Palabras clave

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Palabras clave

1 Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites - Exposición, durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, de unos hechos diferentes de los descritos en la resolución de remisión - Obligación del Tribunal de Justicia de atenerse a los hechos que se deducen de la resolución de remisión

[Tratado CE, art. 177; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 20]

2 Libre circulación de mercancías - Excepciones - Existencia de Directivas de aproximación - Efectos - Protección del derecho de la marca garantizada por una legislación nacional en caso de puesta en circulación de un producto en un Estado miembro por el titular o con su consentimiento - Apreciación a la luz de la Directiva 89/104/CEE

(Tratado CE, arts. 30 y 36; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7)

3 Actos de las Instituciones - Directivas - Ejecución por los Estados miembros - Necesidad de garantizar la eficacia de las Directivas - Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales

4 Aproximación de las legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Producto originario de un país tercero puesto en circulación en un Estado miembro por el titular de la marca o con su consentimiento - Adquisición lícita por un comerciante independiente - Importación, sin transformación y sin modificación del embalaje, en otro Estado miembro - Derechos de marca en los dos Estados miembros en posesión del mismo grupo - Oposición a la importación por parte del titular de la marca - Improcedencia con arreglo al principio del agotamiento del derecho de marca

(Tratado CE, arts. 30 y 36; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, aps. 1 y 2)

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5 Para responder a la cuestión prejudicial que le ha sido planteada, el Tribunal de Justicia no puede basarse en los elementos de hecho que le han sido presentados durante el procedimiento y que difieren de los descritos en la resolución de remisión. Si lo hiciese, tendría que tomar posición respecto de un problema de principio sobre el que no ha tenido que pronunciarse hasta ahora, basándose en unos elementos de hecho que deberían haberse precisado para poder dar una respuesta útil. Además, cuando la cuestión que le ha sido sometida plantea un importante problema sobre el alcance de los derechos que confiere una marca al titular de ésta y que dicho titular, al no ser parte en el litigio principal, no puede presentar sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia, existen razones específicas que se oponen a que dicho Tribunal se aleje de los antecedentes de hecho tal como se deducen de la resolución de remisión. En cualquier caso, la modificación material de las cuestiones prejudiciales sería incompatible con la función que el artículo 177 del Tratado confiere al Tribunal de Justicia, así como con su obligación de garantizar que los Gobiernos de los Estados miembros y las partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia, habida cuenta de que, con arreglo a esta disposición, a las partes interesadas sólo se les notifica las resoluciones de remisión.

6 El artículo 7 de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, redactado en términos generales, regula de manera completa el agotamiento del derecho de marca por lo que se refiere a los productos comercializados en la Comunidad, de modo que las normas nacionales en la materia deben apreciarse a la luz de dicha disposición y no de los artículos 30 y 36 del Tratado, debiendo recordarse no obstante que la propia Directiva debe ser interpretada, como cualquier normativa de Derecho derivado, a la luz de las normas del Tratado, en este caso las relativas a la libre circulación de mercancías.

7 Al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a una Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para conseguir el resultado perseguido por ésta.

8 El artículo 7 de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, que está redactado en términos que corresponden a los empleados por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia que, al interpretar los artículos 30 y 36 del Tratado, ha reconocido en Derecho comunitario el principio del agotamiento del derecho de marca, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una norma nacional en un primer Estado miembro en virtud de la cual el titular de un derecho de marca puede impedir la importación de un producto protegido por la marca en una situación en la que

- el producto ha sido fabricado en un país tercero,

- ha sido importado en un segundo Estado miembro por el titular de la marca o por otra sociedad que pertenece al mismo grupo que el titular de la marca,

- ha sido adquirido lícitamente en el segundo Estado miembro por un comerciante independiente que lo ha exportado al primer Estado miembro,

- no ha sido objeto de ninguna transformación y el envase no ha sido modificado, salvo la inclusión en la etiqueta de determinadas menciones exigidas por la legislación del Estado miembro de importación, y

- los derechos de marca en ambos Estados miembros son propiedad del mismo grupo.

Por una parte, en efecto, el principio de agotamiento del derecho, establecido en el artículo 7, opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados, en particular, como filiales del mismo grupo. Por otra, no importa que el producto protegido por la marca haya sido fabricado o no en un país tercero cuando, de todos modos, ha sido comercializado lícitamente en el mercado del Estado miembro del que ha sido importado por el titular de la marca o con su consentimiento, e incluso por otra sociedad perteneciente al mismo grupo que éste. Por último, el mero hecho de añadir a la etiqueta informaciones tales como las descritas con anterioridad no puede constituir un motivo legítimo en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, siempre que la etiqueta así modificada no omita determinadas informaciones o no mencione informaciones inexactas o no se presente de tal modo que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular.