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El Gobierno italiano reconoce no haber cumplido sus obligaciones, pero hace notar que se trata de un problema complejo, que implica una modificación del Código Civil. Alega que se encuentra en una fase avanzada de estudio un proyecto de medidas legislativas para la aplicación de la Directiva en cuestión y que espera que tal proyecto podrá ser adoptado en un plazo razonable. En la vista, ha señalado que los plazos no serán muy largos, pero que no podía darse por segura la fecha de resolución definitiva del problema.
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Respecto al argumento que pretende que, si no existiera la obligación discutida, las autoridades sanitarias no podrían proceder a la retirada de lotes que río se ajustaran a las exigencias a que se condiciona la autorización de comercialización, es oportuno destacar que también carece de fundamento. En efecto: las autoridades de los Estados miembros son competentes, en cumplimiento de la Directiva 65/65, ya citada, para no conceder la autorización de comercialización más que a los medicamentos que tengan una fórmula bien determinada, y rehusar, suspender o retirar dicha autorización cuando resulte que el medicamento es perjudicial en las condiciones normales de empleo, que no produce efecto terapéutico o que no tiene la composición cualitativa o cuantitativa declaradas. Según los artículos 30 y 33 de la Directiva 75/319, ya citada, los Estados miembros deben en todo caso intercambiar las informaciones oportunas para asegurar el respeto a las exigencias prescritas en la autorización de comercialización, así como todos los datos que sean útiles acerca de las condiciones de concesión, denegación o retirada de la autorización de comercialización.
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1. Política comercial común - Defensa contra las subvenciones por parte de Estados terceros - Facultad de apreciación de la Comisión - Límites del control jurisdiccional al alcance de las empresas cuya solicitud de medidas de defensa haya sido desestimada

(Reglamento nº 2176/84 del Consejo)

2. Política comercial común - Defensa contra las subvenciones por parte de Estados terceros - Subvención - Concepto - Ventajas económicas a cargo del Tesoro Público

(Reglamento nº 2176/84 del Consejo, art. 3)

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1. A pesar de que el Reglamento nº 2176/84 confiere, en materia de adopción de medidas de defensa contra las subvenciones por parte de Estados terceros, una facultad discrecional a la Comisión, compete al Tribunal de Justicia comprobar si ésta ha respetado las garantías procesales que las disposiciones comunitarias en cuestión conceden a quienes presentan la queja, si no ha incurrido en errores manifiestos en la apreciación de los hechos o si ha prescindido de datos sustanciales que permitirían presumir la existencia de una subvención o si en su motivación ha incurrido en desviación de poder.

2. El concepto de subvención a que se refiere el artículo 3 del Reglamento nº 2176/84 no está expresamente definido ni en este Reglamento ni en otras disposiciones de la Comunidad. No obstante, en el anexo de dicho Reglamento hay una "lista ilustrativa" de subvenciones a la exportación, a la que hace referencia el apartado 2 de su artículo 3. Según el último párrafo de esta lista, "cualquier otra carga para el Tesoro Público" constituye una subvención a la exportación en el sentido del artículo XVI del GATT. Según los términos de dicha disposición general y los demás ejemplos mencionados en la lista, el concepto de subvención a la exportación constituye necesariamente, para el legislador comunitario, una carga financiera que recae directa o indirectamente sobre organismos públicos. Además, se deduce del apartado 3 del artículo 3 de dicho Reglamento, que excluye expresamente del concepto de subvención la exención de las mercancías de determinados gravámenes e impuestos con ocasión de su exportación, que el concepto de carga comprende no sólo el supuesto en que el Estado efectúa una entrega de fondos, sino también aquél en que renuncia al cobro de unos créditos fiscales, estableciendo así una excepción a una norma tributaria generalmente aplicable.

El concepto de subvención así entendido en el sentido de que presupone la concesión de una ventaja económica mediante una carga para el Tesoro Público no se contradice con las obligaciones de la Comunidad que se derivan del Derecho internacional, entre ellas, principalmente, el GATT y los acuerdos celebrados en su seno.
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Agricultura - Organización común de mercados - Cereales - Puesta a la venta por un organismo de intervención de cereales destinados a la alimentación animal - Operación de coloración - Reembolso de los gastos - Régimen a tanto alzado - Ilegalidad

((Reglamentos del Consejo nº 1883/78, art. 6, y nº 3247/81, letras c) y d) del punto I.1 del Anexo I; Reglamento de la Comisión nº 2794/83, art. 5)).

