ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
La aplicación de nuevas disposiciones generales de aplicación de los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto a una transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en el marco de otro régimen de pensiones, solicitada antes de la adopción de dichas disposiciones, pero realizada después de su entrada en vigor, no es contraria al artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

A este respecto, según un principio generalmente aceptado, una norma nueva se aplica de manera inmediata, salvo excepción, a las situaciones que aún no han surgido, así como a los efectos futuros de las situaciones originadas, y sin embargo no constituidas plenamente, durante la vigencia de la norma anterior. Únicamente se exceptúan de esta regla las situaciones nacidas y definitivamente realizadas bajo el régimen de la norma anterior, que crean derechos adquiridos. Un derecho se considera adquirido cuando el hecho generador de éste se ha producido antes de la modificación legislativa. No obstante, éste no es el caso de un derecho cuyo hecho constitutivo no se ha realizado bajo el régimen de la normativa que ha sido modificada.

Ahora bien, por una parte, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no se opone a tal aplicación inmediata de las nuevas disposiciones generales de aplicación.

Por otra parte, ni la comunicación de una propuesta de bonificación de anualidades al funcionario o agente que ha presentado una solicitud de transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en otro régimen de pensiones ni, menos aún, la mera presentación de tal solicitud modifican la situación jurídica del interesado ni producen efectos jurídicos obligatorios. Por lo tanto, para un funcionario o agente no existen derechos adquiridos que puedan ser vulnerados por la aplicación de las nuevas disposiciones.

Además, el derecho de un funcionario o agente a que se le reconozca una bonificación de anualidades no está plenamente constituido hasta que no se transfiere al régimen de pensiones de la Unión el capital que representan sus derechos adquiridos en otro régimen.

Además, los particulares no pueden invocar el principio de protección de la confianza legítima para oponerse a la aplicación de una nueva disposición normativa, en particular cuando el legislador dispone de una amplia facultad de apreciación.

(véanse los apartados 26 a 29, 31 y 37)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 13 de octubre de 2015, Comisión/Verile y Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, apartados 151 a 154 y 170 y jurisprudencia citada
La aplicación de nuevas disposiciones generales de aplicación de los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto a una transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en el marco de otro régimen de pensiones, solicitada antes de la adopción de dichas disposiciones, pero realizada después de su entrada en vigor, no es contraria al artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

A este respecto, según un principio generalmente aceptado, una norma nueva se aplica de manera inmediata, salvo excepción, a las situaciones que aún no han surgido, así como a los efectos futuros de las situaciones originadas, y sin embargo no constituidas plenamente, durante la vigencia de la norma anterior. Únicamente se exceptúan de esta regla las situaciones nacidas y definitivamente realizadas bajo el régimen de la norma anterior, que crean derechos adquiridos. Un derecho se considera adquirido cuando el hecho generador de éste se ha producido antes de la modificación legislativa. No obstante, éste no es el caso de un derecho cuyo hecho constitutivo no se ha realizado bajo el régimen de la normativa que ha sido modificada.

Ahora bien, por una parte, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no se opone a tal aplicación inmediata de las nuevas disposiciones generales de aplicación.

Por otra parte, ni la comunicación de una propuesta de bonificación de anualidades al funcionario o agente que ha presentado una solicitud de transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en otro régimen de pensiones ni, menos aún, la mera presentación de tal solicitud modifican la situación jurídica del interesado ni producen efectos jurídicos obligatorios. Por lo tanto, para un funcionario o agente no existen derechos adquiridos que puedan ser vulnerados por la aplicación de las nuevas disposiciones.

Además, el derecho de un funcionario o agente a que se le reconozca una bonificación de anualidades no está plenamente constituido hasta que no se transfiere al régimen de pensiones de la Unión el capital que representan sus derechos adquiridos en otro régimen.

Por otra parte, un particular no puede invocar el principio de protección de la confianza legítima para oponerse a la aplicación de una nueva disposición normativa, en particular cuando el legislador dispone de una amplia facultad de apreciación.

