CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. EVGENI TANCHEV

presentadas el 3 de octubre de 2018 ( 1 )

Asunto C‑236/17 P

Canadian Solar Emea GmbH

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc.

CSI Cells Co. Ltd

CSI Solar Power (China), Inc.

contra

Consejo de la Unión Europea

«Recurso de casación — Dumping — Importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China — Derechos definitivos — Reglamento (UE) n.o 1168/2012 — Aplicación inmediata — Relación de causalidad — Otros factores conocidos — Nivel del derecho antidumping»

Índice

I. Marco jurídico A. Reglamento de base B. Reglamento n.o 1168/2012 II. Antecedentes del litigio III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes V. Apreciación de los motivos invocados en el recurso de casación A. Tercer motivo de casación 1. Alegaciones de las partes 2. Apreciación a) Admisibilidad b) Sobre el fondo 1) Introducción 2) Sobre la primera parte del tercer motivo de casación 3) Sobre la segunda parte del tercer motivo de casación B. Cuarto motivo de casación 1. Alegaciones de las partes 2. Apreciación a) Admisibilidad b) Sobre el fondo 1) Sobre la primera parte del cuarto motivo de recurso i) Introducción ii) ¿Debe compensar el derecho antidumping solo el perjuicio atribuido a las importaciones objeto de dumping y no el atribuido a otros factores conocidos? iii) ¿Declaró el Tribunal General en la sentencia recurrida que, al fijar el importe del derecho antidumping, las instituciones están obligadas a tener en cuenta las conclusiones extraídas de su análisis de no atribución? 2) Sobre la segunda parte del cuarto motivo de casación VI. Costas VII. Conclusión

1. Mediante el presente recurso de casación, Canadian Solar Emea GmbH (en lo sucesivo, «CSE»), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. [en lo sucesivo, «CSM (Changshu)»], Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. [en lo sucesivo, «CSM (Luoyang)»], CSI Cells Co. Ltd (en lo sucesivo, «Csi Cells») y CSI Solar Power (China), Inc. (en lo sucesivo, «CSI Solar Power») (en lo sucesivo, conjuntamente «Canadian Solar» o «recurrente») ( 2 ) solicitan al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General ( 3 ) mediante la cual este desestimó el recurso de anulación del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»). ( 4 )

2. El presente recurso de casación plantea, en particular, una cuestión de procedimiento, concretamente la aplicación inmediata del Reglamento (UE) n.o 1168/2012, ( 5 ) que modificó el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), ( 6 ) de manera que, cuando una investigación antidumping afecta a las importaciones desde un país sin economía de mercado y un productor objeto de dicha investigación presenta una solicitud de trato de economía de mercado (en lo sucesivo, «solicitud de TEM»), el plazo para adoptar una determinación sobre dicha solicitud (en lo sucesivo, «determinación del TEM») se amplía de tres a ocho meses desde el inicio de la investigación. Pero el recurso de casación también suscita una cuestión sustantiva: si, cuando ciertos factores distintos de las importaciones objeto de dumping contribuyen al perjuicio sufrido por la industria de la Unión, el importe del derecho antidumping debe fijarse a un nivel en que únicamente compense el perjuicio imputable a las importaciones objeto de dumping.

I. Marco jurídico

A. Reglamento de base

3. El artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base, titulado «Determinación de la existencia del dumping», presenta el siguiente tenor: «a) […] b) En las investigaciones antidumping referentes a importaciones originarias de la República Popular de China, Vietnam y Kazajstán y de cualquier país sin economía de mercado que sea miembro de la OMC en la fecha de la apertura de la investigación, el valor normal se fijará de conformidad con los apartados 1 a 6, si se demuestra, de acuerdo con las alegaciones correctamente probadas de uno o más productores sujetos a investigación y de conformidad con los criterios y los procedimientos establecidos en la letra c), que para este productor o productores prevalecen unas condiciones de economía de mercado en relación con la fabricación y venta del producto similar afectado. Cuando éste no sea el caso, se aplicarán las normas establecidas con arreglo a la letra a). c) Las alegaciones a que se refiere la letra b) deben ser emitidas por escrito y demostrar adecuadamente que el productor opera en condiciones de economía de mercado, es decir si: – las decisiones de las empresas sobre precios, costes y consumos, incluidos, por ejemplo, las materias primas, coste de la tecnología y mano de obra, producción, ventas e inversión, se adoptan en respuesta a las señales de mercado que reflejan la oferta y la demanda, y sin interferencias significativas del Estado a este respecto, y los costes de los principales consumos reflejan sustancialmente los valores del mercado; – las empresas poseen exclusivamente un juego de libros contables básicos que se utilizan a todos los efectos y que son auditados con la adecuada independencia conforme a los criterios normales en contabilidad internacional; – los costes de producción y la situación financiera de las empresas no sufren distorsiones significativas heredadas del sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado y, particularmente, en relación con la depreciación de activos, deudas incobrables, comercio de trueque y pago por compensación de deudas; – las empresas en cuestión están sometidas a las leyes relativas a la propiedad y la quiebra que garantizan la seguridad jurídica y la estabilidad necesarias para el funcionamiento de las empresas; y – las operaciones de cambio se efectúan a los tipos del mercado. En los tres meses siguientes al inicio de la investigación se determinará si el productor es conforme a los criterios mencionados, tras consulta especial al Comité consultivo y tras haber dado oportunidad a la industria de la Comunidad de hacer sus comentarios. La calidad así determinada se mantendrá en vigor mientras dure la investigación.»

4. El artículo 3 del Reglamento de base, con la rúbrica «Determinación de la existencia del perjuicio», dispone lo siguiente: «[…] 6. Será necesario demostrar que, por todos los criterios que se mencionan en el apartado 2, las importaciones objeto de dumping causan un perjuicio a efectos del presente Reglamento. En concreto, esto implicará la demostración de que el volumen y los niveles de precios mencionados en el apartado 3 son responsables de un efecto en la industria comunitaria, tal como se prevé en el apartado 5, y que este efecto se produce en un grado tal que permite calificarlo como “perjuicio importante”. 7. También deberán examinarse otros factores conocidos, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la producción de la industria de la Comunidad, para garantizar que el perjuicio no se atribuye a las importaciones objeto de dumping contempladas en el apartado 6. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores de terceros países y de la Comunidad y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la industria de la Comunidad. […]»

5. Con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, titulado «Conclusión sin adopción de medidas. Establecimiento de derechos definitivos»: «Cuando de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda que existe dumping y perjuicio y que, con arreglo al artículo 21, los intereses de la Comunidad exigen una acción comunitaria, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité consultivo, establecerá un derecho antidumping definitivo. La propuesta será aprobada por el Consejo, a menos que este último decida por mayoría simple rechazarla en el plazo de un mes tras la presentación de la propuesta por la Comisión. Cuando estén vigentes derechos provisionales, se presentará una propuesta de medidas definitivas a más tardar un mes antes de la expiración de tales derechos. El importe del derecho antidumping no deberá sobrepasar el margen de dumping establecido y deberá ser inferior a dicho margen si este derecho inferior es suficiente para eliminar el perjuicio a la industria de la Comunidad.»

B. Reglamento n.o 1168/2012

6. El artículo 1 del Reglamento n.o 1168/2012 dispone: «El Reglamento (CE) n.o 1225/2009 queda modificado como sigue: 1) En el artículo 2, el apartado 7 se modifica como sigue: a) en la penúltima frase de la letra c): los términos “en los tres meses siguientes al inicio de la investigación” se sustituyen por los siguientes: “normalmente en un plazo de siete meses, pero en todo caso no más tarde de ocho meses a partir del inicio de la investigación”; b) se añade el párrafo siguiente: “d) Cuando la Comisión haya limitado su examen de conformidad con el artículo 17, la determinación con arreglo a las letras b) y c) del presente párrafo, se limitará a las partes incluidas en el examen y a cualquier productor que reciba trato individual conforme al artículo 17, apartado 3.” […]»

7. Según establece el artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012: «El presente Reglamento se aplicará a todas las investigaciones nuevas y pendientes a partir del 15 de diciembre de 2012.»

II. Antecedentes del litigio

8. CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI Cells y CSI Solar Power son productores exportadores del producto en cuestión. CSE importa dicho producto en la Unión Europea, que adquiere de estos y otros proveedores.

9. El 6 de septiembre de 2012, la Comisión inició un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave originarios de China. ( 7 )

10. Habida cuenta del potencialmente gran número de productores exportadores en el país en cuestión implicados en este procedimiento, en el punto 5.1, letra a), del anuncio de inicio se preveía la posibilidad de recurrir al muestreo, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base. El 21 de septiembre de 2012, Canadian Solar facilitó a la Comisión la información para la selección por esta de una muestra de los productores exportadores. El muestreo de los productores exportadores seleccionados por la Comisión constaba de siete grupos de sociedades. ( 8 ) Canadian Solar no resultó elegida en dicho muestreo.

11. El 13 de noviembre de 2012, Canadian Solar presentó una solicitud de TEM con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base.

12. El 12 de diciembre de 2012 se adoptó el Reglamento n.o 1168/2012. ( 9 )

13. El 3 de enero de 2013 la Comisión informó a Canadian Solar de que su solicitud de TEM no sería estimada.

14. El 4 de junio de 2013, la Comisión adoptó el Reglamento (UE) n.o 513/2013, por el que se estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones del producto en cuestión procedentes de China. ( 10 )

15. El 2 de diciembre de 2013, el Consejo adoptó el Reglamento controvertido, por el que se establecía un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones del producto en cuestión originarias de China. En el artículo 1 de dicho Reglamento, el Consejo impuso un derecho antidumping del 41,3 % a las importaciones facturadas por las empresas cooperadoras enumeradas en el anexo I del Reglamento. CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI Cells y CSI Solar Power figuraban en dicha lista. El artículo 3 del Reglamento controvertido eximía del derecho impuesto en el artículo 1 a las importaciones facturadas por las empresas incluidas en la lista del anexo a la Decisión de Ejecución 2013/707/UE de la Comisión. ( 11 )

16. La Decisión 2013/707 fue adoptada por la Comisión el 4 de diciembre de 2013. En ella, la Comisión aceptó el compromiso modificado ofrecido por la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos y por un grupo de productores exportadores enumerados en el anexo a dicha Decisión. CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI Cells y CSI Solar Power figuraban en dicha lista.

17. El 4 de junio de 2015, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2015/866, por el cual se denunciaba la aceptación del compromiso en relación con CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI Cells y CSI Solar Power. ( 12 )

III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

18. El 28 de febrero de 2014, Canadian Solar interpuso un recurso de anulación contra el Reglamento controvertido.

19. Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General rechazó los seis motivos y desestimó el recurso en su conjunto.

