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Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2019 — UPL Europe y Aceto Agricultural Chemical/Comisión

(Asunto T-612/19)

(2019/C 399/90)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: UPL Europe Ltd (Warrington Cheshire, Reino Unido) y Aceto Agricultural Chemical Corp. Ltd (Port Washington, Estados Unidos) (representantes: C. Mereu y P. Sellar, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/989 de la Comisión, de 17 de junio de 2019. (1)

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las demandantes invocan cuatro motivos.

1. Primer motivo, basado en que el Reglamento impugnado se adoptó a raíz de errores manifiestos de apreciación.

2. Segundo motivo, basado en que el Reglamento impugnado resulta de un procedimiento durante el cual se vulneró el derecho de defensa de las demandantes.

3. Tercer motivo, basado en que el Reglamento impugnado se adoptó vulnerando el principio de proporcionalidad.

4. Cuarto motivo, basado en que el Reglamento impugnado se adoptó vulnerando el principio de cautela.

(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2019/989 de la Comisión, de 17 de junio de 2019, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa clorprofam con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (DO 2019 L 160, p. 11).
1.

Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 160 y 167 y de los puntos 16.3, 18.2 y 21.1 del anexo I del Reglamento 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012; así como en la desviación de poder, en un error manifiesto de apreciación y en la vulneración de los principios generales de libre competencia, transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación en materia de contratos públicos. En el marco de este primer motivo, la demandante considera que determinados criterios de atribución sobre la base de los cuales se designó al adjudicatario se refieren a la selección cualitativa y no a la adjudicación, mientras que los criterios de selección están estrictamente vinculados a la evaluación de los candidatos o licitadores y los criterios de adjudicación están estrictamente vinculados a la evaluación de las ofertas y deben permitir identificar la oferta económicamente más ventajosa.
—

«revocos [materiales de construcción]; cuarzo; enlucidos [para revoco]; enlucidos, masas de empaquetadura de tejidos para la construcción; emplastes como productos de construcción; tejidos para construcción que no sean metálicos o hechos principalmente de materiales no metálicos, en particular tejidos de estabilización» de la clase 19.
2.

Segundo motivo, basado en la vulneración de los principios de proporcionalidad, de equidad y de buena fe contractual, consagrados en el artículo 5 TFUE, apartado 4, dado que, al emitir inmediatamente un requerimiento de reembolso sin dar a la demandante la oportunidad de proporcionar una explicación adecuada de las conclusiones del informe de auditoría impugnado mediante una respuesta detallada elaborada por los responsables de la gestión y las reuniones propuestas, la demandada no actuó de buena fe y excedió los límites de lo que resulta apropiado y necesario, mientras que, como establecen las condiciones generales del acuerdo de subvención, en primera instancia podría haber bastado con una solución amistosa adecuada. Por lo tanto, para que la demandada fundamentara su decisión no era ni necesario ni esencial ignorar la solicitud de la demandante de llegar a una solución amistosa en primer término. Ello es totalmente contrario al principio de proporcionalidad, el cual entraña que, si existen varias medidas apropiadas, como es el caso en el presente asunto, debe elegirse las que supongan una menor injerencia y sean menos gravosas (quod non).
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 266 TFUE y en la violación de los principios fundamentales y generales del Derecho de la Unión, entre los que se encuentran, en particular, la protección de la expectativa legítima y de la confianza legítima, los principios de buena administración, buena fe y seguridad jurídica, así como el respeto del principio de proporcionalidad. A este respecto, la demandante considera que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo,“AFPN”) ha aplicado e interpretado de manera manifiestamente incorrecta las disposiciones y los principios antes mencionados, al no haber adoptado las medidas que requiere la ejecución de la sentencia anulatoria dictada por el Tribunal General de la Unión Europea el 14 de diciembre de 2018, FV/Consejo (T-750/16, EU:T:2018:972). Asimismo, considera que esta ha violado el principio que le exige a la administración adoptar una resolución que no sea desproporcionada, es decir, que sea necesaria para alcanzar los objetivos, lo cual exige que el contenido y la forma de la resolución guarden proporción con la finalidad perseguida. Por último, la demandante alega una vulneración de su confianza legítima en que la AFPN ejecute correctamente y con diligencia la sentencia T-750/16 antes citada, no solo mediante una aplicación correcta del artículo 266 TFUE, sino también sin efectos retroactivos.
i)

La Comisión ha adoptado una decisión que establece de facto que el artículo 102 TFUE no es aplicable a las prácticas contrarias a la competencia de PJSC Gazprom y de Gazprom Export LLC debido a la existencia de coacción estatal en virtud de la normativa estatal de la Federación rusa sobre una base jurídica errónea, es decir, sobre la base del artículo 7, apartado 2, del Reglamento 773/2004 en relación con el artículo 102 TFUE en lugar de basarse en el artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (CE) (2) en relación con el artículo 102 TFUE, es decir, en particular, al no tener en cuenta las posiciones de los Estados miembros de la Unión Europea.
Recurso interpuesto el 23 de mayo de 2019 — AMVAC Netherlands/Comisión

(Asunto T-317/19)

(2019/C 263/57)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: AMVAC Netherlands BV (Ámsterdam, Países Bajos) (representantes: C. Mereu, M. Grunchard y S. Englebert, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/344 de la Comisión, de 28 de febrero de 2019. (1)

— Condene a la demandada a cargar con las costas.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

1. Primer motivo, basado en que el Reglamento impugnado fue adoptado sobre la base de un error manifiesto de apreciación.

2. Segundo motivo, basado en que el Reglamento impugnado fue adoptado al término de un procedimiento en el que no se respetaron los derechos de defensa de la demandante.

3. Tercer motivo, basado en que el Reglamento impugnado fue adoptado vulnerando el principio de seguridad jurídica.

4. Cuarto motivo, basado en que el Reglamento impugnado fue adoptado vulnerando el principio de proporcionalidad.

5. Quinto motivo, basado en que el Reglamento impugnado fue adoptado vulnerando el principio de cautela.

(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2019/344 de la Comisión, de 28 de febrero de 2019, sobre la no renovación de la aprobación de la sustancia activa etoprofos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (DO 2019, L 62, p. 7).
—

El demandante alega, además, que el Consejo interpretó erróneamente y no aplicó correctamente el artículo 4, apartado 2, segundo guion, del Reglamento 1049/2001, al no tomar en consideración las disposiciones del Derecho primario de la Unión resumidas en la solicitud así como el principio de que los documentos legislativos de la UE están sometidos al mayor acceso posible, basándose a su vez en conceptos subjetivos y vagos no establecidos en el Derecho de la Unión para justificar la falta de divulgación.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 266), del artículo 5, apartados 1 y 5, del Reglamento interno del Parlamento Europeo (DO 2005, L 44, p. 1) y de las comunicaciones a los miembros n.os 11/2003 y 11/2016.
—

La omisión de la finalización de esa práctica por el Tribunal General infringe los artículos 4, apartado 1, letra c), y 5, letra a), del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) y con carácter subsidiario, los artículos 4, apartado 1, letra c), y 5, letra a), del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo. (2)
—

Anule la Decisión impugnada de la Comisión de 9 de Agosto de 2018 sobre medidas aplicables a determinados casinos Greek SA.28973 — C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009)
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 12, apartado1, párrafo 2, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011, en relación con el artículo 1, apartado 3, de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/158, en relación a su vez con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011. — En el segundo motivo, se alega que la demandada infringió lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, párrafo 2, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011, en relación con el artículo 1, apartado 3, de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/158, en relación a su vez con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011, dado que, al aplicar el método de comprobación utilizado por ella para el examen ad hoc, omitió el necesario acondicionamiento previo específico.
C 44/77

Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 2018 — Umweltinstitut München/Comisión

(Asunto T-712/18)

(2019/C 44/103)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Umweltinstitut München — Verein zur Erforschung und Verminderung der Umweltbelastung eV (Múnich, Alemania) (representante: M. John, abogada)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal que anule la decisión denegatoria de la parte demandada de 2 de octubre de 2018 [C(2018) 6539 final]

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso tiene por objeto la anulación de la decisión denegatoria de la Comisión de 2 de octubre de 2018, mediante la que se deniega definitivamente a la parte demandante el acceso a los documentos relativos a la primera reunión del Comité Mixto del CETA [Acuerdo Económico y Comercial Global], que tuvo lugar los días 26 y 27 de marzo de 2018.

