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que, si bien es cierto que los artículos 74 y 75 no prevén explícitamente en favor de la Comunidad una competencia en materia de celebración de acuerdos internacionales, la entrada en vigor, el 25 de marzo de 1969, del Reglamento (CEE) no 543/69 del Consejo, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (DO L 77, p. 49; EE 07/01, p. 116), produjo necesariamente el efecto de atribuir a la Comunidad la competencia para celebrar con los Estados terceros cualquier acuerdo relativo a la materia regulada por dicho Reglamento;
b)

Considerando que, a falta de una documentación justificativa, la demandada basó su evaluación de oficio en el consumo de energía eléctrica destinada a la producción y en la capacidad de los hornos de la empresa; que, en el transcurso de la fase escrita, la demandante se limitó a afirmar la inexactitud de los datos mencionados en las Decisiones impugnadas tanto respecto al consumo de energía eléctrica como respecto a la relación entre ésta y el consumo de chatarra, pero no aportó ninguna prueba en apoyo de sus alegaciones; que tan sólo, tras reiterados requerimientos del Tribunal de Justicia al respecto, Merlini presentó un registro incompleto y, en parte, hecho trizas, llamado «lectura de contadores», para intentar probar que una parte considerable de la energía eléctrica consumida se había utilizado con otros fines distintos a la producción de acero líquido; que, al mismo tiempo, presentó copia de un contrato mediante el cual había alquilado a otra empresa un gran horno a partir del 20 de octubre de 1956, con objeto de probar que una parte de la energía eléctrica consumida había sido utilizada por terceros; que, no obstante, las cantidades de energía eléctrica consumida reflejadas en el mencionado registro parecen, en conjunto, conformes si no superiores a las cantidades mencionadas por las Decisiones controvertidas; que la afirmación de que estas cantidades no corresponden a las cantidades efectivamente utilizadas para la producción de acero líquido se contradice con las respuestas, dadas por la propia demandante a los cuestionarios «Consumo B» relativos al consumo eléctrico destinado a la producción siderúrgica, enviadas a las «Industrie Siderurgiche Associate» (ISA) de Milán y en las que la Alta Autoridad basó en parte su evaluación; que la demandante explicó esta contradicción por un error cometido en el momento en que se rellenaron los cuestionarios, pero no ha podido aportar ningún elemento que pueda probar esta afirmación; que, además, consta por una parte que la cantidad de chatarra calculada por la demandada, basándose en el consumo de energía eléctrica, corresponde a la capacidad de los pequeños hornos de la empresa, excluyendo el gran horno de que se trata y, por otra parte, que en el momento de los controles de septiembre de 1958, los representantes de la Alta Autoridad fueron informados de que el mencionado gran horno nunca había estado en producción, lo cual les indujo a no tenerlo en cuenta en sus cálculos de la capacidad de la empresa; que, al haber solicitado el Tribunal de Justicia bien la presentación de las liquidaciones del consumo de electricidad hechas al arrendatario, o bien la presentación de documentos relativos al pago del alquiler, que se calcularía, conforme al contrato, en función del uso del gran horno, la demandante no fue capaz de presentar estas pruebas; que, por consiguiente, debe desestimarse este motivo de infracción.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 294/66

Auto del Tribunal General de 9 de junio de 2015 — Advansa y otros/Comisión

(Asunto T-283/14) (1)

((«Ayudas de Estado - Medidas adoptadas por Alemania en apoyo de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de empresas electrointensivas - Decisión de incoación del procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2 - Adopción de la decisión final con posterioridad a la interposición del recurso - Sobreseimiento»))

