CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. VERICA TRSTENJAK

presentadas el 8 de septiembre de 2011 ( 1 )

Asunto C-282/10

Maribel Domínguez

contra

Centre informatique du Centre Ouest Atlantique

contra

Préfet de la région Centre

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia)]

«Art. 31, apartado 2, de la Carta — Derechos Sociales Fundamentales — Principios generales del Derecho — Eficacia horizontal de las Directivas — Art. 7 de la Directiva 2003/88/CE — Condiciones de trabajo — Ordenación del tiempo de trabajo — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Adquisición del derecho a vacaciones independientemente del tipo y la duración de la baja del trabajador — Normativa nacional conforme a la cual la concesión de esas vacaciones depende de un tiempo mínimo de trabajo efectivo durante el año de devengo de las vacaciones — Obligación del órgano jurisdiccional nacional de no aplicar las disposiciones nacionales contrarias al Derecho de la Unión»

Índice

I. Introducción II. Marco jurídico A. Derecho de la Unión 1. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 2. Directiva 2003/88 B. Derecho nacional III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia V. Alegaciones esenciales de las partes A. Sobre la primera cuestión prejudicial B. Sobre la segunda cuestión prejudicial C. Sobre la tercera cuestión prejudicial VI. Apreciación jurídica A. Sobre la primera cuestión prejudicial B. Sobre la segunda cuestión prejudicial 1. Consideraciones generales a) Aspectos jurídicos esenciales b) Existencia de un litigio entre particulares 2. El papel del juez nacional en un litigio entre particulares a) Límites del Derecho de la Unión a la aplicación de las directivas b) Posibles alternativas i) Aplicabilidad directa del derecho fundamental consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta — Aplicabilidad de la Carta — Carácter de derecho fundamental — Falta de eficacia frente a terceros — Conclusión ii) Aplicabilidad directa de un eventual principio general del Derecho — Rango del derecho a vacaciones anuales en el ordenamiento jurídico de la Unión — Aplicabilidad del principio general del Derecho entre particulares — Conclusión iii) Aplicación del principio general del Derecho según es concretado en la Directiva 2003/88 — Planteamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia Kücükdeveci — Aplicación de este planteamiento al derecho a vacaciones anuales — Conclusión c) Conclusión final 3. Responsabilidad subsidiaria del Estado miembro por infracción del Derecho de la Unión 4. Conclusión C. Sobre la tercera cuestión prejudicial VII. Conclusión

I. Introducción

1. En el presente procedimiento prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, la Cour de cassation francesa (en lo sucesivo, «órgano jurisdiccional remitente») plantea al Tribunal de Justicia tres cuestiones relativas a la interpretación del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. ( 2 )

2. Esta petición de decisión prejudicial tiene su origen en un litigio entre la señora Domínguez (en lo sucesivo, «demandante en el procedimiento principal») y su empleador, el Centre informatique du Centre Ouest Atlantique (en lo sucesivo, «demandado en el procedimiento principal»), en que se debate la cuestión de si éste está obligado, y en qué medida, a pagar una compensación económica por las vacaciones anuales que aquélla no pudo disfrutar a causa de un accidente. Un aspecto importante que se ha de aclarar desde el punto de vista del órgano jurisdiccional remitente es la forma en que se ha de calcular la duración de dichas vacaciones, y aquí la particularidad reside en que, con arreglo a la legislación nacional aplicable, por un lado, la adquisición del derecho a vacaciones anuales se supedita a que el trabajador haya trabajado un número mínimo de días y, por otro, no se computa como tiempo trabajado cualquier tipo de baja laboral a causa de un accidente.

3. Sin embargo, no se puede determinar la existencia de un derecho a vacaciones y, en su caso, su alcance exacto, mientras no esté claro si la citada normativa nacional se puede considerar compatible con el artículo 7 de la Directiva 2003/88 y si la demandante puede invocar directamente dicha Directiva frente al demandado. El presente asunto suscita, por una parte, cuestiones jurídicas a las que el Tribunal de Justicia ya ha dado una respuesta inequívoca, de manera que en principio basta con remitirse a las correspondientes sentencias. Por otra parte, se pide al Tribunal de Justicia que se pronuncie acerca de cómo se ha de calificar el derecho a vacaciones anuales retribuidas dentro de la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico de la Unión y si el trabajador puede invocar esa jerarquía también frente a su empleador.

4. A tal fin procede examinar cuatro alternativas que podrían ayudar al trabajador a hacer valer sus derechos frente al empresario. En primer lugar, se ha de analizar la posibilidad de una eficacia horizontal de las directivas. A continuación, y en el contexto del carácter vinculante recientemente adquirido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se debe estudiar la aplicabilidad directa del artículo 31, apartado 2, de la Carta. Otra alternativa es examinar la aplicabilidad directa de un eventual principio general del Derecho que conceda al trabajador un derecho a vacaciones anuales. Y, por último, analizaré en qué medida se puede aplicar aquí el planteamiento desarrollado por el Tribunal de Justicia en el asunto Kücükdeveci. ( 3 ) Para ello, examinaré con detalle las ventajas e inconvenientes de este planteamiento. El presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia ocasión para tratar este planteamiento desde la dogmática y, si es preciso, afinarlo.

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión ( 4 )

1. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

5. El título IV («Solidaridad») de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») menciona, en su artículo 31, el derecho de todo trabajador a unas «condiciones de trabajo justas y equitativas». El artículo 31, apartado 2, establece: «Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas.»

6. El título VII («Disposiciones generales») define, en el artículo 51, el ámbito de aplicación de la Carta. El artículo 51, apartado 1, tiene el siguiente tenor: «Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión.»

2. Directiva 2003/88

7. El artículo 1 de la Directiva 2003/88 establece: «Objeto y ámbito de aplicación 1. La presente Directiva establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo. 2. La presente Directiva se aplicará: a) a los períodos mínimos […] de vacaciones anuales […] [...]»

8. El artículo 7 de dicha Directiva tiene el siguiente tenor: «Vacaciones anuales 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas nacionales. 2. El período mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido por una compensación financiera, excepto en caso de conclusión de la relación laboral.»

9. Con arreglo al artículo 17 de la Directiva 2003/88, los Estados miembros pueden establecer excepciones a determinadas disposiciones de dicha Directiva. Entre ellas no se incluye el artículo 7.

B. Derecho nacional

10. El artículo L. 223-2, párrafo primero, del Code du travail (Código de Trabajo francés), aplicable en el procedimiento principal, dispone: «El trabajador que, a lo largo del año de referencia, acredite haber prestado sus servicios al mismo empresario durante un tiempo equivalente como mínimo a un mes de trabajo efectivo tendrá derecho a unas vacaciones cuya duración se establecerá a razón de dos días y medio laborables por mes trabajado, sin que la duración total de las vacaciones exigibles pueda exceder de treinta días laborables.»

11. El artículo L. 3141-3 del nuevo Code du travail, en su versión resultante de la Ley de 20 de agosto de 2008, establece: «El trabajador que acredite haber trabajado para el mismo empresario durante un tiempo equivalente como mínimo a diez días de trabajo efectivo tendrá derecho a unas vacaciones de dos días y medio laborables por mes trabajado. La duración total de las vacaciones exigibles no podrá exceder de treinta días laborables.»

12. El entonces aplicable artículo L. 223-4 del Code du travail establece: «A efectos de determinar la duración de las vacaciones, se asimilarán a un mes de trabajo efectivo los periodos equivalentes a cuatro semanas o veinticuatro días trabajados. Los períodos de vacaciones retribuidas, los descansos compensatorios previstos en el artículo L. 212-5-1 del presente código y en el artículo L. 713-9 del code rural [Código Rural] los periodos de descanso por maternidad previstos en los artículos L. 122-25 a L. 122-30, los días de descanso obtenidos en virtud de la reducción del tiempo de trabajo y los períodos de suspensión ininterrumpida del contrato de trabajo por accidente de trabajo o enfermedad profesional de una duración máxima de un año tendrán la consideración de tiempo de trabajo efectivo. (También tendrán la consideración de tiempo de trabajo efectivo, a efectos de determinar la duración de las vacaciones, los períodos durante los cuales el trabajador o aprendiz esté cumpliendo el servicio nacional o sea convocado de nuevo al mismo por cualquier concepto.)»

13. Por su parte, el vigente artículo L. 3141-5 del Code du travail establece: «Tendrán la consideración de tiempo de trabajo efectivo a efectos de determinar la duración de las vacaciones: 1) Los períodos de vacaciones retribuidas; 2) Los períodos de permiso de maternidad, paternidad y adopción, adopción y cuidado de los hijos; 3) Los descansos compensatorios obligatorios establecidos en el artículo L. 3121-26 del presente código y en el artículo L. 713-9 del code rural; 4) Los días de descanso obtenidos en virtud de la reducción del tiempo de trabajo; 5) Los períodos de suspensión ininterrumpida del contrato de trabajo por accidente de trabajo o enfermedad profesional de una duración máxima de un año; 6) Los períodos durante los cuales el trabajador esté cumpliendo el servicio nacional o sea convocado de nuevo al mismo por cualquier concepto.»

14. Con arreglo al artículo XIV, apartado 4, del Reglamento tipo anexo al convenio colectivo nacional de trabajo del personal de los organismos de la seguridad social, no se adquiere el derecho a vacaciones anuales en el año en el que se hayan producido bajas por enfermedad o por enfermedad de larga duración que hayan provocado una interrupción del trabajo por tiempo igual o superior a doce meses consecutivos, ausencias por servicio militar obligatorio y permisos sin sueldo al amparo de los artículos 410, 44 y 46 del convenio colectivo. Este derecho se adquiere nuevamente a partir de la fecha de reincorporación al puesto de trabajo, fijándose la duración de las vacaciones en proporción al tiempo de trabajo efectivo aún no computado para la concesión de las vacaciones anuales.

III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

15. La demandante en el procedimiento principal está contratada laboralmente desde el 10 de enero de 1987 por el demandado en el procedimiento principal, sometido al convenio colectivo del personal de los organismos de la seguridad social.

16. El 3 de noviembre de 2005 sufrió un accidente in itinere (entre el domicilio y el lugar de trabajo), a consecuencia del cual estuvo de baja laboral desde el 3 de noviembre de 2005 hasta el 7 de enero de 2007.

17. El 8 de enero de 2007 se reincorporó a su puesto en régimen de media jornada y, a partir del 8 de febrero de 2007, a jornada completa. Tras su regreso, el demandado en el procedimiento principal le comunicó el número de días de vacaciones que, según sus cálculos, le correspondían por su período de baja. La demandante en el procedimiento principal recurrió y reclamó a su empleador 22,5 días de vacaciones retribuidas correspondientes a dicho período o, subsidiariamente, el pago de una indemnización compensatoria por importe de 1971,39 euros.

