Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento – Intervención – Personas interesadas – Intervención en el marco de una demanda de suspensión de la ejecución – Demanda relativa al Reglamento (CE) nº 1954/2003 en la medida en que afecta a las aguas de las Azores – Sociedad cooperativa de pescadores que ejercen su actividad en las aguas de las Azores – Asociación territorial para la protección del archipiélago de las Azores – Admisibilidad – Requisitos – Asociación internacional de defensa del medio ambiente – Inadmisibilidad

[Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 40, párr. 2; Reglamento (CE) nº 1954/2003 del Consejo]

2. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Requisitos de admisibilidad – Admisibilidad prima facie del recurso principal – Examen breve del recurso principal por el juez de medidas provisionales

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

3. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Recurso de una autoridad regional – Región que goza de personalidad jurídica propia en virtud del Derecho nacional – Región que puede interponer un recurso

(Art. 230 CE, párr. 4)

4. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Reglamento sobre la gestión de la pesca en determinadas zonas – Recurso de una autoridad regional de una de las zonas afectadas por el Reglamento – Admisibilidad – Requisitos

[Art. 230 CE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 1954/2003 del Consejo]

5. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión – Urgencia – Ponderación de los intereses en conflicto – Suspensión de la ejecución de una medida de alcance general – Evaluación de las consecuencias de la suspensión para numerosos interesados en relación con la necesidad de la medida para el demandante

[Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CE) nº 1954/2003 del Consejo]

6. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión – Urgencia – Perjuicio grave e irreparable – Existencia de otras vías posibles que pueden ser adoptadas por la Comisión o por los Estados miembros – Urgencia inexistente

[Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CE) nº 1954/2003 del Consejo]

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1. Según el artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el concepto de interés en la solución del litigio debe entenderse como un interés directo y actual en que se estimen las pretensiones. En particular, debe comprobarse si quien ha solicitado intervenir como coadyuvante resulta directamente afectado por el acto impugnado y si su interés en la solución del litigio es real. Se admite la intervención de asociaciones representativas que tienen por objeto la protección de los intereses de sus miembros en asuntos en los que se plantean cuestiones de principio que pueden afectar a tales intereses.

Justifica dicho interés, en el marco de una demanda de suspensión de la ejecución del Reglamento nº 1954/2003 sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios, en la medida en que afecta a las aguas de las Azores, una organización de productores constituida en forma de sociedad cooperativa de responsabilidad limitada cuyo objeto principal consiste en la defensa de los intereses de sus miembros, que son básicamente pescadores que ejercen su actividad en las Azores. Justifica igualmente dicho interés una asociación sin ánimo de lucro que proclama la protección del medio ambiente y cuyo objeto principal consiste especialmente en el estudio y la defensa del patrimonio nacional y cultural del archipiélago de las Azores, así como la protección de la población piscícola y los ecosistemas marinos de dicho archipiélago.

Por el contrario, es inadmisible la demanda de intervención de una asociación internacional de defensa del medio ambiente cuando sus objetivos y sus actividades abarcan zonas geográficas extensas y no están exclusiva o principalmente centradas en las aguas de las Azores. En efecto, el alcance de los intereses de dicha asociación internacional es demasiado amplio y demasiado general para que se consideren afectadas sustancialmente por la solución del procedimiento de suspensión de la ejecución de un Reglamento que sólo afecta a las aguas de las Azores.

(véanse los apartados 59, 60, 63, 69 y 70)

2. Si bien el problema de la admisibilidad del recurso principal no debe, en principio, examinarse en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales so pena de prejuzgar el fondo del asunto, no es menos cierto que, para que la demanda de suspensión de la ejecución de un acto se declare admisible, el demandante debe demostrar la existencia de elementos que permitan, a primera vista, inferir la admisibilidad del recurso principal al que se une su demanda de medidas provisionales, para evitar que, a través de un procedimiento sobre medidas provisionales, pueda lograr la suspensión de la ejecución de un acto cuya anulación sería posteriormente denegada por el Tribunal de Justicia al declarar la inadmisibilidad de su recurso tras el examen del fondo de éste.

Dicho examen de la admisibilidad del recurso principal es necesariamente sumario, habida cuenta del carácter urgente del procedimiento de medidas provisionales. En efecto, en el marco de una demanda de medidas provisionales, la admisibilidad del recurso principal sólo puede apreciarse a primera vista, ya que la finalidad es examinar si la demandante aduce elementos suficientes que justifiquen a priori afirmar que la admisibilidad del recurso principal no será excluida. El juez de medidas provisionales sólo declarará la inadmisibilidad de la demanda cuando la admisibilidad del recurso principal pueda ser totalmente excluida. Por consiguiente, el juez de medidas provisionales sólo declarará la inadmisibilidad de la demanda cuando la admisibilidad del recurso principal pueda ser totalmente excluida. En caso contrario, pronunciarse sobre la admisibilidad en el procedimiento sobre medidas provisionales cuando ésta no está, prima facie, totalmente excluida, supondría prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento principal.

