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Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 16 de octubre de 2018 — DNV GL/EUIPO (Sustainablel)

(Asunto T‑644/17)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión Sustainablel — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/2001]»

1. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 15)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 16 y 17)

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa Sustainablel [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 20, 22 a 28, 32 a 35 y 41)

4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Apreciación del carácter descriptivo de un signo — Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 31)

5. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Denegación del registro basada en uno de los motivos de denegación absolutos enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 — Suficiencia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1] (véase el apartado 39)

6. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Examen por separado de los distintos motivos de denegación — Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) a d) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) a d)] (véase el apartado 40)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 12 de julio de 2017 (asunto R 2/2017‑2), relativa a un procedimiento de solicitud de registro de la marca denominativa Sustainablel como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Cuando un recurso de anulación se interpone por demandantes no privilegiados contra un acto del que no son destinatarios, tanto la exigencia de que los efectos jurídicos obligatorios de la medida impugnada deben poder afectar a los intereses de la parte demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica, como el requisito de que el acto recurrido debe afectar directamente a la persona física o jurídica, como lo contempla el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, suponen que la decisión impugnada produzca directamente efectos en la situación jurídica de los demandantes.

Debe desestimarse por inadmisible un recurso interpuesto por unos nacionales de un Estado miembro contra una decisión adoptada por el Consejo sobre la base de lo dispuesto en el artículo 50 TUE, apartado 2, tercera frase, en relación con el artículo 218 TFUE, apartado 3, de autorizar a la Comisión a abrir las negociaciones con ese Estado miembro relativas a la celebración de un acuerdo en el que se establezcan las modalidades de su retirada de la Unión y del Euratom. En efecto, tal decisión no afecta a los derechos de los demandantes, quienes disfrutan después de adoptarse esa decisión de los mismos derechos de que disfrutaban antes de su adopción. En lo que respecta a los derechos de los ciudadanos del Estado miembro en cuestión en la Europa de los veintisiete con posterioridad a la fecha de retirada, dicha decisión constituye un mero acto de trámite del acuerdo definitivo, cuya celebración no es más que una eventualidad y habría de ser ratificado posteriormente por el Consejo por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo. Así pues, la eventual anulación de la decisión impugnada no tendría incidencia en la situación jurídica de los ciudadanos del Estado miembro en cuestión, en particular de aquellos que residen en otro Estado miembro de la Unión y no disfrutaron de derecho de voto en el referéndum sobre la permanencia de ese Estado miembro en la Unión y en las elecciones generales de aquel Estado. La anulación de la decisión impugnada no conllevaría ni la anulación del acto de notificación de la intención de retirarse ni la suspensión del plazo de dos años previsto en el artículo 50 TUE, apartado 3. Los derechos de los demandantes permanecerían inalterados.

A este respecto, si bien es cierto que la situación jurídica de los demandantes, en particular en lo que respecta a su condición de ciudadanos de la Unión, puede verse afectada por la retirada de ese Estado miembro, se alcance o no un acuerdo de retirada, esta eventual afectación de sus derechos, cuya consistencia y alcance no puede evaluarse además a día de hoy, no es resultado de la decisión impugnada. Por otra parte, la circunstancia de que el Consejo pudiera haber errado al no hacer uso de la posibilidad, contemplada en el artículo 218 TFUE, apartado 11, de solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados del acuerdo previsto, o pudiera haber vulnerado el principio de cooperación leal, no puede llevar a prescindir de los requisitos de admisibilidad expresamente establecidos en el artículo 263 TFUE.

(véanse los apartados 31, 33, 35, 45 a 47, 69 y 78)
5.

Funcionarios — Agentes temporales — Selección — Contratación de agentes temporales conforme al artículo 2, letra b), del Régimen aplicable a los otros agentes — Agentes temporales incluidos en el artículo 2, letra c), del Régimen aplicable a los otros agentes que deben superar un proceso de selección — Excepción para determinados agentes incluidos también en el artículo 2, letra c), del Régimen aplicable a los otros agentes — Violación del principio de igualdad de trato [Régimen aplicable a los otros agentes, art. 2, letras b) y c)] (véanse los apartados 81 a 84)
Del artículo 2 del Estatuto se deduce, de una parte, que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos actúa en nombre de la institución que la nombró, de forma que los actos relativos a la situación jurídica de los funcionarios y que pueden resultarles lesivos deben atribuirse a la institución en la que se hallan destinados y, de otra, que los posibles recursos ante los tribunales deben ir dirigidos contra la institución que dictó el acto lesivo.

En el caso de autos, no se duda de que la decisión impugnada fue adoptada por la Oficina de infraestructuras y logística de Luxemburgo (en lo sucesivo, «OIL»). La lectura combinada de la normativa aplicable y, en particular, del artículo 91 bis del Estatuto permite identificar a la Comisión, y no al Parlamento, como parte demandada en caso de recurso contra una decisión de la OIL.

Por consiguiente, las pretensiones de anulación son inadmisibles puesto que no se han interpuesto contra la Comisión.

(véanse los apartados 29, 30 y 35)
61

En particular, el demandante alega que la incoación de diligencias fundadas en indicios o sospechas o la apertura de una mera investigación preliminar con respecto a él no son suficientes para considerar que sea responsable del comportamiento imputado. En la medida en que el cumplimiento del Derecho procesal por las investigaciones preliminares depende de la Fiscalía General, que, según el demandante, no presenta las garantías de independencia e imparcialidad exigidas, el Consejo debería haber realizado también comprobaciones adicionales a este respecto. Por otro lado, el demandante pone de relieve que no se han producido progresos en las investigaciones preliminares de las que ha sido objeto desde la adopción de las controvertidas medidas restrictivas y refuta la alegación del Consejo de que la inexistencia de progresos sea consecuencia de su propio comportamiento. En efecto, concluye el demandante, a pesar de la existencia de una autorización para iniciar una investigación en rebeldía en su contra en una de las causas penales que le conciernen, no se ha verificado ningún progreso ni se ha recabado prueba alguna en su contra.
30

Es preciso señalar que, en la versión alemana del Reglamento de base, este último requisito se formula como sigue: «der Einführer nach dem Ausmaß des Dumpings und der angeblichen oder festgestellten Schädigung von dem Dumping Kenntnis hatte oder hätte haben müssen». En la versión portuguesa, se indica que «o importador tivesse ou devesse ter tido conhecimento dessas práticas no que respeita à importância do dumping e do prejuízo alegados ou verificados» y, en la versión inglesa: «the importer was aware of, or should have been aware of, the dumping as regards the extent of the dumping and the injury alleged or found».
156

Por otra parte, el artículo 1, puntos 2 y 3, del Reglamento impugnado, que modifica el artículo 3, apartado 10, párrafo tercero, del Reglamento n.o 692/2008 está ciertamente vinculado a la determinación de los factores de conformidad CFpollutant con respecto a los óxidos de nitrógeno. En efecto, la versión modificada del mismo dispone: «hasta tres años después de las fechas indicadas en el artículo 10, apartado 4, y cuatro años después de las fechas indicadas en el artículo 10, apartado 5, del [Reglamento n.o 715/2007,] [esto es, por ejemplo, hasta el 31 de agosto de 2017 para la homologación de tipo de los turismos y hasta el 31 de agosto de 2019 para su puesta en circulación individual], se aplicarán las disposiciones siguientes: a) no serán de aplicación los requisitos del punto 2.1 del anexo III A [se trata de los requisitos que indican la fórmula de cálculo del valor NTE y obligan a que no se supere este en los ensayos de RDE]». Esta disposición fija a contrario el momento a partir del cual se aplican en los ensayos de RDE los factores de conformidad CFpollutant, en particular los criticados por los demandantes; en otras palabras, a partir de cuándo estos ensayos dejan de realizarse con meros fines de seguimiento. No obstante, esta disposición también puede concernir a otros contaminantes distintos de los óxidos de nitrógeno con respecto a los cuales los factores de conformidad CFpollutant se hayan determinado después de los de estos óxidos, como ha sido el caso de las partículas finas. Además, su anulación no resulta necesaria para que dejen de aplicarse los factores de conformidad CFpollutant controvertidos con respecto a los óxidos de nitrógeno. La falta de valor en los cuadros de los factores de conformidad CFpollutant definitivos y temporales que figuran en los puntos 2.1.1 y 2.1.2 del anexo III A del Reglamento n.o 692/2008 basta por sí sola a tal efecto. Así pues, el artículo 1, puntos 2 y 3, del Reglamento impugnado, que modifica el artículo 3, apartado 10, párrafo tercero, del Reglamento n.o 692/2008, es separable del valor de los factores de conformidad CFpollutant con respecto a los óxidos de nitrógeno que se menciona en los puntos 2.1.1 y 2.1.2 del anexo III A de dicho Reglamento, por lo que no procede anularlo.
112

