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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 92/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el VAT and Duties Tribunal, London (Reino Unido) el 31 de enero de 2008 — RCI Europe/Commissioners of HM Revenue and Customs

(Asunto C-37/08)

(2008/C 92/30)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

VAT and Duties Tribunal, London

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: RCI Europe

Recurrida: Commissioners of HM Revenue and Customs

Cuestiones prejudiciales

1) En el contexto de los servicios prestados por la recurrente a cambio de: — la cuota de inscripción; — la cuota de suscripción, y — la cuota de intercambio pagadas por los socios del sistema Weeks de la recurrente, ¿cuáles son los factores que deben considerarse al determinar si los servicios están «relacionados con bienes inmuebles», en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra a), de la Sexta Directiva del IVA (1) (actualmente artículo 45 de la Directiva refundida del IVA (2))?

2) Si alguno de los servicios prestados por la recurrente, o todos ellos, están «relacionados con» bienes inmuebles, en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra a), de la Sexta Directiva del IVA (actualmente artículo 45 de la Directiva refundida del IVA), el bien inmueble con el que está relacionado cada uno de los servicios, o todos éstos, ¿es el bien inmueble cuyos derechos de aprovechamiento se aportan al Fondo, o el bien inmueble cuyo aprovechamiento se solicita a cambio de los derechos aportados, o ambos bienes inmuebles?

3) Si alguno de los servicios está «relacionado con» ambos bienes inmuebles, ¿cómo deben calificarse los servicios en virtud de la Sexta Directiva del IVA (actualmente Directiva refundida del IVA)?

4) En vista de las divergentes soluciones adoptadas en diferentes Estados miembros, ¿cómo califica la Sexta Directiva del IVA (actualmente Directiva refundida del IVA) el ingreso de «la cuota de intercambio» que un sujeto pasivo percibe por las siguientes prestaciones de servicios: — facilitar el intercambio de las facultades de uso vacacional de las que es titular un socio del sistema gestionado por el sujeto pasivo con las facultades de uso vacacional de las que es titular otro socio del mismo sistema; y/o — proporcionar facultades de uso en un alojamiento cuyos derechos de aprovechamiento por turno adquiere el sujeto pasivo a terceros para complementar el Fondo de alojamientos de esa clase disponibles para los socios del sistema?

(1) Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).

(2) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 64/28

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 2 de enero de 2008 — Athesia Druck Srl/Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate

(Asunto C-1/08)

(2008/C 64/40)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Athesia Druck Srl

Recurrida: Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate

Cuestión prejudicial

¿Cuál es a efectos del IVA, en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo (1), de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, el lugar de la prestación de publicidad efectuada por un sujeto que tiene su domicilio en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Europea para un destinatario establecido fuera de la Comunidad, pero con un representante fiscal en el territorio del Estado miembro? En particular, ¿es dicho lugar el lugar del destinatario del mensaje publicitario, el lugar donde tiene su domicilio la sociedad representante fiscal en Italia de la sociedad no comunitaria, el lugar donde tiene su domicilio la sociedad no comunitaria que solicita la prestación de publicidad, o bien el lugar de quien encarga los servicios a la sociedad no comunitaria?

(1) DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.
1)

En el supuesto de que una empresa, en la publicidad de sus propios productos o servicios, utilice una marca registrada propiedad de un competidor al objeto de comparar las características (y en particular el olor) de los productos que comercializa con las características (y en particular el olor) de lo productos comercializados por el competidor con tal marca, y la use de tal forma que no cause confusión ni menoscabe en modo alguno la función esencial de la marca, como indicación de origen, ¿puede dicho uso incluirse en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 89/104?
17.

El artículo 11 de dicho Tratado dispone lo siguiente: «Al adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación del presente Tratado, una Parte Contratante podrá ejercer los derechos y deberá cumplir las obligaciones que dicha Parte Contratante tenga de conformidad con el Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, incluidos los acuerdos interpretativos de los mismos, de manera que: a) de conformidad con el artículo 9.2) del Convenio de Berna, una Parte Contratante podrá permitir la reproducción de obras en determinados casos especiales, siempre que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor; b) de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, una Parte Contratante circunscribirá las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos; c) de conformidad con el artículo 10.1) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, una Parte Contratante podrá prever limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores en virtud del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor; d) de conformidad con el artículo 10.2) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, una Parte Contratante restringirá, al aplicar el Convenio de Berna, cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.»
35.

