ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Cuando una institución o un organismo de la Unión no está obligado a iniciar un procedimiento, sino que dispone de una facultad discrecional de apreciación que excluye el derecho de los particulares a exigir que defina su postura en un sentido determinado, las personas que hubiesen interpuesto una denuncia no tienen, en principio, la posibilidad de interponer ante el juez de la Unión un recurso contra una eventual decisión de archivar su denuncia. En efecto, tal posibilidad sólo existiría en el caso de que tales personas disfrutaran de derechos procesales, comparables a aquellos que pueden tener en el marco de un procedimiento con arreglo al Reglamento no 1/2003, que les permitieran exigir a tal institución u órgano que las informe y las oiga.

En lo que atañe a una denuncia de un particular basada en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento no 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), a cuyo tenor, a petición de una de las entidades en él mencionadas expresamente, o por su propia iniciativa, dicha Autoridad podrá investigar la supuesta infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión, de esta disposición se desprende que la referida Autoridad dispone de una facultad discrecional en materia de inicio de investigaciones, tanto cuando recibe una petición de alguna de las entidades mencionadas como cuando actúa por su propia iniciativa. Por tanto, en la medida en que el particular no se halla expresamente contemplado en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento no 1093/2010, no puede asimilarse a los denunciantes que disfrutan de garantías procesales cuyo respeto puede conseguirse ante el juez de la Unión. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del recurso de dicho particular dirigido a que se anule una decisión de la Autoridad Bancaria Europea por la que se niega a iniciar una investigación por su propia iniciativa.

(véanse los apartados 46 a 50)
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta)

de 23 de septiembre de 2015 — Mechadyne International/OAMI (FlexValve)

(Asunto T‑588/14)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria figurativa FlexValve — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Derecho de defensa — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Respeto del derecho de defensa — Alcance del principio [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 75, segunda frase] (véanse los apartados 12 y 13)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 20 a 22)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca figurativa FlexValve [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 23, 24, 29, 30, 40 y 52)

4. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto — Marca compuesta por una palabra o por un neologismo resultantes de una combinación de elementos [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 34 y 35)

5. Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase] (véanse los apartados 57 y 58)

6. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Motivo basado en la falta o insuficiencia de motivación — Motivo basado en la inexactitud de la motivación — Distinción (Art. 296 TFUE) (véase el apartado 59)

7. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Examen por separado de los motivos de denegación respecto de cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de registro — Obligación de motivación de la denegación de registro — Alcance [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, y 75, primera frase] (véanse los apartados 65 a 68)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 3 de junio de 2014 (asunto R 2435/2013-4) relativa a una solicitud de registro del signo figurativo FlexValve como marca comunitaria.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Mechadyne International Ltd.
219

A este respecto, procede, en primer lugar, recordar que las obligaciones establecidas en el pliego de cláusulas del CDSP son menos exigentes en relación con el servicio adicional de lo que lo son en relación con el servicio básico (véase el anterior apartado 151). Por otra parte, hay que remitirse a las consideraciones expuestas en los apartados 202 a 204 de la presente sentencia, de las que resulta que, aparte del hecho de que las prestaciones de Corsica Ferries debían responder a una serie de requisitos en términos de regularidad, continuidad, frecuencia de las travesías, capacidad para llevar a cabo el servicio, tarifas y tripulación de los buques y realizarse en condiciones compatibles con el interés general, no se ha acreditado que existiera una diferencia real cualitativa entre dichas prestaciones y las de la SNCM con salida desde Marsella. Por último, por lo que se refiere, más en particular, a las obligaciones de calidad del servicio previstas en el pliego de cláusulas del CDSP para el servicio adicional, invocadas por la SNCM, basta señalar que esta última no ha alegado elemento alguno que demuestre la existencia de una necesidad particular de ningún tipo de los viajeros que no hubiese sido atendida en el marco de la prestación de servicios de transporte marítimo por las compañías que operan con salida desde Tolón. Por otra parte, el servicio adicional sólo comprendía unas pocas obligaciones en cuanto a calidad del servicio y éstas no se diferenciaban sustancialmente de las aplicables a los servicios de transporte prestados por las compañías competidoras, en particular por Corsica Ferries.
100

