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Palabras clave

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Palabras clave

1. Visados, asilo, inmigración — Política de inmigración — Derecho a la reagrupación familiar — Directiva 2003/86/CE

[Directiva 2003/86/CE del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

2. Visados, asilo, inmigración — Política de inmigración — Derecho a la reagrupación familiar — Directiva 2003/86/CE

[Directiva 2003/86/CE del Consejo, arts. 2, letra d), y 7, ap. 1, letra c)]

Índice

1. La expresión «recurrir al sistema de asistencia social», contenida en el artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que no permite a un Estado miembro adoptar una normativa en materia de reagrupación familiar que la deniega a un reagrupante que ha demostrado disponer de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, pero que, habida cuenta de la cuantía de sus ingresos, podrá no obstante solicitar una prestación asistencial especial en caso de que existan gastos particulares e individualmente determinados necesarios para su subsistencia, a desgravaciones concedidas por las autoridades municipales en función de los ingresos o a medidas de apoyo a los ingresos en el marco de las políticas municipales de renta básica.

En efecto, dado que la autorización de reagrupación familiar es, según la Directiva, la regla general, la facultad prevista en el artículo 7, apartado 1, letra c), de esta debe interpretarse de manera estricta. Por otro lado, el margen de apreciación reconocido a los Estados miembros no puede utilizarse de manera que menoscabe el objetivo de la Directiva, que es favorecer la reagrupación familiar, ni su efecto útil.

(véanse los apartados 43 y 52 y el punto 1 del fallo)

2. La Directiva 2003/86, sobre el derecho a la reagrupación familiar, y, en particular, su artículo 2, letra d), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, al aplicar los requisitos de ingresos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, realiza una distinción en función de que los vínculos familiares sean anteriores o posteriores a la entrada del reagrupante en territorio del Estado miembro de acogida.

En efecto, habida cuenta de la falta de distinción, querida por el legislador de la Unión, en función del momento en el que se constituye la familia, y dada la necesidad de no interpretar las disposiciones de la Directiva 2003/86 de manera restrictiva y de no privarlas de su efecto útil, los Estados miembros carecen de un margen de apreciación que les permita introducir esta distinción en la normativa nacional de adaptación del Derecho interno a la Directiva. A mayor abundamiento, la aptitud de un reagrupante para disponer de recursos regulares y suficientes para su propia manutención y la de su familia, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), no depende de ningún modo del momento en el que se constituyó su familia.

(véanse los apartados 64 y 66 y el punto 2 del fallo)
La Directiva 98/59, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, establece en su artículo 5 que no afecta a la facultad de los Estados miembros de aplicar o de introducir disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables para los trabajadores o de permitir o de fomentar la aplicación de disposiciones convencionales más favorables para éstos.

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 98/59, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual no se considera despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo de varios empleados cuyo empresario es una persona física como consecuencia de la muerte de éste.

En efecto, el concepto de despidos colectivos en el sentido del artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la citada Directiva presupone la existencia de un empresario que tenga la intención de efectuar esos despidos y que pueda, por una parte, llevar a cabo, con esta finalidad, las acciones previstas en los artículos 2 y 3 de la mencionada Directiva y, por otra, proceder, en su caso, a tales despidos.

Por otra parte, este objetivo principal de la Directiva 98/59, que es lograr que los despidos colectivos vayan precedidos de la consulta a los representantes de los trabajadores y de la información a la autoridad pública competente, no puede conseguirse si se califica como «despido colectivo» la extinción de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla de una empresa explotada por una persona física debido al cese de sus actividades como consecuencia de la muerte del empresario, dado que las consultas no podrían tener lugar y, por lo tanto, no sería posible evitar o reducir las extinciones de los contratos de trabajo ni atenuar sus consecuencias.

(véanse los apartados 41, 44 y 53 y el punto 1 del fallo)
En el marco de la Directiva 2003/30, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte, los principios generales de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima no se oponen, en principio, a que, en lo tocante a un producto que resulta de una mezcla de aceite vegetal, gasóleo fósil y aditivos específicos, un Estado miembro suprima, antes de la fecha de expiración prevista inicialmente por la normativa nacional, el régimen de exención fiscal que le fuera aplicable. En todo caso, tal supresión no exige que se den circunstancias excepcionales. Corresponde, no obstante, al órgano jurisdiccional nacional examinar, mediante una apreciación global efectuada in concreto, si se han respetado dichos principios teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

(véanse el apartado 68 y el punto 2 del fallo)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de julio de 2009 — Comisión/Bélgica

(Asunto C-469/08)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/36/CE — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 9)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22).

