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Asunto C-358/08

Aventis Pasteur SA

contra

OB

(Petición de decisión prejudicial planteada por la House of Lords)

«Directiva 85/374/CEE — Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos — Artículos 3 y 11 — Error en la calificación de “productor” — Procedimiento judicial — Solicitud de sustitución del demandado inicial por el productor — Expiración del plazo de prescripción»

Conclusiones de la Abogado General Sra. V. Trstenjak, presentadas el 8 de septiembre de 2009 I ‐ 11307

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de diciembre de 2009 I ‐ 11340

Sumario de la sentencia

Aproximación de las legislaciones — Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos — Directiva 85/374/CEE — Acción ejercitada contra una sociedad que ha sido considerada erróneamente sociedad productora — Expiración del plazo de prescripción — Sustitución del demandado inicial por el productor — Improcedencia — Excepción — Acción ejercitada contra la filial al 100% del productor y puesta en circulación del producto de que se trata determinada por dicho productor — Posibilidad de calificar al suministrador, demandado inicial, de productor — Requisitos — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional

(Directiva 85/374/CEE del Consejo, arts. 3, aps. 1 y 3, y 11)

El artículo 11 de la Directiva 85/374, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una normativa nacional que autorice la sustitución de un demandado por otro en el curso de un procedimiento judicial se aplique de manera que permita demandar, una vez expirado el plazo que fija, a un «productor» en el sentido del artículo 3 de esta Directiva, en una acción judicial ejercitada dentro de dicho plazo contra otra persona.

No obstante, por una parte, dicho artículo 11 debe ser interpretado en el sentido de que no se opone a que el tribunal nacional considere que, en la acción judicial ejercitada, dentro del plazo que fija, contra la filial al 100% del «productor», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 85/374, dicho productor pueda sustituir a esta filial si el tribunal nacional comprueba que, de hecho, fue el productor quien determinó la puesta en circulación del producto de que se trata.

Por otra parte, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 85/374 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el perjudicado por un producto supuestamente defectuoso no pudo razonablemente identificar al productor de dicho producto antes de ejercitar sus derechos frente al suministrador del mismo, dicho suministrador debe ser considerado «productor» a efectos, en particular, de la aplicación del artículo 11 de dicha Directiva, si no comunicó al perjudicado, por iniciativa propia y de manera diligente, la identidad del productor o de su propio suministrador, extremo este que corresponde comprobar al tribunal nacional, habida cuenta de las circunstancias del caso.

(véanse los apartados 62 a 64 y el fallo)
Asunto C-267/08

SPÖ Landesorganisation Kärnten

contra

Finanzamt Klagenfurt

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt)

«IVA — Derecho a la deducción del impuesto soportado — Concepto de “actividades económicas” — Organización regional de un partido político — Actividades publicitarias en favor de las organizaciones locales del partido — Gastos correspondientes a dichas actividades y que superan los ingresos»

Conclusiones del Abogado General Sr. M. Poiares Maduro, presentadas el 9 de julio de 2009 I ‐ 9783

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de octubre de 2009 I ‐ 9792

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Actividades económicas a efectos del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Sexta Directiva

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 4, aps. 1 y 2)

El artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, debe interpretarse en el sentido de que las actividades de publicidad exterior realizadas por la sección de un partido político de un Estado miembro no deben considerarse una actividad económica. En efecto, tales actividades no permiten obtener ingresos continuados en el tiempo, pues los únicos ingresos que tienen continuidad en el tiempo proceden de la financiación pública y de las aportaciones de los afiliados a dicho partido, y sirven, en particular, para compensar las pérdidas generadas por la actividad de publicidad exterior. De este modo, mediante tales actividades de publicidad, un partido político desarrolla una labor de comunicación en el marco de la realización de sus objetivos políticos que persigue la difusión de sus ideas como organización política. Al ejercer esas actividades, dicho partido político no participa en mercado alguno.