(véanse los apartados 108 a 110)

3. Una región, en la medida en que goza de personalidad jurídica propia en virtud del Derecho nacional, puede en principio interponer un recurso de anulación conforme al artículo 230 CE, cuarto párrafo, según el cual toda persona física o jurídica puede interponer recurso contra las decisiones de las que sea destinataria y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, le afecten directa e individualmente.

(véase el apartado 112)

4. En el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, un acto de alcance general como un reglamento sólo puede afectar individualmente a personas físicas o jurídicas si les afecta en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que las caracteriza frente a cualquier otra persona y las individualiza de manera análoga a la de un destinatario.

En particular, en el marco de un recurso de anulación interpuesto por una región, como la Región Autónoma de las Azores, contra el Reglamento nº 1954/2003, sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios, en la medida en que afecta a las aguas de las Azores, el interés general que puede tener, como entidad competente para las cuestiones de orden económico en su territorio, en particular para la pesca, en conseguir un resultado favorable para la prosperidad económica de ésta no basta, de por sí, para considerar que resulta afectada en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. Tampoco basta, para demostrar que existe interés individual, con que la demandante goce de una protección particular conferida por el Tratado, a saber por el artículo 299 CE, apartado 2, o que el acto impugnado la mencione expresa y precisamente, o, incluso, que el Consejo debió tener en cuenta la situación de la demandante al adoptar el Reglamento impugnado.

La demandante debe demostrar, apoyándose en hechos, que el acto impugnado le afecta en razón de una situación de hecho que la caracteriza frente a cualquier otra persona, incluso, en relación con las otras regiones ultraperiféricas. A primera vista, éste puede ser el caso si la demandante demuestra que el Reglamento impugnado surte efectos sustanciales e inmediatos en su situación jurídica, en cuanto que, como consecuencia de la aplicación de las disposiciones de éste, se verá privada de su potestad legislativa en materia de pesca y en cuanto que las actividades pesqueras, que constituyen una parte sustancial de su economía, resultarán afectadas y que su situación es especial en lo relativo al ecosistema marino y a las actividades pesqueras.

(véanse los apartados 116 a 120)

5. En el marco de una demanda de suspensión de la ejecución de un reglamento que contiene una medida de alcance general, como el Reglamento nº 1954/2003, sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios, el juez de medidas provisionales debe evaluar las consecuencias de una suspensión de ejecución para numerosos interesados en relación con la necesidad de las medidas provisionales solicitadas para impedir el daño grave e irreparable invocado por el demandante en espera de que recaiga la resolución en el recurso principal.

Debe asimismo tenerse en cuenta el hecho de que, cuando el Consejo, en calidad de legislador, goza de un margen de apreciación considerable y que el control jurisdiccional se limita, por consiguiente, a examinar si el acto adolece de error manifiesto o de desviación de poder o si la autoridad de que se trate ha sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación, el juez de medidas provisionales, salvo en una situación de urgencia evidente, no puede sustituir por su propia apreciación, sin riesgo de menoscabar la potestad discrecional del Consejo, la que formuló dicha institución.

La ponderación de los intereses en juego implica, pues, que el juez de medidas provisionales sólo pueda sustituir la apreciación del Consejo por la suya propia en circunstancias excepcionales caracterizadas por un fumus boni iuris especialmente estricto y una urgencia manifiesta.

(véanse los apartados 135 a 138, 193 y 195)

6. El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse a la luz de la necesidad que exista de adoptar una resolución provisional para evitar un daño grave e irreparable para la parte que solicita la medida. En particular, cuando el perjuicio depende de la materialización de un conjunto de factores, basta con que dicho perjuicio sea previsible con un grado suficiente de probabilidad.

A este respecto, cuando se trata de una demanda de suspensión de la ejecución de un reglamento, como el Reglamento nº 1954/2003, sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios, la necesidad de dicha medida provisional se excluye si existen otras vías posibles, más adecuadas y más proporcionadas, como las medidas de urgencia adoptadas por la Comisión o por los Estados miembros en el marco de la política común de la pesca, y si el demandante puede emprender acciones para garantizar la adopción de tales medidas.

(véanse los apartados 141 y 194)