Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11)

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Acceso al expediente — Objeto — Respeto del derecho de defensa y del derecho a un proceso equitativo

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Medios de prueba

5. Recurso de anulación — Objeto — Motivos de una decisión — Exclusión salvo excepción

(Art. 230 CE)

6. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación

(Art. 81 CE, ap. 1)

7. Competencia — Prácticas colusorias — Posición dominante — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros — Criterios de apreciación

(Arts. 81 CE y 82 CE)

8. Recurso de casación — Motivos — Desviación de poder — Concepto

(Arts. 220 CE y 230 CE)

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1A)

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1A, párr. 6)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Importe máximo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

12. Recurso de casación — Competencia del Tribunal de Justicia

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

1. En el ejercicio de las facultades que tenga atribuidas para garantizar el respeto de la normativa comunitaria en materia de competencia, la Comisión tiene la potestad de obligar a una empresa, en su caso mediante decisión, a que le facilite toda la información necesaria relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento, pero no puede imponer a dicha empresa la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la existencia de una infracción cuya prueba incumbe a la Comisión.

Sin embargo, cuando las preguntas a las que tenía que contestar no implicaban reconocer una infracción, una empresa no puede invocar válidamente su derecho a no ser forzada por la Comisión a confesar su participación en una infracción.

(véanse los apartados 34 y 35)

2. En materia de competencia, el respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo la empresa afectada haya podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción.

Ahora bien, la interpretación de que se vulneró el derecho de defensa precisamente porque no se conocía el origen de estos documentos y la Comisión no demostró la fiabilidad de los mismos podría comprometer la aportación de la prueba cuando deba acreditarse que se ha cometido una infracción del Derecho comunitario de la competencia.

En efecto, la aportación de la prueba en asuntos pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario de la competencia se caracteriza por el hecho de que los documentos examinados contienen a menudo secretos comerciales u otro tipo de informaciones que no pueden revelarse en absoluto o sólo con grandes reservas.

En estas circunstancias, no cabe interpretar el derecho de defensa en el sentido de que los documentos que contengan pruebas de cargo han de ser descartados automáticamente como medio de prueba cuando ciertos datos deben permanecer confidenciales. Esta confidencialidad puede aplicarse también a la identidad de los autores de los documentos y a las personas que los remitieron a la Comisión.

(véanse los apartados 44 y 46 a 48)

3. En un procedimiento administrativo en materia de competencia, por una parte, la notificación del pliego de cargos y, por otra, el acceso al expediente que permite al destinatario del pliego conocer las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión garantizan el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo de la empresa de que se trate.

En efecto, la empresa afectada es informada mediante el pliego de cargos de todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento. Por consiguiente, la empresa afectada sólo puede hacer valer plenamente su derecho de defensa después de la notificación de dicho pliego.

En efecto, si los derechos antes contemplados se extendieran al período anterior al envío del pliego de cargos, se vería comprometida la eficacia de la investigación de la Comisión, dado que, ya durante la primera fase de la investigación de la Comisión, la empresa estaría en condiciones de identificar las informaciones conocidas por la Comisión y, en consecuencia, las que pueden aún serle ocultadas.

Por consiguiente, cuando no existe indicio alguno de que el hecho de que la Comisión no informara a la empresa afectada durante la fase de instrucción de que obraban en su poder algunas actas de determinados interrogatorios realizados en investigaciones nacionales pudiera incidir en las posteriores posibilidades de defensa de esta empresa, durante la fase del procedimiento administrativo incoada con el envío del pliego de cargos, no cabe afirmar que se hubiera vulnerado el derecho de defensa o el derecho a un juicio justo, derecho reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

(véanse los apartados 54 y 58 a 61)

4. La legalidad de la comunicación a la Comisión, por parte de un fiscal nacional o de las autoridades competentes en materia de Derecho de la competencia, de informaciones obtenidas en aplicación del Derecho penal nacional es una cuestión regulada por el Derecho nacional y el órgano jurisdiccional comunitario no es competente para pronunciarse sobre la legalidad, con arreglo al Derecho nacional, de un acto adoptado por una autoridad nacional.

Dado que el principio que prevalece en el Derecho comunitario es el de la libre aportación de las pruebas y el único criterio relevante para valorar las pruebas aportadas reside en su credibilidad, cuando la remisión de las actas a la Comisión no es declarada ilegal por un órgano jurisdiccional nacional, no procede considerar que estos documentos son pruebas inadmisibles que deben ser retirados de los autos.

(véanse los apartados 62 y 63)

5. No existe ninguna norma jurídica que permita al destinatario de una decisión impugnar, en el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE, algunos de los motivos de la misma, a menos que dichos motivos produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a sus intereses. En principio, la motivación de una decisión no puede producir tales efectos.

