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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 14 a 14 ter de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO 2009, L 302, p. 32), en su versión modificada por la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 (DO 2014, L 257, p. 186; corrección de errores en DO 2016, L 52, p. 37) (en lo sucesivo, «Directiva 2009/65»), del artículo 13, apartado 1, y del anexo II, puntos 1 y 2, de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 1095/2010 (DO 2011, L 174, p. 1), y del artículo 2, apartado 2, punto 5, del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DO 2017, L 87, p. 1).
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Mediante resolución de 2 de septiembre de 2020, el Amtsgericht Bremen (Tribunal de lo Civil y Penal de Bremen) desestimó el recurso y remitió el asunto al órgano jurisdiccional remitente, el Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Bremen, Alemania), declarando que, dado que los sobrinos del causante no habían renunciado a la herencia del causante dentro del plazo establecido, se consideraba que habían aceptado la herencia. A juicio de ese tribunal, para que la declaración relativa a la renuncia a la herencia sea válida, no basta que el órgano jurisdiccional alemán competente sea simplemente informado de la declaración de renuncia realizada ante el tribunal neerlandés de que se trata, ni que se le envíe copia de las actas relevantes, sino que es preciso que disponga de las actas originales relevantes. Sin embargo, según el referido tribunal, estas no le fueron presentadas hasta después de expirado el plazo de seis meses previsto en el artículo 1944, apartado 3, del BGB.
«(9)

Aunque los objetivos y principios de la Directiva [95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31)] siguen siendo válidos, ello no ha impedido que la protección de los datos en el territorio de la Unión se aplique de manera fragmentada, ni la inseguridad jurídica ni una percepción generalizada entre la opinión pública de que existen riesgos importantes para la protección de las personas físicas, en particular en relación con las actividades en línea. Las diferencias en el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas físicas, en particular del derecho a la protección de los datos de carácter personal, en lo que respecta al tratamiento de dichos datos en los Estados miembros pueden impedir la libre circulación de los datos de carácter personal en la Unión. Estas diferencias pueden constituir, por lo tanto, un obstáculo al ejercicio de las actividades económicas a nivel de la Unión, falsear la competencia e impedir que las autoridades cumplan las funciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. Esta diferencia en los niveles de protección se debe a la existencia de divergencias en la ejecución y aplicación de la Directiva [95/46].
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El artículo 133 de la Directiva del IVA dispone lo siguiente: «Los Estados miembros podrán subordinar, caso por caso, la concesión a entidades que no sean de Derecho público de cada una de las exenciones enunciadas en las letras b), g), h), i), l), m) y n) del apartado 1 del artículo 132, al cumplimiento de una o de varias de las condiciones siguientes: a) los organismos de que se trate no deberán tener por objeto la consecución sistemática de beneficios, no pudiéndose distribuir en ningún caso los posibles beneficios, que deberán destinarse al mantenimiento o a la mejora de las prestaciones suministradas; b) estos organismos deberán ser gestionados y administrados, con carácter esencialmente filantrópico, por personas que no tengan, por sí mismas o por personas interpuestas, ningún interés directo ni indirecto en los resultados de la explotación; c) estos organismos deberán aplicar unos precios autorizados por las autoridades públicas o que no sean superiores a dichos precios o, por lo que se refiere a las actividades no susceptibles de autorización de precios, unos precios inferiores a los exigidos para operaciones análogas por las empresas comerciales sujetas al IVA; d) las exenciones no deberán ser capaces de provocar distorsiones de la competencia en perjuicio de las empresas comerciales sujetas al IVA. […]»
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El anexo X del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO 2003, L 236, p. 33), lleva por título «Lista contemplada en el artículo 24 del Acta de adhesión: Hungría». El capítulo 3 de este anexo, titulado a su vez «Libre circulación de capitales», dispone lo siguiente en su punto 2: «No obstante las obligaciones establecidas en los Tratados en los que se basa la Unión Europea, Hungría podrá mantener en vigor durante un período de siete años a partir de la fecha de la adhesión las prohibiciones establecidas en su legislación vigente en el momento de la firma de la presente Acta sobre la adquisición de tierras agrícolas por personas físicas no residentes en Hungría o no nacionales de este país y por personas jurídicas. En lo que respecta a la adquisición de tierras agrícolas, los nacionales de los Estados miembros o las personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación de otro Estado miembro no recibirán en ningún caso un trato menos favorable que en la fecha de la firma del Tratado de Adhesión. […] Los nacionales de otro Estado miembro que deseen establecerse como agricultores autónomos y que hayan residido legalmente y desempeñado una actividad agrícola en Hungría durante un período ininterrumpido de tres años como mínimo no estarán sometidos a lo dispuesto en el párrafo anterior ni a ninguna otra norma ni procedimiento distinto del aplicado a los nacionales de Hungría. […] Si se acreditase suficientemente que, al expirar el período de transición, fuesen a producirse perturbaciones graves o amenazas de perturbaciones graves en el mercado de tierras agrícolas de Hungría, la Comisión [Europea], si así lo solicita Hungría, decidirá sobre la ampliación del período transitorio hasta un máximo de tres años.»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18; corrección de errores en DO 2012, L 247, p. 17).
