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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 48/40

Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2005 — Navigazione Libera del Golfo/Comisión

(Asunto T-444/05)

(2006/C 48/77)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Navigazione Libera del Golfo (N.L.G.) (Nápoles, Italia) (representante: Sr. Salvatore Ravenna, abogado).

Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas.

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la Decisión de la Comisión de fecha 12 de octubre de 2005 por la que se deniega el acceso a los datos e informaciones relativos a los sobrecostes de los OSP y a las compensaciones correspondientes por los servicios prestados por Caremar S.p.A., en la línea Napoli Beverello — Capri.

— Que se condene a la Comisión al pago de las costas y honorarios.

Motivos y principales alegaciones

Los motivos y principales alegaciones son similares a los invocados en el asunto T-109/05, Navigazione Libera del Golfo/Comisión (1).

La demandante precisa, sin embargo, que la Decisión impugnada en el asunto T-109/05 se basa en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento no 1049/2001, mientras que la Decisión objeto del presente asunto se basa en los apartados 4 y 5 de la misma disposición. En consecuencia, no fue consultada Caremar, en su calidad de «tercero autor» de los documentos/datos cuyo acceso se solicitó, sino que se consultó a las autoridades italianas, que no elaboraron los documentos de que se trata y son ajenas a cualquier preocupación por intereses comerciales.

Además, en opinión de la demandante, esta consulta fue artificial, ya que los Estados miembros poseen competencia exclusiva, completada con un derecho de veto que es vinculante para la Comisión.

(1) DO C 106, de 30.4.05, p. 43.
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Por lo que respecta a los Sres. Howell y Davis y a la Sra. García, el Tribunal recibió, como documentos de legitimación exigidos por el artículo 51, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, un certificado del General Council of the Bar of England and Wales (Consejo General del Colegio de Abogados de Inglaterra y País de Gales, Reino Unido) en el que se hacía constar la condición de Barrister del Sr. Howell, un certificado de la Solicitors Regulation Authority (Autoridad reguladora de los Solicitors, Reino Unido) en el que se declaraba la condición de Solicitor del Sr. Davis, así como un certificado de esa misma autoridad en el que se hacía constar la condición de Solicitor de la Sra. Garcia y un certificado del Colegio de Abogados de París haciendo constar la inscripción de esta en dicho Colegio con su título profesional de origen (Solicitor) con arreglo a la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (DO 1998, L 77, p. 36).
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Pues bien, los efectos y la naturaleza jurídica de la Decisión impugnada, adoptada de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/1348 de la Comisión, de 3 de agosto de 2015 (DO 2015, L 208, p. 3), deben valorarse a la luz de la función de esta en el marco del procedimiento que concluye con una decisión de aplicación del capítulo III del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 487/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del artículo 81, apartado 3, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas en el sector del transporte aéreo (DO 2009, L 148, p. 1) (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión60/81, EU:C:1981:264, apartado 13).
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El BCE plantea dos excepciones de inadmisibilidad del recurso. En la primera excepción de inadmisibilidad alega que los actos impugnados son medidas preparatorias que presentan una evaluación de los hechos sin efectos obligatorios, que dichos actos no se comunican a la entidad afectada sino a la Junta y que no pueden ser objeto de recurso de anulación, sino que constituyen la base para que la Junta adopte un dispositivo de resolución o una decisión en la que se establezca que el interés público no exige la resolución. Según el BCE, la demandante yerra al calificar de decisiones las evaluaciones de inviabilidad o previsible inviabilidad, ya que el BCE no tiene ninguna capacidad de decisión en el marco jurídico establecido para la adopción de un dispositivo de resolución. A su juicio, una evaluación de inviabilidad o previsible inviabilidad es una condición necesaria para la adopción de un dispositivo de resolución; sin embargo, un dispositivo de resolución no es una consecuencia necesaria de una evaluación de inviabilidad o previsible inviabilidad.
Habida cuenta de los imperativos que se derivan de la protección efectiva que debe garantizarse en materia de contratos públicos, cuando el licitador descartado logra demostrar la existencia de un fumus boni iuris especialmente sólido, no cabe exigirle que acredite que la desestimación de su demanda de medidas provisionales podría causarle un perjuicio irreparable, si no se quiere menoscabar de manera excesiva e injustificada la tutela judicial efectiva de la que goza en virtud del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No obstante, esta flexibilización de los requisitos aplicables para apreciar la existencia de la urgencia, justificada por el derecho a la tutela judicial efectiva, únicamente se aplica durante la fase previa a la celebración del contrato, siempre que se respete el plazo de espera resultante del artículo 118, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, y del artículo 171, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 1268/1012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento n.o 966/2012. Si la entidad adjudicadora ha concluido el contrato con el adjudicatario una vez transcurrido ese plazo y antes de la presentación de la demanda de medidas provisionales, ya no se justifica la atenuación antes mencionada.

