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106

En tercer lugar, carece de fundamento la alegación de la demandante de que, en la medida en que el Estado miembro ponente había declarado admisible la solicitud de renovación de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Ejecución n.o 844/2012, la EFSA, ya no podía cuestionar el carácter completo de la información transmitida por el solicitante. En efecto, el hecho de que el expediente contenga formalmente todos los elementos mencionados en el artículo 7 de dicho Reglamento no prejuzga por sí solo la calidad de dichos elementos desde un punto de vista científico, que puede requerir un estudio detenido y puede ser objeto de divergencias de apreciación entre el Estado miembro ponente y la EFSA en lo que respecta a su carácter suficiente o no para estimar una solicitud de renovación. A este respecto, procede observar que el artículo 7 del Reglamento de Ejecución n.o 844/2012 exige únicamente la presentación de los documentos enunciados en sus disposiciones para constituir un expediente llamado «complementario». Según el artículo 8 del mismo Reglamento, se trata de una condición de admisibilidad de la solicitud y, por lo tanto, de un requisito de forma, que, si se cumple, da paso a la evaluación de fondo del expediente contemplada en el capítulo 2 de dicho Reglamento. Ha de señalarse que el hecho de que la solicitud se declare formalmente admisible, en el sentido del artículo 8 del Reglamento de Ejecución n.o 844/2012, no excluye que el Estado miembro requiera información adicional, de conformidad con el artículo 11, apartado 5, de dicho Reglamento, ni que la EFSA exija más información, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3, del mismo Reglamento. Así fue, por otra parte, en el caso de autos, ya que, mediante envío de 13 de julio de 2016, se remitió a la demandante una carta de la EFSA en la que esta solicitaba más información relativa al oxasulfurón. [omissis]
4

El Reglamento n.o 1290/2005 fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549, y rectificación DO 2016, L 130, p. 17), aplicable a partir del 1 de enero de 2014.
2

En virtud del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549, corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 17), y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 1306/2013 en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad (DO 2014, L 227, p. 69), en su versión modificada, la Comisión comunicó a la República Checa sus observaciones relativas a la investigación llevada a cabo en 2015 mediante escrito de 16 de febrero de 2016, en el que la Comisión destacó, en particular, que los controles sobre el terreno efectuados por varios servicios del Estado miembro a un mismo beneficiario deberían haberse coordinado de manera que el intervalo entre las distintas visitas sobre el terreno a un mismo beneficiario se hubiera acortado y no hubiera superado, en ningún caso, un máximo de catorce días, siendo ese plazo de cuarenta y ocho horas en lo que respecta, en particular, a los controles sobre el terreno relativos a las solicitudes de ayuda «por animales» o a las solicitudes de pago en virtud de las medidas de apoyo vinculadas a los animales (en lo sucesivo, «solicitudes de ayuda “por animales”»), tal como se prevé en el artículo 4, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural (DO 2011, L 25, p. 8), entonces vigente. La República Checa respondió el 14 de abril de 2016. Después, la Comisión volvió a transmitir sus observaciones a la República Checa el 18 de mayo de 2016.
51

La recurrente alega que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta todos los factores pertinentes al efectuar un examen comparativo de los productos y que, en consecuencia, concluyó erróneamente que existía identidad o similitud entre los productos de la clase 30. Sostiene que los productos son diferentes en la medida en que, por una parte, los designados por la marca solicitada están destinados a ser consumidos como comida, mientras que los designados por las marcas anteriores lo están a ser consumidos como bebida, y, por otra parte, que los barquillos, los productos de pastelería y los dulces pueden estar compuestos por diversos ingredientes, cuyo ingrediente principal no es ni el cacao ni el café. Según la recurrente, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta los motivos de la resolución de la División de Oposición relativos, en particular, a la diferente naturaleza y destino de los productos. Aduce, además, que los productos de que se trata son distintos, puesto que el hecho de que se añada cacao o un aroma a base de cacao o de café a productos finales como barquillos, dulces o productos de pastelería no implica automáticamente que tales productos se comercialicen con la marca solicitada. Sostiene que tal suposición iría más allá del alcance del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009. Por último, la recurrente añade que los productos en cuestión son productos alimenticios completamente diferentes que no se encuentran en lugares contiguos, en particular en los estantes de los supermercados, y que los productos y los servicios pueden compartir los mismos canales de distribución o utilizar canales de distribución diferentes.
20