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de julio de 2009 — Comisión/Bélgica

(Asunto C-469/08)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/36/CE — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 9)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22).

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
Asunto C-93/08

Schenker SIA

contra

Valsts ieņēmumu dienests

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments)

«Petición de decisión prejudicial — Reglamento (CE) no 1383/2003 — Artículo 11 — Procedimiento simplificado de abandono de mercancías para su destrucción — Determinación previa de la existencia de violación de un derecho de propiedad intelectual — Sanción administrativa»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de febrero de 2009 I ‐ 905

Sumario de la sentencia

Política comercial común — Medidas que tienen por objeto impedir la comercialización de mercancías con usurpación de marca y de mercancías piratas — Reglamento (CE) no 1383/2003 — Procedimiento simplificado de abandono, para su destrucción, de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual

[Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, artículos 11 y 18]

La incoación, con el acuerdo del titular de un derecho de propiedad intelectual y el del importador, del procedimiento simplificado contemplado en el artículo 11 del Reglamento no 1383/2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, no priva a las autoridades nacionales competentes de la facultad de imponer, a los responsables de la importación de tales mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad Europea, una «sanción» en el sentido del artículo 18 de este Reglamento, tal como una multa administrativa.

En efecto, la incoación de dicho procedimiento simplificado, cuya introducción en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros es meramente facultativa, no puede privar a las autoridades de dichos Estados de la facultad de imponer una «sanción», en el sentido del artículo 18 del Reglamento no 1383/2003, puesto que esta disposición, en relación con el décimo considerando de este Reglamento, establece que los Estados miembros deben establecer sanciones de carácter efectivo, proporcionado y disuasorio en el supuesto de infracción de este Reglamento. A este respecto, la destrucción de las mercancías como resultado de un procedimiento facultativo subordinado a un acuerdo común del titular de la marca y del importador no puede calificarse de sanción impuesta por una autoridad nacional en aplicación del régimen de sanciones que los Estados miembros están obligados a adoptar en virtud de esta disposición.

(véanse los apartados 27 a 30 y 33 y el fallo)
El Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, en particular sus artículos 3, 4, 16, 17 y 25, debe interpretarse en el sentido de que, en un asunto como el principal, con posterioridad a la apertura de un procedimiento principal de insolvencia en un Estado miembro, las autoridades competentes de otro Estado miembro en el que no se ha iniciado ningún procedimiento secundario de insolvencia están obligadas, a reserva de los motivos de denegación derivados de los artículos 25, apartado 3, y 26 de este Reglamento, a reconocer y ejecutar todas las resoluciones relativas a ese procedimiento principal de insolvencia, y en consecuencia no están facultadas para ordenar, en aplicación de la legislación de ese otro Estado miembro, medidas de ejecución que afecten a los bienes del deudor declarado insolvente situados en el territorio del otro Estado miembro referido, cuando la legislación del Estado de apertura no lo permite y no se cumplen los requisitos a los que está sometida la aplicación de los artículos 5 y 10 del citado Reglamento.
31

Para las participaciones no comprendidas en la Directiva 90/435, corresponde a los Estados miembros determinar si debe evitarse, y en qué medida, la doble imposición económica de los beneficios distribuidos y establecer, a este efecto, de forma unilateral o mediante convenios celebrados con otros Estados miembros, mecanismos dirigidos a evitar o a atenuar esta doble imposición económica. No obstante, este solo hecho no les permite aplicar medidas contrarias a las libertades de circulación garantizadas por el Tratado CE (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673, apartado 54).
7

Los días 7 y 8 de noviembre de 2001, la Comisión efectuó verificaciones, en aplicación del artículo 14, apartado 3, del Reglamento no 17 del Consejo, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22) en los locales de varios productores y distribuidores comunitarios de artículos de mercería, entre ellos las recurrentes y dos empresas británicas así como sus filiales respectivas, a saber, por una parte, Coats Holdings Ltd y J & P Coats Ltd (en lo sucesivo; conjuntamente, «Coats») y, por otra, Entaco Group Ltd y Entaco Ltd (en lo sucesivo; conjuntamente, «Entaco»).
6

