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¿Se opone el Derecho de la Unión, y en particular los artículos 15, 20, 30 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las cláusulas 2 y 4 del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, contenido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, (1) el principio fundamental de independencia e inamovilidad del juez europeo, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sentencia Governo della Repubblica italiana (EU:C:2020:572), a una disposición interna como el artículo 29 del Decreto Legislativo n.o 116/2017, de 13 de julio de 2017 (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 116/2017») que, sin razones objetivas, discrimina a la juez de paz recurrente en lo referente a las condiciones de trabajo de los jueces de carrera equiparables, en la situación fáctica siguiente: — la recurrente, juez de paz ininterrumpidamente desde 2002, no ha cumplido los 70 años, edad que cumplirá durante 2022, y, a fecha de 15 de agosto de 2017, no había completado más de 16 años de servicio efectivo como juez honoraria; — por tanto, si bien la normativa interna (artículo 29, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 116/2017) le permite seguir desempeñando el cargo de juez hasta cumplir los 70 años de edad, la recurrente no puede participar en el primer procedimiento de valoración para la consolidación de la plaza a extinguir de juez honorario, que será convocado por el Consiglio superiore della magistratura (Consejo Superior del Poder Judicial) en 2022, tal como se prevé en el artículo 29, apartado 3, del Decreto Legislativo n.o 116/2017; — como consecuencia adicional, al no poder presentar la solicitud de participación en el procedimiento de valoración para la consolidación de la plaza a extinguir previsto para 2022, la recurrente, ya cesada en su cargo de juez el 31 de diciembre de 2021 en virtud de la normativa anteriormente en vigor por haber cumplido los 68 años de edad, no ha podido reincorporarse al servicio a partir del 1 de enero de 2022 porque la nueva normativa, aun previendo la permanencia en el servicio hasta que se cumplan los 70 años para quien ya ocupaba el cargo a 15 de agosto de 2017, dispone también el cese en el servicio de quienes no puedan presentar la solicitud de consolidación de plaza (artículo 29, apartado 9, del Decreto Legislativo n.o 116/2017); — en virtud de la citada normativa nacional, la recurrente recibirá del Gobierno italiano únicamente una indemnización de daños de entre 1 500 y 2 500 euros por cada año de servicio en función del número de vistas celebradas en el año, hasta un máximo de 50 000 euros, y deberá renunciar a todos los derechos retributivos, legales y de cotización a la seguridad social reclamados en el procedimiento pendiente ante el TAR Emilia Romagna (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Emilia Romaña, Italia) y garantizados en el Derecho de la Unión por las funciones jurisdiccionales desempeñadas como trabajadora por cuenta ajena, pero no reconocidas como tales por el Gobierno italiano, incluidas las cotizaciones correspondientes a la relación laboral y las consiguientes prestaciones de seguridad social; — el TAR Emilia Romaña, mediante auto de medidas cautelares de 9 de febrero de 2022, en aplicación de la sentencia Governo della Repubblica italiana dictada por el Tribunal de Justicia y de forma contraria a la normativa interna y al dictamen de 16 y 17 de febrero de 2022 del Consiglio superiore della magistratura (Consejo Superior del Poder Judicial), ordenó la reincorporación [de la recurrente] al cargo de juez de paz hasta los 70 años de edad; — el Presidente del Tribunale di Rimini (Tribunal de Rímini, Italia), en ejecución del auto de medidas cautelares del TAR Emilia Romaña, ordenó, mediante resolución de 1 de marzo de 2022, la readmisión inmediata en el servicio de la recurrente; — se ha solicitado a este órgano jurisdiccional remitente, en concepto de indemnización por los daños derivados de una vulneración flagrante y reiterada por el Gobierno italiano del Derecho de la Unión en relación con el estatuto jurídico y los derechos de los jueces honorarios, la retribución que la recurrente habría debido percibir desde el 10 al 28 de febrero de 2022, en una cuantía igual a la de un juez de carrera equiparable, sobre la base legal del auto de medidas cautelares de readmisión en el servicio dictado por el TAR Emilia Romaña, pero que es contraria de la normativa interna, la cual, aun reconociendo el incumplimiento del Derecho de la Unión, por un lado, excluye cualquier posibilidad de readmisión en el servicio hasta los 70 años de la juez honoraria recurrente que, en contra de su voluntad, dejó su cargo el 31 de diciembre de 2021 en virtud de un auto de medidas cautelares dictado por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) en vulneración de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Governo della Repubblica italiana y, por otro lado, limita la indemnización del daño sufrido por la recurrente a un importe a tanto alzado, predeterminado por la norma, de una cuantía muy inferior a los daños efectivamente sufridos por la vulneración de los derechos garantizados por [el Derecho de] la Unión?