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Derecho comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Respeto garantizado por el Tribunal de Justicia - Compatibilidad con el Convenio Europeo de los Derechos Humanos de una normativa nacional que no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Derecho Comunitario - Apreciación por el Tribunal de Justicia - Exclusión

(Tratado CE, arts. 164, 177 y 222)

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El Tribunal de Justicia, cuando conoce de un asunto planteado con carácter prejudicial, no puede proporcionar los elementos de interpretación necesarios para la apreciación, por el órgano jurisdiccional nacional, de la conformidad de una normativa nacional con los derechos fundamentales, cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia, tal como están expresados, en particular, en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, dado que dicha normativa se refiere a una situación que no es del ámbito de aplicación del Derecho Comunitario.

Tal es el caso de una Ley regional, por la que se crea un parque natural y arqueológico con el fin de proteger y de revalorizar el medio ambiente y los bienes culturales del territorio de que se trata, la cual impone restricciones al derecho de propiedad.

En efecto, en primer lugar no hay ningún dato que permita afirmar que la Ley de que se trata tiene por finalidad aplicar una disposición de Derecho comunitario, bien sea en el ámbito de la agricultura, bien en el del medio ambiente o de la cultura. Además, la Ley persigue unos objetivos distintos de los cubiertos por la Política Agrícola Común y tiene carácter general. Finalmente, dado que, por una parte, no existe una normativa comunitaria específica en materia de expropiación y, por otra, que las medidas relativas a la organización común de los mercados agrícolas no tienen como efecto incidir sobre los regímenes de la propiedad agrícola, del tenor literal del artículo 222 del Tratado se desprende que la referida Ley regula un ámbito que es de la competencia de los Estados miembros.
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Arancel Aduanero Común - Partidas arancelarias - Producto sin efecto específico terapéutico o profiláctico - Clasificación como «medicamento» en la partida 3004 de la Nomenclatura Combinada - Exclusión - Producto vendido exclusivamente en farmacias como «medicamento» en el sentido de la Directiva 65/65/CEE - Irrelevancia a efectos de la clasificación arancelaria

[Reglamento (CEE) nº 1010/86 del Consejo; Directiva nº 65/65/CEE del Consejo]

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Un producto presentado en forma de grageas compuestas de 6.250 UI de vitamina A, de cantidades menores de otras once vitaminas, de 550 mg de azúcar, de 92,5 mg de cacao, excipientes, aromas y encapsulado, indicado para la prevención o la corrección de carencias vitamínicas debidas a una alimentación insuficiente o desequilibrada, no puede clasificarse en la partida 3004 de la Nomenclatura Combinada, y, por consiguiente, no les es aplicable el Reglamento nº 1010/86, por el que se establecen las normas generales aplicables a la restitución a la producción para determinados productos del sector del azúcar utilizados en la industria química, cuando no se ha demostrado que el producto tenga un perfil terapéutico o profiláctico claramente definido sobre funciones concretas del organismo humano, ni que pueda utilizarse para la prevención o el tratamiento de una enfermedad o de una afección.

Por las mismas razones, tampoco puede clasificarse en la partida 3004 ni le es aplicable el Reglamento nº 1010/86 a un producto que contiene, por un lado, una asociación de aminoácidos, sales minerales y oligoelementos, y, por otro, ribonucleato de hierro, extracto aminado de globina, vanadato de sodio, glicocolato de cobre, yodo y excipientes, y que está indicado en casos de astenia o disminución del rendimiento físico y psíquico, convalecencia, estrés, inapetencia, adelgazamiento y envejecimiento.

