ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
72

En consecuencia, procede anular la Decisión impugnada en la medida en que las demandantes hayan demostrado suficientemente no que, de no haber existido esta irregularidad del procedimiento, es decir, si hubieran dispuesto de un plazo suficiente para exponer su punto de vista, el contenido de la Decisión impugnada habría sido distinto, sino que habrían podido defenderse mejor si dichas irregularidades no se hubieran producido (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2013, Fluorsid y Minmet/Comisión, T‑404/08, Rec, EU:T:2013:321, apartado 110 y jurisprudencia citada), con la precisión de que a estos efectos hay que situarse en el momento del procedimiento administrativo que condujo a la adopción de dicha Decisión, es decir, con anterioridad a la fecha de su adopción, el 30 de junio de 2011 (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels Midland/Comisión, T‑329/01, Rec, EU:T:2006:268, apartado 377).
292

No obstante, en el caso de autos, las acciones del Defensor del Pueblo a las que se hace referencia en el anterior apartado 291 no bastan para compensar íntegramente el daño moral sufrido debido a las ilegalidades cometidas. En efecto, el Defensor del Pueblo incoó la investigación por iniciativa propia mucho después de que la demandante hubiera denunciado la existencia de errores en la decisión de 22 de octubre de 2007 y sólo lo hizo después de la intervención de un miembro del Parlamento. En particular, en lo que atañe a la deformación del contenido del dictamen del Parlamento por el Defensor del Pueblo en la referida decisión, procede señalar que ésta fue denunciada por la demandante en su escrito de 1 de agosto de 2008 y que, en un primer momento, el Defensor del Pueblo no corrigió dicha deformación (véase el escrito de 1 de octubre de 2008). Fue tan sólo a raíz del escrito de la Sra. P de 1 de junio de 2010, y más de un año y medio después de que la demandante hubiera denunciado dicha deformación, que el Defensor del Pueblo, admitió dicho error en su escrito de 29 de junio de 2010 y procedió a su corrección. En tales circunstancias, las disculpas del Defensor del Pueblo y la corrección del error no permiten compensar íntegramente el daño moral sufrido por la demandante debido a dicha deformación. Además, la investigación por iniciativa propia del Defensor del Pueblo no permitió reparar íntegramente el perjuicio moral causado por la falta de diligencia de este último durante las investigaciones llevadas a cabo a raíz de la reclamación, puesto que éste no investigó la cuestión de la transmisión a las DG del Parlamento y a las demás instituciones, órganos y organismos de la Unión de la lista de aptitud en la que se hallaba inscrito el nombre de la demandante. El hecho de que la demandante se opusiera a dicha investigación por iniciativa propia no pone en entredicho la existencia de una pérdida de confianza por parte de la demandante causada por el hecho de que el Defensor del Pueblo no llevó a cabo la investigación a raíz de la reclamación de manera diligente. Al contrario, su oposición a la investigación por iniciativa propia del Defensor del Pueblo estuvo motivada por dicha pérdida de confianza. Por último, el hecho de que Defensor del Pueblo se hubiera disculpado no permite reparar íntegramente el perjuicio moral resultante de la pérdida de confianza de la demandante causada por la falta de diligencia del Defensor del Pueblo en lo que concierne a la investigación a raíz de la reclamación relativa a la cuestión de la duración de la inclusión en la lista de aptitud de los candidatos de la oposición EUR/A/151/98 del nombre de la demandante y la de los nombres de los demás candidatos aprobados de dicha oposición.
110

Ha de recordarse que, según una jurisprudencia reiterada, el concepto de desviación de poder se refiere al hecho de que una autoridad administrativa haga uso de sus facultades con una finalidad distinta de aquella para la que le fueron conferidas. Una decisión solamente está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada con dicha finalidad (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C‑331/88, EU:C:1990:391, apartado 24, y de 10 de mayo de 2005, Italia/Comisión, C‑400/99, EU:C:2005:275, apartado 38). En el caso de pluralidad de finalidades, aunque junto con los motivos válidos se invoque uno injustificado, no por ello la decisión estará viciada de desviación de poder, siempre y cuando no sacrifique la finalidad esencial (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 1954, Italia/Alta Autoridad, 2/54, EU:C:1954:8, p. 73, en particular, p. 103; sentencias del Tribunal General de 21 de septiembre de 2005, EDP/Comisión, T‑87/05, EU:T:2005:333, apartado 87, y sentencia Evropaïki Dynamiki/Comisión, citada en el apartado 20 supra, EU:T:2011:731, apartado 109).
7

