Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 9 de julio de 2003. - Archer Daniels Midland Company y Archer Daniels Midland Ingredients Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Prácticas colusorias - Lisina - Directrices para el cálculo del importe de las multas - Aplicabilidad - Gravedad y duración de la infracción - Volúmenes de negocios - Circunstancias agravantes - Circunstancias atenuantes - Cooperación durante el procedimiento administrativo - Acumulación de sanciones. - Asunto T-224/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2003 página II-02597



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias formales - Exposición sumaria de los motivos invocados

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 19, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1)

2. Derecho comunitario - Principios generales del Derecho - Irretroactividad de las disposiciones penales - Ámbito de aplicación - Multas impuestas por infracción de las normas sobre competencia - Inclusión - Infracción en caso de aplicación de las Directrices para el cálculo de las multas a una infracción anterior a su entrada en vigor - Inexistencia

(Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 7; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

3. Competencia - Multas - Cuantía - Margen de apreciación de la Comisión - Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

4. Derecho comunitario - Principios - Protección de la confianza legítima - Requisitos - Protección contra el ejercicio por parte de la Comisión de su facultad de elevar el nivel de las multas que sancionan las infracciones de las normas sobre competencia - Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo)

5. Competencia - Multas - Cuantía - Sanciones comunitarias y sanciones impuestas en un Estado miembro o en un Estado tercero por infracción del Derecho nacional de la competencia - Violación del principio non bis in idem - Inexistencia - Acumulación - Procedencia - Obligación de la Comisión de determinar la cuantía de la multa teniendo en cuenta la sanción impuesta en un Estado miembro por los mismos hechos - Obligación no extensible al supuesto de una sanción impuesta en un Estado tercero

(Protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 4; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

6. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad y duración de las infracciones - Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

7. Competencia - Prácticas colusorias - Fijación de los precios - Infracción susceptible de calificarse de muy grave, pese al carácter meramente indicativo de los precios fijados

(Art. 81 CE)

8. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Fijación de los precios - Obligación de la Comisión de valorar las repercusiones concretas de una infracción, tomando como referencia la competencia que habría existido normalmente sin la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

9. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Consideración de los efectos del conjunto de la infracción independientemente del comportamiento efectivo supuestamente adoptado por una empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

10. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Directrices adoptadas por la Comisión - Obligación de la Comisión de respetarlas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

11. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Consideración del volumen de negocios global de la empresa de que se trate y del volumen de negocios procedente de las ventas de las mercancías que son objeto de la infracción - Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

12. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Medida de la capacidad efectiva para causar un perjuicio al mercado de referencia - Pertinencia de la cuota de mercado de la empresa de que se trate

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

13. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Medida de las repercusiones reales sobre la competencia de la infracción cometida por cada empresa - Pertinencia del volumen de negocios procedente de las ventas de los productos que han sido objeto de una práctica restrictiva

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

14. Recurso de anulación - Motivos - Impugnación de la realidad de los hechos expuestos en una decisión que sanciona una infracción de las normas sobre competencia - Admisibilidad - Requisito - Negativa a reconocer la realidad de los hechos en el procedimiento administrativo

(Art. 230 CE)

15. Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Art. 81 CE, ap. 1)

16. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Funciones respectivas de las empresas participantes en la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

17. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias atenuantes - Falta de aplicación efectiva de un acuerdo - Apreciación en relación con el comportamiento individual de cada empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

18. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias atenuantes - Aplicación de un programa de adecuación para atenerse a las normas comunitarias sobre competencia - Inexistencia de obligación de tomarla en consideración

[Art. 81 CE, ap. 1, letras a) y b); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15]

19. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Reducción del importe de la multa en contrapartida de una cooperación - Requisitos - Transmisión por parte de una empresa de información sobre hechos que puedan justificar una sanción en su contra

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

20. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Circunstancias atenuantes - Reducción del importe de la multa en contrapartida de una colaboración que permita determinar el grado de participación de otra empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

21. Competencia - Procedimiento administrativo - Facultades de inspección de la Comisión - Respeto del principio general que establece una protección contra las intervenciones arbitrarias o desproporcionadas de los poderes públicos - Imposibilidad de utilizar o efectuar grabaciones secretas, audiovisuales o magnetofónicas

(Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 8; Reglamento nº 17 del Consejo)

22. Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Método de cálculo establecido en las Directrices adoptadas por la Comisión - Aplicación de los porcentajes al importe de base de la multa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

$$1. Según el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda debe contener una exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones. La demanda debe, por ello, concretar en qué consiste el motivo sobre el que se apoya el recurso, de tal manera que su simple mención abstracta no cumple los requisitos exigidos por el Reglamento de Procedimiento.

( véase el apartado 36 )

2. El principio de irretroactividad de las disposiciones penales es un principio común a todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, consagrado igualmente por el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y forma parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el juez comunitario.

A este respecto, aunque el artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 17 dispone que las decisiones de la Comisión en las que se imponen multas por infracción del Derecho de la competencia no tienen carácter penal, no es menos cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho comunitario, y en particular el principio de irretroactividad, en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una sanción con arreglo a las normas sobre la competencia del Tratado. El respeto de dicho principio exige que las sanciones impuestas a una empresa por infracción de las normas sobre competencia sean las previstas en el momento en que se cometió la infracción.

Desde este punto de vista, el cambio que suponen las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA con respecto a la práctica administrativa anterior de la Comisión no constituye una alteración del marco jurídico de la determinación del importe de las multas que pueden imponerse y no viola por tanto el principio general de irretroactividad de las disposiciones penales ni el de seguridad jurídica.

En efecto, por una parte, la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia, pues dicho marco es únicamente el que establece el Reglamento nº 17, que las Directrices siguen respetando. Por otra parte, habida cuenta del margen de apreciación que el Reglamento nº 17 reconoce a la Comisión, el establecimiento por ésta de un nuevo método de cálculo del importe de las multas, que puede dar lugar en ciertos casos a un incremento del nivel general de éstas, aunque sin sobrepasar el límite máximo fijado en dicho Reglamento, no puede considerarse un aumento con efectos retroactivos de las multas previstas en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.

( véanse los apartados 39 a 41 y 51 a 55 )

3. En el marco del Reglamento nº 17, la Comisión dispone de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas, a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre competencia. Además, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados por el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de competencia. Una aplicación eficaz de las normas comunitarias sobre competencia exige, por el contrario, que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política.

( véanse los apartados 56 y 181 )

4. El derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas. Sin embargo, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la Administración no le dio garantías concretas.

En cuanto a los operadores económicos, éstos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias. Pues bien, en el caso de las normas comunitarias sobre competencia, la aplicación eficaz de las mismas exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de la política de competencia. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17.

( véanse los apartados 62, 64 y 65 )

5. El principio non bis in idem, consagrado igualmente en el artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario, cuya observancia debe garantizar el juez. En el ámbito del Derecho de la competencia comunitario, dicho principio prohíbe que se condene a una empresa o que la Comisión inicie de nuevo un procedimiento sancionador en su contra por un comportamiento contrario a la competencia a causa del cual ya ha sido sancionada o del que la Comisión la ha declarado no responsable mediante una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso.

En cambio, puede darse una acumulación de sanciones, una comunitaria y otra nacional, como resultado de la existencia de dos procedimientos paralelos, que persiguen objetivos distintos, en razón del especial sistema de reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros en materia de competencia. No obstante, una exigencia general de equidad implica que, al fijar la cuantía de una multa, la Comisión está obligada a tener en cuenta las sanciones que ya se han impuesto a la misma empresa por el mismo hecho, si se trata de sanciones impuestas por infracciones al Derecho de la competencia de un Estado miembro y, por consiguiente, cometidas en territorio comunitario.

Como esta posibilidad de acumulación de sanciones se justifica por el hecho de que ambos procedimientos, nacional y comunitario, persiguen objetivos distintos, resulta a fortiori imposible aplicar el principio non bis in idem en un supuesto en el que la Comisión ha decidido imponer una multa a una empresa por su participación en una práctica colusoria ya sancionada por las autoridades o los órganos jurisdiccionales de un Estado tercero, pues es evidente que los procedimientos tramitados y las sanciones impuestas por la Comisión, por una parte, y por las autoridades o los órganos jurisdiccionales de un Estado tercero, por otra, no persiguen los mismos objetivos. Además, no existe en la actualidad ningún principio de Derecho internacional público que prohíba que autoridades o tribunales de distintos Estados procesen y condenen a una persona por los mismos hechos.

Por otra parte, aunque la Comisión está obligada, por exigirlo así la equidad, a determinar la cuantía de las multas teniendo en cuenta las sanciones ya impuestas a la misma empresa por infracciones del Derecho de la competencia de un Estado miembro, cometidas por consiguiente en el territorio comunitario, ello se debe a la especial situación que resulta, por una parte, de la estrecha interdependencia entre los mercados nacionales de los Estados miembros y el mercado común y, por otra, del especial sistema de reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros en materia de prácticas colusorias en un mismo territorio, el del mercado común. Es evidente que no cabe tal justificación en un supuesto en el que las primeras decisiones sancionadoras en contra de una empresa han sido adoptadas por las autoridades o los órganos jurisdiccionales de un país tercero a raíz de la infracción de sus normas sobre competencia, y la Comisión no tiene por tanto obligación alguna de determinar la cuantía de la multa impuesta a dicha empresa por infracción del Derecho de la competencia comunitario teniendo en cuenta las mencionadas decisiones.

( véanse los apartados 85 a 87, 89, 90, 92, 99 y 100 )

6. La capacidad de la Comisión de imponer multas a las empresas que, deliberadamente o por negligencia, cometan una infracción a las disposiciones del artículo 81 CE, apartado 1, o del artículo 82 CE constituye uno de los medios atribuidos a la Comisión con el fin de permitirle cumplir la misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario. Esta misión comprende la tarea de proceder a la instrucción y reprimir las infracciones individuales, pero comprende igualmente el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas.

De ello se deduce que la Comisión tiene la facultad de decidir sobre la cuantía de las multas con el fin de reforzar su efecto disuasorio cuando infracciones de un determinado tipo sean todavía relativamente frecuentes, a pesar de que su ilegalidad haya sido establecida desde el principio de la política comunitaria de la competencia, en razón del beneficio que determinadas empresas interesadas pueden sacar de ello.

( véanse los apartados 105 y 106 )

7. En el ámbito de una práctica colusoria, la fijación de un precio, aunque sea meramente indicativo, afecta al juego de la competencia por cuanto permite que todos los participantes en las prácticas colusorias prevean con un grado razonable de fiabilidad cuál será la política de precios que aplicarán sus competidores. Este tipo de prácticas colusorias implican una intervención directa en los parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que se trate y pueden calificarse de infracciones muy graves. En efecto, al expresar una voluntad común de aplicar un cierto nivel de precios a sus productos, los fabricantes no determinan ya de modo autónomo su política en el mercado, con lo que conculcan la concepción inherente a las disposiciones del Tratado sobre la competencia.

( véanse los apartados 119 y 120 )

8. Al determinar la gravedad de una infracción en materia de competencia, es preciso tener en cuenta, entre otros factores, el contexto normativo y económico del comportamiento imputado. A este respecto, para valorar las repercusiones concretas de una infracción en el mercado, la Comisión está obligada a tomar como referencia la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la infracción.

De ello se deduce, por una parte, que en los casos de acuerdos sobre los precios es preciso constatar que dichos acuerdos permitieron efectivamente a las empresas implicadas alcanzar un nivel de precios de venta superior al que habría predominado de no existir los acuerdos.

Por otra parte, de ello se deduce que la Comisión debe tener en cuenta en su valoración todas las circunstancias objetivas del mercado de que se trate, habida cuenta del contexto económico y, en su caso, normativo predominante.

( véanse los apartados 150 a 152 )

9. En materia de represión de las prácticas colusorias prohibidas, para valorar las repercusiones en el mercado de unas prácticas colusorias no resulta pertinente el comportamiento efectivo que una empresa afirma haber seguido, pues sólo deben tomarse en consideración los efectos de la infracción considerada en su conjunto.

( véanse los apartados 160 y 167 )

10. La Comisión no puede renunciar a las normas que se ha impuesto a sí misma. En particular, cuando la Comisión adopta unas Directrices a fin de precisar los criterios que piensa aplicar en el ejercicio de su facultad de apreciación de la gravedad de una infracción, ello supone una autolimitación de dicha facultad, ya que queda obligada a cumplir las normas indicativas que ella misma se ha impuesto.

( véase el apartado 182 )

11. Entre los criterios de apreciación de la gravedad de una infracción de las normas comunitarias sobre competencia pueden figurar, según los casos, la cantidad y el valor de las mercancías objeto de la infracción, la dimensión y la potencia económica de la empresa y, por lo tanto, la influencia que ésta haya podido ejercer sobre el mercado. De esto se sigue, por una parte, que para la determinación del importe de la multa es posible tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, de su dimensión y de su potencia económica, como la parte de dicho volumen correspondiente a las ventas de las mercancías objeto de la infracción, que puede dar una indicación de la amplitud de esta última. De ello se deduce, por otra parte, que no hay que atribuir a ninguna de estas dos cifras una importancia desproporcionada con relación a los demás criterios de apreciación, de modo que la determinación del importe de una multa apropiado no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global.

( véanse los apartados 58 y 188 )

12. A la hora de determinar la cuantía de las multas impuestas por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, analizar la capacidad efectiva de las empresas sancionadas para causar un perjuicio importante a un mercado determinado exige una valoración de la importancia real de dichas empresas en el mercado afectado, es decir, de su influencia en el mismo. Es pertinente al efecto la cuota de mercado de una empresa en el mercado de referencia, mientras que su volumen de negocios global no lo es.

( véase el apartado 193 )

13. A la hora de determinar la cuantía de las multas impuestas por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, cuando la Comisión estime que es preciso ponderar los importes de partida de la multa por tratarse de una infracción (de tipo cártel) en la que están implicadas varias empresas entre las que existen considerables diferencias de tamaño, las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 65, apartado 5, del Tratado CECA obligan actualmente a dicha institución a apreciar el peso específico de la infracción cometida por cada empresa, es decir, sus repercusiones reales, apreciación que consiste en determinar la magnitud de la infracción cometida por cada una de las empresas, y no la importancia de la empresa de que se trate en términos de tamaño o de potencia económica. A este respecto, la parte del volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos a los que afecta la infracción puede dar una indicación de la magnitud de la infracción en el mercado de que se trate. En particular, el volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos que han sido objeto de una práctica restrictiva constituye un criterio objetivo que ofrece una justa medida de la nocividad de dicha práctica para el juego normal de la competencia.

( véanse los apartados 194 y 196 )

14. Al no existir un reconocimiento expreso de su comportamiento contrario a la competencia por parte de la empresa inculpada, la Comisión se ve obligada a acreditar los hechos y la empresa disfruta de la libertad de desarrollar, en su momento y fundamentalmente en el marco del procedimiento contencioso, todos los motivos de defensa que considere útiles. En cambio, la situación es otra cuando la empresa de que se trate haya reconocido los hechos. Así pues, cuando la empresa ha reconocido expresamente en el procedimiento administrativo la veracidad de los hechos que le reprochaba la Comisión en su pliego de cargos, tales hechos deben considerarse probados, sin que la empresa pueda ya impugnarlos en el procedimiento contencioso ante el Tribunal de Primera Instancia.

( véase el apartado 227 )

15. Para que exista acuerdo a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado, independientemente de los efectos que ello haya podido producir en el mercado. Cuando se ha producido un concurso de voluntades entre empresas, al menos en lo relativo a las iniciativas en materia de precios, la Comisión puede pues calificarlo legítimamente de acuerdo a efectos de dicha disposición.

( véase el apartado 228 )

16. Cuando una infracción ha sido cometida por varias empresas, al determinar el importe de las multas procede examinar la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas, lo que supone, en particular, determinar cuáles fueron sus papeles respectivos en la infracción en el tiempo que duró su participación en la misma.

De ello se deduce que, para calcular el importe de la multa, es preciso tener en cuenta el hecho de que una o varias empresas hayan desempeñado un papel de líder de las prácticas colusorias, ya que las empresas que desempeñaron dicho papel deben asumir por esa razón una responsabilidad particular, comparada con la de las demás empresas.

( véanse los apartados 238 y 239 )

17. El punto 3, segundo guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, relativo a «la no aplicación efectiva de los acuerdos», no debe interpretarse como si se refiriese a los casos en que las prácticas colusorias, consideradas en su conjunto, no son aplicadas, haciendo abstracción del comportamiento específico de cada empresa, sino que debe entenderse como una circunstancia basada en el comportamiento individual de cada empresa.

( véanse los apartados 263 a 265 )

18. Aunque es ciertamente importante que una empresa haya tomado medidas para impedir que los miembros de su personal cometan en el futuro nuevas infracciones contra el Derecho comunitario de la competencia, este hecho no cambia en nada la realidad de la infracción comprobada. De ello se deduce que el mero hecho de que, en determinados casos, en la práctica seguida en sus Decisiones anteriores, la Comisión haya tomado en consideración como circunstancia atenuante la aplicación de un programa de adecuación del comportamiento de la empresa a las normas sobre competencia comunitarias no implica que esté obligada a proceder del mismo modo en otro caso determinado.

La Comisión no está por tanto obligada a considerar que este dato constituye una circunstancia atenuante, siempre que respete el principio de igualdad de trato, que le obliga a no aplicar una valoración diferente en relación con este tema a las empresas destinatarias de una misma Decisión.

( véanse los apartados 280 y 281 )

19. No constituye una cooperación comprendida en el ámbito de aplicación de la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación, ni a fortiori de la sección D de la misma, que se refiere específicamente a la transmisión de información, documentos u otros elementos de prueba que contribuyan a confirmar la existencia de la infracción cometida, el hecho de que una empresa ponga a disposición de la Comisión, en relación con una investigación de ésta sobre unas prácticas colusorias, informaciones relativas a actos por los que en cualquier caso dicha empresa no habría tenido que pagar multa alguna con arreglo al Reglamento nº 17.

( véase el apartado 297 )

20. No puede considerarse una cooperación comprendida en el ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación el hecho de que una empresa facilite una información que no permitió en sí misma que la Comisión apreciara con más facilidad la existencia de una infracción, pero que permitió sin embargo que valorara con más rigor el grado de cooperación de otra empresa durante el procedimiento, a efectos de determinar el importe de su multa, facilitando así la tarea a la Comisión durante sus investigaciones. La aportación de dicha información constituye en cambio una colaboración efectiva fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación, contemplada en el punto 3, sexto guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 65, apartado 5, del Tratado CECA.

Por lo tanto, para respetar dicha disposición es preciso conceder una reducción adicional del importe de la multa por circunstancias atenuantes.

Esta conclusión se impone con mayor motivo si se tiene en cuenta que, al valorar la colaboración prestada por las empresas, la Comisión no puede desconocer el principio de igualdad de trato. En efecto, una empresa que, además de haber reconocido expresamente la veracidad de los hechos en su respuesta al pliego de cargos, ha facilitado la tarea de la Comisión en otros aspectos, en el marco de la colaboración efectiva contemplada en el punto 3, sexto guión, de las Directrices, no puede compararse a una empresa que ha reconocido la veracidad de los hechos sin aportar más información.

( véanse los apartados 305 a 309 )

21. En cuanto al derecho al respeto de la vida privada consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se ha reconocido la existencia de un principio general del Derecho comunitario que garantiza una protección frente a las intervenciones de los poderes públicos en la esfera de la actividad privada de cualquier persona, física o jurídica, que sean desproporcionadas o arbitrarias. Dicho principio sirve de guía al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia a la hora de controlar el ejercicio de las facultades de inspección que el Reglamento nº 17 confiere a la Comisión.

El respeto del mencionado principio general exige en particular que la intervención de los poderes públicos tenga una base legal y esté justificada por las razones previstas en la ley. A este respecto, el Reglamento nº 17 no contiene disposición alguna sobre la posibilidad de efectuar y utilizar grabaciones secretas, audiovisuales o magnetofónicas.

( véanse los apartados 340 y 341 )

22. Habida cuenta del tenor de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, los porcentajes de incremento o de reducción decididos en razón de las circunstancias agravantes o atenuantes deben aplicarse al importe de base de la multa, determinado en función de la gravedad y de la duración de la infracción, y no al importe de un incremento aplicado anteriormente en razón de la duración de la infracción o al resultado de aplicar un primer incremento o una primera reducción correspondiente a una circunstancia agravante o atenuante. Este método de cálculo del importe de las multas permite garantizar una igualdad de trato a las diferentes empresas que participan en un mismo cártel.

( véase el apartado 378 )

Partes

En el asunto T-224/00,

Archer Daniels Midland Company, con domicilio social en Decatur, Illinois (Estados Unidos de América),

Archer Daniels Midland Ingredients Ltd, con domicilio social en Erith (Reino Unido),

representadas por los Sres. L. Martin Alegi y E.W. Batchelor, Solicitors, que designan domicilio en Luxemburgo,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. R. Lyal y W. Wils, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. J. Flynn, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto, por una parte, una pretensión de anulación parcial de la Decisión 2001/418/CE de la Comisión, de 7 de junio de 2000, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/36.545/F3 - Aminoácidos) (DO 2001, L 152, p. 24) o de reducción del importe de la multa impuesta a las demandantes y, por otra parte, una pretensión reconvencional de la Comisión en la que se solicita el incremento del importe de dicha multa,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de abril de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el litigio

1 Las demandantes, Archer Daniels Midland Company (en lo sucesivo, «ADM Company») y su filial europea Archer Daniels Midland Ingredients Ltd (en lo sucesivo, «ADM Ingredients»), que se dedican a la transformación de cereales y semillas oleaginosas, entraron en el mercado de la lisina en 1991.

2 La lisina es el principal aminoácido utilizado en la alimentación animal con fines nutricionales. La lisina sintética se utiliza como aditivo en los alimentos que no contienen suficiente lisina natural, por ejemplo los cereales, para permitir a los especialistas en nutrición la creación de regímenes a base de proteínas que respondan a las necesidades alimenticias de los animales. Los alimentos a los que se añade lisina sintética pueden también reemplazar a los alimentos que contienen una cantidad suficiente de lisina en su estado natural, como la soja.

3 En 1995, tras una investigación secreta llevada a cabo por el Federal Bureau of Investigation (FBI), se efectuaron registros en Estados Unidos en los locales de varias empresas presentes en el mercado de la lisina. En agosto y octubre de 1996, ADM Company fue acusada por las autoridades norteamericanas, junto con las sociedades Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd (en lo sucesivo, «Kyowa»), Sewon Corp. Ltd, Cheil Jedang Corp. (en lo sucesivo, «Cheil») y Ajinomoto Co. Inc., de prácticas colusorias consistentes en la fijación de los precios de la lisina y el reparto de los volúmenes de ventas de dicho producto entre junio de 1992 y junio de 1995. Después de que dichas empresas llegaran a un acuerdo con el Ministerio de Justicia norteamericano, el juez que conocía del asunto impuso unas multas de 10 millones de dólares estadounidenses (USD) a Kyowa y a Ajinomoto, una multa de 70 millones de USD a ADM Company y una multa de 1,25 millones de USD a Cheil. El importe de la multa impuesta a Sewon Corp. ascendió, según esta última, a 328.000 USD. Por otra parte, tres directivos de ADM Company fueron condenados a penas de prisión y a multas por su papel en dichas prácticas colusorias.

4 En julio de 1996, basándose en la Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»), Ajinomoto propuso a la Comisión cooperar con ella para demostrar la existencia de un cártel en el mercado de la lisina y sus efectos en el Espacio Económico Europeo (EEE).

5 El 11 y 12 de junio de 1997, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), la Comisión efectuó inspecciones en las instalaciones europeas de ADM Company y en las de Kyowa Hakko Europe GmbH. Tras dichas inspecciones, Kyowa Hakko Kogyo y Kyowa Hakko Europe indicaron a la Comisión que deseaban cooperar con ella y le proporcionaron diversas informaciones relativas, en particular, a la cronología de las reuniones entre los productores de lisina.

6 El 28 de julio de 1997, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento nº 17, la Comisión envió a ADM Company y a ADM Ingredients, a Sewon Corp. y a su filial europea Sewon Europe GmbH (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «Sewon») y a Cheil solicitudes de información sobre su comportamiento en el mercado de los aminoácidos y sobre las reuniones del cártel mencionadas en dichas solicitudes. Tras recibir un escrito de la Comisión de 14 octubre de 1997 recordándole que no había respondido a sus solicitudes de información, ADM Ingredients respondió a la solicitud de la Comisión relativa al mercado de la lisina. ADM Company no dio respuesta alguna.

7 El 30 de octubre de 1998, basándose en la información que se le había proporcionado, la Comisión envió un pliego de cargos a las demandantes y a las demás empresas implicadas, es decir, a ADM Company y a ADM Ingredients (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «ADM») y a las demás empresas implicadas, es decir, a Ajinomoto y a su filial europea, Eurolysine SA (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «Ajinomoto»), a Kyowa Hakko Kogyo y a su filial europea, Kyowa Hakko Europe (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «Kyowa»), a Daesang Corp. (antes Sewon Corp.) y a su filial europea, Sewon Europe, y a Cheil, acusándolas de haber infringido el artículo 81 CE, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el EEE (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»). En dicho pliego de cargos, la Comisión acusaba a estas empresas de haber determinado los precios de la lisina en el EEE y haber establecido cuotas de ventas en dicho mercado y de haber intercambiado información sobre sus volúmenes de ventas, todo ello a partir de septiembre de 1990 (Ajinomoto, Kyowa y Sewon), de marzo de 1991 (Cheil) y de junio de 1992 (ADM) y hasta junio de 1995. Tras recibir este pliego de cargos, las demandantes informaron a la Comisión de que no negaban la veracidad de los hechos.

8 Tras la audiencia de las empresas implicadas celebrada el 1 de marzo de 1999, la Comisión les envió el 17 de agosto de 1999 un pliego de cargos adicional, relativo a la duración de las prácticas colusorias, en el que se concluía que Ajinomoto, Kyowa y Sewon habían participado en las prácticas colusorias al menos a partir de junio de 1990, Cheil, al menos a partir de principios de 1991 y las demandantes, a partir del 23 de junio de 1992. Las demandantes respondieron a este pliego de cargos adicional el 6 de octubre de 1999, reiterando que no negaban la veracidad de los hechos que se les reprochaban.

9 Al término del procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión 2001/418/CE, de 7 de junio de 2000, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/36.545/F3 - Aminoácidos) (DO 2001, L 152, p. 24; en lo sucesivo, «Decisión»). La Decisión fue notificada a las demandantes mediante escrito de 16 de junio de 2000.

10 La Decisión contiene las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

[ADM Company] y su filial europea [ADM Ingredients], Ajinomoto Company Incorporated y su filial europea Eurolysine SA, Kyowa Hakko Kogyo Company Limited y su filial europea Kyowa Hakko Europa GmbH, Daesang Corporation y su filial europea Sewon Europe GmbH, y [Cheil] infringieron el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE y el apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE participando en acuerdos sobre precios, volúmenes de venta e intercambio de información individual sobre los volúmenes de venta de lisina sintética en el conjunto del EEE.

La duración de la infracción fue la siguiente:

a) en el caso de [ADM Company] y de [ADM Ingredients]: del 23 de junio de 1992 al 27 de junio de 1995;

b) en el caso de Ajinomoto Company Incorporated y de Eurolysine SA: al menos a partir de julio de 1990 y hasta el 27 de junio de 1995;

c) en el caso de Kyowa Hakko Kogyo Company Limited y Kyowa Hakko Europe GmbH: al menos a partir de julio de 1990 y hasta el 27 de junio de 1995;

d) en el caso de Daesang Corporation y de Sewon Europe GmbH: al menos a partir de julio de 1990 y hasta el 27 de junio de 1995;

e) en el caso de [Cheil]: del 27 de agosto de 1992 al 27 de junio de 1995.

Artículo 2

Las siguientes multas se imponen a las empresas enumeradas en el artículo 1, debido a la infracción comprobada en dicho artículo:

a) [ADM Company] y

[ADM Ingredients],

solidariamente responsables: 47,3 millones de euros

b) Ajinomoto Company, Incorporated y

Eurolysine SA,

solidariamente responsables: 28,3 millones de euros

c) Kyowa Hakko Kogyo Company Limited

y Kyowa Hakko Europe GmbH,

solidariamente responsables: 13,2 millones de euros

d) Daesang Corporation y

Sewon Europe GmbH,

solidariamente responsables: 8,9 millones de euros

e) [Cheil]: 12,2 millones de euros

[...]»

11 A fin de calcular el importe de los multas, la Comisión aplicó en su Decisión la metodología expuesta en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») y en la Comunicación sobre la cooperación.

12 En primer lugar se fijó el importe de base de la multa, determinado en función de la gravedad y de la duración de la infracción, que fue de 39 millones de euros en el caso de ADM. En lo relativo a Ajinomoto, Kyowa, Cheil y Sewon, el importe de base de la multa fue de 42, de 21, de 19,5 y de 21 millones de euros, respectivamente (considerando 314 de la Decisión).

13 Para establecer el importe de partida de las multas, determinado en función de la gravedad de la infracción, la Comisión consideró, en primer lugar, que las empresas implicadas habían cometido una infracción muy grave, habida cuenta de su naturaleza, de sus repercusiones concretas en el mercado de la lisina en el EEE y de la dimensión del mercado geográfico afectado. A continuación, basándose en los volúmenes de negocio totales realizados en el último año de la infracción y estimando que existía una considerable disparidad en la dimensión de las empresas autoras de la infracción, la Comisión aplicó un trato diferenciado. Por consiguiente, el importe de partida de las multas se fijó en 30 millones de euros en los casos de ADM y de Ajinomoto y en 15 millones de euros en los casos de Kyowa, de Cheil y de Sewon (considerando 305 de la Decisión).

14 A fin de tener en cuenta la duración de la infracción cometida por cada empresa y calcular el importe de base de su multa respectiva, el importe de partida así determinado se incrementó en un 10 % anual, de modo que el incremento fue de un 30 % para ADM y Cheil y de un 40 % para Ajinomoto, Kyowa y Sewon (considerando 313 de la Decisión).

15 En segundo lugar, tomando en consideración las circunstancias agravantes, los importes de base de las multas impuestas a ADM y Ajinomoto se incrementaron en un 50 %, es decir, en 19,5 millones de euros en el caso de ADM y en 21 millones de euros en el caso de Ajinomoto, porque dichas empresas habían asumido la función de responsables de la infracción (considerando 356 de la Decisión).

16 En tercer lugar, tomando en consideración las circunstancias atenuantes, la Comisión disminuyó en un 20 % el incremento aplicado a la multa de Sewon en razón de la duración de la infracción, basándose en que dicha empresa había desempeñado un papel pasivo en el cártel desde principios de 1995 (considerando 365 de la Decisión). La Comisión disminuyó además en un 10 % los importes de base de las multas de todas las empresas implicadas, dado que todas ellas habían puesto fin a la infracción desde las primeras intervenciones de los poderes públicos (considerando 384 de la Decisión).

17 En cuarto lugar, la Comisión aplicó la «reducción significativa» del importe de las multas prevista en la sección D de la Comunicación sobre la cooperación, concediendo a Ajinomoto y a Sewon una reducción de un 50 % del importe de la multa que se les habría impuesto si no hubieran cooperado, a Kyowa y a Cheil una reducción de un 30 % y, por último, a ADM una reducción del 10 % (considerandos 431, 432 y 435 de la Decisión).

Procedimiento y pretensiones de las partes

18 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de agosto de 2000, las demandantes interpusieron el presente recurso.

19 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral y solicitar a la Comisión, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, que respondiera por escrito a diversas preguntas. La demandada respondió dentro del plazo fijado.

20 Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia se oyeron en la vista celebrada el 25 de abril de 2002.

21 Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule el artículo de la Decisión que les impone una multa o reduzca el importe de la misma.

- Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.

- Condene a la Comisión a reembolsarles todos los gastos ocasionados por la constitución de una garantía para el pago de la multa.

22 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso por infundado.

- Aumente el importe de la multa impuesta a las demandantes.

- Condene en costas a las demandantes.

Sobre la pretensión principal de que se anule el artículo de la Decisión que impone a ADM una multa o se reduzca el importe de la misma

I. Sobre la aplicabilidad de las Directrices

23 Las demandantes reprochan a la Comisión que calculara el importe de la multa con arreglo a los criterios establecidos por las Directrices, pese a que la infracción que se les imputa había finalizado antes de que se publicaran éstas. Deducen de ello que la Comisión violó, por una parte, los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima y de irretroactividad de las penas y, por otra, el principio de igualdad de trato.

Alegaciones de las partes

1. Sobre la violación de los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima y de irretroactividad de las penas

Sobre la admisibilidad del presente motivo

24 La Comisión considera que procede declarar la inadmisibilidad del presente motivo en la medida en que se basa en una supuesta violación del principio de irretroactividad, ya que las demandantes no invocan argumento jurídico alguno a este respecto y, en especial, no precisan, en absoluto, si el concepto de «irretroactividad» debe distinguirse de los de seguridad jurídica y de confianza legítima ni, de ser así, en qué medida.

25 Las demandantes sostienen que la violación del principio de irretroactividad está claramente expuesta en su demanda.

Sobre el fondo

26 Las demandantes alegan que el método de cálculo del importe de las multas establecido por las Directrices supone un cambio radical de la práctica anterior de la Comisión en esta materia, consistente, como esta última reconoció en la Decisión (considerando 318), en determinar la cuantía de una multa en función de un importe de base equivalente a un determinado porcentaje de las ventas en el mercado comunitario afectado. Por el contrario, las Directrices prevén a partir de ahora multas de cuantía fija, por ejemplo de 20 millones de euros en caso de infracción muy grave, con independencia del volumen de ventas del producto de que se trate. En consecuencia, las demandantes estiman que, como el método anterior de cálculo del importe de las multas era bien conocido por las empresas y estaba aún vigente al producirse la infracción, la Comisión no podía aplicar con efectos retroactivos las Directrices sin violar el principio de seguridad jurídica y menoscabar su confianza legítima.

27 A este respecto, las demandantes consideran manifiestamente erróneo el argumento expuesto por la Comisión en el considerando 317 de la Decisión, basado en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión (T-141/94, Rec. p. II-347), apartado 666. En su opinión, a diferencia de lo que ocurrió con la empresa a la que se refería dicha sentencia, que fue sancionada con arreglo a las normas vigentes en la fecha de la infracción, a ADM se le ha aplicado un método de cálculo que ni siquiera existía como proyecto en el momento en que se cometió la infracción.

28 Por otra parte, las demandantes consideran que la facultad de la Comisión de adaptar discrecionalmente su política general en materia de multas no justifica la aplicación retroactiva de las Directrices. En el presente caso no es aplicable la jurisprudencia establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión (asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825), apartado 108, y en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Solvay/Comisión (T-12/89, Rec. p. II-907), pues ambas se refieren a asuntos en los que las modificaciones del importe de las multas no se debieron a un cambio completo en la metodología, sino a meros incrementos de los porcentajes aplicados al volumen de negocios correspondiente a las ventas del producto en cuestión. Además, según las demandantes, a diferencia de lo que ocurría con los cambios de política examinados en dichas sentencias, al adoptarse la Decisión ya se había alcanzado en buena medida el objetivo disuasorio gracias a la publicación de las Directrices, por lo que resultaba manifiestamente desproporcionado aplicarlas retroactivamente. En cualquier caso, el margen de apreciación de que dispone la Comisión para determinar el nivel de las multas no puede dar lugar en ningún caso a la imposición de unas multas entre 15 y 20 veces superiores a las que se habrían impuesto con arreglo a la práctica existente en el momento de la infracción. Según las demandantes, pues, al actuar como lo hizo, la Comisión violó los principios de seguridad jurídica, de confianza legítima y de irretroactividad.

29 En cuanto a la alegación de que también en Estados Unidos es corriente determinar la sanción aplicable a una infracción penal con arreglo a la práctica seguida en el momento de adoptar la resolución y no con arreglo a la que existía en la fecha de la infracción, las demandantes la consideran carente de fundamento. Sostienen así que, según se deduce del manual de directrices de la Sentencia Commission de Estados Unidos [punto 1B1.11(b)(1)] y de la jurisprudencia de un tribunal de apelación federal [sentencia United States v. Kimler, 167 F. 3d 889, (5th Circ. 1999)], la regla ex post facto de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe aplicar con efecto retroactivo nuevas directrices en materia de multas si la consecuencia es la imposición de una pena más grave que la prevista en el momento en que se cometió la infracción.

30 La Comisión sostiene que no existe penalización retroactiva alguna, ya que las Directrices no modifican las sanciones aplicables con arreglo al artículo 15 del Reglamento nº 17, sino que se limitan a indicar cómo piensa ejercer la Comisión su facultad de imponer multas, teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción.

31 Esta institución afirma por otra parte que, aunque antes de que se aprobaran las Directrices adoptó con frecuencia un enfoque basado en el volumen de negocios, no se trataba en absoluto de una práctica constante.

32 Por último, la Comisión alega que, según la jurisprudencia, puede aumentar en cualquier momento el nivel general de las multas, incluso después de enviado el pliego de cargos (sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartados 22 y 109). Pues bien, en el presente caso, las Directrices se publicaron aproximadamente un año antes del envío del pliego de cargos a cada una de las empresas implicadas.

2. Sobre la violación del principio de igualdad de trato

33 Las demandantes sostienen que la aplicación de las Directrices vulnera el principio de igualdad de trato, pues crea una diferencia entre las empresas autoras de una infracción del Derecho de la competencia, no en función de la fecha de la infracción, sino en función de la fecha de adopción de la decisión de la Comisión, determinada arbitrariamente por ésta. Las demandantes indican así que, por ejemplo, a la empresa destinataria de la Decisión 97/624/CE de la Comisión, de 14 de mayo de 1997, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [82] del Tratado CE (IV/34.621, 35.059/F-3; Irish Sugar plc) (DO L 258, p. 1), se le impuso una multa que sólo representaba un 6,8 % del importe de las ventas efectuadas en el mercado de referencia, pese a que la infracción se desarrolló en la misma época que las prácticas colusorias relativas a la lisina. Afirman igualmente, en contra de lo que alega la Comisión, que el hecho de que entretanto se hayan publicado las Directrices no constituye una razón objetiva que justifique la diferencia de trato de la que ADM es víctima.

34 La Comisión considera que dos empresas que han cometido infracciones idénticas al mismo tiempo pero son sancionadas en momentos distintos se encuentran en una situación diferente si entretanto se ha adoptado una nueva política en materia de multas. A su juicio, es en cambio la aplicación simultánea de políticas diferentes lo que violaría el principio de igualdad de trato.

35 A la alegación de que la Comisión determina arbitrariamente la fecha en la que adopta su decisión, esta institución replica que la duración de un procedimiento depende de varias contingencias, tales como la complejidad y la magnitud de las prácticas colusorias y el ejercicio del derecho de defensa. Añade que unas empresas que han logrado disimular durante más tiempo sus prácticas colusorias y han sido desenmascaradas tardíamente no deberían poder aprovecharse de este logro exigiendo además que se les imponga una multa análoga a la de empresas que cometieron infracciones simultáneas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

1. Sobre la violación de los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima y de irretroactividad de las penas

Sobre la admisibilidad del motivo

36 Procede recordar que, según el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda debe contener una exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones. La demanda debe, por ello, concretar en qué consiste el motivo sobre el que se apoya el recurso, de tal manera que su simple mención abstracta no cumple los requisitos exigidos por el Reglamento de Procedimiento (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 1995, Viho/Comisión, T-102/92, Rec. p. II-17, apartado 68, y de 14 de mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T-352/94, Rec. p. II-1989, apartado 333).

37 En el presente asunto, las demandantes acusan claramente a la Comisión en su demanda, y en varias ocasiones, de haber aplicado retroactivamente las Directrices y deducen explícitamente de ello que la Comisión violó el principio de irretroactividad. Estas indicaciones eran por lo demás suficientemente claras y precisas, ya que no impidieron que la Comisión respondiera en su escrito de contestación a los argumentos invocados y permiten que el Tribunal de Primera Instancia aplique el control jurisdiccional.

38 Procede por tanto desestimar la alegación de la Comisión y declarar admisible el motivo en su totalidad.

Sobre el fondo

- Sobre la violación de los principios de irretroactividad de las penas y de seguridad jurídica

39 Procede recordar que el principio de irretroactividad de las disposiciones penales es un principio común a todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, consagrado igualmente por el artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y forma parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el juez comunitario (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1984, Kirk, 63/83, Rec. p. 2689, apartado 22, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T-23/99, Rec. p. II-1705, apartado 219).

40 Aunque el artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 17 dispone que las decisiones de la Comisión en las que se imponen multas por infracción del Derecho de la competencia no tienen carácter penal (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T-83/91, Rec. p. II-755, apartado 235), no es menos cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de irretroactividad en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una sanción con arreglo a las normas sobre la competencia del Tratado (véanse por analogía, en lo que respecta al derecho de defensa, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 7, y la sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 220).

41 El respeto de dicho principio exige que las sanciones impuestas a una empresa por infracción de las normas sobre competencia sean las previstas en el momento en que se cometió la infracción (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 221).

42 A este respecto conviene precisar que las sanciones que puede imponer la Comisión por una infracción de las normas comunitarias sobre competencia están recogidas en el artículo 15 del Reglamento nº 17, aprobado antes de que se cometiera la infracción. Pues bien, por una parte, la Comisión no está facultada para modificar o dejar de aplicar el Reglamento nº 17, ni siquiera mediante normas de carácter general que haya decidido imponerse. Por otra parte, si bien ha quedado acreditado que la Comisión determinó el importe de la multa impuesta a las demandantes conforme al método general de cálculo de las multas expuesto en las Directrices, procede señalar que, al actuar así, dicha institución se mantuvo dentro del marco de las sanciones previstas en el artículo 15 del Reglamento nº 17 (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 222).

43 En efecto, según el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, «la Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las empresas y asociaciones de empresas multas que vayan de un mínimo de mil [euros] a un máximo de un millón de [euros], pudiéndose elevar este límite máximo hasta el diez por ciento del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente por cada empresa que hubiere tomado parte en la infracción cuando, deliberadamente o por negligencia [...] cometan una infracción a las disposiciones del apartado 1 del artículo [81] [...] del Tratado». La misma disposición prevé que, «para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta» (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 223).

44 Pues bien, las Directrices disponen en su punto 1, párrafo primero, que, para calcular las multas, el importe de base debe determinarse en función de la gravedad y la duración de la infracción, únicos criterios que figuran en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 224).

45 Según las Directrices, para calcular las multas, la Comisión toma como punto de partida un importe determinado en función de la gravedad de la infracción (en lo sucesivo, «importe de partida general»). Para evaluar la gravedad de la infracción han de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado (punto 1 A, párrafo primero). Partiendo de esta base, las infracciones se clasifican en tres categorías, a saber, las «infracciones leves», para las cuales el importe previsto de las multas oscila entre 1.000 y 1 millón de euros; las «infracciones graves», para las cuales el importe previsto de las multas oscila entre 1 y 20 millones de euros, y las «infracciones muy graves», para las cuales el importe previsto de las multas supera los 20 millones de euros (punto 1 A, párrafo segundo, guiones primero a tercero) (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 225).

46 Seguidamente, las Directrices indican que, dentro de cada una de las categorías de infracciones citadas, y sobre todo cuando se trate de infracciones «graves» y «muy graves», la escala de sanciones permite diferenciar el trato que debe aplicarse a las empresas en función de la naturaleza de las infracciones cometidas (punto 1 A, párrafo tercero). Por otro lado, es necesario tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores, y fijar un importe que dote a la multa de un carácter lo suficientemente disuasorio (punto 1 A, párrafo cuarto). Además, también puede tenerse en cuenta el hecho de que las empresas grandes poseen casi siempre infraestructuras suficientes para disponer de conocimientos jurídicos y económicos que les permiten apreciar mejor la ilegalidad de su comportamiento y las consecuencias que de ella se derivan desde el punto de vista del Derecho de la competencia (punto 1 A, párrafo quinto) (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartados 225 y 226).

47 Dentro de cada una de las tres categorías antes mencionadas, en los casos en que sean varias las empresas implicadas, como ocurre en los cárteles, puede resultar conveniente ponderar los importes fijados, a fin de tomar en consideración el peso específico y, por tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza, y adaptar en consecuencia el importe de partida general a las características específicas de cada empresa (en lo sucesivo, «importe de partida específico») (punto 1 A, párrafo sexto) (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 227).

48 En cuanto al criterio relativo a la duración de la infracción, las Directrices distinguen entre infracciones de corta duración (en general, inferior a un año), en las que no procede aumentar el importe correspondiente a su gravedad; infracciones de mediana duración (en general, de uno a cinco años), en las que dicho importe puede incrementarse en un 50 %, e infracciones de larga duración (en general, más de cinco años), en las que dicho importe puede incrementarse hasta en un 10 % por cada año (punto 1 B, párrafo primero, guiones primero a tercero) (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 228).

49 A continuación, las Directrices recogen, a título de ejemplo, una lista de circunstancias agravantes y atenuantes susceptibles de tenerse en cuenta para aumentar o disminuir el importe de base, y después se remiten a la Comunicación sobre la cooperación (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 229).

50 Las Directrices añaden una observación general en la que precisan que el resultado final del cálculo de la multa con arreglo a este modelo (importe de base más porcentajes de incremento o reducción) en ningún caso puede rebasar el 10 % del volumen de negocios mundial de las empresas, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 [punto 5, letra a)]. En ellas se dispone además que, en función de las circunstancias y tras haber efectuado los cálculos descritos anteriormente, para adaptar en última instancia los importes de las multas previstos será preciso tomar en consideración una serie de datos objetivos, como el contexto económico específico, la ventaja económica o financiera que puedan haber obtenido los autores de la infracción, las características específicas de las empresas en cuestión y su capacidad contributiva real en un contexto social específico [punto 5, letra b)] (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 230).

51 De todo ello se deduce que, siguiendo el método expuesto en las Directrices, el cálculo de las multas continúa realizándose en función de los dos criterios mencionados en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, a saber, la gravedad y la duración de la infracción, al tiempo que se respeta el límite máximo proporcional al volumen de ventas de cada empresa establecido en dicha disposición (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 231).

52 Por consiguiente, las Directrices no sobrepasan el marco jurídico de las sanciones tal y como lo estableció dicha disposición (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 232).

53 En contra de lo que alegan las demandantes, el cambio que suponen las Directrices con respecto a la práctica administrativa anterior de la Comisión tampoco constituye una alteración del marco jurídico de la determinación del importe de las multas que pueden imponerse y no viola por tanto el principio general de irretroactividad de las disposiciones penales ni el de seguridad jurídica (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 233).

54 En efecto, por una parte, la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia, pues dicho marco es únicamente el que establece el Reglamento nº 17(sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 234).

55 Por otra parte, habida cuenta del margen de apreciación que el Reglamento nº 17 reconoce a la Comisión, el establecimiento por ésta de un nuevo método de cálculo del importe de las multas, que puede dar lugar en ciertos casos a un incremento del nivel general de éstas, aunque sin sobrepasar el límite máximo fijado en dicho Reglamento, no puede considerarse un aumento con efectos retroactivos de las multas previstas en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 (sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartado 235).

56 A este respecto no es pertinente la alegación de que el cálculo de las multas según el método expuesto en las Directrices, a partir de un importe determinado, en principio, en función de la gravedad de la infracción, puede llevar a la Comisión a imponer multas superiores a las que aplicaba anteriormente. En efecto, es jurisprudencia reiterada que, en el marco del Reglamento nº 17, la Comisión dispone de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas, a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre la competencia (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Martinelli/Comisión, T-150/89, Rec. p. II-1165, apartado 59; de 11 de diciembre de 1996, Van Megen Sports/Comisión, T-49/95, Rec. p. II-1799, apartado 53, y de 21 de octubre de 1997, Deutsche Bahn/Comisión, T-229/94, Rec. p. II-1689, apartado 127). Además, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de competencia (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 109; sentencia Solvay/Comisión, antes citada, apartado 309, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Europa Carton/Comisión, T-304/94, Rec. p. II-869, apartado 89). Una aplicación eficaz de las normas comunitarias sobre la competencia exige, por el contrario, que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política (sentencias Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 109, y sentencia LR AF 1998/Comisión, antes citada, apartados 236 y 237).

57 Por lo demás, el Tribunal no puede aceptar la interpretación restrictiva de dicha jurisprudencia propuesta por las demandantes para negar su aplicabilidad en el presente asunto. En efecto, dicha jurisprudencia está formulada en unos términos generales que no permiten excluir el supuesto en el que el aumento del nivel de las multas impuestas se deba al establecimiento por la Comisión de un nuevo método de cálculo del importe de las multas, que siguen siendo las previstas en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento 17.

58 Por último, en la medida en que se reprocha a la Comisión que no haya determinado el importe de la multa basándose en el volumen de negocios correspondiente a las ventas de lisina en el EEE, es decir, correspondiente a las ventas del producto al que afecta la infracción en el mercado geográfico de referencia, procede recordar que la única referencia expresa al volumen de negocios que aparece en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 es la relativa al límite máximo que el importe de las multas no puede sobrepasar. Además, según reiterada jurisprudencia, se debe entender que dicho volumen de negocios es el volumen de negocios global (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 119; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T-43/92, Rec. p. II-441, apartado 160, y de 6 de abril de 1995, Cockerill Sambre/Comisión, T-144/89, Rec. p. II-947, apartado 98). Antes de que se adoptaran las Directrices se había declarado ya que, para la determinación del importe de la multa, la Comisión puede tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, de su dimensión y de su potencia económica, como la parte de dicho volumen correspondiente a los productos a los que afecta la infracción, que puede dar una indicación de la amplitud de ésta. Por otra parte, no hay que atribuir a ninguna de estas dos cifras una importancia desproporcionada con relación a los demás criterios de apreciación, de modo que la determinación del importe apropiado de una multa no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global (véanse, en particular, la sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartados 120 y 121, y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 1994, Parker Pen/Comisión, T-77/92, Rec. p. II-549, apartado 94, y de 14 de mayo de 1998, SCA Holding/Comisión, T-327/94, Rec. p. II-1373, apartado 176).

59 También se ha declarado ya, antes de que se adoptaran las Directrices, que la Comisión puede calcular el importe de una multa sin tener en cuenta los diferentes volúmenes de negocios de las empresas implicadas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, que fija el límite máximo de la multa que puede imponerse. Así, el Tribunal de Justicia ha estimado que la Comisión podía determinar previamente la cuantía global de la multa y repartirla a continuación entre las empresas en función de la cuota de mercado media de cada una de ellas y de las posibles circunstancias atenuantes o agravantes propias de cada empresa (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, Boehringer/Comisión, 45/69, Rec. p. 769, apartado 55, y de 8 de noviembre de 1983, IAZ y otros/Comisión, asuntos acumulados 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 y 110/82, Rec. p. 3369, apartados 51 a 53).

60 Se deduce de la jurisprudencia citada que, con independencia del método establecido en las Directrices, en cualquier caso las demandantes no podían exigir que el importe final de la multa se determinara tomando como base un porcentaje de su volumen de negocios en el mercado de referencia.

61 Se deduce de las consideraciones precedentes que procede desestimar el motivo basado en la violación de los principios de irretroactividad de las penas y de seguridad jurídica.

- Sobre la violación del principio de protección de la confianza legítima

62 En primer lugar, procede recordar que el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 1987, Van den Bergh en Jurgens y Van Dijk Food Products/Comisión, 265/85, Rec. p. 1155, apartado 44, y de 26 de junio de 1990, Sofrimport/Comisión, C-152/88, Rec. p. I-2477, apartado 26). Además, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la Administración no le dio garantías concretas (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de enero de 2000, Mehibas Dordtselaan/Comisión, T-290/97, Rec. p. II-15, apartado 59, y la jurisprudencia que allí se cita).

63 En el presente caso, basta con señalar que las demandantes no mencionan comportamiento alguno de la Administración que hubiera podido hacerles concebir la esperanza de que se mantendría el método anterior, constantemente aplicado por la Comisión según ellas. Su único argumento consiste en afirmar la necesidad de aplicar la práctica seguida en decisiones anteriores. Ahora bien, resulta inconcebible que unas empresas implicadas en un procedimiento administrativo que puede dar lugar a la imposición de una multa lleguen a albergar una confianza legítima en que la Comisión mantendrá la práctica seguida con anterioridad, según ellas, en sus decisiones en materia de cálculo del importe de las multas.

64 En efecto, procede recordar, en segundo lugar, que, según reiterada jurisprudencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C-350/88, Rec. p. I-395, apartado 33, y de 23 de noviembre de 2000, British Steel/Comisión, C-1/98 P, Rec. p. I-10349, apartado 52), los operadores económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias.

65 Pues bien, en el campo de las normas comunitarias sobre competencia, la jurisprudencia ha establecido claramente (véase, en particular, la sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 109) que la aplicación eficaz de las mismas exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de la política de competencia. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17.

66 Además, según esta misma jurisprudencia, la Comisión no está obligada a indicar, en el pliego de cargos, la posibilidad de un eventual cambio en su política por lo que respecta al nivel general de las multas, cuando dicha posibilidad depende de consideraciones generales de política de competencia sin relación directa con las circunstancias particulares de los asuntos de que se trata (sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 22).

67 Como la adopción de las Directrices, en las que la Comisión estableció un nuevo método general de cálculo del importe de las multas, fue anterior al pliego de cargos enviado a cada una de las empresas miembros del cártel y además no estuvo relacionada con las circunstancias particulares del presente asunto, de ello se deduce, a fortiori, que las demandantes no pueden reprochar a la Comisión que aplicara dichas Directrices para determinar el importe de la multa, a menos que demuestren que la Administración les había hecho concebir esperanzas fundadas en sentido contrario, demostración que no se ha producido en el presente asunto.

68 Por consiguiente, procede desestimar el argumento basado en la violación del principio de protección de la confianza legítima.

2. Sobre la violación del principio de igualdad de trato

69 Según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T-311/94, Rec. p. II-1129, apartado 309, y la jurisprudencia que allí se cita).

70 En materia de represión de las infracciones de las normas sobre competencia, la observancia de dicho principio exige sin duda que unas empresas que han cometido infracciones de la misma naturaleza en períodos simultáneos se vean expuestas a las mismas sanciones legales, con independencia de la fecha necesariamente aleatoria en que se adopte una decisión en su contra. Desde este punto de vista, dicho principio está estrechamente vinculado al principio de irretroactividad de las penas, que exige que la sanción impuesta a una empresa por una infracción de las normas sobre competencia sea la que estaba prevista en el momento en que se cometió la infracción.

71 Sin embargo, en el presente asunto, las demandantes no pueden alegar que se ha violado dicho principio por la mera razón de que, para calcular el importe de la multa, la Comisión aplicó las Directrices y no el método empleado en ciertas decisiones anteriores a la entrada en vigor de las Directrices, tales como la Decisión 97/624, método que consistía en determinar el importe final de la multa aplicando un porcentaje específico al volumen de negocios correspondiente a la venta del producto afectado por la infracción en el mercado geográfico de referencia.

72 En efecto, como ya se ha puesto de relieve, el cambio que la adopción de las Directrices haya podido suponer con respecto a la práctica administrativa anterior de la Comisión no constituye una alteración del marco jurídico de la determinación del importe de las multas que pueden imponerse por las infracciones de las normas comunitarias sobre competencia, ya que dicho marco jurídico es únicamente el establecido en el Reglamento nº 17. Siguiendo el método expuesto en las Directrices, el cálculo de las multas continúa realizándose en función de los dos criterios mencionados en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, a saber, la gravedad y la duración de la infracción, al tiempo que se respeta el límite máximo proporcional al volumen de ventas de cada empresa previsto en dicha disposición. El hecho de que las Directrices establezcan un nuevo método de cálculo, en el que se enumeran los criterios que se tienen en cuenta para evaluar la gravedad y la duración de la infracción, no modifica pues las multas a que se exponían las empresas desde antes de que se adoptaran las Directrices.

