Llegamos así a las tradicionales exigencias de necesidad y de proporcionalidad que aplica el Tribunal de Justicia. Aunque en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ambas exigencias se estudian con frecuencia al mismo tiempo, como parte de un análisis que se articula estrechamente alrededor de la situación jurídica y fáctica concreta, ( 28 ) ambos conceptos no coinciden plenamente. ( 29 ) La exigencia de necesidad implica dos cosas: Primero, que la normativa nacional de que se trate sea realmente pertinente en relación con el objetivo fijado, es decir, que exista al menos potencialmente una relación de causalidad entre la medida adoptada y el objetivo que se persigue; en segundo lugar, que no exista para la normativa de referencia una alternativa que, teniendo la misma eficacia, ocasione menos obstáculos al comercio intracomunitário (criterio de la alternativa menos restrictiva). En cambio, por criterio de proporcionalidad se entiende que una medida, aunque sea pertinente y constituya la alternativa menos restrictiva, será incompatible con el artículo 30 (debiendo, pues, ser abandonada o sustituida por una normativa menos eficaz) cuando los obstáculos que ocasione al comercio intracomunitário sean desproporcionados en relación con el objetivo perseguido.

Creo que el principio sentado en la sentencia B & Q, según el cual los eventuales obstáculos al comercio intracomunitário no pueden ir más allá de lo que es necesario para garantizar el objetivo fijado, recoge los dos aspectos del criterio de necesidad citados más arriba: La normativa nacional restrictiva es pertinente en relación con el objetivo fijado, habida cuenta de que resulta necesaria para garantizar dicho objetivo, que constituye su razón de ser; no puede ir más allá de lo que es necesario para garantizar el objetivo fijado, lo que implica que no existe una alternativa menos restrictiva. No obstante, el criterio de proporcionalidad no se incluye en este concepto, habida cuenta de que en virtud de dicho criterio una normatìva esencial para la realización del objetivo, que no va, pues, más allá de lo que resulta necesario, debe ser, sin embargo, abandonada por el Estado miembro.

¿Quiere esto decir que en la sentencia B & Q el Tribunal de Justicia renunció al criterio de la proporcionalidad, abandonando pues la jurisprudencia anterior? No lo creo: el Tribunal de Justicia no tenía necesidad del criterio de proporcionalidad en el asunto C-145/88 —como tampoco en los presentes asuntos—, dado que era de inmediato evidente, como lo es también en el caso de autos, que los obstáculos ocasionados por las normativas nacionales de referencia no eran ciertamente de suficiente entidad como para obligar a los Estados miembros a renunciar a una medida necesaria para alcanzar un objetivo justificado. En cambio, si los obstáculos hubiesen podido poner en peligro la realización del mercado común, habría sido oportuno preguntarse seriamente si siguen aún guardando proporción con el objetivo, legítimo en sí mismo, que persigue la medida. Opino, por lo tanto, que no se puede atribuir una significación especial al hecho de que en la sentencia B & Q no se haga referencia al criterio de proporcionalidad, y que esta falta de referencia se debió únicamente a las circunstancias concretas del caso de autos, en el que resultaba que los «eventuales» obstáculos para el comercio no eran demasiado importantes.

Para no dejar nada pendiente, quisiera poner de relieve que es el propio Tribunal de Justicia quien lleva a cabo la referida valoración del objetivo y de los obstáculos, basándose tanto en el criterio de necesidad como en el criterio de proporcionalidad, cuando ha de interpretar el artículo 30 o el artículo 36 a la luz de una normativa nacional concreta descrita en una cuestión prejudicial. ( 30 )

Por consiguiente, en caso de duda el órgano jurisdiccional nacional puede plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial.