Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 7 de noviembre de 2002. - Vela Srly Tecnagrind SL contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Agricultura - FEOGA - Supresión de una ayuda financiera - Artículos 23 y 24 del Reglamento (CEE) n. 4253/88 - Principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima - Principio de proporcionalidad. - Asuntos acumulados T-141/99, T-142/99, T-150/99 y T-151/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página II-04547



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Cohesión económica y social - Intervenciones de carácter estructural - Financiación comunitaria de acciones nacionales - Facultades de control y de inspección in situ de la Comisión - Alcance

[Art. 158 CE; Reglamentos (CEE) del Consejo nos 2052/88 y 4253/88, art. 23, ap. 2]

2. Cohesión económica y social - Intervenciones de carácter estructural - Financiación comunitaria de acciones nacionales - Facultades de control y de inspección in situ de la Comisión - Base jurídica

[Reglamentos (CEE) del Consejo nos 4253/88, 2988/95 y 2185/96]

3. Cohesión económica y social - Intervenciones de carácter estructural - Financiación comunitaria de acciones nacionales - Decisión de suspensión, de reducción o de supresión de una ayuda inicialmente concedida - Abstención por el Estado miembro afectado de ejercer la facultad de presentar observaciones en un plazo determinado - Obligación de la Comisión de precisar este hecho en su decisión - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo, arts. 23 y 24]

4. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance

(Art. 253 CE)

5. Cohesión económica y social - Intervenciones de carácter estructural - Financiación comunitaria de acciones nacionales - Control por la Comisión de la regularidad de toda factura declarada en relación con un proyecto subvencionado - Gastos facturados por subcontratistas al beneficiario de una ayuda del FEOGA - Inclusión

6. Cohesión económica y social - Intervenciones de carácter estructural - Financiación comunitaria de acciones nacionales - Obligación de informar y de actuar de buena fe exigible a los solicitantes y beneficiarios de ayudas financieras del FEOGA

7. Derecho comunitario - Principios - Protección de la confianza legítima - Protección denegada al autor de una infracción manifiesta de la normativa vigente

8. Cohesión económica y social - Intervenciones de carácter estructural - Financiación comunitaria de acciones nacionales - Decisiones de la Comisión por las que se suprimen ayudas financieras del FEOGA en caso de incumplimiento - Violación del principio de seguridad jurídica - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo, art. 23, ap. 2]

9. Derecho comunitario - Principios - Proporcionalidad - Supresión de las ayudas financieras otorgadas por el FEOGA a causa del incumplimiento, por parte de los beneficiarios, de los requisitos financieros de la inversión establecidos en las decisiones de concesión - Violación - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo, art. 23, ap. 2]

Índice

1. A tenor del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, en su versión modificada por el Reglamento nº 2082/93, los funcionarios o agentes de la Comisión pueden controlar in situ, especialmente mediante sondeos, las acciones financiadas por los fondos estructurales.

De la generalidad de su tenor literal se desprende que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada, otorga a los funcionarios y a los agentes de la Comisión una base jurídica para controlar los proyectos que reciben o han recibido ayuda de un fondo estructural. Al no existir indicaciones en sentido contrario, debe considerarse que dicha disposición se refiere a las acciones financiadas mediante cualquier fondo estructural, en particular, por el FEOGA, sección «Orientación». Ningún elemento permite sostener, como las demandantes parecen hacer en sus escritos, que la disposición objeto de examen sea aplicable únicamente a las acciones cuya financiación haya sido decidida por el Estado miembro afectado o por las autoridades designadas por éste y sometida a la Comisión por dicho Estado miembro y no a los proyectos, como los contemplados por las Decisiones impugnadas, que han sido objeto de una intervención financiera decidida por la Comisión.

Al no existir precisiones en sentido contrario, procede considerar, además, que una inspección in situ basada en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº4253/88 puede ser efectuada por cualquier funcionario o agente de la Comisión, producirse en la fase de realización del proyecto de que se trate, por ejemplo como consecuencia de una solicitud de pago de un tramo de la ayuda, o con posterioridad a dicha fase, y tener por objeto tanto la adecuación de la ejecución material del proyecto a los objetivos fijados por la normativa comunitaria y por la decisión de concesión como la legalidad de las condiciones de ejecución del proyecto, en particular su gestión financiera y contable.

Ningún elemento permite deducir del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88 que esté prohibido que la Comisión inicie, basándose en dicha disposición, otra inspección in situ después de que se haya concluido materialmente el proyecto y cuando éste ya ha sido objeto de una o varias inspecciones de esta naturaleza, por ejemplo en el marco de las solicitudes de pago de la ayuda. Ningún elemento permite tampoco excluir la posibilidad de que los funcionarios o agentes de la Comisión procedan, en virtud de la disposición antes mencionada, a realizar inspecciones cruzadas que tengan por objeto simultáneamente diversos proyectos subvencionados por el FEOGA.

Cualquier lectura diferente del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88 distinta de la expuesta en los tres apartados precedentes tendría como consecuencia privar de eficacia a la obligación que incumbe a la Comisión, en virtud del Reglamento nº 2052/88, de contribuir a la eficacia de la acción llevada a cabo por la Comunidad con ayuda de los fondos estructurales con el fin de realizar el objetivo de cohesión económica y social mencionado en el artículo 158 CE.

( véanse los apartados 97 a 101 )

2. Las disposiciones que los Reglamentos nº 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y nº 2185/96, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades dedican a las facultades de control y de inspección in situ de la Comisión están destinadas a aplicarse de forma complementaria, sin perjuicio de las normativas comunitarias sectoriales, como el Reglamento nº 4253/88, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes. Dichas disposiciones no pueden excluir las bases jurídicas que esas normativas ofrecen a la Comisión para que lleve a cabo las inspecciones in situ destinadas a garantizar la protección de los intereses financieros de la Comunidad.

( véase el apartado 115 )

3. El artículo 24, apartado 1, del Reglamento nº 4253/88, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes impone a la Comisión la obligación de solicitar al Estado miembro interesado que presente sus observaciones en un plazo determinado. Esta disposición debe ser interpretada en el sentido de que impone a la Comisión la obligación de permitir que el Estado miembro interesado presente sus observaciones en un plazo señalado y de abstenerse de tomar cualquier decisión antes de que expire dicho plazo, so pena de privar de eficacia a dicha obligación. En cambio, una vez que ha expirado el plazo, si el examen que ha realizado ha confirmado la existencia de una irregularidad, la Comisión puede adoptar cualquiera de las medidas previstas en el artículo 24 del mismo Reglamento, aunque el Estado miembro no haya hecho uso de la posibilidad que se le ofreció de formular observaciones en un plazo determinado. Cualquier interpretación en sentido contrario equivaldría a permitir que un Estado miembro bloquee indefinidamente la adopción de una decisión de la Comisión absteniéndose de responder a los escritos de ésta en los que le solicita que presente sus observaciones.

Por otra parte, aunque el deber de motivación obliga a la Comisión a responder en su caso, en la decisión de suspensión, de reducción o de supresión de la ayuda a las eventuales observaciones del Estado miembro interesado en el curso del procedimiento administrativo, no es menos cierto que ni las disposiciones de los artículos 23 y 24 del Reglamento nº 4253/88, cuya infracción alegan las demandantes en la parte del motivo examinado, ni el deber de motivación obligan a la Comisión a precisar que las autoridades nacionales interesadas no han formulado observaciones en el curso de dicho procedimiento.

( véanse los apartados 156 a 158 )

4. Dado que la motivación que exige el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate, las decisiones que entrañan graves consecuencias para las demandantes deben mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y el juez comunitario pueda ejercer su control de legalidad. Además, la exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, como el contenido del acto y la índole de los motivos invocados. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

( véanse los apartados 168 a 170 )

5. Cuando un proyecto recibe una subvención comunitaria, la Comisión está legitimada para examinar la regularidad de cualquier factura declarada en relación con dicho proyecto y, en su caso, para denunciar la existencia de una irregularidad, independientemente de que la factura haya sido emitida por el beneficiario de la ayuda o por una persona física o jurídica a la que este último haya recurrido en el marco de la ejecución del proyecto subvencionado. Privar a la Comisión de la posibilidad de controlar la regularidad de los gastos facturados por los subcontratistas al beneficiario de una ayuda del FEOGA supondría exponer a este último a pagos indebidos, relativos a declaraciones de gastos cuyo fundamento económico no hubiera podido verificarse.

( véase el apartado 270 )

6. Los solicitantes y los beneficiarios de ayudas financieras del FEOGA están obligados a asegurarse de que proporcionan a la Comisión informaciones fiables que no puedan inducirla a error, pues de otro modo el sistema de control y prueba establecido para comprobar que se han cumplido los requisitos de concesión de la ayuda no podría funcionar correctamente. En efecto, sin informaciones fiables, podrían recibir ayudas proyectos que no cumplen los requisitos exigidos. De ello se deduce que la obligación de los solicitantes y beneficiarios de las ayudas de informar y actuar de buena fe es inherente al sistema de ayudas del FEOGA y esencial para su buen funcionamiento.

( véase el apartado 322 )

7. El derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima asiste a cualquier operador económico al que una institución haya hecho concebir esperanzas fundadas. No obstante, no puede invocar el principio de protección de la confianza legítima una empresa que ha incurrido en una infracción manifiesta de la normativa vigente.

( véanse los apartados 387 y 388 )

8. El principio de seguridad jurídica, que exige que las normas jurídicas sean claras y precisas y que tiende a garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario, no puede considerarse vulnerado por decisiones de la Comisión que suprimen ayudas financieras del FEOGA, debido a que la normativa aplicable establece que la Comisión puede, en caso de que se compruebe la existencia de irregularidades, suprimir dichas ayudas financieras y exigir la devolución de las cantidades indebidamente pagadas por el FEOGA.

( véase el apartado 391 )

9. Habida cuenta de la propia naturaleza de las ayudas financieras que concede la Comunidad, la obligación de respetar los requisitos financieros tal y como se formularon en la decisión de concesión constituye uno de los compromisos esenciales del beneficiario, lo mismo que la obligación de ejecución material del proyecto de que se trate, y, por esta razón, condiciona la atribución de la ayuda comunitaria. Por otra parte, es indispensable para el buen funcionamiento del sistema de control y comprobación establecido para verificar si se han cumplido los requisitos de concesión de las ayudas comunitarias que quienes las soliciten y sus beneficiarios proporcionen a la Comisión informaciones fiables que no puedan inducirla a error.

Ante los graves incumplimientos de sus obligaciones por parte de los beneficiarios, la Comisión pudo considerar razonablemente que cualquier sanción que no fuese la supresión total de las ayudas y la devolución de las cantidades pagadas por el FEOGA corría el riesgo de constituir una invitación al fraude en la medida en que los posibles beneficiarios estarían tentados bien de aumentar artificialmente el importe de los gastos imputados al proyecto para eludir su obligación de cofinanciación y obtener así la intervención máxima del FEOGA prevista en la Decisión de concesión, o bien de proporcionar informaciones falsas o de ocultar algunos datos con el objeto de obtener una ayuda o aumentar la entidad de la ayuda solicitada, so pena, únicamente, de que dicha ayuda quedara reducida al nivel que le hubiera debido corresponder habida cuenta de la realidad de los gastos efectuados por el beneficiario y/o de la exactitud de las informaciones proporcionadas por éste a la Comisión.

