Por lo que respecta a una pretensión de que se declare que medidas adoptadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) son jurídicamente inexistentes equivale, en realidad, a solicitar al juez de la Unión a la vez que invalide las medidas adoptadas por la OLAF y que decida que no han producido ningún efecto jurídico. Eso excede la mera constatación de una ilegalidad que el juez de la Unión pudiera tener que realizar en un recurso de indemnización. Esta declaración de inadmisibilidad no constituye una violación del derecho a la tutela judicial efectiva ni de los principios de buena administración de la justicia y de economía procesal. En efecto, como se desprende del artículo 19 TUE, apartado 1, el control judicial del respeto del ordenamiento jurídico de la Unión lo garantizan el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales de los Estados miembros. A estos efectos, el Tratado FUE, mediante sus artículos 263 y 277, por una parte, y mediante su artículo 267, por otra, ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de la Unión, confiando dicho control al juez de la Unión. Ahora bien, las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales sobre la base de la información de la OLAF deben poder ser objeto de recurso ante los tribunales nacionales, que, a su vez, pueden plantear una cuestión prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión que consideren necesarias para dictar su resolución.

Un recurso de indemnización que tiene por objeto la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por el envío por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de un informe de investigación relativo al demandante a autoridades nacionales no puede considerarse prematuro debido a que el procedimiento judicial nacional aún no haya concluido, dado que los eventuales resultados de este procedimiento no afectarán al procedimiento ante el juez de la Unión. En efecto, no se trata de saber si el demandante es el autor de una irregularidad o de un fraude, sino de examinar el modo en que la OLAF condujo y concluyó una investigación que lo cita nominalmente y que le imputa la responsabilidad de las irregularidades así como la manera en la que se comportó la Comisión en el contexto de esta investigación. Aun cuando el demandante fuese considerado inocente por las autoridades judiciales nacionales, tal hecho no repararía tampoco necesariamente el eventual daño que éste habría sufrido.

En materia de responsabilidad extracontractual de la Unión, cuando se ha infringido el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, al notificarse los datos al responsable de la protección de datos con posterioridad a su tratamiento, debe constatarse que la institución de que se trata violó una norma jurídica que tenía por objeto conferir derechos a las personas afectadas por los datos personales en poder de las instituciones y órganos de la Unión. No obstante, se plantea la cuestión de si tal violación puede considerarse suficientemente caracterizada. A este respecto, por un lado, es preciso poner de relieve que, con arreglo al Reglamento n.o 45/2001, el responsable de la protección de datos tiene la función de garantizar que el tratamiento de datos personales no tenga efectos adversos sobre los derechos y libertades de las personas afectadas por el citado tratamiento. En este contexto, tiene por misión, en particular, informar al Supervisor Europeo de Protección de Datos de un tratamiento de datos que pudiera constituir un riesgo en el sentido del artículo 27 del Reglamento n.o 45/2001. De ello se deduce que, si no se le informa de un tratamiento de datos, tampoco él puede informar al citado supervisor y no puede, por tanto, desempeñar eficazmente la misión esencial de vigilancia que le ha atribuido el legislador europeo.

Por otra parte, como indica el considerando 14 del Reglamento n.o 45/2001, las disposiciones de éste se aplican a todo tratamiento de datos personales efectuado por todas las instituciones. Las instituciones y órganos de la Unión no disponen así de ningún margen de apreciación para aplicar el Reglamento n.o 45/2001. Habida cuenta de estos elementos —el carácter esencial de la misión de vigilancia del responsable de la protección de datos y la inexistencia de margen de apreciación de las instituciones y órganos de la Unión—, debe considerarse que la mera infracción del artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 45/2001 basta para acreditar la existencia de una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares.

(véanse los apartados 100 a 102)