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La aplicación de nuevas disposiciones generales de aplicación de los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto a una transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en el marco de otro régimen de pensiones, solicitada antes de la adopción de dichas disposiciones, pero realizada después de su entrada en vigor, no es contraria al artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

A este respecto, según un principio generalmente aceptado, una norma nueva se aplica de manera inmediata, salvo excepción, a las situaciones que aún no han surgido, así como a los efectos futuros de las situaciones originadas, y sin embargo no constituidas plenamente, durante la vigencia de la norma anterior. Únicamente se exceptúan de esta regla las situaciones nacidas y definitivamente realizadas bajo el régimen de la norma anterior, que crean derechos adquiridos. Un derecho se considera adquirido cuando el hecho generador de éste se ha producido antes de la modificación legislativa. No obstante, éste no es el caso de un derecho cuyo hecho constitutivo no se ha realizado bajo el régimen de la normativa que ha sido modificada.

Ahora bien, por una parte, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no se opone a tal aplicación inmediata de las nuevas disposiciones generales de aplicación.

Por otra parte, ni la comunicación de una propuesta de bonificación de anualidades al funcionario o agente que ha presentado una solicitud de transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en otro régimen de pensiones ni, menos aún, la mera presentación de tal solicitud modifican la situación jurídica del interesado ni producen efectos jurídicos obligatorios. Por lo tanto, para un funcionario o agente no existen derechos adquiridos que puedan ser vulnerados por la aplicación de las nuevas disposiciones.

Además, el derecho de un funcionario o agente a que se le reconozca una bonificación de anualidades no está plenamente constituido hasta que no se transfiere al régimen de pensiones de la Unión el capital que representan sus derechos adquiridos en otro régimen.

Por otra parte, un particular no puede invocar el principio de protección de la confianza legítima para oponerse a la aplicación de una nueva disposición normativa, en particular cuando el legislador dispone de una amplia facultad de apreciación.

(véanse los apartados 25 a 28, 30 y 36)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 13 de octubre de 2015, Comisión/Verile y Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, apartados 151 a 154 y 170 y jurisprudencia citada
AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Primera)

de 9 de septiembre de 2014

Rainer Moriarty

contra

Parlamento Europeo

«Función pública — Promoción — Ejercicio de promoción 2012 — No inscripción en la lista de funcionarios promovidos — Recurso que carece manifiestamente de todo fundamento jurídico»

Objeto:

Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el que el Sr. Moriarty solicita la anulación de la decisión del Parlamento Europeo de no promoverle en el ejercicio de promoción de 2012 y de la decisión de promover a otro funcionario.

Resultado:

Se desestima el recurso del Sr. Moriarty por carecer manifiestamente de todo fundamento. El Sr. Moriarty cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el Parlamento Europeo.

Sumario

Funcionarios — Promoción — Examen comparativo de los méritos — Facultad de apreciación de la administración — Elementos que pueden tomarse en consideración — Llegada al umbral de referencia durante el ejercicio de promoción anterior — Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, art. 45)

Si bien en el marco del examen comparativo de los méritos de los funcionarios candidatos a una promoción la administración dispone de una amplia facultad de apreciación, el hecho de que disponga de tal facultad no dispensa a la administración de la obligación de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos relevantes del asunto de que se trate. En particular, el hecho de haber alcanzado durante el ejercicio de promoción anterior el umbral de referencia constituye un factor de mérito pertinente siempre que el funcionario no haya desmerecido con posterioridad al ejercicio durante el que se propuso su promoción. No obstante, la administración no puede promover a un funcionario por el mero hecho de haber alcanzado el umbral de referencia.

Por otro lado, la atribución de un tercer punto de mérito, que pone de manifiesto méritos excepcionales en un año determinado, puede ser un indicio importante en la apreciación comparativa posterior de los méritos de los funcionarios de un mismo grado de cara a su promoción.

