Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. GIOVANNI PITRUZZELLA

presentadas el 14 de julio de 2022 ( )

Asunto C‑690/20 P

Casino, Guichard-Perrachon,

Achats Marchandises Casino SAS (AMC)

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se ordena una inspección — Excepción de ilegalidad formulada respecto del artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 — Supuesta inexistencia de recurso efectivo contra el desarrollo de la inspección — Recurso de anulación»





1. Mediante su recurso de casación, Casino, Guichard-Perrachon (en lo sucesivo, «Casino») y Achats Marchandises Casino SAS (en lo sucesivo, «AMC» y, conjuntamente con Casino, «recurrentes») solicitan la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 5 de octubre de 2020, Casino, Guichard-Perrachon y AMC/Comisión ( ) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que el Tribunal General desestimó parcialmente su recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicitaba la anulación de la Decisión C(2017) 1054 final de la Comisión, de 9 de febrero de 2017 ( ) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), por la que se ordena a Casino y a todas las sociedades directa o indirectamente controladas por ella que se sometan a una inspección de conformidad con el artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) n.º 1/2003. ( )

I. Antecedentes del litigio

2. Los antecedentes del litigio, recogidos en los apartados 2 a 8 de la sentencia recurrida, pueden resumirse del siguiente modo a los efectos del presente procedimiento.

3. Casino es la sociedad matriz del Grupo Casino, que opera en particular en Francia, principalmente en el sector de la distribución de productos alimenticios y no alimenticios. Su filial, AMC, es una central de negociación de compras que negocia con los proveedores las condiciones de compra para las marcas del Grupo Casino en Francia.

4. Tras haber recibido información relativa a intercambios de información entre Casino y otras empresas o asociaciones de empresas, en concreto Intermarché, sociedad que también opera en el sector de la distribución de productos alimenticios y no alimenticios, la Comisión Europea adoptó la Decisión controvertida.

5. La parte dispositiva de esta Decisión tiene el siguiente tenor:

«Artículo 1

Casino […], así como todas las sociedades controladas directa o indirectamente por ella, deben someterse a una inspección referida a su posible participación en prácticas concertadas contrarias al artículo 101 [TFUE] en los mercados de suministro de bienes de consumo corriente, en el mercado de venta de servicios a los fabricantes de productos de marca y en los mercados de venta a los consumidores de bienes de consumo corriente. Estas prácticas concertadas consisten en:

a) intercambios de información, desde 2015, entre empresas y/o asociaciones de empresas, en particular ICDC […], y/o sus miembros, en concreto Casino y AgeCore y/o sus miembros, concretamente Intermarché, relativos a los descuentos obtenidos por estos en los mercados de suministro de bienes de consumo corriente en los sectores de los productos alimenticios, productos de higiene y productos para el hogar y los precios en el mercado de venta de servicios a los fabricantes de productos de marca en los sectores de los productos alimenticios, productos de higiene y productos para el hogar, en varios Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Francia, e

b) intercambios de información, al menos desde 2016, entre Casino e Intermarché en relación con sus estrategias comerciales futuras, en particular en cuanto a la gama de productos, el desarrollo de tiendas, el comercio electrónico y la política promocional en los mercados de suministro de bienes de consumo corriente y en los mercados de venta a los consumidores de bienes de consumo corriente, en Francia.

Esta inspección puede llevarse a cabo en cualquier local de la empresa […]

Casino autorizará a los funcionarios y a las demás personas acreditadas a tal efecto por la Comisión para realizar una inspección y a los funcionarios y a las demás personas acreditadas a tal efecto por la autoridad de competencia del Estado miembro afectado para proporcionarles asistencia o nombrados por este último a tal efecto a acceder a todos sus locales y medios de transporte durante el horario normal de oficina. Deberá poner a disposición de la inspección los libros y cualquier otra documentación profesional, cualquiera que sea su soporte material, si los funcionarios y las demás personas acreditadas a tal efecto los solicitan y les permitirá examinarlos de forma presencial y hacer u obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos libros o de la documentación. Deberá autorizar la colocación de precintos en cualquiera de los locales y libros o documentación de la empresa durante el tiempo que se prolongue la inspección y en la medida en que sean necesarios para esta. Dará de forma inmediata e in situ explicaciones orales sobre el objeto y la finalidad de la inspección si dichos funcionarios o personas las solicitan y autorizará a cualquier representante o miembro del personal a dar tales explicaciones. Autorizará que se guarde constancia de estas explicaciones en cualquier formato.