Por lo que respecta a una demanda de medidas provisionales presentada después de la firma del contrato con el adjudicatario, la atenuación del requisito relativo a la urgencia en materia de contratos públicos no puede aplicarse, puesto que, como demuestra un escrito de la parte recurrente enviado a la entidad adjudicadora en la fase contractual para que este reconsiderase su decisión de adjudicación, la recurrente disponía de elementos suficientes para determinar la existencia de una posible ilegalidad de dicha decisión a fin de presentar una demanda de medidas provisionales antes de la conclusión del contrato entre la entidad adjudicadora y el adjudicatario. Una demanda de medidas provisionales, presentada en tiempo oportuno, habría permitido a la demandante conseguir que se dictara un auto, en virtud del artículo 157, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, por el que ordenara la suspensión de la ejecución de la decisión de adjudicación, antes incluso de que la otra parte hubiera presentado sus observaciones, mientras se sustanciara el procedimiento de medidas provisionales.

(véanse los apartados 25, 26, 31, 32, 34 y 37)
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A la luz de lo anterior, resulta que, aunque se demostrara su carácter cierto, todas las consecuencias vinculadas a la combinación de las dos series de acontecimientos descritos en los apartados 31 y 32 de la presente sentencia, lejos de producirse durante un período de 15 años, estarían de hecho limitadas al período anterior a la fecha del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal que ponga fin al procedimiento principal. A este respecto, por una parte, ha de señalarse que, aunque la República de Polonia no haya considerado oportuno formular una solicitud de procedimiento acelerado en el marco de su recurso principal, no se excluye que el Tribunal decida de oficio sustanciar el asunto por un procedimiento acelerado, con arreglo al artículo 151, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. De no ser así, siempre será posible, si las circunstancias lo exigen, decidir que se dé prioridad a este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, apartado 2, del citado Reglamento. Por otra parte, en sus observaciones sobre el escrito de la República Federal de Alemania, la República de Polonia señala que su daño resulta sobre todo de las posibles modificaciones de las rutas de tránsito de gas hacia la Unión. Pues bien, como se ha indicado en los apartados 35 y 36 de la presente sentencia, no solo existen instrumentos jurídicos actualmente en vigor que constituyen un obstáculo para que este supuesto se materialice al menos hasta 2020, sino que también existen vías de recurso específicas, entre ellas la posibilidad de recurrir al juez de medidas provisionales sobre la base de hechos nuevos, que garantizan a la República de Polonia una tutela judicial efectiva en el marco de su litigio ante el Tribunal en caso de infracción de dichos instrumentos. Por consiguiente, solamente el supuesto descrito en el apartado 31 de la presente sentencia, planteado por la República de Polonia, podría producirse, en su caso, durante el período anterior a la adopción de la sentencia del Tribunal que ponga fin al procedimiento principal. Ahora bien, este supuesto, consistente en la utilización del 90 % de las capacidades de transporte del gasoducto OPAL por parte de Gazprom no constituye en sí mismo el perjuicio alegado por la República de Polonia, es decir, la amenaza relativa a la seguridad del suministro de gas en Polonia. Por lo tanto, aunque los efectos de este supuesto fueran irreversibles, no concurre el requisito de demostración de un perjuicio grave e irreparable para la República de Polonia que justifique la adopción de las medidas provisionales solicitadas.
Auto del Tribunal General (Sala Octava) de 27 de noviembre de 2017 — HeidelbergCement/Comisión

(Asunto T‑902/16)

«Recurso de anulación — Competencia — Concentraciones — Mercado del cemento gris en Croacia — Decisión de incoar la fase de examen detallado con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 139/2004 — Acto no recurrible — Acto de trámite — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación—Actos recurribles—Concepto—Actos que producen efectos jurídicos obligatorios—Actos de trámite—Exclusión—Decisión de la Comisión de incoar la fase de examen detallado de una operación de concentración [Art. 263 TFUE; Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, art. 6, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 14 a 22 y 25)

