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7.

Aunque Francia, Alemania, los Países Bajos y Suecia afirman que no se ha producido una infracción del artículo 43 CE, no puedo compartir su opinión. Una sociedad alemana con un establecimiento permanente en Luxemburgo que ha sufrido pérdidas recibe manifiestamente un trato menos favorable que una sociedad alemana con un establecimiento permanente situado en el propio país que haya sufrido pérdidas: en este caso las pérdidas se computan al calcular los beneficios de la sociedad, en aquél, no. Esto basta para aplicar el artículo 43 CE. ( 4 ) Lo que debe analizar este Tribunal es si la medida controvertida puede, no obstante, estar justificada y, en particular, i) si los motivos de justificación aceptados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Marks & Spencer ( 5 ) en el contexto de la deducción de pérdidas sufridas por una filial es aplicable en el contexto de la deducción de pérdidas sufridas por un establecimiento permanente y ii) de ser así, si la medida controvertida es proporcional.
5.

Antes de la entrada en vigor el 1 de enero de 2007, y por tanto durante la sustanciación del presente procedimiento, de la Ley no 2006-11, de 5 de enero de 2006, de ordenación agrícola, ( 9 ) del Decreto del Presidente de la República no 2006-1548, de 7 de diciembre de 2006, relativo a la identificación, al control sanitario de las actividades de reproducción y a la mejora genética de los animales de cría, ( 10 ) y del Decreto del Presidente de la República no 2006-1662, de 21 de diciembre de 2006, relativo a la identificación y mejora genética de los animales ( 11 ) —normas que han modificado en profundidad la regulación francesa sobre la fecundación artificial de los animales de las especies bovina, ovina, porcina y caprina—, en Francia la fecundación artificial del ganado bovino estaba regulada por la normativa siguiente: — los artículos L.653-1 a L.653-10 del código rural, que codifican, en virtud de la Ley no 98-565 ( 12 ) de 8 de julio de 1998, las correspondientes disposiciones ya contenidas en la Ley no 66-1005, de 28 de diciembre de 1966, sobre explotaciones ganaderas, ( 13 )y derogadas por la Ley no 98-565; — las disposiciones reglamentarias de desarrollo contenidas en los artículos R.*653-102 a R.*653-114 del código rural, que codifican, en virtud del Decreto del Primer Ministro no 2003-851, ( 14 ) de 1 de septiembre de 2003, las correspondientes disposiciones ya contenidas en el Decreto del Primer Ministro no 69-258, de 22 de marzo de 1969, relativo a la fecundación artificial, ( 15 ) derogado por el Decreto no 2003-851; — el Decreto del Ministerio de Agricultura, de 17 de abril de 1969, relativo a las autorizaciones para la explotación de centros de fecundación artificial, ( 16 ) en su versión modificada por el Decreto del Ministerio de Agricultura de 12 de noviembre de 1969 ( 17 ) y por el Decreto del Ministerio de Agricultura y Bosques de 24 de enero de 1989; ( 18 ) — el Decreto del Ministerio de Agricultura y Bosques, de 21 de noviembre de 1991, relativo a la formación de los inseminadores y de los directores de centros y a la concesión de las correspondientes licencias, ( 19 ) en su versión modificada por el Decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 30 de mayo de 1997; ( 20 ) — el Decreto del Ministerio de Agricultura y Pesca, de 27 de diciembre de 2000, relativo a la inseminación de ganado bovino realizada por los ganaderos. ( 21 )
58.

En materia de impuestos directos, el Tribunal de Justicia ha declarado que la situación de los no residentes y la de los residentes no son comparables, por lo general, ya que los rendimientos obtenidos en el territorio de un Estado por un no residente sólo constituyen, habitualmente, una parte de sus ingresos globales, centralizados en el lugar de su residencia, y que el lugar en que más fácilmente puede apreciarse la capacidad contributiva personal de un no residente, resultante de computar el conjunto de sus ingresos y de tener en cuenta su situación personal y familiar, es el lugar en que se sitúa el centro de sus intereses personales y patrimoniales, que coincide, por lo general, con su residencia habitual. ( 22 )
Conclusiones del Abogado General Léger presentadas el 16 de enero de 2003. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España. - Incumplimiento de Estado - Directiva 98/81/CE - No adaptación del Derecho interno a la Directiva dentro del plazo señalado. - Asunto C-333/01.



Recopilación de Jurisprudencia 2003 página I-02623



Conclusiones del abogado general

1. En el presente recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/81/CE del Consejo, de 26 de octubre de 1998, por la que se modifica la Directiva 90/219/CEE, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, al no haber adoptado dentro del plazo fijado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar pleno cumplimiento a dicha Directiva, o al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión. La Comisión solicita además que se condene en costas al Reino de España.

2. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en los recursos basados en el artículo 226 CE, la existencia de un incumplimiento debe ser apreciada en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado y los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de Justicia.

3. Pues bien, en el presente asunto, de los autos se desprende que, al expirar el plazo fijado en el dictamen motivado, es decir, el 17 de marzo de 2001, el Reino de España no había adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar plenamente el Derecho español a la Directiva 98/81. El Reino de España no niega este hecho, aunque solicita que se desestime el recurso.

Conclusión

4. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare que:

«1) El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/81/CE del Consejo, de 26 de octubre de 1998, por la que se modifica la Directiva 90/219/CEE, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, al no haber adoptado dentro del plazo fijado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir dicha Directiva.

2) Se condena en costas al Reino de España.»
61.

El adagio pacta stmt servanda no es pertinente en el caso de autos, ya que la Comisión no ha negado que los contratos celebrados pueden seguir existiendo como tales. Sin embargo, ello no obsta a la posibilidad que he mencionado de interponer reclamaciones por daños y perjuicios como medio de corrección alternativo. Nada cambia a este respecto que, como ha alegado el Gobierno alemán, las normas nacionales en materia de responsabilidad sean suficientes, sin que sea necesaria una acción de indemnización por daños y perjuicios basada en el Derecho comunitario. El estado del Derecho nacional en materia de responsabilidad no determina en ningún caso la admisibilidad de un recurso por incumplimiento de la Directiva 92/50.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 26 de marzo de 1998. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica. - Incumplimiento - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 94/57/CE. - Asunto C-368/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-02967



Conclusiones del abogado general

1 En el presente asunto, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que, con arreglo al artículo 169 del Tratado, declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, y/o al no haber comunicado a la Comisión las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas. (1)

2 El artículo 16 de la Directiva dispone:

«1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1995.

[...]

3. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión toda disposición de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros.»

3 El Reino de Bélgica no ha negado la falta de adaptación de su Derecho interno a la Directiva y afirma en su escrito de contestación que las medidas necesarias para conseguir este fin están en vías de adopción.

4 En estas circunstancias, es manifiesto que el recurso de la Comisión está fundado.

Conclusión

5 Por consiguiente, considero que el Tribunal de Justicia debe:

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

(1) - DO L 319, p. 20.
61996C0037

Conclusiones acumuladas del Abogado General Tesauro presentadas el 20 de marzo de 1997. - Sodiprem SARL y otros (C-37/96) y Roger Albert SA (C-38/96) contra Direction générale des douanes. - Petición de decisión prejudicial: Tribunal d'instance de Paris - Francia. - Asuntos acumulados C-37/96 y C-38/96. - Paul Chevassus-Marche contra Conseil régional de la Réunion. - Petición de decisión prejudicial: Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion - Francia. - Asunto C-212/96. - "Octroi de mer" - Régimen fiscal de los departamentos franceses de Ultramar - Decisión 89/688/CEE - Exacciones de efecto equivalente a un derecho de aduana - Tributos internos.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-00743
8.

Al haber quedado así acreditado que el Derecho interno belga no fue adaptado a las Directivas antes citadas dentro de los plazos establecidos en las mismas, no es preciso examinar la otra imputación de la Comisión relativa al hecho de que la demandada no le comunicó inmediatamente las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias que debía adoptar para adaptar su Derecho interno a las Directivas.
62.

Es posible que los supuestos en los que la similitud entre las marcas es puramente conceptual deban examinarse conforme al Derecho sobre competencia de los Estados miembros. No veo, sin embargo, razón alguna para interpretar que la Directiva excluye la similitud conceptual del ámbito de la protección derivada de la marca registrada. Lo que la Directiva exige es la existencia de riesgo de confusión derivado de la similitud de las marcas. La Directiva no pretende limitar las formas en que tal confusión puede producirse. Además, no parece que la protección derivada de la marca en relación con la similitud conceptual sea inhabitual en los Estados miembros. Sea como fuere, creo que será difícil determinar el riesgo de confusión basándose únicamente en la similitud conceptual en aquellos casos en que la marca anterior no es notoriamente conocida, particularmente cuando, como en el presente caso, la imagen de que se trata no es particularmente creativa o inhabitual.
40.

La finalidad de la Directiva, que es la de someter los proyectos que pueden tener repercusiones notables sobre el medio ambiente a una evaluación previa de su impacto milita decisivamente en favor de dicha interpretación. Puede imaginarse muy fácilmente que la modificación de un proyecto comtemplado en el Anexo I o en el Anexo II pueda tener repercusiones notables sobre el medio ambiente. No obstante, una posible comprobación en tal sentido deberá basarse en una apreciación concreta. Sin embargo, un régimen basado en umbrales, como el contenido en el Anexo I, no es directamente apropiado para fundamentar una apreciación de las consecuencias ambientales de modificaciones referentes a un proyecto. Por ejemplo, un aumento de la capacidad de una central eléctrica de 300 MW a 550 MW podría tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente. No obstante, el aumento no es de 300 MW como mínimo, motivo por el cual, en sí mismo, no se trata de un proyecto previsto en el Anexo I. En tal situación, el punto 12 del Anexo II garantiza que se procederá a un examen concreto de la modificación del proyecto y, en caso necesario, a una nueva evaluación del impacto sobre el medio ambiente.
13.

No se discute que, hasta la fecha, no se han fijado en la República Federal de Alemania, mediante normas legales vinculantes, los valores que los Estados miembros tienen la obligación de fijar en virtud del artículo 3. Ello representa un retraso considerable, en parte atribuible al hecho de que, hasta 1992, la República Federal de Alemania mantuvo aparentemente el criterio de que para ejecutar las Directivas, bastaba con simples disposiciones administrativas. Desde entonces la República Federal de Alemania ha venido admitiendo que la ejecución correcta de las Directivas debe efectuarse mediante disposiciones jurídicas vinculantes. En su escrito de contestación, señaló que, en la actualidad, se están adoptando las medidas necesarias. Sin embargo, ha quedado de manifiesto que, de los dieciséis Länder (los organismos competentes para adaptar el Derecho interno a las Directivas), tan sólo en seis de ellos los órganos legislativos han facultado al poder ejecutivo para adoptar los correspondientes Decretos de adaptación; sin embargo, ni siquiera los seis Länder antes citados parecen haber adoptado aún los proyectos de disposiciones destinados a ejecutar la Directiva sobre las aguas continentales (en el escrito de contestación, no se hace ninguna referencia a proyecto de Decreto alguno con objeto de ejecutar la Directiva sobre las aguas para cría de moluscos).
15.

