ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
3.

Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación y en un error manifiesto de Derecho en relación con la imposibilidad de que compañías aéreas extracomunitarias no pertenecientes a Estados del EEE operen en rutas intraeuropeas. La demandante alega que la Comisión Europea: i) dedujo erróneamente del artículo 1, apartados 1 y 4, de la Decisión impugnada que la demandante había participado en una o varias infracciones en rutas dentro del EEE y entre aeropuertos sitos dentro de la UE y aeropuertos de Suiza, rutas en las que no podía legalmente ofrecer servicios de transporte aéreo; ii) no tuvo en cuenta o malinterpretó el régimen internacional y el régimen de la Unión Europea por los que se rigen los derechos de tráfico aéreo; iii) aplicó erróneamente la jurisprudencia pertinente, al declarar que no existían «barreras insuperables» para la demandante que ofrece servicios en rutas intraeuropeas y, por lo tanto, identificó a la demandante como posible competidor en dichas rutas. Según la demandante, todo esto supone errores manifiestos de apreciación y manifiestos errores de Derecho y, por sí solos o en conjunto, constituyen motivo suficiente para la anulación íntegra de la Decisión impugnada o, con carácter subsidiario, del artículo 1, apartados 1 y 4, de dicha Decisión.
—

Condene a la parte demandada a abonarle el importe de 359 913,75 euros en relación con el convenio de subvención para empresas asociadas n.o 325940 «EULOSAM — Design and Manufacturing of Baseline Low-Speed, Low-Sweep Wind Tunnel Model» más el importe de 2 105,25 euros en concepto de intereses de demora calculados al 3,5 % por el período del 31 de enero al 1 de abril de 2017.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 178/29

Recurso interpuesto el 6 de abril de 2017 — Out of the blue/EUIPO — Dubois and MFunds USA (FUNNY BANDS)

(Asunto T-214/17)

(2017/C 178/43)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Out of the blue KG (Lilienthal, Alemania) (representantes: G. Hasselblatt, V. Töbelmann y A. Zarm, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Frédéric Dubois (Lasne, Bélgica) y MFunds USA LLC (Miami Beach, Florida, Estados Unidos)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Titulares de la marca controvertida: Las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «FUNNY BANDS» — Marca de la Unión n.o 9350794

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de nulidad

Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 20 de enero de 2017 en el asunto R 1081/2016-2

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Declare la nulidad de la marca de la Unión n.o 009350794 «FUNNY BANDS», con arreglo a los artículos 52, apartado 1, letra a), y 7, apartado 1, letras b) y c) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea.

— Condene a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente.

— En el supuesto de que los titulares de la marca de la Unión intervengan en el procedimiento como parte coadyuvante, les condene a cargar con sus propias costas.

Motivo invocado
2.

Segundo motivo, basado en errores de Derecho y de apreciación en los que la Comisión supuestamente incurrió, al no tener en cuenta todos los elementos pertinentes, no reconocer la racionalidad económica de la operación y no tener en cuenta los argumentos esenciales relativos a la rentabilidad de la transacción en la evaluación del criterio del operador privado en una economía de mercado, ignorando, de ese modo, el principio del operador privado en una economía de mercado, la obligación de motivación en el sentido del artículo 296 TFUE y los requisitos del artículo 107 TFUE, apartado 1. Este motivo se divide en tres partes: — primera parte, basada en que no se tuvieron en cuenta todos los elementos pertinentes; — segunda parte, basada en que no se tomó en consideración la racionalidad económica de la transacción; — tercera parte, basada en una falta de motivación, en una vulneración del principio de buena administración y del criterio del operador privado en una economía de mercado en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta la rentabilidad de la inversión de FSIH.
—

la anulación de la decisión publicada el 15 de abril de 2016 que modifica los derechos y obligaciones de los funcionarios, agentes temporales y contractuales relativos a las asignaciones por escolaridad («education allowances»), a saber, «Rights and obligations of officials, temporary and contract agents: Education Allowances».
—

Anule la Decisión que la Junta Única de Resolución adoptó el 15 de abril de 2016 en relación con las contribuciones ex ante al Fondo Único de Resolución del año 2016 (SRB/ES/SRF/2016/06) y la Decisión que la Junta Única de Resolución adoptó el 20 de mayo de 2016 en relación con la adecuación de las contribuciones ex ante al Fondo Único de Resolución del año 2016, con las que se completó la Decisión adoptada el 15 de abril de 2016 por la Junta Única de Resolución en relación con las contribuciones ex ante al Fondo Único de Resolución del año 2016 (SBR/ES/SRF/2016/13), en la medida en que dichas Decisiones afectan a la parte demandante.
—

