7.

Examinaré ahora el otro supuesto de nulidad del Reglamento no 373/77 (y de los que lo prorrogaron a continuación); es decir que, al adoptar esta normativa, el Consejo habría infringido el párrafo primero del artículo 234 del Tratado al no respetar la obligación de las Instituciones comunitarias de no poner obstáculos al cumplimiento de los compromisos de los Estados miembros frente a los países terceros, que deriven de acuerdos anteriores. En el presente caso se podría considerar que el cumplimiento por Irlanda de compromisos frente a España, derivados del Convenio de Londres, fue obstaculizado en la medida en que parece que hubo realmente un incumplimiento de obligaciones establecidas por dicho Convenio y que la observancia de la normativa comunitaria era incompatible con el cumplimiento de dichos compromisos. La comprobación de estas observaciones requiere evidentemente un examen de los hechos a la luz del Convenio de Londres y la interpretación de las normas de éste. En sus observaciones, el Gobierno francés afirmó que el Tribunal de Justicia era incompetente para interpretar dicho Convenio desde el momento en que éste es ajeno al ámbito comunitario. Para fundamentar esta tesis, el Gobierno francés se refirió a la sentencia de 27 de noviembre de 1973, Vandeweghe y otros (130/73, Rec. p. 1329), en la que el Tribunal afirmó que «no es competente con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE para pronunciarse sobre la interpretación de disposiciones de Derecho internacional que vinculan a los Estados miembros fuera del ámbito del Derecho comunitario». Entiendo, sin embargo, que este precedente no es aplicable a nuestro caso. Aquí, en efecto, el contenido normativo del Convenio de Londres reviste el valor de una condición previa de hecho, cuya comprobación es necesaria para que el Tribunal de Justicia pueda pronunciarse sobre la cuestión examinada; pero ésta tiene por objeto no la interpretación del Convenio, sino la pretendida violación del artículo 234 del Tratado. Dicho esto, recuerdo que, según la tesis defendida por el acusado en el asunto principal, el Convenio de Londres, al atribuir expresamente derechos de pesca a los pescadores habituales (incluyendo los españoles) en la zona marítima comprendida entre las 6 y las 12 millas de las costas de los Estados contratantes, constituye, según él, la fuente de derechos análogos en beneficio de los pescadores habituales en el interior de la zona comprendida entre 6 y 200 millas, a partir del momento en que la zona de pesca exclusiva se ha extendido a 200 millas. Por consiguiente, la pesca realizada por el Sr. Burgoa a 20 millas de las costas irlandesas debiera considerarse conforme a Derecho y el hecho de haberle inculpado por este episodio constituye, a su parecer, una violación del Convenio de Londres. A mi parecer esta tesis es absolutamente insostenible. En virtud del apartado 1 del artículo 31 del citado Convenio sobre el Derecho de los Tratados, que ha codificado recientemente el Derecho general sobre la materia, «un Tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del Tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y su fin». Ahora bien, no se puede evidentemente afirmar que una cláusula como la del artículo 3 del Convenio de Londres, que contenía una clara indicación de los límites de la zona marítima considerada (en términos de millas a contar desde la línea de base) y daba claramente por supuesta la existencia de una zona de pesca exclusiva de 6 millas, fijada por el artículo 2, pueda interpretarse en términos completamente diferentes, a partir de un hecho sobrevenido y no previsto por los contratantes cuando celebraron el Convenio (la extensión de la zona de pesca exclusiva a 200 millas). Por otra parte, tampoco se podría hablar de una aplicación por analogía del Convenio a la nueva situación surgida con este hecho, porque es sabido que un principio general del Derecho internacional prohibe recurrir a la analogía cuando se trata de normas convencionales: en efecto, ello llevaría a ir más allá o bien de la letra de los acuerdos o bien de la voluntad de los Estados contratantes. La verdad es que el objeto del Convenio de Londres consistía, como lo demuestra su breve preámbulo, en «definir un régimen de pesca de carácter permanente», mientras que la norma consuetudinaria sobrevenida entre tanto ha revolucionado dicho régimen, al permitir a los Estados miembros que ejerciten derechos exclusivos de pesca hasta 200 millas de la costa. No se puede pues pretender «adaptar» la normativa del Convenio de Londres a este cambio radical del Derecho internacional general. A mi parecer, más bien existe una razón fundada para reconocer que la norma consuetudinaria en vigor ha derogado las normas convenidas en Londres en 1964. Evidentemente, si no ha habido concretamente violación del Convenio —a fortiori si éste ya no está en vigor- el supuesto de que el Consejo ha obstaculizado su cumplimiento, infringiendo de este modo el artículo 234 del Tratado de Roma, se derrumba por completo. Pero deseo añadir que, aunque se entendiera que el Convenio todavía está en vigor y si se admitiera la atrevida tesis interpretativa de la defensa del Sr. Burgoa (reconociendo los derechos de los pescadores habituales en la zona comprendida entre 12 y 200 millas), se tendría que excluir también la pretendida contradicción entre el régimen del Convenio y el de las licencias de pesca, que caracteriza la normativa comunitaria. En efecto, el reconocimiento de los derechos de los pescadores habituales, que se contiene en el citado artículo 3 del Convenio, debe interpretarse en el contexto de todo el documento y por ello ha de tenerse en cuenta el artículo 5, según el cual los Estados ribereños tienen la facultad de adoptar medidas de conservación de los recursos de la pesca con tal que de elio no resulte ninguna discriminación. Como ya he tenido ocasión de decir, el régimen comunitario de licencias de pesca entra ciertamente en el marco de las medidas encaminadas a preservar los recursos del mar. A propósito de la cláusula de no discriminación, he de observar que, aunque los buques de pesca de los Estados miembros no tienen necesidad de licencia para poder pescar en la zona de que se trata, también están sujetos, en el momento de desembarcar, a un control de su actividad de captura, siempre con el objeto de evitar que se deterioren en exceso los recursos de la pesca. Es claro que semejante método de control no podría aplicarse a los buques pesqueros de los Estados terceros que desembarcan normalmente el producto de sus capturas en un puerto de su país. Por último, no debe olvidarse que el carácter especial de este trato está admitido por el artículo 10 del Convenio que establece que ninguna disposición del mismo puede suponer un obstáculo para mantener o establecer un régimen particular en materia de pesca entre lös Estados miembros de la Comunidad Económica Europea y los que están asociados a ella.