20. En particular, ( 13 ) el Tribunal General rechazó el quinto motivo, mediante el que se alegaba una infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, con arreglo al cual la determinación del TEM se ha de adoptar en el plazo de tres meses desde el inicio de la investigación. En efecto, el Reglamento n.o 1168/2012, que modificó el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base ampliando el plazo de tres meses a ocho, es aplicable a todas las investigaciones pendientes a partir del 15 de diciembre de 2012. Por lo tanto, era aplicable a la Decisión de la Comisión de3 de enero de 2013, por la que se denegaba la solicitud de TEM de Canadian Solar. El incumplimiento del plazo primigenio de tres meses por la Comisión no generó una situación definitiva, lo que hubiese impedido la aplicación del Reglamento n.o 1168/2012, ni tampoco, según el Tribunal General, implicaba automáticamente la ilegalidad del Reglamento controvertido.

21. El Tribunal General también rechazó el sexto motivo, mediante el que se alegaba que, al no valorar por separado el perjuicio causado por los productos objeto de dumping y el causado por otros factores conocidos, las instituciones violaron el artículo 3 del Reglamento de base, de modo que, por tanto, al fijar el derecho antidumping en un nivel que compensaba también el perjuicio ocasionado por esos otros factores, infringieron el artículo 9, apartado 4, de dicho Reglamento. El Tribunal General señaló que, en virtud del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, el Consejo y la Comisión (en lo sucesivo, «instituciones») están obligadas, en primer lugar, a considerar si el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debe a las importaciones objeto de dumping (análisis de atribución) y, en segundo lugar, a comprobar que otros factores conocidos distintos de las importaciones objeto de dumping no rompen el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y dichas importaciones (análisis de no atribución). En consecuencia, al fijar el importe del derecho antidumping, las instituciones deben tener en cuenta las conclusiones extraídas de los análisis de atribución y de no atribución. De lo contrario, existiría el riesgo de que ese derecho eliminara los efectos perjudiciales procedentes de factores distintos de las importaciones objeto de dumping. En el presente caso, las instituciones habían valorado adecuadamente los efectos de los demás factores conocidos que contribuyeron al perjuicio sufrido por la industria de la Unión y habían llegado correctamente a la conclusión de que dichos efectos eran insignificantes, de modo que no rompían el nexo causal entre el mencionado perjuicio y las importaciones objeto de dumping. Por lo tanto, se había fijado correctamente el nivel del derecho.

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

22. Mediante su recurso de casación, Canadian Solar solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y que anule también el Reglamento controvertido en la medida en que afecta al recurrente, o que devuelva el asunto al Tribunal General. Asimismo, Canadian Solar solicita al Tribunal de Justicia que condene al Consejo a soportar las costas del recurrente y las suyas propias, tanto de primera instancia como de apelación, o, si se devuelve el asunto al Tribunal General, que reserve la resolución sobre las costas en primera instancia y en apelación hasta la sentencia definitiva del Tribunal General. Por último, Canadian Solar solicita al Tribunal de Justicia que condene a cualquier otra parte del recurso de casación a cargar con sus propias costas.

23. El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene a Canadian Solar a pagar las costas del procedimiento de casación y del procedimiento seguido ante el Tribunal General.

24. La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a Canadian Solar.

25. La Comisión ha presentado una adhesión a la casación. Por su parte, solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y declare inadmisible el recurso de primera instancia o, a título subsidiario, declare que carece de objeto o, a título subsidiario de segundo grado, declare que es infundado y modifique la interpretación de la causalidad en relación con el sexto motivo formulado en la sentencia recurrida. La Comisión también solicita que se condene en costas a Canadian Solar.

26. Canadian Solar solicita al Tribunal de Justicia que desestime la adhesión a la casación. También solicita al Tribunal de Justicia que condene a la Comisión a cargar con las costas de Canadian Solar y con las suyas propias, tanto de primera instancia como de casación, y que condene al Consejo a soportar sus propias costas.

27. El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y declare inadmisible el recurso de primera instancia o, a título subsidiario, declare que carece de objeto o, a título subsidiario de segundo grado, declare que es infundado y modifique la interpretación de la causalidad en relación con el sexto motivo formulado en la sentencia recurrida. Asimismo, el Consejo solicita al Tribunal de Justicia que condene en costas a Canadian Solar.

28. Canadian Solar, el Consejo y la Comisión formularon observaciones orales en la vista celebrada el 20 de junio de 2018.

V. Apreciación de los motivos invocados en el recurso de casación

29. Canadian Solar invoca cuatro motivos en apoyo de su recurso de casación. De conformidad con la petición del Tribunal de Justicia, en las presentes conclusiones me limitaré a examinar el tercer y el cuarto motivo de casación.

30. Con el tercer motivo, Canadian Solar alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que el Reglamento n.o 1168/2012 era aplicable a la investigación de que se trata y que el hecho de que las instituciones no adoptasen una determinación del TEM no vició el Reglamento controvertido. Con el cuarto motivo, alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al permitir que las instituciones fijasen el derecho antidumping en un nivel que compensaba no solo el perjuicio causado por las importaciones objeto de dumping, sino también el ocasionado por otros factores conocidos, y también al invertir indebidamente la carga de la prueba en cuanto a los efectos de estos últimos factores.

A. Tercer motivo de casación

1. Alegaciones de las partes

31. Con su tercer motivo de casación, Canadian Solar rebate las conclusiones alcanzadas por el Tribunal General en los apartados 152 a 154, 157 y 159 a 170 de la sentencia recurrida.

32. Este motivo de casación se divide en dos partes.

33. En la primera de ellas, Canadian Solar afirma que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que era de aplicación el Reglamento n.o 1168/2012. A este respecto, aduce, en primer lugar, que el Reglamento n.o 1168/2012 entró en vigor el 15 de diciembre de 2012, es decir, después de expirar el 12 de diciembre de 2012 el plazo de tres meses en que debía adoptarse la determinación del TEM con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base en su versión original. En segundo lugar, afirma que en principio las normas sustantivas no se aplican a las situaciones establecidas antes de su entrada en vigor. La expiración del mencionado plazo de tres meses dio lugar a una situación definitiva, de manera que el Reglamento n.o 1168/2012, como norma sustantiva que es, no es aplicable. En tercer lugar, considera que la aplicación del Reglamento n.o 1168/2012 a las investigaciones pendientes solo si el plazo de tres meses no había expirado antes del 15 de diciembre de 2012 no constituye una interpretación contra legem. Si se considerase que sí es una interpretación contra legem, Canadian Solar alega que el artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012 es inválido en lo que respecta al recurrente, o que no puede ser aplicado a la situación del recurrente porque infringe los principios de seguridad jurídica e irretroactividad.

34. En la segunda parte de su tercer motivo de casación, Canadian Solar aduce que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que la omisión de la determinación del TEM no vicia el Reglamento controvertido. Dado que el Reglamento n.o 1168/2012 no era aplicable, la Comisión estaba obligada a adoptar una determinación sobre su solicitud de TEM. Al no hacerlo, quedó viciado el Reglamento controvertido, sin poder ser impugnado por Canadian Solar.

35. El Consejo opina que procede declarar la inadmisibilidad de la primera parte del tercer motivo de casación, que en todo caso es infundada. Primero, porque es inadmisible el argumento del recurrente según el cual el Reglamento n.o 1168/2012 no era aplicable debido a que el plazo de tres meses previsto en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base en su versión original expiró antes de que entrase en vigor el Reglamento n.o 1168/2012, ya que se limita a reiterar un argumento esgrimido ante el Tribunal General. En cualquier caso, es un argumento infundado, puesto que el artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012 dispone expresamente que este es aplicable a todas las investigaciones pendientes a partir del 15 de diciembre de 2012, y la investigación antidumping en cuestión aún estaba en curso en esa fecha. Segundo, porque es infundado el argumento del recurrente según el cual la expiración del mencionado plazo de tres meses generó una situación definitiva. En efecto, conforme a la jurisprudencia, si la Comisión hubiese determinado el TEM dentro de dicho plazo, podría haberse modificado en un momento posterior de la investigación. Tercero, porque es inválido el argumento del recurrente debido a que este no invocó ante el Tribunal General una excepción de ilegalidad de dicha disposición en virtud del artículo 277 TFUE.

36. En cuanto a la segunda parte del tercer motivo de casación, el Consejo sostiene que es infundada. Considera que toda determinación del TEM puede ser modificada posteriormente. Además, el presente recurso es una demostración clara de que sí se puede impugnar una omisión de la determinación del TEM.

37. La Comisión alega que esta primera parte del tercer motivo de casación es inadmisible o, en cualquier caso, infundada. Primero, porque es inadmisible el argumento del recurrente según el cual el Reglamento n.o 1168/2012 no era aplicable debido a que el plazo de tres meses previsto en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base en su versión original expiró antes de que entrase en vigor el Reglamento n.o 1168/2012, puesto que el recurrente no hace sino reiterar un extremo ya tratado ante el Tribunal General. En cualquier caso, el argumento es infundado, ya que el artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012 dispone que este se aplica a todas las investigaciones pendientes, haya concluido o no el plazo de tres meses antes de la entrada en vigor del Reglamento. Segundo, porque el argumento del recurrente según el cual su situación se hizo definitiva al expirar el plazo de tres meses es inadmisible, ya que se limita a reiterar un motivo formulado ante el Tribunal General. En cualquier caso, el argumento es infundado, pues con la expiración del plazo de tres meses no materializó derecho alguno. Tercero, porque es inadmisible el argumento del recurrente según el cual es inválido el artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012, dado que se trata de un nuevo motivo no formulado ante el Tribunal General, pues Canadian Solar no invocó una excepción de ilegalidad del artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012 con arreglo al artículo 277 TFUE. En cualquier caso, el argumento es infundado. El Reglamento n.o 1168/2012 devino inmediatamente aplicable, pues la expiración del plazo de tres meses no generó una situación definitiva.

38. La Comisión alega que la segunda parte del tercer motivo de casación carece de fundamento. Primero, porque el hecho de que la Comisión no adoptase una determinación del TEM no vició el Reglamento controvertido, ya que el Reglamento n.o 1168/2012 era aplicable a la situación del recurrente y, por tanto, la Comisión no estaba obligada a adoptar dicha determinación del TEM. Segundo, porque Canadian Solar ha podido impugnar la omisión de la determinación del TEM por la Comisión, ya que ha interpuesto el presente recurso.

