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En tales circunstancias, la Cour constitutionnelle (Tribunal Constitucional) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse el artículo 2, apartados 1 a 3, 6 y 7; el artículo 3, apartado 8; el artículo 5; el artículo 6, apartado 1, y el punto 2 del apéndice I del [Convenio de Espoo] de conformidad con las indicaciones proporcionadas por el Documento de información sobre la aplicación del [Convenio de Espoo] a las actividades relativas a la energía nuclear y las Recomendaciones sobre las buenas prácticas relativas a la aplicación del [Convenio de Espoo] a las actividades relacionadas con la energía nuclear? 2) ¿Puede interpretarse el artículo 1, inciso ix), del [Convenio de Espoo], que define la “autoridad competente”, en el sentido de que excluye del ámbito de aplicación de dicho [Convenio] un acto legislativo como la [Ley de 28 de junio de 2015], habida cuenta, en particular, de los diferentes estudios y audiencias que tuvieron lugar en el marco de la adopción de la citada Ley? 3) a) ¿Deben interpretarse los artículos 2 a 6 del [Convenio de Espoo] en el sentido de que son de aplicación previa a la adopción de un acto legislativo como la [Ley de 28 de junio de 2015], cuyo artículo 2 difiere la fecha de desactivación y de finalización de la producción industrial de electricidad de las centrales nucleares Doel 1 y Doel 2? b) ¿Es diferente la respuesta a la cuestión enunciada en la letra a) según se trate de la central Doel 1 o de la Doel 2, habida cuenta de la necesidad, respecto de la primera central, de adoptar actos administrativos de ejecución de la susodicha Ley de 28 de junio de 2015? c) ¿Puede constituir la seguridad de suministro de electricidad del país una razón imperiosa de interés general que permita establecer excepciones a la aplicación de los artículos 2 a 6 del [Convenio de Espoo] o suspender dicha aplicación? 4) ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, del [Convenio de Aarhus] en el sentido de que excluye del ámbito de aplicación de este [Convenio] un acto legislativo como la [Ley de 28 de junio de 2015], teniendo en cuenta o no los diferentes estudios y audiencias que tuvieron lugar en el marco de la adopción de esta Ley? 5) a) A la luz, en particular, de las Recomendaciones de Maastricht sobre los medios para promover la participación efectiva del público en el proceso de toma de decisiones en el ámbito medioambiental respecto de un proceso de adopción de decisiones con múltiples etapas, ¿deben interpretarse los artículos 2 y 6 del [Convenio de Aarhus], en relación con el anexo I, punto 1, de este, en el sentido de que son de aplicación previa a la adopción de un acto legislativo como la [Ley de 28 de junio de 2015], cuyo artículo 2 difiere la fecha de desactivación y de finalización de la producción industrial de electricidad de las centrales nucleares Doel 1 y Doel 2? b) ¿Es diferente la respuesta a la cuestión enunciada en la letra a) según se trate de la central Doel 1 o de la Doel 2, habida cuenta de la necesidad, respecto de la primera central, de adoptar actos administrativos de ejecución de la susodicha Ley de 28 de junio de 2015? c) ¿Puede constituir la seguridad de suministro de electricidad del país una razón imperiosa de interés general que permita establecer excepciones a la aplicación de los artículos 2 y 6 del [Convenio de Aarhus] o suspender dicha aplicación? 6) a) ¿Deben interpretarse, a la luz, en su caso, de los Convenios de Espoo y de Aarhus, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva [EIA], en relación con el punto 13, letra a), del anexo II de esta, en el sentido de que son de aplicación al diferimiento de la fecha de desactivación y de finalización de la producción industrial de electricidad de una central nuclear, siendo así que, como en el presente caso, tal diferimiento implica inversiones importantes y mejoras de seguridad para las centrales nucleares Doel 1 y Doel 2? b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión enunciada en la letra a), ¿deben interpretarse los artículos 2 a 8 y 11 y los anexos I, II y III de la Directiva [EIA] en el sentido de que son de aplicación previa a la adopción de un acto legislativo como la [Ley de 28 de junio de 2015], cuyo artículo 2 difiere la fecha de desactivación y de finalización de la producción industrial de electricidad de las centrales nucleares Doel 1 y Doel 2? c) ¿Es diferente la respuesta a las cuestiones enunciadas en las letras a) y b) según se trate de la central Doel 1 o de la Doel 2, habida cuenta de la necesidad, respecto de la primera central, de adoptar actos administrativos de ejecución de la susodicha Ley de 28 de junio de 2015? d) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión enunciada en la letra a), ¿debe interpretarse el artículo 2, apartado 4, de la Directiva [EIA] en el sentido de que permite exceptuar el diferimiento de la desactivación de una central nuclear por razones imperiosas de interés general relativas a la seguridad de suministro de electricidad del país de la aplicación de los artículos 2 a 8 y 11 de la misma Directiva? 7) ¿Debe interpretarse el concepto de “acto legislativo específico”, a los efectos del artículo 1, apartado 4, de la Directiva [EIA], en el sentido de que excluye del ámbito de aplicación de esta un acto legislativo como la [Ley de 28 de junio de 2015], teniendo en cuenta, en particular, los diferentes estudios y audiencias que tuvieron lugar en el marco de la adopción de esta Ley y con los que podrían realizarse los objetivos de la Directiva antes citada? 8) a) ¿Debe interpretarse el artículo 6 de la Directiva [de hábitats], en relación con los artículos 3 y 4 de la Directiva [de aves], leídos, en su caso, a la luz de la Directiva [EIA] y de los Convenios de Espoo y de Aarhus, en el sentido de que son aplicables al diferimiento de la fecha desactivación y de finalización de la producción industrial de electricidad de una central nuclear, siendo así que, como en el presente caso, tal diferimiento implica inversiones importantes y mejoras de seguridad para las centrales nucleares Doel 1 y Doel 2? b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión enunciada en la letra a), ¿debe interpretarse el artículo 6, apartado 3, de la Directiva [de hábitats] en el sentido de que es de aplicación previa a la adopción de un acto legislativo como la [Ley de 28 de junio de 2015], cuyo artículo 2 difiere la fecha de desactivación y de finalización de la producción industrial de electricidad de las centrales nucleares Doel 1 y Doel 2? c) ¿Es diferente la respuesta a las cuestiones enunciadas en las letras a) y b) según se trate de la central Doel 1 o de la Doel 2, habida cuenta de la necesidad, respecto de la primera central, de adoptar actos administrativos de ejecución de la susodicha Ley de 28 de junio de 2015? d) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión enunciada en la letra a), ¿debe interpretarse el artículo 6, apartado 4, de la Directiva [de hábitats], en el sentido de que permite considerar como una razón imperiosa de interés público de primer orden los motivos relativos a la seguridad de suministro de electricidad del país, teniendo en cuenta, en particular, los diferentes estudios y audiencias que tuvieron lugar en el marco de la adopción de la referida Ley de 28 de junio de 2015 y con los que podrían realizarse los objetivos de la Directiva antes citada? 9) Si, sobre la base de las respuestas que se den a las cuestiones prejudiciales anteriores, el juez nacional llega a la conclusión de que la Ley [de 28 de junio de 2015] incumple una de las obligaciones derivadas de los Convenios o Directivas antes citados, sin que la seguridad de suministro de electricidad del país pueda constituir una razón imperiosa de interés general que permita establecer excepciones a estas obligaciones, ¿podría mantener los efectos de la Ley de 28 de junio de 2015 con el fin de evitar la inseguridad jurídica y de permitir que se satisfagan las obligaciones de evaluación de las repercusiones medioambientales y de participación del público derivadas de los Convenios o Directivas antes citados?»