Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública

(Art. 230 CE; Comunicación 2006/C 179/02 de la Comisión)

2. Contratación pública de las Comunidades Europeas — Adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública — Obligación del órgano de contratación de respetar las normas y los principios del Tratado

(Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2004/17/CE, considerando 9, y 2004/18/CE, considerando 2; Comunicación 2006/C 179/02 de la Comisión)

3. Contratación pública de las Comunidades Europeas — Adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública — Obligación del órgano de contratación de respetar las normas y los principios del Tratado

(Comunicación 2006/C 179/02 de la Comisión)

4. Contratación pública de las Comunidades Europeas — Adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública — Obligación del órgano de contratación de respetar las normas y los principios del Tratado

(Arts. 12 CE, 43 CE, 47 CE y 49 CE; Comunicación 2006/C 179/02 de la Comisión)

5. Contratación pública de las Comunidades Europeas — Adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública — Obligación del órgano de contratación de respetar las normas y los principios del Tratado

(Comunicación 2006/C 179/02 de la Comisión)

Índice

1. El recurso de anulación puede interponerse contra todas las disposiciones adoptadas por las instituciones, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, destinadas a producir efectos jurídicos. Para determinar si una Comunicación de la Comisión, publicada en la serie C del Diario Oficial y cuya finalidad es dar a conocer el enfoque general de la Comisión sobre la aplicación del conjunto de normas fundamentales relativas a la adjudicación de contratos públicos, que resultan directamente de las normas y principios del Tratado, a las adjudicaciones de contratos públicos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública, está destinada a producir efectos jurídicos nuevos respecto de los que implica la aplicación de los principios fundamentales del Tratado, procede examinar su contenido. La Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública se limita a desarrollar las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, a la libertad de establecimiento, a la libre prestación de servicios, los principios de no discriminación, de igualdad de trato y de proporcionalidad y las reglas de transparencia y de reconocimiento mutuo aplicables a la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública y no establece obligaciones específicas o nuevas en comparación con tales disposiciones, principios y reglas, tal como han sido interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En tales circunstancias, no puede considerarse que dicha Comunicación produzca efectos jurídicos vinculantes que puedan afectar a la situación jurídica de los Estados miembros.

(véanse los apartados 25 a 28 y 162)

2. Los procedimientos especiales y rigurosos previstos en las Directivas comunitarias sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos se aplican únicamente a aquellos contratos cuyo valor sobrepase un determinado umbral previsto expresamente en cada una de ellas. Por tanto, las normas de esas Directivas no se aplican a los contratos cuyo importe no alcanza el umbral fijado en ellas. Sin embargo, ello no significa que esos últimos contratos estén excluidos del ámbito de aplicación del Derecho comunitario. En efecto, en lo relativo a la adjudicación de estos contratos, las entidades adjudicadoras están obligadas, no obstante, a respetar las normas fundamentales del Tratado en general y el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad en particular.

Los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, implican en particular una obligación de transparencia, que permite que la autoridad pública concedente se asegure de que tales principios son respetados. Ello queda confirmado tanto por el noveno considerando de la Directiva 2004/17, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, como por el segundo considerando de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. De ello se deduce que tanto los Estados miembros como sus órganos de contratación deben respetar esta obligación de transparencia para la adjudicación de todos los contratos públicos, que consiste en garantizar, en favor de cualquier posible licitador, un grado de publicidad adecuado que permita la apertura del mercado a la competencia, así como el control de la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. Esta obligación comprende una forma de publicidad anterior a la adjudicación del contrato público de que se trata, en otras palabras, una publicidad previa que tiene lugar antes de la adjudicación. En efecto, una publicidad ex post no puede garantizar una publicidad adecuada.

(véanse los apartados 73, 74, 76, 77, 79 y 80)

3. En la medida en que las normas fundamentales del Tratado son aplicables a todos los contratos públicos, aun cuando no les afecten las Directivas sobre contratación pública, por el mero hecho de que un contrato público se sitúe por debajo de los umbrales de aplicación de dichas Directivas no puede presumirse que los efectos de dicho contrato público sobre el mercado interior sean casi insignificantes. En efecto, tales contratos no están excluidos del ámbito de aplicación del Derecho comunitario. Ahora bien, si puede excluirse a priori cualquier impacto de dichos contratos en el mercado interior, el Derecho comunitario no es de aplicación.

Ciertamente, pueden concurrir circunstancias específicas, como la escasa trascendencia económica, que permitan sostener razonablemente que una empresa establecida en un Estado miembro distinto de aquél al que pertenece la entidad adjudicadora de un determinado contrato público carece de interés en dicho contrato y, en consecuencia, los efectos sobre las libertades fundamentales de que se trata deberían considerarse demasiado aleatorios y demasiado indirectos para poder apreciar una eventual vulneración de las mismas. Sin embargo, la conclusión relativa a la falta de vulneración de las libertades fundamentales sólo puede deducirse de una evaluación de las circunstancias específicas de cada caso y no puede basarse en el mero hecho de que el importe del contrato de que se trata no supera un determinado umbral.

A este respecto, corresponde, en principio, a la entidad adjudicadora la apreciación, previa a la definición de los términos del anuncio de licitación, del eventual interés transfronterizo de un contrato cuyo importe estimado es inferior al umbral previsto por las normas comunitarias, si bien tal apreciación puede someterse a control jurisdiccional. Ello no excluye la posibilidad de que una normativa establezca, a nivel nacional o local, criterios objetivos que indiquen la existencia de un interés transfronterizo cierto, ni tampoco está excluido que se tenga en cuenta la capacidad administrativa de la entidad adjudicadora.

(véanse los apartados 85, 87, 88 y 93 a 95)

4. El procedimiento de adjudicación de un contrato público debe respetar, en todas sus fases, en particular en la de selección de los candidatos en un procedimiento restringido, tanto el principio de igualdad de trato de los posibles licitadores como el de transparencia, para que todos dispongan de las mismas oportunidades al formular el contenido de sus solicitudes de participación o de sus ofertas.

En el marco de la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública, los medios para alcanzar condiciones de competencia equitativas deben respetar tanto estos principios como el de libre prestación de servicios.

Entre estos medios, la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato se deduce del principio de igualdad de trato. El objetivo consistente en garantizar a los agentes económicos, cualquiera que sea su procedencia, la igualdad de acceso a los contratos propuestos se deriva del respeto de los principios de libertad de establecimiento y de prestación de servicios, así como de libre competencia, y, en particular, del principio de igualdad de trato en su expresión como prohibición de discriminaciones basadas en la nacionalidad consagrado en el artículo 12 CE. El principio de reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otros diplomas no es más que la plasmación jurisprudencial de un principio inherente a las libertades fundamentales del Tratado que no puede perder una parte de su valor jurídico por la adopción de directivas relativas al reconocimiento mutuo de títulos. La exigencia de plazos adecuados para que las empresas de otros Estados miembros puedan llevar a cabo una evaluación apropiada y elaborar su oferta tiene por objeto evitar el riesgo de que se otorgue preferencia a los licitadores o candidatos nacionales, infringiendo el principio de no discriminación. La exigencia de un planteamiento transparente y objetivo tiene por objeto hacer que todos los posibles licitadores conozcan antes de preparar sus ofertas los criterios de adjudicación a los que éstas deben responder así como su importancia relativa, con el fin de garantizar que todos los posibles licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular el contenido de sus solicitudes de participación o de sus ofertas.

En consecuencia, estos medios obedecen a los principios anteriormente mencionados y no constituyen obligaciones nuevas.

(véanse los apartados 111, 113, 116, 120, 122, 124, 125 y 128)

5. Los Estados miembros y sus entidades adjudicadoras deben cumplir las normas y los principios del Tratado. Por tanto, en la medida en que impliquen exenciones a la obligación de publicidad previa, tales normas y principios pueden ser invocados legítimamente por los Estados miembros o por las entidades adjudicadoras que otorguen un contrato público no cubierto o sólo parcialmente cubierto por las Directivas sobre contratación pública.

Si un Estado miembro o un entidad adjudicadora pueden invocar una disposición del Tratado que excluye con carácter general la aplicación del Derecho originario, como el artículo 86 CE, apartado 2, o los artículos 296 CE o 297 CE, o si se aplica un motivo justificante expresamente previsto en dicho Tratado (véanse, como ejemplos, el orden público y la sanidad, de los artículos 46 CE y 55 CE, y la autoridad pública, de los artículos 45 CE y 55 CE) o si se reúnen los requisitos de una causa de justificación reconocida por la jurisprudencia, los principios del Tratado no se ven afectados. En consecuencia, en tales supuestos, la obligación de publicidad, derivada de los principios de dicho Tratado, no se aplica a la contratación pública. Cuando una exención a las Directivas sobre contratación pública está expresamente autorizada y concurren los requisitos de dicha exención y, en consecuencia, está justificado un procedimiento negociado sin la publicación previa de un anuncio de contrato, no puede existir obligación de publicidad. Por tanto, los principios que se desprenden del Tratado no pueden imponer una obligación de publicidad relativa a los contratos públicos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública.

(véanse los apartados 139 a 141)