ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
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Mediante sus recursos de casación, los Sres. Gbagbo y Koné, la Sra. Boni-Claverie y los Sres. Djédjé y N’Guessan solicitan, respectivamente, la anulación de los autos del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de julio de 2011, Gbagbo/Consejo (T-348/11), Koné/Consejo (T-349/11), Boni-Claverie/Consejo (T-350/11), Djédjé/Consejo (T-351/11) y N’Guessan/Consejo (T-352/11) (en lo sucesivo, «autos recurridos»), mediante los cuales éste declaró manifiestamente inadmisibles sus recursos de anulación interpuestos contra, por una parte, las Decisiones 2011/17/PESC del Consejo, de 11 de enero de 2011 (DO L 11, p. 31), 2011/18/PESC del Consejo, de 14 de enero de 2011 (DO L 11, p. 36), y 2011/221/PESC del Consejo, de 6 de abril de 2011 (DO L 93, p. 20), que modifican la Decisión 2010/656/PESC del Consejo, por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil, y, por otra, los Reglamentos (UE) no 25/2011 del Consejo, de 14 de enero de 2011 (DO L 11, p. 1), y (UE) no 330/2011 del Consejo, de 6 de abril de 2011 (DO L 93, p. 10), que modifican el Reglamento (CE) no 560/2005, por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos»), en la medida en que los afectan.
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A este respecto, ha de recordarse que, cuando no existe normativa de la Unión, la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables corresponde al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal de éstos. No obstante, dicha regulación no debe ser menos favorable que la aplicable a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no debe estar articulada de tal manera que en la práctica haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Asturcom Telecomunicaciones, apartado 38, y Banco Español de Crédito, apartado 46).
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La Fédération Cynologique considera que no procede admitir la petición de decisión prejudicial. En primer lugar, alega que la cuestión planteada es de naturaleza hipotética, ya que la interpretación solicitada no es necesaria para resolver el litigio principal. Sostiene, en efecto, que las acciones ejercitadas en su demanda se refieren únicamente a las marcas nacionales no 2614806, no 2786697 y no 2818217, y que la demanda no se dirige en absoluto contra la marca comunitaria no 7597529, registrada en un momento posterior. Además, según ella, la Federación Canina no se refirió a esa marca comunitaria ni en su contestación a la demanda ni en su demanda reconvencional, exceptuando una breve mención a título informativo.
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A tenor de los considerandos 2 a 4, 6 y 10 del Reglamento no 207/2009: «(2) Debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad y una expansión continua y equilibrada mediante la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. La realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no sólo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad. Entre los instrumentos jurídicos de que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras. (3) Para proseguir los objetivos comunitarios mencionados, resulta necesario prever un régimen comunitario de marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad. El principio de la unicidad de la marca comunitaria así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento. (4) La aproximación de las legislaciones nacionales no puede eliminar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas. Para permitir a las empresas ejercer sin trabas una actividad económica en el conjunto del mercado interior, son necesarias marcas reguladas por un Derecho comunitario único, directamente aplicable en cada Estado miembro. [...] (6) El Derecho comunitario de marcas, no obstante, no sustituye a los Derechos de marcas de los Estados miembros. En efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria. [...] (10) Sólo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra éstas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente.»
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Tras tener conocimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 2002, X e Y (C-436/00, Rec. p. I-10829), 3D I solicitó a las autoridades tributarias el 8 de enero de 2004, la devolución del impuesto sustitutivo abonado. 3D I mantenía que el artículo 2, apartado 2, del Decreto Legislativo no 544/1992 era contrario a la Directiva 90/434 en la medida en que supedita la neutralidad fiscal de la aportación a requisitos no establecidos en la citada Directiva. La existencia, en particular, del requisito que exige bloquear la diferencia de valor en una reserva no distribuible llevaría en la práctica a las empresas interesadas a optar por el impuesto sustitutivo, debido a que la tercera posibilidad prevista por el régimen nacional, es decir, el abono del impuesto ordinario a un tipo del 33 % sobre la diferencia de valor, es aún menos favorable que las otras dos opciones. 3D I alegaba que había considerado erróneamente que los requisitos previstos en el artículo 2, apartado 2, del Decreto Legislativo no 544/1992 eran conformes a Derecho, y que basándose en ese error había optado por el impuesto sustitutivo y no por el régimen de neutralidad fiscal.
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Mediante sentencia de 26 de mayo de 2009, el Juzgado de lo Mercantil no 7 de Barcelona condenó a KLM al pago de un importe de 600 euros, más intereses legales, sobre la base del Reglamento no 261/2004. En dicha sentencia, el mencionado órgano jurisdiccional desestimó el motivo de oposición formulado por KLM por considerar que tanto el plazo de prescripción establecido en el artículo 29 del Convenio de Varsovia como el previsto en el artículo 35 del Convenio de Montreal resultaban inaplicables en el presente caso, que se fundamentaba en el Reglamento no 261/2004. Dado que este Reglamento no contiene ninguna disposición expresa que establezca el plazo de ejercicio de las acciones respectivas, el órgano jurisdiccional referido consideró aplicable la legislación española.
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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO L 117, p. 13) (en lo sucesivo, «Código aduanero»), y de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en su versión modificada por la Directiva 2004/66/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004 (DO L 168, p. 35) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»).
