Asunto T‑112/07

Hitachi Ltd y otros

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Reparto del mercado — Derecho de defensa — Prueba de la infracción — Infracción única y continuada — Multas — Gravedad y duración de la infracción — Efecto disuasorio — Cooperación»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Acceso al expediente — Alcance — Falta de comunicación de un documento — Consecuencias

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1)

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Comunicación de las respuestas al pliego de cargos — Requisitos — Límites

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1)

3. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba de la infracción — Testimonios escritos de los empleados de una sociedad implicada en la infracción — Valor probatorio — Apreciación

(Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación de la Comisión 2002/C 45/03)

4. Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Presunción de inocencia — Procedimiento en materia de competencia

(Art. 6 UE, ap. 2; art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1)

5. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Modo de prueba — Utilización de un conjunto de indicios

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba de la infracción — Apreciación del valor probatorio de los diferentes medios de prueba — Criterios

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

7. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión

(Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación de la Comisión 2002/C 45/03)

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada

(Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación de la Comisión 2002/C 45/03, punto 21)

9. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Objeto contrario a la competencia — Comprobación suficiente

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1)

10. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos y prácticas concertadas que constituyen una infracción única — Concepto — Responsabilidad personal de las empresas coautoras de la infracción por la totalidad de ésta — Requisitos

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción

[Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

(Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

1. Corolario del principio de respeto del derecho de defensa, el derecho a acceder al expediente en un procedimiento administrativo para la aplicación de las reglas de la competencia implica que la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos que figuran en el expediente de la instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa. Ello comprende tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

La falta de comunicación de un documento en el que la Comisión se ha apoyado para fundamentar la imputación a una empresa sólo constituye una vulneración del derecho de defensa cuando la empresa afectada demuestra que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si hubiera tenido que descartar como medio de prueba de cargo el documento no comunicado.

Por lo que se refiere a la falta de comunicación de un documento de descargo, la empresa afectada únicamente debe probar que el hecho de no divulgarlo pudo influir, en perjuicio suyo, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la decisión de la Comisión. Basta con que la empresa demuestre que habría podido utilizar dichos documentos de descargo en su defensa, en el sentido de que, si hubiera podido valerse de ellos durante el procedimiento administrativo, habría podido invocar elementos que no concuerdan con las deducciones que efectuó la Comisión en esa fase y, por tanto, habría podido influir, de una manera o de otra, en las apreciaciones formuladas por ésta en la decisión, al menos por lo que se refiere a la gravedad y a la duración del comportamiento que se le imputaba y, en consecuencia, al importe de la multa.

(véanse los apartados 31, 36 y 37)

2. En un procedimiento tramitado por infracción de las reglas de la competencia sólo al inicio de la fase contradictoria administrativa se informa a la empresa afectada, mediante el pliego de cargos, de todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento, y sólo entonces dicha empresa disfruta del derecho de acceso al expediente para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. En consecuencia, la respuesta al pliego de cargos de las demás partes no está comprendida, en principio, en el conjunto de documentos del expediente de instrucción que las partes pueden consultar.

Sin embargo, si la Comisión se propone basarse en un pasaje de una contestación a un pliego de cargos o en un documento adjuntado como anexo a dicha contestación para acreditar la existencia de una infracción en un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe darse a las demás empresas implicadas en dicho procedimiento la oportunidad de pronunciarse sobre esta prueba. En estas circunstancias, el referido pasaje de una contestación al pliego de cargos o el documento adjunto a dicha contestación constituye efectivamente una prueba de cargo frente a las diversas empresas que hayan participado en la infracción.

Por analogía, si un pasaje de una respuesta a un pliego de cargos o un documento adjunto a tal respuesta puede ser pertinente para la defensa de una empresa, porque permite que ésta alegue aspectos que no concuerdan con las deducciones realizadas por la Comisión en esa fase, constituye un medio de prueba de descargo. En ese supuesto debe permitirse que la empresa interesada examine ese pasaje o el documento en cuestión y se manifieste sobre ellos.

(véanse los apartados 32 a 34)

3. Los testimonios escritos de los empleados de una sociedad, elaborados bajo el control de ésa y presentados por ella para su defensa en el procedimiento administrativo por infracción de las reglas de la competencia tramitado por la Comisión no pueden calificarse en principio como manifestaciones diferentes e independientes de las declaraciones de esa misma sociedad. En efecto, como regla general, la posición de una sociedad sobre la realidad de los hechos que le imputa la Comisión se apoya en primer lugar en los conocimientos y opiniones de sus empleados y directivos.

Así pues, los testimonios de los empleados de una sociedad que ha participado en un cartel no constituyen medios de prueba diferentes e independientes de las declaraciones de ésta, ya que los testigos se manifestaron ante la Comisión a iniciativa de dicha sociedad y en el contexto de la obligación de cooperación de ésta en virtud de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel, al tiempo que se beneficiaron de la presencia del asesor externo de la sociedad interesada. Por tanto, los testimonios considerados no son aptos para corroborar las declaraciones de la sociedad de la que eran empleados. Son, antes bien, complementarios de dichas declaraciones, cuyo contenido pueden precisar y concretar. En consecuencia, también han de ser confirmados por otros medios de prueba.

(véanse los apartados 48 y 129)

4. La existencia de una duda en el ánimo del juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción del artículo 81 CE, apartado 1. Por lo tanto, el juez no puede decidir que la Comisión ha acreditado la existencia de la infracción de que se trate de modo suficiente en Derecho si sigue albergando dudas sobre esta cuestión, en particular cuando conoce de un recurso de anulación de una decisión mediante la que se impone una multa.

En efecto, en esta última situación, es necesario tener en cuenta el principio de la presunción de inocencia, tal como se deriva, en particular, del artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que forma parte de los derechos fundamentales que constituyen principios generales del Derecho comunitario. Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones de que se trata, así como la naturaleza y el grado de rigor de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica, en particular, a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que puedan conducir a la imposición de multas o multas coercitivas.

(véanse los apartados 58 y 59)

5. En materia de competencia, es necesario que la Comisión se refiera a pruebas precisas y concordantes para demostrar la existencia de la infracción. Sin embargo, no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente, responda a dicha exigencia. La existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia puede inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia.

No obstante, cuando la Comisión afirma la existencia de una infracción basándose únicamente en la conducta en el mercado de las empresas implicadas, basta que éstas demuestren la existencia de circunstancias que presentan desde una perspectiva diferente los hechos que considera probados la Comisión y permiten así que otra explicación verosímil de los hechos sustituya a la explicación defendida por la Comisión para afirmar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia.

Esa regla no es aplicable a todos los supuestos en los que la infracción se acredita sólo por pruebas no documentales. En efecto, en lo referido a los medios de prueba que pueden invocarse para acreditar la infracción del artículo 81 CE, el principio que prevalece en Derecho comunitario es el de la libre aportación de la prueba.

Por consiguiente, aun si la falta de pruebas documentales puede ser pertinente al apreciar globalmente el conjunto de indicios invocados por la Comisión, no tiene por sí sola la consecuencia de permitir que la empresa interesada impugne las alegaciones de la Comisión presentando una explicación alternativa de los hechos. Ello es así sólo cuando las pruebas presentadas por la Comisión no logran acreditar la existencia de la infracción de modo inequívoco y sin necesidad de interpretación.

Por igual razón, incluso a falta de pruebas documentales, la Comisión no está obligada a llevar a cabo investigaciones independientes para comprobar los hechos.

(véanse los apartados 60-66)

6. En un procedimiento por infracción del artículo 81 CE, apartado 1, el único criterio pertinente para apreciar el valor probatorio de los diferentes medios de prueba reside en su credibilidad. Según las reglas generales en materia de prueba la credibilidad y por consiguiente el valor probatorio de un documento depende de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario y de su contenido.

En cuanto a las declaraciones de las empresas, puede atribuirse además un valor probatorio especialmente alto a las declaraciones que, en primer lugar, son dignas de confianza, en segundo lugar, se formulan en nombre de una empresa, en tercer lugar, emanan de una persona profesionalmente obligada a actuar en interés de dicha empresa, en cuarto lugar, van contra los intereses del declarante, en quinto lugar, provienen de un testigo directo de los hechos expuestos y, en sexto lugar, se manifiestan por escrito, deliberadamente y tras una profunda reflexión.

En cambio, la declaración de una empresa a la que se imputa haber participado en una práctica colusoria cuya exactitud niegan varias de las demás empresas imputadas no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas, entendiéndose que el grado de corroboración necesario puede ser menor por la fiabilidad de las declaraciones de que se trate.

(véanse los apartados 68 a 71)

7. Aunque resulte oportuno albergar cierta desconfianza respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cartel ilícito, dada la posibilidad de que tales participantes tiendan a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de los demás, no es menos cierto que el hecho de solicitar beneficiarse de la aplicación de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel para obtener una dispensa o reducción de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados de la participación de los demás miembros del cartel. En efecto, toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación.

En lo que atañe a la motivación individual de los testigos, es ciertamente posible que los empleados de una empresa que ha solicitado una dispensa de multas, que están obligados a actuar en interés de ésta, compartan la voluntad de presentar cuantos datos de cargo sea posible, dado que su cooperación en el contexto del procedimiento también puede tener incidencia favorable en su futuro profesional. No obstante, aun siendo así los empleados de que se trata también han de ser conscientes de las potenciales consecuencias negativas de la presentación de datos inciertos, que se hacen más probables por la exigencia de corroboración con otros medios de prueba.

(véanse los apartados 72 y 130)

8. Para que la Comisión pueda conceder una reducción de la multa conforme al apartado 21 de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel, los medios de prueba de que se trate deben presentar un valor probatorio significativo en relación con los que ya están en poder de la Comisión. Por consiguiente, es legítimo que en una solicitud de dispensa o reducción de multas presentada después de la respuesta al pliego de cargos la empresa que desea obtener una reducción de la multa se centre en los aspectos que a su parecer no se han acreditado de forma suficiente en Derecho hasta el momento, para aportar un valor añadido significativo. Pues bien, esa circunstancia puede explicar que la empresa interesada omita los aspectos que considera acreditados sin duda alguna por los datos anteriormente comunicados.

