SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 15 de mayo de 1996

Asunto T-326/94

Konstantinos Dimitriadis

contra

Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Informe de calificación — Daños y perjuicios»

Texto completo en lengua griega II-613

Objeto:

Anulación del informe de calificación del demandante, de 13 de julio de 1994, y resarcimiento del perjuicio que alega haber sufrido.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante era funcionario con grado LA 6, escalón 3, del Tribunal de Justicia desde el 1 de febrero de 1994. Anteriormente, ejerció las funciones de traductor de lengua griega en el seno del Servicio de Traducción del Tribunal de Cuentas desde el 14 de mayo de 1990 hasta el 31 de enero de 1994.

El informe final del período de prácticas del demandante, fechado el 22 de junio de 1992, está firmado conjuntamente por el Sr. K., Jefe de la Sección lingüística griega, y por el Sr. G., Jefe del Servicio lingüístico hasta el 31 de octubre de 1993.

El 25 de marzo de 1993, el demandante dirigió una nota al Jefe del Servicio lingüístico, Sr. G., para informarle de la situación en la Sección griega. En su nota ponía en duda la competencia profesional de su superior jerárquico directo, Sr. K., y le acusaba de dispensar de casi toda traducción y conceder a su esposa, también traductora en la misma Sección, un trato de favor. Impugnaba, además, su propia clasificación inicial como LA 7, escalón 1, y solicitaba ser transferido a otra Institución comunitaria. Como respuesta a esta nota del demandante, el Sr. K. envió una nota al Sr. G., en la que exponía los criterios y las razones del reparto de trabajo entre los traductores de lengua griega y proponía que la diferencia de número de páginas traducidas por cada traductor fuera recuperada.

El 27 de enero de 1994, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») convocó formalmente al demandante para una entrevista a los efectos del párrafo primero del artículo 87 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»). El cargo imputado al demandante consistía en una falta de lealtad hacia su superior jerárquico directo, Sr. K., y se basaba en tres supuestos casos de negativa a realizar el trabajo encomendado. El 28 de enero de 1994, el demandante dirigió a la AFPN un escrito de respuesta a la citación para dicha entrevista.

Al término de dos expedientes disciplinarios, la AFPN llegó a la conclusión de que, por una parte, considerada la situación en su totalidad, no se hacía necesaria la adopción de medidas de mayor alcance, en especial, de carácter disciplinario, contra el Sr. K. y, por otra parte, que no había de adoptarse medida disciplinaria alguna contra el demandante, al no haber podido probarse dos de los tres casos de negativa a realizar el trabajo encomendado y no justificar el tercer caso (el de 25 de noviembre de 1993), por sí solo, la imposición de una sanción disciplinaria.

El informe de calificación inicial del demandante, correspondiente al período comprendido entre el 14 de febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993, fue elaborado el 18 de febrero de 1994 por el Jefe del Servicio lingüístico del Tribunal de Cuentas, Sr. F., quien no había tomado posesión de su cargo hasta el 1 de noviembre de 1993. El informe indicaba que el calificador había consultado al Sr. G., Jefe del Servicio lingüístico hasta el 31 de octubre de 1993, y al Sr. K., superior jerárquico directo del demandante.

El 21 de febrero de 1994, el demandante envió a la AFPN una nota, titulada «reclamación acerca del Sr. F.», en la que negaba el hecho de que el Sr. G. hubiera sido consultado para la elaboración de su informe de calificación y acusaba al Sr. F. de haberlo amenazado con un informe desfavorable si no retiraba su denuncia contra el Sr. K. Asimismo, el demandante reclamó una indemnización de 100.000 LFR como resarcimiento del daño moral.

El 8 de marzo de 1994, el Sr. F. confirmó su primera calificación, precisando en el informe lo siguiente:

«He mantenido una nueva entrevista con el Sr. G. el 3 de marzo de 1994 por la tarde, durante la cual consulté al Sr. G. con la finalidad expresa de elaborar el informe de calificación del Sr. Dimitriadis. Esta entrevista no me induce a modificar la evaluación ya efectuada en el informe de calificación.»

Mediante nota de 28 de marzo de 1994, el demandante apeló contra su informe de calificación.

El 7 de julio de 1994, la comisión paritaria de calificación apreció que no procedía proponer la modificación del informe de calificación.

Tras mantener una entrevista con el calificador y con el calificado y consultar el dictamen de la comisión paritaria de calificación, el calificador en apelación confirmó la primera calificación y trasladó al demandante, mediante nota de 13 de julio de 1994, el informe de calificación definitivo.

