3.

Un sector en el que la armonización de las disposiciones legislativas de los Estados miembros no ha sido todavía realizada es el de las causas de extinción de la deuda aduanera. El 25 de junio de 1979, el Consejo adoptó la Directiva 79/623/CEE, relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de deuda aduanera, que trata también de unificar, en cierta medida, el régimen de las causas de extinción; pero el plazo concedido a los Estados miembros para ajustarse a las obligaciones que les incumben por este concepto no terminará hasta el 1 de enero de 1982. En relación con el problema del que se trata, es interesante mencionar el noveno considerando de esta Directiva en el que se dice, entre otras cosas, que es necesario «precisar en qué circunstancias puede no nacer o extinguirse la deuda aduanera», y que implica la idea de que «las causas de dicha extinción deberán basarse en la comprobación de que lá mercancía no ha recibido efectivamente el destino económico que justifica la aplicación de los derechos». Según la lógica de este razonamiento, las causas de extinción de la deuda aduanera a la importación incluyen también la destrucción de la mercancía declarada para su despacho a libre práctica por orden de las autoridades competentes antes de que haya sido entregado el levante [letra a) del apartado 2 del artículo 9]. El hecho mismo de que las disposiciones comunitarias para regular la extinción de la deuda aduanera sólo se hayan adoptado recientemente lleva a pensar que, hasta la ejecución de la Directiva de que se trata por los Estados miembros, las disposiciones nacionales actualmente vigentes en la materia siguen siendo aplicables. Por esta razón ha de considerarse compatible con las disposiciones del Tratado CEE relativas a la unión aduanera la normativa existente en un Estado miembro que deja subsistir la deuda aduanera en un caso determinado (decomiso y destrucción de la mercancía por orden de las autoridades competentes), por más que las legislaciones de todos los demás Estados miembros prevean que en semejante supuesto la deuda aduanera no llega a nacer o que se extingue. No me parece que para oponerse a esta tesis puedan invocarse los principios generales del Derecho comunitario. Al resaltar el inconveniente que presenta la diferencia de la normativa alemana en relación con las de los demás Estados miembros, el órgano jurisdiccional de remisión probablemente pensaba en la oportunidad de una plena igualdad de trato de los importadores; pero hemos visto que la normativa comunitaria relativa a la unión aduanera deja que subsistan de modo temporal algunas diferencias entre los regímenes aduaneros nacionales; y es inevitable que estas diferencias den lugar a desigualdades de trato entre los operadores que importan mercancías procedentes de países terceros, según el Estado miembro en el que efectúen las operaciones de despacho de Aduanas. En consecuencia, a mi entender, debe evitarse hablar de un principio de igualdad de trato entre los importadores que se extienda al conjunto de la materia aduanera: la igualdad existe dentro de los límites de una normativa aduanera a nivel comunitario. Lo demuestra igualmente el texto del octavo considerando del Reglamento n° 803/68 relativo al valor en aduana de las mercancías, cuando señala entre los objetivos específicos que persigue, «el de asegurar a los importadores un trato igual respecto a la recaudación de los derechos del Arancel Aduanero Común». Añadiré a esto que, cuando el Tribunal de Justicia tuvo ocasión de pronunciarse en un caso en el que se planteó la igualdad de trato de los importadores (me remito al reciente asunto 735/79, Gedelfi, resuelto por sentencia de 3 de junio de 1980), este Tribunal de Justicia se limitó a reconocer en el «régimen único de intercambios con los países terceros»«uno de los objetivos fundamentales del mercado común» y «una de las finalidades esenciales del Reglamento n° 516/77», basándose luego en esta finalidad como criterio de interpretación del Reglamento. Este razonamiento me parece significativo en la medida en que atribuye a la igualdad de trato de los importadores el valor de un objetivo, gradualmente perseguido por el Derecho comunitario, y no el de un principio general. En lo que concierne, a continuación, a la posibilidad de elevar al rango de principio del Derecho comunitario el vínculo entre la deuda aduanera y el destino económico efectivo de la mercancía importada, considero que no deja de ser una hipótesis abstracta. Tan sólo la Directiva 79/623, ya mencionada incluye, como he señalado, el criterio según el cual la deuda aduanera debe extinguirse cuando la mercancía no ha recibido concretamente el destino económico que justificó la aplicación de derechos. Pero ello no permite en absoluto considerar que el legislador comunitario haya aplicado un principio general: subrayo una vez más que, en realidad, el legislador adoptó normas con vistas a un objetivo determinado.