Palabras clave

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Palabras clave

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1. Funcionarios - Condiciones de trabajo - Obligación de estar en todo momento a disposición de la Institución - Alcance - Obligación de los interesados de comunicar su dirección particular si la administración se lo pide - Inobservancia - Sanción disciplinaria

(Estatuto de los Funcionarios, art. 55, párr. 1)

2. Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas - Funcionarios y agentes de las Comunidades - Exención de las formalidades de registro de extranjeros - Comunicación por las Instituciones a las autoridades nacionales del país de acogida de las direcciones particulares de los funcionarios

[Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, arts. 12, b), y 16; Estatuto de los Funcionarios, art. 23, párr. 2]

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1. Al no requerir ninguna medida de aplicación y al ser directamente oponible a los funcionarios, el párrafo primero del artículo 55, a cuyo tenor los funcionarios en activo estarán a disposición de su Institución en todo momento, supone que la Institución de que se trate disponga de toda la información necesaria para poder ponerse en contacto con ellos en sus domicilios. Por consiguiente, el que un funcionario se niegue a comunicar su dirección particular a la Institución de la que depende constituye un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de dicha disposición que puede justificar una sanción disciplinaria.

El hecho de que la Comisión haya solicitado dicha información en el marco de la aplicación de un Acuerdo celebrado entre el país de acogida y las Instituciones de la Comunidad, en materia de información relativa a los funcionarios de esas Instituciones, carece de pertinencia, puesto que la obligación que tiene el funcionario de comunicar su dirección particular resulta directamente del Estatuto.

2. Lo dispuesto en la letra b) del artículo 12 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, en relación con el artículo 16, no autoriza a que un funcionario se niegue a comunicar su dirección a la Institución de la que depende cuando ésta se niegue a garantizarle que tal información no será transcrita en las Oficinas de Empadronamiento del país de acogida. En efecto, si bien el artículo 12 dispone que los funcionarios comunitarios no estarán sujetos a las disposiciones que limitan la inmigración ni a las formalidades de registro de extranjeros, del texto mismo del artículo 16 del Protocolo, según el cual periódicamente se comunicará a los Gobiernos de los Estados miembros el nombre, función y dirección de los funcionarios, se desprende que la Institución no sólo tiene el derecho, sino también la obligación, de comunicar a las autoridades del país de acogida las direcciones particulares de los funcionarios.

En cualquier caso, un funcionario no puede de ningún modo invocar un presunto incumplimiento del Protocolo para eludir su obligación estatutaria de comunicar su dirección particular a la Institución de la que depende. En efecto, si considera que se ha infringido el Protocolo, le incumbirá únicamente aplicar el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 23 del Estatuto, según el cual siempre que se cuestionen los privilegios e inmunidades de que gozan los funcionarios, el funcionario interesado deberá comunicarlo inmediatamente a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos.