ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
21.

No obstante, si profundizamos en este argumento —dado que conforme a una decisión básica de la Comisión está prevista la intervención de este Comité en los nombramientos para los grados A 2 y A 3 y dado que su intervención en la primavera de 1984 pudo influir en cierta medida sobre la decisión «confirmatoria» de octubre de 1984 (sobre ello volveremos más adelante), se percibe claramente que no se puede derivar de ello una crítica relevante contra la decisión de promoción de la Comisión. En efecto, por una parte, de acuerdo con las explicaciones de la Comisión, no es exacto que el Director General del personal y de la administración participara en los trabajos del Comité en una doble calidad; el Comité se compone —como ya he dicho— del Secretario General de la Comisión, del Director General de la administración y del personal, de un Director General designado por el Presidente y de un representante del Comisario encargado del personal y de la administración. ( 8 ) Por otra parte, es importante recordar que las decisiones de promoción y los nombramientos para ciertos puestos por esta vía competen, según el Estatuto de los funcionarios, exclusivamente a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Sin embargo, cuando en la preparación de un acto de este tipo hace intervenir a una instancia consultiva no prevista en el Estatuto de los funcionarios, no hay que criticar ciertamente el hecho de que no dé entrada en ella a un representante del personal.
7.

Para cerrar el tema, y habida cuenta de las opiniones que en esta materia han expresado el Gobierno danés y, en la vista, la Comisión, puede ser oportuno valorar la legitimidad comunitaria de los dos controles técnicos respecto a la importación de vehículos «usados». Empecemos por la aprobación previa a la matrícula del vehículo. En favor de su licitud, a mi parecer, concurren al menos dos argumentos: a) el vehículo puede haber sido modificado en el período posterior a su matrícula definitiva y puede, por tanto, resultar distinto de como lo describe el certificado de conformidad; b) las condiciones del vehículo pueden no ser suficientes para ofrecer, a efectos de seguridad y de protección del medio ambiente, las garantías exigidas para los vehículos matriculados en el Estado de importación. Naturalmente, la sentencia Frans-Nederlandse Maatschappij se aplica también en este caso; la aprobación no debe ser una repetición de las que ha se han llevado a cabo en el Estado exportador, sobre todo cuando sus resultados son accesibles a las autoridades del país de importación. No cabe duda, en cambio, de que el segundo control constituye un obstáculo para las importaciones. Respondiendo a una pregunta del Tribunal de Justicia, el Gobierno belga lo ha negado, pero sus argumentos no me parecen convincentes. De hecho: a) la identidad del propietario puede deducirse de los documentos, incluso aduaneros, que presenta para la matrícula; b) nada impide que la declaración sobre el uso múltiple del vehículo se formule con ocasión del primer control técnico. Tales conclusiones se reflejan en la legitimidad de las tasas. La exigida por la primera aprobación entra en el campo de aplicación del artículo 95 del Tratado CEE y puede considerarse justificada, en cuanto no es contraria al principio de proporcionalidad. La segunda es manifiestamente ilegal, como elemento accesorio de un control incompatible con el Derecho comunitario.
4)

Las circunstancias de que las actividades comerciales del vendedor ya hubieran cesado totalmente en el momento de la transmisión, de que los elementos inmateriales de la empresa ya no tuvieran valor, de que la clientela no hubiera sido transmitida, de que transcurriera un período de tiempo antes de que se reanudaran las actividades comerciales y de que el cedente modificara las condiciones de la explotación son factores que procede tener en cuenta, pero no impiden por sí mismos que haya una transmisión en el sentido de dicho artículo.
19.

La pretensión relativa al pago de los intereses de demora así como de los indemnizatorios, en cualquier caso, es tardía, puesto que no fue formulada hasta la réplica. Por tanto no procede su admisión, en virtud del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento, que excluyen la presentación de nuevas pretensiones durante el procedimiento. Además, los demandantes que no impugnaron a su debido tiempo la Decisión de la Comisión de 31 de julio de 1985, relativa al pago de los intereses de demora únicamente, no pueden basarse en su recurso de 1981 para conseguir ahora sumas no obtenidas entonces.
2.