(véanse los apartados 24, 31 y 33)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: sentencia Casini/Comisión, T‑132/03, EU:T:2005:324, apartado 69

Tribunal de la Función Pública: sentencias Berrisford/Comisión, F‑107/06, EU:F:2007:172, apartados 72 y ss.; Hau/Parlamento, F‑125/07, EU:F:2009:131, apartado 27; Barbin/Parlamento, F‑68/09, EU:F:2011:11, apartado 83, y Mantzouratos/Parlamento, F‑64/10, EU:F:2011:72, apartado 66
No obstante, pueden imponerse restricciones a los derechos fundamentales, siempre y cuando éstas respondan efectivamente a objetivos de interés general y no constituyan, teniendo en cuenta el objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho garantizado.

El derecho al respeto a la vida privada, consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, constituye uno de los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. Este derecho comprende, en particular, el derecho a mantener en secreto el estado de salud.

En el caso concreto de que, después del reconocimiento médico previo a la contratación, resulte que un agente no ha respondido de forma sincera y completa a las preguntas planteadas acerca de su estado de salud por el médico-asesor durante dicho reconocimiento, la autoridad facultada para proceder a las contrataciones estará legitimada para revocar su decisión inicial de no aplicar la reserva médica y para adoptar una nueva decisión en la que aplique dicha reserva de manera retroactiva. No obstante, dicha autoridad sigue estando obligada previamente a observar el procedimiento establecido en el artículo 32 del Régimen aplicable a los otros agentes, esto es, por una parte, procede consultar al médico-asesor, con objeto de que éste emita un informe sobre la cuestión de si la enfermedad o dolencia habría justificado que la contratación del interesado se hubiese acompañado de una reserva médica y, por otra parte, debe notificarse al agente la decisión adoptada en virtud de dicho informe, con objeto de que pueda, en su caso, interponer un recurso ante la comisión de invalidez. En efecto, tal cuestión, que implica determinar si esa enfermedad o dolencia puede desembocar en la invalidez o el fallecimiento del agente dentro de un plazo de cinco años contados desde la fecha de su incorporación al servicio de la institución, es un problema de naturaleza médica para cuya resolución son estrictamente competentes el médico-asesor y, en caso de recurso, la comisión de invalidez.

(véase el apartado 85)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión, F‑4/11, EU:F:2012:96, apartado 34
79

A este respecto, ha de señalarse que, como admite el SEAE, dicha formulación puede inducir a confusión. No obstante, como resulta de las explicaciones presentadas por la defensa, con esa declaración el SEAE no quería decir en absoluto, contrariamente a lo que alegan los demandantes, que una ICV suprimida no podía en ningún caso volver a concederse. Por el contrario, los considerandos de la decisión impugnada indican que la revisión es un ejercicio anual que «incluye un análisis de las condiciones de vida existentes en los lugares de destino, con el fin de determinar si son o siguen siendo equivalentes a las habituales en la Unión» y que, en su caso, la AFPN, basándose en esta comprobación, decide «que no debe otorgarse ninguna ICV o que debe (re)introducirse una ICV». En contra de lo que aseveran los demandantes, el planteamiento adoptado por la AFPN no es en absoluto contradictorio. En cualquier caso, aun suponiéndolo erróneo, la alegación criticada por los demandantes no afecta en nada a la legalidad de la decisión impugnada, la cual está además debidamente motivada.
En el procedimiento de promoción, sólo puede tenerse en cuenta la antigüedad en el grado adquirida como funcionario, máxime cuando el Régimen aplicable a los otros agentes no establece que el artículo 45 del Estatuto, en cualquier caso, se aplique, de un modo u otro, a la situación de los agentes temporales. En efecto, según el legislador, no existe continuidad jurídica alguna en la carrera de un agente temporal que es nombrado funcionario.

Los principios de no discriminación y de igualdad de trato, de los que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada constituye una aplicación son principios generales del ordenamiento jurídico de la Unión a cuya luz debe apreciarse la legalidad del artículo 45 del Estatuto.

No obstante, en los litigios que oponen a funcionarios y las administraciones de los Estados miembros, las posibles diferencias de trato entre el personal funcionario y los agentes contractuales no están incluidas en el ámbito del principio de no discriminación consagrado por el Acuerdo marco, ya que estas diferencias de trato no están fundadas en la duración determinada o indeterminada de la relación de servicio, sino en su carácter estatutario o contractual.

