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22

Por lo que respecta a la disposición correspondiente del Convenio de Bruselas, el Tribunal de Justicia ha señalado que, con el objetivo de reforzar la protección de la persona económicamente más débil, se redactó el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 44/2001, con el fin de permitir expresamente al asegurado o al beneficiario de un contrato de seguro demandar al asegurador ante el tribunal de su propio domicilio, mientras que el artículo 8, párrafo primero, número 2, de dicho Convenio solo establecía la competencia del tribunal del domicilio del tomador del seguro, sin determinar si el asegurador podía o no ser demandado ante el tribunal del domicilio del asegurado o del beneficiario (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, EU:C:2005:280, apartado 41). Así, el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 44/2001, actualmente artículo 11, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012, amplió, con respecto a dicho Convenio, la lista de las personas que pueden demandar al asegurador ante un órgano jurisdiccional (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2020, Balta, C‑803/18, EU:C:2020:123, apartado 35).
12

El Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión, de 18 de julio de 2008, por el que se aplica y modifica el Reglamento n.o 715/2007 (DO 2008, L 199, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) n.o 566/2011 de la Comisión, de 8 de junio de 2011 (DO 2011, L 158, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 692/2008»). Con efectos de 1 de enero de 2022, el Reglamento n.o 692/2008 fue derogado por el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión, de 1 de junio de 2017, que complementa el Reglamento n.o 715/2007, modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos n.o 692/2008 y (UE) n.o 1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento n.o 692/2008 (DO 2017, L 175, p. 1). Sin embargo, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, el Reglamento n.o 692/2008 era aplicable a este.
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No obstante, en la medida en que los asuntos que dieron lugar a la sentencia de 24 de junio de 2010, P. Ferrero e C. y General Beverage Europe (C‑338/08 y C‑339/08, EU:C:2010:364), al igual que el que dio lugar a la sentencia de 25 de septiembre de 2003, Océ van der Grinten (C‑58/01, EU:C:2003:495), al que hace referencia la primera sentencia, tenían por objeto la aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 90/435, dichas sentencias no permiten colegir que contengan un pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre la imposibilidad de invocar el artículo 7, apartado 2, de esta Directiva frente a otras formas de imposición que no tengan las características de la retención en la fuente, en particular en tanto que excepción a lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Directiva.
9

