SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 26 de junio de 1996

Asunto T-91/95

Lieve de Nil y Christiane Impens

contra

Consejo de la Unión Europea

«Funcionarios — Concurso interno denominado de “revalorización” — Medidas de ejecución de una sentencia de anulación — Artículo 176 del Tratado CE — Nuevas pruebas — Reclasificación — Irretroactividad — Perjuicios material y moral — Indemnización»

Texto completo en lengua francesa II-959

Objeto:

Recurso que tiene por objeto en lo que respecta a cada demandante, por un lado, una solicitud de que se anule la decisión del Consejo de 15 de junio de 1994 y, si fuere necesario, la decisión del Consejo de 9 de junio de 1994, por las que, respectivamente, se deniega de manera expresa y de manera presunta la solicitud de indemnización del perjuicio sufrido a causa de las medidas insuficientes de ejecución, por parte del Consejo, de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de febrero de 1993, Raiola-Denti y otros/Consejo (T-22/91, Rec. p. II-69), así como la decisión del Consejo de 4 de enero de 1995, por la que se deniega expresamente la subsiguiente reclamación y, por otro lado, una solicitud de que se condene al Consejo a pagar a cada demandante 500.000 BFR por perjuicio material y 1 ECU simbólico por perjuicio moral.

Resultado:

Anulación y condena del Consejo a la reparación del perjuicio material y moral sufrido. Desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

El 26 de octubre de 1990, el Consejo publicó la convocatoria de concurso interno B/228, cuyo objeto era proveer quince puestos de trabajo de asistentes adjuntos de grado B 5, permitiendo a funcionarios de grado C 1 obtener la «revalorización» de su puesto de trabajo en aquel grado.

Las demandantes, entonces funcionarias del Consejo de grado C 1, fueron admitidas a las pruebas del concurso mediante comunicación individual de 4 de diciembre de 1990. Al no haber sido inscritas por el tribunal del concurso en la lista de aptitud, el 13 de abril de 1991, interpusieron, junto con otras interesadas, un recurso de anulación contra, entre otras cosas, las decisiones de dicho tribunal «posteriores a las decisiones de admisión a las pruebas del concurso». Mediante sentencia de 11 de febrero de 1993, Raiola-Denti y otros/Consejo (T-22/91, Rec. p. II-69), el Tribunal de Primera Instancia decidió que las pruebas no se habían desarrollado de conformidad con la convocatoria de concurso B/228 porque el tribunal de aquel concurso había infringido la convocatoria y vaciado de contenido la prueba lingüística prevista. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia anuló «las operaciones que siguieron a las decisiones de admisión en las pruebas del concurso interno B/228 [...]».

Tras dicha sentencia, el Consejo decidió, por un lado, mantener las decisiones de reclasificación de los aprobados del concurso B/228, con efectos de 1 de enero de 1991, y, por otro lado, publicar, el 1 de septiembre de 1993, una convocatoria de concurso interno B/228 bis abierto a los candidatos admitidos a participar en las pruebas del concurso B/228 mediante comunicación individual de 4 de diciembre de 1990 y cuyo objeto era proveer seis puestos de trabajo de asistentes adjuntos de grado B 5 mediante la revalorización de puestos de trabajo de grado C 1. La naturaleza y las modalidades de puntuación de las pruebas del concurso B/228 bis eran idénticas a las del concurso B/228.

Las demandantes, candidatas al concurso B/228 bis, fueron inscritas, una vez efectuadas las pruebas, en la lista de aptitud y obtuvieron la reclasificación de su puesto de trabajo en el grado B 5, con efectos de 1 de enero de 1994.

Al estimar que, a pesar de dicha reclasificación, el Consejo no había reparado de hecho el perjuicio causado por la negativa del tribunal del concurso B/228 a inscribirlas en la lista de aptitud de dicho concurso, en la medida en que esa negativa las había privado de una reclasificación con efectos de 1 de enero de 1991, las demandantes presentaron, el 9 de febrero de 1994, una solicitud basada en el apartado 1 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), para obtener la indemnización del perjuicio material y moral que alegaban haber sufrido a causa de la decisión ilegal del tribunal del concurso B/228, perjuicio que evaluaron en 500.000 BFR. Por otra parte, solicitaron el reembolso de todos los gastos efectuados en el marco del nuevo procedimiento administrativo previo.