En el marco del tercer motivo, formulado con carácter subsidiario, los demandantes reprochan a la Comisión no haber observado su obligación de motivación al no haber explicado en mayor medida, más allá de las explicaciones ofrecidas por el legislador de la Unión en los considerandos 17 a 19 del Reglamento n.o 1023/2013, las razones por las cuales no se consideró que ejercían responsabilidades de mayor nivel y por las que ya únicamente podían ascender a los grados AD 13 o AD 14 si accedían a un puesto de «jefe de unidad o equivalente» o de «consejero o equivalente», en el marco del procedimiento de nombramiento previsto en los artículos 4 y 29, apartado 1, del Estatuto.
415

Las demandantes alegan que la Comisión erróneamente no comprobó los datos de gastos comunicados por el aeropuerto de Nimes y no los comparó con los datos típicos de un aeropuerto correctamente gestionado. En el presente caso, los gastos de funcionamiento adicionales en que incurre el aeropuerto de Nimes, expuestos por la Comisión en la Decisión impugnada, son considerablemente superiores a los que la referida institución había establecido en otros asuntos, de modo que este último aeropuerto está gestionado de manera muy ineficiente. Por consiguiente, esos gastos no se corresponden con los gastos del mercado en que incurriría un aeropuerto gestionado eficazmente y, por tanto, no pueden servir de referencia para apreciar si Ryanair había disfrutado de una ventaja que no habría obtenido de un operador en una economía de mercado.
73

Sin embargo, ha de observarse que el propio BCE reconoce que ese intervalo de ajuste no origina un riesgo de iliquidez a efectos de la apreciación de los requisitos de cobertura de las necesidades de liquidez que figuran en el artículo 412 del Reglamento n.o 575/2013 y en el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento n.o 575/2013 en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO 2015, L 11, p. 1). En sus escritos menciona, en relación con este punto, la autorización que concedió a las entidades de crédito francesas que solicitaron la aplicación del artículo 26 del Reglamento Delegado 2015/61, permitiéndoles compensar las entradas y salidas vinculadas al ahorro regulado a efectos del cálculo del ratio de liquidez.
3

