AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)

de 14 de noviembre de 2022 ( )

«Demanda de interpretación — Inadmisibilidad»

En el asunto C‑410/20 INT,

que tiene por objeto una demanda de interpretación de la sentencia de 5 de mayo de 2022, Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular) (C‑410/20, EU:C:2022:351), presentada el 19 de mayo de 2022 en virtud del artículo 43 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 158 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,

J. A. C.,

M. C. P. R.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),

integrado por el Sr. N. Piçarra (Ponente), en funciones de Presidente de Sala, y los Sres. N. Jääskinen y M. Gavalec, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 53, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento;

dicta el siguiente

Auto

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de mayo de 2022, J. A. C. y M. C. P. R. interpusieron una demanda de «aclaración» de los apartados 48 a 51 de la sentencia de 5 de mayo de 2022, Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular) (C‑410/20; en lo sucesivo, «sentencia a la que se refiere la demanda», EU:C:2022:351).

Sentencia a la que se refiere la demanda

2 Los apartados 48 a 51 de la sentencia a la que se refiere la demanda tienen el siguiente tenor:

«48 A este respecto, es preciso subrayar que la [Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2018, L 323, p. 37, y DO 2020, L 376, p. 27),] también establece un mecanismo de salvaguardia para los accionistas y acreedores de una entidad de crédito o de una empresa de servicios de inversión objeto del procedimiento de resolución. A tenor del artículo 73, letra b), de dicha Directiva, al que remite el artículo 34, apartado 1, letra g), de esta, en dicho procedimiento se reconoce a los accionistas y a los acreedores el derecho a un reembolso o a una indemnización por sus créditos que no sea inferior a la estimación de lo que habrían recibido si la totalidad de la entidad o empresa de que se trate hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

49 Así pues, el artículo 74 de la citada Directiva, interpretado a la luz del considerando 51 de esta, dispone que, a efectos de valorar si los accionistas y acreedores habrían recibido mejor trato en el supuesto de que a la entidad de crédito o a la empresa de servicios de inversión de que se trate se le hubieran aplicado procedimientos de insolvencia ordinarios, es preciso comparar a posteriori el trato que se ha dado a accionistas y acreedores y el trato que habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios. A tal fin, los Estados miembros deben velar por que la valoración la realice lo antes posible una persona independiente una vez ejecutada la medida de resolución. Cabe la posibilidad de oponerse a tal comparación de forma independiente a la decisión de resolución.

50 El artículo 75 de la Directiva 2014/59 precisa que, si se constata que, en el marco de un procedimiento de resolución, los accionistas y los acreedores recibieron, como pago o compensación de sus créditos, menos de lo que habrían recibido con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, tendrán derecho al pago de la diferencia. Como señaló el Abogado General en el punto 105 de sus conclusiones, únicamente se garantiza el pago de la diferencia entre las pérdidas soportadas en el marco de la resolución y las que se habrían sufrido en el marco de un procedimiento de liquidación ordinario.

51 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que las disposiciones del artículo 34, apartado 1, letra a), en relación con las del artículo 53, apartados 1 y 3, y con las del artículo 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 2014/59, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones del capital social de una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión objeto de un procedimiento de resolución, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una oferta pública de suscripción emitida por dicha entidad o dicha empresa, antes del inicio de tal procedimiento de resolución, ejerciten, contra esa entidad o esa empresa o contra la entidad que la suceda, una acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto, como se prevé en el artículo 6 de la Directiva 2003/71, o una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones, que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, da lugar a la restitución del contravalor de tales acciones, más los intereses devengados desde la fecha de celebración de dicho contrato.»

Alegaciones de los demandantes

3 En apoyo de su demanda, los demandantes alegan que los apartados 48 a 51 de la sentencia a la que se refiere la demanda entran en contradicción con la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Aeris Invest/JUR (C‑874/19 P, EU:C:2021:1040). Según ellos, mediante esta última sentencia, el Tribunal de Justicia, pronunciándose sobre un recurso de casación contra un auto del Tribunal General por el que se declaró la inadmisibilidad de un recurso de anulación de la decisión de la Junta Única de Resolución de no efectuar una valoración definitiva ex post de Banco Popular Español, S. A., declaró que tal valoración no tendría efectos jurídico-económicos frente a los derechos de los acreedores.

4 Los demandantes sostienen que esta «contradicción» hace imposible el ejercicio de acciones que tengan por objeto que se valoren sus derechos como acreedores, a las que el Tribunal de Justicia alude en los apartados 48 a 51 de la sentencia a la que se refiere la demanda. A juicio de los demandantes, ello produce una «vulneración absoluta de la tutela judicial efectiva de los inversores», «toda vez que las acciones penales y administrativas determinarían sanciones económicas o penas de prisión o inhabilitación para el ejercicio de derechos, o privación relativa en el ejercicio de estos derechos, que para nada supondrían satisfacción al interés de los inversores a los que se ha privado de las acciones referidas en la sentencia de 5 de mayo de 2022[, Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular) (C‑410/20, EU:C:2022:351)]».

Sobre la admisibilidad de la demanda

5 El artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia dispone que, cuando una petición o demanda sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.

6 En el presente asunto procede aplicar esta disposición.

7 En primer lugar, la presente «solicitud de aclaración», que no se basa en una disposición del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del Reglamento de Procedimiento, debe considerarse, habida cuenta de su contenido, indicado en los apartados 3 y 4 del presente auto, una demanda de interpretación en el sentido del artículo 43 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 158 del Reglamento de Procedimiento.

8 En segundo lugar, en virtud del artículo 104, apartado 1, del mencionado Reglamento, dicho artículo 158 no será aplicable a las resoluciones adoptadas en respuesta a una petición de decisión prejudicial. El artículo 104, apartado 2, de dicho Reglamento precisa a este respecto que corresponderá a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si la decisión prejudicial les ofrece información suficiente o si les parece necesario someter al Tribunal de Justicia una nueva petición de decisión prejudicial.

9 De lo anterior se desprende que, habida cuenta de la particular naturaleza del procedimiento prejudicial, que constituye un procedimiento no contencioso que establece una cooperación entre el Juez nacional y el Tribunal de Justicia, una sentencia dictada en el marco de tal procedimiento, en virtud del artículo 276 TFUE, no puede ser objeto de una demanda de interpretación presentada por las partes del litigio principal con arreglo al artículo 43 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al artículo 158 del Reglamento de Procedimiento [véanse, en este sentido, los autos de 18 de octubre de 1979, Sirena, 40/70‑ITRP, EU:C:1979:236, apartados 3 y 4; de 28 de abril de 1998, Reisebüro Binder, C‑116/96 REV, EU:C:1998:169, apartados 7 y 8, y de 17 de diciembre de 2010, Barber (Peinado Guitart), C‑262/88 INT, no publicado, EU:C:2010:795, apartado 3].

10 Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta de la presente demanda de interpretación.

Costas

11 Con arreglo al artículo 137 del Reglamento de Procedimiento, se decidirá sobre las costas en el auto que ponga fin al proceso. En el presente asunto, al haberse adoptado el presente auto antes de que se notificara la demanda a las otras partes en el procedimiento y, en consecuencia, antes de que estas hayan podido incurrir en costas, procede resolver que los demandantes carguen con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) resuelve:

1) Declarar la inadmisibilidad manifiesta de la demanda de interpretación.

2) J. A. C. y M. C. P. R. cargarán con sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 14 de noviembre de 2022.

El Secretario El Presidente de Sala en funciones