Aun suponiendo que la competencia de los órganos jurisdiccionales neerlandeses estuviera excluida con arreglo al artículo 1, el Hoge Raad neerlandés se pregunta, sin embargo, si dichos órganos jurisdiccionales no recobraron su competencia por el hecho de que la esposa compareciera en su defensa para impugnar no sólo la competencia del Presidente del Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sino también, con carácter subsidiario, la demanda sobre el fondo (artículo 18). La cuestión requiere dos respuestas. En primer lugar, y por analogía con la observación que he formulado en relación con el artículo 24, todo indica que, aún cuando el demandado comparezca y dicha comparecencia no tenga como único objeto impugnar la competencia, la prórroga de la competencia prevista en tal caso por el artículo 18 no puede tener por efecto incluir dentro del ámbito de aplicación del Convenio una materia que está radicalmente excluida del mismo por su artículo 1. Por otra parte, la segunda frase del artículo 18 precisa que «esta regla no será de aplicación [...] si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 16»; ahora bien, las competencias exclusivas que son objeto de dicho artículo se refieren únicamente a los litigios en materia civil y mercantil. En segundo lugar, la segunda frase del artículo 18 excluye la prórroga de la competencia del Juez de un Estado contratante que no sea el del domicilio del demandado ante el que éste hubiera comparecido cuando el demandado no sólo impugna la competencia, sino también la demanda sobre el fondo. En efecto, este Tribunal ha declarado (sentencia de 24 de junio de 1981, Elefanten-Schuh, 150/80,↔ Rec. p. 1671) que la regla de competencia establecida en la primera frase del artículo 18 deja de aplicarse incluso cuando la impugnación de la competencia no se opone con carácter principal o no es previa a la formulación de cualquier otro motivo de oposición sobre el fondo; basta con que sea anterior a la definición de postura que el Derecho nacional del Juez que conozca de la acción considere «el primer medio de defensa esgrimido ante el mismo». En sus conclusiones en dicho asunto, Sir Gordon Slynn fue más explícito, al estimar que «el hecho de que un demandado formule pretensiones sobre el fondo no implica necesariamente que reconozca la competencia cuando sus argumentos tienen carácter subsidiario con respecto a su pretensión principal, según la cual el órgano jurisdiccional carece de competencia». En su sentencia de 22 de octubre de 1981, Rohr(27/81,↔ Rec. p. 2431), este Tribunal precisó que el artículo 18 «permite al demandado no sólo impugnar la competencia, sino también presentar al mismo tiempo, con carácter subsidiario, motivos de oposición sobre el fondo, sin perder por ello el derecho a proponer la excepción de incompetencia».
1.

