ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
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cuando el ciudadano de la Unión sea menor de edad, la apreciación de la existencia de una relación de dependencia de esas características deberá basarse en la toma en consideración, respetando el interés superior del niño, del conjunto de circunstancias del caso concreto y, en particular, de su edad, de su desarrollo físico y emocional, de la intensidad de su relación afectiva con cada uno de sus progenitores y del riesgo que separarlo del progenitor que sea nacional de un país tercero entrañaría para su equilibrio; no bastará con que exista un vínculo familiar, sea este biológico o jurídico, con dicho nacional y para acreditar esa relación de dependencia no será necesario que el menor viva con este. Concretamente, para apreciar el riesgo de que el menor de que se trate, ciudadano de la Unión, se vea obligado a abandonar el territorio de la Unión si a su progenitor, nacional de un país tercero, se le deniega el derecho de residencia en el Estado miembro en cuestión, corresponde al tribunal remitente determinar, en cada uno de los litigios principales, cuál es el progenitor que asume la guarda y custodia efectiva del menor y si existe una relación de dependencia efectiva entre este y el progenitor nacional de un país tercero. Al examinar estos extremos, las autoridades competentes deben tener en cuenta el derecho al respeto de la vida familiar, tal como se reconoce en el artículo 7 de la Carta, que debe interpretarse en relación con la obligación de tomar en consideración el interés superior del niño, reconocido en el artículo 24, apartado 2, de la referida Carta (sentencia de 10 de mayo de 2017, Chávez-Vílchez y otros, C‑133/15, EU:C:2017:354, apartado 70). La circunstancia de que el otro progenitor, ciudadano de la Unión, sea realmente capaz de asumir por sí solo el cuidado diario y efectivo del menor —y esté dispuesto a ello— constituye un elemento pertinente, pero no suficiente por sí mismo para poder declarar que no existe entre el progenitor de un país tercero y el menor una relación de dependencia tal que diese lugar a que este último se viese obligado a abandonar el territorio de la Unión si a ese nacional de un país tercero se le denegase el derecho de residencia. Por el contrario, el mero hecho de que a un nacional de un Estado miembro le pueda parecer deseable, por razones económicas o para mantener la unidad familiar en el territorio de la Unión, que miembros de su familia que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro puedan residir con él en el territorio de la Unión no basta por sí mismo para considerar que el ciudadano de la Unión se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión si ese derecho no fuera concedido (véanse en ese sentido las sentencias de 15 de noviembre de 2011, Dereci y otros, C‑256/11, EU:C:2011:734, apartado 68, y de 6 de diciembre de 2012, O y otros, C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, apartado 52).
La protección que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión, confiere a las marcas que gozan de renombre es amplia. El requisito específico para tal protección consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos. No obstante, quien utilice un signo similar a una marca que goza de renombre puede invocar, tal como se desprende del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, una «justa causa» para el uso de ese signo, en el cual se manifiesta el objetivo general perseguido por ese Reglamento consistente en conciliar, por una parte, los intereses del titular de una marca en proteger la función esencial de esta y, por otra, los intereses de un tercero en emplear, en el tráfico económico, tal signo para designar los productos y los servicios que comercializa. De este modo, la alegación por un tercero de una justa causa para el uso de un signo semejante a una marca que goza de renombre no puede llevar al reconocimiento, en su favor, de los derechos vinculados a una marca registrada, sino que obliga al titular de la marca que goza de renombre a tolerar el uso del signo semejante.

A este respecto, el uso del nombre del recurrente —esto es, Kenzo— en la composición de la marca solicitada KENZO ESTATE no es suficiente para constituir una justa causa para el uso de este signo, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009. En efecto, la mera circunstancia de que el término «kenzo» que compone la marca KENZO ESTATE se corresponda con el nombre del recurrente carece de pertinencia en relación con la cuestión de si el uso de ese término constituye una justa causa en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, ya que el examen de la ponderación de los intereses en juego no puede menoscabar la función esencial de la marca denominativa anterior KENZO, consistente en garantizar el origen del producto.

Por consiguiente, habida cuenta de la amplia protección que el Reglamento n.o 207/2009 concede a las marcas que gozan de renombre, la Sala de Recurso pudo considerar que el recurrente no había acreditado ninguna justa causa y que, por lo tanto, este pretendía aprovecharse indebidamente del renombre de la marca denominativa anterior KENZO.

(véanse los apartados 89 a 92, 94 y 95)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 19 de abril de 2018 — EUIPO/Group

(Asunto C‑478/16 P) ( 1 )

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Examen por la Sala de Recurso — Pruebas nuevas o complementarias — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículo 76, apartado 2 — Reglamento (CE) n.o 2868/95 — Regla 50, apartado 1, párrafo tercero»

1. Marca de la Unión Europea—Normas de procedimiento—Examen de oficio de los hechos—Hechos y pruebas no presentados dentro de plazo—Consideración—Facultad de apreciación de la Oficina [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 76, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 50, ap. 1, párr. 3] (véanse los apartados 34 a 37)

2. Marca de la Unión Europea—Observaciones de terceros y oposición—Hechos, pruebas y observaciones presentados en apoyo de la oposición—Prueba de la adquisición, existencia continuada y ámbito de protección de un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 207/2009—Pruebas presentadas para acreditar el contenido del Derecho nacional aplicable—Objetivo—Inexistencia de la necesidad de que el texto de la legislación proceda de una fuente oficial [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 19, ap. 2, letras a), b) y d)] (véanse los apartados 40, 41, 57 y 58)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

( 1 ) DO C 78 de 13.3.2017.
Incumple las obligaciones que le incumben en aplicación del artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2008/50, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa un Estado miembro que haya adoptado planes relativos a la calidad del aire que, para poner fin al rebasamiento de los valores límite aplicables a las concentraciones de PM10 en el aire ambiente, fijen plazos de diez o catorce años después de la fecha de comprobación de dichos rebasamientos.

A este respecto, si bien es cierto que las dificultades vinculadas al reto socioeconómico y presupuestario que suponen las inversiones técnicas de gran envergadura que ha de realizar el Estado miembro de que se trata para poner fin a dichas superaciones son elementos que pueden tenerse en cuenta en el marco del equilibrio y el objetivo de reducir el riesgo de contaminación y los diferentes intereses públicos y privados en juego, no es menos cierto que no se ha demostrado que tales dificultades, que no revisten carácter excepcional, excluyan que hubieran podido establecerse plazos más breves. Por lo tanto, la referida argumentación no puede, en sí, justificar plazos tan amplios para poner fin a las mencionadas superaciones teniendo en cuenta la exigencia de garantizar que el período de superación sea lo más breve posible.

(véanse los apartados 99 a 102)
Procede señalar que el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2003/6, en relación con los artículos 2 y 3 de esta, impone a los Estados miembros que establezcan sanciones administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias para reprimir la vulneración de la prohibición de efectuar operaciones con información privilegiada. Si bien es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 14, apartado 1, de esta Directiva se limita a imponer a los Estados miembros la obligación de establecer sanciones administrativas con tales características, sin exigirles que adopten igualmente sanciones penales contra los autores de operaciones con información privilegiada (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de diciembre de 2009, Spector Photo Group y Van Raemdonck, C‑45/08, EU:C:2009:806, apartado 42), no lo es menos que los Estados miembros pueden instituir la acumulación de sanciones penales y administrativas, respetando, sin embargo, los límites dimanantes del Derecho de la Unión y, en particular, los derivados del principio ne bis in idem garantizado en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), que rigen, en virtud del artículo 51, apartado 1, de esta, cuando se aplica dicho Derecho.

(véase el apartado 26)
El Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en su examen de la admisibilidad de un recurso de anulación contra el artículo 2 del Reglamento de Ejecución n.o 1239/2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, que dicho artículo no era separable del resto de las disposiciones del citado Reglamento.

El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no tiene por objeto modificar el sistema de control judicial establecido en los Tratados y, en particular, las normas relativas a la admisibilidad de los recursos presentados directamente ante el juez de la Unión. La protección que concede el artículo 47 de la Carta tampoco exige que un justiciable pueda, de forma incondicional, presentar un recurso de anulación directamente ante los órganos jurisdiccionales de la Unión contra los actos legislativos de la misma.

