Asunto T‑59/07

Polimeri Europa SpA

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del caucho de butadieno y del caucho de estireno-butadieno fabricado por polimerización en emulsión — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Imputabilidad del comportamiento infractor — Infracción única — Prueba de la existencia del cártel — Multas — Gravedad y duración de la infracción — Circunstancias agravantes»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión — Alcance de la carga de la prueba

(Arts. 81 CE, ap. 1, y 82 CE)

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Naturaleza jurídica — Carácter preparatorio

(Art. 81 CE)

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Facultades de la Comisión — Facultad de acumular dos procedimientos distintos

(Art. 81 CE)

4. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Objeto contrario a la competencia — Comprobación suficiente

(Art. 81 CE, ap. 1)

5. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación

(Arts. 81 CE y 82 CE)

6. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Exposición sumaria de los motivos invocados — Requisitos análogos para las alegaciones formuladas en apoyo de un motivo

[Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 44, ap. 1, letra c)]

7. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Objeto contrario a la competencia — Comprobación suficiente

(Art. 81 CE, ap. 1)

8. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba de la infracción a cargo de la Comisión — Límites

(Art. 81 CE, ap. 1)

9. Competencia — Prácticas colusorias — Prueba — Respuesta de una empresa a la solicitud de información de la Comisión

(Arts. 81 CE y 82 CE)

10. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos y prácticas concertadas que constituyen una infracción única

(Art. 81 CE, ap. 1)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Apreciación según la naturaleza de la infracción — Infracciones muy graves

(Art. 81 CE; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03)

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Facultad de apreciación de la Comisión — Obligación de garantizar una proporción entre el importe de las multas y el volumen global del mercado del producto de que se trata — Inexistencia

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 3]

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Carácter disuasorio de la multa

(Art. 81 CE; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03)

14. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Volumen de negocios tomado en consideración

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

15. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Reincidencia — Concepto

(Art. 81 CE; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, punto 2)

16. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — No aplicación efectiva de un acuerdo — Apreciación

(Art. 81 CE; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, punto 3, segundo guión)

1. En lo que respecta a la aportación de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, incumbe a la Comisión probar las infracciones que descubra y aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente con arreglo a Derecho la existencia de los hechos constitutivos de la infracción. Así pues, es necesario que la Comisión aporte pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción.

Por otra parte, es habitual que, en el marco de acuerdos y prácticas contrarios a la competencia, las actividades se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en secreto y que la documentación al respecto se reduzca al mínimo. Resulta de ello que, aunque la Comisión descubra documentos que acrediten explícitamente un contacto ilícito entre los operadores, dichos documentos sólo tienen normalmente carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por deducción. En consecuencia, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia.

En este contexto, ninguna disposición ni principio general del Derecho comunitario prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa declaraciones de otras empresas incriminadas. De no ser así, la carga de la prueba de los comportamientos contrarios a los artículos 81 CE y 82 CE, que incumbe a la Comisión, sería insostenible e incompatible con la misión de vigilancia de la buena aplicación de dichas disposiciones que le atribuye el Tratado CE.

Respecto, en particular, a las declaraciones realizadas con arreglo a la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, ningún precepto prohíbe a la Comisión utilizar dichas declaraciones a efectos de demostrar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia. Tales declaraciones no pueden considerarse carentes de valor probatorio, pues las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables. Aunque resulte oportuno albergar cierta desconfianza respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cártel ilícito, dada la posibilidad de que tales participantes tiendan a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de los demás, no es menos cierto que el hecho de solicitar la aplicación de la Comunicación sobre cooperación para obtener una reducción de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados respecto a los demás participantes en el cártel. Toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por lo tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre cooperación. En particular, el hecho de que una persona confiese que ha cometido la infracción, reconociendo así la existencia de hechos que rebasan lo que podía deducirse directamente de los documentos en cuestión, implica, a priori, si no concurren circunstancias especiales que indiquen lo contrario, que tal persona ha resuelto decir la verdad.

(véanse los apartados 50 a 52 y 58)

2. El pliego de cargos es un acto preparatorio del procedimiento que, con el fin de garantizar el ejercicio eficaz del derecho de defensa, circunscribe el objeto del procedimiento administrativo incoado por la Comisión, impidiendo así a esta última formular otras imputaciones en la decisión que pone fin al procedimiento de que se trate. Por otra parte, en ningún caso cabe considerar la redacción de un pliego de cargos por la Comisión como prueba de presunción de la culpabilidad de la empresa afectada. En caso contrario, la apertura de cualquier procedimiento en la materia podría potencialmente vulnerar el principio de presunción de inocencia.

En estas circunstancias, la redacción de un primer y, posteriormente, de un segundo pliego de cargos no puede conducir, por sí sola, a apreciar una irregularidad del tipo que sea.

En cuanto a las posibles modificaciones que contiene el segundo pliego de cargos respecto al primero, este acto de trámite es intrínsicamente provisional y está sujeto a modificaciones durante la apreciación que realiza posteriormente la Comisión a la luz de las observaciones presentadas por las partes y de otras constataciones fácticas. En efecto, la Comisión debe tomar en consideración los elementos que resulten del procedimiento administrativo en su conjunto, bien para abandonar los cargos que hubieran resultado mal fundados, bien para adaptar o completar, tanto fáctica como jurídicamente, su argumentación en apoyo de los cargos que formule. Por lo tanto, si la Comisión tiene motivos fundados para modificar su argumentación, tanto de hecho como de Derecho, entre el pliego de cargos y su decisión final, con mayor razón puede hacerlo en los dos pliegos de cargos.

(véanse los apartados 68 a 70 y 73)

3. En materia de cárteles, la Comisión está facultada tanto para separar como para acumular los procedimientos administrativos por razones objetivas. Por lo tanto, pueden acumularse dos procedimientos, cada uno de los cuales se refiere a un producto concreto, cuando los productos pertenecen al mismo sector de actividades, habida cuenta, en especial, de sus características físicas y de sus usos, y cuando algunas de las reuniones ilícitas entre empresas se refieren a la vez a uno y otro producto. Además, aun suponiendo que la infracción objeto de acumulación abarque, en realidad, dos infracciones distintas, el hecho de que esas infracciones se documenten en varias decisiones o en una sola carece de importancia, pues las infracciones de que se trata no han prescrito.

Por otra parte, la vulneración del artículo 81 CE, apartado 1, puede producirse no solamente a raíz de un acto aislado, sino también de una serie de actos, o incluso de un comportamiento continuo. Esta interpretación no puede discutirse por el hecho de que uno o varios elementos de esta serie de actos o de ese comportamiento continuo pueden también ser por sí mismos y tomados aisladamente una vulneración de dicho precepto. Cuando las diferentes acciones se inscriben en un plan de conjunto, pues su único objeto es falsear el juego de la competencia en el mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto. Si la Comisión puede legalmente concluir que las diferentes manifestaciones formaban parte de una infracción única por el hecho de que se inscribían en un plan de conjunto dirigido a falsear el juego de la competencia, el hecho de que el número y la intensidad de las prácticas colusorias variasen en función del mercado afectado no significa que la infracción no afectase a los mercados en que las prácticas eran menos intensas o menos numerosas. En efecto, es artificial subdividir un comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad, en varias infracciones distintas por el motivo de que las prácticas colusorias variaron en función del mercado afectado.

(véanse los apartados 100 y 272)

4. A efectos de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de los efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia. En particular, en cuanto a los acuerdos contrarios a la competencia que se manifiestan durante las reuniones de empresas competidoras, se infringe el artículo 81 CE, apartado 1, cuando estas reuniones tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento del mercado. En tal caso, basta con que la Comisión demuestre que la empresa en cuestión ha participado en reuniones en el curso de las cuales se concluyeron acuerdos contrarios a la competencia para probar la participación de dicha empresa en el cártel. Cuando la participación en tales reuniones se ha acreditado, corresponde a dicha empresa aportar los indicios para demostrar que, cuando ella participaba en las reuniones, estaba desprovista de cualquier ánimo contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las de ellos.

Por lo tanto, cuando la concertación entre varias empresas no resulta de la mera comprobación de la existencia de un paralelismo de comportamientos en el mercado, sino de documentos de los que se deduce que las prácticas ilícitas de dichas empresas son el resultado de una concertación, la explicación alternativa respecto a los precios establecidos, según la cual la supuesta coordinación de los precios se debía en realidad a la reacción de los fabricantes ante al coste de las materias primas y la evolución del mercado, no puede poner en duda la comprobación de la Comisión de que existía un cártel.

(véanse los apartados 103, 108 y 109)

5. Cuando una entidad económica infringe las normas sobre competencia, le incumbe a ella, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción. No obstante, cuando dos entidades constituyen una misma entidad económica, el hecho de que la entidad que cometió la infracción todavía exista no impide, por sí mismo, que la entidad a la que aquélla transfirió sus actividades económicas sea sancionada. En particular, imponer de esta forma la sanción es admisible cuando esas entidades han estado bajo el control de la misma persona y, habida cuenta de los estrechos vínculos que las unen desde el punto de vista económico y organizativo han aplicado, esencialmente, las mismas instrucciones comerciales.

De este modo, cuando, al cometer las infracciones, dos sociedades están participadas íntegramente, directa o indirectamente, por la misma sociedad, el principio de responsabilidad personal no se opone a que la sanción por la infracción cometida, en primer lugar, por una sociedad y, continuada, posteriormente, por otra, se imponga globalmente a esta última.

En cualquier caso, una sanción impuesta a una empresa que sigue existiendo jurídicamente, pero que ya no ejerce actividades económicas, corre el riesgo de perder el efecto disuasorio. Además, si no estuviese prevista la posibilidad de imponer la sanción a una entidad distinta de la que cometió la infracción, las empresas podrían eludir las sanciones simplemente por el hecho de que su identidad se ha visto modificada como consecuencia de las reestructuraciones, cesiones u otros cambios de carácter jurídico u organizativo.

(véanse los apartados 123 a 126 y 129)

6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, toda demanda debe señalar la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se base consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda. Si bien ciertos extremos específicos del texto pueden apoyarse y completarse mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque figuren como anexo de la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica que en virtud de las disposiciones antes citadas deben figurar en la demanda.

Además, no incumbe al Tribunal General buscar e identificar en los anexos los motivos y alegaciones que a su juicio podrían constituir el fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental.

Los mismos requisitos se imponen cuando se formula un reproche en apoyo de un motivo. Por lo tanto, no satisface dichas exigencias un reproche cuyos elementos esenciales se recogen únicamente en los anexos de la demanda.

Una empresa no puede subsanar esta deficiencia introduciendo, en la fase de réplica, ciertos datos de hecho o jurídicos y haciendo remisión a determinados anexos de la demanda, o aportando nuevos anexos a la réplica. En efecto, al examinar la conformidad del escrito de interposición del recurso con las exigencias establecidas en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, el contenido de la réplica carece de pertinencia, en cualquier caso. En particular, la admisibilidad de los motivos y alegaciones expuestos en la réplica en concepto de ampliación de los motivos contenidos en el escrito de interposición del recurso no puede invocarse al objeto de subsanar un incumplimiento, producido en el momento de interponer un recurso, de las exigencias del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, salvo que se privara a esta última disposición de todo su alcance.

(véanse los apartados 161, 162, 168 y 169)

7. En el caso de los acuerdos que se ponen de manifiesto con ocasión de reuniones de empresas competidoras, la infracción a las normas sobre competencia se produce cuando dichas reuniones tienen un objeto contrario a la competencia y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento del mercado. En tal caso, cabe apreciar válidamente la responsabilidad de una determinada empresa en la infracción cuando ha participado en dichas reuniones teniendo conocimiento de su objeto, aun cuando, a continuación, no haya puesto en práctica alguna de las medidas acordadas en éstas. La presencia más o menos frecuente de la empresa en las reuniones y la puesta en práctica más o menos completa de las medidas acordadas tienen consecuencias, no sobre la existencia de su responsabilidad, sino sobre el alcance de ésta y, por lo tanto, sobre el nivel de la sanción.

(véase el apartado 173)

8. En la práctica, la Comisión se ve obligada con frecuencia a probar la existencia de una infracción en circunstancias poco propicias para ello, pues es posible que hayan transcurrido varios años desde la época de los hechos constitutivos de la infracción y que algunas de las empresas investigadas no cooperen activamente con ella. En este contexto, resultaría demasiado fácil para una empresa infractora eludir todas las sanciones si pudiera utilizar como argumento la vaguedad de las informaciones presentadas sobre el funcionamiento de un acuerdo ilícito, en una situación en la que la existencia del acuerdo y su finalidad contraria a la competencia han quedado sin embargo suficientemente demostradas. Las empresas pueden defenderse adecuadamente en la medida en que tengan la posibilidad de formular observaciones sobre todas las pruebas presentadas en su contra por la Comisión.

(véase el apartado 177)

9. En un procedimiento administrativo por infracción de las normas sobre competencia, las declaraciones realizadas en nombre de las empresas tienen un valor probatorio no desdeñable, pues acarrean considerables riesgos jurídicos y económicos. Este valor probatorio es especialmente alto cuando las declaraciones de las empresas corroboran otras declaraciones de la misma naturaleza.

Además, las respuestas dadas en nombre de la propia empresa presentan una credibilidad que rebasa la que podría tener la respuesta dada por alguien de su personal, cualquiera que sea su experiencia u opinión particular.

(véanse los apartados 179, 183, 267 y 270)

10. Una empresa puede ser considerada responsable de una práctica colusoria global aunque se haya acreditado que sólo participó directamente en uno o varios de los elementos constitutivos de dicha práctica colusoria, si, por una parte, sabía o tenía que saber necesariamente que la colusión en la que participaba, en particular a través de reuniones regulares organizadas durante varios años, formaba parte de un plan de conjunto destinado a falsear el juego normal de la competencia y, por otra, el citado plan abarcaba la totalidad de los elementos constitutivos de la práctica colusoria. Asimismo, el hecho de que diferentes empresas hayan desempeñado diversas funciones en la persecución de un objetivo común no elimina la identidad del objeto contrario a la competencia ni, en consecuencia, de la infracción, siempre que cada empresa haya contribuido, en su propio nivel, a la persecución del objetivo común.

(véase el apartado 193)

11. Resulta de la descripción de las infracciones muy graves en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA que los acuerdos o prácticas concertadas orientados principalmente a la fijación de objetivos de precios o al reparto de cuotas de mercado pueden merecer la calificación de «muy graves», exclusivamente en atención a su propia naturaleza, sin que la Comisión esté obligada a demostrar la repercusión concreta del cártel en el mercado. Asimismo, las prácticas colusorias horizontales en materia de precios forman parte de las infracciones más graves del Derecho comunitario de la competencia y, por lo tanto, por sí solas, pueden ser calificadas de muy graves.

(véase el apartado 225)

12. Al determinar el importe de cada multa impuesta por vulneración de las normas sobre competencia, la Comisión dispone de una facultad de apreciación. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, el importe de la multa debe determinarse en función de la gravedad de la infracción y de su duración. Además, dicho importe es el resultado de una serie de cálculos efectuados por la Comisión con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA. La determinación de dicho importe se realiza en función de diversas circunstancias ligadas al comportamiento individual de la empresa de que se trate, tales como la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes.

De este marco jurídico no cabe deducir que la Comisión esté obligada a garantizar la existencia de una proporción entre el importe total de la multa así calculada y el volumen global del mercado del producto de que se trata, en un determinado año de la infracción, aun cuando la infracción en cuestión ha durado varios años y los importes de las multas dependen también de otras circunstancias ligadas al comportamiento individual de la empresa.

(véase el apartado 232)

13. La capacidad de la Comisión de imponer multas a las empresas que, deliberadamente o por negligencia, cometan una infracción de lo dispuesto en el artículo 81 CE es uno de los medios atribuidos a la Comisión con el fin de permitirle cumplir la misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario, misión que comprende el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas. De ello se deduce que, para apreciar la gravedad de una infracción con el fin de determinar el importe de la multa, la Comisión debe asegurar el carácter disuasorio de su actuación, sobre todo en el caso de las infracciones especialmente perjudiciales para la consecución de los objetivos de la Comunidad.

Ello exige que el importe de la multa se adecue para tener en cuenta la repercusión buscada en la empresa a la que se impone, y ello con objeto de que la multa no resulte insignificante, o por el contrario excesiva, en particular, en relación con la capacidad financiera de la empresa en cuestión, de conformidad con las exigencias basadas, por una parte, en la necesidad de garantizar la efectividad de la multa y, por otra parte, en el respeto al principio de proporcionalidad. Una empresa de gran tamaño, que dispone de recursos financieros considerables en comparación con los de otros miembros de un cártel, puede movilizar más fácilmente los fondos necesarios para el pago de su multa, lo que justifica, para lograr un efecto disuasorio suficiente de ésta, la imposición —concretamente mediante la aplicación de un multiplicador— de una multa proporcionalmente más elevada que la que sanciona la misma infracción cometida por una empresa que no disponga de tales recursos. En particular, es pertinente la toma en consideración del volumen de negocios mundial de cada empresa perteneciente a un cártel para fijar el importe de la multa.

El objetivo disuasorio que la Comisión tiene derecho a perseguir al fijar el importe de una multa tiene por objeto garantizar el respeto, por parte de las empresas, a las normas de competencia establecidas en el Tratado, para reconducir sus actividades al seno de la Comunidad o del Espacio Económico Europeo. De aquí se deduce que el factor de disuasión que puede incluirse en el cálculo de la multa se valorará tomando en consideración una multitud de elementos y no sólo la situación particular de la empresa de que se trate. Dicho principio se aplica, en especial, cuando la Comisión ha establecido un «multiplicador disuasorio», que afecta a la multa impuesta a una empresa.

(véanse los apartados 243 a 246)

14. El hecho de que varias sociedades estén solidariamente obligadas al pago de una multa debido a que forman una empresa, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 81 CE, no implica, a efectos de la aplicación del límite establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, que la obligación de cada una se limite al 10 % del volumen de negocios obtenido por dicha sociedad en el último ejercicio social. En efecto, el límite máximo del 10 % del volumen de negocios previsto en dicho precepto debe calcularse tomando como base el volumen de negocios acumulado de todas las sociedades que constituyen la entidad económica única que actúa como empresa a efectos del artículo 81 CE, puesto que únicamente el volumen de negocios acumulado de las sociedades que la componen puede constituir una indicación de la dimensión y de la potencia económica de la empresa en cuestión.

(véanse los apartados 253 y 313)

15. El punto 2 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA cita, como ejemplo de circunstancias agravantes, la reincidencia de la misma o de las mismas empresas en una infracción del mismo tipo. El concepto de reincidencia, tal como se entiende en algunos ordenamientos jurídicos nacionales, implica que una persona haya cometido nuevas infracciones tras haber sido sancionada por infracciones similares. Una eventual reincidencia figura entre los factores que deben tenerse en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción de que se trate.

A este respecto, cuando la Comisión tiene en cuenta el concepto de empresa, en el sentido de lo previsto en el artículo 81 CE, a efectos de aplicar la circunstancia agravante ligada a la reincidencia, y considera que la misma empresa ha repetido un comportamiento infractor, y ello aun cuando las personas jurídicas implicadas en las infracciones no sean idénticas, debe aportar los datos pormenorizados y precisos que apoyen su aseveración.

Por lo tanto, cuando la evolución de la estructura y del control de las sociedades afectadas es particularmente compleja, corresponde a la Comisión proporcionar una información suficientemente pormenorizada y precisa de la evolución de las empresas participadas por la empresa de que se trata antes de la infracción, y aportar todos los datos pormenorizados necesarios para apreciar que las sociedades mencionadas en su decisión y las sociedades mencionadas en decisiones anteriores forman una misma empresa en el sentido de lo previsto en el artículo 81 CE.

(véanse los apartados 293 a 295, 298, 299 y 302)

16. A tenor de lo previsto en el punto 3, segundo guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, la no aplicación efectiva de los acuerdos o prácticas ilícitos puede constituir también una circunstancia atenuante. No obstante, el hecho de que una empresa, cuya participación en una concertación con sus competidores ha quedado acreditada, no haya ajustado su conducta en el mercado a lo convenido con sus competidores no constituye necesariamente un elemento que deba tenerse en cuenta como circunstancia atenuante para la determinación del importe de la multa correspondiente.

En efecto, una empresa que, pese a la concertación con sus competidores, sigue una política más o menos independiente en el mercado puede limitarse a intentar utilizar la práctica colusoria en su provecho, y una empresa que no se distancia de los resultados de una reunión a la que asiste mantiene, en principio, su plena responsabilidad derivada de su participación en la práctica colusoria. Por lo tanto, la Comisión sólo está obligada a reconocer la existencia de una circunstancia atenuante por la falta de aplicación de una concertación en el caso de que la empresa que la invoque pueda demostrar que incumplió de forma clara y sustancial las obligaciones derivadas de dicha concertación, hasta el punto de alterar su funcionamiento, y que no dio la impresión de adherirse al acuerdo, incitando así a otras empresas a aplicar la concertación en cuestión. En efecto, sería demasiado fácil para las empresas minimizar el riesgo de tener que pagar una fuerte multa si pudiesen beneficiarse de una práctica colusoria ilícita y a continuación conseguir una reducción de la multa alegando que sólo desempeñaron un papel limitado en la aplicación de la infracción, a pesar de que su actitud incitó a otras empresas a comportarse de una forma más perjudicial para la competencia.

(véanse los apartados 306 y 307)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

de 13 de julio de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado del caucho de butadieno y del caucho de estireno-butadieno fabricado por polimerización en emulsión – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE – Imputabilidad del comportamiento infractor – Infracción única – Prueba de la existencia del cártel – Multas – Gravedad y duración de la infracción – Circunstancias agravantes»

En el asunto T‑59/07,

Polimeri Europa SpA, con domicilio social en Brindisi (Italia), representada por los Sres. M. Siragusa y F. Moretti, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada por los Sres. V. Di Bucci, G. Conte y V. Bottka, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso para la anulación de la Decisión C(2006) 5700 final de la Comisión, de 29 de noviembre de 2006, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/F/38.638 – Caucho de butadieno y caucho de estireno-butadieno fabricado por polimerización en emulsión), o, con carácter subsidiario, para la anulación o reducción de la multa impuesta a Polimeri Europa SpA,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por el Sr. F. Dehousse (Ponente), en funciones de Presidente, y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka y el Sr. N. Wahl, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Pocheć, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de octubre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 Mediante la Decisión C(2006) 5700 final, de 29 de noviembre de 2006 (Asunto COMP/F/38.638 – Caucho de butadieno y caucho de estireno‑butadieno fabricado por polimerización en emulsión; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión de las Comunidades Europeas declaró que varias empresas habían infringido lo dispuesto en el artículo 81 CE, apartado 1, y en el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), al haber participado en un cártel referente al mercado de los productos mencionados.

2 Las empresas destinatarias de la Decisión impugnada son las siguientes:

– Bayer AG, con domicilio social en Leverkusen (Alemania);

– The Dow Chemical Company, con domicilio en Midland, Michigan (Estados Unidos) (en lo sucesivo, «Dow Chemical»);

– Dow Deutschland Inc.; con domicilio en Schwalbach (Alemania);

– Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (anteriormente, Dow Deutschland GmbH & Co. OHG), con domicilio en Schwalbach;

– Dow Europe, con domicilio en Horgen (Suiza);

– Eni SpA, con domicilio en Roma;

– Polimeri Europa SpA, con domicilio en Brindisi (Italia) (en lo sucesivo, «Polimeri»);

– Shell Petroleum NV, con domicilio en La Haya (Países Bajos);

– Shell Nederland BV, con domicilio en La Haya;

– Shell Nederland Chemie BV, con domicilio en Rotterdam (Países Bajos);

– Unipetrol a.s., con domicilio en Praga;

– Kaučuk a.s., con domicilio en Kralupy nad Vlatvou (República Checa);

– Trade-Stomil sp. z o. o., con domicilio en Lódź (Polonia) (en lo sucesivo, «Stomil»).

3 Dow Deutschland, Dow Deutschland Anlagengesellschaft y Dow Europe están totalmente controladas, directa o indirectamente, por Dow Chemical (en lo sucesivo, tomadas conjuntamente, «Dow») (considerandos 16 a 21 de la Decisión impugnada).

4 La actividad de Eni respecto a los productos en cuestión estaba garantizada originariamente por EniChem Elastomeri Srl, controlada indirectamente por Eni, a través de su filial EniChem Spa (en lo sucesivo, «EniChem SpA»). El 1 de noviembre de 1997, EniChem Elastomeri se fusionó con EniChem SpA. Eni controlaba el 99,97 % de EniChem SpA. El 1 de enero de 2002, EniChem SpA transfirió su actividad química estratégica (incluida la actividad ligada al caucho de butadieno y al caucho de estireno‑butadieno fabricado por polimerización en emulsión) a su filial Polimeri, que poseía al 100 %. Eni controla directa e íntegramente Polimeri desde el 21 de octubre de 2002. Desde el 1 de mayo de 2003, EniChem SpA cambió su denominación por la de Syndial SpA (considerandos 26 a 32 de la Decisión impugnada). La Comisión utiliza, en la Decisión impugnada, la denominación «EniChem» para referirse a todas las sociedades que posee Eni (en lo sucesivo, «EniChem») (considerando 36 de la Decisión impugnada).

5 Shell Nederland Chemie es una filial de Shell Nederland, la cual a su vez está controlada por completo por Shell Petroleum (en lo sucesivo, tomadas conjuntamente, «Shell») (considerandos 38 a 40 de la Decisión impugnada).

6 Kaučuk se creó en 1997, a raíz de la fusión entre Kaučuk Group, a.s. y Chemopetrol Group a.s. El 21 de julio de 1997, Unipetrol adquirió la totalidad de los activos, derechos y obligaciones de las empresas fusionadas. Unipetrol posee el 100 % de las participaciones de Kaučuk (considerandos 45 y 46 de la Decisión impugnada). Además, según la Decisión impugnada, Tavorex s.r.o. (en lo sucesivo, «Tavorex»), con domicilio en la República Checa, representó a Kaučuk (y a su predecesor Kaučuk Group) en la exportación desde 1991 hasta el 28 de febrero de 2003. Asimismo, según la Decisión impugnada, Tavorex representaba a Kaučuk, desde 1996, en las reuniones de la Asociación europea del caucho sintético (considerando 49 de la Decisión impugnada).

7 Stomil, según la Decisión impugnada, representaba al productor polaco Chemical Company Dwory S.A. (en lo sucesivo, «Dwory») en sus actividades de exportación desde hacía unos 30 años y al menos hasta 2001. Asimismo, según la Decisión impugnada, Stomil representó a Dwory, entre 1997 y el año 2000, en las reuniones de la Asociación Europea del Caucho Sintético (considerando 51 de la Decisión impugnada).

8 El período señalado de duración de la infracción comprende del 20 de mayo de 1996 al 28 de noviembre de 2002 (respecto a Bayer, Eni y Polimeri), del 20 de mayo de 1996 al 31 de mayo de 1999 (respecto a Shell Petroleum, Shell Nederland y Shell Nederland Chemie), del 1 de julio de 1996 al 28 de noviembre de 2002 (respecto a Dow Chemical), del 1 de julio de 1996 al 27 de noviembre de 2001 (respecto a Dow Deutschland), del 16 de noviembre de 1999 al 28 de noviembre de 2002 (respecto a Unipetrol y Kaučuk), del 16 de noviembre de 1999 al 22 de febrero de 2000 (respecto a Stomil), del 22 de febrero de 2001 al 28 de febrero de 2002 (respecto a Dow Deutschland Anlagengesellschaft), y del 26 de noviembre de 2001 al 28 de noviembre de 2002 (respecto a Dow Europe) (considerandos 476 a 485 y artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada).

9 El caucho de butadieno (en lo sucesivo, «CB») y el caucho de estireno‑butadieno elaborado mediante polimerización en emulsión (en lo sucesivo, «CEB») son cauchos sintéticos utilizados esencialmente para la fabricación de neumáticos. Ambos productos son sustituibles entre sí y también lo son con otros cauchos sintéticos y con el caucho natural (considerandos 3 a 6 de la Decisión impugnada).

10 Además de los fabricantes señalados por la Decisión impugnada, otros fabricantes establecidos en Asia y en Europa del Este han vendido cantidades limitadas de CB y de CEB en el territorio del EEE. Asimismo, una parte importante del CB se produce directamente por los grandes fabricantes de neumáticos (considerando 54 de la Decisión impugnada).

11 El 20 de diciembre de 2002, Bayer entró en contacto con los servicios de la Comisión y expresó su deseo de cooperar con arreglo a lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en los casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»), en lo referente al CB y al CEB. Por cuanto respecta al CEB, Bayer realizó una declaración verbal en la que describía las actividades del cártel. Dicha declaración verbal fue grabada en cinta magnética (considerando 67 de la Decisión impugnada).

12 El 14 de enero de 2003, Bayer realizó una declaración verbal en la que describía las actividades del cártel en lo referido al CB. Dicha declaración verbal fue grabada en cinta magnética. Bayer también aportó las actas de las reuniones del comité CB de la Asociación europea del caucho sintético (considerando 68 de la Decisión impugnada).

13 El 5 de febrero de 2003, la Comisión notificó a Bayer su decisión de concederle la dispensa condicional de la multa (considerando 69 de la Decisión impugnada).

14 El 27 de marzo de 2003, la Comisión realizó una visita de verificación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), en los locales de Dow Deutschland & Co. (considerando 70 de la Decisión impugnada).

15 Entre los meses de septiembre de 2003 y de julio de 2006, la Comisión remitió a las empresas destinatarias de la Decisión impugnada varias solicitudes de información con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento nº 17 y en el artículo 18 del Reglamento (CE) nº 1/2003 , del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1 ) (considerando 71 de la Decisión impugnada).

16 El 16 de octubre de 2003, Dow Deutschland y Dow Deutschland & Co. se entrevistaron con los servicios de la Comisión y expresaron su deseo de cooperar con arreglo a lo dispuesto en la Comunicación sobre la cooperación. Durante esta reunión, se proporcionó una descripción verbal de las actividades del cártel en relación con el CB y el CEB. Dicha descripción verbal fue grabada. También se entregó un informe que contenía documentos referentes al cártel (considerando 72 de la Decisión impugnada).

17 El 4 de marzo de 2005, Dow Deutschland fue informada de la intención de la Comisión de concederle una reducción de entre un 30 y un 50 % de la multa (considerando 73 de la Decisión impugnada).

18 El 7 de junio de 2005, la Comisión inició el procedimiento y remitió un primer pliego de cargos a las empresas afectadas por la Decisión impugnada –a excepción de Unipetrol– así como a Dwory. El primer pliego de cargos también se aprobó en relación con Tavorex, pero no se le notificó, ya que Tavorex estaba en quiebra desde octubre de 2004. Por lo tanto, el procedimiento finalizó en relación con dicha empresa (considerandos 49 y 74 de la Decisión impugnada).

19 Las empresas interesadas presentaron sus observaciones escritas sobre el primer pliego de cargos (considerando 75 de la Decisión impugnada). También tuvieron acceso al expediente, en formato CD‑ROM, y a las declaraciones verbales y los documentos relacionados con ellas en las dependencias de la Comisión (considerando 76 de la Decisión impugnada).

20 El 3 de noviembre de 2005, la Manufacture française des pneumatiques Michelin (en lo sucesivo, «Michelin») solicitó su intervención. Con fecha de 13 de enero de 2006, presentó sus alegaciones por escrito (considerando 78 de la Decisión impugnada).

21 El 6 de abril de 2006, la Comisión aprobó un segundo pliego de cargos que remitió a las empresas afectadas por la Decisión impugnada. Dichas empresas presentaron sus observaciones escritas al respecto (considerando 84 de la Decisión impugnada).

22 El 12 de mayo de 2006, Michelin presentó una denuncia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO L 123, p. 18) (considerando 85 de la Decisión impugnada).

23 El 22 de junio de 2006, las empresas afectadas por la Decisión impugnada, excepto Stomil, así como Michelin, participaron en el trámite de audiencia ante la Comisión (considerando 86 de la Decisión impugnada).

24 A falta de pruebas suficientes de la participación de Dwory en el cártel, la Comisión resolvió finalizar el procedimiento en relación con dicha empresa (considerando 88 de la Decisión impugnada). La Comisión también resolvió finalizar el procedimiento en relación con Syndial (considerando 89 de la Decisión impugnada).

25 Por otra parte, si bien se habían utilizado inicialmente dos números de asunto distintos (uno para el CB y otro para el CEB) (COMP/E‑1/38.637 y COMP/E‑1/38.638), la Comisión utilizó un número único después de notificar el primer pliego de cargos (COMP/F/38.638) (considerandos 90 y 91 de la Decisión impugnada).

26 El procedimiento administrativo concluyó con la adopción de la Decisión impugnada por parte de la Comisión, el 29 de noviembre de 2006.

27 A tenor del artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada, las siguientes empresas infringieron lo dispuesto en el artículo 81 CE y el artículo 53 EEE, al haber participado, durante los períodos señalados, en un acuerdo singular y continuo, con arreglo al cual convinieron en fijar objetivos de precios, el reparto de los clientes mediante acuerdos de no agresión e intercambiar información confidencial sobre los precios, los competidores y los clientes, en los sectores del CB y del CEB:

a) Bayer, del 20 de mayo de 1996 al 28 de noviembre de 2002;

b) Dow Chemical, del 1 de julio de 1996 al 28 de noviembre de 2002; Dow Deutschland, del 1 de julio de 1996 al 27 de noviembre de 2001; Dow Deutschland Anlagengesellschaft, del 22 de febrero de 2001 al 28 de febrero de 2002; Dow Europe, del 26 de noviembre de 2001 al 28 de noviembre de 2002;

c) Eni, del 20 de mayo de 1996 al 28 de noviembre de 2002; Polimeri, del 20 de mayo de 1996 al 28 de noviembre de 2002;

d) Shell Petroleum, del 20 de mayo de 1996 al 31 de mayo de 1999; Shell Nederland, del 20 de mayo de 1996 al 31 de mayo de 1999; Shell Nederland Chemie, del 20 de mayo de 1996 al 31 de mayo de 1999;

e) Unipetrol, del 16 de noviembre de 1999 al 28 de noviembre de 2002; Kaučuk, del 16 de noviembre de 1999 al 28 de noviembre de 2002;

f) Stomil, del 16 de noviembre de 1999 al 22 de febrero de 2000.

28 Basándose en las comprobaciones de hecho y apreciaciones jurídicas efectuadas en la Decisión impugnada, la Comisión impuso a las empresas señaladas unas multas cuyo importe se calculó siguiendo el método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA ( DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») y en la Comunicación sobre la cooperación.

29 El artículo 2 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada impone las siguientes multas:

a) Bayer: 0 euros;

b) Dow Chemical: 64,575 millones de euros, de ellos:

i) 60,27 millones de euros, solidariamente con Dow Deutschland;

ii) 47,355 millones de euros, solidariamente con Dow Deutschland Anlagengesellschaft y Dow Europe;

c) Eni y Polimeri, solidariamente: 272,25 millones de euros;

d) Shell Petroleum, Shell Nederland y Shell Nederland Chemie, solidariamente: 160,875 millones de euros;

e) Unipetrol y Kaučuk, solidariamente: 17,55 millones de euros;

f) Stomil: 3,8 millones de euros.

30 El artículo 3 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada ordena a las empresas enumeradas en el artículo 1 que pongan fin inmediatamente, si no lo han hecho antes, a las infracciones señaladas en ese mismo artículo y que se abstengan en lo sucesivo de realizar todo acto o conducta de los descritos en el citado artículo 1, así como de adoptar toda medida que tenga un objeto o efecto equivalente.

Procedimiento y pretensiones de las partes

31 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 20 de febrero de 2007, el demandante interpuso el presente recurso.

32 Por resolución del Presidente del Tribunal de 1 de abril de 2009, el Sr. N. Wahl fue designado para completar la Sala, a raíz del impedimento de uno de sus miembros.

33 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Primera) decidió iniciar la fase oral.

34 En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal requirió a las partes para que respondiesen a determinadas preguntas y le hiciesen llegar determinados documentos. Las demandantes cumplimentaron tales requerimientos dentro del plazo señalado.

35 En la vista celebrada el 21 de octubre de 2009, se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas orales formuladas por el Tribunal.

36 Polimeri solicita al Tribunal que:

– Acceda a las medidas de instrucción solicitadas.

– Anule la Decisión impugnada, total o parcialmente, con las consecuencias que ello implique respecto al importe de la multa.

– Con carácter subsidiario, anule o reduzca la multa.

– En cualquier caso, que condene en costas a la Comisión.

37 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a Polimeri.

Fundamentos de Derecho

38 En apoyo de sus pretensiones, Polimeri invoca, en esencia, dieciséis motivos referentes a vicios procedimentales, al fondo de la Decisión impugnada y a la fijación del importe de la multa.

I. Sobre las pretensiones de anulación parcial de la Decisión impugnada

A. Sobre los motivos referentes a los vicios procedimentales

1. Sobre el motivo primero, basado en la inapropiada utilización de la Comunicación sobre la cooperación

a) Alegaciones de las partes

39 Polimeri sostiene que la Decisión impugnada se basa «en un 90 %» en las declaraciones de Bayer y de Dow. En su opinión, la Decisión impugnada reenvía mayoritariamente a las declaraciones orales. Los documentos aportados como prueba, por añadidura, son muy escasos y permiten varias interpretaciones.

40 El objetivo de las declaraciones orales era, al parecer, que la Comisión pudiera iniciar la investigación. Sin embargo, en este caso, dichas declaraciones sirvieron como instrumentos para indagar hechos, sustituyendo en gran medida a la propia investigación, y como medios de presión sobre las empresas que habían colaborado con la Comisión.

41 En particular, en primer lugar, Polimeri señala que la declaración de Bayer de 20 de diciembre de 2002 sirvió para realizar una sola visita de verificación, en aquel caso en las dependencias de Dow. Ninguna otra empresa mencionada por Bayer en su primera declaración fue objeto de una visita de verificación.

42 En segundo lugar, respecto a las pruebas aportadas, resultan de una gran pobreza, además de equívocas. A su entender, dichos documentos pueden interpretarse como pruebas del intercambio de información confidencial, o también de acuerdos, pero también pueden reflejar sólo los datos de los precios del mercado, conocidos en todo el sector, y procedentes de otras fuentes.

43 Polimeri destaca, en particular, las notas tomadas por uno de los participantes en una reunión celebrada en Düsseldorf (Alemania) el 21 de febrero de 1996, que adjunta a la demanda [anexo 8]. Al principio, la Comisión utilizó esos documentos como prueba de un acuerdo sobre los precios, antes de concluir que dicha reunión no formaba parte de las supuestas reuniones del cártel y de retirar los documentos en cuestión de los datos incriminatorios. Sin embargo, dichos documentos eran tan detallados o más que otros documentos redactados por ese mismo participante a los que la Comisión atribuyó valor probatorio de los acuerdos ilícitos.

44 En este contexto, considera que las empresas fueron inducidas a incluir detalles indemostrables en sus declaraciones. Una primera consecuencia desastrosa de esta política queda ilustrada por las declaraciones realizadas durante la segunda ronda de preguntas. Así, Polimeri pone de relieve que, durante el encuentro del 12 de diciembre de 2005 con los empleados de Dow (Sres. N. y F.), la Comisión formuló preguntas ad hoc para intentar forzar a esas personas a hacer declaraciones «de conveniencia» sobre las supuestas reuniones del cártel, pero también sobre los posibles aumentos de precios objeto de los supuestos acuerdos. Opina que la Comisión llegó incluso a proporcionar ella misma los datos de los posibles aumentos de precios y, al no obtener los resultados esperados, omitió mencionar este extremo en la Decisión impugnada. Igualmente, el considerando 244 de la Decisión impugnada ilustra, a su entender, el hecho de que Dow fue «forzada» a testificar. La declaración de Dow de 17 de noviembre de 2005 muestra, por lo tanto, que esa empresa modificó su versión de los hechos después de conocer las declaraciones de Bayer. La conclusión de la Comisión al respecto no corresponde a las declaraciones de Dow. En el mismo sentido, la declaración de Bayer de 6 de diciembre de 2005 (véase el apartado 43 supra), ilustra el hecho de que esa sociedad llegó a acusarse de actos que no había cometido.

