ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
44

Por tanto, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente considera, a la vista del valor de las transacciones de que se trata, que las contraprestaciones económicas impuestas por el Consejo del Condado no resultan disuasorias en el contexto concreto de las búsquedas inmobiliarias, procede señalar que el mero hecho de que tales contraprestaciones económicas no sean disuasorias en relación con la situación económica de las personas implicadas en transacciones inmobiliarias no exime a la autoridad pública de su obligación de garantizar además que tales contraprestaciones económicas no resulten irrazonables para el público, teniendo en cuenta el interés general vinculado a la protección del medio ambiente. Sin embargo, sin perjuicio de la comprobación que deba realizar el órgano jurisdiccional remitente, no parece que contraprestaciones económicas como las del litigio principal, que se han mencionado en el apartado 17 de la presente sentencia y de las que, además, deben deducirse los gastos asociados a la creación y al mantenimiento de la base de datos, excedan de lo razonable.
19

Según la Audiencia Nacional, el que los trabajadores afectados en el litigio principal sean informados en su teléfono móvil del trayecto que deben realizar y de los servicios concretos que deben prestar a los clientes unas horas antes de la cita tiene como consecuencia que dichos trabajadores ya no tienen la opción de adaptar su vida privada y su lugar de residencia en función de la cercanía al centro de trabajo, puesto que ese centro varía cada día. De ello se desprende que el tiempo de desplazamiento domicilio-clientes no puede considerarse período de descanso, habida cuenta, en particular, del objetivo de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores que persigue la Directiva 2003/88. Ahora bien, según el tribunal remitente, tampoco es un tiempo en el que los trabajadores estén estrictamente a disposición del empresario para que éste les pueda encomendar alguna tarea distinta del propio desplazamiento. Por ello, a su juicio no está suficientemente claro que el tiempo de desplazamiento domicilio-clientes constituya tiempo de trabajo o período de descanso en virtud de la Directiva.
5

El artículo 5, punto 2, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), modificado por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y texto modificado p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), tenía el siguiente tenor: «Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante: […] 2) en materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de ésta, salvo que tal competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes; [...]»
12

En la petición de decisión prejudicial, el tribunal remitente considera que, para resolver el litigio del que conoce, es esencial la respuesta a la cuestión de si un producto que no es un producto cosmético, en el sentido del Reglamento no 1223/2009, debe no obstante atenerse a las exigencias que impone este Reglamento cuando en su embalaje figure una indicación que lo designe como un producto cosmético «sujeto a la Directiva sobre cosméticos». En efecto, tanto la resolución dictada en apelación por el Oberlandesgericht Düsseldorf, que modifica la resolución adoptada por el tribunal remitente en sentido contrario, como la existencia de resoluciones contradictorias dictadas por el Landgericht Essen (tribunal regional de Essen), ponen al descubierto las dudas de la jurisprudencia nacional en lo que atañe a la extensión del ámbito de aplicación del Reglamento no 1223/2009.
16

En este contexto, el Vrhovno sodišče ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Debe interpretarse lo dispuesto en los artículos 2, punto 1, y 4, apartado 1, de la Sexta Directiva en el sentido de que, en las circunstancias del caso de autos —en las que una persona adquiere unos terrenos en calidad de persona física, sin soportar IVA alguno a este respecto, posteriormente construye sobre dichos terrenos, como empresario autónomo, un centro comercial y contabiliza en el inmovilizado de su empresa, con arreglo a las normas nacionales de contabilidad, sólo una parte de los terrenos sobre los que construye el centro comercial, para después vender dicho centro junto con todos los terrenos a quien encargó la obra construida—, ha de considerarse que dicha persona, por no contabilizar los terrenos en el inmovilizado de su empresa, no los incluye en el sistema del IVA y por tanto, con ocasión de la venta de tales terrenos, no es un sujeto pasivo obligado a repercutir IVA y a ingresar después el IVA repercutido?»
10

