Palabras clave

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Palabras clave

1 Pesca - Conservación de los recursos marinos - Régimen de cuotas pesqueras - Reparto entre los Estados miembros del volumen de capturas disponible - Atribución por el Reglamento (CE) nº 3362/94 de las cuotas de bacalao y de merlán en la zona VII a (mar de Irlanda) - Base legal - Reglamento (CEE) nº 3760/92 - Apreciación de la validez del Reglamento (CE) nº 3362/94 - Anexo VII de la Resolución de La Haya - Falta de incidencia

[Tratado CE, art. 43; Reglamentos del Consejo (CEE) nº 3760/92 y (CE) nº 3362/94; Resolución del Consejo de 3 de noviembre de 1976, Anexo VII]

2 Pesca - Conservación de los recursos marinos - Régimen de cuotas pesqueras - Reparto entre los Estados miembros del volumen de capturas disponible - Control jurisdiccional - Límites - Atribución por el Reglamento (CE) nº 3362/94 de las cuotas de bacalao y de merlán en la zona VII a (mar de Irlanda) - Error manifiesto de apreciación o superación de los límites de la facultad de apreciación - Inexistencia - Principios de no discriminación y de proporcionalidad - Violación - Inexistencia

[Tratado CE, arts. 39 y 40, ap. 3; Reglamentos del Consejo (CEE) nº 3760/92, art. 8, ap. 4, y (CE) nº 3362/94; Resolución del Consejo de 3 de noviembre de 1976, Anexo VII]

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3 A tenor del Anexo VII de la Resolución de La Haya de 3 de noviembre de 1976, el Consejo, teniendo en cuenta las relaciones económicas que caracterizan a las actividades pesqueras en Irlanda, declaró su intención de aplicar las disposiciones de la política común de la pesca de forma que se garantice un desarrollo continuo y progresivo de la industria de la pesca irlandesa, y convino también en tener en cuenta las necesidades vitales de las poblaciones locales de otras regiones.

Dicho Anexo, que expresa esencialmente la voluntad política del Consejo de tener en cuenta, en la aplicación de la futura política común de la pesca, las necesidades particulares de las regiones cuyas poblaciones dependen especialmente de pesca e industrias afines, no puede producir efectos jurídicos que limiten la competencia legislativa del Consejo. El Reglamento nº 3362/94, por el que se fijan los totales admisibles de capturas de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces para 1995 y determinadas condiciones en las que pueden pescarse, y que atribuye a Irlanda y al Reino Unido cuotas de bacalao y de merlán en la zona VII a (mar de Irlanda) calculadas basándose en las preferencias derivadas de dicho Anexo, no se adoptó no en ejecución de unos compromisos vinculantes, supuestamente derivados de éste, sino basándose en el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento nº 3760/92, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y de la acuicultura, que fue válidamente adoptado por el Consejo con arreglo al artículo 43 del Tratado.

De ello se deriva que la cuestión de si la adopción del Anexo fue o no conforme a Derecho carece de pertinencia para la apreciación de la validez del Reglamento nº 3362/94, por lo que la validez de la atribución de dichas cuotas no depende de la conformidad a Derecho de la adopción del Anexo.

4 Cuando la aplicación de la política agrícola de la Comunidad por el Consejo implica la necesidad de valorar una situación económica compleja, la facultad discrecional conferida a este último no se aplica exclusivamente a la naturaleza y alcance de las disposiciones que hay que adoptar, sino también, en cierta medida, a la comprobación de los datos de base en el sentido, sobre todo, de que el Consejo puede basarse, llegado el caso, en comprobaciones globales. Así sucede precisamente cuando, basándose en el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento nº 3760/92, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y de la acuicultura, el Consejo determina los totales admisibles de capturas y reparte las posibilidades de pesca entre los Estados miembros. Al controlar el ejercicio de una competencia de este tipo, el Juez debe limitarse a examinar si ésta adolece de error manifiesto o de desviación de poder o si la autoridad de que se trate ha sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación.

En cuanto a la atribución a Irlanda y al Reino Unido de las cuotas de bacalao y de merlán en la zona VII a (mar de Irlanda), establecida en el Reglamento nº 3362/94, por el que se fijan los totales admisibles de capturas de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces para 1995 y determinadas condiciones en las que pueden pescarse, el Consejo pretendió aplicar el principio de estabilidad relativa de las actividades de pesca para cada una de las poblaciones de peces, recogido en el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento nº 3760/92, ponderando los intereses que cada Estado representa, en lo que se refiere a sus actividades tradicionales de pesca y, en su caso, a sus poblaciones y sus industrias locales que dependan de la pesca, mediante la aplicación de las claves de distribución establecidas en el Reglamento nº 172/83 y de las preferencias que figuran en el Anexo de la Resolución de La Haya que, por su parte, tratan de responder a las necesidades específicas de Irlanda y de las regiones septentrionales del Reino Unido. Aunque, en lo que respecta al Reino Unido, este equilibrio de intereses dé lugar a una pérdida de la posibilidad de capturas en perjuicio de los pescadores de Irlanda del Norte, no puede considerarse por ello que el Consejo haya cometido un manifiesto error de apreciación ni tampoco que haya sobrepasado manifiestamente los límites que la exigencia de la estabilidad relativa impone a su facultad de apreciación.

La atribución de cuotas controvertida tampoco es contraria al principio de no discriminación enunciado en el apartado 3 del artículo 40 del Tratado ni al principio de proporcionalidad. En efecto, al atribuir el Consejo, teniendo presentes las necesidades particulares de las regiones afectadas, cuotas de pesca más elevadas a Irlanda que al Reino Unido, tomó una decisión en materia de política agrícola que entra dentro de sus facultades discrecionales y es conforme con los objetivos de esta política común, tal como los define el artículo 39 del Tratado, sin que esta diferenciación sea por otra parte arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo de garantizar las necesidades respectivas de las comunidades que dependen de la pesca en Irlanda y en las regiones septentrionales del Reino Unido.