En la primera cuestión, sólo se menciona expresamente el Real Decreto, de 23 de abril de 1979, por el que se adoptan medidas para prevenir el agotamiento de las reservas de peces, crustáceos y moluscos en la zona de pesca de Bélgica. Si se examina esta medida, a la que se refiere expresamente el órgano jurisdiccional de remisión, a la luz de la situación jurídica definida por el Tribunal en las sentencias de 5 de mayo de 1981, Comisión/Reino Unido (804/79,↔ Rec. p. 1045), y de 2 de junio de 1981, proceso penal contra la empresa Van Dam & Zonen (124/80, Rec. p. 1447), no se observa ningún elemento, como ya han señalado con razón el Gobierno belga y la Comisión, que han formulado observaciones en el presente procedimiento, que permita dudar de su compatibilidad con el Derecho comunitario. En efecto, la Comisión fue consultada a su debido tiempo y, como se desprende de la «Comunicación relativa a la aprobación por parte de la Comisión de medidas de conservación nacionales en el sector de la pesca» (DO 1980, C 133, p. 2), aprobó expresamente dichas medidas. En cambio, como destaca la Comisión, el Real Decreto, de 20 de diciembre de 1979, por el que se adoptan medidas temporales de protección de las reservas de peces, crustáceos y moluscos en el Mar del Norte, mencionado únicamente en los fundamentos de Derecho de la resolución de remisión, nunca le fue sometido para su aprobación, por lo que, al no haber existido consulta, tampoco pudo examinarlo de manera adecuada. No obstante, dicho Reglamento, en particular, frente a lo dispuesto en el Reglamento de 23 de abril de 1979, elevó la malla mínima de las redes de hilo doble de 75 mm a 80 mm. Por consiguiente, al utilizar redes con una malla de 79 mm, el acusado sólo pudo infringir la norma de 20 de diciembre de 1979. Sin embargo, dado que dicho Reglamento fue aprobado en contravención de las disposiciones formales del Derecho comunitario, una condena penal basada en él es asimismo incompatible con el Derecho comunitario, como ya expuse en mis conclusiones en el asunto 269/80 (proceso penal contra Robert Tymen).
HNL/CONSEJO YCOMISIÓN
CONCLUSIONES DELABOGADO GENERAL
SR.FRANCESO CAPOTORTI
presentadas el7dejuniode1977
(véaseRec.1977,pp.1211,1223)
CONCLUSIONES DELABOGADO GENERAL
SR.FRANCESCO CAPOTORTI
presentadas el1demarzode1978*
SeñorPresidente,
Señores Jueces,
1.Laspresentes conclusiones serefie­
ren,como essabido, acincorecursos
interpuestos contraelConsejo ylaComi­
siónconarreglo alpárrafo segundo del
artículo 215delTratado CEEporlasem­
presas Bayerische HNL,BerndAdleff,
F.X.Zollner, Christof Schwab yJohann
Seidl.Lasdemandantes solicitan larepara­
cióndeldañoqueafirman habersufridopor
laincidencia delReglamento (CEE)
n°563/76delConsejo, de15demarzode
1976,relativo alacompra obligatoria de
lechedesnatada enpolvoenpoderdelos
organismos deintervención ydestinada a
serutilizada enlosalimentos paraanimales
(DOL67, p.18).
Debeconsiderarse acreditado unpunto
preliminar debastante importancia: lainva­
lidezdelcitadoReglamento. Estafuedecla-radaporelTribunal deJusticia enlassen­
tenciasde5dejuliode1977,enlosasuntos
prejudiciales Bela-Mühle (114/76, Rec.
p.1211);Granaría (116/76, Rec.p.1247),
yÓlmühle yBecher(asuntos acumulados
119/76y120/76, Rec.p.1269),quefueron
examinados conjuntamente concuatrode
lospresentes recursos deindemnización.
Portanto,noestimo necesario reiterar las
consideraciones expuestas, apropósito dela
disconformidad delReglamento n°563/76
connormassuperiores delDerecho comuni­
tario,enmisconclusiones de7dejuniode
1977.Meparece encambio útilcitarla
partefinal,ymássignificativa, delafunda-
mentación delassentencias de5dejuliode
esteTribunal. Setratadelapartado 7,enel
queseafirma:
«Considerando queelrégimen establecido
porelReglamento n°563/76 eraunamedi­
datemporal, destinada asubsanar lasconse­
cuencias deundesequilibrio persistente en
laorganización comúndelsectordelaleche
ydelosproductos lácteos;
*
Lengua original: italiano.
355
1

Mediante su recurso, el Parlamento Europeo solicita la anulación parcial de la Decisión de Ejecución C(2020) 8797 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2020 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), por la que se concede parcialmente una autorización para determinados usos del trióxido de cromo con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1, y corrección de errores en DO 2007, L 136, p. 3; DO 2008, L 141, p. 22, y DO 2009, L 36, p. 84; en lo sucesivo, «Reglamento REACH»).
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 6 de octubre de 2021 — TUIfly