18. En primer lugar hizo valer sus derechos frente al Conseil de prud’hommes de Limoges, que resolvió en contra de sus pretensiones mediante resolución de 15 de enero de 2008. Contra esta decisión, la demandante en el procedimiento principal recurrió en apelación ante la Cour d’appel de Limoges, pero dicho recurso fue desestimado por sentencia de 16 de septiembre de 2008, en la que Cour d’appel declaró, entre otros extremos, que el demandado en el procedimiento principal, como empleador, había aplicado correctamente las disposiciones laborales pertinentes y había denegado con acierto las vacaciones, pues la demandante en el procedimiento principal, a causa de su accidente in itinere, había estado ausente más de doce meses y durante ese período no había realizado trabajo efectivo alguno. La Cour d’appel declaró, asimismo, que la demandante en el procedimiento principal no podía invocar las disposiciones laborales aplicables en caso de accidente de trabajo.

19. Con su recurso ante la Cour de cassation se dirige contra dicha sentencia, alegando, por un lado, que los accidentes in itinere deben equipararse a los accidentes de trabajo y que, por tanto, se le debe aplicar la misma normativa. Por otro lado, argumenta que para el cálculo de las vacaciones retribuidas el tiempo de interrupción de su contrato de trabajo a raíz del accidente in itinere se ha de considerar como tiempo efectivo de trabajo.

20. El órgano jurisdiccional remitente, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que cita extensamente, expresa sus dudas tanto acerca de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de las disposiciones laborales nacionales pertinentes, como acerca de la obligación del órgano jurisdiccional nacional de no aplicar las disposiciones nacionales contrarias al Derecho de la Unión.

21. En tales circunstancias, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 en el sentido de que se opone a unas disposiciones o prácticas nacionales que supeditan el derecho a vacaciones anuales retribuidas a la existencia de un tiempo de trabajo efectivo mínimo de diez días (o de un mes) durante el período de devengo de estas vacaciones? 2) Si la respuesta es afirmativa, ¿el artículo 7 de la Directiva 2003/88, que crea una obligación especial para el empresario al conferir al trabajador en situación de baja médica durante un año o más el derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas, obliga al juez nacional que conoce de un litigio entre particulares a excluir la aplicación de una disposición nacional contraria que, en tal supuesto, supedita el derecho a vacaciones anuales retribuidas a la existencia de un tiempo de trabajo efectivo mínimo de diez días durante el año de devengo de estas vacaciones? 3) Como el artículo 7 de la Directiva 2003/88 no hace distinción alguna entre los trabajadores según que su baja médica durante el período de devengo de las vacaciones anuales se deba a un accidente de trabajo, a una enfermedad profesional, a un accidente in itinere o a una enfermedad no profesional, ¿dicho artículo confiere a los trabajadores un derecho a unas vacaciones retribuidas de idéntica duración cualquiera que sea el origen de su baja médica, o bien ha de interpretarse en el sentido de que no se opone a que la duración de las vacaciones retribuidas pueda variar en función del origen de la baja del trabajador, desde el momento en que la norma nacional establece en determinadas circunstancias una duración de las vacaciones anuales retribuidas superior al mínimo de cuatro semanas establecido por la Directiva?»

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

22. La resolución de remisión de 2 de junio de 2010 se recibió en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 7 de junio de 2010.

23. Han presentado observaciones escritas las partes del procedimiento principal, los Gobiernos francés, danés y neerlandés y la Comisión Europea dentro del plazo establecido por el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

24. En la vista celebrada el 17 de mayo de 2011 comparecieron y formularon observaciones los representantes de las partes del procedimiento principal, de los Gobiernos francés, danés y neerlandés y de la Comisión.

V. Alegaciones esenciales de las partes

A. Sobre la primera cuestión prejudicial

25. Todos los intervinientes en el procedimiento están de acuerdo en que la respuesta a la primera cuestión prejudicial se puede deducir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, principalmente de las sentencias BECTU ( 5 ) y Schultz-Hoff y otros. ( 6 ) En consecuencia, proponen que se responda a esta cuestión que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a unas disposiciones o prácticas nacionales que supeditan el derecho a vacaciones anuales retribuidas a la existencia de un tiempo de trabajo efectivo mínimo de diez días (o de un mes) durante el período de devengo de estas vacaciones.

B. Sobre la segunda cuestión prejudicial

26. Tanto las líneas de argumentación como las respuestas que a esta cuestión proponen los intervinientes en el procedimiento difieren sustancialmente entre sí.

27. La demandante en el procedimiento principal se remite a las sentencias Simmenthal ( 7 ) y Melki, ( 8 ) y afirma que la aplicabilidad directa del artículo 7 de la Directiva 2003/88 no queda en entredicho por las declaraciones del Tribunal de Justicia en la sentencia BECTU. A su parecer, la situación para los jueces nacionales se presenta sencilla en la medida en que están obligados a dejar de aplicar las disposiciones nacionales que supeditan el ejercicio del derecho a vacaciones anuales retribuidas al cumplimiento de un requisito incompatible con el Derecho de la Unión.

28. El demandado en el procedimiento principal se remite a la jurisprudencia citada por el órgano jurisdiccional remitente, de la que extrae la conclusión contraria. En su opinión, de los principios desarrollados en dicha jurisprudencia se deduce que el juez nacional no puede dejar de aplicar una disposición nacional en un litigio entre particulares basándose en que es incompatible con una directiva. Hacerlo así, en su opinión, sería una interpretación contra legem. A la vista de la definición de la propia Directiva, que formula objetivos a los Estados miembros y no genera obligaciones directas para los ciudadanos, a su juicio no hay motivo para revisar esa jurisprudencia reiterada, pues lo contrario equivaldría a anular la diferencia entre directivas y reglamentos.

29. Los Gobiernos francés y neerlandés van algo más lejos en el análisis de la jurisprudencia.

30. El Gobierno francés recuerda, por ejemplo, no sólo la jurisprudencia citada por la Cour de cassation, sino también las sentencias Mangold ( 9 ) y Kücükdeveci. ( 10 ) Expone que en dichas sentencias el Tribunal de Justicia desarrolló aún más su jurisprudencia sobre la posición del juez nacional en caso de que alguna disposición nacional sea contraria al Derecho de la Unión. De ellas deduce que, cuando hay conflicto entre una disposición nacional y un principio general del Derecho de la Unión, el juez nacional debe dejar de aplicar necesariamente la disposición nacional. El Gobierno francés señala, a este respecto, que aunque conforme a reiterada jurisprudencia el derecho a vacaciones anuales retribuidas debe considerarse como un «principio del Derecho social de la Unión de especial relevancia», aún no ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia como un principio general del Derecho de la Unión, como sí lo es, por ejemplo, el principio de no discriminación por razón de la edad. En consecuencia, entiende que la jurisprudencia antes citada no se puede extender al derecho a vacaciones anuales retribuidas.

31. Por eso, el Gobierno francés propone responder a la segunda cuestión prejudicial en el sentido de que, en la medida en que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 se oponga a una disposición nacional que supedite el derecho a vacaciones anuales a un tiempo mínimo de trabajo de diez días (o de un mes) durante el período de devengo de las vacaciones, dicha disposición de la Directiva no permite al juez que ha de conocer de un litigio entre particulares dejar de aplicar la disposición nacional.

32. El Gobierno neerlandés limita su argumentación a esta cuestión prejudicial. Sostiene que, conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que cita la Cour de cassation, el juez que conoce de un litigio entre particulares no está obligado a dejar de aplicar una disposición nacional que es contraria a una disposición de una directiva, sino que debe interpretar y aplicar el Derecho nacional conforme a la directiva.

33. En opinión del Gobierno neerlandés, de la sentencia Kücükdeveci y del hecho de que el derecho a vacaciones anuales se deba considerar como un «principio del Derecho social de la Unión de especial relevancia» no se puede extraer otra conclusión, especialmente teniendo en cuenta que no se trata de un principio general del Derecho.

34. Mientras que los Gobiernos francés y neerlandés llegan a la conclusión de que las consideraciones del Tribunal de Justicia en la sentencia Kücükdeveci no son de aplicación al presente caso, la Comisión no ve motivo para excluir una aplicación analógica.

35. En opinión de la Comisión, procede responder a la segunda cuestión prejudicial en el sentido de que corresponde al juez nacional asegurar la tutela judicial del particular y la plena eficacia del Derecho de la Unión en el ámbito de sus competencias, y que, en caso de ser necesario, puede dejar de aplicar toda disposición nacional que no sea conforme con el derecho a vacaciones anuales retribuidas.

C. Sobre la tercera cuestión prejudicial

36. La demandante en el procedimiento principal propone responder a esta cuestión prejudicial que el artículo 7 de la Directiva 2003/88 se debe interpretar en el sentido de que se opone a una duración diferenciada de las vacaciones retribuidas en función de cuál sea la causa de la baja del trabajador. Entiende que, por el contrario, dicha disposición prescribe que los trabajadores han de tener derecho a unas vacaciones retribuidas de igual duración con independencia de la causa a la que se deba su baja.

37. El demandado en el procedimiento principal expresa la opinión contraria. A su parecer, el artículo 7 de la Directiva 2003/88 no se opone a que las normativas que determinan la duración de las vacaciones anuales retribuidas, en cuanto a la equiparación del período de baja con el tiempo de trabajo efectivo, sean más favorables para los trabajadores que hayan estado ausentes por enfermedad o accidente de trabajo que para aquellos que no hayan estado ausentes por accidente de trabajo.

38. El Gobierno francés deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes citada que el artículo 7 de la Directiva 2003/88 se debe interpretar en el sentido de que la duración de las vacaciones anuales retribuidas puede resultar diferente en función de la causa de la baja del trabajador, pues está garantizado el tiempo mínimo de vacaciones de cuatro semanas previsto en dicha disposición de la Directiva.

39. Aunque la Comisión señala que de la resolución de remisión no se desprende claramente a qué circunstancia del Derecho nacional se debe esta cuestión prejudicial, sugiere que se responda en el mismo sentido propuesto por el Gobierno francés.

VI. Apreciación jurídica

A. Sobre la primera cuestión prejudicial

40. Con su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide orientación acerca de si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 permite a los Estados miembros supeditar el ejercicio del derecho a vacaciones anuales retribuidas a un tiempo mínimo de trabajo especificado en el Derecho nacional, tiempo mínimo que, en el Derecho francés, inicialmente estaba fijado en un mes y, a raíz de una reforma legal, se encuentra ahora en diez días.

41. La respuesta a esta cuestión se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sobre todo de las sentencias BECTU y Schultz-Hoff y otros. Por ese motivo resulta conveniente recordar las declaraciones del Tribunal de Justicia en una y otra sentencia y, a continuación, estudiar la posibilidad de trasladarlas al presente asunto.

42. Tal como ha afirmado el Tribunal de Justicia en reiterada jurisprudencia, el derecho a vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio del Derecho social de la Unión de especial relevancia, respecto al cual no pueden establecerse excepciones y cuya aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes únicamente puede efectuarse respetando los límites establecidos expresamente por la Directiva 2003/88. ( 11 ) Con la consagración legal del derecho a vacaciones legales retribuidas en el plano del Derecho derivado, el legislador de la Unión quiso garantizar que los trabajadores de todos los Estados miembros dispusieran de un tiempo efectivo de descanso «en aras de una protección eficaz de su seguridad y su salud». ( 12 ) Como ha declarado el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, la finalidad del derecho a vacaciones anuales retribuidas consiste en permitir que los trabajadores descansen y dispongan de un período de ocio y esparcimiento. ( 13 )

43. Es precisamente a causa de la destacada relevancia que el ordenamiento jurídico de la Unión atribuye a este principio por lo que el Tribunal de Justicia, en el apartado 52 de la ya citada sentencia BECTU, declaró que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993 (cuyo tenor es idéntico al de su disposición sucesora en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88) «se opone a que los Estados miembros limiten unilateralmente el derecho a vacaciones anuales retribuidas concedido a todos los trabajadores, aplicando un requisito para el nacimiento de este derecho que da lugar a que determinados trabajadores queden privados del mismo».

44. En el apartado 53 de esa misma sentencia, el Tribunal de Justicia añadió que los Estados miembros tienen «la posibilidad de establecer, en su normativa interna, los requisitos para el ejercicio y la aplicación del derecho a vacaciones anuales retribuidas, precisando las circunstancias concretas en las que los trabajadores pueden hacer uso del citado derecho, del que disfrutan por la totalidad de los períodos de trabajo cubiertos, sin poder supeditar, no obstante, a ningún tipo de requisito la propia constitución de este derecho, que se deriva directamente de la Directiva 93/104».

45. En el apartado 55 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró también que, ciertamente, las medidas adoptadas por los Estados miembros para la puesta en práctica de las disposiciones pueden contener determinadas divergencias por lo que respecta a los requisitos de ejercicio del derecho a vacaciones anuales retribuidas, pues la Directiva se limita, en definitiva, a recoger determinadas disposiciones mínimas de armonización a nivel comunitario en materia de ordenación del tiempo de trabajo y, por lo demás, encomienda a los Estados miembros la tarea de adoptar los criterios de ejecución y aplicación necesarios. Sin embargo, subrayó que «esta Directiva no permite que los Estados miembros impidan el propio nacimiento de un derecho concedido expresamente a todos los trabajadores».

46. La jurisprudencia reproducida en los puntos anteriores debe interpretarse en el sentido de que el Tribunal de Justicia reconoce en principio la competencia de los Estados miembros para adoptar las denominadas disposiciones de aplicación, con las que pueden regular de forma concreta determinados aspectos del ejercicio del derecho a vacaciones anuales, como por ejemplo la forma en que los trabajadores pueden tomar las vacaciones que les corresponden por las primeras semanas de su empleo. Sin embargo, esta competencia normativa de los Estados miembros encuentra un límite cuando la normativa elegida afecta a la efectividad del derecho a vacaciones anuales retribuidas de tal modo que ya no queda garantizada la realización de la finalidad de las vacaciones. Es lo que sucede, por ejemplo, con una normativa nacional que no decida sobre el cómo, sino sobre la misma posibilidad de ejercer dicho derecho.

47. En el presente caso estamos claramente ante una normativa de ese tipo, tal como ha reconocido el propio Gobierno francés, por cuanto el nacimiento del derecho mismo se supedita a que el trabajador haya completado un tiempo mínimo de trabajo de un mes (en el caso del posteriormente modificado artículo L. 223-2, párrafo primero, del Code du travail) o de diez días (en el caso del actual artículo L. 3141-3 del Code du travail). Como detalladamente ha argumentado el Gobierno francés en sus observaciones escritas, el establecimiento del tiempo mínimo de trabajo de diez días se explica por los criterios de cálculo de la duración de las vacaciones anuales: esa duración va en función del número de días de trabajo, de manera que un día de vacaciones, con arreglo a dicho método de cálculo, se corresponde con diez días de trabajo.

48. La referencia a la necesidad del cálculo preciso de las vacaciones anuales en el caso concreto, sin embargo, como también reconoce el Gobierno francés, en nada cambia el hecho de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no prevea ninguna clase de excepción a la regla de que la realización del derecho a vacaciones anuales retribuidas no puede quedar frustrada en el momento de su transposición a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros mediante medidas nacionales. A este respecto parece conveniente señalar que la sentencia BECTU recayó sobre unos hechos similares a los del presente litigio, de manera que los principios allí desarrollados se pueden trasladar directamente al procedimiento principal. En aquel asunto se pidió al Tribunal de Justicia que resolviese sobre la cuestión de si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/104 permite que un Estado miembro adopte una normativa nacional con arreglo a la cual un trabajador no comienza a adquirir el derecho a vacaciones anuales retribuidas hasta que haya cubierto un período mínimo de trece semanas de empleo ininterrumpido con el mismo empresario. Dado que el Tribunal de Justicia negó expresamente que fuera así, me parece razonable pensar que la normativa francesa controvertida no puede considerarse conforme con la Directiva 2003/88.

49. Otra cuestión jurídica que se ha planteando en el marco del litigio principal y que (como acertadamente ha señalado el demandado en el procedimiento principal en sus observaciones escritas ( 14 )) también precisa de aclaración a los efectos del presente procedimiento prejudicial es, concretamente, si el derecho a vacaciones anuales retribuidas se puede adquirir también durante un período en que el trabajador estuvo ausente por enfermedad. La necesidad de aclarar esta cuestión se explica por el hecho de que de ella depende, en último término, si a la demandante en el procedimiento principal le corresponde realmente un derecho a vacaciones por ese período, o si se le puede oponer que estuvo ausente de su puesto de trabajo.

50. También para responder a esta cuestión ofrece la jurisprudencia útiles referencias. Especialmente provechosa se revela la sentencia Schultz-Hoff, en cuyo apartado 39 el Tribunal de Justicia comenzó declarando que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva es de aplicación a «todos los trabajadores» en lo que atañe al derecho a vacaciones anuales retribuidas. Y también se han de considerar relevantes sus apreciaciones en el apartado 40 de dicha sentencia, en que el Tribunal de Justicia declaró que «en lo que atañe a este último derecho, la Directiva 2003/88 no hace distinción alguna entre los trabajadores que durante el período de devengo de las vacaciones anuales se ausentan del trabajo como consecuencia de una baja por enfermedad —de corta o larga duración— y aquellos otros que durante dicho período trabajan efectivamente».

51. De ahí extrajo el Tribunal de Justicia, en el apartado 41 de la sentencia, una conclusión que a mi parecer también es importante a los efectos del presente procedimiento prejudicial: «que, cuando se trata de trabajadores en situación de baja por enfermedad debidamente prescrita, ningún Estado miembro puede supeditar el derecho a vacaciones anuales retribuidas, que la propia Directiva 2003/88 atribuye a todos los trabajadores, al requisito de haber trabajado efectivamente durante el período de devengo de las vacaciones anuales establecido en el Estado de que se trate».

52. La jurisprudencia reproducida en los puntos anteriores se ha de interpretar, por lo tanto, en el sentido de que la baja de un trabajador por enfermedad durante el año de devengo de las vacaciones no obsta para que adquiera su derecho a vacaciones anuales retribuidas, siempre que su baja por enfermedad estuviera debidamente prescrita. Desde el punto de vista jurídico, esto significa que las ausencias del trabajo debidas a causas ajenas a la voluntad del trabajador afectado, como una enfermedad, deben computar como tiempo trabajado. Es lo mismo que expresa la disposición del artículo 5, apartado 4, del Convenio no 132 de la Organización Internacional del Trabajo, de 24 de junio de 1970, relativo a las vacaciones anuales pagadas (revisado), en el que el Tribunal de Justicia basó sus consideraciones sobre la relación entre las vacaciones anuales y las vacaciones por enfermedad.

53. En resumen, procede declarar que la normativa controvertida no es conforme con la Directiva 2003/88. A esta misma conclusión llega también el Gobierno francés, que en sus observaciones escritas anunció que procuraría que se modificase el artículo L. 3141-3 del Code du travail. ( 15 ) En consecuencia, se ha de responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a unas disposiciones o prácticas nacionales que supeditan el derecho a vacaciones anuales retribuidas a la existencia de un tiempo de trabajo efectivo mínimo de diez días (o de un mes) durante el período de devengo de estas vacaciones.

B. Sobre la segunda cuestión prejudicial

1. Consideraciones generales

a) Aspectos jurídicos esenciales

54. La segunda cuestión prejudicial se plantea expresamente sólo para el caso de que se declare la incompatibilidad de la disposición nacional controvertida con el Derecho de la Unión (tal como se ha hecho). Según se desprende de la exposición que contiene la resolución de remisión en relación específicamente con esta cuestión prejudicial, ( 16 ) el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 7 de la Directiva 2003/88 le impone la eventual obligación de inaplicar la disposición nacional controvertida en un litigio entre particulares.

55. La respuesta a esta cuestión precisa de algunas aclaraciones sobre dos aspectos jurídicos esenciales, vinculados entre sí. Por un lado, se trata del papel de los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación del Derecho de la Unión, según se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por otro, se trata de la relevancia que el ordenamiento jurídico de la Unión concede al derecho a vacaciones anuales, y de la exigibilidad de ese derecho.

b) Existencia de un litigio entre particulares

56. Antes de centrarme en estos aspectos fundamentales de la cuestión prejudicial, para hacer un análisis completo quisiera observar que, en mi opinión, está fuera de duda que en el litigio principal se enfrentan dos particulares.

57. En primer lugar, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente definir el objeto de las cuestiones que quiere plantear. En efecto, corresponde exclusivamente a los jueces nacionales, que deben asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar en cada caso tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. ( 17 )

58. Dado que el órgano jurisdiccional remitente en su resolución de remisión asume claramente que se trata de un litigio entre particulares y que no se plantea, al menos no explícitamente, la cuestión de una posible pertenencia del demandado en el procedimiento principal al Estado francés, como parte de la administración pública, el Tribunal de Justicia está vinculado por esta apreciación.