39. Canadian Solar replica que sí es admisible el motivo relativo a la invalidez del artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012, ya que fue formulado ante el Tribunal General, que lo examinó en los apartados 154 a 170 de la sentencia recurrida. De conformidad con reiterada jurisprudencia, no importa que el motivo no se presentase formalmente como excepción de ilegalidad.

2. Apreciación

40. En la primera parte de su tercer motivo de casación, Canadian Solar alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que era de aplicación del Reglamento n.o 1168/2012. En la segunda parte de dicho motivo, Canadian Solar argumenta que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que la omisión de la determinación del TEM por parte de las instituciones no vició el Reglamento controvertido.

a) Admisibilidad

41. El Consejo opina que procede declarar la inadmisibilidad parcial de esta primera parte del tercer motivo de casación. La Comisión considera que dicha primera parte es inadmisible en su integridad. ( 14 )

42. En primer lugar, tanto el Consejo como la Comisión niegan que sea admisible el argumento del recurrente según el cual el Reglamento n.o 1168/2012 no es aplicable porque el plazo previsto en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base en su versión original expiró antes de que entrase en vigor el Reglamento n.o 1168/2012. La inadmisibilidad, según el Consejo y la Comisión, se debe a que este argumento se limita a reiterar otro ya formulado ante el Tribunal General.

43. A mi parecer, procede desestimar esta excepción de inadmisibilidad. Con su argumento, Canadian Solar cuestiona la aplicación que hace el Tribunal General de la disposición transitoria establecida en el artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012. A tal fin, Canadian Solar ha señalado, en particular, que en su opinión el apartado 152 de la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho. En el apartado 152 de su sentencia, el Tribunal General declaró que el Reglamento n.o 1168/2012 era aplicable, ya que «no establece excepción alguna en cuanto a las investigaciones en curso para las cuales ya había expirado el plazo para decidir sobre la concesión del TEM, con arreglo al párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base». Por lo tanto, Canadian Solar no pretende obtener un mero reexamen del recurso presentado ante el Tribunal General. ( 15 )

44. En segundo lugar, la Comisión alega que el argumento del recurrente según el cual su situación se hizo definitiva al expirar el mencionado plazo de tres meses es inadmisible, ya que se limita a reiterar un argumento formulado ante el Tribunal General.

45. Considero que esta excepción de inadmisibilidad también debe ser desestimada. Con dicho argumento, Canadian Solar impugna la invocación que el Tribunal General hace, en el apartado 157 de la sentencia recurrida, de la jurisprudencia relativa a la aplicación inmediata de las normas nuevas, conforme a la cual las normas sustantivas, a diferencia de las de procedimiento, no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor. Canadian Solar alega que la obligación de la Comisión de adoptar una determinación del TEM es una norma sustantiva. Por este motivo, critica la conclusión del Tribunal General, expresada en los apartados 159 a 162 de la sentencia recurrida, según la cual la expiración del mencionado plazo de tres meses no generó una situación definitiva al respecto. En consecuencia, Canadian Solar no pretende obtener un mero reexamen del recurso presentado ante el Tribunal General.

46. En tercer lugar, el Consejo y la Comisión niegan la admisibilidad del argumento del recurrente según el cual el artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012 es inválido por lo que respecta a Canadian Solar, ya que el recurrente no invocó ante el Tribunal General una excepción de ilegalidad de dicha disposición. Por lo tanto, entienden que el argumento es nuevo y, en consecuencia, inadmisible.

47. A mi parecer, procede desestimar esta excepción de inadmisibilidad.

48. Es cierto que Canadian Solar no aludió expresamente al artículo 277 TFUE ante el Tribunal General. ( 16 )

49. Sin embargo, en su recurso ante el Tribunal General, Canadian Solar argumentó que «interpretar [el Reglamento n.o 1168/2012] en el sentido de que es aplicable a las investigaciones pendientes en que los interesados tienen un derecho adquirido a que su solicitud de TEM sea considerada en el plazo de tres meses vulneraría la confianza legítima de las personas afectadas por la investigación». Por lo tanto, la excepción de ilegalidad estaba implícita pero claramente formulada en el recurso ante el Tribunal General. En consecuencia, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad basada en la presunta novedad de la excepción de ilegalidad. ( 17 )

50. Por otro lado, cabe señalar que en los apartados 154 a 167 de la sentencia recurrida el Tribunal General declaró que, «aunque se interpretase [el quinto motivo, en que se alegaba una infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base] en el sentido de que los demandantes alegan que el Reglamento n.o 1168/2012 es ilegal», habría de ser desestimado, ya que el principio de seguridad jurídica solo afecta a situaciones establecidas antes de la entrada en vigor de la nueva norma, y este no es el caso del recurrente. De acuerdo con la jurisprudencia, un recurrente puede legítimamente invocar motivos basados en la propia sentencia recurrida y destinados a criticar la conformidad a Derecho de la misma, los invocase o no ante el Tribunal General. ( 18 )

51. Por consiguiente, considero que procede declarar la admisibilidad de la primera parte del tercer motivo de casación.

b) Sobre el fondo

1) Introducción

52. Para empezar, quisiera señalar que a un productor de un país sin economía de mercado se le puede conceder el trato de economía de mercado (TEM) en virtud del artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. En ese caso, el valor normal se calcula conforme a las reglas aplicables a los países con economía de mercado. No se calcula en función de los precios de un tercer país con economía de mercado análogo, como sí sucede con los productores sujetos al mismo procedimiento y a los que no se concede el TEM, de conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra a), de dicho Reglamento. ( 19 )

53. Tal como se expone en el punto 2 de las presentes conclusiones, el Reglamento n.o 1168/2012 modificó el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base de manera que el TEM se determinará «normalmente en un plazo de siete meses, pero en todo caso no más tarde de ocho meses a partir del inicio de la investigación». Con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base en su versión original, la determinación del TEM había de realizarse en los tres meses siguientes al inicio de la investigación.

54. Además, el Reglamento n.o 1168/2012 limitó la obligación de las instituciones de efectuar una determinación sobre las solicitudes de TEM. En la actualidad, si, con arreglo al artículo 17 del Reglamento de base, la Comisión ha decidido limitar su investigación a muestras representativas de comerciantes, ( 20 ) las instituciones solo están obligadas a efectuar la determinación si la solicitud de TEM ha sido presentada bien por un productor incluido en la muestra o bien por un productor que haya obtenido el cálculo de un margen de dumping individual con arreglo al artículo 17, apartado 3, de dicho Reglamento. Conforme al artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base en su versión original no había límite a la obligación de las instituciones de efectuar una determinación sobre las solicitudes de TEM.

55. Quisiera señalar también que el plazo de tres meses previsto en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base en su versión original resultó «impracticable en muchos procedimientos antidumping, en particular cuando se aplica[ba] el muestreo», ( 21 ) y, en la práctica, la Comisión no siempre lo cumplía. ( 22 ) Tal situación impulsó a la Comisión a proponer, en el año 2011, la ampliación del plazo a seis meses. ( 23 ) Sin embargo, el plazo de tres meses no se amplió hasta la sentencia del Tribunal de Justicia recaída en el asunto Brosmann. ( 24 ) En ella el Tribunal de Justicia declaró que, cuando se recurre al muestreo, las instituciones deben examinar todas las solicitudes de TEM presentadas por los comerciantes no incluidos en él en los tres meses siguientes al inicio de la investigación. ( 25 ) Dado que la sentencia imponía «una carga administrativa desproporcionada» a la Comisión, ( 26 ) se estimó conveniente ampliar a ocho meses el plazo en que había de determinar el TEM, contrarrestando así las consecuencias de la sentencia Brosmann (y por este motivo el Reglamento n.o 1168/2012 es considerado la «reforma anti-Brosmann»). ( 27 )

56. En el presente caso, Canadian Solar presentó una solicitud de TEM el 6 de septiembre de 2012. Se le comunicó que la solicitud no sería estimada el 3 de enero de 2013, es decir, i) después de que hubiera expirado, el 6 de diciembre de 2012, el plazo de tres meses mencionado en el punto 53 de las presentes conclusiones, y ii) después de que hubiera entrado en vigor el Reglamento n.o 1168/2012 el 15 de diciembre de 2012. Canadian Solar no estaba incluida en el muestreo, y tampoco le fue concedido el beneficio del artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base.

2) Sobre la primera parte del tercer motivo de casación

57. En la primera parte de su tercer motivo de casación, Canadian Solar alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que era de aplicación del Reglamento n.o 1168/2012.

58. Yo opino que el Reglamento n.o 1168/2012 es aplicable a la investigación que dio lugar a la adopción del Reglamento controvertido.

59. En primer lugar, el artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012 establece que este es aplicable a «todas las investigaciones […] pendientes a partir del 15 de diciembre de 2012». ( 28 )

60. Una investigación antidumping comienza con la publicación de un anuncio de inicio con arreglo al artículo 5, apartado 10, del Reglamento de base. La investigación así iniciada concluye, bien con la adopción de medidas definitivas con arreglo al artículo 9, apartado 4, de dicho Reglamento, ( 29 ) o bien con una decisión de conclusión del procedimiento sin adopción de medidas, en virtud del artículo 9, apartado 2, del mismo Reglamento. ( 30 ) En consecuencia, una investigación debe considerarse «pendiente» a efectos del artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012 hasta que se hayan adoptado bien unas medidas definitivas o bien una decisión con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento de base.

61. En el presente caso la investigación se inició el 6 de septiembre de 2012, con la publicación del anuncio de inicio, y concluyó con la adopción del Reglamento controvertido el 2 de diciembre de 2013. Por lo tanto, aún estaba «pendiente» al entrar en vigor el Reglamento n.o 1168/2012, el 15 de diciembre de 2012.

62. La cuestión de si un productor concreto de un país sin economía de mercado opera en condiciones de economía de mercado y, por tanto, procede concederle el TEM constituye tan solo uno de los pasos de la investigación dirigida a verificar si se cumplen los requisitos para la imposición de derechos antidumping, es decir, si existe dumping, si este ha causado un perjuicio y si los intereses de la Unión exigen intervenir. Una vez determinado el TEM, o expirado el plazo en que se ha de determinar, la investigación sigue en curso con respecto a todos los comerciantes sujetos a ella, incluido el productor que presentó la solicitud de TEM (ya que el valor normal, así como las demás condiciones para la imposición de derechos antidumping, aún debe ser valorado). Por lo tanto, es irrelevante que el plazo de tres meses para determinar el TEM con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base en su versión original expirase el 6 de diciembre de 2012, es decir, antes de entrar en vigor el Reglamento n.o 1168/2012 el 15 de diciembre de 2012. Lo determinante es que el Reglamento n.o 1168/2012 entró en vigor antes de que se adoptase el Reglamento controvertido.

