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31.

Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Necesidad de un comportamiento que haya facilitado a la Comisión la comprobación de la infracción — Informaciones relativas a actos que no podían dar lugar a la imposición de multas en virtud del Reglamento (CE) no 1/2003 — Insuficiencia de una mera voluntad de cooperar — Valoración del grado de cooperación prestada por cada una de las empresas participantes en una práctica colusoria — Respeto del principio de igualdad de trato [Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección D, punto 2] (véanse los apartados 389, 401 a 403, 407 a 410 y 414 a 416)
2.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Importaciones procedentes de países sin economía de mercado, como los contemplados en el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento (CE) no 384/96 — Procedimiento de evaluación de los requisitos que permiten a un productor acogerse al estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado — Incumplimiento por la Comisión del plazo de tres meses establecido en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, de dicho Reglamento — Consecuencias [Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1225/2009, art. 2, ap. 7, letra c)] (véanse los apartados 45, 48 a 50, 52, 54, 59, 60 y 62)
La intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Es así, en particular, cuando resulta, posteriormente, que este último hizo registrar un signo como marca comunitaria sin tener intención de usarlo, únicamente para impedir la entrada de un tercero en el mercado. En cambio, el solicitante puede asimismo perseguir un objetivo legítimo deseando protegerse contra una tentativa de un tercero que por haber llegado recientemente al mercado pretende aprovecharse de la reputación del signo del solicitante. Sin perjuicio de ello, de elementos que pueden ser tenidos en cuenta a fin de pronunciarse sobre la posible mala fe de un solicitante de registro en el momento de presentar la solicitud.

La mala fe prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso de autos y, en particular:

La facultad de reforma establecida en el artículo 65, apartado 3, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, no consiste en conferir al Tribunal la facultad de sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia, y tampoco en proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, puede determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como se han hecho constar, la resolución que la Sala de Recurso tenía obligación de adoptar.

(véase el apartado 55)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Procedimiento — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos — Motivo nuevo — Concepto (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 48, ap. 2) (véanse los apartados 31 a 35 y 87)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común — Obligación de motivación — Alcance — Apreciación del criterio del comportamiento de un acreedor privado (Arts. 87 CE, ap. 1, y 253 CE) (véanse los apartados 37, 38, 54 y 67)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común — Obligación de motivación — Alcance — Calificación del perjuicio para la competencia y para los intercambios entre Estados miembros (Arts. 87 CE, ap. 1, y 253 CE) (véanse los apartados 76, 77 y 81)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión 2009/612/CE de la Comisión, de 10 de marzo de 2009, relativa a la medida C 5/2000 (ex NN 118/97) ejecutada por España en favor de la empresa Sniace, S.A., ubicada en Torrelavega, Cantabria, y por la que se modifica la Decisión 1999/395/CE (DO L 210, p. 4).

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar a Sniace, S.A., a cargar con sus propias costas y, además, con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
687

Con carácter preliminar, es preciso señalar que la demandante no puede invocar la motivación de la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 371 supra (apartado 126), según la cual no puede corresponder únicamente a la Comisión determinar cuáles son los documentos útiles para la defensa de la empresa afectada. Esta motivación, relativa a los documentos que forman parte del expediente de la Comisión, no puede aplicarse a las respuestas dadas por otras empresas afectadas a los cargos comunicados por la Comisión. Procede recordar que la Comisión no está obligada a proporcionar, por propia iniciativa, acceso a los documentos que no figuran en su expediente de instrucción y que no se proponga utilizar en la Decisión final como pruebas de cargo contra las partes afectadas.
162

El demandante sostuvo ciertamente durante el procedimiento ante la Sala de Recurso que, si el examen de SUMOST 01 se hubiera realizado utilizando para el examen comparativo la descripción inicial de LEMON SYMPHONY, se habría considerado que estas dos variedades son claramente distintas (véase la resolución impugnada A 007/2007, p. 2). No obstante, la Sala de Recurso ha rebatido expresamente esta tesis y ha puesto de relieve en la resolución impugnada que «el procedimiento de examen no habría seguido un curso distinto si la Oficina no hubiera adaptado y registrado inmediatamente la descripción de la variedad [...]» [The test procedure would not have taken a different course if the Office had not immediately adapted and registered the variety description...] Además, el demandante no ha cuestionado específicamente esta apreciación en el presente recurso.
17

