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(9)

Los demandados no domiciliados en un Estado miembro estarán generalmente sujetos a las reglas nacionales de competencia aplicables en el territorio del Estado miembro del tribunal ante el que se presente la demanda y los demandados domiciliados en un Estado miembro no sujeto al presente Reglamento deberán seguir estando sujetos al [Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en material civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los sucesivos Convenios relativos a la adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio (en lo sucesivo, “Convenio de Bruselas”)].»
12

El Decreto no 2672 del Ministro de Hacienda, sobre reglas para la aplicación de las disposiciones del artículo 38 ter del DPR no 633/72, según su modificación, relativo a las formas de efectuar la devolución del IVA a los sujetos pasivos no residentes (Decreto del Ministero delle Finanze n. 2672, norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 38 ter del [DPR no 633/72], e successive modificazioni, concernente le modalità di esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto a soggetti non residenti), de 20 de mayo de 1982 (GURI no 146, de 29 de mayo de 1982, en lo sucesivo, «Decreto ministerial no 2672/82»), prevé en su artículo 1, párrafo segundo, que la devolución tendrá lugar «a instancia de los interesados, que deberá presentarse a más tardar el 30 de junio del año natural» siguiente al año al que se refiere la solicitud.
40

A este respecto, procede recordar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deriva que, si bien es cierto que los términos empleados para designar las exenciones previstas en el artículo 13 de la Sexta Directiva deben interpretarse en sentido restrictivo, dado que constituyen excepciones al principio general de que el IVA se percibe por cada prestación de servicios efectuada a título oneroso por un sujeto pasivo (véanse, en particular, las sentencias de 26 de junio de 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01, Rec. p. I-6729, apartado 63, y de 19 de abril de 2007, Velvet & Steel Immobilien, C-455/05, Rec. p. I-3225, apartado 14), no es menos cierto que una interpretación estricta no puede limitar una exención de una forma que no se sustente en el texto de la disposición controvertida. En efecto, dicho planteamiento sería contrario a los objetivos del sistema del IVA de garantizar, en particular, la seguridad jurídica (véase, en este sentido, la sentencia SKF, antes citada, apartados 46 y 47).
2

El Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) fue derogado y remplazado por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, teniendo en cuenta la fecha en que sucedieron los hechos, el litigio todavía se rige por el Reglamento no 40/94.
20

En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Innsbruck decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Se opone el Derecho de la Unión actualmente vigente, en particular el artículo 21 de la [Carta] (en relación con el artículo 6 TUE, apartado 1), el principio general del Derecho de la Unión (artículo 6 TUE, apartado 3) de no discriminación por razón de la edad y los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva [2000/78] a una disposición nacional de un convenio colectivo que discrimina indirectamente a los trabajadores de mayor edad al tener sólo en cuenta, para su clasificación en las categorías profesionales establecidas en el convenio colectivo [de Tyrolean Airways] y, por ende, para determinar el importe de su remuneración, las competencias y los conocimientos que éstos hayan adquirido como tripulantes de cabina en una determinada compañía aérea, pero no las competencias y los conocimientos de idéntico contenido que hayan adquirido en otras compañías aéreas del mismo grupo de empresas? ¿Sucede así también en el caso de las relaciones laborales constituidas antes del 1 de diciembre de 2009? 2) ¿Puede un órgano jurisdiccional nacional, por analogía con la sentencia de 5 de febrero de 2004, Rieser Internationale Transporte (C-157/02, Rec. p. I-1477), y con la solución jurisprudencial aplicada a propósito de acuerdos contrarios a la competencia en la sentencia de 25 de noviembre de 1971, Béguelin Import (22/71, Rec. p. 949), declarar parcialmente nula y no aplicar una cláusula de un contrato individual de trabajo que infringe indirectamente el artículo 21 de la [Carta], el principio general del Derecho de la Unión de no discriminación por razón de la edad o los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva [2000/78], en virtud de la eficacia horizontal directa de los derechos fundamentales de la Unión?»
12

La lege no 297/2004 privind piaţa de capital (Ley no 297/2004 relativa al mercado de capitales), de 28 de junio de 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, no 571, de 29 de junio de 2004; en lo sucesivo, «Ley no 297/2004»), traspuso, en particular, las Directivas 2003/6 y 2004/39. El artículo 125 de esta Ley dispone lo siguiente: «Un mercado regulado es un sistema de negociación de instrumentos financieros [...] que: a) funciona de forma regular; b) se caracteriza por el hecho de que las normas adoptadas y sujetas a aprobación de la [Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (Comisión nacional de valores mobiliarios; en lo sucesivo, “CNVM”)] definen las modalidades de funcionamiento y las condiciones de acceso al mercado y de admisión a negociación de un instrumento financiero; c) respeta las obligaciones de declaración y transparencia establecidas por la presente Ley al objeto de garantizar la protección de los inversores, así como las normas adoptadas por la CNVM, con arreglo a la normativa [de la Unión].»
No incumple las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 36 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE) un Estado miembro que aprueba una normativa nacional en virtud de la cual los fondos de pensiones domiciliados en Estados partes en el Acuerdo EEE que no son miembros de la Unión y que ofrezcan planes de pensiones de empleo en ese Estado miembro, así como las entidades aseguradoras que operen en ese Estado miembro en régimen de libre prestación de servicios, están obligados a nombrar un representante fiscal con residencia en ese Estado miembro.

En efecto, esa restricción a la libre prestación de servicios se justifica por la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales y de la lucha contra la evasión fiscal y no va más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo, en la medida en que el marco de cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros establecido, en particular, por las Directivas 77/799 y 2008/55 no existe en las relaciones entre aquellas autoridades y las autoridades de los Estados partes en el Acuerdo EEE que no son miembros de la Unión y que no han contraído ningún compromiso de asistencia mutua.

(véanse los apartados 66 y 68 a 71)
Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que, en el estado actual del Derecho de la Unión, el hecho de que un operador disponga, en el Estado miembro en el que está establecido, de una autorización para ofrecer juegos de azar no impide que otro Estado miembro supedite, dentro del respeto de las exigencias impuestas por el Derecho de la Unión, la posibilidad de que dicho operador ofrezca estos servicios a los consumidores residentes en su territorio a la obtención de una autorización expedida por sus propias autoridades.

En efecto, habida cuenta del amplio margen de apreciación de que gozan los Estados miembros en cuanto a los objetivos que pretenden alcanzar y el nivel de protección de los consumidores perseguido, y de la inexistencia de armonización en materia de juegos de azar, en el estado actual del Derecho de la Unión no existe ninguna obligación de reconocimiento mutuo de las autorizaciones expedidas por los diversos Estados miembros. Los distintos Estados miembros no disponen necesariamente de los mismos medios para controlar los juegos de azar y no toman necesariamente las mismas decisiones a este respecto. El hecho de que en un Estado miembro determinado pueda alcanzarse un nivel particular de protección de los consumidores gracias a la aplicación de técnicas sofisticadas de control y supervisión no permite concluir que el mismo grado de protección puede conseguirse en otros Estados miembros que no dispongan de dichos medios técnicos o no hayan tomado las mismas decisiones. Además, un Estado miembro puede verse obligado, legítimamente, a querer supervisar una actividad económica que se desarrolla en su territorio, lo que sería imposible si tuviera que fiarse de los controles efectuados por las autoridades de otro Estado miembro mediante sistemas reguladores que él mismo no controla.

(véanse los apartados 40 a 43 y el punto 3 del fallo)
En el ámbito del Derecho de la competencia, en el caso específico de que una sociedad matriz sea titular de la totalidad o la casi totalidad del capital de la filial que ha infringido las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, incluido el caso en que una sociedad holding posea el 100 % del capital de una sociedad interpuesta que posee, a su vez, la totalidad del capital de una filial de su grupo que ha cometido una infracción de las normas de la Unión en materia de competencia, existe una presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de su filial y, en caso de holding, tanto en el comportamiento de la sociedad interpuesta como en el de la filial. Dicha presunción tiene como finalidad establecer un equilibrio entre la importancia, por una parte, del objetivo consistente en reprimir las conductas contrarias a las normas sobre la competencia y evitar que éstas se repitan y, por otra parte, de las exigencias de determinados principios generales del Derecho de la Unión como son, en particular, los principios de presunción de inocencia, de personalidad de las sanciones y de seguridad jurídica, así como el derecho de defensa, incluido el principio de igualdad de armas. Corresponde a la sociedad matriz destruir esta presunción, aportando la prueba de que ella y su filial no formaban una sola empresa a efectos del artículo 101 TFUE, que ha cometido la infracción de que se trata. Con este fin, la sociedad matriz debe demostrar que se abstuvo de ejercer una influencia efectiva y determinante en su filial, no sólo en el plano operativo sino también en el financiero.

La circunstancia de que la filial disfrutara de cierta autonomía, o de que la sociedad matriz no hubiera participado directamente en esta infracción ni incitado a cometerla, no es suficiente, por sí sola, para destruir la presunción y para demostrar que la sociedad matriz y su filial no habían formado una sola empresa a efectos del artículo 101 TFUE.

Además, la circunstancia de que la sociedad matriz desempeñaba una función de «simple» coordinador técnico y financiero o de que proporcionaba a dichas sociedades una asistencia financiera y patrimonial, como ha alegado, demuestra que no se abstuvo de ejercer una influencia determinante en sus filiales.

(véanse los apartados 46 a 48, 50 y 63 a 69)
Existe motivación insuficiente y, por lo tanto, vicio sustancial de forma desde el momento en que una sentencia del Tribunal General afirma que el pago de la totalidad de la multa impuesta en una decisión de la Comisión en la que se declara una infracción de las normas sobre la competencia por uno de los destinatarios de dicha decisión no basta para generar un crédito a favor de este último del que otro destinatario podría responder como deudor solidario de la multa, y ello pese a las alegaciones precisas en sentido contrario del deudor solidario afectado.

Asimismo, existe incumplimiento de la obligación de motivación toda vez que el Tribunal General no se pronuncia sobre una parte central de la argumentación del deudor solidario, quien es también parte demandante, al no comprobar, pese a las alegaciones claras y precisas presentadas al respecto por el deudor solidario, si había prescrito o no el derecho del acreedor a ejercitar una acción de repetición para obtener el reembolso de la parte de la multa que pagó.

Dado que la parte demandante alega que el convenio concursal permite que la empresa en suspensión de pagos reestructure sus deudas con todos sus acreedores y continúe de este modo sus actividades, el Tribunal General no puede limitarse a responder a esta alegación decisiva señalando que el deudor solidario no proporcionó explicación alguna sobre las razones por las que calificaba al acreedor de «acreedor anterior a la sentencia» o por las que éste no había intentado presentar su crédito en el procedimiento concursal.

(véanse los apartados 36, 37, 39, 41, 44 y 45)
No obstante, el Derecho de la Unión no excluye que la Administración competente compruebe la existencia de las operaciones facturadas por un sujeto pasivo y que regularice, en caso necesario, la deuda tributaria resultante de las declaraciones efectuadas por dicho sujeto pasivo. El resultado de dicho control es, como la declaración y el pago por parte del expedidor de la factura de un impuesto sobre el valor añadido facturado, un dato que el órgano jurisdiccional nacional debe tomar en consideración al apreciar la existencia de una operación sujeta al impuesto que genera el derecho a la deducción del destinatario de la factura en un caso concreto.

El mismo artículo 203 debe interpretarse en el sentido de que no cabe deducir del solo hecho de que la Administración tributaria no haya rectificado, en una liquidación corregida remitida al expedidor de la factura, el impuesto sobre el valor añadido declarado por éste, que dicha Administración haya reconocido que la citada factura corresponde a una operación real sujeta al impuesto.

Además, mientras el expedidor de una factura no invoque uno de los supuestos que permiten la corrección del impuesto sobre el valor añadido indebidamente facturado, la Administración tributaria no está obligada, al realizar la inspección tributaria a dicho expedidor, a comprobar si el impuesto sobre el valor añadido facturado y declarado corresponde a operaciones sujetas al impuesto realmente efectuadas por dicho expedidor.

Los principios de neutralidad fiscal, de proporcionalidad y de confianza legítima deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que se deniegue al destinatario de una factura el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado por no existir una operación real sujeta al impuesto, aun cuando, en la liquidación corregida remitida al expedidor de esa factura, el impuesto sobre el valor añadido declarado por este último no haya sido rectificado. No obstante, cuando, habida cuenta de los fraudes o irregularidades que haya cometido dicho expedidor o que precedan a la operación invocada para justificar el derecho a la deducción, se considere que esa operación no se ha realizado efectivamente, debe acreditarse, mediante datos objetivos y sin exigir al destinatario de la factura comprobaciones que no le incumben, que ese destinatario sabía o debería haber sabido que dicha operación formaba parte de un fraude del impuesto sobre el valor añadido.

(véanse el apartado 52 y el punto 2 del fallo)
El artículo 1, apartado 1, del Reglamento no 1393/2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil y por el que se deroga el Reglamento no 1348/2000, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que establece que, cuando una parte con domicilio o residencia habitual en otro Estado miembro no haya designado un representante autorizado a recibir notificaciones domiciliado en el primer Estado, en el que está pendiente el procedimiento judicial, los documentos judiciales destinados a esa parte se incorporarán a los autos y se considerará que han sido notificados.

Puesto que el Reglamento no 1393/2007 establece con carácter exhaustivo los medios de transmisión de documentos judiciales, éste no contempla en absoluto la posibilidad y, por tanto, se opone, a un procedimiento de notificación o traslado ficticio como el que está en vigor en Polonia.

Además, tal mecanismo priva de efecto útil al derecho del destinatario de un documento judicial que no se halle domiciliado ni disponga de residencia habitual en el Estado miembro en el que tiene lugar el procedimiento judicial, a la recepción real y efectiva de dicho documento, y ello debido, en particular, al hecho de que no se garantiza a ese destinatario el conocimiento del documento judicial ni de su traducción en tiempo oportuno para preparar su defensa.

En efecto, los objetivos del Reglamento no 1393/2007 que persiguen lograr la mejora y la aceleración de la transmisión de documentos judiciales entre los Estados miembros no pueden alcanzarse si las disposiciones nacionales debilitan, de la manera que sea, el derecho de defensa de sus destinatarios, que se deriva del derecho a un proceso equitativo consagrado en los artículos 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

(véanse los apartados 32, 34 a 36, 41 y 42 y el fallo)
Asunto C-363/11

Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto

Ypourgeio Politismou kai Tourismou

contra

Ypourgeio Politismou kai Tourismou —

Ypiresia Dimosionomikou Elenchou

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Elegktiko Synedrio (Grecia)]

«Procedimiento prejudicial — Concepto de “órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros” a efectos del artículo 267 TFUE — Procedimiento que debe concluir con una decisión de naturaleza jurisdiccional — Tribunal de Cuentas nacional que resuelve sobre una autorización previa de un gasto público — Inadmisibilidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de diciembre de 2012

Cuestiones prejudiciales — Planteamiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional a efectos del artículo 267 TFUE — Concepto

(Art. 267 TFUE)

No puede calificarse a un órgano nacional como «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE cuando no es independiente, en el sentido de que no tenga la condición de tercero con respecto a la autoridad administrativa que haya adoptado la decisión recurrida. Por consiguiente, no puede reconocerse esa calificación si ese órgano presenta un vínculo orgánico con dicha administración.

Así ocurre en el caso de un organismo del que es miembro el autor de la decisión administrativa impugnada y que en el ejercicio de las competencias relativas al procedimiento principal tiene que adoptar una decisión que no se integra en un procedimiento que debe concluir con una decisión de naturaleza jurisdiccional, en contra de la exigencia jurisprudencial derivada del artículo 267 TFUE.

(véanse los apartados 18, 20, 21, 23 y 28)
c)

transmisión, transformación o conversión, cesión, prestación a modo de garantía, así como transformación o modificación de la afectación de los elementos estratégicos del activo de las empresas mencionadas y de las redes e infraestructuras de base necesarias para la vida económica y social del país y para su seguridad. Un régimen de ese tipo no parece apropiado para alcanzar el objetivo de garantizar la continuidad de determinados servicios de base y del funcionamiento de las redes consideradas necesarias para la vida económica y social de un país, en particular, el abastecimiento necesario del país en energía y en agua, la prestación de servicios de telecomunicaciones y la gestión de los dos mayores puertos del país. En efecto, el régimen de autorización previa produce sus efectos aun antes de que la sociedad haya adoptado un acuerdo, es decir, sin que se haya demostrado la existencia de un riesgo, siquiera potencial, de perjudicar la seguridad del abastecimiento de energía. Además, no es seguro que en el momento de la concesión de la autorización puedan concretarse todas las hipótesis de amenazas reales y suficientemente graves para la seguridad del suministro de energía ni que tales hipótesis puedan ser tenidas en cuenta. Por lo demás, la limitación del ejercicio de los derechos de voto, incluso, en su caso, el no reconocimiento de tales derechos a que da lugar el mecanismo de que se trata aplica a todos los acuerdos que den lugar a una votación de los accionistas y no sólo a los que puedan poner en riesgo de manera puntual el objetivo expresado en la Ley. Además, dicho régimen no puede considerarse proporcionado al objetivo perseguido toda vez que confiere a la administración una facultad discrecional difícilmente controlable por los órganos jurisdiccionales y que supone un riesgo de discriminación. Por último, por lo que respecta a las medidas para comprobar los acuerdos, las circunstancias en las que el derecho de oposición puede ejercerse son potencialmente numerosas, indeterminadas e indeterminables, y reservan a las autoridades nacionales una facultad de apreciación demasiado amplia. (véanse los apartados 64, 68, 70 a 72, 79, 86 y 87)