Palabras clave

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Palabras clave

1. Adhesión de nuevos Estados miembros — Acta de adhesión de 2003 — Adaptación de los actos comunitarios no adaptados por la propia Acta de adhesión — Concepto

[Acta de adhesión de 2003, art. 57; Directiva 2004/85/CE del Consejo]

2. Adhesión de nuevos Estados miembros — República Checa — Estonia — Chipre — Letonia — Lituania — Hungría — Malta — Polonia — Eslovenia — Eslovaquia — Actos comunitarios adoptados con posterioridad a la firma del Tratado de adhesión de 2003 — Adopción de exenciones provisionales en favor de los nuevos Estados miembros — Base jurídica adecuada

(Arts. 249 CE, aps. 2 y 3, y 299 CE; Tratado de adhesión de 2003, art. 2, aps. 2 y 3)

3. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance

(Art. 253 CE; Directiva 2004/85/CE del Consejo)

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1. Las medidas que pueden adoptarse sobre la base del artículo 57 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, que prevé la adaptación de los actos de las instituciones que no hayan sido adaptados por la propia Acta de adhesión, se limitan, en principio, a adaptaciones destinadas a hacer que los actos de Derecho comunitario anteriores sean aplicables en los nuevos Estados miembros, excluyendo cualquier otra modificación y, en particular, las exenciones provisionales. De ello se desprende que exenciones provisionales de la aplicación de lo dispuesto en un acto de Derecho comunitario, cuyos únicos objeto y finalidad consisten en retrasar temporalmente la aplicación efectiva del acto de Derecho comunitario de que se trate con respecto a un nuevo Estado miembro, no pueden, en principio, calificarse de «adaptaciones» en el sentido del artículo 57 de dicha Acta.

Sin embargo, si bien el objeto de la Directiva 2004/85, por la que se modifica la Directiva 2003/54, en lo que se refiere a la aplicación de determinadas disposiciones a Estonia, es ciertamente retrasar temporalmente la aplicación efectiva de determinadas disposiciones de la Directiva 2003/54, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92, con respecto a la República de Estonia, no es menos cierto que algunas de las medidas que establece desde este prisma revisten asimismo el carácter de medidas de adaptación necesarias para garantizar la plena aplicabilidad de la Directiva 2003/54 en lo que a dicho Estado miembro se refiere. Tienen ese carácter las medidas cuyo objetivo es tener en cuenta, en el marco establecido por la Directiva 2003/54, la medida transitoria anteriormente concedida a la República de Estonia por el anexo VI del Acta de adhesión de 2003 en lo tocante a la Directiva 96/92. Así pues, la Directiva 2004/85 podía ser válidamente adoptada con base en el artículo 57 de la citada Acta de adhesión, en la medida en que dicha Directiva 2004/85 estableció una suspensión de la aplicación del artículo 21, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2003/54 hasta el 31 de diciembre de 2008 en lo tocante a la República de Estonia de forma que dicho Estado miembro siguiera estando dispensado de abrir su mercado de la electricidad antes del 1 de enero de 2009, dispensa de la que ya gozaba a tenor de lo dispuesto en el anexo VI del Acta de adhesión de 2003.

En cambio, debe anularse la Directiva 2004/85 en la medida en que establece a favor de Estonia una exención de la aplicación del artículo 21, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2003/54, que va más allá del 31 de diciembre de 2008, así como la obligación correlativa de garantizar una apertura solamente parcial del mercado que represente el 35 % del consumo a 1 de enero de 2009 y una obligación de comunicación anual de los umbrales de consumo que den derecho al consumidor final a optar por las subvenciones. Dichas exenciones complementarias constituyen, en efecto, medidas que tienen únicamente por objeto y como única finalidad retrasar temporalmente la aplicación efectiva del acto de Derecho comunitario de que se trata, y cuya adopción implica, por lo tanto, una apreciación de carácter político. De ello se deduce que dichas exenciones no se pudieron adoptar válidamente sobre la base del artículo 57 del Acta de adhesión de 2003.

