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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 139/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 17 de marzo de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Symvoúlio tis Epikrateías — Grecia) — Naftiliakí Etaireía Thásou AE (C-128/10), Amáltheia I Naftikí Etaireía (C-129/10)/Ypourgós Emporikís Naftilías

(Asuntos acumulados C-128/10 y C-129/10) (1)

(Procedimiento prejudicial - Libre prestación de servicios - Cabotaje marítimo - Reglamento (CEE) no 3577/92 - Artículos 1 y 4 - Autorización administrativa previa para servicios de cabotaje - Control de los requisitos de seguridad de los buques - Mantenimiento del orden en los puertos - Obligaciones de servicio público - Falta de criterios precisos y conocidos de antemano)

2011/C 139/18

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoúlio tis Epikrateías

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Naftiliakí Etaireía Thásou AE (C-128/10), Amáltheia I Naftikí Etaireía (C-129/10)

Demandada: Ypourgós Emporikís Naftilías

En el que participa: Koinopraxía Epibatikón Ochimatagogón Ploíon Kaválas — Thásou (C-128/10)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Symvoúlio tis Epikrateías (Grecia) — Interpretación de los artículos 1, 2 y 4 del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7) — Normativa nacional que exige una autorización administrativa previa para los servicios de cabotaje — Sistema destinado a verificar la posibilidad de cumplir los itinerarios en condiciones de seguridad para el buque y respetando el buen orden del puerto — Inexistencia de criterios precisos y conocidos de antemano

Fallo

Las disposiciones combinadas de los artículos 1 y 4 del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece un régimen de autorización previa para los servicios de cabotaje marítimo que prevé la adopción de resoluciones administrativas por las que se impone el respeto a determinadas franjas horarias por razones relacionadas, por una parte, con la seguridad de los buques y el orden en los puertos y, por otra parte, con obligaciones de servicio público, siempre que dicho régimen se base en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, en particular cuando existen varios armadores interesados en una determinada escala en el mismo momento y en el mismo puerto. Respecto de las resoluciones administrativas que imponen obligaciones de servicio público, debe además poder demostrarse una necesidad real de servicio público debido a la insuficiencia de los servicios regulares de transporte en una situación de libre competencia. Corresponde al tribunal remitente verificar si en los asuntos principales se cumplen estos requisitos.

(1) DO C 134, de 22.5.2010.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 317/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 30 de septiembre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica

(Asunto C-36/10) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directivas 96/82/CE y 2003/105/CE - Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas - Artículo 12, apartado 1, párrafo segundo - Adaptación incorrecta del Derecho interno)

2010/C 317/23

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Sipos y J.-B. Laignelot, agentes)

Demandada: Reino de Bélgica (representante: T. Materne, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción de todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (DO 1997, L 10, p. 13), en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003 (DO L 345, p. 97).

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las medidas necesarias para adaptar correctamente su Derecho interno al artículo 12, apartado 1, párrafo segundo, de dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

(1) DO C 80, de 27.3.2010.
1)

El concepto de «residencia habitual» a efectos de los artículos 8 y 10 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que esa residencia corresponde al lugar que revela una cierta integración del menor en un entorno social y familiar. A tal fin, y cuando se trata de la situación de un lactante que se encuentra con su madre tan sólo desde algunos días antes en un Estado miembro, distinto del Estado de su residencia habitual, al que ha sido trasladado, deben considerarse en especial la duración, la regularidad, las condiciones y las razones de la estancia en el territorio de ese Estado miembro y del traslado de la madre a este último Estado, por una parte, y por otra, a causa en particular de la edad del menor, los orígenes geográficos y familiares de la madre, así como las relaciones familiares y sociales que mantienen ésta y el menor en el mismo Estado miembro. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional determinar la residencia habitual del menor teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias de hecho específicas de cada caso. En el supuesto de que la aplicación en el asunto principal de los criterios antes mencionados llevara al órgano jurisdiccional nacional a concluir que no puede identificarse la residencia habitual del menor, la determinación del órgano jurisdiccional competente debería realizarse conforme al criterio de la «presencia del menor» en virtud del artículo 13 del Reglamento.
1)

El artículo 10, letra b), inciso iv), del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que una medida provisional no constituye una «resolución sobre la custodia que no implique la restitución del menor», a efectos de la citada disposición, y no puede servir de fundamento para transferir la competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro al que el menor ha sido trasladado ilícitamente.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 98/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de febrero de 2012 — Consejo de la Unión Europea (C-191/09 P), Comisión Europea (C-200/09 P)/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe NikoTube ZAT), anteriormente Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anteriormente Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT

(Asuntos acumulados C-191/09 P y C-200/09 P) (1)

(Recursos de casación - Derechos antidumping - Reglamento (CE) no 954/2006 - Importación de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero, originarias de Croacia, Rumanía, Rusia y Ucrania - Reglamento (CE) no 384/96 - Artículos 2, apartado 10, letra i), 3, apartados 2, 3 y 5 a 7, 18, apartado 3, y 19, apartado 3 - Determinación del valor normal y del perjuicio - Concepto de “entidad económica única” - Derecho de defensa - Falta de motivación)

2012/C 98/02

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Consejo de la Unión Europea (representantes: J.-P. Hix y B. Driessen, G. Berrisch, Rechtsanwalt), Comisión Europea (representantes: H. van Vliet y C. Clyne, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe NikoTube ZAT), anteriormente Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anteriormente Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Comisión Europea (representantes: P. Vander Schueren, abogado, N. Mizulin, Solicitor)

Objeto

Recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 10 de marzo de 2009 en el asunto T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) contra Consejo de la Unión Europea, que anula el artículo 1 del Reglamento (CE) no 954/2006 del Consejo, de 27 de junio de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero, originarias de Croacia, Rumanía, Rusia y Ucrania, y se derogan los Reglamentos (CE) no 2320/97 y (CE) no 348/2000 (DO L 175, p. 4).

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación del Consejo de la Unión Europea.

2) Desestimar el recurso de casación de la Comisión Europea.

3) Desestimar la adhesión a la casación de Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT).

4) Cada parte soportará sus propias costas.

(1) DO C 193, de 15.8.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 258/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de junio de 2012 — República de Polonia/Comisión Europea

(Asunto C-336/09 P) (1)

(Recurso de casación - Organización común de mercados - Medidas transitorias adoptadas con motivo de la adhesión de nuevos Estados miembros - Reglamento (CE) no 60/2004 por el que se establecen medidas en el sector del azúcar - Recurso de anulación - Plazo - Inicio del cómputo - Extemporaneidad - Inadmisibilidad - Motivos - Violación de los principios constitutivos de una Comunidad de Derecho y del principio de tutela judicial efectiva)

2012/C 258/03

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Recurrente: República de Polonia (representantes: inicialmente M. Dowgielewicz y posteriormente M. Szpunar, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: H. Tserepa-Lacombe, A. Stobiecka-Kuik, A. Szmytkowska y T. van Rijn, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de junio de 2009 (Sala Primera ampliada), Polonia/Comisión (T-258/04), mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso por el que se solicitaba la anulación parcial del Reglamento (CE) no 60/2004 de la Comisión, de 14 de enero de 2004, por el que se establecen medidas transitorias en el sector del azúcar con motivo de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituana, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia a la Unión Europea (DO L 9, p. 8) — Fecha a partir de la cual empieza a correr el plazo para la presentación de un recurso de anulación — Interpretación errónea del artículo 230 CE, párrafo cuarto, y del Reglamento no 1 por el que se fija el régimen lingüístico de la CEE (DO L 17, p. 385) — Violación del derecho a un recurso efectivo así como de los principios de solidaridad y de buena fe — Irregularidades de procedimiento derivadas de la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia de los motivos vinculados a la violación de dichos principios.

Fallo

1) Anular el auto del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 10 de junio de 2009, Polonia/Comisión (T-258/04).

2) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea para que éste se pronuncie sobre las pretensiones de la República de Polonia mediante las que solicita la anulación de los artículos 5, 6, apartados 1 a 3, 7, apartado 1, y 8, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 60/2004 de la Comisión, de 14 de enero de 2004, por el que se establecen medidas transitorias en el sector del azúcar con motivo de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.

3) Reservar la decisión sobre las costas.

(1) DO C 282, de 21.11.2009.
2)

Condenar a la República Italiana a pagar a la Comisión Europea, en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea», una multa coercitiva de un importe correspondiente a la multiplicación del importe de base de 30 millones de euros por el porcentaje de las ayudas ilegales incompatibles cuya recuperación aún no ha sido efectuada o no ha sido probada al vencimiento del período correspondiente, calculado en relación con la totalidad de los importes que aún no han sido recuperados en la fecha en que se dicta la presente sentencia, y ello por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 1 de abril de 2004, Comisión/Italia (C-99/02), desde la fecha de la presente sentencia y hasta la ejecución de la mencionada sentencia de 1 de abril de 2004.
3)

Los principios de equivalencia y de efectividad no impiden que la restitución a una sociedad matriz de cantidades que pueden garantizar la aplicación de un mismo régimen fiscal a los dividendos pagados por las filiales de aquélla establecidas en Francia y a los pagados por las filiales de dicha sociedad establecidas en otros Estados miembros, que permitan la redistribución por esa sociedad matriz, esté sujeta al requisito de que el obligado al pago aporte los elementos que sólo él posee, relativos, respecto a cada dividendo en litigio, en particular, al tipo impositivo efectivamente aplicado y a la cuota del impuesto efectivamente pagada en función de los beneficios obtenidos por las filiales establecidas en otros Estados miembros, aun cuando no se exijan estos mismos elementos, que la Administración conoce, a las filiales establecidas en Francia. No obstante, la presentación de dichos elementos sólo puede exigirse siempre que no resulte prácticamente imposible o excesivamente difícil demostrar el pago del impuesto por las filiales establecidas en los demás Estados miembros, teniendo en cuenta, en particular, lo dispuesto en la normativa de esos Estados miembros relativa a la prevención de la doble imposición y el registro del impuesto de sociedades que debe ingresarse, así como a la conservación de los documentos administrativos. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si se cumplen tales requisitos en el asunto principal.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 298/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de julio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Stuttgart — Alemania) — Proceso penal contra Andreas Michael Seeger

(Asunto C-554/09) (1)

(Transportes por carretera - Obligación de utilizar un tacógrafo - Excepciones para los vehículos que transportan material - Concepto de «material» - Transporte de botellas vacías en el vehículo de un comerciante de vinos y bebidas)

2011/C 298/07

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Stuttgart

Parte en el proceso penal principal

Andreas Michael Seeger.

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretación del artículo 13, apartado 1, letra d), segundo guión, del Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo (DO L 102, p. 1) — Régimen de excepción que exime, entre otros, a los vehículos que transporten material para uso del conductor en el ejercicio de su profesión de la obligación de estar equipados con un aparato de control — Aplicación de esta excepción al transporte de botellas vacías en el vehículo de un comerciante de vinos y bebidas — Concepto de «material».

Fallo

El concepto de «material», enunciado en el artículo 13, apartado 1, letra d), segundo guión, del Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no incluye el material de envasado, como las botellas vacías, transportado por un comerciante de vinos y bebidas que gestiona un comercio, suministra sus productos a sus clientes una vez por semana y, al mismo tiempo, recoge las botellas vacías para devolverlas a su mayorista.

