Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Importe máximo — Cálculo — Distinción entre el importe final y el importe intermedio de la multa — Consecuencias

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

2. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa investigada con la Comisión — Reducción realizada sobre la cantidad resultante de la aplicación de la norma del límite del importe de las multas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

3. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Directrices adoptadas por la Comisión — Posibilidad de tomar en consideración la situación específica de las pequeñas y medianas empresas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

4. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Medida de la capacidad efectiva para causar un perjuicio en el mercado afectado — Pertinencia de la cuota de mercado que posee la empresa de que se trate

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Clasificación de las empresas afectadas en categorías que tienen un punto de partida específico idéntico — Requisitos

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Necesidad de tener en cuenta el volumen de negocios de las empresas afectadas y de garantizar la proporcionalidad entre las multas y dicho volumen de negocios — Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

7. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Comisión deliberada — Concepto

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Primera intervención de la Comisión en un sector concreto — Empresas afectadas que son pequeñas o medianas empresas — Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

9. Competencia — Multas — Imposición — Necesidad de obtener un beneficio para la empresa como consecuencia de la infracción — Inexistencia — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias atenuantes — Inexistencia de beneficio — Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número 2, párr.1)

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Volumen de negocios global de la empresa afectada — Volumen de negocios obtenido con las mercancías objeto de la infracción — Consideración de ambos — Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Clasificación de las empresas afectadas en categorías que tienen un punto de partida específico idéntico — Inclusión de una empresa en un grupo de empresas que tienen un volumen de negocios global superior — Violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato — Exclusión — Requisitos

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

1. El artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, al facultar a la Comisión para imponer multas por un importe que puede elevarse hasta el 10 % del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente por cada una de las empresas que hayan participado en la infracción, exige reducir el importe de la multa finalmente impuesta a una empresa en caso de que ésta supere el 10 % de su volumen de negocios, y ello con independencia de las operaciones de cálculo intermedias destinadas a tener en cuenta la duración y la gravedad de la infracción. De lo que se desprende que el límite máximo del 10 % establecido en el citado precepto sólo se aplica al importe final de la multa impuesta por la Comisión y no a las operaciones de cálculo intermedias, incluida la fijación del punto de partida a efectos de dicho cálculo.

Por otra parte, cuando la Comisión utiliza en sus cálculos un importe intermedio, incluyendo el punto de partida, que supera el límite máximo del 10 % del volumen de negocios de la empresa afectada, no puede censurarse el hecho de que algunos de los factores tenidos en cuenta en dichos cálculos, como la duración de la infracción, no influyan en el importe final de la multa, dado que es consecuencia de la prohibición de sobrepasar el límite máximo del 10 % del volumen de negocios de la empresa afectada que establece el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.

(véanse los apartados 38 a 40)

2. El planteamiento adoptado por la Comisión al determinar el importe de las multas en materia de competencia según el cual el factor relativo a la cooperación se tiene en cuenta tras la aplicación del límite del 10 % del volumen de negocios de la empresa afectada, previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, afectando así directamente al importe de la multa, garantiza que la Comunicación sobre la cooperación en los asuntos relativos a las prácticas colusorias pueda ser útil. En efecto, si el importe de base excediese ampliamente el límite del 10 % antes de la aplicación de la citada Comunicación sin que dicho límite pudiera ser aplicado inmediatamente, el incentivo de la empresa afectada para cooperar con la Comisión sería mucho menor, dado que la multa final se llevaría al 10 % en cualquier caso, con o sin cooperación.

(véase el apartado 41)

3. Las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA permiten a la Comisión tomar en consideración, cuando las circunstancias lo requieran, la situación específica en que se encuentran las pequeñas y medianas empresas.

(véase el apartado 42)

4. Cuando se analiza, a efectos de fijar el importe de la multa que sanciona una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la capacidad económica efectiva de los responsables para causar un daño significativo a la competencia, lo que exige una valoración de la importancia real de dichas empresas en el mercado afectado, es decir, de su influencia en el mismo, el volumen de negocios global sólo ofrece una visión incompleta de la situación. En efecto, no puede descartarse que una empresa importante, con numerosas actividades diferentes, tenga sólo una posición accesoria en un mercado de productos específico. Igualmente, puede suceder que una empresa con una posición importante en un mercado geográfico extracomunitario ocupe una posición débil en el mercado comunitario o en el del Espacio Económico Europeo. En tales casos, el mero hecho de que la empresa de que se trate realice un volumen global de negocios considerable no significa necesariamente que ejerza una influencia decisiva en el mercado afectado. Ésta es la razón por la que, aunque es cierto que la cuota de mercado que posee una empresa no puede ser determinante para concluir que una empresa pertenece a una entidad económica pujante, sí es pertinente, en cambio, para determinar la influencia que dicha empresa haya podido ejercer en el mercado.

(véase el apartado 65)

5. A tenor del número 1, sección A, párrafo sexto, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, una disparidad «considerable» en las dimensiones de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza puede justificar en particular una diferenciación a efectos de la apreciación de la gravedad de la infracción. Por otra parte, si bien la Comisión dispone de cierto margen de apreciación en la determinación del importe de las multas y no está obligada a aplicar una simple fórmula matemática, dicho importe debe al menos ser proporcionado en relación con los elementos tomados en consideración para apreciar la gravedad de la infracción.

