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Sentencia del Tribunal (Sala Segunda) de 2 de mayo de 2018 —

Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

(Asunto T‑428/17)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión ALPINEWELTEN Die Bergführer — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 24 a 27)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 28 y 29)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Marca figurativa ALPINEWELTEN Die Bergführer [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 31, 37 a 39, 44 a 46, 49 y 51 a 63)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 25 de abril de 2017 (asunto R 1339/2016‑1), relativa a una solicitud de registro del signo figurativo ALPINEWELTEN Die Bergführer como marca de la Unión.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
427

Mediante las partes segunda y tercera del cuarto motivo, la demandante sostiene que la Comisión no explicó por qué la competencia ejercida por Three en el mercado mayorista sería particularmente eficiente comparada con la ejercida por los demás operadores, cuya cuota previsible de mercado no fue examinada. La demandante estima que no solamente todos los demás actores del mercado son claramente más sólidos que Three, sino que además esta situación se ha mantenido a lo largo del tiempo y que el modesto incremento de cuotas de mercado recientemente registrado por Three es marginal y no incide en la estructura competitiva o en la dinámica del mercado. Asimismo, la demandante afirma que, al calificar a Three como «fuerza competitiva importante», la Comisión cometió errores tanto en sus análisis de las cuotas de mercado y de la cuota bruta de nuevos clientes de Three como en la evaluación cualitativa de la importancia de Three en el mercado mayorista.
81

En cambio, en el caso presente, la Comisión consideró que no concurrían las características específicas previstas en el punto 37 de las Directrices para el cálculo de las multas y optó consecuentemente por la aplicación de la metodología general para calcular el importe de la multa impuesta a las demandantes. En este contexto, y tal como se desprende de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 65 y 75, aquella solo estaba obligada a motivar en la Decisión impugnada la metodología aplicada para el cálculo del importe de la multa y no los elementos que no tuvo en cuenta en ese cálculo y, en particular, las razones por las que no recurrió a la excepción prevista en el punto 37 de las Directrices para el cálculo de las multas. En efecto, como ya se ha recordado (véase el apartado 77 anterior), la Comisión no está obligada a pronunciarse sobre todas las alegaciones de los interesados. Bastará con que exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que revistan una importancia esencial en el contexto de la decisión.
166

Por un lado, en lo que concierne al texto de la primera Decisión impugnada, solo contiene referencias al Reglamento n.o 806/2014, en particular a su artículo 70, apartado 2, a las consultas y colaboraciones llevadas a cabo con otros organismos [Banco Central Europeo (BCE) y autoridades nacionales] y al hecho de que el cálculo se efectuó de manera que el conjunto de las aportaciones individuales no rebasara cierto nivel (a saber, el 12,5 % del fijado como objetivo en el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014). No contiene ninguna información relativa a las fases sucesivas del cálculo de la contribución de la demandante ni a las cifras correspondientes a esas diferentes fases.
1

El Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 (en lo sucesivo, «Programa Marco Horizonte 2020») fue establecido, sobre la base de los artículos 173 TFUE y 182 TFUE, por el Reglamento (UE) n.o 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables al Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1906/2006 (DO 2013, L 347, p. 81), y por el Reglamento (UE) n.o 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n.o 1982/2006/CE (DO 2013, L 347, p. 104).
102

Sin embargo, a tenor del considerando 4 de la Directiva 2003/88, «la mejora de la seguridad, de la higiene y de la salud de los trabajadores en el trabajo representa un objetivo que no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico». El Tribunal de Justicia declaró asimismo, en el apartado 55 de su sentencia de 19 de septiembre de 2013, Reexamen Comisión/Strack (C‑579/12 RX-II, EU:C:2013:570), que no pueden invocarse consideraciones basadas en la necesidad de proteger los intereses económicos de la Unión para justificar la vulneración del derecho a vacaciones anuales retribuidas. De ello se desprende que tales objetivos no pueden justificar el menoscabo del derecho a vacaciones anuales retribuidas garantizado por el artículo 31, apartado 2, de la Carta. Por consiguiente, en el caso de autos, el objetivo de asegurar la rentabilidad de los funcionarios y agentes destinados en terceros países, generando ahorros de costes, no puede constituir un objetivo legítimo que justifique la reducción de la duración de las vacaciones anuales de los demandantes.
67

