Para que una medida restrinja la libre circulación, no es necesario que se base en la nacionalidad de las personas afectadas ni siquiera que favorezca a la totalidad de los trabajadores nacionales o que perjudique sólo a los nacionales de los demás Estados miembros y no a los trabajadores nacionales. Basta que la medida favorable beneficie a determinadas categorías de personas que ejerzan una actividad profesional en el Estado miembro en cuestión.

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 45 TFUE y 48 TFUE así como del artículo 4 TUE, apartado 3, el Estado miembro que no ha suprimido, con efectos retroactivos desde la fecha de su adhesión a la Unión Europea, una normativa nacional según la cual el funcionario menor de 45 años que renuncie al puesto que ocupa en la función pública nacional para ejercer una actividad profesional en otro Estado miembro, en el seno de una institución de la Unión o de otra organización internacional, percibe inmediatamente una cantidad a tanto alzado y pierde sus futuros derechos a pensión, pero no sucede así con el funcionario que continúe en su puesto o que lo deje para ejercer otras funciones públicas en el territorio del primer Estado miembro. En efecto, tal normativa disuade a los trabajadores de abandonar su Estado miembro de origen para ejercer una actividad profesional en otro Estado miembro, en el seno de una institución de la Unión Europea o de otra organización internacional, y da lugar a una desigualdad de trato entre los trabajadores migrantes, incluidos aquellos que trabajan en las instituciones de la Unión Europea o en otra organización internacional, por una parte, y los funcionarios que han ejercido su actividad en el Estado miembro de origen, por otra.

Un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores no puede justificarse por la mera alegación de que la variedad en los requisitos para la concesión de las prestaciones de seguridad social podría poner en peligro el equilibrio del sistema y la normativa en cuestión tiene por objeto garantizar dicho equilibrio, con observancia del principio de proporcionalidad. En efecto, aunque no cabe excluir que un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social pueda constituir una razón imperiosa de interés general que justifique la vulneración de las disposiciones del Tratado relativas al derecho a la libre circulación de los trabajadores, corresponde no obstante a las autoridades nacionales competentes, al adoptar una medida que supone una excepción a un principio reconocido por el Derecho de la Unión, probar, en cada caso, que dicha medida es adecuada para garantizar la consecución del objetivo invocado y no excede de lo necesario para alcanzarlo. Por tanto, las razones justificativas que puede invocar un Estado miembro deben ir acompañadas de pruebas adecuadas o de un examen de la idoneidad y de la proporcionalidad de la medida restrictiva adoptada por ese Estado, así como de datos precisos en los que pueda sustentarse su alegación. Es importante que este examen objetivo, detallado y con cifras concretas, pueda probar con datos fiables, contrastados y fehacientes que efectivamente existen riesgos para el equilibrio del sistema de seguridad social.

(véanse los apartados 53 y 54)