63. En segundo lugar, el artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012 establece que este es aplicable a «todas las investigaciones […] pendientes». ( 31 ) No distingue entre las investigaciones para las cuales ya ha expirado el plazo de tres meses para determinar el TEM conforme a la versión original del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base y aquellas para las que aún no lo ha hecho.

64. En tercer lugar, no se puede aceptar el argumento del recurrente de que el Reglamento n.o 1168/2012 es una norma sustantiva y, como tal, no es aplicable a las situaciones anteriores a su entrada en vigor, como la de Canadian Solar.

65. Conforme a reiterada jurisprudencia, por regla general, el principio de seguridad jurídica se opone a que el punto de partida de la aplicación temporal de un acto de la Unión se fije en una fecha anterior a la de su publicación. Sin embargo, podría ser de otro modo, con carácter excepcional, cuando así lo requiera el fin que se persiga y se respete debidamente la confianza legítima de los interesados. ( 32 ) Por lo tanto, aunque una norma nueva no se aplica a las situaciones jurídicas nacidas y definitivamente consolidadas bajo el imperio de la antigua norma, sí se aplica a los efectos futuros de tales situaciones, así como a las situaciones jurídicas nuevas. ( 33 ) Únicamente no sucede así, y sin perjuicio del principio de irretroactividad de los actos jurídicos, cuando la norma nueva lleva aparejada disposiciones particulares que determinan específicamente su ámbito de aplicación temporal. ( 34 )

66. También es jurisprudencia asentada que generalmente las normas de procedimiento se consideran aplicables a todos los litigios pendientes en el momento de su entrada en vigor, ( 35 ) mientras que, a fin de garantizar el respeto de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, las normas sustantivas normalmente se interpretan en el sentido de que se aplican a las situaciones adquiridas antes de su entrada en vigor únicamente en la medida en que de sus términos, de su finalidad o de su estructura general se desprenda claramente que procede atribuirles tal efecto. ( 36 )

67. En primer lugar, considero que el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1168/2012, que amplía de tres a ocho meses el plazo para determinar el TEM, constituye una norma de procedimiento. En efecto, dicha disposición no afecta al derecho de los productores a solicitar el TEM ni a los requisitos para obtenerlo. Por lo tanto, en mi opinión el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1168/2012 es aplicable a las situaciones jurídicas que no habían devenido definitivas al entrar en vigor ese Reglamento el 15 de diciembre de 2012.

68. Así pues, procede dilucidar si, en el presente asunto, la situación de Canadian Solar existía ya antes de que entrase en vigor el Reglamento n.o 1168/2012 (y, por tanto, no era aún provisional el 15 de diciembre de 2012).

69. En la sentencia Varec encontramos un ejemplo de situación «existente» al entrar en vigor la nueva norma. ( 37 ) En dicha sentencia el Tribunal de Justicia declaró que, cuando se presentó la oferta en el procedimiento de adjudicación, ya se había «materializado» el derecho del licitador a la protección de la información confidencial. Por lo tanto, no le era aplicable la Directiva 2004/18/CE, ( 38 ) que entró en vigor después de la presentación de dicha oferta. ( 39 )

70. Un ejemplo de situación que aún era provisional cuando entró en vigor la nueva norma lo proporciona la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Pokrzeptowicz-Meyer. ( 40 ) Un contrato de trabajo de duración determinada celebrado antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva norma y que terminase después de dicha fecha no podía considerarse como una situación existente. En efecto, «la celebración de un contrato de trabajo de duración determinada no agota sus efectos jurídicos en la fecha de su firma, sino que, por el contrario, sigue produciendo efectos regularmente a lo largo de toda la duración del contrato». ( 41 ) En consecuencia, la nueva norma sí era aplicable.

71. Otro ejemplo más de situación que aún era provisional al entrar en vigor la nueva norma se puede encontrar en el asunto Moravia Gas Storage. ( 42 ) Con arreglo a la Directiva 2003/55/CE ( 43 ) y a la Directiva 2009/73/CE, ( 44 ) que derogó la Directiva 2003/55, las grandes infraestructuras de gas nuevas, previa solicitud, podían quedar exentas de la obligación de dar a terceros acceso negociado a la instalación. La exención la concedía la autoridad nacional competente, que lo notificaba a la Comisión, y esta podía solicitar al Estado miembro la modificación o revocación de la decisión de eximir. Se consideró que dicha decisión no creaba una situación existente, ya que la Comisión podía solicitar su modificación o revocación. Por lo tanto, era de aplicación la Directiva 2009/73, que entró en vigor tras ser adoptada y notificada la decisión de eximir pero antes de que la Comisión ordenase al Estado miembro que la revocase. ( 45 )

72. En mi opinión, la situación de Canadian Solar aún era provisional cuando entró en vigor el Reglamento n.o 1168/2012.

73. En efecto, ningún derecho se había «materializado» ( 46 ) en la fecha en que expiró el plazo de tres meses en que había de determinarse el TEM en virtud del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base en su versión original.

74. En efecto, de la jurisprudencia resulta que la inobservancia del plazo de tres meses solo puede dar lugar a la anulación del Reglamento adoptado al término del procedimiento si existe la posibilidad de que, debido a dicha irregularidad, ese procedimiento hubiera podido llevar a un resultado diferente. Dicho Reglamento no puede ser anulado por la sola razón de que el Consejo y la Comisión no resolviesen en plazo. ( 47 ) Por lo tanto, las instituciones pueden efectuar válidamente una determinación del TEM después de expirar el plazo de tres meses establecido en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base en su versión original (siempre que la demora no afecte al resultado del procedimiento). Y también se puede concluir que a Canadian Solar no le fue concedido automáticamente el TEM al expirar dicho plazo de tres meses en virtud de la inacción de la Comisión.

75. Además, si la Comisión hubiese determinado el TEM en el plazo de tres meses, dicha determinación podría haber sido modificada en una fase posterior del procedimiento, tras la expiración del mencionado plazo. ( 48 ) Por lo tanto, cuando concluye el plazo de tres meses no se genera situación definitiva alguna. De modo análogo, en el asunto Moravia Gas Storage, la razón por la cual no existía una situación definitiva por razón de la adopción de una decisión nacional de exención era que dicha decisión aún podía ser cuestionada por la Comisión en una fase posterior del procedimiento. ( 49 )

76. Por lo tanto, el Tribunal General no cometió ningún error de Derecho al considerar, en los apartados 159 a 166 de la sentencia recurrida, que Canadian Solar se hallaba en una situación provisional cuando entró en vigor el Reglamento n.o 1168/2012.

77. En consecuencia, con arreglo a la jurisprudencia citada en el punto 66 de las presentes conclusiones, la ampliación del plazo para determinar el TEM, establecida en el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1168/2012, era aplicable a la investigación que dio lugar a la adopción del Reglamento controvertido.

78. En segundo lugar, el artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1168/2012 dispone que, cuando se recurra al muestreo, las instituciones solo están obligadas a efectuar una determinación sobre la solicitud de TEM si esta ha sido presentada por productores incluidos en la muestra o que hayan obtenido el cálculo de un margen de dumping individual con arreglo al artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base. Las instituciones no están obligadas a responder a las solicitudes de TEM presentadas por productores no incluidos en la muestra, como el recurrente, a no ser que hayan obtenido el cálculo de un margen de dumping individual con arreglo artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base. ( 50 )

79. En mi opinión, el artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1168/2012 es una norma sustantiva, ya que priva a los productores no incluidos en la muestra de su derecho a que se examine su solicitud de TEM, a no ser que hayan obtenido el cálculo de un margen de dumping individual con arreglo al artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base. Como norma sustantiva, de conformidad con la jurisprudencia citada en el punto 66 de las presentes conclusiones, no se debe aplicar a las situaciones que aún fuesen provisionales cuando entró en vigor, como la de Canadian Solar. ( 51 ) Sin embargo, de acuerdo con esa misma jurisprudencia, sí era de aplicación, ya que del tenor literal del artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012 se desprende claramente que «el presente Reglamento» (es decir, todas sus disposiciones) era de aplicación a «todas las investigaciones […] pendientes a partir del 15 de diciembre de 2012».

80. En consecuencia, el artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1168/2012 era aplicable a la investigación que dio lugar a la adopción del Reglamento controvertido.

81. El Tribunal General acertó al considerar, en el apartado 166 de la sentencia recurrida, que, al encontrarse Canadian Solar en una situación provisional el 15 de diciembre de 2012, era de aplicación el Reglamento n.o 1168/2012.

82. En cuarto lugar, la excepción de ilegalidad formulada por el recurrente contra el artículo 2 del Reglamento n.o 1168/2012 no puede prosperar. En opinión de Canadian Solar, dicha disposición vulnera los principios de seguridad jurídica e irretroactividad. Sin embargo, de conformidad con reiterada jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica no se opone a que, con carácter excepcional, el punto de partida de la aplicación en el tiempo de un acto de la Unión se fije en una fecha anterior a la de su publicación, siempre que se respete la confianza legítima de los interesados. ( 52 ) El principio de protección de la confianza legítima no impide, de manera general, que una nueva normativa se aplique a los efectos futuros de situaciones nacidas al amparo de la normativa anterior ( 53 ) y, en el presente caso, Canadian Solar no ha aclarado por qué el Tribunal General erró al considerar, en el apartado 168 de la sentencia recurrida, que en la fecha de inicio de la investigación el recurrente pudo y debió haber previsto la adopción del Reglamento n.o 1168/2012. En consecuencia, el Tribunal General no cometió ningún error de Derecho al considerar, en el apartado 154 de la sentencia recurrida, que el Reglamento n.o 1168/2012 era válido.

83. A mi parecer, la excepción de ilegalidad formulada por el recurrente y la primera parte del tercer motivo de casación deben ser desestimadas.

3) Sobre la segunda parte del tercer motivo de casación

84. En la segunda parte de su tercer motivo de casación, Canadian Solar alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que la omisión de la determinación del TEM por parte de las instituciones no vició el Reglamento controvertido.

85. En mi opinión, procede desestimar la segunda parte del tercer motivo.

86. En primer lugar, del punto 77 de las presentes conclusiones se deduce que las instituciones no estaban obligadas a efectuar una determinación en el plazo de tres meses establecido en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base en su versión original, ya que era de aplicación el plazo de ocho meses establecido en el Reglamento n.o 1168/2012. Por lo tanto, el hecho de que las instituciones no efectuasen una determinación en el antiguo plazo no puede viciar el Reglamento controvertido. El Tribunal General no cometió ningún error de Derecho al considerar, en el apartado 163 de la sentencia recurrida, que la inobservancia de dicho plazo por las instituciones no vició el Reglamento controvertido.

