CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. EVGENI TANCHEV

presentadas el 5 de marzo de 2020 ( 1 )

Asuntos acumulados C‑674/18 y C‑675/18

EM

contra

TMD Friction GmbH (C‑674/18)

y

FL

contra

TMD Friction EsCo GmbH (C‑675/18)

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania)]

«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2001/23/CE — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad — Artículos 3 y 5 — Directiva 2008/94/CE — Protección de los derechos de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Artículo 8 de la Directiva 2008/94/CE — Pensiones complementarias — Responsabilidad del cesionario respecto de las pensiones complementarias de los trabajadores de una empresa transmitida por un cedente insolvente»

1. Cuando, de conformidad con la legislación de un Estado miembro, determinadas prestaciones de jubilación no son abonadas por una entidad encargada de proteger los derechos de pensión de los trabajadores de empresas insolventes, con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, ( 2 ) ¿en qué circunstancias, en su caso, responde el cesionario de una empresa insolvente de dichas prestaciones, en virtud de los artículos 3 o 5 de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad? ( 3 )

2. Esta es, en esencia, la cuestión planteada en las peticiones de decisión prejudicial del Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania; en lo sucesivo, «órgano jurisdiccional remitente»). El órgano jurisdiccional remitente se interroga sobre la compatibilidad con la Directiva 2001/23 de determinadas prácticas, reguladas por el Derecho alemán, que conllevan una reducción de las prestaciones de jubilación complementarias de los trabajadores y antiguos trabajadores y que se aplican en caso de insolvencia de una empresa, así como sobre la incidencia de dichas prácticas en las obligaciones de los cesionarios.

3. He llegado a la conclusión de que esta cuestión se rige principalmente por la lex specialis que constituye el artículo 5 de la Directiva 2001/23. Es más, en las circunstancias del litigio principal, la jurisprudencia del Estado miembro que exonera a los cesionarios de garantizar determinados derechos en materia de pensiones a los trabajadores de un cedente insolvente, correspondientes a un período de la relación laboral anterior a la fecha de la transmisión, sobrepasa la facultad reconocida a los Estados miembros, en virtud del artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23, de limitar los derechos y obligaciones de los cesionarios, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23, si los derechos de que se trata no producen efectos jurídicos frente al cedente. ( 4 ) Si el Derecho nacional no legitima a los trabajadores de que se trate para invocar dichos derechos ante los tribunales de los Estados miembros a fin de que se les garantice el pago de las citadas prestaciones de jubilación del cedente, ( 5 ) se trata de derechos a prestación que no «existían» antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23. Por tanto, tales prestaciones no pueden quedar excluidas de las obligaciones del cesionario, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23.

4. No obstante, aunque resultara aplicable la limitación prevista en el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23, esta queda sujeta a dos salvedades.

5. En primer lugar, el Estado miembro debe haber aplicado la limitación prevista en el citado artículo 5, apartado 2, letra a), de un modo suficientemente claro y preciso a fin de garantizar la seguridad jurídica exigida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. ( 6 )

6. En segundo lugar, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23, el Derecho del Estado miembro debe garantizar una protección «como mínimo equivalente» a la que establece la Directiva 2008/94. Esta circunstancia debe apreciarse con arreglo a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Pensions-Sicherungs-Verein, ( 7 ) extremo que también corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

I. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

7. Los artículos 3, apartados 1 y 4, y 5, apartados 1, 2, letra a), y 4, de la Directiva 2001/23 son del siguiente tenor: «Artículo 3 1. Los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso, serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal traspaso. […] 4. a) Salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros, los apartados 1 y 3 no serán aplicables a los derechos de los trabajadores en materia de prestaciones de pensión, invalidez o supervivencia al amparo de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales fuera de los regímenes legales de seguridad social de los Estados miembros. b) Aun cuando los Estados miembros no establezcan, de conformidad con la letra a), que los apartados 1 y 3 serán aplicables a tales derechos, adoptarán, no obstante, las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores, así como de las personas que hayan dejado ya el centro de actividad del cedente en el momento del traspaso, en lo que se refiere a sus derechos adquiridos, o en curso de adquisición, a prestaciones de pensión, comprendidas las prestaciones para los supervivientes, con arreglo a los regímenes complementarios contemplados en la letra a). […] Artículo 5 1. Salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros, los artículos 3 y 4 no serán aplicables a los traspasos de empresas, centros de actividad, o partes de empresas o centros de actividad, cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente y estos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente (que podrá ser un interventor de empresas autorizado por una autoridad pública competente). 2. En el supuesto de que los artículos 3 y 4 se apliquen a un traspaso durante un procedimiento de insolvencia abierto respecto de un cedente (independientemente de que dicho procedimiento se haya iniciado para liquidar los activos del cedente) y a condición de que dicho procedimiento esté bajo la supervisión de una autoridad pública competente (que podrá ser un interventor de empresas determinado por la legislación nacional), un Estado miembro podrá disponer que: a) no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, no se transfieran al cesionario las obligaciones del cedente, derivadas de los contratos o de las relaciones laborales, que puedan existir antes de la fecha del traspaso o antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, siempre y cuando dicho procedimiento dé lugar, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, a una protección como mínimo equivalente a la que se establece para las situaciones cubiertas por la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario [DO 1980, L 283, p. 23; EE 05/002, pp. 219‑223] y, o alternativamente, que: […] 4. Los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para evitar que se abuse de los procedimientos de insolvencia para privar a los trabajadores de los derechos resultantes que en virtud de la presente Directiva les asisten.»

8. El artículo 8 de la Directiva 2008/94 establece lo siguiente: «Los Estados miembros se asegurarán de que se adopten las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las personas que ya han dejado la empresa o el centro de actividad del empresario, en la fecha en que se produce la insolvencia de este, en lo que se refiere a sus derechos adquiridos, o a sus derechos en curso de adquisición, a prestaciones de vejez, incluidas las prestaciones a favor de los supervivientes, en virtud de regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales que existan independientemente de los regímenes legales nacionales de seguridad social.»

B. Derecho nacional

9. El artículo 613a, apartado 1, del Bügerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán; en lo sucesivo, «BGB») (párrafo 1), con el epígrafe «Derechos y obligaciones en caso de transmisiones de empresas» reza así: «1) Cuando se transmita un centro de actividad o una parte de un centro de actividad mediante acto jurídico a otro titular, este se subrogará en los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales existentes en la fecha de la transmisión. Cuando estos derechos y obligaciones estén regulados por un convenio colectivo o un acuerdo de empresa, pasarán a constituir el contenido de la relación laboral entre el nuevo titular y el trabajador y no podrán ser modificados en perjuicio de este último antes de que transcurra un año desde la fecha de la transmisión […]»

10. De las resoluciones de remisión se desprende que el Derecho alemán establece que, en principio, en virtud del artículo 613a, apartado 1, del BGB, en caso de transmisión de empresa, los derechos de pensiones complementarias de los trabajadores transferidos al cesionario quedan garantizados. No obstante, según la jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente a partir de una sentencia de 17 de enero de 1980, en virtud las disposiciones imperativas de la Insolvenzordnung (Ley concursal), el artículo 613a, apartado 1, no es aplicable en la medida en que el cesionario no responde de la parte de la futura prestación de pensión correspondiente a un régimen complementario profesional derivada de los períodos de empleo del trabajador anteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia. Esta circunstancia se basa en el principio de satisfacción equitativa de los acreedores. En el marco del procedimiento de insolvencia, los créditos deben ser satisfechos exclusivamente con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Ley Concursal.

11. El artículo 7, apartado 1, de la Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz — BetrAVG) (Ley de mejora de las pensiones de empleo) dispone que los derechos adquiridos con carácter definitivo deben ser reconocidos por un organismo legal de garantía en casos de insolvencia, mientras que el artículo 7, apartado 2, sexta frase, establece que el organismo legal de garantía en casos de insolvencia no está obligado a tener en cuenta las modificaciones de la base de cálculo de las prestaciones de pensión de empleo que se produzcan tras una declaración de insolvencia.

12. El artículo 14 de la Ley de mejora de las pensiones de empleo, con el epígrafe «Organismo de garantía en casos de insolvencia», precisa que dicho organismo es el Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (en lo sucesivo, «PSV»). Según la resolución de remisión, dicha ley establece que los derechos adquiridos a raíz del cumplimiento de determinadas etapas ligadas, en particular, a los períodos de empleo, están garantizados por el PSV (véanse, en particular, los artículos 1b y 30f de la Ley de mejora de las de pensiones de empleo).

II. Litigios principales y cuestiones prejudiciales

Asunto C‑674/18, EM contra TMD Friction GmbH

13. En el asunto C‑674/18, el demandante, EM, nacido en 1980, trabajó en Textar GmbH desde 1996. En virtud de un convenio colectivo, Textar GmbH se comprometía a pagar a sus trabajadores, entre otras cosas, una pensión de jubilación de empresa. De conformidad con este régimen de complementario, la cuantía de la pensión de jubilación por cada año de servicio oscilaba entre el 0,2 % y el 0,55 % de la retribución mensual bruta del trabajador percibida en una fecha determinada previa al momento de la extinción de la relación laboral.

14. La relación laboral de EM fue posteriormente cedida a TMD Friction GmbH, sobre cuyo patrimonio se inició un procedimiento de insolvencia el 1 de marzo de 2009. En abril de ese mismo año, la actividad de TMD Friction GmbH, que había continuado incluso después de la apertura del procedimiento de insolvencia, fue transmitida a la demandada ( 8 ) mediante una venta efectuada por el administrador concursal.

15. El PSV, organismo de garantía en casos de insolvencia legalmente designado en Alemania para los regímenes de pensiones profesionales, comunicó a EM que, debido a su edad (29 años), no había adquirido derecho definitivo a pensión en la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia y, por tanto, con arreglo al Derecho alemán, en caso de que se produjera una contingencia determinante de la prestación (como alcanzar la edad de jubilación), no le corresponderían las prestaciones del PSV.

16. EM alegó ante el órgano jurisdiccional remitente que la demandada debería concederle en el futuro una pensión de jubilación cuando se produjera la contingencia que genera derecho a prestaciones (por ejemplo, alcanzar la edad de jubilación), por un importe que comprendería también los períodos de empleo anteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia.

17. Ante el órgano jurisdiccional remitente, TMD Friction GmbH alegó que, en el supuesto de transmisión de una empresa tras la apertura del procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio del cedente, el cesionario solo responde del pago de la parte de la pensión de jubilación de empleo correspondiente a los períodos de empleo posteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia.

18. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente decidió plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Permite el artículo 3, apartado 4, de la Directiva [2001/23], en caso de transmisión de empresa tras la apertura de un procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio del cedente con arreglo a la normativa nacional, que prescribe, en principio, la aplicación del artículo 3, apartados 1 y 3, de la citada Directiva también a los derechos de los trabajadores en materia de pensiones de jubilación, invalidez o supervivencia al amparo de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales, que se establezca una restricción en virtud de la cual el cesionario no responde de los derechos en curso de adquisición que se basen en períodos de empleo anteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia? 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial: En caso de transmisión de empresa tras la apertura de un procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio del cedente, ¿deben ajustarse las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores en el sentido del artículo 3, apartado 4, letra b), de la Directiva [2001/23], en lo que respecta a sus derechos adquiridos o en curso de adquisición a pensiones de jubilación en virtud de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales, al nivel de protección exigido por el artículo 8 de la Directiva [2008/94]? 3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión: ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 4, letra b), de la Directiva [2001/23] en el sentido de que se han adoptado las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores, en lo que respecta a sus derechos adquiridos o en curso de adquisición a pensiones de jubilación al amparo de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales, si el Derecho nacional establece que: – la obligación de conceder en el futuro una pensión de jubilación al amparo de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales a un trabajador afectado por la transmisión de una empresa durante el procedimiento de insolvencia se transmite a la empresa cesionaria; – la empresa cesionaria responde de los futuros derechos de pensiones en la medida en que se deriven de los períodos de empleo posteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia; – en tal caso, el organismo de garantía en casos de insolvencia designado por el Derecho nacional no está obligado a responder de la parte de los futuros derechos de pensiones adquirida antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, y – el trabajador puede reclamar en el procedimiento de insolvencia del cedente el valor de la parte de sus futuros derechos de pensiones adquirida antes de la apertura del procedimiento de insolvencia? 4) Si el Derecho nacional también impone la aplicación de los artículos 3 y 4 de la Directiva [2001/23] en caso de transmisión de empresa durante un procedimiento de insolvencia, ¿es aplicable el artículo 5, apartado 2, letra a), de la citada Directiva a los derechos en curso de adquisición de los trabajadores al amparo de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales que, aunque se han ido adquiriendo antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, no se traducen en derechos a prestaciones hasta el cumplimiento de la correspondiente contingencia, es decir, hasta un momento posterior? 5) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones segunda o cuarta: ¿Comprende el nivel mínimo de protección que han de proporcionar los Estados miembros con arreglo al artículo 8 de la Directiva [2008/94] la obligación de garantizar los derechos de pensiones en curso de adquisición que, conforme al Derecho nacional, no habían sido aún adquiridos definitivamente en el momento de la apertura del procedimiento de insolvencia y solo devienen definitivos porque la extinción de la relación laboral no va ligada al procedimiento de insolvencia? 6) En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión: ¿En qué circunstancias puede considerarse que las pérdidas de prestaciones de jubilación de un régimen complementario profesional sufridas por el antiguo trabajador a causa de la insolvencia del empresario son manifiestamente desproporcionadas y, por lo tanto, exigen que los Estados miembros garanticen un nivel mínimo de protección contra tales pérdidas con arreglo al artículo 8 de la Directiva [2008/94], aunque el trabajador vaya a recibir al menos la mitad de las prestaciones que se deriven de sus derechos de pensión adquiridos? 7) En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión: ¿Están amparados también los derechos de pensiones en curso de adquisición de los trabajadores por la protección que exigen el artículo 3, apartado 4, letra b), y el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva [2001/23] (equivalente a la establecida por el artículo 8 de la Directiva 2208/94), cuando dicha protección no resulta del Derecho nacional sino únicamente de una aplicación directa del artículo 8 de la Directiva [2008/94]? 8) En caso de respuesta afirmativa a la séptima cuestión: ¿Tiene efecto directo el artículo 8 de la Directiva [2008/94], de modo que permite a un [trabajador] invocarlo ante el órgano jurisdiccional nacional también cuando, pese a percibir al menos la mitad de las prestaciones que se derivan de sus derechos de pensión adquiridos, las pérdidas sufridas por dicho trabajador a causa de la insolvencia del empresario deben considerarse desproporcionadas? 9) En caso de respuesta afirmativa a la octava cuestión: ¿Es una autoridad pública de un Estado miembro una entidad de Derecho privado que ha sido designada por el Estado miembro de forma vinculante para los empresarios como organismo de garantía en caso de insolvencia para las pensiones de jubilación, que está sujeta a la supervisión de los servicios financieros ejercida por el Estado, que recauda de los empresarios en régimen de Derecho público las cotizaciones necesarias para las garantías en caso de insolvencia y que, al igual que una autoridad pública, puede proceder a la ejecución forzosa mediante acto administrativo?»

