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23

En cuanto a la no motivación de la agravación de la sanción, en la propia Decisión, eri particular en sus páginas 6 y 7, el Secretario General expresó los motivos por los que consideraba necesario, al no haber encontrado en el expediente ninguna circunstancia atenuante, separarse del dictamen del Consejo de disciplina. El segundo motivo no puede, en consecuencia, a primera vista, ser aceptado.
22

Por su parte la Comisión subraya que AKZO no ha aportado ningún argumento que permita concluir que la aplicación del artículo 3, párrafo 3, de la Decisión 85/609, antes citada, pondría en peligro la viabilidad de AKZO en el sector de los aditivos para harinas. En efecto, nada impide a AKZO, en el citado artículo 3, párrafo 3, adaptar sus precios a los propuestos por Diaflex, dado que la prohibición de ajustados contenida en dicho artículo no actúa más que cuando ECS y AKZO entran en competencia y se disputan el encargo de un cliente. Las cifras presentadas en la vista por la demandante no proporcionan indicios de que AKZO fuera a sufrir un daño grave e irreparable.
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En apoyo de su tesis, alega diversos motivos. Subraya, ante todo, que lo previsto por los artículos 14 D y 14 C es una norma abstracta y general que no individualiza a sus destinatarios, quedando estos últimos determinados por criterios objetivos. La simple comprobación de que sólo la empresa DDS se ha beneficiado hasta este momento de dichas disposiciones no basta para demostrar que se trata de una disposición discriminatoria o incluso de una decisión individual, adoptada bajo la forma de una decisión general que estuviera, en realidad, dirigida a la empresa DDS. Empresas como Hoogovens o Irish Steel, que son igualmente las únicas empresas siderúrgicas en los Países Bajos y en Irlanda, respectivamente, podrían igualmente beneficiarse, en el futuro, de la atribución de cuotas adicionales con arreglo al artículo 14 C si cumplieran el resto de las condiciones previstas en este artículo. Los artículos 14 D y 14 C sólo son, además, prolongación del artículo 14, cuya legalidad ha sido ya reconocida por el Tribunal en su sentencia de 3 de marzo de 1982, Alpha Steel contra Comisión (asunto 14/81, Rec. 1982, p. 749).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 2, 12 y 24, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1; corrección de errores en DO 2017, L 124, p. 37), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/584»), y de los artículos 6, 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
48

A este respecto, del apartado 123 de la sentencia recurrida, cuyo contenido no se discute en el marco del procedimiento de casación, se desprende que, si bien el Parlamento sostuvo, en primera instancia, que la lista de los temas tratados en las entrevistas con los candidatos había sido comunicada a la Mesa en su condición de AFPN, los criterios de análisis comparativo de los méritos de los candidatos inicialmente establecidos no se aplicaron en las entrevistas o durante el análisis de las respuestas a las preguntas formuladas durante las entrevistas que dieron lugar a la clasificación de los candidatos por orden de méritos, y el Comité Consultivo no informó a la Mesa de la falta de aplicación de esos criterios. Ahora bien, el Tribunal General señaló, en el apartado 113 de la sentencia recurrida, que los criterios de análisis comparativo de los méritos debían comunicarse a la AFPN para que esta pudiera conocer y comprender cómo se habían valorado los méritos de los candidatos tanto en la selección de los candidatos que debían ser invitados a una entrevista como en las entrevistas a los candidatos para su clasificación por orden de preferencia. Por consiguiente, al no haber demostrado ante el Tribunal General que los temas establecidos para ser tratados en las entrevistas guardaban relación con los criterios de análisis comparativo de los méritos de los candidatos inicialmente establecidos y se derivaban de estos, el Parlamento no puede criticar al Tribunal General por haber comprobado, en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida, si la Mesa, en su condición de AFPN, había sido informada de que los criterios de análisis comparativo de los méritos no se habían aplicado en las entrevistas con los candidatos.
47