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca el siguiente motivo:

Infracción del artículo 15 TFUE, apartado 3, en relación con el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) puesto que la parte demandada no tenía derecho, con arreglo al artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001, a denegar (parcialmente) el acceso a los documentos solicitados.

(1) Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).
—

Condene a la demandada a indemnizar a la demandante por el daño sufrido como consecuencia directa a la adopción del Reglamento (UE) n.o 944/2013, de 2 de octubre de 2013, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (DO 2013, L 261, p. 5), en la medida en que clasifica la sustancia «pitch, coal tar, high-temp.» (brea, alquitrán de hulla, elevada temperatura) como Aquatic Acute 1 (H400) y Aquatic Chronic 1 (H410), evaluada en un importe total de 488 871,30 EUR, o en cualquier otro importe que se determine posteriormente la demandante en el curso de procedimiento o por el Tribunal.
C 25/61

Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2018 — Aldi/EUIPO — Titlbach (ALTISPORT)

(Asunto T-697/18)

(2019/C 25/80)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

Partes

Recurrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Alemania) (representantes: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen y M. Minkner, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Aleš Titlbach (Meziboří, República Checa)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Titular de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca controvertida: Registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca ALTISPORT — Registro internacional que designa a la Unión Europea n.o 1226617

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 19 de septiembre de 2018 en el asunto R 2683/2017-4

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la EUIPO.

Motivo invocado

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.
—

Con carácter subsidiario, declare que es errónea la interpretación jurídica de la parte demandada acerca del artículo 113, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, y que la publicidad de los precios de las ofertas participantes en el procedimiento de contratación pública no es contraria al Reglamento invocado.
—

Infracción del artículo 63 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, en relación con la regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión.
—

Anule la Decisión C(2018) 4138 final de la Comisión Europea, de 26 de junio de 2018, en el asunto AT.40037 — Carpenter/Subaru por la que se desestima, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1/2003») y con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 773/2004»), la denuncia de la demandante presentada de conformidad con el artículo 7 del Reglamento n.o 1/2003, de 6 de septiembre de 2012, alegando la infracción del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
2.

Segundo motivo, basado en la violación de los artículos que exceptúan el límite de confidencialidad y secreto empresarial en el acceso a documentación cuando la solicitud se efectúa en el ejercicio de derecho de defensa y acceso a la tutela judicial efectiva, contemplados en el artículo 88 del Reglamento (UE) no 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión y se modifica el Reglamento (UE) no 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1); en el artículo 84 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la restructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 201336/UE, y los Reglamentos (UE) no 1093/2010 y (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190); y en el artículo 53 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE (DO 2013, L 176, p. 338). — Se alega a este respecto que la Decisión recurrida, por la que el Panel de Recurso no concede el acceso íntegro a la documentación que obre en poder de la JUR, realiza una aplicación errónea de las excepciones al acceso general a la documentación recogidas en la normativa apenas mencionada, ya que dicho acceso se solicita en el marco del ejercicio del derecho de defensa y acceso a la tutela judicial efectiva.
3.

