Asunto T‑23/03

CAS SpA

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Acuerdo de Asociación entre la CEE y la República de Turquía — Condonación de derechos de importación — Zumos concentrados de frutas procedentes de Turquía — Código aduanero comunitario — Certificados de circulación — Situación especial — Derecho de defensa»

Sumario de la sentencia

1. Recursos propios de las Comunidades Europeas — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación

[Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 239]

2. Derecho comunitario — Principios — Derecho de defensa

[Art. 255 CE; Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 239]

3. Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Unión aduanera — Origen de las mercancías

(Acuerdo de Asociación CEE-Turquía)

4. Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción

(Art. 230 CE)

5. Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Obligaciones de la Comisión

(Art. 211 CE; Acuerdo de Asociación CEE-Turquía)

6. Recursos propios de las Comunidades Europeas — Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación

[Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 220, ap. 2, letra b)]

1. El derecho a ser oído debe garantizarse en los procedimientos de condonación de derechos de importación, habida cuenta, en particular, de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión cuando adopta una decisión con arreglo a la cláusula general de equidad prevista por el artículo 239 del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario.

(véase el apartado 87)

2. En el marco de un procedimiento administrativo en materia de condonación de los derechos de importación, el principio del respeto del derecho de defensa tan sólo exige que el interesado tenga ocasión de dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los elementos, incluidos los documentos, que la Comisión haya tenido en cuenta contra él para basar su decisión. En consecuencia, este principio no implica que la Comisión haya de dar, por iniciativa propia, acceso a todos los documentos que tengan una eventual relación con el caso sobre el que deba pronunciarse en el marco de una solicitud de condonación. Si el interesado considera que dichos documentos son útiles para demostrar la existencia de una situación especial o la inexistencia de negligencia manifiesta o intento de fraude por su parte, debe solicitar el acceso a tales documentos conforme a las disposiciones adoptadas por las instituciones sobre la base del artículo 255 CE.

En efecto, la obligación de la Comisión de permitir el acceso a todos los documentos administrativos no confidenciales referentes a la decisión impugnada presupone la existencia de una petición del interesado. A falta de dicha petición, no existe un acceso automático a los documentos que obren en poder de la Comisión.

(véanse los apartados 88 y 89)

3. La determinación del origen de las mercancías, en el marco, en particular, de la unión aduanera establecida por el Acuerdo de Asociación CEE-Turquía, se basa en un reparto de competencias entre las autoridades del Estado de exportación y las del Estado de importación, en el sentido de que el origen lo certifican las autoridades del Estado de exportación y el control del funcionamiento del régimen se garantiza en virtud de la cooperación entre las Administraciones interesadas. Dicho sistema se justifica por el hecho de que las autoridades del Estado de exportación están mejor situadas para verificar directamente los hechos que determinan el origen.

El mecanismo previsto únicamente puede funcionar si la administración aduanera del Estado de importación reconoce las apreciaciones legalmente efectuadas por las autoridades del Estado de exportación. El reconocimiento de tales decisiones por las administraciones aduaneras de los Estados miembros resulta necesario para que la Comunidad pueda, a su vez, exigir a las autoridades de los demás Estados vinculados a ella en el marco de regímenes de libre comercio que respeten las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros relativas al origen de los productos exportados de la Comunidad a esos Estados.

(véanse los apartados 120 y 121)

4. Un demandante no tiene ningún interés legítimo en la anulación de una decisión por vicio de forma, si la anulación de ésta sólo puede dar lugar a que se adopte una nueva decisión idéntica, en cuanto al fondo, a la decisión anulada.

(véase el apartado 132)

5. En virtud del artículo 211 CE y del principio de buena administración, la Comisión estaba obligada a garantizar la correcta aplicación del Acuerdo de Asociación CEE-Turquía. Esta obligación deriva asimismo del propio Acuerdo de Asociación y de las distintas decisiones adoptadas por el Consejo de Asociación.

(véase el apartado 234)

6. El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, establece que las autoridades competentes pueden abstenerse de contraer a posteriori los derechos de importación cuando concurren tres requisitos acumulativos. Primero, que los derechos no hayan sido percibidos como consecuencia de un error de las propias autoridades competentes; segundo, que el error cometido por éstas sea de tal naturaleza que un deudor que actúe de buena fe no pueda razonablemente conocerlo, y, tercero, que éste haya observado todas las disposiciones establecidas por la normativa en vigor en lo que respecta a su declaración en aduana.

La referida disposición tiene por objetivo proteger la confianza legítima del sujeto pasivo en cuanto a la fundamentación del conjunto de elementos que conduzcan a la decisión de recaudar los derechos de aduana o de abstenerse de recaudarlos. Sin embargo, la confianza legítima del sujeto pasivo tan sólo es digna de la protección que contempla esta disposición cuando sean las mismas autoridades competentes las que hayan dado base a la confianza del sujeto pasivo. De este modo, únicamente aquellos errores que sean imputables a una conducta activa de las autoridades competentes y que razonablemente no pudieran ser conocidos por el sujeto pasivo le darán derecho a que no se efectúe la recaudación a posteriori de los derechos de aduana.

(véanse los apartados 303 y 304)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 6 de febrero de 2007 ( )

«Acuerdo de Asociación entre la CEE y la República de Turquía – Condonación de derechos de importación – Zumos concentrados de frutas procedentes de Turquía – Código aduanero comunitario – Certificados de circulación – Situación especial – Derecho de defensa»

En el asunto T‑23/03,

CAS SpA, con domicilio social en Verona (Italia), representada por el Sr. D. Ehle, abogado,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. X. Lewis, en calidad de agente, asistido por el Sr. M. Núñez Müller, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación parcial de la decisión de la Comisión de 18 de octubre de 2002 (REC 10/01), relativa a una solicitud de condonación de derechos de importación,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y las Sras. M.E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de noviembre de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

A. Normativa reguladora del régimen preferencial

1 El presente asunto se enmarca en el contexto del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y la República de Turquía (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»), firmado en Ankara por la República de Turquía, por un lado, y los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otro (en lo sucesivo, «Partes contratantes»). El Acuerdo de Asociación fue aprobado por la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18). Entró en vigor el 1 de diciembre de 1964.

2 El Acuerdo de Asociación tiene por objeto, a tenor de su artículo 2, que figura en el título I relativo a los principios, promover el fortalecimiento continuo y equilibrado de las relaciones comerciales y económicas entre las Partes contratantes.

3 La Asociación comprende una fase preparatoria que permitirá a la República de Turquía, a tenor del artículo 3, reforzar su economía, con la ayuda de la Comunidad, una fase transitoria, dedicada, según el artículo 4, al establecimiento progresivo de una unión aduanera y al acercamiento de las políticas económicas, y una fase definitiva que, a tenor de su artículo 5, se basará en la unión aduanera e implicará el fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas.

4 A tenor del artículo 7, las Partes contratantes tomarán todas las medidas generales o particulares adecuadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Acuerdo de Asociación y se abstendrán de adoptar cualquier medida que pueda poner en peligro la realización de los fines del Acuerdo.

5 Los artículos 22 y 23, que figuran en el título III, dedicado a las disposiciones generales y finales, prevén la creación de un Consejo de Asociación formado por los miembros de los Gobiernos de los Estados miembros, del Consejo y de la Comisión, por una parte, y por los miembros del Gobierno turco, por otra (en lo sucesivo, «Consejo de Asociación»), que pronunciándose por unanimidad, dispone de un poder de decisión para la consecución de los objetivos fijados por el Acuerdo de Asociación. El artículo 25 confiere competencia al citado Consejo para dirimir cualquier controversia que le haya sometido cada Parte contratante relativa a la aplicación o a la interpretación del Acuerdo de Asociación o para someterla al Tribunal de Justicia.

6 La fase final de la unión aduanera entró en vigor el 31 de diciembre de 1995 [artículo 1 y artículo 65, apartado 1, de la Decisión nº 1/95 del Consejo de Asociación, de 22 de diciembre de 1995, relativa al establecimiento de la fase final de la Unión Aduanera (DO 1996, L 35, p. 1); en lo sucesivo, «Decisión nº 1/95» o «Decisión de base»].

7 De conformidad con el artículo 11 del Acuerdo de Asociación, El régimen de asociación se extenderá a la agricultura y a los intercambios de productos agrícolas, según las modalidades particulares y teniendo en cuenta la política agrícola común de la Comunidad.

1. Normativa en vigor durante la fase transitoria

8 Mediante la Decisión nº 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, el Consejo de Asociación decidió suprimir los derechos de aduana que seguían siendo aplicables a la importación en la Comunidad de los productos agrícolas originarios de Turquía que no se admitían aún en la Comunidad con exención de derechos.

9 De conformidad con el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 4115/86 del Consejo de 22 de diciembre de 1986 relativo a la importación en la Comunidad de productos agrícolas originarios de Turquía (DO L 380, p. 16), los productos enumerados en el anexo II del Tratado CEE, originarios de Turquía, con exclusión de los productos que figuraban en el anexo del citado Reglamento, fueron puestos en libre práctica en la Comunidad con exención de los derechos de aduana. Con arreglo al artículo 2, apartado 2, del Reglamento nº 4115/86, se consideraban productos originarios los productos que respondieran a las condiciones fijadas en la Decisión nº 4/72 del Consejo de Asociación, de 29 de diciembre de 1972, relativa a la definición de «productos originarios» de Turquía a efectos de la aplicación de las disposiciones del capítulo I del anexo 6 del Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación adjunto al Reglamento (CEE) nº 428/73 del Consejo, de 5 de febrero de 1973, referente a la aplicación de las Decisiones nº 5/72 y 4/72 del Consejo de Asociación (DO L 59, p. 73; EE 02/02, p. 3), modificado por Decisión nº 1/75 del Consejo de Asociación, de 26 de mayo de 1975, adjunta al Reglamento (CEE) nº 1431/75 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento nº 428/73 (DO L 142, p. 1; EE 02/03, p. 18).

10 Según el artículo 1 de la Decisión 4/72, se considerarán como productos originarios de Turquía:

«a) los productos del reino vegetal cosechados en Turquía,

[…]

f) las mercancías obtenidas en Turquía mediante la elaboración o transformación de los productos que se contemplan en las letras a) a e), aun cuando se hayan empleado otros productos en su fabricación, siempre que los productos que no se hayan obtenido en Turquía o en la Comunidad sólo se hayan empleado de forma suplementaria en esta fabricación».

11 El Reglamento (CEE) nº 3719/88 de la Comisión, de 16 de noviembre de 1988, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas (DO L 331, p. 1), es aplicable a los certificados establecidos por los reglamentos previstos en su artículo 1. Su artículo 28, apartado 4, dispone:

«4. Los Estados miembros comunicarán asimismo a la Comisión las impresiones de los sellos oficiales y, en su caso, de los sellos secos de las autoridades competentes. La Comisión informará inmediatamente de ello a los demás Estados miembros.»

