ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
81.

Comparto las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente en relación con la conformidad con la obligación establecida en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/115 de una práctica administrativa nacional que se basa en una mera presunción relacionada con la supuesta duración máxima de un procedimiento de asilo para establecer una distinción basada en la edad entre los miembros de un grupo de individuos, a pesar de que todos ellos se encuentran en la misma situación. Parece que los individuos reciben un trato diferente pese a no existir ningún motivo razonable para establecer tal distinción, si no se trata de la intención de simplificar el trabajo de las autoridades nacionales. En efecto, parece que el principal objetivo de esta distinción es regular de forma previsible el estatuto de residencia de los menores no acompañados a efectos del Derecho neerlandés, favoreciendo a los menores de 15 años frente a los mayores de esta edad. Como indica el órgano jurisdiccional remitente, se concede un derecho de residencia a esa categoría de menores si no pueden volver a su país de origen o si no pueden abandonar el territorio de los Países Bajos. Dichos menores adquieren derechos de residencia durante su minoría de edad, no regresan y no puede ordenarse su salida cuando las averiguaciones a que se refiere el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/115 no se han llevado a cabo o no han dado resultado. En cambio, por lo que respecta a los menores no acompañados de más de 15 años de edad, la práctica administrativa de que se trata parece más bien fomentar que las autoridades nacionales renuncien a la necesidad de llevar a cabo averiguaciones, permitiéndoles incluso abstenerse de proceder a la expulsión del menor mientras no haya alcanzado la mayoría de edad. Me parece que las autoridades nacionales han establecido a propósito el límite de edad de 15 años como criterio supuestamente claro y fiable para poder determinar con exactitud cómo proceder en cada caso individual.
112.

La Comisión, apoyada por el BEUC, considera además que el Tribunal General declaró acertadamente, en los apartados 83 a 108 de la sentencia recurrida, que la aplicación de los compromisos de Paramount no depende de la voluntad de terceros, incluido GCP. Según ella, al ofrecer estos compromisos Paramount ejerció su libertad contractual de no estar vinculada por determinadas cláusulas contractuales y esta decisión no depende de la voluntad de un tercero. Además, la aceptación por parte de la Comisión de estos compromisos no privaría a GCP de la posibilidad de acudir a un juez nacional para proteger sus derechos en el marco de sus relaciones contractuales con Paramount. Si un juez nacional debiera considerar que las cláusulas pertinentes no infringen el artículo 101 TFUE, apartado 1, o que satisfacen los requisitos establecidos en el apartado 3 del mismo artículo, correspondería a dicho juez apreciar si el resultado del procedimiento seguido ante él puede llevar a Paramount a incumplir los compromisos asumidos en virtud de la Decisión impugnada. A fin de evitar que el resultado de este procedimiento pueda llevar a Paramount a incumplir dichos compromisos, el juez nacional podría negarse a ordenar la aplicación de las cláusulas pertinentes, ordenando al mismo tiempo a Paramount, con arreglo a las normas nacionales aplicables, la aplicación por equivalente y el pago de una indemnización por daños y perjuicios. El Tribunal General consideró esta solución en el apartado 103 de la sentencia recurrida.
21.

Para ello, el Tribunal General se apoyó en que, por su naturaleza, el derecho a vacaciones anuales contemplado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta tiene por objeto, en principio, favorecer la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. ( 11 ) Entendió que la reducción sustancial de las vacaciones anuales, haciéndola pasar, en tres años, de 42 días a 24, no puede considerarse compatible con el principio dirigido a favorecer la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los interesados. ( 12 ) El Tribunal General declaró que dicha reducción no se ve compensada por otros privilegios de los interesados, ( 13 ) y que no existía una justificación. ( 14 ) Señaló que, en la medida en que se hace referencia a la reducción del gasto, ya se ha resuelto que no pueden invocarse consideraciones basadas en la necesidad de proteger los intereses económicos de la Unión para justificar la vulneración del derecho a vacaciones anuales retribuidas, garantizado por el artículo 31, apartado 2, de la Carta. ( 15 ) Asimismo consideró que tampoco se aprecia que el legislador haya intentado encontrar un justo equilibrio entre el objetivo de modernización y los derechos de las personas afectadas. El Tribunal General concluyó que, por consiguiente, la Comisión no podía válidamente basarse en el nuevo artículo 6 del anexo X del Estatuto de los Funcionarios para adoptar las decisiones impugnadas. ( 16 )
94.

