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El Tribunal de Justicia puede plantear de oficio la falta de interés de una parte para interponer o proseguir un recurso de casación, debido a un hecho posterior a una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que pueda quitar a ésta su carácter perjudicial para el recurrente en casación, y puede declarar la inadmisibilidad del recurso de casación o que éste carece de objeto por tal motivo.

A este respecto, no puede considerarse que la adopción del Reglamento no 954/2009, que modifica por centésima decimocuarta vez el Reglamento no 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, constituya un hecho posterior a las sentencias que desestiman los recursos de anulación dirigidos por dos recurrentes contra ese último Reglamento que pueda dejar sin objeto a los recursos presentados contra esas sentencias.

La adopción del Reglamento no 954/2009, que sustituye retroactivamente al Reglamento no 881/2002, no equivale a una anulación pura y simple del Reglamento controvertido en lo que atañe a los recurrentes, en virtud de la cual éstos han obtenido el único resultado que sus recursos podrían procurarles y, por lo tanto, no es necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie al respecto.

(véanse los apartados 58, 61, 62 y 64)
Asunto C-480/06

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República Federal de Alemania

«Incumplimiento de Estado — Directiva 92/50/CEE — No tramitación de un procedimiento formal europeo de licitación para la adjudicación de servicios de tratamiento de residuos — Cooperación entre entidades locales»

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mazák, presentadas el 19 de febrero de 2009 I ‐ 4749

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de junio de 2009 I ‐ 4762

Sumario de la sentencia

Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios — Directiva 92/50/CEE — Ámbito de aplicación

(Directiva 92/50/CEE del Consejo, art. 1)

No entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, un contrato que constituye tanto el fundamento como el marco jurídico de la construcción y explotación futuras de una instalación destinada a la realización de un servicio público, a saber, la valorización térmica de residuos, siempre que se haya celebrado exclusivamente entre autoridades públicas, sin la participación de ninguna parte privada, y no prevea ni prejuzgue la eventual convocatoria de una licitación necesaria para la construcción y la explotación de la instalación de tratamiento de residuos.

En efecto, una autoridad pública puede realizar las tareas de interés público que le corresponden con sus propios medios o en colaboración con otras autoridades públicas, sin verse obligada a recurrir a entidades externas y ajenas a sus servicios. A este respecto, por un lado, el Derecho comunitario no impone en modo alguno a las autoridades públicas el uso de una forma jurídica particular para garantizar sus misiones de servicio público conjuntamente. Por otro lado, tal colaboración entre autoridades públicas no cuestiona el objetivo principal de la normativa comunitaria sobre contratación pública, a saber, la libre circulación de los servicios y su apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros, siempre que la realización de dicha cooperación se rija únicamente por consideraciones y exigencias características de la persecución de objetivos de interés público y se garantice el principio de igualdad de trato de los interesados contemplado en la Directiva 92/50, de manera que ninguna empresa privada se sitúe en una situación privilegiada respecto de sus competidores.

(véanse los apartados 44 a 45 y 47)
No corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la aplicabilidad de disposiciones nacionales para la resolución de un litigio, pero le incumbe, en el marco del reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales comunitarios y nacionales, tener en cuenta el contexto normativo en el que se inserta la cuestión prejudicial, tal como lo define la resolución de remisión.

Además, la presunción de pertinencia de que disfrutan las cuestiones planteadas con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales nacionales sólo puede destruirse en casos excepcionales, cuando resulte evidente que la interpretación solicitada de las disposiciones del Derecho comunitario mencionadas en dichas cuestiones no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal. Esto sucede con las cuestiones para las que el juez remitente no señala el nexo entre los elementos del Derecho nacional y las disposiciones del Derecho comunitario cuya interpretación solicita y no explica qué utilidad para la solución del litigio principal tendría el examen por el Tribunal de Justicia del código deontológico de los médicos en relación con la práctica interpretativa en materia de publicidad de tratamientos médico-quirúrgicos en el ámbito de los servicios de tratamiento de belleza.

(véanse los apartados 20, 23 y 26)
Cuando un Estado miembro ha mantenido en su legislación nacional, con arreglo al artículo 28, apartado 2, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, tanto antes como después de las modificaciones introducidas en esta disposición mediante la Directiva 92/77, una exención con devolución del impuesto soportado para determinadas entregas o prestaciones específicas, el operador económico que realiza tales entregas o prestaciones no puede invocar derecho alguno, basado en el Derecho comunitario y directamente exigible, a que estas entregas o prestaciones queden sujetas al tipo cero del impuesto sobre el valor añadido.

Al autorizar a los Estados miembros a aplicar exenciones con devolución del impuesto abonado, el artículo 28, apartado 2, de la Sexta Directiva establece una excepción a las normas que regulan el tipo impositivo normal del impuesto sobre el valor añadido. Por lo tanto, es correcto afirmar que estas exenciones, denominadas «tributaciones al tipo cero», están autorizadas en virtud del Derecho comunitario. Sin embargo, el Derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a mantener tales exenciones. Como se desprende del propio tenor de dicha disposición, en su versión inicial, «podrán mantenerse» los supuestos de exención que existan el 31 de diciembre de 1975, lo que significa que depende únicamente de la apreciación del Estado miembro de que se trate conservar o no una u otra legislación que responda, en particular, a los criterios enunciados en el artículo 17, último guión, de la Directiva 67/228, derogada, según los cuales las exenciones con devolución del impuesto abonado sólo podían establecerse por razones de interés social bien definidas y en favor de los consumidores finales.

(véanse los apartados 22, 23 y 28 y el punto 1 del fallo)
La Directiva 92/85, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, y, en particular, la prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas establecida en el artículo 10, punto 1, de esta Directiva deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a una trabajadora sometida a una fecundación in vitro cuando, en el momento en que se le notifica el despido, ya ha tenido lugar la fecundación de los óvulos de esta trabajadora con los espermatozoides de su pareja, de modo que existen óvulos fecundados in vitro, pero éstos no han sido aún transferidos al útero de la mujer.

A este respecto, la protección establecida por el artículo 10 de la Directiva 92/85 no puede, por razones derivadas de la observancia del principio de seguridad jurídica, extenderse a tal trabajadora. En efecto, antes de ser transferidos al útero de la mujer de que se trate, dichos óvulos, en determinados Estados miembros, pueden conservarse durante un plazo más o menos largo y, en el caso de la normativa nacional considerada en el asunto principal, la posibilidad de conservar los óvulos fecundados se extiende hasta un período máximo de diez años. Por consiguiente, la aplicación de la protección contra el despido establecida por el artículo 10 de la Directiva 92/85 a una trabajadora antes de la transferencia de los óvulos fecundados podría tener el efecto de conceder el beneficio de esta protección aun cuando esta transferencia se retrasara por cualquier razón durante varios años o incluso se renunciara definitivamente a ella, al efectuarse la fecundación in vitro como mera medida de precaución.

(véanse los apartados 41, 42 y 53 y el fallo)
I-B-2  - 43SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 6 de diciembre de 2007
Asunto C-59/06 P
Luigi Marcuccio
contra
Comisión de las Comunidades Europeas
«Recurso de casación — Funcionario — Puesto de trabajo en un país tercero —  
Cambio de destino del titular del puesto de trabajo — Principio del respeto  
del derecho de defensa — Alcance — Carga de la prueba»
Texto completo en lengua italiana .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . II-B-2 - 335
Objeto:  Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal 
de Primera Instancia (Sala Quinta) de 24 de noviembre de 2005, 
Marcuccio/Comisión (T-236/02, RecFP pp .  I-A-365 y  II-1621), 
mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó un r
ecurso que tenía por objeto la anulación de la decisión de la 
Comisión por la que se cambiaba de destino al recurrente, que 
pasaba de la delegación de la Comisión en Luanda (Angola) a la 
sede de Bruselas, así como una pretensión de indemnización por daños y perjuicios
.
Resultado:  Se anula la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las 
Comunidades Europeas de 24 de noviembre de 2005, Marcuccio/Comisión (T-236/02)
. Se devuelve el asunto al Tribunal de 
Primera Instancia de las Comunidades Europeas . Se reserva la 
decisión sobre las costas .
I-B-2  - 44SUMARIO — ASUNTO C-59/06 P
Sumario
Funcionarios  — Principios  — Derecho de defensa  — Alcance  — Obligación de oír al 
interesado antes de la adopción de una decisión por la que se le cambiaría de destino 
contra su voluntad — Carga de la prueba
21

Dicho Estado miembro señala, como la Comisión, que los criterios introducidos por la sentencia Keck y Mithouard, antes citada, para las modalidades de venta de los productos no deben extenderse a las disposiciones relativas a su uso, debido a que, por un lado, su aplicación no ha estado exenta de dificultades en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, por otro, no han sido realmente necesarios. A su juicio, las disposiciones de las que se declaró que regulaban modalidades de venta podrían haber sido defendidas por las autoridades nacionales aunque no existieran los criterios que establece dicha sentencia.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Política económica y monetaria — Introducción del euro — Conversión entre las unidades monetarias nacionales y la unidad euro

[Reglamentos (CE) nº 1103/97 y nº 974/98 del Consejo]

Índice

Si bien es cierto que los Reglamentos nº 1103/97, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro, y nº 2866/98, sobre los tipos de conversión entre el euro y las monedas de los Estados miembros que adoptan el euro, no han menoscabado en modo alguno la competencia fiscal de los Estados miembros ni la facultad que tienen estos últimos de aumentar el importe de sus exacciones, no es menos cierto que la conversión en euros del importe de una exacción debe realizarse observando lo dispuesto en el Reglamento nº 1103/97 así como el principio de continuidad de los instrumentos jurídicos y el objetivo de neutralidad de la transición al euro. Ello implica, en particular, el establecimiento de unas exigencias de seguridad jurídica y de transparencia que permitan proteger la confianza de los agentes económicos en la introducción del euro.

Por lo tanto, los Reglamentos n os 1103/97 y 974/98, relativos a la introducción del euro, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, con ocasión de la operación de conversión en euros del importe de una exacción sobre las cantidades de harina, sémola o grañón de trigo blando entregadas o comercializadas con destino al consumo humano, fijó éste en un importe superior al que habría resultado de la aplicación de las normas de conversión establecidas por dichos Reglamentos, a menos que tal aumento respete las exigencias de seguridad jurídica y de transparencia garantizadas por los citados Reglamentos, lo que implica que los textos normativos controvertidos permitan diferenciar claramente la decisión de las autoridades de un Estado miembro de aumentar ese importe y la operación de conversión en euros de dicho importe. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si sucede así en el litigio del que conoce.

(véanse los apartados 32, 33 y 37 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (art. 226 CE) (véase el apartado 6)

Objeto del litigio

Objeto:

Incumplimiento de Estado — No adaptación, dentro del plazo señalado, del Derecho interno a la Directiva 2000/79/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa a la aplicación del Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil celebrado por la Association of European Airlines (AEA), la European Transport Workers’ Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la International Air Carrier Association (IACA) (DO L 302, p. 57)

Parte dispositiva

Fallo:

1) Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/79/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa a la aplicación del Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil celebrado por la Association of European Airlines (AEA), la European Transport Workers’ Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la International Air Carrier Association (IACA), al no haber adoptado en el plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva.

2) Condenar en costas a Irlanda.
Palabras clave

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Palabras clave

1. Disposiciones fiscales — Tributos internos

(Arts. 23 CE, 25 CE y 90 CE)

2. Disposiciones fiscales — Tributos internos

(Art. 90 CE, párr. 1)

3. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Prohibición de recaudar otros impuestos nacionales que tengan el carácter de impuestos sobre el volumen de negocios

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 33)

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1. Un impuesto de matriculación de vehículos automóviles a efectos de su puesta en circulación en el territorio de un Estado miembro, que no grava los automóviles particulares debido a su paso por la frontera, no constituye un derecho de aduana de importación ni una exacción de efecto equivalente en el sentido de los artículos 23 CE y 25 CE, sino que forma parte del régimen general de gravámenes internos sobre las mercancías y debe analizarse por tanto desde el punto de vista del artículo 90 CE.

(véanse los apartados 41 y 42 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 90 CE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que prohíbe un impuesto de matriculación de vehículos automóviles a efectos de su puesta en circulación en el territorio de un Estado miembro, en la medida en que dicho impuesto se aplica a los vehículos de ocasión con motivo de su primera puesta en circulación en el territorio de dicho Estado y su importe, determinado exclusivamente en función de las características técnicas de los vehículos (tipo de motor, cilindrada) y de su clasificación medioambiental, se calcula sin tener en cuenta la depreciación de éstos, de modo que, al aplicar dicho impuesto a vehículos de ocasión importados de otros Estados miembros, tal importe sobrepasa el importe de dicho impuesto incluido en el valor residual de los vehículos de ocasión similares ya registrados en su día en el Estado miembro de importación.

(véanse el apartado 57 y el punto 2 del fallo)

3. El artículo 33 de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, que permite que los Estados miembros mantengan o establezcan, con ciertas condiciones, impuestos que no tengan carácter de impuestos sobre el volumen de negocios, no prohíbe la aplicación de un impuesto de matriculación de vehículos automóviles a efectos de su puesta en circulación en el territorio de un Estado miembro cuando la base imponible de dicho impuesto no es el volumen de negocios y éste no da lugar, en los intercambios entre Estados miembros, a formalidades relacionadas con el paso de una frontera.

