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Asunto C‑349/16

T.KUP SAS

contra

Belgische Staat

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel)

«Procedimiento prejudicial — Dumping — Reglamento (CE) n.o 1472/2006 — Importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de China y Vietnam — Validez del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 — Procedimiento de reconsideración de medidas antidumping de próxima expiración — Importadores no vinculados — Muestreo — Interés de la Unión Europea»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)

de 15 de junio de 2017

Cuestiones prejudiciales—Apreciación de validez—Admisibilidad—Necesidad de facilitar al Tribunal de Justicia las razones que justifican la necesidad de responder a las cuestiones prejudiciales [Art. 267 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 23; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 94, letra c)] Política comercial común—Defensa contra las prácticas de dumping—Procedimiento de reconsideración de medidas de próxima expiración—Investigación—Muestreo—Composición de las muestras—Facultad de apreciación de la Comisión—Control jurisdiccional [Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo, arts. 6, ap. 8, 11, aps. 2 y 5, y 17, ap. 1; Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 del Consejo] Política comercial común—Defensa contra las prácticas de dumping—Procedimiento de reconsideración de medidas de próxima expiración—Apreciación del interés de la Unión—Necesidad de una nueva ponderación de los distintos intereses pertinentes—Consideración de los puntos de vista de las partes interesadas—Carga de la prueba [Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo, art. 21, aps. 1 a 3 y 7]
Como resulta del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, éste somete al mecanismo de protección medioambiental previsto en él cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares. A este respecto, el hecho de que un proyecto de construcción de una instalación no se sitúe en las zonas Natura 2000, sino a una distancia considerable de éstas no excluye en modo alguno la aplicabilidad de las exigencias del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43.

Las autoridades nacionales competentes sólo autorizarán una actividad sujeta a la evaluación en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, si tienen la certeza de que no producirá efectos perjudiciales para la integridad del lugar protegido. Así sucede cuando no existe ninguna duda razonable, desde el punto de vista científico, sobre la inexistencia de tales efectos. A este respecto, la aplicación del principio de cautela en el marco de la ejecución de la citada disposición exige que las autoridades nacionales tengan en cuenta, concretamente, las medidas de protección integradas en el proyecto en cuestión dirigidas a evitar o reducir los eventuales efectos perjudiciales causados directamente, a fin de garantizar que no afecte a la integridad del lugar protegido.

Es en la fecha de la adopción de la decisión que autoriza la realización del proyecto cuando no debe subsistir ninguna duda razonable desde un punto de vista científico sobre la inexistencia de efectos perjudiciales para la integridad del lugar afectado. En consecuencia, en lo que atañe a una decisión por la que se autoriza un proyecto de construcción de una instalación sobre la base de una evaluación de las repercusiones que ha concluido la inexistencia de perjuicio a la integridad de las zonas Natura 2000, el Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, en la medida en que dicha evaluación no contiene constataciones definitivas por lo que respecta a la eficacia de una medida de protección integrada en el proyecto, sino que se limita a precisar que dicha eficacia sólo se confirmará tras varios años de vigilancia.

(véanse los apartados 33, 34, 37, 42 y 45)
2.

Transportes — Transportes por carretera — Reglamento (CE) n.o 1071/2009 — Normas comunes relativas a las condiciones de ejercicio de la profesión de transportista por carretera — Registro electrónico nacional de las empresas de transporte por carretera — No creación de dicho registro e inexistencia de conexión con los registros electrónicos nacionales de los demás Estados miembros — Incumplimiento [Reglamento (CE) n.o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 16, aps. 1 y 5] (véanse los apartados 18 a 22 y 29 y el fallo)
16

