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1 Derecho comunitario - Ejercicio abusivo de un derecho derivado de una disposición comunitaria - Norma nacional que prohíbe el abuso de derecho - Aplicación por los órganos jurisdiccionales nacionales

2 Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Sociedades - Directiva 77/91/CEE - Modificación del capital de una sociedad anónima - Normativa nacional que prevé el aumento por vía administrativa del capital social de una sociedad anónima en dificultades financieras - Parálisis de los derechos derivados de la Directiva por aplicar una norma nacional que prohíbe el abuso de derecho

(Directiva 77/91/CEE del Consejo, art. 25, ap. 1, y art. 29, ap. 1)

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1 Los justiciables no pueden prevalerse de las normas comunitarias de forma abusiva o fraudulenta. Por consiguiente, el Derecho comunitario no se opone a que los órganos jurisdiccionales nacionales apliquen una norma nacional para apreciar si un derecho derivado de una disposición comunitaria se ejerce de forma abusiva. No obstante, la aplicación de una norma nacional de dicha naturaleza no puede menoscabar la plena eficacia y la aplicación uniforme de las disposiciones comunitarias en los Estados miembros. En particular, los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden, al apreciar el ejercicio de un derecho derivado de una disposición comunitaria, modificar el alcance de dicha disposición ni poner en peligro los objetivos por ella perseguidos.

2 A un accionista que invoca el apartado 1 del artículo 25 de la Segunda Directiva 77/91 en materia de sociedades, no puede imputársele un ejercicio abusivo del derecho derivado de dicha disposición basándose únicamente en que el aumento de capital por vía administrativa que impugna haya resuelto las dificultades financieras que ponían en peligro a la sociedad de que se trate y le haya aportado ventajas económicas evidentes, o en que no haya hecho uso de su derecho de suscripción preferente, previsto en el apartado 1 del artículo 29 de dicha Directiva, sobre las nuevas acciones emitidas al realizar el aumento de capital controvertido.

En efecto, por una parte, la facultad decisoria de la asamblea general, prevista en el apartado 1 del artículo 25, se aplica incluso en el caso en que la sociedad atraviese grandes dificultades financieras. Por otra parte, el ejercicio del derecho de suscripción preferente habría significado que el accionista deseaba aportar su colaboración en la puesta en práctica de la decisión de aumentar el capital sin la aprobación de la junta general, decisión que impugna precisamente basándose en el apartado 1 del artículo 25 de la Segunda Directiva.
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1 Competencia - Normas comunitarias - Empresa - Concepto - Oficina pública de empleo - Inclusión

(Tratado CE, arts. 85 y 86)

2 Competencia - Posición dominante - Abuso - Empresa que dispone de un monopolio legal - Oficinas públicas de empleo - Criterios de apreciación

(Tratado CE, arts. 86 y 90, aps. 1 y 2)

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3 Una oficina pública de empleo puede ser calificada de empresa a los efectos de la aplicación de las normas comunitarias sobre la competencia, dado que en el contexto del Derecho de competencia, esta calificación se aplica a cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación.

4 Por su condición de empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, y con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Tratado, las oficinas públicas de empleo están sometidas a las normas sobre competencia y, en particular, a la prohibición del artículo 86 del Tratado, en tanto que la aplicación de esta disposición no impida el cumplimiento de la misión específica que se les ha confiado. El Estado miembro que prohíbe toda actividad de mediación e interposición entre demandas y ofertas de trabajo cuando no la realizan dichas oficinas infringe el apartado 1 del artículo 90 del Tratado si crea una situación en la que las oficinas públicas de empleo se ven necesariamente obligadas a infringir los términos del artículo 86 del Tratado. Así sucede en particular cuando se cumplen los siguientes requisitos:

- Las oficinas públicas de empleo no están manifiestamente en condiciones de satisfacer la demanda del mercado de trabajo para todos los tipos de actividades.

- El ejercicio efectivo de las actividades de colocación por empresas privadas se hace imposible por el mantenimiento en vigor de disposiciones legales que prohíben tales actividades so pena de sanciones penales y administrativas.

- Las actividades de colocación de que se trata pueden extenderse a nacionales o a territorios de otros Estados miembros.
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Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Seguro de Vejez y Muerte - Prestaciones - Adaptación - Nuevo cálculo de la fracción de una prestación de vejez abonada, en virtud de la legislación nacional, al cónyuge separado en caso de revalorización de la prestación de invalidez percibida por el interesado con arreglo a la legislación de otro Estado miembro - Improcedencia

[Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, arts. 3, ap. 1, 46 y 51, ap. 1]

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Las disposiciones de los artículos 46 y 51 del Reglamento nº 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta propia, a los trabajadores por cuenta ajena y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 2001/83, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la parte de una prestación de vejez de un trabajador por cuenta ajena concedida a su cónyuge separado en virtud de la legislación aplicable en un Estado miembro se calcule nuevamente en función de las revalorizaciones resultantes de la evolución general de la situación económica y social de que haya sido objeto una prestación de invalidez percibida por dicho cónyuge con arreglo a la legislación de otro Estado miembro.