(2015/C 294/81)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandantes: Advansa GmbH (Hamm, Alemania), Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH (Ibbenbüren, Alemania), Aurubis AG (Hamburgo, Alemania), Cabb GmbH (Gersthofen, Alemania), CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (Bitterfeld-Wolfen, Alemania), CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG (Brunsbüttel, Alemania), Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Fráncfort del Meno, Alemania), Dow Olefinverbund GmbH (Schkopau, Alemania), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Stade, Alemania), Dralon GmbH (Dormagen, Alemania), Ems-Chemie (Neumünster) GmbH & Co. KG (Neumünster, Alemania), Hahl Filaments GmbH (Munderkingen, Alemania), ISP Marl GmbH (Marl, Alemania), Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen (Sulzbach, Alemania), Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter (Sulzbach), Nabaltec AG (Schwandorf, Alemania), Siltronic AG (Múnich, Alemania), Trevira GmbH (Bobingen, Alemania), Wacker Chemie AG (Múnich) y Westfalen Industriegase GmbH (Münster, Alemania) (representantes: C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer y T. Woltering, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: T. Maxian Rusche y R. Sauer, agentes, asistidos por C. von Donat y G. Quardt, abogados)

Objeto

Pretensión de anulación parcial de la Decisión C(2013) 4424 final de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, de incoación del procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, en relación con las medidas adoptadas por la República Federal de Alemania en apoyo de la electricidad procedente de fuentes renovables y de los grandes consumidores de energía [Ayuda de Estado SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Fallo

1) Sobreseer el presente recurso.

2) No procede ya pronunciarse sobre la demanda de intervención presentada por el Órgano de Vigilancia de la AELC.

3) Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, Cabb GmbH, CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dow Olefinverbund GmbH, Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dralon GmbH, Ems-Chemie (Neumünster) GmbH & Co. KG, Hahl Filaments GmbH, ISP Marl GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG, Trevira GmbH, Wacker Chemie AG y Westfalen Industriegase GmbH cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

4) El Órgano de Vigilancia de la AELC cargará con sus propias costas.

(1) DO C 223, de 14.7.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 48/98

Auto del Tribunal de la Función Pública (Juez único) de 18 de diciembre de 2015 — De Nicola/BEI

(Asunto F-128/11) (1)

((Función pública - Personal del BEI - Evaluación - Informe de evaluación 2010 - Impugnación - Procedimientos internos - Requisitos - Desistimiento - Recurso - Interés en interponer el recurso - Inexistencia - Plazo razonable - Incumplimiento - Inadmisibilidad manifiesta))

(2016/C 048/112)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburgo) (representante: L. Isola, abogado)

Demandada: Banco Europeo de Inversiones (representantes: G. Nuvoli y T. Gillians, agentes, A. Dal Ferro, abogado)

Objeto

El recurso tiene por objeto, en primer lugar, la anulación de los correos electrónicos y de las decisiones del BEI relativos al procedimiento administrativo en el marco de la apreciación de sus prestaciones en el año 2010, en segundo lugar, la anulación de la decisión del Presidente del BEI de no incoar el procedimiento amistoso ante la comisión de conciliación, en tercer lugar, la anulación de la apreciación anual del demandante para el año 2010 en la medida en que no le atribuye la calificación «exceptional performance» o «very good performance» y no le propone una promoción a un puesto de nivel D y, por último, la pretensión de que se condene al BEI a indemnizarle el perjuicio moral y material sufrido.

Fallo

1) Declarar el recurso manifiestamente inadmisible.

2) El Sr. De Nicola cargará con sus propias costas y con las costas del Banco Europeo de Inversiones.

(1) DO C 65 de 3.3.2012, p. 21.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 48/91

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Juez único) de 18 de diciembre de 2015 — De Nicola/BEI

(Asunto F-9/14) (1)

((Función pública - Personal del BEI - Evaluación - Informe de evaluación de 2012 - Ilegalidad de la resolución del Comité de Recursos - Sobreseimiento))

(2016/C 048/102)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburgo) (representante: L. Isola, abogado)

Demandada: Banco Europeo de Inversiones (representantes: G. Nuvoli y F. Martin, agentes, A. Dal Ferro, abogado)

Objeto

Pretensión, por una parte, de anulación del informe de calificación de las prestaciones de la parte demandante del ejercicio 2012, en los apartados «apreciación», «evaluación» y «fijación de los objetivos para el año 2013» y, en la medida en que la parte demandante no es propuesta para la promoción a la función D; por otra parte, pretensión de anulación o de declaración de no aplicabilidad de la nota al personal no 722, de 5 de diciembre de 2012, y de la guía sobre el procedimiento de evaluación del personal para el ejercicio 2012, y, por otra parte, pretensión de declaración de la existencia de un acoso psicológico del que ha sido víctima. Por último, pretensión de condena al BEI al pago de una indemnización por el perjuicio moral y el daño material sufridos.

