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«1)

El artículo 27, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos ha de interpretarse en el sentido de que un escrito de un funcionario de la Comisión, dirigido a la autoridad nacional que ha adoptado una medida provisional con arreglo al artículo 27, apartado 1, de ese Reglamento, no constituye la “decisión” de la Comisión prevista en el artículo 27, apartado 3, del Reglamento n.o 1223/2009 si, entre otros factores, no indica expresamente que tal medida provisional está, o no, justificada.
117.

No obstante, como ya he expuesto, estas diferencias en la carga financiera individual en función del momento en que cada banco ha comenzado su actividad dentro del período inicial son inherentes al sistema y no pueden evitarse totalmente. ( 65 ) En último término, se deben a que el nivel fijado como objetivo no lo aporta el sector bancario de una sola vez, sino a lo largo de un dilatado período de tiempo, durante el cual la composición de dicho sector bancario va variando. Pero ello no significa que con cada cambio deba empezarse «de cero» otra vez. De lo contrario, se comprometería seriamente la posibilidad de alcanzar en el año 2024 el nivel fijado como objetivo. ( 66 )
78.

Sin embargo, a la luz de la motivación del contenido de la cuestión prejudicial, procede considerar que, en el presente asunto, no se ha producido, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, un problema de incumplimiento de los requisitos procesales por parte de T. N y N. N. Ciertamente, el órgano jurisdiccional remitente no alberga dudas sobre el hecho de que los intervinientes realizaron en plazo todos los actos contemplados en el Derecho neerlandés para la renuncia de la herencia. Tampoco cabe duda de que todos los documentos reclamados por el tribunal sucesorio le fueron finalmente aportados, junto con una traducción al idioma oficial de dicho tribunal. Por último, a la luz del contenido de la resolución de remisión, debe estimarse que el Amtsgericht Bremen dictó la resolución impugnada, no porque T. N y N. N. no hubieran acreditado debidamente durante el procedimiento que habían renunciado a la herencia ante el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya) o por incumplir las obligaciones procesales, sino por no presentar al tribunal sucesorio en el plazo fijado en el artículo 1944 BGB las actuaciones a las que queda supeditada la validez de su renuncia a la herencia.
El preámbulo del Acuerdo de Retirada reconoce la necesidad de brindar protección recíproca a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales británicos, así como a los miembros de sus respectivas familias, en los casos en que hayan ejercido sus derechos de libre circulación. Precisamente en este contexto la Comisión Europea se remite, en particular, a un documento de negociación titulado «The United Kingdom’s Exit from the European Union — Safeguarding the Position of EU Citizens Living in the UK and UK Nationals Living in the EU» (La salida del Reino Unido de la Unión Europea: protección de la situación de los ciudadanos de la Unión residentes en el Reino Unido y de los nacionales británicos residentes en la Unión»), de junio de 2017. Dicho documento revela que el Reino Unido no pretendió garantizar a los nacionales británicos residentes en la Unión Europea el disfrute de los derechos políticos tras su retirada, a cambio del reconocimiento de derechos recíprocos a los ciudadanos de la Unión que residiesen en el Reino Unido. ( 51 )
81.

A este respecto, en el contexto de la exclusión de un candidato en un procedimiento de adjudicación, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Directiva 2004/18 no se opone a que un licitador sea excluido por haber omitido determinadas indicaciones en su oferta. En particular, en la medida en que el poder adjudicador considere que tal omisión no constituye una irregularidad meramente formal, no puede permitir que ese licitador subsane ulteriormente la aludida omisión, cualquiera que sea la forma, tras la expiración del plazo concedido para la presentación de las ofertas. ( 17 ) Por otra parte, consideró que el artículo 51 de dicha Directiva, que dispone que el poder adjudicador podrá invitar a los operadores económicos a que completen o hagan más explícitos los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos 45 a 50 de la misma Directiva, no puede interpretarse en el sentido de que permite que el poder adjudicador admita cualesquiera rectificaciones de las omisiones que, según lo dispuesto expresamente en los documentos del contrato, deben llevar a la exclusión de este. ( 18 )
32.

Los recurrentes alegan: – con carácter principal, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la posibilidad de impugnar un acto resulta de sus efectos jurídicos y no de su carácter definitivo, especialmente a falta de una base jurídica determinada que distinga un acto provisional de un acto definitivo. En el presente asunto, las notas controvertidas produjeron sus efectos en el importe de las pensiones abonadas a partir de abril de 2019 y, a mayor abundamiento; – que no estaba claro que las notas controvertidas pudieran ir seguidas de decisiones que no fueran meramente confirmatorias; que del contenido de las respuestas del Parlamento a las observaciones resulta que eran meramente confirmatorias, y que el Parlamento se contradice al sostener que estaba obligado a aplicar la Decisión n.o 14/2018; – que la naturaleza de las notas controvertidas no puede cambiar en función de la presentación o no de observaciones, mientras que ningún otro elemento es necesario debido a la decisión del Parlamento de transponer automáticamente la Decisión n.o 14/2018 y que, a falta de información sobre el plazo de respuesta del Parlamento, no podían esperar a interponer sus recursos, y – que la Sra. Allione (asunto T‑396/19) interpuso su recurso contra la nota controvertida que la afectaba en la fecha en la que el Parlamento respondió a sus observaciones escritas, esto es, el día en que dicho acto adquirió carácter definitivo.
12.

El Reglamento n.o 423/2007 fue sustituido posteriormente por el Reglamento n.o 961/2010, del que es sucesor el Reglamento n.o 267/2012, que sigue estando en vigor. El artículo 1, letras h) e i), y los artículos 16 y 17 del Reglamento n.o 961/2010, así como el artículo 1, letras j) y k), y los artículos 23 y 24 del Reglamento n.o 267/2012, son sustancialmente idénticos al artículo 1, letras h) y j), y a los artículos 7 y 8 del Reglamento n.o 423/2007. Bank Sepah figura en la lista del anexo VII del Reglamento n.o 961/2010 y en la del anexo VIII del Reglamento n.o 267/2012. En aras de la brevedad, a lo largo de mis conclusiones me referiré únicamente a las disposiciones del Reglamento n.o 423/2007, en el entendimiento de que las mismas consideraciones jurídicas se aplican a las disposiciones correspondientes de los Reglamentos sucesivos.
171.

Si bien estos elementos pueden, por primera vez, establecer un nexo entre el fichero del anexo de la Decisión controvertida y el de esta Decisión, no obstante, es preciso señalar que, por un lado, no se menciona la firma de la presidenta de la JUR hasta el 12 de mayo de 2017 y correspondería al cierre del expediente en ARES, mientras que la hoja de ruta se firmó de forma manuscrita el 11 de abril de 2017, y que, por otro lado, la inscripción con la asignación de un número ARES no tuvo lugar hasta el 13 de junio de 2017, es decir, en fechas posteriores a la notificación a las autoridades nacionales de resolución y a las entidades contribuyentes. De este modo, la prueba del vínculo indisociable entre este anexo y la referida Decisión no se ha aportado hasta dos meses después de la adopción de la Decisión controvertida.
12.

De acuerdo con el artículo 8 («Obligación de poseer una autorización»): «(1) El operador económico deberá ser titular de una autorización de explotación de actividades en el sector alimentario en los siguientes establecimientos: 1) un establecimiento en el sentido del artículo 6, apartado 3, letras b) y c), del Reglamento [n.o 852/2004]; 2) un establecimiento en el que las operaciones relativas a los productos primarios de origen animal no impliquen ninguna modificación de su forma o de sus características originales, salvo si se trata de un establecimiento cuyo objeto sea la producción primaria de dichos productos y en el que el productor efectúe operaciones conexas, en el sentido del Reglamento [n.o 852/2004]; 3) un establecimiento en el que las operaciones relativas a los productos primarios de origen no animal impliquen la modificación de su forma y de sus características iniciales, salvo si se trata de un establecimiento contemplado en el capítulo III del anexo II del Reglamento [n.o 852/2004]; 4) un establecimiento en el que se proceda a la transformación de productos alimenticios, en particular, su preparación o envasado, salvo si se trata del envasado de productos primarios de origen no animal o si se trata de un establecimiento contemplado en el capítulo III del anexo II del Reglamento [n.o 852/2004]; 5) un establecimiento cuyas operaciones tengan por objeto productos alimenticios de origen animal desde el que se distribuyan a otro operador y que estén incluidos en el capítulo III del anexo II del Reglamento [n.o 852/2004]; 6) un establecimiento en el que se almacenen productos alimenticios que, para garantizar la seguridad alimentaria, deban conservarse a una temperatura diferente de la temperatura ambiente; 7) un establecimiento dedicado a comercio minorista, en particular, de productos alimenticios que deban almacenarse a una temperatura diferente de la temperatura ambiente, para garantizar la seguridad alimentaria, salvo si se trata de un establecimiento contemplado en el capítulo III del anexo II del Reglamento [n.o 852/2004]; [...] (2) La autorización de explotación concederá al operador económico el derecho a comenzar a ejercer y a desarrollar una actividad económica en el establecimiento o en la parte del establecimiento que figure en la autorización de explotación. (3) El ministro responsable en la materia fijará, mediante reglamento, una lista detallada de los ámbitos de explotación y de las categorías de productos alimenticios para los que el operador deba estar en posesión de una autorización de explotación».
44.

