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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 10 de diciembre de 1991 ( *1 )

En el asunto C-192/90,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Ricardo Gosalbo Bono, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Roberto Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

Reino de España, representado por los Sres. Carlos Bastarreche Sagües, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de España, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no comunicar los programas para reducir el peso y/o el volumen de los envases para alimentos líquidos, contenidos en los residuos domésticos que deben eliminarse definitivamente, con arreglo al artículo 3 de la Directiva 85/339/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a los envases para alimentos líquidos (DO L 176, p. 18; EE 15/06, p. 22), y/o al no establecer dichos programas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: F.A. Schockweiler, Presidente de Sala, en funciones de Presidente; F. Grévisse y P.J.G. Kapteyn, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco, M. Zuleeg y J.L. Murray, Jueces;

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide :

1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no establecer los programas para reducir el peso y/o el volumen de los envases para alimentos líquidos, contenidos en los residuos domésticos que deben eliminarse definitivamente, con arreglo al artículo 3 de la Directiva 85/339/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a los envases para alimentos líquidos.

2) Condenar en costas al Reino de España.

( *1 ) Lengua de procedimienco: español.
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1. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas a la exportación - Medidas de efecto equivalente - Normativa nacional que, para los vinos amparados por una denominación de origen, impone la obligación de embotellado en la zona de producción y limita la exportación a granel - Improcedencia - Justificación - Protección de la propiedad industrial y comercial - Requisitos - Medida necesaria respecto a la garantía vinculada a la denominación de origen

(Tratado CEE, arts. 34 y 36; Reglamento nº 823/87 del Consejo, art. 18)

2. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas a la exportación - Medidas de efecto equivalente - Artículo 34 del Tratado - Efecto directo - Posibilidad de invocar la disposición contra un particular

(Tratado CEE, art. 34)

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1. Una normativa nacional aplicable a los vinos designados con una denominación de origen que supedita la utilización del nombre de la zona de producción como denominación de origen al embotellado en dicha zona y que limita la cantidad de vino que puede exportarse a granel, pero autoriza las ventas a granel dentro de la región de producción, constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la exportación, prohibida por el artículo 34 del Tratado, ya que tiene como efecto restringir específicamente las corrientes de exportación del vino a granel y, en especial, proporcionar una ventaja particular para las empresas de embotellado nacionales situadas en la región de producción.

Tal normativa no puede justificarse según el artículo 18 del Reglamento nº 823/87, que, para este tipo de vinos, autoriza a los Estados miembros, teniendo en cuenta los usos leales y constantes, a imponer requisitos de circulación más rigurosos que los que impone dicho Reglamento, ya que dicho artículo no puede interpretarse en el sentido de que autoriza a los Estados miembros a establecer excepciones a las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías.

La obligación de embotellado en la zona de producción sólo estaría justificada por razones relativas a la protección de la propiedad industrial y comercial, según lo dispuesto en el artículo 36 del Tratado, si es necesaria para garantizar que la denominación de origen cumpla su función específica de garantizar que el producto amparado por la misma procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados caracteres particulares. No obstante, no es éste el caso cuando el embotellado en la zona de producción no sea una operación que confiera al vino caracteres particulares o una operación indispensable para el mantenimiento de los caracteres específicos que haya adquirido.

2. El artículo 34 del Tratado es directamente aplicable y, como tal, confiere a los particulares derechos que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tienen la obligación de proteger. Por consiguiente, dicho artículo puede ser invocado por los particulares ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en litigios frente a otros particulares.
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1. Funcionarios - Selección - Concursos - Concurso-oposición - Requisitos de admisión - Presentación de títulos a efectos de la admisión a las pruebas - Obligación de los aspirantes según la convocatoria de concurso - Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, Anexo III, art. 2)

2. Funcionarios - Selección - Concursos - Concurso oposición - Requisitos de admisión - Documentos acreditativos - Petición de informaciones complementarias por parte del tribunal del concurso - Simple facultad - Obligación de exigir la presentación de la totalidad de los documentos requeridos - Inexistencia

(Estatuto de los Funcionarios, Anexo III, art. 2, párr. 2)

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1. Cuando las claras disposiciones de la convocatoria de un concurso oposición exigen sin equívoco la presentación del impreso de candidatura junto con los documentos acreditativos necesarios, el hecho de que un funcionario que carece de competencia para modificar estas disposiciones dé una información errónea no puede, con arreglo al deber de asistencia y protección y al principio de buena administración, facultar ni, aún menos, obligar al tribunal del concurso o a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos a actuar en contra de lo dispuesto en dicha convocatoria de concurso.