Dicha solicitud fue objeto de una denegación presunta y luego de una decisión denegatoria expresa, notificada a las demandantes el 15 de junio de 1994.

El 6 de septiembre de 1994, las demandantes presentaron una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto contra la decisión denegatoria.

El 4 de enero de 1995, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) adoptó una decisión expresa denegatoria de la reclamación.

Sobre el fondo

Para atenerse a la obligación impuesta por el artículo 176 del Tratado, corresponde a la Institución de la que emana un acto anulado por el Juez comunitario determinar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia de anulación ejerciendo su facultad de apreciación en la observancia tanto del fallo y de los fundamentos de Derecho de la sentencia como de las disposiciones del Derecho comunitario. Cuando la ejecución de una sentencia de anulación presenta dificultades particulares, la Institución de que se trate puede cumplir la obligación que le impone el artículo 176 del Tratado adoptando cualquier decisión que pueda compensar equitativamente el perjuicio sufrido por los interesados. En un caso como en el de autos, la Institución demandada debe velar por el respeto de los principios de igualdad de trato de los funcionarios y de su vocación a la carrera (apartados 34 y 35).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de marzo de 1964, Lassalle/Parlamento (15/63, Rec. p. 57); Tribunal de Justicia, 6 de mayo de 1969, Reinarz/Comisión (17/68, Rec. p. 61); Tribunal de Justicia, 16 de marzo de 1971, Bernardi/Parlamento (48/70, Rec. p. 175), apartado 27; Tribunal de Justicia, 26 de abril de 1988, Asteris y otros/Comisión (asuntos acumulados 97/86, 193/86, 99/86 y 215/86, Rec. p. 2181); Tribunal de Justicia, 9 de agosto de 1994, Parlamento/Meskens(C-412/92P, Rec. p. I-3757), apartado 28; Tribunal de Primera Instancia, 8 de octubre de 1992, Meskens/Parlamento(T-84/91, Rec. p. II-2335), apartado 80; Tribunal de Primera Instancia, 17 de marzo de 1994, Hoyer/Comisión (T-43/91, RecFP p. II-297), apartado 64; Tribunal de Primera Instancia, 27 de octubre de 1994, Mancini/Comisión(T-508/93, RecFP p. II-761); Tribunal de Primera Instancia, 21 de febrero de 1995, Moat/Comisión(T-506/93, RecFP p. II-147), apartado 37

Al negarse a reclasificar a las demandantes retroactivamente con efectos de 1 de enero de 1991, como a los aprobados del concurso B/228, el Consejo les hizo perder una posibilidad de ser promovidas, dentro de los plazos estatutarios, antes en el grado B 4 y, luego, antes en el grado B 3, y de que su carrera evolucionara en las mismas condiciones que la de los aprobados del concurso B/228, como lo demuestra la evolución de la carrera de estos últimos, que fueron todos promovidos y de los que tres son actualmente promovibles al grado B 2 y otros tres promovibles al grado B 3. En efecto, si las demandantes hubieran sido reclasificadas en el grado B 5 en enero de 1991, quizá habrían podido ser promovidas al grado B 4 en julio de 1991 y al grado B 3 el 1 de julio de 1993, fecha en la que su retribución neta habría superado la retribución que entonces percibían efectivamente (apartado 38).

Por tanto, las demandantes sufrieron una distorsión entre las perspectivas de evolución de su carrera y las de los aprobados del concurso B/228. Desde que se celebró el concurso B/228 bis, el Consejo habría podido prever que las reclasificaciones de los aprobados serían con efectos de la misma fecha que las reclasificaciones de los aprobados del concurso B/228. Dado que no previo de antemano tal solución, habría debido, al presentarle las demandantes sus solicitudes en ese sentido, revocar las decisiones de reclasificación con efectos de 1 de enero de 1994, para proceder, por razones de igualdad de trato, a la reconstitución de la carrera de las interesadas con el fin de que éstas tuvieran una antigüedad en la categoría B igual a la antigüedad que tenían en esa categoría los aprobados del concurso B/228 (apartado 39).

