AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 24 de marzo de 1998

Asunto T-232/97

Micheline Becret-Danieau y otros

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Recurso de anulación — Hojas de haberes — Admisibilidad — Plazos — Hecho nuevo y sustancial — Caducidad»

Texto completo en lengua francesa II-495

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de las decisiones explícitas de desestimación de las peticiones de los demandantes por las que se solicita la devolución de las cantidades deducidas del importe de su asignación familiar, de conformidad con el apartado 2 del artículo 67 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, en concepto de la prima familiar percibida por su cónyuge, y, en la medida necesaria, la anulación de las decisiones de 15, 21 de mayo, 16 y 17 de julio de 1997 por las que se desestiman explícitamente sus reclamaciones.

Resultado:

Desestimación.

Resumen del auto

En el párrafo tercero del artículo 62 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto) se prevé que la retribución de los funcionarios de las Comunidades Europeas comprenderá, entre otras cosas, los complementos familiares. En virtud del apartado 1 del artículo 67 del Estatuto, los complementos familiares comprenden, en particular, la asignación familiar. Según el apartado 2 de dicho artículo, «[l]os funcionarios beneficiarios de los complementos familiares [...] estarán obligados a declarar los complementos del mismo tipo que perciban de otras fuentes». Se especifica que estos últimos complementos se deducirán de los que se paguen en virtud del Estatuto.

De conformidad con la norma, antes citada, del apartado 2 del artículo 67 del Estatuto, en la que se prohibe la acumulación, hasta junio de 1996, el Parlamento Europeo dedujo de la asignación familiar a que tenían derecho, con arreglo al Estatuto, cada uno los ocho demandantes, la prima familiar percibida por sus cónyuges en virtud de un convenio colectivo o de la legislación vigente en los ramos de actividad de que se trata. De igual modo, el Tribunal de Cuentas, a cuyo servicio se encuentra la novena demandante, deduce de la asignación familiar el complemento familiar concedido al cónyuge de aquélla, funcionario de la Administración territorial francesa, con arreglo a la legislación social francesa.

Mediante sentencia de 11 de junio de 1996, Pavan/Parlamento (T-147/95, RecFP p. II-861; sentencia Pavan), el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que la prima familiar concedida, en virtud del convenio colectivo laboral, a los empleados de cervecerías de Luxemburgo no es una «asignación de la misma naturaleza» que la asignación familiar a efectos del apartado 2 del artículo 67 del Estatuto. Mediante escritos de 2 de julio de 1996, la parte demandada, actuando de modo concertado con las demás Instituciones comunitarias domiciliadas en Luxemburgo, comunicó a las demandantes de que se trata que, de conformidad con la sentencia Pavan y a la vista de los requisitos para la concesión de la prima familiar prevista en cada uno de los convenios colectivos vigentes en los correspondientes ramos de actividad, había comprobado «que no cabe ya considerar que esta prima tenga la misma naturaleza que la asignación familiar» y que, por tanto, había decidido no volver a deducir, a partir del 1 de julio de 1996, dicha prima del importe de su asignación familiar. El 10 de enero de 1997, la quinta demandante recibió un escrito de tenor similar.

Entre el 6 de agosto y el 13 de diciembre de 1996, los demandantes, a excepción de la novena demandante, presentaron, con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, peticiones de idéntico tenor ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), en las que solicitaban la devolución de todas las cantidades deducidas, en virtud de la norma que prohibe la acumulación, del importe de su asignación familiar, más los intereses de demora. La novena demandante presentó una petición análoga ante eí Tribunal de Cuentas.

La parte demandada desestimó explícitamente estas peticiones, mediante decisiones notificadas entre el 5 de septiembre de 1996 y el 10 de enero de 1997. Asimismo, en diciembre de 1996 se desestimó, mediante decisión del Tribunal de Cuentas, la petición de la novena demandante.

Entre el 17 de enero y el 27 de marzo de 1997, cada uno de los demandantes, incluida la novena demandante, presentó ante la AFPN de la parte demandada una reclamación contra la decisión mediante la que se desestimó explícitamente su petición. Estas reclamaciones se desestimaron explícitamente por medio de las decisiones de 15 de mayo de 1997, salvo las reclamaciones de los demandantes séptimo, noveno y décimo que se desestimaron explícitamente por medio de las decisiones de 21 de mayo, 16 y 17 de julio de 1997 respectivamente. El motivo esencial invocado en apoyo de estas decisiones era que las demandantes no habían impugnado en los plazos estatutarios los actos lesivos, a saber, las hojas de haberes en las que se habían efectuado las deducciones controvertidas, y que la presentación de una petición de devolución retroactiva con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto no bastaba para iniciar de nuevo el plazo de reclamación.

