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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 6/20

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de noviembre de 2008 — Italia/Comisión

(Asunto T-185/05) (1)

(«Régimen lingüístico - Modalidades de aplicación en materia de selección del personal de la función pública de la Unión Europea - Recurso de anulación basado en el artículo 230 CE - Recurso interpuesto por un Estado miembro contra, por un lado, una decisión de la Comisión de publicar los anuncios de vacante para los puestos de nivel superior en alemán, en francés y en inglés y, por otro lado, un anuncio de vacante de la Comisión publicado en estas tres lenguas para la provisión del puesto de Director General de la OLAF - Admisibilidad - Plazo para recurrir - Actos recurribles - Motivación - Artículos 12 CE, 230 CE y 290 CE - Reglamento no 1 - Artículos 1 quinquies y 27 del Estatuto - Principio de no discriminación»)

(2009/C 6/40)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: República Italiana (representantes: I. Braguglia y M. Fiorilli, avvocati dello Stato)

Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: L. Cimaglia y P. Aalto, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo de la demandante: Reino de España (representante: F. Díez Moreno, Abogado del Estado); República de Letonia (representantes: inicialmente, E. Balode-Buraka y, posteriormente, L. Ostrovska, agentes)

Objeto

Recurso de anulación, por un lado, de la decisión adoptada por la Comisión en su reunión no 1678, de 10 de noviembre de 2004, por la que se establecen el alemán, el inglés y el francés como lenguas para la publicación externa en el Diario Oficial de la Unión Europea de los anuncios de vacante de los puestos de nivel superior, para un período que, en principio, debía finalizar el 1 de enero de 2007, y, por otro lado, del anuncio de vacante COM/2005/335 para la provisión del puesto de Director General (grado A* 15/A* 16) de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), publicado por la Comisión el 9 de febrero de 2005 (DO C 34 A, p. 3).

Fallo

1) Anular la decisión adoptada por la Comisión en su reunión no 1678, de 10 de noviembre de 2004, por la que se establecen el alemán, el inglés y el francés como lenguas para la publicación externa en el Diario Oficial de la Unión Europea de los anuncios de vacante de los puestos de nivel superior, para un período que debía finalizar el 1 de enero de 2007.

2) Anular el anuncio de vacante COM/2005/335 para la provisión del puesto de Director General (grado A* 15/A* 16) de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), publicado por la Comisión el 9 de febrero de 2005 (DO C 34 A, p. 3).

3) Cada parte cargará con sus propias costas.

(1) DO C 155 de 25.6.2005.
—

de las decisiones siguientes: la decisión de la AFPN de atribuir al demandante en total 19 puntos en el ejercicio de promoción 2003; la lista de mérito de los funcionarios de grado A 6 en el ejercicio de promoción 2003, publicada en el boletín Informations administratives, no 69-2003, de 13 de noviembre de 2003; la lista de funcionarios ascendidos al grado A 5 en el ejercicio 2003, publicada en el boletín Informations administratives, no 73-2003, de 27 de noviembre de 2003; y, en cualquier caso, la decisión de no incluir el nombre del demandante en dichas listas;
—

Los actos por los que se mantiene el nombre del propio demandante en las listas y, en particular, el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1529 (DO 2022, L 239, p. 1) y la Decisión (PESC) 2022/1530 del Consejo (DO 2022, L 239, p. 149), de 14 de septiembre de 2022, en la medida en que le atañen.
C 441/21

Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2022 — Sberbank of Russia/Comisión y JUR

(Asunto T-526/22)

(2022/C 441/28)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Sberbank of Russia OAO (Moscú, Rusia) (representantes: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto y V. Villante, abogados)

Demandadas: Comisión Europea y Junta Única de Resolución (JUR)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión SRB/EES/2022/20 de la Junta Única de Resolución, de 1 de marzo de 2022, relativa a la adopción de un dispositivo de resolución con respecto a Sberbank banka d.d., así como la valoración 1, redactada por la Junta Única de Resolución el 27 de febrero de 2022, y la valoración 2, redactada por la Junta Única de Resolución los días 27 y 28 de febrero de 2022.

— Anule la Decisión (UE) 2022/947 de la Comisión, de 1 de marzo de 2022, por la que se aprueba el dispositivo de resolución para Sberbank banka d.d. (1)

— Condene en costas a la Junta Única de Resolución y a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en vicios sustanciales de forma.

2. Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la infracción del artículo 296 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y la infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3. Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en la evaluación general de los requisitos relativos al dispositivo de resolución y en la infracción del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 806/2014, (2) en la infracción del artículo 39 de la Directiva 2014/59/UE (3) y en la violación del derecho fundamental a la propiedad y de la libertad de empresa.

(1) DO 2022, L 164, p. 63.

(2) Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).

(3) Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190).
6.

Sexto motivo: incumplimiento por la parte demandada de la obligación formal de motivación. La fijación de valores límite para el cromo y el vanadio no se motiva suficientemente en los considerandos del Reglamento Delegado (UE) 2022/973. La parte demandada no ha hecho públicas las circunstancias decisivas (determinantes) en las que basó la fijación los valores límite. Ha fundamentado la fijación de los valores límite invocando criterios de protección de la salud y del medio ambiente. En cambio, no se han recogido los criterios de eficiencia agronómica y seguridad requeridos con arreglo a la delegación contenida en el artículo 42, apartado 7, primera frase, del Reglamento (UE) 2019/1009. Por tanto, los elementos de la motivación que cabe deducir de los considerandos son insuficientes, también desde el punto de vista formal, e incompletos. Los considerandos no satisfacen la obligación de motivación del artículo 296 TFUE, párrafo segundo.
2.

Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación. — El Consejo no ha llegado a probar de qué manera se beneficia la parte demandante del régimen de Lukashenka o le brinda su apoyo. Por tanto, el Consejo no ha llegado a demostrar que la parte demandante se esté beneficiando del régimen de Lukashenka o le esté brindando su apoyo. — El Consejo no ha llegado a probar de qué manera la parte demandante es responsable de la represión contra la sociedad civil. Por tanto, el Consejo no ha llegado a demostrar que la parte demandante sea responsable de la represión contra la sociedad civil. — La mayoría de medios probatorios aportados por el Consejo o son poco fiables, o son inexactos o no guardan relación con la parte demandante ni los motivos de su inclusión en la lista.
2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión Europea infringió el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1725 al no facilitar al demandante sus datos personales en el plazo establecido de tres meses y al prolongar el referido plazo teniendo en cuenta que la Comisión Europea no está facultada para prolongarlo. El hecho de que la Comisión Europea no dé respuesta a una solicitud de acceso a datos personales dentro del plazo establecido en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1725 equivale a una decisión de denegación de acceso. Los referidos plazos temporales, establecidos por razones de interés público, no pueden ser modificados por las partes. De conformidad con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1725, que constituye la expresión específica del principio de tutela judicial, toda denegación de acceso a los datos personales que se soliciten a la Administración podrá ser recurrida en vía jurisdiccional.
—

Anule la resolución impugnada en la medida en que estima la solicitud de nulidad parcial de la marca de la Unión n.o 17880952, dictada por la División de Anulación de la EUIPO mediante resolución de 19 de abril de 2021, anulación n.o 38283 C.
2.

Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación. — El demandante alega que los hechos asumidos por el Consejo no son correctos. Afirma que es un exitoso hombre de negocios y que no está implicado de ningún modo en los asuntos mencionados por el Consejo. — Amén de eso, tales hechos ocurrieron hace demasiado tiempo para fundamentar la razón en la que se basa el Consejo, formulada en presente, para incluirlo en la lista. — Las pruebas aportadas por el Consejo se basan exclusivamente en fuentes no fidedignas que no han comprobado sus datos. Además, se contradicen y no se corresponden con la realidad de los hechos. Por lo demás, ocurrieron hace demasiado tiempo para ser pertinentes de algún modo.
1.

Primer motivo, en el que se alega que Frontex aprobó la puesta en marcha de la RBI Egeo vulnerando el artículo 46, apartado 5, del Reglamento 2019/1896, (1) con error manifiesto de apreciación, abuso de poder, y sin actuar con la diligencia debida, por lo que no respetó el principio de buena administración. En particular, el director ejecutivo de Frontex aprobó contrariamente a Derecho la puesta en marcha de la RBI Egeo, infringiendo el artículo 46, apartado 5, del Reglamento de base de la Agencia, al no ejercer sus facultades discrecionales con respecto, precisamente, al examen de la aplicabilidad de esta disposición a la situación extremadamente volátil que se debía regular. Subsidiariamente, el director ejecutivo incurrió en un error manifiesto de apreciación y abuso de poder e incumplió su obligación de actuar diligentemente al considerar que el artículo 46, apartado 5, no se aplica a la situación que se debía regular. Ambos aspectos del daño moral no se habrían producido sin la acción u omisión ilícitas imputables a Frontex.
9.

Noveno motivo. Se alega que el artículo 97 de la Ley bancaria austriaca no es aplicable si no se obtiene ningún beneficio o no se evita ninguna pérdida.
—

Declare la admisibilidad del recurso y, en consecuencia: — Con carácter principal, — Declare fundado el recurso de anulación, y declare la nulidad de la decisión de denegación de admisibilidad de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) de 24 de febrero de 2022 por los siguientes motivos: — Los artículos 77 del Estatuto de los Funcionarios y 11 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios en los que se basó la comunicación de fijación dirigido a la demandante, son ilegales. — La Comisión Europea ha incumplido su deber de diligencia al no proponer a la demandante, en su comunicación de fijación, ninguna restitución de los derechos a pensión no contabilizados por la autoridad europea competente. — La Comisión Europea vulneró el principio de igualdad de trato y de no discriminación al no proponer a la demandante, en su comunicación de fijación, ninguna restitución de los derechos a pensión no contabilizados por la autoridad europea competente. — Devuelva el asunto a la AFPN para que esta determine el importe a restituir a la demandante. — Con carácter subsidiario, — Declare fundada la pretensión de indemnización basada en el enriquecimiento sin causa debido a que la demandante se ha empobrecido en el importe de sus derechos a pensión cotizados en su régimen nacional de pensión, no tomados en consideración por la autoridad competente de la Unión, y en que se ha producido un correlativo enriquecimiento de la Caja de Pensiones de la Unión Europea. — Condene a la Comisión a indemnizar los dos perjuicios financieros sufridos por la demandante, evaluados el día de la interposición del presente recurso en un importe de 55 401,07 euros en capital.
7.

Séptimo motivo, basado en que el método para calcular la multa empleado en la Decisión es erróneo por cuanto la Comisión (i) utilizó un valor sustitutorio erróneo para calcular el importe de las ventas; (ii) no usó los mejores datos disponibles para determinar la cuantía de la multa, (iii) no examinó si eran apropiados los datos alternativos que presentó UniCredit y (iv) no cumplió su deber de motivación.
—

La parte demandante alega que cumple todos los criterios para una promoción, en particular, porque ha desempeñado bien su función actual, tiene la capacidad y el potencial de desempeñar funciones de nivel superior, como se lo ha confirmado en muchas ocasiones su superior jerárquico y ha demostrado que tiene motivación para trabajar en un nivel superior, especialmente, si se tiene en cuenta que ha ejercido continuamente funciones con responsabilidades de nivel superior. Sostiene que la parte demandada no motivó su decisión de no promoverle y que tal motivación no se encuentra ni en la decisión del Servicio Jurídico ni en la decisión de la Dirección General de Personal.
2.

Segundo motivo, basado en que ninguna causa de exclusión de las establecidas en el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 obsta al derecho del demandante. El demandante considera que la Comisión no ha aducido causas de exclusión y que es manifiesto que no las hay.
3.

Tercer motivo, basado en errores manifiestos de apreciación. En opinión de la demandante, el dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de 22 de noviembre de 2017, en el que se basa el Reglamento impugnado, contiene varios errores manifiestos de apreciación, en la medida en que la EFSA evaluó el riesgo genotóxico y cancerígeno de los HAD sin respetar ni sus propias metodologías de análisis del riesgo ni los métodos de análisis del riesgo de la OCDE y extrayendo conclusiones que contradicen las de la Agencia Europea de Medicamentos. Por tanto, el Reglamento impugnado adolece de errores manifiestos de apreciación, pues la Comisión, por un lado, incluyó substancias y preparados en la parte A del anexo III del Reglamento (CE) n.o 1925/2006, a pesar de que el informe de la EFSA de 22 de noviembre de 2017 pone de manifiesto la existencia de incertidumbres científicas, y, por otro lado, no aplicó el principio ALARA [«As Low As Reasonably Achievable» (tan bajo como sea razonablemente posible)] a las medidas de gestión del riesgo y, por último, no tomó en consideración la evolución del conocimiento científico producida con posterioridad al dictamen de la EFSA de 22 de noviembre de 2017.
1.

