Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras — Directiva 93/37/CEE — Causas de exclusión de la participación en un contrato

(Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 24, párr. 1)

2. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras — Directiva 93/37/CEE — Causas de exclusión de la participación en un contrato

(Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 24, párr. 1)

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1. El Derecho de la Unión debe ser interpretado en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impone al contratista establecido en otro Estado miembro, para la adjudicación de un contrato en el Estado miembro del poder adjudicador, la obligación de estar registrado en este último Estado miembro como no incurso en las causas de exclusión enumeradas en el artículo 24, párrafo primero, de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, siempre que dicha obligación no obstaculice ni retrase la participación del contratista en la licitación pública en cuestión, ni genere cargas administrativas excesivas, y siempre que sólo tenga la finalidad de comprobar las aptitudes profesionales del interesado en el sentido de dicho artículo.

En efecto, el hecho de que un contratista establecido en otro Estado miembro presente certificados expedidos por las autoridades competentes de dicho Estado no basta para acreditar, de modo concluyente, el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Por una parte, el artículo 24, párrafo primero, letras e) y f), de la Directiva 93/37 establece que el contratista debe estar al corriente en sus obligaciones sociales y tributarias también en el Estado miembro del poder adjudicador. Por otra parte, el artículo 24, párrafo segundo, segundo guión, al referirse a los certificados expedidos por la autoridad competente del Estado miembro en cuestión, permite un control distinto de tal contratista en el Estado miembro en el que se desarrolla la licitación pública controvertida.

En consecuencia, una obligación de registro no puede ser considerada como una causa de exclusión adicional a las enumeradas en el artículo 24, párrafo primero, de la Directiva 93/37 si se concibe como una modalidad de ejecución de dicha disposición que sólo pretende comprobar que el contratista que desee participar en una licitación pública no incurre en alguna de las causas de exclusión mencionadas, en concreto en las relativas al pago de las cotizaciones de seguridad social y de los impuestos y gravámenes.

(véanse los apartados 40, 44 y 53 y el punto 1 del fallo)

2. El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que es contrario a una normativa nacional en virtud de la cual la comprobación de los certificados expedidos a un contratista de otro Estado miembro por las autoridades tributarias y sociales de este último Estado miembro se confía a una instancia distinta al poder adjudicador cuando:

— dicha instancia esté compuesta mayoritariamente por personas nombradas por las organizaciones de empresarios y de trabajadores del sector de la construcción de la provincia en la que se desarrolla la licitación pública controvertida, y

— dicha facultad se extienda a un control de fondo de la validez de dichos certificados.

Aunque las disposiciones de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, no se oponen, en principio, a que el Derecho nacional confíe la comprobación de la ausencia de causas de exclusión, en el sentido del artículo 24, párrafo primero, de dicha Directiva, a una instancia distinta al poder adjudicador, la composición y las competencias de tal instancia deben ser, no obstante, compatibles con el objetivo de garantizar el respeto del Derecho de la Unión sobre contratación pública.

(véanse los apartados 55, 58 y 66 y el punto 2 del fallo)