Palabras clave

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Palabras clave

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1. Cuestiones prejudiciales ° Competencia del Tribunal de Justicia ° Límites ° Petición de interpretación que no carece manifiestamente de relación con el objeto del litigio ° Obligación de pronunciarse

(Tratado CEE, art. 177)

2. Política social ° Trabajadores y trabajadoras ° Igualdad de retribución ° Diferencia de retribución entre dos funciones del mismo valor, una de las cuales es desempeñada casi exclusivamente por mujeres y la otra fundamentalmente por hombres ° Carga de la prueba de la inexistencia de discriminación

(Tratado CEE, art. 119)

3. Política social ° Trabajadores y trabajadoras ° Igualdad de retribución ° Diferencia de retribución entre dos funciones del mismo valor, una de las cuales es desempeñada casi exclusivamente por mujeres y la otra fundamentalmente por hombres ° Justificación basada en el hecho de que las retribuciones se determinaron mediante negociaciones colectivas separadas ° Improcedencia en el caso de una diferencia de trato entre dos grupos que tienen el mismo empleador y están representados por el mismo sindicato

(Tratado CEE, art. 119)

4. Política social ° Trabajadores y trabajadoras ° Igualdad de retribución ° Diferencia de retribución entre dos funciones del mismo valor, una de las cuales es desempeñada casi exclusivamente por mujeres y la otra fundamentalmente por hombres ° Apreciación por parte del Juez nacional de la existencia de razones económicas que constituyen justificaciones objetivas

(Tratado CEE, art. 119)

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1. El artículo 177 del Tratado establece el marco de una cooperación estrecha entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, basada en un reparto de funciones entre ellos. Dentro de este marco, corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen del litigio y que deben asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia.

Por consiguiente, dado que se ha sometido al Tribunal de Justicia una petición de interpretación del Derecho comunitario que no está manifiestamente desprovista de relación con la realidad o el objeto del litigio en el procedimiento principal, debe responder a la misma sin cuestionarse sobre la validez de una hipótesis que posteriormente corresponderá verificar al órgano jurisdiccional de remisión si resultase necesario.

2. La carga de la prueba de la existencia de una discriminación por razón de sexo, que recae, en principio, sobre el trabajador que, considerándose víctima de tal discriminación, ejercita una acción judicial contra su empleador, puede invertirse cuando ello resulte necesario para no privar a los trabajadores víctimas de una discriminación aparente de ningún medio eficaz para hacer respetar el principio de igualdad de retribución.

Así pues, cuando estadísticas que el Juez nacional considera significativas ponen de manifiesto una diferencia considerable de retribución entre dos funciones del mismo valor, una de las cuales es desempeñada casi exclusivamente por mujeres y la otra fundamentalmente por hombres, el artículo 119 del Tratado exige que el empleador justifique dicha diferencia mediante factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.

3. El hecho de que la determinación de las retribuciones correspondientes a dos funciones del mismo valor, una de las cuales es desempeñada casi exclusivamente por mujeres y la otra fundamentalmente por hombres, sea el resultado de negociaciones colectivas que se llevaron a cabo de forma separada para cada uno de los dos grupos profesionales afectados y que no tuvieron efecto discriminatorio dentro de ninguno de ambos grupos no obsta, desde el momento en que dichas negociaciones dieron lugar a resultados que ponen de manifiesto una diferencia de trato entre dos grupos que tienen el mismo empleador y el mismo sindicato, para comprobar la existencia de una discriminación aparente que impone al empleador la carga de probar que no se ha infringido el artículo 119 del Tratado.

En efecto, si, para justificar la diferencia de retribución, le bastara con alegar la inexistencia de discriminación en el marco de cada una de dichas negociaciones por separado, el empleador podría eludir fácilmente el principio de igualdad de retribución mediante negociaciones separadas.

4. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, que es el único competente para apreciar los hechos, determinar, aplicando, si fuere necesario, el principio de proporcionalidad, si, y en qué medida, la escasez de candidatos para una función y la necesidad de atraerlos mediante salarios más elevados constituyen una razón económica objetivamente justificada de la diferencia de retribución entre dos funciones del mismo valor, una de las cuales es desempeñada casi exclusivamente por mujeres y la otra fundamentalmente por hombres.