Asunto C‑574/17 P

Comisión Europea

contra

Combaro SA

«Recurso de casación — Unión aduanera — Reglamento (CEE) n.o 2913/92 — Artículo 239 — Condonación de derechos de importación — Importación de tejido de lino de Letonia entre 1999 y 2002 — Situación especial — Obligaciones de vigilancia y control — Corrupción alegada de las autoridades aduaneras — Certificado de circulación no auténtico — Confianza mutua»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de julio de 2018

Recursos propios de la Unión Europea — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Existencia de una situación especial — Comunicación, en el marco de una cooperación administrativa, de los resultados del control por las autoridades del Estado miembro de exportación a la Comisión — Carácter no vinculante de esa comunicación — Decisión de la Comisión basada en el control a posteriori de la autenticidad de los certificados EUR.1 llevado a cabo por las autoridades del Estado de exportación — Control deficiente por parte de la Comisión de la correcta aplicación del Acuerdo de Asociación CEE-Letonia — Inexistencia

[Protocolo n.o 3 al Acuerdo de Asociación CEE-Letonia, arts. 17 y 32; Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, art. 239]

El sistema de cooperación administrativa establecido por un protocolo que enuncia, en un anexo de un acuerdo concluido entre la Unión y un tercer país, reglas relativas al origen de productos se basa en una confianza mutua entre las autoridades de los Estados miembros de importación y las del país de exportación. Por ello, en lo tocante al control a posteriori de los certificados EUR.1 expedidos por el Estado de exportación, las conclusiones y apreciaciones llevadas a cabo legalmente por las autoridades de ese último se imponen, en principio, a las autoridades del Estado miembro de importación. Estos principios son plenamente relevantes en lo que respecta a la aplicación del Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Letonia, por otra, y deben, además, ser extrapolados, mutatis mutandis, a las relaciones entre la Comisión y las autoridades aduaneras del país de exportación cuando dicha institución se pronuncie sobre la autenticidad de los certificados de circulación de las mercancías para apreciar la existencia de una situación especial a efectos del artículo 239 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92, por el que se aprueba el código aduanero comunitario.

La confianza otorgada a las autoridades aduaneras del país de exportación no implica que la Comisión no pueda, en ningún caso, tener que llevar a cabo investigaciones para determinar la autenticidad de los certificados de circulación de las mercancías. Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que la Comisión puede estar obligada a tomar medidas concretas para verificar la autenticidad de dichos certificados y que una omisión a este respecto podía constituir una situación especial. No obstante, esa solución fue planteada en presencia de circunstancias muy específicas, relativas a que las autoridades aduaneras del país de exportación habían formulado apreciaciones relativas a esos certificados que incurrían en ambigüedades e incoherencias. Por el contrario, esa confianza no puede cuestionarse sobre la base del examen de un elemento de los certificados controvertidos, como los sellos estampados sobre ellos. Por otra parte, el hecho de que las conclusiones de las autoridades aduaneras del país de exportación se limiten a breves afirmaciones y que no haya quedado acreditado que una confirmación posterior fuera resultado de nuevas verificaciones no puede privar a las posiciones adoptadas por esas autoridades de su valor, dado que el citado Acuerdo de Asociación no prevé ningún requisito formal concreto a este respecto y que las autoridades aduaneras de la Unión están vinculadas por los resultados de un control a posteriori, incluso cuando estos son comunicados sin ninguna motivación o bajo la forma de una firma estampada en un acta redactada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude al término de una investigación.

(véanse los apartados 50 a 53, 57 a 59, 72 y 76)