En efecto, el marco normativo aplicable a la OLAF —esto es, el Reglamento n.o 883/2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF—, excluye, en principio, que las personas afectadas tengan derecho de acceso al expediente de la OLAF. Únicamente si las autoridades destinatarias del informe final tienen intención de adoptar actos lesivos contra las personas afectadas deberían tales autoridades, de conformidad con las normas de procedimiento aplicables, conceder acceso al informe final de la OLAF para permitir a dichas personas ejercitar su derecho de defensa. Por consiguiente, conceder el acceso a los expedientes de la OLAF o a los informes finales de la OLAF al público en general alteraría gravemente el régimen establecido por el Reglamento n.o 883/2013.

Al utilizar la presunción general para denegar el acceso a documentos cuya divulgación se ha solicitado en virtud del Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la exigencia de verificar si es realmente aplicable la presunción general de que se trata no puede interpretarse en el sentido de que la Comisión deba examinar individualmente todos los documentos solicitados en el caso concreto. Tal exigencia privaría a la presunción general de su efecto útil, consistente en permitir que la Comisión responda a una solicitud de acceso global de un modo igualmente global.

De conformidad con el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, no se aplica la excepción que dicha disposición consagra si la divulgación del documento de que se trate está justificada por un interés público superior.

A este respecto, en cuanto a la necesidad de obtener la divulgación de los documentos solicitados por razón de un interés superior para mejor defenderse contra las aseveraciones realizadas a raíz de la publicación de un artículo en una revista, tal argumento no demuestra, por sí mismo, que exista un interés público que justifique la divulgación de los documentos relativos a una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y que pueda prevalecer sobre la protección de la confidencialidad, a efectos del artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001. Habida cuenta del principio general de acceso a los documentos consagrado en el artículo 15 TFUE y de los considerandos primero y segundo del Reglamento n.o 1049/2001, ese interés debe tener carácter objetivo y general y no puede confundirse con intereses particulares o privados. En efecto, con arreglo al artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento, es beneficiario del derecho de acceso a los documentos de las instituciones todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. De ello se desprende que este Reglamento persigue garantizar el acceso de todos a los documentos, y no sólo el acceso del solicitante a los documentos que le afectan.

Por consiguiente, el interés particular que puede alegar un solicitante de acceso a documentos que le afectan personalmente no puede, por lo general, ser decisivo ni para apreciar la existencia de un interés público superior ni para contrapesar los intereses con arreglo al artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001.

(véanse los apartados 53 a 56)