En segundo lugar, una decisión basada en el artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2006/42 no reconoce a sus destinatarios ninguna facultad de apreciación en cuanto al resultado que deba conseguirse, por tener su aplicación, a estos efectos, un carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias. Es cierto que las autoridades nacionales competentes deberán previsiblemente adoptar medidas de control previas para determinar si el fabricante ha puesto o pretende poner en circulación unidades de su máquina en sus respectivos territorios, y si alguna de ellas presenta el mismo riesgo que el que es objeto de las medidas nacionales adoptadas por el Estado miembro de que se trata. Pero, si así fuera, dichas autoridades deberán considerar que esa situación puede poner en peligro la seguridad de las personas y deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar ese riesgo, garantizando, en este sentido, la aplicación correcta y uniforme de la Directiva 2006/42, en relación con la Decisión impugnada y las medidas nacionales que ésta declaró justificadas, y, por tanto, ordenando la prohibición, la retirada o la modificación de la máquina en cuestión, o adoptando cualquier otra medida equivalente. Por consiguiente, es la decisión de la Comisión en la que se declara el carácter justificado de las medidas nacionales controvertidas la que determina el resultado que deben alcanzar las demás autoridades nacionales, que no disponen de ningún margen de apreciación.

Si bien los Estados miembros deben garantizar la aplicación correcta y uniforme de la Directiva 2006/42, relativa a las máquinas, sin disponer de margen de apreciación en cuanto al resultado que debe alcanzarse, al extraer las consecuencias de una medida nacional adoptada para una máquina dada que ha sido declarada justificada por la Comisión, es obvio que no pueden, por propia iniciativa, y fuera del marco procesal y sustantivo previsto por el artículo 11, apartado 1, de esa Directiva, extender el ámbito de aplicación de esa medida a otras máquinas, basándose en que éstas presentan el mismo riesgo, so pena de vulnerar el principio de libre circulación enunciado en el artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva, así como la presunción de conformidad prevista por su artículo 7. Por esta razón, el legislador de la Unión ha supeditado esa extensión a la instrucción de un procedimiento específico que implica, en particular, la adopción, por un lado, de una decisión expresa de la Comisión a estos efectos y, por otro, de medidas nacionales de aplicación de dicha decisión. Tales actos, en cambio, habida cuenta del alcance del artículo 11 de la Directiva en cuestión, ni están previstos ni son necesarios para los fines del mencionado artículo.

Por otro lado, el cumplimiento del requisito establecido en los puntos 1.7.4.1 y 1.7.4.2 del anexo I de la Directiva 2006/42 en el sentido de que las máquinas habrán de ir acompañadas de un manual de instrucciones que describa el uso previsto para ellas, no obsta a la obligación prioritaria impuesta a los fabricantes de máquinas de integrar la seguridad en sus procesos de diseño y fabricación, eliminando o reduciendo en la medida de lo posible los riesgos derivados del uso previsto o de su mal uso razonablemente previsible, como resulta del punto 1.7.4.2, letra l), del anexo I de la citada Directiva. Dicho de otro modo, la Directiva no impone a los fabricantes únicamente la obligación de advertir a sus clientes de los riesgos relacionados con el mal uso razonablemente previsible de las máquinas adquiridas por éstos. También les obliga a eliminar o reducir tales riesgos, en la medida de lo posible, desde las fases de diseño y fabricación de dichas máquinas.

Dado el carácter prioritario del objetivo consistente en eliminar o reducir en la medida de lo posible, al diseñar y fabricar las máquinas, los riesgos relacionados con su uso previsto o con su mal uso razonablemente previsible, así como en evitar un uso incorrecto y en adoptar las medidas de protección que sean necesarias respecto de los riesgos que no puedan eliminarse, procede considerar que siempre que una máquina se destine a muchos usos distintos, en función de los diferentes equipos intercambiables que se le pueden ensamblar, dicha máquina debe estar provista de una estructura de protección adecuada, antes de su comercialización o puesta en servicio, si se comprueba que alguno de los otros usos razonablemente previsibles de que puede ser objeto implica un riesgo de caída de objetos o materiales, aunque el uso previsto que, en su caso, haga de ella el comprador no conlleve tal riesgo. Una medida de este tipo forma parte, en efecto, de las dirigidas a eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible, integrando la seguridad en las fases de diseño y fabricación de las máquinas.

Por su parte, a la Comisión le corresponde, de acuerdo con esta regulación, verificar el carácter justificado o no de las medidas adoptadas por los Estados miembros, de acuerdo con los hechos y los fundamentos de Derecho. Ahora bien, dadas las complejas valoraciones técnicas que la Comisión debe efectuar, es preciso reconocer a dicha institución una amplia facultad de apreciación para que pueda cumplir eficazmente el objetivo que se le ha marcado. Se ha reconocido también que la Comisión posee tal facultad de apreciación cuando debe ejercer su control sobre las medidas adoptadas por un Estado miembro en el marco del sistema previsto por los apartados 4 a 6 del artículo 114 TFUE. A este respecto, cada vez que esté llamado a controlar el ejercicio de una amplia facultad de apreciación, el juez de la Unión debe verificar, a la vista de los motivos invocados, el cumplimiento de las normas de procedimiento, la exactitud material de los hechos que la Comisión tuvo en cuenta, la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos y la inexistencia de desviación de poder. En particular, debe verificar, a la vista de las alegaciones efectuadas por las partes, la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, y comprobar si dichas pruebas constituyen todos los datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja, y si son adecuadas para sostener las conclusiones que se deducen de las mismas.

La evaluación del riesgo que, por su parte, debe realizar el Estado miembro afectado, antes de recurrir a las medidas previstas por el artículo 11 de la Directiva 2006/42, relativa a las máquinas, bajo el control de la Comisión, debe efectuarse desde el punto de vista de un usuario medio razonablemente atento y perspicaz. En efecto, la facultad que ese artículo confiere a las autoridades nacionales constituye una excepción al principio de libre circulación mencionado por la Directiva, y sólo se justifica en presencia de un riesgo derivado del uso previsto o de un mal uso razonablemente previsible de la máquina en cuestión, que el punto 1.1.1, letra i), del anexo I de esta Directiva define como un uso que puede resultar de un comportamiento humano fácilmente previsible. En este contexto, el hecho de que las autoridades nacionales evalúen tal riesgo desde el punto de vista concreto de un usuario medio y razonablemente diligente, y no de manera abstracta, contribuye a garantizar que dichas autoridades no menoscaben injustificadamente la libre circulación de las máquinas, en el sentido del artículo 11, apartado 1, de la citada Directiva.

El artículo 11 de la Directiva 2006/42, relativa a las máquinas, no impone a la Comisión la obligación de determinar, con ocasión del examen específico de las medidas que le comunican los Estados miembros, si dichas medidas, además de estar justificadas, son conformes o no con el principio de igualdad de trato. Si una medida de esta naturaleza está justificada en el sentido de la citada disposición, la decisión por la que la Comisión reconoce su carácter justificado no puede, por tanto, ser cuestionada porque máquinas idénticas a las afectadas por esta medida estén presentes en el mercado nacional de que se trate pero no hayan sido objeto de medidas similares, en violación del principio de igualdad de trato.

En efecto, en primer lugar, cuando un ámbito ha sido armonizado con carácter exhaustivo en el Derecho de la Unión, toda medida nacional a este respecto debe apreciarse a la luz de las disposiciones de la medida de armonización y no de las del Derecho primario. Esto es aplicable, en particular, cuando la medida en cuestión no esté constituida por un acto de carácter legislativo o reglamentario, sino por un acto de naturaleza individual. De este modo, dado que la Directiva 2006/42 llevó a cabo una armonización exhaustiva, a escala de la Unión, no sólo de las normas relativas a los requisitos esenciales de seguridad de las máquinas y al modo de acreditar que éstas se ajustan a dichas condiciones, sino también de las que se refieren a los comportamientos que pueden adoptar los Estados miembros con relación a las máquinas cuya conformidad con los mencionados requisitos se presume, procede determinar, a la luz de las disposiciones de dicha Directiva, si la Comisión incumplió sus obligaciones, por no comprobar si las medidas nacionales adoptadas por las autoridades competentes respetaron el principio de igualdad de trato, o si, por el contrario, no formaba parte de sus funciones efectuar tal control.

En segundo lugar, el fin del artículo 11 de la Directiva 2006/42 no es hacer a la Comisión responsable del control de la legalidad, desde todas las perspectivas, de las medidas que las autoridades nacionales adoptan al constatar que determinadas máquinas pueden poner en peligro la salud o la seguridad de las personas. En efecto, del considerando 25 y del artículo 20 de la citada Directiva se desprende que es a los órganos jurisdiccionales nacionales a quienes corresponde tal control. En tercer lugar, si bien el artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2006/42 se limita a disponer que la Comisión estudiará si las medidas adoptadas por el Estado miembro están justificadas o no, la sistemática general de dicho artículo exige entender esta obligación en relación con las que previamente imponen a las autoridades nacionales sus apartados 1 y 2.

Por otro lado, el apartado 10 del artículo 114 TFUE, que autoriza al legislador de la Unión a establecer cláusulas de salvaguardia como la prevista por el artículo 11 de la Directiva 2006/42, y que se remite a las razones mencionadas en la primera frase del artículo 36 TFUE, no hace referencia a la segunda frase de este último, en cuya virtud las prohibiciones o restricciones que puedan estar justificadas por tales razones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. En consecuencia, difiere de los apartados 4 a 6 del mismo artículo, relativos a las disposiciones que un Estado miembro puede introducir o mantener tras la adopción de una medida armonizadora a efectos del apartado 1.

(véanse los apartados 98 a 105)