2

Los antecedentes del litigio se expusieron como sigue en los apartados 1 a 22 del auto recurrido: «1 La recurrente, PLANET AE Anonymi Etaireia Parohis Symvouleftikon Ypiresion, es una sociedad de asesoramiento en gestión de empresas y de proyectos. Mantiene relaciones de colaboración con diversas entidades internacionales y europeas, entre ellas la Comisión [...], en el sector de asesoramiento en estrategia comercial, informática y gestión de proyectos. 2 El presente asunto versa sobre los derechos y las obligaciones que incumben a la Comisión en virtud de los contratos celebrados con la sociedad recurrente en relación con tres proyectos de investigación. Los referidos contratos se basaban en la Decisión no 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al sexto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de la Investigación y a promover la innovación (2002-2006) (DO L 232, p. 1). 3 Se trata, más concretamente, de los contratos celebrados entre la Comunidad Europea, representada por la Comisión, y: — la sociedad recurrente, que actuaba como coordinador y miembro de un consorcio, firmado el 17 de diciembre de 2003, en relación con el proyecto “Ontology enabled E-Gov Service Configuration” (Ontogov, no 507237); — el Forschungszentrum Informatik an der Universität Karlsruhe, que actuaba como coordinador de un consorcio del que era miembro la sociedad recurrente, firmado el 21 de diciembre de 2005, en relación con el proyecto “Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies” (FIT, no 27090); — la sociedad recurrente, que actuaba como coordinador y miembro de un consorcio, firmado el 18 de diciembre de 2006, en relación con el proyecto “Risk Assessment for Customs in Western Balkans” (RACWeb, no 45101) (en lo sucesivo, considerados conjuntamente, “contratos en cuestión”). 4 El artículo II.24, apartado 1, letra a), de los contratos en cuestión estipula que la contribución económica de la Unión Europea dependerá de los costes subvencionables declarados por las partes contratantes. 5 En virtud del artículo II.8 de los contratos en cuestión, la Comisión deberá, antes de reembolsar los costes declarados por el consorcio y/o por los contratantes al término de cada período objeto de informe, evaluar y aprobar los correspondientes informes y los resultados concretos que habían de entregarse. Según el apartado 4 del mismo artículo, la aprobación de un informe no implica la exención de una auditoría o inspección, que podrá efectuarse conforme a las disposiciones del artículo II.29. 6 El artículo II.29 de los contratos en cuestión dispone lo siguiente: “1. En cualquier momento durante la ejecución del contrato y hasta cinco años después de la finalización del proyecto, la Comisión podrá decidir que se realicen auditorías, bien por revisores o auditores científicos o tecnológicos externos, bien por los propios servicios de la Comisión, incluida la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Las auditorías podrán tener por objeto aspectos científicos, financieros, tecnológicos y otros (como los principios de contabilidad y de gestión) relacionados con la buena ejecución del proyecto y del contrato. Las auditorías se llevarán a cabo de manera confidencial. Los importes que puedan deberse a la Comisión como consecuencia de los resultados de las auditorías podrán recuperarse tal como se indica en el artículo II.31. [...] 2. Los contratantes pondrán directamente a disposición de la Comisión todos los datos concretos que ésta pueda solicitar para verificar si el contrato es bien gestionado y ejecutado. 3. Los contratantes conservarán, durante un período de cinco años a partir de la finalización del proyecto, el original de todos los documentos relativos al contrato o, en casos excepcionales debidamente justificados, copias certificadas de los originales. Estos documentos se pondrán a disposición de la Comisión cuando se pidan durante la ejecución de una auditoría en el marco del contrato.” 7 A tenor del artículo II.31, apartado 1, de los contratos en cuestión, “cuando la otra parte contratante haya percibido indebidamente una cantidad o cuando esté justificada la recuperación de alguna cantidad en las condiciones del contrato, esa otra parte contratante se compromete a reembolsar a la Comisión la cantidad de que se trate en las condiciones y en la fecha que haya precisado la propia Comisión”. 8 Por último, según el artículo 12 de los contratos en cuestión, éstos se regirán por la ley belga. El artículo 13 dispone que “el Tribunal [General] [...] o el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, según los casos, serán competentes para conocer de los litigios entre la Comunidad y las otras partes contratantes en lo que atañe a la validez, aplicación o interpretación del presente contrato”. 9 En el lapso de tiempo comprendido entre el 17 y el 21 de noviembre de 2008, así como el 4 de diciembre de 2008, una sociedad de auditoría externa llevó a cabo, por cuenta de la unidad de auditoría externa de la Dirección General (DG) “Sociedad de la Información y Medios de Comunicación” de la Comisión (en lo sucesivo, “DG Información”), una auditoría de la sociedad recurrente, centrada en los costes declarados en relación con determinados períodos en concepto de los proyectos Ontogov, FIT y RACWeb. 10 Mediante correo electrónico de 8 de abril de 2009, la sociedad de auditoría transmitió a la sociedad recurrente el informe provisional de auditoría, que ponía en tela de juicio, en particular, los costes de personal correspondientes a tres de [sus] altos directivos (en lo sucesivo, “costes controvertidos”). 11 El 29 de mayo de 2009, la sociedad recurrente presentó sus observaciones sobre el informe provisional de auditoría que acaba de mencionarse. 12 El 10 de julio de 2009, la sociedad recurrente presentó una declaración de costes revisada, aceptando algunas recomendaciones de la sociedad de auditoría. 13 Mediante escrito de 11 de noviembre de 2009, la unidad de auditoría externa de la DG Información expuso las razones por las cuales confirmaba las conclusiones formuladas en el informe provisional de auditoría y transmitió a la sociedad recurrente el informe final de auditoría. 14 Mediante escrito de 23 de diciembre de 2009, la sociedad recurrente cuestionó la exactitud de la auditoría y propuso a la Comisión celebrar una reunión con el fin de facilitar a ésta información detallada relativa a sus objeciones. 15 El 4 de marzo de 2010, se celebró una reunión entre la recurrente y la unidad de auditoría externa de la DG Información. En la reunión se acordó que la sociedad recurrente facilitaría a la Comisión datos adicionales en cuanto a la participación de sus altos directivos. 16 Mediante escrito de 19 de abril de 2010, la recurrente transmitió a la Comisión la documentación complementaria que aquélla se había comprometido a facilitar. 17 Mediante escrito de 10 de mayo de 2010, la unidad de auditoría externa de la DG Información comunicó a la sociedad recurrente su intención de efectuar una inspección adicional (follow-up audit) en el domicilio social de ésta y le envió una lista de documentos justificativos que tendrían que aportarse con ocasión de la inspección, la cual se practicó entre el 20 y el 22 de julio de 2010. 18 Los días 3 de septiembre y 9 de diciembre de 2010, la recurrente facilitó la información complementaria que se le había pedido con ocasión de la mencionada inspección adicional. 19 Mediante escrito de 22 de diciembre de 2010, la unidad de auditoría externa de la DG Información comunicó a la recurrente que había decidido reconsiderar parcialmente las conclusiones de su informe y admitir determinados gastos, pero confirmando las conclusiones relativas a los costes controvertidos. 20 Mediante escrito de 11 de febrero de 2011, la recurrente presentó sus observaciones sobre las conclusiones del informe de auditoría que habían sido objeto de reconsideración. 21 Mediante escrito de 10 de abril de 2012, la unidad de auditoría externa de la DG Información respondió que confirmaba la casi totalidad de sus conclusiones relativas a los costes controvertidos. 22 Mediante escrito de 21 de mayo de 2012, la recurrente ratificó su posición en lo relativo al carácter subvencionable de los costes controvertidos.»