ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
546

No obstante, debe señalarse que la demandante no extrae de ello ninguna consecuencia particular en sus escritos. En la medida en que sostiene que dejó de participar en los componentes de la infracción única y continua relativos al RPS y a la negativa al pago de comisiones después del 14 de octubre o del 19 de octubre de 2005, debe observarse que se equivoca. En efecto, en primer lugar, AF continuó participando en el componente de dicha infracción relativo al RPC después del 19 de octubre de 2005 (véanse los apartados 544 y 545 de la presente sentencia) y no alega haber ignorado que los demás transportistas implicados continuaran coordinándose sobre el RPS y la negativa al pago de comisiones después de esta última fecha. En segundo lugar, la demandante no ha aportado el más mínimo elemento de prueba que demuestre, respecto de AF, que esta retomara un comportamiento de competencia leal e independiente en el mercado en cuestión o que tuviera una voluntad declarada de disociarse de los componentes de la infracción única y continua relativos al RPS y a la negativa al pago de comisiones después del 19 de octubre de 2005. Tampoco niega que los efectos de estos componentes perduraron tras esta fecha. Por último, la puesta en práctica del RPS y de la negativa al pago de comisiones exigía contactos significativamente menos frecuentes que la implementación del RPC. En efecto, al contrario que el RPC, el RPS no se basaba en un índice cuya evolución precisara ajustes regulares. Esto explica que, una vez introducido a finales de 2001, solo fuera objeto de contactos puntuales entre transportistas relativos a su aplicación (véase el considerando 579 de la Decisión impugnada). En cuanto a la negativa al pago de comisiones, consistía simplemente en negarse a conceder descuentos a los transitarios y, en consecuencia, no exigía ajustes tan regulares como el RPC. En estas circunstancias, la Comisión podía legítimamente deducir de los elementos de prueba de que disponía que la participación de AF en los componentes de esta infracción relativos al RPS y a la negativa al pago de comisiones no había finalizado a finales de octubre de 2005. [omissis]
53

Además, la demandante aduce que la diferencia de trato establecida no puede estar objetiva ni razonablemente justificada por la lucha contra los matrimonios de conveniencia y contra el fraude. En su opinión, la diferencia de trato entre parejas, basada en el momento en que se ha contraído matrimonio, rebasa los límites de lo que resulta apropiado y necesario para alcanzar ese objetivo en la medida en que no se tiene en absoluto en cuenta la situación individual del cónyuge supérstite. La demandante subraya en particular la falta de toda posibilidad de refutar la presunción de fraude. Añade que el objetivo de salvaguardia del equilibrio financiero del régimen de pensiones de la Unión tampoco puede justificar el requisito de cinco años de matrimonio establecido, dado que la Comisión no ha acreditado en modo alguno que casos como el de autos puedan comprometer tal equilibrio. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia no acepta justificaciones de índole meramente presupuestaria.
27

Mediante decisión de 18 de octubre de 2017, el Consejo de Administración de la EUIPO desestimó por infundada la reclamación presentada por el demandante al amparo del artículo 90, apartado 2, del Estatuto (en lo sucesivo, «decisión por la que se desestimó la reclamación»). En lo que respecta a la alegación del demandante basada en la falta de control independiente del informe de calificación correspondiente al año 2016, el Consejo de Administración de la EUIPO consideró que las Instrucciones de servicio de la EUIPO invocadas por el demandante no eran pertinentes, ya que se referían al supuesto de que el antiguo superior jerárquico actuase como calificador, cosa que no sucedió en el caso de autos. Indicó, igualmente, que las normas aplicables no establecían que el calificador de alzada hubiera de llevar a cabo una revisión independiente, puesto que este es el superior directo del calificador y, por lo tanto, indirectamente, del demandante. El Consejo de Administración de la EUIPO añadió que el demandante impugnaba fundamentalmente la evaluación global que figuraba en la página 3 del informe de calificación relativo al año 2016, según la cual, por lo general, la capacidad, el rendimiento y la conducta en el servicio del demandante correspondían al nivel exigido para el puesto. A este respecto, el Consejo de Administración de la EUIPO recordó que la mencionada evaluación global había sido redactada por el calificador en el ejercicio de su propia competencia y de manera independiente, y no por el antiguo superior jerárquico.
260

