Asunto T‑11/07

Frucona Košice a.s.

contra

Comisión Europea

«Ayudas de Estado — Condonación parcial de una deuda fiscal en el marco de un convenio de acreedores — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación — Criterio del acreedor privado en una economía de mercado»

Sumario de la sentencia

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión — Control jurisdiccional — Límites

(Arts. 88 CE y 230 CE)

2. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma

[Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21 y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 44, ap. 1, letra c)]

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación ratione temporis — Adhesión de un nuevo Estado miembro a la Unión Europea

(Arts. 87 CE y 88 CE; Acta de adhesión de 2003, anexo IV, sección 3)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Criterio del acreedor privado — Apreciación económica compleja — Control jurisdiccional — Límites

(Arts. 87 CE, ap. 1, y 88 CE, ap. 2)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Condonaciones de deudas concedidas por organismos públicos a una empresa en crisis

(Art. 87 CE, ap. 1)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Procedimiento administrativo — Obligación de la Comisión de emplazar a los interesados para que presenten sus observaciones — Estatuto del beneficiario de la ayuda

(Art. 88 CE, ap. 2)

7. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Facultad de apreciación de la Comisión — Posibilidad de adoptar directrices

[Art. 87 CE, ap. 3, letra c); Comunicación 1999/C 288/02 de la Comisión]

1. En el marco de un recurso de anulación la legalidad del acto comunitario de que se trate debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto. Cuando se trata de una Decisión en materia de ayudas de Estado su legalidad debe examinarse en función de la información de que podía disponer la Comisión en el momento en que la adoptó. Así pues, un demandante no puede alegar ante el juez comunitario datos de hecho que no hayan sido expuestos en el transcurso del procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 88 CE. Tampoco puede reprocharse a la Comisión no haber tenido en cuenta eventuales elementos de hecho o de Derecho que se le habrían podido presentar durante el procedimiento administrativo pero que no se le presentaron, puesto que la Comisión no está obligada a examinar de oficio y por suposición qué elementos podrían habérsele presentado.

(véanse los apartados 48 a 51)

2. En virtud del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General, conforme al artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, toda demanda debe señalar la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda.

(véase el apartado 59)

3. Para determinar si la Comisión es competente para examinar una medida de ayuda respecto a la cual una parte de los hechos pertinentes son anteriores a la adhesión del Estado miembro interesado a la Unión Europea, debe aceptarse como criterio pertinente el del acto jurídicamente vinculante por el cual la autoridad nacional competente se compromete a conceder la ayuda.

En lo que atañe a la renuncia parcial por una autoridad de un Estado miembro a la deuda fiscal de una empresa en dificultades en el marco de un convenio de acreedores, deben distinguirse la decisión de abstenerse de iniciar un procedimiento de liquidación judicial o uno de ejecución fiscal y la decisión de aceptación de una proposición de convenio de acreedores. Únicamente esta última implica la renuncia por la autoridad fiscal a sus créditos frente a la empresa. En efecto, en tanto que la decisión de un acreedor de no iniciar un procedimiento de liquidación judicial o uno de ejecución fiscal sólo retrasa el eventual cobro forzoso de su crédito, la decisión de ese acreedor de aceptar una proposición de convenio de acreedores implica, a reserva de la homologación del convenio por el tribunal competente, que ese acreedor renuncia definitivamente a su crédito en todo o en parte. Por tanto, para apreciar si la Comisión es competente para examinar la medida de ayuda de que se trata sólo es preciso determinar en qué momento se adoptó la decisión de la autoridad fiscal de aceptar la proposición de convenio de acreedores.

(véanse los apartados 68 a 72)

4. Dado que la aplicación por parte de la Comisión del criterio del acreedor privado en una economía de mercado requiere una apreciación económica compleja, al igual que la aplicación del criterio del inversor privado en una economía de mercado, sólo es objeto de un control limitado a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento y de motivación, de la exactitud material de los hechos tomados en consideración, de la falta de error manifiesto en la apreciación de dichos hechos o de la inexistencia de desviación de poder. No obstante, si bien la Comisión dispone de cierto margen de apreciación en materia económica, ello no implica que el juez comunitario deba abstenerse de controlar la interpretación de datos de carácter económico por la Comisión. En efecto, el juez de la Unión no sólo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos. En el marco de ese control no le corresponde sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia.

(véanse los apartados 108 a 110)

5. Un organismo público que ha otorgado una condonación de deuda debe compararse con un acreedor privado que trata de recuperar las cantidades que le adeuda un deudor que se enfrenta a dificultades financieras. La condición de acreedor debe distinguirse en efecto de la de un inversor privado en una economía de mercado que persigue una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de rentabilidad a largo plazo de los capitales invertidos.

Cuando una empresa que se encuentra en una situación financiera gravemente deteriorada propone uno o varios convenios de acreedores para sanear su situación y evitar un procedimiento de liquidación, cada acreedor debe optar entre el importe que se le ofrece en el convenio propuesto, por un lado, y el importe que espera poder recuperar tras la eventual liquidación de la empresa, por otro. Su opción se ve influida por una serie de factores, como su condición de acreedor hipotecario, privilegiado u ordinario, la naturaleza y amplitud de las eventuales garantías que posea, su apreciación de las posibilidades de saneamiento de la empresa, así como el beneficio que obtendría en caso de liquidación.

(véanse los apartados 114 y 115)

6. En el procedimiento de control de las ayudas de Estado el papel de los interesados que no sean el Estado miembro afectado se limita a presentar a la Comisión todo tipo de información destinada a orientar su actuación futura. En consecuencia, no pueden exigir que la Comisión mantenga con ellos un debate contradictorio como el que debe mantener con dicho Estado miembro.

Además, ninguna disposición del procedimiento de control de ayudas de Estado reserva un papel particular, entre los interesados, al beneficiario de la ayuda. A este respecto, debe precisarse que el procedimiento de control de las ayudas de Estado no es un procedimiento iniciado «contra» el beneficiario o los beneficiarios, lo que implicaría que éste o éstos podrían prevalerse, como tales, de derechos tan amplios como el derecho de defensa.

Por otra parte, la legalidad de la Decisión impugnada debe examinarse en función de la información de que podía disponer la Comisión en el momento en que la adoptó, e incumbe al Estado miembro interesado y en su caso al beneficiario de la ayuda aportar los elementos que puedan demostrar que esa ayuda es compatible con el mercado común, y eventualmente poner de manifiesto circunstancias específicas sobre la devolución de las ayudas ya satisfechas en el supuesto de que la Comisión decidiera exigirla.

(véanse los apartados 178 a 180)

7. A tenor del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), pueden considerarse compatibles con el mercado común «las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común».A ese efecto, el artículo 87 CE, apartado 3, otorga a la Comisión una amplia facultad de apreciación para admitir ayudas como excepción a la prohibición general del apartado 1 del mismo artículo, ya que la apreciación de la compatibilidad o incompatibilidad con el mercado común de una ayuda de Estado plantea problemas que implican la consideración y apreciación de hechos y circunstancias económicas complejas y que pueden variar rápidamente. Al no poder el juez comunitario sustituir la apreciación de los hechos, en particular de orden económico, del autor de la Decisión por la suya propia, el control del Tribunal General debe limitarse, a este respecto, a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento y de motivación, de la exactitud material de los hechos y de la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.

La Comisión puede imponerse orientaciones para el ejercicio de sus facultades de apreciación mediante actos como las directrices, si los citados actos contienen normas indicativas acerca de la orientación que debe seguir la citada institución y no se separan de las normas del Tratado. En cuanto a las ayudas de Estado para el salvamento y la reestructuración de las empresas en crisis, resulta del punto 31 de las Directrices de 1999, que para que sean declaradas compatibles con el artículo 87 CE, apartado 3, las ayudas individuales a empresas en crisis deben vincularse a un plan de reestructuración que haya autorizado la Comisión. Por otra parte, en virtud de los puntos 32 a 40 de esas Directrices, el plan de reestructuración, cuya duración debe ser lo más limitada posible, tiene que permitir en particular restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa en un período de tiempo razonable, basándose en hipótesis realistas sobre las condiciones de explotación futuras, a la vez que limitando a lo estrictamente necesario el importe y la intensidad de la ayuda. Además, en virtud de los puntos 43 y 45 de esas Directrices la empresa interesada está obligada a ejecutar en su integridad el plan de reestructuración tal como lo haya aprobado la Comisión. Esa ejecución y el buen desarrollo de ese plan se someten al control de la Comisión, a la que deben presentarse informes anuales detallados. A falta de un plan de reestructuración creíble, la Comisión está facultada para denegar la autorización de las ayudas controvertidas.

(véanse los apartados 225 a 229 y 231)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 7 de diciembre de 2010 ( )

«Ayudas de Estado – Condonación parcial de una deuda fiscal en el marco de un convenio de acreedores – Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación – Criterio del acreedor privado en una economía de mercado»

En el asunto T‑11/07,

Frucona Košice a.s., con domicilio social en Košice (Eslovaquia), representada por el Sr. B. Hartnett, Barrister, y los Sres. O.H. Geiss y A. Barger, abogados,

parte demandante,

y

Comisión Europea, representada por el Sr. B. Martenczuk y la Sra. K. Walkerová, en calidad de agentes,

parte demandada,

apoyada por

St. Nicolaus-trade a.s., con domicilio social en Bratislava, representada por el Sr. N. Smaho, abogado,

parte coadyuvante,

que tiene por objeto una demanda de anulación de la Decisión 2007/254/CE de la Comisión, de 7 de junio de 2006, relativa a la ayuda estatal C 25/2005 (ex NN 21/2005) concedida por la República Eslovaca a Frucona Košice, a.s. (DO L 112, p. 14),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por las Sras. I. Pelikánová, Presidenta, K. Jürimäe (Ponente) y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kantza, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de octubre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1. Normativa comunitaria

1 La Comisión de las Comunidades Europeas adoptó en 1999 las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 288, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 1999»).

2 A tenor del punto 31 de las Directrices de 1999:

«La concesión de la ayuda está supeditada a la ejecución del plan de reestructuración que habrá sido autorizado por la Comisión para todas las ayudas individuales.»

3 Respecto a las pequeñas y medianas empresas (PYME), el punto 55, bajo el título «Ayudas de reestructuración a las [PYME]», prevé lo siguiente:

«Las ayudas concedidas a las empresas incluidas en la categoría de las PYME […] alteran, por norma general, las condiciones de los intercambios en menor medida que las concedidas a las grandes empresas. Estas consideraciones también son válidas para las ayudas de reestructuración, de tal forma que la exigencia es menor con relación a las contrapartidas contempladas en los puntos 29 a 47. La concesión no estará, por lo general, vinculada a contrapartidas (véanse los puntos 35 a 39), salvo en el caso de que se disponga lo contrario en disposiciones sectoriales en materia de ayudas estatales; serán menores las exigencias sobre el contenido de los informes (véanse los puntos 45, 46 y 47). Por el contrario, el principio de “ayuda única” (puntos 48 a 51) se aplica plenamente a las PYME.»

2. Normativa nacional

4 La zákon 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní [Ley nº 328/1991, del concurso de acreedores (en lo sucesivo, «Ley concursal »)] establece las reglas aplicables en Eslovaquia a los procedimientos de liquidación judicial y de convenio de acreedores.

Antecedentes del litigio

1. La demandante

5 La demandante, Frucona Košice a.s., es una sociedad eslovaca domiciliada en Košice (Eslovaquia), una ciudad que estaba el 7 de junio de 2006 en una región que podía beneficiarse de ayudas regionales conforme al artículo 87 CE, apartado 3, letra a). En 1995, año en el que se constituyó, la demandante adquirió el activo y el pasivo de una antigua empresa de Estado.

6 Inicialmente, la demandante desarrollaba su actividad en el sector de la producción de bebidas alcohólicas y espirituosas, por una parte, y por otra en el de la fabricación de productos alimenticios como frutas, verduras y zumos de conserva, así como la producción de bebidas gaseosas y no gaseosas. El 6 de marzo de 2004 fue revocada su licencia para la producción y tratamiento de bebidas alcohólicas y espirituosas debido a la falta de pago de los impuestos especiales de los que era deudora. Desde entonces dejó de producir bebidas espirituosas, pero las distribuía conforme a un acuerdo concluido el 24 de agosto de 2004 con Old Herold, s.r.o. En virtud de ese acuerdo la demandante arrendaba a Old Herold sus fábricas de bebidas espirituosas situadas en Košice y en Obišovce (Eslovaquia), en las que la última producía con licencia bebidas espirituosas, que la demandante compraba para revenderlas con la marca Frucona a sus clientes.

2. Procedimientos administrativo y judicial nacionales

7 A raíz de la entrada en vigor el 1 de enero de 2004 de la zákon č. 609/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopľňajú niektoré ďalšie zákony (Ley nº 609/2003 que modifica y completa la Ley del Consejo nacional eslovaco nº 511/1992 sobre la administración de los impuestos, tasas y otros tributos y de modificación del régimen de las autoridades fiscales territoriales, y que modifica y completa otras determinadas leyes), que prevé en particular que un sujeto pasivo sólo puede solicitar un aplazamiento de pago del impuesto una vez al año, la demandante se encontró en dificultades financieras que no le permitieron pagar los impuestos especiales que adeudaba correspondientes al mes de enero de 2004 y que eran exigibles el 25 de febrero del mismo año. En el pasado la demandante había obtenido varios aplazamientos de pago de su deuda fiscal, que se le concedieron previa constitución de garantías financieras a favor de la Administración fiscal eslovaca. En consecuencia, la demandante se encontraba en situación de endeudamiento en el sentido de la Ley concursal.

8 En previsión de las dificultades financieras derivadas de las propuestas de modificación de la legislación sobre aplazamiento del pago de los impuestos, y de la modificación realizada finalmente, la demandante, representada por su director general, se reunió con los representantes de la Dirección general de impuestos eslovaca el 16 de diciembre de 2003 y el 23 de enero de 2004. El 30 de enero de 2004 el director general de la demandante también se reunió con el Ministro de Hacienda eslovaco. En esas reuniones la demandante informó a sus interlocutores de su proposición de regular el pago de sus obligaciones fiscales en un posible procedimiento de convenio de acreedores.

9 Entre tanto la demandante también se había dirigido a la autoridad fiscal local de la que dependía, a saber la oficina de Košice IV (en lo sucesivo, «autoridad fiscal local»). Mediante escrito de 8 de enero de 2004 le informó de que no podría pagar en febrero de 2004 las cantidades debidas en concepto de impuestos especiales, y le propuso o bien pagarlas fraccionadamente a lo largo de un período de cinco años, o bien aceptar una proposición de convenio de acreedores en virtud de la cual el pago se limitaría al 35 % de las deudas. Mediante escrito de 3 de febrero de 2004, el director de la autoridad fiscal local rehusó la primera alternativa propuesta por la demandante, y en cuanto a la segunda alternativa, a saber, la proposición de convenio de acreedores, respondió lo siguiente: «[…] en principio el administrador fiscal no se opone a la aprobación de un convenio de acreedores, pero no puede acoger en cambio su proposición de un convenio que estipule el pago del 35 % de la deuda. Esperamos que los términos y condiciones del convenio de acreedores se discutirán antes de la presentación de la proposición de convenio.»

10 El 8 de marzo de 2004 la demandante presentó una solicitud de iniciación de un procedimiento de convenio de acreedores ante el Krajský súd v Košiciach (Tribunal regional de Košice, Eslovaquia), en la que puso de manifiesto su situación de sobreendeudamiento y describió, conforme a la Ley concursal, las diferentes medidas que le permitirían restablecer su equilibrio financiero al término del procedimiento de convenio. El importe total de su deuda fiscal computada a efectos de su proposición de convenio ascendía a cerca de [confidencial] de coronas eslovacas (SKK), dentro de una deuda total cercana a 644,6 millones de SKK. En su proposición de convenio la demandante ofreció al conjunto de sus acreedores ordinarios y a algunos acreedores privilegiados pagar a cada uno el 35 % de la deuda.

11 Mediante resolución de 29 de abril de 2004, el Krajský súd v Košiciach estimó que concurrían los requisitos previstos en los artículos 46 y siguientes de la Ley concursal y autorizó por tanto la iniciación del procedimiento de convenio de acreedores, en aplicación del artículo 50, apartado 3, de dicha Ley. En el marco de ese procedimiento, instó a los acreedores de la demandante a presentar la prueba de sus créditos. Por otra parte, designó al administrador del convenio y citó a la demandante y a sus acreedores a una junta de acreedores señalada para el día 9 de julio de 2004 (en lo sucesivo, «junta de acreedores de 9 de julio de 2004»). Por último, reprodujo las modalidades del convenio de acreedores que la demandante había formulado en su proposición de convenio de 8 de marzo de 2004.

12 Para permitir que la autoridad fiscal evaluara las ventajas respectivas del convenio de acreedores, de la liquidación judicial y de la ejecución fiscal según el Derecho eslovaco, la demandante le presentó varios informes de auditoría antes de la homologación del convenio por el Krajský súd v Košiciach. El 26 de abril de 2004 la demandante presentó un primer informe de auditoría elaborado por su auditor interno, la Sra. K (en lo sucesivo, «informe K»), en el que el producto de la venta de los activos la demandante en un procedimiento de liquidación judicial se había evaluado en [confidencial]. El 7 de julio de 2004 esa parte presentó un segundo informe de auditoría elaborado por una sociedad de auditoría independiente, a saber, la sociedad E (en lo sucesivo, «informe E»), en el que se indicaba [confidencial]. A finales del mes de junio de 2004 se envió a la autoridad fiscal local una versión provisional del informe E.

13 El 21 de junio de 2004 la Administración fiscal eslovaca practicó una inspección en los locales de la demandante. En esa inspección se comprobó que el 17 de junio de 2004 la demandante disponía de tesorería en cuantía de [confidencial]de SKK.

14 Mediante escrito de 6 de julio de 2004, la Directora General de la Dirección General de impuestos eslovaca instó a la autoridad fiscal local a no aceptar la proposición de convenio de acreedores de la demandante en la junta de acreedores de 9 de julio de 2004, debido a que no era favorable para la República Eslovaca, a la vista de un escrito del Ministro de Hacienda eslovaco de 15 de enero de 2004 adjunto como anexo, en el que este último instaba a procurar que los administradores fiscales no dieran su conformidad a una reducción de la deuda fiscal a favor de los contribuyentes obligados.

15 Durante la junta de acreedores de 9 de julio de 2004 los acreedores de la demandante, incluida la Administración fiscal eslovaca, aceptaron la proposición de convenio de acreedores de la demandante.

16 Mediante resolución de 14 de julio de 2004, el Krajský súd v Košiciach, homologó el convenio. Ante todo identificó a los acreedores de la demandante que habían presentado la prueba de sus créditos en el procedimiento de convenio. Señaló en particular que la Administración fiscal eslovaca disponía de un crédito admisible de unos [confidencial] de SKK, para el que el convenio de acreedores preveía el pago del 35 %, es decir, un importe a pagar cercano a 224,3 millones de SKK. Seguidamente constató que en la junta de acreedores de 9 de julio de 2004 todos los acreedores de la demandante, incluida la autoridad fiscal local, como acreedor privilegiado, y por consiguiente, en votación separada, habían votado a favor de la proposición de convenio de la demandante, conforme al artículo 58, apartados 4 y 5, y al artículo 58b, apartado 1, letra a), y apartado 2, de la Ley concursal. También recordó los requisitos que debían cumplirse para que, conforme al artículo 60, apartado 1, de dicha Ley, el convenio en cuestión pudiera ser posteriormente homologado, y seguidamente estimó que tales requisitos se cumplían en ese caso.

17 El 14 de julio de 2004 la Dirección General de Impuestos eslovaca suspendió y sustituyó al Director de la autoridad fiscal local.

18 Mediante escrito de 20 de octubre de 2004 la autoridad fiscal local indicó a la demandante que las modalidades del convenio aprobadas por ella en la junta de acreedores de 9 de julio de 2004, según las cuales una parte de la deuda fiscal no debía ser pagada, constituían una ayuda de Estado indirecta sujeta a la autorización de la Comisión. También pidió a la demandante que le presentara antes del 19 de noviembre de 2004 un plan de inversión relacionado con las cantidades adeudadas que no serían pagadas en virtud de la resolución del Krajský súd v Košiciach de 29 de abril de 2004.

19 Mediante sentencia de 25 de octubre de 2004, el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca) declaró inadmisible el recurso interpuesto por la autoridad fiscal local en agosto de 2004 contra la resolución del Krajský súd v Košiciach de 14 de julio de 2004, y declaró que esa resolución era válida y ejecutiva a partir del 23 de julio de 2004.

20 Mediante escrito de 9 de noviembre de 2004 la demandante respondió al escrito de la autoridad fiscal local de 20 de octubre de 2004, señalando que había presentado una «solicitud de convenio de acreedores» y no una «solicitud de ayuda de Estado». En ese escrito hizo saber su disconformidad sobre la calificación como ayuda de Estado de un acuerdo emanante del administrador de una autoridad fiscal. También señaló que la solicitud de un plan de inversión le parecía «infundada».

21 El 14 de diciembre de 2004 el Director de la autoridad fiscal local, suspendido el 14 de julio de 2004, fue inculpado por fraude y prevaricación.

