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La Comisión estima que procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso interpuesto por el demandante, basándose en que el acto cuya anulación se solicita no es una «Decisión» sino un acuerdo informal concluido con carácter transitorio. Precisa, en particular, que el acto impugnado no puede considerarse una «Decisión» implícita relativa a la demanda presentada por el demandante contra la UEFA, entre otros, por infracción de los artículos 85 y 86. del Tratado CEE. Y suponiendo que se trate de una «Decisión», el demandante no sería su destinatario y no resultaría directa e individualmente afectado por aquélla, que sólo le afecta en función de su calidad objetiva de futbolista profesional. Por último, no procede declarar la admisibilidad de la solicitud de reparación, al carecer de efectos jurídicos vinculantes el acto controvertido y no poder, por ello, implicar la responsabilidad de la Comisión frente al demandante.
Unicamente constituyen actos o decisiones susceptibles de recurso de anulación las medidas que produzcan efectos jurídicos vinculantes que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando, de forma caracterizada, su situación jurídica. No es éste el caso de un dictamen emitido por la Comisión sobre la interpretación que debe darse a una Directiva relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, por cuanto la aplicación de las disposiciones comunitarias en la materia compete únicamente a los organismos nacionales designados al efecto y ninguno de los preceptos de la Directiva atribuye competencia a la Comisión para adoptar decisiones sobre la interpretación de ésta, de manera que dicha Institución sólo tiene la posibilidad, que siempre se le reconoce, de manifestar su opinión, la cual no vincula en ningún caso a las autoridades nacionales.

No procede admitir un recurso de indemnización interpuesto en virtud del artículo 178 y del párrafo segundo del artículo 215 del Tratado que tenga por objeto conseguir el resarcimiento del perjuicio resultante del acto lesivo que supuestamente haya cometido la Comisión al adoptar una Decisión, cuando dicha Decisión no pueda existir por cuanto, habida cuenta de las competencias que le habían sido atribuidas, dicha Institución sólo podía emitir un mero dictamen destinado a las autoridades nacionales, y no un acto del que se derivaran efectos jurídicos.
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La República Federal de Alemania no reconoce haber infringido el artículo 76 del Tratado CEE y alega que la tasa por la utilización de las carreteras por los vehículos pesados, aunque vaya acompañada de una reducción del impuesto sobre la circulación de los vehículos, no es discriminatoria. La Ley de 30 de abril de 1990 perseguía dos objetivos, por una parte, aproximar las condiciones de competencia entre los transportistas alemanes y los de los demás Estados miembros y, por otra, establecer una adecuada contribución a los costes de la infraestructura viaria y que, al mismo tiempo, pretendía descongestionar las carreteras y proteger el medio ambiente. Por lo que respecta al primer objetivo, la República Federal de Alemania señala que el hecho de que los transportistas de los demás Estados miembros no disfruten de la reducción sobre el impuesto sobre los vehículos automotores se debe a la circunstancia de que están exentos de dicho impuesto en virtud de acuerdos otorgados entre los Estados miembros en los cuales están establecidos y la República Federal de Alemania. En tales circunstancias, la Ley de 30 de abril de 1990 no es contraria a la obligación de «standstill» mencionada por el artículo 76 del Tratado CEE.
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Mediante esento presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de diciembre de 1987, la Sociedad en liquidación Top Hit Holzvertrieb (denominada en adelante «Top Hit») interpuso, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 173 del Tratado, un recurso que tiene por objeto, por una parte, que se declare la nulidad de la Decisión REC 5/85 de la Comisión, de 16 de septiembre de 1985, dirigida a la República Federal de Alemania, ordenándole que proceda, con cargo a Top Hit, a la recaudación a posteriori de derechos de importación que ascienden a 244590,29 DM y, por otra, que el Tribunal de Justicia declare que la no percepción de dichos derechos de aduana está justificada en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (DO L 197, p. 1; EE 02/06, p. 54).
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Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de mayo de 1986, el Reino de España interpuso, en aplicación del artículo 173, párrafo 1, del Tratado CEE, un recurso que tiene por objeto la anulación: — del Reglamento no 569/86 del Consejo, de 25 de febrero de 1986, por el que se establecen las reglas generales de aplicación del mecanismo complementario de los intercambios (DO L 55, p. 106); — del Reglamento no 574/86 de la Comisión, de 28 de febrero de 1986, por el que se determinan las modalidades de aplicación del mecanismo complementario de los intercambios (DO L 57, p. 1); — y de los Reglamentos nos 624/86, 641/86, 643/86 y 647/86 de la Comisión, de 28 de febrero de 1986, por los que se determinan respectivamente las modalidades de aplicación del MCI en los casos siguientes: — las patatas tempranas (DO L 60, p. 1); — los productos del sector de productos transformados a base de frutas y hortalizas importados en Portugal, contemplados por el anexo XXII del Acta de adhesión (DO L 60, p. 34); — los productos del sector de plantas vivas y floricultura importados en Portugal, contemplados por el anexo XXII del Acta de adhesión (DO L 60, p. 39); — los productos del sector vitivinícola (DO L 60, p. 50).
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La parte demandada, en respuesta a una pregunta que le fue formulada, se ha expresado igualmente en la vista sobre el primer motivo suscitado por los demandantes, explicando por qué, según ella, los créditos impugnados no podían considerarse como créditos de campaña electoral de acuerdo con la sentencia «Les Verts», sino realmente como créditos para una campaña de información. La principal razón por la que el Tribunal anuló la decisión del Parlamento Europeo impugnada en aquella sentencia consistía, según la demandada, en la consideración de que la competencia en materia de procedimiento electoral, que comprende especialmente las reglas destinadas a garantizar la regularidad de las operaciones electorales y la igualdad de oportunidades de los distintos candidatos durante el período electoral, corresponde a los Estados miembros. Por el contrario, la sentencia «Les Verts» no pretendería en ningún caso privar al Parlamento Europeo y a sus grupos del derecho a desarrollar una acción política tal como una campaña de información sobre las actividades de dicha institución. Considera que basta con evitar cualquier acción política, en este caso cualquier utilización de créditos, durante el período electoral, para evitar caer en la ilegalidad que llevó a la anulación de la decisión impugnada en la sentencia «Les Verts». La decisión de 10 de julio de 1986 respeta, en su opinión, esta última exigencia puesto que contiene reglas destinadas a garantizar que no pueda hacerse una utilización de los créditos a los que se refiere durante el período electoral. Por lo tanto, no invade la competencia de los Estados miembros en materia de procedimiento electoral.
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A este respecto, la demandante alega diversos motivos que justificarían, a primera vista, la concesión de las medidas que solicita. A partir del principio de que considera haber demostrado, en su recurso principal, que los estudios universitarios tienen por objeto la formación profesional del estudiante, en el sentido del artículo 128 del Tratado y de la citada sentencia Gravier, entiende que la adopción por la legislación belga del apartado 1 del artículo 16 de la Ley de 21 de junio de 1985, sin que dicho artículo prevea una exención del minervai para los nacionales comunitarios venidos a Bélgica con la única finalidad de cursar en dicho país estudios universitarios, no respeta la sentencia Gravier y constituye una discriminación, por razón de la nacionalidad, contraria al artículo 7, por cuanto semejante minervai no se exige a los estudiantes belgas. Considera que el escrito del Ministro francófono de Educación Nacional de fecha 2 de septiembre de 1985, en el que insta a los Rectores de las Universidades a que no reclamen el minervai a los estudiantes de la CEE, no constituye una medida suficiente para proteger a los estudiantes comunitarios. Las Universidades, sobre todo las que son libres, pero también las del Estado, pueden, en efecto, invocar su personalidad jurídica y su autonomía presupuestaria y financiera para atenerse al tenor de la Ley y no aplicar las instrucciones del Ministro. Además alega que dicho escrito es retractable y puede ser modificado en cualquier momento.
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A este respecto, el Parlamento Europeo subraya que el recurso cuyo fundamento no ha sido precisado por el demandante no puede evidentemente haberse planteado al amparo del artículo 38 del Tratado CECA. Por consiguiente, es inadmisible en virtud del artículo 173 del Tratado CEE y del artículo 146 del Tratado CEEA, porque el control de la legalidad establecido por dichas disposiciones no se puede referir más que a los actos del Consejo y de la Comisión.
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Amazon niega que se le pueda imputar el uso de un signo idéntico a la marca controvertida. Invoca varias sentencias del Tribunal de Justicia dictadas en asuntos en los que se cuestiona a operadores de mercado electrónico, como la sociedad eBay, para alegar que, como operador de ese mercado, tampoco a ella se la puede considerar responsable del uso de un signo idéntico a la marca controvertida por parte de los terceros vendedores que utilicen su mercado electrónico. Amazon sostiene que el modo de funcionamiento de los mercados integrados en sus sitios de Internet de venta en línea no se diferencia significativamente del resto de los mercados y que la inclusión de su logotipo en los anuncios de los terceros vendedores no implica que se apropie de dichos anuncios. Además, según Amazon, los servicios accesorios que ofrece a los terceros vendedores no permiten justificar que sus ofertas se consideren parte de su propia comunicación comercial. En su opinión, el hecho de que un prestador de servicios cree las condiciones técnicas necesarias para el uso de un signo idéntico a una marca protegida y reciba una remuneración por dicho servicio no significa que el propio prestador haga uso del signo en cuestión.