Como las comprobaciones que figuran en la Decisión que ataca fueron calificadas por la propia recurrente de motivos reiterativos, ésta no puede sostener, de modo alguno, que, a falta de dichas comprobaciones, la Decisión impugnada habría tenido un contenido esencialmente distinto ni, por ende, obtener la anulación de la misma.

(véanse los apartados 69 y 70)

6. Para la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de los efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia. En particular, en cuanto a los acuerdos contrarios a la competencia que se manifiestan durante las reuniones de empresas competidoras, se infringe el artículo 81 CE, apartado 1, cuando esas reuniones tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento del mercado.

(véase el apartado 84)

7. En la interpretación y aplicación del requisito relativo a los efectos sobre el comercio entre Estados miembros, que figura en los artículos 81 CE y 82 CE, ha de tomarse como punto de partida el objetivo de este requisito, que es determinar, en materia de regulación de la competencia, el ámbito de aplicación del Derecho comunitario frente al de los Estados miembros. Así, están comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario todo acuerdo y toda práctica que puedan afectar a la libertad de comercio entre los Estados miembros de tal manera que puedan malograr la consecución de los objetivos de un mercado único entre los Estados miembros, en particular, compartimentando los mercados nacionales o alterando la estructura de la competencia en el mercado común.

Para poder incidir sobre el comercio entre los Estados miembros, una decisión, un acuerdo o una práctica, cuando concurre un conjunto de elementos de Derecho y de hecho, deben permitir prever con un grado suficiente de probabilidad que pueden ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y ello de manera que pudiera hacer temer que podrían obstaculizar la realización de un mercado único entre Estados miembros. Es necesario, además, que tal influencia no sea insignificante.

A este respecto, un reparto de los mercados nacionales en la Comunidad puede afectar de manera significativa a las corrientes de intercambios entre los Estados miembros.

(véanse los apartados 89 a 91)

8. Una desviación de poder existe cuando una institución ejerce sus competencias con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso.

En la medida en que no se aportó ningún dato que permita respaldar la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia ejerció sus competencias con una finalidad distinta de la enunciada en el artículo 220 CE, a saber, garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado, no cabe reprocharle tal comportamiento.

(véanse los apartados 99 y 100)

9. La gravedad de las infracciones del Derecho comunitario de la competencia debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido, en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento de la práctica colusoria, el beneficio que hayan podido obtener de esta práctica, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas, así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Comunidad.

El punto 1 A de las Directrices precisa que «a la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado».

El tamaño del mercado afectado sólo es un factor más a tener en cuenta entre otros para apreciar la gravedad de la infracción y fijar el importe de la multa.

La Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación y el método de cálculo delimitado por las Directrices para el cálculo de las multas contiene varios rasgos de flexibilidad.

No obstante, corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si el Tribunal de Primera Instancia apreció correctamente el ejercicio, por la Comisión, de dicha facultad de apreciación.

(véanse los apartados 129 a 134)

10. Como se recuerda en el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, al determinar el importe de las multas en función de la gravedad y de la duración de la infracción correspondiente, la Comisión no está obligada a calcularlo partiendo de importes basados en el volumen de negocios de las empresas implicadas. En efecto, la Comisión puede tener en cuenta el volumen de negocios de la empresa de que se trate, pero no debe atribuirse a dicha cifra una importancia desproporcionada en comparación con los demás criterios de apreciación.

Por consiguiente, la Comisión conserva un cierto margen de apreciación en cuanto a la oportunidad de ponderar las multas en función del tamaño de cada empresa. Así pues, al determinar el importe de las multas, la Comisión no está obligada a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas reflejen las diferencias existentes entre las empresas afectadas en cuanto a su volumen de negocio global.

Esta solución es todavía más acertada cuando todas las empresas destinatarias de la Decisión impugnada son de gran dimensión, circunstancia que puede llevar a la Comisión a no establecer distinciones entre los importes fijados para las multas de cada una de ellas.

(véanse los apartados 141 a 145)

11. Sólo el importe final de la multa, y no el importe de base de la misma, debe respetar el límite máximo del 10 % contemplado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.

(véase el apartado 146)

12. Si bien en el marco de un recurso de casación el Tribunal de Justicia no puede sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia cuando este último se ha pronunciado, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a determinadas empresas por haber infringido el Derecho comunitario, el ejercicio de la referida competencia, no obstante, no debe dar lugar, en el momento de determinar la cuantía de dichas multas, a una discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo o en una práctica concertada contrarios al artículo 81 CE, apartado 1.

No obstante, el recurso de casación debe indicar los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica el motivo basado en la vulneración del principio de igualdad de trato, so pena de que se declare la inadmisibilidad de dicho motivo.

(vé anse los apartados 152 y 153)

13. Dado que la infracción controvertida había finalizado o al menos estaba finalizando en el momento en que la Comisión procedió a realizar las inspecciones, esta finalización no podía constituir una circunstancia atenuante para fijar el importe de la multa.

(véase el apartado 160)