22 El 17 de diciembre de 2004 la demandante pagó a la autoridad fiscal local 224,3 millones de SKK, correspondientes al 35 % de su deuda total, conforme al convenio de acreedores. Mediante resolución de 30 de diciembre de 2004 el Krajský súd v Košiciach declaró que el convenio de acreedores era válido a partir del 23 de julio de 2004, y dio por terminado el procedimiento de convenio de acreedores.

23 Para confirmar las ventajas de un procedimiento de convenio de acreedores sobre un procedimiento de liquidación judicial la demandante obtuvo también un tercer informe de auditoría de fecha 27 de enero de 2005, suscrito por la Sra. H, [confidencial] (en lo sucesivo, «informe H»), en el que esta última indicó que, [confidencial].

24 Mediante sentencia de 6 de marzo de 2006, el Špeciálny súd v Pezinku (Tribunal especial de Pezinok, Eslovaquia) absolvió de todos los hechos por los que era acusado al Director de la autoridad fiscal local, suspendido el 14 de julio de 2004.

25 A raíz de un recurso extraordinario contra la resolución del Krajský súd v Košiciach de 14 de julio de 2004, el Najvyšší súd Slovenskej republiky anuló parcialmente esta última mediante resolución de 27 de abril de 2006, debido a que se habían incluido indebidamente en el convenio de acreedores cantidades impagadas en concepto de impuesto de circulación por importe de 424.490 SKK. El Najvyšší súd Slovenskej republiky desestimó el recurso extraordinario en lo demás. Mediante resolución de 18 de agosto de 2006 el Krajský súd v Košiciach ejecutó la resolución del Najvyšší súd Slovenskej republiky de 27 de abril de 2006 y fijó los importes rectificados adeudados a la autoridad fiscal local en 640,4 millones de SKK (el 35 % de esa cantidad asciende a 224,1 millones de SKK).

3. Procedimiento administrativo ante la Comisión

26 Mediante escrito de 15 de octubre de 2004 se presentó una denuncia ante la Comisión acerca de una ayuda supuestamente ilegal a favor de la demandante.

27 Mediante escrito de 6 de diciembre de 2004 la Comisión instó a la República Eslovaca a proporcionarle información sobre la medida en cuestión, a saber, la condonación parcial de la deuda fiscal de la demandante en el marco de un convenio de acreedores.

28 Mediante escrito de 4 de enero de 2005 la República Eslovaca informó a la Comisión de la posibilidad de que la demandante hubiera recibido una ayuda ilegal, y le solicitó que autorizara esa ayuda en concepto de ayuda de salvamento concedida a una empresa en crisis.

29 Tras haber obtenido información adicional, mediante escrito de 5 de julio de 2005 la Comisión notificó a la República Eslovaca su decisión de iniciar el procedimiento formal de examen previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, acerca de la medida en cuestión (en lo sucesivo, «decisión de iniciación del procedimiento formal de examen»). Esa decisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 22 de septiembre de 2005 (DO C 233, p. 47), y en ella se instaba a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.

30 Mediante escrito de 10 de octubre de 2005 la República Eslovaca presentó a la Comisión sus observaciones sobre la medida en cuestión. Mediante escrito de 24 de octubre de 2005 la demandante presentó a la Comisión sus observaciones sobre la medida en cuestión, que fueron remitidas a la República Eslovaca para que ésta pudiera manifestarse sobre ellas, lo que hizo mediante escrito de 16 de diciembre de 2005.

31 El 28 de marzo de 2006 tuvo lugar una reunión entre la Comisión y la demandante. En esta reunión la demandante indicó que había elegido el procedimiento de convenio de acreedores en lugar del procedimiento de liquidación judicial, que Old Herold fabricaba utilizando sus activos y su marca, que su cooperación, que había comenzado en julio de 2004, se apoyaba en un acuerdo de distribución exclusiva de los productos de Old Herold, que el importe de los activos garantizados era de 194 millones de SKK, que el informe E pretendía demostrar a la autoridad fiscal local que el procedimiento de convenio de acreedores era preferible a un procedimiento de liquidación judicial, que no le era posible explicar por qué la sociedad E había utilizado datos de fecha 31 de marzo de 2004, que el crédito de proveedor le había sido concedido por Old Herold durante el segundo semestre de 2004 y que el plazo estándar de la ejecución de sus obligaciones estaba comprendido entre 14 y 60 días.

32 Mediante escrito de 4 de abril de 2006 la demandante remitió a la Comisión una copia de la sentencia del Špeciálny súd v Pezinku de 6 de marzo de 2006.

33 Mediante escrito de 5 de mayo de 2006 la República Eslovaca envió a la Comisión información complementaria.

34 El 7 de junio de 2006 la Comisión adoptó la Decisión 2007/254/CE relativa a la ayuda estatal C 25/2005 (ex NN 21/2005) concedida por la República Eslovaca a la demandante (DO L 112, p. 14; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

35 La parte dispositiva de la Decisión impugnada establece:

«Artículo 1

La ayuda estatal concedida por la República Eslovaca a [la demandante], por valor de 416.515.990 SKK, es incompatible con el mercado común.

Artículo 2

1. La República Eslovaca tomará todas las medidas necesarias para recuperar de [la demandante] la ayuda concedida ilegalmente mencionada en el artículo 1.

2. La recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, siempre que estos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión.

3. La ayuda recuperable devengará intereses desde la fecha en que estuvo a disposición de [la demandante] hasta la de su recuperación.

4. El interés se calculará de conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo V del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE]. Se aplicará un tipo de interés compuesto durante todo el período contemplado en el apartado 3.

Artículo 3

La República Eslovaca informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma. Para ello utilizará el formulario que se adjunta como anexo I a la presente Decisión.

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será la República Eslovaca.»

36 La demandante recibió un ejemplar de la Decisión impugnada, remitido por la Embajada de la República Eslovaca en Bruselas el 2 de noviembre de 2006.

Procedimiento y pretensiones de las partes

37 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de enero de 2007 la demandante interpuso el presente recurso.

38 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de junio de 2007 la empresa St. Nicolaus-trade a.s. solicitó intervenir en el presente procedimiento en apoyo de la Comisión.

39 Mediante auto de 11 de octubre de 2007 el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal admitió esa demanda y decidió que, al haber sido presentada tras el término del plazo de seis semanas previsto por el artículo 115, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, las facultades de la parte coadyuvante serían las previstas en el artículo 116, apartado 6, del mismo Reglamento.

40 Previo informe del juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda) decidió abrir la fase oral, y en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento instó a la demandante y a la Comisión a presentar ciertos documentos y responder por escrito a varias preguntas. Las partes dieron cumplimiento a las referidas diligencias en los plazos prescritos.

41 En la vista celebrada el 14 de octubre de 2009 se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas orales del Tribunal.

42 La demandante solicita al Tribunal que:

– anule la Decisión impugnada, o cuando menos el artículo 1 de la misma, en todo o en parte;

– condene en costas a la Comisión.

43 La Comisión, apoyada por la parte coadyuvante, solicita al Tribunal que:

– desestime el recurso;

– condene en costas a la demandante.

44 En la vista la parte coadyuvante apoyó, en sustancia, las pretensiones de la Comisión, solicitando al Tribunal que desestime el recurso y condene en costas a la demandante.

Sobre el fondo

45 En apoyo de sus pretensiones de anulación la demandante formula diez motivos fundados, el primero en un error manifiesto de apreciación del importe de la medida de ayuda controvertida, el segundo en la vulneración de una regla esencial de procedimiento y del artículo 33 CE, el tercero en la incompetencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada, el cuarto en un error de Derecho y de hecho, en cuanto la Comisión consideró que el procedimiento de liquidación judicial era más favorable que el de convenio de acreedores, el quinto en un error de Derecho y de hecho, en cuanto la Comisión consideró que el procedimiento de ejecución fiscal era más favorable que el de convenio de acreedores, el sexto en un error de Derecho y de hecho, en cuanto la Comisión no cumplió la carga de la prueba que le incumbía y vulneró las reglas jurídicas para la aplicación del criterio del acreedor privado en una economía de mercado, el séptimo en un error de Derecho y de hecho, en cuanto la Comisión no valoró correctamente ni tomó en consideración los medios de prueba de los que disponía, el octavo en un error de Derecho y de hecho, en cuanto la Comisión tomó en consideración medios de prueba no pertinentes, el noveno en la infracción del artículo 253 CE, en cuanto la Comisión no motivó suficientemente la Decisión impugnada, y el décimo en un error de Derecho y de hecho en cuanto la Comisión no eximió al convenio de acreedores en cuanto ayuda a la reestructuración y aplicó retroactivamente las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO 2004, C 244, p. 2, en lo sucesivo, «directrices de 2004»).

1. Sobre el primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación del importe de la medida de ayuda controvertida

Alegaciones de las partes

46 La demandante alega que el importe señalado en el artículo 1 de la Decisión impugnada, a saber, 416.515.990 SKK, es manifiestamente erróneo. Según esa parte, la Comisión no tuvo en cuenta la resolución del Najvyšší súd Slovenskej republiky de 27 de abril de 2006 que había reducido en 424.490 SKK el importe de la deuda fiscal que se tuvo en cuenta en el procedimiento de convenio de acreedores. El importe exacto es de 416.240.072 SKK. Por consiguiente, la Decisión impugnada incurre en un error manifiesto de apreciación. Por ello debe ser anulada, o cuando menos debe anularse su artículo 1.

47 La Comisión, apoyada por la parte coadyuvante, refuta la totalidad de las alegaciones expuestas por la demandante en apoyo del primer motivo.

Apreciación del Tribunal

48 Con carácter previo es preciso recordar que en el marco de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE la legalidad del acto comunitario de que se trate debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1979, Francia/Comisión, 15/76 y 16/76, Rec. p. 321, apartado 7; sentencias del Tribunal General de 25 de junio de 1998, British Airways y otros y British Midland Airways/Comisión, T‑371/94 y T‑394/94, Rec. p. II‑2405, apartado 81, y de 14 de enero de 2004, Fleuren Compost/Comisión, T‑109/01, Rec. p. II‑127, apartado 50).

49 Más en particular, resulta de la jurisprudencia que la legalidad de una Decisión en materia de ayudas debe examinarse en función de la información de que podía disponer la Comisión en el momento en que la adoptó (sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2002, Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión, C‑74/00 P y C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, apartado 168; véase también en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Bélgica/Comisión, 234/84, Rec. p. 2263, apartado 16).

50 Así pues, un demandante no puede alegar ante el juez comunitario datos de hecho que no hayan sido expuestos en el transcurso del procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 88 CE (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1994, España/Comisión, C‑278/92 a C‑280/92, Rec. p. I‑4103, apartado 31; de 13 de junio de 2002, Países Bajos/Comisión, C‑382/99, Rec. p. I‑5163, apartados 49 y 76; Fleuren Compost/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 51).

51 Tampoco puede reprocharse a la Comisión no haber tenido en cuenta eventuales elementos de hecho o de Derecho que se le habrían podido presentar durante el procedimiento administrativo pero que no se le presentaron, puesto que la Comisión no está obligada a examinar de oficio y por suposición qué elementos podrían habérsele presentado (sentencia Fleuren Compost/Comisión, citada en el apartado 48 supra, apartado 49, y la jurisprudencia citada).

52 En el presente asunto, del resumen de la decisión de iniciación del procedimiento formal de examen que se publicó en el Diario Oficial (C 233, p. 47), resulta que la Comisión se apoyó en datos que figuraban en la resolución del Krajský súd v Košiciach de 14 de julio de 2004, por la que se homologó el convenio de acreedores, para determinar el importe de la ayuda de Estado, los cuales no fueron rebatidos por la República Eslovaca en sus observaciones de 10 de octubre de 2005, ni por la demandante en sus observaciones de 24 de octubre de 2005.

53 Además, no se refuta que en el momento en que la Comisión adoptó la Decisión impugnada no había sido informada por la demandante ni por la República Eslovaca de la resolución del Najvyšší súd Slovenskej republiky de 27 de abril de 2006, que redujo la deuda fiscal de la demandante que debía tenerse en cuenta en el procedimiento de convenio de acreedores.

54 Atendiendo a la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 48 a 50, no puede reprocharse por tanto a la Comisión haberse apoyado en datos que figuraban en la resolución del Krajský súd v Košiciach de 14 de julio de 2004 y no haber tenido en cuenta la resolución del Najvyšší súd Slovenskej republiky de 27 de abril de 2006 al determinar el importe de la ayuda de Estado. En consecuencia debe desestimarse por infundado el primer motivo.

2. Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración de una regla esencial de procedimiento y del artículo 33 CE

Alegaciones de las partes

55 La demandante afirma por una parte que la Decisión impugnada vulnera una regla esencial de procedimiento y debe ser anulada en consecuencia. Según esa parte, dado que producía principalmente productos agrícolas comprendidos en el anexo I del Tratado CE cuando se adoptó la medida controvertida, la Dirección General (DG) competente en la Comisión para practicar la investigación y tramitar las actuaciones que llevaron a la adopción de la Decisión impugnada era la DG «Agricultura y desarrollo rural» y no la DG «Competencia». Por iguales razones, la decisión de iniciación del procedimiento formal de examen y la Decisión impugnada habrían debido ser firmadas por el miembro de la Comisión encargado de la agricultura y del desarrollo rural y no por el miembro de la Comisión encargado de la competencia. Por otra parte, la demandante reprocha a la Comisión no haber tenido en cuenta los objetivos del artículo 33 CE en la Decisión impugnada.

56 La Comisión, apoyada por la parte coadyuvante, refuta la totalidad de las alegaciones expuestas por la demandante en apoyo del segundo motivo.

Apreciación del Tribunal

57 Respecto a la primera parte del segundo motivo, basada en la vulneración de una regla esencial de procedimiento, hay que observar que descansa en la premisa de que, cuando se concedió la medida controvertida, la demandante producía principalmente productos agrícolas comprendidos en el anexo I del Tratado CE, por lo que únicamente la DG «Agricultura y desarrollo rural» y el miembro de la Comisión encargado de la agricultura y el desarrollo rural eran competentes para practicar una investigación sobre la medida controvertida y adoptar la decisión de iniciación del procedimiento formal de examen así como la Decisión impugnada.

58 Ahora bien, como alega la Comisión, resulta de forma expresa de las observaciones de la demandante de 24 de octubre de 2005, y más en concreto del cuadro I que figura en esas observaciones, que en 2004 el volumen de negocios total de la demandante ascendía a cerca de 880,3 millones de SKK y el volumen de negocios generado por las actividades ligadas a la producción de bebidas alcohólicas y espirituosas se elevaba a unos 728,8 millones de SKK. Por tanto, esas últimas actividades generaban un volumen de negocios que representaba más del 82 % del volumen de negocios total de la demandante. Pues bien, hay que constatar que, habida cuenta de esa importante proporción del volumen de negocios generado por las actividades ligadas a la producción de bebidas alcohólicas y espirituosas, la demandante no ha acreditado que sus actividades de producción de productos agrícolas, comprendidos en el anexo I del Tratado CE, cuando se adoptó la medida controvertida, fueran de mayor importancia que las primeras. Por consiguiente, vistos los datos obrantes en autos, es preciso observar que, al tiempo de los hechos, la mayor parte del volumen de negocios de la demandante derivaba de sus actividades ligadas a la producción de bebidas alcohólicas y espirituosas. En consecuencia debe desestimarse por manifiestamente infundada de hecho la primera parte del segundo motivo.

59 Respecto a la segunda parte del segundo motivo, basada en que la Comisión no tuvo en cuenta los objetivos del artículo 33 CE, debe recordarse que, en virtud del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General, conforme al artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, toda demanda debe señalar la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Según reiterada jurisprudencia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda (véase la sentencia del Tribunal de 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, apartado 94, y la jurisprudencia citada).

60 Pues bien, en el presente caso la demandante no ha expuesto ningún elemento de hecho o de Derecho que sustente su alegación sobre la infracción del artículo 33 CE. En consecuencia, no ha expuesto de forma sumaria la segunda parte del segundo motivo, conforme al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento. Debe declararse manifiestamente inadmisible así pues la segunda parte del segundo motivo.

61 De las consideraciones precedentes resulta que debe desestimarse por manifiestamente infundada la primera parte del segundo motivo, y declararse manifiestamente inadmisible la segunda parte del mismo.

3. Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración de la sección 3 del Anexo IV del Tratado de adhesión , del artículo 253 CE, del artículo 88 CE y del Reglamento (CE) nº 659/1999, dado que la Comisión no era competente para adoptar la Decisión impugnada

Alegaciones de las partes

62 Según la demandante, la Comisión no era competente para examinar la medida controvertida. Mantiene que, suponiendo que esa medida hubiera constituido una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, tal ayuda se concedió y ejecutó cuando, antes de la adhesión de la República Eslovaca a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 (en lo sucesivo, «adhesión de la República Eslovaca»), la Administración fiscal eslovaca había decidido excluir la opción de un procedimiento de liquidación judicial y la de un procedimiento de ejecución fiscal. Considera que, al iniciarse el procedimiento de convenio de acreedores el 29 de abril de 2004, podía esperar legítimamente que la Administración fiscal eslovaca realizara todos los actos formales necesarios para la ejecución del convenio de acreedores. Después de esa fecha, la aprobación de la proposición de convenio en la junta de acreedores de 9 de julio de 2004 sólo era una formalidad. Añade que la medida controvertida ya no era aplicable a partir de esa última fecha. En consecuencia, dicha medida constituía una ayuda existente y no una ayuda nueva, por lo que la Comisión no era competente para exigir su recuperación en virtud del artículo 88 CE, apartado 2, y del artículo 14 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE] CE (DO L 83, p. 1).

63 Con mayor concreción, el criterio de la Comisión en la Decisión impugnada sobre el momento en que se ha concedido una ayuda de Estado es contradictorio en el presente caso. Por una parte, la Comisión cita la sentencia Fleuren Compost/Comisión, citada en el apartado 48 supra, para sustentar su apreciación de que la medida controvertida no se concedió hasta la adopción del acto jurídicamente obligatorio, a saber el 9 de julio de 2004. Por otra parte, la Comisión fundó su conclusión de que la medida controvertida constituía una ayuda de Estado en el hecho de que la Administración fiscal eslovaca no había tramitado «el procedimiento apropiado antes del inicio del procedimiento de convenio de acreedores». Pero resulta de la práctica administrativa de la Comisión y de la jurisprudencia que en numerosos casos se ha apreciado la existencia de una ayuda a causa de la falta de acción, incluso si no existía un documento formal jurídicamente obligatorio.

64 Por otra parte, la demandante afirma que la medida controvertida ya no era aplicable después de la adhesión de la República Eslovaca. Al respecto, alega que el convenio de acreedores no creaba ninguna obligación para la República Eslovaca después de la adhesión ya que no era necesario ningún pago ni ninguna condonación de deuda adicional.

65 La Comisión, apoyada por la parte coadyuvante, refuta la totalidad de las alegaciones expuestas por la demandante en apoyo del tercer motivo.

Apreciación del Tribunal

66 En los considerandos 61 a 68 de la Decisión impugnada, la Comisión observó que una parte de los hechos pertinentes en el presente caso eran anteriores a la adhesión de la República Eslovaca. Indicó a continuación que las medidas ejecutadas después de esa adhesión correspondían con claridad a la competencia de la Comisión conforme al Tratado CE, y precisó que el criterio pertinente para determinar el momento en el que una medida determinada se ejecuta es el del acto jurídicamente obligatorio por el que «la autoridad nacional competente se compromete a conceder la ayuda». En el presente caso, estimó que la proposición de iniciar un procedimiento de convenio de acreedores no era un acto de «la administración que concede la ayuda», sino un «acto del beneficiario», por una parte, y por otra que la resolución del tribunal que autorizó el procedimiento de convenio de acreedores no era un acto de «la autoridad que concede la ayuda». Además, consideró que no había prueba alguna de que la Dirección General de Impuestos eslovaca hubiera expresado su conformidad con la medida controvertida en la reunión de diciembre de 2003. Por el contrario, las autoridades eslovacas desmintieron cualquier acuerdo preliminar de ese tipo. Según la Comisión, «la decisión de la autoridad competente de condonar [una parte] de sus créditos» se tomó el 9 de julio de 2004, es decir, después de la adhesión de la República Eslovaca, cuando la autoridad fiscal local aceptó el convenio de acreedores propuesto por la demandante. Estimó en consecuencia que era competente para «evaluar» la medida controvertida de conformidad con el artículo 88 CE.

67 El tercer motivo, basado en la incompetencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada, descansa en la premisa de que la medida controvertida se concedió antes de la adhesión de la República Eslovaca.

68 Para pronunciarse sobre el fundamento del tercer motivo, debe aceptarse como criterio pertinente el del «acto jurídicamente vinculante por el cual la autoridad nacional competente se compromete a conceder la ayuda» (véase en ese sentido la sentencia Fleuren Compost/Comisión, citado en el apartado 48 supra, apartado 74).

69 Al respecto debe identificarse ante todo el objeto de la medida controvertida. Según la demandante, ésta fue concedida antes de la adhesión de la República Eslovaca, cuando la autoridad fiscal local decidió no iniciar el procedimiento de liquidación judicial ni el de ejecución fiscal.

70 Ahora bien, como señala fundadamente la Comisión, hay que considerar que una decisión de una autoridad de un Estado miembro de abstenerse de iniciar un procedimiento de liquidación judicial o uno de ejecución fiscal es diferente de una decisión de aceptación de una proposición de convenio de acreedores, que en este caso suponía que la autoridad fiscal local renunciara al 65 % de sus créditos frente a la demandante. En efecto, en tanto que la decisión de un acreedor de no iniciar un procedimiento de liquidación judicial o uno de ejecución fiscal sólo retrasa el eventual cobro forzoso de su crédito, la decisión de ese acreedor de aceptar una proposición de convenio de acreedores implica, a reserva de la homologación del convenio por el tribunal competente, que ese acreedor renuncia definitivamente a su crédito en todo o en parte. Por tanto, ambas decisiones son claramente distintas una de otra.

71 Como resulta expresamente de los términos de la decisión de iniciación del procedimiento formal de examen así como de la Decisión impugnada, la medida controvertida consiste exclusivamente en la renuncia por la autoridad fiscal local al 65 % de sus créditos frente a la demandante en el marco de un convenio de acreedores. La medida controvertida no guarda relación en ningún caso con una decisión de la autoridad fiscal local de no iniciar un procedimiento de liquidación judicial o uno de ejecución fiscal.

72 Así pues, para apreciar el fundamento del tercer motivo, basado en la incompetencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada, únicamente es preciso determinar en qué momento se adoptó la decisión de la autoridad fiscal local de aceptar la proposición de convenio de acreedores de la demandante.

73 Con carácter principal, hay que observar en primer lugar que la demandante afirma que en la resolución de 29 de abril de 2004 el Krajský súd v Košiciach autorizó el procedimiento de convenio de acreedores. Por el contrario, la Comisión sostiene que en esa misma resolución el Krajský súd v Košiciach sólo autorizó la iniciación del procedimiento de convenio de acreedores. Debe examinarse por tanto el alcance de la resolución del Krajský súd v Košiciach de 29 de abril de 2004, ya que, en apoyo del tercer motivo, la demandante alega que la medida controvertida se adoptó antes de la adhesión de la República Eslovaca, por lo que la Comisión no era competente para examinar la compatibilidad de esa medida con las disposiciones del Tratado CE.

74 Sobre ello, resulta ante todo de las disposiciones de la Ley concursal, y en particular de su artículo 50, que antes de la homologación de un convenio de acreedores, el juez debe declarar en una resolución que concurren los requisitos de iniciación de un procedimiento de convenio de acreedores. La resolución del Krajský súd v Košiciach de 29 de abril de 2004 no puede constituir en ningún caso una decisión de homologación del convenio de acreedores en el presente asunto.

75 En efecto, por una parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 58, apartado 1, de la Ley concursal, los acreedores interesados que hayan presentado la prueba de sus créditos pueden formular proposiciones o declaraciones, y votar por escrito sobre la proposición de convenio, ello incluso antes de que se celebre la junta de acreedores prevista por el artículo 58, apartado 2, de esa Ley.

76 Por otra parte, conforme al artículo 50, apartado 3, letra b), y al artículo 58, apartado 2, de la Ley concursal, la iniciación del procedimiento de convenio de acreedores debe permitir que el juez compruebe en la junta de acreedores cuáles son los acreedores interesados que aceptan y los que no aceptan la proposición de convenio. Sólo si se cumplen los requisitos de mayoría previstos en los artículos 58a y 58b de la Ley concursal, y con observancia de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la misma Ley, puede el juez acordar la homologación del convenio. Por tanto, resulta de lo dispuesto en la Ley concursal que sólo puede pronunciarse una decisión de homologación del convenio después de la iniciación de un procedimiento de convenio de acreedores, y después de que los acreedores interesados hayan presentado la prueba de sus créditos y hayan sido instados a votar a favor del convenio, a más tardar en la junta de acreedores.

77 Por otro lado, de los propios términos de la resolución del Krajský súd v Košiciach de 29 de abril de 2004 resulta que ese tribunal instó a los acreedores interesados a presentar en un plazo de diez semanas la prueba de sus créditos exigibles en el procedimiento de convenio de acreedores, convocó una junta de acreedores el 9 de julio de 2004 y reprodujo las modalidades del convenio tal como se formulaban en la proposición de convenio de la demandante de 8 de marzo de 2004.

78 Por último, hay que señalar que en sus observaciones de 24 de octubre de 2005 la demandante indicó que el 29 de abril de 2004 el Krajský súd v Košiciach había autorizado la primera fase del procedimiento de convenio de acreedores, en el sentido de que se cumplían todos los requisitos de forma y de fondo exigidos. Añadió también que la segunda fase del procedimiento de convenio de acreedores había finalizado con la adopción de la resolución de 14 de julio de 2004 en la que el Krajský súd v Košiciach había homologado el convenio de acreedores.

79 Por las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 74 a 78 ha de estimarse que la resolución del Krajský súd v Košiciach de 29 de abril de 2004 no constituye un acto jurídicamente obligatorio en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 68. En esa resolución el Krajský súd v Košiciach se limitó a declarar que en el caso del que conocía se cumplían los requisitos de iniciación de un procedimiento de convenio de acreedores.

80 En segundo lugar, en lo que atañe a los efectos de una resolución de iniciación de un procedimiento de convenio de acreedores, consta que en virtud de las disposiciones de Derecho nacional aplicables en el presente caso esa resolución priva al deudor así como a sus acreedores de la facultad de iniciar un procedimiento de liquidación judicial mientras esté en curso el procedimiento de convenio de acreedores. No obstante, el artículo 66 de la Ley concursal prevé que cuando la proposición de convenio no sea aprobada por los acreedores interesados el juez debe poner fin al procedimiento de convenio. A partir de ese momento los acreedores interesados están facultados para iniciar un procedimiento de liquidación judicial.

81 En tercer lugar, consta que la Administración fiscal eslovaca tenía en el presente caso la condición de acreedor privilegiado. También consta que, conforme a las disposiciones de la Ley concursal, una proposición de convenio debe ser aceptada por los acreedores privilegiados a efectos de que el convenio de acreedores pueda ser homologado por el juez. Ahora bien, en contra de lo alegado por la demandante, de la información obrante en los autos no resulta que, antes de adoptarse la resolución del Krajský súd v Košiciach de 29 de abril de 2004, la demandante hubiera recibido de la autoridad fiscal local ninguna garantía sobre la aceptación de su proposición de convenio de acreedores de 8 de marzo de 2004. En consecuencia, la demandante afirma infundadamente que la medida controvertida fue concedida por la República Eslovaca antes del 1 de mayo de 2004.

82 Por lo demás, procede señalar que, según resulta del considerando 57 de la Decisión impugnada, las autoridades eslovacas manifestaron formalmente en 2004 en dos ocasiones su oposición a la aceptación de la proposición de convenio de acreedores de la demandante. Mediante escrito de 15 de enero de 2004 el Ministerio de Hacienda eslovaco instó a la Dirección General de Impuestos a que no aceptara proposiciones de convenios con acreedores que implicaran la condonación de deudas fiscales. En escrito de 6 de julio de 2004 esa Dirección General instó a la autoridad fiscal local a que no aceptara el convenio propuesto por la demandante.

83 Es cierto que de los autos resulta que en su sentencia de 6 de marzo de 2006 el Špeciálny súd v Pezinku consideró que los escritos de 15 de enero y de 6 de julio de 2004 carecían de efecto vinculante. No obstante, incluso a falta de tal efecto, esas recomendaciones revelaban con suma claridad un criterio de la Dirección General de Impuesto eslovaca, que no sólo era contraria a la proposición de convenio de acreedores de la demandante, sino también, de forma más general, a toda condonación de deuda fiscal en la República Eslovaca. Por tanto, no puede reprocharse a la Comisión haber mencionado en la Decisión impugnada los escritos de 15 de enero y de 6 de julio de 2004 como aptos para acreditar la falta de conformidad de las autoridades eslovacas con la proposición de convenio de la demandante.

84 Como resulta de los autos, la autoridad fiscal local sólo formalizó su aceptación de la proposición de convenio de la demandante en la junta de acreedores de 9 de julio de 2004. En efecto, consta que el Krajský súd v Košiciach adoptó su resolución de homologación del convenio el 14 de julio de 2004 basándose en la aceptación unánime de los acreedores de la demandante.

85 Antes del 9 de julio de 2004, la Administración fiscal eslovaca, en su calidad de acreedor privilegiado, habría podido oponerse a la proposición de convenio de acreedores de la demandante, lo que habría causado automáticamente la finalización por el Krajský súd v Košiciach del procedimiento de convenio de acreedores iniciado el 29 de abril de 2004. En efecto, las partes concuerdan en que, a falta de esa aceptación por parte de la autoridad fiscal local, que era un acreedor privilegiado de la demandante, el Krajský súd v Košiciach no habría podido homologar el convenio de acreedores. Por ello, hasta el 9 de julio de 2004, la autoridad fiscal local podía vetar la proposición de convenio de acreedores de la demandante y como consecuencia habría estado facultada para iniciar, bien un procedimiento de ejecución fiscal, bien uno de liquidación judicial, tras la finalización del procedimiento de convenio de acreedores por el Krajský súd v Košiciach. Por otra parte, resulta de las observaciones de la demandante de 24 de octubre de 2005 que, para demostrar que la autoridad fiscal local estaba convencida de que la solución del convenio de acreedores, que aceptó el 9 de julio de 2004, era preferible a una liquidación judicial, la demandante afirma que dicha autoridad pudo intervenir en diferentes fases del procedimiento de convenio de acreedores para impedir ese convenio. Tal afirmación se revela en contradicción con la alegación por la demandante de que la medida controvertida fue concedida antes del 29 de abril de 2004.

86 De las consideraciones precedentes resulta que en el presente caso la autoridad fiscal local no tomó la decisión de renunciar al 65 % de sus créditos frente a la demandante hasta que aceptó formalmente la proposición de convenio de acreedores, a saber, el 9 de julio de 2004. Por tanto, el acto jurídicamente obligatorio por el que las autoridades eslovacas se comprometieron a conceder la medida controvertida se adoptó después de la adhesión de la República Eslovaca.

87 Como conclusión debe desestimarse el tercer motivo por infundado.

4. Sobre los motivos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, basados en sustancia en errores de hecho y de Derecho en la calificación de la medida controvertida como ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1

Observaciones previas

88 Se ha de señalar que los motivos cuarto y quinto están basados respectivamente en un error de Derecho y de hecho, en cuanto la Comisión estimó que el procedimiento de liquidación judicial era más favorable que el de convenio de acreedores, y en un error de Derecho y de hecho, en cuanto la Comisión estimó que el procedimiento de ejecución fiscal era más favorable que el de convenio de acreedores.