87. Además, a mi parecer, las instituciones no estaban obligadas a efectuar una determinación sobre la solicitud de TEM presentada por Canadian Solar, ya que, como se expone en el punto 80 de las presentes conclusiones, era de aplicación el artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1168/2012, que modificó el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base de manera que, en adelante, solo debía hacerse una determinación sobre las solicitudes de TEM presentadas por productores incluidos en la muestra o que hubiesen obtenido el cálculo de un margen de dumping individual. Al no haber sido incluida Canadian Solar en la muestra ni haber obtenido el cálculo de un margen de dumping individual, las instituciones no estaban obligadas a efectuar una determinación sobre su solicitud de TEM. Por lo tanto, el Tribunal General acertó al considerar, en el apartado 170 de la sentencia recurrida, que Canadian Solar no tenía derecho a que se examinase su solicitud de TEM. En consecuencia, el hecho de que las instituciones no efectuasen una determinación no pudo viciar el Reglamento controvertido.

88. En segundo lugar, no se puede acoger el argumento del recurrente según el cual este no puede impugnar la omisión de una determinación del TEM por parte de la Comisión. Dicha omisión fue impugnada por Canadian Solar con motivo del recurso de anulación del Reglamento controvertido y fue debidamente examinada por el Tribunal General en los puntos 149 a 170 de la sentencia recurrida. Asimismo, ha sido impugnada ante el Tribunal de Justicia y es objeto de consideración en las presentes conclusiones.

89. Por lo tanto, el Tribunal General no cometió error de Derecho alguno al considerar que el hecho de que las instituciones no efectuasen una determinación sobre la solicitud de TEM presentada por Canadian Solar no vició el Reglamento controvertido.

90. En consecuencia, debe desestimarse el tercer motivo de casación.

B. Cuarto motivo de casación

1. Alegaciones de las partes

91. El cuarto motivo de casación se divide en dos partes.

92. En la primera parte de su cuarto motivo de casación, Canadian Solar alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al admitir, en los apartados 205 a 217 de la sentencia recurrida, que las instituciones estableciesen un derecho antidumping en un nivel que compensara no solo el perjuicio atribuido a las importaciones objeto de dumping, sino también el atribuido a otros factores conocidos. A este respecto, Canadian Solar alega, en primer lugar, que al determinar el importe del derecho antidumping las instituciones deben excluir los efectos de esos otros factores incluso aunque no rompan el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping. De lo contrario, se concedería a la industria de la Unión una protección mayor de la necesaria. Por lo tanto, entiende que el Tribunal General erró al considerar que las instituciones solo deben excluir los efectos de esos otros factores si rompen el nexo causal. En segundo lugar, argumenta que el Tribunal General erró al considerar que, al establecer el importe del derecho antidumping, las instituciones no estaban obligadas a excluir los efectos de los otros tres factores específicos conocidos (a saber, la compra del producto en cuestión por productores de la Unión para su reventa en el mercado de la Unión como propio; las reducciones en un régimen de apoyo de los Estados miembros, y la crisis financiera) porque no rompían el nexo causal.

93. En la segunda parte de su cuarto motivo de casación, Canadian Solar alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar, en los apartados 202 y 205 de la sentencia recurrida, que correspondía al recurrente demostrar los efectos cuantitativos de los factores distintos de las importaciones objeto de dumping.

94. El Consejo alega que la primera parte del cuarto motivo debe ser desestimada por infundada, y solicita al Tribunal de Justicia que sustituya la fundamentación de los apartados 191 a 193 de la sentencia recurrida y declare que la determinación del perjuicio con arreglo al artículo 3 del Reglamento de base y el cálculo del margen del perjuicio con arreglo al artículo 9, apartado 4, del mismo Reglamento son dos aspectos independientes.

95. Con carácter subsidiario, el Consejo alega que la primera parte del cuarto motivo de casación debe ser desestimada, en parte por inadmisible y en su conjunto por infundada. En primer lugar, el Consejo alega que el argumento del recurrente según el cual el Tribunal General cometió un error al calificar de insignificantes los efectos de los otros tres factores conocidos, mencionados en el punto 92 de las presentes conclusiones, es inadmisible por tratarse de una cuestión de hecho. En segundo lugar, alega que la primera parte del cuarto motivo de casación es infundada, ya que, al contrario que Canadian Solar, el Tribunal General no consideraba que las instituciones estuviesen obligadas a fijar el derecho antidumping en un nivel que compensase solo el perjuicio atribuido a las importaciones objeto de dumping. Y tampoco erró al considerar que los efectos de esos otros tres factores conocidos, antes mencionados, eran insignificantes.

96. Asimismo, el Consejo entiende que la segunda parte del cuarto motivo de casación es infundada.

97. La Comisión alega que la primera parte del cuarto motivo de casación carece de objeto o, a título subsidiario, es infundada. Carece de objeto porque el Tribunal General no declaró que, al determinar el importe del derecho antidumping, las instituciones estén obligadas a llevar a cabo un análisis de atribución y un análisis de no atribución. Con carácter subsidiario, si el Tribunal de Justicia considera que el Tribunal General sí que declaró que se deben efectuar tales análisis para determinar el importe del derecho antidumping, la Comisión alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho, y solicita que a este respecto se sustituyan los fundamentos. ( 54 )

98. La Comisión entiende que la segunda parte del cuarto motivo de casación carece de objeto, en particular porque la primera parte de dicho motivo es infundada.

2. Apreciación

99. Con el cuarto motivo de casación, Canadian Solar alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al permitir que las instituciones fijasen un nivel del derecho antidumping que compensaba no solo el perjuicio atribuido a las importaciones objeto de dumping, sino también el atribuido a otros factores conocidos, y también al invertir indebidamente la carga de la prueba.

a) Admisibilidad

100. Como se menciona en el punto 92 de las presentes conclusiones, Canadian Solar afirma que el Tribunal General cometió un error al considerar que, al fijar el importe del derecho antidumping, las instituciones no estaban obligadas a excluir los efectos de otros tres factores concretos conocidos, por cuanto estos no rompían el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping. El Consejo alega que este argumento es inadmisible, al tratarse de una cuestión de hecho.

101. A mi parecer, procede desestimar esta excepción de inadmisibilidad.

102. La cuestión de si el efecto de un determinado factor conocido y distinto de las importaciones objeto de dumping puede considerarse «insignificante», de manera que no rompe el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y dichas importaciones, constituye una cuestión de calificación jurídica de los hechos, no una cuestión de hecho. Por lo tanto, puede ser revisada por el Tribunal de Justicia. ( 55 )

b) Sobre el fondo

1) Sobre la primera parte del cuarto motivo de recurso

i) Introducción

103. El artículo 3, apartado 1, del Reglamento de base exige que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión sea «importante». De conformidad con el artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento, para determinar si la industria de la Unión sufre un «perjuicio importante» se ha de tener en cuenta, en primer lugar, el volumen de las importaciones objeto de dumping y el efecto de las mismas en los precios en la Unión y, en segundo lugar, los efectos de esas importaciones sobre la industria de la Unión.

104. En cuanto al impacto de las importaciones objeto de dumping en la industria de la Unión, el apartado 6 del mismo artículo exige demostrar que el volumen y los precios de dichas importaciones «son responsables de un efecto en la industria [de la Unión] […], y que este efecto se produce en un grado tal que permite calificarlo como “perjuicio importante”». Se trata del denominado análisis «de atribución». ( 56 )

105. Además, otros factores distintos de las importaciones objeto de dumping pueden contribuir al perjuicio sufrido por la industria de la Unión. Por ejemplo, conforme al Reglamento controvertido, la crisis financiera y sus efectos sobre el acceso a la financiación tuvieron un cierto impacto en la situación de la industria solar de la Unión, que requiere mucho capital. ( 57 ) Con arreglo al artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, deben examinarse los factores conocidos diferentes de las importaciones objeto de dumping «para garantizar que el perjuicio no se atribuye a las importaciones objeto de dumping contempladas en el apartado 6». Se trata del denominado análisis «de no atribución». ( 58 )

106. Conforme a reiterada jurisprudencia, las instituciones de la Unión deben verificar si los efectos de esos otros factores han podido romper el nexo causal entre, por un lado, las importaciones de que se trata y, por otro, el perjuicio sufrido por la industria de la Unión. Asimismo, han de verificar que el perjuicio imputable a esos otros factores no se tiene en cuenta en la determinación del perjuicio en el sentido del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base y que, por consiguiente, el derecho antidumping impuesto no sobrepasa lo necesario para compensar el perjuicio causado por las importaciones objeto de dumping. No obstante, si las instituciones de la Unión comprueban que, a pesar de esos factores, el perjuicio causado por las importaciones objeto de dumping es importante, con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento de base, puede considerarse acreditado, por lo tanto, el nexo causal entre esas importaciones y el perjuicio sufrido por la industria de la Unión. ( 59 )

107. En la primera parte de su cuarto motivo de casación, Canadian Solar alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al admitir, en los apartados 205 a 217 de la sentencia recurrida, que las instituciones estableciesen un derecho antidumping en un nivel que compensara no solo el perjuicio atribuido a las importaciones objeto de dumping, sino también el atribuido a otros factores conocidos.

ii) ¿Debe compensar el derecho antidumping solo el perjuicio atribuido a las importaciones objeto de dumping y no el atribuido a otros factores conocidos?

108. En mi opinión, al fijar el importe del derecho antidumping, las instituciones no están obligadas a tener en cuenta las conclusiones extraídas en su análisis de no atribución efectuado con arreglo al artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base.

109. Así se desprende, en primer lugar, del tenor de los artículos 3, apartados 6 y 7, y 9, apartado 4, de dicho Reglamento.