La recurrente reprocha a la Sala de Recurso que considerase que el público pertinente era «mixto», compuesto tanto por el público en general como por profesionales, y que no definiese el público pertinente para cada uno de los servicios, limitándose a dar algunos ejemplos. En particular, respecto a los servicios designados con la marca solicitada, alega que los servicios «trasbordo de mercancías paletizadas, incluyendo multimedia; servicios de agrupamiento para mercancías paletizadas y no paletizadas, ya sea en el marco de los servicios dedicados, ya sea en el marco de los servicios globalizados; servicios de transporte de mercancías de talla especial y no a granel (por ejemplo, máquina o equipo)» se dirigen exclusivamente al público profesional, mientras que los servicios «transporte de seguridad, servicio de entrega urgente para destinos específicos, organización de envío para la devolución de mercancías y asesoramiento en el ámbito de la logística en materia de transporte» conciernen tanto al público en general como a los profesionales.
30

Por otra parte, hay que señalar que, para demostrar la existencia de la política de no promoción invocada por el demandante, este se limita a presentar un proyecto de informe de una reunión, en particular, entre representantes de las organizaciones sindicales y el director general de la Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad, así como una nota dirigida al director general por algunas de estas organizaciones. Pues bien, de esos documentos se desprende que algunas organizaciones sindicales consideran que la decisión de no promover a funcionarios a los que se ha impuesto una sanción «puede llevar» a sancionarlos dos veces, por lo que debería negociarse un «marco jurídico claro» entre estas y la Comisión. No obstante, el hecho de que la AFPN se negara a promover a otros funcionarios a los que se había impuesto anteriormente una sanción y que determinadas organizaciones sindicales considerasen, sin más aclaraciones, que las disposiciones relativas al examen del fondo de los méritos de dichos funcionarios no estaban suficientemente claras no permite demostrar por sí solo que, en el caso de autos, la decisión impugnada se adoptara con el fin de sancionarlo, y no tras el examen comparativo de los méritos establecido en el artículo 45 del Estatuto.
95

Esta apreciación no queda desvirtuada por la referencia que hace la recurrente a la sentencia del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) de 21 de febrero de 2008 (n.o III CSK 264/07). A este respecto, basta con recordar que el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, y que su aplicación es independiente de todo sistema nacional. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca de la Unión solo debe apreciarse sobre la base de la normativa de la Unión pertinente, de manera que la Oficina y, en su caso, el juez de la Unión, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre también cuando tal resolución hubiera sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25) [véase, en ese sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2012, ThyssenKrupp Steel Europe/OAMI (Highprotect), T‑565/10, no publicada, EU:T:2012:107, apartado 27 y jurisprudencia citada].
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 10 de febrero de 2021 — Şanli/Consejo

(Asunto T‑585/18)

«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Inmovilización de fondos — Lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos — Mantenimiento del nombre del demandante en la lista — Recurso de anulación y de indemnización — Incumplimiento de los requisitos de forma — Artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General — Inadmisibilidad»

1. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Identificación del acto impugnado — Falta de identificación formal en la demanda — Identificación gracias al contexto en el que esta interviene — Admisibilidad [Art. 263 TFUE; Decisión (PESC) 2018/1084 del Consejo; Reglamento (UE) 2018/1071 del Consejo] (véanse los apartados 28, 30, 31, 33 y 36)

2. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados — Enunciación abstracta — Obligación del Consejo o del juez de la Unión de reconstituir los motivos y alegaciones de la parte demandante — Inexistencia — Inadmisibilidad [Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)] (véanse los apartados 38, 43 y 44)

3. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Pretensión de indemnización formulada por primera vez en la réplica — Inadmisibilidad [Arts. 268 TFUE y 340 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letras d) y e)] (véanse los apartados 48 a 51)

Objeto

Por una parte, una pretensión basada en el artículo 263 TFUE, por la que se solicita la anulación de la Decisión (PESC) 2018/1084 del Consejo, de 30 de julio de 2018, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Decisión (PESC) 2018/475 (DO 2018, L 194, p. 144), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1071 del Consejo, de 30 de julio de 2018, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/468 (DO 2018, L 194, p. 23), en aquello que afecta al demandante y, por otra parte, una pretensión basada en el artículo 268 TFUE, por la que se solicita la indemnización del perjuicio que supuestamente se deriva de la ilegalidad de dichos actos.

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2.

Política económica y monetaria — Política económica — Supervisión del sector financiero de la Unión — Mecanismo Único de Supervisión — Supervisión prudencial de los grupos de entidades de crédito en base consolidada — Requisitos de capital — Amplitud del control y de la evaluación efectuados por el Banco Central Europeo — Obligación de llevar a cabo un examen prudencial individual [Reglamento (CE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 92, ap. 3; Reglamento (CE) n.o 1024/2013 del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra f), y 16, aps. 1, letra c), y 2, letra d)] (véanse los apartados 52 y 66 a 73)
1.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, considerando 10 y art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3] (véanse los apartados 29 y 30)
2.

Agricultura — Financiación por el FEAGA y el Feader — Concesión de ayudas y de primas — Obligación de los Estados miembros de organizar un sistema eficaz de controles administrativos y de controles sobre el terreno — Alcance — Controles no fiables — Negativa a asumir gastos [Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 52, ap. 2; Reglamento (UE) n.o 65/2011 de la Comisión, considerando 3 y arts. 4, aps. 1, 2 y 8 y 24, aps. 1, 2, letras a) y d), y 3; Recomendación 2003/361 de la Comisión, considerando 9] (véanse los apartados 67, 69 a 71, 79, 86, 87, 92 a 94, 100, 105 a 107, 139, 145, 149, 200, 201 y 203)
5.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 — Examen de la alteración del carácter distintivo [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 77, 78 y 84)
7.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa WS wellpharma shop y marca denominativa WELL AND WELL [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 66 a 69)
471

A este respecto, es necesario precisar que los datos aducidos por las demandantes se refieren a la situación de Banco Popular en una fecha determinada, anterior en varios meses a la fecha de adopción del dispositivo de resolución. Por ejemplo, la prueba de resistencia de 2016 de Banco Popular se publicó en julio de 2016 y los resultados del PRES de noviembre de 2016 efectuado por el BCE tienen como fecha de referencia el 31 de diciembre de 2015. No puede considerarse que estos datos ofrecieran indicaciones sobre la evolución financiera futura de Banco Popular ni que hicieran concebir a las demandantes una esperanza fundada de que Banco Popular no encontraría graves dificultades en el futuro. Además, no hay que olvidar que, en el presente asunto, la situación de liquidez de Banco Popular se deterioró con posterioridad a esos resultados, a partir de febrero de 2017. En particular, cabe recordar que, el 12 de mayo de 2017, Banco Popular dejó de cumplir el requisito mínimo exigido de cobertura de liquidez. En cualquier caso, esos datos no constituyen garantías concretas, incondicionales y concordantes dimanantes de una institución de la Unión de que, en el futuro, Banco Popular no iba a ser objeto de una medida de resolución.
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 20 de enero de 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Asunto T‑328/17 RENV)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión BBQLOUMI — Marca colectiva denominativa anterior de la Unión HALLOUMI — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 45, 47, 51 y 71)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca colectiva anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 66, ap. 1] (véase el apartado 46)

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación — Marca compuesta — Apreciación del carácter distintivo de un elemento de una marca [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véase punto 52)

4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa BBQLOUMI — Marca colectiva denominativa HALLOUMI [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 53, 55, 65, 69 y 75)

5. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Escaso carácter distintivo de la marca anterior — Relevancia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 64 a 66)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de recurso de la EUIPO de 16 de marzo de 2017 (asunto R 497/2016‑4), relativa a un procedimiento de oposición entre la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi y M. J. Dairies.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
159

En tales circunstancias, no es necesario pronunciarse sobre la admisibilidad del anexo C.3 de la réplica. En efecto, con independencia de si el documento en cuestión, titulado Monitoring of Undertaking — Finding following the verification visit, que remite en su encabezamiento a la Dirección General de Comercio de la Comisión, podía estar en posesión del abogado de la demandante y ser utilizado en el presente asunto, procede concluir que, en definitiva, no se trata más que de un ejemplo de un criterio administrativo que la Comisión había adoptado en un caso concreto, en el cual, por otra parte, no ha resultado que se dieran las mismas circunstancias que en el caso de autos. De aquel caso se desprende, en esencia, que la Comisión, tras hacer constar un incumplimiento de un compromiso particular, había considerado, con todo, que no era necesario ningún acto por su parte. Pues bien, en el presente asunto, la solución del litigio no se basa en la comparación de los diferentes criterios que la Comisión había podido adoptar en su práctica anterior, en un contexto de incumplimientos de compromisos por los operadores afectados.
31

Pues bien, estos contactos no están regulados por el Reglamento 2015/1589. En efecto, como resulta del punto 10 del Código de Buenas Prácticas para los Procedimientos de Control de las Ayudas Estatales (DO 2009, C 136, p. 13; en lo sucesivo, «Código de Buenas Prácticas»), la prenotificación consiste en unos contactos voluntarios e informales entre la Comisión y un Estado miembro con anterioridad a la notificación —exigida por el artículo 108 TFUE, apartado 3— de una medida que puede constituir una ayuda estatal y, por consiguiente, debe ser examinada siguiendo el procedimiento de control establecido por el Reglamento 2015/1589. Solo a partir de esa notificación se aplican las disposiciones del Reglamento 2015/1589, que determinan el modo de controlar la medida con arreglo a las normas del Tratado FUE, y en particular los artículos 4, 9 y 15 de dicho Reglamento, que precisan las decisiones que puede adoptar la Comisión al término del procedimiento.
88

El demandante subraya, en segundo lugar, que, con arreglo al artículo 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, y al artículo 15, apartado 1 bis, del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828, el criterio de inclusión controvertido presupone que exista un vínculo suficiente entre la categoría de «destacados empresarios que operen en Siria» y el régimen sirio. En su opinión, el Consejo no puede justificar el carácter arbitrario de ese criterio considerando que la persona designada por las medidas restrictivas puede probar que no está vinculada con el régimen sirio, dado que no puede exigirse a esta última aportar la prueba negativa de que el criterio no se cumple.
183

Sobre la base de las consideraciones anteriores, procede concluir que la falta de comunicación a la demandante, antes de la adopción de la decisión impugnada, de la nota de la directora RHAP de 25 de noviembre de 2015 no vulneró a su derecho a ser oída. Esta conclusión no queda desvirtuada por la sentencia de 3 de junio de 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, EU:T:2015:356), invocada por la demandante. En efecto, el presente asunto difiere del que dio lugar a la citada sentencia en la medida en que, en el caso de autos, a diferencia de este último, por un lado, se informó a la demandante, durante las dos entrevistas antes mencionadas con sus superiores jerárquicas, de los principales motivos que justificaban la adopción de la medida controvertida respecto de ella y, por otro lado, la demandante fue oída en dos ocasiones por la AFPN antes de la adopción de esa medida, tanto por escrito como oralmente. Pues bien, de los hechos descritos en el apartado 14 de la sentencia de 3 de junio de 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, EU:T:2015:356), se desprende que la demandante en dicho asunto no había sido informada de las principales razones que justificaban la adopción de la medida controvertida, que consistía, en particular, en una decisión de no renovar un contrato por tiempo indefinido, antes de dicha adopción, ni había sido oída por la AFPN (sentencia de 3 de junio de 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, apartado 62).