Artículo 2

La inspección podrá dar comienzo el 20 de febrero de 2017 o dentro de un breve plazo a partir de dicha fecha.

Artículo 3

Las destinatarias de la presente Decisión son Casino y todas las sociedades controladas directa o indirectamente por ella.

Esta Decisión se notificará a la empresa que es su destinataria inmediatamente antes de proceder a la inspección, con arreglo al artículo 297 [TFUE], apartado 2.»

6. Tras haber sido informada de esta inspección por la Comisión, la Autorité de la concurrence (Autoridad de Defensa de la Competencia, Francia) interpuso una demanda ante los jueces competentes en materia de medidas restrictivas de la libertad personal de los tribunaux de grande instance de Créteil et de París (Tribunales de Primera Instancia de Créteil y de París, Francia), solicitándoles la autorización para realizar operaciones de entrada y registro, así como de incautación en los locales de las recurrentes. Mediante autos de 17 de febrero de 2017, dichos jueces competentes en materia de medidas restrictivas de la libertad personal autorizaron las entradas y registros y las incautaciones solicitados con carácter preventivo (en lo sucesivo, «autos de 17 de febrero de 2017»). Dado que ninguna de las medidas adoptadas en relación con la inspección precisaba del uso de las «facultades coercitivas» en el sentido del artículo 20, apartados 6 a 8, del Reglamento n.º 1/2003, estos autos no se notificaron a las recurrentes.

7. La inspección dio comienzo el 20 de febrero de 2017, fecha en la que los inspectores de la Comisión, acompañados por representantes de la Autoridad de Defensa de la Competencia francesa, se presentaron en la sede parisina del Grupo Casino, así como en los locales de AMC, y notificaron la Decisión [controvertida] a las recurrentes.

8. En el marco de la inspección, la Comisión realizó, en concreto, una entrada y registro en las oficinas, una recogida de material, en particular informático (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas y dispositivos de almacenamiento), tomó declaración a varias personas e hizo copias del contenido del material recopilado.

9. Cada una de las recurrentes remitió a la Comisión un escrito con fecha de 24 de febrero de 2017, en el que formuló reservas acerca de la Decisión [controvertida] y del desarrollo de la inspección llevada a cabo basándose en esta.

II. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

10. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 28 de abril de 2017, las recurrentes interpusieron, en virtud del artículo 263 TFUE, un recurso solicitando la anulación de la Decisión controvertida. Se admitió la intervención del Consejo de la Unión Europea en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

11. En apoyo de su recurso, las recurrentes invocaron, en esencia, tres motivos. El primero se basaba en una excepción de ilegalidad del artículo 20 del Reglamento n.º 1/2003, el segundo, en el incumplimiento de la obligación de motivación y el tercero, en la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En el marco de este último motivo, las recurrentes alegaron la injerencia desproporcionada en su esfera de actividad privada, habida cuenta, en particular, de las sociedades y de los locales a que se refería la Decisión controvertida.

12. Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General, tras considerar que la Comisión no disponía de indicios suficientemente fundados que permitieran sospechar la existencia de una infracción consistente en intercambios de información entre Casino e Intermarché en relación con sus futuras estrategias comerciales, anuló el artículo 1, letra b), de la Decisión controvertida. ( ) El recurso fue desestimado en todo lo demás. ( )

III. Recurso de casación y pretensiones de las partes

13. En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan cuatro motivos. El primer motivo se basa en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que no era necesario guardar constancia de las declaraciones orales recabadas por la Comisión para poder utilizarlas como indicios que justificasen la adopción de la Decisión controvertida. El segundo motivo se basa en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio no obligaba a que la Decisión limitase en el tiempo el ejercicio de las facultades de inspección de la Comisión. El tercer motivo se basa en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio no obligaba a que la Decisión controvertida limitase las personas y los locales que podían ser objeto de inspección. El cuarto motivo se basa en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no exigía un recurso autónomo e inmediato contra el desarrollo de las inspecciones.

14. Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que anule el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida, estime las pretensiones que formularon en primera instancia y, en consecuencia, condene a la Comisión a cargar con las costas del presente recurso de casación y con las del procedimiento en primera instancia ante el Tribunal General.

15. La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a las recurrentes.

16. El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación en la medida en que las recurrentes reprochan en él al Tribunal General que incurriese en error de Derecho al declarar que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no exigía un recurso autónomo e inmediato contra el desarrollo de las inspecciones y condene a las recurrentes a cargar con las costas del presente recurso de casación.

IV. Sobre el tercer motivo del recurso de casación

17. Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, centraré mi análisis en el tercer motivo del recurso de casación.

18. Mediante su tercer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio no obligaba a que la Decisión controvertida limitase las personas y los locales que podían ser objeto de inspección, las recurrentes impugnan, en particular, los apartados 144 y 147 de la sentencia recurrida.

19. Resumiré, antes de nada, el razonamiento del Tribunal General que ha sido objeto de las alegaciones formuladas por las recurrentes y, a continuación, examinaré una a una las cuatro imputaciones en las que se divide el motivo analizado.

Sentencia recurrida

20. En el apartado 133 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, con carácter previo, que de la Decisión impugnada se desprendía que ni las sociedades ni los locales inspeccionados se designaban por su nombre en ella, en la medida en que, por una parte, en el artículo 1, párrafo segundo, de la Decisión controvertida, se indicaba que la «inspección [podía] llevarse a cabo en cualquier local de la empresa», indicación que iba seguida de los términos «y en particular», que a su vez iban seguidos de dos direcciones, y, por otra parte, en el artículo 1, párrafo primero, y en el artículo 3, párrafo primero, de dicha Decisión se mencionaba que la decisión de inspección se dirigía a «Casino […], así como [a] todas las sociedades controladas directa o indirectamente por ella».

21. A continuación, en el apartado 135 de la sentencia recurrida, declaró que la jurisprudencia no había considerado que el alcance amplísimo de la inspección al que conducían tales menciones constituyese, como tal, una injerencia excesiva en la esfera de actividad privada de las empresas.

22. Tras recordar, en los apartados 137 a 141 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia que somete el ejercicio de las amplias facultades de inspección conferidas a la Comisión por el Reglamento n.º 1/2003 a condiciones apropiadas para garantizar el respeto de los derechos de las empresas afectadas, el Tribunal General respondió del siguiente modo a la imputación, formulada por las recurrentes, según la cual, en el caso de autos, la Comisión debía especificar de forma más precisa las sociedades y los locales a los que se refería la inspección, en virtud de las garantías dirigidas a proteger a las recurrentes de las injerencias desproporcionadas.

23. En primer lugar, en el apartado 144 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que las indicaciones que figuraban en la Decisión controvertida permitían, consideradas en su conjunto, determinar las sociedades y los locales afectados por la inspección. A este respecto, precisó que, «gracias a la especificación del objeto y de la finalidad de la inspección, y en concreto, de los mercados de los productos y de los servicios afectados, y de la precisión de que atañe a Casino y sus filiales, así como a sus locales, se puede deducir fácilmente de la Decisión impugnada que la inspección se refiere a Casino y a sus filiales que operan en los sectores afectados por la presunta infracción —a saber, los mercados de suministro de bienes de consumo corriente (productos alimenticios, productos de higiene y productos para el hogar), los de venta a los consumidores de dichos bienes y los de venta de servicios a los fabricantes de productos de marca en el sector de los bienes de consumo corriente— y que la inspección podía realizarse en el conjunto de sus locales». ( ) En estas circunstancias, el Tribunal General consideró que, «por lo tanto, unas especificaciones más precisas sobre el ámbito de la inspección no eran indispensables para la protección de los derechos de las demandantes». ( )

24. En segundo lugar, en el apartado 145 de la sentencia recurrida, el Tribunal General descartó las críticas de las recurrentes según las cuales el ámbito cubierto por la inspección era demasiado amplio, debido a la ausencia de especificación de las sociedades y de los locales afectados. A este respecto, también señaló que, en la Decisión controvertida, la Comisión se refirió al «sujeto básico del Derecho de la competencia, que es la empresa y que con frecuencia incluye a una sociedad matriz, así como a su filial o filiales, a la que pueden imputarse las infracciones y, en concreto, las presuntas infracciones en el caso de autos, lo que justifica, por tanto, que se mencionen en la Decisión [controvertida] tanto la sociedad matriz Casino como sus filiales».

