ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
19.

La sección 3, párrafo primero, de las Directrices indica que «el artículo 10, apartado 3, permite utilizar, sin autorización previa y con arreglo a condiciones específicas, menciones sencillas, atractivas, que hagan referencia a beneficios generales, no específicos, de un alimento relativos a la buena salud en general o al bienestar relativo a la salud. La utilización de dichas menciones podría ser de utilidad para los consumidores, toda vez que transmitiría mensajes más adaptados a los mismos. Sin embargo, los consumidores podrían fácilmente no comprenderlas o malinterpretarlas, lo que podría [llevarlos] a imaginar unos beneficios para la salud derivados de un alimento distintos o mejores que los que realmente existen. Por esta razón, cuando nos referimos a los beneficios generales, no específicos, para la salud, es necesario acompañar estas referencias con una declaración de propiedades saludables específica de las listas de declaraciones de propiedades saludables permitidas en el registro de la Unión. A los efectos del Reglamento, la declaración de propiedades saludables específica que acompañe a la mención relativa a beneficios generales y no específicos para la salud debe figurar “junto a” dicha mención o “a continuación de” esta».
135.

Además, no se trata de pedir a la administración que lleve a cabo una investigación sobre la situación de la pareja interesada con apreciación de las cuestiones jurídicas relativas al estado civil de los interesados, puesto que la única comprobación que debe llevarse a cabo es la relativa a la duración de la vida en común anterior al matrimonio, fácilmente demostrable en caso de unión no matrimonial registrada, y que no conlleva excesiva dificultad en el supuesto de una convivencia como la del presente asunto. Esta apreciación de orden puramente material no puede suponer una desigualdad de trato de los funcionarios.
19.

Sin embargo, Koton y la EUIPO objetan principalmente que la sentencia recurrida se aparta de manera relativamente clara de la jurisprudencia anterior. Examinaré en primer lugar ese aspecto (véase la sección A), antes de analizar si hay otros fundamentos que pese a todo puedan sustentar la sentencia recurrida (véase la sección B). Por ese motivo, la resolución del presente recurso de casación depende de si algún aspecto adicional alegado por la EUIPO que todavía no se haya tenido en cuenta es objeto del litigio o si ha sido alegado extemporáneamente (véase la sección C). Para finalizar me pronunciaré acerca del recurso interpuesto ante el Tribunal General (véase la sección D).
41.

En la tesitura que describe el auto de remisión, repito, no hubo riesgo de que las mercancías entraran en el circuito económico de la Unión a través de Alemania. Es más, se asegura de manera categórica que fue en Grecia donde ocurrió esa entrada y se destinaron al consumo. Si eso es así, no me parece necesario acudir a una presunción, cuando el hecho ya se ha dado como probado, y está de más conjeturar sobre el riesgo de que llegue a materializarse.
19.

En esas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Pueden los Estados miembros adoptar una disposición —como el artículo 246a, [apartado] 1, [párrafo primero], primera frase, punto 2, de la EGBGB— que, en los contratos celebrados a distancia, obliga siempre al comerciante [no solo cuando proceda], a facilitar un número de teléfono al consumidor antes de que este emita su declaración contractual? 2) ¿Significa la expresión “cuando proceda” (en la versión alemana, “gegebenenfalls”) utilizada en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83 que un comerciante solo está obligado a informar de los medios de comunicación de que ya dispone efectivamente su empresa, de manera que no está obligado a instalar ex novo una conexión de teléfono o de fax ni a contratar una cuenta de correo electrónico nueva, si decide celebrar en la empresa también contratos a distancia? 3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: ¿Significa la expresión “cuando proceda” (en la versión alemana, “gegebenenfalls”) que utiliza el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83 que en una empresa solo se dispone de los medios de comunicación que el comerciante efectivamente utilice para contactar con los consumidores en la celebración de contratos a distancia, o se consideran disponibles en la empresa también los medios de comunicación que el comerciante utilice hasta la fecha exclusivamente para otros fines, como pueden ser la comunicación con profesionales o con las autoridades? 4) ¿Es exhaustiva la enumeración de los medios de comunicación, teléfono, fax y correo electrónico, que figura en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83 o puede el comerciante emplear además otros medios de comunicación aparte de los mencionados en dicha disposición (como, por ejemplo, un chat de Internet o un sistema de rellamada telefónica), siempre que con ello se garantice una comunicación rápida y eficaz? 5) Para el cumplimiento del mandato de transparencia del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/83, conforme al cual el comerciante debe informar al consumidor de forma clara y comprensible de los medios de comunicación mencionados en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83, ¿es lo decisivo que la información se facilite de forma rápida y eficaz?»
51.