He de recordar, sin embargo, que, a tenor del artículo 21 de la Directiva 2014/24, la protección no se limita a los «secretos comerciales», sino, también, entre otros, a «los aspectos confidenciales de las ofertas». Por lo tanto, puede encajar en aquel precepto la información no susceptible de calificarse, estrictamente, de secreto comercial: una y otra noción no son equivalentes.
100.

Esta interpretación de la disposición de que se trata queda asimismo confirmada por su análisis teleológico, a la luz de la génesis de la modificación de la disposición de que se trata introducida por el Reglamento n.o 734/2013. En efecto, de la propuesta de Reglamento del Consejo presentada por la Comisión que dio lugar a la adopción del citado Reglamento, ( 28 ) resulta que el objetivo de esa modificación era, por un lado, introducir requisitos formales para presentar a la Comisión denuncias relativas a ayudas de Estado y, por otro lado, permitir a dicha institución tramitar rápida y eficazmente «la gran parte» de las denuncias que recibe en materia de ayudas de Estado y que «no están motivadas por una preocupación genuina sobre la competencia o no están suficientemente motivadas». ( 29 ) Desde esa perspectiva, la disposición de que se trata permite, por tanto, a la Comisión, no considerar como auténticas denuncias las comunicaciones que no respetan los requisitos mínimos de forma y contenido, tras haber brindado a las personas que las han presentado la posibilidad de «subsanar» los defectos formales o materiales de su comunicación. En lo que atañe a las comunicaciones de este tipo, la Comisión no está pues obligada a adoptar una decisión formal. Se consideran denuncias retiradas y, eventualmente, se archivan como informaciones de mercado que la Comisión podrá utilizar en una fase posterior para llevar a cabo investigaciones de oficio. ( 30 )
10.

El artículo 353/A de la Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Ley n.o C de 2012, del Código Penal; en lo sucesivo, «Código Penal»), ( 9 ) que lleva por título «Facilitación de la inmigración irregular», introducido mediante el artículo 11, apartado 1, de la Ley n.o VI de 2018, establece lo siguiente: «1. Quien realice actividades de organización dirigidas a) a permitir que se inicie un procedimiento de asilo a una persona que no ha sufrido persecución en el país del que es nacional, en su país de residencia habitual o en cualquier otro país por el que haya llegado, por razón de su raza, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular, convicciones religiosas o políticas, y no tenga motivos válidos para temer persecuciones directas, o b) a ayudar a una persona que haya entrado o que resida ilegalmente en Hungría para obtener un permiso de residencia, podrá ser puesto en confinamiento, a menos que haya cometido un delito más grave. 2. Quien proporcione recursos materiales que permitan cometer el delito tipificado en el apartado 1 o realice las mencionadas actividades de organización de forma regular será castigado con una pena de prisión de un año como máximo. 3. Quien cometa el delito tipificado en el apartado 1 a) para obtener un beneficio económico, b) ayudando a más de una persona o c) a una distancia de menos de ocho kilómetros de la frontera o de un marcador fronterizo de la frontera exterior, en el sentido del artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen), [ ( 10 )] será castigado con la pena prevista en el apartado 2. 4. La condena del autor del delito tipificado en el apartado 1 podrá reducirse sin restricciones o levantarse, en los casos que merezcan un trato particular, si el autor revela las circunstancias en las que cometió el delito, a más tardar, en el momento de su procesamiento. 5. A efectos del presente artículo, se entenderá por actividades de organización, dirigidas al fin indicado en el apartado 1, en particular: a) la vigilancia en las fronteras, en la frontera o en un marcador fronterizo de la frontera exterior de Hungría, en el sentido del artículo 2, punto 2, del código de fronteras Schengen; b) la elaboración o difusión de documentos informativos u ordenar a un tercero que lleve a cabo tales actos y c) la creación o explotación de una red.»
18.

