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Asunto C-258/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 13 de abril de 2018 — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 13 de abril de 2018 — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Asunto C-258/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Centrale Raad van Beroep

Partes en el procedimiento principal

Demandante: H. Solak

Demandada: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Puede invocar el artículo 6 de la Decisión n.o 3/80 ( 1 ) un nacional turco que ha accedido al mercado legal de trabajo de un Estado miembro, ha adquirido la nacionalidad de dicho Estado miembro sin renunciar a su nacionalidad turca y, a continuación, ha renunciado voluntariamente a la nacionalidad de tal Estado miembro de acogida y, por tanto, a la ciudadanía de la Unión, para sustraerse al requisito de residencia establecido en la legislación nacional en materia de seguridad social, el cual sí puede oponerse a ciudadanos de la Unión?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Decisión n.o 3/80, en relación con el artículo 59 del Protocolo Adicional, en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro como el artículo 4a de la Toeslagenwet ( 2 ) (Ley sobre prestaciones complementarias), en virtud de la cual una prestación complementaria concedida es revocada si el beneficiario se traslada a Turquía, aun cuando dicho beneficiario haya abandonado voluntariamente el territorio del Estado miembro después de haber renunciado voluntariamente a la nacionalidad de un Estado miembro y pese a que no se ha puesto de manifiesto que haya dejado de pertenecer al mercado legal de trabajo de dicho Estado miembro?

( 1 ) Decisión n.o 3/80 del Consejo de Asociación CE/Turquía, de 16 de septiembre de 1980, sobre la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los miembros de sus familias (DO 1983, C 110, p. 60).

( 2 ) Wet van 6 november 1986, houdende verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (toeslagenwet) [Ley de 6 de noviembre de 1986, por la que se establece la concesión de complementos a efectos de mínimo social aplicable a los beneficiarios legitimados con arreglo a la Ley sobre desempleo, la Ley del seguro de enfermedad, la Ley general sobre incapacidad laboral, la Ley sobre el seguro de incapacidad laboral y la Ley de cobertura de la incapacidad laboral de los militares].
3)

¿Es compatible con el artículo 102 TFUE, apartado 1 (anteriormente artículo 86 del Tratado y con posterioridad artículo 82 TCE, apartado 1), según lo interpreta el Tribunal de Justicia (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 1991, GB Inno BM, C-18/88; de 25 de junio de 1998, Chemische Afvaistoffen Dussseldorp BV, C-203/96 y de 17 de mayo de 2001, TNT TRACO s.p.a, C-340/99) un régimen jurídico como el constituido por el artículo 2, apartados 18 a 20, de la Ley n.o 662/1996, el artículo 3, apartado 1, del Decreto del Presidente de la República n.o 144/2001 y el artículo 10, apartado 3, del Decreto Legislativo n.o 504/1992, en virtud del cual el concesionario (agente) está sujeto necesariamente al pago de la «comisión», determinada o modificada unilateralmente por Poste Italiane s.p.a., de modo que no puede resolver el contrato de cuenta corriente postal sin incurrir en un incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 10, apartado 3, del Decreto Legislativo n.o 504/1992 y, consecuentemente, de la obligación de recaudación del IMBI contraída con los entes locales exactores?
1)

a) ¿Deben interpretarse los artículos 45 TFUE y 48 TFUE en el sentido de que, en casos como los de autos, se oponen a una normativa nacional como el artículo 6 bis, inicio y letra b), de la AOW? (1) Esta norma implica que un residente en los Países Bajos no está afiliado a los seguros sociales del Estado de residencia si dicho residente trabaja en otro Estado miembro y está sujeto a la legislación en materia de seguridad social del Estado de empleo en virtud del artículo 13 del Reglamento n.o 1408/71. (2) Los presentes asuntos se caracterizan por el hecho de que los interesados, en virtud de la norma legal del Estado de empleo, no pueden disfrutar de una pensión de vejez como consecuencia del limitado alcance de sus actividades en dicho Estado. b) ¿Es relevante para la respuesta a la cuestión prejudicial 1a el hecho de que, respecto a un residente en un Estado de residencia no competente en virtud del artículo 13 del Reglamento n.o 1408/71, no exista obligación alguna en relación con las cotizaciones a los seguros sociales del Estado de residencia? En efecto, respecto a los períodos en los que dicho residente trabaja en otro Estado miembro, está sujeto de forma exclusiva, en virtud del artículo 13 del Reglamento n.o 1408/71, al régimen de seguridad social del Estado de empleo y la legislación neerlandesa tampoco prevé la obligación de cotizar en tal caso.
—

