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Asunto C-446/06

A.G. Winkel

contra

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Carne de vacuno — Organización común de mercados — Reglamento (CE) no 1254/1999 — Artículo 3, letra f) — Concesión de una prima por vaca nodriza — Requisitos que corresponden a una práctica usual de cría de ganado»

Conclusiones del Abogado General Sr. Y. Bot, presentadas el 6 de diciembre de 2007 I - 1169

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de febrero de 2008 I - 1181

Sumario de la sentencia

Agricultura — Organización común de mercados — Carne de vacuno — Prima para el mantenimiento del censo de vacas que amamanten a sus crías

[Reglamento (CEE) no 1254/1999 del Consejo, art. 3, letra f)]

El artículo 3, letra f), del Reglamento no 1254/1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno, en su versión modificada por el Reglamento no 1512/2001, no se opone a una normativa nacional que supedita el derecho a la prima por vaca nodriza a determinados requisitos conformes con las prácticas usuales en materia de cría de ganado, que exigen, por un lado, cierta frecuencia de los partos y, por otro, que el ternero haya sido amamantado por su madre durante el período de cuatro meses posterior a su nacimiento.

En efecto, a falta de una definición precisa del concepto de vacas nodrizas en el Reglamento no 2342/1999, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento no 1254/1999, los Estados miembros son libres de aportar precisiones a dicho concepto basándose en las prácticas usuales de cría de ganado en su respectivo territorio, a efectos de determinar qué requisitos deben reunirse para poder obtener la prima y de controlar que las solicitudes de primas se refieran a animales con derecho a ellas, con observancia de los objetivos de los Reglamentos citados, así como del Reglamento no 2419/2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducido por el Reglamento no 3508/92.

Además, por razones de claridad, aplicar los requisitos en relación con cada vaca y no respecto al rebaño en su conjunto refuerza la seguridad jurídica y facilita el control, por parte de las autoridades nacionales competentes, de la regularidad de las solicitudes de primas. Por lo tanto, tal aplicación no resulta, en principio, contraria a los mencionados Reglamentos.

(véanse los apartados 41, 45 y 49 y el fallo)
No obstante los documentos presentados por el exportador con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento no 615/98, por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del régimen de restituciones por exportación en lo referente al bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante el transporte, la autoridad competente podrá estimar que la Directiva 91/628, sobre la protección de los animales durante el transporte, en su versión modificada por la Directiva 95/29, no se ha cumplido conforme al artículo 5, apartado 3, del citado Reglamento. Sin embargo, la autoridad competente únicamente podrá llegar a tal conclusión fundándose en los documentos contemplados en el artículo 5 del Reglamento no 615/98, en los informes a que se refiere el artículo 4 del propio Reglamento relativos a la salud de los animales o en cualquier otro elemento objetivo que afecte al bienestar de dichos animales y que pueda poner en cuestión los documentos presentados por el exportador, recayendo en este último, en su caso, la carga de demostrar por qué no son pertinentes los elementos invocados por la autoridad competente para afirmar que no ha respetado la Directiva 91/628.

(véanse los apartados 36, 39 a 42 y 44 y el punto 1 del fallo)
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

1. Recurso de casación — Motivos — Nueva formulación de una argumentación — Admisibilidad — Límites

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 113, ap. 2)

2. Funcionarios — Retribución — Indemnización por expatriación — Requisitos para su concesión

[Estatuto de los Funcionarios, anexo VII, art. 4, ap. 1, letra a)]

1. De las disposiciones del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia en relación con el artículo 113, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que, en el marco de un recurso de casación, el recurrente puede formular cualquier alegación pertinente siempre que el recurso de casación no modifique el objeto del litigio planteado ante el Tribunal de Primera Instancia.

2. Aun cuando el reparto de competencias en el plano estatal interno varía en función de la estructura institucional de cada Estado, éste debe tener la consideración, en Derecho internacional público, de sujeto con carácter unitario. A la luz de esta interpretación, se exige que el Estado esté representado, ante otros Estados y ante las organizaciones internacionales, por un sistema de representación diplomática único, que es reflejo de la unidad, en el plano internacional, del Estado de que se trate.

Para que se pueda considerar que el funcionario en cuestión ha prestado servicios «a otro Estado», aunque no sea esencial que esté empleado en la Administración central de este Estado, en cambio, supone un elemento determinante que se halle integrado funcionalmente en la representación permanente de dicho Estado.

