ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El artículo 41, apartado 1, y el artículo 44, apartado 1, de la Directiva 2007/64, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7, 2002/65, 2005/60 y 2006/48 y por la que se deroga la Directiva 97/5, en su versión modificada por la Directiva 2009/111, en relación con el artículo 4, punto 25, de aquella Directiva, deben interpretarse en el sentido de que las modificaciones de la información y de las condiciones previstas en el artículo 42 de aquella Directiva, así como las modificaciones del contrato marco, que se transmiten por el proveedor de servicios de pago al usuario de estos servicios mediante un buzón de correo electrónico integrado en un sitio de Internet de banca electrónica, sólo pueden considerarse facilitadas en un soporte duradero, en el sentido de tales disposiciones, si se cumplen los dos requisitos:

– ese sitio de Internet permite al usuario almacenar la información que se le envía personalmente de manera que pueda acceder a ella y reproducirla sin cambios, durante un período de tiempo adecuado, sin que sea posible ninguna modificación unilateral de su contenido por el proveedor o por cualquier otro profesional, y

– si el usuario de servicios de pago está obligado a consultar ese sitio de Internet para tener conocimiento de dicha información, la transmisión de esta información se ve acompañada de un comportamiento activo del proveedor de servicios de pago destinado a poner en conocimiento del usuario la existencia y disponibilidad de la información en ese sitio de Internet.

Tal como señaló esencialmente el Abogado General en el punto 79 de sus conclusiones, puede constituir tal comportamiento, en particular, el envío de un texto o de un correo electrónico a la dirección utilizada habitualmente por el usuario de estos servicios para comunicar con otras personas y cuya utilización han acordado las partes en un contrato marco celebrado entre el proveedor de servicios de pago y el usuario. No obstante, la dirección así elegida no puede ser la correspondiente a ese usuario en el sitio de Internet de banca electrónica gestionado por el proveedor de servicios de pago o por cualquier otro profesional al que se haya confiado la gestión de ese sitio de Internet, en la medida en que este sitio, incluso si contiene un buzón de correo electrónico, no es utilizado por ese usuario a efectos de su comunicación habitual con otras personas distintas del proveedor.

En el supuesto de que el usuario de servicios de pago esté obligado a consultar un sitio de estas características para tener conocimiento de la información considerada, ésta se pone simplemente a disposición del usuario, en el sentido del artículo 36, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2007/64, en su versión modificada por la Directiva 2009/111, cuando la transmisión de dicha información no se ve acompañada de tal comportamiento activo del proveedor de servicios de pago.

(véanse los apartados 51 y 53 y el fallo)
Se desprende del artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1975/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 1698/2005 en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural, que los Estados miembros tienen la obligación de organizar controles sobre el terreno para comprobar que los beneficiarios de las ayudas de que se trate cumplan los requisitos de concesión previstos por la normativa de la Unión y por la normativa nacional a los que se hallen supeditadas esas medidas de ayuda al desarrollo rural. El artículo 14, apartado 2, de dicho Reglamento obliga a los Estados miembros a efectuar controles sobre el terreno respecto de la totalidad de los compromisos y las obligaciones de un beneficiario, incluidas las derivadas del Derecho nacional, que sea posible controlar en el momento de la visita.

Sin embargo, el Reglamento n.o 1975/2006 no contempla los procedimientos concretos de los controles que los Estados miembros han de efectuar para comprobar el cumplimiento de los criterios de admisibilidad de las medidas de ayuda al desarrollo rural.

No obstante, el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 1975/2006 precisa que éstos se realizarán de acuerdo con los artículos 29, 30 y 32 del Reglamento n.o 796/2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento n.o 1782/2003, disposiciones que se refieren únicamente a los controles sobre el terreno respecto de las solicitudes únicas relativas a los regímenes de ayudas «por superficie».

Por lo tanto, el artículo 35 del Reglamento n.o 796/2004, que se refiere a los controles sobre el terreno relativos a las medidas relacionadas con los animales, no puede, como tal, aplicarse a los controles sobre el terreno de las medidas relacionadas con la superficie como las indemnizaciones compensatorias de desventajas naturales.