El Reglamento no 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el . Sin embargo, habida cuenta de la fecha en la que ocurrieron los hechos, el litigio principal sigue rigiéndose por el Reglamento no 40/94.
24

Estos datos, que por lo demás no han sido discutidos, no pueden tomarse en consideración. En efecto, aun suponiendo que las editoriales de libros en alemán, en particular, las establecidas en Alemania, no se vean desfavorecidas por la normativa austriaca sobre los precios de los libros importados que les permite ejercer un control de los precios aplicados en el mercado austriaco y, al mismo tiempo, garantizar que dichos precios no sean inferiores a los aplicados en el Estado de edición, tales consideraciones no permiten excluir que una normativa como la controvertida en el litigio principal tenga el efecto de restringir la competitividad de los importadores austriacos, al no poder éstos actuar libremente en su mercado, contrariamente a los editores austriacos que son sus competidores directos.
114

A este respecto, debe observarse que no es este último motivo el que hizo que el Tribunal de Primera Instancia considerara que la Comisión no había cometido ningún error manifiesto de apreciación al considerar que la actividad de investigación y de desarrollo financiada por Eurocontrol no constituía una actividad económica y que no le eran de aplicación las normas en materia de competencia. En efecto, del apartado 75 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera Instancia consideró que la adquisición de prototipos efectuada en el marco de dicha actividad y la gestión de los derechos de propiedad intelectual que a ella se refieren no conferían a ésta carácter económico, ya que esa adquisición no implicaba la oferta de bienes o de servicios en un mercado determinado. Por lo demás, por los motivos expuestos en el apartado 102 de la presente sentencia, tal análisis está exento de error de Derecho.
43

El Gobierno austriaco alega igualmente que dichas limitaciones se imponen debido a que, en el sector de la salud pública, las leyes que regulan ordinariamente el mercado sólo se aplican de forma muy limitada y que son frecuentes los defectos del mercado. Puntualiza que dicho sector no se rige concretamente por la ley de la oferta y de la demanda. Sostiene que la demanda es inducida por la oferta, de modo que un incremento de la oferta no implica una reducción de los precios, ni tampoco el reparto de un mismo volumen de prestaciones entre varios prestadores, sino un incremento del volumen de las prestaciones a precios constantes. Infiere que, por lo tanto, un aumento incontrolado del número de prestadores de servicios médicos impone cargas incontrolables en los organismos de seguridad social. Alegan que, no obstante, éstos no tienen ninguna posibilidad de promover una acción reguladora mediante una política de concertación, habida cuenta de que, aunque no propongan a los nuevos prestadores la firma de un convenio, están obligados a desembolsar, en el marco del sistema de reembolso de las cantidades anticipadas por el asegurado, sumas sensiblemente idénticas a las pagadas en el marco del sistema de prestaciones en especie. A su juicio, de ello resulta que de manera inmediata se pone en peligro la capacidad financiera del sistema de seguridad social.
14

Haciendo constar, en particular, que las irregularidades imputadas se refieren a un período anterior a la adopción del Reglamento no 2988/95, el Bundesfinanzhof decidió suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes, las cuales están redactadas en términos idénticos en los tres asuntos C-278/07 a C-280/07: «1) ¿Debe aplicarse el plazo de prescripción establecido en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, primera frase, del Reglamento […] no 2988/95 […], aun en el caso de que se hubiera cometido una irregularidad o de que ésta hubiera cesado antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento? 2) ¿Resulta aplicable el plazo de prescripción previsto en la referida disposición a medidas administrativas como la recuperación de restituciones a la exportación concedidas a causa de irregularidades? En el supuesto de que se responda en sentido afirmativo a las dos cuestiones anteriores: 3) ¿Puede aplicar un Estado miembro un plazo más largo con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento […] no 2988/95, a pesar de que tal plazo más largo ya se contemplara en el Derecho del Estado miembro incluso antes de que se adoptara dicho Reglamento? ¿Puede aplicarse tal plazo más largo aunque no lo prevea ninguna disposición especial relativa a la recuperación de restituciones a la exportación o relativa a medidas administrativas en general, sino que resulta de una norma general (de Derecho común) de dicho Estado miembro que engloba todos los supuestos de prescripción no regulados de manera específica?»
21

