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Las apreciaciones médicas propiamente dichas formuladas por la comisión médica prevista en el artículo 23 de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional deben considerarse definitivas cuando se emiten en condiciones regulares. El Juez está facultado únicamente para comprobar, por un lado, la regularidad de la constitución y del funcionamiento de la comisión médica, y, por otro, la regularidad del dictamen que emita, y, en particular, para comprobar si el dictamen contiene o no una motivación que permita apreciar las consideraciones sobre las que se basa y si ha establecido o no una relación comprensible entre la descripción de los hechos de carácter médico que contenga y las conclusiones a las que llegue.

(véase el apartado 41)

Referencia: Tribunal de Justicia, 24 de octubre de 1996, Comisión/Royale belge (C-76/95, Rec. p. I-5501), apartado 67; Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1997, R/Comisión (T-187/95, RecFP p. II-729), apartado 35
No puede invocar el principio de protección de la confianza legítima una empresa que ha incurrido en una infracción manifiesta de la normativa vigente. Por otra parte, aunque es necesario velar por el respeto de las exigencias de la seguridad jurídica que protegen los intereses privados, también es importante contrapesarlas con las exigencias del principio de legalidad que protegen los intereses públicos, y defender estos últimos cuando la subsistencia de irregularidades pueda violar el principio de igualdad de trato.

Unas empresas a las que se han concedido ayudas financieras comunitarias para la construcción de nuevos barcos de pesca, en el marco del Reglamento n° 4028/86, relativo a acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura, no pueden por consiguiente invocar la violación de una supuesta confianza legítima para impugnar la validez de las decisiones de la Comisión que suprimen dichas ayudas y ordenan la devolución de las cantidades ya abonadas, cuando han cometido, con pleno conocimiento de causa, violaciones manifiestas de la normativa vigente, consistentes en particular en presentar en varias ocasiones declaraciones que no correspondían a la realidad, tanto en los formularios de solicitud de la ayuda como en los certificados emitidos para obtener su pago.

Dichas empresas tampoco pueden invocar una violación del principio de seguridad jurídica causada por la duración excesiva del procedimiento de control pues, aunque el transcurso de un largo período de tiempo durante el cual la Comisión no realiza ninguna gestión relativa a una empresa y la adopción de una medida que afecta a la situación de esta última al término de dicho período puedan eventualmente violar el principio de seguridad jurídica, las conclusiones que deben deducirse de ello dependen del contexto. En el caso de empresas que han adoptado deliberadamente una actitud que infringe la normativa en vigor, el transcurso de un período de dieciséis meses, o incluso de veintitrés, durante el cual la Comisión no emprendió ninguna acción externa no puede calificarse de irrazonable.

Por otra parte, el mantener las ayudas concedidas, o incluso ya abonadas, a dichas empresas, a pesar de que la concesión y el pago de éstas adolecen de irregularidades manifiestas, podría perjudicar la igualdad de trato de todas las solicitudes que se presentan a la Comisión en el marco de los programas de subvenciones comunitarias para la construcción de nuevos buques de pesca.
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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Decisión de la Comisión por la que se concede una exención a un sistema de distribución selectiva - Empresa competidora de los distribuidores autorizados que nunca solicitó ser admitida en la red de distribución ni participó en el procedimiento administrativo ante la Comisión - Inadmisibilidad del recurso - Participación de la empresa en un litigio nacional sobre la legalidad del sistema de distribución - Irrelevancia

[Tratado CE, arts. 85, aps. 1 y 3; 173, párr. 4, y 177. párr. 1, letra b); Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 3 y 19, ap. 3]

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En el marco de una Decisión por la que se concede una exención a un sistema de distribución selectiva, una empresa competidora de los distribuidores autorizados que no presentó denuncia ante la Comisión al amparo del artículo 3 del Reglamento nº 17, ni participó en el procedimiento administrativo previsto en el apartado 3 del artículo 19 de dicho Reglamento, ni solicitó al proveedor ser admitida en su red de distribución selectiva, se encuentra en una situación que no es distinta de la de los numerosos operadores económicos presentes en el mercado paralelo, por lo que no cabe considerar que la Decisión de exención la afecte individualmente, a efectos del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado.

Resulta irrelevante a este respecto el hecho de que dicha empresa sea parte en un procedimiento por violación de la normativa nacional en materia de competencia desleal incoado ante un órgano jurisdiccional nacional por un distribuidor autorizado y haya alegado, como medio de defensa, que la red de distribución infringe el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. En efecto, la empresa no puede pretender estar suficientemente individualizada a efectos del mencionado artículo 173 por el mero hecho de que la legalidad de la Decisión de exención resulte pertinente para resolver el litigio pendiente ante el Juez nacional, dado que todo distribuidor que opere en el mismo mercado puede tener interés, llegado el caso, en plantear la cuestión de la legalidad del sistema de distribución de que se trata en el marco de un litigio de este tipo.

Una empresa que se halla en tal situación no carece de una protección jurídica adecuada, dado que, suponiendo que la cuestión de la validez de la Decisión de exención pueda influir en el fallo que se dicte en el litigio ante el Juez nacional, este último puede, si lo considera necesario, recurrir al mecanismo de remisión prejudicial previsto en la letra b) del párrafo primero del artículo 177 del Tratado y plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la validez o la interpretación de dicha Decisión.
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El artículo 34 del Estatuto del Personal de la CECA (en lo sucesivo, «Estatuto CECA») dispone que: «Dichos agentes (en situación de disponibles) tendrán derecho durante dos años a una indemnización mensual correspondiente a la retribución establecida en el apartado 1 del artículo 47 y, durante otros dos años, a una indemnización equivalente a la mitad de la anterior retribución. Al cabo de cuatro años de situación de disponibilidad, dichos agentes percibirán una jubilación proporcional, en las condiciones establecidas por el régimen de pensiones»(traducción no oficial). El artículo 50 del Reglamento General de la CECA dispone lo siguiente : «[...] Para el cálculo de los derechos a una pensión de jubilación de un funcionario que esté en situación de jubilación al término del período de disponibilidad contemplada en el artículo 34 del Estatuto del Personal, se duplicará la cantidad de años de servicio efectivo de dicho funcionario hasta la época en que pueda beneficiarse de esta pensión. No obstante, el total de las anualidades que sirvan de base para el cálculo de la pensión del funcionario no podrá exceder de treinta ni de las anualidades que hubiese podido adquirir si hubiera continuado en sus funciones hasta la edad de 65 años»(traducción no oficial).
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Funcionarios - Recurso - Interés para ejercitar la acción - Recurso de anulación interpuesto contra el nombramiento de otro funcionario - Demandante que no puede ser nombrado - Inadmisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

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Para que un funcionario pueda interponer un recurso con arreglo a los artículos 90 y 91 del Estatuto contra el nombramiento de otro funcionario, es preciso que tenga un interés personal en la anulación de dicho nombramiento.

No es éste el caso de un funcionario que, por no haber presentado su candidatura y no reunir los requisitos exigidos por la convocatoria para proveer vacante, no puede aspirar al puesto vacante para el cual se efectuó dicho nombramiento.
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Para resolver la cuestión de la calificación del escrito del demandante de 2 de septiembre de 1988, ante todo procede analizar la redacción del documento debatido, calificado por el propio demandante de «queja con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto». Si bien es cierto que el escrito no contiene el término reclamación ni el de solicitud, no obstante hay que destacar que contiene una referencia expresa al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto. Este Tribunal de Primera Instancia estima que este último dato es suficiente para permitirle calificar dicho escrito de reclamación y no de solicitud. La circunstancia de que el demandante haya utilizado la palabra «queja» en vez de la de reclamación no tiene importancia en sí misma y no puede atribuírsele por ello consecuencia alguna.
La Comisión sostiene, por su parte, que su afirmación de que Rhône-Poulenc comenzó a participar en la referida práctica colusoria en noviembre de 1977 se basa en el hecho de que dicha empresa apoyó la iniciativa, anunciada públicamente por Monte, de subir los precios a partir de diciembre de 1977. Ahora bien, dicha iniciativa y el apoyo que recibió no fueron un comportamiento paralelo debido al azar o a las fuerzas del mercado, sino una acción concertada. En efecto, el informe de la reunión de la EATP de 22 de noviembre de 1977 demuestra, según la Comisión, que el establecimiento de un precio para la rafia de 1,30 DM/kg, anunciado por Monte, había sido aceptado previamente como precio «objetivo» común, puesto que se puede leer en él que Rhône-Poulenc declaró:

«1977 saw in France and in Europe the drop in prices of polypropylene for extrusion-stretching speed up, and this drop has influenced in no small way, as one of my colleagues said previously, the price of other polypropylene applications.

The lowest prices indicated in our opinion for all producers hardly reach the level of the variable cost of polypropylene, a situation which can no longer be accepted.

On Friday we learnt in the press, as previously mentioned, that a rise had been announced by one of the main European polypropylene producers.

We think that it is impossible to return, in one go, to the economically acceptable level which is around 3.50 FF, but we, at Rhône-Poulenc have decided to follow this announcement. We have, therefore, informed our commercial agencies of the new price level of Napryl polypropylene, our brand, which as from 28th November, 1977 next will be 3.00 FF.»

(«1977 se ha caracterizado, en Francia y en Europa, por una aceleración de la caída de precios del polipropileno para extrusión y, como ha dicho antes uno de mis colegas, esta caída de precios ha tenido una influencia nada desdeñable sobre el precio del polipropileno destinado a otros usos.

A nuestro juicio, los precios más bajos que se han mencionado apenas alcanzan el nivel de los costes variables del polipropileno para todos los productores, y no es posible aceptar esta situación por más tiempo.

El viernes supimos por la prensa, como ya se ha indicado, que uno de los principales productores europeos de polipropileno había anunciado una subida de precios.

Nosotros pensamos que es imposible volver, de una sola vez, al nivel económicamente aceptable, que es de alrededor de 3,50 FF, pero nuestra sociedad, Rhône-Poulenc, ha decidido seguir este anuncio. Por tanto, hemos informado a nuestras agencias comerciales que el nuevo precio del polipropileno Napryl, nuestra marca, será de 3,00 FF a partir del 28 de noviembre de 1977.»)
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Es cierto que el párrafo segundo del artículo 42 del Estatuto del Tribunal de Justicia CEE, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 46 del mismo Estatuto, dispone que no cabrá oponer preclusion por expiración de los plazos cuando el interesado demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor. No obstante, el demandante no ha invocado ni en sus escritos ni en la vista la existencia de circunstancias constitutivas de semejante supuesto.
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El demandante se basa en que la regularidad de los pagos realizados hasta el 1 de enero de 1981 no había sido discutida y en que la atribución de los gastos de retribución del personal de la AEC al presupuesto de las Comunidades a partir del ejercicio 1981 no le fue notificada para alegar que no pudo tener conocimiento del hecho de que los pagos cuya devolución se solicita eran ya irregulares a contar desde el 1 de enero de 1981. Añade que en cualquier caso la irregularidad de estos pagos no era evidente, lo que viene demostrado por el hecho de que el Consejo y la Comisión no la detectaron durante un período de cerca de ocho años.
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No obstante, de la conformidad a Derecho de la convocatoria para proveer la plaza vacante, que no ha sido anulada por el Tribunal de Justicia, no cabe deducir que la Comisión estuviera obligada, para ejecutar dicha sentencia, a reanudar el procedimiento en la situación en la que se encontraba antes de la adopción del acto nulo. Efectivamente, la única obligación que supone para la Comisión la citada sentencia consiste en anular los vicios de que adolecía el sistema de adopción del acto que se anula. En especial el hecho, al que se refiere el demandante, de que la sentencia no le conceda 1 franco como indemnización del perjuicio moral que se le irrogó, por cuanto la anulación constituye una medida suficiente para restablecer al demandante en la plenitud de sus derechos, no significa que la Comisión estuviera obligada a confirmar el procedimiento iniciado.
Sin embargo, éste no sería el supuesto cuando el funcionario alega irregularidades cuyo origen puede encontrarse en el texto de la convocatoria del concurso, pero cuando estas irregularidades se hubiesen producido durante el desarrollo del mismo.

Un funcionario no puede, en apoyo de un recurso dirigido contra una decisión de un tribunal de concurso, invocar motivos basados en la pretendida irregularidad de la convocatoria del concurso cuando no ha impugnado a su debido tiempo las disposiciones que estime como lesivas.

El Tribunal de Primera Instancia sólo puede censurar las modalidades del desarrollo de una prueba en la medida que sea necesaria para garantizar la igualdad de trato de los candidatos y la objetividad de la elección efectuada entre los mismos por el tribunal del concurso. Tampoco corresponde al Tribunal de Primera Instancia censurar el contenido detallado de una prueba, a menos que éste exceda del marco indicado en la convocatoria del concurso o que no tenga relación con las finalidades de la prueba o del concurso.

El tribunal del concurso puede recurrir a la asistencia de asesores en todos los casos en los que lo estime necesario. La regularidad de las actuaciones se respeta siempre que los métodos de corrección no varíen según los candidatos y que el tribunal del concurso conserve la facultad de apreciación final.

Un concurso general abierto a los candidatos de todos los Estados miembros no puede desarrollarse de conformidad con el principio de igualdad de trato sin que los miembros del tribunal del concurso y los asesores que no conozcan la lengua de algunos candidatos dispongan de una traducción de sus ejercicios. El mero hecho de que se traduzcan determinados ejercicios antes de ser calificados no implica en sí mismo una discriminación entre los candidatos.

Además, si bien el principio de igualdad impone que las pruebas escritas se efectúen en la misma fecha para todos los candidatos, tal condición no puede ser impuesta para las pruebas orales que, por sus características, no pueden realizarse para todos los candidatos al mismo tiempo y que, además, no poseen necesariamente el mismo contenido para todos los candidatos.
3)

El Protocolo (n.o 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anexo al Tratado UE y al Tratado FUE, y el Protocolo (n.o 22) sobre la posición de Dinamarca, anexo al Tratado UE y al Tratado FUE, únicamente justifican escindir en dos decisiones separadas el acto del Consejo relativo a la celebración por la Unión de la parte del Convenio de Estambul objeto del acuerdo previsto si con tal escisión se pretende tener en cuenta la circunstancia de que Irlanda o el Reino de Dinamarca no participan en las medidas adoptadas en virtud de la celebración de este acuerdo que pertenecen al ámbito de aplicación de esos Protocolos, consideradas en su globalidad.
1)

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que sin perjuicio del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad, no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, para impugnar una decisión de recuperación de cantidades indebidamente pagadas, adoptada una vez transcurrido el plazo de prescripción de las diligencias previsto en dicha disposición, su destinatario está obligado a alegar la irregularidad de esa decisión en un plazo determinado ante el tribunal de lo contencioso-administrativo competente, so pena de caducidad, y ya no puede oponerse a la ejecución de la referida decisión invocando la misma irregularidad en el marco del procedimiento judicial de ejecución forzosa incoado contra él.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 1 de marzo de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal — Irlanda) — Proceso penal incoado contra K. M.

(Asunto C-493/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 99 du Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Política pesquera común - Reglamento (CE) n.o 1224/2009 - Régimen de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común - Artículo 89 - Medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas - Artículo 90 - Sanciones penales - Principio de proporcionalidad - Interpretación de la sentencia de 11 de febrero de 2021, K. M. (Sanciones impuestas al capitán de buque) (C-77/20, EU:C:2021:112))

(2022/C 222/07)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento penal principal

Demandante: K. M.

con intervención de: Director of Public Prosecutions

Fallo

Los artículos 89 y 90 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 847/96, (CE) n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007, (CE) n.o 676/2007, (CE) n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008 y (CE) n.o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1627/94 y (CE) n.o 1966/2006, leídos a la luz del principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que corresponde a los órganos jurisdiccional nacionales apreciar, con arreglo a los criterios de apreciación facilitados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de febrero de 2021, K. M. (Sanciones impuestas al capitán de buque) (C-77/20, EU:C:2021:112), si, en relación con la infracción cometida, incluida su gravedad, el decomiso obligatorio de todas las capturas y artes de pesca hallados a bordo del buque en cuestión es proporcionado a la consecución del objetivo legítimo perseguido por la prohibición de los equipos de clasificación establecida en el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 227/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, y examinar, en su caso, la necesidad de ajustar, modular o atenuar el alcance de la decisión de decomiso de las capturas y de los artes de pesca.

(1) DO C 401 de 4.10.2021.
C 64/3

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 22 de octubre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — Penafiel — Juízo Trabalho — Portugal) — B / O, P, OP, G y N

(Asunto C-691/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Derecho de la Unión Europea - Principios - Artículo 18 TFUE - Igualdad de trato - Discriminación por razón de la nacionalidad - Prohibición - Artículo 49 TFUE - Libertad de establecimiento - Responsabilidad solidaria, entre las sociedades que forman parte de un grupo, por los créditos resultantes de un contrato de trabajo celebrado por una de dichas sociedades - Exclusión por la normativa del Estado miembro de que se trata de las sociedades que tengan su sede en otro Estado miembro)

(2022/C 64/04)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — Penafiel — Juízo Trabalho

Partes en el procedimiento principal

Demandante: B

Demandadas: O, P, OP, G y N

Fallo

El principio de no discriminación, que se aplica en virtud del artículo 49 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional según la cual una sociedad, establecida en un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecida la sociedad a la que controla, no puede ser considerada responsable solidaria por deudas de esta última sociedad resultantes de un contrato de trabajo.

(1) DO C 110 de 29.3.2021.