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Los artículos 4, letras a) y c), y 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 91/250, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, deben interpretarse en el sentido de que, aunque el adquirente inicial de la copia de un programa de ordenador acompañada de una licencia de uso ilimitado tiene derecho a revender esta copia usada y su licencia a un subadquirente, en cambio, cuando el soporte físico de origen de la copia que se le entregó inicialmente está dañado o destruido o se ha extraviado, no puede proporcionar a este subadquirente su copia de salvaguardia de este programa sin autorización del titular de los derechos.

En efecto, el adquirente legítimo de la copia de un programa de ordenador, que tiene una licencia de uso ilimitado de dicho programa pero que ya no dispone del soporte físico de origen en el que esta copia le fue entregada inicialmente porque la ha destruido, dañado o extraviado no puede, por este mero hecho, ser privado de toda posibilidad de vender de segunda mano dicha copia a un tercero, a menos que se prive de efecto útil al agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4, letra c), de la Directiva 91/250.

Por consiguiente, el adquirente legítimo de la licencia de uso ilimitado de la copia usada de un programa de ordenador debe poder descargar este programa a partir del sitio de Internet del titular de los derechos de autor, ya que dicha descarga es una reproducción necesaria de un programa de ordenador que le permite usarlo de un modo conforme a su destino.

No obstante, el comprador inicial de la copia del programa de ordenador, para la que se ha agotado el derecho de distribución del titular de los derechos de autor con arreglo al artículo 4, letra c), de la Directiva 91/250, que la revende de segunda mano, debe, para evitar violar el derecho exclusivo de dicho titular a la reproducción de su programa de ordenador, previsto en el artículo 4, letra a), de esta Directiva, inutilizar toda copia en su posesión en el momento de la reventa.

(véanse los apartados 53 a 55 y 57 y el fallo)
Asunto C‑412/15

TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

contra

Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hessisches Finanzgericht)

«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Exenciones aplicables a ciertas actividades de interés general — Artículo 132, apartado 1, letra d) — Entregas de órganos, sangre y leche humanos — Alcance — Plasma de sangre humana transformado y utilizado con fines industriales»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de octubre de 2016

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones — Exenciones aplicables a ciertas actividades de interés general — Entregas de órganos, sangre y leche humanos — Plasma de sangre humana transformado y utilizado con fines industriales — Exclusión

[Directiva 2006/112/CE del Consejo, art. 132, ap. 1, letra d)]

El artículo 132, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que las entregas de sangre humana que los Estados miembros están obligados a eximir en virtud de esa disposición no comprenden las entregas de plasma obtenido a partir de sangre humana, cuando ese plasma no esté destinado directamente a fines terapéuticos sino exclusivamente a la fabricación de medicamentos.

El artículo 132, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112 se refiere a únicamente a operaciones directamente relacionadas con el cuidado de la salud o cuya finalidad es terapéutica. Por consiguiente, la exención prevista en esa disposición no es aplicable al plasma denominado «industrial», a saber, el plasma cuya entrega no contribuya directamente a actividades de interés general por estar destinado a ser integrado en una producción industrial, en particular con vistas a la fabricación de medicamentos. En consecuencia, sólo el plasma efectivamente destinado directamente a fines terapéuticos está comprendido en la exención establecida en el artículo 132, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112.

(véanse los apartados 31, 35, 36 y 40 y el fallo)
Asunto C‑261/15

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

contra

Gregory Demey

(Petición de decisión prejudicial planteada por el vredegerecht te Ieper)

«Transporte ferroviario — Reglamento (CE) n.o 1371/2007 — Derechos y obligaciones de los viajeros — Falta de título de transporte — Falta de regularización en el plazo debido — Infracción penal»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 21 de septiembre de 2016

Transportes — Transportes ferroviarios — Reglamento (CE) n.o 1371/2007 — Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril — Viaje realizado sin título de transporte y sin haber regularizado en el plazo debido — Inexistencia de vínculo contractual entre el viajero y la empresa ferroviaria

[Reglamento (CE) n.o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, anexo I, art. 6, ap. 2]

El artículo 6, apartado 2, última frase, del apéndice A del Convenio relativo a los Transportes Internacionales (COTIF), que figura en el anexo I del Reglamento n.o 1371/2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a disposiciones nacionales que prevén que una persona que viaja en tren sin un título de transporte a ese efecto y no regulariza su situación en los plazos previstos por esas disposiciones no está vinculado contractualmente con la empresa ferroviaria.

En efecto, dicha disposición presupone la existencia de un contrato de transporte previamente concluido, y sólo concierne a la prueba de la existencia de ese contrato. De ello se sigue que no regula las condiciones de formación de un contrato de transporte, que se rigen por las disposiciones nacionales pertinentes.

