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En apoyo de su recurso, IBM alega que los actos impugnados no respetan las exigencias mínimas fijadas para tales actos y que no permitieron que IBM se defendiera, debido al contenido defectuoso del pliego de cargos, a la insuficiencia de los plazos señalados y a la reserva que hizo la Comisión de formular posteriormente otros cargos. Además, IBM considera que los actos impugnados constituyen un ejercicio ilegal de las facultades de la Comisión, ya que no fueron objeto de una decisión de todos los miembros de la Comisión actuando colegialmente, cuando no existe una correspondiente delegación de facultades ni puede existir legalmente, en cualquier caso, sin publicación o notificación conforme a Derecho. Por último, IBM afirma que los actos impugnados infringen la norma de «cortesía» (comity) y de no injerencia del Derecho internacional, norma que la Comisión debería haber tenido en cuenta antes de adoptar los actos de que se trata, ya que la conducta que se imputa a IBM se sitúa, fundamentalmente, fuera de la Comunidad, en particular en los Estados Unidos de América, donde también es objeto de actuacionesjudiciales.
Tratado, al importador exclusivo para un Estado miembro, filial cuyo control y capital están íntegramente en manos de la empresa fabricante de los aparatos de que se trata y que presentó la solicitud de importación en régimen de franquicia. En estas circunstancias, sería dar prueba de excesivo formalismo exigir que fuera la sociedad matriz, y no el importador exclusivo de forma individual, la que interpusiera ante el Tribunal de Justicia el recurso de anulación dirigido contra la Decisión o que el importador exclusivo actuara junto con las demás filiales importadoras de la Comunidad, debido a que la Decisión impugnada no afecta únicamente a la importación de los aparatos de que se trata, sino a la de todos los objetos de modelos idénticos en toda la Comunidad.

Una Decisión notificada a todos los Estados miembros, mediante la cual la Comisión declara que la importación de determinados aparatos no puede realizarse en régimen de franquicia de los derechos del Arancel Aduanero Común, afecta individualmente, a efectos del párrafo segundo del artículo 173 del

En consecuencia, no basta con que los Estados miembros, en su condición de destinatarios de una Decisión por la que se declara que la importación de determinados aparatos no puede realizarse en régimen de franquicia de los derechos del Arancel Aduanero Común, conozcan las razones en que ésta se basa debido a su participación en el procedimiento preparatorio y que un importador, en su condición de persona directa e individualmente afectada, pueda deducirlas comparando la Decisión de que se trata con Decisiones anteriores similares.

Al imponer a la Comisión la obligación de motivar sus Decisiones, el artículo 190 del Tratado no responde solamente a un afán formal, sino que tiene por objeto ofrecer a las partes la posibilidad de defender sus derechos, al Tribunal de Justicia, la de ejercer su control, y a los Estados miembros destinatarios, así como a cualquier nacional interesado, la de conocer las circunstancias en que la Comisión ha aplicado el Tratado.

Aunque, en el marco de un recurso de anulación dirigido contra una Decisión de la Comisión por la que se declara que la importación de determinados aparatos no puede realizarse en régimen de franquicia de los derechos del Arancel Aduanero Común debido a su carácter no científico, no corresponde al Tribunal de Justicia declarar el carácter científico de los aparatos de que se trata, esta Institución sí es, por el contrario, competente para controlar si los criterios aplicados por la Comisión se adecúan a la normativa comunitaria y si, al aplicar tales criterios, la Comisión tuvo en cuenta las características objetivas del producto al que se refiere la Decisión impugnada.
La distinción subyacente en el artículo 36 del Tratado entre la existencia de un derecho reconocido por la legislación de un Estado miembro en materia de protección de la propiedad artistica e intelectual, que no puede verse afectada por las disposiciones del Tratado, y su ejercicio, que podría constituir una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, se aplica también cuando este derecho se ejerce en el marco de la circulación de los servicios.

Si bien los derechos de autor sobre una película y el derecho de representación que deriva de ellos no incurren por sí mismos en las prohibiciones del artículo 85 del Tratado, su ejercicio puede, sin embargo, incurrir en dichas prohibiciones, en un contexto económico o jurídico cuyo efecto fuera restringir de manera sensible la distribución de películas o falsear la competencia en el mercado cinematográfico, teniendo en cuenta las particularidades de éste.

Por lo que se refiere más especialmente a un contrato que concede un derecho exclusivo de representación de una película durante un período determinado en el territorio de un Estado miembro, por parte del titular de los derechos de autor sobre la misma obra, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales proceder a las comprobaciones necesarias y, en particular, poner en claro si el ejercicio del derecho exclusivo de representación no crea barreras artificiales e injustificadas respecto a las necesidades de la industria cinematográfica o la posibilidad de cánones que superen una justa remuneración de las inversiones realizadas o una exclusiva de duración excesiva en relación con estas exigencias y si, de manera general, este ejercicio en un área geográfica determinada no puede impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el interior del mercado común.
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La resolución de remisión no cita expresamente los dos primeros apartados del artículo 106. No obstante, dado el supuesto objetivo de la importación de la suma de que se trata, estos dos apartados ofrecen interés en el contexto de la tercera cuestión. A tenor de estas disposiciones, los Estados miembros se comprometen a autorizar, una vez transcurrido el período transitorio, los pagos relacionados, entre otras cosas, con los intercambios de mercancías. Así pues, los dos primeros apartados del artículo 106 tienen por obj eto garantizar la libre circulación efectiva de las mercancías, autorizando todas las transferencias monetarias necesarias para ésta. Por el contrario, estas disposiciones no obligan a los Estados a autorizar la importación y la exportación de billetes de banco para efectuar operaciones comerciales siempre que dichas transferencias no sean necesarias para la libre circulación de mercancías. En el marco de operaciones comerciales, esta modalidad de transferencia, que, por otra parte, no se acomoda a los usos, no puede considerarse una respuesta a tal necesidad.
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El Protocolo, a tenor del artículo 65 del Convenio, forma parte integrante de este último. El ámbito de aplicación del Convenio, definido en su artículo 1, se limita a la materia civil y mercantil. Es conveniente, pues, preguntarse en primer lugar por la razón de la inserción en un Convenio en materia civil y mercantil de una norma sobre el proceso penal como la constituida por el artículo II del Protocolo, según el cual: «Sin perjuicio de las disposiciones nacionales más favorables, las personas domiciliadas en un Estado contratante y perseguidas por infracciones involuntarias ante los tribunales de lo penal de otro Estado contratante del que no sean nacionales podrán defenderse por medio de las personas habilitadas a tal fin, incluso si ellas no comparecen personalmente. No obstante, el Juez o tribunal interviniente podrá ordenar que se comparezca en persona; si esto no tiene lugar, la resolución que se adopte sobre la acción civil sin que la persona encausada haya tenido la posibilidad de defenderse podrá no ser reconocida ni ejecutada en los demás Estados contratantes.»
Las disposiciones relativas a las garantías de procedimiento previstas por el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento no 17 y por el Reglamento no 99/63 aplican un principio fundamental del Derecho comunitario que exige el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento, incluso de carácter administrativo, y que implica, en particular, que la empresa interesada, en el transcurso del procedimiento administrativo, tenga la oportunidad de dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias alegados, así como sobre los documentos en que se basa la Comisión para alegar la existencia de una infracción del Tratado.

