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1. Agricultura ° Aproximación de las legislaciones ° Lucha contra la peste porcina clásica ° Directivas 80/217/CEE y 80/1095/CEE ° Obligación de los Estados miembros de establecer un régimen de indemnización a los propietarios de los animales sacrificados por orden de las autoridades nacionales ° Inexistencia

(Directivas del Consejo 80/217 y 80/1095)

2. Derecho comunitario ° Principios ° Igualdad de trato ° Discriminación por razón de nacionalidad ° Normativa en materia de lucha contra la peste porcina clásica que no obliga a los Estados miembros a indemnizar a los propietarios de animales sacrificados por orden de las autoridades nacionales ° Inexistencia de discriminación ° Adopción de un régimen de indemnizaciones por parte de determinados Estados miembros en el marco de sus competencias y existencia de obligación de indemnizar en el marco de la lucha contra otras enfermedades del ganado ° Irrelevancia

(Tratado CEE, arts. 7 y 40, ap. 3, párr. 2)

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1. Al adoptar las Directivas 80/217 y 80/1095, por las que se establecen medidas de lucha contra la peste porcina clásica, el legislador comunitario no pretendió regular los aspectos financieros de la ejecución de dichas medidas por parte de los propietarios de los animales afectados ni, en particular, imponer medidas de indemnización a favor de dichos propietarios. A falta de disposiciones comunitarias sobre el particular, la indemnización a los propietarios de cerdos sacrificados por orden de las autoridades nacionales en el marco de las medidas de lucha contra dicha enfermedad es competencia de cada Estado miembro. De ello se sigue que la normativa comunitaria aplicable en materia de lucha contra la peste porcina clásica debe interpretarse en el sentido de que no obliga a los Estados miembros a establecer un régimen de indemnización a los propietarios de cerdos sacrificados por orden de las autoridades nacionales.

2. La normativa comunitaria en materia de lucha contra la peste porcina clásica no viola el principio de no discriminación establecido en el artículo 7 del Tratado ya que, al no obligar a los Estados miembros a establecer un régimen de indemnización a los propietarios de los cerdos sacrificados por orden de las autoridades nacionales no se le puede reprochar que establezca un régimen de indemnización distinto en función de la nacionalidad de los propietarios de animales sacrificados.

La circunstancia de que, en ejercicio de las competencias que conservan, algunos Estados miembros hayan adoptado un régimen de indemnización a dichos propietarios mientras que otros Estados miembros no lo han adoptado tampoco infringe las normas del Tratado.

Además, la circunstancia de que la Comunidad haya obligado a indemnizar, total o parcialmente, a los propietarios de animales sacrificados para luchar contra las enfermedades del ganado distintas de la peste porcina clásica, tampoco viola el principio de no discriminación ni el principio de igualdad de trato establecido en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 40 del Tratado, habida cuenta de que las situaciones controvertidas son objetivamente distintas.
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Arancel Aduanero Común ° Partidas arancelarias ° Carne de animales que viven en estado salvaje pero que, por sus características zoológicas y genéticas, pertenecen a la especie porcina doméstica ° Clasificación en la subpartida 02.01 A. III. b) ° Exclusión

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El Arancel Aduanero Común debe interpretarse en el sentido de que, por lo que se refiere a las importaciones procedentes de Bulgaria efectuadas entre 1983 y 1985, la carne de animales que, por sus características zoológicas y genéticas, pertenecen a la especie porcina doméstica, aun cuando haya sido certificada por las autoridades competentes de Bulgaria como carne de cerdos que viven en Bulgaria en estado salvaje (cerdos salvajes tipo B), no está comprendida en la subpartida arancelaria 02.01 A. III. b), tal como se define en el Reglamento nº 3000/82, por el que se modifica el Reglamento nº 950/68 relativo al Arancel Aduanero Común (carnes de las especies porcinas distintas de la doméstica).

