1.

Situemos el presente asunto que se somete al Tribunal de Justicia por vía prejudicial. Nos encontramos en Irlanda del Norte. Disturbios de excepcional gravedad amenazan el orden público y la seguridad de las personas. Esta situación es reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, por medio de sentencia de 18 de enero de 1978, sitúa el punto de partida de la misma en 1970 y evoca «la más larga y violenta campaña de terrorismo jamás conocida en las dos partes de Irlanda». Nadie se imagina que dicho período haya pasado. En estas circunstancias, el papel de las fuerzas del orden es esencial y, sobre todo, el de la policía. Como lo precisa el informe para la vista, al que nos remitimos expresamente para la exposición de los hechos y del procedimiento así como para el enunciado de las cuestiones prejudiciales, la Royal Ulster Constabulary (RUC) está bajo la autoridad del Chief Constable, que, además, puede nombrar agentes auxiliares, a tiempo completo o a tiempo parcial, que constituyen la Royal Ulster Constabulary Reserve (RUCR). Al igual que en Inglaterra y en el País de Gales, los textos legales que rigen la organización de la RUC y de la RUCR no hacen distinción alguna entre hombres y mujeres por lo que se refiere a las actividades ejercidas. Así pues, desde 1973, se han reclutado mujeres en la RUCR a tiempo parcial y, a partir de 1974, a tiempo completo, sobre la base de un contrato de tres años prorrogables, para prestar servicios en lo que se ha convenido en llamar la RUC Full-time Reserve. A la Sra. Johnston, demandante en el pleito principal, que había sido contratada inicialmente a tiempo parcial y en 1974 a tiempo completo, se le prorrogó el contrato en 1977. Mientras que en el Reino Unido las fuerzas de policía, generalmente, no van armadas, la especial situación de Irlanda del Norte indujo a las autoridades competentes a dotarlas de armas de fuego en el ejercicio normal de sus funciones. Esta modificación sólo afectó a policías del sexo masculino por las siguientes razones: evitar los riesgos de atentado de los que podrían ser víctimas las mujeres y que podrían permitir a sus autores apoderarse de sus armas; preservar su eficacia en el terreno social; mantener, en lo que les concierne, el ideal de una policía no armada. Esta decisión tuvo como corolario la de no adiestrar a las mujeres en el. manejo de armas de fuego. En 1980, el Chief Constable franqueó una etapa suplementaria. Ante la necesidad de afectar miembros de la RUC Full-time Reserve, principalmente, a misiones de seguridad que implicaban el uso de armas de fuego, decidió no renovar los contratos a tiempo completo, a su expiración, correspondientes a los agentes auxiliares de sexo femenino cada vez que sus tareas pudiesen ser llevadas a cabo por sus homólogos de la RUC. De esta manera, el contrato de la Sra. Johnston, como el de la casi totalidad de sus colegas femeninos, no fue renovado en 1980. Nadie objeta que esta medida, ajena al modo en que la interesada ejercía sus funciones, se adoptó, únicamente, en razón de su sexo. Ésta, por consiguiente, alegó ante el juez nacional que era víctima de una discriminación contraria a lo establecido en la Directiva n° 76/207 del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70).