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De ello se deduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar en el auto recurrido que, aun suponiendo que la recurrente hubiera estado efectivamente presente en las oficinas del SEAE, esta no había cumplido los requisitos exigidos por los artículos 21 y 55 del Estatuto, debido a que había manifestado su intención de no trabajar en la división, que, por lo tanto, no podía reprocharse al SEAE el haber estimado que la recurrente se encontraba en una situación de ausencias injustificadas y que, dado que las ausencias consideradas por el SEAE no habían sido previamente autorizadas por los superiores jerárquicos de la recurrente, el SEAE podía, de conformidad con el artículo 60 del Estatuto, practicar una retención sobre la retribución correspondiente a 72 días naturales.
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Procede comprobar a la luz de los principios que acaban de recordarse si, en relación, en particular, con el objetivo perseguido por las normas de competencia establecidas en el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2201/2003, un demandante como OE, que reside habitualmente en el territorio de un Estado miembro distinto del de su nacionalidad y que inicia un procedimiento de disolución del vínculo matrimonial ante los tribunales de dicho Estado miembro, se encuentra en una situación que no es comparable a la de un demandante nacional de ese Estado miembro, de tal forma que no resulta contrario al principio de no discriminación exigir al primero haber residido durante un período más largo en el territorio del mismo Estado miembro antes de poder interponer su demanda.
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Por otra parte, ha de señalarse que, como se desprende de la página 32 del Informe sobre el Convenio de Bruselas elaborado por el Sr. Jenard (DO 1979, C 59, p. 1; versión en español en DO 1990, C 189, p. 122), el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 1215/2012 tiene por objeto conceder al asegurador el derecho a demandar al asegurado, como tercera parte en el procedimiento entre él y la persona perjudicada, con el fin de suministrarle un arma contra el fraude y para evitar que diferentes órganos jurisdiccionales dicten sentencias contradictorias. De ello se desprende que, cuando la persona perjudicada ha ejercitado una acción por daños y perjuicios directamente contra el asegurador y este no ha demandado al asegurado de que se trate, el órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción no podrá basarse en la mencionada disposición para reconocerse competente con respecto a este último.
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En apoyo de su resolución, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) declaró, en particular, que Randstad, que «fue excluida del procedimiento de adjudicación del contrato por no haber superado la “prueba de resistencia” del umbral mínimo que debía alcanzar la puntuación atribuida en la oferta técnica mediante la comparación por parejas y que no logró demostrar la irregularidad del procedimiento de adjudicación del contrato por lo que respecta a la atribución de esa puntuación, no solo […] carece de cualificación para participar en dicho procedimiento, sino también de legitimación para impugnar los resultados del mismo con arreglo a otros aspectos, puesto que tiene un mero interés de hecho, análogo al de cualquier otro operador económico del sector que no hubiera participado en el procedimiento de adjudicación del contrato».
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En efecto, por una parte, esta modalidad de pago no modifica el importe de la remuneración que se supone que obtendrá el sujeto pasivo o que puede realmente cobrar. En estas circunstancias, la base imponible no varía y la Administración tributaria no percibe, en concepto de IVA, un importe superior al correspondiente a la retribución del sujeto pasivo. Por otra parte, dado que, antes de la fecha de vencimiento de cada tramo de honorarios, este no es exigible, esta situación no puede asimilarse a una situación en la que el beneficiario de la prestación solo satisface de modo parcial el crédito que debe.
