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Disposiciones fiscales ° Armonización de las legislaciones ° Impuestos sobre el volumen de negocios ° Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido ° Devolución del Impuesto a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país ° Abogado que goza de una exención en el Estado miembro en el que está establecido ° Devolución del Impuesto que haya gravado servicios prestados al interesado en un Estado miembro en el que no están exentos los servicios de los Abogados ° Improcedencia

[Directivas del Consejo 79/1072/CEE, art. 3, letra b), y 77/388/CEE, art. 28; ap. 3, letra b), y Anexo F]

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La letra b) del artículo 3 de la Octava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios ° Modalidades de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país, debe interpretarse en el sentido de que un Abogado que goza, en virtud de la letra b) del apartado 3 del artículo 28 y del Anexo F de la Sexta Directiva, de una exención en el Estado miembro en el que está establecido no tiene por ello derecho a solicitar a la Administración competente de ese Estado miembro que le expida la certificación contemplada en dicha disposición y, por tanto, no tiene derecho a la devolución del Impuesto que haya gravado servicios que le han sido prestados en un Estado miembro en el que no está establecido y en el que las prestaciones efectuadas por Abogados no quedan exentas. En efecto, tanto de la letra b) del artículo 3 de la Octava Directiva como del sistema establecido por la Sexta Directiva resulta que un sujeto pasivo que goza de una exención y que, por consiguiente, no tiene derecho a deducir el Impuesto soportado dentro del país, tampoco tiene derecho, con arreglo a la finalidad del sistema de las Directivas relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido, a la devolución del Impuesto pagado en otro Estado miembro, ni, en consecuencia, a que se le expida una certificación en el sentido de dicha Disposición.
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Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales ° Competencias exclusivas ° Litigios "en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles" ° Concepto ° Demanda de indemnización por el uso de un inmueble tras la anulación de la transmisión de su propiedad ° Exclusión ° Cálculo de la indemnización conforme a los principios del Derecho por el que se regulan los arrendamientos de bienes inmuebles ° Falta de incidencia

(Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 16, ap. 1)

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Una demanda de indemnización por el uso de un bien inmueble tras la declaración de nulidad de una transmisión de propiedad no forma parte de las materias que se rigen por el número 1 del artículo 16 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, modificado por el Convenio relativo a la Adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El artículo 16 no debe ser interpretado en un sentido más amplio de lo que requiere su finalidad, habida cuenta de que tiene como efecto privar a las partes de la posibilidad de designar un fuero que, de otro modo, sería el suyo propio y, en algunos casos, someterlas a un órgano jurisdiccional que no corresponde al del domicilio de ninguna de ellas. Ahora bien, el hecho de que la indemnización adeudada deba calcularse aplicando los principios que regulan el derecho de los arrendamientos de bienes inmuebles no justifica la aplicación del número 1 del artículo 16 a una situación en la que no hay ningún arrendamiento, puesto que, a falta de relación propietario-arrendador, regulada por normas particulares, alguna de las cuales de carácter imperativo, del Estado en que está sito el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, no se aplican las razones que justifican la competencia exclusiva atribuida por dicha disposición a los Tribunales de este Estado en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y que obedecen a la complejidad de esa relación así como al interés del Estado en que está sito el inmueble en velar por la observancia de estas disposiciones.
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1. Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Seguro de invalidez - Liquidación de las prestaciones - Trabajador migrante que reside en el Estado de empleo cuando sobreviene la incapacidad laboral seguida de invalidez - Derecho a las prestaciones del Estado del último empleo

[Reglamento nº 1408/71 del Consejo, arts. 39, aps. 1 y 5, y 71, ap. 1, letra b), inciso ii)]

2. Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Presentación y tramitación de las solicitudes de prestaciones - Solicitud de prestaciones por invalidez presentada ante la institución del Estado de residencia - Obligación de trasladarla a la institución del Estado competente - Obligación de la institución del Estado de residencia de pagar las prestaciones por invalidez al solicitante - Inexistencia

(Reglamentos del Consejo nº 1408/71, art. 86, y nº 574/72, art. 35)

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1. El factor determinante de aplicación del artículo 71 del Reglamento nº 1408/71, en su conjunto, es la residencia del interesado en un Estado miembro distinto de aquél a cuya legislación estaba sometido durante su último empleo. En consecuencia, la primera frase del inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 no se aplica a un trabajador que se establece con su familia en un Estado miembro en el que reside y trabaja y en el que le sobreviene una incapacidad laboral seguida de invalidez, y que posteriormente se traslada a otro Estado miembro en el que no trabaja y que por último, establece su residencia en un tercer Estado miembro, en el que no trabaja ni se inscribe como demandante de empleo a causa de su invalidez.

En atención a lo que precede, el apartado 5 del artículo 39 del Reglamento citado no se aplica a un trabajador de este tipo y procede aplicarle la norma general establecida por el apartado 1 del mismo artículo, según la cual, en lo que se refiere a las prestaciones por invalidez, el Estado miembro competente es aquél cuya legislación fuera aplicable en el momento de sobrevenir la incapacidad laboral seguida de invalidez, en el presente caso, el Estado del último empleo.

2. De los artículos 86 del Reglamento nº 1408/71 y 35 del Reglamento nº 574/72 resulta que, cuando el interesado presenta su solicitud de prestaciones por invalidez a la institución del Estado de residencia, ésta tiene la obligación de trasladarla a la institución del Estado miembro competente, es decir, a la del Estado cuya legislación era aplicable en el momento de sobrevenir la incapacidad laboral seguida de invalidez.

En cambio, y a diferencia del régimen previsto para otras prestaciones, ninguna disposición del Reglamento nº 1408/71 obliga a las instituciones del Estado de residencia a abonar las prestaciones por invalidez al interesado ni siquiera con cargo a su reembolso por parte del Estado competente, sin perjuicio de la aplicación del artículo 114 del Reglamento nº 574/72 en caso de discrepancia entre las instituciones. No obstante, el Derecho comunitario no prohíbe en modo alguno a la institución del Estado de residencia asistir al solicitante de la prestación en sus gestiones ante la institución del Estado competente.
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1. Libre prestación de servicios ° Disposiciones del Tratado ° Ámbito de aplicación ° Explotación en salas o en televisión, en un Estado miembro, de películas cinematográficas producidas en otros Estados miembros - Inclusión

(Tratado CEE, arts. 59 y ss.)

2. Libre prestación de servicios ° Restricciones ° Normativa que supedita la concesión de licencias de doblaje de las películas cinematográficas procedentes de países terceros a la distribución de películas nacionales ° Efecto discriminatorio respecto a los productores establecidos en otros Estados miembros ° Improcedencia ° Excepciones ° Razones de orden público ° Objetivos de carácter económico ° Improcedencia

(Tratado CEE, arts. 56 y 59)

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1. La explotación en salas o en televisión de películas cinematográficas, en cuyo marco los productores autorizan a los distribuidores a hacer copias de sus películas y a organizar representaciones públicas a partir de las mismas, todo ello a cambio de una remuneración, constituye una actividad de prestación de servicios. En la medida en que revista carácter transfronterizo, debido a que productores y distribuidores no estén establecidos en el mismo Estado miembro, está incluida en las disposiciones del Tratado relativas a la libre prestación de servicios.

2. Las disposiciones del Tratado relativas a la libre prestación de servicios deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que reserva la concesión de licencias de doblaje de películas cinematográficas procedentes de terceros países a alguna lengua oficial nacional a los distribuidores que se comprometen a distribuir películas nacionales.

En efecto, dicha normativa es discriminatoria, en la medida en que, dado que las preferencias del público se decantan en gran medida hacia películas originarias de terceros países dobladas a alguna lengua nacional, privilegia a los productores de películas nacionales, a los que, debido a la fuerte demanda de licencias de doblaje, se garantiza la distribución de sus películas y la obtención de las recaudaciones correspondientes, respecto a los productores establecidos en otros Estados miembros, que dependen solamente de la voluntad de los distribuidores, y no puede acogerse a una disposición expresa que establezca una excepción, como el artículo 56 del Tratado, al que remite el artículo 66. A este respecto, basta señalar que, aparte del hecho de que la política cultural no figura entre las justificaciones enumeradas en el artículo 56, una normativa que favorece la distribución de películas nacionales, cualquiera que sea su contenido o calidad, sólo persigue un objetivo de carácter puramente económico, que no constituye una razón de orden público a efectos de dicho artículo.
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1. Ayudas concedidas por los Estados ° Concepto ° No sujeción de las pequeñas empresas a un régimen nacional de protección de los trabajadores contra el despido ° Ventaja concedida sin traspaso de recursos públicos ° Exclusión

(Tratado CEE, art. 92, ap. 1)

2. Política social ° Trabajadores masculinos y trabajadores femeninos ° Acceso al empleo y condiciones de trabajo ° Igualdad de trato ° Normativa nacional que excluye del régimen de protección contra el despido a las empresas con poco personal ° Personal calculado sin incluir a los trabajadores con jornada laboral reducida ° Procedencia a falta de prueba de una presencia femenina ampliamente mayoritaria en las empresas excluidas y en atención a los objetivos económicos que se pretende alcanzar

(Directiva 76/207/CEE del Consejo, art. 2, ap. 1 y art. 5, ap. 1)

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1. La no sujeción de las pequeñas empresas a un régimen nacional de protección de los trabajadores contra el despido con arreglo al cual éstas no estén obligadas a pagar indemnizaciones por despidos socialmente improcedentes ni a sufragar los gastos judiciales en que incurran en los litigios por despido de los trabajadores, no constituye una ayuda con arreglo del apartado 1 del artículo 92 del Tratado.

En efecto, semejante medida no supone ningún traspaso directo o indirecto de recursos públicos a dichas empresas sino que responde únicamente a la voluntad del legislador de establecer un marco legal específico para las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores en las pequeñas empresas y evitar poner a dichas empresas trabas económicas que puedan amenazar su desarrollo.

2. El principio de igualdad de trato de los trabajadores masculinos y femeninos, en lo relativo a las condiciones de despido, según el apartado 1 del artículo 2 y el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 76/207, no se opone a la aplicación de una disposición nacional que, al determinar si una empresa debe o no aplicar el régimen de protección contra el despido, no tiene en cuenta a los trabajadores ocupados un número de horas igual o inferior a diez por semana o a cuarenta y cinco por mes, si no resulta probado que las empresas no sujetas a dicho régimen emplean a un número considerablemente más elevado de mujeres que de hombres. Aunque éste fuera el caso, semejante medida podría estar justificada por razones objetivas y ajenas al sexo de los trabajadores en la medida en que su objeto sea mitigar las trabas que afectan a las pequeñas empresas.
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Agricultura ° Productos de transformación no comprendidos en el Anexo II del Tratado ° Restituciones a la exportación ° Mercancía que figura en el Anexo C del Reglamento nº 3035/80 empleada en la fabricación de una mercancía exportada comprendida en el Anexo B de dicho Reglamento ° Cantidad de producto de base que ha de tomarse en consideración para el cálculo del importe de la restitución ° Cantidad fijada en relación con la primera mercancía ° Fabricación de las mercancías exportadas mediante un proceso que incluye la elaboración de un producto intermedio al que no corresponde una restitución a la exportación ° Irrelevancia

[Reglamento nº 3035/80 del Consejo, art. 2, pár. 4, art. 3, ap. 1, letra c) y ap. 3, y Anexo C, nota 7, en su versión modificada por el Reglamento nº 2223/86]

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El párrafo cuarto del artículo 2 en relación con la letra c) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 3, y con la nota 7 del Anexo C del Reglamento nº 3035/80, por el que se establecen, para determinados productos agrícolas en forma de mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado, las normas generales relativas a la concesión de las restituciones a la exportación y los criterios para la fijación de su importe, en su versión modificada por el Reglamento nº 2223/86 debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto en el que una mercancía que figura en dicho Anexo C ha sido empleada para fabricar una mercancía exportada comprendida en el Anexo B de dicho Reglamento nº 3035/80, la cantidad de productos de base que deberá tomarse en consideración para el cálculo de la restitución es la fijada en dicho Anexo C respecto a la primera mercancía. A este respecto, es indiferente que las mercancías exportadas se hayan obtenido directamente a partir de productos de base que den derecho a restituciones a la exportación o que su fabricación haya necesitado un proceso que requiere la elaboración de un producto intermedio que no da derecho a las mismas. Por consiguiente, para la vitamina C, que figura en el Anexo B, obtenida a partir de sorbitol comprendido en el Anexo C, la restitución a la exportación se concede al tipo fijado para el azúcar, aun cuando el sorbitol se obtenga a partir de glucosa procedente de azúcar blanco.
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Agricultura - Medidas especiales para los guisantes, las habas y los haboncillos - Ayuda para los productos empleados en la fabricación de alimentos para animales - Falta de pago por el primer comprador del importe íntegro del precio mínimo - Requisitos para la concesión de la ayuda

(Reglamento nº 3540/85 de la Comisión)

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El Reglamento nº 3540/85, sobre modalidades de aplicación de las medidas especiales para los guisantes, las habas, los haboncillos y los lupinos dulces, debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de que no se haya pagado enteramente al productor el precio mínimo, el primer comprador no tiene derecho, en principio, a percibir la ayuda prevista. No obstante, esta ayuda puede percibirse a condición de que el primer comprador pague previamente al productor un complemento hasta el total del importe correspondiente al precio mínimo.
COMISION / BÉLGICA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 10 de diciembre de 1991 * 
En el asunto C-19/91, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Xavier Lewis, 
miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio 
en Luxemburgo el despacho del Sr. Roberto Hayder, representante del Servicio 
Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg, 
parte demandante, 
contra 
Reino de Bélgica, representado por el Sr. J. Devadder, Consejero del ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développe­
ment, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede 
de la Embajada de Bélgica, 4, rue des Girondins, résidence Champagne, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, especialmente de su 
artículo 171, al no ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 24 de 
mayo de 1988 en el asunto 307/86, Comisión/Bélgica (Rec. p. 2677), relativa a la 
adaptación del Derecho belga a la Directiva 82/714/CEE del Consejo, de 4 de 
octubre de 1982, por la que se establecen las prescripciones técnicas de los barcos 
de navegación interior (DO L 301, p. 1; EE 07/03, p. 74), 
* Lengua dc procedimiento: francés. 
I - 5939 
SENTENCIA DE 10.12.1991 — ASUNTO C-19/91 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; Sir Gordon Slynn, R. Joliét y P.J.G. 
Kapteyn, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez 
Iglesias, M. Diez de Velasco y J.L. Murray, Jueces; 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide : 
1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incum­
ben en virtud del artículo 171 del Tratado CEE, al no adoptar las medidas nece­
sarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 
1988. 
2) Condenar en costas al Reino de Bélgica. 
I - 5940
1.