Durante la investigación que llevó a la adopción de esas medidas definitivas, la Comisión Europea recurrió al muestreo, según el artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51), en su versión modificada en último lugar por el Reglamento (UE) n.o 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2014 (DO 2014, L 18, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de base») [sustituido por el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 21)]. A los productores exportadores incluidos en la muestra, a los que se había concedido un trato individual, conforme al artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base (actualmente artículo 9, apartado 5, del Reglamento 2016/1036), se les aplicaron tipos individuales de derechos antidumping. A los productores exportadores que cooperaron en la investigación, pero que no fueron incluidos en la muestra, así como a un productor exportador que fue incluido en la muestra, pero al que no se le había concedido un trato individual, se les impuso un tipo de derechos antidumping calculado, con arreglo a lo establecido en el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base (actualmente artículo 9, apartado 6, del Reglamento 2016/1036), como la media ponderada de los márgenes de dumping de los productores exportadores incluidos en la muestra, es decir, el 30,6 %. Ocho productores exportadores que habían cooperado presentaron solicitudes de examen individual, con arreglo al artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base (actualmente artículo 17, apartado 3, del Reglamento 2016/1036). Se decidió realizar un examen individual a uno solo de esos productores exportadores, ya que no era excesivamente complicado realizarlo. Ese productor exportador era con mucho el más importante de los ocho productores exportadores que solicitaron el examen individual. No obstante, tras la notificación de las conclusiones finales, resultó que ese productor exportador no había facilitado cierta información necesaria, de modo que las conclusiones relativas a ese productor exportador se basaron en los hechos disponibles, conforme al artículo 18 del Reglamento de base (actualmente artículo 18 del Reglamento 2016/1036). A ese productor exportador y a los productores exportadores que no cooperaron en la investigación se les impuso un tipo de derecho antidumping fijado utilizando el mayor margen de dumping observado en un producto representativo de un productor exportador que hubiera cooperado, es decir, el 69,7 %.
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En estas circunstancias, y pese al carácter particularmente chocante de los términos utilizados por el demandante en su intervención en la sesión plenaria de 7 de junio de 2016, el Parlamento no podía, en el caso de autos, imponerle sanción disciplinaria alguna al amparo del artículo 166, apartado 1, de su Reglamento interno. Por lo demás, no es eficaz la alegación del Parlamento, formulada durante la vista, de que lo que sancionó fue el lenguaje utilizado por el demandante en su discurso y no el contenido del mismo, máxime teniendo en cuenta los términos en que están formulados los apartados 34 y 36 de la decisión de la Mesa, en los que se alude a la «intención [del demandante] de expresar su propia opinión» o a la «idea» expresada por el demandante.
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La Comisión rechaza las alegaciones de la demandante. En primer lugar, sostiene que la coadyuvante sí pagó la tasa T‑9 por todas las superficies que ocupa en exclusiva y las tasas T‑2, T‑3 y T‑4 por el uso de las explanadas y viales contiguos a la línea de atraque. En segundo lugar, señala que la propia demandante ha utilizado de forma exclusiva el puerto de Morro Jable durante más de 15 años y que la tasa T‑9 no le fue cobrada sobre la totalidad de la superficie portuaria, sino únicamente por la utilización de determinadas superficies tales como oficinas, naves u otras instalaciones que requieren un uso privativo del suelo portuario. En tercer lugar, la Comisión, apoyada en esencia por la coadyuvante, subraya que la demandante no impugna las conclusiones contenidas en la Decisión impugnada según las cuales la tasa T‑9 se aplica correctamente a la coadyuvante, sin incluir la utilización de la superficie del puerto destinada al uso de las rampas de atraque pertenecientes a esta última. En efecto, alega que cualquier otra conclusión conllevaría la existencia de un notable solapamiento entre esta tasa y una serie de tasas portuarias diferentes, provocando así una doble imposición, y recuerda, por otra parte, que las autoridades españolas confirmaron en el procedimiento administrativo que el método de cálculo de las tasas T‑2, T‑3, T‑4 y T‑9 no había implicado ningún sacrificio de recursos públicos. La coadyuvante añade sobre este particular que la propia denominación de la tasa T‑9 («Servicio de almacenaje, locales y edificios») constituye un indicio de que no está sujeto a esa tasa el espacio ocupado por la rampa que