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28

El órgano jurisdiccional remitente estima, en esencia, que existen dudas sobre si el hecho de que los bienes se transporten en régimen suspensivo de impuestos especiales, de conformidad con la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO 2009, L 9, p. 12), afecta a los requisitos que establece la Directiva del IVA para la transmisión del poder de disposición sobre ellos como propietario. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que, cuando existen dudas sobre la interpretación de una disposición del Derecho tributario nacional en un litigio entre la Administración y un particular, la jurisprudencia del Ústavní soud České republiky (Tribunal Constitucional, República Checa) ha establecido un principio constitucional de Derecho nacional en virtud del cual la duda debe beneficiar al particular (principio denominado «in dubio mitius»). En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente considera que la legislación determinante para resolver el asunto del que conoce no puede calificarse de clara en el momento de los hechos del litigio principal, ya sea desde el punto de vista del Derecho interno o del Derecho de la Unión, por lo que se pregunta si, en el supuesto de que la interpretación que el Tribunal de Justicia diera en la sentencia que se dicte fuera desfavorable para el contribuyente, debería atenerse a ella, a pesar de ese principio constitucional de Derecho nacional. Dicho órgano jurisdiccional se pregunta, además, si, a la luz de dicho principio, los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia no deberían limitarse a las situaciones jurídicas posteriores a su pronunciamiento.
8

El artículo 3 de dicha Decisión Marco tiene la siguiente redacción: «1. La presente Decisión Marco tiene por objeto establecer las normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, para facilitar la reinserción social del condenado, reconocerá una sentencia y ejecutará la condena. 2. La presente Decisión Marco se aplicará cuando el condenado se encuentre en el Estado de emisión o en el Estado de ejecución. 3. La presente Decisión Marco solo se aplicará al reconocimiento de sentencias y a la ejecución de condenas en el sentido de la presente Decisión Marco. El hecho de que, además de la condena, se haya impuesto multa y/o resolución de decomiso, que todavía no se hayan abonado, cobrado o ejecutado, no impedirá la transmisión de la sentencia. El reconocimiento y la ejecución de dichas multas y resoluciones de decomiso en otro Estado miembro se basarán en los instrumentos aplicables entre Estados miembros, en particular la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias [(DO 2005, L 76, p. 16),] y la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso [(DO 2006, L 328, p. 59)]. 4. La presente Decisión Marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.»
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A tenor del artículo 33 de dicha Directiva: «1. Además de los casos en que la solicitud no se examine con arreglo al Reglamento (UE) n.o 604/2013 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31)], los Estados miembros no estarán obligados a examinar si el solicitante cumple los requisitos para la protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95] cuando una solicitud se considere inadmisible con arreglo al presente artículo. 2. Los Estados miembros podrán considerar inadmisible una solicitud de protección internacional solo si: a) otro Estado miembro ha concedido la protección internacional; b) un país que no sea un Estado miembro se considera primer país de asilo del solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35; c) un país que no sea un Estado miembro se considera tercer país seguro para el solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38; d) se trata de una solicitud posterior, cuando no hayan surgido ni hayan sido aportados por el solicitante nuevas circunstancias o datos relativos al examen de la cuestión de si el solicitante cumple los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva [2011/95]; e) una persona a cargo del solicitante presenta una solicitud, una vez que, con arreglo al artículo 7, apartado 2, haya consentido en que su caso se incluya en una solicitud presentada en su nombre, y no haya datos relativos a la situación de la persona a cargo que justifiquen una solicitud por separado.»
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Para determinar si se cumple este requisito, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación examinada, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario contrate o no a la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. No obstante, estos elementos son tan solo aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente (sentencia de 9 de septiembre de 2015, Ferreira da Silva e Brito y otros, C‑160/14, EU:C:2015:565, apartado 26 y jurisprudencia citada).
