ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.

El Gobierno de la República Federal de Alemania alega que la exención establecida en el apartado 4 del artículo 15 de la Sexta Directiva no sólo se aplica a las entregas efectuadas directamente a compañías de navegación marítima. También se aplica a las entregas efectuadas en las fases comerciales precedentes, si cumplen manifiestamente el requisito de destino impuesto para dicha exención, es decir, el avituallamiento de buques, en el momento de la entrega de que se trate. Esta interpretación podría fundarse en el tenor literal de las disposiciones de que se trata en algunas de sus versiones lingüísticas. Por otra parte, estas disposiciones tendrían distinto tenor si la exención sólo debiera aplicarse en el caso de un círculo restringido de compradores. En opinión de este Gobierno, la exención de las operaciones anteriores a las entregas a las empresas de navegación marítima no está sometida a la consulta del Comité consultivo del Impuesto sobre el Valor Añadido establecido en el artículo 29 de la Sexta Directiva. En efecto, con arreglo al apartado 2 del artículo 16 de la Directiva, esta consulta previa sólo es necesaria en el supuesto de que los Estados pretendieran eximir las entregas que preceden a una operación de exportación. Ahora bien, en el caso de autos, el apartado 4 del artículo 15 no se refiere a las operaciones de exportación, sino a las «operaciones asimiladas» a las que, por consiguiente, no se aplica el apartado 2 del artículo 16. El Gobierno de la República Federal de Alemania añade que el sentido y el objetivo del apartado 4 del artículo 15 implican eximir también las operaciones que precedan a la entrega a las empresas de navegación marítima. Este apartado, al igual que los apartados 5 y 8 del mismo artículo, pretende conseguir una simplificación administrativa, y no conferir un beneficio propio a nivel fiscal, puesto que, a falta de exención, las empresas de navegación marítima podrían conseguir la devolución del impuesto que hubieran pagado. Este mismo objetivo de simplificación justifica que la exención se amplíe a las operaciones realizadas en las fases comerciales anteriores, al tener, en cualquier caso, las empresas que procedan a esas operaciones la posibilidad de deducir el impuesto ya pagado. Por lo tanto, la exención aplicada a las fases anteriores con arreglo al apartado 4 del artículo 15 no aportaría mayores beneficios reales que la exención aplicada en la última fase comercial. Por último, el Gobierno de la República Federal de Alemania subraya que el Derecho alemán fue adaptado a las disposiciones de que se trata de la Sexta Directiva conforme a la interpretación que se acaba de efectuar. Por último, este Gobierno concluye que si la respuesta que se dé a la primera cuestión prejudicial es conforme a lo antedicho no procede responder a la segunda cuestión.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

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1. Recurso por incumplimiento ° Objeto del litigio ° Determinación durante la fase administrativa previa ° Ampliación ulterior ° Improcedencia

(Tratado CEE, art. 169)

2. Recurso por incumplimiento ° Examen de la fundamentación por parte del Tribunal de Justicia ° Reconocimiento por parte del Estado miembro demandado del incumplimiento y de su responsabilidad frente a los particulares ° Irrelevancia

(Tratado CEE, art. 169)

3. Aproximación de las legislaciones ° Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras ° Directiva 71/305 ° Atribución de los contratos ° Requisito que prevé la utilización, en todo lo posible, de productos y mano de obra nacionales ° Negociación, con un licitador, según una proposición no conforme con el pliego de cláusulas administrativas particulares ° Libre circulación de mercancías ° Libre circulación de personas ° Libre prestación de servicios ° Improcedencia

(Tratado CEE, arts. 30, 48 y 59; Directiva 71/305 del Consejo)

Índice

1. En el marco de un recurso por incumplimiento, la fase administrativa previa delimita el objeto del litigio, y éste ya no puede, en lo sucesivo, ser ampliado. En efecto, la posibilidad de que el Estado afectado presente sus observaciones constituye una garantía esencial querida por el Tratado y una forma sustancial para la validez del procedimiento dirigido a declarar el incumplimiento de un Estado miembro.

2. En el marco de un recurso por incumplimiento, interpuesto con arreglo al artículo 169 del Tratado por la Comisión, única competente para apreciar la oportunidad de dicho recurso, corresponde al Tribunal de Justicia declarar si el incumplimiento imputado existe o no, incluso si el Estado demandado ya no niega el incumplimiento y reconoce el derecho a la reparación del perjuicio que, en su caso, hayan podido sufrir los particulares a causa del incumplimiento. De no ser así, los Estados miembros, al reconocer el incumplimiento y aceptar la responsabilidad que puede derivar de éste, podrían, en cualquier momento del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, poner fin a dicho procedimiento sin que la existencia del incumplimiento y el fundamento de su responsabilidad hubieran sido jurisdiccionalmente declarados.

3. Incumple las obligaciones derivadas de los artículos 30, 48 y 59 del Tratado, así como de la Directiva 71/305, un Estado miembro que hace convocar una licitación, en el marco de un procedimiento de adjudicación de contratos públicos de obras, que incluye, como requisito, la utilización, en todo lo posible, de materiales, bienes de consumo, mano de obra y bienes de equipo nacionales y que hace que las negociaciones con el licitador seleccionado tengan lugar según una proposición que no se ajusta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Agricultura — Organización común de mercados — Leche y productos lácteos — Tasa suplementaria sobre la leche — Atribución de cantidades de referencia exentas de la tasa — Productores que han suspendido sus entregas con arreglo al régimen de primas por no comercialización o por reconversión — Concesión de una cantidad de referencia específica — Cálculo enfundan del volumen de las entregas durante el año anterior a la presentación de la solicitud de la prima por no comercialización o por reconversión — Porcentaje de reducción aplicable — Elección de un porcentaje que tiene por efecto penalizar a los productores afectados — Principio de protección de la confianza legítima — Violación

Agricultura — Organización común de mercados — Leche y productos lácteos — Tasa suplementaria sobre la leche — Atribución de cantidades de referencia exentas de la tasa — Productores que han suspendido sus entregas con arreglo al régimen de primas por no comercialización o por reconversión — Concesión de una cantidad de referencia específica — Cantidad no transmisible en caso de venta o de arrendamiento de la explotación — Principio de protección de la confianza legítima — Principio de no discriminación — Derecho de propiedad — Violación — Inexistencia

(Reglamentos n° 1078/77y n° 857/84 del Consejo, art. 3 bis, apartado 4)
COMISIÓN / LUXEMBURGO 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 25 de julio de 1991 * 
En el asunto C-252/89, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. María Condou-
Durande, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa 
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Guido Berardis, también 
miembro de su Servicio Jurídico, Centre "Wagner, Kirchberg, 
parte demandante, 
contra 
Gran Ducado de Luxemburgo, representado por el Sr. Claude Franek, Primer 
Agregado de Gobierno del Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Terri­
torio, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el del 
citado Ministerio, 5 A, rue de Prague, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo, al no 
haber establecido ni comunicado a la Comisión los programas así como al no ha­
ber adoptado ni comunicado las disposiciones legales, reglamentarias y administra­
tivas necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva 85/339/CEE del 
Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a los envases para alimentos líquidos 
(DO L 176, p. 18; EE 15/06, p. 22), ha incumplido las obligaciones que le in­
cumben en virtud del Tratado CEE, 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I - 3975 
SENTENCIA DE 25.7.1991 — ASUNTO C-252/89 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G. F. Mancini, G. C. Rodríguez Igle­
sias y M. Diez de Velasco, Presidentes de Sala; Sir Gordon Slynn, C. N. Kakou­
ris, R. Joliét, F. A. Schockweiler y P.J. G. Kapteyn, Jueces; 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide: 
1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones 
que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no haber establecido ni comuni­
cado a la Comisión los programas así como al no haber adoptado ni comunicado 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar 
su Derecho interno a la Directiva 85/339/CEE del Consejo, de 27 de junio de 
1985, relativa a los envases para alimentos líquidos. 
2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo. 
I - 3976
Si bien el artículo 59 del Tratado no contempla expresamente más que la situación de un prestador establecido en un Estado miembro distinto de aquel en que reside el destinatario de la prestación, no por ello su objeto deja de ser eliminar las restricciones a la libre prestación de servicios por personas no establecidas en el Estado en cuyo territorio ha de realizarse la prestación. Las disposiciones del Tratado relativas a la libre prestación de servicios sólo dejan de aplicarse cuando todos los elementos que intervienen en una determinada actividad concurren en el interior de un solo Estado. En consecuencia, las disposiciones del artículo 59 deben aplicarse en todos los casos en que un prestador ofrezca sus servicios en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido, cualquiera que sea el lugar en que estén establecidos los destinatarios de dichos servicios.
SENTENCIA DE 13.11.1990 — ASUNTO C-216/89 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 
13 de noviembre de 1990* 
En el asunto C-216/89, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo ál 
artículo 177 del Tratado CEE, por el Bundessozialgericht (Tribunal Federal de lo 
Social), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccio­
nal entre 
Beate Reibold 
y 
Bundesanstalt für Arbeit (Instituto Federal del Trabajo), 
una decisión prejudicial sobre la interpretación del inciso ii) de la letra b) del apar­
tado 1 del artículo 71 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de 
junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miem­
bros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; 
EE 05/01, p. 98), modificado y actualizado por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 
del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53), 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 
integrado por los Sres. J. C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala; F. Grévisse 
y M. Zuleeg, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Bundessozialgericht, mediante 
resolución de 27 de abril de 1989, declara: 
* Lengua de procedimiento: alemán. 
I-4166 
REIBOLD 
A efectos de la aplicación del inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 
del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, relativo a la aplicación de los regí­
menes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores 
por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad, modificado y actualizado por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del 
Consejo, de 2 de junio de 1983, hay que tomar en consideración la duración y la 
continuidad de la residencia antes de que el interesado se desplazara, la duración y 
la finalidad de su ausencia, el carácter de la ocupación encontrada en el otro Estado 
miembro, así como la intención del interesado tal y como se deduzca de todas las 
circunstancias; las circunstancias de hecho mencionadas por el órgano jurisdiccional 
nacional se encuentran entre las que pueden ser tomadas en cuenta para la aplica­
ción de estos criterios. 
I-4167
Asunto C-172/89

Vandemoortele NV

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Reglamento (CEE) n° 2200/87 de la Comisión — Retención sobre pagos en materia de ayuda alimentaria»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. F. G. Jacobs, presentadas el 12 de junio de 1990 4685

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de diciembre de 1990 4690

Sumario de la sentencia

Agricultura — Política agraria común — Ayuda alimentaria — Puesta en práctica — Sistemas de adjudicación — Régimen de garantía — Demora en la entrega — Sanción — Retención sobre la garantía de entrega en el momento de su devolución — Retención sobre el importe debido en concepto de pago de suministros — Ilegalidad

(Reglamento n° 2200/87 de la Comisión, arts. 18, apartado 2, y 22, punto 2)

Una sanción, incluso de carácter no penal, sólo puede imponerse si se fundamenta en una base legal clara y desprovista de ambigüedad. Por ello procede anular la Decisión de la Comisión por la que se realiza una retención sobre el importe debido a un adjudicatario en concepto de pago de un suministro en el marco de la ayuda alimentaria, como consecuencia de una demora en la entrega, cuando el apartado 2 del artículo 18 del Reglamento n° 2200/87 sólo prevé una retención sobre dicho importe en caso de no conformidad de la mercancía o de su envasado y el punto 2 del artículo 22 del mismo Reglamento atribuye la facultad, no utilizada por la Comisión en el presente caso, de sancionar una demora en la entrega mediante una retención sobre la garantía en el momento de su devolución.
MAIZENA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) 
27 de junio de 1990 * 
En el asunto C-18/89, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, por el Bundesfinanzhof, destinada a obtener, en el 
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
Maizena GmbH 
y 
Hauptzollamt Krefeld, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación y, con carácter subsidiario, sobre la 
validez del artículo 5 bis del Reglamento (CEE) n° 2742/75 del Consejo, de 29 
de octubre de 1975, relativo a las restituciones a la producción en el sector de los 
cereales y del arroz (DO L 281, p. 57; EE 03/09, p. 52), en la redacción resul­
tante del Reglamento (CEE) n° 1665/77 del Consejo, de 20 de julio de 1977, por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2742/75 (DO L 186, p. 15), 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), 
integrado por los Sres. C. N. Kakouris, Presidente de Sala; F. A. Schockweiler, 
G. F. Mancini, T. F. O'Higgins y M. Diez de Velasco, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesfinanzhof, mediante 
resolución de 14 de diciembre de 1988, decide: 
Declarar que el apartado 1 del artículo 5 bis del Reglamento (CEE) n° 2742/75 
del Consejo, de 29 de octubre de 1975, relativo a las restituciones a la producción 
en el sector de los cereales y del arroz, en su redacción resultante del Reglamento 
* Lengua de procedimiento: alemán. 
I-2589 
SENTENCIA DE 27. 6. 1990 — ASUNTO C-18/89 
(CEE) n° 1665/77 del Consejo, de 20 de julio de 1977, por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 2742/75, debe interpretarse en el sentido de que no prohibe 
las restituciones a la producción para los productos destinados a la fabricación de 
isoglucosa cuando la isoglucosa sea un producto intermedio, no destinado al mer­
cado, que se utilice en la fabricación de sorbitol. 
I - 2590
SENTENCIA DE 21.2.1990 — ASUNTO C-74/S9 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
21 de febrero de 1990 * 
En el asunto C-74/89, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por sus Consejeros Jurídicos, 
Sres. Antonino Abate y Thomas F. Cusack, en calidad de Agentes, que designa 
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro de 
su Servicio Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg, 
parte demandante, 
contra 
Reino de Bélgica, representado por el Sr. Robert Hoebaer, Directeur d'administra­
tion del ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopé­
ration au développement, en calidad de Agente, que designa como domicilio en 
Luxemburgo la sede de la embajada de Bélgica, 4, rue des Girondins, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que, al no conformarse a la Decisión de la 
Comisión, de 30 de noviembre de 1983, relativa a una ayuda del Gobierno belga 
en favor de un fabricante de fibras sintéticas, el Reino de Bélgica ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres. O. Due, Presidente; F. A. Schockweiler, Presidente de Sala; 
T. Koopmans, R. Joliét, T. F. O'Higgins, G. C. Rodríguez Iglesias y M. Diez de 
Velasco, Jueces 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho), 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I-492 
COMISIÓN/BÉLGICA 
decide: 
1) Declarar que, al no conformarse a la Decisión 84/111/CEE de la Comisión, de 
30 de noviembre de 1983, relativa a una ayuda prevista por el Gobierno belga 
en favor de un fabricante de fibras sintéticas, el Reino de Bélgica ha incumplido 
las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE. 
2) Condenar en costas al Reino de Bélgica. 
I-493
50.

Alega Sofrimport que la Comisión no era competente para crear, de facto, mediante el Reglamento no 1040/88, un sistema de cuotas para las importaciones de manzanas originarias de terceros países, ya que, con arreglo al artículo 113 del Tratado, tal decisión es de la exclusiva competencia del Consejo. En particular, se deduce del artículo 22 del Reglamento no 1035/72 que, salvo disposiciones comunitarias en contrario o excepciones decididas por el Consejo, la Comisión no estaba facultada para aplicar restricciones cuantitativas o medidas de efecto equivalente. En el caso de autos, no existe delegación puesto que el Reglamento no 2707/72 no permite la adopción de cuotas a la importación como medida dé salvaguardia. Efectivamente, las cuotas citadas no se mencionan en el apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, que enumera con carácter exhaustivo las medidas que la Comisión está facultada para aplicar con carácter de medidas de salvaguardia.
SENTENCIA DE 4.4.1990 — ASUNTOS ACUMULADOS C-lll/88, C-112/88 Y C-20/89 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
4 de abril de 1990 * 
En los asuntos acumulados C-lil/88, C-112/88 y C-20/89, 
República Helénica, representada por el Sr. Spyros Zissimopoulos, Consejero espe­
cial del Ministerio de Asuntos Exteriores; Sra. Katerina Samoni, Asesora Jurídica 
del propio Ministerio; Sr. Photis Spathopoulos, adscrito a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Comunitarios del Ministerio de Economía; Ilias La'ios, Consejero Jurí- ( 
dico del Ministerio de Agricultura, y Meletios Tsotsanis, adscrito a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Agricultura, en calidad de Agentes, que de­
signa como domicilio en Luxemburgo la sede de la embajada de Grecia, 117, rue 
Val Sainte-Croix, 
parte demandante en el asunto C-lll/88, 
y 
Unión de productores de cidras de Creta, con domicilio en Héraklion (Creta), 
representada por el Sr. Georgios Ant. Vachaviolos, Abogado de Atenas, que de­
signa como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra. Maria Athanassiadi, 
40, rue de l'Avenir, 
parte demandante en los asuntos C-112/88 y C-20/89, 
contra 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada en los asuntos C-lll/88 y 
C-112/88 por los Sres. T. Christoforou, Georgios Kremlis y T. F. Cusack, miem­
bros y Consejero Jurídico del Servicio Jurídico de la Comisión, repectivámente, en 
calidad de Agentes, y en el asunto C-20/89 por los Sres. Georgios Kremlis y T. F. 
Cusack, antes mencionados, asistidos por el Sr. Spyridon Karális, Magistrado del 
* Lengua de procedimiento: griego. 
I - 1564 
GRECIA Y OTROS / COMISIÓN 
Consejo de Estado helénico, en comisión de servicios en el Servicio Jurídico de la 
Comisión, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el 
despacho del Sr. Georgios Kremlis, antes mencionado, Centro Wagner, Kirchberg, 
parte demandada, 
que tienen por objeto dos recursos (asuntos C-l 11/88 y C-l 12/88), con arreglo al 
artículo 173 del Tratado CEE, con objeto de lograr la anulación de la Decisión · 
88/438/CEE de la Comisión, de 4 de febrero de 1988 (DO L 218, p. 19), por la 
que se modifica la Decisión 86/614/CEE, de 16 de diciembre de 1986 (DO 