Ni el hecho de que se hayan expedido autorizaciones de comercialización como «medicamentos» para tales productos, ni su carácter de «medicamentos» por su presentación, conforme a la Directiva 65/65 sobre especialidades farmacéuticas, ni la circunstancia de que sólo se vendan en farmacias tiene valor determinante a efectos de su clasificación arancelaria.
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Disposiciones fiscales - Tributos internos - Impuesto especial sobre el consumo e impuesto especial adicional único - Cálculo de la base imponible y de los tipos impositivos que perjudica a los automóviles de ocasión importados en relación con los previamente matriculados y comprados en el mercado nacional - Improcedencia

(Tratado CE, art. 95)

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Es incompatible con el artículo 95 del Tratado una normativa nacional que, a efectos de un impuesto especial sobre el consumo y un impuesto especial adicional único, determina el valor fiscal de los automóviles de ocasión importados mediante la reducción del precio de venta de los automóviles nuevos correspondientes en un 5 % por año de antigüedad, porcentaje que no puede superar, en principio, el 20 %. En efecto, dado que la reducción anual del valor de los automóviles suele ser sensiblemente superior al 5 %, que esta depreciación no es uniforme, sobre todo durante los primeros años en los que es mucho más acusada que en los siguientes, y que, por último, este fenómeno sigue produciéndose a partir del cuarto año desde la puesta en circulación de los vehículos, el valor fiscal que se deriva de estas fórmulas de imposición no corresponde al que resulta del deterioro real sufrido por los automóviles de ocasión, lo que implica que el impuesto especial sobre el consumo y el impuesto especial adicional único que gravan los automóviles de ocasión importados sean normalmente superiores a la parte residual del impuesto que permanece incorporada al valor de los automóviles de ocasión previamente matriculados y comprados en el mercado nacional.

De igual forma, es contraria al artículo 95 del Tratado una normativa nacional que excluye a los automóviles de ocasión importados provistos de tecnología anticontaminación de la ventaja de los tipos reducidos aplicables a este tipo de vehículos en el impuesto especial sobre el consumo.
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Exenciones previstas por la Sexta Directiva - Exención de las entregas de bienes que estuvieran afectados exclusivamente a una actividad declarada exenta o que estuvieran excluidos del derecho a deducción - Inexistencia - Improcedencia

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte B, letra c)]

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Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la letra c) de la parte B del artículo 13 de la Directiva 77/388 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios un Estado miembro que establece y mantiene en vigor una normativa que no exime del Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes que estuvieran afectados exclusivamente a una actividad declarada exenta siempre que no hayan sido objeto del derecho de deducción. El carácter eventualmente insignificante de la cuota tributaria devengada en caso de doble imposición no dispensa al Estado miembro de aplicar correctamente la letra c) de la parte B del artículo 13 de la Sexta Directiva, cuya finalidad es, precisamente, evitar una doble imposición contraria al principio de la neutralidad fiscal inherente al Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Incumple asimismo las obligaciones que le incumben en virtud de esta misma disposición el Estado miembro cuya normativa no exima del IVA las entregas de bienes que hubieran estado privados del derecho de deducción con arreglo al apartado 6 del artículo 17 de la Sexta Directiva, y ello aunque dicha normativa considere que la operación que debe quedar exenta no está comprendida en el ámbito de aplicación del IVA En efecto, la aplicación correcta y simple de las exenciones, exigida por la letra c) de la parte B del artículo 13 de la Sexta Directiva, se opone a una adaptación del Derecho interno cuyas consecuencias no correspondan a las de una exención, en especial cuando el cálculo de la prorrata de deducción y, por consiguiente, la cuota del IVA que puede deducir un sujeto pasivo son distintas según que las referidas entregas de bienes hayan sido declaradas exentas debidamente o, por el contrario, no se hallen comprendidas dentro del ámbito de aplicación del IVA.
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Libre circulación de personas ° Libertad de establecimiento ° Libre prestación de servicios ° Mediación en valores mobiliarios ° Actividad reservada por un Estado miembro a las sociedades domiciliadas en su territorio ° Improcedencia

(Tratado CE, arts. 52 y 59)

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Los artículos 52 y 59 del Tratado se oponen a que un Estado miembro reserve las actividades de mediación en valores mobiliarios, además de a los bancos, a las sociedades que tienen su domicilio social en su territorio, impidiendo de esta forma a las sociedades de mediación de los demás Estados miembros que quieran ejercer una actividad en su territorio la utilización de algunas formas de establecimiento, como la agencia o la sucursal, lo cual las obliga a soportar costes adicionales en relación con sus nacionales y las priva completamente de la posibilidad de hacer uso de la libre prestación de servicios.

Efectivamente, al obrar así efectúa una diferencia de trato que no está objetivamente justificada puesto que, aunque dicha obligación facilite la supervisión y la inspección de los operadores en el mercado, no es el único medio ni un requisito indispensable para poder, por una parte, cerciorarse de que los operadores observen las normas de ejercicio de la actividad de mediación en valores mobiliarios que ha establecido y, por otra parte, sancionar eficazmente a los operadores que vulneren estas normas. En particular, nada le impide exigir a las sociedades de mediación de los demás Estados miembros que proporcionen las informaciones y los documentos específicos de la actividad de sus establecimientos secundarios situados en su territorio, supeditar su actividad a la constitución de garantías económicas en éste y celebrar con las autoridades de control de los demás Estados miembros acuerdos de cooperación en materia de supervisión e inspección de los mercados y de los intermediarios, y no puede alegar que estas normas de acceso a la profesión de intermediario en los distintos Estados miembros, especialmente las relativas a las garantías en materia de fondos propios, no son comparables, puesto que su legislación prevé expresamente la posibilidad de celebrar tales acuerdos y, además, los distintos métodos utilizados por los Estados miembros para determinar los requisitos en materia de fondos propios garantizan globalmente una seguridad equivalente.
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Aproximación de legislaciones ° Etiquetado y presentación de productos alimenticios ° Directiva 79/112 ° Mención obligatoria de los ingredientes que componen los productos ° Excepción en favor de aditivos desprovistos de función tecnológica ° Alcance

[Directiva 79/112 del Consejo, art. 6, ap. 4, letra c), inciso ii), 1.º guión]

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El primer guión del inciso ii) de la letra c) del apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 79/112, relativa al etiquetado y a la presentación de los productos alimenticios, según la cual no deben ser considerados como ingredientes, y no deben por tanto ser mencionados en la lista de ingredientes que figura en el etiquetado de los productos, los aditivos cuya existencia en un producto alimenticio se debe únicamente a que estaban contenidos en uno o varios ingredientes de dicho producto y con la reserva de que ya no cumplen una función tecnológica en el producto acabado, debe ser interpretado en el sentido de que un aditivo que impide la alteración de la coloración de un ingrediente en el curso de su fabricación ya no cumple una función tecnológica en el producto acabado cuando su presencia en éste ya no es necesaria para impedir la alteración de la coloración de dicho producto acabado.

En efecto, la Directiva exige una información eficaz del consumidor, que sea comprensible para éste, pero que, a causa de la excepción prevista por el artículo 6, no puede ser interpretada como que prevea la enumeración exhaustiva de todos los ingredientes utilizados en el proceso de fabricación de los productos de que se trate.
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1. Ayudas otorgadas por los Estados ° Concepto ° Ayudas financieras otorgadas por un Estado miembro a una empresa ° Criterio de apreciación ° Carácter razonable de la operación para un inversor privado que sigue una política a medio o largo plazo

(Tratado CEE, art. 92, ap. 1)

2. Ayudas otorgadas por los Estados ° Prohibición ° Excepciones ° Ayuda otorgada que no contribuye al desarrollo de una región o de un sector y que puede afectar a los intercambios entre Estados miembros ° Ayuda no incluida en las excepciones previstas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado

[Tratado CEE, art. 92, ap. 3, letras a) y c)]

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1. Para determinar si la intervención de las autoridades públicas en el capital de una empresa, bajo cualquier forma, tiene las características de una ayuda de Estado, procede analizar si, en circunstancias similares, un inversor privado de dimensiones comparables con las de los organismos gestores del sector público habría efectuado aportaciones de capital de esta importancia.

