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8

El órgano jurisdiccional remitente señala que, en apoyo de su recurso de casación contra la sentencia del hof van beroep te Antwerpen de 25 de octubre de 2006, los recurrentes en el litigio principal invocan, en particular, el artículo 221, apartados 1 y 3, del Código aduanero, alegando que este último órgano jurisdiccional erró al declarar, por una parte, que la no contracción o la contracción tardía del importe de los derechos de importación o de exportación legalmente adeudados no influye en modo alguno en el derecho de las autoridades aduaneras a recaudar dichos derechos y, por otra parte, que, a efectos de la prórroga del plazo de prescripción de tres años a partir del nacimiento de la deuda aduanera previsto en el apartado 3, es irrelevante quién sea el autor del acto perseguible judicialmente como resultado del cual las referidas autoridades no pudieron determinar dicho importe.
Incumplimiento de Estado — No transmisión, dentro de los plazos señalados, de las informaciones exigidas por el artículo 3, apartado 2, de la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto (DO L 49, p. 1), en relación con los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Decisión 2005/166/CE de la Comisión, de 10 de febrero de 2005, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Decisión nº 280/2004/CE (DO L 55, p. 57) — Informaciones relativas a las previsiones nacionales sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y a las medidas adoptadas para limitar y/o reducir dichas emisiones.
4

El artículo 3 de la Directiva dispone lo siguiente: «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. […] 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas».
38

La High Court desestimó el recurso sin pronunciarse sobre el fondo del asunto por considerar que la jurisprudencia era clara al respecto desde la sentencia R v Secretary of State for Environnement, Transport and Regions ex p Marson (1998) de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), en el sentido de que, por un lado, no es necesario motivar la negativa a ordenar una EIA y, por otro, cuando es obligatorio motivar las directrices, la motivación expuesta habitualmente por el Secretary of State es suficiente.
30

Ahora bien, el Derecho comunitario, en su estado actual y en una situación como la del procedimiento principal, no prescribe criterios generales para el reparto de competencias entre los Estados miembros en lo que se refiere a la eliminación de la doble imposición dentro de la Comunidad Europea. Exceptuando la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 225, p. 6), el Convenio de relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (DO L 225, p. 10) y la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de , en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (DO L 157, p. 38), no se ha adoptado hasta la fecha, en el marco del Derecho comunitario, ninguna medida de unificación o de armonización tendente a eliminar las situaciones de doble imposición (véanse las sentencias, antes citadas, Kerckhaert y Morres, apartado 22, y Columbus Container Services, apartado 45).
23

El 18 de junio de 2007, la autoridad judicial de ejecución alemana comunicó al Sr. Kozłowski que no iba a oponer ningún motivo de no ejecución. En efecto, según esta autoridad, no concurría ninguna de las causas de denegación del artículo 83b de la IRG y, en concreto, la persona reclamada no tenía su residencia habitual en Alemania. Las sucesivas estancias del interesado en territorio alemán se habían caracterizado por la comisión de varias infracciones, excluyendo toda actividad legal.
Es lícito que los Estados miembros dejen, en primer lugar, que los interlocutores sociales lleven a cabo los objetivos de política social que impone una directiva en este ámbito La facultad, reconocida a los Estados miembros por la Directiva 2002/14, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, de confiar a los interlocutores sociales al nivel apropiado la tarea de definir libremente y en cualquier momento, por medio de acuerdo, las modalidades de información y consulta de los trabajadores, es conforme a dicho principio. No obstante, dicha facultad no exime a los Estados miembros de la obligación de cerciorarse mediante las apropiadas medidas legales, reglamentarias o administrativas de que todos los trabajadores puedan beneficiarse de la protección que les confiere la citada Directiva en toda su extensión. La garantía estatal debe cubrir todos los casos en que no se garantice de otra manera una protección y, especialmente, cuando la falta de protección se deba al hecho de que los trabajadores afectados no pertenezcan a un sindicato.

(véanse los apartados 38 a 40)
Tal interpretación no sólo resulta del contexto sistemático en que se inscribe dicha disposición, sino que se impone también para garantizar que las eventuales observaciones de las partes interesadas puedan tenerse en cuenta de manera efectiva y sin ser prejuzgadas. En efecto, el hecho mismo de que ya se hayan propuesto al Consejo medidas definitivas puede de por sí influir en las consecuencias que se deriven de dichas observaciones. Por último, las eventuales dificultades a que se enfrentan las instituciones para respetar los plazos señalados por el Reglamento antidumping de base no 384/96 no deben llevar a la infracción de los plazos establecidos para proteger el derecho de defensa de las empresas afectadas.

