ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
En el marco de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE contra una decisión de la Comisión en materia de competencia, aunque la Comisión no puede invocar en apoyo de la decisión impugnada nuevas pruebas de cargo no mencionadas en la misma, puede, sin embargo, responder a las alegaciones del demandante cuando éste trate de demostrar, basándose en otros documentos presentados por él ante el Tribunal, que la tesis de la Comisión adolece de un error de hecho. El autor de una decisión impugnada puede aportar precisiones durante el procedimiento contencioso para completar una motivación que ya es en sí suficiente, ya que éstas pueden ser de utilidad para el control interno de la exposición de motivos de la decisión ejercido por el juez de la Unión, por cuanto permiten a la institución explicar las razones en las que se basa su decisión.

Una sociedad que se considera que constituye con su filial una misma empresa en el sentido del artículo 81 CE no puede sostener que la reducción por el Tribunal del importe de la multa impuesta a su filial implicaría reducir también la multa que se le impuso solidariamente como sociedad matriz del grupo, ya que esa decisión del Tribunal se deriva del hecho de que la Comisión vulneró el derecho de defensa de la filial al no indicarle, en el pliego de cargos, que la consideraba responsable de la infracción cometida por una segunda filial en su calidad de sociedad matriz de esta última, y no en su calidad de sucesora en Derecho.

Dado que el Tribunal no ha concluido que no existiese un comportamiento infractor de esta segunda filial, y que la Comisión presumió el ejercicio de una influencia decisiva de la sociedad matriz del grupo sobre esta segunda filial debido a la posesión indirecta de la totalidad de su capital, la Comisión podía imputar a la sociedad matriz del grupo el comportamiento infractor de la segunda filial y condenarla solidariamente al pago de la multa. La Comisión dispone, en efecto, de un margen de apreciación para decidir cuáles son las entidades dentro de una empresa que considera responsables de una infracción. Por lo tanto, puede considerarse a la sociedad matriz del grupo responsable única del comportamiento de la segunda filial.

(véanse los apartados 72 a 75)
4

El decreto legislativo no 466 (sul) riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell’art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, no 662 [Decreto Legislativo mediante el que se reorganizan los impuestos personales sobre la renta con el objeto de favorecer la capitalización de las empresas, con arreglo al artículo 3, párrafo 162, letras a), b), c), d) y f), de la ley no 662, de ], de , publicado en el suplemento ordinario de la GURI no 3, de , estableció un mecanismo de incentivos denominado «Super DIT» (en lo sucesivo «Super DIT»). El Super DIT establece en concreto una reducción del 7% del tipo impositivo aplicable a la remuneración ordinaria del aumento del capital invertido, que no puede dar lugar a un tipo medio impositivo inferior a 20%, para las sociedades cuyos títulos de participación estén admitidos a cotización en un mercado regulado durante los tres primeros períodos impositivos siguientes al de la primera cotización. El Super DIT fue suprimido mediante la legge no 383 (su) primi interventi per il rilancio dell’economia (Ley sobre las primeras intervenciones para relanzar la economía), de , publicada en la GURI no 248, de . Sin embargo, las sociedades que, a , habían realizado operaciones de aumento de capital en el sentido de dicha normativa continuaban beneficiándose de dichos incentivos.
56

BASF alega, con carácter preliminar, que los Reglamentos nos 17 y 1/2003 no ofrecen una base jurídica clara para el incremento del importe de la multa por reincidencia. Dado que, según ella, las infracciones por las que fue sancionada con una multa en 1969 y en 1994 no tuvieron ninguna influencia sobre la gravedad o la duración de la infracción que es objeto de la Decisión, la Comisión violó el principio de seguridad jurídica al tener en cuenta dichas sanciones. BASF señala que del Reglamento no 2988/74, del artículo 25 del Reglamento no 1/2003 y del principio de seguridad jurídica se desprende que la sanción por reincidencia debe estar sujeta a un régimen de prescripción, con el fin de evitar que se llegue a resultados absurdos, como el que no se imponga una multa a los productores norteamericanos debido a la prescripción de su conducta colusoria que se produjo en 1994, mientras que se sanciona a BASF por una infracción cometida en 1964. Según ella, es, en general, irracional que una empresa no pueda ser sancionada por una infracción cometida hace cinco años, pero pueda ser sancionada más severamente como consecuencia de una infracción prescrita desde hace mucho tiempo. Según BASF, si bien las Directrices son deficientes por no prever un período transcurrido el cual una infracción anterior ya no debería tenerse en cuenta en concepto de reincidencia, las normativas de los Estados miembros prevén, en cambio, tal limitación. BASF estima que si la Decisión 69/243 (véase el apartado 18) no se tuvo en cuenta al incrementar la multa por reincidencia, debe admitirse que, o bien dicho incremento es erróneo, o bien la Comisión también opina que una infracción cometida hace cuarenta años no puede tenerse en cuenta a esos efectos.
108