Fallo

1) Anular la resolución del Comité de Recursos del Banco Europeo de Inversiones de 23 de octubre de 2013.

2) No procede pronunciarse sobre las pretensiones dirigidas a que se anule el informe de evaluación correspondiente al año 2012 y todos los actos conexos, consecutivos y previos.

3) Desestimar el recurso en todo lo demás.

4) El Banco Europeo de Inversiones cargará con sus propias costas y con las del Sr. De Nicola.

(1) DO C 212 de 7.7.2014, p. 44.
—

Que se anule la decisión adoptada por el tribunal del concurso de la EPSO de no admitir al demandante a la segunda fase del concurso general EPSO/AST/1 17/11 — Assistants in the secretarial field (AST 1), por no reunir supuestamente los requisitos de admisión previstos en la sección III de la convocatoria del concurso general EPSO/AST/117/11 y, en particular, por no estar en posesión de un título de fin de estudios que sancione un nivel de enseñanza superior en el ámbito de la secretaría o, con carácter alternativo, de un título de fin de estudios que dé acceso a la enseñanza superior complementado por una experiencia profesional de una duración mínima de tres años en el ámbito de la secretaría, tal como se describe en el título I de la convocatoria del concurso.
—

Con carácter subsidiarios, en caso de que no se estime la demanda principal, quod non, abonarle una cantidad fijada provisionalmente y ex aequo et bono en 50 000 euros.
—

Con carácter subsidiario, en el supuesto de que no se estime la pretensión principal, quod non, que se le abone un importe, fijado provisionalmente y ex aequo et bono en 20 000 euros en concepto de reparación del daño material, incrementado en los intereses de demora al tipo legal aplicable en la fecha en que se dicte sentencia.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 134/55

Recurso interpuesto el 10 de marzo de 2010 — M. Almeida Campos y otros/Consejo

(Asunto F-16/10)

2010/C 134/92

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: M. Almeida Campos (Bruselas) y otros (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y É. Marchal, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Objeto y descripción del litigio

Anulación de las decisiones de no promover a los demandantes al grado AD 12 en el ejercicio de promoción 2009, y en la medida en que resulte necesario, de las decisiones de promover a dicho grado, en el mismo ejercicio de promoción, a los funcionarios cuyos nombres están recogidos en las listas de promovidos publicadas en la CP no 97/09, de 27 de abril de 2009 y en la CP no 93/09, de 13 de mayo de 2009.

Pretensiones de las partes demandantes

— Que se anulen las decisiones de no promover a los demandantes al grado AD 12 en el ejercicio de promoción 2009.

— En la medida en que resulte necesario, que se anulen las decisiones de promover a dicho grado, en el mismo ejercicio de promoción, a los funcionarios cuyos nombres están recogidos en las listas de promovidos publicadas en la CP no 97/09, de 27 de abril de 2009 y en la CP no 93/09, de 13 de mayo de 2009.
—

Que se condene a la AFPN a pagarle al demandante una cantidad fijada ex aequo et bono en 150 000 euros, en concepto de reparación del perjuicio moral, más los intereses de demora al tipo de interés legal a partir de la fecha en la que resulte exigible, así como una cantidad fijada ex aequo et bono en 50 000 euros, en concepto de reparación del perjuicio profesional, más los intereses de demora al tipo de interés legal a partir de la fecha en la que resulte exigible.
—

Que se anule la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 3 de diciembre de 2007, por la que se desestima la reclamación presentada por el demandante el 8 de agosto de 2007, así como la resolución no PERS-01-07, relativa a la atribución de los puntos de promoción en el marco del ejercicio de promoción 2003, la resolución ADM-07-17 por la que se aclara la resolución ADM-03-35 relativa a la carrera y la promoción de los funcionarios y agentes temporales, y el escrito de 15 de junio de 2007, titulado «Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority».
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 8/32

