Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia Situación que debe considerarse Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado

(Art. 226 CE)

2. Recurso por incumplimiento Escrito de interposición del recurso Enunciado de las imputaciones y los motivos

(Art. 226 CE)

3. Libre circulación de personas Libertad de establecimiento Libre prestación de servicios Odontólogos Reconocimiento de diplomas y títulos Directiva 78/686/CEE Coordinación de las disposiciones nacionales Directiva 78/687/CEE Mantenimiento de una segunda vía de formación que da acceso a la profesión de odontólogo Improcedencia

(Directivas del Consejo 78/686/CEE, art. 19, y 78/687/CEE, art. 1)

4. Libre circulación de personas Libertad de establecimiento Libre prestación de servicios Odontólogos Reconocimiento de diplomas y títulos Directiva 78/686/CEE Coordinación de las disposiciones nacionales Directiva 78/687/CEE Doble inscripción en el Colegio de médicos y en el de odontólogos Improcedencia Excepción para un Estado miembro Relevancia

(Directivas del Consejo 78/686/CEE, art. 19, y 78/687/CEE)

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1. En el marco de un recurso en virtud del artículo 226 CE por el que se declara que un Estado miembro ha mantenido una legislación contraria a una directiva comunitaria, el hecho de que las disposiciones controvertidas no hubieran podido mantenerse, en rigor, ya que fueron incorporadas al Derecho nacional después de la adopción de la directiva impugnada, no disminuye las posibilidades de defensa del Estado miembro afectado. En efecto, por un lado, al estar condicionada la realidad del incumplimiento por la existencia de unas medidas que no se ajustan al Derecho comunitario en el momento en que expire el plazo fijado por la Comisión en su dictamen motivado, dicha realidad es independiente de la fecha en que se adoptaron las disposiciones nacionales de que se trata. Por otro lado, un Estado miembro que haya adoptado unas disposiciones nacionales contrarias al Derecho comunitario, las mantiene desde el día de su entrada en vigor, hasta su eventual modificación o derogación.

( véanse los apartados 11 y 12 )

2. A la Comisión le incumbe indicar, en todo recurso presentado en virtud del artículo 226 CE, las imputaciones precisas sobre las cuales el Tribunal de Justicia está llamado a pronunciarse, así como, al menos en forma sumaria, los elementos de hecho y de Derecho sobre los que se basan dichas imputaciones. Por lo que atañe más en concreto a la obligación de indicar los elementos de Derecho en que se basan las imputaciones formuladas por la Comisión, no es suficiente con que la Comisión, para afirmar que el Estado miembro demandado no ha respetado una disposición de Derecho comunitario, se limite a citarla en aquella parte del dictamen motivado o del escrito de interposición del recurso que trata del marco normativo y que es puramente descriptiva y carente de todo carácter demostrativo.

Sin embargo, cuando la Comisión afirma que una normativa nacional es contraria al sistema, a la estructura o a la finalidad de una directiva de armonización, sin que la infracción del Derecho comunitario resultante de la misma pueda vincularse a disposiciones específicas de esta directiva, no puede declararse la inadmisibilidad de su recurso tan sólo por este motivo. En una situación de esta índole, el Tribunal de Justicia sólo puede examinar si la normativa nacional controvertida es, en este sentido, contraria a la directiva de que se trata.

( véanse los apartados 20, 21 y 23 )

3. Ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 78/687, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de los odontólogos, un Estado miembro que prevé una segunda vía de formación que da acceso a la profesión de odontólogo, que consiste en una formación médica básica completada por una especialización en el ámbito de la odontología.

La formación prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 78/687 se califica expresamente de «formación dentaria», lo cual supone que existe una carrera específicamente adaptada a la formación de los odontólogos. El diploma al que conduce la segunda vía de formación no es un diploma de odontólogo, sino un diploma básico de médico junto con un diploma que sanciona una especialización en el ámbito de la odontología. Una sucesión de diplomas de esta índole no corresponde a las exigencias de las Directivas 78/687 y 78/686, sobre el reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de odontólogo, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, que versan ambas sobre diplomas únicos.

El artículo 19, párrafo segundo, de la Directiva 78/686, que admite, en el marco del régimen especial previsto para un Estado miembro, el reconocimiento de un diploma básico de médico junto con un diploma que sancione una especialización en el ámbito de la odontología para el ejercicio de las actividades de odontólogo, no se opone a esta interpretación. En efecto, si el legislador comunitario hubiera querido admitir en términos generales la posibilidad de reconocimiento mutuo de una formación de este tipo, no hubiera previsto, para los profesionales que tienen esta formación, el reconocimiento mutuo de su capacitación únicamente con carácter excepcional y transitorio, no concediéndolo más que a aquellos que hubieran comenzado su formación de médico antes del 28 de enero de 1980.

( véanse los apartados 37 a 39 y el fallo )

4. Si la Directiva 78/687 excluye, sin perjuicio del régimen excepcional y transitorio creado mediante el artículo 19 de la Directiva 78/686, la posibilidad de acceder a las actividades de odontólogo con arreglo a dichas Directivas al término de una formación compuesta por seis años de formación básica de médico y tres años de especialización en el ámbito de la odontología, de ello se deduce que dicha Directiva excluye asimismo que una persona que no posea más que una formación de esta índole pueda estar inscrita a un tiempo en el Colegio de médicos y en el Colegio de odontólogos.

Aunque es verdad que dichas Directivas tienden a una separación clara de las profesiones de odontólogo y de médico, no hay ningún indicio de que el régimen armonizado establecido por dichas Directivas tenga también la finalidad de impedir que los médicos comprendidos en el artículo 19 de la Directiva 78/686 estén inscritos en el Colegio de médicos.

El artículo 19 de la Directiva 78/686 ha establecido un régimen especial para una determinada categoría de médicos cuyo diploma haya sido expedido en Italia, a saber, aquellos que, disponiendo de un diploma de médico, hayan ejercido con carácter principal la actividad de dentista en Italia, con el fin de facilitar la transición con motivo de la creación en Italia de la profesión de odontólogo, tal como se halla prevista por dichas Directivas. Para ello, dicho artículo obliga a los demás Estados miembros a reconocer, bajo ciertas condiciones, los diplomas de médico de esta categoría de profesionales a efectos del ejercicio de la actividad de odontólogo.

La cuestión del reconocimiento eventual por los demás Estados miembros de los diplomas de dichos profesionales también a efectos del ejercicio de la actividad de médico, independiente de la inscripción de los profesionales de que se trata en el Colegio de médicos, es una cuestión que debe resolverse en el marco de la normativa comunitaria sobre el reconocimiento de los diplomas, certificados y otros títulos de médico, y no en el marco de las Directivas 78/686 y 78/687 relativas a los odontólogos.

( véanse los apartados 48 y 50 a 54 )