Una intervención estatal en la fijación del precio de suministro del gas natural al consumidor final puede admitirse en el marco de la Directiva 2009/73, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, si se cumplen tres requisitos. En primer lugar, dicha intervención debe perseguir un objetivo de interés económico general; en segundo lugar, debe respetar el principio de proporcionalidad y, en tercer lugar, debe establecer obligaciones de servicio público claramente definidas, transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar el acceso de las empresas de gas de la Unión a los consumidores en igualdad de condiciones.

Por lo que respecta al primer requisito, relativo a la existencia de un interés económico general, su interpretación debe enmarcarse en el nuevo contexto que resulta de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el cual comprende, además del artículo 106 TFUE, el artículo 14 TFUE, el Protocolo (n.o 26) sobre los servicios de interés general, anejo al Tratado UE, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, y al Tratado FUE, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que adquirió el mismo valor jurídico que los Tratados, en particular el artículo 36 de ésta, relativo al acceso a los servicios de interés económico general. Así pues, los Estados miembros están facultados, dentro del respeto del Derecho de la Unión, para definir el alcance y la organización de sus servicios de interés económico general. En particular, pueden tener en cuenta objetivos propios de su política nacional. A este respecto, en el marco de la apreciación que los Estados miembros deben llevar a cabo, a tenor de la Directiva 2009/73, para determinar si, en aras del interés económico general, deben imponerse a las empresas que operan en el sector del gas obligaciones de servicio público, corresponde a los Estados miembros conciliar el objetivo de liberalización y los demás objetivos que persigue esa Directiva. En este contexto, dado que el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/73 enumera con carácter no exhaustivo los tipos de acciones que pueden ser objeto de obligaciones de servicio público, los Estados miembros, dentro del respeto del Derecho de la Unión, siguen siendo libres para definir cuáles son los objetivos de interés económico general que pretenden perseguir al imponer obligaciones de servicio público. Ahora bien, el objetivo de estas obligaciones deberá ser siempre la consecución de uno o varios objetivos de interés económico general.

De lo anterior resulta que el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/73, interpretado a la luz de los artículos 14 TFUE y 106 TFUE y del Protocolo n.o 26 sobre los servicios de interés general, anejo al Tratado UE, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, y al Tratado FUE, debe interpretarse en el sentido de que permite a los Estados miembros apreciar si, en aras del interés económico general, deben imponerse a las empresas que operan en el sector del gas obligaciones de servicio público relativas al precio de suministro del gas natural con el fin, en particular, de garantizar la seguridad del suministro y la cohesión territorial, siempre que, por una parte, se cumplan todos los requisitos que establece el artículo 3, apartado 2, de esta Directiva, en especial el carácter no discriminatorio de tales obligaciones, y que, por otra, la imposición de esas obligaciones respete el principio de proporcionalidad.

(véanse los apartados 36, 37, 40, 44, 45, 50 y 73 y el punto 2 del fallo)