ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.

Funcionarios — Calificación — Informe de evaluación — Determinación de los objetivos que deben alcanzarse — No exigencia en las normas internas de la institución — No determinación — Consecuencias — Irregularidad que no justifica la anulación del informe (Estatuto de los Funcionarios, art. 43) (véanse los apartados 61 a 66 y 70)
7

El 31 de julio de 2019, la EFSA envió a la Comisión una declaración titulada «Statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos» (declaración sobre los resultados disponibles de la evaluación de la salud humana en el marco del examen por los pares de los plaguicidas de la sustancia activa clorpirifós) [EFSA Journal 2019 17(5):5809] (en lo sucesivo, «declaración de la EFSA de 31 de julio de 2019 relativa al clorpirifós»), en la que concluye que no se cumplen los requisitos de aprobación aplicables a la salud humana enunciados en el artículo 4 del Reglamento n.o 1107/2009.
11

El 31 de enero de 2020, la demandante envió a la Comisión un correo electrónico titulado «Solicitud confirmatoria con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001», en el que reiteraba su solicitud de acceso a los documentos y a la información mencionada en el apartado 9 anterior. En apoyo de esta solicitud, la demandante invocó, en particular, el considerando 11 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43), así como el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39). Además, sostuvo que la Comisión no había expuesto las razones por las que el acceso a los documentos y a la información referidos en la citada solicitud vulneraría el secreto de las deliberaciones del tribunal calificador, que las excepciones al derecho de acceso a los documentos debían interpretarse de manera restrictiva y que había probado la existencia de un interés legítimo en obtener acceso a dichos documentos e información, en particular, para comprender la puntuación global que se le había otorgado.
79

En cuanto a la quinta diferencia invocada en el apartado 69 anterior, relativa a la textura del dibujo o modelo controvertido, ciertamente no se excluye, como alega la recurrente, que la imagen n.o 1.3 de este, que ofrece una vista lateral de dicho dibujo o modelo, pueda interpretarse, tras un examen particularmente minucioso, como una textura lanosa, que no se da en la representación del dibujo o modelo anterior. Sin embargo, a falta de cualquier otra indicación en la solicitud de registro, dicha imagen también puede sugerir que el panel de que se trata fue cortado, de modo que la textura «lanosa» puesta de relieve por la recurrente también podría parecer, en dicha imagen, simplemente como superficies ligeramente rugosas en las partes laterales a raíz de un corte, o, como alega la EUIPO, como meras deficiencias en el material utilizado. Por otra parte, como señala acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 33 de la resolución impugnada, la cara superior de los dibujos o modelos en conflicto es la única superficie visible una vez fijados los paneles en edificios o paredes, de modo que la vista lateral n.o 1.3 era menos pertinente.
37

La recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber considerado que el aspecto fonético de los signos en conflicto no influía en la apreciación de la similitud entre tales signos. En particular, la Sala de Recurso consideró erróneamente, en opinión de la recurrente, que el público francófono no tenía ningún conocimiento del danés, del búlgaro y del griego. Pues bien, según la recurrente, los consumidores, incluso sin entender dichas lenguas, saben que, por un lado, la marca solicitada tiene significado en las «lenguas escandinavas», representa una letra en el alfabeto danés y significa «isla» en esa lengua y, por otro lado, que la marca anterior representa una letra de los alfabetos griego y búlgaro. En apoyo de estas alegaciones la recurrente sostiene que la coadyuvante utiliza la letra «ø» en su nombre para mostrar su identidad escandinava y que posee un establecimiento en Francia, lo que demuestra que los consumidores francófonos comprenden el origen escandinavo, o incluso danés, de la letra «ø». Pues bien, en sus lenguas respectivas, las letras representadas por los signos en conflicto se pronuncian de manera diferente, de modo que dichos signos no presentan similitud fonética.
87

Mediante la tercera parte del único motivo, la recurrente aduce, en esencia, que el artículo 27, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 no puede aplicarse al caso de autos, dado que se refiere únicamente a situaciones en las que más de una parte reivindica un derecho sobre una marca de la Unión, es decir, invoca actos jurídicos que tienen por objeto o efecto la creación o la cesión de derechos sobre tal marca. En cambio, no es aplicable a una situación como la del presente asunto, en la que una entidad ya no es la titular de la marca de que se trata cuando se incoa un procedimiento de insolvencia que la afecta, pues cedió esa marca a otra entidad años antes.
104