Mediante decisiones n.o 2016‑545 QPC, de 24 de junio de 2016, n.o 2016‑546 QPC, de 24 de junio de 2016, n.o 2016‑556 QPC, de 22 de julio de 2016, y n.o 2018‑745 QPC, de 23 de noviembre de 2018, el Conseil constitutionnel (Consejo Constitucional, Francia) declaró que la acumulación de procedimientos y de sanciones penales y fiscales en caso de ocultación de cantidades sujetas al impuesto y en caso de omisión de declaración, tal como resulta de lo dispuesto en los artículos 1729 y 1741 del CGI, es conforme con los principios de necesidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas. El Conseil constitutionnel (Consejo Constitucional) indicó, en efecto, que tales disposiciones «permiten garantizar conjuntamente la protección de los intereses financieros del Estado, así como la igualdad ante el impuesto, persiguiendo objetivos comunes, tanto en el plano disuasorio como punitivo», que «la recaudación de la necesaria contribución pública y el objetivo de lucha contra el fraude fiscal justifican la incoación de procedimientos complementarios en los casos de fraudes más graves» y que, «de este modo, a las inspecciones a raíz de las cuales la Administración tributaria impone sanciones pecuniarias pueden añadirse diligencias penales en las condiciones y según los procedimientos regulados por la ley.»
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En estas circunstancias, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Deben interpretarse las disposiciones del Reglamento [n.o 1215/2012], y en particular los artículos 2, letra a), y 39, en el sentido de que también estamos ante una resolución que debe ejecutarse cuando, tras un examen abreviado en un procedimiento contradictorio, pero limitado al efecto vinculante de la cosa juzgada de una sentencia dictada en su contra en un tercer Estado, el deudor titulizado es obligado en un Estado miembro a pagar a la parte que ha resultado vencedora en un procedimiento de un tercer Estado la deuda reconocida judicialmente en el tercer Estado, cuando el objeto del procedimiento instruido en el Estado miembro estuvo limitado a examinar si el derecho resultante de la deuda reconocida judicialmente existe frente al deudor titulizado? 2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Deben interpretarse las disposiciones del Reglamento [n.o 1215/2012], y en particular los artículos 1, 2, letra a), 39, 45, 46 y 52, en el sentido de que se denegará la ejecución, con independencia de si concurre alguno de los motivos señalados en el artículo 45 [de este Reglamento], cuando la resolución que se ha de examinar no sea una “resolución” a los efectos de los artículos 2, letra a), o 39 [de dicho Reglamento] o cuando la solicitud que subyace a dicha resolución en el Estado miembro de origen no esté comprendida en el ámbito de aplicación [del mismo Reglamento]? 3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión y afirmativa a la segunda cuestión: ¿Deben interpretarse las disposiciones del Reglamento n.o 1215/2012, y en particular los artículos 1, 2, letra a), 39, 42, apartado 1, letra b), 46 y 53, en el sentido de que, en el marco del procedimiento sobre solicitud de denegación de la ejecución, el órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido considerará necesariamente, cuando así lo indique la propia información facilitada por el órgano jurisdiccional de origen en el certificado a que se refiere el artículo 53 [de dicho Reglamento], que está ante una resolución comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento y que dicha resolución debe ejecutarse?»
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En particular, además de las consideraciones expuestas en los apartados 31 a 35 de la presente sentencia, por una parte, el tribunal remitente se pregunta si, a la luz del artículo 21 TFUE, apartado 1, y del artículo 45, apartado 1, de la Carta, los ciudadanos de la Unión tienen derecho a no ser objeto de inspecciones en las fronteras interiores cuando tales inspecciones no cumplan los requisitos o no estén comprendidas en las excepciones establecidas en los Tratados y, en particular, en el Código de fronteras Schengen.
Por tanto, el principio non bis in idem pretende evitar que se condene o se inicie un nuevo procedimiento sancionador contra una empresa, lo que presupone que esta empresa haya sido sancionada o declarada no responsable mediante una decisión anterior que ya no pueda ser recurrida. Como corolario del principio de fuerza de cosa juzgada, el principio non bis in idem tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica y la equidad, velando por que, cuando haya sido objeto de un procedimiento sancionador y, en su caso, sancionada, la persona afectada tenga la certeza de que no se la enjuiciará de nuevo por la misma infracción (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2019:283, apartados 29 y 33).
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Según el artículo 44 de la citada Ley: «1. Todo participante en el procedimiento podrá presentar recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] invocando la ilicitud de la resolución [del CNPJ], salvo que se disponga lo contrario en otras disposiciones. […] 1a. En casos individuales relativos al nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], se podrá interponer recurso ante el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)]. En estos casos no cabrá recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)]. El recurso ante el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] no podrá fundarse en un motivo basado en la incorrecta valoración del cumplimiento por parte del candidato de los criterios tomados en consideración al decidir sobre la presentación de la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)]. 1b. Cuando la resolución a la que se refiere el artículo 37, apartado 1, no haya sido impugnada por todos los participantes en el procedimiento, en casos individuales de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], la resolución adquirirá firmeza en la parte relativa a la decisión de presentar la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], así como en la parte relativa a la decisión de no presentar dicha propuesta con respecto a los participantes en el procedimiento que no hayan impugnado dicha resolución. 2. El recurso se interpondrá a través presidente [del CNPJ] en el plazo de dos semanas desde la notificación de la resolución acompañada de su motivación. […] […] 4. En casos individuales relativos al nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], la anulación por el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] de la resolución del CNPJ relativa a la no presentación de la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] equivaldrá a la admisión en el procedimiento de la candidatura del participante que haya interpuesto recurso, para cubrir el cargo vacante de juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] con respecto al cual, en la fecha en la que se dicte la sentencia del [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)], el procedimiento ante el CNPJ no haya finalizado o, a falta de tal procedimiento, para cubrir la próxima vacante de juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] que se publique.»
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El Helsingin hallinto-oikeus (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Helsinki, Finlandia), ante el que se interpuso un recurso de anulación contra la anterior resolución, desestimó dicho recurso mediante sentencia de 5 de diciembre de 2017, basándose, en primer lugar, en que no era posible el reconocimiento automático con arreglo a la Directiva 2005/36, ya que A no había presentado el certificado contemplado, por lo que al Reino Unido se refiere, en el anexo V, punto 5.1.1, de dicha Directiva; en segundo lugar, en que tampoco le era de aplicación a A el régimen general de reconocimiento de los títulos de formación porque ella no había obtenido el diploma que sanciona la formación básica de médico antes de la fecha de referencia que se determina en ese punto 5.1.1, a saber, el 20 de diciembre de 1976, y, en tercer lugar, en que A no podía disfrutar en otro Estado miembro de la Unión de un derecho que resulte más ventajoso que el que se le reconoce en el Estado miembro de origen. A su juicio, por lo tanto, la Valvira resolvió correctamente cuando concedió a A un permiso restringido para ejercer la profesión médica, bajo la dirección y la supervisión de otro médico autorizado que tuviera permiso para ejercer esa profesión de forma independiente.
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Por lo que respecta, en segundo lugar, al principio de efectividad, es preciso subrayar que los Estados miembros tienen la responsabilidad de garantizar, en cada caso, una protección efectiva de los derechos que confiere el Derecho de la Unión y, en particular, de garantizar el respeto, por una parte, del principio según el cual los destinatarios de decisiones que afecten sensiblemente a sus intereses deben tener la oportunidad de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre los elementos en los que la Administración pretenda fundamentar su decisión y, por otra parte, del derecho de toda persona a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, reconocido en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C‑628/15, EU:C:2017:687, apartado 59 y jurisprudencia citada, y de 9 de noviembre de 2017, Ispas, C‑298/16, EU:C:2017:843, apartado 31).
19