Además, vista la redacción del apartado 21 de la Comunicación sobre la cooperación, no puede excluirse que la presentación de datos provistos de cierto valor probatorio, pero referidos a hechos que ya están demostrados por otros medios, no dé lugar a ninguna reducción.

(véanse los apartados 178 a 180)

9. Para que exista acuerdo a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. La toma en consideración de los efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia. En ese sentido, la existencia de un compromiso mutuo implica necesariamente la existencia de una voluntad común, incluso a falta de medios que permitan determinar con precisión el momento en el que esa voluntad se ha manifestado o que formalicen su expresión.

(véanse los apartados 268 y 269)

10. Los acuerdos y prácticas concertadas que contemplan el artículo 81 CE, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), son necesariamente el resultado del concurso de varias empresas, que son en su totalidad coautoras de la infracción, pero cuya participación puede revestir formas diferentes, en función principalmente de las características del mercado de que se trate y de la posición de cada empresa en dicho mercado, de los fines perseguidos y de las modalidades de aplicación elegidas o planeadas. No obstante, la mera circunstancia de que cada empresa participe en la infracción de una forma propia a cada una no basta para excluir su responsabilidad por la totalidad de la infracción, incluyendo los comportamientos que son ejecutados materialmente por otras empresas participantes, pero que comparten un mismo objetivo o el mismo efecto contrario a la competencia.

Así pues, una empresa que haya participado en una infracción de este tipo, mediante comportamientos propios, calificables de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), que pretendían contribuir a la realización de la infracción en su conjunto, es también responsable, durante todo el tiempo que duró su participación en dicha infracción, de los comportamientos de otras empresas en el marco de la misma infracción, cuando se demuestra que la empresa de que se trata conocía los comportamientos ilegales de otros participantes o cuando podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a aceptar el riesgo.

Ese es el caso de una empresa de un tercer Estado que sólo tuvo un papel pasivo en el contexto de un pacto común que reservaba la atribución de proyectos específicos en el EEE a los productores europeos, ya que estaba al corriente del pacto en cuestión y su papel pasivo no se debía a su elección voluntaria sino a la forma de su participación en el acuerdo relativo al mercado del EEE, siendo su participación una condición previa para que pudiera realizarse la atribución de los proyectos en el EEE entre los productores europeos.

(véanse los apartados 287 a 290)

11. Cuando una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, ha sido cometida por varias empresas, procede examinar la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas. Así pues, el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado debe tomarse en consideración cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, cuando se determine la multa.

Al tratarse de un acuerdo en el que las empresas de terceros Estados se habían comprometido a no penetrar en el mercado del Espacio Económico Europeo (EEE), mientras que las empresas europeas se repartían los diferentes proyectos en ese mismo mercado mediante actos colusorios positivos, la gravedad del comportamiento de las empresas de terceros Estados es comparable a la del comportamiento de las empresas europeas ya que su falta de participación en la atribución de los proyectos en el EEE no era el resultado de su elección sino la mera consecuencia de la naturaleza de su participación en el acuerdo en cuestión.

(véanse los apartados 312 y 314 a 316)

12. En lo que atañe a la reincidencia, la disuasión constituye una finalidad de la multa. Además, la exigencia de asegurar esa disuasión constituye una exigencia general que debe guiar a la Comisión durante toda la fase de cálculo de la multa, y no exige necesariamente que este cálculo venga caracterizado por una etapa específica destinada a una evaluación global de todas las circunstancias pertinentes a efectos de la consecución de dicha finalidad.

Por tanto, sin cometer un error por ello la Comisión podía abstenerse de considerar ese elemento al determinar los factores de disuasión y hacerlo al apreciar las circunstancias agravantes.

(véase el apartado 353)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 12 de julio de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE – Reparto del mercado – Derecho de defensa – Prueba de la infracción – Infracción única y continuada – Multas – Gravedad y duración de la infracción – Efecto disuasorio – Cooperación»

En el asunto T‑112/07,

Hitachi Ltd, con domicilio en Tokio,

Hitachi Europe Ltd, con domicilio en Maidenhead (Reino Unido),

Japan AE Power Systems Corp., con domicilio en Tokio,

representadas por los Sres. M. Reynolds y P. Mansfield y la Sra. B. Roy, Solicitors, el Sr. D. Arts, abogado, y los Sres. N. Green, QC, y S. Singla, Barrister,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por el Sr. F. Arbault, posteriormente por el Sr. X. Lewis, después por los Sres. P. Van Nuffel y J. Bourke, y finalmente por los Sres. Van Nuffel, N. Khan y F. Ronkes Agerbeek, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. J. Holmes, Barrister,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, una pretensión de anulación de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas), en cuanto afecta a las demandantes, y una pretensión de anulación de las multas impuestas a éstas; con carácter subsidiario, una pretensión de anulación del artículo 2 de esa Decisión en cuanto afecta a las demandantes, y con carácter subsidiario de segundo grado una pretensión de anulación o de reducción del importe de las multas impuestas a las demandantes,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretario: Sra. C. Kantza administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de diciembre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

A. Demandantes

1 Hitachi Ltd y su filial Hitachi Europe Ltd (en lo sucesivo, conjuntamente, «empresa Hitachi») son sociedades activas en diferentes sectores industriales, incluido el de los conmutadores con aislamiento de gas (en lo sucesivo, «GIS»). Japan AE Power Systems Corp. (en lo sucesivo, «JAEPS») es una sociedad conjunta de Hitachi, Fuji Electric Systems Co. Ltd y Meidensha Corp., que prosiguió en particular las actividades en materia de GIS de los grupos a los que pertenecían sus accionistas desde el 1 de octubre de 2002.

B. Productos afectados

2 Los GIS sirven para controlar el flujo energético en las redes eléctricas. Se trata de material eléctrico pesado, utilizado como componente principal en las subestaciones eléctricas. Los GIS se venden en todo el mundo como parte integrante de subestaciones eléctricas llave en mano o como piezas separadas que tienen que integrarse en esas subestaciones.

C. Procedimiento administrativo

3 El 3 de marzo de 2004 ABB Ltd informó a la Comisión de las Comunidades Europeas de la existencia de prácticas anticompetitivas en el sector de los GIS y presentó una solicitud oral de dispensa de multas al amparo de la Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

4 La solicitud oral de dispensa de las multas presentada por ABB se completó con observaciones orales y pruebas documentales. El 25 de abril de 2004 la Comisión concedió una dispensa condicionada a ABB.

5 Basándose en las declaraciones de ABB, la Comisión inició una investigación y practicó los días 11 y 12 de mayo de 2004 inspecciones en los locales de varias sociedades activas en el sector de los GIS.

6 El 20 de abril de 2006 la Comisión formuló un pliego de cargos que se notificó a 20 sociedades, entre ellas las demandantes. Los días 18 y 19 de julio de 2006 la Comisión procedió a la audiencia de las sociedades a las que había enviado el pliego de cargos.

D. Decisión impugnada

7 El 24 de enero de 2007 la Comisión adoptó la Decisión C(2006) 6762 final, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

8 En los considerandos 113 a 123 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que las diferentes empresas que habían participado en el cartel coordinaron la atribución de proyectos de GIS a escala mundial, excepto en ciertos mercados, según reglas pactadas, para mantener en especial cuotas que reflejaban en amplio grado sus cuotas de mercado históricas estimadas. Puntualizó que la atribución de los proyectos de GIS se realizaba a partir de una cuota conjunta «japonesa» y una cuota conjunta «europea» que después debían repartirse entre sí los productores japoneses y los europeos respectivamente. Un acuerdo firmado en Viena el 15 de abril de 1988 (en lo sucesivo, «acuerdo GQ») establecía reglas que permitían atribuir los proyectos de GIS bien a los productores japoneses, bien a los europeos, e imputar su valor a la cuota correspondiente. Por otra parte, en los considerandos 124 a 132 de la Decisión impugnada, la Comisión precisó que las diferentes empresas participantes en el cartel habían concluido un pacto no escrito (en lo sucesivo, «pacto común»), en virtud del cual los proyectos de GIS en Japón, por un lado, y en los países de los miembros europeos del cartel, por otro, designados conjuntamente como los «países constructores» de los proyectos de GIS, se reservaban respectivamente a los miembros japoneses y a los miembros europeos del cartel. Los proyectos de GIS en los «países constructores» no eran objeto de intercambio de información entre los dos grupos y no se imputaban a las respectivas cuotas.

9 El acuerdo GQ contenía también reglas sobre el intercambio de la información necesaria para el funcionamiento del cartel entre los dos grupos de productores, que estaba a cargo, en particular, de los secretarios de ambos grupos, para la manipulación de las licitaciones correspondientes y para la fijación de precios de los proyectos de GIS que no podían ser atribuidos. A tenor de su anexo 2 el acuerdo GQ se aplicaba en todo el mundo, excepto los Estados Unidos, Canadá, Japón y 17 países de Europa occidental. Además, en virtud del pacto común los proyectos de GIS en los países europeos distintos de los «países constructores» también se reservaban para el grupo europeo, ya que los productores japoneses se habían comprometido a no presentar ofertas para los proyectos de GIS en Europa.

10 Según la Comisión el reparto de los proyectos de GIS entre productores europeos se regía por un acuerdo también firmado en Viena el 15 de abril de 1988, titulado «E‑Group Operation Agreement for GQ‑Agreement» (en lo sucesivo, «acuerdo EQ»). La Comisión indicó que la atribución de los proyectos de GIS en Europa se ajustaba a las mismas reglas y procedimientos que regulaban la atribución de los proyectos de GIS en otros países. En particular los proyectos de GIS en Europa también tenían que ser notificados, registrados, atribuidos, arreglados o se les había asignado un nivel de precio mínimo.

11 Basándose en los hechos constatados en la Decisión y en las apreciaciones jurídicas formuladas en ella, la Comisión declaró que las empresas implicadas habían infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE» y les impuso multas cuyo importe se calculó siguiendo el método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices para el cálculo de las multas») y en la Comunicación sobre la cooperación.

