Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso por omisión - Plazos - Carácter de orden público - Posibilidad de alegar confianza legítima basada en declaraciones o en definiciones de postura de la Comisión - Inexistencia

[Tratado CE, art. 175, párr. 2 (actualmente art. 232 CE, párr. 2)]

2 Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre la competencia - Silencio de la Comisión ante una solicitud de comunicación de documentos - Exclusión

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación); Reglamento nº 17 del Consejo; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión]

3 Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias formales - Determinación del objeto del litigio - Exposición sumaria de los motivos invocados - Demanda que tiene por objeto la reparación de los daños causados por una Institución comunitaria

[Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 19; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

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1 Los plazos para recurrir son de orden público y no tienen carácter dispositivo ni para el Juez ni para las partes, por consiguiente un particular no puede invocar el principio de protección de la confianza legítima para evitar que se aplique el artículo 175, párrafo segundo, del Tratado (actualmente artículo 232 CE, párrafo segundo) refiriéndose a sus contactos con la Comisión posteriores al requerimiento. Ni las declaraciones de la Comisión en su correspondencia con la demandante, ni las definiciones públicas de postura de la Institución no pueden influir en la admisibilidad de un recurso por omisión.

2 Constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, en el sentido del artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando de forma caracterizada la situación jurídica de ésta. El mero silencio de una Institución no puede producir tales efectos, salvo que esa consecuencia esté expresamente prevista por una disposición del Derecho comunitario.

A falta de tales disposiciones expresas, que fijen un plazo tras cuya expiración se considera que ha tenido lugar una decisión presunta por parte de una Institución a la que se ha pedido una definición de postura y que definan el contenido de dicha decisión, la inacción de una Institución no puede equipararse a una decisión sin comprometer el sistema de los medios de impugnación establecido por el Tratado.

En el marco de un procedimiento de aplicación de las normas sobre la competencia, dado que los Reglamentos nos 17 y 99/63 no prevén que el silencio de la Comisión tras una petición de comunicación de documentos tenga valor de decisión presunta, dicho silencio no puede ser calificado de acto impugnable.

3 Según el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia y el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda debe indicar el objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación ha de ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de la Justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda

Para atenerse a estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los daños causados por una Institución comunitaria deberá contener los elementos que permitan identificar el comportamiento que el demandante reprocha a la Institución, las razones por las que estima que existe una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio que alega haber sufrido, así como el carácter y el alcance de dicho perjuicio.