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122

A este respecto, en primer lugar, aunque EUCAP Somalia reconoce que el Derecho laboral belga ya no contiene ninguna disposición en relación con los períodos de pruebas, estima, no obstante, que, cuando su competencia se basa en el artículo 272 TFUE, el Tribunal General no puede dejar inaplicada una cláusula de un contrato, ni siquiera cuando esa cláusula resulta contraria al Derecho nacional aplicable al contrato, toda vez que debería prevalecer la aplicación de las cláusulas libremente pactadas entre esa entidad y el demandante. Así, debería aplicarse el artículo 17.2 del contrato a pesar de que se designe al Derecho belga como Derecho aplicable al contrato.
157

No obstante, con arreglo a la jurisprudencia, dado que el procedimiento administrativo previo tiene un carácter informal y que los interesados actúan en esta fase, en general, sin la asistencia de un abogado, la administración no debe interpretar las reclamaciones de forma restrictiva, sino que, por el contrario, debe examinarlas con un espíritu abierto (sentencias de 7 de mayo de 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, no publicada, EU:T:2019:290, apartado 119, y de 8 de septiembre de 2021, AH/Eurofound, T‑630/19, no publicada, EU:T:2021:538, apartado 42).
129

Pues bien, alega que, por una parte, el dibujo o modelo correspondiente a los números 1.1 y 1.2 únicamente consiste en una cuba de evacuación (el número 1.1 corresponde a la perspectiva de la parte superior y el número 1.2 a la perspectiva de la parte inferior), sin placa de recubrimiento, perforada o no, instalada o colocada en la misma. En consecuencia, a su entender, este dibujo o modelo no presenta un canal de evacuación de ducha completo como el dibujo o modelo controvertido. Según la recurrente, es cierto que la cuba de evacuación presentada por el dibujo o modelo correspondiente a los números 1.1 y 1.2 está instalada en el suelo y no es visible durante su uso normal (a excepción de los bordes superiores de la cuba de evacuación). Por este motivo, a su juicio, el dibujo o modelo n.o 1 no está cubierto por la protección del dibujo o modelo comunitario. En su opinión, ocurre exactamente lo mismo con el otro dibujo o modelo citado en los apartados 98 y 101, a saber, el dibujo o modelo n.o 3 (que corresponde a los números 3.1 y 3.2), que únicamente presenta, también esta vez, una cuba de evacuación (el número 3.1 corresponde a la perspectiva de la parte superior y el número 3.2 a la perspectiva de la parte inferior), sin placa de recubrimiento, perforada o no, instalada o colocada en la misma. Asimismo, la recurrente señala que los bordes exteriores finos de los cuatro lados de los dibujos o modelos correspondientes a los números 1.1 y 1.2, mencionados en los apartados 101 y 102, segundo guion, de la resolución impugnada, desaparecen también al instalarlos en el suelo y resultan invisibles durante su uso normal.
45

En este contexto, en aras de la exhaustividad procede añadir que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la circunstancia, suponiéndola acreditada, de que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro, los productos designados por la marca controvertida reunían los requisitos establecidos por el Reglamento n.o 1151/2012 para gozar de la protección de las indicaciones geográficas protegidas no afecta a este examen. Por una parte, esta circunstancia solo significa que, con arreglo al artículo 12 del Reglamento n.o 1151/2012, el operador que comercializa esos productos puede utilizar la indicación geográfica de que se trata, sin que ello le confiera, no obstante, el derecho a utilizar tal indicación como marca. Por otra parte, los productos en cuestión pueden dejar de reunir esos requisitos en el futuro. Pues bien, incluso en tal supuesto la marca controvertida seguiría llevando el símbolo IGP y podría, en su caso, inducir al público a error sobre el origen o las propiedades de los productos designados por ella.
140

Las demandantes alegan que la determinación de los umbrales de presencia de PRNC en el 0 % en virtud de las partes controvertidas del anexo IV del Reglamento de Ejecución impugnado: – Hace imposible, debido al proceso de selección genética de un reducido número de especies que impone, cumplir la obligación de prevenir la introducción de especies no autóctonas, impuesta en virtud de disposiciones específicas de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7). – Va en contra de la política de conservación de los recursos vegetales autóctonos no saneados, aplicada en virtud del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO 2012, L 343, p. 1). – Vulnera los principios de desarrollo agrícola sostenible y de mejora de la biodiversidad vegetal, financiados en virtud de instrumentos contemplados en el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487). – No es coherente, en primer lugar, con las normas de Derecho internacional y del Derecho de la Unión destinadas a preservar la biodiversidad agrícola; en segundo lugar, con las normas del Derecho de la Unión destinadas a preservar los hábitats seminaturales y el desarrollo rural, y, en tercer lugar, con las directivas que regulan la comercialización de las semillas y del material de reproducción de los frutales.
128

