En el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 234 CE, la negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas.

El artículo 56 CE, en relación con el artículo 58 CE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional relativa al cálculo de los impuestos de sucesiones y de transmisiones patrimoniales sobre un bien inmueble situado en un Estado miembro, que no prevé la deducibilidad de las deudas que gravan dicho bien inmueble cuando el causante cuya sucesión se abre residía, en el momento de su fallecimiento, no en ese Estado, sino en otro Estado miembro, mientras que la deducibilidad mencionada sí que es posible en caso de que el causante en cuestión residiese, en el momento de fallecer, en el Estado en el se encuentra el bien inmueble objeto de la herencia.

En efecto, debido a que una normativa de esas características hace depender la deducibilidad de determinadas deudas que gravan el bien inmueble de que se trata del lugar de residencia, en el momento de su fallecimiento, del causante cuya sucesión se abre, la mayor carga fiscal a la que, por tanto, está sujeta la herencia de los no residentes constituye una restricción a la libre circulación de capitales.

Esa diferencia de trato no puede justificarse alegando que se refiere a situaciones que no son objetivamente comparables. Cuando, a efectos de la imposición fiscal de un bien inmueble adquirido por herencia y situado en el Estado miembro de que se trate, una normativa nacional pone en el mismo plano a los herederos de las personas que, en el momento de su fallecimiento, tengan la condición de residentes y a los de las personas que, en ese mismo momento, tengan la condición de no residentes, dicha normativa no puede, sin crear una discriminación, tratar a esos herederos de manera diferente, dentro del marco de esa misma imposición fiscal, por lo que respecta a la deducibilidad de las cargas que gravan el referido bien inmueble. Al tratar de manera idéntica, salvo en cuanto atañe a la deducción de las deudas, las herencias de esas dos categorías de personas, a efectos de los impuestos de sucesiones, el legislador nacional admitió, en efecto, que entre estas últimas no existen, a efectos de las modalidades y condiciones de la mencionada imposición fiscal, disparidades que puedan justificar una diferencia de trato.

Asimismo, el Estado miembro en el que está situado el bien inmueble objeto de la herencia no puede, para justificar una restricción a la libre circulación de capitales resultante de su normativa, ampararse en la existencia de la posibilidad, independiente de su voluntad, de que otro Estado miembro, como el Estado miembro en el que el causante cuya sucesión se abre residía en el momento de su fallecimiento, conceda un crédito fiscal que podría compensar, total o parcialmente, el perjuicio sufrido por los herederos del referido causante como consecuencia de la no deducibilidad en el Estado miembro en que está situado el bien inmueble dejado en herencia de las deudas que gravan dicho bien a la hora de calcular el impuesto de transmisiones patrimoniales.

(véanse los apartados 46, 60, 63, 68 y 71 y el fallo)