A primera vista, el apartado 28 de la sentencia de 24 de octubre de 2002, Comisión/Italia (C‑455/00, EU:C:2002:612), parece sugerir este nexo causal. El Tribunal de Justicia observó que los «dispositivos correctores especiales», previstos en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva sobre los equipos que incluyen pantallas de visualización «se refieren a la corrección de daños ya existentes». Sin embargo, ese apartado de la sentencia no puede leerse fuera del contexto de dicho asunto. Esta sentencia es el resultado de un procedimiento de infracción que la Comisión inició contra la República Italiana por no haber aplicado adecuadamente el artículo 9 de la Directiva sobre los equipos que incluyen pantallas de visualización. La sentencia versaba, en particular, sobre la falta de transposición exacta, por parte de la República Italiana, de los requisitos previstos en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva sobre los equipos que incluyen pantallas de visualización, en virtud del cual los empresarios deben proporcionar dispositivos correctores especiales.
18.

En este sentido, el órgano jurisdiccional remitente señala que los sistemas de marcado de los productos de la demandante no permiten determinar si los productos en cuestión están o no destinados al mercado del EEE. En consecuencia, ningún demandado está en condiciones de demostrar que una copia de un producto que lleva la marca de la Unión de la demandante ha sido comercializada en el EEE por esta o con su consentimiento. Ciertamente, el demandado puede dirigirse a su vendedor. Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, es improbable que logre obtener información útil sobre la identidad de la entidad de la que el proveedor ha obtenido las copias en cuestión o de las entidades que forman parte de la cadena de distribución de las copias en el territorio polaco porque los proveedores no suelen estar dispuestos a revelar sus fuentes de suministro para no perder compradores.
2.

Según dicha línea jurisprudencial, la Autoridad tributaria debe estar facultada o incluso obligada, en particular, a denegar a un sujeto pasivo del IVA el derecho a deducir si sabía o debería haber sabido que una operación anterior o posterior a él en una cadena de servicios formaba parte de un fraude del IVA. ( 2 ) Para empezar, el hecho de sancionar el fraude a través de la legislación tributaria, al margen del Derecho penal previsto al efecto, plantea cuestiones en relación con los derechos (fundamentales) de los contribuyentes. Esto es así con mayor razón ( 3 ) si para ello basta que el sujeto pasivo supiera o debería haber sabido que su cocontratante posiblemente no ingresaría el IVA devengado. Por un lado, la mera posibilidad de no pagar un impuesto no constituye un fraude fiscal y, por otro, hace prácticamente imposible las transacciones con empresas en dificultades financieras (es decir, las que están en situación de insolvencia o van a estarlo próximamente).
66.

Con carácter más general, me pregunto si la Comisión no magnifica en realidad la importancia de los efectos que el artículo 3, apartado 2, del Protocolo n.o 36 debía conservar una vez transcurrido el período transitorio. La votación con arreglo a las «antiguas» normas de la mayoría cualificada después del 31 de marzo de 2017 solo podía tener lugar, debido a las limitaciones mencionadas en el punto 54 de las presentes conclusiones, con carácter excepcional. La alegación según la cual la interpretación efectuada por el Tribunal General de dicha disposición es contraria al principio de democracia o podría malograr uno de los objetivos perseguidos por los redactores del Tratado de Lisboa me recuerda al sketch de los Monty Python en el que unos cazadores utilizan ametralladoras, bazucas y artillería para matar a un mosquito. Pues bien, a diferencia del desenlace de ese sketch, no me parece que esta forma de exageración sea un acierto.
75.

