AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 11 de julio de 1997

Asunto T-16/97

Bruno Chauvin

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Sentencia del Tribunal de Primera Instancia — Petición de un nuevo examen de la clasificación en grado — Excepción de inadmisibilidad — Hecho nuevo y sustancial — Admisibilidad»

Texto completo en lengua francesa II-681

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de la decisión de la Comisión de 18 de junio de 1996, por la que se denegó la petición del demandante tendente a conseguir una revisión de su clasificación en grado.

Resultado:

Desestimación.

Resumen del auto

Mediante decisión de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) de 13 de febrero de 1995, el demandante fue nombrado funcionario en prácticas en calidad de administrador, siendo clasificado provisionalmente en el

grado A 7, escalón 1, con efectos de 1 de febrero de 1995. El demandante fue destinado a la Dirección General Agricultura (DG VI), Dirección «Asuntos Internacionales relativos a la Agricultura», Unidad «Europa, excepto AELC, Mediterráneo, ACP, nuevos Estados independientes».

Mediante decisión de 31 de agosto de 1995, la AFPN fijó definitivamente en el grado A 7, escalón 3 la clasificación del demandante. Este acusó recibo de la misma el 25 de septiembre de 1995.

Mediante decisión de 29 de marzo de 1996, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1995, la AFPN nombró definitivamente al demandante en su puesto de trabajo.

El 5 de octubre de 1995, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en el asunto Alexopoulou/Comisión (T-17/95, RecFP p. II-683; sentencia Alexopoulou).

Mediante Decisión de 7 de febrero de 1996 (Decisión de 7 de febrero de 1996), publicada en las Informations administratives del 27 de marzo de 1996, la Comisión introdujo una modificación en su Decisión de 1 de septiembre de 1983 relativa a los criterios aplicables al nombramiento en grado y a la clasificación en escalón en el momento del nombramiento (Decisión de 1 de septiembre de 1983). Después de esta modificación, el párrafo primero del artículo 2 de esta última Decisión ha quedado redactado para lo sucesivo de la siguiente forma:

«[La AFPN] nombrará al funcionario en prácticas en el grado inicial de la carrera para la que haya sido contratado.

Como excepción a este principio, la AFPN puede decidir nombrar al funcionario en prácticas en el grado superior de la carrera, cuando las necesidades específicas del servicio exigen la selección de un titular especialmente cualificado o cuando la persona seleccionada posea aptitudes excepcionales.»

El 21 de febrero de 1996, el demandante presentó ante la AFPN una petición de revisión de su clasificación en grado, con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), habida cuenta de los criterios de clasificación sentados en la sentencia Alexopoulou. Pedía ser clasificado por lo menos en el grado A 6.

Dicha petición fue denegada mediante decisión de la Comisión de 18 de junio de 1996 (decisión impugnada) por cuanto la petición había sido formulada más de tres meses después de la decisión de clasificación inicial que se había adoptado respecto a él.

El 24 de junio de 1996, el demandante formuló una reclamación contra la decisión impugnada. En dicha reclamación, precisaba: «Mi petición no tenía por objeto impugnar “un acto que me resulta lesivo” en el sentido del [apartado 2 del artículo 90] del Estatuto, ya que la decisión relativa a mi clasificación en el momento del nombramiento había sido adoptada conforme a los criterios de clasificación que se aplicaban en aquel momento. Solicité a la AFPN que decidiera examinar mi clasificación en el momento del nombramiento, con arreglo al apartado 2 del artículo 31 y al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, habida cuenta de la [sentencia Alexopoulou] en la cual se anulaban los criterios de clasificación aplicados al período de mi nombramiento, y conforme al principio de igualdad de trato.»

Puesto que la Comisión no respondió en modo alguno a la reclamación, ésta fue objeto de una decisión desestimatoria presunta, que se produjo el 24 de octubre de 1996.

Sobre la admisibilidad

Los plazos para formular reclamación o interponer recurso establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto son de orden público y no constituyen un elemento discrecional para las partes o para el Juez, sino que se han fijado para garantizar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas. Las posibles excepciones o derogaciones a dichos plazos deben ser objeto de una interpretación restrictiva (apartado 32).

Referencia: Tribunal de Justicia, 23 de enero de 1997, Coen (C-246/95, Rec. p. I-403), apartado 21; Tribunal de Primera Instancia, 15 de diciembre de 1995, Progoulis/Comisión (T-131/95, RecFP p. II-907), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 23 de abril de 1996, Mancini/Comisión(T-113/95, RecFP p. II-543), apartado 20

En el presente caso, el demandante no ha presentado una reclamación contra la decisión de la AFPN de 31 de agosto de 1995 relativa a su clasificación en el momento del nombramiento dentro del plazo de tres meses previsto en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto. Por consiguiente, la clasificación en grado del demandante adquirió firmeza a partir del momento en que expiró el plazo señalado para presentar la reclamación, es decir, el 25 de diciembre de 1995, ya que fue el 25 de septiembre de 1995 cuando el demandante acusó recibo de la decisión de la AFPN (apartado 33).

Un funcionario no puede volver a cuestionar los requisitos fijados en la decisión de su nombramiento inicial una vez que ésta haya adquirido carácter definitivo (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de diciembre de 1983, Blomefield/Comisión(190/82, Rec. p. 3981), apartado 10; Progoulis/Comisión, antes citada, apartado 38

La petición del demandante de 21 de febrero de 1996 pretende precisamente cuestionar las condiciones de su nombramiento inicial, en particular, su clasificación en grado (apartado 35).

Aun suponiendo que la petición de 21 de febrero de 1996 deba ser interpretada de una forma restrictiva, es decir, en el sentido de que pretende lograr únicamente una apreciación de sus aptitudes con vistas a una posible aplicación del apartado 2 del artículo 31 del Estatuto, no es menos cierto que dicha petición puede cuestionar indirectamente la decisión de la AFPN de 31 de agosto de 1995, que había adquirido firmeza (apartado 36).

Si bien es cierto que, con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, cualquier funcionario puede solicitar a la AFPN que adopte una decisión respecto a él, no obstante dicha facultad no permite al funcionario incumplir los plazos previstos en los artículos 90 y 91 del propio Estatuto para la presentación de una reclamación y de un recurso, poniendo indirectamente en tela de juicio, mediante la formulación de una petición, una decisión anterior que no había sido impugnada dentro de plazo. Solamente la existencia de unos hechos nuevos sustanciales puede justificar la formulación de una petición tendente a que se vuelva a examinar la citada decisión (apartado 37).

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de mayo de 1985, Esly/Comisión (127/84, Rec. p. 1437), apartado 10; Tribunal de Justicia, 14 de junio de 1988, Muysers y Tülp/Tribunal de cuentas (161/87, Rec. p. 3037), apartado 11

Procede, pues, examinar, en esta fase del razonamiento, la cuestión de si, bien la sentencia Alexopoulou, bien la Decisión de 7 de febrero de 1996, pueden constituir un hecho nuevo y sustancial que permita formular una petición de revisión de la clasificación, una vez expirado el plazo para presentar la reclamación (apartado 38).

Los efectos de una sentencia que anula un acto sólo afectan, además de a las partes, a las personas directamente afectadas por el propio acto anulado, y una sentencia sólo puede constituir un hecho nuevo respecto a dichas personas (apartado 43).

Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de junio de 1965, Müller/Consejos de la CEE, CEEA y CECA (43/64, Rec. pp. 499 y ss., especialmente p. 515); Tribunal de Justicia, 15 de diciembre de 1966, Mosthaf/Comisión de la CEEA (34/65, Rec. pp. 753 y ss., especialmente p. 768); Tribunal de Justicia, 8 de marzo de 1988, Brown/Tribunal de Justicia (125/87, Rec. p. 1619), apartado 13; Progoulis/Comisión, antes citada, apartado 41

En el presente caso, el demandante no afirma que se haya visto directamente afectado por el acto anulado mediante la sentencia Alexopoulou. Por lo tanto, ésta no puede considerarse como un hecho nuevo sustancial susceptible de volver a abrir los plazos para la presentación de la reclamación en beneficio del demandante (apartado 44).

Además, en un recurso de revisión de una sentencia del Tribunal de Justicia, éste consideró que una sentencia, dictada entretanto por el Tribunal de Primera Instancia y que aporta una valoración jurídica en relación con los hechos que podían eventualmente calificarse de nuevos, no puede constituir en ningún caso en sí mismo un hecho nuevo. De esto se deduce que la valoración efectuada por la sentencia Alexopoulou en lo relativo a la legalidad de la Decisión de 1 de septiembre de 1983, no puede calificarse, en sí misma, de hecho nuevo. Nada impedía a los funcionarios impugnar su clasificación en grado en el momento de su nombramiento, alegando que las disposiciones en que se fundaba la decisión de clasificación eran contrarias a Derecho (apartado 45).

Referencia: Tribunal de Justicia, 19 de marzo de 1991, Ferrandi/Comisión (C-403/85, rev., Rec. p. I-1215), apartado 13

Por lo que se refiere a la Decisión de 7 de febrero de 1996 por la que se modifica la Decision general de 1 de septiembre de 1993, tampoco puede constituir un hecho nuevo, ni por su propia naturaleza ni por su alcance jurídico. La mencionada Decisión no tenía por objeto ni por efecto cuestionar unas decisiones administrativas que habían adquirido firmeza antes de su entrada en vigor (apartado 46).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de febrero de 1974. Schots-Kortner y otros/Consejo, Comisión y Parlamento (asuntos acumulados 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73. 123/73. 132/73 y 135/73 a 137/73, Rec. p. 177), apartado 39; Brown/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 14

Dado que el demandante no puede alegar hechos nuevos que permitan volver a abrir los plazos previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto, tampoco puede impugnar la decisión de 31 de agosto de 1995 por la que se fijó su clasificación en grado, la cual adquirió firmeza el 25 de diciembre de 1995 (apartado 53).

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso.