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El derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo justiciable que se encuentre en una situación de la que se desprenda que una institución comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas basadas en las garantías concretas que le dio. Sin embargo, cuando un operador económico prudente y diligente está en condiciones de prever la adopción de una medida comunitaria que pueda afectar a sus intereses, no puede invocar el beneficio de ese principio si dicha medida se adopta.

Por otro lado, aun suponiendo que la Comunidad Europea hubiera creado previamente una situación capaz de dar origen a una confianza legítima, un interés público imperativo puede oponerse a la adopción de medidas transitorias para situaciones nacidas antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, pero cuya evolución no hubiera llegado a su término. A falta de interés público imperativo, la Comisión, al no acompañar la supresión de una normativa con medidas transitorias destinadas a proteger la confianza que el operador podía legítimamente tener en la normativa comunitaria, infringió una norma jurídica superior.

La vulneración del principio general de Derecho comunitario de igualdad de trato consiste en la aplicación de normas diferentes a situaciones comparables o bien en la aplicación de la misma norma a situaciones diferentes.

En el caso de una decisión de la Comisión que declara incompatible con el mercado común un régimen fiscal particular para las actividades de financiación internacional de empresas pertenecientes a un grupo y que establece un régimen transitorio exclusivamente para las empresas beneficiarias de dicho régimen y no para las empresas que tenían pendiente una solicitud inicial de autorización en la fecha en que fue adoptada dicha Decisión, la situación de una empresa que solicitó una autorización inicial pero que no demostró la existencia de inversiones efectuadas ni de compromisos asumidos previamente es distinta de la de los beneficiarios que habían realizado inversiones y asumido compromisos en el pasado, en un momento en que no se cuestionaba la legalidad del citado régimen, los cuales habrían sufrido perjuicios de no haberse adoptado medidas transitorias en su favor.

Dadas las circunstancias, la Comisión no vulneró los principios de protección de la confianza legítima y de igualdad de trato al limitar el acceso a un régimen transitorio únicamente a las empresas beneficiarias de dicho régimen.

(véanse los apartados 84 a 86, 88, 91, 94 y 100 a 102)
En efecto, por una parte, la cláusula 2, apartado 6, de dicho Acuerdo marco no regula los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral durante el período de permiso parental, sino que se remite a la legislación nacional y a los convenios colectivos para la determinación del régimen del contrato o de la situación laboral, incluso en lo que respecta a la medida en que, durante el permiso, el trabajador sigue adquiriendo derechos frente al empleador o en virtud de los regímenes profesionales de seguridad social. Por otra parte, la cláusula 2, apartado 8, de este Acuerdo marco se refieren al mantenimiento de las prestaciones de seguridad social durante el período en que el trabajador disfruta de un permiso parental, sin pese a ello imponer a los Estados miembros ninguna obligación concreta a este respecto. Por consiguiente, tales disposiciones no imponen a los Estados miembros la obligación de garantizar a los trabajadores que, durante el período en que disfruten de un permiso parental a tiempo parcial, seguirán adquiriendo derechos a futuras prestaciones de seguridad social en la misma medida en que lo harían si siguieran trabajando a tiempo completo.

La cláusula 2, apartado 8, del Acuerdo marco sobre el permiso parental que figura en anexo a la Directiva 96/34, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, no impone a los Estados miembros más obligación que la de examinar y determinar los asuntos de seguridad social vinculados con dicho Acuerdo de conformidad con la legislación nacional. En particular, no les impone la obligación de prever la continuidad en la percepción de prestaciones de seguridad social durante el permiso parental. Los particulares no pueden invocar, pues, ante los órganos jurisdiccionales nacionales la mencionada cláusula 2, apartado 8, frente a las autoridades públicas.

(véanse el apartado 51 y el punto 3 del fallo)
A este respecto, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante.

En particular, en el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

Si bien no cabe excluir que la coexistencia de dos marcas en un mercado determinado pueda eventualmente contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión –en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria– entre dichas marcas por parte del público pertinente, para ello es necesario, además, que concurran determinados requisitos. Así, la inexistencia de riesgo de confusión puede deducirse, en particular, del carácter «pacífico» de la coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado de referencia.

(véase el apartado 82)
Asunto C-542/07 P

Imagination Technologies Ltd

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Denegación de registro — Reglamento (CE) no 40/94 — Artículo 7, apartado 3 — Carácter distintivo adquirido por el uso — Uso posterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de junio de 2009 I ‐ 4939

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 3]

Conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, «las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos y servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».

