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2)

El artículo 38, apartados 9 y 10, de la Directiva 2014/23 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se confíe a las autoridades judiciales el cometido de examinar si las medidas correctoras adoptadas por un operador económico son adecuadas, siempre que el régimen nacional establecido a tal efecto respete todas las exigencias fijadas en el artículo 38, apartado 9, de esta Directiva y que el procedimiento aplicable sea compatible con los plazos impuestos por el procedimiento de adjudicación de contratos de concesión. Por otra parte, el artículo 38, apartado 9, de la Directiva 2014/23 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite a las autoridades judiciales levantar a una persona la prohibición de pleno Derecho de participar en los procedimientos de adjudicación de contratos de concesión a raíz de una condena penal, eliminar tal prohibición u omitir toda mención de la condena en el registro de antecedentes penales, siempre que tales procedimientos judiciales obedezcan efectivamente a las condiciones fijadas y al objetivo perseguido por ese régimen y, en particular, permitan que, cuando un operador económico desee participar en un procedimiento de adjudicación de contratos de concesión, se levante, con tiempo suficiente, la prohibición que le afecta, a la luz de si las medidas correctoras invocadas por ese operador y evaluadas por la autoridad judicial competente de conformidad con las exigencias previstas en esa disposición son adecuadas, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 30 de abril de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main — Alemania) — OI / Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S. A.

(Asunto C-191/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Transportes aéreos - Reglamento (CE) n.o 261/2004 - Compensación a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque - Denegación de embarque - Cancelación - Vuelo con conexión directa - Modificación de la reserva de uno de los vuelos que componen el transporte aéreo en contra de la voluntad del pasajero - Llegada del pasajero a su destino final sin retraso)

(2020/C 240/27)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Demandante: OI

Demandada: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S. A.

Fallo

El Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, y en particular su artículo 7, deben interpretarse en el sentido de que no se adeudará una compensación a un pasajero que disponga de una reserva única para un vuelo con conexión directa cuando su reserva se haya modificado en contra de su voluntad, con la consecuencia, por una parte, de que no haya embarcado en el primero de los vuelos que componen su transporte reservado, pese a efectuarse dicho vuelo, y, por otra, de que se le haya cambiado la reserva por otra para un vuelo posterior que le haya permitido embarcar en el segundo vuelo que componía su transporte reservado y, por lo tanto, llegar a su destino final a la hora de llegada inicialmente programada.

(1) DO C 206 de 17.6.2019.
C 222/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 19 de marzo de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 2 de A Coruña) — Compañía de Tranvías de La Coruña, S. A. / Ayuntamiento de A Coruña

(Asunto C-45/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Reglamento (CE) n.o 1370/2007 - Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera - Artículo 8 - Régimen transitorio - Artículo 8, apartado 3 - Expiración de los contratos de servicio público - Cálculo del plazo máximo de 30 años de duración de los contratos - Determinación de la fecha a partir de la cual empieza a correr el plazo máximo de 30 años)

(2020/C 222/16)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 2 de A Coruña

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Compañía de Tranvías de La Coruña, S. A.

Demandada: Ayuntamiento de A Coruña

Fallo

El artículo 8, apartado 3, párrafo segundo, segunda frase, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que el plazo máximo de 30 años establecido en esa disposición para los contratos a que se refiere el artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letra b), de este Reglamento comienza a correr en la fecha de entrada en vigor de dicho Reglamento.

(1) DO C 155 de 6.5.2019.
1)

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 1, en relación con el anexo I, de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, al superar sistemática y continuadamente en dieciséis zonas del Reino Unido el valor límite anual fijado para el dióxido de nitrógeno (NO2), concretamente en las zonas UK0001 (zona urbana del Greater London); UK0002 (zona urbana de West Midlands); UK0003 (zona urbana del Greater Manchester); UK0004 (zona urbana de West Yorkshire); UK0013 (zona urbana de Teesside); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (zona urbana de Southampton); UK0024 (zona urbana de Glasgow); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands), y UK0036 (North East), y el valor límite horario fijado para el NO2 en la zona UK0001 (zona urbana del Greater London), desde el 1 de enero de 2010 hasta 2017 inclusive; y ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2008/50, considerado aisladamente o en relación con su anexo XV, y, en particular, la obligación establecida en el artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, de esta Directiva de velar por que el período de superación sea lo más breve posible, al no haber adoptado, a partir del 11 de junio de 2010, las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los valores límite fijados para el NO2 en todas esas zonas.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de septiembre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Proceso penal contra JZ

(Asunto C-806/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Retorno de nacionales de países terceros en situación irregular - Directiva 2008/115/CE - Artículo 11 - Prohibición de entrada - Nacional de un tercer país respecto del cual se ha dictado dicha prohibición pero que nunca ha abandonado el Estado miembro en cuestión - Normativa nacional que prevé una pena de prisión por la estancia de ese nacional en dicho Estado miembro pese a tener conocimiento de la prohibición de entrada dictada contra él)