En tales circunstancias, el Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Es compatible con el Derecho de la Unión, y en particular con el artículo 56 TFUE, que un vehículo objeto de un contrato de leasing entre una sociedad de arrendamiento financiero domiciliada en un Estado miembro y un arrendatario residente o domiciliado en otro Estado miembro (véase la segunda cuestión) no pueda comenzar a ser utilizado en las carreteras de ese segundo Estado miembro mientras las autoridades tramitan una solicitud de pago de la parte proporcional del impuesto de matriculación de ese vehículo correspondiente al período en el que se desea utilizar ese vehículo en tal Estado miembro? 2) ¿Es compatible con el Derecho de la Unión, y en particular con el artículo 56 TFUE, que una medida nacional que constituye un requisito previo para la matriculación/pago proporcional del impuesto sobre un vehículo para un uso temporal (no permanente) exija una autorización previa o suponga que: i) las autoridades exijan el pago íntegro del impuesto de matriculación danés como requisito previo para su utilización inmediata, y que la diferencia entre el importe total del impuesto y la parte proporcional del impuesto que se ha calculado se reembolse, con intereses, en caso de que posteriormente se conceda la autorización, y/o que ii) las autoridades exijan el pago íntegro del impuesto de matriculación como requisito previo para su utilización inmediata y, en caso de no concederse la autorización, dicho importe no se ajusta y no se devuelve el saldo restante cuando finaliza el período de uso temporal?»
21

El considerando 6 del Reglamento (CE) n.o 601/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004, por el que se establecen determinadas medidas de control aplicables a las actividades pesqueras en la zona de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y se derogan los Reglamentos n.o 3943/90, n.o 66/98 y (CE) n.o 1721/1999 (DO 2004, L 97, p. 16 ), afirma lo siguiente: «Con vistas a la aplicación de las nuevas medidas de conservación adoptadas por la [Comisión CCRVMA], procede derogar [los Reglamentos n.o 3943/90 y n.o 66/98 y (CE) n.o 1721/1999 del Consejo, de 29 de julio de 1999, por el que se establecen determinadas medidas de control con respecto a los buques que enarbolan pabellón de las Partes no contratantes [de la Convención de Canberra] (DO 1999, L 203, p. 14)] y sustituirlos por un Reglamento único que reúna las disposiciones específicas en materia de control de las actividades pesqueras que se derivan de las obligaciones de la [Unión] en su calidad de Parte contratante de la Convención.»
4

