Palabras clave

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Palabras clave

1. Derecho comunitario - Principios - Fuerza mayor - Ámbito de aplicación - Ayuda financiera del FEOGA - Aplicabilidad, aun cuando no exista texto alguno que prevea su consideración, a la vista de la práctica administrativa

2. Derecho comunitario - Principios - Fuerza mayor - No ejecución de un proyecto de ayuda a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas - Inexistencia de una actividad económica significativa que resulta de circunstancias que no pueden ser consideradas ni extrañas, ni anormales e imprevisibles - No reunión de los requisitos de aplicación

[Reglamento (CEE) nº 355/77 del Consejo]

3. Agricultura - Política agrícola común - Reforma de las estructuras - Acciones comunes - Mejora de las condiciones de transformación y de comercialización de los productos agrícolas - Supresión de una ayuda financiera del FEOGA en caso de incumplimiento de obligaciones esenciales - Principio de proporcionalidad - Violación - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 355/77 del Consejo]

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1. La existencia de una práctica administrativa por la que la Comisión examina si existe un caso de fuerza mayor que debiera hacerle renunciar a la supresión de ayudas financieras del FEOGA, aun cuando no se desprenda de texto alguno, puede vincular a esta institución cada vez que se invoca ante ella un caso de fuerza mayor.

( véase el apartado 72 )

2. Aunque el concepto de fuerza mayor no presupone una imposibilidad absoluta, exige, sin embargo, que el hecho controvertido no se haya realizado a causa de circunstancias anormales e imprevisibles, ajenas al que las invoca, cuyas consecuencias no se hubieran podido evitar pese a toda la diligencia empleada.

No pueden invocarse como tales, para impugnar la fundamentación de una decisión por la que se suprime una ayuda concedida, en virtud del Reglamento nº 355/77, a un proyecto que tiene por objeto la mejora de la transformación y comercialización de los productos agrícolas, debido a la inexistencia de una actividad económica significativa:

- una perturbación de la actividad de un establecimiento derivada de los problemas judiciales imputables al administrador de la sociedad de gestión a la que el operador económico afectado había confiado la gestión de esta actividad; en efecto, al constituir dicha sociedad de gestión para el cumplimiento de sus obligaciones, el operador económico de que se trate asume todos los riesgos que razonablemente puede y debe prever un operador diligente respecto a este acuerdo, incluido un comportamiento fraudulento o negligente del administrador de esta sociedad de gestión;

- un robo de mercancías, que es un riesgo normal y previsible en el marco de una actividad comercial habitual;

- las evoluciones del mercado, que forman parte del riesgo comercial normal que un operador económico normalmente informado debe poder prever;

- las maniobras fraudulentas, cuando son las acciones de delincuentes infiltrados en el operador económico;

- el comportamiento de la Administración nacional, siempre que no se haya demostrado que este comportamiento puso al operador económico en la imposibilidad de cumplir las obligaciones que le impone la normativa comunitaria.

( véanse los apartados 74, 75, 77 y 79 a 81 )

3. La inobservancia de obligaciones cuyo cumplimiento es de fundamental importancia para el buen funcionamiento del sistema comunitario puede sancionarse con la pérdida de un derecho concedido por la normativa comunitaria.

Un operador económico incumple una obligación fundamental al proporcionar a la Comisión informaciones erróneas sobre el número de estructuras de almacenamiento y envasado de aceite existentes en el momento de su solicitud de ayuda en virtud del Reglamento nº 355/77, relativo a una acción común para la mejora de las condiciones de transformación y de comercialización de los productos agrícolas, susceptibles de inducir a error a la Comisión sobre la base económica del proyecto previsto. En estas circunstancias, la supresión de la ayuda del FEOGA es conforme al principio de proporcionalidad.

Ni la situación financiera del operador económico ni la supuesta acumulación de la supresión de la ayuda comunitaria con las posibles multas administrativas impuestas por las autoridades nacionales que hayan participado en la financiación pueden cuestionar la proporcionalidad de la Decisión de supresión de dicha ayuda.

Por lo que se refiere a la acumulación de la sanción comunitaria y de las multas administrativas nacionales, se trata de una eventualidad puramente hipotética que, de todos modos, no es suficiente por sí sola para llegar a la conclusión de que la decisión de supresión de la ayuda resulta desproporcionada. Llegado el caso, corresponderá al operador económico afectado invocar ante los tribunales nacionales la eventual violación del principio de proporcionalidad causada por la acumulación de sanciones comunitarias y nacionales.

( véanse los apartados 96 y 120 a 122 )