comisión en virtud del artículo 226 CE, de modo que el hecho de que la Comisión haya utilizado o no el referido procedimiento carece de importancia cuando se trata de apreciar la admisibilidad de un recurso por incumplimiento. De esta forma, la elección entre ambos procedimientos forma parte de sus facultades discrecionales.

(véanse los apartados 27 y 28)

4. Las disposiciones del artículo 20, apartado 2, letras c) y d), de la Directiva 93/38, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, que autorizan a las entidades contratantes a utilizar en determinados casos un procedimiento sin convocatoria de licitación previa, deben ser objeto de interpretación estricta, ya que establece excepciones a las normas reguladoras de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Además, la carga de la prueba incumbe a quien pretenda beneficiarse de ello.

Por lo que atañe, en primer lugar, al artículo 20, apartado 2, letra c), de dicha Directiva, su aplicación está sujeta a dos requisitos acumulativos, a saber por una parte, que existan razones técnicas de las obras que sean objeto del contrato y, por otra parte, que dichas razones técnicas hagan absolutamente necesaria la adjudicación del contrato a una empresa determinada.

En segundo lugar, por lo que atañe a la excepción prevista en el artículo 20, apartado 2, letra d), de dicha Directiva, tal excepción está supeditada al cumplimiento de tres requisitos acumulativos, a saber la existencia de un acontecimiento imprevisto, de una imperiosa urgencia incompatible con los plazos requeridos en otros procedimientos y, por último, de una relación de causalidad entre el acontecimiento imprevisto y la imperiosa urgencia que del mismo se deriva.

El hecho de que una autoridad que debe dar su aprobación al citado proyecto pueda imponer plazos constituye, en este contexto, un elemento previsible del procedimiento de aprobación del referido proyecto.

(véanse los apartados 33, 34, 40 y 43)