Por lo que respecta al artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/118, un impuesto establecido por la ley nacional que no grave directa o indirectamente el consumo de la electricidad a la que se aplica la Directiva 2003/96, ni el consumo de otro producto sometido a impuestos especiales, no puede incluirse en el artículo 1, apartados 1 o 2, de la Directiva 2008/118.

Por lo que respecta a la primera de dichas disposiciones, el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/96 define el concepto de productos energéticos utilizado a efectos de esa Directiva, estableciendo con exhaustividad la lista de los productos comprendidos en la definición de ese concepto por referencia a los códigos de la Nomenclatura Combinada. Pues bien, el combustible nuclear no es, puesto que no figura en esa lista, un producto energético a efectos de la Directiva 2003/96 y, por tanto, no es objeto de la exención establecida en el artículo 14, apartado 1, letra a), de dicha Directiva. Además, una eventual disconformidad de una normativa nacional con la política de la Unión en materia de reducción de las emisiones de CO2 no puede justificar, a riesgo de modificar radicalmente el alcance de los artículos 2, apartado 1, y 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/96, contrariamente a la intención clara del legislador de la Unión, que esas disposiciones se interpreten en el sentido de que se aplican a productos distintos de los productos energéticos y de la electricidad en el sentido de dicha Directiva.

En efecto, el régimen establecido por la normativa nacional controvertida no afecta a las producciones de electricidad que no utilizan combustible nuclear y que no se encuentran, por lo que respecta al objetivo perseguido por dicho régimen, en una situación fáctica y jurídica comparable a la de las producciones de electricidad que utilizan combustible nuclear, que son las únicas que generan residuos radioactivos procedentes de tal uso. De ello se infiere que dicha normativa no constituye una medida selectiva, con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1, y, por tanto, no constituye una ayuda de Estado prohibida por dicha disposición.

El artículo 107 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece, durante un período determinado, la percepción de un impuesto sobre el uso de combustible nuclear para producir comercialmente electricidad con vistas a generar ingresos fiscales que deben contribuir, en particular, en el contexto de un saneamiento presupuestario, con arreglo al principio de quien contamina paga, a la reducción de la carga que para el presupuesto nacional representa la rehabilitación necesaria de una zona minera, en la que se almacenan residuos radioactivos procedentes del uso de combustible nuclear.

El artículo 93 EA, apartado 1, el artículo 191 EA, en relación con el artículo 3, apartado 1, del Protocolo (no 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, adjunto a los Tratados UE, FUE y CEEA, y el artículo 192 EA, apartado 2, en relación con el artículo 1 EA, apartado 2, y el artículo 2 EA, letra d), deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece la percepción de un impuesto sobre el uso de combustible nuclear para producir comercialmente electricidad.

En primer lugar, el artículo 93 EA, apartado 1, junto con las demás disposiciones incluidas en el título II, capítulo 9, del Tratado CEEA, constituye la aplicación a un ámbito altamente especializado de las concepciones jurídicas que inspiran la estructura del mercado común general. A este respecto, aunque la característica esencial de una exacción de efecto equivalente reside en la circunstancia de que grava específicamente un producto importado y excluye al producto nacional similar, un gravamen sobre un producto importado de otro Estado miembro, no existiendo un producto nacional idéntico o similar, no constituye una exacción de efecto equivalente si forma parte de un sistema general de tributos internos que graven sistemáticamente las distintas categorías de productos según criterios objetivos aplicados con independencia del origen de los productos. De ello se infiere que un impuesto percibido, no por el hecho de que el combustible nuclear atraviese una frontera, sino de su uso para producir comercialmente electricidad, sin distinción del origen de ese combustible ni del tipo impositivo o del sujeto pasivo, no constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana.

En segundo lugar, del artículo 191 EA, en relación con el artículo 3, apartado 1, del Protocolo, resulta que la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA), sus activos, sus ingresos y demás bienes estarán exentos de cualesquiera impuestos directos. A este respecto, un impuesto sobre el uso de combustible nuclear establecido para producir comercialmente electricidad y no como un impuesto directo sobre ese combustible se inscribe en el derecho de uso y consumo de este combustible. Pues bien, ese derecho corresponde a los Estados miembros, a las personas o a las empresas cuando hayan regularmente entrado en su posesión aun cuando, con arreglo al artículo 86 EA, el combustible nuclear para producir comercialmente electricidad sea propiedad de la CEEA.

Por último, la obligación establecida en el artículo 2 EA, letra d), se desarrolla en el capítulo 6 del título II del Tratado CEEA, que comprende sus artículos 52 a 76, que establece un régimen común de abastecimiento de minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales. Pues bien, el impuesto en cuestión, que conlleva efectivamente encarecer el uso de combustible nuclear para producir comercialmente electricidad, no constituye una vulneración de las obligaciones de los Estados miembros expuestas en dichas disposiciones o no se opone, en general, a los principios relativos a dicho régimen, en particular, al principio de igualdad de acceso a los recursos, establecido en el artículo 52 EA, o a los principios relativos a la formación de los precios, establecidos en los artículos 67 EA y 69 EA. En efecto, este impuesto no puede afectar al abastecimiento de combustible de quienes explotan centrales nucleares puesto que no grava la adquisición de combustible nuclear, sino su uso. De ello se infiere que este impuesto no puede poner en peligro el cumplimiento del deber de la CEEA de velar por el abastecimiento regular y equitativo en minerales y combustibles nucleares de todos los usuarios de esta Comunidad, previsto en el artículo 2 EA, letra d).

(véanse los apartados 86, 89 a 92, 94 a 97 y 103 a 105 y el punto 4 del fallo)