Asunto C‑675/18, FL contra TMD Friction EsCo GmbH

19. De la resolución de remisión se desprende que el caso de FL solo difiere del de EM en que su derecho a pensión ya se había adquirido con carácter definitivo al iniciarse el procedimiento de insolvencia.

20. FL nació en 1950 y comenzó a trabajar en Textar GmbH en 1968. Esta empresa se regía por un convenio colectivo que garantizaba a los trabajadores, en particular, una pensión de jubilación profesional. De conformidad con el régimen de pensiones, la cuantía de la pensión de jubilación por cada año de servicio ascendía al 0,5 % de la retribución mensual bruta del trabajador en una fecha determinada anterior a la extinción de la relación laboral.

21. La relación laboral de FL fue posteriormente cedida a TMD Friction GmbH. El procedimiento de insolvencia sobre los bienes de esta sociedad se inició el 1 de marzo de 2009. El 22 de abril de 2009, la actividad de TMD Friction GmbH, que había continuado tras la apertura del procedimiento de insolvencia, fue cedida a la sociedad TMD Friction Esco GmbH mediante una venta efectuada por el administrador concursal.

22. Desde 1 de agosto de 2015, FL percibe de TMD Friction Esco GmbH una pensión de jubilación profesional de 145,03 euros mensuales con arreglo al régimen de pensiones.

23. Desde esta misma fecha, FL también percibe una pensión de jubilación de 816,99 euros mensuales del PSV. De conformidad con el Derecho alemán, para calcular la cuantía de esta pensión, el PSV se basó en la retribución mensual bruta en el momento de la apertura del procedimiento de insolvencia (1 de marzo de 2009).

24. Ante el órgano jurisdiccional remitente, FL alegó que TMD Friction Esco GmbH debería abonarle una pensión profesional de un importe más elevado, basada en el régimen de pensiones vigente para su último salario. Sobre la base del régimen que le es aplicable, después de 45 años de servicios prestados en TMD Friction EsCo GmbH o sus antecesores legales y una retribución mensual bruta, antes de la extinción de su relación laboral, de 4940,00 euros, en su opinión, debería obtener una pensión de jubilación profesional de 1115,50 euros mensuales. De este importe, TMD Friction Esco GmbH solo debería deducir la prestación de 816,99 euros abonada por el PSV. Por tanto, según el demandante, la empresa le adeuda 149,48 euros mensuales en concepto de la pensión resultante. ( 9 )

25. TMD Friction Esco GmbH alegó que, cuando se transmite una empresa tras la apertura de un procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio del cedente, el cesionario solo responde de la parte de la pensión de jubilación profesional correspondiente a los períodos de servicio prestados después de dicha apertura.

26. Consecuentemente, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se responda a las mismas cuestiones prejudiciales planteadas en el punto 18 de las presentes conclusiones, excepción hecha de las cuestiones tercera, quinta y sexta que figuran en dicho punto 18, que quedan sustituidas por las siguientes: «3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión: ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 4, letra b), de la Directiva [2001/23] en el sentido de que se han adoptado las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores, en lo que respecta a los derechos adquiridos o en curso de adquisición a las pensiones de jubilación al amparo de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales, si el Derecho nacional establece que: – la obligación de abonar en el futuro una prestación de jubilación al amparo de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales a un trabajador afectado por la transmisión de una empresa durante el procedimiento de insolvencia se transmite al cesionario; – la empresa cesionaria responde de los futuros derechos de pensiones, cuyo importe depende, entre otros, del tiempo de permanencia del trabajador en la empresa y de la retribución de este al producirse la contingencia, en la medida en que se deriven de los períodos de empleo posteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia; – en tal caso, el organismo de garantía en casos de insolvencia designado por el Derecho nacional no está obligado a responder de la parte de los futuros derechos de pensiones adquiridos antes de la apertura del procedimiento de insolvencia en tanto en cuanto su importe se calcula en función de la retribución percibida por el trabajador en el momento de la apertura del procedimiento de insolvencia, y – ni el cesionario ni el organismo de garantía en caso de insolvencia responden de los incrementos que experimenten los futuros derechos de pensiones en virtud de aumentos salariales posteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia pero referidos a períodos de empleo anteriores a ese momento; – el trabajador, no obstante, puede reclamar dicha diferencia de valor de sus derechos en curso de adquisición en el procedimiento de insolvencia del cedente? 5) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones segunda o cuarta: ¿Comprende también el nivel mínimo de protección que deben proporcionar los Estados miembros con arreglo al artículo 8 de la Directiva [2008/94] la parte de los derechos de pensiones en curso de adquisición acumulados en la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia porque la extinción de la relación laboral no va ligada al procedimiento de insolvencia? 6) En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión: ¿En qué circunstancias puede considerarse que las pérdidas de prestaciones de jubilación de un régimen complementario profesional sufridas por el antiguo trabajador a causa de la insolvencia del empresario son manifiestamente desproporcionadas y, por lo tanto, exigen que los Estados miembros garanticen un nivel mínimo de protección contra tales pérdidas con arreglo al artículo 8 de la Directiva [2008/94], aunque el trabajador vaya a recibir al menos la mitad de las prestaciones que se deriven de sus derechos de pensión adquiridos?

27. Han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia EM, FL, la República Federal de Alemania y la Comisión Europea. Todas las partes intervinieron en la vista celebrada el 12 de diciembre de 2019, junto con TMD Friction GmbH y TMD Friction Esco GmbH (en lo sucesivo, conjuntamente, «demandadas»).

III. Apreciación

A. Planteamiento

28. Abordaré tres cuestiones en la exposición de la solución que propongo al problema jurídico suscitado en los litigios principales.

1. Sobre el carácter horizontal de los litigios principales

29. En primer lugar, las cuestiones prejudiciales octava y novena son inadmisibles. Los litigios principales versan sobre la interpretación de las Directivas de la Unión antes citadas en el contexto de una controversia entre particulares, de modo que carece de transcendencia si estas Directivas tienen o no efecto directo. ( 10 ) No obstante, las cuestiones octava y novena versan sobre obligaciones directas que emanan de la Directiva 2008/94, mientras que la novena alude al PSV con una descripción de dicho órgano. ( 11 )

30. Sin embargo, el PSV no es parte en los procedimientos, y las cuestiones octava y novena, cuyas respuestas afectarían a sus intereses, van más allá de una mera repercusión negativa sobre los derechos de terceros, ( 12 ) tal como permite la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. ( 13 ) Por tanto, si el Tribunal de Justicia respondiera a las cuestiones octava y novena sobre la eficacia directa, cuestiones que ya se plantearon y a las que ya se dio respuesta el 19 de diciembre de 2019 en la citada sentencia del asunto Pensions-Sicherungs-Verein, ( 14 ) se vulnerarían inevitablemente el principio de igualdad de armas y los derechos de la defensa consagrados en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, dado que el PSV no es una de las partes demandadas, las cuestiones son meramente hipotéticas. ( 15 )

31. De este modo, el nivel mínimo de protección previsto por el artículo 8 de la Directiva 2008/94 ( 16 ) solo puede ser pertinente en el litigio principal en la medida en que dicha disposición esté vinculada a las consecuencias jurídicas que implica para las demandadas a la luz, por ejemplo, de la interpretación del artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23. ( 17 )

32. Dado que los litigios principales versan sobre una acción horizontal entre dos particulares, el órgano jurisdiccional remitente está obligado a tomar en consideración el conjunto de normas del Derecho nacional y aplicar los métodos de interpretación reconocidos por este para interpretarlo, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de las Directivas de que se trata para alcanzar el resultado que estas persiguen y, por tanto, atenerse a lo dispuesto en el artículo 288 TFUE, párrafo tercero. ( 18 )

2. Interpretación del Derecho nacional improcedente

33. En segundo lugar, por muy útil que sea la información facilitada al Tribunal de Justicia sobre las disposiciones del Derecho alemán relativas a la insolvencia y a las pensiones para conocer el contexto de los litigios principales, me permito recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este no es competente para interpretar disposiciones nacionales ni para apreciar si es correcta la interpretación que las autoridades del Estado miembro de que se trate efectúa de estas. ( 19 ) Así pues, en las presentes conclusiones me limitaré a interpretar las disposiciones pertinentes de las Directivas 2001/23 y 2008/94 sin entrar en disquisiciones sobre el significado de conceptos propios del Derecho alemán.

3. Interrogantes fundamentales del órgano jurisdiccional remitente y reformulación de las cuestiones prejudiciales

34. En tercer lugar, con el fin de proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, identificaré lo que percibo como los objetivos fundamentales que subyacen a las cuestiones prejudiciales remitidas, que reformularé.

35. Estos objetivos parecen ser tres, a saber: 1) determinar si los litigios principales se rigen por el artículo 3 o por el artículo 5 de la Directiva 2001/23, o por ambos; 2) una vez identificada la disposición pertinente, si, en las circunstancias que nos ocupan, dicha disposición, debidamente interpretada, transfiere la responsabilidad de las prestaciones solicitadas por EM y FL a los cesionarios demandados; 3) determinar la función del artículo 8 de la Directiva 2008/94 a este respecto.

36. Según reiterada jurisprudencia, en el marco de una petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia puede aportar a los tribunales nacionales todos los elementos necesarios para resolver el litigio principal, pero es competencia de los tribunales nacionales comprobar si se cumplen los requisitos fácticos que desencadenan la aplicación de una norma de Derecho de la Unión en el asunto pendiente ante ellos y deducir las consecuencias de los mismos para la decisión que deben dictar. ( 20 )

37. Además, el Tribunal de Justicia ha reiterado, en el contexto de la interpretación de los artículos 3 a 5 de la Directiva 2001/23, que, con el fin de dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional nacional, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a reformular las cuestiones que se le plantean. ( 21 )

38. Por consiguiente, propongo suprimir el texto de las cuatro primeras cuestiones, dado que se basan en la primacía del artículo 3 de la Directiva 2001/23 sobre el artículo 5 de esta, primacía que no se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni de la propia Directiva 2001/23. A la luz del primero de los tres objetivos citados anteriormente (punto 35 de las presentes conclusiones), la primera cuestión podría redactarse en los siguientes términos: «1) Cuando el Derecho de un Estado miembro limita las pensiones profesionales complementarias de los trabajadores de las que debe responder el cesionario de una empresa con motivo de la insolvencia del cedente, ¿se rigen los derechos de los trabajadores afectados principalmente por el artículo 5 de la Directiva 2001/23 o por el artículo 3 de esta Directiva, o bien por ambas disposiciones?»

39. La identificación de las disposiciones pertinentes, y la posible jerarquía entre ellas, es un ejercicio cualitativamente diferente de la determinación de si el problema planteado en un caso particular está comprendido en el ámbito de aplicación material de esas disposiciones.

40. Como se explicará detalladamente en las líneas que siguen (puntos 44 a 59 de las presentes conclusiones), he llegado a la conclusión de que, si el procedimiento de insolvencia de que se trata queda fuera del ámbito de aplicación material del artículo 5 de la Directiva 2001/23, no puede interpretarse que otras disposiciones contenidas en dicha Directiva, como el artículo 3, apartado 4, incluyan el procedimiento de insolvencia, habida cuenta del carácter de lex specialis del artículo 5 de la Directiva 2001/23.

41. Por lo tanto, propongo que el Tribunal de Justicia responda a una ulterior cuestión redactada de la siguiente forma: «2) ¿Tiene cabida el procedimiento de insolvencia de que se trata en los litigios principales en el ámbito de aplicación material del artículo 5, apartados 1 o 2, de la Directiva 2001/23?»

42. Como explicaré más adelante (véanse los puntos 61 a 79 de las presentes conclusiones), entiendo que los litigios principales entran en el ámbito de aplicación material del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/23. Sin embargo, para alcanzar el segundo de los objetivos señalados en el punto 35 de las presentes conclusiones, debemos plantearnos una tercera interrogante: sobre la base de los hechos de los litigios principales, ¿están las demandadas obligadas, con arreglo a alguna de las letras del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/23, a garantizar las pensiones que reclaman EM y FL? A tal efecto, puede plantarse una tercera cuestión prejudicial: «3) En las circunstancias de los litigios principales, ¿permite el artículo 5, apartado 2, letras a) o b), de la Directiva 2001/23 una restricción, según el Derecho de los Estados miembros, en el sentido de que el cesionario no está obligado a pagar pensiones complementarias derivadas de los períodos de empleo cumplidos antes de la apertura del procedimiento de insolvencia?»

43. Por último, como se desprende de las cuestiones prejudiciales quinta, sexta y séptima, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se aclare la incidencia del artículo 8 de la Directiva 2008/94 en la interpretación de la Directiva 2001/23. Por tanto, propongo la siguiente cuestión: «4) En las circunstancias de los litigios principales, ¿qué función debe desempeñar el artículo 8 de la Directiva 80/987, en particular en lo que respecta al principio de proporcionalidad, en caso de que un trabajador transferido pretenda imputar a un cesionario obligaciones en materia de pensiones si el cedente está siendo objeto de un procedimiento de insolvencia?»

B. Respuestas a las cuestiones prejudiciales reformuladas

1. Sobre la primera cuestión prejudicial

44. La primera cuestión prejudicial, tal como ha sido reformulada, debería responderse en el sentido de que, cuando la legislación de un Estado miembro limita las prestaciones de pensiones profesionales complementarias de los trabajadores de las que responde el cesionario de una empresa por la insolvencia del cedente, en virtud del Derecho de la Unión, los derechos de dichos trabajadores se rigen, principalmente, por el artículo 5 de la Directiva 2001/23.

45. De los documentos obrantes en autos se desprende que la insolvencia es el presupuesto de la reducción de los derechos de pensión de los trabajadores transferidos, el cual fue introducido en la jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente el 17 de enero de 1980 y constituye para este la cuestión medular. Como se señala en las observaciones escritas de la Comisión, la apertura del procedimiento de insolvencia provocó la pérdida del derecho de los trabajadores demandantes.

46. Conviene señalar que la protección de la Directiva 2001/23 comprende la totalidad de los derechos de los trabajadores, siempre que no se les aplique una excepción expresamente prevista por la propia Directiva. ( 22 ) En principio, para el cálculo de derechos de carácter pecuniario, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23 obliga al cesionario a tener en cuenta todo el período de empleo. ( 23 ) Solo se admiten las excepciones previstas por la Directiva 2001/23, que deben ser objeto de una interpretación restrictiva, habida cuenta de que se alejan del objetivo principal de la citada Directiva, a saber, la protección de los derechos de los trabajadores en el caso de determinadas transmisiones de empresas. ( 24 )

47. Las cuatro primeras cuestiones prejudiciales parecen fundamentarse en una interpretación incorrecta de la sistemática de la Directiva 2001/23, en la medida en que se basan en el supuesto de que la jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente, que se remonta al 17 de enero de 1980 y excluye los períodos de empleo anteriores a la insolvencia de la obligación del cesionario de abonar las pensiones profesionales de los trabajadores transferidos, no es sino expresión del margen de apreciación de los Estados miembros que significan los términos «salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros» del artículo 3, apartado 4, letra a), de la Directiva 2001/23, o bien que estos deberían respetar el artículo 3, apartado 4, letra b), de dicha Directiva.

48. De hecho, como se señala en las observaciones escritas de Alemania, que comparten EM y FL, el artículo 5 de la Directiva 2001/23 es lex specialis, ( 25 ) que regula, exclusivamente, la medida en que los Estados miembros pueden negar a los trabajadores transferidos por cedentes insolventes las protección otorgada por los artículos 3 y 4.

49. En primer lugar, tal conclusión viene sugerida inevitablemente por la redacción del artículo 5 de la Directiva 2001/23. Su relación con los artículos 3 y 4 se limita a establecer cierto margen de apreciación de los Estados miembros para ampliar la protección otorgada por estos artículos «a los traspasos de empresas […] cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente y estos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente» (artículo 5, apartado 1). En el artículo 5, apartado 2, figura también una referencia generalizada a los artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23 y a la limitación adicional de la protección que garantizan en lo que respecta a «un traspaso durante un procedimiento de insolvencia abierto respecto de un cedente (independientemente de que dicho procedimiento se haya iniciado para liquidar los activos del cedente) y a condición de que dicho procedimiento esté bajo la supervisión de una autoridad pública competente» [artículo 5, apartado 2, letra a)].

50. Además, como señaló el representante de EM en la vista, el artículo 5 debe ser interpretado de tal manera que desincentive un uso abusivo de los procedimientos de insolvencia, teniendo en cuenta que los Estados miembros están obligados a tomar las medidas oportunas para evitar tales abusos, de conformidad con el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2001/23. Sería incongruente con este objetivo ( 26 ) interpretar la Directiva en el sentido de que concede a los Estados miembros la facultad discrecional de reducir los derechos de los trabajadores en el contexto (de diversos tipos) de procedimientos de insolvencia no comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 5 de la Directiva, remitiéndose a otra disposición de la Directiva 2001/23, como el artículo 3, apartado 4. Dicha interpretación iría, además, en contra de la propia sistemática de la Directiva 2001/23.

51. En consecuencia, no hay nada en la sistemática, o en lo que podríamos denominar «contexto interno», ( 27 ) ni en la redacción de la Directiva 2001/23 que sugiera que su artículo 5 está subordinado al artículo 3 en general, o a las reglas del artículo 3, apartado 4, sobre prestaciones de pensiones al amparo de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales. Solamente el artículo 5, apartado 2, letra a), está subordinado a otra norma de Derecho de la Unión, a saber, la Directiva 80/987, anterior a la Directiva 2008/94. ( 28 ) En efecto, como señaló EM en sus observaciones escritas, la remisión a la Directiva 2008/94 (en la forma de la Directiva 80/987, anterior a aquella) que se hace en el artículo 5 de la Directiva 2001/23 refuerza aún más su carácter de lex specialis.

52. El considerando 7 de la Directiva 2001/23 refleja el objetivo de crear un instrumento ad hoc que tenga en cuenta la facultad discrecional de los Estados miembros en un ámbito concreto. Señala, entre otras cosas, que la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, ( 29 ) fue modificada «a la luz de […] las tendencias legislativas de los Estados miembros en lo que se refiere al rescate de las empresas en dificultades económicas».

53. La solución que propugno resulta corroborada, además, por los trabajos preparatorios de la Directiva 2001/23.

54. El artículo 5 de la Directiva 2001/23 fue incorporado a esta a resultas de la modificación de la Directiva 77/187/CEE por el artículo 4 bis de la Directiva 98/50/CE, de 29 de junio de 1998, por la que se modifica la Directiva 77/187. ( 30 )

55. La introducción de normas especiales en materia de insolvencia se refleja en el considerando 7 de la Directiva 98/50. ( 31 ) En este se dice que «para garantizar la supervivencia de las empresas insolventes debe permitirse expresamente que los Estados miembros no apliquen los artículos 3 y 4 de la Directiva 77/187/CEE a los traspasos efectuados en el marco de procedimientos de liquidación, y […] deben permitirse algunas excepciones a las disposiciones generales de la Directiva en caso de traspasos efectuados en el contexto de procedimientos de insolvencia» (el subrayado es mío).

56. Asimismo, el considerando 3 de la Directiva 98/50 indica que el objetivo de esta era modificar la Directiva 77/187 «a la luz», entre otras cosas, «de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia». ( 32 ) Como ha explicado recientemente con encomiable detalle el Abogado General Szpunar, ( 33 ) esta jurisprudencia ha establecido una excepción a las garantías previstas en la Directiva 77/187, justificada en un principio por la especificidad del Derecho concursal. ( 34 )

57. La propuesta de la Comisión en la que se basaba la Directiva 98/50 ( 35 ) establecía, asimismo, que «para garantizar la supervivencia de las empresas insolventes debe permitirse expresamente que los Estados miembros no apliquen los artículos 3 y 4 de la Directiva a los traspasos efectuados en el marco de procedimientos de liquidación, y que deben permitirse algunas excepciones a las disposiciones generales de la Directiva en caso de traspasos efectuados en el contexto de procedimientos de preliquidación», mientras que el dictamen del Comité Económico y Social afirma que «las nuevas disposiciones en caso de insolvencia de la propuesta de Directiva son sin duda un intento encomiable de introducir elementos de flexibilidad en esta materia». ( 36 )

58. En suma, no hay ningún indicio en los trabajos preparatorios de la Directiva 2001/23 que indique que la flexibilidad de los Estados miembros en materia de transmisión de empresas insolventes deba subordinarse a las normas generales preexistentes sobre las prestaciones enumeradas en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2001/23, entre las que se hallan las prestaciones de pensiones al amparo de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales, objeto de los litigios principales. Cabe añadir que es simplemente contrario a la lógica jurídica que una misma situación pueda regirse por dos disposiciones diferentes, como el artículo 3 y el artículo 5 de la Directiva 2001/23.

59. Por tales razones, propongo que se dé a la primera cuestión prejudicial reformulada la respuesta que he adelantado en el punto 44 de las presentes conclusiones.

2. Sobre la segunda cuestión prejudicial

60. Procede responder a la segunda cuestión prejudicial en el sentido de que el procedimiento de insolvencia descrito en la resolución de remisión no está comprendido en el ámbito de aplicación material del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23, sino en el del artículo 5, apartado 2, letra a), de dicha Directiva.

a) Respuesta a la segunda cuestión prejudicial en relación con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23

61. La jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia obliga a dar una respuesta negativa a esta cuestión en lo que se refiere al artículo 5, apartado 1, en particular, dado el hecho de que la jurisprudencia anterior al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 es indispensable para determinar el significado del artículo 5, apartado 1. ( 37 ) Según dicha jurisprudencia, los criterios que determinan si un procedimiento de insolvencia constituye «un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente [que] estén bajo la supervisión de una autoridad competente» son las «características» de dicho procedimiento y su «objetivo». ( 38 )

62. El Tribunal de Justicia ha declarado que, para que la transmisión de una empresa esté comprendida en la excepción prevista en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23, deben cumplirse tres requisitos acumulativos, a saber, que el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo, que este procedimiento se haya abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente y que se halle bajo la supervisión de una autoridad pública competente. ( 39 ) Según consta en los autos, el segundo requisito, el referido al objetivo que persigue la liquidación, es el único que no se cumple en los litigios principales.

63. El representante de las demandadas subrayó en la vista que la transmisión de que se trata en los litigios principales salvó puestos de trabajo, lo que permitió a la empresa desarrollarse y prosperar. En las observaciones escritas de Alemania se afirma que el objetivo de la legislación alemana, en su configuración actual, es mantener los puestos de trabajo, y en la vista se sostuvo, además, que limitar las responsabilidades de los cesionarios de las empresas insolventes en relación con las pensiones hace más atractiva la adquisición de la empresa transmitida. En caso contrario, el precio de adquisición de la empresa aumentaría. Estos argumentos también figuran en la resolución de remisión.

64. No obstante, como se señala en las observaciones escritas de EM, precisamente es este objetivo el que ha sido excluido por la jurisprudencia relativa al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23. El requisito según el cual el procedimiento debe haberse iniciado con vistas a la liquidación no se cumple en el caso de procedimientos que persiguen continuar la actividad de la empresa en cuestión, ( 40 ) independientemente de la calificación que el Derecho del Estado miembro atribuya al procedimiento. En efecto, en la sentencia Comisión/Italia, ( 41 ) el Tribunal de Justicia no aceptó las alegaciones formuladas por el Gobierno italiano para justificar su propia falta de adaptación del Derecho interno a la Directiva 2001/23 en relación con las empresas en «situación de crisis», basándose en que, de lo contrario, «un potencial cesionario podría verse disuadido de adquirir la empresa si tuviera que conservar el personal excedentario de la empresa transmitida». ( 42 )

65. Solo puedo entender el procedimiento en cuestión en los litigios principales como un procedimiento que persigue salvaguardar el carácter operativo de la empresa o sus partes viables, ( 43 ) más que un procedimiento que tenga por objeto la liquidación de los bienes para maximizar la satisfacción colectiva de los intereses de los acreedores, ( 44 ) como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para que un procedimiento de insolvencia esté comprendido en la excepción prevista en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23.

66. Cabe destacar que el procedimiento se tramitó en un breve período de cuatro meses. Durante dicho período, la empresa fue transmitida de una filial del grupo TMD a otra, por lo que pudo mantener su actividad. No se discute que la empresa siguió operando en la misma dirección postal y que tanto el cedente como el cesionario estaban vinculados por el mismo convenio colectivo. En principio, ninguna autoridad emitió órdenes de liquidación de bienes.

67. En cualquier caso, el procedimiento de insolvencia se utiliza a menudo con fines de reorganización y, en tales casos, no tiene por objeto la liquidación de la empresa. ( 45 ) La jurisprudencia ha establecido desde hace tiempo que los procedimientos que tienen como finalidad favorecer el mantenimiento de la actividad de la empresa con vistas a su reanudación posterior no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 5 de la Directiva 2001/23. ( 46 ) Tal era en caso en los litigios principales.

68. Si el análisis solicitado terminara en este punto, no dudaría en recomendar al Tribunal de Justicia que declarara que las prestaciones de pensiones de EM y FL deben ser garantizadas por las partes demandadas como si el procedimiento de insolvencia nunca hubiera tenido lugar. No obstante, también debe tenerse en cuenta la facultad discrecional que otorga a los Estados miembros el artículo 5, apartado 2, letra a), así como la cuestión de cómo compatibilizar esta facultad con la jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente, que data del 17 de enero de 1980.

b) Respuesta a la segunda cuestión prejudicial en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/23.

69. En primer lugar, ha de observarse que el artículo 5, apartado 2, letra b), no es relevante en esta sede porque, en los litigios principales, no parece existir ningún pacto para introducir «cambios en las condiciones contractuales de empleo de los trabajadores, con la finalidad de mantener las oportunidades de empleo al garantizar la supervivencia de la empresa o del centro de actividad o de la parte de la empresa o del centro de actividad».

70. En segundo lugar, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/23 ha sido objeto, hasta ahora, de un análisis mucho menos profundo por parte del Tribunal de Justicia que el artículo 5, apartado 1. ( 47 ) Para interpretar su alcance, me orientaré siguiendo la (limitada) jurisprudencia desarrollada hasta la fecha, así como el tenor, el contexto y los objetivos de dicha disposición. ( 48 )

71. El Tribunal de Justicia ha declarado que «el postulado de base» del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/23 «es la aplicación de los artículos 3 y 4», ( 49 ) en coherencia con la regla consolidada según la cual las disposiciones de la Directiva 2001/23 que establecen excepciones a los derechos y obligaciones del cesionario deben ser interpretadas de manera restrictiva. ( 50 )

72. Tanto el tenor como los trabajos preparatorios del artículo 5, apartado 2, letra a), ponen de manifiesto que este artículo se introdujo con el fin de conferir a los Estados miembros la facultad discrecional de limitar los derechos y obligaciones transmitidos por un cedente cuando el procedimiento no se inicia para liquidar el patrimonio del cedente.

73. En lo que respecta a los trabajos preparatorios, me remito a los puntos 55 y 57 de las presentes conclusiones. Solo pueden concederse a los Estados miembros «algunas excepciones» para garantizar la supervivencia de las empresas insolventes.

74. El artículo 5, apartado 2, letra a), parte preliminar, de la Directiva 2001/23 dice así: «En el supuesto de que los artículos 3 y 4 se apliquen a un traspaso durante un procedimiento de insolvencia abierto respecto de un cedente (independientemente de que dicho procedimiento se haya iniciado para liquidar los activos del cedente) […]».

75. Esta redacción solo puede interpretarse en el sentido de que, a los efectos del presente asunto, los derechos y obligaciones que se transmiten a los cesionarios en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23 se aplican a todos los procedimientos de insolvencia que no se hayan iniciado con vistas a la liquidación de los bienes del cedente, como ocurre en los litigios principales, dado que no se ha facultado expresamente al Estado miembro para disponer otra cosa, a diferencia de la formulación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23, que comienza con la expresión «salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros». El artículo 5, apartado 2, letra a), parte preliminar, de la Directiva 2001/23, que reza «en el supuesto de que los artículos 3 y 4 se apliquen a un traspaso durante un procedimiento de insolvencia», no se refiere a la facultad discrecional de los Estados miembros, sino a los presupuestos de hecho y de Derecho que deben darse para que se apliquen los artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23, como la existencia de una «transferencia». El margen de discreción de los Estados miembros interviene en las letras a) y b) del artículo 5, apartado 2.

76. Además, esta interpretación es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. ( 51 ) Las excepciones que los Estados miembros pueden establecer en relación con los procedimientos de insolvencia que no se hayan iniciado con vistas a la liquidación del cedente están previstas en la letra a).

77. Asimismo, en las observaciones escritas de Alemania se indica que el Derecho alemán ha establecido una excepción limitada en cuanto a los derechos que se hallan en vías de adquisición antes de la declaración de insolvencia, con el fin de garantizar la recuperación de la empresa, conforme al artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23. Se trata precisamente de las excepciones limitadas que establece el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23.