Por una parte, el apartado 1 del artículo 51 debe aplicarse no sólo en el supuesto de que la prestación que se intenta reducir por razón de los incrementos vinculados con la revalorización de otra prestación haya sido liquidada con arreglo al artículo 46, sino también cuando la liquidación se ha efectuado con arreglo a las disposiciones nacionales.

Por otra parte, puesto que la prestación concedida al cónyuge separado no forma parte de un régimen que pretenda compensar la insuficiencia de recursos del interesado, para permitirle disponer de un mínimo legal garantizado, la aplicación del apartado 1 del artículo 51 no causa ninguna perturbación en el funcionamiento de dicho régimen.

Por último, el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 1408/71, que no establece la igualdad de trato entre cónyuges ni se opone a la aplicación de una legislación nacional que desfavorezca a los trabajadores no migrantes con respecto a los migrantes, no puede invocarse frente a la aplicación del apartado 1 del artículo 51 argumentando que puede favorecer al interesado, cuya prestación no puede ser nuevamente calculada.
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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Decisión dirigida a un Estado miembro por la que se concede una ayuda financiera del FEDER para la construcción de centrales eléctricas - Particulares que no resultan individualmente afectados - Asociaciones que representan a dichos particulares - Inadmisibilidad - Derechos derivados de la Directiva 85/337/CEE - Irrelevancia - Protección otorgada por los órganos jurisdiccionales nacionales

(Tratado CE, art. 173, párr. 4; Directiva 85/337/CEE del Consejo)

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Los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión sólo pueden alegar que ésta los afecta individualmente si les atañe en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona y por ello los individualiza de manera análoga a la del destinatario.

Por lo que se refiere, más en particular, a una Decisión dirigida a un Estado miembro por la que se concede una ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la construcción de dos centrales eléctricas, las personas físicas cuya situación particular no ha sido tomada en consideración en el momento de adopción de la Decisión, que las afecta de manera general y abstracta y, de hecho, como a todas las demás personas que se encuentran en la misma situación, no resultan afectadas individualmente. Lo mismo sucede con las asociaciones que representan a dichas personas y que basan su legitimación en la afirmación de que la Decisión afecta individualmente a sus miembros.

A este respecto, los recurrentes no pueden hacer valer los derechos en materia de medio ambiente derivados de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, ya que es la decisión de construir las centrales la que podría perjudicar estos derechos y no la decisión relativa a la financiación comunitaria, que sólo puede tener consecuencias indirectas.

En la medida en que los recurrentes disponen de la facultad de impugnar ante los órganos jurisdiccionales nacionales las autorizaciones administrativas para la construcción de las centrales y las declaraciones relativas a las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos de construcción, los derechos derivados, para los particulares, de la Directiva 85/337 están plenamente protegidos por los órganos jurisdiccionales nacionales, que, en su caso, pueden someter al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 177 del Tratado. Por consiguiente, la apreciación de la legitimación de los recurrentes debe realizarse a la luz de los criterios enunciados anteriormente con carácter preliminar.
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Libre circulación de personas ° Libertad de establecimiento ° Sociedades ° Directiva 77/91/CEE ° Modificación del capital de una sociedad anónima ° Derecho de suscripción preferente de los accionistas previsto para el caso de aumento del capital suscrito por aportaciones no dinerarias ° Legislación nacional que concede un derecho de suscripción preferente en caso de aumento de capital por aportaciones no dinerarias ° Procedencia

(Directiva 77/91/CEE del Consejo, art. 29, aps. 1 y 4)

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La Directiva 77/91, Segunda Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital, y, en particular, los apartados 1 y 4 del artículo 29, no se opone a que el Derecho interno de un Estado miembro conceda un derecho de suscripción preferente a los accionistas en caso de aumento de capital por aportaciones no dinerarias y someta la legalidad de un acuerdo por el que se suprime este derecho preferente a un control de contenido que garantiza a los accionistas un nivel de protección más elevado que el exigido por el apartado 4 del artículo 29 de la Directiva para las aportaciones dinerarias.

