Palabras clave

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Palabras clave

Aproximación de las legislaciones — Sociedad de la información — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Protección de datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas — Requerimiento judicial por el que se ordena a un proveedor de acceso a Internet establecer un sistema de filtrado de todas las comunicaciones electrónicas, aplicable indistintamente a toda su clientela, con carácter preventivo y a sus expensas, sin limitación en el tiempo, para evitar las infracciones de un derecho de propiedad intelectual — Improcedencia

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 8 y 11; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 95/46/CE, 2000/31/CE, art. 15, ap. 1, 2001/29/CE, 2002/58/CE y 2004/48/CE, art. 3, ap. 1)

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Las Directivas 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior; 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información; 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual; 95/46, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 2002/58, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, leídas conjuntamente e interpretadas a la luz de los requisitos derivados de la protección de los derechos fundamentales aplicables, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un requerimiento judicial por el que se ordena a un proveedor de acceso a Internet establecer un sistema de filtrado

– de todas las comunicaciones electrónicas que circulen a través de sus servicios, en particular mediante la utilización de programas «peer-to peer»;

– que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela;

– con carácter preventivo;

– exclusivamente a sus expensas, y

– sin limitación en el tiempo,

capaz de identificar en la red de dicho proveedor la circulación de archivos electrónicos que contengan una obra musical, cinematográfica o audiovisual sobre la que el solicitante del requerimiento alegue ser titular de derechos de propiedad intelectual, con el fin de bloquear la transmisión de archivos cuyo intercambio vulnere los derechos de autor.

En efecto, dicho requerimiento judicial obligaría al citado proveedor a proceder a una supervisión activa del conjunto de datos respecto de todos sus clientes con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual, y le impondría de este modo una supervisión general prohibida por el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31. Por otro lado, dicho requerimiento judicial implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa del proveedor afectado, dado que le obligaría a establecer un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas, que además sería contrario a los requisitos recogidos en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, el cual exige que las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual no sean inútilmente complejas o gravosas. Por consiguiente, dicho requerimiento judicial no respetaría el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, la protección del derecho de propiedad intelectual que ampara a los titulares de derechos de autor y, por otro, la protección de la libertad de empresa que ampara a los operadores, como los proveedores de acceso a Internet. Además, los efectos de dicho requerimiento judicial no se limitarían a esos proveedores, ya que el sistema de filtrado también puede vulnerar los derechos fundamentales de sus clientes, a saber, su derecho a la protección de datos de carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones, derechos que se encuentran protegidos por los artículos 8 y 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por un lado, el requerimiento judicial implicaría un análisis sistemático de todos los contenidos y la recopilación e identificación de las direcciones IP de los usuarios que hayan originado el envío de contenidos ilícitos en la red, dándose la circunstancia de que dichas direcciones son datos protegidos de carácter personal, ya que permiten identificar concretamente a tales usuarios. Por otro lado, dicho requerimiento judicial podría vulnerar la libertad de información, dado que se corre el riesgo de que el citado sistema no distinga suficientemente entre contenidos lícitos e ilícitos, por lo que su establecimiento podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito.

(véanse los apartados 40 y 48 a 52 y el fallo)