En efecto, teniendo en cuenta el texto de las distintas subpartidas en las que puede clasificarse la carne de porcino, del que resulta que el criterio para la clasificación que debe efectuarse entre la carne de animales de especies porcinas domésticas y la carne de porcino procedente de las demás especies reside en el concepto de especie, el cual designa una categoría que se define mediante criterios objetivos de orden zoológico y genético y según el modo específico de crianza de los animales, la subpartida 02.01 A. III. b) sólo puede comprender la carne procedente de especies porcinas que se diferencian de las especies porcinas domésticas por sus características zoológicas y genéticas.

Esta interpretación no puede quedar invalidada por una modificación introducida en 1992 en las Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada, según la cual la carne de los animales de la especie porcina certificada por las autoridades competentes de Australia como carne de cerdos que viven en Australia en estado salvaje se considerará como carne distinta a la doméstica, puesto que se trata de una Nota adoptada varios años después de las importaciones consideradas, para la aplicación de una Nomenclatura distinta, que la nota se refiere únicamente al caso particular de Australia y que no se ha adoptado ningún texto del mismo tipo para la carne procedente de Bulgaria.
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Arancel Aduanero Común ° Partidas arancelarias ° Clasificación de las mercancías ° Criterios ° Características objetivas del producto ° Procedimientos de fabricación ° Requisito para tenerlos en cuenta ° Regla general 2 a) ° Artículo presentado desmontado o sin montar ° Interpretación ° Utilización de las Notas Explicativas de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera ° Límites

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Aunque es cierto que en determinados casos el Arancel Aduanero Común contiene referencias a los procedimientos de fabricación de las mercancías, en general recurre preferentemente, en aras de la seguridad jurídica y de la facilidad de los controles, a criterios de clasificación basados en las características objetivas de los productos, tal y como se definen en el texto de las partidas y de las notas de las Secciones o de los Capítulos, que se pueden comprobar en el momento de efectuar el despacho aduanero. Los procedimientos de fabricación de un producto sólo son determinantes cuando la partida arancelaria lo establezca explícitamente.

Por consiguiente, la segunda frase de la Regla general 2 a) de las Reglas generales para la interpretación de la Nomenclatura del Arancel Aduanero Común, que figura en la letra A del Título Primero de la Primera Parte del Anexo del Reglamento nº 950/68, relativo al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento nº 1/72, que, sin caracterizar la operación de montaje, establece que, desde el punto de vista arancelario, el artículo presentado desmontado o sin montar debe ser considerado como artículo completo, debe interpretarse en el sentido de que procede considerar como artículo presentado desmontado o sin montar al artículo cuyos elementos constitutivos, es decir, aquellos que pueden identificarse como elementos destinados a integrar el producto acabado, se presenten todos simultáneamente para su despacho aduanero y que, a tal efecto, no procede tener en cuenta la técnica de ensamblaje o la complejidad del método de montaje.

No cabe oponer a esta interpretación una de las Notas Explicativas de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, ya que tal Nota carece de fuerza vinculante y no debe ser considerada cuando su tenor no se adecua a las propias disposiciones del Arancel Aduanero Común y al tomarla en cuenta se modificaría el alcance de dicho Arancel.
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1. Disposiciones fiscales ° Armonización de las legislaciones ° Impuestos sobre el volumen de negocios ° Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido ° Sexta Directiva ° Ambito de aplicación ° Exportación de mercancías que no pueden exportarse con determinados destinos a causa de su posible utilización con fines estratégicos ° Inclusión

(Directiva 77/338 del Consejo)

2. Disposiciones fiscales ° Armonización de las legislaciones ° Impuestos sobre el volumen de negocios ° Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido ° Exenciones previstas por la Sexta Directiva ° Entrega de bienes enviados o transportados por el vendedor fuera del país ° Distinción entre exportaciones lícitas e ilícitas ° Inexistencia

(Directiva 77/388 del Consejo, art. 15, ap. 1)

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1. El principio de neutralidad fiscal, en el que se basa la Sexta Directiva, se opone a que, mediante la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, se realice, de manera general, una diferenciación entre transacciones lícitas e ilícitas, excepto en los casos en que, por las características específicas de determinadas mercancías, quede excluida toda competencia entre un sector económico lícito y otro ilícito.