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En el contexto del referido examen, en los considerandos 75 a 81 de la Decisión controvertida, la Comisión verificó si las autoridades italianas habían impuesto unilateralmente a la recurrente determinadas OSP, en el sentido del artículo 1 del Reglamento n.o 1191/69. La Comisión consideró a este respecto que ni las autoridades italianas ni la recurrente consiguieron presentar un acto de atribución para el período considerado. En particular, si bien la imposición de determinadas OSP podía inferirse de la legge regionale n.o 16 — Interventi regionali in materia di servizi di trasporto pubblico locale per viaggiatori (Ley Regional n.o 16 sobre las intervenciones regionales para servicios de transporte público local de viajeros), de 25 de enero de 1983 (GURI n.o 118, de 2 de mayo de 1983, y BU Campania n.o 11), el artículo 2 de esta Ley se limitaba a establecer que «las eventuales pérdidas o déficits no cubiertos por contribuciones regionales según lo indicado anteriormente […] corr[ían] a cargo de las empresas». Del mismo modo, pese a que determinados actos normativos regionales invocados por la recurrente indicaban la existencia de algunas obligaciones contractuales durante el período considerado, tales actos no identificaron claramente obligaciones que pudieran constituir OSP, aunque sí contienen indicios de su posible existencia y, en cualquier caso, su naturaleza contractual excluyó la imposición unilateral de las mismas. Por lo que respecta, más concretamente, a la existencia de una obligación tarifaria que justifique la medida de que se trata, la Comisión consideró que no disponía de ningún elemento que demostrara que tal obligación se hubiera impuesto efectivamente a la recurrente.
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El artículo 6 del Reglamento Delegado n.o 664/2014, que lleva como epígrafe «Modificaciones de los pliegos de condiciones», dispone en sus apartados 1 y 2: «1. La solicitud de modificación de un pliego de condiciones, a la que se hace referencia en el artículo 53, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, que no se considere de menor importancia, contendrá una descripción exhaustiva y las razones concretas de cada modificación. La descripción deberá comparar pormenorizadamente, con respecto a cada modificación, el pliego de condiciones original y, en su caso, el documento único original con las versiones modificadas propuestas. La solicitud deberá ser autosuficiente. Contendrá todas las modificaciones del pliego de condiciones y, en su caso, del documento único cuya aprobación se solicita. […] 2. Las solicitudes de modificación de menor importancia del pliego de condiciones de denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas deberán presentarse a las autoridades del Estado miembro de la zona geográfica de la denominación o indicación. […] Si el Estado miembro considera que se cumplen los requisitos del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 y de las disposiciones adoptadas en virtud del mismo, podrá presentar un expediente de solicitud de modificación de menor importancia a la Comisión. […] La solicitud de modificación de menor importancia únicamente podrá proponer modificaciones de menor importancia en el sentido del artículo 53, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012. La solicitud describirá esas modificaciones de menor importancia, ofrecerá un resumen de la razón que hace necesaria una modificación y mostrará que las modificaciones propuestas se consideran de menor importancia de acuerdo con el artículo 53, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012. Deberá comparar, con respecto a cada modificación, el pliego de condiciones original y, en su caso, el documento único original con la versión modificada propuesta. La solicitud deberá ser autosuficiente y contener todas las modificaciones del pliego de condiciones y, en su caso, del documento único cuya aprobación se solicita. Las modificaciones de menor importancia a que se refiere el artículo 53, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 se considerarán aprobadas si la Comisión no informa al solicitante de lo contrario en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la solicitud. Las solicitudes de modificación de menor importancia que no satisfagan lo dispuesto en el párrafo segundo del presente apartado no serán admisibles. La aprobación tácita a que se hace referencia en el párrafo tercero del presente apartado no se aplicará a dichas solicitudes. Si la solicitud se considera inadmisible, la Comisión informará de ello al solicitante en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la solicitud. La Comisión hará públicas las modificaciones de menor importancia de pliegos de condiciones que se aprueben que no impliquen una modificación de los elementos mencionados en el artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012.»
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El artículo 6 de este código, que lleva como epígrafe «Condiciones de entrada para los nacionales de terceros países», dispone lo siguiente: «1. Para estancias previstas en el territorio de los Estados miembros de una duración que no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, lo que implica tener en cuenta el período de 180 días que precede a cada día de estancia, las condiciones de entrada para los nacionales de terceros países serán las siguientes: a) estar en posesión de un documento de viaje válido que otorgue a su titular el derecho a cruzar la frontera […] […] b) estar en posesión de un visado válido, cuando así lo exija el Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo[, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO 2001, L 81, p. 1)], salvo que sean titulares de un permiso de residencia válido o de un visado de larga duración válido; […] 2. A efectos de la aplicación del apartado 1, la fecha de entrada se considerará como primer día de estancia en el territorio de los Estados miembros, y la fecha de salida como último día de estancia en el territorio de los Estados miembros. No se tendrán en cuenta para el cálculo de la duración de la estancia en el territorio de los Estados miembros los períodos de estancia autorizados por medio de un visado nacional de larga duración o de un permiso de residencia. […] 5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1: […] b) podrá autorizarse la entrada al territorio de los Estados miembros a aquellos nacionales de terceros países que se presenten en la frontera y cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, excepto la de la letra b), si se les puede expedir un visado en la frontera en virtud de los artículos 35 y 36 del Reglamento (CE) n.o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un código comunitario sobre visados (código de visados) (DO 2009, L 243, p. 1)]. […]»
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El artículo 1 de la loi n.o 70-9, du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (Ley n.o 70-9, de 2 de enero de 1970, por la que se regulan las condiciones de ejercicio de la actividad relativa a determinadas operaciones sobre bienes inmuebles y fondos de comercio) (JORF de 4 de enero de 1970, p. 142), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley Hoguet»), establece lo siguiente: «Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a las personas físicas o jurídicas que, de forma habitual, realicen o asistan en la realización, incluso con carácter accesorio, de operaciones que tengan por objeto bienes ajenos relativas a: 1o la compra, la venta, la búsqueda, el intercambio, el arrendamiento o subarrendamiento, sea o no de temporada, de inmuebles, vacíos o amueblados, edificados o no; […]».
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Sobre este particular, como alega el INSS, no parece que el primero de estos tres requisitos se cumpla, puesto que los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no revelan ningún indicio de que una pensión contributiva de incapacidad permanente, como la controvertida en el litigio principal, solo afecte a una categoría particular de trabajadores.
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Pues bien, a este respecto, como recordó el Abogado General en el punto 42 de sus conclusiones, se desprende, en particular, del artículo 2, letra e), del Reglamento n.o 1370/2007, que derogó el Reglamento n.o 1191/69, y del artículo 2, punto 4, del Reglamento n.o 3577/92, relativo al sector del transporte, así como del artículo 2, punto 14, del Reglamento n.o 2017/352, relativo a la prestación de los servicios portuarios, que el concepto de «obligaciones de servicio público» utilizado por el legislador de la Unión a efectos de la aplicación de estos Reglamentos se refiere, en esencia, a las obligaciones impuestas por los poderes públicos a un operador que no asumiría tales obligaciones o no lo haría en la misma medida ni en las mismas condiciones, si considerara exclusivamente su interés comercial.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 33 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001 (DO 2001, L 194, p. 38; en lo sucesivo, «Convenio de Montreal»), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1), y del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
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A tenor del artículo 49 de la loi n 86‑1067 relative à la liberté de communication (Ley n.o 86‑1067 de Libertad de Comunicación), de 30 de septiembre de 1986 (JORF de 1 de octubre de 1986, p. 11749), en su redacción resultante del artículo 44 de la loi n 2006‑961 (Ley n.o 2006‑961), de 1 de agosto de 2006 (JORF de 3 de agosto de 2006, p. 11529) (en lo sucesivo, «artículo 49 modificado»): «El [INA], entidad pública empresarial del Estado de carácter industrial y comercial, se encargará de conservar y promover el patrimonio audiovisual nacional. I. El instituto conservará los archivos audiovisuales de los entes nacionales de radio y televisión y contribuirá a su explotación. La naturaleza, las tarifas, las condiciones económicas de las prestaciones documentales y las modalidades de explotación de estos archivos se fijarán mediante convenio entre el instituto y los entes interesados. Dichos convenios se aprobarán mediante orden de los ministros responsables del presupuesto y de la comunicación. II. El instituto explotará los extractos de los archivos audiovisuales de los entes nacionales de radio y televisión conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones. Como tal, será el beneficiario de los derechos de explotación de dichos extractos al cabo de un período de un año desde su primera transmisión. El instituto conservará la titularidad de los soportes y materiales técnicos y de los derechos de explotación de los archivos audiovisuales de los entes nacionales de radio y televisión y de la sociedad mencionada en el artículo 58 que le fueron cedidos antes de la publicación de la loi no 2000‑719 [modifiant la loi n 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication] (Ley n.o 2000‑719 por la que se modifica la Ley n.o 86‑1067, de 30 de septiembre de 1986, de Libertad de Comunicación), de 1 de agosto de 2000 (JORF de 2 de agosto de 2000, p. 11903). No obstante, tanto los entes nacionales de radio y televisión como la sociedad mencionada en el artículo 58 conservarán un derecho de utilización prioritario de esos archivos. El instituto ejercerá los derechos de explotación a los que se refiere el presente apartado respetando los derechos morales y patrimoniales de los titulares de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor y de sus causahabientes. Sin embargo, no obstante lo dispuesto en los artículos L. 212‑3 y L. 212‑4 del Código de la Propiedad Intelectual, las condiciones de explotación de las actuaciones de los artistas intérpretes contenidas en los archivos a que se refiere el presente artículo y las compensaciones por dicha explotación se regirán por los acuerdos o convenios celebrados por los propios artistas intérpretes, o por los propios sindicatos de artistas intérpretes, y el instituto. Estos acuerdos o convenios deberán establecer, en particular, el baremo de las compensaciones y sus modalidades de abono.»
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El tribunal remitente puntualiza que, a diferencia de cuanto ocurría con respecto al ejercicio fiscal 2008, cuestionado en el asunto que dio lugar a la sentencia de 4 de julio de 2013, Argenta Spaarbank (C‑350/11, EU:C:2013:447), si en un ejercicio fiscal no existen beneficios, o no son suficientes, para poder practicar la deducción por capital riesgo, ya no es posible efectuar traslado alguno a ejercicios posteriores.
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En primer lugar, procede señalar que el artículo 69, apartado 1b, de la Ley de los Tribunales Ordinarios dispone que el ministro de Justicia podrá decidir si autoriza o no dicha prórroga atendiendo a diversos criterios. Ahora bien, estos criterios resultan excesivamente vagos y no puede verificarse su concurrencia y, por lo demás, como reconoció la República de Polonia en la vista, la decisión del ministro no debe motivarse, en particular atendiendo a dichos criterios. Además, no cabe la posibilidad de presentar recurso judicial contra esta decisión [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (Independencia del Tribunal Supremo), C‑619/18, EU:C:2019:531, apartado 114].
20

El 8 de enero de 2018, Delta presentó una reclamación ante el Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (Consejo Nacional de Resolución de Reclamaciones, Rumanía; en lo sucesivo, «CNRR»), reclamación que fue desestimada mediante resolución de 2 de febrero de 2018. En esta última resolución el CNRR se declaró incompetente para examinar la legalidad del documento de constatación y para determinar un posible incumplimiento en la ejecución del contrato n.o 1. No obstante, precisó que, en la medida en que el documento de constatación no había sido anulado por sentencia firme, gozaba de presunción de legalidad, a los efectos de acreditar la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato n.o 1. El CNRR puso de relieve asimismo que el poder adjudicador no se había basado únicamente en el documento de constatación para excluir a la UTE n.o 2. Según el CNRR, en efecto, el poder adjudicador había emprendido actuaciones para comprobar los datos recogidos en tal documento, basando su decisión en las observaciones de las partes del litigio principal. Por último, concluyó el CNRR, la UTE n.o 2 había invocado exclusivamente la ilegalidad del documento de constatación, sin aportar pruebas que demostrasen su fiabilidad en lo que respecta a los motivos de exclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley n.o 98/2016.
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El Reglamento Roma I sustituyó al Convenio de Roma. El considerando 38 de ese Reglamento expone lo siguiente: «En el contexto de una cesión de créditos voluntaria, el término “relaciones” debe aclarar que el artículo 14, apartado 1, se aplica también a los aspectos jurídico reales de una cesión de crédito entre cedente y cesionario en aquellos ordenamientos jurídicos en que dichos aspectos se tratan separadamente de los aspectos relativos al Derecho de obligaciones. No obstante, el término “relaciones” no debe entenderse como referido a cualquier relación entre cedente y cesionario que pueda existir. En particular, no debe abarcar cuestiones preliminares relativas a una cesión de créditos voluntaria o a una subrogación convencional. El término debe limitarse estrictamente a aquellos aspectos directamente pertinentes a la cesión de créditos voluntaria o a la subrogación convencional de que se trate.»
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En relación con el artículo 73 del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), antecesor del artículo 67 del Reglamento n.o 883/2004 y que tiene un contenido sustancialmente idéntico a este, el Tribunal de Justicia ha precisado que ese artículo tiene como finalidad facilitar a los trabajadores migrantes la percepción de las prestaciones familiares en el Estado miembro en el que desempeñan su empleo, en los supuestos en los que la familia no se desplaza con ellos, y, en particular, impedir que un Estado miembro pueda hacer depender la concesión o la cuantía de prestaciones familiares de la residencia de los miembros de la familia del trabajador en el Estado miembro que las otorga (sentencia de 14 de octubre de 2010, Schwemmer, C‑16/09, EU:C:2010:605, apartado 41 y jurisprudencia citada).