1.

Las peticiones de interpretación prejudicial presentadas en el caso de autos por el tribunale di Genova tienen por objeto que se determine si la imposición de una carga pecuniaria sobre las pieles importadas en Italia procedentes de otro Estado miembro y de un Estado africano asociado a la Comunidad constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana, de manera que esté prohibida tanto por el Tratado CEE como por los Convenios de asociación firmados en Yaundé el 20 de julio de 1963 y el 29 de julio de 1969 entre la Comunidad y los Estados africanos y malgache. Los hechos que dan origen a este asunto son los siguientes. La Conceria Bresciani de Génova (empresa de curtiduría) importó, durante los años 1969 y 1970, varias partidas de pieles de bovinos en bruto, procedentes tanto de Francia como de la República del Senegal. Las referidas pieles fueron sometidas por las aduanas italianas al derecho de inspección sanitaria previsto en la Ley no 30, de 23 de enero de 1968. Ese derecho, que en el momento de la entrada en vigor del Tratado era de 240 LIT por quintal para las pieles secas, fue elevado por la referida Ley a 300 LIT para todas las pieles en bruto. Alegando la incompatibilidad de la percepción del derecho en cuestión con la prohibición establecida en el apartado 2 del artículo 13 del Tratado y en el apartado 1 del artículo 2 de los dos Convenios de asociación entre la Comunidad Económica Europea y los Estados africanos y malgache, la sociedad importadora presentó ante el tribunale di Genova demanda contra la Administración tributaria italiana, reclamando la devolución de las cantidades pagadas, cantidades que, a su juicio, no estaba obligada a pagar. En vista de lo cual, el Juez que conoció del asunto planteó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con arreglo al párrafo segundo del artículo 177, las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) El derecho de inspección sanitaria sobre los productos importados de origen animal que establece el apartado 4 del artículo 32 del Texto refundido no 1265, de 27 de julio de 1934, de las leyes sanitarias, en la cuantía fijada por la Ley no 30, de 23 de enero de 1968, ¿constituye, teniendo en cuenta sus características, más arriba precisadas, una exacción de efecto equivalente a los derechos de aduana en el sentido del apartado 2 del artículo 13 del Tratado CEE? 2) En relación con las importaciones intracomunitarias, ¿exige el apartado 2 del artículo 13 del Tratado CEE la supresión de todas las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana a partir del 1 de julio de 1968 o, por el contrario, a partir del 1 de enero de 1970? 3) ¿Es idéntico el concepto de exacción de efecto equivalente a los derechos de aduana a) en el apartado 2 del artículo 13 del Tratado CEE, b) en el apartado 1 del artículo 2 del Convenio de asociación firmado en Yaundé el 20 de julio de 1963 entre la CEE y los Estados africanos y malgache, ratificado por Italia mediante la Ley no 406, de 20 de mayo de 1964, e incorporado en el ordenamiento jurídico comunitario mediante la Decisión no 345/64/CEE del Consejo, de 5 de noviembre de 1963, c) y en el apartado 1 del artículo 2 del Convenio de asociación firmado en Yaundé el 29 de julio de 1969 entre la CEE y los Estados africanos y malgache, ratificado por Italia mediante la Ley no 1048, de 7 de diciembre de 1970, e incorporado en el ordenamiento jurídico comunitario mediante la Decisión CEE no 539/70 del Consejo, de 29 de septiembre de 1970? 4) El apartado 1 del artículo 2 del Convenio de asociación firmado en Yaundé el 20 de julio de 1963 entre la CEE y los Estados africanos y malgache: a) ¿Es inmediatamente obligatorio? b) ¿Atribuye a los “nacionales” de los Estados miembros de la Comunidad el derecho subjetivo de no pagar al Estado de que se trate las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana, derecho el referido que los Jueces nacionales deban tutelar? c) ¿Produce sus efectos a partir del 1 de julio de 1968 o, antes bien, a partir del 1 de enero de 1970? 5) La obligación de no percibir exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana, que impone a los Estados el apartado 1 del artículo 2 de los dos Convenios de Yaundé sucesivos, ¿está vigente de modo ininterrumpido desde la fecha que se determine como respuesta a la cuestión c)?» Para responder de manera útil, conviene tener presente la legislación nacional, legislación ésta sobre cuya compatibilidad con las obligaciones comunitarias del Estado el Juez ha manifestado sus dudas. Como ha recordado recientemente la sentencia de 30 de septiembre de 1975, Cristini (32/75,↔ Rec. p. 1085), si bien el Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia en el marco del artículo 177, carece de competencia para aplicar la norma comunitaria al caso concreto y, por lo tanto, para calificar una disposición de Derecho nacional, sí que puede, sin embargo, facilitar al órgano jurisdiccional nacional los elementos de interpretación relativos al Derecho comunitario que puedan resultarle útiles para la valoración de la disposición de Derecho nacional.