12 Mediante la Decisión nº 5/72, de 29 de diciembre de 1972, relativa a los métodos de cooperación administrativa para la aplicación de los artículos 2 y 3 del Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación (DO 1973, L 59, p. 74), el Consejo de Asociación estableció la regla según la cual para la obtención del régimen preferencial era necesaria la presentación de una prueba documental expedida a instancia del exportador por las autoridades aduaneras de la República de Turquía o de un Estado miembro. Para las mercancías transportadas directamente de Turquía a un Estado miembro, se trata del certificado de circulación de las mercancías A.TR.1 (en lo sucesivo, «certificado A.TR.1»), del que se adjunta un modelo a la decisión (artículo 2). Este modelo fue sustituido por el formulario anexo a la Decisión nº 1/78 del Consejo de Asociación, de 18 de julio de 1978, por la que se modifica la Decisión nº 5/72 (DO L 253, p. 2). Este modelo fue modificado ligeramente, a su vez, por la Decisión nº 4/95 del Consejo de Asociación, de 22 de diciembre de 1995, por la que se modifica la Decisión nº 5/72 (DO 1996, L 35, p. 48).

13 El artículo 11 de la Decisión nº 5/72, dispone que los Estados miembros y la República de Turquía se prestarán mutuamente asistencia, por mediación de sus respectivas administraciones aduaneras, para el control de la autenticidad y de la regularidad de los certificados, «con vistas a garantizar una aplicación correcta de lo dispuesto en la presente Decisión».

14 El artículo 12 de la Decisión nº 5/72 establece a continuación:

«[La República de] Turquía, los Estados miembros y la Comunidad adoptarán, cada uno dentro de sus respectivas competencias, las medidas que exija la ejecución de lo dispuesto en la Decisión».

15 De conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 4115/86, los métodos de cooperación administrativa destinados a garantizar la concesión a los productos contemplados en el artículo 1 del beneficio de los derechos de aduana reducidos, eran los establecidos en la Decisión nº 5/72, cuya última modificación la constituye la Decisión nº 1/78.

2. Normativa en vigor en la fase final

16 La Decisión nº 1/95 regula de manera detallada el establecimiento de la fase final de la unión aduanera. Su artículo 29 dispone:

«La asistencia mutua en materia aduanera entre las autoridades administrativas de las Partes contratantes estará regulada por las disposiciones del Anexo VII, que, por lo que respecta a la Comunidad, se refiere a los asuntos de su competencia.»

17 El artículo 2, apartado 1, del anexo 7, relativo a la asistencia mutua en materia aduanera, de la Decisión nº 1/95, dispone:

«Las Partes contratantes se prestarán asistencia mutua en los ámbitos de su respectiva competencia, […] para garantizar la correcta aplicación de la legislación aduanera, sobre todo por lo que respecta a la previsión, detección e investigación de las operaciones contrarias a dicha legislación.»

18 El artículo 3, apartado 6, de la Decisión nº 1/95 dispone que el Comité de cooperación aduanera determinará los métodos de cooperación administrativa.

19 El artículo 5, apartado 2, de la Decisión nº 1/96 del Comité de Cooperación Aduanera, de 20 de mayo de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Decisión nº 1/95 (DO L 200, p. 14) dispone que la validación del documento necesario para el despacho a libre práctica de las mercancías en cuestión dará origen a una deuda aduanera de importación. De conformidad con el artículo 6 de dicha Decisión, el tratamiento preferencial de los productos agrícolas importados de Turquía está supeditado a la expedición del documento justificativo constituido por el certificado A.TR.1. En el anexo I figura un modelo de este certificado, pero el artículo 7, apartado 1, de la citada Decisión dispone que los referidos formularios contemplados en la Decisión nº 5/72 se podrán seguir utilizando hasta el 30 de junio de 1997.

20 El artículo 15 de la Decisión nº 1/96 establece lo que sigue:

«Con objeto de asegurar la correcta aplicación de lo dispuesto en la presente Decisión, los Estados miembros y [la República de] Turquía se prestarán asistencia mutua, a través de sus respectivas administraciones aduaneras y en el marco de la asistencia mutua prevista en el artículo 29 y en el Anexo 7 de la Decisión de base, con objeto de controlar la autenticidad y exactitud de los certificados.»

21 El artículo 13, apartado 2, de la Decisión nº 1/96 enuncia:

«[…] En la casilla 12 del extracto deberá figurar el número de registro, la fecha, la oficina y el país de expedición del certificado inicial […]»

22 El anexo II, número II, apartado 12, de la Decisión nº 1/96 prevé que las indicaciones relativas a la casilla 12 del certificado de circulación A.TR.1 se completarán por la autoridad competente.

23 Por último, el artículo 4 de la Decisión nº 1/96 dispone:

«Sin perjuicio de las disposiciones en materia de libre práctica estipuladas en la Decisión de base, se aplicarán a los intercambios comerciales entre las dos partes de la unión aduanera, en las condiciones estipuladas en la presente Decisión, el código aduanero de la Comunidad [y sus disposiciones de aplicación, aplicables en el territorio aduanero de la Comunidad], y el código aduanero turco [...] [y sus] disposiciones de aplicación, aplicables en el territorio aduanero de [la República de] Turquía.»

B. Normativa aduanera

1. Normativa relativa a la condonación de los derechos de aduana

24 Respecto a la posibilidad de una condonación de los derechos de importación el artículo 239 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «CAC»), establece lo que sigue:

«Se podrá proceder [...] a la condonación de los derechos de importación [...] en situaciones [...] que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni manifiesta negligencia por parte del interesado. Las situaciones en las que se podrá aplicar esta disposición y las modalidades de procedimiento que se seguirán a tal fin se definirán según el procedimiento del Comité.»

25 El artículo 905 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 (DO L 253, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación del CAC»), prevé, en su apartado 1, las disposiciones siguientes:

«1. Cuando la autoridad aduanera de decisión, a la que se hubiera presentado una solicitud de devolución o condonación, con arreglo al apartado 2 del [CAC], no se halle en condiciones de decidir, sobre la base del artículo 899, y cuando la solicitud está fundamentada en motivos que justifiquen que se trata de una situación especial resultante de circunstancias que no supongan negligencia manifiesta o intento de fraude por parte del interesado, el Estado miembro de que se trate transmitirá el caso a la Comisión para su resolución conforme al procedimiento previsto en los artículos 906 a 909 [...]»

26 El artículo 904, letra c), del Reglamento de aplicación del CAC dispone:

«No se procederá a la devolución o condonación de derechos de importación cuando, según el caso, el único motivo en defensa de la solicitud de devolución o condonación lo constituya:

[…]

c) la presentación, incluso de buena fe, para la concesión de un tratamiento arancelario preferencial a favor de mercancías declaradas a libre práctica, de documentos cuya falsedad se haya comprobado posteriormente, falsificados o no válidos para la concesión de este tratamiento arancelario preferencial.»

27 El artículo 236 del CAC dispone:

«1. Se procederá a la devolución de los derechos de importación o de los derechos de exportación siempre que se compruebe que en el momento en que se pagaron su importe no era legalmente debido o que fue contraído en contra de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220.

Se procederá a la condonación de los derechos de importación o de los derechos de exportación siempre que se compruebe que en el momento en que se contrajeron su importe no era legalmente debido o que fue contraído en contra de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220.

No se concederá ninguna devolución ni condonación cuando los hechos que hayan dado lugar al pago o a la contracción de un importe que no era legalmente debido, sean el resultado de una maniobra del interesado.

[…]»

28 El artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC dispone que no se procederá a una contracción a posteriori de los derechos resultantes de una deuda aduanera cuando el importe legalmente adeudado de derechos no se contrajo como consecuencia de un error de las propias autoridades aduaneras que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, haya actuado de buena fe y haya observado todas las disposiciones establecidas por la normativa vigente en relación con la declaración en aduana.

2. Normativa relativa a las normas de origen

29 El artículo 20 del CAC dispone en particular:

«1. Los derechos legalmente devengados en caso de que se origine una deuda aduanera se basarán en el arancel aduanero de las Comunidades Europeas.

2. Las demás medidas establecidas por disposiciones comunitarias específicas en el marco de los intercambios de mercancías se aplicarán, en su caso, en función de la clasificación arancelaria de dichas mercancías.

3. El arancel aduanero de las Comunidades Europeas comprenderá:

[…]

d) las medidas arancelarias preferenciales contenidas en acuerdos que la Comunidad haya celebrado con determinados países o grupos de países y que prevean la concesión de un tratamiento arancelario preferencial.»

30 El artículo 27, letra a), del CAC establece, por su parte, lo que sigue:

«Las normas de origen preferencial establecerán las condiciones de adquisición del origen de las mercancías para beneficiarse de las medidas contempladas en las letras d) o e) del apartado 3 del artículo 20.

Dichas normas:

a) para las mercancías incluidas en los acuerdos contemplados en la letra d) del apartado 3 del artículo 20, se determinarán en dichos acuerdos».

31 El Reglamento de aplicación del CAD, en su redacción aplicable al presente litigio, [artículo 93, modificado y numerado artículo 92 por el Reglamento (CE) nº 3254/94 de la Comisión, de 19 de diciembre de 1994 (DO L 346, p. 1) (en lo sucesivo, «artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAD»), dispone:

«1. Los países beneficiarios comunicarán a la Comisión el nombre y dirección de las autoridades gubernamentales situadas en su territorio competentes para la expedición de los certificados de origen modelo A y le enviarán una muestra de los sellos utilizados por dichas autoridades. La Comisión comunicará estas informaciones a las autoridades aduaneras de los Estados miembros.

2. Los países beneficiarios comunicarán asimismo a la Comisión el nombre y dirección de las autoridades gubernamentales competentes para expedir las certificaciones de autenticidad mencionadas en el artículo 86, así como los modelos de los sellos utilizados por dichas autoridades. La Comisión comunicará estas informaciones a las autoridades aduaneras de los Estados miembros.

3. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (serie C) la fecha en la que los nuevos países beneficiarios a que se refiere el artículo 97 han cumplido las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2.

4. La Comisión comunicará a los países beneficiarios los modelos de los sellos utilizados por las autoridades aduaneras de los Estados miembros para la expedición de los certificados de circulación EUR.1.»

C. Normativa en materia de confidencialidad de determinados documentos

32 El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136, p. 1), establece lo siguiente:

«Confidencialidad y protección de datos

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes.»

33 El artículo 9, apartado 2, del mismo Reglamento dispone, por su parte:

«Informe de investigación y medidas subsiguientes

[…]

2. Dichos informes se elaborarán teniendo en cuenta los requisitos de procedimiento previstos por la legislación nacional del Estado miembro de que se trate. Los informes así elaborados constituirán elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales del Estado miembro en que resulte necesaria su utilización, en los mismos términos y condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las administraciones nacionales. Estarán sujetos a las mismas normas de apreciación que se apliquen a los informes administrativos de los inspectores de las administraciones nacionales y tendrán un valor idéntico a aquéllos.»

34 El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo de 11 de noviembre de 1996 relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292, p. 2), dispone:

«1. La información comunicada u obtenida en virtud del presente Reglamento, sea cual fuese su forma, estará protegida por el secreto profesional y se beneficiará de la protección concedida a la información análoga por la ley nacional del Estado miembro que la haya recibido y por las disposiciones correspondientes aplicables a las instituciones comunitarias.»

35 El artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), dispone:

«Excepciones

1. Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de:

a) el interés público, por lo que respecta a:

– la seguridad pública,

– la defensa y los asuntos militares,

– las relaciones internacionales,

– la política financiera, monetaria o económica de la Comunidad o de un Estado miembro;

b) la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación comunitaria sobre protección de los datos personales.

2. Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de:

– los intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual,

– los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico,

– el objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría,

salvo que su divulgación revista un interés público superior.»

Hechos que originaron el litigio

A. Importaciones controvertidas

36 La demandante CAS SpA es una sociedad italiana, filial al 95,1 % de la sociedad Steinhauser GmbH (en lo sucesivo, «Steinhauser»), con domicilio social en Ravensburg (Alemania). La actividad esencial de la demandante consiste en transformar zumos concentrados de frutas importados, y ejerce paralelamente una actividad de importadora de dichos productos en Italia. Esencialmente es la sociedad Steinhauser la que mantiene relaciones de negocios con los proveedores extranjeros.

37 Entre el 5 de abril de 1995 y el 20 de noviembre de 1997, la demandante importó y despachó a libre práctica en la Comunidad zumos concentrados de manzana y de pera, cuya procedencia y origen declarados era Turquía. La importación en la Comunidad de este tipo de productos se hizo utilizando certificados A.TR.1, de modo que dichos productos disfrutaron de la exención de derechos de aduana prevista por el Acuerdo de Asociación y el Protocolo Adicional.

38 De conformidad con el artículo 29 de la Decisión nº 1/95, el Servicio de Aduanas de Rávena (Italia) realizó un control documental a posteriori sobre la autenticidad del certificado A.TR.1 D 141591, presentado por la demandante en una de las operaciones de importación incluidas en el período comprendido entre el 5 de abril de 1995 y el 20 de noviembre de 1997. Con arreglo a las disposiciones aplicables en esta materia, la solicitud de verificación de la autenticidad del citado certificado se remitió a las autoridades turcas.

39 Mediante escrito de 15 de mayo de 1998, las autoridades turcas comunicaron al Servicio de Aduanas de Rávena que del control realizado resultaba que dicho certificado no era auténtico, dado que no había sido expedido por las autoridades aduaneras turcas. Por otro lado, anunciaban que se realizarían otros controles.

40 En consecuencia, las autoridades italianas procedieron al control a posteriori de 103 certificados A.TR.1 presentados por la demandante en diversas operaciones de importación.

41 Mediante escrito de 10 de julio de 1998, la Representación Permanente de la República de Turquía ante la Unión Europea (en lo sucesivo, «Representación Permanente turca») informó a la Comisión de que 22 certificados A.TR.1 presentados por la demandante, enumerados en el anexo de dicho escrito y relativos a las exportaciones de la sociedad turca Akman a Italia, eran falsos (false). La Comisión remitió dicho escrito a las autoridades aduaneras italianas mediante correo de 20 de julio de 1998.

42 Entre el 12 y el 15 de octubre de 1998 así como entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 1998, la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude de la Comisión [(UCLAF), precursora de la OLAF] llevó a cabo controles en Turquía.

43 Mediante escrito de 8 de marzo de 1999, la Representación Permanente turca informó al Servicio de Aduanas de Rávena que 32 certificados A.TR.1 presentados por la demandante (en lo sucesivo, «certificados controvertidos»), que incluían los 18 certificados enumerados en el anexo del escrito de 10 de julio de 1998, no habían sido ni elaborados ni validados por las autoridades turcas. En el anexo de dicho escrito se enumeraban los referidos certificados.

44 Las autoridades aduaneras italianas estimaron que de toda la correspondencia intercambiada entre ellas, la Comisión, la UCLAF y las autoridades turcas se desprendía que estas últimas consideraban que 48 certificados A.TR.1, entre ellos los certificados controvertidos, relativos a exportaciones a Italia realizadas por la demandante a través de la sociedad turca Akman, eran o falsos, o irregulares.

45 En el caso de autos, los 32 certificados controvertidos [correspondientes a derechos de aduana por un importe total de 3.296.190.371 LIT (liras italianas), es decir 1.702.340,25 euros] eran considerados falsos, dado que no habían sido ni expedidos ni validados por las oficinas de aduanas turcas. En cambio, los otros 16 certificados (correspondientes a derechos por un importe total de 1.904.763.758 LIT, es decir 983.728,38 euros) eran calificados de inválidos, dado que, aunque fueron expedidos por las autoridades aduaneras turcas, las mercancías de que se trataba no eran originarias de Turquía.

46 En la medida en que la totalidad de los 48 certificados habían sido calificados bien de falsos, bien de inválidos, las mercancías a que éstos hacían referencia no podían disfrutar del trato preferencial concedido a las importaciones de productos agrícolas turcos.

47 En consecuencia, la administración de aduanas italiana reclamó a la demandante el pago de los derechos de aduana adeudados, por un importe total de 5.200.954.129 LIT, es decir 2.686.068,63 euros.

B. Procedimiento penal y administrativo ante las autoridades italianas y comunitarias

48 Mediante escrito de 28 de marzo de 2000, la demandante, basándose en el artículo 220, apartado 2, letra b), y en los artículos 236 y 239 del CAC, remitió al Servicio de Aduanas de Rávena una solicitud de no contracción a posteriori y de devolución de los derechos de importación reclamados. Para fundamentar su solicitud, la demandante invocaba su buena fe, los errores no detectables de las autoridades competentes así como incumplimientos imputables a éstas.

49 Mediante escrito de 15 de mayo de 2000, las autoridades aduaneras italianas informaron a la Fiscalía de Rávena de los hechos relativos a las importaciones realizadas por la demandante a través de certificados falsificados. Tras haber tenido conocimiento de estos hechos, la Fiscalía de Rávena abrió una investigación.

50 Mediante sentencia de 20 de diciembre de 2000, el Tribunale civile e penale de Rávena puso fin al procedimiento penal iniciado contra el gerente de la demandante, Sr. B. Steinhauser, al estimar que los hechos que se le imputaban no estaban probados.

51 Mediante escrito de 30 de noviembre de 2001, recibido por la Comisión el 12 de diciembre de 2001, la República Italiana solicitó a la Comisión que decidiese si estaba justificado no proceder a la contracción a posteriori de los derechos de importación reclamados a la demandante con arreglo al artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC o de conceder la devolución de dichos derechos con arreglo al artículo 239 del CAC.

52 De conformidad con los artículos 871 y 905 del Reglamento de aplicación del CAC, la demandante indicó que había tenido conocimiento del expediente remitido por las autoridades italianas a la Comisión. La demandante, además, comunicó su postura y sus observaciones, que fueron transmitidas a la Comisión por las autoridades italianas en anexo a su correo de 30 de noviembre de 2001.

53 Mediante escrito de 3 de junio de 2002, la Comisión solicitó información complementaria a las autoridades italianas, que respondieron mediante escrito de 7 de junio de 2002.

54 Mediante escrito de 25 de julio de 2002, la Comisión informó a la demandante de su intención de no dar una respuesta favorable a su solicitud. Antes de adoptar una decisión definitiva, la Comisión invitó, no obstante, a la demandante a hacerle llegar sus eventuales observaciones y a acceder al expediente con el fin de que tuviese conocimiento de los documentos no confidenciales.

55 El 6 de agosto de 2002, los representantes de la demandante consultaron el expediente administrativo en los locales de la Comisión. Por otro lado, firmaron una declaración confirmando que tuvieron acceso a los documentos mencionados en su anexo.

56 Mediante escrito de 15 de agosto de 2002, la demandante presentó sus observaciones a la Comisión. En éstas mantuvo, en particular, su posición según la cual las autoridades aduaneras competentes incurrieron en errores activos no detectables por ella, errores que asimila igualmente a incumplimientos que pueden crear una situación especial en el sentido del artículo 239 del CAC.

57 El 18 de octubre de 2002, la Comisión adoptó la Decisión REC 10/01 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), notificada a la demandante el 21 de noviembre de 2002.

58 En primer lugar, la Comisión concluyó que estaba justificado contraer los derechos de importación objeto de la demanda.

59 En segundo lugar, la Comisión concluyó, no obstante, que estaba justificado proceder a la devolución de los derechos de importación de la parte de la solicitud relativa a los 16 certificados inválidos, siempre que la demandante se encontrase, respecto a ellos, en una situación especial en el sentido del artículo 239 del CAC.

60 En tercer lugar, en lo que se refiere a los 32 certificados controvertidos, la Comisión concluyó, en cambio, que las circunstancias invocadas por la demandante no creaban una situación especial en el sentido del artículo 239 del CAC. Por consiguiente la Comisión decidió, en el artículo 2 de la decisión impugnada, que no estaba justificado proceder a la devolución de los derechos de importación correspondientes a los mismos, por un importe de 1.702.340,25 euros.

61 Por último, mediante escrito de 20 de junio de 2003, la demandante remitió a la Comisión una solicitud de acceso a otros documentos del expediente. La Comisión estimó dicha solicitud mediante escrito de 10 de julio de 2003. Sin embargo, la demandante no procedió a una nueva consulta del expediente.

C. Certificado D 437214

62 Mediante escrito de 17 de diciembre de 2002, la demandante indicó a la Comisión que el certificado A.TR.1 D 437214, incluido entre los certificados controvertidos, no había sido calificado de falso por las autoridades turcas, sino simplemente de inválido. La Comisión transmitió este escrito a las autoridades aduaneras italianas el 6 de enero de 2003.

63 Mediante escrito de 24 de enero de 2003, las autoridades aduaneras italianas, remitiéndose al escrito de las autoridades aduaneras turcas de 8 de marzo de 1999, así como a un escrito de la UCLAF de 6 de mayo de 1999, indicaron que dicho certificado era falso.

64 Mediante escrito de 4 de marzo de 2003, la Comisión solicitó a las autoridades aduaneras italianas que informasen a la demandante del resultado de la investigación sobre el certificado A.TR.1 D 437214. Mediante escrito de 18 de marzo de 2003, remitido a la demandante, la administración de aduanas italiana confirmó que el referido certificado era falso, porque no había sido elaborado por las autoridades turcas.

Procedimiento y pretensiones de las partes

65 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de enero de 2003, la demandante interpuso el presente recurso.

