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40

que, por otro lado, si la intervención del RBAP no tuvo carácter vinculante sino que se limitó más bien a una llamada a las contribuciones voluntarias de las compañías petrolíferas, no es menos cierto que ABG encontró en las autoridades nacionales, actuando en primer lugar a través del RBAP y después directamente por el Ministro de Economía, un apoyo constante que, a medida que sus dificultades se agravaban, se tradujo en una intervención cada vez más acentuada, incluyendo la asunción por la RBAP de las necesidades de gasolina para motores de los clientes no contractuales de ABG, la constitución de un «pool» destinado al abastecimiento exclusivo de ABG y, cuando la situación de ABG fue crítica, decisiones vinculantes sobre abastecimiento dirigidas a las grandes compañías petrolíferas;
6

Considerando que la demandante, sin impugnar esencialmente estos hechos, alega, sin embargo, que los mismos no podían tener un efecto sensible sobre los intercambios entre los Estados miembros, teniendo en cuenta la pequeña importancia de su empresa en el mercado de soportes de sonido, la naturaleza de su producción, destinada sobre todo al público de lengua alemana, y las características de su clientela; que de ello deduce que, si bien es cierto que las prohibiciones de exportación no son compatibles con la naturaleza del mercado común, no se la puede imputar una infracción a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado; que, por otro lado, alega que en su caso particular dichas prohibiciones de exportación no obedecían a ninguna finalidad reprensible, sino que tan sólo se habían establecido por deseo de las otras partes contratantes y sólo habían tenido un alcance de «naturaleza puramente óptica y psicológica».
25

que en la segunda parte de la cuestión se pregunta en primer lugar si está prohibido establecer o mantener una disposición de este tipo incluso cuando tiene un alcance general en el sentido de que se aplica a cualquier fabricante o importador, es decir, también a los que no tienen una posición dominante o que no la explotan de manera abusiva y, a fortiori, cuando su finalidad, objeto o efecto no consiste en ningún caso en un abuso de posición dominante;
6

que la cuestión promovida por Sanders no prosperó, basándose su desestimación en que, en dicho contrato, lo principal no era tanto el alquiler o el arrendamiento de un inmueble, cuanto la explotación de un negocio y que, en esta materia, no era aplicable la justificación que fundamenta la competencia exclusiva prevista por el número 1 del citado artículo 16, según el cual los arrendamientos y alquileres de inmuebles están generalmente regulados por disposiciones legales especiales, que hacen preferible que estas últimas se apliquen por Jueces del país en que están en vigor.
Asunto 22/77

Fonds National de retraite des ouvriers mineurs

contra

Giovanni Mura

Petición de decisión prejudicial planteada por la cour du travail de Mons

Sumario de la sentencia

Seguridad Social de los trabajadores migrantes — Prestaciones sociales — Derecho causado únicamente en virtud de la legislación nacional — Aplicación integral de esta última — Ventajas del régimen — Totalización y prorrateo — Preferencia

(Reglamento no 1408/71, art. 46, ap. 1)

Cuando el trabajador percibe una pensión únicamente en virtud de la legislación nacional, lo dispuesto en el Reglamento no 1408/71 no impide que se le aplique íntegramente la legislación nacional, incluidas las normas nacionales que prohiben la acumulación. Sin embargo, si la aplicación de esta legislación nacional resulta menos favorable para el trabajador que la del régimen de totalización y prorrateo, debe aplicarse este último en virtud del apartado 1 del artículo 46 del Reglamento no 1408/71.
24

Considerando que el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 414/70 del Consejo, de 3 de marzo de 1970, que establece las normas generales relativas a las medidas destinadas a aumentar la utilización de mantequilla por determinadas categorías de consumidores (DO L 52, p. 2), autorizó a la Comisión a decidir que los Estados miembros pueden conceder ayudas que permitan la compra de mantequilla a precio reducido por parte de los beneficiarios de asistencia social, entro otros; que en virtud de esta disposición la Comisión adoptó la Decisión 70/228/CEE, de 24 de marzo de 1970 (DO L 77, p. 15), que autoriza a los Estados miembros a conceder una ayuda que permita comprar, a los beneficiarios de asistencia social, 0,5 kg de mantequilla al mes a precio reducido, mediante entrega de un bono individual; que el período de vigencia del Reglamento no 414/70, inicialmente limitado al año 1970, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1971 mediante el Reglamento (CEE) no 2550/70 del Consejo, de 15 de diciembre de 1970 (DO L 275, p. 1); que la Decisión 70/228 de la Comisión, de una validez cuya duración no estaba limitada por una disposición expresa, siguió siendo aplicable hasta su derogación con efectos de 1 de mayo se 1971, mediante la Decisión 71/166/CEE de la Comisión, de 30 de marzo de 1971 (DO L 88, p. 14);
1