12 En el artículo 1 de la Decisión impugnada la Comisión declaró en primer lugar que Hitachi había participado en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 31 de diciembre de 1999 y del 2 de julio de 2002 al 11 de mayo de 2004, en segundo lugar que Hitachi Europe había participado en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 31 de diciembre de 1999 y del 2 de julio al 30 de septiembre de 2002 y en tercer lugar que JAEPS había participado en la infracción durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004.

13 Por la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, se impuso a Hitachi en el artículo 2 de la Decisión impugnada una multa de 50.400.000 euros, de los que debía pagar 48.375.000 solidariamente con Hitachi Europe. En el mismo artículo se impuso a JAEPS una multa de 1.350.000 euros, que debía pagar solidariamente con Hitachi, Fuji Electric Holdings Co. Ltd y Fuji Electric Systems (en lo sucesivo, conjuntamente, «Fuji»).

Procedimiento y pretensiones de las partes

14 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de abril de 2007 las demandantes interpusieron el presente recurso. El escrito de contestación y la réplica se presentaron los días 13 de agosto y 21 de noviembre de 2007. La fase escrita terminó al presentarse el escrito de dúplica el 10 de enero de 2008.

15 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda) decidió el 22 de septiembre de 2009 abrir la fase oral. En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas por el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal se instó a la Comisión a presentar ciertos documentos, y se solicitó a las partes que se manifestaran sobre la pertinencia de esos mismos documentos en relación con el motivo basado en la vulneración del derecho de acceso al expediente. El Tribunal también formuló una pregunta escrita a la Comisión, invitando a ésta a responderla en la vista.

16 En respuesta a lo instado por el Tribunal la Comisión presentó los documentos requeridos el 26 de octubre de 2009. Las demandantes presentaron sus observaciones sobre esos documentos el 18 de noviembre de 2009. La Comisión respondió a las observaciones de las demandantes el 3 de diciembre de 2009.

17 Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas escritas y orales formuladas por el Tribunal se oyeron en la vista celebrada el 8 de diciembre de 2009.

18 Mediante auto de 26 de marzo de 2010 el Tribunal decidió reabrir la fase oral. El 29 de marzo de 2010, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas por el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal instó a la Comisión a presentar varios documentos.

19 Dado que la Comisión alegó que algunos de los documentos en cuestión no podían ser comunicados a causa de la protección concedida conforme al programa de dispensa de multas, mediante auto de 11 de junio de 2010 el Tribunal ordenó a la Comisión que los presentara en el marco de las diligencias de prueba previstas en el artículo 65 del Reglamento de Procedimiento y determinó la forma de su examen por las demandantes. La Comisión dio cumplimiento a esa diligencia de prueba en el plazo fijado.

20 La fase oral del procedimiento concluyó el 27 de julio de 2010.

21 Las demandantes solicitan al Tribunal que:

– Anule la Decisión impugnada en cuanto les afecta, y anule en consecuencia las multas que se les han impuesto.

– Con carácter subsidiario, anule el artículo 2 de la Decisión impugnada en cuanto les afecta.

– Con carácter subsidiario de segundo grado, anule o reduzca las multas que se les han impuesto.

– Condene en costas a la Comisión.

22 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso por infundado.

– Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho

23 Las demandantes aducen cinco motivos en apoyo de su recurso. El primero se basa en la vulneración por la Comisión de su derecho de defensa. El segundo se funda en que la Comisión no ha probado la existencia del pacto común o de la infracción derivada de éste. El tercero se basa en que la Comisión no ha demostrado la existencia de una infracción única y continua. El cuarto se funda en que la Comisión cometió errores en el cálculo de las multas que les impuso. El quinto se basa en que la Comisión calculó sus multas según un método que infringe los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad.

24 La Comisión refuta el fundamento de los motivos aducidos por las demandantes.

25 Debe observarse de entrada que las demandantes no han precisado cuáles de sus motivos se invocan para sustentar las diferentes pretensiones que han formulado. Sobre ello, ha de apreciarse en primer lugar que los motivos primero, segundo y tercero se invocan por las demandantes en apoyo de su pretensión principal. En efecto, si se estimara alguno de esos motivos, deberían anularse tanto el artículo 1 como el artículo 2 de la Decisión impugnada en cuanto afectan a las demandantes. Seguidamente, se ha de considerar que los motivos cuarto y quinto se han aducido por las demandantes en apoyo de su pretensión subsidiaria, ya que se refieren a la determinación del importe de las multas que se les han impuesto. Por último, hay que señalar que las demandantes no han invocado ningún motivo autónomo para fundamentar su pretensión subsidiaria de segundo grado.

A. Sobre la pretensión principal de anulación de la Decisión impugnada en cuanto afecta a las demandantes

1. Sobre el primer motivo, basado en que la Comisión ha vulnerado el derecho de defensa de las demandantes

a) Alegaciones de las partes

26 Las demandantes afirman que la Comisión ha vulnerado su derecho de defensa ya que no les comunicó todos los datos pertinentes obrantes en el expediente.

27 En la primera parte del primer motivo, sobre los medios de prueba de cargo, las demandantes alegan que la Comisión no les comunicó las observaciones de Fuji presentadas el 21 de noviembre de 2006, que supuestamente confirmaban la razón de ser del pacto común y las razones económicas específicas de Fuji que explicaban su ausencia del mercado europeo de los proyectos de GIS. Ahora bien, dado el valor probatorio atribuido por la Comisión a los datos presentados por Fuji sobre la existencia del pacto común, es muy probable que el procedimiento administrativo habría podido llegar a un resultado diferente si se les hubieran comunicado las observaciones de que se trata.

28 En la segunda parte del primer motivo las demandantes alegan que su derecho de defensa fue vulnerado por la falta de comunicación de los siguientes medios de prueba de descargo:

– el acuerdo titulado «General Rules for GE Agreement» (en lo sucesivo, «el acuerdo GE») y las observaciones sobre ese acuerdo de las demás empresas que participaron en el cartel ; esos medios son pertinentes en relación con la prueba de la existencia de un cartel europeo en el sector de los proyectos de GIS anterior al acuerdo GQ;

– las observaciones de las demás empresas que participaron en el cartel, denegatorias de la credibilidad del testimonio del Sr. H., presentado a la Comisión por Fuji, acerca de la existencia del pacto común, que podrían viciar los demás medios de prueba de la existencia del pacto común presentados por Fuji;

– los testimonios sobre la inexistencia del pacto común de las demás empresas que participaron en el cartel, y en particular los testimonios presentados por Siemens AG el 7 de agosto de 2006, que podrían desvirtuar la plausibilidad de la argumentación de la Comisión acerca de la existencia de dicho pacto;

– las observaciones de las demás empresas japonesas sobre su supuesta participación en los proyectos europeos mencionados en el considerando 164 de la Decisión impugnada, que podrían acreditar que las empresas japonesas nunca participaron en las discusiones referidas a esos proyectos;

– las declaraciones del Sr. S. de 15 de septiembre de 2006, presentadas por Areva, acerca de la desarticulación del cartel en 1999, de las que resulta que la estructura del cartel establecido a partir de 2002 fue diferente de la del cartel anterior.

29 La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.

b) Apreciación del Tribunal

30 El respeto del derecho de defensa exige que la persona interesada haya tenido la oportunidad en el curso del procedimiento administrativo de dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias alegados, así como sobre los documentos en que se basa la Comisión para alegar la existencia de una infracción del Tratado (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 66).

31 En tanto que corolario del principio de respeto del derecho de defensa, el derecho a acceder al expediente implica que la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos que figuran en el expediente de la instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa. Ello comprende tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 30 supra, apartado 68).

32 A este respecto, procede recordar que sólo al inicio de la fase contradictoria administrativa se informa a la empresa afectada, mediante el pliego de cargos, de todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento, y sólo entonces dicha empresa disfruta del derecho de acceso al expediente para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. En consecuencia, la respuesta al pliego de cargos de las demás partes no está comprendida, en principio, en el conjunto de documentos del expediente de instrucción que las partes pueden consultar (sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2009, Hoechst/Comisión, T‑161/05, Rec. p. I‑3555, apartado 163).

33 Sin embargo, si la Comisión se propone basarse en un pasaje de una contestación a un pliego de cargos o en un documento adjuntado como anexo a dicha contestación para acreditar la existencia de una infracción en el contexto de un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe darse a las demás empresas implicadas en dicho procedimiento la oportunidad de pronunciarse sobre esta prueba. En estas circunstancias, el referido pasaje de una contestación al pliego de cargos o el documento unido como anexo a dicha contestación constituye efectivamente una prueba de cargo frente a las diversas empresas que hayan participado en la infracción (véase la sentencia Hoechst/Comisión, apartado 32 supra, apartado 164, y la jurisprudencia citada). La jurisprudencia referida es aplicable por analogía al artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.

34 Por analogía, si un pasaje de una respuesta a un pliego de cargos o un documento adjunto a tal respuesta puede ser pertinente para la defensa de una empresa, porque permite que ésta alegue aspectos que no concuerdan con las deducciones realizadas por la Comisión en esa fase, constituye un medio de prueba de descargo. En ese supuesto debe permitirse que la empresa interesada examine ese pasaje o el documento en cuestión y se manifieste sobre ellos.

35 No obstante, el mero hecho de que otras empresas invocaran los mismos argumentos que la empresa interesada y que en su caso emplearan más recursos en su defensa no basta para considerar que tales argumentos constituyan medios de descargo (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, apartados 353 y 355).

36 En cuanto a las consecuencias de un acceso al expediente que no se haya ajustado a esas reglas, la falta de comunicación de un documento en el que la Comisión se ha apoyado para fundamentar la imputación a una empresa sólo constituye una vulneración del derecho de defensa cuando la empresa afectada demuestra que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si hubiera tenido que descartar como medio de prueba de cargo el documento no comunicado (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 30 supra, apartados 71 y 73).

37 Por lo que se refiere a la falta de comunicación de un documento de descargo, la empresa afectada únicamente debe probar que el hecho de no divulgarlo pudo influir, en perjuicio suyo, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la decisión de la Comisión. Basta con que la empresa demuestre que habría podido utilizar dichos documentos de descargo en su defensa, en el sentido de que, si hubiera podido valerse de ellos durante el procedimiento administrativo, habría podido invocar elementos que no concuerdan con las deducciones que efectuó la Comisión en esa fase y, por tanto, habría podido influir, de una manera o de otra, en las apreciaciones formuladas por ésta en la decisión, al menos por lo que se refiere a la gravedad y a la duración del comportamiento que se le imputaba y, en consecuencia, al importe de la multa (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 30 supra, apartados 74 y 75).