En cuarto lugar, es preciso señalar que la apreciación de lo que representa concretamente el signo controvertido es un paso que permite, en un primer momento, identificar sus características esenciales y, en un segundo momento, apreciar la eventual funcionalidad de esas características esenciales. Pues bien, el mero hecho de que la Sala de Recurso incluya, en su apreciación, elementos que no son constitutivos de la forma representada concretamente por el signo controvertido puede viciar la conclusión de que concurren los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o 40/94. Así pues, el interés general, que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o 40/94 y que se ha recordado en el anterior apartado 36, no autoriza a la Sala de Recurso a apartarse, en el marco de la aplicación de esa disposición específica, de la forma representada por el signo controvertido y a tener en cuenta elementos que no son constitutivos de la forma representada concretamente por dicho signo.
80

No puede acogerse la alegación de la República de Chipre de que la naturaleza particular de la marca anterior no ha sido tenida en cuenta a efectos de la apreciación de su carácter distintivo por la Sala de Recurso. En efecto, la República de Chipre cita en apoyo de esta alegación dos resoluciones de la jurisprudencia nacional de las que extrae la conclusión de que el carácter distintivo de una marca de certificación nacional reside en su capacidad de ser percibida por el público como diferenciadora de una y otra clase de productos (véase el apartado 34 anterior). Sin embargo, como se ha señalado en los anteriores apartados 40 y 45, esta concepción del carácter distintivo de la marca anterior no parece pertinente y, en el caso de autos, se consideró, por el contrario, que el público pertinente no percibía la citada marca como referencia a una certificación.
100

La Comisión afirma que, en el caso de autos, examinó la existencia de un interés público superior, pero no es menos cierto, en su opinión, que correspondía a la demandante acreditar su existencia. Ahora bien, sobre este particular, la demandante se limitó a mencionar consideraciones generales, relativas al derecho de la sociedad a estar informada y al derecho de los ciudadanos a comprender el contexto jurídico en cuestión, consideraciones que, desde su punto de vista, eran absolutamente inadecuadas para demostrar que, en el caso de autos, el principio de transparencia cobraba una especial importancia que prevalecía sobre los motivos que justificaban no divulgar los documentos controvertidos, máxime cuando la Comisión procuró informar a los ciudadanos difundiendo información actualizada, como la Comunicación de 16 de marzo de 2016 titulada «Nuevas medidas operativas de la cooperación UE-Turquía en el ámbito de la migración». Además, esta institución considera que la existencia de debates académicos no puede constituir la prueba de que existe un interés público superior, en el sentido del artículo 4, apartado 2, in fine, del Reglamento n.o 1049/2001.
48

En cualquier caso, procede subrayar que, conforme al artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94 y al artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 874/2009 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2100/94 en lo relativo al procedimiento ante la OCVV (DO 2009, L 251, p. 3), el Consejo de Administración de la OCVV puede conferir a uno o varios organismos competentes de un Estado miembro la responsabilidad del examen técnico de las variedades de la especie de que se trate. Por lo que se refiere a las variedades de mutación de la especie Malus domestica Borkh. pertenecientes, como la variedad candidata, al grupo Gala, el examen técnico se confió exclusivamente al GEVES, tal como se ha indicado en el anterior apartado 42.
36

A este respecto, en primer lugar, los servicios de entretenimiento para adultos, de la clase 41, designados por la marca solicitada tienen ciertamente una naturaleza y un destino diferentes de los servicios de la clase 38 designados por las marcas de la Unión anteriores. No obstante, como destaca acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 78 de la resolución impugnada, tal afirmación no basta, en sí misma, para poner en tela de juicio la eventual complementariedad entre dichos servicios (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de octubre de 2013, BOOMERANG, T‑285/12, no publicada, EU:T:2013:520, apartados 29 a 35).
85