De esto se deriva que, cuando la Comisión clasifica a las empresas afectadas en grupos para fijar el importe de las multas, de modo que a las empresas incluidas en un mismo grupo les corresponde un punto de partida idéntico, la determinación de los umbrales para cada uno de los grupos así identificados debe ser coherente y estar objetivamente justificada.

(véanse los apartados 67 y 68)

6. En la determinación del importe de las multas en materia de competencia, la Comisión no está obligada a realizar el cálculo partiendo de importes basados en el volumen de negocios de las empresas implicadas, ni a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas a dichas empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global o a su volumen de negocios en el mercado del producto de que se trate.

A este respecto, el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 tampoco exige que, en el supuesto de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, el importe de la multa impuesta a una empresa pequeña o mediana no sea superior, en porcentaje de volumen de negocios, al de las impuestas a las empresas más grandes. En efecto, de dicho precepto se desprende que, tanto en el caso de las empresas pequeñas o medianas como en el de las de mayor tamaño, procede tener en cuenta, para calcular el importe de la multa, la gravedad y la duración de la infracción. En la medida en que la Comisión imponga a cada una de las empresas implicadas en la misma infracción una multa que esté justificada en función de la gravedad y de la duración de la infracción, no puede reprochársele que las cuantías de las multas de algunas de ellas sean superiores, en porcentaje del volumen de negocios, a las de las otras empresas.

Dichos principios se aplican incluso cuando las empresas estén en la misma situación respecto a los factores relativos a la gravedad y a la duración de la infracción.

(véanse los apartados 73 a 75)

7. Para que una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia pueda considerarse deliberada, no es necesario que la empresa tuviera conciencia de infringir estas normas; es suficiente que no pudiera ignorar que el objeto de la conducta que se le imputa era restringir la competencia.

La Comisión está facultada, por tanto, cuando calcula el importe de las multas, a no tomar en consideración el hecho de que la empresa afectada no disponga de un servicio jurídico.

(véanse los apartados 82 y 83)

8. La Comisión no está obligada a reducir las multas en materia de competencia cuando actúa por vez primera en un determinado sector y nada la obliga a reducir las multas cuando las empresas afectadas sean pequeñas y medianas empresas. El tamaño de las empresas ya se tiene en cuenta a través del límite fijado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y de lo establecido en las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA. Más allá de lo anterior, no existe razón alguna para tratar a las pequeñas y medianas empresas de forma diferente que al resto de empresas. El hecho de que las empresas sean pequeñas y medianas empresas no las exime de su deber de cumplir las normas sobre la competencia.

(véase el apartado 84)

9. Si bien el importe de la multa impuesta por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia debe ser proporcionado en relación con la duración de la infracción y los demás elementos que puedan incluirse en la apreciación de la gravedad de la infracción, entre los que figura el beneficio que la empresa de que se trate haya podido obtener de sus prácticas, el hecho de que una empresa no haya obtenido ningún beneficio de la infracción no puede impedir que se imponga una multa, so pena de privar a ésta de su carácter disuasorio. De ello resulta que, a efectos de determinar el importe de las multas, la Comisión no está obligada a tomar en consideración la inexistencia de beneficio derivado de la infracción de que se trate.

A este respecto, aunque la Comisión pueda, a tenor del número 2, párrafo primero, quinto guión, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, y en concepto de circunstancias agravantes, incrementar la sanción para rebasar el importe de las ganancias ilícitas realizadas gracias a la infracción, esto no implica que la Comisión se haya impuesto, en adelante, la obligación de demostrar en todo caso, a los efectos de la determinación del importe de la multa, la ventaja económica derivada de la infracción imputada. En otras palabras, no cabe considerar que la inexistencia de dicha ventaja sea una circunstancia atenuante.

(véanse los apartados 89 a 91)

10. Para la determinación del importe de la multa impuesta por la infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, no debe atribuirse ni al volumen de negocios global de la empresa ni a la parte de dicho volumen que procede de las mercancías objeto de la infracción una importancia desproporcionada en relación con los demás elementos de apreciación, de forma que la fijación de una multa apropiada no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global, en particular cuando las mercancías de que se trata sólo representan una pequeña fracción de ese volumen.

(véase el apartado 99)

11. No vulnera el principio de proporcionalidad ni el de igualdad de trato el hecho de que, en el cálculo del importe de las multas por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, para tener en cuenta la capacidad económica de las empresas afectadas y fijar la multa a un nivel que asegure un efecto disuasorio suficiente, la Comisión incluya a una empresa en un grupo de otras empresa cuyo volumen de negocios global sea superior, de modo que a todas se les imponga el mismo punto de partida, cuando las distintas empresas hayan sido incluidas en el mismo grupo porque sus volúmenes de negocios y sus cuotas en el mercado afectado sean muy similares y cuando, en el caso concreto, la diferencia entre el tamaño de la empresa afectada y el de las demás empresas de que se trata no sea tan importante como para que deba ser clasificada en un grupo distinto.

(véanse los apartados 69, 111 y 112)