(véanse los apartados 21, 23 y 24 y el fallo)
Asunto C-7/08

Har Vaessen Douane Service BV

contra

Staatssecretaris van Financiën

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Franquicia de los derechos de importación — Reglamento (CEE) no 918/83 — Artículo 27 — Mercancías sin un valor individual estimable expedidas mediante un envío agrupado — Envíos expedidos directamente desde un Estado tercero a un destinatario en la Comunidad»

Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 23 de abril de 2009 I ‐ 5583

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 2 de julio de 2009 I ‐ 5596

Sumario de la sentencia

Arancel Aduanero Común — Franquicia de los derechos de importación

[Reglamentos (CEE) del Consejo nos 918/83, art. 27, y 3357/91]

El artículo 27 del Reglamento no 918/83 relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, en su versión modificada por el Reglamento no 3357/91, no se opone a que se admitan con franquicia de derechos de importación los envíos agrupados de mercancías cuyo valor intrínseco total exceda del límite establecido en dicho artículo 27, pero que, consideradas separadamente, no posean un valor estimable, siempre que cada paquete del envío conjunto esté dirigido individualmente a un destinatario establecido en la Comunidad Europea.

En efecto, para la admisión con franquicia carece de pertinencia el hecho de que los paquetes, de un valor individual inferior al límite establecido en dicho artículo 27, se presenten en aduana conjuntamente para su expedición en la Comunidad, puesto que, desde su salida desde el Estado tercero de expedición, el destinatario de cada paquete está identificado. También carece de pertinencia el hecho de que la contraparte contractual de dichos destinatarios esté ella misma establecida en la Comunidad Europea si las mercancías se expiden directamente desde un Estado tercero a dichos destinatarios. A este respecto, la mera circunstancia de que la contraparte contractual esté domiciliada en la Comunidad no permite, por sí sola, considerar que las mercancías han estado sujetas a otro régimen aduanero previamente a su despacho a libre práctica en la Comunidad, situación que permitiría excluirlas de la franquicia aduanera con el fin de evitar todo uso abusivo de la misma.

(véanse los apartados 38, 42, 43 y 49 y el fallo)
Asunto C-204/08

Peter Rehder

contra

Air Baltic Corporation

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof)

«Reglamento (CE) no 44/2001 — Artículo 5, punto 1, letra b), segundo guión — Reglamento (CE) no 261/2004 — Artículos 5, apartado 1, letra c), y 7, apartado 1, letra a) — Convenio de Montreal — Artículo 33, apartado 1 — Transportes aéreos — Demandas de compensación de los pasajeros contra compañías aéreas en caso de cancelación de los vuelos — Lugar de cumplimiento de la prestación — Competencia judicial en caso de transporte aéreo de un Estado miembro a otro por una compañía aérea establecida en un tercer Estado miembro»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 9 de julio de 2009 I ‐ 6076

Sumario de la sentencia

Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Competencias especiales — Tribunal del lugar de cumplimiento de la obligación contractual que sirve de base a la demanda — Contrato de prestación de servicios — Pluralidad de lugares de prestación de servicios en distintos Estados miembros — Competencia del órgano jurisdiccional del lugar de la principal prestación de servicios [Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, art. 5, punto 1, letra b), segundo guión] Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Competencias especiales — Tribunal del lugar de cumplimiento de la obligación contractual que sirve de base a la demanda — Contrato de prestación de servicios — Transporte aéreo de personas desde un Estado miembro con destino a otro Estado miembro — Solicitud de compensación por cancelación de un vuelo, basada en el Reglamento (CE) no 261/2004 — Competencia de los órganos jurisdiccionales de los lugares de partida y llegada, a elección del demandante [Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, art. 5, punto 1, letra b), segundo guión]
En el supuesto de que una cuestión esté regulada de forma armonizada a escala comunitaria, toda medida nacional a este respecto debe apreciarse a la luz de las disposiciones de esta medida de armonización y no de los artículos 28 CE y 30 CE. En las materias reguladas por la Directiva 1999/5, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, los Estados miembros han de atenerse íntegramente a lo dispuesto por esta Directiva y no pueden mantener en vigor disposiciones nacionales que sean contrarias a ella. Si un Estado miembro considera que la conformidad con una norma armonizada no garantiza el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos por la Directiva 1999/5 y que esa norma debería abarcar, el Estado miembro debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 5 de dicha Directiva. No obstante, un Estado miembro puede invocar, como justificante de una restricción, motivos ajenos al ámbito armonizado por la Directiva 1999/5. En este caso, sólo podrá alegar las razones contempladas en el artículo 30 CE o exigencias imperativas basadas en el interés general.

(véanse el apartado 46 y el punto 3 del fallo)
El hecho de que el Reglamento no 1788/2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos, no tenga en cuenta, al determinar la cantidad de referencia nacional, el carácter deficitario del Estado miembro de que se trate, no afecta a la conformidad de este Reglamento con los objetivos señalados, en particular, en el artículo 33 CE, apartado 1, letras a) y b).

Aun suponiendo que el Reglamento no 1788/2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos, que se aplica indistintamente a todos los titulares de cantidades de referencia, perjudicara más de hecho a los pequeños productores que a los grandes, es preciso señalar que el hecho de que una medida adoptada en el marco de una organización común de mercados pueda tener repercusiones diferentes para determinados productores, en función de la naturaleza particular de su producción, no constituye una discriminación, puesto que esta medida se basa en criterios objetivos, adaptados a las necesidades del funcionamiento global de la organización común de mercado. Así sucede en el caso del régimen de cuotas lecheras y de la tasa, configurada de tal forma que las cantidades de referencia individuales se fijan en un nivel tal que su total no supere la cantidad total garantizada de cada Estado miembros. De ello se deduce que, a falta de una situación diferenciada, el examen de dicho Reglamento desde el punto de vista del principio de no discriminación no ha mostrado la existencia de ningún elemento que menoscabe su validez.

Además, el Reglamento no 1788/2003, cuyo objetivo esencial consiste en la estabilización del mercado de la leche, incluido en el objetivo de estabilizar los mercados que se menciona expresamente en el artículo 33 CE, apartado 1, letra c), también es conforme con los objetivos previstos en el artículo 33 CE, apartado 1, letras a) y b) y, por tanto, no es manifiestamente inapropiado para alcanzar el objetivo de estabilización de los mercados. El examen de este Reglamento desde el punto de vista del principio de proporcionalidad no ha mostrado ningún elemento que menoscabe su validez.

(véanse los apartados 69, 70, 77 y 81 a 83 y los puntos 2 y 3 del fallo)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 24 de marzo de 2009 — Comisión/Luxemburgo

(Asunto C-184/08)

«Incumplimiento de Estado — Reglamento (CE) no 648/2004 — Artículo 18 — Mercado de los detergentes y de los tensioactivos para detergentes — Sanciones en caso de incumplimiento»

1. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 8)

2. Estados miembros — Obligaciones — Incumplimiento — Justificación [Art. 226 CE; Reglamento (CE) no 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 17, ap. 4, y 18] (véase el apartado 10)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No establecimiento o comunicación, dentro del plazo señalado, de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para tratar cualquier infracción del Reglamento (CE) no 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes (DO L 104, p. 1).

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) no 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes, al no haber establecido sanciones, con arreglo al citado artículo, dentro del plazo señalado.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 24 de marzo de 2009 — Comisión/Luxemburgo

(Asunto C-184/08)

«Incumplimiento de Estado — Reglamento (CE) no 648/2004 — Artículo 18 — Mercado de los detergentes y de los tensioactivos para detergentes — Sanciones en caso de incumplimiento»

1. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 8)

2. Estados miembros — Obligaciones — Incumplimiento — Justificación [Art. 226 CE; Reglamento (CE) no 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 17, ap. 4, y 18] (véase el apartado 10)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No establecimiento o comunicación, dentro del plazo señalado, de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para tratar cualquier infracción del Reglamento (CE) no 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes (DO L 104, p. 1).

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) no 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes, al no haber establecido sanciones, con arreglo al citado artículo, dentro del plazo señalado.
Asunto C-18/08

Foselev Sud-Ouest SARL

contra

Administration des douanes et droits indirects

(Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal d’instance de Bordeaux)

«Impuesto sobre los vehículos de motor — Directiva 1999/62/CE — Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras — Artículo 6, apartado 2, letra b) — Decisión de la Comisión por la que se aprueba una exención — Falta de efecto directo»

Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 25 de septiembre de 2008 I ‐ 8747

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de noviembre de 2008 I ‐ 8754

Sumario de la sentencia

Transportes — Transportes por carretera — Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Directiva 1999/62/CE — Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras

[Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 6, ap. 2, letra b); Decisión 2005/449/CE de la Comisión]

La Decisión 2005/449, relativa a una solicitud de exención del impuesto sobre los vehículos de motor presentada por Francia de conformidad con el artículo 6, apartado 2, letra b), de la Directiva 1999/62, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, no puede ser invocada por un particular frente a la República Francesa, destinataria de la citada Decisión, para poder disfrutar de la exención autorizada por esta última desde el momento de su notificación o publicación.