( véanse los apartados 399, 400 y 402 )

Partes

En los asuntos acumulados T-141/99, T-142/99, T-150/99 y T-151/99,

Vela Srl, con domicilio social en Milán (Italia),

Tecnagrind, S.L., con domicilio social en Barcelona (España),

representadas por el Sr. G. M. Scarpellini, abogado, que designan domicilio en Luxemburgo,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. C. Cattabriga, en calidad de agente, asistida por el Sr. M. Moretto, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tienen por objeto, en el asunto T-141/99, un recurso de anulación de la Decisión C(1999) 540 de la Comisión, de 9 de marzo de 1999, por la que se suprime la ayuda concedida a Vela Srl mediante la Decisión C(92) 1494 de la Comisión, de 30 de junio de 1992, relativa a la concesión de una ayuda del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), sección «Orientación», con arreglo al Reglamento (CEE) nº 4256/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo al FEOGA, sección «Orientación» (DO L 374, p. 25), en el marco del proyecto nº 92.IT.06.001, titulado «Acción en forma de proyecto de demostración con objeto de introducir y fomentar la Luffa cylindrica en las zonas desfavorecidas de Europa»; en el asunto T-142/99, un recurso de anulación de la Decisión C(1999) 541 de la Comisión, de 4 de marzo de 1999, por la que se suprime la ayuda concedida a Sonda Srl mediante la Decisión C(93) 3401 de la Comisión, de 26 de noviembre de 1993, relativa a la concesión de una ayuda del FEOGA, sección «Orientación», con arreglo al Reglamento nº 4256/88, en el marco del proyecto nº 93.IT.06.057, titulado «Proyecto piloto y de demostración destinado a reducir los costes de producción y de fertilización en el cultivo del girasol»; en el asunto T-150/99, un recurso de anulación de la Decisión C(1999) 532 de la Comisión, de 4 de marzo de 1999, por la que se suprime la ayuda concedida a Tecnagrind, S.L. en virtud de la Decisión nº C(93) 3395 de la Comisión, de 26 de noviembre de 1993, relativa a la concesión de una ayuda de la Sección de Orientación del FEOGA, de conformidad con el Reglamento (CEE) nº 4256/88 del Consejo, correspondiente al proyecto nº 93.ES.06.031 titulado: «Proyecto de demostración de la valorización múltiple del vetiver (vetiveria zizanoides) en zona mediterránea», y, en el asunto T-151/99, un recurso de anulación de la Decisión C(1999) 533 de la Comisión, de 4 de marzo de 1999, por la que se suprime la ayuda concedida a Tecnagrind, S.L. - TECNOLOGÍAS AGRARIAS E INDUSTRIALES en virtud de la Decisión nº C(96) 2235 de la Comisión, de 13 de septiembre de 1996, relativa a la concesión de una ayuda de la Sección de Orientación del FEOGA, de conformidad con el Reglamento (CEE) nº 4256/88 del Consejo, correspondiente al proyecto nº 95.ES.06.005, titulado: «Proyecto de demostración relativo a la transformación del ricino (Ricinus communis) en las explotaciones agrarias, para la extracción de aromas naturales»,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por los Sres. K. Lenaerts, Presidente, y M. Jaeger y J. Azizi, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de febrero de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Marco jurídico

1 Con el fin de reforzar la cohesión económica y social en el sentido del artículo 158 CE, el Reglamento (CEE) nº 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 185, p. 9), confiere a los fondos estructurales, en particular, la función de fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, así como acelerar la adaptación de las estructuras agrarias y fomentar el desarrollo de las zonas rurales en la perspectiva de la reforma de la política agrícola común [artículo 1, números 1 y 5, letras a) y b)]. Este Reglamento fue modificado por el Reglamento nº 2081/93, del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO L 193, p. 5).

2 En su versión inicial, el artículo 5, apartado 2, letra e), del Reglamento nº 2052/88 disponía que la intervención financiera de los fondos estructurales podía adoptar la forma de un apoyo a la asistencia técnica y a los estudios preparatorios para la elaboración de las acciones. En la versión modificada por el Reglamento nº 2081/93 dicho artículo dispone que la intervención financiera de los fondos estructurales puede adoptar la forma de un apoyo a la asistencia técnica, incluidas las medidas de preparación, de apreciación, de seguimiento y de evaluación de las acciones y los proyectos piloto y de demostración.

3 El 19 de diciembre de 1988, el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) nº 4256/88 por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), sección «Orientación» (DO L 374, p. 25). Dicho Reglamento ha sido modificado por el Reglamento (CEE) nº 2085/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO L 193, p. 44).

4 En su versión inicial, el artículo 8 del Reglamento nº 4256/88 disponía que la contribución del FEOGA a la realización de la intervención contemplada en el artículo 5, apartado 2, letra e), del Reglamento nº 2052/88 podía referirse, en particular, a la realización de proyectos piloto relativos a la promoción del desarrollo de las zonas rurales, incluidos el desarrollo y el aprovechamiento de los bosques (primer guión) y a la realización de proyectos de demostración destinados a mostrar a los agricultores las posibilidades reales de los sistemas, métodos y técnicas de producción correspondientes a los objetivos de la reforma de la política agrícola común (cuarto guión). En la versión modificada por el Reglamento nº 2085/93, dicho artículo dispone que, en cumplimiento de sus funciones, el FEOGA puede financiar, hasta un importe máximo igual al 1 % de su dotación anual, en particular, la realización de proyectos piloto que tengan por objeto adaptar las estructuras agrarias y forestales y fomentar el desarrollo rural y la realización de proyectos de demostración, incluidos los centrados en el desarrollo y aprovechamiento de los bosques, así como los relativos a la transformación y comercialización de productos agrícolas, que se destinen a demostrar las posibilidades reales de sistemas, métodos y técnicas de producción y gestión adaptados a los objetivos de la política agrícola común.

5 El 19 de diciembre de 1988, el Consejo adoptó asimismo el Reglamento (CEE) nº 4253/88, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1). Este Reglamento fue modificado, a su vez, por el Reglamento (CEE) nº 2082/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO L 193, p. 20).

6 Se desprende del duodécimo considerando del Reglamento nº 4253/88 que la intervención de los fondos prevista en los marcos comunitarios de apoyo debe adoptar preferentemente la forma de cofinanciación de programas operativos. Las disposiciones aplicables a dicha intervención se especifican en el artículo 17 del referido Reglamento, en su versión modificada.

7 El Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada, aprueba asimismo las disposiciones relativas al pago de las ayudas financieras (artículo 21), al control de las acciones financiadas (artículo 23) y a la reducción, la suspensión y la supresión de dichas ayudas (artículo 24).

8 El artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada, dispone, por lo que se refiere al control financiero:

«Sin perjuicio de los controles efectuados por los Estados miembros de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 206 del Tratado y de cualquier inspección realizada en aplicación de la letra c) del artículo 209 del Tratado, las acciones financiadas por los fondos estructurales y los sistemas de gestión y control podrán ser controlados in situ, en particular mediante sondeos, por funcionarios o agentes de la Comisión.

Antes de efectuar un control in situ, la Comisión deberá informar de ello al Estado miembro interesado, a fin de obtener toda la ayuda necesaria. La realización por parte de la Comisión de posibles controles in situ sin previo aviso se regirá por acuerdos concluidos con arreglo a las disposiciones del Reglamento financiero en el marco de la cooperación. Funcionarios o agentes del Estado miembro podrán participar en las inspecciones.

La Comisión podrá solicitar al Estado miembro interesado que realice un control in situ para verificar la regularidad de la solicitud de pago. Funcionarios o agentes de la Comisión podrán participar en estos controles y deberán hacerlo si así lo solicitara el Estado miembro interesado.

La Comisión procurará que las inspecciones por ella efectuados se realicen de forma coordinada a fin de evitar la repetición de las inspecciones relativas a un mismo asunto durante el mismo período. El Estado miembro en cuestión y la Comisión se transmitirán sin demora cualquier información oportuna relativa a los resultados de las inspecciones que se hayan efectuado.»

9 El artículo 24 del Reglamento 4253/88, en su versión modificada, establece, por lo que se refiere a la reducción, la suspensión y la supresión de la ayuda:

«1. Si la realización de una acción o de una medida no pareciere justificar ni una parte ni la totalidad de la ayuda financiera que se le hubiere asignado, la Comisión procederá a un estudio apropiado del caso en el marco de la cooperación, solicitando, en particular, al Estado miembro o a las autoridades designadas por éste para la ejecución de la acción, que presenten en un plazo determinado sus observaciones.

2. Tras este estudio, la Comisión podrá reducir o suspender la ayuda para la acción o la medida en cuestión si el estudio confirmara la existencia de una irregularidad o de una modificación importante que afecte a las condiciones de ejecución de la acción o de la medida, y para la que no se hubiera pedido la aprobación de la Comisión.

3. Toda cantidad que dé lugar a una devolución de lo cobrado indebidamente deberá ser reembolsada a la Comisión. Las cantidades que no sean devueltas se incrementarán con intereses de demora de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento financiero y según las modalidades que establezca la Comisión de acuerdo con los procedimientos a los que se refiere el título VIII.»

Contexto fáctico

10 Los presentes asuntos se refieren a cuatro de los cinco proyectos presentados entre enero de 1992 y marzo de 1995, con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 4256/88, por una serie de sociedades propiedad de un reducido grupo de personas físicas.

11 El asunto T-141/99 hace referencia al proyecto presentado por la sociedad italiana Vela Srl (en lo sucesivo, «Vela») para introducir y fomentar la Luffa cylindrica en las zonas desfavorecidas de Europa. El asunto T-142/99 versa sobre el proyecto presentado por la sociedad italiana Sonda Srl (en lo sucesivo, «Sonda»), a la que sucedió Vela, destinado a reducir los costes de producción y de fertilización en el cultivo del girasol. El asunto T-150/99 se refiere al proyecto presentado por la sociedad española Tecnagrind, S.L. (en lo sucesivo, «Tecnagrind»), para el aprovechamiento del vetiver en la zona mediterránea. El asunto T-151/99 tiene por objeto el proyecto presentado por Tecnagrind relativo a la transformación del ricino en las explotaciones agrarias para la extracción de aromas naturales. En el curso del período contemplado en el apartado precedente, la sociedad italiana Faretra Srl (en lo sucesivo, «Faretra») presentó un proyecto destinado a desarrollar el «pasto arbóreo».

Proyecto Luffa

12 El 17 de enero de 1992, Vela envió a la Comisión una solicitud de ayuda comunitaria para un proyecto de demostración agronómico y de aprovechamiento industrial relativo a la introducción y al fomento, en determinadas zonas desfavorecidas de Europa, de la Luffa cylindrica, planta de la familia de las cucurbitáceas cuyo fruto maduro da una pulpa fibrosa particularmente resistente (proyecto nº 92.IT.06.001; en lo sucesivo, «proyecto Luffa»).

