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52

Con carácter preliminar, procede señalar que las alegaciones mediante las que las recurrentes impugnan la evaluación de los hechos por el Tribunal General no pueden admitirse con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 32 de la presente sentencia, dado que las recurrentes no han alegado una desnaturalización de los hechos y de las pruebas que examinó el Tribunal General. Este es el caso de las alegaciones mediante las que se rebate la valoración, recogida en el apartado 47 de la sentencia recurrida, del objeto de las medidas adoptadas por las entidades denunciadas. Tampoco pueden admitirse las alegaciones relativas a la amplitud de las facultades discrecionales de las autoridades y de los órganos jurisdiccionales nacionales, a su supuesta incompetencia y al hecho de que las inspecciones no revelaron inicialmente ninguna irregularidad. Por último, las alegaciones que cuestionan la valoración, en los apartados 59 y 64 de la sentencia recurrida, del alcance geográfico de la infracción alegada son inadmisibles. En estas circunstancias, no es necesario por otra parte pronunciarse sobre la admisibilidad de los documentos aportados por las recurrentes como anexo del escrito de réplica para ilustrar la amplitud, en particular territorial, de los comportamientos reprochados a las entidades denunciadas.
34

El primer supuesto en el que el artículo 218 TFUE, apartado 8, exige unanimidad es de naturaleza bien distinta, puesto que está relacionado con el ámbito al que se refiere el acto adoptado y, por tanto, al contenido mismo de este último. En este caso, el hecho de que una decisión por la que se aplica un acuerdo internacional de la Unión, mediante una acción que debe adoptar un organismo decisorio creado por dicho acuerdo, no esté comprendida en la excepción establecida en el artículo 218 TFUE, apartado 9, in fine, no permite extraer ninguna conclusión respecto a la cuestión de si dicha decisión se refiere o no a un ámbito en el que se exige unanimidad para la adopción de un acto de la Unión y, por ello, de conformidad con el primer supuesto recogido en el artículo 218 TFUE, apartado 8, párrafo segundo, dicho acto debe adoptarse por unanimidad.
17

En relación con este último particular, con arreglo al artículo 2, letra f), del Reglamento n.o 261/2004 el «billete» es un documento o equivalente no impreso, incluido el electrónico, expedido o autorizado por un transportista aéreo o por un agente autorizado por este. De dicha definición se desprende que en cualquiera de los casos los distintos aspectos del billete (también su precio) deben haber sido autorizados por el transportista aéreo, si es que el billete no ha sido expedido por este, y que por tanto no pueden fijarse a sus espaldas.
18

Aviabaltika sostiene que, para satisfacer su crédito, Ūkio bankas debe, con arreglo a la Directiva 2002/47, en particular el artículo 4 de esta, utilizar los fondos que Aviabaltika le entregó en concepto de esa garantía y no otros activos que le pertenezcan. Aviabaltika afirma, además, que, si se estimaran las pretensiones de Ūkio bankas, no podría recuperar dichos fondos en el procedimiento de insolvencia y, en la práctica, tendría que pagar una segunda vez a este banco el importe de la garantía financiera. Ūkio bankas considera, en cambio, que, en virtud de las disposiciones nacionales en materia bancaria y en materia de insolvencia, tales fondos han pasado a formar parte de la masa de la quiebra y no pueden ser utilizados para satisfacer sus propios créditos. Añade que, con arreglo a la citada Directiva, como beneficiario de la garantía financiera, tiene el derecho y no la obligación de utilizar los fondos depositados en este concepto y puede optar por satisfacer su crédito con cargo a otros activos de Aviabaltika.
22

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si tal interpretación del concepto de «roturación» es conforme con la Directiva 2011/92. Es cierto que del tenor del punto 1, letra d), del anexo II de dicha Directiva se desprende que únicamente están previstas las talas hechas a fin de transformar la naturaleza del uso del suelo. Por consiguiente, cabe considerar que la tala de una franja de bosque que no supone tal transformación, sino que se realiza con la intención declarada de conservar el bosque, no puede calificarse de «talas de masas forestales con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo», en el sentido de dicha disposición.
46

En tercer lugar, en lo que respecta al Convenio relativo a la Intervención en Alta Mar de 1969, procede señalar, por un lado, que la Unión no se ha adherido a dicho instrumento y, por otro lado, que no puede considerarse que la Unión haya sustituido a sus Estados miembros, aunque solo sea porque no todos ellos son parte de dicho Convenio. En consecuencia, el referido Convenio no vincula a la Unión, y el Tribunal de Justicia no es competente para interpretarlo, como tal, en el marco de una petición de decisión prejudicial (véase, por analogía, la sentencia de 24 de junio de 2008, Commune de Mesquer, C‑188/07, EU:C:2008:359, apartado 85).
22