El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aun cuando no exista ninguna normativa reguladora del procedimiento de que se trate. Este principio exige que se permita a los destinatarios de decisiones que afecten sensiblemente a sus intereses expresar de manera adecuada su punto de vista.

El respeto del dicho derecho reviste una importancia capital en procedimientos antidumping. Para lograr la anulación de una decisión de la Comisión que deniega la concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado adoptada incumpliendo el plazo establecido en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento antidumping de base no 384/96, la empresa afectada no tiene la obligación de demostrar que la decisión habría tenido un contenido diferente, sino, únicamente, que tal posibilidad no queda del todo excluida puesto que la recurrente habría podido defenderse mejor de no ser por la irregularidad del procedimiento.

(véanse los apartados 83 a 85, 89, 91, 93 y 94)
El artículo 25, apartado 2, del Reglamento no 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que la expresión «en la medida en que sea aplicable dicho Convenio» implica que, antes de poder declarar la aplicación de las normas de reconocimiento y de ejecución previstas en el Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, a resoluciones distintas de las contempladas en el artículo 25, apartado 1, del Reglamento no 1346/2000, será necesario comprobar que tales resoluciones no se encuentran fuera del ámbito de aplicación material del Reglamento no 44/2001.

Tal comprobación resulta necesaria en la medida en que no está excluido que entre las resoluciones a que se refiere el artículo 25, apartado 2, del Reglamento no 1346/2000 que no son resoluciones incluidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento figuren resoluciones que tampoco estén incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento no 44/2001. A este respecto, del texto del artículo 25, apartado 2, se desprende que la aplicación del Reglamento no 44/2001 a una resolución en el sentido de dicha disposición está supeditada al requisito de que tal resolución esté incluida en el ámbito de aplicación de este último Reglamento. De lo anterior se deduce que no podrá aplicarse el Reglamento no 44/2001 cuando la resolución de que se trate no verse sobre materia civil o mercantil ni cuando resulte aplicable alguna exclusión del ámbito de aplicación del citado Reglamento de las previstas en su artículo 1.

(véanse los apartados 17, 18 y 20 y el punto 1 del fallo)
Asunto C-16/08

Schenker SIA

contra

Valsts ieņēmumu dienests

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Administratīvā apgabaltiesa)

«Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria — Nomenclatura Combinada — Dispositivos de cristal líquido de matriz activa»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de junio de 2009 I ‐ 5017

Sumario de la sentencia

Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Cierto tipo de dispositivos de cristal líquido de matriz activa

[Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, anexo I; Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión]

La subpartida 85282190 de la Nomenclatura Combinada que constituye el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 debe interpretarse en el sentido de que, a 29 de diciembre de 2004, dicha partida no se aplicaba a los dispositivos de cristal líquido (LCD) de matriz activa que se componían principalmente de los siguientes elementos:

— dos láminas de vidrio;

— capa de cristal líquido que se inserta entre estas láminas;

— lectores de señal vertical y horizontal;

— retroiluminación;

— inversor que genera alta tensión para la retroiluminación; y

— bloque de control –interfaz de transmisión de datos (control PCB o PWB), que asegura la transmisión secuencial de datos a cada píxel (punto) del módulo LCD, utilizando una tecnología específica– LVDS (señal diferencial de bajo voltaje).

En efecto, en la medida en que su uso final depende de los elementos adicionales que se le van a añadir durante el siguiente ciclo de producción, tales dispositivos no presentan las características esenciales del artículo completo o terminado, en el sentido de la subpartida 85282190 de la Nomenclatura Combinada.

En cambio, esos dispositivos, como mercancías que pueden utilizarse en los aparatos comprendidos en la partida 8528 podrían clasificarse en la partida 8529 de la Nomenclatura Combinada («Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528») y más concretamente en la subpartida 85299081 de ésta. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si los dispositivos tienen las características y las propiedades objetivas necesarias para ser consideradas mercancías destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528 de la Nomenclatura Combinada.

(véanse los apartados 27 a 32 y el fallo)
Asunto C-75/08

The Queen, a instancia de:

Christopher Mellor,

contra

Secretary of State for Communities and Local Government

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Directiva 85/337/CEE — Evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente — Obligación de hacer pública la motivación de una decisión de no someter un proyecto a evaluación»

Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 22 de enero de 2009 I ‐ 3801

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 30 de abril de 2009 I ‐ 3815

Sumario de la sentencia

Medio ambiente — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Directiva 85/337/CEE

(Directiva 85/337/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4 y anexo II)

El artículo 4 de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, debe interpretarse en el sentido de que no exige que la propia decisión con la que se concluye que no es necesario que un proyecto del anexo II de dicha Directiva se someta a una evaluación de impacto ambiental contenga las razones por las que la autoridad competente ha decidido que dicha evaluación no es necesaria. Sin embargo, en el supuesto de que una persona interesada lo solicite, la autoridad administrativa competente tiene la obligación de comunicarle los motivos por los que se ha adoptado dicha decisión o las informaciones y los documentos pertinentes en respuesta a la solicitud presentada.

En el supuesto de que la decisión de un Estado miembro de no someter un proyecto del anexo II de dicha Directiva a una evaluación de impacto ambiental con arreglo a los artículos 5 a 10 de la misma indique los motivos en los que se basa, dicha decisión se considerará suficientemente motivada si los motivos que contiene, junto con los elementos que ya se han puesto en conocimiento de los interesados, completados eventualmente con la necesaria información suplementaria que la administración nacional competente debe transmitirles a petición suya, pueden permitirles decidir sobre la conveniencia de interponer un recurso contra dicha decisión.

(véanse los apartados 61 y 66 y los puntos 1 y 2 del fallo)
10

El Decreto Legislativo no 267, texto refundido de las leyes relativas a la organización de los entes locales (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), de 18 de agosto de 2000 (suplemento ordinario a la GURI no 227, de 28 de septiembre de 2000), en su versión modificada por el Decreto-Ley no 269, por el que se establecen disposiciones urgentes para favorecer el desarrollo y para corregir el funcionamiento de las cuentas públicas (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), de 30 de septiembre de 2003 (suplemento ordinario a la GURI no 229, de 2 de octubre de 2003), convertido en ley, tras modificación, por la Ley no 326, de 24 de noviembre de 2003 (suplemento ordinario a la GURI no 274, de 25 de noviembre de 2003) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo no 267/2000»), dispone en su artículo 113, apartado 5: «La prestación de servicios se realizará de conformidad con las normas sectoriales y la normativa de la Unión Europea, mediante la adjudicación de la explotación del servicio a: a) sociedades de capital seleccionadas mediante procedimientos de licitación pública; b) sociedades de capital mixto público y privado, en las que se elija al socio privado a través de procedimientos de licitación pública que garanticen el cumplimento de las normas nacionales y comunitarias en materia de competencia, de conformidad con las directrices que las autoridades competentes dicten a través de medidas o circulares específicas; c) sociedades de capital enteramente público, a condición de que el ente o los entes públicos titulares del capital social ejerzan sobre la sociedad un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios y de que dicha sociedad realice la parte esencial de su actividad con el ente o los entes públicos que la controlan.»
1)

Los artículos 2, letra l), 5 y 6 del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, deben interpretarse en el sentido de que los vuelos que sufran retraso, con independencia del tiempo por el que se prolongue y aunque se trate de un gran retraso, no pueden tenerse por cancelados si se efectúan con arreglo a la programación inicialmente prevista por el transportista aéreo.
114

De lo anterior debe deducirse que la finalidad del Reglamento no 510/2006 no es establecer, junto a normas nacionales que pueden continuar existiendo, un régimen complementario de protección de las indicaciones geográficas cualificadas –a semejanza, por ejemplo, del régimen instaurado por el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1)– sino prever un régimen de protección uniforme y exhaustivo para tales indicaciones.
3