Por lo tanto, no cabe sostener que deben modificarse las circunstancias de una persona que no haya reincidido basándose en el hecho de que quizás una persona reincidente estaría en mejor situación si se aplicara el artículo 14 de la Decisión Marco 2008/947. Se puede afirmar que la persona condenada en el presente asunto, que no ha reincidido, estaría en una situación más desfavorable por el mero hecho de que se reconociera la pena suspendida en Estonia y, como consecuencia, se le incluyera en un régimen que normalmente no le sería aplicable. En consecuencia, podría verse potencialmente sometido cualquier obligación que pudiera imponerse en dicho Estado miembro y tendría antecedentes penales en ese Estado, algo que de lo contrario no se produciría. Doy por hecho que, por esta razón, la parte recurrente en el presente asunto se ha opuesto a la inclusión de su pena suspendida simple en el mecanismo de la Decisión Marco 2008/947 ante tres instancias de los tribunales estonios.
26.

Es suficiente, para el Tribunal de Justicia, que la autoridad judicial emisora esté «en condiciones de ejercer [esa] función con objetividad, teniendo en cuenta todas las pruebas de cargo y de descargo, y sin estar expuesta al riesgo de que su potestad decisoria sea objeto de órdenes o instrucciones externas, en particular del poder ejecutivo, de modo que no exista ninguna duda de que la decisión de emitir la orden de detención europea corresponde a esa autoridad y no, en definitiva, a dicho poder». ( 12 )
En este sentido, me gustaría señalar que la redacción del artículo 197 del Código Penal es desafortunada respecto a los términos de la Directiva 2008/115, ya que difumina la clara distinción que hace esta Directiva entre una decisión de retorno y una prohibición de entrada. Hasta una lectura benevolente de esta disposición requiere hacer piruetas intelectuales. JZ tiene razón al afirmar que la disposición está lejos de ser clara a este respecto. Pero, aunque esta disposición de Derecho penal interno no realiza la misma distinción terminológica que prevé la Directiva 2008/115, no me parece que vaya en contra de los términos o de los objetivos de dicha Directiva. No puede negarse que, a pesar de la formulación un tanto confusa del artículo 197 del Código Penal, nada indica que su aplicación, incluso en el asunto en cuestión, modifique la interacción entre una decisión de retorno y una prohibición de entrada, prevista por la Directiva 2008/115. Por otra parte, si bien esta Directiva no se opone a la imposición de una sanción penal, no exige que el Derecho penal interno refleje plenamente el mismo tenor.
7.

Con arreglo al artículo 10 del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (Decreto Legislativo n.o 66, de 8 de abril de 2003, de aplicación de las Directivas 93/104/CE ( 3 ) y 2000/34/CE, ( 4 ) relativas a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo) (GURI n.o 87, de 14 de abril de 2003), el período de vacaciones anuales retribuidas no podrá sustituirse por una compensación financiera de las vacaciones no disfrutadas, salvo en caso de extinción de la relación laboral.
88.

En primer lugar, no corresponde al Tribunal de Justicia apreciar la admisibilidad, la relevancia y el valor probatorio de las pruebas presentadas por Primart ante el Tribunal General en apoyo de su argumentación. En cualquier caso, como ya he señalado en el punto 67, la evaluación del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior no es un elemento que requiera que las partes aporten pruebas y, por lo tanto, puede efectuarla la EUIPO (y, por extensión, el Tribunal General) de oficio. La propia EUIPO recalcó ese aspecto al explicar por qué, en su opinión, el Tribunal General aplicó erróneamente el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009. Por lo tanto, no queda claro el motivo por el cual, en el presente contexto, dichas alegaciones deben ser relevantes.
145.