El artículo 5/A, apartado 1, de la Ley no XLVIII dispone lo siguiente: «La persona física que entre en el territorio de la Comunidad o que salga de él y que cumpla de manera incorrecta o incompleta la obligación de declarar que establece el artículo 3, apartado 1, del Reglamento [no 1889/2005], en relación con el dinero en efectivo que tenga en su poder según se define en el artículo 2, número 2, [de dicho] Reglamento, o que no cumpla en absoluto la mencionada obligación, deberá pagar in situ, conforme al artículo 9 del Reglamento [no 1889/2005], una multa, cuyo importe se determinará en [forintos húngaros (HUF)], equivalente: a) al 10 % de la cantidad que se halle en su poder, en caso de que la suma de dinero en efectivo sea de 10000 euros o más, siempre que ésta no supere los 20000 euros; b) al 40 % de la cantidad que se halle en su poder, en caso de que la suma de dinero en efectivo supere los 20000 euros y no supere los 50000 euros; c) al 60 % de la cantidad que se halle en su poder, en caso de que la suma de dinero en efectivo supere los 50000 euros.»
38

No es menos cierto que, según el propio tenor del artículo 288 TFUE, párrafo tercero, los Estados miembros pueden elegir la forma y los medios de ejecutar las directivas que permitan garantizar del mejor modo el resultado que éstas persiguen. Asimismo, de dicha disposición se desprende que la adaptación del Derecho interno a una directiva no exige necesariamente una acción legislativa en cada Estado miembro. En consecuencia, no siempre se exige una transcripción formal de lo establecido por una directiva en una disposición legal expresa y específica, ya que para el cumplimiento de una directiva puede bastar, en función de su contenido, un contexto jurídico general. En particular, la existencia de principios generales de Derecho constitucional o administrativo puede hacer superflua la adaptación del Derecho interno mediante medidas legales o reglamentarias específicas, siempre que, no obstante, dichos principios garanticen efectivamente la plena aplicación de la directiva por la administración nacional y que, en el caso de que la disposición controvertida de la directiva tenga por objeto crear derechos para los particulares, la situación jurídica que se desprenda de dichos principios sea suficientemente precisa y clara y que los beneficiarios estén en condiciones de conocer la totalidad de sus derechos y obligaciones así como, en su caso, de invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales (véase, en particular, la sentencia Comisión/Francia, C‑296/01, EU:C:2003:626, apartado 55 y jurisprudencia citada).
11

A partir de marzo de 2002, SMK kft efectuó prestaciones de servicios como contratista en Hungría por orden y por cuenta de SMK UK Ltd. Esta última sociedad adquirió las materias primas y las piezas necesarias para la fabricación de productos acabados, a saber, mandos a distancia que forman parte de equipos electrónicos. La maquinaria, las instalaciones y los medios de producción eran propiedad de SMK UK Ltd. SMK kft no disponía de reservas propias de materias primas o de productos acabados y ejecutó exclusivamente operaciones de ensamblaje de estos mandos a distancia.
104

Pues bien, de los elementos de que dispone el Tribunal de Justicia no se desprende que el impuesto que la KernbrStG establece, que, como observa KLE, conlleva efectivamente encarecer el uso de combustible nuclear para producir comercialmente electricidad, constituya una vulneración de las obligaciones de los Estados miembros expuestas en dichas disposiciones o se oponga, en general, a los principios relativos a dicho régimen, en particular, al principio de igualdad de acceso a los recursos, establecido en el artículo 52 EA, o a los principios relativos a la formación de los precios, establecidos en los artículos 67 EA y 69 EA. En efecto, como observó la Comisión, este impuesto no puede afectar al abastecimiento de combustible de quienes explotan centrales nucleares puesto que no grava la adquisición de combustible nuclear, sino su uso.
31

No obstante, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que, en determinadas circunstancias, varias prestaciones formalmente distintas, que podrían realizarse separadamente dando lugar, en cada caso, a gravamen o a exención, deben considerarse como una operación única cuando no son independientes. Se trata de una operación única, en particular, cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente conforman una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial. Así sucede, asimismo, cuando una o varias prestaciones son constitutivas de la prestación principal y la otra u otras prestaciones son prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal de la prestación principal (sentencia BGŻ Leasing, C‑224/11, EU:C:2013:15, apartado 30). En particular, una prestación debe considerarse accesoria de una prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del prestador (sentencia Field Fisher Waterhouse, C‑392/11, EU:C:2012:597, apartado 17 y jurisprudencia citada en el mismo).
5

El artículo 3 de dicha Directiva dispone lo siguiente: «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. [...] 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
22

