Cuando una empresa no cumple una decisión de compromisos, en el sentido del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 1/2003, la Comisión no está obligada a reabrir el procedimiento contra dicha empresa, en virtud del artículo 9, apartado 2, de dicho Reglamento, sino que dispone de una facultad de apreciación a este respecto. Asimismo, dispone de una facultad de apreciación respecto de la aplicación del artículo 23, apartado 2, letra c), y del artículo 24, apartado 1, letra c), del Reglamento no 1/2003, por cuya virtud puede imponer multas sancionadoras o multas coercitivas a las empresas cuando no respeten un compromiso dotado de fuerza vinculante por una decisión adoptada con arreglo al artículo 9, apartado 1, del mismo Reglamento.

Habida cuenta de que la finalidad de la facultad de la Comisión de convertir compromisos en obligatorios en virtud del artículo 9 del Reglamento no 1/2003 consiste también en garantizar el cumplimiento de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE y de que las competencias previstas en el artículo 9, apartado 2, en el artículo 24, apartado 1, letra c), y en el artículo 23, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento tienen por objeto garantizar el cumplimiento de tales compromisos, el Tribunal estima que los principios relativos a las decisiones de desestimación de una denuncia por infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE se aplican igualmente en un caso en el que se pone en conocimiento de la Comisión el eventual incumplimiento de un compromiso y en el que ésta debe decidir si reabre el procedimiento.

Pues bien, toda vez que la Comisión debe apreciar si conviene a los intereses de la Unión seguir examinando una denuncia a la luz de los elementos de hecho y de Derecho pertinentes del caso concreto, ha de tener en cuenta que la situación puede presentarse de distinta manera en función de si dicha denuncia se refiere al eventual incumplimiento de una decisión de compromisos o a una eventual infracción de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE. En efecto, dado que un incumplimiento de los compromisos es generalmente más fácil de probar que una infracción de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE, el alcance de las medidas de investigación necesarias para demostrar tal incumplimiento de los compromisos será, en principio, más limitado.

Sin embargo, no cabe deducir de lo anterior que, en tal caso, la Comisión debe reabrir el procedimiento e imponer una multa sancionadora o una multa coercitiva sistemáticamente. Tal enfoque tendría como consecuencia la transformación de las competencias que posee en virtud del artículo 9, apartado 2, del artículo 23, apartado 2, letra c), y del artículo 24, apartado 1, letra c), del Reglamento no 1/2003 en competencias regladas, lo que no sería conforme con el tenor de dichas disposiciones.

En este contexto, nada se opone a que la Comisión tenga en cuenta las medidas que una autoridad nacional de competencia adoptó en contra de una empresa, si aprecia que conviene a los intereses de la Unión reabrir el procedimiento contra dicha empresa por incumplimiento de sus compromisos, a fin de imponerle una multa sancionadora o una multa coercitiva. Por el contrario, deben tenerse en cuenta en la medida en que las competencias de la Comisión en virtud del artículo 9, apartado 2, del artículo 23, apartado 2, letra c), y del artículo 24, apartado 1, letra c), del Reglamento no 1/2003 le fueron conferidas con vistas a su misión de velar por la observancia de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.

(véanse los apartados 62 a 64 y 68)