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80

A juicio de las demandantes, la decisión de 15 de diciembre de 2011 viola el principio de proporcionalidad al prohibirles participar en el procedimiento restringido controvertido a pesar de que se transmitió en plazo a la Comisión toda la información pertinente directamente relacionada con el objeto del contrato. En efecto, consideran que no podían presentar los informes de auditorías anuales de seguridad y protección exigidos por el anuncio de licitación correspondientes a los años 2009 y 2010 ya que las autoridades luxemburguesas no habían redactado tales informes y los informes «pre AOC» y «AOC Continuous Oversight Audit» no se correspondían con los exigidos por el anuncio de licitación. Precisan que la Comisión fue informada mediante un escrito de 25 de enero de 2012 de las autoridades luxemburguesas de que los informes antes mencionados de concesión y renovación del AOC no se correspondían con los exigidos por el anuncio de licitación en la medida en que sólo incluían cierta información relativa a la protección y que únicamente se redactaron informes específicos en materia de seguridad a partir de 2012. Por otra parte, las demandantes afirman que el objeto concreto del informe «pre AOC» no era evaluar la seguridad y la protección del operador y que del informe «AOC Continuous Oversight Audit» resulta que la auditoría anual correspondiente al año 2009 no se había concluido y que la correspondiente a 2010 no se había iniciado.
103

Sin embargo, es evidente que, aunque el período de validez del Reglamento no 314/2004 no estuviera limitado en el tiempo, si el período de validez de la Posición Común 2004/161 —que se entendía que dicho Reglamento aplicaba— no se prorrogaba en su totalidad o únicamente en lo que respecta a algunas de las personas afectadas, el Consejo y la Comisión derogarían el Reglamento no 314/2004 también con respecto a las personas afectadas. Ello se admite, en efecto, al menos implícitamente, en el apartado 31 del documento del Consejo 15114/05, antes citado.
57

Debe recordarse, no obstante, que esta disposición únicamente obliga a la OAMI a respetar el contenido de dicha resolución cuando ésta se haya dictado. Sin embargo, tal disposición no puede suponer una excepción al artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 207/2009, que prevé que los motivos de denegación absolutos enunciados en el apartado 1 de dicha disposición son aplicables aun cuando sólo existan en una parte de la Unión. Ahora bien, una interpretación del artículo 112, apartado 2, letra b), del Reglamento no 207/2009 según la cual la Sala de Recurso, cuando resuelve un recurso contra la denegación de una solicitud de registro por el examinador, por razón del carácter descriptivo y no distintivo de la marca solicitada, en el sentido del artículo 7, apartado l, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009, está obligada a realizar un análisis detallado del carácter distintivo del signo en todos los Estados miembros, aun cuando sea evidente que éste presente, en la percepción del público pertinente y para los productos y servicios contemplados por la solicitud de registro, carácter descriptivo en la lengua de un Estado miembro, desnaturalizaría el contenido de la norma establecida en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 207/2009.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso — Anulación o modificación por motivos surgidos después de dictada la resolución — Exclusión [Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 2] (véase el apartado 24)

2. Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 207/2009 [Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3] (véase el apartado 56)

3. Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3] (véanse los apartados 58 a 60 y 95 a 98)

4. Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca [Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 42, aps. 2 y 3] (véanse los apartados 73 y 74)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 3 de septiembre de 2012 (asunto R 2103/2010-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Nestlé Schöller GmbH & Co. KG y Lotte Co. Ltd.

Parte dispositiva

Fallo

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 3 de septiembre de 2012 (asunto R 2103/2010-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Nestlé Schöller GmbH & Co. KG y Lotte Co. Ltd.

2) La OAMI cargará con sus propias costas y con las de Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH.

3) Lotte Co. Ltd cargará con sus propias costas.
Dada la falta de similitud de los productos considerados, no existe para el público en general riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 sobre la marca comunitaria, entre el signo figurativo B cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «Gafas de sol ópticas» y «Prendas de vestir y calzado», comprendidos respectivamente en las clases 9 y 25 en el sentido del Arreglo de Niza, y la marca figurativa que representa dos alas extendidas, registrada anteriormente como marca internacional, que tiene efectos en particular en Alemania, en Austria, en el Benelux, en Bulgaria, en España, en Estonia, en Francia, en Grecia, en Hungría, en Italia, en Letonia, en Lituania, en Portugal, en la República Checa, en Rumanía, en Eslovaquia y en Eslovenia, que designa en concreto los productos comprendidos en la clase 14 que corresponden a la siguiente descripción: «Relojes, mecanismos de relojería, estuches de reloj, esferas de reloj, pulseras de reloj, suministros de relojería; cronómetros; cronógrafos; aparatos de cronometraje deportivo; relojes de péndulo, pequeños relojes y despertadores; aparatos cronométricos de toda clase, relojes-joya, joyería y bisutería; instalaciones horarias, dispositivos y paneles señalizadores de la hora». En la apreciación global del riesgo de confusión la falta de similitud de los productos considerados no se puede compensar por el hecho de que las marcas en conflicto sean similares o incluso idénticas, y ello cualquiera que sea el grado de conocimiento de éstas por los consumidores pertinentes.