66 Visto el informe del Juez Ponente, se decidió iniciar la fase oral. En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, se requirió a las partes para que aportaran determinados documentos y respondieran a algunas preguntas escritas del Tribunal de Primera Instancia. Las partes atendieron dicho requerimiento.

67 Los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas orales formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, fueron oídos en la vista celebrada el 15 de noviembre de 2005.

68 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule el artículo 2 de la decisión impugnada.

– Condene en costas a la Comisión.

69 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

70 La demandante invoca tres motivos en apoyo de sus pretensiones, basados, en primer lugar, en la violación del derecho de defensa, en segundo lugar, en la infracción del artículo 239 del CAC y, en tercer lugar, en la infracción del artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC.

A. Sobre el primer motivo, basado en la violación del derecho de defensa

1. Alegaciones de las partes

71 La demandante alega que se violó su derecho de defensa a lo largo del procedimiento administrativo. Señala, en esencia, que, aunque tuvo acceso al expediente que contiene los documentos en los que la Comisión basó la decisión impugnada, no tuvo acceso a documentos que tienen una importancia decisiva para la apreciación global que la Comisión ha hecho de la situación. Además, según la demandante, algunos documentos que pudo consultar resultaron ser incompletos. Por último, el examen del expediente no le permitió distinguir los documentos considerados confidenciales de los que no lo eran, ni discernir los criterios utilizados a tal fin.

72 En primer lugar, la demandante alega que no se le comunicaron los siguientes documentos del expediente: 1) los informes íntegros de las misiones de la UCLAF en Turquía; 2) toda la correspondencia intercambiada por la UCLAF y la Comisión con la Representación Permanente turca y con las autoridades competentes en Turquía; 3) toda la correspondencia entre la Comisión y/o la UCLAF y las autoridades aduaneras nacionales, en particular las autoridades aduaneras italianas, y 4) las actas de la reunión del Comité de Cooperación Aduanera relativas a los certificados A.TR.1 considerados irregulares o falsos en la exportación de zumos concentrados de frutas y otras mercancías originarias de Turquía.

73 En su réplica, la demandante alega, por otro lado, que no pudo recabar información sobre la misión de la UCLAF en Turquía durante el mes de octubre de 1998, a la que se refiere la Comisión en el considerando 32 de la decisión impugnada. Según la demandante, de la consulta del expediente simplemente resulta que tuvo lugar una reunión entre la UCLAF y la Representación Permanente turca los días 13 y 14 de octubre de 1998, ya que esta reunión fue evocada en un escrito de 21 de octubre de 1998 de la UCLAF. La demandante afirma que tampoco tuvo conocimiento de los escritos de la UCLAF remitidos a la Representación Permanente turca, de fechas de 1 y 9 de diciembre de 1998 y mencionados por la Comisión en su escrito de contestación a la demanda.

74 La demandante sostiene que los documentos que designa tienen una relación que no es meramente accidental, sino, al contrario, directa y muy estrecha con la cuestión de si los certificados controvertidos son verdaderamente falsos o solamente irregulares.

75 En segundo lugar, la demandante rechaza la tesis de la Comisión según la cual el hecho de que su mandatario firmara un certificado afirmando que tuvo conocimiento de todos los documentos relacionados con el asunto confirme que realmente haya tenido acceso a la totalidad de los documentos del expediente. A este respecto, la demandante subraya que dicho certificado constituye un formulario establecido de antemano y que, sin conocer la totalidad de los documentos del expediente, la parte que procede a la consulta no puede en definitiva estimarse satisfecha. Así, la demandante afirma que hasta que descubrió ese anexo no tuvo conocimiento del referido certificado, que incluye la lista de documentos REC 10/01 y que fue presentado con el escrito de contestación de la Comisión.

76 En tercer lugar, la demandante afirma que algunos documentos a los que tuvo acceso eran incompletos, y que, por tanto, no tuvo acceso a la totalidad de los documentos anexos al referido certificado. Sobre este particular, la demandante rechaza la afirmación de la Comisión según la cual pudo consultar la totalidad de los informes de misión de la UCLAF en Turquía y afirma que sólo pudo consultar documentos relativos a los informes de misión de los días 9 y 23 de diciembre de 1998, compuestos de dos o tres páginas.

77 En cuarto lugar, la demandante rechaza, en su réplica, la alegación de la Comisión según la cual, en cualquier caso, no tiene derecho al acceso a determinados documentos, entre ellos los informes de misión de la UCLAF, debido a que éstos son confidenciales. La demandante alega que no sólo dichos informes no son confidenciales, puesto que la Comisión no ha demostrado tampoco su confidencialidad, sino que además informes similares han sido puestos a disposición para ser consultados en procedimientos comparables ante el Tribunal de Primera Instancia.

78 La falta de confidencialidad de los informes de investigación se desprende de las disposiciones del Reglamento nº 1073/1999. Según la demandante, a tenor del artículo 9, apartado 2, del citado Reglamento, los informes de investigación constituyen, elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales del Estado miembro en que resulte necesaria su utilización, en los mismos términos y condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las administraciones nacionales, y lo mismo ha de ocurrir a fortiori con los procedimientos iniciados ante los órganos jurisdiccionales europeos.

79 Por último, la demandante afirma haber presentado, mediante escrito de 20 de junio de 2003, una nueva solicitud de acceso al expediente, con arreglo al artículo 255 CE, con posterioridad a la interposición del presente recurso. Sin embargo, tras la respuesta escrita de la Comisión, en fecha 10 de julio de 2003, no pudo consultar el expediente en la medida en que la Comisión indicó que esta consulta tendría por objeto únicamente documentos a los que la demandante ya había tenido acceso, en particular, entre ellos, los documentos relativos a los informes de misión de la UCLAF.

80 La Comisión rechaza en esencia las alegaciones de la demandante.

81 En primer lugar, manifiesta que la decisión impugnada se basa exclusivamente en elementos que la demandante pudo consultar, que ya figuraban en la opinión provisional de la Comisión expresada en su escrito de 25 de julio de 2002. Además, la Comisión alega que, el 6 de agosto de 2002, la demandante tuvo acceso al expediente que sirvió de base para la adopción de la decisión impugnada y que reconoció expresamente, mediante la confirmación escrita, que pudo consultar todos los documentos que presentaban una relación directa o indirecta con el expediente. La Comisión afirma que la lista de documentos a los que la demandante tuvo acceso incluye los informes de misión de la UCLAF, la abundante correspondencia de la UCLAF y de diferentes autoridades turcas así como el correo intercambiado entre la Comisión y/o la UCLAF y las autoridades aduaneras nacionales.

82 En su dúplica, la Comisión niega la afirmación de la demandante según la cual el expediente que consultó el 6 de agosto de 2002 no contenía los informes de misión de la UCLAF, sino solamente documentos relativos a los informes de misión. La Comisión sostiene que los documentos en cuestión son efectivamente los breves informes originales redactados por la UCLAF, con fecha de 9 de diciembre de 1998 (nº 8279) y de 23 de diciembre de 1998 (nº 8673), y no simples resúmenes.

83 En segundo lugar, la Comisión recuerda que no se requiere que la Comisión de, por propia iniciativa, acceso a todos los documentos contextuales que sólo presenten una eventual relación con el caso particular, sino que por el contrario corresponde al interesado, en su caso, solicitar el acceso a dichos documentos con arreglo al artículo 255 CE.

84 En el caso de autos, los documentos que la demandante no pudo consultar son documentos contextuales. Ahora bien, la Comisión subraya que la nueva solicitud de consulta del expediente presentada por la demandante el 20 de junio de 2003, es decir con posterioridad a la adopción de la decisión impugnada, y aceptada mediante escrito de 10 de julio de 2003, no puede tener incidencia desde el punto de vista jurídico. En efecto, no sólo la demandante no dio trámite a dicha solicitud, sino que, en cualquier caso, una solicitud presentada tras la conclusión de un procedimiento administrativo y durante la litispendencia de un asunto no puede, a priori, implicar una vulneración de los derechos procedimentales durante el procedimiento administrativo anterior a dicha solicitud.

85 En tercer lugar, la Comisión mantiene que, en cualquier caso, los documentos de que se trata no están amparados por el derecho de acceso al expediente debido a que son confidenciales. A este respecto, la Comisión recuerda que el derecho de acceso al expediente no comprende el acceso a documentos confidenciales, como los informes de la UCLAF o de la OLAF, la correspondencia mantenida entre la Comisión y terceros Estados y las actas de reuniones en las que participaron terceros Estados, así como la correspondencia intercambiada entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros.

86 Por otro lado, la Comisión rechaza la pertinencia de la interpretación del artículo 9, apartado 2, del Reglamento nº 1073/1999, mantenida por la demandante. Según la Comisión, esta disposición se refiere al informe final elaborado por la UCLAF con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento, mientras que el artículo 8 del Reglamento se refiere a la confidencialidad y a la protección de los datos de los documentos elaborados por la OLAF.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

87 Debe recordarse, con carácter preliminar que, el derecho a ser oído debe garantizarse en los procedimientos de condonación de derechos de importación, habida cuenta, en particular, de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión cuando adopta una decisión con arreglo a la cláusula general de equidad prevista por el artículo 239 del CAC (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de mayo de 2001, Kaufring y otros/Comisión, denominada «Televisores turcos», T‑186/97, T‑187/97, T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 y T‑147/99, Rec. p. II‑1337, apartado 152, y de 27 de febrero de 2003, Bonn Fleisch Ex- und Import/Comisión, T‑329/00, Rec. p. II‑287, apartado 45).

88 No obstante, hay que señalar asimismo que, en este ámbito, el principio de respeto del derecho de defensa tan sólo exige que el interesado tenga ocasión de dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los elementos, incluidos los documentos, que la Comisión haya tenido en cuenta contra él para basar su decisión. En consecuencia, este principio no implica que la Comisión haya de dar, por iniciativa propia, acceso a todos los documentos que tengan una eventual relación con el caso sobre el que deba pronunciarse en el marco de una solicitud de condonación. Si el interesado considera que dichos documentos son útiles para demostrar la existencia de una situación especial o la inexistencia de negligencia manifiesta o intento de fraude por su parte, debe solicitar el acceso a tales documentos conforme a las disposiciones adoptadas por las instituciones sobre la base del artículo 255 CE (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 2002, Hyper/Comisión, T‑205/99, Rec. p. II‑3141, apartado 63, y Bonn Fleisch Ex- und Import/Comisión, antes citada, apartado 46).

89 Además, debe recordarse que, por lo que respecta al procedimiento administrativo en materia de condonación de derechos de aduana, el Tribunal de Primera Instancia precisó claramente que la obligación de la demandada de permitir el acceso a todos los documentos administrativos no confidenciales referentes a la decisión impugnada presupone la existencia de una petición del interesado. A falta de dicha petición, no existe un acceso automático a los documentos que obren en poder de la Comisión (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 19 de febrero de 1998, Eyckeler & Malt/Comisión, T‑42/96, Rec. p. II‑401, apartado 81; de 17 de septiembre de 1998, Primex Produkte Import-Export y otros/Comisión, T‑50/96, Rec. p. II‑3773, apartado 64, y Bonn Fleisch Ex- und Import/Comisión, antes citada, apartado 46).

90 El motivo basado en la violación del derecho de defensa debe examinarse a la luz de estos principios.

91 En primer lugar, hay que señalar que la demandante admite expresamente en su demanda que tuvo acceso a la totalidad de los documentos que la Comisión utilizó para fundar su decisión. Sin embargo, considera que no tuvo acceso a documentos con una importancia decisiva para la apreciación global que la Comisión hizo de la situación. A este respecto, afirma que los documentos que se le presentaron en el marco del acceso al expediente son incompletos. Así, la demandante afirma que no pudo consultar las versiones íntegras de los dos informes de misión de la UCLAF de 9 y 23 de diciembre de 1998 en su integridad, sino simplemente «informes relativos a los informes de misión». De igual modo, afirma que no pudo consultar el informe de la misión comunitaria del mes de octubre de 1998, mencionado en el considerando 32 de la decisión impugnada, así como los escritos de la UCLAF de 1 y 9 de diciembre de 1998 remitidos a la Representación Permanente turca, mencionados por la Comisión en su escrito de contestación a la demanda.

92 A este respecto, debe señalarse que los documentos a los que se refiere la demandante no se mencionan expresamente en la decisión impugnada. Ello no excluye que la decisión impugnada haya podido basarse en algunos de estos documentos. Sin embargo, no puede admitirse que suceda lo mismo con toda la vasta correspondencia a la que la demandante se refiere. Por tanto, al menos algunos son documentos meramente relacionados con el contexto del asunto.

93 En particular, no cabe admitir, y ningún elemento de la decisión impugnada hace suponer, que las actas de las reuniones del Comité de Cooperación Aduanera, sobre los certificados A.TR.1 considerados irregulares o falsos en la exportación de zumos concentrados de frutas y otras mercancías originarias de Turquía, sirvieran de base a la decisión impugnada. Procede sacar la misma conclusión respecto a un dictamen del Servicio de Aduanas de Rávena de 12 de junio de 1998, mencionado por la Comisión en su escrito de contestación a la demanda, que la demandante alega que no pudo consultar.

94 En cualquier caso, cuando documentos que no han servido de base a la decisión impugnada no han sido comunicados, su eventual falta de comunicación no es pertinente, dado que de todos modos tales documentos no pueden tener incidencia sobre la decisión impugnada. Por consiguiente, el presente motivo, en la medida en que se refiere a la falta de comunicación de tales documentos, debe desestimarse por inoperante.

95 En cambio, no cabe decir lo mismo del hecho de que no se comunicaran documentos utilizados por la Comisión como base de la decisión impugnada.

96 En el marco del examen de dichos documentos, debe recordarse que, en el presente caso, la Comisión informó a la demandante, mediante escrito de 25 de julio de 2002, de su análisis provisional según el cual no se reunían los requisitos para admitir una condonación de los derechos de importación. Por tanto, consta que mediante este escrito la Comisión dio a la demandante, antes de la adopción de la decisión impugnada, la posibilidad de manifestar su posición y expresar su punto de vista acerca de los datos que justificaban, según la Comisión, la denegación de la solicitud de condonación.

97 Además, la demandante no niega esta afirmación, pero alega que el principio del respeto del derecho de defensa se violó en la medida en que se le denegó el acceso a determinados documentos en los que la Comisión había basado su decisión o, por lo menos, en la medida en que dichos documentos no estaban completos.

98 Sin embargo, procede indicar que, a raíz del escrito de la Comisión de 25 de julio de 2002, el representante de la demandante consultó el expediente relativo a la decisión impugnada en los locales de la Comisión, el 6 de agosto de 2002. En esta consulta, dicho representante firmó una declaración escrita en la que confirma expresamente haber tenido acceso a todos los documentos que tienen una relación directa e indirecta con el expediente controvertido. Además, se adjuntó a dicha declaración una lista, que enumera todos los documentos a los que el citado representante tuvo acceso.

99 Pues bien, debe señalarse que esta lista menciona los informes de misión de la UCLAF de 9 y 23 de diciembre de 1998, con los números 8279 y 8673 respectivamente. En respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión presentó dos informes con los mismos números. En la vista, la Comisión informó al Tribunal de Primera Instancia que estos informes correspondían efectivamente a los breves informes completos, por un lado, de 9 de diciembre de 1998, sobre la misión llevada a cabo del 12 al 15 de octubre de 1998 (nº 8279), y, por otro, de 23 de diciembre de 1998, sobre la misión de investigación que se realizó del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1998 (nº 8673), y que no se había redactado ningún otro informe sobre las dos misiones de la UCLAF. El Tribunal de Primera Instancia estima que la correspondencia entre los números que figuran en la primera página del informe y los números que se indicaron en la lista adjuntada a la declaración del representante de la demandante, en fecha 6 de agosto de 2002, demuestra que la demandante, contrariamente a lo que afirma, tuvo acceso a los informes de misión. Por lo que respecta a la solicitud de la demandante de tener acceso al informe de la misión comunitaria del mes de octubre de 1998, basta señalar que no existe tal informe. En efecto, por un lado, como precisó la Comisión en la vista, el informe nº 8279 es el único informe redactado por la misión realizada del 12 al 15 de octubre de 1998, y, por otro, en la decisión impugnada no se hace ninguna referencia a tal informe.

100 Además, en cuanto a los escritos de la UCLAF de 1 y 9 de diciembre de 1998 invocados por la demandante, debe señalarse, por una parte, que la lista de 6 de agosto de 2002 que enumera los documentos a los que tuvo acceso hace referencia al escrito de la UCLAF nº 8281, de fecha 9 de diciembre de 1998, remitido a la Representación Permanente turca. Por ello, hay que observar que la demandante tuvo acceso efectivamente a dicho documento. Por otro lado, en cuanto al escrito de fecha 1 de diciembre de 1998, la Comisión precisó, en el marco de una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, que dicho escrito no existía y que la referencia hecha en su escrito de contestación a la demanda a un escrito de la UCLAF de 1 de diciembre de 1998 era un error. Sobre este particular, es necesario indicar que confirma esta precisión la lista de 6 de agosto de 2002, que sólo menciona, para el 1 de diciembre de 1998, un escrito del Ministerio de Justicia turco remitido a la UCLAF.

101 En cuanto a las comunicaciones intercambiadas por la Comisión y la UCLAF con las autoridades turcas y las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros, basta señalar que ningún dato permite suponer que la Comisión basó la decisión impugnada en otros documentos diferentes de los que obran en el expediente al que la demandante tuvo acceso en la consulta de 6 de agosto de 2002.

102 La demandante no presentó ninguna solicitud de acceso a otros documentos del expediente en el procedimiento administrativo. En cuanto a la solicitud de acceso que la demandante presentó con posterioridad a la adopción de la decisión impugnada y a la interposición del presente recurso, debe señalarse que no es pertinente para apreciar una eventual vulneración del derecho de defensa de la demandante durante el procedimiento administrativo y por ello no puede tener incidencia sobre la legalidad de la citada decisión. En cualquier caso, procede señalar que la Comisión indicó a la demandante, mediante escrito de 10 de julio de 2003, que podía consultar los documentos en cuestión de conformidad con la solicitud realizada con arreglo al artículo 255 CE. Ahora bien, la demandante no hizo uso de dicha invitación.

103 Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.

B. Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 239 del CAC

104 El presente motivo se articula en cuatro partes. La primera parte se refiere a la calificación incorrecta del certificado de circulación A.TR.1 D 437214. Las partes segunda y tercera exponen respectivamente los graves incumplimientos imputados a las autoridades turcas y los imputados a la Comisión. Por último, la cuarta parte se refiere a la inexistencia de negligencia manifiesta de la demandante y a la apreciación de los riesgos comerciales.

1. 1. Sobre el certificado de circulación A.TR.1 D 437214

a) Alegaciones de las partes

105 La demandante afirma que la Comisión incurrió en un error en la parte controvertida de la decisión impugnada al incluir el certificado A.TR.1 D 437214 entre los certificados que califica de no auténticos. Según la demandante, de los documentos que obran en el expediente resulta que este certificado debió ser considerado simplemente inválido y, en consecuencia, debieron devolverse los derechos de importación relativos al mismo. Varios documentos del expediente demuestran que las autoridades turcas no clasificaron el certificado D 437214 de no auténtico. La demandante señaló este error a la Comisión mediante escrito de 17 de diciembre de 2002.

106 En primer lugar, la demandante alega que únicamente el escrito de la administración de aduanas turca (Prime Minister, Undersecretariate for Customs) de 8 de marzo de 1999, remitido a la administración de aduanas italiana, podría abogar en favor de la no autenticidad de dicho certificado. No obstante, no se especifica si éste es irregular o no autentico, sino que simplemente afirma que «no fue expedido y visado por [la] oficina de aduanas [turca]» (was not issued and endorsed by our customs office).

107 En segundo lugar, la demandante sostiene que este escrito fue, no obstante, invalidado por las autoridades turcas, en particular en el escrito de la Representación Permanente turca de 22 de abril de 1999, en el que se indica claramente que el certificado en cuestión «no [era] correcto y no [había] sido expedido con arreglo a las normas» ([was] not correct and [was] not issued according to the rules), es decir que había sido expedido indebidamente.

108 En su réplica, la demandante observa que los términos «not correct» significan claramente que el certificado en cuestión era irregular. El añadido «not issued according to the rules» sólo permite una interpretación, a saber que la autoridad aduanera turca redactó y expidió el citado certificado contraviniendo las normas sobre el origen de las mercancías en Turquía. Corrobora esta tesis la frase «se consideró que dichos documentos habían sido expedidos en el régimen de tránsito» (it has been understood that these documents had been issued for transit trade), utilizado en el mismo correo. La autoridad aduanera turca admitió, por tanto, que también expidió certificados de circulación de mercancías en régimen de tránsito, dicho de otro modo para zumos concentrados de manzana procedentes de Irán que no habían sido transformados en el marco del régimen de perfeccionamiento activo en Turquía.