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Sin embargo, el Servicio de recaudación de la dirección territorial de la agencia nacional de recaudación de la ciudad de Varna estimó que, en aplicación del artículo 79, apartado 3, de la ZDDS, PIGI estaba obligada en el período durante el que fueron robados los bienes al pago del importe del IVA equivalente al importe deducido en concepto de impuesto soportado. Hizo referencia a continuación a las condiciones establecidas en el artículo 80 de la ZDDS en virtud de las cuales el sujeto pasivo no está obligado a regularizar el importe del impuesto deducido que haya gravado los bienes desaparecidos. Entre ellas figura en particular la fuerza mayor. El servicio referido consideró que en ese caso había no obstante un motivo de regularización, ya que la demandante en el litigio principal habría debido pagar el importe del IVA equivalente al IVA deducido en concepto de impuesto soportado al adquirir las mercancías desaparecidas.
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El Tribunal de Justicia ya ha estimado ciertamente que exigir al Estado de residencia de la sociedad que distribuye beneficios que garantice que los beneficios distribuidos a un accionista no residente no estén sujetos a una tributación en cadena o a una doble imposición económica, ya sea declarando dichos beneficios exentos para la sociedad que los distribuye o concediendo al referido accionista una ventaja fiscal correspondiente al impuesto pagado sobre tales beneficios por la sociedad que los distribuye, significaría, de hecho, que el mencionado Estado debe renunciar a su derecho a gravar una renta generada por una actividad económica ejercida en su territorio (véanse las sentencias Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, antes citada, apartado 59; de 17 de septiembre de 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, Rec. p. I-8591, apartado 83, y de 20 de octubre de 2011, Comisión/Alemania, antes citada, apartado 80).
Petición de decisión prejudicial — Conseil d’État — Interpretación del artículo 5, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 360/95 de la Comisión, de 22 de febrero de 1995, por el que se abren ventas mediante licitación simple para la exportación de alcohol de origen vínico en poder de los organismos de intervención (DO L 41, p. 14), del artículo 91, apartado 12, del Reglamento (CE) nº 1623/2000 de la Comisión, de 25 de julio de 2000, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1493/1999 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo que respecta a los mecanismos de mercado (DO L 194, p. 45), del artículo 1 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1), así como de las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 377/93 de la Comisión, de 12 de febrero de 1993, por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas a la salida al mercado de los alcoholes obtenidos con arreglo a las destilaciones contempladas en los artículos 35, 36 y 39 del Reglamento (CEE) nº 822/87 del Consejo, y en posesión de los organismos de intervención (DO L 43, p. 6) y del Reglamento (CEE) nº 2220/85 de la Comisión, de 22 de julio de 1985, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los productos agrícolas (DO L 205, p. 5; EE 03/36, p. 206) — Ventas mediante licitaciones simples para la exportación de alcohol de origen vínico en poder de los organismos de intervención para una utilización final en el sector de los carburantes — Rebasamiento del plazo de exportación por el adjudicatario — Sanciones administrativas o medidas de otra naturaleza — Incumplimiento que puede ir en detrimento del presupuesto de la Unión.
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A este respecto, la Comisión observa que el artículo 1, letra f), inciso i), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 307/1999 del Consejo, de 8 de febrero de 1999 (DO L 38, p. 1), define la expresión «miembro de la familia» como «toda persona definida o admitida como miembro de la familia o designada como miembro del hogar por la legislación en virtud de la cual se sirvan las prestaciones […]; no obstante, si estas legislaciones no consideran como miembro de la familia o del hogar más que a una persona que viva en el hogar del trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, esta condición se considerará cumplida cuando la persona de que se trate esté principalmente a cargo de dicho trabajador».
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Por otra parte, el hecho de que las entregas de madera de que se trata se efectuaran con la finalidad de paliar los efectos de un caso de fuerza mayor no puede, por sí mismo, conducir a la conclusión de que dichas entregas se efectuaron con carácter ocasional y no «con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo» en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva IVA. Procede señalar, a este respecto, que tales entregas pueden inscribirse dentro del marco de una explotación continua de un bien corporal. En efecto, los frutos de un bien corporal, como es la madera procedente de un bosque, pueden, por su propia naturaleza y en función de sus características y, en particular, de su edad, no ser apropiados para una explotación económica inmediata, pudiendo ser objetivamente necesario un determinado período de tiempo antes de que dichos frutos puedan explotarse económicamente. Sin embargo, esto no significa que las entregas de madera producidas mientras tanto, tras un supuesto caso de fuerza mayor, no se inscriban dentro del marco de una explotación de un bien corporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo en el sentido del artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva IVA.
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El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE no 75, de 29 de marzo de 1995, p. 9654), en su versión modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE no 71, de 23 de marzo de 2007, p. 12611; en lo sucesivo, «Estatuto»), regula, en particular, la materia de las vacaciones anuales retribuidas y de las incapacidades laborales temporales.
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Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (en lo sucesivo, «Commissioners») y Able UK Ltd (en lo sucesivo, «Able») en relación con el impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») aplicable a los servicios de desguace de buques obsoletos de la Armada americana.
No obstante, el Derecho de la Unión no excluye que la Administración competente compruebe la existencia de las operaciones facturadas por un sujeto pasivo y que regularice, en caso necesario, la deuda tributaria resultante de las declaraciones efectuadas por dicho sujeto pasivo. El resultado de dicho control es, como la declaración y el pago por parte del expedidor de la factura de un impuesto sobre el valor añadido facturado, un dato que el órgano jurisdiccional nacional debe tomar en consideración al apreciar la existencia de una operación sujeta al impuesto que genera el derecho a la deducción del destinatario de la factura en un caso concreto.

