Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales Requisitos de admisibilidad Admisibilidad del recurso principal Recurso de anulación de una decisión de la Comisión por la que se incoa un procedimiento de investigación formal de una ayuda en fase de ejecución Decisión que produce efectos jurídicos Recurso principal que no resulta inadmisible prima facie

(Arts. 88 CE, ap. 2, 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

2. Ayudas otorgadas por los Estados Decisión de la Comisión por la que se incoa un procedimiento de investigación formal de una ayuda en fase de ejecución Decisión que puede ser objeto de un recurso de anulación y de una demanda de medidas provisionales Control jurisdiccional Necesidad de demostrar un error manifiesto de apreciación

(Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales Suspensión de la ejecución Medidas provisionales Requisitos para su concesión Urgencia Criterios de apreciación Decisión de pronunciarse sobre el fondo mediante un procedimiento acelerado con arreglo al artículo 76 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia Irrelevancia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 76 bis y 104, ap. 2)

4. Procedimiento sobre medidas provisionales Suspensión de la ejecución Medidas provisionales Requisitos para su concesión Perjuicio grave e irreparable Carga de la prueba Realización del perjuicio que depende de acontecimientos futuros e inciertos

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

5. Procedimiento sobre medidas provisionales Suspensión de la ejecución Medidas provisionales Requisitos para su concesión Ponderación de todos los intereses contrapuestos Decisión de la Comisión por la que se incoa un procedimiento de investigación formal de una ayuda Circunstancias excepcionales que deben concurrir para justificar la concesión de medidas provisionales

[Arts. 88 CE, ap. 2, 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo]

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1. Una decisión adoptada por la Comisión al objeto de iniciar un procedimiento de investigación formal con respecto a una medida de ayuda que se esté ejecutando produce efectos jurídicos específicos y puede, por ello, ser impugnada de manera inmediata ante el Juez comunitario, sin que sea necesario esperar a que, tras dicho procedimiento, se adopte una decisión final. Una parte interesada, que interponga un recurso de este tipo, puede solicitar al Juez de medidas provisionales la adopción de tales medidas.

( véase el apartado 59 )

2. Una decisión de la Comisión de incoar un procedimiento de investigación formal con respecto a una medida de ayuda estatal, que haya sido ejecutada y que el Estado miembro interesado desee seguir aplicando hasta que la Comisión adopte una decisión final, puede siempre ser impugnada ante el Juez comunitario y ser objeto de una demanda de medidas provisionales, incluso si no contiene un requerimiento de suspensión. Sin embargo, el control que ha de ejercer el Juez comunitario en el marco de un recurso de este tipo debe tener límites precisos, para garantizar que no se impida a la Comisión el ejercicio del «control preventivo» previsto por el Tratado. La conveniencia de tales límites resulta más evidente aún si se tiene en cuenta que la Comisión no dispone de ninguna facultad discrecional respecto de la incoación de un procedimiento de investigación formal por encontrar serias dificultades para calificar una medida estatal y para apreciar su compatibilidad con el mercado común.

Habida cuenta del margen de apreciación de que debe disponer la Comisión por lo que respecta a la apreciación provisional de los hechos y de los elementos de Derecho nacional pertinentes, parece que el demandante debe demostrar la existencia de un error manifiesto de apreciación para obtener eventualmente la anulación de una decisión en la que se declare que existen serias dudas acerca de si una medida estatal no constituye una ayuda existente, sino una ayuda nueva.

( véanse los apartados 76, 77 y 79 )

3. El mero hecho de que el Tribunal de Primera Instancia decidiera, a instancias de la Comisión, pronunciarse sobre el fondo mediante un procedimiento acelerado no puede influir en la apreciación de la urgencia ni, en su caso, en la ponderación por el Juez de medidas provisionales de los intereses afectados. Los criterios pertinentes para determinar la existencia de la «urgencia particular» que el artículo 76 bis, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia exige para que se sustancie el procedimiento acelerado sólo coinciden parcialmente con los que rigen la apreciación del requisito de urgencia que debe verificarse para que el Juez de medidas provisionales adopte tales medidas.

( véase el apartado 94 )

4. La urgencia de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en función de la necesidad de pronunciarse con carácter provisional para evitar que se ocasione un perjuicio grave e irreparable a la parte que solicita la medida provisional.

Corresponde a la parte que invoque un daño grave e irreparable demostrar su existencia. La inminencia del perjuicio no debe demostrarse con una certeza absoluta, sino que basta, especialmente cuando la realización del perjuicio dependa de la concurrencia de un conjunto de factores, con que pueda preverse con un grado de probabilidad suficiente.

Un perjuicio de carácter meramente hipotético, al basarse en el acaecimiento de sucesos futuros e inciertos, no puede justificar la concesión de medidas provisionales.

( véanse los apartados 95, 96 y 101 )

5. El mero hecho de que una decisión de la Comisión por la que se incoa un procedimiento de investigación formal de una ayuda pueda suscitar dudas acerca de la legalidad de que se continúe ejecutando una medida estatal no notificada no basta para justificar que se ponderen los intereses en detrimento del mantenimiento en vigor de dicha decisión.

El interés comunitario que guía a la Comisión en el ejercicio de su tarea primordial, impuesta por el artículo 88 CE, de velar por que el mercado común no se vea falseado por ayudas no notificadas y/o incompatibles con dicho mercado debería, salvo en circunstancias verdaderamente excepcionales, prevalecer, en la fase de adopción de una decisión por la que se incoa un procedimiento de investigación formal, sobre el interés de un Estado miembro en obtener una resolución judicial transitoria que impida a la Comisión examinar, con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2, y al Reglamento nº 659/1999, si una medida concreta constituye una ayuda nueva y, en su caso, una ayuda incompatible.

Es difícil concebir circunstancias que justifiquen, a falta de un fumus boni iuris especialmente convincente y de una urgencia manifiesta, que el Juez de medidas provisionales suspenda una decisión que se limita a incoar un procedimiento de investigación formal con respecto a una medida estatal no notificada que ya haya sido ejecutada.

( véanse los apartados 109, 110 y 115 )