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39

Es cierto que, al interpretar el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), cuya redacción es idéntica a la del artículo 14, apartado 1, de la Directiva del IVA, el Tribunal de Justicia declaró que ese apartado 1 del artículo 5 debe interpretarse en el sentido de que se considera «entrega de bienes» la transmisión del poder de disposición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario, aunque no haya transmisión de la propiedad jurídica del bien (sentencia de 8 de febrero de 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C‑320/88, EU:C:1990:61, apartado 9). No obstante, en el marco de la presente petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente plantea la cuestión de si puede haber una «entrega de bienes» en el sentido del artículo 14, apartado 2, letra a), de la Directiva del IVA, en el supuesto de que se haya producido únicamente una transmisión jurídica de la propiedad de los bienes contra el pago de una indemnización, mientras que el titular del poder económico sobre el bien de que se trata sigue siendo el mismo. En efecto, la particularidad resultante del Derecho administrativo polaco, según la cual, en caso de expropiación por el Tesoro Público de bienes inmuebles pertenecientes a un distrito metropolitano, esos bienes continuarán administrándose por esa misma entidad, representada por el alcalde, podría privar a la transmisión de la propiedad de que se trata, al menos parcialmente, de su carácter económico, puesto que la administración o entidad expropiante no tiene atribuido el poder de disposición sobre los bienes con las facultades atribuidas a su propietario.
85

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede concluir que el Tribunal General no incurrió en una infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 ni en la violación del principio de buena administración, interpretados conjuntamente con la regla 19, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 2868/95 y el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, por considerar que la Sala de Recurso, al haberse limitado a recordar que, en circunstancias como las que concurrían en ese caso, la legalidad de las resoluciones de la EUIPO debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n.o 207/2009, tal como lo interpreta el juez de la Unión, y no sobre la base de la práctica seguida en resoluciones anteriores de la EUIPO o de las oficinas nacionales, había violado el principio de buena administración, en particular la obligación de motivar sus decisiones, provocando de tal modo la ilegalidad de la resolución controvertida.
13

El artículo 24 del citado Reglamento tiene la siguiente redacción: «1. Cuando un Estado miembro, en cuyo territorio se encuentra una persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letras b), c) o d), sin documento de residencia y que no haya presentado una nueva solicitud de protección internacional, considere que es responsable otro Estado miembro, de conformidad con el artículo 20, apartado 5, y el artículo 18, apartado 1, letras b), c) o d), podrá pedir a ese otro Estado miembro que readmita a la persona en cuestión. 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular [(DO 2008, L 348, p. 98)], cuando el Estado miembro en cuyo territorio se encuentra una persona sin documento de residencia, decida buscar en el sistema Eurodac […] la petición de readmisión de una persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letras b) o c), del presente Reglamento o de una persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra d), cuya solicitud de protección internacional no haya sido denegada mediante una resolución definitiva, lo hará lo antes posible y, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a la recepción de la respuesta positiva de Eurodac […] […] 5. La petición de readmisión de la persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letras b), c) o d), se cursará mediante un formulario normalizado e incluirá las pruebas o los indicios descritos en las dos listas mencionadas en el artículo 22, apartado 3, o bien los elementos relevantes de las declaraciones de la persona que permitan a las autoridades del Estado miembro requerido verificar si le incumbe esa responsabilidad en virtud de los criterios definidos en el presente Reglamento. […]»
«1)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión actualmente vigente, en particular el principio general de igualdad de trato, el principio general de no discriminación por razón de edad a efectos del artículo 6 TUE, apartado 3, y del artículo 21 de la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea], la prohibición de discriminación en el ámbito de la libre circulación de los trabajadores consagrada en el artículo 45 TFUE y la Directiva [2000/78], en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el procedimiento principal, que, con el fin de eliminar una discriminación por razón de edad declarada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia [de 28 de enero de 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38)] (en concreto, la exclusión del cómputo de los períodos de servicio cubiertos antes de cumplir 18 años de edad por los empleados de ÖBB), si bien computa los períodos de servicio cubiertos antes de cumplir 18 años de edad con respecto a una pequeña parte de los empleados de ÖBB discriminados por la anterior normativa (pero limitándose a los períodos cubiertos materialmente en ÖBB o en empresas públicas similares de infraestructuras ferroviarias o de transportes ferroviarios dentro de la UE, del EEE o de los países vinculados a la UE mediante acuerdos de asociación y/o de libre circulación), no computa ningún otro período de servicio cubierto antes de los 18 años de edad con respecto a la gran mayoría de los empleados de ÖBB anteriormente discriminados y, en particular, no computa los períodos que capacitan a los empleados de ÖBB afectados para desempeñar mejor su trabajo, como por ejemplo los períodos de servicio anteriores cubiertos en empresas privadas o en otras empresas públicas dedicadas al transporte o a las infraestructuras que fabrican, comercializan o mantienen la infraestructura utilizada por el empleador [ÖBB] (material rodante, construcción de raíles, construcción de conducciones, instalaciones eléctricas y electrónicas, enclavamientos, construcción de estaciones de ferrocarril y similares), ni tampoco en otras empresas [análogas] a éstas, y que, de este modo, mantiene de hecho definitivamente una diferencia de trato por razón de edad con respecto a la gran mayoría de los empleados de ÖBB afectados por la anterior normativa discriminatoria?
2

Esta petición se presentó en el contexto de dos litigios seguidos entre Western Sahara Campaign UK y los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Administración Fiscal y Aduanera, Reino Unido), en el primer caso, y el Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Ministro de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, Reino Unido), en el segundo caso, en relación con la aplicación por parte de dicha Administración Fiscal y dicho Ministerio de los acuerdos internacionales celebrados entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos y de los actos de Derecho derivado vinculados a dichos acuerdos.
14

En estas circunstancias, la Augstākā tiesa (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Deben interpretarse el artículo 4 [TUE], apartado 3, […] y el artículo 45 [TFUE], apartados 1 y 2, […] en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro como la del litigio principal, que, a efectos de la determinación del importe de la prestación de maternidad, no excluye del período de doce meses que ha de utilizarse para calcular la base media de cotización los meses en los que la persona trabajó en una institución de la Unión Europea y estuvo cubierta por el régimen común del seguro de [la Unión], sino que, al estimar que durante dicho período la persona no estuvo asegurada en Letonia, equipara sus ingresos a la base media de cotización en el Estado, lo cual puede reducir sustancialmente el importe de la prestación de maternidad concedida en comparación con el posible importe de la prestación que la persona habría podido percibir si en el período considerado para el cálculo no hubiera ido a trabajar a una institución de la Unión […], sino que hubiera estado empleada en Letonia?»
2)

En el caso de que el incumplimiento declarado en el punto 1 del fallo persista en la fecha en que se dicta la presente sentencia, se condena a la República Helénica a pagar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 3276000 euros por semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 24 de junio de 2004, Comisión/Grecia (C‑119/02, no publicada, EU:C:2004:385), desde la fecha en que se dicta la presente sentencia hasta que se ejecute íntegramente la sentencia de 24 de junio de 2004, Comisión/Grecia (C‑119/02, no publicada, EU:C:2004:385), cuyo importe efectivo deberá calcularse al finalizar cada período semestral reduciendo el importe total de cada uno de esos períodos en el porcentaje que coincida con la proporción que represente el número de unidades de equivalentes habitante efectivamente ajustadas a la sentencia de 24 de junio de 2004, Comisión/Grecia (C‑119/02, no publicada, EU:C:2004:385), en la región de Thriasio Pedio, al final del período de referencia en relación con el número de unidades de equivalentes habitante no ajustadas a la sentencia de 24 de junio de 2004, Comisión/Grecia (C‑119/02, no publicada, EU:C:2004:385), en esa región, el día en que se dicte la presente sentencia.
17

En efecto, el órgano jurisdiccional remitente no excluye que las sentencias de 6 de julio de 2006, Talacre Beach Caravan Sales (C‑251/05, EU:C:2006:451), y de 6 de mayo de 2010, Comisión/Francia (C‑94/09, EU:C:2010:253), puedan interpretarse en el sentido de que, cuando es posible distinguir un elemento concreto y específico dentro de una prestación única, que estaría sujeto a un tipo reducido de IVA si la prestación se efectuara separadamente, ese tipo reducido de IVA se aplicaría por tanto a ese aspecto concreto y específico determinado de la prestación, excluyendo otros aspectos de ésta. Una aplicación selectiva del tipo reducido de IVA a uno solo de los componentes de una prestación única estaría sin embargo sujeta al requisito de que no se introdujera con ello ninguna distorsión de la competencia entre los prestadores de servicios y a que no se alterase la funcionalidad del sistema del IVA. En particular, sería preciso cerciorarse de que el precio del elemento concreto y específico de la prestación única puede determinarse y refleja el valor real de ese elemento, de modo que se excluya un aumento artificial del precio atribuido a dicho elemento.
«(1)

La Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad [(DO 1972, L 103, p. 1; EE 13/02, p. 113)]; la [...] Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, [Segunda Directiva] relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles [(DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244)], la [...] Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, [Tercera Directiva] relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles [(DO 1990, L 129, p. 33)] [y] la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) [(DO 2000, L 181, p. 65)], han sido modificadas en varias ocasiones [...] y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de estas cuatro Directivas así como de la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la que se modifican las Directivas [72/166], [84/5], 88/357/CEE y [90/232] del Consejo y la Directiva [2000/26] del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles [(DO 2005, L 149, p. 14)].
17

Finalmente, el órgano jurisdiccional remitente añade que, en virtud del artículo 2a de las disposiciones complementarias del reglamento n.o 1, el importe de los honorarios de los abogados no registrados con arreglo a la Ley del impuesto sobre el valor añadido no incluye el IVA. En el caso de los que sí están registrados, el IVA devengado se calcula en función de los honorarios y es parte integrante de los honorarios adeudados por el cliente, los cuales, por tanto, aumentan un 20 % en concepto de IVA. La consecuencia de esta inclusión del IVA es que los honorarios deben someterse nuevamente a ese tipo impositivo, puesto que se modifica la base imponible. El órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 2a de las disposiciones complementarias del reglamento n.o 1 confunde los conceptos de «precio» del servicio y de «cuotas impositivas devengadas» en el sentido del artículo 1 de la Directiva 2006/112. Según el referido órgano jurisdiccional, estos dos conceptos no tienen ni el mismo fundamento ni el mismo destinatario.
1

Mediante su recurso de casación, la European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 26 de noviembre de 2015, Giant (China)/Consejo (T‑425/13, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:896), por la que dicho Tribunal anuló el Reglamento (UE) n.o 502/2013 del Consejo, de 29 de mayo de 2013, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 990/2011 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China, tras una reconsideración provisional en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 (DO 2013, L 153, p. 17; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»), en la medida en que se refería a Giant (China) Co. Ltd (en lo sucesivo, «Giant»).
31

El Tribunal de Justicia ha declarado también que la identificación a efectos del IVA, prevista en el artículo 214 de la Directiva 2006/112, no es más que un requisito formal con fines de control, que no puede poner en tela de juicio, en particular, el derecho a deducción del IVA cuando se cumplan los requisitos materiales que dan lugar a esos derechos (sentencia de 9 de julio de 2015, Salomie y Oltean, C‑183/14, EU:C:2015:454, apartado 60 y jurisprudencia citada).
7)

Los artículos 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, y 875 del Reglamento n.o 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1335/2003, deben interpretarse en el sentido de que las autoridades aduaneras pueden realizar todos los controles a posteriori que estimen necesarios, y utilizar la información obtenida al llevar a cabo dichos controles, tanto para apreciar si se cumplen los requisitos para que un importador pueda invocar la confianza legítima, de acuerdo con el artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, como para determinar si el asunto de que conocen contiene elementos de hecho y de Derecho comparables, en el sentido del artículo 875 del Reglamento n.o 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1335/2003, a los de un asunto en el que la Comisión Europea haya adoptado una decisión de no contracción de los derechos de conformidad con el artículo 873 del Reglamento n.o 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1335/2003.
9

El artículo 3, apartado 2, de la ÖLG establece: «(2) Estarán exentos de las obligaciones que establece el artículo 28, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 834/2007 los operadores que entreguen directamente al consumidor o usuario final los productos contemplados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 834/2007, en tanto que productos ecológicos o en conversión, siempre que no produzcan o elaboren ellos mismos o mediante encargo a terceros dichos productos, que no los almacenen o encarguen su almacenamiento salvo en un lugar que tenga relación con el punto de venta y que no los importen o encarguen su importación de terceros países.»
7