La primera demandante y la segunda demandante, La Perla Srl, solicitan al Tribunal que: — Anule y reforme la resolución impugnada debido a la aplicación errónea del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94, así como a la infracción del artículo 63, apartado 6, del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 65, apartado 6, del Reglamento no 207/2009) y de los artículos 73 y 74 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículos 75 y 76 del Reglamento no 207/2009). — Con carácter subsidiario, que anule la resolución recurrida debido a la aplicación errónea del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94, así como a la infracción del artículo 63, apartado 6, y de los artículos 73 y 74 del Reglamento no 40/94. — Con carácter subsidiario de segundo grado, que anule y/o reforme la resolución impugnada debido a la aplicación errónea del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, así como a la infracción del artículo 63, apartado 6, y de los artículos 73 y 74 del Reglamento no 40/94. — Que condene en costas a la OAMI y a la parte coadyuvante, incluidas las causadas en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI.
109

Por último, en cuanto a las medidas aludidas por primera vez en la vista cabe afirmar que no pueden tomarse en consideración. En efecto, con vulneración de los artículos 48, apartado 2, y 76 bis, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, dichas medidas se han invocado en el curso del proceso, sin que se haya presentado justificación alguna. En cualquier caso, la viabilidad de un sistema de aprobación previa y de vigilancia por un mandatario independiente no ha sido demostrada por la demandante. En cuanto a la prohibición total de las operaciones con Irán, no sería eficaz en cualquier caso para prevenir las operaciones con intermediarios que no estuvieran situados en ese país y cuya vinculación con BMI no fuera conocida.
51

Por otro lado, en el presente caso, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia sobre lo que la demandante habría dicho si hubiera tenido la posibilidad de presentar sus observaciones a este respecto, ésta se limitó a invocar que había una divergencia sobre la personalidad del representante y que la práctica de la OAMI era diferente de la de la OEP. Pues bien, respecto a la OAMI, su representante era el que recibió las notificaciones y el que, además, presentó la petición de restitutio in integrum. Aun suponiendo que no hubiera sido así, dicho representante no habría podido presentar esta petición que debería haberse considerado, aún con mayor razón, como jamás presentada. Asimismo, como ya se observó anteriormente, la práctica de la OEP no vincula a la OAMI. Por tanto, la respuesta de la demandante corrobora la observación según la cual no se vulneró su derecho a ser oída.
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 13 de septiembre de 2013 — Poste Italiane/Comisión

(Asunto T‑525/08)

«Ayudas de Estado — Remuneración de los fondos procedentes de las cuentas corrientes postales ante la Tesorería italiana — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación — Concepto de ayuda de Estado — Ventaja»

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común — Facultad de apreciación de la Comisión — Apreciación económica compleja — Control jurisdiccional — Límites [Art. 87 CE, ap. 1; Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo] (véanse los apartados 47 a 49, 67 y 68)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Concesión de una ventaja a los beneficiarios — Apreciación a la luz de todos los aspectos pertinentes de la operación controvertida y de su contexto — Intervención estatal consistente en obligar a una empresa a efectuar un depósito en la Tesorería del Estado y remunerar ese depósito a un tipo de interés fijado convencionalmente — Toma en consideración del efecto acumulativo de las consecuencias derivadas de la intervención estatal — Inexistencia de ventaja (Art. 87 CE, ap. 1) (véanse los apartados 59 a 63, 106 y 107)

Objeto

Pretensión de anulación de la Decisión 2009/178/CE de la Comisión, de 16 de julio de 2008, relativa a la ayuda estatal C 42/06 (ex NN 52/06) ejecutada por Italia para remunerar las cuentas corrientes de Poste Italiane SpA ante la Tesorería del Estado (DO 2009, L 64, p. 4).

Fallo

1) Anular la Decisión 2009/178/CE de la Comisión, de 16 de julio de 2008, relativa a la ayuda estatal C 42/06 (ex NN 52/06) ejecutada por Italia para remunerar las cuentas corrientes de Poste Italiane SpA ante la Tesorería del Estado.
7.

Contratación pública de la Unión Europea — Procedimiento de licitación — Obligación del órgano de contratación de excluir del procedimiento a un licitador que ha cometido una falta profesional grave — Licitador que invoca una supuesta falta profesional grave cometida por la sociedad a quien se adjudicó el contrato — Examen por el órgano de contratación de los hechos invocados — Apreciación prima facie — Obligación de desestimarlos en caso de pruebas de fraude carentes de fundamento y de informar al autor de las acusaciones [Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, arts. 93, ap. 1, letra c), y 94; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, art. 133] (véase el apartado 124, 126, 127 y 132)
En la medida en que un procedimiento de anulación de un título de protección comunitaria de una obtención vegetal no se haya iniciado de oficio, sino a petición de una parte interesada, los artículos 76 y 81 del Reglamento no 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, en relación con su artículo 20, hacen que recaiga en esa parte la carga de la prueba de que se cumplen los requisitos para que se pronuncie dicha nulidad.