Sin embargo, no puede admitirse que la regularización de la situación permita concluir que no existe infracción. En consecuencia, se infringió el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 45/2001, dado que la notificación de los datos se produjo con posterioridad a su tratamiento. Por tanto, debe considerarse que la Comisión violó una norma jurídica que tenía por objeto conferir derechos a las personas afectadas por los datos personales en poder de las instituciones y órganos de la Unión (véase la jurisprudencia citada en el apartado 51 anterior). No obstante, se plantea la cuestión de si tal violación puede considerarse suficientemente caracterizada en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 42 anterior. A este respecto, por un lado, es preciso poner de relieve que, con arreglo al Reglamento n.o 45/2001, el responsable de la protección de datos tiene la función de garantizar que el tratamiento de datos personales no tenga efectos adversos sobre los derechos y libertades de las personas afectadas por el citado tratamiento. En este contexto, tiene por misión, en particular, informar al SEPD de un tratamiento de datos que pudiera constituir un riesgo en el sentido del artículo 27 del Reglamento n.o 45/2001. De ello se deduce que, si no se le informa de un tratamiento de datos, tampoco él puede informar al SEPD y no puede, por tanto, desempeñar eficazmente la misión esencial de vigilancia que le ha atribuido el legislador europeo.
125

En ese sentido hay que observar ante todo que el artículo 1 de la Ley n.o 222, de 20 de mayo de 1985, dispone que las entidades eclesiásticas con sede en Italia y que persigan una finalidad religiosa o de culto pueden ser reconocidas como personas jurídicas de Derecho civil. El artículo 2, párrafo tercero, de la misma Ley establece que la finalidad religiosa o de culto debe ser constitutiva y esencial para la entidad. Además, el artículo 16 de esa Ley señala que las actividades comerciales o con ánimo de lucro no se pueden considerar en ningún caso como actividades con finalidad religiosa o de culto. Por último, el artículo 19 de la misma Ley, puesto en relación con el artículo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1987, n. 33 (Decreto del Presidente de la República n.o 33, de 13 de febrero de 1987), dispone que en caso de modificación del destino de los bienes o de las características de la existencia de una entidad eclesiástica, que da lugar a la pérdida de una de las condiciones exigidas para el reconocimiento, éste será revocado a propuesta del Ministro del Interior y por Decreto del Presidente de la República, oída la autoridad eclesiástica y previo dictamen del Consiglio di Stato (Consejo de Estado italiano). Debe añadirse que, tras la adopción de la legge del 12 gennaio 1991, n. 13 (Ley n.o 13, de 12 de enero de 1991), el Decreto del Presidente de la República previsto por el artículo 19 de la Ley n.o 222, de 20 de mayo de 1985, ya no es necesario para la revocación de la condición civil de las entidades eclesiásticas, que actualmente es competencia del Ministro del Interior.
53

