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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 361/15

Recurso interpuesto el 6 de agosto de 2014 — Crosfield Italia/ECHA

(Asunto T-587/14)

2014/C 361/20

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Crosfield Italia Srl (Verona, Italia) (representante: M. Baldassarri, abogado)

Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que anule y, por lo tanto, declare la invalidez y/o ineficacia de la resolución no SME/2013/4672, de 28 de mayo de 2014, adoptada por la ECHA y comunicada a la demandante el 9 de junio de 2014, de modo que se ponga fin a todos los efectos de la mencionada resolución, incluida la anulación de las facturas emitidas para recuperar los impuestos de mayor entidad y por las sanciones supuestamente adeudadas.

Motivos y principales alegaciones

En el presente procedimiento se impugna la decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, por la que se estimó que la demandante no reúne los requisitos necesarios para ser considerada una pequeña o mediana empresa, en el sentido del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1), negándose a concederle las ventajas previstas en dichas normas y ordenando el pago de los impuestos y de los derechos adeudados.

Los motivos y principales alegaciones son similares a los invocados en el asunto T-620/13, Marchi Industriale/ECHA.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 303/33

Recurso interpuesto el 11 de junio de 2014 — Wine in Black/OAMI — Quinta do Noval — Vinhos (Wine in Black)

(Asunto T-420/14)

2014/C 303/41

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Wine in Black GmbH (Berlín, Alemania) (representantes: A. Bauer y V. Ahmann, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Quinta do Noval — Vinhos, S.A. (Pinhão, Portugal)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule íntegramente la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 6 de marzo de 2014 en el asunto R 1601/2013-1.

— Condene a la demandada y a la otra parte ante la Sala de Recurso de la OAMI al pago de las costas.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «Wine in Black» para productos y servicios de las clases 33, 35 y 42 — Solicitud de marca comunitaria no 1 0 9 49 071

Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Quinta do Noval — Vinhos, S.A.

Marca o signo invocado: Marca denominativa «NOVAL BLACK» para productos de la clase 33

Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.
—

Infracción de la regla 20, apartado 7, letra c), en relación con la regla 50, apartado 1, del Reglamento no 2868/95, en relación con el artículo 55, apartado 1, del Reglamento no 207/2009
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 253/59

Recurso interpuesto el 9 de junio de 2014 — Tose’e Ta’avon Bank/Consejo

(Asunto T-435/14)

2014/C 253/80

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Tose’e Ta’avon Bank (Teherán, Irán) (representante: J.-M. Thouvenin, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión adoptada por el Consejo de mantener la sanción impuesta a la demandante, tal como figura en el aviso de 15 de marzo de 2014.

— Declare inaplicable con respecto a ella el Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012.

— Declare inaplicable con respecto a ella la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010.

— Condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

1. Primer motivo, basado en un error de Derecho, en la medida en que la razón esgrimida para el mantenimiento de las medidas restrictivas contra la parte demandante no figuraba entre las que autorizan a la parte demandada a adoptar medidas restrictivas.

2. Segundo motivo, basado en un error de hecho constitutivo de un error manifiesto de apreciación, en la medida en que la parte demandante no está gestionada por el Estado iraní y no presta apoyo financiero al Gobierno iraní.

3. Tercer motivo, basado en una motivación insuficiente.

4. Cuarto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad y del derecho de propiedad.

5. Quinto motivo, basado en una excepción de ilegalidad del Reglamento no 267/20012 (1) y de la Decisión 2010/413 (2), en aplicación de los cuales fue adoptada la decisión impugnada, en la medida en que, por un lado, fueron adoptados incumpliendo la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE e infringiendo el artículo 215 TFUE y, por otro lado, sus disposiciones pertinentes, en las que se apoyó el mantenimiento de las medidas restrictivas impuestas a la parte demandante, violan los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(1) Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1).

(2) Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).
1.

Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE debido a la clasificación errónea del régimen especial de compensación — La demandante alega que la decisión de incoar el procedimiento es contrario a los artículos 107 TFUE, apartado 1, 108 TFUE y al artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, (1) dado que el recargo EEG, previsto en la Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Ley alemana de prevalencia de las energías renovables; en lo sucesivo, «EEG») no constituye ningún otorgamiento de recursos estatales y la limitación del recargo EEG para los grandes consumidores de energía no supone ninguna renuncia a recursos estatales. — En este contexto, señala que, en su examen, la Comisión hizo uso de parámetros de delimitación incompatibles con los principios de la jurisprudencia recaída hasta la fecha. En particular, renunció por completo al criterio necesario en virtud de reiterada jurisprudencia para la clasificación de recurso estatal del poder de disposición concreto de las entidades estatales y consideró suficiente que el legislador estatal influyera en los flujos de pago entre particulares y que las autoridades de reglamentación controlaran el cumplimiento por parte de los particulares de las disposiciones normativas. — Además, alega que la Comisión está vinculada a su resolución, en la que calificó la EEG 2000 de no constitutiva de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, porque no existía transmisión de recursos estatales, de modo que incurrió en error de Derecho al calificar la EEG 2012 de nuevo régimen de ayudas introducido de manera contraria a Derecho. — Por otra parte, la Comisión no examinó con carácter suficiente, ni pudo descubrir, que las excepciones para los grandes consumidores de energía están justificadas en función del objetivo, la naturaleza o la estructura interna de la EEG 2012, de modo que no suponen ventaja selectiva alguna.
—

Infracción de las siguientes disposiciones procesales: artículo 107 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo debido a la determinación errónea del importe de la ayuda que ha de restituirse, en el que se incluyeron gastos de seguridad e infraestructura; artículo 296 TFUE, apartado 2, puesto que la Decisión impugnada no fue motivada de modo adecuado, habida cuenta de que no contenía datos esenciales en función de los cuales pudieran comprenderse sus motivos.
6)

Sexto motivo, basado en la alegación de que debido al reducido marco temporal en el que se adoptó el Reglamento impugnado y a la complejidad del asunto, la Comisión no pudo tomar en consideración de manera efectiva las observaciones materiales y detalladas de las demandantes relativas a los aspectos técnicos, reglamentarios y científicos contenidos en el documento «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance fipronil» (Conclusiones sobre la revisión científica de la evaluación del riesgo para las abejas de la utilización de la sustancia activa fipronil como plaguicida) de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
—

La parte demandante alega que la parte demandada no era competente para adoptar la Decisión identificada como SME(2013) 0191, porque ni el Reglamento (CE) no 1907/2006 (1) ni el Reglamento (CE) no 340/2008 (2) le otorgan la facultad de adoptar una Decisión separada relativa a si un solicitante de registro cumple con los criterios para ser considerado PYME.
—

Anule la decisión del Eurogrupo de 25 de marzo de 2013, que pasó a ser definitiva con la decisión del Gobernador del Banco Central de Chipre en su condición de representante y/o agente del Sistema Europeo de Bancos Centrales, de 29 de marzo de 2013, KDP [kanonistiki diokitiki praxi; acto reglamentario] 104/2013, en virtud del cual se decidió la «venta de ciertas operaciones» del Cyprus Popular Bank Public Co Ltd y que constituye en esencia una decisión conjunta no sólo del Banco Central Europeo sino también de la Comisión Europea.
2)

Segundo motivo, basado en una serie de infracciones que en su conjunto equivalen a la infracción suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho. Mediante el segundo motivo se alega que las infracciones que se exponen a continuación equivalen en su conjunto a una infracción suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho, ya que: — En el momento en que la demandante fue privada de sus depósitos bancarios no existían «requisitos previstos por la ley» en lugar del acervo relativo a la privación de depósitos bancarios contrario a la Carta y al Protocolo. — La demandante fue privada de sus depósitos sin «una justa indemnización» pagada «en un tiempo razonable», en contra de lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta y el artículo 1 del Protocolo. — Las privaciones de depósitos son prima facie ilegales a menos que se lleven a cabo «dentro del respeto del principio de proporcionalidad, […] sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás». (2) — El interés público concurrente en prevenir el pánico y una fuga del sistema bancario, a corto y medio plazo, no se tuvo en cuenta al evaluar el interés público conforme al artículo 17 de la Carta y al artículo 1 del Protocolo. — El objetivo no era perjudicar o penalizar a Chipre, sino favorecer a dicho Estado y a la zona del euro proporcionando apoyo a la estabilidad y aliviando así –no desestabilizando– a sus instituciones financieras y su viabilidad económica. — No hubo relación de proporcionalidad de la interferencia con un objetivo legítimo porque, a tenor del artículo 3 del Tratado MEDE de 2012, la verdadera finalidad era «movilizar fondos y proporcionar apoyo a la estabilidad, bajo una estricta condicionalidad, […] a los miembros del MEDE que experimenten o corran el riesgo de experimentar graves problemas de financiación, cuando ello sea indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto y de sus Estados miembros», sin paralizar su economía.
1)

