Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento Diligencias de ordenación del procedimiento Solicitud de presentación de documentos Obligaciones del solicitante

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 64, aps. 3, letra d), y 4]

2. Procedimiento CECA Expediente transmitido por una institución al órgano jurisdiccional comunitario en virtud del artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia Derecho de acceso Acceso a los documentos internos Requisitos

(Estatuto CECA del Tribunal de Justicia, art. 23)

3. CECA Decisión por la que se impone una multa o se fija una multa coercitiva Procedimiento administrativo Acceso al expediente Finalidad Límites Documentos de carácter confidencial

(Tratado CECA, art. 36, párr. 1)

4. CECA Decisión por la que se impone una multa o se fija una multa coercitiva Procedimiento administrativo Acceso al expediente Inaplicabilidad de los principios que rigen el procedimiento judicial Consecuencia

(Tratado CECA, art. 36, párr. 1)

5. CECA Normas comunitarias sobre la competencia Infracciones Imputación Persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa cuando se cometió la infracción Excepción Interpretación restrictiva Consecuencia

(Tratado CECA, arts. 36, párr. 1, y 65)

6. CECA Decisión por la que se impone una multa o se fija una multa coercitiva Procedimiento administrativo Parte dispositiva y motivación de la decisión Modificación tras la notificación a su destinatario Improcedencia

(Tratado CECA, art. 15, párr. 2)

7. CECA Precios Listas de precios Publicidad obligatoria Finalidad Articulación con el principio de prohibición de prácticas colusorias

(Tratado CECA, arts. 60 y 65, ap. 1)

8. Recurso de anulación Recurso interpuesto por una empresa con arreglo al Tratado CECA Motivos Motivos de orden público Falta de motivación o motivación insuficiente Consecuencias

(Tratado CECA, art. 33, párr. 2)

9. Actos de las instituciones Motivación Obligación Apreciación Finalidad Decisión CECA

(Tratado CECA, art. 15)

10. CECA Prácticas colusorias Perjuicio para la competencia Objeto contrario a la competencia Comprobación suficiente

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1)

11. CECA Prácticas colusorias Prohibición Ámbito de aplicación Prácticas colusorias relativas a la fijación de una parte del precio final Inclusión

(Tratado CECA, art. 65, párr. 1)

12. CECA Prácticas colusorias Prohibición Prácticas colusorias que prolongan sus efectos después de haber cesado formalmente Aplicación del artículo 65 del Tratado CECA

[Tratado CECA, art. 65; Tratado CE, art. 85 (actualmente art. 81 CE)]

13. CECA Normas comunitarias sobre la competencia Infracciones Gravedad Apreciación Preeminencia del aspecto intencional del comportamiento sobre sus efectos Comisión deliberada Concepto

(Tratado CECA, art. 65)

14. CECA Prácticas colusorias Multas Importe Determinación Criterios Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo Valoración del grado de cooperación prestada por las empresas participantes en la práctica colusoria Respeto del principio de igualdad de trato Diferencia de trato basada en el orden en que cada empresa declara reconocer los hechos imputados Improcedencia

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

15. CECA Prácticas colusorias Prácticas concertadas Concepto Criterios de coordinación y de cooperación Interpretación

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1)

16. CECA Prácticas colusorias Multas Importe Determinación Criterios Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo Falta de declaración expresa de no impugnación de la alegación de la Comisión relativa a la existencia de una práctica concertada Facilitación de la comprobación de la existencia de la infracción por la Comisión Inexistencia

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

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1. Con arreglo al artículo 64, apartados 3, letra d), y 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las diligencias de ordenación del procedimiento podrán ser propuestas por las partes en cualquier fase del procedimiento y podrán consistir en requerir la presentación de documentos o de cualquier escrito relacionado con el asunto. No obstante, para permitir al Tribunal de Primera Instancia determinar si es útil para el curso correcto del procedimiento ordenar la presentación de determinados documentos, la parte que lo pide debe no sólo identificar los documentos solicitados, sino también facilitar al Tribunal de Primera Instancia, cuando menos, un mínimo de elementos que acrediten la utilidad de tales documentos para el proceso.