Primer motivo: desviación de poder

Con arreglo a reiterada jurisprudencia, una decisión sólo incurre en desviación de poder cuando se manifiesta, de acuerdo con indicios objetivos, oportunos y concordantes, que fue adoptada para alcanzar una finalidad distinta de las que se alegan (apartado 40).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión(T-80/92, Rec. p. II-1465), apartado 70

Segundo motivo: vicios sustanciales de procedimiento

Por lo que se refiere a la alegación del demandante, según la cual el Sr. F. no consultó al Sr. G. para elaborar su informe de calificación, el Tribunal de Primera Instancia señala que, durante el examen de testigos que efectuó a instancias del demandante, tanto el Sr. F. como el Sr. G. confirmaron, bajo juramento, haber conversado durante sus entrevistas sobre el caso específico del demandante (apartado 59).

Por lo que se refiere a la alegación del demandante de que su informe de calificación fue redactado exclusivamente por el Sr. K., ha de señalarse, en primer lugar, que el demandante basa su afirmación únicamente en no haber consultado el Sr. F. al Sr. G. Dado que se ha acreditado que el Sr. F. consultó efectivamente al Sr. G., debe desestimarse esta objeción. El Tribunal señala, además, que el Sr. F. estaba obligado, en virtud del artículo 2 de las directrices generales de ejecución (en lo sucesivo, «DGE») del artículo 43 del Estatuto, a consultar al Sr. K. habida cuenta de su calidad de superior jerárquico directo del demandante (apartado 64).

Por último, el Tribunal de Primera Instancia señala que, limitándose a realizar meras afirmaciones sin apoyo probatorio, el demandante no ha aportado ninguna prueba concreta que pueda acreditar que la entrevista que mantuvo con el calificador el 3 de marzo de 1994 se desarrolló en condiciones que pudieran suponer la concurrencia de un vicio sustancial de procedimiento. Muy al contrario, a raíz de dicha entrevista, durante la cual el demandante se había quejado principalmente de que el Sr. F. no había consultado al Sr. G., el calificador, Sr. F., volvió a entrar inmediatamente en contacto con el Sr. G. para reexaminar el caso del demandante (apartado 65).

Tercer motivo: inexistencia e incoherencia de la motivación

Los informes de calificación, que no constituyen decisiones a efectos del artículo 25 del Estatuto, se rigen por las disposiciones especiales recogidas en su artículo 43. Pues bien, la nueva decisión del Tribunal de Cuentas de 26 de marzo de 1992, poiła que se establecen DGE del artículo 43, antes citado, ha dejado de establecer, a diferencia de la situación existente en los asuntos invocados por el demandante, la obligación de justificar cualquier modificación de las valoraciones analíticas con respecto a la calificación precedente. En efecto, a tenor del artículo 6 de las nuevas DGE y del punto E.2.2.b) de la guía de calificación, únicamente las puntuaciones extremas «1» y «5» tienen que acompañarse obligatoriamente de un comentario justificativo (apartado 82).

Referencia: Tribunal de Justicia, 25 de noviembre de 1976, Küster/Parlamento (122/75, Rec. p. 1685), apartados 24 y 25; Tribunal de Justicia, 16 de diciembre de 1987, Turner/Comisión (178/86, Rec. p. 5367); Tribunal de Primera Instancia, 21 de octubre de 1992, Maurissen/Tribunalde Cuentas (T-23/91, Rec. p. II-2377)

No cabe, en todo caso, realizar una comparación automática y absoluta entre el informe de calificación objeto del litigio y el informe final del período de prácticas del demandante (apartado 83).

Por una parte, ambos informes tienen funciones distintas, destinándose el informe de fin del período de prácticas principalmente a evaluar la aptitud del funcionario en prácticas para cumplir los cometidos que entrañan sus funciones y recibir el nombramiento definitivo, mientras que el informe de calificación tiene como primera función garantizar a la administración una información periódica lo más completa posible acerca de las condiciones en que sus funcionarios cumplen sus cometidos (apartado 84).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T-63/89, Rec. p. II-19), apartado 27

Por otra parte, ambos tipos de informes contienen rúbricas de valoración y un sistema de puntuación diferentes. En efecto, del cambio de método de evaluación, en particular, mediante rúbricas y menciones diferentes, resulta necesariamente la imposibilidad de que pueda realizarse la correspondencia entre el antiguo y el nuevo método de calificación mediante un mecanismo fijo de correlación (apartado 85).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 22 de febrero de 1990, Turner/Comisión (T-40/89, Rec. p. II-55), apartado 23

Cuarto motivo: error manifiesto de apreciación

Los juicios de valor realizados sobre los funcionarios en los informes de calificación están excluidos del control jurisdiccional, el cual sólo se ejerce sobre los posibles vicios de forma, los errores de hecho manifiestos de que adolezcan las observaciones realizadas por la administración, así como sobre una posible desviación de poder (apartado 104).

Referencia: Latham/Comisión, antes citada

El concepto de «confianza que pueden depositar en él sus superiores», indicado en la guía de calificación como elemento de valoración del «sentido de la responsabilidad» del funcionario, se refiere no sólo a la ejecución de sus diferentes tareas y a la calidad del trabajo, sino también a la actitud y al comportamiento general del funcionario (apartado 105).

Fallo:

Se desestima el recurso.