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Los gastos vinculados a la operación de coloración de los cereales destinados a la alimentación animal puestos a la venta por un organismo nacional de intervención en aplicación del Reglamento nº 2794/83 no pueden ser reembolsados por el FEOGA mediante cantidades a tanto alzado. En efecto, dicha operación no puede considerarse como una salida de almacén ni como una transformación en el sentido del artículo 6 del Reglamento nº 1883/78, tal como se especifica en el punto I.1 del Anexo I del Reglamento nº 3247/81, al no constituir una de las operaciones materiales para las que dicho artículo prevé tal régimen de reembolso, debiendo procederse, por consiguiente, a un reembolso íntegro.
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1. Libre circulación de personas - Excepciones - Empleos en la Administración pública - Concepto - Investigadores

(Tratado CEE, art. 48, apartado 4)

2. Libre circulación de personas - Excepciones - Empleos en la Administración pública - Admisión únicamente de nacionales en los empleos que suponen el ejercicio del poder público y la salvaguardia de los intereses generales del Estado - Licitud - Exclusión de los nacionales de los demás Estados miembros de la generalidad de los empleos del sector público - Licitud

(Tratado CEE, art. 48, apartado 4)

3. Libre circulación de personas - Excepciones - Empleos en la Administración pública - Renuncia por un Estado miembro al beneficio de la excepción - Consecuencias - Prohibición de discriminación

(Tratado CEE, art. 48, apartados 2 y 4; Reglamento nº 1612/68 del Consejo, art. 7, apartados 1 y 4)

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1. Dado que no implican el ejercicio de prerrogativas del poder público o la responsabilidad de la salvaguardia de los intereses generales del Estado, los empleos de investigador en el Consejo nacional de la investigación de un Estado miembro no constituyen empleos en la Administración pública en el sentido del apartado 4 del artículo 48 del Tratado.

2. El Derecho comunitario no prohíbe a un Estado miembro reservar a sus nacionales, dentro de una carrera del sector público, las funciones que suponen el ejercicio del poder público o la defensa de los intereses generales del Estado. Pero la posibilidad de una exclusión de los nacionales de los demás Estados miembros del beneficio de determinadas promociones o de determinados traslados no puede tener como efecto excluir, de manera general, el acceso a empleos que no dependan de la Administración pública en el sentido del apartado 4 del artículo 48 del Tratado.

3. Desde el momento en que un Estado miembro admite a nacionales de otros Estados miembros para ocupar empleos en la Administración pública, en el sentido del apartado 4 del artículo 48 del Tratado, a estos nacionales no se les puede aplicar un trato discriminatorio en materia de retribución o de otras condiciones de trabajo, pues ello implica la infracción del apartado 2 del mismo artículo y de los apartados 1 y 4 del artículo 7 del Reglamento nº 1612/68.
La Comisión contesta que, según el Reglamento no 27 de la Comisión de 6 de febrero de 1962 (DO 1962, p. 1118, EE 08/01, p. 31), en este caso no era necesaria una nueva notificación, pues se trataba de renovar una exceptuación, con arreglo al apartado 3 del artículo 85, que había expirado. La notificación original del sistema SABA comprendía las ulteriores modificaciones y cambios, que hubieran sido comunicados debidamente a la Comisión. En tal caso, el apartado 2 del artículo 8, del Reglamento no 17 sólo exige que la empresa presente una solicitud. Aunque se demuestre que las alegaciones de Metro son correctas, éstas no pueden menoscabar la competencia de la Comisión para exceptuar al sistema de distribución SABA notificado, sino que tan sólo podrían justificar la revocación de la exceptuación concedida a SABA, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento no 17.