Por lo que se refiere a las decisiones y recomendaciones de la Unión, el órgano jurisdiccional nacional cita los artículos 148 TFUE, que menciona las orientaciones referentes al empleo, y 151 TFUE, la Decisión 2008/618/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 198, p. 47), la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» [COM(2012) 173 final], la Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 308, p. 46), la Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011, relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de España (2011-2014) (DO C 212 p. 1), y la Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012, sobre el Programa Nacional de Reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2015 (DO C 219, p. 81).
En cuanto, según el considerando 57 de la Directiva 2006/123, relativa a los servicios en el mercado interior, las disposiciones de esa Directiva relativas a los regímenes de autorización no afectan a la celebración de contratos por las autoridades competentes para la prestación de un servicio específico regido por normas relativas a los contratos públicos, esas disposiciones no son aplicables a concesiones de servicios públicos que puedan estar comprendidas en particular en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/23, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

(véanse en particular los apartados 44 y 45)
El mero hecho de que los artículos 78 a 80 del Reglamento n.o 966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, no contengan disposiciones específicas sobre el procedimiento de recaudación de créditos contra diputados europeos, sino que se refieran al devengo de títulos de crédito a favor de la Unión y a la ordenación de los cobros, no significa que la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo por la que se establecen medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, incluido el procedimiento de recuperación de cantidades establecido en su artículo 68, pueda aplicarse haciendo caso omiso de su ámbito de aplicación material.

A este respecto, en el caso de cantidades indebidamente abonadas a un diputado del Parlamento Europeo en concepto de dietas de asistencia parlamentaria, el mero hecho de que haya transcurrido largo tiempo entre la fecha en que se abonaron esas cantidades y la fecha en que se adoptó la decisión en que se exigía su devolución al interesado no basta, en sí mismo y al no existir ninguna otra circunstancia pertinente al efecto, para suscitar en dicho diputado una confianza legítima en que las cantidades de que se trata ya no serían reclamadas.

El artículo 73 bis del Reglamento n.o 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1995/2006, que establecía un plazo de prescripción de los derechos de la Unión de cinco años, no podía invocarse sí solo, sin sus disposiciones de desarrollo, para demostrar que un derecho de la Unión había prescrito. Por lo tanto, este artículo 73 bis, que debe interpretarse junto con sus normas de desarrollo recogidas en el artículo 85 ter del Reglamento n.o 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento n.o 1605/2002, en su versión modificada por el Reglamento n.o 478/2007, establece un plazo de prescripción de cinco años para permitir que los órganos de la Unión recauden los derechos de la Unión contra terceros, plazo cuyo cómputo se inicia a partir del día en que venza el plazo comunicado al deudor en la nota de adeudo.

Esta interpretación también es válida para el artículo 81 del Reglamento n.o 966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, y para el artículo 93 del Reglamento Delegado n.o 1268/2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento n.o 966/2012, ya que estos artículos coinciden, en lo esencial, con el artículo 73 bis del Reglamento n.o 1605/2002 y con el artículo 85 ter del Reglamento n.o 2342/2002, respectivamente.

(véanse los apartados 86 a 88)
El artículo 11, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva 77/388 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 95/7, debe interpretarse en el sentido de que el valor de un derecho real que confiere a su titular la facultad de uso de un bien inmueble y los costes de finalización del edificio de oficinas construido en la parcela en cuestión pueden incluirse en la base imponible de una entrega, en el sentido del artículo 5, apartado 7, letra a), de la Sexta Directiva, cuando el sujeto pasivo ya ha abonado el impuesto sobre el valor añadido (IVA) correspondiente a dicho valor y a tales costes, pero lo ha deducido inmediata e íntegramente.

En efecto, si bien la facultad de asimilación a una entrega a título oneroso no puede servir para percibir un importe en concepto de IVA sobre el valor de los bienes respecto del cual el sujeto pasivo ya haya pagado el IVA con anterioridad, cuando el IVA abonado sobre los elementos del precio de coste de dichos bienes se deduce posteriormente, la imposición resultante de la referida asimilación no supone un gravamen reiterado del mismo valor. Sólo cuando el IVA correspondiente a tales elementos siga estando a cargo del sujeto pasivo porque éste no haya procedido a su deducción, deberán omitirse dichos elementos de la base imponible de conformidad con el artículo 5, apartado 7, letra a), de la Sexta Directiva.

(véanse los apartados 41, 43 y 46 y el punto 1 del fallo)
A este respecto, el control por parte del Tribunal General de los elementos de prueba en los que las instituciones de la Unión basan sus constataciones no constituye, sin embargo, una nueva apreciación de los hechos que sustituya a la de las instituciones. Ese control no lesiona la amplia facultad de apreciación de las instituciones en el ámbito de la política comercial, sino que se limita a determinar si dichos elementos pueden fundamentar las conclusiones extraídas por las instituciones.

