Conclusiones del Abogado General Alber presentadas el 6 de junio de 2000. - Echirolles Distribution SA contra Association du Dauphiné y otros. - Petición de decisión prejudicial: Cour d'appel de Grenoble - Francia. - Legislación nacional sobre el precio de los libros. - Asunto C-9/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página I-08207



Conclusiones del abogado general

I. Introducción

1. En la presente petición de decisión prejudicial se plantea, en definitiva, la cuestión de si las disposiciones del Tratado CE relativas al mercado interior -en particular, los artículos 3, letras c) y g), 3 A, 5, 7 A, párrafo segundo, 102 A y 103, apartados 3 y 4 - se oponen a la legislación francesa por la que se establece un precio fijo para los libros. El Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el sistema francés del precio fijo del libro -es cierto que ello tuvo lugar antes de la realización del mercado interior el 1 de enero de 1993- declarando que, en el estado en que, a la sazón, se encontraba el Derecho comunitario, el artículo 5, párrafo segundo, en relación con los artículos 3, letra f), 85 y 86 del Tratado CE (actualmente artículos 81 CE y 82 CE), no prohibía a los Estados miembros promulgar normas en cuya virtud el editor o el importador fijara el precio de venta al por menor de los libros y éste se impusiera a todo minorista, siempre que tales normas respetaran las demás disposiciones específicas del Tratado -en particular, las relativas a la libre circulación de mercancías-. En el procedimiento principal el órgano jurisdiccional remitente, a saber, la cour d'appel de Grenoble, debe examinar, en particular, la cuestión de si se ha modificado la situación jurídica como consecuencia de la incorporación de las disposiciones relativas al mercado interior en el Tratado CE.

II. La legislación nacional

2. La Ley francesa nº 81-766, de 10 de agosto de 1981, dispone, en su artículo 1, entre otras cosas, que todo editor o importador de libros está obligado a fijar un precio de venta al público respecto a los libros que edite o importe. Los minoristas están obligados a aplicar un precio efectivo de venta al público comprendido entre el 95 % y el 100 % del precio fijado por el editor o por el importador. En el caso de que la importación se refiera a libros editados en Francia el precio de venta al público fijado por el importador debe, al menos, ser igual al determinado por el editor. No obstante, en virtud de la Ley nº 85-500, de 13 de mayo de 1985, y de la Ley nº 93-1420, de 31 de diciembre de 1993, que fueron adoptadas asimismo sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicha última disposición no es aplicable a los libros importados de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, excepto en el caso de que la finalidad de tal importación sea eludir el precio obligatorio del libro.

III. Los hechos

3. Echirolles Distribution SA (en lo sucesivo, «demandante») explota un establecimiento designado con el rótulo «Centre Leclerc». Dado que, con infracción del artículo 1, párrafo cuarto, de la Ley de 10 de agosto de 1981, puso a la venta algunos libros a un precio inferior en más del 5 % al fijado por el editor o el importador, fue condenada a indemnizar los daños y perjuicios causados al Sr. Corbet, librero, a la «Association du Dauphiné pour le maintien de l'application de la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre», a la «Association des libraires de bandes dessinées» y a la «Union des libraires de France» (en lo sucesivo, «demandados»).

4. La demandante interpuso un recurso de apelación contra esa sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente. Entre otros motivos, alegó que la Ley, que hasta ese momento había sido compatible con el Derecho comunitario, podría haber dejado de serlo a causa de la entrada en vigor de las disposiciones del Tratado CE relativas al mercado interior.

5. En la petición de decisión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente señala, entre otras cosas, que en Francia el precio fijo del libro afecta a los compradores tanto privados como profesionales y que se aplica indiferentemente a los libros de carácter cultural y a los libros técnicos. El órgano jurisdiccional remitente puntualiza que, por ello, se encarece el coste de la actividad de las empresas o de las personas para las que resulta necesaria e importante la información contenida en los libros, como los juristas, los médicos y los arquitectos. Señala que dicho sistema surte el efecto de impedir que las asociaciones de libreros o los libreros individuales repercutan, en los precios al por menor, los beneficios resultantes de una mejor productividad, de compras conjuntas, de una gestión más eficaz de su actividad comercial o incluso los derivados de la calidad de los servicios prestados. Según el órgano jurisdiccional remitente, la práctica del precio obligatorio del libro, en la que una persona que no es parte del contrato fija el precio, afecta al libre funcionamiento del mercado. Añade que, a través de dicha práctica, Francia ha convertido el mercado del libro en una zona en la que se excluye la competencia.

6. En su petición de decisión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente parte de la base de que la Ley no es contraria al artículo 85 del Tratado, habida cuenta de que no se trata de un precio fijo resultante de un acuerdo entre profesionales. Señala que, en el pasado, sólo se ha reconocido la infracción de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 34 CE, tras su modificación), que también pueden ser pertinentes, cuando la Ley regulaba situaciones transfronterizas, lo cual no se da, sin embargo, en el presente asunto. Por este motivo, el órgano jurisdiccional remitente considera que, a la luz del Tratado CE, el Tribunal de Justicia, así como la Comisión Europea admitieron, en definitiva, el contenido de la versión actual de la Ley antes de la entrada en vigor de las disposiciones relativas al mercado interior.

7. Alega, por otra parte, que el Tribunal de Justicia (aún) no se ha pronunciado expresamente sobre la cuestión de si ello es también así desde la creación del mercado interior. El órgano jurisdiccional remitente parte de la base de que se considera que el mercado interior es la fusión de los mercados nacionales en un mercado único y estima que las disposiciones relativas al mercado interior podrían asimismo afectar a los sistemas de fijación del precio del libro puramente nacionales. A su juicio, no es posible limitarse a asimilar el mercado interior a un espacio de libre circulación de mercancías; también podría considerársele un mercado único cuyas reglas de funcionamiento se imponen tanto a los Estados como a los particulares.

8. El órgano jurisdiccional remitente llega a la conclusión de que, para poder responder a la cuestión de si la Ley es compatible con el Derecho comunitario en su versión actual, el elemento determinante consiste en dilucidar si la situación jurídica se modificó a causa de la entrada en vigor de las disposiciones relativas al mercado interior. Por último, considera que no puede esperar a una modificación expresa del Derecho comunitario en cuanto al precio del libro debido a su obligación de administrar justicia en un plazo razonable.

IV. La cuestión prejudicial

9. Por dichos motivos, el órgano jurisdiccional que conoce del litigio principal ha planteado al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«La normativa francesa que obliga a los editores a imponer a los libreros un precio fijo de reventa de los libros, con independencia de su contenido, tanto a los consumidores como a los compradores con fines profesionales, ¿es compatible con el mercado interior establecido el 1 de enero de 1993 y, en particular, con los artículos 3, letras c) y g), 3 A, 5 y 7 A, párrafo segundo, 102 A y 103, apartados 3 y 4, del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en su versión modificada por el Acta Única Europea y el Tratado de la Unión Europea?»

V. Alegaciones de las partes

10. La demandante sostiene que el sistema francés del precio fijo del libro ha creado una zona en la que se excluye la competencia y que, por ende, es contrario al principio del mercado caracterizado por el juego de la oferta y de la demanda. Alega que, al establecer el sistema del precio fijo del libro, el legislador francés pretendió proteger la creación artística y literaria, pero que, al actuar de este modo, no tuvo en cuenta el carácter general de dicho sistema que incluye también los libros técnicos, que, sin embargo, no precisan tal protección. Señala que, aunque deba reconocerse que el libro forma parte del patrimonio cultural, existe un vínculo con la economía, como lo demuestra, entre otras cosas, el alza general de los precios de los libros, provocada, en Francia, por el sistema del precio fijo del libro.

11. La demandante señala que, aunque, hasta el presente, en sus resoluciones relativas al sistema francés del precio fijo del libro, el Tribunal de Justicia haya declarado que el principio de la fijación del precio por el editor era compatible con el Derecho comunitario, lo ha hecho refiriéndose expresamente al estado del Derecho comunitario tal como estaba integrado a la sazón, a saber, en una fecha en la que el concepto de mercado interior aún no formaba parte del Tratado CE. Según la demandante, la incorporación de las disposiciones relativas al mercado interior puede, no obstante, ocasionar la incompatibilidad entre las referidas disposiciones del Tratado y las disposiciones legales francesas controvertidas.

12. La demandante alega, por otra parte, que las disposiciones francesas en materia de fijación del precio de los libros infringen asimismo el artículo 30 del Tratado, habida cuenta de que se aplican también en el supuesto de que un nacional de otro Estado miembro compre libros en Francia, de forma que a éste se le imponen los precios fijados por el editor francés, lo que constituye un obstáculo a la libre circulación de mercancías.

13. Los Gobiernos austriaco y francés señalan, en primer lugar, que no procede admitir la cuestión prejudicial según su redacción actual, ya que daría lugar al examen de la compatibilidad de una disposición nacional con el Derecho comunitario. Proponen formular la cuestión en otros términos para el supuesto de que el Tribunal de Justicia considerara que, no obstante, su respuesta es de utilidad. El Gobierno austriaco considera que se impone expresar la cuestión en otros términos, máxime porque se refiere a disposiciones comunitarias cuya interpretación no puede influir en el procedimiento principal, habida cuenta de que no son directamente aplicables, por lo que no pueden ser invocadas por las partes. Por su parte, la Comisión sostiene que procede interpretar la cuestión prejudicial en el sentido de que se refiere esencialmente al artículo 85 del Tratado en relación con las disposiciones citadas. A su juicio, no obstante, no es necesario examinar los artículos 30 y 36 del Tratado, habida cuenta de que el órgano jurisdiccional remitente parte de la base de que éstos no se oponen a la aplicación de las disposiciones francesas.

14. Los demandados en el procedimiento principal, los Gobiernos francés, helénico, austriaco y noruego, así como la Comisión, se remiten a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el sistema francés del precio fijo de los libros y consideran esencialmente que las disposiciones incorporadas en virtud del Acta Única Europea y del Tratado de la Unión Europea no pueden dar lugar a una modificación de la jurisprudencia actual. Alegan que el concepto de mercado interior no es totalmente nuevo. A su juicio, el mero hecho de que, desde la referida incorporación, dicho concepto forme parte del Derecho positivo no significa que deban revisarse los principios aplicados por el Tribunal de Justicia antes de la introducción de dicho concepto. Indican que el elemento esencial para apreciar si el Derecho comunitario se opone a la aplicación de sistemas nacionales de fijación del precio de los libros consiste en comprobar si, a escala comunitaria, existe una política de la competencia relativa a sistemas o prácticas puramente nacionales cuyo objeto consista en la fijación del precio de los libros. Señalan, no obstante, que actualmente no existe tal política en materia de competencia a escala comunitaria.

15. Por otra parte, los Gobiernos francés y noruego señalan que el Tratado de la Unión Europea ha supuesto importantes modificaciones en el ámbito de la cultura. Así, alegan que, en particular, con arreglo al artículo 128 del Tratado CE (actualmente artículo 151 CE, tras su modificación), la Comunidad dispone de un fundamento jurídico adecuado para acciones comunitarias. El Gobierno francés considera que, si, en virtud del artículo 128, apartado 4, del Tratado, la Comunidad debe tener en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del Tratado, ello significa que las disposiciones francesas relativas al precio fijo del libro no son contrarias al Derecho comunitario.

VI. Discusión

1. Admisibilidad

16. El órgano jurisdiccional remitente ha planteado su cuestión al Tribunal de Justicia en forma de pregunta referida a la contabilidad de una normativa nacional con el Derecho comunitario. No obstante, en el marco del procedimiento de decisión prejudicial con arreglo al artículo 177, párrafo primero, del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE, párrafo primero), sólo pueden plantearse al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a la interpretación o a la validez del Derecho comunitario. A efectos de dicho procedimiento la competencia del Tribunal de Justicia no comprende el examen de disposiciones de Derecho nacional. Corresponde a los propios órganos jurisdiccionales nacionales realizar dicho examen a la luz de la decisión prejudicial.

17. Sin embargo, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente ha planteado su cuestión esencialmente para que se dilucide si las disposiciones del Tratado relativas al mercado interior deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede adoptar o mantener disposiciones cuyo objeto consista en la fijación del precio del libro. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal de Justicia que le facilite algunos criterios para la interpretación de las disposiciones aplicables a fin de poder apreciar, a su vez, la compatibilidad con el Derecho comunitario de las disposiciones nacionales pertinentes para resolver el litigio. Por consiguiente, procede admitir la cuestión prejudicial interpretada y redactada en tal sentido.

18. Además, el Gobierno austriaco considera que el procedimiento de remisión prejudicial carece de interés con respecto al procedimiento principal. Considera que, en la medida en que ninguna de las partes del procedimiento principal puede invocar las disposiciones a que se ha referido el órgano jurisdiccional remitente y dado que este órgano jurisdiccional no está obligado a prescindir de las disposiciones nacionales contrarias, debe declararse la inadmisión de la petición de decisión prejudicial por falta de pertinencia de la cuestión planteada en relación con el procedimiento principal.

19. A este respecto, debe, no obstante, recordarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio, apreciar la pertinencia para el litigio principal de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia. Ello se deriva del artículo 177 del Tratado, que establece el fundamento de una colaboración estrecha entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia. Por consiguiente, en principio, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia tiene el deber de pronunciarse. De ello se desprende, por lo tanto, que únicamente puede desestimarse la petición de decisión prejudicial si resulta patente que no existe relación alguna entre la interpretación del Derecho comunitario solicitada por el órgano jurisdiccional remitente y las circunstancias o el objeto del procedimiento principal, es decir, en otros términos, que la cuestión no es objetivamente necesaria. Sería, por ejemplo, así, si la respuesta a la cuestión prejudicial consistiera en la formulación, por el Tribunal de Justicia, de un dictamen relativo a cuestiones generales o hipotéticas.

20. Aun cuando puedan plantearse interrogantes en cuanto a la aplicabilidad directa, desde el punto de vista del procedimiento principal, de las disposiciones a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, resulta patente la relación entre las disposiciones relativas al mercado interior y la Ley nacional relativa al precio fijo de los libros. En el caso de autos no se trata de cuestiones generales o hipotéticas. La cuestión de si el Derecho comunitario se opone efectivamente a la aplicación de la Ley francesa es una cuestión que se inscribe en el examen del fundamento de la demanda. Por lo tanto, procede admitir la petición de decisión prejudicial.

2. Fundamento

21. A tenor del artículo 5 del Tratado, los Estados miembros adoptarán todas las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado y se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado. Cabe preguntarse si esta disposición produce efectos de manera autónoma o si, debido a su carácter demasiado general, sólo puede producir efectos de carácter vinculante si se la pone en relación con otras disposiciones del Tratado. Pueden imaginarse ciertamente algunos casos en los que no sea necesario referirse a otros elementos del Derecho comunitario por derivar las obligaciones únicamente del deber de lealtad para con la Comunidad. Ello es así, máxime con respecto a la obligación de abstenerse de medidas que puedan poner en peligro los objetivos del Tratado. No obstante, a su vez, tales objetivos deben ser suficientemente precisos. No es ciertamente el caso en lo que atañe al concepto muy general de mercado interior.

a) Los artículos 3, 3 A y 7 A del Tratado

22. Los artículos 3, 3 A y 7 A del Tratado, que deben ser interpretados para responder a la cuestión prejudicial, se refieren a la introducción del concepto de mercado interior, así como a su naturaleza. Por consiguiente, en el presente asunto es necesario determinar el contenido de dicho concepto. A este respecto, procede, en primer lugar, situarlo en su contexto histórico y legal.

23. El Tratado CEE inicial contenía, al igual que el Tratado en su versión actual, el concepto de mercado común, sin evocar, no obstante, el mercado común interior como ocurre hoy en día. Dicho concepto fue introducido en el Tratado CEE de la época por el Preámbulo y el artículo 13 del Acta Única Europea de 28 de febrero de 1986. El Acta Única Europea confió a la Comunidad la realización del mercado interior y, para tal fin, estableció algunas otras modificaciones. El Tratado de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de enero de 1993, confirmó la función integradora de la realización del mercado interior -literalmente: creación de un espacio sin fronteras interiores- y la incluyó entre los objetivos de la Unión Europea (artículo B, párrafo primero, primer guión, del Tratado de la Unión Europea). La finalidad del establecimiento del mercado interior consistía en la eliminación de los obstáculos que separaban a los Estados miembros con el fin de que los mercados interiores nacionales pudieran fusionarse para la creación de un espacio económico único. De este modo se precisaron, en cuanto a su contenido, los elementos esenciales para la creación del mercado común, que la Comunidad ya estaba obligada a realizar, en virtud del artículo 2 del Tratado CE (actualmente artículo 2 CE, tras su modificación).

24. Por consiguiente, el concepto de mercado interior está vinculado de manera indisociable con el de mercado común, del que deriva. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al Tratado inicial, la creación del mercado común figura entre los fines de la Comunidad. El Tribunal de Justicia lo describe como un espacio económico con estructuras análogas a las de un mercado interior. El objetivo de su establecimiento es eliminar todos los obstáculos a los intercambios intracomunitarios con vistas a la fusión de los mercados nacionales en un mercado único en el que se den las condiciones lo más cercanas posibles a las de un verdadero mercado interior.

