Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia

(Art. 234 CE)

2. Competencia — Normas comunitarias — Obligaciones de los Estados miembros

(Arts. 10 CE, 81 CE y 82 CE)

3. Libre prestación de servicios — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación

(Art. 49 CE)

4. Libre prestación de servicios — Restricciones

(Art. 49 CE)

Índice

1. Cuando, en el marco de una cuestión prejudicial, todos los elementos del litigio del que conoce el órgano jurisdiccional remitente se circunscriben al interior de un solo Estado miembro, al órgano jurisdiccional remitente le puede resultar útil una respuesta, en particular en el supuesto de que el Derecho nacional obligue a conceder a un nacional de dicho Estado miembro los mismos derechos que el Derecho comunitario reconoce a un nacional de otro Estado miembro que se halle en la misma situación.

(véase el apartado 30)

2. Si bien es verdad que, considerados en sí mismos, los artículos 81 CE y 82 CE se refieren únicamente al comportamiento de las empresas y no a medidas legales o reglamentarias de los Estados miembros, no es menos cierto que, considerados en relación con el artículo 10 CE, que establece un deber de cooperación, obligan a los Estados miembros a no adoptar ni mantener en vigor medidas, ni siquiera legales o reglamentarias, que puedan anular el efecto útil de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas. Se infringen los artículos 10 CE y 81 CE cuando un Estado miembro impone o favorece prácticas colusorias contrarias al artículo 81 CE o bien refuerza los efectos de tales prácticas colusorias, o bien retira el carácter estatal a su propia normativa, delegando en operadores privados la responsabilidad de tomar decisiones de intervención en materia económica.

A este respecto, no cabe considerar que un Estado miembro haya delegado en operadores privados la responsabilidad de adoptar decisiones de intervención en materia económica, lo que tendría la consecuencia de privar de su carácter estatal a la normativa cuando, por un lado, la organización profesional de que se trate se limita a elaborar un proyecto de baremo que, como tal, carece de fuerza obligatoria, en el bien entendido de que el Ministro puede obligar a dicha organización a modificar el proyecto, y, por otro lado, la normativa nacional establece que la liquidación de honorarios se lleva a cabo por vía judicial sobre la base de los criterios establecidos en la misma normativa y, además, autoriza, en circunstancias excepcionales, que el órgano jurisdiccional se aparte, mediante decisión debidamente motivada, de los límites máximos y mínimos fijados. En estas circunstancias, tampoco se puede reprochar al Estado miembro que imponga o favorezca prácticas colusorias contrarias al artículo 81 CE o bien refuerce los efectos de tales prácticas colusorias, ni tampoco que imponga o favorezca abusos de posición dominante contrarios al artículo 82 CE o refuerce los efectos de tales abusos.

De lo anterior resulta que los artículos 10 CE, 81 CE y 82 CE no se oponen a que un Estado miembro adopte una medida normativa que, partiendo de un proyecto elaborado por un consejo de colegios de abogados, aprueba un baremo que fija un límite mínimo para los honorarios de los miembros de la abogacía, baremo que, en principio, no admite excepciones ni por lo que respecta a las prestaciones reservadas a dichos miembros ni para prestaciones, como las de servicios extrajudiciales, que igualmente pueden ser realizadas por cualquier otro operador económico no sujeto a dicho baremo.

(véanse los apartados 46, 47, 50 a 54 y el punto 1 del fallo)

3. El artículo 49 CE no sólo exige eliminar toda discriminación por razón de la nacionalidad en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro, sino suprimir también cualquier restricción, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de otros Estados miembros, cuando pueda prohibir u obstaculizar en mayor medida las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos.

Además, el referido artículo 49 CE se opone a la aplicación de toda normativa nacional que dificulte más la prestación de servicios entre Estados miembros que la puramente interna en un Estado miembro.

(véanse los apartados 56 y 57)

4. Una prohibición impuesta por un Estado miembro de apartarse contractualmente de los honorarios mínimos fijados por un baremo de honorarios de los abogados para prestaciones que, por un lado, tienen carácter judicial, y, por otro, se reservan a los abogados, puede dificultar el acceso de los abogados establecidos en otro Estado miembro al mercado de servicios jurídicos del primer Estado miembro y, por ende, restringir su actividad de prestar servicios en este Estado miembro. En consecuencia, esta prohibición constituye una restricción a efectos del artículo 49 CE.

En efecto, dicha prohibición priva a los abogados establecidos en otro Estado miembro de la posibilidad de competir más eficazmente, pidiendo unos honorarios más reducidos que los fijados por el baremo, con los abogados instalados de forma estable en el Estado miembro de que se trate y que disponen por tanto de mayores facilidades que los abogados establecidos en el extranjero para captar clientela.

Del mismo modo, la prohibición así prevista limita la elección de los destinatarios de los servicios de dicho Estado miembro, ya que éstos no pueden recurrir a los servicios de abogados establecidos en otros Estados miembros que en dicho Estado miembro ofrecerían sus servicios a un precio por debajo de los honorarios mínimos fijados en el baremo.

Sin embargo, tal prohibición puede estar justificada si responde a razones imperiosas de interés general, siempre que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo.

A este respecto, la protección, por una parte, de los consumidores, en particular, de los destinatarios de los servicios judiciales prestados por los auxiliares de justicia, y, por otra parte, de la buena administración de justicia es un objetivo que se encuentra entre los que pueden considerarse razones imperiosas de interés general que permiten justificar una restricción a la libre prestación de servicios, siempre que se cumpla el doble requisito de que la medida nacional controvertida en el litigio principal sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo.

Incumbe al órgano jurisdiccional remitente decidir si la restricción a la libre prestación de servicios establecida en la normativa nacional cumple estos requisitos. A estos efectos, deberá tener en cuenta los elementos siguientes.

Así, será necesario examinar, en particular, si existe una correlación entre el nivel de los honorarios y la calidad de los servicios prestados por los abogados y si el establecimiento de tales honorarios mínimos constituye una medida adecuada para alcanzar los objetivos perseguidos, en concreto, la protección de los consumidores y la buena administración de justicia.

Si bien es cierto que un baremo que impone honorarios mínimos no puede impedir que los miembros de la profesión ofrezcan servicios de calidad mediocre, no cabe excluir a priori que tal baremo permita evitar que, en un contexto de un mercado que se caracteriza por la presencia de un número extremadamente elevado de abogados inscritos y en ejercicio, los abogados se vean incitados a practicar una competencia que pueda traducirse en ofrecer prestaciones mal pagadas, con el riesgo de que se deteriore la calidad de los servicios prestados.

Asimismo, será preciso tener en cuenta las particularidades propias, tanto del mercado de referencia, como de los servicios controvertidos y, en particular, del hecho de que, en el ámbito de las prestaciones de los abogados, la información de la que disponen los «clientes-consumidores» y los abogados suele ser asimétrica. En efecto, los abogados tienen un alto nivel de competencias técnicas que los consumidores no poseen necesariamente, de modo que éstos tienen dificultades para apreciar la calidad de los servicios que se les prestan.

Sin embargo, el órgano jurisdiccional nacional tendrá que comprobar si las normas profesionales para los abogados, en particular, las normas de organización, de calificación, de deontología, de control y de responsabilidad, son por sí solas suficientes para alcanzar los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia.

De lo anterior resulta que una normativa que prohíbe tajantemente apartarse contractualmente de los honorarios mínimos fijados por un baremo de honorarios para abogados para prestaciones que, por un lado, tienen carácter judicial, y, por otro, están reservadas a los abogados, constituye una restricción a la libre prestación de servicios a efectos del artículo 49 CE. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si tal normativa, teniendo en cuenta sus modalidades concretas de aplicación, responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que pueden justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos.

(véanse los apartados 58 a 61, 64 a 70 y el punto 2 del fallo)