En lo que concierne al compromiso no 3, procede señalar que éste se refiere únicamente a la eficacia del sistema judicial y no impone en modo alguno la atribución de la competencia de la ejecución de las resoluciones judiciales a un órgano particular con arreglo a procedimientos predefinidos. En efecto, como observa fundadamente la Comisión, el sistema de ejecución de las resoluciones judiciales en los Estados miembros no se rige por el Derecho de la Unión, y, en consecuencia, no entra dentro del acervo de la Unión que el Estado adherente debe incorporar, extremo no rebatido por los demandantes. Tanto los Tratados como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establecen ciertos principios que deben regir la Justicia impartida en los Estados miembros, como son la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales o la presunción de inocencia, así como determinadas normas con las que se pretende garantizar la cooperación judicial entre los Estados miembros, en la medida en que sea necesario, mediante la aproximación de las legislaciones nacionales. Así, la Comisión tuvo la ocasión de intervenir ante las autoridades croatas debido a problemas de transposición de ciertas disposiciones armonizadas en materia de cooperación judicial, como además pusieron de manifiesto los demandantes evocando el asunto de la «Lex Perković». En cambio, ninguna disposición de Derecho primario o de Derecho derivado define un sistema armonizado de ejecución de las resoluciones judiciales. Los demandantes subrayan además que numerosos Estados miembros de la Unión han optado por un sistema de ejecución de las resoluciones judiciales equivalente al de los agentes públicos de ejecución, reconociendo, de este modo, que tal sistema no es uniforme en todos los Estados miembros.
Por otra parte, los considerandos de la Decisión impugnada a que hace referencia la demandante (reproducidos en el apartado 30 de la presente sentencia), se limitan a enunciar consideraciones generales válidas, potencialmente, para todos los operadores existentes en el mercado en cuestión. Si bien es cierto que dichos considerandos indican, señaladamente, que la desaparición de FagorBrandt habría permitido a sus competidores europeos aumentar sensiblemente sus ventas y, por ende, su producción (considerandos 18 y 94), no permiten en ningún caso presumir que la medida controvertida haya afectado más a la demandante que al conjunto de sus competidores por término medio (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de diciembre de 2014, Castelnou Energía/Comisión, T‑57/11, EU:T:2014:1021, apartado 35) o que habría experimentado un desarrollo sustancialmente mayor de no haberse autorizado la medida controvertida (véase, en este sentido, el auto de 27 de mayo de 2004, Deutsche Post y DHL/Comisión, T‑358/02, EU:T:2004:159, apartado 43). Concretamente, nada permite demostrar que la demandante habría sido más capaz que la media de sus competidores de atraer la demanda liberada por la desaparición de FagorBrandt. En particular, la demandante no demuestra que la ayuda controvertida sirviese a la beneficiaria para mantener cuotas de mercado que, de lo contrario, habría ostentado ella (sentencia de 13 de junio de 2013, Ryanair/Comisión, C‑287/12 P, no publicada, EU:C:2013:395, apartado 113) y que, por lo tanto, sufrió un lucro cesante lo suficientemente importante, en comparación con sus otros competidores, para que se pueda considerar que su posición en el mercado se vio sustancialmente afectada. A este respecto, contrariamente a lo que afirma la demandante, su posición de número dos en el mercado detrás de la beneficiaria no puede, por sí sola, fundamentar la presunción de que su posición en el mercado se vio sustancialmente afectada (véase, en este sentido, el auto de 27 de agosto de 2008, Adomex/Comisión, T‑315/05, no publicado, EU:T:2008:300, apartado 28).
4

Además, el pliego de condiciones preveía 27 prestaciones adicionales, cuya ejecución debía producirse a petición de la Comisión anualmente, en la medida de tres prestaciones adicionales como mínimo hasta un máximo de diez por año, entendiéndose que en el primer año se solicitarían al menos las prestaciones adicionales no 24, no 26 y no 27. Las prestaciones adicionales comprendían la organización de grupos de reflexión, es decir, de grupos de expertos que estudian y debaten cuestiones relativas específicamente al plan europeo de innovación (prestaciones adicionales nos 1 a 6), la organización de talleres adicionales (nos 7 a 9), la organización de jornadas «sobre el terreno» (nos 10 a 13), la organización de seminarios adicionales (nos 14 a 17), la evaluación del trabajo de los grupos operativos (nos 18 a 20), la organización de conferencias (no 21), la organización del viaje y del alojamiento de los participantes en los grupos de reflexión, en los talleres y en los seminarios (no 22), la realización de prestaciones en los Estados miembros (no 23), la creación de una lista de expertos (no 24), la clausura del punto de información (no 25), la creación del punto de información (no 26) y el recuento de todos los proyectos pertinentes a efectos de la creación de una base de datos (no 27).
99

