En el presente asunto, consta que los títulos de cobro controvertidos en el litigio principal, emitidos por la autoridad administrativa competente con el fin de recuperar las ayudas y cantidades percibidas indebidamente por Glencore debido a las irregularidades que ésta cometió, se adoptaron con base en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.o 3665/87, en lo que respecta a la cebada para cerveza a granel, y en el artículo 5 bis del Reglamento n.o 3002/92, en lo que se refiere al trigo blando de intervención. Además, de los autos que obran en poder del Tribunal se desprende que el título relativo al cobro de los intereses correspondientes a esas ayudas y cantidades se adoptó también con fundamento en esas disposiciones. A este respecto, debe señalarse que dichas disposiciones establecen expresamente que el agente económico de que se trate deberá reembolsar las ayudas y cantidades indebidamente percibidas más los intereses correspondientes, que se calcularán sobre la base de esas ayudas y cantidades en función del tiempo que haya transcurrido entre el momento de la recepción y el del reembolso. El artículo 5 bis, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 3002/92 indica a este respecto que el cobro por parte de la autoridad competente del importe así calculado constituirá la recuperación de las ventajas económicas indebidamente concedidas al agente económico de que se trate. Así pues, los títulos de cobro controvertidos en el litigio principal deben calificarse de «medidas administrativas» en el sentido del artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 2988/95, tanto en la medida en que se refieren al principal como a los intereses, ya que estos títulos contribuyen conjuntamente a la retirada de la ventaja indebidamente obtenida por el agente económico de que se trate. De ello se deduce que el plazo de prescripción establecido en el artículo 3, apartado 1, del citado Reglamento es aplicable en circunstancias como las del litigio principal.

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que el plazo de prescripción establecido en esa disposición es aplicable al cobro de deudas de intereses, como las controvertidas en el litigio principal, devengadas sobre la base del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.o 3665/87, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento n.o 495/97, y del artículo 5 bis del Reglamento n.o 3002/92, por el que se establecen las disposiciones comunes de control de la utilización o el destino de los productos procedentes de la intervención, en su versión modificada por el Reglamento n.o 770/96.

El artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un agente económico tenga deudas de intereses, como las controvertidas en el litigio principal, no constituye una «irregularidad continua o reiterada» en el sentido de esa disposición. Tales deudas deben considerarse resultantes de la misma irregularidad, en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.o 2988/95, que la que ha dado lugar a la recuperación de las ayudas y cantidades percibidas indebidamente, constitutivas de las deudas principales.

En efecto, ha de recordarse que la realización de una irregularidad en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 implica la concurrencia de dos requisitos, a saber, una acción u omisión de un agente económico que constituya una infracción del Derecho de la Unión, y un perjuicio, o un potencial perjuicio, al presupuesto de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, apartado 24). Por lo que respecta al requisito relativo a la existencia de una infracción del Derecho de la Unión, del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.o 3665/87 y del artículo 5 bis del Reglamento n.o 3002/92 se desprende que la misma infracción de una disposición del Derecho de la Unión da lugar tanto a la recuperación de las cantidades percibidas indebidamente como consecuencia de esta infracción como al cobro de los intereses correspondientes, que contribuyen conjuntamente a la recuperación de la ventaja económica concedida indebidamente al agente económico de que se trate. Por lo que se refiere al requisito relativo a la existencia de un perjuicio, o un potencial perjuicio, al presupuesto de la Unión, ha de señalarse, como el Abogado General indicó, en esencia, en los puntos 51 y 60 de sus conclusiones, que los intereses previstos en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.o 3665/87 y en el artículo 5 bis del Reglamento n.o 3002/92 constituyen intereses compensatorios destinados a reflejar el valor actualizado del «perjuicio», en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95, entre la fecha de su realización y la del reembolso del importe efectivo de éste por parte del agente económico de que se trate.

En consecuencia, contrariamente a lo que sostiene el Gobierno francés, en lo que respecta a una infracción de las disposiciones de los Reglamentos n.os 3665/87 y 3002/92, una irregularidad en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 da lugar a la recuperación de la ventaja económica concedida indebidamente al agente económico de que se trate, que está constituida, con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.o 3665/87 y al artículo 5 bis del Reglamento n.o 3002/92, por las ayudas o cantidades indebidamente percibidas por ese agente económico, más los intereses previstos en dichos artículos.

(véanse los apartados 38 a 42 y el punto 2 del fallo)