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3)

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que es abusiva, en el sentido de esta disposición, una cláusula de un contrato fiduciario para la administración de una participación comanditaria, como los controvertidos en el litigio principal, celebrado entre un profesional y un consumidor, cláusula que no fue negociada individualmente y que establece como Derecho aplicable el del Estado en que se encuentra el domicilio social de la sociedad comanditaria, cuando induzca al consumidor a error dándole la impresión de que el contrato se rige exclusivamente por el Derecho de ese Estado miembro, sin informarle de que, conforme al artículo 5, apartado 2, del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y al artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.o 593/2008, le ampara también la protección que le garantizan las disposiciones imperativas del Derecho nacional que sería aplicable de no existir esa cláusula.
—

se opone, en cambio, a una normativa de tales características que define los conceptos de red de transporte de electricidad y de red de distribución de electricidad basándose no solo en el criterio del nivel de la tensión, sino también en el de la propiedad de los activos utilizados para el ejercicio de las actividades de transporte y de distribución respectivamente. No obstante, esta interpretación no afecta, por un lado, a la aplicación del artículo 17, apartado 1, letra a), de la referida Directiva, según el cual los gestores de red de transporte independientes deberán ser propietarios de dicha red, ni, por otro lado, al derecho de los Estados miembros a imponer a los gestores de redes de distribución la obligación de ser propietarios de tales redes, siempre que este requisito no menoscabe la consecución de los objetivos perseguidos por esta misma Directiva, en particular, excluyendo dichas redes de la obligación de conformarse a las normas que les son aplicables en virtud de la referida Directiva, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
2)

El artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece, para los trabajadores con contrato de duración determinada a los que se aplica, una duración máxima de las relaciones laborales más larga para los trabajadores a tiempo parcial que para los trabajadores a tiempo completo comparables si se demuestra que dicha normativa afecta negativamente a un porcentaje significativamente mayor de trabajadoras que de trabajadores y si dicha normativa no puede justificarse objetivamente con una finalidad legítima o los medios para alcanzar dicha finalidad no son adecuados y necesarios. El artículo 19, apartado 1, de dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que esta disposición no exige que la parte que se considere perjudicada por tal discriminación presente, para demostrar una presunción de discriminación, estadísticas o hechos concretos referidos a los trabajadores afectados por la normativa nacional controvertida si dicha parte no tiene acceso a tales estadísticas o hechos o únicamente puede acceder a ellos con grandes dificultades.
2)

El artículo 27 del Reglamento n.o 882/2004 debe interpretarse en el sentido de que no autoriza a un Estado miembro a aplicar importes de tasas inferiores a los importes mínimos previstos en el anexo IV, sección B, y en el anexo V, sección B, del Reglamento n.o 882/2004.
C 383/20

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de septiembre de 2019 — HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea

(Asunto C-123/18 P) (1)

(Recurso de casación - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán - Indemnización por los daños y perjuicios supuestamente sufridos por la recurrente a raíz de la inclusión de su nombre en la lista de las personas y entidades a las que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos - Recurso de indemnización - Requisitos necesarios para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea - Concepto de «infracción suficientemente caracterizada de una norma de Derecho de la Unión» - Apreciación - Concepto de «sociedad que es propiedad o está bajo control de otra entidad» - Obligación de motivación)

(2019/C 383/20)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (representante: M. Schlingmann, Rechtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: J.-P. Hix y M. Bishop, agentes), Comisión Europea (representantes: inicialmente R. Tricot, M. Kellerbauer y C. Zadra, posteriormente R. Tricot, C. Hödlmayr y C. Zadra, agentes)

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2017, HTTS/Consejo (T-692/15, EU:T:2017:890).

2) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3) Reservar la decisión sobre las costas.

(1) DO C 161 de 7.5.2018.
1)

El artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a las marcas registradas antes de la entrada en vigor de ese Reglamento n.o 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de marzo de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Asunto C-129/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Ciudadanía de la Unión Europea - Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros - Directiva 2004/38/CE - Miembros de la familia de ciudadano de la Unión - Artículo 2, punto 2, letra c) - Concepto de «descendiente directo» - Menor bajo tutela legal permanente con arreglo al régimen de la «kafala» (protección legal) argelina - Artículo 3, apartado 2, letra a) - Otros miembros de la familia - Artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Vida familiar - Interés superior del menor)

(2019/C 187/29)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SM

Demandadas: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

con intervención de: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) y AIRE Centre

Fallo

El concepto de «descendiente directo» de ciudadano de la Unión que figura en el artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que no incluye a una menor que se halla bajo la tutela legal permanente de un ciudadano de la Unión con arreglo a la institución de la «kafala» argelina, puesto que dicho régimen no crea un vínculo de filiación entre ellos.