En su duplica, la Comisión sostiene que la notificación contemplada en el Reglamento no 17 equivale sencillamente a una solicitud de exceptuación y fija un límite de tiempo que la exceptuación retroactiva normalmente no puede exceder. Una vez notificado un acuerdo, basta la mera notificación a la Comisión de las modificaciones ulteriores; no es necesaria notificación formal para cumplir la obligación de exactitud y exhaustividad, cuyas infracciones están sancionadas en la letra a) del apartado 1 del artículo 15 del Reglamento no 17.
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La circunstancia de que el Reglamento no 2358/71, en contra de las disposiciones del régimen de ayuda en el sector de los alimentos para animales, no condicione expresamente la ayuda a la utilización final de los productos en cuestión, no puede llevar a una conclusión diferente. Los productos utilizados efectivamente en la fabricación de alimentos para animales no están contemplados por el Reglamento no 2358/71, que, según resulta de su segundo considerando, tiene por objeto la estabilidad del mercado de las semillas y no el fomento de la producción de alimentos para animales. Además, los guisantes, habas y haboncillos que satisfacen los criterios establecidos para ser considerados como «semillas de base» o como «semillas certificadas», pierden su calificación de «semillas», en el sentido del Reglamento no 2358/71, si son utilizados en la fabricación de alimentos para animales. El hecho de que los productos en cuestión, en un momento dado, fueran destinados a la siembra, carece de importancia desde el momento en que fueron transformados en alimentos para animales y no fueron utilizados realmente para la siembra.
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La Comisión considera que las particularidades de la función pública francesa (principio de unidad, régimen estatutario, etc.) no justifican una solución distinta; estas particularidades no obstaculizan el nombramiento de nacionales de otros Estados miembros en empleos permanentes de enfermero o enfermera. Reconoce la Comisión que, sin embargo, un extranjero nombrado titular con carácter permanente de uno de estos empleos no podrá ser promovido posteriormente a un empleo en la administración pública, en el sentido que da a ésta el Tratado, ya que en tal caso se cuestionaría el principio de la carrera administrativa. Señala, no obstante, que impedir el acceso a los empleos permanentes de los que se trata en el caso de autos a los nacionales del resto de los Estados miembros, a causa de que estos ciudadanos no podrían ser promovidos posteriormente a determinados puestos, acabaría creando una discriminación aún más grave en detrimento suyo.
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Tal y como resulta de la resolución de remisión y del expediente de este asunto, el acusado en el asunto principal aumentó, en 1982, en su bodega de Kitzingen (zona vitícola A), con mosto de uvas concentrado, producido a partir de uva recolectada en Italia (zona vitícola C II según el artículo 32, apartado 1, párrafo 2, del Reglamento n° 337/79), el grado alcohólico natural de 1659 litros de «Federweißer», elevando así su graduación alcohólico-volumétrica. El «Federweißer», vendido normalmente en Alemania bajo esta denominación, es un mosto de uvas parcialmente fermentado, despachado generalmente al consumidor final en recipientes no sellados y para consumo inmediato; a falta de consumo inmediato, siguiendo el proceso de fermentación, el «Federweißer» se transforma, primero, en vino joven y, después, en vino de mesa o en vino apto para la obtención de vino de mesa en el sentido del artículo 36, apartado 1, párrafo 1, del Reglamento n° 337/79. En sí mismo no es, pues, un vino.
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Contestando a una pregunta del Tribunal, la demandante ha precisado que no pretende hacer una distinción entre la partida «equipo no duradero» del artículo primero, apartado 1, no 1, del contrato y la partida «gastos de material», prevista en el mismo apartado, bajo el no 3. La disposición del artículo 5, apartado 3, del contrato constituye una reglamentación concreta en relación al artículo primero, apartado 1, en su totalidad y por tanto no tiene la menor importancia saber si hay que clasificar a los gastos de arrendamiento financiero en la categoría de gastos de material o en la de equipo no duradero.
En efecto, sería incompatible con el carácter obligatorio que el artículo 189 del Tratado reconoce a la directiva excluir, en principio, que la obligación impuesta por ella pueda ser invocada por las personas afectadas. En consecuencia, el Estado miembro que no ha tomado, en los plazos previstos, las medidas de ejecución impuestas por la directiva no puede oponer frente a los particulares el incumplimiento, por el propio Estado, de las obligaciones que la directiva lleva implícitas. En este aspecto, no tiene importancia el carácter con que actúe el Estado, como empresario o como autoridad pública. En uno y otro caso, conviene en efecto evitar que el Estado pueda aprovecharse de hacer caso omiso del Derecho comunitario.

Según el artículo 189 del Tratado, el carácter obligatorio de una directiva, en el que se basa la posibilidad de invocarla ante un órgano jurisdiccional nacional, no existe más que para «todo Estado miembro destinatario». De ello se sigue que una directiva no puede crear por sí misma obligaciones para un particular y que una disposición de una Directiva, por lo tanto, no puede ser invocada, como tal, frente a un particular.
La aplicación práctica del sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, establecido por la Sexta Directiva, ha dado lugar a fenómenos de doble imposición en el comercio intracomunitário. Si bien la creación de un régimen de perfecta neutralidad sobre la competencia que, eventualmente, en caso de entrega de un bien por una persona que no tiene la condición de sujeto pasivo a un particular domiciliado en otro Estado miembro, implique la desgravación completa a la exportación, corresponde al legislador comunitario, el artículo 95 del Tratado impide, mientras no se haya instaurado este régimen, que un Estado miembro de importación aplique su régimen del impuesto sobre el valor añadido a los productos importados de manera que contradiga los principios de esta disposición. De ello se deduce que, a la espera de una solución de carácter legislativo, la percepción del IVA a la importación debe tener en cuenta la incidencia del artículo 95. En estas circunstancias, corresponde al Tribunal de Justicia establecer las directrices que sean compatibles con esta norma, acordes con el sistema general de la Sexta Directiva y suficientemente sencillas para poder ser aplicadas de manera uniforme en todos los Estados miembros.