Considerando que, mediante resolución de 27 de febrero de 1976, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de marzo siguiente, el Gerechtshof (Tribunal de apelación) de La Haya planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25), relativo a la interpretación del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Convenio») (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), una cuestión relativa a la interpretación del número 3 del artículo 5 de dicho Convenio;
1

Considerando que, mediante resolución de 6 de octubre de 1975, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 del mismo mes, el tribunal du travail de Bruxelles planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de las letras f) y g) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3 del Consejo, de 25 de septiembre de 1958 (DO 1958, 30, p. 561), del apartado 1 del artículo 30 del Reglamento no 4 del Consejo, de 3 de diciembre de 1958 (DO 1958, 30, p. 597), del artículo 49 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971 (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98) y el apartado 1 del artículo 36 del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972 (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156): «para que se determine si la aplicación de estos artículos necesita cada vez la presentación de una nueva solicitud de pensión según las modalidades previstas en el apartado 1 del artículo 30 del Reglamento no 4 y en el apartado 1 del artículo 36 del Reglamento no 574/72».
2. A.

Considerando, no obstante, que a tenor del artículo 36, «las disposiciones de los artículos 30 a 34 […] no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación […] justificadas por razones de […] protección de la salud y vida de las personas» y que no constituyan «un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros»;
3

que, por tratarse de un recurso de indemnización al amparo de los artículos 178 y 215 del Tratado y no de una demanda sobre reclamación de cantidad, según la Comisión, el recurso adolece de defectos, en particular, por no contener ningún elemento relativo a la existencia de un daño, distinto de la pérdida resultante de la supresión de los montantes compensatorios monetarios.
3

que el apartado 6 dispone, no obstante, que el montante compensatorio percibido o concedido por un Estado miembro no podrá ser superior al montante total percibido por dicho Estado sobre las importaciones procedentes de países terceros, si bien el párrafo segundo atribuye al Consejo la facultad de apartarse de dicha norma, a propuesta de la Comisión, en particular para evitar desviaciones del tráfico comercial y distorsiones en la competencia;
Una obligación legal de alcance general, de someter a aprobación de la autoridad pública las tarifas de transporte, no puede considerarse por sí misma constitutiva de una «obligación tarifaria» en el sentido del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento no 1191/69. Según esta disposición, la obligación tarifaria no solamente se caracteriza por la fijación o aprobación, por la autoridad pública, de las tarifas de transporte, sino además por el doble requisito acumulativo de que se trate de medidas tarifarias «particulares» que afecten a determinadas categorías de viajeros, de productos o relaciones y que estas medidas sean contrarías al interés comercial de la empresa.
5

Considerando que la condena comunitaria tenía por objeto esencialmente el «gentlemen's agreement» relativo al reparto de mercados dentro del mercado común y Gran Bretaña y la limitación de la producción de quinidina sintética a favor de las empresas Nedchem, Boehringer y Büchler; que la condena recaída en los Estados Unidos, pese a que se basaba parcialmente en estos hechos, tenía un objeto más amplio, centrado especialmente en el acuerdo relativo a las cortezas de quinina, la adquisición y reparto por los miembros de la práctica colusoria de las reservas estratégicas americanas así como la consiguiente aplicación de precios de venta especialmente elevados en los Estados Unidos hasta mediados de 1966; que las partes no están de acuerdo sobre cuáles fueron los hechos objeto de esta última condena porque la sentencia se dictó contra la demandante tras haber reconocido ésta los hechos de que se le acusaba (plea of nolo contendere), de forma que únicamente se dispone del escrito de acusación, pero no de las actas de los debates ni de una sentencia motivada que pudiera eliminar las dudas sobre el alcance de la condena; que, no obstante, la demandante debe demostrar la identidad de los hechos, lo cual le fue imposible por esta causa.
Los contratos que existían antes de la entrada en vigor del Reglamento no 17, celebrados entre dos empresas y notificados como contrato tipo en el sentido de la rúbrica II del formulario B, que figura como anexo al Reglamento no 27, deben considerarse como acuerdos en los cuales no participan más que dos empresas para la aplicación del artículo 5 del Reglamento no 17 modificado por el artículo I del Reglamento no 59, incluso si forman parte de una red de contratos paralelos.
11