(Asunto C‑253/21) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Artículo 5 — Artículo 7 — Artículo 8, apartado 3 — Denegación de embarque, cancelación o gran retraso de los vuelos — Compensación y asistencia a los pasajeros — Concepto de “cancelación” — Desvío de un vuelo a un aeropuerto no ubicado en la misma ciudad o región que aquel para el que se efectuó la reserva — Transporte alternativo de los pasajeros en autocar»

1. Cuestiones prejudiciales — Respuesta que no suscita ninguna duda razonable — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véase el apartado 16)

2. Transportes — Transportes aéreos — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos — Cancelación — Concepto — Vuelo desviado a un aeropuerto ubicado en la misma ciudad o región que aquel para el que se efectuó la reserva — Exclusión — Derecho a compensación por cancelación de vuelo — Inexistencia [Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, letra l), 5, ap. 1, letra c), 7, ap. 1, y 8, ap. 3] (véanse los apartados 20 a 23)

3. Transportes — Transportes aéreos — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos — Vuelo desviado a un aeropuerto no ubicado en la misma ciudad o región que aquel para el que se efectuó la reserva — Derecho a compensación por un supuesto de cancelación de vuelo [Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 5, ap. 1, letra c), 7, ap. 1, y 8, ap. 3] (véanse los apartados 24 a 27 y el fallo)

Fallo

Los artículos 5, apartado 1, letra c), 7, apartado 1, y 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, deben interpretarse en el sentido de que un vuelo desviado que aterriza en un aeropuerto distinto del aeropuerto para el que se efectuó la reserva y que no está ubicado en la misma ciudad o región puede conferir al pasajero un derecho a compensación por cancelación de vuelo.

( 1 ) DO C 289 de 19.7.2021.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 28 de mayo de 2020 — DER Touristik

(Asunto C‑153/19) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Transportes aéreos — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Artículo 12 — Viajes combinados — Gran retraso de los vuelos — Compensación a los pasajeros — Compensación suplementaria — Derecho de los pasajeros a la reducción de precio del viaje»

1. Cuestiones prejudiciales — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véanse los apartados 25 y 26)

2. Transportes — Transportes aéreos — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos — Derecho a compensación en caso de retraso — Concepto de compensación suplementaria — Derecho a reducción de precio del viaje — Inclusión — Requisitos — Verificación por el órgano jurisdiccional nacional [Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 1, ap. 1, 7 y 12] (véanse los apartados 27, 29, 32, 33 y 36 y el fallo)

Fallo

El artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que no obsta a que los pasajeros que ya hayan sido compensados con arreglo al artículo 7 del Reglamento puedan verse compensados en virtud del derecho a reducción de precio del viaje que les otorga el Derecho del Estado miembro de que se trate frente a los operadores turísticos, si esta última compensación se concede por un perjuicio individualizado cuyo origen está en una de las situaciones contempladas en el artículo 1, apartado 1, del mismo Reglamento, extremo este que incumbe comprobar al tribunal remitente.

( 1 ) DO C 182 de 27.5.2019.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019 — Motex/Comisión

(Asunto C‑748/18 P) ( 1 )

Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Ayudas de Estado — Ayuda aplicada por Hungría a favor de empresas que emplean a trabajadores discapacitados — Recurso de anulación — Supuestas decisiones de no formular objeciones — Falta de legitimación activa — Persona no afectada individualmente — Recurso que no se ha presentado con el fin de salvaguardar los derechos procesales — Inadmisibilidad del recurso en primera instancia — Recurso de casación manifiestamente infundado»

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión por la que se declara una ayuda de Estado compatible con el mercado interior sin incoar el procedimiento de investigación formal — Recurso de los interesados en el sentido del artículo 108 TFUE, apartado 2 — Recurso que no pretende salvaguardar los derechos procesales de los interesados — Inadmisibilidad [Arts. 108 TFUE, aps. 2 y 3, y 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, art. 1, letra h)] (véanse los apartados 17 a 20)