La situación no puede ser otra cuando los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen de un recurso, como en el caso de autos, llegan a la conclusión, modificando la resolución de una autoridad nacional de la competencia, de que no se cumplen determinadas condiciones para establecer la existencia de una infracción del artículo 102 TFUE. Ni siquiera en ese caso pueden declarar simplemente inaplicable el artículo 102 TFUE o apreciar con efecto vinculante para otros procedimientos que no existe una infracción de dicha disposición del Derecho de la Unión. Tampoco la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales ( 25 ) para aplicar los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, reiterada por el artículo 6 del Reglamento n.o 1/2003, puede conducir a una conclusión diferente. En la medida en que dichos órganos jurisdiccionales no actúen como autoridades de la competencia, en el sentido del artículo 5 del Reglamento n.o 1/2003, podrán revisar las resoluciones adoptadas por una autoridad nacional de la competencia, con arreglo a las disposiciones del artículo 5 del citado Reglamento. Sin perjuicio de las competencias de revisión de que disfrutan en virtud de la legislación nacional en tal supuesto, en cualquier caso, su resolución no podrá limitar las competencias que corresponden a otros órganos jurisdiccionales, por ejemplo, en el marco de una acción por daños, con arreglo al artículo 6 del Reglamento n.o 1/2003.
90.

Además, como señala la doctrina, ( 21 )«in the light of the [HGA] case law it may […] be concluded that where soft law guidelines purport to introduce a legal obligation to submit a specific application form in order to be considered as eligible for an aid scheme it is highly questionable that if an applicant has failed to do so, the Commission could conclude that the aid would be incompatible without more. It is submitted that, in the light of [that case law], the failure to comply with such formalities should not establish a non-rebuttable presumption that the aid has no incentive effect and is incompatible — the Commission should look at the circumstances of the case to assess whether the (potential) beneficiary has an incentive to change its behavior. It will of course be for the Member States [or the beneficiaries] to provide sufficient evidence to support this claim».
80.

Pues bien, sin que sea necesario determinar si, habida cuenta de su propio interés comercial, los actores que antes operaban en el mercado, y en particular el antiguo líder del sector, EME, habrían prestado o no los servicios en cuestión en las mismas condiciones que las definidas por Hungría, sostengo que este Estado miembro no ha demostrado que dicho servicio no pudiera ser prestado de forma satisfactoria por el mercado.
31.

En concreto, cuestionan la interpretación de las Leyes DH que se propone en la resolución de remisión y alegan, por ejemplo, que la Ley DH1 no guarda relación con la imputación del riesgo del tipo de cambio, así como que la Ley DH3 no es una disposición por la que se integre en el contrato la obligación para los consumidores de soportar el riesgo. ( 8 ) Por el contrario, entienden que la Ley DH3 ha suprimido el riesgo del tipo de cambio en el caso de los contratos de crédito denominados en moneda extranjera al convertirlos en préstamos denominados en forintos para el futuro (según afirman, a partir del 1 de febrero de 2015, esto es, ex nunc) y no hacia el pasado (ex tunc). Sostienen que, dado que ni las Leyes DH ni la Resolución n.o 2/2014 de la Kúria (Tribunal Supremo) n.o 2/2014 modificaron la cláusula correspondiente al riesgo del tipo de cambio, las cuestiones planteadas serían hipotéticas, y la interpretación solicitada por el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital) no presenta vínculo alguno con los hechos que se plantean en el litigio principal.
48.

Hasta que el proveedor —como ocurre en el presente asunto— no aplique el tipo impositivo general y no lo repercuta al destinatario mediante la contraprestación (circunstancias que no se daban aún en 2008), el destinatario no está gravado con esa cuantía. Una deducción antes de ese momento no eliminaría el gravamen, ( 23 ) sino que, por el contrario, lo favorecería. El destinatario de la prestación podría reclamar en un determinado momento una deducción que el proveedor, al ignorar el mayor importe del IVA, no podría repercutir completamente.
57.

La Directiva IVA no se refiere explícitamente al plazo para ejercer el derecho a la deducción. Ese silencio no obsta a que las normas nacionales lo instauren, por razones ligadas a la seguridad jurídica. El Tribunal de Justicia ha declarado que «un plazo de caducidad cuya terminación tiene el efecto de sancionar al contribuyente insuficientemente diligente, que haya omitido solicitar la deducción del IVA soportado, con la pérdida del derecho a deducir no puede considerarse incompatible con el régimen establecido por la Sexta Directiva, siempre que, por una parte, dicho plazo se aplique de igual forma a los derechos análogos en materia fiscal basados en el derecho interno y a los basados en el derecho comunitario (principio de equivalencia) y, por otra parte, no haga en la práctica imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a deducir (principio de efectividad)». ( 17 )
106.

A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del siguiente modo: «1) Las condiciones en las que el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, admite el despido de una trabajadora embarazada no se corresponden exactamente con la expresión “uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores” que figura en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos. Una situación particular que dé lugar a un despido colectivo puede calificarse, cuando las circunstancias así lo justifiquen, como “caso excepcional” en el sentido de la primera disposición. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar la existencia de tales circunstancias. 2) El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de que, cuando sea factible recolocar a una trabajadora embarazada en otro puesto de trabajo en el contexto de un despido colectivo, la excepción a la prohibición de despido que figura en dicha disposición no será aplicable. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si éste es el caso. 3) El artículo 10 de la Directiva 92/85 exige a los Estados miembros que ofrezcan a las trabajadoras embarazadas tanto protección contra el propio despido (para cumplir las obligaciones que les impone el artículo 10, apartado 1) como protección contra las consecuencias de un despido prohibido por el artículo 10, apartado 1, que se ha producido a pesar de todo (para cumplir sus obligaciones previstas en el artículo 10, apartado 3). 4) El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 92/85 no exige a los Estados miembros que adopten expresamente disposiciones que concedan prioridad de permanencia en la empresa a las trabajadoras embarazadas en caso de despido colectivo. Los Estados miembros tienen libertad para adoptar tales disposiciones estableciendo una protección adicional o bien en aras de la seguridad jurídica, si así lo desean. 5) Para que un preaviso se ajuste a los requisitos previstos en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 92/85, éste deberá formalizarse por escrito y establecer los motivos debidamente justificados en relación con casos excepcionales no inherentes al embarazo que admiten el despido. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si así ocurre en el presente asunto.»
128.

A la luz de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Baden-Wurtemberg, Alemania) y por la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido): En el asunto C‑424/16: «1) La adquisición de un derecho de residencia permanente, en el sentido del artículo 16 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril de 2011, constituye un requisito previo para poder disfrutar de la protección reforzada que prevé el artículo 28, apartado 3, letra a), de dicha Directiva. 2) La expresión “los diez años anteriores”, que figura en el artículo 28, apartado 3, letra a), de la mencionada Directiva 2004/38, debe interpretarse en el sentido de que se refiere a un período ininterrumpido, calculado hacia atrás, a partir del momento concreto en el que se suscita la cuestión de la expulsión, incluidos en su caso los períodos de ausencia o de estancia en prisión, siempre que ninguno de esos períodos tenga como efecto romper los vínculos de integración con el Estado miembro de acogida.» En el asunto C‑316/16: «En el momento en el que se plantea la cuestión de la expulsión, a efectos de determinar si debe concederse la protección reforzada que prevé el artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 492/2011, tras un período de estancia en prisión, es preciso realizar una apreciación global del supuesto concreto, teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes en cada caso de autos, referidos a todos los períodos de permanencia en el territorio de ese Estado miembro, incluidos los de estancia en prisión, para determinar si un período de estancia en prisión ha roto los vínculos de integración con el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores.»
13.

De conformidad con el artículo 12, apartados 1 y 2, de la Directiva 91/477: «1. Salvo que se utilice el procedimiento previsto en el artículo 11, la tenencia de un arma de fuego durante un viaje a través de dos o más Estados miembros sólo se permitirá si el interesado ha obtenido la autorización de dichos Estados miembros. Los Estados miembros podrán conceder dicha autorización para uno o varios viajes y por un plazo máximo de un año, renovable. Estas autorizaciones se harán constar en la tarjeta […], que el viajero deberá presentar ante todo requerimiento de las autoridades de los Estados miembros. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los cazadores, respecto de las categorías C y D, y los tiradores deportivos, respecto de las categorías B, C y D, podrán tener en su poder sin autorización previa una o varias armas de fuego durante un viaje a través de dos o más Estados miembros a fin de practicar sus actividades, siempre y cuando estén en posesión de una tarjeta […] en la que se enumeren dicha o dichas armas de fuego y puedan probar el motivo del viaje, en particular, exhibiendo una invitación u otra prueba de sus actividades de caza o de tiro deportivo en el Estado miembro de destino. Los Estados miembros no podrán condicionar la aceptación de una tarjeta […] al pago de tasas o cánones. No obstante, no será de aplicación esta excepción respecto de los viajes que se realicen a un Estado miembro que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8, prohíba la adquisición y tenencia del arma en cuestión o que la someta a licencia; en este caso se hará una mención expresa en la tarjeta […]. […]»
19.