Me resisto a admitir una presunción que dejara en tan mal lugar al proceso de toma de decisiones de la Comisión. Por fortuna, en el presente procedimiento no hay necesidad de hacerlo. El escrito de 19 de diciembre de 2014 explicaba a las autoridades belgas que la Comisión deseaba oír a RQ no para respetar su derecho fundamental a ser oído, sino porque quería estar en condiciones de «valorar con pleno conocimiento de causa las consecuencias que tal suspensión podría tener para la independencia y el funcionamiento de la OLAF y, por tanto, para los intereses de la Unión Europea». ( 75 ) Por lo tanto, el Tribunal General disponía de pruebas irrefutables de que la propia Comisión consideraba que las observaciones de RQ serían tan pertinentes como relevantes para adoptar una decisión adecuada sobre la suspensión de su inmunidad. Así las cosas, en mi opinión es lógicamente imposible llegar a una conclusión que no sea que, si se hubiese respetado el derecho de RQ a ser oído, muy probablemente habría tenido alguna trascendencia en el resultado del procedimiento administrativo y, por tanto, en la decisión finalmente adoptada respecto a la suspensión de su inmunidad. Sin embargo, de ello no se deduce que el interesado tuviera que demostrar que la correspondiente decisión habría sido diferente si se hubiese respetado su derecho a ser oído.
58.

El hecho de que Dong Yang no declarase ni pagase IVA surcoreano no puede considerarse una práctica abusiva por su parte. Respecto al IVA surcoreano aplicable, dependiendo de la legislación surcoreana, cabe considerar que LG Corea informó debidamente a su contratante Dong Yang. Como quedó acreditado en la vista oral, a Dong Yang se le aseguró que no tendría que tributar en Corea del Sur por «la importación de estos servicios». No cabe descartar que, en virtud del IVA surcoreano, tenga lugar, por ejemplo, una transferencia de responsabilidad fiscal al cliente situado en Corea del Sur cuando una empresa extranjera le presta servicios. Al menos dicha situación está prevista en el sistema de IVA del Derecho de la Unión para muchas prestaciones de servicios de empresas extranjeras a empresas nacionales (véase, en particular el artículo 196 de la Directiva del IVA).
73.

La Comisión considera que no es posible supeditar el derecho a deducción al requisito de que los sujetos pasivos verifiquen la inscripción de sus socios comerciales en los registros nacionales específicos constituidos en el ámbito de la seguridad alimentaria. La Comisión se adhiere a la opinión del tribunal remitente, conforme a la cual la falta de registro no permite concluir de manera automática que la actividad económica es ficticia o que la operación no se ha celebrado con la persona que figura en la documentación facilitada. Comprobar que un socio comercial se encuentre debidamente registrado no garantiza que la operación no sea fraudulenta, ya que la comisión de fraude no es terreno exclusivo de empresas no registradas. No obstante, si un sujeto pasivo inicia una relación contractual con otra parte después de haber descubierto que esa parte no está debidamente registrada, dicho elemento puede ser tenido en cuenta por las autoridades competentes y los tribunales nacionales.
30.

La versión española de esa letra a) recoge: «siempre, si el consumidor durante la visita del mensajero no puede tomar conocimiento con libertad del contenido del contrato tipo». ( 5 ) En esa línea, la traducción italiana reza: «sempre, qualora il consumatore, al momento della visita del corriere, non possa consultare liberamente il contenuto dei modelli contrattuali». ( 6 ) En la versión alemana se lee:«immer, wenn der Verbraucher beim Besuch des Kuriers den Inhalt der Vertragsmuster nicht ungehindert zur Kenntnis nehmen kann». ( 7 ) En la versión portuguesa aparece: «sempre que o consumidor não possa, por ocasião da visita do mensageiro, tomar livremente conhecimento do conteúdo do modelo do contrato». ( 8 )
61.

Una vez realizado el análisis que precede, considero que una persona que ha celebrado con fines privados un contrato de crédito no pierde su condición de consumidor, en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Convenio de Lugano II, cuando el contrato de que se trate no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48 por razón del importe total del crédito. Por otro lado, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los umbrales relativos al importe total del crédito, establecidos en el artículo 2, apartado 2, letra c), de dicha Directiva, no son aplicables en el marco del artículo 15, apartado 1, del Convenio de Lugano II. ( 37 ) Esta consideración no se ve cuestionada por las explicaciones que figuran en el informe Pocar. ( 38 ) Por último, un tribunal que contempla la posibilidad de aplicar el artículo 15 del Convenio de Lugano II no está vinculado por las normas de desarrollo del Derecho sustantivo adoptadas en la transposición al Derecho interno de la Directiva 2008/48. No es necesario establecer el paralelismo contemplado en el marco de la cuestión prejudicial. ( 39 )
70.

Sin embargo, considero que el principio de asimilación plena no afecta a la cuestión de si el importe de dinero cobrado por el Estado miembro requerido permanece separado de sus propios activos o se confunde con estos. En consecuencia, interpretada de este modo, la segunda parte de la segunda cuestión prejudicial no modifica la conclusión que he alcanzado sobre la primera parte de esta cuestión prejudicial y no modifica la respuesta que propongo que dé el Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales primera y tercera.
56.

Por supuesto, los centros de aprendizaje de la conducción contratan a monitores que son personas físicas. No obstante, ello no justifica que dicho centro quede exento del IVA sobre la base del artículo 132, apartado 1, letra j), de la Directiva 2006/112. En efecto, como ha establecido el Tribunal de Justicia, las actividades ejercidas efectivamente por una persona física, pero por medio de un organismo tercero, no pueden acogerse a la exención prevista por esa disposición. ( 20 ) No resultaría lógico considerar ahora que ese propio organismo puede acogerse a esa exención.
39.

Esta conclusión no se ve afectada por el artículo 1, apartado 2, letra c), tercer guion, de la Directiva 2003/98 a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, con arreglo al cual la Directiva no se aplicará a los documentos a los que no pueda accederse en virtud de la legislación nacional. Esto es así precisamente porque, como ya he señalado, la reutilización (con arreglo a la Directiva) solo es posible si los documentos son accesibles (conforme al Derecho nacional). Por lo tanto, el hecho de que el artículo 1, apartado 2, letra c), tercer guion, mencione la «confidencialidad comercial (por ejemplo, secretos comerciales, profesionales o empresariales)» como uno de los ejemplos ( 11 ) de posibles razones de exclusión (nacional) del acceso a los documentos, que (en su caso) implica que dichos documentos no estén sujetos a la Directiva, difícilmente se puede interpretar en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer límites al acceso por esos motivos.
59.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo que se responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Conseil d’État (Consejo de Estado, Francia): «1) El artículo 31, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que una empresa que ofrece el visionado de programas de televisión en flujo continuo y en directo a través de Internet no debe considerarse empresa que suministra una red de comunicaciones electrónicas utilizada para la distribución de canales de programas de radio y televisión al público en el sentido de dicha disposición. 2) La Directiva 2002/22, en su versión modificada por la Directiva 2009/136, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro imponga a las empresas que ofrecen el visionado de programas de televisión en flujo continuo y en directo a través de Internet una obligación de transmitir programas de televisión específicos. Sin embargo, dicha obligación debe perseguir un objetivo de interés general, como el mantenimiento del carácter pluralista de la oferta de programas de televisión en su territorio, en virtud de la política cultural de ese Estado miembro, y no resultar desproporcionada en relación con el citado objetivo, lo cual implica que sus modalidades de aplicación deben formar parte de un procedimiento transparente fundado en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar estos extremos. Por otra parte, dichas empresas deben obtener previamente el consentimiento de los titulares de los derechos de autor o de los derechos afines a los derechos de autor que protegen el contenido de los programas mencionados. 3) El Estado miembro que imponga una obligación de transmisión no comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 31 de la Directiva 2002/22 no está vinculado por los requisitos que debe cumplir esa obligación en virtud del citado artículo.»
8.

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva del IVA dispone que, no obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), inciso i), determinadas adquisiciones intracomunitarias de bienes no están sujetas al IVA, en particular ciertas adquisiciones efectuadas por un sujeto pasivo o una persona jurídica que no sea sujeto pasivo que no excedan de un determinado volumen por cada año natural (el denominado «régimen de las pequeñas empresas»).
17.

Por tanto, esa sentencia, anterior a la resolución del BFÖ, ya se había dictado cuando Hochtief interpuso su recurso ante la Comisión arbitral. Sin embargo, no estuvo «disponible» en versión húngara hasta una fecha posterior. ( 4 ) En su sentencia, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital) señaló, no obstante, que no iba a analizar esa alegación pues no figuraba en la demanda presentada en primera instancia. Según el órgano jurisdiccional remitente, la cuestión de si el poder adjudicador había cometido una infracción al considerar que existía una incompatibilidad y no ofrecer a la parte demandante en el litigio principal la posibilidad de defenderse no figuraba en la demanda. Añade que dicha parte no alegó hasta la fase de apelación que la prohibición que se le había infligido constituía una restricción desproporcionada de su derecho a presentar su candidatura y de licitar, contraria al artículo 220 CE, al artículo 6 de la Directiva 93/37/CEE ( 5 ) y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
69.

En consecuencia, propongo responder así a las cuestiones prejudiciales primera a cuarta: una persona que haya sido interrogada como testigo en un procedimiento penal no puede considerarse «juzgada definitivamente» por un Estado miembro a los efectos del artículo 3, punto 2, de la Decisión marco. El artículo 4, punto 3, de la Decisión Marco debe interpretarse en el sentido de que la ejecución de una ODE podrá denegarse cuando las autoridades judiciales del Estado miembro de ejecución, también competentes para perseguir la infracción que sea objeto de la ODE, no hayan abierto un procedimiento o lo hayan concluido, aun cuando la persona buscada no haya sido acusado o sospechoso en ese procedimiento, a condición de que dichas autoridades hayan examinado la posibilidad de que esa persona haya cometido tal infracción.
(24)

La Unión Europea, en su Declaración n.o 11 sobre el estatuto de las iglesias y las organizaciones no confesionales, adjunta al Acta final del Tratado de Ámsterdam, ha reconocido explícitamente que respeta y no prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del Derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros, que respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales. Desde esta perspectiva, los Estados miembros pueden mantener o establecer disposiciones específicas sobre los requisitos profesionales esenciales, legítimos y justificados que pueden exigirse para ejercer [en ellas] una actividad profesional.
15.

Por el contrario, la Administración tributaria declaró que el municipio no tiene derecho a deducir el IVA que gravó los gastos para la construcción y la explotación del centro cultural. El Ministro de Hacienda consideró que los bienes y servicios adquiridos por el municipio con fines de inversión (construcción del centro cultural, que iba a ser cedido gratuitamente al Centro Municipal de Cultura) no lo fueron en el marco de una actividad económica y que, por tanto, el municipio no actuó como sujeto pasivo a efectos del IVA. Señaló que el uso posterior de los bienes de inversión para una actividad económica no hace que, en el momento de la compra, el municipio haya actuado como sujeto pasivo.
47.

Esta conclusión se ve confirmada por la resolución del Tribunal de Justicia en el asunto Cibo Participations. En ella el Tribunal de Justicia declaró que el pago de dividendos no constituye la retribución de una prestación de servicios, sino que es resultado de la mera posesión de la participación. En particular, el reparto de dividendos presupone normalmente la existencia de beneficios susceptibles de distribución y depende así de los resultados obtenidos por la sociedad en el ejercicio. ( 12 ) Si bien en el presente asunto la agrupación no reparte dividendos entre los socios, es decir, participaciones en las ganancias, sino que los socios pagan una aportación a la agrupación, tal y como observó la autoridad tributaria en el procedimiento principal se trata de los costes generales de la actividad empresarial de la agrupación, y esta asunción de costes se presenta, en definitiva, como una imagen especular del pago de dividendos en el asunto Cibo Participations: la cuantía de los importes facturados por la agrupación depende de los resultados de esta tanto como la cuantía de los dividendos repartidos dependía de los resultados obtenidos por la sociedad en que participaba Cibo Participations. Un socio, en su condición de tal, no solo tiene derecho a participar en los beneficios, sino que, en el presente asunto, también está obligado a cubrir los gastos ocasionados. Mientras que en el asunto Cibo Participations la participación se refería a las ganancias, en el presente asunto se trata de cubrir los gastos que se produzcan. En ambos casos, los pagos efectuados son resultado de la condición de socio, por lo que no constituyen la retribución por ninguna prestación de servicios.
114.

Dado que el Tribunal de Justicia me ha pedido que me limite a examinar el primer motivo de recurso de Gul Ahmed, y puesto que la resolución última del recurso de casación dependerá de la postura que el Tribunal de Justicia adopte no sólo en relación con dicho motivo sino también respecto del segundo motivo de recurso, me abstengo de realizar ninguna recomendación en materia de costas.