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El Tribunal General examinó entonces la admisibilidad del recurso a la luz de las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia relativas a los requisitos de representación de las partes ante él y, en los apartados 16 a 23 del auto recurrido, se pronunció en los términos siguientes: «16 Según reiterada jurisprudencia, se desprende […] en especial de la utilización del término “representadas” en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, que, para interponer un recurso ante el Tribunal General, la “parte”, en el sentido de dicho artículo, no está autorizada a actuar por sí misma, sino que debe utilizar los servicios de un tercero que ha de estar facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) (véase el auto del Tribunal General de 19 de noviembre de 2009, EREF/Comisión, T-94/07, no publicado en la Recopilación, apartado 14, y la jurisprudencia citada). 17 Esta exigencia de recurrir a un tercero concuerda con la concepción de la función del abogado según la cual éste se considera un colaborador de la Justicia que debe proporcionar, con toda independencia y en [el] interés superior de ésta, la asistencia legal que el cliente necesita. Esta concepción responde a las tradiciones jurídicas comunes de los Estados miembros y se recoge asimismo en el ordenamiento jurídico de la Unión, como se desprende, precisamente, del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia (auto de 19 de noviembre de 2009, EREF/Comisión, [antes citado], apartado 15). 18 En el caso de autos, conviene subrayar en primer lugar que la referencia hecha por el demandante a las obligaciones de independencia que se derivan de las normas profesionales que regulan la profesión de asesor jurídico no puede, por sí sola, demostrar que las Sras. Gruszecka y Pawłowska tenían derecho a representarle ante el Tribunal. En efecto, el concepto de independencia del abogado se determina de manera no sólo positiva, tomando como referencia la disciplina profesional, sino también de forma negativa, es decir, por la inexistencia de una relación laboral (véase, en este sentido, la sentencia [de 14 de septiembre de 2010] Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión y otros [C-550/07 P, Rec. p. I-8301], apartados 44 y 45, y el auto de 29 de septiembre de 2010, EREF/Comisión, […] [C-74/10 P y C-75/10 P], apartado 53). 19 Es obligado declarar, a continuación, que el demandante admite que las Sras. Gruszecka y Pawłowska se encuentran vinculadas por una relación laboral con la UKE. Indica, a este respecto, que el director general de la UKE decide sobre “[su] contratación, [sus] condiciones de trabajo y la rescisión de [sus] relaciones laborales”. 20 Por último, según el demandante, la misión de la UKE consiste en servir a su presidente en las tareas legales que le son confiadas. 21 Por tanto, aun suponiendo que se pueda establecer una distinción neta entre el presidente de la UKE y la UKE y que no exista formalmente una relación laboral entre el demandante y sus asesores jurídicos, no es menos cierto que las exigencias establecidas por la jurisprudencia citada en los apartados 16 y 17 supra no se cumplen en el caso de autos. En efecto, la existencia de una relación de subordinación en el seno de la UKE —aunque sólo sea respecto de su director general—, cuando su función exclusiva es la asistencia al demandante, entraña un grado de independencia menor que el de un asesor jurídico o un abogado que ejerzan sus actividades en un despacho externo respecto al cliente. 22 Esta conclusión no queda desvirtuada por las remisiones realizadas por el demandante a la legislación polaca que regula la profesión de asesor jurídico. Como se ha subrayado en el apartado 18 supra, la disciplina profesional no basta, por sí misma, para demostrar que se cumple la exigencia de independencia. Además, según la jurisprudencia, las disposiciones relativas a la representación de partes no privilegiadas ante el Tribunal deberán ser interpretadas, en la medida de lo posible, de manera autónoma, sin referencia al Derecho nacional (auto de 19 de noviembre de 2009, EREF/Comisión, [antes citado], apartado 16). 23 De las consideraciones expuestas se desprende que la relación laboral que vincula a las Sras. Gruszecka y Pawłowska con la UKE no es compatible con la representación del demandante ante el Tribunal.»