3.

a) Observa la Hessische Landesbank (en lo sucesivo, «Helaba»), en primer lugar, que, en el caso de autos, la operación inmobiliaria objeto del litigio se desarrolló íntegramente en la República Federal de Alemania, sin que guarde punto de conexión alguno con Francia. A continuación, señala que el principio de una correcta administración de Justicia, que es uno de los principales objetivos del Convenio, aboga incontestablemente en favor de la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales alemanes para conocer de la totalidad del litigio principal. En efecto, dado que tanto el daño inmediato como el perjuicio causado por vía indirecta proceden de una misma causa, no cabe disociarlos desde la perspectiva de la competencia judicial. Estimar ajustado a Derecho lo alegado por las sociedades demandantes en el litigio principal significa tanto, de acuerdo con Helaba, como consagrar el principio del forum actons, solución contraria tanto al texto del Convenio como al espíritu que lo informa. Alega, por último, Helaba, que no cabe aplicar la doctrina jurisprudencial que se desprende de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Mines de potasse d'Alsace a un supuesto como el de autos, dado que los problemas planteados en ambos son distintos. De esta manera, en el asunto arriba citado estaban disociadas desde el principio la causa y la primera manifestación material del daño, mientras que, en el caso de autos se da, en primer momento, una unidad espacial entre el acto reputado lesivo y sus consecuencias inmediatas, razón por la cual, tanto la Doctrina autorizada (Bischoff, Gothot y Holleaux) como el Abogado General Sr. Warner, en las conclusiones por él presentadas con carácter previo a la sentencia de 16 de diciembre de 1980 (Rüffer, 814/79, Rec. 1980, p. 3807), consideran que no cabe hacer extensiva al daño causado por vía indirecta la doctrina que se desprende de la sentencia dictada en el asunto Mines de potasse d'Alsace. Por consiguiente, Helaba solicita al Tribunal de Justicia que declare que: «— En aquellos supuestos en que los lugares en que se sitúen la causa del daño y el perjuicio inmediato que de ésta derive no sea el mismo a aquél en el que un perjudicado por vía indirecta haya sufrido las consecuencias de dicho daño, la expresión “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso”, contenida en el apartado 3 del artículo 5 del Convenio, así como la expresión “lugar de realización del daño”(traducción provisional), utilizada en la sentencia dictada en el asunto Mines de potasse d'Alsace, deben entenderse en el sentido de que están haciendo referencia únicamente al lugar en que se haya producido el daño material (independientemente de que coincida o no con el lugar en que se haya producido el hecho generador del mismo). — Esta conclusión, sentada con carácter general para el supuesto de un daño causado por vía indirecta, el único contemplado en la resolución de remisión de la Cour de cassation, es igualmente válida en relación con un hecho delictivo que genere un daño cuya víctima (directa) deba sufrir las repercusiones del mismo en lugares distintos. — Que, en aquellos supuestos en los que las consecuencias de un daño causado en un determinado lugar se manifiesten en otro distinto (para un perjudicado tanto por vía directa como indirecta), la parte demandante, cuando opte por el tribunal del lugar de realización del daño, no puede entablar demanda sino ante el tribunal competente en función del lugar en que se haya realizado el daño inicial o inmediato.» Para una exposición más completa del razonamiento seguido, en la que se expongan detalladamente sus pretensiones, Helaba se remite al Dictamen del Profesor Pierre Bourel, que acompaña sus observaciones escritas. b) El Profesor Bourel inicia su exposición con dos observaciones preliminares. Observa, en primer lugar, que aunque la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional a quo contemple únicamente el daño causado por vía indirecta (es decir, el daño que, sufrido por una persona, no sea sino la mera repercusión del sufrido por otra), este supuesto no puede disociarse de aquél en que un daño inicialmente realizado en un determinado lugar se prolongue o repercuta en otro distinto, sin que varíe la persona del perjudicado. Ya que, dado el tenor del apartado 3 del artículo 5 del Convenio, los términos del problema son los mismos, sería deseable que el Tribunal de Justicia diera una respuesta global que abarcara los dos casos mencionados. Señala seguidamente el Profesor Bourel que ya en una ocasión se solicitó del Tribunal de Justicia (sentencia de 16 de diciembre de 1980, ya citada) que interpretara el apartado 3 del artículo 5 del Convenio, en un supuesto en el que, a diferencia del litigio principal en el caso de autos, el demandante actuaba en calidad de perjudicado directo; no obstante, como en el caso que nos ocupa, alegaba un perjuicio financiero sufrido en su propio domicilio, como consecuencia de un hecho dañoso realizado en un lugar distinto. Si bien el Tribunal de Justicia no debió pronunciarse sobre esta cuestión, al haber decidido con carácter previo que el caso sometido a su conocimiento quedaba fuera del ámbito material de aplicación del Convenio, las observaciones de la Comisión y las conclusiones del Abogado General en dicho asunto se decantaron claramente en favor de una interpretación restrictiva del apartado 3 del artículo 5, por el motivo de que tanto el espíritu que informa el Convenio como el peligro de que se multiplique el número de tribunales competentes milita en contra de la admisión de un fuero