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82.

A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania): «1) Los Estados miembros están obligados a garantizar en su Derecho interno la protección de los derechos exclusivos enunciados en los artículos 2 a 4 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, derechos que únicamente pueden limitarse por la aplicación de las excepciones y limitaciones taxativamente previstas en el artículo 5 de dicha Directiva. En cambio, los Estados miembros son libres para elegir los medios que estimen oportunos con el fin de cumplir esa obligación. 2) El artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la utilización de una obra literaria en el marco de una noticia de actualidad no está comprendida en la excepción establecida por dicho artículo, cuando la finalidad perseguida por tal utilización requiere que se lea la totalidad o parte de la obra. 3) El artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la excepción de cita contemplada en esta disposición no ampara situaciones en las que, sin la autorización del autor, una obra se pone íntegramente a disposición del público en un sitio de Internet como archivo accesible que puede descargarse de manera independiente, dispensando al usuario de acudir a la obra original. 4) La libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, consagradas en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no constituyen una limitación y no justifican una excepción ni una vulneración de los derechos exclusivos del autor para autorizar o prohibir la reproducción y la comunicación al público de su obra, sin perjuicio de las limitaciones y excepciones previstas en el artículo 5, apartados 2 y 3, de la Directiva 2001/29. Esta afirmación resulta asimismo válida cuando el autor de la obra en cuestión ejerce una función pública y la obra pone de manifiesto sus convicciones sobre cuestiones de interés general, siempre que la obra haya sido puesta ya a disposición del público.»
36.

Sin embargo, las medidas adoptadas a este respecto por los Estados miembros no pueden ir más allá de lo necesario para alcanzar tales objetivos. En particular, no pueden ser utilizadas de forma que cuestionen la neutralidad del IVA. ( 15 ) El Tribunal de Justicia ha resuelto ya en diversas ocasiones que la Administración no puede exigir al sujeto pasivo la realización de complejas y exhaustivas comprobaciones respecto a su proveedor, imponiéndole en la práctica un control que le incumbe a ella. ( 16 )
77.

Sin embargo, cuando la trabajadora considera que ha sido perjudicada y puede demostrar que la evaluación llevada a cabo no incluyó el examen de sus circunstancias concretas, tal situación puede también llevar a presumir que existe discriminación directa a los efectos del artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54. A mi juicio, este es el caso cuando el empresario o las autoridades competentes aplican una política o una regla general en virtud de la cual el trabajo a turnos o el trabajo nocturno no representan un riesgo intrínseco para la lactancia natural, sin que se examine la situación concreta de la trabajadora individual afectada y su hijo. Tal enfoque obstaculiza de manera efectiva el cumplimiento de los objetivos tanto de la Directiva 92/85 como de la Directiva 2006/54. Un procedimiento de este tipo sitúa a la trabajadora en una posición en la que ha de impugnar y, en su caso, refutar, la presunción de que su trabajo no la pone en riesgo. Ello contrasta claramente con el hecho de que ambas Directivas reconocen que las trabajadoras incluidas en el artículo 2 de la Directiva 92/85 conforman un grupo particularmente vulnerable. ( 58 ) Por lo tanto, un procedimiento de evaluación que obliga a la trabajadora de que se trate a enervar la presunción general de que no está en riesgo porque no se considera que el perfil de su puesto entrañe riesgos para las madres en período de lactancia constituye un trato menos favorable de una mujer a los efectos del artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2006/54, en relación con el artículo 19, apartados 1, y 4, letra a), de esa Directiva.
38.

Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General, que conoció del asunto tras la devolución de los autos, desestimó el recurso del recurrente. Consideró, en particular, que, con arreglo al artículo 61, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dicho recurso era inadmisible por cuanto que se refería a una supuesta omisión ilegal de la Comisión en el procedimiento relativo al producto effecto. En cuanto al fondo, el Tribunal General estimó que la infracción del Derecho de la Unión cometida por la Comisión estaba suficientemente caracterizada, puesto que, por una parte, esta no disponía de ningún margen de apreciación en cuanto a la adopción de una decisión a raíz del procedimiento de cláusula de salvaguardia iniciado en 1998 de conformidad con el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 93/42 y, por otra parte, una administración normalmente prudente y diligente no habría debido cometer la irregularidad constatada en circunstancias similares. Consideró, asimismo, que el recurrente únicamente podía hacer valer el derecho a indemnización que le había cedido Broncho-Air Medizintechnik, por cuenta de la cual se había fabricado el producto Inhaler. En cuanto a la existencia de una relación de causalidad entre la omisión culposa de la Comisión y los perjuicios alegados, el Tribunal General señaló, en primer lugar, que Broncho-Air Medizintechnik, distribuidora del producto Inhaler, había decidido dejar de comercializar y vender ese producto, antes de que las autoridades alemanas adoptaran su decisión. Estimó, en segundo lugar, que no había certeza alguna de que la Comisión habría adoptado una decisión contraria a la constatación de las autoridades alemanas y, en tercer lugar, que los gastos de procedimiento en que incurrió el recurrente para impugnar la legalidad de las decisiones de las autoridades alemanas no podían imputarse a la Comisión.
84.

En efecto, si bien dicho incumplimiento del plazo no puede quedar sin consecuencias, el hecho de que el solicitante reúna o no los requisitos necesarios para obtener la tarjeta de residencia es independiente de la inacción de la administración, ya que tales circunstancias no modifican en nada la situación objetiva del solicitante de la tarjeta de residencia ni la constatación de si reúne o no los requisitos para que se le conceda una tarjeta de residencia.
35.

No obstante, es evidente que la garantía mínima aplicable a cualquier autoridad administrativa independiente digna de ese nombre es la independencia decisoria, es decir, de la capacidad de adoptar decisiones imparciales en cada caso, a resguardo de todo tipo de interferencias por parte de otras entidades que puedan tener potencialmente objetivos o intereses contrapuestos. Los miembros de dicha autoridad no pueden estar sujetos a instrucción alguna en el ejercicio de sus funciones. ( 6 ) Pero, al mismo tiempo, tales requisitos mínimos de independencia, tendentes a la consecución de una capacidad decisoria imparcial en casos particulares, no impiden per se que existan vínculos organizativos o estructurales entre las entidades afectadas, siempre y cuando se den garantías claras y sólidas de que no pueda producirse ninguna interferencia en la toma de decisiones individuales.
42.

Por último, debo recordar que la Sra. Vega González no solicitó una garantía absoluta de reincorporación al final de su mandato en la Junta General del Principado de Asturias, sino que solicitó el derecho a reincorporarse si, en aquel momento, el puesto que ocupaba a) no hubiera sido amortizado y b) no estuviera ocupado por un funcionario de carrera. Al menos prima facie, me parece que ésta es una solicitud que tiene en cuenta de manera proporcionada cualquier diferencia genuina que pueda considerarse correctamente que existe entre funcionarios de carrera y funcionarios interinos en lo que respecta al derecho a reincorporarse a la Administración pública tras un mandato como representante democráticamente electo. El derecho de los primeros a reincorporarse al servicio activo es absoluto, mientras que el de los segundos, por definición, no lo es.
31.

Con respecto al supuesto incumplimiento de los principios de igualdad de trato y neutralidad fiscal, Alemania y el Reino Unido defienden que los descuentos que Boehringer concede a las farmacias (y a los mayoristas, según corresponda) al venderles productos farmacéuticos a través de entidades del seguro público de enfermedad no son comparables a los descuentos que ofrece a las entidades de seguro privado de enfermedad. ( 20 ) Alemania añade que no hay riesgos para la competencia, puesto que los productos farmacéuticos que se venden a las personas cubiertas por el seguro público de enfermedad no compiten con los productos farmacéuticos suministrados a los afiliados de seguros privados. A su parecer, dado que ambas situaciones no se pueden comparar, no es necesario examinar si existe una justificación objetiva. El Reino Unido alega que debe respetarse la elección del legislador de la Unión sobre el trato que se debe acordar a las entregas.
El Gobierno maltés no está de acuerdo con estas observaciones y alega que las actividades de los PDC y sus conocimientos cubren únicamente los aspectos mecánicos del tratamiento de determinadas anomalías y enfermedades que afectan a los dientes y a la cavidad bucal. En su opinión, los PDC no están cualificados para poder formular el diagnóstico necesario para programar este tipo de tratamiento y tampoco son competentes para supervisar el mantenimiento de la rehabilitación bucal, que solo puede ser supervisada por un dentista plenamente cualificado, máxime cuando existen grandes diferencias en cuanto a la formación que da acceso a la profesión de PDC. ( 35 ) La entrega de un aparato dental o de una prótesis no está exenta de riesgos, dado que pueden existir patologías subyacentes que pueden pasar desapercibidas para los PDC y pueden producirse daños en los tejidos, ya sean temporales o permanentes, si dicho aparato o dicha prótesis no se inserta correctamente. Por ejemplo, una extracción incorrecta de un diente puede provocar infecciones si la raíz del diente que se encuentra bajo el aparato o la prótesis no ha sido extraída de forma correcta. Por otra parte, el Gobierno maltés entiende que pueden producirse complicaciones en los pacientes tratados con quimioterapia o bisfosfonato. Una dentadura postiza mal colocada con unos cuidados bucales deficientes puede incrementar el riesgo de cánceres bucales. También considera que el aparato puede provocar o empeorar enfermedades periodontales si está mal concebido, de modo que puede causar daños irreversibles si su posicionamiento y el contexto en el que se inserta no son controlados por un dentista cuya formación, más amplia y completa que la de los PDC, le permite realizar una valoración global de la situación y no una meramente mecánica como la que efectúan los PDC. En su opinión, no se puede contar con que el propio paciente se dé cuenta de los problemas relacionados con su prótesis o aparato dentales, y la remisión del paciente por el PDC a un dentista podría producirse en un estadio ya avanzado de la afección. Además, el Gobierno maltés hace referencia de manera documentada a un cierto número de estudios científicos que demuestran las consecuencias, en ocasiones graves, de una mala implantación o de la falta de adaptación de un aparato dental insertado en un contexto orgánico que no esté sano. Rechaza el argumento de que el libre ejercicio de la profesión de PDC, sin la supervisión de un dentista, abriría el acceso a la asistencia odontológica a los más desfavorecidos, alegando que en Malta las personas con ingresos insuficientes pueden consultar gratuitamente a un dentista. Por último, el Gobierno maltés aduce que el principio de cautela exige que la protección de la salud pública prevalezca sobre las consideraciones económicas y que los Estados miembros disponen de una amplia facultad discrecional para la aplicación de dicho principio.
131.

Nada apunta a que la sentencia recurrida exija a la Comisión escudriñar más allá de la información disponible en el momento en que se adoptó la medida en cuestión. Al apreciar las pruebas que obraban en autos sobre los coeficientes de liquidación, el Tribunal General simplemente llegó a la conclusión de que las pruebas aportadas no eran suficientes para sustentar las conclusiones alcanzadas en la Decisión controvertida en relación con el cumplimiento del criterio del operador privado. Dicho de otro modo, no le convencían las pruebas presentadas para acreditar la existencia de una ventaja dado que no se había tenido en cuenta toda la información pertinente.
82.

Por otra parte, ya he señalado que, en esta fase, el futuro síndico y el futuro juez comisario no tienen formalmente ningún poder. De este modo, el síndico carece de cualquier potestad administrativa, ( 40 ) y no existe un procedimiento formal de determinación del pasivo. ( 41 ) Por otra parte, he puesto de relieve que, para poder conceder una autorización para la transmisión tan rápidamente, el juez comisario debe haber sido informado y, en esencia, no haberse opuesto a la operación antes de la declaración de quiebra, de tal modo que la aprobación pueda simplemente oficializarse tras la quiebra. Sin embargo, este modo de proceder puede vaciar casi totalmente de contenido el control oficial que debería tener lugar durante el procedimiento formal de quiebra.
46.

Irlanda afirma que la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia se refiere bien a regímenes en los que no era posible devolución alguna del impuesto, bien, en el asunto que dio lugar al auto VAV-Autovermietung, a un sistema en el que la cuantía de la devolución se calculaba en función de la duración de la utilización del vehículo en el territorio de los Países Bajos. Ahora bien, Irlanda señala que, en el sistema irlandés, la cuantía de la devolución se calcula en base al valor actual de mercado del vehículo en el momento de su salida, que depende en particular de su kilometraje, de manera que, tras comparar este valor con el que tenía en el momento de la matriculación, la tributación es proporcional a la intensidad efectiva de la utilización del vehículo en el territorio irlandés. Ahora bien, como no se conoce el valor de mercado del vehículo en el momento de su salida, dado que no depende solamente de la antigüedad del vehículo, sino también de su kilometraje, el objetivo del régimen irlandés, que es gravar la intensidad efectiva de la utilización del vehículo, no puede alcanzarse mediante un impuesto calculado exclusivamente en base a la duración prevista de la utilización en Irlanda.
3)

Procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y quinta que la proporcionalidad de la tributación de las plusvalías no realizadas se ha de valorar atendiendo al caso concreto en el momento de la liquidación del impuesto. Ésta será desproporcionada si, como ocurre en el presente asunto, no existe posibilidad alguna de aplazamiento y si la exigibilidad del impuesto se produciría en un momento posterior de no haber habido emigración, con independencia de que los activos afectados hayan sido enajenados sin minusvalía antes del vencimiento del impuesto. El principio de proporcionalidad no obliga al Estado de origen a tener en cuenta las pérdidas ulteriores que sufran los activos de explotación.
38.

La legislación nacional debe interpretarse con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión en la medida más amplia posible. ( 9 ) No obstante, tal como el propio Tribunal de Justicia ha reconocido, la interpretación conforme al Derecho de la Unión tiene sus límites. En particular, no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional. ( 10 ) En el supuesto de que sea imposible realizar una interpretación conforme al Derecho de la Unión, el órgano jurisdiccional nacional tiene la obligación de garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión, dejando si es preciso sin aplicación las disposiciones nacionales incompatibles, sin que sea necesaria la derogación previa de tales disposiciones. ( 11 ) Que un órgano jurisdiccional nacional esté facultado para examinar de oficio fundamentos de Derecho de la Unión depende de la observancia del principio de equivalencia, que permite determinar, en particular, si ese órgano jurisdiccional, en una situación comparable, estaría obligado a examinar de oficio fundamentos de Derecho interno. ( 12 )
104.

En primer lugar, las prestaciones de tratamientos sanitarios no son prestaciones de servicios como las demás. Producen efectos en la integridad física del destinatario y en su equilibrio psíquico, y, además, el paciente que recurre a dichas prestaciones actúa movido por una verdadera necesidad ligada al restablecimiento de su salud y, en su caso, a la protección de su vida. Habida cuenta de la importancia de lo que está en juego, el paciente no dispone, cuando decide recurrir o no a las prestaciones de servicios sanitarios, de la misma libertad de decisión de la que dispone con respecto a otros servicios. Cuando recurre a las prestaciones de tratamientos, el paciente no satisface un deseo sino que actúa movido por una necesidad.
76.

A todos los efectos, me limito a señalar que en el caso de una verdadera transferencia de competencias no se da ni una adjudicación de un contrato in house, dado que el instrumento jurídico que organiza la transferencia de competencias no prevé la realización de prestaciones a cambio de una remuneración, ni una cooperación entre entidades públicas en el sentido de la jurisprudencia Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce y otros, ( 45 ) puesto que dicho instrumento efectúa una transferencia de poderes públicos y no tiene por objeto una colaboración entre autoridades.
30.

Conviene señalar que en esta disposición no se habla en absoluto de un daño o de un perjuicio, sino de un hecho dañoso. Por tanto, a tenor del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 no es el daño el factor principal, sino el hecho generador del daño. La lógica de esta disposición me parece evidente: será normalmente el órgano jurisdiccional del lugar donde se ha producido efectivamente un daño el más indicado para recabar los hechos, escuchar a los testigos y practicar cualquier acto procesal.
12.

Con arreglo al artículo 338, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tribunal condenará al acusado al pago de las costas procesales cuando lo declare culpable o declare su responsabilidad por la comisión de una infracción. Esta disposición no se refiere a las costas procesales cuyo pago deba imponerse a un tercero en virtud de lo dispuesto por la ley. En cuanto al artículo 338, apartado 2, de dicha Ley establece que sólo podrá condenarse al acusado al pago de las costas penales originadas en relación con el acto o la parte de los hechos respecto de los que se haya determinado su culpabilidad o su responsabilidad. No se le podrá condenar al pago de las costas penales que se hayan originado innecesariamente, siempre que no sean imputables a una omisión suya.
35.

