Palabras clave

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Palabras clave

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1. Cuestiones prejudiciales ° Competencia del Tribunal de Justicia ° Límites ° Convenio internacional que no vincula a la Comunidad ° Exclusión

2. Libre prestación de servicios ° Normas comunitarias ° Posibilidad de que un operador económico de un Estado miembro las invoque contra éste por razón de su actividad de prestador de servicios con destino a otro Estado miembro

(Tratado CEE, art. 59; Reglamento nº 4055/86 del Consejo, art. 1, ap. 1)

3. Libre prestación de servicios ° Principio de no discriminación ° Alcance ° Restricciones ° Concepto ° Desventajas que resultan para un prestador de servicios del hecho de estar sometido a los requisitos especialmente coercitivos vigentes en su lugar de establecimiento ° Procedencia

(Tratado CEE, art. 59; Reglamento nº 4055/86 del Consejo, art. 9)

4. Transportes ° Transportes marítimos ° Libre circulación de mercancías ° Trabajadores ° Libertad de establecimiento ° Libre prestación de servicios ° Medio ambiente ° Legislación nacional que prohíbe, en aguas jurisdiccionales de ese Estado a todos los buques y en alta mar sólo a los buques con bandera nacional, la descarga de sustancias químicas nocivas y que sanciona con la suspensión de su título profesional la infracción cometida por los capitanes nacionales ° Procedencia

[Tratado CEE, arts. 3, letra f), 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 y 130 R; Reglamento nº 4055/86 del Consejo]

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1. No corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la compatibilidad de la legislación de un Estado miembro con un Acuerdo internacional, como el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, denominado "Convenio Marpol", dado que la Comunidad no es parte de dicho Acuerdo, que no ha asumido, en virtud del Tratado, las competencias anteriormente ejercidas por los Estados miembros en su ámbito de aplicación, y que las disposiciones de dicho Acuerdo no tienen efecto vinculante para ella.

2. Los artículos 3, letra f), 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 y 130 R del Tratado, así como el Reglamento nº 4055/86, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros, no se oponen a que la normativa de un Estado miembro prohíba a todos los buques, sin ninguna distinción de bandera, la descarga de sustancias químicas nocivas en sus aguas territoriales y en sus aguas interiores, a que imponga la misma condición en alta mar sólo a los buques con bandera nacional, y, por último, a que, en caso de infracción, sancione con la suspensión de su título profesional a los capitanes de buques, nacionales de ese Estado miembro.

3. Habida cuenta, por un lado, de que las disposiciones del artículo 59 del Tratado deben aplicarse en todos los casos en que un prestador de servicios los ofrezca en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en el que está establecido y, por otro lado, de que el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento nº 4055/86 prevé que la libre prestación de servicios de transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros es aplicable a los nacionales de los Estados miembros que estén establecidos en un Estado miembro distinto del Estado a que pertenezca la persona a la que van dirigidos dichos servicios, una empresa de transporte marítimo que realiza transportes hacia otros Estados miembros puede invocar, contra el Estado miembro en el que está establecida y cuya bandera llevan sus buques, una violación de la libertad de prestación de servicios de transporte marítimo, reconocida por el Derecho comunitario.

No obstante, su situación es, desde el punto de vista de los cargos que puede alegar en su contra, diferente de la de una empresa de transporte establecida en otro Estado miembro, la cual, al prestar sus servicios, debiera cumplir simultáneamente los requisitos de ambos Estados miembros: el de su bandera y el de aquél en el que pretende ejercer temporalmente su actividad.

4. Dado que la diferencia de trato que aplica una normativa nacional a las empresas nacionales de transporte marítimo y a las de otros Estados miembros tiene que ver con el hecho de que la competencia a que pueden estar sometidos los primeros, con arreglo a la ley de la bandera, no es la misma que aquélla a la que pueden estar sometidos los segundos, que se limita a la que puede ejercer un Estado en aguas de su jurisdicción, no nos hallamos ante una discriminación que estaría prohibida por el artículo 9 del Reglamento nº 4055/86, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros. En cualquier caso, no se puede considerar contraria al principio de no discriminación la aplicación de una normativa nacional por la sola circunstancia de que otros Estados miembros aplicarían disposiciones menos rigurosas.

Por otra parte, no puede considerarse que una normativa nacional que no hace distinciones entre los buques según efectúen transportes internos o transportes con destino a otros Estados miembros, que no prevé un servicio diferente para los productos exportados y para los comercializados en el mercado nacional, que no ofrece ventajas especiales ni al mercado nacional, ni a los transportes nacionales, ni a los productos nacionales, cree restricciones a la libre prestación de servicios con destino a otros Estados miembros, que prohibiría el mencionado Reglamento.

Las ventajas indirectas que pueden resultar para las empresas de transporte de otros Estados miembros del hecho de estar sometidas a requisitos menos estrictos no son sino la consecuencia de la falta de armonización de las legislaciones nacionales a las que están sujetos los distintos prestadores en los diferentes Estados miembros en que están establecidos.