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En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) El artículo 3, apartado 2, de [la Directiva 92/12] y, en particular, la exigencia de “finalidad específica” de un determinado impuesto, a) ¿Debe interpretarse en el sentido de que exige que el objetivo que persiga no sea susceptible de ser alcanzado a través de otro impuesto armonizado? b) ¿Debe interpretarse en el sentido de que concurre una finalidad puramente presupuestaria cuando un determinado tributo se haya establecido coetáneamente a la transferencia de unas competencias a unas Comunidades Autónomas a las que, a su vez, se les ceden los rendimientos derivados de la recaudación del tributo con el objeto de atender, en parte, los gastos que producen las competencias transferidas, pudiendo establecerse una diversidad de tipos de gravamen, según el territorio de cada Comunidad Autónoma? c) Para el caso de que se diera una respuesta negativa al interrogante anterior[,] ¿debe interpretarse la noción de “finalidad específica” en el sentido de que el objetivo en que consista deba ser exclusivo o, por el contrario, admite la consecución de varios objetivos diferenciados, entre los que se encuentre también el meramente presupuestario dirigido a la obtención de financiación de determinadas competencias? d) De responderse el anterior interrogante admitiendo la consecución de varios objetivos[,] ¿qué grado de relevancia debe entrañar un determinado objetivo, a los efectos del artículo 3, apartado 2[,] de la Directiva 92/12, para colmar el requisito de que el tributo responda a una “finalidad específica” en el sentido admitido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y cuáles serían los criterios para delimitar la finalidad principal de la accesoria? 2) El artículo 3, apartado 2, de [la Directiva 92/12] y, en particular, la condición de respetar las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o el IVA para la determinación del devengo, a) ¿Se opone a un impuesto indirecto no armonizado (como el IVMDH) que se devenga en el momento de la venta minorista del carburante al consumidor final, a diferencia del impuesto armonizado (“Impuesto sobre Hidrocarburos”, que se devenga cuando los productos salgan del último depósito fiscal) o del IVA (que, aun devengándose también [en el] momento de la venta minorista final, es exigible en cada fase del proceso de producción y distribución), por entender que no respeta –en expresión de la sentencia [de 9 de marzo de 2000,] EKW y Wein & Co. [C-437/97, Rec. p. I-1157,] (apartado 47)– el sistema general de una u otra de las citadas técnicas impositivas, tal como las regula la normativa comunitaria? b) Para el caso que se diera una respuesta negativa al anterior interrogante[,] ¿debe interpretarse [dicha disposición en el sentido de] que dicha condición de respeto se cumple sin necesidad de que existan coincidencias a los efectos del devengo, por la simple circunstancia de que el impuesto indirecto no armonizado (en este caso, el IVMDH) no interfiera –en el sentido de que no impida ni dificulte– el funcionamiento normal del devengo de los impuestos especiales o del IVA?»