Por último, no procede acoger la pretensión de la demandante de que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre si las pruebas que presentó eran o no suficientes para considerar que se cumplía el requisito del artículo 2, apartado 7, letra c), primer guión, del Reglamento de base, ya que tal apreciación está reservada a las instituciones comunitarias. Como señala el Consejo acertadamente, a las instituciones comunitarias les corresponde apreciar, caso por caso, si los elementos aportados por el productor exportador son suficientes para demostrar que concurren los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base y al juez comunitario verificar si dicha apreciación está viciada por un error manifiesto (véase, en este sentido, la sentencia Shanghai Teraoka Electronic/Consejo, citada en el apartado 34 supra, apartados 52 y 53). Por lo tanto, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia proceder a tal examen en lugar y en sustitución de las instituciones de que se trata.
235

La Comisión denegó la solicitud de la demandante, indicando que no había iniciado un procedimiento contra Gerken, que no había incluido el período anterior a octubre de 1988 en el ámbito de aplicación del procedimiento de que se trata y que la información que no le ayudaba «ni a acreditar la existencia de una infracción, ni a determinar el importe de las multas que había que imponer a la empresas (si es que ese último tipo de colaboración pudiera tomarse en consideración), no pueden calificarse de colaboración efectiva fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación [sobre la cooperación]» (considerando 315 de la Decisión).
145

De igual modo, corresponde a las instituciones asegurarse de que el perjuicio imputable a esos otros factores no se tiene en cuenta en la determinación del perjuicio con arreglo al artículo 3, apartado 7, del Reglamento no 384/96 y al artículo 8, apartado 7, del Reglamento no 2026/97 y que, por consiguiente, el derecho antidumping o compensatorio impuesto no sobrepasa lo necesario para eliminar el perjuicio causado por las importaciones que son objeto de dumping o de subvención [véase, en este sentido, por lo que respecta a la aplicación del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 209, p. 1), cuya formulación es similar a las del artículo 3, apartado 7, del Reglamento no 384/96 y el artículo 8, apartado 7, del Reglamento no 2026/97, la sentencia de , EFMA/Consejo, citada en el apartado 129 supra, apartados 59 y 60].
119

Procede recordar que la excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de investigación ya existía en el Código de conducta de 1993. Como se ha señalado en el apartado 62 supra con respecto a la protección de los procedimientos judiciales, las diferencias entre este Código y el Reglamento no 1049/2001 consisten, por una parte, en el hecho de que el Código preveía la posibilidad de denegar el acceso del público a todo documento cuya divulgación «[pudiera] suponer un perjuicio» a las actividades de investigación, mientras que el Reglamento no 1049/2001 se refiere al caso en que la divulgación «suponga un perjuicio» para estas actividades y, por otra parte, en el hecho de que el Código no establecía que un interés público superior pudiera primar sobre el interés en proteger el objetivo de las actividades de investigación. En cambio, al igual que el Código de conducta de 1993, el Reglamento no 1049/2001 no contiene una definición de las actividades de investigación.
111

A este respecto, procede recordar la jurisprudencia con arreglo a la cual, al adoptar reglas de conducta administrativa que tienen por objeto producir efectos externos y anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los supuestos contemplados en ellas, la institución en cuestión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por vulnerar los principios generales del Derecho, tales como el de igualdad de trato, el de seguridad jurídica o el de protección de la confianza legítima. Por lo tanto, no cabe excluir que, en determinadas circunstancias y en función de su contenido, dichas reglas de conducta de alcance general puedan producir efectos jurídicos y que, en particular, la Administración no pueda apartarse de ellas, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad de trato (véase, respecto de las directrices de la Comisión para el cálculo de multas en materia de competencia, la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P y C-213/02 P, Rec. p. I-5425, apartados 209 a 211; véase igualmente, respecto de las directrices adoptadas por la Comisión en materia de ayudas de Estado, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 1998, Cityflyer Express/Comisión, T-16/96, Rec. p. II-757, apartado 57), siempre que dicho enfoque no sea contrario a normativa comunitaria de rango superior. Mas concretamente, en materia de agricultura, salud y medio ambiente, el Tribunal de Primera Instancia ha reconocido que las instituciones comunitarias pueden imponerse orientaciones para el ejercicio de sus facultades de apreciación mediante actos no previstos en el artículo 249 CE, en particular mediante comunicaciones, en la medida en que dichos actos contengan normas indicativas sobre la orientación que deben seguir las instituciones comunitarias y no sean contrarios a las normas del Tratado (véanse las sentencias Pfizer Animal Health/Consejo, apartado 81 supra, apartado 119, y Alpharma/Consejo, apartado 81 supra, apartado 140 y la jurisprudencia que allí se cita).
100

Con carácter subsidiario, la Comisión niega haber incurrido en un vicio sustancial de forma respecto de la tramitación del estudio francés y de la información facilitada por la República Italiana y por la República Portuguesa. A este respecto, reitera, en primer lugar, la alegación según la cual el artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 3600/92 se dirige al EMP y no a ella. A continuación sostiene que esta misma disposición no establece ningún requisito según el cual todo expediente de evaluación deba ser un expediente científico escrito y apoyarse en documentación escrita. Además, afirma que la Comisión no está sujeta a una obligación general de consultar al Comité científico, y aún menos cuando, como en el caso de autos, los datos comunicados por los Estados miembros no eran de una complejidad técnica tal que hubiera un motivo particular para consultar al Comité científico. Por último, la información transmitida por la República Italiana y por la República Portuguesa, así como el estudio francés, confirmaron las conclusiones del EMP, del Comité permanente y del Comité científico, de forma que la Comisión no tenían ningún motivo particular por el que consultar de nuevo al Comité científico.
Anular la Decisión 2006/177/CE de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, relativa a la ayuda estatal nº C 4/2003 (ex NN 102/2002) concedida por Italia en favor de WAM S.p.A. (DO 2006, L 63, p. 11).
Palabras clave

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Palabras clave

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Signos totalmente diferentes — Signos que presentan una escasa similitud

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa que contiene el elemento denominativo «NICKY» y marcas figurativas que contienen el elemento denominativo «NOKY»

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

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1. Del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, resulta que el riesgo de confusión exige a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los que se ha registrado la marca anterior. Se trata de requisitos acumulativos. En consecuencia, si los signos en conflicto son totalmente diferentes, es posible, en principio, sin examen de los productos de que se trata, considerar que no existe riesgo de confusión. En cambio, cuando los signos en conflicto no carecen manifiestamente de similitud, sino que tienen algunas similitudes y algunos elementos que pueden diferenciarlos, la apreciación de la importancia respectiva de dichos elementos no debe realizarse de manera aislada, sino en el marco de una apreciación global del riesgo de confusión, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados.

(véanse los apartados 26, 27, 29 y 39)

2. Existen, para el público francés, similitudes visuales y fonéticas entre el signo figurativo que contiene el elemento denominativo «NICKY», cuyo registro como marca comunitaria se solicita para productos comprendidos en la clase 16 del Arreglo de Niza, y las marcas figurativas que contienen el elemento denominativo «NOKY», registradas con anterioridad en Francia para productos comprendidos en la misma clase, de tal manera que debe realizarse una comparación de los productos con el fin de apreciar globalmente el riesgo de confusión.

(véanse los apartados 34, 35 y 38)
3)

Condenar al Consejo a cargar, además de con sus propias costas, con las costas del demandante, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales, y con las costas de Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines, de los Sres. Luis G. Jalandoni y Fidel V. Agcaoili y de la Sra. María Consuelo K. Ledesma.
4

Por otra parte, en virtud de las disposiciones del artículo 3, apartados 69 y 70, de la legge no 549 (su) misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Ley no 549, de medidas de racionalización de la Hacienda Pública, de 28 de diciembre de 1995, suplemento ordinario de la GURI no 302, de ; en lo sucesivo, «Ley no 549/95») en relación con las del decreto-legge no 331 (su) armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (Decreto-ley no 331 de armonización de las disposiciones tributarias en diversos ámbitos, de , GURI no 203, de ; en lo sucesivo, «Decreto-ley no 331/93»), se adoptaron las siguientes medidas a favor de las sociedades constituidas al amparo de la Ley no 142/90: — la exención de todos los derechos que gravaban las transmisiones patrimoniales derivadas de la transformación de empresas especiales y empresas municipales en sociedades constituidas al amparo de la Ley no 142/90 (en lo sucesivo, «exención de los derechos sobre las transmisiones patrimoniales»); — la exención total del impuesto de sociedades, es decir, el impuesto sobre los beneficios de las personas jurídicas y el impuesto local sobre la renta, durante tres años y como máximo hasta el ejercicio de 1999 (en lo sucesivo, «exención durante tres años del impuesto de sociedades»).
El 7 de abril de 1999, la División de Oposición dirigió a la parte interviniente un fax del siguiente tenor:

«Notification of deficiencies in the notice of opposition [Rule 15 and 18 (2) of the Implementing Regulation]

[...]

The examination of the notice of opposition has shown that the indication of the goods and services has not been provided in the lenguage of the opposition proceedings (english).

This deficiency must be remedied within a non extendible period of two months from the receipt of this notification, that is on or before 07/06/1999.

The notice of opposition will otherwise be rejected on grounds of inadmissibility.»

[«Notificación de las irregularidades del escrito de oposición (Reglas 15 y 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución)

[...]

El examen del escrito de oposición ha puesto de manifiesto que la indicación de los productos y servicios no se ha remitido en la lengua de procedimiento de la oposición (inglés).

Esta irregularidad deberá subsanarse en un plazo improrrogable de dos meses a partir de la recepción de la presente notificación, es decir, a más tardar el 07/06/1999.

En caso contrario, no se admitirá el escrito de oposición.»]
9

Mediante resolución de 5 de septiembre de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso consideró que no procedía admitir el recurso por cuanto la División de Oposición había acogido las pretensiones de la demandante, a efectos del artículo 58 del Reglamento no 40/94. Señaló que, ni explícita ni implícitamente, la demandante había solicitado que se adoptara una resolución cuyo objeto fuera impedir que Moser Grupo Media, S.L., transformara su solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional. Hizo constar que, además, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento no 40/94, la finalidad del procedimiento de oposición no es solucionar los conflictos de marcas a escala nacional, sino impedir el registro de una marca comunitaria que vulnera derechos anteriores. Según la Sala de Recurso, la obligación de examinar la oposición más allá de la cuestión del registro de la marca comunitaria no concuerda con la función principal del procedimiento de oposición ni con los principios de economía procesal.
Si una intervención estatal debe considerarse una compensación que constituye la contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, de forma que estas empresas no gozan, en realidad, de una ventaja financiera y que, por tanto, dicha intervención no tiene por efecto situarlas en una posición competitiva más favorable respecto a las empresas competidoras, tal intervención no está sujeta al artículo 87 CE, apartado 1.

Para que a tal compensación no se le aplique, en un caso concreto, la calificación de ayuda de Estado, deben cumplirse una serie de requisitos. En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben estar claramente definidas. En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente, para evitar que ésta confiera una ventaja económica que pueda favorecer a la empresa beneficiaria respecto de las empresas competidoras. En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes a éste y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones. En cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público, en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes a éste y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.

(véanse los apartados 72 y 73)
Palabras clave

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Palabras clave

Marca comunitaria – Definición y adquisición de la marca comunitaria – Motivos de denegación absolutos – Marcas carentes de carácter distintivo – Marca tridimensional – Forma de frasco blanco y transparente

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

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No carece de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, una marca tridimensional constituida por la forma de un frasco de plástico, representado de pie, sosteniéndose sobre su tapón y compuesto por un cuerpo transparente y un tapón blanco, el cual presenta en las caras delantera y trasera un relieve en forma de V que se acopla al contorno de las aristas laterales del cuerpo, cuyo registro se solicita para «jabones; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; productos para limpiar y pulir; cisternas de descarga perfumadas; productos químicos para la limpieza de la porcelana, piedra, madera, vidrio, metales y plásticos» y «recipientes de plástico para productos líquidos gelatinosos y pastosos» que están comprendidos en las clases 3 y 20 del Arreglo de Niza, puesto que la combinación de elementos es verdaderamente específica y no puede considerarse común a la totalidad de los productos en cuestión, lo que confiere al frasco de que se trata una apariencia particular e inusual que puede captar la atención del público interesado y permite a éste, familiarizado con la forma del envase de los productos en cuestión, distinguir los productos designados en la solicitud de registro de los que tienen otro origen comercial, consideración que, además, está corroborada por el registro de una marca tridimensional de idéntica forma en once de los quince Estados miembros que integraban la Comunidad en la fecha de la presentación de la solicitud de registro.

(véanse los apartados 40, 47 y 48)