Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de indemnización - CECA - Escrito de interposición del recurso - Motivos invocados - Error al designar la norma aplicable - Irrelevancia

(Arts. 34 CA y 40 CA, párr. 1)

2. Recurso de indemnización - CECA - Perjuicio sufrido a consecuencia de decisiones - Base de la pretensión - Cauce procesal específico previsto en el artículo 34 CA

(Arts. 34 CA y 40 CA, párr. 1)

3. Recurso de indemnización - CECA - Perjuicio sufrido a consecuencia de decisiones - Pretensión basada en el artículo 34 CA, párrafo primero, tercera frase - Requisitos - Declaración previa de una falta de la Comunidad que haya irrogado un perjuicio directo y especial - Observancia de un plazo razonable que permita a la Comisión adoptar medidas de reparación - Naturaleza de la falta

(Art. 34 CA, párrs. 1, frases segunda y tercera, y 2)

4. Derecho comunitario - Principios - Principio que prohíbe el enriquecimiento sin causa de la Comunidad - Principio que figura entre los principios generales del Derecho comunitario

5. Recurso de indemnización - CECA - Perjuicio sufrido a consecuencia de decisiones - Pretensión basada en el artículo 34 CA, párrafo primero, segunda frase - Sentencia que anula o reduce la multa impuesta a una empresa por infracción de las normas sobre la competencia - Obligación de adoptar las medidas necesarias para suprimir los efectos de la ilegalidad declarada - Alcance

(Art. 34 CA, párr. 1, segunda frase)

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1. No deben tenerse en cuenta los posibles errores en que haya podido incurrir una parte demandante al designar la norma aplicable a sus pretensiones, puesto que el objeto del litigio y los motivos invocados pueden deducirse con suficiente claridad del escrito de demanda.

( véase el apartado 36 )

2. Según el propio tenor de los artículos 34 CA y 40 CA, párrafo primero, el artículo 34 CA instituye un cauce procesal específico, distinto del previsto en el régimen común en materia de responsabilidad de la Comunidad que establece el artículo 40 CA, cuando el perjuicio invocado procede de una decisión de la Comisión anulada por el juez comunitario. De lo anterior se deduce que, si no ha contribuido al daño invocado ninguna otra falta excepto la constituida por la decisión anulada, la responsabilidad de la Comunidad sólo puede exigirse sobre la base del artículo 34 CA.

( véanse los apartados 39 y 40 )

3. Dentro de las medidas que la Comisión está obligada a adoptar cuando se le remite un asunto después de una anulación, el artículo 34 CA, párrafo primero establece, en sus frases segunda y tercera, una distinción entre las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de anulación, que deben adoptarse de oficio y en todo caso, incluso aunque no exista falta alguna, y las medidas, de carácter indemnizatorio, que sólo deben adoptarse cuando el Tribunal comunitario haya declarado previamente que el acto anulado adolece de una falta de naturaleza tal que genera la responsabilidad de la Comunidad y que ha hecho sufrir a la empresa afectada un perjuicio directo y especial. Tanto en un caso como en el otro, el recurso de indemnización del artículo 34 CA, párrafo segundo, sólo será admisible cuando la Comisión haya dispuesto de un plazo razonable para adoptar las medidas en cuestión.

En lo que atañe a la naturaleza de la falta exigida para generar la responsabilidad de la Comunidad con arreglo a la tercera frase del artículo 34 CA, párrafo primero, tanto de los términos de esta disposición como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que no basta la mera ilegalidad de una decisión. Habiendo debido pronunciarse sobre las condiciones en que se genera la responsabilidad de la Comunidad sobre la base del artículo 40 CA, el Tribunal de Justicia utilizó conceptos tales como «errores inexcusables», «negligencia grave en los deberes de vigilancia» o «falta manifiesta de diligencia». Para apreciar la naturaleza de la falta exigida para generar la responsabilidad de la Comunidad, ya sea sobre la base del artículo 34 CA, ya sobre la del artículo 40 CA, procede referirse a los ámbitos y a las condiciones en las que interviene la institución comunitaria. A este respecto, se deben tener especialmente en cuenta la complejidad de las situaciones que la institución debe regular, las dificultades para aplicar las normas y el margen de apreciación de que dispone la institución en virtud de dichas normas.

( véanse los apartados 44 y 45 )

4. El enriquecimiento sin causa de la Comunidad, resulta contrario a los principios generales del Derecho comunitario.

( véase el apartado 55 )

5. A resultas de una sentencia de anulación, que produce sus efectos ex tunc y elimina, pues, del ordenamiento jurídico con carácter retroactivo el acto anulado, la institución demandada está obligada, en virtud del artículo 34 CA, a adoptar las medidas necesarias para suprimir los efectos de las ilegalidades declaradas, lo que, en el supuesto de un acto que haya sido ya ejecutado, puede suponer que sea preciso reponer al demandante en la situación en que se encontraba con anterioridad al acto en cuestión.

En el caso de una sentencia que anule o reduzca la multa impuesta a una empresa por infracción de las normas sobre competencia del Tratado, entre las medidas contempladas en la segunda frase del artículo 34 CA, párrafo primero, figura en lugar destacado la obligación de la Comisión de restituir total o parcialmente la multa pagada por la empresa de que se trate, en la medida en que tal pago deba considerarse indebido en virtud de la sentencia de anulación. Esta obligación no sólo se refiere al importe del principal de la multa indebidamente pagado, sino también a los intereses de demora producidos por dicho importe.

En efecto, por un lado, la concesión de intereses de demora sobre el importe indebidamente pagado constituye un componente indispensable de la obligación de restablecer la situación anterior, que incumbe a la Comisión a resultas de una sentencia de anulación o de plena jurisdicción, puesto que la restitución íntegra de la multa indebidamente pagada no puede hacer abstracción de elementos que, como el transcurso del tiempo, pueden reducir de hecho su valor. Por lo tanto, la correcta ejecución de una sentencia de este tipo exige que, a fin de reponer plenamente a la interesada en la situación en la que legalmente habría debido encontrarse si no se hubiera adoptado el acto anulado, se tome en consideración el hecho de que tal restablecimiento sólo se produjo tras un período de tiempo, más o menos largo, durante el cual la interesada no pudo disponer de las cantidades que había pagado indebidamente. Por otro lado, la falta de pago de intereses de demora podría dar lugar a un enriquecimiento sin causa de la Comunidad, enriquecimiento que resulta contrario a los principios generales del Derecho comunitario. De ello se deduce que la Comisión está obligada a restituir no sólo el importe del principal de la multa indebidamente pagado, sino también todo enriquecimiento o ventaja obtenido como consecuencia de haber percibido tal importe.

A este respecto, según un principio generalmente admitido en el Derecho interno de los Estados miembros, en el marco de una acción de devolución de cantidades indebidamente cobradas basada en un principio que prohíbe el enriquecimiento sin causa, la cuestión del pago de los intereses correspondientes a un capital indebidamente abonado se plantea de manera rigurosamente accesoria en relación con el derecho a obtener la devolución del propio capital. La determinación del importe debido en concepto de intereses de demora depende estricta y necesariamente del importe del capital indebidamente pagado y del tiempo transcurrido entre el momento del pago indebido o, por lo menos, del requerimiento al organismo perceptor para que proceda a la devolución, y el momento en que se efectúa ésta. Por último, el derecho a obtener tales intereses no depende de la prueba de que existe un perjuicio.

En cuanto al tipo de interés debido, según un principio generalmente admitido en el Derecho interno de los Estados miembros, en el marco de una acción de devolución de cantidades indebidamente cobradas basada en un principio que prohíbe el enriquecimiento sin causa, la persona que resulte empobrecida tendrá derecho normalmente al menor de dos importes, a saber, el del enriquecimiento o el del empobrecimiento. Por lo demás, cuando el empobrecimiento consiste en la imposibilidad de disfrutar de una cantidad de dinero durante cierto período de tiempo, el importe que ha de restituirse se calcula generalmente aplicando el tipo de interés legal o judicial, sin capitalización. Los mismos principios deben aplicarse, mutatis mutandis, en el marco de un recurso basado en el artículo 34 CA, párrafo primero, segunda frase, habida cuenta de las similitudes que éste presenta con una acción como la mencionada.

( véanse los apartados 50 a 56, 60 y 61 )