2. Recurso de anulación—Actos recurribles—Actos que producen efectos jurídicos obligatorios—Apreciación de dichos efectos de acuerdo con la naturaleza del acto—Decisión de la Comisión por la que se declara que una operación de concentración notificada es compatible con el mercado interior—Decisión que no es lesiva en principio—Obligación del Tribunal General de examinar los posibles efectos jurídicos obligatorios [Art. 263 TFUE; Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, art. 8, ap. 1] (véanse los apartados 23 y 24)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión C(2016) 6591 final de la Comisión, de 10 de octubre de 2016, de incoación de la fase de examen detallado, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, que tiene por finalidad verificar la compatibilidad con el mercado interior de la adquisición del control de Cemex Hungária Épitöanyagok Kft. y Cemex Hrvatska d.d. por HeidelbergCement y Schwenk Zement KG por intermediación de Duna-Dráva Cement Kft.

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
Auto del Tribunal General (Sala Primera) de 15 de mayo de 2017 —

Dominator International/EUIPO (DREAMLINE)

(Asunto T‑285/16)

«Marca de la Unión Europea — Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea — Marca denominativa DREAMLINE — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 — Artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 — Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno — Artículo 126 del Reglamento de Procedimiento»

1. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados — Requisitos análogos para las alegaciones formuladas en apoyo de un motivo [Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)] (véanse los apartados 43 y 44)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Examen por separado de los distintos motivos de denegación — Interpretación de los motivos de denegación a la luz del interés general que subyace en cada uno de ellos [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1] (véase el apartado 49)

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 56 y 57)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de marzo de 2016 (asunto R 1669/2015‑2) relativa al registro internacional en el que se designa a la Unión Europea de la marca denominativa DREAMLINE.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
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A mayor abundamiento, es preciso añadir que las circunstancias del caso de autos han de distinguirse de las que dieron lugar a la sentencia de 24 de marzo de 1994, Air France/Comisión (T‑3/93, EU:T:1994:36), citada por la demandante. En efecto, el acto impugnado en este último asunto consistía en una declaración del portavoz del Comisario encargado de la Política de Competencia, mediante la que la Comisión se había declarado incompetente para conocer, con arreglo al Reglamento (CEE) n.o 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO 1989, L 395, p. 1), de una operación de concentración concretamente identificada, declaración que, efectivamente, producía efectos jurídicos. En cambio, la comunicación litigiosa en el caso de autos no contiene ninguna decisión de este tipo, sino que se limita a poner de manifiesto la opinión de la Comisión de que la sentencia n.o 328/2015 sólo se refería a la interpretación del Derecho italiano y no afectaba al Derecho de la Unión, por lo que dicha institución consideraba que no estaba en condiciones de posicionarse acerca de la posible incidencia de dicha sentencia en la interpretación del concepto de «servicio» en el sentido de la Directiva 2006/123. En todo caso, ha de observarse que la demandante no ha presentado ningún argumento con el fin de demostrar que las circunstancias de ambos asuntos sean comparables.
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El presente asunto parece ilustrar la necesidad de introducir el mencionado elemento de preclusión: la actividad económica de la demandante consistente en el transporte del petróleo iraní no cambió entre octubre de 2012, fecha de su inclusión inicial, y la fecha de adopción de los actos impugnados en el caso de autos. Por consiguiente, es evidente que se trata de un servicio logístico prestado a los clientes que contrataron dicho transporte. Pues bien, no se desprende de los documentos obrantes en autos que el Consejo no pudiera basar la inclusión inicial en el motivo relativo al «apoyo logístico». Lo mismo cabe afirmar acerca de la composición del accionariado de la demandante, que tampoco parece haber cambiado entre 2012 y 2015. El Consejo, que había expuesto su estructura exacta durante el procedimiento que dio lugar a la sentencia NITC, apartado 51, no ha alegado que el motivo del «apoyo financiero» que se basa en dicho accionariado no estuviera disponible en el momento de la inclusión inicial del nombre de la demandante en octubre de 2012. En cuanto a las pruebas que sustentan los actos impugnados, el Consejo solamente mencionó en sus observaciones cinco documentos concretos (nota 28). Pues bien, cuatro de estos documentos son anteriores a octubre de 2012, y el único que es posterior (febrero de 2014) no parece constituir una novedad pertinente, por cuanto señala la función desempeñada por la demandante en su calidad de transportista de petróleo iraní y la importancia de esa función para la economía iraní, hechos que nadie discute.
Auto del Tribunal General (Sala Octava)

de 11 de marzo de 2016 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe y otros/Comisión