Además, la notoriedad de la marca figurativa anterior en el sentido del artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento no se ha demostrado. En efecto, no obstante el uso constante a lo largo del tiempo, importante en los planos cuantitativo y cualitativo, de la marca compleja integrada por la marca anterior y la palabra «longines», es esa última palabra la que atrae la atención de los consumidores y permanece probablemente en su memoria, sin que se haya demostrado que una parte sustancial del público pertinente en uno o varios Estados miembros de la Unión en los que se ha reivindicado la notoriedad conocería igualmente la marca anterior como tal y la asociaría sin esfuerzo a los productos de relojería y a los cronómetros de la demandante, únicos a los que se refiere la reivindicación de notoriedad.

(véanse los apartados 84 y 121)
4.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos mencionados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 35)
1.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véanse los apartados 18 y 19)
7.

Se han impuesto multas a TP en varias decenas de casos, en particular por no haber cumplido dentro de plazo las condiciones para asegurar el acceso en materia de telecomunicaciones; por no haber ejecutado la oferta que define las condiciones marco de los acuerdos de acceso desagregado al bucle local y las instalaciones ligadas (oferta RUO [oferta de acceso desagregado de referencia]); por haber infringido la decisión que introducía el Bitstream Access [servicios de acceso de banda ancha]; por no haber presentado una instrucción sobre la llevanza de una contabilidad reglamentaria y una descripción del cálculo de los costes en el mercado de las llamadas procedentes de la red de TP; por no haber ejecutado la oferta marco de TP sobre el acceso en materia de telecomunicaciones concernientes a la conexión de las redes (oferta RIO [oferta de interconexión de referencia]) y por no haber divulgado el contenido de los acuerdos de acceso en materia de telecomunicaciones.
94

En lo referente al primer argumento, basado, en sustancia, en que la aplicación de una corrección financiera a tanto alzado en caso de irregularidades de controles concernientes a ingresos afectados carece de base jurídica y es arbitraria por tanto, hay que considerar que, aunque la República Italiana sólo se refiera expresamente al artículo 11 del Reglamento no 885/2006 (aplicable a la campaña 2006/2007), ese primer argumento debe apreciarse en relación con la normativa aplicable a las diferentes campañas consideradas, y en particular las disposiciones del Reglamento no 1663/95, derogado por el Reglamento no 885/2006. En ese sentido es preciso observar que, según resulta del cuadro de correspondencias contenido en el anexo V del Reglamento no 885/2006, las disposiciones del artículo 8 del Reglamento no 1663/95 corresponden a las del artículo 11 del Reglamento no 885/2006.
124

En segundo lugar, debe estarse de acuerdo con la Sala de Recurso en cuanto ha recordado que un elemento descriptivo de un signo podía, no obstante, constituir su elemento dominante o codominante si, por ejemplo, los demás elementos fueran igualmente descriptivos o parecieran igual de débiles o incluso más débiles. Al respecto, es cierto que el elemento «Forge de» tiene de por sí carácter descriptivo, en relación con las actividades en los sectores de la cuchillería y de los cubiertos desarrolladas por la coadyuvante. No obstante, contrariamente a lo que consideró la Sala de Recurso, dicho elemento no se halla «semánticamente supeditado al nombre “Laguiole”, que identifica la fragua específica de que se trata». En efecto, el elemento descriptivo del lugar —y de las actividades desarrolladas— no es preponderante en relación con el descriptivo de la naturaleza del establecimiento. En estas circunstancias, no es posible determinar un elemento dominante dentro de la denominación social Forge de Laguiole, íntegramente formada por elementos de carácter descriptivo, incluso genérico, en relación con las actividades y/o el lugar de establecimiento de la coadyuvante.
8

El 30 de noviembre de 2010 tuvo lugar una reunión entre los servicios de la Comisión y las autoridades españolas; en el punto cuarto del orden del día figuraba lo siguiente: «Pesquerías de caballa y merluza — reembolso de la sobrepesca estimada desde 2009 Bajo este asunto, la Dirección MARE C presentará sus estimaciones de la sobrepesca de la cuota española para estos dos recursos desde 2009, incluido también el problema de la asignación de esfuerzo. Dicha sobrepesca es significativa para ambos recursos. En estas condiciones, los servicios de la Comisión tienen forzosamente que aplicar las disposiciones del Reglamento [(CE) no 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008 y (CE) no 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 y (CE) no 1966/2006 (DO L 343, p. 1; en lo sucesivo, “Reglamento de Control”)] relativas a la deducción de cuotas, a saber, el artículo 105 del Reglamento […]. Nuestros servicios están dispuestos a discutir condiciones de reembolso con las autoridades españolas en base a estas disposiciones.»
12

