En el sector de la leche y de los productos lácteos, se planteó un problema de Derecho transitorio con ocasión del asunto SAIL (centrales lecheras italianas). Con arreglo al apartado 7 del artículo 8 y al apartado 1 del artículo 40 del Tratado, el Consejo habría debido establecer, antes de la expiración del período transitorio, una organización común para dicho sector. El establecimiento de dicho régimen común habría llevado automáticamente a la supresión de las organizaciones nacionales correspondientes. Al no haber cumplido el Consejo este compromiso en su totalidad, se trataba de saber si se podía obligar a un Estado miembro a abolir su organización nacional siendo así que la Comisión no estaba en condiciones de sustituir aquélla por un régimen equivalente.

En el párrafo segundo de su artículo 22 el Reglamento (CEE) no 804/68, de 27 de junio de 1968 (DO L 148, p. 13; EE 03/02, p. 146), Reglamento de base, limitaba al 31 de diciembre de 1969 la tolerancia en favor de las centrales lecheras italianas. El Reglamento (CEE) no 2622/69, de 21 de diciembre de 1969 (DO L 328, p. 8; EE 03/03, p. 187), prorrogó hasta el 31 de marzo de 1970 el plazo de tolerancia. Pero el Consejo sólo ha restablecido la tolerancia en favor de dichas centrales lecheras el 21 de junio de 1971 mediante el apartado 2 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 1411/71 (DO 1971, L 148, p. 4; EE 03/04, p. 203). Así, en pleno período de aplicación definitiva del mercado común, se ha restablecido un régimen transitorio en relación a una situación reconocida por el propio Consejo como incompatible con la organización común de mercados, una vez que estuviera establecida.

Si bien, en la sentencia de 21 de marzo de 1972, SAIL (82/71, Rec. p. 119), el Tribunal de Justicia consideró que la expiración del plazo fijado en el apartado 2 del artículo 22 del Reglamento no 804/68, prorrogado por el artículo 2 del Reglamento no 2622/69, implicaba, en la época en que se produjeron los hechos sometidos a la apreciación del Juez nacional, la supresión de la exclusividad de venta prevista en el marco del «régimen de las zonas de recogida y de distribución de la leche en la República Italiana» y suponía, por consiguiente, la inaplicabilidad de cualquier disposición de Derecho nacional por la que se consagra esta exclusividad, nunca se ha considerado que el Reglamento no 1411/71 del Consejo, que concedía a Italia un determinado plazo suplementario destinado a permitir la reconversión de las «centrales lecheras», fuera contrario al Tratado.

También en este sector, resulta sorprendente que la Comisión haya esperado al 31 de diciembre de 1977 (último día de un «período transitorio» de cinco años) para proponer al Consejo los textos necesarios para adaptar, a causa de un nuevo período transitorio, los Milk Marketing Boards a la prohibición del sistema de cooperativas basado en un Derecho nacional, prohibición decretada por la organización común de mercados en este sector, que sin embargo ya data de algún tiempo. Y, de hecho, el Reglamento (CEE) no 1421/78 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento no 804/68 (DO 1978, L 171, p. 12; EE 03/04, p. 156), autoriza, a pesar de la existencia de la organización común, determinadas actividades de los Milk Marketing Boards existentes en el Reino Unido y prevé que el Consejo adopte, para cada caso particular, las normas generales relativas a la concesión y al mantenimiento de determinados derechos de que gozan, en el momento presente, dichos Boards. Estas normas prevén, en particular, disposiciones que hagan posible, si se tratare de una organización ya existente, su adaptación progresiva a las normas comunitarias, dentro de un período máximo que debe determinarse. Indudablemente, estas disposiciones deben ser compatibles con los principios generales del Tratado y en particular con la libre circulación de mercancías así como la no discriminación de los productos y no pueden afectar «más que en la medida estrictamente necesaria» a la competencia en el sector agrícola, y, para terminar, no deben afectar al buen funcionamiento de la organización común en el sector de que se trata. Pero la observancia de tales criterios sólo podrá controlarse a posteriori.

De este modo el Consejo ha establecido esta excepción a pesar de la existencia de una organización común de mercados y de que el período transitorio del Tratado haya expirado. Lo mismo debe ocurrir a fortiori en los sectores en que no existe ninguna organización común, al menos en las relaciones entre antiguos y nuevos Estados miembros y en las de éstos entre sí. El efecto directo de la prohibición de las exacciones, restricciones y medidas de efecto equivalente no está ligado al vencimiento de una simple fecha, sino a la adopción previa de un determinado número de disposiciones de fondo que hagan innecesarias dichas medidas.

El propio Tribunal de Justicia ha establecido mediante sentencia de 2 de julio de 1974, Holtz & Willemsen/Consejo y Comisión (153/73, Rec. pp. 675 y ss., especialmente p. 697), «que en sus inicios puede ocurrir que una organización común de mercados no se muestre completamente adecuada a los fines enumerados en el artículo 39 del Tratado y que presente lagunas capaces de poner en peligro la estabilidad del mercado en una parte de la Comunidad; que, si bien incumbe a las instituciones encargadas investigar, con toda la diligencia que se quiera, las causas de tales dificultades y adaptar lo antes posible las normativas por las que se establece una organización de mercados a fin de remediar las insuficiencias que se hayan revelado, aquéllas pueden adoptar, entre tanto, medidas provisionales que se limiten a aquellos Estados miembros cuyo mercado se ha visto afectado de forma especial». Este debe ser el caso, en particular, cuando no existe organización común de mercados y se trata de nuevos Estados miembros.

El Tribunal de Justicia se inspiró en una idea similar al declarar en la sentencia de 8 de abril de 1976, Defrenne (43/75,↔ Rec. p. 455), que la «aplicación del artículo 119 [relativo a la igualdad de remuneraciones] debía garantizarse plenamente por los antiguos Estados miembros a partir del 1 de enero de 1962 […] y por los nuevos Estados miembros a partir del 1 de enero de 1973»; que «debe tenerse en cuenta, con carácter excepcional que, durante un largo período, las partes interesadas se han visto impulsadas a mantener prácticas contrarias al artículo 119» y que «consideraciones imperiosas de seguridad jurídica relativas a todos los intereses en juego, tanto de carácter público como privado, impiden, en principio, volver a poner en tela de juicio las retribuciones correspondientes a períodos ya transcurridos».