109 En tercer lugar, la demandante pone de relieve que el escrito de 22 de abril de 1999 de la Representación Permanente turca menciona, con el certificado A.TR.1 D 437214, otros dos certificados de circulación de mercancías, a saber los que tienen las referencias C 982920 y C 982938. La Representación Permanente turca estimó que dichos certificados «no [eran] correctos y no habían sido expedidos con arreglo a las normas» ([were] not correct and were not issued according to the rules) sin hacer distinciones entre ellos. Ahora bien, la demandante solicitó la devolución de los derechos de importación correspondientes a ambos certificados. Las autoridades aduaneras italianas los calificaron de inválidos y están incluidos en el lote de certificados para los que la decisión impugnada concede la devolución de derechos. Por ello, la demandante afirma no ver ningún motivo para que el certificado D 437214 sea objeto, desde los puntos de vista jurídico y fáctico, de una apreciación diferente a la realizada de los certificados C 982920 y C 982938. Contrariamente a lo que afirma la Comisión, el escrito de 22 de abril de 1999 no realiza ninguna corrección expresa del escrito de 8 de marzo de 1999, en la medida en que no hace referencia a este expresamente, limitándose a mencionar comunicaciones anteriores.

110 En cuarto lugar, la demandante alega que la exactitud de su tesis queda confirmada asimismo por un escrito de 10 de agosto de 1999 de la Representación Permanente turca. En la página 3, número X, del citado escrito, se confirma de nuevo que los certificados de circulación de mercancías mencionados en el escrito de 22 de abril de 1999, incluido el certificado D 437214, fueron expedidos en régimen de tránsito para zumo de manzana no originario de Turquía. Este escrito tampoco indica que los certificados mencionados no fueran auténticos o hubieran sido falsificados. El escrito de la UCLAF a la Representación Permanente turca de 9 de diciembre de 1998 contiene la misma apreciación, dado que el escrito califica al certificado A.TR.1 D 437214 de «incorrecto» (not correct).

111 Por último, en su réplica, la demandante rebate la tesis de la Comisión según la cual el escrito de la administración de aduanas italiana de 24 de marzo de 2003 confirma la no autenticidad del certificado en cuestión. Según la demandante, las autoridades italianas sólo hacen referencia en éste al escrito de la administración de aduanas turca de 8 de marzo de 1999, sin comentar, no obstante, el escrito, igualmente adjunto, de la Representación Permanente turca de 22 de abril de 1999. Además, un escrito de 18 de mayo de 1999 del Ministerio de Hacienda italiano, que figura en anexo al expediente, se refería probablemente al escrito de la Representación Permanente turca de 22 de abril de 1999 y al certificado D 437214, indicando que se trata de un certificado irregular. Las autoridades aduaneras italianas remitieron asimismo una nueva solicitud de precisiones a la administración de aduanas turca sobre la calificación del certificado D 437214, sin que ésta haya respondido por el momento.

112 La Comisión subraya, en primer lugar, que, conforme a la normativa aplicable en el caso de autos en el marco del Acuerdo de Asociación, las autoridades turcas son las competentes para determinar si los certificados de origen turcos son auténticos o no. Sobre este particular, la Comisión recuerda que el Tribunal de Primera Instancia declaró, en su sentencia Bonn Fleisch Ex- und Import/Comisión, antes citada (apartado 77), que la Comisión podía aceptar las declaraciones de las autoridades españolas relativas a la no autenticidad de extractos de certificados de importación y que no se requería ninguna investigación adicional por su parte a ese respecto. Según la Comisión, si puede confiar en las declaraciones de las autoridades de los Estados miembros sobre la autenticidad de tales documentos, lo mismo sucede, a fortiori, con respecto a las autoridades de terceros Estados, que no están vinculados por el Tratado CE y que no están sometidos a las competencias de la Comisión en la materia.

113 A continuación, la Comisión rechaza la lectura que hace la demandante de las diferentes cartas mencionadas y alega que, en la medida en que las autoridades turcas calificaron el certificado en cuestión de falso no puede imputársele ningún error.

114 En efecto, la Comisión alega que el escrito de 8 de marzo de 1999 de la administración de aduanas turca debe entenderse en el sentido de que el certificado de que se trata fue considerado falso porque no había sido expedido por las autoridades aduaneras turcas. Ahora bien, según la Comisión, las autoridades turcas no se retractaron en ningún momento de su declaración de 8 de marzo de 1999, según la cual el certificado de circulación de mercancías en cuestión no había sido expedido por sus servicios.

115 En primer lugar, la Comisión afirma que, en su escrito de 22 de abril de 1999, la Representación Permanente turca no se retractó de la declaración anterior, que estableció que el certificado era falso, sino que solamente declaró que no era correcto y que no había sido expedido con arreglo a la normativa aplicable.

116 En segundo lugar, la falsificación del citado certificado fue confirmada por la UCLAF, mediante escrito de 6 de mayo de 1999, así como por la administración central italiana de aduanas, mediante escrito de 18 de mayo de 1999, dos comunicaciones a las que hacen referencia las autoridades aduaneras italianas en un escrito de 24 de enero de 2003 remitido a la Comisión. Se informó a la demandante de estas consideraciones mediante escrito de 18 de marzo de 2003.

117 En tercer lugar, las autoridades aduaneras italianas, en sus escritos de 7 de junio de 2002 y de 10 de septiembre de 2003, confirmaron asimismo a la Comisión que la administración de aduanas turca había concluido que el certificado había sido falsificado.

118 En cuarto lugar, la Comisión aduce que, mediante escrito de 22 de agosto de 2003 remitido a la administración de aduanas italiana, la administración de aduanas turca confirmó, una vez más su declaración de 8 de marzo de 1999 e indicó que el citado certificado había sido falsificado. Precisó en éste, además, que el inspector de la administración de aduanas turca competente en la materia había reexaminado este asunto y concluido que el citado certificado había sido falsificado.

119 Por último, la Comisión insiste en que la afirmación de la demandante según la cual la administración de aduanas turca expidió también certificados de circulación de mercancías para un comercio de tránsito carece de pertinencia. Según la Comisión, la demandante se refiere a certificados de circulación de mercancías inexactos, que no son objeto del presente procedimiento. Por otra parte, los certificados inexactos a los que la demandante se refiere no fueron expedidos por las autoridades turcas para un comercio de tránsito, sino que, por el contrario, tenían por objeto mercancías procedentes de un comercio de tránsito.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

120 Según reiterada jurisprudencia la determinación del origen de las mercancías se basa en un reparto de competencias entre las autoridades del Estado de exportación y las del Estado de importación, en el sentido de que el origen lo certifican las autoridades del Estado de exportación y el control del funcionamiento del régimen se garantiza en virtud de la cooperación entre las Administraciones interesadas. Dicho sistema se justifica por el hecho de que las autoridades del Estado de exportación están mejor situadas para verificar directamente los hechos que determinan el origen (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de mayo de 1996, Faroe Seafood y otros, C‑153/94 y C‑204/94, Rec. p. I‑2465, apartado 19).

121 El mecanismo previsto únicamente puede funcionar si la administración aduanera del Estado de importación reconoce las apreciaciones legalmente efectuadas por las autoridades del Estado de exportación (sentencia Faroe Seafood y otros, antes citada, apartado 20). El reconocimiento de tales decisiones por las administraciones aduaneras de los Estados miembros resulta necesario para que la Comunidad pueda, a su vez, exigir a las autoridades de los demás Estados vinculados a ella en el marco de regímenes de libre comercio que respeten las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros relativas al origen de los productos exportados de la Comunidad a esos Estados. (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1984, Les Rapides Savoyards, 218/83, Rec. p. 3105, apartado 27).

122 En el caso de autos, para determinar si la Comisión concluyó acertadamente que el certificado D 437214 era falso, resulta necesario examinar la correspondencia intercambiada entre ésta, las autoridades aduaneras italianas y las autoridades competentes turcas. A ese respecto, hay que señalar que la Comisión se basó esencialmente en el escrito de las autoridades turcas de 8 de marzo de 1999, remitido al Servicio de Aduanas de Rávena, para la parte de la decisión impugnada relativa a los certificados falsificados.

123 Pues bien, este escrito contiene en anexo la lista de los 32 certificados que las autoridades turcas consideran falsificaciones, entre ellos el certificado D 437214. Sobre este particular, debe indicarse que los términos utilizados por las autoridades turcas en esta misiva, a saber «los certificados enumerados en anexo no son correctos y no han sido ni expedidos ni visados por nuestra oficina de aduanas» (the certificates that have been listed in annex are not correct and were not issued and endorsed by our customs office), indica claramente que habían concluido que los certificados enumerados habían sido falsificados.

124 No obstante, procede señalar que una comparación entre el tenor del escrito de 8 de marzo de 1999 y el tenor de las comunicaciones subsiguientes de las autoridades turcas revela ambigüedades en lo que se refiere a la calificación del certificado D 437214. Así, el escrito de la Representación Permanente turca a la UCLAF de 22 de abril de 1999, redactado en inglés, hace referencia a seis certificados, entre ellos el certificado en cuestión, calificándolos de «incorrectos y no expedidos con arreglo a las normas de origen» (not correct and […] not issued according to the rules). Según este mismo escrito, estos seis certificados fueron emitidos para un comercio de tránsito.

125 Por ello, se muestra que la diferencia entre las declaraciones expuestas en el escrito de 8 de marzo de 1999 y en las de 22 de abril de 1999 resulta de la interpretación que deba darse a la expresión «not correct […] and not issued according to the rules». Incluso si la formulación «not correct», utilizada en los escritos de la UCLAF de 9 de diciembre de 1998, no resuelve la cuestión de una eventual falsificación, no es menos cierto que pudo interpretarse que esta expresión significa que los certificados en cuestión no eran falsos.

126 Habida cuenta de las ambigüedades señaladas, el carácter de falsificado o simplemente irregular del certificado D 437214 no podía deducirse con certeza de los datos de que disponía la Comisión antes de la adopción de la decisión impugnada. Las alegaciones de la Comisión que se basan en el contenido de los escritos de las autoridades italianas de fecha 24 de enero de 2003 y de 7 de junio de 2002 no desvirtúan esta conclusión.

127 En primer lugar, el escrito de 24 de enero de 2003 hace referencia a dos correos, a saber un escrito de la UCLAF de 6 de mayo de 1999 y un escrito de la Dirección Central de Aduanas de Roma de 18 de mayo de 1999. Ahora bien, debe señalarse que ambos se basan en las consideraciones contenidas en el escrito de las autoridades turcas de 22 de abril de 1999. A continuación, respecto al escrito de 7 de junio de 2002, se pone de manifiesto que éste se limita a enumerar los certificados considerados falsificados, basándose en particular en el escrito de las autoridades turcas de 8 de marzo de 1999, sin añadir ningún dato nuevo a éstos. Ahora bien, la demandante notificó a la Comisión, mediante escrito de 12 de noviembre de 2001, que del escrito de la Representación Permanente turca de 22 de abril de 1999 se desprendía que el certificado D 437214 debía calificarse de incorrecto, y no de falsificado.

128 De todo lo anterior resulta que, habida cuenta de las diferencias señaladas, la Comisión no pudo concluir válidamente que el certificado D 437214 era falso antes de la adopción de la decisión impugnada.

