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6

Con arreglo al artículo 8 de la misma Decisión Marco, cuyo epígrafe es «Reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena»: «1. La autoridad competente del Estado de ejecución reconocerá toda sentencia que haya sido transmitida de conformidad con el artículo 4 y mediante el procedimiento previsto en el artículo 5, y adoptará sin dilación las medidas necesarias para la ejecución de la condena, a no ser que decida acogerse a alguno de los motivos de no reconocimiento y de no ejecución que se contemplan en el artículo 9. 2. En caso de que la condena, por su duración, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá tomar la decisión de adaptar la condena únicamente cuando supere la pena máxima contemplada por su legislación nacional para delitos del mismo tipo. La duración de la condena adaptada no podrá ser inferior a la pena máxima contemplada por la legislación del Estado de ejecución para delitos del mismo tipo. 3. En caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá adaptarla a la pena o medida contemplada en su propia legislación para delitos similares. Esta pena o medida deberá corresponder siempre que sea posible a la condena impuesta en el Estado de emisión y por consiguiente la condena no podrá transformarse en una sanción pecuniaria. 4. La condena adaptada no podrá agravar por su naturaleza o por su duración la condena impuesta en el Estado de emisión.»
11

La legge n. 223 — Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (Ley n.o 223 — Normas en materia de desempleo técnico, movilidad, subsidios por desempleo, ejecución de directivas comunitarias y colocación de mano de obra, así como otras disposiciones relativas al mercado laboral), de 23 de julio de 1991 (suplemento ordinario de la GURI n.o 175, de 27 de julio de 1991), en su versión modificada por la legge n. 92 — Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (Ley n.o 92 — Medidas relativas a la reforma del mercado laboral para fomentar el crecimiento), de 28 de junio de 2012 (suplemento ordinario de la GURI n.o 153, de 3 de julio de 2012) (en lo sucesivo, «Ley n.o 223/1991»), establece el marco jurídico aplicable a los procedimientos de despido colectivo, del que forman parte, en particular, las disposiciones que transponen la Directiva 98/59 al Derecho italiano. De la petición de decisión prejudicial se desprende que el artículo 5, apartado 1, de la Ley n.o 223/1991 establece los criterios en los que debe basarse el empresario, en caso de despido colectivo, para determinar qué trabajadores serán despedidos.
43

En tercer lugar, la Comisión recuerda que, en virtud del artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO 2014, L 173, p. 149), los sistemas de garantía de depósitos pueden adoptar «medidas alternativas» a la resolución, con el fin de impedir la quiebra de una entidad de crédito. No obstante, la utilización de tal instrumento está supeditada al requisito de que no se haya emprendido ninguna acción de resolución respecto a la entidad de crédito en cuestión. Ahora bien, a tenor del artículo 32, apartado 4, letra d), de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27), solo podrá emprenderse una acción de resolución si es necesaria una «ayuda financiera pública extraordinaria», la cual, atendiendo a la definición recogida en el artículo 2, apartado 1, punto 28, de la misma Directiva, es equiparable a las «ayudas de estado según el sentido del artículo 107 [TFUE], apartado 1».
137

En particular, por una parte, las recurrentes sostienen que el Tribunal General cometió un error de Derecho en la interpretación de la sentencia de 28 de abril de 2010, Amann cultural Söhne y Cousin Filterie/Comisión (T‑446/05, EU:T:2010:165), apartado 328, al concluir que una solicitud de presentación de un documento que no puede calificarse de «preexistente» no vulnera necesariamente el derecho a no contribuir a su propia inculpación, cuando dicha sentencia se limita a indicar que la mera obligación de responder a preguntas meramente fácticas no puede vulnerar el derecho de defensa o el derecho a un proceso equitativo.
18