(véanse el apartado 60 y el punto 3 del fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Zonas especiales de conservación

(Directiva 92/43/CEE del Consejo, arts. 3, ap. 1, y 4, ap. 1)

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Antes de la inscripción de un lugar en la lista de los lugares de importancia comunitaria elaborada por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar medidas de protección apropiadas para mantener las características ecológicas de los lugares incluidos en la lista nacional remitida a dicha institución en virtud del artículo 4, apartado 1, de la propia Directiva 92/43.

Este régimen de protección apropiada no sólo exige que los Estados miembros no autoricen intervenciones que puedan alterar significativamente las características ecológicas de dichos lugares, sino también que adopten, de conformidad con las disposiciones del Derecho nacional, todas las medidas necesarias para evitar tales intervenciones.

En efecto, la Comisión debe tener la seguridad de contar con un inventario exhaustivo de los lugares que pueden ser designados zonas especiales de conservación, ya que la constitución de éstas tiene como objetivo una red ecológica europea coherente. De ello se desprende que, en el momento de adoptar la Comisión su decisión, los lugares identificados por los Estados miembros deben reflejar la situación en la que se basaron las evaluaciones científicas relativas a los potenciales lugares de importancia comunitaria. De no ser así, el proceso decisorio comunitario, que no sólo se basa en la integridad de los lugares tal como fueron notificados por los Estados miembros, sino que también se caracteriza por comparaciones ecológicas entre los distintos lugares propuestos por los Estados miembros, podría resultar falseado y la Comisión ya no podría cumplir su misión en el ámbito considerado.

Además, en la medida en que, con arreglo al anexo III, etapa 1, de la Directiva, las características ecológicas de un lugar identificado por las autoridades nacionales competentes reflejen varios criterios de evaluación expresamente enunciados en dicha disposición, los Estados miembros no pueden autorizar intervenciones que puedan alterar significativamente las características ecológicas de un lugar tal como lo definen tales criterios. Así ocurre, en particular, cuando una intervención conlleva el riesgo de reducir de forma significativa la superficie del lugar, o de provocar la desaparición de especies prioritarias existentes en él, o, por último, de tener como resultado la destrucción del lugar o la eliminación de sus características representativas.

(véanse los apartados 41, 42, 44 a 47, 51, y los puntos 1 y 2 del fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso por incumplimiento — Escrito de interposición del recurso — Examen de imputaciones que no figuran en la demanda — Improcedencia

(Art. 226 CE)

2. Transportes — Transportes marítimos — Libre prestación de servicios — Cabotaje marítimo

[Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, art. 2, número 1]

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1. No incumbe al Tribunal de Justicia pronunciarse más allá de las imputaciones indicadas en las pretensiones del recurso de la Comisión en virtud del artículo 226 CE.

(véase el apartado 27)

2. Aunque la enumeración de los «servicios de cabotaje marítimo» contenida en el artículo 2, número 1, del Reglamento nº 3577/92, por el que se aplica la libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros, no tenga carácter exhaustivo, de esta disposición, interpretada en su conjunto, resulta que en su ámbito de aplicación están comprendidos, por una parte, servicios que normalmente se prestan a cambio de una remuneración y, por otra, servicios que tienen por objeto, como ilustran las características esenciales de los ejemplos de cabotaje marítimo que figuran en dicho artículo, el transporte por mar de viajeros o de mercancías entre dos lugares situados en el territorio de un único Estado miembro.

Pues bien, la naturaleza y las características del remolque son diferentes de las del cabotaje, tal como se definen en el artículo 2, número 1, del Reglamento nº 3577/92. En efecto, aunque el remolque sea un servicio que se presta normalmente a cambio de una remuneración, no consiste, en principio, en un transporte directo por mar de viajeros o de mercancías, sino más bien en la asistencia en el desplazamiento de un buque, instalación, plataforma o boya. En tales circunstancias, deducir del término «en particular» que figura en el artículo 2, número 1, de dicho Reglamento que puede extenderse el ámbito de aplicación de esta disposición a cualquier servicio conexo, accesorio o auxiliar de la prestación de los servicios de transporte marítimo dentro de los Estados miembros, con independencia de que reúna o no las características esenciales del cabotaje marítimo que se definen expresamente en aquél, sería contrario no sólo a la finalidad del citado Reglamento sino también a la seguridad jurídica en cuanto al alcance del mismo Reglamento.

(véanse los apartados 28, 29, 31 y 32)