45 En tercer lugar, Polimeri indica que la única referencia normativa al régimen de las declaraciones tomadas en virtud de las facultades de investigación de la Comisión se encuentra en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003. Sin embargo, opina que está demostrado que la Comisión no puede utilizar las declaraciones orales realizadas por las empresas en el contexto de una solicitud de dispensa como prueba decisiva de la existencia de un cártel. Esto se debe, a su entender, al hecho de que las empresas realizan esas declaraciones en su propio interés. En la medida en que, según Polimeri, la Comisión concedió una relevancia preponderante a dichas declaraciones (Polimeri pone de relieve que, en particular, de las quince reuniones que –según la Comisión– se celebraron entre los competidores, únicamente está probada también por escrito la existencia de cuatro de ellas), la afirmación de que la «negativa total [de Syndial y de Polimeri] a admitir su participación (en el cártel o en determinados comportamientos) no puede, por sí sola, prevalecer sobre las pruebas de que dispone la Comisión» (considerando 327 de la Decisión impugnada) refleja un sistema en el que la acusación, que también actúa como juez, se aprovecha impunemente de sus facultades.

46 Por otra parte, considera que la jurisprudencia citada por la Comisión en los considerandos 203 a 205 de la Decisión impugnada no fundamenta lo sostenido por dicha institución. En opinión de Polimeri, el Tribunal ha estimado que la declaración de una empresa acusada de haber participado en una práctica colusoria cuya certeza niegan varias de las demás empresas acusadas no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por éstas últimas si no está respaldada por otras pruebas (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501). Esta doctrina, a su entender, ha sido confirmada en casación por el Tribunal de Justicia.

47 Polimeri añade que sus alegaciones no se refieren al «fondo del asunto», como indica la Comisión en sus escritos. En opinión de esta empresa, sus quejas se refieren a la lesión del derecho de defensa causada por la inversión de la carga de la prueba que resulta de la utilización, completamente singular, de las declaraciones de las empresas que solicitaron la adopción de medidas de clemencia. Polimeri señala que la Comisión responde a sus alegaciones, en relación con el motivo octavo, invocando la jurisprudencia sobre la carga de la prueba. No obstante, la jurisprudencia invocada a este respecto no es pertinente, toda vez que, en los asuntos que menciona la Comisión, la implicación de las empresas fue corroborada mediante pruebas documentales. En el presente asunto, la Decisión impugnada contiene una parte general que no es otra cosa que un puzzle de declaraciones.

48 La Comisión aduce que las quejas formuladas por Polimeri se refieren a la prueba de la infracción y, por lo tanto, al fondo del asunto, y no a supuestos vicios de procedimiento. Por lo tanto, la Comisión remite a la parte del escrito de defensa que trata de los supuestos errores en la apreciación de las pruebas en relación con la existencia del cártel.

b) Apreciación del Tribunal

49 Con carácter preliminar, cabe señalar que, aun cuando algunas de las alegaciones vertidas en el motivo primero se refieren a la prueba de la infracción y son, por lo tanto, inoperantes en el ámbito de los motivos referentes a los vicios de procedimiento que supuestamente hayan afectado a la adopción de la Decisión impugnada, Polimeri contradice asimismo, de manera general, la utilización como pruebas de las declaraciones de las empresas por parte de la Comisión. A este respecto, Polimeri sostiene, en esencia, que se ha atribuido una importancia excesiva a las declaraciones de las empresas, en detrimento de las pruebas documentales, y que dichas declaraciones no son fidedignas.

50 Procede recordar que, en lo que respecta a la aportación de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, incumbe a la Comisión probar las infracciones que descubra y aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente con arreglo a Derecho de la existencia de los hechos constitutivos de la infracción (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 58, y de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 86). Así pues, es necesario que la Comisión aporte pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción (véase la sentencia del Tribunal de 6 de julio de 2000, Volkswagen/Comisión, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, apartado 43, y la jurisprudencia citada).

51 Por otra parte, es habitual que, en el marco de acuerdos y prácticas contrarios a la competencia, las actividades se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en secreto y que la documentación al respecto se reduzca al mínimo. Resulta de ello que, aunque la Comisión descubra documentos que acrediten explícitamente un contacto ilícito entre los operadores, dichos documentos sólo tienen normalmente carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por deducción. En consecuencia, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartados 55 a 57, y de 25 de enero de 2007, Sumitomo Metal Industries y Nipón Steel/Comisión, C‑403/04 P y C‑405/4 P, Rec. p. I‑729, apartado 51).

52 En este contexto, ninguna disposición ni principio general del Derecho comunitario prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa declaraciones de otras empresas incriminadas. De no ser así, la carga de la prueba de los comportamientos contrarios a los artículos 81 CE y 82 CE, que incumbe a la Comisión, sería insostenible e incompatible con la misión de vigilancia de la buena aplicación de dichas disposiciones que le atribuye el Tratado CE (sentencias del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 512, y JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 192).

53 Además, las declaraciones realizadas en nombre de empresas tienen un valor probatorio no desdeñable, pues implican considerables riesgos económicos y jurídicos (véanse, en este sentido, las sentencias JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartados 205 y 211, y Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, citada en el apartado 51 supra, apartado 103).

54 Ciertamente, la declaración de una empresa acusada de haber participado en una práctica colusoria cuya exactitud niegan varias de las demás empresas acusadas no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 219).

55 No obstante, en el caso de autos, la Decisión impugnada se basa en varias declaraciones de empresas que resultan coincidentes, concretamente, las declaraciones de Bayer, Dow y Shell, de modo que se respaldan unas a otras (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 26 de abril de 2007, Bolloré y otros/Comisión, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, Rec. p. II‑947, apartado 168). Por otra parte, consta que la Decisión impugnada también se basa en pruebas documentales, en particular, en notas manuscritas redactadas en las reuniones. El hecho de que Polimeri discuta el valor probatorio de esos documentos no puede afectar a la Decisión impugnada respecto al procedimiento que siguió la Comisión.

56 A la vista de estos datos, nada permite concluir que la Decisión impugnada adolezca de vicios de procedimiento que afecten a su legalidad.

57 Las otras alegaciones formuladas por Polimeri no pueden desvirtuar dicha conclusión.

58 En cuanto a la alegada circunstancia de que la Comisión no puede basarse en declaraciones realizadas con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación, procede señalar, en primer lugar, que ningún precepto prohíbe a la Comisión utilizar dichas declaraciones a efectos de demostrar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia. En segundo lugar, tales declaraciones no pueden considerarse carentes de valor probatorio, pues las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables (sentencia Bolloré y otros/Comisión, citada en el apartado 55 supra, apartado 166). En tercer lugar, aunque resulte oportuno albergar cierta desconfianza respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cártel ilícito, dada la posibilidad de que tales participantes tiendan a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de los demás, no es menos cierto que la alegación de Polimeri no responde a la lógica inherente al procedimiento previsto por la Comunicación sobre la cooperación. En efecto, el hecho de solicitar la aplicación de ésta para obtener una reducción de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados respecto a los demás participantes en el cártel investigado. Toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación del solicitante y, por lo tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación (sentencia del Tribunal de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, apartado 70). En particular, cabe considerar que el hecho de que una persona confiese que ha cometido una infracción, reconociendo así la existencia de hechos que rebasan lo que podía deducirse directamente de los documentos en cuestión, implica, a priori, si no concurren circunstancias especiales que indiquen lo contrario, que tal persona ha resuelto decir la verdad (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 212).

59 Respecto a que determinadas empresas implicadas hubieran sido «forzadas» a hacer declaraciones, Polimeri invoca, de hecho, una vulneración del principio de buena administración. A este respecto, procede recordar que, entre las garantías otorgadas por el ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos figura, en particular, el principio de buena administración, del que forma parte la obligación de la institución competente de examinar, detenida e imparcialmente, todos los elementos pertinentes del asunto de que se trata (sentencias del Tribunal de 24 de enero de 1992, La Cinq/Comisión, T‑44/90, Rec. p. II‑1, apartado 86, y de 18 de junio de 2008, Hoechst/Comisión, T‑410/03, Rec. p. II‑881, apartado 129). Ahora bien, la vulneración del principio de buena Administración puede conllevar la anulación de la Decisión de que se trate si se demuestra que, no existiendo dicha irregularidad, la decisión habría tenido un contenido diferente (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartado 91; véase, asimismo, la sentencia Volkswagen/Comisión, citada en el apartado 50 supra, apartado 283). En el caso de autos, Polimeri no ha proporcionado tal prueba. En cualquier caso, aun suponiendo que la alegada vulneración del principio de buena administración llevara al Tribunal a prescindir de las declaraciones de las empresas mencionadas por Polimeri, ello dejaría intactos los otros elementos que contiene la Decisión impugnada. Por lo tanto, nada permite considerar que, en esas circunstancias, la Comisión hubiera llegado a la conclusión de que no había infracción de las normas sobre competencia.

60 A la vista de estos datos, debe desestimarse por infundado el motivo primero invocado por Polimeri.

2. Sobre el motivo segundo, basado en la remisión injustificada de un segundo pliego de cargos

a) Alegaciones de las partes

61 Polimeri señala que la notificación a los interesados de un pliego de cargos suplementario sólo resulta necesaria en caso de que el resultado de las investigaciones conduzca a la Comisión a imputar a las empresas nuevos actos o a modificar considerablemente los elementos de prueba de las infracciones constatadas.

62 En el caso de autos, la Comisión justificó la remisión del nuevo pliego de cargos por los numerosos datos probatorios que, al parecer, se habían descubierto en el curso de las investigaciones adicionales realizadas después de la recepción de las observaciones escritas de las partes interesadas respecto al primer pliego de cargos. Sin embargo, se limitó a recoger las nuevas declaraciones de las mismas sociedades, y con frecuencia de las mismas personas, en relación con eventos que ya habían sido objeto de numerosas declaraciones.

63 El único elemento verdaderamente nuevo es, al parecer, la solicitud de intervención formulada por Michelin el 3 de noviembre de 2005, concretada mediante observaciones presentadas el 13 de enero de 2006, y la transmisión de datos referentes a los precios pagados a sus proveedores durante el período de referencia. No obstante, los datos proporcionados por Michelin no fueron utilizados por la Comisión.

64 El nuevo pliego de cargos, por lo tanto, no está justificado por ningún elemento nuevo, y no parece lícito a la vista de la jurisprudencia. Además, determinó un retraso importante en el curso del procedimiento e incrementó los esfuerzos que las empresas debieron desplegar para su defensa.

65 Además, considera que se desvirtuó la función del pliego de cargos, pues se utilizó para responder a las alegaciones de las empresas. Por otra parte, las respuestas de Syndial y de Polimeri fueron utilizadas por la Comisión para refinar su tesis, ya que se suprimieron todos los datos que podían debilitarla. A este respecto, Polimeri indica que desaparecieron del análisis cuantitativo exacto de las variaciones de precios todas las alusiones cuantitativas a la relación entre el mercado total de los productos y el mercado hipotéticamente controlado por el supuesto cártel, así como el hecho comprobado fundamental de que el caucho natural y el caucho sintético son sustituibles entre sí.

66 Finalmente, en su opinión, la Decisión impugnada introduce un enorme cambio respecto a la estimación cuantitativa del mercado de los productos en cuestión, en comparación con el segundo pliego de cargos. Dicho mercado se evaluó, en el año 2001, por un importe de 820 millones de euros en el segundo pliego de cargos, y por un importe de 550 millones de euros en la Decisión impugnada (considerando 66). A su entender, esta diferencia de más del 30 %, carente de explicación alguna, produce efectos negativos en la situación de las empresas. Modifica la relación entre el mercado cubierto por los participantes en el supuesto cártel y el mercado «no condicionado». Considera que también modifica la posición de las empresas en el mercado y, por lo tanto, la hipotética capacidad de cada una de ellas de generar repercusiones en el juego de la competencia. Puesto que estos factores son nuevos, Polimeri denuncia la vulneración de su derecho de defensa, pues no ha podido formular sus alegaciones al respecto.

67 La Comisión solicita que se desestime este motivo. En esencia, considera que la remisión de un segundo pliego de cargos en el caso de autos no supone ilegalidad alguna.

b) Apreciación del Tribunal

68 El pliego de cargos es un acto preparatorio del procedimiento que, con el fin de garantizar el ejercicio eficaz del derecho de defensa, circunscribe el objeto del procedimiento administrativo incoado por la Comisión, impidiendo así a esta última formular otras imputaciones en la decisión que pone fin al procedimiento de que se trate (véase el auto del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1986, British American Tobacco y Reynolds Industries/Comisión, 142/84 y 156/84, Rec. p. 1899, apartados 13 y 14; véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, apartado 63).

69 Por otra parte, en ningún caso cabe considerar la redacción de un pliego de cargos por la Comisión como prueba de presunción de la culpabilidad de la empresa afectada. En caso contrario, la apertura de cualquier procedimiento en la materia podría potencialmente vulnerar el principio de presunción de inocencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2006, JCB Service/Comisión, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, apartado 99).

70 En estas circunstancias, la redacción, en el caso de autos, de un segundo pliego de cargos, no puede conducir, por sí sola, a apreciar una irregularidad del tipo que sea.

71 En la medida en que pueda entenderse que las alegaciones de Polimeri invocan, de hecho, la vulneración del principio del plazo razonable, cabe recordar que tal vulneración, suponiendo que se confirmara, sólo puede constituir un motivo de anulación de una Decisión en la que se declare la existencia de infracciones si se demuestra que la violación de este principio ha vulnerado los derechos de defensa de las empresas de que se trate. Aparte de este supuesto concreto, el incumplimiento de la obligación de pronunciarse en un plazo razonable no influye en la validez del procedimiento administrativo (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, apartados 42 a 44; véanse, asimismo, las sentencias del Tribunal de 14 de febrero de 2001, Sodima/Comisión, T‑62/99, Rec. p. II‑655, apartado 94, y de 16 de diciembre de 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie/Comisión, T‑5/00 y T‑6/00, Rec. p. II‑5761, apartado 74).

72 Ahora bien, en el presente asunto, en cualquier caso, la argumentación desarrollada por Polimeri debe considerarse genérica y no puede acreditar una auténtica vulneración del derecho de defensa, que debe ser analizada en función de las circunstancias específicas de cada asunto (véanse, en este sentido, las sentencias Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, citada en el apartado 71 supra, apartado 59, y Hoschst/Comisión, citada en el apartado 59 supra, apartado 228.

73 Respecto a la alegación de que el segundo pliego de cargos contuviera modificaciones respecto al primero, procede recordar que este acto de trámite es intrínsecamente provisional y está sujeto a modificaciones durante la apreciación que realiza posteriormente la Comisión a la luz de las observaciones presentadas por las partes y de otras constataciones fácticas. En efecto, la Comisión debe tomar en consideración los elementos que resulten del conjunto del procedimiento administrativo, en su conjunto, bien para abandonar los cargos que hubieran resultado mal fundados, bien para adaptar o completar, tanto fáctica como jurídicamente, su argumentación en apoyo de los cargos que formule (véase la sentencia Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, citada en el apartado 68 supra, apartado 63, y la jurisprudencia citada). Por lo tanto, si la Comisión tiene motivos fundados para modificar su argumentación, tanto de hecho como de Derecho, entre el pliego de cargos y su decisión final, con mayor razón puede hacerlo entre dos pliegos de cargos.

74 Finalmente, en cuanto a la alegación de que la Decisión impugnada introduzca un cambio respecto a la estimación cuantitativa del mercado de los productos de que se trata, las alegaciones de Polimeri no fundamentan el motivo planteado. En efecto, mediante su segundo motivo, Polimeri discute la remisión, por parte de la Comisión, de un segundo pliego de cargos. Sin embargo, en sus alegaciones, Polimeri objeta que la Comisión no le proporcionó más posibilidades de defenderse durante el procedimiento administrativo. Por lo tanto, las alegaciones de Polimeri a este respecto son inoperantes.

75 En cualquier caso, cabe recordar que el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular a multas o multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión que debe ser observado aun cuando se trate de un procedimiento de carácter administrativo (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-Laroche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, apartado 9, y de 2 de octubre de 2003, Arbed/Comisión, C‑176/99 P, Rec. p. I‑10687, apartado 19; sentencia Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie/Comisión, citada en el apartado 71 supra, apartado 32). Este principio exige, en particular, que el pliego de cargos remitido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer una sanción por infracción de las normas sobre la competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos de prueba en que se funda la Comisión, a fin de que la referida empresa pueda hacer valer adecuadamente sus alegaciones en el procedimiento administrativo dirigido contra ella (véanse las sentencias Arbed/Comisión, antes citada, apartado 20, así como la jurisprudencia citada, y Hoechst/Comisión, citada en el apartado 59 supra, apartado 421).

76 En el caso de autos, basta con señalar que, como señala correctamente la Comisión, la disminución del valor de mercado del CB y del CEB no se tuvo en cuenta, en la Decisión impugnada, como un factor imputable a las empresas de que se trata. En estas circunstancias, no cabe apreciar al respecto vulneración alguna del derecho de defensa de Polimeri. Además, como se ha recordado más arriba en el apartado 73, es intrínseco al pliego de cargos el carácter provisional y el que pueda modificarse tanto respecto a los hechos como a los fundamentos de Derecho. No obstante, ello no impide que Polimeri discuta, ante el Tribunal, la estimación cuantitativa del valor de mercado de que se trata en los motivos cuarto y décimo del presente recurso.

77 A la vista de lo anterior, debe desestimarse por infundado el motivo segundo planteado por Polimeri.

3. Sobre el motivo tercero, basado, en esencia en la vulneración del derecho de defensa de Polimeri

a) Alegaciones de las partes

78 Polimeri señala que la Comisión, en la Decisión impugnada, excluye completamente la imputabilidad directa por cuanto se refiere a Syndial, cuando, por el contrario, había remitido a dicha empresa tanto el primer pliego de cargos como el segundo (considerando 374 de la Decisión impugnada).

79 En su opinión, de ello se desprende que, si bien Polimeri no se dedicó, en el período comprendido entre el 20 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2002, a la fabricación y distribución de los productos de que se trata, ya que sólo se convirtió en cesionaria de las actividades referentes al CB y al CEB a partir del 1 de enero de 2002, la Comisión la hace responsable por un período de casi siete años (del 20 de mayo de 1996 al 28 de noviembre de 2002) (considerando 373 de la Decisión impugnada).

80 En estas circunstancias, Polimeri no tuvo ocasión de responder a la nueva evaluación jurídica de su responsabilidad. Existe una diferencia entre que se le atribuya una responsabilidad solidaria con la sociedad que realmente cometió los hechos que constituyen la infracción y que se le impute la responsabilidad exclusiva de esta última por todo el período de actividad del supuesto cártel. A su entender, la exclusión de Syndial de entre los destinatarios de la Decisión impugnada tuvo, por lo tanto, una importante influencia en la posición de Polimeri y en su estrategia de defensa.

81 La Comisión solicita que se desestime el motivo. Señala al respecto que, en contra de lo que pretende hacer creer Polimeri, en los dos pliegos de cargos le había imputado responsabilidad por todo el período de duración del cártel. El hecho de que esa responsabilidad también pueda imputarse, con carácter solidario, a Syndial, no puede haber influido en la línea de defensa de Polimeri. Además, ésta no señala de qué manera la responsabilidad solidaria de Syndial podría haber conducido a un resultado diferente del procedimiento.

b) Apreciación del Tribunal

82 Cabe considerar que, mediante su motivo tercero, Polimeri invoca, de hecho, la vulneración del derecho de defensa, pues considera que la Comisión no le permitió alegar sus observaciones respecto a la posible exclusión de Syndial de entre los destinatarios de la Decisión impugnada.