A continuación, la Comisión declaró la existencia de una ayuda de Estado. En particular, en los considerandos 65 y 67 de la Decisión impugnada, la Comisión apreció que la medida controvertida tenía efectos similares a los de una medida fiscal y que eximía a los casinos a los que se aplicaba un precio de entrada inferior de una carga que deberían haber asumido si la imposición no hubiera sido discriminatoria. A su juicio, por tanto, la medida controvertida procuraba una ventaja a los casinos de los que se trataba, ya que debían soportar sobre sus ingresos totales respectivos una carga fiscal por persona inferior. Según el considerando 72 de la Decisión impugnada, el que el cliente se beneficiara igualmente del precio de entrada inferior no impedía que la medida procurara una ventaja a los casinos de que se trataba. Según los considerandos 73 y 74 de la Decisión impugnada, la práctica comercial consistente en ofrecer entradas gratis sobre las cuales los casinos debían no obstante abonar al Estado el 80 % del precio legal reforzaba la ventaja en cuestión. La Comisión se basó en diferentes elementos de prueba para indicar que esta práctica de la entrada gratuita no parecía ser excepcional entre los casinos beneficiarios de la ayuda. Del mismo modo, en el considerando 77 de la Decisión impugnada, la Comisión desestimó la alegación según la cual los casinos a los que se les aplicaba un precio de entrada superior tenían una ventaja. En efecto, sostuvo que esta alegación desconocía el hecho de que los casinos a los que se les aplicaba un precio de entrada inferior eran más atractivos para los clientes y el hecho de que los ingresos obtenidos por las entradas no eran sino una parte limitada de los ingresos totales de los casinos. Por otro lado, el casino de Salónica estaba sometido al régimen del precio de entrada inferior en virtud del Decreto legislativo no 2687/1953, que concede a las empresas que invierten capitales extranjeros el régimen más favorable concedido a las empresas nacionales (considerando 78 de la Decisión impugnada). Por otra parte, la Comisión desestimó, en los considerandos 79 y 80 de la Decisión impugnada, la alegación basada en la existencia de otras medidas fiscales y administrativas que compensaban las ventajas resultantes del precio de entrada inferior y concluyó la existencia de una ventaja.
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Ciertamente, es posible que la parte del público relevante antes mencionada no pronuncie el término «forever» exactamente de la misma manera que lo hacen las personas cuya lengua materna es el inglés. Sin embargo, la demandante no puede fundar alegación alguna sobre este extremo, ya que no cabe considerar que para poder pronunciar esa palabra de modo inteligible sean necesarios un profundo conocimiento del inglés o una aptitud particular.
33

Por lo que respecta a la alegación de la demandante basada en que todo desarrollo gráfico del logo de la marca se vería prohibido si el Tribunal General no admitiese que el mismo ha evolucionado, no puede prosperar. En efecto, no se trata, en el caso de autos, de cuestionar la posibilidad de que el titular de una marca la haga evolucionar gráficamente, sino de determinar si la demandante puede reivindicar la antigüedad de la marca nacional anterior. Pues bien, en esta materia, los criterios se establecieron con claridad en el artículo 34 del Reglamento no 207/2009 y deben ser objeto de una interpretación estricta, como se ha declarado en el apartado 18 anterior. En el caso de autos, no se cumple uno de los requisitos para reivindicar la antigüedad de la marca nacional anterior, previsto por el artículo 34 del Reglamento no 207/2009, a saber, la identidad de las marcas. Por tanto, la pretensión de la demandante no puede prosperar.
En el ámbito del Derecho de la competencia una actividad que, por su naturaleza, por las normas que la regulan y por su objeto, es ajena a la esfera de los intercambios económicos o se vincula al ejercicio de prerrogativas del poder público, no está sujeta a la aplicación de las normas sobre la competencia del Tratado. Sin embargo, en lo que atañe al ejercicio por un colegio profesional de su poder disciplinario, la existencia de tal prerrogativa no puede ofrecer un amparo absoluto frente a cualquier alegación de un comportamiento restrictivo de la competencia, dado que el ejercicio manifiestamente inapropiado de tal poder constituiría, en cualquier caso, una desviación de dicho poder.

No toda decisión de una asociación de empresas que restrinja la libertad de acción de las partes o de una de ellas está comprendida necesariamente en la prohibición del artículo 101 TFUE, apartado 1. En efecto, para aplicar esta disposición a un caso concreto, debe tenerse en cuenta en primer lugar el contexto global en que se adoptó la decisión de la asociación de empresas de que se trate y en el que produce sus efectos y, más en particular, sus objetivos. A continuación deberá examinarse si los efectos restrictivos de la competencia que resultan son inherentes a la consecución de dichos objetivos. En efecto, existen razones de interés general, en particular, el interés en el buen ejercicio de una profesión, que pueden justificar que no se aplique el artículo 101 TFUE, apartado 1, a determinadas restricciones a la competencia cuando resulten necesarias. En ese sentido, la actuación de un colegio profesional que agrupa a los farmacéuticos, una parte de los cuales, al menos, ejercen una actividad económica y pueden calificarse de empresas, debe situarse en el marco legal creado por el legislador y las autoridades administrativas, sin que el propio colegio tenga una potestad reglamentaria.

Por lo tanto, cuando ese colegio actúa sobre la base de una interpretación contraria al sentido literal de los textos, o incluso adopta la interpretación más restrictiva de los mismos, en el marco de una determinada estrategia, sus actuaciones no pueden quedar fuera del ámbito del artículo 101 TFUE, apartado 1, argumentando que son inherentes a la consecución de un objetivo legítimo. En efecto, no corresponde a un órgano representativo de personas privadas extender el ámbito de protección de la Ley en aras de la protección del interés de un grupo cuando el legislador ha trazado los límites de la protección ofrecida, permitiendo la posibilidad de una cierta competencia.

(véanse los apartados 37, 38, 40, 41 y 347)
Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Documentos originarios de un Estado miembro — Facultad del Estado miembro de solicitar a la institución la no divulgación de documentos — Obligación de la institución de no divulgarlos sin consentimiento previo

[Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 5]
3.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca denominativa INNOVATION FOR THE REAL WORLD [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 20 a 24, 32, 33, 37, 38 y 43)
Habida cuenta del tenor del artículo 61 del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, el control de legalidad que realiza el Tribunal sobre una resolución de la Sala de Recurso debe efectuarse con respecto a las cuestiones de derecho que se hayan suscitado ante ésta. Por consiguiente, la función del Tribunal no es examinar nuevos motivos invocados ante él ni volver a examinar las circunstancias de hecho a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, el examen de esos nuevos motivos y la admisión de esas pruebas serían contrarios al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, según el cual los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

Sin embargo, no cabe excluir la posibilidad de invocar sentencias nacionales por primera vez ante el Tribunal cuando no se trate de reprochar a la Sala de Recurso que no tuviera en cuenta hechos de una sentencia nacional en concreto, sino que infringiera una disposición del Reglamento no 6/2002 y se invoque la jurisprudencia nacional en apoyo de este motivo.

(véanse los apartados 37 y 63)
Al Derecho nacido del Tratado UE y del Tratado FUE, surgido de una fuente autónoma, por su propia naturaleza no se le puede oponer ninguna norma del Derecho nacional, sin que se cuestione el fundamento jurídico de la Unión misma. Por lo tanto, no puede invocarse válidamente una disposición nacional en apoyo de un recurso de anulación dirigido contra un acto de la Unión.

El artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza el derecho de propiedad. Este derecho no constituye, sin embargo, una prerrogativa absoluta. Del artículo 52, apartado 1, de dicha Carta se desprende que, para que sea conforme al Derecho de la Unión, una limitación del ejercicio del derecho de propiedad debe, en cualquier caso, cumplir tres requisitos. En primer lugar, la limitación debe estar establecida por la ley y tener una base legal. En segundo lugar, la limitación debe perseguir un objetivo de interés general, reconocido como tal por la Unión. En tercer lugar, la limitación no puede ser excesiva. Con respecto a este último requisito, por un lado, debe ser necesaria y proporcionada en relación con el objetivo perseguido y, por otro, el contenido esencial del derecho o libertad de que se trate debe ser respetado.

No cumple el primero de estos requisitos una decisión de ejecución de una decisión de inmovilización de fondos respecto de determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez que aplica un criterio distinto de los previstos en la decisión que constituye su base jurídica. Este es el caso de una decisión de ejecución que incluye el nombre del demandante entre las personas a las que se dirige la inmovilización de activos por estar siendo objeto de una investigación judicial por actividades realizadas en el marco de operaciones de blanqueo de capitales, mientras que la decisión de base impone la inmovilización de los activos de las personas responsables de malversación de fondos públicos, por cuanto, por una parte, no se ha probado que, con respecto al Derecho penal del Estado en cuestión, el concepto de malversación de fondos públicos abarque el de blanqueo de capitales y, por otra, la definición de blanqueo de capitales contenida en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2005/60, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, no se corresponde exclusivamente con las actividades que permiten ocultar el origen ilícito de activos resultantes de malversación de fondos públicos. Tal decisión de ejecución no puede considerarse establecida por la ley en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(véanse los apartados 75, 78 a 81, 91 y 93 a 96)