No se desprende de las disposiciones antes citadas del Reglamento no 2100/94 que el procedimiento ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) tenga un carácter meramente inquisitorio. En particular, el principio de actuación de oficio que postula, en relación con el examen técnico, la primera frase de su artículo 76 debe compadecerse con la norma, prevista en la segunda frase del mismo artículo, según la cual la OCVV no debe tener en cuenta los hechos que no hubieran sido alegados ni las pruebas que no hubieran sido presentadas dentro de plazo fijado por aquélla. En la medida en que dichas disposiciones son aplicables en el procedimiento de recurso contra una resolución de la OCVV adoptada en virtud del artículo 20 del Reglamento y por la que se deniega la nulidad del título comunitario de protección de las obtenciones vegetales concedido a una variedad vegetal, incumbe así a la parte que invoca tal nulidad alegar los hechos y presentar las pruebas que, a su juicio, permitan demostrar que se cumplen las condiciones de aplicación de dicho artículo 20 del Reglamento. Cuando la OCVV no comparte su análisis, incumbe, como mínimo, a dicha parte facilitar indicaciones concretas y fundadas en apoyo de sus manifestaciones. En su caso, los elementos fácticos alegados y las pruebas presentadas pueden obligar a la otra parte a dar una explicación o una justificación, sin la cual la Sala de Recurso podrá decidir que se cumplen las normas en materia de carga de la prueba. Además, la Sala de Recurso está obligada a examinar, atentamente y con imparcialidad, todos los elementos pertinentes del caso de autos, velando por que se respeten los principios generales del Derecho y las normas de procedimiento aplicables en materia de carga y práctica de la prueba.

(véanse los apartados 129, 134 y 135)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Marca comunitaria

—

Definición y adquisición de la marca comunitaria

—

Motivos de denegación relativos

—

Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares

—

Riesgo de confusión con la marca anterior [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 24 y 43)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 16 de junio de 2008 (asunto R 1591/2007-2) relativa a un procedimiento de oposición entre 2nine Ltd y Pacific Sunwear of California, Inc.

Datos relativos al asunto

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Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar a 2nine Ltd a cargar con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 3 de diciembre de 2009 — Iranian Tobacco/OAMI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

(Asunto T-245/08)

«Marca comunitaria — Procedimiento de caducidad — Marca comunitaria figurativa TIR 20 FILTER CIGARETTES — No exigencia de un interés en ejercitar la acción — Artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009]»

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Solicitud de caducidad — Admisibilidad — Requisitos — Interés en ejercitar la acción [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 55, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 18 a 23)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 11 de abril de 2008 (asunto R 708/2007-1) relativa a un procedimiento de caducidad entre AD Bulgartabac Holding Sofia e Iranian Tobacco Co.

Datos relativos al asunto

Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de caducidad: Marca figurativa TIR 20 FILTER CIGARETTES para productos de la clase 34 — Marca comunitaria no 400.804 Titular de la marca comunitaria: Iranian Tobacco Co. Parte que solicita la caducidad de la marca comunitaria: AD Bulgartabac Holding Sofia Resolución de la División de Anulación: Declaración de caducidad de la marca comunitaria controvertida Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso de la demandante

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Iranian Tobacco Co.

Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 3 de diciembre de 2009 — Iranian Tobacco/OAMI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

(Asunto T-245/08)

«Marca comunitaria — Procedimiento de caducidad — Marca comunitaria figurativa TIR 20 FILTER CIGARETTES — No exigencia de un interés en ejercitar la acción — Artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 207/2009]»

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Solicitud de caducidad — Admisibilidad — Requisitos — Interés en ejercitar la acción [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 55, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 18 a 23)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 11 de abril de 2008 (asunto R 708/2007-1) relativa a un procedimiento de caducidad entre AD Bulgartabac Holding Sofia e Iranian Tobacco Co.

Datos relativos al asunto

Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de caducidad: Marca figurativa TIR 20 FILTER CIGARETTES para productos de la clase 34 — Marca comunitaria no 400.804 Titular de la marca comunitaria: Iranian Tobacco Co. Parte que solicita la caducidad de la marca comunitaria: AD Bulgartabac Holding Sofia Resolución de la División de Anulación: Declaración de caducidad de la marca comunitaria controvertida Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso de la demandante

Fallo

1) Desestimar el recurso.
28

El artículo 4 del Reglamento no 1972/2003, en su versión modificada, en último lugar, por el Reglamento (CE) no 735/2004 de la Comisión, de 20 de abril de 2004 (DO L 114, p. 13), establece un sistema de imposición de las existencias de excedentes despachados a libre práctica de determinados productos agrícolas existentes en el territorio de los nuevos Estados miembros el día de la adhesión. El apartado 1 de dicho artículo indica que, no obstante lo dispuesto en el número 4 del anexo IV del Acta de adhesión, y siempre que no exista legislación más estricta aplicable a escala nacional, los nuevos Estados miembros aplicarán gravámenes a los titulares de tales existencias. El artículo 4, apartado 3, del Reglamento no 1972/2003, en su versión modificada, establece el importe del gravamen en cuestión y dispone que los ingresos deberán imputarse al presupuesto nacional del nuevo Estado miembro. Por último, el artículo 4, apartado 5, de dicho Reglamento contiene una lista, diferente para cada nuevo Estado miembro, de los productos agrícolas a los que se aplica el gravamen.
1

