Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Estados miembros — Obligaciones — Incumplimiento — Justificación — Principio de protección de la confianza legítima

(Art. 226 CE)

2. Acuerdos internacionales — Acuerdos de los Estados miembros — Acuerdos anteriores al Tratado CE — Artículo 307 CE — Ámbito de aplicación

(Art. 307 CE)

3. Transportes — Transporte aéreo — Tarifas de rutas intracomunitarias y sistemas informatizados de reserva utilizados en los Estados miembros

[Tratado CE, art. 5 (actualmente art. 10 CE); Reglamentos (CEE) del Consejo n os 2299/89 y 2409/92]

4. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Acuerdo bilateral en materia de transporte aéreo entre un Estado miembro y un Estado tercero

[Tratado CE, art. 52 (actualmente art. 43 CE, tras su modificación)]

Índice

1. El procedimiento por incumplimiento se basa en la comprobación objetiva del incumplimiento por parte de un Estado miembro de las obligaciones que le impone el Derecho comunitario y un Estado miembro no puede invocar el principio de confianza legítima para oponerse a la declaración objetiva del incumplimiento por su parte de las obligaciones que le imponen el Tratado o un acto de Derecho derivado, ya que la admisión de dicha justificación sería contraria al objetivo del procedimiento previsto en el artículo 226 CE.

(véase el apartado 28)

2. Las modificaciones introducidas en un acuerdo bilateral en materia de transporte aéreo celebrado entre un Estado miembro y un Estado tercero tras la adhesión de dicho Estado miembro a las Comunidades Europeas muestran que el acuerdo se renegoció en su totalidad. Si bien algunas disposiciones de este Acuerdo no se vieron formalmente modificadas por dichas modificaciones o sufrieron únicamente cambios marginales de redacción, no es menos cierto que las obligaciones derivadas de dichas disposiciones fueron confirmadas en esta renegociación. Pues bien, en una situación como ésta, los Estados miembros tienen prohibido no sólo contraer nuevas obligaciones internacionales, sino también mantener en vigor dichas obligaciones si no respetan el Derecho comunitario.

(véase el apartado 51)

3. El artículo 5 del Tratado (actualmente artículo 10 CE) impone a los Estados miembros la obligación de facilitar a la Comunidad el cumplimiento de su misión y de abstenerse de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado. En el ámbito de las relaciones exteriores, se pondrían en peligro la misión de la Comunidad y los fines del Tratado CE si los Estados miembros pudieran contraer obligaciones internacionales que contuvieran normas que pudieran afectar a las normas adoptadas por la Comunidad o alterar su alcance.

Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Tratado y de los Reglamentos n os 2409/92, sobre tarifas y fletes de los servicios aéreos, y 2299/89, por el que se establece un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva, al mantener en vigor, a pesar de la renegociación del acuerdo bilateral de transporte aéreo celebrado con un Estado tercero, obligaciones internacionales relativas a las tarifas aéreas practicadas por las compañías aéreas designadas por este último en rutas intracomunitarias y a los sistemas informatizados de reserva ofrecidos o utilizados en el territorio nacional del Estado miembro.

(véanse los apartados 74 a 76)

4. Una cláusula incluida en un acuerdo bilateral de transporte aéreo celebrado por un Estado miembro con un Estado tercero, que permite concretamente a este último negarse a conceder o retirar una licencia de explotación o una autorización técnica a una compañía aérea designada por el mencionado Estado miembro, pero en la que una parte sustancial de la propiedad y el control efectivo no pertenezcan a este Estado miembro o a sus nacionales, es contraria al artículo 52 del Tratado (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación).

En efecto, una cláusula de este tipo afecta indudablemente a las compañías aéreas establecidas en ese Estado miembro en las que una parte sustancial de la propiedad y el control efectivo pertenezcan bien a un Estado miembro distinto del Estado de acogida, bien a nacionales de tal Estado miembro. Siempre es posible excluir a estas compañías aéreas, denominadas comunitarias, de la aplicación de dicho acuerdo bilateral, mientras que las compañías aéreas nacionales –una parte sustancial de cuya propiedad y control efectivo pertenecen al Estado miembro o a sus nacionales– pueden beneficiarse de dicha aplicación. En consecuencia, las compañías aéreas comunitarias sufren una discriminación que les impide disfrutar del trato nacional en el Estado miembro de acogida.

(véanse los apartados 86 a 90)