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Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 1997. - Instituto Europeu de Formação Profissional Ldª contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Fondo Social Europeo - Reducción de una ayuda financiera - Recurso de anulación - Plazo - Inadmisibilidad. - Asunto T-151/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-01541



Índice



Palabras clave

1 Política social - Fondo Social Europeo - Ayuda a la financiación de acciones de formación profesional - Reducción de una ayuda concedida inicialmente - Competencia exclusiva de la Comisión - Subrogación de los Estados miembros en los derechos de la Comunidad prevista por el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) nº 2950/83 - Objeto

[Reglamento (CEE) nº 2950/83 del Consejo, art. 6, aps. 1 y 2]

2 Recurso de anulación - Plazo - Punto de partida - Acto no publicado ni notificado al demandante - Conocimiento exacto del contenido y de la motivación - Obligación de solicitar el texto íntegro del acto en un plazo razonable una vez conocida su existencia

(Tratado CE, art. 173, párr. 5)

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3 Si bien cualquier autoridad nacional en materia de financiación de las acciones del Fondo Social Europeo tiene la posibilidad de proponer, en una solicitud de pago del saldo, con arreglo al apartado 4 del artículo 5 del Reglamento nº 2950/83 sobre aplicación de la Decisión 83/516, referente a las funciones del Fondo, que se reduzca una ayuda financiera concedida por éste, es la Comisión, no obstante, quien se pronuncia sobre las solicitudes de pago del saldo, y es a ella, y solamente a ella, a quien incumbe la facultad de reducir una ayuda financiera con arreglo al apartado 1 del artículo 6 de dicho Reglamento. De lo que se sigue que es la Comisión quien asume, respecto al beneficiario de la ayuda, la responsabilidad jurídica de la decisión mediante la cual se reduce su ayuda, con independencia de si dicha reducción ha sido o no propuesta por la autoridad nacional de que se trate.

Además, la subrogación contemplada en el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento no se refiere en modo alguno a la facultad de reducir una ayuda del Fondo Social Europeo, conferida por su apartado 1, sino únicamente a los derechos de la Comunidad a la devolución de los anticipos indebidamente pagados, de modo que dicha subrogación supone necesariamente una decisión previa de la Comisión sobre la reducción de la ayuda.

4 A falta de publicación o de notificación de un acto, el plazo para interponer un recurso de anulación sólo empieza a correr a partir del momento en que el tercero interesado tenga un conocimiento exacto del contenido y de la motivación del acto de que se trate, siempre y cuando solicite el texto íntegro de dicho acto en un plazo razonable a contar de la fecha en que haya tenido conocimiento de su existencia.
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 20 de mayo de 1994

Asunto T-510/93

Dieter Obst

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Inadmisibilidad — Acto lesivo»

Texto completo en lengua alemana II-461

Objeto:

Recurso por el que se solicita que se anule la decisión presunta en que se desestima la candidatura del demandante y se condene a la demandada a dar una respuesta en la que motive su decisión.

Resultado:

Desestimación.

Resumen del auto

Tras examinar seis candidaturas, entre ellas la del demandante, registradas tras publicarse una convocatoria para proveer plaza vacante, la Comisión decidió, en un primer momento, no proveer la plaza objeto de litigio, y posteriormente publicó una nueva convocatoria para proveer plaza vacante idéntica a la anterior. Siete candidatos, entre ellos los seis candidatos originales incluido el demandante, presentaron su candidatura.

A continuación, el demandante presentó una reclamación contra la «decisión presunta» por la que se desestimó su primera candidatura.

Tras examinar las candidaturas presentadas en segundo lugar, la Comisión nombró al Sr. X para la citada plaza y comunicó al demandante su decisión de no elegir su candidatura. El demandante presentó una nueva reclamación seguida de un recurso (asunto T-562/93).

Sobre la admisibilidad

Tras estimar que no puede considerarse a la Comisión incursa en causa de nulidad por haber juzgado necesario aumentar el número de candidatos y publicar de nuevo la convocatoria para proveer plaza vacante, el Tribunal de Primera Instancia destaca que las candidaturas presentadas después de la primera publicación siguen siendo válidas en el marco del examen de las siete candidaturas efectuado tras la segunda publicación. Por consiguiente, esta última no implica ninguna decisión respecto de las primeras candidaturas y en cualquier caso no puede calificarse de decisión presunta por la que se desestiman dichas candidaturas o de decisión de conclusión del procedimiento de provisión de plaza. En efecto, sólo la decisión de nombrar al Sr. X para la plaza vacante puso término al procedimiento, decisión que constituye el único acto lesivo para el demandante en la medida en que puede afectar directamente a su situación jurídica. De ello se deduce que procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión de anulación (apartados 24, 25 y 26).