Declare que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas (DO 2014, L 158, p. 196), por no haber adoptado a más tardar el 17 de junio de 2016 las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva o, en cualquier caso, por no haber comunicado a la Comisión dichas disposiciones.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 152/16

Recurso de casación interpuesto el 13 de febrero de 2018 por Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 30 de noviembre de 2017 en el asunto T-687/16: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

(Asunto C-104/18 P)

(2018/C 152/19)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. (representantes: J. Güell Serra, E. Stoyanov Edissonov, abogados)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Joaquín Nadal Esteban

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Anule la resolución controvertida.

— Declare la invalidez de la marca de la Unión Europea n.o 9917436.

— Condene en costas a Joaquín Nadal Esteban y a la EUIPO.

Motivos y principales alegaciones

En lo que atañe al examen de los requisitos de aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, (1) el Tribunal General declaró en la sentencia recurrida que de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), resultaba que la mala fe presupone la existencia de un riesgo de confusión y requiere, en consecuencia, que los bienes y servicios de que se trate sean idénticos o similares.

La recurrente alega que de la sentencia recaída en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli no se deduce que la mala fe del solicitante del registro presuponga que exista un riesgo de confusión entre las marcas/signos de las partes, sino que la existencia del riesgo de confusión es un mero ejemplo de los factores que pueden tenerse en cuenta, y no una condición sine qua non para la aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

En este sentido, la recurrente alega que, al declarar que el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 presupone o requiere que exista un riesgo de confusión por parte del público y, por tanto, que los bienes o servicios de que se trate sean idénticos o similares, el Tribunal General interpretó erróneamente la sentencia dictada en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli e incurrió en aplicación indebida del mencionado precepto. En consecuencia, incurrió en error de Derecho.

(1) Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 112/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 18 de diciembre de 2017 — CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa / Comune di Tarvisio

(Asunto C-710/17)

(2018/C 112/22)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa

Recurrida: Comune di Tarvisio

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con el artículo 48 de la Directiva 2004/18/CE, (1) de 31 de marzo de 2004, una norma como la establecida en el ya analizado artículo 53, apartado 3, del Decreto Legislativo n.o 163, de 16 de abril de 2006, que admite la participación de una empresa con un autor de proyecto «indicado», el cual, según la jurisprudencia nacional, al no ser licitador, no podría recurrir a las capacidades de terceros?

(1) Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114).
1.1.

¿Deben interpretarse el artículo 65 TFUE, apartado 3, y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad, (1) en el sentido de que se oponen a unas disposiciones de Derecho nacional que, en caso de incumplimiento de la obligación de declarar con arreglo al artículo 3 de dicho Reglamento, establecen sanciones de la naturaleza y alcance previstos en el artículo 251 del Nakazetelen kodeks (Código Penal; en lo sucesivo, «NK») de la República de Bulgaria, el cual establece en su apartado 1, de manera alternativa, o bien una pena privativa de libertad de hasta seis años, que no es necesario suspender a efectos de libertad condicional aun en el caso de una primera infracción, o bien una multa por importe del doble del valor del objeto de la infracción, a las que puede añadirse, a tenor del apartado 2 del mismo artículo, la retención en favor del Estado y en su totalidad de la suma de dinero efectivo no declarada, sin necesidad de probar la procedencia y el uso previsto de ese dinero, debido a que concurre en esta normativa una combinación de sanciones que, al tiempo que vulnera el principio de proporcionalidad de las penas en relación con la infracción, instaurado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta, rebasa los objetivos exigibles del Reglamento y supone una restricción encubierta de la libertad de circulación de capitales?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/22

Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italia) el 24 de noviembre de 2017 — Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari y otros

(Asunto C-667/17)

(2018/C 052/31)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Francesca Cadeddu

Demandada: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna — Agenzia regionale per il lavoro

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 80 del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo de la Unión Europea, (1) así como el artículo 2, número 4, del mismo Reglamento, en el sentido de que se oponen a una norma como la prevista en el artículo 50, apartado 1, letra c), del D.P.R. (Decreto del Presidente de la República) n.o 917, de 22 de diciembre de 1986, conforme al cual se equiparan a los rendimientos del trabajo por cuenta ajena «c) las cantidades pagadas por cualquier persona en concepto de beca de estudios, subsidio, premio o ayuda con fines de estudios o formación profesional, si el beneficiario no tiene una relación de trabajo por cuenta ajena con el pagador», por lo que quedan sujetas al régimen general de tributación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), aun cuando la beca de estudios se desembolse con fondos estructurales europeos?

(1) Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (DO 2006, L 210, p. 25).
1.

Primer motivo, basado en que los accionistas demandantes en primera instancia (esto es, los accionistas de Trasta Komercbanka, y no el propio Trasta Komercbanka) carecían de interés en ejercitar la acción de anulación, cuestión distinta de si Trasta Komercbanka poseía dicho interés. El primer motivo se fundamenta en las alegaciones siguientes: — La parte apelante afirma que el Tribunal General interpretó erróneamente la jurisprudencia que exige que los accionistas demuestren su propio interés en el ejercicio de acciones contra decisiones cuyos destinatarios sean entidades que hayan controlado en parte. En concreto, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar en su auto de 12 de septiembre de 2017 que dicha jurisprudencia no era de aplicación al asunto T-247/16. — Los accionistas demandantes en primera instancia no han podido demostrar que posean un interés en el ejercicio de la acción que sea independiente del interés de Trasta Komercbanka: su situación jurídica no se vio afectada por la Decisión que impugnaron (a diferencia de la disolución y liquidación, que es un acto separado). No se puede afirmar que los accionistas demandantes en primera instancia tuvieran interés en que Trasta Komercbanka dispusiera de licencia bancaria, cuestión distinta del interés del propio Trasta Komercbanka en disponer de dicha licencia. — Concretamente, no cabe considerar que el interés en reclamar una indemnización o el interés económico de los accionistas en recibir dividendos constituyan ese interés jurídico independiente en el ejercicio de la acción.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 382/33

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Köln (Alemania) el 22 de agosto de 2017 — Bußgeldverfahren/Josef Baumgartner

(Asunto C-513/17)

(2017/C 382/40)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Josef Baumgartner

Otra parte: Bundesamt für Güterverkehr, Staatsanwaltschaft Köln

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 19, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 561/2006 (1) en el sentido de que una sanción contra una empresa o contra un directivo de una empresa en virtud de los artículos 30, 9 y 130 de la Ordnungswidrigkeitengesetz (Ley de infracciones administrativas; en lo sucesivo, «OWiG»), por una infracción administrativa cometida en la sede de la empresa, sólo puede ser impuesta por el Estado miembro en cuyo territorio tiene su sede la empresa? ¿O están facultados también otros Estados miembros para sancionar la infracción administrativa si ésta ha sido descubierta en su territorio?

(1) Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO 2006, L 102, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 402/12

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Hamburg (Alemania) el 11 de septiembre de 2017 — Wolfgang Wirth y otros / Thomson Airways Ltd.

(Asunto C-532/17)

(2017/C 402/14)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Wolfgang Wirth, Theodor Mülder, Ruth Mülder, Gisela Wirth

Demandada: Thomson Airways Ltd.

