IV.

Paso a ocuparme ahora de aquellas cuestiones planteadas por el Presidente del Tribunale di Trieste referidas a la aplicación directa e inmediata, en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, de las disposiciones de los Reglamentos nos 19 y 120/67 de que se trata. Del propio tenor del artículo 189 del Tratado de Roma se desprende claramente que los Reglamentos comunitarios son, por su propio carácter, obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro; por otra parte, en razón su naturaleza y de su función en el sistema de fuentes del Derecho comunitario, dichos Reglamentos confieren a los particulares derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de reconocer y proteger. Por último, entran en vigor, en virtud de su sola publicación en el Diario Oficial de las Comunidades, en la fecha que en ellos mismos se establezca o, en su defecto, en el momento determinado en el Tratado. Es cierto que la normativa adoptada por el Consejo o por la Comisión no siempre agota plenamente, mediante disposiciones exhaustivas y detalladas, la materia regulada. En consecuencia, es lógico que, en determinados casos, se inste a los Estados miembros a adoptar por sí mismos determinadas disposiciones de mera aplicación, por ejemplo para determinar las autoridades nacionales competentes en materia de organización de los mercados agrícolas. Eso es, por lo demás, lo que se hizo en el artículo 23 del Reglamento no 19 al contemplar la adopción de medidas nacionales destinadas a permitir la aplicación efectiva de las disposiciones de dicho Reglamento. En cambio, es sabido que los Estados miembros no tienen la facultad de adoptar ninguna disposición, ni siquiera legislativa, que tenga por objeto no sólo complementar la normativa comunitaria, sino modificarla e incluso contradecirla. Por último, el efecto directo de los Reglamentos hace perfectamente inútil la pura y simple reproducción de sus disposiciones en actos de Derecho interno. En consecuencia, la técnica de la «reproducción» del Derecho comunitario mediante actos internos o, incluso, el procedimiento de la «incorporación» del Derecho comunitario al ordenamiento jurídico nacional es no sólo innecesaria, sino, tal como ha declarado el Tribunal, perjudicial, ya que la utilización de tales procedimientos se presta a equívocos por lo que respecta tanto a la naturaleza jurídica de las disposiciones aplicables como a la fecha de su entrada en vigor. Así lo señaló el Tribunal de la manera más clara mediante su sentencia de 7 de febrero de 1973, Comisión/Italia (39/72↔), al recordar, en particular, que son contrarias al Tratado todas las modalidades de ejecución cuya consecuencia pueda ser obstaculi zar el efecto directo de los Reglamentos comunitarios y poner en peligro, de este modo, su aplicación simultánea y uniforme en toda la Comunidad. Así pues, la técnica de la reproducción de las normas comunitarias por el legislador nacional no puede dispensar a los Jueces nacionales de la obligación de aplicar el Derecho comunitario, sin perjuicio de que recurran, si lo estiman necesario, a la interpretación de este Tribunal. Ésta es también una de las consecuencias del principio, muchas veces afirmado, según el cual la fuerza ejecutiva del Derecho comunitario no puede variar de un Estado a otro en favor de las legislaciones internas, aunque sean ulteriores, sin poner en peligro la realización de los fines del Tratado. En efecto, la transferencia que efectuaron los Estados miembros de algunas de sus competencias en favor de las Instituciones comunitarias entraña una limitación de sus derechos soberanos contra la que no puede oponerse un acto unilateral ulterior, incompatible con el propio concepto de comunidad (sentencia de 15 de julio de 1964, Costa, 6/64,↔ Rec. pp. 1141 y ss., especialmente p. 1159). En consecuencia, procede responder al Presidente del Tribunale di Trieste, sobre la base de estos principios, que el apartado 1 del artículo 20 del Reglamento no 19 y el apartado 2 del artículo 18 del Reglamento no 120/67, al ser disposiciones reglamentarias, a efectos del artículo 189 del Tratado, plena y directamente aplicables en el sentido de que su entrada en vigor no dependía ni de la ulterior adopción de actos comunitarios de aplicación ni siquiera, en el presente caso, de la adopción de medidas de Derecho interno, impusieron a cada uno de los Estados miembros la obligación de abstenerse de percibir derechos de aduana o exacciones de efecto equivalente y, correlativamente, confirieron a los particulares el derecho de no pagar tales exacciones.