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Según el recurrente, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, es preciso no aplicar la jurisprudencia relativa al Estatuto a situaciones como la que es objeto del presente asunto, en particular habida cuenta de que los funcionarios de la Unión tienen un estatuto distinto del de los miembros del personal de la Unión que no tienen la condición de funcionarios. En el caso del recurrente, esa diferencia de estatuto se deduce claramente del hecho de que, inicialmente, solo fue contratado por períodos determinados. La aplicación de la lógica jurídica del artículo 46 del Estatuto, que —a su juicio— tiene por objeto garantizar la mayor continuidad posible en la evolución de la antigüedad y del salario, no se adapta a los miembros del personal no funcionarios, debido a que están comprendidos en un estatuto diferente. Según el recurrente, tal finalidad de la citada disposición constituye una consideración puramente económica para los miembros del personal afectados. En cualquier caso, no se trata de una justificación adecuada, en el sentido del artículo 52, apartado 2, de la Carta.
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Además, por lo que respecta a la alegación de la Comisión de que casi todas las disposiciones del Acuerdo de Asociación con Armenia se refieren a ámbitos no vinculados a la PESC, el Consejo observa que el criterio relativo al tamaño del título II no guarda relación con la finalidad o el contenido de las medidas adoptadas, de modo que no puede ser determinante para la elección de la base jurídica de la acción de la Unión. En particular, dicho criterio carece de pertinencia a efectos de apreciar la relación entre las disposiciones de que se trata y las demás partes del Acuerdo.
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En cambio, cuando los bienes adquiridos o los servicios obtenidos por el sujeto pasivo tengan relación con operaciones exentas o que no estén comprendidas en el ámbito de aplicación del IVA, no podrá percibirse el impuesto repercutido ni deducirse el impuesto soportado (véanse, en ese sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C‑132/16, EU:C:2017:683, apartado 30, y de 3 de julio de 2019, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, C‑316/18, EU:C:2019:559, apartado 24).
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Carecen de pertinencia para decidir si una infraestructura debe calificarse de «instalación de servicio», por un lado, la calificación que se atribuya a dicha instalación en un contrato de arrendamiento y, por otro lado, el hecho de que esa infraestructura figure o no en la declaración sobre la red a que se refiere el artículo 27 de la Directiva 2012/34. Este documento deja constancia de varios datos relativos a las características de la infraestructura puesta a disposición de las empresas ferroviarias y precisa, en particular, tal como se indica en su apartado 2, las condiciones de acceso a las instalaciones de servicio relacionadas con la red del administrador de infraestructuras, y para la prestación de servicios en dichas instalaciones. No obstante, ni de esta disposición ni del anexo IV de esa Directiva, que detalla el contenido de la declaración sobre la red, se desprende que la inclusión de una infraestructura en ese documento constituya un requisito necesario para que tal infraestructura sea calificada de «instalación de servicio» en el sentido del artículo 3, punto 11, de la referida Directiva. En efecto, si bien dicho artículo 27 obliga a indicar, en la declaración sobre la red, las instalaciones de servicio existentes, no puede sostenerse que una omisión a este respecto pueda tener como efecto poner en entredicho la existencia de tal instalación de servicio.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1821 de la Comisión, de 6 de octubre de 2016 (DO 2016, L 294, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»), en particular de las partidas 3924 y 4419 de dicha nomenclatura, y la regla 3 de las reglas generales para la interpretación de esta (en lo sucesivo, «reglas generales para la interpretación de la NC»).
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A este respecto, de la génesis del Reglamento n.o 2201/2003 se desprende que el legislador de la Unión quiso establecer una normativa estricta en lo que respecta a las sustracciones de menores en el interior de la Unión, pero que no pretendió someter a dicha normativa las sustracciones de menores con traslado a un Estado tercero, sustracciones que debían estar cubiertas, en particular, por convenios internacionales como el Convenio de La Haya de 1980, que ya estaba en vigor en todos los Estados miembros en la fecha de la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental derogando el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 y modificando el Reglamento (CE) n.o 44/2001 en materia de alimentos, presentada por la Comisión el 3 de mayo de 2002 [COM(2002) 222 final (DO 2002, C 203 E, p. 155)] (en lo sucesivo, «propuesta de Reglamento»), origen del Reglamento n.o 2201/2003 y del Convenio de la Haya de 1996, al cual muchos Estados miembros aún no habían podido adherirse en esa fecha.
