Palabras clave

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Palabras clave

1. Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Directiva 1999/70/CE — Ámbito de aplicación

(Directiva 1999/70/CE del Consejo, anexo, cláusulas 2, ap. 1, y 3, ap. 1)

2. Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Directiva 1999/70/CE — Condiciones de empleo — Concepto

(Directiva 1999/70/CE del Consejo, anexo, cláusula 4, ap. 1)

3. Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros

(Art. 258 TFUE; Directiva 1999/70/CE del Consejo, art. 2, párr. 3)

4. Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Directiva 1999/70/CE

(Directiva 1999/70/CE del Consejo, anexo, cláusula 4, ap. 1)

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1. Tanto del tenor literal de la Directiva 1999/70, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, como de dicho Acuerdo, anexo a la Directiva, y del sistema y la finalidad de éstos se deduce que las disposiciones contenidas en ellos se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público.

Un miembro del personal interino de una Comunidad Autónoma de un Estado miembro está incluido en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 1999/70 y en el del Acuerdo marco que figura en el anexo de la misma.

(véanse los apartados 38 y 45 y el punto 1 del fallo)

2. Un complemento salarial por antigüedad está incluido, en la medida en que constituye una condición de trabajo, en la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, de manera que los trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada pueden oponerse a un trato que, en relación con el pago de dicho complemento y sin ninguna justificación objetiva, es menos favorable que el trato dispensado a los trabajadores fijos que se encuentran en una situación comparable. La naturaleza temporal de la relación de servicio de determinados empleados públicos no puede constituir, por sí misma, una razón objetiva, en el sentido de esta cláusula del Acuerdo marco.

(véanse el apartado 58 y el punto 2 del fallo)

3. El artículo 2, párrafo tercero, de la Directiva 1999/70, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, establece que, cuando los Estados miembros adopten las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva, éstas harán referencia a la Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.

Pues bien, cuando una directiva prevé expresamente que las disposiciones de adaptación del Derecho interno a la citada directiva hagan referencia a esta última o vayan acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial, es necesario adoptar un acto positivo de adaptación del Derecho interno. Si bien es cierto que los Estados miembros pueden ser condenados por haber incumplido las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 2, párrafo tercero, de la Directiva 1999/70, mediante un recurso por incumplimiento, de ello no se deduce necesariamente que una medida nacional que no hace referencia en su exposición de motivos a la directiva de que se trate no pueda considerarse una medida válida de transposición de ésta al Derecho interno. Toda vez que incumbe a los Estados miembros no sólo adaptar formalmente su ordenamiento jurídico a las directivas de la Unión, sino también asegurarse de que las obligaciones que le incumben en virtud de estas directivas se respetan plenamente y en todo momento, no se puede excluir que un Estado miembro que en un primer momento ha buscado transponer una directiva y dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión se percate, en particular como consecuencia de recursos interpuestos ante los tribunales nacionales o de un recurso interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 258 TFUE, de que las disposiciones de su Derecho interno no han transpuesto correcta o completamente el Derecho de la Unión, y, en esas circunstancias, deben modificarse.

En consecuencia, la mera circunstancia de que una disposición nacional no contenga ninguna referencia a la Directiva 1999/70 no excluye que dicha disposición pueda ser considerada una medida nacional de transposición de esta Directiva al Derecho interno.

(véanse los apartados 61 a 64 y 67 y el punto 3 del fallo)

4. La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, es incondicional y suficientemente precisa para poder ser invocada frente al Estado por funcionarios interinos ante un tribunal nacional para que se les reconozca el derecho a complementos salariales, como los trienios controvertidos en el litigio principal, correspondientes al período comprendido entre la expiración del plazo impartido a los Estados miembros para la transposición de la Directiva 1999/70 al Derecho interno y la fecha de entrada en vigor de la norma nacional que transpone la Directiva al Derecho interno del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio del respeto de las disposiciones pertinentes del Derecho nacional en materia de prescripción.

A pesar de la existencia en la normativa nacional que transpone la Directiva 1999/70 al Derecho interno de una disposición que reconoce el derecho de los funcionarios interinos al pago de trienios, pero que excluye la aplicación retroactiva de ese derecho, las autoridades competentes del Estado miembro de que se trata están obligadas, en virtud del Derecho de la Unión y en relación con una disposición del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, dotada de efecto directo, a conferir a este derecho efecto retroactivo desde la fecha de expiración del plazo impartido a los Estados miembros para la transposición de esta Directiva al Derecho interno.

(véanse los apartados 90 y 99 y los puntos 4 y 5 del fallo)