59. Sin embargo, de forma excepcional el Tribunal de Justicia puede efectuar una valoración de los motivos que han llevado al órgano jurisdiccional nacional a remitir una determinada cuestión. Es lo que sucede, según la jurisprudencia, cuando se pretende, en realidad, que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre un litigio inventado o formule opiniones consultivas respecto a cuestiones generales o hipotéticas, cuando la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio, o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera adecuada a las cuestiones planteadas. ( 18 )

60. Pero en este caso no se dan los presupuestos para ello. Según la exposición aclaratoria de los intervinientes en el procedimiento durante la vista, en el procedimiento principal se trata de un litigio en torno a un contrato de trabajo en que el demandado en el procedimiento principal actúa frente a la demandante en el procedimiento principal como particular y nunca como autoridad investida de poder público. En último término, la exposición del órgano jurisdiccional remitente corrobora dicha argumentación.

2. El papel del juez nacional en un litigio entre particulares

a) Límites del Derecho de la Unión a la aplicación de las directivas

61. Por lo que se refiere al cometido del juez nacional cuando debe resolver un litigio entre particulares en el que (como en el presente caso) se pone de manifiesto que la normativa nacional controvertida es contraria al Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia ha declarado que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales asegurar la protección jurídica que para los justiciables se deriva de las disposiciones del Derecho de la Unión y garantizar su pleno efecto. ( 19 ) No obstante, existe una importante limitación en los litigios entre particulares en la medida en que, según la jurisprudencia, una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y, por consiguiente, no puede ser invocada, como tal, contra dicha persona. ( 20 )

62. De ello se deduce, según el Tribunal de Justicia, que incluso una disposición clara, precisa e incondicional de una Directiva que tiene por objeto conferir derechos o imponer obligaciones a los particulares no puede aplicarse como tal en el marco de un litigio en el que sólo se enfrentan particulares. El Tribunal de Justicia fundamentó su apreciación en el argumento de que lo contrario equivaldría a reconocer a la Unión la facultad de establecer con efectos inmediatos obligaciones a cargo de los particulares, cuando sólo tiene dicha competencia en aquellos supuestos en que se le atribuye la facultad de adoptar reglamentos. ( 21 ) Este punto de vista tiene en cuenta la particular naturaleza de la Directiva, que sólo crea obligaciones directamente a cargo de los Estados miembros destinatarios, con arreglo al artículo 288 TFUE, párrafo tercero, y únicamente puede imponer obligaciones a los particulares a través de las respectivas medidas nacionales de aplicación.

63. Hay que reconocer el acierto de esa jurisprudencia. En consecuencia, también procede rechazar la propuesta diferenciación ( 22 ) en cuanto a las relaciones horizontales entre una eficacia directa positiva y otra negativa de las directivas. Conforme a esta tesis, aunque las directivas no incorporadas no pueden crear directamente obligaciones a cargo de los particulares frente a otros sujetos de Derecho, el Derecho nacional contrario a las directivas (en aplicación del principio de supremacía del Derecho de la Unión) debe quedar inaplicado también en los litigios entre particulares. A esto se ha objetado con acierto que esta tesis sería contraria a la seguridad jurídica. ( 23 ) En función del contexto normativo en que se encuentre una disposición contraria a una directiva dentro del Derecho nacional, su inaplicación puede dar lugar precisamente a una ampliación de las obligaciones de los sujetos del Derecho privado; si esto es así o no depende (desde el punto de vista del Derecho de la Unión) de factores más bien aleatorios, como por ejemplo de si en el Derecho nacional hay alguna otra disposición (que genere obligaciones) a la que pueda recurrirse en caso de suspensión de la normativa contraria a la Directiva.

64. En consecuencia, conforme a dicha jurisprudencia la demandante en el procedimiento principal no podría invocar el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 para pedir al órgano jurisdiccional remitente la inaplicación de la normativa nacional contraria al Derecho de la Unión.

65. Como compensación por la ausencia de efecto directo horizontal de las directivas, el Tribunal de Justicia ha señalado, no obstante, la existencia de soluciones alternativas adecuadas para satisfacer al particular que se considere lesionado por la falta de transposición de una directiva en el ordenamiento jurídico interno o por la deficiente transposición de ésta en dicho ordenamiento. Por una parte, se trata de la posibilidad de una interpretación del Derecho nacional conforme a la directiva; por otra, de la aplicación de los principios de la responsabilidad del Estado miembro en el Derecho de la Unión por incumplimiento de éste.

66. El Tribunal de Justicia ha justificado el método de la interpretación conforme a la directiva apelando a la obligación de todos los poderes públicos de los Estados miembros y, por tanto, en el marco de sus competencias, incluidos los órganos jurisdiccionales, de alcanzar el resultado previsto en la directiva y de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación. ( 24 ) Esa obligación implica que, al aplicar el Derecho interno, éste debe interpretarse recurriendo a todos los métodos de interpretación disponibles de tal manera que la interpretación se haga, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de dicha directiva para alcanzar el resultado que ésta persigue y, por lo tanto, atenerse al artículo 288 TFUE, párrafo tercero. ( 25 ) En su sentencia Pfeiffer y otros, ( 26 ) el Tribunal de Justicia explicó cómo ha de proceder el órgano jurisdiccional nacional en un litigio entre particulares. A este respecto, si el Derecho nacional, mediante la aplicación de los métodos de interpretación reconocidos por éste, permite, en determinadas circunstancias, interpretar una disposición del ordenamiento jurídico interno de tal manera que se evite un conflicto con otra norma de Derecho interno o reducir con este fin el alcance de dicha disposición aplicándola sólo en la medida en que resulta compatible con la referida norma, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de utilizar los mismos métodos con objeto de alcanzar el resultado perseguido por la directiva.

67. Ahora bien, como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, la obligación de interpretar el Derecho nacional tomando como referencia el contenido de una directiva tiene sus límites en los principios generales del Derecho, en particular en el principio de seguridad jurídica, en el sentido de que no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional. ( 27 )

68. De la resolución de remisión no se puede deducir explícitamente si es posible, en todo caso, una interpretación del Derecho nacional conforme a la Directiva. No obstante, considerada en su conjunto la petición de decisión prejudicial, se puede concluir que la única salida que aparentemente le queda al órgano jurisdiccional remitente para conseguir una interpretación conforme a la Directiva es optar por la inaplicación de la normativa controvertida. En vista de que el órgano jurisdiccional remitente en su resolución de remisión ha expuesto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los límites de dicho método interpretativo, se puede presumir que en el presente caso no es posible una interpretación conforme a la Directiva sin interpretar el Derecho interno contra legem.

b) Posibles alternativas

69. Por lo tanto, queda por analizar la cuestión de si al órgano jurisdiccional nacional le estaría permitido, en ciertas circunstancias, proceder de tal manera que pueda inaplicarse la normativa controvertida en un litigio entre particulares. A mi parecer, cabe considerar tres alternativas que expondré en detalle y cuya aplicabilidad examinaré.

70. En primer lugar, procede analizar si es posible una aplicación directa del derecho fundamental consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta. ( 28 ) A continuación es preciso analizar si el derecho a vacaciones anuales retribuidas se puede calificar como principio general del Derecho de la Unión y si se puede aplicar directamente a una relación entre particulares. ( 29 ) Por último, es necesario un examen crítico del planteamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia Kücükdeveci, con miras a un posible traslado de dicho planteamiento al presente litigio. ( 30 )

i) Aplicabilidad directa del derecho fundamental consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta

71. Como ya se ha señalado, una primera alternativa podría consistir en la aplicación directa del derecho fundamental a vacaciones anuales retribuidas consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta.

– Aplicabilidad de la Carta

72. Si la Carta tenía en su origen un carácter básicamente declaratorio, pues había de entenderse como expresión del compromiso de la Unión por respetar los derechos fundamentales, al entrar en vigor el Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 adquirió finalmente rango de Derecho primario en el ordenamiento jurídico de la Unión, en virtud del artículo 6 TUE, apartado 1. ( 31 ) Esto tiene como consecuencia que los actos jurídicos adoptados por las instituciones de la Unión en materia de ordenación del tiempo de trabajo, debido al carácter vinculante de los derechos fundamentales que establece el artículo 51, apartado 1, de la Carta, deberán examinarse, en adelante, atendiendo a dicha disposición. E igualmente vinculados están a partir de ahora los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión. ( 32 )

73. A la vista de que los hechos que dieron origen al litigio principal tuvieron lugar entre 2005 y 2007, es decir, en un momento en que la Carta aún no había entrado en vigor, en sentido estricto habría que negar su aplicabilidad ratione temporis a los hechos sobre los que versa el presente litigio. Pero de este modo no se tendría en cuenta que los tribunales de la Unión ya atribuían a la Carta una importancia significativa en la interpretación del Derecho de la Unión mucho antes de su incorporación formal al ordenamiento jurídico de la Unión. ( 33 ) Recurrir a la Carta como referencia interpretativa no es objetable, máxime cuando refuerza los derechos consagrados en múltiples instrumentos jurídicos y que se desprenden de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, por lo que en último término pueden considerarse reflejo del sistema europeo de valores.

74. Tras su reciente entrada en vigor, en adelante debería ser indiscutible su carácter vinculante en la interpretación, lo que corrobora especialmente el hecho de que el Tribunal de Justicia, en el apartado 22 de la sentencia Kücükdeveci, pese a su evidente inaplicabilidad temporal, recurrió a la Carta en sus apreciaciones. ( 34 ) Por eso, parece coherente utilizar también en el presente asunto las distintas disposiciones relevantes de la Carta como punto de partida para la interpretación de todas las demás normas del Derecho de la Unión, entre ellas los principios generales del Derecho y el Derecho derivado. En particular, es importante evitar toda interpretación de las normas que puedan entrar en contradicción con los valores de la Carta.

– Carácter de derecho fundamental

75. La calificación como derecho fundamental social del derecho de los trabajadores a vacaciones anuales retribuidas, consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, no plantea especiales problemas, desde mi punto de vista. Como expuse en mis conclusiones presentadas en el asunto Schultz-Hoff, ( 35 ) el hecho de que dicho derecho se haya incluido en la Carta constituye la confirmación de su carácter de derecho fundamental. En ellas me adherí a la postura del Abogado General Tizzano, que ya había expresado esta idea en sus conclusiones presentadas en el asunto BECTU. ( 36 ) Por lo que a mí me consta, una parte nada desdeñable de la doctrina jurídica también defiende este punto de vista, ( 37 ) formulando a este respecto argumentos similares. En esencia, se basan en el tenor y en la estructura jurídica de esta norma sobre derechos fundamentales.

