Palabras clave

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Palabras clave

1 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se deniega el acceso del público a documentos de una Institución

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Decisión 93/731/CE del Consejo, art. 4, ap. 1]

2 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se confirma una decisión inicial

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE)]

3 Consejo - Derecho de acceso del público a los documentos del Consejo - Decisión 93/731/CE - Excepciones al principio de acceso a los documentos - Protección del interés público - Obligación de dar acceso parcial a los datos no amparados por la excepción - Alcance

(Decisión 93/731/CE del Consejo, art. 4, ap. 1)

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1 La obligación, resultante del artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE), de motivar las decisiones individuales tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión. Para apreciar si la motivación de una decisión cumple dichos requisitos se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

En el caso de una solicitud de acceso del público a documentos del Consejo, éste está obligado a examinar respecto de cada documento solicitado si, en vista de la información de que dispone, la divulgación puede suponer efectivamente un perjuicio para alguno de los aspectos de interés público protegidos por el artículo 4, apartado 1, de la Decisión 93/731, relativa al acceso del público a los documentos del Consejo.

No responde a las exigencias de motivación citadas y, por tanto, debe ser anulada, una decisión en la que el Consejo se limita a indicar que determinados documentos contenían datos delicados cuya divulgación podía perjudicar las relaciones de la Unión Europea con los países afectados, puesto que, por una parte, de la motivación de esta decisión no se deduce que el Consejo haya examinado cada uno de estos documentos en particular, aunque sólo fuera sumariamente o sólo por grupos de iguales características materiales, y, por otra parte, respecto a otros documentos no presentó ninguna justificación que permitiera al demandante comprender las razones por las que la divulgación de estos cuatro informes podía tener un impacto diferente sobre dichas relaciones. (véanse los apartados 36, 37, 41, 42 y 48)

2 Cuando una Institución deniega una solicitud de acceso a documentos indicando los motivos, el interesado formula una solicitud confirmatoria destinada a que se revise esta denegación y la respuesta de la Institución confirma esta denegación basándose en los mismos motivos, la suficiencia de la motivación debe ser apreciada a la luz del intercambio entre la Institución y el solicitante en su totalidad, teniendo en cuenta, asimismo, la información de que disponía el solicitante. Si el contexto en el que se adoptó la decisión puede aligerar los requisitos de motivación a cargo de la Institución, también puede hacerlos más severos en circunstancias particulares. Así sucede cuando, durante el procedimiento de solicitud de acceso a determinados documentos, el demandante formula alegaciones que pueden menoscabar el fundamento de la primera denegación. En estas circunstancias, las exigencias de motivación imponen a la Institución la obligación de responder a una solicitud confirmatoria indicando los motivos por los que estas alegaciones no le permiten modificar su postura. De no ser así, el demandante no podría comprender las razones por las que el autor de la respuesta a la solicitud confirmatoria ha decidido mantener los mismos motivos para confirmar la denegación. (véanse los apartados 44 a 46)

3 La interpretación de la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, de la Decisión 93/731, relativa al acceso a los documentos del Consejo, destinada a la protección del interés público, debe hacerse a la luz del principio del derecho a la información y del principio de proporcionalidad, de forma que el Consejo está obligado a examinar si procede conceder el acceso parcial a los datos no amparados por las excepciones. Además, en casos particulares en que la extensión del documento o la de los pasajes que deban censurarse supongan un trabajo administrativo inadecuado, el principio de proporcionalidad permite al Consejo ponderar, por una parte, el interés del acceso del público a dichas partes fragmentarias y, por otra, la carga de trabajo que de ello derivaría, pudiendo así, en estos casos especiales, salvaguardar el interés de una buena administración. (véanse los apartados 54 y 55)