En estas circunstancias, el hecho de que una sociedad no pueda interponer un recurso únicamente contra una parte no disociable del Reglamento de Ejecución n.o 1239/2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, no vulnera sus derechos derivados del artículo 47 de la Carta puesto que dicha sociedad podía impugnar dicho Reglamento en su conjunto. En efecto, siempre que cumpliera los requisitos de legitimación establecidos en el artículo 263 TFUE, apartado 4, podía impugnar el Reglamento controvertido directamente ante el Tribunal General y solicitar al mismo tiempo la suspensión de los efectos de esa anulación hasta que las instituciones de la Unión adoptasen las medidas necesarias para ejecutar la sentencia de anulación, o impugnar la validez del Reglamento controvertido ante los órganos jurisdiccionales nacionales e instar a éstos a plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 67, 68 y 70)
El artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos debe interpretarse, a la luz del artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios, en el sentido de que la fecha de la primera autorización de comercialización, tal como está indicada en una solicitud de certificado complementario de protección y sobre la base de la cual la autoridad nacional competente para emitir ese certificado ha calculado la duración del mismo, es incorrecta en una situación como la del litigio principal, en la que implicó una modalidad de cálculo de la duración de dicho certificado no conforme con lo que establece el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 469/2009, según este fue interpretado en una sentencia posterior del Tribunal de Justicia.

En efecto, en el apartado 40 de la sentencia de 6 de octubre de 2015, Seattle Genetics (C‑471/14, EU:C:2015:659), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 469/2009 debe interpretarse en el sentido de que la «fecha de la primera [AC] de comercialización en la [Unión]», a los efectos de esa disposición, es la de la notificación a su destinatario de la decisión por la que se concede la AC. En consecuencia, la interpretación ofrecida por el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 6 de octubre de 2015, Seattle Genetics, (C‑471/14, EU:C:2015:659), del concepto de «fecha de la primera [AC] en la [Unión]», que figura en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 469/2009, aclara y precisa el sentido y el alcance de dicha norma, tal como la misma debe o debió haber sido entendida y aplicada desde la fecha de su entrada en vigor.

(véanse los apartados 40, 42 y 44 y el punto 1 del fallo)
Los artículos 17 y 27 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2004/7/CE del Consejo, de 20 de enero de 2004, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una medida, como la controvertida en el litigio principal, autorizada por la Decisión 89/534/CEE del Consejo, de 24 de mayo de 1989, por la que se autoriza al Reino Unido a que aplique, en relación con determinadas entregas efectuadas a revendedores que no son sujetos pasivos, una excepción al artículo 11, [parte A, apartado 1, letra a)], de la Sexta Directiva, conforme al artículo 27 de la citada Directiva, que establece una excepción al artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, en virtud de la cual la base imponible a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de una sociedad de venta directa será el valor normal de los bienes vendidos en la fase del consumo final, cuando dichos bienes se comercialicen a través de distribuidores no sujetos al IVA, aunque esa medida excepcional no tenga en cuenta de ningún modo el IVA soportado en relación con los artículos de muestra comprados por los distribuidores a esa sociedad.

(véanse el apartado 43 y el punto 1 del fallo)
1)

Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 a 5 de la Decisión 2014/539/UE de la Comisión, de 27 de marzo de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) concedida por Grecia a Larco General Mining & Metallurgical Company SA, y del Tratado FUE, al no haber adoptado dentro de los plazos señalados todas las medidas necesarias para la ejecución de la citada Decisión y al no haber informado a la Comisión Europea acerca de las medidas adoptadas con arreglo a esta Decisión.
El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» únicamente se cumple, cuando las acciones por violación, basadas respectivamente en una marca nacional y en una marca de la Unión, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, en la medida en que dichas acciones se refieran a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.

El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que, cuando dos acciones por violación de marca, basadas, la primera, en una marca nacional, en relación con una supuesta violación en el territorio de un Estado miembro, y, la segunda, en una marca de la Unión, en relación con una supuesta violación en todo el territorio de la Unión Europea, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar debe inhibirse de conocer de la parte del litigio relativa al territorio del Estado miembro al que se refiera la acción por violación ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en primer lugar.

El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» ya no se cumple cuando —tras un desistimiento parcial por un demandante, siempre que se haya formulado válidamente, de una acción por violación basada en una marca de la Unión y dirigida inicialmente a prohibir el uso de dicha marca en el territorio de la Unión Europea, refiriéndose tal desistimiento al territorio del Estado miembro objeto de la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en primer lugar, acción basada en una marca nacional y dirigida a prohibir el uso de dicha marca en el territorio nacional— las acciones de que se trata ya no se refieren a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.

(véanse el apartado 58 y el punto 3 del fallo)
Si bien es cierto que el régimen de protección establecido por el Reglamento n.o 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), no es idéntico al previsto por el Reglamento n.o 510/2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, estos dos regímenes tienen en esencia el mismo carácter, dado que sus objetivos y sus características son comparables. A este respecto, los objetivos del Reglamento n.o 1234/2007 son análogos a los previstos por el Reglamento n.o 510/2006 en la medida en que la indicación geográfica registrada en virtud del Reglamento n.o 510/2006 ofrece una garantía de calidad a los consumidores en cuanto a los productos por ella amparados.

Además, las características del régimen de protección previsto por el Reglamento n.o 1234/2007 son análogas a las establecidas por el Reglamento n.o 510/2006. En primer lugar, el procedimiento de registro de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento n.o 1234/2007 se basa en un reparto de las competencias entre el Estado miembro interesado y la Comisión, ya que la decisión de registrar una denominación sólo puede ser adoptada por la Comisión si el Estado miembro interesado le ha presentado una solicitud a tal efecto, y ésta sólo puede ser presentada si el Estado miembro ha comprobado que está justificada. En segundo lugar, el carácter exhaustivo del régimen de protección previsto en los Reglamentos n.o 1234/2007 y n.o 479/2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, lo acreditan asimismo las disposiciones transitorias previstas para las denominaciones geográficas existentes.

De ello resulta que, respecto a las denominaciones de origen protegidas en virtud del Reglamento n.o 1234/2007, este Reglamento comporta un régimen de protección uniforme y exclusivo, de tal manera que la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea no tiene que aplicar las reglas pertinentes del Derecho nacional que dieron lugar a la inscripción de dichas denominaciones de origen en la base de datos E-Bacchus. Pues bien, el Reglamento n.o 1234/2007 se opone a la aplicación de un régimen de protección nacional de indicaciones geográficas protegidas en virtud del referido Reglamento.

(véanse los apartados 76, 80, 85, 86, 91, 96 y 103)
El artículo 148, letra d), de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que los servicios de carga y descarga de un buque son servicios efectuados para las necesidades directas del cargamento de los buques marítimos contemplados en el artículo 148, letra a), de esta Directiva.

A este respecto, procede señalar que el artículo 148, letra c), de la Directiva 2006/112, al que su artículo 148, letra d), se remite expresamente, tiene por objeto, al igual que este último, la exención de los servicios vinculados al transporte marítimo internacional y que para designar tales servicios hace referencia a los mismos buques, que son los contemplados en la letra a) del artículo citado. Habida cuenta de que las dos disposiciones son similares y complementarias, procede interpretar el concepto de «necesidades directas de un buque marítimo y de su cargamento» inspirándose en la sistemática de las disposiciones del artículo 148, letra c), de dicha Directiva.

Pues bien, ha de señalarse que el artículo 148, letra c), de la Directiva 2006/112 exime, en particular, los arrendamientos, las reparaciones y el mantenimiento de los objetos que se utilicen para la explotación de los buques contemplados en la letra a) de este artículo. En esencia, el referido artículo 148, letra c), erige en exigencia la existencia de un vínculo entre la prestación de servicios realizada y la explotación del buque de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 1985, Berkholz,168/84, EU:C:1985:299, apartado 21).

Los servicios de carga y descarga satisfacen esta exigencia. En efecto, el transporte de cargamento constituye una forma habitual de explotación de los buques destinados a la navegación en alta mar. Ahora bien, a fin de que un cargamento pueda ser transportado y de que tal prestación constituya la forma de explotación de un buque, es necesario que dicho cargamento se cargue en él en el puerto de salida y posteriormente sea descargado en el puerto de llegada.

(véanse los apartados 22 a 24 y 26 y el punto 1 del fallo)