(véanse los apartados 37 a 40, 51, 52, 60, 61 y 88)

2. Una vez firmado el Tratado de adhesión de 2003, y sin perjuicio de la aplicación de los procedimientos especiales que dicho Tratado establece para decidir sobre algunos tipos de medidas transitorias, no existe ninguna objeción de principio para que los actos de Derecho comunitario adoptados con posterioridad a la firma de que se trata y antes de la entrada en vigor de dicho Tratado de adhesión y que establezcan exenciones temporales a favor de un futuro Estado adherente lo sean directamente sobre la base de las disposiciones del Tratado CE.

En efecto, tales disposiciones que establecieran exenciones, que sólo deberían aplicarse, en su caso, cuando efectivamente entrara en vigor el Tratado de adhesión de 2003, no atentarían contra los artículos 249 CE, párrafos segundo y tercero, y 299 CE, según los cuales los actos adoptados por las instituciones son aplicables en los Estados miembros, ni contra lo previsto en el artículo 2, apartados 2 y 3, de dicho Tratado de adhesión.

Por una parte, tales disposiciones específicas, como, por lo demás, los actos en las que están incluidas y/o aquellos en relación con los cuales establecen exenciones, sólo serán aplicables con respecto a los Estados adherentes en la fecha en la que la adhesión sea efectiva, fecha en la cual adquieren la condición de Estado miembro.

Por otra parte, la circunstancia de que el artículo 2, apartado 2, del Tratado de adhesión de 2003 dispusiera que éste no entraría en vigor hasta el 1 de mayo de 2004 y que el apartado 3 de este mismo artículo estableciera que, no obstante dicho principio, algunas disposiciones del referido Tratado podrían aplicarse anticipadamente no es obstáculo para establecer, en actos no adoptados en virtud de dicho Tratado sino sobre la base del propio Tratado CE, las condiciones en las que tales actos adoptados entre la firma del Tratado de adhesión y su entrada en vigor serían de aplicación en los futuros Estados miembros una vez que la adhesión fuera efectiva.

Por último, la procedencia de aplicar el procedimiento legislativo normal previsto en el Tratado CE a la adopción de excepciones en favor de los nuevos Estados miembros, durante el período comprendido entre la firma del Tratado de adhesión de 2003 y su entrada en vigor, resulta corroborada por la existencia de mecanismos específicos, propios del proceso de adhesión articulado que, como el procedimiento de información y consulta, permiten a estos nuevos Estados hacer valer sus intereses cuando es necesario.

(véanse los apartados 62 a 65 y 69)

3. La motivación que exige el artículo 253 CE debe ser adecuada a la naturaleza del acto de que se trate. Si bien es cierto que dicha motivación debe revelar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución comunitaria de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer la justificación de la medida adoptada y el órgano judicial competente ejercer su control, no se exige sin embargo que dicha motivación especifique todas las razones de hecho o de Derecho pertinentes. En efecto, la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de las normas jurídicas que regulen la materia de que se trate.

A este respecto, la exposición de motivos de la Directiva 2004/85, por la que se modifica la Directiva 2003/54 en lo que se refiere a la aplicación de determinadas disposiciones a Estonia, que se refiere a la solicitud de la República de Estonia, a la exención transitoria relativa a la Directiva 96/92 prevista a favor de este Estado miembro por el anexo VI del Acta de adhesión de 2003, a la declaración nº 8 anexa al Acta final del Tratado de adhesión de 2003, a la aceleración de la apertura del mercado de la electricidad en virtud de la Directiva 2003/54, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92, y, por último, a las particularidades del sector de la pizarra bituminosa estonio, así como a las dificultades con que se enfrenta este sector a falta de las medidas transitorias que establece la Directiva 2004/85, puede permitir que los interesados conozcan suficientemente las justificaciones de dichas medidas transitorias y que el órgano jurisdiccional competente ejerza su control. Dichos elementos permiten, en particular, al Tribunal de Justicia controlar la procedencia de la base jurídica elegida por el legislador comunitario sin que tal elección, que se identificó expresamente en los vistos de la Directiva 2004/85 como el artículo 57 del Acta de adhesión de 2003, exija una motivación más detallada. El hecho de que el Consejo no optara por la base jurídica propuesta por la Comisión tampoco exige una motivación más específica a este respecto.

(véanse los apartados 81 a 83)