1.

Cuando se trata del fuero del lugar de ejecución, a los efectos del número 1 del artículo 5 del Convenio, es decir, cuando es preciso determinar el lugar en que deben cumplirse las obligaciones contractuales particulares, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto tiene que resolver en primer lugar un problema de normas de conflicto. Debe determinar, conforme a las normas de su propio Derecho internacional privado, la ley aplicable a la relación contractual y definir sobre la base de este Derecho el lugar en que las obligaciones deben ser cumplidas. En este sentido es como se pronunció el Tribunal de Justicia, puesto que el Convenio no contiene una definición propia del concepto de lugar de cumplimiento, en el asunto 12/76, ( 1 ) criterio que parece debe mantenerse: el presente asunto y las observaciones que ha suscitado no proporcionan en todo caso ninguna base para prever otras soluciones. En el marco de este primer examen, se llega también evidentemente a la calificación de la relación contractual objeto del litigio. Se ha dicho que en el presente asunto, los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia han decidido que se trataba de una relación de trabajo. Esta suposición parece conducir a la conclusión de que es aplicable el Derecho francés, es decir, los artículos L 751 - 1 y siguientes del Code du travail. Esta parece ser la tesis defendida por la doctrina francesa y al efecto el demandante ha citado a Battifol, Traité de droit international privé, 1976, no 576. Pero es también conforme a lo que prevé el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (DO 1980, L 266, p. 1), que todavía no ha entrado en vigor. Efectivamente, su artículo 6 dispone que, a falta de una elección de la ley aplicable, el contrato de trabajo se regirá por la ley del país en el que el trabajador, en ejecución del contrato, realice habitualmente su trabajo y establece incluso que la eventual elección de la ley aplicable no puede producir el efecto de privar al trabajador de la protección que le aseguran las disposiciones imperativas de la ley que acaba de citarse como aplicable en principio. El demandante en el asunto principal, lo mismo que la Comisión, han argumentado exclusivamente a partir de esta base jurídica. Entiendo, sin embargo, que de este modo la perspectiva del problema se encuentra restringida de manera inadmisible. De hecho, el demandado en el asunto principal se opone por una serie de motivos que no voy a recordar aquí, porque no nos corresponde resolver el problema de la calificación, a la tesis de una relación de trabajo, y defiende enérgicamente el punto de vista según el cual el demandante debe considerarse como un representante de comercio independiente. Sin duda no puedo dar por demostrado que la cuestión de la calificación haya quedado resuelta definitivamente. En efecto, por una parte, el demandado no tiene hasta ahora motivo para rechazar el reconocimiento de la competencia de los Tribunales laborales -dado que la Cour d'appel de Colmar rechazó en todo caso la competencia ratione loci de los Tribunales franceses- y, por otra parte, la Cour de cassation, a la que no se ha sometido la cuestión de la competencia ratione matériáé, puede llegar a un resultado diferente en lo que se refiere al problema de la calificación, en el marco de la aplicación del número 1 del artículo 5 del Convenio. Por ello es oportuno no restringir la interpretación del número 1 del artículo 5 del Convenio que se ha pedido partiendo solamente del principio de que el litigio principal versa sobre un contrato de trabajo, sino que conviene más bien contemplarla con más amplia perspectiva.