El Impuesto sobre el Valor Añadido percibido por un Estado miembro con ocasión de la importación de un bien entregado por una persona que no tiene la condición de sujeto pasivo, procedente de otro Estado miembro, cuando no se percibe dicho Impuesto con ocasión de la entrega de productos similares efectuada por un particular en el interior del Estado miembro de importación, debe calcularse teniendo en cuenta el importe de la cuota del impuesto pagado en el Estado miembro de exportación que permanece incorporado al valor del producto en el momento de su importación, de tal forma que dicha cuota no forme parte de la base imponible y, además, se deduzca del impuesto devengado a la importación.

El importe de la cuota del impuesto pagado en el Estado miembro de exportación, que permanece incorporada al valor del producto en el momento de su importación equivale:

— en caso de depreciación del valor del producto entre el momento de la última percepción del impuesto en el Estado miembro de exportación y el de importación, a la cuota del impuesto efectivamente pagado en el Estado miembro de exportación, disminuido en proporción al porcentaje de dicha depreciación,
2.

El Comité Económico y Social, en su escrito de contestación, opone los siguientes motivos y alegaciones: a) En cuanto a la infracción del artículo 65, apartado 1, del Estatuto, que alegan los demandantes, sostiene que, en efecto, este artículo determina en qué condiciones procede el propio Consejo, sobre la base de una propuesta de la Comisión y en el marco del método aprobado en 1976 para su aplicación, al examen del nivel de retribuciones de los funcionarios y otros agentes comunitarios y decide eventualmente su actualización. El Comité Económico y Social sostiene que ni las disposiciones estatutarias, ni las decisiones complementarias de aplicación, ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia prevén un ajuste automático de los haberes o la necesidad de aumentarlos paralelamente a los haberes de los funcionarios nacionales y que el Consejo dispone de una reconocida facultad de apreciación en la materia. Según el Comité Económico y Social, corresponde asimismo al Consejo decidir si es conveniente corregir las nuevas propuestas de la Comisión, que no hizo mención a intereses de demora, como tampoco lo hizo el Tribunal de Justicia en su sentencia de 6 de octubre de 1982, para tener en cuenta todos los elementos del expediente y, en particular, para compensar la eventual depreciación monetaria en la medida en que el mismo sistema no prevé los intereses de demora. Estima que, en aplicación del artículo 65, apartado 1, el Consejo indudablemente adoptó su decisión con pleno conocimiento de la situación y que corresponde a los demandantes demostrar que el Reglamento (CEE) n° 3139/82 es ilegal; ahora bien, como la legalidad de este último no ha sido impugnada, el Comité Económico y Social estima que no se puede, en consecuencia, pretender que las hojas de haberes con los atrasos, por no acompañar intereses de demora, sean nulas en base al artículo 65, apartado 1. Considera que, en lo que a él respecta, el artículo 65, apartado 1, no le impone —y en su caso, teniendo en cuenta su tenor y el de las disposiciones de aplicación, no le permite— incrementar los atrasos de haberes que son objeto del Reglamento (CEE) n° 3139/82, aumentando por su propia iniciativa, unilateralmente, el poder adquisitivo de sus funcionarios. Sostiene, en consecuencia, que al establecer las hojas de atrasos de haberes, en aplicación de un acto normativo del Consejo, no infringió el artículo 65, apartado 1, del Estatuto. b) En cuanto al motivo de la infracción del artículo 62, apartado 2, del Estatuto, que establece que los funcionarios no pueden renunciar a su derecho a la retribución, el Comité Económico y Social sostiene que no se puede pretender que decidiera el pago de la retribución de los funcionarios ni que redujera su importe por cuanto actuó de conformidad con las disposiciones en vigor y, en particular, con el cuadro de sueldos fijado por el Reglamento (CEE) n° 3139/82, y que por analogía a lo ya expresado con respecto al primer motivo, el artículo 62, apartado 2, del Estatuto no atañe a la cuestión de los intereses de demora.