25. En tercer lugar, en el apartado 146 de la sentencia recurrida, el Tribunal General puso de relieve que «la falta de precisión en la designación de las sociedades y de los locales afectados contribuye al correcto desarrollo de las inspecciones de la Comisión, en la medida en que le concede el margen de maniobra necesario para la recogida del máximo de pruebas posibles y en que permite preservar un efecto sorpresa indispensable para evitar el riesgo de destrucción o de ocultación de dichas pruebas».

26. Por último, en el apartado 147 de la sentencia recurrida, el Tribunal General observó que los autos de 17 de febrero de 2017, mencionados en el punto 6 de las presentes conclusiones, que autorizaron las entradas y registros y las incautaciones de que se trata con carácter preventivo, en caso de oposición a la inspección, especificaban de forma expresa y limitativa los locales en los que se podían efectuar dichas entradas y registros y dichas incautaciones. Según el Tribunal General, en el supuesto de que la injerencia que suponía la inspección hubiera sido más importante, en este caso por haberse llevado a cabo a pesar de la oposición de las sociedades inspeccionadas recurriendo a la fuerza pública sobre la base del artículo 20, apartados 6 a 8, del Reglamento n.º 1/2003, se reconocía una garantía adicional consistente en la designación de los locales registrados. En vista de que las recurrentes no se opusieron a la inspección, esta garantía adicional no tenía razón de ser en el presente asunto.

Análisis

27. Las recurrentes reprochan al Tribunal General que infringiera el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y la exigencia de protección contra las intervenciones arbitrarias de los poderes públicos en la esfera de actividad privada de una persona. Sostienen, en esencia, que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no declarar que la Decisión controvertida, que no identificaba individualmente ni a las personas jurídicas inspeccionadas ni los locales en los que se autorizaba dicha inspección, era manifiestamente ilegal puesto que vulneraba el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

28. Como he indicado con anterioridad, las recurrentes formulan cuatro imputaciones en apoyo de su tercer motivo.

29. Mediante su primera imputación, alegan que, contrariamente a la apreciación del Tribunal General, contenida en particular en el apartado 144 de la sentencia recurrida, la definición del objeto y de la finalidad de la inspección no puede paliar la ausencia de limitación de los poderes de la Comisión en cuanto a la identificación de las personas y de los locales que pueden inspeccionarse. Basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional alemán, ( ) añaden que es inadmisible que los titulares del derecho al respeto del domicilio —en el presente asunto, cada una de las personas jurídicas que integran el Grupo Casino— deban deducir de la definición del objeto de la investigación y, por lo tanto, al llegar los inspectores, que son parte de los sujetos que se van a inspeccionar.

30. A este respecto, he de señalar, con carácter preliminar, que, como subrayó acertadamente la Comisión y contrariamente a lo afirmado por las recurrentes, el Tribunal General no consideró que la definición del objeto y de la finalidad de la inspección paliase la supuesta ausencia de limitación de los poderes de la Comisión.

31. En cambio, por una parte, el Tribunal General consideró que el respeto del derecho a la inviolabilidad del domicilio no exige que las sociedades y los locales inspeccionados se designen por su nombre en la decisión de inspección. A este respecto, recordó que en las decisiones controvertidas en otros asuntos dirimidos por el Tribunal General ( ) figuraban menciones similares a las contenidas en la Decisión controvertida y que la jurisprudencia no ha considerado que el alcance amplísimo de la inspección al que conducen tales menciones constituya, como tal, una injerencia excesiva en la esfera de actividad privada de las empresas.

32. Por otra parte, el Tribunal General consideró que, en el presente asunto, las especificaciones sobre el ámbito de la inspección contenidas en la Decisión controvertida eran suficientes para permitir determinar las sociedades y los locales afectados por la inspección y que unas especificaciones más precisas no eran indispensables para la protección de los derechos de las recurrentes. Para llegar a esta conclusión, no solo consideró la indicación del objeto y de la finalidad de la inspección que figura en la Decisión controvertida y, en particular, la especificación de los mercados de los productos y de los servicios afectados, sino también la precisión, que figura en dicha Decisión, de que «atañe a Casino y sus filiales, así como a sus locales». Asimismo, puso de relieve que tales indicaciones, consideradas en su conjunto, permitían deducir fácilmente de la Decisión controvertida que la inspección únicamente se refería a Casino y a sus filiales que operan en los mercados en cuestión.

33. Pues bien, el enfoque seguido por el Tribunal General descrito anteriormente no contraviene, a mi modo de ver, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») en materia de entradas y registros domiciliarios en los locales comerciales de las sociedades, a efectos, en particular, de los controles dirigidos a reprimir las infracciones del Derecho de la competencia ni autoriza a la Comisión a adoptar medidas lesivas del derecho a la inviolabilidad del domicilio previsto en el artículo 7 de la Carta y en el artículo 8 CEDH que revistan un carácter desproporcionado o arbitrario.

34. A este respecto, antes de nada, procede recordar que, como puso de relieve el Tribunal de Justicia en la sentencia de 18 de junio de 2015, Deutsche Bahn y otros/Comisión ( ) (en lo sucesivo, «sentencia Deutsche Bahn»), si bien de la jurisprudencia del TEDH resulta que la protección prevista en el artículo 8 del CEDH puede extenderse a algunos locales comerciales, no es menos cierto que dicho Tribunal ha declarado que la injerencia pública podría ir más lejos en el caso de los locales o actividades profesionales o comerciales que en otros casos.

35. A continuación, debe subrayarse que las facultades de verificación de que dispone la Comisión en virtud del artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003 se limitan a que los agentes de esta última estén autorizados, entre otras cosas, a entrar en los lugares que designen, a requerir la presentación de los documentos que indiquen y hacer copia de estos y a pedir que se les muestre el contenido de los muebles que señalen. ( ) Más concretamente, el artículo 20, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento precisa que los agentes y demás personas acreditadas por la Comisión para proceder a una inspección estarán facultados, en particular, para acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas y asociaciones de empresas. Pues bien, el Tribunal de Justicia ha tenido la oportunidad de precisar que dicha facultad presenta una particular importancia, en cuanto debe permitir a la Comisión obtener las pruebas de las infracciones de las normas sobre la competencia en los lugares donde normalmente se hallan, es decir, en los locales empresariales, y que tanto la finalidad del Reglamento n.º 1/2003 como la enumeración por su artículo 20 de las facultades de que están investidos los agentes de la Comisión ponen de manifiesto que las verificaciones pueden tener un alcance muy amplio. ( )

36. Por último, ha de recordarse, por una parte, que el ejercicio de las facultades de inspección de la Comisión se acompaña de garantías suficientes que ofrecen protección frente a las injerencias arbitrarias por parte de los poderes públicos ( ) —entre las cuales, como ha precisado la Comisión, la obligación de motivación específica de la decisión de inspección desempeña un papel fundamental— ( )y, por otra parte, que las inspecciones realizadas, como en el presente asunto, sobre la base del artículo 20, apartado 4, del Reglamento n.º 1/2003 no implican el ejercicio de facultades coercitivas, que únicamente pueden ejercer las autoridades nacionales en caso de que se recurra al procedimiento previsto en el artículo 20, apartados 6 a 8, de dicho Reglamento.

37. En estas circunstancias, en mi opinión, no cabe reprochar al Tribunal General que concluyese que, cuando las empresas y los locales inspeccionados no se designen por su nombre en la decisión de inspección, pero la motivación de dicha decisión permita deducir fácilmente y, por lo tanto, sin un esfuerzo interpretativo excesivo cuáles son las personas jurídicas y sus locales a los que se refieren específicamente las comprobaciones, no existe una violación del principio de proporcionalidad cuyo respeto se impone al adoptar medidas que supongan una injerencia en el artículo 7 de la Carta. ( )

38. El TEDH adoptó un enfoque similar en la sentencia de 20 de diciembre de 2010, Société Canal Plus y otros c. Francia, ( ) en la que consideró que el hecho de que el auto por el que se autorizaban las entradas y registros domiciliarios en cuestión no se refiriera precisamente a una de las sociedades inspeccionadas en el asunto que dio lugar a dicha sentencia «no pon[ía] en entredicho la legalidad de la injerencia, dado que el auto de autorización se refería en general a los locales de “Canal Plus”», «sin precisar la forma societaria de las distintas entidades afectadas en este sentido pero que se incluyen sin duda en este epígrafe».

