Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Fumus boni iuris — Carácter acumulativo — Ponderación de todos los intereses en conflicto — Facultad de apreciación del juez de medidas provisionales

(Art. 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Admisibilidad del recurso principal — Falta de pertinencia — Límites

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

3. Recurso por omisión — Eliminación de la omisión con posterioridad a la interposición del recurso — Desaparición del objeto del recurso — Sobreseimiento — Propuesta de decisión para no incluir la sustancia activa endosulfán en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE — Apreciación por el juez de medidas provisionales

(Arts. 230 CE, 232 CE y 233 CE; Directiva 91/414/CEE del Consejo, anexo I)

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1. El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que las demandas de medidas provisionales especificarán el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de la medida provisional solicitada. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las medidas provisionales deben ser desestimadas cuando no se dé alguno de ellos. El juez que conoce de las medidas provisionales procederá asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego.

Además, en el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma de Derecho comunitario le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional.

(véanse los apartados 34 y 35)

2. El problema de la admisibilidad del recurso de que conoce el juez del fondo no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de prejuzgar el fondo del asunto. No obstante, cuando lo que se plantea es la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al cual se acumula la demanda de medidas provisionales, puede resultar necesario determinar si existen elementos que permitan, a primera vista, inferir la admisibilidad de dicho recurso.

(véase el apartado 53)

3. El recurso previsto en el artículo 232 CE se basa en la idea de que la inacción ilegal de la institución demandada permite recurrir ante el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Primera Instancia para que éstos declaren que la abstención de actuar es contraria al Tratado, en tanto en cuanto la institución de que se trate no haya subsanado dicha abstención. A tenor del artículo 233 CE, esta declaración produce el efecto de que la institución demandada está obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad extracontractual que puedan traer causa de la propia declaración. En el caso de que el acto cuya omisión constituye el objeto del litigio principal haya sido adoptado después de la interposición del recurso, pero antes de pronunciarse la sentencia, una declaración del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia en que se haga constar la ilegalidad de la abstención inicial no puede ya producir las consecuencias previstas en el artículo 233 CE. De lo anterior resulta que en tal supuesto, al igual que en aquél en el que la institución demandada hubiera respondido al requerimiento para actuar dentro del plazo de dos meses, ha desaparecido el objeto del recurso, por lo que ya no procede resolver.

A este respecto, en esta fase del procedimiento sobre medidas provisionales procede considerar que el hecho de que la Comisión haya presentado formalmente, en el marco del procedimiento de evaluación de la sustancia activa endosulfán con vistas a su eventual inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, un proyecto de Decisión en el que no se incluye dicha sustancia en el referido anexo, refleja claramente la voluntad de aquella institución de concluir el examen de la sustancia activa de que se trata y constituye, así, una definición de posición que pone fin a la supuesta omisión. El hecho de que tal proyecto no constituya, a primera vista, un acto susceptible de recurso de anulación es irrelevante a este respecto, puesto que constituye la premisa necesaria para el desarrollo de un procedimiento que debe dar lugar a un acto jurídico que, por su parte, puede ser objeto de recurso de anulación.

(véanse los apartados 67 a 70)