Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

1. Actos de las Instituciones ° Motivación ° Obligación ° Alcance ° Decisión, en el marco del procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios, de descartar una oferta

(Tratado CE, art. 190, Directiva 92/50/CEE del Consejo, art. 12, ap. 1)

2. Presupuesto de las Comunidades Europeas ° Reglamento Financiero ° Disposiciones aplicables a los procedimientos de convocatoria de concursos públicos ° Obligación de una Institución de ponerse en contacto con un licitador después de la apertura de las ofertas ° Inexistencia

[Reglamento (Euratom/CECA/CEE) nº 3418/93 de la Comisión, art. 99, letra h), nº 2)]

3. Contratos públicos de las Comunidades Europeas ° Celebración de un contrato mediante licitación ° Facultad de apreciación de las Instituciones ° Control jurisdiccional ° Límites

Índice

1. Del apartado 1 del artículo 12 de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, aplicable, en virtud del artículo 126 del Reglamento nº 3418/93, a los contratos adjudicados por las Instituciones comunitarias, siempre que el valor del contrato sea superior al umbral fijado por el apartado 1 del artículo 7 de dicha Directiva, resulta que una Institución cumple la obligación de motivar que le incumbe en lo que respecta a los licitadores cuya oferta ha sido descartada si dicha Institución se limita, en un principio, a informar inmediatamente a los interesados de la no admisión de su oferta mediante una simple comunicación no motivada y proporciona luego, a aquellos que lo soliciten expresamente, una explicación motivada dentro de un plazo de quince días.

Esta manera de proceder es conforme a la obligación de motivación establecida en el artículo 190 del Tratado, según la cual debe mostrarse de forma clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto para, por un lado, permitir a los interesados conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otro lado, permitir al Juez ejercer su control.

El hecho de que los licitadores interesados reciban una decisión motivada en respuesta únicamente a una solicitud expresa por su parte no limita en absoluto la posibilidad de que disponen de defender sus derechos ante el Tribunal de Primera Instancia. En efecto, el plazo de recurso previsto en el párrafo quinto del artículo 173 del Tratado sólo empieza a correr a partir del momento de la notificación de la decisión motivada, siempre y cuando el licitador haya presentado su solicitud de obtener una decisión motivada dentro de un plazo razonable tras haber tenido conocimiento de la exclusión de su oferta.

2. Del hecho de que el número 2) de la letra h) del artículo 99 del Reglamento nº 3418/93, sobre normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento Financiero, si bien establece el principio de la prohibición, en el marco de los procedimientos de convocatoria de concursos públicos, de todo contacto entre una Institución y un licitador tras la apertura de las ofertas, prevé que, a título excepcional, una Institución puede tomar la iniciativa de dicho contacto "cuando una oferta requiera aclaraciones suplementarias, o cuando se trate de corregir errores materiales manifiestos en la redacción de la oferta", no puede deducirse la existencia de una obligación de ponerse en contacto con el autor de una oferta que adolece de un error de cálculo.

Por otra parte, tal obligación no puede imponerse en virtud de los principios de buena administración y de igualdad de trato en un supuesto en que el órgano encargado del examen de las ofertas ha descubierto en una de éstas un error sistemático de cálculo que no puede calificarse de particularmente manifiesto, cuya naturaleza y causa exacta no ha podido determinar. En efecto, en tal caso, cualquier contacto con el autor de dicha oferta implicaría el riesgo de que éste presentara una oferta nueva bajo el pretexto de una mera corrección, lo que podría dar lugar a una violación del principio de igualdad de trato, dado que a las otras empresas competidoras no se les ofrecería la misma posibilidad.

3. Las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación en cuanto a los elementos que hay que tener en cuenta para decidir adjudicar un contrato mediante concurso y el control del Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a comprobar que no existe ningún error grave y manifiesto.