13 De dicha solicitud se desprende que el proyecto Luffa debía llevarse a cabo en la explotación agrícola del Sr. Troglia, situada en Alghero en la provincia de Sassari (Italia). El objetivo de este proyecto era sustituir, en determinadas aplicaciones sin carácter alimentario, una serie de productos químicos y de síntesis por productos biodegradables. Vela alegaba que había adquirido una excelente experiencia profesional en el ámbito de los materiales y que seguía la investigación en dicha área. Hacía referencia a la existencia de contactos con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Sassari y con la Inspección Provincial de Agricultura y Bosques de Sassari, las cuales, según Vela, habían manifestado su interés en el proyecto.

14 Desde el punto de vista humano, el proyecto Luffa necesitaba un responsable del proyecto por un período de 26 meses/hombre, un responsable del producto por un período de 28 meses/hombre, un responsable técnico por un período idéntico, un agrónomo por un período de 24 meses/hombre, así como trabajadores agrícolas por un período de 140 meses/hombre. El presupuesto total del proyecto Luffa era de 2.310.000 ecus. Vela solicitaba una financiación comunitaria del 75 %, es decir, 1.732.500 ecus. Vela preveía financiar con la explotación agrícola del Sr. Troglia el 10 % del proyecto, es decir, 231.000 ecus, y obtener la financiación del 15 % restante mediante fondos regionales. Precisaba que había recibido la confirmación de que la sociedad italiana SoFIM (en lo sucesivo, «SoFIM») garantizaría hasta el 25 % del importe de la cofinanciación del proyecto Luffa mediante la apertura de un crédito en cuenta corriente en caso de que se retrasase el pago de las ayudas por los entes regionales sardos.

15 Mediante la Decisión C(92) 1494, de 30 de junio de 1992 (en lo sucesivo, «Decisión de concesión relativa al proyecto Luffa»), la Comisión concedió a Vela una subvención del FEOGA, sección «Orientación», para el proyecto Luffa (artículo 1).

16 A tenor del artículo 2 de dicha Decisión, el período de realización del proyecto Luffa se fijaba en 45 meses contados desde la fecha de la Decisión, es decir del 30 de junio de 1992 al 31 de marzo de 1996.

17 En virtud del artículo 3 de la Decisión, el coste total del proyecto, estimado en 2.310.000 ecus, era subvencionable en su integridad y la contribución financiera máxima de la Comunidad había sido fijada en 1.470.000 ecus. Dicha disposición añadía que si los costes finalmente soportados indicasen una reducción del coste subvencionable en relación con lo inicialmente previsto, el importe de la ayuda se reduciría proporcionalmente en el momento el pago del saldo de la ayuda.

18 Del plan de financiación que figura en el anexo I de la Decisión de concesión relativa al proyecto Luffa se desprende que la Inspección Provincial de Sassari y Vela debían hacerse cargo del saldo de la financiación del proyecto Luffa por importe de 350.000 ecus y de 490.000 ecus, respectivamente.

19 Con arreglo a las condiciones financieras establecidas en el anexo II de dicha Decisión, la Comisión estaba autorizada para solicitar, a efectos de revisar los informes financieros relativos a los distintos gastos, el examen de cualquier justificante original o una copia compulsada de éste y a proceder directamente in situ a dicho examen o a solicitar el envío de los documentos correspondientes (punto 5). También se especificaba que si no se respetaba alguna de las condiciones establecidas en dicho anexo o si se iniciaban acciones que no estuviesen previstas en el anexo I, la Comunidad podía suspender, reducir o anular la ayuda y proceder a la recuperación de lo que se hubiese pagado (punto 10).

20 El 24 de septiembre de 1992, la Comisión pagó a Vela el primer tramo de la ayuda por un importe de 584.000 ecus.

21 El 3 de mayo de 1993, Vela solicitó el pago del segundo tramo, que ascendía a 438.000 ecus. Después de haber procedido, del 19 al 23 de julio de 1993, a un control administrativo y financiero in situ y a una visita de los campos de demostración, la Comisión pagó ese segundo tramo al no haber detectado ninguna anomalía especial.

22 Mediante escritos de 11 y de 23 de marzo de 1994, Vela comunicó a la Comisión que, dado que la Inspección Provincial de Sassari no le había concedido la financiación de 350.000 ecus prevista en la Decisión de concesión relativa al proyecto Luffa, el importe de la financiación aportada por SoFIM había aumentado de 580.000 a 840.000 ecus.

23 El 11 de junio de 1996, la Comisión recibió de Vela una solicitud de pago del saldo de la ayuda comunitaria, es decir 438.000 ecus.

24 Entre el 22 y el 26 de julio de 1996 la Comisión procedió a una nueva inspección in situ. Salvo determinados gastos que no eran subvencionables, en esta ocasión no se detectó ninguna anomalía especial.

25 El 17 de diciembre de 1996, la Comisión pagó a Vela el saldo de la ayuda comunitaria.

Proyecto Girasole

26 El 8 de septiembre de 1993, Sonda remitió a la Comisión una solicitud de ayuda comunitaria para un proyecto piloto y de demostración que tenía por objeto la reducción de los costes de producción y del empleo de fertilizantes en el cultivo del girasol (proyecto nº 93.IT.06.057; en lo sucesivo, «proyecto Girasole»).

27 Se desprende de dicha solicitud que el proyecto Girasole debía llevarse a cabo en la explotación agrícola Santa Margherita, situada en la provincia de Sassari (Italia). Dicho proyecto tenía por objeto la reducción de los costes técnicos y energéticos del cultivo del girasol gracias al procedimiento de «cubrimiento del suelo», consistente en extender en los campos cubiertas impermeables que permiten un considerable ahorro de agua en el riego, al tiempo que impiden que crezcan malas hierbas. Su realización implicaba la participación de al menos catorce colaboradores.

28 Mediante la Decisión C(93) 3401, de 26 de noviembre de 1993 (en lo sucesivo, «Decisión de concesión relativa al proyecto Girasole»), la Comisión concedió a Sonda una subvención del FEOGA, sección «Orientación», para el proyecto Girasole (artículo 1).

29 A tenor del artículo 2 de dicha Decisión, el período de realización del proyecto Girasole se fijaba en 26 meses, a saber, del 1 de noviembre de 1993 al 31 de diciembre de 1995.

30 El coste total del proyecto Girasole se elevaba a 1.235.000 ecus. En virtud del artículo 3 de dicha Decisión, el coste subvencionable ascendía a 1.036.000 ecus y la contribución financiera máxima de la Comunidad había sido fijada en 777.000 ecus. Esta disposición añadía que si los costes finalmente soportados indicasen una reducción del coste subvencionable en relación con lo inicialmente previsto, el importe de la ayuda se reduciría proporcionalmente en el momento del pago del saldo de la ayuda.

31 Del plan de financiación que figura en el anexo I de la Decisión de concesión relativa al proyecto Girasole se desprende que el saldo de la financiación de dicho proyecto, es decir 458.000 ecus, corría a cargo de Sonda.

32 Con arreglo a las condiciones financieras establecidas en el anexo II de dicha Decisión, la Comisión estaba autorizada para solicitar, a efectos de revisar los informes financieros relativos a los distintos gastos, el examen de cualquier justificante original o una copia compulsada de éste y a proceder directamente in situ a dicho examen o a solicitar el envío de los documentos correspondientes (punto 5). También se especificaba que si no se respetaba alguna de las condiciones establecidas en dicho anexo o si se iniciaban acciones que no estuviesen previstas en el anexo I, la Comunidad podía suspender, reducir o anular la ayuda y proceder a la recuperación de lo que se hubiese pagado (punto 10).

33 El 11 de enero de 1994, la Comisión pagó a Sonda un primer tramo de 310.800 ecus, es decir el 40 % de la ayuda comunitaria. El 11 de enero de 1995, procedió a pagar a Sonda el segundo tramo por un importe de 233.100 ecus y el 31 de mayo de 1996 le pagó el saldo de la ayuda comunitaria.

34 En 1997, Sonda fue absorbida por Vela en el marco de una operación de fusión.

Proyecto Vetiver

35 El 15 de septiembre de 1993, Tecnagrind remitió a la Comisión una solicitud de ayuda comunitaria para un proyecto de demostración sobre las posibilidades de aprovechamiento del vetiver, planta de raíces particularmente resistentes y fibrosas, en la zona mediterránea (proyecto nº 93.ES.06.031; en lo sucesivo, «proyecto Vetiver»).

36 Se desprende de dicha solicitud que el objetivo del proyecto Vetiver era desarrollar el cultivo del vetiver con el fin de luchar contra la erosión del suelo, tomando como base una técnica de autofinanciación unida a la venta de las esencias extraídas de dicha planta a la industria del perfume.

37 El proyecto Vetiver requería el alquiler de un terreno de 10 hectáreas durante 30 meses, trabajos de preparación del terreno para el cultivo del vetiver, gastos de asesoría y supervisión técnica que se calculaban en 10 meses/hombre, el alquiler de una unidad móvil de turbodestilación para la extracción de las esencias, la compra de instrumental y del equipamiento necesario para el control de las plantas y de los productos acabados, gastos de personal estimados en 10 meses/hombre, así como diversos costes relativos a la implicación de laboratorios exteriores, a las certificaciones y a los servicios prestados por técnicos e investigadores especializados.

38 Mediante la Decisión C(93) 3395, de 26 de noviembre de 1993 (en lo sucesivo, «Decisión de concesión relativa al proyecto Vetiver»), la Comisión concedió a Tecnagrind una subvención del FEOGA, sección «Orientación», para el proyecto Vetiver (artículo 1).

39 A tenor del artículo 2 de dicha Decisión, el período de ejecución del proyecto Vetiver se fijaba en 30 meses, comprendidos entre enero de 1994 y junio de 1996.

40 El coste total del proyecto Vetiver se elevaba a 1.261.131 ecus. En virtud del artículo 3 de dicha Decisión, el coste subvencionable ascendía a 1.237.125 ecus y la contribución financiera máxima de la Comunidad había sido fijada en 927.843 ecus. Esta disposición añadía que si los costes finalmente soportados indicasen una reducción del coste subvencionable en relación con lo inicialmente previsto, el importe de la ayuda se reduciría proporcionalmente en el momento del pago del saldo de la ayuda.

41 Del plan de financiación que figura en el anexo I de la Decisión de concesión relativa al proyecto Vetiver se desprende que el saldo de la financiación de dicho proyecto, es decir 333.288 ecus, corría a cargo de Tecnagrind.

42 Con arreglo a las condiciones financieras establecidas en el anexo II de dicha Decisión, la Comisión estaba autorizada para solicitar, a efectos de revisar los informes financieros relativos a los distintos gastos, el examen de cualquier justificante original o una copia compulsada de éste y a proceder directamente in situ a dicho examen o a solicitar el envío de los documentos correspondientes (punto 5). También se especificaba que si no se respetaba alguna de las condiciones establecidas en dicho anexo, o si se iniciaban acciones que no estuviesen previstas en el anexo I, la Comunidad podía suspender, reducir o anular la ayuda y proceder a la recuperación de lo que se hubiese pagado (punto 10).

43 El 13 de enero de 1994, la Comisión pagó a Tecnagrind un primer tramo de 371.137 ecus, correspondiente al 40 % del importe de la ayuda comunitaria relativa al proyecto Vetiver.

44 El 19 de enero de 1995, procedió al pago del segundo tramo por un importe de 278.352 ecus, es decir el 30 % de la ayuda comunitaria.

45 El 24 de diciembre de 1996, Tecnagrind remitió a la Comisión su informe final relativo al proyecto Vetiver. El 12 de febrero y el 27 de marzo de 1997 le envió, asimismo, documentos complementarios al respecto.

46 El 20 de marzo de 1997, solicitó a la Comisión el pago del saldo de la ayuda, es decir 278.353 ecus. El 5 de junio de 1997 reiteró su solicitud a la Comisión.

47 El 12 de junio de 1997, la Comisión hizo saber a Tecnagrind que había iniciado una operación general de verificación técnica y contable de todos los proyectos financiados con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 4256/88 aprobados por la Comisión y que, teniendo en cuenta la envergadura de dicha operación, sólo podría proceder al pago del saldo cinco meses después, aproximadamente.

Proyecto Ricino

48 El 31 de marzo de 1995, Tecnagrind remitió a la Comisión una solicitud de ayuda comunitaria para un proyecto de demostración relativo a la transformación del ricino en las explotaciones agrarias para la extracción de aromas naturales (proyecto nº 95.ES.06.005; en lo sucesivo, «proyecto Ricino»).

49 De dicha solicitud se desprende que el objetivo del proyecto Ricino consistía en cultivar ricino y transformarlo con objeto de obtener, mediante un procedimiento de fermentación natural, aroma de melocotón cuya producción a partir del fruto resulta muy onerosa. El proyecto Ricino debía probar la rentabilidad de dicho cultivo y crear empleo. La realización del proyecto había sido encomendada a la sociedad cooperativa andaluza Campo de Paterna. Otras dos sociedades españolas, Codema, S.A. (en lo sucesivo, «Codema»), y Genforsa, S.A. (en lo sucesivo, «Genforsa»), iban a participar en el proyecto Ricino cofinanciándolo en un 5 % cada una.

50 Mediante la Decisión C(96) 2235, de 13 de septiembre de 1996 (en lo sucesivo, «Decisión de concesión relativa al proyecto Ricino»), la Comisión concedió a Tecnagrind una subvención del FEOGA, sección «Orientación», para el proyecto Ricino (artículo 1).

51 A tenor del artículo 2 de dicha Decisión, la financiación comunitaria estaba prevista para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1996 y el 30 de junio de 1999.

52 La realización del proyecto Ricino iba a durar 28 meses, comprendidos entre septiembre de 1996 y diciembre de 1998. Se estimaba que el coste total del proyecto ascendía a 1.262.674 ecus. Con arreglo al artículo 3 de la Decisión, el coste subvencionable ascendía a 1.262.674 ecus y la contribución financiera máxima de la Comunidad había sido fijada en 947.005 ecus. Esta disposición añadía que si los costes finalmente soportados indicasen una reducción del coste subvencionable en relación con lo inicialmente previsto, el importe de la ayuda se reduciría proporcionalmente en el momento del pago del saldo de la ayuda.

53 Del plan de financiación que figura en el anexo I de la Decisión relativa al proyecto Ricino se desprende que el saldo de la financiación de dicho proyecto debía correr a cargo de Tecnagrind, por un importe de 191.401 ecus, y de Codema y Genforsa, por un importe de 63.134 ecus cada una.

54 Con arreglo a las condiciones financieras establecidas en el anexo II de dicha Decisión, la Comisión estaba autorizada para solicitar, a efectos de revisar los informes financieros relativos a los distintos gastos, el examen de cualquier justificante original o una copia de éste y a proceder directamente in situ a dicho examen o a solicitar el envío de los documentos correspondientes (punto 5). También se especificaba que si no se respetaba alguna de las condiciones mencionadas en dicho anexo, o si se iniciaban acciones que no estuviesen previstas en el anexo I, la Comunidad podía suspender, reducir o anular la ayuda y proceder a la recuperación de lo que se hubiese pagado (punto 10).

55 El 20 de enero de 1997, la Comisión pagó a Tecnagrind un primer tramo de 378.802 ecus, es decir el 40 % de la ayuda comunitaria relativa al proyecto Ricino.

56 El 15 de mayo de 1997, Tecnagrind remitió a la Comisión el informe técnico provisional relativo al estado de desarrollo del proyecto Ricino.

57 El 7 de julio de 1997, solicitó a la Comisión el pago del segundo tramo de la ayuda comunitaria.

Proyecto Pascolo Arboreo

58 El 8 de septiembre de 1993, Faretra presentó a la Comisión una solicitud de ayuda para la realización de un proyecto piloto y de demostración destinado a desarrollar una zootecnia mediterránea extensiva compatible con el medio ambiente, denominada «pasto arbóreo» (proyecto nº 93.IT.06.058; en lo sucesivo, «proyecto Pascolo Arboreo»). Mediante Decisión de 26 de noviembre de 1993, la Comisión concedió a Faretra una ayuda del FEOGA de 890.625 ecus para el proyecto Pascolo Arboreo. Dicha ayuda se pagó íntegramente a Faretra.

Inspecciones in situ de julio y de noviembre de 1997

59 Como consecuencia de una auditoría del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Tribunal de Cuentas»), efectuada en enero de 1997 sobre un proyecto irlandés, la Comisión decidió realizar una serie de controles sobre determinados proyectos subvencionados con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 4256/88, pues sospechaba la existencia de una red organizada dedicada a obtener de manera fraudulenta subvenciones comunitarias. Los proyectos Luffa, Girasole, Pascolo Arboreo, Vetiver y Ricino fueron objeto de dichos controles.

60 Mediante escritos de 10 de junio de 1997, la Comisión informó a Vela, Sonda y Tecnagrind de su intención de efectuar inspecciones in situ, con arreglo al artículo 23 del Reglamento nº 4253/88, de uno o de varios de los proyectos realizados bajo su responsabilidad.

61 La inspección in situ de los proyectos Vetiver y Ricino se realizó del 22 al 25 de julio de 1997. Efectuaron las inspecciones funcionarios de la Dirección General (DG) «Agricultura» y de la Dirección General «Control Financiero» de la Comisión, así como de la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF). Los funcionarios de la DG «Control Financiero» y de la UCLAF redactaron posteriormente sendos informes con las conclusiones obtenidas. Una funcionaria de la Intervención General de la Administración del Estado (Ministerio de Hacienda) asistió a las inspecciones de los funcionarios comunitarios.

62 Basándose en las conclusiones contenidas en los informes mencionados en el apartado precedente, la Comisión consideró que disponía de suficientes elementos para iniciar un procedimiento de suspensión de las ayudas relativas a los proyectos Vetiver y Ricino y decidió realizar un control de los proyectos italianos.

63 Mediante escritos de 23 de septiembre de 1997, la Comisión informó a Vela y a Sonda de que iba a realizar inspecciones in situ a partir del 10 de noviembre de 1997, en relación con el proyecto Luffa y con el proyecto Girasole, en virtud del artículo 23 del Reglamento nº 4253/88. Un escrito idéntico fue remitido a Faretra en relación con el proyecto Pascolo Arboreo.

64 Dicha inspección tuvo lugar del 10 al 14 de noviembre de 1997 en Milán y, después, en Sassari. Consistió en el control de los proyectos Luffa, Girasole y Pascolo Arboreo, así como en la conclusión de la inspección de julio de 1997 relativa a los proyectos Vetiver y Ricino, y fue efectuado por funcionarios de la DG «Agricultura», de la DG «Control Financiero» y de la UCLAF. Asimismo, participaron en la inspección funcionarios de la Ragioneria Generale dello Stato (servicio de contabilidad general italiano). A raíz de la inspección, el funcionario de la DG «Control Financiero» redactó un informe en el que recomendaba iniciar un procedimiento de supresión de las ayudas relativas a los proyectos de que se trata y recuperar las cantidades indebidamente pagadas en favor de dichos proyectos. Los funcionarios de la administración italiana levantaron también un acta en la que se daba cuenta de una serie de comprobaciones efectuadas en el momento de la inspección realizada del 10 al 12 de noviembre de 1997 en la sede de Vela en Milán.

Procedimiento administrativo

65 Mediante escritos de 3 de abril de 1998, la Comisión informó a Vela, Sonda y Tecnagrind de que, con arreglo al artículo 24 del Reglamento 4253/88, estaba efectuando un examen de la ayuda financiera que les había sido concedida para el (los) proyecto(s) de que eran responsables y que, como dicho examen revelaba determinados elementos que podían constituir irregularidades, había decidido iniciar el procedimiento previsto por el referido artículo del Reglamento 4253/88 y por el punto 10 del anexo II de cada una de las Decisiones de concesión. Los escritos precisaban estas cuestiones.

66 La Comisión concedió a Vela, a Sonda y a Tecnagrind un plazo de seis semanas para que aportasen las explicaciones y los documentos contables y administrativos pertinentes para probar el absoluto respeto de las obligaciones que les habían sido impuestas en el momento de la concesión de la ayuda del FEOGA.

67 Al mismo tiempo, envió una solicitud de observaciones a la República italiana, por lo que se refiere a los proyectos Luffa y Girasole, y al Reino de España, por lo que atañe a los proyectos Vetiver y Ricino.

68 Como respuesta, Vela y Tecnagrind presentaron sus observaciones mediante escritos de 19 de junio de 1998, la primera respecto a los proyectos Luffa y Girasole y la segunda en relación con los proyectos Vetiver y Ricino.

Decisión impugnada en el asunto T-141/99

69 Mediante Decisión de 9 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada en el asunto T-141/99»), la Comisión suprimió, con arreglo al artículo 24, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, la ayuda financiera concedida a Vela y exigió que se le devolviese la cantidad de 1.470.000 euros.

70 En dicha Decisión, la Comisión afirma, en particular, lo siguiente:

«1. A tenor de la Decisión de concesión, la parte del coste subvencionable del proyecto [Luffa] no cubierta por la contribución financiera de la Comunidad, es decir, 840.000 ecus, debía ser cofinanciada por el beneficiario. Las observaciones efectuadas en la visita de control [de noviembre de 1997] provocaron serias dudas sobre la cofinanciación del proyecto [Luffa].

2. El examen conjunto de los documentos contables relativos al proyecto de que se trata y a los otros cuatro proyectos, que fueron asimismo beneficiarios de ayudas comunitarias en el sentido del artículo 8 del Reglamento nº 4256/88, ha revelado la existencia de un sistema de flujos financieros internos entre las sociedades beneficiarias de los cinco proyectos, algunos socios de dichas sociedades y otras empresas vinculadas a éstos. Se trata de los proyectos (y de las sociedades beneficiarias correspondientes) Luffa (beneficiario: Vela Srl), del proyecto nº 9[3].IT.06.057 (beneficiario: Sonda Srl), del proyecto nº 93.IT.06.058 (beneficiario: Faretra Srl), del proyecto nº 93.ES.06.031 (beneficiario: Tecnagrind SL) y del proyecto nº 95.ES.06.005 (beneficiario: Tecnagrind SL). Los socios en cuestión son los Sres. Claudio Zarotti y Marco Troglia. Las empresas vinculadas a los socios de las sociedades beneficiarias son AITEC Srl, Noesi Sas y Azienda agricola Barrank. Los flujos financieros cruzados entre dichas sociedades, los socios y las empresas vinculadas se aproximan a la cantidad de 10.000 millones de liras italianas (ITL), es decir, aproximadamente el 65 % de los gastos declarados a la Comisión (o previstos, por lo que se refiere a los proyectos no terminados) para la totalidad de los cinco proyectos. Los servicios de la Comisión han reconstituido todos los flujos financieros internos, resultando que la mayor parte de las sociedades implicadas pertenecen a un mismo grupo restringido de personas físicas. La subcontratación sistemática entre las sociedades beneficiarias de los cinco proyectos y las empresas vinculadas a éstas dio lugar a unos ingresos cuyo fundamento económico no ha sido probado y que constituyen, injustificadamente, la parte de la cofinanciación del beneficiario.

