ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

¿Deben interpretarse el artículo 13, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, (1) los artículos 3, apartado 1, letra a), y 11, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo, (2) y el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera, (3) en el sentido de que de la circunstancia de que una empresa que obtiene una autorización de transporte por carretera en un Estado miembro de la Unión Europea de conformidad con los Reglamentos (CE) n.os 1071/2009 y 1072/2009 y que, por tanto, debe tener un establecimiento efectivo y fijo en dicho Estado miembro, se deduce que con dicha autorización queda acreditado de forma irrefutable que tiene su sede en tal Estado miembro con arreglo al artículo 13, apartado 1, del antes citado Reglamento (CE) n.o 883/2004, a efectos de determinar el régimen de seguridad social aplicable, y [de que] las autoridades del Estado miembro de empleo están vinculadas por tal constatación?
1)

¿Se opone el artículo 20 TFUE, en relación con el artículo 7 [de la Carta], a la normativa de un Estado miembro que, como la controvertida en el litigio principal, dispone en principio la pérdida automática de la ciudadanía de dicho Estado miembro por imperativo de ley (ipso iure), al cumplirse 22 años de edad, para personas que hayan nacido fuera de ese Estado miembro, no hayan vivido en él, ni hayan residido en él en unas circunstancias que revelen una vinculación estrecha con él, disposición que conlleva que, si esas personas no tienen además la ciudadanía de otro Estado miembro, se vean privadas de su estatuto de ciudadanas de la Unión y de los derechos vinculados a dicho estatuto, dándose la particularidad de que, según la normativa controvertida en el litigio principal, a) se presume que existe vinculación estrecha con el Estado miembro, en particular, tras un total de un año de residencia en él; b) si antes de cumplir los 22 años la persona en cuestión presenta solicitud para conservar la ciudadanía del Estado miembro, puede obtener en condiciones más flexibles autorización para ello, y a tal efecto la autoridad competente debe examinar las consecuencias de la pérdida de la nacionalidad; y c) después de cumplir los 22 años, la persona en cuestión solamente puede recuperar la ciudadanía perdida mediante la naturalización, que está sujeta a una serie de requisitos, entre los que está el de la residencia continuada durante un período más largo en el Estado miembro, si bien el plazo de residencia puede acortarse algo en el caso de quien ya hubiera ostentado previamente la nacionalidad de ese Estado miembro?
C 11/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Szegedi Törvényszék (Hungría) el 4 de octubre de 2021 — Napfény-Toll Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Asunto C-615/21)

(2022/C 11/24)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Szegedi Törvényszék

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Napfény-Toll Kft.

Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el principio de seguridad jurídica y el principio de efectividad, que forman parte del Derecho comunitario, en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que no concede al juez ninguna facultad de apreciación, como la del artículo 164, apartado 5, de la az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Ley XCII de 2003, de Procedimiento General Tributario), así como la práctica basada en esta normativa, en virtud de las cuales, en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, el plazo de prescripción del derecho de la administración tributaria a liquidar el impuesto se suspende durante toda la duración de los controles judiciales, independientemente del número de procedimientos administrativos tributarios repetidos, sin limitar la duración acumulada de las suspensiones cuando se suceden varios controles judiciales, incluso cuando el órgano jurisdiccional que se pronuncia sobre una decisión de la autoridad tributaria adoptada en un procedimiento repetido como consecuencia de una resolución judicial anterior constata que la autoridad tributaria no ha respetado las directrices contenidas en dicha resolución judicial, es decir, cuando la autoridad tributaria es la responsable de que haya tenido lugar el nuevo procedimiento judicial?
2)

En circunstancias específicas como las del litigio principal, ¿deben interpretarse la Directiva IVA 2006/112, en general, y sus artículos 167, 168, letra a), 178, letra a), y 179, en particular, así como los principios de proporcionalidad y de neutralidad, en el sentido de que: a) reconocen la posibilidad de conceder el derecho a la deducción del IVA a un sujeto pasivo, aun cuando este no haya soportado o satisfecho personalmente el IVA por los bienes y servicios utilizados en el marco de las operaciones gravadas y tal IVA haya sido soportado o satisfecho por personas físicas que no han sido consideradas sujetos pasivos, pero que, junto con el sujeto pasivo obligado a pagar el IVA devengado por operaciones por las que debería haberlo repercutido, son partes en un contrato de asociación carente de personalidad jurídica, contrato que no se registró ante las autoridades tributarias con anterioridad al inicio de la actividad [;]? b) reconocen la posibilidad de conceder el derecho a la deducción del IVA a un sujeto pasivo, aun cuando este no haya soportado o satisfecho personalmente el IVA por los bienes y servicios utilizados en el marco de las operaciones gravadas, y tal IVA haya sido soportado o satisfecho por una persona física que ha sido considerada sujeto pasivo, que es parte en un contrato de asociación carente de personalidad jurídica, contrato que no se registró ante las autoridades tributarias con anterioridad al inicio de la actividad, y que también pretende ejercer, junto con el sujeto pasivo, el derecho a la deducción, o podía haberlo ejercitado, estando ambos obligados a pagar el impuesto devengado por operaciones por las que debieron haberlo repercutido?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 9 de julio de 2021 — Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb e. V.

(Asunto C-418/21)

(2021/C 471/23)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Recurrida: Verband Sozialer Wettbewerb e. V.

Cuestiones prejudiciales

1. ¿En qué circunstancias existe la necesidad de otros nutrientes determinados clínicamente a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra g), segunda alternativa, del Reglamento FSG? (1) Más concretamente, además de la capacidad limitada, deficiente o alterada para ingerir, digerir, absorber, metabolizar o excretar alimentos normales a que se refiere la primera alternativa, ¿se requiere que a causa de una enfermedad exista una mayor necesidad de nutrientes que se pretenda cubrir con el alimento, o basta con que el paciente se beneficie, con carácter general, de la ingesta del alimento porque las sustancias que contiene contrarrestan el trastorno o alivian sus síntomas?

2. En caso de que se responda a la primera cuestión prejudicial en el sentido de la última alternativa señalada: Los «datos científicos generalmente aceptados» en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento Delegado, (2) ¿requieren siempre un estudio aleatorio de doble ciego, controlado con placebo, que, aunque no se refiera al producto controvertido en sí mismo, ofrezca al menos elementos indicativos de los efectos declarados?

(1) Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se derogan la Directiva 92/52/CEE del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 41/2009 y (CE) n.o 953/2009 de la Comisión (DO 2013, L 181, p. 35).

(2) Reglamento Delegado (UE) 2016/128 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2015, que complementa el Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de composición e información aplicables a los alimentos para usos médicos especiales (DO 2016, L 25, p. 30).
C 462/26

Petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa (Senāts) (Letonia) el 30 de agosto de 2021 — SIA Mikrotīkls/Valsts ieņēmumu dienests

(Asunto C-542/21)

(2021/C 462/31)

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Augstākā tiesa (Senāts)

Partes en el procedimiento principal

Demandante en primera instancia y recurrente en casación: SIA Mikrotīkls

Demandada en primera instancia y recurrida en casación: Valsts ieņēmumu dienests

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse la nomenclatura combinada, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 (1) del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 927/2012 (2) de la Comisión, de 9 de octubre de 2012, y el Reglamento de Ejecución n.o 1001/2013 (3) de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, en el sentido de que la subpartida 8517 70 11 de la nomenclatura combinada puede incluir antenas para routers configurados para su uso en redes de área local (LAN) y/o redes de área amplia (WAN)?

(1) DO 1987, C 256, p. 1.

(2) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 2012, L 304, p. 1).

(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 2013, L 290, p. 1).
—

ofrecen en su sitio web suscripciones de pago para la plataforma de streaming del operador directo y posteriormente actúan como contraparte contractual de los clientes y como destinatarios de los pagos, siendo diseñadas las suscripciones de pago de tal manera que la indicación expresa de que determinados programas no están disponibles solo se facilita si, en el momento de la contratación, el cliente señala expresamente que desea ver esos programas, pero no se produce esa indicación de antemano cuando los clientes no lo señalan o no preguntan en concreto?
2)

¿Debe interpretarse el artículo 27, apartado 3, del Reglamento Dublín III n.o 604/2013, a la luz, en su caso, del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se opone a una legislación nacional que prevé que el recurso de suspensión de una decisión de traslado del solicitante a un Estado competente para conocer de la solicitud de protección internacional únicamente suspende la ejecución del traslado hasta que se haya resuelto la petición de suspensión si la petición de suspensión se ha presentado por extrema urgencia, cuando se haya adoptado contra el solicitante una medida de expulsión o de devolución cuya ejecución sea inminente, en particular cuando se le mantenga en detención o se le ponga a disposición del Gobierno, y si no ha solicitado todavía la suspensión ordinaria al mismo tiempo que su anulación?
2)

¿Deben interpretarse los artículos 34, 35 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que excluyen la posibilidad de que el titular de una marca comunitaria (actualmente, de la Unión) invoque la protección conferida por los artículos 9 y 102 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria [actualmente, artículos 9 y 130 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea] cuando: — el titular de la marca comunitaria (marca de la Unión) efectúe, tanto en el Espacio Económico Europeo como fuera de él, la distribución de productos que llevan dicha marca mediante distribuidores oficiales que pueden vender los productos que llevan la marca a personas, que no sean los destinatarios finales de tales productos, que pertenezcan necesariamente a la red oficial de distribución, estando al mismo tiempo los distribuidores oficiales obligados a adquirir los productos con carácter exclusivo a otros distribuidores oficiales o al titular de la marca; — los productos que llevan la marca no dispongan de ninguna identificación ni de otras características distintivas que permitan determinar el lugar de su introducción en el mercado por el titular de la marca o con su consentimiento; — la demandada haya adquirido los productos que llevan la marca en el territorio del Espacio Económico Europeo; — la demandada haya obtenido declaraciones de los vendedores de los productos que llevan la marca de que los productos pueden comercializarse legalmente en el territorio del Espacio Económico Europeo; — el titular de la marca de la Unión no facilite ninguna herramienta informática (ni de otro tipo) ni utilice un sistema de identificación que permitan al potencial adquirente del producto que lleva la marca verificar autónomamente la legalidad de la comercialización de dichos productos en el territorio del Espacio Económico Europeo antes de su adquisición y se niegue a realizar tal verificación a instancia del adquirente?
1)

¿Debe interpretarse el el artículo 102 TFUE en el sentido de que dicho artículo prohíbe un abuso de posición de dominio consistente en que FIFA y UEFA establezcan en sus Estatutos (en particular, artículos 22 y 71 a 73 de los Estatutos de FIFA, artículos 49 y 51 de [los] Estatutos de UEFA, así como cualquier artículo similar contenido en los estatutos de las asociaciones miembro y las ligas nacionales), que se requiera una autorización previa de esas entidades, que se han atribuido la competencia exclusiva para organizar o autorizar competiciones internacionales de clubes en Europa, para que una tercera entidad establezca una nueva competición de clubes paneuropea como la Superliga, en particular, cuando no existe un procedimiento reglado sobre la base de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, y teniendo en cuenta el posible conflicto de intereses que afecta a FIFA y UEFA?
2)

¿Existen circunstancias en las que el poder adjudicador, en virtud de los principios de igualdad, no discriminación y transparencia, así como en función de la tramitación del procedimiento de adjudicación, (ya) no deba o bien (ya) no pueda exigir que se proceda a la sustitución?
C 329/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) el 14 de mayo de 2021 — KU y otros / SATA International — Azores Airlines SA

(Asunto C-308/21)

(2021/C 329/14)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: KU, OP, GC

Demandada: SATA International — Azores Airlines SA

Cuestión prejudicial

¿Constituye una «circunstancia extraordinaria» en el sentido y a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, un retraso superior a tres horas o una cancelación de vuelos causados por un fallo en el suministro de combustible en el aeropuerto de origen, cuando este aeropuerto es el responsable de la gestión del sistema de combustible?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

¿Debe interpretarse el artículo 27 del Reglamento (UE) n.o 604/2013 (1): — en el sentido de que la falta de entrega del prospecto informativo previsto en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) n.o 604/2013 a una persona que se encuentre en las circunstancias descritas en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 604/2013 determina por sí misma la nulidad insubsanable de la medida de traslado (y eventualmente también que el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional sea el Estado miembro al que esa persona ha presentado la nueva solicitud), — o bien en el sentido de que incumbe al recurrente demostrar en el juicio que si se le hubiera entregado dicho prospecto el resultado del procedimiento habría sido distinto?
2.

En caso de que se admita la declaración de finalización básicamente sin limitaciones temporales, también se pregunta: a) si, a efectos del pronóstico a los ojos de un viajero en cuanto al período de viaje previsto en el marco de una observación previa, basta con que las antes mencionadas circunstancias y el perjuicio resultante puedan valorarse con cierta probabilidad y con que, en caso de que se dé ya una situación de peligro, no quepa esperar con alta probabilidad una significativa mejoría, y b) si una finalización declarada en todo caso precipitadamente no queda entonces a cuenta del viajero cuando, ya en el momento de la declaración de finalización, las circunstancias existentes se presentan inmediatamente antes del inicio planeado del viaje, de modo que el viaje del organizador finalmente no podrá ejecutarse en absoluto o hubiera sido irrazonable para el viajero realizar parte del mismo?
C 228/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgerichts Köln (Alemania) el 19 de marzo de 2021 — EF / Deutsche Lufthansa AG

(Asunto C-172/21)

(2021/C 228/27)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: EF

Demandada: Deutsche Lufthansa AG

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Constituye una tarifa de empresa más favorable que la tarifa normal (en el presente asunto, 152 euros en lugar de 169 euros), que se basa en un contrato marco celebrado entre un transportista aéreo y otra empresa y que solo puede reservarse para viajes de negocios de los empleados de la empresa en cuestión, un precio reducido que no está directa o indirectamente a disposición del público, en el sentido del artículo 3, apartado 3, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿constituye una tarifa de empresa de tales características también un programa para usuarios habituales u otro programa comercial de un transportista aéreo o un operador turístico en el sentido del artículo 3, apartado 3, segunda frase, del Reglamento (CE) n.o 261/2004?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

¿Se oponen los artículos 2 TUE (por lo que se refiere, en particular, al principio del Estado de Derecho) y 19 TUE, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los artículos 120 TFUE, apartado 1, y 126 TFUE, apartado 1, los artículos 3, apartado 1, 6, apartado 1, letra b), y 12 de la Directiva 2011/85/UE, (1) el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 473/2013, (2) así como los principios del Derecho de la Unión Europea de proporcionalidad, de cooperación leal y de efecto útil que resultan de los artículos 4 TUE y 5 TUE a la interpretación y aplicación de una normativa nacional de medidas urgentes, como la establecida por el artículo 53, apartado 8, del Decreto Ley n.o 104, de 14 de agosto de 2020, elevado a rango de ley, con modificaciones, por la Ley n.o 126, de 13 de octubre de 2020, en el sentido de que dicha normativa impide, aunque sea con carácter temporal (del 15 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021, y por lo tanto, mucho más allá de la duración del estado de alarma), el control jurisdiccional efectivo y ejercido en su debido momento sobre el cumplimiento de las reglas presupuestarias que se confía, de conformidad con el marco normativo constitucional y legislativo interno, a un tribunal independiente, especializado en materia contable como la Corte di Conti (Tribunal de Cuentas), suspendiendo, en particular, las funciones jurisdiccionales de control respecto a las entidades locales que se encuentran en condiciones de desequilibrio estructural que puede desembocar en una situación de graves dificultades y se han comprometido a un proceso de consolidación a largo plazo y que —precisamente por dicha razón, así como por las dificultades que resultan de la crisis sanitaria— precisarían más que otras entidades, quedar sujetas a una supervisión independiente, efectiva y oportuna, que evite que la crisis financiera pueda agravarse y que se desvíen del proceso de consolidación de forma irreversible, lo que dejaría a la entidad en una situación de graves dificultades?
2)

¿Está justificado aplicar el requisito relativo a la proporción de la financiación (ingresos y gastos) de las actividades económicas y no económicas para determinar si la entidad cumple con el requisito establecido en el artículo 2, apartado 83, del Reglamento n.o 651/2014 relativo a que el principal objetivo de las actividades de la entidad sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos? En caso de respuesta afirmativa, ¿cuál sería la proporción adecuada de financiación de las actividades económicas y no económicas para determinar el principal objetivo de las actividades de la entidad?
C 88/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 8 de enero de 2021 — Deutsche Lufthansa AG / FL

(Asunto C-12/21)

(2021/C 88/30)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandada y apelante: Deutsche Lufthansa AG

Demandante y apelada: FL

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).