En cambio, tal decisión no está suficientemente motivada cuando, tratándose de la aplicación a dicha persona jurídica del criterio del apoyo a la proliferación nuclear, se limita a observar que la persona jurídica en cuestión contribuye a la financiación de los intereses estratégicos del régimen. Aun admitiendo que la proliferación nuclear pudiera considerarse comprendida en los intereses estratégicos del régimen, tal motivación no permite conocer las razones específicas y concretas por las que el Consejo considera que la persona jurídica en cuestión contribuye a la financiación de la proliferación nuclear. Por consiguiente, la decisión en cuestión debe anularse en la medida en que se ha incumplido la obligación de motivación.

Está motivada de modo suficiente en Derecho una Decisión del Consejo que impone medidas restrictivas a una persona jurídica que contribuye al programa nuclear o de misiles balísticos de Irán, cuando permite identificar a las personas o entidades que, según el Consejo, ejercen un control sobre dicha persona jurídica, control previsto en el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140, y en el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 267/2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán, personas o entidades que son identificadas como la «Fundación» y el «Guía Supremo», y cuando permite comprender el modo en que, según el Consejo, el Guía Supremo y la Fundación ejercen directa o indirectamente un control sobre dicha persona jurídica, control previsto en esas mismas disposiciones.

Al resultar que es insuficiente la motivación de una decisión del Consejo que impone medias restrictivas a una persona jurídica que contribuye al programa nuclear o de misiles balísticos de Irán, en cuanto le aplica el criterio del apoyo a la proliferación nuclear, la interesada no tuvo la posibilidad de impugnar eficaz u oportunamente el fundamento de la aplicación de ese criterio a su situación, antes de la interposición de un recurso de anulación contra aquella decisión del Consejo o en el procedimiento iniciado a raíz de este recurso. Por consiguiente, dicha decisión, en la medida en que aplica el mencionado criterio, vulnera el derecho de defensa de la demandante y su derecho a la tutela judicial efectiva. En cambio, la decisión no vulnera esos mismos derechos en la parte de la misma relativa a la aplicación del criterio del control respecto de la cual la motivación es insuficiente.

El Consejo comete un error de apreciación en una decisión de mantener la inscripción del nombre de una persona jurídica en la lista de personas y entidades que contribuyen al programa nuclear o de misiles balísticos y de personas y entidades que apoyan al Gobierno de Irán, al aplicar a dicha persona jurídica el criterio del control al que se refiere el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC, y el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 267/2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento n.o 961/2010, siendo así que, por una parte, en virtud de las citadas disposiciones, el Consejo sólo está facultado para imponer medidas restrictivas a personas y entidades cuyos nombres se hayan inscrito en una lista de personas o entidades sujetas a medidas restrictivas por estar controladas por personas y entidades consideradas o identificadas como participantes, directamente asociadas o que proporcionan apoyo a la proliferación nuclear, y dado que, por otra parte, las entidades que ejercen el control no estaban inscritas en la lista controvertida en el momento en que se adoptó la decisión de mantener la inscripción. Por consiguiente, debe anularse tal decisión.

En efecto, la aplicación del criterio del control previsto en las mencionadas disposiciones se sustenta en la existencia de un riesgo no insignificante de que, cuando se congelan los fondos de una persona o entidad que se considera que participa en la proliferación nuclear, ésta ejerza presión sobre las personas o las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control para eludir el efecto de las medidas que la afectan, incitándoles a trasmitirle directa o indirectamente sus fondos o bien a realizar operaciones que ella misma no puede llevar a cabo a causa de la congelación de sus fondos. Habida cuenta del mencionado riesgo, la congelación de los fondos de las personas y entidades bajo el control de la persona o entidad cuyos fondos han sido congelados constituye una medida necesaria y apropiada para garantizar la eficacia de las medidas adoptadas y evitar que tales medidas sean eludidas.

Cualquier otra solución pondría además a la interesada en una situación extremadamente desfavorable en lo relativo a la defensa de sus derechos y a la tutela judicial efectiva, toda vez que, para impugnar las medidas restrictivas que se le han impuesto, podría verse obligada a refutar la responsabilidad en la proliferación nuclear de las entidades que la controlan, sin poder contar con que éstas intervengan en apoyo de su posición al respecto, al no haberse adoptado contra ellas ninguna medida restrictiva.

(véanse los apartados 121, 123 y 125 a 131)