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89

Es preciso observar, además, que la demandante no ha aportado casi ninguna prueba de la adquisición de un carácter distintivo en relación con los productos en cuestión que no sean bebidas no alcohólicas, concretamente, todos los demás productos comprendidos en la clase 32 y los productos comprendidos en las clases 6 y 21 de la clasificación de Niza, lo que la demandante confirmó, por lo demás, en la vista.
12

La Decisión 2014/119 y el Reglamento no 208/2014 fueron modificados posteriormente por la Decisión (PESC) 2015/364 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por la que se modifica la Decisión 2014/119 (DO L 62, p. 25), y por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/357 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento no 208/2014 (DO L 62, p. 1). La Decisión 2015/364 modificó el artículo 5 de la Decisión 2014/119, prorrogando las medidas restrictivas, en lo que afecta al demandante, hasta el 6 de junio de 2015. El Reglamento de Ejecución 2015/357 sustituyó en consecuencia el anexo I del Reglamento no 208/2014.
9

En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento no 207/2009, y sostiene que la Sala de Recurso denegó erróneamente el registro de la marca solicitada en aplicación de dicha disposición. Por una parte, alega, esencialmente, que, al designar la denominación Lemberg únicamente una propiedad vitícola, no puede considerarse que constituye una indicación geográfica, en particular, en el sentido del Reglamento no 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2392/86 y (CE) no 1493/1999 (DO L 148, p. 1). Por otra parte, sostiene que la marca solicitada está constituida por un término de fantasía que no concuerda con la denominación Lemberg, por lo que no puede inducir a error al público pertinente sobre «la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización» en el sentido del Convenio de París.
1.

Marca de la Unión Europea—Renuncia, caducidad y nulidad—Examen de la solicitud—Prueba del uso de la marca anterior—Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca—Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 15, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 34 a 36)
La Unión sólo puede incurrir en responsabilidad por un perjuicio que deriva de manera suficientemente directa de la actuación irregular de la institución de que se trate. Cuando la representación por medio de un abogado o de un asesor jurídico en el marco de un procedimiento administrativo previo no es obligatoria, no existe relación de causalidad entre el supuesto daño, a saber, los gastos de dicha representación, y la actuación eventualmente reprochable de la institución o del organismo en cuestión. En efecto, aunque no puede prohibirse al interesado que se procure, ya en esa fase, el asesoramiento de un abogado, se trata de su propia decisión, que no puede imputarse, por consiguiente, a la institución o al organismo de que se trate.

Aunque la representación por medio de un abogado no sea obligatoria en los procedimientos de que conoce la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, el artículo 85 del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, y la Regla 94 del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, establecen las reglas relativas al reparto de gastos y los límites de las tarifas relativas a los gastos recuperables cuando una parte designa un representante. Sin embargo, esas disposiciones sólo son aplicables a los procedimientos de oposición y atañen al reparto de los gastos entre las partes en dichos procedimientos.

A este respecto, procede también subrayar que ninguna disposición del Reglamento n.o 207/2009 ni del Reglamento n.o 2868/95 prevé el reembolso de los gastos de representación por medio de abogado a los que se haya tenido que hacer frente como consecuencia de un recurso, si la instancia que adoptó la resolución impugnada decide revisarla de conformidad con el artículo 62 del Reglamento n.o 207/2009. En particular, ninguna disposición de estos Reglamentos concede a la parte vencedora el reembolso por parte de la Oficina de los gastos de representación por medio de abogado en el marco de tal procedimiento. Lo único que se prevé, en la Regla 51, letra a), del Reglamento n.o 2868/95, es la restitución de la tasa de recurso. En virtud de esta Regla, la instancia cuya resolución haya sido impugnada ordenará la restitución de la tasa de recurso en caso de que estime la revisión de conformidad con el artículo 61 o el artículo 62 del Reglamento n.o 207/2009.

(véanse los apartados 35 y 36)
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 16 de junio de 2016 — Fútbol Club Barcelona/EUIPO — Kule (KULE)

(Asunto T‑614/14)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión KULE — Marcas nacionales denominativas anteriores y marca notoria CULE — Motivos de denegación relativos — Falta de uso efectivo de las marcas anteriores — Artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009»

1. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Facultad de formular requerimientos — Inexistencia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 6] (véase el apartado 16)

2. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Nuevo examen de los hechos a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él — Exclusión [Reglamento de Procedimiento del Tribunal General (1991), art. 135, ap. 4; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65] (véase el apartado 19)

3. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de la División de Oposición de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance — Falta de alegación de hechos y de presentación de pruebas en apoyo de la oposición dentro del plazo concedido al efecto — Consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso — Obligación de motivación de la Sala de Recurso [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 76, ap. 2] (véanse los apartados 25 y 26)

4. Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3] (véanse los apartados 36 a 39 y 49)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 18 de junio de 2014 (asunto R 2375/2013‑4) relativa a un procedimiento de oposición entre el Fútbol Club Barcelona y Kule.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 12 de mayo de 2016 — Ivo‑Kermartin/EUIPO — Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

(Asunto T‑750/14)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión ELGO — Marcas denominativas y figurativas anteriores de la Unión ERGO — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Riesgo de confusión — Limitaciones sucesivas de la solicitud de registro — Artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 — Artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.o 207/2009 — Derecho a ser oído — Regla 69 del Reglamento (CE) n.o 2868/95»

1. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Resoluciones de la Oficina — Respeto del derecho de defensa — Alcance del principio [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 75, segunda frase] (véanse los apartados 34 a 36)

2. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Limitación de la lista de productos y servicios posterior a la resolución de la Sala de Recurso — Consecuencias [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 43, ap. 1] (véanse los apartados 42 y 43)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de agosto de 2014 (asunto R 473/2014‑4) relativa a un procedimiento de oposición entre Ergo Versicherungsgruppe AG e Ivo-Kermartin GmbH.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Del tenor del artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 216/96, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), se desprende que, en el marco del procedimiento ante la Sala de Recurso, la parte demandada puede, en su escrito de contestación, ejercitar su derecho a oponerse a la resolución impugnada. Por tanto, su condición de demandada le basta por sí sola para impugnar la validez de la resolución de la División de Oposición. Además, dicha disposición no limita ese derecho a los motivos ya planteados en el recurso. En efecto, la citada disposición establece que las pretensiones se refieran a un punto no planteado en el recurso. Por otra parte, la mencionada disposición no hace ninguna referencia al hecho de que la parte demandada haya podido interponer un recurso contra dicha resolución. Por tanto, esta resolución puede ser impugnada mediante un recurso autónomo, con arreglo al artículo 60 del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, o a través de las pretensiones previstas en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 216/96.

Reconocer la admisibilidad de las pretensiones formuladas por la demandante en el marco de su escrito de contestación no supone que el demandado ante la Sala de Recurso pueda interponer un recurso sin cumplir el plazo y pagar la tasa de recurso como establece el artículo 60 del Reglamento no 207/2009. En efecto, del tenor del artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 216/96 se desprende claramente que la posibilidad de formular pretensiones de anulación o modificación de la resolución impugnada sobre un punto no planteado en el recurso se limita a los procedimientos inter partes. Estas pretensiones deben formularse en el escrito de contestación presentado en el marco de dichos procedimientos. Éste es el motivo por el cual la citada disposición prevé que dichas pretensiones quedarán sin objeto en caso de desistimiento del demandante ante la Sala de Recurso. Por tanto, para impugnar una resolución de la División de Oposición, el recurso autónomo establecido en el artículo 60 del Reglamento no 207/2009 es la única vía de recurso que permite hacer valer con seguridad las propias alegaciones. De esto se deriva que las pretensiones de anulación o de modificación de la resolución impugnada sobre un punto no planteado en el recurso, con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 216/96, son distintas del recurso previsto en el artículo 60 del Reglamento no 207/2009. Por tanto, los requisitos establecidos en el artículo 60 del Reglamento no 207/2009 no son aplicables a las mencionadas pretensiones.

En consecuencia, puesto que la parte demandada presentó en su escrito de contestación y dentro del plazo establecido una pretensión de modificación de la resolución de la División de Oposición, no está obligada a cumplir el plazo y a pagar la tasa de recurso como prevé el artículo 60 del Reglamento no 207/2009.

(véanse los apartados 22 a 25)
1.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA, el FEAGA y el Feader — Liquidación de cuentas — Negativa a asumir gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Corrección financiera a tanto alzado decidida por la Comisión conforme a las directrices internas adoptadas en la materia — Base jurídica — Reglamentos (CEE) no 729/70, (CE) no 1258/1999 o (CE) no 1290/2005 [Reglamentos del Consejo (CEE) no 729/70, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1287/95, art. 5, ap. 2, letra c), (CE) no 1258/1999, art. 7, ap. 4, párr. 1, y (CE) no 1290/2005, art. 31, ap. 1] (véanse los apartados 41 y 133)
465

Syngenta alega, a este respecto, que sería más correcto decir que la Comisión no ha llevado a cabo una investigación sobre este particular, y que «quien no busca, no encuentra», para reafirmar que la Comisión no actuó con la debida diligencia al analizar los efectos del acto impugnado. Sin embargo, la Comisión no afirmó que no se hubiera producido un impacto negativo en términos absolutos en la productividad o en el medio ambiente, sino simplemente que los Estados miembros en cuestión no habían comunicado tales efectos. Pues bien, durante el período comprendido entre la publicación de las conclusiones de la EFSA y la adopción del acto impugnado, la Comisión mantuvo contactos regulares con los representantes de los Estados miembros, con la finalidad de debatir las consecuencias que debían extraerse de las carencias y de los riesgos constatados en los datos por la EFSA. En particular, el 28 de enero de 2013, se entregó a los Estados miembros un documento de trabajo, que posteriormente se sometió a la deliberación del Copcasa en su sesión de 31 de enero y 1 de febrero de 2013; los días 14 y 15 de marzo de 2013, se debatió sobre el proyecto del acto impugnado en el Copcasa y, el 29 de abril de 2013, el comité de apelación también debatió sobre el mismo proyecto. Dadas estas circunstancias, debe considerarse que, si los Estados miembros que adoptaron restricciones de uso de las sustancias controvertidas a escala nacional no señalaron en ninguna de estas ocasiones consecuencias negativas sobre la productividad y sobre el medio ambiente, la Comisión podía confiar en este silencio y suponer que no existían tales consecuencias o que, en cualquier caso, tenían una importancia menor, y no le correspondía llevar a cabo ella misma investigaciones sobre este particular.
47

Por último, la Decisión no 1718/2006 (véase el apartado 2 supra) establece, en su artículo 10, apartado 2, letra e), que las propuestas de asignación de fondos comunitarios que superen 300000 euros, en el caso de la distribución, se tramitarán de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 11, apartado 2, de esa misma Decisión, mientras que el artículo 10, apartado 3, de la Decisión dispone que «las medidas necesarias para la aplicación de [dicha] Decisión relativas a las demás materias se adoptarán de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 11, apartado 3», de la Decisión no 1718/2006, lo que comprende, en particular, las propuestas de asignación de fondos comunitarios de un importe inferior a 300000 euros, en el ámbito de la distribución. El artículo 11 de la Decisión no 1718/2006 precisa, en su apartado 1, que la Comisión estará asistida por un Comité y remite, en su apartado 2, a los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184, p. 23), y, en su apartado 4, a los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468. El artículo 3 de esta última Decisión definía el procedimiento consultivo, mientras que el artículo 4 trataba, por su parte, del procedimiento de gestión. Sin embargo, la Decisión 1999/468 fue derogada por el artículo 12, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55, p. 13), cuyo artículo 13 precisa que las referencias hechas al artículo 3 de la Decisión 1999/468 deberán entenderse hechas al artículo 4 del Reglamento no 182/2011 y las hechas al artículo 4 de la Decisión 1999/468 remitirán al procedimiento de examen contemplado en el artículo 5 del Reglamento no 182/2011, excepción hecha del apartado 4, párrafos segundo y tercero, de dicho artículo.
182

En ese contexto la alegación por el Consejo de que personas distintas de las identificadas en las medidas restrictivas individuales están implicadas en la proliferación nuclear no puede justificar el ámbito de aplicación del régimen controvertido, según el demandante. En efecto, esa alegación no concierne específicamente a los bancos, que son sin embargo los más afectados por el régimen controvertido, sino a personas y entidades en general. Por consiguiente, el régimen controvertido no se ajusta al objetivo pretendido ya que puede afectar con certeza a numerosas entidades no implicadas en la proliferación nuclear y a transferencias no ligadas a ésta, con el fin de afectar posiblemente a algunas que sí lo están.
82

En lo referente a Lico, estima que no ha aportado la prueba de su afectación individual. En efecto, según la Comisión, los documentos aportados no permiten determinar con certeza si dicha entidad recibió con arreglo al SEAF una ayuda estatal que deba recuperarse. Alega, en particular, que Lico no ha presentado las autorizaciones administrativas necesarias para la aplicación de la amortización anticipada, a pesar de que se trata del «acto de concesión de la primera ventaja fiscal», cuya fecha es pertinente para determinar si la ayuda debe recuperarse o si corresponde al período para el cual la Comisión no ha ordenado la recuperación de la ayuda por respeto del principio de seguridad jurídica. En la vista, la Comisión añadió que, por otra parte, Lico hubiera debido aportar la prueba de que había obtenido efectivamente beneficios imponibles durante los ejercicios fiscales de que se trata, pues, en caso contrario, las ventajas fiscales derivadas del SEAF (las pérdidas que permitían reducir la base imponible de Lico derivada de sus actividades) no le habrían aportado nada. La Comisión precisó sin embargo en la vista que no exigía que Lico presentara una copia de los requerimientos de pago, pues el procedimiento de recuperación iniciado por las autoridades españolas no había llegado aún a su término en esa fecha.
78

En segundo término, el Reino de España alega que, en la medida en que la Comisión no efectuó ninguna evaluación sobre la base de las disposiciones adoptadas por ésta relativas a la existencia de un SIEG, dicha institución no respetó el apartado 47 de su Comunicación relativa a la aplicación de las normas de la Unión en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de SIEG (DO 2012, C 8, p. 4). Esta alegación debe ser desestimada. En efecto, es cierto que, en ese apartado, la Comisión precisó que las empresas encargadas de la gestión de SIEG eran empresas a las que se ha encomendado una misión específica y que, en términos generales, el encargo de una misión específica de servicio público implicaba la prestación de servicios que una empresa, si considerase exclusivamente su propio interés comercial, no asumiría o no asumiría en la misma medida o en las mismas condiciones. No obstante, debe constatarse que, en la Decisión impugnada, la Comisión no cuestionó la existencia de un SIEG por no haber una deficiencia del mercado, sino que constató que el servicio en cuestión no estaba claramente definido como servicio público en el sentido de la sentencia Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, citada en el apartado 17 supra (EU:C:2003:415). La exigencia de que la misión de un SIEG debe ser definida por el Estado miembro para cumplir el primer requisito de dicha sentencia se indica igualmente en ese apartado. Por otro lado, la existencia de una deficiencia del mercado es insuficiente para poder constatar la existencia de un SIEG.
104

Lo mismo sucede con la supuesta infracción del artículo 8 del CEDH. A este respecto, el demandante se limita a citar tres sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que demuestran, según él, que el derecho al respeto de la vida privada incluye el derecho a guardar su estado de salud en secreto (TEDH, S. y Marper c. Reino Unido, no 30562/04 y 30566/04, de 4 de diciembre de 2008) así como el derecho a no divulgar datos sobre la vida profesional (TEDK, Amman c. Suiza, no 27798/95, de 16 de febrero de 2000, y Rotaru c. Rumanía, no 28341/95, de 4 de mayo de 2000). Sin embargo, tales sentencias versan sobre situaciones muy distintas del caso de autos, en particular sobre la conservación de los datos biométricos de los sospechosos de haber cometido infracciones penales, sobre la interceptación de una llamada telefónica profesional y sobre la creación por las autoridades públicas de una ficha que contiene información personal diversa.
87

Sin embargo, como pone de relieve la Sala de Recurso en el punto 34 de la resolución impugnada, esos volúmenes tienen un escaso valor probatorio, porque no permiten saber qué porcentaje de la venta de los productos obtuvieron los productos portadores del signo anterior durante el período pertinente. En efecto, el documento referido indica que «la mayoría de los productos» llevan la marca anterior, que el número de empresas certificadas como halal en Malasia «sigue creciendo cada año [...]» y que el potencial de esas empresas que exportan al mundo, en particular a Europa, es «enorme». A causa de su imprecisión no es posible por tanto tenerlo en cuenta, ya que, para la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009, el uso de un signo anterior no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones [véase en ese sentido la sentencia de 23 de octubre de 2013, Dimian/OAMI — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T‑581/11, EU:T:2013:553, apartado 29].
105

En el presente motivo, el demandante sostiene que el artículo 4, apartado 1, letra a), séptimo guion, de la Decisión 2004/258 modificada no es conforme con el artículo 15 TFUE, apartado 3, ni con el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Por una parte, la excepción prevista por dicha disposición ya no lo está en el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43). Por otra parte, los considerandos de la Decisión 2011/342 no mencionan dicha ampliación de los motivos de denegación. Por tanto, la Decisión del BCE de 22 de mayo de 2013 no podía basarse en dicha Decisión.
14

Los otros motivos se refieren a la medida agro-ambiental. El tercer motivo, basado en la infracción del artículo 14, apartado 2, del Reglamento no 1975/2006; del artículo 48, apartado 1, del Reglamento no 1974/2006 y del artículo 29 del Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en los Reglamentos (CE) no 1782/2003 y no 73/2009 del Consejo y para la condicionalidad prevista en el Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo (DO L 141, p. 18), se refiere a la comprobación del cumplimiento de los compromisos en el conjunto de las parcelas. Los motivos cuarto y quinto, basados, por una parte, en la infracción del artículo 10 del Reglamento no 1975/2006 y, por otra parte, en la infracción del artículo 31, apartado 2, del Reglamento no 1290/2005 y del principio de proporcionalidad, se refieren a la comprobación del cumplimiento de los compromisos en materia de utilización de fertilizantes. [omissis]