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Para que el órgano jurisdiccional nacional pueda conceder tal suspensión es preciso que tenga serias dudas sobre la validez del acto comunitario y que, en el supuesto de que no se haya sometido ya al Tribunal de Justicia la cuestión de la validez del acto normativo impugnado, la plantee él mismo; que exista urgencia debido a que el demandante pueda sufrir un perjuicio grave e irreparable y que dicho órgano jurisdiccional tenga debidamente en cuenta el interés de la Comunidad. La consideración de todos estos elementos impone al órgano jurisdiccional nacional la obligación de comprobar si_el acto normativo comunitario de que se trata no se encontraría privado de toda eficacia por falta de aplicación inmediata. Además, supone que este órgano jurisdiccional tenga la posibilidad de exigir al demandante garantías suficientes cuando la suspensión de la ejecución pueda producir un riesgo económico para la Comunidad.

En segundo lugar, para garantizar la eficacia del artículo 177 del Tratado, este Tribunal de Justicia ya reconoció a los órganos jurisdiccionales nacionales que le habían formulado cuestiones prejudiciales de interpretación, para resolver un problema de compatibilidad entre una Ley nacional y una norma comunitaria, la posibilidad de suspender la aplicación de dicha Ley. La protección provisional garantizada a los justiciables ante los órganos jurisdiccionales nacionales no puede variar dependiendo de que impugnen la compatibilidad de disposiciones de Derecho nacional con el Derecho comunitario o la validez de actos normativos comunitarios de Derecho derivado, puesto que, en los dos supuestos, la impugnación se basa en el propio Derecho comunitario.

El artículo 189 del Tratado no excluye la facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales de ordenar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo nacional adoptado con arreglo a un Reglamento comunitario.

La cotización de reabsorción especial en el sector del azúcar establecida por el Reglamento no 1914/87, debe estar comprendida entre. las «cotizaciones y otros derechos en el marco de la organización común de mercados en el sector del azúcar», en el sentido de la Decisión 85/257 del Consejo, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, pues presenta un carácter complementario con relación a las cotizaciones que ya existían al adoptarse dicha Decisión. Incluso en el caso de que hubiera tenido el carácter de una exacción con fines de financiación, en el sentido de la Decisión 85/257, no habría sido necesaro recurrir al artículo 201 del Tratado para establecerla. En efecto, como medida de Derecho presupuestario, esta Decisión tiene por objeto determinar los recursos propios incluidos en el presupuesto de las Comunidades y no las Instituciones comunitarias competentes para establecer derechos, tributos, exacciones reguladoras, cotizaciones y otras formas de ingresos.
SENTENCIA DE 7.5.1991 — ASUNTO C-246/88 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 7 de mayo de 1991 * 
En el asunto C-246/88, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por el Sr. Ser­
gio Fabro y, después, por el Sr. Antonio Aresu, miembros de su Servicio Jurídico, 
en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho 
del Sr. Guido Berardis, miembro de su Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirch­
berg, 
parte demandante, 
contra 
República Italiana, representada por el Sr. Luigi Ferrari Bravo, Jefe del servizio del 
contenzioso diplomatico del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de 
Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de 
Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la infracción de la Directiva 80/836/Euratpm del Consejo, de 
15 de julio de 1980, por la que se modifican las Directivas que establecen las 
normas básicas relativas a la protección sanitaria de la población y los trabajadores 
contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (DO L 246, p. 1; 
EE 12/03, p. 214), y de la Directiva 84/467/Euratom del Consejo, de 3 de sep­
tiembre de 1984, por la que se modifica la Directiva 80/836/Euratom (DO L 265, 
p. 4; EE 12/04, p. 125), 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G.F. Mancini y J.C. Moitinho de 
Almeida, Presidentes de Sala; C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse y 
M. Zuleeg, Jueces; 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: italiano. 
I - 2050 
COMISIÓN / ITALIA 
decide: 
1) Declarar que la República Italiana, al no haber adoptado, dentro del plazo seña­
lado, las disposiciones necesarias para ejecutar la Directiva 80/836/Euratom del 
Consejo, de 15 de julio de 1980, por la que se modifican las Directivas que 
establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de la población y 
los trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes, y 
la Directiva 84/467/Euratom del Consejo, de 3 de septiembre de 1984, por la 
que se modifica la Directiva 80/836/Euratom, ha incumplido las obligaciones 
que le incumben en virtud del Tratado Euratom. 
2) Condenar en costas a la República Italiana. 
I-2051
Palabras clave

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Palabras clave

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1. Estados miembros - Obligaciones - Obligación de actuar en lugar de el Consejo en el supuesto de no adopción por éste de medidas - Inexistencia

(Tratado CEE, art. 5)

2. Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el Volumen de Negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Bienes usados - Venta, por un sujeto pasivo después de adquirirlos, a una persona no sujeta al Impuesto - Normativa nacional que no permite tener en cuenta el Impuesto que permanece incorporado en el precio de compra - Compatibilidad con la normativa comunitaria en su fase actual

(Directiva 77/388 del Consejo, art. 32)

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1. Aunque, en el supuesto de que el Consejo no adopte medidas que sean de la competencia exclusiva de las Comunidades Europeas, el mantenimiento o el establecimiento por los Estados de medidas nacionales destinadas a la consecución de los objetivos comunitarios, en el marco del deber de cooperación que les incumbe, en virtud del artículo 5 del Tratado, puede no suscitar objeciones de principio en determinados casos, de ello no se desprende un principio general conforme al cual los Estados miembros tengan la obligación de actuar por el Consejo cuando éste se abstiene de adoptar las medidas que entran dentro de su competencia.

2. En su fase actual, el Derecho comunitario y las normas comunitarias relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido no se oponen a una legislación nacional que no permite tener en cuenta, al calcular el Impuesto debido en concepto de volumen de negocios obtenido con la venta de bienes usados, el Impuesto que permanece incorporado en el precio de los bienes adquiridos a particulares no sujetos al Impuesto con objeto de revenderlos.

Efectivamente, mientras que el legislador comunitario no haya actuado y en la medida en que sea imposible encontrar en el sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, como está configurado actualmente, los fundamentos necesarios para la definición y la fijación de las modalidades de aplicación de un régimen común de imposición que, en el sector del comercio de bienes usados, permita evitar las dobles imposiciones, procede limitarse a aplicar el artículo 32 de la Sexta Directiva, que no hace sino autorizar a los Estados miembros que apliquen un régimen especial a los bienes usados a mantenerlo, pero, por el contrario, no les impone ninguna obligación de establecerlo en el supuesto de que no existiera.
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Palabras clave

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Pesca - Conservación de los recursos marinos - Medidas de control de las capturas vinculadas a la política de conservación - Inaplicabilidad a las capturas efectuadas en el marco de los acuerdos celebrados por la Comunidad con determinados países en vías de desarrollo - Reglamento de la Comisión que amplía a las capturas efectuadas en las aguas de los países en vías de desarrollo las obligaciones de declaración establecidas en el marco del régimen comunitario de conservación - Ilegalidad

(Reglamentos nº 170/83 y nº 2241/87 del Consejo, art. 10; Reglamento nº 3151/87 de la Comisión)

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Si bien el régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de la pesca, establecido por el Reglamento nº 170/83 del Consejo, que ha servido de base al Reglamento nº 2241/87 del Consejo, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras, rige la aplicación de determinados acuerdos pesqueros celebrados por la Comunidad con terceros Estados, no sucede lo mismo por lo que se refiere a los acuerdos celebrados con países en vías de desarrollo. En efecto, estos acuerdos se basan en el principio de la compensación financiera de los derechos de pesca obtenidos por la Comunidad, y las zonas para las que se conceden dichos derechos de pesca no están sometidas al régimen comunitario de los totales admisibles de capturas ni de las cuotas, de manera que en las mismas no puede aplicarse el sistema comunitario de control de las capturas.

Por ello, la Comisión no podía basarse en el artículo 10 del citado Reglamento nº 2241/87 para ampliar, como hizo con el Reglamento nº 3151/87, la aplicación de algunas de las disposiciones del mismo Reglamento, relativas a las declaraciones de capturas, a las poblaciones, no sometidas a totales admisibles de capturas ni a cuotas, que son objeto de capturas por buques comunitarios en aguas marítimas bajo la soberanía o jurisdicción de países en vías de desarrollo con arreglo a un acuerdo entre la Comunidad y uno de dichos países. Por consiguiente, procede anular el Reglamento nº 3151/87.
27.

La Comisión comenta en su escrito de duplica el informe definitivo de la Inspección Provincial de Trabajo de Varese, del qué se deduce, según alega la Comisión, que el Pretore de Gavirate archivó el procedimiento penal incoado al día siguiente del accidente y, además, sostiene que no discute los hechos sino la existencia del nexo causal entre el daño sufrido por la víctima y su propio comportamiento. También reafirma lo que sostuvo en su escrito de contestación, especialmente el hecho de que el accidente es imputable a la imprudencia del demandante, que si no hay contrato de obras tampoco existe la responsabilidad contractual y que, si se considerara que existe contrato de obras entre el demandante y el CCI, tampoco este último puede ser responsable ya que, en este, supuesto, según el contrato, el contratista está encargado de las medidas de seguridad. Según la Comisión, si debiera considerarse, quod non, que en el momento del accidente el Sr. Grifoni todavía no actuaba en el marco de un verdadero vínculo contractual con el CCI, no puede declararse responsable a la Comunidad por no haber cumplido con las disposiciones relativas a la protección de accidentes. Y aunque, por pura hipótesis, pudiera considerarse que la losa donde sobrevino el accidente constituía en esa ocasión, el día del accidente, un «lugar de acceso y de trabajo», en el sentido de la legislación relativa a la protección de accidentes, no puede alegarse dicha circunstancia para imputar la responsabilidad al CCI sino al Sr. Grifoni, quien trabajaba en dicha losa en ese mismo momento, a título profesional, con toda independencia, y era consciente de los riesgos inherentes a la actividad desempeñada.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

18 de enero de 1990 ( *1 )

En el asunto C-287/87,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. D. Gouloussis, Consejero Jurídico, y T. Christoforou, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, centro Wagner,

parte demandante,

contra

República Helénica, representada por el Sr. N. Frangakis, Consejero Jurídico de la Representación Permanente de Grecia ante las Comunidades Europeas, en Bruselas, y por el Sr. Evi Skandalou, miembro del Servicio Jurídico Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la embajada de Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que, al no adoptar y comunicar a la Comisión, dentro del plazo señalado, las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Directiva 74/562/CEE del Consejo, de 12 de noviembre de 1974, relativa al acceso a la profesión de transportista de viajeros por carretera en el sector de los transportes nacionales e internacionales (DO L 308, p. 23; EE 07/02, p. 30), tal como fue modificada por la Directiva 80/1179/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1980 (DO L 350, p. 42; EE 07/02, p. 256), la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. O. Due, Presidente; Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris y F. A. Schockweiler, Presidentes de Sala; G. F. Mancini, R. Joliét, T. F. O'Higgins, G. C. Rodríguez Iglesias y M. Diez de Velasco, Jueces,

(no se transcriben bs fundamentos de Derecho)

decide:

1) Declarar que, al no adoptar y comunicar a la Comisión, dentro del plazo señalado, las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Directiva 74/562/CEE del Consejo, de 12 de noviembre de 1974, relativa al acceso a la profesión de transportista de viajeros por carretera en el sector de los transportes nacionales e internacionales, tal como fue modificada por la Directiva 80/1179/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1980, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

2) Condenar en costas a la República Helénica.

( *1 ) Lengua de procedimiento: griego.
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1. Libre circulación de personas - Trabajador - Concepto - Existencia de una relación laboral - Ejercicio de actividades reales y efectivas - No incidencia de otras consideraciones

(Tratado CEE, art. 48)

2. Libre circulación de personas - Trabajador - Concepto - Nacional de un Estado miembro que ejerce una actividad por cuenta ajena en otro Estado miembro con la finalidad de reeducación o de reinserción - Exclusión

(Tratado CEE, art. 48)

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1. El concepto de trabajador, a efectos del artículo 48 del Tratado, tiene un alcance comunitario. Debe definirse siguiendo criterios objetivos que caracterizan la relación laboral atendiendo a los derechos y deberes de las personas interesadas; la característica esencial de la relación laboral consiste en que una persona realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones, por las cuales percibe una retribución. Siempre que se trate del ejercicio de actividades reales y efectivas, ni la productividad más o menos alta ni la fuente de los recursos que permiten la retribución pueden tener ningún tipo de consecuencias respecto al reconocimiento o no de una persona como trabajadora.

2. las actividades ejercidas en el ámbito de una normativa nacional destinada a proporcionar trabajo con el objeto de mantener, recuperar o promocionar la aptitud laboral de personas que, por tiempo indefinido, no están en condiciones, por circunstancias propias de su estado, de trabajar en condiciones normales, no pueden considerarse actividades económicas reales y efectivas, puesto que constituyen tan sólo un medio de reeducación o de reinserción de las personas que las ejercen. Por ello, a un nacional de un Estado miembro empleado en otro Estado miembro al amparo de tal régimen no puede reconocérsele, por esa sola circunstancia, la condición de trabajador a efectos del apartado 1 del artículo 48 del Tratado.
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Política comercial común - Ámbito de aplicación - Sistema de preferencias arancelarias generalizadas - Aplicación - Contingentes arancelarios comunitarios - Reparto en cuotas nacionales - Procedencia en relación con la exigencia de uniformidad en el régimen de los intercambios - Requisitos

Arancel aduanero común - Sistema de preferencias arancelarias generalizadas - Aplicación - Contingentes arancelarios comunitarios - Reparto en cuotas nacionales - Procedencia en relación con la unión aduanera - Requisitos

(Tratado CEE, arts. 9 y 113; Reglamentos nº 3924/86 y nº 3925/86 del Consejo)

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El arancel aduanero común, que tiene por objeto la igualación de los tributos aduaneros que soportan en las fronteras de la Comunidad los productos importados de terceros países, con vistas a evitar toda desviación del tráfico comercial en las relaciones con dichos países y toda distorsión en la libre circulación interna o en las condiciones de la competencia, y el establecimiento de principios uniformes en la política comercial común, de la que forman parte los reglamentos relativos a la aplicación de las preferencias arancelarias generalizadas, implican la supresión de las disparidades nacionales, fiscales y comerciales, que afectan a los intercambios con los terceros países.

Un sistema de reparto en cuotas nacionales de un contingente arancelario comunitario concedido en virtud del sistema de preferencias arancelarias generalizadas, lejos de inscribirse en la mencionada perspectiva de reducción de las disparidades, puede dar lugar, por el contrario, a distorsiones y a desviaciones del tráfico comercial. No obstante, en el estado actual de la política comercial común, dicho sistema puede resultar compatible con los artículos 9 y 113 del Tratado si se dan determinadas condiciones.

En primer lugar, es preciso que el reparto en cuotas nacionales se justifique por condicionamientos de carácter administrativo, técnico o económico que obstaculicen la gestión comunitaria del contingente. En segundo lugar, es necesario que el sistema de reparto contenga un mecanismo que permita impedir que, cuando todavía no se haya agotado el contingente global comunitario, sólo puedan importarse mercancías en un Estado miembro que haya agotado su cuota tras aplicar íntegramente los derechos de aduana o después de haberse desviado a otro Estado miembro cuya cuota aún no esté agotada. Por último, el reparto no debe afectar a la libre circulación de las mercancías cuando las mismas hayan sido admitidas a libre práctica en el territorio de un Estado miembro, y todos los agentes económicos interesados de cada Estado miembro deberán tener acceso a la cuota atribuida al Estado en cuestión.

Por no haber observado los referidos principios, deben anularse los Reglamentos nº 3924/86 y nº 3925/86, aunque sus efectos deberán ser considerados como definitivos.
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Recursos propios de las Comunidades Europeas - Recaudación a posteriori de los derechos de importación o de exportación - Exacciones reguladoras agrarias - Inexistencia de normativa comunitaria - Aplicación del Derecho nacional - Límites - Principios de Derecho comunitario - Protección de la confianza legítima - Alcance

(Reglamento nº 1697/79 del Consejo)

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Cuando, a falta de una normativa comunitaria, el Derecho nacional determina las modalidades y requisitos de recaudación por las autoridades nacionales de los créditos comunitarios y dicho Derecho no contiene un principio de protección de la confianza legítima, el Derecho comunitario no se opone a la aplicación de este Derecho nacional tal como es, a condición, no obstante, de que no se traten de modo distinto los créditos comparables puramente nacionales.

Así, el principio de protección de la confianza legítima consagrado por el Derecho comunitario, con independencia de las disposiciones específicas del Reglamento nº 1697/79, no obliga a la Administración nacional a abstenerse de recaudar a posteriori, con arreglo a su Derecho nacional, un suplemento de derecho regulador agrario inicialmente no percibido, de acuerdo con una práctica constante y no discutida de la Administración, pero posteriormente invalidada por una sentencia del Tribunal de Justicia, cuando según esta práctica, los operadores económicos hayan creído de buena fe que sólo debían satisfacer el importe del derecho regulador inicialmente percibido.
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CECA - Precios - Sistema de precios mínimos - Ámbito de aplicación

(Tratado CECA, arts. 60 y 61; Decisión general nº 3715/83/CECA)

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La fijación de precios mínimos por parte de la Comisión, prevista en el artículo 61 del Tratado CECA, está subordinada a que dicha institución aprecie la existencia o la inminencia de una crisis manifiesta y crea en la necesidad de tal decisión para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 3 del Tratado CECA.

Haciendo uso de dicha facultad, la Comisión tomó la Decisión nº 3715/83/CECA que establece precios mínimos para todas las transacciones y reconoce una excepción a la que pueden acogerse las empresas siderúrgicas que hayan celebrado contratos de suministro a largo plazo y que lo hayan solicitado.

El sistema así establecido no se aplica únicamente a las transacciones celebradas ateniéndose a los baremos de las empresas, de suerte que la empresa que no haya solicitado una excepción no puede sustraerse a la aplicación de los precios mínimos impuestos basándose en la especificidad de las transacciones celebradas con un comprador particular o alegando el concepto de transacciones comparables, el cual, previsto en el artículo 60 del Tratado, sólo se refiere a la prohibición de discriminación entre diferentes compradores, en función fundamentalmente de su nacionalidad.
CHOLAY Y BIZONS CLUB 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) 
12 de diciembre de 1990* 
En el asunto C-270/86, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, por la Cour d'appel de París, destinada a obtener, 
en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
J. Cholay, 
Société «Bizon's Club» 
y 
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 de dicho 
Tratado, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), 
integrado por los Sres. M. Diez de Velasco, Presidente de Sala; C. N. Kakouris y 
P. J. G. Kapteyn, Jueces, 
Abogado General : Sr. C. O. Lenz 
Secretario: Sr. J. A. Pompe, secretano adjunto 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I - 4609 
SENTENCIA DE 12.12.1990 — ASUNTO C-270/86 
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la Cour d'appel de París, mediante 
resolución de 9 de abril de 1986, tal y como fue interpretada por la resolución de 
21 de enero de 1987, declara: 
Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que no 
impiden la aplicación de una legislación nacional que permite a una sociedad nacio­
nal de gestión de derechos de autor percibir, por la ejecución pública de soportes de 
sonido, una remuneración denominada «derecho complementario de reproducción 
mecánica» que se adiciona al derecho de representación, incluso cuando tal derecho 
complementario no esté previsto en el Estado miembro donde los referidos soportes 
de sonido han sido legalmente comercializados. 
I-4610