(véanse los apartados 26, 30, 34 y 35 y el fallo)
Al establecer el total admisible de capturas y repartir las posibilidades de pesca entre los Estados miembros, el Consejo tiene que proceder a la evaluación de una situación económica compleja, a cuyos efectos dispone de un amplio margen de apreciación. En tales circunstancias, la facultad discrecional conferida al Consejo no se aplica exclusivamente a la naturaleza y alcance de las disposiciones que hay que adoptar, sino también, en cierta medida, a la comprobación de los datos de base. Al controlar el ejercicio de una competencia de este tipo, el juez debe limitarse a examinar si ésta adolece de error manifiesto o de desviación de poder o si la autoridad de que se trate ha sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación.

A este respecto, el artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.o 1380/2013, sobre la política pesquera común, establece una obligación de «tener en cuenta» los dictámenes científicos, técnicos y económicos disponibles cuando se adopten medidas de conservación, pero no impide que el legislador de la Unión adopte tales medidas de conservación cuando no existan dictámenes científicos, técnicos y económicos concluyentes. En efecto, no es necesario que las medidas de conservación de los recursos pesqueros sean totalmente conformes a los dictámenes científicos y el hecho de que no exista un dictamen de este tipo o de que no sea concluyente no debe impedir al Consejo adoptar las medidas que juzgue indispensables para realizar los objetivos de la Política Pesquera Común. De ello se desprende que el Consejo tenía la facultad de adoptar, en el marco del Reglamento n.o 1367/2014, por el que se fijan para los buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en 2015 y 2016 de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas, un total admisible de capturas conjunto para el granadero de roca y el granadero berglax, aun cuando no dispusiera de información científica «concluyente» sobre la existencia y la captura de estas dos especies en las zonas de gestión afectadas, puesto que estimaba que tal medida era adecuada para conservar los recursos de granadero de roca.

(véanse los apartados 46 y 49 a 51)
El concepto de «transportista», que tiene la obligación de presentar las mercancías intactas en la oficina de aduana de destino estipulada en el artículo 96, apartado 2, del Reglamento n.o 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que designa a cualquier persona, incluido el subcontratista del transporte, que lleve a cabo el transporte efectivo de las mercancías en régimen de tránsito comunitario externo y haya aceptado el transporte sabiendo que están bajo ese régimen.

El artículo 96, apartado 2, del Reglamento n.o 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que un subcontratista del transporte que, por una parte, entregó las mercancías, acompañadas del documento de tránsito, al transportista principal en la zona de estacionamiento de la oficina de aduana de destino y, por otra parte, se hizo nuevamente cargo de esas mercancías para realizar un trayecto posterior, no tenía la obligación de cerciorarse de que esas mercancías habían sido presentadas en la oficina de aduana de destino y únicamente puede considerarse responsable de esa falta de presentación si, en el momento en que volvió a hacerse cargo de las mercancías, sabía que el régimen de tránsito no había finalizado de manera regular, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

En efecto, la responsabilidad del transportista establecida en esa disposición se fundamenta en la tenencia de las mercancías. Por ello, el transportista que transmite esa tenencia a otro transportista al entregarle las mercancías queda liberado, en principio, de su obligación derivada de esa disposición, siempre que el otro transportista sepa que las mercancías están bajo régimen de tránsito comunitario. No obstante, aunque la sumisión de las mercancías a la vigilancia aduanera prevista en el artículo 37 del Código aduanero se opone a que el transportista pueda quedar exonerado de la responsabilidad que le incumbe en virtud del artículo 96, apartado 2, de dicho Código entregando las mercancías a cualquier otra persona, éste puede quedar exonerado de esa responsabilidad si las entrega a otra persona que, conforme a dicho artículo 96, esté sujeta a la obligación de presentar debidamente las mercancías en la oficina de aduana de destino, como otro transportista que acepte las mercancías sabiendo que están bajo régimen de tránsito comunitario.

(véanse los apartados 31, 32 y 39 y el punto 2 del fallo)
La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en la redacción que le da el Reglamento de Ejecución n.o 927/2012, debe interpretarse en el sentido de que un delantal de protección contra las radiaciones confeccionado con fibras sintéticas o artificiales y concebido para ser llevado exclusiva o esencialmente con el fin de asegurar una protección a personas cuando se lleve a cabo una actividad profesional debe clasificarse en la subpartida 6211 33 10 00 0 de dicha Nomenclatura, en razón de sus características y propiedades objetivas, y en particular de su apariencia exterior, sin que resulte necesario referirse a los artículos que confieran al producto en cuestión su carácter esencial.

La circunstancia de que el producto disponga de una capa interior fabricada en un porcentaje preponderante con antimonio y que sea ésta la que le confiera su carácter de protección contra las radiaciones no es suficiente como para considerar que sea una manufactura de antimonio de las que son objeto de la partida 8110 de la NC.

(véanse los apartados 26, 32 y 34 y el fallo)
El artículo 2, punto 35, letra g), inciso iii), del Reglamento n.o 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, en su versión modificada por el Reglamento n.o 255/2013 debe interpretarse en el sentido de que un traslado de residuos, como los que contempla el anexo III de dicho Reglamento, destinados a la valorización, debe considerarse ilícito, en el sentido de esta disposición, cuando el documento de acompañamiento al que se refiere el anexo VII del mismo Reglamento correspondiente a este traslado contiene información errónea o incoherente en lo que se refiere al importador/destinatario, la instalación de valorización y los países/Estados afectados, independientemente de la indicación correcta de esta información en otros documentos puestos a disposición de las autoridades competentes, de la intención de inducir a error a estas autoridades y de la tramitación por dichas autoridades de los procedimientos previstos en el artículo 24 de este mismo Reglamento.

En efecto, el en el caso de que el documento a que se refiere el anexo VII del Reglamento n.o 1013/2006 contenga una información de este tipo errónea o incoherente, las misiones de vigilancia y de control que incumben a las autoridades competentes no podrían garantizarse con arreglo a dicho Reglamento, puesto que estas autoridades, al no estar debidamente informadas del modo en el que se realiza el traslado en cuestión, no podrían garantizar con respecto a este traslado un seguimiento apropiado para evitar daños al medio ambiente y actividades nocivas para la salud humana. A este respecto, en lo que se refiere a que la información que debe aparecer obligatoriamente en el documento al que se refiere dicho anexo VII consta en otros documentos, el documento del anexo VII está establecido por una normativa específica y tiene como finalidad la realización de los objetivos propios de la normativa relativa a los traslados de residuos, mientras que otros documentos, como la carta de porte internacional o una factura comercial, no tienen esta finalidad. De la misma manera, se haya cometido el error intencionadamente o no, lo cierto es que, cuando tiene como resultado una incoherencia, obliga a las autoridades de control de los Estados miembros de que se trate a efectuar comprobaciones ulteriores e imposibilita así el control inmediato del traslado sobre la sola base del anexo VII del Reglamento n.o 1013/2006, de manera que estos dos tipos de errores deben tratarse del mismo modo, al menos en la fase de la calificación de la infracción. Finalmente, en cuanto a la falta de tramitación de los procedimientos previstos en el artículo 24 de este Reglamento, ni este artículo ni ninguna otra disposición de dicho Reglamento establecen relación alguna entre estos procedimientos y la definición de traslado ilícito, de modo que la falta de tramitación de dichos procedimientos no puede afectar a la calificación del traslado en cuestión de traslado ilícito en el sentido del artículo 2, punto 35, de este Reglamento.

(véanse los apartados 36, 42 y 45 a 47 y el fallo 1)
El artículo 1, apartado 1, el artículo 2, apartado 1, letra b), y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, deben interpretarse en el sentido de que el concepto de «préstamo», enunciado en esas disposiciones, abarca el préstamo de una copia de un libro en forma digital, cuando ese préstamo se realiza cargando dicha copia en el servidor de una biblioteca pública y permitiendo que el usuario interesado la reproduzca por descarga en su propio ordenador, entendiéndose que sólo puede descargarse una copia durante el período de duración del préstamo y que una vez transcurrido ese período la copia descargada por ese usuario deja de ser utilizable por éste.

En efecto, se debe entender el concepto de «alquiler» de objetos, enunciado en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115, como exclusivamente comprensivo de los objetos tangibles, y el concepto de «copias», enunciado en el artículo 1, apartado 1, de la misma Directiva, como exclusivamente referido a las copias fijadas sobre un soporte físico, en lo que atañe al alquiler. Si bien los objetos intangibles y los ejemplares no fijados, como las copias digitales, deben ser excluidos del derecho de alquiler, regido por la Directiva 2006/115, con el fin de no vulnerar la Declaración concertada aneja al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre derecho de autor, ni ese Tratado ni esa Declaración concertada se oponen a que el concepto de «préstamo» de objetos enunciado en esa Directiva sea interpretado en su caso como comprensivo también de ciertos préstamos realizados en forma digital. A este respecto, no hay razón decisiva alguna que permita excluir en cualquier supuesto el préstamo de copias digitales y de objetos intangibles del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/115.

El objetivo perseguido por la Directiva 2006/115 corrobora esta conclusión. En efecto, su considerando 4 expone que la protección de los derechos de autor y derechos afines ha de adaptarse a las realidades económicas nuevas, como las nuevas formas de explotación. Pues bien, el préstamo realizado en forma digital forma parte indudablemente de esas nuevas formas de explotación y por tanto hace necesaria una adaptación del derecho de autor a las realidades económicas nuevas. Además, excluir completamente el préstamo realizado en forma digital del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/115 sería contrario al principio general que exige un elevado nivel de protección a favor de los autores.

(véanse los apartados 35, 39, 44 a 46 y 54 y el punto 1 del fallo)
En efecto, del anexo I, punto 7, letra c), de la Directiva 2011/92 se desprende claramente que la intención del legislador de la Unión fue que la obligación por parte de los Estados miembros de someter determinados proyectos de acondicionamiento de carreteras a una evaluación sistemática de sus repercusiones sobre el medio ambiente se reservara exclusivamente a aquellos proyectos que afecten a un tramo de longitud significativa, en este caso de al menos de 10 kilómetros. A este respecto, aunque el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/92 es extenso y su objetivo muy amplio, una interpretación teleológica de esa Directiva no puede diferir de la voluntad claramente expresada por el legislador de la Unión.

El anexo I, punto 7, letra c), de la Directiva 2011/92, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, no puede interpretarse en el sentido de que dicha disposición resulta aplicable a un proyecto de acondicionamiento de carretera que, aunque afecte a un tramo de longitud inferior a 10 kilómetros, consiste en el ensanche o acondicionamiento de una carretera ya existente a cuatro o más carriles.

El concepto de «construcción», en el sentido del anexo I, punto 7, letra b), de la Directiva 2011/92, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, debe interpretarse como referido a la realización de obras antes inexistentes o a la modificación, en el sentido físico, de obras ya existentes. Para determinar si una modificación de este tipo puede ser considerada equivalente, por su magnitud y sus modalidades, a una construcción, corresponde al órgano jurisdiccional remitente tener en cuenta el conjunto de las características de la obra de que se trate, y no exclusivamente su longitud o el mantenimiento de su trazado inicial.

En efecto, contrariamente a las disposiciones del anexo I, punto 7, letras a) y c), de la Directiva 2011/92, la letra b) del mismo punto 7 no hace mención alguna a la longitud mínima de las vías a las que se refiere. Por lo demás, no cabe excluir que el acondicionamiento de una autopista o vía rápida, incluso de escasa longitud, sea por su naturaleza de tal magnitud que suponga repercusiones significativas sobre el medio ambiente. Por consiguiente, el concepto de «construcción», en el sentido del anexo I, punto 7, letra b), de la Directiva 2011/92, no implica que el tramo de autopista o vía rápida afectado deba tener una longitud determinada.

(véanse los apartados 41 a 43 y el punto 3 del fallo)
Para apreciar la similitud entre productos y servicios, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre tales productos o tales servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario.

Pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por sí mismo, la existencia de dicha similitud. Por otra parte, sin perjuicio de la obligación de respetar los principios generales y las normas procesales en materia de carga y aportación de la prueba y de no desnaturalizar las pruebas, el Tribunal General no está obligado a motivar expresamente sus apreciaciones sobre el valor de cada una de las pruebas aportadas, en especial si considera que éstas carecen de interés o pertinencia para la solución del litigio. De ello resulta que el Tribunal General no cometió un error de Derecho al confirmar la apreciación de la Sala de Recurso conforme a la cual los productos de que se trata eran similares debido a su complementariedad sin llevar a cabo, para ello, un análisis del origen, de la comercialización, de los canales de distribución o de los puntos de venta de esos productos.

(véanse los apartados 21 y 23 a 25)
41

Así, en un contexto como el del litigio principal, el artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 54 TFUE, no puede tener como consecuencia obligar al Estado miembro de residencia de una sociedad matriz que ha concedido un préstamo a una filial residente en otro Estado miembro a que vaya más allá de una exención en favor de esta sociedad matriz por el importe de los gastos por intereses que la filial no podría deducir si se aplicaran las normas del primer Estado miembro en materia de subcapitalización. Por tanto, estos artículos no pueden tener como consecuencia obligar al Estado miembro de residencia de dicha sociedad matriz a proceder a una exención en favor de esta última por un importe mayor que tiene su origen en el sistema fiscal de otro Estado miembro, so pena de restringir la autonomía fiscal del primer Estado miembro mediante el ejercicio de la potestad fiscal del otro Estado miembro (véase, por analogía, la sentencia de 30 de junio de 2011, Meilicke y otros, C‑262/09, EU:C:2011:438, apartado 33 y jurisprudencia citada).
2

Esa petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la European Federation for Cosmetic Ingredients (en lo sucesivo, «EFfCI»), y el Secretary of State for Business, Innovation and Skills (Secretario de Estado para la empresa, la innovación y la capacitación; en lo sucesivo, «Secretario de Estado de Comercio») y el Attorney General, en el que intervienen Cruelty Free International, anteriormente British Union for the Abolition of Vivisection, y la European Coalition to End Animal Experiments, acerca del alcance de la prohibición de comercialización establecida en esa disposición.