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Debe admitirse que los Estados miembros pueden dejar, en primer lugar, que los interlocutores sociales apliquen el principio de igualdad de retribución. Sin embargo, esta facultad no los exime de la obligación de garantizar, mediante las aprobadas medidas legales, reglamentarias o administrativas, que todos los trabajadores de la Comunidad puedan beneficiarse en toda su extensión de la protección prevista por la Directiva. La garantía estatal debe cubrir todos los casos en que no exista otra protección efectiva, cualquiera que sea la causa de dicha inexistencia, y, especialmente, cuando los trabajadores de que se trata no forman parte de un sindicato, cuando el respectivo sector no está regulado por un convenio colectivo, o cuando dicho convenio no garantiza el principio de igualdad de retribución en toda su extensión.
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Según el apartado 1 del artículo 5, se considerarán como «suficientes», entre otras, «b) las elaboraciones o transformaciones especificadas en la lista B». Dicha lista, que forma el Anexo III del Protocolo, contiene, al inicio de su tercera columna, una «norma» relativa, entre otras, a los bolígrafos del capítulo arancelario 98.03. Esta norma, tal como ha sido reformulada y completada poiła Decisión n° 3/74 del Comité mixto, de 31 de octubre de 1974, puesta en vigor en la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) n° 3288/74 del Consejo, de 2 de diciembre de 1974 (DO L 352, p. 31), indica lo siguiente: «la incorporación de productos, partes y piezas sueltas, no originarios [...] a los productos [de la partida] [...] n° 98.03 no priva a tales productos del carácter de productos originarios, siempre que el valor de estos productos, partes y piezas no exceda del 5 % del valor del producto acabado».
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Del artículo 21, tomado en su conjunto, cabe inferir que la obligación de un órgano jurisdiccional de inhibirse en favor de otro Tribunal sólo se produce si se demuestra que se ha formulado definitivamente una demanda ante un órgano jurisdiccional de otro Estado que tenga el mismo objeto e implique a las mismas partes. Por lo demás, el artículo 21 no da indicación alguna sobre la naturaleza de las formalidades procesales que deben tomarse en consideración para reconocer la existencia de tal efecto; en particular, no da indicaciones sobre si la litispendencia resulta de la presentación de una demanda ante un Tribunal o de la comunicación o notificación de dicha demanda a la parte interesada.
No forman parte del objeto específico de la patente y son incompatibles con el artículo 85, apartado 1, del Tratado, en la medida en que son restrictivas de la competencia, las siguientes cláusulas que figuran en los contratos de cesión de licencia sobre patentes: un control de calidad reservado al cedente y que se extiende a un producto no cubierto por la patente o que no se basa en prescripciones fijadas de antemano y objetivas, la obligación impuesta arbitrariamente al cesionario de la licencia (licenciatario) de no vender el producto objeto de la patente si no es junto con un producto ajeno a la patente, un sistema de cálculo de cánones que hace que el cesionario de la licencia no pueda vender por separado un producto no cubierto por la patente, la obligación del cesionario de la licencia de colocar menciones relativas a la patente en un producto no cubierto por ésta, una cláusula de no impugnación de las marcas y patentes del cedente, la prohibición impuesta al cesionario de la licencia de fabricar el producto bajo patente en un país donde no está protegido por una patente.
La disposición del Derecho de un Estado miembro conforme a la cual un empresario no debe publicar ofertas de empleo que no sean neutras desde el punto de vista del sexo de los trabajadores no constituye la ejecución de una obligación impuesta por la Directiva 76/207, sino una acción legislativa autónoma destinada a aplicar el principio de igualdad de trato. Por tanto, el hecho de no conferirle un carácter imperativo no puede constituir un incumplimiento de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por la Directiva.
Si bien es cierto que las normas sobre la competencia contenidas en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado se refieren al comportamiento de las empresas y no a las medidas legislativas o reglamentarias de los Estados miembros, éstos estarán obligados sin embargo, con arreglo al párrafo segundo del artículo 5 del Tratado, a no obstaculizar mediante su legislación nacional la aplicación plenay uniforme del Derecho comunitario y el efecto de los actos de ejecución de éste y a no adoptar o mantener en vigor medidas, ni siquiera de carácter legislativo o reglamentario, que puedan privar de eficacia a las normas sobre la competencia aplicables a las empresas.