39. Por lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional alemán invocada por las recurrentes, he de señalar que, en dicha sentencia, este órgano jurisdiccional concluyó que existía una vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio en la medida en que la orden de registro en cuestión no permitía identificar la sociedad cuyos locales debían ser registrados y era, por lo tanto, indeterminada.

40. El Tribunal Constitucional alemán llegó a esta conclusión tras haber constatado que ninguna empresa que utilizase únicamente la razón social que constaba en la orden de registro ocupaba los locales situados en la dirección indicada en dicha orden y que no era posible comprender a qué empresa se refería de entre todas las que ocupaban las oficinas situadas en esa dirección y cuya razón social estaba constituida por las palabras utilizadas en la orden de cuestión, seguidas por una mención complementaria. Además, dicho órgano jurisdiccional observó que no era posible disipar la incertidumbre sobre la sociedad a que se refería la orden de registro teniendo en cuenta otras menciones contenidas en la misma.

41. Al pronunciarse en este sentido, no excluyó, por lo tanto, la posibilidad de que, cuando el acto por el que se ordenan entradas y registros domiciliarios no designe por su nombre a la sociedad destinataria de tales entradas y registros, esta pueda identificarse indirectamente sobre la base del contenido del acto. A tal respecto, es importante señalar que, en cambio, el Tribunal Constitucional alemán se opuso a la posibilidad de que dicha identificación pueda efectuarse sobre la base de elementos externos a la orden de registro en cuestión, como el expediente de investigación.

42. Pues bien, en el presente asunto, el Tribunal General consideró que las sociedades a que se refería la Decisión controvertida eran claramente identificables basándose únicamente en las menciones contenidas en la misma.

43. Procede observar, asimismo, que uno de los factores que hacía que la identificación de la sociedad a que se refería la orden de registro en cuestión en el asunto que dio lugar a la sentencia anteriormente mencionada del Tribunal Constitucional alemán resultara incierta era la falta de precisión sobre el sector de actividad de esa sociedad. Pues bien, la Decisión controvertida indica con claridad los mercados en los que se había cometido presuntamente una infracción del artículo 101 TFUE y, por lo tanto, permite identificar claramente el sector de actividad de las sociedades inspeccionadas.

44. Mediante la segunda imputación de su tercer motivo, las recurrentes alegan que el concepto de «empresa» —que es un concepto económico y meramente funcional que se utiliza exclusivamente para la aplicación de las normas sustantivas del Derecho de la competencia como la calificación de una práctica colusoria— no constituye un obstáculo para el respeto de los derechos fundamentales vinculados al concepto de «persona jurídica». Sostienen que, en lo tocante a las sociedades, el único titular del derecho a la inviolabilidad del domicilio es la persona jurídica, y no la empresa, que carece de personalidad jurídica. En este contexto, las recurrentes se remiten a la sentencia de 25 de octubre de 2011, Uralita/Comisión, ( ) en la que el Tribunal General afirmó que, cuando la Comisión adopta una decisión en aplicación del artículo 101 TFUE, debe identificar a la o las personas físicas o jurídicas que puedan ser consideradas responsables del comportamiento de la empresa de que se trate y que puedan ser sancionadas en ese concepto.

45. A tal respecto, he de señalar, por una parte, que las alegaciones formuladas por las recurrentes en el marco de esta segunda imputación no pueden poner en entredicho la validez del enfoque seguido por el Tribunal General y de la conclusión a la que este llegó en el apartado 144 de la sentencia recurrida.

46. Por otra parte, contrariamente a lo que alegan las recurrentes, del apartado 145 de la sentencia recurrida se desprende claramente que, al referirse a la empresa como «sujeto básico del Derecho de la competencia», el Tribunal General no pretendía afirmar que la «empresa», en el sentido del Derecho de la competencia, y no las personas jurídicas que la componen, debía ser considerada titular del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio limitado por la adopción de una medida de inspección. Esta referencia debe interpretarse más bien como una precisión en cuanto al alcance que se debe atribuir a la indicación, que figura en el artículo 1, párrafo primero, y en el artículo 3, párrafo primero, de dicha Decisión, según la cual debían someterse a inspección «Casino […] y […] todas las sociedades directa o indirectamente controladas por ella», con vistas a la delimitación correcta del ámbito de aplicación ratione personae de la citada Decisión.