El recurso fue desestimado en febrero de 1994. Según la resolución de remisión, el Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage declaró: i) que el artículo 29 del Convenio de Bruselas le prohibe apreciar si los tribunales alemanes podían considerar que la representación de que se trata era válida; ii) que el número 1 del artículo 27 del Convenio de Bruselas debe interpretarse de manera restrictiva, aunque pudiera plantearse la cuestión del orden público si la Ley del país en que se dictó la resolución contra un demandado que ignoraba la existencia de un proceso iniciado en su contra y que no estaba válidamente representado, no ofrece ninguna posibilidad de recurso o si no existe posibilidad de recurso en el caso concreto; iii) que, aunque los esposos Hendrikman ignoraban la existencia del proceso y no estaban válidamente representados, no podían invocar el número 1 del artículo 27, pues con arreglo al artículo 586 de la Zivilprozeßordnung alemana, habrían podido solicitar la anulación de la sentencia y de la resolución sobre tasación de costas por falta de representación dentro del plazo de un mes a partir del día de la notificación inicial de las resoluciones, efectuada en el mes de septiembre de 1991, y iv) que el número 2 del artículo 27 del Convenio de Bruselas no era aplicable ya que en el caso de autos no se trataba de un demandado en rebeldía.
4.

El Gobierno helénico no ha negado el hecho de no haber adaptado el Derecho interno de su país a la Directiva dentro del plazo señalado ni tampoco el no haber llevado a cabo adaptación alguna. Tanto en su escrito de contestación presentado el 20 de junio de 1995 como en su duplica presentada el 8 de agosto del mismo año, ha alegado que se hallaba en una fase avanzada de elaboración y sólo faltaba la firma de los ministros competentes para aprobar un proyecto de Orden ministerial destinado a adaptar, en el supuesto de que se adoptara, el ordenamiento jurídico griego a la Directiva. A su juicio, el retraso producido debía atribuirse a la circunstancia de que, paralelamente, estaba teniendo lugar, en ese momento, una reforma general de la legislación nacional sobre los residuos. No obstante, como ha afirmado con razón la Comisión en su escrito de réplica presentado el 3 de julio de 1995, es jurisprudencia reiterada que un Estado miembro no puede alegar dificultades prácticas o de otra índole que haya podido encontrar en la adaptación de su Derecho interno a una Directiva para justificar la inobservancia de las obligaciones y los plazos establecidos en las Directivas comunitarias.
4.

En cambio, aún no se había planteado ante el Tribunal de Justicia el problema de la compatibilidad con el Tratado de la recaudación del «octroi de mer» sobre mercancías importadas en los DOM desde terceros países no vinculados a la Comunidad por acuerdo comercial alguno. Esta laguna ha venido a colmarla, sin embargo, la cuestión prejudicial que hoy nos ocupa. En efecto, con dicha cuestión, el Juez remitente pretende esencialmente que se dilucide si la aplicación del «octroi de mer» a las importaciones de terceros países es compatible con la adopción de un Arancel Aduanero Común, regulado en los artículos 9 y 18 a 29 del Tratado, así como con los principios en que se basa la política comercial común, recogidos en el artículo 113. Al margen de su imprecisa formulación, este es, en efecto, el sentido de la petición del tribunal d'instance du 12° arrondissement de Paris, órgano ante el que las demandantes habían reclamado la devolución de todas las cantidades pagadas en concepto de «octroi de mer» en los diversos períodos comprendidos entre el 1 de noviembre de 1988 y el 30 de noviembre de 1991, petición que se reproduce a continuación: «El principio de no discriminación, tal como está previsto en el Tratado, ¿puede interpretarse en el sentido de que prohibe a un Estado miembro recaudar un tributo interno, declarado exacción de efecto equivalente, sobre mercancías procedentes de terceros países no vinculados a la Comunidad mediante un acuerdo particular, máxime cuando las mercancías importadas por otros Estados miembros procedentes de ese mismo país tercero no estén sujetas a dicho tributo? En caso de respuesta negativa, ¿no constituye la recaudación por el Estado miembro de ese tributo una disparidad de trato que puede poner en peligro la igualdad entre los agentes económicos de los diferentes Estados miembros y provocar distorsiones o perjudicar al funcionamiento del mercado común?»
12.

Respecto al artículo 59 de la Cuarta Directiva, en particular, se ha de observar que esta disposición, no obstante ser objeto expreso de la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, no puede constituir un criterio válido para apreciar la admisibilidad de la inscripción simultánea de beneficios en el contexto que hoy nos ocupa. Como ya se ha dicho, en efecto, el legislador alemán no ha hecho uso de su facultad de prescribir o imponer el método de puesta en equivalencia para la valoración de la participación de las sociedades en las empresas ligadas; de ello resulta —y además, todas las partes están de acuerdo sobre este punto— que no puede hablarse de una infracción del artículo 59 de la Cuarta Directiva. ( 8 )
40.

Los intentos del Reino Unido de explicar esta contradicción no me han convencido. En opinión de la parte demandada, la relación entre uno y otro de los dos guiones del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva no debe valorarse como de «jerarquía», como hizo la Comisión, sino, más bien, de «dicotomía». Esto es, en mi opinión, una pugna terminológica a la que no cabe reconocer un peso específico. En efecto, resulta evidente que un organismo de radiodifusión televisiva no puede estar comprendido simultáneamente en ambos guiones, ya que las personas a las que se refiere el segundo guión son organismos de radiodifusión televisiva que no dependan de la competencia de ningún Estado miembro. De ahí se deduce necesariamente que la «competencia» mencionada en el primer guión no puede estar basada en circunstancias que se mencionen en el segundo guión. La norma contenida en el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva me parece en este aspecto clara e inequívoca. No puede hablarse, pues, de una formulación imprecisa, como la que cree percibir la parte demandada.
21.

La demandante alega, en cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, que, al no indicar el Reglamento no 1824/80 que la entrega debía tener lugar entre el 1 y el 31 de agosto y al figurar esta condición unicamente en el anuncio de licitación, que carece de fuerza jurídica obligatoria, no se le puede seguir denegando la devolución de la fianza por no haber respetado dicho plazo. A este respecto afirma que, en cualquier caso, situó la mercancía en el puerto de Amberes el 29 de agosto de 1980, no pudiendo hacérsela responsable de que el embarque no se realizara hasta el 6 de septiembre, debido a que el mandatario no disponía de buque. Respecto a la calidad de la mercancía, sostiene que el Reglamento no 1824/80 no establece que el trigo deba cumplir con las normas de ningún reglamento en particular, que el destinatario afirma haberla recibido en buen estado y que el artículo 6 de dicho Reglamento, al regular la liberación de la fianza, no la condiciona al cumplimiento de ninguna norma de calidad.
17.

Además, puede señalarse que el Reglamento no 1336/86 no es el único que establece la concesión de una indemnización con cargo a fondos comunitarios a los productores que se comprometan a abandonar o limitar la producción. En realidad, existe una plétora de tales Reglamentos. El Reglamento (CEE) no 1765/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos, ( 11 ) establece el pago de una indemnización a los productores que «retiren» tierras con el fin de que no se siembren en ellas cultivos herbáceos. El Reglamento (CEE) no 1200/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, relativo al saneamiento de la producción comunitaria de manzanas, establece el pago de una prima a los productores de manzanas que se comprometan a arrancar plantaciones de manzanos y a renunciar a plantar manzanos (artículo 2). ( 12 ) El Reglamento (CEE) no 1442/88 del Consejo, de 24 de mayo de 1988, sobre la concesión, para las campañas vitivinícolas de 1988/89 a 1995/96, de primas por abandono definitivo de superficies vitícolas, ( 13 ) contiene disposiciones similares respecto a las cepas. De manera más general, en el sector agrícola el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 4256/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo al FEOGA, Sección Orientación, ( 14 ) contiene una lista de los tipos de acciones emprendidas por los Estados miembros para estimular el ajuste de las estructuras agrícolas que pueden ser asistidas mediante los Fondos Estructurales comunitarios. El apartado 6 del artículo 21 del Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, ( 15 ) prevé que la acción emprendida por los Estados miembros anteriormente mencionada puede destinarse a sostener la renta agrícola.