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el concepto de «transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo» del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 261/2004»), en el sentido de que se considerará transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, con arreglo a dicho Reglamento, a una compañía aérea que arrienda a otra, en el marco de un denominado wet lease, una aeronave con tripulación para un determinado número de vuelos establecido contractualmente, pero sobre la que no pesa la principal responsabilidad operativa de los correspondientes vuelos, cuando la confirmación de la reserva del pasajero indica «operado por […]» precisamente esa compañía?

(1) DO L 46, p. 1.
3)

En caso de respuesta afirmativa a esta última cuestión, ¿las disposiciones del artículo 2, apartado 2, letra a), y del artículo 4, apartado 4, de la Directiva se oponen a una norma nacional que, como el artículo L. 621 2 del code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Código de entrada y estancia de extranjeros y derecho de asilo), castiga con pena de prisión la entrada ilegal en el territorio nacional de un nacional de un tercer país para quien no ha finalizado aún el procedimiento de retorno establecido en dicha Directiva?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 318/9

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 17 de julio de 2017 — Dermod Patrick O’Brien/Ministry of Justice (anteriormente Department for Constitutional Affairs)

(Asunto C-432/17)

(2017/C 318/14)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Dermod Patrick O’Brien

Recurrida: Ministry of Justice (Ministerio de Justicia) (anteriormente Department for Constitutional Affairs; Departamento de Asuntos Constitucionales)

Cuestión prejudicial

¿Exige la Directiva 97/81 (1), en particular la cláusula 4 del Acuerdo marco que figura en su anexo, relativa al principio de no discriminación, que la antigüedad anterior al plazo de transposición de la Directiva se tenga en cuenta al calcular el importe de la pensión de jubilación de un trabajador a tiempo parcial, si se toma en consideración para calcular la pensión de un trabajador a tiempo completo comparable?

(1) Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES — Anexo: Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial (DO 1998, L 14, p. 9).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 269/13

Recurso interpuesto el 23 de junio de 2017 — Comisión Europea/República Federal de Alemania

(Asunto C-377/17)

(2017/C 269/19)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, agentes)

Demandada: República Federal de Alemania

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15, apartados 1 y 2, letra g), y apartado 3 de la Directiva 2006/123/CE y del artículo 49 TFUE, al haber mantenido honorarios vinculantes para arquitectos e ingenieros con arreglo a lo dispuesto en las HOAI.

— Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.

Motivos y principales alegaciones

Las Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) (Tarifas de honorarios de arquitectos e ingenieros) alemanas contienen un sistema de precios mínimos y máximos para las prestaciones de dichos grupos profesionales. Dicho sistema dificulta el establecimiento de arquitectos e ingenieros que pretenden competir con los profesionales establecidos mediante ofertas que estén fuera del marco de precios permitido. Se impide a dichos profesionales prestar servicios de la misma calidad por precios inferiores y prestaciones de calidad superior por precios superiores.

Esto constituye una restricción a la libertad de establecimiento, tanto a los efectos del artículo 15, apartados 1 y 2, letra g), y apartado 3, de la Directiva 2006/123/CE, como a los efectos del artículo 49 TFUE.

Dicha restricción no está justificada, en particular, no se justifica por el interés en el mantenimiento de la calidad de las prestaciones, que no guardan relación directa con el precio.
d)

¿Cuál es el plazo de prescripción aplicable a la recuperación de una ayuda ilegal por una autoridad de un Estado miembro? ¿Es dicho plazo de 10 años, transcurrido el cual la ayuda se convierte en ayuda existente de conformidad con los artículos 1 y 15 del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo de la Unión Europea (2) por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, por lo que ya no puede ser recuperada, o es de 4 años, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo de la Unión Europea relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas? ¿Cuál es la base legal para tal recuperación, si la ayuda se concedió de un fondo estructural: el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo de la Unión Europea (3) relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas?