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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 80/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 27 de enero de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Gent — Bélgica) — Vandoorne NV/Belgische Staat

(Asunto C-489/09) (1)

(Sexta Directiva IVA - Artículos 11, parte C, apartado 1, y 27, apartados 1 y 5 - Base imponible - Medidas de simplificación - Labores del tabaco - Precintas fiscales - Percepción única del IVA en la fuente - Proveedor intermediario - Impago total o parcial del precio - Denegación de la devolución del IVA)

2011/C 80/07

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Beroep te Gent

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vandoorne NV

Demandada: Belgische Staat

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hof van Beroep te Gent (Bélgica) — Interpretación de los artículos 11, parte C, apartado 1, y 27 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Medidas de simplificación — Normativa nacional que establece, para las labores del tabaco importadas, adquiridas o producidas en el territorio, una percepción del IVA en la fuente que excluye una reducción de la base imponible para los sujetos pasivos que hayan pagado el impuesto sobre esos productos

Fallo

Los artículos 11, parte C, apartado 1, y 27, apartados 1 y 5, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2004/7/CE del Consejo, de 20 de enero de 2004, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, al establecer la recaudación de dicho impuesto, mediante precintas fiscales, de una sola vez y en la fuente por el fabricante o el importador de dichos productos, con el fin de simplificar la percepción del impuesto sobre el valor añadido y luchar contra el fraude y la evasión fiscal en las labores del tabaco, excluye a los proveedores intermediarios que intervienen con posterioridad en la cadena de entregas sucesivas del derecho a obtener la devolución del impuesto sobre el valor añadido en caso de que el adquirente no pague el precio de dichos productos.

(1) DO C 37, de 13.2.2010.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 13/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de noviembre de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Rayonen sad Plovdiv — Bulgaria) — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv

(Asuntos acumulados C-250/09 y C-268/09) (1)

(Directiva 2000/78/CE - Artículo 6, apartado 1 - Prohibición de discriminación por razón de la edad - Catedráticos universitarios - Disposición nacional que establece la celebración de contratos de trabajo de duración determinada más allá de los 65 años - Jubilación forzosa a los 68 años - Justificación de diferencias de trato por motivos de edad)

2011/C 13/19

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Rayonen sad Plovdiv

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vasil Ivanov Georgiev

Demandada: Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Rayonen sad Plovdiv — Interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16) — Ley nacional que permite a los catedráticos universitarios que hayan cumplido 65 años de edad celebrar un contrato de trabajo únicamente por una duración determinada — Ley nacional que fija la edad definitiva de jubilación de los catedráticos universitarios a los 68 años — Justificación de diferencias de trato por motivos de edad.

Fallo

La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en particular, su artículo 6, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece la jubilación forzosa de los catedráticos universitarios al cumplir 68 años de edad y la continuación de su actividad más allá de los 65 años únicamente mediante contratos de duración determinada de un año prorrogables dos veces como máximo, por cuanto dicha normativa persigue un objetivo legítimo vinculado, en particular, con la política de empleo y del mercado de trabajo, como el establecimiento de una enseñanza de calidad y el reparto óptimo de las plazas de catedráticos entre generaciones, y permite alcanzar dicho objetivo por medios adecuados y necesarios. Corresponde al juez nacional comprobar si se cumplen estos requisitos.

Tratándose de un litigio entre un establecimiento público y un particular, en el supuesto en que una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal no cumpla los requisitos enunciados en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, el juez nacional no debe aplicar dicha norma.

(1) DO C 220, de 12.9.2009.
1)

La Decisión SG(95) D/15975 de la Comisión, de 11 de diciembre de 1995, relativa a la Ley regional no 27, de 15 de mayo de 1991, de la Región de Sicilia, relativa a las intervenciones en favor del empleo (ayuda de Estado NN 91/A/95), debe interpretarse en el sentido de que admite la compatibilidad con el mercado común de un régimen de ayudas compuesto de dos medidas, previstas en el artículo 10, apartado 1, letras a) y b), de dicha Ley regional no 27/91, que no pueden acumularse, y cuyo hecho generador, a saber, la contratación de un trabajador o la transformación de un contrato en indefinido, debe producirse antes del 31 de diciembre de 1996, pero los pagos a los que dan lugar pueden abonarse más allá de esta fecha, siempre que no se opongan a ello las normas presupuestarias y financieras nacionales aplicables y que se respete la dotación presupuestaria aprobada por la Comisión de las Comunidades Europeas.
1)

El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 386/2004 de la Comisión, de 1 de marzo de 2004, debe interpretarse en el sentido de que pueden acogerse al régimen de ayuda mencionado en dicha disposición los productos que, por una parte, estén comprendidos en alguno de los códigos NC enumerados en el anexo I del citado Reglamento, en su versión modificada, incluido el código NC 2008 70 92, y que, por otra parte, correspondan a la definición de «melocotones en almíbar o en zumo natural de fruta» aplicable a efectos del citado Reglamento, interpretado en relación con el Reglamento (CE) no 1535/2003 de la Comisión, de 29 de agosto de 2003, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo en lo relativo al régimen de ayuda en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, en su versión modificada por el Reglamento no 386/2004, y con el Reglamento (CEE) no 2320/89 de la Comisión, de 28 de julio de 1989, por el que se establecen los requisitos de calidad mínimos para los melocotones en almíbar y/o en zumo natural de fruta en el marco del régimen de ayuda a la producción, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 996/2001 de la Comisión, de 22 de mayo de 2001.
1)

Las disposiciones de la norma europea EN 795 relativas a los dispositivos de anclaje de clase A1 no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por lo que no forman parte del Derecho de la Unión y, por ello, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretarlas.
1)

El artículo 1, apartados 1 y 3, y el artículo 2, apartados 1 y 6, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, no se oponen a un sistema en el que, para obtener una resolución en un plazo muy breve, solo existe un procedimiento, caracterizado por perseguir la rápida adopción de una medida de orden, por la inexistencia del derecho de los abogados a intercambiar conclusiones, por la no admisión, por regla general, de pruebas que no sean documentales, por la falta de aplicación de la normativa en materia de prueba y por el hecho de que la resolución judicial no conlleva el establecimiento definitivo de las relaciones jurídicas ni forma parte de un procedimiento de toma de decisiones por el que se establecen definitivamente dichas relaciones.
2)

Cuando las prestaciones de los bancos de células progenitoras como las que son objeto del litigio principal se realizan por personal sanitario autorizado, siendo así que esos bancos de células progenitoras, aun cuando autorizados para manipular tejidos y células humanas por las autoridades sanitarias competentes de un Estado miembro, en el marco de la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, no disfrutan de ninguna ayuda del sistema público de seguridad social ni éste reembolsa la remuneración que se les abona, el artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva 77/388 no se opone a que las autoridades nacionales consideren que un sujeto pasivo como CopyGene A/S no es «otro establecimiento de la misma naturaleza [que los establecimientos hospitalarios, centros de cuidados médicos y de diagnóstico] legalmente reconocido» en el sentido del artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva 77/388. Sin embargo, esa disposición tampoco puede interpretarse en el sentido de que exige que las autoridades competentes rehúsen equiparar a un banco privado de células progenitoras con un establecimiento «legalmente reconocido» a los efectos de la exención de la que se trata. En la medida necesaria, corresponde al tribunal remitente comprobar que la denegación de reconocimiento a efectos de la exención enunciada en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra b), de la Sexta Directiva 77/388 se ajusta al Derecho de la Unión y en particular al principio de neutralidad fiscal.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 100/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de febrero de 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie SNC/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), CMS Hasche Sigle

(Asunto C-408/08 P) (1)

(Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículos 55, apartado 1, letra a), y 7, apartado 1, letra c) - Interés en ejercitar la acción para presentar una solicitud de nulidad de una marca basada en una causa de nulidad absoluta - Despacho de abogados - Signo denominativo «COLOR EDITION» - Carácter descriptivo de una marca denominativa compuesta de elementos descriptivos)

2010/C 100/07

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (representante: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente), CMS Hasche Sigle

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 8 de julio de 2008, Lancôme/OAMI — CMS Hasche Sigle (T-160/07) por la que el Tribunal desestimó el recurso interpuesto por la recurrente contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 26 de febrero de 2007, en virtud de la cual se anuló el registro de la marca COLOR EDITION para productos cosméticos y de maquillaje — Infracción de los artículos 7, apartado 1, letra c), y 55, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 1994, L 11, p. 1) — Legitimación para presentar una solicitud de nulidad de una marca — Despacho de abogados — Falta de interés económico propio para solicitar la anulación de una marca cosmética — Diferencia perceptible entre la asociación creada por los términos propuestos para el registro de una marca y el lenguaje habitual del público destinatario para designar los productos o servicios de que se trata o sus características esenciales.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Lancôme parfums et beauté & Cie SNC.

(1) DO C 6, de 10.1.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 63/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de enero de 2010 — Internationaler Hilfsfonds eV/Comisión Europea

(Asunto C-362/08 P) (1)

(Recurso de casación - Acceso a los documentos de las instituciones - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Recurso de anulación - Concepto de «acto impugnable» en el sentido del artículo 230 CE)

2010/C 63/14

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Internationaler Hilfsfonds eV (representantes: H. Kaltenecker y R. Karpenstein, Rechtsanwälte)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: P. Costa de Oliveira, S. Fries y T. Scharf, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), de 5 de junio de 2008, dictada en el asunto T-141/05, Internationaler Hilfsfonds/Comisión, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso dirigido a obtener la anulación de la decisión que supuestamente contiene el escrito de la Comisión de 14 de febrero de 2005 de denegar a la demandante el acceso a determinados documentos del expediente relativo al contrato LIEN 97-2011 con vistas a cofinanciar un programa de ayuda médica organizado en Kazajstán — Inadmisibilidad de un recurso de anulación interpuesto contra un acto meramente confirmatorio de una decisión anterior no impugnada dentro de plazo — Calificación errónea del acto impugnado — Inadmisibilidad de un recurso de anulación contra un acto que constituye una respuesta inicial, en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 1049/2001 — Interpretación errónea del artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001.

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 5 de junio de 2008, Internationaler Hilfsfonds/Comisión (T-141/05).

2) Desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión de las Comunidades Europeas ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

3) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea para que se pronuncie sobre las pretensiones de Internationaler Hilfsfonds eV tendentes a la anulación de la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 14 de febrero de 2005, de denegarle el acceso a determinados documentos que obraban en su poder.

4) Condenar a la Comisión Europea al pago de las costas de esta instancia y de las de primera instancia correspondientes a la excepción de inadmisibilidad.

5) Reservar la decisión sobre las costas en todo lo demás.

(1) DO C 272, de 25.10.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Don Bosco Onroerend Goed BV/Staatssecretaris van Financiën

(Asunto C-461/08) (1)

(«Sexta Directiva IVA - Interpretación de los artículos 13, parte B, letra g), y 4, apartado 3, letra a) - Entrega de un terreno ocupado por un edificio parcialmente derribado en cuyo lugar debe erigirse una nueva construcción - Exención del IVA»)

2010/C 24/21

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Don Bosco Onroerend Goed BV

Demandada: Staatssecretaris van Financiën

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) — Interpretación del artículo 4, apartado 3, letra a), en relación con el artículo 13, parte B, letra g), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Sujeción al IVA de la entrega de un edificio o de una parte de edificio y del suelo correspondiente, antes de su primera ocupación — Entrega de un edificio parcialmente derribado con la finalidad de ser sustituido por otro de nueva construcción

Fallo

El artículo 13, parte B, letra g), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en relación con el artículo 4, apartado 3, letra a), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no está comprendida en la exención del impuesto sobre el valor añadido establecida en la primera de estas disposiciones la entrega de un terreno sobre el que todavía se levanta un viejo edificio, que hay que derribar para erigir en su lugar una nueva construcción y cuyo derribo a tal fin, asumido por el vendedor, ya ha comenzado antes de esa entrega. Tales operaciones de entrega y derribo forman una operación única a efectos del IVA, que tienen, en su conjunto, por objeto no la entrega del edificio existente y del terreno en el que éstos se levantan, sino la de un terreno no edificado, con independencia de cómo estén de avanzadas las obras de derribo del antiguo edificio en el momento de la entrega efectiva del terreno.

(1) DO C 69, de 21.3.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 51/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de diciembre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Salamanca) — Eva Martín Martín/EDP Editores, S.L.

(Asunto C-227/08) (1)

(Directiva 85/577/CEE - Artículo 4 - Protección de los consumidores - Contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales - Derecho de rescisión - Obligación de información por el comerciante - Nulidad del contrato - Medidas adecuadas)

2010/C 51/10

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Audiencia Provincial de Salamanca

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Eva Martín Martín

Demandada: EDP Editores, S.L.

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Audiencia Provincial de Salamanca — Interpretación del artículo 4 de la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales (DO L 372, p. 31; EE 15/06, p. 131) — Artículos 3 CE, 95 CE y 153 CE — Artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho de renuncia — Obligación del comerciante de proporcionar determinada información — Medidas destinadas a proteger al consumidor en caso de incumplimiento — Nulidad del contrato y competencia del juez nacional.

Fallo

El artículo 4 de la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, no se opone a que un órgano jurisdiccional nacional declare de oficio la nulidad de un contrato comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva por no haberse informado al consumidor de su derecho de rescisión, aun cuando éste no haya invocado en ningún momento esa nulidad ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes.

(1) DO C 223, de 30.8.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 312/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de octubre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Suecia

(Asunto C-274/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/54/CE - Artículo 15, apartado 2 - Artículo 23, apartado 2 - Mercado interior de la electricidad - Aprobación previa de las metodologías utilizadas para calcular o determinar las condiciones de conexión y de acceso a las redes nacionales, incluidas las tarifas de transporte y de distribución - Autoridad reguladora nacional)

2009/C 312/12

Lengua de procedimiento: sueco

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Schima y P. Dejmek, agentes)

Demandada: Reino de Suecia (representante: A. Falk, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 15, apartado 2, letras b) y c), y 23, apartado 2, letra a), de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE — Declaraciones sobre las actividades de desmantelamiento y de gestión de residuos (DO L 176, p. 37) — Falta de garantía de la separación funcional exigida entre los intereses de distribución y de producción en una empresa integrada verticalmente — Autoridades de regulación a las que no se les ha encomendado determinar o aprobar las metodologías empleadas para calcular o establecer las condiciones de conexión y de acceso a las redes nacionales.

Fallo

1) Declarar que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE — al no haber adoptado las disposiciones necesarias para garantizar la separación funcional, en una empresa integrada verticalmente, entre los intereses de distribución y de producción, — al no haber encargado a la autoridad reguladora que fijara o aprobara, antes de su entrada en vigor, como mínimo, las metodologías utilizadas para calcular o establecer las condiciones de conexión y de acceso a las redes nacionales, incluyendo las tarifas de transporte y de distribución, conforme al artículo 23, apartado 2, letra c), de la Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de Suecia.

(1) DO C 236, de 13.9.2008.