129 No obstante, hay que señalar que, a raíz de la solicitud presentada por la demandante en un correo de 17 de diciembre de 2002, es decir con posterioridad a la adopción del acto impugnado, la Comisión preguntó, una vez más, a las autoridades italianas sobre la calificación del certificado en cuestión. Éstas estimaron necesario solicitar aclaraciones adicionales a las autoridades turcas. Mediante escrito de 22 de agosto de 2003, las autoridades turcas no sólo confirmaron las conclusiones contenidas en su escrito de 8 de marzo de 1999, sino que además indicaron que su inspector de aduanas había concluido que se trataba de una falsificación, disipando así todas las dudas sobre el carácter falsificado del certificado D 437214.

130 Por consiguiente, procede considerar que únicamente a partir de la confirmación contenida en dicha última comunicación permitieron los datos que obran en el expediente afirmar con certeza a la Comisión que el certificado en cuestión era falso. Por tanto, habida cuenta de los datos mencionados anteriormente, la Comisión no podía denegar válidamente la devolución de los derechos de aduana relativos a las mercancías amparadas por el certificado D 437214 en el momento de la adopción de la decisión impugnada, sino que debió limitarse, a la vista de los citados datos, a suspender la referida devolución.

131 De todos modos, esta consideración no basta sin embargo, por sí sola, para provocar la anulación de la decisión impugnada.

132 En efecto, un demandante no tiene ningún interés legítimo en la anulación de una decisión por vicio de forma, si la anulación de ésta sólo puede dar lugar a que se adopte una nueva decisión idéntica, en cuanto al fondo, a la decisión anulada [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Audi/OAMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, apartados 97 y 98, y la jurisprudencia allí citada]. Ahora bien, en el caso de autos, del apartado 129 anterior resulta que el certificado D 437214 debe calificarse de falso.

133 Por ello, procede considerar que la demandante no tiene ningún interés legítimo en la anulación parcial de la decisión impugnada, en cuanto ésta sólo puede dar lugar a una nueva decisión idéntica en cuanto al fondo. Por tanto, la presente parte del segundo motivo debe ser rechazada por inoperante.

2. Sobre los incumplimientos imputables a las autoridades turcas

134 En esencia, la demandante alega que las autoridades turcas incumplieron gravemente las obligaciones que les incumben en virtud del Acuerdo de Asociación y de sus disposiciones complementarias. En efecto, no sólo ocultaron la verdad calificando los 32 certificados controvertidos de falsos, sino que además adoptaron sistemáticamente conductas ilícitas expidiendo certificados de circulación para mercancías no originarias de Turquía. Según la demandante, se infringió el régimen preferencial previsto por el Acuerdo de Asociación con el fin de exportar a la Unión Europea, a tipos preferenciales, grandes cantidades de mercancías originarias de terceros países presentándolos como productos turcos gracias a la elaboración de certificados de circulación de mercancías. Esta política se evidencia por el ritmo muy elevado al que crecieron las importaciones y las exportaciones turcas entre 1993 y 1996. En el presente caso, los certificados controvertidos son documentos auténticos, que fueron registrados y expedidos por la Oficina de Aduanas de Mersin (Turquía).

135 La Comisión rechaza en esencia las alegaciones de la demandante y alega que todo el recurso se basa en la afirmación de que los 32 certificados controvertidos no son falsificaciones, sino que por el contrario fueron expedidos por las autoridades aduaneras turcas de Mersin, que realizaron afirmaciones falsas al respecto. No obstante, según la Comisión, la demandante no aporta la más mínima prueba en apoyo de esta tesis, refutada por otro lado por las declaraciones claras y precisas de las autoridades turcas.

a) Sobre los modelos de sellos y firmas

Alegaciones de las partes

136 En primer lugar, la demandante alega que los sellos y firmas estampados en los certificados controvertidos demuestran que probablemente fueron expedidos y autentificados por las autoridades turcas.

137 Según la demandante, la administración central de aduanas turca confirmó haber enviado a la Comisión los modelos de los sellos, que fueron transmitidos a todas las autoridades aduaneras nacionales de la Comunidad antes de 1995. En apoyo de esta afirmación, la demandante aduce que el Ministerio de Hacienda italiano le permitió hacer fotocopias de cinco documentos, de los que también dispone la Comisión, que demuestran que las autoridades turcas habían transmitido a las autoridades italianas y a la Comisión las copias de los referidos modelos.

138 Ahora bien, las autoridades aduaneras italianas, que disponían, por ello, de copias de los sellos originales, procedieron a comparaciones con los sellos y firmas estampados en los certificados controvertidos y sin embargo los aceptaron. Además, las copias de los certificados controvertidos, considerados no auténticos o falsificados, no se distinguen de otros certificados calificados de regulares. Por otro lado, los sellos utilizados en los certificados, o por lo menos en las copias, están en parte mal impresos y apenas son legibles. Ahora bien, los aduaneros de Mersin confirmaron a la demandante que los sellos que utilizaban apenas eran legibles.

139 En segundo lugar, la demandante afirma que la obligación, de las autoridades turcas, de comunicar a la Comisión los modelos de los sellos y firmas utilizados por sus oficinas de aduanas para visar los certificados de transporte de mercancías se deriva tanto del régimen preferencial establecido con la República de Turquía como del artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAC. Contrariamente a lo que estima la Comisión, el artículo 4 de la Decisión nº 1/96 se remite al artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAC y lo adapta en la medida en que los términos «modelo A» que recoge deben sustituirse por los términos «A.TR.1». Por ello, no es necesario incluir expresamente la obligación de comunicar los modelos en las decisiones del Consejo de Asociación. A su juicio, la Comisión afirma erróneamente que, respecto a las normas de origen, la remisión al Acuerdo de Asociación y a las disposiciones pertinentes del Consejo de Asociación realizado por el artículo 27, letra a), y el artículo 20, apartado 3, letra d), del CAC excluye la obligación de transmitir los citados modelos.

140 Además, la obligación de comunicar los modelos es válida no solo para los certificados expedidos según el procedimiento simplificado previsto en el artículo 12, apartado 5, de la Decisión nº 1/96, sino que también se exige de manera general y constituye la base del control de la autenticidad y de la regularidad de los referidos certificados. Esta obligación se deriva también del artículo 26 de la Decisión nº 1/95 en cuanto tiene por objeto la mejora progresiva del régimen preferencial para los intercambios de productos agrícolas.

141 Con respecto a la alegación de la Comisión según la cual la República de Turquía no es miembro de la Comunidad y que, por tanto, forma parte de su poder soberano imponer o no tal obligación de comunicación, la demandante aduce que hay otros Estados soberanos con los que se ha acordado la comunicación de sellos y firmas en el marco de la cooperación entre administraciones. A modo de ejemplo, la demandante hace referencia al Acuerdo Euromediterráneo celebrado con el Estado de Israel el 21 de junio de 2000 (DO L 147, p. 1).

142 Por último, la demandante subraya que, si, en el marco de los certificados emitidos en aplicación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, existe la obligación de comunicar a la Comisión los sellos y firmas de la autoridad aduanera nacional incluso en el interior de la Unión Europea, con su unión aduanera y un mercado agrícola único, debía, a fortiori, suceder lo mismo, en virtud de las disposiciones antes citadas, en las relaciones entre la Comunidad y la República de Turquía.

143 La Comisión afirma, en primer lugar, que las autoridades turcas no estaban obligadas a comunicarle los modelos de sellos y firmas utilizados por sus oficinas de aduanas. Según la Comisión, el artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAC no es aplicable en el presente caso, en la medida en que, por un lado, sólo se refiere a los formularios APR y a los certificados de origen «modelo A», que no están relacionados con la importación de mercancías originarias de países en vías de desarrollo y, por otro, el artículo 20 del CAC no lo declara aplicable, por analogía, en el marco del Acuerdo de Asociación.

144 A continuación, la Comisión sostiene que el artículo 28, apartado 4, del Reglamento nº 3719/88, tal como se interpreta en la sentencia Bonn Fleisch Ex- und Import/Comisión, antes citada, tampoco impone tal obligación de comunicación, porque el artículo 1 del citado Reglamento limita su ámbito de aplicación. En efecto, no se mencionan en éste la Unión Aduanera y/o el Acuerdo de Asociación, mientras que las decisiones del Consejo de Asociación y/o los reglamentos de la Comunidad que los aprueban no declaran que el Reglamento nº 3719/88 sea aplicable por analogía en este contexto.

145 Por otro lado, la Comisión estima que la analogía con el acuerdo mediterráneo que vincula a la Unión Europea y al Estado de Israel no permite concluir la aplicabilidad del artículo 93 del Reglamento de aplicación del CAC. Se opone a ello el tenor expreso del Acuerdo de Asociación y de las decisiones del Consejo de Asociación.

146 Además, la Comisión estima que la demandante no tiene en cuenta que, en virtud del régimen previsto por el Acuerdo de Asociación, el control y la certificación eventual del carácter no auténtico de los certificados de circulación de las mercancías A.TR.1 corresponde a las autoridades turcas competentes y no a las instituciones de la Comunidad. Pues bien, según la Comisión, las autoridades turcas declararon claramente en varias ocasiones, en particular en el escrito de 8 de marzo de 1999 mencionado anteriormente, que los 32 certificados controvertidos no eran auténticos, ya que habían sido falsificados. Por consiguiente, las conjeturas de la demandante relativas a la autenticidad de los certificados controvertidos carecen de pertinencia.

147 Por último, en cuanto a las afirmaciones de la demandante según las cuales las impresiones de los sellos son poco leíbles o que éstos son vetustos, la Comisión alega que, en la medida en que la demandante se refiere a copias, ello no significa necesariamente que los sellos utilizados por las autoridades turcas en el original fueran vetustas o ilegibles. Por otra parte, la antigüedad de los sellos y la legibilidad de su impresión no indica en absoluto que los certificados en cuestión hayan sido elaborados por las autoridades turcas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

– Observaciones preliminares

148 Como observación previa, debe señalarse que, de reiterada jurisprudencia se desprende que para determinar si las autoridades de países terceros o la Comisión han cometido incumplimientos constitutivos de una situación especial en el sentido del artículo 239 del CAC, es necesario examinar en cada caso la naturaleza real de las obligaciones que la normativa aplicable haya impuesto a dichas autoridades y a la Comisión (sentencia Hyper/Comisión, antes citada, apartado 117).

149 A ese respecto, es preciso indicar que la alegación de la demandante se basa esencialmente en la tesis según la cual las autoridades turcas expidieron y visaron efectivamente los certificados controvertidos. Los diversos incumplimientos reprochados por la demandante a las autoridades turcas constituyen, a su juicio, indicios de lo acertado de su tesis. Así, la demandante alega que la situación especial respecto a ella resulta del conjunto de circunstancias del caso de autos, en particular de las relativas a los incumplimientos que imputa a las autoridades turcas.