Por tanto, del propio tenor literal de esta disposición y más en particular del empleo de los verbos en pasado en las expresiones «la marca hubiera adquirido» y «como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma», se desprende que la marca debe haber adquirido, en el momento de formularse la solicitud de registro, un carácter distintivo por un uso anterior.

Esta afirmación, que afecta a la versión francesa, se ve corroborada por el examen de otras versiones lingüísticas, como, en particular, las versiones inglesa, alemana, italiana y neerlandesa.

Por otra parte, la evolución de la legislación en esta materia pone claramente de manifiesto que la intención del legislador comunitario fue conceder la protección como marca comunitaria tan sólo a aquellas marcas cuyo carácter distintivo se ha adquirido por un uso anterior a la solicitud de registro.

Además, una interpretación literal semejante del artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94 es la única compatible con la coherencia del sistema de motivos de denegación absolutos y relativos en materia de registro de la marca comunitaria, según el cual la fecha de presentación de la solicitud de registro determina la prioridad de una marca en relación con otra.

Por añadidura, una marca carente de carácter distintivo en el momento de formularse la solicitud de registro puede servir de base para la aplicación, en el marco de una oposición o de una solicitud de nulidad, de un motivo relativo de denegación contra una marca cuya solicitud de registro sea posterior a la de la primera marca. Una hipótesis semejante es tanto más inaceptable cuanto que, en la fecha en que se solicita su registro, la segunda marca tiene ya un carácter distintivo, mientras que la primera aún no ha adquirido tal carácter distintivo por el uso.

(véanse los apartados 41 a 44, 51 y 52)
Por consiguiente, en el supuesto de que se determine la existencia de una afectación del comercio intracomunitario ha de ser la Comisión, y no las autoridades nacionales de la competencia, quien instruya una denuncia sobre la vulneración de los artículos 81 CE y 82 CE si existe un interés comunitario suficiente. Ése podría ser el caso, en particular, cuando la infracción que se denuncie pueda provocar disfunciones importantes en el mercado común.

La Comisión es competente para definir la orientación y para ejecutar la política comunitaria en materia de competencia y dispone, a tal fin, de una facultad discrecional a la hora de tramitar las denuncias que se presenten ante ella. Cuando la Comisión establece el orden de prioridad en el examen de las denuncias que se le presentan, puede invocar legítimamente el interés comunitario. En este marco, tiene el deber de apreciar en cada caso concreto la gravedad de las distorsiones de la competencia que se hayan alegado, así como la persistencia de sus efectos. Esta obligación implica, en particular, que ha de tener en cuenta la duración y la importancia de las infracciones denunciadas, así como su incidencia en la situación de la competencia dentro de la Comunidad Europea.

Las nociones de afectación del comercio intracomunitario, por una parte, y de disfunciones importantes del mercado común, por otra parte, son dos conceptos distintos.

La afectación del comercio entre Estados miembros sirve por tanto de criterio de delimitación entre el ámbito de aplicación del Derecho comunitario de la competencia, en particular los artículos 81 CE y 82 CE, y el ámbito de aplicación del Derecho nacional de la competencia. Si la infracción que se alega no puede afectar al comercio intracomunitario, o sólo puede afectarlo de una manera insignificante, no se aplicará el Derecho comunitario de la competencia y, más concretamente, los artículos 81 CE y 82 CE. Por otro lado, para que un acuerdo entre empresas pueda afectar al comercio entre Estados miembros, debe poderse presumir con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, que puede ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre Estados miembros, en un sentido que pueda perjudicar a la realización de los objetivos de un mercado único entre Estados miembros.

En cuanto al concepto de disfunciones importantes del mercado común, puede constituir uno de los criterios de evaluación de la existencia de un interés comunitario suficiente para que la Comisión instruya una denuncia.

Ahora bien, una afectación del comercio intracomunitario no implica por sí misma disfunciones importantes en el mercado común.

(véanse los apartados 48 a 52)
1)

Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al no haber equipado con sistemas colectores, en los términos previstos en el artículo 3 de dicha Directiva, a las aglomeraciones de Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Ponta Delgada, Póvoa do Varzim/Vila do Conde y Santa Cita, y al no haber sometido a un tratamiento secundario o proceso equivalente, en los términos previstos en el artículo 4 de la misma Directiva, las aguas residuales urbanas procedentes de las aglomeraciones de Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Carvoeiro, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Lisboa, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/Famalicão, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Franca de Xira y Vila Real de Santo António.
El artículo 7, apartado 5, de la Directiva 91/439, sobre el permiso de conducción, en su versión modificada por el Reglamento no 1882/2003, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un nacional de un Estado miembro posea simultáneamente dos permisos de conducción válidos, uno de los cuales es un permiso comunitario y el otro un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, si ambos se obtuvieron antes de la adhesión de este último Estado a la Unión Europea.

Si bien es cierto que el artículo 7, apartado 5, consagra la unidad del permiso de conducción comunitario, dicho artículo no se opone, no obstante, a que un nacional de un Estado miembro continúe disponiendo de más de un permiso válido cuando uno de esos permisos haya sido expedido en un Estado miembro antes de su adhesión en la medida en que tal permiso no haya perdido su validez. En tal situación, la citada disposición no afecta, por lo tanto, en caso de coexistencia de dos permisos válidos, a la validez de uno de esos permisos. No establece un orden de prioridad de aplicación y no impone ni la pérdida automática del primer permiso ni la nulidad del segundo permiso.

(véanse los apartados 56 a 58 y 60 y el punto 1 del fallo)
En relación con la situación en que quedan las ventajas indebidamente percibidas con cargo al presupuesto comunitario a causa de irregularidades que hubieran sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento no 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, debe señalarse que, mediante la adopción del artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento y sin perjuicio del apartado 3 del referido artículo, el legislador comunitario estableció una norma de prescripción general en virtud de la cual redujo voluntariamente a cuatro años el período durante el cual, actuando en nombre y por cuenta del presupuesto comunitario, las autoridades de los Estados miembros debían o hubieran debido recuperar tales ventajas indebidamente percibidas.

En relación con las deudas contraídas bajo el imperio de una norma nacional de prescripción que aún no hayan prescrito, la entrada en vigor del Reglamento no 2988/95 da lugar a que, con arreglo al artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, tal deuda deba, en principio, prescribir en un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha en la que se hubieran cometido las irregularidades. En tales circunstancias, con arreglo a dicha disposición, toda cantidad indebidamente percibida por un operador a causa de una irregularidad anterior a la entrada en vigor del Reglamento no 2988/95 debe, en principio, considerarse prescrita si no se adoptó ningún acto suspensivo dentro de los cuatro años siguientes a la comisión de las irregularidades, sin perjuicio, no obstante, de la posibilidad que, en virtud del artículo 3, apartado 3, del Reglamento no 2988/95, mantienen los Estados miembros de establecer plazos de prescripción más largos.

El plazo de prescripción previsto en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento no 2988/95 se aplica pues a las irregularidades cometidas antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento y se computa a partir de la fecha en que se haya cometido la irregularidad de que se trate.

(véanse los apartados 29 y 31 a 34 y el punto 2 del fallo)
No obstante, la obligación de motivación no obliga al Tribunal de Primera Instancia a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes del litigio, pudiendo la motivación ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptaron las medidas controvertidas y al órgano jurisdiccional competente disponer de los elementos suficientes para ejercer su control.

Cuando los miembros de una asociación de empresas hayan participado activamente en la aplicación de un acuerdo contrario a la competencia, pueden tenerse en cuenta los volúmenes de negocios de estos miembros para determinar la sanción, aun cuando la asociación de que se trata no tenga la posibilidad de vincular a sus miembros. Tomar en cuenta dichos datos se justifica en aquellos casos en que la infracción cometida por una asociación se refiera a las actividades de sus miembros y en que las prácticas contrarias a la competencia examinadas sean ejecutadas por la asociación directamente en beneficio de sus miembros y en cooperación con ellos, por no tener la asociación intereses objetivos de carácter autónomo con respecto a los de sus miembros.

Una decisión por la que la Comisión impone multas a una asociación formada por asociaciones de empresas así como a los miembros de ésta, a causa de la participación y del grado de responsabilidad propia de cada una en una infracción de las normas de competencia, no vulnera el principio non bis in idem. En efecto, la circunstancia de que estas asociaciones tengan la calidad de miembro de la primera no significa que hayan sido sancionadas varias veces por la misma infracción, ya que, al tener personalidades jurídicas independientes, presupuestos separados y objetivos que no coinciden siempre, y al llevar a cabo sus acciones en defensa de intereses que les son propios y específicos, falta la unidad de los infractores necesaria para la aplicación del principio non bis in idem.

Esta decisión tampoco vulnera el principio de proporcionalidad aunque la Comisión haya tomado en consideración los volúmenes de negocios de los miembros de cada asociación para determinar el límite del 10 % contemplado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17. En efecto, los miembros directos o indirectos de las asociaciones sancionadas no están por este hecho doblemente sancionados por una misma y única infracción, ya que tomar en consideración dichos volúmenes de negocios no significa que se haya impuesto una multa a los miembros de la asociación y ni siquiera, en sí mismo, que la asociación de que se trate esté obligada a repercutir sobre sus miembros la carga de la multa.

