ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, sobre el permiso de conducción, en su versión modificada por el Reglamento no 1882/2003, deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir resultante de un permiso de conducir expedido con posterioridad en otro Estado miembro después del período de prohibición de solicitud de un nuevo permiso impuesto al interesado, y, por lo tanto, la validez de dicho permiso, hasta que su titular no haya cumplido los requisitos exigidos en el primer Estado miembro para expedir un nuevo permiso tras dicha retirada, incluido el examen de aptitud para la conducción en el que se acredite que los motivos que justificaron dicha retirada ya no existen.

En las mismas circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido con posterioridad por otro Estado miembro si se constata, sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción o en otras informaciones incontestables procedentes del Estado miembro de expedición, que el titular de dicho permiso, que ha sido objeto en el territorio del primer Estado miembro de una medida de retirada de un permiso anterior, no tenía su residencia habitual en el territorio del Estado miembro de expedición cuando se expidió dicho permiso.

(véanse el apartado 73 y el punto 1 del fallo)
Una normativa que obligue a la entidad adjudicadora a designar como adjudicatarios de contratos públicos de obras únicamente a las empresas que al licitar se comprometan por escrito a pagar a sus trabajadores, como contraprestación por la ejecución de los servicios de que se trate, como mínimo, la retribución prevista en el convenio colectivo aplicable en el lugar en que debe llevarse a cabo la ejecución de tales servicios, sin que dicho convenio pueda considerarse de aplicación general, no establece una cuantía de salario según uno de los mecanismos previstos en el artículo 3, apartados 1, párrafo primero, guiones primero y segundo, y 8, párrafo segundo, de la Directiva 96/71, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Por consiguiente, no puede considerarse que tal cuantía de salario constituya una cuantía de salario mínimo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letra c), de esta misma Directiva, que los Estados miembros pueden imponer, en virtud de ésta, a las empresas establecidas en otros Estados miembros, en relación con una prestación de servicios transnacional.

(véanse los apartados 26, 30 y 31)
Asunto C-507/06

Malina Klöppel

contra

Tiroler Gebietskrankenkasse

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Innsbruck)

«Derecho a la prestación por cuidado de hijos austriaca — Denegación del reconocimiento de los períodos de percepción de prestaciones familiares en otro Estado miembro — Reglamento (CEE) no 1408/71»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de febrero de 2008 I - 945

Sumario de la sentencia

Seguridad social de los trabajadores migrantes — Igualdad de trato — Prestación por cuidado de hijos

[Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, art. 3, ap. 1]

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 1408/71 se opone a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento, a efectos de la concesión de una prestación familiar como la prestación por cuidado de hijos, del período de percepción de una prestación equiparable en otro Estado miembro de la misma manera que si aquél se hubiera cubierto en su propio territorio.

En efecto, el principio de no discriminación, tal como se halla enunciado en el artículo 39 CE, apartado 2, y como ha sido concretado en materia de seguridad social de los trabajadores migrantes por el artículo 3, apartado 1, antes citado, prohíbe no sólo las discriminaciones ostensibles, basadas en la nacionalidad de los beneficiarios de los regímenes de seguridad social, sino también toda forma encubierta de discriminación que, por aplicación de otros criterios de distinción, conduzca de hecho al mismo resultado. En consecuencia, deben considerarse indirectamente discriminatorios los requisitos del Derecho nacional que, aun cuando se apliquen con independencia de la nacionalidad, afecten fundamentalmente o en su mayor parte a los trabajadores migrantes, así como los requisitos indistintamente aplicables que puedan ser cumplidos más fácilmente por los trabajadores nacionales que por los trabajadores migrantes, o incluso que puedan perjudicar de manera particular a estos últimos.

(véanse los apartados 17, 18 y 22 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Medicamentos

(Art. 28 CE y 30 CE; Acuerdo EEE, arts. 11 y 13)

Índice

Una prohibición nacional de publicidad para los medicamentos no autorizados cuya venta se autoriza con carácter excepcional, en el Estado miembro afectado pero que se comercializan legalmente en ese otro Estado miembro o en un Estado tercero parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), no debe apreciarse a la luz de las disposiciones relativas a la publicidad de la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2004/27, sino a la luz de los artículos 28 CE y 30 CE y 11 y 13 del Acuerdo EEE.

