CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PAOLO MENGOZZI

presentadas el 22 de septiembre de 2016 ( 1 )

Asuntos acumulados C‑247/15 P, C‑253/15 P y C‑259/15 P

Maxcom Ltd (C‑247/15 P)

Comisión Europea (C‑253/15 P)

Consejo de la Unión Europea (C‑259/15 P)

contra

Chin Haur Indonesia PT

«Recurso de casación — Política comercial — Dumping — Reglamento de Ejecución (UE) n.o 501/2013 — Importaciones de bicicletas procedentes, en particular, de Indonesia — Ampliación a estas importaciones del derecho antidumping definitivo establecido sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China — Reglamento (CE) n.o 1225/2009 — Artículos 13 y 18 — Elusión — Falta de cooperación de una parte de los productores exportadores que eran objeto de la investigación — Prueba de la elusión — Conjunto de indicios concordantes — Falta de motivación — Vulneración de derechos procesales»

1. Las presentes conclusiones se refieren a tres recursos de casación mediante los cuales Maxcom Ltd, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea solicitan al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 19 de marzo de 2015, Chin Haur Indonesia/Consejo ( 2 ) (en lo sucesivo, «sentencia impugnada»), mediante la cual el Tribunal General anuló el artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 501/2013 del Consejo ( 3 ) (en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»), en cuanto afecta a la sociedad Chin Haur Indonesia, PT (en lo sucesivo, «Chin Haur»), que era la parte demandante ante el Tribunal General.

2. Los presentes tres asuntos acumulados brindan al Tribunal de Justicia la primera oportunidad ( 4 ) para poder pronunciarse, en el marco de un recurso de casación, sobre la normativa de la Unión en materia de elusión de los derechos antidumping. Esta normativa, recogida en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), ( 5 ) permite a las instituciones, bajo determinadas condiciones, ampliar los derechos antidumping que éstas hayan establecido sobre las importaciones procedentes de un tercer país a las importaciones de productos similares procedentes, en particular, de otro país, con el fin de evitar que las medidas antidumping sean eludidas.

3. Más concretamente, el Tribunal de Justicia tendrá la oportunidad de aportar más claridad sobre las exigencias relativas a las pruebas que deben aportar la Comisión y el Consejo (en lo sucesivo, denominadas conjuntamente «instituciones») para demostrar la existencia de una elusión. La jurisprudencia ya proporciona algunas indicaciones respecto de la carga y el grado de prueba necesarios. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha proporcionado estas indicaciones en asuntos caracterizados por un marco fáctico particular en el que las instituciones se encontraron con la negativa a cooperar de todas las partes interesadas durante la investigación que pretendía demostrar la existencia de una elusión, investigación que se basa en la cooperación voluntaria de los productores exportadores de que se trate.

4. En los presentes asuntos, el Tribunal de Justicia debe especificar, a la luz de esta jurisprudencia, los requisitos relativos a la prueba a los que están sometidas las instituciones para poder demostrar la existencia de una elusión en un marco fáctico diferente, a saber, en una situación caracterizada no por la falta de cooperación de la totalidad de las partes interesadas, sino únicamente de una parte de los productores exportadores a los que se refiere la investigación.

I. Marco jurídico

5. Aunque la cuestión de la elusión ya se debatió en el marco de las negociaciones OMC‑GATT, no se pudo alcanzar ningún acuerdo. Por consiguiente, el Código Antidumping de 1994 ( 6 ) finalmente no contiene ninguna disposición sobre la materia. ( 7 ) En estas circunstancias, la Unión Europea ha adoptado de forma unilateral su propia normativa antielusión. ( 8 )

6. El artículo 13, apartado 1, párrafo primero, tercera frase, del Reglamento de base define la elusión como «un cambio de características del comercio entre terceros países y la [Unión] o entre empresas individuales del país sujeto a las medidas y la [Unión], derivado de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una causa o una justificación económica adecuadas distintas del establecimiento del derecho, y haya pruebas del perjuicio o de que se están burlando los efectos correctores del derecho por lo que respecta a los precios y/o las cantidades del producto similar y existan pruebas de dumping en relación con los precios normales previamente establecidos para los productos similares, de ser necesario de conformidad con las disposiciones del artículo 2».

7. El artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento de base contiene una lista no exhaustiva de las prácticas, procesos o trabajos a que se refiere el párrafo anterior, que incluyen, entre otras «el envío del producto sujeto a las medidas a través de terceros países» y «en las circunstancias indicadas en el apartado 2, el montaje de las partes mediante una operación de montaje en la [Unión] o en un tercer país». El artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base define las tres condiciones acumulativas en virtud de las cuales se considera que una operación de montaje en la Unión o en un tercer país elude las medidas antidumping en vigor. ( 9 )

8. De conformidad con el artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base, la Comisión abrirá una investigación, mediante un Reglamento, por propia iniciativa o a solicitud de un Estado miembro o de cualquier parte interesada, cuando existan elementos de prueba suficientes sobre los factores mencionados en el apartado 1 del mismo artículo. Cuando los hechos finalmente comprobados justifiquen la ampliación de las medidas antidumping, ello será decidido por el Consejo, a propuesta de la Comisión, previa consulta al Comité consultivo.

9. El artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base prevé la posibilidad de conceder exenciones de las medidas antielusión a determinadas empresas. Establece que «[l]as importaciones no estarán sujetas […] a medidas cuando sean comercializadas por empresas que se benefician de exenciones. Las solicitudes de exención, debidamente sustentadas por elementos de prueba, se presentarán dentro de los plazos establecidos en el reglamento de la Comisión por el que se abre la investigación. Cuando las prácticas, procesos o trabajos que constituyan una elusión se produzcan fuera de la [Unión], se podrán conceder exenciones a los productores del producto afectado que puedan demostrar que no están vinculados con ningún productor sujeto a las medidas y que no están implicados en prácticas de elusión como las definidas en los apartados 1 y 2 del presente artículo. […] Esas exenciones se concederán mediante decisión de la Comisión […] o Decisión del Consejo de imposición de medidas, y permanecerán vigentes durante el período y en las condiciones que se establezcan en la decisión. […] [T]ambién se podrán conceder exenciones tras la conclusión de la investigación que haya conducido a la ampliación de las medidas».

10. El artículo 18 del Reglamento de base, bajo el título «Falta de cooperación», establece lo siguiente: «1. Cuando una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles. […] 3. Aunque la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, no deberá descartarse, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente precisas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable y que la parte interesada la haya elaborado lo mejor posible. […] 6. En caso de que una parte interesada no coopere o sólo lo haga parcialmente y, en consecuencia, dejen de comunicarse informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado.»

II. Antecedentes de los litigios y Reglamento controvertido

11. Los antecedentes de los litigios se exponen detalladamente en los apartados 1 a 28 de la sentencia impugnada, a los que me remito. A los efectos del presente procedimiento, me limitaré a recordar que ya en 1993 la Unión impuso un derecho antidumping sobre las importaciones a la Comunidad de bicicletas originarias de la República Popular China. Posteriormente, este derecho fue objeto de reconsideración en diversas ocasiones y fue finalmente mantenido, al 48,5 %, por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 990/2011. ( 10 )

12. En 2012, a raíz de una denuncia, la Comisión abrió una investigación relativa a la posible elusión de las medidas antidumping establecidas por el Reglamento n.o 990/2011 por parte de las importaciones de bicicletas procedentes, entre otros países, de Indonesia. ( 11 ) En el marco de esta investigación, Chin Haur presentó una solicitud de exención con arreglo al artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base. La Comisión realizó una visita de verificación a los locales de Chin Haur en Indonesia, y finalmente denegó la solicitud de exención de Chin Haur a causa de la falta de fiabilidad de la información presentada por esta última. ( 12 )

13. El 29 de mayo de 2013, el Consejo adoptó el Reglamento controvertido.

14. En dicho Reglamento, el Consejo indicó en primer lugar que, de entre las cuatro sociedades indonesias que presentaron la solicitud de exención, que representaban el 91 % del total de las importaciones a la Unión procedentes de Indonesia, se consideró que cooperaron tres sociedades, mientras que los datos proporcionados por la cuarta, a saber Chin Haur, habían resultado imposibles de verificar y poco fiables, de manera que no pudieron ser tenidos en cuenta. ( 13 ) En consecuencia, el Consejo indicó en el considerando 33 de dicho Reglamento que las conclusiones respecto de Chin Haur se habían basado en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base.

15. En segundo lugar, el Consejo señaló que se habían cumplido todos los requisitos para constatar la existencia de una elusión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. ( 14 )

16. En lo referente, específicamente, a las prácticas de elusión en Indonesia, el Consejo examinó, en primer lugar, si existían operaciones de tránsito. A este respecto, los considerandos 61 a 64 del Reglamento controvertido afirman lo siguiente: «(61) La investigación no reveló ninguna práctica de tránsito para tres de las cuatro empresas que cooperaron inicialmente. (62) En lo que se refiere a la cuarta empresa [a saber, Chin Haur], la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base estaba justificada, como se indica en los considerandos 29 a 33. La investigación puso de manifiesto que la empresa no disponía de equipos suficientes para justificar el volumen de las exportaciones a la Unión durante el [período de referencia] y, a falta de cualquier otra explicación, se concluyó que la empresa estaba implicada en prácticas de elusión a través de operaciones de tránsito. (63) Para el resto de exportaciones a la Unión no se produjo ninguna cooperación […]. (64) Por consiguiente, el cambio de las características del comercio entre Indonesia y la Unión a tenor del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base, que se explica en el considerando 58, las conclusiones relativas a una empresa de Indonesia recogidas en el considerando [62], y el hecho de que no todos los productores exportadores indonesios se dieran a conocer y cooperaran confirman la existencia de prácticas de tránsito de productos originarios de China a través de Indonesia.»

17. Posteriormente, el Consejo indicó que no se había demostrado la existencia en Indonesia de operaciones de montaje, en el sentido del artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base. ( 15 )

18. En estas condiciones, por una parte, el Consejo concluyó que existía una elusión mediante operaciones de tránsito por Indonesia y amplió el derecho antidumping definitivo establecido en el Reglamento de Ejecución n.o 990/2011 a las importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia ( 16 ) y, por otra parte, debido a la falta de auténtica cooperación constatada, denegó la exención a Chin Haur con arreglo al artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base. ( 17 )

III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia impugnada

19. El 9 de agosto de 2013, Chin Haur interpuso un recurso ante el Tribunal General solicitando la anulación del artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento controvertido.

20. El 8 de octubre de 2013, el Tribunal General estimó la solicitud presentada por Chin Haur de que el asunto se sustanciara en el procedimiento acelerado. ( 18 )

21. Mediante auto de 11 de noviembre de 2013, el Presidente de la Sala Séptima del Tribunal General admitió la solicitud de la Comisión para intervenir en apoyo de las pretensiones del Consejo. No obstante, no se autorizó a la Comisión a presentar un escrito de formalización de la intervención. ( 19 ) El 25 de junio de 2014, estando sometido el asunto al procedimiento acelerado, la Comisión presentó una solicitud para que se le autorizara a presentar un escrito de formalización de la intervención como diligencia de ordenación del procedimiento. ( 20 ) Esta solicitud fue desestimada por el Tribunal General.

22. Se autorizó la intervención de Maxcom mediante un auto de 16 de julio de 2014.

23. Chin Haur invocó tres motivos en apoyo de su recurso. El primer motivo se basaba en la infracción de los artículos 13, apartado 1, y 18, apartado 1, del Reglamento de base. Mediante la primera parte de este motivo, Chin Haur impugnaba la conclusión del Consejo relativa a la existencia de una modificación de las características del comercio. Mediante la segunda parte de dicho motivo, Chin Haur ponía en entredicho la conclusión del Consejo, contenida en el considerando 62 del Reglamento controvertido, de que dicha empresa había realizado operaciones de tránsito. El segundo motivo se basaba en la infracción del artículo 18 del Reglamento de base y en la vulneración del principio de proporcionalidad y el incumplimiento de la obligación de motivación. Se refería a la apreciación del Consejo relativa a la falta de cooperación de Chin Haur. El tercer motivo se basaba en la infracción del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base y en la vulneración del principio de igualdad de trato. Hacía referencia a la afirmación del Consejo referente a la existencia de dumping.

24. Mediante la sentencia impugnada, el Tribunal General desestimó la primera parte del primer motivo, así como los motivos segundo y tercero por infundados. En cambio, estimó la segunda parte del primer motivo, en particular su primera alegación, en la que Chin Haur impugnaba la conclusión expuesta en el considerando 62 del Reglamento controvertido, según la cual ésta no disponía de la capacidad de producción suficiente para justificar el volumen de sus exportaciones a la Unión.

25. A este respecto, el Tribunal General analizó, en primer lugar, en los apartados 81 a 94 de la sentencia impugnada, los datos presentados por Chin Haur a lo largo de la investigación y declaró que dichos datos no permitían demostrar que la empresa fuera realmente un exportador de origen indonesio o que respondiera a los criterios establecidos en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base.

26. En segundo lugar, en los apartados 95 a 103 de dicha sentencia, el Tribunal General examinó los datos de los que disponía el Consejo para concluir que existían operaciones de tránsito por parte de Chin Haur. Como consecuencia de este análisis, el Tribunal General dictaminó en el apartado 104 de dicha sentencia que, sobre la base de dichos datos, el Consejo no disponía de indicios suficientes para justificar su conclusión recogida en el considerando 62 del Reglamento controvertido. En el apartado 105 de dicha sentencia, el Tribunal General consideró, por otra parte, que el hecho de que Chin Haur no hubiera podido demostrar que era un productor indonesio o que respondía al artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base no permitía al Consejo concluir, en defecto de tal prueba, que Chin Haur realizaba operaciones de tránsito, posibilidad ésta que no derivaba en modo alguno del Reglamento de base o de la jurisprudencia. Por lo tanto el Tribunal General estimó la segunda parte del primer motivo, sin apreciar las otras dos alegaciones planteadas por Chin Haur. Por consiguiente, el Tribunal anuló el artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento controvertido «en cuanto afecta a» Chin Haur.

IV. Pretensiones de las partes

27. Mediante sus recursos de casación Maxcom, la Comisión y el Consejo solicitan al Tribunal de Justicia que anule la sentencia impugnada, desestime el recurso en primera instancia y condene a Chin Haur al pago de las costas. Con carácter subsidiario, la Comisión y el Consejo solicitan que devuelva el asunto al Tribunal General para un nuevo examen y reserve la decisión sobre las costas en ambas instancias.

28. Chin Haur solicita al Tribunal de Justicia que desestime en su totalidad los recursos de casación contra la sentencia impugnada y condene a Maxcom, la Comisión y el Consejo al pago de las costas. Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia deba anular la sentencia impugnada, Chin Haur solicita al Tribunal de Justicia que resuelva su recurso en primera instancia, que estime las dos alegaciones restantes de la segunda parte del primer motivo que ésta planteó ante el Tribunal General y que anule parcialmente el artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento controvertido en la medida en que dichas disposiciones amplían el derecho antidumping establecido sobre las importaciones de bicicletas originarias de China a Chin Haur y desestiman la solicitud de exención de Chin Haur.

V. Análisis

29. Maxcom plantea dos motivos de casación contra la sentencia impugnada, el primero con carácter principal y el segundo con carácter subsidiario, la Comisión plantea tres y el Consejo, por su parte, plantea dos. Los motivos invocados en los tres recursos de casación coinciden en gran medida y pueden reunirse, en esencia, en tres grupos.

30. En primer lugar, Maxcom, la Comisión y el Consejo alegan que el Tribunal General incurrió en diferentes errores de Derecho en la aplicación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. ( 21 ) En segundo lugar, la Comisión y el Consejo alegan que la sentencia impugnada adolece de falta de motivación y de una motivación contradictoria; en el mismo contexto, el Consejo también alega que el Tribunal General desnaturalizó los hechos. ( 22 ) En tercer lugar, la Comisión sostiene que el Tribunal General vulneró sus derechos procesales. ( 23 )

A. Sobre los motivos basados en la aplicación errónea del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base

1. Alegaciones de las partes

31. En un primer grupo de motivos, Maxcom, la Comisión y el Consejo sostienen, en esencia, que el razonamiento expuesto en los apartados 95 a 105 de la sentencia impugnada, en base al cual el Tribunal General anuló el Reglamento controvertido, adolece de diversos errores de Derecho en la aplicación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base.

32. En primer lugar, Maxcom acusa al Tribunal General de haber realizado una aplicación manifiestamente errónea de dicha disposición, al considerar que, en base a los datos de los que disponía, el Consejo no podía concluir que Chin Haur había estado implicada en operaciones de tránsito.

33. Según Maxcom, en primer lugar, el razonamiento del Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que es notorio que Chin Haur importó partes de bicicleta de un productor chino vinculado a la propia Chin Haur y que exportó bicicletas a la Unión. En estas condiciones, dado que el Tribunal General apreció que Chin Haur no había podido demostrar que era un verdadero productor indonesio de bicicletas o que realizaba operaciones de montaje que no excedían de los límites establecidos en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base, debería haber calificado las actividades de importación-exportación de Chin Haur de operaciones de tránsito.

34. En segundo lugar, según Maxcom, los datos en los que se basó el Tribunal General, en los apartados 95 a 102 de la sentencia impugnada, para concluir que el Consejo no disponía de suficientes indicios para apreciar que Chin Haur no estaba implicada en operaciones de tránsito, carecían de pertinencia. En el presente caso, para Maxcom, la cuestión esencial era la falta de cooperación de Chin Haur, que impidió a la Comisión hacerse una imagen completa de las actividades de esta empresa, de manera que las constataciones relativas a ésta tuvieron que realizarse en base al artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base. A su entender la sentencia impugnada recompensa a Chin Haur por su falta de cooperación y es contraria tanto a la finalidad del Reglamento de base como a la jurisprudencia. Por otra parte, considera que las instituciones no estaban obligadas a probar específicamente la existencia de prácticas concretas de elusión. Éstas debían probar únicamente que el cambio en el comercio derivaba de operaciones de elusión. En su opinión, de ello resulta que la anulación del Reglamento controvertido en razón del hecho de que las instituciones no disponían de suficientes pruebas para apreciar la existencia de prácticas de tránsito constituía un error manifiesto de Derecho.

35. En segundo lugar, la Comisión y el Consejo afirman que, en la sentencia impugnada, el Tribunal General partía de la premisa implícita de que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base exige que las instituciones demuestren que cada productor exportador en el país que es objeto de la investigación realiza prácticas de tránsito. Consideran que dicha interpretación es errónea. En primer lugar, es contraria a la obligación de analizar los requisitos establecidos en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base a escala del país, y no a escala de los exportadores individuales. En segundo lugar, consideran que dicha interpretación vacía de objeto el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base. En tercer lugar, dicha interpretación confunde el concepto de «práctica de elusión» con una de sus manifestaciones, a saber, la operación de tránsito. Pues bien, en su opinión las instituciones no están obligadas a probar específicamente la existencia de prácticas concretas de elusión. En cuarto lugar, afirman que el Tribunal General adoptó interpretaciones contradictorias del concepto de práctica de elusión en la valoración de los diferentes motivos.

36. En tercer lugar, Maxcom, la Comisión y el Consejo sostienen que, aunque el Consejo hubiera incurrido en un error al apreciar que Chin Haur estaba implicada en operaciones de tránsito, esta constatación no era suficiente, por sí sola, para anular el Reglamento controvertido. En efecto, la constatación de la existencia de prácticas de tránsito a través de Indonesia, establecida en el considerando 64 del Reglamento controvertido, no se basa únicamente en la constatación relativa a Chin Haur, sino también en el hecho, por una parte, de que unos productores que representaban el 9 % de las exportaciones de Indonesia a la Unión no habían cooperado en absoluto en la investigación y, por otra parte, que finalmente no se había obtenido ninguna cooperación de Chin Haur, que representaba el 42 % de dichas exportaciones. Por lo tanto, incluso en caso de error respecto de las operaciones de tránsito de Chin Haur, el Consejo habría podido concluir que se habían producido operaciones de tránsito a través de Indonesia, y ello, como exige la jurisprudencia, en base a un conjunto de indicios concordantes, relativos a los otros productores exportadores indonesios, basados en los datos disponibles.

37. Chin Haur rebate todos los argumentos de los recurrentes en casación. Con carácter preliminar, sostiene que los argumentos referentes a la conclusión del Tribunal General de que no existían pruebas suficientes de la existencia de operaciones de tránsito de Chin Haur se refieren a la apreciación de los hechos y son por tanto inadmisibles. A continuación, según Chin Haur, en primer lugar, la problemática en cuestión tiene por objeto, fundamentalmente, la carga de la prueba de la existencia de una elusión y, en particular, de las operaciones de tránsito. En su opinión el Tribunal General se limitó a afirmar que dicha carga recae en las instituciones y que, en el presente caso, éstas no la habían satisfecho. Entiende que la distinción entre la apreciación de la elusión a escala del país y a escala del exportador individual no está justificada por el tenor literal del Reglamento de base y carece de pertinencia en el presente caso, puesto que el propio Consejo ha fusionado los dos criterios en el Reglamento controvertido. Asimismo, según Chin Haur el Tribunal General no sostuvo en ningún momento que las instituciones debían demostrar positivamente que cada uno de los productores exportadores individuales llevaba a cabo operaciones de tránsito. En su opinión los recurrentes en casación crean una confusión entre la carga de la prueba, que recae en las instituciones, y el nivel de prueba exigido, que puede reducirse en caso de falta de cooperación, con arreglo al artículo 18 del Reglamento de base. No obstante, contrariamente a la situación que dio origen al asunto Simon, Evers & Co., ( 24 ) en el presente caso, por una parte, las instituciones no disponían de ningún conjunto de indicios concordantes relativos a la existencia de operaciones de tránsito y, por otra parte, algunas empresas cooperaron en la investigación.

38. En segundo lugar, en lo referente a la alegación basada en el hecho de que las afirmaciones del Tribunal General no eran suficientes para anular el Reglamento controvertido, Chin Haur sostiene que, en este Reglamento, el Consejo no constató en absoluto que otros productores indonesios distintos de ella llevaran a cabo operaciones de tránsito. La única observación que figuraba en el Reglamento controvertido era, a su entender, que algunos de estos productores, que representaban una pequeña parte de la producción total, no habían cooperado. Ahora bien, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, nada autorizaba a las instituciones a limitarse a deducir la existencia de operaciones de tránsito de la simple falta de cooperación de unos productores exportadores individuales.

2. Apreciación

a) Sobre la admisibilidad

39. Por lo que respecta a la alegación basada en la inadmisibilidad invocada con carácter preliminar por Chin Haur (véase el punto 37 de las presentes conclusiones), procede recordar que, según la jurisprudencia, el Tribunal General es el único competente para determinar y apreciar los hechos y, en principio, para examinar las pruebas que admite en apoyo de estos hechos. En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal General apreciar la importancia que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, esta apreciación no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. No obstante, cuando el Tribunal General ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, con arreglo al artículo 256 TFUE, un control sobre la calificación jurídica de estos y las consecuencias en Derecho que de ella ha deducido el Tribunal General. ( 25 )

40. Por tanto, en la medida en que los recurrentes en casación impugnan las apreciaciones de los elementos fácticos realizadas por el Tribunal General, incluidas las que aparecen en los apartados 96 a 102 de la sentencia impugnada, sus alegaciones deben considerarse inadmisibles.

41. Sin embargo, es preciso reconocer que, tal como señaló la propia Chin Haur, en el marco de las alegaciones basadas en errores en la aplicación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base, los presentes recursos de casación plantean, en esencia, cuestiones relativas a la carga y el grado de prueba exigido para acreditar la existencia de una elusión. De este modo, en la medida en que dichas alegaciones no tengan por objeto la constatación de los hechos y el examen de las pruebas realizados por el Tribunal General, sino que se refieran a la inaplicación de las normas aplicables en materia de prueba, que, según la jurisprudencia, es una cuestión de Derecho, ( 26 ) estas alegaciones deben considerarse admisibles.

b) Normativa de la Unión en materia de elusión analizada a la luz de la jurisprudencia

42. Antes de examinar las alegaciones basadas en la infracción del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base, procede analizar la normativa de la Unión en materia de elusión a la luz de la jurisprudencia pertinente. Esta normativa busca asegurar la eficacia de las medidas antidumping impuestas y evitar que sean eludidas. ( 27 )

43. De la definición contenida en el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento de base, mencionada en el punto 6 de las presentes conclusiones, se desprende que, para que se demuestre la existencia de una elusión, deben cumplirse cuatro condiciones: i) debe existir un cambio de las características del comercio entre el tercer país en cuestión y la Unión, ii) dicho cambio debe derivarse de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una causa o justificación económica adecuadas distintas del establecimiento del derecho, iii) debe haber pruebas de la existencia de un perjuicio, y iv) deben existir pruebas de la existencia de un dumping. En los presentes recursos de casación, sólo el segundo de estos elementos constitutivos de una elusión es objeto de impugnación, dado que la existencia de los otros tres elementos se ha constatado de forma definitiva.

44. En su sentencia Simon, Evers & Co., ( 28 ) el Tribunal de Justicia señaló que dicha definición de la elusión se formulaba en términos muy generales que dejan un gran margen de maniobra a las instituciones. ( 29 ) El reconocimiento de este margen de maniobra es coherente, por otra parte, con la amplia facultad discrecional de la que, según reiterada jurisprudencia, disponen en general las instituciones en el ámbito de la política comercial común, y muy particularmente en materia de medidas de defensa comercial, debido a la complejidad de las situaciones económicas, políticas y jurídicas que deben examinar. ( 30 ) Éste implica, además, que el control jurisdiccional se limite a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para efectuar la elección controvertida, de la inexistencia de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la inexistencia de desviación de poder. ( 31 )

45. Siguiendo con la sentencia Simon, Evers & Co., ( 32 ) el Tribunal de Justicia también indicó que se desprendía del Reglamento de base, y especialmente de su artículo 13, apartado 3, que la carga de la prueba de la existencia de una elusión incumbe a las instituciones. ( 33 ) Cuando las instituciones deciden ampliar a otro país los derechos antidumping que han impuesto a las importaciones procedentes de un determinado país, están obligadas a demostrar que se reúnen todos los elementos constitutivos de una elusión de estos derechos, tal como se indican en el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento de base. ( 34 )

46. Una vez que las instituciones hayan probado que se cumplen los cuatro requisitos y que, por consiguiente, se haya demostrado la existencia de una elusión en relación con el país de que se trata en la investigación, los derechos antidumping establecidos previamente se ampliarán al conjunto de las importaciones procedentes de dicho país.

47. Con arreglo al artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base, un productor exportador del producto afectado originario de dicho país podrá obtener la concesión de una exención individual de los derechos antielusión establecidos de esta manera si presenta, dentro de los plazos establecidos, una solicitud de exención debidamente sustentada por elementos de prueba, y —en los casos en los que las prácticas de elusión se produzcan fuera de la Unión— cuando se cumplan dos requisitos: en primer lugar, si puede demostrar que no está vinculado con un productor sujeto a las medidas y, en segundo lugar, si se ha constatado que dicho productor no está implicado en prácticas de elusión. ( 35 )

48. De este modo se desprende de la lógica y de la sistemática de la normativa de la Unión en materia de elusión que el análisis que pretende verificar que se cumplan los cuatro requisitos previstos en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base tiene por objeto probar la existencia de una elusión de los derechos antidumping establecidos en origen al nivel del país de que se trate en la investigación antielusión. En cambio, la situación específica de los productores exportadores individuales se toma en consideración en el marco del análisis realizado en virtud del artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base. No obstante, esta estructura de la normativa antielusión no impide que, como ha sucedido en el presente caso, se puedan utilizar constataciones relativas a uno o varios productores exportadores individuales para apoyar conclusiones relativas a la existencia de los elementos constitutivos de una elusión, en particular a la existencia de prácticas de elusión, con arreglo al artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. ( 36 )

49. En su jurisprudencia, en particular en las sentencias Simon, Evers & Co. ( 37 ) y APEX, ( 38 ) el Tribunal de Justicia también ha dado indicaciones en cuanto al grado de prueba necesario para demostrar la existencia de los elementos constitutivos de una elusión con arreglo al artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha puesto de manifiesto que, en el marco de una investigación sobre la existencia de una elusión, las instituciones no tienen la potestad de obligar a los productores exportadores afectados a participar en la investigación o a proporcionar información. Por lo tanto dependen de la cooperación voluntaria de las partes interesadas para aportarles la información necesaria. Ésa es la razón por la que el Reglamento de base prevé, en su artículo 18, apartados 1 y 6, que, en caso de falta de cooperación, la Comisión podrá, por una parte, formular conclusiones «sobre la base de los datos disponibles» y, por otra parte, conducir, para la parte que no coopere o sólo lo haga parcialmente, a «un resultado menos favorable que si hubiera cooperado». ( 39 )

50. El Tribunal de Justicia ha deducido expresamente de ello que, en caso de falta de cooperación, los apartados 1 y 6 del artículo 18 del Reglamento de base pretenden claramente hacer más liviana la carga de la prueba de una elusión que incumbe a las instituciones. ( 40 )

51. El Tribunal de Justicia ha especificado que el legislador de la Unión no pretendía establecer una presunción legal que permitiera deducir la existencia de una elusión directamente de la falta de cooperación de las partes interesadas o afectadas y, que, por tanto, dispensara a las instituciones de cualquier requisito de prueba. ( 41 )

52. Sin embargo, habida cuenta de la posibilidad de formular conclusiones, incluso definitivas, sobre la base de los datos disponibles y de tratar a la parte que no coopere o que sólo lo haga parcialmente de forma menos favorable que si hubiese cooperado, el Tribunal de Justicia ha indicado que, en caso de falta de cooperación, las instituciones están facultadas para basarse en un conjunto de indicios concordantes que permitan concluir que existe una elusión en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. ( 42 )

53. Esta reducción de la carga de la prueba tiene su razón de ser en la necesidad de evitar comprometer la eficacia de las medidas de defensa comercial de la Unión en los supuestos en los que las instituciones se encuentren ante una negativa a cooperar en el marco de una investigación que tenga por objeto acreditar una elusión. ( 43 )

54. A este respecto, procede no obstante señalar que las sentencias Simon, Evers & Co. y APEX se referían a investigaciones antielusión caracterizadas por la falta de cooperación del conjunto de las partes interesadas. ( 44 ) En cambio, la investigación de que se trata en los presentes asuntos es diferente, ya que, tal como se desprende del punto 14 de las presentes conclusiones, algunas de las empresas interesadas han cooperado y que, respecto de éstas, se ha constatado que no estaban implicadas en prácticas de elusión. En estas circunstancias, se plantea la cuestión de en qué medida los principios jurisprudenciales expuestos en las dos sentencias citadas más arriba en cuanto al grado de prueba exigido para acreditar la existencia de una elusión son trasladables a un caso que se caracteriza por tener un contexto fáctico diferente.

c) Sobre las alegaciones basadas en la infracción del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base

i) Observaciones preliminares

55. Como ya se ha señalado, las alegaciones basadas en la infracción del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base ponen en entredicho el análisis referido únicamente al segundo elemento constitutivo de una elusión, tal como se indica en los puntos 6 y 43 de las presentes conclusiones, a saber, la exigencia de que el cambio en las características del comercio derive de prácticas de elusión para las que no exista una causa o una justificación económica adecuadas distintas del establecimiento del derecho antidumping. No obstante, se imponen tres consideraciones de naturaleza preliminar antes de analizar estas alegaciones.

56. En primer lugar, debo señalar que, tal como se desprende del punto 16 de las presentes conclusiones, la conclusión del Consejo relativa a la existencia de prácticas de tránsito de bicicletas chinas a través de Indonesia (considerando 64 del Reglamento controvertido) se basa en tres elementos, entre los cuales figura la constatación de que Chin Haur estaba implicada en operaciones de tránsito (constatación realizada en el considerando 62 del Reglamento controvertido).

57. En estas condiciones, es preciso constatar que, en dicho Reglamento, la apreciación referente a un productor individual (Chin Haur) constituye uno de los datos en los que se basa la conclusión de la existencia de prácticas de elusión a nivel de país (Indonesia). Dicho de otro modo, como acertadamente puso de manifiesto Chin Haur, el Consejo, en este Reglamento, para poder probar la existencia del segundo elemento constitutivo de una elusión, efectuó una especie de «fusión» entre el análisis a nivel de país y el realizado a nivel individual, mencionados en el punto 48 de las presentes conclusiones.

58. En segundo lugar, tal como se desprende de los puntos 24 a 26 de las presentes conclusiones, en la sentencia impugnada el Tribunal General anuló parcialmente el Reglamento controvertido «en cuanto afecta a» Chin Haur al estimar su primer motivo y al considerar que no se había probado de forma suficiente la constatación que se refería a dicha empresa, que figura en el considerando 62 del Reglamento controvertido. ( 45 )

59. En los apartados pertinentes de la sentencia impugnada, el Tribunal General no indica expresamente las disposiciones del Reglamento de base que en su opinión ha infringido el Consejo. No obstante, dado que el primer motivo del recurso interpuesto ante éste estaba basado en la infracción de los artículos 13, apartado 1, y 18, apartado 1, del Reglamento de base, es evidente que el Tribunal General anuló el Reglamento controvertido en razón de la infracción de estas dos disposiciones.

60. Ahora bien, una anulación basada en la infracción del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base supone que la constatación relativa a la existencia de uno de los elementos constitutivos de una elusión, tal como se prevén en dicha disposición, es errónea. De ello se deduce que, en la sentencia impugnada, a pesar de que no lo haya afirmado de forma explícita, el Tribunal General consideró que la conclusión recogida en el Reglamento controvertido referente al segundo elemento constitutivo de la elusión era errónea.

61. En el Reglamento controvertido, la conclusión relativa a la existencia de este segundo elemento constitutivo, específicamente la conclusión relativa a la existencia de prácticas de elusión a escala de Indonesia, está recogida en el considerando 64 del Reglamento controvertido. No obstante, el Tribunal General apreció la existencia de un error con respecto a la constatación relativa a la implicación de Chin Haur en operaciones de tránsito (que figura en el considerando 62 del Reglamento controvertido).

62. En estas circunstancias, al haber basado la anulación del Reglamento controvertido en la infracción del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base, el Tribunal General necesariamente consideró, de manera implícita, que el error que se aprecia respecto de la constatación relativa a Chin Haur invalidó irremediablemente la conclusión relativa al segundo elemento constitutivo de la elusión, específicamente la conclusión relativa a la existencia de prácticas de elusión a través de Indonesia. Dicho de otro modo, el Tribunal General consideró que el error constatado respecto del considerando 62 del Reglamento controvertido «anula» la conclusión general recogida en el considerando 64 del mismo Reglamento.

63. En tercer lugar, no se discute que Chin Haur comunicó informaciones inverificables y no fiables y que, por consiguiente, se consideró acertadamente que dicha empresa no había cooperado realmente en la investigación. Así pues, las conclusiones contenidas en el Reglamento controvertido referentes a ésta se basaron legítimamente en los datos disponibles con arreglo al artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base. ( 46 )

ii) Sobre las alegaciones relativas a las conclusiones del Tribunal General acerca de la implicación de Chin Haur en operaciones de tránsito

64. De entrada, procede abordar la alegación de los recurrentes en casación según la cual el Tribunal General, en los apartados 95 a 105 de la sentencia impugnada, realizó una aplicación errónea del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base.

65. En dichos apartados de la sentencia impugnada el Tribunal General consideró que, basándose en los datos obrantes en los autos, el Consejo no disponía de suficientes indicios para concluir, en el considerando 62 del Reglamento impugnado, que Chin Haur no disponía de equipos suficientes para el volumen de las exportaciones a la Unión, ni, por lo tanto, que estaba implicada en operaciones de tránsito. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal General, en primer lugar, en los apartados 96 a 101 de dicha sentencia, analizó las constataciones realizadas por los agentes de la Comisión durante la visita de verificación a los locales de Chin Haur y concluyó que ninguna de estas constataciones, por sí sola o junto con las demás, apuntaba convincentemente a la existencia de operaciones de tránsito. En segundo lugar, en el apartado 102 de dicha sentencia, el Tribunal General señaló, por una parte, que la mayor parte de las constataciones deducidas del informe de misión de los agentes de la Comisión en las que se apoyó el Consejo eran rebatidas por Chin Haur y, por otra parte, que otras fotografías a las que había hecho referencia el Consejo nada indicaban acerca de la existencia de operaciones de tránsito. En tercer lugar, en el apartado 103 de la misma sentencia, tras haber señalado que el Consejo había apoyado también su razonamiento en el hecho de que Chin Haur no había demostrado que era realmente un productor indonesio de bicicletas o que respondía a los criterios previstos en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base, el Tribunal General consideró que no cabía deducir de esta apreciación que Chin Haur llevaba a cabo operaciones de tránsito.

– Sobre el objeto y el grado de prueba exigidos en caso de falta de cooperación en la investigación antielusión de una parte de los productores exportadores afectados

66. La argumentación de los recurrentes en casación plantea ante todo la cuestión de qué deben probar las instituciones y qué grado de prueba deben satisfacer para poder apreciar la existencia del segundo elemento constitutivo de una elusión, tal como se identifica en los puntos 43 y 55 de las presentes conclusiones, en una investigación caracterizada por la falta de cooperación, no de todos los productores exportadores afectados, sino únicamente de algunos de ellos.

67. Más concretamente, es preciso preguntarse si las instituciones están obligadas a aportar la prueba de prácticas concretas de elusión —como las mencionadas, a título enunciativo y no limitativo, en el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento de base— o si pueden limitarse a probar, sobre la base de un conjunto de indicios concordantes, que el cambio en las características del comercio deriva de las prácticas de elusión, sin demostrar, no obstante, la existencia de prácticas concretas.

68. En este sentido, en primer lugar, ya se ha señalado ( 47 ) que, cuando deciden imponer derechos antielusión, las instituciones están obligadas a demostrar la existencia de cada uno de los cuatro elementos constitutivos de una elusión. Por lo tanto, no pueden limitarse a probar la simple existencia de un cambio en las características del comercio, sino que deben demostrar de modo suficiente en Derecho que, según los términos utilizados en el artículo, 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento de base, dicho cambio deriva de prácticas (procesos o trabajos) de elusión para los que no existe una justificación distinta del establecimiento del derecho.

69. En segundo lugar, por lo que respecta al grado de prueba, considero que la razón de ser de la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia en las sentencias Simon, Evers & Co. y APEX en los casos de falta total de cooperación, a saber la exigencia de que no se comprometa la eficacia de las medidas de defensa comercial de la Unión, ( 48 ) es también totalmente válido en un supuesto como el del caso de autos, en el que las empresas que no hayan cooperado en la investigación representen un porcentaje mayoritario de las importaciones del producto de que se trata a la Unión. ( 49 ) Así pues, en un supuesto en el que el nivel de falta de cooperación es tan elevado, considero que las instituciones están autorizadas a basarse en un conjunto de indicios concordantes para demostrar que de manera suficiente en Derecho la existencia de elementos constitutivos de una elusión, y, más concretamente, para probar que el cambio en las características del comercio deriva de prácticas de elusión. Ciertamente, en tal caso, para llegar a su conclusión éstas no pueden ignorar que se ha apreciado que una parte más o menos importante de los productores exportadores no llevaba a cabo dichas prácticas.

70. En tercer lugar, en lo tocante a la cuestión de si las instituciones deben acreditar la existencia de prácticas específicas de elusión, creo que la sentencia Simon, Evers & Co. puede proporcionar algunas indicaciones pertinentes. En efecto, en esta sentencia, que, como ya se ha señalado, se refería a un caso de falta total de cooperación, el Tribunal de Justicia, en el marco del análisis del segundo elemento constitutivo de la elusión, confirmó la validez de la conclusión positiva recogida en el Reglamento en cuestión, basándose, entre otros, en la apreciación de que, entre los indicios concordantes que habían apoyado esta conclusión, el Consejo disponía de indicios que parecían indicar la existencia de determinadas prácticas de elusión. ( 50 )

71. De ello se deduce que, en un caso de inexistencia total de cooperación, en presencia de un conjunto de indicios concordantes que vayan en el sentido de que el cambio en las características del comercio deriva de prácticas de elusión, si bien no es necesario que las instituciones prueben la existencia de prácticas de elusión específicas, como mínimo éstas deben, no obstante, disponer de algunos elementos que parezcan indicar la existencia de tales prácticas. Por los motivos expuestos en el punto 69 de las presentes conclusiones, considero que tal enfoque puede aplicarse a un caso como el del presente asunto, que se caracteriza por la falta de cooperación en la investigación de unos productores exportadores que representan un porcentaje mayoritario de las importaciones del producto de que se trata.

72. Ahora bien, en el presente caso, no se desprende del Reglamento controvertido ni de los autos que, a excepción de la constatación de la implicación de Chin Haur en operaciones de tránsito, dichas instituciones hayan dispuesto de otros elementos que parezcan indicar la existencia de prácticas de elusión.

73. Asimismo, y en todo caso, considero que en el supuesto de que, como en el presente caso, las instituciones decidan basar su conclusión relativa al segundo elemento constitutivo de la elusión en la existencia de prácticas específicas, deben respaldar sus conclusiones de manera suficiente.

74. En estas circunstancias, la cuestión relativa a la conformidad a Derecho de la constatación del Consejo relativa a la implicación de Chin Haur en prácticas de tránsito es decisiva, en el presente asunto, para verificar la legalidad de la conclusión que esta institución extrajo en cuanto al segundo elemento constitutivo de una elusión. ( 51 )

– Sobre la prueba de la implicación de Chin Haur en operaciones de tránsito

75. Cuando las instituciones, como en el presente caso, pretenden basar sus conclusiones relativas al segundo elemento constitutivo de una elusión —que, como se ha señalado, debe probarse a nivel del país— en las constataciones referentes a la implicación de un exportador productor individual en prácticas de elusión, se desprende de la jurisprudencia mencionada en el punto 45 de las presentes conclusiones que les corresponde la carga de probar dichas constataciones. ( 52 )

76. Sin embargo, con arreglo al artículo 18, apartados 1 y 6, del Reglamento de base, en caso de falta de cooperación, las instituciones pueden basar sus conclusiones en los datos disponibles. En tal caso, tal como se deduce de la jurisprudencia mencionada en los puntos 49 a 52 de las presentes conclusiones, la carga de la prueba que les corresponde está claramente aligerada y están autorizadas a basar sus conclusiones en un conjunto de indicios concordantes.

77. A este respecto, debo reseñar que, en las sentencias Simon, Evers & Co. y APEX, el Tribunal de Justicia acogió esta interpretación del artículo 18, apartados 1 y 6, en referencia a la existencia de una elusión en general. ( 53 ) Asimismo, en la sentencia Simon, Evers & Co., éste lo aplicó in concreto a los elementos constitutivos de una elusión y, en particular, al segundo de estos elementos. ( 54 ) En cambio, el Tribunal de Justicia nunca lo ha aplicado a las apreciaciones relativas a una empresa considerada de forma individual.

78. No obstante, a la luz del mismo tenor literal de las disposiciones del artículo 18, apartados 1 y 6, del Reglamento de base, que se refieren a una «parte interesada» en singular, considero que dicha interpretación es aplicable a las constataciones de que deben efectuar las instituciones en el marco de una investigación antielusión en lo referente a una empresa individual que no haya cooperado en dicha investigación.

79. De ello se deduce que, en el presente caso, debido a la falta de cooperación de Chin Haur, las instituciones estaban sometidas a una carga de la prueba aligerada y podían basarse en un conjunto de indicios concordantes para apoyar de forma suficiente en Derecho sus conclusiones relativas a la implicación de esta empresa en prácticas de elusión.

80. Sin embargo resulta obligado reconocer que, en el análisis detallado que efectuó en los apartados 95 a 105 de la sentencia impugnada de los datos de los que disponía el Consejo para concluir, en el considerando 62 del Reglamento controvertido, que Chin Haur estaba implicada en operaciones de tránsito, el Tribunal General no tuvo verdaderamente en cuenta las consecuencias jurídicas derivadas del hecho de que, durante la investigación, había constatado que Chin Haur no había cooperado. Se trataba, con todo, tal como alegó Maxcom, de un elemento esencial del análisis, por lo demás confirmado de hecho por el propio Tribunal General. En efecto, esta falta de cooperación influyó de manera fundamental en el grado de prueba que debía satisfacer el Consejo para apoyar de forma suficiente en Derecho sus conclusiones relativas a Chin Haur, conclusiones que, a su vez, respaldaban la conclusión general, referida a la existencia de prácticas de elusión en Indonesia.

81. Tras leer los apartados pertinentes de la sentencia impugnada se percibe, en cambio, que, aunque utilizara el término «indicio», el Tribunal General, en realidad, exigió al Consejo la aplicación de un criterio de prueba más bien estricto. Esto se desprende de manera evidente cuando el Tribunal General afirma que el Consejo debería haber «demostrado la existencia de operaciones de tránsito» por parte de Chin Haur en base a elementos que apuntaran «convincentemente» a su existencia. ( 55 )

82. En los apartados pertinentes de la sentencia impugnada, las consecuencias de la falta de cooperación de Chin Haur se mencionan únicamente en el apartado 103, en el que el Tribunal General concluyó que el hecho de que Chin Haur no hubiera aportado pruebas aptas para demostrar que era realmente un productor indonesio o que respondía a los criterios previstos en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base no probaba, por sí solo, que ésta hubiera llevado a cabo operaciones de tránsito. Si bien es cierto que la falta de cooperación no puede fundamentar por sí sola una presunción de elusión, ( 56 ) no obstante, precisamente fue debido a la falta de cooperación de Chin Haur durante la investigación que las instituciones se vieron imposibilitadas para determinar con certeza que ésta había llevado a cabo auténticas actividades de producción de bicicletas.

83. Ahora bien, la constatación de que una empresa es un auténtico productor del producto que exporta es evidentemente una condición previa y necesaria para una eventual conclusión de que sus exportaciones no son el resultado de prácticas de elusión. Al contrario, el hecho de que no sea posible demostrar que dicha empresa no sea un verdadero productor constituye un indicio del hecho de que los productos que ésta exporta no son el resultado de una auténtica actividad de producción.

84. En estas circunstancias, considero que el Tribunal General incurrió en un error en la aplicación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base al no considerar realmente las consecuencias jurídicas derivadas de la falta de cooperación de Chin Haur en la investigación dentro del análisis que le condujo a concluir que el Consejo no disponía de suficientes indicios para justificar que Chin Haur estaba implicada en prácticas de tránsito. Este error repercutió sobre la constatación, implícita, ( 57 ) realizada por el Tribunal General, que justificó la anulación del Reglamento controvertido, según la cual, debido a esta insuficiencia, la conclusión recogida en el considerando 64 del Reglamento controvertido, relativa a la existencia de prácticas de tránsito de productos de origen chino hacia Indonesia, era errónea. De ello se deduce que en mi opinión la sentencia impugnada debe ser anulada.

iii) Sobre el resto de alegaciones invocadas en el marco de los motivos basados en una aplicación errónea del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base

85. En aras de la exhaustividad, formularé las breves consideraciones siguientes también respecto del resto de alegaciones planteadas en el marco de los motivos basados en una aplicación errónea del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base.

86. Por lo que se refiere a las alegaciones invocadas por las instituciones según las cuales el enfoque adoptado por el Tribunal General tiene como consecuencia que están obligadas a demostrar que cada productor exportador en el país que es objeto de la investigación lleva a cabo prácticas de tránsito, considero que se basan en una lectura errónea de la sentencia impugnada y del Reglamento controvertido. En mi opinión Chin Haur tiene razón cuando afirma que en ningún punto de esta sentencia el Tribunal General ha considerado que las instituciones deban demostrar positivamente que cada productor exportador individual lleve a cabo operaciones de tránsito. Tal como he señalado en los puntos 56 y 57 de las presentes conclusiones, ( 58 ) en el presente caso, es el propio Consejo quien ha realizado una fusión entre el análisis a nivel del país y el realizado a nivel individual al utilizar las constataciones referentes a un productor exportador individual para respaldar sus conclusiones al nivel del país. De ello se deduce que deben desestimarse todas las alegaciones de las instituciones basadas en esta premisa. ( 59 )

87. En lo referente a las alegaciones que niegan la suficiencia de las conclusiones del Tribunal General para anular el Reglamento controvertido, en mi opinión también deben ser rechazadas. En efecto, si, tal como consideró el Tribunal General en la sentencia impugnada, la constatación relativa a la implicación de Chin Haur en prácticas de tránsito era errónea o no estaba suficientemente acreditada, entonces la apreciación de la existencia de operaciones de elusión a escala de Indonesia se basaría exclusivamente en los dos elementos restantes mencionados en el considerando 64 del Reglamento controvertido. Ahora bien, el primero de estos elementos restantes, a saber la existencia del cambio en las características del comercio, es el primero de los elementos constitutivos de una elusión. Por lo tanto, como tal, no puede considerarse un indicio de la existencia del segundo de estos elementos constitutivos, y las instituciones deben probarlos todos. ( 60 ) Por lo que respecta al segundo de estos dos elementos restantes, a saber, la falta de cooperación de los productores exportadores que representan el 9 % de las exportaciones a la Unión, de la jurisprudencia mencionada en el punto 51 de las presentes conclusiones se desprende que la falta de cooperación en sí misma no puede hacer presumir la existencia de una elusión. Por consiguiente, no puede constituir, como tal, un indicio del segundo elemento constitutivo de una elusión.

88. De ello se deduce que, contrariamente a lo que alegan los recurrentes en casación, en el presente caso, si el Tribunal General tenía razón al considerar que la constatación relativa a Chin Haur fue errónea, esto debería haber podido justificar la anulación del Reglamento controvertido.

B. Sobre los motivos basados en la falta de motivación, la motivación contradictoria y la desnaturalización de los hechos

1. Alegaciones de las partes

89. En un segundo grupo de motivos, las instituciones cuestionan la motivación de la sentencia impugnada. El Consejo también alega una desnaturalización de los hechos.

90. En primer lugar, las instituciones alegan que la sentencia impugnada no explica las razones por las que el Consejo infringió el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. En primer término, la sentencia impugnada no indica si el error en el que incurrió el Consejo era un simple error de apreciación o un error manifiesto de apreciación. En segundo término, en su opinión el Tribunal General no explica por qué se apoya en el hecho de que Chin Haur no disponía de una capacidad de producción suficiente mientras que el considerando 62 del Reglamento controvertido evoca el hecho de que la sociedad no disponía de equipos suficientes. En tercer término, consideran que el Tribunal General basó su conclusión relativa a la falta de pruebas suficientes referente a las prácticas de tránsito en su análisis de la visita de verificación, omitiendo no obstante motivar por qué el Consejo no disponía de pruebas suficientes para demostrar la presencia de prácticas de tránsito en base a las informaciones escritas presentadas por Chin Haur antes de esta visita.

91. En segundo lugar, la Comisión considera que la motivación de la sentencia impugnada es contradictoria. En este sentido, en primer término, la Comisión se pregunta, a la luz del apartado 94 de la sentencia impugnada, cómo los elementos de prueba presentados por Chin Haur podrían no demostrar que dicha empresa también estaba implicada en operaciones de tránsito, si indican que llevaba a cabo una elusión mediante prácticas de montaje. En segundo término, la Comisión acusa al Tribunal General de haberse contradicho al afirmar, por una parte, que el único elemento de prueba del que disponía el Consejo era el informe relativo a la visita de verificación y, por otra parte, en el apartado 138 de la sentencia impugnada, que un amplio corpus de datos disponibles permitía concluir que existía una elusión por parte de Chin Haur.

92. El Consejo alega, con carácter subsidiario, que el Tribunal General ha desnaturalizado los hechos probados. Puesto que la operación de tránsito ha sido debidamente acreditada a nivel del país y que la solicitud de exención de Chin Haur era infundada, la única conclusión de que el Tribunal General habría podido extraer de los hechos disponibles era que Chin Haur llevaba a cabo operaciones de tránsito.

93. Chin Haur rebate los argumentos de la Comisión.

2. Apreciación

94. En primer lugar, en lo referente a las alegaciones basadas en la falta de motivación, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, la motivación de una sentencia debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. La obligación de motivación que incumbe al Tribunal General con arreglo a los artículos 36 y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cumple cuando, aun siendo implícita, la motivación utilizada permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control. ( 61 )

95. Ahora bien, de los puntos 58 a 62 de las presentes conclusiones se desprende que aun cuando en la sentencia impugnada el Tribunal General no desarrolló de forma detallada el razonamiento que le condujo a concluir que se debía anular parcialmente el Reglamento controvertido «en cuanto afecta a» Chin Haur, este razonamiento puede deducirse de forma inequívoca de dicha sentencia, lo que permite al Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. Desde este punto de vista, en mi opinión no puede considerarse que la sentencia impugnada haya incurrido en falta de motivación.

96. En cuanto al resto de alegaciones, en primer lugar, la basada en el hecho de que la sentencia impugnada incurriera en falta de motivación en la medida en que no explica si el error cometido por el Consejo es un simple error de apreciación o un error manifiesto de apreciación a mi entender no puede prosperar. En efecto, aun cuando es claramente deseable que el Tribunal General indique en sus sentencias el criterio de control jurisdiccional que aplica, no se puede considerar que una sentencia incurra en falta de motivación por el mero hecho de que el Tribunal General no indique expresamente en ésta el criterio de control jurisdiccional que ha aplicado. Ahora bien, dado que las instituciones no han impugnado en cuanto al fondo la aplicación de un criterio de control jurisdiccional erróneo, sino que han limitado sus alegaciones a la falta de motivación, ( 62 ) la cuestión de si el criterio aplicado in concreto en la sentencia impugnada era erróneo no forma parte del objeto de los presentes recursos de casación.

97. En segundo lugar, la alegación relativa a la falta de explicación de la diferencia entre el concepto de capacidad de producción suficiente y el de equipos suficientes tampoco puede prosperar. En efecto, los dos conceptos se han utilizado refiriéndose a la misma idea, a saber, las actividades de producción de Chin Haur respecto de las cuales, según la opinión del Tribunal General, el Consejo no había probado de forma suficiente en Derecho su conclusión de que éstas no podían justificar el volumen de las importaciones de Chin Haur.

98. En tercer lugar, en cuanto a la alegación basada en que el Tribunal General habría omitido explicar en qué sentido el Consejo no disponía de las pruebas suficientes para demostrar la presencia de prácticas de tránsito en base a las informaciones escritas presentadas por Chin Haur, en mi opinión también debe rechazarse. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que no corresponde al Tribunal de Justicia exigir que el Tribunal General motive cada elección cuando tiene en cuenta, para fundamentar su decisión, una prueba en vez de otra. Decidir en sentido contrario supondría para el Tribunal de Justicia sustituir la apreciación de esas pruebas realizada por el Tribunal General por la suya propia, lo que no forma parte de sus competencias. ( 63 )

99. En segundo lugar, en lo referente a las alegaciones basadas en la motivación contradictoria, considero que la primera alegación invocada por la Comisión se basa en una lectura errónea de la sentencia impugnada. En efecto, en el apartado 94 de la sentencia impugnada, el Tribunal General no señaló en absoluto que las pruebas presentadas por Chin Haur hubieran indicado que ésta llevaba a cabo una elusión mediante prácticas de montaje. La segunda supuesta contradicción, puesta de manifiesto por la Comisión, tampoco puede fundamentar la alegación basada en una motivación contradictoria. En efecto, en el apartado 138 de la sentencia impugnada, el Tribunal General se limitó a enumerar los datos que utilizó el Consejo para apreciar la existencia de todos los elementos constitutivos de una elusión específicamente en respuesta a un argumento relativo a que el Consejo no aclaró la naturaleza de las informaciones disponibles. ( 64 ) No veo una contradicción con la afirmación recogida en los apartados 96 y 102 de la misma sentencia de que el Consejo se apoyó en gran medida en el informe de misión para las constataciones de hecho en base a las cuales apreció la implicación de Chin Haur en operaciones de tránsito.

100. En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación del Consejo basada en una desnaturalización de los hechos, procede señalar que, según la jurisprudencia, tal desnaturalización debe resultar de forma manifiesta de los documentos obrantes en autos, sin que sea necesario proceder a una nueva apreciación de los hechos y las pruebas. ( 65 ) Ahora bien, la argumentación del Consejo se basa en la premisa según la cual la existencia de operaciones de tránsito al nivel del país se habría demostrado aun sin que existiera un error referente a la constatación relativa a la implicación de Chin Haur en operaciones de tránsito. Tal como he indicado en el punto 85 de las presentes conclusiones, en mi opinión éste no es el caso. En la sentencia impugnada, el Tribunal General se limitó a declarar que, habida cuenta de los documentos obrantes en los autos, el Consejo no podía apreciar la implicación de Chin Haur en operaciones de tránsito. Al hacer esto, el Tribunal General no desnaturalizó los hechos sino que, en mi opinión, incurrió en un error de Derecho al omitir considerar el elemento esencial de la falta de cooperación de Chin Haur en la investigación, elemento que tenía una influencia decisiva en el grado de prueba que debían aportar las instituciones para poder probar dicha implicación.

101. Del conjunto de las consideraciones precedentes se desprende que, en mi opinión, tanto el segundo motivo del recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑253/15 P como el segundo motivo del recurso de casación del Consejo en el asunto C‑259/15 P deben desestimarse.

C. Sobre el tercer motivo del recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑53/15 P, basado en la vulneración de sus derechos procesales

1. Alegaciones de las partes

102. Mediante su tercer motivo, la Comisión alega que el Tribunal General vulneró sus derechos procesales, en la medida en que le prohibió presentar un escrito de formalización de la intervención. En primer lugar, considera que la decisión del Tribunal General de acceder a la sustanciación por el procedimiento acelerado que, en virtud del artículo 76 bis, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en vigor en el momento en que se desarrolló el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional, excluye toda intervención escrita de la Comisión carece de motivación. En segundo lugar, afirma que la denegación de su petición posterior, de 25 de junio de 2014, de que se le permitiera presentar un escrito de formalización de la intervención, en el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento, también carece de motivación. Asimismo, sostiene que la negativa persistente del Tribunal General a autorizar a la Comisión a presentar observaciones escritas no ha estado motivada por la necesidad de acelerar la tramitación del asunto, lo que se desprende, en su opinión, del hecho de que el Tribunal General tardara 19,3 meses en dictar su sentencia, cuando la duración media de un procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional era de 23,4 meses en 2014. Por último, las constataciones del Tribunal General que constituyen, según la Comisión, errores de Derecho están vinculadas a sus actividades de investigación y, en particular, a la importancia de los informes de misión elaborados durante las visitas de verificación. Estas constataciones habrían sido diferentes si ésta hubiera sido autorizada a exponer su postura antes de la vista.

103. Chin Haur rebate los argumentos de la Comisión.

2. Apreciación

104. Si bien es cierto que las instituciones son unos coadyuvantes privilegiados y que no tienen la obligación de demostrar un interés en la solución del litigio, ( 66 ) no es menos cierto que éstas siguen estando sujetas a las normas establecidas en los Reglamentos de Procedimiento de los órganos jurisdiccionales de la Unión.

105. En el presente caso, procede señalar en primer lugar que de los autos se desprende que la Comisión presentó su demanda de intervención el 17 de octubre de 2013, a saber, después de que el Tribunal General hubiera decidido, al estimar la demanda de Chin Haur, sustanciar el asunto en cuestión en virtud del procedimiento acelerado.

106. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en vigor en el momento en que se desarrolló el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional, el coadyuvante aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención. De ello resulta que la Comisión no puede en todo caso impugnar una decisión, como la de sustanciar el asunto según el procedimiento acelerado, que fue adoptada antes de la aceptación de su demanda de intervención.

107. En segundo lugar, del artículo 76 bis, apartado 2, párrafo segundo, del mismo Reglamento se desprende que, en caso de sustanciar el asunto por el procedimiento acelerado, el coadyuvante sólo podrá presentar un escrito de formalización de la intervención si el Tribunal General lo autoriza en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento practicadas conforme al artículo 64 de dicho Reglamento.

108. Por lo que se refiere a la denegación por parte del Tribunal General de las diligencias de ordenación del procedimiento instadas por una parte, de una reiterada jurisprudencia se desprende que el Tribunal General tiene en principio competencia exclusiva para apreciar la posible necesidad de completar la información de la que dispone en los asuntos de los que conoce. ( 67 )

109. En este contexto, corresponde al Tribunal General decidir la necesidad de hacer uso de la facultad de ordenar diligencias de ordenación del procedimiento para completar los elementos de información de que dispone, en el bien entendido de que el carácter probatorio o no de los documentos obrantes en autos entra en el ámbito de su apreciación soberana de los hechos, que, por esta razón, no está incluida en el control del Tribunal de Justicia en el marco del recurso de casación, salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba presentados al Tribunal General, o cuando se deduzca de los documentos unidos a los autos la inexactitud material de las constataciones efectuadas por este último. ( 68 )

110. En el presente caso, en primer lugar, la Comisión no invoca una desnaturalización de los elementos de prueba ni una inexactitud material de las constataciones efectuadas por el Tribunal General. En segundo lugar, su petición de 25 de junio de 2014, por la que solicitaba que se le permitiera presentar un escrito de formalización de la intervención en virtud de una diligencia de ordenación del procedimiento, no identificaba los documentos o elementos objetivos concretos que deberían haberse aportado necesariamente en forma escrita de manera que una presentación oral no hubiera sido suficiente para permitir a la Comisión exponer sus argumentos. En tercer lugar, la Comisión tuvo la posibilidad de expresarse plenamente en la vista ante el Tribunal General. Su recurso de casación no identifica en qué sentido la circunstancia de que sólo pudiera exponer su postura en la vista influyó en las constataciones del Tribunal General de tal forma que éstas habrían sido diferentes si hubiera sido estimada su solicitud de que se le permitiera presentar un escrito de formalización de la intervención.