Si bien es cierto que la normativa de la Unión en materia de concesión de ayudas y primas no obliga expresamente a los Estados miembros a adoptar medidas de vigilancia y modalidades de control específicas, no es menos cierto que esta obligación puede resultar implícitamente, en su caso, del hecho de que, según la normativa en cuestión, incumbe a los Estados miembros organizar un sistema eficaz de control y de vigilancia.

(véanse los apartados 62, 63, 65 a 67, 70 y 71)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)

de 26 de enero de 2017 — España/Comisión

(Asunto C‑506/15 P) ( 1 )

«Recurso de casación — Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) — Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea — Reglamentos (CE) n.o 1698/2005, (CE) n.o 1975/2006 y (CE) n.o 796/2004 — Medidas de ayuda al desarrollo rural — Zonas con desventajas naturales — Controles sobre el terreno — Coeficiente de carga ganadera — Recuento de los animales»

1. Recurso de anulación—Motivos—Vicios sustanciales de forma—Incumplimiento de un plazo señalado por el legislador de la Unión Europea—Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional (Art. 263 TFUE) (véase el apartado 39)

2. Agricultura—Política agrícola común—Financiación por el Feader—Concesión de ayudas y de primas—Obligación de los Estados miembros de organizar un sistema eficaz de controles administrativos y controles sobre el terreno—Alcance [Reglamentos (CE) de la Comisión n.o 796/2004, art. 35, y n.o 1975/2006, arts. 10, ap. 2, 14, ap. 2, y 15, ap. 2] (véanse los apartados 58, 60, 61, 68, 69 y 73)

3. Recurso de casación—Motivos—Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal General—No determinación del error de Derecho invocado—Inadmisibilidad [Art. 256 TFUE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 168, ap. 1, letra d)] (véase el apartado 63)

4. Recurso de casación—Motivos—Fundamentos de una sentencia viciados por una infracción del Derecho de la Unión—Fallo justificado en virtud de otros fundamentos de Derecho—Desestimación (Art. 256 TFUE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véase el apartado 74)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas al Reino de España.

3) La República Francesa cargará con sus propias costas.

( 1 ) DO C 381 de 16.11.2015.
La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión resultante del Reglamento n.o 1006/2011, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si una mezcla de aceites vegetales fijos fluidos en bruto, compuesta de un 88 % de aceite de colza y un 12 % de aceite de girasol, debe ser clasificada, en cuanto mezcla de aceites vegetales alimenticia, en la subpartida 1517 90 91 de dicha Nomenclatura o, en cuanto mezcla de aceites vegetales no alimenticia, en la subpartida 1518 00 31 de ésta, procede tener en cuenta todos los elementos pertinentes del caso de autos relativos a las características y propiedades objetivas inherentes a ese producto.

Entre los elementos pertinentes que pueden justificar que tal mezcla se califique de «no alimenticia», procede apreciar la información suministrada por el fabricante de la mezcla en el marco de la declaración aduanera, según la cual, debido a las características del proceso de su fabricación, no cabe descartar la presencia de sustancias nocivas en dicha mezcla. A este respecto, el hecho de que un análisis de muestras extraídas de tal mezcla de aceites vegetales no haya revelado la presencia en ella de ninguna sustancia nociva no es suficiente, por sí solo, para cuestionar la calificación de «no alimenticia» de la mezcla examinada. Para ello se precisa la existencia de otros elementos probatorios pertinentes que puedan poner en entredicho la exactitud de la información relativa al proceso de fabricación de la mezcla en cuestión suministrada por su fabricante y contenida en la mencionada declaración, conforme a lo dispuesto en los artículos 62, 68 y 71 del Reglamento n.o 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005.

(véanse el apartado 57 y el fallo)
Para poder ser objeto de recurso ante la Sala de Recurso de las Autoridades Europeas de Supervisión, una decisión de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) debe ser una de las decisiones a que se refieren los artículos 17 a 19 del Reglamento n.o 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión, o una decisión que ha sido adoptada con arreglo a los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento.

No ocurre así con una decisión de la ABE que desestima una denuncia que solicita el inicio de una investigación sobre una supuesta infracción de la Directiva 2006/48, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, en la que dicha autoridad no se pronunció acerca de la existencia o inexistencia de infracción de esta Directiva por parte de las autoridades competentes o de la entidad de crédito mencionada. En efecto, tal Decisión no forma parte de las decisiones a que se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento n.o 1093/2010, mediante las cuales la ABE puede exigir a las autoridades nacionales de supervisión que adopten medidas de diferencias que puedan surgir entre estas autoridades en situaciones específicas para hacer frente a situaciones de emergencia o para la solución transfronterizas, respectivamente. Esta conclusión es tanto más válida en la medida en que la actora no forma parte de las entidades, expresamente mencionadas en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento n.o 1093/2010, que pueden solicitar a la ABE el inicio de una investigación por infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión. Por otra parte, el hecho de que la ABE pueda iniciar investigaciones por su propia iniciativa no modifica en absoluto la apreciación de que la actora no forma parte de las entidades expresamente mencionadas en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento n.o 1093/2010.

(véanse los apartados 35, 37, 38, 40 y 41)
3

El Reglamento (CE) n.o 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (DO 2002, L 53, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 431/2009 del Consejo, de 18 de mayo de 2009 (DO 2009, L 128, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 332/2002»), establece las disposiciones de desarrollo del mecanismo de asistencia mutua establecido en el artículo 143 TFUE.
12

El Reglamento n.o 800/2008 fue modificado por el Reglamento (UE) n.o 1224/2013 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2013 (DO 2013, L 320, p. 22), por lo que se refiere a la duración de su vigencia, prorrogándose ésta hasta el 30 de junio de 2014. El Reglamento n.o 800/2008 fue posteriormente derogado por el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO 2014, L 187, p. 1).
15

Tras recordar las circunstancias que condujeron a las autoridades españolas a sustituir el sistema de canon digital en vigor hasta 2011 por un sistema de compensación equitativa por copia privada sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el tribunal remitente señala ante todo que, con arreglo al principio de no afectación de los ingresos presupuestarios, este nuevo mecanismo, a diferencia del precedente, está sufragado por todos los contribuyentes españoles, independientemente de que puedan realizar copias privadas o no. A continuación se pregunta, en esencia, si la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que exige a los Estados miembros que optan por tal mecanismo garantizar, del mismo modo que cuando prefieren establecer un canon, que su coste sea sufragado, directa o indirectamente, sólo por las personas que se considera que causan un perjuicio a los titulares de los derechos porque realizan, o pueden realizar, copias privadas. En caso de no ser así, el mencionado tribunal se pregunta si el hecho de que el importe destinado al pago de la compensación equitativa abonado a los titulares de los derechos esté predeterminado para cada ejercicio presupuestario permite garantizar el carácter equitativo de la antedicha compensación.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1 y del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (DO 1998, L 80, p. 27), así como del artículo 7, apartado 4, letra c), de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22).
1

Las peticiones de decisión prejudicial se refieren a la interpretación de los artículos 204 y 236 del Reglamento (CEE) n.o 2913/1992 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO 2005, L 117, p. 13) (en lo sucesivo, «Código aduanero»); del artículo 7, del artículo 10, apartado 3, párrafo segundo, y del artículo 17, apartado 2, letra a), de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en su versión modificada por la Directiva 2004/66/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004 (DO 2004, L 168, p. 35) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»), y de los artículos 30 y 61 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva IVA»).
32

Esta interpretación no es contraria al hecho, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, de que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/86 utilice el presente de indicativo cuando prevé que el Estado miembro de que se trate podrá requerir al solicitante de la reagrupación familiar que aporte la prueba de que el reagrupante «dispone» de los elementos enumerados en dicho apartado 1, letras a) a c). En efecto, el reagrupante debe acreditar que dispone de todos esos elementos, en particular de «recursos suficientes», en el momento en el que se examine la solicitud de reagrupación familiar, lo que justifica el uso del presente de indicativo. No obstante, puesto que del tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 se deriva que los recursos del reagrupante deben ser, no sólo «suficientes», sino también «fijos y regulares», estas exigencias imponen un examen prospectivo de dichos recursos por parte de la autoridad nacional competente.
3)

Las disposiciones del Derecho de la Unión, especialmente el artículo 101 TFUE y el Reglamento no 1/2003, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una autoridad nacional de competencia acepte, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, una solicitud abreviada de dispensa del pago de las multas de una empresa que no ha presentado a la Comisión una solicitud de dispensa total, sino una solicitud de reducción de multa.
3

El Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), que entró en vigor el 11 de enero de 2010, sustituyó, derogándolo, al Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 2117/2005 del Consejo, de 21 de diciembre de 2005 (DO L 340, p. 17) (en lo sucesivo, «Reglamento no 384/96»). El Reglamento de base reproduce, en versión codificada, las disposiciones del Reglamento no 384/96 con idéntico contenido.
32

Para determinar si concurre efectivamente este requisito, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan la operación en cuestión, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son tan sólo aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y, por tanto, no pueden apreciarse aisladamente (véanse las sentencias Abler y otros, C‑340/01, EU:C:2003:629, apartados 33 y 34, y CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, apartado 34 y jurisprudencia que allí se cita).
3

El artículo 1 del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1, y corrección de errores en DO L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento no 883/2004»), dispone: «Para los fines del presente Reglamento se entiende por: [...] i) “miembro de la familia”: 1) i) toda persona definida o admitida como miembro de la familia o designada como miembro del hogar por la legislación en virtud de la cual se sirvan las prestaciones, [...]»
36

Por otra parte, los períodos de regularización de las deducciones, como tales, no afectan en absoluto al nacimiento del derecho a deducir el IVA (véase, en este sentido, la sentencia Lennartz, C‑97/90, EU:C:1991:315, apartados 8 y 20), derecho que, según la jurisprudencia citada en el apartado 20 de esta sentencia, sólo está determinado por la condición en que actúa un particular en el momento de adquirir el bien de que se trate. No obstante, esto sucede sin perjuicio del reembolso del impuesto soportado al que deberá proceder el sujeto pasivo si luego resulta que el bien adquirido o el bien producido soportando el impuesto no ha sido utilizado para las necesidades de su actividad económica.
24

Por lo que respecta a la cuestión de si es posible, en el sentido de la Directiva 2002/22, incluir en el coste neto de la obligación de servicio universal también el beneficio razonable previsto por el Derecho nacional, el Nejvyšší správní soud considera, sobre la base de una interpretación literal, que el beneficio, con independencia de que sea o no razonable, no puede considerarse una partida que forma parte del concepto de «coste neto» de la obligación de servicio universal, como declara y prevé la citada Directiva. No obstante, procede no ignorar la posibilidad de que el coste neto en el sentido de la citada Directiva tenga también en cuenta los costes parciales del «capital propio» en que ha incurrido el proveedor para prestar el servicio universal, costes subordinados de manera no del todo pertinente por la normativa nacional a la expresión de «beneficio razonable». El Nejvyšší správní soud considera por tanto necesario preguntar al Tribunal de Justicia si los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/22 deben interpretarse en el sentido de que el mecanismo del «coste neto» de la prestación del servicio universal se opone a que el precio del coste neto como ha sido calculado incluya también el «beneficio razonable» del prestador de ese servicio, incluso expresado bajo la forma de los costes de las inversiones en capitales equivalentes al 14,5 % del valor contable del capital propio.
6

Al tiempo de los hechos que dan origen al litigio, las disposiciones reguladoras de la adopción de medidas antidumping por la Unión Europea figuraban en el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), según su modificación en último término por el Reglamento (CE) no 2117/2005 del Consejo, de 21 de diciembre de 2005 (DO L 340, p. 17) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»). El Reglamento de base fue derogado por el Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51; corrección de errores en DO 2010, L 7, p. 22).
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 2, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y de los artículos 10 quater a 11 bis, el artículo 12 bis y el artículo 12 ter del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71, en sus respectivas versiones modificadas y actualizadas por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), modificados por el Reglamento (CE) no 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO L 117, p. 1), así como la interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero.
18

Mediante decisión de 30 de abril de 2012, el Minister denegó estas solicitudes exponiendo en especial los siguientes motivos: «[...] puesto que [su ex esposa] abandonó el territorio de [Irlanda] en 2010, ya no puede considerarse que ejerce los derechos previstos en los Tratados de la Unión Europea en este Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento [de 2006], y ya no disfruta del derecho de residencia en el citado Estado miembro conforme al artículo 6 [de dicho Reglamento]. En consecuencia, usted no puede […] disfrutar de un derecho de residencia derivado del de [su ex esposa] con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento de 2006.»