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GRECIA / COMISION 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
10 de julio de 1990* 
En el asunto C-259/87, 
República Helénica, representada por los Sres. Panagiotis Mylonopoulos, Jurista 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ilias Laios, Consejero Jurídico del Ministerio 
de Agricultura, y Meletis Tsotsanis, Jurista del Ministerio de Agricultura, en cali­
dad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la emba­
jada de la República Helénica, 117, Val Sainte-Croix, 
parte demandante, 
contra 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por el Sr. Xe-
nophon Yataganas, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, luego 
por el Sr. Dimitrios Gouloussis, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, y, más 
adelante, por el Sr. Théofanis Christoforou, miembro de su Servicio Jurídico, asis­
tido por el Sr. Michail Vilaras, miembro del Consejo de Estado de la República 
Helénica, en comisión de servicios en el Servicio Jurídico de la Comisión, en cali­
dad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. 
Georgios Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la anulación de la Decisión 87/368/CEE de la Comisión, de 
19 de junio de 1987, relativa a la liquidación de cuentas de los Estados miembros 
en concepto de gastos financiados por el Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agraria, sección «Garantía», correspondientes al ejercicio financiero 1983 
(DO L 195, p. 43), 
* Lengua de procedimiento: griego. 
I-2847 
SENTENCIA DE 107.1990 — ASUNTO C-259/87 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres. O. Due, Presidente; Sir Gordon Slynn y C. N. Kakouris, 
Presidentes de Sala; F. G. Mancini, T. F. O'Higgins, G. C. Rodríguez Iglesias y 
M. Diez de Velasco, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide: 
1) Anular la Decisión 87/368/CEE de la Comisión, de 19 de junio de 1987, rela­
tiva a la liquidación de cuentas de los Estados miembros en concepto de gastos 
financiados por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, Sec­
ción «Garantía», para el ejercicio financiero 1983, por cuanto la Comisión no ha 
imputado al FEOGA la cantidad correspondiente a las sumas percibidas con 
ocasión de la venta de dos lotes de 30 000 toneladas de trigo blando. 
2) Desestimar el recurso en todo lo demás. 
3) Condenar en costas a la Comisión. 
I-2848
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Agricultura - Política agraria común - Algodón - Ayudas a las agrupaciones de productores - Ayudas para inversiones - Inversiones inscritas en un programa nacional aprobado por la Comisión - Derecho a las ayudas - Agrupación reconocida a la que no se conceden ayudas debido a su forma jurídica - Inadmisibilidad

(Tratado CEE, art. 40, apartado 3, párrafo 2; Reglamento del Consejo nº 389/82 del Consejo, arts. 2 y 5)

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El artículo 5 del Reglamento nº 389/82 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a conceder las ayudas para inversiones a las agrupaciones de productores de algodón reconocidas en virtud del artículo 2 de dicho Reglamento, si las inversiones se inscriben en programas nacionales de desarrollo y de racionalización de la producción y de la salida al mercado, aprobados por la Comisión.

Sin infringir las disposiciones del artículo 2 en relación con el artículo 5, citados, ni el principio de no discriminación enunciado en el párrafo 2 del apartado 3 del artículo 40, un Estado miembro no puede denegar la concesión de dichas ayudas a una agrupación reconocida so pretexto de que ésta no esté constituida en una forma jurídica determinada.
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Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Normativa comunitaria - Aplicación en el tiempo - Prestaciones liquidadas antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 1408/71 - Nuevo cálculo impuesto por un cambio de la situación personal del asegurado - Aplicación del Reglamento nº 1408/71 (Reglamento nº 1408/71 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento nº 2001/83, arts. 94, apartado 5, y 100)

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El principio derivado del apartado 5 del artículo 94 del Reglamento nº 1408/71, según el cual la institución competente de un Estado miembro no puede, de no mediar petición del asegurado, proceder de oficio a la revisión de los derechos adquiridos por éste antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento, no se aplica, en virtud del artículo 100 del Reglamento, a situaciones que impliquen de oficio una nueva liquidación de los derechos a prestaciones.