No obstante, incumbe a las autoridades nacionales competentes facilitar la entrada y residencia de dicha menor como «otro miembro de la familia» de un ciudadano de la Unión, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra a), de la misma Directiva, interpretando este a la luz de los artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a través de una apreciación equilibrada y razonable del conjunto de circunstancias actuales y pertinentes del presente asunto que tenga en cuenta todos los intereses en juego y en especial el interés superior de la menor afectada. En caso de que, tras dicha apreciación, se demuestre que, en circunstancias normales, la menor y su tutor (que es ciudadano de la Unión) llevarán una vida familiar efectiva y que la menor depende de su tutor, las exigencias vinculadas al derecho fundamental al respeto de la vida familiar, junto con la obligación de tener en cuenta el interés superior de la menor, en principio requerirán que se otorgue a esta el derecho de entrada y residencia al objeto de permitir que viva con su tutor en el Estado miembro de acogida de este.

(1) DO C 134 de 16.4.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de febrero de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Oldenburg — Alemania) — NK

(Asunto C-231/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Transporte - Transportes por carretera - Reglamento (CE) n.o 561/2006 - Reglamento (UE) n.o 165/2014 - Obligación de utilizar tacógrafo - Excepción en el caso de vehículos utilizados para el transporte de animales vivos desde las granjas hasta los mercados locales y viceversa, o desde los mercados hasta los mataderos locales)

(2019/C 131/18)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Oldenburg

Partes en el procedimiento principal

NK

con intervención de: Staatsanwaltschaft Oldenburg y Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Fallo

La expresión «mercados locales»del artículo 13, apartado 1, letra p), del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo, en la redacción que le dio el Reglamento (UE) n.o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, debe interpretarse en el sentido de que no puede referirse ni a la transacción celebrada entre un comerciante de ganado al por mayor y el titular de una explotación agropecuaria ni al propio comerciante de ganado al por mayor, por lo que la excepción prevista en dicha disposición no puede ampliarse a vehículos que transporten animales vivos directamente desde granjas a mataderos locales.

(1) DO C 221 de 25.6.2018.
1)

El artículo 2, letra c), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse, a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que el derecho exclusivo conferido por esta disposición al productor de fonogramas a autorizar o prohibir la reproducción de su fonograma le permite oponerse a que un tercero use una muestra sonora, incluso muy breve, de su fonograma con el fin de insertarla en otro fonograma, a menos que esa muestra sea incorporada de forma modificada y que no resulte reconocible al escucharla.
2)

El principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a abstenerse de aplicar una disposición del Derecho nacional incompatible con las disposiciones de una decisión marco, como las Decisiones Marco controvertidas en el litigio principal, cuyos efectos jurídicos se mantienen de conformidad con el artículo 9 del Protocolo (n.o 36) sobre las disposiciones transitorias, anexo a los Tratados, ya que estas disposiciones carecen de efecto directo. No obstante, las autoridades de los Estados miembros —incluidos los órganos jurisdiccionales— están obligadas a efectuar, en la medida de lo posible, una interpretación conforme de su Derecho nacional que les permita garantizar un resultado compatible con la finalidad perseguida por la decisión marco de que se trate.
1)

El anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, y el anexo de la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos, en su versión modificada por la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, deben interpretarse en el sentido de que el poseedor de un residuo que puede clasificarse tanto con códigos correspondientes a residuos peligrosos como con códigos correspondientes a residuos no peligrosos, pero cuya composición no se conoce de antemano, está obligado, con vistas a esa clasificación, a determinar dicha composición y a investigar las sustancias peligrosas de las que cabe razonablemente suponer que están presentes en él para determinar si ese residuo presenta características de peligrosidad y de que, a tal efecto, el poseedor del residuo puede utilizar métodos de toma de muestras, análisis químicos y ensayos de los establecidos en el Reglamento (CE) n.o 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo de 2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), o cualquier otro método de toma de muestras, análisis químico y ensayo reconocidos a nivel internacional.
2)

El artículo 12 del Reglamento n.o 204/2011 debe interpretarse en el sentido de que: — en su versión inicial, se aplica cuando los gastos debidos en virtud de contratos de contragarantía deben ser pagados tanto por un banco de la Unión a un banco libio inscrito en la lista que figura en el anexo III de este Reglamento como por un banco de la Unión a un banco libio que no está incluido en esta lista, cuando la garantía bancaria concedida por el banco libio beneficie a una entidad que figure en dicha lista y siempre que el banco libio sea considerado como una entidad que actúa en nombre del Gobierno libio, extremo este que deberá comprobar el órgano jurisdiccional remitente; — en su versión resultante del Reglamento (UE) n.o 45/2014 del Consejo, de 20 de enero de 2014, no se aplica cuando los gastos debidos en virtud de contratos de contragarantía deben ser pagados tanto por un banco de la Unión a un banco libio inscrito en la lista que figura en el anexo III del citado Reglamento como por un banco de la Unión a un banco libio que no está incluido en esta lista, cuando la garantía bancaria concedida por el banco libio beneficie a una entidad que figure en dicha lista y siempre que estos gastos hayan sido pagados antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento; — tanto en su versión inicial como en su versión resultante del Reglamento n.o 45/2014, no se aplica cuando los gastos debidos en virtud de contratos de contragarantía deben ser pagados por un banco de la Unión a otro banco de la Unión.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de diciembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — The Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána / Workplace Relations Commission