El mismo artículo 203 debe interpretarse en el sentido de que no cabe deducir del solo hecho de que la Administración tributaria no haya rectificado, en una liquidación corregida remitida al expedidor de la factura, el impuesto sobre el valor añadido declarado por éste, que dicha Administración haya reconocido que la citada factura corresponde a una operación real sujeta al impuesto.

Además, mientras el expedidor de una factura no invoque uno de los supuestos que permiten la corrección del impuesto sobre el valor añadido indebidamente facturado, la Administración tributaria no está obligada, al realizar la inspección tributaria a dicho expedidor, a comprobar si el impuesto sobre el valor añadido facturado y declarado corresponde a operaciones sujetas al impuesto realmente efectuadas por dicho expedidor.

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que los artículos 167 y 168, letra a), de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, así como los principios de neutralidad fiscal, de seguridad jurídica y de igualdad de trato, no se oponen a que se deniegue al destinatario de una factura el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado por no existir una operación real sujeta al impuesto, aun cuando, en la liquidación corregida remitida al expedidor de esa factura, el impuesto sobre el valor añadido declarado por este último no haya sido rectificado. No obstante, cuando, habida cuenta de los fraudes o irregularidades que haya cometido dicho expedidor o que precedan a la operación invocada para justificar el derecho a la deducción, se considere que esa operación no se ha realizado efectivamente, debe acreditarse, mediante datos objetivos y sin exigir al destinatario de la factura comprobaciones que no le incumben, que ese destinatario sabía o debería haber sabido que dicha operación formaba parte de un fraude del impuesto sobre el valor añadido.

(véanse el apartado 64 y el punto 2 del fallo)
En el marco del Derecho de la competencia constituye una actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado. Una empresa que explota un aeropuerto regional ejerce una actividad económica puesto que ofrece servicios aeroportuarios a cambio de una remuneración resultante, particularmente, de las tasas aeroportuarias en el mercado de los servicios aeroportuarios regionales. Al no poder disociarse la construcción de una nueva pista de despegue y aterrizaje de la explotación de las infraestructuras aeroportuarias, constituye una actividad económica comprendida dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado.

El hecho de que ningún operador privado se haga cargo de una actividad o la circunstancia de que ésta no sea rentable no constituyen criterios pertinentes a la hora de atribuirle la calificación de actividad económica. En efecto, por una parte, el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación, y constituye una actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado. De ello se desprende que el carácter económico o no de una actividad no depende del estatuto privado o público de la entidad que la ejerce ni de la rentabilidad de dicha actividad.

(véanse los apartados 40, 43, 44 y 50)
El artículo 18, apartado 2, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que la embajada de un Estado tercero situada en el territorio de un Estado miembro constituye un establecimiento a efectos de dicha disposición, en un litigio relativo a un contrato de trabajo celebrado por ésta en nombre del Estado acreditante, cuando las funciones desempeñadas por el trabajador no forman parte del ejercicio del poder público. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto determinar la naturaleza exacta de las funciones ejercidas por el trabajador.

En efecto, el principio de Derecho internacional consuetudinario sobre la inmunidad jurisdiccional de los Estados no se opone a la aplicación del Reglamento no 44/2001 en un litigio en el que un trabajador solicita el pago de indemnizaciones e impugna la resolución del contrato de trabajo que celebró con un Estado, cuando el tribunal que conoce del asunto compruebe que las funciones ejercidas por ese trabajador no forman parte del ejercicio del poder público o cuando la acción judicial no pueda interferir en los intereses del Estado en materia de seguridad. Sobre la base de esa apreciación, el tribunal que conoce de un litigio puede considerar también que ese litigio está comprendido en el ámbito de aplicación material del Reglamento no 44/2001.

(véanse los apartados 56 y 57 y el punto 1 del fallo)
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El artículo 15, apartado 4, de la Umsatzsteuergesetz 1999 (Ley del impuesto sobre el volumen de negocios de 1999; BGBl. 1999 I, p. 1270), en su versión modificada por la Steueränderungsgesetz 2003 (Ley de reforma fiscal de 2003; BGBl. 2003 I, p. 2645) (en lo sucesivo, «UStG»), dispone lo siguiente: «Si el sujeto pasivo utiliza sólo parcialmente para realizar operaciones excluidas del derecho a deducción un bien entregado, importado o adquirido dentro de la Comunidad para su empresa, u otra prestación, no será deducible la parte de las cuotas soportadas imputable económicamente a dichas operaciones que den lugar a la exclusión del derecho a deducción. El sujeto pasivo podrá determinar los importes parcialmente no deducibles mediante una estimación objetiva. Sólo será posible determinar la parte no deducible de las cuotas soportadas en función de la relación entre las operaciones que excluyen la deducción del impuesto soportado y las que dan derecho a deducción si no es posible ninguna otra imputación económica.»
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Este mismo órgano jurisdiccional consideró que el sujeto pasivo tampoco gozaba de derecho a deducción con arreglo al artículo 17 de la Sexta Directiva, porque los equipamientos instalados no se utilizaban para las necesidades de operaciones gravadas. Por otra parte, a su juicio, el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Sexta Directiva no es aplicable porque las obras de reforma debían calificarse de prestación de servicios y, en este contexto, no podía afirmarse que hubiera «uso de bienes afectados a una empresa para fines ajenos a la empresa». Por último, a su entender, el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Sexta Directiva tampoco es aplicable porque esta disposición excluye los servicios no prestados por el propio sujeto pasivo.
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A este respecto, los Gobiernos que presentaron observaciones ante el Tribunal de Justicia se remiten a la sentencia de 22 de diciembre de 2008, Truck Center (C-282/07, Rec. p. I-10767), y alegan que la diferencia de trato entre las retribuciones abonadas a los prestadores residentes y las abonadas a los prestadores no residentes se debe a la aplicación a los sujetos pasivos que se hallan en situaciones diferentes de dos técnicas impositivas distintas. En efecto, aunque la retribución abonada a los prestadores de servicios domiciliados en los Países Bajos no se somete a la retención en la fuente, los propios prestadores son gravados directamente por el impuesto de sociedades o, en su caso, por el impuesto sobre la renta neerlandés. Dichos Gobiernos afirman que es necesario aplicar técnicas de recaudación del impuesto distintas porque la posición del Reino de los Países Bajos es diferente según se trate de prestadores de servicios residentes, directamente sometidos al control de las autoridades tributarias neerlandesas, o de prestadores de servicios no residentes, con respecto a los cuales este Estado miembro actúa como Estado de origen de las rentas, razón por la cual no puede limitarse a declarar y a cobrar los créditos tributarios del sujeto pasivo y depende, por el contrario, de la colaboración con las autoridades tributarias del Estado de residencia de éste.