Las condiciones en las que las autoridades competentes proceden a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor se determinan en el Reglamento (CEE) n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (DO L 197, p. 1; EE 02/06, p. 54). Con arreglo al artículo 2 de este Reglamento, las autoridades competentes iniciarán una acción para la recaudación de los derechos no percibidos cuando comprueben que el total o parte de los derechos de importación o de los derechos de exportación, legalmente debidos por una mercancía declarada en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos, no haya sido exigido del deudor. Sin embargo, esta acción no podrá iniciarse una vez transcurrido un plazo de tres años a partir de la fecha de contracción del importe de los derechos primeramente exigidos del deudor o, si no hubiere habido contracción, a partir de la fecha del nacimiento de la deuda aduanera correspondiente a la mercancía de que se trate. La acción de recaudación se iniciará por la notificación al interesado del importe de los derechos de importación o de los derechos de exportación de los que sea deudor. El artículo 3 del Reglamento n° 1697/79 está redactado en los siguientes términos: «Cuando las autoridades competentes comprueben que la causa por la que no pudieron determinar la cuantía exacta de los derechos de importación o de los derechos de exportación que correspondan legalmente a una mercancía fue un acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo, no se aplicará el plazo establecido en el artículo 2. En este caso, las autoridades competentes ejercerán la acción de recaudación de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia en los Estados miembros.»
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 16 de mayo de 1991 ( *1 )

En el asunto C-168/90,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Etienne Lasnet, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Guido Berardis, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

Gran Ducado de Luxemburgo, representado por el Sr. Raymond Mousty, premier conseiller de gouvernement del Ministerio de Sanidad, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de dicho Ministerio, 57 y 90, boulevard de la Pétrusse,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que, al no comunicar o no adoptar antes del 1 de octubre de 1987, salvo por lo que respecta a lo dispuesto en sus artículos 15 y 17, las medidas necesarias para atenerse a la Directiva 85/433/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985 (DO L 253, p. 37; EE 06/03, p. 28), relativa al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de farmacia y que incluye medidas tendentes a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento de ciertas actividades farmacéuticas, modificada por la Directiva 85/584/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, en razón de la adhesión de España y Portugal (DO L 373, p. 42; EE 06/03, p. 37), el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G.F. Mancini, T.F. O'Higgins y G. C. Rodríguez Iglesias, Presidentes de Sala; Sir Gordon Slynn, R. Joliét, F. A. Schockweiler, F. Grévisse y M. Zuleeg, Jueces;

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide :

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar, dentro de los plazos establecidos, las disposiciones necesarias para garantizar la ejecución de las Directivas 85/433/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, y 85/584/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativas al reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos de farmacia y que incluyen medidas tendentes a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento de ciertas actividades farmacéuticas.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

( *1 ) Lengua dc procedimiento: francés.
50.

Según la Comisión, el artículo 7 sólo se aplica cuando el Tratado no prevé disposiciones específicas. Por consiguiente, procede referirse al artículo 59. La Comisión señala que aún no existe jurisprudencia sobre la aplicación de esta disposición a situaciones meramente internas de un Estado miembro. La jurisprudencia relativa a las demás disposiciones del Tratado podría hacer pensar que el artículo 59 no se aplica cuando faltan elementos de hecho transnacionales (sentencias de 28 de marzo de 1979, Saunders, 175/78, Rec. p. 1129; de 27 de octubre de 1982, Morson, asuntos acumulados 35/82 y 36/82, Rec. p. 3723, y de 8 de diciembre de 1987, Gauchard, 20/87, Rec. p. 4879). La Comisión hace observar que, no obstante, el Tribunal de Justicia ha dado una interpretación amplia al àmbito de aplicación material del artículo 59 en su sentencia de 31 de enero de 1984, Luisi y Carbone (asuntos acumulados 286/82 y 26/83, Rec. p. 377). Por consiguiente, la Comisión considera que puede alegarse el artículo 59 en el presente asunto, en la medida en que el contrato en litigio no excluye expresamente la posibilidad de buscar candidatos en otros Estados miembros. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente resolver definitivamente a este respecto.