Por otra parte, a este respecto, también ha de señalarse que de la jurisprudencia consolidada según la cual, en caso de adoptarse una decisión de inmovilización de fondos como la que afecta al demandante, corresponde al Consejo o al juez de la Unión comprobar el fundamento no de las investigaciones de que sea objeto en Ucrania la persona sujeta a esas medidas, sino únicamente de la decisión de inmovilización de fondos a la luz del documento o de los documentos en los que se basó tal decisión no cabe inferir que el Consejo no esté obligado a comprobar si la decisión del Estado tercero en la que pretende basar la adopción de medidas restrictivas se tomó respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, Klymenko/Consejo, T‑295/19, EU:T:2020;287, apartado 102 y jurisprudencia citada).
7.

Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Ayuda otorgada infringiendo las normas de procedimiento del artículo 108 TFUE — Confianza legítima eventual de los beneficiarios — Inexistencia a no ser que concurran circunstancias excepcionales — Confianza legítima derivada de la duración excesiva del procedimiento administrativo — Obligación de la Comisión de adoptar una decisión en un plazo razonable — Apreciación in concreto [Art. 108 TFUE; Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, arts. 13, ap. 2, y 14, ap. 1] (véanse los apartados 100 a 133)
2.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 15, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 58 y 59)
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima) de 10 de noviembre de 2021 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

(Asunto T‑517/20)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión NATIONAL GEOGRAPHIC — Marca anterior no registrada geographic — Motivo de denegación relativo — Utilización en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no es únicamente local — Artículos 8, apartado 4, y 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículos 8, apartado 4, y 60, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Interpretación a la luz del Derecho de la Unión — Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 53, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 15, 16 y 18)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Uso del signo en el tráfico económico — Concepto — Utilización en el contexto de una actividad económica dirigida a obtener una ventaja económica [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 53, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 17 y 30)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Marca denominativa NATIONAL GEOGRAPHIC y marca no registrada geographic [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 53, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 26, 38, 43, 44, 46 y 47)

4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Alcance local del signo [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 53, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 31)

5. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina — Principio de legalidad — Necesidad de efectuar un examen estricto y completo en cada caso concreto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véase el apartado 45)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de mayo de 2020 (asunto R 1665/2019‑1), relativa a un procedimiento de nulidad entre VF International y National Geographic Society.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
2.

Agricultura — Legislaciones uniformes — Definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas — Reglamento (CE) n.o 110/2008 — Protección de indicaciones geográficas — Protección contra usos comerciales directos o indirectos — Criterios de apreciación — Necesidad de que la utilización se haga en una forma idéntica o similar a la de la indicación registrada [Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 110/2008, art. 16, letra a), y (UE) n.o 1308/2013, art. 103, ap. 2, letra a)] (véanse los apartados 33 a 35)
6.

Dibujos o modelos comunitarios — Renuncia y nulidad — Solicitud de nulidad — Examen de la solicitud — Competencia de la Oficina para examinar todos los requisitos establecidos en los artículos 4 a 9 del Reglamento (CE) n.o 6/2002 — Alcance [Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, arts. 4 a 9 y 25, ap. 1, letra b); Reglamento (CE) n.o 2245/2002 de la Comisión, art. 28, ap. 1, letra b), inciso v)] (véase el apartado 100)
2.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 51, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 22 a 24)
6.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véase el apartado 63)
70

En segundo lugar, las demandantes alegan que las autoridades italianas no ofrecieron explicaciones detalladas sobre los nuevos planes financieros, destinados a sustituir las medidas aprobadas en virtud de la Decisión impugnada, y, en particular, que las autoridades italianas se refirieron simplemente al hecho de que los nuevos planes no preveían la prórroga de las concesiones controvertidas, sin ofrecer explicaciones sobre la financiación de la autopista A33 Asti — Cuneo mediante los ingresos de la autopista SATAP A4 Turín — Milán o sobre la posible indemnización por traspaso que se pagaría a los concesionarios al término de las concesiones por parte del posible nuevo concesionario y sin garantizar que no «resucitarían» la prórroga de las concesiones controvertidas en el futuro. En estas circunstancias, según las demandantes, la anulación de la Decisión impugnada impediría a la Comisión volver a incurrir en los errores identificados en el recurso controvertido si los nuevos planes financieros incluyeran medidas de ayuda cuya compatibilidad con el mercado interior dependiera de apreciaciones análogas a las que subyacen en la Decisión impugnada.
55

A este respecto, procede señalar que el Consejo no puede reprochar al demandante, sin invertir la carga de la prueba, no haber probado que hubiese cesado de ejercer cualquier tipo de actividad en la OEAI exigiéndole que le informe de esa circunstancia y, aun menos, que aporte al Consejo elementos de prueba (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de julio de 2014, Alchaar/Consejo, T‑203/12, no publicada, EU:T:2014:602, apartado 152 y jurisprudencia citada). Al contrario, corresponde al Consejo, en el marco de la revisión anual de las medidas restrictivas prevista en el artículo 26, apartado 3, de la Decisión 2010/413 y en el artículo 46, apartado 7, del Reglamento n.o 267/2012, examinar detenidamente los elementos que fundamentan la inclusión del nombre del demandante en las listas de que se trata. Ello no impide que el demandante pueda presentar, en cualquier momento, observaciones o nuevas pruebas, con arreglo al artículo 24, apartado 4, de la Decisión 2010/413 y al artículo 46, apartado 5, del Reglamento n.o 267/2012. Sin embargo, se trata de una facultad del demandante que no puede eximir al Consejo de la carga de la prueba que le incumbe. [omissis]
152

En cambio, no se ha de olvidar que, cuando las instituciones de la Unión disponen de una amplia facultad de apreciación y, en particular, cuando han de tomar decisiones de naturaleza esencialmente política y realizar apreciaciones complejas, el control jurisdiccional de las apreciaciones que subyacen tras el ejercicio de esa facultad consiste en comprobar que no exista error manifiesto (véase la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Puppinck y otros/Comisión, C‑418/18 P, EU:C:2019:1113, apartado 95 y jurisprudencia citada).
70

Cabe recordar, además, que la observancia de las normas sobre la carga y la práctica de la prueba por parte del Tribunal General en materia de medidas restrictivas implica que este se ajuste al principio establecido en la jurisprudencia mencionada en el apartado 31 de la presente sentencia y que el Tribunal de Justicia recordó en la sentencia de 11 de septiembre de 2019, HX/Consejo (C‑540/18 P, no publicada, EU:C:2019:707), según el cual, en esencia, en caso de que se impugne la procedencia de las causas de inclusión, la carga de la prueba recaerá en la institución. Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que no incumbía a la parte demandante la carga de la prueba sobre la existencia de información suficiente en el sentido de los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255 que demuestre que el demandante no estaba vinculado al régimen sirio o había dejado de estarlo, no ejercía influencia alguna sobre este ni planteaba un riesgo real de elusión de la medidas restrictivas adoptadas en relación con dicho régimen (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de junio de 2018, Makhlouf/Consejo, C‑458/17 P, no publicada, EU:C:2018:441, apartado 86, y de 11 de septiembre de 2019, HX/Consejo, C‑540/18 P, no publicada, EU:C:2019:707, apartados 50 y 51).
3.

Parlamento Europeo — Procedimiento administrativo — Decisión del Parlamento por la que se ordena la recuperación de cantidades indebidamente pagadas en concepto de dietas de asistencia parlamentaria — Violación del principio electa una via — Violación del principio non bis in idem — Inexistencia (Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo por la que se establecen medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, art. 68) (véanse los apartados 38, 39 y 41 a 43)
262

La demandante señala que el considerando 564 de la Decisión impugnada indica que los hechos que dieron lugar a las infracciones de los artículos 4, apartado 1, y 7, apartado 1, del Reglamento n.o 139/2004 son los mismos. En consecuencia, la alegación de la Comisión, en el considerando 39 de la Decisión impugnada, de que los artículos 4, apartado 1, y 7 apartado 1, del Reglamento n.o 139/2004 consagran principios jurídicos distintos y, por ello, desempeñan papeles diferentes y complementarios es, a su entender, contradictoria y, en todo caso, carece de fundamento. La distinción formal que hace la Decisión impugnada entre una obligación de hacer, a saber, la de realizar la notificación antes de la ejecución (considerandos 40 y 486), y una obligación de no hacer, a saber, la de no ejecutar antes de la notificación (y de obtener la autorización) (considerandos 41 y 487), no permite ignorar, según la demandante, el hecho de que la infracción prevista en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 139/2004 no consiste en la falta de notificación de la operación de concentración, sino en la ejecución de la concentración antes de su notificación. Asimismo, considera que una empresa no puede infringir el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 139/2004 sin infringir a su vez el artículo 7, apartado 1, del mismo Reglamento. El hecho de que las dos disposiciones imponen la misma obligación (o que prohíben la misma conducta) también se ve corroborado por la circunstancia de que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.o 139/2004 prevé que las partes pueden solicitar una dispensa de las obligaciones previstas en el apartado 1 de dicho artículo «en cualquier momento, tanto antes de la notificación como después de la operación», y por el hecho de que no existe en este Reglamento una disposición similar que permita a las partes solicitar una dispensa de la obligación enunciada en el artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento.
406