ella utiliza, mientras que dicho espacio sí está comprendido en los conceptos de «obras de atraque», «aguas del puerto y dársenas» y «aguas del puerto y dársenas, muelles y pantalanes, y zonas de manipulación» que figuran en la descripción de los hechos imponibles de las tasas T‑2, T‑3 y T‑4 en el Decreto Legislativo n.o 1/1994. Por último, la Comisión recuerda que la Decisión impugnada hizo constar que no se había rebatido la afirmación de que la tasa T‑9 se facturaba del mismo modo en todos los puertos competencia de la Dirección de Puertos, incluidos los que tienen un solo usuario. Habida cuenta de la totalidad de la información disponible, la Comisión sostiene que pudo deducir legítimamente de esa constatación que la coadyuvante no había disfrutado de ventaja alguna con respecto a otras compañías navieras y, por tanto, considerar que sobre este particular no existía ninguna dificultad seria que requiriera incoar un procedimiento de investigación formal.
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A este respecto, procede señalar que nada se opone a que se considere que una empresa estatal como Energoatom tenga intereses comerciales en el sentido del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001. En efecto, la mera circunstancia de que el capital de una empresa sea de titularidad de los poderes públicos no le priva, como tal, de intereses comerciales que puedan protegerse como los de una empresa privada. En el presente caso, Energoatom, como indica la Comisión, realiza actividades comerciales, en el marco de las cuales está sometida a la competencia en el mercado de la electricidad, y este contexto la conduce a deber preservar sus intereses en el citado mercado. Así, no puede negarse que los documentos a los que se solicita el acceso pueden afectar intereses comerciales y estar incluidos, por ello, en la actividad a que se refiere el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001.
Asimismo, procede subrayar que, en los asuntos relativos a los sitios de Internet que dieron lugar a las sentencias mencionadas por la EUIPO en el escrito de contestación [sentencias de 21 de junio de 2012, Fruit of the Loom/OAMI — Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, no publicada, EU:T:2012:316, apartados 59 a 67; de 21 de noviembre de 2012, PHOTOS.COM, T‑338/11, no publicada, EU:T:2012:614, apartados 48 a 61, y de 19 de noviembre de 2014, Out of the blue/OAMI — Dubois y otro (FUNNY BANDS), T‑344/13, no publicada, EU:T:2014:974, apartados 26 a 31], los elementos invocados por los titulares de las marcas o de los derechos afectados, o el contexto y las circunstancias, eran muy diferentes de los del presente asunto. En efecto, en el primero de esos asuntos, que atañía a un procedimiento de caducidad de la marca de la Unión FRUIT, es verdad que el titular de dicha marca disponía de un sitio de Internet en la dirección «www.fruit.com», pero no había podido aportar ningún elemento de prueba del uso efectivo de esa marca, ni aun a partir de la información aportada sobre ese sitio de Internet relativa a otra marca. Por tanto, el sitio de Internet no cumplía ninguna función comercial, ni siquiera meramente publicitaria, para los productos cubiertos por la marca en cuestión. En el segundo de esos asuntos, que atañía a una denegación de registro de la marca de la Unión PHOTOS.COM cuyo solicitante comercializaba fotografías por medio del sitio de Internet en la dirección «www.photo.com», la Sala de Recurso y el Tribunal consideraron que los elementos de prueba aportados por dicho solicitante para demostrar la adquisición por el uso de un carácter distintivo de la marca en cuestión eran o bien insuficientes o inoperantes desde un punto de vista geográfico, cuantitativo o temporal, o bien inadecuados para establecer un vínculo entre la utilización de ese sitio de Internet y la identificación del origen comercial de las fotografías que allí se ofrecían y, en su caso, se vendían. No obstante, el Tribunal indicó que el registro de una marca compuesta por signos o indicaciones que eran además utilizados para designar un nombre de dominio no podía excluirse. Finalmente, en el tercer asunto, que atañía a un procedimiento de oposición al registro de la marca de la Unión FUNNY BANDS basado en la existencia anterior de una denominación comercial no registrada idéntica, retomada en el nombre de dominio de Internet «www.funny-bands.com», el oponente intentó probar un uso de la antedicha denominación cuyo alcance no era solamente local. Sin embargo por lo que se refería al sitio de Internet en la dirección correspondiente, únicamente demostró su existencia y proporcionó algunos ejemplos de su contenido, pero no aportó ningún elemento que permitiese apreciar la intensidad de su utilización comercial. A este respecto, el Tribunal indicó que esta última podía demostrarse, en particular, mediante un cierto número de conexiones en el sitio, correos electrónicos recibidos a través del sitio o mediante el volumen de negocios generado.