Asunto T-445/05

Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset Management SpA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado — Régimen de ayudas establecido por las autoridades italianas a favor de determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común — Recurso de anulación — Afectación directa e individual — Admisibilidad — Obligación de motivación — Carácter selectivo de la medida — Obligación de recuperación»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 4 de marzo de 2009 II ‐ 295

Sumario de la sentencia

Los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión sólo pueden alegar que se ven afectados individualmente si ésta les atañe en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona y por ello los individualiza de manera análoga a la del destinatario. Por consiguiente, una empresa no puede impugnar, en principio, una decisión de la Comisión por la que se prohíbe un régimen de ayudas sectorial si sólo se ve afectada por esta decisión debido a su pertenencia al sector de que se trata y a su condición de beneficiario potencial de dicho régimen. En efecto, tal decisión se presenta, respecto a la empresa demandante, como una medida de alcance general que se aplica a situaciones determinadas objetivamente e implica efectos jurídicos en relación con una categoría de personas consideradas de manera general y abstracta. Aunque se trate de una decisión de la Comisión que no identifica a la empresa o empresas beneficiarias de la ayuda de que se trata y que se aplica, en consecuencia, a situaciones determinadas objetivamente e implica efectos jurídicos en relación con una categoría de personas consideradas de manera general y abstracta, una empresa puede no sólo verse afectada por esta decisión debido a su condición de empresa del sector de referencia, potencialmente beneficiaria del régimen de ayudas, sino también en su calidad de beneficiaria efectiva de una ayuda individual concedida en virtud de este régimen y cuya recuperación ha ordenado la Comisión. La referida decisión afecta individualmente a esta empresa y procede admitir su recurso contra ella. (véanse los apartados 45 a 48)

La motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso de autos. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse no sólo en relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. En concreto, la Comisión no está obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan, sino que le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión. Por otra parte, ante un régimen de ayudas estatales, la Comisión puede limitarse a estudiar las características generales del régimen de que se trate, sin estar obligada a examinar cada caso concreto en que se aplique. (véanse los apartados 67 y 68)

Si bien la Comisión está obligada a evocar, en los considerandos de su decisión, al menos las circunstancias en las que se ha concedido una ayuda cuando éstas permiten demostrar que la ayuda puede afectar a los intercambios entre Estados miembros, no está obligada a demostrar el efecto real de las ayudas ya otorgadas. En efecto, si éste fuera el caso, dicha exigencia favorecería a los Estados miembros que conceden ayudas ilegales en detrimento de los que las notifican en fase de proyecto. En efecto, no corresponde a la Comisión realizar un análisis económico de la situación real del mercado considerado, de la cuota de mercado de las empresas beneficiarias de ayudas, de la posición de las empresas competidoras y de las corrientes de intercambio de los servicios de que se trata entre los Estados miembros, toda vez que expone las circunstancias que hacen que las ayudas controvertidas falseen la competencia y afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Al tratarse de una ayuda no notificada, la Comisión no está obligada a demostrar el efecto real de la misma. (véanse los apartados 102 y 109)

El artículo 87 CE prohíbe las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, sin establecer distinción alguna según que las ventajas relativas a las ayudas sean concedidas de manera directa o indirecta. Así, una ventaja directamente concedida a determinadas personas físicas o jurídicas que no sean necesariamente empresas puede constituir una ventaja indirecta y, por ende, una ayuda de Estado para otras personas físicas o jurídicas que sean empresas. Para poder constatar la existencia de una intervención mediante fondos estatales a favor de una empresa, no es necesario que ésta sea el beneficiario directo. El hecho de que instrumentos de inversión especializados no se beneficien directamente de la reducción fiscal concedida a sus partícipes, no excluye que dichos instrumentos reciban no obstante un beneficio económico indirecto. (véanse los apartados 127 y 131)

Ante un régimen de ayudas, la Comisión puede limitarse a estudiar las características generales del régimen de que se trate, sin estar obligada a examinar cada caso concreto en que se aplique, con el fin de comprobar si ese régimen implica algunos elementos de ayuda. Por consiguiente, cuando se demuestra que un régimen de ayudas beneficia a determinadas empresas, la circunstancia de que, en su caso, se acojan también a ella beneficiarios que no son empresas no desvirtúa tal observación, suficiente para aplicar el artículo 87 CE, apartado 1. (véase el apartado 136)

Una medida estatal que prevé una reducción fiscal limitada a instrumentos de inversión especializados y a sus respectivas empresas de gestión, al estar así destinada de manera limitativa a unos instrumentos de inversión bien definidos que cumplen ciertos requisitos particulares en detrimento de otras empresas que ofrecen formas alternativas de inversión, favorece a determinados instrumentos de inversión con respecto a otros que se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable. Tal medida, que no cabe considerar como una medida general de política fiscal o económica, sino como una medida que supone una excepción al régimen fiscal ordinario, tiene por tanto carácter selectivo en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. Por otra parte, el mero hecho de que la ventaja pueda beneficiar a cualquier instrumento de inversión que cumpla los requisitos establecidos no demuestra en sí que la medida controvertida tenga carácter general y no prohíbe que ésta sea selectiva. Además, una ayuda puede tener carácter selectivo con arreglo al artículo 87 CE, apartado 1, incluso cuando afecte a todo un sector económico. (véanse los apartados 150, 152, 155 y 156)

Una medida estatal que permite a las empresas interesadas aumentar sus fondos propios en condiciones más favorables, como el mero incremento de la liquidez, puede constituir una ventaja en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. (véase el apartado 163)

En el caso de que se considere que el logro de un objetivo de política económica o industrial, como el estímulo de la inversión, puede hacer que el artículo 87 CE, apartado 1, no se aplique a una medida estatal de carácter selectivo, dicha disposición perdería toda eficacia. El objetivo perseguido por tal medida no puede, por lo tanto, permitirle evitar la calificación de ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. (véase el apartado 170)