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Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) de 8 de diciembre de 1998. - Sadam Zuccherifici Divisione della SECI Spa, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise Spa y Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA contra Consejo de la Unión Europea. - Reglamento (CE) no 2613/97 - Disposición por la que se suprimen ayudas nacionales a los productores de remolacha azucarera a partir de la campaña 2001/2002 - Recurso de anulación - Inadmisibilidad. - Asunto T-39/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-04207



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Palabras clave

Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Reglamento que prevé la supresión de la ayuda de adaptación a los productores de remolacha azucarera - Recurso interpuesto por establecimientos de transformación y de producción de azúcar de remolacha - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 173, párr. 4; Reglamento (CE) nº 2613/97 del Consejo, art. 2]

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No procede admitir el recurso de anulación interpuesto por propietarios de establecimientos de transformación y producción de azúcar de remolacha contra el artículo 2 del Reglamento nº 2613/97, que suprime todas las ayudas nacionales de adaptación a los productores de remolacha azucarera a partir de la campaña 2001/2002.

En efecto, esta disposición establece una medida de alcance general que se aplica a una situación determinada objetivamente y que produce efectos jurídicos en relación con categorías de personas contempladas de forma general y abstracta, a saber, los Estados miembros y los productores de remolacha azucarera, y, aunque pueda afectar a la situación de las demandantes, sólo lo hace debido a su condición objetiva de operador económico que actúa en el sector de la remolacha azucarera, en el mismo concepto que todo operador económico que ejerce la misma actividad en la Comunidad.

A este respecto es irrelevante que los efectos de dicha disposición puedan acusarse de forma más aguda en la región donde operan las demandantes, ya que la circunstancia de que la disposición impugnada pueda tener efectos concretos diferentes para los diversos sujetos de Derecho a los que se aplica no puede privarla de su carácter de Reglamento y que, en cualquier caso, las demandantes se encuentran en la misma situación que los demás productores de remolachas que operan en la misma región.
Palabras clave

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Palabras clave

1 Responsabilidad extracontractual - Objeto - Actos de las Instituciones comunitarias o actos de los agentes de la Comunidad - Concepto - Actos de Derecho comunitario primario - Exclusión - Perjuicio derivado del Acta Única

[Tratado CE, art. 7 A (actualmente art. 14 CE, tras su modificación) y art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

2 Responsabilidad extracontractual - Incumplimiento, por las Instituciones comunitarias, de una obligación legal de actuar - Desaparición de la profesión de comisionista de aduanas resultante del Acta Única - Obligación de actuar de las Instituciones - Inexistencia - Obligación de la Comunidad de indemnizar a los miembros de la profesión - Inexistencia

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1 En materia de responsabilidad extracontractual de la Comunidad, no puede imputarse al Consejo y a la Comisión la causa del perjuicio sufrido por los comisionistas de aduanas que resulta de la supresión de las fronteras aduaneras y fiscales entre los Estados miembros. En efecto, la causa directa y determinante de dicho perjuicio no es la adopción de actos de Derecho derivado, ni la falta de medidas de compensación y de adaptación adecuadas, sino el artículo 13 del Acta Única, que incluyó en el Tratado CEE un artículo 8 A, posteriormente artículo 7 A del Tratado (actualmente artículo 14 CE, tras su modificación), que dispone, en particular, que «el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores». Pues bien, el Acta Única, que fue adoptada por los Estados miembros, no es imputable a las mencionadas Instituciones y, por tanto, no puede engendrar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad. (véase el apartado 17)

2 Las omisiones de las Instituciones comunitarias sólo pueden generar la responsabilidad de la Comunidad en la medida en que las Instituciones hayan incumplido una obligación legal de actuar derivada de una norma comunitaria. En el caso de la desaparición de la profesión de comisionista de aduanas que deriva del Acta Única, dicha obligación no resulta ni de la propia Acta Única, ni de ninguna otra disposición de Derecho comunitario, ni tampoco de un eventual principio general del Derecho en virtud del cual la Comunidad estaría obligada a indemnizar a aquella persona que haya sido objeto de una medida de expropiación o de restricción del libre ejercicio del derecho de propiedad, puesto que no puede imponerse a la Comunidad la obligación de indemnizar el perjuicio derivado de actos que no le sean imputables. De ello se desprende que la Comunidad no está obligada a indemnizar a los miembros de esta profesión. No obstante, no queda excluido que una obligación de indemnizar pueda imponerse, en su caso, en virtud del Derecho interno del Estado miembro en cuyo territorio el comisionista de aduanas intracomunitario ejercía su actividad. (véase el apartado 18)
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A juicio de la Comisión, la facultad que confiere el artículo 90, apartado 1, del Estatuto a todos los funcionarios de solicitar a la AFPN que adopte una decisión con respecto a ellos no permite eludir los plazos de reclamación y recurso establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto y cuestionar indirectamente así una decisión anterior no impugnada dentro de plazo (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 1996, Becker/Tribunal de Cuentas, T-93/94, RecFP pp. I-A-91 y II-301). A este respecto, la Comisión subraya que las decisiones de la AFPN por las que se fija la clasificación de los demandantes en el grado A 7, escalón 3, se remontan a 1990 y 1992, y que no se presentó reclamación alguna contra dichas decisiones en el plazo de tres meses a partir de su notificación.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 24 de junio de 1998. - Dalmine SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Derecho de la competencia - Decisión de solicitud de información - Multas coercitivas - Notificación - Inadmisibilidad manifiesta. - Asunto T-596/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02383



