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Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado) (Grecia) el 11 de marzo de 2010 — Amaltheia I Naftiki Etaireia/Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro de la Marina Mercante)

(Asunto C-129/10)

2010/C 134/39

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Amaltheia I Naftiki Etaireia

Demandada: Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro de la Marina Mercante)

Cuestión prejudicial

«¿Los artículos 1 y 2 del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7), interpretados de conformidad con el principio de libre prestación de servicios, permiten que se adopte una normativa nacional en virtud de la cual los armadores únicamente pueden prestar servicios de cabotaje marítimo previa obtención de una autorización administrativa, que se concede con arreglo a un régimen de autorización que tiene por objeto comprobar, entre otras cosas, si, en función de la situación existente en un determinado puerto, las conexiones marítimas previstas por el armador en su declaración pueden llevarse a cabo en condiciones de seguridad para el buque y respetando el buen orden del puerto, así como verificar la capacidad del buque para el que se solicita la autorización para arribar sin dificultades a un determinado puerto en el horario que el armador haya estimado preferible para efectuar una determinada conexión, sin que exista no obstante una norma jurídica que determine previamente los criterios con arreglo a los cuales la Administración Pública deberá valorar estas cuestiones, en particular cuando existan varios armadores interesados en una determinada escala en el mismo momento y en el mismo puerto?»
—

Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de la Directiva 2006/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por la que se modifica la Directiva 67/548/CEE del Consejo, (1) relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, para adaptarla al Reglamento (CE) no 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en todo caso, al no haber comunicado las referidas disposiciones a la Comisión.
4)

¿Pretendió la Comisión Europea mediante la Decisión no 2003/195/CE de 16 de octubre de 2002, (1) relativa al régimen de ayudas que Italia se dispone a aplicar en favor del empleo en la región de Sicilia, cuyo artículo 1 establece: «El régimen de ayudas dispuesto en el artículo 11, apartado 1, de la Ley regional no 16 de 27.5.1997 de la región de Sicilia, que Italia se propone aplicar, es incompatible con el mercado común. Dicho régimen no puede, por lo tanto, aplicarse»: — negar su propia autorización al «nuevo» régimen de ayudas dispuesto en el artículo 11 de la Ley regional no 16/97 porque consideró que era un sistema «autónomo» destinado a prorrogar el período de aplicación de la ayuda establecida en virtud del artículo 10 de la Ley regional no 27/91 más allá del 31 de diciembre de 1996, incluyendo así los gastos de contratación y/o transformación efectuados en los ejercicios de 1997 y 1998, o — si, en cambio, dicha decisión persiguió efectivamente impedir a la región de Sicilia la dotación material de recursos económicos, con objeto de impedir el pago específico de las ayudas de Estado establecidas en el artículo 10 de la Ley regional no 27/91, incluso para las contrataciones y/o transformaciones de contratos efectuadas antes del 31 de diciembre de 1996?
b)

o bien debe considerarse que se trata de prestaciones de publicidad que deben gravarse, con arreglo al artículo 56, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/122, en el lugar en que el destinatario de dichas prestaciones haya establecido de forma permanente la sede de su actividad económica o disponga de un establecimiento permanente para el que se realiza la prestación o, en ausencia de una u otro, el lugar de su domicilio o de su residencia habitual? — si dichas prestaciones de servicios se refieren a la puesta a disposición temporal de puestos para clientes que exhiben su oferta en ferias de muestras y exposiciones, e implican habitualmente una previa elaboración de un croquis y de la visualización del puesto, así como, en su caso, el transporte de los elementos del puesto y su montaje en el lugar donde se organiza la feria o exposición, y si los clientes del prestador, que exhiben sus productos o servicios, abonan aparte al organizador del acontecimiento una cantidad por la mera posibilidad de participar en tales ferias de muestras o exposiciones, que cubre, en particular, los gastos relativos al abastecimiento, la infraestructura de la feria, los servicios mediáticos, etc. Cada expositor es responsable del acondicionamiento y de la instalación de su propio puesto y, a este respecto, puede recurrir a las prestaciones de servicios controvertidas que requieren interpretación. Los organizadores de las ferias de muestras y exposiciones exigen además un precio por la entrada a los visitantes, que percibe el organizador y no el prestatario del servicio.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 63/31

Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos

(Asunto C-542/09)

2010/C 63/50

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Rozet y M. Van Beek, agentes)

Demandada: Reino de los Países Bajos

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 45 TFUE y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1612/68, (1) al exigir que los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias que estén a su cargo cumplan el requisito de domicilio, la denominada «regla 3 de 6», para tener derecho a la financiación de estudios para una formación en el extranjero en el marco de la WSF. (2)

— Que se condene en costas al Reino de los Países Bajos.

Motivos y principales alegaciones

Habida cuenta de que, hasta la fecha, los Países Bajos todavía no han adoptado todas las medidas necesarias para poner fin a la aplicación del requisito de domicilio, la denominada «regla 3 de 6», que los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias que estén a su cargo deben cumplir para tener derecho a la financiación de estudios para una formación en el extranjero en el marco de la WSF, la Comisión considera que los Países Bajos no han cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 45 TFUE y del Reglamento no 1612/68.

(1) Reglamento del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01 p. 77).

(2) Wet Studiefinanciering 2000 [Ley de Financiación de Estudios 2000].
4)

El Tribunal hizo una calificación jurídica errónea de las disposiciones de la Decisión de la Comisión, al considerar que los artículos 1, apartados 1 y 2, 2, apartados 1 y 2, así como 3, apartado 1, no podían separarse de las demás disposiciones de la Decisión de la Comisión y declaró la nulidad de la Decisión en su totalidad. En realidad no existe tal inseparabilidad, dado que de la estructura y de la motivación de la Decisión de la Comisión resulta claramente que cada apartado del artículo 2 guarda una relación inseparable con el correspondiente apartado del artículo 1, pero no con los demás apartados del artículo 2. Lo mismo ocurre con los apartados del artículo 1.
2)

¿La Decisión 2000/196/CE (1) de la Comisión, de 22 de febrero de 2000, por la que se deniega la comercialización de Stevia rebaudiana Bertoni: plantas y hojas secas como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 61 p. 14), cuyo artículo 1 establece que no podrá comercializarse en el mercado comunitario como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario «Stevia rebaudiana Bertoni: plantas y hojas secas», es vinculante también para la parte demandante que actualmente comercializa «Stevia rebaudiana Bertoni: plantas y hojas secas» en la Comunidad?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 205/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg (Alemania) el 15 de junio de 2009 — Barsoum Chabo/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Asunto C-213/09)

2009/C 205/37

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Barsoum Chabo

Demandada: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Cuestión prejudicial (1)

¿Es nulo, por contravenir el principio de proporcionalidad, el importe suplementario de 222 euros por cada 100 kg de peso neto del producto, resultante de aplicar el tipo de derecho de tercer país y el tipo de derecho preferencial, que se recauda por la importación de hongos conservados del género Agaricus (partida NC 2003 10 30)?

(1) Relativa al Reglamento (CE) no 1719/2005 de la Comisión, de 27 de octubre de 2005, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 286, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 180/29

Recurso interpuesto el 15 de mayo de 2009 — Gran Ducado de Luxemburgo/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-176/09)

2009/C 180/50

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Gran Ducado de Luxemburgo (representantes: C. Schiltz, agente, P. Kinsch, avocat)

Demandadas: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

— Con carácter principal, que se anule el pasaje del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativa a las tasas aeroportuarias, (1) redactado como sigue: «así como al aeropuerto con mayor movimiento de viajeros de cada Estado miembro».

— Con carácter subsidiario, que se anule la Directiva en su totalidad.

— Que se condene en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, el Gran Ducado de Luxemburgo invoca dos motivos.

Mediante su primer motivo, la parte demandante alega una violación del principio de no discriminación en la medida en que un aeropuerto como el de Luxemburgo-Findel, por el hecho de la extensión del ámbito de aplicación de la Directiva 2009/12/CE a los aeropuertos «con mayor movimiento de viajeros de cada Estado miembro», se encuentra sujeto a obligaciones administrativas y económicas a las que no están sujetos otros aeropuertos que se encuentren en una situación comparable, sin que dicha diferencia de trato esté objetivamente justificada. En concreto menciona a este respecto la situación de los aeropuertos de Hahn y de Charleroi, que tienen la misma zona de comercio que el aeropuerto de Findel y que generan cada uno un volumen de pasajeros superior a éste, pero que no están sujetos a las mismas obligaciones. La presencia de fronteras entre esos tres aeropuertos no puede justificar de modo alguno que se les dé un trato diferente.

Mediante su segundo motivo, el demandante alega además que la disposición de que se trata no respeta los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. En efecto, por una parte, la intervención a escala europea no es necesaria para regular una situación que podía haberse regulado perfectamente a nivel nacional siempre que no se supere el umbral de 5 millones de pasajeros. Por otra parte, la aplicación de la Directiva conducirá a procedimientos y gastos adicionales injustificados para un aeropuerto como el de Findel que tiene la única particularidad de ser un aeropuerto que registra el mayor movimiento de viajeros de un Estado miembro, sin que dicho factor tenga una pertinencia real respecto de los objetivos de la Directiva.

(1) DO L 70, p. 11.
1.

a) ¿Es aplicable el artículo 5, número 1, letra b), segundo guión, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (1) (DO L 12, de 16.1.2001, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de Bruselas I») a un contrato de prestación de servicios también cuando la prestación de servicios, conforme al acuerdo, se realice en varios Estados miembros? Si se responde afirmativamente a esta cuestión: ¿Hay que interpretar la citada disposición en el sentido de que: b) se ha de identificar el lugar de ejecución de la prestación característica en función del lugar donde tenga el centro principal de actividad el prestador de servicios (que se ha de valorar conforme a la inversión de tiempo y la importancia de la actividad); c) en el supuesto de que no se pueda determinar un centro principal de actividad, se puede presentar la demanda relativa a todas las pretensiones derivadas del contrato en cualquier lugar en el que se presten servicios dentro de la Comunidad, a elección del demandante?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Alemania) el 11 de febrero de 2009 — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, coadyuvante: Astrid Niedermair-Schiemann

(Asunto C-61/09)

2009/C 113/40

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Landkreis Bad Dürkheim

Demandada: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Coadyuvante: Astrid Niedermair-Schiemann

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Se considera que existe una superficie agraria en el sentido del artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1782/2003 (1) cuando, si bien se usa con fines agrarios (pasto para cría de ovejas), su uso predominante consiste en el cumplimiento de los objetivos de la conservación del paisaje y la protección de la naturaleza?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Se considera que una superficie se utiliza para actividades no agrarias en el sentido del artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1782/2003 cuando la actividad sirve principalmente para la protección de la naturaleza o, en cualquier caso, cuando el agricultor está sometido, en el cumplimiento de los objetivos de protección de la naturaleza, a las indicaciones de las autoridades de protección de la naturaleza?

3) En caso de que se trate de una superficie agraria (primera cuestión) utilizada también para una actividad agraria (segunda cuestión): Para considerar que una superficie agraria pertenece a la explotación [superficie agraria de la explotación en el sentido del artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1782/2003]: a) ¿Es necesario que esté a disposición de la explotación en virtud de un contrato de arrendamiento o de una transacción temporal similar a título oneroso? b) Si no es así: ¿Es irrelevante para dicha consideración que la superficie haya sido cedida a la explotación de forma gratuita o sólo a cambio de la asunción de las contribuciones a la asociación profesional para un uso determinado y durante un período de tiempo limitado de acuerdo con los objetivos de la protección de la naturaleza? c) Si es así: ¿Es irrelevante para dicha consideración que la explotación esté obligada a prestar determinados servicios en las superficies y obtenga una retribución por ello?

(1) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 — (DO L 270, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/25

Recurso interpuesto el 6 de marzo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa

(Asunto C-94/09)

2009/C 113/47

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: M. Afonso, agente)

Demandada: República Francesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 96 a 99, apartado 1, de la Directiva IVA, (1) al no haber aplicado un tipo único de IVA al conjunto de los servicios prestados por las empresas de pompas fúnebres, así como a las entregas de bienes relacionadas con éstos.

— Que se condene en costas a la República Francesa.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, la Comisión alega que la normativa tributaria francesa perjudica al correcto funcionamiento del sistema del IVA, en la medida en que aplica dos tipos de IVA a las prestaciones de servicios y a las entregas de bienes efectuadas por las empresas de pompas fúnebres a las familias de los difuntos, siendo así que éstas constituyen, en la práctica, una operación compleja de carácter único que debe estar sujeta a un tipo impositivo también único.

En particular, la demandante reprocha a la parte demandada haber disociado injustificadamente el servicio de transporte de cadáveres mediante un vehículo especialmente acondicionado para ello, al cual es aplicable un tipo reducido del IVA, de las demás actividades ejercidas por las empresas de pompas fúnebres, como son la intervención de los porteadores para transportar el cadáver o el suministro de un ataúd, las cuales están sujetas al tipo normal del IVA. Pues bien, según una reiterada jurisprudencia, la operación constituida por una única prestación de carácter económico no debe descomponerse artificialmente con el fin de no alterar el correcto funcionamiento del sistema del IVA. De hecho, una inmensa mayoría de las familias que solicitan a un empresario que organice las pompas fúnebres considera además que las referidas actividades constituyen una única y misma prestación.

Por otra parte, la Comisión muestra su disconformidad con la opción de la parte demandada de aplicar unos tipos reducidos variables a los servicios prestados por las empresas de pompas fúnebres. Efectivamente, lo dispuesto en el artículo 98, apartado 1, de la Directiva sobre el IVA no permite aplicar un tipo reducido a algunos servicios de transporte y un tipo normal a los demás servicios, prestados por las empresas de que se trata, que hagan que el nivel del tipo efectivo sea necesariamente inferior al tipo normal aplicable en Francia. Por añadidura, el nivel del segundo tipo impositivo oscila de una operación a otra en función del peso relativo, en cada caso, de las prestaciones sujetas al tipo reducido, lo cual se halla también prohibido por la mencionada Directiva.

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).
1)

a) ¿Es aplicable el artículo 5, número 1, letra b), segundo guión, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (1), (en lo sucesivo, «Reglamento de Bruselas I») a un contrato de prestación de servicios también cuando la prestación de servicios, conforme al acuerdo, se realice en varios Estados miembros? b) Si se responde afirmativamente a esta cuestión: ¿hay que interpretar la citada disposición en el sentido de que se ha de identificar el lugar de ejecución de la prestación característica en función del lugar donde tenga el centro principal de actividad el prestador de servicios (que se ha de valorar conforme a la inversión de tiempo y la importancia de la actividad); c) en el supuesto de que no se pueda determinar un centro principal de actividad, se puede presentar la demanda relativa a todas las pretensiones derivadas del contrato en cualquier lugar en el que se presten servicios dentro de la Comunidad, a elección del demandante?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 55/5

Recurso de casación interpuesto el 24 de septiembre de 2008 por Calebus, SA contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) dictado el 14 de julio de 2008 en el asunto T-366/06, Calebus, SA/Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por el Reino de España

(Asunto C-421/08 P)

(2009/C 55/08)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Calebus, SA (representante: R. Bocanegra Sierra, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas y Reino de España

Pretensiones

Que se tenga por interpuesto recurso de casación contra el auto del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 2008, por el que se declara inadmisible la demanda presentada por Calebus, SA en el asunto T-366/06, que se admita y que, previos los trámites legalmente preceptivos, se dicte una resolución por la que se estime el recurso, se revoque el auto impugnado, se declare admisible la demanda y se estime sus pretensiones.

Motivos y principales alegaciones

El recurso de casación se interpone contra el auto de 14 de julio de 2008 del Tribunal de Primera Instancia por el que se declara inadmisible la demanda presentada en el asunto T-366/06, presentada por Calebus, S.A. contra la Decisión 2006/613/CE (1), de 19 de julio de 2006, por la que se aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, en lo que respecta a la inclusión en el LIC «ES61110006 Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», que forma parte de dicha lista, de la finca «Las Cuerdas».

El recurso de casación considera que el auto impugnado incurre en un error de derecho al afirmar que la demanda no es admisible porque la sociedad recurrente carece de interés directo en la anulación. Frente a lo que el auto sostiene, la Decisión 2006/613 obliga a los Estados, en todo caso, por sí misma y de forma automática, a someter a los lugares calificados como Lugares de importancia comunitaria (LIC), en uno de los cuales se incluye la finca de «Las Cuerdas», a un régimen de protección que necesariamente limita sus posibilidades de uso, reduciendo su rentabilidad y valor de venta. Los Estados miembros disponen de un margen de apreciación para determinar el contenido concreto de esas medidas, no para decidir si someten a las fincas, o no, a medidas de esa clase, por lo que la existencia de ese margen no es contraria a la eficacia directa de la Decisión sobre la esfera jurídica de la sociedad recurrente.

(1) DO L 259, p. 1.