Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

1. Actos de las instituciones - Decisión individual - Notificación - Concepto

2. Competencia - Procedimiento administrativo - Solicitud de información - Facultades de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 11 y 14)

3. Derecho comunitario - Principios - Derecho de defensa - Respeto del mismo en el marco de los procedimientos administrativos - Competencia - Decisión de solicitud de información dirigida a una empresa - Derecho a negarse a dar una respuesta que suponga el reconocimiento de una infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11)

Índice

1. Una decisión ha sido notificada debidamente cuando haya sido comunicada a su destinatario y éste haya podido tener conocimiento de la misma.

Por esta razón, una sociedad a la que se le haya notificado una decisión de solicitud de información, con arreglo al apartado 5 del artículo 11 del Reglamento nº 17, no puede basarse, para impugnar la legalidad de dicha decisión, en que la previa solicitud de información prevista por el apartado 1 de ese mismo artículo haya sido dirigida a su filial, ya que tuvo un conocimiento completo de la misma, como lo demuestra el hecho de que, a lo largo del procedimiento tramitado por la Comisión, ambas sociedades, que tienen su domicilio social en la misma dirección, respondieron indistintamente a las solicitudes que la Comisión formulaba unas veces a una y otras veces a la otra, sin plantear en ningún momento el problema derivado de la existencia de dos personas jurídicas diferentes.

2. Los artículo 11 y 14 del Reglamento nº 17 establecen dos procedimientos dotados cada uno de ellos de autonomía. El hecho de que ya haya tenido lugar una verificación con arreglo al artículo 14 no puede menoscabar en modo alguno las facultades de investigación de que la Comisión dispone con arreglo al artículo 11. Ninguna consideración de carácter procedimental inherente al Reglamento nº 17 impide que la Comisión exija, en el marco de una solicitud de información, la presentación de documentos de los que no haya podido obtener copia o extracto con ocasión de una verificación anterior.

Corresponde a la Comisión determinar si una información es necesaria para poder descubrir una infracción de las normas sobre competencia. Aunque disponga ya de indicios o incluso de elementos probatorios sobre la existencia de una infracción, la Comisión puede legítimamente considerar necesario solicitar información adicional que le permita delimitar la duración de la misma y el círculo de las empresas implicadas.

3. El respeto del derecho de defensa, en tanto que principio de carácter fundamental, no sólo debe garantizarse en los procedimientos administrativos que pueden dar lugar a una sanción, sino también en los procedimientos de investigación previa, tales como las verificaciones contempladas en el artículo 11 del Reglamento nº 17, que pueden tener un carácter determinante para la constitución de pruebas del carácter ilegal de conductas de las empresas susceptibles de generar la responsabilidad de éstas.

Por consiguiente, aunque en el marco de una solicitud de información y en aplicación del artículo 11 del Reglamento nº 17 la Comisión tenga la potestad de obligar a la empresa a que facilite toda la información necesaria relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento y a que le presente, si fuere preciso, los documentos correspondientes que obren en su poder, incluso si los mismos pueden servir para probar contra ella o contra cualquier otra empresa la existencia de una conducta contraria a la competencia, la referida institución no puede, mediante una decisión de solicitud de información, vulnerar el derecho de defensa reconocido a la empresa.

Así pues, y aunque en el ámbito de las infracciones de naturaleza económica, concretamente en materia de Derecho de la competencia, no se puede afirmar que exista el derecho de las empresas a no declarar contra sí mismas, ya sea en virtud de un principio común a los Derechos de los Estados miembros, ya en virtud de los derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales o por el Pacto internacional de Derechos civiles y políticos, la Comisión no puede imponer a la empresa la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la existencia de una infracción cuya prueba incumbe a la Comisión.