competencial basado en el domicilio del demandante o en el lugar de realización mediata del daño. En definitiva, ha de excluirse la toma en consideración de todo criterio atributivo de competencia distinto del territorio en el que se haya realizado el daño inicial. En opinión del Profesor Bourel, esta conclusión se desprende, en primer lugar, de la propia sentencia dictada en el asunto Mines de potasse d'Alsace. Por un lado, esta sentencia se dictó partiendo del supuesto de una disociación geogràfica, existente desde un principio, entre el daño y su causa, mientras que la cuestión planteada por la Cour de cassation francesa contempla un caso distinto en el que, con posterioridad a la perpetración del delito, se generan un serie de daños en cadena o en cascada, localizados cada uno de ellos en lugares distintos. De lo dicho se desprende que no cabe hacer extensiva esta doctrina jurisprudencial a un supuesto que presenta características distintas. Por otra parte, el análisis de la redacción de la sentencia conduce a una conclusión idéntica. En efecto, al mencionar expresamente el lugar de «realización» del daño, el único supuesto al que el tribunal podía estar haciendo referencia era el de un daño producido junto con su hecho generador. Afirma acto seguido el Profesor Bourel que lo alegado por las partes demandantes en el litigio principal es contrario tanto a los objetivos del Convenio como al espíritu que lo informa. En primer lugar, es preciso descartar la idea de la necesidad de proteger a la víctima, cosa que, por otra parte, hizo el Tribunal de Justicia en la sentencia dictada en el asunto Mines de potasse d'Alsace, puesto que es demasiado poco consistente como para servir de base, por sí sola, a un fuero de competencia judicial. Por otra parte, reconocer al perjudicado la posibilidad de entablar demanda ante el tribunal del lugar de producción por vía indirecta del daño supondría crear un fuero nuevo basado en el domicilio del demandante, en contradicción flagrante con el Convenio. Alega, en segundo lugar, el Profesor Bourel que el objetivo principal del Convenio es garantizar una correcta administración de Justicia. Si, a este respecto, sería de desear una relación de proximidad entre el juez y el fondo del litigio, el objetivo de un funcionamiento racional de la administración de Justicia se vería comprometida por cualquier solución que condujese a elevar excesivamente el número de tribunales competentes. Ahora bien, aplicar el principio atributivo de competencia contemplada en el apartado 3 del artículo 5 al conocimiento de un daño causado por vía indirecta conduciría necesariamente a resultados incoherentes, en la medida en que la consecuencia de todo ello sería reconocer la competencia del juez de lugar del daño a que acabamos de hacer referencia a pronunciarse sobre la reparación que proceda con independencia del daño inmediato, cuando el daño causado por vía indirecta no sería sino la consecuencia necesaria del perjuicio directo. De lo dicho se desprende que una correcta administración de Justicia exige que la competencia para conocer al mismo tiempo del daño inicial y de las consecuencias que hayan podido generarse ulteriormente es preciso atribuirla al tribunal del lugar en que se haya producido dicho daño inicial. Por otra parte, la concentración de competencias constituye otra faceta de una correcta administración de Justicia. Ahora bien, el atribuir competencia al tribunal del lugar de realización por vía indirecta del daño conduciría a multiplicar el número de órganos jurisdiccionales competentes, con el consiguiente riesgo del conflicto que puede suscitarse entre dos resoluciones contradictorias dictadas por sendos tribunales llamados a conocer, cada uno de ellos, de aspectos fragmentarios de un todo generador de responsabilidad. Puesto que los instrumentos procedimentales del Convenio no permiten eliminar este tipo de conflictos, es preciso deducir que no cabe, dentro de la sistemática del Convenio, hipótesis alguna que dé lugar a semejante conflicto. Por añadidura, la interpretación restrictiva por la que abogan las partes demandadas en el litigio principal es la que prevalece en la mayoría de los sistemas jurídicos nacionales. De esta manera, en Francia, tanto la normativa legal como la jurisprudencia se oponen, desde la perspectiva del Derecho interno, a erigir el lugar en que se manifiesten las consecuencias de un hecho dañoso en un criterio autónomo de atribución de competencia territorial, distinto del lugar de realización del propio hecho dañoso. Por lo que respecta al Derecho internacional, no existe aún en Francia doctrina jurisprudencial sobre la cuestión objeto del litigio; ahora bien, las resoluciones dictadas en supuestos próximos al de autos manifiestan una escasa proclividad a favor del forum actoris. En cualquier caso, los tribunales franceses manifiestan una clara tendencia a transponer al Derecho internacional los principios atributivos de competencia territorial a nivel interno. Por otra parte, en algunos otros Estados miembros, los órganos jurisdiccionales se han pronunciado en contra de la competencia de foro del domicilio privado o social del demandante (cuando coincida con el lugar en que se manifiesten las consecuencias financieras de un daño inicialmente producido en otro distinto). Tal es el caso de los Países Bajos, de la República Federal de Alemania y de Italia, pronunciándose la doctrina británica en el mismo sentido. De todo lo expuesto, el Profesor Bourel extrae unas conclusiones textualemnte idénticas a las que llega Helaba y a las que ya hemos hecho referencia.