ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.

Primer motivo, basado en la incompetencia ratione materiae de la Mesa. — Por un lado, afirma que la decisión de la Mesa del Parlamento de 10 de diciembre de 2018 (en lo sucesivo, «decisión de la Mesa») se tomó infringiendo el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, adoptado mediante decisión del Parlamento Europeo de 28 de septiembre de 2005, 2005/684/CE, Euratom (DO 2005, L 262, p. 1) (en lo sucesivo, «Estatuto»). Considera que la decisión de la Mesa es contraria, en particular, a lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto, que impone el mantenimiento de los «derechos y expectativas de derechos adquiridos». — Por otro lado, a su juicio la decisión de la Mesa establece un tributo, al instaurar una exacción especial del 5 % sobre el importe nominal de la pensión, siendo así que el establecimiento de tributos no forma parte de la competencia de la Mesa con arreglo al artículo 223 TFUE, apartado 2.
2.

Mediante el segundo motivo se alega que la parte demandada incurrió en error al definir a nivel del EEE en lugar de a nivel mundial los mercados tanto de Auto HDG como de acero para envases. Por tanto, la parte demandada malinterpretó los resultados de su investigación de mercado y la valoración de documentos internos que aportaron las partes, y no respetó el procedimiento adecuado ni los principios que presiden el procedimiento equitativo al no efectuar un análisis económico suficiente. Además, se arguye que la Comisión se basó en pruebas no concluyentes y no convincentes para concluir que los flujos de las importaciones no influyen en el precio en el EEE respecto a Auto HDG y acero para envases.
Recurso interpuesto el 9 de agosto de 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

(Asunto T-555/19)

(2019/C 328/77)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Chipre) (representantes: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Fontana Food AB (Tyresö, Suecia)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca controvertida: Solicitud de marca denominativa de la Unión GRILLOUMI — Solicitud de registro n.o15 963 291

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de mayo de 2019 en el asunto R 1355/2018-4

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de la parte recurrente.

Motivos invocados

— Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.
C 280/42

Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2019 — Graanhandel P. van Schelven/Comisión

(Asunto T-306/19)

(2019/C 280/58)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Graanhandel P. van Schelven BV (Nieuwe Tonge, Países Bajos) (representante: C. Almeida, abogada)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el artículo 1, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/446 de la Comisión. (1)

— Condene a la parte demandada a presentar todos los documentos que condujeron a la adopción del Reglamento (UE) 2019/446.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

1. Primer motivo, basado en que la revocación de «Control Union Certifications» (CUC) como organismo certificador de la Unión de productos ecológicos es arbitraria y se basa en hechos falsos.

2. Segundo motivo, basado en la violación del derecho subjetivo del demandante a gozar de protección frente a la revocación arbitraria de los nombramientos de organismos certificadores de productos ecológicos para llevar a cabo controles de productos ecológicos en terceros países. No se protegieron sus intereses como competidor en el mercado de productos ecológicos.

3. Tercer motivo, basado en que con la revocación del nombramiento de CUC como organismo certificador de la Unión de productos ecológicos se ha bloqueado el suministro de productos ecológicos en relaciones comerciales que han durado décadas y se han visto afectados directamente los derechos del demandante como importador. El Reglamento impugnado es la fuente de esta afectación directa, ya que el demandante era el destinatario, como importador, de los certificados de inspección emitidos por CUC que permitían el acceso al mercado de alimentos y piensos ecológicos de la Unión. CUC es el certificador de productos ecológicos de las explotaciones agrarias de la región del Mar Negro, donde el principal proveedor del demandante se aprovisiona de productos ecológicos.

4. Cuarto motivo, basado en que la Comisión violó el derecho del demandante a estar sometido únicamente a una injerencia proporcionada en su actividad económica y la garantía básica fundamental de su propiedad y de su libertad de empresa.

5. Quinto motivo, relacionado con la segunda pretensión del demandante, por el que se solicita acceso a documentos de la Comisión, alegando que el demandante disfruta del derecho general de acceso que confiere el Derecho de la Unión, basado en la garantía de un proceso equitativo y en el derecho a ser oído, tal como los protegen los instrumentos normativos pertinentes en materia de derechos humanos.

(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2019/446 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, que modifica y corrige el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países (DO 2019, L 77, p. 67).
8.

Octavo motivo, basado en motivos adicionales de vulneración de los principios de razonabilidad, de proporcionalidad, de igualdad de trato, de no discriminación y de solidaridad. La parte recurrente invoca la ilegalidad de la medida controvertida por ser contraria a los principios de razonabilidad, de proporcionalidad, de solidaridad y de igualdad de trato, ya que: 1) impone retroactivamente el sistema contributivo a sujetos a los que se ha reconocido la asignación mucho antes del Acuerdo n.o 14/2018 de la Cámara de Diputados, si no incluso bastante antes de que entrase en vigor el sistema contributivo con la denominada Reforma Dini (1996); 2) modifica el régimen jurídico de las contribuciones retenidas al ex diputado sin, por otra parte, decir nada respecto a los impuestos directos retenidos por la Cámara como sustitutivo de impuesto; 3) impone la aplicación retroactiva de un sistema contributivo que sin embargo no tiene nada de contributivo ni en sus modalidades ni en sus fines; 4) hace una aplicación errónea e irracional de los coeficientes de transformación y de los criterios de cálculo de probabilidades, refiriéndolos al pasado ya conocido y no al futuro; 5) revela la clara intención de equiparar el tratamiento de las pensiones vitalicias con el tratamiento en materia de previsión social de los empleados públicos, cuando en realidad se trata de emolumentos de distinta naturaleza.
—

Declare que la demandada está obligada indemnizar a las demandantes los demás daños que les cause el hecho de que la Comisión haya adoptado nuevamente, mediante el Reglamento de Ejecución (EU) 2018/1584, una norma con carácter de excepción durante dos años, la cual, «cuando no se disponga» de pollitos criados de forma ecológica, permite introducir pollitos criados de manera no ecológica en la explotación ecológica de pollitas destinadas a la producción de huevos, sin que, como habría sido obligación de la Comisión, esta excepción «se [limite] al mínimo» necesario con arreglo al artículo 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 834/2007, (3) de modo que acogerse a la excepción exija que ningún establecimiento de incubación en 700 kilómetros a la redonda del lugar donde se encuentre la explotación de pollitas para puesta ofrezca pollitos criados de forma ecológica y que la prueba de la no disponibilidad de tales pollitos se practique encargándolos en vano a tres establecimientos de incubación conocidos por ser proveedores de pollitos criados de forma ecológica, y no mediante pedidos a establecimientos de los cuales es sabido que no ofrecen tales pollitos.
1.

Primer motivo, en el que se alega vulneración del Reglamento 1049/2001, del artículo 15 TFUE, apartado 3, y del artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, el demandante sostiene que el acceso del público a los documentos de las instituciones constituye el principio jurídico y que la posibilidad de denegarlo es la excepción. Ahora bien, las excepciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento 1049/2001 formuladas por el Servicio Europeo de Acción Exterior no pueden justificar la denegación de acceso a los documentos por considerar que no se cumplen los requisitos exigidos en el artículo antes mencionado.
—

Con carácter subsidiario, — Declare que Comisión adeuda a la demandante la cantidad de 3 238 000 euros en concepto de principal, según el siguiente desglose: — 2 848 000 euros correspondientes a las restituciones no recibidas en concepto de ventas realizadas durante el período comprendido entre el 19 de julio y el 31 de diciembre de 2013. — 390 000 euros correspondientes a las restituciones por el lucro cesante ocasionado por no haber vendido 3 550 toneladas complementarias con destino a los PMO durante el mismo período. — Condene a la Comisión a pagar la cantidad de 3 238 000 euros, en concepto de principal, — cantidad reevaluada de manera que se añadan intereses compensatorios a partir del Reglamento (UE) n.o 689/2013 anulado y hasta la fecha de pronunciamiento de la sentencia del presente asunto, al tipo equivalente a la tasa de inflación anual declarada para dicho período por Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea) en el Estado miembro en el que se encuentra domiciliada dicha sociedad, — más los intereses de demora calculados desde la fecha de pronunciamiento de la sentencia del presente asunto y hasta su completo pago, al tipo fijado por el Banco Central Europeo (BCE) para sus operaciones principales de refinanciación, incrementado en dos puntos porcentuales. — Declare que la cantidad a cuyo pago se condene a la Comisión en el presente asunto en concepto de principal e intereses podrá reducirse en la cantidad a cuyo pago pueda ser condenada en el asunto T-437/18. — Condene la Comisión al pago de 20 000 euros, cantidad calculada ex aequo et bono, en concepto de indemnización por el daño moral ocasionado por la doble falta cometida.
2.

