Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades

(Arts. 56 CE y 58 CE; Directiva 90/435/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1)

2. Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Límites

(Art. 234 CE)

3. Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades

(Art. 56 CE)

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1. Los artículos 56 CE y 58 CE se oponen a la normativa de un Estado miembro que, en la medida en que no se alcance el umbral mínimo de participación de la sociedad matriz en el capital de la filial, establecido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 90/435, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, prevea una retención en origen sobre los dividendos pagados por una sociedad establecida en dicho Estado miembro a una sociedad beneficiaria establecida en otro Estado miembro, eximiendo de tal retención los dividendos pagados a una sociedad beneficiaria que, en el primer Estado miembro, esté sujeta al impuesto sobre sociedades o posea, en ese mismo Estado miembro, un establecimiento permanente al que pertenezcan las participaciones de las que es titular en la sociedad que distribuye los dividendos.

En efecto, este trato desfavorable de los dividendos pagados a las sociedades beneficiarias establecidas en otro Estado miembro, en relación con el trato que se dispensa a los dividendos pagados a las sociedades beneficiarias establecidas en el Estado miembro de que se trate, puede disuadir a las sociedades establecidas en otro Estado miembro de invertir en el primer Estado miembro y, por consiguiente, constituye una restricción a la libre circulación de capitales prohibida, en principio, por el artículo 56 CE.

Es cierto que, en lo que atañe a las medidas previstas por un Estado miembro a fin de evitar o atenuar la tributación en cadena o la doble imposición económica de los beneficios distribuidos por una sociedad residente, los accionistas beneficiarios residentes no se encuentran necesariamente en una situación comparable a la de los accionistas beneficiarios residentes en otro Estado miembro. Sin embargo, a partir del momento en que un Estado miembro, de forma unilateral o por vía de acuerdos, sujeta al impuesto sobre la renta, no sólo a los accionistas residentes sino también a los accionistas no residentes, por los dividendos que reciben de una sociedad residente, la situación de los mencionados accionistas no residentes se asemeja a la de los accionistas residentes. En efecto, el mero ejercicio por este mismo Estado de su competencia fiscal, con independencia de cualquier tributación en otro Estado miembro, da lugar a un riesgo de imposición en cadena o de doble imposición económica. En tal caso, para que las sociedades beneficiarias no residentes no se enfrenten a una restricción a la libre circulación de capitales, el Estado de residencia de la sociedad que distribuye beneficios debe velar por que, en relación con el mecanismo previsto en su Derecho nacional para evitar o atenuar la imposición en cadena o la doble imposición económica, las sociedades accionistas no residentes estén sujetas a un trato equivalente al que disfrutan las sociedades accionistas residentes. No se da este caso cuando la doble imposición económica de que son objeto los dividendos distribuidos entre las sociedades beneficiarias no establecidas en el Estado miembro en el que reside la sociedad que los distribuye, resulta del mero ejercicio de su potestad tributaria por dicho Estado miembro, el cual sujeta los referidos dividendos al impuesto sobre los dividendos, mientras que ha decidido evitar tal doble imposición económica respecto a las sociedades beneficiarias que tengan en ese mismo Estado miembro su domicilio o un establecimiento permanente al que pertenezcan las participaciones de la sociedad que distribuye los dividendos.

Una normativa así configurada no puede estar justificada por la necesidad de garantizar la coherencia del sistema fiscal nacional ni por la necesidad de preservar el reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros. En la medida en que un Estado miembro haya decidido no someter al impuesto a las sociedades beneficiarias establecidas en su territorio con respecto a este tipo de ingresos, no podrá invocar la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros para justificar la sujeción al impuesto de las sociedades beneficiarias establecidas en otro Estado miembro.

(véanse los apartados 28, 37 a 40 y 59 a 61 y el punto 1 del fallo)

2. Las cuestiones relativas a la interpretación del Derecho comunitario planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho comunitario no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder eficazmente a las cuestiones planteadas. No puede desvirtuarse esta presunción de pertinencia por la mera circunstancia de que una de las partes del litigio principal niegue algunos hechos, cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia y de los cuales depende la definición del objeto de dicho litigio.

(véanse los apartados 64 y 65)

3. Un Estado miembro no puede alegar la existencia de un crédito fiscal íntegro, concedido de forma unilateral por otro Estado miembro a una sociedad beneficiaria establecida en este último Estado miembro, para eludir la obligación de evitar la doble imposición económica de los dividendos resultante del ejercicio de su potestad tributaria, en una situación en la que el primer Estado miembro previene la doble imposición económica de los dividendos distribuidos entre las sociedades beneficiarias establecidas en su territorio. Cuando un Estado miembro invoca un convenio para evitar la doble imposición celebrado con otro Estado miembro, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si, en el litigio principal, debe tenerse en cuenta ese convenio y, en su caso, comprobar si permite neutralizar los efectos de la restricción a la libre circulación de capitales.

(véanse el apartado 84 y el punto 2 del fallo)