(véanse los apartados 127 a 130)
En efecto, el derecho que se confiere al hijo de un trabajador turco para aceptar cualquier oferta de empleo en el Estado miembro de acogida está sujeto a dos requisitos, según los cuales el trabajador debe pertenecer al mercado legal de trabajo de ese Estado miembro y el hijo debe residir en él legalmente durante un período de al menos tres años. La circunstancia de que el requisito que hace nacer el derecho de acceso al mercado de trabajo del Estado miembro de acogida desaparezca para el trabajador una vez que el miembro de la familia adquiere ese derecho por sí mismo no puede, como tal, ponerlo en tela de juicio. De ello se desprende que, para que el miembro de la familia de un trabajador turco adquiera el derecho de acceso al mercado de trabajo en el Estado miembro de acogida, es preciso que dicho trabajador cumpla el requisito de formar parte del mercado legal de trabajo durante, al menos, el período de tres años de residencia común. Por sí sola, la situación de desempleo involuntario no es óbice para que un trabajador turco siga formando parte del mercado legal de trabajo del Estado miembro de acogida.

El hecho de que un trabajador turco haya obtenido en su condición de refugiado político el derecho a residir en un Estado miembro y, por tanto, el derecho a acceder al mercado de trabajo de este Estado no impide que un miembro de su familia pueda beneficiarse de los derechos que nacen al amparo del artículo 7, párrafo primero, de la Decisión no 1/80. En efecto, el ejercicio de los derechos que se derivan de la Decisión no 1/80 en favor de los nacionales turcos no está sujeto a ningún requisito relativo al motivo por el cual se haya acordado inicialmente un derecho de entrada y de residencia en el Estado miembro de acogida.

Respecto de una posible «doble ventaja», otorgada a los refugiados por la Decisión no 1/80, por un lado, y por la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, por otro, ésta enuncia en su artículo 5 que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios, independientemente de esa Convención otorgados a los refugiados. Pues bien, la Decisión no 1/80 concede a los miembros de la familia de un trabajador turco derechos que no podría invocar al amparo de la Convención de Ginebra, dado que no confiere ningún derecho de la misma naturaleza que los previstos en el artículo 7 de la Decisión no 1/80. Si bien la Decisión no 1/80 no invade la competencia de los Estados miembros para regular tanto la entrada en su territorio de los ciudadanos turcos como las condiciones de su primer empleo, no obstante, la negativa a aplicar la Decisión motivada en el estatuto de refugiado político de un trabajador turco en el momento de expedirse su autorización de entrada y de residencia en un Estado miembro cuestionaría los derechos que se derivan de dicha Decisión para él mismo y para los miembros de su familia.

(véanse los apartados 42 a 50 y el punto 2 del fallo)
Asunto C-239/07

Procedimiento de control de constitucionalidad

iniciado por

Julius Sabatauskas y otros

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas)

«Mercado interior de la electricidad — Directiva 2003/54/CE — Artículo 20 — Redes de transporte y de distribución — Acceso de terceros — Obligaciones de los Estados miembros — Libre acceso de terceros a las redes de transporte y de distribución de electricidad»

Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 12 de junio de 2008 I ‐ 7525

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de octubre de 2008 I ‐ 7539

Sumario de la sentencia

Aproximación de las legislaciones — Medidas destinadas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior de la electricidad — Directiva 2003/54/CE — Acceso de terceros a las redes de transporte y de distribución de electricidad

(Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 20)

El artículo 20 de la Directiva 2003/54, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92, debe interpretarse en el sentido de que sólo define las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere al acceso, y no a la conexión, de terceros a las redes de transporte y distribución de electricidad, y que no prevé que el sistema de acceso a las redes que los Estados miembros están obligados a establecer deba permitir al cliente cualificado elegir de manera discrecional el tipo de red al que desea conectarse.

Dicho artículo 20 debe interpretarse también en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece que los equipos de un cliente cualificado únicamente pueden conectarse a una red de transporte si el gestor de una red de distribución se niega, por razones técnicas o de explotación impuestas, a conectar a su red los equipos del cliente cualificado situados en la zona de actividad definida en su licencia. No obstante, corresponde al juez nacional comprobar que el establecimiento y la aplicación del sistema se realicen con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios entre los usuarios de las redes.

(véanse el apartado 49 y el fallo)