El artículo 28 de este Reglamento prevé: «1. Los Estados miembros no podrán internar a una persona por el único motivo de que se encuentre sometida al procedimiento establecido en el presente Reglamento. 2. Cuando exista un riesgo considerable de fuga, los Estados miembros podrán internar a una persona para garantizar el desarrollo de los procedimientos de traslado de conformidad con el presente Reglamento sobre la base de una evaluación individual y únicamente en la medida en que el internamiento sea proporcionado y no puedan aplicarse efectivamente otras medidas menos coercitivas. 3. El internamiento será lo más breve posible y no podrá superar el período de tiempo razonablemente necesario para tramitar, con la debida diligencia, los procedimientos administrativos prescritos hasta que se efectúe el traslado de conformidad con el presente Reglamento. Cuando una persona sea internada con arreglo al presente artículo, el plazo de presentación de una petición de toma a cargo o de readmisión no podrá ser superior a un mes contado a partir del momento en que se presente la solicitud. El Estado miembro que lleve a cabo el procedimiento con arreglo al presente Reglamento pedirá en tales casos una respuesta urgente. Dicha respuesta deberá darse en el plazo de dos semanas a partir del momento en que se reciba la petición. La falta de respuesta en el plazo de dos semanas equivaldrá a la aceptación de la petición e implicará la obligación de hacerse cargo de la persona o de readmitirla, con inclusión de la obligación de adoptar las medidas adecuadas para la llegada. Cuando una persona sea internada con arreglo al presente artículo, el traslado de esa persona del Estado miembro requirente al Estado miembro responsable se efectuará en cuanto sea materialmente posible y a más tardar en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de aceptación expresa o tácita de la petición de toma a cargo o de readmisión de la persona interesada o a partir del momento en que el recurso o la revisión ya no tengan efecto suspensivo con arreglo al artículo 27, apartado 3. Cuando el Estado miembro requirente no respete los plazos de presentación de una petición de toma a cargo o de readmisión o cuando el traslado no se produzca en el plazo de seis semanas mencionado en el párrafo tercero, no se mantendrá a la persona internada. En consecuencia, seguirán siendo de aplicación los artículos 21, 23, 24 y 29. 4. Por lo que respecta a las condiciones de internamiento y a las garantías aplicables a las personas internadas, a fin de garantizar los procedimientos de traslado al Estado miembro responsable se aplicarán los artículos 9, 10 y 11 de la [“Directiva Acogida”].»
3

Los considerandos 2, 5 a 7 y 13 de la Decisión Marco 2008/675 exponen lo siguiente: «(2) El 29 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó, con arreglo a las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal […], que contempla la “adopción de uno o varios instrumentos que establezcan el principio en virtud del cual el juez de un Estado miembro debe estar en condiciones de tener en cuenta las resoluciones penales definitivas pronunciadas en los demás para apreciar el pasado penal del delincuente, para constatar la reincidencia y para determinar la naturaleza de las penas y las modalidades de ejecución que pueden aplicarse”. […] (5) Sería conveniente establecer el principio en virtud del cual todo Estado miembro ha de atribuir a una condena pronunciada en otro Estado miembro efectos equivalentes a los atribuidos a las condenas dictadas por sus órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo al Derecho nacional, ya se trate de efectos de hecho o de derecho procesal o sustantivo según el Derecho nacional. Ahora bien, la presente Decisión marco no pretende armonizar las consecuencias que las diferentes legislaciones nacionales reconocen a la existencia de condenas anteriores, y la obligación de tener en cuenta condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros existe únicamente en la medida en que se tienen en cuenta las condenas nacionales anteriores con arreglo al Derecho nacional. (6) Al contrario que otros instrumentos, la presente Decisión marco no tiene por objeto la ejecución en un Estado miembro de las decisiones judiciales tomadas en otro Estado miembro. La presente Decisión pretende más bien permitir que se puedan vincular consecuencias a una condena anterior pronunciada en un Estado miembro con motivo de un nuevo proceso penal en otro Estado miembro, en la medida que dichas consecuencias están vinculadas a penas nacionales previas con arreglo al Derecho de ese otro Estado miembro. […] (7) Los efectos atribuidos a las resoluciones condenatorias pronunciadas en otros Estados miembros deberían ser equivalentes a los atribuidos a las resoluciones nacionales, ya se trate de la fase previa al proceso penal, del propio proceso penal y de la fase de ejecución de la condena. […] (13) La presente Decisión marco respeta las diversas soluciones y procedimientos nacionales que se aplican a la hora de tener en cuenta una condena anterior dictada en otro Estado miembro. La exclusión de la posibilidad de revisar una condena anterior no debe impedir a ningún Estado miembro adoptar una decisión, si fuera necesario, para vincular los efectos jurídicos equivalentes a dicha condena anterior. No obstante, los procedimientos seguidos para dictar tal resolución no deben, en vista de los plazos y procedimientos o trámites necesarios, imposibilitar que se vinculen efectos jurídicos equivalentes a una condena anterior dictada en otro Estado miembro.»