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El artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el artículo 11, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que no puede ser invocado por una sociedad que, en contraprestación por los servicios prestados a una persona directamente perjudicada por un accidente de tráfico, relativos a los daños causados por el accidente, haya adquirido de esta el crédito por la indemnización debida en virtud del contrato de seguro, a fin de reclamar el pago a la entidad aseguradora del causante del accidente, pese a no ejercer una actividad profesional en el ámbito de la tramitación de tales reclamaciones.
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Aun cuando el Tribunal de Justicia ya ha delimitado, en repetidas ocasiones y teniendo en cuenta las exigencias de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, la manera en que el juez nacional debe garantizar la protección de los derechos que esta Directiva confiere a los consumidores, no es menos cierto que, en principio, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual y que, por consiguiente, corresponde a cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal, establecer en su ordenamiento jurídico interno tales procedimientos, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que los que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que no hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el Derecho de la Unión (principio de efectividad) (véase, en particular, la sentencia de 26 de junio de 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, apartados 45 y 46 y jurisprudencia citada).
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El artículo 44 de la mencionada Ley disponía: «1. Todo participante en el procedimiento podrá presentar recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] invocando la ilicitud de la resolución [del CNPJ], salvo que se disponga lo contrario en otras disposiciones […]. 1 bis. En casos individuales relativos al nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], se podrá interponer recurso ante el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia)]. En estos casos no cabrá recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)]. El recurso ante el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] no podrá fundarse en un motivo basado en la incorrecta valoración del cumplimiento por parte del candidato de los criterios tomados en consideración al decidir sobre la presentación de la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)]. 1 ter. Cuando la resolución a la que se refiere el artículo 37, apartado 1, no haya sido impugnada por todos los participantes en el procedimiento, en casos individuales de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], la resolución adquirirá firmeza en la parte relativa a la decisión de presentar la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], así como en la parte relativa a la decisión de no presentar dicha propuesta, con respecto a los participantes en el procedimiento que no hayan impugnado dicha resolución. […] 4. En casos individuales relativos al nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], la anulación por el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] de la resolución [del CNPJ] relativa a la no presentación de la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] equivaldrá a la admisión en el procedimiento de la candidatura del participante que haya interpuesto recurso, para cubrir el cargo vacante de juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] con respecto al cual, en la fecha en la que se dicta la sentencia del [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)], el procedimiento ante [el CNPJ] no haya finalizado, o, en caso de ausencia de dicho procedimiento, para cubrir la próxima vacante de juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] que se publique.»
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En el presente caso, en el marco de su recurso en primera instancia, WDFG reprochó a la Comisión, fundamentalmente, no haber efectuado una distinción entre las adquisiciones de participaciones en sociedades no residentes que implican una toma de control y las demás adquisiciones de participaciones para declarar que la aplicación de la medida controvertida a las primeras no implicaba la calificación de ayuda de Estado. A este respecto, el Tribunal General recordó, en el apartado 212 de la sentencia recurrida, que, por lo que se refiere a la justificación de la diferencia establecida por la medida en cuestión, la prueba de esa justificación incumbe al Estado miembro de que se trate, a quien corresponde también adaptar el contenido o las condiciones de aplicación de esta medida si queda de manifiesto que solo es parcialmente justificable. Pues bien, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al concluir, en el apartado 214 de la sentencia recurrida, que, aun suponiendo que el examen de la Comisión, en el marco del procedimiento de investigación formal, del supuesto de las adquisiciones de participaciones mayoritarias hubiera sido objeto de conversaciones específicas entre esa institución y el Reino de España sobre la base de solicitudes documentadas presentadas por este, debía en cualquier caso rechazarse la imputación de WDFG en las circunstancias de ese asunto.
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De ello se sigue que, si resultara que se había considerado erróneamente que Capricorn contaba con una financiación confirmada para su oferta, pese a que, en realidad, no se daba tal caso, esta circunstancia pondría en entredicho, en particular, el carácter no discriminatorio del procedimiento de licitación, por cuanto demostraría que Capricorn había recibido un trato preferente en virtud del cual su oferta no resultó excluida, a diferencia de lo ocurrido con al menos otro licitador que no pudo aportar pruebas de una financiación confirmada de su oferta.