Recurso interpuesto el 31 de octubre de 2007 — Vinci/Banco Central Europeo

(Asunto F-130/07)

(2008/C 8/58)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Fiorella Vinci (Schöneck, Alemania) (representante: B. Karthaus, abogado)

Demandada: Banco Central Europeo

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare la nulidad de la inclusión del escrito de la demandada, de 5 de marzo de 2007, (07) 139a H KK7bk HEAL y del escrito de 5 de marzo de 2007 (07) 139b H KK/bk HEAL, así como del archivo del «medical certificate» del Dr. Schön, de 24 de abril de 2007, en el expediente personal y del resultado del reconocimiento de la Deutsche Klinik für Diagnostik relativo al estado de salud de la demandante, de 2 de abril de 2007, en el expediente médico.

— Que se declare la nulidad de la resolución de la demandada, de 3 de septiembre de 2007, (07) 772 PSR JMC/cc APPE, mediante la que ésta se niega a borrar los datos personales contenidos en los documentos citados en el apartado 1.

— Que se declare la nulidad de la orden de la demandada, de 5 de marzo de 2007, de que la demandante se sometiera a un reconocimiento médico.

— Que se condene a la demandada a pagar 10 000,00 euros a la demandante.

— Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su primera pretensión, la demandante solicita que se declare que es nula la inclusión de los documentos allí citados en su expediente personal o en el expediente médico, registrado de forma separada. La segunda pretensión está dirigida a que se declare nula la negativa de la demandada a borrar los datos personales obtenidos de manera ilícita. Como fundamento alega que la staff rule 5.13.4 del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «BCE») se opone a la obtención y al archivo de datos médicos al no autorizar, por una parte, el tratamiento de las categorías de datos personales indicados en el artículo 10 del Reglamento no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2002, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo, «Reglamento no 45/2001»), y al no prever, por otra parte, finalidad alguna que haga necesario el tratamiento.

Mediante la tercera pretensión se solicita la nulidad de la decisión de la Comisión de 5 de marzo de 2007, mediante la que se ordenó que la demandante se sometiera a un reconocimiento médico. La demandante basa la nulidad en la excepción de desviación de poder, así como en el incumplimiento de disposiciones esenciales de forma que resultan de la staff rule 5.13.4. Ésta establece que únicamente se autoriza al «medical adviser» creado en el BCE, y no a superiores directos de la demandante, ordenar medidas médicas adicionales, como, por ejemplo, reconocimientos.

Además, se pretende la reparación del daño moral que la demandante sufrió supuestamente debido a que tuvo que someterse a un reconocimiento médico extenso sin que existiera para ello fundamento jurídico suficiente.
Pese a ser cierto que, al recurrir contra la decisión de no incluirlo en la lista de reserva, un candidato en una oposición tiene derecho a invocar las irregularidades producidas en el desarrollo de la oposición, incluidas aquellas cuyo origen pueda hallarse en el propio texto de la convocatoria de oposición, lo que incluye la guía que es parte integrante de esa convocatoria de oposición, no es menos cierto que, cuando no exista un estrecho vínculo entre la propia motivación de la decisión impugnada y la alegación basada en la ilegalidad de la convocatoria de oposición, o de la guía que forma parte de ella, no impugnada dentro de plazo, procede declarar la inadmisibilidad de esa alegación.

(véase el apartado 62)

Tribunal de la Función Pública: sentencias de 23 de enero de 2013, Katrakasas/Comisión, F‑24/11, EU:F:2013:4, apartado 71, y de 21 de marzo de 2013, Taghani/Comisión, F‑93/11, EU:F:2013:40, apartado 38
A tenor del artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, cuando, en todo o en parte, el recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal de la Función Pública podrá resolver mediante auto motivado sin continuar el procedimiento.

En particular, la desestimación del recurso mediante auto motivado, adoptada con arreglo al artículo 81 del Reglamento de Procedimiento, no sólo contribuye a la economía procesal, sino que también ahorra a las partes los gastos que les supondría la celebración de una vista, en el caso de que, tras la lectura de los autos, el Tribunal de la Función Pública, por considerarse suficientemente instruido por los documentos que obran en ellos, tenga el absoluto convencimiento de que el recurso es manifiestamente inadmisible o de que carece manifiestamente de fundamento jurídico alguno y considere, además, que la celebración de una vista no puede ofrecer elementos nuevos que puedan disipar tal convencimiento.

