SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 17 de diciembre de 1997

Asunto T-216/95

Ana María Moles García Ortúzar

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Concurso interno de paso de la categoría C a la categoría B — Decisión del tribunal calificador por la que se considera no superado por algún candidato el ejercicio oral — Alcance de la obligación de motivación — Apreciación del tribunal calificador»

Texto completo en lengua francesa II-1083

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión del tribunal del concurso interno COM/B/9/93, por la que se deniega la inscripción de la demandante en la lista de aptitud y, por otra parte, de la convocatoria de dicho concurso.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

Después de haber tratado con diferentes organizaciones sindicales o profesionales en el seno de la comisión paritaria el tema de la organización y de las modalidades de un nuevo concurso interno de paso de la categoría C a la categoría B, especialmente el número de plazas que debían cubrirse con este procedimiento, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) aceptó convocar un concurso interno que permitiera cubrir un máximo de sesenta plazas.

A raíz de esta convocatoria, la demandante, funcionaria de la Comisión de la categoría C presentó su candidatura al concurso interno COM/B/9/93, que tenía por finalidad elaborar una lista de aptitud de asistentes adjuntos de grados 5 y 4 de la categoría B para el ejercicio de funciones de aplicación, bajo control, consistentes en funciones administrativas corrientes, como asistente adjunto, asistente adjunto de secretaría y asistente técnico adjunto.

La demandante, que había obtenido un resultado satisfactorio en la prueba de preselección y en la prueba de redacción, fue admitida a la prueba oral, que tuvo lugar el 18 de octubre de 1994.

Mediante escrito de 18 de noviembre de 1994, se informó a la demandante de que, por no haber obtenido la puntuación mínima requerida en la prueba oral, no podía inscribirse su nombre en la lista de aptitud.

El 21 de diciembre de 1994, el Presidente del Comité central del personal de la Comisión (CCP) dirigió al presidente y a los miembros del tribunal calificador una nota redactada en los siguientes términos:

«En su reunión de 16 de diciembre de 1994, el [CCP] oyó el informe sobre el desarrollo de los trabajos del tribunal del citado concurso y fue informado especialmente de que el número de aprobados de este concurso [era] considerablemente inferior al número de plazas vacantes para este paso de categoría.

Vista la redacción de la convocatoria del concurso conforme al cual la prueba oral tiene por objeto fundamentalmente profundizar en cuestiones que resultan de la especificidad de la parte escrita, el [CCP] ha considerado conveniente solicitar al tribunal calificador revisar el nivel general de la puntuación atribuida en la prueba oral, lo cual permitiría equilibrar la importancia respectiva de las pruebas escrita y oral.

La oficina del CCP queda a su disposición para cualquier precisión relacionada con su postura.»

El 15 de febrero de 1995, la demandante presentó una reclamación contra la decisión de no inscribirla en la lista de aptitud y contra la propia convocatoria de la oposición.

Mediante decisión de 25 de julio de 1995, la Comisión denegó expresamente la reclamación, una vez expirado el plazo para responder. Esta decisión fue notificada a la demandante el 16 de agosto de 1995 y a su asesor, que le asistió en la fase administrativa previa, el 15 de septiembre de 1995. La demandante acusó recibo de la desestimación expresa de su reclamación el 28 de agosto de 1995.

Sobre el fondo

Sobre la solicitud de anulación de la decisión del tribunal de la oposición interna COM/B/9/93 de no inscribir a la demandante en la lista de aptitud

Sobre el primer motivo, basado en una infracción de la obligación de motivación

La exigencia de motivación formulada por el artículo 25 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto) debe ser apreciada en función de las circunstancias del caso de autos, en particular, del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que el destinatario pueda tener en recibir explicaciones (apartado 29).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembrede 1993, Turner/Comisión(T-80/92, Rec. p. II-1465), apartado 62

De la convocatoria del concurso se deduce que, para ser inscrito en la lista de aptitud, debían obtenerse como mínimo la mitad de los puntos en cada una de las pruebas de la oposición. También se deduce que la prueba oral consistía en una entrevista del tribunal calificador con los candidatos, durante la cual el tribunal debía apreciar, en función de los elementos que se desprendieran de las pruebas escritas, la capacidad de expresión oral y la aptitud de los candidatos para ejercer una función de la categoría B (apartado 30).

Mediante la decisión impugnada, se informó a la demandante de que no había obtenido la mitad de los puntos requeridos en la prueba oral y se le comunicó su nota exacta (apartado 31).

Dicha motivación no es exhaustiva, puesto que no revela las apreciaciones del tribunal calificador ni criterios de corrección más detallados que los indicados en la convocatoria del concurso. Sin embargo, estos elementos están cubiertos por el secreto de las actuaciones del tribunal calificador, y la obligación de motivación debe entonces concillarse con el respeto del secreto que ampara los trabajos del tribunal con arreglo al artículo 6 del Anexo III del Estatuto. De ello se deduce que la comunicación de las puntuaciones obtenidas en las distintas pruebas constituye una motivación suficiente de las decisiones del tribunal calificador. Tal motivación no lesiona los derechos de los candidatos. Les permite conocer el juicio de valor realizado acerca de sus prestaciones y les permite comprobar, en su caso, que efectivamente no han obtenido el número de puntos requerido por la convocatoria de concurso para ser admitidos a determinadas pruebas o a la totalidad de las pruebas (apartados 32 a 34).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de julio de 1996, Parlamento/Innamorati (C-254/95 P, Rec. p. I-3423). apartados 24. 31 y 32

Sobre el motivo basado en la infracción de la convocatoria de concurso

La función esencial de la convocatoria de concurso consiste en informar a los interesados, en forma tan exacta como sea posible, de la naturaleza de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo de que se trate, con el objeto de que los aspirantes puedan apreciar si les conviene presentar su candidatura. El tribunal calificador, que dispone de una amplia facultad de apreciación para determinar las modalidades y el contenido detallado de las pruebas previstas en el marco de un concurso, está, sin embargo, vinculado por la redacción de esta convocatoria y, por consiguiente, corresponde al Tribunal de Primera Instancia censurar el contenido detallado de una prueba si éste excede del marco incluido en la convocatoria del concurso (apartados 44 y 45).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de octubre de 1990, Gallone/Consejo(T-132/89, Rec. p. II-549), apartado 27

En el presente asunto, la convocatoria de concurso dispone que la prueba oral consiste en una entrevista del tribunal con los candidatos con objeto de apreciar, en función de los elementos que se desprendieran de las pruebas escritas, la capacidad de expresión oral y la aptitud de los candidatos para ejercer una función de la categoría B. Sin embargo, de esta convocatoria no se deduce que la prueba oral y las pruebas escritas deban referirse a cuestiones del mismo tipo (apartado 46).

En efecto, habida cuenta de la forma en que se describe la prueba oral en esta convocatoria, ésta debe considerarse, sobre todo, un complemento de las pruebas escritas que permita al tribunal calificador apreciar si la personalidad de los candidatos les permite ejercer un empleo de la categoría B (apartado 47).

En estas circunstancias, las cuestiones suscitadas por la demandante no demuestran la existencia de temas inapropiados para una entrevista destinada a apreciar la capacidad de expresión oral y la aptitud de los candidatos para ejercer funciones de la categoría B (apartado 48).

Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración de la finalidad de las pruebas

Las cuestiones suscitadas por la demandante no demuestran que el tribunal calificador haya superado los límites que le imponía la convocatoria del concurso (apartado 53).

Sobre el quinto motivo, basado en la desviación de poder y en la violación del principio de independencia del tribunal calificador

La demandante no ha proporcionado ningún indicio que permita demostrar que la decisión impugnada se adoptó para alcanzar fines distintos de los declarados o que la Administración hizo uso de sus facultades con fines distintos de aquellos para los que les fueron conferidas (apartado 64).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 7 de diciembre de 1995, Abelio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-544/93 y T-566/93, RecFP p. II-815), apartado 86

Sobre el sexto motivo, basado en un error manifiesto de apreciación, por parte del tribunal calificador, acerca de la aptitud de los demandantes para desempeñar un empleo de categoría B

Un tribunal de concurso dispone de una amplia facultad de apreciación y el carácter fundado de sus juicios de valor sólo puede estar controlado por el Juez comunitario en caso de infracción de las normas rectoras de las actuaciones del tribunal (apartado 68).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cámara Alloisio y otros/Comisión(asuntosacumulados T-17/90, T-28/91 y T-17/92, Rec.p. II-841), apartado 90; Tribunal de Primera Instancia, 15 de junio de 1994, Pérez Jiménez/Comisión (T-6/93, RecFP p. II-497), apartado 42; Tribunal de Primera Instancia, 1 de diciembre de 1994, Michaël-Chiou/Comisión(T-46/93. RecFP p. II-929), apartado 48

Por lo tanto, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia controlar el carácter fundado de la apreciación del tribunal calificador acerca de la aptitud de los demandantes para desempeñar un empleo de categoría B (apartado 69).

En todo caso, cualquiera que sea el valor de los méritos de la demandante, éste no basta para demostrar la existencia de un error manifiesto en la evaluación de su prestación en la prueba oral, tanto más cuanto que se trata de una oposición y no de un concurso de méritos (apartado 70).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de febrero de 1996, Belhanbel/Comisión (T-125/95, RecFP p. II-115), apartado 33

En cuanto a la pretensión de anulación de la convocatoria del concurso interno COM/B/9/93

Sobre el motivo basado en una violación de la letra e) del párrafo primero del artículo 1 del Anexo III del Estatuto

La función esencial de la convocatoria de concurso consiste en informar a los interesados, en forma tan exacta como sea posible, de la naturaleza de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo de que se trate, con el objeto de que los aspirantes puedan apreciar si les conviene presentar su candidatura (apartado 76).

Referencia: Gallone/Consejo, antes citada, apartado 27

Sin embargo, este requisito no implica que deba informarse a los candidatos del contenido detallado de cada prueba. Ello es tanto más cierto por cuanto se refiere a la orientación exacta de la prueba oral que, por sus características, conlleva un elemento de incertidumbre. En efecto, esta prueba da al tribunal calificador la posibilidad de comprobar la aptitud de los candidatos para ejercer las funciones de que se trate, de forma libre, con objeto de completar su apreciación sobre las cualidades de que dan fe las pruebas escritas. El contenido de esta prueba puede variar en función de la experiencia y de la personalidad de los candidatos siempre y cuando el nivel de dificultad sea el mismo (apartado 77).

Referencia: Gallone/Consejo, antes citada, apartado 36

Por otra parte, es indiscutible que la convocatoria de concurso alcanzó su finalidad esencial en el presente asunto, en concreto, permitir a los interesados apreciar si les convenía presentar su candidatura (apartado 78).

En cuanto al motivo «ampliado» basado en una violación por parte del tribunal calificador, de las normas de funcionamiento

De la letra c) del apartado 1 del artículo 44 en relación con el apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento se desprende que el escrito de interposición de un recurso debe contener el objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados, y que se prohibe invocar motivos nuevos, a menos que se funden en elementos de Derecho y de hecho que hayan aparecido durante el procedimiento. No obstante, procede acordar la admisión de un motivo que constituya una ampliación de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de interposición de recurso y que presente un estrecho vínculo con éste (apartado 87).

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de septiembre de 1982, Amylum/Consejo (108/81, Rec. p. 3107), apartado 25; Tribunal de Justicia, 19 de mayo de 1983, Verros/Parlamento(306/81, Rec. p. 1755), apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 20 de septiembre de 1990, Hanning/Parlamento(T-37/89, Rec. p. II-463), apartado 38; Tribunal de Primera Instancia, 5 de febrero de 1997, Ibarra Gil/Comisión (T-207/95, RecFP p. II-31), apartado 51

En el presente asunto, el motivo formulado no se basa en elementos de Derecho y de hecho que hayan aparecido durante el procedimiento. El mero hecho de que la Comisión no proporcionara datos sobre los criterios eventualmente utilizados por el tribunal calificador para evaluar las respuestas de los candidatos en la prueba oral no constituye un hecho nuevo (apartado 88).

Además, ningún motivo del escrito de interposición de recurso guarda relación estrecha con la presente alegación de la demandante conforme a la cual el tribunal calificador no había adoptado criterios de corrección previos a las pruebas. Esta alegación tampoco guarda relación con el motivo dirigido contra la convocatoria del concurso. En efecto, este último motivo se limita a criticar la forma en que se redactó la convocatoria de concurso y, por tanto, se dirige a la AFPN y no al tribunal calificador (apartado 89).

El motivo denominado «ampliado» no fue invocado directa ni implícitamente en el escrito de interposición de recurso y no presenta un estrecho vínculo con los motivos que figuran en él, de manera que no constituye una ampliación de éstos (apartado 90).

Por consiguiente, este motivo debe ser considerado nuevo en el sentido del apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento y, al no estar basado en elementos de Derecho o de hecho que hayan aparecido durante el procedimiento, debe acordarse su inadmisión (apartado 91).

Fallo:

Se desestima el recurso.