6.

El Estado belga, el Instituto de Inspección Veterinaria y el Instituto Belga de Economía y Agricultura, así como el Gobierno del Reino Unido, piden al Tribunal de Justicia que responda afirmativamente a la primera parte de la primera cuestión y negativamente a la segunda parte así como a la segunda cuestión. Por lo que se refiere a la primera cuestión, el Estado belga, el Instituto de Inspección Veterinaria y el BDBL, partes demandadas en el litigio principal, alegan que el texto de la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento n° 2173/79 excluye expresa, formal y ciertamente toda posibilidad de reclamación relativa a la calidad del producto. Cualquier comerciante que dé muestras de una prudencia y diligencia normales no dejará de hacer uso de la posibilidad que se le ofrece de cerciorarse, antes de presentar una solicitud, de que la mercancía comprada es adecuada para el destino que pretende darle. Por consiguiente, la norma de Derecho comunitario enunciada por este artículo es, en opinión de las partes demandadas en el litigio principal, clara y de estricta aplicación y no es susceptible de interpretación. Dicha norma no dice que los defectos y la no conformidad de la mercancía estén excluidos de la renuncia a cualquier reclamación, pues el comprador tiene plenas posibilidades de examinar y de controlar la mercancía «antes» de presentar su solicitud, según el artículo 13 del Reglamento n° 2173/79. Los compradores tuvieron la posibilidad de verificar y/o de hacer verificar por sus peritos la calidad de la mercancía comprada «antes» de presentar su solicitud; no estimaron necesario hacer uso de esta posibilidad. Nada indica que incluso hubieran intentado inspeccionar la mercancía puesta en venta y, más aún, no aportan la prueba de —e incluso no pretenden— que la inspección previa, que legalmente podían efectuar, hubiera sido imposibilitada de algún modo por alguna autoridad belga. Además, sólo el comprador conoce las normas de calidad que impone el destino que pretende dar al producto y si él no hace lo necesario para comprobar si la mercancía obedece a dichas normas, debe soportar él mismo las consecuencias de su propia negligencia. Los demandados en el litigio principal añaden que la explicación dada por los servicios de la Comisión en su «nota de interpretación» de febrero de 1988, antes citada, en el presente caso no se puede oponer d poste- riori al vendedor, so pena de violación de los principios de confianza legítima y de igualdad de trato, que caracterizan los actos jurídicos comunitarios. El Tribunal de Justicia ha condenado la interpretación a posteriori de un Reglamento por los servicios de la Comisión porque falsea el juego normal de la competencia y menoscaba la igualdad de trato entre los compradores de la Comunidad (véanse las sentencias de 27 de marzo de 1980, Sucrimex, 133/79, Rec. p. 1299, y de 27 de enero de 1988, Dinamarca/Comisión, 349/85, Rec. p. 169). Las demandadas en el litigio principal afirman que en numerosos Reglamentos comunitarios que prevén una transformación de productos alimenticios figuran disposiciones similares a las previstas por la letra d) del apartado 2 del artículo 2 y por el artículo 13 del Reglamento n° 2173/79. En opinión de las demandadas, la renuncia obligatoria a cualquier reclamación relativa a la calidad se impone tanto más cuanto que los organismos de intervención de los Estados miembros no son vendedores profesionales, mientras que los demandantes sí son compradores profesionales especializados. Por tanto, cabe afirmar que cuando el comprador ha procedido a inspecciones y exámenes que consideraba necesarios antes de presentar su solicitud, se le transfieren los riesgos. Esto vale tanto más cuando el comprador omite realizar cualquier examen o inspección. En el caso de autos, si el comprador hubiera examinado los productos a base de carne antes de presentar su solicitud y hubiera tomado una muestra para descongelarla y examinarla, habría descubierto los pretendidos defectos, a condición que dichos productos presentaran tales defectos en el momento en que se hallaban en los almacenes de la sociedad Vanden Avenne, lo cual no es el caso. En consecuencia, en el caso de autos no puede hablarse de vicios ocultos. Por lo que se refiere a la primera parte de la segunda cuestión, las demandadas en el litigio principal exponen que, precisamente porque la transformación a la que se refiere el Reglamento n° 1431/87 varía en función de las intenciones del comprador y porque es imposible imponer una norma de calidad uniforme para dichos productos a base de carne, el Reglamento n° 2173/79 ofrece al comprador cualquier posibilidad de verificar, antes de presentar su solicitud, si dichos productos responden a los criterios que impone su destino. Por consiguiente, el procedimiento descrito inequívocamente en el Reglamento n° 2173/79, incluida la renuncia incondicional a cualquier reclamación relativa a la calidad y a las características de los productos, es correcto y justificado y no es contrario a la finalidad del Reglamento n° 1431/87 en la medida en que regula la venta «para su transformación». La renuncia a cualquier reclamación relativa a la calidad y a las características del producto tiene su contrapartida en la obligación de permitir al comprador que controle los productos en relación con sus posibles defectos o características, obligación prevista por distintos Reglamentos relativos a la transformación de productos alimenticios. Por último, en lo referente a la segunda parte de la segunda cuestión, las demandadas en el litigio principal afirman que el hecho de que la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento n° 2173/79 exija una declaración de renuncia a cualquier reclamación relativa a la calidad y a las características del producto que en su caso se adjudique, no obsta ciertamente para que el Estado miembro expedidor sea responsable de realizar las inspecciones sanitarias obligatorias que procedan, tal como están previstas, entre otras, por la Directiva 64/433. Tal obligación, que incumbe a las Estados miembros, no tiene nada que ver con la inspección del producto efectuada por el comprador en función de sus intenciones de transformación. Cuando el Estado miembro expedidor realiza efectivamente dichas inspecciones, nada le impide exigir asimismo, en nombre de los intereses invocados por la Comunidad, una declaración con arreglo a la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento n° 2173/79. Por todas estas razones, las demandadas en el litigio principal proponen que se responda a las cuestiones prejudiciales de la siguiente forma: «Primera cuestión prejudicial Habida cuenta de la declaración expresa hecha por un comprador en el momento de presentar una solicitud con arreglo al Reglamento (CEE) n° 2173/79, y de las posibilidades que este mismo Reglamento ofrece al comprador para inspeccionar y examinar todos los defectos y características de los productos de que se trata, y dado que es importante que el mercado común funcione sin obstáculos, es precisó denegar al comprador, si omite inspeccionar y examinar los productos en los almacenes frigoríficos antes de presentar su solicitud, el derecho de alegar posteriormente cualquier defecto o cualquier característica de los productos entregados. Segunda cuestión prejudicial , Habida cuenta de los diversos destinos (que responden a diferentes criterios de calidad) que un comprador puede dar a las carnes vendidas con arreglo al Reglamento (CEE) n° 2173/79 y por ende de la imposibilidad de imponer a dichas carnes una norma general de calidad, el comprador dispone de todas las facilidades para inspeccionar in situ todos los defectos y características de las carnes, antes de presentar su solicitud, y, asimismo en interés del buen funcionamiento del mercado común, hace la declaración expresa prevista por el Reglamento (CEE) n° 2Í73/79 en el momento de presentar una solicitud. a) Dado que esta declaración únicamente resuelve el problema creado por las diferentes transformaciones a las que pueden ser destinadas las carnes y que sólo conoce el comprador, no puede haber incompatibilidad entre la declaración hecha por el comprador, de conformidad con la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 2173/79, y el objetivo del Reglamento (CEE) n° 1431/87 que se refiere a la venta “para su transformación”. b) Las obligaciones generales que incumben a un Estado miembro en materia de inspecciones sanitarias (y que en el caso de autos fueron realizadas adecuadamente) no guardan relación con la inspección qué el comprador de los productos puede (hacer) realizar en función de la transformación a la que tiene intención de someter los productos. Dado que por lo que se refiere a los posibles defectos o características el comprador no puede afirmar que no sean perceptibles directamente in situ cuando renuncia a las inspecciones que puede (hacer) efectuar in situ, no puede haber incompatibilidad entre la declaración hecha por el comprador de conformidad con la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 2173/79 y el objetivo de la Directiva 64/433/CEE.» El Gobierno del Reino Unido alega, acerca de la primera cuestión, que existe una relación entre la posibilidad de inspección concedida por el artículo 13 del Reglamento n° 2173/79 y la obligación de renunciar a futuras reclamaciones sobre las carnes de vacuno compradas. La existencia de tal relación, e incluso el hecho de que esta relación la haya querido el legislador comunitario en el momento de adoptar este Reglamento, quedan demostrados por el octavo considerando del Reglamento. La declaración de renuncia del comprador constituye la contrapartida de la posibilidad de comprobar —antes de presentar la solicitud de compra— el estado de la carne de vacuno que se propone comprar. El Gobierno del Reino Unido sostiene que el alcance de la declaración resulta claramente de la formulación sin ambigüedad alguna de la letra d) del apartado 2 del artículo 2 de dicho Reglamento, según la cual el comprador renuncia a cualquier reclamación relativa «a la calidad y a las características» de la carne de vacuno que les es vendida. El sentido claro e inmediato de esta frase es tal que prohibe al comprador formular cualquier reclamación sobre la carne de vacuno, cualquiera que sea el estado en que se encuentre o los vicios que presente en el momento en que le es vendida. La expresión «la calidad y a las características» tiene un alcance que comprende incluso cada particularidad o peculiaridad que presente la carne de vacuno y, en particular, todos los tipos de deterioración de su calidad, cualquiera que sea su grado. Es difícil interpretar esta expresión en el sentido de que se limita solamente a las cosas que hubiera podido detectar el comprador con una inspección visual de la carne de vacuno, quedando excluidos los vicios ocultos que no habrían podido ser revelados por una mera inspección visual. El Gobierno del Reino Unido