– En cuanto al fondo

150 Con respecto a los incumplimientos relativos a los sellos y firmas imputados a las autoridades turcas, debe indicarse que las alegaciones de la demandante basadas en el supuesto carácter original de los sellos y firmas estampados en los certificados controvertidos carecen de pertinencia. En efecto, la comprobación del carácter original o falsificado de los documentos emitidos por las autoridades es de su exclusiva competencia, como se ha recordado en los apartados 120 y 121 supra. Ahora bien en el presente caso, las autoridades turcas concluyeron que los certificados controvertidos habían sido falsificados. Por ello, aun en el caso de que se admitiese que los sellos originales de los que disponían las autoridades aduaneras de Mersin eran apenas legibles, el hecho de que los sellos estampados en los certificados controvertidos también sean poco legibles carece de pertinencia. Una conclusión idéntica se impone respecto a las alegaciones de la demandante que mencionan la similitud entre las copias de los certificados controvertidos en su posesión y de los certificados no falsificados.

151 Por último, procede asimismo rechazar la alegación de la demandante según la cual el hecho de que las autoridades aduaneras italianas comparasen los modelos de sellos de los que disponían con los certificados controvertidos antes de aceptarlos permitía concluir su autenticidad. En efecto, de reiterada jurisprudencia resulta que el sujeto pasivo no puede basar su confianza legítima en cuanto a la validez de los certificados en el hecho de su aceptación inicial por las autoridades aduaneras de un Estado miembro, habida cuenta de que la misión de tales servicios en el marco de la primera aceptación de las declaraciones no supone obstáculo alguno para el ejercicio de controles ulteriores (véase la sentencia Faroe Seafood y otros, antes citada, apartado 93, y la jurisprudencia allí citada).

152 Por tanto, las alegaciones de la demandante a ese respecto, no le permiten demostrar la existencia de justificaciones que puedan constituir una situación especial, de modo que deben desestimarse.

b) Sobre el registro de los certificados por las autoridades turcas

Alegaciones de las partes

153 La demandante alega que la autenticidad de los certificados controvertidos se confirma por el hecho de que fueron oficialmente registrados. Sobre este particular, la demandante afirma que la Oficina Aduanera de Mersin posee un registro que contiene los números de registro de los 32 certificados controvertidos. En apoyo de esta afirmación, la demandante sostiene que sus mandatarios vieron dichos registros en la aduana de Mersin y solicitaron a un funcionario turco de ésta que les facilitase una copia. Éste, aunque inicialmente estaba dispuesto a acceder a la solicitud, se negó más tarde tras haber sufrido amenazas.

154 En cuanto a la obligación de las autoridades turcas de inscribir los números de los certificados A.TR.1 en los registros aduaneros, la demandante rechaza la alegación de la Comisión según la cual ninguna decisión del Consejo de Asociación lo exige. Según la demandante, tal inscripción constituye una cuestión interna del ordenamiento jurídico turco. Dicha inscripción es tan evidente que no requiere ninguna decisión del Consejo de Asociación.

155 De todos modos, una buena asistencia mutua exige no sólo el registro de los certificados A.TR.1, sino igualmente su archivo en Turquía. Sobre este particular, la demandante se refiere al artículo 7, apartado 2, del anexo 7 de la Decisión nº 1/95, a tenor del cual las solicitudes de asistencia se atienden conforme a la legislación de la Parte contratante requerida. Esta disposición obliga también a las autoridades aduaneras turcas a registrar los certificados que expiden recogiendo por lo menos los datos antes mencionados en la casilla 12 de los A.TR.1. El registro de los certificados, a falta del cual sería completamente imposible facilitar información sobre su autenticidad y regularidad, constituye la base determinante de una cooperación entre las administraciones turca y comunitaria por lo que respecta a los regímenes preferenciales.

156 Además, según la demandante, el artículo 8, apartado 1, de la Decisión nº 1/96 establece que el certificado de circulación de mercancías A.TR.1 será visado por las autoridades aduaneras del Estado de exportación. El anexo II, número II, apartado 12, de la Decisión nº 1/96 dispone que la casilla 12 sería rellenada por la autoridad competente. En el presente caso, la casilla 12 de cada uno de los 32 A.TR.1 controvertidos incluye no sólo un sello acompañado de una firma, sino también un número de registro especial en una fecha precisa, que debe inscribirse en un registro de la autoridad aduanera competente.

157 Por último, la demandante alega que un examen de los 32 certificados controvertidos muestra que corresponden a los modelos legales en vigor (artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, y anexo 1 de la Decisión nº 1/96). En el presente caso, hacen alusión, en su margen inferior izquierdo, a una imprenta autorizada e incluyen el nombre, la dirección y una marca distintiva de ésta, así como un número de serie que permite identificarles. En lo que se refiere a la alegación de la Comisión según la cual los falsificadores pudieron seguir de cerca los números de certificados originales, la demandante afirma que se trata de una mera especulación.

158 La Comisión observa, con carácter preliminar, que ni el Acuerdo de Asociación ni las decisiones del Consejo de Asociación prevén que se lleven registros en los que estén inscritos los certificados de aduanas.

159 Además, aun si se admitiese que tales registros existen, cabría imaginar que las autoridades aduaneras turcas habrían expedido a la demandante 32 certificados A.TR.1 para otros lotes distintos de las entregas controvertidas. Por tanto, sería posible que los falsificadores hubieran hecho copias de 32 certificados auténticos que no se referían a las entregas controvertidas hechas a la demandante con el fin de utilizarlas, posteriormente, para éstas.

160 Por último, la Comisión aduce que la afirmación de la demandante según la cual los certificados falsificados corresponden a los modelos legales carece de pertinencia, porque éstos son de conocimiento público. Respecto a la afirmación de que los certificados controvertidos incluían igualmente el nombre, la dirección, las características y el número de serie de la imprenta autorizada en Turquía, la Comisión alega que sólo algunos de los 32 certificados controvertidos contienen tales menciones y que es difícil determinar claramente si dichas menciones impresas recogen efectivamente las características de las imprentas o si se trata solamente de denominaciones ficticias. A ese respecto, la Comisión observa que, aun suponiendo que se trate de designaciones de imprentas autorizadas, cabe suponer, no obstante, que un número suficientemente elevado de certificados auténticos procedentes de imprentas autorizadas estén en circulación, lo que habría permitido a un falsificador conseguir un ejemplar o una copia con el fin de fabricar una falsificación.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

161 Por lo que respecta al registro de los certificados por las autoridades turcas, debe señalarse que ni el Acuerdo de Asociación ni sus disposiciones de aplicación prevén expresamente que se lleven tales registros. De todos modos, el anexo II, número II, apartado 12, de la Decisión nº 1/96 prevé la inscripción, en la casilla 12 de los certificados A.TR.1, del número del documento. Además, el artículo 13 de esta misma decisión prevé que en caso de fraccionamiento de los certificados, la casilla 12 del extracto mencionará, en particular, el número de registro del certificado inicial. Por tanto, es posible que los certificados A.TR.1 estén registrados por las autoridades que los expiden, a pesar de que la demandante no aporte ninguna prueba que demuestre la existencia de dichos registros.

162 No obstante, es preciso indicar que, aun cuando se admitiese que los números que figuran en la casilla 12 de los certificados controvertidos figuren en los registros de las oficinas de aduanas turcas, ello no implica que se trate de certificados auténticos. En efecto, como observa acertadamente la Comisión, los falsificadores tienen todo el interés en utilizar para los certificados falsificados un número de registro que corresponda a un certificado regular.

163 Ahora bien, la demandante no presenta ninguna prueba que permita acreditar que los números consignados en dichos registros correspondan a los certificados controvertidos. Se limita a afirmar que sus representantes comprobaron que tales registros existían y ofrece recurrir a su testimonio.

164 De ello se deduce que las alegaciones de la demandante carecen de pertinencia, de modo que procede desestimarlas.

c) Sobre la ayuda de las autoridades aduaneras turcas

Alegaciones de las partes

165 La demandante alega que habría sido imposible obtener el certificado A.TR.1 que acompaña a las mercancías de que se trata sin la ayuda de las autoridades aduaneras turcas. En efecto, la legislación pertinente ha previsto ampliamente el riesgo de utilización abusiva de los certificados A.TR.1, que no sólo son visados por las autoridades aduaneras del Estado de exportación, con registro concomitante, sino que son también objeto de un control de las mercancías a las que se refieren para garantizar que éstas se exporten realmente. Los certificados A.TR.1 están a disposición del exportador en cuanto se realiza la exportación, y sólo con carácter excepcional puede visarse un certificado después de la exportación (véase el artículo 8, apartado 1, de la Decisión nº 1/96 así como el artículo 4, apartado 1, de la Decisión nº 5/72). Estas disposiciones garantizan que la autoridad aduanera competente tenga todavía la ocasión, cuando el certificado A.TR.1 se pone a disposición del exportador, de verificar si éste corresponde al origen de las mercancías.

166 La Comisión replica que las alegaciones de la demandante sobre la ayuda de las autoridades turcas en la expedición de los certificados controvertidos carece de pertinencia. La Comisión subraya que no se discute que la normativa legal debe excluir la presentación de certificados A.TR.1 de productos que no sean de origen turco. En el caso de autos, la presentación de certificados A.TR.1 para las exportaciones controvertidas no indica que haya existido colusión con las autoridades aduaneras turcas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

167 Respecto a la alegación relativa a la ayuda de las autoridades turcas, basta recordar que los certificados controvertidos resultaron ser falsificaciones. Ahora bien, la presentación de documentos que resulten falsos no permite, por sí sola, concluir la existencia de colusión entre los exportadores y las autoridades aduaneras que los expiden.

168 Por ello, esta alegación carece de todo fundamento y debe, por consiguiente, desestimarse.

d) Sobre la infracción de las normas en materia de asistencia administrativa

Alegaciones de las partes

169 La demandante alega, en primer lugar, que las autoridades aduaneras turcas están sujetas a un deber de asistencia administrativa en virtud de las disposiciones de aplicación del Acuerdo de Asociación. La demandante invoca, a este respecto, el artículo 15 de la Decisión nº 1/96 y el artículo 26 y el anexo 7 de la Decisión nº 1/95. Respecto a la alegación de la Comisión según la cual las Decisiones nos 1/95 y 1/96 sólo se aplican a partir del 31 de diciembre de 1995, la demandante afirma, por un lado, que el régimen de asistencia administrativa se aplica ya con arreglo a las decisiones anteriores y, por otro, que las Decisiones n°s 1/95 y 1/96 establecen, a este respecto, un derecho formal que se aplica también al pasado.

170 Ahora bien, en el caso de autos, las autoridades aduaneras turcas incumplieron la obligación de prestar una ayuda rápida y eficaz a la investigación sobre los certificados de circulación y, en particular, su obligación de comunicar rápidamente información exacta en cuanto a la autenticidad de los certificados controvertidos. Dichos incumplimientos justifican que se considere muy probable que participasen en su elaboración.

171 A continuació