3. Los gastos facturados al beneficiario por Faretra Srl, por Sonda Srl, por AITEC Srl, por el Sr. Baldassar[r]e, por Azienda agricola Barrank y por el Sr. Claudio Zarotti, por un importe (de 3.000.000.000 de ITL aproximadamente) que representa el 60 % de los gastos totales declarados en relación con el proyecto, no están justificados. Los cuatro subcontratistas (Faretra Srl, Sonda Srl, AITEC Srl, Sr. Baldasar[r]e) habían intervenido mediante contratos que implicaban la puesta a disposición de personal, de equipamientos y de competencias específicas. Las inspecciones efectuadas sobre los libros contables y los inventarios de dichos subcontratistas han revelado que éstos no disponían ni de personal ni de equipamiento específico, luego carecían de la competencia requerida y no se dispone de datos que puedan justificar su participación en la realización del proyecto [Luffa]. Por otro lado, las distintas empresas no efectuaron gastos que justificasen la facturación.

4. Un gran número de facturas emitidas por otras sociedades no están suficientemente justificadas o revelan una desproporción entre el precio pagado y el servicio prestado. En particular, se trata de las siguientes facturas:

a) la factura pagada a la sociedad Magenta Finance por importe de 61.882.002 ITL (29.000 ecus, aproximadamente), relativa a un "Manual de divulgación para agricultores". Dicho manual no se presentó a los inspectores de la Comisión;

b) la factura pagada a Detentor por importe de 20.939 ecus, relativa a los "honorarios relacionados con un estudio de viabilidad, así como con los proyectos y diseños de un prototipo de prensa para la compresión a baja temperatura de balas de lufa";

c) la factura pagada a Cedarcliff por un importe total de 133.057 ecus, relativa, entre otras cosas, a un fichero de 160 empresas entre las cuales el beneficiario debía realizar acciones de divulgación. El beneficiario no presentó justificante alguno del precio facturado respecto a la prestación realizada.»

Decisión impugnada en el asunto T-142/99

71 Mediante Decisión de 4 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada en el asunto T-142/99»), la Comisión suprimió, con arreglo al artículo 24, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, la ayuda financiera concedida a Sonda y exigió que se le devolviese la cantidad de 770.000 euros.

72 En dicha Decisión, la Comisión afirma, en particular, lo siguiente:

«1. A tenor de la Decisión de concesión, la parte del coste previsto para el proyecto [Girasole] no cubierta por la contribución financiera de la Comunidad, es decir 458.000 ecus, debía ser cofinanciada por el beneficiario. Las observaciones efectuadas en la visita de control [de noviembre de 1997] [...] provocaron serias dudas sobre la cofinanciación del proyecto [Girasole].

2. El examen conjunto de los documentos contables relativos al proyecto de que se trata y a los cuatro otros proyectos, que fueron asimismo beneficiarios de ayudas comunitarias en el sentido del artículo 8 del Reglamento nº 4256/88, ha revelado la existencia de un sistema de flujos financieros internos entre las sociedades beneficiarias de los cinco proyectos, algunos socios de dichas sociedades y otras empresas vinculadas a éstos. Se trata de los proyectos (y de las sociedades beneficiarias correspondientes) Girasole (beneficiario: Sonda Srl), del proyecto nº 92.IT.06.001 (beneficiario: Vela Srl), del proyecto nº 93.IT.06.058 (beneficiario: Faretra Srl), del proyecto nº 93.ES.06.031 (beneficiario: Tecnagrind SL) y del proyecto nº 95.ES.06.005 (beneficiario: Tecnagrind SL). Los socios en cuestión son los Sres. Claudio Zarotti y Marco Troglia. Las empresas vinculadas a los socios de las sociedades beneficiarias son AITEC Srl, Noesi Sas y Azienda agricola Barrank. Los flujos financieros cruzados entre dichas sociedades, los socios y las empresas vinculadas se aproximan a la cantidad de 10.000 millones de ITL, es decir, aproximadamente el 65 % de los gastos declarados a la Comisión (o previstos, por lo que se refiere a los proyectos no terminados) para la totalidad de los cinco proyectos. Los servicios de la Comisión han reconstituido todos los flujos financieros internos, resultando que la mayor parte de las sociedades implicadas pertenecen a un mismo grupo restringido de personas físicas. La subcontratación sistemática entre las sociedades beneficiarias de los cinco proyectos y las empresas vinculadas a éstas dio lugar a unos ingresos cuyo fundamento económico no ha sido probado y que constituyen, injustificadamente, la parte de la cofinanciación del beneficiario.

3. Los gastos facturados por dos sociedades (Faretra Srl, por un importe de 1.155.000.000 ILT, aproximadamente, y Noesi Sas, por importe de 830.000.000 ITL, aproximadamente) y que representan el 90 % de los gastos totales declarados en relación con el proyecto (2.255.934.354 ITL), no están justificados.

Estas dos sociedades habían intervenido mediante contratos que implicaban la puesta a disposición de personal, de equipamientos y de competencias específicas. Las inspecciones efectuadas sobre los libros contables y los inventarios de dichos subcontratistas han revelado que éstos no disponían ni de personal ni de equipamiento específico, luego carecían de la competencia requerida y no se dispone de datos que puedan justificar su participación en la realización del proyecto de que se trata. Por otro lado, las distintas empresas no efectuaron gastos que justificasen la facturación.»

Decisión impugnada en el asunto T-150/99

73 Mediante Decisión de 4 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada en el asunto T-150/99»), la Comisión suprimió, con arreglo al artículo 24, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, la ayuda financiera concedida a Tecnagrind para el proyecto Vetiver y exigió que se le devolviese la cantidad de 649.490 euros.

74 En dicha Decisión, la Comisión afirma, en particular, lo siguiente:

«1. El examen conjunto de las contabilidades relativas al proyecto y a otros 4 proyectos, también beneficiarios de ayuda comunitaria en virtud del artículo 8 del Reglamento (CEE) nº 4256/88, permitió observar un sistema de flujos financieros internos entre las sociedades beneficiarias de los 5 proyectos, algunos asociados de estas sociedades y empresas con ellas vinculadas.

Los proyectos citados (y las sociedades beneficiarias) son:

- el proyecto de referencia (beneficiario: Tecnagrind S.L.);

- el proyecto nº 92.IT.06.001 (beneficiario: Vela S.R.L.);

- el proyecto nº 93.IT.06.057 (beneficiario: Sonra S.R.L.);

- el proyecto nº 93.ES.06.005 (beneficiario: Tecnagrind S.L.);

- el proyecto nº 93.IT.06-058 (abeneficiario: Faretra S.R.L.).

Los asociados mencionados son D. Claudio Zarotti y D. Marco Troglia.

Las empresas que están vinculadas con ellas son A.I.T.E.C. S.R.L., Noesi S.A.S. y Azienga agricola Barrank.

Los flujos financieros cruzados entre estas sociedades, asociados y empresas ascienden a un importe total de 10.000.000.000 LIT aproximadamente, lo que representa el 65 % aproximadamente de los gastos declarados a la Comisión (o previstos en los proyectos todavía no liquidados) para el conjunto de los 5 proyectos.

Los servicios de la Comisión han investigado el conjunto de flujos financieros internos. Se ha visto que las sociedades que intervienen en estos flujos financieros son en gran parte propiedad de un mismo grupo de personas físicas.

La subcontratación sistemática entre las sociedades beneficiarias de los 5 proyectos y las empresas que están vinculadas con ellas tuvo como efecto la creación de unos ingresos cuyo fundamento económico no se ha demostrado y que constituye, de forma injustificada, la parte cofinanciada al beneficiario.

2. Algunas declaraciones de la solicitud de ayuda no se han ajustado a la realidad:

a) En esta solicitud, se indicó que "la sociedad TECNAGRIND trabaja en la prestación de servicios en la agricultura". Ahora bien, esta sociedad se constituyó el 25.1.1993 y la solicitud de ayuda se dirigió a la Comisión el 15.9.1993. Mientras tanto, esta sociedad no tuvo ninguna actividad.

b) Por otra parte, la solicitud menciona que "se llevaron a cabo una serie de investigaciones y experimentos en la región con el Departamento de Geografía Física de la Universidad de Murcia y con la Estación La Alberca del Servicio de Investigación Agraria de la Región de Murcia". El Sr. Troglia, administrador y jefe del proyecto, afirmó en el control antes citado que las labores de investigación y los experimentos fueron realizados solamente por estas administraciones sin ninguna intervención del beneficiario.

3. En la visita de control no pudo presentarse ningún documento que demostrara la cofinanciación del proyecto en la proporción del 25 %, como está previsto en el apartado 7 del Anexo I de la Decisión de concesión de la ayuda.

4. En el informe final se indica que la zona cultivada de vetiver para la producción de raíces y su destilación representa 2 ha. En el control in situ, los servicios de la Comisión observaron que solamente se habían cultivado 0,5 ha.

5. La factura del dueño del terreno arrendado revela que este terreno tiene 4 ha y no 10 ha como se indica en el proyecto y en el informe final. Por otra parte, los gastos de arrendamiento, según las distintas facturas presentadas en el control, ascienden a 712.000 PTA, mientras que la asignación financiera reservada a esta partida de gastos asciende a 10.934.772 PTA. La diferencia se utilizó para cubrir otros gastos, sin haber pedido la autorización previa de la Comisión tal como se prevé en el apartado 1 del Anexo 2 de la Decisión.

6. Se imputan al proyecto, a razón del 50 %, ciertos gastos que corresponden a gastos generales de la sociedad, como los honorarios de la sociedad Asedem (asesor contable y fiscal) y facturas de teléfono (teléfono móvil italiano del Sr. Troglia), sin que se haya justificado esta imputación. Por otra parte, se imputaron algunas facturas de prestaciones realizadas tras la fecha final del proyecto y que, por lo tanto, no podían tenerse en cuenta para la cofinanciación.»

Decisión impugnada en el asunto T-151/99

75 Mediante Decisión de 4 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada en el asunto T-151/99»), la Comisión suprimió, con arreglo al artículo 24, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, la ayuda financiera concedida a Tecnagrind para el proyecto Ricino y exigió que se le devolviese la cantidad de 378.802 euros.

76 En dicha Decisión, la Comisión afirma, en particular, lo siguiente:

«1. El examen conjunto de las contabilidades relativas al proyecto y a otros 4 proyectos, también beneficiarios de ayuda comunitaria en virtud del artículo 8 del Reglamento nº 4256/88, permitió observar un sistema de flujos financieros internos entre las sociedades beneficiarias de los 5 proyectos, algunos asociados de estas sociedades y empresas con ellas vinculadas.

