8.

Queda por interpretar el párrafo 3 del artículo 17. Como sosteníamos anteriormente, podemos pretender considerar que dicha disposición contempla la hipótesis de la cláusula unilateral que estipula que solamente una de las partes quedaría sometida a la cláusula atributiva de competencia, mientras que la otra podría renunciar a ampararse en la misma para hacer jugar las reglas de competencia legal. Si dicha interpretación fuese correcta, el párrafo controvertido, ajeno al caso que nos ocupa, no le sería aplicable. Pero no se vislumbra claramente la utilidad de una disposición legal que volvería a dar a la parte «favorecida» el beneficio de reglas legales a las que, hipotéticamente, dicha parte no renunció por contrato. Creemos por tanto que dicho texto se refiere a aquella cláusula que a pesar de haber sido acordada en interés exclusivo de un solo contratante no deja por ello de ser bilateral, como ocurre en el caso que nos ocupa, o incluso aquella cláusula unilateral que prevea que las acciones entabladas por dicho contratante se llevarán ante un órgano jurisdiccional expresamente designado. Por medio del párrafo 3 del artículo 17, se le reconoce a la parte «favorecida» de este modo el derecho a renunciar a su beneficio para hacer jugar las reglas de competencia legal. Interpretada de esta forma, la disposición que nos ocupa constituye una excepción al principio de igualdad de las partes del contrato. A más abundamiento, la misma introduce una o varias competencias alternativas a la competencia contractual, lo que debilita la seguridad jurídica, resultado éste contrario tanto a la finalidad del Convenio de Bruselas como a la de la cláusula atributiva de competencia. Por una y otra razón dicha disposición se analiza como una excepción a la regla contractual establecida por aplicación del párrafo 1 del artículo 17. Como tal debe ser objeto de una interpretación estricta. Las partes pueden haber indicado expresamente en el contrato que la cláusula atributiva de competencia se estipuló en interés exclusivo de una de ellas. De este modo, se facilitaría grandemente la tarea del juez para la aplicación del párrafo 3. Ello no es así en el caso controvertido. Por consiguiente, el juez debe averiguar si un interés exclusivo de ese tipo resulta del contrato. Por cuanto que el párrafo 3 debe interpretarse de forma estricta, el interés exclusivo no puede presumirse. Tampoco po-.dría resultar automáticamente de indicios objetivos, puesto que de lo que se trata es de interpretar la voluntad de las partes. De este modo, el hecho de que la cláusula atribuya competencia a los órganos jurisdiccionales del domicilio de uno de los contratantes constituye un elemento que el juez nacional puede —y debe— tener en cuenta en la apreciación que realice de la voluntad de las partes. Sin embargo, no es tal hecho el que dicta dicha apreciación. En efecto, existen otros elementos, como por ejemplo la aplicación corriente por el juez designado del derecho aplicable al contrato, en los que eventualmente puede fundarse el interés común de las partes. En consecuencia, sugerimos al Tribunal que responda de la forma siguiente a la cuestión prejudicial que le ha sido planteada: «1) Los acuerdos atributivos de competencia, válidamente celebrados en las condiciones previstas en el párrafo 1 del artículo 17 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado el 27 de septiembre de 1968, se imponen a los contratantes con la misma fuerza obligatoria que el régimen legal de atribución de competencia previsto en los artículos 2 a 15 del mencionado Convenio, en ausencia de tales acuerdos. 2) El párrafo 3 del artículo 17 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que, cuando uno de dichos acuerdos se celebra en interés exclusivo de uno de los contratantes, éste conserva el derecho, previa renuncia a dicha ventaja, de someter el asunto a cualquier otro tribunal competente en virtud del régimen legal más arriba citado. 3) Corresponde en cada caso al juez nacional, a la vista de las circunstancias del caso y de los términos del contrato, determinar si una cláusula atributiva de competencia ha sido o no estipulada en interés exclusivo de una de las partes; la atribución de competencia al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su domicilio una de las partes constituye un elemento sometido enteramente a la apreciación de dicho juez.»