SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 28 de marzo de 1995

Asunto T-12/94

Frédéric Daffix

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Separación del servicio — Motivación»

Texto completo en lengua francesa II-233

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de la decisión de la Comisión por la que se acuerda la separación del servicio del demandante.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

A petición del demandante, funcionario de la Comisión (DG X), la empresa Newscom, SA, subcontratista de la Comisión, le abonó la suma de 450.000 BFR contra la entrega de tres boletines de pedido. El primer boletín de pedido llevaba la firma del demandante por orden, el segundo y tercer boletines de pedido, la del Sr. M., a la sazón adjunto de un Jefe de Unidad de la DG X.

El Sr. M. declaró que su firma en los dos últimos boletines de pedido había sido falsificada y que los tres boletines de pedido no guardaban relación con ninguna prestación encargada a Newscom. Tras estas declaraciones, se inició un procedimiento disciplinario contra el demandante.

El demandante no negó haber recibido los 450.000 BFR de Newscom, pero declaró que había entregado dicha suma a la Sra. Lombaerts, la cual trabajaba para la «Haute définition TV», sita en París, por la que ésta le había entregado tres recibos con su firma. A pesar de las numerosas declaraciones del demandante a propósito de la identidad de la Sra. Lombaerts, la Comisión no ha podido localizarla.

En una audiencia realizada por uno de los funcionarios encargados de la instrucción del caso, el demandante declaró haberse apropiado del dinero. No obstante, después de esta entrevista, se retractó de su «confesión» y se negó a firmar el acta de la audiencia alegando que ello supondría reconocer haber cometido una falsificación.

En el informe elevado al Consejo de disciplina según lo previsto en el artículo 1 del Anexo IX del Estatuto, la AFPN imputaba al demandante «la falsificación de tres boletines de pedido dirigidos a un subcontratista de la Comisión, la empresa Newscom, la cual, basándose en estos boletines, le hizo entrega de la suma de 450.000 BFR en metálico, así como la apropiación de dicha suma».

El Consejo de disciplina consideró en su dictamen, por una parte, que no había quedado acreditado que el demandante hubiera falsificado los boletines de pedido y, por otra, que no podía descartar la posibilidad de que el demandante hubiera entregado la suma de que se trata a una tal Sra. Lombaerts. Sin embargo, habida cuenta de que el demandante no había comprobado previamente la identidad de la Sra. Lombaerts, el Consejo de disciplina consideró que había incurrido en incumplimiento grave de sus obligaciones. El Consejo recomendó a la AFPN que impusiera al demandante la sanción disciplinaria del descenso de grado.

El 18 de marzo de 1993, la AFPN adoptó la decisión impugnada en la que consideró, entre otras cosas, que el demandante había admitido haber extendido los tres boletines de pedido (segundo motivo), que negó haber falsificado la firma de su superior jerárquico en el segundo y tercer boletín de pedido (tercer motivo), que se sirvió de los tres boletines de pedido para conseguir que Newscom le pagara la suma de 450.000 BFR en metálico (cuarto motivo) y que las declaraciones del demandante a propósito de la entrega de la suma a una tercera persona y de la identidad de dicha persona habían sido divergentes y a menudo contradictorias, de forma que no podían ser tenidas en cuenta (quinto motivo). Según la AFPN, «se puede afirmar que el Sr. Daffix se apropió la suma de 450.000 BFR que recibió en metálico de la empresa Newscom» (sexto motivo). Estimó igualmente que esta afirmación quedó corroborada por la «confesión» del demandante (séptimo motivo), aunque éste se negara a firmar el acta de la audiencia correspondiente (octavo motivo). La AFPN consideró, por último, «que los hechos imputados al demandante constituyen un incumplimiento muy grave de sus obligaciones, que, en efecto, ponen en cuestión las propias bases de las relaciones de confianza que deben reinar entre la Institución y cada uno de los miembros de su personal, y que semejante conducta justifica la imposición de una sanción más severa que la recomendada por el Consejo de disciplina» (noveno y último motivo). Por consiguiente, la AFPN decidió imponer al demandante la sanción disciplinaria de la separación del servicio.

Sobre la admisibilidad del motivo basado en la falta de motivación del acto impugnado

En vista de la importancia que, en general, reviste el deber de motivación que incumbe a las Instituciones de la Comunidad en el ejercicio de sus competencias, expresado tanto en el artículo 190 del Tratado CEE como en el párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto, corresponde al Juez comunitario examinar el motivo basado en la falta de motivación de un acto dimanante de una Institución comunitaria, que es un motivo de orden público, que, por serlo, puede ser examinado de oficio põiel Juez comunitario en todo caso (apartado 31).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 28 de enero de 1992, Speybrouck/Parlamento (T-45/90, Rec. p. II-33), apartado 89; Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, González Holguera/Parlamento (T-115/89, Rec. p. II-831), apartado 37; Tribunal de Primera Instancia, 14 de julio de 1994, Grynberg y Hall/Comisión (T-534/93, RecFP p. II-595), apartado 59

Sobre el fundamento del motivo basado en la falta de motivación del acto impugnado

La obligación de motivar una decisión lesiva tiene por objeto, de un lado, proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la decisión es o no fundada y, de otro, permitir el control jurisdiccional (apartado 32).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento (195/80, Rec. p. 2861), apartado 22; Tribunal de Justicia, 21 de junio de 1984, Lux/Tribunal de Cuentas (69/83, Rec. p. 2447), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 20 de marzo de 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Comisión (T-1/90, Rec. p. II-143), apartado 73

Cuando la AFPN impone una sanción disciplinaria a un funcionario, la motivación de la decisión de la AFPN debe indicar con precisión los hechos imputados al funcionario, así como las consideraciones que han llevado a la AFPN a adoptar la sanción elegida. Además, si la sanción impuesta por la AFPN es más severa que la sugerida por el Consejo de disciplina, la decisión debe precisar de forma detallada los motivos que han llevado a la AFPN a apartarse del dictamen emitido por el Consejo de disciplina (apartado 33).

Referencia: Tribunal de Justicia, 29 de enero de 1985, F./Comisión (228/83, Rec. p. 275), apartado 35

En lo que se refiere a los hechos imputados al demandante, el Tribunal de Primera Instancia observa que, en el último motivo de la decisión, la AFPN calificó los hechos imputados al demandante de «incumplimiento muy grave». No obstante, la decisión no revela con claridad qué hechos de los que se imputan al demandante merecen tal calificación. Para concretar todavía más, en la decisión no se indica si el motivo basado en la falsificación de los boletines de pedido constituye para la AFPN un hecho acreditado que, junto con los otros «hechos imputados», la han llevado a imponer la sanción consistente en la separación del servicio. Ahora bien, dado que el demandante negó haber falsificado la firma que figura en los boletines de pedido, y que el Consejo de disciplina estimó que la falsificación de los boletines de pedido por el demandante no había quedado acreditada, incumbía a la AFPN motivar de manera explícita y detallada su decisión a este respecto (apartados 34 a 36).

Por lo que respecta al sexto motivo de la decisión, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que el demandante declaró haber entregado la suma de 450.000 BFR a la Sra. Lombaerts y que, en apoyo de esta afirmación, presentó tres recibos que pretende firmados por esta última. Ahora bien, ni en el quinto motivo ni en ningún otro motivo de la decisión se alude a estos tres recibos (apartados 37 a 39).

La AFPN no puede limitarse a rebatir las declaraciones del demandante de haber entregado la suma controvertida a una tercera persona, sin motivar de manera explícita las razones por las cuales las pruebas aportadas por el demandante no pueden, a su juicio, sustentar sus declaraciones, máxime cuando el Consejo de disciplina había estimado que no podía descartar la posibilidad de que el demandante hubiera entregado la suma de que se trata a la Sra. Lombaerts (apartado 40).

Por otra parte, la afirmación contenida en el sexto motivo de la decisión no es corroborada únicamente por la «confesión» del demandante, ya que, según el propio tenor de la decisión, la «confesión» del demandante, de la que por otra parte se retractó posteriormente, no es más que una motivación subsidiaria destinada a reforzar una conclusión a la que la AFPN ya había llegado (apartado 41).

En cuanto a las razones por las cuales la AFPN se apartó del dictamen emitido põiel Consejo de disciplina, los únicos motivos que la decisión contiene a este respecto figuran en la parte final del último motivo de la decisión. Estos motivos son vagos, generales y estereotipados y pueden justificar, en cualquier caso, una agravación de la sanción impuesta por la AFPN frente a la sanción propuesta por el órgano consultivo. Los motivos no explican en modo alguno las especiales razones por las cuales, en las circunstancias específicas del presente caso, se ha optado por la sanción de la separación del servicio y no por el descenso de grado, como había sugerido el Consejo de disciplina (apartados 44 y 45).

El Tribunal de Primera Instancia declara que los motivos de la decisión objeto de litigio no le permiten ejercer efectivamente el control de legalidad de la decisiórj impugnada (apartado 47).

Las precisiones y explicaciones dadas por la Comisión durante la fase oral no pueden suplir la insuficiencia de motivación de que adolece la decisión impugnada. En efecto, en todo caso, esta práctica no es admisible en una decisión que pone fin a un procedimiento disciplinario por el que se impone una sanción de especial gravedad, a saber, la separación del servicio del interesado, sanción que, por otra parte, no era la sugerida por el Consejo de disciplina en su dictamen. Ante tales circunstancias, la obligación de motivar la decisión lesiva debe entenderse en sentido estricto, excluyendo la posibilidad de rectificarla posteriormente, a fin de garantizar el pleno respeto del derecho de defensa en el contencioso disciplinario (apartados 48 y 49).

Fallo:

Se anula la decisión de la Comisión de 18 de marzo de 1993 por la que se acuerda la separación del servicio del demandante.