El artículo 134 de la citada Ley está redactado en los siguientes términos: «1. El ejercicio de la gestión colectiva prevista en el contrato de mandato no podrá limitar en modo alguno los derechos patrimoniales de los titulares. 2. La gestión colectiva se ejercerá de conformidad con las siguientes normas: a) las decisiones sobre los métodos y reglas para el cobro de los cánones y demás cantidades a los usuarios y sobre el reparto de dichas cantidades entre los titulares de derechos, así como las decisiones relativas a otros aspectos de mayor relevancia para la gestión colectiva, deberán ser adoptadas por los miembros en el marco de la asamblea general, conforme a lo dispuesto en los estatutos; b) la comisión debida por los titulares de derechos que sean miembros de una entidad de gestión colectiva para cubrir los gastos de funcionamiento de esta […] y la comisión debida a la entidad de gestión colectiva que sea la única perceptora […] no podrán representar conjuntamente más del 15 % de las cantidades percibidas anualmente; c) salvo en el caso de decisión expresa de la asamblea general, las cantidades percibidas por una entidad de gestión colectiva no podrán utilizarse para fines comunes distintos de la cobertura de los costes efectivos vinculados al cobro de las cantidades debidas y a su reparto entre los miembros; la asamblea general podrá decidir que, como máximo, el 15 % de las cantidades percibidas se utilicen para fines comunes y únicamente dentro de los límites del objeto de actividad; d) las cantidades percibidas por una entidad de gestión colectiva se repartirán individualmente entre los titulares de derechos de forma proporcional al uso del repertorio de cada uno de ellos, a más tardar seis meses después de la fecha de la percepción; los titulares de derechos podrán reclamar el pago de las cantidades percibidas nominalmente o de aquellas cuyo reparto no requiera la presentación de documentos específicos en un plazo de 30 días a partir de la fecha de percepción; e) la comisión debida por los titulares de derechos se deducirá de las cantidades adeudadas a cada uno de ellos, tras el cálculo del reparto individual; […] 3. Los cánones pagados a las entidades de gestión colectiva no constituirán ni podrán equipararse a sus ingresos. 4. En el ejercicio de su mandato, con arreglo a la presente Ley, no se podrá transferir ni ceder a las entidades de gestión colectiva derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor, ni el ejercicio de tales derechos.»
2)

El artículo 32, apartado 2, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 1307/2013, en particular la expresión «cualquier superficie que haya dado derecho a percibir pagos en 2008 con arreglo al régimen de pago único o al régimen de pago único por superficie previstos, respectivamente, en el título III y en el título IV bis del Reglamento [(CE) n.o 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008]», debe interpretarse en el sentido de que, en el contexto de una solicitud de activación de derechos de ayuda por retirada de tierras para una superficie forestada con arreglo a esa disposición, la superficie en cuestión debe haber sido objeto en 2008 de una solicitud de ayuda de conformidad con el artículo 22 del Reglamento n.o 1782/2003, en su versión modificada por el Reglamento n.o 479/2008, seguida de un control administrativo de las condiciones de admisión de conformidad con el artículo 23 de ese mismo Reglamento y, en caso necesario, de un control sobre el terreno con arreglo al artículo 25 de ese Reglamento. Además, deben haberse cumplido todos los demás requisitos que exigen los títulos III y IV bis del mismo Reglamento para tener derecho a un pago directo.
26

De ello se desprende que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional solamente está justificada cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 4 de diciembre de 2018, Minister for Justice and Equality y Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, apartado 27 y jurisprudencia citada).
5

Con arreglo al artículo 79, apartados 1 y 2, del citado código: «1. Respecto de las mercancías sujetas a derechos de importación, nacerá una deuda aduanera de importación por incumplimiento de alguna de las siguientes circunstancias: a) una de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera relativa a la introducción de mercancías no pertenecientes a la Unión en su territorio aduanero, a la retirada de estas de la vigilancia aduanera o a la circulación, transformación, depósito, depósito temporal, importación temporal o disposición de tales mercancías en ese territorio; b) una de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera relativa al destino final de las mercancías dentro del territorio aduanero de la Unión; c) una condición que regule la inclusión de mercancías no pertenecientes a la Unión en un régimen aduanero o la concesión, en virtud del destino final de las mercancías, de una exención de derechos o de una reducción del tipo de los derechos de importación. 2. El momento en que nace la deuda aduanera será cualquiera de los siguientes: a) el momento en que no se cumpla o deje de cumplirse la obligación cuyo incumplimiento dé origen a la deuda aduanera; b) el momento en que se admita una declaración en aduana para que las mercancías se incluyan en un régimen aduanero, cuando posteriormente se compruebe que de hecho no se había cumplido una de las condiciones que regulan la inclusión de las mercancías en ese régimen o la concesión de una exención de derechos o una reducción del tipo de los derechos de importación en virtud del destino final de las mercancías.»
25

En lo relativo a la primera parte de ese motivo, con la que la recurrente sostenía que el Parlamento la había tratado de modo distinto respecto de los diputados que se hallaban en situaciones comparables sin haberlo justificado suficientemente, el Tribunal General precisó con carácter preliminar, en el apartado 76 de la sentencia recurrida, que el documento de la Comisión Jurídica y del Mercado Interior del Parlamento de 6 de junio de 2003, que lleva por título «Comunicación a los miembros n.o 11/2003» y que tiene por objeto la «Suspensión de la inmunidad con arreglo al artículo [9] del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades. Principios establecidos sobre la base de los asuntos relativos a la expresión de las opiniones» (en lo sucesivo, «Comunicación n.o 11/2003»), invocada por la recurrente en apoyo de esa primera parte, no es un acto del Parlamento, en el sentido del artículo 288 TFUE, y no tiene efecto vinculante. A continuación, en los apartados 80 y 81 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló, por un lado, que, en la medida en que la recurrente no había precisado cuáles eran los actos o las declaraciones que se reprochaban a los diputados que, según ella, se habían beneficiado de dicha comunicación ni las circunstancias en que se habían desarrollado los hechos controvertidos, no había demostrado que la situación de esos diputados fuera comparable a la suya. Por otro lado, dado que no existía, en el presente asunto, una relación directa entre el tuit controvertido y las funciones parlamentarias de la recurrente, esta tampoco había acreditado que el Parlamento hubiera vulnerado el principio enunciado por la citada comunicación según el cual no se suspende la inmunidad si los actos de los que se acusa al diputado están incluidos en el marco de su actividad política o están directamente relacionados con esta.
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En efecto, por una parte, el párrafo primero de dicha disposición brinda a los proveedores de itinerancia la posibilidad de «ofrecer» y a los clientes itinerantes la posibilidad de «elegir deliberadamente» una «tarifa de itinerancia distinta de la establecida en los artículos 6 bis, 6 ter y 6 quater, […] que se les hubiera aplicado de no haberla elegido». Por lo tanto, el artículo 6 sexies, apartado 3, del Reglamento n.o 531/2012 establece un sistema de excepciones (opt-out o autoexclusión voluntaria), con arreglo al cual, en esencia, si un cliente no desea beneficiarse de la RLAH, debe manifestarlo expresamente. Confirma además esta interpretación la última frase del párrafo primero de esta disposición, que establece que «el proveedor de itinerancia deberá recordar a dichos usuarios itinerantes la naturaleza de las ventajas de itinerancia que podrían perder [si optasen por una tarifa de itinerancia distinta de la establecida en los artículos 6 bis, 6 ter y 6 quater del citado Reglamento]». Por lo demás, el texto de esa misma disposición no establece un marco temporal por lo que respecta a su aplicación, lo que permite deducir que tal opción por la autoexclusión voluntaria podía efectuarse incluso antes de la fecha límite del 15 de junio de 2017. Así, para hacer uso de tal opción antes de esa fecha y mantener otra tarifa después de la fecha indicada, los proveedores de itinerancia estaban obligados a ponerse en contacto, antes de esa misma fecha, con los clientes afectados para preguntarles si deseaban conservar su otra tarifa, recordándoles «la naturaleza de las ventajas de itinerancia que podrían perder con [dicho] cambio». Con arreglo a esta norma, si un cliente respondía negativamente o no respondía, estaba automáticamente sujeto a la tarifa de la RLAH.
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Con carácter liminar, procede recordar que, en la medida en que el Reglamento n.o 1215/2012, conforme a su considerando 34, deroga y sustituye al Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), que, a su vez, sustituyó al Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia Civil y Mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo que respecta a estos últimos instrumentos jurídicos sigue siendo válida para las disposiciones del Reglamento n.o 1215/2012 que puedan calificarse de «equivalentes» (sentencia de 29 de julio de 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, apartado 23 y jurisprudencia citada). Pues bien, tal es el caso del artículo 5, punto 3, del Convenio de Bruselas y del Reglamento n.o 44/2001, por una parte, y del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, por otra (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de mayo de 2018, Nothartová, C‑306/17, EU:C:2018:360, apartado 18 y jurisprudencia citada).