El Consiglio di Stato (Consejo de Estado), por resolución de 1 de diciembre de 2015, formuló la siguiente cuestión prejudicial: «¿Se opone a la correcta interpretación del artículo 45, apartados 2, letras c) y g), y 3, letra a), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, [...] y a los principios del derecho de la Unión de protección de la confianza legítima, de seguridad jurídica, de igualdad de trato, de proporcionalidad y transparencia, de prohibición de establecer rémoras para el procedimiento y de máxima apertura a la competencia del mercado de los contratos públicos, así como de exhaustividad y determinación de los supuestos sancionables, una normativa nacional, como el artículo 38, apartado 1, letra c), del Decreto Legislativo n.o 163, de 12 de abril de 2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Código de contratos públicos de obras, servicios y suministros por el que se transponen las Directivas 2004/17/CE y 2001/18/CE), en su versión modificada, en la medida en que: – extiende el requisito que establece dicho artículo, consistente en la obligación de declarar que no se hayan dictado sentencias condenatorias firmes (incluidas las sentencias que impongan una pena pactada entre las partes) por los delitos enumerados en esa norma, a personas que hubiesen sido titulares de cargos en las empresas licitadoras y hayan cesado de los mismos en el año anterior a la publicación del anuncio de licitación; – la configura como causa de exclusión del procedimiento de licitación cuando la empresa no demuestre que se ha desvinculado de manera plena y efectiva de la conducta penalmente sancionable de esas personas; y – somete a la discrecionalidad de la entidad adjudicadora la apreciación de esa desvinculación y permitiéndole introducir en la práctica, so pena de exclusión del procedimiento de licitación: (i) la obligación de informar y presentar declaraciones en relación con asuntos penales sobre los que aún no ha recaído sentencia firme (y, por definición, de resultado incierto), no prevista en la ley, ni siquiera con respecto a las personas cuyo cargo esté vigente; (ii) la obligación de desvinculación espontánea, indeterminada en cuanto al tipo de conductas eximentes, al ámbito temporal (que comprende el anterior al momento en que la sentencia penal devenga firme) y a la fase del procedimiento en la que deba cumplirse; (iii) la obligación de cooperación leal, cuyo contenido no se define, excepto por cuanto se remite al principio general de buena fe?»
43.

En cualquier caso, la condición de sujeto pasivo, en el sentido de la Directiva 2006/112, que comprende, según el artículo 9, apartado 1, a «quienes realicen con carácter independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, alguna actividad económica, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad», no está supeditada ni a la obligación de presentar una declaración fiscal y de pagar el IVA ni a la obligación de registrarse a efectos del IVA. ( 16 ) Así, el Tribunal de Justicia ha declarado recientemente que, a pesar de la declaración de «inexistencia» de un operador económico en virtud de una normativa nacional por, en particular, no estar registrado a efectos del IVA, no efectuar la declaración fiscal y no pagar sus impuestos, dicho operador podrá ser considerado sujeto pasivo, en el sentido de las disposiciones de la Directiva 2006/112. ( 17 ) También se ha reconocido esta condición al emisor de una factura que no dispone ya de una licencia de empresario individual y carece, por tanto, del derecho a utilizar su número de identificación fiscal. ( 18 )
4.

El funcionario en prácticas que supere con éxito el período de prácticas será nombrado con carácter definitivo con arreglo al apartado 1. […] No obstante […], podrá ser cesado […] tras la expiración de un plazo de doce meses si se comprueba durante el primer año que el funcionario no acreditará su capacidad en el transcurso del período de prácticas. En caso de duda sobre las posibilidades de superación del período de prácticas, los colaboradores y superiores jerárquicos se reunirán periódicamente, al menos cada tres meses tras la constatación de las dudas fundadas. El funcionario que no sea nombrado con carácter definitivo al final del período de prácticas perderá cualquier derecho a obtener la retribución correspondiente al puesto que finalmente no se le ha atribuido. El funcionario no adquirirá derechos adicionales. El funcionario no podrá, durante un período de un año, optar a un período de prácticas relativo al mismo puesto. Si el funcionario en prácticas no supera con éxito el período de prácticas una primera vez debido únicamente a que no ha podido ejercer las funciones inherentes al puesto de dirección durante un período prolongado, el superior jerárquico podrá permitir que se establezcan excepciones a lo dispuesto en la séptima frase.
67.

Por último, en caso de que el órgano jurisdiccional nacional concluya no obstante que TTK no ha desvirtuado la presunción de su responsabilidad, es preciso añadir que la sanción ha de ser proporcionada y, en particular, adecuada. Debe ser asimismo acorde con la intensidad de la contribución individual a la infracción o a la gravedad del incumplimiento del deber de diligencia. Por lo general, el incumplimiento de este deber por parte del propietario de un terreno respecto al comportamiento de las personas que disponen del uso efectivo de un terreno arrendado no ha de tener la misma relevancia que la infracción directa de las disposiciones en materia de residuos. Por lo tanto, aun en el caso de una presunta corresponsabilidad, no es lícito imponer directamente al propietario del terreno la sanción correspondiente a la infracción de dichas disposiciones.