Primer motivo, basado en errores de Derecho y un error manifiesto de apreciación que llevaron a una aplicación errónea de la excepción de la protección del proceso de toma de decisiones (artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1049/2001) (1) y en falta de motivación porque la divulgación no perjudicaría gravemente el proceso de toma de decisiones. — Se alega que la decisión impugnada no tiene en cuenta la nueva dimensión constitucional que resulta de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en particular, del artículo 15 TFUE, apartado 2, y que ha creado un nuevo régimen jurídico para el acceso del público a los documentos, en concreto, para los documentos legislativos. — Asimismo, el demandante alega que la decisión impugnada no ha aplicado y no responde al criterio correcto con arreglo al artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 1049/2001 y que se basó incorrectamente en el argumento de que la divulgación de los documentos solicitados cuestionaría las decisiones finales de los Estados miembros y crearía una incertidumbre innecesaria en cuanto a sus intenciones. — El demandante sostiene además que la decisión impugnada se basó incorrectamente en el argumento de que la divulgación de los documentos solicitada dificultaría la capacidad de las delegaciones de encontrar un equilibrio entre los diversos intereses en el procedimiento legislativo de que se trataba y se basó incorrectamente en que rechazar divulgar un número limitado de documentos no equivale a denegar a los ciudadanos la posibilidad de obtener información sobre el proceso de toma de decisiones legislativo.
Recurso interpuesto el 1 de marzo de 2021 — QK/BCE

(Asunto T-133/21)

(2021/C 182/80)

Lengua de procedimiento: letón

Partes

Demandante: QK (representante: A. Bērziņš, abogado)

Demandada: Banco Central Europeo (BCE)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare admisible el presente recurso y lo analice en cuanto al fondo.

— Ordene al BCE indemnizar a la parte demandante por los perjuicios sufridos, en un importe de 15 583 195 euros.

— Condene al BCE a cargar con todas las costas de la parte demandante.

— Imponga al BCE la obligación de abonar todos los gastos relacionados con el presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, basado en el artículo 268 TFUE y el artículo 340 TFUE, párrafo tercero, la parte demandante invoca un único motivo. La parte demandante alega en dicho motivo que, al adoptar la Decisión de 3 de marzo de 2016 que se impugna, mediante la que se revocó la autorización concedida a AS Trasta Komercbanka (1) (banco del que era copropietaria la parte demandante), el BCE fue el responsable de la pérdida de valor de las acciones de que la parte demandante era titular en dicha entidad.

(1) Decisión BCE/SSM/2016 — 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 del Banco Central Europeo (BCE), de 3 de marzo de 2016, mediante la que se revocó la autorización concedida a Trasta Komercbanka, sustituida por la Decisión BCE/SSM/2016 — 529900WIPOINFDAWTJ81/2 del Banco Central Europeo (BCE), de 11 de julio de 2016, cuya anulación es objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal General en el asunto T-698/16, Trasta Komercbanka y otros/BCE, T-698/16 (DO 2016, C 441, p. 29; corrección de errores en DO 2017, C 6, p. 57).
1.

Primer motivo: en la medida en que la AEMA se niega a plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales necesarias sobre la interpretación correcta de la Directiva 2008/50, infracción del artículo 23 y del anexo III, sección C, de la propia Directiva 2008/50, del artículo 267 TFUE, de los artículos 1 y 9 del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus), del artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación de las disposiciones del Convenio de Aarhus, y de los artículos 1 y 2 del Reglamento (CE) n.o 401/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativo a la Agencia Europea del Medio Ambiente y a la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente. — Con arreglo a las normas citadas, la AEMA tenía obligación de hacer una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia. El proceder de la AEMA, y con ello la decisión impugnada, infringen los artículos 1 y 9 del Convenio de Aarhus. Con arreglo al artículo 1 de dicho Convenio, debe garantizarse a escala de la Unión el acceso a la justicia. — La razón de ser de la AEMA es precisamente facilitar a escala europea datos objetivos, fiables y comparables que puedan servir de base para adoptar las medidas necesarias de protección del medio ambiente. Ello presupone además que la AEMA esté en condiciones de hacer recomendaciones acertadas y vinculantes jurídicamente sobre la norma de la distancia máxima desde la acera que se establece en el anexo III, sección C, quinto guion, de la Directiva 2008/50, lo cual no resulta posible en el presente asunto sin plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales necesarias.
1.

Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación al evaluar los hechos de este asunto, y en la infracción del artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea, así como en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea, y, en particular, su apartado 9, al considerar que la demandante incumplió los términos del compromiso al que habían llegado la Comisión y CCCME en nombre de, entre otros, la demandante. La demandante actuó conforme al compromiso al informar sobre las facturas correspondientes a las reventas realizadas por Suntech Europe France, Suntech Power Italy Co., Srl and Suntech Power Deutschland GmbH al primer cliente independiente en la UE hasta que dejó de estar vinculada a dichas empresas. La demandante también cumplió con el compromiso al notificar a la Comisión en el momento oportuno el cambio de propiedad tras una reestructuración que puso fin a la relación de la demandante con las empresas antes citadas.