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Más concretamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que, habida cuenta los derechos de la defensa garantizados, en particular, por el artículo 6, apartado 3, letra d), del CEDH, la facultad del acusado de participar en la vista implica el derecho de esa persona a participar efectivamente en el juicio (véase, en este sentido, TEDH, sentencias de 5 de octubre de 2006, Marcello Viola c. Italia, CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, §§ 52 y 53, y de 15 de diciembre de 2011, Al-Khawaja et Tahery c. Reino Unido, CE:ECHR:2011:1215JUD002676605, § 142) y el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra a que se refiere esta disposición, es un aspecto específico del derecho a un proceso equitativo amparado por el artículo 6, apartado 1, CEDH (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 19 de febrero de 2013, Gani c. España, CE:ECHR:2013:0219JUD006180008, § 36).
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En particular, no cumple dichos requisitos y debe ser declarado inadmisible un motivo de casación cuya argumentación no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, concretamente porque los elementos esenciales en los que se base el motivo no se desprendan de modo suficientemente coherente y comprensible del texto del propio recurso de casación, que esté formulado de modo oscuro y ambiguo al respecto. El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que debe desestimarse, por ser manifiestamente inadmisible, un recurso de casación que carezca de una estructura coherente, que se limite a realizar afirmaciones generales y que no incluya indicaciones precisas acerca de los apartados de la resolución recurrida que pudieran adolecer de un error de Derecho (sentencia de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, apartado 30 y jurisprudencia citada).
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Las funciones de los comisarios de policía están reguladas por el Decreto Legislativo n.o 334 — Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 de marzo de 2000 n.o 78 (Decreto Legislativo n.o 334 — Reorganización de las funciones del personal ejecutivo y de dirección de la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, de la Ley n.o 78 de 31 de marzo de 2000), de 5 de octubre de 2000 (GURI n.o 271, de 20 de noviembre de 2000 — suplemento ordinario de la GURI, n.o 190; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 334/2000»).
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A tenor del artículo 64, apartados 1 y 2, del mismo Convenio: «1. El presente Convenio no prejuzgará la aplicación por los Estados miembros de la Comunidad Europea del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, [de 22 de diciembre de 2000,] relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [(DO 2001, L 12, p. 1; en lo sucesivo, “Reglamento Bruselas I”)], y de sus modificaciones, del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [(DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1)], firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, y del Protocolo relativo a la interpretación de dicho Convenio por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, firmado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971, modificados por los Convenios de Adhesión a dicho Convenio y a dicho Protocolo de los Estados adherentes a las Comunidades Europeas [(en lo sucesivo, “Convenio de Bruselas”)], así como del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 19 de octubre de 2005. 2. No obstante, el presente Convenio se aplicará en cualquier caso: a) en materia de competencia, cuando el demandado estuviere domiciliado en un Estado donde se aplique el presente Convenio y no se aplique ninguno de los instrumentos mencionados en el apartado 1, o cuando los artículos 22 o 23 del presente Convenio otorgaren competencia a los tribunales de dicho Estado; […]».
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En cambio, cuando no sea posible calificar a ese propietario de un piso de «parte» de ese contrato y en la medida en que la junta general de propietarios o la comunidad de propietarios de un inmueble no es, por definición, «persona física» en el sentido de dicho artículo 2, letra b), y, por tanto, no cabe calificarla de «consumidor» en el sentido de dicha disposición, tal contrato queda excluido del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 (véase, por analogía, la sentencia de 2 de abril de 2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19, EU:C:2020:263, apartado 29).
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En el marco del litigio entre VP Capital y dicha Administración en relación con la tributación de las operaciones controvertidas, el Hof van Cassatie (Tribunal de Casación, Bélgica) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Vulnera la libertad de establecimiento garantizada en el artículo 49 TFUE una normativa nacional como la controvertida en el [litigio principal], en la medida en que da lugar a que una sociedad luxemburguesa —la cual, aun cuando contabiliza las depreciaciones de las acciones en Luxemburgo y, en principio, deduce ciertamente esas depreciaciones de su resultado fiscal, no puede deducirlas efectivamente de su resultado fiscal al existir una situación de pérdidas fiscales— quede sujeta a tributación, después de haber trasladado su domicilio social a Bélgica, por la reversión de dichas depreciaciones en Bélgica, a no ser que los incrementos de valor que subyacen a dicha reversión se consignen en una cuenta indisponible del pasivo, mientras que una sociedad belga que ha contabilizado depreciaciones del valor de las acciones en Bélgica no tributa por la reversión de dichas depreciaciones, siempre que estas no se hayan deducido previamente del resultado fiscal belga, sin que los incrementos de valor que subyacen a dicha reversión deban consignarse en una cuenta indisponible del pasivo?»
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El artículo 47 del decreto‑legge n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (Decreto‑ley n.o 50, por el que se establecen Disposiciones Urgentes en materia Financiera, Iniciativas en favor de los Organismos Territoriales, Intervenciones Adicionales en favor de las Zonas Afectadas por Seísmos y Medidas de Desarrollo), de 24 de abril de 2017 (GURI n.o 95, de 24 de abril de 2017 — suplemento ordinario n.o 20), convalidado con modificaciones mediante la legge n. 96 (Ley n.o 96), de 26 de junio de 2017 (GURI n.o 144, de 23 de junio de 2017), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto‑ley n.o 50/2017»), que lleva por título «Intervenciones para el transporte ferroviario», establece, en su apartado 11 bis: «Con el fin de mejorar la flexibilidad de las rutas ferroviarias de pasajeros entre Sicilia y la península italiana, el servicio ferroviario por vía marítima a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra e), del [Decreto n.o 138 T/2000] podrá prestarse también mediante embarcaciones rápidas cuyo modelo de explotación esté vinculado al servicio ferroviario procedente de y con destino a Sicilia, en particular, en los trayectos de ida y vuelta “Mesina — Villa San Giovanni” y “Mesina — Regio de Calabria”, que se realizarán en el marco de los recursos, previstos por la legislación vigente, destinados a la parte “servicios” del contrato programa celebrado entre el Estado y Rete Ferroviaria Italiana SpA, sin perjuicio de los servicios previstos en el mismo.»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la subpartida arancelaria 85177011 de la nomenclatura combinada (en lo sucesivo, «NC»), que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 254/2000 del Consejo, de 31 de enero de 2000 (DO 2000, L 28, p. 16) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2658/87»), tal como dicho anexo ha sido modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012 (DO 2012, L 304, p. 1), y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013 (DO 2013, L 290, p. 1) (en lo sucesivo, «anexo I»).
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En quinto término, habida cuenta de que de las consideraciones anteriores se desprende que el Tribunal General declaró válidamente, por una parte, que el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81 no prevé un derecho al reembolso de las aportaciones ex ante percibidas por los Estados miembros que se transfirieron al FUR y, por otra parte, que el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014 era aplicable a esas aportaciones, resulta que la apreciación del Tribunal General, expresada en los apartados 117 y 128 de la sentencia recurrida, según la cual, dentro del FUR, no se hace distinción alguna entre las antedichas aportaciones y las aportaciones ex ante directamente recaudadas por la JUR no puede considerarse necesaria para justificar la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el apartado 129 de la sentencia recurrida.
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Pues bien, es preciso concluir que un criterio general basado en el riesgo de que la ejecución efectiva de la expulsión se vea comprometida no cumple las exigencias de claridad, previsibilidad y protección contra la arbitrariedad, como ha alegado acertadamente la Comisión Europea. En efecto, debido a su falta de precisión, en particular en lo que atañe a la determinación de los elementos que deben tomar en consideración las autoridades nacionales competentes para apreciar la existencia del riesgo en el que se basa, tal criterio no permite a las personas interesadas prever, con el nivel de certeza exigido, en qué supuestos podrían ser internadas. Por los mismos motivos, tal criterio no ofrece a dichas personas una protección adecuada frente a la arbitrariedad.
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El artículo 3851 de ese Código está redactado en los siguientes términos: «1. Las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no se hayan negociado individualmente no serán vinculantes para el consumidor cuando establezcan un régimen de sus derechos y obligaciones que sea contrario a las buenas costumbres y que vulnere gravemente sus intereses (cláusulas ilícitas). Esta disposición no afectará a las cláusulas que definen las obligaciones principales de las partes, entre ellas el precio o la retribución, cuando hayan sido formuladas de forma inequívoca. 2. Cuando una cláusula contractual no vincule al consumidor con arreglo al apartado 1, las demás disposiciones del contrato seguirán siendo obligatorias para las partes. 3. Se entenderá por cláusulas contractuales no negociadas individualmente aquellas en las que el consumidor no haya ejercido una influencia real. Estas se refieren en particular a las cláusulas contractuales tomadas de un contrato modelo que la contraparte haya propuesto al consumidor. 4. La carga de la prueba de que una cláusula ha sido negociada individualmente recaerá en quien lo invoque.»
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En la vista celebrada el 22 de febrero de 2021, DD y VV tuvieron la posibilidad de interrogar al testigo protegido n.o 263 y al testigo YAR. En esa ocasión, DD no formuló ninguna pregunta, mientras que VV solo interrogó al testigo YAR y declaró que no tenía ninguna pregunta para el testigo protegido n.o 263.
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El Tribunal de Justicia no está obligado a pronunciarse, en particular, cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, o incluso cuando el problema es de naturaleza hipotética (sentencia de 26 de mayo de 2011, Stichting Natuur en Milieu y otros, C‑165/09 a C‑167/09, EU:C:2011:348, apartado 48 y jurisprudencia citada).