En materia de liquidación de las cuentas relativas a los fondos destinados a la financiación de la política agrícola común, para aplicar una corrección financiera no se exige que se constate una deficiencia significativa en la aplicación de normas explícitas de la Unión. En efecto, es cierto que, conforme a las directrices en materia de correcciones financieras a tanto alzado definidas en el anexo 2 del documento VI/5330/97 de la Comisión, una corrección financiera a tanto alzado requiere que exista una deficiencia significativa en la aplicación de normas explícitas de la Unión. No obstante, la definición jurisprudencial de la carga de la prueba en relación con la existencia de una infracción de las normas de la organización común de los mercados agrícolas no se ve afectada por el requisito que establece el documento VI/5330/97 porque, por una parte, dicho requisito debe interpretarse en su contexto y, por otra, la jurisprudencia ha mantenido tal definición con posterioridad a la adopción del documento VI/5330/97.

Los conceptos de «superficie agraria» y «parcela agraria» en Derecho de la Unión no exigen que una superficie o una parcela tengan una forma específica. En efecto, el artículo 2, letra h), del Reglamento no 73/2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, la noción de «superficie agraria» comprende cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes o cultivos permanentes. En virtud del artículo 2, apartado 1 bis, del Reglamento no 796/2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento no 1782/2003, en su versión modificada por el Reglamento no 972/2007, y en virtud del artículo 2, punto 1, del Reglamento no 1122/2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento no 73/2009 en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento y normas de desarrollo del Reglamento no 1234/2007 en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola, una parcela agrícola se define, en principio, como una superficie de tierra continua.

En materia de liquidación de las cuentas relativas a los fondos destinados a la financiación de la política agrícola común, si bien es cierto que la posibilidad de extrapolar los resultados de un control sobre el terreno no está contemplada ni en el artículo 29 del Reglamento no 796/2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento no 1782/2003, en su versión modificada por el Reglamento no 972/2007, ni en el artículo 33 del Reglamento no 1122/2009 de la Comisión, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento no 73/2009 en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento y normas de desarrollo del Reglamento no 1234/2007 en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola, no es menos cierto que del artículo 23, apartado 1, del Reglamento no 796/2004 y del artículo 26, apartado 1, del Reglamento no 1122/2009 resulta que los controles sobre el terreno deben efectuarse de tal forma que se garantice la comprobación eficaz del cumplimiento de las condiciones de concesión de las ayudas y de los requisitos y normas aplicables en relación con la condicionalidad. Por consiguiente, la Comisión puede considerar que es posible alcanzar un resultado fiable y representativo de los controles sobre el terreno extrapolando los resultados de la muestra al resto de la población. En efecto, al efectuar tal extrapolación es posible obtener un resultado fiable y representativo de los controles sobre el terreno relativo a la totalidad de las parcelas en cuestión y no sólo a las efectivamente controladas. La extrapolación constituye el corolario de la posibilidad de simplificar los controles sobre el terreno limitándolos a una muestra del 50 % de las parcelas agrícolas.

Por otra parte, la extrapolación de un error constatado no viola el principio de contradicción ni vulnera el derecho a ser oído del agricultor afectado. En efecto, la decisión final y definitiva en materia de liquidación de cuentas se adopta al término de un procedimiento contradictorio específico, en el que los Estados miembros afectados disponen de todas las garantías necesarias para exponer su punto de vista. Así pues, el procedimiento de liquidación de cuentas es un procedimiento incoado contra el Estado miembro y no contra el agricultor afectado, al que no le asiste el derecho a ser oído en él. Además, procede hacer constar que al extrapolar los resultados del muestreo al resto de la población no se identifica en concreto ninguna parcela agrícola como no subvencionable. También debe señalarse que tal extrapolación sirve para reducir cargas y gastos administrativos, dado que puede garantizarse un resultado fiable de los controles sobre el terreno teniendo en cuenta el objetivo de simplificación de estos controles establecido en el considerando 44 del Reglamento no 1122/2009.

(véanse los apartados 41 a 43)