Por otro lado, el hecho de que dicho médico especialista recomendara al demandante en el litigio principal cambiar de gafas graduadas y, más concretamente, de lentes correctoras, para corregir el importante deterioro de su vista, parece asimismo indicar que sus antiguas lentes correctoras ya no le servían para desempeñar sus funciones con equipos que incluyen pantallas de visualización, debido, en particular, a los trastornos de agudeza visual que le habían diagnosticado. No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las gafas graduadas en cuestión sirven efectivamente para corregir los trastornos de vista relacionados con su trabajo y no problemas de vista de carácter general que no necesariamente guardan relación con las condiciones de trabajo.
51

En particular, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la autoridad tributaria no puede exigir de manera general al sujeto pasivo que desea ejercer el derecho a deducir el IVA que, por un lado, verifique que el emisor de la factura relativa a los bienes y servicios por los que se solicita el ejercicio de ese derecho tiene la condición de sujeto pasivo, que disponía de los bienes en cuestión y estaba en condiciones de suministrarlos y que cumplió con sus obligaciones en materia de declaración e ingreso del IVA, con el fin de cerciorarse de que no existen irregularidades ni un fraude en las operaciones anteriores, ni que, por otro lado, disponga de documentación al respecto [sentencias de 21 de junio de 2012, Mahagében y Dávid, C‑80/11 y C‑142/11, EU:C:2012:373, apartado 61, y de 4 de junio de 2020, C. F. (Inspección fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, apartado 47].
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En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente considera que el hecho de imponer a una persona jurídica, a raíz de la comisión de una infracción por una persona física, una sanción pecuniaria correspondiente al beneficio que la persona jurídica ha obtenido o podría obtener con esa infracción constituye un decomiso de todo o parte del producto de la infracción en el sentido de la Decisión Marco 2005/212. No obstante, tal órgano precisa que el Derecho búlgaro permite que esa sanción pecuniaria se imponga aun cuando no se haya obtenido efectivamente ninguna ventaja o cuando la ventaja no tenga carácter económico, y añade que el procedimiento previsto en los artículos 83a y siguientes de la LISA no se centra exclusivamente en los bienes obtenidos ilegalmente. Además, de dicho artículo 83a, apartado 1, se desprende que el importe de la sanción pecuniaria que puede imponerse puede superar el valor de la ventaja obtenida.
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El artículo 1 de la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar şi personalului salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică (Decreto Legislativo n.o 10/2007, sobre los incrementos salariales para el año 2007 en favor de los empleados públicos y del personal retribuido conforme al Decreto-ley n.o 24/2000, relativo al Sistema por el que se establecen los Salarios Base para el Personal del Sector Público y para el Personal Retribuido con arreglo a los anexos II y III de la Ley n.o 154/1998, relativa al Sistema por el que se establecen los Salarios Base en el Sector Público y las Asignaciones en favor de Altos Cargos Públicos), de31 de enero de 2007 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 80, de 1 de febrero de 2007), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 10/2007»), establece lo siguiente: «En el año 2007, la retribución de base del personal del sector público […] se incrementa […]: a) en un 5 % a partir del 1 de enero de 2007, en relación con el nivel del mes de diciembre de 2006; b) en un 2 % a partir del 1 de abril de 2007, en relación con el nivel del mes de marzo de 2007; c) en un 11 % a partir del 1 de octubre de 2007, en relación con el nivel del mes de septiembre de 2007.»
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El considerando 34 del Reglamento Bruselas I bis establece: «Procede garantizar la continuidad entre el Convenio [de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1)], el Reglamento (CE) n.o 44/2001 [del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1)] y el presente Reglamento; a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación del Convenio [de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil] y de los Reglamentos que lo sustituyen por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.»
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De los trabajos legislativos relativos a la modificación de dicho artículo 1 por el Real Decreto de 2 de junio de 2006 se desprende que esta «permite a los municipios, sin obligarles a ello, no obstante, conceder una antigüedad que tenga en cuenta todos los años trabajados como voluntarios también a los bomberos que se hayan convertido en profesionales antes de la entrada en vigor del Real Decreto. De ello se deduce que no todos los bomberos disfrutarán automáticamente de esta antigüedad. […] Teniendo en cuenta sus posibilidades financieras, cada municipio podrá decidir si aplica o no la nueva normativa».
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Los artículos 3, 4 y 4 bis de la misma Decisión Marco enumeran los motivos para la no ejecución obligatoria y los motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea. En particular, el artículo 4 de la Decisión Marco 2002/584, titulado «Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea», dispone, en su punto 1: «La autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de la orden de detención europea: 1) cuando, en uno de los casos citados en el apartado 4 del artículo 2, los hechos que motiven la orden de detención europea no fueren constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución; […]».
1