La Directiva 2001/83, con arreglo a su primer considerando, codifica y agrupa en un texto único las directivas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre medicamentos para uso humano, entre las cuales figuran, en particular, la Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas (DO 1965, 22, p. 369; EE 13/01, p. 18), en su versión modificada por la Directiva 93/39/CEE del Consejo, de (DO L 214, p. 22) (en lo sucesivo, «Directiva 65/65»), la Directiva 75/318/CEE del Consejo, de , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre normas y protocolos analíticos, tóxico-farmacológicos y clínicos en materia de pruebas de especialidades farmacéuticas (DO L 147, p. 1; EE 13/04, p. 80), en su versión modificada por la Directiva 1999/83/CE de la Comisión, de (DO L 243, p. 9), y la Directiva 75/319/CEE del Consejo, de , Segunda Directiva relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas (DO L 147, p. 13; EE 13/04, p. 92), en su versión modificada por la Directiva 2000/38/CE de la Comisión, de (DO L 139, p. 28) (en lo sucesivo, «Directiva 75/319»).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 81 CE, de los artículos 11 y 12 del Reglamento (CEE) no 1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva (DO L 173, p. 5; texto corregido en DO 1984, L 79, p. 38; EE 08/02, p. 114), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1582/97 de la Comisión, de 30 de julio de 1997 (DO L 214, p. 27) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1984/83»), así como de los artículos 4, letra a), y 5, letra a), del Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO L 336, p. 21).
43

Tal y como señala la Abogado General en el punto 28 de sus conclusiones, no hay nada en la sistemática ni en la finalidad de la Directiva 90/435 que permita concluir que existe alguna diferencia significativa entre los conceptos de «[abstenerse] de gravar» y de «eximir del impuesto» los beneficios percibidos por la sociedad matriz, puesto que el Tribunal de Justicia se refiere unas veces a «eximir» y otras a «[abstenerse] de gravar» en el sentido de dicho artículo 4, apartado 1 (véanse, en particular, la sentencia de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673, apartado 53; sentencias antes citadas Test Claimants in the FII Group Litigation, apartados 44 y 102, y Banque Fédérative du Crédit Mutuel, apartado 44).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto, de un lado, la interpretación del artículo 29, apartados 1 y 3, letra a), del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero»), y del artículo 145, apartados 2 y 3, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de , por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92 (DO L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 444/2002 de la Comisión, de (DO L 68, p. 11) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»). De otro lado, la citada petición versa sobre la validez del artículo 145, apartados 2 y 3 del Reglamento de aplicación.
21

No obstante, el Landesarbeitsgericht Düsseldorf se plantea la cuestión de si se trata de una transmisión en el sentido de la Directiva 2001/23. En efecto, según algunas resoluciones recientes del Bundesarbeitsgericht, no se admite la existencia de una transmisión de una parte del centro de actividad a un nuevo empresario en caso de que el cesionario no siga gestionando la parte del centro de actividad de que se trata sin cambios sustanciales y si no mantiene la identidad de ésta. Afirma que de esta jurisprudencia se desprende que la transmisión supone que el cesionario mantiene la autonomía de la parte del centro de actividad en el plano organizativo. Por el contrario, no se considera transmitida una parte del centro de actividad cuando está totalmente integrada en la estructura organizativa de la otra empresa o cuando el trabajo se realiza en el seno de una estructura organizativa claramente más importante.
21

Según el Gobierno polaco, no procede admitir la solicitud de decisión prejudicial, ya que las cuestiones planteadas no tiene relación alguna con la realidad del litigio principal. En su opinión, como los hechos en que se basa dicha solicitud no ha sido examinados por el órgano jurisdiccional remitente, el análisis de las cuestiones prejudiciales se referiría a situaciones hipotéticas.
15

El artículo 869 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 (DO L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1677/98 de la Comisión, de (DO L 212, p. 18) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), dispone lo siguiente: «Las autoridades aduaneras decidirán por sí mismas no contraer a posteriori los derechos que no se hayan percibido: […] b) en caso de que estimen que se han cumplido todas las condiciones mencionadas en la letra b) del apartado 2 del artículo 220 del Código [aduanero] y siempre que el importe no percibido del operador, como consecuencia de un error y correspondiente a diversas operaciones de importación o de exportación, sea inferior a 50.000 [euros]; […].»
35

Así, la recurrente señala que los funcionarios o los agentes temporales de la categoría B sólo demostraron sus competencias en relación con las funciones propias de esta categoría y no acreditaron competencias adicionales para desempeñar las funciones de la categoría A. En consecuencia, en contra de lo declarado por el Tribunal de Primera Instancia, de las condiciones diferentes de contratación de funcionarios y agentes temporales no se desprende que su situación no sea comparable a la de los agentes auxiliares a efectos de admitir su participación en el concurso controvertido.