En mis conclusiones en el asunto Belvedere Costruzioni declaré que, desde mi punto de vista, el requisito de la recaudación eficaz no puede ser absoluto. ( 23 ) El Tribunal de Justicia aceptó esta propuesta sobre la base, en primer lugar, de que la necesidad de garantizar que los recursos de la Unión se perciban de forma eficaz no puede ir en contra del respeto del principio del plazo razonable ( 24 ) y, en segundo lugar, de que la disposición controvertida no constituía una renuncia indiscriminada a la percepción del IVA durante un período determinado, sino una disposición excepcional que, debido a su carácter puntual y limitado derivado de sus requisitos de aplicación, no creaba diferencias significativas en el modo en que son tratados los sujetos pasivos en su conjunto y, por tanto, no violaba el principio de neutralidad fiscal. ( 25 )
65.

No obstante, procede no llamarse a equívoco sobre el alcance de esta respuesta. Aunque el Tribunal de Justicia declaró en dicho asunto que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104 debía interpretarse en el sentido de que las causas de denegación del registro enunciadas en los guiones primero y tercero de esta disposición no podían aplicarse de manera combinada, ello no significa que las causas de denegación recogidas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de esta Directiva (o de la Directiva de marcas) no puedan aplicarse de manera acumulativa a la misma forma.
49.

En primer lugar, ha de señalarse que, si bien es cierto que «la cooperación judicial [...] no puede limitarse a los procedimientos judiciales», ( 41 ) no lo es menos que el objetivo de transmisión de los documentos extrajudiciales es subsidiario con respecto al objetivo principal de mejorar y acelerar la transmisión de documentos judiciales, como lo demuestra el hecho de que sólo un artículo del Reglamento no 1393/2007 se dedica a los documentos extrajudiciales. La explicación se encuentra probablemente en que la comunicación de los documentos judiciales a su destinatario responde, por lo general, en los Derechos nacionales a un formalismo determinado que puede retrasar o complicar el procedimiento, especialmente cuando la entrega debe efectuarse en el extranjero y afecta a la soberanía del Estado en el que dicha entrega debe producirse. La armonización de las legislaciones nacionales constituye, pues, un medio eficaz para mejorar y acelerar la transmisión transfronteriza de esos documentos. Por el contrario, la notificación de los documentos extrajudiciales no obedece necesariamente en los Derechos nacionales a las mismas normas que los documentos judiciales. Si su transmisión es libre, someterla a los mecanismos establecidos por el Reglamento no 1393/2007 no me parece realmente un factor que la facilite y la acelere. Sin embargo, otro objetivo, relativo a la seguridad de la transmisión, que debe garantizar la protección tanto de los intereses del requirente como los del destinatario, puede justificar que esos documentos se transmitan con arreglo al Reglamento no 1393/2007.
19.

PFE recurrió la sentencia del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ante el órgano jurisdiccional remitente, mientras que GSA se adhirió a dicho recurso por vía incidental, alegando, en particular, que dicho Tribunal no se había atenido al orden en el que han de examinarse los recursos establecido en la sentencia no 4/2011 del Pleno del Consiglio di Stato (en lo sucesivo, «sentencia no 4/2011»), según la cual, en caso de oponerse excepciones por vía incidental dirigidas a la inadmisión del recurso principal, el recurso incidental debe examinarse antes que el recurso principal.
27.

El Presidente del Tribunal de Justicia ha admitido como coadyuvante en apoyo de las tesis de la Comisión a Alemania y, mediante autos de 3 de marzo de 2015, a la European Crop Protection Association, CropLife International, CropLife America, Inc., la National Association of Manufacturers of the United States of America y el American Chemistry Council, Inc., el European Chemical Industry Council y la European Crop Care Association. Todos ellos han presentado observaciones por escrito y, excepto Alemania, también verbalmente.
150.

Sobre el primer aspecto, me remito a las consideraciones expuestas anteriormente. En efecto, no sólo el Tribunal General no estaba obligado a ajustar el importe de la multa impuesta a la recurrente al importe que fue finalmente fijado para su filial, sino que las críticas formuladas por la recurrente ante el Tribunal General en cuanto a la duración de la infracción no se referían al mismo aspecto que el censurado por el Tribunal General y no tenían, por lo tanto, el «mismo objeto».