Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Prestación de servicios postales reservados de conformidad con la Directiva 97/67/CE — Atribución, al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos, a una sociedad anónima pública de capital íntegramente público y que es el proveedor del servicio postal universal

(Arts. 43 CE y 49 CE; Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

2. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios — Directiva 92/50/CEE — Prestación de servicios postales no reservados con arreglo a la Directiva 97/67/CE — Atribución, al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos, a una sociedad anónima pública de capital íntegramente público y que es el proveedor del servicio postal universal

(Directiva 92/50/CEE del Consejo; Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

3. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Prestación de servicios postales no reservados con arreglo a la Directiva 97/67/CE — Atribución, al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos, a una sociedad anónima pública de capital íntegramente público y que es el proveedor del servicio postal universal

(Arts. 12 CE, 43 CE, 49 CE y 86 CE; Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

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1. El Derecho comunitario debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que permite que las Administraciones públicas, actuando al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos, encarguen la prestación de servicios postales reservados, con arreglo a la Directiva 97/67, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, a una sociedad anónima pública de capital íntegramente público y que es el proveedor del servicio postal universal en dicho Estado miembro.

En efecto, el artículo 7 de la citada Directiva autoriza a los Estados miembros a reservar determinados servicios postales al proveedor o proveedores del servicio postal universal, en la medida en que sea necesario para el mantenimiento de dicho servicio postal universal. Por consiguiente, siempre que se hayan reservado, de conformidad con la citada Directiva, servicios postales a un único proveedor del servicio postal universal, será inevitable que tales servicios queden al margen de la competencia, ya que ningún otro operador económico estará autorizado a prestarlos. Por lo tanto, no resultan aplicables las normas comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos, cuyo objetivo principal es la libre circulación de las mercancías y de los servicios y su apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros.

(véanse los apartados 39 a 41 y el punto 1 del fallo)

2. La Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, en su versión modificada por la Directiva 2001/78, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que permite que las Administraciones públicas, actuando al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos, encarguen la prestación de servicios postales no reservados con arreglo a la Directiva 97/67, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, a una sociedad anónima pública de capital íntegramente público y que es el proveedor del servicio postal universal en dicho Estado, siempre que los convenios a los que tal normativa se aplique alcancen el umbral pertinente según lo previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, en su versión modificada por la Directiva 2001/78, y constituyan, con arreglo al artículo 1, letra a), de la Directiva 92/50, en su versión modificada por la Directiva 200178, contratos celebrados por escrito y a título oneroso, y no un acto administrativo unilateral que imponga obligaciones exclusivamente a cargo del prestador y que se aparte sensiblemente de las condiciones normales de la oferta comercial del prestador, extremo cuya verificación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.

(véanse los apartados 54 y 69 y el punto 2 del fallo)

3. Tanto los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE como los principios de igualdad de trato, no discriminación por razón de la nacionalidad y transparencia deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que permite que las Administraciones públicas, actuando al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos, encarguen la prestación de servicios postales no reservados con arreglo a la Directiva 97/67, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, a una sociedad anónima pública de capital íntegramente público y que es el proveedor del servicio postal universal en dicho Estado, siempre que los convenios a los que tal normativa se aplique no alcancen el umbral pertinente según lo previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, en su versión modificada por la Directiva 2001/78, y no constituyan, en realidad, un acto administrativo unilateral que imponga obligaciones exclusivamente a cargo del proveedor del servicio postal universal y que se aparte sensiblemente de las condiciones normales de la oferta comercial de este último, extremo cuya verificación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.

Por otra parte, no puede invocarse el artículo 86 CE, apartado 2, para justificar una normativa nacional como la mencionada, en la medida en que ésta se refiera a los servicios postales no reservados con arreglo a la Directiva 97/67.

En efecto, la Directiva 97/67 desarrolla el artículo 86 CE, apartado 2, en lo que atañe a la posibilidad de reservar determinados servicios postales al proveedor del servicio postal universal. Pues bien, los Estados miembros no pueden ampliar según su voluntad los servicios reservados a los proveedores del servicio postal universal en virtud del artículo 7 de la Directiva 97/67, ya que tal ampliación sería contraria a la finalidad de dicha Directiva, que persigue establecer una liberalización progresiva y controlada en el sector postal, puesto que, en el marco de la Directiva 97/67, se tiene en cuenta la cuestión de saber si reservar determinados servicios postales al proveedor del servicio postal universal es necesario para que dicho servicio postal universal pueda prestarse en condiciones económicamente aceptables.

(véanse los apartados 80 a 82, 85 y 88 y el punto 3 del fallo)