89 Del considerando 75 de la Decisión impugnada resulta que, para examinar si la medida controvertida podía calificarse como ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, la Comisión utilizó el criterio del acreedor privado en una economía de mercado. Por ello, examinó si el beneficio obtenido por la Administración fiscal de la República Eslovaca del procedimiento convenio de acreedores era superior al que habría podido obtener de un procedimiento de liquidación judicial o de uno de ejecución fiscal. Bastaba así pues que uno de esos dos procedimientos fuera más ventajoso que el de convenio de acreedores para que la Comisión pudiera concluir que el criterio del acreedor privado en una economía de mercado no se había cumplido en ese caso, y que por tanto la medida controvertida constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.

90 Además, hay que observar que los motivos sexto, séptimo, octavo y noveno están relacionados ya sea con el cuarto o con el quinto, dado que pretenden impugnar la legalidad de la Decisión impugnada en cuanto califica la medida controvertida como ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.

91 Es por tanto oportuno, en primer lugar, respecto al cuarto motivo y a los motivos sexto, séptimo, octavo y noveno, en cuanto relacionados con el cuarto, examinar la legalidad de la Decisión impugnada, por haber considerado la Comisión que el procedimiento de liquidación judicial era más favorable que el de convenio de acreedores.

92 Solo si se llegara a estimar que la Comisión consideró erróneamente que el procedimiento de liquidación judicial era más favorable que el de convenio de acreedores sería preciso, en segundo lugar, examinar la legalidad de la Decisión impugnada, y ello respecto al quinto motivo y a los motivos sexto, séptimo, octavo y noveno, en cuanto se relacionan con el quinto, por haber considerado la Comisión que el procedimiento de ejecución fiscal era más favorable que el de convenio de acreedores.

Sobre la legalidad de la Decisión impugnada en cuanto la Comisión consideró que el procedimiento de liquidación judicial era más favorable que el de convenio de acreedores

Sobre las alegaciones expuestas dentro del cuarto motivo

– Alegaciones de las partes

93 La demandante afirma que el convenio de acreedores no le confería una ventaja competitiva ya que la Administración fiscal eslovaca había actuado como un acreedor privado cuya única intención era maximizar el beneficio para la República Eslovaca. Según ella, no sólo el convenio de acreedores no le ofrecía una ventaja «manifiestamente más importante», sino que constituía la elección evidente para todo acreedor privado entre la ejecución parcial pero inmediata de un crédito, por una parte, y por otra un largo y costoso procedimiento de liquidación judicial, con el riesgo inherente de percibir sólo un importe inferior al que percibiría en ejecución de un convenio de acreedores. En la Decisión impugnada, la Comisión alcanza una conclusión diferente porque se basa en una apreciación errónea de los hechos, en conclusiones erróneas, en suposiciones infundadas y en afirmaciones indemostradas, hechas por un Estado miembro que desde el principio y por razones oscuras y sospechosas reconoció haber concedido una ayuda de Estado.

94 En primer lugar, la demandante alega la falta de consideración por la Comisión de la duración del procedimiento de liquidación judicial en Eslovaquia y de los informes de terceros al respecto. Afirma que la diferencia más destacada entre el procedimiento de convenio de acreedores y el de liquidación judicial afecta a la duración respectiva de ambos procedimientos. En tanto que, en ejecución de un convenio de acreedores, las cantidades adeudadas se pagan a los acreedores en los meses siguientes, en un procedimiento de liquidación judicial el producto de la venta de los activos sólo se percibe por los acreedores después de un procedimiento mucho más largo. Además, en el considerando 54 de la Decisión impugnada, la Comisión se limita a referirse a la opinión de las autoridades eslovacas según la que, dado el pequeño número de acreedores y la existencia de activos con un valor de liquidación positivo, un procedimiento de liquidación judicial se habría tramitado con mayo rapidez que la usual, sin explicar cómo podían esos factores acortar la duración del procedimiento. Por otra parte, la demandante alega que la Comisión reconoció en el escrito de contestación que no intentó formarse una opinión sobre la duración probable de un procedimiento de liquidación judicial de sus activos. Por tanto, no tuvo en cuenta los «productos de los intereses perdidos» al comparar el procedimiento de liquidación judicial con el de convenio de acreedores.

95 Según la demandante, incluso si esos factores hubieran podido llevar a un procedimiento de liquidación judicial más rápido que lo usual, incumbía a la Comisión considerar los numerosos aspectos del asunto que podían alargar la duración de ese procedimiento. En ese sentido alega que, dado que la mayor parte de sus activos eran máquinas específicas para la producción y el tratamiento de bebidas, el número de potenciales compradores era limitado. Además, su situación geográfica era una desventaja en relación con el transporte y el personal cualificado. Estima por tanto que ni su propiedad inmueble ni sus medios de producción tenían valor alguno para un productor importante de bebidas espirituosas establecido en Eslovaquia, y que hubieran sido de muy difícil venta.

96 La demandante sostiene que durante la investigación se proporcionaron a la Comisión informaciones de diversas fuentes sobre la duración media del procedimiento de liquidación judicial en Eslovaquia. En primer lugar, afirma haber presentado a la Comisión, como anexo de sus observaciones de 24 de octubre de 2005, un informe del Banco Mundial de 2004 del que resulta que la duración media de un procedimiento de liquidación judicial en Eslovaquia, en condiciones óptimas, era de cuatro años y ocho meses. Además, también resulta de un informe del Banco Mundial de 2002, adjunto a la demanda, que el procedimiento de liquidación judicial es la peor opción para un acreedor, y dura entre tres y siete años, y que los acreedores privilegiados informan de un porcentaje de cobro de sus créditos excepcionalmente bajo, del 5 al 10 %, tras el pago de los gastos administrativos. En segundo lugar, observa que en un informe de 2004, presentado a la Comisión como anexo de sus observaciones de 24 de octubre de 2005, el Ministerio de Justicia eslovaco estimó la duración de un procedimiento de liquidación judicial en Eslovaquia entre tres y siete años. En tercer lugar, del Informe H resulta que [confidencial]. En cuarto lugar, la Comisión hizo constar en sus informes de 2002 y 2003 sobre los progresos realizados por la República Eslovaca para la adhesión a la Unión dificultades y mejoras necesarias en los procedimientos de liquidación judicial y de insolvencia.

97 Según la demandante, suponiendo incluso que el producto de la venta de su activos en un procedimiento de liquidación judicial que figura en la Decisión impugnada se hubiera calculado conforme al coeficiente aplicado en el informe E, es evidente que hasta el acreedor privado más optimista habría preferido percibir 225 millones de SKK en diciembre de 2004 en lugar de, potencialmente, hasta 239 millones de SKK (275 millones de SKK corresponden al producto total de la venta de sus activos en un procedimiento de liquidación judicial, menos 36 millones de SKK como mínimo que corresponden a los costes de un procedimiento de liquidación judicial), en un plazo comprendido entre «menos tiempo que el promedio» y siete años. La demandante alega que, a la vista de la diferencia de 14 millones de SKK entre la suma que podría percibirse en ejecución del convenio de acreedores y la que podría serlo en una liquidación judicial, por una parte, y por otra del tipo de descuento del 5,1 % aplicable en marzo de 2004, habría sido preciso que el procedimiento de liquidación judicial no durara más de trece meses y medio para que un acreedor privado eligiera el procedimiento de liquidación judicial en lugar del convenio de acreedores. Pero un plazo tan corto es inconcebible en el presente caso.

98 En segundo lugar, la demandante alega la falta de consideración por la Comisión de los costes de un procedimiento de liquidación judicial en Eslovaquia y de los informes de terceros al respecto. Afirma que esos costes ascendían según el informe E a [confidencial] de SKK, es decir, el [confidencial] del producto de la venta de sus activos, valorado en [confidencial] de SKK, en dicho procedimiento, y según el informe K a [confidencial] de SKK, es decir el [confidencial] del productos de la venta de sus activos, valorado en [confidencial] de SKK, en el mismo procedimiento. La Comisión restó del producto de la venta de sus activos en un procedimiento de liquidación judicial, que valoró en 275 millones de SKK, una cantidad de 36 millones de SKK correspondiente a los costes de un procedimiento de liquidación judicial, que en realidad corresponde al coste ligado a un producto de la venta de sus activos en un procedimiento de liquidación judicial, valorado en 204 millones de SKK. La proporción relativa de los costes en relación con ese producto disminuye a medida que éste aumenta. Por tanto, la Comisión estimó erróneamente que los costes que figuraban en el informe K eran inferiores a los del informe E. La demandante añade que, basándose en el coste de un procedimiento de liquidación judicial en Eslovaquia, según su evaluación en el informe del Banco Mundial de 2004, correspondiente al 18 % del producto de la venta de los activos en ese procedimiento, la Comisión apreció que el producto total esperado, conforme a los datos de 17 de junio de 2004, era inferior o igual al importe del producto en el convenio de acreedores. El argumento de la Comisión de que un administrador de una liquidación judicial habría continuado el proceso de producción no es «convincente», dado que se había revocado su licencia de producción y de tratamiento de bebidas alcohólicas y espirituosas y en consecuencia ya no podía producirlas.

99 En tercer lugar, la demandante reprocha a la Comisión no haber tenido en cuenta el trabajo adicional y los gastos de gestión a los que habría tenido que hacer frente en caso de iniciación de un procedimiento de liquidación judicial. Alega que no sólo habría tenido que seguir pagando los salarios de sus empleados y los costes de funcionamiento sino que también habría resuelto probablemente los contratos de trabajo de forma gradual y a causa de ello habría pagado indemnizaciones por despido.

100 En cuarto lugar, la demandante reprocha a la Comisión no haber tenido en cuenta un precedente en el mercado eslovaco de las bebidas espirituosas, que un acreedor privado razonable habría considerado. En ese sentido recuerda que en sus observaciones de 24 de octubre de 2005 había advertido a la Comisión sobre la liquidación judicial declarada de Liehofruct White Lady Distillery, s.r.o. Levoča (en lo sucesivo, «Liehofruct»). Afirma que esa empresa, al igual que la propia demandante, se había convertido en la propietaria de una fábrica de bebidas espirituosas que anteriormente perteneció al Estado, y añade que «las autoridades fiscales eran también los acreedores más importantes». Observa que el procedimiento de liquidación judicial de Liehofruct comenzó en julio de 1999, que los activos sólo se liquidaron tras diez actos de subasta, en las que las ofertas más altas no superaron el 30 % del valor estimado de la empresa y que después de ocho años aún no había concluido el procedimiento. Ello demuestra que no era fácil encontrar comprador para una destilería de equipamiento obsoleto en el este de Eslovaquia.

101 En respuesta al argumento de la Comisión de que la demandante no explicó en qué era semejante la liquidación judicial de Liehofruct a la suya, esa parte alega que incumbía a la Comisión investigar ese aspecto concreto y que su omisión constituye un error manifiesto. También refuta la afirmación de la Comisión de que los activos se habrían vendido al precio del mercado. Según ella, todo acreedor privado razonable tenía que esperar que el precio de la venta de los activos de su deudor en un procedimiento de liquidación judicial fuera inferior al precio normal del mercado.

