Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación - Exigencias formales - Presentación de todos los anexos mencionados en los escritos procesales - Exigencia no respetada en relación con documentos presentados anteriormente ante el Tribunal de Primera Instancia - Inadmisibilidad del recurso de casación - Exclusión

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 37, aps. 1 y 4, y 112, aps. 1 y 2)

2. Competencia - Transportes - Normas sobre la competencia - Transporte aéreo - Reglamento (CEE) nº 3975/87 - Ámbito de aplicación - Actividades que se refieren directamente a la prestación de servicios de transporte aéreo - Inclusión - Actividad de administración de aeropuertos - Exclusión

[Reglamentos nos 17 y (CEE) 3975/87 del Consejo]

3. Recurso de casación - Motivos - Desnaturalización del Derecho nacional utilizado como prueba - Admisibilidad

[Tratado CE, art. 168 A (actualmente art. 225 CE); Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1]

4. Competencia - Normas comunitarias - Empresa - Concepto - Entidad pública que ejerce actividades de administración de aeropuertos - Inclusión

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

5. Competencia - Posición dominante - Concepto - Entidad pública titular del monopolio legal de administración de las instalaciones aeroportuarias indispensables para la prestación de servicios de asistencia en tierra - Inclusión

[Tratado CE, art. 86 (actualmente art. 82 CE)]

6. Competencia - Posición dominante - Abuso - Discriminación practicada por el gestor de un aeropuerto entre las tarifas aplicadas a las empresas que prestan servicios de asistencia en tierra a terceros y las aplicadas a las empresas que se dedican a la autoasistencia

[Tratado CE, art. 86, párr. 2, letra c) (actualmente art. 82 CE, párr. 2, letra c)]

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1. El artículo 112, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento, al determinar los requisitos que debe cumplir el recurso de casación, dispone que será de aplicación el artículo 37 de dicho Reglamento, según el cual todo escrito procesal debe ir acompañado de «todos los anexos que en él se mencionan». Sin embargo, cuando las demás partes en el procedimiento de casación no han resultado perjudicadas, no cabe considerar que el incumplimiento de dicho requisito constituya un vicio suficiente para declarar la inadmisibilidad de un recurso de casación que se remite a documentos no adjuntos al mismo pero que acompañaban a la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, habida cuenta de que ninguna disposición del Reglamento de Procedimiento sanciona el incumplimiento de este requisito con la inadmisibilidad del recurso de casación.

( véanse los apartados 9 a 12 )

2. El Reglamento nº 3975/87, por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte aéreo, sólo se aplica a las actividades directamente relacionadas con la prestación de servicios de transporte aéreo, que quedan así excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento nº 17.

Pese a estar incluidas en el sector de los transportes, las actividades de gestión de aeropuestos, que no consisten en prestar servicios de asistencia en tierra, sino en suministrar servicios a las empresas que prestan, a su vez, servicios de asistencia en tierra a las empresas de transporte aéreo, no constituyen servicios de transporte aéreo a efectos del Reglamento nº 3975/87 y están comprendidas, por tanto, en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 17.

( véanse los apartados 21, 22 y 27 )

3. Son admisibles en el procedimiento de casación las alegaciones relativas a los hechos considerados probados y a la apreciación que de éstos se hace en la sentencia recurrida, cuando el recurrente alegue que el Tribunal de Primera Instancia efectuó apreciaciones cuya inexactitud material resulta de los documentos obrantes en autos o desnaturalizó las pruebas que le fueron sometidas. De ello se deduce que las alegaciones relativas a la interpretación errónea del Derecho nacional son admisibles cuando lo que se reprocha al Tribunal de Primera Instancia es el haber desnaturalizado dicho Derecho.

( véanse los apartados 56 y 63 )

4. En el contexto del Derecho de la competencia, el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, es decir, que ofrezca bienes o servicios en un determinado mercado, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación.

Éste es el caso de una entidad pública que, junto a actividades puramente administrativas, en particular las funciones de policía, ejerce actividades de gestión y explotación de aeropuertos. En efecto, estas últimas actividades son de carácter económico, puesto que, por un lado, consisten en permitir la utilización de las instalaciones aeroportuarias por parte de las compañías aéreas y de los distintos agentes de servicios, a cambio del pago de una tasa con un tipo fijado libremente por la entidad gestora del aeropuerto, y, por otro, no forman parte del ejercicio de las prerrogativas de poder público y pueden disociarse de las actividades conexas con el ejercicio de tales prerrogativas.

( véanse los apartados 75 a 79 )

5. A efectos del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE), disfruta de una posición dominante en el mercado constituido por los servicios de gestión de los aeropuertos de una determinada región, indispensables para la prestación de los servicios de asistencia en tierra, una entidad pública que, en su condición de propietario de las instalaciones aeroportuarias, es la única que puede permitir el acceso a dichas instalaciones. En efecto, al disponer del monopolio legal para la gestión de dichos aeropuertos y ser la única que puede conceder la autorización necesaria para realizar en ellos actividades de asistencia en tierra y establecer las condiciones de ejercicio de tales actividades, dicha entidad se encuentra en una situación de poder económico que le permite impedir que exista una competencia efectiva en el mercado, confiriéndole la posibilidad de comportarse de manera independiente.

( véanse los apartados 91, 92, 106 y 107 )

6. El artículo 86, párrafo segundo, letra c), del Tratado [actualmente artículo 82 CE, párrafo segundo, letra c)] prohíbe que una empresa que ocupe una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial de éste «aplique a sus socios comerciales condiciones desiguales por prestaciones equivalentes, estableciendo así en detrimento suyo una desventaja comparativa desde el punto de vista de la competencia».

Viola esta prohibición la entidad pública titular del monopolio legal de gestión de un aeropuerto que, en los contratos que celebra con las empresas que ofrecen servicios de asistencia en tierra y necesitan para ello obtener la autorización de acceso a las instalaciones aeroportuarias, exige unas tasas más elevadas a las empresas que prestan servicios a terceros que a las empresas que se dedican a la autoasistencia, pese a ofrecerles los mismos servicios. En efecto, tal diferencia, que no está objetivamente justificada, constituye una discriminación, que permite a las empresas que se dedican a la autoasistencia pero prestan también servicios a terceros amortizar sus inversiones y ofrecer a los terceros mejores condiciones que sus competidores, y que puede incitar a ciertas compañías aéreas a practicar la autoasistencia, en lugar de recurrir a los servicios de un tercero.

( véanse los apartados 114 y 116 )