Aun cuando el comportamiento del inversor privado, al que debe compararse la actuación del inversor público que persigue objetivos de política económica, no es necesariamente el del inversor ordinario que coloca capitales en función de su rentabilidad a un plazo más o menos corto, sí debe ser, por lo menos, el de un holding privado o un grupo privado de empresas que persigue una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de rentabilidad a más largo plazo.

2. Una ayuda concedida a una empresa en forma de aportación de capital, insuficiente para restablecer su rentabilidad, que no forma parte de un programa convincente de reestructuración, que ha sido utilizada para compensar las pérdidas y reducir las deudas de la empresa, y que, al mantener la competitividad de la empresa mediante una mejora artificial de su situación financiera, puede haber tenido consecuencias desfavorables para las empresas competidoras de la Comunidad, presenta unas características tales que impiden que pueda acogerse a alguna de las excepciones a la prohibición de las ayudas previstas en la letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado.
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1. Funcionarios ° Selección ° Nombramiento en un grado y clasificación en un escalón ° Nombramiento en el grado superior de la carrera ° Ejercicio por parte de la administración de su facultad discrecional ° Consideración del interés del servicio y de la experiencia profesional del interesado ° Control jurisdiccional ° Límites

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 31, ap. 2, y 32, párr. 2)

2. Recurso de casación ° Motivos ° Incumplimiento de la obligación de responder a los motivos y a las pretensiones de las partes ° Apreciación errónea, por parte del Tribunal de Primera Instancia, del sentido de un motivo invocado en primera instancia ° Recurso de casación fundado

(Estatuto del Tribunal de Justicia CEE, art. 51)

3. Funcionarios ° Deber de asistencia y protección que incumbe a la administración ° Alcance

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1. En materia de clasificación en un grado y en un escalón a efectos del nombramiento, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos dispone de amplias facultades discrecionales en el marco establecido por el artículo 31 y por el párrafo segundo del artículo 32 del Estatuto. En el ejercicio de dicha facultad, le corresponde tener en cuenta no sólo el interés del servicio, sino igualmente la experiencia profesional anterior del interesado.

Ante unas facultades discrecionales tan amplias, el control jurisdiccional no puede sustituir la apreciación de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, sino que debe limitarse a la cuestión de si esta última ha utilizado sus facultades de modo manifiestamente erróneo. Este no es el caso de una situación en la que dicha Autoridad, aun cuando consideraba que tenía la posibilidad de tener en cuenta la experiencia profesional del interesado, junto con otros elementos, llegó a la conclusión, en el ejercicio de sus facultades discrecionales, de que no procedía nombrar al demandante en el grado superior de la carrera.

2. Cuando el Tribunal de Primera Instancia confunde el sentido de uno de los motivos del demandante y, debido a ello, declara erróneamente la inadmisibilidad del motivo o desestima un motivo distinto del efectivamente alegado, el recurso de casación está fundado y debe anularse la sentencia impugnada o la parte de la misma viciada por dicho error.

3. El deber de asistencia y protección de la administración respecto de sus agentes refleja el equilibrio de los derechos y de las obligaciones recíprocos que ha establecido el Estatuto en las relaciones entre la autoridad pública y los agentes del servicio público. Dicho equilibrio implica en particular que, cuando resuelve a propósito de la situación de un funcionario, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos tome en consideración la totalidad de los elementos determinantes para adoptar su decisión y que, al hacerlo, tenga en cuenta no sólo el interés del servicio, sino también el del funcionario interesado.
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1. Tratado CEE ° Acta Unica Europea ° Expiración del plazo previsto para la realización del mercado interior ° Efectos ° Obligación de los Estados miembros de modificar los requisitos de afiliación a su régimen de Seguridad Social ° Inaplicabilidad ante la inexistencia de una intervención legislativa del Consejo

(Tratado CEE, art. 8 A)

