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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 180/33

Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Chipre

(Asunto C-190/09)

2009/C 180/57

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: I. Chatzigiánnis, A. Margélis)

Demandada: República de Chipre

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 8, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE, (1) al prohibir la comercialización y la venta de biocarburantes producidos a partir de plantas genéticamente modificadas y al adoptar la Sección sexta de la Ley 66(I) de 2005 sin comunicarlo previamente a la Comisión de las Comunidades Europeas.

— Que se condene en costas a la República de Chipre.

Motivos y principales alegaciones

La Ley chipriota 66(I) de 2005, «sobre el fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte» adapta el Derecho chipriota a la Directiva 2003/30/CE, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte. Sin embargo, la Sección sexta de la Ley chipriota contiene una disposición en virtud de la cual se prohíbe la comercialización y la venta de biocarburantes producidos a partir de plantas genéticamente modificadas.

El cultivo de variedades autorizadas de plantas genéticamente modificadas (GM) es legal en la Unión Europea con arreglo a la Directiva 2001/18/CE y al Reglamento (CE) no 1829/2003. No obstante, los biocarburantes elaborados producidos a partir de plantas genéticamente modificadas no están comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones legislativas de que se trata y, por consiguiente, procede examinar la compatibilidad de la mencionada disposición con los artículos 28 a 30 del Tratado CE.

En cuanto a la infracción de los artículos 28 a 30 del Tratado CE, la Comisión considera, en primer lugar, que la prohibición chipriota no es necesaria para proteger cualquier tipo de interés general y, en segundo lugar, que las normas nacionales que prohíben totalmente un producto son contrarias al principio de proporcionalidad.

En lo que atañe a la infracción de la Directiva 98/34/CE, la Comisión considera que la Sección sexta de la Ley no 66(I) de 2005 es un reglamento técnico en el sentido del artículo 1 y no está comprendida en la excepción del artículo 10, apartado 1, primer guión, de dicha Directiva. En consecuencia, las autoridades chipriotas tenían la obligación de comunicar a la Comisión la mencionada disposición. Las autoridades chipriotas han incumplido la obligación que les incumbe en virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE, puesto que adoptaron la disposición sin comunicarlo previamente.

(1) DO L 204, de 21.7.1998, p. 37.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 90/12

Recurso interpuesto el 30 de enero de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Estonia

(Asunto C-46/09)

2009/C 90/18

Lengua de procedimiento: estonio

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Randvere y K. Simonsson)

Demandada: República de Estonia

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Estonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) de 27 de noviembre de 2000, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga, al no haber adaptado correctamente su Derecho interno a lo dispuesto en la citada Directiva.

— Que se condene en costas a la República de Estonia.

Motivos y principales alegaciones

Según el artículo 11, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/59, la República de Estonia está obligada a fijar los criterios por los que se haya de regir la selección de aquellos buques, distintos de los buques de pesca y de las embarcaciones de recreo autorizadas para un máximo de 12 pasajeros, que deban ser objeto de una inspección.

El artículo 11, apartado 2, letra c), de la Directiva 2000/59 dispone que, si la autoridad competente no quedara satisfecha de los resultados de una inspección, deberá asegurarse de que el buque no salga del puerto hasta que haya entregado sus desechos y residuos de carga a una instalación portuaria receptora, conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 10.

La República de Estonia ha comunicado su intención de completar su legislación nacional para adaptar correctamente su Derecho interno a dichas disposiciones de la Directiva. Sin embargo, aún no obra en poder de la Comisión información relativa a la introducción de tales modificaciones.

(1) DO L 332, p. 81.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 220/17

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal in Northern Ireland (Reino Unido) el 16 de octubre de 2008 — Seaport Investments Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

(Asunto C-454/08)

2009/C 220/30

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal in Northern Ireland

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Seaport Investments Ltd

Recurrida: Department of the Environment for Northern Ireland

Mediante auto de 20 de mayo de 2009, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declaró inadmisible la petición de decisión prejudicial.
—

Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/59/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva, o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/22/CE (1), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) no 3820/85 del Consejo y (CEE) no 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.
4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, cuando en el ordenamiento jurídico nacional existieran con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE medidas legales equivalentes, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que forma parte integrante de dicha Directiva, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920, examinado en el litigio principal, ¿constituye una reducción no permitida del nivel general de protección de los trabajadores con trabajo de duración determinada en el ordenamiento jurídico nacional, en el sentido de la cláusula 8, apartados 1 y 3, del Acuerdo marco, la opción tomada por el legislador griego al adaptar el ordenamiento jurídico griego a la Directiva, que consiste —por un lado— en excluir del ámbito de protección del mencionado Decreto presidencial no 164/2004 los citados casos de abusos en los que el trabajador celebró un único contrato de trabajo de duración determinada, que en realidad tiene por objeto la prestación de servicios por el trabajador para atender necesidades que no son transitorias, extraordinarias o urgentes, sino «permanentes y duraderas» y —por otro— en no adoptar una medida análoga, específica para ese caso concreto, y eficaz, que atribuya efectos jurídicos a la protección de los trabajadores en este caso específico de abuso, además de la protección general, prevista de modo permanente por el Derecho común del Trabajo del ordenamiento jurídico griego en todos los casos de prestación laboral con arreglo a un contrato nulo, al margen de que exista o no abuso en el sentido del Acuerdo marco, y que comprende la reivindicación del trabajador del pago de su retribución y de una indemnización por despido, con independencia de que éste haya trabajado con un contrato de trabajo válido o no, teniendo en cuenta que: a) la obligación de pago de la retribución y de la indemnización por despido está prevista en el Derecho nacional en todos los casos de relación laboral y no se dirige específicamente a prevenir los abusos en el sentido del Acuerdo marco y que, b) la consecuencia jurídica de la aplicación de la medida legal equivalente anterior es el reconocimiento del (único) contrato de trabajo de duración determinada como contrato de duración indefinida?
5)

La República Helénica reconoció que la normativa griega puede crear problemas en relación con el Reglamento (CE) no 343/2003, y se mostró dispuesta a adoptar medidas al respecto. Así, propuso resolver el problema mediante la adopción de un Decreto Presidencial que adaptaría el ordenamiento jurídico interno a la Directiva 2005/85/CE del Consejo y que precisaría que las disposiciones en cuestión no son aplicables a los casos en que lo sea el Reglamento (CE) no 343/2003.
1)

Las ventajas fiscales otorgadas a las sociedades cooperativas al amparo de los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del DPR no 601 de 1973 ¿son compatibles con la normativa sobre la competencia y, en particular, pueden calificarse de ayudas de Estado con arreglo al artículo 87 CE, sobre todo en presencia de un sistema inadecuado de vigilancia y corrección de los abusos, como el establecido en el Decreto Legislativo C.P.S. no 1577 de 1947?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (DO L 351, p. 1), en la versión modificada por el Reglamento (CE) no 2945/94 de la Comisión, de 2 de diciembre de 1994, según el cual para el cálculo de la restitución solicitada «la parte diferenciada de la restitución solicitada se calculará basándose en los datos sobre la cantidad, peso y destino proporcionados con arreglo al artículo 47» (1), en el sentido de que la expresión «datos sobre la cantidad, peso y destino proporcionados con arreglo al artículo 47» hace referencia a los datos de la solicitud específica a que se refiere el artículo 47, apartado 1, y, por lo tanto, la parte diferenciada de la restitución no se solicita hasta el momento de la presentación de la solicitud a que se refiere el artículo 47, apartado 1?
2)

En caso de respuesta negativa, en el supuesto de que una factura a efectos del artículo 21, apartado 1, letra c), de la Sexta Directiva sea entregada a un destinatario que no tiene derecho a deducir el IVA (por lo que no existe ningún riesgo de pérdida de ingresos fiscales), ¿pueden los Estados miembros supeditar la rectificación del IVA facturado por error y, por tanto, adeudado en virtud de dicha disposición al requisito de que el sujeto pasivo extienda a su comprador una factura rectificada en la que no se mencione ningún importe en concepto de IVA?
3)

Cuando el Reglamento 2790/1999 de resultar aplicable establece en su artículo 5 que «el límite temporal de cinco años no se aplicará cuando los bienes o servicios contratados sean vendidos por el comprador desde locales y terrenos que sean propiedad del proveedor o están arrendados por el proveedor a terceros no vinculados con el comprador, siempre y cuando la duración de la cláusula de no competencia no exceda del periodo de ocupación de los terrenos y locales por parte del comprador» ¿está incluido en dicha exención un supuesto como el litigioso en que, según el contrato privado de 27 de julio de 1990 y la Escritura Pública de 10 de octubre de 1995, Lubricarga, propietaria de un terreno, cedió a Galp un derecho de superficie por 25 años, obligándose esta última a la construcción de una estación de servicio, bajo la condición de que una vez construida, se cedieran las instalaciones a Lubricarga para su explotación por el mismo periodo de tiempo, con la obligación de adquirir en exclusiva a la petrolera todos los carburantes y combustibles?
78.

