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En primer lugar, procede recordar que no tiene la condición de sujeto pasivo del IVA, a efectos del artículo 4 de la Sexta Directiva, y no tiene derecho a deducir, según el artículo 17 de la misma Directiva, una sociedad cuyo único objeto es la adquisición de participaciones en otras sociedades, sin que dicha sociedad intervenga directa ni indirectamente en la gestión de estas sociedades. En efecto, la mera adquisición y la mera tenencia de participaciones en una sociedad no constituyen, en sí mismas, una actividad económica, en el sentido de la Sexta Directiva, que confiera a quien la realiza la calidad de sujeto pasivo, puesto que la mera adquisición de participaciones financieras en otras empresas no constituye una explotación de un bien con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo, ya que el eventual dividendo, fruto de esas participaciones, es resultado de la mera propiedad del bien (sentencias de 30 de mayo de 2013, X, C‑651/11, EU:C:2013:346, apartado 36, y de 16 de julio de 2015, Larentia + Minerva y Marenave Schiffahrt, C‑108/14 y C‑109/14, EU:C:2015:496, apartado 19 y jurisprudencia citada).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 19, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO 2006, L 102, p. 1).
El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001, el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 1782/2003, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 146/2008 del Consejo, de 14 de febrero de 2008, y el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006 [y] (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento n.o 1782/2003, deben interpretarse en el sentido de que las reducciones de los pagos directos debido al incumplimiento de las normas de condicionalidad deben calcularse sobre la base de los pagos que se hayan abonado o que deban abonarse en relación con el año en que se haya producido dicho incumplimiento.

El artículo 66, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento n.o 1782/2003, y el artículo 70, apartado 8, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento n.o 73/2009 en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola, deben interpretarse en el sentido de que las reducciones de los pagos directos así calculados se imputan sobre los pagos que se hayan concedido o se vayan a conceder en relación con el año natural en el que se haya descubierto el incumplimiento de las normas de condicionalidad.
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Por otra parte, este enfoque tendría como consecuencia que el consumidor que adquiere un bien ofrecido a la venta en el marco de una feria por un comerciante, quien dispone de una tienda «fija» en la que comercializa habitualmente ese mismo bien y solo lo vende ocasionalmente en ferias, estaría amparado por el derecho de desistimiento al que se refiere el artículo 9 de la Directiva 2011/83, mientras que la venta realizada por otro comerciante que vende habitualmente sus bienes en ferias y no dispone de una tienda fija no se consideraría una venta realizada «fuera del establecimiento» y, en consecuencia, no estaría cubierta por el derecho de desistimiento.
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En virtud de un contrato de arrendamiento de una aeronave con tripulación («wet-lease»), TUIFly GmbH fletó, de Thomson Airways, una aeronave con tripulación para un número determinado de vuelos. En dicho contrato se establecía que TUIFly era responsable de «ground handling including passenger handling, passenger welfare at all times, cargo handling, security in respect of passengers and baggage, arranging on board Services etc.» («los servicios en tierra, incluida la recepción de los viajeros, el bienestar de los pasajeros en todo momento, la manipulación de la carga, la seguridad relativa a los pasajeros y equipajes y la organización de las prestaciones a bordo, etc.»). Para efectuar dichos vuelos, TUIFly solicitó franjas horarias, comercializó los vuelos y obtuvo todas las autorizaciones necesarias.
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Mediante su primer motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal General desnaturalizó el objeto de su pretensión de indemnización al considerar, en el apartado 7 del auto recurrido, que su recurso estaba dirigido a cuestionar la apreciación que se hacía en la sentencia de 14 de septiembre de 2016, Ori Martin y SLM/Comisión (C‑490/15 P y C‑505/15 P, no publicado, EU:C:2016:678), acerca de la aplicación a su respecto de la presunción del ejercicio de una influencia determinante sobre SLM. Alega que, de hecho, de la demanda de primera instancia resulta que dicha pretensión tenía por objeto la reparación del perjuicio ocasionado, no por la falta de fundamentación de dicha sentencia sobre ese punto, sino por la insuficiencia de la motivación, puesto que la demandada no había precisado las razones por las que, no obstante los elementos invocados, no se destruyó dicha pretensión.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO 2003, L 275, p. 32), en su versión modificada por la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 (DO 2009, L 140, p. 63) (en lo sucesivo, «Directiva 2003/87»); de la Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87 (DO 2011, L 130, p. 1), y de la Decisión 2013/448/UE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, relativa a las medidas nacionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87 (DO 2013, L 240, p. 27), en su versión modificada por la Decisión (UE) 2017/126 de la Comisión, de 24 de enero de 2017 (DO 2017, L 19, p. 93) (en lo sucesivo, «Decisión 2013/448»).
El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el asunto principal, que prohíbe al depositario de una urna cineraria confiar su custodia a un tercero, incluso a pesar de la voluntad expresa del difunto, que impone a este depositario conservarla en su vivienda, salvo que la confíe a un cementerio municipal, y, además, que prohíbe toda actividad con ánimo de lucro que tenga por objeto, aunque no sea exclusivo, la custodia de urnas cinerarias por cualquier título y con independencia de su duración.

A este respecto, por lo que se refiere, en primer término, al motivo de justificación basado en la protección de la salud pública, es cierto que se desprende de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que dicha protección figura entre las razones imperiosas de interés general reconocidas por el Derecho de la Unión, y que los Estados miembros disponen en esa materia de un amplio margen de apreciación (véase, en ese sentido, la sentencia de 1 de junio de 2010, Blanco Pérez y Chao Gómez, C‑570/07 y C‑571/07, EU:C:2010:300, apartados 44, 68 y 106). No obstante, tal objetivo no puede justificar la restricción de que se trata en el asunto principal puesto que las cenizas funerarias, a diferencia de los restos mortales, son inertes desde un punto de vista biológico, dado que al calor las vuelve estériles, de modo que su conservación no puede representar una obligación impuesta por consideraciones de salud pública.

Por lo que se refiere, en segundo término, al objetivo de la protección del debido respeto a la memoria de los difuntos, este también podría constituir una razón imperiosa de interés general. Sin embargo, debe señalarse que existen medidas menos coercitivas con las que puede lograrse dicho objetivo, como, por ejemplo, la obligación de garantizar la custodia de las urnas cinerarias en condiciones análogas a las de los cementerios municipales y, en caso de cese de la actividad, la obligación de transferir dichas urnas a un cementerio público o de devolverlas a los parientes del difunto.

(véanse los apartados 54, 55, 57, 59, 66 y el fallo)
El artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, en relación con el artículo 2, punto 18, de este Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que, al indicar las tarifas aéreas por los servicios aéreos intracomunitarios, las compañías aéreas que no expresen dichas tarifas en euros deberán optar por una moneda local vinculada objetivamente al servicio propuesto. Este es el caso, en particular, de la moneda de curso legal en el Estado miembro en el que se encuentre el lugar de salida o el lugar de llegada del vuelo de que se trate.

De este modo, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que una compañía aérea con domicilio social en un Estado miembro cuya moneda de curso legal es el euro propone en Internet un servicio aéreo respecto al cual el lugar de salida del vuelo de que se trate está situado en otro Estado miembro cuya moneda de curso legal no sea el euro, las tarifas aéreas podrán indicarse, si no se expresan en euros, en la moneda que tenga curso legal en este último Estado miembro.

En este contexto, no cabe admitir que, al optar por expresar las tarifas por los servicios aéreos intracomunitarios en una moneda que no sea el euro, las compañías aéreas puedan hacer más difícil, o incluso imposible en la práctica, la comparación de los precios por parte de los clientes afectados, so pena de poner fundamentalmente en entredicho el objetivo de comparabilidad real de los precios que persigue el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 1008/2008 y, en consecuencia, de privar a dicha disposición de gran parte de su efecto útil. Es preciso añadir, a este respecto, que, como señaló en esencia el Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, la comparabilidad real de los precios se vería facilitada si las compañías aéreas indicaran las tarifas aéreas en una moneda local vinculada objetivamente al servicio propuesto.

(véanse los apartados 35, 36, 39, 40 y el fallo)
Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales, constituidas por la forma del propio producto, no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. No obstante, en el ámbito de la aplicación de dichos criterios, la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de una marca tridimensional que el de una marca denominativa o figurativa.

En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos del sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de identificación del origen no estará desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca de la Unión.

(véanse los apartados 32 y 33)
El artículo 12, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 596/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, debe interpretarse en el sentido de que el fabricante de un equipo radioeléctrico, cuando recurre al procedimiento establecido en el anexo III, párrafo segundo, de la citada Directiva y utiliza normas armonizadas para definir las series de ensayos mencionadas en ese párrafo, no está obligado a dirigirse a un organismo notificado como se contempla en el artículo 11, apartado 1, de esa Directiva ni está obligado, por tanto, a añadir al marcado CE el número de identificación de dicho organismo.

Así pues, del tenor del anexo III de la Directiva 1999/5 la conformidad de un aparato con los requisitos esenciales que, según el artículo 10, apartado 1, de esa Directiva, son los especificados en el artículo 3 de dicha Directiva, puede acreditarla el propio fabricante, si ha realizado todas las series esenciales de ensayos radioeléctricos definidas en las normas armonizadas. Por consiguiente, con arreglo únicamente al tenor de dicho anexo, este procedimiento de evaluación no siempre precisa la intervención de un organismo notificado ni en la determinación de las series esenciales de ensayos radioeléctricos ni para realizar dichas series de ensayos. De ello se desprende que, cuando el fabricante ha invocado las normas armonizadas en caso de haberse recurrido al procedimiento de evaluación de la conformidad a que se refiere el anexo III de la Directiva 1999/5, el tenor del artículo 12, apartado 1, párrafo segundo, de la citada Directiva 1999/5, a la luz del tenor literal de su anexo III, debe interpretarse en el sentido de que no exige la intervención de un organismo notificado ni, por tanto, que la colocación del marcado CE en un equipo radioeléctrico vaya acompañada de la colocación del número de identificación de ese organismo.

Además, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 1999/5 establece que, cuando un aparato responda a las «normas armonizadas», definidas en el artículo 2, letra h), de dicha Directiva como «especificación [especificaciones] técnica[s] adoptada[s] por un organismo de normalización [...] a efectos de establecer un requisito europeo, cuya observancia no es obligatoria», también se desprende una presunción de conformidad con los requisitos esenciales. En consecuencia, en tal situación, la intervención de un organismo notificado no será necesaria para asegurarse de que dichos equipos no representan un riesgo evitable para la salud ni, por tanto, tampoco será necesaria para proteger la salud y la seguridad del usuario.

(véanse los apartados 34, 35, 39, 44 y 47 y el punto 1 del fallo)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de abril de 2018 — Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO

(Asunto C‑75/17 P) ( 1 )

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículo 8, apartado 4 — Artículo 65 — Nombre comercial no registrado GRAND HOTEL PALLADIUM — Marca figurativa que contiene los elementos verbales “PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” — Solicitud de nulidad basada en un derecho anterior adquirido con arreglo al Derecho nacional — Requisitos — Signo cuya alcance no es únicamente local — Derecho a prohibir la utilización de una marca posterior»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico—Requisitos—Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] (véase el apartado 34)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico—Alcance local del signo—Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] (véanse los apartados 35 y 39)

3. Recurso de casación—Motivos—Control por el Tribunal de Justicia de las normas de Derecho nacional invocadas por una de las partes—Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véase el apartado 45)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación relativos—Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico—Requisitos—Existencia de un derecho anterior que no haya sido invalidado por una resolución judicial que ha adquirido firmeza [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] (véanse los apartados 49 y 50)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Fiesta Hotels & Resorts, S.L.