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El órgano jurisdiccional remitente considera que esta normativa plantea cuestiones sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión. En particular, remitiéndose al apartado 80 de la sentencia de 24 de mayo de 2011, Comisión/Bélgica (C‑47/08, EU:C:2011:334), recuerda que el artículo 49 TFUE garantiza el beneficio del trato nacional a todo nacional de un Estado miembro que se establezca en otro Estado miembro para ejercer en él una actividad por cuenta propia, y prohíbe cualquier discriminación por razón de la nacionalidad. Además, en su sentencia de 23 de septiembre de 2003, Ospelt y Schlössle Weissenberg (C‑452/01, EU:C:2003:493), apartado 24, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien el artículo 345 TFUE no cuestiona la facultad de los Estados miembros de establecer medidas específicas que regulen la adquisición de terrenos agrícolas, tales medidas no pueden eludir a las normas del Derecho de la Unión, en particular las relativas a la no discriminación, a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 47 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008 (DO 2008, L 44, p. 11) (en lo sucesivo, «Directiva IVA»), y de los artículos 13 ter y 31 bis del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112 (DO 2011, L 77, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013 (DO 2013, L 284, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución»).
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Los considerandos 9 a 11, 30 y 44 del Reglamento n.o 4/2009 tienen la siguiente redacción: «(9) El acreedor de alimentos debe contar con medios que le permitan obtener fácilmente en un Estado miembro una resolución que tenga automáticamente fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin ninguna otra formalidad. (10) A fin de alcanzar este objetivo, procede crear un instrumento comunitario en materia de obligaciones alimenticias que aúne las disposiciones sobre los conflictos de jurisdicción, los conflictos de leyes, el reconocimiento y la fuerza ejecutiva, la ejecución, la asistencia jurídica gratuita y la cooperación entre autoridades centrales. (11) El ámbito de aplicación del Reglamento debería extenderse a todas las obligaciones de alimentos derivadas de las relaciones familiares, de parentesco, matrimonio o afinidad, a fin de garantizar la igualdad de trato a todos los acreedores de alimentos. A los fines del presente Reglamento, el concepto de “obligación de alimentos” debería interpretarse de manera autónoma. […] (30) Para acelerar la ejecución de resoluciones de un Estado miembro vinculado por el Protocolo [sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias, firmado el 23 de noviembre de 2007 en La Haya, aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2009/941/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 331, p. 17),] en otro Estado miembro, conviene limitar los motivos de denegación o suspensión de la ejecución que podría alegar el deudor debido al carácter transfronterizo de los créditos alimenticios. Esta limitación no debería afectar a los motivos de denegación o suspensión previstos por el Derecho nacional que no sean incompatibles con los que se indican en el presente Reglamento, como la liquidación de [la] deuda por el deudor en el momento de la ejecución o el carácter inembargable de determinados bienes. […] (44) El presente Reglamento debería modificar el Reglamento (CE) n.o 44/2001 [del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1),] sustituyendo las disposiciones de este aplicables en materia de obligaciones de alimentos. A reserva de las disposiciones transitorias del presente Reglamento, los Estados miembros deberían aplicar, en materia de obligaciones de alimentos, las disposiciones del presente Reglamento sobre competencia, reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones y sobre la asistencia judicial, en lugar de las del Reglamento (CE) n.o 44/2001 a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.»
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El hecho de que tal característica no afecte, como tal, a la calidad estética de la forma no excluye la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95. Es importante recordar, a este respecto, que el concepto de «forma que dé un valor sustancial al producto» no se limita a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor artístico u ornamental. La cuestión de si la forma da un valor sustancial al producto puede examinarse sobre la base de otros elementos pertinentes, incluyendo, en particular, la especificidad de esa forma en relación con otras formas generalmente existentes en el mercado pertinente (véase, por analogía, la sentencia de 18 de septiembre de 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, apartados 32 y 35).
El artículo 52, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549), establece lo siguiente:

«La Comisión determinará los importes que deban excluirse basándose en la importancia de la disconformidad comprobada. Para ello, la Comisión tendrá en cuenta el carácter de la infracción y el perjuicio financiero causado a la Unión. Basará dicha exclusión en la determinación de los importes pagados indebidamente y, cuando estos no puedan determinarse mediante un esfuerzo proporcionado, podrá aplicar correcciones mediante extrapolación o a tanto alzado. Las correcciones a tanto alzado solo se aplicarán cuando, debido a la naturaleza del caso concreto o a que el Estado miembro no haya facilitado a la Comisión la información necesaria, no sea posible determinar con mayor precisión mediante un esfuerzo proporcionado el perjuicio financiero causado a la Unión.»
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Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1; corrección de errores en DO 2017, L 124, p. 37), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/584»).