Las demandantes sostienen que la Comisión infringió el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, por cuanto, primero, no indicó en la Decisión impugnada la razón por la que no verificó si el grupo Lufthansa disfrutaría de la medida controvertida concedida a AUA o si esta última podría disfrutar de la ayuda otorgada a «Lufthansa»; segundo, no verificó si esa medida era conforme con el principio de no discriminación y con los relativos a la libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento; tercero, no apreció la ventaja competitiva concedida a AUA; cuarto, no valoró los perjuicios causados por las restricciones de viajes y tampoco motivó su apreciación de la proporcionalidad de dicha medida y de su acumulación al préstamo alemán, a la ayuda objeto de la Decisión Lufthansa y al régimen de ayudas austriaco.
56

Por lo tanto, la Sala de Recurso excluyó erróneamente, por principio, la pertinencia del criterio basado en la práctica comercial en el marco de su examen de la similitud de los productos en conflicto. En la medida en que, debido a su error, no examinó concretamente la pertinencia y, posteriormente, en su caso, el impacto de dicho criterio en la apreciación de la similitud entre los productos en conflicto, el Tribunal no puede pronunciarse por sí mismo sobre esta cuestión [sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72; de 12 de julio de 2018, Lotte/EUIPO — Nestlé Unternehmungen Deutschland (Representación de un koala), T‑41/17, no publicada, EU:T:2018:438, apartados 54 y 55, y de 5 de diciembre de 2019, Idea Groupe/EUIPO — The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T‑29/19, no publicada, EU:T:2019:841, apartado 91].
3.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición presentada por el titular de una marca anterior no registrada notoriamente conocida en un Estado miembro — Marca notoriamente conocida — Concepto — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 2, letra c); Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 6 bis; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 19, ap. 2, letra b)] (véanse los apartados 42 a 44)
213

Por lo demás, debe señalarse que las demandantes no cuestionan las conclusiones de la Comisión en el sentido de que la no imposición de las rentas procedentes de cánones no estaba justificada por la naturaleza o la economía general del sistema fiscal de Gibraltar. Por lo tanto, es conforme a Derecho la conclusión de la Comisión en lo relativo al carácter selectivo de la no imposición de las rentas procedentes de cánones y su consideración de que esa no imposición, debida a la no inclusión, entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, de las rentas procedentes de cánones en las categorías de rentas imponibles en Gibraltar, enumeradas en el anexo 1 de la ITA 2010, constituía un régimen de ayudas. En la medida en que el análisis en tres etapas de la selectividad es suficiente para avalar tal conclusión, no es preciso examinar las alegaciones de las demandantes dirigidas a rebatir el razonamiento subsidiario de la Comisión, que sostiene que la no imposición de las rentas procedentes de cánones era, de facto, selectiva. En efecto, en la medida en que algunos fundamentos de una decisión pueden, por sí solos, justificarla de modo suficiente con arreglo a Derecho, los vicios de los que pudieran adolecer otros fundamentos del acto carecen, en cualquier caso, de influencia en su parte dispositiva. Por lo demás, cuando la parte dispositiva de una decisión de la Comisión descansa sobre varios pilares de razonamiento, cada uno de los cuales puede, por sí solo, servirle de fundamento, solo procede anular dicho acto, en principio, si todos esos pilares adolecen de ilegalidad. En tal supuesto, un error u otra ilegalidad que únicamente afectase a uno de los pilares del razonamiento no podría bastar para justificar la anulación de la decisión controvertida, dado que no habría podido tener una influencia decisiva en la parte dispositiva adoptada por la institución autora de dicha decisión (véase la sentencia de 1 de marzo de 2018, Polonia/Comisión, T‑316/15, no publicada, EU:T:2018:106, apartado 91 y jurisprudencia citada).
114

En cuanto atañe a la primera demandante, una cooperativa formada por los pescadores de Le Tréport y de los puertos de los alrededores con el objetivo de agrupar la compra y posterior venta de combustibles, lubricantes y materias grasas (véase el apartado 1 anterior), procede observar que su actividad depende de las decisiones económicas de sus clientes, y no de la concesión de las ayudas controvertidas. Por lo tanto, no existe en ningún caso relación alguna entre la concesión de estas ayudas y la evolución de su actividad, máxime habida cuenta de que, como resulta de los anexos del escrito de demanda aportados a este respecto, estos clientes no se limitan a los pescadores demandantes, sino que engloban alrededor de setenta profesionales registrados en Hauts-de-France, Normandía y Bretaña. Además, los mapas que reflejan la densidad de paso de los buques clientes de la primera demandante, que también obran en autos, apuntan a un perímetro de actividad mayor que el de los pescadores demandantes. De ello se deduce que, en cualquier caso, no se ha demostrado el riesgo de que las ayudas controvertidas tengan una incidencia concreta en su situación y que esta demandante no puede considerarse parte interesada. Por lo tanto, en la medida en que la concierne, debe también declararse la inadmisibilidad del recurso contra la Decisión impugnada.
55

Asimismo, el ROA no contiene ninguna disposición específica relativa a la reclasificación de los agentes temporales, a semejanza de las que figuran en el artículo 45 del Estatuto aplicable a los funcionarios. El CESE alega al respecto, acertadamente, que las normas aplicables a la reclasificación de los agentes temporales no pueden ser idénticas a las aplicables a los funcionarios. En efecto, los agentes temporales no tienen el mismo derecho que los funcionarios a hacer carrera en el seno de su institución (sobre el derecho a la carrera de los funcionarios, véase la sentencia de 2007, Silva/Comisión, F-21/06, EU:F:2007:116, apartados 70, 71 y 76). Del mismo modo, la apreciación de los méritos profesionales de los agentes temporales contratados, como la demandante, sobre la base del artículo 2, letra c), del ROA puede fundamentarse en elementos de análisis que tomen en consideración la especificidad de la relación laboral que les une a la institución, en particular la existencia de una relación de confianza de una naturaleza especial y, en su caso, el contexto político en el que ejercen sus funciones.
101

En el marco de la primera parte del tercer motivo, la demandante sostiene que el BCE incumplió las obligaciones que le incumben en virtud de la jurisprudencia recordada en el apartado 99 de la presente sentencia al no tener en cuenta, a la hora de apreciar el riesgo de ventas de emergencia, las características del ahorro regulado. En su opinión, en primer lugar, el ahorro regulado, en virtud de la doble garantía del Estado, desempeña un papel de valor refugio en caso de crisis. En segundo lugar, el ahorro regulado difiere fundamentalmente de los demás recursos externos, tales como el endeudamiento o los depósitos ordinarios, en virtud de su carácter estructuralmente equilibrado desde el punto de vista del balance entre los depósitos regulados centralizados y los créditos de un mismo importe frente a la CDC. En tercer lugar, el volumen del ahorro regulado no depende de la estrategia de la entidad de crédito, sino de factores que escapan a su control, pues este actúa como un mero vehículo de tránsito entre el depositario y la CDC. En cuarto lugar, la no generación de un riesgo de apalancamiento por el ahorro regulado viene confirmada por un informe de la ABE, así como por el legislador de la Unión, que estableció un mecanismo de exención de pleno derecho con ocasión de la reforma del Reglamento n.o 575/2013.
29

Sobre la base del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, la Comisión declaró, además, que los documentos solicitados contenían información comercial confidencial relativa a los productores mexicanos de tequila. Según la Comisión, estos documentos contienen en particular la lista de controversias en la Unión entre las autoridades mexicanas, los productores mexicanos de tequila y las empresas de la Unión que venden tequila en el mercado interior de la Unión sin ningún tipo de certificación o autorización, así como los nombres de los productos, marcas no certificadas por las autoridades mexicanas para su venta como tequila en la Unión, las zonas geográficas en las que se pueden encontrar, información sobre sus productores, las empresas de la Unión que venden estos productos y las medidas que habían de adoptar las autoridades mexicanas al respecto, incluidas las acciones judiciales propuestas. La Comisión añadió que esa información debía calificarse de sensible desde el punto de vista comercial y que, en consecuencia, podía presumirse que las autoridades mexicanas le habían proporcionado esos documentos que contenían información comercialmente sensible con la expectativa legítima de que no se hicieran públicos. Según la Comisión, existe un riesgo previsible y no hipotético de que la divulgación de esa información comercial sensible perjudique a los intereses comerciales y a las actividades de las empresas afectadas en el sentido del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001.
81

