SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 17 de julio de 1998

Asunto T-28/97

Agnès Hubert

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Recurso de anulación — Traslado/Cambio de destino — Interés del servicio — Falta de motivación — Recurso de indemnización»

Texto completo en lengua francesa II-1255

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por un lado, la pretensión de que se anule la decisión de la Comisión, de 27 de marzo de 1996, de cambiar de destino a la demandante y, por otro, la pretensión de indemnización de daños y perjuicios para reparar los perjuicios material y moral supuestamente ocasionados por dicha decisión.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

La Sra. Hubert ocupaba en la Comisión el puesto de Jefe de la Unidad 3, «Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres», de la Dirección A, «Empleo y Mercado de Trabajo», de la Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales (DG V) (Unidad V.A.3).

El 25 de enero de 1996, el Director de la demandante le comunicó que él mismo y la Unidad V.A.3 debían ser transferidos a la Dirección D, «Diálogo Social y Libre Circulación de Trabajadores», de la DG V y que ella debía ser nombrada para un puesto de Consejera de la DG V.

En el transcurso de varias reuniones con el Director General de la DG V, se discutió sobre la propuesta de nombrar a la demandante Consejera encargada de las relaciones con las organizaciones no gubernamentales (ONG). En dichas reuniones, la demandante manifestó que percibía como una sanción injustificada el hecho de retirarle las responsabilidades de Jefe de la Unidad V.A.3. También puso en duda el contenido del puesto ofrecido.

El 15 de febrero de 1996, el Director General de la DG V envió una nota al Director General de la Dirección General de Personal y Administración (DG IX) (nota de 15 de febrero de 1996), a fin de que se procediera, en interés del servicio, a una serie de modificaciones del organigrama de la DG V, incluido el traslado de la demandante con efecto de 1 de marzo de 1996.

El 19 de febrero de 1996, la demandante pidió al Director General de la DG V que, en su condición de Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, precisara las razones de la decisión de retirarle las funciones de Jefe de Unidad.

Mediante escrito de 27 de marzo de 1996, el Director General de la DG V notificó a la demandante la decisión de cambio de destino (decisión impugnada), con efecto de 1 de abril de 1996.

El 18 de abril de 1996, la demandante mantuvo una entrevista con el Director de la Dirección E «Política y Acción Social» de la DG V (Dirección V.E), el cual le explicó las tareas y funciones del referido puesto.

El 24 de mayo de 1996, el Director General de la DG V envió una nota a la demandante (nota de 24 de mayo de 1996), junto con una descripción de las tareas del puesto de Consejero de esa misma Dirección. Mediante nota de 28 de mayo de 1996, la demandante subrayó que era la primera vez que recibía una descripción de las tareas del puesto de Consejero de la Dirección V.E con posterioridad a la decisión impugnada mediante la que su Director General la destituía de sus funciones de Jefe de Unidad.

El 13 de junio de 1996, se publicó la convocatoria de vacante del puesto COM/065/96 de Jefe de la Unidad 5 «Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres» de la Dirección D de la DG V, de grado A 5, escalón 4.

El 27 de junio de 1996, la demandante presentó una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), solicitando que se anulara la decisión impugnada y la decisión del calificador de alzada de 25 de abril de 1996, que confirmaba su informe de calificación 1993/1995, así como una indemnización de daños y perjuicios por el perjuicio material y moral sufrido. Mediante decisión de 6 de noviembre de 1996, recibida por la demandante el 11 de noviembre siguiente, la Comisión desestimó la parte de la reclamación relativa a la decisión impugnada.

Sobre las pretensiones de anulación

Sobre el motivo basado en la infracción de los artículos 4 y 29 del Estatuto

Las disposiciones de los artículos 4 y 29 del Estatuto únicamente se aplican en el supuesto de «vacantes», en el sentido de dichos artículos. Por consiguiente, el cambio de destino de un funcionario cuando no exista tal «vacante» no constituye un traslado en el sentido de dichos artículos y no es preciso aplicar las formalidades de dichos artículos (apartado 52).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1993, Rasmussen/Comisión(T-32/92, Rec. p. II-765), apartado 33

La existencia de una vacante, en el sentido de los artículos 4 y 29 del Estatuto, presupone que falte por cubrir un puesto de trabajo entre el número total de puestos de trabajo permanentes incluidos en la relación de puestos de trabajo anexa, según dispone el artículo 6 del Estatuto, a la sección de presupuesto correspondiente a la Institución de que se trate y que ha de fijar, para cada categoría y cada servicio, el número de puestos de trabajo por grado correspondiente a cada carrera (apartado 53).

Referencia: Rasmussen/Comisión, antes citada, apartado 34

En el caso presente, se trata de una transferencia junto con la plaza y no de la transferencia a una plaza vacante, ya que, por una parte, el nùmero del puesto de trabajo de la demandante no se modificò a raíz de su transferencia y, por otra, la plaza correspondiente al puesto de trabajo de destino fue utilizada como soporte presupuestario del puesto de trabajo del sucesor de la demandante. De ello se deduce que debe desestimarse la alegación de la demandante según la cual la transferencia al puesto de Consejero de la Dirección V.E es un traslado y requiere la publicación de una convocatoria de plaza vacante (apartado 54).

Debe desestimarse la alegación de la demandante según la cual, en caso de transferencia de un puesto de trabajo de un servicio a otro, se crea un puesto de trabajo nuevo cuando las funciones en que consiste resultan modificadas sustancialmente, de manera que debe publicarse una convocatoria de vacante antes de cubrir la plaza. Si bien el Tribunal de Justicia declaró que cuando se transfiere un puesto de trabajo sin modificación sustancial de las funciones en que consiste no se crea un nuevo puesto, no es menos verdad que el mismo Tribunal, en el siguiente apartado, declaró sin ambigüedad que cuando se transfiere al funcionario junto con su plaza «no existe vacante ni, por consiguiente, obligación de aplicar el procedimiento que para este supuesto prevén» los artículos 4 y 29 del Estatuto (apartados 57, 58 y 61).

Referencia: Tribunal de Justicia, 24 de enero de 1981, Carbognani y Coda Zabetta/Comisión (asuntosacumulados 161/80y 162/80, Rec. p. 543), apartado 19; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1993, Fiorani/Parlamento(T-50792, Rec. p. II-555), apartado 27; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión (T-80/92, Rec. p. II-1465), apartado 30; Tribunalde Justicia, 16 de junio de 1971, Vistosi/Comisión(C-61/70, Rec. p. 535), apartados 6 y 7

Sobre el motivo basado en la infracción del apartado 1 del artículo 7 del Estatuto

Las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para organizar sus servicios en función de las misiones que les han sido confiadas y para destinar con arreglo a éstas al personal que se encuentra a su disposición, siempre que los destinos se decidan en interés del servicio y respetando la equivalencia de los puestos de trabajo. Tal facultad de apreciación resulta indispensable para conseguir una organización eficaz de las actividades y para poder adaptar esta organización a las necesidades cambiantes. El Tribunal de Justicia llegó a desestimar específicamente el argumento según el cual normalmente un cambio de destino no debería tener lugar sin el consentimiento del interesado, basándose en que tal criterio tendría como efecto limitar de un modo intolerable la libertad de disposición de las Instituciones para organizar sus servicios y adaptarlos a la evolución de las necesidades. Los problemas que puede ocasionar la partida de un funcionario en su anterior servicio y la ventaja que su nuevo servicio puede obtener del cambio de destino son consideraciones incluidas en la misma facultad de apreciación. Por consiguiente, teniendo en cuenta el alcance de esta facultad de apreciación respecto a la valoración del interés del servicio, el control del Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a la cuestión de si la AFPN se ha mantenido dentro de unos límites no condenables, sin haber utilizado su facultad de apreciación de manera manifiestamente errónea (apartado 76).

Referencia: Carbognaniy Coda Zabetta/Comisión antes citada, apartado 28; Tribunal de Primera Instancia, 12 de julio de 1990, Scheuer/Comisión (T-108/89, Rec. p. II-411), apartado 37; Turner/Comisión, antes citada, apartado 53

Incumbe al funcionario acreditar que la decisión adoptada contra él es contraria al interés del servicio (apartado 77).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de mayo de 1981, Kindermann/Comisión (60/80, Rec. p. 1329), apartado 17; Scheuer/Comisión, antes citada, apartado 48

Teniendo en cuenta que la demandante no ha aportado elementos idóneos para demostrar que la decisión impugnada fue adoptada por razones ajenas al interés del servicio, el presente motivo debe ser desestimado (apartado 84).

Sobre el motivo basado en la falta de motivación

Habida cuenta del alcance de la facultad de apreciación de que dispone la AFPN en materia de organización de los servicios y del contexto en el que se adoptó la decisión impugnada, las explicaciones facilitadas con ocasión de las reuniones y en las notas intercambiadas tanto con su Director como con el Director General de la DG V cumplían el deber de motivación que prevé el artículo 25 del Estatuto, en cuanto que hacían posible que el Juez comunitario ejerciera su control sobre la legalidad de la decisión impugnada y proporcionaban al interesado suficientes indicaciones para que pudiera comprobar si la decisión estaba debidamente fundada. Teniendo en cuenta que el procedimiento de calificación se desarrollaba en paralelo, la demandante tampoco podía ignorar que su superior jerárquico no estaba de acuerdo, en particular, con su manera de organizar la Unidad V.A.3. Tales explicaciones deberían haber hecho comprender a la demandante que la decisión impugnada fue adoptada a fin de utilizar mejor sus competencias (apartados 93, 94, 95 y 96).

Referencia: Tumer/Comisión, antes citada, apartado 62; Tribunalele Primera Instancia, 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión (T-36/93, RecFP p. II-497), apartados 59 y 60

Fallo:

Se desestima el recurso.