Considero que tal limitación, por sí misma, no bastaría para constituir una delimitación adecuada, ya que no impediría que, durante esos períodos, se parase a todos los vehículos que circulasen y se detuviese a todas las personas. Sin embargo, la segunda frase del apartado 5 del artículo 4.17a del Vb 2000 especifica que podrá pararse únicamente a una parte de los medios de transporte que circulen. Esta disposición impide claramente que las autoridades paren a cada uno de los vehículos que circulen. En cambio, no garantiza que los controles sean selectivos, dado que, en teoría autoriza la inmovilización del 99 % de todos los vehículos. Sin embargo, la gran mayoría de los vehículos no deberían ser parados, dado que, conforme al apartado 2 del artículo 4.17a del Vb 2000, los controles MTV deben realizarse sobre la base de la información y de la experiencia obtenidas en materia de estancia irregular y éstas únicamente justifican detenciones selectivas. ( 29 )
22.

Dado que el TFP declaró el recurso inadmisible mediante auto, considero que el procedimiento de casación sólo podía tener por objeto dar respuesta a la cuestión de si el recurso era o no admisible. Teniendo en cuenta que no se examinaron los hechos y que, en consecuencia, el TFP no estableció la base fáctica, el TPI no podía resolver sobre el fondo del litigio.
Para apreciar en qué medida la falta de precisiones sobre el contenido de un acuerdo previsto afecta a la admisibilidad de una solicitud de dictamen dirigida al Tribunal de Justicia con arreglo al apartado 6 del artículo 228 del Tratado CE, es necesario distinguir según el objeto de dicha solicitud.

Cuando se trata de resolver una cuestión relativa a la competencia de la Comunidad para celebrar un acuerdo, interesa a las Instituciones comunitarias y a los Estados afectados, incluidos los Estados terceros, que dicha cuestión quede aclarada desde la apertura de las negociaciones y antes incluso de que se negocien los puntos esenciales del acuerdo, siendo el único requisito que se conozca el objeto del acuerdo antes de iniciar las negociaciones.

En cambio, cuando el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre si un acuerdo previsto es compatible con las disposiciones del Tratado, es necesario que disponga de información suficiente sobre el propio contenido de dicho acuerdo.

Esta es la razón por la que, al sometérsele la cuestión de si la adhesión de la Comunidad al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales sería compatible con el Tratado, el Tribunal de Justicia puede emitir un dictamen sobre la competencia de la Comunidad para proceder a dicha adhesión aunque no se haya decidido aún la apertura de negociaciones, pues el objeto general del Convenio, la materia que regula y el alcance institucional de dicha adhesión para la Comunidad son perfectamente conocidos, pero no puede en cambio emitir un dictamen sobre la compatibilidad de la adhesión a dicho Convenio con las reglas del Tratado, al no disponer de precisiones sobre las modalidades de la adhesión y en especial sobre las soluciones previstas en lo que respecta a la forma concreta de sumisión de la Comunidad a los mecanismos actuales y futuros de control jurisdiccional establecidos por el Convenio.
1.

El tercerista, sociedad Birra Dreher, mantiene que su demanda es admisible de conformidad con el apartado 1 del artículo 97 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal que dispone que «la demanda de tercería [...] deberá [...] b) indicar de qué modo la sentencia impugnada perjudica- los derechos del tercerista; c) indicar las razones por las que el tercerista no ha podido participar en el litigio principal», dado que su demanda cumple estas dos condiciones. A este respecto, mantiene, por una parte, que la sentencia de 13 de noviembre de 1984 impugnada perjudicaría a sus derechos por cuanto al haber desestimado el recurso de Riseria Modenese, porque ésta había cedido la totalidad de sus derechos a la sociedad Birra Peroni, le impediría ejercitar ante Riseria Modenese y ante la Comisión los derechos a la percepción de las restituciones que le habían sido cedidos por Riseria Modenese. Explica, por otra parte, que no pudo tomar parte en el litigio principal por la razón válida de que sólo había tenido conocimiento de este litigio por la publicación de la sentencia impugnada en el Diarrio Oficial (DO C 323 de 4.12.1984) y que Riseria Modenese no le había tenido al corriente del litigio principal, aun asegurándole que era a ella a quien correspondía recuperar el crédito con respecto a la Comunidad y abonárselo después. Birra Dreher subraya que ello parecía conforme a la jurisprudencia del Tribunal, que en su sentencia de 4 de octubre de 1979, dictada en el asunto 238/78, no habría admitido como partes a los cesionarios de derechos más que en el caso concreto de que el cedente y el cesionario formen parte de un mismo grupo y la cesión se haya producido en el marco de una reorganización en el seno de ese grupo.
35.

