6.

Una vez analizadas las excepciones de inadmisibilidad que han sido propuestas contra los recursos principales, se puede pasar ahora al examen de los problemas de fondo. Pienso que, dada la naturaleza de los recursos, procede ante todo determinar cuál es la ilegalidad por la que debe responder la Comunidad y en qué medida puede decirse que dicha ilegalidad ha sido ya declarada. En la sucesión de acontecimientos que han conducido a los presentes asuntos, han tenido una importancia determinante las siguientes circunstancias: ante todo, la supresión de las restituciones para el quellmehl y el gritz, conforme a los Reglamentos nos 1125/74 y 665/75; a continuación, las sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 1977; por último, los Reglamentos del Consejo y de la Comisión que volvieron a establecer las restituciones para los dos productos mencionados a partir del 19 de octubre de 1977. Como es sabido, las sentencias mencionadas declararon la ilegalidad de la supresión de las restituciones debido a que no se respetó el principio de igualdad (véanse los asuntos acumulados, antes citados, 117/76 y 16/77, apartados 10 y 11; y 127/76 y 20/77, apartados 23 y 24). La ilegalidad respecto a la que se trata de determinar si la Comisión es responsable de los daños causados es precisamente ésta: al modificar el artículo 11 del Reglamento no 120/67 a través de los Reglamentos no 1125/74 y no 665/75, ¿han violado las Instituciones comunitarias el principio general de igualdad «que forma parte de los principios generales del Derecho comunitario» (apartados 7 y 16 de las dos sentencias mencionadas, respectivamente)? Esto es lo que han afirmado las demandantes en repetidas ocasiones, pero su postura no siempre ha resultado coherente con dicha afirmación, en la medida en que a veces han desplazado el acento a la supuesta ilegalidad de los Reglamentos del Consejo no 1125/78 y no 1127/78 (y del Reglamento de aplicación de la Comisión no 1570/78). Al volver a establecer las restituciones sólo a partir del 19 de octubre de 1977, dichos Reglamentos permitieron que subsistiera, respecto al período anterior, la situación de ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia y, por lo tanto, incumplieron tanto el principio de igualdad (por segunda vez) como la sentencia de 19 de octubre de 1977. En mi opinión hay que evitar caer en el equívoco de unir los recursos de indemnización al incumplimiento de una hipotética obligación de la Comunidad de volver a establecer de forma retroactiva las restituciones suprimidas, que resultaría de las sentencias de 19 de octubre de 1977, antes mencionadas. Las partes demandantes aciertan al objetar que las sentencias de que se trata no imponen dicha obligación, ya que se limitan a investir a las Instituciones comunitarias competentes de la facultad y el deber de «adoptar las medidas necesarias para solucionar dicha incompatibilidad». No cabe duda de que los Reglamentos nos 1125/78 y 1127/78, así como el Reglamento de aplicación no 1570/78, son medidas destinadas a solucionar la ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia: basta con leer los considerandos segundo y tercero del Reglamento no 1125/78, que se refieren a las sentencias que he mencionado repetidas veces y declaran que «la concesión de una restitución a la producción para los productos de que se trata constituye un medio para atenerse a las conclusiones del Tribunal de Justicia». El hecho de que tales medidas puedan ser inadecuadas no hace que puedan considerarse ilegales, en la medida en que se establezcan en contra de las sentencias mencionadas: más exactamente, deben considerarse un medio -no necesariamente un medio suficiente— para atenerse a las sentencias del Tribunal de Justicia y, por lo tanto, un medio que podría haber solucionado sólo en parte la situación de ilegalidad creada por los Reglamentos de 1974 y de 1975, sin producir, no obstante, con ello una nueva ilegalidad. Me falta por resolver un problema de carácter formal que produce consecuencias de principio importantes. Las sentencias de 19 de octubre de 1977 se dictaron en procedimientos prejudiciales; por esta razón, la declaración de la violación del principio de igualdad iba dirigida, en primer lugar, a producir efectos frente a los Jueces nacionales que habían planteado los asuntos ante el Tribunal de Justicia y en el marco de los procedimientos que dieron lugar a las cuestiones prejudiciales. Pero ¿qué efectos deben reconocerse a esta declaración fuera de dicho marco y, más concretamente, en el marco de los presentes asuntos? Este Tribunal de Justicia conoce las dudas de la doctrina respecto a la existencia o no de efectos erga omnes como consecuencia de la declaración de invalidez de actos comunitarios por parte del Tribunal de Justicia en virtud del artículo 177 del Tratado y también los principales argumentos que se han formulado en apoyo de una respuesta afirmativa o negativa: por un lado, la dificultad para considerar que un acto es válido (en el caso de autos, legal) respecto a algunos e inválido (o ilegal) respecto a otros; por otra parte, al contrario, la diferencia entre el recurso de anulación y el procedimiento al amparo del artículo 177. No me parece oportuno detenerme ahora en los datos teóricos del problema; sólo deseo indicar que encuentro bastante singular la tendencia a atribuir a las sentencias prejudiciales «en principio» efectos relativos, añadiendo a continuación que, en la práctica, producen efectos erga omnes, como si los juristas no tuvieran que adaptar sus conceptos a la práctica ni elaborarlos teniendo en cuenta esta última. A los efectos de los presentes asuntos, la circunstancia que, en mi opinión, merece una atención particular es la siguiente: últimamente, por dos veces, el Tribunal de Justicia se ha basado en sus propias decisiones mediante las que se declara con carácter prejudicial la ilegalidad de algunos Reglamentos concretos del Consejo para resolver recursos de indemnización interpuestos por sujetos distintos de las partes en los procesos nacionales en el marco de los cuales se dictaron las decisiones prejudiciales. Me refiero a la sentencia de 25 de mayo de 1978, HNL/Consejo y Comisión, «leche en polvo» (asuntos acumulados 83/76 y 94/76, 4/77,15/77 y 40/77,↔ Rec. p. 1209)-relativa a la responsabilidad de las Instituciones comunitarias por la adopción del Reglamento no 563/73 declarado inválido mediante tres sentencias de 5 de julio de 1977, Bela Mühle (114/76, Rec. p. 1211); Granaría (116/76, Rec. p. 1247), y Ölmühle y Becher (asuntos acumulados 119/76 y 120/76, Rec. p. 1269)— y a la sentencia de 28 de marzo de 1979 en el asunto 90/78, relativa a la responsabilidad de la Comunidad por la supresión de las restituciones en favor del quellmehl, supresión declarada ilegal, como es sabido, mediante la sentencia antes citada. En las dos sentencias mencionadas, no se ponía en duda, a los efectos del procedimiento de indemnización, el valor de las decisiones prejudiciales anteriores que habían declarado inválidos determinados Reglamentos. Aunque no se quiera ver aquí una confirmación de la teoría del efecto erga omnes que se atribuye a este tipo de decisión, al menos se puede considerar que el Tribunal de Justicia ha admitido que cualquiera que se considere lesionado por actos comunitarios declarados inválidos mediante una sentencia dictada al amparo del artículo 177 tiene derecho a iniciar el procedimiento previsto por los artículos 178 y 215 del Tratado, sin necesidad de alegar de nuevo la ilegalidad del acto, es decir, la fuente de la responsabilidad comunitaria. Si ello es así, tal como pienso, se justifica la afirmación de que el objeto de los presentes recursos queda limitado a la existencia o no de responsabilidad comunitaria frente a las demandantes como consecuencia de la violación del principio de igualdad que resulta de la supresión de las restituciones para el quellmehl y el gritz durante el período mencionado en diversas ocasiones, dado que procede considerar que las sentencias de 19 de octubre de 1977 declararon la existencia de la ilegalidad que consiste precisamente en dicha violación. En consecuencia, está de más discutir de nuevo problemas que fueron analizados y resueltos en el marco de los asuntos a los que ponen fin estas sentencias. Me refiero, entre otras, a la cuestión de la posibilidad efectiva de sustituir el gritz por el almidón de maíz para la fabricación de cerveza, que ha sido planteada de nuevo por el representante del Consejo: negar dicha posibilidad no puede ser de utilidad cuando se trata de negar que ambos productos tengan derecho a un trato igual, dado que el Tribunal de Justicia ha reconocido dicho derecho. Me parece oportuno aclarar ahora otro punto, relativo a los efectos en el tiempo de las declaraciones de invalidez o de ilegalidad de actos comunitarios dictadas al amparo del artículo 177 del Tratado. Generalmente se afirma que dichas declaraciones producen un efecto ex nunc, o más precisamente que el acto inválido se hace inaplicable a la situación jurídica objeto de litigio. No obstante, una declaración de invalidez o de ilegalidad acompañada de un efecto ex nunc no ofrecería base alguna para los recursos de indemnización de daños anteriores, de forma que sería inútil que los sujetos interesados en interponer tales recursos hicieran referencia a la decisión prejudicial que declaró la existencia de ilegalidad. Considero que esta consecuencia es improcedente y que la hipótesis correcta es, mas bien, la que yo he señalado: en realidad, el efecto ex nunc de las decisiones prejudiciales se ha considerado siempre en relación con la falta de aplicabilidad de los actos declarados inválidos, mientras que, si se acepta que dichas decisiones pueden producir efectos también con respecto a los recursos de indemnización interpuestos por otros sujetos, debe admitirse que la invalidez o la ilegalidad pueden ser declaradas ex tunc. A este respecto, hay que recordar que las sentencias de este Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 1977 en los asuntos del quellmehl y del gritz mencionan la posibilidad de «reparar el perjuicio que se haya podido causar a los interesados»; de esta forma, establecen una consecuencia que únicamente se explica si se atribuyen efectos ex tunc a la declaración de ilegalidad contenida en dichas sentencias.