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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 267/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 3 de septiembre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el VAT and Duties Tribunal, London — Reino Unido) — RCI Europe/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-37/08) (1)

(Sexta Directiva IVA - Conexión fiscal - Prestaciones de servicios vinculadas con un inmueble - Prestación de servicios consistentes en facilitar el intercambio de facultades de uso de un inmueble de destino vacacional por parte de sus titulares)

2009/C 267/25

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

VAT and Duties Tribunal, London

Partes en el procedimiento principal

Demandante: RCI Europe

Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Objeto

Petición de decisión prejudicial — VAT and Duties Tribunal, London — Interpretación de los artículos 9, apartado 2, letra a), y 26 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Determinación del lugar de conexión fiscal — Prestación de servicios consistentes en facilitar el intercambio de facultades de uso de un inmueble de destino vacacional por parte de sus titulares, miembros de una asociación establecida por el sujeto pasivo a tal efecto, a cambio de las facultades de uso de otros titulares.

Fallo

El artículo 9, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que el lugar de las prestaciones de servicios realizadas por una asociación cuya actividad consiste en organizar el intercambio entre sus socios de sus derechos de aprovechamiento por turno de inmuebles vacacionales como contrapartida de las cuales dicha asociación percibe de sus socios cuotas de inscripción, cuotas de suscripción anuales y cuotas de intercambio, es el lugar en el que está situado el inmueble del que el socio en cuestión es titular del derecho de aprovechamiento por turno.

(1) DO C 92, de 12.4.2008.
3)

En el supuesto de que una cuestión esté regulada de forma armonizada a escala comunitaria, toda medida nacional a este respecto debe apreciarse a la luz de las disposiciones de esta medida de armonización y no de los artículos 28 CE y 30 CE. En las materias reguladas por la Directiva 1999/5, los Estados miembros han de atenerse íntegramente a lo dispuesto por esta Directiva y no pueden mantener en vigor disposiciones nacionales que sean contrarias a ella. Si un Estado miembro considera que la conformidad con una norma armonizada no garantiza el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos por la Directiva 1999/5 y que esa norma debería abarcar, el Estado miembro debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 5 de dicha Directiva. No obstante, un Estado miembro puede invocar, como justificante de una restricción, motivos ajenos al ámbito armonizado por la Directiva 1999/5. En este caso, sólo podrá alegar las razones contempladas en el artículo 30 CE o exigencias imperativas basadas en el interés general.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 141/19

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 2 de abril de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria

(Asunto C-401/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 96/82/CE - Riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas - Artículo 11, apartado 1, letra c) - Adopción de planes de emergencia externos de medidas que deben tomarse fuera del establecimiento - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

2009/C 141/32

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Schima y A. Sipos, agentes)

Demandada: República de Austria (representante: E. Riedl, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE (DO L 10, p. 13) — No elaboración de determinados planes de emergencia externos de medidas que deben tomarse fuera de los establecimientos.

Fallo

1) Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, al no haber garantizado la adopción de planes de emergencia externos de medidas que deben tomarse fuera del establecimiento para todos los establecimientos comprendidos en el artículo 9 de dicha Directiva, en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003.

2) Condenar en costas a la República de Austria.

(1) DO C 327 de 20.12.2008.
1)

Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que: a) para que un monopolio público en materia de apuestas deportivas y loterías, como los controvertidos en los asuntos principales, pueda justificarse por un objetivo de prevención de la incitación al gasto excesivo en juego y de lucha contra la adicción al juego, no es necesario que las autoridades nacionales competentes puedan presentar un estudio que demuestre la proporcionalidad de dicha medida y sea anterior a su adopción; b) el hecho de que un Estado miembro prime este monopolio sobre un régimen que autorice la actividad de operadores privados en el marco de una normativa de carácter no exclusivo puede cumplir la exigencia de proporcionalidad, siempre que, en relación con el objetivo de obtener un elevado nivel en la protección de los consumidores, el establecimiento de este monopolio se acompañe de la adopción de un marco normativo que garantice que el titular del monopolio puede efectivamente conseguir, de modo coherente y sistemático, este objetivo mediante una oferta cuantitativamente moderada, cualitativamente orientada a dicho objetivo y sometida al estricto control de las autoridades públicas; c) la circunstancia de que las autoridades competentes de un Estado miembro podrían enfrentarse a dificultades para garantizar que un monopolio de ese tipo sea respetado por los organizadores de juegos y apuestas establecidos en el extranjero que concierten en Internet, burlando el monopolio, apuestas con residentes en el ámbito territorial de dichas autoridades no puede, como tal, afectar a la eventual conformidad de dicho monopolio con las disposiciones del Tratado mencionadas; d) en una situación en la que un órgano jurisdiccional nacional constata al mismo tiempo: — que las medidas publicitarias del titular de dicho monopolio sobre otros juegos de azar incluidos en su oferta no se limitan a lo necesario para orientar a los consumidores hacia la oferta de dicho titular y apartarlos de otros canales de juego no autorizados, sino que pretenden fomentar la propensión de los consumidores al juego e incentivar su participación activa en el juego con el fin de maximizar los ingresos derivados de estas actividades; — que la explotación de otros juegos de azar puede quedar a cargo de operadores privados que dispongan de una autorización, y — que, con respecto a otros tipos de juegos de azar no sujetos a ese monopolio que presenten un potencial adictivo superior al de los juegos comprendidos en dicho monopolio, las autoridades competentes llevan a cabo o toleran políticas de ampliación de la oferta que pueden desarrollar e incentivar las actividades de juego, en particular con el fin de maximizar los ingresos procedentes de éstas; dicho órgano jurisdiccional nacional puede verse legítimamente inducido a considerar que tal monopolio no es adecuado para garantizar la consecución del objetivo de prevención de la incitación al gasto excesivo en juego y de lucha contra la adicción al juego para el que fue establecido, contribuyendo a reducir las oportunidades de juego y a limitar las actividades en este ámbito de forma coherente y sistemática.
2)

Cuando, a diferencia de un régimen de seguridad social del Estado competente, el del Estado miembro en que reside una persona dependiente, asegurada como miembro de la familia de un trabajador por cuenta ajena o de un trabajador por cuenta propia en el sentido del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, modificado por el Reglamento no 1386/2001, no prevé el servicio de prestaciones en especie en determinadas situaciones de dependencia, el artículo 18 CE no se opone, en circunstancias como las del procedimiento principal, a una normativa como la establecida por el artículo 34 del Libro XI del Sozialgesetzbuch (Código de la Seguridad Social), conforme a la cual una institución competente deniega, en tales circunstancias y con independencia de los mecanismos establecidos por los artículos 19 o, en su caso, 22, 1, letra b), de dicho Reglamento no 1408/71 y por un período indeterminado, la asunción de los gastos ocasionados por la estancia en un establecimiento de asistencia a personas dependientes situado en el Estado miembro de residencia y por un importe equivalente a las prestaciones a las que la persona de que se trata tendría derecho si la misma asistencia le fuera dispensada en un establecimiento concertado situado en el Estado competente.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 205/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica

(Asunto C-369/07) (1)

(Incumplimiento de Estado - Ayudas de Estado - Medidas de ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia - Artículo 228 CE - Sanciones pecuniarias - Multa coercitiva - Cantidad a tanto alzado)

2009/C 205/05

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Righini, I. Hadjiyiannis y D. Triantafyllou, agentes)

Demandada: República Helénica (representantes: A. Samoni-Rantou y P. Mylonopoulos, agentes, y V. Christianos y P. Anestis, dikigoroi)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Artículo 228 CE — No ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 2005 en el asunto C-415/03 — Infracción de los artículos 3 y 4 de la Decisión 2003/372/CE de la Comisión, de 11 de diciembre de 2002, relativa a la ayuda concedida por el Estado griego a la compañía Olympic Airways (DO L 132, p. 1) — No adopción de medidas para recuperar una ayuda incompatible con el Tratado y una ayuda concedida ilegalmente — Solicitud de que se imponga una multa coercitiva.

Fallo

1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Decisión 2003/372/CE de la Comisión, de 11 de diciembre de 2002, relativa a la ayuda concedida por el Estado griego a la compañía Olympic Airways, y del artículo 228 CE, apartado 1, al no haber adoptado, en la fecha en que expiró el plazo señalado en el dictamen motivado, las medidas que implica la ejecución de la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia (C-415/03), relativa a la devolución de las ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado común, con arreglo al artículo 3 de dicha Decisión.

2) Condenar a la República Helénica a pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas, en la cuenta «Recursos propios de la Comunidad Europea», una multa coercitiva de un importe de 16 000 euros por día de retraso en la ejecución de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada, una vez transcurrido un mes desde que se dicte la presente sentencia y hasta que se ejecute la mencionada sentencia de 12 de mayo de 2005.

3) Condenar a la República Helénica a pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas, en la cuenta «Recursos propios de la Comunidad Europea», una suma a tanto alzado de 2 millones de euros.

4) Condenar en costas a la República Helénica.

(1) DO C 269, de 10.11.2007.
1)

La República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al no haber equipado con sistemas colectores, en los términos previstos en el artículo 3 de dicha Directiva, a las aglomeraciones de Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Ponta Delgada, Póvoa do Varzim/Vila do Conde y Santa Cita, y al no haber sometido a un tratamiento secundario o proceso equivalente, en los términos previstos en el artículo 4 de la misma Directiva, las aguas residuales urbanas procedentes de las aglomeraciones de Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Carvoeiro, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Lisboa, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/Famalicão, Ponta delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Franca de Xira y Vila Real de Santo António.
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1, letra a), de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, al adoptar y mantener en vigor disposiciones como: — el artículo 1, apartados 25 a 27 y 29, letra a), de la Ley no 308, de 15 de diciembre de 2004, de delegación al Gobierno para reformar, coordinar y completar la legislación en materia medioambiental y de medidas de aplicación directa, y — el artículo 1, apartado 29, letra b), de la Ley no 308, de 15 de diciembre de 2004, así como los artículos 183, apartado 1, letra s), y 229, apartado 2, del Decreto Legislativo no 152, de 3 de abril de 2006, por el que se establecen normas en materia de medio ambiente, mediante las cuales, respectivamente, determinados desechos destinados a ser utilizados en actividades siderúrgicas y metalúrgicas y el combustible derivado de residuos de alta calidad (CDR-C) quedan excluidos a priori del ámbito de aplicación de la legislación italiana sobre residuos mediante la que se adapta el Derecho interno a la citada Directiva.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 44/19

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 18 de diciembre de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session (Escocia), Edimburgo — Reino Unido) — Royal Bank of Scotland plc/The commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Asunto C-488/07) (1)

(«Sexta Directiva IVA - Deducción del impuesto soportado - Bienes y servicios utilizados indistintamente para operaciones gravadas y para operaciones exentas - Deducción a prorrata - Cálculo - Métodos previstos en el artículo 17, apartado 5, párrafo tercero - Obligación de aplicar la regla de redondeo del artículo 19, apartado 1, párrafo segundo»)

(2009/C 44/31)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Session (Escocia), Edimburgo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Royal Bank of Scotland plc

Demandada: The commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Court of Session (Scotland) — Interpretación de los artículos 17, apartado 5, y 19, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Bienes y servicios utilizados a la vez para operaciones imponibles y para operaciones exentas — Cálculo de la prorrata de deducción — Normas relativas al redondeo.

Fallo

Los Estados miembros no están obligados a aplicar la regla de redondeo prevista en el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, cuando la prorrata del derecho a deducción del impuesto soportado se calcula según alguno de los métodos especiales del artículo 17, apartado 5, párrafo tercero, letras a), b), c) o d), de esta Directiva.

(1) DO C 8 de 12.1.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 153/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de mayo de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien — Austria) — Renate Ilsinger/Martin Dreschers, síndico de la quiebra de Schlank & Schick GmbH

(Asunto C-180/06) (1)

(Competencia judicial en materia civil - Reglamento (CE) no 44/2001 - Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores - Derecho del consumidor destinatario de una publicidad engañosa a reclamar judicialmente el premio aparentemente ganado - Calificación - Acción de carácter contractual prevista en el artículo 15, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento - Requisitos)

2009/C 153/05

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Wien

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Renate Ilsinger

Demandada: Martin Dreschers, síndico de la quiebra de Schlank & Schick GmbH

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Wien (Austria) — Interpretación del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1) — Normativa nacional relativa a la protección de los consumidores que establece un derecho al premio supuestamente ganado por el destinatario de una publicidad engañosa.

Fallo

En una situación como la del litigio principal, en la que un consumidor solicita que se condene, en virtud de la legislación de un Estado contratante en el que tiene su domicilio y ante el tribunal del lugar en que éste se halla, a una empresa de venta por correspondencia, con sede en otro Estado contratante, al pago de un premio aparentemente obtenido por él, y

— cuando dicha sociedad, con la intención de incitar al consumidor a contratar, dirigió a este último un envío nominal que le podía hacer pensar que se le atribuiría un premio, en cuanto remitiera el «certificado de reclamación del pago» incluido en dicho envío,

— sin que, por otra parte, la atribución de dicho premio se supeditara a un pedido de productos ofrecidos a la venta por la citada sociedad o a un pedido de prueba.

Las reglas de competencia previstas en el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, deben interpretarse de la siguiente manera:

— Una acción judicial como la ejercitada por el consumidor estaría comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento si el vendedor se obligó jurídicamente a entregar el premio al consumidor.

Cuando este requisito no se cumple, dicha acción sólo está comprendida en el ámbito de aplicación de la citada disposición del Reglamento no 44/2001 si el consumidor ha hecho efectivamente un pedido al vendedor profesional.

(1) DO C 165, de 15.7.2006.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 128/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de abril de 2008 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris — Francia) — Philippe Derouin/Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf de Paris — Région parisienne) (Urssaf)

(Asunto C-103/06) (1)

(Seguridad social de los trabajadores migrantes - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Trabajadores por cuenta propia que residen y ejercen una actividad en Francia - Contribución social generalizada - Contribución para el reembolso de la deuda social - Inclusión de rendimientos obtenidos en otro Estado miembro e imponibles fiscalmente en ese Estado en virtud de un convenio para evitar la doble imposición)

(2008/C 128/05)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Philippe Derouin

Demandada: Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf de Paris — Région parisienne) (Urssaf)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris — Interpretación del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), modificado y actualizado por el Reglamento (CEE) no 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53) — Inclusión, en la base de cálculo de la «contribución social generalizada» y de la «contribución para el reembolso de la deuda social» a cargo de un trabajador por cuenta propia sometido a la legislación social francesa, de los rendimientos obtenidos en otro Estado miembro y sometidos en éste a tributación de conformidad con un convenio para evitar la doble imposición.

Fallo

El Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 307/1999 del Consejo, de 8 de febrero de 1999, debe interpretarse en el sentido que no se opone a que un Estado miembro, cuya legislación social es la única aplicable a un trabajador por cuenta propia residente, excluya de la base de contribuciones como la contribución social generalizada y la contribución para el reembolso de la deuda social los rendimientos percibidos por dicho trabajador en otro Estado miembro, con arreglo, en particular, a un convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta.

(1) DO C 108 de 6.5.2006.
1)

El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida dentro del concepto de «materias civiles», en el sentido de esta disposición, una resolución por la que, en unidad de acto, se decide asumir la guarda inmediata de un menor y ordenar su acogimiento fuera del domicilio de su familia de origen, en una familia de acogida, cuando dicha resolución ha sido adoptada en el marco de las normas de Derecho público relativas a la protección de menores.