ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
La formulación empleada por el legislador de la Unión en el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140, en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 423/2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán, en el artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento no 961/2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 423/2007, y en el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 961/2010, implica que la adopción de las medidas restrictivas contra una persona o entidad, por el apoyo que supuestamente ha prestado a la proliferación nuclear, supone que ésta haya adoptado efectivamente un comportamiento correspondiente a ese criterio. En cambio, el mero riesgo de que la persona o entidad de que se trata preste, en el futuro, apoyo a la proliferación nuclear es insuficiente. Por otro lado, la adopción y el mantenimiento de las medidas restrictivas no pueden fundarse válidamente en una presunción que no ha sido prevista en la normativa aplicable y que no se ajusta al objetivo de ésta. A este respecto, si el Consejo estima que la normativa aplicable no le permite intervenir de manera suficientemente eficaz a fin de luchar contra la proliferación nuclear, éste, en su papel de legislador, está facultado para adaptar dicha normativa, sin perjuicio del control de legalidad ejercido por el juez de la Unión, para ampliar los supuestos en los que las medidas restrictivas pueden ser adoptadas.

Sin embargo, la voluntad de garantizar el efecto preventivo más amplio posible de las medidas restrictivas no puede tener como consecuencia una interpretación de la normativa en vigor contraria a su redacción clara. En consecuencia, aunque parezca justificado considerar que el hecho de que una entidad haya estado involucrada en incidentes relativos al transporte de material militar infringiendo la prohibición establecida en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aumenta el riesgo de que estén igualmente implicadas en supuestos que tengan por objeto el transporte de material vinculado a la proliferación nuclear, esta circunstancia no justifica, dada la redacción actual de la normativa aplicable, la adopción y el mantenimiento de las medidas restrictivas contra ella.

(véanse los apartados 48, 57, 59, 62 y 64 a 66)
En efecto, la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar con respecto a la resolución objeto del recurso no queda ciertamente determinada, en principio, por los motivos invocados por la parte que haya interpuesto el recurso. Con mayor razón, la amplitud del examen por la Sala de Recurso no está limitada por la falta de precisión de algunos motivos de defensa aducidos ante la misma Sala.

A tenor del artículo 62, apartado 1, primera frase, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso fallará sobre éste. Esa obligación de examen del recurso incluye considerar el carácter distintivo adquirido por el uso cuando se alega este argumento. No cabe excluir que el examen del fundamento de los argumentos y medios de prueba presentados por la demandante en el procedimiento ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) sobre el carácter distintivo adquirido por el uso hubiera llevado a la Sala de Recurso a adoptar una resolución de contenido diferente al de la resolución impugnada. Por consiguiente, al omitir llevar a cabo ese examen la Sala de Recurso incurrió en un quebrantamiento sustancial de forma que debe llevar a la anulación del acto impugnado.

Como quiera que, indebidamente, la Sala de Recurso no apreció los argumentos y pruebas del carácter distintivo acrecentado por el uso, no incumbe al Tribunal apreciar esos mismos argumentos y pruebas en relación con la demanda de anulación de la resolución impugnada. En efecto, ante una demanda de anulación, en el ejercicio de su control de legalidad el Tribunal no puede sustituir a la Sala de Recurso efectuando una apreciación de hecho que ésta haya omitido realizar. Pues bien, en el contexto de un recurso de anulación, si el Tribunal concluye que una resolución de la Sala de Recurso, impugnada en un recurso interpuesto ante él, adolece de una ilegalidad, debe anularla. No puede desestimar el recurso sustituyendo la motivación del órgano competente de la Oficina, que es la autora del acto impugnado, por la suya propia.

(véanse los apartados 81 y 83)
Recurso de anulación de la Decisión 2009/612/CE de la Comisión, de 10 de marzo de 2009, relativa a la medida C 5/2000 (ex NN 118/97) ejecutada por España en favor de la empresa Sniace, S.A., ubicada en Torrelavega, Cantabria, y por la que se modifica la Decisión 1999/395/CE (DO L 210, p. 4).
21.

Competencia — Multas — Importe — Carácter apropiado — Control jurisdiccional — Factores que puede tomar en consideración el juez de la Unión — Elementos de información no contenidos en la decisión por la que se impone la multa y no exigidos para su motivación — Inclusión [Art. 229 CE; art. 296 TFUE; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, arts. 23, ap. 2, y 31; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión] (véanse los apartados 430 a 432)
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 7 de diciembre de 2012 — A. Loacker/OAMI — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Asunto T-42/09)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa QUADRATUM — Marca comunitaria denominativa anterior LOACKER QUADRATINI — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009] — Artículo 73 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 75 del Reglamento no 207/2009) — Artículo 74 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 76 del Reglamento no 207/2009)»

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Apreciación del riesgo de confusión — Criterios [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 16 a 18)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas denominativas QUADRATUM y LOACKER QUADRATINI [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 20, 21, 51 y 52)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véase el apartado 22)

4. Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Artículo 73, primera frase, del Reglamento (CE) no 40/94 — Alcance idéntico al del artículo 253 CE [Art. 253 CE; Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 73] (véase el apartado 60)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 23 de octubre de 2008 (asunto R 34/2008-1) relativa a un procedimiento de oposición entre A. Loacker SpA y Editrice Quadratum SpA.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
3.

Agricultura — FEOGA — Liquidación de cuentas — No asunción de los gastos resultantes de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Impugnación por el Estado miembro afectado — Carga de la prueba — Reparto entre la Comisión y el Estado miembro [Reglamentos del Consejo (CEE) no 729/70 y (CE) no 1258/1999; Reglamento (CE) no 296/96 de la Comisión, cuarto considerando y art. 4, ap. 2, letra d)] (véanse los apartados 46, 120 y 135 a 137)
El Estado miembro que ha concedido o que desea conceder ayudas no obstante lo dispuesto en las normas del Tratado tiene un deber de colaboración con la Comisión en el marco del procedimiento en el que participa en virtud del cual está obligado, en particular, a aportar todos los datos que permitan a dicha institución comprobar que se cumplen los requisitos de la excepción solicitada. Así, la legalidad de una decisión en materia de ayudas de Estado debe examinarse en función de la información de que podía disponer la Comisión en el momento en que la adoptó. De ello se desprende que, dado que el concepto de ayuda de Estado responde a una situación objetiva que se aprecia en la fecha en que la Comisión adopta su decisión, son las apreciaciones realizadas a tal fecha las que deben ser tenidas en cuenta para efectuar el citado control jurisdiccional. Así pues, de no existir información en sentido contrario procedente de las partes afectadas, la Comisión está facultada para basarse en los hechos de que dispone al adoptar la decisión definitiva, aunque sean erróneos, en la medida en que la Comisión haya requerido al Estado miembro para que le proporcione la información necesaria sobre los hechos de que se trate.

Resulta igualmente de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 659/1999, relativo a la aplicación del artículo 88 CE, que, al término del procedimiento de investigación formal relativo a una ayuda ilegal, la Comisión adopta una decisión basándose en la información disponible y, en particular, en la proporcionada por el Estado miembro en respuesta a las solicitudes de información de la Comisión.

En este contexto, y en relación con el principio de eficacia del procedimiento administrativo, un Estado miembro no puede impugnar por primera vez en la fase jurisdiccional el contenido de las observaciones sobre los hechos formuladas por un tercero interesado durante el procedimiento administrativo, cuando éstas le habían sido transmitidas.

(véanse los apartados 52, 53 y 55)
(137)

[…] El punto de vista de Austria no se ve respaldado por ningún precedente en el que un inversor en una economía de mercado haya tenido en cuenta una garantía calificada de garantía estatal: y según se desprende de esta hipótesis, ningún inversor en una economía de mercado habría asumido una garantía que no hubiera correspondido al principio de un inversor en una economía de mercado, y la decisión de abolir la “Ausfallhaftung” confirma que la “Ausfallhaftung” no se concedió en condiciones de mercado. El Tribunal de Justicia ha sostenido que las garantías consideradas ayudas ilegales no podían tenerse en cuenta al calcular los posibles costes de liquidación. Esto no significa que, por el contrario, pueda tenerse en cuenta una ayuda existente. En opinión de la Comisión no es relevante que se trate de una ayuda ilegal o existente. Siempre que la medida se haya clasificado como ayuda estatal, ningún vendedor en una economía de mercado la habría concedido y, por consiguiente, no habría tenido en cuenta tal medida.»
80

En el caso de autos, la Comisión respetó el principio de igualdad de trato de los licitadores, puesto que no sólo solicitó aclaraciones a la sociedad C., sino también a todos los licitadores cuyas ofertas presentaban, en particular, el mismo error que la oferta de la sociedad C., a saber, precios omitidos por ciertas partidas del presupuesto recapitulativo que acompañaba a las ofertas de dichos licitadores (véanse los apartados 7 y 17 supra). Tales aclaraciones no se solicitaron a la demandante, por no ser necesarias, ya que en el presupuesto recapitulativo que acompañaba a su oferta no estaba omitido ningún precio. También es cierto que, según se desprende del informe de evaluación de 23 de abril de 2008, el Comité de evaluación también realizó ciertas correcciones en la oferta de la demandante, lo que dio lugar a una ligera disminución del precio total ofrecido por ésta.
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 13 de septiembre de 2013 — Huvis/Consejo

