La Comisión no incumple su obligación de motivación si, cuando ejerce su facultad de control de una operación de concentración, no incluye en su decisión una motivación precisa sobre la apreciación de determinados aspectos de la concentración que le parecen manifiestamente fuera de contexto, carentes de significado o claramente secundarios para la apreciación de esta última. Semejante exigencia sería en efecto difícilmente compatible con el imperativo de celeridad y los breves plazos de procedimiento a que la Comisión está sometida cuando ejerce su facultad de control de las operaciones de concentración y que forman parte de las circunstancias propias de un procedimiento de control de estas operaciones. De ello resulta que, cuando la Comisión declara la compatibilidad de una operación de concentración con el mercado común sobre la base del artículo 8, apartado 2, del Reglamento no 139/2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, la obligación de motivación queda satisfecha si esta decisión expone claramente las razones por las que la Comisión considera que la concentración en cuestión, tras las modificaciones aportadas por las empresas afectadas, en su caso, no supone un obstáculo significativo para una competencia efectiva en el mercado común o en una parte substancial del mismo, en especial a causa de la creación o el reforzamiento de una posición dominante.

En el examen de las ayudas de Estado que puedan ser autorizadas conforme al artículo 87 CE, apartado 3, letra c), la Comisión debe asegurarse de que las referidas ayudas no alteren las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común. En el caso de una Decisión sobre un plan de reestructuración en el que la ayuda en cuestión pretende lograr el desendeudamiento de una empresa en crisis y se integra en un plan de reestructuración cuya finalidad es conseguir el retorno a la viabilidad a largo plazo de esa compañía los efectos de esa ayuda no se limitan a un mercado específico en el que opere esa empresa sino que se extienden a la situación global de ésta.

En materia de concentraciones entre empresas sujetas al Derecho de la competencia de la Unión la determinación del mercado afectado no corresponde necesariamente a la definición del mercado afectado en relación con la autorización de una ayuda de Estado porque ambos procedimientos difieren tanto por su objeto como por su fundamento jurídico, el artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero, en un caso, y el artículo 8, apartado 2, del Reglamento no 139/2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, en el otro.

En el examen de la compatibilidad de una operación de concentración con el mercado interior, en virtud en especial del artículo 2 del Reglamento no 139/2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, la Comisión debe examinar los efectos de una operación de concentración en la competencia en los mercados en los que exista un riesgo de obstáculo significativo para la competencia efectiva, en particular a causa de la creación o el fortalecimiento de una posición dominante.

En cambio, no sucede lo mismo cuando la situación de monopolio o de posición dominante en una ruta aérea nace de la concentración o se refuerza por ésta. En ese supuesto la Comisión no puede declarar la concentración compatible con el mercado interior en defecto de compromisos de las partes que puedan subsanar los efectos de la posición dominante en la competencia.

En materia de transporte aéreo, para volar en una ruta entre dos aeropuertos situados en el territorio de dos Estados diferentes una compañía aérea debe disponer de un derecho de tráfico aéreo internacional, es decir, la autorización para volar en esa ruta. Cada Estado designa a las compañías aéreas establecidas en su territorio a las que autoriza para volar en una ruta entre ese territorio y el de otro Estado. El número de autorizaciones que puede conceder cada Estado para volar en una ruta aérea internacional se determina tradicionalmente por un convenio internacional bilateral concluido entre los dos Estados interesados. Esos derechos de tráfico constituyen pues a priori una barrera jurídica a la entrada en una ruta aérea internacional.

Esas barreras fueron levantadas dentro de la Unión por el Reglamento no 2408/92, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, que fue derogado por el Reglamento no 1008/2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad. Conforme al artículo 15 del Reglamento no 1008/2008, las compañías aéreas titulares de una licencia de explotación válida expedida por la autoridad competente del Estado miembro en el que tengan su centro de actividad principal están autorizadas para explotar servicios aéreos intracomunitarios y los Estados miembros no pueden condicionar la prestación de esos servicios por esas compañías a la posesión de ningún permiso o autorización.

En cambio, los derechos de tráfico siguen siendo necesarios para volar en una ruta aérea entre el territorio de un Estado miembro de la Unión y el de un tercer Estado.

En ese sentido, a partir de las «sentencias cielo abierto» y de la adopción del Reglamento no 847/2004, sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros, las compañías aéreas de la Unión, es decir, las no pertenecientes a un Estado miembro ni controladas por éste o por sus nacionales, pueden en principio competir con las compañías aéreas de un Estado miembro, pertenecientes a un Estado miembro o controladas por éste o por sus nacionales, para la obtención de derechos de tráfico internacional en un procedimiento no discriminatorio y transparente.

No obstante, ello requiere que el acuerdo bilateral entre un Estado miembro y un tercer país que establece las condiciones de atribución de los derechos de tráfico contenga una cláusula denominada de «community ownership and control» (propiedad y control comunitarios). En el caso de que un Estado miembro no haya concluido tal acuerdo bilateral con un tercer país, sólo las compañías aéreas pertenecientes o controladas por ese Estado miembro o por sus nacionales están en condiciones de obtener derechos de tráfico, mientras que las compañías aéreas de la Unión quedan excluidas de las rutas entre ese Estado miembro y el tercer país.

(véanse los apartados 270 a 273, 277 y 279 a 281)