25. Con respecto al presente asunto, la cuestión decisiva es la de si, en relación con el establecimiento del mercado interior, se trata de un objetivo del Tratado que sólo produce sus efectos en relación con otras disposiciones del Tratado, como las relativas a la libre circulación de mercancías (artículos 30 y siguientes del Tratado) o las relativas a la competencia (artículos 85 y siguientes del Tratado), o si se trata de una disposición independiente, fuente de obligaciones jurídicas autónomas, que no precisa otras medidas para la consecución del objetivo por los Estados miembros. De consistir en un mero objetivo del Tratado, se trataría, entonces, por una parte, de una misión para cuya realización deberían adoptarse las disposiciones adecuadas. Por otra parte, ello significaría que, en el estado actual del Derecho comunitario, deberían interpretarse las disposiciones controvertidas, relativas al mercado interior, no de manera separada, sino en relación con las disposiciones del Tratado que concretan el objetivo interesado, y sólo de esta manera las disposiciones controvertidas podrían producir efectos vinculantes e imponer obligaciones.

26. El tenor de las disposiciones avalan la interpretación según la cual debe considerarse el mercado interior, al igual que el concepto de mercado común, como un mero objetivo del Tratado que debe concretarse mediante las correspondientes disposiciones de éste.

27. A tenor de los artículos 3 y 3 A del Tratado, la acción de los Estados miembros y de la Comunidad incluye, en las condiciones y según el ritmo previstos en el Tratado, la adopción de una política económica que se basará en el mercado interior y que se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia. A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia que dictó en el asunto Alsthom Atlantique que «el establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado común [enunciado en la letra f) del artículo 3 del Tratado CEE], es un objetivo precisado en otras varias disposiciones relativas a las normas sobre la competencia [...]». Entre dichas disposiciones se encuentra, en particular, el artículo 85 del Tratado, que prohíbe los acuerdos entre empresas y prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

28. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 3 del Tratado determina «[...] los ámbitos y objetivos en los que debe centrarse la acción de la Comunidad. Enuncia de esta forma los principios generales del mercado común, que se aplican en relación con los Capítulos respectivos del Tratado destinados a desarrollar dichos principios [...]». Así, el artículo 3, letra f), del Tratado CEE también forma parte de los principios generales del mercado común, que se aplican en relación con los Capítulos respectivos del Tratado destinados a desarrollar dichos principios.

29. Es cierto que el artículo 7 A, párrafo segundo, del Tratado define el mercado interior como un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada, pero añade expresamente: «de acuerdo con las disposiciones del Tratado». Por lo tanto, resulta que, aunque, con arreglo al artículo 7 A, el concepto de mercado interior forme parte del Derecho positivo, sin embargo, para producir efectos jurídicos vinculantes, necesita ser desarrollado por otras disposiciones del Tratado. Esta afirmación se impone ya a causa del empleo del término «garantizada», ya que no se indica que «es» un espacio de libre circulación. El término «garantizar» implica, aunque sea desde un punto de vista conceptual, la adopción de medidas particulares adicionales.

30. A tenor del artículo 7 A, párrafo primero, del Tratado, la Comunidad adoptará las medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior en el transcurso de un período que terminará el 31 de diciembre de 1992. La fijación de esta fecha, no obstante, no produce efectos jurídicos automáticos. Aunque sólo sea por este motivo no se puede imponer a los Estados miembros obligaciones que van más allá del objetivo del Tratado.

31. También procede remitirse a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Wijsenbeek. Es cierto que ese asunto versó sobre la libre circulación de personas que, como consecuencia del mercado interior -antes de la integración, en el Derecho de la Comunidad, e incluso de la Unión, del «acervo Schengen»- invocaban el derecho a cruzar las fronteras sin tener que pasar ningún control. A este respecto, el Tribunal de Justicia señaló en el apartado 40: «No puede interpretarse dicho artículo [a saber, el artículo 7 A] en el sentido de que, a falta de medidas adoptadas por el Consejo [...] que impongan a los Estados miembros la obligación de suprimir los controles de personas en las fronteras interiores de la Comunidad, tal obligación resulta automáticamente de la expiración de dicho período [...].» De ello se deduce, por lo tanto, que, si el mercado interior, por sí mismo, no crea derechos directamente aplicables a los ciudadanos de la Unión, no puede, por sí solo, servir de fundamento de obligaciones que tengan un efecto directo con respecto a los Estados miembros.

32. Del mismo modo, en el asunto Francia/Comisión, el Tribunal de Justicia declaró que el mercado interior se establecerá mediante medidas adoptadas por la Comunidad conforme a dicho artículo y a las demás disposiciones que en él se enumeran. En su dictamen 1/91 el Tribunal de Justicia calificó, asimismo, expresamente el contenido de los artículos 2, 8 A (actualmente artículo 18 CE, tras su modificación) y 102 A del Tratado de objetivos para cuya realización el libre comercio y la competencia constituyen medios adecuados.

33. También las sentencias que el Tribunal de Justicia ha dictado hasta el presente en relación con la práctica francesa del precio fijo del libro confirman dicho razonamiento. Tras varias resoluciones del Tribunal de Justicia relativas a dicha Ley, se adaptaron las partes que eran contrarias al Derecho comunitario, en particular, con respecto al artículo 30 del Tratado CEE. En dichas sentencias el Tribunal de Justicia examinó la normativa de que se trata a la luz, entre otros, del artículo 3, letra f), del Tratado CEE y de otras disposiciones del Tratado. En todas las sentencias referidas dicho Tribunal llegó a la conclusión de que, con arreglo al Derecho comunitario, no podía censurarse la normativa controvertida relativa al precio del libro, en su última versión aplicable. Declaró expresamente que, en esos casos, ni el artículo 7 del Tratado CEE ni ninguna otra disposición o principio de Derecho comunitario se aplicaba a una desigualdad de trato en el marco de una normativa sobre la fijación del precio de venta al por menor de los libros por parte del editor o del importador de un libro. Como se ha indicado anteriormente, la introducción del concepto de «mercado interior» en nada ha alterado este análisis.

34. Atendidas las consideraciones que preceden, procede, por consiguiente, estimar que, en relación con las disposiciones relativas al mercado interior, es decir, los artículos 3, 3 A y 7 A, párrafo segundo, del Tratado, se trata únicamente de objetivos del Tratado que deben ser desarrollados mediante acciones de la Comunidad y de los Estados miembros o mediante disposiciones del Tratado aplicables en la materia y que, por lo tanto, las disposiciones referidas en primer lugar sólo son directamente aplicables en relación con las disposiciones últimamente mencionadas.

b) Artículos 5 y 85 del Tratado

35. Debe señalarse que, en relación con el presente asunto, nada se ha indicado que tenga que ver con prácticas colusorias o prácticas concertadas, prohibidas por el artículo 85 del Tratado, entre los editores o los minoristas con miras a la fijación de precios de venta al por menor. Por lo tanto, será suficiente examinar brevemente, a continuación, los artículos 5 y 85 del Tratado.

36. En la primera sentencia, antes citada, recaída sobre el problema de la práctica francesa del precio fijo del libro, en el asunto Leclerc y otros, el Tribunal de Justicia puntualizó que esas legislaciones no tienen por objeto imponer la celebración de acuerdos entre editores y minoristas u otros comportamientos, como los previstos en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, sino que exigen la fijación unilateral, en virtud de una obligación legal, por los editores o importadores, de los precios de venta al por menor. Por tal motivo, el Tribunal de Justicia se planteó el interrogante de «si una normativa nacional que enerva los comportamientos de las empresas que prohíbe el apartado 1 del artículo 85, al dar a los editores o importadores de libros la responsabilidad de fijar libremente los precios obligatorios en la fase del comercio al por menor, menoscaba el efecto útil del artículo 85 del Tratado y, en consecuencia, es contraria al párrafo segundo del artículo 5 de éste».

37. No existía, a la sazón, -como hoy en día- una política comunitaria de competencia relativa a sistemas o prácticas puramente nacionales en el sector de los libros que los Estados miembros tuvieran la obligación de cumplir en virtud de su deber de abstenerse de toda medida que pueda amenazar la realización de los fines del Tratado. En consecuencia, el Tribunal de Justicia consideró que las obligaciones de los Estados miembros, derivadas del artículo 5, en relación con los artículos 3, letra f), y 85 del Tratado, no estaban suficientemente determinadas para prohibirles adoptar una normativa en materia de competencia sobre los precios de venta al por menor de los libros.

38. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 5, en relación con el artículo 85 del Tratado, obliga, no obstante, a los Estados miembros, a no adoptar o mantener en vigor medidas, ni siquiera de carácter legislativo o reglamentario, que puedan eliminar el efecto útil de las normas de competencia aplicables a las empresas. Según la jurisprudencia, sería así si un Estado miembro impusiera o favoreciera la conclusión de prácticas colusorias contrarias al artículo 85 o reforzara sus efectos, o si privara a su propia normativa de su carácter estatal delegando en operadores privados la responsabilidad de adoptar decisiones de intervención en materia económica.

39. Es cierto que la Ley francesa relativa al precio fijo del libro delega en los editores la misión de fijar, respecto a los libros, el precio que los minoristas pueden exigir al consumidor final y que, por lo tanto, influye en una decisión de carácter económico. No obstante, como ya he indicado, ni la resolución de remisión ni las observaciones de las partes permiten llegar a la conclusión de la existencia de prácticas colusorias o de prácticas concertadas entre editores o entre minoristas en relación con la fijación de los precios. Por lo tanto, resulta que no puede advertirse ninguna relación de causalidad entre las disposiciones legales y las prácticas de las empresas interesadas, que pueda determinar la aplicabilidad del artículo 85, apartado 1.

40. Por consiguiente, el artículo 5, párrafo segundo, en relación con los artículos 3, letra g), y 85 del Tratado, no se opone a una normativa nacional que obligue al editor a fijar el precio de venta al por menor de los libros, habida cuenta de que no existe relación suficiente entre la medida estatal y las decisiones económicas adoptadas en definitiva.

c) La política de competencia

41. Tampoco este extremo requiere un examen más en profundidad, habida cuenta de que, en relación con los sistemas puramente nacionales de fijación del precio de los libros, no existe ninguna política comunitaria de competencia que los Estados miembros estén obligados a respetar en virtud de su deber de abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro la realización de los fines del Tratado. A este respecto, debe citarse asimismo el artículo 128, apartado 4, del Tratado, con arreglo al cual la Comunidad debe tener en cuenta los aspectos culturales en su actuación, lo cual, por lo tanto, incluye la manera como procede en su actuación desde el punto de vista de la competencia.

42. Desde que se pronunció la sentencia en el asunto Leclerc y otros, la Comisión ha intervenido en tres ocasiones contra distintos Estados miembros en relación con disposiciones nacionales relativas al precio impuesto del libro. En cada uno de dichos tres asuntos la Comisión examinó los efectos transfronterizos de los distintos sistemas de fijación del precio del libro y, esencialmente, censuró el hecho de que las disposiciones pertinentes impidieran tanto las importaciones como las exportaciones de libros y que, por lo tanto, obstaculizaran el comercio intracomunitario.

43. En el presente asunto, ni la resolución de remisión ni las observaciones de las partes brindan indicios que permitan llegar a la conclusión, con una probabilidad suficiente, de que se dan efectos sensibles sobre el comercio intracomunitario.

44. En reiterada jurisprudencia el Tribunal de Justicia ha declarado que, por su propia naturaleza, una práctica colusoria que se extienda a todo el territorio de un Estado miembro tiene por efecto consolidar compartimentaciones de carácter nacional, obstaculizando de este modo la interpenetración económica exigida por el Tratado. Un acuerdo entre empresas, para que pueda afectar «[...] al comercio entre Estados miembros, debe poderse presumir con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, que puede ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre Estados miembros, en un sentido que pueda perjudicar a la realización de los objetivos de un mercado único entre Estados [...]».

45. En principio, la respuesta a la cuestión de si se cumplen los requisitos para la aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado depende de apreciaciones económicas complejas, a las que debe proceder el órgano jurisdiccional nacional, en su caso, mediante criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

46. En el caso de autos, no obstante, debe suponerse que, en conjunto, las disposiciones francesas relativas al precio fijo del libro no pueden afectar al comercio entre Estados miembros en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado. También de manera indirecta se llega a esta conclusión atendido el hecho de que los libros redactados en una lengua dada no son objeto necesariamente de un comercio transfronterizo importante. Por consiguiente, las normas relativas al precio fijo del libro no constituyen un incumplimiento de la obligación de los Estados miembros de abstenerse de todas las medidas que puedan amenazar la realización de los fines del Tratado, habida cuenta, en particular, de la inexistencia de política comunitaria de competencia en la materia.

d) La política económica y el «principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia». Artículos 3 A, 102 A, y 103, apartados 3 y 4, del Tratado

