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1. Acuerdos internacionales — Acuerdos de la Comunidad — Efecto directo

(Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía, arts. 2, ap. 1, 3, ap. 1, y 6)

2. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad

(Arts. 226 CE y 288 CE, párr. 2)

3. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Relación de causalidad — Incumplimiento de uno de los requisitos

(Art. 288 CE, párr. 2)

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1. Una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con países terceros debe considerarse directamente aplicable cuando contiene, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del acuerdo, una obligación clara y precisa, cuya ejecución y cuyos efectos no se subordinan a la adopción de acto ulterior alguno.

Éste no es el caso del artículo 2, apartado 1, del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía que describe en términos generales el objeto de dicho Acuerdo. En efecto, esta disposición tiene carácter programático. No es suficientemente precisa e incondicional y para su ejecución o para producir efectos requiere necesariamente la adopción de actos ulteriores, por lo que no puede regular directamente la situación de un operador económico. Lo mismo cabe decir del artículo 3, apartado 1, de este mismo Acuerdo, cuyo párrafo primero señala en términos generales el objeto de la fase preparatoria de dicha asociación y cuyo párrafo segundo se remite a los Protocolos anexos para la definición de las modalidades de dicha fase. También cabe decir lo mismo del artículo 6 del referido Acuerdo: se trata de una disposición de carácter institucional por la que se crea un consejo de asociación.

(véanse los apartados 39 y 42 a 44)

2. En lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, no puede considerarse que ésta sea culpable de que la ayuda económica concedida a Turquía fuera supuestamente insuficiente, dado que tal insuficiencia era debida a la oposición de un Estado miembro. Aun suponiendo que pueda considerarse que esta oposición constituye un incumplimiento de tal Estado miembro de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, la Comisión no está obligada, con arreglo al artículo 226 CE, a iniciar un procedimiento por incumplimiento. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión no haya incoado tal procedimiento no constituye, en ningún caso, una ilegalidad, de manera que no puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad.

(véanse los apartados 50 y 51)

3. Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, a efectos del artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran un conjunto de requisitos, en concreto, la ilegalidad de la actuación imputada a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio alegado. En el supuesto de que no se cumpla alguno de estos requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos de la citada responsabilidad.

(véanse los apartados 34 y 62)
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La OAMI reconoce que es posible que algunos recipientes que se ofrecen en el mercado tengan una forma diferente de la del signo cuyo registro se solicita. Estima, sin embargo, que ello no significa, en absoluto, que dicho signo tenga un carácter distintivo intrínseco. Según la OAMI, la forma escogida ha de presentar características específicas que llamen la atención del consumidor, lo que implica que debe diferenciarse claramente de las formas usuales. Por otra parte, el hecho de que un recipiente para productos de limpieza se sostenga de pié no constituye una característica específica que llame la atención del consumidor; al contrario, afirma que se trata de un tipo de presentación relativamente extendido, por ejemplo, entre los tubos de dentífrico. En el presente caso, la OAMI alega que el consumidor no puede deducir del tipo de presentación elegido para los productos de limpieza que se trata de una indicación del origen comercial de los productos. La OAMI afirma, por consiguiente, que incluso la combinación de los elementos del recipiente no puede inducir al consumidor a percibir la forma cuyo registro se solicita como algo más que un mero envase; en definitiva, el consumidor no percibirá el origen comercial de los productos.
Las actuaciones del tribunal de un concurso comprenden, en general, al menos dos fases distintas, a saber, en primer lugar, el examen de las candidaturas para seleccionar los candidatos admitidos al concurso y, en segundo lugar, el examen de las aptitudes de los candidatos para los puestos de trabajo que se han de proveer, con objeto de elaborar una lista de aptitud. La segunda fase de las actuaciones del tribunal de un concurso es ante todo de naturaleza comparativa y, por este motivo, está amparada por el secreto inherente a dichas actuaciones. Estas apreciaciones comparativas que realiza el tribunal se reflejan en las puntuaciones que atribuye a los candidatos y éstas son la expresión de los juicios de valor hechos sobre cada uno de ellos. Por consiguiente, habida cuenta del secreto que debe presidir los trabajos del tribunal, la comunicación de las puntuaciones obtenidas por cada candidato en las distintas pruebas constituye una motivación suficiente de las decisiones del tribunal. Tal motivación no lesiona los derechos de los candidatos en la medida en que les permite conocer el juicio de valor realizado acerca de sus prestaciones y les permite comprobar, en su caso, que efectivamente no han obtenido el número de puntos exigido por la convocatoria del concurso para ser admitidos a determinadas pruebas o a la totalidad de las pruebas.

