ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

¿Se opone la libre circulación de capitales consagrada en el artículo 63 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 65 TFUE, a la normativa de un Estado miembro por la cual un fondo de pensiones de empleo no residente —que, en su estructura esencial, es comparable a un fondo de pensiones alemán— no goza de desgravación alguna en el impuesto sobre los rendimientos del capital por los dividendos percibidos, mientras que los correspondientes repartos de dividendos en favor de fondos de pensiones residentes no generan incremento alguno, o sólo un incremento mínimo, de la cuota del impuesto sobre sociedades porque [los fondos de pensiones residentes] tienen la posibilidad, en el procedimiento tributario, de minorar su beneficio imponible deduciendo las provisiones para obligaciones de pago de pensiones y de neutralizar el impuesto abonado sobre los rendimientos del capital por la vía de la deducción o, en la medida en que la cuota del impuesto de sociedades que deba satisfacerse sea menor que la deducción, por la vía de la devolución?
2)

En caso afirmativo, ¿se oponen el principio de neutralidad y el artículo 90 de la Directiva 2006/112/CE, a una normativa nacional, como la contenida en el artículo 78, apartado 11, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, que se interpreta en el sentido de que no se permite la regularización del impuesto en caso de impago si la comunicación de la anulación del impuesto al adquirente del bien o servicio, sujeto pasivo del impuesto, no se efectúa dentro del plazo previsto para la deducción del impuesto en el artículo 98, apartado 2, del mismo Código?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (1) en el sentido de que la exención a la que se refiere está reservada, tanto en lo que respecta a las prácticas convencionales como a las no convencionales, a quienes ejercen una profesión médica o sanitaria sujeta a la legislación nacional sobre profesiones sanitarias y cumplen los requisitos establecidos en la normativa nacional, y en el sentido de que están excluidas de la excepción las personas que no reúnen dichos requisitos pero son miembros de una agrupación profesional de quiroprácticos u osteópatas y cumplen los requisitos establecidos por dicha agrupación?
—

Que se anule el Reglamento (UE) n.o 2017/1398 del Consejo, de 25 de julio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 2017/127 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 29 de julio de 2017, L 199, y en particular su artículo 1, número 2, por el que se modifica el anexo ID del Reglamento (UE) n.o 2017/127, el número 3 en su integridad del anexo ID del Reglamento impugnado [que contiene la modificación del anexo ID del Reglamento (UE) n.o 2017/127], y los considerandos 9, 10, 11, 12 en su totalidad.
4)

¿Es compatible con el artículo 10 del TEDH o con el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales (libertad de información) que un Estado miembro disponga en una ley nacional del Land Baden-Württemberg que una emisora de televisión revestida de autoridad pueda exigir una contribución para su propia financiación a todo adulto residente en su ámbito territorial de difusión, so pena de multa, con independencia de si posee o no un receptor o si utiliza exclusivamente otras emisoras privadas, sean o no extranjeras?
2)

El segundo motivo se basa en la distorsión del escrito de 21 de marzo de 2013 remitido por la representación legal de Lion Laboratories a la EUIPO y, asimismo, en la infracción del Reglamento 207/2009, (1) entre otros de su artículo 57, apartado 2, así como del Reglamento 2868/95 (2) (reglas 22, apartado 2, y 40, apartado 5). Dicho escrito no mencionaba el número de registro de la marca anterior (marca británica n.o 2040518), sino que se refería en dos ocasiones a la marca británica n.o 2371210, lo cual implica que Lion Laboratories (i) no cumplió con su obligación de aportar prueba suficiente del uso de la marca británica n.o 2040518 o de la marca opositora y/o (ii) modificó la marca en la que se basaba el procedimiento.
1.

¿Se oponen el artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 22 y 23 del Reglamento (UE) n.o 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), (1) a la normativa nacional de un Estado miembro en virtud de la cual las empresas de autobuses de línea que atraviesen una frontera interior Schengen resultan obligadas a controlar la documentación de sus pasajeros antes de cruzar la frontera interior, a fin de prevenir el transporte de extranjeros sin pasaporte y sin permiso de residencia al territorio de la República Federal de Alemania? En particular: a) ¿Una prohibición de transportar al territorio federal a extranjeros sin el preceptivo pasaporte o permiso de residencia, establecida por ley con carácter general o por acto administrativo dirigido individualmente a empresas de transporte, que sólo puede cumplirse mediante un control efectuado por el transportista de la documentación de todos los pasajeros antes del cruce de la frontera interior, constituye una inspección fronteriza de personas en las fronteras interiores a efectos del artículo 22 del Código de fronteras Schengen, o cabe equipararla a tal inspección? b) ¿Debe evaluarse la imposición de las obligaciones mencionadas en la primera cuestión con arreglo al artículo 23, letra a), del Código de fronteras Schengen, aunque el transportista no ejerza «competencias de policía» en el sentido de dicha disposición y, con la obligación de inspección impuesta por el Estado, tampoco esté formalmente facultado para ejercer funciones de poder público? c) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión de la letra b) anterior, ¿constituyen las inspecciones que se exigen a los transportistas una medida ilícita de efecto equivalente a las inspecciones fronterizas, a la luz de los criterios del artículo 23, letra a), segunda frase, del Código de fronteras Schengen? d) ¿Debe evaluarse la imposición de las obligaciones mencionadas en la primera cuestión, en la medida en que afecte a empresas de autobuses de línea, con arreglo al artículo 23, letra b), del Código de fronteras Schengen, a cuyo tenor la facultad de los transportistas de efectuar inspecciones de seguridad de personas en los puertos y aeropuertos no se verá afectada por la ausencia de inspecciones en las fronteras interiores? ¿Cabe deducir de ello que las inspecciones a que se refiere la primera cuestión realizadas también fuera de los puertos y aeropuertos son ilícitas si no constituyen inspecciones de seguridad y no se efectúan también sobre las personas que viajan dentro de un Estado miembro?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 283/26

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 22 de junio de 2017 — Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána/Workplace Relations Commission

(Asunto C-378/17)

(2017/C 283/36)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána

Recurrida: Workplace Relations Commission

Cuestión prejudicial

Cuando:

a) un organismo nacional está establecido por ley y se le ha atribuido competencia general, entre otras cuestiones, para velar por el cumplimiento del Derecho de la Unión en un ámbito determinado;

b) el Derecho nacional exige que dicho organismo no sea competente en una categoría limitada de asuntos en los que la tutela judicial efectiva requeriría la inaplicación de una disposición legal nacional en virtud del Derecho nacional o de la Unión, y

c) los órganos jurisdiccionales nacionales pertinentes son competentes para dictar la resolución pertinente de inaplicación de la disposición legal nacional, necesaria para garantizar el cumplimiento de la norma de Derecho de la Unión de que se trata, tienen competencia para conocer de los asuntos en los que es necesaria dicha medida de tutela y son competentes en tales asuntos para conceder cualquier medida de tutela establecida por el Derecho de la Unión, siendo así que se ha considerado, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la medida de tutela concedida por los órganos jurisdiccionales cumple los principios de equivalencia y efectividad,

¿Debe considerarse, no obstante, que dicho organismo establecido por ley es competente para conocer de un recurso administrativo basado en que una disposición legal nacional vulnera el Derecho de la Unión y, en caso de que se estime dicho recurso administrativo, para inaplicar tal disposición legal, aun cuando el Derecho nacional confiera la competencia en todos los asuntos en los que se cuestione la validez de una disposición legal por cualquier causa o que requieran la inaplicación de la disposición legal a un órgano jurisdiccional establecido en virtud de la Constitución, en lugar de al referido organismo?
—

Declare que la República de Croacia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 42, apartado 1, de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 60, p. 34), al no haber adoptado, a 21 de marzo de 2016, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 239/34

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 18 de mayo de 2017 — Heinz-Gerhard Albrecht/TUIfly GmbH

(Asunto C-277/17)

(2017/C 239/43)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Heinz-Gerhard Albrecht

Demandada: TUIfly GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 231/9

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 13 de abril de 2017 — Thomas Neufeldt y otros/TUIfly GmbH

(Asunto C-197/17)

(2017/C 231/11)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Thomas Neufeldt, Julia Neufeldt y Gabriel Neufeldt, representados por sus padres Sandra Neufeldt y Thomas Neufeldt

Demandada: TUIfly GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 231/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 28 de abril de 2017 — Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH

(Asunto C-228/17)

(2017/C 231/22)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Reinhard Wittmann

Demandada: TUIfly GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

¿Son las siguientes infracciones de la normativa belga en materia de artículos pirotécnicos constitutivas de «infracción grave» en el sentido del artículo 45 de la Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos? (1) a) La venta de artículos pirotécnicos con 2,666 kg de combustible pirotécnico, lo cual constituye una infracción de los artículos 265, punto 7, y 257 del Real Decreto de 23 de septiembre de 1958, sobre la fabricación, el almacenamiento, la tenencia, la venta, el transporte y el uso de explosivos, por los que se prohíbe la venta de artículos pirotécnicos con más de 1 kg de combustible pirotécnico cuando el consumidor no dispone de una autorización administrativa individual para la tenencia de artículos pirotécnicos en una cantidad superior. b) La superación del límite de almacenamiento establecido y el incumplimiento de los lugares de almacenamiento previstos en una autorización federal en materia de productos pirotécnicos, si bien ya existía una autorización medioambiental regional para el almacenamiento de las cantidades superiores de que se trata en los lugares objeto del litigio. c) El almacenamiento provisional de pequeñas cantidades de artículos pirotécnicos en distintos lugares no autorizados específicamente para el almacenamiento, dentro del perímetro de un comercio minorista de artículos pirotécnicos, que dispone tanto de una autorización federal en materia de artificios de pirotecnia, como de una autorización medioambiental regional.
1.

El primer motivo del recurso se funda en la existencia de legitimidad activa para la interposición de recurso de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE, en adelante) contra el Reglamento 2016/278 (1), en la medida en que entiende que en la misma concurren los requisitos del apartado 4 del artículo 263 del TFUE. Como es sabido por este Tribunal, dichos requisitos son: i) afectación directa e individual del acto impugnado o ii) afectación directa de actos reglamentarios que no incluyan medidas de ejecución. Con relación a la afectación directa e individual del acto impugnado, considera nuestra representada que nada discute el TGUE sobre la concurrencia de afectación directa en esta parte. Mientras que, respecto a la afectación individual, ésta tiene cabida en IPM ya que el Reglamento en cuestión afecta a todos y cada uno de los importadores que en sus DUAs incluyeron nomenclaturas o códigos TARIC relativos a los productos sobre los que recayeron los derechos antidumping, entre los ejercicios 2009 (entrada en vigor del Reglamento 91/2009) y 2016 (entrada en vigor del Reglamento 2016/278), ambos incluidos. De este modo, estos importadores forman un «círculo restringido de operadores económicos», pues la limitación de los efectos de la derogación de los derechos antidumping les afecta de forma concreta y específica. Por otro lado, con relación a la afectación directa de actos reglamentarios que no incluyan medidas de ejecución, el análisis se centra en la acreditación de la inexistencia de actos de ejecución en el Reglamento 2016/278. Así las cosas, las liquidaciones a las que el TGUE hace referencia como actos de ejecución del Reglamento no son tales, ya que las únicas liquidaciones recibidas por esta parte fueron las derivadas de lo dispuesto en el Reglamento 91/2009 (2), no habiéndose recibido en ningún caso liquidaciones derivadas de lo dispuesto en el Reglamento impugnado (Reglamento 2016/278). Prueba de ello, es que las propias liquidaciones en su día giradas a IPM por la Administración tributaria española se dictaron antes de la entrada en vigor del Reglamento impugnado. Así las cosas, el artículo 2 impugnado es una norma autónoma que no requiere ningún acto posterior para producir efectos jurídicos desde el día de su entrada en vigor, pues se limita a derogar unos derechos antidumping dada su incompatibilidad con el Acuerdo Antidumping y el Tratado GATT. Además, el Reglamento impone una obligación de no hacer –contiene una orden para el Estado español de no volver a emitir acuerdo tendente a liquidar derechos antidumping-, por lo que impide la emisión de cualquier acto tributario susceptible de ser recurrido en la vía doméstica, siendo la interposición del recurso de anulación la única vía con la que contaba IPM para impugnar el Artículo 2 del Reglamento 2016/278. Por todo lo anterior, entiende esta parte que no hay duda de que IPM se encuentra legitimada por el artículo 263 TFUE para interponer recurso de anulación frente al artículo 2 del Reglamento 2016/278, ya que dicho Reglamento por su propia naturaleza y contenido, no incluye medida de ejecución alguna.
4.o)

Al margen de la respuesta que se dé a la cuestión planteada en el apartado 1.o: — Independientemente de la legalidad de la publicación de los datos de carácter personal en la página web a la que conduce el vínculo controvertido, ¿deben interpretarse las disposiciones de la Directiva 95/46 en el sentido de que — cuando el solicitante acredite que esos datos son incompletos o inexactos o que no están actualizados, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a aceptar la correspondiente solicitud de retirada? — En particular, cuando el solicitante demuestre que, habida cuenta del desarrollo del procedimiento judicial, la información relativa a una etapa anterior del procedimiento ya no se corresponde con la realidad de su situación, ¿está obligado el gestor de un motor de búsqueda a retirar los vínculos que dirijan a las páginas web que contienen tal información? — ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 5, de la Directiva 95/46 en el sentido de que la información sobre la imputación de una persona o sobre un proceso, y la condena que se deriva de este proceso, constituyen datos relativos a infracciones y a condenas penales? En general, cuando una página web contiene datos sobre la condena o los procedimientos judiciales que atañen a una persona física, ¿está comprendida esa página web en el ámbito de aplicación de dichas disposiciones?
iv)

el tenor de las disposiciones nacionales no permite una interpretación conforme a los requisitos del Derecho de la Unión, en un litigio entre particulares y una compañía de seguros privada en relación con un accidente de automóvil que tuvo lugar en 1999 en el que resultó gravemente herido un ocupante que no viajaba en un asiento fijo y al que, con el consentimiento de las partes, el tribunal nacional emplazó a comparecer, como codemandado de la compañía de seguros privada, al Estado, ¿está obligado también el tribunal nacional, al inaplicar las disposiciones pertinentes de Derecho nacional, a inaplicar la cláusula de exclusión o a impedir de cualquier otra forma que un asegurador invoque la cláusula de exclusión contemplada en el seguro de vehículos automóviles en vigor en ese momento, de modo que la víctima que sufrió los daños pueda entonces ser indemnizada directamente por la compañía de seguros en virtud de esa póliza de seguro? Con carácter subsidiario, ¿daría lugar tal resultado, en esencia, a una forma de efecto directo horizontal de una directiva frente a un particular, de un modo prohibido por el Derecho de la Unión?»