Segundo, basado en la infracción del artículo 30 del Estatuto y del artículo 3 del anexo III de dicho estatuto, así como del artículo 3 del anexo III de la convocatoria de oposición («Normas generales por las que se rigen las oposiciones generales»). — Para fundamentar este extremo, la demandante alega, en particular, el nombramiento irregular de los miembros del tribunal seleccionador. — Asimismo, la demandante invoca la falta de publicación de las decisiones de nombramiento del tribunal seleccionador y de los nombres de todos los miembros del tribunal seleccionador. — La demandante señala que la representación del comité de personal y de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el tribunal seleccionador no era paritaria. — La demandante también señala que la representación en dicho tribunal no era paritaria desde el punto de vista de la equidad entre sexos. — Finalmente, en relación con este motivo, la demandante alega que se infringió el principio de estabilidad y continuidad del tribunal seleccionador.
—

Anule la Decisión C(2018) 5432 final de la demandada, de 3 de agosto de 2018, adoptada en relación con la solicitud confirmatoria de la demandante sobre la consulta del expediente al amparo del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — GESTDEM 2018/2506, y que ordene a la demandada que dé a la demandante acceso al expediente del procedimiento relativo a la ayuda estatal SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) concedida por Austria en favor del Aeropuerto de Klagenfurt, Ryanair y otras compañías aéreas que utilizan el Aeropuerto (DO 2018, L 107, p. 1).
Recurso interpuesto el 18 de septiembre de 2018 — Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

(Asunto T-555/18)

(2018/C 427/118)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Medrobotics Corp. (Raynham, Massachusetts, Estados Unidos) (representantes: B. Bittner y U. Heinrich, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Marca controvertida: Solicitud de marca denominativa de la Unión See More. Reach More. Treat More. — Solicitud de registro n.o 17205055

Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 18 de julio de 2018 en el asunto R 463/2018-2

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la EUIPO.

Motivo invocado
1.

Primer motivo basado en la violación del principio de solidaridad nacional definido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que constituye un principio general del Derecho. A este respecto el demandante señala que el TJUE considera que un régimen dirigido a una categoría concreta de la población o de trabajadores no es un régimen legal sino un régimen profesional. El demandante alega que, en el presente asunto, a la vista de la discriminación existente, en su opinión, entre los trabajadores por cuenta propia obligados a afiliarse al régime social des travailleurs indépendants [régimen de seguridad social de los trabajadores por cuenta propia] (en lo sucesivo, «RSI»), incluso en caso de volumen de negocios inexistente o que arroje pérdidas, y otros como los autoempresarios, los asalariados o incluso los funcionarios, claramente no se trata de un régimen legal. Además, el demandante considera que el principio de solidaridad, en el que, según el Estado francés, se basa el RSI como régimen legal de seguridad social, no se respeta en el presente caso por el RSI, en la medida en que este recibe cotizaciones mínimas y a tanto alzado, incluso en supuestos de escasos ingresos. Por otra parte, puede verse totalmente privado de prestación dineraria de enfermedad o jubilación en caso de insuficiencia de cotizaciones o de simple retraso, lo que no ocurre en el caso de otros trabajadores franceses afiliados a otro régimen de seguridad social.
—

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia requiere que se demuestre una infracción caracterizada de una norma jurídica destinada a producir efectos en los particulares. Por lo que respecta a la exigencia de que la infracción ha de ser caracterizada, el criterio decisivo para que se considere que se cumple este requisito es si concurre, por parte del órgano de la Unión de que se trata, un exceso manifiesto y grave de los límites que se imponen a su facultad discrecional. El alcance y la intensidad del perjuicio ocasionado así como el número de perjudicados pueden utilizarse como criterio para determinar si el órgano emisor del acto ha excedido de modo manifiesto y grave los límites de la facultad de valoración. Debe señalarse también que existe una infracción caracterizada del Derecho de la Unión si el órgano no hubiera cometido la irregularidad mostrando la diligencia y el cuidado habituales. El BCE incumplió la obligación que le incumbe con arreglo a los Tratados y a su Estatuto de imponer sanciones a TtE por la vigilancia deficiente que ejerció sobre Achaiki Synetairistiki Trapeza. Por su parte, el BCE es responsable de controlar si los bancos nacionales de los Estados miembros funcionan de conformidad con lo previsto en los Tratados y en el Estatuto. En el supuesto en que no lleve a cabo dicho control nos encontramos ante una insuficiencia administrativa —vulneración del principio de buena administración— que podía preverse si el BCE adoptara todas las medidas adecuadas para «recordar» al TtE las obligaciones que le incumben con arreglo a los Tratados e indicarle que no está permitido dejar sin control a las entidades de crédito, ya que de ese modo se pone en peligro la estabilidad monetaria de la UE, que es la finalidad básica del BCE. el BCE debe controlar si el TtE cumplió sus obligaciones como miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales y en el supuesto en que detecte que se han incumplido las obligaciones debe adoptar las medidas adecuadas y no permanecer inactivo.
5.