A este respecto, se alega que la instrucción de la Comisión adolece de omisiones graves y evidentes, sobre todo de índole procesal, en particular: a) carencias producidas antes de la presentación de los compromisos finales, al no predisponer, vista la presencia de varios candidatos serios al paquete de medidas, de una procedimiento transparente y no discriminatorio que garantizara la elección del mejor candidato y aceptar erróneamente una medida cautelar llamada «fix-it-first» presentada en una fase demasiado tardía del procedimiento; y b) falta de instrucción producida después de la presentación de los compromisos finales, en particular la no valoración de algunos aspectos de los mismos (por ejemplo respecto del acuerdo de roaming) y de profundizaciones adecuadas acerca de la idoneidad del candidato adquirente, carencias que adquieren mayor notoriedad por la falta de market test.
1.

Primer motivo, basado en la infracción de normas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares, incluidos, en particular, la infracción de las normas de protección de datos de carácter personal previstas en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001 en relación con el artículo 4, apartado 4, de este mismo Reglamento y con las disposiciones de ejecución del Reglamento n.o 1049/2001, la infracción del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), la infracción de las normas de protección de datos previstas en distintos artículos del Reglamento n.o 45/2001 y en las disposiciones de ejecución de este Reglamento, y el incumplimiento del deber de diligencia.
—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1647 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2016, por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y fabricado por Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. y su empresa vinculada Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14 (DO 2016, L 245, p. 16).
1.

Primer motivo, basado en la ilegalidad del Reglamento (UE) n.o 422/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2011, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO 2014, L 129, p. 5) y del Reglamento (UE) n.o 423/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2012, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO 2014, L 129, p. 12) (en lo sucesivo, «Reglamentos impugnados»). En particular, la adopción de los Reglamentos impugnados incurrió en varias violaciones y, en particular, incurrió en vicios sustanciales de forma, incumplió la obligación de motivación, infringió el artículo 10 del anexo XI del Estatuto aplicable antes de la entrada en vigor del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (DO 2013, L 287, p. 15), infringió los artículos 10, 11 y 65 del Estatuto, vulneró los principios de los derechos adquiridos y de proporcionalidad, vulneró el principio de protección de la confianza legítima y las reglas del diálogo social.
1.

Primer motivo, basado en que el Consejo no ha proporcionado una base jurídica adecuada para el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/172/PESC (en lo sucesivo, «Decisión») ni para el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 270/2011 (en lo sucesivo, «Reglamento»). Según los demandantes no se ha aportado la prueba de que el Consejo haya controlado la base jurídica del artículo 1, apartado 1, de la Decisión al adoptar la Decisión (PESC) 2016/411 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), a pesar de que el artículo 5 de la Decisión impone expresamente tal obligación. A su parecer, el hecho de que el artículo 1, apartado 1, pudiera haber tenido una base jurídica válida cuando fue adoptado inicialmente el 21 de marzo de 2011 no confiere a dicha disposición una base jurídica que siga siendo válida en 2016 o más allá.
4.

Cuarto motivo, basado, con carácter subsidiario, en el incumplimiento de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 2, en la medida en que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación y un error de Derecho al concluir que la ayuda a Ryanair y a AMS ascendía a las pérdidas marginales acumuladas del aeropuerto y no al beneficio real de Ryanair y AMS. La Comisión debería haber examinado en qué medida el beneficio alegado fue transferido realmente a los pasajeros de Ryanair. Además, la Comisión no cuantificó ninguna ventaja competitiva de la que habría disfrutado Ryanair mediante los (supuestos) flujos de pagos inferiores al coste. Por último, la Comisión no explicó adecuadamente por qué la recuperación del importe de la ayuda detallado en la decisión era necesario para garantizar el restablecimiento de la situación anterior a la concesión de la ayuda.
—

No resulta aplicable el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009, ni por lo respecta a la letra b) ni tampoco a la letra c).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 98/55

Recurso interpuesto el 18 de enero de 2016 — Advanced Drainage Systems/OAMI (THE MOST ADVANCED NAME IN WATER MANAGEMENT SOLUTIONS)

(Asunto T-19/16)

(2016/C 098/70)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Advanced Drainage Systems, Inc. (Wilmington, Estados Unidos) (representante: C. Sleep, Solicitor)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

Marca controvertida: Marca comunitaria denominativa «THE MOST ADVANCED NAME IN WATER MANAGEMENT SOLUTIONS» — Solicitud de registro no 13405188

Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 5 de noviembre de 2015 en el asunto R 1501/2015-4

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada y permita que la solicitud de registro siga su curso.

— Con carácter subsidiario, estime el recurso, anule la resolución impugnada y devuelva la solicitud a la División de Examen.

— Se pronuncie sobre las costas.

Motivo invocado
3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión no demostró ni motivó adecuadamente el hecho de que la demandante participara en una infracción única y continuada. — La demandante no participó en la infracción imputada entre el 14 de febrero de 2008 y el 9 de abril de 2008. — La demandante no participó en la infracción imputada entre el 10 de abril de 2008 y el 27 de octubre de 2008. — La demandante no participó en una infracción el 28 de octubre de 2008. — Es insuficiente la prueba de que la demandante conociera el plan global del cartel o bien su alcance general y sus características esenciales. — Consecuencias jurídicas de la falta de prueba por la Comisión de la infracción imputada.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1049/2001, (1) en combinación con el artículo 8, letra b), del Reglamento no 45/2001, (2) dado que los datos personales solicitados no están protegidos por la normativa de la Unión.
—

Infracción del artículo 20, apartado 1, letra c), del Reglamento no 2100/94 en relación con los artículos 11, apartado 1, 54, apartado 2, y 76 del Reglamento no 2100/94 y el artículo 51 del Reglamento no 874/2009.
—

La demandante alega que en su decisión, la Comisión no cuestiona que los criterios establecidos en la Submedida 4.5.2. (anexo 2) sean conformes con la OP IE y con el Derecho de la Unión. Además, la demandante aduce que la Comisión no cuestiona el hecho de que el proyecto sea conforme con los criterios establecidos ni/o que JYSK no mereciese 60,5 puntos.
1.

Primer motivo, basado en que el Consejo no ha identificado una base legal adecuada para la Decisión (PESC) 2015/364 del Consejo (en lo sucesivo, «Decisión») y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/357 del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento») (conjuntamente, en lo sucesivo, «medidas impugnadas»). El artículo 29 del Tratado de la Unión Europea no es una base legal adecuada para la Decisión porque la imputación que se le hace al demandante no le identifica como un individuo que haya menoscabado la democracia en Ucrania ni privado al pueblo ucraniano de los beneficios del desarrollo sostenible de su país (en el sentido del artículo 23 TUE y de las disposiciones generales del artículo 21 TUE, apartado 2. Al ser inválida la Decisión, el Consejo no podía basarse en el artículo 215, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para adoptar el Reglamento.
—

El demandante, dado que está plenamente jubilado (lo cual no ha sido discutido), no cumple ninguno de los criterios que determinan la inclusión en la lista, y el Consejo, por ser la motivación de su decisión (que no cuestiona dicha condición de jubilación) errónea en cuanto a los hechos, ha incurrido, al ordenar que se incluya de nuevo al demandante en dicha lista, en un error manifiesto de apreciación.
—

Añade que la Decisión no toma en consideración las alegaciones formuladas por la demandante en el procedimiento administrativo. En particular, aduce que el BCE no esclarece los motivos por los que los fundamentos de hecho y de Derecho alegados por la demandante no bastan para refutar la presunción del artículo 6, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento no 1024/2013.
2.

Segundo motivo, basado en el incumplimiento del artículo 107 TFUE. Este motivo se divide en dos partes: — Primera parte, relativa a la aplicabilidad de la prueba del inversor privado, que se divide en cinco apartados. — Primer apartado, conforme al cual la Comisión no tomó en consideración, y ello de forma injustificada y no motivada, numerosos documentos e información comunicada por Francia y EDF. — Segundo apartado, conforme al cual la Comisión confundió sistemáticamente los elementos relativos respectivamente a la aplicabilidad y a la aplicación de la prueba del inversor privado. — Tercer apartado, según el cual la Comisión excluyó erróneamente la aplicabilidad de la prueba del inversor privado prudente, basándose únicamente en que Francia al examinar la medida tomó en consideración, en particular, aspectos en su condición de autoridad pública, junto a consideraciones derivadas de su condición de accionista. — Cuarto apartado, conforme al cual la Comisión impuso erróneamente a EDF una obligación individual de disponer de un plan de negocio formal para justificar la aplicabilidad del criterio del inversor privado prudente. — Quinto apartado, conforme al cual la Comisión ignoró la naturaleza y el objeto de dicha medida, el contexto en el que se inscribe, así como el objetivo perseguido y las reglas a las que la mencionada medida está sometida. — Segunda parte, relativa a la aplicación de la prueba del inversor privado, que se divide en tres apartados. — Primer apartado, conforme al cual la Comisión concluyó erróneamente que el informe Oxera no era admisible como prueba. — Segundo apartado, conforme al cual la metodología de la Comisión adolece de deficiencias flagrantes. En primer lugar, la Comisión no consideró ni el contexto del momento, ni los criterios que los inversores habrían adoptado en aquel momento. En segundo lugar, la tesis del “regalo fiscal” a la que se aferra la Comisión no constituye únicamente un error de Derecho, sino que está también en el origen de errores en la evaluación de la pertinencia de la inversión. En tercer lugar, la Comisión incurrió en numerosos errores metodológicos, cada uno de los cuales basta para demostrar que la Comisión no ha demostrado, de forma manifiesta, que no se aplicó el criterio del inversor privado. — Tercer apartado, sobre las consecuencias de los errores metodológicos cometidos por la Comisión.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 296 TFUE por falta de motivación, por cuanto, en particular, ni la Decisión 2014/659/PESC del Consejo ni el Reglamento no 960/2014 del Consejo intentan siquiera explicar las razones por las que los proyectos petroleros no convencionales de la demandante son objeto de medidas restrictivas selectivas.
Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 2014 — Bourdouvali y otros/Consejo y otros