Sobre la admisibilidad

En el sistema de medios de impugnación establecido en los artículos 90 y 91 del Estatuto, un recurso de indemnización, que constituye un cauce procesal autónomo en relación con el recurso de anulación, sólo se puede admitir si ha tenido lugar un procedimiento administrativo previo, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Este procedimiento varía según que el perjuicio cuya reparación se solicita haya sido ocasionado por un acto lesivo a efectos del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto o por un comportamiento de la Administración carente de carácter decisorio. En el primer supuesto corresponde al interesado presentar ante la AFPN, dentro de los plazos señalados, una reclamación contra el acto controvertido. En cambio, en el segundo supuesto el procedimiento administrativo debe comenzar mediante la presentación de una petición destinada a obtener una reparación y continuar, en su caso, mediante una reclamación contra la decisión desestimatoria de la petición (apartados 28 y 29).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de febrero de 1992, Marcato/Comisión(T-64/91, Rec. p. II-243), apartados 30 a 35; Tribunal de Primera Instancia, 28 de junio de 1996, Y/Tribunal de Justicia (T-500/93, RecFP p. II-977), apartados 64 a 66; Tribunal de Primera Instancia, 6 de noviembre de 1997, Liao/Consejo(T-15/96, RecFPp. II-897), apartados 57 y 58

El daño cuya reparación se solicita se deriva de que, hasta junio de 1996, la AFPN deducía, en las hojas mensuales de haberes de los demandantes, las asignaciones nacionales controvertidas del importe de la asignación familiar a que tienen derecho los demandantes. Las hojas de haberes son los actos lesivos y pueden constituir el objeto de una reclamación y, eventualmente, de un recurso. La entrega de la hoja mensual de haberes tiene por efecto hacer correr los plazos del recurso contra una decisión administrativa, cuando de dicha hoja se desprende claramente la existencia y alcance de dicha decisión. Así ocurre con la hoja de haberes en la que se comunica al funcionario de que se trata una deducción efectuada de conformidad con el apartado 2 del artículo 67 del Estatuto, basándose en datos que él mismo facilitó a la AFPN (apartados 30 a 33).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de febrero de 1974, Schots-Kortner y otros/Consejo, Comisión y Parlamento (asuntos acumulados 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 y 135/73 a 137/73, Rec. p. 177), apartado 18; Tribunal de Justicia, 4 de julio de 1985, Alio/Comisión (176/83, Rec. p. 2155), apartado 13; Tribunal de Justicia, 22 de septiembre de 1988, Canters/Comisión (159/86, Rec. p. 4859), apartado 6; Tribunal de Justicia, 27 de junio de 1989, Giordani/Comisión (200/87, Rec. p. 1877), apartado 13; Tribunal de Primera Instancia, 1 de octubre de 1992, Schavoir/Consejo(T-7/91, Rec. p. II-2307), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 22 de junio de 1994, Di Marzio y Lebedef/Comisión (asuntos acumulados T-98/92 y T-99/92, RecFP p. II-541), apartado 24; Tribunal de Primera Instancia, 29 de enero de 1997, Adriaenssens y otros/Comisión (T-7/94, RecFP p. II-1), apartado 29

En el presente asunto, ha prescrito la posibilidad de que los demandantes impugnen las hojas de haberes de las que se desprende la realización de las deducciones controvertidas, puesto que no lo hicieron en los plazos estatutarios (apartado 37).

Además, la facultad de presentar una petición a efectos del apartado 1 del artículo 90 del Estatuto no permite que el funcionario, cuestionando indirectamente, mediante una petición, una decisión anterior que no se había impugnado dentro de plazo, prescinda de los plazos previstos en los artículos 90 y 91 para la interposición de la reclamación y el recurso. Los plazos para interponer recurso son de orden público y no son disponibles por el Juez ni por las partes. Sólo la existencia de hechos nuevos y sustanciales puede justificar la presentación de una petición o de una reclamación en la que se solicite revisar una decisión no impugnada dentro de plazo, y se considera que una sentencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia que anula un acto, sólo puede constituir un hecho de ese tipo frente a las personas afectadas directamente por el acto anulado (apartados 38 a 43).

Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de junio de 1965, Müller/Consejos CEE, CEEA y CECA (43/64, Rec. pp. 499y ss., especialmentep. 515); conclusionesdel Abogado General Sr. Gand en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1965, Loebiscb y otros/Consejos CEE, CEEA y CECA (asuntos acumulados 50/64, 51/64, 53/64, 54/64 y 57/64, Rec. pp. 1015 y ss., especialmente p. 1027); Tribunal de Justicia, 14 de diciembre de 1965, Pfloeschner/Comisión (52/64, Rec. pp. 1211 y ss., especialmente p. 1219); Schots-Kortner y otros/Consejo, Comisión y Parlamento, antes citada, apartado 38; Tribunal de Justicia, 15 de mayo de 1985, Esly/Comisión (127/84, Rec. p. 1437), apartado 10; Tribunal de Justicia, 13 de noviembre de 1986, Becker/Comisión (232/85, Rec. p. 3401), apartado 8; Tribunal de Justicia, 8 de marzo de 1988, Brown/Tribunal de Justicia (125/87, Rec. p. 1619), apartado 13; Tribunal de Justicia, 14 de junio de 1988, Muysersy Tülp/Tribunal de Cuentas (161/87, Rec. p. 3037), apartado 11; Tribunal de Primera Instancia, 15 de diciembre de 1995, Progoulis/Comisión (T-131 /95, RecFP p. II-907), apartado41; Adriaenssens y otros/Comisión, antes citada, apartados 27 y 28; Tribunal de Justicia, 17 de junio de 1997, National Power y PowerGen/Comisión [asuntos acumulados C-151/97 P(I) y C-157/97 P(I), Rec. p. I-3491], apartado73; Tribunal de Primera Instancia, 11 de julio de 1997, Chauvin/Comisión(T-16/97, RecFP p. II-681), apartados 37 y 43

En el presente caso, los demandantes no eran partes en el litigio del asunto Pavan y no alegan haber sido directamente afectados por el acto anulado en dicho asunto. Por tanto, no cabe considerar que la sentencia Pavan es un hecho nuevo y sustancial que puede iniciar de nuevo en su favor el plazo de reclamación (apartado 44).

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso.