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que, para poder resolver la cuestión de la compatibilidad del Decreto del CIP con el Derecho comunitario, el Pretore formuló las siguientes cuestiones: «1) ¿Si las disposiciones contenidas en los artículos 33 a 44 del Reglamento (CEE) no 3330/74 relativas al azúcar deben interpretarse, a la luz de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en los asuntos 23/75 (Rey/Soda) y 77/76 (Cucchi/Avez), en el sentido de que ha de considerarse improcedente y prohibida —mediante la declaración de la existencia de una competencia exclusiva, en materia de azúcar, reservada a las Instituciones comunitarias— la aplicación de una contribución percibida por el Gobierno de un Estado miembro sobre el azúcar almacenado en su propio territorio a 5 de julio de 1978, conforme a los siguientes criterios: a) se impone mediante un acto del Gobierno nacional, a pesar de la falta de autorización de las Instituciones comunitarias; b) se aplica inmediatamente sobre el azúcar almacenado en los locales de las empresas comerciales y, por lo tanto, con efecto retroactivo, dado que no permite que las empresas elijan entre comprar el azúcar, con la consiguiente imposición de la carga, y renunciar a comprar el azúcar, con la consiguiente exención de la carga; c) se impone en el momento de pasar de una campaña azucarera a otra, sin que concurran los motivos contemplados por el artículo 33 del Reglamento no 3330/74 que justifican el recurso a las medidas que deben adoptarse de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 36 del mismo Reglamento. 2) Si la disposición contenida en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 40 del Tratado de Roma relativa a la prohibición de discriminación debe interpretarse en el sentido de que ha de considerarse contraria a Derecho y prohibida una contribución nacional sobre el azúcar, percibida según los criterios enunciados en el punto 1, que no se aplica únicamente cuando el azúcar está almacenado en los locales de los fabricantes industriales nacionales, quedando estos últimos total y exclusivamente exentos de su pago (mientras que todos los demás operadores comerciales están sujetos a dicha contribución, aunque sea en distinta medida). 3) Si la disposición contenida en el artículo 12 del mismo Tratado, relativa a la prohibición de establecer exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana, debe interpretarse en el sentido de que ha de considerarse contraria a Derecho y prohibida la contribución descrita en los puntos 1 y 2, que, refiriéndose a la procedencia del azúcar, grava exclusivamente al azúcar de fabricación comunitaria existente en Italia a 5 de julio de 1978 y, por el contrario, no grava al azúcar de fabricación nacional almacenado en la misma fecha en los locales de los fabricantes industriales nacionales. 4) Si las disposiciones comunitarias mencionadas en los puntos 1, 2 y 3 han creado, en favor de los empresarios sujetos -conforme a la normativa nacional— a la contribución de que se trata, el derecho subjetivo a no pagar dicha carga (y a recuperarla en caso de que se haya pagado) sobre las existencias de azúcar de fabricación nacional o importado almacenadas en sus locales o si dicho derecho subjetivo a no pagar (y a recuperar lo que, en su caso, se haya pagado) se aplica, al menos de forma limitada, a las cantidades de azúcar importadas de los países miembros de la CEE y almacenadas en las empresas directamente importadoras o en otras empresas clientes de estas últimas?»