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1.

Primer motivo, en el que alega que la decisión impugnada infringe lo dispuesto en el artículo 155 TFUE, apartado 2. A su entender, la Comisión no está facultada para negarse a proponer al Consejo la aplicación del Acuerdo mediante una decisión del Consejo, al no existir objeción alguna respecto a la condición representativa de las partes del Acuerdo ni respecto a la legalidad de este. — Los demandantes alegan que la Decisión de la Comisión de no proponer la aplicación del Acuerdo mediante una decisión del Consejo infringe lo dispuesto en el artículo 155 TFUE, apartado 2, y es contraria a la exigencia de respeto a la autonomía de los interlocutores sociales, establecida en el artículo 152 TFUE. — Las demandantes alegan, asimismo, que la Comisión tenía el deber de presentar una propuesta al Consejo, salvo que argumentara fundadamente que los interlocutores sociales que son parte del Acuerdo no eran suficientemente representativos, o que dicho Acuerdo no era legal. — Las demandantes sostienen, además, que la Comisión entró a valorar la oportunidad del Acuerdo, lo cual no corresponde a sus competencias.
Asunto T-328/18: Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2018 — Gas Natural/Comisión

Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2018 — Gas Natural/Comisión

(Asunto T-328/18)

Partes

Demandante: Gas Natural SDG, SA (Madrid, España) (representante: F. González Díaz y V. Romero Algarra, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La demandante solicita al Tribunal General que:

— Admita y estime los motivos de anulación expuestos en el presente recurso.

— Proceda a la anulación, con arreglo al artículo 263 TFUE, de la Decisión de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017 en el expediente SA.47912 (2017/NN) por la que se incoa el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108.2 del TFUE en relación con el incentivo a la inversión medioambiental concedido por el Reino de España a las centrales térmicas de carbón.

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

La Decisión impugnada en el presente asunto incoa el procedimiento de investigación formal, previsto en el artículo 108, apartado 2, TFUE, en relación con el incentivo a la inversión medioambiental concedido por el reino de España a las centrales térmicas de carbón.

Según la parte demandante, de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión tiene dudas sobre si los valores límite de emisión impuestos a las instalaciones que reciben el denominado incentivo a la inversión medioambiental tendrían simplemente por objetivo aplicar los niveles de protección exigidos por la normativa de la Unión y, en particular, por la Directiva 2001/80/CE, que era de aplicación a las centrales térmicas de carbón. De ser éste el caso, el incentivo a la inversión medioambiental no habría tenido algún elemento incentivador. Además, el incentivo a la inversión medioambiental sería contrario al principio del derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado, según el cual los Estados miembros no pueden conceder ayudas públicas a empresas con la finalidad de que éstas puedan cumplir con normas obligatorias de la Unión.

En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos.

1. Primer motivo, basado en la vulneración de la obligación de motivación en lo que se refiere al carácter selectivo de la medida. — Se alega a este respecto que la Comisión no facilita ninguna indicación que permita comprender de manera clara e inequívoca por qué la medida investigada tiene una naturaleza selectiva, en el sentido del artículo 107.1 TFUE. En particular, la Comisión omite explicar si las centrales térmicas de carbón se encuentran en una situación de hecho y de derecho comparable con la del resto de las centrales térmicas, y si, en caso de estarlo, el incentivo de autos puede favorecer a «determinadas empresas o producciones», en el sentido del artículo 107.1 TFUE, en relación con otras empresas que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable, habida cuenta del objetivo perseguido por la medida en cuestión.
2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad por parte de la decisión impugnada, debido a que no se consideró, ilegalmente, la antigüedad de los hechos, no se tuvo en cuenta la infracción del artículo 25 del anexo IX del Estatuto durante el procedimiento penal y no se consideró la situación familiar de la parte demandante.
—

Condene a las partes demandadas a pagar a las partes demandantes las cantidades que figuran en la relación anexa a la demanda más los intereses que se devenguen desde el 26 de marzo de 2013 hasta que el Tribunal dicte sentencia, como reparación del daño sufrido como consecuencia de las decisiones del Eurogrupo relativas a la resolución de Cyprus Popular Bank Public Co Ltd («Laiki Bank»), al saneamiento de Bank of Cyprus Public Company Limited («Bank of Cyprus») y a la venta de activos y de entidades en Grecia de dichos bancos, y/o como consecuencia de la provisión urgente de liquidez concedida a Laiki Bank con el consentimiento del Banco Central Europeo y la subsiguiente transferencia del pasivo correspondiente al Bank of Cyprus bajo las directrices del Banco Central Europeo.
Cuarto motivo, basado en la falta de fundamentación jurídica del reintegro de la retribución abonada a los asistentes parlamentarios acreditados. Este motivo tiene dos partes:

La primera parte del cuarto motivo se basa en la inexistencia de relación jurídica entre el demandante y el Parlamento Europeo. A partir de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 160/2009 es el Parlamento Europeo, y no el diputado, quien tiene una relación jurídica con el asistente parlamentario acreditado y el Parlamento Europeo no reembolsa los gastos, sino que paga una retribución. En lo que atañe a la relación laboral correspondiente a los asistentes parlamentarios acreditados, el demandante no tiene ninguna relación contractual con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no ha pagado al demandante la correspondiente retribución del asistente parlamentario acreditado. A falta de relación y fundamentación jurídicas, el demandante no puede tener ninguna obligación de reembolso a favor del Parlamento Europeo.

La segunda parte del cuarto motivo se basa en que la actividad ajena al servicio de los asistentes parlamentarios acreditados no hace surgir ningún derecho al reintegro de la retribución abonada. El artículo 12 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea no prohíbe el desarrollo de una actividad ajena al servicio, sino que solo se exige que se obtenga el consentimiento correspondiente de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. En cambio, en caso de que no se solicite el consentimiento, la normativa no prescribe sanciones en forma de devolución íntegra de la retribución abonada.
—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 14 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 14 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.
1.

El incumplimiento de la obligación de actuar que incumbe a la Comisión con arreglo a los artículos 7, 5, apartados 1 y 3, del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encelopatías espongiformes transmisibles (DO 2001, L 147, p. 1), a los artículos 5, apartado 3, y 7 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO 2002, L 31, p. 1) y al artículo 43, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) (DO 2009, L 300 p. 1).
—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 15 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 15 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.
2.

El segundo motivo se basa en la violación de lo dispuesto en el artículo 31, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, y en el artículo 52, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, de 17 de diciembre de 2013, en relación con lo dispuesto en los artículos 12, apartados 1 a 6, y 8 del Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, así como en la violación de las orientaciones contenidas en los documentos VI/5330797 y C(2015)3675 final de la Comisión de 8 de junio de 2015. Asimismo, la República Helénica invoca la duplicación injustificada de correcciones por una misma razón y la vulneración del principio de proporcionalidad.
1.

Primer motivo, basado en que la Comisión no estaba facultada para imponer que Lufthansa podía adquirir de terceros arrendadores aeronaves que dichos arrendadores habían arrendado a NIKI o a su sociedad matriz Air Berlin, siempre que Lufthansa pusiera dichas aeronaves a disposición de NIKI en condiciones de mercado o a otro adquirente de NIKI, si la transacción de NIKI no se llevase a cabo por cualquier razón («condición») de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.o 139/2004, (1) puesto que la compra de aeronaves no constituye una implementación parcial La demandante alega que la Comisión carecía de toda facultad con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.o 139/2004 para imponer dicha condición, dado que la compra de aeronaves de terceros arrendadores que efectuó Lufthansa no guardaba relación con la transacción de NIKI (2) y no constituye una «implementación» parcial de la adquisición de NIKI proyectada, que habría requerido una dispensa de la disposición de stand-still del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 139/2004.
—

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de la Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales se infiere que el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluye a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios entre Estados miembros. Una subvención pública concedida a una empresa que presta únicamente servicios locales o regionales y que no presta servicios fuera de su Estado de origen puede, a pesar de ello, tener una incidencia en los intercambios entre los Estados miembros cuando empresas de otros Estados miembros podrían prestar esos servicios (también mediante el derecho de establecimiento) y esa posibilidad no es solo hipotética.
1.

Primer motivo, basado en la existencia de error manifiesto de apreciación de los hechos, en la medida en que el Consejo no aporta ningún tipo de prueba de que la parte demandante sea un conglomerado sirio de empresas reconocido internacionalmente. Para la parte demandante, esa alegación, que entiende completamente erróneamente, revela una serie de inexactitudes materiales del enfoque del Consejo. Estima además que podrá probar que no es una gran empresa sino que se corresponde con lo que la normativa europea considera pequeña o mediana empresa y que no goza de notoriedad internacional alguna. Considera asimismo que el Consejo no tuvo en cuenta ni la sentencia de 6 de abril de 2017, Alkarim for Trade and Industry/Consejo (T-35/15, no publicada, EU:T:2017:262), ni la sentencia de 11 de mayo de 2017, Abdulkarim/Consejo (T-304/15, no publicada, EU:T:2017:327), en las que el Tribunal General anuló, por errores manifiestos de apreciación en que había incurrido el Consejo, las sanciones dirigidas respectivamente contra la parte demandante y contra el Sr. Wael Abdulkarim.
—

A este respecto, se alega que la Comisión no abordó importantes cuestiones de hecho y de Derecho, ofreció una motivación que no es inequívoca, no consideró determinadas alegaciones importantes formuladas por terceras partes y efectuó declaraciones de naturaleza contradictoria.
5.

Quinto motivo, basado en que el régimen de resolución la aprobación del régimen de resolución por la Comisión no fue legal y en que, con ello, la decisión impugnada no se aplicó con arreglo a la legalidad. — En relación con lo anterior, se aduce que antes de adoptar la Decisión (UE) 2017/1246, por la que se aprueba el régimen de resolución, la Comisión Europea no evaluó, ni adecuadamente de ni modo alguno, los aspectos discrecionales del régimen de resolución. Ello supone el incumplimiento de las obligaciones que el Reglamento n.o 806/2014 impone a la Comisión y la violación de los principios que se derivan de la jurisprudencia Meroni del Tribunal de Justicia. En consecuencia, la JUR incurrió en un error manifiesto de apreciación y en un error manifiesto de Derecho al declarar que la Decisión por la que aprobó el régimen de resolución podía entrar en vigor o incluso lo había hecho ya; además, o con carácter subsidiario, y en cualquiera de los casos, el régimen de resolución adoptado mediante la decisión impugnada no entró en vigor con arreglo a la legalidad.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 318/14

Recurso interpuesto el 10 de julio de 2017 — Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT)

(Asunto T-424/17)

(2017/C 318/19)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Kentucky, Estados Unidos) (representantes: S. Malynicz, QC, y V. Marsland, Solicitor)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Takko Holding GmbH (Telgte, Alemania)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Titular de la marca controvertida: Parte recurrente

Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «FRUIT» — Marca de la Unión n.o 5077508

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de nulidad

Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 25 de abril de 2017 en el asunto R 2119/2016-4

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la EUIPO y a la otra parte.

Motivo invocado
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 277/53

Recurso interpuesto el 3 de julio de 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)

(Asunto T-416/17)

(2017/C 277/77)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Chipre) (representantes: Malynicz, QC y V. Marsland, Solicitor)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Papouis Dairies LTD (Nicosia, Chipre)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión en color que incluye el elemento denominativo «fino» — Solicitud de registro n.o 11180791

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 20 de abril de 2017 en el asunto R 2759/2014-4

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a la EUIPO y a la otra parte a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente.

Motivo invocado
—

Las conductas ilícitas de la OLAF son, en particular, las siguientes: la ilegalidad de la decisión de incoar el procedimiento de investigación; fallos en la caracterización de la investigación e ilegalidad del alcance de ésta; vulneración de los principios que rigen la obtención de las pruebas (incluido el falseamiento y la desnaturalización de los elementos de prueba), del derecho de defensa y la infracción de varias disposiciones de la normativa de la UE (como el artículo 339 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los artículos 4, 8 y 11, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 1073/1999, el artículo 4 de la Decisión n.o 1999/396 de la Comisión, el artículo 18 de las Directrices de la OLAF, y el artículo 13, apartado 5, del Reglamento del Comité de vigilancia), así como la violación del principio de presunción de inocencia y del derecho a la protección de los datos personales.
1.

Primer motivo, basado en que la Comisión violó el principio non bis in idem e infringió el artículo 266 TFUE al declarar a la sociedad demandante responsable de aspectos de la infracción en relación con los cuales la propia Comisión, en la Decisión de 2010, había declarado exenta de responsabilidad a dicha sociedad y en que, en cualquier caso, no tuvo en cuenta el plazo de prescripción aplicable al imponer a la demandante una multa en relación con los mencionados aspectos y no acreditó ningún interés legítimo al declarar formalmente una infracción en relación con aquéllos.
3.

Tercer motivo, basado en la alegación de que la medida impugnada infringe el Reglamento (UE) n.o 1316/2013 y el Reglamento (UE) n.o 1315/2013 y normativa complementaria. — La demandante alega, en particular, que el otorgamiento de subvenciones no cumple todos los requisitos previos (incluso en el caso de ser conforme con otras normas de la Unión), por lo que la subvención no debería haberse concedido.
5.

Quinto motivo, en el que se alega que la Comisión cometió errores manifiestos de hecho y de Derecho al concluir que el comportamiento examinado constituye una infracción única y continuada y no motivó adecuadamente tal conclusión. — Las demandantes alegan que el comportamiento de que se trata no perseguía un único objetivo contrario a la competencia. — Las demandantes sostienen además que el comportamiento de que se trata no concernía a un único producto o servicio. — Las demandantes alegan además que el comportamiento de que se trata no concernía a una única empresa. — Las demandantes sostienen además que la supuesta infracción no era de naturaleza única. — Las demandantes alegan además que los componentes de la supuesta infracción no fueron discutidos paralelamente. — Finalmente, las demandantes sostienen que la Comisión aportó pruebas insuficientes y no llevó a cabo una valoración con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3, en lo referente a la negativa a pagar una comisión sobre los recargos.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 161/31

Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2017 — TestBioTech/Comisión

(Asunto T-173/17)

(2017/C 161/44)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: TestBioTech eV (Múnich, Alemania) (representantes: K. Smith, QC, y J. Stevenson, Barrister)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de la Comisión de 9 de enero de 2017 por la que se deniega la solicitud de la demandante de que se revisen internamente las Decisiones de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/1215, (1) (UE) 2016/1216 (2) y (UE) 2016/1217, (3) de 22 de julio de 2016, por las que se autoriza la comercialización, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (4) (en lo sucesivo, «Reglamento MG»), de soja modificada genéticamente FG72, MON 87708 × MON 89788 y MON 87705 × MON 89788, respectivamente.

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante formula, en esencia, un único motivo, en el que alega que la Comisión incumplió las obligaciones que le impone el Reglamento MG, en particular sus artículos 14 y 16, al no llevar a cabo íntegramente las adecuadas evaluaciones de seguridad antes de autorizar la comercialización o al no garantizar el efectivo seguimiento postautorización.

Considera que la Comisión se equivocó al basarse en el Derecho de la Unión relevante relativo al control de pesticidas ya que el mismo no regula específicamente los organismos modificados genéticamente.

(1) Decisión de Ejecución (UE) 2016/1215 de la Comisión, de 22 de julio de 2016, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 (MST-FGØ72-2) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2016, L 199, p. 16).

(2) Decisión de Ejecución (UE) 2016/1216 de la Comisión, de 22 de julio de 2016, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2016, L 199, p. 22).

(3) Decisión de Ejecución (UE) 2016/1217 de la Comisión, de 22 de julio de 2016, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2016, L 199, p. 28).

(4) Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (DO 2003, L 268, p. 1).
2.

Segundo motivo, basado en un traslado contrario a Derecho/abuso de poder El demandante alega que no se cumplen los requisitos de un traslado ordinario. La degradación y el traslado del demandante no se produjeron en interés del servicio, las distintas razones alegadas (cambiantes) para el traslado del demandante apuntan a la existencia de un abuso de poder y no se cumplió el principio de equivalencia, necesario a efectos de un traslado regular.
—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2257 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016, por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y producido por Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. y Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd. y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14.
1.

Primer motivo, basado en una infracción del artículo 266 TFUE, en la medida en que la parte demandada no tuvo en cuenta los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 22 de septiembre de 2015, Barnett/CESE, (F-20/14, en lo sucesivo, «sentencia del TFP», EU:F:2015:107), a efectos de adoptar las medidas de ejecución. En particular, de la motivación de la decisión impugnada se desprende que la parte demandada se apartó de los criterios fijados en sus disposiciones generales de aplicación (DGA) para proceder al supuesto reexamen de la candidatura de la parte demandante. En cualquier caso, la decisión impugnada no remedia la ilegalidad apreciada por el Tribunal de la Función Pública, a saber, la falta de identificación del interés del servicio en las DGA del CESE.