Por consiguiente, el nuevo cálculo de una prestación de invalidez liquidada antes de entrar en vigor el Reglamento nº 1408/71, exigido por los cambios sobrevenidos en la situación personal del asegurado con posterioridad a aquella fecha, debe efectuarse con arreglo a las disposiciones del Reglamento nº 1408/71.
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Agricultura - Organización común de mercados - Vino - Vinos de calidad producidos en regiones determinadas - Normas de producción - Vino procedente de variedades de vid no pertenecientes a la especie Vitis vinifera y que son objeto de ensayos de cultivo - Calificación como vinos de calidad producidos en regiones determinadas - Exclusión

(Reglamentos nº 338/79, arts. 4, apartado 1, y 6, apartado 1, letra a), y nº 347/79, art. 13, apartado 4 del Consejo)

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La excepción a las disposiciones generales sobre la plantación y la clasificación de las variedades de vid que prevé el apartado 4 del artículo 13 del Reglamento nº 347/79 no puede aplicarse a la producción de vinos de calidad producidos en regiones determinadas, dado que éstos están sujetos a las condiciones especiales concretas establecidas por el Reglamento específico nº 338/79. Por eso, lo dispuesto en dicho apartado 4 del artículo 13 en relación con el párrafo 1, de la letra a) del apartado 1 del artículo 6 y con el párrafo 1, del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento nº 338/79 debe interpretarse en el sentido de que el vino procedente de variedades de vid que no pertenezcan a la especie Vitis vinifera, sobre las que se estén realizando exámenes de sistemas y usos de cultivo, investigaciones científicas o trabajos de selección o cruzamiento, no puede calificarse como vino de calidad producido en regiones determinadas.
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1. Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Impuesto sobre el valor añadido percibido al ser importados por un particular productos procedentes de otros Estados miembros - Forma de calcularlo

(Tratado CEE, art. 95; Directiva del Consejo 77/388)

2. Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común de impuesto sobre el valor añadido - Régimen nacional de sanciones a la evasión fiscal - Diferenciación entre importación y régimen interior - Admisibilidad - Requisito - Ausencia de disparidad desproporcionada entre las sanciones

(Tratado CEE, art. 95; Directiva del Consejo 77/388)

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1. El artículo 95 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que en caso de la importación por un particular de un bien procedente de otro Estado miembro, que no se haya beneficiado de una desgravación a la exportación, ni de una franquicia fiscal en el Estado miembro de importación, la aplicación del impuesto sobre el valor añadido a la importación debe tener en cuenta la parte residual de este impuesto pagada en el Estado miembro de exportación y que aún está incorporada al valor del bien en el momento de ser importado, de modo que el importe de esta parte residual no forme parte de la base imponible y sea deducido del impuesto devengado en la importación.

2. Si las infracciones de las normas reguladoras del impuesto sobre el valor añadido percibido con ocasión de la importación y las infracciones del mismo impuesto percibido al ser cedidos bienes en el interior del país se distinguen por circunstancias distintas, que se refieren tanto a los elementos constitutivos de la infracción como a la mayor o menor facilidad para descubrirla, circunstancias que implican que los Estados miembros no estén obligados a establecer un régimen idéntico para ambas categorías de infracciones, sin embargo no está justificada una disparidad manifiestamente desproporcionada en la gravedad de las sanciones previstas para ambas categorías de infracciones. Tal desproporción existe cuando la sanción prevista para el caso de importación implica, por lo general, penas de prisión y la confiscación de la mercancía, en virtud de las normas previstas para la represión del contrabando, mientras que no se establecen sanciones comparables, o no se aplican con carácter general, en caso de infracción de las normas reguladoras del impuesto en las transacciones internas. Tal situación, que puede comprometer la libre circulación de mercancías en el interior del mercado común, es incompatible con el artículo 95 del Tratado.
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Este principio no es contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase sobre todo la sentencia de 21 de octubre de 1975, Petroni, 24/75, Rec. 1975, p. 1149), según la cual la aplicación del Reglamento no 1408/71 no puede suponer la pérdida de derechos adquiridos exclusivamente al amparo de una legislación nacional. Este principio, en efecto, no concierne a las normas relativas a la legislación aplicable, sino a las normas comunitarias sobre la acumulación de prestaciones previstas por diferentes legislaciones nacionales. No podría producir, pues, el resultado, contrario al artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 1408/71, de asegurar al interesado, respecto de un mismo período, con arreglo a las disposiciones de las legislaciones de varios Estados miembros.
2.

La Comisión estima que aun suponiendo que se haya infringido el artículo 45 del Estatuto —cosa que rechaza—, no se trataría de un abuso o de una desviación de poder, concepto este último que define como la prosecución por el autor de un acto administrativo de un fin distinto al fin legal. Muy al contrario, la Comisión adoptó, el 24 de octubre de 1984, una nueva decisión con conocimiento de todos los elementos pertinentes. La anulación de la decisión de 16 de mayo de 1984 no comporta pues, ipso iure, la anulación de la segunda decisión que es autónoma en el sentido de que no se adoptó sino después de un nuevo examen de todos los elementos pertinentes. Las alegaciones del demandante relativas a la antigüedad del candidato promovido y a las valoraciones de que fue objeto en sus informes de calificación no son pertinentes en tanto en cuanto el demandante no pretende que la AFPN haya cometido un error manifiesto en el ejercicio de su facultad discrecional. Por otra parte, el estado de salud del candidato promovido es de tal índole que no afecta en absoluto su capacidad profesional y, en particular, el cumplimiento de sus funciones de Jefe de División. En conclusión, la Comisión mantiene que la decisión de 24 de octubre de 1984, que confirma la decisión de 16 de mayo de 1984, se adoptó de acuerdo con el procedimiento legal, no constituyendo su denominación un elemento decisivo de su valor jurídico. La candidatura del demandante fue descartada en aplicación de la facultad discrecional de la Comisión y no por motivos ajenos a sus méritos y cualidades profesionales.
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No fue sino hasta el momento de la vista en que el Gobierno francés alegó, además, que tanto la demanda de la Comisión, como el dictamen motivado y el escrito de requerimiento, se basaban en la idea equivocada de que un médico establecido en otro Estado miembro debía inscribirse en Francia para poder prestar allí sus servicios. Según el artículo 356-1 del code de la santé publique, un médico u odontólogo, nacional de otro Estado miembro, que esté establecido y ejerza legalmente su actividad en otro Estado miembro, puede realizar las actividades propias de su profesión en Francia sin estar inscrito en el registro del Colegio, según modalidades fijadas por decreto. El decreto en cuestión (Decreto no 77-637 que sólo era de aplicación a los médicos y que ha sido sustituido por el Decreto no 86-112 que se aplica también a los odontólogos) establece que, en el caso de prestación de servicios en Francia, se debe remitir al consejo de departamento del Colegio una declaración que incluya un cierto número de datos. En virtud de dicho Decreto, diversos actos médicos pueden efectuarse en una única declaración siempre que se refieran a un solo paciente y que se lleven a cabo en el curso de una estancia temporal en Francia que no exceda de dos días.
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1. Cuestiones prejudiciales - Apreciación de validez - Declaración de invalidez - Incompetencia de los órganos jurisdiccionales nacionales

(Tratado CEE, arts. 173, 177 y 184)

2. Recursos propios de las Comunidades Europeas - Recaudación a posteriori de los derechos de importación o de exportación - Importador que cumple los requisitos enunciados en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento nº 1697/79 - Recaudación a posteriori - Exclusión

(Reglamento nº 1697/79 del Consejo, apartado 2 del artículo 5)

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1. Los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones son susceptibles de recurso jurisdiccional de Derecho interno pueden examinar la validez de un acto comunitario y, si no estiman fundados los motivos de invalidez que las partes invocan ante ellos, desestimar estos motivos concluyendo que el acto es plenamente válido. En cambio, los órganos jurisdiccionales nacionales sean o no susceptibles sus decisiones de recurso jurisdiccional de Derecho interno, no son competentes para declarar por sí mismos la invalidez de los actos de las instituciones comunitarias.

Esta solución viene impuesta, en primer lugar, por la exigencia de uniformidad en la aplicación del Derecho comunitario. Las divergencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en cuanto a la validez de los actos comunitarios podrían, en efecto, comprometer la unidad misma del ordenamiento jurídico comunitario y perjudicar la exigencia fundamental de seguridad jurídica.