Considerando que la demandante sostiene que el pliego de cargos, previsto en el artículo 2 del Reglamento no 99/63 de la Comisión, no es conforme a Derecho por estar firmado por el Director General de la Competencia «por delegación», siendo así que la delegación de funciones por parte de la Comisión no está permitida.
4

que al no haberse notificado el acuerdo complementario, celebrado posteriormente, para la distribución y la venta de aparatos electrocopiadores, y que constituía un acuerdo autónomo, distinto del contrato precedente, no se plantearía en el caso de autos la cuestión sometida a este Tribunal de Justicia por el tribunal de commerce de Bruxelles y por consiguiente no procedería su admisión.
6

Considerando que las demandantes estiman que éste es su caso, debido a que, dado que las ayudas concedidas pueden modificar las relaciones de competencia en el mercado italiano del azúcar, se verían perjudicadas por la ventaja así concedida a los destinatarios de las Decisiones impugnadas, que son sus competidores; que debido especialmente a la introducción del sistema de cuotas previsto por el Reglamento no 1009/67/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1967, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO 1967, 308) y por el Reglamento no 1027/67/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1967, relativo a la fijación de cuotas de base para el azúcar (DO 1967, 313), las Decisiones impugnadas repercuten de manera directa e individual en la posición de las demandantes en el mercado italiano del azúcar.
Al conferir facultades a las Instituciones comunitarias, los Estados miembros han sometido a una limitación correlativa sus derechos soberanos. Resulta conforme con el sistema del Tratado que el ámbito fiscal no quede excluido per se de dichas limitaciones.

No afecta a la validez del Reglamento no 135 de la Comisión en relación con los Reglamentos no 22 del Consejo y no 190 de la Comisión el hecho de que el mencionado Reglamento no haya tenido en cuenta el precio de oferta individual de una importación determinada para fijar la exacción reguladora adicional.
El apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE se basa en una apreciación económica de las repercusiones de un acuerdo y no puede por tanto interpretarse en el sentido de que establece un prejuicio, de cualquier tipo que sea, contra una categoría de acuerdos determinada por su naturaleza jurídica.

La falta de notificación a la Comisión prevista en los Reglamentos nos 17 y 153 no puede entrañar la prohibición de pleno derecho de un acuerdo, sino que sólo puede afectar, en su caso, a la excepción prevista en el apartado 3 del artículo 85, si llegara a demostrarse que a dicho acuerdo le es aplicable la prohibición del apartado 1 del artículo 85.

Para que un acuerdo pueda afectar al comercio entre Estados miembros, debe ser posible prever, con un suficiente grado de probabilidad y sobre la base de elementos objetivos de Derecho o de hecho, que puede ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y que amenace obstaculizar la consecución de un mercado único entre dichos Estados. A este respecto, hay que determinar en particular si dicho acuerdo puede compartimentar el mercado de ciertos productos entre los Estados miembros.

Para examinar si un acuerdo tiene por objeto alterar el juego de la competencia en el interior del mercado común, hay que considerar en primer lugar el objeto mismo del acuerdo, habida cuenta del contexto económico en el que se debe aplicar, y las alteraciones del juego de la competencia, a las que se refiere el apartado 1 del artículo 85, deben resultar de la totalidad o de algunas de las cláusulas del propio acuerdo.

En el caso de que el análisis de dichas cláusulas no revele un grado suficiente de nocividad respecto de la competencia, es necesario entonces examinar los efectos del acuerdo y, para proceder a su prohibición, exigir que se reúnan los elementos que prueben que el juego de la competencia ha resultado de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de manera sensible; para ello, debe considerarse la situación real en la que se habría encontrado la competencia si no existiera el acuerdo objeto del litigio.
1)

Considerando que la demandante mantiene que esta Decisión es irregular por cuanto no está suficientemente motivada; que, en primer lugar, alega que su fundamento es confuso y cita determinados pasajes de su exposición de motivos para demostrar su naturaleza materialmente inexacta y contradictoria; que, no obstante, si se consideran estos pasajes en su contexto, la Decisión de que se trata se encuentra suficientemente motivada; que expone claramente los elementos de hecho y de Derecho sobre los que se basa; que la demandante mantiene a continuación que la mencionada Decisión no expone las razones por las cuales la Alta Autoridad desestimó su petición de condonación de los recargos por retrasos presentada el 18 de febrero de 1964; que, no obstante, según los términos del párrafo tercero del artículo 36 del Tratado, la Alta Autoridad está obligada a oír a los interesados antes de imponerles sanciones pecuniarias, pero no está obligada a explicitar las razones por las cuales decide no acoger las observaciones formuladas; que en el caso de autos, a la demandante se le dio debidamente la posibilidad de presentar sus observaciones antes de tomarse la Decisión impugnada; que, por otra parte, las razones por las cuales estas observaciones no fueron acogidas por la Alta Autoridad están implícitamente enunciadas en la exposición de motivos en la que se responde a observaciones análogas anteriormente formuladas por la demandante el 20 de febrero de 1962; que, por todas estas razones, el motivo no está fundado.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 38/53

Auto del Tribunal General de 30 de noviembre de 2015 — Gmina Miasto Gdynia y Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Comisión

(Asunto T-215/14) (1)

((«Recurso de anulación - Sustitución del acto impugnado durante el procedimiento - Adaptación de las pretensiones - Recurso paralelo contra la segunda decisión - Sobreseimiento»))

(2016/C 038/69)

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandantes: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Polonia) (representantes: T. Koncewicz y K. Gruszecka-Spychała, abogados) y Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia) (representantes: inicialmente T. Koncewicz y K. Gruszecka-Spychała, posteriormente P. Rosiak, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: D. Grespan, S. Noë y A. Stobiecka-Kuik, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de las demandantes: República de Polonia (representante: B. Majczyna, agente)

Objeto

Inicialmente, pretensión de anulación de la Decisión 2014/883/UE de la Comisión, de 11 de febrero de 2014, relativa a la medida SA.35388 (13/C) (ex 13/NN y ex 12/N) — Polonia — Creación del aeropuerto de Gdynia-Kosakowo (DO L 357, p. 51), y, posteriormente, pretensión de anulación de la Decisión (UE) 2015/1586 de la Comisión, de 26 de febrero de 2015, relativa a la medida SA.35388 (13/C) (ex 13/NN y ex 12/N) — Polonia — Creación del aeropuerto de Gdynia-Kosakowo (DO L 250, p. 165), mediante la que se sustituye la Decisión n 2014/883.

Fallo

1) Sobreseer el recurso.

2) En el litigio principal, la Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las de Gmina Miasto Gdynia y Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. Z o.o.

3) En el procedimiento sobre medidas provisionales, Gmina Miasto Gdynia y Port Lotniczy Gdynia Kosakowo cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

(1) DO C 175 de 10.6.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 27/57

Auto del Tribunal General de 23 de noviembre de 2015 — Milchindustrie-Verband y Deutscher Raiffeisenverband/Comisión

(Asunto T-670/14) (1)

((«Recurso de anulación - Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 - Asociación - Falta de afectación directa de los miembros de la misma - Inadmisibilidad»))

(2016/C 027/73)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandantes: Milchindustrie-Verband eV (Berlín, Alemania) y Deutscher Raiffeisenverband eV (Berlín) (representantes: I. Zenke y T. Heymann, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: K. Herrmann, T. Maxian Rusche y R. Sauer, agentes)

Objeto

Pretensión de anulación de la Comunicación de la Comisión de 28 de junio de 2014 titulada «Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020» (DO C 200, p. 1), en la medida en que no se menciona en su anexo 3 a la industria dedicada a la preparación de leche y la fabricación de sus derivados (NACE 10.51).

