A este respecto, en el supuesto de que una institución, y más en particular la Comisión, opte por la vía contractual en el marco del artículo 272 TFUE para conceder aportaciones financieras, está obligada a permanecer dentro de ese marco. Así, debe evitar, en particular, en sus relaciones con las otras partes contratantes, servirse de formulaciones ambiguas que éstas puedan percibir como la expresión de facultades de decisión unilaterales que sobrepasen las estipulaciones contractuales.

En efecto, si el juez de la Unión se reconociera competente para pronunciarse en anulación sobre actos que se inscriben en un marco meramente contractual, existiría un riesgo, no sólo de que el artículo 272 TFUE, que permite atribuir competencia jurisdiccional a la Unión en virtud de una cláusula compromisoria, quedara vacío de contenido, sino también de que, en caso de que el contrato no contuviera una cláusula de este tipo, tal competencia jurisdiccional se extendiera más allá de los límites trazados por el artículo 274 TFUE, que atribuye a los tribunales nacionales la competencia de Derecho común para conocer de los litigios en los que la Unión sea parte. De ello se deduce que, cuando exista un contrato entre el demandante y una de las instituciones, los órganos jurisdiccionales de la Unión sólo pueden conocer de un recurso basado en el artículo 263 TFUE si el acto impugnado tiende a producir efectos jurídicos vinculantes ajenos a la relación contractual entre las partes y que implican el ejercicio de prerrogativas de poder público atribuidas a la institución contratante en su condición de autoridad administrativa.

Si bien es cierto que sería contrario al objetivo del recurso de anulación basado en el artículo 263 TFUE interpretar restrictivamente los requisitos de admisibilidad del recurso reduciendo su alcance exclusivamente a las categorías de actos mencionados en el artículo 288 TFUE, no lo es menos que esta competencia del juez de la Unión para interpretar y aplicar las disposiciones del Tratado no es aplicable cuando la situación jurídica del demandante se encuadra en el marco de unas relaciones contractuales cuyo régimen jurídico viene regulado por la ley nacional designada por las partes contratantes.

Una nota de adeudo expedida por la Comisión relativa a cantidades adeudas en virtud de un Convenio de subvención no puede calificarse de acto definitivo susceptible de un recurso de anulación por el hecho de que contenga menciones relativas al devengo de intereses en caso de falta de pago de la deuda constatada dentro del plazo señalado, a la posibilidad del pago por compensación o aplicando una vía ejecutiva que conlleve, en su caso, la ejecución de las garantías prestadas, así como a una posible ejecución forzosa y a la inclusión en una base de datos accesible a los ordenadores del presupuesto de la Unión, aunque su redacción pueda hacer pensar que se trata de un acto definitivo de la Comisión. En efecto, tales menciones sólo pueden ser entendidas, en cualquier caso, como un proceder preparatorio de un acto de la Comisión relacionado con la ejecución de la deuda constatada, toda vez que, en la nota de adeudo, la Comisión no adopta postura alguna sobre los medios que pretende poner en práctica para cobrar la referida deuda, incrementada en los intereses de demora devengados desde la fecha de vencimiento del pago fijada en la nota de adeudo. Lo mismo cabe afirmar respecto de las menciones relativas a los medios de pago legalmente previstos.

De lo anterior se deduce que el juez de la Unión no es competente para conocer de un recurso intentado contra la mencionada nota de adeudo por la vía del artículo 263 TFUE, puesto que dicha nota de adeudo se inscribe en un marco meramente contractual del que es indisociable y no surte efectos jurídicos vinculantes más allá de los propios del Convenio de subvención, ni implican tales efectos el ejercicio de prerrogativas de poder público atribuidas a la Comisión en su condición de autoridad administrativa. Por otro lado, la inadmisibilidad del recurso de anulación no implica una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la otra parte contratante de que se trate, puesto que ésta podrá defender sus posiciones, si las considera fundadas, mediante recurso promovido en virtud de cláusula contractual por la vía del artículo 272 TFUE.

(véanse los apartados 46, 47, 49 y 52)