Tercer motivo, basado en la incompetencia de la Oficina para publicar una licitación para servicios de traducción. Sin perjuicio del resultado de la evaluación de la licitación publicada por la Oficina, el demandante alega que, desde el momento en que decidió convocar la licitación, aquella se situó en una situación incompatible con la observancia de los artículos 148 y 2 de los respectivos Reglamentos constitutivos de la Oficina y del Centro. Por último, el demandante señala que, en el presente caso, el hecho de firmar contratos y contratar servicios de traducción constituye una infracción manifiesta del referido artículo 148 y, por lo tanto, en particular, la Oficina no está facultada legalmente para llevar este procedimiento hasta su terminación normal, que no es otra que la firma de los contratos.
—

Infracción del artículo 63 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, en relación con la Regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión.
—

Anule la Decisión de la Junta Única de Resolución de 12 de abril de 2018 relativa al cálculo de las contribuciones ex ante de 2018 al Fondo Único de Resolución (SRB/ES/SRF/2018/03) [«Decision of the Single Resolution Board of 12 April 2018 on the calculation of the 2018 ex ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2018/03)»], incluido su anexo, y, en cualquier caso, en lo que se refiere a la contribución fijada para la demandante.
Asunto T-337/18: Recurso interpuesto el 1 de junio de 2018 — Laboratoire Pareva/Comisión

Recurso interpuesto el 1 de junio de 2018 — Laboratoire Pareva/Comisión

(Asunto T-337/18)

Partes

Demandante: Laboratoire Pareva (Saint Martin de Crau, Francia) (representantes: K. Van Maldegem y S. Englebert, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare el recurso admisible y fundado.

— Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2018/619, ( 1 ) de 20 de abril de 2018, por la que no se aprueba el PHMB (1415; 4.7) como sustancia activa existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 1, 5 y 6, de acuerdo con el Reglamento 528/2012 ( 2 ) («Decisión impugnada»).

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

La parte demandante alega que la demandada adoptó la Decisión impugnada con infracción del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), del Derecho derivado de la UE y de los principios del Derecho de la UE. Por lo tanto, la parte demandante solicita la anulación de la Decisión impugnada por los tres motivos siguientes:

1. Primer motivo, por infracciones sustanciales del procedimiento: — La demandada no observó las fases procedimentales a que estaba obligada antes de adoptar la Decisión impugnada. La demandada infringió normas sustanciales del procedimiento establecidas en el artículo 6, apartado 7, letras a) y b), del Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2014 de la Comisión, ( 3 ) las cuales, de haber sido respetadas, podrían haber conducido a un resultado distinto.

2. Segundo motivo, basado en errores manifiestos de apreciación. — La demandada incurrió en un error manifiesto de apreciación al tener en cuenta factores irrelevantes para valorar el PHMB y al no ponderar suficiente y debidamente otros factores que son específicos y relevantes respecto al PHMB de la demandante.

3. Tercer motivo, basado en la vulneración de los principios fundamentales del Derecho de la UE y del derecho de defensa. — La demandada no garantizó que la parte demandante tuviera la oportunidad plena, apropiada y efectiva de formular sus alegaciones durante el procedimiento.

( 1 ) Decisión de Ejecución (UE) 2018/619 de la Comisión, de 20 de abril de 2018, por la que no se aprueba el PHMB (1415; 4.7) como sustancia activa existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 1, 5 y 6 (DO 2018, L 102, p. 21).

( 2 ) Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO 2012, L 167, p. 1).

( 3 ) Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2014 de la Comisión, de 4 de agosto de 2014, relativo al programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 294, p. 1).
—

Anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la Decisión (PESC) 2018/333 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2018, L 63, p. 48), así como el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/326 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2018, L 63, p. 5), en la medida en que afectan al demandante.
1.

Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación de la demandada al examinar la información que, correctamente examinada, no podría respaldar su conclusión, y en que la demandada no tuvo en cuenta toda la información pertinente relativa a los estudios pendientes. La demandante también incurrió en otro error manifiesto de apreciación, debido a que no ha acreditado que (a) existan pruebas científicas de probables efectos graves para el medio ambiente debidos a propiedades de alteración endocrina, y que (b) estas pruebas darían lugar a un nivel de preocupación equivalente al de las sustancias enumeradas en las letras a) a e) del artículo 57 del Reglamento REACH.