Palabras clave

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Palabras clave

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1. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Acceso al expediente ° Objeto ° Negativa de la Comisión a divulgar documentos en su poder ° Apreciación por el Tribunal de Primera Instancia desde el punto de vista del respeto del derecho de defensa en cada caso concreto

2. Competencia ° Prácticas colusorias ° Práctica concertada ° Concepto ° Paralelismo de comportamientos ° Presunción de existencia de una concertación ° Límites

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

3. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Respeto del derecho de defensa ° Documentos útiles para la defensa ° Apreciación efectuada únicamente por la Comisión ° Improcedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo)

4. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Secreto profesional ° Protección de los secretos comerciales ° Necesidad de conciliarla con el respeto del derecho de defensa

(Tratado CEE, art. 214; Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 19, 20, ap. 2, y 21)

5. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Violación del derecho de defensa ° Regularización en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia ° Exclusión

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1. En los asuntos de competencia, el acceso al expediente tiene por objeto permitir que el destinatario del pliego de cargos tenga conocimiento de los elementos de prueba que figuran en el expediente de la Comisión, para que pueda pronunciarse oportunamente, basándose en dichos elementos, sobre las conclusiones a las que la Comisión llegó en su pliego de cargos.

El acceso al expediente forma parte de las garantías de procedimiento que tienen por objeto proteger el derecho de defensa, principio general cuyo respeto efectivo exige que, desde la fase del procedimiento administrativo, se ofrezca a la empresa interesada la posibilidad de manifestar oportunamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos, imputaciones y circunstancias alegados por la Comisión.

Una eventual violación del derecho de defensa y las consecuencias de la misma deben apreciarse en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto. En efecto, la pertinencia para la defensa de los documentos no comunicados, tanto si se trata de documentos que puedan exculpar a la empresa como de documentos que demuestren la existencia de la infracción que se le imputa, debe valorarse considerando a la vez los cargos efectivamente formulados por la Comisión contra la empresa y la defensa presentada por esta última.

2. Una práctica concertada se caracteriza por el hecho de sustituir los riesgos de la competencia por una cooperación entre empresas que reduce la incertidumbre de cada una de ellas sobre la actitud que adoptarán sus competidores.

Un paralelismo de comportamiento sólo puede ser considerado como prueba de la existencia de una concertación si dicha concertación constituye su única explicación plausible. Es preciso comprobar por tanto si el paralelismo de comportamiento detectado no puede explicarse sino por la concertación, habida cuenta de la naturaleza de los productos, de la importancia y del número de las empresas y del volumen del mercado de referencia; en otras palabras, si los elementos que integran el comportamiento paralelo constituyen un conjunto de indicios serios, precisos y concordantes de la existencia de una concertación previa.

3. En el marco del procedimiento contradictorio regulado por el Reglamento nº 17, no puede considerarse competencia exclusiva de la Comisión la decisión sobre qué documentos son útiles para la defensa. En efecto, al tratarse de una materia que requiere apreciaciones económicas difíciles y complejas, la Comisión debe dar a los Abogados de la empresa afectada la posibilidad de examinar los documentos que puedan ser pertinentes, a fin de apreciar su valor como pruebas para la defensa.

Dicha afirmación es particularmente cierta en materia de paralelismo de comportamientos, el cual se caracteriza por un conjunto de actuaciones a priori neutras y en cuyo contexto algunos documentos pueden interpretarse tanto en favor como en contra de las empresas afectadas. En tales circunstancias, es preciso evitar que la defensa de dichas empresas pueda verse perjudicada por un eventual error de los funcionarios de la Comisión al calificar un documento dado de documento "neutro", del que no se dará traslado a las empresas por carecer de utilidad. En efecto, un error de este tipo no podría descubrirse a tiempo, antes de la Decisión de la Comisión, salvo en el supuesto excepcional de una cooperación espontánea entre las empresas afectadas, lo que supondría unos riesgos inaceptables para una buena administración de la justicia, pues, al ser responsabilidad de la Comisión instruir correctamente los asuntos de competencia, dicha Institución no puede delegar tal responsabilidad en las empresas, cuyos intereses, tanto económicos como en el marco del procedimiento, son con frecuencia de signo opuesto.

Habida cuenta del principio general de igualdad de armas, que en el marco de un asunto de competencia supone que la empresa afectada tenga un conocimiento del expediente utilizado en el procedimiento idéntico al que tiene la Comisión, no cabe admitir que, en el momento de pronunciarse sobre una infracción, la Comisión haya sido la única en disponer de ciertos documentos y haya tenido por tanto la posibilidad de decidir por sí sola si utilizarlos contra la demandante, mientras que esta última no tenía acceso a ellos y no pudo por tanto adoptar la decisión correlativa de utilizarlos o no para su defensa. En un supuesto de este tipo, el derecho de defensa del que disfruta la empresa en el procedimiento administrativo sufriría una restricción demasiado grande en relación con las facultades de la Comisión, la cual uniría a la función de autoridad que notifica los cargos la de autoridad decisoria, al tiempo que dispone de un conocimiento del expediente superior al de la defensa.

De ello se deduce que la Comisión viola el derecho de defensa de una empresa cuando, desde la fase de envío del pliego de cargos, excluye del procedimiento ciertos documentos que obran en su poder y que pueden resultar útiles para la defensa de dicha empresa. Una violación del derecho de defensa de tales características tiene carácter objetivo y no depende de la buena o mala fe de los funcionarios de la Comisión.

4. Aunque las empresas tienen derecho a la protección de sus secretos comerciales, según un principio general aplicable durante el desarrollo del procedimiento administrativo de aplicación de las normas comunitarias en materia de competencia y que se expresa tanto en el artículo 214 del Tratado como en diversas disposiciones del Reglamento nº 17, es preciso sin embargo ponderar tal derecho, por una parte, y la garantía del derecho de defensa, por otra; por tanto, el derecho a la protección de los secretos comerciales no puede justificar la negativa de la Comisión a dar traslado a una empresa de elementos del expediente que ésta podría utilizar para su defensa, aunque sólo sea en versiones no confidenciales o mediante la transmisión de una lista de los documentos recogidos por la Comisión.

5. Una violación del derecho de defensa de una empresa acusada de infracción de las normas sobre la competencia que tuvo lugar durante el procedimiento administrativo no puede verse regularizada en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, que se limita a un control jurisdiccional en el marco de los motivos invocados y sólo en este marco y no puede por tanto reemplazar a la instrucción completa del asunto en el marco del procedimiento administrativo.