(véanse los apartados 23 a 26, 28 y 35)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 13 de octubre de 2015, Comisión/Verile y Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, apartados 151 a 154 y 170 y jurisprudencia citada
La aplicación de nuevas disposiciones generales de aplicación de los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto a una transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en el marco de otro régimen de pensiones, solicitada antes de la adopción de dichas disposiciones, pero realizada después de su entrada en vigor, no es contraria al artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

A este respecto, según un principio generalmente aceptado, una norma nueva se aplica de manera inmediata, salvo excepción, a las situaciones que aún no han surgido, así como a los efectos futuros de las situaciones originadas, y sin embargo no constituidas plenamente, durante la vigencia de la norma anterior. Únicamente se exceptúan de esta regla las situaciones nacidas y definitivamente realizadas bajo el régimen de la norma anterior, que crean derechos adquiridos. Un derecho se considera adquirido cuando el hecho generador de éste se ha producido antes de la modificación legislativa. No obstante, éste no es el caso de un derecho cuyo hecho constitutivo no se ha realizado bajo el régimen de la normativa que ha sido modificada.

Ahora bien, por una parte, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no se opone a tal aplicación inmediata de las nuevas disposiciones generales de aplicación.

Por otra parte, ni la comunicación de una propuesta de bonificación de anualidades al funcionario o agente que ha presentado una solicitud de transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en otro régimen de pensiones ni, menos aún, la mera presentación de tal solicitud modifican la situación jurídica del interesado ni producen efectos jurídicos obligatorios. Por lo tanto, para un funcionario o agente no existen derechos adquiridos que puedan ser vulnerados por la aplicación de las nuevas disposiciones.

Además, el derecho de un funcionario o agente a que se le reconozca una bonificación de anualidades no está plenamente constituido hasta que no se transfiere al régimen de pensiones de la Unión el capital que representan sus derechos adquiridos en otro régimen.

(véanse los apartados 43 a 46 y 48)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 13 de octubre de 2015, Comisión/Verile y Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, apartados 151 a 154 y jurisprudencia citada
ES
RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:F:2011 :10 1AUTO D EL PR ESIDENTE DE LA SA LA PR IMERA D EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚ BLICA
de 8 de febrero de 2011
Asunto F-60/10
Fulvia C hiavegato
contra
Comisión Europea
«Solución a mistosa — Archivo»
Objeto: Recurso interpuesto en virtud del ar tículo 270 TFUE, aplicable al Tratado C EEA 
conforme a s u ar tículo 106 bis, por el que la Sra. Chiavegato solicita la anulación d e la 
decisión d e la Comisión, de 13 de noviembre de 2009 , de no i ncluirla en la lista de 
funcionarios promovidos al grado AS T 6 por el ejercicio de promoción 2009 .
Resultado:Se archiva el asunto F-60/10, Ch iavegato/Comisión, haciéndolo constar en el registro del 
Tribunal. Las partes se repartirán las costas con arr eglo a l o acordad o entre ellas.
Sumario
Funcionarios — Recursos — Solución amistosa de l litigio ante el Tribunal de l a Función Pública — 
Archivo
(Reglamento de P rocedimiento del Tribunal de l a Función Pública, art. 69)
AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)

de 17 de octubre de 2007

Asunto F‑114/06

Amerigo Liotti

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Función pública — Funcionarios — Promoción — No inscripción en la lista de los funcionarios promovidos — Ejercicio de promoción 2005 — Puntos de prioridad — Mérito — Antigüedad — Excepción de ilegalidad — Admisibilidad»

Objeto: Recurso interpuesto por el Sr. Liotti con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA y cuyo objeto es, con carácter principal, la anulación de la lista de funcionarios promovidos en virtud del ejercicio de promoción 2005, en la medida en que su nombre no está recogido en dicha lista, y con carácter subsidiario, la anulación de la decisión de atribución de puntos de prioridad al mismo en dicho ejercicio.

Resultado: Se desestima el recurso, en parte, por manifiestamente inadmisible y, en parte, por manifiestamente infundado. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Propuesta de atribución de puntos de prioridad efectuada por un comité de promoción — Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 25, párr. 2, 45, 90 y 91)

Una propuesta formulada por un comité de promoción para la concesión de puntos de prioridad de diferentes categorías previstos en un sistema de promoción instaurado por una normativa interna de la Comisión no constituye acto lesivo. En efecto, los comités de promoción no tienen competencia para adoptar decisiones relativas a la atribución de puntos de prioridad. En consecuencia, si bien en virtud del artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto, los actos lesivos han de ser motivados, no sucede lo mismo en relación con una propuesta de un comité de promoción respecto de un funcionario no promovido.