(2020/C 390/06)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Parte en el proceso principal

JZ

Fallo

La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, y en particular su artículo 11, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé la posibilidad de imponer una pena de prisión a un nacional de un tercer país en situación irregular respecto del cual ha concluido el procedimiento de retorno previsto por dicha Directiva y que no ha abandonado efectivamente el territorio de los Estados miembros, cuando la conducta típica consiste en la estancia irregular con conocimiento de una prohibición de entrada, dictada, principalmente, debido a sus antecedentes penales o al peligro que representa para el orden público o la seguridad nacional, siempre que la conducta típica no requiera el incumplimiento de esta prohibición de entrada y que dicha normativa sea lo suficientemente accesible, precisa y previsible en su aplicación para evitar cualquier riesgo de arbitrariedad, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 122 de 1.4.2019.
1)

El artículo 3, apartado 1, de la Decisión n.o 565/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores basado en el reconocimiento unilateral por Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía de determinados documentos como equivalentes a sus visados nacionales de tránsito o para estancias en sus territorios que no excedan de 90 días por período de 180 días, y por la que se derogan la Decisión n.o 895/2006/CE y la Decisión n.o 582/2008/CE, debe interpretarse en el sentido de que produce efecto directo y genera, a favor de los nacionales de terceros países, derechos que estos pueden oponer frente al Estado miembro de destino, en particular el derecho a que no se les exija un visado para su entrada en el territorio de ese Estado miembro en caso de que esos nacionales sean titulares de un visado de entrada o de un permiso de residencia incluido en la lista de documentos que gozan del reconocimiento que dicho Estado miembro se ha comprometido a aplicar conforme a la citada Decisión.
C 222/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 2 de abril de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

(Asunto C-567/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Marca de la Unión Europea - Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Artículo 9 - Reglamento (UE) 2017/1001 - Artículo 9 - Derecho conferido por la marca - Uso - Almacenamiento de productos para ofrecerlos o comercializarlos - Depósito para la expedición de productos que infringen un derecho de marca vendidos en una plataforma de comercio electrónico)

(2020/C 222/11)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Coty Germany GmbH

Recurridas: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Fallo

El artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], y el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, han de interpretarse en el sentido de que debe considerarse que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos fines.

(1) DO C 427 de 26.11.2018.
2)

La Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual una asociación de abogados cuyo objeto social consiste en defender ante los tribunales a las personas que tienen, en particular, cierta orientación sexual y en promover la cultura y el respeto de los derechos de esa categoría de personas tiene automáticamente, por ese objeto y con independencia de su eventual ánimo de lucro, legitimación activa para entablar un procedimiento judicial destinado a exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha Directiva y, en su caso, obtener reparación cuando se producen hechos que pueden ser constitutivos de discriminación, en el sentido de la citada Directiva, contra esa categoría de personas y no haya una persona perjudicada identificable.
2)

El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituye un acuerdo que tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia un acuerdo de resolución amistosa de un procedimiento judicial pendiente entre un fabricante de medicamentos de referencia y un fabricante de medicamentos genéricos, que se encuentran en situación de competencia potencial, en relación con la validez de una patente de procedimiento de fabricación del principio activo de un medicamento de referencia que ha pasado a ser de dominio público de la que es titular el primer fabricante así como en relación con el carácter infractor de una versión genérica de dicho medicamento, en virtud del cual ese fabricante de medicamentos genéricos se compromete a no comercializar el medicamento que contiene dicho principio activo y a no proseguir su acción de nulidad de esa patente durante la vigencia del acuerdo a cambio de que el fabricante de medicamentos de referencia efectúe transferencias de valores a su favor: — si del conjunto de elementos disponibles se desprende que el saldo positivo de las transferencias de valores del fabricante de medicamentos de referencia a favor del fabricante de medicamentos genéricos únicamente responde al interés comercial de las partes del acuerdo en no competir entre sí en función de los méritos, — a menos que el acuerdo de resolución amistosa en cuestión vaya acompañado de efectos favorables a la competencia probados que permitan albergar dudas razonables sobre su carácter suficientemente nocivo para la competencia.
C 161/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 4 de marzo de 2020 — Mowi ASA, anteriormente Marine Harvest ASA / Comisión Europea

(Asunto C-10/18 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Control de concentraciones entre empresas - Reglamento (CE) n.o 139/2004 - Artículo 4, apartado 1 - Obligación de notificación previa de las concentraciones - Artículo 7, apartado 1 - Obligación de suspensión - Artículo 7, apartado 2 - Exención - Concepto de «concentración única» - Artículo 14, apartado 2 - Decisión por la que se imponen multas por la puesta en marcha de una operación de concentración antes de su notificación y autorización - Principio non bis in idem - Principio de imputación - Concurso de infracciones)

(2020/C 161/02)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Mowi ASA, anteriormente Marine Harvest ASA (representante: R. Subiotto, QC)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: M. Farley y F. Jimeno Fernández, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Mowi ASA.

