Asuntos acumulados C‑61/17, C‑62/17 y C‑72/17

Miriam Bichat y otros

contra

Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

(Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg)

«Procedimiento prejudicial — Política social — Despidos colectivos — Directiva 98/59/CE — Artículo 2, apartado 4, párrafo primero — Concepto de “empresa que ejerce el control sobre el empresario” — Procedimientos de consulta a los trabajadores — Carga de la prueba»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018

Política social — Aproximación de las legislaciones — Despidos colectivos — Directiva 98/59/CE — Procedimientos de información y de consulta a los trabajadores — Concepto de «empresa que ejerce el control sobre el empresario» — Alcance — Interpretación autónoma y uniforme

(Directiva 98/59/CE del Consejo, art. 2, ap. 4, párr. 1)

El artículo 2, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «empresa que ejerce el control sobre el empresario» engloba toda empresa vinculada a dicho empresario mediante relaciones de participación en el capital social de este o por otros vínculos jurídicos que le permitan ejercer una influencia determinante sobre los órganos de decisión del empresario y obligarlo a examinar o proyectar despidos colectivos.

A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que el artículo 2, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 98/59 no define el concepto de «empresa que ejerce el control sobre el empresario» ni se remite, en este extremo, al Derecho de los Estados miembros. Pues bien, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme (véanse, en particular, las sentencias de 27 de enero de 2005, Junk, C‑188/03, EU:C:2005:59 apartados 29 y 30, y de 13 de mayo de 2015, Lyttle y otros, C‑182/13, EU:C:2015:317, apartado 26 y jurisprudencia citada).

En estas circunstancias, se desprende de una interpretación de los antecedentes legislativos, así como del objetivo del artículo 2, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 98/59, por una parte, que el concepto de «empresa que ejerce el control sobre el empresario» engloba toda empresa que, en virtud de la pertenencia al mismo grupo o de una participación en el capital social que le confiere la mayoría de los votos en la junta o en los órganos de decisión del empresario, puede obligarlo a adoptar una decisión de examinar o proyectar despidos colectivos.

Por otra parte, procede considerar incluidas también dentro de dicho concepto las situaciones en las que una empresa, aunque no sea titular de la mayoría de los votos recordada en el apartado anterior, puede ejercer una influencia determinante, en el sentido del apartado 31 de la presente sentencia, que se expresa en los resultados de las votaciones en los órganos societarios, y ello, en particular, debido a la dispersión del capital social del empresario, a un grado de participación relativamente bajo de los accionistas en las juntas o a la existencia de pactos entre socios en el seno del empresario.

Además, para garantizar la protección del principio de seguridad jurídica, la existencia de una situación en la que una empresa controla al empresario, en el sentido del artículo 2, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 98/59, no puede basarse en criterios meramente fácticos, como la existencia de un interés patrimonial común entre el empresario y la otra empresa o el del «interés propio de la empresa en cumplir las obligaciones de información, consulta y notificación establecidas en la Directiva 98/59», que la Comisión Europea invocó en sus observaciones escritas y orales.

(véanse los apartados 29, 40 a 42 y 45 y el fallo)