73 De ello se deduce que la aplicación del método expuesto en las Directrices para calcular el importe de la multa de ADM no puede considerarse un trato discriminatorio en comparación con el recibido por las empresas que cometieron infracciones de las normas comunitarias sobre competencia en el mismo período pero que, a causa de la fecha en que se descubrió la infracción o del modo específico en que se desarrolló el procedimiento administrativo seguido en su contra, fueron sancionadas en fechas anteriores a la entrada en vigor de las Directrices. En efecto, tanto en un caso como en otro, las multas a las que se exponían las empresas en el momento de cometer la infracción respetaban los límites que establece el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.

74 Por otra parte, incluso en el supuesto de que la Comisión hubiera adoptado su Decisión en una fecha más temprana y no hubiera podido aplicar las Directrices, se deduce de la jurisprudencia citada en los apartados 58 y 59 supra, anterior a la adopción de las Directrices, que las demandantes no habrían podido pretender tener derecho a que se determinara el importe de su multa partiendo del volumen de negocios correspondiente a las ventas del producto afectado por la infracción en el mercado de referencia, por la mera razón de que el importe de las multas impuestas a las empresas autoras de infracciones de las normas comunitarias sobre competencia en el mismo período se había calculado siguiendo dicho método.

75 Por consiguiente, procede desestimar igualmente el motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato.

II. Sobre la incidencia de las multas ya impuestas en otros países

76 Las demandantes acusan a la Comisión de haber determinado el importe de la multa sin tener en cuenta las multas que ya se habían impuesto a ADM Company en otros países por los mismos hechos. En apoyo de esta alegación sostienen que la Comisión violó el principio que prohíbe la acumulación de sanciones y no tuvo en cuenta el efecto disuasorio de las multas ya impuestas.

Alegaciones de las partes

1. Sobre el principio que prohíbe la acumulación de sanciones y la obligación de la Comisión de tener en cuenta las sanciones impuestas anteriormente

77 Las demandantes alegan que, al negarse a deducir de la multa fijada en la Decisión el importe de las multas ya impuestas a ADM Company en Estados Unidos y en Canadá, la Comisión violó el principio que prohíbe la acumulación de sanciones por una misma infracción. Según se deduce de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión (7/72, Rec. p. 1281), la Comisión está obligada a imputar a la multa fijada por ella la multa impuesta por las autoridades de un país tercero, si los hechos de los que acusan a la empresa demandante la Comisión, por una parte, y dichas autoridades, por otra, son idénticos. A su juicio, esto es precisamente lo que ocurre en el presente asunto, ya que, a diferencia del asunto en el que se dictó la sentencia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión, antes citada, las prácticas colusorias sancionadas por las autoridades norteamericanas y canadienses eran idénticas por su objeto, su localización y su duración a las sancionadas por la Comisión, que por lo demás se basó en pruebas reunidas por las autoridades norteamericanas.

78 A este respecto, las demandantes impugnan la apreciación formulada en la Decisión, según la cual las multas impuestas en Estados Unidos y en Canadá únicamente tuvieron en cuenta los efectos contrarios a la competencia de las prácticas colusorias en el ámbito de competencia territorial de dichos tribunales (punto 311 de la Decisión). Según ellas, la sentencia dictada contra ADM Company en Estados Unidos el 15 octubre de 1986 muestra por el contrario que las prácticas colusorias condenadas eran mundiales y obstaculizaban el comercio «en Estados Unidos y en otros lugares». Por otra parte, el importe de la multa que se le impuso fue particularmente alto debido al alcance geográfico de la infracción. En lo que respecta al procedimiento seguido en Canadá, las demandantes afirman que también se tuvo en cuenta específicamente el hecho de que se trataba de unas prácticas colusorias mundiales.

79 Las demandantes alegan que, en cualquier caso, incluso en el supuesto de que la afirmación de la Comisión fuera exacta, el hecho de que otras autoridades sólo hayan tenido en cuenta los efectos locales de una infracción carece de pertinencia a la hora de aplicar el principio que prohíbe la acumulación de sanciones. En efecto, según la sentencia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión, antes citada, el único criterio decisivo en este contexto es la identidad de los comportamientos sancionados. Confirma este planteamiento, a su juicio, la práctica seguida por la propia Comisión, que en una decisión de 1983 dedujo del importe de la multa impuesta a unas empresas que habían participado en unas prácticas colusorias el importe de la multa impuesta anteriormente por las autoridades alemanas, pese a que ella sólo se pronunciaba sobre los aspectos de dichas prácticas colusorias relacionados con el exterior de Alemania [véase la Decisión 83/546/CEE de la Comisión, de 17 de octubre de 1983, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81] del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (IV/30.064 - Cilindros de fundición y de acero moldeador) (DO L 317, p. 1)].

80 La existencia de esta práctica anterior de la Comisión demuestra además, en su opinión, que al negarse a tomar en consideración las multas ya impuestas a ADM Company, dicha institución no sólo violó el principio que prohíbe la acumulación de sanciones, sino también el principio de igualdad de trato.

81 Por último, las demandantes consideran que la Comisión violó igualmente el principio que prohíbe la acumulación de sanciones al tomar en consideración el volumen de negocios mundial de ADM, que comprende el volumen de negocios correspondiente a Estados Unidos, el cual ya había sido tenido en cuenta por las autoridades americanas, norteamericanas, canadienses y mejicanas para imponer unas multas muy elevadas. En su opinión, pues, a fin de evitar la doble sanción, la Comisión sólo hubiera debido tener en cuenta la parte del volumen de negocios correspondiente a las ventas de lisina en el EEE.

82 La Comisión alega, en esencia, que las multas impuestas por las autoridades de Estados terceros sólo sancionan las infracciones de su Derecho de la competencia nacional y que dichas autoridades no son competentes para sancionar las infracciones del Derecho de la competencia comunitario. El hecho de que diversas autoridades hayan tenido que examinar los mismos hechos carece de pertinencia, pues un mismo hecho puede constituir una infracción para varios ordenamientos jurídicos. En cuanto a la práctica seguida en sus decisiones anteriores, la Comisión alega que dicha práctica se refería a multas impuestas, no por las autoridades de Estados terceros, sino por las autoridades de los Estados miembros, precisamente a fin de evitar que un comportamiento contrario a la competencia recibiera una doble sanción dentro de la Comunidad.

2. Sobre el efecto disuasorio de las multas ya impuestas

83 Las demandantes estiman que, al determinar el importe de la multa, la Comisión omitió tomar en consideración el hecho de que ADM Company ya había sido condenada en países terceros a multas y a indemnizaciones de daños y perjuicios de un importe suficiente para disuadirla de cometer cualquier nueva infracción del Derecho de la competencia. A su juicio, pues, ADM había recibido una sanción suficiente.

84 La Comisión replica que, al ejercer su facultad de imponer multas, tiene en cuenta la necesidad de disuasión en lo que respecta a la situación dentro de la Comunidad Europea. Una empresa que haya participado en unas prácticas colusorias mundiales no debe esperar un trato más indulgente que una empresa que participe en unas prácticas colusorias limitadas a Europa. Sería imposible lograr el objetivo de disuadir a empresas como ADM si la Comisión tuviera que abstenerse de imponer fuertes multas por infracciones flagrantes del Derecho de la competencia comunitario cuando su autor ya hubiera sido multado por infracciones del Derecho de la competencia en países terceros. En cuanto al nivel de las indemnizaciones de daños y perjuicios exigidas en acciones civiles, la Comisión considera que no tiene relación alguna con la cuestión del nivel apropiado de las sanciones administrativas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

1. Sobre la violación del principio que prohíbe la acumulación de sanciones y el incumplimiento de la supuesta obligación de la Comisión de tener en cuenta las sanciones impuestas anteriormente

85 Según la jurisprudencia, el principio non bis in idem, consagrado igualmente en el artículo 4 del Protocolo nº 7 del CEDH, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario, cuya observancia debe garantizar el juez (sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1966, Gutmann/Comisión, asuntos acumulados 18/65 y 35/65, Rec. pp. 149 y ss., especialmente p. 172, y de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión, antes citada, apartado 3, sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, asuntos acumulados T-305/94 a T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-335/94, Rec. p. II-931, apartado 96, confirmada, en este apartado, por la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, asuntos acumulados C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P, Rec. p. I-8375, apartado 59).

86 En el ámbito del Derecho de la competencia comunitario, dicho principio prohíbe que se condene a una empresa o que la Comisión inicie de nuevo un procedimiento sancionador en su contra por un comportamiento contrario a la competencia a causa del cual ya ha sido sancionada o del que la Comisión la ha declarado no responsable mediante una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso.