No sucede así con las mercancías respecto a las cuales se prohíben todas las operaciones no en razón de la naturaleza misma de dichas mercancías o de sus características específicas y cuya exportación se prohíbe únicamente hacia determinados destinos precisos, a causa de una posible utilización con fines estratégicos. Semejante prohibición no podría, en consecuencia, bastar por sí misma para excluir la exportación de estas mercancías del campo de aplicación de la Directiva.

2. El apartado 1 del artículo 15 de la Sexta Directiva 77/388, relativo a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de bienes enviados o transportados por el vendedor fuera del país, no supone, en lo que respecta a las exenciones, distinción alguna entre exportaciones lícitas e ilícitas, de manera que, cuando estas últimas versan sobre mercancías incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, deben recibir el mismo trato que las exportaciones lícitas de las mismas mercancías. De ello se sigue que dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que la exención en las operaciones de exportación que prevé no puede ser denegada cuando dichas operaciones se efectúen infringiendo las disposiciones nacionales que supeditan a una autorización previa las exportaciones con destino a Estados para los cuales, como consecuencia de disposiciones nacionales de embargo, no podría obtenerse una autorización en ningún Estado miembro de la Comunidad.

Esta declaración no prejuzga en absoluto la competencia de los estados miembros para perseguir las infracciones a su legislación en materia de autorización de exportación con destino a determinados países terceros mediante sanciones apropiadas, aunque éstas incluyan consecuencias pecuniarias.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEXTA) DE 25 DE MAYO DE 1993. - INNOVATION ET RECONVERSION INDUSTRIELLE ASBL CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - FONDO SOCIAL EUROPEO - SOLICITUD DE ANULACION DE UNA REDUCCION DE UNA AYUDA FINANCIERA CONCEDIDA ANTERIORMENTE. - ASUNTO C-334/91.



Recopilación de Jurisprudencia 1993 página I-02851



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Política social ° Fondo Social Europeo ° Ayuda para la financiación de acciones de formación profesional ° Decisión de reducción de una ayuda inicialmente concedida ° Posibilidad de que goza el Estado miembro afectado de presentar sus observaciones antes de la adopción de la decisión ° Requisito sustancial de forma ° Incumplimiento ° Ilegalidad

(Reglamento nº 2950/83 del Consejo, art. 6, ap. 1)

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En el marco del procedimiento de concesión de ayudas económicas, por parte del Fondo Social Europeo, para las acciones de formación y orientación profesional llevadas a cabo en un Estado miembro, el Estado miembro afectado es el único interlocutor del Fondo y asume una responsabilidad, en la medida en que certifica la exactitud fáctica y contable de los datos que figuran en las solicitudes de pago presentadas por los beneficiarios y en cuanto que puede, incluso, verse obligado a garantizar el buen fin de las acciones de formación. Habida cuenta del papel central y de la importancia de las responsabilidades que asume al presentar los proyectos de formación y controlar su financiación, la posibilidad que el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento nº 2950/83 confiere al Estado miembro afectado de formular sus observaciones con carácter previo a la adopción de una decisión de reducción de la ayuda económica inicialmente concedida, constituye un requisito sustancial de forma, cuyo incumplimiento supone la nulidad de la decisión de reducción.
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1. Actos de las Instituciones ° Elección de la base jurídica ° Criterios

2. Medio ambiente ° Eliminación de los residuos ° Directiva que tiene por objeto la aplicación del principio de corrección en la fuente de los ataques al medio ambiente ° Base jurídica ° Artículo 130 S del Tratado ° Efectos accesorios sobre el funcionamiento del mercado interior ° Falta de incidencia

(Tratado CEE, arts. 30, 100 A, 130 R, ap. 2 y 130 S; Directiva 91/156 del Consejo)

3. Procedimiento ° Intervención ° Demanda que no tiene por objeto apoyar las pretensiones de una de las partes ° Inadmisibilidad

(Estatuto del Tribunal de Justicia CEE, art. 37, párr. 3)

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1. En el marco del sistema de competencias de la Comunidad, la elección de la base jurídica de un acto debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional. Entre dichos elementos figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto.