A este respecto, tanto los agentes que prestan servicios al Estado a través de su Administración central, como los que prestan servicios para una Comunidad Autónoma a través de la Administración de ésta, deben considerarse en situación de expatriación a efectos del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, a condición de que formen parte oficialmente de la representación permanente de ese Estado.

En consecuencia, para interpretar la expresión «servicios prestados a otro Estado», que figura en el artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guión, del anexo VII del Estatuto, sólo se debe considerar pertinente el hecho de que los servicios se hayan prestado en una representación permanente de un Estado. Por consiguiente, los servicios prestados para los gobiernos de las subdivisiones políticas de los Estados no pueden considerarse servicios prestados a un Estado si el interesado no forma parte oficialmente de la representación permanente del Estado. Por la misma razón, los servicios prestados a las sociedades de capital público pertenecientes a una de las categorías de sociedades mercantiles no pueden considerarse servicios prestados a un Estado.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Prestaciones de servicios — Determinación del lugar de conexión a efectos fiscales

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 9, ap. 2, letra e), tercer guión]

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No infringe lo dispuesto en la Directiva 77/388/CEE, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, un Estado miembro que mantenga una legislación con arreglo a la cual el lugar de la prestación de servicios realizada por el albacea es el lugar donde ejerce su actividad. En efecto, la prestación del albacea no está comprendida en el artículo 9, apartado 2, letra e), tercer guión, de la Sexta Directiva, toda vez que presenta un carácter específico que la distingue de las prestaciones realizadas de forma principal y habitual por un abogado, las cuales tienen por objeto la representación y defensa de los intereses de una persona y no la ejecución de una voluntad cristalizada. Igualmente, no cabe considerar similares las prestaciones de los albaceas y las de los abogados, puesto que no responden a la misma finalidad. Mientras que, respecto del albacea, se trata, en la mayoría de los casos, de que evalúe y reparta el patrimonio del causante entre los beneficiarios de la prestación y, a veces, concretamente en el marco de la gestión de los bienes de los menores, de que proteja y haga fructificar dicho patrimonio, el objeto de las prestaciones realizadas por un abogado es, ante todo, ver triunfar una pretensión de orden jurídico.

(véanse los apartados 36, 37, 39, 40 y 42)
Palabras clave

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Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Impuesto sobre las aportaciones que grava a las sociedades de capital

[Directiva 69/335/CEE del Consejo, arts. 3, ap. 1, letra a), 4, aps. 1, letra g), y 3, letra b), y 7, ap. 2]

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El artículo 4, apartados 1, letra g), y 3, letra b), de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada por la Directiva 85/303 y por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que la renuncia por un Estado miembro a la percepción del impuesto sobre las aportaciones no impide que se califique a una sociedad perteneciente a alguna de las categorías mencionadas en el artículo 3, apartado 1, letra a), de dicha Directiva de sociedad de capital a efectos de la percepción del impuesto sobre las aportaciones, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra g), de esta Directiva, con motivo del traslado de su sede de dirección efectiva de este Estado miembro a otro Estado miembro donde todavía se percibe este impuesto.

En efecto, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 69/335 fija, de manera imperativa y uniforme para todos los Estados miembros, qué sociedades deben considerarse sociedades de capital a efectos de dicha Directiva. Por consiguiente, cuando una sociedad adopta alguna de las formas jurídicas previstas en el mencionado artículo 3, apartado 1, dicha sociedad debe ser considerada sociedad de capital en el sentido de la Directiva 69/335 y, por lo tanto, no puede estar sujeta al impuesto sobre las aportaciones con motivo del traslado de su sede de dirección efectiva de un Estado miembro a otro, por el hecho de que no se la considere sociedad de capital en el Estado miembro de origen. En consecuencia, la circunstancia de que un Estado miembro haya hecho uso de la facultad prevista en el mencionado artículo 7, apartado 2, suprimiendo el impuesto sobre las aportaciones, no implica que, con motivo del traslado de la sede de dirección efectiva de una sociedad de capital desde este Estado miembro a otro, este segundo Estado miembro pueda automáticamente sujetar esta operación a dicho impuesto.

Sin embargo, esta interpretación no puede favorecer conductas caracterizadas por la creación de montajes artificiales con la única finalidad de obtener una ventaja fiscal. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si en las circunstancias del asunto principal existen elementos objetivos que evidencien esta práctica abusiva.

(véanse los apartados 21, 28, 29, 35 y 45 a 47 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites

(Art. 234 CE)

2. Derecho comunitario — Principios — Igualdad de trato — Discriminación por razón de la nacionalidad

(Arts. 7 CE y 56 CE)

3. Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria

(Art. 56 CE)

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1. Aunque no corresponde al Tribunal de Justicia, en un procedimiento promovido en virtud del artículo 234 CE, pronunciarse sobre la compatibilidad de normas de Derecho interno con el Derecho comunitario, ya que la interpretación de estas normas corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales, el Tribunal de Justicia sigue siendo competente para proporcionar a estos órganos jurisdiccionales todos los elementos de interpretación relacionados con el Derecho comunitario que puedan permitirles apreciar la compatibilidad de dichas normas con la normativa comunitaria.

(véase el apartado 18)

2. El artículo 12 CE no está destinado a aplicarse de manera independiente más que en situaciones reguladas por el Derecho comunitario para las que el Tratado no prevé normas específicas que prohíban la discriminación. Ahora bien, el Tratado prevé en el artículo 56 CE una norma específica de no discriminación en el ámbito de la libre circulación de capitales.

(véanse los apartados 28 y 29)

3. El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que somete las plusvalías resultantes de la cesión de un bien inmueble situado en dicho Estado miembro por un residente en otro Estado miembro a una carga fiscal superior a la aplicada por este mismo tipo de operación a las plusvalías obtenidas por un residente en el Estado en el que está situado el inmueble.

Tal normativa supone una restricción a los movimientos de capitales prohibida por el artículo 56 CE, ya que termina por hacer menos atractiva la transferencia de capitales para los no residentes al disuadirlos de efectuar inversiones inmobiliarias en el Estado miembro de que se trata y, por lo tanto, otras operaciones relativas a estas inversiones, como la venta de inmuebles.

Habida cuenta de que la imposición controvertida se refiere a un solo tipo de rendimientos obtenidos por los sujetos pasivos, ya sean residentes o no residentes, de que atañe a ambas categorías de sujetos pasivos y de que el Estado miembro donde se origina la renta imponible es siempre el Estado miembro de que se trata, objetivamente no se aprecian diferencias entre las situaciones que justifiquen la aplicación de un trato fiscal diferenciado en lo que atañe a la imposición de las plusvalías obtenidas por estas dos categorías de sujetos pasivos.

(véanse los apartados 39, 40, 50, 53, 54 y 61 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

Libre circulación de personas — Trabajadores — Igualdad de trato — Retribución — Impuestos sobre la renta

(Art. 39 CE)

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El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no permite a un nacional comunitario no residente en el Estado miembro en el que percibe rendimientos que constituyen la mayor parte de su renta imponible solicitar que se tengan en cuenta, a efectos de la determinación del tipo impositivo aplicable a dichos rendimientos, los rendimientos negativos procedentes del arrendamiento de inmuebles que no ocupa personalmente y que se encuentran en otro Estado miembro, mientras que un residente en el primer Estado puede solicitar que se tengan en cuenta dichos rendimientos negativos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles.

En materia de impuestos directos, la situación de los residentes y la de los no residentes no son, por lo general, comparables, de modo que el hecho de que un Estado miembro no permita a un sujeto pasivo no residente acogerse a determinadas ventajas fiscales que concede a un sujeto pasivo residente no es, por regla general, discriminatorio, puesto que estas dos categorías de contribuyentes no se encuentran en una situación comparable.

No obstante, otra cosa sucede en el supuesto en que el no residente no obtiene ingresos significativos en el Estado de su residencia y percibe la mayor parte de sus ingresos imponibles de una actividad ejercida en el Estado de empleo, de manera que el Estado de residencia no puede concederle las ventajas resultantes de tener en cuenta su situación personal y familiar; la discriminación consiste en que dicha situación no se tiene en cuenta ni en el Estado de residencia ni en el Estado de empleo.

La ratio en la que se basa esta discriminación se refiere a todas las ventajas fiscales relacionadas con la capacidad contributiva del no residente que no se tienen en cuenta ni en el Estado de residencia ni en el Estado de empleo; la capacidad contributiva forma parte de la situación personal del no residente.

(véanse los apartados 28 a 31, 34 y 36 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Cohesión económica y social — Intervenciones de carácter estructural — Financiación comunitaria — Ayuda financiera abonada indebidamente como consecuencia de la negligencia de las autoridades nacionales

(Art. 10 CE)

2. Cohesión económica y social — Intervenciones de carácter estructural — Financiación comunitaria — Ayuda financiera abonada indebidamente

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1. El principio de seguridad jurídica exige que una normativa comunitaria permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone. En efecto, los justiciables deben poder conocer, sin ambigüedad, sus derechos y obligaciones, y adoptar las medidas oportunas en consecuencia. Este imperativo de seguridad jurídica se impone con rigor especial cuando se trata de una normativa que puede implicar consecuencias financieras.

En este contexto, cuando los requisitos de concesión de una ayuda financiera otorgada por la Comunidad a un Estado miembro se establecen en la Decisión de concesión pero no fueron publicados ni comunicados por dicho Estado miembro al beneficiario final de la ayuda, el Derecho comunitario no se opone a que se aplique el principio de seguridad jurídica al objeto de excluir la devolución por parte de dicho beneficiario de importes pagados indebidamente, siempre que se acredite la buena fe de ese beneficiario. En tal caso, debe tenerse en cuenta, sin embargo, el interés de la Comunidad en la recuperación de las cantidades de que se trate. Así, cuando la no devolución de la ayuda por parte del beneficiario se debe a una negligencia de las autoridades nacionales, del principio de cooperación enunciado en el artículo 10 CE se desprende que el Estado miembro afectado puede ser considerado económicamente responsable de las cantidades no recuperadas para dar efectividad al derecho de la Comunidad a obtener la devolución del importe de la ayuda.

(véanse los apartados 25, 26 y 32 a 34 y el fallo)

2. Cuando los requisitos de concesión de una ayuda financiera otorgada por la Comunidad a un Estado miembro se establecen en la Decisión de concesión pero no fueron publicados ni comunicados por dicho Estado miembro al beneficiario final de la ayuda, el Derecho comunitario no se opone a que se aplique el principio de seguridad jurídica al objeto de excluir la devolución por parte de dicho beneficiario de importes pagados indebidamente, siempre que se acredite la buena fe de ese beneficiario. En tal caso, el Estado miembro afectado puede ser considerado económicamente responsable de las cantidades no recuperadas para dar efectividad al derecho de la Comunidad a obtener la devolución del importe de la ayuda.

(véanse el apartado 34 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 6)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera (DO L 146, p. 1).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, al no haber hecho lo necesario para que entraran en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas a la República Italiana.
42

En particular, la Comisión reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta en la sentencia recurrida el hecho de que, desde 1983, el Reglamento no 2499/82 había causado un perjuicio concreto a las Cantine, al no haber previsto la posibilidad de abonar directamente la ayuda comunitaria al productor en caso de insolvencia del destilador. Por tanto, afirma que el punto de partida de dicho plazo de prescripción debería haberse fijado el día en que, debido a la insolvencia de la DAI, éstas no pudieron obtener el pago de dicha ayuda en el plazo de 90 días después de la entrada del vino en la destilería previsto por dicho Reglamento.
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, respectivamente, de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996 (DO L 175, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1552/89»), hasta el 31 de mayo de 2000, y, a contar desde esta misma fecha, de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1), al haberse negado a calcular y pagar los recursos propios no percibidos durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002, en relación con la importación de material militar y la exención de derechos de aduana, y al haberse negado a abonar los intereses de demora devengados por la falta de pago de dichos recursos propios a la Comisión.
3

Las disposiciones que regulan el establecimiento de derechos compensatorios por la Comunidad figuran en el Reglamento (CE) no 2026/1997 del Consejo, de 6 de octubre de 1997, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 288, p 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 461/2004 del Consejo, de 8 de marzo de 2004 (DO L 177, p. 12) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»).
Incumplimiento de Estado — No adaptación del ordenamiento jurídico interno al artículo 8

bis

de la Directiva 89/622/CEE del Consejo, de 13 de noviembre de 1989, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos del tabaco (DO L 359, p. 1), insertado por la Directiva 92/41/CEE del Consejo, de 15 de mayo de 1992, por la que se modifica dicha Directiva (DO L 158, p. 30) ni al artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco — Declaraciones de la Comisión (DO L 194, p. 26) — Prohibición de comercialización de los tabacos de uso oral en lo tocante a las islas de Åland y los barcos matriculados en Finlandia.