AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Tercera)

de 11 de marzo de 2013

Asunto F‑17/12

Luigi Marcuccio

contra

Comisión Europea

«Función pública — Artículo 34, apartados 1 y 6, del Reglamento de Procedimiento — Demanda presentada mediante fax dentro del plazo habilitado para interponer recurso — Firma manuscrita del abogado distinta de la que figura en el original de la demanda enviado por correo — Extemporaneidad del recurso — Inadmisibilidad manifiesta»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud en su artículo 106 bis, mediante el cual el Sr. Marcuccio solicita, en esencia, la reparación del perjuicio que considera haber sufrido debido a la duración del procedimiento relativo a su solicitud de 25 de noviembre de 2002. La presentación por correo del original de la demanda fue precedido por el envío mediante fax, el 8 de febrero de 2012, a la Secretaría del Tribunal de la Función Pública que la recibió el mismo día, de un documento presentado como la copia del original de la demanda presentado por correo.

Resultado: Se declara al recurso manifiestamente inadmisible. Se condena al Sr. Marcuccio a cargar con sus propias costas y con las costas en que incurrió la Comisión.

Sumario

1. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Firma manuscrita de un abogado — Regla esencial de aplicación estricta — Inexistencia — Inadmisibilidad

(Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 19, párr. 3, y 21, párr. 1, y anexo I, art. 7, ap. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 34, ap. 1)

2. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Demanda presentada por fax dentro del plazo para interponer recurso — Firma manuscrita del abogado distinta de la que figura en el original de la demanda enviado por correo — Consecuencia — No toma en consideración de la fecha de recepción del fax a efectos de valorar el cumplimiento del plazo para interponer recurso

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 34; Estatuto de los Funcionarios, art. 91, ap. 3)

1. Del artículo 19, párrafo tercero, y del artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que un demandante debe estar representado por una persona facultada para ello y que el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión sólo podrá iniciarse válidamente mediante una demanda firmada por esta última. En virtud del artículo 7, apartado 1, del anexo I de ese mismo Estatuto del Tribunal de Justicia, dichas disposiciones son también de aplicación al procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública. Pues bien, ni el Estatuto del Tribunal de Justicia ni el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública establecen excepción o modificación alguna a dicha obligación.

En efecto, la exigencia de la firma manuscrita del representante de la parte demandante garantiza, en aras de la seguridad jurídica, la autenticidad de la demanda y excluye el riesgo de que ésta no sea obra del abogado o asesor facultado a tal efecto. De ese modo, este último, en su condición de auxiliar de la justicia cumple la misión esencial, que le confieren el Estatuto del Tribunal de Justicia y el Reglamento de Procedimiento, al permitir, mediante el ejercicio de su actividad, el acceso del demandante al Tribunal de la Función Pública. Por tanto, esta exigencia debe considerarse una forma sustancial y ser objeto de una aplicación estricta, de modo que su inobservancia acarrea la inadmisibilidad del recurso.

(véanse los apartados 22 y 23)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 5 de diciembre de 1996, Lopes/Tribunal de Justicia, C‑174/96 P, apartado 8, y la jurisprudencia citada

Tribunal de Primera Instancia: 23 de mayo de 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, apartados 50 a 52

2. En el marco del contencioso de la función pública de la Unión, a efectos de la presentación del original de cualquier acto procesal dentro de los plazos señalados, el artículo 34 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública no permite al representante de la parte de que se trata poner dos firmas manuscritas distintas, aunque sean auténticas, una en un documento transmitido por fax a la Secretaría del Tribunal de la Función Pública y otra en el original que se enviará por correo o entregado en mano en dicha Secretaría.

En esas circunstancias, si resulta que el original del acto presentado materialmente en la Secretaría en los diez días siguientes a su transmisión mediante copia por fax al Tribunal de la Función Pública no lleva la misma firma que la que figura en el documento enviado por fax, procede determinar que a la Secretaría del Tribunal de la Función Pública han llegado dos actos procesales distintos, provistos cada uno con una firma propia aunque hayan sido estampadas por la misma persona. Como la transmisión del texto enviado por fax no cumple los requisitos de seguridad jurídica que impone el artículo 34 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, la fecha de transmisión del documento enviado por fax no puede tenerse en cuenta a efectos del cumplimiento del plazo para interponer recurso.

Por otro lado, el plazo para interponer recurso está establecido en el artículo 91, apartado 3, del Estatuto, respecto del cual el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública no puede introducir ninguna excepción. En consecuencia, el original del recurso debe elaborarse a más tardar al finalizar dicho plazo. Desde ese punto de vista, el envío por fax es no sólo un medio de transmisión, sino que permite además probar que el original del recurso recibido en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública fuera de plazo ha sido elaborado dentro del plazo para interponer recurso.

(véanse los apartados 25 a 27)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 22 de septiembre de 2011, Bell & Ross BV/OAMI, C‑426/10 P, apartados 37 a 43