Si bien es cierto que el oponente no tiene ninguna obligación de presentar una traducción completa de los certificados de registro de las marcas anteriores, ello no implica que, en el examen del fondo de la oposición, la División de Oposición, por su parte, tenga la obligación de tomar en consideración los certificados de registro remitidos en una lengua distinta de la del procedimiento de oposición. A falta de traducción de los certificados de registro a la lengua de procedimiento, la División de Oposición está facultada para desestimar la oposición por infundada, excepto si puede pronunciarse sobre ésta de otra manera, basándose en pruebas de que eventualmente ya disponga, de conformidad con la regla 20, apartado 3, del Reglamento de ejecución. Por último, aunque la prueba resulta de los certificados de registro y no de una traducción de éstos, no es menos cierto que para que esta prueba pueda ser tomada en consideración debe ajustarse a las exigencias lingüísticas establecidas por la regla 17, apartado 2, del Reglamento de ejecución.

La regla 17, apartado 2, del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria, según la cual las pruebas aportadas para fundamentar la oposición deben presentarse en la lengua de procedimiento de la oposición o ir acompañadas de una traducción a esta lengua, se justifica por la necesidad de respetar el principio de contradicción, así como la igualdad de armas entre las partes de los procedimientos inter partes.

Del tenor del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, según el cual la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) puede no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo, resulta que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento no 40/94 y que no se prohíbe en modo alguno a la Oficina que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente.

En cambio, se deduce con la misma certeza del citado tenor que tal alegación o presentación extemporánea de hechos y pruebas no puede conferir a la parte que la lleve a cabo un derecho incondicional a que dichos hechos o pruebas sean tomados en consideración por la Oficina. Al precisar que esta última «podrá», en tal caso, decidir no tener en cuenta dichos hechos y pruebas, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94 otorga en efecto a la Oficina una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando debidamente su decisión sobre este extremo, si procede o no tener en cuenta aquéllos. Esa toma en consideración por parte de la Oficina, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden, a primera vista, ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración.

Además, el artículo 59 del Reglamento no 40/94, que establece los requisitos para la interposición de un recurso ante la Sala de Recurso, no puede ser interpretado en el sentido de que concede a quien interpuso dicho recurso un nuevo plazo para presentar hechos y pruebas en apoyo de su oposición. En efecto, dicho artículo no hace referencia, a diferencia del artículo 42, apartado 3, del Reglamento no 40/94, a la presentación de hechos o de pruebas, sino únicamente a la presentación, en un plazo de cuatro meses, de un escrito en el que se expongan los motivos del recurso.

(véanse los apartados 52, 53 y 55 a 58)