( véanse los apartados 30 y 31 )

2. El artículo 23 del Estatuto CECA del Tribunal de Justicia, relativo a la transmisión por una de las instituciones de la Comunidad al órgano jurisdiccional comunitario de los documentos relativos al asunto promovido ante éste, tiene por objeto permitir al juez comunitario ejercer su control de legalidad de la decisión impugnada respetando el derecho de defensa, y no asegurar un acceso incondicional e ilimitado de todas las partes al expediente administrativo.

En particular, los documentos internos de la Comisión no se ponen en conocimiento de las partes demandantes durante el procedimiento jurisdiccional, a no ser que así lo exijan las circunstancias excepcionales del caso, sobre la base de indicios serios que les corresponde aportar.

( véanse los apartados 33 y 34 )

3. En el marco de la aplicación de las normas del Tratado CE sobre competencia, el acceso al expediente tiene fundamentalmente por objeto permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, a fin de que, basándose en tales documentos, puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que la Comisión haya llegado en su pliego de cargos. Resulta de lo anterior que la Comisión está obligada a dar acceso a los destinatarios del pliego de cargos a todos los documentos inculpatorios y exculpatorios que haya recogido durante su investigación, con excepción de los documentos que tengan carácter confidencial, como los documentos internos de la Comisión.

Estas consideraciones son igualmente válidas en el marco de la aplicación de las normas del Tratado CECA sobre competencia.

( véanse los apartados 45 y 46 )

4. Del mismo modo que los principios generales del Derecho comunitario que regulan, en los asuntos de competencia, el derecho de acceso al expediente de la Comisión durante el procedimiento administrativo no se aplican, como tales, al procedimiento jurisdiccional, las disposiciones que regulan este procedimiento no pueden aplicarse al procedimiento administrativo ante la Comisión. Por tanto, la Comisión no está obligada a dar acceso a documentos internos durante el procedimiento administrativo.

( véanse los apartados 47 y 48 )

5. En principio, incumbe a la persona física o jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción a las normas comunitarias de competencia responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la Decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad de otra persona.

De todas formas, no es éste el caso cuando la persona bajo cuya responsabilidad está actualmente la explotación de la empresa ha declarado que acepta ser considerada responsable de los hechos reprochados a su predecesor. Tal declaración, que responde fundamentalmente a consideraciones económicas propias de las operaciones de concentración de empresas, implica que la persona jurídica bajo cuya responsabilidad se han situado las actividades de otra persona jurídica, con posterioridad a la fecha de la infracción derivada de dichas actividades, está obligada a responder de dicha infracción, aunque, en principio, la responsabilidad por la infracción corresponda a la persona física o jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió dicha infracción.

Sin embargo, en la medida en que supone una excepción al principio según el cual una persona, física o jurídica, sólo debe ser sancionada por los hechos que le sean imputables individualmente, tal declaración debe interpretarse de manera estricta. En particular, salvo indicación en contrario por su parte, no se puede presumir que la persona que realiza tal declaración renuncia al ejercicio de su derecho de defensa y, en particular, a su derecho a ser oída respecto a los hechos imputados a su predecesor en el pliego de cargos notificado a éste.

( véanse los apartados 57 y 62 a 64 )

6. La parte dispositiva y la motivación de la decisión por la que se impone una multa por infracción de las normas de competencia, notificada a su destinatario o destinatarios, deben corresponder a las de la decisión adoptada por la Junta de Comisarios, con excepción de las adaptaciones puramente ortográficas o gramaticales que aún pueden ser introducidas en el texto de un acto tras su adopción final por la Junta.

( véase el apartado 73 )

7. La publicidad obligatoria de las listas de precios y de las condiciones de venta prevista por artículo 60, apartado 2, del Tratado CECA tiene por objeto, en primer lugar, impedir, en la medida de lo posible, las prácticas prohibidas, en segundo lugar, permitir que los compradores se informen exactamente acerca de los precios y que participen también en el control de las discriminaciones y, en tercer lugar, permitir que las empresas conozcan exactamente los precios de sus competidores para que puedan ajustar su oferta a ellos. No obstante, los precios que figuran en las listas deben ser fijados por cada empresa de manera independiente, sin acuerdo, ni siquiera tácito, entre ellas. En particular, el hecho de que las disposiciones del artículo 60 tiendan a restringir la competencia no impide que se aplique la prohibición de prácticas colusorias prevista por el artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA.