Mediante su recurso de casación, Danske Slagtermestre solicita la anulación del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2020, Danske Slagtermestre/Comisión (T‑486/18, no publicado, en lo sucesivo, auto recurrido, EU:T:2020:576), mediante el que dicho Tribunal declaró inadmisible su recurso de anulación de la Decisión C(2018) 2259 final de la Comisión, de 19 de abril de 2018, relativa a la ayuda de Estado SA.37433 (2017/FC) — Dinamarca (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), y concluyó, al finalizar la fase previa de examen, que la contribución instaurada por la lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.) [Ley n.o 902/2013, por la que se modifica la Ley que establece la Normativa Relativa a las Contribuciones Adeudadas a los Operadores de Tratamiento de Aguas Residuales (Estructura de las Contribuciones para la Evacuación de las Aguas Residuales, que autoriza el Establecimiento de Contribuciones Especiales por el Tratamiento de Aguas Residuales Especialmente Contaminadas, etc.)] no confiere ninguna ventaja selectiva a determinadas empresas y, en consecuencia, no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
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Ahora bien, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León alega que no solo se excluyen del cálculo de la antigüedad los períodos trabajados en otros Estados miembros de la Unión, sino también los prestados en España en instituciones sanitarias no integradas funcional y orgánicamente en el servicio de salud español. Por lo tanto, afirma que ningún trabajador nacional de otro Estado miembro es tratado de un modo distinto a un trabajador español por cuanto se refiere a la carrera profesional. Observa que esa normativa no impide a los trabajadores de otros Estados miembros de la Unión acceder a la categoría profesional de que se trata en el litigio principal y que no resulta discriminatoria para ellos, en la medida en que se aplica igualmente a los trabajadores españoles.
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El Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1.), derogó y sustituyó a partir del 1 de mayo de 2010, fecha de su aplicación, al Reglamento n.o 1408/71. Previamente a esa fecha, el Reglamento n.o 883/2004 fue modificado por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (DO 2009, L 284, p. 43) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004 en su versión modificada en 2009). También fue modificado por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004 en su versión modificada en 2012»), que entró en vigor el 28 de junio de 2012. El Reglamento n.o 883/2004 en estas dos versiones es aplicable al presente asunto en la medida en que versa sobre la negativa a pagar primas de seguro correspondientes al período comprendido entre el 25 de enero de 2008 y el 25 de enero de 2013.
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En apoyo de su solicitud, Maxxus alega que, durante los cinco últimos años, Globus no hizo un uso de estas marcas que pudiera garantizar el mantenimiento de sus derechos sobre ellas. Maxxus declara que realizó búsquedas en línea, también en el sitio de Internet de Globus, que no aportaron ninguna indicación de tal uso. Señala que, al introducir el término «MAXUS» en la herramienta de búsqueda interna del sitio de Internet de Globus, aparecen dos resultados, que hacen referencia a un establecimiento de bebidas en Freilassing (Alemania), explotado por una sociedad vinculada a Globus. Añade que, no obstante, de las búsquedas efectuadas en Internet se desprende que las bebidas vendidas por esta última sociedad no llevan la marca MAXUS, sino otras marcas de fabricantes terceros, extremo que fue confirmado mediante investigaciones efectuadas en el establecimiento en cuestión por una agencia de detectives, contratada por Maxxus.
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El artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 207/2009»), titulado «Derechos conferidos por la marca de la Unión», establecía: «1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos. 2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada; b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. 3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular: a) colocar el signo en los productos o en su embalaje; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo; c) importar o exportar los productos con el signo; […]».
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IFM impugnó estas resoluciones ante el órgano jurisdiccional remitente. El procedimiento principal se refiere a uno de estos cinco recursos. IFM sostiene, por un lado, que la información relativa al cambio de composición del consejo de administración de una sociedad de gestión no forma parte de los «elementos esenciales», en el sentido del artículo 56, apartado 1, de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, que obligan a actualizar, dentro de plazo, los folletos de los OICVM, en la medida en que los miembros de nueva elección del consejo de administración no son miembros ejecutivos y no ejercen ninguna función de gestión, y, por otro lado, que las cinco sanciones pecuniarias se le han impuesto ilegalmente, ya que solo ha existido, en su caso, una única infracción.
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En particular, dicho órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto no se satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 36, apartado 1, de la AufenthG; en efecto, según reiterada jurisprudencia del Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), este precepto solo reconoce el derecho a la reagrupación familiar de los progenitores con un refugiado menor de edad cuando este siga siendo menor de edad en el momento en el que se adopte la resolución —administrativa o judicial sobre el fondo— relativa a la solicitud de reagrupación familiar. A este respecto, la reagrupación familiar de los progenitores se distingue de la reagrupación familiar de los hijos, que no está limitada en el tiempo, dado que el permiso de residencia de duración limitada expedido a un hijo se transforma en un derecho de residencia autónomo, independiente de la reagrupación familiar, cuando alcanza la mayoría de edad. En cambio, el Derecho alemán no reconoce a los progenitores de un refugiado menor de edad que hayan sido reagrupados con él un derecho de residencia autónomo cuando este alcanza la mayoría de edad, pues el legislador nacional no ha hecho uso de la facultad prevista a estos efectos en el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2003/86.
1)

El artículo 34, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una sentencia dictada por un tribunal de un Estado miembro en los términos de un laudo arbitral no constituye una resolución, a los efectos de este precepto, cuando un tribunal de ese Estado miembro no habría podido dictar una resolución con un resultado equivalente al de dicho laudo sin contravenir las disposiciones y los objetivos fundamentales de este Reglamento, en particular el efecto relativo de la cláusula compromisoria insertada en un contrato de seguro y las normas de litispendencia que figuran en su artículo 27, de modo que tal sentencia no puede en ese caso impedir el reconocimiento en dicho Estado miembro de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro.
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El artículo LO 227‑1 del code électoral issu de la loi organique n.o 98‑404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d’application de l’article 88‑3 de la Constitution relatif à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 (Código Electoral aprobado mediante la Ley Orgánica n.o 98‑404, de 25 de mayo de 1998, por la que se establecen las Condiciones de Aplicación del artículo 88‑3 de la Constitución en relación con el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Francia que no sean nacionales franceses, y por la que se transpone la Directiva 94/80/CE de 19 de diciembre de 1994; en lo sucesivo, «Código Electoral») (JORF de 26 de mayo de 1998, p. 7975), dispone lo siguiente: «Los ciudadanos de la Unión Europea que residan en Francia y no sean ciudadanos franceses podrán participar en las elecciones municipales en las mismas condiciones que los electores franceses, con sujeción a lo dispuesto en la presente sección. Las personas a las que se refiere el párrafo primero serán tratadas como residentes en Francia si tienen en ella su residencia efectiva o si su residencia es continua. […]»
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El artículo 711 de la ASVG dispone: «(1) No obstante lo dispuesto en el artículo 108h, apartados 1, primera frase, y 2, el incremento de las pensiones para el año natural 2018 no se calculará aplicando el factor de actualización, sino del siguiente modo: los ingresos acumulados por pensiones (apartado 2) deberán incrementarse 1. si no superan los 1500 euros al mes, en un 2,2 %; 2. si no superan los 2000 euros al mes, en 33 euros; 3. si superan los 2000 euros al mes, pero no son superiores a 3355 euros al mes, en un 1,6 %; 4. si superan los 3355 euros al mes, pero no son superiores a 4980 euros al mes, en un porcentaje que disminuye de modo lineal del 1,6 % al 0 %. No se aplicará ningún incremento si los ingresos acumulados por pensiones superan los 4980 euros mensuales. […]»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto, en primer lugar, la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra a), en relación con los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1), y, en segundo lugar, la validez del Reglamento n.o 261/2004 a la luz del Derecho internacional y, en particular, del principio de soberanía plena y exclusiva de un Estado sobre su territorio y su espacio aéreo.