El Gran Ducado de Luxemburgo y Engie cuestionan la aplicación, en el presente asunto, de la disposición relativa al abuso de Derecho. Aparte del hecho de que la Comisión, para demostrar la selectividad a este respecto, debería haberse referido a la práctica administrativa de las autoridades tributarias luxemburguesas, el Gran Ducado de Luxemburgo y Engie reprochan a la Comisión haber incurrido en una serie de errores de apreciación al aplicar los criterios que se han de cumplir en Derecho luxemburgués para justificar la aplicación de la disposición relativa al abuso de Derecho. Alegan que, al no cumplirse los criterios, las autoridades luxemburguesas no podían apreciar un abuso de Derecho y que, en consecuencia, no era posible constatar ninguna excepción a esta disposición. En cualquier caso, suponiendo que la disposición relativa al abuso de Derecho hubiera sido aplicable, el Gran Ducado de Luxemburgo y Engie subrayan, por una parte, que la Comisión no demostró un trato preferencial de las sociedades del grupo Engie y, por otra parte, que la prohibición del mecanismo financiero por su carácter supuestamente abusivo conlleva una vulneración de la libertad de establecimiento.
165

Mediante su séptimo motivo, la demandante impugna la legalidad del artículo 2 de la Decisión impugnada, alegando, en esencia, que la Comisión infringió el artículo 7 del Reglamento n.o 1/2003 al imponerle medidas correctoras que no tienen relación alguna con la infracción alegada. En particular, la demandante sostiene que la Comisión le impuso erróneamente, infringiendo el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, la obligación de introducir modificaciones en sus normas de elegibilidad, pese a que los aspectos de las normas sobre los que debían versar tales modificaciones no constituían infracciones. Del mismo modo, al no haber constatado la Comisión que el reglamento de arbitraje constituyese una infracción, no puede obligarle a modificarlo.
104

Procede desestimar desde un principio la primera parte del presente motivo, según la cual la Comisión evaluó en realidad el comportamiento individual de cada uno de los establecimientos indicados en el Reglamento de Ejecución impugnado infringiendo el artículo 12, apartado 4, letra c), del Reglamento n.o 854/2004 (véase el apartado 97 anterior). En efecto, como se desprende de los apartados 82 a 87 anteriores, la referencia en los considerandos de dicho Reglamento de Ejecución a consideraciones relativas a los establecimientos pertenecientes a las demandantes y suprimidos de las listas controvertidas se hace únicamente en la medida en que ello es necesario para explicar las razones por las que, en relación con el comportamiento o las declaraciones de las autoridades del país tercero de que se trate, la Comisión estima que estas últimas ya no ofrecen las garantías que exige el artículo 12, apartado 2, del Reglamento n.o 854/2004. Por lo demás, esta referencia se explica también por la necesidad de que la Comisión proceda con cuidado e imparcialidad, lo que implica que debe efectuar un examen completo y detallado de la causa. Por consiguiente, contrariamente a lo que alegan las demandantes, el hecho de que la Comisión no suprimiera de las listas controvertidas todos los establecimientos brasileños no implica que, en realidad, haya basado su decisión exclusivamente en el comportamiento o en los resultados de los establecimientos de que se trata sin tomar en consideración los resultados de las autoridades brasileñas que afectan a la fiabilidad de las garantías que se presume que estas ofrecen.
19

El 29 de mayo de 2017, el Consejo adoptó, sobre la base, en particular, del artículo 31 TUE, apartado 2, y del artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2010/788, la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/905, por la que se aplica la Decisión 2010/788 (DO 2017, L 138 I, p. 6). En la misma fecha, el Consejo adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/904, por el que se aplica el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 1183/2005 (DO 2017, L 138 I, p. 1). Mediante esos actos, se añadieron los nombres de otras personas físicas a la lista controvertida y a la lista que figura en el anexo I bis del Reglamento n.o 1183/2005, respectivamente.