38 La posibilidad de que un documento que no se ha comunicado pueda incidir en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la decisión de la Comisión sólo puede determinarse tras un examen provisional de ciertos medios de prueba que revele que los documentos no comunicados pudieron tener, en relación con dichos medios de prueba, una importancia que no se habría debido menospreciar (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 30 supra, apartado 76).

– Sobre la primera parte, basada en la falta de comunicación de los medios de prueba de cargo

39 La Comisión reconoce que no podía apoyarse en las observaciones de Fuji de 21 de noviembre de 2006 para sustentar las imputaciones formuladas contra las demandantes en la Decisión impugnada, pero refuta haberlas invocado efectivamente como medios de prueba de cargo.

40 No obstante, se ha de observar que, como alegan las demandantes, la Comisión se refirió a las observaciones de Fuji de 21 de noviembre de 2006 en los considerandos 125 y 255 de la Decisión impugnada para corroborar la existencia del pacto común.

41 Siendo así, la suerte de la presente parte del motivo depende del resultado del examen de las alegaciones sobre la prueba de la existencia del pacto común presentadas por las demandantes dentro de la primera parte del segundo motivo. En efecto, si se constatara que la existencia de dicho pacto quedó acreditada de modo suficiente en Derecho incluso excluyendo las observaciones de Fuji de 21 de noviembre de 2006 como medio de prueba de cargo, procedería desestimar la presente parte del motivo. En cambio, si se apreciara que dichas observaciones constituyen un medio necesario que sustenta las constataciones efectuadas en la Decisión impugnada sobre la existencia del pacto común, debería estimarse la presente parte del motivo.

– Sobre la segunda parte, basada en la falta de comunicación de los medios de prueba de descargo

42 En primer término, las partes no discuten que el acuerdo GE fue comunicado a las demandantes. Éstas se limitan a alegar que sólo dispusieron de un plazo muy breve para estudiarlo, sin precisar no obstante de qué modo esa circunstancia dificultó su defensa. Por otro lado, las demandantes reconocen en sus observaciones de 18 de noviembre de 2009 que tuvieron ocasión de pronunciarse sobre ese acuerdo y que hicieron efectivamente uso de esa oportunidad. Por tanto, su alegación sobre ese acuerdo no puede acogerse.

43 En segundo término, respecto a las observaciones sobre el acuerdo GE por parte de las demás empresas que participaron en el cartel, las demandantes exponen en sus observaciones de 18 de noviembre de 2009 que Toshiba Corp. y Mitsubishi Electric System Corp. (en lo sucesivo, «Melco») también reconocieron el valor de dicho acuerdo como medio de prueba de descargo, por iguales razones que las expuestas por las demandantes a la Comisión. De esa forma, las demandantes se limitan a afirmar que Toshiba y Melco formularon las mismas alegaciones que ellas, lo que implica que las observaciones de Toshiba y de Melco no pueden considerarse un medio de prueba de descargo.

44 En tercer término, esa misma apreciación es aplicable a las observaciones de las demás empresas que participaron en el cartel, denegatorias de la credibilidad del testimonio del Sr. H. sobre la existencia del pacto común. En efecto, en sus observaciones de 18 de noviembre de 2009 las demandantes señalan que Toshiba y Melco también rebatieron el valor probatorio de ese testimonio, por iguales motivos que los expuestos a la Comisión.

45 En cuarto término, las observaciones y testimonios presentados por Melco y Siemens y los testimonios presentados por Fuji mencionan la existencia de barreras de entrada «elevadas» en el mercado europeo y el hecho de que éste estaba «maduro», lo que hizo difícil, si no imposible, su penetración por los productores japoneses. Por otra parte, Siemens y Melco así como sus empleados rebatieron expresamente la existencia del pacto común o de discusiones sobre éste, y el testimonio del Sr. T. presentado por Siemens pone de manifiesto que el cartel basado en el acuerdo GQ se concentraba en Oriente Medio y no se aplicaba en Europa.

46 Sin embargo, por una parte las demandantes no han refutado la alegación de la Comisión de que los testimonios de los empleados de Fuji les fueron comunicados. Por consiguiente, no puede apreciarse ninguna vulneración del derecho de acceso al expediente en relación con esos medios de prueba.

47 Por otra parte, en su respuesta al pliego de cargos las demandantes expusieron las mismas alegaciones que se recogen en el apartado 45 anterior, lo que implica que las observaciones de Melco y de Siemens no pueden considerarse medios de prueba de descargo cuya comunicación hubiera podido influir en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la Decisión impugnada.

48 La misma conclusión es aplicable a los testimonios de los empleados de Melco y de los empleados de Siemens, dado que los testimonios escritos de los empleados de una sociedad, elaborados bajo el control de ésa y presentados por ella para su defensa en un procedimiento administrativo tramitado por la Comisión no pueden calificarse en principio como manifestaciones diferentes e independientes de las declaraciones de esa misma sociedad. En efecto, como regla general, la posición de una sociedad sobre la realidad de los hechos que le imputa la Comisión se apoya en primer lugar en los conocimientos y opiniones de sus empleados y directivos.

49 En lo que atañe a la alegación de las demandantes de que los testimonios de los empleados de Siemens desvirtúan la alegación de la Comisión según la que los productores europeos no negaron la existencia del pacto común, hay que observar que no se ha acreditado que la Comisión se haya apoyado en esa alegación general en el pliego de cargos o en una fase posterior. Acerca de ello, del considerando 125 de la Decisión impugnada resulta, a lo sumo, que la Comisión constató que la existencia de dicho pacto no se había negado por Alstom y Areva, ni había sido abiertamente refutada por la empresa perteneciente al grupo del que forma parte VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (en lo sucesivo, «VA TECH»). En cambio, la Comisión no aportó precisiones sobre la posición de Siemens o la de los productores europeos en general, Por tanto, la alegación de las demandantes carece de fundamento de hecho. Por lo demás, la posición de los productores europeos sobre la existencia del pacto común y la pertinencia de ese factor se abordará en los posteriores apartados 197 a 203.

50 En quinto término, en respuesta a la solicitud del Tribunal referida a las observaciones de las demás empresas japonesas sobre su supuesta participación en los proyectos de GIS en el Espacio Económico Europeo (EEE) mencionados en el considerando 164 de la Decisión impugnada, la Comisión ha presentado un extracto de la respuesta de Melco al pliego de cargos, del que resulta que Melco niega haber participado en el reparto de esos proyectos.

51 No obstante, en su respuesta al pliego de cargos Melco se limitó a mantener la misma posición que las demandantes, lo que éstas reconocen en sus observaciones de 18 de noviembre de 2009. Por tanto, el extracto de la respuesta de Melco al pliego de cargos no constituye un medio de prueba de descargo cuya comunicación habría podido influir en el desarrollo del procedimiento y el contenido de la Decisión impugnada.

52 En sexto término, de las declaraciones del Sr. S. de 15 de septiembre de 2006 resulta que este último estimaba que el cartel se había desarticulado a raíz de la interrupción de la participación de Siemens en éste en 1999, por una parte, y por otra que el cartel establecido a partir de 2002 era sustancialmente diferente del existente hasta 1999.

53 Pues bien, en su respuesta al pliego de cargos las demandantes presentaron los mismos argumentos para refutar la existencia de una infracción única y continua. Siendo así, y por lo expuesto en el anterior apartado 48 sobre la calificación de los testimonios de los empleados de una sociedad, hay que considerar que las declaraciones del Sr. S. tampoco constituyen un medio de prueba de descargo cuya comunicación habría podido influir en el desarrollo del procedimiento y el contenido de la Decisión impugnada.

54 Por cuanto precede, debe desestimarse la segunda parte del primer motivo.

2. Sobre el segundo motivo, fundado en que la Comisión no ha probado la existencia del pacto común ni la de la infracción derivada de éste

55 En la primera parte del segundo motivo las demandantes mantienen que la Comisión no ha acreditado de forma suficiente en Derecho la existencia del pacto común, y señalan que no ha intentado disipar las dudas existentes mediante una investigación independiente. Estiman que en el presente caso la Comisión estaba obligada a aceptar la explicación alternativa de los hechos que las demandantes habían expuesto. En la segunda parte del segundo motivo las demandantes alegan que la Comisión no ha demostrado que el pacto común constituyera un acuerdo restrictivo o una práctica concertada.

56 La Comisión rebate el fundamento de las alegaciones de las demandantes.

a) Sobre la primera parte, fundada en que la Comisión no ha acreditado la existencia del pacto común

57 Según la jurisprudencia, incumbe a la Comisión probar las infracciones que declare y determinar los elementos probatorios aptos para demostrar de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción (véase la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Dresdner Bank y otros/Comisión, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP y T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, apartado 59, y la jurisprudencia citada).

58 En ese contexto, la existencia de una duda en el ánimo del juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción. Por lo tanto, el juez no puede decidir que la Comisión ha acreditado la existencia de la infracción de que se trate de modo suficiente en Derecho si sigue albergando dudas sobre esta cuestión, en particular cuando conoce de un recurso de anulación de una decisión mediante la que se impone una multa (sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, apartado 57 supra, apartado 60).

59 En efecto, en esta última situación, es necesario tener en cuenta el principio de la presunción de inocencia, tal como se deriva, en particular, del artículo 6, apartado 2, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que forma parte de los derechos fundamentales que constituyen principios generales del Derecho comunitario. Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones de que se trata, así como la naturaleza y el grado de rigor de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica, en particular, a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que puedan conducir a la imposición de multas o multas coercitivas (véase en ese sentido la sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, apartado 57 supra, apartado 61, y la jurisprudencia citada).

60 De este modo, es necesario que la Comisión se refiera a pruebas precisas y concordantes para demostrar la existencia de la infracción. Sin embargo, debe señalarse que no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente, responda a dicha exigencia (véase la sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, apartado 57 supra, apartados 62 y 63, y la jurisprudencia citada).

61 Además, habida cuenta del carácter notorio de la prohibición de los acuerdos contrarios a la libre competencia, no puede exigirse a la Comisión que aporte documentos que justifiquen de manera explícita una toma de contacto entre los operadores afectados. En cualquier caso, los elementos fragmentarios y dispersos de que pueda disponer la Comisión deberían poder completarse mediante deducciones que permitan la reconstitución de las circunstancias pertinentes. Por consiguiente, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia puede inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia (véase la sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, apartado 57 supra, apartados 64 y 65, y la jurisprudencia citada).

62 No obstante, cuando la Comisión afirma la existencia de una infracción basándose únicamente en la conducta en el mercado de las empresas implicadas, basta que éstas demuestren la existencia de circunstancias que presentan desde una perspectiva diferente los hechos que considera probados la Comisión y permiten así que otra explicación verosímil de los hechos sustituya a la explicación defendida por la Comisión para afirmar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia comunitarias (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartado 186, y la jurisprudencia citada).

63 En contra de lo alegado por las demandantes, esa regla no es aplicable a todos los supuestos en los que la infracción se acredita sólo por pruebas no documentales.

64 En efecto, en lo referido a los medios de prueba que pueden invocarse para acreditar la infracción del artículo 81 CE, el principio que prevalece en Derecho comunitario es el de la libre aportación de la prueba (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Dalmine/Comisión, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, apartado 72). La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE.

65 Por consiguiente, aun si la falta de pruebas documentales puede ser pertinente al apreciar globalmente el conjunto de indicios invocados por la Comisión, no tiene por sí sola la consecuencia de permitir que la empresa interesada impugne las alegaciones de la Comisión presentando una explicación alternativa de los hechos. Ello es así sólo cuando las pruebas presentadas por la Comisión no logran acreditar la existencia de la infracción de modo inequívoco y sin necesidad de interpretación (sentencia del Tribunal de 12 de septiembre de 2007, Coats Holdings y Coats/Comisión, T‑36/05, no publicada en la Recopilación, apartado 74).

66 Por igual razón, incluso a falta de pruebas documentales, la Comisión no está obligada a llevar a cabo investigaciones independientes para comprobar los hechos.

67 Además, ninguna disposición ni principio general del Derecho comunitario prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa las declaraciones de otras empresas a las que imputa haber participado en la infracción. De no ser así, la carga de la prueba de comportamientos contrarios al artículo 81 CE, que recae en la Comisión, sería insostenible e incompatible con la misión de vigilancia de la buena aplicación de estas disposiciones (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 62 supra, apartado 192). La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE.

68 No obstante, en el caso de que una empresa a la que se imputa haber participado en una práctica colusoria formule una declaración cuya exactitud niegan varias de las demás empresas imputadas, dicha declaración no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas, entendiéndose que el grado de corroboración necesario puede ser menor por la fiabilidad de las declaraciones de que se trate (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 62 supra, apartados 219 y 220).

69 En cuanto al valor probatorio de los diferentes medios de prueba, el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad (sentencia Dalmine/Comisión, apartado 64 supra, apartado 72).

70 Según las reglas generales en materia de prueba la credibilidad y por consiguiente el valor probatorio de un documento depende de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario y de su contenido (sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartados 1053 y 1838).

71 Puede atribuirse además un valor probatorio especialmente alto a las declaraciones que, en primer lugar, son dignas de confianza, en segundo lugar, se formulan en nombre de una empresa, en tercer lugar, emanan de una persona profesionalmente obligado a actuar en interés de dicha empresa, en cuarto lugar, van contra los intereses del declarante, en quinto lugar, provienen de un testigo directo de los hechos expuestos y, en sexto lugar, se manifiestan por escrito, deliberadamente y tras una profunda reflexión (véase en ese sentido la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 62 supra, apartados 205 a 210).

72 Además, aunque resulte oportuno albergar cierta desconfianza respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cartel ilícito, dada la posibilidad de que tales participantes tiendan a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de los demás, no es menos cierto que el hecho de solicitar beneficiarse de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación para obtener una dispensa o reducción de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados de la participación de los demás miembros del cartel. En efecto, toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, apartado 70).

73 También conviene observar al respecto que las consecuencias potenciales de la comunicación de información deformada son tanto más graves dado que la declaración de una empresa que sea rebatida tendrá que ser corroborada, como se deduce del anterior apartado 68. En efecto, esa circunstancia eleva el riesgo de que las declaraciones inciertas sean identificadas tanto por la Comisión como por las demás empresas implicadas.

74 En lo que atañe a la aplicación de esas reglas en el presente caso, con carácter previo es preciso recordar que, según las constataciones expuestas en la Decisión impugnada, el pacto común era un pacto no escrito que comprendía en primer lugar el compromiso de las empresas japonesas de no penetrar en el mercado de los proyectos de GIS en el EEE, en segundo lugar, el compromiso de las empresas europeas de no penetrar en el mercado japonés de los proyectos de GIS, y, en tercer lugar, el compromiso de las empresas europeas de notificar a las empresas japonesas los proyectos de GIS en países europeos distintos de los países constructores y de computar esos mismos proyectos en la cuota conjunta «europea» prevista en el acuerdo GQ. Según la Comisión el objetivo del mecanismo de notificación y de cómputo era ofrecer una compensación a las empresas japonesas, consideradas como competidores potenciales en el mercado del EEE por las empresas europeas.

75 En ese contexto, debe desestimarse de entrada la alegación de las demandantes de que el contenido del concepto de pacto común no se pone de manifiesto a lo largo de la Decisión impugnada. En efecto, aunque puedan observarse diferencias menores entre las diversas formulaciones utilizadas en la Decisión impugnada, esas diferencias no afectan a las características sustanciales de dicho concepto que se han expuesto en el anterior apartado.

76 Entre los diversos componentes del pacto común enumerados en el anterior apartado 74, el supuesto compromiso de las empresas japonesas de no penetrar en el mercado del EEE constituye el fundamento de la imputación que la Comisión formula contra las demandantes. Por tanto, es la existencia de ese compromiso lo que debe probarse de forma suficiente en Derecho. No obstante, los demás componentes del pacto común, si están acreditados, pueden resultar pertinentes como pruebas indirectas que permiten deducir la existencia del compromiso correlativo de las empresas japonesas.

77 Las demandantes niegan la existencia del pacto común, alegando que su ausencia del mercado europeo de los proyectos de GIS puede explicarse por el hecho de que las empresas japonesas no eran consideradas competidores serios en el mercado europeo por diversas razones, comerciales y técnicas en particular. Refutan el valor probatorio de los diferentes medios de prueba invocados por la Comisión en la Decisión impugnada y ponen de manifiesto otros medios que según ellas sugieren que el pacto común no existió. Presentan además un informe elaborado por consultores (en lo sucesivo, «informe externo»), que supuestamente apoya su explicación alternativa de los hechos.

78 La Comisión mantiene que la existencia del pacto común, y en particular el compromiso de las empresas japonesas de no penetrar en el mercado del EEE, está demostrada de forma suficiente en Derecho por un conjunto de pruebas que comprende pruebas documentales, declaraciones de empresas, testimonios y medios relativos al funcionamiento efectivo del cartel.

79 Es preciso por tanto apreciar la fiabilidad y el contenido de los diferentes medios de prueba en cuestión para verificar si, considerados en conjunto, los medios invocados por la Comisión sustentan una convicción firme sobre la existencia del pacto común, que no puedan desvirtuar los medios invocados por las demandantes.

Sobre el acuerdo GQ y el acuerdo EQ

– Alegaciones de las partes

80 Por una parte, las demandantes afirman que el acuerdo GQ y el acuerdo EQ no contienen ninguna alusión al pacto común, a pesar de que en esos acuerdos se fijan de modo detallado las reglas del cartel. Al respecto, el anexo 2 del acuerdo GQ no refleja la existencia del pacto común referido, sino la exclusión de los países de Europa occidental del ámbito de aplicación del acuerdo.

81 Por otra parte, las demandantes refutan la existencia de una estrecha relación entre el acuerdo GQ y el acuerdo EQ. Según ellas, no obstante su carácter detallado, el acuerdo GQ no hace alusión al acuerdo EQ. Además, los productores japoneses no fueron parte en el acuerdo EQ ni estuvieron al corriente de su contenido.

82 Las demandantes consideran en consecuencia que el acuerdo GQ y el acuerdo EQ no constituyen pruebas documentales de la existencia del pacto común. Dado que dichos acuerdos no mencionan el pacto común, a pesar de la supuesta importancia fundamental de éste en el cartel mundial, el contenido de esos acuerdos demuestra incluso la inexistencia de dicho pacto.

83 La Comisión rebate el fundamento de las alegaciones de las demandantes.

– Apreciación del Tribunal

84 Las partes no discuten que el acuerdo GQ preveía la organización de un cartel relativo a los proyectos de GIS a nivel mundial. Sin embargo, según alegan las demandantes, ese acuerdo no menciona el pacto común, por una parte, y por otra, a tenor de su anexo 2, ese acuerdo excluye de su ámbito de aplicación Japón, los doce Estados miembros de la Comunidad Europea en esa época y otros cinco países de Europa occidental.

85 En estas circunstancias, no cabe considerar que el acuerdo GQ constituya una prueba documental de la existencia del pacto común. En efecto, la interpretación de la Comisión según la cual la exclusión de los países europeos y de Japón se debía a la existencia del pacto común no es a priori más plausible que la interpretación contraria propugnada por las demandantes.

86 Por otro lado, el acuerdo EQ es un acuerdo de ejecución del acuerdo GQ, referido en especial al reparto de la cuota conjunta «europea» prevista por el último acuerdo. En ese sentido existe cierto vínculo entre ambos acuerdos. No obstante, el acuerdo EQ se concluyó sólo entre las empresas europeas. Por tanto, las demandantes no eran parte en él. Además, ese acuerdo no menciona expresamente el pacto común.

87 Es oportuno señalar también al respecto que, conforme al punto 4 de la parte «E (E‑Members)» del anexo 2 del acuerdo EQ, los productores europeos «decidirán acerca de la notificación de los proyectos europeos al [grupo de productores japoneses]». Del contexto del anexo 2 se deduce que la comunicación de las informaciones debía tener lugar antes de la atribución de los proyectos de GIS de que se trataba.

88 Ese aspecto permite refutar en cierto grado la alegación de las demandantes, ya que sugiere que los productores europeos estimaban que los productores japoneses podían estar interesados cuando menos en el proceso de atribución de algunos proyectos de GIS en el EEE, y que por tanto eran competidores potenciales para dichos proyectos.

89 No obstante, nada en el acuerdo EQ ni en los demás medios de prueba invocados por la Comisión demuestra que el mecanismo considerado se hubiera puesto en práctica por los productores europeos ni que los productores japoneses hubieran estado al corriente de su existencia.

90 Por tanto, el acuerdo EQ sólo constituye un indicio que permite pensar que los productores japoneses eran considerados competidores serios para el suministro de ciertos proyectos de GIS en el EEE, como alega la Comisión.

91 Por otra parte, debe observarse que el compromiso de un grupo de productores de no penetrar en el mercado reservado al otro grupo, como el compromiso imputado por la Comisión a los productores japoneses, descansa en un concepto sencillo que puede llevarse a la práctica con facilidad. De igual modo, esa puesta en práctica no necesita en principio una interacción entre las empresas interesadas. Por consiguiente, tal compromiso puede existir ciertamente como un pacto no escrito, lo que también permite reducir el riesgo de que sea descubierto. En ese aspecto la Comisión indicó en los considerandos 170 a 176 de la Decisión impugnada que en el presente caso los participantes en el cartel adoptaron una serie de precauciones organizativas y técnicas para evitar su divulgación.

92 Si bien es verdad, como alega la Comisión, que el mecanismo de notificación y de cómputo establecido tras el reparto de los proyectos de GIS considerados necesitaba algunas medidas de aplicación, éstas no eran sin embargo especialmente complicadas, ya que consistían en esencia en la comunicación de ciertos datos por el grupo europeo al grupo japonés, la cual era además paralela a la realizada en virtud del acuerdo GQ en lo que se refiere a los proyectos de GIS fuera del EEE. En consecuencia, no se aprecia que tales medidas hubieran exigido necesariamente reglas escritas.

Sobre las declaraciones de ABB

– Alegaciones de las partes

93 Con carácter previo, las demandantes reiteran que los datos presentados por ABB en el contexto de su solicitud de dispensa de multas, y en particular sus declaraciones posteriores a la concesión de una dispensa condicionada por la Comisión, deben apreciarse a la luz de la presión a la que estaba sometida ABB, ya que esta última deseaba conservar el beneficio de su dispensa, a la vez que minimizaba la gravedad de sus propios comportamientos y maximizaba la de los comportamientos de las demás empresas implicadas. En el presente caso esa presión se manifestó en declaraciones parciales presentadas por ABB en la audiencia ante la Comisión y en el contexto de un procedimiento paralelo tramitado por la autoridad de la competencia checa.

94 Las demandantes añaden que las declaraciones de ABB no datan de la época de los hechos, no aportan suficientes precisiones sobre el pacto común y se modificaron con el tiempo, lo que rebaja su valor probatorio.

95 En su solicitud inicial de dispensa de multas de 3 de marzo de 2004 ABB no hizo referencia a la existencia del pacto común, que no fue evocado hasta sus observaciones de 11 de marzo de 2004.

96 Acerca de las declaraciones de ABB de 11 de marzo de 2004, las demandantes señalan en primer término que, cuando ABB menciona la participación de las empresas japonesas en el pacto común, parece aludir a JAEPS y a TM T & D Corp., una sociedad conjunta de Toshiba y de Melco que desarrolló las actividades en materia de GIS de esas últimas empresas entre octubre de 2002 y abril de 2005. Ahora bien, en la Decisión impugnada la Comisión interpretó las declaraciones de ABB como referidas no sólo a todo el período de la infracción desde 1988, siendo así que ni TM T & D ni JAEPS existían en esa época, sino también en el sentido de que implicaban, además de esas sociedades, a Hitachi y a Hitachi Europe.

97 En segundo término, las demandantes mantienen que en sus observaciones de 11 de marzo de 2004 ABB se limitó a formular vagas declaraciones sobre la duración del cartel, centrándose en el período comprendido entre 1999 y 2002.

98 En tercer término, las demandantes alegan que el carácter vago y contradictorio de las observaciones de ABB de 11 de marzo de 2004 inclina a pensar que se trata de una hipótesis del personal de esa empresa acerca de las condiciones del mercado, antes que la prueba de un pacto expreso en el que se materializara una voluntad común.

99 En cuarto término, las demandantes estiman que en sus observaciones de 11 de marzo de 2004 ABB confirmó de entrada que las empresas interesadas consideraban que la entrada en el mercado europeo sería difícil, si no imposible, a causa de obstáculos jurídicos, técnicos y comerciales. Afirman que en esas circunstancias cualquier pacto expreso que incluyera el compromiso de no penetrar en el mercado afectado habría carecido de objeto.

100 En último lugar, las demandantes alegan que ABB, en sus observaciones de 4 de octubre de 2005, formuladas a raíz de la presentación de las observaciones de aquéllas empresas y las de otros productores japoneses que explicaban la existencia de los obstáculos antes referidos, modificó sus declaraciones precedentes sobre el pacto común, ya que manifestó en particular que las barreras a la entrada en el mercado europeo podían superarse y que por tanto la entrada de los productores japoneses era económicamente posible. Pues bien, el valor probatorio de esa declaración tardía que modifica sustancialmente las anteriores declaraciones suscita dudas, según las demandantes.

101 La Comisión refuta el fundamento de las alegaciones de las demandantes.

– Apreciación del Tribunal

102 En lo que atañe a la credibilidad de las declaraciones de ABB efectuadas en el contexto de su solicitud de dispensa de multas, en los anteriores apartados 72 y 73 se ha expuesto que el mero hecho de solicitar la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación para obtener dicha dispensa no crea necesariamente una incitación a presentar medios de prueba deformados acerca de la participación de los demás miembros del cartel.

103 Las circunstancias específicas que supuestamente acreditan la presión sufrida por ABB no pueden incidir en esa apreciación. En efecto, en la audiencia ante la Comisión ABB se limitó a exponer el contexto de hecho del cartel y alegar que los datos de hecho que había comunicado a la Comisión justificaban que se le concediera la dispensa de multas. En el marco del procedimiento tramitado por la autoridad de la competencia checa la intervención de ABB incluía, además de esos dos aspectos, una parte dedicada a la apreciación jurídica de los hechos así como observaciones sobre el pliego de cargos. Ahora bien, no se aprecia que en esos dos casos ABB haya ido más allá de lo que puede esperarse de una empresa que ha solicitado una dispensa de multas y que desea asegurarse, mediante una plena cooperación con la autoridad interesada, del mantenimiento de la dispensa condicionada que se le ha concedido. Por tanto, no cabe considerar que la credibilidad de las declaraciones de ABB se desvirtúe por el hecho de que esa empresa hubiera solicitado una dispensa de multas.

104 La alegación de las demandantes fundada en que las declaraciones de ABB no datan de la época de los hechos tampoco puede acogerse. En efecto, las declaraciones presentadas a la Comisión por una empresa en el contexto de una solicitud de dispensa de multas no pueden, por definición, ser coetáneas de la totalidad del supuesto comportamiento infractor, pues si lo fueran esa circunstancia las privaría de todo valor probatorio, por una parte. Por otra, en el presente caso ABB alegó la existencia del pacto común a partir del 11 de marzo de 2004, es decir antes de finalizar la infracción objeto de la Decisión impugnada.

105 En lo que se refiere al contenido de las diferentes declaraciones de ABB, en primer término no debe atribuirse una importancia especial al hecho de que el pacto común no se mencionara en la solicitud inicial, esto es la solicitud de dispensa de multas de 3 de marzo de 2004. En efecto, en una primera toma de contacto con la Comisión en el contexto de una solicitud de dispensa de multas es normal que la empresa interesada no describa con detalle todos los aspectos de la infracción cuya existencia pretende revelar.

106 Por otro lado, aunque en la solicitud inicial ABB no mencionara expresamente el pacto común, indicó sin embargo que JAEPS y TM T & D estaban entre los participantes en el cartel y que éste abarcaba todos los Estados miembros de la Unión Europea. Pues bien, esa afirmación implica que a juicio de ABB las dos sociedades consideradas habían participado en el pacto común.

107 En segundo término, en sus observaciones de 11 de marzo de 2004, es decir antes de que se le concediera la dispensa condicionada, ABB mencionó expresamente la existencia de un pacto común en virtud del cual las dos sociedades japonesas no presentarían ofertas para los proyectos europeos, y las sociedades europeas no presentarían ofertas para los proyectos japoneses.

108 En ese contexto es normal que ABB se refiriese a dos sociedades japonesas, a saber JAEPS y TM T & D, ya que cuando presentó sus declaraciones las actividades en materia de GIS de la empresa Hitachi, de Fuji, de Toshiba y de Melco se habían agrupado en esas dos sociedades conjuntas. No deja de ser cierto que la Comisión podía interpretar válidamente esa declaración como indicativa de que las mismas empresas citadas participaban en el pacto común. En efecto, en la solicitud inicial ABB ya había precisado que, a su saber, el cartel existía desde hacía más de diez años, lo que implica que su nacimiento precedió con mucho a la creación de JAEPS y la de TM T & D.

109 De igual forma, la lectura tanto de las observaciones de ABB de 11 de marzo de 2004 como de su solicitud inicial permite desestimar la alegación de las demandantes de que ABB no formuló precisiones sobre la duración del cartel. En efecto, en su solicitud inicial ABB indicó que el cartel funcionaba desde 1994 al menos, y sus observaciones de 11 de marzo de 2004 no contradicen esa afirmación.

110 Además, ABB manifestó ciertamente que el pacto común se basaba en la circunstancia de que los productores japoneses no eran bien admitidos por los clientes europeos y tenían que hacer frente a ciertos obstáculos en el mercado europeo. No obstante, de sus observaciones de 11 de marzo de 2004 se deduce inequívocamente que según ABB las empresas japonesas implicadas no se limitaron a apreciar la existencia de esos obstáculos sino que se comprometieron con sus homólogos europeos a no penetrar en el mercado del EEE. Así pues, en lugar de privar de objeto a la existencia del pacto común, las barreras a la entrada en dicho mercado constituían un factor que llevó a concluir dicho pacto. Por otro lado, conviene observar que esa apreciación no es paradójica ya que es normal que un productor, en el contexto de un reparto de mercados, como el que alega la Comisión en el presente caso, deje a sus competidores los mercados en los que su posición es débil.

111 En tercer término, debe desestimarse la alegación de las demandantes de que las observaciones de ABB de 4 de octubre de 2005 contradicen sus anteriores declaraciones. En efecto, en esas observaciones ABB confirmó la existencia del pacto común. Si bien destacó en esa ocasión el carácter superable de los obstáculos a los que hacían frente los productores japoneses si intentaban penetrar en el mercado del EEE, esa apreciación no contradice sin embargo las declaraciones de 11 de marzo de 2004, que no manifestaron que la penetración en ese mercado fuera imposible, sino sólo que era difícil.

112 Por tanto, en contra de lo alegado por las demandantes, las observaciones de ABB de 4 de octubre de 2005 constituyen una aclaración coherente de sus anteriores declaraciones.

113 Por cuanto se ha expuesto, hay que concluir que las declaraciones de ABB constituyen un medio apto para demostrar la existencia del pacto común dado que se menciona la existencia de éste, se describe el contenido esencial de ese pacto y se ofrecen indicaciones sobre su duración y sus participantes.

114 Además, las declaraciones de ABB son coherentes, se formularon en nombre de una empresa y de su contenido se deduce que se basaban en averiguaciones internas y en discusiones con empleados de esa empresa. En consecuencia se les debe reconocer un cierto grado de valor probatorio. No obstante, en virtud de la jurisprudencia expuesta en el anterior apartado 68, en cualquier caso su contenido se debe corroborar por otros medios.

Sobre los testimonios de los empleados y de un antiguo empleado de ABB

– Alegaciones de las partes

115 Las demandantes reiteran, con carácter previo, su alegación de que el valor probatorio de los medios presentados por ABB es escaso porque esa empresa solicitó una dispensa de multas.

116 Las demandantes precisan, al respecto, que los testimonios de los empleados y de un antiguo empleado de ABB se presentaron en entrevistas mantenidas en septiembre de 2005, esto es, 18 meses después de la primera solicitud de dispensa de multas, a instancia de la Comisión y en presencia de su personal y del asesor jurídico de ABB, que incluso intervino activamente en la entrevista con el Sr. M.

117 Además, algunas observaciones presentadas con ocasión de esas entrevistas ponen de manifiesto según las demandantes que previamente habían tenido lugar reuniones preparatorias y que se había redactado al menos una memoria escrita. En especial, las declaraciones del Sr. M. parecen haberse inducido en una entrevista preparatoria con el asesor externo de ABB mantenida el día de la audiencia. A pesar de ese hecho, existen incoherencias en los diferentes testimonios.

118 Además, los testigos fueron advertidos de la importancia de las entrevistas para el resultado de la solicitud de dispensa de multas de ABB. Por tanto, según las demandantes esos testigos tenían un interés personal en presentar a la Comisión datos que corroborasen la existencia del pacto común. En particular, la única motivación del Sr. M. para participar en el procedimiento fue el mantenimiento de las prestaciones que le concedía ABB durante su jubilación.

119 En cambio, según las demandantes, no había riesgo de que los testimonios perjudicaran a ABB dado que iban a ser favorablemente considerados al apreciar su solicitud de dispensa de multas.

120 Por otro lado, las declaraciones de los testigos no fueron formalizadas por escrito ni reexaminadas para verificar su exactitud. Por tanto, no se formularon después de una reflexión profunda. Los testigos se expresaron en calidad de empleado o de antiguo empleado, y no en la de representantes oficiales de ABB.

121 Las demandantes añaden que en numerosos casos las personas interrogadas no habían sido testigos directos de los hechos a los que se referían. En particular, el Sr. M. no fue un testigo directo del origen del pacto común ni siquiera de su supuesta conclusión el 15 de abril de 1988, puesto que indicó que el pacto existía, siendo así que tal vez ni siquiera había nacido.

122 Además, en varias ocasiones el testimonio del Sr. M. en septiembre de 2005 contradice observaciones anteriores de ABB basadas en las declaraciones previas de ese testigo, y los términos empleados por él son imprecisos, y sugeridos por la Comisión o por el asesor externo de ABB. Por otra parte, el hecho de que no recordó la existencia del acuerdo GE antes de noviembre de 2006 genera una duda adicional sobre la fiabilidad de su testimonio.

123 La propia Comisión reconoció el escaso valor probatorio del testimonio del Sr. M. ya que mostró un criterio selectivo sobre los aspectos que iba a utilizar.

124 En lo que atañe al contenido de los testimonios, ninguno de los testigos fue capaz de confirmar la duración del pacto común, dado que el Sr. M. estimó que el mecanismo del acuerdo GQ, y por tanto el propio pacto implícitamente, dejaron de existir en 2002, en tanto que otros testigos afirmaron que el pacto estuvo en vigor en períodos diversos entre 2002 y 2004. De igual forma, ningún testigo utilizó el término «pacto común» y las alusiones a la existencia de un cartel fueron instadas por la Comisión y no voluntariamente formuladas.

125 Las demandantes puntualizan sobre ello que, pese a que la Comisión había expuesto el concepto del pacto común en la entrevista con el Sr. Wi., éste sólo pudo presentar observaciones sobre el período de julio de 2002 a enero de 2004. Las observaciones del Sr. P. referidas al pacto común fueron igualmente vagas, lo que movió a la Comisión a intentar persuadirle para que reemplazara los términos imprecisos por formulaciones más explícitas que confirmaran el criterio de la Comisión. En su entrevista el Sr. V.‑A. informó de entrada a la Comisión de que Europa y América del Norte estaban excluidas del cartel. Al igual que en el caso del Sr. P., la Comisión introdujo el concepto de pacto común más adelante en la conversación. De esa forma, los tres testimonios de que se trata son imprecisos, incoherentes y no son, así pues, fruto de profunda reflexión.

126 En lo que se refiere al testimonio del Sr. M., las demandantes afirman que su declaración inicial sobre la protección mutua de los mercados domésticos guarda relación con el concepto de países constructores y no con el pacto común según lo define la Comisión. Sus declaraciones sobre el pacto común son también vagas.

127 Las demandantes ponen además de manifiesto que el Sr. M. no confirmó que los productores japoneses fueran capaces de vender productos de GIS en el mercado europeo. En efecto, incluso tras la intervención del asesor externo de ABB que intentó dirigir al testigo, éste mantuvo que la participación de los productores japoneses en el mercado europeo era muy infrecuente.

128 La Comisión rebate el fundamento de las alegaciones de las demandantes.

– Apreciación del Tribunal

129 Con carácter previo es preciso señalar que los testimonios de los empleados y del antiguo empleado de ABB no constituyen medios de prueba diferentes e independientes de las declaraciones de esa empresa, ya que los testigos se manifestaron ante la Comisión a iniciativa de ABB y en el contexto de la obligación de cooperación de ésta en virtud de la Comunicación sobre la cooperación, al tiempo que se beneficiaron de la presencia del asesor externo de ABB. Por tanto, los testimonios considerados no son aptos para corroborar las declaraciones de ABB, en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 68. Son, antes bien, complementarios de dichas declaraciones, cuyo contenido pueden precisar y concretar. En consecuencia, también han de ser confirmados por otros medios de prueba.

130 Acerca de la cuestión que las demandantes plantean sobre la credibilidad de los testimonios ofrecidos por los empleados y el antiguo empleado de una empresa que ha solicitado una dispensa de multas, de los anteriores apartados 72 y 73 resulta que no es obligado tratar automáticamente esos testimonios con circunspección. En lo que atañe a la motivación individual de los testigos, es ciertamente posible que los empleados de tal empresa, que están obligados a actuar en interés de ésta, compartan la voluntad de presentar cuantos datos de cargo sea posible, dado que su cooperación en el contexto del procedimiento también puede tener incidencia favorable en su futuro profesional. No obstante, si así sucediera los empleados de que se trata también han de ser conscientes de las potenciales consecuencias negativas de la presentación de datos inciertos, que se hacen más probables por la exigencia de corroboración.

131 En cuanto al Sr. M., antiguo empleado de ABB, ya no está obligado en principio a actuar en interés de su antigua empresa en lo referido a la cooperación voluntaria en un procedimiento administrativo. No obstante, esa circunstancia también implica que no tiene en principio interés en manifestar datos inciertos en ese contexto. Conviene señalar al respecto que el Sr. M. ya estaba jubilado en el momento de su declaración. Siendo así, no se aprecia que su falta de cooperación en el procedimiento administrativo hubiera tenido consecuencias desfavorables para él, en especial en lo referido a las prestaciones que supuestamente le concedía ABB.

132 El hecho de que haya transcurrido cierto tiempo entre la presentación de la solicitud de dispensa de multas y las entrevistas con los testigos tampoco desvirtúa, por sí solo, el valor probatorio de los testimonios obtenidos. En efecto, está justificado que la Comisión obtenga pruebas complementarias durante su investigación para disponer de todos los medios pertinentes en la apreciación de la existencia de una infracción, en particular a la luz de las observaciones de las empresas afectadas.

133 En cambio, el tiempo transcurrido entre la presentación del testimonio y los hechos objeto de éste puede ser pertinente en la apreciación de su credibilidad, dado que los testigos puede ofrecer como regla general un testimonio más detallado y más fiable sobre hechos recientes. Ahora bien, en el presente caso el tiempo transcurrido entre la presentación de los testimonios en septiembre de 2005 y la terminación de la implicación de los diferentes testigos en el cartel, a saber en mayo de 2004 en el caso de los Sres. V.‑A., W. y P. y en junio de 2002 en el del Sr. M., no es lo suficientemente amplio para influir en su credibilidad.

