Palabras clave

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Palabras clave

1. Agricultura - Política agrícola común - Sistema integrado de gestión y de control relativo a determinados regímenes de ayudas - Ayudas ligadas a la superficie dedicada a cultivos herbáceos y a la retirada de tierras - Error no deliberado en la declaración de superficie que no constituye negligencia grave - Reducción de las ayudas concedidas erróneamente por los años anteriores al descubrimiento del error, no cubiertas por la prescripción - Exigencias de la protección de los intereses financieros de la Comunidad

[Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, arts. 1, ap. 2, 2, ap. 2, y 3, ap. 1; Reglamento (CEE) nº 3887/92 de la Comisión, art. 9, ap. 2]

2. Agricultura - Política agrícola común - Sistema integrado de gestión y de control relativo a determinados regímenes de ayudas - Ayudas ligadas a la superficie dedicada a cultivos herbáceos y a la retirada de tierras - Superficie declarada erróneamente pero basada en datos reconocidos por la autoridad competente - Reducción del importe de la ayuda - Improcedencia

[Reglamento (CEE) nº 3887/92 de la Comisión, art. 9, ap. 2]

3. Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Identificación de los elementos de Derecho comunitario pertinentes

(Art. 234 CE)

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1. El artículo 9, apartado 2, párrafos primero y segundo, del Reglamento nº 3887/92 por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias, debe interpretarse en el sentido de que si la autoridad competente descubre que un solicitante de ayudas «superficies» ha presentado una declaración errónea, no efectuada deliberadamente o por negligencia grave, que ha dado lugar a que se declare un exceso de superficie en la solicitud de ayudas y que se incurrió en el mismo error en años anteriores a aquel en que tal error ha sido descubierto, lo que, en cada uno de esos años, dio lugar a que se declarara un exceso de superficie en la solicitud de ayudas, dicha autoridad está obligada, sin perjuicio del respeto de los plazos de prescripción previstos por el artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, a reducir la superficie efectivamente determinada con el fin de calcular la ayuda debida por los años anteriores. La limitación de la reducción al año en que se descubrió tal error sería contraria a los objetivos del Reglamento nº 2988/95, aplicable en esta materia, puesto que la reducción constituye una sanción administrativa en el sentido del artículo 2, apartado 2, de una irregularidad con arreglo al artículo 1, apartado 2.

( véanse los apartados 46, 47 y 64 y el fallo )

2. Con arreglo al artículo 9, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento nº 3887/92, por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias, cuando se compruebe que la superficie declarada en una solicitud de ayudas «superficies» es superior a la superficie determinada, las reducciones relativas a tales ayudas previstas en los párrafos primero y segundo de esta disposición, no se aplican si el agricultor, que ha presentado una declaración errónea y que ha recibido una ayuda por una superficie sobrevalorada, demuestra que, para la determinación de la superficie, se ha basado de forma correcta en datos reconocidos por la autoridad competente.

( véanse los apartados 65 y el fallo )

3. En el marco del procedimiento previsto en el artículo 234 CE, el Tribunal de Justicia puede proporcionar al órgano jurisdiccional nacional elementos de interpretación del Derecho comunitario útiles para la resolución del litigio principal. Puede, por tanto, verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho comunitario a las que no se haya referido el órgano jurisdiccional nacional en el enunciado de su cuestión.

( véanse los apartados 57 y 58 )