La notificación de las prácticas colusorias no constituye una formalidad impuesta a las empresas, sino un requisito indispensable para conseguir determinadas ventajas. Con arreglo a la letra a) del apartado 5 del artículo 15 del Reglamento no 17, no se puede imponer ninguna multa por actuaciones posteriores a la notificación, siempre que tales actuaciones se encuentren dentro de los límites de la actividad descrita en la notificación. Ahora bien, esta ventaja en favor de las empresas que hayan notificado un acuerdo o una práctica concertada constituye la contrapartida del riesgo que corre la empresa al denunciar ella misma el acuerdo o la práctica concertada. En efecto, esta empresa se arriesga no soló a que se declare que el acuerdo o la práctica citados infringen el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, y se le deniegue la aplicación del apartado 3, sino también a que se le sancione con una multa por sus actuaciones anteriores a la notificación. Con mayor razón, una empresa que no haya querido correr este riesgo no puede alegar, en contra de una multa impuesta por una infracción no notificada, la hipotética posibilidad de que la notificación habría podido dar lugar a una exención.
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De las apreciaciones realizadas por el tribunal se desprende además, que es necesario hacer una distinción, por lo que se refiere a los cánones exigibles por la ejecución pública de la música de una película, entre los territorios en los que tiene lugar el cobro directo por parte de la SACEM y los territorios en los que no es éste el caso. Según la terminología utilizada por la SACEM, estos últimos territorios reciben el nombre de «países no estatutarios». La demanda de la SACEM se refiere solamente a los cánones exigibles por la ejecución pública en los «países no estatutarios». Greenwich Film y Labrador acordaron que, en caso de que Greenwich Film fuera obligada a pagar a la SACEM determinadas cantidades en relación con los derechos del compositor y del editor en dichos territorios, la cantidad correspondiente a la parte del «editor», le sería íntegramente reembolsada por Labrador.
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Las disposiciones del Reglamento no 1162/76 deben examinarse en el contexto de la organización común del mercado vitivinícola, estrechamente vinculada a la política estructural seguida por la Comunidad en este terreno. Estos objetivos aparecen en el Reglamento (CEE) no 816/70 del Consejo, de 28 de abril de 1970, que establece disposiciones complementarias en materia de organización común del mercado vitivinícola (DO L 99, p. 1) y constituye la base del Reglamento impugnado, así como en el Reglamento (CEE) no 337/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979, relativo a la organización común del mercado vitivinícola (DO L 54, p. 1; EE 03/15, p. 160), que codifica el conjunto de las disposiciones que regulan la organización común de mercados. El Título III de este Reglamento, relativo a las «normas sobre producción y control del desarrollo de las plantaciones», constituye actualmente el marco jurídico de la materia. Otro dato que permite reconocer la política comunitaria seguida en este terreno es la Resolución del Consejo, de 21 de abril de 1975, relativa a las nuevas orientaciones para equilibrar el mercado de vinos de mesa (DO C 90, p. 1).
Asunto 155/79

AM & S Europe Limited

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Protección de la confidencialidad»

Sumario de la sentencia

(Reglamento no 17 del Consejo, art. 14)

(Reglamento no 17 del Consejo, art. 14)

(Reglamento no 17 del Consejo, art. 14)

Competencia — Procedimiento administrativo — Facultades de verificación de la Comisión — Facultad de exigir la presentación de aquellos documentos que estime necesario conocer — Facultad de decidir si un documento debe presentarse o no

(Reglamento no 17 del Consejo, art. 14)

El apartado 1 del artículo 14 del Reglamento no 17 habilita a la Comisión, al efectuar una inspección en una empresa, para exigir la presentación de «documentos profesionales», esto es, de aquellos documentos ligados a la actividad mercantil de la empresa, especialmente en lo relativo al respeto de las normas reguladoras de la competencia. En la medida en que se refiera a dicha actividad, la correspondencia mantenida entre Abogado y cliente entra dentro de esta categoría de documentos.

Dado que, en virtud del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento no 17, la Comisión está facultada para exigir la presentación de los documentos que estime «necesario» conocer para poder comprobar la existencia de una infracción a las normas del Tratado reguladoras de la competencia, corresponde en principio a la propia Comisión, y no a la empresa interesada o a un tercero, decidir si un determinado documento debe serle presentado o no.

Los Derechos internos de los Estados miembros protegen, en condiciones similares, la confidencialidad de la correspondencia entre el Abogado y su cliente, siempre que, por un lado, se trate de correspondencia mantenida en el marco y en interés de la defensa del cliente y, por otro lado, se trate de Abogados independientes, es decir, de Abogados no vinculados al cliente mediante una relación laboral. En este contexto, el Reglamento no 17 debe interpretarse en el sentido de que también protege la confidencialidad de la correspondencia entre Abogado y cliente, siempre que se cumplan estos dos requisitos, recogiendo, así, los elementos constitutivos de esta protección comunes a los Derechos de los Estados miembros. Para poder ser eficaz, esta protección debe entenderse en el sentido de que ampara de pleno Derecho cualquier correspondencia mantenida una vez ya incoado el procedimiento administrativo regulado en el Reglamento no 17, que puede dar lugar a una Decisión de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado o de imposición a la empresa de una sanción pecuniaria. La protección deberá poder extenderse igualmente a la correspondencia anterior relacionada con el objeto de dicho procedimiento. Tal protección debe aplicarse indistintamente a todos los Abogados habilitados para ejercer en algún Estado miembro, cualquiera que sea el de residencia del cliente. Sin embargo, el principio de confidencialidad no se opone a que el cliente de un Abogado revele la correspondencia mantenida entre ambos si lo considera oportuno.
1