no ve ninguna justificación que autorice tal restricción del sentido literal, en particular cuando el comprador tiene la posibilidad, con arreglo al artículo 13 del Reglamento, de inspeccionar la carne de vacuno no sólo visualmente, sino también tomando muestras físicas, descongelándolas y descubriendo así cualquier vicio oculto que pueda haber. En opinión del Gobierno del Reino Unido, la realidad comercial de una transacción entre un organismo de intervención y un comerciante, que tenga por objeto la venta de carnes de vacuno procedentes de existencias de intervención, milita igualmente en favor del argumento según el cual la declaración de renuncia debe ser interpretada en sentido amplio y no en sentido restringido. En efecto, aunque el organismo nacional de intervención cumpla plenamente con las disposiciones del Derecho comunitario que regulan el almacenamiento de carnes de vacuno congeladas, es posible, especialmente cuando éstas son almacenadas durante un largo período, que se produzca un deterioro a causa de la oxidación. Dado que las carnes de vacuno almacenadas en intervención no son productos homogéneos, los comerciantes saben que se puede producir un deterioro en una parte del lote que les ha sido vendido y no en las demás partes. Asimismo, los comerciantes ven con buenos ojos que —en función de la edad de la carne congelada— el precio pedido por el organismo de intervención sea hasta un 50 % inferior al precio de la carne de vacuno fresca. Quienes están interesados en este comercio saben que esta rebaja sustancial en comparación con el precio de la carne de vacuno fresca refleja el riesgo de que el producto congelado esté algo deteriorado. Por consiguiente, los comerciantes pueden reducir considerablemente el riesgo de deterioro oculto verificando las carnes de vacuno antes de la compra. Por lo que se refiere a la primera parte de la segunda cuestión, el Gobierno del Reino Unido estima que no existe contradicción entre una interpretación amplia de la declaración de renuncia y la obligación de transformación de la carne comprada. El riesgo de encontrarse, como consecuencia de un vicio oculto, en la imposibilidad de transformar la carne de vacuno de conformidad con los compromisos contraídos —con la correspondiente pérdida de la fianza— no es más que un elemento del riesgo comercial que es habitual en este sector y no puede por sí mismo afectar al sentido, por lo demás claro, de la declaración de renuncia. En el marco de la realidad comercial (si se piensa, en particular, en el bajo precio que se debe pagar por la carne de vacuno de intervención), este riesgo es uno de los que los comerciantes asumen con conocimiento de causa. Además, los comerciantes siempre pueden invocar la posibilidad que les ofrece el artículo 13 del Reglamento n° 2173/79 de comprobar el estado de las carnes de vacuno y así reducir sustancialmente tal riesgo. Por último, en lo referente a la segunda parte de la segunda cuestión, el Gobierno del Reino Unido alega que no existe relación alguna entre el cumplimiento por parte de un Estado miembro de las obligaciones que le impone la Directiva 64/433 y las disposiciones de la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento n° 2173/79. Estos dos elementos de la legislación comunitaria son completamente distintos. Por otra parte, en opinión del Gobierno del Reino Unido, el hecho de detectarse posteriormente un deterioro en la carne de vacuno vendida al salir de los almacenes de intervención, no significa que dicha carne no haya entrado en dichos almacenes, ni haya sido almacenada de plena conformidad con las exigencias de la Directiva, pues en la carne de vacuno congelada se puede producir un deterioro (en particular cuando se almacena por un largo período) a pesar de que se hayan observado plenamente las disposiciones de la Directiva. Según el Gobierno del Reino Unido, no sería correcto penalizar al organismo de intervención de un Estado miembro aplicando una interpretación restrictiva de la declaración de renuncia (limitada a los vicios que puedan detectarse visualmente), cuando el vicio se haya producido a pesar de la plena observancia de la Directiva. Además, el Gobierno del Reino Unido señala que el certificado expedido por el veterinario oficial está destinado simplemente a indicar que la carne a la que se refiere se ha obtenido y almacenado en las condiciones fijadas en la Directiva y por lo cual «se reconoce en estado adecuado para el consumo humano». El certificado no está destinado a excluir la posibilidad de un deterioro acaecido a pesar de la observancia de las condiciones fijadas por la Directiva. Por estas razones, el Gobierno del Reino Unido propone que se responda a las cuestiones prejudiciales de la siguiente forma: «Primera cuestión La declaración de renuncia exigida por la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento n° 2173/79 debería ser interpretada —debido a su sentido ordinario y natural y a su finalidad— en el sentido de que comprende los vicios ocultos que presente la carne de vacuno congelada, qué no puedan ser detectados con un mero examen visual. Segunda cuestión Tal interpretación no es contraria al objetivo perseguido por el Reglamento n° 1431/87, en la medida en que se refiere a la venta “para su transformación”, ni al objetivo perseguido por la Directiva 64/433/CEE del Consejo, en la medida eh que ésta responsabiliza al Estado miembro expedidor de las inspecciones sanitarias de las carnes que se vayan a exportar.»