En efecto, del artículo 6, apartado 2, letra b), de dicha Directiva se deduce que los Estados miembros disponen, no obstante la intervención de la Comisión, de una amplia facultad de apreciación en lo que respecta tanto a su decisión de recurrir a la posibilidad de exención prevista en dicho artículo como al contenido de la medida prevista, sin que pueda derivarse de la aprobación de tal medida por la Comisión obligación alguna de hacer uso de la citada posibilidad. Por lo tanto, el objeto y el efecto de la Decisión 2005/449 no son obligar a la República Francesa a conceder la exención prevista en el marco de su solicitud de autorización, sino facultarla para aplicar dicha exención si ésta es su intención.

El hecho de que la Decisión 2005/449 no fije la fecha de su entrada en vigor y se limite a fijar en el 31 de diciembre de 2009 la fecha de vencimiento de la exención prevista no puede tener influencia alguna sobre el alcance ni sobre los efectos de tal Decisión. En efecto, a tenor del artículo 254 CE, apartado 3, la Decisión 2005/449 surtió efecto a partir de la notificación a su destinatario, en el presente caso, la República Francesa. No obstante, el efecto de dicha Decisión es hacer posible una exención, en el caso de autos aún no existente y que requiere, para su aplicación, un acto nacional, y no imponer dicha exención.

(véanse los apartados 15 a 19 y el fallo)
156

Por último, en cuanto a la alegación del Reino de Suecia de que el Tribunal de Primera Instancia no realizó esta ponderación correctamente al no haber tenido en cuenta el contenido de los documentos controvertidos, procede señalar que, a juicio del Tribunal de Primera Instancia, sólo cuando las circunstancias concretas del caso permitan considerar que el principio de transparencia presenta una gravedad especial, dicho principio puede constituir un interés público superior capaz de superar la necesidad de proteger los documentos controvertidos y, en consecuencia, justificar la divulgación de éstos, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, in fine, del Reglamento no 1049/2001.
2

Dicha petición se presentó en el marco del litigio entre HSBC Holdings plc (en lo sucesivo, «HSBC») y Vidacos Nominees Ltd, de un lado, y los Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs (autoridades fiscales británicas), de otro, por la percepción de un impuesto denominado «stamp duty reserve tax» (impuesto sobre transmisiones de valores no documentadas; en lo sucesivo, «SDRT»), en aplicación del artículo 96 de la Ley de presupuestos para el año 1986 (Finance Act 1986; en lo sucesivo, «LP 1986»).
27

En efecto, de los autos del asunto se desprende que el contrato controvertido estaba compuesto por dos estudios que debía efectuar el adjudicatario. Pese a que, según ha alegado la República Helénica, el primer estudio constituía eventualmente la premisa del segundo, no se discute que ambos formaban un todo con vistas a la ejecución de las obligaciones del adjudicatario. Pues bien, según afirmó la propia República Helénica en la vista ante el Tribunal de Justicia, el segundo estudio aún no había concluido y, en consecuencia, no había sido entregado al poder adjudicatario el 4 de septiembre de 2006. Por tanto, en esa fecha, el contrato controvertido no había desplegado todos sus efectos.
204

Pues bien, la consecuencia jurídica lógica de la anulación de la Decisión negativa y de la Decisión de separación, habría sido que Schneider participase en la reanudación del procedimiento de examen detallado hasta el final del mismo, momento en el cual, cabía una de las siguientes opciones, tal como señaló, en esencia, la Comisión en su recurso de casación: — o bien se habría adoptado una decisión que declarase la compatibilidad de la operación de concentración, en cuyo caso Schneider no estaría obligada a ceder Legrand y, por tanto, no habría sufrido la reducción de precio alegada; — o bien se habrían adoptado nuevamente una decisión de incompatibilidad y una decisión de separación, en cuyo caso la cesión habría sido la consecuencia legal de la incompatibilidad declarada y, por tanto, no habría generado un perjuicio reparable, puesto que la cesión se deriva de un riesgo normalmente asumido por las empresas que ejercen la facultad prevista en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento, de realizar una operación de concentración mediante una oferta pública de canje antes de la decisión de la Comisión sobre dicha operación.