Mediante escrito de 21 de diciembre de 1978, registrado en el Tribunal de Justicia el día siguiente, la Comisión solicitó, con arreglo al párrafo segundo del artículo 169 del Tratado CEE, que se declarase que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Tratado y del artículo 14 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 2/71 del Consejo, de 2 de enero de 1971, porei que se aplica la Decisión de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos propios de las Comunidades (DO L 3, p. 1), sustituido actualmente por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 2891/77 del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 (DO L 336, p. 1; EE 01/02, p. 76), al negarse a asociar a la Comisión a determinados controles en materia de liquidación y puesta a disposición de los recursos propios de la Comisión y a comunicarle los resultados obtenidos.
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Mediante recurso presentado el 31 de julio de 1978 contra el Consejo de las Comunidades Europeas, con arreglo al artículo 173 del Tratado CEE, el Gobierno de la República Italiana solicitó la anulación de las disposiciones relativas a una prima que debía pagarse a los fabricantes de fécula de patata, contenidas en los Reglamentos del Consejo (CEE) no 1125/78, de 22 de mayo de 1978, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2727/75, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales, y no 1127/78, de 22 de mayo de 1978, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2742/75, relativo a las restituciones a la producción en el sector de los cereales y del arroz (DO L 142, p. 24; EE 03/14, p. 62).
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que, sin embargo, por lo que respecta a los alcoholes etílicos utilizables o consumibles directamente y a los aguardientes y bebidas espiritosas procedentes de otros Estados miembros, se puso fin al monopolio de importación, en particular mediante el Decreto no 74-91, de 6 de febrero de 1974, adoptado en aplicación del artículo 37 del Tratado, en el marco de la adecuación del monopolio, de tal manera que, tras la entrada en vigor del mencionado Decreto, estos alcoholes, aguardientes y bebidas espiritosas pueden importarse de los demás Estados miembros y comercializarse en Francia, mediante el pago de determinados cánones que no son objeto del procedimiento principal.
1

Considerando que, mediante resolución de 22 de marzo de 1978, el tribunal de Paris planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión sobre la validez e interpretación del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 499/76 de la Comisión, de 5 de marzo de 1976, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 193/75 por el que se establecen modalidades comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, exportación y fijación anticipada a los productos agrícolas (DO L 59, p. 18);
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Considerando que los antecedentes de hecho del litigio plantean la cuestión de si una cláusula como la que figura en el contrato celebrado entre las partes en el litigio principal y que origina la presente cuestión prejudicial, al supeditar la legalidad de la resolución del contrato a una decisión del Tribunal de Justicia, es nula en la medida en que es incompatible con las disposiciones citadas; que, no obstante, el órgano jurisdiccional nacional no ha planteado una cuestión de este tipo y que, habida cuenta de lo que sigue, no es necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie de oficio a este respecto.
No puede exigirse, para la aplicación de esta disposición, que se aporte en cada caso la prueba estadística del efecto protector. Basta demostrar que un mecanismo fiscal determinado, habida cuenta de sus características propias, puede provocar el efecto protector mencionado en el Tratado. Sin subestimar la importancia de los elementos de apreciación que pueden desprenderse de datos estadísticos que permitan medir el efecto de un determinado régimen fiscal, la Comisión, en un procedimiento iniciado a instancia suya en virtud del artículo 169 del Tratado, no está obligada a proporcionar cifras sobre el alcance concreto del efecto protector del sistema fiscal controvertido.

Con el fin de determinar la existencia de una relación de competencia en la acepción del párrafo segundo del artículo 95, procede tomar en consideración no sólo el estado actual del mercado, sino también las posibilidades de evolución en el contexto de la libre circulación de las mercancías a nivel comunitario y las nuevas posibilidades de sustitución entre productos que pueda revelar la intensificación de los intercambios, de modo que se realcen plenamente los aspectos complementarios entre las economías de los Estados miembros, con arreglo a los objetivos establecidos en el artículo 2 del Tratado.