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 2, segundo guión, y del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1049/2001, al estar la Decisión impugnada basada en una interpretación y aplicación erróneas de dichas disposiciones, que versan respectivamente sobre la protección de los procedimientos judiciales y del asesoramiento jurídico y sobre la protección del proceso de toma de decisiones en curso, ya que: — en primer lugar, el Consejo no ha demostrado que la divulgación del documento 15309/12 merme la capacidad de sus servicios jurídicos para ejercer su defensa en futuros procedimientos judiciales, ni que suponga un perjuicio para el procedimiento legislativo; — en segundo lugar, el Consejo no ha demostrado que el documento 15309/12 sea especialmente sensible y ni que justifique ampliamente la no aplicación de la presunción en favor de la divulgación de los dictámenes legales en el contexto legislativo; — en tercer lugar, la tesis del Consejo sobre el perjuicio es puramente hipotética. Carece de todo fundamento fáctico o jurídico considerar que el dictamen contenido en el documento 15309/12, un consenso entre los Estados miembros que coincide con el análisis de los servicios jurídicos, era público cuando se adoptó la Decisión impugnada, y — en cuarto lugar, el Consejo aplicó incorrectamente el criterio del interés público superior cuando invocó el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, pues sólo consideró los riesgos subjetivos que para su proceso de toma de decisiones conllevaría la divulgación, y no los efectos positivos de ésta, inter alia, para la legitimación de su proceso de toma de decisiones, y no aplicó en modo alguno dicho criterio cuando invocó el artículo 4, apartado 2, segundo guión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 156/44

Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2013 — TALANTON/Comisión

(Asunto T-165/13)

2013/C 156/83

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Atenas, Grecia) (representantes: M. Angelopoulos y K. Damis, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare que la Comisión Europea incumplió sus obligaciones contractuales al negarse a abonar los gastos que ascienden a quinientos setenta y ocho mil novecientos treinta y siete euros (578 937 euros), relativos al contrato de la obra «A sophisticated multiparametric system for the continuous — effective assessment and monitoring of motor status in parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)» sobre la base del informe de auditoría 11-BA135-006 y que la demandante debe reembolsar a la Comisión Europea la cantidad de veintiún mil ciento setenta y un euros (21 171 euros) y no la cantidad de cuatrocientos ochenta y siete mil ciento un euros (487 101 euros) con la indemnización que determine la Comisión Europea.

— Declare que la Comisión Europea incumplió sus obligaciones contractuales al negarse a abonar los gastos que ascienden a ciento cincuenta y tres mil ciento diecisiete euros (153 117 euros), relativos al contrato de la obra «Point-of-Care MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)» sobre la base del informe de auditoría 11-BA135-006 y que la demandante debe reembolsar a la Comisión Europea la cantidad de ciento cuarenta y tres mil seiscientos setenta y un euros (143 671 euros) y no la cantidad de doscientos setenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve euros con sesenta y tres céntimos (273 559,63 euros) con la indemnización que determine la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

Primer motivo, basado en la responsabilidad de la Comisión en virtud del contrato FP7-215952 para la ejecución de la obra «A sophisticated multiparametric systemfor the continuous — effective assessment and monitoring of motor status in parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)» y del informe de auditoría 11-BA135-006, con arreglo al artículo 272 TFUE. En particular, la demandante sostiene que la Comisión Europea incurrió en responsabilidad al haber incumplido sus obligaciones contractuales y haber vulnerado los principios de confianza legítima y de proporcionalidad.