(véase el apartado 50)
AUTO DEL PRESIDENTE DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

de 24 de mayo de 2007

Asunto F‑95/05 AJ

N

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Justicia gratuita»

Objeto: Solicitud del beneficio de justicia gratuita por parte de N, presentada con arreglo al artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, aplicable mutatis al Tribunal de la Función Pública en virtud del artículo 3, apartado 4, de la Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (DO L 333, p. 7), hasta la entrada en vigor de su Reglamento de Procedimiento.

Resultado: Se concede a N el beneficio de la justicia gratuita. Se abonará al abogado encargado de asistir al interesado un importe equivalente a los gastos en que incurrió N desde la fecha de presentación de la solicitud de justicia gratuita, exigiéndose documentos probatorios y dentro de un límite de 2.000 euros. Se designa a I. Kletzlen como abogado para representar a N.

Sumario

Procedimiento — Solicitud del beneficio de justicia gratuita — Gastos cubiertos

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 94 y 95; Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, art. 3, ap. 4)

De los artículos 94 y 95 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se desprende que, en principio, el beneficio de la justicia gratuita debe reservarse para cubrir las costas procesales en que se ha incurrido simultánea o posteriormente a la presentación de la solicitud del beneficio. En efecto, salvo que se den circunstancias extraordinarias, no se ajustaría a la letra y al espíritu de los mencionados artículos ni favorecería una correcta administración de justicia que los gastos en que se incurrió antes de esa fecha pudieran ser cubiertos retroactivamente por la justicia gratuita. Se presume, salvo prueba en contrario, que el solicitante no se encontró en la imposibilidad de hacer frente a los gastos en que incurrió antes de la presentación de la solicitud del beneficio y que, por consiguiente, no concurre uno de los requisitos para la concesión de la justicia gratuita.

(véase el apartado 16)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 3 de abril de 2006, Hassan/Consejo y Comisión (T‑49/04 AJ, no publicado), apartado 21; 27 de octubre de 2006, Othman/Consejo y Comisión (T‑318/01 AJ, no publicado), apartado 31
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Funcionarios — Recursos — Interés en ejercitar la acción

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

Un funcionario no está legitimado para actuar en interés de la ley o de las instituciones y no puede alegar, en apoyo de un recurso de anulación, más que aquellas imputaciones que le afecten personalmente. En consecuencia, es manifiestamente inadmisible un recurso interpuesto por un funcionario y dirigido a obtener la anulación de la lista de funcionarios promovidos al grado superior en un ejercicio de promoción, en la medida en que dicha lista no contiene el nombre del demandante, cuando éste no ha revelado cuál es su interés personal en interponer el recurso, limitándose a invocar la ilegalidad de determinadas categorías de puntos de promoción, sin aportar no obstante, en sus escritos, ningún dato concreto sobre su situación personal respecto al ejercicio de promoción en cuestión, tales como, en particular, el número de puntos de promoción de las referidas categorías que ha recibido. Tal consideración no se desvirtúa por el hecho de que el número de dichos puntos de promoción resulte de un documento anexo al escrito de contestación a la demanda, dado que incumbe al demandante determinar, en sus escritos, su interés en ejercitar la acción y, en su caso, remitirse a los datos correspondientes presentados en anexo.

(véanse los apartados 31 y 32)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 30 de junio de 1983, Schloh/Consejo (85/82, Rec. p. 2105), apartado 14

Tribunal de Primera Instancia: 22 de noviembre de 2006, Sánchez Férriz/Comisión (T‑436/04, RecFP pp. I‑A‑2‑277 y II‑A‑2‑1439), apartado 35; 23 de noviembre de 2006, Lavagnoli/Comisión (T‑422/04, aún no publicada en la Recopilación), apartado 31
11

El demandante trabajó, para la Comisión Europea primero y para el SEAE después, como experto nacional transferido de 2007 al 31 de marzo de 2013. Según la ficha descriptiva de su puesto, era un agente encargado de la política de seguridad en el ámbito de la reducción de los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares («Policy Officer — Security in the area of [Chemical, Biological, Radiological and Nuclear] Risk mitigation»).
En el cálculo del importe de los gastos de mantenimiento de una persona asimilada a un hijo a cargo, en el sentido del artículo 2, apartado 4, del anexo VII del Estatuto, la inscripción en paralelo en los censos de dos Estados miembros no permite acreditar la residencia efectiva de una persona.