Si bien es verdad que del artículo 6, apartado 1, del Reglamento antidumping de base n.o 384/96, en principio, se desprende que los datos posteriores a un período de investigación no son tenidos en cuenta a efectos de la investigación sobre el dumping y el perjuicio, no es menos cierto que el legislador de la Unión no ha querido excluir totalmente la toma en consideración de esos datos.

Por tanto, las instituciones de la Unión están habilitadas para tomar en consideración en determinadas circunstancias los datos posteriores a un período de investigación. Una habilitación de ese tipo está más justificada en el marco de investigaciones que no tienen por objeto la constatación de un perjuicio, sino la determinación de una amenaza de perjuicio que, por su propia naturaleza, implica un análisis prospectivo. Ahora bien, la existencia de una amenaza de perjuicio, al igual que la existencia de un perjuicio, debe demostrarse en la fecha de la adopción de una medida antidumping. Asimismo, del artículo 3, apartado 9, del Reglamento de base se desprende que la determinación de una amenaza de perjuicio importante debe basarse en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas y que el cambio de circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el dumping causaría un perjuicio debe ser claramente previsto e inminente. En estas circunstancias, los datos posteriores al período de investigación pueden ser utilizados para confirmar o invalidar las previsiones que figuran en el Reglamento provisional y permitir, en el primer caso, el establecimiento de un derecho antidumping definitivo.

No obstante, un uso de esas características de los datos posteriores al período de investigación no puede eludir el control del juez de la Unión. Si bien dicho control debe respetar la amplia facultad discrecional de que disponen las instituciones de la Unión en materia de medidas de defensa comercial, sin embargo, el Tribunal General no sobrepasa los límites de dicho control cuando comprueba que los elementos de prueba en los que las referidas instituciones basan sus constataciones pueden fundamentar las conclusiones que éstas extraen de ellos.

(véanse los apartados 70 a 74)
En efecto, antes del reconocimiento de la sentencia condenatoria por el Estado de ejecución y del traslado del condenado a este último Estado, el Estado de emisión ha de determinar las redenciones de pena correspondientes al período de reclusión cumplido en su territorio. Únicamente este último Estado es competente para conceder una redención de penas por el trabajo realizado antes del traslado y para indicar, en su caso, al Estado de ejecución esa redención en el certificado previsto en el artículo 4 de la Decisión Marco 2008/909. Por ello, el Estado de ejecución no puede aplicar con carácter retroactivo su normativa en materia de ejecución de penas, ni, en particular, su normativa relativa a la redención de penas, en sustitución de la del Estado de emisión, en lo que respecta a la parte de la pena que ya ha sido cumplida por la persona afectada en el territorio de este último Estado. Una interpretación contraria podría poner en peligro los objetivos perseguidos por la Decisión Marco 2008/909, entre los que figura, en particular, el respeto del principio de reconocimiento mutuo, que constituye, conforme al considerando 1 de esta Decisión Marco, leído a la luz del artículo 82 TFUE, apartado 1, la «piedra angular» de la cooperación judicial en materia penal en el seno de la Unión Europea.

La Decisión Marco 2008/909, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, de aplicación en el presente asunto, fue adoptada sobre la base del antiguo tercer pilar de la Unión, concretamente, con arreglo al artículo 34 UE, apartado 2, letra b). Con arreglo a esta disposición, leída en relación con el Protocolo (n.o 36) sobre las disposiciones transitorias, anexo a los Tratados, adoptado antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las decisiones marco no tienen efecto directo mientras no hayan sido derogadas, anuladas o modificadas en aplicación de este Tratado. La Decisión Marco 2008/909 no ha sido objeto de dicha derogación, anulación o modificación. Por ello, no tiene efecto directo.

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional está obligado a tomar en consideración todas las normas del Derecho nacional e interpretarlas, en la medida de lo posible, de conformidad con la Decisión Marco 2008/909, con el fin de alcanzar el resultado perseguido por ésta, dejando inaplicada, en caso de necesidad, de oficio, la interpretación adoptada por el órgano jurisdiccional nacional competente en última instancia, cuando dicha interpretación no sea compatible con el Derecho de la Unión.

(véanse los apartados 56, 57 y 71 y el punto 2 del fallo)