Conforme al artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 2007/436 (DO 2000, L 130, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 105/2009 del Consejo, de 26 de enero de 2009 (DO 2009, L 36, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1150/2000»), se constatará un derecho de la Unión sobre los recursos propios cuando se cumplan las condiciones previstas por la normativa aduanera en lo relativo a la consideración del importe del derecho y su comunicación al deudor.
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En este contexto, el tribunal remitente considera que del Reglamento (CE) n.o 1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39 en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DO 2006, L 241, p. 1), resulta que las operaciones realizadas en el mercado primario no están sujetas a la obligación de información, de modo que un sistema como el sistema EFS, en el que únicamente se realizan operaciones en el mercado primario, no puede calificarse de «mercado regulado».
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartados 1 y 3, de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO 1991 L 135, p. 40), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (DO 2008 L 311, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 91/271»), al no haber garantizado un nivel adecuado de tratamiento de las aguas residuales urbanas de las aglomeraciones de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia, Galatista, Desfina y Chanioti, que representan entre 2000 y 10000 equivalentes habitante (en lo sucesivo, «e‑h»), así como de Polychrono, que representa entre 10000 y 15000 e‑h.
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En apoyo de su recurso, Riva invocó ocho motivos, basados, el primero, en la falta de competencias de la Comisión tras la expiración del Tratado CECA y en la violación del Reglamento n.o 1/2003; el segundo, en la violación del artículo 10, apartados 3 y 5, del Reglamento n.o 17 y del artículo 14, apartados 1 y 3, del Reglamento n.o 1/2003; el tercero, en la violación del artículo 36 CA, párrafo primero; el cuarto, en la violación de los artículos 10 y 11 del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18), y de su derecho de defensa; el quinto, en un defecto de motivación y una motivación contradictoria en relación con la determinación del mercado geográfico de referencia y con la aplicación del principio de la ley más favorable; el sexto, en la desnaturalización de los hechos y en la violación del artículo 65 CA en relación con diversos aspectos de la infracción imputada a Riva; el séptimo, en la inexistencia de instrucción y en un defecto de motivación en lo que respecta a la imputación a Riva de la totalidad de la infracción y a la posición específica de esta última en relación con los comportamientos que se le imputaban y, el octavo, en la violación de Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4), en la violación de las Directrices de la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3), en una desviación de poder y en la violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato al determinar el importe de la multa.
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, del artículo 9, párrafo primero, y del artículo 39, apartado 3, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO 2009, L 9, p. 12), y del principio de proporcionalidad, al sujetar las cajetillas de cigarrillos ya gravadas y despachadas a consumo en un determinado año a una prohibición de comercialización y de venta al público una vez expirado el período, excesivamente corto, que prevé el artículo 27 de la Portaria n.°1295/2007 do Ministério das Finanças e da Administração Pública (Orden n.o 1295/2007 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), de 1 de octubre de 2007 (Diário da República, Serie I, n.o 189, de 1 de octubre de 2007), en su versión aplicable al presente recurso (en lo sucesivo, «Orden n.o 1295/2007»).
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En segundo lugar, si bien es verdad, como ha señalado el tribunal remitente, que las obras que se ponen a disposición de los usuarios de la plataforma de intercambio en línea TPB han sido subidas a esa plataforma no por los administradores de ésta, sino por sus usuarios, no es menos cierto que dichos administradores, mediante la puesta a disposición y la gestión de una plataforma de intercambio en línea como la controvertida en el litigio principal, intervienen, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para proporcionar acceso a las obras protegidas, indexando y catalogando en dicha plataforma los ficheros torrents que permiten a los usuarios de ésta localizar esas obras y compartirlas en una red entre pares (peer-to-peer). A este respecto, como ha señalado en esencia el Abogado General en el punto 50 de sus conclusiones, de no existir la puesta a disposición y la gestión de esos administradores, dichas obras no podrían ser compartidas por los usuarios o, al menos, su intercambio en Internet resultaría mucho más complejo.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Sustancias Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1, y corrección de errores DO 2007, L 136, p. 3; en lo sucesivo, «Reglamento REACH»).
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010 (DO 2010, L 189, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 2006/112»), en particular, del artículo 2, apartado 1, letra c), del artículo 132, apartado 1, letra f), del artículo 1, apartado 2, párrafo segundo, del artículo 168, letra a), del artículo 178, letra a), del artículo 14, apartado 2, letra c), y del artículo 28 de dicha Directiva, al establecer el régimen del impuesto sobre el valor añadido (IVA) relativo a las agrupaciones autónomas de personas, tal como se define en el artículo 44, apartado 1, letra y), del texto refundido de la Ley de 12 de febrero de 1979 relativa al impuesto sobre el valor añadido (Mémorial A 1979, n.o 23; en lo sucesivo, «Ley del IVA»), en los artículos 1 a 4 del Reglamento granducal de 21 de enero de 2004 relativo a la exención del IVA de las prestaciones de servicios proporcionadas a sus miembros por las agrupaciones autónomas de personas (Mémorial A 2004, n.o 9; en lo sucesivo, «Reglamento granducal»), en la circular administrativa n.o 707, de 29 de enero de 2004, en tanto contiene comentarios a los artículos 1 a 4 del Reglamento granducal (en lo sucesivo, «circular administrativa»), y en la nota de 18 de diciembre de 2008 redactada por el grupo de trabajo que opera en el Comité de Observación de los Mercados (COBMA) y de acuerdo con l’administration de l’Enregistrement et des Domaines (Administración tributaria luxemburguesa) (en lo sucesivo, «nota del COBMA»).
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Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que, tratándose de un contrato público no incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17 pero que presenta un interés transfronterizo cierto, los principios de igualdad de trato y de no discriminación y la obligación de transparencia que derivan, en particular, de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que la entidad adjudicadora modifique, una vez publicado el anuncio de licitación, una cláusula del pliego de condiciones relativa a las condiciones y a la regulación de la acumulación de las capacidades profesionales, como la cláusula 4, apartado 3, controvertida en el litigio principal, a condición de que, en primer término, las modificaciones realizadas no sean tan esenciales como para haber atraído a potenciales licitadores que, sin ellas, no podrían presentar ofertas; en segundo término, que dichas modificaciones sean objeto de una publicidad adecuada; y, en tercer término, que tengan lugar antes de la presentación de ofertas por los licitadores, que el plazo de presentación de esas ofertas se amplíe cuando las correspondientes modificaciones sean importantes, que la duración de esa ampliación dependa de la importancia de dichas modificaciones y que tal duración baste para permitir a los operadores económicos interesados adaptar sus ofertas en consecuencia, lo que corresponde verificar al tribunal remitente.
2)