A efectos de la posible aplicación del párrafo segundo del artículo 95 del Tratado CEE, para medir el grado de posible sustitución entre dos productos, no hay que limitarse a los hábitos de consumo de un Estado miembro o de una región determinada. Dichos hábitos, esencialmente variables en el tiempo y en el espacio, no pueden considerarse un dato constante; por lo tanto, la política fiscal de un Estado miembro no debe servir para cristalizar determinados hábitos de consumo con el objeto de estabilizar una ventaja adquirida por las industrias nacionales dedicadas a satisfacer dichos hábitos.
Asunto 266/78

Bramo Brunori

contra

Landesversicherungsanstaltl: Rheinprovinz

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

«Seguridad Social de los artesanos»

Sumario de la sentencia

Seguridad Social de los trabajadores migrantes — Seguro de Vejez y Muerte — Afiliación -Requisitos — Aplicación de la legislación nacional

(Reglamento no 1408/71 del Consejo, art. 45)

El Reglamento no 1408/71 del Consejo tiene por objetivo únicamente garantizar una coordinación entre las normativas nacionales de Seguridad Social, cada una de las cuales establece las condiciones de afiliación a los distintos regímenes de Seguridad Social, incluidos los requisitos que hacen cesar la obligación. Por lo tanto, no cabe interpretar que dicho Reglamento y, en particular, su artículo 45 regula las condiciones en que nace o desaparece la obligación de afiliación, de modo que la solución a esta cuestión corresponde únicamente a las legislaciones nacionales.

Por consiguiente, el artículo 45 no es aplicable a la hora de determinar la existencia o inexistencia de una obligación de afiliación establecida por una legislación nacional.
Asuntos acumulados 173/78 y 174/78

Alberto Villano

contra

Nordwestliche Eisen- und Stáhl-Berufsgenossenschaft

y

Pasquale Barion

contra

Tiefbau-Berufsgenossenschaft

Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundessozialgericht

«Accidentes de trabajo sobrevenidos con posterioridad»

Sumario de la sentencia

Seguridad Social de los trabajadores migrantes — Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales — Valoración del grado de incapacidad — Consideración de los accidentes o de las enfermedades sobrevenidos con posterioridad bajo la legislación de otro Estado miembro — Obligación — Inexistencia

(Reglamentos del Consejo no 3, art. 30, ap. 1, y no 1408/71, art. 61, ap. 5)

El apartado 1 del artículo 30 del Reglamento no 3 y el apartado 5 del artículo 61 del Reglamento no 1408/71 imponen a la institución competente de un Estado miembro únicamente la obligación de tener en cuenta, como si se hubieran producido bajo la legislación de dicho Estado miembro, accidentes o enfermedades sobrevenidos con anterioridad bajo la legislación de otro Estado miembro, pero no la obligan a tener en cuenta, además, accidentes o enfermedades sobrevenidos con posterioridad bajo la legislación de otro Estado miembro.
En el ámbito de aplicación del Reglamento no 1408/71, el apartado 1 del artículo 7 del Tratado, tal como ha sido desarrollado por el artículo 48 del Tratado y por el apartado 1 del artículo 3 de dicho Reglamento, es directamente aplicable en los Estados miembros.

Al prohibir a todos los Estados miembros aplicar su Derecho de modo diferente por razón de la nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado, los artículos 7 y 48 no se refieren a las posibles desigualdades de trato que pueden resultar, entre un Estado y otro, de las diferencias existentes entre las distintas legislaciones nacionales, siempre que éstas afecten a todas las personas sujetas a su aplicación según criterios objetivos y sin tener en cuenta su nacionalidad.

Los artículos 7 y 48 del Tratado y el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento no 1408/71 no se oponen a que las instituciones de los Estados miembros asimilen hechos que, de producirse en el territorio nacional, constituirían una causa de pérdida o de suspensión del derecho a las prestaciones en metálico los hechos correspondientes producidos en otro Estado miembro; la decisión a este respecto corresponde a las autoridades nacionales, siempre que se aplique sin tener en cuenta la nacionalidad y siempre que dichos hechos no se describan de tal modo que, en la práctica, se provoque una discriminación con relación a los nacionales de los demás Estados miembros.