Asunto C-167/02 P

Willi Rothley y otros

contra

Parlamento Europeo

«Recurso de casación – Acto del Parlamento relativo a las condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude – Recurso de anulación – Admisibilidad – Independencia e inmunidad de los miembros del Parlamento – Confidencialidad de los trabajos de las comisiones de investigación parlamentarias – Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) – Facultades de investigación»

Sumario de la sentencia

1. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Interpretación contra legem del requisito relativo a la necesidad de resultar individualmente afectadas – Improcedencia

(Art. 230 CE, párr. 4)

2. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Acto del Parlamento dirigido indistintamente a sus miembros actuales o futuros – Inadmisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4; Reglamento interno del Parlamento Europeo)

3. Comunidades Europeas – Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones – Actos de alcance general – Necesidad de que las personas físicas o jurídicas utilicen la vía de la excepción de ilegalidad o de la cuestión prejudicial de apreciación de validez

(Arts. 230 CE, párr. 4, 234 CE y 241 CE)

4. Derecho comunitario – Principios – Derecho a una tutela judicial efectiva – Inadmisibilidad del recurso de determinados miembros del Parlamento Europeo contra un acto de la institución por el que se modifica su Reglamento y que se refiere a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) – Violación de dicho principio – Inexistencia

1. Una persona física o jurídica únicamente está legitimada para interponer un recurso de anulación contra una decisión de la que no es destinataria si tal acto le afecta no sólo directa, sino también individualmente, de modo que la interpretación del artículo 230 CE, párrafo cuarto, no puede conducir a ignorar este requisito, expresamente previsto en el Tratado, sin sobrepasar las competencias que éste atribuye al juez comunitario.

(Véase el apartado 25)

2. Un acto del Parlamento que se dirige indistintamente a los miembros de esta institución que forman parte de él en el momento de su entrada en vigor así como a cualquier otra persona que deba ejercer posteriormente las mismas funciones no afecta individualmente, en el sentido del artículo 230 CE, a determinados miembros de éste.

En efecto, dicho acto se aplica, sin limitación temporal, a situaciones objetivamente determinadas y produce sus efectos jurídicos respecto a categorías de personas consideradas de forma general y abstracta, sin afectar de manera particular a determinados miembros del Parlamento.

Esta conclusión no queda en modo alguno desvirtuada por la posibilidad de interponer un recurso de anulación contra un acto de alcance general que el Tribunal de Justicia reconoce a las personas cuya situación específica debe tener en cuenta el autor del auto, puesto que no cabe considerar que, en relación con un acto como el antes mencionado, determinados miembros del Parlamento se encuentren, tampoco en cuanto a los derechos y deberes que caracterizan su estatuto, en una situación específica que permita distinguirlos de los demás miembros del Parlamento afectados y, por ello, los individualice de manera análoga a la de un destinatario.

(véanse los apartados 28 a 30, 33 y 37)

3. Mediante los artículos 230 CE y 241 CE, por un lado, y mediante el artículo 234 CE, por otro, el Tratado ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de las instituciones, confiando dicho control al juez comunitario. En dicho sistema, las personas físicas o jurídicas que, debido a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 230 CE, párrafo cuarto, no puedan impugnar directamente actos comunitarios de alcance general, tienen la posibilidad, según los casos, de invocar la invalidez de tales actos bien de manera incidental ante el juez comunitario, en virtud del artículo 241 CE, bien ante los órganos jurisdiccionales nacionales, e instar a estos órganos, que no son competentes para declarar por sí mismos la invalidez de tales actos, a que soliciten un pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre este extremo por medio de la cuestión prejudicial.

(véase el apartado 46)

4. Nada permite considerar que determinados miembros del Parlamento Europeo carecerían de tutela judicial efectiva si no se les reconociera legitimación para interponer ante el juez comunitario un recurso de anulación contra una decisión del Parlamento, relativa a la modificación de su Reglamento, tras la adopción del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Por un lado, en efecto, las disposiciones de esta decisión relativas a la cooperación con la OLAF o a la información de ésta tienen por objeto, sea cual sea su alcance exacto, imponer obligaciones a los miembros del Parlamento, de modo que corresponde a estos últimos, en primer término, hacer efectivas tales obligaciones, o bien no someterse a ellas si tienen la convicción de que pueden hacerlo sin vulnerar el Derecho comunitario. Si, en un caso concreto, uno de los miembros del Parlamento adopta esta última actitud, los eventuales actos posteriores que adopte el Parlamento respecto a dicho diputado y que le resulten lesivos, podrán ser objeto, en principio, de control jurisdiccional.

Por otro lado, en lo que atañe a las diversas medidas que la OLAF podría llegar a adoptar en el ejercicio de sus facultades de investigación, nada permite considerar que, cuando tales medidas afectan, en particular, a alguno de los diputados del Parlamento, estos últimos carecen de toda tutela judicial efectiva frente a dichas medidas, pues las normas que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios, ya se trate de la interposición de recursos directos ante éstos o de peticiones de decisión prejudicial dirigidas al Tribunal de Justicia a iniciativa de un órgano jurisdiccional nacional, deben interpretarse en particular a la luz del principio de la tutela judicial efectiva.

(véanse los apartados 48 a 50)