83 El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular a multas o multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión que debe ser observado, aun cuando se trate de un procedimiento de carácter administrativo. Este principio exige, en particular, que el pliego de cargos remitido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer una sanción por infracción de las normas sobre la competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos de prueba en que se funda la Comisión, a fin de que la referida empresa pueda hacer valer adecuadamente sus alegaciones en el procedimiento administrativo dirigido contra ella (véase la jurisprudencia citada más arriba en los apartados 74 y 75).

84 El motivo tercero de Polimeri se apoya en la premisa de que, al parecer, en los pliegos de cargos, la Comisión declaró la responsabilidad de EniChemSpA (posteriormente, Syndial) en el período comprendido entre el 20 de mayo de 1996 y el 1 de enero de 2002, cuando, en la Decisión impugnada, la Comisión sólo declara la responsabilidad de Polimeri, incluido el período antes mencionado en el que no participaba en la producción y distribución de los productos de que se trata.

85 En primer lugar, sin embargo, el segundo pliego de cargos menciona que, habida cuenta, en particular, de la transferencia de actividades efectuada el 1 de enero de 2002 entre EniChem SpA y Polimeri, así como del hecho de que ambas sociedades pertenecen a la misma empresa, Polimeri debe ser considerada responsable de la infracción por el período comprendido entre el 20 de mayo de 1996 y el 28 de noviembre de 2002. De ello se desprende que el segundo pliego de cargos, al igual que la Decisión impugnada (considerandos 365 a 373), declara la responsabilidad de Polimeri por todo el período de la infracción, incluidos, por lo tanto, los hechos cometidos por EniChem SpA antes del 1 de enero de 2002.

86 Además, el segundo pliego de cargos precisaba que, dado que EniChem SpA controlaba el 100 % del capital de Polimeri entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2002, Syndial debía ser declarada responsable solidaria de la infracción de Polimeri en ese período. De ello se desprende que el segundo pliego de cargos sólo considera la responsabilidad de Syndial por un período limitado, en su calidad de sociedad matriz de Polimeri, entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2002, y no por todo el período de la infracción.

87 De ello se desprende que la premisa de Polimeri es incorrecta.

88 Por lo tanto, a falta de alegaciones más detalladas, procede desestimar el motivo basado en la vulneración del derecho de defensa de Polimeri a este respecto.

89 En cuanto a la alegación formulada por Polimeri en la vista, según la cual la exclusión de Syndial de entre los destinatarios de la Decisión impugnada permitió a la Comisión «evitar» el límite de la multa equivalente al 10 % del volumen de negocios, y suponiendo que tal alegación fuera admisible pese a su extemporaneidad, cabe señalar que se suma a las alegaciones desarrolladas en el motivo decimosexto. Ahora bien, por los motivos expuestos más abajo en los apartados 313 a 316, esta alegación debe desestimarse.

90 A la vista de lo anterior, debe desestimarse por infundado el motivo tercero planteado por Polimeri.

B. Sobre los motivos que hacen referencia al fondo de la Decisión impugnada

1. Sobre el motivo cuarto, basado en la incorrecta definición del mercado de que se trata

a) Alegaciones de las partes

91 Polimeri señala que, en la Decisión impugnada, la Comisión acumuló los dos asuntos referentes al CB y al CEB, si bien eran distintos durante la investigación. El examen de este hipotético sector común se limitó, al parecer, a la elaboración de un cuadro (cuadro 3 de la Decisión impugnada), sin comentario alguno explicativo. Polimeri señala que, en los procedimientos de concentración, la Comisión siempre ha estado atenta a distinguir dos mercados diferentes. En el presente asunto, Polimeri sostiene que no concurren los requisitos, ni desde el punto de vista técnico y comercial ni desde el punto de vista del sistema de competencia, para justificar la aludida acumulación.

92 En primer lugar, Polimeri señala que el CB compite con el caucho natural. Según ella, se utiliza en los neumáticos para vehículos comerciales, ligeros y pesados, principalmente para la zona lateral del neumático. Proporcionando un análisis al respecto, Polimeri sostiene que el mercado del CB debería incluir el conjunto del mercado del CB y una parte del mercado del caucho natural. En este ámbito, la cuota de mercado de Polimeri nunca ha rebasado el 11,8 % entre 1996 y 2002. Polimeri pone de relieve que, en el cuadro 1 de la Decisión impugnada, la Comisión suprimió todas las referencias a las cuotas de mercado, al mercado total del CB y a la parte de dicho mercado no atendida por las empresas de que se trata. Estos datos, si bien son discutibles según Polimeri, se recogieron en el segundo pliego de cargos. Por lo tanto, en la Decisión impugnada no hay mención del poder de influencia del supuesto cártel en el mercado, ni al poder de cada uno de los participantes. Polimeri añade que las supresiones realizadas por la Comisión pretenden eliminar los datos que demuestran el carácter discutible de su análisis, como el grado de cobertura del mercado que representan las empresas en cuestión, el cual, en su opinión, era mucho menor que el mencionado inicialmente en el segundo pliego de cargos.

93 En segundo lugar, Polimeri pone de relieve que el CEB es el caucho de uso general, el cual se adapta a múltiples aplicaciones sin ser excelente en ninguna de ellas. El sector de aplicación más importante es la producción de bandas de rodadura. Sin embargo, no hay un sector de aplicación en el que el CEB sea insustituible técnicamente. Proporcionando algunos análisis al respecto, Polimeri sostiene que el mercado del CEB debería incluir el total del mercado del CEB y una parte del mercado del caucho natural. En este ámbito, la cuota de mercado de Polimeri nunca ha rebasado el 13,8 % entre 1996 y 2002. Aún así, en su opinión, las cuotas de mercado del CSB desaparecieron en la Decisión impugnada, así como la referencia al mercado total y la estimación cuantitativa de las ventas de los otros fabricantes. Polimeri pone de relieve que, en el caso de las ventas de los otros fabricantes, habría cuestionado los datos contenidos inicialmente en el segundo pliego de cargos.

94 En tercer lugar, aun considerando que no se deberían haber agregado los mercados del CB y del CEB, Polimeri señala que la Comisión, en la Decisión impugnada, modificó radicalmente la valoración del mercado combinado. Polimeri observa que la valoración del mercado conjunto, en el cuadro 3 de la Decisión impugnada, es con mucho inferior a la del cuadro con el mismo objeto que figura en el segundo pliego de cargos, aunque se mantienen constantes los volúmenes de negocio de las empresas en cuestión. Esta diferencia procede, en su opinión, de las ventas de CB y de CEB atribuidas a los otros fabricantes. De este modo, según reza la Decisión impugnada, el supuesto cártel parecía controlar el 90 % del mercado, si bien, en el segundo pliego de cargos, sólo representaba apenas el 60 % del mercado. Polimeri añade que, si se considerase la presencia de las empresas de que se trata en el mercado del caucho natural, que compite con el CB y con el CEB, la zona de influencia se reduciría a niveles ampliamente inferiores al 50 %.

95 En cuarto lugar, respecto a la demanda, Polimeri indica que el CB y el CEB no se utilizan exclusivamente, como sostiene la Comisión, en la producción de neumáticos, aun cuando dicha utilización sea la preponderante (entre el 60 y el 70 %). En su opinión, las importantes diferencias de aplicación que existen entre el CB y el CEB, al margen de la producción de neumáticos, confirman el hecho de que es incorrecto pretender unir los dos productos en un mercado o un sector conjunto. Respecto a los neumáticos, cinco grandes fabricantes absorben la producción de CB y de CEB destinada a tal uso. No obstante, ninguno de esos grandes clientes tendría un solo suministrador de caucho sintético. Además, opina que la propia Comisión reconoce que numerosos fabricantes de neumáticos tienen una producción propia de cauchos sintéticos y también se abastecen en gran medida de caucho natural. Por ello, a su entender, el poder contractual de los fabricantes de neumáticos es importante en relación con el de los productores de caucho y el grado de transparencia del mercado creado por los fabricantes de neumáticos, en la fase negociadora, es elevado. Los mencionados datos hacen poco creíble la existencia de un acuerdo entre los fabricantes. Además, un importante porcentaje de los contratos (entre el 40 y el 60 %) se basa en una «fórmula de precios» que contiene una referencia al precio de las materias primas. Ello priva de cualquier significación relevante y de cualquier efecto a las discusiones trimestrales sobre los precios entre los competidores.

96 Polimeri añade que la Comisión, en sus escritos, cita de forma incompleta el auto del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2006, Adriatica di Navigazione/Comisión (C‑111/04 P, no publicado en la Recopilación). El Tribunal de Justicia había señalado, en el apartado 32 de dicho auto, que «el Tribunal ha admitido que la definición confusa e incompleta del mercado pertinente [podía] tener como consecuencia un error en la atribución de responsabilidades». En el caso de autos, el mercado considerado permitió a la Comisión calificar de ilícitos comportamientos absolutamente neutros. En particular, no existe, por sí mismo, un asunto referido al CB.

97 La Comisión solicita que se desestime el motivo. Sostiene, en particular, que el cuestionamiento de la definición del mercado de que se trata es irrelevante respecto a la existencia del cártel.

b) Apreciación del Tribunal

98 La Comisión precisa, en la Decisión impugnada, que inicialmente se habían atribuido dos números de expediente. El primero se refería a la solicitud de inmunidad, presentada por Bayer, referente al CB. El segundo se refería a la solicitud de inmunidad, igualmente presentada por Bayer, referente al CEB. No obstante, la investigación se llevó de forma individual y la mayor parte de los actos de trámite (en particular, los dos pliegos de cargos) abarcaban los dos sectores. Después del primer pliego de cargos, sólo se utilizó un número de expediente. En los dos pliegos de cargos, así como en la Decisión impugnada, la Comisión señala que las prácticas en cuestión eran una infracción única y continuada (considerandos 90 y 91 de la Decisión impugnada).

99 Mediante sus alegaciones, Polimeri plantea, de hecho, dos objeciones a la Decisión impugnada. En primer lugar, considera que la Comisión no debería haber acumulado los dos procedimientos iniciales referentes al CB y al CEB. En segundo lugar, cuestiona la definición sectorial del mercado, tal como fue considerada por la Comisión.

100 En cuanto a la primera queja de Polimeri, procede recordar que la Comisión está facultada tanto para separar como para acumular los procedimientos administrativos por razones objetivas (véase la sentencia de este Tribunal de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión, T‑30/05, no publicada en la Recopilación, apartado 64, y la jurisprudencia citada). En el caso de autos, nada permite considerar que la acumulación de los dos procedimientos iniciales no obedeciera a causas objetivas. En particular, no cabe cuestionar que el CB y el CEB pertenecen al mismo sector de actividades, habida cuenta, en especial, de las características físicas y de los usos de ambos productos. Asimismo, se desprende de la Decisión impugnada y de las declaraciones de las empresas de que se trata que algunas de las reuniones ilícitas en cuestión se referían a la vez al CB y al CEB. En estas circunstancias, las alegaciones de Polimeri no pueden hacer dudar de las decisiones adoptadas por la Comisión al respecto. Además, aún suponiendo que la infracción en cuestión abarque, en realidad, dos infracciones distintas, el hecho de que esas infracciones se documenten en varias decisiones o en una sola carece de importancia, pues consta que, en el caso de autos, las infracciones de que se trata no han prescrito (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal Prym y Prym Consumer/Comisión, antes citada, apartado 63, y de 12 de diciembre de 2007, BASF y UCB/Comisión, T‑101/05 y T‑11/05. Rec. p. II‑4949, apartado 158). En particular, nada permite considerar que, por el hecho de la acumulación de los procedimientos, la Comisión haya imputado erróneamente una infracción a Polimeri. Por otra parte, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado también puedan constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Cuando las diversas acciones se inscriben –como en el caso de autos– en un «plan conjunto», debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (sentencia del Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 51 supra, apartado 258).

101 Respecto a la segunda queja planteada por Polimeri, basta con señalar que el cuestionamiento de la definición del mercado de que se trata es inoperante en el ámbito del motivo cuarto, pues no puede demostrar por sí solo que no concurren los requisitos de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1. Por lo tanto, Polimeri no puede afirmar, con base en esto, su falta de participación en el cártel (véase, en este sentido, el auto Adriatica di Navigazione/Comisión, citado en el apartado 96 supra, apartado 30; véase, asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02, Rec. p. II‑5169, apartado 172). En particular, nada permite considerar que, por la sola definición del mercado en cuestión, la Comisión haya imputado erróneamente una infracción a Polimeri. Cabe señalar, a este respecto, que la Decisión impugnada mantiene claramente la responsabilidad de Polimeri simultáneamente respecto al CB y al CEB. En estas circunstancias, el hecho de que la Comisión haya declarado la existencia de una infracción única para ambos productos no implica achacar a Polimeri una infracción por la que no debería ser considerada responsable. Ello no impide, sin embargo, que Polimeri cuestione la definición del mercado de que se trata en el ámbito del motivo décimo, referente a la apreciación de la gravedad de la infracción.

102 A la vista de estos datos, debe desestimarse por infundado el motivo cuarto planteado por Polimeri.

2. Sobre el motivo quinto, basado en la evolución de los precios durante el período considerado

a) Alegaciones de las partes

103 Polimeri indica que la Comisión había desarrollado, en el primer Pliego de cargos, un análisis de la evolución de los precios en los mercados del CB y del CEB. Sin embargo, en el segundo pliego de cargos, y posteriormente en la Decisión impugnada, la Comisión suprimió la parte relativa a las «pruebas económicas» de la infracción. De este modo, al parecer, hay un reconocimiento implícito de que la supuesta infracción no produjo ningún efecto concreto. Polimeri señala que la supresión realizada era consecuencia de un análisis detallado, proporcionado por Syndial durante el procedimiento administrativo, que une a la demanda. Este análisis demuestra, en su opinión, que los precios establecidos no obedecían a razones de control y de alineamiento, y que la supuesta coordinación de los precios, si se manifestaba, se debía en realidad a la reacción de los fabricantes ante el coste de las materias primas y la evolución del mercado.

104 A su entender, la explicación dada por la Comisión en los considerandos 275 a 280 de la Decisión impugnada –en respuesta al análisis proporcionado por Syndial– no es convincente. Polimeri, detallando el cálculo de la evolución de los precios de venta en el mercado de que se trata, considera que los desfases en los niveles de precios entre las empresas eran demasiado importantes para ser calificados de «elevado grado de correlación». Polimeri indica, por ejemplo, que el aumento de los precios de EniChem SpA fue en más de un 30 % superior al de los precios de Shell entre el primer trimestre del año 1992 y el tercer trimestre de 1995. En cuanto a la crítica de la Comisión según la cual el análisis asignaba arbitrariamente a todos los productos un valor inicial de precio efectivo idéntico, Polimeri precisa que dicho análisis, por el contrario, presenta el efecto de las variaciones en el precio inicial de cada uno de los fabricantes, con independencia del valor absoluto inicial. No obstante, Polimeri reconoce que, para los fabricantes cuya serie completa de variaciones de precios no estaba disponible (concretamente, Bayer, Dwoyer y Kaučuk), el punto de partida de la serie se fijó respecto a una variación acumulativa de precios igual a la de EniChem SpA. No obstante, no se trata en ningún caso de la asignación al fabricante de un precio efectivo y cualquier otra decisión habría llevado al mismo resultado. Finalmente, Polimeri señala que nunca ha afirmado que el coste del butadieno sea el único factor determinante del precio final del CB o del CEB, aun cuando dicho factor tenga una incidencia preponderante.

105 Polimeri añade –y esta observación también es válida respecto al motivo sexto– que la falta de demostración de las repercusiones del supuesto cártel es un defecto de la instrucción y contribuye a disminuir el valor de las otras pruebas recabadas. Polimeri también señala que, en la sentencia de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Commission, denominada «Cemento», (T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 245), el Tribunal, haciendo referencia a las sentencias de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión (T‑30/91, Rec. p. II‑1775) e ICI/Comisión (T‑36/91, Rec. p. II‑1847), señaló que, «dada la debilidad de las pruebas documentales […] el Tribunal [había] considerado que, para demostrar de modo suficiente con arreglo a Derecho la existencia de la práctica concertada que se reprochaba a ICI y a Solvay, la Comisión habría debido prever, desde la fase de [notificación del pliego de cargos], una apreciación económica global y profunda, centrada en especial en el mercado de referencia y en la importancia y el comportamiento de las empresas que operan en dicho mercado.»

106 La Comisión solicita la desestimación del motivo. Recuerda al respecto que no es necesario tomar en consideración las repercusiones concretas de un acuerdo para aplicar el artículo 81 CE, apartado 1, pues dicho acuerdo tiene por objeto restringir, impedir o falsear el juego de la competencia. La Comisión añade –y esta observación también es válida respecto al motivo sexto– que la existencia del cártel se evidencia de manera irrefutable por una serie de elementos precisos y concordantes ampliamente expuestos en la Decisión impugnada.

b) Apreciación del Tribunal

107 Con carácter preliminar, procede señalar que, mediante sus alegaciones, Polimeri cuestiona la comprobación de la Comisión de que existía un cártel entre las empresas de que se trata. Polimeri considera, en esencia, que los precios establecidos no se debían a un tipo de coordinación, sino que resultaban, en especial, de la evolución del coste de las materias primas y de la evolución del mercado.

108 Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, a efectos de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de los efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 50 supra, apartados 122 y 123; de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartado 491, y de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, apartado 84). En particular, en cuanto a los acuerdos contrarios a la competencia que, como en el caso de autos, se manifiestan durante las reuniones de empresas competidoras, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que se infringe el artículo 81 CE, apartado 1, cuando esas reuniones tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento del mercado (sentencias Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartados 508 y 509; Sumitomo Metal Industries y Nippon Steel, citada en el apartado 52 supra, apartado 47, y Dalmine/Comisión, antes citada, apartado 84). En tal caso, basta con que la Comisión demuestre que la empresa en cuestión ha participado en reuniones en el curso de las cuales se concluyeron acuerdos contrarios a la competencia para probar la participación de dicha empresa en el cártel. Cuando la participación en tales reuniones se ha acreditado, corresponde a dicha empresa aportar los indicios para demostrar que cuando ella participaba en las reuniones estaba desprovista de cualquier ánimo contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes de las de ellos (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartado 155; Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 51 supra, apartado 81, y Sumitomo Metal Industries y Nippon Steel/Comisión, citada en el apartado 51 supra, apartado 47).

109 En el caso de autos, se desprende de la Decisión impugnada que la prueba de la concertación entre las empresas no resulta de la mera comprobación de la existencia de un paralelismo de comportamientos en el mercado, sino de documentos de los que se deduce que las prácticas eran el resultado de una concertación. En estas circunstancias, la explicación alternativa proporcionada por Polimeri respecto a los precios establecidos no puede poner en duda la comprobación de la Comisión de que existía un cártel entre las empresas de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia PVC II, citada en el apartado 52 supra, apartados 727 y 728).

110 A la vista de lo anterior debe desestimarse por infundado el motivo cuarto planteado por Polimeri.

3. Sobre el motivo sexto, basado en el abastecimiento a los principales clientes

a) Alegaciones de las partes

111 Según Polimeri, es difícil comprender el alcance y la repercusión de la intervención de Michelin, la cual ni siquiera intentó demostrar que el paralelismo de los precios observado en 1995 había continuado en los años siguientes. Por otra parte, Polimeri indica que Michelín se abastecía de CB con cuatro fabricantes y de CEB con seis fabricantes. A su entender, se desprende de un análisis remitido a la Comisión durante el procedimiento administrativo que las entregas efectuadas por EniChem SpA no podían formar parte de un plan de reparto o de «conformidad». Ello res