Los criterios de corrección adoptados por el tribunal de un concurso antes de las pruebas forman parte de las apreciaciones comparativas que efectúa el tribunal acerca de los respectivos méritos de los candidatos. En el caso de una decisión del tribunal de denegar la admisión de candidatos a las pruebas orales del concurso, la observancia de la obligación de motivación no implica que se comuniquen a los interesados los criterios de calificación, como tampoco las copias corregidas en las que figuran las apreciaciones del tribunal, ni que se les proporcionen explicaciones adicionales respecto al juicio de valor realizado sobre cada uno de ellos por el tribunal. La comunicación de las puntuaciones obtenidas por los candidatos que impugnan su resultado en la prueba no superada constituye una motivación suficiente de la decisión del tribunal de denegar su admisión a las pruebas orales. Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que, eventualmente, los candidatos no seleccionados puedan obtener de la institución organizadora del concurso de que se trate sus copias corregidas y/o los criterios generales de calificación establecidos por el tribunal, y esto, mediante una comunicación voluntaria de documentos durante el procedimiento judicial entre esta institución y los referidos candidatos o en virtud de una práctica adoptada por esta institución con el fin de garantizar la transparencia de los procesos de selección, respetando la regla del secreto de las actuaciones del tribunal de un concurso, recogida en el artículo 6 del anexo III del Estatuto.

(véanse los apartados 30 y 31)

Referencia: Parlamento/Innamorati, antes citada, apartado 29; Tribunal de Primera Instancia, 30 de mayo de 1995, Innamorati/Parlamento(T-289/94, RecFP pp. I-A-123 y II-393)
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A este respecto, procede recordar que, al limitarse a un control jurisdiccional de los motivos invocados, dicho examen no tiene por objeto ni por efecto de reemplazar a la instrucción completa del asunto en el marco de un procedimiento administrativo. El conocimiento tardío de determinados documentos del expediente no coloca a la empresa que ha interpuesto un recurso contra una decisión de la Comisión en la situación en la que se habría encontrado si hubiera podido basarse en esos mismos documentos para presentar sus observaciones escritas y orales ante dicha institución (véase la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 224 supra, apartado 103, y la jurisprudencia citada). Además, cuando el acceso al expediente se garantiza en la fase del procedimiento judicial, la empresa de que se trate no debe demostrar que, si hubiera tenido acceso a los documentos no comunicados, la Decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que habría podido utilizar dichos documentos para su defensa (sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2003, Corus UK/Comisión, C-199/99 P, Rec. p. I-11177, apartado 128, y sentencia PVC II del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 38 supra, apartado 318).
Por tanto, los agentes de una asociación internacional, regulada por el Derecho de un Estado miembro, que ha celebrado con esta institución un contrato por el que le confiere funciones de asistencia técnica y de gestión de contratos de expertos, no pueden alegar, en apoyo de la solicitud de anulación de la decisión de la Comisión sobre la propuesta de un contrato de agente temporal comprendido en el artículo 2, letra b), del Régimen aplicable a otros agentes, haber sufrido una violación del principio de igualdad de trato por el hecho de que, en el pasado, otros agentes de la misma asociación pudieron disfrutar de lo dispuesto en reglamentos comunitarios que les nombraron titulares como excepción a las normas estatutarias sobre selección de funcionarios, puesto que es evidente que el contexto en el que se produce la decisión que impugnan se revela muy diferente, en particular en materia de política de selección, de aquel en que se dictaron los reglamentos en los que pretenden fundarse. Tampoco pueden invocar otras medidas de excepción en materia de selección puesto que, por un lado, una medida de excepción no puede, por definición, prestarse a un razonamiento analógico y, por otro lado, éstas se producen en un contexto diferente.

