Palabras clave

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Palabras clave

1 Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias formales - Determinación del objeto del litigio - Exposición sumaria de los motivos invocados - Demanda que tiene por objeto la reparación de los daños causados por una Institución comunitaria - Demanda que no cuantifica el importe del perjuicio pero indica los factores que lo integran - Admisibilidad - Requisito - Perjuicio moral

[Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 19, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal, art. 44, ap. 1, letra c)]

2 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Ilicitud - Perjuicio - Relación de causalidad - Carga de la prueba

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

3 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Informe especial del Tribunal de Cuentas - Difamación - Inexistencia - Inexistencia de responsabilidad

[Tratado CE, art. 188 C, ap. 2, párrs. 1 y 4 (actualmente art. 248 CE, ap. 2, párrs. 1 y 4, tras su modificación)]

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1 En virtud del artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda deberá contener la cuestión que constituye el objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta exposición debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal pronunciarse sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la Justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa dicho recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de la demanda. Para cumplir estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los daños supuestamente causados por una Institución comunitaria deberá contener los elementos que permitan identificar el comportamiento que el demandante reprocha a la Institución, las razones por las que estima que existe una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio que alega haber sufrido, así como el carácter y el alcance de dicho perjuicio.

Aun cuando una demanda que tiene por objeto obtener una indemnización cualquiera carece de la necesaria precisión, por lo que deberá declararse su inadmisibilidad, no ocurre así cuando la demanda, aunque no cifra la cuantía del perjuicio alegado, señala claramente los elementos que permiten apreciar su naturaleza y alcance, haciendo posible que la demandada pueda defenderse y el Tribunal de Primera Instancia pronunciarse sobre la misma. En tales condiciones, la ausencia de una cuantificación en el escrito de demanda no afecta al derecho de defensa, a condición de que la parte demandante proporcione dichos datos en su escrito de réplica, permitiendo así a la demandada discutirlos tanto en su escrito de dúplica, como en la audiencia.

En cuanto al perjuicio moral, con independencia de que se reclame su reparación con carácter simbólico o con el fin de obtener una verdadera indemnización, corresponde al demandante precisar la naturaleza del perjuicio alegado en relación con el comportamiento reprochado a la Institución, así como valorar globalmente, aunque sólo sea de forma aproximada, dicho perjuicio.

2 Para que se genere la responsabilidad de la Comunidad, con arreglo al artículo 215, párrafo segundo, del Tratado (actualmente artículo 288 CE, párrafo segundo), es preciso que el demandante pruebe no sólo la ilegalidad del comportamiento imputado a la Institución de que se trate y la realidad del daño, sino también, la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y dicho perjuicio, que debe derivarse de forma suficientemente directa del comportamiento reprochado.

3 Si el Tribunal de Cuentas constata, en el marco de la ejecución de su misión, disfunciones graves que afecten seriamente la legalidad y la regularidad de los ingresos o gastos de la Comunidad o las necesidades de una buena gestión financiera, está obligado a denunciarlas. Las observaciones formuladas, en el marco de su informe anual o de informes especiales, a propósito de terceros directamente implicados se hallan sometidas por completo al control del Tribunal de Primera Instancia. Dichas observaciones son susceptibles de constituir un comportamiento ilícito y, por tanto, de generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, tanto si los hechos recogidos no son materialmente exactos como si la interpretación realizada de hechos materialmente exactos es errónea o parcial.

No ocurre así cuando el Tribunal de Cuentas denuncia la existencia de una confusión de intereses en la adjudicación de un contrato público con la Comunidad en la que se halla implicada la demandante. En efecto, un conflicto de intereses constituye en sí mismo y de forma objetiva una disfunción grave, sin que sea preciso tener en cuenta, para su calificación, las intenciones de los interesados y su buena o mala fe, ni demostrar que haya causado un perjuicio material cuantificable.