A este respecto, es preciso señalar que la circunstancia alegada por los demandantes de que el Principles Consultative Group (PCG) propuso, en su informe titulado «Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets» de 2010, reconocer la aplicación de la cláusula pari passu en la esfera internacional en relación con los «mercados emergentes» carece de pertinencia para averiguar si esa regla existe en el ordenamiento jurídico de la Unión. Del mismo modo, los demandantes no pueden ampararse en el Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160, p. 1), ya que éste dejó constancia de las considerables divergencias existentes respecto de este tema en los ordenamientos jurídicos nacionales, incluido en relación con el trato preferencial dado a los acreedores (considerando 11 del Reglamento), y se limitó a establecer normas uniformes de conflicto sobre la ley aplicable, con el fin, en particular, de coordinar la distribución del activo liquidado, para preservar al máximo la igualdad de trato de los acreedores (considerandos 21 y 23 de dicho Reglamento).
11

Además del Reglamento (CE) no 1749/96, de 9 de septiembre de 1996, para la aplicación inicial de las medidas del Reglamento no 2494/95 (DO L 229, p. 3), la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 2214/96, de 20 de noviembre de 1996, relativo a los índices de precios al consumo armonizados: transmisión y difusión de los subíndices de los IPCA (DO L 296, p. 8), modificado en diversas ocasiones y, en último término, por el Reglamento (UE) no 119/2013 de la Comisión, de 11 de febrero de 2013, por el que se modifica el Reglamento no 2214/96, por lo que respecta al establecimiento de índices de precios al consumo armonizados a impuestos constantes (DO L 41, p. 1).
4

En este contexto, las autoridades italianas adoptaron el decreto-legge n. 49, riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Decreto-ley no 49, de reforma de la legislación sobre la aplicación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos), de 28 de marzo de 2003 (GURI no 75, de 31 de marzo de 2003, p. 4), así como el decreto ministeriale del 30 luglio 2003, disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all’art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003 (Decreto Ministerial de 30 de julio de 2003 por el que se aprueban disposiciones relativas al pago de la tasa suplementaria adeudada y no liquidada del período de 1995/1996 a 2001/2002, a que se refiere el artículo 10, apartado 34, de la Ley no 119/2003) (GURI no 183, de 8 de agosto de 2003, p. 33). De la lectura conjunta de ambas normas se desprende que, en esencia, dispusieron que los productores de leche habían de reembolsar a la República Italiana el importe íntegro de la tasa suplementaria de la que ésta se había hecho cargo, sin intereses, mediante plazos anuales de la misma cuantía, a lo largo de un período no superior a catorce años (en lo sucesivo, «sistema de pagos escalonados»).
21

En el presente asunto, de la resolución impugnada no resulta en modo alguno que la Sala de Recurso no tomara en consideración el documento presentado en anexo 10 del recurso interpuesto ante ella. En particular, la Sala de Recurso no reprochó a la demandante que no lo presentara en tiempo hábil y no lo declaró inadmisible. Es posible que la Sala de Recurso no prestara atención al hecho de que el anexo 10 del recurso formulado ante ella contenía indicaciones relativas a los volúmenes de venta de la demandante en determinados Estados miembros.
El artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 211/2011, sobre la iniciativa ciudadana, conforme al cual la Comisión informará a los organizadores de las razones del rechazo del registro de una propuesta de Iniciativa ciudadana europea (ICE), constituye la expresión concreta de dicha obligación de motivación, impuesta por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, en el ámbito de la ICE. A este respecto, el hecho de que la propuesta de ICE no fuera registrada puede afectar a la propia efectividad del derecho que asiste a los ciudadanos de presentar una iniciativa ciudadana, consagrado por el artículo 24 TFUE, párrafo primero. Por consiguiente, en tal decisión deben constar con claridad los motivos que justifiquen la denegación del registro. En efecto, el ciudadano que haya presentado una propuesta de ICE debe poder contar con los elementos suficientes para comprender las razones por las que la Comisión ha denegado su registro, de modo que corresponde a dicha institución, ante quien se presenta tal propuesta, no sólo examinar las iniciativas ciudadanas propuestas, sino también motivar específicamente su decisión en los casos en que las rechace, habida cuenta de su incidencia en el ejercicio efectivo del derecho que consagra el Tratado. Ello se desprende de la propia naturaleza de este derecho, que, según se establece en el considerando 1 del Reglamento n.o 211/2011, tiene como fin consolidar la ciudadanía europea y reforzar el funcionamiento democrático de la Unión mediante la participación de los ciudadanos en la vida democrática de ésta.

La Comisión incumple su obligación de motivación al no indicar, en una decisión por la que se deniega el registro debido a que no concurre el requisito previsto en el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 211/2011, qué medidas, entre las enunciadas en el anexo de la propuesta de ICE, no se hallan comprendidas en el ámbito de sus competencias, ni los fundamentos en los que basó tal conclusión. En efecto, de ese modo, a los organizadores no se les ha dado la posibilidad de identificar cuáles de esas propuestas formuladas eran las que, según la Comisión, se hallaban fuera del ámbito de sus competencias, en el sentido del citado artículo 4, apartado 2, letra b), ni tampoco la de conocer los motivos que llevaron a esa apreciación, y, por lo tanto, se les ha impedido impugnar la fundamentación de dicha apreciación, del mismo modo que al Tribunal le resulta imposible ejercer su control sobre la legalidad de la apreciación de la Comisión. Además, a falta de una motivación completa, la eventual presentación de una nueva propuesta de ICE, que tenga en cuenta las objeciones de la Comisión en relación con la admisibilidad de algunas propuestas, quedaría seriamente comprometida, al igual que la consecución de los objetivos consistentes en fomentar la participación ciudadana en la vida democrática y hacer la Unión más accesible, recordados en el considerando 2 del Reglamento n.o 211/2011.

(véanse los apartados 15, 17, 18, 29 y 34)
De la regla 22, apartado 4, del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria, en su versión modificada, resulta que la lista de medios de prueba (envases, catálogos, facturas, etc.) que contiene no es exhaustiva, puesto que indica que «deberá limitarse preferentemente» a los ejemplos indicados. Por otra parte, ya se ha declarado que las modalidades y los medios probatorios del uso efectivo de una marca no son limitados. A este respecto, consta claramente que no pueden excluirse los medios de prueba constituidos por material de audio o de vídeo, como son los anuncios emitidos por radio o televisión. Ahora bien, generalmente éstos se encuentran disponibles en un soporte informático, como un CD ROM o una memoria USB, y no pueden presentarse en un soporte en papel o en un archivo digital del documento.

Diferente es el caso de los medios de prueba, como las facturas o un catálogo, que habrían podido presentarse en soporte papel o en un archivo que contuviera los documentos escaneados, pero que, sin embargo, se almacenaron en un CD ROM a efectos de su presentación. Aunque los principios recordados anteriormente no se oponen a la presentación de pruebas en formato CD ROM, la cuestión planteada atañe fundamentalmente a las modalidades de transmisión de medios de prueba a la Oficia de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). No obstante, las disposiciones del Reglamento no 2868/95 que se refieren de modo específico a la transmisión de comunicaciones a la OAMI no se oponen a la transmisión de elementos de prueba en CD ROM.

No cabe excluir que la presentación de pruebas en un CD ROM que contenga varios archivos electrónicos pueda dificultar el análisis de los elementos de prueba presentados en este formato, en relación con los presentados en papel o en un simple archivo que contenga una versión escaneada de los documentos que permita una reproducción idéntica mediante su impresión. A este respecto, corresponde a las partes que aporten las pruebas del uso en CD ROM garantizar que su lectura no plantee problemas que comprometan su valor probatorio.

(véanse los apartados 23 a 29, 34 y 35)
3.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Marca denominativa MovieStation [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 21, 34 y 38 a 40)