78. Por tanto, la sentencia de 18 de enero de 1980 del órgano jurisdiccional remitente y su jurisprudencia posterior pueden considerarse un ejercicio de la facultad de establecer excepciones, aplicada, en este caso, a los procedimientos de insolvencia comprendidos en el ámbito de aplicación material del artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23. Es irrelevante el hecho de que no existiera ninguna excepción antes de la introducción del artículo 5 en la Directiva 2001/23. Los Estados miembros no están obligados a tomar medidas específicas para aplicar las Directivas, siempre que tales medidas sean jurídicamente vinculantes. ( 52 ) Poco importa que la jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente date del 17 de enero de 1980, antes de la entrada en vigor de la Directiva 2001/23, puesto que las normas ya vigentes en la legislación de los Estados miembros pueden transponer una Directiva. ( 53 ) No obstante, como explicaré más adelante en la respuesta a la tercera cuestión prejudicial, la transposición a través de la jurisprudencia puede engendrar ciertas dificultades en relación con las exigencias del Derecho de la Unión en materia de seguridad jurídica.

79. En cualquier caso, por todas estas razones, propongo que se responda a la segunda cuestión prejudicial reformulada en los términos que he adelantado en el punto 60 de las presentes conclusiones.

3. Sobre la tercera cuestión prejudicial

80. La tercera cuestión prejudicial, tal como se ha reformulado anteriormente, debe responderse en el sentido de que el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23 permite una limitación, de conformidad con el Derecho del Estado miembro, según la cual el cesionario no responde de las prestaciones de pensiones derivadas de los períodos de empleo anteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia si dichas prestaciones producen efectos jurídicos, ( 54 ) es decir, si los trabajadores afectados tienen derecho a reclamar ante los tribunales del Estado miembro el pago de la pensión por el cedente. ( 55 ) En cualquier caso, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el Estado miembro ha ejercitado la facultad de apreciación que le confiere el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23 a través de la jurisprudencia con la precisión y la claridad necesarias para garantizar la seguridad jurídica.

81. El caso de TMD Friction GmbH, en cuanto concierne a EM, no se sostiene, porque, como se aduce en las observaciones escritas de esta último, en virtud de la redacción del artículo 5, apartado 2, letra a), las prestaciones de pensiones no podían «existir» («dues» en francés, «pagabili» en italiano) en la fecha del traspaso, como exige esta disposición, ya que no se había producido la contingencia que da derecho a ellas, a saber, alcanzar la edad de jubilación.

82. En cambio, el caso de FL es más complejo, puesto que se trata de un antiguo empleado. Si bien FL alcanzó la edad de jubilación con posterioridad a la declaración de insolvencia (se jubiló el 31 de julio de 2015), de los autos se desprende que los derechos a pensión de FL ya se habían adquirido cuando se inició el procedimiento de insolvencia. Incumbe, pues, al órgano jurisdiccional remitente determinar si FL tenía derecho a obtener del cedente insolvente las prestaciones complementarias de que se trata, calculadas a la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia, tal como se ha descrito en el punto 80 de las presentes conclusiones. En caso de respuesta afirmativa, la exoneración del cesionario de la responsabilidad de pagar dichas prestaciones sería conforme a la Directiva 2001/23.

83. Asimismo, el sintagma «que puedan existir», del artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23, solo puede interpretarse en el sentido de que se refiere al momento en que un trabajador tiene derecho a percibir prestaciones de vejez, por ejemplo, cuando se produce la contingencia que genera ese derecho. Si se aceptaran los argumentos presentados en las observaciones escritas de Alemania, según las cuales «existe» la obligación de satisfacer un derecho en curso de adquisición cuando surge una carga económica para el cedente (esto es, antes de la insolvencia), se crearía una situación inviable en cuanto a la repartición de activos en el marco del procedimiento de insolvencia.

84. Además de ser incompatible con la redacción del artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23, tal situación también sería incompatible con la seguridad jurídica y con el buen funcionamiento del principio de satisfacción equitativa de los acreedores. Como se señala en las observaciones escritas de EM, dado que este aún no se ha jubilado, su pérdida puede estimarse solamente en la nada despreciable suma de 430 euros al mes de una pensión profesional estimada en 1300 euros al mes. Esto contrasta con el dato preciso de las pérdidas de FL, calculadas en 149,98 euros.

85. Asimismo, el sintagma «que puedan existir» que figura en el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23 debe interpretarse de manera restrictiva; ( 56 ) debe serlo, además, de conformidad con la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), ( 57 ) que los Estados miembros deben transponer antes del 17 de julio de 2021. ( 58 ) Esta Directiva establece que «un marco de reestructuración preventiva establecido de conformidad con la presente Directiva no debe afectar a los créditos y derechos de que se disponga frente al deudor derivados de sistemas de pensiones de jubilación si esos créditos y derechos nacieron antes de la restructuración», ( 59 ) lo que parece sugerir que la Directiva 2001/23 debe interpretarse en un sentido que maximice las obligaciones de los cesionarios en materia de pensiones y no a la inversa.

86. En cualquier caso, la seguridad jurídica obliga al órgano jurisdiccional del Estado miembro a comprobar si la jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente, que se remonta al 18 de enero de 1980, puede constituir un ejercicio válido de la limitación prevista en el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23. ( 60 )

87. El Tribunal de Justicia ha reafirmado recientemente, en el marco del cálculo de las pensiones, que el principio de seguridad jurídica se impone con especial rigor en presencia de una normativa que pueda implicar consecuencias económicas, por lo que es necesario que los derechos conferidos a los particulares por el Derecho de la Unión se apliquen de un modo suficientemente preciso, claro y previsible a fin de permitir que los interesados conozcan con exactitud sus derechos y obligaciones y adopten sus disposiciones en consecuencia y los invoquen ante los tribunales nacionales. ( 61 )

88. El Tribunal ha declarado igualmente, en cuanto a las excepciones a las Directivas relativas a los derechos de los trabajadores en el marco de su relación laboral, que «cuando el Derecho de la Unión brinda a los Estados miembros la facultad de establecer excepciones a determinadas disposiciones de una Directiva, están obligados a ejercer su potestad discrecional con respeto a los principios generales del Derecho de la Unión, entre los que figura el principio de seguridad jurídica. A estos efectos, las disposiciones que permiten las excepciones facultativas a los principios fijados por una Directiva deben aplicarse con la precisión y la claridad necesarias para que se cumplan las exigencias derivadas de dicho principio». ( 62 )

89. De los autos se desprende, como confirmó el agente de la Comisión en la vista, que las medidas activas adoptadas por Alemania para aplicar la Directiva 2001/23 han pivotado entorno al artículo 613a del Código Civil alemán. En la vista se tuvo la impresión de que existía una desconexión entre el artículo 5 de la Directiva 2001/23 y las medidas legislativas adoptadas por Alemania en materia de insolvencia. Esta es otra razón más para que el órgano jurisdiccional remitente verifique el cumplimiento de los principios expuestos en los puntos 87 y 88 de las presentes conclusiones.

90. Por estas razones, la tercera cuestión prejudicial debe responderse en el sentido indicado en el punto 80 de las presentes conclusiones.

4. Sobre la cuarta cuestión prejudicial

91. La cuarta cuestión prejudicial reformulada debe responderse en el sentido de que el cumplimiento de los requisitos del artículo 8 de la Directiva 2008/94, de conformidad con el Derecho del Estado miembro, es una condición previa para la aplicación del artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23. La reducción del importe de las pensión profesional abonada a un antiguo trabajador por la insolvencia de su antiguo empleador se considera manifiestamente desproporcionada si el interesado percibe menos de la mitad del importe de las prestaciones resultantes de sus derechos adquiridos o si, a causa de dicha reducción, el antiguo trabajador vive o habría de vivir por debajo del umbral del riesgo de pobreza fijado por Eurostat para el Estado miembro de que se trate, extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.