76. De hecho, los propios términos de esa disposición sugieren la conclusión de que el derecho a vacaciones anuales retribuidas se concibió como «derecho fundamental», de manera que se puede excluir directamente su pertenencia a los «principios» mencionados en el artículo 51, apartado 1, de la Carta, que no generan derechos subjetivos directos, sino que precisan de una concreción por los destinatarios en el marco de sus competencias. En efecto, el artículo 31, apartado 2, de la Carta establece que «todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas». De este modo queda claramente expresado el carácter de derecho humano de la garantía, máxime cuando en dicho artículo se pone en primer término la dignidad del ser humano en el mundo laboral. ( 38 ) Por lo tanto, se diferencia claramente de otras disposiciones del título IV («Solidaridad») de la Carta que, más bien en el sentido de una garantía jurídica de Derecho objetivo, están formuladas de tal manera que los derechos que garantizan se «reconocen» o se «respetan». Estas distintas redacciones dejan patente una intensidad escalonada de la protección en función del bien jurídico protegido. ( 39 )

77. De acuerdo con este sistema de protección escalonada, las disposiciones que contienen simples «principios» y que, en esta medida, con arreglo al artículo 52, apartado 5, primera frase, de la Carta, vinculan primordialmente al legislador en la transposición, a menudo disponen también que la protección se otorgue «según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales». ( 40 ) Una característica fundamental de los principios consiste en que su aplicación muchas veces requiere la adopción de medidas de concreción que, por lo demás, sólo se pueden llevar a cabo con arreglo al reparto de competencias establecido en los Tratados y respetando el principio de subsidiariedad. ( 41 ) El hecho de que los principios, para desplegar sus efectos, precisen de medidas legales y organizativas, y de medidas prácticas, de la Unión y de sus Estados miembros se pone de manifiesto en la expresión «promoverán su aplicación», aplicable también a ellos, del artículo 51, apartado 1, segunda frase, de la Carta.

78. Pero no sucede así con el artículo 31, apartado 2, de la Carta, que a este respecto se configura como una exigencia individual. El hecho de que el artículo 31, apartado 1, de la Carta, que hace referencia a un «derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad», tenga una formulación relativamente abstracta y precise de una concreción por el apartado 2 no puede utilizarse como argumento para calificar toda esa disposición como «principio» en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, pues precisamente las normas sobre derechos fundamentales pueden estar redactadas de forma ciertamente abstracta, especialmente para poder responder a los cambios políticos y sociales. ( 42 ) Y esto sucede con mayor motivo con los derechos sociales, que a menudo dependen de una concreción, entre otras cosas por los costes que implican y que hacen que su realización se supedite en último término a las posibilidades económicas reales del Estado. ( 43 )

79. Una interpretación sistemática tampoco lleva a una conclusión distinta. Los artículos 28 y 29 de la Carta también indican que los respectivos titulares de derechos fundamentales tienen un «derecho», de modo que ambas disposiciones conceden derechos subjetivos. ( 44 ) Dadas la proximidad de esas disposiciones con el artículo 31 de la Carta, su relación en cuanto al contenido y su identidad estructural, cabe presumir que el artículo 31 de la Carta también establece un derecho subjetivo.

– Falta de eficacia frente a terceros

El sistema de protección de derechos fundamentales de la Carta

80. La redacción del artículo 31 de la Carta podría llevar a pensar, a primera vista, que la norma tiene eficacia frente a terceros ( 45 ) y que es de aplicación directa a las relaciones entre empresarios y trabajadores. De este modo, en teoría, también los particulares estarían obligados a garantizar unas condiciones de trabajo justas y equitativas. Sin embargo, con arreglo al artículo 51, apartado 1, primera frase, de la Carta, ésta está dirigida sólo a «las instituciones, órganos y organismos de la Unión […], así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión». Asimismo, el artículo 52, apartado 2, dispone que «los derechos reconocidos por la presente Carta que constituyen disposiciones de los Tratados se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos». A mi parecer, dichas disposiciones indican una deliberada restricción del círculo de destinatarios, lo que a su vez aclara la naturaleza de la protección de los derechos fundamentales pretendida por el legislador de la Unión.

81. Según este punto de vista, sólo existirían injerencias en el ámbito de protección del artículo 31 de la Carta si la Unión o sus Estados miembros no asegurasen a sus trabajadores unas condiciones de trabajo justas y equitativas o si no adoptasen normativas para garantizar los derechos mencionados en el artículo 31 de la Carta pese a disponer de las competencias necesarias. ( 46 ) Por lo tanto, dicha disposición otorga a los particulares un derecho subjetivo que consiste primordialmente en una obligación de protección a cargo de la Unión y de sus Estados miembros.

82. En vista del inequívoco tenor del artículo 51, apartado 1, primera frase, de la Carta, una vulneración del derecho fundamental a través de una actuación de un Estado miembro sólo podría producirse en el marco de la ejecución del Derecho de la Unión, por ejemplo, con ocasión de la incorporación de directivas al Derecho interno. ( 47 ) En último término, en dicha disposición se confirma la vinculación de los Estados miembros a los derechos fundamentales al aplicar el Derecho de la Unión, reconocida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. ( 48 ) Sin embargo, en este contexto hay que tener presente que los obligados por los derechos fundamentales disponen de un considerable margen de apreciación a la hora de aplicarlos, pues el artículo 31 de la Carta, como derecho fundamental, presupone precisamente la adopción de disposiciones de concreción. ( 49 )

83. En vista de que, por un lado, el artículo 51, apartado 1, primera frase, de la Carta establece claramente el círculo de los obligados por los derechos fundamentales y, por otro, el artículo 31 de la Carta, a juzgar por la finalidad que persigue, se limita a generar una obligación de protección a cargo de la Unión y de los Estados miembros, se ha de considerar que los particulares no están directamente obligados por ese derecho fundamental. ( 50 ) Otro argumento en contra de la eficacia directa frente a terceros de los derechos fundamentales en general puede ser que los particulares tampoco pueden satisfacer la reserva legal prevista en el artículo 52, apartado 1, de la Carta («Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley»). Esta exigencia del Estado de Derecho respecto a la injerencia en los derechos fundamentales, por su propia naturaleza, sólo puede dirigirse a la Unión y a los Estados miembros, como titulares de la soberanía. En consecuencia, los particulares sólo pueden quedar vinculados de forma indirecta mediante las disposiciones que transponen la obligación de protección. ( 51 ) Además, las disposiciones de Derecho privado también deben interpretarse conforme a los derechos fundamentales. Pero esto ya no es relevante a los efectos del presente procedimiento. Lo relevante es la constatación de que el derecho fundamental a vacaciones anuales retribuidas, consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, no es de aplicación directa entre particulares.

El sistema de protección de derechos fundamentales del CEDH

84. Que no se precisa necesariamente una vinculación directa de los particulares a los derechos fundamentales para garantizar en las llamadas relaciones horizontales una protección adecuada de dichos derechos, sino que basta con que los particulares puedan invocar una obligación de protección a cargo del legislador para evitar las lesiones de sus derechos fundamentales por otros particulares, queda demostrado por el sistema de derechos fundamentales previsto en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH).

85. Aunque el CEDH no contempla ningún derecho a vacaciones anuales comparable al del artículo 31, apartado 2, de la Carta, cabe pensar que, con arreglo a los artículos 52, apartado 3, y 53 de la Carta, el nivel de protección de los derechos fundamentales establecido en el CEDH es determinante para el ordenamiento jurídico de la Unión. De hecho, conforme a su finalidad, dichas disposiciones se han de interpretar en el sentido de que el nivel de protección de los derechos fundamentales garantizado en la Carta no puede ser inferior a los niveles mínimos del CEDH. ( 52 ) Por este motivo, y también con vistas a una futura adhesión de la Unión al CEDH, tal como prevé el artículo 6 TUE, apartado 2, primera frase, parece ineludible considerar las soluciones que ofrece este sistema paneuropeo de protección de los derechos fundamentales.

86. A este respecto debe señalarse que en ninguna de las garantías de derechos fundamentales que contempla el CEDH se encuentran indicios de que exista una eficacia frente a terceros, si bien hay también disposiciones que parecen sugerirlo. ( 53 ) Además, por razones de procedimiento, la eficacia frente a terceros se encontraría con dificultades prácticamente inevitables, pues las demandas por violaciones por los particulares de las garantías del CEDH son de antemano inadmisibles ratione personae, en virtud del artículo 35 del CEDH. ( 54 ) En lugar de eso, la protección de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares se realiza imponiendo al Estado una obligación de protección que debe cumplir adoptando medidas positivas (las llamadas «obligaciones positivas»). Según esa concepción, incumbe al Estado rechazar las agresiones de los particulares (vulneradores) a las posiciones jurídicas de los titulares de derechos fundamentales afectados (víctimas), ( 55 ) para lo cual dispone de un cierto margen de apreciación en la selección de los medios. Sólo en circunstancias especiales exige el CEDH prohibiciones legales reforzadas con sanciones penales para proteger un derecho fundamental, por ejemplo en el ámbito de la protección de la vida con arreglo al artículo 2 del CEDH frente a agresiones de los particulares. El Estado cumple su obligación de protección mediante el establecimiento de leyes y su ejecución, por ejemplo, velando por que en el Derecho privado exista un equilibrio de intereses en consonancia con el CEDH, protegiendo en grado suficiente a los titulares de derechos fundamentales con medidas de Derecho penal contra las agresiones de los particulares, o regulando convenientemente aspectos de vecindad en el Derecho administrativo. ( 56 ) Los incumplimientos de esta obligación de protección los declara de forma vinculante, mediante condenas al Estado correspondiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ( 57 ) A falta de una legitimación pasiva de los particulares, esas condenas no implican una corresponsabilidad de los vulneradores, a los que en último término se ha de atribuir la vulneración de los derechos fundamentales.

87. Este breve repaso deja ya patente que la dogmática de la obligación de protección en que se basa el sistema de protección de los derechos fundamentales del CEDH hace que resulte superflua la vinculación de los particulares, pues ya ofrece soluciones adecuadas para las cuestiones jurídicas que comúnmente se discuten en materia de eficacia frente a terceros. ( 58 ) Por lo tanto, no se puede afirmar que el nivel de protección de los derechos fundamentales en la Unión quede por debajo del nivel del CEDH si se negase una eficacia directa de los derechos fundamentales de la Carta en las relaciones horizontales.

– Conclusión

88. En consecuencia, en un litigio entre particulares el órgano jurisdiccional remitente no puede acogerse al artículo 31, apartado 2, de la Carta para inaplicar una legislación nacional contraria al Derecho de la Unión que no admita una interpretación conforme a la Directiva.

ii) Aplicabilidad directa de un eventual principio general del Derecho

89. Otra posible alternativa consistiría en aplicar a una relación entre particulares un eventual principio general del Derecho de la Unión que contemplase también un derecho del trabajador a vacaciones anuales retribuidas.

90. Pero esta alternativa requeriría aclarar dos cuestiones fundamentales. Por un lado, sería preciso resolver la cuestión de si el derecho a vacaciones anuales retribuidas tiene realmente el rango de principio general del Derecho dentro del ordenamiento jurídico de la Unión. Por otro lado, sería preciso dilucidar si ese principio general del Derecho es de aplicación también en las relaciones entre particulares.

– Rango del derecho a vacaciones anuales en el ordenamiento jurídico de la Unión

Concepto de principio general del Derecho

91. Como introducción al análisis de la primera cuestión han de exponerse, en una breve perspectiva general, tanto el concepto como la función de los principios generales del Derecho en el Derecho de la Unión.

92. En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los principios generales del Derecho de la Unión ocupan un lugar destacado. No obstante, el concepto de principio general del Derecho sigue siendo aún hoy objeto de debate. ( 59 ) La terminología no es uniforme ni en la doctrina jurídica ni en la jurisprudencia. En ocasiones, las diferencias se reducen a la elección de los términos, como sucede cuando el Tribunal de Justicia y los abogados generales se refieren a un «principio generalmente admitido», ( 60 ) a un «principio jurídico generalmente reconocido», ( 61 ) a un «principio jurídico básico», ( 62 ) a un «principio fundamental», ( 63 ) a un mero «principio», ( 64 ) a una «regla» ( 65 ) o al «principio general de igualdad, que forma parte de los principios fundamentales del Derecho de la Unión». ( 66 )

93. En cualquier caso, existe acuerdo acerca de que a los principios generales del Derecho la jurisprudencia les otorga gran importancia para la integración de vacíos normativos y como referencia interpretativa. ( 67 ) Esto se debe, en especial, a que el ordenamiento jurídico de la Unión es un ordenamiento aún en desarrollo que, a causa de su carácter abierto con vistas al avance en la integración, necesariamente ha de presentar lagunas y requiere interpretación. Partiendo de esta premisa, probablemente el Tribunal de Justicia ha renunciado también a una clasificación estricta de los principios generales del Derecho, a fin de garantizar la flexibilidad que necesita para resolver las cuestiones jurídicas que se le planteen con independencia de las diferencias terminológicas. ( 68 ) Además, a los principios generales del Derecho les corresponde una especial importancia en su función como criterio para valorar la legalidad y la validez de los actos jurídicos ( 69 ) de la Unión y como base para el desarrollo jurisprudencial del Derecho. ( 70 )

94. Según una definición que sostiene la doctrina, entre los principios generales del Derecho figuran las disposiciones básicas del Derecho primario no escrito de la Unión que son inherentes al ordenamiento jurídico de la propia Unión Europea o comunes a los ordenamientos de los Estados miembros. ( 71 ) En principio se puede distinguir entre los principios generales del Derecho de la Unión en sentido estricto, es decir, los que se desarrollan exclusivamente a partir del espíritu y del sistema de los Tratados y se refieren a problemas específicos del Derecho de la Unión, y aquellos principios generales del Derecho que son comunes a los ordenamientos jurídicos y constitucionales de los Estados miembros. ( 72 ) Mientras que el primer grupo de principios generales del Derecho se puede deducir directamente del Derecho primario de la Unión, el Tribunal de Justicia se sirve del segundo básicamente para realizar una comparación jurídica crítica ( 73 ) en la que, sin embargo, no interviene nunca el método del mínimo común denominador. De igual manera, no se considera imprescindible que los principios jurídicos así desarrollados aparezcan siempre al mismo tiempo en todos los ordenamientos comparados conforme a su formulación concreta en el plano de la Unión. ( 74 )

95. Los principios generales del Derecho se caracterizan por que encarnan principios básicos de la Unión y de sus Estados miembros, lo que explica su rango de Derecho primario dentro de la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico de la Unión. ( 75 ) De extraordinaria importancia es, sobre todo, la protección de los derechos fundamentales en sentido estricto, desarrollada y garantizada por la jurisdicción de la Unión bajo dicha denominación genérica, así como la elaboración de los derechos procesales equiparables a derechos fundamentales, elevados al rango de Derecho constitucional de la Unión como principios generales del Estado de Derecho. ( 76 ) Por lo tanto, entre los principios generales del Derecho figuran también aquellos principios estrechamente vinculados a los principios estructurales de la Unión Europea, como libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, conforme al artículo 2 TUE, y que se pueden derivar de ellos. Su violación por un Estado miembro puede dar lugar al mecanismo sancionador especial previsto en el artículo 7 TUE.

96. Han sido reconocidos como principios generales del Derecho de la Unión importantes principios del Estado de Derecho, como el principio de proporcionalidad, ( 77 ) la claridad jurídica ( 78 ) o el derecho a una tutela judicial efectiva. ( 79 ) A esta categoría pertenecen también diversos principios generales de buena administración, como el principio de la protección de la confianza legítima, ( 80 ) el principio non bis in idem, ( 81 ) el derecho de defensa, ( 82 ) también en forma de oportunidad para manifestarse en medidas restrictivas, ( 83 ) el deber de motivación de los actos jurídicos ( 84 ) o el principio de investigación de oficio. ( 85 ) Asimismo, entra en esa categoría el principio de «fuerza mayor». ( 86 ) Pero también se pueden encontrar principios que no son ajenos al Derecho de los contratos, como el principio general del Derecho pacta sunt servanda, ( 87 ) o el principio clausula rebus sic stantibus. ( 88 )

97. Hacia el Estado social apunta, por ejemplo, el reconocimiento del principio de solidaridad ( 89 ) o del deber de asistencia y protección de la autoridad frente a sus funcionarios. ( 90 ) Sobre el reconocimiento de los vínculos federales en el seno de la Unión Europea cabe mencionar el reiterado énfasis en el principio de cooperación entre los Estados miembros y en sus obligaciones de colaboración con la Unión. Así, remitiéndose al artículo 10 CE, el Tribunal de Justicia ha desarrollado el principio de lealtad comunitaria recíproca. ( 91 ) Además, se ha declarado a favor del principio democrático, por ejemplo, al señalar la necesidad de una participación efectiva del Parlamento en el proceso legislativo de la Unión, con arreglo a los procedimientos previstos por el Tratado. ( 92 )

98. Entre los derechos fundamentales de la Unión reconocidos por el Tribunal de Justicia por medio de la ya mencionada comparación jurídica crítica y teniendo en cuenta los tratados internacionales y europeos sobre derechos humanos, figuran los derechos fundamentales y humanos que caracterizan a las sociedades liberales y democráticas, como la libertad de expresión ( 93 ) y la libertad de asociación. ( 94 ) Asimismo, pertenecen a este grupo los principios fundamentales que se derivan directamente de los Tratados, como el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad ( 95 ) y el principio de no discriminación por razón de sexo. ( 96 )

Sobre el derecho a vacaciones anuales retribuidas en la Unión Europea

99. Cabe preguntarse si el derecho a vacaciones anuales retribuidas satisface las exigencias que la jurisprudencia impone a los principios generales del Derecho. Para que fuera así, ese derecho, al igual que los ejemplos antes citados, debería tener una importancia tan primordial en el campo del Derecho laboral de la Unión que fuera posible encontrar su concreción en el Derecho primario o en un número significativo de disposiciones del Derecho derivado de la Unión.

100. Otra fuente de interpretación jurídica que se ha de tener en cuenta son los numerosos tratados internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores a los que se han adherido los Estados miembros de la Unión.

101. Por último, es preciso someter a examen el propio Derecho de los Estados miembros. Así, recurriendo al enfoque comparativo habitualmente utilizado por el Tribunal de Justicia, podría arrojarse claridad sobre la cuestión de si con arreglo a las tradiciones constitucionales ( 97 ) o, por lo menos, a las disposiciones centrales del Derecho laboral nacional se reconoce a dicho derecho una posición destacada dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales.

– Disposiciones del Derecho de la Unión

102. En lo que respecta a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, en lo sucesivo puede hacerse remisión a las anteriores reflexiones sobre la calificación del derecho a vacaciones anuales retribuidas como derecho fundamental. Como ya se ha mencionado, su codificación en el artículo 31, apartado 1, de la Carta constituye una confirmación de su posición destacada dentro del ordenamiento jurídico de la Unión. A este respecto conviene recordar que la Carta, según se lee en el quinto considerando de su preámbulo, «reafirma […] los derechos que emanan, en particular, de las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». En otras palabras, la Carta no expresa nada menos que el actual acervo de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales.

103. Aunque es evidente que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/104 (precedente del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88) sirvió como modelo para la redacción del artículo 31, apartado 1, de la Carta, esto no debe inducir al error de que el derecho a unas vacaciones mínimas anuales retribuidas se estableció por primera vez con la Directiva sobre el tiempo de trabajo. Por el contrario, ese derecho se incluye desde hace tiempo, al margen de la duración de las vacaciones que se garantizase, entre los derechos sociales fundamentales reconocidos por el Derecho internacional.

– Disposiciones de Derecho internacional

104. En Derecho internacional este principio ya se menciona, por ejemplo, en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ( 98 ) que reconoce a toda persona el «derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas». También se reconoce tal derecho en el artículo 2, apartado 3, de la Carta Social Europea del Consejo de Europa ( 99 ) y en el artículo 7, letra d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( 100 ) como expresión del derecho de toda persona a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. También el artículo 8 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores contempla el derecho de todo trabajador a vacaciones anuales pagadas. ( 101 ) Esto último es relevante porque dicha Carta ha adquirido una considerable importancia como fuente de interpretación jurídica en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En concreto, es reflejo de las ideas y tradiciones comunes de los Estados miembros y se considera una declaración de los principios básicos a los que la Unión y sus Estados miembros se quieren adherir. ( 102 ) En el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como órgano especializado de las Naciones Unidas, el derecho a vacaciones mínimas anuales retribuidas ha sido objeto hasta ahora de dos acuerdos multilaterales, de los cuales el Convenio 132, que entró en vigor el 30 de junio de 1973, ( 103 ) modificó el hasta entonces vigente Convenio 52. ( 104 ) Contienen normas vinculantes para los Estados partes en lo relativo al cumplimiento de este derecho social fundamental dentro de sus ordenamientos jurídicos nacionales.

105. Sin embargo, estos actos internacionales, de diversa naturaleza, se distinguen entre sí tanto en su contenido legislativo como en su alcance normativo, puesto que, en algunos casos, se trata de convenios de Derecho internacional público y, en cambio, en otros, son únicamente declaraciones solemnes sin fuerza jurídica vinculante. ( 105 ) También existen diferencias en la configuración de sus ámbitos de aplicación personal, por lo que tampoco son idénticos los titulares de los derechos reconocidos. A ello se añade que, por lo general, confieren a los Estados signatarios, como destinatarios de tales actos, un amplio margen de maniobra, por lo que los particulares beneficiarios no pueden invocar directamente tal derecho. ( 106 ) No obstante, es significativo que en todos estos actos internacionales se mencione, en unos términos inequívocos, el derecho a un período de vacaciones retribuidas entre los derechos fundamentales de los trabajadores.

– Ordenamientos jurídicos de los Estados miembros

106. Los derechos sociales se conciben de formas muy diferentes en el ámbito del Derecho constitucional. En efecto, no todos, pero sí varios textos constitucionales contienen garantías respecto a las condiciones de trabajo, que incluyen el derecho de los trabajadores al descanso.

107. Por ejemplo, el artículo 11, apartado 5, de la Constitución luxemburguesa y el artículo 40, apartado 2, de la Constitución española establecen la obligación del Estado de procurar unas condiciones de trabajo saludables y de garantizar el descanso de los trabajadores, o bien de velar por ello. ( 107 ) Una disposición mucho más detallada y que se corresponde más con el tenor del artículo 31 de la Carta se contiene en el artículo 36 de la Constitución de Italia, que consagra, en particular, el derecho a un día de descanso semanal y a vacaciones anuales retribuidas. La Constitución de Portugal parece haber sido uno de los modelos para las disposiciones de la Carta, pues su artículo 59, apartado 1, letra d), establece el derecho al descanso y al tiempo libre, a un límite en la jornada diaria de trabajo, a una pausa semanal de descanso y a vacaciones periódicas pagadas. ( 108 ) No obstante, cabe señalar que los derechos sociales fundamentales detallada y subjetivamente formulados en dichas constituciones se entienden como simples funciones del Estado, y no como derechos directamente exigibles ante los tribunales. ( 109 )

108. Sin embargo, en la mayoría de los antiguos Estados miembros de la Unión Europea, el derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas se basa en normas con rango de ley ordinaria, que reflejan las obligaciones impuestas en la materia por las directivas, en la medida en que afectan a ámbitos a los que se aplica el Derecho de la Unión. Es lo que sucede, por ejemplo, con el Derecho alemán, que, si bien reconoce el «principio del Estado social» como objetivo del Estado en el artículo 20, apartado 1, de la Grundgesetz (Constitución alemana), del que se deducen diversos derechos sociales mínimos, por lo demás cede al legislador la regulación de las vacaciones anuales. ( 110 ) No obstante, las constituciones de los Bundesländer alemanes contienen múltiples garantías y principios sociales que establecen, entre otras, la obligación del legislador de prever unas vacaciones pagadas de duración suficiente. ( 111 )

109. En cambio, los nuevos Estados miembros, excepto Chipre, muestran una codificación bastante detallada de este derecho. Así sucede, por ejemplo, con el artículo 36, letra f), de la Constitución eslovaca; el artículo 66, apartado 2, de la polaca; el artículo 70/B, apartado 4, de la húngara; el artículo 107 de la letona; el artículo 41, apartado 2, de la rumana; el artículo 48, apartado 5, de la búlgara; el artículo 13, apartado 2, de la maltesa, y el artículo 49, apartado 1, de la lituana, que garantizan expresamente unas vacaciones anuales retribuidas mínimas. Las Constituciones eslovena (artículo 66), checa (artículo 28) y estonia (artículo 29, apartado 4), se refieren a las condiciones de trabajo en general. ( 112 )

– Conclusiones

110. La importancia del derecho a vacaciones anuales retribuidas está reconocido desde hace mucho tiempo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Conforme a jurisprudencia reiterada, debe considerarse un «principio del Derecho social de la Unión de especial relevancia», respecto al cual no pueden establecerse excepciones y cuya aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes únicamente puede efectuarse respetando los límites establecidos expresamente por la propia Directiva 2003/88. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no ha mostrado hasta la fecha sin lugar a dudas que se trate de un principio general del Derecho de la Unión. El hecho de que en la jurisprudencia no se utilice una terminología uniforme para designar dichos principios generales del Derecho ( 113 ) constituye una dificultad añadida para establecer una clasificación inequívoca.

111. No obstante, el anterior análisis de Derecho comparado muestra que la idea de que a los trabajadores les ha de asistir un derecho al descanso periódico es común a los ordenamientos jurídicos de la Unión y de sus Estados miembros. Y el hecho de que dicha idea tenga rango constitucional tanto en el plano de la Unión ( 114 ) como en diversos Estados miembros ( 115 ) permite suponer que ese derecho ocupa una posición destacada, lo que sugiere su calificación como principio general del Derecho.

112. A este respecto resulta irrelevante que no todos los Estados miembros le concedan un rango constitucional en sus ordenamientos jurídicos, ( 116 ) pues en todo caso se contempla como parte fundamental del Derecho nacional, con independencia de si se trata de relaciones de trabajo jurídico-públicas o jurídico-privadas, lo que por lo demás se reconoce también en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. ( 117 ) Al no limitarse a una determinada rama del Derecho, extendiéndose a múltiples sectores, es decir, al ser válido para un gran número de áreas profesionales tanto del Derecho laboral como del Derecho de la función pública en todos los Estados miembros, el derecho a vacaciones anuales reclama la validez general que generalmente poseen los principios generales del Derecho y que los diferencia de las normas jurídicas específicas. ( 118 ) Nada distinto sucede en el ámbito de la legislación de la Unión, pues, como recientemente he expuesto en mis conclusiones presentadas en el asunto Williams y otros (C-155/10), ( 119 ) las directivas sobre la ordenación del tiempo de trabajo que, debido a las particularidades de las diferentes áreas profesionales, ( 120 ) contienen disposiciones específicas y a este respecto pueden considerarse como lex specialis respecto a la Directiva 2003/88, también incluyen sus propias disposiciones sobre el derecho a vacaciones.

113. Además, el derecho a vacaciones anuales retribuidas muestra en su contenido el mínimo de determinación normativa que por lo general se entiende como un requisito para el reconocimiento como principio general del Derecho. ( 121 ) Así lo confirma, por un lado, su comparación con algunos principios jurídicos reconocidos por la jurisprudencia, como el ya mencionado «principio de democracia» o el de «solidaridad», que se caracterizan por su abstracción. Y, por otro lado, queda patente en la claridad del objetivo del derecho. Al margen del necesario desarrollo por el legislador, el derecho a vacaciones anuales se dirige esencialmente a la liberación temporal del trabajador de su obligación contractual de trabajar. Dado que este derecho, en cualquier caso, satisface las exigencias mínimas de determinación en cuanto a su contenido, cumple también los requisitos para ser considerado como principio general del Derecho.

114. Por todo ello, procede declarar que existen diversos argumentos a favor de una calificación del derecho a vacaciones anuales como principio general del Derecho en el ordenamiento jurídico de la Unión.

– Aplicabilidad del principio general del Derecho entre particulares

115. Adicionalmente, es preciso aclarar si este principio general del Derecho también es de aplicación, en su caso, en las relaciones entre particulares.

Posibilidad en principio de aplicación directa

116. En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se reconoce que los particulares pueden invocar los principios generales del Derecho en sus relaciones con el Estado. ( 122 ) En cambio, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado hasta la fecha explícitamente sobre la cuestión básica de si los derechos fundamentales son directamente aplicables, como principios generales del Derecho, en las relaciones entre particulares.

117. Esta cuestión merece especial atención, precisamente en vista de la relevancia de la protección individual de los derechos fundamentales. Por una parte, en referencia al origen y a la finalidad de los principios generales del Derecho se puede argumentar que estos tienen por objeto, primordialmente, proteger a los particulares frente a las injerencias del poder público, lo que tendría como consecuencia tener que negar la aplicación directa entre particulares. Por otra parte, se podría sostener el punto de vista de que la tradicional contraposición entre público y privado ha quedado obsoleta en el Estado moderno. De hecho, se pueden imaginar situaciones en que la protección de los derechos fundamentales frente a entidades privadas sea tan necesaria como frente a las autoridades, con la consecuencia de que la denegación de la protección de los derechos fundamentales equivaldría a su violación. ( 123 )

118. Ese sería el caso, por ejemplo, de las relaciones laborales como la del presente asunto, dado que la relación laboral (con independencia de si en el caso concreto está configurada como de Derecho público o de Derecho privado) se caracteriza generalmente por una relación asimétrica de poder entre empresario y trabajador. ( 124 ) Pero, dado que con frecuencia la circunstancia de si el empresario es un sujeto de Derecho privado o del sector público es meramente aleatoria, ( 125 ) resultaría difícil justificar por qué ha de hacerse una diferencia en la protección de los derechos fundamentales en función de las circunstancias del caso.

119. A favor de una vinculación de los particulares a los derechos fundamentales como principios generales del Derecho podría aducirse, en especial, el principio del efecto útil (effet utile) en el Derecho de la Unión y la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión. Una eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales en ciertos campos podría dotar de mayor eficacia al Derecho de la Unión. De hecho, mientras que los Estados miembros, debido a su vinculación a los derechos fundamentales, sólo pueden aplicar el Derecho de la Unión conforme a esos derechos, los particulares podrían comprometer el efecto útil del Derecho de la Unión en sus relaciones jurídicas, si se les permitiese vulnerar los derechos fundamentales en ámbitos regulados por el Derecho de la Unión. Eso pondría en peligro la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión. ( 126 )

120. Un examen de la jurisprudencia disponible revela planteamientos análogos en este sentido en la argumentación del Tribunal de Justicia.

121. Se pueden deducir razones a favor de una aplicabilidad directa de los principios generales del Derecho en las relaciones entre particulares, por ejemplo, de la sentencia Defrenne, ( 127 ) en la que el Tribunal de Justicia declaró que el principio establecido en el artículo 119 del Tratado CEE (artículo 157 TFUE) fundamenta un derecho a la igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras que puede ser invocado por los justiciables ante los órganos jurisdiccionales nacionales, tanto si se trata de un empleador público como privado.

122. Asimismo, se extraen argumentos de la jurisprudencia relativa a la aplicación de las libertades fundamentales entre particulares, como por ejemplo la sentencia Walrave, ( 128 ) en la que el Tribunal de Justicia resolvió que el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad de los artículos 7, 48 y 59 del Tratado CEE (artículos 18 TFUE, 45 TFUE y 56 TFUE) no sólo se impone a la actuación de las autoridades públicas, sino que se extiende asimismo a normativas de otra naturaleza (en ese caso, una federación deportiva) que tengan por finalidad regular colectivamente el trabajo por cuenta ajena y las prestaciones de servicios. El Tribunal de Justicia fundamentó su resolución en que la supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas y a la libre prestación de servicios correría peligro si la supresión de las barreras de origen estatal pudiera ser neutralizada con obstáculos derivados de actos realizados en ejercicio de su autonomía jurídica por asociaciones u organismos que no están sometidos al Derecho público. Además, dado que las condiciones de trabajo en los diferentes Estados miembros se rigen bien por disposiciones de carácter legislativo o reglamentario, bien por convenios y otros actos celebrados o adoptados por personas privadas, una limitación de las prohibiciones de que se trata a los actos de la autoridad pública podría crear desigualdades en su aplicación. ( 129 ) Posteriormente, en la sentencia Bosman, ( 130 ) el Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones de Derecho primario relativas a la libre circulación de trabajadores también son de aplicación a las normas relativas a las transferencias de las federaciones internacionales de fútbol FIFA («Fédération Internationale de Football Association») y UEFA («Fédération Européenne des Associations de Football»).

123. Por otro lado, cabe plantearse si de las sentencias Walrave y Bosman se pueden extraer, sin más, conclusiones a favor de una aplicabilidad directa general de los derechos fundamentales, en forma de principios generales del Derecho, en las relaciones entre particulares, dado que en ambos asuntos se trataba de la aplicabilidad de las libertades fundamentales a entidades privadas que en cierto modo gozaban de competencias normativas y, por tanto, tenían un carácter quasi público. Por lo tanto, podría argumentarse que la resolución del Tribunal de Justicia en esos asuntos estaba justificada por circunstancias especiales. Si se acepta ese argumento, dado que el demandado en el procedimiento principal no es una organización privada dotada de tales competencias normativas, quedaría descartado todo paralelismo.

124. Otro indicio a favor de la aplicabilidad directa de los principios generales del Derecho en las relaciones entre particulares podría hallarse en la sentencia Angonese, que versaba sobe el acceso al empleo en un banco privado y en el que el Tribunal de Justicia consideró que «la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad, enunciada en el [artículo 45 TFUE], […] se aplica igualmente a […] los particulares». ( 131 )

125. A este respecto, no se puede dejar de mencionar, por último, la sentencia Kücükdeveci, ( 132 ) en la que el Tribunal de Justicia aplicó a una relación de trabajo entre particulares el principio de no discriminación por razón de edad, cuyo carácter de principio general del Derecho dentro del ordenamiento jurídico de la Unión fue reconocido por primera vez en la sentencia Mangold. ( 133 ) A este respecto cabe señalar que el Tribunal de Justicia, para fundamentar la aplicabilidad directa del principio general del Derecho, recurrió a un planteamiento propio que, especialmente por su carácter innovador, precisa de un análisis más detenido desde el punto de vista dogmático. Por lo tanto, procede remitirse ya en este punto a mi argumentación posterior ( 134 ) sobre dicho planteamiento, del que me ocuparé en detalle de forma específica.

126. En resumen, procede declarar que, conforme a dicha jurisprudencia, no se puede descartar en principio la aplicabilidad directa de los derechos fundamentales, en forma de principios generales del Derecho, en las relaciones entre particulares. ( 135 )

Riesgo de contradicción con las disposiciones de la Carta

127. Con la entrada en vigor de la Carta, el derecho a vacaciones anuales retribuidas tiene ahora su fundamento en el artículo 31, apartado 2, de la misma. Sin embargo, un principio general del Derecho que, en su caso, deba desarrollar el Tribunal de Justicia sobre la base de las anteriores consideraciones y que esencialmente prevea el mismo derecho, podría seguir existiendo de forma autónoma, pues el artículo 6 TUE enumera expresa y consecutivamente la Carta y los derechos fundamentales derivados de los principios generales del Derecho, en sus apartados 1 y 3. ( 136 ) En cuanto a la relación de los derechos derivados de la Carta con los derechos derivados de los principios generales del Derecho, de dichas disposiciones se desprende que están equiparados. ( 137 ) En consecuencia, también se pueden aplicar de forma acumulativa, de manera que al particular no se le prive de la posibilidad de acogerse a la garantía más favorable. No obstante, sus contenidos podrían solaparse en gran medida, pues, por un lado, tal como enuncia su preámbulo, la Carta pretende reafirmar los derechos que emanan de las fuentes de interpretación jurídica utilizadas por el Tribunal de Justicia y, por otro, representa un indicio del contenido de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. Sin embargo, no se puede descartar que los derechos fundamentales deducidos de los principios generales del Derecho y desarrollados a partir de ellos presenten un ámbito de protección más amplio que los de la Carta. ( 138 )

128. En la medida en que a continuación haya de admitirse una vigencia paralela de los derechos fundamentales derivados de la Carta y de los derivados de los principios generales del Derecho dentro del ordenamiento jurídico de la Unión, debe tenerse en cuenta que la aplicación directa de un principio jurídico que prevea el derecho a vacaciones anuales encierra en sí un riesgo de contradicción, al menos en un litigio entre particulares. Como ya he expuesto, el artículo 51, apartado 1, primera frase, de la Carta se debe interpretar en el sentido de que el derecho a vacaciones anuales retribuidas consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta no es de aplicación directa entre particulares. Pero si se permitiese a los particulares invocar al mismo tiempo el principio general del Derecho, se estaría eludiendo la limitación que el legislador de la Unión introdujo en la Carta en cuanto al círculo de los obligados por los derechos fundamentales.

129. Sin embargo, la necesidad de una protección coherente de los derechos fundamentales exige que unos y otros se interpreten de la forma más concertada posible. ( 139 ) Dado que los derechos fundamentales derivados de los principios generales del Derecho y, sobre todo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al respecto, conforme al quinto considerando del preámbulo de la Carta, deben integrarse en la interpretación de los derechos fundamentales emanados de la Carta, no ha de haber ninguna contradicción de contenido entre ambas categorías de derechos fundamentales. El tipo de interpretación que es necesaria aquí es una interpretación armonizadora, siempre que lo permitan los derechos fundamentales derivados de la Carta. ( 140 )

130. En el presente caso no sería posible una interpretación armonizadora si se aceptase la aplicación directa del principio general del Derecho en la relación entre empresario y trabajador. La decisión del legislador de la Unión de garantizar la protección de los derechos fundamentales (en el presente caso, mediante el artículo 31, apartado 2, de la Carta) sólo de forma indirecta, imponiendo una obligación de protección a la Unión y a sus Estados miembros, se frustraría si por medio de los principios generales del Derecho no escritos se admitiese, en definitiva, la eficacia frente a terceros, incluido el derecho a exigir al juez nacional que inaplique la legislación interna contraria al Derecho de la Unión también en las relaciones entre particulares. Para evitar tal contradicción sería preciso desechar la aplicabilidad directa del principio general del Derecho. ( 141 )

131. Sin embargo, hay que subrayar que estas reflexiones sólo son válidas en la medida en que el derecho fundamental del artículo 31, apartado 2, de la Carta y el principio general del Derecho sean el mismo derecho fundamental o derechos fundamentales de idéntico nivel de protección. Como expuse al principio, no obstante, no se puede descartar que los derechos fundamentales deducidos de los principios generales del Derecho y desarrollados a partir de ellos confieran una protección más amplia que los derivados de la Carta. En un caso así podría desvirtuarse, en ciertas circunstancias, la contradicción con el artículo 51, apartado 1, primera frase, de la Carta.

132. La siguiente argumentación es válida sólo para el caso de que el Tribunal de Justicia no aprecie contradicción con el artículo 51, apartado 1, primera frase, de la Carta si se aplica en general a una relación entre particulares un principio general del Derecho dirigido a la concesión de vacaciones anuales.

Posibilidad de aplicación al derecho a vacaciones anuales retribuidas

133. Dado que no se puede descartar en principio la aplicabilidad directa de los derechos fundamentales, en forma de principios generales del Derecho, en las relaciones entre particulares, procede analizar ahora si se cumplen las condiciones para ello.

– Atribución de un derecho subjetivo

134. Para ello, en primer lugar, el derecho a vacaciones anuales de que aquí se trata debería estar destinado a atribuir derechos subjetivos. Como ya se ha expuesto, el principio general del Derecho confiere un derecho subjetivo al fundamentar una pretensión del trabajador frente al empresario, dirigida esencialmente a liberar al trabajador de forma temporal de su obligación de trabajar, a fin de que pueda disfrutar de un cierto tiempo de descanso. En este sentido, queda satisfecho el primer requisito para la aplicabilidad directa.

– Contenido no condicional y suficientemente preciso

135. Por otro lado, el principio general del Derecho debe ser de contenido incondicional y suficientemente preciso para que se pueda hacer valer frente al empresario como particular. Una disposición es de contenido incondicional cuando no está sujeta a ninguna reserva ni a ninguna condición y no precisa de la intervención de los órganos de los Estados miembros o de la Unión. ( 142 ) Una disposición es suficientemente precisa cuando impone una obligación en términos inequívocos, ( 143 ) es decir, jurídicamente bien definida y que, en cuanto tal, puede ser aplicada por cualquier órgano jurisdiccional. ( 144 )

136. Resulta dudoso que se cumplan dichos requisitos en el caso del derecho a vacaciones anuales, pues no está claro hasta dónde llega realmente la protección del principio general del Derecho. Dado que su alcance no es inequívoca y concluyentemente determinable de antemano, en cada caso concreto habría de examinarse si el ámbito de protección puede llegar a solaparse con una medida de la Unión o de sus Estados miembros. Y dicha tarea correspondería al Tribunal de Justicia, órgano a quien incumbe la interpretación de los principios generales del Derecho de la Unión. ( 145 )

137. Para ser suficientemente preciso, el principio general del Derecho debe comprender diversos aspectos del derecho a vacaciones anuales retribuidas, que, lógicamente, sólo pueden ser regulados por el propio legislador para poder satisfacer las exigencias de cada momento de forma adecuada y suficientemente flexible. Dichos aspectos sujetos a regulación afectan, por citar sólo algunos ejemplos, por un lado, al número de días de vacaciones que se han de conceder, lo que plantea, entre otras cuestiones, la de si esto se refiere a un número exactamente definido o bien a una cantidad mínima de días. Además, el principio general del Derecho, para ser directamente aplicable frente al empresario, debería determinar cómo se deben distribuir los días de vacaciones durante el año, de modo que las vacaciones anuales puedan cumplir su función de descanso. Por otro lado, el principio general del Derecho debería tener en cuenta las particularidades de los distintos sectores de la economía, estableciendo, en caso necesario, normas específicas para cada campo concreto de actividad.

138. Evidentemente, esto no es posible, ya que, por una parte, no puede haber un principio general del Derecho tan exha