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Los antecedentes del litigio se expusieron en los apartados 1 a 10 de la sentencia recurrida en los siguientes términos: «1 [HTTS] es una sociedad alemana fundada en marzo de 2009 por el Sr. N. Bateni, que es su socio único y su director. HTTS actúa como agente marítimo y gestor técnico de buques. 2 El presente asunto se inscribe en el marco de las medidas restrictivas establecidas para presionar a la República Islámica de Irán para que este Estado ponga fin a las actividades nucleares que representan un riesgo de proliferación y al desarrollo de sistemas de vectores de armas nucleares (en lo sucesivo, “proliferación nuclear”). Más concretamente, forma parte de los asuntos relativos a determinadas medidas adoptadas contra una compañía marítima, [IRISL], y contra personas físicas o jurídicas supuestamente vinculadas a esa compañía, entre las que figuraban, según el Consejo de la Unión Europea, HTTS y otras dos compañías marítimas, Hafize Darya Shipping Lines (en lo sucesivo, “HDSL”) y Safiran Pyam Darya Shipping Lines (en lo sucesivo, “SAPID”). 3 La inclusión inicial del nombre de HTTS en las listas de personas, entidades y organismos sometidos a medidas restrictivas del anexo V del Reglamento [n.o 423/2007] tuvo lugar el 26 de julio de 2010, a raíz de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución [n.o 668/2010]. Esa inclusión no fue recurrida en anulación. En cambio, la inclusión del nombre de HTTS en las listas de personas, entidades y organismos sometidos a medidas restrictivas del anexo VIII del Reglamento [n.o 961/2010], llevada a cabo algunos meses después por dicho Reglamento, fue impugnada por HTTS y anulada después por el Tribunal [General], que declaró que no estaba suficientemente motivada en Derecho (véase el apartado 5 a continuación). 4 En el Reglamento n.o 668/2010, el motivo para incluir el nombre de HTTS era básicamente que “act[uaba] en nombre de HDSL en Europa”. En el Reglamento n.o 961/2010, el motivo era que “[era] propiedad o se enc[ontraba] bajo control de la IRISL”. 5 Mediante sentencia de 7 de diciembre de 2011, HTTS/Consejo (T‑562/10, EU:T:2011:716), el Tribunal [General] anuló el Reglamento n.o 961/2010 en la medida en que afectaba a esta compañía, pero con efectos a 7 de febrero de 2012, a fin de permitir, en su caso, al Consejo completar entretanto la motivación de la nueva inclusión del nombre de HTTS. En efecto, el Tribunal [General] consideró al respecto que la anulación con efecto inmediato del Reglamento n.o 961/2010 podría menoscabar grave e irreversiblemente la eficacia de las medidas restrictivas adoptadas por dicho Reglamento contra la República Islámica de Irán, pues “no puede excluirse que, en cuanto al fondo, resulte en definitiva justificada la imposición de medidas restrictivas a la demandante” (sentencia de 7 de diciembre de 2011, HTTS/Consejo, T‑562/10, EU:T:2011:716, apartados 41 y 42). 6 Una vez dictada la sentencia de 7 de diciembre de 2011, HTTS/Consejo (T‑562/10, EU:T:2011:716), el nombre de la demandante fue objeto de inclusiones posteriores por parte del Consejo, impugnadas sucesivamente por la demandante y anuladas también sucesivamente por el Tribunal [General] en las sentencias de 12 de junio de 2013, HTTS/Consejo (T‑128/12 y T‑182/12, no publicada, EU:T:2013:312), y de 18 de septiembre de 2015, HTTS y Bateni/Consejo (T‑45/14, no publicada, EU:T:2015:650). 7 En esta fase, hay que recordar asimismo que, mediante la sentencia de 16 de septiembre de 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo (T‑489/10, EU:T:2013:453), el Tribunal [General] también anuló la inclusión del nombre de IRISL y de otras compañías marítimas, entre ellas HDSL y SAPID, en las listas que las afectaban, debido a que los medios invocados por el Consejo no justificaban la inclusión del nombre de IRISL y, en consecuencia, tampoco podían justificar la adopción y el mantenimiento de las medidas restrictivas referidas a las demás compañías marítimas que se habían incluido en las listas por sus vínculos con IRISL. 8 Mediante escrito de 23 de julio de 2015, la demandante dirigió al Consejo una solicitud de indemnización de los daños y perjuicios que consideraba haber sufrido como consecuencia de la inclusión inicial de su nombre y de las posteriores inclusiones en las listas de personas vinculadas con la actividad de IRISL. 9 En esa solicitud de indemnización, la demandante invocaba su derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios materiales e inmateriales que consideraba haber sufrido, no solo por las inclusiones decididas mediante los Reglamentos n.o 668/2010 y 961/2010, objeto del presente litigio, sino también por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las inclusiones y nuevas inclusiones posteriores (véase el apartado 6 anterior). El importe total de los daños y perjuicios materiales alegados de este modo ascendía a 11928939 euros y el de los daños y perjuicios inmateriales a 250000 euros, correspondientes al período comprendido entre el 26 de julio de 2010 y el 18 de septiembre de 2015. 10 Mediante escrito fechado el 16 de octubre de 2015, el Consejo desestimó dicha solicitud.»