(Asunto T‑536/08)

«Dumping — Importaciones de fibras discontinuas de poliéster originarias de Corea del Sur — Mantenimiento de los derechos antidumping tras una reconsideración provisional parcial — Recurso de anulación — Afectación directa e individual — Admisibilidad — Igualdad de trato y no discriminación — Artículo 9, apartado 5, y artículo 21, apartado 1, del Reglamento (CE) no 384/96 [actualmente artículo 9, apartado 5, y artículo 21, apartado 1,del Reglamento (CE) no 1225/2009]»

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Reglamento por el que se establecen derechos antidumping — Empresas productoras y exportadoras individualizadas en el Reglamento o afectadas por las investigaciones preparatorias — Admisibilidad [Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (CE) no 893/2008 del Consejo] (véanse los apartados 25 a 28)

2. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Principio de igualdad de trato respecto de las importaciones procedentes de diferentes países — Alcance en lo que atañe a productos procedentes de diferentes países y que son todos objeto de dumping, pero que en unos casos están sujetos a procedimientos de reconsideración de un derecho definitivo y en otros a una investigación inicial [Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio «Código antidumping de 1994», art. 9.2; Reglamentos (CE) del Consejo no 384/96, arts. 5, 9, aps. 2 y 5, 11, ap. 3, y 21, no 428/2005, no 893/2008 y no 1225/2009, arts. 5, 9, aps. 2 y 5, 11, ap. 3, y 21; Decisión 2007/430/CE de la Comisión] (véanse los apartados 37 a 41, 43 a 48 y 65)

Objeto

Pretensión de anulación del Reglamento (CE) no 893/2008 del Consejo, de 10 de septiembre de 2008, por el que se mantienen los derechos antidumping sobre las importaciones de fibras discontinuas de poliéster originarias de Belarús, la República Popular China, Arabia Saudí y Corea tras una reconsideración provisional parcial de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) no 384/96 (DO L 247, p. 1), en lo que afecta a la demandante.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Huvis Corp. cargará con sus propias costas así como con las del Consejo de la Unión Europea.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Carácter jurídico — Interpretación partiendo de elementos objetivos — Control jurisdiccional — Alcance (Art. 87 CE, ap. 1) (véanse los apartados 37 y 38)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Apreciación a la luz de todos los aspectos pertinentes de la operación controvertida y de su contexto — Venta de un terreno como parte de un conjunto de operaciones relacionadas y destinadas a permitir la ejecución de un plan de urbanismo (Art. 87 CE, ap. 1) (véanse los apartados 56 a 58)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Apreciación según el criterio del inversor privado — Apreciación a la luz de todos los aspectos pertinentes de la operación controvertida y de su contexto — Venta de un terreno por una autoridad pública a un particular a pesar de que existe una oferta por un precio más elevado — Comparabilidad de las dos ofertas — Criterios de apreciación (Art. 87 CE, ap. 1) (véanse los apartados 61 a 63, 65, 72 y 76)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión 2008/366/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2008, relativa a la ayuda estatal C 35/06 (ex NN 37/06) concedida por Suecia en favor de Konsum Jämtland ekonomisk förening (DO L 126, p. 3).

Parte dispositiva

Fallo

1) Anular la Decisión 2008/366/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2008, relativa a la ayuda estatal C 35/06 (ex NN 37/06) concedida por Suecia en favor de Konsum Jämtland ekonomisk förening.

2) La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las de Konsum Jämtland ekonomisk förening.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

Índice

Para el público relevante, integrado por consumidores de todo el territorio comunitario muy atentos, bien informados y familiarizados con la terminología financiera inglesa básica, no existe riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, entre el signo denominativo CARBON CAPITAL MARKETS, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «Servicios financieros; comercio con productos; corretaje de artículos de consumo; financiación de artículos de consumo; servicios de inversión en artículos de consumo; servicios relacionados con la comercialización de artículos de consumo; facilitación de información sobre precios de artículos de consumo; inversión de capitales; servicios de inversión; servicios relacionados con la contratación de permisos de emisiones; comercialización de opciones; contratación de permisos de emisiones; contratación de valores de renta variable; contratación de acciones; corretaje de artículos de consumo; servicios de gestión de riesgo; financiación de adquisiciones; servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación con la contratación de emisiones», de la clase 36 del Arreglo de Niza, y las marcas figurativas CM Capital Markets registradas anteriormente como marcas comunitarias para los servicios comprendidos en las clases 35, 36 y 42, y en España para los servicios comprendidos en la clase 36.