No obstante, cuando la autoridad aduanera no se halle en condiciones de adoptar una decisión sobre la base de los artículos 899 y siguientes del Reglamento n.o 2454/93, que definen determinadas situaciones en las que puede o no concederse la condonación, y la solicitud «esté fundamentada en motivos que puedan justificar que se trata de una situación especial resultante de circunstancias que no supongan negligencia manifiesta o maniobra por parte del interesado», el Estado miembro de que se trate transmitirá el caso a la Comisión (artículo 905, apartado 1, del Reglamento n.o 2454/93). El expediente transmitido a la Comisión deberá contener todos los elementos necesarios para un examen completo del caso presentado (artículo 905, apartado 3, del Reglamento n.o 2454/93). Dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del expediente, la Comisión enviará una copia del mismo a los Estados miembros (artículo 906, párrafo primero, del Reglamento n.o 2454/93). El artículo 906 bis del Reglamento n.o 2454/93 precisa que, cuando la Comisión tenga intención de tomar una decisión desfavorable para el solicitante de la devolución o de la condonación, debe comunicarle por escrito sus objeciones y todos los documentos sobre la base de los cuales ha formulado dichas objeciones, y el solicitante tiene un mes para expresar su punto de vista.
9

La decisión desestimatoria de la reclamación indica, en resumen, que el artículo 17 bis del Estatuto expresa la idea de la necesidad permanente de alcanzar un justo equilibrio entre el ejercicio garantizado del derecho de los funcionarios de la Unión a la libertad de expresión y la protección de un objetivo legítimo de interés general, concretamente la protección de los intereses legítimos de la Unión. A este respecto, la decisión desestimatoria de la reclamación precisa, en primer lugar, que el texto controvertido se refiere a la actividad de la Unión, a continuación, que dicho texto puede incumplir la «obligación de lealtad y de reserva» y, por último, que tal incumplimiento constituye, per se, un riesgo real de perjuicio grave para los intereses de la Unión, en el sentido del artículo 17 bis del Estatuto. La decisión desestimatoria de la reclamación subraya que la publicación del texto controvertido perjudicaría gravemente a los intereses legítimos de la Unión, ya que, por una parte, ese texto no contiene ninguna prueba que corrobore sus alegaciones relativas al acoso de los funcionarios y, por otra, los párrafos controvertidos no pueden considerarse una opinión diferente de la que mantiene el SEAE, sino que dan a entender que existe un problema sin resolver de acoso generalizado en las instituciones de la Unión, algo que el lector medio podría interpretar como la afirmación de que las instituciones no han aplicado una política apropiada de lucha contra el acoso. Además, la decisión desestimatoria de la reclamación pone de relieve que habrían podido formularse más comentarios sobre otras muchas partes del texto controvertido, por lo que el hecho de que el SEAE sólo haya formulado comentarios sobre dos párrafos demuestra que la decisión desestimatoria de la reclamación es proporcionada y se limita a lo estrictamente necesario.
21

La Comisión se opone a que la AFCC hubiera tenido que devolver al demandante las cantidades retenidas sobre su retribución. A este respecto, recuerda que no era posible imponer al demandante una sanción más severa que una amonestación y añade que dicha sanción no refleja la gravedad de las infracciones cometidas. Por consiguiente, en su opinión, la devolución de las cantidades retenidas, que resultaría de una interpretación literal del artículo 24, apartado 4, del anexo IX del Estatuto, iría en contra de la finalidad de dicha disposición, que consiste en borrar los efectos de las retenciones que, al término del procedimiento disciplinario, se consideren excesivas a la vista de la escasa gravedad de las infracciones demostradas. Asimismo, la Comisión entiende que una interpretación literal de la referida disposición da lugar a un enriquecimiento sin causa del agente al que se le devuelvan las cantidades retenidas sobre su retribución pese a la gravedad de las infracciones imputadas, así como a un quebrantamiento de la igualdad de trato entre los agentes que hubieran cometido las mismas infracciones estando en servicio, en función de si se mantienen o no vínculos jurídicos continuados y permanentes con esos agentes tras el cese de sus funciones. La Comisión entiende que, de este modo, los agentes que, como el demandante, ya no tengan vínculo con la Comisión podrían, debido a la imposibilidad de recibir sanciones más severas que la amonestación, obtener la devolución de las retenciones practicadas sobre su retribución, que, sin embargo, estaban plenamente justificadas en el momento en que se adoptaron. La Comisión añade, con carácter subsidiario, que, en su caso, las cantidades a devolver únicamente pueden ser incrementadas con intereses en el supuesto de que no se hubiese impuesto sanción alguna al término del procedimiento disciplinario.
Cuando durante un período «ininterrumpido» de cinco años, no hay ni uso efectivo de la marca controvertida ni causas justificativas de su falta de uso, se declarará que los derechos del titular de la marca han caducado en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea. En cambio, si la marca controvertida ha sido objeto de un uso efectivo o si dicho uso se ha visto impedido por causas que lo justifiquen durante una parte del período quinquenal, este último no habrá sido «ininterrumpido». Así, basta con que existan causas justificativas de la falta de uso de una marca durante una parte del período pertinente para que no se declare que los derechos del titular sobre dicha marca han caducado. Una interpretación en sentido contrario iría en contra del tenor del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009, que no distingue entre los titulares de una marca de la Unión que la han utilizado de manera efectiva y los que no han podido hacerlo por causas justificadas. El objetivo que subyace a dicho artículo confirma esta interpretación. En efecto, al contemplar la posibilidad de justificar la falta de uso de una marca de la Unión mediante causas justificativas, el legislador de la Unión pretendía evitar que se declarase la caducidad de los derechos del titular la marca en aquellos casos en los que este se hubiera visto en la imposibilidad objetiva de hacer un uso efectivo de la marca por razones independientes de su voluntad y, por tanto, ajenas a dicho titular. Pues bien, exigir que tales causas abarquen todo el período quinquenal pertinente podría poner en peligro la consecución de ese objetivo. En efecto, tales causas, aunque solo concurrieran durante una parte del período pertinente, pudieron impedir, o cuando menos retrasar, el uso efectivo de la marca más allá del período durante el que concurrieron. Así, la circunstancia de que los hechos que pueden calificarse de causas justificativas de la falta de uso en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 cesaran en un momento dado del período pertinente no significa que el titular de la marca controvertida pudiera razonablemente retomar de manera inmediata su uso efectivo.

Asimismo, la circunstancia de que tales hechos no se produjeran al inicio del período controvertido, sino más adelante, no permite declarar la caducidad de los derechos del titular de la marca.

(véanse los apartados 63 y 65 a 68)
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava ampliada) de 26 de junio de 2019 — NRW. Bank/JUR

(Asunto T‑466/16)

«Recurso de anulación — Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Fijación de la contribución ex ante para 2016 — Plazo para interponer el recurso — Extemporaneidad — Articulo 76 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo — Acto no publicado ni notificado al demandante — Conocimiento exacto del contenido y de la motivación — Obligación de solicitar el texto completo del acto en un plazo razonable una vez conocida su existencia — Observancia de un plazo razonable — Criterios de apreciación (Art. 263 TFUE, párr. 6) (véanse los apartados 46 a 48 y 53 a 56)

2. Recurso de anulación — Recurso contra una decisión confirmatoria de otra decisión anterior no impugnada dentro de plazo — Inadmisibilidad — Concepto de decisión confirmatoria — Decisión adoptada a raíz de una solicitud que invoca hechos nuevos y sustanciales — Exclusión (Art. 263 TFUE) (véanse los apartados 67 a 69)

3. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Exposición sumaria de los motivos invocados — Inexistencia — Inadmisibilidad [Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)] (véase el apartado 73)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación, por un lado, de la decisión de la JUR adoptada en su sesión ejecutiva de 15 de abril de 2016 sobre las contribuciones ex ante para 2016 al Fondo Único de Resolución (SRB/ES/SRF/2016/06) y, por otro lado, de la decisión de la JUR adoptada en su sesión ejecutiva de 20 de mayo de 2016 sobre el ajuste de las contribuciones ex ante para 2016 al Fondo Único de Resolución, por la que se completa la decisión de la JUR adoptada en su sesión ejecutiva de 15 de abril de 2016 sobre las contribuciones ex ante para 2016 al Fondo Único de Resolución (SRB/ES/SRF/2016/13), en la medida en que afectan a la demandante.

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) Condenar a NRW. Bank a cargar con sus costas y con las de la Junta Única de Resolución (JUR).
El Reglamento 2015/2424 por el que se modifican el Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea y el Reglamento n.o 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94, y se deroga el Reglamento n.o 2869/95, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos) modificó la redacción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o 207/2009, que se refiere a una norma material y, más concretamente, a uno de los motivos absolutos por los que puede denegarse el registro de un signo o, en relación con el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009, una de las causas de nulidad absoluta por las que una marca puede ser declarada nula. Sin embargo, el Reglamento 2015/2424 entró en vigor el 23 de marzo de 2016 y de su tenor, de su finalidad y de su sistema no resulta que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o 207/2009, en su versión derivada del Reglamento 2015/2424, deba aplicarse a situaciones adquiridas antes de su entrada en vigor.

(véase el apartado 20)