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C 312/4

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 13 de mayo de 2019 — Benedetti Pietro e Angelo S.S. y otros/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Asunto C-377/19)

(2019/C 312/05)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Recurrida: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Cuestión prejudicial

¿Se opone el artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 595/2004, (1) en un supuesto como el aquí descrito, a una disposición nacional como la contenida en el artículo 9 del decreto legge n. 49/2003 (Decreto-ley n.o 49/2003), en relación con el artículo 2, apartado 3, del decreto legge del 24 giugno 2004, n. 157 (Decreto-ley n.o 157 de 24 de junio de 2004), que establece como criterio para la determinación de la categoría prioritaria a efectos de la devolución de la tasa indebidamente imputada el pago mensual regular por parte el comprador?

(1) Reglamento (CE) n.o 595/2004 de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1788/2003 del Consejo por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO 2004, L 94, p. 22).
Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 26 de junio de 2019 — Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS

(Asunto C-490/19)

(2019/C 288/44)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Recurrida: Société Fromagère du Livradois SAS

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los respectivos artículos 13, apartado 1, del Reglamento n.o 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, (1) y del Reglamento n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, (2) en el sentido de que prohíben únicamente la utilización por un tercero de la denominación registrada o deben interpretarse en el sentido de que tal prohibición se extiende a la presentación de un producto protegido por una denominación de origen, en particular a la reproducción de la forma o la apariencia que lo caracterizan, si esta puede inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto, aun cuando no se utilice la denominación registrada?

(1) Reglamento (CE) n.o 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO 2006, L 93, p. 12).

(2) Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO 2012, L 343, p. 1).
2)

¿Puede aplicarse la interpretación dada en las sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), y Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), al asunto Povrv 16142/2018, expuesto anteriormente, y en particular, debe interpretarse el Reglamento n.o 1215/2012 en el sentido de que, en Croacia, los notarios no están comprendidos en el concepto de «órgano jurisdiccional», a efectos de dicho Reglamento, cuando actúan en el marco competencial que les atribuye el Derecho nacional en los procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un «documento auténtico», en los que las partes ejecutadas son personas jurídicas establecidas en otros Estados miembros de la Unión?
3)

¿Debe interpretarse la cláusula 5 del Acuerdo marco que figura en la Directiva 1999/70/CE en el sentido de que esta se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece que las normas de Derecho común que regulan las relaciones laborales, destinadas a sancionar el recurso abusivo a una sucesión de contratos de duración determinada a través de la conversión automática del contrato de duración determinada en un contrato por tiempo indefinido cuando la relación laboral perdure más allá de determinada fecha, no son aplicables al sector de la enseñanza no universitaria, específicamente a los profesores de religión católica, permitiendo así la celebración de una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada por un período de tiempo indefinido y, en particular, puede constituir una razón objetiva, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco, la necesidad de llegar a un acuerdo con el Ordinario diocesano o, por el contrario, debe calificarse de discriminación prohibida de conformidad con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?
6)

¿Puede considerarse que se ha incurrido en una infracción de las disposiciones de la Directiva 2014/17/UE, en relación con las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010, habida cuenta de lo dispuesto en los artículos 2 y 5, apartado 1, número 2, de la Ley de entidades de crédito, si a la demandada como entidad de Derecho austriaco se le da la posibilidad, sin la autorización ni la supervisión de las autoridades nacionales, de conceder créditos para consumidores a ciudadanos croatas en el territorio de la República de Croacia, y puede considerarse que en tal situación las disposiciones nacionales mencionadas no confieren la adecuada protección a las personas físicas que son consumidores prevista en el artículo 5 de la Directiva 2014/17/UE —autoridades competentes— y, que la demandada no actuó conforme a los principios de buena fe y lealtad previstos en el artículo 4 de la ZOO (Ley relativa a las obligaciones), lo que tendría como consecuencia la nulidad de lo dispuesto en el contrato de crédito?
2)

En caso de que la medida prevista en el artículo 25, apartado 16, de la Ley Regional de Sicilia n.o 19, de 22 de diciembre de 2005, según la cual «para lograr los fines previstos en el artículo 1 de la Ley Regional n.o 12, de 5 de junio de 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Regional n.o 32, de 23 de diciembre de 2000, se autoriza un gasto por importe de 20 000 000 euros destinado al pago de los importes adeudados por las empresas sanitarias locales de Sicilia a los propietarios de los animales sacrificados por estar afectados por enfermedades infecciosas y contagiosas entre los años 2000 y 2006, y al pago de las retribuciones correspondientes a esos años adeudadas a los veterinarios que fueran profesionales liberales que hubieran intervenido en actividades de saneamiento. A efectos del presente apartado, respecto del ejercicio presupuestario 2005, se autoriza un gasto de 10 000 000 euros (Partida 10.3.1.3.2, capítulo 417702). Respecto de los ejercicios presupuestarios posteriores, se aplicará lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, letra i), de la Ley Regional n.o 10, de 27 de abril de 1999, en su versión modificada y completada», constituya, en principio, una ayuda de Estado que, al favorecer a determinadas empresas o producciones, falsea o puede falsear la competencia, ¿cabría considerarla pese a todo compatible con los artículos 87 CE y 88 CE —actualmente artículos 107 TFUE y 108 TFUE— por las mismas razones que llevaron a la Comisión Europea a considerar en la Decisión C(2002) 4786, de 6 de diciembre de 2002, que, al concurrir los requisitos establecidos en las «Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario», recogidas en la Comunicación 2000/C 28/02 de la Comisión Europea, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 1 de febrero de 2000, otras medidas de idéntico objeto, establecidas en el artículo 11 de la Ley Regional de Sicilia n.o 40/1997 y en el artículo 7 de la Ley Regional n.o 22/1999, eran compatibles con los artículos 87 CE y 88 CE?
2)

Si puede considerarse una «indemnización justa y adecuada» de las víctimas, en aplicación de lo establecido en el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2004/80, la indemnización de un importe fijo de 4 800 euros atribuida a las víctimas de delitos dolosos violentos (y en particular del delito de agresión sexual, tipificado en el artículo 609 bis del Código Penal) mediante el Decreto del Ministro de Interior de 31 de agosto de 2017 [adoptado de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 de la Legge 7 luglio 2016, n.o 122 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea — Legge europea 2015-2016 [Ley de 7 de julio de 2016, n.o 122, por la que se establecen disposiciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la pertenencia de Italia a la Unión Europea — Ley Europea 2015-2016]) y sus posteriores modificaciones (introducidas por el artículo 6 de la Ley de 20 de noviembre de 2017, n.o 167, y el artículo 1, apartados 593 a 596, de la Ley de 30 de diciembre de 2018, n.o 145)].
C 148/26

Recurso de casación interpuesto el 20 de febrero de 2019 por Mohamed Hosni Elsayed Mubarak contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 12 de diciembre de 2018 en el asunto T-358/17, Mubarak/Consejo

(Asunto C-145/19 P)

(2019/C 148/24)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (representantes: D. Anderson, QC, B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith y F. Holmey, Solicitors)

Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

1. Anule la Decisión controvertida.

2. Resuelva él mismo definitivamente el litigio, anulando los actos impugnados en la medida en que conciernen a la recurrente.

3. Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que este resuelva en consonancia con la apreciación jurídica del Tribunal de Justicia.

4. Condene al Consejo a cargar con las costas de la recurrente en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

Primer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al considerar que el Consejo no estaba obligado a comprobar que las autoridades egipcias habían respectado los derechos fundamentales de la Unión de la recurrente.

Segundo motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al considerar que el Consejo no estaba obligado a comprobar que el procedimiento judicial y las investigaciones relativos a la recurrente se refieren a actos que menoscaban el Estado de Derecho en Egipto.

Tercer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al considerar que el Consejo no había cometido un error manifiesto de apreciación al invocar el asunto n.o 8897 (asunto sobre la renovación de un chalet privado).

Cuarto motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al considerar que el Consejo no había cometido un error manifiesto de apreciación al invocar el asunto n.o 756 (en el que se le acusa de haber recibido regalos de Al-Ahram Establishment) y el asunto n.o 53 (en el que se le acusa de haber recibido regalos de Dar El Tahrir).
1.

Primer motivo de casación, en virtud del cual se alega que el Tribunal General incurrió en los errores siguientes: i. Incumplió las normas de interés público del Derecho de la Unión y más concretamente las normas relativas al Séptimo Programa Marco de Investigación, la normativa que regula dicho programa [por ejemplo, el Reglamento (CE) n.o 1906/2006] y el Reglamento Financiero (en lo sucesivo, «Reglamentos»). ii. Incumplió las reglas interpretativas, al adoptar una interpretación del acuerdo de subvención n.o 211166 (en lo sucesivo, «AS») manifiestamente errónea e inadmisible, que además es incompatible con los antedichos Reglamentos y por esta razón contraria a la ley. iii. Con carácter subsidiario, falseó el sentido evidente de las cláusulas pertinentes del AS y, por consiguiente, desnaturalizó las pruebas presentadas. iv. No motivó 1) por qué no se realizó un seguimiento en el caso del teletrabajo, ni 2) por qué, por definición, todas las clases de teletrabajo cumplen los requisitos del seguimiento, esto es, sin que sean necesarias medidas adicionales (admitiendo que también se debía realizar un seguimiento del teletrabajo).
2)

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 en el sentido de que constituye una norma procesal de orden público que impone a los jueces nacionales la obligación de no dictar un requerimiento de pago cuando se acredite mediante pruebas documentales, ante el juez que dicta el requerimiento de pago, que el crédito tiene su origen condiciones generales de contratación (CGC) que ya han sido declaradas nulas por su carácter abusivo, en virtud de sentencias firmes, en el ámbito de las acciones de cesación ejercitadas contra el proveedor por uniones de consumidores, y que se enumeran en la Decisión ministerial Z1-798/25-06-2008 (FEK B 1353/11-07-2008), que contiene un registro nacional de cláusulas abusivas [en su versión modificada y completada por la Decisión ministerial Z1-21/17-01-2011 y que el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado) ha declarado legítima mediante la sentencia n.o 1210/2010, tras haber tenido en cuenta, por un lado, las sentencias n.os 1219/2001 y 430/2005 del Areios Pagos (Tribunal Supremo griego), las sentencias n.os 5253/2003 y 6291/2000 del Efeteio Athinon (Tribunal de Apelación de Atenas), las sentencias n.os 1119/2002 y 1208/1998 del Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunal de Primera Instancia de Atenas), sentencias firmes, así como la sentencia n.o 961/2007 del propio Polymeles Protodikeio Athinon, en relación con la parte de esta considerada firme, y, por otro lado, el hecho de que los efectos de la fuerza de cosa juzgada que revisten tales resoluciones judiciales tiene un interés público superior para el buen funcionamiento del mercado y para la tutela de los consumidores (artículo 10, apartado 2, de la Ley 2251/1994); en virtud de la citada decisión ministerial se decretó «la prohibición de incluir en los contratos celebrados entre entidades de crédito y consumidores las condiciones generales de contratación que ya hayan sido declaradas abusivas mediante resoluciones judiciales firmes en el ámbito de las acciones ejercitadas por uniones de consumidores» y se incluyó un catálogo de las CGC ya declaradas nulas por su carácter abusivo, a raíz de acciones colectivas ejercitadas por uniones de consumidores contra bancos en calidad de proveedores], teniendo en cuenta en particular que, en Grecia, la competencia para emitir un requerimiento de pago corresponde a los jueces —más concretamente, a los Eirinodikeia (Juzgados de Paz) y a los Protodikeia (Juzgado de Primera Instancia)— y que el requerimiento de pago constituye un título inmediatamente ejecutivo, sobre cuya base el proveedor puede, una vez transcurridos tres días, iniciar un procedimiento de ejecución forzosa que no puede suspenderse?
C 172/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 26 de febrero de 2019 — Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-182/19)

(2019/C 172/21)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Cuestión prejudicial

¿Es nulo el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1140 (1) de la Comisión, de 8 de julio de 2016, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada en la medida en que clasifica en el código NC 3824, concretamente, en el 38249096, productos que

i) están constituidos por una materia similar a un vendaje que contiene «células térmicas» y que incluye sustancias químicas,

ii) son similares a un emplasto, aunque con efectos terapéuticos adicionales,

iii) alivian el dolor, reducen la rigidez y favorecen la cicatrización de los tejidos (como se ha verificado en numerosos ensayos clínicos) por medio de una reacción química exotérmica,

iv) se presentan en formas o en envases para la venta al por menor, y

v) se presentan y comercializan explícitamente para fines médicos y con los efectos indicados en el inciso iii) anterior, basándose en que son las sustancias químicas las que constituyen la materia o el ingrediente que confiere al producto su carácter esencial, y no los clasifica en la partida 3005 [sobre la base del texto de las correspondientes partidas, secciones o notas de los capítulos, y de las notas explicativas de la regla general 1, de manera que, con arreglo a la regla general de interpretación 3 a), la clasificación debe hacerse conforme a la descripción más específica del producto]?

(1) DO 2016, L 189, p. 1.
Recurso de casación interpuesto el 25 de enero de 2019 por Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 15 de noviembre de 2018 en el asunto T-406/11, Prosegur Compañía de Seguridad / Comisión

(Asunto C-55/19 P)

(2019/C 112/40)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (representantes: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones

— Que se case la sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2018;

— Que se acoja el recurso de anulación y se anule definitivamente la decisión recurrida; y

— Que se condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

El 15 de noviembre de 2018 el Tribunal General dictó sentencia en el asunto T-406/11, Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.. c. Comisión Europea (1), contra la que se dirige este recurso de casación. La sentencia desestima el recurso de la recurrente contra la decisión de la Comisión Europea, de 12 de enero de 2011 (2), sobre el «fondo de comercio financiero» regulado en el artículo 12.5 de la Ley española de Impuesto sobre Sociedades.

En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca un motivo único de casación, relativo a los errores de Derecho en los que incurrió la sentencia recurrida en la interpretación del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con la noción de «selectividad».

En particular, el recurso alega que la sentencia recurrida erró:

— en la determinación del sistema de referencia en la primera fase del análisis de selectividad;

— en la determinación del objetivo a partir del cual comparar las distintas situaciones de hecho y de derecho en la segunda fase del análisis de selectividad;

— en consecuencia, erró también en la atribución de la carga de la prueba y en la aplicación del principio de proporcionalidad;

— subsidiariamente, en su análisis en relación con la supuesta ausencia de prueba de la causalidad entre la imposibilidad de la empresas de fusionarse en el extranjero y la adquisición de participaciones en el extranjero; y

— subsidiariamente, al descartar la separabilidad de la medida en función del porcentaje de control.

— Además de mantener un razonamiento jurídicamente incorrecto, la sentencia sustituye en varios de dichos puntos el razonamiento de la decisión por uno distinto y propio, incurriendo así en errores de Derecho adicionales.

(1) Sentencia de 15 de noviembre de 2018, Prosegur Compañía de Seguridad/Comisión (T-406/11, no publicada, EU:T:2018:793).

(2) Decisión de la Comisión 2011/282/UE, de 12 de enero de 2011, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 135, p. 1).
a)

Declare que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 6, 24, apartado 3, 43 y 46, apartados 5 y 6, de la Directiva 2013/32/UE, (1) de los artículos 2, letra h), 8, 9 y 11 de la Directiva 2013/33/UE (2) y de los artículos 5, 6, apartado 1, 12, apartado 1, y 13, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE, (3) todos ellos en relación con los artículos 6, 18 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, al: — establecer que la solicitud de asilo debe presentarse ante la autoridad competente en materia de asilo en persona y exclusivamente en las zonas de tránsito, cuyo acceso está restringido a un reducido número de personas; — aplicar con carácter general un procedimiento especial, en el cual no se asegura el cumplimiento de las garantías recogidas en la Directiva 2013/32; — ordenar que se aplique a todos los solicitantes de asilo (a excepción de los menores de 14 años) un procedimiento a resultas del cual los solicitantes deben ser internados obligatoriamente en las zonas de tránsito durante todo el procedimiento de asilo, en instalaciones que solo pueden abandonar en dirección a Serbia, sin haber dotado a dicho internamiento de las garantías previstas en la Directiva 2013/33; — trasladar al otro lado de la valla fronteriza, sin respetar los procedimientos y garantías previstos en los artículos 5, 6, apartado 1, 12, apartado 1, y 13, apartado 1, de la Directiva 2008/115, a los nacionales de terceros países que se encuentren en su territorio en situación irregular; — no transponer al ordenamiento jurídico interno el artículo 46, apartado 5, de la Directiva 2013/32 y adoptar disposiciones que se apartan de la regla general relativa al efecto suspensivo automático en situaciones que no están incluidas en el artículo 46, apartado 6, de esa Directiva.
2)

¿Deben interpretarse los artículos 56 TFUE, 57 TFUE y 52 TFUE, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de juegos de azar y apuestas, derivada, en particular de las sentencias Gambelli (C-243/01), Placanica (C-338/04), Costa y Cifone (C-72/10 y C-77/10), y Laezza (C-375/14), y de discriminación fiscal, resultante, en particular, de las sentencias Lindman (C-42/02), Comisión/España (C-l53/08), y Blanco y Fabretti (C-344/13 y C-367/13), así como los principios del Derecho de la Unión de igualdad de trato y no discriminación, a la luz también de la sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de enero de 2018, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la italiana objeto del presente asunto, que establece la sujeción al impuesto único sobre juegos, pronósticos y apuestas, con arreglo a los artículos 1 a 3 del Decreto Legislativo n.o 504, de 23 de diciembre de 1998, en su versión modificada por el artículo 1, apartado 66, letra b), de la Legge di Stabilità 2001 (Ley de Estabilidad de 2011), exclusivamente de los intermediarios nacionales de transmisión de datos de juego por cuenta de operadores de apuestas establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, en particular de aquellos que tengan las características de la sociedad Stanleybet Malta Ltd. y no así de los intermediarios nacionales de transmisión de datos de juego por cuenta de operadores de apuestas titulares de una concesión del Estado, que desarrollan la misma actividad?