La finalidad del artículo 24 del Estatuto consiste en dar a los funcionarios y agentes una seguridad respecto al presente y al futuro para permitirles, en interés general del servicio, cumplir mejor sus funciones. En consecuencia, el deber de asistencia de una institución tiene por objeto tanto la protección de su personal como la defensa de sus propios intereses y se basa, por lo tanto, en el postulado de una comunidad de intereses. De este modo, la administración no puede estar obligada a asistir a un funcionario de quien se sospecha que ha incumplido gravemente sus obligaciones profesionales y que puede ser objeto por ello de diligencias disciplinarias. Asimismo, el artículo 24 del Estatuto impone a la administración el deber de intervenir con toda la energía necesaria ante un incidente incompatible con el orden y la serenidad del servicio. Más en particular, la obligación de asistencia impuesta por el artículo 24 del Estatuto se refiere a la defensa de los funcionarios, por parte de su institución, contra los comportamientos de terceros, y no contra los actos que emanen de la propia institución, cuyo control se contempla en otras disposiciones del Estatuto.

La motivación de un acto lesivo debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de que se trate y debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular, del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios del acto u otras personas afectadas directa e individualmente por éste puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto es suficiente debe apreciarse en relación no sólo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. En particular, un acto lesivo está suficientemente motivado cuando se ha producido en un contexto conocido por el interesado que le permite comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él.

En consecuencia, una motivación es suficiente siempre que exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que revistan importancia decisiva en la lógica interna de la decisión, de manera que la administración no está obligada a facilitar las razones de su motivación.

En cualquier caso, la motivación de un acto debe ser suficiente, no exhaustiva, y basta que la administración exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que revistan importancia decisiva en la lógica interna de la decisión. Por consiguiente, la imprecisión de un elemento de la motivación que no reviste carácter determinante no afecta a la validez del acto impugnado.

(véanse los apartados 38, 39 y 41)

Tribunal de Justicia: sentencias de 25 de noviembre de 1976, Küster/Parlamento, 123/75, EU:C:1976:162, apartado 33, y de 22 de diciembre de 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, apartado 70

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 11 de julio de 2007, Sison/Consejo, T‑47/03, EU:T:2007:207, apartado 188, y la jurisprudencia citada

Tribunal de la Función Pública: sentencias de 29 de septiembre de 2011, AJ/Comisión, F‑80/10, EU:F:2011:172, apartado 117, y la jurisprudencia citada, y de 6 de marzo de 2013, Scheefer/Parlamento, F‑41/12, EU:F:2013:31, apartado 30