SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 11 de julio de 1996

Asunto T-102/95

Jean-Pierre Aubineau

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Agentes temporales — Contrato de trabajo — Traslado — Lugar de destino»

Texto completo en lengua francesa II-1053

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por un lado, la anulación de la decisión del Director General del Centro Común de Investigación, contenida en su escrito de 27 de febrero de 1995, por la que se destina de oficio al demandante a Ispra como Consejero del Director del Instituto de Ingeniería de Sistemas e Informática y, por otro, la indemnización del daño moral alegado por el demandante.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

En marzo de 1987, el Centro Común de Investigación (en lo sucesivo, «CCI») contrató al demandante como agente temporal del servicio científico y técnico para ejercer las funciones de Jefe de la División de Informática del CCI en Ispra.

El traslado de oficio de que fue objeto en 1991 dio lugar a un litigio que se saldó en un acuerdo transaccional contenido en una cláusula adicional de su contrato de trabajo fechado en febrero de 1993, a cuyo tenor el contrato de agente temporal del demandante quedaba transformado en un contrato de duración indeterminada, y su lugar de destino era Bruselas.

En la perspectiva de dicho acuerdo, el 1 de noviembre de 1992, el demandante fue destinado a la Dirección General del CCI en Bruselas y puesto a disposición de la Dirección General de Relaciones Exteriores (en lo sucesivo, «DG I») como consejero en la Dirección de Programas.

A partir del 1 de octubre de 1993 el interesado fue puesto a disposición de la Oficina Humanitaria de las Comunidades Europeas. El 1 de febrero de 1995 se reincorporó a la Dirección General del CCI. El 27 de febrero de 1995 el Director General del CCI informó al demandante de que en el CCI no había ningún puesto de trabajo correspondiente a su categoría en Bruselas y que, en consecuencia, se le destinaba a Ispra como Consejero del Director del Instituto de Ingeniería de Sistemas e Informática, con efecto al 1 de abril de 1995. El 31 de marzo de 1995 se aplazó la fecha de su incoiporación al servicio en Ispra al 1 de mayo de 1995 para permitirle buscar un puesto de trabajo en Bruselas. El 7 de abril de 1995 el demandante presentó una reclamación que fue desestimada.

Sobre las pretensiones de anulación

Sobre los motivos primero y segundo basados en el incumplimiento del contrato de trabajo del demandante y en la infracción del artículo 7 del Estatuto

La obligación que incumbe a las Instituciones comunitarias de destinar a su personal únicamente en interés del servicio se aplica incluso cuando puede suponer una modificación del lugar de destino no deseada por el interesado. Esta modificación, si bien puede causarle inconvenientes familiares y problemas económicos, no constituye un acontecimiento anormal e imprevisible en la carrera de un funcionario, ya que los lugares de trabajo en los que puede ser destinado están repartidos por varios Estados miembros y la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos puede verse obligada a afrontar exigencias del servicio que le impongan la obligación de acordar el traslado. Tal conclusión se impone con más razón en el caso de agentes temporales cuyo contrato de trabajo puede extinguirse, mediando un preaviso de tres meses. Tampoco tiene ningún fundamento en el sistema del Estatuto la tesis según la cual normalmente no debería tener lugar un cambio de destino sin el consentimiento del interesado; semejante criterio produciría el efecto de limitar de forma intolerable la libertad de disposición de las Instituciones en la organización de sus servicios y en su adaptación a la evolución de las necesidades (apartados 28 y 29).

Referencia: Tribunal de Justicia. 14 de julio de 1977, Geist/Comisión (61/76, Rec. p. 1419), apartado 34; Tribunal de Justicia, 24 de febrero de 1981, Carbognaniy Coda Zabetta/Comisión (asuntos acumulados 161/80 y 162/80, Rec. p. 543), apartado 28; Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1988, Aldingery otros/Parlamento (asuntos acumulados 23/87 y 24/87, Rec. p. 4395), apartados 17 y 18

Sin embargo, de ello no se desprende que el acuerdo transaccional y la cláusula adicional del contrato controvertido carezcan de efectos jurídicos en la medida en que modifican el destino del demandante. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia considera que, al cambiar el destino del demandante al CCI de Bruselas en las circunstancias del presente asunto, la Comisión se comprometió a adoptar todas las medidas razonables para permitirle permanecer en Bruselas en tanto ello fuera compatible con el interés del servicio. El Tribunal de Primera Instancia considera que en el presente procedimiento el demandante no demostró el correspondiente interés del servicio (apartados 31a 34).

Sobre el motivo basado en la violación del principio de buena administración

El Tribunal de Primera Instancia afirma que la Comisión no violó el principio de buena administración dado que el demandante ya no ejercía función alguna en Bruselas desde finales de enero de 1995 y que, en cualquier caso, los puestos de trabajo vacantes a los cuales podía optar debían ser objeto de comunicación a todos los miembros del personal de la Comisión independientemente de su lugar de destino. El Tribunal de Primera Instancia considera incluso que la Comisión procedió a una interpretación de su deber de asistencia y protección especialmente favorable para el demandante, al permitirle permanecer en Bruselas hasta el 1 de mayo de 1995 sin desarrollar ninguna actividad con el fin de que pudiera encontrar un puesto de trabajo correspondiente a su grado y a su perfil profesional (apartado 38).

Sobre el motivo basado en la violación del principio de protección de la confianza legítima

El alcance del principio de protección de la confianza legítima está determinado por las circunstancias a las que se aplica y, especialmente, por las relaciones entre las partes interesadas. Por lo tanto, este principio no puede reportar al demandante derechos más importantes que aquellos que puedan corresponderle en virtud de su contrato, posteriormente modificado, y del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas. De ello se deduce que el demandante habría podido albergar su confianza legítima en que permanecería en Braselas únicamente en la medida en que se le hubiera asignado un trabajo. El Tribunal de Primera Instancia considera que, a falta de trabajo correspondiente a su grado y a sus cualificaciones, el demandante no podía esperar que su destino en Bruselas fuera mantenido indefinidamente (apartados 44 a 46).

El Tribunal de Primera Instancia señala que el demandante no ha demostrado a qué otro puesto del servicio podría haber sido destinado. Dado que la Comisión no extinguió el contrato del demandante, sino que cambió su destino a Ispra, dicha Institución adoptó la única decisión distinta que, al mismo tiempo, correspondía a su propia obligación de actuar según los intereses del servicio. Si la solución que escogió la Comisión era inaceptable para el demandante, éste podría haber extinguido el contrato de pleno derecho mediante un preaviso de tres meses (apartado 47).

Sobre las pretensiones de indemnización

Habida cuenta de que no se ha demostrado la ilegalidad del comportamiento imputado por el demandante a la Comisión con motivo del cambio de destino del primero a Ispra, el Tribunal de Primera Instancia desestima la petición de que se le conceda 1 ECU simbólico a causa del daño moral supuestamente sufrido. En lo que se refiere a los posibles gastos en que había incurrido con motivo de su desplazamiento a Ispra, el Tribunal de Primera Instancia declara que no se ha demostrado que el demandante tuviera que atenderlos personalmente. Además, no se ha rebatido el hecho de que el demandante contara con las indemnizaciones estatutarias relativas al cambio de su lugar de destino (apartados 52 y 53).

Sobre la petición del demandante de que se excluyan determinados documentos de los debates

El Tribunal de Primera Instancia considera que no es necesario pronunciarse sobre la petición del demandante de que se excluyan de los debates dos documentos que la Comisión acompañó a su escrito de contestación (apartado 55).

Fallo:

Se desestima el recurso.