Tras haber examinado si tenía o no competencia, con arreglo al artículo 15 del Reglamento n.o 650/2012, el Amtsgericht Schöneberg (Tribunal de lo Civil y Penal de Schöneberg), mediante resoluciones de 17 de noviembre y de 28 de noviembre de 2016, se declaró incompetente para pronunciarse sobre la mencionada solicitud, al considerar que las disposiciones del artículo 105 y del artículo 343, apartado 3, de la FamFG no podían aplicarse para determinar la competencia internacional, sin infringir el artículo 4 del Reglamento n.o 650/2012, en virtud del cual los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su última residencia habitual tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión.
20

No obstante, en aplicación del artículo 31, apartado 2, segunda frase, de la Ley del impuesto sobre sociedades, las pérdidas sufridas por un establecimiento permanente, situado en Dinamarca, de una sociedad no residente que sea miembro del grupo, únicamente podrán imputarse a los rendimientos del grupo sujetos a tributación en Dinamarca en caso de que tales pérdidas no puedan tenerse en cuenta para el cálculo de la base imponible de la sociedad no residente en virtud de la normativa del Estado en el que está establecida. La misma disposición prevé que este requisito no es aplicable en el supuesto —que no es objeto de las cuestiones prejudiciales— de que el grupo haya optado por el régimen de la integración fiscal internacional.
25

Por último, la Comisión señala que, en respuesta a los requerimientos, las autoridades belgas alegaron que, mediante la Circular AGFisc n.o 22/2016, procedieron a flexibilizar la doctrina fiscal, al permitir la aplicación de un valor establecido por las autoridades del otro Estado en cuyo territorio se sitúe el inmueble propiedad del residente en Bélgica, en lugar de aplicar el valor arrendaticio real. No obstante, según la Comisión, esa flexibilización solo afectaba a los inmuebles no arrendados y no era jurídicamente vinculante para la Administración tributaria belga, además de que estaba contemplada en una circular, cuyo rango jurídico es inferior al de las disposiciones del CIR 92. Además, la Comisión observa que los valores arrendaticios calculados por las autoridades extranjeras al establecer sus impuestos no siempre son inferiores a las rentas por alquiler reales obtenidas en el mercado inmobiliario.
10

El artículo 49 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley relativa a la protección de las marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «Markengesetz»), titulado «Caducidad», establece, en su apartado 1, lo siguiente: «A petición del interesado, se procederá a la cancelación de la inscripción de la marca en el Registro por razón de su caducidad si, después de su fecha de registro, ésta no ha sido utilizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 durante un período ininterrumpido de cinco años. Sin embargo, no podrá invocarse la caducidad de una marca si, tras la expiración de dicho período y antes de la presentación de la solicitud de cancelación de la inscripción, se hubiera iniciado o reanudado el uso de la marca de conformidad con el artículo 26. El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud de cancelación de la inscripción, plazo que empezará a correr tras un período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso únicamente se hubieren producido después de haberse enterado el titular de la marca de que la solicitud de cancelación de la inscripción podría ser presentada. Cuando la solicitud de cancelación de la inscripción a que se hace referencia en el artículo 53, apartado 1, se haya presentado ante la Oficina de patentes, dicha solicitud será determinante para el cálculo del plazo de tres meses mencionado en la tercera frase, si el recurso mediante el que se solicita la cancelación de la inscripción en virtud del artículo 55, apartado 1, se interpone en el plazo de tres meses desde la notificación de la comunicación a que se refiere el artículo 53, apartado 4.»
40

Por otra parte, es preciso señalar que, tanto en el documento titulado «Guidance Document n.o 2 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 (Guidance on allocation methodologies)» [documento de orientación n.o 2 sobre el método armonizado de asignación gratuita en la Unión Europea después de 2012 (guía de métodos de asignación)], página 22, de 14 de abril y 29 de junio de 2011, como en el titulado «Guidance Document n.o 8 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 — Waste gases and process emissions sub-installation» (documento de orientación n.o 8 sobre el método armonizado de asignación gratuita en la Unión Europea después de 2012 — Gases residuales y subinstalaciones con emisiones de proceso), páginas 4 a 6, de 14 de abril y 6 de septiembre de 2011, publicados en el sitio de Internet de la Comisión, la referida institución se ocupa únicamente de las emisiones generadas por el carbono parcialmente oxidado procedente de gases residuales.
35

El Gobierno alemán alega, con carácter preliminar, que el litigio principal no está incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo Marco. En efecto, según dicho Gobierno, la extinción del contrato de trabajo en la fecha en la que el trabajador alcanza la edad de jubilación no puede llevar a calificar la relación laboral de «contrato de duración determinada». Añade que no cabe considerar que tal contrato establezca una relación laboral de breve duración, ya que puede transcurrir un período de varias décadas entre la celebración del contrato de trabajo y la fecha de la jubilación ordinaria. Del mismo modo, prosigue el Gobierno alemán, el aplazamiento por las partes de la fecha de extinción del contrato de trabajo está supeditada a la continuación ininterrumpida del contrato de trabajo preexistente, sin que pueda hablarse, por tanto, de celebración de un nuevo contrato de trabajo de duración determinada.
1)

Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben: – En virtud del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, así como del anexo I, A y nota a pie de página 1, de esta Directiva, en su versión modificada, al no haber velado por que las aguas recogidas en un sistema combinado de aguas residuales urbanas y aguas pluviales fueran almacenadas y canalizadas para su tratamiento, con arreglo a lo exigido en dicha Directiva, en su versión modificada, en las aglomeraciones de Athlone, Cork City, Enniscorthy con la excepción del townland de Killagoley, Fermoy, Mallow, Midleton, Ringaskiddy y Roscommon Town. – En virtud del artículo 4, apartados 1 y/o 3, de la Directiva 91/271, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1137/2008, en relación con el artículo 10 y el anexo I, B, de esta Directiva, en su versión modificada, al no haber puesto en marcha un tratamiento secundario o un proceso equivalente en las aglomeraciones de Arklow, Athlone, Ballybofey/Stranorlar, Cobh, Cork City, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Killybegs, Mallow, Midleton, Passage/Monkstown, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Shannon Town, Tubbercurry y Youghal. – En virtud del artículo 5, apartados 2 y 3, de la Directiva 91/271, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1137/2008, en relación con el artículo 10 y el anexo I, B, de esta Directiva, en su versión modificada, al no haber velado por que las aguas residuales urbanas que entran en los sistemas de recogida de las aglomeraciones de Athlone, Cork City, Dundalk, Enniscorthy con excepción del townland de Killagoley, Fermoy, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Navan, Nenagh, Portarlington, Ringsend, Roscrea y Tralee fueran sometidas, antes de verterse en zonas sensibles, a un tratamiento más riguroso que el descrito en el artículo 4 de dicha Directiva, en su versión modificada, y de conformidad con lo prevenido en el anexo I, B, de la misma Directiva, en su versión modificada. – En virtud del artículo 12 de la Directiva 91/271, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1137/2008, al no haber velado por que el vertido de las aguas residuales procedentes de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales urbanas de las aglomeraciones de Arklow y Castlebridge fuera objeto de reglamentación previa y/o de autorizaciones específicas.
La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite a un empleador extinguir, en la fecha en que finaliza el período lectivo, la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico por el hecho de que, en esa fecha, ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento, mientras que se mantiene la relación de servicio por tiempo indefinido de los docentes que son funcionarios de carrera.

En efecto, el hecho de que, en la fecha de finalización de las clases, no se extinga la relación de servicio de los docentes que son funcionarios de carrera o de que esta relación no se suspenda es inherente a la propia naturaleza de la relación de servicio de estos empleados. En efecto, estos están llamados a ocupar una plaza permanente precisamente porque su relación de servicio es por tiempo indefinido.

En cuanto a las relaciones de servicio de duración determinada, como las de los interesados, se caracterizan en cambio, como se desprende de la cláusula 3, apartado 1, del Acuerdo Marco, por el hecho de que el empleador y el empleado acuerdan, cuando se inicia la relación, que esta se extinguirá cuando se produzca una circunstancia fijada de manera objetiva, como la finalización de una tarea determinada, el advenimiento de un acontecimiento concreto o, incluso, una fecha concreta (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de junio de 2018, Grupo Norte Facility,C‑574/16, EU:C:2018:390, apartado 57, y Montero Mateos, C‑677/16, EU:C:2018:393, apartado 60).

En estas circunstancias, en la medida en que, como se ha recordado fundamentalmente en los apartados 33 y 36 de la presente sentencia, el Acuerdo Marco reconoce en principio la legitimidad de recurrir a relaciones de servicio por tiempo indefinido y también de hacerlo a relaciones de servicio de duración determinada, y, en la medida en que no establece en qué condiciones se puede hacer uso de unas y de otras, no cabe sancionar, sobre la base de dicho Acuerdo, una diferencia de trato como la que es objeto del litigio principal, consistente en el mero hecho de que una relación de servicio de duración determinada se extingue en una fecha dada, mientras que una relación de servicio por tiempo indefinido no se extingue en esa fecha.

(véanse los apartados 43, 44, 46 y 54 y el punto 1 del fallo)
Las disposiciones de la Directiva 2002/22, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), en su versión modificada por la Directiva 2009/136, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en una situación como la examinada en el litigio principal, un Estado miembro imponga una obligación de transmisión a empresas que, sin ser suministradoras de redes de comunicaciones electrónicas, ofrecen el visionado de programas de televisión en flujo continuo y en directo en Internet.

A este respecto, procede señalar que, en virtud del artículo 1, apartado 3, de la Directiva marco, las directivas que integran el marco regulador común no afectan a las medidas adoptadas a escala nacional, en cumplimiento del Derecho de la Unión, destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular en lo que respecta a la normativa sobre contenidos y a la política audiovisual. Por tanto, la Directiva servicio universal ofrece a los Estados miembros la posibilidad de imponer obligaciones de transmisión al margen de las obligaciones mencionadas en su artículo 31, apartado 1, entre otras a las empresas que, sin ser suministradoras de redes de comunicaciones electrónicas, ofrecen el visionado de programas de televisión en flujo continuo y en directo en Internet. Es cierto que, al imponer obligaciones de transmisión a empresas a las que no se aplica el artículo 31, apartado 1, de la Directiva servicio universal, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión, y en particular las normas relativas a la libre prestación de servicios establecida en el artículo 56 TFUE.

(véanse los apartados 25, 27, 29 y 36 y el punto 2 del fallo)
El artículo 67 TFUE, apartado 2, y el artículo 21 del Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen), en la redacción que le da el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la legislación de un Estado miembro que, como sucede con la controvertida en los litigios principales, obliga a cualquier empresa de autocares de línea que atraviese una frontera interior Schengen, con destino al territorio de dicho Estado miembro, a controlar el pasaporte y el permiso de residencia de los pasajeros antes de cruzar la frontera interior, con el fin de prevenir el transporte de nacionales de países terceros que carezcan de dichos documentos de viaje al territorio nacional, y que prevé, a efectos del cumplimiento de dicha obligación de control, la adopción por las autoridades policiales de órdenes de prohibición de dicho transporte, con apercibimiento de imposición de multa coercitiva, contra empresas de transportes cuando se constate que han transportado en ese territorio a nacionales de países terceros que carezcan de esos mismos documentos de viaje. Pues bien, el hecho de que en el caso de autos los controles que son controvertidos en los litigios principales se caractericen por el vínculo particularmente estrecho que guardan con el cruce de una frontera interior, que es precisamente su hecho generador, resulta especialmente revelador de un «efecto equivalente a las inspecciones fronterizas», a los efectos del artículo 21, letra a), del Reglamento n.o 562/2006.

(véanse los apartados 68 y 73 y el fallo)
Tanto el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, como el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 2007/66, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite a unos operadores económicos interponer recurso contra las decisiones del poder adjudicador referidas a un procedimiento de licitación en el que han decidido no participar por resultar de la normativa aplicable a este procedimiento una altísima probabilidad de no obtener la adjudicación del contrato en cuestión.

No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente apreciar de manera pormenorizada, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes que caracterizan el contexto en que se inscribe el asunto de que conoce, si la aplicación concreta de esta normativa puede afectar al derecho de los operadores económicos de que se trata a la tutela judicial efectiva.

(véanse el apartado 58 y el fallo)
El artículo 10 bis, párrafo quinto, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, debe interpretarse en el sentido de que la exigencia de que determinados procedimientos judiciales en materia de medio ambiente no sean excesivamente onerosos, que dicho artículo enuncia, carece de efecto directo. A falta de transposición de dicho artículo por un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales nacionales de este último deben, no obstante, en la medida de lo posible, interpretar el Derecho interno, a partir de la expiración del plazo previsto para la transposición de dicho artículo, de tal manera que no se impida a los particulares interponer un recurso judicial comprendido en el ámbito de aplicación del mismo artículo, o continuar con dicho recurso, debido a la carga económica que de ello podría resultar.

Cuando no se ha adoptado ningún acto de transposición en el plazo previsto a tal efecto por una directiva, como ocurre en el litigio principal, procede considerar que la obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con la norma no transpuesta se aplica también en las condiciones recordadas en los apartados 39 y 40 de la presente sentencia, a partir de la expiración de dicho plazo. En efecto, en esta última situación, el juez nacional tiene la obligación de interpretar el Derecho interno para llegar, en la medida de lo posible, al resultado previsto por las disposiciones no traspuestas de una directiva, como se ha recordado en el apartado 35 de la presente sentencia. Pues bien, la aplicabilidad inmediata a los efectos futuros de las situaciones existentes de una regla nueva derivada de una directiva, a partir de la expiración del plazo de transposición de esta, forma parte de este resultado, a menos que la directiva en cuestión haya dispuesto otra cosa al respecto. Por tanto, los órganos jurisdiccionales nacionales, a partir de la expiración del plazo de transposición de una directiva no transpuesta, deben interpretar el Derecho nacional de tal forma que los efectos futuros de las situaciones nacidas bajo la vigencia de la ley anterior sean inmediatamente compatibles con las disposiciones de dicha Directiva.

(véanse los apartados 43 a 45)