134 La credibilidad de los testimonios en general tampoco resulta afectada por la presencia del asesor externo de ABB en las entrevistas, dado que los testimonios se formulaban en el contexto de la cooperación de ABB conforme a la Comunicación sobre la cooperación y los testigos indicaron expresamente al comienzo de sus entrevistas respectivas que deseaban ser asistidos por ese asesor.

135 Es cierto que el asesor externo de ABB intervino en un momento preciso de la entrevista con el Sr. M. para sugerir a éste que podía ser rentable para los productores japoneses penetrar en el mercado europeo, de lo que el Sr. M. no parecía convencido. Por tanto, debe considerarse que el Sr. M. manifestaba dudas sobre el interés comercial de esa actuación, y tener presente esa circunstancia al apreciar el contenido de su testimonio. No obstante, las demandantes no explican en qué grado esa intervención del asesor externo de ABB afecta a la credibilidad del testimonio del Sr. M. sobre otros aspectos.

136 En lo que atañe a la previa redacción de una memoria y la celebración de entrevistas preparatorias, no es sorprendente que una empresa que ha solicitado una dispensa de multas haya identificado previamente los datos de hecho pertinentes para su solicitud y los testigos capaces de manifestarse sobre ellos, y analice con éstos la amplitud de sus conocimientos.

137 Por otro lado, no puede considerarse que los testimonios de que se trata no podían producir efectos perjudiciales para ABB. En efecto, dado que las entrevistas tuvieron lugar antes del envío del pliego de cargos, ni ABB ni sus empleados y su antiguo empleado podían tener certeza sobre la amplitud y el contenido exacto de los cargos que se iban a imputar a ABB.

138 En cambio, las demandantes mantienen fundadamente que los testimonios considerados no parecen ser el resultado de una profunda reflexión y que tampoco fueron revisados tras reflexión y verificación adicionales. En efecto, los testimonios se prestaron oralmente y no hay indicación alguna de que la Comisión hubiera formulado previamente preguntas escritas a los testigos ni de que las declaraciones sobre el pacto común y las barreras a la entrada en el mercado del EEE hubieran sido verificadas y revisadas posteriormente por sus autores.

139 Tampoco se pone de manifiesto que los testigos se expresaran como representantes oficiales de ABB. En efecto, en primer término, ese papel parece haber sido asumido en lo esencial por los asesores externos de ABB, de la que emanaban las declaraciones examinadas en los anteriores apartados 102 a 114. En segundo término, como se ha indicado en el anterior apartado 131, cuando el Sr. M. presentó su testimonio ya no estaba obligado a priori a actuar en interés de su antigua empresa, ni tampoco hay indicio alguno que permita pensar que él mismo u otro testigo se prepararon sistemáticamente para la entrevista consultando a otros empleados de ABB o documentos en poder de esa empresa. Finalmente, las preguntas formuladas por la Comisión en las entrevistas no se referían a la posición oficial de ABB sobre los aspectos tratados sino antes bien a los conocimientos personales de los diferentes testigos.

140 La alegación de las demandantes de que con frecuencia las personas interrogadas no eran testigos directos de los hechos indagados debe desestimarse. En efecto, de los testimonios resulta que los cuatro testigos participaron personalmente en las actividades del cartel. En particular, el Sr. M. fue uno de los representantes de ABB en el cartel entre 1988 y 2002, es decir durante casi todo el período de su funcionamiento, cuando la propia ABB era uno de los principales actores. Por tanto, el Sr. M. fue un testigo directo y privilegiado de las circunstancias que relató.

141 Debe constatarse, al respecto, que el Sr. M. confirmó en su testimonio que no estaba presente cuando se concluyó el pacto común, que según él era anterior a la firma del acuerdo GQ y la del acuerdo EQ. De igual forma, al ser interrogado sobre si la cuestión del pacto común se había suscitado en reuniones a las que había asistido, el Sr. M. respondió que no era necesario hacerlo ya que el pacto común se tenía por evidente. Sin embargo, esas circunstancias no desvirtúan el valor probatorio del testimonio del Sr. M. En efecto, un testigo puede ciertamente aportar la prueba de un hecho duradero aunque no haya asistido a su comienzo, por una parte. Por otra, si bien el Sr. M. declaró que la cuestión del pacto común no se había discutido expresamente en las reuniones en las que había participado, de su testimonio resulta que a su juicio ello fue así porque el contenido de ese pacto era comprendido, aceptado y puesto en práctica por los participantes en el cartel sin que fuera precisa una discusión expresa. Dado que el compromiso de las empresas japonesas que invoca la Comisión consistía en una mera abstención de actuar y no en una acción positiva, ese supuesto es por otra parte verosímil.

142 Las demandantes no exponen con detalle las supuestas incoherencias que afectan a los diferentes testimonios. Además, la comparación de los testimonios, tanto entre sí como con los demás datos presentados por ABB, no revela incoherencias que puedan afectar a la credibilidad de las declaraciones sobre la existencia del pacto común. El único punto de divergencia de alguna importancia se refiere a la existencia del interés comercial de las empresas japonesas en penetrar en el mercado europeo. Ahora bien, como se expondrá en los posteriores apartados 156 a 158, la posición de algunos testigos al respecto no afecta a sus declaraciones sobre la existencia del pacto común.

143 Sobre el carácter supuestamente incompleto del testimonio del Sr. M., se ha de observar que no es sorprendente que un testigo no pueda recordar en una entrevista todos los datos documentales relativos a un cartel. Además, aunque el Sr. M., no se refirió expresamente al acuerdo GE en la entrevista, mencionó no obstante la atribución de los proyectos de GIS en el EEE, realizada en virtud de los acuerdos anteriores al acuerdo GQ, de los que formaba parte en especial el acuerdo GE.

144 De igual modo, el hecho de que la Comisión no se haya apoyado en la totalidad de los datos contenidos en un testimonio no implica que éste sea de escaso valor probatorio. En efecto, es normal que algunos datos carezcan de pertinencia o que algunas circunstancias estén acreditadas de manera más convincente por otras pruebas.

145 En lo referido al contenido de los testimonios, las declaraciones sobre la duración del cartel son coherentes tanto entre sí como con las afirmaciones de la Comisión, en contra de lo que alegan las demandantes.

146 En efecto, el Sr. M. indicó claramente que la regla del respeto mutuo de los mercados domésticos por los grupos de productores europeos y japoneses existía desde largo tiempo y era incluso anterior al acuerdo GQ.

147 La declaración del Sr. M. según la cual el mecanismo del acuerdo GQ dejó de existir en 2002 no implica por sí sola que el pacto común también finalizara. Por un lado, durante ese período los métodos de funcionamiento del cartel cambiaron algo, en particular debido a que Siemens y la empresa Hitachi reanudaron su participación en el cartel y por tanto el Sr. M. pudo considerar que el acuerdo GQ, tal como se firmó en 1988 y se revisó después, había dejado de aplicarse. Esa circunstancia no excluye que los métodos de funcionamiento aplicados desde julio de 2002 también podían basarse en el pacto común o en un pacto similar. Los testigos de ABB distintos del Sr. M. confirman expresamente que así sucedió en el presente caso, puesto que de sus declaraciones se deduce que el pacto común entre los productores europeos y japoneses sobre el respeto de los mercados domésticos existió durante el período en el que ellos estaban implicados en el funcionamiento del cartel, es decir entre julio de 2002 y 2004.

148 Por otro lado, en junio de 2002 el Sr. M. pasó a la situación de jubilación anticipada, a raíz del descubrimiento de actividades colusorias por su nuevo superior jerárquico. Esa circunstancia explica que el Sr. M. no tuviera conocimiento detallado de los métodos de funcionamiento del cartel aplicados a partir de julio de 2002.

149 De igual manera, no puede sostenerse que las referencias de los testigos al pacto común sean vagas y no espontáneas. En efecto, cada testigo ha mencionado, en su forma personal de expresarse, la existencia de una situación específica en relación con los mercados europeo y japonés, que corresponde al pacto común que la Comisión alega.

150 En contra de lo afirmado por las demandantes, el Sr. Wi. declaró que la ausencia de las empresas japonesas del mercado europeo era la consecuencia de un sistema de protección de los mercados japonés y europeo, motivado por el hecho de que cada uno de los dos grupos de productores no deseaba que el otro grupo operase en su mercado doméstico. Aunque el representante de la Comisión, al continuar la entrevista, planteó de nuevo la cuestión, introduciendo efectivamente el concepto de pacto común, se limitó no obstante a aclarar el concepto espontáneamente abordado por el Sr. Wi.

151 El Sr. P. se refirió espontáneamente a un acuerdo común con las empresas japonesas en virtud del cual estas últimas no iban a actuar en el mercado europeo y las empresas europeas no iban a actuar en el mercado japonés. También es este caso el representante de la Comisión volvió a tratar de la cuestión seguidamente, limitándose sin embargo a comprobar si su comprensión de las declaraciones espontáneas previas era correcta.

152 En el caso del Sr. V.‑A la Comisión no introdujo el concepto de pacto común sino que sólo preguntó al testigo si estaba al corriente de algún pacto entre los productores europeos y japoneses. En respuesta a esa pregunta el Sr. V.‑A. mencionó la existencia de un acuerdo entre los productores japoneses y europeos conforme al cual las empresas europeas no iban a «atacar» a las empresas japonesas en el mercado japonés, y viceversa. Además, el Sr. V.‑A. manifestó haber participado en una discusión explícita entre las empresas europeas y el representante de una empresa japonesa sobre el respeto de ese acuerdo, suscitada por tentativas de las empresas japonesas de penetrar en el mercado europeo.

153 Por lo demás, en cuanto a la supuesta exclusión de algunos territorios del ámbito de aplicación del cartel mundial, el Sr. V.‑A. declaró que América del Norte estaba excluida por una razón específica, a saber el riesgo de las sanciones a las que daría lugar el descubrimiento del cartel, por un lado. Por otro, explicó que la exclusión de los países de Europa occidental significaba que los proyectos de GIS en cuestión no se discutían por los productores europeos en las reuniones en las que él estaba presente, que eran las del cartel mundial regido anteriormente por el acuerdo GQ y el acuerdo EQ, sino en distinta ocasión. Pues bien, esas declaraciones son plenamente compatibles con dichos acue