Asunto C‑48/15

État belge, SPF Finances

contra

NN (L) International SA

(Petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Bruxelles)

«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad directa — Libre circulación de capitales — Libre prestación de servicios — Directiva 69/335/CEE — Artículos 2, 4, 10 y 11 — Directiva 85/611/CEE — Artículos 10 CE y 293 CE — Impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva — Doble imposición — Sanción aplicable a los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de mayo de 2016

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 21)

Los artículos 2, 4, 10 y 11 de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, según su modificación por la Directiva 85/303, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación de un Estado miembro que establece un impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva, que somete a ese impuesto a los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero que distribuyen participaciones en ese Estado miembro. En efecto, ese impuesto anual no corresponde a ninguna de las operaciones sujetas al impuesto sobre las aportaciones en virtud del artículo 4 de la Directiva 69/335 que se caracterizan por la transmisión dineraria o de bienes a una sociedad de capital en el Estado miembro de imposición, o se traducen en un aumento efectivo del capital o del patrimonio de las sociedades, lo que manifiestamente no es el caso un impuesto sobre los importes netos distribuidos en un Estado miembro. Ese impuesto tampoco está entre los prohibidos por el artículo 10 de la Directiva 69/335, puesto que no corresponde a ninguna de las operaciones imponibles que enumeraba el artículo 4 de esa Directiva, al que hacía referencia el artículo 10, letras a) y b), de ésta, ni tiene nexo alguno con la inscripción o cualquier otra formalidad previa al ejercicio de una actividad, a la que se refiere el artículo 10, letra c), de la misma Directiva. Ese impuesto tampoco corresponde de forma alguna a las operaciones objeto del artículo 11 de la propia Directiva. Por consiguiente, ese impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 69/335. Así pues, ésta no se opone a la sujeción de esos organismos regidos por un Derecho extranjero a ese impuesto. (véanse los apartados 25 a 27 y el punto 1 del fallo)

La Directiva 85/611, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), entendida en su caso en conjunción con el artículo 10 CE y el artículo 293 CE, segundo guion, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro que establece un impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva, que somete a ese impuesto a los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero que distribuyen participaciones en ese Estado miembro, siempre que esa legislación sea aplicada de forma no discriminatoria. En efecto, es preciso constatar que la fiscalidad de los OICVM no estaba comprendida en el ámbito regulado por la Directiva 85/611, que no contenía ninguna disposición en esa materia. Sin embargo, el artículo 44, apartado 3, de esa Directiva exigía que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en un Estado miembro a los OICVM y no comprendidas en el ámbito regulado por ésta se aplicaran de modo no discriminatorio. (véanse los apartados 32 y 34 y el punto 2 del fallo)

El artículo 293 CE no tiene por objeto establecer una norma jurídica operativa como tal, sino que se limita a trazar el marco de una negociación que los Estados miembros entablarán entre sí en tanto sea necesario. Aunque la supresión de la doble imposición en el interior de la Unión figura así entre los objetivos del Tratado, del texto de esa disposición resulta que no puede, por sí misma, conferir a los particulares derechos que puedan ser invocados ante los tribunales nacionales. El artículo 10 CE, que enuncia una obligación general de los Estados miembros, tampoco puede interpretarse en el sentido de que haya creado una obligación autónoma a cargo de esos Estados, que vaya más allá de las obligaciones que les pueden incumbir en virtud de los artículos 49 CE, 56 CE y 293 CE. (véase el apartado 38)

Al apreciar la compatibilidad con el Derecho de la Unión de una medida nacional que guarda relación tanto con la libre prestación de servicios como con la libre circulación de capitales, el Tribunal de Justicia la examina, en principio, a la luz de una sola de estas dos libertades, si consta que, en las circunstancias del asunto principal, una de ellas es por completo secundaria respecto a la otra y puede ser considerada accesoria de ésta. (véase el apartado 39)

El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro que establece un impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva, que somete a ese impuesto a los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero que distribuyen participaciones en ese Estado miembro. En efecto, las medidas prohibidas por el artículo 56 CE, apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados miembros. Pues bien, no es ese el caso de un impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva que se aplica sin distinción a todos esos organismos bien estén regidos por el Derecho nacional o por un Derecho extranjero, consistiendo la única diferencia de situación objetiva entre esas dos categorías de organismos de inversión colectiva, en relación con su sujeción a ese impuesto, en el hecho de que para los organismos regidos por un Derecho extranjero ese impuesto anual se añade a la imposición a la que pueden estar sometidos en el Estado miembro de su domicilio. A falta de una armonización al nivel de la Unión, las desventajas que pueden resultar del ejercicio paralelo por diferentes Estados miembros de la potestad tributaria, siempre y cuando tal ejercicio no sea discriminatorio, no constituyen restricciones de las libertades de circulación. Además, los Estados miembros no tienen la obligación de adaptar su sistema tributario a los diferentes sistemas de tributación de los otros Estados miembros para eliminar, en particular, la doble imposición. (véanse los apartados 44, 46, 47 y 49 y el punto 3 del fallo)