Segundo motivo, basado en la responsabilidad de la Comisión Europea en virtud del contrato FP7-216088 para la ejecución de la obra «Point-of-Care MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)» y del informe de auditoría 11-BA135-006, con arreglo al artículo 272 TFUE. En particular, la demandante sostiene que la Comisión Europea incurrió en responsabilidad al haber incumplido sus obligaciones contractuales y haber vulnerado los principios de confianza legítima y de proporcionalidad.
7)

Séptimo motivo, basado en la infracción del artículo 101 TFUE, del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 y en la violación de los principios de igualdad de trato y de buena administración, en la medida en que a) la Decisión impugnada no se dirige contra LPD y las filiales de LPD que participaron en las infracciones mientras que sí se dirige contra sociedad en participación y a su sociedad matriz, y b) la Decisión impugnada no se dirige contra otras sociedades matrices que se encontraban en la misma situación que la demandante Motivo basado en la competencia jurisdiccional plena del Tribunal con arreglo al artículo 261 TFUE y el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1/2003:
—

Declare la inaplicabilidad a National Iranian Gas Company del Reglamento no 267/2012, de la Decisión no 2010/413/PESC en su versión modificada por las Decisiones 2012/35/PESC y 2012/635/PESC en sus disposiciones que introducen y posteriormente modifican el apartado c) del artículo 20 de la Decisión 2010/413/PESC y en virtud de las cuales se incluyó a la demandante en la lista que figura en el anexo II.
—

Por consiguiente, — anule: — La decisión de fecha desconocida del Parlamento de abandonar el procedimiento de licitación abierto porque «las ofertas recibidas en respuesta a la licitación han sido inaceptables por lo que atañe a los criterios de adjudicación, en particular los precios propuestas, que son demasiado elevados respecto al valor anunciado en el anuncio de licitación», comunicada al grupo Direct Way mediante escrito de 3 de septiembre de 2012. — La decisión de fecha desconocida del Parlamento de aplicar el procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar el mercado, comunicada al grupo Direct Way a través de la invitación a participar en el procedimiento que les fue comunicada el 19 de diciembre de 2012. — La Decisión de fecha desconocida del Parlamento de adjudicar el contrato a un licitador competidor, comunicada al grupo Direct Way mediante un e-mail de 21 de diciembre de 2012, confirmado mediante escrito de 3 de enero de 2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 101/23

Recurso interpuesto el 30 de enero de 2013 — ClientEarth y Stichting BirdLife Europe/Comisión

(Asunto T-56/13)

2013/C 101/50

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: ClientEarth (Londres, Reino Unido) y Stichting BirdLife Europe (Zeist, Países Bajos) (representante: O. Brouwer, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la denegación por parte de la parte demandada de acceso a la última versión de un análisis de la literatura especializada sobre la denominada «deuda de carbono» de la bioenergía resultante de la biomasa, con arreglo al Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, y al Reglamento (CE) no 1367/2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

— Condene a la parte demandada a pagar las costas en que hayan incurrido las partes demandantes como consecuencia de este procedimiento, incluidas las costas de las partes coadyuvantes.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo.

Las demandantes sostienen que, al no notificar mediante una decisión expresa en relación con su solicitud de acceso dentro de las plazos para la tramitación de solicitudes confirmatorias contenidos en el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001, la demandante denegó implícitamente el acceso al documento solicitado en el sentido del artículo 8, apartado 3. Asimismo, las demandantes alegan que esa decisión denegatoria implícita no estaba motivada y, por lo tanto, afirman que debería haberse anulado en razón del incumplimiento por parte de la Comisión de la obligación de motivación que le incumbe de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1049/2001, el artículo 41, apartado 2, tercer guión, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 296 TFUE.
2)

Segundo motivo, basado en un manifiesto error de valoración En relación con el segundo motivo, por el que se afirma que la Comisión incurrió en errores manifiestos de valoración al llegar a la conclusión de que la actuación de Hidroelectrica era imputable al Estado rumano, ALRO pretende demostrar que la Comisión no analizó correctamente la estructura de gobierno de Hidroelectrica ni las repercusiones que dicha estructura tiene en el proceso de adopción de decisiones de dicha entidad. En segundo lugar, ALRO desea explicar por qué la Comisión se equivocó al comparar el contrato de ALRO con el acuerdo entre Hidroelectrica y ArcelorMittal. En tercer lugar, pretende demostrar por qué motivo la Orden ministerial no 445/2009 no es relevante para el análisis de la Comisión y por qué sus referencias a los informes de prensa del año 2010 son insuficientes para alcanzar el umbral probatorio necesario para demostrar la imputabilidad.