Se impone, en segundo lugar, por la necesaria coherencia del sistema de protección jurisdiccional establecido por el Tratado. Este ha instituido, en efecto, mediante sus artículos 173 y 184, por una parte, y 177 por otra, un sistema completo de tutela jurisdiccional y de procedimientos destinado a confiar al Tribunal de Justicia el control de la legalidad de los actos de las instituciones. Dado que el artículo 173 atribuye competencia exclusiva al Tribunal de Justicia para anular un acto de una institución comunitaria, la coherencia del sistema exige que el poder de declarar la invalidez del mismo acto, si se promueve ante un órgano jurisdiccional nacional, se reserve igualmente al Tribunal de Justicia.

Este reparto de competencias puede variar bajo determinadas condiciones en la hipótesis de una impugnación de validez promovida ante el Juez nacional, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales.

2. La disposición del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento nº 1697/79 del Consejo, relativa a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de exportación, que establece tres requisitos claros para que las autoridades competentes puedan abstenerse de proceder a la recaudación a posteriori, debe interpretarse en el sentido de que, en cuanto se reúnen todos estos requisitos, el sujeto pasivo tiene derecho a que no se proceda a la recaudación.
Para establecer si una disposición comunitaria que prevé la pérdida total de una fianza es compatible con el principio de proporcionalidad, es importante verificar si las obligaciones cuyo respeto tiende a garantizar deben ser consideradas como obligaciones principales de fundamental importancia para el correcto funcionamiento del sistema comunitario en cuestión, y cuyo incumplimiento puede sancionarse con la pérdida total de la fianza sin que ello suponga una infracción del mencionado principio, o como obligaciones secundarias, cuyo incumplimiento no debería sancionarse con el mismo rigor que la inobservancia de una obligación principal.

No constituyen un incumplimiento, por parte del adjudicatario, de las obligaciones que le imponen, respectivamente, el apartado 16 del Anexo A del Reglamento no 588/81 y la letra d) del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento no 1974/80, relativas a la aplicación de la ayuda alimentaria, el hecho de que haya rebasado muy ligeramente el plazo de embarque ni la utilización de buques de línea de más de quince años de antigüedad, pero que garantizan una seguridad sustancialmente igual a la de los buques de menos de quince años.

Por otra parte, el segundo guión del apartado 1 del artículo 20 del Reglamento no 1974/80 infringe el principio de proporcionalidad en la medida en que, conforme a dicha disposición, la fianza prestada de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento se declara totalmente incautada en el caso de un transporte realizado en buques de antigüedad superior a quince años y que no llevan a cabo servicios de línea, pero que están inscritos en la categoría superior de los registros de clasificación marítima reconocidos.
Habida cuenta de la independencia de los tribunales de concurso, la institución afectada no dispone de la facultad de anular o modificar una decisión adoptada por un tribunal de concurso. No obstante, en el ejercicio de sus propias competencias, la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede quedar vinculada por una decisión de un tribunal de concurso cuya ilegalidad pueda viciar, de rechazo, sus propias decisiones. Si se encuentra ante la imposibilidad de nombrar a un candidato porque estima que el tribunal se negó ilegalmente a admitir al concurso a uno o varios candidatos, y que la totalidad de las actuaciones del concurso se hallan viciadas por este motivo, tiene el deber de hacer constar mediante decisión motivada dicha situación y de repetir enteramente el procedimiento del concurso, tras una nueva convocatoria y la eventual designación de un nuevo tribunal. En su defecto, corresponde al Tribunal de Justicia, a instancia de los interesados, pronunciarse directamente sobre la legalidad de la decisión del tribunal de concurso.
Las descripciones de productos para los cuales se ha dispuesto la suspensión de derechos autónomos del Arancel Aduanero Común en virtud del artículo 28 del Tratado deben ser interpretadas teniendo en cuenta las exigencias de la seguridad jurídica y las dificultades a las cuales deben hacer frente las administraciones de aduanas nacionales, según criterios objetivos, inherentes a su formulación. No es posible aplicarlos a otros productos, contrariamente a los criterios prefijados, aun si estos productos no se diferencian, por sus propiedades y por su uso, de los comprendidos en la suspensión y una modificación ulterior de la descripción de un producto que sea objeto de una suspensión de derechos no podrá influir retroactivamente en la interpretación de la descripción antes establecida a este efecto.

En consecuencia, la descripción «hilos enteramente realizados en ácido poliglicólico» de la partida ex 51.01 A del Arancel Aduanero Común, que figura en los Reglamentos 1162/79 y 1481/80, no comprende los hilos constituidos a la vez por ácido poliglicólico y ácido láctico, aun en el caso de que el porcentaje del 10 % de ácido láctico que ellos contienen no tenga incidencias sobre las propiedades y el uso de estos productos y aunque una modificación posterior de la reglamentación le haya concedido el beneficio de la suspensión.
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Procede destacar que el demandante tiene toda la razón cuando denuncia un vicio procesal por cuanto el proyecto de decisión que puso fin a la investigación administrativa no le fue notificado por un funcionario competente al efecto. Sin embargo, conviene destacar que la decisión final de 4 de octubre de 1983 la adoptó el jefe de la División de asuntos sociales que, en esta fecha, estaba válidamente habilitado para ello en nombre de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Por lo demás, el proyecto de decisión no influyó en el desenlace del procedimiento, por haber solicitado el demandante que se consultara a la comisión médica. Es cuestión de principios que una irregularidad de procedimiento sólo implica la anulación total o parcial de una decisión en la medida en que se prueba que, sin ella, la decisión impugnada hubiera podido tener un contenido diferente (sentencia de 29 de octubre de 1980, asuntos acumulados 209 a 215 y 218/78, Van Landewyck contra Comisión, Rec. 1980, p. 3125). Al no ser éste el caso, la alegación de que el proyecto no fue notificado por la autoridad competente no puede ser estimado.
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Por lo que se refiere a este motivo, conviene subrayar en primer lugar que, en cuanto afecta a la convocatoria de concurso-oposición, se refiere en realidad a la anulación del concurso-oposición y no cabe valorarlo en el marco de un recurso que tienda solamente, tal y como se ha precisado, a la anulación de la decisión del tribunal de no admitir a la demandante al concurso-oposición cuestionado. Puesto que el argumento va dirigido contra esta última decisión, basta con señalar que la demandante no ha aportado ninguna prueba de desviación de poder en su perjuicio y que no puede deducirse indicio alguno en este sentido de la propia decisión impugnada, al no ser suficiente en ningún caso la actividad profesional exterior a las instituciones de la Comunidad de la demandante, ni en sí misma ni añadida a la experiencia adquirida en tales instituciones, para satisfacer las condiciones para concursar previstas en la convocatoria del concurso-oposición.
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Del expediente se desprende que los demandantes, hasta la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 1976, del Reglamento no 2615/76 del Consejo, de 21 de octubre de 1976, por el que se modifica el Reglamento no 259/68 por lo que respecta al régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO 1976, L 299, p. 1; EE 01/02, p. 58), ejercían las funciones de agentes de establecimiento del Centro Común de Investigación de Ispra y que en tal condición estaban afiliados al régimen italiano de seguridad social, administrado por el Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (en addante el INPS).
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La disposición de la Ley francesa que originó los dos litigios principales prohibe «la explotación» de una obra cinematográfica mediante soportes, en particular, cintas de vídeo; por lo tanto, podría plantearse el problema de dilucidar si esta prohibición, aun cuando no se aplica a la mera concesión de una licencia a la que no siga inmediatamente la producción de las cintas de vídeo controvertidas, se extiende, no obstante, al encargo de fabricar tales productos. A este respecto, procede subrayar que no cabe calificar de «servicios», en el sentido del Tratado, las actividades de fabricación de cintas de vídeo, puesto que las prestaciones del fabricante de tales productos conducen directamente a la producción de un objeto material que, además, está clasificado en el Arancel Aduanero Común (partida 37.07). Según el artículo 60 del Tratado, se consideran, en efecto, como servicios, las prestaciones realizadas a cambio de una remuneración «en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías».