Por consiguiente, la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar nuevos motivos invocados ante él ni volver a examinar las circunstancias de hecho a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, el examen de esos nuevos motivos y la admisión de esas pruebas son contrarios al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

De la mera identidad entre una marca y un patronímico no puede deducirse que el público interesado piense que la persona cuyo patronímico constituye la marca ha diseñado los productos que la llevan, de modo que dicho público sea inducido a error en el sentido del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria. En efecto, el uso de marcas compuestas por un patronímico es una práctica difundida en todos los sectores comerciales y el público interesado sabe muy bien que detrás de cada marca patronímica no se esconde obligatoriamente un diseñador del mismo nombre.

El Tribunal de Justicia ha identificado la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. En efecto, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

Por otra parte, en lo que atañe a los requisitos de caducidad, previstos en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuyo contenido normativo es esencialmente idéntico al del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94, el Tribunal de Justicia estimó que no puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca que corresponda al nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan, debido únicamente a esta particularidad, por considerar que dicha marca induciría al público a error, en particular, cuando la clientela asociada a esa marca haya sido cedida junto con la empresa fabricante de los productos que llevan la marca. Esta conclusión se basa en el hecho de que no existe engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor medio. Aun cuando quepa la posibilidad de que en la compra por éste del producto de que se trate influya su creencia de que la persona a cuyo nombre corresponde la marca participó en su creación, la empresa titular de la marca garantiza las características y las cualidades de dicho producto.

Del mismo modo, debe estimarse que no puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca que corresponda al nombre o al apellido del creador y primer fabricante de los productos que llevan dicha marca debido únicamente a esta particularidad, por considerar que dicha marca induciría al público a error, cuando el mencionado titular haya adquirido legalmente, en el marco de una cesión, una marca que consiste únicamente en el apellido del creador y el conjunto del patrimonio creativo de la empresa que fabrica los productos que la llevan.

(véanse los apartados 30 y 32 a 34)