SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 20 de septiembre de 2001

Asunto T-344/99

Lucia Recalde Langarica

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Indemnización por expatriación — Artículo 4, apartado 1, letra a), del Estatuto — Artículo 26 del Estatuto — Derecho de defensa»

Texto completo en lengua española II-833

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión adoptada el 26 de febrero de 1999 por la Comisión, por la que se revoca el derecho de la demandante a percibir la indemnización por expatriación y se deducen de su retribución las cantidades abonadas en dicho concepto.

Resultado:

Anular la decisión de la Comisión de 26 de febrero de 1999. Declarar la inadmisibilidad de la pretensión por la que se solicita al Tribunal de Primera Instancia que acuerde cualquier otra medida que considere apropiada para que la Comisión cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 233 CE. La Comisión cargará con sus propias costas y con las de la demandante.

Sumario

Funcionarios — Decisión que puede afectar a la situación administrativa de un funcionario — Consideración de un elemento que no figura en el expediente individual — Inadmisibilidad — Influencia decisiva — Anulación — Requisitos

(Estatuto de los Funcionarios, art. 26)

El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario. Este principio exige que se permita a los destinatarios de decisiones que afecten sensiblemente a sus intereses expresar adecuadamente su punto de vista.

En el ámbito de la función pública comunitaria, el principio del respeto del derecho de defensa encuentra su expresión, en particular, en el artículo 26 del Estatuto, que tiene la finalidad de evitar que las decisiones adoptadas por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y que afecten a la situación administrativa y a la carrera del funcionario de que se trate estén fundadas en hechos relativos a su comportamiento, no incorporados a su expediente personal y no comunicados al interesado.

Procede destacar también que la infracción del artículo 26 del Estatuto sólo da lugar a la anulación de un acto si se demuestra que los documentos de que se trate pudieron tener una influencia decisiva en la decisión controvertida. A este respecto, el mero hecho de que determinados documentos no fueran incorporados al expediente personal no puede justificar la anulación de una decisión lesiva si tales documentos se pusieron efectivamente en conocimiento del interesado.

(véanse los apartados 57 a 60)

Referencia: Tribunal de Justicia, 28 de junio de 1972, Brasseur/Parlamento (88/71, Rec. p. 499), apartado 11; Tribunal de Justicia, 12 de febrero de 1987, Bonino/Comisión (233/85, Rec. p. 739), apartado 11; Tribunal de Justicia, 24 de octubre de 1996, Comisión/Lisrestaly otros (C-32/95 P, Rec.p. I-5373), apartado 21; Tribunal de Justicia, 12 de noviembre de 1996, Ojha/Comisión (C-294/95 P, Rec. p. I-5863), apartados 57, 67 y 68

Funcionarios - Indemnización por expatriación -Artículo 4, apartado 1, letra a), del Estatuto -Artículo 26 del Estatuto - Derecho de defensa (SENTENCIA DE 20.9.2001 — ASUNTO T-344/99 - RECALDE LANGARICA / COMISIÓN) II-833