(véanse los apartados 15 y 16)

Tribunal de la Función Pública: auto Mészáros/Comisión, F‑22/13, EU:F:2014:189, apartado 39, y la jurisprudencia citada
En virtud del artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, cuando, en todo o en parte, el recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal podrá resolver mediante auto motivado sin continuar el procedimiento.

En particular, la desestimación de una demanda mediante auto motivado dictado de conformidad con el artículo 81 del Reglamento de Procedimiento, no sólo contribuye a la economía procesal, sino que ahorra igualmente a las partes los gastos derivados de la celebración de una vista, cuando, tras leer los autos de un asunto, el Tribunal, estimándose suficientemente informado por los documentos que obran en autos, se halla totalmente convencido de la inadmisibilidad manifiesta de la demanda o de que carece manifiestamente de fundamento jurídico alguno y considera, por lo demás, que la celebración de una vista no permitiría obtener ningún dato nuevo que pudiera influir en su convencimiento.

(véanse los apartados 14 y 15)

Tribunal de la Función Pública: autos de 10 de julio de 2014, Mészáros/Comisión, F‑22/13, EU:F:2014:189, apartado 39, y de 23 de abril de 2015, Bensai/Comisión, F‑131/14, EU:F:2015:34, apartado 28
Así pues, del compromiso expresado en una propuesta de bonificación no se deriva ni una nueva obligación que recaiga en la institución en cuestión ni, por consiguiente, una modificación de la situación jurídica del interesado, en especial porque, incluso cuando el interesado da su consentimiento a la transferencia al régimen de pensiones de la Unión de los derechos a pensión adquiridos por él en otro régimen, la institución que formula la proposición no tiene la obligación correlativa, una vez efectuada la transferencia del importe del capital anunciado por el régimen de pensiones nacional, de reconocer automáticamente al interesado el número de anualidades indicadas en su propuesta inicial, a la vista de la cual el funcionario confirmó su voluntad de transferir dicho capital al régimen de pensiones de la Unión.

A este respecto, en la fase en que se formula la propuesta de bonificación de derechos a pensión, la institución de que se trate se compromete simplemente a aplicar correctamente a la situación del interesado el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto y las disposiciones generales de aplicación. Esta obligación de la institución se deriva directamente de las disposiciones estatutarias de que se trata, incluso cuando no exista un compromiso expreso por parte de la institución.

En el procedimiento de transferencia de los derechos a pensión regulado en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, es la decisión que adopte, según los casos, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad facultada para proceder a la contratación, una vez realizada efectivamente la transferencia del capital que representa los derechos a pensión adquiridos por el interesado antes de su entrada en funciones al servicio de la Unión, lo que constituye el acto lesivo que puede ser objeto de recurso con arreglo al artículo 270 TFUE y al artículo 91, apartado 1, del Estatuto. En cambio, una propuesta de bonificación de derechos a pensión, aunque haya sido aceptada por el interesado, no es un acto que pueda ser objeto de recurso con arreglo al artículo 270 TFUE y al artículo 91, apartado 1, del Estatuto.

Con arreglo al principio de economía procesal, el juez de la Unión puede decidir que no procede pronunciarse específicamente sobre las pretensiones dirigidas contra la decisión desestimatoria de la reclamación cuando constate que dichas pretensiones están desprovistas de contenido autónomo y, en realidad, se confunden con las dirigidas contra el acto impugnado en la reclamación. Éste puede ser el caso, en particular, cuando constate que la decisión desestimatoria de la reclamación se limita a confirmar el acto impugnado en la reclamación y que, además, tal acto no constituye un acto lesivo en el sentido del artículo 90 del Estatuto.

(véase el apartado 43)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 21 de septiembre de 2011, Adjemian y otros/Comisión, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, apartado 33

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 19 de noviembre de 2014, EH/Comisión, F‑42/14, EU:F:2014:250, apartado 85