87 Además, la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de acumulación de sanciones, una comunitaria y otra nacional, como resultado de la existencia de dos procedimientos paralelos, que persiguen objetivos distintos, cuya procedencia resulta del especial sistema de reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros en materia de competencia. No obstante, una exigencia general de equidad implica que, al fijar la cuantía de una multa, la Comisión está obligada a tener en cuenta las sanciones que ya se han impuesto a la misma empresa por el mismo hecho, si se trata de sanciones impuestas por infracciones al Derecho de la competencia de un Estado miembro y, por consiguiente, cometidas en territorio comunitario (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1969, Wilhelm y otros, Rec. p. 1, apartado 11, y de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión, antes citada, apartado 3, y del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Tréfileurope/Comisión, T-141/89, Rec. p. II-791, apartado 191, y Sotralentz/Comisión, T-149/89, Rec. p. II-1127, apartado 29).

88 En la medida en que las demandantes alegan que, al imponerles una multa por su participación en unas prácticas colusorias ya sancionadas por las autoridades norteamericanas y canadienses, la Comisión ha violado el principio non bis in idem, según el cual no puede imponerse una segunda sanción a la misma persona por la misma infracción, procede indicar que el Tribunal no puede aceptar dicha alegación.

89 A este respecto basta con recordar que la jurisprudencia comunitaria ha admitido la posibilidad de que se sigan dos procedimientos paralelos contra una empresa por una misma infracción y por tanto se le imponga una doble sanción, una de la autoridad competente del Estado miembro de que se trate y otra comunitaria. Esta posibilidad de acumulación de sanciones se justifica por el hecho de que dichos procedimientos persiguen objetivos distintos (véanse las sentencias Wilhelm y otros, antes citada, apartado 11, Tréfileurope/Comisión, antes citada, apartado 191, y Sotralentz/Comisión, antes citada, apartado 29).

90 Dadas estas circunstancias, resulta a fortiori imposible aplicar en el presente asunto el principio non bis in idem, pues es evidente que los procedimientos tramitados y las sanciones impuestas por la Comisión, por una parte, y por las autoridades norteamericanas y canadienses, por otra, no persiguen los mismos objetivos. En el primer caso se trata de impedir que se falsee el juego de la competencia en el territorio de la Unión Europea o en el EEE, mientras que en el segundo caso el mercado que se trata de proteger es el mercado norteamericano o el canadiense.

91 El alcance del principio de prohibición de la acumulación de sanciones, tal como lo consagra el artículo 4 del Protocolo nº 7 del CEDH y lo aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reafirma la conclusión anterior. Se deduce del tenor de dicho artículo que este principio tiene por única consecuencia impedir que los tribunales de un Estado juzguen o sancionen una infracción por la que la persona procesada ya haya sido absuelta o condenada en dicho Estado. En cambio, el principio non bis in idem no prohíbe que una persona sea procesada o sancionada más de una vez por un mismo hecho en dos o más Estados distintos (véase la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 29 de febrero de 2000 en el asunto Krombach contra Francia, no publicada).

92 También es preciso subrayar que no existe en la actualidad ningún principio de Derecho internacional público que prohíba que autoridades o tribunales de distintos Estados procesen y condenen a una persona por los mismos hechos. Hoy día, una prohibición de este tipo sólo podría nacer, pues, de una cooperación internacional muy estrecha que llevara a la adopción de normas comunes, tales como las que se recogen en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (DO 2000, L 239, p. 19), firmado en Schengen (Luxemburgo). A este respecto, las demandantes no han alegado la existencia de ningún Convenio entre la Comunidad y terceros Estados, tales como Estados Unidos o Canadá, que establezca tal prohibición.

93 Ciertamente, conviene señalar que el artículo 50 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO 2000, C 364, p. 1), dispone que nadie podrá ser acusado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley. Sin embargo, es preciso hacer constar que dicho texto, con independencia de la cuestión de si es o no jurídicamente vinculante, sólo puede aplicarse en el territorio de la Unión y limita expresamente el alcance del derecho recogido en su artículo 50 a los casos en que la resolución absolutoria o de condena haya sido pronunciada en dicho territorio.

94 De ello se deduce que, en la medida en que las demandantes alegan una violación del principio non bis in idem basándose en que las prácticas colusorias de que se trata también fueron sancionadas fuera del territorio comunitario o en que la Comisión tuvo en cuenta en su Decisión el volumen de negocios mundial de ADM, que incluye el volumen de negocios de ADM Company en Estados Unidos y en Canadá, ya tomado en consideración por las autoridades norteamericanas y canadienses para imponer las multas, procede desestimar dicha alegación.

95 En la medida en que las demandantes alegan que, al negarse a deducir de la multa fijada por la Decisión el importe de las multas impuestas a ADM Company en Estados Unidos y en Canadá o al tomar en consideración en la Decisión el volumen de negocios global de ADM, la Comisión no respetó la sentencia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión, antes citada, según la cual dicha institución está obligada a imputar a la multa fijada por ella la multa impuesta por las autoridades de un país tercero, si los hechos de los que acusan a la empresa demandante la Comisión, por una parte, y dichas autoridades, por otra, son idénticos, procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia no puede tampoco acoger dicha alegación.

96 Procede recordar que en la sentencia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión, antes citada, el Tribunal de Justicia indicó (apartado 3):

«que la cuestión de si la Comisión puede estar obligada también a imputar una sanción impuesta por las autoridades de un Estado tercero, únicamente debe decidirse cuando son idénticos los hechos de los que acusan a la demandante la Comisión, por una parte, y las autoridades americanas, por otra».

97 Las demandantes deducen a contrario de dicho apartado 3 que la Comisión estaba obligada a tomar en consideración las sanciones impuestas por las autoridades americanas y canadienses a ADM Company por su participación en las prácticas colusorias mundiales sobre la lisina, que eran idéntica, por su objeto, su localización y su duración, a las que tuvo en cuenta la Comisión en la Decisión en que les impuso una multa de 47,3 millones de euros.

98 En primer lugar, procede señalar que el tenor del apartado 3 de la sentencia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión, antes citada, muestra con toda claridad que el Tribunal de Justicia no zanjó la cuestión de la eventual obligación de la Comisión de imputar a la sanción fijada por ella la sanción impuesta por las autoridades de un Estado tercero, en el caso de que los hechos de los que acusen a una empresa esta institución y tales autoridades sean idénticos. De dicho apartado se deduce que el Tribunal de Justicia consideró que la identidad de los hechos analizados por la Comisión y por las autoridades del Estado tercero era un requisito previo al análisis de la cuestión planteada.

99 En segundo lugar, es preciso recalcar que fue la toma en consideración de la especial situación que resulta, por una parte, de la estrecha interdependencia entre los mercados nacionales de los Estados miembros y el mercado común y, por otra, del especial sistema de reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros en materia de prácticas colusorias en un mismo territorio, el del mercado común, lo que llevó al Tribunal de Justicia, tras haber admitido la posibilidad de un doble procedimiento sancionador y ante la eventualidad de que ello supusiera una doble sanción, a estimar necesario tener en cuenta la primera decisión sancionadora por exigirlo así la equidad (véase la sentencia Wilhelm y otros, antes citada, apartado 11, y las conclusiones del Abogado General Sr. Mayras en el asunto en que se dictó la sentencia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión, antes citada, Rec. pp. 1301 a 1303).

100 Ahora bien, es evidente que en el presente caso no se plantea tal situación y, por lo tanto, al no haberse invocado disposición expresa alguna de un Convenio que obligue a la Comisión a determinar el importe de las multas teniendo en cuenta las sanciones ya impuestas a la misma empresa por los mismos hechos por las autoridades o los tribunales de un Estado tercero, como los Estados Unidos o Canadá, las demandantes no pueden acusar a la Comisión de haber incumplido esa supuesta obligación en el presente asunto.

101 En cualquier caso, incluso suponiendo que de la sentencia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión, antes citada, pudiera deducirse a contrario que la Comisión está obligada a imputar a la sanción fijada por ella la sanción impuesta por las autoridades de un Estado tercero, en el caso de que los hechos de los que acusan a una empresa esta institución y dichas autoridades sean idénticos, en el presente asunto no se ha aportado la prueba de dicha identidad, que debe ser demostrada por los demandantes (sentencia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer/Comisión, antes citada, apartado 5).

102 En lo relativo a la condena de ADM Company en Estados Unidos, se deduce la sentencia dictada el 15 octubre de 1996 por la United States District Court, tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia norteamericano, que dicha empresa fue condenada, por una parte, a una multa de 70 millones de USD por su participación en las prácticas colusorias relativas a la lisina y, por otra parte, a una multa de 30 millones de dólares por su participación en unas prácticas colusorias relativas al ácido cítrico. Los documentos aportados por las demandantes muestran que ADM Company fue también condenada, en Canadá, a una multa de 16 millones de dólares canadienses por su participación en dos prácticas colusorias relativas a la lisina y al ácido cítrico. Es evidente, por tanto, que las condenas en Estados Unidos y en Canadá sancionaban un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas más amplio. En particular, procede señalar que, para determinar el importe de la multas, el tribunal norteamericano tuvo en cuenta el volumen de las transacciones comerciales realizadas «tanto en el mercado de la lisina como en el del ácido cítrico» (apartado 7 de la sentencia).

103 Incluso en el supuesto de que la condena de las prácticas colusorias relativas a la lisina pudiera distinguirse de la condena de las prácticas colusorias relativas al ácido cítrico, es preciso recalcar que, aunque la sentencia dictada en Estados Unidos alude al hecho de que las prácticas colusorias relativas a la lisina tenían por objeto restringir la producción y aumentar los precios de la lisina «en Estados Unidos y en otros lugares», no se ha acreditado en absoluto que la condena dictada en Estados Unidos haya sancionado aplicaciones o efectos de estas prácticas colusorias distintos de los que se produjeron en dicho país (véase en este sentido la sent