Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Interpretación de un acuerdo internacional celebrado por la Comunidad y los Estados miembros en virtud de una competencia compartida

(Art. 234 CE; Acuerdo ADPIC, art. 33)

2. Acuerdos internacionales — Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)

(Acuerdo ADPIC, art. 33)

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1. Al haberse celebrado el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC) por la Comunidad y sus Estados miembros en virtud de una competencia compartida, cuando se le somete un asunto de conformidad con las disposiciones del Tratado, en particular del artículo 234 CE, el Tribunal de Justicia es competente para definir las obligaciones que la Comunidad ha asumido de este modo y para interpretar las disposiciones del Acuerdo ADPIC a estos efectos. La cuestión del reparto de las competencias entre la Comunidad y sus Estados miembros exige una respuesta uniforme a nivel comunitario que sólo el Tribunal de Justicia puede dar.

Por consiguiente, existe un interés comunitario manifiesto en que se considere al Tribunal de Justicia competente para interpretar el artículo 33 de dicho Acuerdo ADPIC, relativo a la duración mínima de la protección de las patentes, con objeto de determinar si el Derecho comunitario se opone a que se reconozca un efecto directo a esta disposición.

(véanse los apartados 33 y 36 a 38)

2. En el contexto del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC), que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994), cuando se trata de un ámbito en el que la Comunidad aún no ha legislado y que, por consiguiente, es competencia de los Estados miembros, la protección de los derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas con este fin por las autoridades judiciales no se rigen por el Derecho comunitario, de forma que éste no impone ni excluye que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro reconozca a los particulares el derecho a invocar directamente una norma contenida en el Acuerdo ADPIC o que los jueces apliquen de oficio esta norma.

Por el contrario, si se constata que existe una normativa comunitaria en el ámbito de que se trata, se aplica el Derecho comunitario, lo que implica la obligación de realizar una interpretación conforme al Acuerdo ADPIC en la medida de lo posible, sin que, no obstante, pueda atribuirse por ello un efecto directo a la disposición en cuestión de este Acuerdo.

Pues bien, la Comunidad todavía no ha ejercido sus competencias en el ámbito de las patentes, al que pertenece el artículo 33 del Acuerdo ADPIC, relativo a la duración mínima de protección de las patentes, o, al menos, en el plano interno, este ejercicio ha sido, hasta la fecha, insuficientemente importante para que se pueda considerar que, en el estado actual, este ámbito corresponda al Derecho comunitario.

En consecuencia, en el estado actual de la normativa comunitaria en el ámbito de las patentes, el Derecho comunitario no se opone a que dicho artículo 33 sea aplicado directamente por un órgano jurisdiccional nacional en las condiciones previstas por el Derecho nacional.

(véanse los apartados 34, 35, 46 y 48 y el fallo)