El Højesteret considera que la resolución del litigio principal depende de la interpretación del artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 91/533 y, dado que le surgieron dudas acerca de la interpretación exacta de dichos preceptos, decidió suspender el procedimiento y plantear ante el Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 91/533 […] en el sentido de que un convenio colectivo destinado a adaptar el Derecho nacional a sus prescripciones no se aplica a quien no sea miembro de ninguna de las organizaciones sindicales que participaron en su elaboración? 2) Si se responde negativamente a la primera cuestión, ¿debe interpretarse la expresión “los trabajadores que no estén cubiertos por alguno de los convenios colectivos relativos a la relación laboral” del artículo 8, apartado 2, [párrafo segundo,] de la Directiva en el sentido de que las disposiciones de un convenio colectivo que obligan a hacer un requerimiento previo al empresario no se extienden a un trabajador que no sea miembro de ninguna de las organizaciones sindicales que suscribieron dicho convenio? 3) ¿Se refieren las expresiones “contrato de trabajo temporal” y “relación laboral temporal” del artículo 8, apartado 2, [párrafo segundo,] de la Directiva a relaciones laborales de corta duración o a cualquier tipo de relación laboral de duración determinada? En el primer caso, ¿qué criterios se han de utilizar para resolver que una relación laboral es temporal (de corta duración)?»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las partidas 8541, 8542 y 8543 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de (DO L 290, p. 1; en lo sucesivo, «NC»).
1)

El artículo 291, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 89/97 de la Comisión, de , debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «persona que importe o haga importar la mercancía» contenido en dicha disposición se refiere a la persona a la que la mercancía va destinada y que tiene la intención de afectarla al destino especial prescrito, independientemente de que ella misma realice la declaración de aduana o que se haga representar a tal efecto en el sentido del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de , por el que se aprueba el Código aduanero comunitario. Dicho concepto no se refiere al representante de esta persona ante las autoridades aduaneras, salvo cuando se entiende que dicha persona actúa en nombre propio y por cuenta propia con arreglo al artículo 5, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento no 2913/92 y, por ende, debe considerarse importador.
42

No obstante, el Gobierno neerlandés alega que no cabe considerar que las deudas por exceso de adjudicación estén directamente vinculadas al inmueble en el sentido de las sentencias Gerritse y Barber, antes citadas. Según dicho Gobierno, las referidas deudas no forman parte de la sucesión, sino que se trata de deudas que recaen sobre el cónyuge supérstite y que nacen, después del fallecimiento del causante, por efecto del testamento dejado por este último. El Gobierno neerlandés añade que las deudas en cuestión no recaen sobre el bien inmueble y que los acreedores del cónyuge supérstite, que asume la deuda por exceso de adjudicación, no pueden hacer valer ningún derecho real sobre dicho bien inmueble.
22

Esta doble finalidad se desprende de los términos de la cláusula 1 del Acuerdo marco (véase el apartado 5 de la presente sentencia) y de los considerandos de la Directiva 97/81. A este respecto, procede recordar que el quinto considerando de esta última enuncia que «las conclusiones del Consejo Europeo de Essen destacaron la necesidad de adoptar medidas para promover el empleo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y llamaron a adoptar medidas tendentes a un aumento de la intensidad de creación de empleo del crecimiento, en particular mediante una organización más flexible del trabajo, que corresponda a los deseos de los trabajadores y a los requisitos de la competencia». Resulta, además, del undécimo considerando de dicha Directiva que las partes firmantes del Acuerdo marco «expresaron su voluntad de establecer un marco general para la eliminación de discriminaciones en relación con los trabajadores a tiempo parcial y contribuir al desarrollo de las posibilidades de trabajo a tiempo parcial sobre una base aceptable para los empresarios y los trabajadores». Por último, según el considerando decimoctavo de dicha Directiva, «la Comisión elaboró su propuesta de Directiva respetando el apartado 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre la política social [celebrado entre los Estados miembros de la Comunidad Europea a excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO 1992, C 191, p. 91), anejo al Protocolo no 14 sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea], que dispone que la legislación en materia social “evitará establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas”».