Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre la competencia - Silencio de la Comisión ante un requerimiento para que actúe - Exclusión

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación); Reglamento nº 17 del Consejo; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión]

2 Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Fijación de prioridades por la Comisión - Consideración del interés comunitario vinculado a la investigación de un asunto - Facultad de apreciación de la Comisión - Obligación de motivar la decisión de archivo - Control jurisdiccional

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3]

3 Recurso de anulación - Motivos - Vicios sustanciales de forma - Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]

4 Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Consideración del interés comunitario vinculado a la investigación de un asunto - Criterios de apreciación - Necesidad de aclarar el marco jurídico del sector de que se trate - Sector de la distribución de automóviles - Facultad de la Comisión de perseguir solamente una de las denuncias cuando varias empresas le han presentado diferentes denuncias contra conductas infractoras análogas - Posibilidad de que los demás denunciantes acudan a los órganos jurisdiccionales nacionales

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

5 Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Adopción de medidas provisionales - Competencia de la Comisión - Requisitos para su ejercicio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

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1 Constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, en el sentido del artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando de forma caracterizada la situación jurídica de ésta. El mero silencio de una Institución no puede producir tales efectos, salvo que esa consecuencia esté expresamente prevista por una disposición del Derecho comunitario.

A falta de tales disposiciones expresas, que fijen un plazo tras cuya expiración se considera que ha tenido lugar una decisión presunta por parte de una Institución a la que se ha pedido una definición de postura y que definan el contenido de dicha decisión, la inacción de una Institución no puede equipararse a una decisión sin comprometer el sistema de los medios de impugnación establecido por el Tratado.

En el marco de un procedimiento de aplicación de las normas sobre la competencia, dado que los Reglamentos nos 17 y 99/63 no prevén que el silencio de la Comisión tras un requerimiento para que actúe tenga valor de decisión, la abstención de la Comisión en lo que se refiere a este requerimiento no puede ser calificada de acto impugnable.

2 Cuando la Comisión decide conceder diferentes grados de prioridad a las denuncias que le son sometidas con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, no sólo puede establecer el orden en el que se examinarán las denuncias, sino también desestimar una denuncia por inexistencia de interés comunitario suficiente para proseguir el examen del asunto.

Sin embargo, la facultad discrecional de que dispone la Comisión a este respecto no está exenta de límites. Así pues, la Comisión está sujeta al deber de motivación cuando se niega a proseguir el examen de una denuncia, y esa motivación debe ser suficientemente precisa y detallada para permitir al Tribunal ejercer un control efectivo sobre el ejercicio por la Comisión de su facultad discrecional de definir prioridades.

Dicho control no debe llevar al Tribunal a sustituir la apreciación del interés comunitario de la Comisión por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que la decisión controvertida no está basada en hechos materialmente inexactos, no está viciada de ningún error de Derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación, ni de desviación de poder.

3 El Tribunal puede examinar de oficio la existencia de vicios sustanciales de forma y, en particular, la vulneración de las garantías procedimentales conferidas por el ordenamiento jurídico comunitario.

4 En lo que respecta a la apreciación del interés comunitario en investigar una denuncia que le haya sido presentada con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, corresponde a la Comisión sopesar la importancia del perjuicio que la supuesta infracción puede ocasionar al funcionamiento del mercado común, la probabilidad de poder acreditar su existencia y el alcance de las medidas de investigación necesarias para cumplir en las mejores condiciones su misión de velar por la observancia de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (actualmente artículos 81 CE y 82 CE).

Para ello, la Comisión puede legítimamente tener en cuenta no sólo la gravedad de la supuesta infracción y el alcance de las medidas de investigación requeridas para poder acreditar su existencia, sino también la necesidad de aclarar la situación jurídica relativa al comportamiento a que se refiere la denuncia y de definir los derechos y obligaciones de los distintos operadores económicos afectados por ese comportamiento a la luz del Derecho comunitario de la competencia.

Cuando los respectivos derechos y obligaciones de los intermediarios autorizados, de los fabricantes de automóviles y de los distribuidores han sido definidos y precisados por los Reglamentos de exención por categorías, por una Comunicación de la Comisión, y por la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia, al examinar una denuncia relativa a la violación del artículo 85 del Tratado en el sector de la distribución de automóviles la Comisión puede considerar, sin incurrir en error manifiesto, que los órganos jurisdiccionales y autoridades nacionales pueden tramitar las infracciones alegadas en la denuncia de la demandante y proteger los derechos que se derivan para ésta del ordenamiento jurídico comunitario.

Del mismo modo, cuando se ve ante una situación en la que numerosos factores permiten sospechar la existencia de actividades contrarias al Derecho de la competencia por parte de varias grandes empresas que pertenecen al mismo sector económico, la Comisión puede concentrar sus esfuerzos en una de dichas empresas, indicando al mismo tiempo a los operadores económicos eventualmente perjudicados por el comportamiento infractor de las otras empresas que deben someter el asunto a los órganos jurisdiccionales nacionales.

5 Corresponde a la Comisión, en el ejercicio del control que le confían, en materia de competencia, el Tratado y el Reglamento nº 17, decidir, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de este Reglamento, si procede adoptar medidas provisionales cuando se le plantea una petición en este sentido.

Para la concesión de tales medidas, es preciso que se cumplan dos requisitos, en primer lugar, que las prácticas de determinadas empresas puedan constituir, a primera vista, una infracción de las normas comunitarias de la competencia que pueda ser sancionada por una decisión de la Comisión y en segundo lugar, es preciso que exista urgencia probada para evitar una situación que pueda producir un perjuicio grave e irreparable a la parte que las solicita o que resulte intolerable para el interés general.