Además, del artículo 2, letra c), del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2092/91 (DO 2007, L 189, p. 1), se desprende que el término «ecológico» califica a los productos procedentes de o relativos a la producción ecológica. Del considerando 1 de este Reglamento resulta que dicho término se refiere a conceptos tales como respeto del medio ambiente, biodiversidad y productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. El artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento indica que esta definición se refiere también a abreviaturas como «bio» [sentencia de 5 de junio de 2019, Biolatte/EUIPO (Biolatte), T‑229/18, no publicada, EU:T:2019:375, apartado 49].
Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 23 de febrero de 2022 — Govern d’Andorra/EUIPO (Andorra)

(Asunto T‑806/19) ( 1 )

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca figurativa de la Unión Andorra — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Apreciación del carácter descriptivo de un signo — Nombres geográficos [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 15 a 22 y 32)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Percepción del signo por el público pertinente [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 28 a 30)

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca figurativa Andorra [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 39, 47, 51 a 53, 60, 61, 69, 70, 79, 90 y 91)

4. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto ante las Salas de Recurso — Competencia de las Salas de Recurso — Nuevo examen completo del fondo [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 64, ap. 1] (véase el apartado 49)

5. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Legalidad — Práctica decisoria anterior de la Oficina [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véase el apartado 103)

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas al Govern d’Andorra.

( 1 ) DO C 27 de 27.1.2020.
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 23 de septiembre de 2020 — Brillux/EUIPO — Synthesa Chemie (Freude an Farbe)

(Asunto T‑401/19)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea — Marca figurativa Freude an Farbe en los colores amarillo, naranja, rojo, rosa, violeta, azul, turquesa, verde oscuro, verde claro y antracita — Marca figurativa anterior de la Unión Glemadur Freude an Farbe — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas figurativas Freude an Farbe en los colores amarillo, naranja, rojo, rosa, violeta, azul, turquesa, verde oscuro, verde claro y antracita y Glemadur Freude an Farbe [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 27 a 31, 46, 51, 52, 60 a 67 y 71)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación — Marca compuesta [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 34 a 36)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de marzo de 2019 (asunto R 1498/2018‑5), relativa a un procedimiento de oposición entre Synthesa Chemie y Brillux.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
586

En cuarto lugar, por lo que respecta a la mayor reducción de su multa en atención a circunstancias atenuantes, se ha señalado, en el apartado 531 anterior, que, a pesar de no haber participado en las reuniones MK, la demandante no podía sostener fundadamente que su participación en la práctica colusoria era limitada y que tenía un grado de nocividad menor que justificaba tal reducción. También se ha señalado, en el apartado 536 anterior, que la Comisión había concedido una reducción análoga a todas las empresas cuya responsabilidad se había declarado en relación con la totalidad de la infracción, con excepción de un grupo de reuniones, respecto del cual no se había demostrado su participación.
11

Tras haber considerado que las medidas 1 y 2 eran ayudas estatales, la Comisión declaró que la base legal para evaluar su compatibilidad era el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), relativo a las ayudas destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro. La Comisión consideró que las medidas 1 y 2 eran ayudas de reestructuración para BMPS y evaluó su compatibilidad basándose en el plan de reestructuración a la luz de las seis comunicaciones sobre la crisis financiera mundial, en particular, la Comunicación de la Comisión sobre la recuperación de la viabilidad y la evaluación de las medidas de reestructuración en el sector financiero en la crisis actual con arreglo a las normas sobre ayudas estatales (DO 2009, C 195, p. 9), la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de enero de 2012, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera (DO 2011, C 356, p. 7), y la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera («Comunicación bancaria») (DO 2013, C 216, p. 1; en lo sucesivo, «Comunicación bancaria»).
30

El demandante invoca una falta de motivación de la decisión de 4 de enero de 2018 al basarse esta en una mera opinión y no en hechos o en consideraciones jurídicas. A este respecto, alega, en primer lugar, que la expresión «considero que», utilizada por la AFPN en la decisión desestimatoria de la reclamación, demuestra que esta se basa en una opinión y no en elementos objetivos que presenten un grado suficiente de motivación. En segundo lugar, sostiene que la AFPN no ha leído la obra en cuestión y se ha basado únicamente en su título para llegar a la conclusión de que su objeto se refería a la actividad de la Unión. A este respecto, arguye que el jefe de la unidad lingüística maltesa de la Dirección General de Traducción admitió además que la citada obra no hace referencia alguna ni a la actividad de la Unión ni a la del Parlamento. En consecuencia, sostiene que la motivación de la decisión de 4 de enero de 2018 no resulta conforme con las exigencias previstas para cuando procede pronunciarse sobre la posible violación de un derecho fundamental.