El artículo 28, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 612/2009 de la Comisión, de 7 de julio de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 173/2011 de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, debe interpretarse en el sentido de que los pollos congelados o ultracongelados cuyo contenido de agua supere los límites establecidos por el Reglamento n.o 543/2008, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución n.o 1239/2012, no son comercializables en condiciones normales en el territorio de la Unión Europea y no cumplen el requisito de calidad sana, cabal y comercial, aun cuando estén provistos de un certificado sanitario expedido por la autoridad competente.
20

En apoyo de su recurso de casación, la Sra. Achbita aduce en particular que, al considerar que la convicción religiosa en que se basa la prohibición dictada por G4S constituye un criterio neutro y al no calificar esa prohibición de desigualdad de trato entre los trabajadores que llevan un pañuelo islámico y aquellos que no lo llevan por el hecho de que dicha prohibición no atañe a una convicción religiosa determinada y se aplica a todos los trabajadores, el arbeidshof te Antwerpen (Tribunal Laboral Superior de Amberes) no aplicó correctamente los conceptos de «discriminación directa» y de «discriminación indirecta» en el sentido del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
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El artículo 10 bis de la citada Directiva, titulado «Normas comunitarias de carácter transitorio para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión», dispone: «1. Antes del 31 de diciembre de 2010, la Comisión adoptará medidas de desarrollo a escala comunitaria, totalmente armonizadas, para la asignación de los derechos de emisión a que se refieren los apartados 4, [5], 7 y 12 […] […] Las medidas a que se refiere el párrafo primero determinarán, en la medida de lo posible, parámetros de referencia ex ante a escala comunitaria a fin de asegurar que los derechos de emisión se asignen de tal forma que se incentiven las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero y las técnicas de eficiencia energética, teniendo en cuenta las técnicas más eficaces, los productos de sustitución, los procedimientos alternativos de producción, la cogeneración de alta eficiencia, la recuperación energética eficaz de gases residuales, la utilización de biomasa y la captura, el transporte y el almacenamiento de CO2, siempre que se disponga de las instalaciones necesarias, y que no se ofrezca ningún incentivo para aumentar emisiones. No se asignará ningún derecho de forma gratuita a la producción de electricidad, excepto en los casos cubiertos por el artículo 10 quater y en el caso de la electricidad producida con gases residuales. Para cada sector y subsector, los parámetros de referencia se calcularán en principio en función del producto, antes que en función del insumo, a fin de maximizar las reducciones de gases de efecto invernadero y los avances en eficiencia energética a través de cada proceso productivo del sector o subsector en cuestión. […] 2. A la hora de definir los principios para establecer parámetros de referencia ex ante en los diferentes sectores o subsectores, el punto de partida será el promedio de los resultados de las instalaciones que constituyan el 10 % de las instalaciones más eficaces de un determinado sector o subsector en la Comunidad en los años 2007 y 2008. […] Los reglamentos adoptados conforme a los artículos 14 y 15 contendrán unas normas armonizadas sobre el seguimiento, la notificación y la verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con la producción con vistas al establecimiento de los parámetros de referencia ex ante. […]»
El examen, desde el punto de vista del principio de igualdad de trato, de la Decisión n.o 377/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2013, por la que se establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de dicha Decisión, en la medida en que la excepción temporal que establece el artículo 1 de ésta a las exigencias de los artículos 12, apartado 2 bis, y 16 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2008/101/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, referente a la entrega de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para vuelos operados durante el año 2012 entre los Estados miembros de la Unión Europea y la mayoría de los terceros estados, no es de aplicación, en particular, a los vuelos con destino u origen en aeródromos localizados en Suiza.
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Se infiere, en efecto, de lo señalado en los apartados 22 y 23 de la sentencia de 19 de septiembre de 2000, Alemania/Comisión (C‑156/98, EU:C:2000:467), que, en el asunto que dio lugar a esa resolución, la Comisión había calificado la medida en cuestión de selectiva respecto a determinadas empresas circunscritas geográficamente en las que los inversores particulares habían reinvertido los beneficios procedentes de las ventas de activos y no en relación con los propios inversores, respecto a los cuales había considerado que esta medida no era una ayuda, pues, como medida general, beneficiaba a todos los operadores sin distinciones, apreciación que, por lo demás, no había sido cuestionada ante el Tribunal de Justicia y sobre la que éste, por lo tanto, no tenía que pronunciarse.