(Asunto T‑437/15)

«Recurso de anulación — Agricultura — Protección contra los organismos nocivos para los vegetales — Medidas dirigidas a evitar la introducción y la propagación en la Unión de la bacteria Xylella fastidiosa — Acto normativo que incluye medidas de ejecución — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Concepto de acto reglamentario — Todo acto de alcance general con excepción de los actos legislativos — Decisión de la Comisión relativa a medidas dirigidas a evitar la introducción y la propagación en la Unión de la bacteria Xylella fastidiosa — Inclusión (Art. 263 TFUE, párr. 4) (véase el apartado 21)

2. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos reglamentarios — Actos que no incluyen medidas de ejecución y afectan directamente al demandante — Concepto de medidas de ejecución — Criterios — Decisión de la Comisión relativa a medidas dirigidas a evitar la introducción y la propagación en la Unión de la bacteria Xylella fastidiosa — Acto que incluye medidas de ejecución [Art. 263 TFUE, párr. 4; Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, art. 9 y anexo I] (véanse los apartados 23, 30 y 33)

3. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Afectación individual — Criterios — Decisión de la Comisión relativa a medidas dirigidas a evitar la introducción y la propagación en la Unión de la bacteria Xylella fastidiosa — Recurso de empresas que ejercen la actividad de vivero que forman parte del conjunto de operadores a los que se refiere la decisión, sin estar no obstante individualizadas por la aplicación en su caso, de las disposiciones de que se trata — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad [Art. 263 TFUE, párr. 4; Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, art. 9 y anexo I] (véanse los apartados 35 y 36)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, de 18 de mayo 2015, sobre medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (DO L 125, p. 36), y, en particular, sus artículos 6 y 9, en relación con el anexo I de esta Decisión.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
3.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca figurativa WORLD OF BINGO [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 18 a 20)
Auto del Presidente del Tribunal General

de 20 de mayo de 2015 — Jaber/Consejo

(Asunto T‑154/15 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Medidas restrictivas contra Siria — Congelación de fondos y restricción de entrada en el territorio de la Unión y de tránsito por él — Demanda de suspensión de la ejecución — Incumplimiento de los requisitos de forma — Inadmisibilidad»

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carácter acumulativo (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 8 a 10)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de forma — Presentación de las demandas — Exposición sumaria de los motivos invocados — Falta de explicación suficiente de los motivos que constituyen un fumus boni iuris — Remisión global a otros escritos — Inadmisibilidad [Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 44, ap. 1, letra c), y 104, ap. 3] (véanse los apartados 11 y 12)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carga de la prueba — Medidas restrictivas contra Siria — Congelación de fondos y restricción de entrada en el territorio de la Unión y de tránsito por él — Necesidad de proporcionar una imagen fiel y global de la situación de la persona sometida a las medidas restrictivas (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 15 a 17)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de las medidas impuestas a la demandante en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/108 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 20, p. 2), y de la Decisión de Ejecución (PESC) 2015/117 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 20, p. 85).

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
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En el escrito impugnado, el director también explicó que las autoridades eslovenas habían expedido un certificado de importación inválido para el contingente no 09.4326 (Serbia), respecto al cual no se había realizado la comunicación correspondiente. A este respecto, recordó que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1301/2006 de la Comisión, de 31 de agosto de 2006, por el que se establecen normas comunes de gestión de los contingentes arancelarios de importación de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados de importación (DO L 238, p. 13), dispone claramente que no puede expedirse ningún certificado de importación para cantidades que no hayan sido comunicadas a la Comisión. Asimismo, indicó que el error cometido no pudo ser corregido por la Comisión debido a que, por una parte, los errores cometidos por los operadores no pueden ser tenidos en cuenta con vistas a eventuales correcciones y, por otro lado, el error en cuestión había sido comunicado tras la finalización del procedimiento de validación de las comunicaciones.
3.

Ciudadanía de la Unión — Derechos de los ciudadanos — Presentación de una Iniciativa Ciudadana — Reglamento (UE) n.o 211/2011 — Obligaciones de la Comisión a raíz del registro de una propuesta de iniciativa ciudadana [Reglamento (UE) n.o 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 5, ap. 5, y 10, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 26, 27 y 32 a 34)