Referencia: Tribunal de Justicia, 6 de octubre de 1982, Williams/Tribunal de Cuentas (9/81, Rec. p. 3301); Tribunal de Justicia, 1 de diciembre de 1983. Blomefield/Comisión (190/82, Rec. p. 3981)

Esa solución no implicaba que las demandantes tuvieran derecho a figurar ya en la lista de aptitud del concurso B/228 (apartado 40).

Por un lado, la retroactividad solicitada no se refiere a un hipotético aprobado de las demandantes en el concurso B/228 y a su posterior inscripción en la lista de aptitud correspondiente, sino a los efectos que debe producir su aprobado real en el concurso B/228 bis (apartado 41).

Por otro lado, los dos concursos no eran independientes. En efecto, lejos de haber concluido, el concurso B/228 aún estaba abierto y las candidaturas admitidas por la comunicación de 4 de diciembre de 1990 seguían pendientes ante la AFPN, de modo que, al celebrar el concurso B/228 bis, el Consejo no hizo en realidad más que volver a abrir las operaciones del concurso B/228 sólo para los candidatos no inscritos en la lista de aptitud establecida tras las pruebas anteriores. Por tanto, debe considerarse que los aprobados de las pruebas celebradas sobre la base de las convocatorias B/228 y B/228 bis son los aprobados de un solo y mismo concurso. y, por consiguiente, deben disfrutar del mismo trato en lo que respecta a los efectos de la reclasificación (apartado 42).

Dado que el Consejo infringió el artículo 176 del Tratado al negarse a adoptar las medidas que habrían proporcionado dicha igualdad de trato, está obligado a reparar los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de esa infracción (apartados 44 y 45).

Las demandantes han demostrado la existencia de un derecho a la indemnización del perjuicio resultante del hecho de que no fueron reclasificadas en la categoría B al mismo tiempo que los aprobados del concurso B/228, ya que, en cualquier caso, perdieron una oportunidad de que en el futuro su carrera evolucionara de modo comparable a la de los aprobados del concurso B/228 (apartado 47).

El perjuicio moral efectivamente sufrido por las demandantes es el relacionado con el prolongado estado de incertidumbre en el que se encontraron en lo que se refiere a la evolución de su carrera. A este respecto, las circunstancias específicas del presente asunto se caracterizaron por importantes ilegalidades en el desarrollo de las pruebas celebradas sobre la base de la convocatoria B/228, por una grave vulneración del derecho de las demandantes a un desarrollo legal de dichas pruebas y por el hecho de que la negativa del Consejo a situarlas en pie de igualdad con sus colegas reclasifiçados con efectos de 1 de enero de 1991 tuvo lugar cuando ya las demandantes habían aprobado las pruebas celebradas sobre la base de la convocatoria B/228 bis (apartados 48 a 50).

El Tribunal de Primera Instancia evalúa, ex aequo et bono, en 500.000 BFR los perjuicios material y moral, considerados conjuntamente, sufridos por cada demandante (apartado 51).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-82/91, RecFP p. II-61); Tribunal de Primera Instancia. 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-3/92, RecFP p. II-83)

Fallo:

Se anulan las decisiones del Consejo de 9 y 15 de junio de 1994, por las que se deniegan las solicitudes de indemnización de las demandantes de 9 de febrero de 1994, así como la decisión de 4 de enero de 1995, por la que se deniega la reclamación de las demandantes de 6 de septiembre de 1994.

Se condena al Consejo a pagar a cada una de las demandantes la suma de 500.000 BFR en concepto de indemnización por perjuicio material y moral, considerados conjuntamente.

Se desestima el recurso en todo lo demás.