Como quiera que los servicios designados por las marcas anteriores, en particular los de la clase 36 del Arreglo de Niza, incluyen las mismas gamas de servicios del sector financiero que los designados por la marca solicitada pertenecientes a esa misma clase, los servicios de que se trata son idénticos. En cambio, los signos en litigio son diferentes. En efecto, en la impresión de conjunto producida por dichos signos, las diferencias visual y conceptual existentes entre ellos son suficientes para neutralizar su limitada similitud fonética, en particular habida cuenta de que, en el caso de autos, el público relevante es un público muy atento y bien informado. Habida cuenta de la inexistencia de similitud entre los signos en litigio, pese a la identidad de los servicios designados, no existe riesgo de confusión directa entre la marca solicitada y las marcas anteriores.

(véanse los apartados 33, 34, 61 y 64)
Recurso de anulación, por un lado, del anuncio de concurso general EPSO/AD/94/07, para establecer una lista de reserva para proveer, en el seno de las instituciones, puestos vacantes de administradores (AD 5) en el campo de la información, la comunicación y los medios de comunicación (DO 2007, C 45 A, p. 3), y, por otro lado, del anuncio de concurso general EPSO/AD/95/07, para establecer una lista de reserva destinada a proveer puestos vacantes de administradores (AD 5) en el campo de la información (Biblioteca/Documentación) (DO 2007, C 103 A, p. 7).
15

En lo que atañe al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, consideró que las marcas controvertidas no eran semejantes y que, por lo tanto, no se cumplía uno de los requisitos establecidos en dicha disposición. En lo tocante al artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94, la Sala de Recurso consideró, además de que no existía ninguna semejanza entre las marcas controvertidas, que no había ningún factor común a ambos signos que pudiera hacer creer que existía un vínculo económico entre ellos.
20

El contenido del artículo 38 del Reglamento no 40/94 ha sido precisado por la regla 11, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 (DO L 303, p. 1). En particular, las consecuencias de no presentar la declaración exigida por la OAMI se regulan en el apartado 3 de la regla 11 de dicho Reglamento no 2868/95. En caso de que el solicitante no presente la declaración exigida por la OAMI dentro del plazo señalado, esta última podrá denegar total o parcialmente la solicitud.
36

En quinto lugar, debe recordarse que, según la jurisprudencia, cuando se trate de un signo compuesto por palabras, su eventual carácter distintivo puede examinarse, en parte, respecto a cada uno de sus términos, considerados aisladamente, pero, en cualquier caso, debe depender del examen del conjunto que integran. En efecto, la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer un carácter distintivo [sentencia SAT.1/OAMI, citada en el apartado 34 supra, apartado 28, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008, BYK-Chemie/OAMI (Substance for Success), T-58/07, no publicada en la Recopilación, apartado 18]. Con arreglo a dicha jurisprudencia, cuando la Sala de Recurso afirmó que «el signo solicitado sólo [estaba] constituido por la mera suma de los elementos que lo componen», únicamente constató que la marca TAME IT no tenía un significado distinto de la simple combinación de las palabras «tame» e «it» y que, por ello, considerada en su conjunto, continuaba siendo percibida por el público relevante, a primera vista, como un mensaje meramente publicitario. Por lo tanto, esta afirmación no se dirigía, como la demandante sostiene, a indicar una falta de creatividad o de imaginación en la marca TAME IT. Por consiguiente, también debe desestimarse dicha alegación.
5

El 8 de abril de 2003, DSR touristik GmbH solicitó que se declarara la nulidad de dicho registro en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento no 40/94 [actualmente, artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009], por considerar que dicho registro estaba comprendido en el ámbito de aplicación de los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento [actualmente, artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009]. Asimismo, alegó que, aun en el supuesto de que no se considerara la marca controvertida descriptiva de los productos y servicios que designaba, esta marca tenía que declararse nula, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, letra a), Reglamento no 40/94, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra g), de este mismo Reglamento [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento no 207/2009], por ser engañosa.
4.

Competencia — Procedimiento administrativo — Examen de las denuncias — Fases sucesivas del procedimiento — Comunicación por la Comisión de su primera reacción al denunciante — Escrito establecido en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 773/2004 — Confusión temporal acerca de la naturaleza del escrito transmitido por la Comisión — Derecho de los denunciantes a estar estrechamente vinculados al procedimiento — Irrelevancia [Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 7, ap. 2; Reglamento (CE) no 773/2004 de la Comisión, arts. 7, ap. 1, y 17; Comunicación 2004/C 101/05 de la Comisión, aps. 54 a 57, 60 a 62 y 68] (véanse los apartados 123, 124 y 126 a 132)