Palabras clave

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Palabras clave

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1. Derecho comunitario ° Principios ° Derecho de defensa ° Respeto en el marco de procedimientos nacionales relativos a la aplicación de las normas sobre la competencia ° Alcance ° Procedimiento civil entre particulares que no puede dar lugar a que una autoridad pública imponga una sanción ° Derecho a negarse a dar una respuesta que implique el reconocimiento de una infracción de las normas sobre la competencia ° Exclusión

(Tratado CEE, arts. 85 y 86)

2. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Utilización por parte de la Comisión, o por una autoridad pública de informaciones a las que no tiene acceso mediante investigaciones realizadas con arreglo al Reglamento nº 17, pero obtenidas en el marco de un procedimiento civil entre particulares como medio de prueba en el marco de un procedimiento que pueda dar lugar a sanciones o como indicio que justifique la apertura de una investigación previa a tal procedimiento ° Improcedencia

(Tratado CEE, arts. 85 y 86; Reglamento nº 17 del Consejo)

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1. El Derecho comunitario no obliga al Juez nacional, ante quien se haya presentado un escrito pidiendo que acuerde el examen cautelar de testigos con carácter preliminar a un proceso civil, a aplicar el principio según el cual una empresa no está obligada a responder a preguntas cuando la respuesta adecuada implique el reconocimiento de una infracción de las normas sobre la competencia.

En efecto, la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado por las autoridades nacionales, en principio, está regulada por las normas procesales nacionales y, sin perjuicio del respeto del Derecho comunitario y, en particular, de sus principios fundamentales, incumbe al Derecho nacional definir las modalidades procesales apropiadas para garantizar el derecho de defensa de los interesados, las cuales pueden diferir de las que se aplican en los procedimientos comunitarios. Ahora bien, si el Derecho comunitario no impone que se reconozca a una parte la facultad de no dar respuestas, en el marco de un procedimiento seguido por la Comisión con arreglo al Reglamento nº 17, por las que se vea obligada a admitir la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia, se trata de una garantía destinada esencialmente a proteger al particular contra las medidas de investigación ordenadas por la autoridad pública para que admita la existencia de comportamientos que le expongan a una sanción impuesta por dicha autoridad pública, la cual no se puede transponer a un proceso civil nacional de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, que versa exclusivamente sobre relaciones privadas entre particulares, y que no puede dar lugar, directa o indirectamente, a que una autoridad pública imponga una sanción.

2. Las informaciones, que la Comisión no habría podido obtener haciendo uso de las facultades que le confiere el Reglamento nº 17, pero que hayan sido puestas en su conocimiento después de haber sido obtenidas en un procedimiento nacional relativo a la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, no pueden ser utilizadas por dicha Institución, ni tampoco por una autoridad nacional, como medio de prueba de una infracción de las normas sobre la competencia en el marco de un procedimiento que pueda dar lugar a sanciones o como indicio que justifique la apertura de una investigación previa a tal procedimiento.