No obstante, en mi opinión, no cabe contentarse con responder negativamente a la primera cuestión. Por el contrario, creo conveniente dedicar también algunas observaciones al artículo 95 del Tratado y a las cuestiones conexas con el fin de que los Jueces nacionales puedan apreciar convenientemente la situación de hecho, tanto más cuanto que durante los debates se ha aludido expresamente a estas cuestiones.

En una primera parte, dichas observaciones pueden ser muy sucintas. Así, una sentencia dictada recientemente en el asunto 74/76, antes citada, ha establecido que el artículo 95 no se aplica solamente a los impuestos que deben asegurar los ingresos generales del Estado. Dado que está formulado en términos generales, el artículo 95 puede asimismo aplicarse a los cánones que son percibidos por otros organismos de Derecho público y tampoco excluye los impuestos especiales aplicables a determinado producto o los que se afectan a un destino particular. Por otro lado, no cabe duda de que el artículo 95 exige no sólo una comparación pura y simple de los gravámenes, sino que permite tomar en consideración las ventajas de las que se benefician los productos gravados mediante los recursos procedentes del impuesto. Si esto se produce sistemáticamente, de ello puede derivarse —como lo señalaba el Abogado General Sr. Trabucchi en sus conclusiones en el asunto 94/74, antes citado— que los productos importados estén sometidos indirectamente a una imposición superior a la aplicada a los productos nacionales similares que se benefician de la ventaja. No obstante, por motivos de seguridad jurídica que revisten particular importancia en el caso de normas directamente aplicables, aquí también nos parece dudoso que puedan tomarse en cuenta incidencias indirectas difícilmente mensurables, como las que eventualmente pueden señalarse en este caso en forma de beneficios otorgados a las materias primas. Si me baso en las cifras que la Comisión ha citado durante los debates -a lo largo de la campaña 1975/1976, el suplemento de precio era de 56 LIT y la ayuda a la industria azucarera era de 21,56 LIT y, a lo largo de la campaña 1976/1977, el suplemento de precio era de 70 LIT mientras que el importe de la ayuda era de 27,06 LIT— me veo obligado a suponer, aunque, en definitiva, es al Juez remitente a quien corresponde comprobarlo, que el artículo 95 se aplica porque el azúcar de producción nacional estaba gravado con una carga inferior a la que le era impuesta al azúcar importado.

Pero una vez hecha esta primera observación, todavía cabe preguntarse si la valoración debe tener en cuenta —este aspecto aparece en las cuestiones de los Jueces remitentes— que los beneficios otorgados a la producción del azúcar italiano se hallan amparados por un acto comunitario.

A este respecto, el Gobierno de la República Italiana alega que gozaba de libertad para determinar el sistema de financiación, pues la Comunidad se había limitado a autorizar una ayuda y a fijar un tipo máximo y porque no se trataba de una ayuda comunitaria, sino de una ayuda nacional. Habida cuenta de que antes de la entrada en vigor de la organización de mercados el precio del azúcar ya había servido para financiar tales medidas, habida cuenta de que aquél no ha evolucionado en absoluto en relación con el aumento del coste de la vida, y habida cuenta, en fin, de que la situación financiera del Estado no permitía una financiación presupuestaria, el Gobierno italiano alega que parecía oportuno gravar de manera uniforme el consumo de azúcar; en ningún caso hubiera podido aumentarse todavía más la ventaja competitiva del azúcar importado exonerándolo del impuesto, tanto más cuanto que las importaciones tenían tendencia a aumentar.

Sobre este punto, sin embargo, me parece difícil compartir el punto de vista del Gobierno de la República Italiana, por las siguientes razones.

En primer lugar, hay que señalar que debe interpretarse en sentido restrictivo el artículo 38 del Reglamento no 3330/74 que autoriza las ayudas nacionales por constituir una excepción a la prohibición general de ayudas que se aplica igualmente, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento no 3330/74, a la organización común de mercados en el sector del azúcar. No ampara nada más que la incidencia de los beneficios concedidos; pero no dice nada sobre la validez de determinado medio de financiación. Por otra parte, conviene recordar lo que el Tribunal de Justicia ha declarado en la mencionada sentencia dictada en el asunto 74/76: cuando cabe aislar ciertos elementos de un régimen de ayudas y cuando no son necesarios para la consecución del objetivo perseguido, deben valorarse en función de disposiciones particulares. En este caso concreto, esto es aplicable al modo de financiación de la ayuda. En fin, igualmente con razón se ha hecho referencia a la sentencia de 25 de junio de 1970, Francia/Comisión (47/69,↔ Rec. p. 487) relativa a un régimen parafiscal francés que en el fondo tenía como objetivo beneficiar a la industria textil nacional. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia subrayó que procedía examinar si la forma de financiación de una ayuda era compatible con el artículo 95 del Tratado y declaró que cabía que una ayuda fuera ciertamente legítima, pero que las perturbaciones que creara fueran agravadas por su forma de financiación. Si bien es cierto que este caso difiere del presente en la medida en que, según el régimen francés, el volumen de las ayudas dependía del rendimiento del impuesto, en mi opinión, sin embargo, esta diferencia —tal relación no existe, en efecto, en el sistema de suplemento de precio— no es determinante, sino únicamente el hecho de que la forma de financiación agrava, asimismo en el caso presente, el efecto discriminatorio en detrimento de los productos importados.

Por tanto, se puede añadir a la respuesta a la primera cuestión que el artículo 95 del Tratado puede intervenir en la valoración del suplemento de precio y que —haciendo abstracción de si la ayuda otorgada respeta el marco autorizado por la Comunidad— no se puede justificar la diferencia existente en la imposición del azúcar de producción nacional, por un lado, y del azúcar importado, por otro, por la razón de que el efecto de apoyo del que se beneficia el azúcar de producción nacional se ampara en cierto modo en la bendición del Derecho comunitario.