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En primer lugar ha de examinarse la comunicación no 11/2003, la cual está redactada en los términos siguientes: «La secretaría [de la Comisión Jurídica y del Mercado Interior] ha elaborado el documento anexo a solicitud de la Comisión. Ha identificado los casos en los que se han presentado al Parlamento solicitudes de suspensión de la inmunidad en los asuntos relativos a la expresión de la opinión desde 1979, y ha intentado extraer de ellos principios comunes, teniendo en cuenta la votación final en la sesión plenaria. […] Si bien el artículo [9], párrafo primero, letra a) [...], del [P]rotocolo se refiere a las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento nacional en cuestión, el Parlamento [...] tiene la facultad de crear sus propios principios, dando lugar así a lo que cabe llamar una “jurisprudencia”. […] Los principios o la jurisprudencia mencionados supra deberían servir para fijar un concepto coherente de inmunidad parlamentaria europea que, en principio, debería ser independiente de las distintas prácticas seguidas por los Parlamentos nacionales […]. [Considerando] que se ha examinado si la inmunidad existe en el marco de la legislación nacional, el Parlamento [...] aplica principios reiterados cuando se trata de pronunciarse sobre una suspensión de la inmunidad. […] Principio no 2: es un principio fundamental que, en el caso de que los actos de que se acuse al diputado estén comprendido en el marco de su actividad política o estén directamente vinculados con la misma, no se suspenderá la inmunidad. Se consideran expresiones de opiniones comprendidas en la actividad política del diputado las manifestaciones (incluso desde la tribuna reservada al público de un Parlamento nacional) en reuniones públicas, en publicaciones políticas, en la prensa, en un libro, en la televisión, al firmar una octavilla política e incluso ante un tribunal […]. El Parlamento incluso ha rechazado suspender la inmunidad en relación con acusaciones accesorias cuando la acusación principal estaba vinculada a la expresión de una opinión política. Lo que supuestamente ha sido manifestado o escrito carece en una amplia medida de pertinencia, en particular en el caso en que la expresión de la opinión haga referencia a otro político o al objeto del debate político. No obstante, ello puede ser objeto de ciertas notificaciones de oposición: […] 3. A menudo se ha señalado en los informes que la expresión de opiniones no puede constituir una incitación al odio, una difamación o una violación de derechos fundamentales de la persona o un ataque contra el honor o la reputación de grupos o individuos. No obstante, ha de decirse que el Parlamento ha adoptado de forma constante una actitud muy liberal en cuanto respecta a la expresión de opiniones formuladas en la arena política, observando que, en la arena política, a menudo es difícil establecer una distinción entre la polémica y la difamación. […] El concepto de fumus persecutionis, es decir, la presunción de que los procedimientos judiciales contra un parlamentario son incoados con el propósito de perjudicar sus actividades políticas, por ejemplo, si son denuncias anónimas las que dan lugar a la investigación o cuando el suplicatorio es presentado largo tiempo después de las imputaciones. Por ejemplo, cuando un adversario político interpone reclamaciones de indemnización por difamación, se estima que, a falta de prueba en contrario, debe considerarse que dichas reclamaciones están dirigidas a causar un perjuicio al parlamentario afectado y no a obtener una reparación de los daños. Puede presumirse la concurrencia de un fumus persecutionis en particular cuando se inician procedimientos relativos a hechos antiguos, durante una campaña electoral, para ejemplificar con el acusado, etc. Principio no 3: cuando un adversario político incoa procedimientos, a falta de prueba en contrario, no se suspenderá la inmunidad en la medida en que deba considerarse que los procedimientos están destinados a causar un perjuicio al parlamentario afectado y no a obtener una reparación de los daños. Lo mismo cabe afirmar cuando se inician las actuaciones judiciales en circunstancias que inducen a pensar que han sido incoadas únicamente con el objetivo de perjudicar al diputado afectado. [...]»