47. En este contexto, la remisión efectuada por las recurrentes a la sentencia de 25 de octubre de 2011, Uralita/Comisión, ( ) relativa a una decisión por la que se declara que se ha cometido una infracción y no a una decisión de inspección, no puede resultar de ninguna utilidad para ellas, como ha señalado acertadamente la Comisión. Las inspecciones se han realizado en una fase en la que la Comisión aún no dispone de información detallada, ni siquiera en lo tocante a los autores de la presunta infracción, y, antes de nada, debe verificar la procedencia de sus sospechas y el alcance de los hechos ocurridos, siendo la finalidad de la inspección precisamente recabar las pruebas relativas a una supuesta infracción.

48. Mediante la tercera imputación de su tercer motivo, las recurrentes rebaten la afirmación realizada por el Tribunal General en el apartado 146 de la sentencia recurrida, según la cual la falta de precisión en la designación de las sociedades y de los locales afectados contribuye al correcto desarrollo de las inspecciones. Alegan que el ejemplo de los órganos jurisdiccionales en los que se requiere la designación de las sociedades y/o de los locales afectados pone de relieve que dicha precisión no afecta al correcto desarrollo de las entradas y registros domiciliarios.

49. A este respecto, por una parte, procede señalar que, incluso suponiendo que el Tribunal General haya apreciado de manera incorrecta o haya sobreestimado las ventajas, en términos de eficacia de las inspecciones, relacionadas con la falta de precisión en la designación de las sociedades y de los locales afectados por la inspección, esto no es suficiente para poner en entredicho la validez del enfoque que ha seguido y de la conclusión a la que ha llegado en el apartado 144 de la sentencia recurrida.

50. Por otra parte, es preciso recordar que las prácticas legislativas o judiciales nacionales, aun suponiendo que sean comunes a todos los Estados miembros, no pueden ser determinantes para la aplicación de las normas sobre la competencia del Tratado. ( )

51. Por último, mediante la cuarta imputación de su tercer motivo, las recurrentes sostienen que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General en el apartado 147 de la sentencia recurrida, no es posible sostener que el riesgo de arbitrariedad vinculado a la falta de precisión en la Decisión controvertida en cuanto a las personas y a los locales que pueden ser inspeccionados se viera compensado por el grado de protección subsidiaria que habría ofrecido la eventual ejecución de los autos de 17 de febrero de 2017. Alegan que el Derecho de la Unión debe ser suficiente por sí mismo, ofreciendo directamente a los justiciables todas las garantías necesarias para la protección de sus derechos fundamentales, y no descansar en disposiciones de Derecho nacional que puedan aplicarse de manera adicional. Las recurrentes aducen, además, que para que dichos autos tengan carácter ejecutivo ellas no deberían haber permitido a los funcionarios de la Comisión acceder a sus locales, obligándoles así a solicitar la intervención de las autoridades francesas. Añaden que esta oposición las habría expuesto al riesgo de una multa considerable.

52. A mi parecer, la argumentación de las recurrentes se basa una vez más en una lectura errónea de la sentencia recurrida. En efecto, el Tribunal General no consideró que la irregularidad derivada de la falta de indicación precisa de las sociedades y de los locales inspeccionados se viese compensada por la designación expresa, en los autos de 17 de febrero de 2017, de los locales en los que se podía entrar. De hecho, se limitó a señalar que, en el caso de que la intervención de la Comisión hubiera implicado, debido a la oposición de las recurrentes, el ejercicio de facultades coercitivas, estas se habrían beneficiado de una garantía adicional, consistente en la especificación expresa y limitativa de los locales a los que se refería la inspección.

53. Sobre la base del conjunto de las consideraciones anteriores, en mi opinión, procede desestimar el tercer motivo del recurso de casación.

V. Conclusión

54. Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el sexto motivo del recurso de casación por infundado.