(1) DO C 142 de 23.4.2018.
1)

El artículo 66, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro se niegue a tramitar una solicitud de subvención de una organización de productores de productos de la pesca y de la acuicultura relativa a los gastos que efectuó en la preparación y aplicación de un plan de producción y de comercialización debido a que, cuando se presentó la solicitud, dicho Estado no había establecido aún, en su ordenamiento jurídico interno, la posibilidad de tramitar tal solicitud.
2)

El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2014/24 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una regla nacional por la que un Estado miembro supedita la celebración de una operación interna, en particular, a la condición de que la adjudicación de un contrato público no permita garantizar la calidad, disponibilidad y continuidad de los servicios que han de prestarse siempre que la opción en favor de un modo de prestación de servicios en particular, y realizado en una fase anterior al de la adjudicación del contrato público, respete los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 16 de octubre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — SD/Agrárminiszter

(Asunto C-490/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política agrícola común - Sector de la apicultura - Reglamento (UE) n.o 1308/2013 - Reglamento Delegado (UE) 2015/1366 - Solicitud de ayuda - Requisitos - Número mínimo de colonias de abejas - Determinación con efecto retroactivo - Principio de seguridad jurídica - Principio de protección de la confianza legítima)

(2019/C 423/15)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SD

Demandada: Agrárminiszter

Fallo

Sin perjuicio de las comprobaciones que incumbe efectuar al órgano jurisdiccional remitente, los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, de conformidad con el artículo 55, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007, establece el programa para el sector apícola por un período adicional de tres años, fije, por una parte, requisitos de concesión de la ayuda en este sector distintos de los previstos en los programas anteriores y, por otra parte, permita a los apicultores acogerse a dicha ayuda desde una fecha anterior a la de la entrada en vigor de tal normativa, siempre que cumplan los nuevos requisitos que en ella se establecen.

(1) DO C 25 de 21.1.2019.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 26 de septiembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Asunto C-600/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Transporte por carretera - Artículos 91 TFUE y 92 TFUE - Reglamento (UE) n.o 165/2014 - Artículos 32, apartado 3, 33, apartado 1, y 41, apartado 1 - Infracción de las normas relativas a la utilización de tacógrafos - Obligación de que los Estados miembros establezcan sanciones eficaces, proporcionadas, disuasorias y no discriminatorias - Pequeñas y medianas empresas residentes y no residentes - Trato diferenciado)

(2019/C 399/20)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Partes en el procedimiento principal

Demandante: UTEP 2006. SRL

Demandada: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Fallo

El artículo 41, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una práctica administrativa de un Estado miembro en virtud de la cual puede imponerse una sanción más leve, consistente en una amonestación en lugar de una multa administrativa, a las pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera establecidas en el territorio de ese Estado miembro, sin que las no residentes puedan acogerse a esta posibilidad, en caso de que tales pequeñas y medianas empresas cometan, por primera vez, una infracción de lo dispuesto en el Reglamento n.o 165/2014 de un mismo grado de gravedad.

(1) DO C 436 de 3.12.2018.
1)

La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que el estado de salud de un trabajador reconocido como especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo, en el sentido del Derecho nacional, que no permite al trabajador desempeñar determinados puestos de trabajo al suponer un riesgo para su propia salud o para otras personas, solo está comprendido en el concepto de «discapacidad», en el sentido de dicha Directiva, en caso de que ese estado de salud implique una limitación de la capacidad derivada, en particular, de dolencias físicas, mentales o psíquicas a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si en el asunto principal concurren tales requisitos.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de julio de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Noord-Nederland — Países Bajos) — HQ, IP, representados legalmente por HQ, JO/Aegean Airlines SA

(Asunto C-163/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Transportes aéreos - Reglamento (CE) n.o 261/2004 - Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos - Cancelación del vuelo - Asistencia - Derecho al reembolso del billete de avión por el transportista aéreo - Artículo 8, apartado 2 - Viaje combinado - Directiva 90/314/CEE - Quiebra del organizador de viajes)

(2019/C 305/19)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Noord-Nederland

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: HQ, IP, representados legalmente por HQ, JO

Demandada: Aegean Airlines SA

Fallo

El artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que un pasajero que, en virtud de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, dispone del derecho a reclamar al organizador de su viaje el reembolso de su billete de avión deja, por ello, de estar facultado para reclamar el reembolso de ese billete al transportista aéreo sobre la base del citado Reglamento, aun cuando dicho organizador de viajes no disponga de capacidad financiera para reembolsar el billete y no haya adoptado ninguna medida para garantizar tal reembolso.

(1) DO C 182 de 28.5.2018.