L 357, p. 28), y por la que se modifica la Decisión 85/594/CEE de la Comisión, 
por la que se autoriza a Grecia a adoptar determinadas medidas de salvaguardia 
con arreglo al apartado 3 del artículo 108 del Tratado CEE (DO L 373, p. 9); y 
un recurso (asunto C-20/89), con arreglo al artículo 173 del Tratado CEE, con 
objeto de anular la Decisión 88/600/CEE de la Comisión, de 22 de noviembre de 
1988, por la que se prorroga y modifica la Decisión 85/594/CEE (DO L 325, 
p- 58), 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres O. Due, Presidente; Sir Gordon Slynn y C. N. Kakouris, 
Presidentes de Sala; G. F. Mancini, R. Joliét, T. F. O'Higgins y G. C. Rodríguez 
Iglesias, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide : 
1) Desestimar los recursos 
2) Condenar en costas a las demandantes. 
I-1565
VELLA Y OTROS 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 
7 de febrero de 1990 * 
En el asunto C-324/88, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, por la Cour du travail de Mons, destinada a obte­
ner, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
Rosaría Velia, viuda de Scaduto, y otros, 
y 
Alliance nationale des mutualités chrétiennes, de Bruselas, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 1 y 27 del Regla­
mento n° 3 del Consejo, de 25 de septiembre de 1958, relativo a la Seguridad 
Social de los trabajadores migrantes (DO 30, p. 561), del artículo 28 del Regla­
mento n° 4 del Consejo, de 3 diciembre de 1958, por el que se fijan las modalida­
des de aplicación y se completan las disposiciones del Reglamento n° 3 (DO 30, 
p. 597), así como de los artículos 1, 45 y 48 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 
del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de 
Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se despla­
zan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 
integrado por los Sres. F. A. Schockweiler, Presidente de Sala; G. F. Mancini y 
T. F. O'Higgins, Jueces 
(no se reproducen los fundamentos de Derecho) 
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la Cour du travail de Mons me­
diante resolución de 2 de noviembre de 1988, decide: 
* Lengua de procedimiento: francés. 
I-259 
SENTENCIA DE 7.2.1990 — ASUNTO C-324/S8 
Declarar que la letra r) del artículo 1 del Reglamento n° 3, y la letra r) del artículo 
1 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 deben interpretarse en el sentido de que los 
períodos asimilados a un período de seguro deben determinarse únicamente a parin­
de los criterios de la legislación nacional bajo la cual han sido cubiertos dichos 
períodos. 
I-260
16.

Muy al contrario, el demandante señala que sus informes de calificación desde 1969 hasta julio de 1987, que comprenden el período de su jefatura ad interim, son elogiosos; por otra parte, según las notas de servicio del 23 y del 31 de enero de 1986, que figuran en el expediente personal del demandante, está claro que su superior jerárquico (el Director Sr. Ferry) estaba del todo satisfecho con la forma en que el demandante cubrió el puesto ad interim. En la citada nota de 23 de enero de 1986, precisó en efecto que «he has been acting as interim head very successfully».