Las asociaciones demandantes alegan que la normativa en cuestión infringe el artículo 9, apartado 1, de la Directiva sobre las aves, en particular, porque autoriza un método de caza tradicional no selectivo. A este respecto, la Ligue pour la protection des oiseaux solicita que se designe a un experto con el fin de determinar el porcentaje que representa, en las últimas temporadas de caza, el número de aves cuya captura mediante liga no está autorizada y sin embargo quedan atrapadas accidentalmente por dicho mecanismo. Afirman que, por otra parte, la normativa no proporciona una motivación respecto a la supuesta inexistencia de una solución satisfactoria alternativa a la captura con liga que autoriza.
56.

La República de Austria defiende su postura con estos otros argumentos, algunos incorporados a su dúplica: – El análisis de Immovement no expresa que las imposiciones de Wiener Wohnen fueran más allá de los deseos habituales de un arrendatario. Es normal que un arrendatario cuya intención sea comprometerse a utilizar durante un largo período un gran edificio de oficinas desee conocer claramente, antes de adoptar su decisión, en qué medida el arrendador admite las eventuales adaptaciones que el arrendatario considere imprescindibles. – La «Descripción» fue redactada por el arrendador y el «Complemento» no contiene ningún requisito distinto de lo que habitualmente se prevé para un edificio de oficinas. Este último documento incorpora un resumen de las exigencias normativas conformes con el estado de la técnica, aplicables a la totalidad de los inmuebles de oficinas y cuya vigencia no se limita al Ayuntamiento de Viena, ( 31 ) que deberían haberse respetado en cualquier caso. – En cuanto al permiso de construcción, Wiener Wohnen, en su condición de arrendatario, no participaba en el procedimiento de solicitud de licencias de construcción y no tiene la posibilidad de conocer el expediente de licencia urbanística ni de presentar documentos provenientes de aquel procedimiento. – Desde el principio se sabía que Wiener Wohnen no era el único arrendatario del edificio. Que otras personas hubieran alquilado espacios en él, y sigan usándolos, demuestra que las superficies de oficinas se corresponden con modelos estándar que pueden alquilarse por terceros directamente en condiciones habituales de mercado y no solo, como entiende la Comisión, por subarrendatarios de Wiener Wohnen. – La duración (25 años) del contrato es acorde con la realidad del mercado inmobiliario. Únicamente en estas condiciones los arrendadores están dispuestos a alquilar importantes superficies a precios asequibles. – Para Wiener Wohnen, la renuncia a la posibilidad de resolver el contrato era un problema menor, porque una nueva mudanza de 1000 empleados resultaba inasumible, dado su coste y la inexistencia de sitios alternativos adecuados. – Es simplista suponer, como la Comisión, que una duración contractual de 20 años basta para amortizar los gastos de construcción, pues no tiene en cuenta que el arrendador es también responsable de la totalidad de las obras de mantenimiento y de reparación, ha de soportar los costes de financiación y cubrir los gastos de administración, etc. – La Comisión parece ignorar que, habitualmente, al control de obra ejercido por el promotor se suma el que lleva a cabo el arrendatario, cuando hay un plan de mudanza complejo.
23.