47. El principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia se encuentra en los artículos 3 A, apartados 1 y 2, 102 A y 105, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 105 CE, apartado 1) y está relacionado con las disposiciones relativas a la política económica y monetaria. Resulta, por lo tanto, que el Tratado de la Unión Europea, que incorporó dichas disposiciones concibe dicho principio más bien en relación con la política económica y monetaria de la Comunidad que como elemento destinado a determinar el concepto de «mercado interior». A tenor del artículo 102 A, los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas con vistas «[...] a contribuir a la realización de los objetivos de la Comunidad, definidos en el artículo 2». Los Estados miembros y la Comunidad actuarán respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia, favoreciendo una eficiente asignación de recursos y de conformidad con los principios enunciados en el artículo 3 A.

48. El concepto de política económica, tal como a la misma se refiere el artículo 102 A, no se define con mayor precisión en el propio Tratado. Los proyectos que el Consejo ha elaborado de conformidad con el artículo 103, apartado 2, para las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad contienen asimismo elementos de carácter microeconómico a efectos de la regulación de algunos mercados. Así, la Recomendación 97/479/CE del Consejo, de 7 de julio de 1997, sobre las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad contiene, en el Capítulo 5, observaciones con el fin de mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios. A tenor de éstas, a fin de salvaguardar y promover la competitividad, el empleo y el nivel de vida comunitarios, en un mundo de libre comercio y en constante cambio tecnológico, es esencial que los Estados miembros y la Comunidad intensifiquen sus esfuerzos para modernizar sus mercados de bienes, servicios y trabajo, tal como establecen las orientaciones generales de política económica. Fomentar el crecimiento y el empleo, al mismo tiempo que se logra la estabilidad de precios, exige mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, estimular la competencia, favorecer la inventiva y la innovación y asegurar la eficacia del sistema de formación de precios.

49. Por el contrario, los sistemas de fijación de precios como el controvertido en el caso de autos contienen elementos que no encajan con una utilización óptima de los recursos. No obstante, en relación con las disposiciones comunitarias, se trata únicamente de objetivos del Tratado y de políticas de los Estados miembros o de la Comunidad, sin que de ellas se deriven, para los Estados miembros, obligaciones claras y suficientemente determinadas en lo que a su comportamiento se refiere. De conformidad con los objetivos a los que se refieren los artículos 2 y 3 del Tratado, se trata, por el contrario, de principios que, considerados aisladamente, carecen de efecto jurídico vinculante, pero que, en cambio, deben analizarse en relación con las demás disposiciones comunitarias que los concretan.

50. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sólo pueden imponerse obligaciones a los Estados miembros en virtud de disposiciones de Derecho comunitario formuladas de manera suficientemente determinada, precisa y clara. No obstante, no sucede precisamente así con respecto a los principios de una economía de mercado abierta y de libre competencia ni a la política económica.

51. Por consiguiente, procede responder al órgano jurisdiccional remitente que, en el estado actual del Derecho comunitario, las disposiciones del Tratado a las que dicho órgano jurisdiccional se refiere no impiden la aplicación de las disposiciones francesas relativas al precio obligatorio del libro.

VII. Costas

52. Los gastos efectuados por los Gobiernos francés, austriaco, helénico y noruego, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no constituyen gastos recuperables. Respecto a las partes del procedimiento principal, el procedimiento forma parte del que se sigue ante el órgano jurisdiccional remitente. Por lo tanto, la decisión sobre las costas corresponde a este último.

VIII. Conclusión

53. Por todo cuanto antecede propongo que se responda a la cuestión prejudicial del siguiente modo:

«El artículo 5, párrafo segundo (actualmente artículo 10 CE, párrafo segundo), en relación con los artículos 3, letras c) y g) (actualmente artículo 3 CE, letras c) y g), tras su modificación) y 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE), así como con los artículos 3 A (actualmente artículo 4 CE), 7 A, párrafo segundo (actualmente artículo 14 CE, apartado 2, tras su modificación), 102 A y 103, apartados 3 y 4, del Tratado CE (actualmente artículos 98 CE y 99 CE, apartados 3 y 4) debe interpretarse en el sentido de que, en el estado actual del Derecho comunitario, no se prohíbe a los Estados miembros adoptar una normativa según la cual el editor o el importador deban fijar el precio de venta al por menor de los libros y que ese precio se imponga a todo minorista, siempre que dicha normativa respete las demás disposiciones específicas del Tratado CE.»