ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
De acuerdo con el artículo 1, letra c), del Reglamento n.o 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE], constituye una «nueva ayuda» toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes. Dados los términos amplios en que está redactada, esta disposición puede comprender no sólo la propia modificación, sino también la ayuda afectada por tal modificación.

A tenor del artículo 1, letra b), inciso ii), del antedicho Reglamento, por «ayuda existente» se entenderá, en particular, la ayuda autorizada, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales autorizados por la Comisión o por el Consejo. De este modo, una ayuda que ya no puede ampararse en la decisión de autorización de la que fue objeto, a raíz de una modificación que transgrede un requisito establecido en aquella decisión para garantizar la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior, puede constituir una nueva ayuda.

Por otro lado, una interpretación suficientemente amplia del concepto de «nueva ayuda», en el sentido del artículo 1, letra c), del Reglamento n.o 659/1999, que comprenda no solamente la modificación introducida en un régimen de ayudas existente por el Estado miembro de que se trate, incumpliendo algún requisito de la autorización, sino también la totalidad del régimen de ayudas resultado de la modificación, es la que permite garantizar la eficacia del sistema de control de las ayudas de Estado en la Unión, ya que propicia el cumplimiento por ese Estado miembro de los requisitos de la autorización del régimen de ayudas.

De ello se deduce que el Tribunal General interpretó erróneamente el concepto de «nueva ayuda» en el sentido del artículo 1, letra c), del Reglamento n.o 659/1999 y, por tanto, incurrió en un error de Derecho, al exigir a la Comisión que demostrara que la modificación introducida en una ayuda existente incumpliendo un requisito de la autorización afectaba a la esencia misma de la medida preexistente, con el fin de calificar de ayuda nueva y, en su caso, ilegal, no solamente tal modificación, sino también la totalidad de la ayuda existente que fue objeto de la modificación. En efecto, una ayuda existente que ha sido modificada incumpliendo los requisitos de compatibilidad impuestos por la Comisión o por el Consejo no puede seguir considerándose autorizada, por lo que pierde totalmente su calidad de ayuda existente.

(véanse los apartados 46 a 49, 53 y 54)
El concepto de investigación que figura en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, que debe interpretarse atendiendo en particular a su significado habitual y al contexto en que se sitúa. A ese respecto, queda subsumido en dicha actividad un procedimiento estructurado y formalizado de la Comisión cuyo objetivo es la recogida y el análisis de información con el fin de que dicha institución pueda adoptar una postura en el marco del ejercicio de sus funciones con arreglo a los Tratados UE y FUE. El fin de ese procedimiento no tiene por qué ser detectar si se han cometido infracciones o irregularidades o sancionarlas. Puede incluirse asimismo en el concepto de investigación la actividad mediante la que la Comisión pretende constatar hechos con el fin de evaluar una situación determinada.

Asimismo, para calificar un procedimiento de investigación tampoco es imprescindible que la postura adoptada por la Comisión en cumplimiento de sus funciones revista forma de decisión, a efectos del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto. Entre otros, puede darse a dicha postura forma de informe o recomendación. A ese respecto, a la hora de dilucidar si procede calificar de «investigación» un procedimiento no es relevante si es la propia Comisión la que solicita información a los Estados miembros o si la recibe con arreglo a una normativa.

Por consiguiente, se incluyen en los procedimientos de investigación, a efectos del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, los dictámenes circunstanciados emitidos por la Comisión de conformidad con el artículo 9, apartado 2, de la Directiva 98/34, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, que constituyan medidas oficiales que precisen la postura jurídica de la institución sobre la compatibilidad de los proyectos de reglamento técnico notificados por el Estado miembro de que se trate con, en particular, la libre circulación de mercancías y la libertad de establecimiento de los operadores económicos.

(véanse los apartados 45 a 48 y 51 a 53)
Al circunscribir el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o 40/94 a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos «exclusivamente» y «necesaria», esa disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas. En efecto, tal registro reduciría de manera demasiado considerable las posibilidades de los competidores de comercializar formas de producto que incorporaran la misma solución técnica.

En relación con el requisito según el cual se aplica dicho motivo de denegación a todo signo constituido «exclusivamente» por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, el Tribunal de Justicia ha precisado que la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Además, el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o 40/94 se aplica únicamente cuando todas las características esenciales del signo son funcionales, de modo que el registro de tal signo como marca no puede denegarse sobre la base de la referida disposición si la forma de producto de que se trate incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel relevante en esa forma.

En relación con el requisito de que sólo puede denegarse el registro como marca de una forma de producto en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o 40/94 si es «necesaria» para obtener el resultado técnico previsto, dicho requisito no significa que la forma de que se trate deba ser la única que permita obtener ese resultado.

(véanse los apartados 26 a 28)
El artículo 1 de la Directiva 98/34, por la que se establece un procedimiento de información, en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión modificada por la Directiva 98/48, debe interpretarse en el sentido de que una norma nacional que prevé que es necesaria una autorización para explotar casinos de juego para el ejercicio de actividades de juegos de ruleta, juegos de cartas, juegos de dados y juegos automáticos, no se encuentra comprendida en el concepto de «reglamento técnico», a efectos de esta Directiva, sometido a la obligación de notificación con arreglo al artículo 8, apartado 1, de la mencionada Directiva, y cuyo incumplimiento se sanciona con la inaplicabilidad de dicho reglamento.

En efecto, en primer lugar, dicha norma no constituye una «especificación técnica», a efectos del artículo 1, punto 3, de la Directiva 98/34, dado que no se refiere a un producto o a su envasado como tales y no establece una de las características exigidas a un producto. En segundo lugar, no forma parte de la categoría de «reglas relativas a los servicios» de la sociedad de la información, a efectos del artículo 1, punto 5, de la Directiva 98/34, dado que no se refiere a servicios de la sociedad de la información, a efectos del artículo 1, punto 2, de esta Directiva. En tercer lugar, no puede ser considerada como «otro requisito», a efectos del artículo 1, punto 4, de la Directiva 98/34, dado que la autorización exigida por esta norma nacional para la organización de juegos de azar constituye un requisito impuesto respecto a la actividad de organización de dichos juegos y no respecto a los productos afectados, prohibiendo su explotación fuera de casinos. Por último, dicha norma no puede ser considerada un reglamento técnico perteneciente a la categoría de prohibiciones en la medida en que las disposiciones nacionales que se limitan a establecer los requisitos para la constitución de empresas o la prestación de servicios por ellas, como las disposiciones que exigen una autorización previa para el ejercicio de una actividad profesional, no constituyen reglamentos técnicos a efectos de lo dispuesto en el artículo 1, punto 11, de la Directiva 98/34.

(véanse los apartados 23, 24, 27, 29, 30 y 33 y el fallo)
El artículo 4, apartado 1, párrafo primero, primera y tercera frases, y párrafo segundo, de la Directiva 2002/21, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, en su versión modificada por la Directiva 2009/140 (Directiva marco), en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que un tribunal nacional que conoce de un recurso contra una decisión de la autoridad nacional de reglamentación debe poder anularla con efecto retroactivo si considera que ello es necesario para garantizar una protección efectiva de los derechos de la empresa que ha interpuesto el recurso.

En efecto, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco, que establece la obligación de garantizar un mecanismo de recurso eficaz, constituye una manifestación del principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, consagrado en el artículo 47 de la Carta. A este respecto, el artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva marco no impide en modo alguno ni restringe la posibilidad de que un tribunal nacional anule con efecto retroactivo una decisión de la autoridad nacional de reglamentación. En efecto, de esta disposición sólo resulta que el recurso interpuesto contra una decisión de dicha autoridad no tiene efecto suspensivo, a no ser que se concedan medidas cautelares con arreglo al Derecho nacional. Por lo tanto, la decisión de la autoridad nacional de reglamentación se aplica, en principio, mientras se sustancie el procedimiento, lo que no excluye la posibilidad de que, una vez concluido, se anule dicha decisión con efecto retroactivo, si el tribunal nacional lo considera necesario para garantizar una protección efectiva de los derechos de la empresa que ha interpuesto el recurso.

Por otra parte, la posibilidad de que un tribunal nacional anule una decisión de la autoridad nacional de reglamentación con efecto retroactivo no es contraria al respeto de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. De la redacción del artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva marco se desprende claramente que la decisión de la ANR que haya sido recurrida se mantendrá, en virtud de esta disposición, sólo hasta que finalice el procedimiento de recurso. Por consiguiente, los operadores económicos que sean parte en un recurso como el previsto en el artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva no pueden confiar legítimamente en que, en caso de anulación de la decisión de la autoridad nacional de reglamentación, dicha anulación no producirá efectos ex tunc.

(véanse los apartados 24 a 28, 30 y 31 y el fallo)
La participación de la Comisión y el BCE, con arreglo a lo previsto por el artículo 13, apartado 3, del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, en el procedimiento que estaba destinado a la firma de un Memorándum de Entendimiento con un Estado miembro no permite concluir que este acto les fuera imputable. Las tareas confiadas a la Comisión y al BCE en el marco de dicho Tratado, por importantes que sean, no comprenden ninguna potestad decisoria propia. Por otro lado, las actividades ejercidas por esas dos instituciones en el marco del mismo Tratado sólo vinculan al Mecanismo Europeo de Estabilidad.

La circunstancia de que una o varias instituciones de la Unión puedan desempeñar ciertas funciones en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilidad no altera la naturaleza de los actos de éste, que no pertenecen al ordenamiento jurídico de la Unión. No obstante, si bien tal constatación puede tener incidencia en los requisitos de admisibilidad de un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, no excluye la posibilidad de imputar a la Comisión y al BCE comportamientos ilícitos vinculados, en su caso, a la adopción de un Memorándum de Entendimiento en nombre del Mecanismo Europeo de Estabilidad en el marco de un recurso de indemnización conforme al artículo 268 TFUE y al artículo 340 TFUE, párrafos segundo y tercero.

A este respecto, las tareas atribuidas a la Comisión por el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad le imponen, como prevé el artículo 13, apartados 3 y 4, de éste, la obligación de velar por la compatibilidad con el Derecho de la Unión de los Memorandos de Entendimiento concluidos por dicho Mecanismo. Por consiguiente, esta institución conserva, en el marco de dicho Tratado, su función de guardiana de los Tratados, como resulta del artículo 17 TUE, apartado 1, por lo que debería abstenerse de firmar un memorándum de entendimiento respecto al que albergara dudas sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión.

(véanse los apartados 54, 55, 58 y 59)
El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que el régimen de la responsabilidad extracontractual de un Estado miembro por el daño causado por la infracción de ese Derecho no ha de aplicarse en relación con un daño supuestamente causado a un particular como consecuencia de la presunta vulneración de una libertad fundamental, prevista en los artículos 49 TFUE, 56 TFUE o 63 TFUE, por una normativa nacional aplicable indistintamente a los nacionales de ese Estado miembro y a los nacionales de otros Estados miembros, cuando, en una situación en la que todos sus elementos están circunscritos al interior de un Estado miembro, no exista ningún vínculo entre el objeto o las circunstancias del litigio principal y dichos artículos.

A este respecto, el Tribunal de Justicia, al que se dirige un órgano jurisdiccional nacional en el contexto de una situación en la que todos sus elementos están circunscritos al interior de un único Estado miembro, no podría, sin contar con más indicación de este órgano jurisdiccional que la que pone de relieve que la normativa nacional en cuestión es indistintamente aplicable a los nacionales del Estado miembro de que se trate y a los nacionales de otros Estados miembros, considerar que la petición de interpretación con carácter prejudicial referida a las disposiciones del Tratado FUE relativas a las libertades nacionales le resulta necesaria para resolver el litigio del que conoce. En efecto la resolución de remisión debe poner de manifiesto los elementos concretos que permiten establecer un vínculo entre el objeto o las circunstancias de un litigio, en el que todos sus elementos están circunscritos al interior del correspondiente Estado miembro, y los artículos 49 TFUE, 56 TFUE o 63 TFUE. Por consiguiente, en el contexto de una situación en la que todos sus elementos están circunscritos al interior de un único Estado miembro, incumbe al órgano jurisdiccional remitente indicar al Tribunal de Justicia, de conformidad con lo exigido por el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en qué medida, a pesar de su carácter meramente interno, el litigio del que conoce presenta un elemento de conexión con las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a las libertades fundamentales que hace necesaria una interpretación con carácter prejudicial para resolver dicho litigio.

(véanse los apartados 54, 55 y 58 y el fallo)
El artículo 555, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92 por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2286/2003, debe interpretarse en el sentido de que los vuelos realizados a título oneroso para la formación de pilotaje de un helicóptero, a bordo del cual se embarcan un alumno piloto y un instructor de vuelo, no deben considerarse un uso comercial de un medio de transporte en el sentido de la citada disposición.

En efecto, el Reglamento n.o 2286/2003 no sólo excluyó del concepto de uso comercial el transporte de personas a título gratuito, sino que también hizo de la finalidad de la utilización el factor determinante. En consecuencia, este concepto no cubre todas las actividades económicas en las que interviene un medio de transporte y en el marco de las cuales se lleva a cabo un transporte de personas en sentido amplio, sino que únicamente se refiere a aquellas cuya finalidad es el transporte, entre otros, de personas. Pues bien, en circunstancias en las que los medios de transporte se utilizan con fines de formación, el transporte de personas, suponiendo que haya tenido lugar, no es sino el corolario de la actividad de formación que, como objeto principal del contrato, es la prestación de servicios en contrapartida de la cual los alumnos pilotos han pagado una remuneración.

(véanse los apartados 34, 35 y 43 y el fallo)
El artículo 27, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento n.o 601/2012, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87, en su versión modificada por el Reglamento n.o 206/2014, debe interpretarse en el sentido de que las pérdidas de carbón resultantes del proceso de calentamiento natural de éste durante su almacenamiento en un parque que forma parte de una instalación en el sentido del artículo 3, letra e), de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, en su versión modificada por la Decisión n.o 1359/2013, no pueden considerarse carbón exportado fuera de dicha instalación.

En efecto, tanto el texto del artículo 27, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento n.o 601/2012, en donde se recurre al concepto de «exportación» y no al de «pérdida», como el objetivo perseguido por dicho Reglamento de garantizar un seguimiento y una notificación exhaustivos que abarquen, como precisa el artículo 5 de dicho Reglamento, todas las emisiones de proceso y de combustión de todas las fuentes de emisión y flujos fuente correspondientes a las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87, así como las emisiones de todos los gases de efecto invernadero asociados específicamente con esas actividades, pero evitando su doble contabilización, justifican que tales pérdidas de combustibles no se consideren carbón exportado fuera de la instalación en el sentido del artículo 27, apartado 2, párrafo primero, de dicho Reglamento.

(véanse los apartados 39 y 40 y el punto 2 del fallo)
Una acción de restitución del pago indebido basada en el enriquecimiento sin causa que tiene su origen en la devolución de una multa impuesta en el marco de un procedimiento en materia de Derecho de la competencia no está comprendida en la «materia civil y mercantil» en el sentido del artículo 1 del Reglamento n.o 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

En efecto, si bien determinados litigios surgidos entre una autoridad pública y una persona de Derecho privado pueden estar comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 44/2001, la situación es distinta cuando la autoridad pública actúa en ejercicio del poder público. A fin de determinar si éste es el caso, es preciso identificar la relación jurídica que existe entre las partes del litigio y analizar el fundamento y las modalidades de ejercicio de la acción entablada.

En cuanto a la relación jurídica que existe entre las partes del litigio, es preciso señalar que, aunque las acciones privadas ejercitadas para garantizar el respeto del Derecho de la competencia están comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 44/2001, es cierto, en cambio, que una sanción impuesta por una autoridad administrativa en el ejercicio de su potestad normativa atribuida en virtud de la legislación nacional está comprendida en la «materia administrativa», excluida del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 44/2001 conforme al artículo 1, apartado 1, de éste. Lo mismo ocurre, en particular, con las multas aplicadas por infracción de disposiciones de Derecho nacional que prohíben las restricciones de la competencia. De ello se deduce que un litigio en el que una autoridad de competencia pretende obtener de una empresa el pago de un crédito derivado de una multa que ella misma impuso a esta empresa está comprendido en la materia administrativa.

En cuanto a las modalidades de ejercicio de la acción entablada, el hecho de que la autoridad de competencia haya interpuesto un recurso ante los tribunales civiles no tiene incidencia alguna al respecto. En efecto, independientemente de la naturaleza del procedimiento de que disponga al efecto con arreglo al Derecho nacional, el hecho de que un demandante pretenda recuperar gastos sobre la base de un derecho de crédito que deriva de un acto de poder público basta para que su acción se considere excluida del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 44/2001.

(véanse los apartados 32 a 34, 38 a 40 y 43 y el fallo)
Asunto C‑224/15 P

Rose Vision, S.L.,

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Proyectos financiados por la Unión Europea en el ámbito de la investigación — Auditorías que aprecian irregularidades en la ejecución de determinados proyectos — Decisiones de la Comisión de suspender los pagos en el marco de determinados proyectos — Recurso por responsabilidad — Desestimación — Motivación» — Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera)»

de 26 de mayo de 2016

Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente o contradictoria — Admisibilidad — Alcance de la obligación de motivación — Alcance del control del Tribunal de Justicia sobre las sentencias del Tribunal General

(Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)

La motivación de la sentencia recurrida debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional.

No obstante, la obligación de motivación no exige al Tribunal General que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio y la motivación puede ser, pues, implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control.

La cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal General es contradictoria o insuficiente constituye una cuestión de Derecho que como tal puede ser alegada en el marco de un recurso de casación.

(véanse los apartados 24 a 26)