Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recursos propios de las Comunidades Europeas ° Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación ° Reglamento (CEE) nº 1430/79 ° Cláusula general de equidad ° Facultad de decisión de la Comisión ° Derecho del operador económico interesado a ser oído ° Modalidades de aplicación

[Reglamento (CEE) nº 1430/79 del Consejo, art. 13; Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 905, ap. 2]

2. Recurso de anulación ° Competencia del Juez comunitario ° Decisión de la Comisión por la que se desestima una solicitud de devolución de derechos de importación ° Pretensiones tendentes a que se declare justificada en principio dicha solicitud ° Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 173 y 176)

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1. El operador económico que solicita una devolución de los derechos de importación en aplicación de la cláusula general de equidad prevista en el artículo 13 del Reglamento nº 1430/79 tiene derecho a ser oído durante el procedimiento al término del cual deberá resolverse acerca de su solicitud.

Dicho derecho debe garantizarse, en primer lugar, en el marco de las relaciones entre el interesado y la Administración nacional, puesto que el Reglamento nº 2454/93, que regula el procedimiento para la tramitación de las referidas solicitudes, sólo prevé contactos entre el interesado y la Administración nacional, por una parte, y entre esta última y la Comisión, por otra. Aunque dicha normativa no prevé contactos directos entre el interesado y los servicios de la Comisión, ello no implica, sin embargo, que la Comisión deba contentarse, en todos los casos en que conozca de solicitudes de devolución, con los datos que la Administración nacional le haya transmitido ya que, por otra parte, el apartado 2 del artículo 905 del Reglamento nº 2454/93 establece que la Comisión podrá pedir al Estado miembro afectado que le facilite información complementaria.

Es necesario que la Comisión realice tal petición de información para garantizar el respeto del derecho del interesado a ser oído, y ello a través de las explicaciones complementarias facilitadas primero por el propio interesado a la Administración nacional y transmitidas después a la Comisión, cuando el expediente que le ha sido enviado por las autoridades nacionales, aun cuando contenga una propuesta de estimación de la solicitud, no le parezca que pueda justificar una decisión favorable, en particular en la medida en que no permite excluir la existencia de una negligencia manifiesta en el interesado. En efecto, la Comisión no puede efectuar la apreciación jurídica compleja que permita distinguir entre la negligencia y la negligencia manifiesta sin disponer de todos los datos fácticos pertinentes y de las declaraciones en relación con el interesado.

2. En el marco de un recurso de anulación, el Juez comunitario no puede, sin usurpar las prerrogativas de la autoridad administrativa, ordenar a una Institución comunitaria que adopte las medidas que implica la ejecución de una sentencia que declare la anulación de una decisión. En efecto, el artículo 176 del Tratado, según el cual la Institución de la que emana el acto anulado está obligada a adoptar las medidas necesarias, es una norma limitativa en la materia. De ello se deduce que debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones, que tienen por objeto que se declare justificada en principio la referida solicitud, presentadas en el marco de un recurso de anulación de una decisión de la Comisión por la que se desestima una solicitud de devolución de derechos de importación.