(Asunto C-378/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Igualdad de trato en materia de empleo - Directiva 2000/78/CE - Prohibición de discriminación por razón de la edad - Selección de los agentes de policía - Órgano nacional creado por la ley a fin de garantizar la aplicación del Derecho de la Unión en un ámbito específico - Facultad de dejar inaplicada la legislación nacional contraria al Derecho de la Unión - Primacía del Derecho de la Unión))

(2019/C 44/03)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: The Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána

Demandada: Workplace Relations Commission

Fallo

El Derecho de la Unión, y, en particular, el principio de primacía de este Derecho, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual un órgano nacional, creado por la ley a fin de garantizar la aplicación del Derecho de la Unión en un ámbito específico, carece de competencia para decidir dejar inaplicada una norma de Derecho nacional contraria al Derecho de la Unión.

(1) DO C 283 de 28.8.2018.
C 25/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de noviembre de 2018 (petición de decisión prejudicial del Verwaltungsgerichtshof — Austria) Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG / Finanzamt Feldkirch

(Asunto C-625/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Artículos 56 TFUE y 63 TFUE - Libre prestación de servicios y libre circulación de capitales - Entidades de crédito - Fijación del impuesto de estabilidad y de la contribución especial de dicho impuesto con arreglo al balance no consolidado de las entidades de crédito con domicilio social en Austria - Inclusión de las operaciones bancarias de carácter trasfronterizo - Exclusión de las operaciones de filiales situadas en otro Estado miembro - Diferencia de trato - Restricción - Justificación))

(2019/C 25/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Demandada: Finanzamt Feldkirch

Fallo

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no obsta a una normativa nacional que, como sucede con la controvertida en el litigio principal, obliga a entidades de crédito con domicilio social en Austria que, como sucede con la controvertida en el litigio principal, prestan servicios a clientes que residen en otros Estados miembros, sin utilizar para ello establecimientos permanentes con domicilio social en dichos Estados, a abonar un tributo fijado en función de un «balance no consolidado medio» en el que se computan las operaciones bancarias efectuadas por dichas entidades directamente con nacionales de otros Estados miembros, mientras que no se computan las mismas operaciones cuando las realizan filiales de entidades de crédito, estas entidades de crédito tienen su domicilio social en Austria y esas filiales tienen su domicilio social en otros Estados miembros.

(1) DO C 112 de 26.3.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de noviembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — Dermod Patrick O’Brien / Ministry of Justice, anteriormente Department for Constitutional Affairs

(Asunto C-432/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 97/81/CE - Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo a tiempo parcial - Cláusula 4 - Principio de no discriminación - Trabajadores a tiempo parcial - Pensión de jubilación - Cálculo del importe de la pensión - Consideración de los años de servicio prestados antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 97/81/CE - Aplicación inmediata a los efectos futuros de una situación nacida durante la vigencia de la ley anterior))

(2019/C 16/23)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Dermod Patrick O’Brien

Recurrida: Ministry of Justice, anteriormente Department for Constitutional Affairs

Fallo

La Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, debe interpretarse en el sentido de que, en un caso como el controvertido en el litigio principal, los períodos de antigüedad anteriores a la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 97/81, en su versión modificada por la Directiva 98/23, deben tenerse en cuenta para la determinación de los derechos a pensión de jubilación.

(1) DO C 318 de 25.9.2017.
1)

La nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en sus versiones resultantes, sucesivamente del Reglamento (CE) n.o 1214/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2007, y del Reglamento (CE) n.o 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, debe interpretarse en el sentido de que un artículo, como el controvertido en el litigio principal, que permite fijar a un muro o a un marco de puerta o de ventana barreras móviles de seguridad para niños no constituye una parte de esas barreras y debe clasificarse en la subpartida 7318 15 90 de la nomenclatura combinada.
2)

El artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una situación como la del litigio principal, en la que una trabajadora, a quien se ha denegado la concesión del certificado médico que acredite que su puesto de trabajo presenta un riesgo para la lactancia natural y, por consiguiente, se le ha denegado la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural, impugna ante un tribunal nacional u otra autoridad competente del Estado miembro la evaluación de los riesgos que presenta su puesto de trabajo, cuando la trabajadora expone hechos que puedan sugerir que esta evaluación no incluyó un examen específico que tuviese en cuenta su situación individual y que permitan así presumir la existencia de una discriminación directa por razón de sexo, en el sentido de la Directiva 2006/54, lo que incumbe verificar al tribunal remitente. Corresponde entonces a la parte demandada probar que dicha evaluación de los riesgos contenía efectivamente tal examen concreto y que, por tanto, no se vulneró el principio de no discriminación.