El Tribunal de Primera Instancia declara también la inadmisibilidad de la pretensión de que se condene a la Comisión a dar al demandante una respuesta motivada a su primera candidatura debido a que, de un lado, el Juez comunitario no puede, sin inmiscuirse en las facultades de la autoridad administrativa, hacer requerimientos a una Institución comunitaria y a que, de otro lado, a falta de acto lesivo para el demandante, la Comisión no está obligada a darle una motivación (apartado 27).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 10 de abril de 1992, Bollendorff/Parlamento (T-15/91, Rec. p. II-1679), apartado 57

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso.
9

Mediante carta fechada el 25 de agosto de 1990, el demandante informó al servicio médico acerca de la imposibilidad en que se hallaba de desplazarse para acudir al reconocimiento médico previsto para el 28 de agosto de 1990. En apoyo de esta afirmación, presentó un certificado médico, emitido el 20 de agosto de 1990, en el cual se acreditaba que estaba siendo sometido a reconocimientos por trastornos en la visión, no siéndole posible trabajar hasta nuevo aviso («[...] is under investigation for visual disturbance and is unable to attend work until further notice»). Al termino de la citada frase, el mèdico había añadido, entre paréntesis, que el demandante no podía viajar («cannot travel»).
Palabras clave

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Palabras clave

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Procedimiento - Oposición de tercero - Requisitos de admisibilidad - Calidad de tercero - No participación del tercero oponente en el litigio principal por razones válidas - Publicación del objeto y de las pretensiones de los recursos en el Diario Oficial - Efectos

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 39; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 16, ap. 6, y 97, ap. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 24, ap. 6, y 123, ap. 1)

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Del artículo 39 del Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del apartado 6 del artículo 16 y del apartado 1 del artículo 97 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, así como del apartado 6 del artículo 24 y del apartado 1 del artículo 123 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, se desprende que el legislador comunitario concibió la oposición de tercero como una vía de recurso extraordinaria, abierta a las personas interesadas que, por razones válidas, no pudieron participar en el litigio principal. El carácter extraordinario de la oposición de tercero se justifica por la consideración de que, en interés de una buena administración de la justicia y de la seguridad de las relaciones jurídicas, es necesario evitar, en la medida de lo posible, que las personas interesadas en la solución de un litigio pendiente ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal de Primera Instancia hagan valer dicho interés después de que el órgano jurisdiccional comunitario haya dictado su sentencia y resuelto de ese modo la cuestión en litigio.

Por consiguiente, toda persona interesada que estuviese en condiciones de participar en el litigio principal y que, por negligencia, no hubiese participado, no puede invocar el derecho de interponer una demanda de oposición de tercero. Dado que la finalidad de la publicación en el Diario Oficial del objeto y de las pretensiones del recurso es permitir que los terceros conozcan la existencia de los litigios pendientes ante los órganos jurisdiccionales comunitarios, el tercero debe apreciar de acuerdo con dicha publicación si tiene o no interés en participar en el litigio principal.

Si de dicha publicación se desprende claramente que el objeto y las pretensiones del recurso principal dejaban traslucir el interés del tercero en participar, éste debe probar que no pudo, por razones válidas, interponer una demanda de intervención. A este respecto, es necesario precisar que una apreciación subjetiva del tercero interesado sobre el resultado del litigio no constituye una razón válida que justifique su no participación en el litigio principal. En consecuencia, el tercero no puede alegar válidamente que, a la vista de los elementos de derecho y de hecho conocidos en el momento de la interposición del recurso, un justiciable diligente hubiese tenido derecho a pensar que la sentencia que resolviese el proceso no lesionaría sus derechos.
101

La demandante, que no puede hacer alegaciones en nombre de otros funcionarios, y que es de grado AST 4 y se beneficiaba de la deducción fiscal mencionada en el apartado 78 anterior, no aporta, sin embargo, ningún elemento que pueda acreditar que se encontraba en la imposibilidad material de adelantar los gastos del equipo ofimático y, por lo tanto, en la situación desfavorable que denuncia. Así pues, no demuestra que fuese tratada como los funcionarios que podían hacer frente a ese anticipo pese a encontrarse en una situación económica diferente.
58

Así pues, el juez de la Unión ya comprobó la intención, por parte de una persona que solicitaba el registro de una marca de la Unión, de aprovecharse indebidamente del renombre residual de una marca anterior, incluso cuando esta ya no se utilizaba [sentencia de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240], o de la fama actual del nombre de una persona física [sentencia de 14 de mayo de 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T‑795/17, no publicada, EU:T:2019:329], en supuestos en los que ese renombre residual o esa fama habían sido debidamente acreditados. En cambio, declaró la inexistencia de usurpación del renombre de un término reivindicado por un tercero y, por lo tanto, la inexistencia de mala fe del solicitante de marca cuando dicho término no estaba registrado, ni se utilizaba, ni gozaba de renombre en la Unión [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de noviembre de 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T‑683/17, no publicada, EU:T:2018:860, apartados 68 a 71].
71

Por último, procede señalar que, en virtud del artículo 30, apartado 5, letra g), de la Decisión BCE/2016/2, el intento de influir indebidamente debe referirse al proceso de decisión del procedimiento de licitación. El proceso de decisión se entenderá como el conjunto de la fase en la que el poder adjudicador examina las ofertas presentadas por los diferentes candidatos o licitadores en el marco de una licitación a efectos de la elaboración de sus decisiones de exclusión, de selección o de adjudicación. Este proceso comienza, pues, desde la presentación de las ofertas e incluye todas las etapas sucesivas hasta la adopción de dichas decisiones. En particular, se inscriben en el marco de este proceso las investigaciones llevadas a cabo por el poder adjudicador sobre las ofertas de precios que parezcan anormalmente bajas y a tenor de las cuales este último puede, en virtud del artículo 33, apartado 2, de la Decisión BCE/2016/2, tras examinar la información adicional facilitada por el licitador, rechazar las ofertas de este, en particular cuando la información facilitada no explique suficientemente el bajo nivel de los precios o costes, o cuando la oferta y dicha información no garanticen suficientemente la adecuada ejecución del contrato. Dichas investigaciones no constituyen procedimientos distintos, sino una fase de evaluación de las ofertas. [omissis]
158

La demandante alega que la Comisión no apreció una serie de elementos esenciales para determinar la compatibilidad de la ayuda con el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), y con el Marco Temporal. En primer lugar, afirma la demandante que la Comisión no determinó de qué modo una medida dirigida a Finnair podía, por sí sola, poner remedio a una grave perturbación en la economía finlandesa. En segundo lugar, sostiene que la Comisión no aportó las razones por las que Finnair no disponía de ningún otro medio de recapitalización que no fuera la medida en cuestión. En tercer lugar, señala que la Comisión no explicó en qué medida un nivel de dilución más elevado de los accionistas existentes podía sustituir al incentivo para la recompra de la participación del Estado por parte de Finnair. En cuarto lugar, defiende que la Comisión no llevó a cabo, ni siquiera de manera sucinta, un test de ponderación de los efectos positivos y los efectos negativos de la medida en cuestión. En quinto lugar, la demandante afirma que la Comisión no dio las razones por las cuales el poder de mercado de Finnair debía evaluarse exclusivamente a la luz del nivel de congestión del aeropuerto de Helsinki, ni tampoco de aquellas por las cuales la compañía no disponía de tal poder. En sexto lugar, considera que la Comisión no apreció si la medida en cuestión era no discriminatoria o si respetaba los principios de libre prestación de servicios y de libertad de establecimiento.
19

En apoyo de su recurso, las demandantes invocan dos motivos. El primero se basa en la infracción del punto 23 del anexo I del Reglamento (UE, Euratom) n.o 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1; corrección de errores en DO 2020, L 191, p. 5; en lo sucesivo, «Reglamento financiero»), y en un error manifiesto de apreciación. El segundo motivo se basa en una falta de motivación.
69

Es cierto que la administración puede constituir un expediente relativo a una investigación y, en su caso, al procedimiento disciplinario correspondiente a dicha investigación, como se desprende, en particular, de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, del anexo IX del Estatuto. No obstante, tal expediente se constituye con la única finalidad del procedimiento de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de abril de 1998, Apostolidis/Tribunal de Justicia, T‑86/97, EU:T:1998:71, apartado 36, y de 5 de octubre de 2009, de Brito Sequeira Carvalho y Comisión/Comisión y de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P y T‑62/07 P, EU:T:2009:382, apartado 96). Por consiguiente, los documentos de toda índole que contenga, en particular la eventual decisión sancionadora que ponga fin a dicho procedimiento, no pueden oponerse a un funcionario o ser invocados en su contra fuera de tal procedimiento, salvo que se incorporen al expediente personal del citado funcionario.
114

Por lo demás, si bien es cierto que el apartado 3 de la Decisión impugnada indica que la recomendación de las autoridades suecas de evitar los desplazamientos no esenciales es aplicable «al menos hasta el 15 de junio de 2020», el objetivo de la medida controvertida, mencionado en el apartado 9 de esta Decisión, consiste en compensar parcialmente a SAS por los perjuicios derivados de la anulación o de la reprogramación de sus vuelos como consecuencia del establecimiento de restricciones de desplazamiento en el contexto de la pandemia de COVID‑19, restricciones que no se identifican con precisión. Por lo tanto, de la Decisión impugnada no se desprende que los perjuicios sufridos por SAS no pudieran derivarse también de las restricciones que siguieran aplicándose o que se adoptaran tras retirarse la recomendación de las autoridades suecas, con respecto a la cual resulta por lo demás del expreso tenor del apartado 3 de esta Decisión que cabía que continuara aplicándose con posterioridad al 15 de junio de 2020. Por consiguiente, procede señalar que no se incurrió en contradicción al considerarse a la vez que los perjuicios sufridos por SAS se derivaban de las restricciones de desplazamiento en el contexto de la pandemia de COVID‑19 y que dichos perjuicios podían materializarse con posterioridad al 15 de junio de 2020 y hasta el año 2021.
4.

Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Concepto — Principio de presunción de inocencia — Inclusión — Persona no identificada o no identificable como culpable de una infracción en un comunicado de prensa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Imposibilidad de demostrar una vulneración de la presunción de inocencia [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 48, ap. 1, y 52, ap. 3; Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 9, ap. 1, y 10, ap. 5] (véanse los apartados 100 a 104 y 106)
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 2 de junio de 2021 — Schneider/EUIPO — Raths (Teslaplatte)

(Asunto T‑183/20)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión Teslaplatte — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 17 y 18)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 19 y 40)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Fecha pertinente para examinar una solicitud de nulidad — Fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 20)

4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa Teslaplatte [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 29, 39, 41, 42, 45 y 49)

5. Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Apreciación del carácter registrable de un signo — Consideración exclusiva de la normativa de la Unión — Registro anterior de la marca en determinados Estados miembros o países terceros — Decisiones que no vinculan a los órganos de la Unión [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véase el apartado 51)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 15 de enero de 2020 (asunto R 247/2019‑2), relativa a un procedimiento de nulidad entre el Sr. Raths y el Sr. Schneider.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
85

Esta premisa fundamental es igualmente válida en las relaciones entre la Comisión, las autoridades nacionales de la competencia y los órganos jurisdiccionales nacionales en el contexto de la aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. En efecto, tanto las normas relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, objeto del asunto que dio lugar a la sentencia citada en el apartado 76 anterior [véanse las sentencias de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartados 35 y 36, y de 25 de julio de 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condiciones de reclusión en Hungría), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, apartado 104], como las relativas a la Red Europea de Competencia y a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, objeto del presente asunto (véanse, en particular, los considerandos 15, 21 y 28, los artículos 11, apartado 1, y 15 del Reglamento n.o 1/2003, y el punto 2 in fine de la Comunicación sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia), establecen un sistema de cooperación estrecha entre las autoridades competentes basado en los principios de reconocimiento mutuo, de confianza mutua y de cooperación leal.
152

En apoyo de su motivo único, el demandante aduce que, contrariamente a lo que se alegó en la segunda decisión impugnada, la primera decisión impugnada constituye un acto lesivo para él, lo que justificaba aún más la necesidad de tener un acceso completo al informe de investigación. Por otra parte, a su juicio, las excepciones previstas en el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 20 del Reglamento n.o 45/2001 ya no son oponibles puesto que la investigación había concluido. Además, el demandante subraya que algunos testigos estaban de acuerdo en que tuviera acceso al acta de sus declaraciones, de modo que la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001 tampoco era oponible. Asimismo, señala que no se ha demostrado ningún perjuicio concreto y efectivo a los intereses protegidos. En estas circunstancias, según el demandante, el acceso muy limitado al informe de investigación que tuvo in situ el 12 de septiembre de 2018 no equivale, en su opinión, a un acceso regular, conforme al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Por último, el demandante precisa que no comparte las conclusiones de la decisión del Defensor del Pueblo de 6 de junio de 2019, en particular, en lo que se refiere al análisis relativo a la protección de los datos personales. En la vista, el demandante añadió que los testimonios ya se habían anonimizado en la versión del informe de investigación que se había transmitido a la directora.
216

No obstante, esta imputación se basa en una interpretación errónea de la decisión de despido. A diferencia de lo que sugiere el demandante, el Comité Ejecutivo no consideró que el carácter modesto de su grado y de su antigüedad pudiera coadyuvar a una circunstancia agravante, pero, a diferencia del comité disciplinario, no vio en ello una circunstancia atenuante. En cualquier caso, el artículo 45, quinto guion, de las Condiciones de contratación dispone, en efecto, que el grado y la antigüedad deben tenerse en cuenta al determinar la sanción. Sin embargo, el Banco podía estimar que un grado y una antigüedad modestos no constituían una circunstancia atenuante en el caso de autos, porque tal grado y tal antigüedad no justifican que el agente no lleve a cabo espontáneamente comprobaciones sencillas —que no precisan ninguna competencia especial— y porque cualquier persona razonablemente prudente las habría efectuado en las circunstancias del caso de autos, que debían hacer dudar del derecho al reembolso de los gastos efectuados.