2.

Para tratar las cuestiones planteadas debe, como propone la Comisión, examinarse, en primer lugar, si el artículo 62 del Convenio de Lomé es directamente aplicable en el sentido de la jurisprudencia que nos es conocida, es decir, si concede a los particulares, en particular a los nacionales de los Estados ACP, derechos que los órganos jurisdiccionales deben respetar. La propia cuestión planteada se refiere a si el artículo 62 del Convenio de Lomé crea un derecho en favor de un nacional de un Estado ACP. Además, no debe olvidarse, considerando la interpretación de las disposiciones nacionales, que es imposible apreciar en qué tiene importancia para el Tribunal remitente la interpretación del artículo 62, aún en el caso de que estuviera seguro de que dicho artículo no crea derechos para los particulares. Por lo que se refiere al primer problema, es imposible llegar a una respuesta negativa simplemente señalando que el Convenio de Lomé no establece una simetría de las obligaciones sino, por el contrario, por una parte concede a los Estados ACP ventajas más importantes que a los Estados miembros y, por otra, se basa en concesiones puramente unilaterales de estos últimos. Como ha indicado la Comisión también este punto ha sido aclarado por la jurisprudencia. Por otra parte, una respuesta afirmativa no puede justificarse simplemente por el hecho de que el Convenio se aprobará en nombre de la Comunidad mediante un Reglamento (Reglamento no 199/76 del Consejo, de 30 de enero de 1976). En efecto, el elemento importante no es éste, sino únicamente la naturaleza de la obligación en el caso concreto, por lo tanto, el contenido y la formulación del artículo 62. Igualmente la jurisprudencia ha explicado ya hace tiempo en qué condiciones es posible admitir que una obligación contractual es inmediatamente aplicable. En resumen, se puede decir que debe tratarse de disposiciones claras y concretas que establezcan obligaciones no sujetas a reservas y que, sobre todo, no puedan dejar abierta la posibilidad de decisiones discrecionales. Si se aplican estos criterios en el presente caso, es difícil negar que se cumplen en lo que se refiere a la primera parte del artículo 62 en la que se trata de la no discriminación de los nacionales y sociedades de los Estados miembros o de los Estados ACP en el ámbito del régimen aplicable en materia de establecimiento. No obstante, esta obligación debe considerarse en relación con el párrafo siguiente en la que leemos: «No obstante, si respecto de una actividad determinada, un Estado ACP o un Estado miembro no pueden garantizar este trato, los Estados miembros o los Estados ACP, según los casos, no estarán obligados a conceder este trato, por lo que respecta a tal actividad a los nacionales y sociedades de dicho Estado.» Aquí nos encontramos con una reserva que restringe manifiestamente la obligación de la igualdad de trato, con la consecuencia de que cuando no sea respetada, los nacionales de dicho Estado no se beneficiarán de ella en el sector considerado. Además, la reserva y, por consiguiente, los requisitos para aplicar la prohibición de discriminación son muy imprecisos. El artículo 62 no da ninguna indicación que permita saber cuándo es posible admitir que un Estado no puede conceder la igualdad de trato. En todo caso, nada apoya la tesis de que, como opina el Sr. Razanatsimba, la reserva únicamente juega cuando la aplicación de la prohibición de la discriminación es absolutamente imposible por razones económicas. Si tal hubiera sido la intención de los autores del Convenio, éstos se habrían limitado a añadir una fórmula en este sentido al artículo 62. Pero, como ha indicado acertadamente el Gobierno francés, no podría considerarse suficientemente precisa, tanto en el supuesto de que se basara en una imposibilidad económica como si se tratara de una imposibilidad jurídica lo que, por lo demás, es difícil imaginar en el caso de Estados soberanos. Hay, pues, que partir de la idea de que el artículo 62 continúa el régimen de los Convenios precedentes de Yaundé (de los años 1963 a 1969), en la medida en que éstos no formulaban ninguna condición para las excepciones al principio de la igualdad de trato. Por tanto, debe afirmarse que la reserva ha concedido a los Estados participantes amplias facultades discrecionales que no incluyen ninguna obligación de justificación aunque, como ha admitido el Gobierno francés, no pueda llegar hasta la pura y simple arbitrariedad. Por lo tanto si los Estados pueden decidir en cada caso que pretenden apartarse de la obligación de la igualdad de trato con respecto a una determinada actividad y en relación con un Estado determinado y en la medida en que a este respecto sea aplicable el artículo 64 del Convenio de Lomé, según el cual el Consejo de Ministros procederá al examen de los problemas que pueda plantear la aplicación del artículo 62 y formulará al respecto las oportunas recomendaciones, debido a la falta de suficiente precisión del contenido de la obligación es, en realidad, imposible pensar en la aplicación directa del artículo 62.