( 1 ) DO C 151 de 15.5.2017.
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El 19 de diciembre de 2007 y el 2 de septiembre de 2008, a raíz de la Decisión n.o 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Investigación, Desarrollo tecnológico y Demostración (2007 a 2013) (DO 2006, L 412, p. 1; en lo sucesivo, «Séptimo Programa Marco»), la Comisión de las Comunidades Europeas celebró con IAE un acuerdo de subvención titulado «Senior — Social Ethical and Privacy Needs in ICT for Older People: a dialogue roadmap» (en lo sucesivo, «contrato Senior») y un acuerdo de subvención titulado «Market Requirements, Barriers and Cost-Benefits Aspects of Assistive Technologies» (en lo sucesivo, «contrato MARE»).
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En cambio, la Administración tributaria consideró que el importe distribuido por H Inc. a HAP Ltd y posteriormente distribuido por esta última a R GmbH estaba comprendido en el artículo 9, apartado 7, frases cuarta y siguientes, de la GewStG 2002 y podía acogerse al régimen privilegiado de la filial de segundo grado. Por consiguiente, estos dividendos abonados por H Inc. no volvieron a sumarse al beneficio de R GmbH.
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Mediante sentencia de 29 de enero de 2013, Bank Mellat/Consejo (T‑496/10, EU:T:2013:39), el Tribunal General anuló la inscripción de Bank Mellat en la lista que figuraba en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO 2010, L 195, p. 39), en la que figuraba en el anexo V del Reglamento (CE) n.o 423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2007, L 103, p. 1), en la que figuraba en el anexo VIII del Reglamento (UE) n.o 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento n.o 423/2007 (DO 2010, L 281, p. 1), y en la que figuraba en el anexo IX del Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento n.o 961/2010 (DO 2012, L 88, p. 1) (en lo sucesivo, por lo que respecta a la totalidad de las inscripciones de que se trata, «medidas restrictivas individuales»).
47

Esta interpretación no resulta desvirtuada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la que también se refiere el Gobierno del Reino Unido para negar el carácter comparable de la situación de estas personas. En efecto, como ha señalado el Abogado General en el apartado 44 de sus conclusiones, en la sentencia de 16 de julio de 2014, Hämäläinen c. Finlandia (CE:ECHR:2014:0716JUD003735909), §§ 111 y 112, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizó si la situación de una persona que se había sometido a una operación de cambio de sexo después de contraer matrimonio era o no comparable a la situación de una persona casada que no había cambiado de sexo, respecto del objeto de la legislación nacional de que se trataba, relativa al reconocimiento jurídico del cambio de sexo en materia de estado civil. En cambio, como se ha indicado en el apartado 27 de esta sentencia, en el presente asunto se trata del carácter comparable de la situación de las personas en cuestión en relación con una normativa cuyo objeto se refiere específicamente a la obtención de una pensión estatal de jubilación.
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Con carácter previo, procede observar que la resolución de remisión no precisa el período de financiación al que debía vincularse el crédito que ostenta Eurocom contra la Región de Lombardía. En consecuencia, el Tribunal de Justicia remitió a la República Italiana y a la Comisión una pregunta sobre este particular, para determinar si el período de que se trata en el litigio principal está incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1083/2006 o en el del Reglamento n.o 1303/2013. En efecto, como se desprende del artículo 32, apartado 1, del Reglamento n.o 1083/2006, este se aplica a los programas operativos que cubren el período comprendido entre 2007 y 2013, mientras que el Reglamento n.o 1303/2013 se aplica, con arreglo a su artículo 26, apartado 1, al período comprendido entre 2014 y 2020.
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Pues bien, como ha señalado el Abogado General en los puntos 66 y 68 de sus conclusiones, el hecho de permitir a los transportistas por carretera no residentes realizar transportes de cabotaje con un número ilimitado de puntos de carga y de puntos de descarga podría hacer inoperante el límite de tres transportes previsto en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 1072/2009 y, por ello, ir en contra del carácter temporal del cabotaje y del objetivo perseguido por este Reglamento respecto a este tipo de transporte. En efecto, en este supuesto, el carácter temporal del cabotaje solo quedaría garantizado por el límite de siete días previsto en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 1072/2009.
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Pues bien, en la sentencia recurrida, el Tribunal General no demostró de modo suficiente con arreglo a Derecho la existencia de tal relación de causalidad. El Tribunal General no comprobó, en particular, si, y en qué medida, habida cuenta de los hechos del presente asunto y de no haberse producido las faltas cometidas por la EUIPO, European Dynamics Luxembourg habría resultado mejor clasificada en el procedimiento en cascada.