La primera cuestión contiene dos partes que deben examinarse simultáneamente. Por una parte, se refiere a la cuestión de si el artículo 2 del Reglamento no 1643/71, es decir, la obligación del importador de efectuar importaciones solamente a precios que cumplan el sistema de precios mínimos establecido por el Reglamento no 1643/71, infringe el apartado 3 del artículo 40, en relación con la letra c) del apartado 1 del artículo 39 del Tratado CEE, al no poderse considerar como una medida necesaria para la aplicación del artículo 39 (en este caso, para la estabilización del mercado). Por otra parte, pregunta si el mencionado régimen infringe la primera frase del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento no 1427/71 que se refiere a medidas adecuadas para hacer desaparecer las perturbaciones provocadas en el mercado a causa de las importaciones. Teniendo en cuenta que en el Reglamento no 1428/71, adoptado el mismo día, el propio Consejo determinó las medidas previstas por el Reglamento no 1427/71 y mencionó también el sistema criticado de precios mínimos, hay que suponer que la segunda parte de la cuestión tiene en realidad por objeto saber si el Reglamento del Consejo de que se trata es compatible o no con los principios del Tratado.

Como acertadamente señaló la Comisión, las cuestiones deben examinarse teniendo en cuenta el motivo de recurso formulado por la demandante en el procedimiento principal de que un sistema que obliga a comprar en un país exportador a precios superiores a los que se practican en el mercado de ese país puede dar lugar a abusos como consecuencia del deseo natural del comerciante de obtener un beneficio. La demandante en el procedimiento principal estima que no se puede negar la existencia de numerosas posibilidades de sustraerse a la aplicación del sistema, tanto legales como ilegales. Así, el pago de precios más elevados en el país exportador puede ser puramente ficticio; en caso de pago efectivo de dicho precio, el exportador puede acordar, como compensación, una devolución que escape a todo control o, incluso, la compensación puede revestir la forma de rebaja del precio al momento de la entrega de otras mercancías. También es posible, y sigue siendo completamente legal, crear filiales en el país exportador o en un país tercero y efectuar las importaciones bajo el régimen de precios mínimos, comprando los productos al precio de mercado en el país exportador y trasladando el beneficio obtenido de esta forma al activo de la sociedad matriz. En todos estos casos es posible, respetando aparentemente el mecanismo de precios mínimos, vender a bajo precio en la Comunidad productos importados e impedir de esta forma que se produzca el efecto de estabilización del mercado. Por este motivo la demandante en el procedimiento principal entiende que las medidas de que se trata deben ser consideradas a priori como inadecuadas para conseguir el fin deseado.

Si examinamos esta argumentación, que a primera vista parece convincente, surge en primer lugar una objeción de peso que ha sido puesta de manifiesto por la Comisión. En realidad no se puede ignorar el hecho de que el propio Tratado prevé en el artículo 44 un sistema de precios mínimos, que el Acuerdo de Asociación con Grecia también reproduce el texto del artículo 44 y además remite a los apartados 2 y 3 del artículo 44, que dichos sistemas, como asegura la Comisión, se prevén también en otros Acuerdos celebrados con países terceros y que ya eran de uso común en el comercio exterior, incluso fuera de la Comunidad. Hay que recordar también que la Decisión del Consejo de Ministros sobre precios mínimos, de 4 de abril de 1962, otorgó incluso cierta prioridad al sistema criticado por la demandante y que dichos sistemas de precios mínimos se encuentran frecuentemente incluso en la normativa que regula las organizaciones comunes de mercados comunitarios (como lo ha indicado la Comisión en la página 17 de su escrito). Por tanto me inclino a pensar que un sistema tan extendido no puede ser calificado de inoperante. Efectivamente, no se puede pretender que todas las instancias experimentadas y competentes que participaron en la elaboración de los sistemas de precios mínimos mencionados fueran víctimas de un error fundamental en cuanto a la adecuación o inadecuación de dicho sistema. Por lo menos hay que aceptar la tesis contraria de exigir a los argumentos que se presenten una fuerza de convicción y una coherencia especialmente rigurosas.

