Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Objeto — Decisión en materia de control de las concentraciones — Decisión basada en varios pilares de razonamiento, cada uno de los cuales es suficiente para fundamentar su parte dispositiva — Demandante que alega únicamente motivos relativos a un error u otra ilegalidad que sólo afecta a uno de los pilares de razonamiento — Recurso infundado

[Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, art. 2, ap. 3]

2. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados — Requisitos análogos para las alegaciones formuladas en apoyo de un motivo — Alegaciones no formuladas en la demanda — Remisión global a otros escritos adjuntos a la demanda — Inadmisibilidad — Admisibilidad de una remisión a los escritos presentados ante el mismo órgano jurisdiccional en otro asunto — Apreciación en cada caso — Requisito esencial — Identidad de partes y, en particular, de demandantes, en ambos asuntos

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 43, ap. 1, y 44, ap. 1)

3. Procedimiento — Acumulación de dos asuntos con demandantes distintos — Inexistencia de repercusión sobre el alcance de la demanda presentada separadamente por cada uno de ellos

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 50)

4. Competencia — Concentraciones — Apreciación de la compatibilidad con el mercado común — Inexistencia de creación o de reforzamiento de una posición dominante que obstaculice la competencia — Pluralidad de los mercados afectados — Requisito que no concurre en uno de los mercados — Prohibición

[Reglamento del Consejo (CEE) nº 4064/89, art. 2, ap. 3)

5. Competencia — Concentraciones — Procedimiento administrativo — Inexistencia de obligación para la Comisión de indicar el estado de su apreciación sobre la eventual resolución de los problemas anteriormente observados entre el momento del envío del pliego de cargos y la adopción de la decisión final

6. Recurso de anulación — Motivos — Concepto — Elementos de una demanda de anulación que figuran en la parte dedicada al resumen de la decisión — Inclusión — Requisito — Cuestionamiento claro y unívoco de la validez de las declaraciones efectuadas en la Decisión impugnada

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1. En la medida en que algunos de los fundamentos mencionados en una decisión pueden, por sí solos, justificarla de modo suficiente con arreglo a Derecho, los errores que pudieran viciar otros fundamentos carecen, en cualquier caso, de influencia en su parte dispositiva. Además, cuando la parte dispositiva de una decisión de la Comisión descansa sobre varios pilares de razonamiento, cada uno de los cuales puede, por sí solo, servirle de fundamento, sólo procede anular dicho acto, en principio, si todos esos pilares adolecen de ilegalidad. En tal supuesto, un error u otra ilegalidad que únicamente afectase a uno de los pilares del razonamiento no podría bastar para justificar la anulación de la decisión controvertida, porque no habría podido tener una influencia decisiva en la parte dispositiva adoptada por la institución. A este respecto, si uno de los pilares en que se apoya el razonamiento, suficiente para fundamentar la parte dispositiva de un acto, no es impugnado por el demandante en un recurso de anulación, procede considerar que dicho pilar y, consiguientemente, el acto que se basa en él, son lícitos y han quedado acreditados frente a ese demandante.

Esto se aplica, en particular, en el contexto de las decisiones en materia de control de las concentraciones. Así pues, no procede anular una decisión de prohibición porque la demandante haya demostrado la existencia de uno o varios errores que vicien el análisis realizado en relación con uno o varios mercados, cuando, no obstante, se desprenda de la decisión de prohibición que la concentración notificada reunía los criterios justificativos de una prohibición enunciados en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 4064/89 en relación con otro u otros mercados. En particular, si los motivos relativos a esos otros mercados no se impugnan en la demanda, procede considerar, a los efectos del recurso en cuestión, que son fundados, de suerte que el recurso debe considerarse infundado en su totalidad.

(véanse los apartados 48 a 50 y 96)

2. Se desprende del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia que los motivos que no estén debidamente enunciados en el escrito de interposición del recurso han de considerarse inadmisibles. Al tratarse de una causa de inadmisión de orden público, esta inadmisibilidad puede ser apreciada de oficio por el Tribunal de Primera Instancia si es preciso.

La exposición sumaria de los motivos de la parte demandante debe ser suficientemente clara y precisa para que la parte demandada pueda preparar su defensa y el Tribunal de Primera Instancia pueda pronunciarse sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en ningún otro dato. Análogos requisitos son exigibles cuando se formula una alegación en apoyo de un motivo.

Por otra parte, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de la Justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, siquiera sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda. A este respecto, si bien ciertos extremos específicos del cuerpo de la demanda pueden apoyarse y completarse mediante remisiones a pasajes de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque figuren como anexo a la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica, que, en virtud de las disposiciones anteriormente mencionadas, deben figurar en la demanda. En efecto, no incumbe al Tribunal de Primera Instancia buscar e identificar, en los anexos, los motivos y alegaciones que podría considerar constitutivos del fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental.

Bien es cierto que, pese a estos requisitos, el juez comunitario ha admitido en ocasiones la posibilidad de formular motivos mediante una remisión a otro asunto, negando tal posibilidad en otros asuntos, sin indicar no obstante, al menos explícitamente, un criterio determinante para su elección, que tiene en cuenta, a ese respecto, las particularidades de cada asunto. Pero procede considerar, en cualquier caso, que la identidad de las partes, y en particular de la demandante, en ambos asuntos es un requisito esencial para la admisibilidad de motivos supuestamente formulados mediante una remisión a los escritos presentados en otro asunto.

En efecto, declarar la admisibilidad de motivos que no se han expuesto de forma expresa en la demanda con el argumento de que han sido formulados por un tercero ante el mismo órgano jurisdiccional en otro asunto, al que la demanda se remite, equivaldría a permitir que se eludiesen las exigencias imperativas del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

(véanse los apartados 54 a 59, 61, 64 y 67)

3. Se desprende del artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia que un auto por el que se ordena la acumulación no afecta a la independencia ni a la naturaleza autónoma de los asuntos que constituyen su objeto, ya que siempre es posible acordar su separación. Así pues, el hecho de acumular dos asuntos en los que las demandantes son distintas no puede cambiar el alcance de la demanda presentada por cada una de ellas separadamente, so pena de violar la independencia y la autonomía de sus distintos recursos. Admitir lo contrario tendría como consecuencia que una decisión procesal del Presidente que pertenece al ámbito de su libre apreciación podría ampliar el alcance de una demanda y, por consiguiente, ser determinante para el resultado del procedimiento judicial, lo que introduciría un elemento de arbitrariedad en éste.

(véanse los apartados 70 a 72 y 75)

4. Del artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 4064/89 se desprende que, en materia de concentraciones, si una operación entre empresas que operan en distintos mercados, notificada a la Comisión, refuerza una posición dominante en un solo mercado con la consecuencia de obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común, la Comisión debe, en principio, prohibirla, aun suponiendo que la operación no origine ningún otro obstáculo a la competencia. Cuando la Comisión examina sucesivamente varios mercados y llega a la conclusión de que en varios de ellos se creará o reforzará una posición dominante con la consecuencia de obstaculizar de forma sustancial la competencia efectiva, procede declarar que, salvo indicación expresa de lo contrario en su decisión, considera que la situación resultante de la concentración en cada uno de esos mercados habría justificado, por sí sola, la prohibición de la operación notificada.

(véase el apartado 79)

5. En materia de control de las concentraciones, la Comisión no puede ser obligada, más allá de la obligación de exponer sus imputaciones en un pliego de cargos y completarlo en caso de que decidiese luego formular nuevas objeciones, a indicar el estado de su apreciación sobre la eventual resolución de los problemas anteriormente observados entre el momento del envío del pliego de cargos y la adopción de la decisión final.

(véase el apartado 99)

6. Si bien, a primera vista, los elementos que figuren en una demanda de anulación bajo la rúbrica «Resumen de la Decisión» no pueden constituir motivos autónomos que den como resultado la anulación de la Decisión impugnada, sino que más bien describen el acto impugnado, no puede excluirse a priori la posibilidad de que esa parte de la demanda pueda contener la exposición de uno o varios motivos de anulación. No obstante, sólo puede considerarse, en su caso, que un pasaje recogido bajo dicha rúbrica constituye un motivo, pese a la estructura de la demanda y su ubicación en el sistema general de ésta, si se desprende de forma clara y unívoca de ese pasaje que, además de su función descriptiva, cuestiona la validez de las declaraciones efectuadas en la Decisión impugnada.

(véase el apartado 106)