Así pues, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 1, apartados 1, párrafo cuarto, y 3, y 2 quater de la Directiva 92/13 deben interpretarse en el sentido de que el plazo dentro del cual el adjudicatario de un contrato puede interponer un recurso contra una decisión de la entidad adjudicadora por la que se declara admisible la oferta de un licitador excluido puede calcularse tomando como punto de referencia la fecha de recepción de dicha decisión por tal adjudicatario, aun cuando, en esa fecha, por una parte, el licitador no haya interpuesto un recurso contra el resultado final del procedimiento de adjudicación de tal contrato, o no lo haya interpuesto todavía, y, por otra parte, el adjudicatario del contrato no haya recibido la información pertinente relativa a las modalidades de evaluación de la oferta del referido licitador.
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A este respecto, como recuerda el Gobierno polaco, es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado recientemente, en relación con los Tribunales Económico-Administrativos españoles, que el régimen de cese de los miembros de estos Tribunales no estaba previsto en una normativa específica, mediante disposiciones legales expresas, sino que se les aplicaban únicamente las normas generales del Derecho administrativo y, en particular, el Estatuto Básico del Empleado Público, de modo que el cese de dichos miembros no estaba, en consecuencia, limitado, como exige el principio de inamovilidad, a ciertos supuestos excepcionales que reflejen motivos legítimos e imperiosos que justifiquen la adopción de tal medida. El Tribunal de Justicia dedujo de ello que la legislación nacional en cuestión no garantizaba que los miembros de tales órganos se encontrasen al amparo de presiones externas que puedan hacer dudar de su independencia y que, en concreto, un sistema de esta índole no tenía entidad suficiente como para obstaculizar eficazmente las presiones indebidas por parte del poder ejecutivo sobre tales miembros, de modo que dichos órganos no podían ser considerados órganos jurisdiccionales en el sentido del artículo 267 TFUE (sentencia de 21 de enero de 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, apartados 66 a 69).
40

En segundo lugar, procede recordar que el artículo 30 del Reglamento n.o 1305/2013 ofrece a los Estados miembros la posibilidad de ofrecer compensaciones al amparo de Natura 2000, pero no crea ninguna obligación en este sentido a cargo de estos. Los pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua constituyen una de las medidas de desarrollo rural en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), del citado Reglamento. En consecuencia, dicho artículo 30 y los requisitos que en él se establecen únicamente se aplican a los pagos efectuados en ejecución del programa de desarrollo rural del Estado miembro en cuestión, tal como fue aprobado por la Comisión, de conformidad con el artículo 10 de dicho Reglamento. Los Estados miembros no han de aplicar todas las medidas, sino únicamente las que corresponden a su estrategia y a la de la Unión, teniendo también en cuenta el nivel de financiación con cargo al Feader. Esta interpretación es conforme al considerando 9 del Reglamento n.o 1305/2013, que menciona, en particular, la elección de las medidas seleccionadas para alcanzar los objetivos en materia de desarrollo rural. En consecuencia, un pago con arreglo al artículo 30 del Reglamento n.o 1305/2013 no es más que una de las opciones por las que un Estado miembro puede decantarse para obtener financiación.
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En tales circunstancias, debe estimarse que, al poner en el mismo plano, a efectos de la tributación de bienes inmuebles, por un lado, a los herederos no residentes que hayan adquirido un determinado bien de un causante no residente y, por otro lado, a los herederos no residentes o residentes que hayan adquirido tal bien de un causante residente y a los herederos residentes que hayan adquirido ese mismo bien de un causante no residente, el propio legislador nacional consideró que entre estas dos categorías de herederos no existía, a efectos de las modalidades y condiciones de percepción del impuesto, disparidad alguna objetiva (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 2013, Welte, C‑181/12, EU:C:2013:662, apartado 51).
11