El derecho a reclamar la protección de la confianza legítima, que constituye uno de los principios fundamentales de la Comunidad, se extiende a cualquier individuo que se encuentre en una situación de la que se deduce que la administración comunitaria, al proporcionarle las garantías precisas, le ha hecho concebir esperanzas fundadas.

A este respecto, los agentes de una asociación internacional, regulada por el Derecho de un Estado miembro, no pueden alegar una confianza legítima en lo que se refiere a su nombramiento como funcionarios titulares de la Comisión ante la falta de garantías precisas proporcionadas por esta institución. En concreto, no constituyen garantías precisas ni los actos mediante los cuales la Comisión pudo, en el pasado, proceder a nombrar titulares a agentes de la misma asociación ni el hecho de que, por razón de los estrechos lazos que la asociación mantenía con la Comisión, la situación de sus agentes se hubiera aproximado mucho a la de los agentes comunitarios. En efecto, la condición de funcionario o de agente de las Comunidades no puede reconocerse al personal de tal asociación que no puede, sean cuales sean las relaciones que mantenga con la Comisión, asimilarse a un órgano administrativo de ésta. Tampoco se pueden deducir garantías precisas de documentos internos de la Comisión que, al no estar destinados a los interesados, no pueden, en ningún caso, calificarse de garantías que les haya proporcionado la administración.

(véanse los apartados 63 a 67)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 21 de julio de 1998, Mellett/Tribunal de Justicia (asuntos acumulados T-66/96 y T-221/97, RecFP pp. I-A-449 y II-1305), apartado 104
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1. Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto - Vocablo «EASYBANK»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

2. Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Marcas carentes de carácter distintivo - Apreciación del carácter distintivo - Criterios

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, aps. 1, letra b), y 3]

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1. A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, ha de denegarse el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época [...] de la prestación del servicio, u otras características del [...] servicio». Tratándose, a este respecto, del registro solicitado por los servicios de banco on line, en particular servicios bancarios electrónicos, del vocablo «EASYBANK», no puede considerarse que éste tenga un carácter exclusivamente descriptivo, pues dicho vocablo no permite, en cuanto tal, que los clientes potenciales identifiquen inmediatamente y con precisión los servicios bancarios concretos a los que pueden acceder ni, a fortiori, alguna o varias de las características. Por lo tanto, la relación existente entre el sentido del vocablo «EASYBANK», por un lado, y los servicios que puede prestar un banco on line, por otro, resulta demasiado vaga e indefinida como para conferir a este término un carácter descriptivo en relación con dichos servicios.

( véanse los apartados 22, 31 y 32 )

2. El artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, a tenor del cual se deniega el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo», impone al examinador y, en su caso, a la Sala de Recurso, la obligación de averiguar -en el marco de un examen a priori y al margen de todo uso efectivo del signo en el sentido del artículo 7, apartado 3- si debe excluirse que el signo en cuestión sea idóneo para que el público al que va destinado pueda distinguir los productos o servicios contemplados de los de otra procedencia, cuando el público efectúe sus elecciones comerciales.

( véase el apartado 40 )
Aunque a tenor del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, cualquier funcionario puede presentar ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos peticiones de que se adopte una determinada decisión con respecto a ellas mismas, esta facultad no autoriza al funcionario a no respetar los plazos establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto para presentar una reclamación y un recurso, poniendo en tela de juicio indirectamente, mediante un recurso, una decisión anterior que no había sido impugnada dentro de los plazos señalados. Lo único que puede producir la reapertura de estos plazos y justificar el examen de tal reclamación es la existencia de un hecho nuevo sustancial, que pueda ser lesivo para el interesado.

(véase el apartado 46)

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de septiembre de 1985, Valentini/Comisión (231/84, Rec. p. 3027), apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 7 de junio de 1991, Weyrich/Comisión (T-14/91, Rec. p. 235), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 11 de mayo de 1992, Whitehead/Comisión (T-34/91, Rec. p. II-1723), apartado 18
La finalidad del artículo 26 del Estatuto es garantizar el respeto de los derechos de defensa del funcionario, evitando que las decisiones adoptadas por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y que afecten a la situación administrativa y a la carrera del funcionario de que se trate se fundamenten en unos hechos relativos a su comportamiento que no se mencionan en su expediente personal. De ello se deduce que deben figurar en el expediente personal todos los documentos que puedan afectar a la situación administrativa del funcionario y a su carrera. Por lo que atañe a la expresión «situación administrativa», incluye no sólo las principales circunstancias de la carrera del funcionario, sino también otros sucesos referentes a determinados derechos reconocidos por el Estatuto.

De ello se desprende que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos debe comunicar al funcionario y clasificar en su expediente personal, además de los actos formales que hagan constar una modificación de la situación del interesado, cualquier documento que pueda afectar a su situación administrativa en el sentido antes citado.

Éste es el caso de la comunicación de entrada en funciones de un funcionario trasladado en interés del servicio, dado que este documento resulta determinante para la importación con franquicia en el Estado miembro del nuevo destino del automóvil del interesado y afecta a su «situación administrativa».

Sin embargo, el mero hecho de que no se haya incorporado al expediente individual del interesado la citada comunicación no puede constituir una falta que pueda generar la responsabilidad de la institución, dado que el citado documento había sido cumplimentado y firmado por el propia interesado, de forma que conocía su existencia y podía utilizarlo ante las autoridades comunitarias o nacionales competentes. Además, cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no ha incluido un documento en el expediente personal del interesado, éste aún puede presentar una solicitud en este sentido con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto y, en caso de denegación, una reclamación administrativa.

(véanse los apartados 56 a 61)

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de octubre de 1987, Strack/Comisión (140/86, Rec. p. 3939), apartado 8; Tribunal de Primera Instancia, 28 de septiembre de 1993, Nielsen y Møller/CES (T-84/92, Rec. p. II-949), apartado 9; Tribunal de Justicia, 12 de noviembre de 1996, Ojha/Comisión (C-294/95 P, Rec. p. I-5863), apartados 57 y 68; conclusiones del Abogado General Sr. Léger en el asunto en el que recayó la sentencia Ojha/Comisión, antes citada (Rec. p. I-5867), apartado 52; Tribunal de Primera Instancia, 22 de abril de 1999, Broguieri/Comisión (T-148/96 y T-174/96, Rec. p. I-A-65 y II-329), apartado 41 y la jurisprudencia citada, y apartado 45
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Marca comunitaria - Definición y adquisición de la marca comunitaria - Motivos de denegación absolutos - Marcas carentes de carácter distintivo - Vocablo «TRUSTEDLINK»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

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$$A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo». A este respecto, en relación con el registro solicitado, para los servicios comprendidos en el comercio electrónico y para los demás productos y servicios objeto de dicho comercio, del vocablo «TRUSTEDLINK», éste no puede constituir una marca comunitaria, en la medida en que carece de carácter distintivo. El signo controvertido está formado por dos palabras, de las que una es genérica y no hace más que designar una característica técnica esencial del comercio electrónico y la otra indica su calidad deseada, en el presente caso, la fiabilidad. El hecho de juntarlas, sin ninguna modificación gráfica o semántica, no presenta ninguna característica adicional que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas.