102 En quinto lugar, la demandante mantiene que la Comisión no tuvo en cuenta el informe del Ministerio de Justicia eslovaco de 2004, citado en el anterior apartado 96, según el que muy pocas veces los acreedores privilegiados lograban recuperar en un procedimiento de liquidación judicial más del 5 al 10 % de sus créditos frente a un deudor insolvente. Ahora bien, esa afirmación pesimista está en contradicción con la valoración extremadamente positiva del procedimiento de liquidación judicial en este caso por parte de las autoridades eslovacas. Al no advertir esa contradicción la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación.

103 En la réplica, la demandante recuerda que la valoración del importe de tesorería en [confidencial] de SKK tenía en cuenta el aplazamiento de los vencimientos de pagos que le había concedido Old Herold a raíz de la proposición de convenio de acreedores y cuyo importe vencía en principio en julio de 2004. Sin rebatir la existencia de esa tesorería, la demandante afirma que en un procedimiento de liquidación judicial también se habría debido pagar a Old Herold, como acreedor. Por tanto un acreedor privado razonable no habría previsto la realización de los activos no corrientes, las existencias y los créditos a corto plazo por importe superior a 63,3 millones de SKK, y ello tras haber deducido los costes salariales, administrativos y jurídicos así como el pago parcial a los acreedores existentes, entre ellos Old Herold. Por último, alega que los [confidencial] aproximadamente de SKK obtenidos por la venta de sus existencias a Old Herold se sustentaban en un acuerdo a largo plazo concluido con Old Herold y en la confianza de ésta en el éxito del convenio de acreedores. Old Herold no habría comprado esas existencias en una situación de quiebra. Por tanto, no es válido tener en cuenta esos fondos en una valoración del «beneficio financiero potencial» de un procedimiento de liquidación judicial.

104 La demandante añade que la afirmación por la Comisión de que, tratándose de tesorería, la ejecución fiscal habría podido realizarse mediante la mera desposesión no es pertinente ya que esa tesorería estaba reservada en todo caso a la Administración fiscal eslovaca.

105 La Comisión, apoyada por la parte coadyuvante, refuta la totalidad de las alegaciones expuestas por la demandante en apoyo del cuarto motivo.

– Apreciación del Tribunal

106 En primer lugar, hay que recordar que, según se ha señalado en el anterior apartado 49, la legalidad de una decisión en materia de ayudas de Estado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho de los que podía disponer la Comisión cuando la adoptó.

107 Seguidamente, debe señalarse que consta que la medida controvertida, consistente en una condonación de deuda por los acreedores en el convenio de acreedores aprobado por ellos confería una ventaja a la demandante. En cambio, las partes discrepan sobre la cuestión de si en el presente caso, habida cuenta del criterio del acreedor privado en una economía de mercado, la demandante habría obtenido esa ventaja económica en condiciones normales de mercado, y en consecuencia si esa medida constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.

108 A este respecto, debe recordarse que, dado que la aplicación por parte de la Comisión del criterio del acreedor privado en una economía de mercado requiere una apreciación económica compleja, al igual que la aplicación del criterio del inversor privado en una economía de mercado, según jurisprudencia reiterada el referido criterio sólo debe ser objeto de un control limitado a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento y de motivación, de la exactitud material de los hechos tomados en consideración, de la falta de error manifiesto en la apreciación de dichos hechos o de la inexistencia de desviación de poder (véase la sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 2004, Lenzing/Commission, T‑36/99, Rec. p. II‑3597, apartado 150, y la jurisprudencia citada, confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2007, España/Comisión, C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, apartado 59).

109 También es preciso recordar que, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia reconoce a la Comisión cierto margen de apreciación en materia económica, ello no implica que el juez comunitario deba abstenerse de controlar la interpretación de datos de carácter económico por la Comisión (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 2005, Comisión/Tetra Laval, C‑12/03 P, Rec. p. I‑987, apartado 39, y España/Comisión, citada en el apartado 108 supra, apartado 56).

110 En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el juez de la Unión no sólo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, apartado 5; de 22 de octubre de 1991, Nölle, C‑16/90, Rec. p. I‑5163, apartado 12, y de 18 de julio de 2007, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, C‑326/05 P, Rec. p. I‑6557, apartado 76). No obstante, en el marco de ese control no le corresponde sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia (auto del Tribunal de Justicia de 25 de abril de 2002, DSG/Comisión, C‑323/00 P, Rec. p. I‑3919, apartado 43).

111 Por último, en los casos en que una institución de la Unión disponga de una amplia facultad de apreciación, el respeto de ciertas garantías de procedimiento reviste una importancia fundamental. El Tribunal de Justicia ha tenido así ocasión de precisar que entre esas garantías figura la obligación de la institución competente de examinar, minuciosa e imparcialmente, todas los elementos relevantes del asunto de que se trate, así como la de motivar su decisión de modo suficiente (sentencias de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, apartado 14, y de 7 de mayo de 1992, Pesquerías De Bermeo y Naviera Laida/Comisión, C‑258/90 y C‑259/90, Rec. p. I‑2901, apartado 26).

112 Por consiguiente, el control de la legalidad de la Decisión impugnada, en cuanto la Comisión estimó que el criterio del acreedor privado en una economía de mercado no se cumplía, debe limitarse a comprobar si la Comisión cometió un error manifiesto en la apreciación de los hechos.

113 En segundo lugar, para llevar a cabo ese control de legalidad hay que tener en cuenta en el presente caso los cuatro parámetros siguientes.

114 El primer parámetro es la condición de acreedor, no debatida por lo demás por las partes, de la Administración fiscal eslovaca, que concedió la medida controvertida. Según reiterada jurisprudencia, un organismo público que ha otorgado una condonación de deuda debe compararse con un acreedor privado que trata de recuperar las cantidades que le adeuda un deudor que se enfrenta a dificultades financieras. La condición de acreedor debe distinguirse en efecto de la de un inversor privado en una economía de mercado que persigue una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de rentabilidad a largo plazo de los capitales invertidos (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2002, HAMSA/Comisión, T‑152/99, Rec. p. II‑3049, apartado 167, y la jurisprudencia citada.

115 El segundo parámetro es la condición de acreedor privilegiado, no debatida por las partes, de la Administración pública que concedió la medida controvertida. Hay que recordar en efecto que, cuando una empresa que se encuentra en una situación financiera gravemente deteriorada propone uno o varios convenios de acreedores para sanear su situación y evitar un procedimiento de liquidación, los acreedores deben optar entre el importe que se les ofrece en el convenio propuesto, por un lado, y el importe que esperan poder recuperar tras la eventual liquidación de la empresa, por otro. Su opción se ve influida por una serie de factores, como su condición de acreedor hipotecario, privilegiado u ordinario, la naturaleza y amplitud de las eventuales garantías que posea, su apreciación de las posibilidades de saneamiento de la empresa, así como el beneficio que obtendría en caso de liquidación (sentencia HAMSA/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartado 168).

116 El tercer parámetro es el carácter especialmente prudente de la evaluación realizada por la Comisión en lo que atañe al producto de la venta de los activos de la demandante en un procedimiento de liquidación judicial. Sobre este aspecto el Tribunal considera que el producto de la liquidación judicial, según lo evaluó la Comisión en el cuadro 4 de la Decisión impugnada, a saber, 275 millones de SKK, constituía una evaluación a minima. En efecto, el valor contable de los activos de la demandante recogido en dicho cuadro se sustentaba, por un lado, por un lado en gran parte en los datos comunicados por la demandante, y, por otro, respecto a los datos fechados a 17 de junio de 2004 en los resultados de la inspección que la Administración fiscal eslovaca había efectuado en los locales de la demandante el 21 de junio de 2004.

117 Debe observarse al respecto que la demandante no impugna el fundamento de los datos comprobados por la Administración fiscal eslovaca en su inspección de 21 de junio de 2004, por una parte. Por otra parte, no sólo la Comisión mostró una extremada precaución cuando evaluó los activos, como resulta en especial de las notas a pie de página nos 20 y 23 de la Decisión impugnada, sino que también aplicó en ese cuadro, como resulta de los considerandos 84 a 87 de la Decisión impugnada, los coeficientes de liquidación utilizados en el informe E, pese a que los consideraba muy bajos.

118 Por lo demás, en el cuadro 4 de la Decisión impugnada, la Comisión presentó una evaluación del producto de la venta de los activos inmovilizados de la demandante a fecha 17 de junio de 2004, en el caso de un procedimiento de liquidación judicial, en 90 millones de SKK, en tanto que su valor contable ascendía a 200 millones de SKK. Pues bien, como resulta del considerando 87 de la Decisión impugnada, la Comisión estima que, al estar garantizados esos créditos, según la propia demandante, al menos hasta 194 millones de SKK, el importe del producto que esa empresa habría podido obtener de la liquidación de los activos inmovilizados habría debido ser igual al menos al valor de esos créditos garantizados. No obstante, en el cuadro 4 de la Decisión impugnada la Comisión aplicó el coeficiente de liquidación utilizado en el informe E.

119 Por último, en el cuadro 4 de la Decisión impugnada la Comisión aplicó un coeficiente de liquidación del 20 %, recogido en el informe E, para calcular el producto de la venta de las existencias de la demandante en un procedimiento de liquidación judicial, en tanto que el 17 de junio de 2004 el valor contable de esas existencias había disminuido en 125 millones de SKK, esto es, una disminución del 60 % en relación con las existencias en marzo de 2004.

120 De las anteriores consideraciones resulta que la evaluación del producto de la venta de los activos de la demandante en un procedimiento de liquidación judicial en fecha 17 de junio de 2004, según consta en el cuadro 4 de la Decisión impugnada, constituía a juicio de la Comisión el mínimo estricto que un acreedor privado habría tomado en consideración para apreciar las ventajas de un procedimiento de liquidación judicial en relación con el producto del convenio de acreedores aprobado el 9 de julio de 2004.

121 El cuarto parámetro es la condonación parcial de la deuda de la demandante. En efecto, a diferencia de un procedimiento de convenio de acreedores, el procedimiento de liquidación judicial no permite al deudor obtener de su acreedor una condonación de deuda. Con otras palabras, al término de un procedimiento de liquidación judicial, si el producto de la venta de los activos de un deudor no ha bastado para pagar a todos sus acreedores, éstos aún pueden exigir a ese deudor el pago de las cantidades no satisfechas.

122 Por consiguiente, deben examinarse las alegaciones de la demandante en apoyo del cuarto motivo a la luz de las anteriores consideraciones.