2. Seguridad Social de los trabajadores migrantes ° Seguro voluntario o facultativo continuado ° Admisión subordinada a un requisito de afiliación previa al régimen nacional ° Obligación de un Estado miembro de admitir la afiliación a su régimen de una persona que sólo ha estado asegurada con arreglo a la legislación de otro Estado miembro ° Inexistencia ° Afiliación admitida para los nacionales que hayan trabajado en un Estado tercero ° Irrelevancia

(Reglamento nº 1408/71 del Consejo, art. 9, ap. 2)

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1. El artículo 8 A del Tratado introducido por el Acta Unica Europea, que prevé la adopción de medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior hasta el 31 de diciembre de 1992, no puede interpretarse en el sentido de que, ante la inexistencia de medidas adoptadas por el Consejo hasta dicha fecha, que impongan a los Estados miembros la obligación de admitir la afiliación voluntaria a su régimen de Seguridad Social de las personas precedentemente sujetas al seguro obligatorio en otro Estado miembro, dicha obligación resulte automáticamente del transcurso de dicho período.

En efecto, tal obligación presupone la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de Seguridad Social, armonización inexistente en el estado actual del Derecho comunitario.

2. El apartado 2 del artículo 9 del Reglamento nº 1408/71 no impone a un Estado miembro que admita la afiliación a sus regímenes de Seguridad Social de las personas que hayan estado sujetas al seguro obligatorio en otro Estado miembro y que no reúnan los requisitos de afiliación a dichos regímenes en el primer Estado miembro. En efecto, corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar los requisitos del derecho o de la obligación de afiliarse a un régimen de Seguridad Social o a una u otra rama de dicho régimen, siempre que no se haga discriminación, a este respecto, entre los propios nacionales y los nacionales de los demás Estados miembros.

El Derecho comunitario no impone a un Estado miembro, que permite tal afiliación a sus nacionales que han desempeñado una actividad laboral en un Estado tercero, aplicar el mismo trato a sus nacionales que han trabajado en otro Estado miembro.
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Actos de las Instituciones ° Directivas ° Ejecución por los Estados miembros ° Insuficiencia de una mera Circular administrativa

(Tratado CEEA, art. 161)

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Es esencial que todos los Estados miembros den a las Directivas una ejecución enteramente ajustada a la exigencia de seguridad jurídica y, en consecuencia, incorporen los términos de las Directivas a las disposiciones internas que tengan carácter vinculante.

No puede, pues, considerarse que una Circular administrativa adapta adecuadamente el Derecho interno a lo dispuesto en una Directiva, al no haber sido nunca objeto de publicación oficial, que puede ser modificada al arbitrio de la Administración, y al contener únicamente recomendaciones que no tienen carácter obligatorio.
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Disposiciones fiscales ° Armonización de las legislaciones ° Impuesto sobre el Volumen de Negocios ° Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido ° Régimen nacional de sanción de la evasión fiscal ° Diferencia entre importación y régimen interior ° Procedencia ° Requisito ° Inexistencia de una diferencia desproporcionada entre las sanciones

(Tratado CEE, art. 95; Directiva 77/388 del Consejo)

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Si bien los Estados miembros no están obligados a prever regímenes de sanciones idénticas para las infracciones contra el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava la importación y para las infracciones del mismo impuesto correspondientes a las entregas de bienes realizadas en el interior del país, por cuanto ambas categorías de infracciones no se pueden descubrir con la misma facilidad, la mayor o menor dificultad con la cual puede descubrirse una infracción no puede justificar, sin embargo, una diferencia manifiestamente desproporcionada en la severidad de las sanciones previstas para ambas categorías de infracciones. Existe dicha desproporción y, por consiguiente, un incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 95 del Tratado, cuando las infracciones cometidas con motivo de una importación dan lugar a la incautación del objeto de fraude y al pago de una multa por un importe comprendido entre una y dos veces el valor de dicho objeto, en tanto que las infracciones perpetradas en el régimen interior sólo se sancionan con una multa de importe proporcional al del tributo eludido.