Los artículos 28 CE y 11 del Acuerdo EEE se oponen a esta prohibición, en la medida en que se aplica a la difusión, entre los farmacéuticos, de listas de medicamentos no autorizados cuya importación desde otro Estado miembro o un Estado tercero parte en dicho Acuerdo sólo está autorizada con carácter excepcional, que sólo contienen información relativa a la denominación comercial, a las dimensiones del envase, a la dosis y al precio de esos medicamentos.

No puede considerarse que esta prohibición está justificada por razones de protección de la vida y la salud de las personas, y es necesaria a tal fin, con arreglo al artículo 30 CE y 13 del Acuerdo EEE, puesto que, al prohibir tales listas que no contienen información esencial sobre las características o los efectos de los medicamentos, va más allá de lo necesario para lograr el objetivo de garantizar que la importación de medicamentos no autorizados siga siendo excepcional, para preservar el efecto útil del procedimiento de autorización de la comercialización.

(véanse los apartados 35, 37, 41 y 44 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Videocámaras con función DV‑in que puede ser activada después del despacho aduanero

Índice

Una videocámara sólo puede ser clasificada en la subpartida 8525 40 99 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento nº 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, si la función de grabar imágenes y sonidos procedentes de fuentes distintas de la cámara o micrófono integrados (función DV‑in) es operativa en el momento del despacho aduanero o si esta función puede ser activada en un momento posterior, aunque el fabricante no haya querido destacar esta característica, a través de una simple manipulación del aparato por un usuario no particularmente instruido, sin que la videocámara sufra modificación material alguna. En caso de que la función DV‑in sea activada en un momento posterior, es también necesario, por una parte, que, realizada la manipulación correspondiente, la videocámara opere de forma análoga a otra videocámara cuya función DV‑in es operativa en el momento del despacho aduanero y, por otra, que funcione de forma autónoma. El cumplimiento de estos requisitos debe poder ser comprobado en el momento de efectuar el despacho aduanero. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si se han cumplido estos requisitos. De no ser así, la videocámara de que se trata deberá clasificarse en la subpartida 8525 40 91 de la Nomenclatura Combinada.

(véanse los apartados 35 y 44 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 8)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No elaboración ni comunicación a la Comisión del informe previsto en el artículo 9 de la Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO 2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos (DO 2000, L 12, p. 16).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO 2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos, al no haber comunicado el informe previsto en el artículo 9 de dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, respectivamente, de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996 (DO L 175, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1552/89»), hasta el 31 de mayo de 2000, y, a partir de esta misma fecha, de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1), al haberse negado a calcular y pagar los recursos propios no recaudados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002, derivados de la importación de material militar exento del pago de derechos de aduana, y al haberse negado a abonar los intereses de demora que resultan de la falta de pago de dichos recursos propios a la Comisión.
Asunto C-51/05 P

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl y otros

«Recurso de casación — Organización común del mercado vitivinícola — Ayudas a la destilación — Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual de la Comunidad — Plazo de prescripción — Inicio del cómputo»

Conclusiones de la Abogado General Sra. E. Sharpston, presentadas el 22 de noviembre de 2007 I - 5343

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de julio de 2008 I - 5373

Sumario de la sentencia

Recurso de indemnización — Plazo de prescripción — Inicio del cómputo

(Arts. 235 CE y 288 CE, parr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 46)

El plazo de prescripción de cinco años para las acciones contra la Comunidad en materia de responsabilidad extracontractual, establecido en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia, empieza a correr cuando concurren todos los requisitos a los que está supeditada la obligación de reparación y, en particular, cuando se concrete el perjuicio que debe indemnizarse. Por lo tanto, en aquellos casos en que la responsabilidad de la Comunidad traiga causa de un acto normativo, ese plazo de prescripción no puede empezar a correr antes de que se hayan producido los efectos perjudiciales de dicho acto y, por tanto, antes del momento en que los interesados hayan sufrido un perjuicio cierto.

A este respecto, los requisitos a los que se subordina la obligación de reparar los daños previstos en el artículo 288 CE, párrafo segundo, y, en consecuencia, las reglas de prescripción que rigen las acciones que tienen por objeto reparar dichos daños, no pueden fundarse en criterios que no sean estrictamente objetivos. En efecto, si fuera de otra manera, se correría el riesgo de menoscabar el principio de seguridad jurídica sobre el cual se apoyan precisamente las reglas de prescripción y que exige que las normas de Derecho comunitario sean claras y precisas para que los interesados puedan orientarse en situaciones y relaciones jurídicas que entran dentro del ámbito del ordenamiento jurídico comunitario.

Además, impedir que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual de la Comunidad comience a correr hasta que la parte supuestamente afectada no haya adquirido personalmente la convicción de haber sufrido un perjuicio tiene como consecuencia hacer variar el momento de la prescripción de dicha acción según la percepción individual que pueda tener cada parte de la realidad del daño, lo que es contrario al requisito de seguridad jurídica, necesario para aplicar los plazos de prescripción. A este respecto, el conocimiento de los hechos no figura entre los elementos que deben concurrir para que corra el plazo de prescripción. La apreciación subjetiva de la realidad del daño no puede tomarse en consideración para determinar el punto de partida de dicho plazo.

(véanse los apartados 54 y 59 a 61)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Cohesión económica y social — Intervenciones de carácter estructural — Financiación comunitaria — Concesión de una ayuda financiera

[Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 2082/93, art. 21, ap. 3, párr. 2]

Índice

El artículo 21, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 4253/88, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los diferentes Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, en su versión modificada por el Reglamento nº 2082/93, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición fiscal nacional, en virtud de la cual los importes percibidos de los Fondos estructurales comunitarios deben computarse a efectos de la determinación de la renta imponible. En efecto, las deducciones o las retenciones que reducen el importe de las ayudas comunitarias percibido por el beneficiario, que no tienen relación directa e inseparable con estas últimas, no obstaculizan la aplicación efectiva del mecanismo establecido por el Reglamento nº 4253/88.

Por otro lado, no puede considerarse que las diferencias que existen entre los beneficiarios de los Fondos estructurales, debido a la tributación por el importe de las ayudas comunitarias a tipos diferentes en los Estados miembros, infrinjan el principio de igualdad de trato. En efecto, para que así fuere, sería necesario que la situación de los beneficiarios de las ayudas comunitarias fuera comparable. Ahora bien, no sucede así, dado que éstos perciben dichas ayudas en un contexto socioeconómico específico de cada Estado miembro y que, a falta de armonización comunitaria en materia de determinación de la renta imponible, subsisten todavía las disparidades objetivas entre las normativas de los Estados miembros en la materia, generando de este modo ineludiblemente tales diferencias entre los referidos beneficiarios.

(véanse los apartados 18 a 21 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Medio ambiente — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Directiva 85/337/CEE

(Directiva 85/337/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CEE, arts. 2, ap. 1, y 4, ap. 1, y anexo I)

2. Medio ambiente — Residuos — Incineración — Directiva 2000/76/CE

(Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 12, ap. 1)

Índice

1. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11, un Estado miembro que, aplicando una normativa nacional que permite que los proyectos para la valorización de residuos peligrosos y no peligrosos con una capacidad superior a cien toneladas diarias, comprendidos en el anexo I de dicha Directiva, puedan eludir el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en los citados artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 1, si son objeto de un procedimiento simplificado en el sentido del artículo 11 de la Directiva 75/442, relativa a los residuos, no somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en los artículos 5 a 10 de la Directiva 85/337, antes de la concesión del permiso de construcción, un proyecto de incineradora de residuos que pertenece a la categoría de instalaciones que eliminan residuos no peligrosos mediante incineración o tratamiento químico con una capacidad superior a cien toneladas diarias, señalada en el anexo I, epígrafe 10, de la Directiva 85/337.

(véanse los apartados 50 a 53 y el punto 1 del fallo)

2. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/76, relativa a la incineración de residuos, un Estado miembro que no pone a disposición del público la declaración de inicio de actividad de un proyecto de incineradora de residuos, que puede asimilarse a una solicitud de nueva autorización en el sentido de dicha Directiva, en uno o varios lugares de acceso público y durante un plazo de tiempo adecuado, de tal manera que puedan presentarse observaciones antes de que la autoridad competente tome una decisión, y que no pone a disposición del público las resoluciones relativas a dicha declaración, con inclusión de una copia de la autorización.

(véanse el apartado 64 y el punto 2 del fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Concepto

[Art. 28 CE; Directiva 1999/37/CE del Consejo, arts. 2, letra b), y 4]

2. Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente

(Arts. 28 CE y 30 CE)

Índice

1. No puede obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario una normativa nacional que exige que se identifique el vehículo antes de ser matriculado y según la cual, conforme a los artículos 2, letra b), y 4 de la Directiva 1999/37, esta identificación se efectuará mediante un permiso de circulación expedido por otro Estado miembro, en el supuesto de que se importe a éste un vehículo anteriormente matriculado en el mismo, y que implica la exigencia de presentar el vehículo a un control que permita verificar si el vehículo se halla efectivamente en el territorio del Estado miembro de importación y se corresponde con los datos mencionados en el permiso de circulación expedido por el otro Estado miembro. En efecto, en la medida en que dicho procedimiento consiste en una mera formalidad administrativa que no introduce control adicional alguno, sino que es inherente a la propia tramitación de la solicitud de matriculación así como al desarrollo del procedimiento correspondiente, las modalidades de la inspección no pueden tener efecto disuasorio alguno sobre la importación de un vehículo al citado Estado miembro ni hacer menos atractiva tal importación.

(véanse los apartados 53 a 55, 58 y 63)

2. Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 30 CE, al someter de manera general y sistemática los vehículos de más de tres años de antigüedad matriculados anteriormente en otros Estados miembros a una inspección de su estado físico, antes de su matriculación en dicho Estado, y ello sin tener en cuenta en modo alguno las posibles inspecciones efectuadas en otros Estados miembros. En efecto, tal control, que puede disuadir a algunos interesados de importar al Estado miembro de que se trate vehículos de más de tres años de antigüedad matriculados anteriormente en otros Estados miembros, no está justificado por el hecho de que garantiza la seguridad vial y la protección del medio ambiente, mientras que el Estado miembro de que se trate no acredite, en concreto, el carácter proporcionado de la restricción a la libre circulación de las mercancías de que se trata con relación al objetivo perseguido.

(véanse los apartados 73, 74, 77, 78 y 80 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Unión Europea — Cooperación policial y judicial en materia penal — Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Principio non bis in idem

(Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, art. 54)

2. Unión Europea — Cooperación policial y judicial en materia penal — Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Principio non bis in idem

(Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, arts. 58 y 71)

Índice

1. El artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schentgen debe interpretarse en el sentido de que:

– El criterio pertinente a efectos de la aplicación del citado artículo es el de la identidad de los hechos materiales, entendida como la existencia de un conjunto de hechos indisolublemente ligados entre sí, con independencia de su calificación jurídica o del interés jurídico protegido.

– Hechos diferentes —consistentes, por un lado, en poseer en un Estado contratante cantidades de dinero procedentes del tráfico de estupefacientes y, por otro lado, en deshacerse, a través de las oficinas de cambio de moneda situadas en otro Estado contratante, de cantidades de dinero procedentes también de tal tráfico— no deben considerarse «los mismos hechos», a efectos del mencionado artículo, por el mero hecho de que el órgano judicial nacional competente compruebe que los hechos en cuestión están relacionados entre sí por una misma intención criminal.

– Corresponde a dicho órgano judicial nacional determinar si el grado de identidad y de conexión entre todas las circunstancias de hecho que han de compararse llega hasta el extremo de que resulte posible constatar, aplicando el criterio pertinente mencionado más arriba, que se trata de «los mismos hechos» a efectos del citado artículo 54.

(véanse el apartado 36 y el fallo)

2. Del artículo 58 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schentgen (CAAS) se desprende que los Estados contratantes tienen derecho a aplicar disposiciones nacionales más extensivas relativas al efecto non bis in idem vinculado a las resoluciones judiciales dictadas en el extranjero. No obstante, dicho artículo en modo alguno permite que un Estado contratante se abstenga de juzgar una infracción penal ligada a los estupefacientes, incumpliendo sus obligaciones resultantes del artículo 71 del CAAS, en relación con el artículo 36 de la Convención única sobre estupefacientes, firmada en Nueva York el 30 de marzo de 1961 en el marco de las Naciones Unidas, por el único motivo de que el inculpado ya haya sido condenado en otro Estado contratante por otras infracciones penales animadas por la misma intención criminal. En cambio, las citadas disposiciones no se oponen a que, en Derecho nacional, los tribunales competentes que conozcan de un segundo procedimiento tengan en cuenta, a la hora de fijar la pena, las sanciones que eventualmente se hayan impuesto con ocasión del primer procedimiento.

(véanse los apartados 33 a 35)