AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

de 5 de julio de 1996

Asunto T-85/96 R

Francis Alan Clarice

contra

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional

«Funcionarios — Destino — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales»

Texto completo en lengua alemana II-1003

Objeto:

Suspensión de la ejecución de la decisión de la parte demandada relativa al destino del demandante a Tesalónica; mantenimiento provisional de su destino en la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Luxemburgo).

Resultado:

Desestimación.

Resumen del auto

En octubre de 1977, el demandante fue contratado por el demandado (Cedefop) en virtud de un contrato de trabajo por tiempo indefinido. En dicho contrato figuraba como lugar de destino Berlín, ciudad en la que, a la sazón, el Cedefop tenía su sede.

El 1 de septiembre de 1994 el Consejo trasladó a Tesalónica la sede del Cedefop [Reglamento (CE) no 1131/94, de 16 de mayo de 1994, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 337/75 por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional; DO L 127, p. 1].

Un «acuerdo marco» sobre «medidas sociales en relación con el traslado del Cedefop a Tesalónica», de 23 de enero de 1995, celebrado entre el Director del demandado y la delegación del personal, contenía, en particular, disposiciones relativas al nombramiento definitivo del personal (4.1), al supuesto de que el interesado no pudiera abandonar Berlín (4.3) y al establecimiento de un plan individual de movilidad para las personas que no pudieran desplazarse a Tesalónica (4.4).

El 1 de marzo de 1995, el personal del demandado quedó sujeto a las disposiciones aplicables a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas [Reglamento (CE) no 251/95 del Consejo, de 6 de febrero de 1995, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 337/75 por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional; DO L 30, p. 1].

El 1 de abril de 1995, el demandante fue nombrado funcionario en prácticas y, posteriormente, el 1 de enero de 1996, funcionario titular.

Mediante decisiones del demandado de 7 y 31 de julio de 1995, el demandante fue destinado a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Oficina Estadística»), a partir del 1 de septiembre de 1995 (fecha del traslado efectivo del Cedefop a Tesalónica) y hasta el 31 de marzo de 1996. La esposa del demandante fue destinada a Luxemburgo hasta el 1 de marzo de 1996, fecha en la que fue transferida a la Comisión (Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo).

Con posterioridad, el demandado prorrogó en dos ocasiones (escritos de 5 y 22 de abril de 1996) el destino del demandante en la Oficina Estadística, la última vez hasta el 31 de mayo de 1996, fin del «plazo [] para ejercitar el derecho a la movilidad» (escrito de 22 de abril de 1996).

A raíz de una nueva solicitud de prórroga del demandante, el demandado le comunicó que no tenía intención de revocar su decisión de destinarlo a Tesalónica después del 31 de mayo de 1996 (telefax de 21 de mayo de 1996).

Fundamentos de Derecho

Con el fin de demostrar el carácter urgente de su demanda, es decir, la necesidad que existe de pronunciarse con carácter provisional, para evitar que se le cause un perjuicio grave e irreparable, el demandante sostiene que su destino a Tesalónica hasta el 30 de septiembre de 1996 pondría en peligro su traslado a la Oficina Estadística, previsible para el 1 de octubre siguiente. Ahora bien, la letra c) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») no supedita un traslado a la condición de que el interesado trabaje en la Institución a la que pretende ser transferido. Además, a primera vista ninguno de los documentos presentados por el demandante permite deducir que su destino a Tesalónica hasta el 30 de septiembre de 1996 podría comprometer el traslado previsto (apartados 62 y 63).

En relación con el supuesto riesgo de que el demandante y su esposa estuvieren separados hasta el 1 de octubre de 1996, en esta fase y sin prejuzgar la apreciación del asunto principal, debe señalarse que no puede considerarse que el demandante tenga derecho a una prórroga de su destino en Luxemburgo, en particular, por razones familiares. El demandante afirma que la duración de este destino debería haberse calculado en función de su antigüedad en el servicio con arreglo al punto 4.3 del acuerdo marco. Sobre el particular baste señalar que el demandante no ha impugnado la decisión de 7 de julio de 1995 en la parte en que, clara e inequívocamente, fijaba el término del 31 de marzo de 1996. En cuanto a la posibilidad de prórroga prevista en el punto 4.3, antes citado, disposición que, según el demandante, se aplica mutatis mutandis en relación con el punto 4.4 del mismo acuerdo, procede recordar que, aunque se admitiera tal posibilidad, la misma dependería de la facultad discrecional del demandado (apartados 64 a 67).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 29 de marzo de 1996, U/Cedefop (T-24/96 R, RecFP p. II-479), apartado 63

Las mismas consideraciones se aplican a la posibilidad de prórroga prevista en un escrito de 21 de febrero de 1996, dirigido al demandante y a otros interesados y, en términos similares, en una circular de 6 de febrero de 1996, dirigida a todo el personal del demandado. En relación con el supuesto retraso en llevar a cabo la movilidad, es decir, en la posibilidad de solicitar un traslado en el sentido de la letra c) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto, a primera vista, el demandante no ha demostrado que sin dicho supuesto retraso ya habría podido aprovechar un puesto de trabajo vacante en la Oficina Estadística para ser transferido a la misma. Además, la adopción de medidas sobre el cese voluntario no le habría dado la posibilidad de proseguir su carrera profesional en Luxemburgo. Por último, el demandante no ha probado la existencia de un compromiso del demandado frente a la Oficina Estadística que hubiera tenido por objeto el mantenimiento de su destino hasta su traslado efectivo (apartado 67).

En estas condiciones, la presente demanda debe examinarse en relación con la amplia facultad de apreciación de que dispone el demandado para organizar sus servicios y, paralelamente, destinar a su personal. En consecuencia, la suspensión de la ejecución sólo puede justificarse por circunstancias imperativas y excepcionales que pueden causar al interesado un perjuicio grave e irreparable (apartado 68).

Referencia: U/Cedefop, antes citada, apartados 61 a 63

Ahora bien, el período controvertido es especialmente breve, está claramente delimitado y comprende las vacaciones veraniegas (apartado 70).

Además, el interés alegado por el demandante no debe prevalecer sobre el interés del demandado en aplicar el principio según el cual debía presumirse que el demandante proseguiría sus actividades en Tesalónica después del traslado efectivo del servicio (principio recogido en el punto 3 del acuerdo marco). Por un lado, a falta de indicaciones precisas en sentido contrario, su colaboración en el ejercicio de las funciones relacionadas con su puesto de trabajo en Tesalónica debe considerarse necesaria para el normal funcionamiento de los servicios del demandado. El demandante no puede esgrimir las posibles dificultades que, tras su ausencia de dichos servicios desde el 1 de septiembre de 1995, su «integración» causaría en las actividades de éstos, siendo así que dicha ausencia le fue autorizada, esencialmente, en su propio interés. Por otro lado, el riesgo de separación de ambos cónyuges no se deriva de la razón de ser de las medidas de acompañamiento en materia social previstas en el acuerdo marco, a saber, el traslado de la sede del Cedefop, sino del traslado de la esposa del demandante a la Oficina de Publicaciones de Luxemburgo, traslado que fue solicitado por la interesada. El interés que se reconoce a este traslado (tanto para ella misma como para la Oficina de Publicaciones) no puede oponerse al Cedefop en el presente procedimiento. No desvirtúa esta conclusión el mero hecho de que el demandado diera su beneplácito a dicho traslado. En efecto, según el Estatuto, la AFPN no puede oponerse, en principio, al traslado de un funcionario (apartados 71 a 73).

Fallo:

Se desestima la demanda de medidas provisionales.