Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Recursos de los Estados miembros

(Art. 263 TFUE)

2. Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA) — Notificación por un Estado miembro — Facultad de control de la Comisión — Alcance — Naturaleza jurídica de la decisión de la Comisión

(Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)

3. Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA) — Notificación por un Estado miembro — Concepto

(Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)

4. Actos de las instituciones — Presunción de validez — Acto inexistente — Concepto

(Art. 288 TFUE)

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1. Se concede a todo Estado miembro el derecho a impugnar, mediante un recurso de anulación, la legalidad de las decisiones de la Comisión, sin que el ejercicio de dicho derecho esté supeditado a la justificación de un interés para ejercitar la acción. En consecuencia, para que su recurso sea admisible, un Estado miembro no tiene que demostrar que un acto de la Comisión que impugna produce efectos jurídicos frente a él. El interés para ejercitar la acción sólo se refiere a los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas, y no a los de las instituciones de la Unión o los Estados miembros.

Además, el concepto de interés para ejercitar la acción no ha de confundirse con el concepto de acto impugnable, según el cual para poder ser objeto de un recurso de anulación un acto debe estar destinado a producir efectos jurídicos que puedan ser lesivos, lo que cabe determinar ateniéndose a su naturaleza.

Una decisión de la Comisión relativa a la enmienda del plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA) notificado por un Estado miembro produce, por su propia naturaleza, tales efectos jurídicos.

(véanse los apartados 33 y 34)

2. El control previo efectuado en virtud del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61, no conduce necesariamente a una decisión de la Comisión. Si bien ésta está obligada, tras la notificación de un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA), a comprobar cuidadosamente y de manera imparcial la compatibilidad de dicho PNA con los criterios del anexo III y con el artículo 10 de la Directiva 2003/87, no obstante, de la expresión «podrá rechazar» se deduce que la Comisión dispone de un cierto margen discrecional de apreciación a este respecto. De ello se desprende, además, que si la Comisión renuncia en el plazo de tres meses siguiente a la notificación por el Estado miembro de su PNA a hacer uso de esta facultad, el Estado miembro puede, en principio, ejecutar dicho PNA en las condiciones previstas en los artículos 11 y siguientes de la Directiva 2003/87, sin que ello precise de la aprobación de la Comisión. De este modo, el procedimiento de examen del PNA no ha de finalizar necesariamente con una decisión formal, en particular cuando el Estado miembro aporta durante este procedimiento todas las enmiendas solicitadas.

En cambio, la Comisión puede verse llevada a hacer uso de su poder de decisión con arreglo al artículo 9, apartado 3, segunda frase, de la Directiva 2003/87 cuando el Estado miembro se abstiene de modificar su PNA, o se niega a hacerlo, antes de que finalice el plazo de tres meses, a pesar de las objeciones formuladas. En efecto, a falta de tal decisión de rechazo de la Comisión, el PNA notificado se convierte en definitivo y se beneficia de una presunción de legalidad que permite al Estado miembro ejecutarlo.

Las enmiendas que se producen durante una fase posterior del procedimiento de examen, a saber, como consecuencia de objeciones de la Comisión respecto del PNA notificado o de algunos de sus aspectos, tienen precisamente por objeto eliminar las objeciones formuladas inicialmente por la Comisión en cuanto a la compatibilidad de éstas con los criterios del anexo III y con el artículo 10 de la Directiva 2003/87. Por tanto, la aceptación de dichas enmiendas por la Comisión no es sino el corolario de las objeciones inicialmente formuladas por ésta en el marco de su facultad limitada de examen y rechazo, que le confiere el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, y no la expresión de una facultad general de autorización. Por otro lado, la aceptación por la Comisión de las enmiendas aportadas al PNA no debe ser objeto de una decisión formal por su parte. Al contrario, por un lado, tal interpretación iría en contra del principio según el cual la Comisión no tiene una facultad general de autorización del PNA. Por otro, no es conforme con la estructura del artículo 9, apartado 3, tercera frase, de la Directiva 2003/87, que sólo se refiere a una decisión de rechazo, y no a una decisión de autorización.

(véanse los apartados 47 y 48)

3. El procedimiento incoado con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61, tiene por objeto, aparte de la posibilidad de un control a priori por parte de la Comisión, garantizar a los Estados miembros la seguridad jurídica y, en particular, permitirles estar informados con rapidez, en plazos breves, sobre el modo en el que pueden asignar los derechos de emisión y gestionar el régimen de comercio comunitario de los derechos de emisión sobre la base de su plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA) durante el período de asignación correspondiente. En efecto, teniendo en cuenta la duración limitada de este período, que es de tres a cinco años (artículo 11 de la Directiva 2003/87), tanto la Comisión como los Estados miembros tienen un interés legítimo en que cualquier controversia sobre el contenido del PNA se solucione rápidamente y en no exponer al PNA al riesgo de oposición por parte de la Comisión durante su período de validez.

Estas consideraciones se aplican a cualquier PNA, con independencia de si se trata o no de la versión notificada inicialmente o de una versión revisada y notificada posteriormente. A mayor abundamiento, la exigencia de que la Comisión lleve a cabo, tras la notificación de un PNA revisado, un control rápido y eficaz es aún más importante cuando este control ya ha estado precedido de una primera fase de examen del PNA inicial que ha tenido como consecuencia, en su caso, una decisión de rechazo, y, posteriormente, enmiendas de dicho PNA. Pues bien, aunque la Comisión sostiene que está facultada para examinar las enmiendas propuestas de un PNA o un PNA revisado sin tener que respetar el plazo de tres meses establecido en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, tal tesis puede obstaculizar el objetivo de un control rápido y eficaz y la seguridad jurídica a la que el Estado miembro que notifica tiene derecho para poder asignar los derechos de emisión a las instalaciones establecidas en su territorio antes del inicio del período de comercio, con arreglo al artículo 11 de dicha Directiva.

En consecuencia, procede concluir que el concepto de notificación, en el sentido del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, incluye la notificación tanto inicial como posterior de diferentes versiones de un PNA, de manera que cada una de estas enmiendas da comienzo a un nuevo plazo de tres meses.

(véanse los apartados 54, 55 y 57)

4. El vicio procesal derivado del incumplimiento del plazo de tres meses, en el sentido del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61, no es tan especialmente grave y evidente que pueda justificar la calificación de la Decisión impugnada de acto inexistente. En efecto, los actos de las instituciones disfrutan, en principio, aunque sean irregulares, de una presunción de validez y, por lo tanto, producen efectos jurídicos mientras no hayan sido revocados, anulados en el marco de un recurso de anulación o declarados inválidos a raíz de una cuestión prejudicial o de una excepción de ilegalidad.

En el marco del procedimiento de examen con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, y tomando en consideración sus particularidades, la ilegalidad consistente en la extemporaneidad de la Decisión impugnada no puede entrañar su calificación de inexistente, ya que tal calificación, habida cuenta del principio fundamental de seguridad jurídica, debe reservarse a supuestos realmente extremos.

(véase el apartado 61)