110. Los análisis de atribución y de no atribución mencionados en los puntos 104 y 105 de las presentes conclusiones se realizan para verificar que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión ha sido causado por las importaciones objeto de dumping, que es una de las condiciones para aplicar el derecho antidumping, junto con la existencia de dumping, de un perjuicio y de un interés de la Unión en intervenir. ( 60 ) En efecto, el artículo 3, apartado 6, del Reglamento de base señala que la demostración de que «las importaciones objeto de dumping causan un perjuicio en el sentido del presente Reglamento» implica demostrar que el volumen y los precios de las importaciones objeto de dumping «son responsables de» un efecto en la industria de la Unión, es decir, que el perjuicio sufrido por esta es imputable a las importaciones objeto de dumping. A la inversa, el artículo 3, apartado 7, de dicho Reglamento exige demostrar que el perjuicio imputable a factores distintos de las importaciones objeto de dumping «no se atribuye a [dichas] importaciones» o, en palabras del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, que los efectos de esos otros factores no rompen el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping. ( 61 )

111. Con arreglo al artículo 3, apartado 6, del Reglamento de base, el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping se considera demostrado si el perjuicio atribuible a dichas importaciones es «importante». A este respecto, es irrelevante que exista un perjuicio atribuido a factores distintos de las importaciones objeto de dumping, siempre que el atribuido a estas sea «importante». ( 62 )

112. En cuanto al importe del derecho antidumping, con arreglo a la última frase del artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, debe ser «suficiente para eliminar el perjuicio a la industria de la Unión». Esta frase debe interpretarse en relación con la referencia que se hace en la primera frase de dicha disposición al perjuicio causado por el dumping. ( 63 ) Por lo tanto, el derecho antidumping debe eliminar el perjuicio «causado por» las importaciones objeto de dumping en el sentido del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base. Así pues, el derecho antidumping puede eliminar también el perjuicio atribuido a factores distintos de las importaciones objeto de dumping, siempre que el atribuido a estas sea «importante», ya que, en este caso, el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se considera «causado por» ellas.

113. Si esta no hubiera sido la intención del legislador de la Unión, el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base habría exigido que el derecho antidumping eliminase el perjuicio «atribuido a» las importaciones objeto de dumping, y no habría hecho referencia al perjuicio causado por ellas. A este respecto conviene señalar que el verbo «atribuir» se utiliza en el artículo 3, apartado 7, de dicho Reglamento, pero no en su artículo 9, apartado 4. También quisiera observar que esta última disposición no se remite a la primera.

114. Así lo confirma también la jurisprudencia citada en el punto 106 de las presentes conclusiones. De acuerdo con esa jurisprudencia, las instituciones deben verificar que el perjuicio imputable a los otros factores conocidos no se tenga en cuenta en la determinación del perjuicio en el sentido del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base. Dado que, como ya he expuesto, dicha disposición se refiere a la demostración de un nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping, esto significa que, conforme a dicha jurisprudencia, las instituciones deben comprobar que el perjuicio imputable a otros factores conocidos no se tenga en cuenta para determinar el nexo causal. Dicha jurisprudencia no exige que las instituciones se aseguren de que el perjuicio imputable a esos otros factores no sea tenido en cuenta al determinar el derecho antidumping. Asimismo, quisiera observar que cuando el Tribunal de Justicia y el Tribunal General declaran que el derecho antidumping no puede «sobrepasa[r] lo necesario para eliminar el perjuicio causado por las importaciones que son objeto de dumping», acto seguido afirman que, para acreditar el nexo causal, basta con que el perjuicio atribuido a las importaciones objeto de dumping sea «importante». ( 64 )

115. En segundo lugar, es cierto que, conforme a la jurisprudencia, el objetivo del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base es no conceder a la industria de la Unión una protección mayor de lo necesario. ( 65 ) Sin embargo, de ahí no se deduce que el derecho antidumping deba compensar solo el perjuicio atribuido a las importaciones objeto de dumping.

116. A este respecto procede hacer referencia a las conclusiones presentadas por la Abogado General Trstenjak en el asunto Moser Baer. ( 66 ) Dicho litigio versaba sobre la anulación de un reglamento que imponía un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de discos compactos registrables originarias de la India. ( 67 ) El Consejo había analizado los efectos de otro factor conocido, el pago de unos supuestos derechos excesivos por los productores de la Unión, y llegó a la conclusión de que ese otro factor no rompía el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones subvencionadas. Esto era así, primero, porque dichos derechos no los pagaban solo los productores de la Unión, sino también los productores exportadores indios y, segundo, porque ya existían antes de que las importaciones subvencionadas adquiriesen un volumen considerable. La Abogado General Trstenjak estuvo de acuerdo con el Consejo en que los derechos no habían roto el nexo causal. Sin embargo, en su opinión, no por ello era lícito el derecho antidumping. En efecto, en palabras de la Abogado General Trstenjak, «puede resultar adecuado tener en cuenta, a la hora de calcular el nivel de eliminación del perjuicio, factores que si bien no dan lugar a una ruptura del nexo causal entre las importaciones subvencionadas y el perjuicio, sí pueden repercutir en la medida del nivel de la eliminación del perjuicio». ( 68 )

117. En apoyo a dicho argumento, la Abogado General Trstenjak hizo referencia a la regla «lesser duty» establecida en la última frase del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.o 2026/97 o, en cuanto a las medidas antidumping, en la última frase del artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base. Conforme a esta última disposición, ( 69 )«el importe del derecho antidumping no deberá sobrepasar el margen de dumping establecido, debiendo ser inferior a dicho margen si este derecho inferior es suficiente para eliminar el perjuicio a la industria de la [Unión]». Por lo tanto, el margen de perjuicio se utiliza para determinar el tipo del derecho antidumping (compensatorio) cuando el margen de dumping (subvención) es superior al margen de perjuicio. En opinión de la Abogado General Trstenjak, dado que «el objetivo de la regla“lesser duty” es, ciertamente, no conceder en tal caso una protección a la industria de la [Unión] que vaya más allá de lo necesario», deben tenerse en cuenta factores distintos de las importaciones subvencionadas cuando se calcule el nivel del derecho compensatorio, tal como se menciona en el punto anterior. ( 70 )

118. No obstante, en el asunto Moser Baer la Abogado General Trstenjak consideró que el Consejo no estaba obligado a tener en cuenta los efectos de los derechos al calcular el nivel de eliminación del perjuicio, ya que dichos derechos los pagaban no solo los productores de la Unión, sino también los productores exportadores indios. ( 71 )

119. En su sentencia Moser Baer, el Tribunal de Justicia declaró, en primer lugar, que el nexo causal entre el perjuicio y las importaciones subvencionadas no se había roto por razón de los derechos, ya que este factor ya existía antes de que las importaciones subvencionadas adquiriesen un volumen considerable y, en segundo lugar, que los derechos no podían influir en el cálculo del nivel de subcotización, ya que afectaban tanto a los precios de la Unión como a los de importación. ( 72 )

120. En consecuencia, el Tribunal de Justicia no hizo referencia al objetivo de la regla «lesser duty» analizada en los puntos 116 y 117 de las presentes conclusiones. Cierto es que el Tribunal de Justicia podría haberse limitado a declarar que el nexo causal no se había roto, sin entrar a analizar si los derechos supuestamente excesivos habían afectado al nivel de subcotización. Sin embargo, en dicho asunto era evidente que el otro factor conocido no había tenido ningún efecto en el nivel de subcotización.

121. Estoy de acuerdo con la Abogado General Trstenjak ( 73 ) en que el objetivo de la regla «lesser duty» es garantizar que no se conceda a la industria de la Unión una protección mayor de lo necesario. Sin embargo, el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base solo exige que el derecho antidumping se base en el margen de perjuicio cuando este sea inferior al margen de dumping. La aplicación de la regla «lesser duty» garantiza que la protección no vaya más allá de lo necesario.

122. También quisiera señalar que el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base no exige que el derecho antidumping elimine solo el perjuicio atribuido a las importaciones objeto de dumping. Según se ha expuesto en el punto 113 de las presentes conclusiones, dicha disposición requiere la eliminación del perjuicio causado por las importaciones objeto de dumping, no el perjuicio atribuido a estas. De igual manera, el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base no hace referencia al artículo 3, apartado 7, de dicho Reglamento.

123. En tercer lugar, quisiera señalar que el recurrente no cita ningún caso en que se haya anulado un derecho antidumping por compensar este el perjuicio atribuido a un factor distinto de las importaciones objeto de dumping. La sentencia Allied Corporation, ( 74 ) invocada por Canadian Solar en primera instancia y en la adhesión a la casación, no desvirtúa el razonamiento anterior.

124. En el asunto Allied Corporation el Tribunal de Justicia anuló un reglamento que imponía un derecho antidumping definitivo, debido a que el Consejo, que había considerado que otros factores distintos de las importaciones objeto de dumping habían contribuido al perjuicio sufrido por la industria de la Unión, no se había cerciorado de si el importe del derecho antidumping impuesto era «necesario para subsanar el perjuicio». ( 75 )

125. Sin embargo, en dicho asunto el Consejo había fijado el derecho antidumping al nivel del margen de dumping sin comprobar si el margen de perjuicio era inferior al margen de dumping. Por lo tanto, el Reglamento impugnado fue anulado porque el Consejo no se había cerciorado de la posible aplicación de la regla «lesser duty». No se anuló el Reglamento porque, al determinar el importe del derecho antidumping, el Consejo no hubiese excluido el perjuicio atribuido a otros factores conocidos.

126. Procede añadir que en la sentencia Gold East Paper el Tribunal General desestimó el motivo mediante el que se alegaba que las instituciones «no se aseguraron de que el perjuicio imputable a factores diferentes del dumping no se tomara en consideración a la hora de determinar el importe del derecho establecido sobre sus importaciones», al considerar que las instituciones habían examinado «la incidencia de otros factores conocidos que podrían haber causado un perjuicio a la industria de la Unión y constataron que ninguno de ellos permitía romper el nexo causal establecido entre las importaciones […] objeto de dumping y el perjuicio sufrido por la industria de la Unión», de modo que «cumplieron los requisitos necesarios» para adoptar las medidas en cuestión. ( 76 )

127. En cuarto lugar, en aras de la exhaustividad, quisiera señalar que de ninguno de los informes del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) mencionados por el Consejo y la Comisión ( 77 ) se deduce que el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 (en lo sucesivo, «Acuerdo Antidumping de la OMC») o el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias (en lo sucesivo, «Acuerdo SMC de la OMC») exijan excluir el perjuicio atribuido a factores distintos de las importaciones objeto de dumping (subvencionadas) al determinar el importe del derecho antidumping (compensatorio). Y tampoco Canadian Solar ha aportado ningún ejemplo en este sentido. ( 78 ) Por lo tanto, la interpretación del OSD respaldaría lo afirmado en el punto 108 de las presentes conclusiones.

128. No obstante, en mi opinión no puede recurrirse a dichos informes del OSD para apreciar la legalidad del Reglamento controvertido.