( véanse los apartados 116 y 117 )

8. En el marco de un recurso de anulación, el motivo basado en una falta o insuficiencia de motivación de un acto comunitario constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio por el juez comunitario, y que, por lo tanto, puede ser invocado por las partes en cualquier fase del proceso.

( véase el apartado 125 )

9. La motivación que exige el artículo 15 del Tratado CECA, por una parte, debe permitir al interesado conocer la justificación de la medida adoptada para, en su caso, hacer valer sus derechos y comprobar si la Decisión está o no fundada y, por otra parte, debe permitir al juez comunitario ejercer su control de legalidad. La obligación de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso de autos, principalmente el contenido del acto de que se trate, la naturaleza de los motivos invocados y el contexto en que se adoptó.

( véase el apartado 129 )

10. La Comisión no está obligada a demostrar la existencia de un efecto negativo sobre la competencia para probar que se infringió el artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA, una vez que ha acreditado la existencia de un acuerdo o de una práctica concertada que tenga por objeto restringir la competencia.

( véase el apartado 154 )

11. La prohibición de las prácticas colusorias que consistan en fijar directa o indirectamente los precios contempla también las prácticas colusorias sobre la fijación de una parte del precio final.

( véase el apartado 157 )

12. En el caso de prácticas colusorias que hayan dejado de estar en vigor, basta, para que sea aplicable el artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE), y, por analogía, el artículo 65 del Tratado CECA, con que continúen produciendo efecto más allá de su terminación formal. Ello es así con mayor razón cuando los efectos de la práctica colusoria continuaron hasta la adopción de la Decisión por la que se declara la existencia de la infracción, sin que se pusiera fin formalmente a la práctica colusoria.

( véase el apartado 181 )

13. La gravedad de las infracciones de las normas sobre competencia debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. A este respecto, unos factores que forman parte del aspecto intencional, y, por tanto, del objeto de un comportamiento, pueden ser más importantes que los relativos a sus efectos, sobre todo cuando se trata de infracciones intrínsecamente graves, tales como la fijación de precios. En particular, una infracción de las normas sobre la competencia puede considerarse cometida deliberadamente si la empresa no podía ignorar que el objeto de su conducta era restringir la competencia. Por tanto, no es necesario que la empresa tuviera conciencia de infringir esas normas.

( véase los apartados 198 a 200 )

14. Al valorar la colaboración prestada por las empresas durante el procedimiento administrativo iniciado por prácticas colusorias prohibidas, la Comisión no puede desconocer el principio de igualdad de trato, principio general del Derecho comunitario que, según jurisprudencia reiterada, sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado.

En tales circunstancias, el mero hecho de que una de las empresas que participan en la práctica colusoria haya reconocido los hechos imputados, respondiendo la primera a las preguntas de la Comisión, no puede constituir un motivo objetivo para darles un trato distinto. En efecto, la apreciación del grado de colaboración prestada por las empresas no puede depender de factores puramente casuales, como el orden en el cual la Comisión les formuló sus preguntas. La colaboración prestada por las empresas en cuestión debe considerarse de grado comparable, ya que estas empresas proporcionaron a la Comisión, en la misma fase del procedimiento administrativo y en circunstancias análogas, datos semejantes respecto a los hechos que se les imputaba.

( véanse los apartados 237, 245 y 246 )

15. Los criterios de coordinación y cooperación constitutivos de una práctica concertada deben interpretarse a luz de la lógica inherente a las disposiciones sobre competencia del Tratado, según la cual todo operador económico debe determinar autónomamente la política que pretende seguir en el mercado común y las condiciones que pretende reservar a sus clientes.

( véase el apartado 264 )

16. La reducción del importe de una multa sólo está justificada si el comportamiento de la empresa afectada permitió a la Comisión apreciar la infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin. Pues bien, al no haber una declaración expresa en la que indicase que no negaba la alegación de la Comisión sobre la existencia de una práctica concertada, una empresa no contribuye a facilitar la labor de la Comisión consistente en la comprobación y represión de las infracciones a las normas comunitarias en materia de competencia.

( véase el apartado 270 )