En efecto, el hecho de que la citada disposición no haga referencia a los aumentos del capital suscrito por aportaciones no dinerarias no permite afirmar que el legislador comunitario haya optado por limitar la atribución de un derecho de suscripción preferente a los accionistas únicamente a los aumentos de capital por aportaciones dinerarias, prohibiendo así que los Estados miembros lo extiendan también a los aumentos de capital realizados por aportaciones no dinerarias. Por el contrario, en la medida en que la Segunda Directiva se limita a instaurar un derecho de suscripción preferente en los casos de aumentos del capital suscrito por aportaciones dinerarias, absteniéndose de regular la situación compleja, desconocida en la mayoría de los Estados miembros, del ejercicio del derecho preferente en caso de aumentos del capital suscrito por aportaciones no dinerarias, dicha Directiva dejó a los Estados miembros la libertad de prever la posible existencia de un derecho preferente en este último caso. Además, una norma nacional que extiende el principio del derecho de suscripción preferente de los accionistas, con la posibilidad de limitar o suprimir dicho derecho en determinadas circunstancias, a los casos de aumentos del capital suscrito por aportaciones no dinerarias se inscribe dentro de uno de los objetivos de la Segunda Directiva, que es garantizar una protección más eficaz de los accionistas.
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1. Libre circulación de personas ° Libertad de establecimiento ° Disposiciones del Tratado ° Ambito de aplicación personal ° Nacional no residente de un Estado miembro que ejerce paralelamente actividades por cuenta propia en el territorio de éste y en otro Estado miembro ° Inclusión

(Tratado CE, art. 52)

2. Libre circulación de personas ° Libertad de establecimiento ° Legislación fiscal ° Impuestos sobre la renta ° Nacional no residente de un Estado miembro que ejerce paralelamente actividades por cuenta propia en el territorio de éste y en otro Estado miembro ° Gravamen superior al aplicable a los residentes ° Improcedencia ° Compensación, mediante medidas fiscales, de la no afiliación al régimen nacional de Seguridad Social y de la no percepción de cotizaciones ° Improcedencia

[Tratado CE, art. 52; Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo]

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1. Un nacional de un Estado miembro que ejerce una actividad por cuenta propia en otro Estado miembro en el que reside puede invocar el artículo 52 del Tratado frente a su Estado de origen, en cuyo territorio ejerce otra actividad por cuenta propia, en la medida en que, por ejercer una actividad económica en un Estado miembro distinto de su Estado de origen se encuentra, respecto de este último, en una situación comparable a la de cualquier otro sujeto que invoque, frente al Estado de acogida, los derechos y libertades garantizados por el Tratado.

2. El artículo 52 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro aplique a un nacional de un Estado miembro que ejerce una actividad por cuenta propia en su territorio y que, paralelamente, ejerce otra actividad por cuenta propia en otro Estado miembro en el que reside, un tipo gravamen del Impuesto sobre la Renta superior al aplicable a los residentes que ejercen la misma actividad, cuando no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de tales sujetos pasivos y la de los sujetos pasivos residentes y asimilados que pueda justificar semejante diferencia de trato. Es el caso, entre otros, cuando el hecho de ser no residente no permite escapar a la aplicación de la regla de progresividad del Impuesto y, por lo tanto, ambas categorías de sujetos pasivos se encuentran en una situación comparable respecto de dicha regla.

Un Estado miembro tampoco puede tener en cuenta, mediante dicho tipo incrementado del Impuesto sobre la Renta, el hecho de que, en virtud de las disposiciones pertinentes en materia de determinación de la legislación laboral aplicable del Reglamento nº 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, el sujeto pasivo no está obligado a cotizar al régimen nacional de seguros sociales. A este respecto, carece de pertinencia la circunstancia de que el sujeto pasivo esté afiliado al régimen de Seguridad Social de su Estado de residencia, afiliación que deriva asimismo de dicho Reglamento.
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1. Seguridad Social de los trabajadores migrantes ° Legislación aplicable ° Funcionario empleado por un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro que, al finalizar su contrato y para que pueda beneficiarse retroactivamente de una cobertura social, es calificado con carácter retroactivo como trabajador por cuenta ajena ordinario ° Legislación del Estado miembro de empleo

[Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, art. 13, ap. 2, letra d)]

2. Seguridad Social de los trabajadores migrantes ° Desempleo ° Trabajador que no sea fronterizo, que se halle en paro total y que resida en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado de empleo ° Derecho a las prestaciones del Estado de empleo ° Requisitos ° Derecho del que se benefician los funcionarios

[Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, art. 71, ap. 1, letra b), inciso i)]

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1. Un funcionario al servicio de un Estado miembro, que ejerce su actividad en el territorio de otro Estado miembro y del que, en el momento de la resolución del contrato, el primer Estado miembro considera retroactivamente y por medio de una ficción que ha ejercido su actividad en calidad de trabajador por cuenta ajena y no de funcionario, a fin de que pueda tener derecho a las prestaciones por desempleo y beneficiarse de la legislación sobre seguro de enfermedad e invalidez, está sometido a la legislación del Estado miembro del que dependa la Administración que le ocupa, con arreglo a la letra d) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento nº 1408/71, en la versión codificada por el Reglamento nº 2001/83. En efecto, la referida calificación retroactiva no puede dar lugar a que se aplique al interesado una disposición del Reglamento distinta de la aplicable durante el período de empleo.

2. El inciso i) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 del Reglamento nº 1408/71 debe interpretarse en el sentido de que un trabajador por cuenta ajena en paro total, que no sea fronterizo y que resida en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente, podrá obtener prestaciones por desempleo a cargo del Estado competente cuando se inscriba como solicitante de empleo en los servicios de dicho Estado y se someta a su inspección. Este derecho a prestaciones no puede ponerse en cuestión por la residencia del interesado en el extranjero, pues la mencionada disposición se refiere precisamente a los desempleados que no residen en el territorio del Estado miembro competente, y de él se beneficia un funcionario en paro, pues la circunstancia de que se mencione a los funcionarios como categoría distinta en la letra d) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento nº 1408/71, a efectos de determinar la legislación que les sea aplicable, no les priva de su condición de trabajadores por cuenta ajena para la aplicación de otras disposiciones del Reglamento.
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Competencia ° Normas comunitarias ° Empresa ° Concepto ° Entidad gestora de un sistema de Seguro de Vejez complementario y voluntario ° Funcionamiento según el principio de capitalización ° Inclusión

(Tratado CE, arts. 85 y 86)

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Una Entidad con fines no lucrativos que gestiona un régimen de Seguro de Vejez destinado a completar el régimen básico obligatorio, establecido por la ley con carácter voluntario y que funciona, con sujeción a normas dictadas en ejercicio de la potestad reglamentaria, según el principio de capitalización, especialmente en lo relativo a condiciones de afiliación, cotizaciones y prestaciones, es una empresa a efectos de los artículos 85 y siguientes del Tratado. En efecto, semejante Entidad, aunque no persiga fines lucrativos y aunque el régimen que gestiona comporte algunos elementos de solidaridad, limitados y no comparables con los que caracterizan los regímenes obligatorios de Seguridad Social, ejerce una actividad económica en competencia con las compañías de seguros de vida.
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Aproximación de las legislaciones ° Etiquetado y presentación de los productos alimenticios ° Directiva 79/112/CEE ° Obligación de los Estados miembros de prohibir el comercio de productos que no contengan indicaciones redactadas en una lengua fácilmente inteligible para los compradores ° Alcance ° Exigencias que van más allá de dicha obligación ° Inadmisibilidad ° Necesidad de hacer figurar todas las indicaciones obligatorias en la etiqueta

(Tratado CE, arts. 30, 128 y 129 A; Directiva 79/112/CEE del Consejo, art. 14)

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El artículo 14 de la Directiva 79/112, relativa al etiquetado y presentación de los productos alimenticios, que obliga a los Estados miembros a prohibir en su territorio el comercio de estos productos si determinadas indicaciones "no figuran en una lengua fácilmente inteligible para los compradores a no ser que la información del comprador quede asegurada por otros medios", ha de interpretarse en el sentido de que la expresión "lengua fácilmente inteligible", que está destinada a asegurar la información del consumidor y no a imponer el empleo de una lengua específica, no equivale a la expresión "lengua oficial del Estado miembro" ni a la expresión "lengua de la región". Al ser más estricta que la obligación de emplear una lengua fácilmente inteligible, la obligación impuesta por un Estado miembro de utilizar la lengua dominante de la región en la que el producto se comercializa, aun cuando no excluya la utilización simultánea de otras lenguas, es incompatible con el artículo 14 y no puede ampararse en los artículos 128 y 129 A del Tratado, que no autorizan a un Estado miembro a sustituir la norma establecida en la Directiva por una norma más severa. Por ello, no es necesario examinarla desde el ángulo del artículo 30 del Tratado.

Para responder a las exigencias imperativas de información y de protección de los consumidores, es necesario que, en todo momento, éstos puedan conocer todas las indicaciones obligatorias prescritas por la Directiva, no sólo en el momento de la compra, sino también en el momento del consumo. Esto implica que dichas indicaciones figuren obligatoriamente en el etiquetado en una lengua fácilmente inteligible para los consumidores del Estado o de la región interesada o a través de otros medios, como dibujos, símbolos o pictogramas. Incumbe al Juez nacional apreciar la facilidad de comprensión de las indicaciones proporcionadas a la luz de todas las circunstancias de cada caso concreto.