Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre prestación de servicios — Servicios — Concepto — Prestación de asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro y pagada por el paciente — Inclusión

(Art. 49 CE)

2. Seguridad social de los trabajadores migrantes — Seguro de enfermedad — Prestaciones dispensadas en otro Estado miembro

[Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, art. 22]

3. Libre prestación de servicios — Restricciones — Normativa nacional relativa al reembolso de gastos médicos causados en otro Estado miembro

(Art. 49 CE)

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1. Las prestaciones médicas dispensadas a cambio de una remuneración están comprendidas en el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a la libre prestación de servicios, sin que deba distinguirse entre la asistencia dispensada en un marco hospitalario o fuera de él.

Además, el artículo 152 CE, apartado 5, no excluye que, en virtud de otras disposiciones del Tratado, tales como el artículo 49 CE, los Estados miembros estén obligados a introducir adaptaciones en su sistema nacional de seguridad social, sin que pueda considerarse que ello menoscaba su competencia soberana en la materia.

El hecho de que una normativa nacional esté comprendida en el ámbito de la seguridad social y, más concretamente, prevea, en materia de seguro de enfermedad, una intervención en especie, en vez de a través del reembolso, no puede excluir los tratamientos médicos del ámbito de aplicación de la citada libertad. Además, una prestación médica no pierde su calificación de prestación de servicios a efectos del artículo 49 CE porque el paciente solicite a un servicio nacional de salud que se haga cargo de los gastos después de que él haya pagado el tratamiento recibido al prestador de servicios extranjero.

De ello resulta que el artículo 49 CE se aplica en materia de asistencia sanitaria transfronteriza.

(véanse los apartados 46, 49 y 52)

2. El artículo 22 del Reglamento nº 1408/71, según su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 118/97, y modificado por el Reglamento nº 1992/2006, no establece en absoluto el principio de la exigencia de una autorización previa para cualquier tratamiento en otro Estado miembro.

El hecho de que una medida nacional pueda ser conforme con una disposición de Derecho derivado, en el presente caso el artículo 22 ya citado, no significa que dicha medida quede fuera del ámbito de las disposiciones del Tratado. Además, el artículo 22, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71 tiene por objeto permitir que el asegurado, que es autorizado por la institución competente a desplazarse a otro Estado miembro y recibir un tratamiento adecuado a su situación, disfrute de las prestaciones de asistencia sanitaria en especie, por cuenta de la institución competente, pero con arreglo a las disposiciones de la legislación del Estado en que se realicen las prestaciones, en particular, en el caso de que el traslado resulte necesario habida cuenta del estado de salud del interesado, y ello sin soportar gastos suplementarios. En cambio, el artículo 22 del citado Reglamento, interpretado a la luz de su finalidad, no tiene por objeto la regulación de los gastos producidos con motivo de la prestación de asistencia sanitaria en otro Estado miembro, incluso cuando no exista autorización previa, y, en consecuencia, no impide en modo alguno el reembolso de dichos gastos por parte del Estado miembro de afiliación, a las tarifas vigentes en dicho Estado miembro.

(véanse los apartados 69 y 70)

3. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE el Estado miembro que no prevé, salvo en las circunstancias previstas en el Reglamento nº 1408/71, según su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 118/97, y modificado por el Reglamento nº 1992/2006, la posibilidad del reembolso de los gastos realizados en otro Estado miembro por la asistencia médica no hospitalaria que no requiere la utilización de equipos materiales pesados y onerosos o, en los casos en los que la normativa nacional reconoce la posibilidad de reembolso de los gastos por la referida asistencia, somete su reembolso a la concesión de una autorización previa.

Aunque esa normativa no impide directamente a los pacientes afectados acudir a un prestador de servicios médicos establecido en otro Estado miembro, el riesgo de incurrir en un coste no reembolsable en caso de falta de cobertura de los gastos médicos por el sistema nacional de salud, como consecuencia de una decisión administrativa desfavorable, por sí solo ya es objetivamente apto para disuadirles de ello. La complejidad de ese procedimiento de autorización, que consta de tres etapas, constituye un factor disuasorio añadido del recurso a prestaciones sanitarias transfronterizas. Además, dado que la normativa nacional únicamente prevé la cobertura de los gastos por la asistencia médica en el extranjero en el caso excepcional de que el sistema de salud portugués no disponga de una solución de tratamiento para el enfermo afiliado a ese sistema, por su propia naturaleza esa condición puede limitar en grado elevado los supuestos en los que puede obtenerse la autorización.

Esa restricción no se justifica por un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social ya que de los autos obrantes en el Tribunal de Justicia no resulta que la supresión de la exigencia de autorización previa para este tipo de asistencia pueda provocar, a pesar de las barreras lingüísticas, la distancia geográfica y los gastos de estancia en el extranjero, desplazamientos transfronterizos de pacientes de tal importancia que resultara gravemente perturbado el equilibrio financiero del sistema de seguridad social portugués y que, por esa causa, se pusiera en peligro el nivel global de protección de la salud pública, lo que podría justificar válidamente un obstáculo al principio fundamental de la libre prestación de servicios.

Además, la exigencia de autorización previa para el reembolso de los gastos médicos de que se trata no puede estar justificada por razones de protección de la salud pública relacionadas con la necesidad de controlar la calidad de las prestaciones sanitarias dispensadas en el extranjero. Las características esenciales del sistema nacional, como la inexistencia de un mecanismo de reembolso de gastos médicos y la obligación de acudir a un médico de atención primaria antes de consultar a un médico especialista, no pueden justificar tampoco la exigencia de una autorización previa.

Los fundamentos jurídicos relativos tanto al carácter restrictivo de la exigencia de una autorización previa como a la falta de justificación válida de ésta se aplican evidentemente a fortiori a la asistencia sanitaria no hospitalaria para la que no existe posibilidad alguna de reembolso.

(véanse los apartados 62, 63, 76, 83, 84, 88, 92 y 95 y el fallo)