No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar concretamente el carácter selectivo de tal garantía y determinar en particular si, a raíz de la modificación del Decreto nacional en virtud del cual se estableció la garantía, ésta puede otorgarse a otros operadores económicos distintos de las entidades de crédito y, en caso afirmativo, si esa circunstancia permite cuestionar el carácter selectivo de dicha garantía.

Una garantía estatal consistente en la obligación de reembolsar, en determinadas condiciones, a una entidad de crédito el 80 % de la suma del capital y los intereses y gastos de los préstamos que se hayan otorgado como ayudas a la vivienda a favor de jóvenes o como ayudas en virtud del anterior régimen de devolución tributaria, que se hayan contratado con esa entidad de crédito y que proceda calificar como fallidos permite a las entidades de crédito conceder préstamos sin tener que asumir el correspondiente riesgo económico. De este modo, las entidades de crédito que hayan celebrado un contrato de mandato no tienen que examinar necesariamente la solvencia de los prestatarios ni establecer ninguna prima de garantía. Además, los prestatarios suelen solicitar frecuentemente servicios añadidos ante estas entidades, como la apertura de una cuenta corriente. Por consiguiente, la garantía estatal confiere a estas entidades una ventaja, ya que da lugar a un aumento de su clientela y a un incremento de sus ingresos.

Una medida que siga siendo aplicable después de la adhesión de un Estado miembro a la Unión, que constituya una ayuda pública y que no cumpla los requisitos para poder ser calificada como ayuda existente, establecidos en el Acta de adhesión de dicho Estado miembro a la Unión y en el artículo 1, letra b), del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE], deberá considerarse una nueva ayuda. Por consiguiente, tal medida debe notificarse previamente a la Comisión y no puede ejecutarse antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.

En este contexto, en el supuesto de que un órgano jurisdiccional nacional declare que una garantía estatal constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, dicha garantía deberá considerarse una nueva ayuda que, por consiguiente, está sometida a la obligación de notificación previa a la Comisión con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si el Estado miembro en cuestión cumplió con esa obligación y, si no es así, habrá de declarar la ilegalidad de dicha garantía.

Las consecuencias de tal declaración de ilegalidad consisten, en particular, en la supresión de la ayuda mediante su recuperación para restablecer la situación anterior. En efecto, mediante la devolución de la ayuda, el beneficiario pierde la ventaja de que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores y queda restablecida la situación anterior al abono de la ayuda. Dado que no concurren circunstancias excepcionales que justifiquen la no devolución de la ayuda ilegal, el juez nacional tiene, en principio, el deber de ordenar la devolución con arreglo a su Derecho nacional.

(véanse los apartados 62 y 66 a 73 y el fallo)