123 En primer lugar, respecto a la alegación de la demandante basada en la falta de consideración de la duración del procedimiento de liquidación judicial en Eslovaquia y de los informes de terceros sobre éste, hay que señalar ante todo que, en contra de lo afirmado por la demandante, la Comisión no sólo indicó en el considerando 54 de la Decisión impugnada que, según la República Eslovaca, la duración de un procedimiento de liquidación judicial, dadas las circunstancias específicas del caso, habría sido inferior a la media, sino que también mencionó en el considerando 40 de la Decisión impugnada, que, según la demandante, el procedimiento de liquidación judicial en Eslovaquia dura como promedio de tres a siete años. La Comisión puntualizó que la demandante sustentaba su criterio en varios factores, en estadísticas y en un ejemplo de una sociedad eslovaca en una situación análoga a la suya. No puede reprocharse por tanto a la Comisión no haber atendido a esa cuestión y al criterio de la demandante al respecto.

124 Además, en cuanto a los medios de prueba de los que disponía la Comisión, es preciso señalar que los datos mismos comunicados por la demandante no satisfacen las exigencias de fiabilidad y de coherencia. En efecto, las evaluaciones de la duración de un procedimiento de liquidación judicial en Eslovaquia que la demandante presentó a la Comisión eran generales y no tenían en cuenta las características del presente caso. Además, algunas de esas evaluaciones eran aproximativas, y en parte no concordaban entre sí. En efecto, la demandante invoca cuatro informes, mencionados en el anterior apartado 96, en los que esa duración se estimó respectivamente en cuatro años y ocho meses, en un período de tres a siete años, o en más de seis años.

125 Los otros informes a los que la demandante hace referencia son informes de la Comisión de 2002 y de 2003 sobre los progresos realizados por la República Eslovaca para la adhesión a la Unión. Según la demandante, en esos informes la Comisión puso de manifiesto dificultades y mejoras necesarias en los procedimientos concursales en Eslovaquia. Pues bien, es preciso observar que esos informes de la Comisión se refieren al procedimiento de liquidación judicial en Eslovaquia en general, sin tener en cuenta las características del presente caso.

126 Por otra parte, hay que observar que la demandante omitió mencionar los resultados del Informe K sobre la duración que habría podido alcanzar un procedimiento de liquidación judicial en el caso de esa empresa. En el citado informe que la propia demandante ha presentado en este asunto, esa duración se estimó «alrededor de dos años (en función de las condiciones y del trabajo del administrador concursal». Debe señalarse que, además del hecho de que dicha estimación de la duración del procedimiento de liquidación judicial es manifiestamente mucho más optimista que las demás evaluaciones presentadas por la demandante, aquélla se refería específicamente a la propia demandante.

127 También es preciso considerar que, como alega la Comisión, cuando el número de acreedores del deudor es pequeño y existen activos con valor de liquidación positivo, el procedimiento de liquidación judicial puede tramitarse con mayor rapidez que la usual. Esto es tanto más cierto en el presente caso ya que las partes concuerdan en que el crédito de la Administración fiscal eslovaca frente a la demandante representaba casi el 99 % del pasivo de ésta, y en que dicha Administración disfrutaba de la condición de acreedor privilegiado. De ello se sigue que la Administración fiscal eslovaca habría tenido una influencia determinante en la duración del procedimiento de liquidación judicial. Es cierto que la demandante afirma que las características, la situación geográfica y el carácter obsoleto de la mayor parte de sus activos habrían hecho difícil la búsqueda de un comprador y por tanto habrían entorpecido la tramitación del procedimiento de liquidación judicial. No obstante, como indicó la Comisión en el considerando 88 de la Decisión impugnada, varios factores, y en particular el hecho de que algunos activos de producción de la demandante fueron comprados tras la revocación de la licencia de producción y de tratamiento de bebidas alcohólicas y espirituosas tienden a demostrar que esa afirmación de la demandante es infundada.

128 Por último, acerca de la cuestión de si el acreedor privado más optimista habría preferido percibir 225 millones de SKK en diciembre de 2004 antes que percibir eventualmente hasta 239 millones de SKK en un plazo comprendido entre «menos tiempo que el promedio» y siete años, como se expone en los anteriores apartados 116 a 120, debe recordarse que el producto de la venta de los activos de la demandante en un procedimiento de liquidación judicial, según la evaluación de la Comisión, a saber, 275 millones de SKK, representaba una evaluación a minima. Por consiguiente, el cálculo realizado por la demandante, respecto a la duración del procedimiento de liquidación judicial, puesta en relación con el producto que un acreedor privado habría podido pretender obtener de la venta de los activos de la demandante en un procedimiento de liquidación judicial, habida cuenta de los intereses del crédito exigibles, carece de pertinencia dadas las circunstancias del presente caso y en especial la prudencia que mostró la Comisión al evaluar ese producto.

129 De las anteriores consideraciones resulta que la Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación sobre la duración del procedimiento de liquidación judicial.

130 En segundo lugar, en lo referido a la alegación de la demandante basada en la falta de consideración por la Comisión de los costes de un procedimiento de liquidación judicial en Eslovaquia y de los informes de terceros sobre ese aspecto, la demandante alega que, según el informe E, esos costes representaban el 22 % del producto de la venta de sus activos, valorado en 204 millones de SKK, en dicho procedimiento, y según el informe K el 28 % del producto de la venta de sus activos, valorado en 78 millones de SKK en el mismo procedimiento.

131 Al respecto, es preciso observar ante todo que el porcentaje del 28 % que alega la demandante es manifiestamente incorrecto. En efecto, como resulta del informe K, el producto de la venta de los activos de la demandante en un procedimiento de liquidación judicial, según la variante III, se estimaba en 100 millones de SKK. Para calcular ese producto, el auditor dedujo 22 millones de SKK correspondientes a los costes del procedimiento de liquidación judicial. Esos costes representaban pues el 22 %, y no el 28 %, como alega la demandante, del producto de la venta de sus activos en dicho procedimiento.

132 Por otra parte, la demandante reprocha a la Comisión haber restado del producto de la venta de sus activos en un procedimiento de liquidación judicial, que se evaluó en 275 millones de SKK, un importe de 36 millones de SKK como costes de dicho procedimiento. Según esa parte, ese importe de 36 millones de SKK correspondía al coste inherente a un producto de la venta de sus activos en un procedimiento de liquidación judicial estimado en 204 millones de SKK.

133 Al respecto, hay que señalar que en el considerando 89 de la Decisión impugnada la Comisión expuso lo siguiente:

«Además, la credibilidad del [informe E] se ve también afectada por la forma de calcular las diversas tasas del procedimiento de quiebra, que debían sustraerse del rendimiento total obtenido de la venta de activos. Mientras que [la sociedad E] dedujo 45 millones SKK de tasas, [la demandante] en su presentación daba la cifra de 36 millones SKK, y la estimación de [su auditora interna, la Sra. K] es de 22 millones SKK como máximo. Semejantes discrepancias plantean dudas sobre la exactitud de los supuestos de [la sociedad E] en cuanto al nivel de las tasas y, por consiguiente, también del nivel del rendimiento que podría haberse obtenido en un procedimiento de quiebra. Se señala, no obstante, que, considerando la situación [de la demandante] a 17 de junio de 2004, aún con tasas de 36 millones SKK, el rendimiento de la quiebra habría sido superior que el del convenio propuesto.»

134 La demandante reprocha fundadamente a la Comisión haber comparado los dos valores relativos de los costes de un procedimiento de liquidación judicial según su cálculo en el informe E y en el informe K, sin tener en cuenta el hecho de que se habían calculado en proporción a dos valores absolutos, a saber, los productos de la venta de los activos de la demandante en un procedimiento de liquidación judicial estimados en dichos informes, que no eran comparables. En consecuencia, la demandante también rebate fundadamente las razones que llevaron a la Comisión a desestimar los datos de esos informes al respecto. Como resulta de los anteriores apartados 130 y 131, en esos dos informes los costes de un procedimiento de liquidación judicial representaban el 22 % del valor estimado del producto de la venta de los activos de la demandante en un procedimiento de liquidación judicial que figuraba en esos mismos informes.

135 También debe desestimarse por infundada la alegación por la Comisión de que la demandante, durante el procedimiento de examen, se limitó a precisar que en el caso de un producto de 203,6 millones de SKK los gastos del administrador de la liquidación judicial habrían sido de 1,9 %, sin indicar la cuantía probable de todos los demás costes. En efecto, resulta de forma expresa del punto 50 de las observaciones de la demandante de 24 de octubre de 2005 que ésta indicó que los costes de la liquidación judicial, estimados en cerca del 18 %, ascenderían a 32 millones de SKK, además de los gastos del administrador de la liquidación judicial, evaluados en 3,8 millones de SKK (es decir, el 1,9 % del producto de la venta de los activos de la demandante en un procedimiento de liquidación judicial, estimado en 203,6 millones de SKK).

136 No obstante, hay que observar que en el considerando 89 de la Decisión impugnada, la Comisión no sólo tuvo expresamente en cuenta que la demandante había indicado un importe de 36 millones de SKK como costes de un procedimiento de liquidación judicial sino que también expuso que, aun deduciendo esos costes del producto de la venta de los activos de la demandante en tal procedimiento, la cantidad obtenida por las autoridades eslovacas habría sido superior a la propuesta en el procedimiento de convenio de acreedores. Del punto 50 de las observaciones de la demandante de 24 de octubre de 2005 resulta que la estimación de los costes del procedimiento de liquidación judicial en 36 millones de SKK derivaba de la suma de los gastos del administrador de la liquidación judicial y de los gastos de liquidación judicial (3,8 millones de SKK + 32 millones de SKK = 35,8 millones de SKK). Por otra parte, no es discutible que esa evaluación de los costes de un procedimiento de liquidación judicial se basaba en el producto de la venta de los activos de la demandante en dicho procedimiento, estimado en 204 millones de SKK.

137 Pues bien, como reconoce la misma demandante en sus escritos procesales, la proporción relativa de los costes de un procedimiento de liquidación judicial en relación con el producto de la venta de los activos del deudor en tal procedimiento disminuye a medida que ese producto aumenta. Al determinar 36 millones de SKK como importe a deducir de un producto de la venta de los activos de la demandante en un procedimiento de liquidación judicial evaluado en 275 millones de SKK, la Comisión tuvo en cuenta por tanto una parte de los costes de un procedimiento de liquidación judicial equivalente al 13 % de dicho producto (275 millones de SKK – 36 millones de SKK = 239 millones de SKK). Si la Comisión hubiera deducido un importe correspondiente al 18 % del mismo producto, es decir, el porcentaje que la demandante considera apropiado a la luz del informe del Banco Mundial de 2004, habría debido apreciar efectivamente que el producto de la venta de los activos de la demandante en un procedimiento de liquidación judicial, deducidos los costes inherentes, habría sido de 225,5 millones de SKK. Sin embargo, aunque ese importe sea casi igual al importe pagado a los acreedores en ejecución del convenio, debe tenerse en cuenta, como se ha señalado en los anteriores apartados 116 a 120, que la Comisión mostró una extremada prudencia al evaluar el product