2. Procedimiento judicial — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos — Motivo basado en elementos que han aparecido durante el procedimiento — Inexistencia — Ampliación de un motivo existente — Inexistencia de ampliación — Inadmisibilidad (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 84, ap. 1) (véanse los apartados 21 y 22)

3. Recurso de casación — Motivos — Motivo formulado contra un fundamento de Derecho del auto que no es necesario para justificar el fallo — Motivo inoperante (Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véanse los apartados 25 a 27)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación por ser manifiestamente infundado.

2) Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

( 1 ) DO C 112 de 25.3.2019.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 20 de junio de 2019 — SATI

(Asunto C‑475/18) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Reglamento (CE) n.o 1370/2007 — Servicios públicos de transporte de viajeros — Artículo 5 — Adjudicación directa de los contratos de servicio público — Prohibición con arreglo al Derecho nacional — Artículo 8, apartado 2 — Régimen transitorio»

1. Cuestiones prejudiciales — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véase el apartado 26)

2. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Identificación de los elementos de Derecho de la Unión pertinentes — Reformulación de las cuestiones (Art. 267 TFUE) (véase el apartado 33)

3. Transportes — Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera — Reglamento (CE) n.o 1370/2007 — Adjudicación directa de los contratos de servicio público — Artículo 5, apartado 4 — Ámbito de aplicación ratione temporis — Decisión de una autoridad local competente sobre la adjudicación directa de un contrato de servicio público de transporte local adoptada antes del 3 de diciembre de 2019 — Exclusión [Reglamento (CE) n.o 1370/2007, arts. 5, ap. 4, y 8, ap. 2] (véanse los apartados 34 y 37 a 42 y el fallo)

Fallo

El artículo 5 y el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que el artículo 5, apartado 4, de dicho Reglamento no es aplicable a una decisión de una autoridad local competente sobre la adjudicación directa de un contrato de servicio público de transporte local adoptada antes del 3 de diciembre de 2019.

( 1 ) DO C 399, de 5.11.2018.
La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que protege la salud pública y la dignidad e integridad de las profesiones de cirujano estético y de médico especialista en estética al imponer a toda persona física o jurídica la prohibición de realizar publicidad de intervenciones incluidas en la cirugía estética o la medicina estética no quirúrgica.
47

En el presente asunto, como se desprende del expediente aportado al Tribunal de Justicia, la Ley n.o 53/2003 contiene disposiciones dirigidas a la aplicación acumulativa de las distintas medidas enumeradas en el apartado 1, letras a) a c), de la cláusula 5 del Acuerdo marco. No obstante, la OG n.o 42/2004 permite sin embargo, en el ámbito de la inspección veterinaria, contratar trabajadores mediante sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, sin prever ninguna limitación de la duración de tales contratos o del número de renovaciones de éstos, a efectos del apartado 1, letras b) y c), de dicha cláusula.
1)

cuando, en uno de los casos citados en el apartado 4 del artículo 2, los hechos que motiven la orden de detención europea no fueren constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución; no obstante, en materia de tasas e impuesto[s], de aduana y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la orden de detención europea por el motivo de que la legislación del Estado miembro de ejecución no imponga el mismo tipo de tasas o de impuestos o no contenga el mismo tipo de reglamentación en materia de tasas o impuestos, de aduana y de cambio que la legislación del Estado miembro emisor; [...]»
1.

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Afectación directa — Criterios — Decisión de la Comisión por la que justifica la toma en consideración a posteriori de los derechos de importación pero que no justifica la condonación de esos derechos en un caso particular — Solicitud de condonación de los derechos de aduana — Remisión por la Comisión de las autoridades nacionales a una decisión relativa a otro importador — Recurso interpuesto por importadores que tiene por objeto la decisión nacional pero no la de la Comisión — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véanse los apartados 45 a 50, 62 y 63)