Subsisten dudas sobre algunas partes de las cuestiones prejudiciales que el Tribunal de Justicia podría declarar inadmisibles. Me refiero, en particular, a las consecuencias del incumplimiento del límite de tiempo de trabajo semanal, previsto en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, objeto de la segunda parte de la segunda cuestión prejudicial. La exposición de los hechos realizada en la petición de decisión prejudicial no contiene ninguna indicación de la razón por la que dicha disposición podría ser pertinente, teniendo en cuenta que únicamente se censura a la ASE haber rebasado el límite diario de tiempo de trabajo. Sin embargo, el análisis de fondo que llevaré a cabo sobre los objetivos vinculados al respeto de los límites del tiempo de trabajo será de carácter general y no exige una clara separación entre las cuestiones relacionadas con los límites diario y semanal.
6.

El artículo 10 bis del Reglamento n.o 773/2004, titulado «Procedimiento de transacción en casos de cártel», dispone lo siguiente: «1. Tras la incoación del procedimiento con arreglo al artículo 11, apartado 6, del Reglamento [n.o 1/2003], la Comisión podrá fijar un plazo dentro del cual las partes podrán indicar por escrito que están dispuestas a iniciar conversaciones con vistas a una transacción para, posiblemente, presentar una solicitud de transacción. La Comisión no estará obligada a tomar en consideración las solicitudes de transacción recibidas tras la expiración de dicho plazo. […] 2. La Comisión podrá informar a las partes que deseen iniciar conversaciones con vistas a una transacción: a) de las objeciones que prevé formular en su contra; b) de los elementos probatorios utilizados para determinar las objeciones previstas; c) de las versiones no confidenciales de cualquier documento específico accesible que forme parte del expediente del caso en dicho momento, en la medida en que la solicitud de la parte en dicho sentido esté justificada con el fin de permitirle evaluar su posición en lo relativo a un período de tiempo o a cualquier otro aspecto particular del cártel, y d) del abanico de multas potenciales. […] Si las conversaciones con vistas a una transacción avanzan, la Comisión podrá fijar un plazo dentro del cual las partes podrán comprometerse a proseguir el procedimiento de transacción presentando una solicitud de transacción que refleje el resultado de las conversaciones mantenidas a tal fin y reconozca su participación en una infracción del artículo [101 TFUE] y su responsabilidad. […] […] 3. Si el pliego de cargos notificado a las partes afectadas refleja el contenido de sus solicitudes de transacción, la respuesta escrita de las partes al pliego de cargos confirmará, dentro de un plazo fijado por la Comisión, que el pliego de cargos que les ha sido enviado refleja el contenido de sus solicitudes de transacción. A continuación, la Comisión podrá proceder a la adopción de una decisión con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento [n.o 1/2003], previa consulta al Comité Consultivo de prácticas restrictivas y posiciones dominantes con arreglo al artículo 14 del Reglamento [n.o 1/2003]. 4. La Comisión podrá decidir en cualquier momento del procedimiento suspender las conversaciones con vistas a una transacción en un caso dado o con respecto a una o varias partes afectadas, si considera que se menoscaba la eficacia del procedimiento».
111.

Tampoco desvirtúa esta conclusión el reproche de la recurrente según el cual la Comisión no investigó suficientemente la situación en el mercado de servicios de asistencia en tierra y, en particular, no llevó a cabo ningún estudio propio al respecto. Si bien no se puede descartar que en determinados casos sean necesarias tales medidas de investigación para tener en cuenta todos los aspectos relevantes, en el presente caso no constituye ningún error manifiesto de apreciación concluir, basándose en las apreciaciones sobre el alcance y la duración de las medidas de capitalización y en los déficits acumulados paralelamente a dichas medidas, que un inversor privado no habría actuado de esta manera.
94.

Habida cuenta del análisis que he efectuado en relación con las cuestiones prejudiciales primera y tercera, considero que no es necesario abordar la segunda cuestión prejudicial. No obstante, a todos los efectos pertinentes, debo señalar que, en mi opinión, la solicitud de protección internacional presentada por un nacional de un tercer país después de haber obtenido la protección subsidiaria en un primer Estado miembro no constituye en sí misma un abuso de derecho. El legislador de la Unión ha reconocido que los nacionales de terceros países pueden buscar legítimamente protección en la Unión cuando se vean forzados por las circunstancias. ( 40 )