C 441/17

Recurso de casación interpuesto el 16 de septiembre de 2022 por Carles Puigdemont i Casamajó y Antoni Comín i Oliveres contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta ampliada) dictada el 6 de julio de 2022 en el asunto T-388/19, Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres/Parlamento

(Asunto C-600/22 P)

(2022/C 441/25)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Carles Puigdemont i Casamajó y Antoni Comín i Oliveres (representantes: P. Bekaert y S. Bekaert, advocaten, y G. Boye, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Parlamento Europeo, Reino de España

Pretensiones de las partes recurrentes

Los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Devuelva el asunto al Tribunal General o, con carácter subsidiario, anule los actos impugnados.

— Condene al Parlamento y al Reino de España a cargar con las costas, o con carácter subsidiario, reserve la decisión sobre las costas.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, los recurrentes invocan los cuatro motivos siguientes:

En primer lugar, los recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho e infringió el artículo 263 TFUE y, en consecuencia, el artículo 47 de la Carta, al concluir que el hecho de que no fueran autorizados por el Parlamento a asumir sus funciones, ejercer su mandato y ocupar su escaño en el Parlamento a partir del 2 de julio de 2019 no fue el resultado de la negativa del Parlamento a reconocer a los recurrentes su condición de diputados europeos, tal como se refleja en la instrucción de 29 de mayo de 2019 y en el escrito de 27 de junio de 2019, y que, por lo tanto, los actos impugnados no produjeron un cambio en la situación jurídica de los recurrentes.

En segundo lugar, los recurrentes sostienen que, con arreglo al artículo 12 del Acta de 1976, (1) corresponde al Parlamento resolver las controversias derivadas de las disposiciones del Acta de 1976, de la que el artículo 1, apartado 3, es una disposición fundamental. Señalan que en la sentencia Donnici (2) se interpretó erróneamente el reparto de competencias entre las autoridades nacionales y el Parlamento establecido en el artículo 12 del Acta de 1976 en lo que respecta a las competencias conferidas al Parlamento. Según ellos, en cualquier caso, deberían haber podido ocupar sus escaños mientras se resolvía la controversia que habían suscitado ante el Parlamento y, por lo tanto, la sentencia recurrida incurrió en un error de Derecho al declarar que los actos impugnados no produjeron un cambio en la situación de los recurrentes.

En tercer lugar, los recurrentes aducen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir que la decisión de no adoptar la iniciativa de confirmar sus privilegios e inmunidades con arreglo al artículo 8 del Reglamento interno del Parlamento Europeo no es un acto impugnable.

En cuarto lugar, los recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que no habían formulado una solicitud de amparo de sus privilegios e inmunidades al Parlamento de conformidad con los artículos 7 y 9 del Reglamento interno del Parlamento Europeo.

(1) Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo (DO 1976, L 278, p. 5), aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de septiembre de 1976 (DO 1976, L 278, p. 1), en su versión modificada por la Decisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002 (DO 2002, L 283, p. 1).

(2) Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2009, Italia y Donnici/Parlamento, C-393/07 y C-9/08, EU:C:2009:275).