En cuarto lugar, dicho órgano jurisdiccional añade que las tres opciones enumeradas en el artículo 27, apartado 3, del Reglamento Dublín III no se excluyen mutuamente. Por tanto, en su opinión, el hecho de que el Reino de los Países Bajos haya decidido aplicar la opción descrita en el artículo 27, apartado 3, letra c), de este Reglamento no impide considerar que solicitudes de revisión como las que son objeto del litigio principal están comprendidas en el artículo 27, apartado 3, letra a), en relación con el artículo 27, apartado 3, letra c), del mismo Reglamento.
12.

Según el razonamiento del citado órgano jurisdiccional, el certificado de 2017 no se expidió sobre la base de los estudios realizados en Estonia y de la experiencia profesional allí adquirida. Por tanto, la cualificación profesional de A no podía considerarse obtenida en Estonia a todos los efectos. Dicho órgano jurisdiccional precisó que, dada la forma en que debe demostrarse la competencia pedagógica exigida como requisito de cualificación aplicable a los maestros de educación infantil con arreglo a la legislación estonia, esa profesión debe considerarse no regulada en Estonia. Ese mismo órgano jurisdiccional también declaró que la experiencia profesional adquirida por A en la RSSE y en Finlandia ( 3 ) no puede tenerse en cuenta a efectos del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, ya que no se trata de experiencia adquirida en «otro Estado miembro».
48.

Al objeto de preservar la garantía de origen de la marca, el nuevo etiquetado no debe, entre otras cosas, dar la impresión de que existe un vínculo económico entre el tercero que revende el producto y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas. ( 55 ) Si un consumidor normalmente informado y razonablemente atento tiene dificultades para determinar la procedencia de los productos, los derechos derivados de la marca no pueden considerarse agotados. ( 56 ) Como se desprende, en particular, de la sentencia Viking Gas, ( 57 ) para apreciar si se da la impresión de que existe un vínculo económico debe tenerse en cuenta el etiquetado de las bombonas así como las condiciones en las que se produce el intercambio de estas. ( 58 ) Además, deben tenerse en cuenta las prácticas en ese sector y, en particular, la cuestión de si los consumidores están habituados a que las bombonas de gas sean rellenadas por otros distribuidores. Por tanto, cabe presuponer que a un consumidor que se dirige directamente a una empresa competidora, para que le rellenen su propia bombona o para cambiar su bombona vacía por una bombona rellenada, le resulta más fácil conocer la falta de vínculos entre la empresa competidora en cuestión y el titular de la marca. ( 59 ) El Tribunal de Justicia también ha admitido que el hecho de que la marca de la botella siga siendo visible a pesar del etiquetado adicional ( 60 ) colocado por la empresa competidora constituye un elemento pertinente en la medida en que parece excluir que ese etiquetado modifique el estado de las bombonas ocultando su origen. ( 61 )
42.

Sin embargo, esta limitación sustantiva de la facultad de configuración del derecho de renuncia no afecta a la regularización practicada por ARVI respecto de su deducción, pues dicha regularización no modifica a posteriori las exigencias a las modalidades de ejercicio de la renuncia ( 25 ) ni sus consecuencias jurídicas. La regularización es simplemente la consecuencia de la exención fiscal al no haberse ejercido (válidamente) la renuncia. También se produciría (véase el artículo 188, apartado 1, de la Directiva del IVA) si Lituania no hubiese dispuesto ninguna posibilidad de renuncia, ya que se deriva de la propia Directiva, o de las disposiciones que la transponen.
«1)

El Reglamento (CE) n.o 550/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo, y en particular su artículo 8, debe interpretarse en el sentido de que no permite sustraer del control de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de que se trate los supuestos incumplimientos de la obligación de prestación de servicios por parte del proveedor de servicios de navegación aérea. En cambio, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige que las compañías aéreas tengan acceso a un recurso judicial efectivo que les permita poner fin a los incumplimientos por parte del proveedor de servicios designado, con arreglo al artículo 8 del Reglamento n.o 550/2004, de su obligación de prestación de servicios de navegación aérea.
37.

A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a la segunda cuestión prejudicial planteada por el Landesgericht Korneuburg (Tribunal Regional de Korneuburg, Austria): «El artículo 5, apartado 1, letra c), incisos i) a iii), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que la obligación de informar al pasajero de la cancelación debe cumplirse exclusivamente a la luz de dicho Reglamento, lo que se opone a la aplicación de disposiciones nacionales que generen una presunción de acceso a las comunicaciones electrónicas.»
3.

En consecuencia, el Tribunal Supremo del Reino Unido duda de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la denegación de la deducción por parte de la Administración tributaria. Distinto es el punto de vista de la Comisión, que declara lo siguiente: «The simple answer to the issues raised in the present case is that since Zipvit has paid no VAT, it is not entitled to deduct input VAT. Sometimes simple answers are correct. The Commission submits that on the basis of the following considerations, this is one of those times.»