Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Recurso interpuesto con arreglo al párrafo primero del artículo 33 del Tratado CECA - Motivos - Vulneración manifiesta por parte de la Comisión de las disposiciones del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación - Concepto

(Tratado CECA, art. 33, párr. 1)

2 CECA - Ayudas a la siderurgia - Concepto - Criterio del inversor privado - Perspectiva de rentabilidad

[Tratado CECA, art. 4, letra c)]

3 CECA - Ayudas a la siderurgia - Prohibición - Autorización por parte de la Comisión

[Tratado CECA, arts. 4, letra c), y 95]

4 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión CECA

(Tratado CECA, arts. 5, 15 y 33, párr. 2)

5 Derecho comunitario - Principios - Derechos de defensa - Respeto en el marco de los procedimientos administrativos - Ayudas a la siderurgia - Obligación de oír al beneficiario de los fondos del Estado sobre la apreciación jurídica de la Comisión - Inexistencia

(Quinto Código de ayudas a la siderurgia, art. 6, ap. 4)

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1 Con arreglo a la segunda frase del párrafo primero del artículo 33 del Tratado CECA, en virtud del cual, en el ejercicio de su competencia para pronunciarse sobre los recursos de anulación interpuestos contra las decisiones y recomendaciones de la Comisión, el examen del Tribunal de Justicia no podrá referirse a la apreciación de la situación resultante de hechos o circunstancias económicas en consideración a la cual se hubieren tomado tales decisiones o formulado tales recomendaciones, excepto cuando se impute a la Comisión haber incurrido en desviación de poder o haber vulnerado manifiestamente las disposiciones del Tratado o cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, el término «manifiestamente» debe interpretarse en el sentido de que exige que se alcance un cierto grado de incumplimiento de las disposiciones jurídicas, que dicho incumplimiento resulte de un error evidente en la apreciación, a la luz de las disposiciones del Tratado, de la situación que dio lugar a la adopción de la Decisión.

2 Los conceptos que se contemplan en las disposiciones del Tratado CE relativas a las ayudas de Estado, tal como las ha precisado el Juez comunitario, son pertinentes para la aplicación de las disposiciones correspondientes del Tratado CECA, en la medida en que no son incompatibles con este último. Está pues justificado, en tal medida, remitirse a la jurisprudencia relativa a las ayudas de Estado comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado CE para apreciar la legalidad de decisiones referentes a ayudas contempladas en la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA.

Así para determinar si dicha transferencia constituye una ayuda de Estado a efectos de la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA, es pertinente determinar si, en circunstancias similares, un inversor privado de dimensiones comparables a las de los organismos gestores del sector público hubiera podido efectuar una aportación de capital de dicha importancia.

A este respecto, aún cuando el comportamiento del inversor privado, al que debe compararse la actuación del inversor público que persigue objetivos de política económica, no es necesariamente el del inversor ordinario que coloca capitales en función de su rentabilidad a un plazo más o menos corto, si debe ser, por lo menos, el de un holding privado o un grupo privado de empresas que persigue una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de rentabilidad a más largo plazo.

En tal calidad, si una sociedad matriz puede soportar las pérdidas de una de sus filiales, durante un período de tiempo limitado, con el fin de permitir que el cese de las actividades de esta última se produzca en las mejores condiciones, basándose no sólo en la posibilidad de obtener un beneficio material indirecto, sino también en otras consideraciones, como el intento de proteger la reputación del grupo o de reorientar sus actividades, un inversor privado, no obstante, no puede de modo razonable permitirse, después de hacer frente de forma ininterrumpida a años de pérdidas, proceder a una aportación de capital que no sólo resulte económicamente más costosa que una liquidación de sus activos, sino que además esté vinculada a la venta de la empresa, lo cual le priva de toda perspectiva de beneficio, incluso a largo plazo.

Por otro lado, en la medida en que es necesario establecer una distinción entre las obligaciones que el Estado debe asumir en su calidad de propietario accionista de una sociedad y las obligaciones que pueden incumbirle en su calidad de poder público, procede hacer abstracción de toda consideración de orden social o de política regional o sectorial en la aplicación del criterio del inversor privado.

3 Del tenor de la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA no se desprende que las ayudas que entrañen una distorsión de la competencia de poca importancia puedan escapar a la prohibición que dicho precepto establece. Por lo demás, en contraste con el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE, de la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA no se desprende que incumba a la Comisión comprobar que la ayuda de que se trata falsea o amenaza falsear la competencia. El único lenitivo introducido en la prohibición prevista en la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA reside en la posibilidad, para la Comisión, de autorizar, basándose en el artículo 95 del mismo Tratado, las ayudas necesarias para alcanzar uno de los objetivos definidos en los artículos 2 a 4 de dicho Tratado.

4 La motivación exigida por el cuarto guión del párrafo segundo del artículo 5 y del párrafo primero del artículo 15 del Tratado CECA debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Juez comunitario pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de derecho pertinentes. Debe apreciarse en relación no sólo con el tenor literal del acto, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Además, la motivación de un acto debe apreciarse en función, entre otras cosas, del interés que los destinatarios u otras personas afectadas por el acto, en el sentido del párrafo segundo del artículo 33 del Tratado CECA, puedan tener en recibir explicaciones.

A este respecto, aún el caso de que un considerando de un acto controvertido contengan una afirmación de hecho errónea, este vicio de forma no puede, sin embargo, conducir a la anulación de dicho acto si los demás considerandos proporcionan una motivación suficiente por sí misma.

5 El respeto de los derechos de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aún cuando no exista una normativa específica.

No obstante, ni del tenor del apartado cuarto del artículo 6 del Quinto código de ayudas a la siderurgia, ni de la jurisprudencia comunitaria se desprende que, después de haber requerido a los interesados y al Estado miembro de que se trate para que presenten sus observaciones, la Comisión deba oír al beneficiario de los fondos estatales sobre la apreciación jurídica que ella ha efectuado respecto a la puesta a disposición de estos fondos o deba estar obligada de informar al Estado miembro de que se trate de su posición antes de adoptar su decisión. La publicación de un anuncio en el Diario Oficial parece un medio adecuado y suficiente para dar a conocer a todos los interesados la incoación de un procedimiento con arreglo a la disposición antes mencionada.