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) Condenar a Milchindustrie-Verband eV y Deutscher Raiffeisenverband eV a cargar con sus propias costas y con las causadas por la Comisión Europea.

(1) DO C 431, de 1.12.2014.
36

A este respecto, es preciso recordar que el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 sólo se aplica cuando, por ser idénticos o similares las marcas, productos o servicios designados, «exista riesgo de confusión por parle del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». De este tenor se desprende que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar su alcance. Los términos mismos de esta disposición excluyen, por tanto, que pueda aplicarse si no existe un riesgo de confusión por parte del público (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 34). Pues bien, un riesgo de confusión, en el sentido de la citada disposición, sólo existe si se acredita que el consumidor podría creer que los productos vendidos con las marcas en conflicto provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente (sentencia Canon, antes citada, apartado 29). En el caso de autos, dicha condición podría cumplirse si las cuatro primeras letras del elemento denominativo del signo solicitado («Galá») pudieran percibirse como una designación del origen vinculada al titular de las marcas anteriores y si la terminación de la palabra («xia») pudiera identificarse como un elemento anexo que designe, por ejemplo, una línea específica de productos. Ahora bien, del apartado 24 anterior se deduce que la primera parte de la palabra «Galáxia» («Galá») no será percibida por el consumidor como un elemento separado y distinto de la terminación de la palabra («xia»). De ello resulta que no se induce al consumidor a pensar que los productos vendidos con las marcas anteriores (GALA) y el producto vendido con la marca solicitada, que incluye el elemento denominativo «Galáxia» provienen de la misma empresa o empresas vinculadas económicamente. Por otro lado, hay que señalar que, en virtud de las disposiciones del Reglamento n° 40/94, en particular, de sus artículos 4, 7 y 8, el solicitante de una marca no está en absoluto obligado a acreditar un vínculo semántico entre la marca y el producto al que ésta hace referencia. Así, carece de importancia que no exista ningún vínculo semántico entre el elemento denominativo de la marca solicitada y el producto al que ésta hace referencia (café).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 279/53

Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015 — FG/Comisión Europea

(Asunto F-20/15) (1)

((Función Pública - Funcionarios - Reforma del Estatuto - Reglamento no 1023/2013 - Tipos de puestos de trabajo - Normas transitorias relativas a la clasificación en los tipos de puestos de trabajo - Artículo 30, apartado 2, del anexo XIII del Estatuto - Derecho a la promoción al grado superior - Ejercicio de promoción 2014 - Administrador que no ejerce «responsabilidades especiales» - Posibilidad de promoción limitada al grado AD 12 - No inclusión del nombre de este administrador en la lista de funcionarios de grado AD 12 promovibles - Posibilidad de acogerse al artículo 30, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto - Fecha límite de 31 de diciembre de 2015 - Admisibilidad del recurso - Concepto de acto lesivo - Modificación del expediente personal informatizado del funcionario - Información administrativa - Difusión en la intranet de la institución - Incumplimiento de los requisitos relativos al procedimiento administrativo previo - Artículo 81 del Reglamento de Procedimiento))

(2015/C 279/67)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: FG (representante: M. Velardo, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: T.S. Bohr y C. Ehrbar, agentes, y B. Wägenbaur, abogado)

Objeto

Recurso de anulación de la decisión de no incluir a la parte demandante en la lista de funcionarios propuestos para la promoción al grado AD 13 en el marco del ejercicio 2014.

Fallo

1) Desestimar el recurso por ser manifiestamente inadmisible.

2) Cada parte cargará con sus propias cosas.

(1) DO C 127, de 20.4.2015, p. 41.
1)

Anular la decisión del Presidente del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de mayo de 2014, tal como fue completada por la enmienda n.o 2 al contrato de FS, mediante la cual la autoridad facultada para celebrar los contratos del Comité Económico y Social Europeo decidió no confirmar a FS en sus funciones de jefe de unidad y cambiarle de destino, con efectos a partir del 9 de abril de 2014, a un puesto no directivo.