Los pagos a un funcionario por la administración, aunque sean durante varios años, no pueden considerarse per se garantías precisas, incondicionales y concordantes que den derecho a reclamar la protección de la confianza legítima. En efecto, en caso contrario, cualquier decisión de la administración por la que se deniegue para el futuro, y eventualmente con efecto retroactivo, el pago de un derecho económico abonado indebidamente al interesado durante varios años sería sistemáticamente anulado por el juez de la Unión sobre la base de la violación del principio de confianza legítima y tendría como consecuencia, en particular, que el artículo 85 del Estatuto, relativo a la devolución de cantidades percibidas en exceso, perdería en gran parte su efecto útil.

(véase el apartado 64)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: sentencia Mandt/Parlamento, F‑45/07, EU:F:2010:72, apartado 125
155

[En su versión modificada mediante auto de 3 de diciembre de 2015] Con todo, un motivo de esa índole no afecta a la legalidad de la decisión de desestimar la reclamación ni, de hecho, a la de la decisión de denegar la asistencia porque, al recordar a la demandante en la decisión de desestimar la reclamación que, según la jurisprudencia, la existencia de relaciones difíciles, cuando no conflictivas, entre un funcionario y su superior jerárquico no constituye, en sí, una prueba de acoso psicológico, la AFPN quiso confirmar en cuanto al fondo, aunque con carácter subsidiario, el examen circunstanciado realizado en la decisión de denegar la asistencia o, al menos, no quiso invalidar dicho examen. De hecho, esto es lo que sostuvo el Parlamento, en particular, durante la vista. Además, independientemente del resultado del presente recurso, el Tribunal observa que el comité consultivo sobre el acoso tiene una función de conciliación y mediación, mediante la que podría contribuirse a solucionar las dificultades halladas por la demandante, aunque éstas no constituyan acoso en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto, a fin de restablecer un «clima de trabajo sereno y productivo», en el sentido del artículo 5 de las normas internas.
Para que un demandante pueda persistir en un recurso de anulación de una decisión administrativa, debe conservar un interés personal, nacido y actual en la anulación de esa decisión, incluso después de presentado el recurso.

En cuanto al interés del demandante en solicitar la anulación del informe de evaluación impugnado, es necesario valorar si el demandante ha demostrado la existencia de una circunstancia particular que justifique un interés personal y actual en obtener la anulación, aun después del cese definitivo en sus funciones.

Cuando un agente temporal indique en un recurso de anulación de un informe de evaluación que la parte demandada ha decidido no renovar su contrato basándose, entre otros, en el informe de evaluación impugnado y que había interpuesto un recurso contra esa decisión ante el Tribunal de la Función Pública, el hecho de que el contrato de trabajo del demandante haya concluido no priva en sí de utilidad al informe de evaluación y, por consiguiente, no puede hacer perder al demandante su interés en ejercitar la acción para impugnar dicho informe.

(véanse los apartados 25 a 28)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: auto N/Comisión, T‑97/94, EU:T:1998:270, apartado 26; sentencia Dionyssopoulou/Consejo, T‑105/03, EU:T:2005:189, apartado 20, y auto Marcuccio/Comisión, T‑46/08 P, EU:T:2009:362, apartado 50, y la jurisprudencia citada

Tribunal de la Función Pública: sentencia Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, apartado 16
Si bien una parte puede ejercitar una acción de reclamación de responsabilidad sin que ninguna norma la obligue a solicitar la anulación del acto ilegal que le ha causado perjuicio, no puede, sin embargo, eludir por esta vía la inadmisibilidad de una demanda que tenga por objeto la misma ilegalidad y persiga los mismos fines pecuniarios. En particular, un funcionario que no haya impugnado los actos supuestamente lesivos para él interponiendo dentro de plazo un recurso de anulación no puede subsanar esa omisión y obtener nuevos plazos de recurso acudiendo a un recurso de indemnización.

(véase el apartado 31)

Tribunal de Primera Instancia: sentencia Burban/Parlamento, T‑59/96, EU:T:1997:75, apartados 26 y 27
43

En particular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisó que las restricciones al derecho a un tribunal relativas a los requisitos de admisibilidad de un recurso no pueden restringir el acceso que tiene un justiciable de forma o hasta un punto tales que su derecho a un tribunal se vulnere en su propia esencia. Dichas limitaciones sólo pueden conciliarse con el artículo 6, apartado 1, del CEDH si se dirigen a un objetivo legítimo y existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el objetivo perseguido (véase TEDH, sentencia Liakopoulou c. Grecia de 24 de mayo de 2006, demanda no 20627/04, no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, § 17; Kemp y otros c. Luxemburgo de 24 de abril de 2008, demanda no 17140/05, no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, § 47, y Viard c. Francia de 9 de enero de 2014, demanda no 71658/10, § 29). En efecto, se menoscaba el derecho de acceso a un tribunal si la normativa que lo regula ya no atiende a los objetivos de seguridad jurídica y de buena administración de justicia y constituye una especie de barrera que impida al justiciable ver su litigio resuelto en cuanto al fondo por el órgano jurisdiccional competente (véase la opinión del Abogado General Mengozzi en relación con la sentencia Reexamen Arango Jaramillo y otros/BEI, antes citada, puntos 58 a 60; TEDH, sentencia L’Erablière c. Bélgica de 24 de febrero de 2009, aún no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, demanda no 49230/07, § 35).
Cuando la normativa aplicable no prevé el plazo para presentar una solicitud de indemnización derivada de la relación laboral entre un funcionario y la institución de la que depende, dicha solicitud debe presentarse en un plazo razonable, que se determina en función de las circunstancias del asunto. Ante el silencio de las normas aplicables en la materia, el plazo de prescripción de cinco años establecido en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia es un elemento de comparación pertinente para pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud de indemnización de un funcionario, sin que no obstante sea un límite rígido e intangible.

Por otro lado, el funcionario aquejado de una enfermedad profesional únicamente tendrá derecho a solicitar una indemnización complementaria cuando el régimen del artículo 73 del Estatuto no permita una indemnización apropiada. En consecuencia, y en principio, tal solicitud no es admisible mientras no haya finalizado el procedimiento incoado con arreglo al artículo 73 del Estatuto.

(véanse los apartados 81 y 82)

Tribunal de Primera Instancia: sentencia Eagle y otros/Comisión, T-144/02, EU:T:2004:290, apartados 66 y 71

Tribunal General: sentencia Allen y otros/Comisión, T-433/10 P, EU:T:2011:744, apartado 45

Tribunal de la Función Pública: sentencia A/Comisión, F-142/12, EU:F:2013:193, apartado 95, y la jurisprudencia citada
Al adoptar el Reglamento no 723/2004 por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes, el legislador de la Unión no estableció un régimen uniforme para todas las instituciones y organismos y, por consiguiente, cada autoridad facultada para proceder a los nombramientos ha debido adoptar las disposiciones internas propias de la institución o del organismo pertinente con el fin de preservar los derechos adquiridos por sus funcionarios y garantizar sus expectativas legítimas. Es consecuencia inevitable de esta elección del legislador que, por lo que respecta a la reclasificación de los funcionarios transcategoriales, si bien se les dispensa un trato uniforme dentro de una misma institución, no necesariamente ocurre lo mismo en el caso de una transferencia de una institución a otra, respetando, obviamente, las correspondientes disposiciones del Estatuto.

Si bien, conforme al principio de unicidad de la función pública europea, todos los funcionarios de todas las instituciones de la Unión están sometidos a un Estatuto único, tal principio no implica que las instituciones deban hacer uso de forma idéntica de la facultad de apreciación que les ha conferido el Estatuto, dado que, al contrario, en la gestión de su personal, estas últimas gozan de un principio de autonomía.

(véanse los apartados 28 y 29)

Tribunal de Primera Instancia: 16 de septiembre de 1997, Giménez/Comité de las Regiones, T‑220/95, apartado 72

Tribunal de la Función Pública: 18 de septiembre de 2013, Scheidemann/Comisión, F‑76/12, apartado 26