129. De acuerdo con la jurisprudencia, solo en dos supuestos puede controlarse la legalidad de un acto de la Unión a la luz de los acuerdos de la OMC. Se trata, en primer lugar, del supuesto de que la Unión haya pretendido cumplir una obligación concreta asumida en el marco de esos acuerdos y, en segundo lugar, del supuesto de que el acto del Derecho de la Unión de que se trate se remita expresamente a disposiciones específicas de esos mismos acuerdos. ( 79 ) Quisiera observar que, conforme a la jurisprudencia, las disposiciones del Reglamento de base deben interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con las correspondientes disposiciones del Acuerdo Antidumping. ( 80 ) Sin embargo, esto solo puede ser así cuando las primeras sean expresión del propósito del legislador de la Unión de aplicar las segundas, o cuando se remitan expresamente a estas. ( 81 )

130. Los artículos 3, apartado 7, y 9, apartado 4, del Reglamento de base no se remiten expresamente al Acuerdo Antidumping de la OMC. No obstante, dado su similar tenor, el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base puede considerarse una aplicación del artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC. ( 82 ) Sin embargo, el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base no puede ser considerado una expresión del propósito del legislador de la Unión de aplicar el artículo 9 del Acuerdo Antidumping de la OMC. De hecho, mientras que la regla «lesser duty» solo es «deseable» con arreglo a esta última disposición, es obligatoria en virtud de aquella. ( 83 )

131. Esto lleva a la conclusión de que, al fijar el importe del derecho antidumping, las instituciones no están obligadas a tener en cuenta las conclusiones extraídas en su análisis de no atribución efectuado con arreglo al artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base. No es preciso que fijen el derecho en un nivel que compense solo el perjuicio atribuido a las importaciones objeto de dumping y no el atribuido a otros factores conocidos.

132. A continuación voy a analizar si el Tribunal General consideró que, al fijar el importe del derecho antidumping, las instituciones están obligadas a tener en cuenta las conclusiones extraídas en su análisis de no atribución efectuado para determinar el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping.

iii) ¿Declaró el Tribunal General en la sentencia recurrida que, al fijar el importe del derecho antidumping, las instituciones están obligadas a tener en cuenta las conclusiones extraídas de su análisis de no atribución?

133. Canadian Solar argumenta que el Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar, en los apartados 205 a 217 de la sentencia recurrida, que los efectos de otros factores conocidos solo debían tenerse en cuenta al determinar el importe del derecho antidumping si rompían el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping. En opinión del recurrente, dichos otros factores deben ser tenidos en cuenta con independencia de si rompen o no el nexo causal.

134. Por su parte, la Comisión alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar, en los apartados 184 a 195 de la sentencia recurrida, que los efectos de otros factores conocidos deben ser tenidos en cuenta al determinar el importe del derecho antidumping, y solicita al Tribunal de Justicia que sustituya la fundamentación a este respecto. La Comisión reitera el argumento en el tercer motivo de su adhesión a la casación y solicita al Tribunal de Justicia que «modifique la interpretación de la causalidad a efectos del artículo 3 del Reglamento de base realizada por el Tribunal General en relación con el sexto motivo del recurso formulado en primera instancia». ( 84 )

135. En los apartados 178 a 196 de la sentencia recurrida, el Tribunal General establece los principios para determinar el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping, así como para determinar el derecho antidumping. En los apartados 197 a 218 de su sentencia, el Tribunal General aplicó dichos principios al presente caso. En primer lugar voy a examinar si, como alega la Comisión, cometió un error de Derecho al establecer los principios y, en segundo lugar, si, como afirma Canadian Solar, cometió un error de Derecho al aplicarlos.

136. Soy de la opinión de que, aunque el Tribunal General cometió un error de Derecho al establecer los principios para determinar el importe del derecho antidumping, de ellos no extrajo ninguna conclusión de hecho ni de Derecho para el presente asunto. Por lo tanto, procede desestimar la primera parte del cuarto motivo de casación.

137. En primer lugar, ha de señalarse que, en los apartados 182 a 186 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó la jurisprudencia citada en el punto 106 de las presentes conclusiones y declaró que las instituciones están obligadas a cerciorarse de que el perjuicio atribuido a otros factores conocidos no sea tenido en cuenta al determinar el perjuicio en el sentido del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, de manera que el derecho antidumping impuesto no vaya más allá de lo necesario para compensar el perjuicio causado por las importaciones objeto de dumping. Sin embargo, en el apartado 185 de la sentencia recurrida el Tribunal General afirmó que «las instituciones deben tener en cuenta las conclusiones [en relación con el análisis de no atribución] al determinar el importe del derecho antidumping». ( 85 )

138. El Tribunal General recordó a continuación la regla «lesser duty» establecida en la última frase del artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base. En el apartado 191 de la sentencia recurrida declaró que «las instituciones, en el contexto del [artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base], deben tener en cuenta las conclusiones extraídas de los análisis de atribución y de no atribución». De lo contrario, tal como se recalca en el apartado 192 de la sentencia, las medidas antidumping impuestas conllevarían el riesgo de ir más allá de lo necesario para alcanzar su objetivo, es decir, eliminar los efectos perjudiciales del dumping. Asimismo, en el apartado 193 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que esta postura era coherente con la práctica decisoria de las instituciones.

139. En mi opinión, el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar, en los apartados 185, 191 y 192 de la sentencia recurrida, que las instituciones están obligadas a tener en cuenta las conclusiones de sus análisis de atribución y de no atribución al fijar el importe del derecho antidumping. Así se deduce del punto 131 de las presentes conclusiones.

140. También quisiera señalar que es incorrecta la afirmación del Tribunal General, en el apartado 193 de la sentencia recurrida, según la cual las instituciones efectivamente tuvieron en cuenta los resultados de los análisis de atribución y de no atribución al determinar el tipo del derecho en los tres casos allí mencionados. ( 86 ) De hecho, en esos casos los considerandos citados por el Tribunal General indican que, debido a que otros factores distintos de las importaciones objeto de dumping habían contribuido al perjuicio sufrido por la industria de la Unión, la Comisión o el Consejo habían decidido calcular el nivel de eliminación del perjuicio en función de la subcotización, no del malbaratamiento. ( 87 ) No hay nada en la Decisión ni en los reglamentos citados en el apartado 193 de la sentencia recurrida que indique que el perjuicio atribuido a esos otros factores fuese excluido al determinar el importe del derecho antidumping. Más bien es al contrario, puesto que dos veces hace referencia a la dificultad para determinar con precisión la contribución de esos otros factores. ( 88 )

141. No obstante, aunque en los apartados 185, 191, 192 y 193 de la sentencia recurrida el Tribunal General cometió un error de Derecho, de reiterada jurisprudencia se desprende que, aunque la motivación de una sentencia del Tribunal General revele una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, el recurso de casación debe desestimarse. ( 89 ) En consecuencia, a continuación voy a examinar si el Tribunal General cometió un error de Derecho al aplicar, en los apartados 197 a 218 de la sentencia recurrida, los principios de determinación del derecho antidumping establecidos en los apartados 185, 191, 192 y 193 de la misma sentencia.

142. En segundo lugar, procede señalar que, en el apartado 206 de la sentencia recurrida el Tribunal General declaró que, en cualquier caso, las instituciones efectivamente no tuvieron en cuenta otros factores conocidos al determinar el perjuicio. En los apartados 207 a 215, el Tribunal General comprobó que las instituciones habían examinado los efectos de los otros factores conocidos y habían mantenido su conclusión de que estos bien tenían un efecto esporádico y, a lo sumo, marginal (compra del producto por productores de la Unión para su reventa en la Unión como propio, importaciones desde Taiwán, impacto de los precios de materias primas), ( 90 ) o bien tenían un efecto limitado (recortes de las tarifas reguladas), ( 91 ) o bien tenían cierta repercusión que, sin embargo, no rompía el nexo causal (crisis financiera). ( 92 ) En los apartados 216 y 217, el Tribunal General consideró que las instituciones habían llegado correctamente a la conclusión de que el efecto de estos otros factores era insignificante, por lo que no rompía el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping. El Tribunal General llegó a la conclusión de que, en consecuencia, la «apreciación de las instituciones [efectuada] con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Reglamento [de base]» también era correcta.

143. En mi opinión, el Tribunal General se limitó a verificar si las instituciones habían llegado correctamente a la conclusión de que los otros factores conocidos no rompían el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping. Una vez hubo comprobado que las conclusiones de las instituciones eran correctas, el Tribunal General no entró a examinar si, al determinar el importe del derecho antidumping, las instituciones deberían haber excluido los efectos de esos otros factores incluso aunque no rompiesen el nexo causal. Por lo tanto, el Tribunal General no dedujo de las consideraciones expuestas en los apartados 185 y 191 a 193 de la sentencia recurrida ninguna consecuencia de hecho o de Derecho para el asunto enjuiciado. Procede señalar también que, en el apartado 201 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que las instituciones no están obligadas a cuantificar los efectos de los otros factores conocidos, lo cual sería necesario si se hubiesen de tener en cuenta esos otros factores al determinar el nivel del derecho antidumping.

144. En consecuencia, aunque el Tribunal General erró al entender que, al determinar el nivel del derecho antidumping, las instituciones están obligadas a tener en cuenta el resultado de los análisis de atribución y de no atribución efectuados a efectos del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, acertó al considerar que en el presente caso no habían de tenerse en cuenta los otros factores conocidos a la hora de determinar el nivel del derecho antidumping.

145. En aras de la exhaustividad procede observar también que, en cuanto a la cuestión de si los otros factores conocidos rompían el nexo causal entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping, Canadian Solar no ha alegado que las instituciones hayan cometido un error de apreciación manifiesto. ( 93 )

146. Por lo tanto, procede desestimar la primera parte del cuarto motivo de casación y estimar la petición de la Comisión de que se sustituya la fundamentación.

2) Sobre la segunda parte del cuarto motivo de casación

147. En la segunda parte de su cuarto motivo de casación, Canadian Solar alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar, en los apartados 202 y 205 de la sentencia recurrida, que corresponde al recurrente demostrar los efectos cuantitativos de los otros factores conocidos.

148. En mi opinión, la segunda parte del cuarto motivo de casación debe ser desestimada. Carece de objeto, ya que del punto 131 de las presentes conclusiones se deduce que las instituciones no están obligadas a fijar el derecho antidumping en un nivel que compense solo el perjuicio atribuido a las importaciones objeto de dumping.

149. Por lo tanto, procede rechazar el cuarto motivo y desestimar el recurso de casación.

VI. Costas

150. En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.

151. A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haberse desestimado las pretensiones de Canadian Solar y al haberlo solicitado así el Consejo, procede condenar a Canadian Solar a cargar con las costas del Consejo.

152. El artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, igualmente aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este Reglamento, dispone que los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. En el caso de autos, la Comisión, que tenía la condición de parte coadyuvante en primera instancia, cargará con sus propias costas.

VII. Conclusión

153. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que: – Desestime el recurso de casación. – Condene a Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., CSI Cells Co. Ltd y CSI Solar Power (China), Inc. a cargar con las costas del Consejo de la Unión Europea. – Condene a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas.

( 1 ) Lengua original: inglés.

( 2 ) Los cinco recurrentes son sociedades del grupo Canadian Solar.

( 3 ) Sentencia de 28 de febrero de 2017, Canadian Solar Emea y otros/Consejo (T‑162/14, no publicada, EU:T:2017:124); en lo sucesivo, «sentencia recurrida».

( 4 ) Reglamento de 2 de diciembre de 2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se cobra definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (DO 2013, L 325, p. 1).

( 5 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2012, L 344, p. 1).

( 6 ) Reglamento de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51).

( 7 ) Anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (es decir, células y obleas) originarios de la República Popular China (DO 2012, C 269, p. 5).

( 8 ) Véase el considerando 14 del Reglamento (UE) n.o 513/2013 de la Comisión, de 4 de junio de 2013, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China y se modifica el Reglamento (UE) n.o 182/2013, por el que se someten a registro las importaciones de dichos productos originarios o procedentes de la República Popular China (DO 2013, L 152, p. 5).

( 9 ) Véanse los puntos 6 y 7 de las presentes conclusiones.

( 10 ) Véase la nota 8.

( 11 ) Decisión de 4 de diciembre de 2013, que confirma la aceptación de un compromiso propuesto en relación con los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células) originarios o procedentes de la República Popular China durante el período de aplicación de las medidas definitivas (DO 2013, L 325, p. 214).

( 12 ) Reglamento de 4 de junio de 2015, por el que se denuncia la aceptación del compromiso de tres productores exportadores con arreglo a la Decisión de Ejecución 2013/707/UE (DO 2015, L 139, p. 30).

( 13 ) Tal como ha solicitado el Tribunal de Justicia, voy a limitar mi examen a los motivos de casación tercero y cuarto (véase el punto 29 de las presentes conclusiones), donde se critica la valoración que el Tribunal General hizo de los motivos quinto y sexto formulados ante él. Por lo tanto, no expondré la valoración del Tribunal General sobre los cuatro primeros motivos.

( 14 ) No se impugna la admisibilidad de la segunda parte del tercer motivo de casación.

( 15 ) Véanse las sentencias de 19 de enero de 2017, Comisión/Total y Elf Aquitaine (C‑351/15 P, EU:C:2017:27), apartados 30 a 34, y de 9 de noviembre de 2017, SolarWorld/Consejo (C‑204/16 P, EU:C:2017:838), apartados 23 y 24.

( 16 ) Tampoco ha hecho Canadian Solar ninguna referencia expresa al artículo 277 TFUE en su recurso ante el Tribunal de Justicia.

( 17 ) Sentencias de 16 de febrero de 2017, Antrax It/EUIPO — Vasco Group (termosifones para radiadores) (T‑828/14 y T‑829/14, EU:T:2017:87), apartado 30; de 5 de octubre de 2017, Mabrouk/Consejo (T‑175/15, EU:T:2017:694), apartado 126, y de 14 de diciembre de 2017, Campo y otros/SEAE (T‑577/16, no publicada, EU:T:2017:909), apartado 26.

( 18 ) Sentencias de 29 de noviembre de 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall y otros/Comisión (C‑176/06 P, no publicada, EU:C:2007:730), apartado 17; de 16 de junio de 2016, Evonik Degussa y AlzChem/Comisión (C‑155/14 P, EU:C:2016:446), apartado 55, y de 28 de febrero de 2018, Comisión/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, EU:C:2018:132), apartado 90.

( 19 ) A un productor de un país sin economía de mercado también se le puede conceder un trato individual y que se le aplique un derecho antidumping individual a los productos importados del mismo, con arreglo al párrafo segundo del artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base.

( 20 ) Con arreglo a la primera frase del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, a los productores que se hayan dado a conocer con arreglo al artículo 17, pero que no hayan sido incluidos en la muestra, no se les puede imponer un derecho antidumping superior a la media ponderada del margen de dumping establecida para los productores incluidos en la muestra. No obstante, los productores no incluidos en la muestra pueden solicitar el cálculo de márgenes antidumping individuales con arreglo al artículo 17, apartado 3, del Reglamento, y en ese caso se les aplican derechos antidumping individuales a los productos importados de los mismos de conformidad con la última frase de su artículo 9, apartado 6.

( 21 ) Véase el considerando 6 del Reglamento n.o 1168/2012.

( 22 ) Véase Graafsma, F. y Vermulst, E., «The EU’s “Anti-Brosmann Amendment”: Back to the Future — Part II», Global Trade and Customs Journal, vol. 8 (2013), 6.a ed., p. 150.

( 23 ) Véase el punto 1 del epígrafe 24 del anexo a la Propuesta de la Comisión, de 7 de marzo de 2011, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de algunas medidas [COM(2011) 82 final].

( 24 ) Sentencia de 2 de febrero de 2012, Brosmann Footwear (HK) y otros/Consejo (C‑249/10, EU:C:2012:53).

( 25 ) Sentencia de 2 de febrero de 2012, Brosmann Footwear (HK) y otros/Consejo (C‑249/10, EU:C:2012:53), apartados 36 y 39.

( 26 ) Véase el considerando 2 del Reglamento n.o 1168/2012.

( 27 ) Véase la nota 22.

( 28 ) La cursiva es mía.

( 29 ) Véanse el considerando 18 del Reglamento de base, según el cual «[…] cuando se impongan medidas será necesario prever la conclusión de la investigación […]», y el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, que establece que, «cuando, previas consultas, los compromisos sean aceptados y el Comité consultivo no plantee ninguna objeción, la investigación se dará por concluida» (cursiva añadida).

( 30 ) El artículo 9, apartado 2, del Reglamento de base dispone que «[p]revias consultas y si no resulta necesaria ninguna medida de defensa y el Comité consultivo no plantea ninguna objeción, se dará por concluido el procedimiento» (cursiva añadida).

( 31 ) La cursiva es mía.

( 32 ) Sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bayerischer Brauerbund (C‑120/08, EU:C:2010:798), apartado 40.

( 33 ) Sentencias de 10 de julio de 1986, Licata/CES (270/84, EU:C:1986:304), apartado 31, y de 6 de julio de 2010, Monsanto Technology (C‑428/08, EU:C:2010:402), apartado 66.

( 34 ) Sentencias de 29 de enero de 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57), apartados 49 y 50; de 7 de noviembre de 2013, Gemeinde Altrip y otros (C‑72/12, EU:C:2013:712), apartado 22, y de 26 de marzo de 2015, Comisión/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203), apartado 32.

( 35 ) Sentencias de 14 de febrero de 2008, Varec (C‑450/06, EU:C:2008:91), apartado 27; de 8 de julio de 2010, Comisión/Italia (C‑334/08, EU:C:2010:414), apartado 60; de 29 de marzo de 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Comisión (C‑352/09 P, EU:C:2011:191), apartado 88; de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España (C‑610/10, EU:C:2012:781), apartado 45, y de 21 de septiembre de 2017, Feralpi/Comisión (C‑85/15 P, EU:C:2017:709), apartado 27.

( 36 ) Sentencias de 29 de enero de 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57), apartado 49; de 11 de diciembre de 2008, Comisión/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709), apartado 44; de 16 de diciembre de 2010, Stichting Natuur en Milieu y otros (C‑266/09, EU:C:2010:779), apartado 32; de 14 de febrero de 2012, Toshiba Corporation y otros (C‑17/10, EU:C:2012:72), apartado 51; de 26 de marzo de 2015, Comisión/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203), apartado 33, y de 6 de octubre de 2015, Comisión/Andersen (C‑303/13 P, EU:C:2015:647), apartado 50.

( 37 ) Sentencia de 14 de febrero de 2008 (C‑450/06, EU:C:2008:91).

( 38 ) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114).

( 39 ) Sentencia de 14 de febrero de 2008, Varec (C‑450/06, EU:C:2008:91), apartado 29. Véanse las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto Varec (C‑450/06, EU:C:2007:643), punto 31.

( 40 ) Sentencia de 29 de enero de 2002 (C‑162/00, EU:C:2002:57).

( 41 ) Sentencia de 29 de enero de 2002 (C‑162/00, EU:C:2002:57), apartado 52.

( 42 ) Sentencia de 26 de marzo de 2015, Comisión/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203).

( 43 ) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO 2003, L 176, p. 57).

( 44 ) Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55 (DO 2009, L 211, p. 94).

( 45 ) Sentencia de 26 de marzo de 2015, Comisión/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203), apartados 43 a 45. Véanse también las conclusiones de la Abogado General Kokott en el asunto Comisión/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2014:2438), punto 70.

( 46 ) Véase el punto 69 de las presentes conclusiones, así como la sentencia de 16 de diciembre de 2010, Stichting Natuur en Milieu y otros (C‑266/09, EU:C:2010:779), apartado 34.

( 47 ) Sentencia de 4 de febrero de 2016, C & J Clark International (C‑659/13 y C‑34/14, EU:C:2016:74), apartados 140 y 141.

( 48 ) Sentencias de 1 de octubre de 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consejo (C‑141/08 P, EU:C:2009:598), apartados 110 a 112; de 8 de noviembre de 2011, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Consejo (T‑274/07, no publicada, EU:T:2011:639), apartado 39; y de 11 de septiembre de 2014, Gold East Paper y Gold Huasheng Paper/Consejo (T‑443/11, EU:T:2014:774), apartado 74.

( 49 ) Véase el punto 71 de las presentes conclusiones.

( 50 ) En mi opinión, Canadian Solar impugna la aplicación inmediata no solo de la ampliación del plazo para determinar el TEM, establecida en el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1168/2012, sino también la aplicación inmediata de la letra b) del mismo apartado, que dispensa a las instituciones de la obligación de efectuar una determinación sobre solicitudes de TEM presentadas por productores no incluidos en la muestra. De hecho, Canadian Solar afirma en su recurso de casación que «la obligación de la Comisión de efectuar una determinación del TEM es una norma sustantiva y no de procedimiento» y que, como tal, dicha obligación no puede aplicarse a situaciones existentes antes de su entrada en vigor. Canadian Solar se remite expresamente a este respecto a la letra d) del artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base (véase el punto 6 de las presentes conclusiones). Quisiera señalar también que, en su recurso ante el Tribunal General, Canadian Solar afirmó que las institucione