En este sentido, no garantiza la efectiva percepción del impuesto, pues, en esencia, en tales circunstancias no podría recaudarse impuesto alguno sobre una determinada adquisición intracomunitaria sobre la base de la ficción que establece el artículo 41 de la Directiva del IVA. Además, con mayor motivo, el mecanismo corrector al que se recurriría en tal caso no podría invocarse para evitar la doble imposición, pues, en la hipótesis aquí considerada, B. no tributaría en el Estado miembro de destino de los bienes, por lo que, en principio, se devolvería un impuesto a un operador que, en ese supuesto, no habría pagado impuesto alguno en el Estado miembro de destino.
14.

AR no disfrutó de todas las vacaciones que le correspondían por ley respecto del año 2017. St. Vincenz-Krankenhaus no la indujo a disfrutar de sus vacaciones ni le advirtió de que las vacaciones no disfrutadas podían extinguirse al final del año natural o del período de aplazamiento. AR solicita que se reconozca su derecho a disfrutar de los catorce días de vacaciones no disfrutados correspondientes al año natural 2017. Considera que sus vacaciones no se han extinguido porque la empresa no le informó oportunamente del riesgo de caducidad de su derecho a disfrutarlas. St. Vincenz-Krankenhaus alega que el derecho a vacaciones correspondiente al año 2017 caducó, a más tardar, la medianoche del 31 de marzo de 2019.
26.

En mis conclusiones paralelas presentadas en dicho asunto explico fundamentalmente que: i) los miembros de un grupo a efectos del IVA no pierden su condición de «sujetos pasivos» hasta tanto los miembros del grupo no dejen de realizar actividades económicas independientes; ii) cuando los Estados miembros hacen uso de la facultad que les confiere el artículo 4, apartado 4, de la Sexta Directiva y cuando establecen ciertos requisitos y modalidades en el caso de los grupos a efectos del IVA, no pueden alterar sustancialmente las características del concepto de grupo a efectos del IVA ni la finalidad de esa disposición. Además, al transponer dicha Directiva y definir las disposiciones para la efectividad de los derechos que los grupos a efectos del IVA y las personas pueden derivar del artículo 4, apartado 4, la legislación de los Estados miembros no puede tener como consecuencia privar de tales derechos a determinados grupos a efectos del IVA o a determinadas personas que, por lo demás, cumplen los correspondientes requisitos conforme a la Sexta Directiva (como, de hecho, es el caso de las personas de que se trata en el presente asunto y en el asunto C‑141/20); iii) los objetivos del párrafo segundo del artículo 4, apartado 4, son prevenir los abusos y luchar contra el fraude y la evasión fiscales, y simplificar las operaciones administrativas mediante la exención del IVA de las operaciones intragrupo.
26.

Como expuse en mis conclusiones del asunto United Video Properties, «bajo la noción de gastos devengados por la intervención de peritos, expertos o asesores técnicos pueden ampararse realidades diferentes, algunas de las que no tendrán necesariamente cobijo en la categoría de “gastos del proceso”. Esta última no comprende cualquier gasto más o menos “relacionado” con el ejercicio de la acción o desembolsado “con ocasión” de ella, sino los que tengan su origen inmediato y directo en el propio proceso. Una persona, física o jurídica, puede llevar a cabo actuaciones preliminares, o incluso evacuar consultas previas con ciertos asesores o expertos, sin que su coste tenga por qué figurar entre los “gastos del proceso”. Según el considerando vigésimo sexto de la Directiva, los “gastos de identificación e investigación” efectuados en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual pertenecen al capítulo de la indemnización de los perjuicios (artículo 13) y no al de las costas procesales (artículo 14)». ( 10 )
93.

Hallar un equilibrio entre todos los intereses en juego en tal situación no es nada sencillo. Por una parte, la situación en la que el poder público solicita a empresas privadas unos datos que estas deben preparar y facilitar con arreglo a las exigencias específicas impuestas por aquel, podría acercarse peligrosamente a una subcontratación forzosa del ejercicio de la función pública. Tal podría ser el caso, en particular, de los datos que, por lo demás, son de libre acceso y habrían podido obtener las propias entidades públicas con un pequeño esfuerzo técnico. Por otra parte, como ha señalado pertinentemente el Gobierno belga al subrayar la amplia trascendencia de la situación del litigio principal, podría ser necesaria una respuesta algo más matizada en las situaciones de coexistencia de diversas formas de plataformas de economía compartida o en otros supuestos en los que las autoridades públicas soliciten el acceso a datos esenciales para la finalidad pública legítima declarada, pero que no son de libre acceso, de modo que las autoridades públicas no los pueden obtener por sí mismas. No obstante, incluso en tales circunstancias, queda por resolver la cuestión de una eventual compensación.
10.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la citada Decisión Marco, titulado «Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución»: «1. La autoridad competente del Estado de ejecución podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la resolución si el certificado contemplado en el artículo 4 no se presenta, está incompleto o no se corresponde manifiestamente con la resolución. 2. La autoridad competente del Estado de ejecución podrá también denegar el reconocimiento y la ejecución de la resolución si se demuestra que: […] b) en uno de los supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo 5, la resolución se refiere a hechos no constitutivos de infracción en virtud del Derecho del Estado de ejecución; […] 3. En los casos a que hacen referencia el apartado 1 y las letras c) y g) del apartado 2, antes de decidir el no reconocimiento y la no ejecución total o parcial de una resolución, la autoridad competente del Estado de ejecución consultará a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que considere adecuado y, cuando sea oportuno, solicitará que le envíe cualquier información necesaria sin demora.»
152.

En relación con esos 17 tipos de productos, debo señalar asimismo que, en mi opinión, es errónea la conclusión a la que llega el Tribunal General en el apartado 71 in fine de la sentencia recurrida —sobre la base de la constatación contenida en el apartado 70 de la sentencia recurrida— según la cual los 17 tipos de productos en cuestión no habían sido objeto de ninguna subcotización de precios. En efecto, debido al muestreo y a la elección del método NCP, como por lo demás señala el propio Tribunal General en el apartado 69 de la sentencia recurrida, no era posible calcular un margen de subcotización para esos tipos de productos. ( 68 ) Sin embargo, esto no significa que esos 17 tipos de productos no hayan sido objeto de subcotización. En efecto, no cabe excluir que otros exportadores chinos, que no estaban incluidos en la muestra, hayan importado los referidos 17 tipos de productos a precios significativamente inferiores con respecto a los precios de los productores de la Unión. ( 69 ) Tal constatación no pudo efectuarse únicamente en razón de la elección de método efectuada por la Comisión en el marco de su margen de apreciación, elección que, por otro lado, no ha sido impugnada.
83.

En segundo lugar, dentro de ese grado permisible de diversidad de métodos y soluciones, son siempre posibles los supuestos inhabituales. Es lo que, en parte, parece haber sucedido en el presente asunto, en el que, por un lado, el demandante no tenía la posibilidad, por aplicación del Derecho nacional, de asegurar el automóvil Renault Clio 1.5 DCI en cuestión hasta que no obtuviese la certificación oficial de su titularidad y, por otro, la obtención de dicha certificación oficial se demoró, al parecer, por la inacción de un tercero. En tal contexto y teniendo en cuenta el hecho de que el automóvil se encontraba en un aparcamiento vigilado y no había posibilidad alguna de que pudiese circular, podría en efecto parecer algo extraño reclamar el pago del seguro no contratado en este caso en concreto.
11.

El artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Definiciones», está redactado en los siguientes términos: «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) “protección internacional”: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g); b) “beneficiario de protección internacional”: una persona a la que se ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g); c) “Convención de Ginebra”: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967; d) “refugiado”: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12; e) “estatuto de refugiado”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado; f) “persona con derecho a protección subsidiaria”: un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplica el artículo 17, apartados 1 y 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país; g) “estatuto de protección subsidiaria”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria; h) “solicitud de protección internacional”: petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado; i) “solicitante”: un nacional de un tercer país o un apátrida que haya presentado una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se haya tomado una decisión definitiva; […] n) “país de origen”: el país o los países de la nacionalidad o, en el caso de los apátridas, de la anterior residencia habitual.»