Quinto motivo, en el que se alegan la infracción de los apartados 51 y siguientes del Marco SIEG de 2012 y el incumplimiento del deber de motivación. — Debido a la conducta de Česká pošta en el mercado, que pretende expulsar de este a los competidores, la Comisión debería haber impuesto los requisitos adicionales necesarios para garantizar que el desarrollo del comercio no resulta afectado hasta un punto contrario a los intereses de la Unión, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 51 y siguientes del Marco SIEG de 2012, pero no lo hizo. — Aun cuando no tuviera esa obligación, la Comisión debería haber expresado las razones concretas por las que, ante las circunstancias de su cuota de mercado y de conducta de Česká pošta, tales requisitos adicionales no habían sido necesarios, pero no lo hizo.
Asunto T-242/18: Recurso interpuesto el 18 de abril de 2018 — VV/Comisión

Recurso interpuesto el 18 de abril de 2018 — VV/Comisión

(Asunto T-242/18)

Partes

Demandante: VV (representante: F. Moyse, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión de 19 de junio de 2017 y, en la medida en que sea necesario, el acto desestimatorio de la reclamación del demandante de 18 de enero de 2018.

— Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, la parte demandante solicita la anulación de la decisión del tribunal de la oposición general EPSO/AD/322/16 — Administradores en el ámbito de la auditoría (AD 5/AD 7) (DO 2016, C 171A, p. 1), de no admitirla a dicha oposición pues no justifica un título universitario que acredite un ciclo de al menos tres años de duración en los ámbitos indicados en el anuncio de dicha oposición.

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

1. Primer motivo, basado en la insuficiente motivación de la decisión impugnada.
3.

Tercer motivo, basado en que la demandante niega que en el ordenamiento italiano el sistema sanitario se caracteriza por la universalidad de los tratamientos, es decir, que el servicio nacional de salud abona el 100 % de las prestaciones. Además, la demandante reprocha a la Comisión no tener la prueba de que el Estado italiano financie y cubra por tanto el 100 % de los tratamientos de los propios ciudadanos, aspecto que no se corresponde en modo alguno con la realidad. La demandante impugna el hecho de que la universalidad no es un concepto abstracto, sino que debe identificarse en concreto, debe ser comprobable, perceptible y no puede asumirse como existente por el mero hecho de que lo afirme el Estado italiano.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 161/58

Recurso interpuesto el 1 de marzo de 2018 — Arkéa Direct Bank y otros/BCE

(Asunto T-149/18)

(2018/C 161/68)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: Arkéa Direct Bank (Puteaux, Francia), Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole (Le Relecq Kerhuon, Francia), Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon), Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-banque (Estrasburgo, Francia), Fédéral Finance (Le Relecq Kerhuon), Arkéa Home Loans SFH (Brest, Francia), Arkéa Banking Services (París, Francia), Arkéa Public Sector SCF (Le Relecq Kerhuon), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Le Relecq Kerhuon), Keytrade Bank Luxembourg SA (Luxemburgo, Luxemburgo) (representantes: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi y P. Kupka, abogados)

Demandada: Banco Central Europeo

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el artículo 8 de la decisión del BCE n.o ECB/SSM/2017 — 9695000CG7B84NLR5984/207 de 19 de diciembre de 2017, por cuanto impone la adopción de medidas sobre los compromisos de pago irrevocables relativos a los sistemas de garantía de depósitos o los fondos de resolución.

— Condene al BCE a cargar con la totalidad de las costas.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan cuatro motivos que son, en lo esencial, idénticos o similares a los invocados en el marco del asunto T-143/18, Société générale/BCE.
—

Incluye una corrección a tanto alzado que afecta a todas las superficies que incluyen al menos una superficie calificada de «landes et parcours» y no sólo a las superficies calificadas de «zonas no subvencionables (“landes et parcours”)» correspondientes a los años de solicitud 2013 y 2014.
—

Segunda parte, basada en un error manifiesto de apreciación y en una insuficiente motivación en cuanto a la aplicación del artículo 107 TFUE. Por una parte, la Decisión impugnada no está suficientemente motivada en la medida en que no ofrece ningún dato para demostrar cómo afecta o puede afectar el régimen de ayuda en cuestión a los intercambios entre los Estados miembros en lo que se refiere a los puertos franceses y, más concretamente, al de Brest. Por otra parte, la Decisión adolece de un error manifiesto de apreciación en la medida en que califica de ayuda estatal la medida que beneficia al puerto de Brest, a pesar de que no concurre el requisito relativo a la afectación de los intercambios.
—

Anule la decisión SRB/EES/2017/08 de la Junta Única de Resolución, de 7 de junio de 2017, concerning the adoption of a resolution scheme in respect of banco Popular Español, S.A.;
—

Las demandantes sostienen que la publicación debe considerarse efectos ultra vires dado que no existe base jurídica que sirva de fundamento a la demandada para justificar la publicación, ya sea en el Reglamento n.o 1107/2009, en el Reglamento n.o 178/2002 o en el Reglamento de Ejecución n.o 844/2012 de la Comisión.