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147

No obstante, por lo que respecta a las funciones de juez de paz, de los autos se desprende que los litigios reservados a la judicatura honoraria y, en particular, a los jueces de paz no presentan la complejidad que caracteriza los litigios atribuidos a los jueces de carrera. Los jueces de paz tratarían principalmente asuntos de menor importancia, mientras que los jueces de carrera que integran instancias superiores tratarían asuntos de mayor importancia y complejidad. Además, en virtud del artículo 106, párrafo segundo, de la Constitución italiana, los jueces de paz solo pueden actuar como órganos jurisdiccionales unipersonales y, por lo tanto, no pueden ser asignados a tribunales colegiados.
27

A este respecto, procede subrayar que no cumplen el criterio de la originalidad los componentes de un objeto que se caracterizan únicamente por su función técnica, ya que del artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor se desprende en particular que la protección del derecho de autor no abarca las ideas. Proteger estas con el derecho de autor supondría ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio, entre otras cosas, del progreso técnico y del desarrollo industrial (véase, en ese sentido, la sentencia de 2 de mayo de 2012, SAS Institute, C‑406/10, EU:C:2012:259, apartados 33 y 40). Pues bien, cuando la expresión de los citados componentes viene impuesta por su función técnica, las diferentes maneras de poner en práctica una idea son tan limitadas que la idea y la expresión se confunden (véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, EU:C:2010:816, apartados 48 y 49).
43

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si los artículos 184 a 186 de la Directiva del IVA, a la luz de los principios de neutralidad fiscal, de efectividad, de equivalencia y de proporcionalidad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional conforme a la cual, tras la fijación de la prorrata definitiva de conformidad con el artículo 175, apartado 3, de dicha Directiva, se deniega a un sujeto pasivo la posibilidad de aplicar el método de afectación autorizado por la normativa nacional con arreglo al artículo 173, apartado 2, letra c), de esa misma Directiva para rectificar las deducciones del IVA que gravó la adquisición de bienes o servicios utilizados para efectuar indistintamente operaciones con derecho a deducción y operaciones que no generen tal derecho, en una situación en la que, por una parte, el sujeto pasivo ignoraba, cuando eligió el método de deducción, que una operación que consideraba exenta no lo estaba en realidad y en la que, por otra parte, el plazo general de preclusión establecido por la normativa nacional para realizar la regularización de las deducciones no había finalizado aún.
75

Por último, es preciso subrayar que, como señaló la Abogada General en el punto 74 de sus conclusiones, mientras no se adopte ninguna iniciativa legislativa para establecer criterios comunes relativos al tipo y al porcentaje de contaminación tolerables de las mezclas de residuos por impurezas —criterios que permitirían una aplicación uniforme en toda la Unión del requisito establecido en el punto 1, letra b), de dicho anexo— puede aplicarse el artículo 28, apartado 2, del referido Reglamento. Según esta disposición, cuando las autoridades del Estado miembro de expedición y las del Estado miembro de destino no puedan ponerse de acuerdo sobre la clasificación de un cargamento de residuos y, por lo tanto, sobre la posibilidad de aplicar el procedimiento relativo a los requisitos de información general establecido en el artículo 18 de dicho Reglamento, los residuos de que se trate se considerarán pertenecientes al anexo IV del mismo Reglamento. Por consiguiente, estarán sujetos al procedimiento de notificación y autorización previas por escrito previsto en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 1013/2006.
33

Mediante sentencia de 5 de agosto de 2015, la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo) desestimó el recurso. Dicho órgano jurisdiccional declaró, por un lado, que la orden de pago iniciada por Forcing Development no había podido ejecutarse a tiempo debido a que PrivatBank no se había asegurado de que hubiera suficientes fondos en su cuenta de corresponsalía en Snoras y, por otro lado, que, en virtud del artículo 99 de la Ley de servicios de pago, Snoras no era responsable de la no ejecución de la orden de pago, puesto que no disponía de los fondos para ejecutar tal orden. En cuanto al crédito que PrivatBank invocaba frente a Snoras, dicho órgano jurisdiccional declaró que el importe en cuestión era jurídicamente propiedad de PrivatBank, aun cuando no pudiera acceder a él en ese momento. El mismo órgano jurisdiccional concluyó que, a pesar del laudo arbitral de 4 de febrero de 2014, la Comisión de Mercados Financieros obró correctamente al declarar que PrivatBank había infringido el artículo 99, apartado 9, de la Ley de servicios de pago, al obligarla a evaluar la necesidad de modificar su sistema y sus procedimientos de control interno y al imponerle una multa de 100000 LVL (aproximadamente 140000 euros), con el fin de evitar que se repitieran tales circunstancias. La Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo) no tomó en consideración el laudo arbitral de 4 de febrero de 2014.
31

Por lo que respecta, en cambio, a la toma en consideración de la totalidad de la experiencia profesional que, sin ser equivalente, resulte meramente útil para ejercer la función de profesor, el principio de libre circulación de los trabajadores establecido en el artículo 45 TFUE no obliga a ella, ya que no es necesaria para garantizar que los trabajadores empleados por el estado federado de Baja Sajonia que nunca hayan ejercido su derecho a la libre circulación y aquellos que lo hayan ejercido estén sujetos, a efectos de su clasificación retributiva, a las mismas condiciones. En efecto, el pensar que un trabajador, cuya experiencia profesional equivalente que puede adquirir en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen se tendrá en cuenta en su totalidad a efectos de su clasificación retributiva inicial como profesor de un centro escolar del estado federado de Baja Sajonia, se vería disuadido de abandonar su Estado miembro de origen si no se tomara en consideración la totalidad de cualquier otro tipo de experiencia profesional que puede adquirir en ese otro Estado miembro parece basarse en un conjunto de circunstancias demasiado aleatorias e indirectas como para que ello pueda considerarse un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de octubre de 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, apartado 50).
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En tales circunstancias, el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 2, punto 6, de la Directiva [2011/83] en el sentido de que comprende también aquellos contratos por los que un empresario no se obliga directamente a prestar un servicio, sino que el consumidor adquiere el derecho a obtener un descuento en los servicios que solicite en el futuro? En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial: 2) ¿Debe interpretarse la excepción de los “contratos de servicios de transporte de pasajeros” del artículo 3, apartado 3, letra k), de la Directiva [2011/83] en el sentido de que se aplica también en aquellas situaciones en las que el consumidor no recibe directamente como contraprestación un servicio de transporte, sino el derecho a obtener un descuento en contratos de servicios de transporte que se celebren en el futuro?»
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La cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) dedujo de ello que la recurrente en el litigio principal no podía alegar válidamente un menoscabo de la función de garantía de origen de esa marca, ni un menoscabo del monopolio de explotación conferido por su marca, ni tampoco una vulneración de la función de inversión de esta, dado que el uso de un signo idéntico a la marca por un competidor no puede, si no existe explotación alguna de esa marca, obstaculizar su empleo de manera sustancial.
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El artículo 6 de la Directiva establece: «1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios. Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular: a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y [remuneración], para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas; b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo; c) el establecimiento de una edad máxima para la contratación, que esté basada en los requisitos de formación del puesto en cuestión o en la necesidad de un período de actividad razonable previo a la jubilación. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del art. 2, los Estados miembros podrán disponer que no constituirán discriminación por motivos de edad, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo.»
29

No obstante, el mencionado órgano jurisdiccional considera que la transposición al Derecho polaco de la Decisión Marco no es completa, dado que no queda recogida en el Derecho polaco la obligación impuesta al Estado de ejecución por su artículo 9, apartado 3, de proceder a la ejecución de las sanciones pecuniarias impuestas a una persona jurídica aun cuando dicho Estado no reconozca el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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El punto 3 del anexo de la Decisión de Ejecución 2013/63/UE de la Comisión, de 24 de enero de 2013, por la que se adoptan directrices para la aplicación de las condiciones específicas relativas a las declaraciones de propiedades saludables establecidas en el artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2013, L 22, p. 25), titulado «Referencia a beneficios generales y no específicos (artículo 10, apartado 3)», tiene el siguiente tenor: «El artículo 10, apartado 3, permite utilizar, sin autorización previa y con arreglo a condiciones específicas, menciones sencillas, atractivas, que hagan referencia a beneficios generales, no específicos, de un alimento relativos a la buena salud en general o al bienestar relativo a la salud. La utilización de dichas menciones podría ser de utilidad para los consumidores, toda vez que transmitiría mensajes más adaptados a los mismos. Sin embargo, los consumidores podrían fácilmente no comprenderlas o malinterpretarlas, lo que podría llevarles a imaginar unos beneficios para la salud derivados de un alimento distintos o mejores que los que realmente existen. Por esta razón, cuando nos referimos a los beneficios generales, no específicos, para la salud, es necesario acompañar estas referencias con una declaración de propiedades saludables específica de las listas de declaraciones de propiedades saludables permitidas en el registro de la Unión. A los efectos del Reglamento, la declaración de propiedades saludables específica que acompañe a la mención relativa a beneficios generales y no específicos para la salud debe figurar “junto a” dicha mención o “a continuación de” esta. Las declaraciones específicas de las listas de declaraciones de propiedades saludables permitidas deberán tener cierta relación con la referencia general. […] Para evitar que se induzca a error a los consumidores, los explotadores de empresas alimentarias tienen la responsabilidad de demostrar la relación existente entre la referencia a los efectos beneficiosos generales, no específicos, de los alimentos y la declaración de propiedades saludables permitidas específica que la acompaña. Algunas declaraciones presentadas para su autorización fueron consideradas durante su evaluación científica demasiado generales o poco específicas para ser evaluadas. Dichas declaraciones no pudieron ser autorizadas y, por consiguiente, pueden encontrarse en la lista de declaraciones no autorizadas del registro de la Unión Europea de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. Ello no excluye que dichas declaraciones puedan beneficiarse de las disposiciones establecidas en el artículo 10, apartado 3, y, por tanto, puedan utilizarse legalmente cuando van acompañadas de una declaración específica de la lista de declaraciones de propiedades saludables permitidas con arreglo a dicho artículo.»
2

Los considerandos 3, 4, 21 y 24 del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1), establecían: «(3) Con objeto de evitar el abandono de las tierras agrarias y de garantizar que se mantengan en buenas condiciones agrarias y medioambientales, procede establecer normas que pueden tener o no una base legal en los Estados miembros. Resulta, por tanto, oportuno establecer un marco comunitario a partir del cual los Estados miembros puedan adoptar normas atendiendo a las características específicas de las zonas correspondientes, entre las que se incluyen las condiciones edafológicas y climáticas y los sistemas de cultivo (utilización del suelo, rotación de cultivos, prácticas de cultivo) y estructuras agrarias existentes. (4) Dado que los pastos permanentes tienen un efecto medioambiental positivo, resulta oportuno adoptar medidas para fomentar su mantenimiento y evitar una transformación masiva en tierras de cultivo. […] (21) Los regímenes de ayuda instaurados en virtud de la política agrícola común prevén ayudas directas a la renta, en particular con vistas a garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria. Este objetivo está estrechamente relacionado con el mantenimiento de las zonas rurales. A fin de evitar toda asignación indebida de fondos comunitarios, conviene no abonar ninguna ayuda a los agricultores que hayan creado artificialmente las condiciones requeridas para obtener tales pagos. […] (24) El aumento de la competitividad de la agricultura comunitaria y la promoción de la calidad alimentaria y de las normas medioambientales implican necesariamente un descenso de los precios institucionales de los productos agrarios y un incremento de los costes de producción para las explotaciones agrarias de la Comunidad. Para alcanzar estos objetivos y fomentar una agricultura más orientada al mercado y sostenible, es preciso llevar plenamente a cabo el proceso de transición de las ayudas a la producción a las ayudas a los agricultores, introduciendo un sistema de ayuda disociada a la renta de cada explotación. Si bien la disociación no alterará los importes reales pagados a los agricultores, aumentará sensiblemente la eficacia de la ayuda a la renta. Resulta, pues, procedente condicionar el pago único por explotación al cumplimento de una serie de requisitos medioambientales, de seguridad alimentaria, de salud y bienestar de los animales, así como de mantenimiento de la explotación en buenas condiciones agrarias y medioambientales.»
35

La Comisión objeta que el juez de la Unión no puede verse obligado a tomar en consideración las legislaciones nacionales al interpretar conceptos recogidos en el Estatuto. Alega que las uniones no matrimoniales pueden, en determinadas ocasiones, conferir derechos al miembro de la pareja no casada, pero únicamente cuando se cumplan los requisitos que fija el Estatuto. Este supedita el reconocimiento de una «unión no matrimonial» a la prueba de una comunidad de vida caracterizada por una cierta estabilidad, así como al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 2, letra c), del anexo VII del Estatuto, entre ellos la imposibilidad de contraer matrimonio. Las uniones no matrimoniales tienen la misma consideración que el matrimonio únicamente cuando se cumplan todas las condiciones establecidas en dicha disposición, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 quinquies, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto. Ahora bien, el recurrente no ha demostrado que en su caso se cumplan todas estas condiciones.
102

En tercer lugar, por lo que se refiere a la investigación con CMEH, los recurrentes aducen que la afirmación de que el sistema de «triple cerrojo» es un criterio ético adecuado para evaluar los proyectos de investigación es manifiestamente errónea en la medida en que tal sistema no impide la financiación de proyectos de investigación ilegales e incluso constituye un incentivo para que los Estados miembros flexibilicen sus normas éticas. Sostienen que la constatación del Tribunal General, contenida en el apartado 176 de la sentencia recurrida, de que el enfoque ético de la Comisión, que difiere del de la ICE controvertida, no adolece de un error manifiesto de apreciación, constituye un error de Derecho. Según los recurrentes, no corresponde al Tribunal General determinar las ventajas de los enfoques socioéticos contrapuestos, ya que tal apreciación es de carácter político y no jurídico. Los recurrentes añaden que el control efectuado por el Tribunal General es incompleto, puesto que este no examinó todos los errores de apreciación alegados. A este respecto, sostienen que el Tribunal General no entró a valorar el carácter manifiestamente erróneo de las afirmaciones de la Comisión relativas al sistema de «triple cerrojo» ni formuló observaciones adicionales sobre tales afirmaciones.
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Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Amoena Ltd y los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Administración tributaria y de aduanas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; en lo sucesivo, «Administración tributaria»), relativo a la clasificación arancelaria de sostenes de mastectomía.
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Ante el órgano jurisdiccional remitente, JN ha impugnado la competencia de dicho órgano jurisdiccional basándose en las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), y del Reglamento n.o 1215/2012.
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El Avis aux opérateurs économiques relatif à l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés par [l’État d’]Israël depuis juin 1967 (Dictamen dirigido a los operadores económicos sobre la indicación del origen de las mercancías de los territorios ocupados por [el Estado de] Israel desde 1967), publicado por el Ministro de Economía y Finanzas el 24 de noviembre de 2016 (JORF 2016, n.o 273, texto n.o 81; en lo sucesivo, «dictamen ministerial»), está redactado en los siguientes términos: «El Reglamento [n.o 1169/2011] dispone que las indicaciones del etiquetado deben ser veraces. No deben presentar el riesgo de inducir a error a los consumidores, en particular, en cuanto al origen de los productos. Por lo tanto, los alimentos procedentes de los territorios ocupados por Israel deben etiquetarse de forma que quede claro este origen. Por consiguiente, la [direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l’Économie et des Finances français (Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude del Ministerio de Economía y Finanzas Francés] llama la atención de los operadores sobre la nota [de la Comisión]. En ella se especifica, en concreto, que los Altos del Golán y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, no forman parte de Israel según el Derecho internacional. Así pues, para no inducir a error a los consumidores, el etiquetado de los productos alimentarios deberá indicar con precisión el origen exacto de estos, tanto si se trata de la indicación obligatoria exigida por la normativa comunitaria como si se trata de una indicación incluida de forma voluntaria por el operador económico. Respecto a los productos de Cisjordania o de los Altos del Golán que sean originarios de asentamientos, no es aceptable la mera indicación “producto de los Altos del Golán” o “producto de Cisjordania”. Aunque se indicaría la zona o el territorio en general del que es originario el producto, la omisión de la información geográfica adicional de que el producto procede de los asentamientos israelíes podría resultar engañosa para el consumidor acerca del verdadero origen del producto. En tales casos, debe añadirse la expresión “asentamiento israelí” u otra equivalente, entre paréntesis. Por consiguiente, pueden utilizarse expresiones como “producto de los Altos del Golán (asentamiento israelí)” o “producto de Cisjordania (asentamiento israelí)”.»