En los apartados 153 y 155 a 158 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso examinó las alegaciones de la demandante destinadas a acreditar que la ECHA no había demostrado la existencia del riesgo potencial de que el triclosán fuera neurotóxico. En el apartado 153 de dicha resolución, señaló que, en su Decisión, la ECHA se había referido a una abundancia de información, y en particular a estudios in vitro e in vivo realizados en ratones y en humanos. Según aquella, sobre la base de esta información, la ECHA concluyó que la sustancia en cuestión en este caso podía tener, en particular en el ser humano, un efecto inhibidor sobre la tiroxina, causando efectos neurológicos indeseables en la descendencia. En los apartados 155 a 158 de la citada resolución, la Sala de Recurso examinó y desestimó las alegaciones de la demandante tendentes a poner en cuestión las consideraciones basadas en el riesgo potencial de neurotoxicidad presentado por el triclosán. En este contexto, señaló que, en lo sustancial, la demandante se había limitado a manifestar su desacuerdo con las conclusiones que la ECHA había deducido de los datos disponibles, lo que equivaldría a una divergencia de opiniones científicas, y recordó, remitiendo a sus consideraciones desarrolladas en el apartado 134 de la misma resolución, que tales alegaciones no acreditaban la existencia de un error que vicie la resolución impugnada. Aquella desestimó asimismo una alegación relativa al estudio Axelstad (2013) y señaló en particular que la demandante no había acreditado que las consideraciones de la ECHA fueran erróneas, sino que se había limitado a manifestar que no estaba de acuerdo con la interpretación de los datos existentes hecha por esta agencia. Tales alegaciones no hubieran podido poner en cuestión la legalidad de la solicitud de realizar un estudio detallado de neurotoxicidad en ratones. Por lo que se refiere a las alegaciones de la demandante relativas a que, habida cuenta de las diferencias entre los ratones y los seres humanos, la ECHA no debería haber constatado la existencia de un riesgo potencial de que el triclosán fuera neurotóxico basándose en los resultados de estudios relativos a los ratones, la Sala de Recurso indicó que tales alegaciones debían desestimarse por las consideraciones desarrolladas en los apartados 163 a 165 de la mencionada resolución, donde se examinaban las alegaciones tendentes a poner en cuestión las consideraciones de la ECHA acerca del carácter adecuado de la solicitud de realizar un estudio detallado de neurotoxicidad en ratones.
39

El Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1) [sustituido por el Reglamento Delegado (UE) 2018/625, de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1)], y, más en concreto, la regla 37, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 2868/95 [actualmente artículo 12, apartado 2, letra a), del Reglamento 2018/625], establece que la solicitud de nulidad de una marca de la Unión, presentada ante la EUIPO con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículo 63 del Reglamento 2017/1001) incluirá, por lo que respecta a los motivos en que se base la solicitud, en el caso de una solicitud presentada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009, los datos relativos al derecho en que se base la solicitud de nulidad, así como, en caso necesario, los datos que justifiquen el derecho del solicitante a hacer valer el derecho anterior como causa de nulidad. Con objeto de cumplir los requisitos de esta norma, no es suficiente que una parte que invoque derechos que se derivan del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 se limite a enumerar o indicar in abstracto los requisitos de aplicación de las normas nacionales, sino que, por el contrario, es preciso que esta parte demuestre in concreto, en el asunto de que se trate, que cumple dichos requisitos de aplicación [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO — H Young Holdings (animal), T‑727/14 y T‑728/14, no publicada, EU:T:2016:372, apartados 26 y 38].
5

El 17 de noviembre de 2010, la coadyuvante, Gugler France, presentó solicitud de nulidad de la marca controvertida para todos los productos y servicios cubiertos por dicha marca. La solicitud se basaba, por un lado, en la mala fe del titular de la marca controvertida al presentar la solicitud de marca, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1) [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)], y, por otro lado, en la denominación social de la coadyuvante que le habilitaría, con arreglo al Derecho francés, a prohibir el uso de la marca controvertida en el sentido del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001], en relación con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001).
11

La Sala de Recurso observó, además, que ninguna disposición del Reglamento n.o 207/2009 ni del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1) [derogado por el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que complementa el Reglamento n.o 207/2009 y deroga los Reglamentos n.o 2868/95 y (CE) n.o 216/96 (DO 2017, L 205, p. 1)], respalda el punto de vista de que es necesario el consentimiento del titular de la marca impugnada para la retirada de una solicitud por la otra parte. Las alegaciones en sentido contrario de la recurrente basadas, por una parte, en la teoría sobre la continuación del procedimiento de nulidad tras la renuncia a la marca impugnada y, por otra parte, en la aplicación de los principios de Derecho procesal generalmente admitidos por los Estados miembros, a los que se hace referencia en el artículo 83 del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículo 107 del Reglamento 2017/1001), guardan relación con situaciones diferentes que, en consecuencia, no son comparables.
1

El 30 de noviembre de 2006, La Honorable Hermandad, S.L., a la que sucedió la recurrente, La Mafia Franchises, S.L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en virtud del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
4.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección de los procedimientos judiciales — Ámbito de aplicación — Documentos no elaborados únicamente para las necesidades de un procedimiento judicial y que no pueden comprometer la defensa del autor de dichos documentos — Exclusión [Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2, segundo guion] (véanse los apartados 38 a 41, 48, 53 y 54)
4.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Objetivo — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véase el apartado 41)
11.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véase el apartado 140)
2.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, considerando 10 y art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3] (véase el apartado 37)
La apreciación del riesgo de confusión tiene carácter objetivo. En particular, no se exige que el consumidor sea consciente de que incurre en error al creer que los productos y los servicios de que se trata proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Del mismo modo, no se puede exigir que sepa que no se equivocará sobre el origen de los productos porque tiene conocimiento de la existencia de un vínculo económico entre los titulares de los signo en conflicto.

De la jurisprudencia resulta que el origen comercial exacto que el público relevante atribuya a los productos o servicios identificados por cada una de las dos marcas en conflicto tiene escasa importancia a efectos de determinar si existe riesgo de confusión entre ellas. Lo que importa es si el público relevante podría percibir que, en ambos casos, ese origen comercial es el mismo.

Por consiguiente, procede considerar que, para excluir la existencia de riesgo de confusión cuando los titulares de los signos en conflicto están vinculados económicamente, no es necesario que el consumidor tenga conocimiento de ese vínculo económico.

(véanse los apartados 46 a 48)
3

Durante la investigación inicial, la Comisión Europea recurrió al muestreo, conforme al artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51), en su versión modificada en último lugar por el Reglamento (UE) n.o 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2014, por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de determinadas medidas (DO 2014, L 18, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de base») [sustituido por el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 21)]. A los productores exportadores incluidos en la muestra, a los que se había concedido un trato individual, conforme al artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base (actualmente artículo 9, apartado 5, del Reglamento 2016/1036), se les aplicaron tipos individuales de derechos antidumping. A los productores exportadores que cooperaron en la investigación inicial, pero que no fueron incluidos en la muestra, así como a un productor exportador que fue incluido en la muestra pero al que no se le había concedido un trato individual, se les impuso un tipo de derechos antidumping calculado, con arreglo a lo establecido en el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base (actualmente artículo 9, apartado 6, del Reglamento 2016/1036), como la media ponderada de los márgenes de dumping de los productores exportadores incluidos en la muestra, es decir, el 30,6 %. Ocho productores exportadores que habían cooperado presentaron solicitudes de examen individual, con arreglo al artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base (actualmente artículo 17, apartado 3, del Reglamento 2016/1036). Se decidió realizar un examen individual a uno solo de esos productores exportadores, ya que para la Comisión no era excesivamente complicado hacerlo. Ese productor exportador era con mucho el más importante de los ocho productores exportadores que solicitaron el examen individual. No obstante, tras la notificación de las conclusiones finales, resultó que ese productor exportador no había facilitado cierta información necesaria, de modo que las conclusiones relativas a ese productor exportador se basaron en los hechos disponibles, conforme al artículo 18 del Reglamento de base (actualmente artículo 18 del Reglamento 2016/1036). A ese productor exportador y a los productores exportadores que no habían cooperado en la investigación inicial se les impuso un tipo de derecho antidumping fijado utilizando el mayor margen de dumping observado en un producto representativo de un productor exportador que hubiera cooperado, es decir, el 69,7 %.
84

Como se desprende de los apartados 51 a 74 de la presente sentencia, el Tribunal de la Función Pública estaba obligado a declarar inadmisibles las pretensiones de anulación formuladas en primera instancia por ir dirigidas contra un acto que no era lesivo. Por lo tanto, el Tribunal de la Función Pública podía considerar, en el apartado 111 de la sentencia recurrida, que las pretensiones de indemnización del perjuicio material de los recurrentes, suponiendo que estuviesen estrechamente ligadas a sus pretensiones de anulación, debían ser desestimadas como consecuencia de la desestimación de estas últimas. Así pues, aun suponiendo que los recurrentes afirmasen fundadamente, en el marco de su primera alegación, que el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error al no admitir la existencia de una relación directa entre dichas pretensiones y las pretensiones de indemnización de su perjuicio material, no puede reprocharse al Tribunal de la Función Pública que desestimase estas últimas pretensiones.
203

No desvirtúa esta apreciación el hecho indicado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que el demandante no impugnó la resolución de 1 de octubre de 2014 por la que se prorroga la duración de su período de prácticas hasta el 15 de abril de 2015 debido a su ausencia por enfermedad durante su período inicial de prácticas. En efecto, un acto de trámite no puede ser objeto de recurso cuando consta que la ilegalidad de que adolece dicho acto puede invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra la decisión final de la que dicho acto constituye un acto de elaboración [véase el auto de 14 de mayo de 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Comisión, C‑477/11 P, no publicado,EU:C:2012:292, apartado 57 y jurisprudencia citada]. Pues bien, la resolución de 1 de octubre de 2014 constituye un acto de elaboración de la resolución de no nombrarlo funcionario con carácter definitivo y la infracción del artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto puede invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra dicha resolución firme, lesiva para el demandante, que este ha impugnado en el caso de autos.
39

No obstante, al considerar que la solución definitiva de la cuestión de la admisibilidad del recurso de los recurrentes, y en particular si el recurso se había interpuesto en un plazo razonable, en el sentido de la jurisprudencia relativa al derecho a la tutela judicial efectiva, no se deducía de las constataciones de hecho en las que se había basado la sentencia reexaminada, el Tribunal de Justicia estimó que no podía él mismo resolver definitivamente el litigio, en virtud del artículo 62 ter del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia decidió sobre las costas correspondientes al procedimiento de reexamen y devolvió el asunto al Tribunal General para que este apreciara, a la luz del conjunto de circunstancias específicas del asunto, el carácter razonable del plazo en el que los recurrentes habían interpuesto su recurso ante el Tribunal de la Función Pública (sentencia de reexamen, apartados 56 a 59).
78

A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia en el ámbito de la función pública, la responsabilidad de la Unión está supeditada a que concurran una serie de requisitos, a saber, la ilegalidad del comportamiento imputado a la institución, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio alegado. Estos tres requisitos son acumulativos, lo que implica que si no concurre alguno de ellos, no nace la responsabilidad de la Unión (sentencia de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros, C‑136/92 P, EU:C:1994:211, apartado 42; véanse, también, las sentencias de 16 de diciembre de 2010, Comisión/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, apartado 45 y jurisprudencia citada, y de 17 de mayo de 2017, PG/Frontex, T‑583/16, no publicada, EU:T:2017:344, apartado 97 y jurisprudencia citada).
1

El Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento financiero»), fue modificado en particular por el Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015 (DO 2015, L 286, p. 1), aplicable a partir del 1 de enero de 2016. Como los debates en el presente asunto han suscitado la cuestión de la versión del Reglamento financiero aplicable a los hechos, se hará también, en su caso, referencia a la versión del Reglamento financiero aplicable en el momento en que sucedieron los hechos imputados cuando se mencione el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 248, p. 1), en su versión aplicable en noviembre de 2008 y en febrero de 2009. El Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento n.o 966/2012 (DO 2012, L 362, p. 1), fue también modificado con efectos a partir del 1 de enero de 2016 por el Reglamento Delegado (UE) 2015/2462 de la Comisión, de 30 de octubre de 2015 (DO 2015, L 342, p. 7), mientras que cuando se produjeron los hechos imputados se aplicaba el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento n.o 1605/2002 (DO 2002, L 357, p. 1) (en lo sucesivo, cada uno de ellos, «Reglamento de aplicación»).