—

que no prevé la cobertura, en la medida de lo posible, de las necesidades básicas de ese nacional de un tercer país, para garantizar que se puedan prestar efectivamente la atención sanitaria de urgencia y el tratamiento básico de enfermedades, durante el período en el que ese Estado miembro está obligado a aplazar la expulsión de ese mismo nacional de un tercer país a raíz de la interposición del referido recurso. En lo que respecta a las características del recurso que debe poder interponerse contra una decisión de retorno, del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/115, puesto en relación con el artículo 12, apartado 1, de ésta, se deduce que un nacional de un tercer país debe disponer de una vía de recurso efectiva para impugnar una decisión de retorno adoptada contra él. Sin embargo, esa Directiva no exige que el recurso previsto por su artículo 13, apartado 1, tenga necesariamente efecto suspensivo. No obstante, las características de ese recurso deben determinarse de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que constituye una reafirmación del principio de tutela judicial efectiva y a cuyo tenor toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el mismo artículo. En los casos muy excepcionales en los que la devolución de un nacional de un tercer país aquejado de una grave enfermedad a un país en el que no existan los tratamientos adecuados vulnerase el principio de no devolución, los Estados miembros no podrán por tanto, conforme al artículo 5 de la Directiva 2008/115, puesto en relación con el artículo 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, llevar a cabo esa devolución. Esos casos muy excepcionales se caracterizan por la gravedad y la naturaleza irreparable del perjuicio derivado de la devolución de un nacional de un tercer país a un país en el que exista un riesgo grave de que sufra tratos inhumanos o degradantes. La efectividad del recurso interpuesto contra una decisión de retorno cuya ejecución pueda exponer al nacional interesado de un tercer país a un riesgo grave de deterioro serio e irreparable de su estado de salud exige en esas circunstancias que ese nacional de un tercer país disponga de un recurso con efecto suspensivo, para garantizar que la decisión de retorno no se ejecute antes de que una autoridad competente haya podido examinar la alegación de una infracción del artículo 5 de la Directiva 2008/115, interpretado a la luz del artículo 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En segundo lugar, en lo que atañe a las garantías que un Estado miembro debe ofrecer en aplicación del artículo 14 de la Directiva 2008/115 al nacional interesado de un tercer país aquejado de una grave enfermedad hasta que se resuelva el recurso que ha interpuesto contra una decisión de retorno cuya ejecución le puede exponer a un riesgo grave de deterioro serio e irreversible de su estado de salud, el artículo 9, apartado 1, letra b), de la misma Directiva prevé que los Estados miembros aplazarán la expulsión mientras se le otorgue efecto suspensivo de acuerdo con el artículo 13, apartado 2, de esa Directiva. Pues bien, se deduce de la estructura general de la misma Directiva que el artículo 9, apartado 1, letra b), debe abarcar todos los supuestos en los que un Estado miembro está obligado a suspender la ejecución de una decisión de retorno a raíz de la interposición de un recurso contra ésta. Por tanto, en esa situación el Estado miembro está obligado, en virtud del artículo 14, apartado 1, letra b), de esa Directiva, a cubrir en la medida de lo posible las necesidades básicas de un nacional de un tercer país aquejado de una grave enfermedad cuanto éste carece de los medios para subvenir él mismo a esas necesidades. En efecto, la garantía de atención sanitaria de urgencia y de tratamiento básico de enfermedades, prevista en el artículo 14, apartado 1, letra b), de esa Directiva, podría quedar privada de efecto real si no la acompañara la cobertura de las necesidades básicas del nacional interesado de un tercer país. No obstante, corresponde a los Estados miembros determinar la forma que deba tener esa cobertura de las necesidades básicas del nacional interesado de un tercer país.