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1)

El artículo 8, apartados 6 y 8, del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que un conductor no puede tomar en su vehículo los períodos de descanso semanales normales a los que se refiere el artículo 8, apartado 6, de este Reglamento.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 22/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 23 de noviembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Helsingin hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimiento incoado a instancia de A Oy

(Asunto C-292/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Libertad de establecimiento - Fiscalidad directa - Impuesto sobre sociedades - Directiva 90/434/CEE - Artículo 10, apartado 2 - Aportación de activos - Establecimiento permanente no residente transmitido, en el marco de una operación de aportación de activos, a una sociedad que tampoco es residente - Derecho del Estado miembro de la sociedad transmitente a gravar los beneficios o las plusvalías de dicho establecimiento resultantes de la aportación de activos - Legislación nacional que establece la tributación inmediata de los beneficios o las plusvalías en el ejercicio en que se produzca la transmisión - Recaudación del impuesto adeudado como ingreso tributario del ejercicio fiscal en el que se haya producido la operación de aportación de activos))

(2018/C 022/13)

Lengua de procedimiento: finés

Órgano jurisdiccional remitente

Helsingin hallinto-oikeus

Partes en el procedimiento principal

A Oy

Fallo

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, en el supuesto de que una sociedad residente transmita, en el marco de una operación de aportación de activos, un establecimiento permanente no residente a una sociedad que tampoco sea residente, por un lado, establece la tributación inmediata de las plusvalías resultantes de dicha operación y, por otro, no permite la recaudación del impuesto adeudado, siendo así que, en una situación nacional equivalente, esas plusvalías no tributan hasta la enajenación de los activos aportados, en la medida en que dicha normativa no permite la recaudación diferida del impuesto en cuestión.

(1) DO C 270 de 25.7.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 437/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido) — The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-90/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Exenciones de prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte - Concepto de «deporte» - Actividad caracterizada por un componente físico - Juego de bridge de contrato duplicado])

(2017/C 437/09)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: The English Bridge Union Limited

Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Fallo

El artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que una actividad como el bridge de contrato duplicado, que se caracteriza por un componente físico que resulta insignificante, no está comprendido dentro del concepto de «deporte» a efectos de dicha disposición.

(1) DO C 145 de 25.4.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 382/17

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de septiembre de 2017 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Cour du travail de Mons — Bélgica) — Sandra Nogueira y otros/Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osácar/Ryanair Designated Activity Company, anteriormente Ryanair Ltd (C-169/16)

(Asuntos acumulados C-168/16 y C-169/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Competencia judicial - Competencia en materia de contratos individuales de trabajo - Reglamento (CE) n.o 44/2001 - Artículo 19, punto 2, letra a) - Concepto de «lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo» - Sector de la aviación - Personal de vuelo - Reglamento (CEE) n.o 3922/91 - Concepto de «base»])

(2017/C 382/20)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour du travail de Mons

Partes en el procedimiento principal

Apelantes: Sandra Nogueira, Víctor Pérez Ortega, Virginie Mauguit, María Sánchez O’Dogherty y José Sánchez Navarro (C-168/16) y Miguel José Moreno Osácar (C-169/16)

Apeladas: Crewlink Ireland Ltd (C-168/16) y Ryanair Designated Activity Company, anteriormente Ryanair Ltd (C-169/16)

Fallo

El artículo 19, punto 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de acciones ejercitadas por miembros del personal de vuelo propio de una compañía aérea o puesto a su disposición, y a fin de determinar la competencia del tribunal al que se haya sometido el asunto, el concepto de «lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo», en el sentido de dicha disposición, no es asimilable al concepto de «base», en el sentido de anexo III del Reglamento (CEE) n.o 3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil, en la redacción que le dio el Reglamento (CE) n.o 1899/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. No obstante, el concepto de «base» constituye un indicio significativo para determinar el «lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo».

(1) DO C 191 de 30.5.2016.
2)

El artículo 16 de la Directiva 2004/35 y el artículo 193 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, en la medida en que la situación concurrente en el litigio principal esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/35, no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual no sólo se considera que los propietarios de terrenos en los que se haya generado una contaminación ilícita son responsables solidariamente, junto con los operadores de esos terrenos, del daño medioambiental, sino que la autoridad nacional competente puede imponerles también una multa, siempre que tal normativa sea idónea para contribuir a la realización del objetivo de mayor protección y que las modalidades de determinación de la cuantía de la multa no excedan de lo necesario para alcanzar este objetivo, lo cual incumbe verificar al tribunal nacional.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 277/19

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 21 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’appello di Genova — Italia) — Kerly Del Rosario Martínez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

(Asunto C-449/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CE) n.o 883/2004 - Artículo 3 - Prestaciones familiares - Directiva 2011/98/UE - Artículo 12 - Derecho a la igualdad de trato - Nacionales de terceros países titulares de un permiso único])

(2017/C 277/26)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte d’appello di Genova

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Kerly Del Rosario Martínez Silva

Demandada: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

Fallo

El artículo 12 de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual el nacional de un tercer país que sea titular de un permiso único, en el sentido del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, no puede percibir una prestación como el subsidio para familias nucleares con al menos tres hijos menores, instaurado mediante la legge n. 448 — Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Ley n.o 448, Disposiciones en materia de finanzas públicas para la estabilización y el desarrollo), de 23 de diciembre de 1998.

(1) DO C 410 de 7.11.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 151/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de marzo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH

(Asunto C-138/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Propiedad intelectual - Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información - Directiva 2001/29/CE - Derecho de comunicación al público de obras - Artículo 3, apartado 1 - Excepciones y limitaciones - Artículo 5, apartado 3, letra o) - Difusión de programas de televisión mediante una red de cable local - Normativa nacional que establece excepciones para las instalaciones que permiten el acceso a un máximo de quinientos usuarios abonados y para la retransmisión de programas de la radiodifusión pública en el territorio nacional])

(2017/C 151/16)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Handelsgericht Wien

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)

Demandada: Zürs.net Betriebs GmbH

Fallo

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y el artículo 11 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 9 de septiembre de 1886, en su versión resultante del Acta de París de 24 de julio de 1971, enmendado el 28 de septiembre de 1979, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, conforme a la cual no está sujeta a la obligación de obtener la autorización del autor en virtud del derecho exclusivo de comunicación al público la transmisión simultánea, completa y sin cambios de programas del organismo nacional de radiodifusión mediante cable en el territorio nacional, en la medida en que constituya una simple modalidad técnica de comunicación y haya sido tenida en cuenta por el autor de la obra al autorizar la comunicación inicial de la misma, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

El artículo 5 de la Directiva 2001/29 y, en particular, su apartado 3, letra o), deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, conforme a la cual no está sujeta a la obligación de obtener la autorización del autor en virtud del derecho exclusivo de comunicación al público la radiodifusión mediante una antena colectiva si el número de abonados conectados no supera los quinientos, de modo que dicha normativa debe aplicarse de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la referida Directiva, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 222 de 20.6.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 382/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de septiembre de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-646/15) (1)

((Procedimiento prejudicial - Fiscalidad directa - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Libre circulación de capitales - Fideicomiso - Administradores fiduciarios - Demás personas jurídicas - Concepto - Impuesto sobre las plusvalías de los bienes incluidos en un fideicomiso como consecuencia del traslado del lugar de residencia fiscal de los administradores fiduciarios a otro Estado miembro - Liquidación del gravamen en el momento de ese traslado - Cobro inmediato del impuesto - Justificación - Proporcionalidad))

(2017/C 382/12)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements

Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Fallo

Las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libertad de establecimiento se oponen, en circunstancias, como las del litigio principal, en las que los administradores fiduciarios, según el Derecho nacional, son tratados como un órgano único y permanente de personas, diferenciado de las personas que tengan la condición de administradoras en cada momento, a una legislación de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que prevé la tributación de las plusvalías latentes de los bienes incluidos en un fideicomiso cuando la mayoría de los administradores fiduciarios trasladan su residencia a otro Estado miembro, sin permitir el cobro aplazado del impuesto así adeudado.

(1) DO C 48 de 8.2.2016.
2)

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que el plazo de prescripción de una irregularidad cometida en el marco de un «programa plurianual», como el proyecto examinado en el litigio principal, comienza a correr a partir del día de la realización de la irregularidad en cuestión, con arreglo al artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 2988/95, con la precisión de que, si se trata de una irregularidad «continua o reiterada», el plazo de prescripción comienza a correr a partir del día en que se haya puesto fin a la irregularidad, conforme al artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 2988/95. Además, se considera que un «programa plurianual» queda «definitivamente cerrado», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase, del Reglamento n.o 2988/95, en la fecha de fin fijada para ese programa por las normas que lo rigen. En particular, procede considerar que un programa plurianual regido por el Reglamento (CE) n.o 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de cohesión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1264/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el Reglamento (CE) n.o 1265/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, y por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, queda «definitivamente cerrado», en el sentido de la citada disposición, en la fecha fijada en la decisión de la Comisión Europea por la que se apruebe ese proyecto como fecha límite para la terminación de los trabajos y para la ejecución de los pagos correspondientes a los gastos subvencionables de dicho proyecto, sin perjuicio de una eventual prórroga mediante una nueva decisión de la Comisión en ese sentido.
1)

El Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual, en el supuesto de que un documento judicial notificado a un demandado residente en el territorio de otro Estado miembro no esté redactado ni vaya acompañado de una traducción bien en una lengua que el propio demandado entienda, o bien en la lengua oficial del Estado miembro requerido, o en la lengua oficial o una de la lenguas oficiales del lugar en el que deba efectuarse la notificación o el traslado si existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, la omisión del formulario normalizado que figura en el anexo II del citado Reglamento llevará aparejada la nulidad de la notificación o del traslado, aunque tal nulidad deba ser alegada por ese mismo demandado dentro de un plazo determinado o a partir del inicio del procedimiento y antes de llevar a cabo cualquier actuación en cuanto al fondo. El mismo Reglamento n.o 1393/2007 exige, en cambio, que tal omisión sea subsanada, de conformidad con las disposiciones que el propio Reglamento establece, mediante la comunicación al interesado del formulario normalizado que figura en el anexo II del mismo.
1)

El examen de la primera cuestión prejudicial no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 5, apartado 4, letra b), del Reglamento (CE) n.o 543/2008 de la Comisión, de 16 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a la comercialización de carne de aves de corral, respecto a la libertad de empresa, como queda recogida en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de mayo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — GD European Land Systems — Steyr GmbH/Zollamt Eisenstaddt Flughafen Wien

(Asunto C-262/15) (1)

([Procedimiento prejudicial - Arancel Aduanero Común - Clasificación de las mercancías - Reglamento (CEE) n.o 2658/87 - Nomenclatura Combinada - Partida 8710 y subpartida 9305 91 00 - Nota 3 de la sección XVII y nota 1, letra c), del capítulo 93 - Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate - Armas de guerra - Clasificación de un sistema de torreta])

(2016/C 260/12)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: GD European Land Systems — Steyr GmbH

Demandada: Zollamt Eisenstaddt Flughafen Wien

Fallo

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión resultante del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, debe interpretarse en el sentido de que un sistema de torreta como el controvertido en el litigio principal, que ha sido importado para la producción de carros de combate y se ha utilizado efectivamente para tal fin, pertenece a la partida 8710 de esa Nomenclatura Combinada si está «principalmente» destinado a un carro de combate, circunstancia ésta que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente tomando en consideración las características y propiedades objetivas de ese sistema de torreta, sin que resulte determinante a efectos de su clasificación la utilización final que se le diera en el presente asunto. Si ese no fuera el caso, procedería clasificar ese sistema de torreta, en cuanto parte o accesorio de «armas de guerra», en la subpartida 9305 91 00 de la Nomenclatura Combinada.

(1) DO C 294 de 7.9.2015.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 156/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 17 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Kødbranchens Fællesråd, que actúa en representación de Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S y Vejle Eksportslagteri A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri y Fødevarestyrelsen

(Asunto C-112/15) (1)

([Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Reglamento (CE) n.o 882/2004 - Reglamento (CE) n.o 854/2004 - Controles oficiales sobre piensos y alimentos - Tasas que los Estados miembros pueden imponer para cubrir los costes originados por los controles oficiales - Costes relacionados con la formación de los auxiliares oficiales])

(2016/C 156/21)

Lengua de procedimiento: danés

Órgano jurisdiccional remitente

Østre Landsret

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Kødbranchens Fællesråd, que actúa en representación de Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S y Vejle Eksportslagteri A/S

Demandadas: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri y Fødevarestyrelsen

Fallo

El artículo 27, apartado 4, letra a), y el anexo VI, puntos 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, cuando fijan el importe de la tasa que aplicarán a los establecimientos alimentarios, los Estados miembros incluyan el coste relativo a la formación básica obligatoria de los auxiliares oficiales.

(1) DO C 146 de 4.5.2015.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 38/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de noviembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

(Asunto C-44/15) (1)

((Procedimiento prejudicial - Unión aduanera y Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Partida 9025 - Concepto de «termómetro» - Indicadores de exposición a una temperatura de referencia predeterminada de un solo uso))

(2016/C 038/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Recurrida: Duval GmbH & Co. KG

Fallo

La partida 9025 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que comprende los indicadores de temperatura ambiente de papel, en su caso revestidos con una lámina de plástico, que, como los productos controvertidos en el litigio principal, indican de manera irreversible y sin posibilidad de reutilización, mediante un cambio de color, si se ha alcanzado o no uno o varios umbrales de temperatura.

(1) DO C 127, de 20.4.2015.