111. En estas circunstancias, opino que el tercer motivo de la Comisión debe ser desestimado.

112. Del análisis antes expuesto y, en particular, de la conclusión a la que llegué en el punto 84 de las presentes conclusiones se desprende que, en mi opinión, los recursos de casación interpuestos por Maxcom, la Comisión y el Consejo deben ser estimados y que, por consiguiente, debe anularse la sentencia impugnada.

VI. Sobre el recurso ante el Tribunal General

113. Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la decisión del Tribunal General, aquél podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita. Considero que, tal como ha señalado la propia Chin Haur, esto sucede en el presente caso.

114. En estas circunstancias, procede analizar las tres alegaciones invocadas por Chin Haur en su recurso interpuesto ante el Tribunal General en el marco de la segunda parte del primer motivo. A este respecto, cabe recordar que, tal como se ha señalado en el punto 44 de las presentes conclusiones, según la jurisprudencia, el control del juez de la Unión es limitado en el sentido expuesto en dicho punto.

115. En lo tocante a la primera de estas tres alegaciones, se trata de la alegación que fue estimada por el Tribunal General en la sentencia impugnada en base a un análisis que, en mi opinión, adolece de un error. Esta alegación se basa en el hecho de que el Consejo concluyó de manera errónea, en el considerando 62 del Reglamento controvertido, que Chin Haur no tenía una capacidad de producción suficiente para justificar su volumen de exportaciones a la Unión.

116. En este sentido, de la jurisprudencia mencionada en los puntos 49 a 52 de las presentes conclusiones, así como de las consideraciones expuestas en los puntos 75 a 79 de las mismas conclusiones, se desprende que, en una situación como la del presente caso, debido a la falta de cooperación de Chin Haur, las instituciones estaban sometidas a una carga de la prueba aligerada y podían basarse en un conjunto de indicios concordantes para respaldar de forma suficiente en Derecho sus conclusiones relativas a la implicación de esta empresa en prácticas de elusión.

117. En estas condiciones, considero que la presencia, por una parte, de un importante volumen de exportación de bicicletas a la Unión por parte de Chin Haur cuyo origen no pudo demostrarse ( 69 ) y la inexistencia concomitante, por otra parte, de elementos que mostraran que Chin Haur era un auténtico productor de bicicletas, constituían indicios que permitían a las instituciones, a falta de otros datos, concluir en base a un vínculo lógico y razonable que Chin Haur estaba implicada en operaciones de tránsito. ( 70 ) Asimismo, estos indicios estaban adicionalmente respaldados por la presencia de diversos elementos que inclinaban a dudar de las actividades reales de Chin Haur. ( 71 ) Si existía un motivo razonable que justificara sus actividades, distinto del de eludir el derecho antidumping, le correspondía a Chin Haur aportar la prueba de dicho motivo. ( 72 )

118. De ello se deduce que el Consejo no cometió ningún error manifiesto de apreciación cuando concluyó en el considerando 62 del Reglamento controvertido que Chin Haur estaba implicada en operaciones de tránsito. Por consiguiente, la primera alegación de la segunda parte del primer motivo invocada por Chin Haur en primera instancia debe, a mi entender, ser desestimada.

119. En lo referente a la segunda alegación planteada en el marco de la segunda parte del primer motivo en primera instancia ante el Tribunal General, Chin Haur alegó que el Consejo había incurrido en un error de Derecho al deducir la existencia de operaciones de tránsito del mero cambio en las características del comercio. En su opinión el Consejo no aportó pruebas de la existencia de dichas operaciones de tránsito, ni estableció un vínculo causal entre estas operaciones y el supuesto cambio de las características del comercio.

120. A este respecto, tal como se desprende del considerando 64 del Reglamento controvertido, es cierto que el Consejo hizo referencia a la existencia de un cambio en las características del comercio como uno de los elementos de los que era posible deducir la existencia de prácticas de tránsito en Indonesia. Ahora bien, tal como he señalado en el punto 87 de las presentes conclusiones, la existencia de un cambio en las características del comercio constituye el primero de los elementos constitutivos de una elusión. Por lo tanto, no puede, como tal, considerarse como un indicio de la existencia de prácticas de elusión.

121. Sin embargo, es preciso reconocer que, contrariamente a lo que sostuvo Chin Haur ante el Tribunal General, en el considerando 64 del Reglamento controvertido el Consejo no se basó en este único elemento. En efecto, se apoyó en otros dos elementos: por una parte, la constatación relativa a la implicación de Chin Haur —cuyas importaciones representaban un porcentaje importante (42 %) de las importaciones de bicicletas a la Unión— en prácticas de tránsito, y, por otra parte, el hecho de que unas partes interesadas que representaban el 9 % de dichas importaciones no cooperaron en la investigación. Ciertamente, tal como se ha señalado, ( 73 ) esta falta de cooperación por sí sola no podía permitir presumir la existencia de operaciones de tránsito. Sin embargo, en presencia de un aumento considerable de las importaciones de bicicletas de Indonesia a la Unión justo después de la elevación de los derechos antidumping sobre las importaciones procedentes de China ( 74 ) y en presencia de indicios, derivados de la constatación relativa a Chin Haur, de la existencia de operaciones de tránsito a través de Indonesia, esta falta de cooperación podía constituir un indicio adicional que reforzaba la conclusión de la existencia de tales operaciones. ( 75 ) En estas circunstancias, el Consejo disponía de suficientes indicios concordantes con arreglo a la jurisprudencia, para justificar su conclusión de que existían prácticas de elusión a través de Indonesia en el presente caso.

122. En cuanto al argumento basado en que el Consejo habría incurrido en error al no establecer un vínculo causal entre las operaciones de tránsito y el cambio en las características del comercio, procede señalar lo siguiente. En primer lugar, está acreditado de forma definitiva que el Consejo estableció sin error que no existía ninguna causa o una justificación económica para estas operaciones distinta de la intención de evitar las medidas antidumping. ( 76 ) En segundo lugar, el Consejo afirmó que la investigación no había revelado ningún aumento del consumo de bicicletas en Indonesia, que habría podido incitar a los productores a incrementar su capacidad de producción. Asimismo, la investigación reveló que las tres sociedades indonesias exentas se centraban principalmente en el mercado interior antes que en los mercados de exportación. En tercer lugar, resulta obligado reconocer que las alegaciones de Chin Haur, según las cuales el cambio en las características del comercio se podía haber producido debido a un aumento de la capacidad de producción en Indonesia, a una deslocalización de los productores chinos en Indonesia debido a un aumento de los derechos antidumping, o al hecho de que los productores indonesios aprovecharon la ocasión brindada por el descenso de las exportaciones chinas a la Unión para incrementar su cuota de mercado en la Unión, no están respaldadas por ningún elemento de prueba.

123. De ello se deduce que, en mi opinión, la segunda alegación de la segunda parte del primer motivo invocado por Chin Haur en primera instancia también debe ser desestimada.

124. Por lo que respecta a la tercera alegación de la mencionada segunda parte del primer motivo, expuesta ante el Tribunal General, Chin Haur alegó, que, ausencia falta de cualquier otra prueba, los datos que había proporcionado deberían haber constituido los hechos disponibles, en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base, con base a los cuales el Consejo debería haber constatado la inexistencia de operaciones de tránsito.

125. Esta alegación también debe desestimarse. En efecto, por una parte, el Tribunal General apreció en la sentencia impugnada que las informaciones facilitadas por Chin Haur eran contradictorias, incompletas e inverificables y, por otra parte, del análisis de las alegaciones primera y segunda antes mencionadas se desprende que el Consejo disponía de suficientes indicios para concluir en el presente caso, a la luz de la jurisprudencia pertinente, que existían operaciones de tránsito.

126. Habida cuenta de todas las consideraciones precedentes, considero que el recurso de anulación interpuesto por Chin Haur debe desestimarse.

VII. Sobre las costas

127. Con arreglo al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado o cuando, siendo éste fundado, dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio. A tenor del artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento del recurso de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada a las costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

128. Si el Tribunal de Justicia hace suyas mis apreciaciones relativas a los tres recursos de casación acumulados, Chin Haur verá sus motivos desestimados. En este caso, dado que Maxcom, el Consejo y la Comisión han solicitado su condena en costas, propongo al Tribunal de Justicia que condene a Chin Haur al pago de las costas de Maxcom, la Comisión y el Consejo tanto en primera instancia como en los presentes recursos de casación.

VIII. Conclusión

129. A tenor de las explicaciones precedentes, sugiero al Tribunal de Justicia que decida lo siguiente: 1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 19 de marzo de 2015, Chin Haur Indonesia/Consejo (T‑412/13, EU:T:2015:163). 2) Desestimar el recurso de anulación interpuesto por Chin Haur Indonesia PT. 3) Condenar a Chin Haur Indonesia PT al pago de las costas de Maxcom Ltd, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea en los procedimientos en primera instancia y en el marco de los recursos de casación.

( 1 ) Lengua original: francés.

( 2 ) T‑412/13, EU:T:2015:163.

( 3 ) Reglamento de 29 de mayo de 2013, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo impuesto mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 990/2011 a las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China a las importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez, hayan sido o no declaradas originarias de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez (DO 2011, L 153, p. 1).

( 4 ) Estas conclusiones se presentan de forma paralela a las conclusiones relativas a los asuntos C‑248/15 P, Maxcom/City Cycle Industries, C‑254/15, Comisión/City Cycle Industries y C‑260/15 P, Consejo/City Cycle Industries, que se refieren a tres recursos de casación interpuestos por los mismos recurrentes contra una sentencia del Tribunal General pronunciada el mismo día que la sentencia impugnada y referida al mismo Reglamento controvertido. Las cuestiones planteadas en estos otros tres recursos de casación son análogas a las suscitadas en los presentes asuntos.

( 5 ) Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51, y corrección de errores (DO 2010, L 7, p. 22), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1168/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012 (DO 2012. L 237, p. 1).

( 6 ) Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (DO 1994, L 336, p. 103) que figura en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO 1994, L 336, p. 1).

( 7 ) Véanse el considerando 22 del Reglamento de base y el punto 10 de las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:261).

( 8 ) Para referencias a la normativa antielusión de la Unión en vigor antes de la adopción del Reglamento de base, véase el punto 9 de las conclusiones del Abogado General presentadas en el asunto Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:261).

( 9 ) Más concretamente, con arreglo a esta disposición, se considerará que una operación de montaje elude las medidas en vigor cuando: a) la operación hubiese comenzado o se hubiese incrementado sustancialmente desde el momento de apertura de la investigación antidumping o justo antes de su apertura y cuando las partes procedan del país sometido a las medidas; b) las partes constituyan un 60 % o más del valor total de las partes del producto montado; no obstante, no se considerará que existe elusión cuando el valor añadido conjunto de las partes utilizadas durante la operación de montaje sea superior al 25 % del coste de producción, y c) los efectos correctores del derecho estén siendo burlados mediante los precios o volúmenes del producto similar montado y existan pruebas de dumping en relación con los precios normales previamente establecidos para productos similares o parecidos.