Los proyectos citados (y las sociedades beneficiarias) son:

- el proyecto de referencia (beneficiario: Tecnagrind S.L.);

- el proyecto nº 92.IT.06.001 (beneficiario: Vela S.R.L.);

- el proyecto nº 93.IT.06.057 (beneficiario: Sonda S.R.L.);

- el proyecto nº 93.ES.06.031 (beneficiario: Tecnagrind S.L.);

- el proyecto nº 93.IT.06.058 (beneficiario: Faretra S.R.L.).

Los asociados citados son D. Claudio Zarotti y D. Marco Troglia.

Las empresas que están vinculadas con ellas son A.I.T.E.C. S.R.L., Noesi S.A.S. y Azienda agricola Barrank.

Los flujos financieros cruzados entre estas sociedades, asociados y empresas ascienden a un importe total de 10.000.000.000 de LIT aproximadamente, lo que representa el 65 % aproximadamente de los gastos declarados a la Comisión (o previstos en los proyectos todavía no liquidados) para el conjunto de los 5 proyectos.

Los servicios de la Comisión han investigado el conjunto de flujos financieros internos. Se ha visto que las sociedades que intervienen en estos flujos financieros son en gran parte propiedad de un mismo grupo de personas físicas.

La subcontratación sistemática entre las sociedades beneficiarias de los 5 proyectos y las empresas que están vinculadas con ellas tuvo como efecto la creación de unos ingresos cuyo fundamento económico no se ha demostrado y que constituye, de forma injustificada, la parte cofinanciada al beneficiario.

El Sr. Troglia, administrador de la sociedad TECNAGRIND y responsable del proyecto, declaró a los inspectores de la visita en el control antes citada que la sociedad TECNAGRIND carecía de los conocimientos prácticos necesarios para realizar una instalación de transformación reducida correspondiente al tamaño de las explotaciones de los agricultores, por lo que subcontrató a la sociedad Vela esta actividad, y más en general, toda la fase industrial del proyecto. En la visita de control realizada del 10 al 14 de noviembre de 1997 por los servicios de la Comisión en la sociedad Vela, beneficiaria de una ayuda concedida de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CEE) nº 4256/88, se comprobó que esta sociedad no dispone de ningún personal y de ningún equipo específico. En consecuencia, tampoco parece poseer los conocimientos prácticos necesarios y no se justifica la intervención de la sociedad Vela como subcontratista del proyecto.

2. Se firmaron varios contratos con el Sr. De Bartolomeis y con la sociedad Cedarcliff por un valor total de 155.800 ecus, es decir, más del 12 % del coste total del proyecto. Según el Sr. Troglia, las actividades subcontratadas a Cedarcliff se refieren a la fase de difusión del proyecto. Estas facturas no podían imputarse al proyecto cuando estaba empezando, ya que la difusión debería realizarse al final del proyecto.

3. En la visita de control no pudo presentarse ningún documento que permitiera asegurar que la sociedad beneficiaria del proyecto está en situación de cofinanciar el mismo en la proporción del 25 %, según contempla el apartado 8.3 del Anexo 1 de la Decisión de concesión de la ayuda.

4. Se imputan al proyecto, a razón del 50 %, ciertos gastos que corresponden a gastos generales de la sociedad, como los honorarios de la sociedad Asedem (asesor contable y fiscal) y facturas de teléfono (teléfono móvil italiano del Sr. Troglia), sin que se haya justificado esta imputación.»

Procedimiento

77 Mediante sendas demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de junio de 1999, Vela interpuso dos recursos que tenían por objeto, respectivamente, la anulación de la Decisión impugnada en el asunto T-141/99 y la anulación de la Decisión impugnada en el asunto T-142/99.

78 Mediante sendas demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de junio de 1999, Tecnagrind interpuso dos recursos que tenían por objeto, respectivamente, la anulación de la Decisión impugnada en el asunto T-150/99 y la anulación de la Decisión impugnada en el asunto T-151/99.

79 A petición de las partes, el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia suspendió el procedimiento en los cuatro asuntos, con arreglo al artículo 77, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la primera vez hasta el 12 de enero de 2000 mediante autos de fecha 12 de noviembre de 1999 y, posteriormente, por segunda vez hasta el 12 de abril de 2000 mediante autos de fecha 10 de enero de 2000. La fase escrita del procedimiento finalizó el 14 de marzo de 2001.

80 Tras oír a las partes a este respecto, mediante autos de fecha 29 de noviembre de 2001 el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia ordenó la acumulación de los asuntos a efectos de la fase oral y de la sentencia, con arreglo al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento.

81 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) decidió abrir la fase oral del procedimiento. En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, dicho Tribunal instó a las partes a que presentaran determinados documentos y respondiesen a algunas preguntas. Las partes se atuvieron a estas peticiones dentro de los plazos señalados.

82 Aunque inicialmente había sido fijada para el 10 de enero de 2002, la vista fue aplazada hasta el 20 de febrero de 2002 como consecuencia de la solicitud de las demandantes, que informaron de que habían recibido tardíamente el escrito de la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que contenía las preguntas escritas formuladas por éste y la indicación de la fecha de la vista.

83 En la vista celebrada el 20 de febrero de 2002 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

84 En cada uno de los asuntos, la parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión impugnada y, con carácter subsidiario, reduzca el importe de la ayuda que debe devolverse a la Comisión a una cantidad que se determinará durante la sustanciación del proceso.

- Acoja las solicitudes de diligencias de prueba formuladas en el recurso.

- Condene en costas a la Comisión.

85 En cada uno de los asuntos, la Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la parte demandante.

Sobre el fondo

86 En la vista, las demandantes reiteraron que, como se desprende de sus escritos, el objeto de los presentes recursos consiste únicamente en obtener que se anulen las Decisiones impugnadas. Añaden que las alegaciones sumarias relativas a la reparación del perjuicio sufrido se formularon con carácter meramente cautelar y no corresponden, en el marco de los presentes asuntos, a una petición de indemnización, extremo del que tomó conocimiento el Tribunal de Primera Instancia.

87 Por otra parte, como consecuencia de la acumulación de los referidos asuntos a efectos de la fase oral y de la sentencia, las demandantes, que están representadas por el mismo abogado, y la parte demandada, asimismo representada por el mismo abogado en los cuatro asuntos, tuvieron acceso a la totalidad de los documentos obrantes en los autos relativos a dichos asuntos, extremo del que tomó conocimiento el Tribunal de Primera Instancia. En estas circunstancias, debe considerarse que dichos documentos constituyen unos autos únicos relativos a los cuatro asuntos.

88 Los recursos de anulación se basan, en los cuatro asuntos, en cuatro motivos idénticos. El primer motivo se basa en la violación y la aplicación incorrecta del Tratado y del Derecho comunitario derivado, así como en una desviación de poder. El segundo motivo se basa en la falta de motivación y en errores de apreciación. El tercer motivo se refiere a la violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. El cuarto motivo se basa en la violación del principio de proporcionalidad.

I. Sobre el primer motivo, basado en la violación y en la aplicación errónea del Tratado y del Derecho comunitario derivado, así como en una desviación de poder

89 En los cuatro asuntos, este motivo se subdivide en dos partes. En la primera parte, las demandantes sostienen que la Comisión basó erróneamente sus inspecciones de julio y de noviembre de 1997 en el artículo 23 del Reglamento nº 4253/88 y sus escritos de 3 de abril de 1998, así como las Decisiones impugnadas, en el artículo 24 del mismo Reglamento, y que incurrió en desviación de poder. En la segunda parte, presentada con carácter subsidiario, alegan que la Comisión no aplicó correctamente las disposiciones del Reglamento nº 4253/88 antes mencionadas.

Sobre la primera parte del motivo

90 Las demandantes alegan, en primer lugar, que la Comisión no podía invocar las disposiciones de los artículos 23 y 24 del Reglamento nº 4253/88 como base jurídica de las inspecciones de julio y de noviembre de 1997 y de las Decisiones impugnadas. Consideran que los puntos 5 y 10 del anexo II de las Decisiones de concesión excluían la aplicación de dichas disposiciones generales. En el asunto T-141/99, Vela añade que, habida cuenta de las inspecciones efectuadas en julio de 1993 y en julio de 1996, antes del desembolso del segundo tramo y del saldo, respectivamente, de la ayuda relativa al proyecto Luffa, la Comisión había agotado las posibilidades de realizar inspecciones que le reconocía el punto 5 del anexo II de la Decisión de concesión relativa al proyecto Luffa.

91 Las demandantes sostienen que, en realidad, las inspecciones de julio y de noviembre de 1997 no tenían por objeto comprobar que los proyectos habían sido realizados con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 4256/88. Dichas inspecciones se enmarcaban dentro de una operación general de investigación por fraude. Alegan que su finalidad era comprobar los vínculos financieros existentes entre las sociedades responsables de los distintos proyectos y que se centraron en los aspectos administrativos y contables de dichos proyectos, principalmente en las formas de cofinanciación. Por tanto, según las demandantes, deberían haberse basado en el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1), así como en el Reglamento (CE, Euratom) nº 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a las inspecciones y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292, p. 2).

92 A este respecto, el Tribunal destaca que es pacífico entre las partes que las inspecciones de julio y de noviembre de 1997 fueron efectuadas sobre la base del artículo 23 del Reglamento nº 4253/88.

93 Además, se desprende de los escritos de la Comisión de 10 de junio y de 23 de septiembre de 1997, mencionado en los apartados 60 y 63 supra, así como de los informes que la Comisión aportó a los autos, que fueron realizados, respectivamente, el 30 de septiembre de 1997 por la UCLAF después de la inspección de julio de 1997 (en lo sucesivo, «informe de la UCLAF de 30 de septiembre de 1997») y el 18 de diciembre de 1997 por la DG «Control Financiero» al concluir la inspección de noviembre de 1997 (en lo sucesivo, «informe de la DG "Control financiero" de 18 de diciembre de 1997»), que dichas inspecciones consistieron en comprobar que se habían llevado a cabo efectivamente los proyectos de que se trata así como la gestión administrativa, financiera y contable de tales proyectos, en particular la legalidad de los gastos declarados y el respeto por parte de las sociedades beneficiarias de la obligación de cofinanciación establecida por las Decisiones de concesión. El informe de la DG «Control financiero» de 18 de diciembre de 1997 destaca que «partiendo de la constatación de que las inspecciones efectuadas en el pasado sobre ciertos proyectos de forma aislada no habían permitido reunir los elementos de prueba que acreditasen la existencia de irregularidades o de fraudes, el equipo de control optó por un enfoque global que permitiese las inspecciones cruzadas entre los distintos proyectos, los distintos beneficiarios y los demás participantes» (página 4 del informe).

94 Mediante sus escritos de 3 de abril de 1998, mencionados en el apartado 65 supra, la Comisión informó a Vela, Sonda y Tecnagrind de que, con arreglo al artículo 24 del Reglamento nº 4253/88, estaba examinando la ayuda que les había sido concedida por el FEOGA. Añadía que dicho examen revelaba elementos que podían constituir irregularidades, por lo que había decidido abrir el procedimiento previsto en el artículo 24 del referido Reglamento y en el punto 10 del anexo II de cada una de las Decisiones de concesión.

95 Por considerar que el examen de los expedientes relativos a los proyectos confirmaba la existencia de irregularidades, la Comisión adoptó, con arreglo al artículo 24, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 4253/88, las Decisiones impugnadas, por las que se suprimen las ayudas contempladas en las Decisiones de concesión y se exige la devolución de las cantidades percibidas del FEOGA por las sociedades beneficiarias.

96 Es necesario comprobar si la Comisión podía invocar los artículos 23 y 24 del Reglamento nº 4253/88 en apoyo de las medidas de control y de las Decisiones adoptadas en los presentes asuntos.

97 A tenor del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada, los funcionarios o agentes de la Comisión pueden controlar in situ, especialmente mediante sondeos, las acciones financiadas por los fondos estructurales.

98 De la generalidad de su tenor literal se desprende que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada, otorga a los funcionarios y a los agentes de la Comisión una base jurídica para controlar los proyectos que reciben o han recibido ayuda de un fondo estructural. Al no existir indicaciones en sentido contrario, debe considerarse que dicha disposición se refiere a las acciones financiadas mediante cualquier fondo estructural, en particular, por el FEOGA, sección «Orientación». Ningún elemento permite sostener, como las demandantes parecen hacer en sus escritos, que la disposición objeto de examen sea aplicable únicamente a las acciones cuya financiación haya sido decidida por el Estado miembro afectado o por las autoridades designadas por éste y sometida a la Comisión por dicho Estado miembro y no a los proyectos, como los contemplados por las Decisiones impugnadas, que han sido objeto de una intervención financiera decidida por la Comisión.

99 Al no existir precisiones en sentido contrario, procede considerar, además, que una inspección in situ basada en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº4253/88 puede ser efectuada por cualquier funcionario o agente de la Comisión, producirse en la fase de realización del proyecto de que se trate, por ejemplo como consecuencia de una solicitud de pago de un tramo de la ayuda, o con posterioridad a dicha fase, y tener por objeto tanto la adecuación de la ejecución material del proyecto a los objetivos fijados por la normativa comunitaria y por la decisión de concesión como la legalidad de las condiciones de ejecución del proyecto, en particular su gestión financiera y contable.

100 Ningún elemento permite deducir del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88 que esté prohibido que la Comisión inicie, basándose en dicha disposición, otra inspección in situ después de que se haya concluido materialmente el proyecto y cuando éste ya ha sido objeto de una o varias inspecciones de esta naturaleza, por ejemplo en el marco de las solicitudes de pago de la ayuda. Ningún elemento permite tampoco excluir la posibilidad de que los funcionarios o agentes de la Comisión procedan, en virtud de la disposición antes mencionada, a realizar inspecciones cruzadas que tengan por objeto simultáneamente diversos proyectos subvencionados por el FEOGA.

101 Toda lectura del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88 distinta de la expuesta en los tres apartados precedentes tendría como consecuencia privar de eficacia a la obligación que incumbe a la Comisión, en virtud del Reglamento nº 2052/88, de contribuir a la eficacia de la acción llevada a cabo por la Comunidad con ayuda de los fondos estructurales con el fin de realizar el objetivo de cohesión económica y social mencionado en el artículo 158 CE.

102 En estas circunstancias, procede considerar que la Comisión estaba autorizada, en los presentes casos, a basarse en el artículo 23 del Reglamento nº 4253/88 para llevar a cabo las inspecciones in situ realizadas en julio y en noviembre de 1997 relativas a los proyectos contemplados por las Decisiones impugnadas.

103 En virtud del artículo 24, apartado 1, del Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada, si la realización de una acción o de una medida no parece justificar ni una parte ni la totalidad de la ayuda financiera que se le ha asignado, la Comisión ha de proceder a un estudio apropiado del caso solicitando, en particular, al Estado miembro o a las autoridades designadas por éste para la ejecución de la acción que presenten sus observaciones en un plazo determinado.

104 Por tanto, procede considerar que la Comisión, al sospechar, tras las inspecciones in situ llevadas a cabo en julio y en noviembre de 1997, que en los presentes asuntos existían irregularidades, podía alegar el artículo 24, apartado 1, del Reglamento nº 4253/88 para iniciar el procedimiento de examen mencionado en los escritos remitidos a Vela, a Sonda y a Tecnagrind el 3 de abril de 1998.

105 A tenor del artículo 24, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, la Comisión puede, tras el estudio contemplado en el apartado 1 de ese mismo artículo, reducir o suspender la ayuda para la acción o la medida en cuestión si el citado estudio confirma la existencia de una irregularidad o de una modificación importante que afecte a la naturaleza o a las condiciones de ejecución de la acción o de la medida y para la que no se haya pedido la aprobación de la Comisión. Tal y como ha señalado la jurisprudencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de enero de 2002, Conserve Italia/Comisión, C-500/99 P, aún no publicada en la Recopilación, apartados 85 a 91), dicha disposición reconoce asimismo a la Comisión la facultad de suprimir la ayuda en caso de que se confirme la existencia de una irregularidad al concluir el examen a que se refiere el artículo 24, apartado 1, del Reglamento nº 4253/88.

106 El artículo 24, apartado 3, del Reglamento nº 4253/88 dispone que toda cantidad que dé lugar a una devolución de lo cobrado indebidamente debe ser reembolsada a la Comisión, so pena de pago de intereses de demora.

107 Teniendo en cuenta las consideraciones hechas en los dos apartados anteriores, procede considerar que, en los presentes asuntos, al estimar que el procedimiento de examen había confirmado la existencia de las irregularidades que sospechaba como consecuencia de las inspecciones de julio y de noviembre de 1997, la Comisión podía alegar el artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 para adoptar, tras dicho examen, las Decisiones impugnadas.

108 La tesis de las demandantes según la cual los puntos 5 y 10 del anexo II de las Decisiones de concesión excluían, en los presentes casos, la aplicación del Reglamento nº 4253/88 no puede acogerse.

109 En efecto, el punto 5 del anexo II de las Decisiones de concesión dispone: «Con objeto de revisar los informes financieros sobre los distintos desembolsos, la Comisión podrá pedir que se le muestre el original de cualquier justificante o una copia compulsada del mismo. Podrá efectuar la revisión in situ o pedir el envío de los [...]». Esta disposición no hace sino aclarar la facultad de control de que dispone la Comisión en virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, para verificar en todo momento la regularidad de la gestión financiera y contable del proyecto en cuestión, incluida la fase de ejecución material de dicho proyecto aun cuando éste ya hubiese sido objeto anteriormente de inspecciones in situ.

110 Por lo que se refiere al punto 10 del anexo II de las Decisiones de concesión, éste señala lo siguiente: «Si se incumpliere alguna de estas condiciones [financieras] o se llevaren a cabo operaciones no previstas en el anexo I, la Comunidad podrá suspender, reducir o anular la subvención y proceder a la recuperación de las sumas pagadas. En estos casos, podrá solicitar el pago de intereses. Antes de que se proceda a la suspensión, reducción, anulación o solicitud de devolución, el beneficiario tendrá la posibilidad de presentar observaciones en el plazo que fije la Comisión». Como afirman las demandantes en su escrito de demanda, esta disposición recoge el tenor del artículo 24, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 4253/88.

111 Se desprende de lo anterior que las disposiciones que figuran en los puntos 5 y 10 del anexo II de las Decisiones de concesión no deben ser consideradas como una base jurídica autónoma que excluye la aplicación de las disposiciones generales de los artículos 23 y 24 del Reglamento nº 4253/88, sino como un complemento en el que la Comisión puede basarse para adoptar las medidas y decisiones que adoptó en los presentes asuntos. De este modo, la Comisión invocó acertadamente, en sus escritos de 3 de abril de 1998, tanto el artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 como el punto 10 del anexo II de las Decisiones de concesión como fundamento de sus decisiones de abrir los procedimientos de examen relativos a los proyectos Luffa, Girasole, Vetiver y Ricino.

112 La tesis de las demandantes según la cual las inspecciones de julio y de noviembre de 1997 debían haberse basado en los Reglamentos nº 2988/95 y nº 2185/96 tampoco puede acogerse.

113 En efecto, aparte de que defender una tesis de esta índole pone de relieve el carácter contradictorio de las alegaciones de las demandantes, las cuales sostienen, por un lado, que la Comisión únicamente podía basarse en los puntos 5 y 10 del anexo II de las Decisiones de concesión y, por otro, que debía haber alegado las disposiciones de los Reglamentos mencionados en el apartado anterior, es necesario señalar que, en virtud del decimotercer considerando del Reglamento nº 2988/95, las disposiciones adoptadas mediante dicho Reglamento se aplican «de forma complementaria con respecto a la normativa existente». A tenor del artículo 9, apartado 2, de ese Reglamento, la Comisión «podrá llevar a cabo controles y verificaciones in situ en las condiciones previstas en las normativas sectoriales», y el artículo 10 del mismo Reglamento dispone que «serán adoptadas ulteriormente disposiciones generales adicionales relativas a las inspecciones y a las verificaciones in situ».

114 Estas disposiciones generales adicionales fueron adoptadas mediante el Reglamento nº 2185/96. Del sexto considerando de dicho Reglamento se desprende que las referidas disposiciones «no afectarán a la aplicación de las normativas comunitarias sectoriales contempladas en el apartado 2 del artículo 9 del [...] Reglamento [nº 2988/95]». El artículo 1 del mismo Reglamento dispone que «el presente Reglamento establece las disposiciones generales adicionales en el sentido del artículo 10 del Reglamento [...] nº 2988/95» y que «sin perjuicio de las disposiciones de las normativas comunitarias sectoriales, [...] se aplicará a todos los ámbitos de actividad de las Comunidades.»

115 Las afirmaciones de los dos apartados anteriores demuestran que las disposiciones que los Reglamentos nº 2988/95 y nº 2185/96 dedican a las facultades de control y de inspección in situ de la Comisión están destinadas a aplicarse de forma complementaria, sin perjuicio de las normativas comunitarias sectoriales. Por tanto, no pueden excluir las bases jurídicas que esas normativas ofrecen a la Comisión para que lleve a cabo las inspecciones in situ destinadas a garantizar la protección de los intereses financieros de la Comunidad.

116 Dado que, en los presentes asuntos, el artículo 23 del Reglamento nº 4253/88 -Reglamento cuya calificación de normativa comunitaria sectorial en el sentido de las disposiciones anteriormente mencionadas de los Reglamentos nº 2988/95 y nº 2185/96 no es cuestionada por las partes- ofrecía a la Comisión una base jurídica adecuada para realizar las inspecciones in situ que tuvieron lugar en julio y en noviembre de 1997, no era necesario que ésta alegara dichas disposiciones a tal fin.

117 Del análisis que precede (apartados 92 a 116) resulta que los artículos 23 y 24 del Reglamento nº 4253/88 aportaban una base jurídica adecuada y suficiente para las operaciones de inspección in situ realizadas por la Comisión en julio y en noviembre de 1997 y relativas a los proyectos contemplados en las Decisiones impugnadas, para abrir un procedimiento de examen respecto de dichos proyectos así como para adoptar las Decisiones impugnadas. Por consiguiente, el razonamiento de las demandantes expuesto en los apartados 90 y 91 supra debe ser desestimado.

118 En segundo lugar, las demandantes afirman que la Comisión debía haberles informado correctamente del fundamento jurídico, del objetivo y del contexto de las inspecciones de julio y de noviembre de 1997, así como de la base jurídica sobre la que pretendía basar las Decisiones impugnadas, de forma que les permitiese controlar la legalidad de las medidas previstas por la Comisión y organizar eficazmente su defensa. Sostienen que, al ignorar que dichas inspecciones iban a versar sobre el método de cofinanciación de los proyectos, no pudieron conseguir la colaboración de expertos contables y administrativos ni de asesores jurídicos, que les habrían ayudado a presentar las explicaciones requeridas.

119 Sin embargo, por lo que se refiere, en primer lugar, a la información de Vela, de Sonda y de Tecnagrind sobre el fundamento jurídico, el objetivo y el contexto de las inspecciones de julio y de noviembre de 1997, el Tribunal de Primera Instancia destaca, por lo que respecta a los asuntos T-141/99 y T-142/99, que, en los escritos remitidos a Vela y a Sonda el 10 de junio de 1997 para advertirles de su intención de efectuar una inspección in situ, de los proyectos Luffa y Girasole (véase el apartado 60 supra), la Comisión indicaba que el fundamento del control previsto radicaba en el artículo 23 del Reglamento nº 4253/88. Asimismo, solicitaba a Vela y a Sonda que, durante el control, permitiesen que sus funcionarios accedieran a toda la documentación, especialmente la contable, y a los justificantes relativos a su proyecto, así como que se entrevistaran con las personas que pudiesen proporcionar explicaciones al respecto.

120 En sus escritos remitidos a dichas sociedades el 23 de septiembre de 1997 (véase el apartado 63 supra), la Comisión les informaba de que, en virtud del artículo 23 del Reglamento nº 4253/88, sus servicios iban a llevar a cabo una inspección in situ de los proyectos Luffa y Girasole a partir del 10 de noviembre de 1997. Indicaba asimismo que, con ocasión de dichas inspecciones, sus funcionarios deseaban entrevistarse con los representantes legales y los responsables técnicos y administrativos de la ejecución del proyecto. Les pedía que en el momento de la inspección se pusiesen a disposición de sus funcionarios los originales de una serie de documentos que se mencionaban en un anexo, relativos a la sociedad responsable del proyecto y a dicho proyecto, así como cualquier otro documento relativo a los referidos documentos que resultase necesario para la inspección. Les hacía saber también que estaría representada, en particular, por funcionarios de la DG «Control Financiero» y de la UCLAF y que estaba previsto que participaran en la inspección representantes de la Ragioneria Generale dello Stato. Por último, solicitaba que le remitiesen inmediatamente una copia de sus balances relativos a los años 1992 a 1996, por lo que se refiere a Vela, y a los años 1993 a 1996, por lo que atañe a Sonda, una copia de la lista detallada de los gastos desglosados con arreglo al plan financiero que figura en las Decisiones de concesión relativas al proyecto Luffa y al proyecto Girasole, respectivamente, así como una copia de la lista de los gastos relativos a los contratos celebrados por Vela con Tecnagrind, Sonda y Faretra, por lo que se refiere al proyecto Luffa, y a los contratos celebrados por Sonda con Tecnagrind, Vela y Faretra, por lo que atañe al proyecto Girasole.

121 Por lo que se refiere a los asuntos T-150/99 y T-151/99, el Tribunal de Primera Instancia destaca que, en su escrito remitido a Tecnagrind el 10 de junio de 1997 para informarle de su intención de efectuar una inspección in situ de los proyectos Vetiver y Ricino (véase el apartado 60 supra), la Comisión hacía saber a dicha sociedad que esta inspección, prevista para los días 22 y 23 de julio de 1997, iba a efectuarse con arreglo al artículo 23 del Reglamento nº 4253/88. Señalaba entonces, que, con ocasión del control, deseaba entrevistarse con los representantes legales de la sociedad, así como con los responsables de la ejecución de los proyectos en los niveles técnico, administrativo y financiero. Solicitaba que, en el momento de la inspección, se pusiesen a disposición de sus funcionarios los originales de una serie de documentos mencionados en un anexo, relativos a la sociedad y a los proyectos de que se trata, así como cualquier otro documento relativo a los referidos documentos que resultase necesario para la inspección. Asimismo, informaba a Tecnagrind de que estaría representada, en particular, por funcionarios de la DG «Control Financiero» y de la UCLAF y de que estaba previsto que participaran en la inspección representantes de la Intervención General de la Administración del Estado.

122 Es necesario añadir, por lo que se refiere al asunto T-150/99, que Tecnagrind ha aportado a los autos la copia del escrito que le había sido remitido por la Comisión el 12 de junio de 1997 y del que se desprende que ésta, en respuesta a una solicitud de Tecnagrind relativa al desembolso del saldo de la ayuda del FEOGA al proyecto Vetiver, se refería a una operación general de inspección técnica y contable de los proyectos financiados con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 4256/88 para justificar su decisión de suspender dicho desembolso (véase el apartado 47 supra).

123 De las afirmaciones realizadas en los cuatro apartados anteriores se desprende que Vela, Sonda y Tecnagrind habían sido informadas de manera suficientemente clara y precisa de que las inspecciones in situ previstas por la Comisión se basaban en el artículo 23 del Reglamento nº 4253/88 e iban a consistir en la inspección de la gestión financiera y contable de la totalidad de los proyectos, incluyendo el respeto de la obligación de cofinanciación establecida por las Decisiones de concesión. Estas indicaciones permitieron asimismo a las sociedades comprender que los funcionarios de la Comisión querían realizar inspecciones cruzadas de los distintos proyectos que estaban llevando a cabo.

124 No puede considerarse que el hecho de que la Comisión no precisase sus críticas relativas al método de cofinanciación adoptado por las sociedades beneficiarias ni instase a éstas a presentar sus observaciones al respecto hasta sus escritos de 3 de abril de 1998, después de haber efectuado las inspecciones que tuvieron lugar en julio y en noviembre de 1997 implique una falta de claridad de los escritos de la Comisión de 10 de junio y de 23 de septiembre de 1997 respecto al objetivo de las inspecciones anunciadas en dichos escritos.

125 A continuación, por lo que se refiere a la información de Vela, de Sonda y de Tecnagrind sobre la base jurídica prevista por la Comisión para adoptar las Decisiones impugnadas, el Tribunal de Primera Instancia destaca, por lo que atañe a los asuntos T-141/99 y T-142/99, que, en sus escritos remitidos el 10 de junio de 1997 a Vela y a Sonda (véase el apartado 60 supra), la Comisión llamó la atención de éstas sobre las medidas que podían ser adoptadas en virtud del artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 al finalizar el procedimiento de examen.

126 Además, se desprende del escrito que la Comisión remitió a Vela, a Sonda y a Tecnagrind el 3 de abril de 1998 (véase el apartado 65 supra), que la Comisión les había indicado que estaba efectuando un examen en el sentido del artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 y que, habida cuenta de que existían elementos que podían constituir irregularidades, había decidido abrir el procedimiento previsto por dicha disposición y por el punto 10 del anexo II de la Decisión de concesión correspondiente. Después de haber expuesto sus imputaciones, destacó que éstas podían constituir una irregularidad o una modificación importante en el sentido de la referida disposición del Reglamento nº 4253/88. Asimismo, llamó la atención de las sociedades beneficiarias sobre las medidas que podría llegar a adoptar, con arreglo a los apartados 2 y 3 de dicha disposición, en caso de que se confirmasen las irregularidades al concluir el examen en curso.

127 Las indicaciones que se reproducen en los dos apartados anteriores eran suficientemente claras y precisas para que Vela, Sonda y Tecnagrind pudiesen delimitar el fundamento jurídico del procedimiento de examen abierto por la Comisión y de las decisiones que ésta podía adoptar al término de dicho procedimiento. Es preciso observar que, en su escrito de 19 de junio de 1998, que contenía sus observaciones sobre las alegaciones formuladas por la Comisión en sus escritos de 3 de abril de 1998 (véase el apartado 68 supra), las demandantes ya sostenían que ésta no podía basarse en los artículos 23 y 24 del Reglamento nº 4253/88, lo que ciertamente demuestra que habían comprendido perfectamente cuáles eran las disposiciones alegadas por la Comisión en apoyo de su acción.

128 Del análisis que antecede (apartados 119 a 127) se desprende que debe desestimarse el razonamiento de las demandantes expuesto en el apartado 118 supra.

129 En tercer lugar, las demandantes alegan que la diferencia entre el fundamento y el objetivo declarados de las inspecciones de julio y de noviembre de 1997, por un lado, y el fundamento y el objetivo reales de las referidas inspecciones, por otro, revela que se incurrió en desviación de poder, justificándose, de este modo, la anulación de las Decisiones impugnadas.

130 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que la desviación de poder tiene una definición precisa en Derecho comunitario y que consiste en la adopción de un acto por una institución comunitaria con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso (véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 1991, Cargill/Comisión, C-248/89, Rec. p. I-2987, apartado 26, y de 25 de junio de 1997, Italia/Comisión, C-285/94, Rec. p. I-3519, apartado 52; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Ferriere Nord/Comisión, T-143/89, Rec. p. II-917, apartado 68, y de 24 de abril de 1996, Industrias Pesqueras Campos y otros/Comisión, asuntos acumulados T-551/93 y T-231/94 a T-234/94, Rec. p. II-247, apartado 168).

131 Pues bien, en el presente caso, resulta claramente que las inspecciones in situ efectuadas por la Comisión en julio y en noviembre de 1997 se basaban en el artículo 23 del Reglamento nº 4253/88, como la Comisión había indicado a Vela, a Sonda y a Tecnagrind en los escritos en los que informaba a dichas sociedades de su intención de proceder a tales inspecciones, y tenían por objeto verificar la regularidad de la gestión financiera y contable de los proyectos de que se trata con arreglo a lo establecido en dicho artículo.

132 Por tanto, procede desestimar el razonamiento de las demandantes basado en la existencia de desviación de poder.

133 Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, procede desestimar la primera parte del primer motivo.

Sobre la segunda parte del motivo

134 Las demandantes alegan que, en los presentes asuntos, la Comisión no aplicó correctamente las disposiciones de los artículos 23 y 24 del Reglamento nº 4253/88.

135 En primer lugar, Vela sostiene, en los asuntos T-141/99 y T-142/99, que al realizar la inspección de noviembre de 1997, la Comisión no procedió por sondeo, en contra de los requisitos establecidos por el artículo 23 del Reglamento nº 4253/88. Además, dichas inspecciones constituían, a su juicio, una mera repetición de las efectuadas en julio de 1993 y en julio de 1996.

136 Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia destaca, en primer lugar, que el artículo 23, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento nº 4253/88 dispone que los funcionarios o agentes de la Comisión pueden controlar in situ, «en particular mediante sondeos», las acciones financiadas por los fondos estructurales. Esta disposición se refiere a la técnica del control mediante sondeo a modo de ejemplo y no excluye, por tanto, que los funcionarios o agentes de la Comisión efectúen, en función de las circunstancias, inspecciones in situ más pormenorizadas que un control por sondeo.

137 En segundo lugar, es necesario destacar que, a tenor del artículo 23, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento nº 4253/88, la Comisión ha de procurar que las inspecciones que efectúa se realicen de forma coordinada a fin de evitar la repetición de las inspecciones relativos «a un mismo asunto durante el mismo período».

138 Pues bien, sin que sea necesa