ES Diario Oficial de la Unión Europea C 63/8

Recurso de casación interpuesto el 5 de diciembre de 2012 por Wam Industriale SpA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 27 de septiembre de 2012 en el asunto T-303/10, Wam Industriale/Comisión

(Asunto C-560/12 P)

2013/C 63/15

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Recurrente: Wam Industriale SpA (representantes: E. Giuliani y R. Bertoni, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General pronunciada el 27 de septiembre de 2012 y notificada el 1 de octubre de 2012, en el asunto T-303/10 que tenía por objeto la pretensión de anulación de la Decisión 2011/134/UE de la Comisión Europea, de 24 de marzo de 2010, relativa a la ayuda estatal C 4/03 (ex NN 102/02) ejecutada por Italia en favor de Wam SpA (DO 2011, L 57, p. 29).

— Que se anule la citada Decisión de la Comisión Europea 2011/134/UE por los motivos expuestos que comprueba y declara que las ayudas correspondientes al Contrato de 1995 y al Contrato de 2000 son compatibles con el mercado común.

— Que se condene a la Comisión Europea al reembolso de las costas.

Motivos y principales alegaciones

Infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 266 TFUE, error manifiesto de apreciación y falta de motivación con infracción del artículo 296 TFUE, en la medida en que la Comisión Europea no cumplió con las sentencias del Tribunal General y del Tribunal de Justicia que anularon la Decisión de la Comisión Europea de 19 de mayo de 2004 y dictó una nueva decisión, relativa a las mismas ayudas de Estado, pese a que la anulación de la decisión anterior no planteaba vicios de forma o de procedimiento.

Infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, así como del artículo 1, letra B), del Reglamento (CE) no 659/1999 (1) y del artículo 296 TFUE, por haber declarado que las supuestas ayudas de Estado entran en el ámbito de aplicación del artículo 108 TFUE, pese a tratarse de ayudas destinadas a la penetración comercial en mercados de fuera de la UE; por no haber considerado que las supuestas ayudas de Estado en cuestión habían sido abonadas sobre la base de la ley italiana de 29 de julio de 1981, no 394, notificada a la Comisión Europea, aunque no con carácter previo con arreglo al artículo 108, apartado 3; por no haber considerado las ayudas en cuestión implícitamente aprobadas en el sentido del artículo 2, apartado 2, y artículo 4, apartado 5 del Reglamento (CE) 659/1999.

Infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 3, y 108 TFUE, apartado 1, así como infracción de los Reglamentos (CE) 800/2008, (2) 1998/2006, (3) 69/2001, (4) 70/2001, (5) y falta de motivación con infracción del artículo 296 TFUE, al no haber considerado las ayudas en cuestión aplicación de un régimen general; por no haber calificado las ayudas en cuestión de ayudas compatibles en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), en la medida en que, promoviendo la internacionalización de las empresas se promueve el desarrollo de las empresas comunitarias; por haberlas considerado ayudas de exportación o ayudas para actividades relacionadas con la exportación, y no, en cambio, ayudas destinadas a promover la penetración comercial en países de fuera de la UE y por no haber enmarcado dichas ayudas bajo el umbral de excepción prevista por los Reglamentos de minimis.

Infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1 por cuantificación errónea del equivalente en subvención.

Infracción del artículo 14 del Reglamento (CE) 659/1999, así como del principio de confianza legítima y del principio de proporcionalidad, por haber ordenado la devolución pese a tratarse de ayudas reconducibles al régimen general del 1981, que la Comisión conocía y que ninguna autoridad europea había declarado ilegal.

Infracción del artículo 108 TFUE, apartado 2, del Reglamento (CE) 659/1999, así como del principio de buena administración y del derecho de defensa por no haber llevado a cabo diligencias de prueba adicionales para superar las carencias puestas de manifiesto por el Juez comunitario y por no haber promovido con la Wam y con la Autoridad italiana el necesario procedimiento contradictorio.

Infracción de los principios de buena administración, de diligencia y de asistencia y protección, en la medida en que el presente litigio dura 17 años desde la concesión de la primera ayuda.

(1) DO L 83, p. 1.

(2) DO L 214, p. 3.

(3) DO L 379, p. 5.

(4) DO L 10, p. 30.

(5) DO L 10, p. 33.