Al examinar si este es el caso en relación con la demandante, comprobamos lo siguiente: en primer lugar, hay que admitir que son posibles los fraudes al sistema mencionados por la demandante y que indudablemente dichos fraudes existen en cierta medida. Sin embargo, no me parece evidente que constituyan la regla en el caso de un sistema de precios mínimos aplicados a los concentrados de tomate procedentes de Grecia, como tampoco me parece evidente que los comerciantes no respeten la Ley a este respecto, de forma que el sistema -en el caso de que se pudiera hablar de un carácter inapropiado-estaría completamente desprovisto de efectividad. Por el contrario, me inclino a pensar, coincidiendo con la Comisión, que no es imposible efectuar un control de la observancia de los requisitos establecidos en el Reglamento no 1643/71 y que sería posible lograr un nivel suficiente de eficacia del sistema aplicando rigurosamente las posibilidades de sanción a nivel nacional, gracias en particular a su efecto intimidatorio. En relación con los medios legales de sustraerse al sistema (intervención de filiales creadas en el país exportador o en un país tercero), hay que señalar que no pueden despreciarse las dificultades que plantea su creación (tanto fiscales como económicas) así como la transmisión de los beneficios obtenidos por las filiales (control de cambios). De hecho, dichas dificultades justifican la suposición de que la adopción de medidas de salvaguardia como las que son objeto de este asunto que, por su naturaleza, sólo pueden ser temporales, no tendrán por consecuencia la tentativa masiva de eludirlas por medios legales.

Pero, además, lo importante, en primer lugar, es que hoy podemos comprobar retrospectivamente que no se ha manifestado, de hecho, una tendencia en el sentido mantenido por la demandante. Si fuera cierta la tesis de la demandante de que la medida de salvaguardia es completamente inadecuada, ello habría tenido por consecuencia un aumento de las importaciones correspondientes a la tendencia de años precedentes. Sin embargo, no podemos afirmar que este sea el caso. Por el contrario, las importaciones han disminuido sensiblemente, como se deduce de las estadísticas oficiales, según las cuales las importaciones efectuadas de agosto a diciembre de 1971 sólo representan alrededor de la mitad de las importaciones que tuvieron lugar en el período correspondiente del año precedente y según las cuales esta tendencia se mantuvo en el primer semestre del año 1972. Tampoco existen indicios serios que permitan pensar que estas cifras sean erróneas, como parece suponer la demandante refiriéndose especialmente a ciertas informaciones emitidas por el país exportador. Así me parece suficientemente probado que la medida de salvaguardia adoptada ha aligerado de hecho el mercado comunitario y que, por ello, no puede negarse que ha tenido un efecto estabilizador del mercado del que se han beneficiado también los productores comunitarios de tomates.

En relación con la evolución de precios en la Comunidad después de la adopción de la medida de salvaguardia, hay que reconocer indudablemente que los precios comunitarios de los concentrados de tomate italianos a lo largo de la campaña, desde agosto de 1971 hasta la mala cosecha de 1972, fueron inferiores a los precios mínimos fijados por la Comisión (si bien no en la cuantía citada por la demandante y basada en un determinado número de ofertas individuales, pero de una cuantía media inferior). Las razones de este fenómeno no parecen claras. Puede ser que el cálculo demasiado generoso de los precios mínimos (calculo al que me referiré a continuación) haya influido de alguna manera. Quizás se eludieron en cierta medida aquellas normas o incluso aumentaron las importaciones a bajo precio como consecuencia de las discusiones sobre la necesidad de adoptar medidas de salvaguardia, discusiones que se hicieron públicas antes de entrar en vigor dichas medidas. En cualquier caso, habida cuenta de la tendencia manifestada por los precios, es indudable que no se puede hablar de una ineficacia completa de la medida de salvaguardia de que se trata; en efecto, tal y como ha demostrado la Comisión, parece que paulatinamente los precios se aproximaron en gran medida al nivel de los precios mínimos. Ahora bien, este fenómeno puede calificarse sin más de estabilización del mercado, conforme al fin pretendido por la medida de salvaguardia de que se trata.

Por todo ello podemos concluir, en relación con la primera cuestión, que la tesis de la demandante es infundada: no existe ningún indicio serio que permita pensar que la medida de salvaguardia adoptada era completamente inadecuada para la consecución del fin perseguido y que, por ello, el sistema de precios mínimos establecido mediante el Reglamento no 1643/71 deba ser considerado inválido.