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—

La demandante alega, a este respecto, que la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001 en relación con el artículo 118 del Reglamento no 1907/2006, por cuanto la divulgación de la información pertinente a un tercero vulnera la protección de sus intereses comerciales y de los derechos de propiedad intelectual, en la medida en que no existen intereses públicos superiores que justifiquen la divulgación de la información pertinente y por cuanto la demandada no hizo ninguna referencia en su decisión a la existencia de tal interés público que pudiera anular la necesidad de protección de dichos derechos de la demandante.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 151/23

Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2014 — LDC Argentina/Consejo

(Asunto T-118/14)

2014/C 151/31

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: LDC Argentina (Buenos Aires, Argentina) (representantes: J. Bellis y R. Luff, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1194/2013 del Consejo, de 19 de noviembre de 2013, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia (DO L 315, p. 2), en la medida en que afecta a la demandante.

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que las instituciones han incurrido en un manifiesto error de apreciación de los hechos al estimar que había una distorsión de los precios de la soja y del aceite de soja que justificaba la aplicación del artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento antidumping de base. (1)

2. Segundo motivo, basado en que el artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento antidumping de base, tal como es interpretado por las instituciones en este caso, no puede aplicarse a las importaciones procedentes de un miembro de la OMC, puesto que no está en consonancia con el Acuerdo antidumping de la OMC.

3. Tercer motivo, basado en que la valoración del daño no ha tomado en consideración los factores que rompen el nexo causal entre las supuestas importaciones objeto de dumping y el daño alegado, con infracción de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento antidumping de base.

(1) Reglamento (CE) no 1225/2009, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 159/34

Recurso interpuesto el 28 de febrero de 2014 — JingAo Solar y otros/Consejo

(Asunto T-158/14)

2014/C 159/46

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, China), Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd (Shanghái, China), Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd (Yangzhou, China), Hefei JA Solar Technology Co. Ltd (Hefei, China), Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd (Shanghái) y JA Solar GmbH (Múnich, Alemania) (representantes: A. Willems, S. De Knop y J. Charles, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Admita el recurso.

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (DO 2013, L 325, p. 66), en lo que afecta a los demandantes.

— Condene en costas al demandado.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que, al imponer medidas compensatorias sobre los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave procedentes de la República Popular China mientras que el anuncio de inicio del procedimiento mencionaba sólo módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave originarios de la República Popular China, las instituciones infringieron el artículo 10, apartados 12 y 13, del Reglamento (CE) no 597/2009 (1) del Consejo.

2. Segundo motivo, basado en que, al imponer medidas compensatorias sobre los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave que no habían sido objeto de una investigación antisubvención, las instituciones infringieron los artículos 1 y 27 del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo.

3. Tercer motivo, basado en que, al realizar una única investigación para dos productos distintos (a saber, módulos y células fotovoltaicas de silicio cristalino), las instituciones infringieron el artículo 2, letra c), del Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo.

(1) Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 188, p. 93)
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 129/33

Recurso interpuesto el 17 de febrero de 2014 — Bunge Argentina/Consejo

(Asunto T-116/14)

2014/C 129/40

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Bunge Argentina SA (Buenos Aires, Argentina) (representantes: J. Bellis y R. Luff, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1194/2013 del Consejo, de 19 de noviembre de 2013, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia (DO L 315, p. 2), en la medida en que afecta a la demandante.

— Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que las instituciones incurrieron en un manifiesto error al apreciar los hechos, pues concluyeron que había una distorsión de los precios de la soja y del aceite de soja que justificaba la aplicación del párrafo segundo del artículo 2, apartado 5, del Reglamento antidumping de base. (1)

2. Segundo motivo, basado en que el párrafo segundo del artículo 2, apartado 5, del Reglamento antidumping de base, tal como se interpreta por las instituciones en este caso, no puede aplicarse a las importaciones procedentes de un miembro de la OMC, puesto que el citado precepto no está en consonancia con lo dispuesto en el Acuerdo antidumping de la OMC.

3. Tercer motivo, basado en que la valoración del perjuicio no toma en consideración factores que rompen el nexo causal entre el supuesto perjuicio y las importaciones supuestamente objeto de dumping, con lo que se infringe el artículo 3, apartado 7, del Reglamento antidumping de base.

(1) Reglamento (CE) no 1225/2009, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).
1.

Primer motivo: la base jurídica es errónea. — La parte demandante alega que la demandada ha fundamentado la Decisión impugnada, erróneamente desde el punto de vista jurídico, en la nueva versión del Reglamento (UE) no 1151/2012 (1) vigente en el momento de adoptar la Decisión, en vez de hacerlo en el antiguo Reglamento (CE) no 510/2006 (2), en vigor en el momento en que la parte demandante presentó su solicitud. Con ello, la demandada ha vulnerado, a su juicio, el principio tempus regit actum. — Además, la parte demandante alega que, con arreglo al Reglamento no 510/2006, la solicitud de anulación de la inscripción en el registro era admisible y resultaba fundada. A este respecto alega, entre otras cosas, que concurrían dos motivos de anulación a los efectos del artículo 12, apartado 2, del Reglamento no 510/2006 (a su juicio, la denominación controvertida es una denominación genérica en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 510/2006 y, en el pliego de condiciones del registro, se delimitó incorrectamente la zona geográfica Silesia) y que la dispar interpretación y aplicación de dicho precepto vulnera los derechos fundamentales de las empresas de panadería de la República Federal de Alemania.
1.

Primer motivo, basado en que el Acuerdo antidumping de la OMC no permite ajustar los costes por la única razón de que son menores que los de otros mercados o están «distorsionados» debido a la intervención gubernamental. Por lo tanto, el artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), debería considerarse inaplicable en la medida en que contempla dicha posibilidad de ajustar los costes.
2)

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1), y en la aplicación errónea del artículo 11 del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento(CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140, p. 1). A este respecto se alega que la decisión obliga a las autoridades italianas a aplicar, a las cantidades adeudadas por las empresas por la restitución de la ayuda de Estado, los intereses al tipo compuesto, como establece el artículo 11 del Reglamento no 794/2004. El Gobierno italiano se opone a dicho extremo, por considerar que -también a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (y, en particular, de la sentencia de 11 de diciembre de 2008, dictada en el asunto C-295/07, Comisión/Département du Loiret y Scott SA)– dicho régimen de cálculo de los intereses no puede aplicarse a las decisiones de recuperación anteriores a la entrada en vigor del Reglamento no 794/2004 y, con mayor motivo, a las decisiones anteriores a la publicación de la Comunicación de la Comisión relativa a los tipos de interés aplicables a efectos de la recuperación de ayudas concedidas ilegalmente (DO C 110, p. 21).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 31/14

Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2013 — Pell Amar Cosmetics/OAMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

(Asunto T-621/13)

2014/C 31/25

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: rumano

Partes

Demandante: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Rumanía) (representante: E. Grecu, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Alva Management GmbH (Icking, Alemania)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior en el asunto R 388/2013-4.

— Condene en costas a la demandada y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa en blanco y negro que contiene el elemento denominativo «Pell amar dr. Ionescu — Calinesti» — Solicitud de registro de marca comunitaria no 10.109.981

Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca o signo invocado: Registro comunitario no 6.645.071, registro nacional alemán no 1.161.287, así como registros internacionales no 588.232 y 657.169 de la marca denominativa «PERLAMAR»

Resolución de la División de Oposición: Admisión parcial de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestima el recurso

Motivos invocados: Aplicación incorrecta del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 de Consejo, al no existir ningún riesgo de confusión entre la marca comunitaria solicitada y la invocada en el marco del procedimiento de oposición.
2)

Segundo motivo, basado en una infracción del artículo 907 del Reglamento (CEE) no 2454/93 y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular del artículo 41 relativo al derecho a una buena administración. La demandante alega que la Comisión hizo uso ilícitamente de la posibilidad de solicitar información y suspender, así, ese plazo de nueve meses, con objeto de eludir la futura aplicación del artículo 909 del Reglamento (CEE) no 2454/93 o, al menos, de posponerla. Asimismo supone una violación del principio de buena administración para atribuirse –en relación con la cuestión de si rige, en principio, el plazo de nueve meses–, como Comisión, el derecho a iniciar en 2013 una investigación completa en relación con la solicitud de condonación que fue presentada a finales de 2007 relativa a importaciones realizadas a partir del año 1999.
6)

Sexto motivo, basado en la infracción del artículo 174 TFUE, párrafo segundo Según las demandantes, la Comisión interpreta erróneamente la iniciativa cuando afirma que no cabe entender que el impulso de la situación de las minorías nacionales ayude a reducir las diferencias de desarrollo entre las regiones y el retraso de algunas regiones, como establece el artículo 174 TFUE, párrafo segundo. Las demandantes alegan que los promotores de la iniciativa no han propuesto la mejora de la situación de las minorías nacionales, sino que no pueda utilizarse la política de cohesión de la Unión para eliminar o debilitar las características nacionales, lingüísticas y culturales de esas regiones, y que no se pueda convertir las medidas y objetivos económicos de la Unión en instrumentos, siquiera indirectos, de políticas contra las minorías.
—

Anule la Decisión 2013/270/PESC del Consejo, de 6 de junio de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 156, p. 10) y el Reglamento de Ejecución (UE) no 522/2013 del Consejo, de 6 de junio 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 156, p. 3).
2)

Segundo motivo, basado en que la Comisión no apreció autónomamente si la parte demandante cumplía los requisitos pertinentes. En particular, ésta alega que la Comisión: a) no procuró ni aportó las pruebas para respaldar sus alegaciones; b) no garantizó que la motivación correspondiera a la formulada por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas ni procuró ni aportó en sus alegaciones los detalles suficientes para que la parte demandante pudiera defenderse adecuadamente; c) no examinó si alguna de las alegaciones se sustentaba en material viciado por haber sido obtenido mediante tortura, y d) no procuró ni aportó medios de prueba de descargo.
2)

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de transparencia La demandante alega, a este respecto, que, mediante su negativa a facilitar información concreta sobre las razones para la anulación de la licitación, la Comisión ha vulnerado el principio de transparencia establecido en el artículo 89, apartado 1, del Reglamento financiero. Alega que, en particular, no puede comprobar si las razones alegadas existen como tales. Además, señala que el mercado de suministradores de datos obtenidos por teledetección vía satélite de que se trata es altamente especializado, por lo que el posible número de proveedores es muy limitado y señala que, antes de adoptar su resolución sobre la anulación de la licitación, la Comisión no dio a entender que podía anularse la licitación, si no se alcanzaba un determinado número de licitadores.
1)

Primer motivo, dividido en dos partes, basado en la vulneración del concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que la Comisión calificó la compensación abonada a la SNCM y a la CNM de ayudas de Estado, en la medida en que no se cumplen totalmente los requisitos primero y cuarto fijados por la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747). — La parte demandante afirma, en la primera parte de este motivo, que la Decisión impugnada vulnera el concepto de ayuda de Estado en la medida en que la Comisión consideró que no se cumplía, en parte el primer requisito de la sentencia Altmark. A este respecto, la demandante considera: — en primer lugar que, al distinguir entre el servicio «básico» y el servicio «adicional», la Comisión incurrió en un error de hecho y de Derecho e hizo caso omiso del amplio margen de apreciación de que disponen los Estados miembros para definir los servicios de interés económico general; — en segundo lugar que, considerados en conjunto, los servicios cubiertos por el convenio de delegación de servicio público celebrado entre la SNCM y la CNM, por una parte, y la Office des Transports de la Corse y la Collectivité territoriale de Corse, por otra, constituyen un servicio de interés económico general y que dicho acuerdo cumple el primer requisito de la sentencia Altmark; — en tercer lugar que, incluso suponiendo que hubiera que distinguir entre el servicio «básico» y el servicio «adicional», el servicio adicional constituye, al igual que el servicio “básico”, un servicio de interés económico general y cumple el primer requisito de la sentencia Altmark, en la medida en que existe una necesidad real de servicio público en razón de la insuficiencia de los servicios regulares de transporte en una situación de libre competencia; — en la segunda parte de este motivo, la parte demandante afirma que la Decisión impugnada vulnera el concepto de ayuda de Estado en la medida en que la Comisión consideró que no se cumplía el cuarto requisito de la sentencia Altmark. La parte demandante considera que el procedimiento de contratación del convenio de servicio público permitió garantizar una competencia efectiva y, por tanto, la selección de la oferta económica más ventajosa para la colectividad.
10)

Décimo motivo, basado en la circunstancia de que la Comisión vulneró eno múltiples ocasiones el derecho de defensa de las demandantes y no motivó la adopción del Reglamento impugnado, ya que la comunicación definitiva en la que se basa no contiene hechos y consideraciones esenciales para la adopción de las medidas definitivas. Asimismo, la Comisión alteró el período de validez de las medidas sin dar motivos y sin permitir que las demandantes accedieran a su debido tiempo al expediente no confidencial ni que las demandantes dispusieran de tiempo suficiente para formular observaciones sobre la comunicación definitiva.
2)