Por lo que respecta a los servicios denominados de «spa termal», la consulta médica previa es opcional para los tratamientos de duración no superior a tres días. Para este tipo de servicios, Termas Sulfurosas no factura importe alguno en concepto de inscripción termal, haya o no consulta médica.
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Dado que, en tal situación, no puede considerarse que el medicamento importado se comercialice por primera vez en el Estado miembro de importación, tal situación no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/83. Tal situación está comprendida, en cambio, en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular, de los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, que, en esencia, prohíben a los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación y todas las medidas de efecto equivalente, las cuales, no obstante, pueden estar justificadas, en particular, por razones de protección de la salud y de la vida de las personas (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de octubre de 2020, kohlpharma, C‑602/19, EU:C:2020:804, apartado 25 y jurisprudencia citada).
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Por último, el órgano jurisdiccional remitente considera necesario exigir al sujeto pasivo que demuestre que se cumplen los requisitos materiales del derecho a deducir no solo cuando no se haya acreditado que el proveedor es un sujeto pasivo, sino también cuando, aun no existiendo dudas acerca de esta condición, no sea posible identificarlo. A su juicio, de no ser así, el requisito material del derecho a deducir relativo a la condición de sujeto pasivo del proveedor no podría determinarse con certeza cuando el Estado miembro ha aplicado la excepción prevista en el artículo 287 de la Directiva 2006/112. Una interpretación contraria no sería conforme con el principio de neutralidad fiscal y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la prueba del cumplimiento de los requisitos materiales del derecho a deducción que incumbe al sujeto pasivo, y abriría la vía a importantes fraudes fiscales, pese a que la lucha contra el fraude es un objetivo reconocido por dicha Directiva.
12

Antes de la realización de las obras, dicho promotor inmobiliario ordenó retirar el estrato vegetal, despejar el terreno de construcción y hacer una vía de obras en las inmediaciones de las entradas a las madrigueras del Cricetus cricetus (hámster común) (en lo sucesivo, «medidas perjudiciales»). En particular, la retirada del estrato vegetal tenía por objeto desplazar al Cricetus cricetus (hámster común) de las superficies donde se desarrollarían las actividades de construcción hacia las superficies que, en principio, se habían protegido y reservado especialmente para él. Sin embargo, no se solicitó previamente a la autoridad competente la autorización de las medidas perjudiciales y, por consiguiente, esta no se obtuvo antes del comienzo de las obras. Además, se destruyeron, como mínimo, dos entradas de madrigueras.
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En efecto, la exigencia de autorización fiscal de un plan de pensiones como requisito para disfrutar de determinadas ventajas fiscales vinculadas a las aportaciones a tal plan y a las prestaciones abonadas a partir de este no parece tener relación con la imposición de esa misma exigencia al margen de cualquier contexto fiscal como requisito para disfrutar de la exclusión, en principio íntegra y automática, de la masa de la quiebra establecida en el artículo 11 de la WRPA 1999, en particular si, como ocurre en la situación del litigio principal, el declarado en quiebra no reclama ninguna de estas ventajas fiscales.
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El artículo 7 de dicha Decisión Marco, titulado «Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución», dispone: «[…] 2. La autoridad competente del Estado de ejecución podrá también denegar el reconocimiento y la ejecución de la resolución si se demuestra que: […] g) según el certificado previsto en el artículo 4, el imputado, en caso de procedimiento escrito, no ha sido informado, conforme a la legislación del Estado miembro de emisión, personalmente o a través de un representante competente con arreglo a la legislación nacional, de su derecho a impugnar la resolución y de los plazos para la interposición de dicho recurso; […] 3. En los casos a que hacen referencia el apartado 1 y las letras c), g), i) y j) del apartado 2, antes de decidir el no reconocimiento y la no ejecución total o parcial de una resolución, la autoridad competente del Estado de ejecución consultará a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que considere adecuado y, cuando proceda, solicitará que le envíe cualquier información necesaria sin demora.»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, letra a), 7, letra a), 22 y 83, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107; corrección de errores en DO 2012, L 344, p. 3, DO 2013, L 60, p. 140, y DO 2019, L 243, p. 9; en lo sucesivo, «Reglamento de Sucesiones»).
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Al término de dicho procedimiento, la Administración tributaria concluyó que la recurrente en el litigio principal no había aportado ninguna prueba que demostrara que, durante el período impositivo correspondiente al mes de diciembre de 2013, ARGUS Plus hubiese entregado efectivamente las mercancías mencionadas en las facturas que se le habían presentado. Comprobó que, durante dicho período impositivo, ARGUS Plus no había ejercido una actividad económica real, que no había adquirido efectivamente el derecho a disponer de dichas mercancías como propietaria y que, por consiguiente, no había podido entregar dichas mercancías a otros sujetos pasivos.