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Actos de las Instituciones ° Reglamentos ° Impugnación incidental ante el órgano jurisdiccional nacional de la legalidad de un Reglamento en el marco de un recurso dirigido contra una medida nacional de aplicación ° Concesión de una medida cautelar que hace inaplicable el Reglamento provisionalmente ° Procedencia ° Requisitos ° Fumus boni iuris ° Planteamiento al Tribunal de Justicia de una cuestión prejudicial sobre apreciación de validez ° Perjuicio grave e irreparable ° Consideración del interés de la Comunidad ° Observancia de la jurisprudencia comunitaria pertinente

(Tratado CE, arts. 177, 185, 186 y 189, párr. 2)

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El artículo 189 del Tratado no excluye la facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales de adoptar medidas cautelares que configuren o regulen las situaciones o las relaciones jurídicas controvertidas respecto a un acto administrativo nacional basado en un Reglamento comunitario cuya validez es objeto de una cuestión prejudicial.

En efecto, habida cuenta de la exigencia de coherencia del sistema de tutela jurisdiccional provisional, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido a los órganos jurisdiccionales que le han planteado tales cuestiones la posibilidad de acordar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo nacional basado en el Reglamento impugnado, por considerar que, en el marco de un recurso de anulación, el artículo 185 proporciona a la parte demandante la facultad de solicitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado y al Tribunal de Justicia, la competencia para ordenarla. Pues bien, por una parte, el Tratado no sólo autoriza al Tribunal de Justicia, en el artículo 185, para ordenar dicha suspensión, sino que también le faculta, en el artículo 186, para ordenar las medidas provisionales necesarias y, por otra parte, la protección provisional que los órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar, en virtud del Derecho comunitario, a los justiciables no puede variar dependiendo de que éstos soliciten la suspensión de la ejecución de un acto administrativo nacional o la concesión de las medidas cautelares controvertidas, puesto que, por naturaleza, tal concesión no tiene repercusiones más importantes sobre el ordenamiento jurídico comunitario que la mera suspensión de la ejecución del acto nacional adoptado con base en un Reglamento.

Para que el órgano jurisdiccional nacional pueda adoptar tales medidas cautelares, es preciso que tenga serias dudas acerca de la validez del acto comunitario y las exponga en su resolución; que, en el supuesto de que no se haya ya sometido al Tribunal de Justicia la cuestión de la validez del acto impugnado, la plantee el mismo; que exista urgencia, en el sentido de que las medidas cautelares son necesarias para evitar que la parte que las solicita sufra un perjuicio grave e irreparable, y que se tenga debidamente en cuenta el interés de la Comunidad. Esta consideración obliga al órgano jurisdiccional nacional a comprobar si el acto comunitario de que se trate quedaría privado de efecto útil a falta de aplicación inmediata y a tener en cuenta, a este respecto, el menoscabo que la medida cautelar puede producir en el régimen jurídico establecido por el Reglamento en toda la Comunidad. Además, esta consideración supone que, cuando la concesión de medidas cautelares pueda provocar un riesgo económico para la Comunidad, el órgano jurisdiccional debe poder exigir al demandante suficientes garantías. Por último es preciso que, al analizar si se cumplen todos estos requisitos, el órgano jurisdiccional nacional respete las resoluciones del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia dictadas sobre la legalidad del Reglamento o el auto de medidas provisionales relativo a la concesión, en la esfera comunitaria, de medidas provisionales similares.