En septiembre de 1998 finalizó la elaboración del informe titulado «Assessment of the Risks to Health and to the Environment of Cadmium Contained in Certain Products and of the Effects of Further Restrictions on their Marketing and Use» (Evaluación de los riesgos para la salud y para el medio ambiente del cadmio contenido en determinados productos y de los efectos de restricciones adicionales a su comercialización y a su uso), encargado por la Comisión a una consultora domiciliada en el Reino Unido (en lo sucesivo, «informe de 1998»).
22

Además, no puede admitirse la alegación de la Comisión según la cual ésta podría, en su caso, como consecuencia de una posible anulación de la Decisión impugnada por parte del Tribunal, adoptar una nueva decisión fundada en la Segunda Directiva sobre el gas. En efecto, por un lado, se ha de señalar que en el marco de la Segunda Directiva sobre el gas, como se ha expuesto en el apartado 20 supra, una decisión vinculante presuponía que antes se hubiera dirigido al Estado miembro de que se tratara una solicitud no vinculante. Dado que tal solicitud no vinculante podía comportar negociaciones entre el Estado miembro de que se trata y la Comisión acerca de su contenido, en ese momento no era seguro que la Comisión hubiera acabado por adoptar una decisión vinculante, ni podía saberse cuál habría sido su contenido. Por otro lado, la demandante ha alegado igualmente que, como el plazo prescrito en el artículo 22, apartado 4, de la Segunda Directiva sobre el gas expiró el 18 de mayo de 2011, la Comisión ya no podía impugnar la decisión de 26 de octubre de 2010.
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 18 de enero de 2017 — Andersen/Comisión

(Asunto T‑92/11 RENV)

«Ayudas de Estado — Transporte ferroviario — Ayudas concedidas por las autoridades danesas a favor de la empresa pública Danske Statsbaner — Contratos de servicio público para la prestación de servicios de transporte ferroviario de pasajeros entre Copenhague e Ystad — Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado interior con ciertas condiciones — Aplicación temporal de las normas de Derecho sustantivo — Servicio de interés económico general — Error manifiesto de apreciación»

1. Recurso de anulación — Motivos — Vicios sustanciales de forma — Falta de motivación o motivación insuficiente — Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional (Arts. 263 TFUE y 296 TFUE) (véase el apartado 40)

2. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance (Art. 296 TFUE) (véase el apartado 41)

3. Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho de defensa — Principio de contradicción — Respeto en el marco de un procedimiento judicial — Alcance — Motivo de Derecho examinado de oficio sin invitar a las partes a que presenten sus observaciones — Violación (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 113) (véase el apartado 45)

4. Competencia — Empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general — Definición de servicios de interés económico general — Facultad de apreciación de los Estados miembros — Límites — Control de la Comisión limitado a los casos de error manifiesto (Art. 106 TFUE, ap. 2) (véase el apartado 56)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Alcance (Art. 107 TFUE) (véase el apartado 57)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado interior — Ayudas que persiguen un objetivo de interés general [Art. 107 TFUE, ap. 3, letra c)] (véase el apartado 69)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE y dirigido a la anulación parcial de la Decisión 2011/3/UE de la Comisión, de 24 de febrero de 2010, relativa a los contratos de servicio público de transporte entre el Ministerio de Transportes danés y Danske Statsbaner [ayuda de Estado C 41/08 (ex NN 35/08)] (DO 2011, L 7, p. 1).

Fallo

1) Anular, en la medida en que afecta al pago de 21 de diciembre de 2009, el artículo 1, párrafo segundo, de la Decisión 2011/3/UE, de 24 de febrero de 2010, relativa a los contratos de servicio público de transporte entre el Ministerio de Transportes danés y Danske Statsbane [Ayuda de Estado C 41/08 (ex NN 35/08)].

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
3.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA, el FEAGA y el FEADER — Concesión de ayudas y de primas — Obligación de los Estados miembros de organizar un sistema eficaz de controles administrativos y de controles sobre el terreno — Controles no fiables — No asunción de los gastos por parte del Fondo — Respeto del principio de proporcionalidad — Justificación de la falta de establecimiento de controles basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia [Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, art. 20; Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, arts. 6, ap. 2; 24, ap. 1, letra c), y 27] (véanse los apartados 43 a 48, 53, 55, 56, 77 y 82)
Un recurso de anulación interpuesto contra una decisión meramente confirmatoria de una decisión anterior no impugnada dentro del plazo establecido al efecto es inadmisible. Sin embargo, una decisión es meramente confirmatoria de una decisión anterior si no contiene ningún elemento nuevo en relación con un acto anterior y no ha sido precedida de una reconsideración de la situación del destinatario de dicho acto anterior. A este respecto, cuando se modifica una disposición de un Reglamento, queda de nuevo abierta la vía de recurso, no sólo contra esa disposición concreta, sino también contra todas aquellas que, aunque no hayan sido modificadas, forman un todo con ella.

Así, en lo que respecta a un recurso dirigido contra un marco de vigilancia, publicado por el Banco Central Europeo, que establece una política de domiciliación aplicable a las entidades de contrapartida central establecidas en Estados miembros que no son parte del Eurosistema, el hecho de que el Banco haya podido expresar en actos anteriores el principio de una política de domiciliación que podría aplicarse a las entidades de contrapartida central no implica que la calificación de acto de carácter confirmatorio sea aplicable al marco de vigilancia, dado que la política de domiciliación en cuestión figura en este marco de forma modificada.

(véanse los apartados 59 a 62)
El criterio de selectividad de una medida permite distinguir las ayudas de Estado de las medidas generales de política fiscal o económica aplicadas por los Estados miembros. De este modo, para que se cumpla el requisito de selectividad, debe en todo caso identificarse una categoría de empresas que sean las únicas favorecidas por la medida en cuestión.

A este respecto, el artículo 107 TFUE, apartado 1, exige que se examine si, en el marco de un régimen jurídico concreto, una medida nacional puede favorecer a determinadas empresas o producciones en relación con otras que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable, habida cuenta del objetivo perseguido por el referido régimen. Pues bien, aunque constituya una excepción al régimen fiscal general o «normal», cuando la medida en cuestión sea potencialmente accesible para todas las empresas, no podrá procederse a la comparación habida cuenta del objetivo perseguido por el régimen común o «normal», entre la situación jurídica y fáctica de empresas que puedan beneficiarse de la medida y la de empresas que no puedan hacerlo. De ello se desprende que, en tal supuesto, la selectividad de dicha medida no puede derivarse únicamente de la constatación de que se ha establecido una excepción a un régimen general o normal de tributación.

Además, incumbe a la Comisión acreditar que una medida introduce distinciones entre empresas que se hallan, a la luz del objetivo perseguido, en una situación fáctica y jurídica comparable.

(véanse los apartados 38 y 47 a 50)
5.

Contratos públicos de la Unión Europea — Procedimiento de licitación — Adjudicación de los contratos — Oferta más ventajosa económicamente — Criterios de adjudicación — Selección realizada por la entidad adjudicadora — Criterios no exclusivamente cuantitativos — Procedencia — Criterio relativo a la importancia de la presentación de las ofertas — Procedencia [Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, art. 97; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, art. 138, ap. 2] (véanse los apartados 109, 110 y 113)
La aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009 está sujeta a los tres requisitos siguientes: en primer lugar, la identidad o la semejanza de las marcas en pugna, en segundo lugar, la existencia de una notoriedad de la marca anterior alegada en apoyo de la oposición y, en tercer lugar, la existencia del riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o les sea perjudicial. Estos tres requisitos tienen carácter acumulativo y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no resulte de aplicación.

Las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre las marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona esas dos marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, pero no las confunde.

Los criterios que deben tomarse en consideración al apreciar la similitud entre las marcas en conflicto son los mismos en el supuesto de denegación del registro de una marca solicitada debido a un riesgo de confusión, conforme al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, y en el de denegación como consecuencia de un menoscabo a la notoriedad de una marca anterior, a tenor del artículo 8, apartado 5, del citado Reglamento. En efecto, en esos dos supuestos en que es posible denegar el registro de una marca solicitada, el requisito de similitud entre los signos presupone la existencia, en particular, de rasgos similares en los planos gráfico, fonético o conceptual, de modo que, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre las marcas de que se trata una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes. La valoración de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, dicha valoración debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, tomando en consideración, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

(véanse los apartados 21 y 22)
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 27 de junio de 2013 — Beifa Group/OAMI — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrumentos para escribir)

(Asunto T-608/11)

«Dibujo o modelo comunitario — Procedimiento de nulidad — Dibujo o modelo comunitario registrado que representa un instrumento para escribir — Marcas nacionales figurativa y tridimensional anteriores — Motivo de nulidad — Uso en el dibujo o modelo comunitario de un signo anterior cuyo titular tiene derecho a prohibir su uso — Artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) no 6/2002 — Resolución adoptada tras la anulación por el Tribunal General de una resolución anterior»

1. Recurso de anulación — Sentencia anulatoria — Efectos — Obligación de adoptar medidas de ejecución — Alcance — Consideración tanto de los fundamentos como del fallo de la sentencia (Art. 266 TFUE) (véase el apartado 33)

2. Dibujos o modelos comunitarios — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto contra una resolución adoptada por una unidad de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance [Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo, arts. 25, ap. 1, y 60, ap. 1] (véanse los apartados 37 y 56)

3. Dibujos o modelos comunitarios — Normas de procedimiento — Resoluciones de la Oficina — Respeto del derecho de defensa — Alcance del principio [Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo, art. 62] (véanse los apartados 42 y 51)

4. Dibujos o modelos comunitarios — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de una unidad de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance [Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo, art. 63] (véase el apartado 46)

5. Dibujos o modelos comunitarios — Motivos de nulidad — Uso del signo distintivo en un dibujo o modelo posterior — Prueba del uso del signo distintivo — Petición al respecto presentada expresamente y a su debido tiempo por el solicitante de la marca — Posibilidad de presentar la petición por primera vez ante la Sala de Recurso — Exclusión [Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo, art. 25, ap. 1, letra e)] (véanse los apartados 58, 59, 89 y 90)

6. Dibujos o modelos comunitarios — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones [Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo, art. 62] (véanse los apartados 67 y 68)

7. Recurso de anulación — Motivos — Motivo inoperante — Concepto (véase el apartado 106)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 9 de agosto de 2011 (asunto R 1838/2010-3) relativa a un procedimiento de nulidad entre Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG y Ningbo Beifa Group Co. Ltd.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
10.

Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho de defensa — Derecho a un recurso judicial efectivo — Alcance — Medidas restrictivas contra Costa de Marfil — Congelación de los fondos de determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil — Medidas que no tiene carácter penal [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 41 y 47; Reglamentos (UE) del Consejo no 25/2011 y no 330/2011; Decisiones del Consejo 2011/18/PESC y 2011/221/PESC] (véanse los apartados 100 a 102)
2.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Marca denominativa BIODERMA [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letras b) y c), y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 38 a 40, 42 a 55 y 62 a 64)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva

Palabras clave Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas figurativas SEVEN SUMMITS y Seven [Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 22, 55 a 57, 62, 63 y 71) Objeto del litigio Objeto Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 17 de enero de 2011 (asunto R 364/2010-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Seven SpA y Sport Eybl & Sports Experts GmbH. Parte dispositiva Fallo 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar a Sport Eybl & Sports Experts GmbH a cargar con sus propias costas, así como con las costas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y de Seven SpA.

Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 22 de mayo de 2012 — Sport Eybl & Sports Experts/OAMI — Seven (SEVEN SUMMITS)

(Asunto T-179/11)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa SEVEN SUMMITS — Marca comunitaria figurativa anterior Seven — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas figurativas SEVEN SUMMITS y Seven [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 22, 55 a 57, 62, 63 y 71)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 17 de enero de 2011 (asunto R 364/2010-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Seven SpA y Sport Eybl & Sports Experts GmbH.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

1. Derecho de la Unión Europea — Principios — Observancia de un plazo razonable — Procedimiento administrativo — Procedimiento judicial — Criterios de apreciación

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 47 y 52, ap. 1; Reglamento del personal del Banco Europeo de Inversiones, art. 41)

2. Procedimiento judicial — Excepción de litispendencia — Identidad de partes, objeto y motivos de dos recursos — Inadmisibilidad del recurso interpuesto en segundo lugar

1. Cuando la duración de un procedimiento no está determinada por una disposición del Derecho de la Unión, el carácter razonable del plazo utilizado por la institución para adoptar el acto de que se trata debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la trascendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto y del comportamiento de las partes intervinientes. Así, el carácter razonable de un plazo no puede establecerse por referencia a un límite máximo preciso, determinado de forma abstracta, sino que debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto. Por otro lado, habida cuenta del imperativo de coherencia, procede aplicar el concepto de plazo razonable del mismo modo cuando se refiere a un recurso o a una demanda respecto de los cuales el Derecho de la Unión no ha previsto plazo alguno para interponer dicho recurso o presentar dicha demanda. En ambos casos, el órgano jurisdiccional de la Unión debe tomar en consideración las circunstancias particulares del asunto.

(véase el apartado 29)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 28 de febrero de 2013, Reexamen Arango Jaramillo y otros/BEI (C‑334/12 RX-II), apartados 25 a 46

2. Procede declarar la inadmisibilidad, por causa de litispendencia, de un recurso interpuesto con posterioridad a otro en el que se enfrenten las mismas partes, que se base en los mismos motivos y que pretenda la anulación del mismo acto jurídico, sin que sea necesario que una norma jurídica explícita prevea dicha excepción. A este respecto, debe rechazarse una distinción efectuada por un demandante entre las distintas instancias jurisdiccionales, toda vez que la sustancia del objeto del litigio continúa siendo la misma en todas sus instancias.

(véase el apartado 59)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 24 de noviembre de 2005, Italia/Comisión (C‑138/03, C‑324/03 y C‑431/03, Rec. p. I‑10043), apartado 64; 9 de junio de 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Comisión (C‑465/09 P a C‑470/09 P, no publicada en la Recopilación), apartado 58

Tribunal General: 27 de abril de 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P), apartado 12

Tribunal de la Función Pública: 30 de noviembre de 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, RecFP pp. I‑A‑1‑469 y II‑A‑1‑2529), apartados 204 y ss.