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Las demandantes aducen que la Comisión infringió el artículo 58, apartado 2, del Reglamento no 1907/2006 en la medida en que no eximió de la obligación de autorización el uso controvertido del trióxido de cromo. Según afirman, el riesgo derivado de dicho uso está controlado de forma correcta. Sostienen que existe una legislación comunitaria específica que impone medidas mínimas que los empresarios han de adoptar obligatoriamente con el fin de controlar los riesgos resultantes del uso del trióxido de cromo, en particular, la Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (decimocuarta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 131, p. 11), y la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo) (DO L 158, p. 50). Alegan que estas Directivas son «específicas» incluso para las sustancias que no mencionan expresamente, siempre que dichas sustancias pertenezcan a una de las categorías de sustancias incluidas en el ámbito de aplicación de las referidas Directivas. A su parecer, el hecho de que estas Directivas no establezcan un valor límite de exposición profesional para el trióxido de cromo no excluye que sean suficientemente «específicas» ni que impongan «requisitos mínimos» en el sentido del artículo 58, apartado 2, del Reglamento no 1906/2006. Según las demandantes, exigir valores límite de exposición supondría el establecimiento de exigencias máximas, lo que excede del ámbito de aplicación del artículo 58, apartado 2, del Reglamento no 1907/2006, el cual únicamente hace mención de requisitos mínimos. Añaden que, en su Comunicación sobre los resultados de la evaluación del riesgo y la estrategia de limitación de éste en relación con las sustancias siguientes: trióxido de cromo, dicromato de amonio y dicromato de potasio (DO 2008, C 152, p. 1), la Comisión consideró, además, que las medidas de reducción de los riesgos ya aplicadas eran suficiente. Las demandantes sostienen que en la «hoja de ruta sobre las sustancias extremadamente preocupantes», publicada en febrero de 2013 por la Comisión, ésta reconoció que los riesgos podrían controlarse incluso «fuera» del ámbito del Reglamento no 1907/2006. Añaden que no existe ningún riesgo específico de cáncer causado por el sector de la galvanoplastia, lo que, según afirman, se debe a la eficacia de las medidas de reducción de riesgos adoptadas por los empresarios. Afirman además que existen otras disposiciones legislativas destinadas a la protección de la salud y del medio ambiente que se imponen a los usuarios de trióxido de cromo, como son, la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE del Consejo (DO L 197, p. 1), la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334, p. 17), y las disposiciones de varios Derechos nacionales. Sostienen que el suficiente nivel de control de los riesgos derivados de los usos del trióxido de cromo controvertidos queda garantizado, además, por toda una serie de normas nacionales y puede alcanzarse igualmente mediante la aplicación voluntaria de valores límite de exposición profesional. Por último, aducen que la obligación de evaluar la posibilidad de una exención y la carga de la prueba correspondiente incumben, en el marco del artículo 58, apartado 2, del Reglamento no 1907/2006, a la Comisión y no a los operadores económicos.