2. La circunstancia de que el superior jerárquico de un candidato sea miembro del tribunal del concurso, permitiendo así verificar, a pesar de la falta de los documentos acreditativos exigidos, si el interesado reúne los requisitos de admisión, no autoriza al citado tribunal a incumplir lo dispuesto en la convocatoria de concurso. Una iniciativa semejante del tribunal del concurso constituiría una discriminación contra otros candidatos que, al no haber presentado los documentos acreditativos exigidos, serían descartados por no ser conocidos de ningún miembro del tribunal del concurso.

Ni el deber de asistencia y protección ni el principio de buena administración, invocados en apoyo del recurso de casación pueden, a este respecto, transformar en obligación lo que el legislador concibió como una simple facultad del tribunal del concurso.
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1. Libre circulación de mercancías - Propiedad industrial y comercial - Derecho de patente - Competencia de los Estados miembros - Alcance y límites

(Tratado CEE, arts. 30, 36 y 222)

2. Libre circulación de mercancías - Propiedad industrial y comercial - Derecho de patente - Concesión de una licencia obligatoria a pesar de un abastecimiento normal del mercado mediante importaciones procedentes de otros Estados miembros - Improcedencia

(Tratado CEE, arts. 30 y 36)

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1. En el estado actual del Derecho comunitario, las disposiciones relativas a las patentes aún no han sido objeto de unificación en el marco de la Comunidad o de aproximación de legislaciones, de modo que corresponde al legislador nacional determinar las condiciones y modalidades de la protección conferida por la patente.

No obstante, las disposiciones del Tratado, y especialmente las del artículo 222, según las cuales el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros, no pueden interpretarse en el sentido de que reservan al legislador nacional, en materia de propiedad industrial y comercial, la facultad de adoptar medidas contrarias al principio de la libre circulación de mercancías dentro del mercado común, tal como lo prevé y regula el Tratado.

2. Si bien, en el estado actual del Derecho comunitario en materia de patentes, corresponde al legislador nacional determinar las condiciones y modalidades de la protección conferida por la patente y puede, por tanto, sancionar la falta o la insuficiencia de explotación de la patente mediante la concesión de una licencia obligatoria, un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado si equipara, en su legislación, a dichos casos de insuficiencia de explotación, el supuesto en que la demanda del producto cubierto por la patente se satisfaga en el mercado nacional mediante importaciones procedentes de otros Estados miembros. En efecto, de este modo, el titular de la patente es incitado, para evitar el riesgo de una pérdida de su derecho exclusivo, que no podría, a sus ojos, compensarse realmente mediante el pago de la retribución prevista como contrapartida de la licencia obligatoria, a producir en el territorio del Estado en el que ha sido expedida la patente, antes que a importar el producto cubierto por la patente desde el territorio de otros Estados miembros. Una discriminación de este tipo, que tiene como finalidad favorecer la producción nacional, no puede justificarse basándose en el artículo 36 del Tratado ni en el artículo 5 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Unicamente procede que el Tribunal de Justicia acuerde no pronunciarse sobre una petición planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte manifiesto que la interpretación del Derecho comunitario o el examen de la validez de la norma comunitaria solicitados por dicho órgano jurisdiccional no guardan relación alguna con la realidad o el objeto del litigio principal.

La circunstancia de que un trabajador migrante disfrute de una pensión gracias a la aplicación de las disposiciones del artículo 45 del Reglamento n° 1408/71 relativas a la toma en consideración de los períodos de seguro o de residencia, cubiertos bajo diferentes legislaciones, y no en virtud de una sola legislación nacional, no puede, so pena de impedir que se alcancen los objetivos de los artículos 48 a 51 del Tratado, privarle de disfrutar las asignaciones establecidas por la legislación nacional en favor de los pensionistas.

Por consiguiente, los artículos 77 a 79 del Reglamento n° 1408/71, que se refieren exclusivamente a las prestaciones por los hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas y por huérfanos, no pueden interpretarse en el sentido de que se oponen a que la legislación de un Estado miembro que establezca asignaciones familiares por el cónyuge a cargo del titular de una pensión se aplique en el caso de una persona que disfrute de una pensión de vejez con arreglo a dicho Reglamento.
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Agricultura - Montantes compensatorios monetarios - Concesión - Piensos compuestos incluidos en las subpartidas 23.07 B I a) 1 ó 2; 23.07 B I b) 1 ó 2; 23.07 B I c) 1 ó 2 - Importación en un Estado miembro con moneda depreciada - Obligación de declarar, en el momento de pasar la Aduana, la composición completa del producto - Posibilidad de subsanación a posteriori para evitar la pérdida del derecho al pago - Inexistencia

((Reglamentos de la Comisión nº 495/79, art. 1, ap. 1, nº 2901/81, nº 1071/82 y nº 1235/82, Anexo I, Parte 1, nota (9) ))

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Las disposiciones del Reglamento nº 495/79, relativo a la aplicación de los montantes compensatorios monetarios a determinados piensos compuestos elaborados con cereales, reproducidas en la nota (9) a pie de página de la Parte 1 del Anexo I de los Reglamentos nº 2901/81, nº 1071/82 y nº 1235/82, modificados, por los que se fijan los montantes compensatorios monetarios así como determinados coeficientes y tipos necesarios para su aplicación, deben interpretarse en el sentido de que el operador económico que, al cumplimentar las formalidades aduaneras relativas a la importación a un Estado miembro con divisa depreciada, de piensos compuestos incluidos en las subpartidas 23.07 B I a) 1 ó 2, 23.07 B I b) 1 ó 2 y 23.07 B I c) 1 ó 2, del Arancel Aduanero Común, no declara la composición completa del producto, precisando el contenido en peso por partida arancelaria de cada producto no lácteo incorporado, pierde todo derecho al pago de los montantes compensatorios monetarios y no puede subsanar posteriormente dicha omisión.

En efecto, tratándose de los productos objeto de examen, para los cuales el pago de montantes compensatorios monetarios se sujeta a normas especiales, que tienen por objeto poner fin a corrientes comerciales artificiales, resulta especialmente necesario realizar un control eficaz, el cual, en la medida en que debe recaer sobre su composición exacta, tan sólo puede realizarse eficazmente en el mismo momento del paso de la Aduana, sin que ninguna comprobación ulterior permita garantizar la exactitud de las declaraciones presentadas.
Cuando tiene un ámbito de aplicación territorial limitado porque sólo se aplica en una parte del territorio nacional, una medida no puede escapar a la calificación de medida discriminatoria o protectora, en el sentido de las normas relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 36 del Tratado, por el mero hecho de que afecte tanto a la comercialización de los productos procedentes de las demás partes del territorio nacional, como a la de los productos importados de los demás Estados miembros. Para que pueda ser considerada como discriminatoria o protectora, no es preciso, pues, que dicha medida tenga por efecto favorecer a la totalidad de los productos nacionales o perjudicar sólo a los productos importados y no a los productos nacionales.

Considerados conjuntamente, los artículos 30 y 36 del Tratado no se oponen a una normativa adoptada por una Comunidad Autónoma de un Estado miembro que prohibe, en su ámbito de aplicación territorial, la publicidad de bebidas alcohólicas de graduación superior a 23 grados, en medios de comunicación, en calles y carreteras, salvo las señales indicativas de centros de producción y venta, en cines y en transportes públicos.

En efecto, tal normativa, aun cuando constituya una medida de efecto equivalente en el sentido del artículo 30, puede justificarse conforme al artículo 36. Por una parte, no es desproporcionada respecto al objetivo relativo a la salud pública, la lucha contra el alcoholismo, que persigue. Por otra parte, no constituye ni una discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio intracomunitário, puesto que no distingue entre los productos según su origen, las restricciones que establece no afectan a las bebidas alcohólicas de graduación inferior a 23 grados y no producen, pues, efectos restrictivos sobre las importaciones de estas bebidas procedentes de otros Estados miembros, y, por lo que se refiere a las bebidas de graduación superior a 23 grados, estas restricciones se imponen tanto a los productos que, en cantidades no desdeñables, proceden de la parte del territorio nacional sobre el que se aplican, como a los productos importados de otros Estados miembros. El hecho de que esta parte del territorio nacional produzca una mayor cantidad de bebidas de graduación inferior a 23 grados que de bebidas de graduación más elevada no basta, por sí solo, para considerar que dicha normativa no cumple los requisitos del artículo 36.
BUTON Y VINICOLA EUROPEA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 
de 15 de mayo de 1991 * 
En el asunto C-201/90, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, por la Sala Primera de lo Civil del Tribunale penale 
e civile di Trieste (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho 
òrgano jurisdiccional entre 
Gio Buton SpA y Vinicola Europea SpA 
y 
Amministrazione delle finanze dello Stato y Ricevitore capo della dogana di Trieste, 
una decisión prejudicial sobre la validez y la interpretación del Reglamento (CEE) 
n° 2541/84 de la Comisión, de 4 de septiembre de 1984, por el que se fija un 
gravamen compensatorio sobre las importaciones en los otros Estados miembros de 
alcohol etílico de origen agrícola obtenido en Francia (DO L 238, p. 16; EE 
03/32, p. 82), y del Reglamento (CEE) n° 644/85 de la Comisión, de 12 de 
marzo de 1985, por el que se modifica el Reglamento n° 2541/84 (DO L 73, 
p. 15), 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 
integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente de Sala; Sir Gordon 
Slynn y R. Joliét, Jueces; 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: italiano. 
I - 2455 
SENTENCIA DE 15.5.1991 — ASUNTO C-201/90 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Sala Primera de lo Civil del 
Tribunale penale e civile di Trieste mediante resolución de 9 de mayo de 1990, 
declara: 
1) Del examen de la primera cuestión no resulta ningún elemento de tal naturaleza 
que afecte a la validez del Reglamento (CEE) n° 2541/84 de la Comisión, de 4 
de septiembre de 1984, por el que se fija un gravamen compensatorio sobre las 
importaciones en los otros Estados miembros de alcohol etílico de origen agrí­
cola obtenido en Francia, ni a la del Reglamento (CEE) n° 644/85 de la Comi­
sión, de 12 de marzo de 1985, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 
n° 2541/84. 
2) El gravamen compensatorio previsto por el Reglamento (CEE) n° 2541/84 debe 
percibirse sobre el alcohol etílico que se transforma en zona franca e introduce 
en un producto acabado destinado a otro Estado miembro y que no ha sido 
sometido a otros regímenes aduaneros distintos de la vigilancia aduanera. 
I - 2456
15.

a) El Gobierno portugués mantiene que el artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 supone una excepción al principio general recogido en el apartado 1 del artículo 2 de dicho Reglamento, principio que se refiere a la obligación de recaudar los derechos de aduanas legalmente debidos pero no percibidos, con observancia de los principios de seguridad jurídica y de protección de la buena fe del sujeto pasivo. El respeto de estos valores, que constituyen la ratio legis misma de esa disposición, quedaría en entredicho si los Estados miembros tuviesen la facultad de elegir entre recaudar los derechos o abstenerse de recaudarlos en los casos en que se reúnan los requisitos previstos en aquella disposición. En este contexto, el Gobierno portugués recuerda que en la sentencia de 22 de octubre de 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199), el Tribunal de Justicia estimó que el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 debe interpretarse en el sentido de que, si se reúnen todos los requisitos, el sujeto pasivo tiene derecho a que no se efectúe la recaudación. Según el Gobierno portugués, si el sujeto pasivo tiene derecho a que no se efectúe la recaudación de los derechos de aduana cuando se reúnan todos los requisitos, las autoridades nacionales han de ejercer, en el marco del apartado 2 del artículo 5, una potestad de apreciación reglada. A juicio del Gobierno portugués, la utilización del término «podrán» obedece a una exigencia de técnica legislativa que condujo a oponer el apartado 1 del artículo 5 («las autoridades competentes no podrán iniciar ninguna acción de recaudación») al apartado 2 de dicho artículo («las autoridades competentes podrán abstenerse de efectuar la recaudación a posteriori»). El apartado 1 configura una verdadera imposibilidad legal de efectuar la recaudación a posteriori, mientras que el apartado 2 define dos soluciones posibles, siendo una de ellas la de que las autoridades nacionales no podrán efectuar la recaudación cuando se reúnan los requisitos previstos en dicha disposición.
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Al haber confirmado el Inspector de Tributos la liquidación complementaria emitida el 4 de abril de 1984 por la Administración tributaria neerlandesa, Deltakabel interpuso recurso ante el Gerechtshof de La Haya. Ante dicho órgano jurisdiccional, Deltakabel intentó demostrar que, dado que ambas sociedades se consideraban como integrantes de una misma entidad para la recaudación del impuesto sobre sociedades, el crédito de Deltavisie no era un auténtico crédito, sino más bien un asiento contable que reflejaba el total de las cantidades ya abonadas a Deltakabel para absorber sus pérdidas. El Gerechtshof, en su sentencia de 17 de marzo de 1987, no acogió esta alegación; destacó, al respecto, que ambas sociedades eran jurídicamente distintas y que sus cuentas anuales mostraban que se habían gestionado sus medios económicos de manera distinta. Por otra parte, el Gerechtshof revocó en parte la decisión controvertida en la medida en que imponía un recargo del impuesto sobre las aportaciones. Deltakabel entabló entonces un recurso de casación ante el Hoge Raad. Este órgano jurisdiccional estimó que la apreciación de autenticidad del crédito efectuada por el Gerechtshof estaba suficientemente fundada y que no procedía cuestionarla nuevamente.
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Desde este punto de vista, no puede considerarse como una exigencia esencial de la lealtad de las transacciones comerciales el que los productos importados de otro Estado miembro, en los que la relación entre el contenido en agua y el contenido en sustancias orgánicas no grasas sobrepase un determinado porcentaje, no puedan ser comercializados bajo una determinada denominación (en este caso «vleeswaren», charcutería), cuando, por una parte, dichos productos son fabricados y comercializados legalmente en el Estado miembro de origen, bajo una denominación equivalente (en este caso, «Fleischwaren», charcutería), y, por otra, se proporciona una información conveniente del comprador.