(Asunto T-786/14)

(2015/C 073/52)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Eleni Pavlikka Bourdouvali (Meneou, Chipre) y 47 otras demandantes (representante: P. Tridimas, Barrister)

Demandadas: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Unión Europea representada por la Comisión Europea, Eurogroup representado por el Consejo de la Unión Europea, Banco Central Europeo

Pretensiones

Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Condene a las demandadas a pagar a las demandantes las cantidades señaladas en el programa que figura en anexo a la demanda, más los intereses desde el 16 de marzo de 2013 hasta la fecha en que el Tribunal dicte sentencia.

— Condene en costas a las demandadas.

Con carácter subsidiario, las demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Declare que la Unión Europea y/o las instituciones demandadas han incurrido en responsabilidad extracontractual.

— Determine el procedimiento que debe seguirse para determinar las pérdidas recuperables que las demandantes de hecho sufrieron.

— Condene en costas a las demandadas.

Motivos y principales alegaciones

Las demandantes (48 en total) son depositantes y/o accionistas y/o tenedores de bonos del Bank of Cyprus Public Company Ltd y/o Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Solicitan una indemnización en virtud de lo dispuesto en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafos segundo y tercero, que regulan la responsabilidad extracontractual de la UE, por el perjuicio que han sufrido como consecuencia de las medidas adoptadas por las instituciones demandadas al imponer un régimen de «bail-in» para la República de Chipre.

Las demandantes consideran que las instituciones demandadas adoptaron el régimen de «bail-in» para la República de Chipre que llevó directamente a la pérdida de sus depósitos y acciones. En opinión de las demandantes, las medidas de «bail-in» adoptadas por la República de Chile se introdujeron únicamente para ejecutar las medidas adoptadas por las demandantes y que fueron asimismo aprobadas por las instituciones demandadas.

Las demandantes consideran que el régimen de «bail-in» viola el derecho de propiedad, tal como aparece recogido en el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 1 del Protocolo 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Asimismo, las demandantes alegan que el régimen de «bail-in» vulnera el principio de proporcionalidad, el principio de protección de la confianza legítima y el principio de no discriminación.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 34/39

Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2014 — Combaro/Comisión

(Asunto T-752/14)

(2015/C 034/46)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Combaro SA (Lausana, Suiza) (representante: D. Ehle, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión de la Comisión de 16 de julio de 2014 (REM 05/2013) por la que se desestima la solicitud de condonación de los derechos de importación por un importe de 4 61 415,12 euros.

— Condene a la parte demandada al pago de las costas del presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante alega que los derechos de aduana cobrados a posteriori correspondientes a la importación de tejidos de lana de Letonia en los años 1999 a 2002 deben ser objeto de una condonación con arreglo al artículo 239 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1) debido a la existencia de circunstancias particulares. Entre estas circunstancias particulares, invoca incumplimientos graves por parte de las autoridades aduaneras letonas y por parte de la Comisión/OLAF, así como un comportamiento constitutivo de una falta grave de las autoridades aduaneras alemanas. Según la demandante, esas circunstancias no son el resultado de una negligencia manifiesta por su parte.
2.

La demandada no puede basarse, a los efectos de la conclusión alcanzada en la decisión impugnada, en la excepción establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), dado que no se cumplen las condiciones y requisitos previos para su aplicación.
—

Declare que la demandada, infringiendo el artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 9), no encargó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria la evaluación científica de declaraciones de propiedades saludables en relación con sustancias vegetales para la adopción de una lista comunitaria de declaraciones permitidas para sustancias vegetales con arreglo al artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1924/2006 y todas las condiciones necesarias para el uso de dichas declaraciones.