(1) DO C 80, de 27.3.2010.
1)

El artículo 9, apartados 1, 3 y 4 de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, en su versión original y en la codificada mediante la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación debe interpretarse en el sentido de que, al conceder un permiso medioambiental para la construcción y explotación de una instalación industrial, como las controvertidas en los litigios principales, los Estados miembros no están obligados a computar, entre las condiciones de concesión del citado permiso, los techos de emisión nacionales de SO2 y de NOx fijados por la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre los techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, aun cuando debe respetarse la obligación, derivada de dicha Directiva 2001/81, de adoptar o prever, con arreglo a los programas nacionales, políticas y medidas apropiadas y coherentes, que permitan reducir, en su conjunto, en particular las emisiones de esos contaminantes a cantidades que no rebasen los techos establecidos en el anexo I de esa Directiva, como muy tarde, al finalizar el año 2010.
2)

El artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que: — no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, conforme a una normativa nacional que establece que los nombres y apellidos de una persona sólo pueden transcribirse en los documentos de dicho Estado acreditativos del estado civil con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial nacional, se nieguen a modificar en los certificados de nacimiento y de matrimonio de uno de sus nacionales el apellido y el nombre de éste según las normas de grafía de otro Estado miembro; — no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, en circunstancias como las del litigio principal y con arreglo a esta misma normativa, se nieguen a modificar el apellido común de un matrimonio de ciudadanos de la Unión, tal como figura en los documentos acreditativos del estado civil expedidos por el Estado miembro de origen de uno de estos ciudadanos, en una forma acorde con las normas de grafía de este último Estado, siempre y cuando esta negativa no suponga para dichos ciudadanos de la Unión graves inconvenientes de orden administrativo, profesional y privado, circunstancia que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente. Si es así, corresponde igualmente a dicho órgano jurisdiccional comprobar si la negativa a la modificación es necesaria para la protección de los intereses que la normativa nacional pretende proteger y es proporcionada respecto al objetivo legítimamente perseguido; — no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, en circunstancias como las del litigio principal y con arreglo a esta misma normativa, se nieguen a modificar el certificado de matrimonio de un ciudadano de la Unión nacional de otro Estado miembro para que los nombres de dicho ciudadano se transcriban en ese certificado con signos diacríticos tal como se han transcrito en los documentos acreditativos del estado civil expedidos por su Estado miembro de origen y en una forma acorde con las normas de grafía de la lengua oficial nacional de este último Estado.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 139/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 10 de marzo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse

(Asunto C-516/09) (1)

(Seguridad social de los trabajadores - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Ámbito de aplicación personal - Interpretación del concepto de «trabajador por cuenta ajena» - Prestaciones por hijo a cargo - Prórroga de la excedencia sin sueldo)

2011/C 139/11

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Tanja Borger

Demandada: Tiroler Gebietskrankenkasse

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberster Gerichtshof — Interpretación del artículo 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de julio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98) — Prestaciones por hijo a cargo — Ámbito de aplicación personal — Interpretación del concepto de «trabajador» — Persona residente en Suiza que acuerda con su empresario, establecido en un Estado miembro, una suspensión de la relación laboral por el nacimiento de su hijo («Karenz») que supera el período de suspensión de dos años previsto por la ley de dicho Estado miembro.

Fallo

Debe reconocerse la condición de «trabajador por cuenta ajena», en el sentido de artículo 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado a su vez por el Reglamento (CE) no 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, a una persona que se halla en la situación de la demandante en el litigio principal durante los seis meses de prórroga de la excedencia sin sueldo a la que se acogió después del nacimiento de su hijo, a condición de que, durante ese período, esa persona esté asegurada, aunque sea contra una única contingencia, en virtud de un seguro obligatorio o facultativo, en un régimen general o especial de seguridad social mencionado en el artículo 1, letra a), de dicho Reglamento. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si este requisito se cumple en el litigio del que conoce.

(1) DO C 63, de 13.3.2010.