Además, la demandante alega que, en caso de que la decisión sobre la aprobación de condiciones de vuelo sea una decisión discrecional, la demandada no ejercitó su potestad discrecional o, en todo caso, la ejercitó erróneamente. Según la demandante, la demandada actuó incorrectamente al invocar conocimientos sobre seguridad obtenidos en el procedimiento de certificación en el que la demandante no es parte. Por otro lado, se aduce que, en el presente procedimiento, la demandada no concretó suficientemente los supuestos peligros para la seguridad. En este contexto, la demandante alega que no se le dio la oportunidad de pronunciarse sobre las supuestas fuentes de peligro concretas. Por lo demás, la demandante indica que la argumentación de la demandada es claramente contradictoria.
2)

Segundo motivo, basado en la vulneración del Tratado y del Derecho adoptado para su aplicación — La demandante considera que la Decisión vulnera el Derecho de la Unión en la medida en que incurre en: a) error manifiesto de apreciación de los hechos, de la prueba y de la suficiencia probatoria, dado que la Comisión evalúa e interpreta erróneamente los datos aducidos por las partes en el procedimiento y, en consecuencia, no deduce de las pruebas aportadas a los autos las conclusiones más plausibles; b) error en la interpretación del artículo 101 TFUE y, en consecuencia, vulneración de dicha disposición, dado que la Comisión, infundada y erróneamente, consideró a las partes competidores potenciales en la generalidad de los mercados supuestamente incluidos en la obligación de no competencia, obligación que no podía calificarse de restricción por objeto, sin que la Comisión demostrara siquiera que se produjera efecto alguno; c) incumplimiento de la obligación de investigar y de pronunciarse, puesto que la Decisión no rectifica ni refuta los argumentos pertinentes presentados por las partes, especialmente en lo que atañe al alcance de la cláusula de no competencia; d) vulneración del principio in dubio pro reo, dado que la Comisión da por ciertos hechos desfavorables para la demandante que aún suscitan dudas relevantes y no dejan de ser inciertos para la propia Comisión; e) vulneración de los principios a cuyo cumplimiento se ha comprometido la Comisión para la aplicación de las multas, concretamente de lo expuesto en el apartado 13 de sus directrices sobre esta materia, dado que la Comisión calculó el importe de la multa para la generalidad de los mercados de comunicaciones electrónicas, con independencia de que estuvieran o no situados en la Península Ibérica, ignorando también el hecho de que, en todo caso, la supuesta infracción nunca persistió más allá del 29 de octubre de 2010; f) vulneración del principio de proporcionalidad, habida cuenta de las circunstancias del presente asunto y de los criterios que presiden la imposición de las multas.
1)

Primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la violación del principio de buena administración en particular por cuanto impone un deber de coherencia, del principio de contradicción, y en la vulneración de la confianza legítima de la parte demandante y del principio de equidad cuando la Comisión por primera vez, en su escrito de 2 de abril de 2013 que siguió a su decisión de 15 de febrero de 2013, rechazó por considerar que no cumplía los requisitos necesarios el proyecto no 25, propuesto por la parte demandante para cumplir el criterio de capacidad técnica, situando el número de proyectos seleccionables como proyectos de referencia por debajo del mínimo necesario.
—

Declare la inaplicabilidad de la Decisión 2012/829/PESC del Consejo, de 21 de diciembre de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán, y del Reglamento de Ejecución (UE) no 1264/2012 del Consejo, de 21 de diciembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán, en la medida en que el artículo 19, apartado 1, letras b) y c), de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39), se aplica a la parte demandante, y declare que ésta no se ve afectada por las medidas restrictivas contenidas en ella.
—

Según la demandante, la restricción lingüística realizada por la Comisión es discriminatoria porque las disposiciones citadas prohíben imponer a los ciudadanos europeos y a los propios funcionarios de las instituciones restricciones lingüísticas no previstas de forma general y objetiva en los Reglamentos internos de las instituciones mencionados en el artículo 6 del Reglamento no 1/58 ya citado, y hasta ahora no adoptados, y prohíben introducir tales limitaciones si no existe un interés específico y motivado del servicio.