Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso por incumplimiento - Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento - Incumplimiento de la obligación de ejecutar la sentencia - Recurso interpuesto con arreglo al artículo 171, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 228 CE, apartado 2) - Admisibilidad - Requisitos

[Tratado CE, art. 171, ap. 2 (actualmente art. 228 CE, ap. 2)]

2 Medio ambiente - Eliminación de residuos - Directivas 75/442/CEE y 78/319/CEE - Artículos 4 y 5, respectivamente - Obligación de los Estados miembros de garantizar la eliminación de los residuos y de adoptar las medidas adecuadas para los residuos tóxicos y peligrosos - Alcance - Necesidad de las medidas que deben adoptarse - Margen de apreciación - Límites

(Directivas del Consejo 75/442/CEE, art. 4, y 78/319/CEE, art. 5)

3 Medio ambiente - Eliminación de residuos - Directivas 75/442/CEE y 78/319/CEE - Artículos 4 y 5, respectivamente - Obligación de los Estados miembros de garantizar la eliminación de los residuos y de adoptar las medidas adecuadas para los residuos tóxicos y peligrosos - Alcance idéntico en las Directivas 75/442/CEE, modificada, y 91/689/CEE

(Directivas del Consejo 75/442/CEE, art. 4, 78/319/CEE, art. 5, y 91/689/CEE)

4 Estados miembros - Obligaciones - Incumplimiento - Justificación - Improcedencia

[Tratado CE, art. 169 (actualmente art. 226 CE)]

5 Actos de las Instituciones - Directivas - Ejecución por los Estados miembros - Directiva que prevé la obligación de elaborar determinado programa para alcanzar ciertos objetivos - Acciones materiales parciales o normativas fragmentarias - Obligación incumplida - Planes y programas previstos por las Directivas 75/442/CEE y 78/319/CEE relativas a los residuos

[Tratado CE, art. 189, párr. 3 (actualmente art. 249 CE, párr. 3); Directivas del Consejo 75/442/CEE, art. 6, y 78/319/CEE, art. 12]

6 Recurso por incumplimiento - Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento - Plazo de ejecución

[Tratado CE, art. 171 (actualmente art. 228 CE)]

7 Recurso por incumplimiento - Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento - Efectos - Obligaciones del Estado miembro que ha incurrido en incumplimiento - Ejecución de la sentencia - Incumplimiento - Sanciones pecuniarias - Métodos de cálculo - Facultad de la Comisión para adoptar directrices - Propuesta presentada al Tribunal de Justicia - Relevancia

[Tratado CE, art. 171, ap. 2 párrs. 1 y 2 (actualmente art. 228 CE, ap. 2, párrs. 1 y 2)]

8 Recurso por incumplimiento - Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento - Incumplimiento de la obligación de ejecutar la sentencia - Sanciones pecuniarias - Multa coercitiva - Determinación del importe - Criterios

[Tratado CE, art. 171, ap. 2, párr. 3 (actualmente art. 228 CE, ap. 2, párr. 3)]

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1 El recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión en virtud del artículo 171, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 228 CE, apartado 2), con el fin de que se declare que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben al no haber adoptado las medidas indispensables para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento de dicho Estado, y que se lo condene a abonar una multa coercitiva, es admisible dado que todas las fases del procedimiento administrativo previo, y en particular el escrito de requerimiento, se produjeron tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea.

(véase el apartado 42)

2 Aunque el artículo 4 de la Directiva 75/442, relativa a los residuos, no especificaba el contenido concreto de las medidas que los Estados miembros deben adoptar para garantizar que los residuos se eliminen sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar al medio ambiente, no es menos cierto que obligaba a los Estados miembros en cuanto al resultado que debe alcanzarse, dejándoles al mismo tiempo un margen de apreciación en la evaluación de la necesidad de tales medidas. Una degradación significativa del medio ambiente durante un período prolongado, sin que intervengan las autoridades competentes, pone en principio de manifiesto que el Estado miembro de que se trata ha sobrepasado el margen de apreciación que le confiere este precepto. El mismo análisis puede realizarse respecto del artículo 5 de la Directiva 78/319, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos.

(véanse los apartados 55 a 57)

3 Las obligaciones derivadas de los artículos 4 de la Directiva 75/442, relativa a los residuos, y 5 de la Directiva 78/319, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos, eran autónomas en relación con las obligaciones más específicas que imponían las disposiciones de los artículos 5 a 11 de la Directiva 75/442 en materia de planificación, de organización y de control de las operaciones de eliminación de los residuos y del artículo 12 de la Directiva 78/319 en materia de eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos. Lo mismo ocurre con las obligaciones correspondientes de la Directiva 75/442, modificada, y de la Directiva 91/689, relativa a los residuos peligrosos.

(véanse los apartados 48 a 49 y 58)

4 Un Estado miembro no puede alegar situaciones de su ordenamiento jurídico interno, tales como las dificultades de aplicación surgidas en la fase de ejecución de un acto comunitario, para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos que le incumben en virtud de las normas del Derecho comunitario.

(véase el apartado 70)

5 Por lo que se refiere a la obligación de los Estados miembros de elaborar un programa global con vistas a alcanzar determinados objetivos, esta obligación no puede cumplirse mediante actuaciones materiales parciales o normativas fragmentarias.

Una normativa o medidas concretas que sólo representan una serie de intervenciones normativas aisladas, que no pueden constituir un sistema organizado y articulado destinado a eliminar los residuos y los residuos tóxicos y peligrosos, no puede considerarse planes o programas que los Estados miembros están obligados a elaborar en virtud de los artículos 6 de la Directiva 75/442, relativa a los residuos, y 12 de la Directiva 78/319, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos.

(véanse los apartados 75 y 76)

6 Aunque el artículo 171 del Tratado (actualmente artículo 228 CE) no precisa el plazo para la ejecución de una sentencia por la que se declare el incumplimiento de un Estado miembro, la importancia atribuida a la aplicación inmediata y uniforme del Derecho comunitario exige que dicha ejecución se inicie inmediatamente y concluya en el plazo más breve posible.

(véase el apartado 82)

7 El artículo 171, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 228 CE, apartado 1) dispone que si el Tribunal de Justicia declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia. Si el Estado miembro afectado no hubiere tomado estas medidas en el plazo establecido por la Comisión en su dictamen motivado adoptado sobre la base del artículo 171, apartado 2, párrafo primero, del Tratado, la Comisión podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia. Según el artículo 171, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado, la Comisión indicará el importe que considere adecuado a las circunstancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado. A falta de disposiciones al respecto en el Tratado, debe admitirse que la Comisión puede adoptar directrices cuyo objetivo sea establecer los criterios para calcular el importe de las sumas a tanto alzado o de las multas coercitivas que decida proponer al Tribunal de Justicia, con vistas a garantizar, en particular, la igualdad de trato entre los Estados miembros. Aunque estas propuestas de la Comisión no pueden vincular al Tribunal de Justicia, constituyen, no obstante, una referencia útil.

(véanse los apartados 81, 83, 84 y 89)

8 A tenor del artículo 171, apartado 2, párrafo tercero, del Tratado (actualmente artículo 228 CE, apartado 2, párrafo tercero), el Tribunal de Justicia, si declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva. Por una parte, como el objetivo principal de la multa coercitiva es que el Estado miembro ponga fin al incumplimiento con la mayor brevedad, debe fijarse el importe de la multa coercitiva de modo que sea adecuado a las circunstancias y proporcionado tanto respecto del incumplimiento declarado como de la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. Por otra parte, el grado de urgencia de la ejecución de las obligaciones del Estado miembro de que se trate puede variar según los casos de incumplimiento. Desde este punto vista, los criterios de base que deben tomarse en consideración para garantizar la naturaleza coercitiva de la multa con vistas a la aplicación uniforme y efectiva del Derecho comunitario son, en principio, la duración de la infracción, su gravedad y la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. Para aplicar estos criterios, deben tenerse en cuenta, en particular, las consecuencias de la falta de ejecución sobre los intereses privados y públicos y la urgencia que exista de que el Estado miembro de que se trate cumpla sus obligaciones.

(véanse los apartados 89 a 92)