2. La Directiva 91/156 relativa a los residuos tiene por objeto asegurar la gestión de estas materias, cualquiera que sea su origen, industrial o doméstico, conforme a las exigencias de protección del medio ambiente. Si bien es cierto que los residuos, reciclables o no, deben ser considerados como productos cuya circulación, con arreglo al artículo 30 del Tratado, no debe ser, en principio, obstaculizada, la Directiva cuestionada no puede ser considerada como dirigida a realizar la libre circulación de estos productos, pues ella aplica, más bien al contrario, el principio de corrección, preferentemente en la fuente, de los ataques al medio ambiente; principio establecido en el apartado 2 del artículo 130 R del Tratado, para la acción de la Comunidad en materia del medio ambiente. La Directiva podía, por tanto, adoptarse válidamente en virtud únicamente del artículo 130 S del Tratado.

El hecho de que determinadas disposiciones de la Directiva tengan incidencia sobre el funcionamiento del mercado común no basta para que sea aplicable el artículo 100 A del Tratado. En efecto, basarse en esta disposición no está justificado cuando, como en el presente caso, el acto que ha de adoptarse sólo tiene accesoriamente el efecto de armonizar las condiciones del mercado en el interior de la Comunidad.

3. Según el párrafo tercero del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia (CEE), las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las de una de las partes litigantes. No se cumple este requisito cuando las pretensiones de la parte coadyuvante se apartan de las de la parte que pretende apoyar, que solicita la anulación de un acto en su totalidad, en la medida en que, amparándose en fundamentos jurídicos ajenos realmente a los formulados por esta última parte, sólo tiene por objeto la anulación de las disposiciones del acto impugnado.
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Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Interpretación de la normativa comunitaria ° Derecho antidumping ° Aplicación de los tipos del derecho antidumping individualmente asignados a los exportadores ° Exportación efectuada por una empresa intermediaria ° Irrelevancia

(Reglamento nº 374/87 del Consejo, art. 1, ap. 3)

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El apartado 3 del artículo 1 del Reglamento nº 374/87, por el que se establece la percepción definitiva de los importes garantizados mediante un derecho provisional y un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de cajas de cojinetes con rodamiento, originarias de Japón, que prevé la aplicación de los tipos del derecho antidumping individualmente asignados a siete exportadores específicamente nombrados y de un tipo residual más elevado para los demás exportadores, debe interpretarse teniendo en cuenta no sólo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. Ahora bien, del Reglamento de base relativo a la defensa contra las importaciones que son objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea resulta que el importe de los derechos antidumping no puede sobrepasar el margen de dumping y debe ser inferior si el derecho así reducido es suficiente para hacer desaparecer el perjuicio. Este principio, que está también consagrado en el artículo 8 del Código antidumping del GATT, sería vulnerado si a un producto, exportado por una empresa intermediaria, debiera aplicarsele un derecho antidumping superior al que es aplicable cuando el mismo producto es exportado al mercado comunitario por la empresa que se lo ha vendido. Si bien, en este último caso, el derecho fijado se consideró suficiente para hacer desaparecer el perjuicio, la aplicación, en el otro caso, de un derecho superior sería desproporcionada respecto al objetivo perseguido.

Por consiguiente, el apartado 3 del artículo 1 del Reglamento nº 374/87 debe interpretarse en el sentido de que, para que sea aplicable el tipo del derecho antidumping individualmente asignado a un exportador específicamente nombrado, basta con que se pueda demostrar que las cajas de cojinetes con rodamiento que se desea importar han sido fabricadas por o para éste.
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1. Procedimiento ° Sometimiento del asunto al Tribunal de Justicia en virtud de una cláusula compromisoria ° Cláusula compromisoria ° Concepto ° Atribución de competencia al Tribunal de Justicia, prevista por la normativa comunitaria relativa al suministro de productos destinados a la ayuda alimentaria ° Inclusión

(Tratado CEE, art. 181; Reglamento nº 3972/86 del Consejo; Reglamento nº 2200/87 de la Comisión, art. 23)

2. Agricultura ° Política Agraria Común ° Ayuda alimentaria ° Ejecución ° Sistema de licitación ° Demora en la entrega ° Sanción ° Retención sobre el importe adeudado en concepto de pago de suministros ° Ilegalidad ° Derecho a la devolución junto con los intereses de los importes retenidos, salvo renuncia o prescripción

(Reglamento nº 2200/87 de la Comisión)

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1. Conforme al Reglamento nº 3972/86 sobre la política y la gestión de la ayuda alimentaria, esta ayuda se proporciona de acuerdo con compromisos contractuales celebrados entre la Comisión y los respectivos adjudicatarios. No puede considerarse que las relaciones entre estos últimos y la Comisión están totalmente definidos por las disposiciones reglamentarias especialmente, respecto al hecho de que el precio del suministro es consecuencia de la oferta de los licitadores y de su aceptación por parte de la Comisión. Debido a que los Reglamentos según los cuales se ha procedido a una adjudicación prevén que los suministros se efectuarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento nº 2200/87, por el que se establecen las modalidades generales de movilización en la Comunidad de productos que deben suministrarse en concepto de ayuda alimentaria comunitaria, la cláusula que figura en su artículo 23, por el que el Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre todo litigio que resulte de la ejecución, falta de ejecución o interpretación de las modalidades de los suministros efectuados de conformidad con dicho Reglamento, forma parte integrante de los contratos de suministros y, de este modo, debe ser considerada como una cláusula compromisoria en el sentido del artículo 181 del Tratado.

2. El Reglamento nº 2200/87, por el que se establecen las modalidades generales de movilización en la Comunidad de productos que deben suministrarse en concepto de ayuda alimentaria comunitaria, no confiere a la Comisión la facultad de aplicar retenciones sobre el importe debido en concepto de pago de un suministro, como consecuencia de una demora en la entrega. El hecho de que un adjudicatario no se haya opuesto a las retenciones practicadas por la Comisión antes de que el Tribunal de Justicia declarase la ilegalidad de esta práctica, al no existir renuncia o prescripción, la Comisión no puede justificar su negativa a proceder a la devolución de los importes retenidos incrementados por los intereses previstos en el mencionado Reglamento.
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Base imponible - Venta de vehículos de ocasión entre sujetos pasivos - Régimen nacional que prescinde de la base imponible que resulta de la Sexta Directiva en favor de una base mínima - Improcedencia

(Directiva del Consejo 77/388, arts. 11, 27 y 32)

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Las disposiciones de la Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de impuestos sobre el volumen de negocios deben ser interpretadas en el sentido de que son contrarias a una legislación nacional que establece, para la venta de automóviles de ocasión entre sujetos pasivos del IVA, una base imponible mínima de IVA distinta de la que resulta del artículo 11 de dicha Directiva, según el cual la base imponible estará constituida, en las entregas de bienes, por la totalidad de la contraprestación que quien realice la entrega obtenga o vaya a obtener del comprador.

Tal legislación no halla justificación, ni con arreglo al artículo 32 de la Directiva, cuyo ámbito de aplicación no comprende las ventas de bienes de ocasión cuando éstas, al realizarse entre sujetos pasivos que pudieron ejercitar un derecho a deducción en concepto de bienes de inversión, no entrañan el riesgo de doble imposición, ni con arreglo a su artículo 27 que, si bien autoriza medidas especiales de inaplicación para evitar fraudes o evasiones fiscales, no permite una inaplicación global de las normas del artículo 11, tal como la sustitución del precio acordado entre las partes por una base mínima.