SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 2 de febrero de 1995

Asunto T-106/92

Erik Dan Frederiksen

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Interinidad — Legalidad — Infracción del artículo 176 del Tratado — Desviación de poder»

Texto completo en lengua francesa II-99

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de la decisión del Parlamento Europeo de 16 de junio de 1992 por la que se llama a la Sra. X a ocupar, con carácter interino, el puesto de Consejero lingüístico de la División de Traducción danesa.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

Mediante sentencia de 11 de diciembre de 1991, el Tribunal de Primera Instancia anuló la promoción de la Sra. X al puesto de Consejero lingüístico de la División de Traducción danesa por no cumplir, por una parte, uno de los requisitos esenciales exigidos por la convocatoria para proveer vacante y, por otra parte, por haberse producido dicho nombramiento sin haberse efectuado un examen comparativo y objetivo de méritos debido al carácter subjetivo, incompleto y erróneo del expediente transmitido a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) (sentencia Frederiksen/Parlamento, T-169/89, Rec. p. II-1403; en lo sucesivo, «Frederiksen I»). El Parlamento interpuso recurso de casación contra esta sentencia y solicitó que se suspendiera su ejecución. Dicha demanda de suspensión de la ejecución fue desestimada mediante el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de abril de 1992, Parlamento/Frederiksen (C-35/92P-R, Rec. p. I-2399).

El 6 de mayo de 1992, el Director General de Traducción y de Servicios Generales propuso que se llamara a la Sra. X a desempeñar, con carácter interino, las funciones de Consejero lingüístico, mientras durara la sustanciación del recurso de casación. El 16 de junio de 1992, el Parlamento llamó a la Sra. X a ocupar interinamente dicho puesto.

Mediante sentencia de 18 de marzo de 1993, el Tribunal de Justicia desestimó por infundado el recurso de casación interpuesto por el Parlamento contra la sentencia Frederiksen I (sentencia Parlamento/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I-991).

Sobre el fondo

Sobre el motivo fundado en el incumplimiento de la sentencia Frederiksen I y sobre el motivo fundado en la existencia de una desviación de poder

Cuando se anula un acto de una Institución, el artículo 176 del Tratado obliga a esta última a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia. Para adecuarse a la sentencia y dar plena ejecución a la misma, la Institución está obligada a respetar no sólo el fallo de la sentencia, sino también los motivos que han conducido a aquél y que constituyen el sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo. Esos motivos, en efecto, identifican, por una parte, la concreta disposición considerada ilegal y revelan, por otra parte, las causas precisas de la ilegalidad declarada en el fallo, que la Institución afectada habrá de tener en cuenta a la hora de sustituir el acto anulado (apartado 31).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de abril de 1988, Asterisy otrosy Grecia/Comisión(asuntos acumulados 97/86, 193/86, 99/86 y 215/86, Rec. p. 2181), apartado 27

Esta obligación es aplicable a cualquier acto destinado a sustituir al acto anulado, incluyendo aquellos actos que sólo le sustituyen con carácter provisional, como ocurre durante la sustanciación de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. Ello se deduce claramente tanto del artículo 53 del Estatuto (CEE) como de las disposiciones concordantes de los Estatutos (CECA) y (CEEA) del Tribunal de Justicia, que establecen que un recurso de casación inteipuesto contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia no tendrá efecto suspensivo, a menos que el Tribunal de Justicia ordene la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida, lo que no ocurre en el presente asunto ya que la demanda formulada põiel Parlamento al efecto fue desestimada por el Tribunal de Justicia (apartado 33).

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, al llamar a la Sra. X a ocupar interinamente el puesto controvertido, la AFPN incumplió la sentencia Frederiksen I en la medida en que ésta había declarado que no poseía las aptitudes necesarias para ocupar dicho puesto en interés del servicio, a menos que acreditara que no se le ofrecía ninguna otra solución conforme al interés del servicio (apartado 37).

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, en el presente caso, la AFPN no investigó si podía proveer el puesto vacante resultante de la sentencia Frederiksen I mediante una solución distinta del nombramiento de la Sra. X con carácter interino y que, al no examinar la posibilidad de cubrir dicha vacante mediante el nombramiento del demandante, incumplió la sentencia Frederiksen I y, con ello, infringió el artículo 176 del Tratado (apartado 45).

Después de haber afirmado la existencia de una infracción del artículo 176 del Tratado, el Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar, además, si los vicios que han quedado así comprobados no ponen de manifiesto la existencia de una desviación de poder (apartado 46).

El concepto de desviación de poder tiene un alcance bien preciso y se refiere al hecho de que una autoridad administrativa haya usado de sus atribuciones con una finalidad distinta de aquella para la cual le fueron conferidas. Una decisión sólo incurre en desviación de poder cuando se demuestra, de acuerdo con indicios objetivos, oportunos y concordantes, que fue adoptada para alcanzar una finalidad distinta de las que se alegan (apartado 47).

Referencia:Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión (T-80/92, Rec. p. II-1465)

Al examinar si el incumplimiento por parte de la AFPN de la sentencia Frederiksen I no es el resultado de una intención deliberada de favorecer a un candidato a un puesto en detrimento de todos los demás y del interés del servicio, este Tribunal de Primera Instancia observa, por una parte, que la decisión impugnada no se ajusta al interés del servicio y que a la adopción de la misma no precedió un examen objetivo de las demás posibilidades para proveer dicho puesto y, por otra parte, que fue adoptada en base a una propuesta del Director General de Traducción y de Servicios Generales que carecía de la exactitud y de la objetividad necesarias (apartado 48).

Este Tribunal de Primera Instancia observa, además, que dichos indicios objetivos y pertinentes de haberse incurrido en desviación de poder se ven corroborados por distintos elementos relativos a la colocación del visto bueno del interventor financiero por parte de una persona que no estaba facultada para ello, a la no presentación ante el Tribunal de Primera Instancia de determinados documentos, lo cual podía inducir a error a este Tribunal, así como a la situación existente en la División de Traducción danesa después de la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1993, Parlamento/Frederiksen, antes citada (apartado 49).

Fallo:

Se anula la decisión del Presidente del Parlamento Europeo de 16 de junio de 1992, por la que se llama a la Sra. X a ocupar, con carácter interino, el puesto de Consejero lingüístico de la División de Traducción danesa (Dirección General de Traducción y de Servicios Generales).