( 10 ) Reglamento de 3 de octubre de 2011, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China tras una reconsideración por expiración en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 (DO 2009, L 261, p. 2). Véanse los apartados 2 a 6 de la sentencia impugnada para las referencias a los reglamentos anteriores.

( 11 ) Reglamento (UE) n.o 875/2012 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2012, por el que se abre una investigación sobre la posible elusión de las medidas antidumping establecidas por el Reglamento (UE) n.o 990/2011 del Consejo sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China por parte de importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez, hayan sido o no declaradas originarias de esos países, y por el que se someten dichas importaciones a registro (DO 2012, L 258, p. 21). Esta investigación se abrió a raíz de una demanda presentada por la Asociación Europea de Fabricantes de Bicicletas (EBMA), en nombre, entre otros, de Maxcom. Véanse los apartados 10 a 13 del Reglamento controvertido y 8 y 9 de la sentencia impugnada.

( 12 ) En este sentido, véanse, con más detalle, los apartados 8 a 18 de la sentencia impugnada.

( 13 ) Véanse los considerandos 28 a 32 del Reglamento controvertido.

( 14 ) Véanse, respectivamente, los considerandos 45 a 58 y 59 a 67 del Reglamento controvertido, así como los considerandos 92 (relativo a la falta de causa o justificación económica distinta de la intención de evitar las medidas antidumping en vigor), 93 a 96 (relativo a la neutralización de los efectos correctores de estas medidas) y 99 a 102 (relativos a la existencia de un dumping en relación con el valor normal previamente establecido) del Reglamento controvertido.

( 15 ) Véanse los considerandos 65 a 67 del Reglamento controvertido.

( 16 ) Véanse los considerandos 115 y 117 del Reglamento controvertido y el artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento controvertido.

( 17 ) Véanse el considerando 120 y el artículo 1, apartado 1, del Reglamento controvertido.

( 18 ) Véase el artículo 76 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en vigor en el momento en que se desarrolló el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional.

( 19 ) Esta resolución fue adoptada teniendo en cuenta el artículo 76 bis, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General que estaba en vigor en el momento en que se desarrolló el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional.

( 20 ) Con arreglo al artículo 76 bis, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en vigor en el momento en que se desarrolló el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional, en caso de que se sustancie un asunto según el procedimiento acelerado, el coadyuvante sólo podía presentar un escrito de formalización de la intervención si el Tribunal General le autorizara a ello en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento practicadas con arreglo al artículo 64 de dicho Reglamento. La solicitud de la Comisión se basaba en esta última disposición.

( 21 ) Primer y segundo motivos del recurso de casación de Maxcom en el asunto C‑247/15 P, y primer motivo de los recursos de casación de la Comisión y del Consejo en los asuntos C‑253/15 P y C‑259/15 P, respectivamente.

( 22 ) Segundo motivo de los recursos de casación de la Comisión y del Consejo en los asuntos C‑253/15 P y C‑259/15 P, respectivamente.

( 23 ) Tercer motivo del recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑253/15 P.

( 24 ) Sentencia de 4 de septiembre de 2014 (C‑21/13, EU:C:2014:2154).

( 25 ) Véase, en particular, la sentencia de 16 de febrero de 2012, Consejo y Comisión/Interpipe Niko Tube y Interpipe NTRP (C‑191/09 P y C‑200/09 P, EU:C:2012:78), apartados 64 y 65 y jurisprudencia citada.

( 26 ) Véase, en particular, la sentencia de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392), apartado 44 y jurisprudencia citada. Véase también la sentencia de 30 de mayo de 2013, Quinn Barlo y otros/Comisión (C‑70/12 P, EU:C:2013:351), apartado 36 y jurisprudencia citada. El Tribunal de Justicia ha analizado en múltiples ocasiones en casación cuestiones relativas a la inobservancia de las normas relativas al grado de prueba (véanse, en particular, las sentencias de 3 de abril de 2014, France/Comisión (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), apartados 54 y siguientes, y de 6 de octubre de 2009, GlaxoSmithKline Services y otros/Comisión y otros, C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, EU:C:2009:610, apartados 77 y ss.).

( 27 ) Sobre la razón de ser de la normativa de la Unión en materia de elusión, véase el considerando 19 del Reglamento de base así como la sentencia de 6 de junio de 2013, Paltrade (C‑667/11, EU:C:2013:368), apartado 28, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de septiembre de 2000, Starway/Consejo (T‑80/97, EU:T:2000:216), apartados 85 y 113.

( 28 ) Sentencia de 4 de septiembre de 2014 (C‑21/13, EU:C:2014:2154).

( 29 ) Sentencia de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154), apartado 48. Véanse también las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:261), punto 87.

( 30 ) Sentencia de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154), apartado 29 y jurisprudencia citada.

( 31 ) Sentencia de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154), apartado 29 y jurisprudencia citada.

( 32 ) Sentencia de 4 de septiembre de 2014, C‑21/13 (EU:C:2014:2154).

( 33 ) Sentencia de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154), apartado 35 y jurisprudencia citada.

( 34 ) Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:261, punto 4). La exigencia de que las instituciones demuestren que se reúnen todos los requisitos enumerados en el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento de base queda confirmada, no sólo en el tenor literal de la propia disposición, sino también en el enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154). En efecto, en esta sentencia, el Tribunal de Justicia analizó de forma distinta la validez del Reglamento en cuestión en relación con cada uno de los requisitos sobre los que el órgano jurisdiccional remitente había expresado dudas (en particular, los requisitos primero y segundo mencionados en el punto 43 de las presentes conclusiones; véanse los apartados 39 y siguientes y los apartados 50 y siguientes de dicha sentencia, respectivamente).

( 35 ) Las partes discrepan sobre la cuestión de sobre quién debe recaer la carga de probar que el productor exportador no está implicado en prácticas de elusión para que se reconozca la exención prevista en el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base. Por una parte, la Comisión y el Consejo sostienen que la carga de la prueba incumbe al productor exportador, que, con arreglo a esta disposición, debe presentar una solicitud de exención «debidamente sustentada por elementos de prueba». Por otra parte, Chin Haur sostiene, en cambio, que tal interpretación de la carga de la prueba sería contraria al tenor literal de la disposición, que, al utilizar la expresión «se ha constatado», presupone que la carga de la prueba recae en las instituciones. En este sentido, considero que corresponde a la parte que coopere de forma auténtica y que quiera beneficiarse de la exención proporcionar todos los elementos que permitan a las instituciones apreciar plenamente que ésta no está implicada en prácticas de elusión. Tal enfoque está especialmente justificado en atención al hecho de que, como se indica en el punto 49 de las presentes conclusiones, en las investigaciones sobre la existencia de una elusión las instituciones dependen de la cooperación voluntaria de las partes interesadas. A este respecto, quiero señalar, no obstante, que, aunque esta cuestión esté vinculada, en el presente caso, a la de la constatación de la elusión con arreglo al artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base (véase la última frase del punto 48 de las presentes conclusiones y la referencia a la nota siguiente), en realidad no es decisiva para la solución de los presentes asuntos. En efecto, se ha constatado de forma definitiva que Chin Haur no podía obtener una exención de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base (véanse el punto 63 y la nota 46 de las presentes conclusiones).

( 36 ) En lo tocante a la carga de la prueba en un caso similar, véanse los puntos 57 y 75 de las presentes conclusiones.

( 37 ) Sentencia de 4 de septiembre de 2014 (C‑21/13, EU:C:2014:2154).

( 38 ) Sentencia de 17 de diciembre de 2015 (C‑371/14, EU:C:2015:828).

( 39 ) Sentencias de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154), apartados 32 a 34, y de 17 de diciembre de 2015, APEX (C‑371/14, EU:C:2015:828), apartados 64 a 66.

( 40 ) Sentencias de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co., (C 21/13, (EU:C:2014:2154), apartado 35, y de 17 de diciembre de 2015, APEX (C 371/14, EU:C:2015:828), apartado 67.

( 41 ) Sentencias de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co., (C 21/13, (EU:C:2014:2154), apartado 36, y de 17 de diciembre de 2015, APEX (C 371/14, EU:C:2015:828), apartado 68.

( 42 ) Sentencias de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co., (C 21/13, (EU:C:2014:2154), apartado 37, y de 17 de diciembre de 2015, APEX (C 371/14, EU:C:2015:828), apartado 69.

( 43 ) Ibidem, apartado 37 y apartado 69, respectivamente.

( 44 ) Véanse las sentencias de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154), apartados 39 y 56, y de 17 de diciembre de 2015, APEX (C‑371/14, EU:C:2015:828), apartado 71.

( 45 ) Véanse los apartados 95 y 104 de la sentencia impugnada.

( 46 ) En efecto, en la sentencia impugnada, el Tribunal General, por una parte, confirmó que las informaciones facilitadas eran contradictorias, incompletas e inverificables (véanse los apartados 81 a 94 y 110 a 120 de la sentencia impugnada) y, por otra parte, desestimó la parte del segundo motivo basada en errores en la apreciación de falta de cooperación de Chin Haur (véanse los apartados 110 a 120). Estos apartados de la sentencia impugnada no han sido impugnados por Chin Haur.

( 47 ) Véase el punto 45 de las presentes conclusiones.

( 48 ) Véase el punto 53 de las presentes conclusiones.

( 49 ) De los autos se desprende que las importaciones de Chin Haur representaban el 42 % de las importaciones de bicicletas a la Unión procedentes de Indonesia y que la cuota de estas importaciones atribuibles al resto de los importadores que no cooperaron, mencionados en el considerando 63 del Reglamento controvertido, era del 9 %.

( 50 ) En particular, la existencia de importantes operaciones de montaje (véase la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. C‑21/13, EU:C:2014:2154, apartado 53).

( 51 ) Esto es aún más cierto debido al hecho de que, tal como señalaré en el punto 87 de las presentes conclusiones, los otros dos elementos en los que se basa esta conclusión no eran suficientes, en sí mismos, para apoyar tal conclusión.

( 52 ) En el supuesto de que el productor exportador afectado haya presentado una solicitud de exención en virtud del artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base, las instituciones pueden basarse en los datos proporcionados por éste. Ello no cambia el hecho de que la prueba de la existe