A este respecto, en relación con el procedimiento de promoción de funcionarios, el artículo 45 del Estatuto no establece ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada y trabajadores fijos. En efecto, el único elemento que el artículo 45 del Estatuto toma en consideración es la naturaleza jurídica de la relación de servicio de los empleados públicos de que se trata, que establece realmente una diferencia de trato entre la antigüedad adquirida por los funcionarios y la antigüedad adquirida por los otros agentes. Ahora bien, esta diferencia de trato no está incluida en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado por el Acuerdo marco.

(véanse los apartados 61 a 63)

Tribunal de Justicia: auto Rivas Montes, C‑178/12, EU:C:2013:150, apartados 44, 45 y 47

Tribunal de la Función Pública: sentencia Aayhan y otros/Parlamento, F‑65/07, EU:F:2009:43, apartado 101
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Funcionarios — Condiciones de trabajo — Indemnización por servicio continuo o por turnos

(Estatuto de los Funcionarios, art. 56 bis)

Procede anular las decisiones individuales de una institución que deniegan la indemnización de que gozan los funcionarios que trabajan en el marco de un «servicio continuado o por turnos», prevista en el artículo 56 bis del Estatuto, a funcionarios que desempeñan un servicio de esa índole, impuesto por las «necesidades» de la centralita telefónica en la que están destinados, cuando dicho servicio es «habitual y permanente», cuando la propia institución, además, al conceder esa indemnización mediante decisiones individuales adoptadas en una fecha posterior a las decisiones mencionadas, ha reconocido de manera implícita –pero con claridad– que los demandante cumplen los requisitos de concesión establecidos en el artículo 56 bis y, por último, cuando no cabe duda de que sus condiciones materiales de trabajo eran las mismas antes y después de la fecha de adopción de las decisiones individuales que les concedían dicha indemnización.

A este respecto, sería abusivo sostener la inaplicabilidad del artículo 56 bis del Estatuto debido a que el servicio continuado o por turnos de los funcionarios no resulta de decisiones formales de esa institución.

Igualmente, el hecho de que dichos funcionarios no realicen horas extraordinarias y tengan un horario semanal de trabajo inferior al horario normal de esa institución no permite excluir el derecho a la indemnización prevista en el artículo 56 bis del Estatuto. En efecto, esta disposición no exige que se efectúen horas extraordinarias ni que exista un horario semanal de trabajo igual al horario normal de dicha institución. En cualquier caso, teniendo en cuenta los inconvenientes en el plano personal y familiar que implica un horario semanal de trabajo organizado en la modalidad de servicio continuado o por turnos, la diferencia de 7,5 horas que separa el horario semanal normal de trabajo en esa institución y el aplicado en la centralita telefónica no es irrazonable.

(véanse los apartados 21 a 23)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Tercera)

de 8 de octubre de 2008

Asunto F‑81/07

Florence Barbin

contra

Parlamento Europeo

«Función pública — Funcionarios — Promoción — Ejercicio de promoción 2006 — Examen comparativo de los méritos»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, mediante el que la Sra. Barbin solicita la anulación de la decisión del Parlamento Europeo de no promoverla al grado AD 12 en el ejercicio de promoción 2006.

Resultado: Se anula la Decisión del Parlamento, de 20 de noviembre de 2006, de no promocionar a la demandante en el ejercicio de promoción 2006. Se condena en costas al Parlamento.

Sumario

Funcionarios — Promoción — Reclamación de un candidato no promovido — Decisión desestimatoria — Falta total de motivación

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 25, párr. 2, 45 y 90, ap. 2)

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de promoción respecto de los funcionarios no promovidos, pero, en cambio, está obligada a motivar su decisión de denegación de la reclamación de un funcionario no promovido, motivación que debe coincidir con la de la decisión contra la cual se dirigió la reclamación, de modo que se solape el examen de ambas motivaciones.

La falta total de motivación antes de la interposición de un recurso no puede suplirse con explicaciones facilitadas por dicha autoridad tras la interposición del recurso. En dicho momento, semejantes explicaciones ya no cumplen su función, que es permitir al interesado apreciar la oportunidad de interponer un recurso y al juez comprobar la exactitud de la motivación. A mayor abundamiento, la posibilidad de suplir la falta total de motivación tras la interposición de un recurso menoscabaría el derecho de defensa, porque el demandante se vería privado de la posibilidad de presentar sus alegaciones contra la motivación que no conocería hasta después de presentada la demanda. El principio de igualdad de las partes ante el juez comunitario se vería afectado.

(véanse los apartados 27 y 28)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 30 de octubre de 1974, Grassi/Consejo (188/73, Rec. p. 1099), apartado 13; 27 de octubre de 1977, Moli/Comisión (121/76, Rec. p. 1971), apartado 12; 13 de abril 1978, Mollet/Comisión (75/77, Rec. p. 897), apartado 12; 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento (195/80, Rec. p. 2861), apartado 22; 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión (C‑343/87, Rec. p. I‑225), apartados 13 y 15; 23 de septiembre de 2004, Hectors/Parlamento (C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691), apartado 50

Tribunal de Primera Instancia: 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento (T‑52/90, Rec. p. II‑121), apartados 40 y 41; 20 de febrero de 2002, Roman Parra/Comisión (T‑117/01, RecFP pp. I‑A‑27 y II‑121), apartado 32; 11 de diciembre de 2007, Sack/Comisión (T‑66/05, aún no publicada en la Recopilación), apartado 66, que ha sido objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, C‑38/08 P
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Primera)

de 13 de febrero de 2007

Asunto F‑62/06

Daniela Guarneri

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Retribución — Complementos familiares — Asignación por hijo a cargo — Regla de no acumulación aplicable a las prestaciones nacionales»

Objeto: Recurso interpuesto al amparo de los artículos 236 CE y 152 EA, mediante el que la Sra. Guarneri solicita la anulación, por una parte, de la Decisión de la Comisión, de 5 de agosto de 2005, por la que se procede a deducir de la asignación por hijo a cargo el importe de la pensión belga de orfandad, en aplicación artículo 67, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios, y, por otra parte, de la Decisión de la AFPN, de 14 de febrero de 2006, por la que se desestima su reclamación contra la Decisión de 5 de agosto de 2005.

Resultado: Se anula la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 5 de agosto de 2005 en la medida en que deduce de la asignación familiar por hijos a cargo que percibe la demandante la pensión belga de orfandad percibida por ésta. Se desestima el resto de las pretensiones. Se condena en costas a la Comisión. El Consejo, parte coadyuvante, cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Retribución — Complementos familiares — Asignación por hijo a cargo

(Estatuto de los Funcionarios, art. 67, ap. 2)

Únicamente son complementos del mismo tipo, a efectos de la regla de no acumulación prevista en el artículo 67, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios en materia de prestaciones familiares, las prestaciones que sean comparables y persigan el mismo objetivo. El criterio determinante en la calificación de prestaciones de la misma naturaleza es el objetivo que persiguen las prestaciones de que se trate.

La prestación belga de orfandad no tiene el mismo objetivo que la asignación por hijo a cargo prevista en el artículo 67, apartado 1, letra b), del Estatuto. En efecto, la prestación belga no tiene por objeto compensar los gastos habituales vinculados a la manutención y educación de los hijos, sino los gastos específicos en que incurre el progenitor supérstite inducidos por el fallecimiento del otro progenitor que contribuía cuando estaba vivo a dicha manutención y educación. Dicha prestación satisface de este modo las necesidades específicas de niños huérfanos y constituye una asistencia financiera a la persona que se encuentra sola frente a las cargas familiares. El hecho que puede desencadenar su atribución no es la manutención efectiva de un hijo, sino una circunstancia distinta, relacionada con la materialización de un riesgo, el del fallecimiento de uno de los progenitores del menor.

(véanse los apartados 34, 42, 45 y 46)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 13 de octubre de 1977, Deboeck/Comisión (106/76, Rec. p. 1623), apartado 16; 13 de octubre de 1977, Emer/Comisión (14/77, Rec. p. 1683), apartado 15

Tribunal de Primera Instancia: 11 de junio de 1996, Pavan/Parlamento (T‑147/95, RecFP pp. I‑A‑291 y II‑861), apartado 41; 25 de enero de 2006, Weißenfels/Parlamento (T‑33/04, RecFP pp. I‑A‑2‑1 y II‑A‑2‑1), apartado 47
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)

de 22 de noviembre de 2007

Asunto F‑67/05

Christos Michail

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Función pública — Funcionarios — Evaluación — Informe de evolución de carrera — Ejercicio de evaluación 2003 — Recurso de anulación — Recurso de indemnización»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, por el que el Sr. Michail solicita que se anule su informe de evolución de carrera correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2003, que se anule la decisión de 15 de abril de 2005, por la que se desestima su reclamación contra el informe de evolución de carrera de 2003, y que se condene a la Comisión a pagarle una cantidad de 90.000 euros en concepto de indemnización por el perjuicio moral que alega haber sufrido.

Resultado: Se anula el informe de evaluación de carrera del demandante correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2003. Se desestima el recurso en todo lo demás. Se condena en costas a la Comisión.

Sumario

Funcionarios — Calificación — Informe de evolución de carrera

(Estatuto de los Funcionarios, art. 43)

Debe interpretarse que los artículos 43 del Estatuto y 1, apartado 2, de las disposiciones generales de aplicación del artículo 43 del Estatuto adoptadas por la Comisión se oponen a que la Administración atribuya puntos de mérito a un funcionario al que no se haya asignado función alguna. Si bien la atribución de una puntuación dirigida a evaluar los logros y prestaciones individuales en función de los resultados que se fijan es una obligación en el caso de que se atribuyan al funcionario funciones determinadas, en cambio, no procede tal atribución cuando no se asigne al interesado ninguna función que pueda ser objeto de evaluación. Por consiguiente, cuando no se haya asignado al funcionario calificado, a pesar de encontrarse en situación de actividad, ninguna función que, durante el período de referencia, pueda ser objeto de evaluación, debe anularse el informe de evolución de carrera. Esta anulación implica que la Administración debe utilizar cualquier medio adecuado para subsanar la falta de puntos de mérito, mediante la atribución de un determinado número de puntos adecuado.

(véanse los apartados 30, 31, 33 y 34)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PUBLICA (Sala Segunda)

de 1 de marzo de 2007

Asunto F‑72/05

Mohammad Reza Fardoom y Michael Ashbrook

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Reembolso de gastos — Dietas por misión — Denegación de firma de las órdenes de misión solicitadas en el marco de la actividad sindical — Interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, mediante el que los Sres. Fardoom y Ashbrook solicitan la anulación de las decisiones de 4 de noviembre de 2004 del Jefe de la Unidad «Diálogo social, Ampliación y Relaciones con las Administraciones Públicas Nacionales» de la Dirección General «Personal y Administración» por las que se rechazó firmar las órdenes de misión presentadas por los demandantes para participar, el 13 de septiembre de 2004, en una reunión organizada por el miembro de la Comisión encargado de la administración, el control y la lucha contra el fraude.

Resultado: Se desestima el recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Interés en ejercitar la acción

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 60, párr. 1, 90 y 91)

Un funcionario no acredita tener un interés nacido y actual en ejercitar una acción de anulación contra una decisión mediante la que se niega la firma de una orden de misión «sin gastos», es decir, que no implique el reembolso de los gastos de transporte ni de dietas, cuando esta negativa no dio lugar a la imputación de la ausencia del funcionario a sus vacaciones anuales. En efecto, puesto que la anulación de la decisión impugnada no incidió en su situación económica, no puede alegar un interés simple y, en el presente asunto, ampliamente hipotético debido a la posibilidad de la administración de llevar a cabo en el futuro tal imputación.

(véanse los apartados 35 a 37)
2)

Condenar en costas a Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd, Dingheng New Materials Co., Ltd y Thai Ding Li New Materials Co., Ltd.