( véanse los apartados 36 a 38 )
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1. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro por la que se declara la compatibilidad de una ayuda con el mercado común - Recurso de los interesados en el sentido del artículo 93, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE, apartado 2) - Admisibilidad - Requisitos

[Tratado CE, art. 93, aps. 2 y 3 (actualmente art. 88 CE, aps. 2 y 3), y art. 173, párr. 4 (actualmente art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación)]

2. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Acto que afecta a los intereses generales de una categoría de personas físicas o jurídicas - Asociación que representa a esta categoría - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 173, párr. 4 (actualmente art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación)]

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1. Procede admitir un recurso que tiene por objeto la anulación de una decisión adoptada por la Comisión con arreglo al artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), interpuesto por un interesado en el sentido del artículo 93, apartado 2, del Tratado, cuando, mediante la interposición del recurso, el interesado pretende hacer respetar los derechos procedimentales que le concede el artículo 93, apartado 2, del Tratado.

Los interesados a los que se refiere el artículo 93, apartado 2, del Tratado no sólo son la empresa o las empresas beneficiarias de una ayuda, sino también las personas, empresas o asociaciones que puedan verse afectadas en sus intereses por la concesión de la ayuda, en particular, las empresas competidoras y las organizaciones profesionales. Para que proceda admitir su recurso, el competidor del beneficiario de la ayuda debe demostrar que su situación competitiva en el mercado resulta afectada por la concesión de la ayuda. En caso contrario, no tiene la condición de interesado en el sentido del artículo 93, apartado 2, del Tratado.

( véanse los apartados 37, 40 y 41 )

2. Una asociación constituida para promover los intereses colectivos de una categoría de justiciables no puede ser considerada individualmente afectada, a efectos del artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado (actualmente artículo 230 CE, párrafo cuarto, tras su modificación), por un acto que afecta a los intereses generales de esa categoría y, por consiguiente, no está legitimada para interponer un recurso de anulación en nombre de sus miembros cuando éstos no puedan hacerlo individualmente.

( véase el apartado 49 )
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Funcionarios - Vacaciones - Vacaciones anuales - Cese definitivo en las funciones - Indemnización compensatoria por vacaciones no disfrutadas - Requisito para su concesión - Justificación de la existencia de razones imputables a las necesidades del servicio

(Estatuto de los Funcionarios, art. 57; Anexo V, art. 4, párrs. 1 y 2)

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Se deduce claramente de los dos primeros párrafos del artículo 4 del Anexo V del Estatuto que el funcionario que no hubiere agotado el tiempo de sus vacaciones anuales en el momento del cese de sus funciones tendrá derecho, sin limitación alguna, al pago de una indemnización compensatoria por la integridad de las vacaciones anuales que no hayan podido disfrutarse debido a las necesidades del servicio. La justificación de la acumulación de los días de vacaciones anuales no disfrutadas a causa de las necesidades del servicio constituye el único requisito al que las citadas normas, en relación con el artículo 57 del Estatuto que establece la duración de las vacaciones anuales a que tiene derecho el funcionario, supeditan el derecho a una compensación económica que supere los doce días de vacaciones no disfrutadas en el momento del cese de sus funciones.

Por consiguiente, la administración no puede limitar el número de días de vacaciones que pueden ser indemnizados. Tampoco puede imponer requisitos adicionales, en particular de procedimiento, que puedan afectar al derecho estatutario a la indemnización de las vacaciones anuales que no haya podido disfrutar un funcionario por razones de servicio en el momento del cese de sus funciones. En particular, no puede admitirse la exigencia imperativa de una declaración escrita del superior jerárquico del interesado que precise las necesidades del servicio que justifiquen la denegación de una solicitud de vacaciones presentada por el funcionario de que se trate, en la medida en que priva al interesado del derecho a probar por todos los medios que sus vacaciones se acumularon por razones imputables a las necesidades del servicio.