El 7 de enero de 2004, Nokia Oyj, parte demandante, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) con arreglo al Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
Marca o signo del solicitante de la nulidad:

Marca comunitaria denominativa «UGLI» para productos de las clases 29, 31 y 32 y marca nacional figurativa «UGLI Fruit – but the affliction is only skin deep» para productos de la clase 31
66

No obstante, en el marco del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 451/2000 puede atribuirse un papel a la Comisión SPR. Con arreglo a dicho artículo, la EFSA tiene la obligación de organizar una revisión paritaria, a saber, por los Estados miembros, y, si fuera necesario, por expertos nacionales, a fin de evaluar el PIE. Con objeto de racionalizar dicha revisión, la EFSA ha establecido procedimientos particulares. Estos procedimientos se describen en el documento denominado «Procedure of the peer review of active substances used in plant protection products evaluated in the second stage of the review programme» (Procedimiento de revisión paritaria de sustancias activas utilizadas en los productos fitosanitarios evaluadas en el marco de la segunda fase del programa de trabajo). En dicho documento la EFSA presenta cuatro tipos de procedimiento entre los que puede elegir en función de las dificultades que presente el expediente. La Unidad de revisión entre iguales para la evaluación de los riesgos de los plaguicidas, también denominada PRAPeR (EFSA’s Pesticide Risk Assessment Peer Review), gestiona estos procedimientos en el seno de la EFSA. Dicha Unidad retomó las funciones que antes ejercía la EPCO. La EFSA atribuyó un papel a la Comisión SPR, creada en aplicación del artículo 28, apartado 4, del Reglamento no 178/2002, en el marco del procedimiento específico establecido por dicha Autoridad para llevar a cabo la evaluación de las sustancias activas cuya inocuidad plantea problemas, que es uno de los cuatro tipos de procedimientos mencionados. En efecto, para dichas sustancias, EFSA prevé la convocatoria de reuniones de expertos nacionales y la posibilidad de consultar a la Comisión SPR sobre cuestiones problemáticas.
44

Por lo que se refiere a los riesgos de genotoxicidad, en el punto 2.4 del informe de la EFSA se explica: «El malatión ha sido objeto de una serie de estudios in vivo e in vitro. El ensayo de aberraciones cromosómicas realizado sobre linfocitos humanos y el ensayo del linfoma realizado sobre ratones (los dos estudios se llevaron a cabo en 2001) dieron resultados positivos, con un contenido de isomalatión que alcanzaba el 0,14%. Un ensayo de UDS in vitro había sido negativo (0,2% de isomalatión). Aunque la prueba Ames fue negativa, se ha suscitado un motivo de preocupación en relación con la calidad, ya que no se había comunicado ninguna información sobre el contenido de isomalatión. En el marco del ensayo de aberraciones cromosómicas sobre linfocitos humanos se observó una mayor frecuencia de metafases con aberraciones cromosómicas en ausencia de activación metabólica, pero esa mayor frecuencia no se observó posteriormente en un segundo ensayo realizado con concentraciones inferiores. Los dos ensayos in vivo realizados sobre células somáticas eran negativos (el contenido de isomalatión era de 0,2%). Los expertos consideraron que los resultados positivos observados en los ensayos in vitro podían deberse al isomalatión y a otras impurezas, tal como se señala en algunos estudios publicados. No obstante, durante la reunión tuvo lugar una discusión acerca de los efectos positivos a los que se hace referencia en los estudios publicados: todos los datos disponibles corroboran la conclusión de que no existe riesgo de genotoxicidad in vivo. El PIE no da ninguna información sobre el riesgo de genotoxicidad del isomalatión. Los expertos estaban de acuerdo en que con un contenido de isomalatión de 0,03% no había riesgo de genotoxicidad. Sin embargo, en la reunión no 20 del EPCO se llegó a la conclusión de que si se mantenía la solicitud relativa a un contenido de isomalatión de 0,2% sería necesario o bien llevar a cabo una nueva prueba Ames (con un contenido de isomalatión de 0,2%) o bien señalar una falta de datos. Si ese estudio diese un resultado positivo, no sería posible fijar los valores límite y habría que realizar una prueba secundaria, en este caso, un ensayo de UDS. En agosto de 2005 se aportaron los resultados de una nueva prueba Ames con un 0,2% de isomalatión, los cuales fueron evaluados por el EMP, pero no fueron objeto de ningún examen colegial.»