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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Decisión por la que se impone una multa coercitiva y decisión por la que se fija definitivamente su importe - Distinción

(Tratado CE, art. 173; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 16, ap. 1)

2 Recurso de anulación - Interés para ejercitar la acción - Recurso contra una decisión que tiene varios destinatarios, pero que indica únicamente la dirección de uno de ellos como dirección de notificación - Irregularidades de notificación invocadas por el destinatario que la ha recibido - Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 173)

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3 Constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de recurso de anulación, a efectos del artículo 173 del Tratado, las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de forma caracterizada la situación jurídica de este último.

No produce efectos jurídicos obligatorios y, por consiguiente, no constituye un acto impugnable en el sentido del artículo 173 del Tratado, la decisión contemplada en el apartado 1 del artículo 16 del Reglamento nº 17, por la que se impone una multa coercitiva a razón de cierto número de unidades de cuenta por día de retraso a partir de la fecha que fije. Dicha decisión tampoco produce efectos jurídicos obligatorios en la medida en que considera al demandante solidariamente responsable de las multas coercitivas impuestas a otros destinatarios de la misma decisión. En efecto, la decisión constituye únicamente una fase del procedimiento al final del cual la Comisión adopta, en su caso, una decisión por la que se fija definitivamente el importe total de la multa coercitiva y que constituye, así, un título ejecutivo. No obstante, antes de poder adoptar esta última decisión, la Comisión debe cumplir ciertas obligaciones de procedimiento.

4 Cuando una decisión que tiene varios destinatarios indica solamente la dirección de uno de ellos como dirección de notificación de los demás, el destinatario que ha recibido la notificación no puede tener interés para impugnar las posibles irregularidades de ésta, puesto que no está obligado a transmitir la decisión a los demás destinatarios y, si la notificación se considerase irregular, la decisión simplemente no surtiría efectos respecto a estos últimos.

La cuestión de si se cometieron irregularidades en dicha notificación sólo resultaría pertinente en la medida en que procediera determinar si la decisión de que se trata fue válidamente notificada a los demás destinatarios y, en su caso, el punto de partida del plazo de que dispondrían estos últimos para interponer un recurso contra esta decisión sobre la base del artículo 173 del Tratado.
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 1 de octubre de 1997. - Comafrica SpA y Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Organización común de mercados - Plátanos - Coeficiente de reducción - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Admisibilidad de la demanda de medidas provisionales - Perjuicio grave e irreversible. - Asunto T-230/97 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-01589



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Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Inexistencia en el caso de un importador de plátanos que solicita la aplicación de un coeficiente de reducción más favorable que el establecido por la normativa impugnada

(Tratado CE, arts. 185 y 186; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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En el contexto del examen de una demanda de medidas provisionales, presentada por unos importadores de plátanos procedentes de países terceros y en la que se solicita que se suspenda la ejecución del Reglamento nº 1155/97, por el que se fijan los coeficientes de reducción que permiten determinar la cantidad de plátanos que debe asignarse a cada agente económico de las categorías A y B con cargo al contingente arancelario de 1997, y se asigne a los demandantes el número de certificados de importación al que pretenden tener derecho, no se cumple el requisito de urgencia formulado en el apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia cuando, por una parte, la pérdida de cuota de mercado que, según sus alegaciones, sufrirán indebidamente los demandantes no puede considerarse capaz de causar un perjuicio grave a empresas de su importancia y, por otra, los perjuicios alegados parecen reparables, dado que la reducción de las importaciones constituiría una pérdida económica recuperable a través de los recursos que establece el Tratado.

Por otra parte, acoger las pretensiones de los demandantes supondría una injerencia en la competencia de la Comisión para establecer el coeficiente de reducción e implicaría adoptar medidas que no tendrían un carácter provisional, sino que producirían en realidad efectos idénticos a los que pretende obtener el recurso principal, puesto que no harían sino adelantar los efectos de una eventual anulación del Reglamento impugnado.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 13 de febrero de 1998. - Guérin automobiles EURL contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Plazo para recurrir - Inadmisibilidad manifiesta. - Asunto T-275/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-00253



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Palabras clave

Recurso de anulación - Plazos - Carácter de orden público - Punto de partida - Notificación - Irrelevancia de los errores puramente formales

(Tratado CE, art. 173)

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El plazo de recurso de dos meses previsto por el artículo 173 del Tratado es de orden público y fue establecido para garantizar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas y evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de justicia, pudiendo el Tribunal de Primera Instancia verificar de oficio si dicho plazo se ha respetado.

A este respecto, un error en la designación del destinatario de una decisión que es objeto de un recurso de anulación constituye un error puramente formal que no puede, en ningún caso, impedir la aplicación de los plazos previstos por el Tratado, puesto que el acto de que se trata llegó a su destinatario y éste pudo percatarse de que iba dirigido a él.
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 19 de junio de 1997. - Luis Manuel Chaves Fonseca Ferrão contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos). - Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) - Decisión del Presidente de la Oficina sobre organización de las Salas de Recurso - Periculum in mora - Inexistencia. - Asunto T-159/97 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-01049



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Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Urgencia - Perjuicio grave e irreparable - Concepto - Carga de la prueba

[Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo]

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La urgencia de la adopción de medidas provisionales debe apreciarse examinando si la ejecución de los actos controvertidos, antes de que recaiga la decisión del Juez comunitario sobre el fondo, puede causar a la parte que solicita dichas medidas daños graves e irreversibles, que no podrían ser reparados aunque se anulase la decisión impugnada, o que, a pesar de su carácter provisional, sean desproporcionados en relación con el interés de la parte demandada en que se dé ejecución a sus actos, aun cuando sean objeto de un recurso judicial. Incumbe a la parte demandante acreditar que concurren dichos requisitos.

Debe desestimarse una demanda de medidas provisionales destinada a obtener la suspensión de la ejecución de una decisión, adoptada en el marco de la ejecución del Reglamento nº 40/94, mediante la que el Presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) estableció las normas de organización de las Salas de Recurso, puesto que el demandante no ha aportado ninguna prueba en apoyo de sus afirmaciones, según las cuales existe un riesgo de perjuicio grave e irreparable que se deriva del menoscabo que la subordinación jerárquica impuesta por la decisión impugnada a los Miembros de las Salas de Recurso de la Oficina podría inferir a la independencia de éstos durante todo su mandato.

En efecto, puesto que no se ha dado ningún acto de la Oficina, adoptado en ejecución de la decisión controvertida, que haya supuesto una vulneración concreta de la independencia del demandante y puesto que éste no ha aportado ningún dato que permita suponer la existencia de tal riesgo, no existe ninguna urgencia para adoptar la suspensión de la ejecución de la decisión controvertida.
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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Decisión por la que se impone una multa coercitiva y decisión por la que se fija definitivamente su importe - Distinción

(Tratado CE, art. 173; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 16, ap. 1)

2 Recurso de anulación - Interés para ejercitar la acción - Recurso contra una decisión que tiene varios destinatarios, pero que indica únicamente la dirección de uno de ellos como dirección de notificación - Irregularidades de notificación invocadas por el destinatario que la ha recibido - Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 173)

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3 Constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de recurso de anulación, a efectos del artículo 173 del Tratado, las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de forma caracterizada la situación jurídica de este último.

No produce efectos jurídicos obligatorios y, por consiguiente, no constituye un acto impugnable en el sentido del artículo 173 del Tratado, la decisión contemplada en el apartado 1 del artículo 16 del Reglamento nº 17, por la que se impone una multa coercitiva a razón de cierto número de unidades de cuenta por día de retraso a partir de la fecha que fije. Dicha decisión tampoco produce efectos jurídicos obligatorios en la medida en que considera al demandante solidariamente responsable de las multas coercitivas impuestas a otros destinatarios de la misma decisión. En efecto, la decisión constituye únicamente una fase del procedimiento al final del cual la Comisión adopta, en su caso, una decisión por la que se fija definitivamente el importe total de la multa coercitiva y que constituye, así, un título ejecutivo. No obstante, antes de poder adoptar esta última decisión, la Comisión debe cumplir ciertas obligaciones de procedimiento.

4 Cuando una decisión que tiene varios destinatarios indica solamente la dirección de uno de ellos como dirección de notificación de los demás, el destinatario que ha recibido la notificación no puede tener interés para impugnar las posibles irregularidades de ésta, puesto que no está obligado a transmitir la decisión a los demás destinatarios y, si la notificación se considerase irregular, la decisión simplemente no surtiría efectos respecto a estos últimos.

La cuestión de si se cometieron irregularidades en dicha notificación sólo resultaría pertinente en la medida en que procediera determinar si la decisión de que se trata fue válidamente notificada a los demás destinatarios y, en su caso, el punto de partida del plazo de que dispondrían estos últimos para interponer un recurso contra esta decisión sobre la base del artículo 173 del Tratado.
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Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Urgencia - Perjuicio grave e irreparable - Concepto - Carga de la prueba

[Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo]

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La urgencia de la adopción de medidas provisionales debe apreciarse examinando si la ejecución de los actos controvertidos, antes de que recaiga la decisión del Juez comunitario sobre el fondo, puede causar a la parte que solicita dichas medidas daños graves e irreversibles, que no podrían ser reparados aunque se anulase la decisión impugnada, o que, a pesar de su carácter provisional, sean desproporcionados en relación con el interés de la parte demandada en que se dé ejecución a sus actos, aun cuando sean objeto de un recurso judicial. Incumbe a la parte demandante acreditar que concurren dichos requisitos.

Debe desestimarse una demanda de medidas provisionales destinada a obtener la suspensión de la ejecución de una decisión, adoptada en el marco de la ejecución del Reglamento nº 40/94, mediante la que el Presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) estableció las normas de organización de las Salas de Recurso, puesto que el demandante no ha aportado ninguna prueba en apoyo de sus afirmaciones, según las cuales existe un riesgo de perjuicio grave e irreparable que se deriva del menoscabo que la subordinación jerárquica impuesta por la decisión impugnada a los Miembros de las Salas de Recurso de la Oficina podría inferir a la independencia de éstos durante todo su mandato.

En efecto, puesto que no se ha dado ningún acto de la Oficina, adoptado en ejecución de la decisión controvertida, que haya supuesto una vulneración concreta de la independencia del demandante y puesto que éste no ha aportado ningún dato que permita suponer la existencia de tal riesgo, no existe ninguna urgencia para adoptar la suspensión de la ejecución de la decisión controvertida.
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Palabras clave

Recurso de anulación - Recurso contra una Decisión adoptada en el marco del Tratado CECA - Recurso formulado por una autoridad regional de un Estado federado - Inadmisibilidad

(Tratado CECA, art. 33; Tratado CE, art. 173)

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Un recurso que tiene por objeto la anulación de una Decisión adoptada en el marco del Tratado CECA no puede ser formulado válidamente por una autoridad regional federada, dado que el artículo 33 del Tratado CECA, que enumera de modo limitativo los sujetos de Derecho habilitados para formular recurso de anulación, no la menciona y el artículo 173 del Tratado CE no puede aplicarse a tal recurso.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 29 de mayo de 1997. - British Steel plc contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Intervención - Confidencialidad. - Asunto T-89/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00835



Palabras clave

Procedimiento - Intervención - Traslado de las actuaciones y escritos procesales a las partes coadyuvantes - Excepción - Tratamiento confidencial - Requisitos

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 116, ap. 2)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 21 de noviembre de 1996. - Syndicat des producteurs de viande bovine de la coordination rurale, Syndicat des producteurs de lait de la coordination rurale y Philippe de Villiers contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Política agrícola común - Medidas de emergencia en materia de protección de la salud pública - Recurso de indemnización - Daños imprevisibles - Inadmisibilidad. - Asunto T-53/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-01579



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Palabras clave

Procedimiento - Escrito de demanda - Requisitos de forma - Exposición sucinta de los motivos invocados - Demanda dirigida a la reparación de los daños ocasionados por una Institución comunitaria - Inexistencia de indicaciones en cuanto al perjuicio sufrido y a la relación de causalidad - Inadmisibilidad - Imposibilidad de subsanarla mediante la petición de que se designe un perito encargado de determinar el daño material sufrido

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 19; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c); art. 64, ap. 2, letras b) y c), y art. 65, letra d)]

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Con arreglo al artículo 19 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia y a la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda debe contener el objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. No cumple estos requisitos una demanda dirigida a la reparación de los daños ocasionados por una Institución comunitaria que no facilite el menor dato en lo que atañe a la naturaleza del perjuicio alegado ni en lo relativo a de qué manera la conducta imputada a la Institución demandada pudo haber causado el perjuicio que se alega haber sufrido.

No cabe considerar que esta falta total de indicaciones pueda subsanarse con la petición, formulada en la demanda, de que se designe un perito con la misión de determinar el perjuicio material que ha de repararse. En efecto, no puede darse curso favorable a dicha petición en la medida en que va dirigida a que se ordene una diligencia de prueba con arreglo a la letra d) del artículo 65 del Reglamento de Procedimiento, habida cuenta de que tal diligencia supone que estén identificados los hechos por demostrar, lo que precisamente falta en la demanda. Tampoco se puede dar curso favorable a dicha petición en la medida en que va dirigida a que se acuerde una diligencia de ordenación del procedimiento con arreglo a las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 64 del mismo Reglamento, pues no tiene por objeto ni determinar los extremos sobre los que deba practicarse prueba ni precisar el alcance de las pretensiones ni aclarar una cuestión controvertida entre las partes.