92. Del tenor del artículo del artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23 y del sintagma «siempre y cuando» resulta sin lugar a dudas que el artículo 8 de la Directiva 2008/94 es la condición previa para poder limitar las obligaciones de los cesionarios establecidas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23.

93. Como se ha explicado anteriormente, la pertinencia del artículo 8 de la Directiva 2008/94 se limita a FL, dado que el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23 solo permite la exclusión de las deudas «que puedan existir» antes de la fecha de la transmisión o antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, a condición, además, de que el Derecho del Estado miembro ofrezca una «protección como mínimo equivalente» a la prevista por la Directiva 2008/94. A partir de la sentencia en el asunto Robins y otros, ( 63 ) la jurisprudencia ha establecido el criterio de proporcionalidad, que conlleva la obligación mínima de garantizar el cincuenta por ciento de los derechos de pensión. ( 64 ) El Tribunal de Justicia ha sostenido que el artículo 8 «pretende garantizar una protección de los intereses de los trabajadores asalariados a largo plazo, dado que tales intereses, en lo que se refiere a los derechos adquiridos o en curso de adquisición se extienden, en principio, a todo el período de jubilación». ( 65 )

94. Es importante señalar que el principio establecido en la sentencia Robins descrito en el punto anterior evolucionó a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2019, Pensions-Sicherungs-Verein, en la que el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente: «El artículo 8 de la Directiva 2008/94 debe interpretarse en el sentido de que la reducción del importe de las prestaciones de pensión de empresa abonadas a un antiguo trabajador asalariado, debido a la insolvencia del empresario, se considera manifiestamente desproporcionada, aunque el interesado perciba cuando menos la mitad del importe de las prestaciones resultantes de sus derechos adquiridos, si este antiguo trabajador asalariado ya vive o habría de vivir, a causa de dicha reducción, por debajo del umbral del riesgo de pobreza fijado por Eurostat para el Estado miembro de que se trate.» ( 66 )

95. Corresponde al juez del Estado miembro comprobar este extremo, dado que FL solamente solicita a la demandada una pensión complementaria resultante de añadir 149,48 euros a la que ya recibe; en cualquier caso, el citado umbral parece cumplirse, especialmente cuando en las observaciones escritas de FL se afirma que se trata de una pérdida de solo el 12,8 %. Además, el argumento formulado por FL en sus observaciones escritas de que las concesiones que hicieron trabajadores como él para garantizar la continuidad de la empresa deberían tenerse en cuenta en la apreciación de la proporcionalidad no está reconocido en la jurisprudencia.

96. No obstante, he de señalar que la obligación que figura en el artículo 8 de la Directiva 2008/94 constituye una garantía mínima indispensable para la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (considerando 3). El artículo 8 obliga a los Estados miembros con independencia de las disposiciones establecidas por estos, en relación con los cesionarios, en cuanto a la cuestión general de la transmisión de las prestaciones de pensión, invalidez o supervivencia establecidas en el artículo 3, apartado 4, letra a), de la Directiva 2001/23, y a las obligaciones mínimas impuestas a los Estados miembros en el artículo 3, apartado 4, letra b), en lo atinente a dichas prestaciones en general.

97. En suma, el artículo 8 de la Directiva 2008/94 es una salvaguardia que obliga a los Estados miembros «a garantizar a los trabajadores la protección mínima exigida por la citada disposición». ( 67 ) La característica distintiva de dicha obligación es el establecimiento de una protección totalmente independiente del cedente en el plano económico, ( 68 ) que apoya al trabajador asalariado con independencia de las disposiciones establecidas por los Estados miembros en materia de pensiones con arreglo al artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2001/23. Esto es coherente con uno de los objetivos clave, que se remonta a la década de 1970, de las denominadas «Directivas de reestructuración», a saber, la mitigación de las consecuencias sociales adversas de las operaciones de reestructuración. ( 69 )

98. En consecuencia, la cuarta cuestión prejudicial, en su nueva formulación, debería responderse como se ha propuesto en el punto 91 de las presentes conclusiones.

IV. Conclusiones

99. Por consiguiente, propongo que se responda a las cuestiones prejudiciales planteadas, tal como se han reformulado, en los siguientes términos: «1) Cuando el Derecho de un Estado miembro limita las prestaciones de pensiones complementarias de los trabajadores asalariados de las que responde el cesionario de una empresa, por la insolvencia del cedente, los derechos de los trabajadores afectados se rigen principalmente por el artículo 5 de la Directiva 2001/23 del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad. 2) El procedimiento de insolvencia controvertido en los litigios principales está comprendido en el ámbito de aplicación material del artículo 5, apartados 2, letra a), de la Directiva 2001/23. 3) El artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23 permite una limitación, de conformidad con la Derecho del Estado miembro, según la cual el cesionario no responde de las prestaciones de pensiones relativas a los períodos de empleo anteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia si dichas prestaciones producen efectos jurídicos, en el sentido de que los trabajadores de que se trate tienen derecho a reclamar ante los tribunales del Estado miembro el pago de la pensión por el cedente. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el Estado miembro ha ejercitado la facultad de apreciación que le confiere, a través de la jurisprudencia, el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23 con la precisión y la claridad necesarias para garantizar la seguridad jurídica. 4) El cumplimiento, de conformidad con el Derecho del Estado miembro, de los requisitos del artículo 8 de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, es una condición previa para la aplicación del artículo 5, apartado 2, letra a) de la Directiva 2001/23. La reducción del importe de las prestaciones de pensión profesionales abonadas a un antiguo trabajador asalariado por la insolvencia de su antiguo empleador se considera manifiestamente desproporcionada si el antiguo trabajador percibe menos de la mitad del importe de las prestaciones resultantes de sus derechos adquiridos o si, a causa de dicha reducción, el antiguo trabajador vive o habría de vivir por debajo del umbral del riesgo de pobreza fijado por Eurostat para el Estado miembro de que se trate, extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.»

( 1 ) Lengua original: inglés.

( 2 ) DO 2008, L 283, p. 36. El pronunciamiento más reciente sobre el significado del artículo 8 de la presente Directiva es la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Pensions-Sicherungs-Verein (C‑168/18, EU:C:2019:1128). Véanse también, en particular, las sentencias de 25 de enero de 2007, Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2007:56); de 25 de abril de 2013, Hogan y otros (C‑398/11, EU:C:2013:272); de 24 de noviembre de 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891), y de 6 de septiembre de 2018, Hampshire (C‑17/17, EU:C:2018:674).

( 3 ) DO 2001, L 82, p. 16.

( 4 ) Sentencia de 7 de octubre de 2019, Safeway (C‑171/18, EU:C:2019:839), apartado 29.

( 5 ) Sentencia de 7 de octubre de 2019, Safeway (C‑171/18, EU:C:2019:839), apartado 25.

( 6 ) Véase, en el contexto de una excepción a una Directiva, la sentencia de 21 de octubre de 2010, Accardo y otros (C‑227/09, EU:C:2010:624), apartado 55. Véase, recientemente, por ejemplo, la sentencia de 7 de octubre de 2019, Safeway (C‑171/18, EU:C:2019:839), apartado 25 y jurisprudencia citada.

( 7 ) C‑168/18, EU:C:2019:1128.

( 8 ) Según las observaciones escritas de EM, el nombre de la empresa cesionaria era, en ese momento, Friction OpCo, una filial del grupo TMD, posteriormente TMD Friction.

( 9 ) De los autos se desprende que esto se debe a la aplicación del artículo 7, apartado 2, de la Ley de mejora de las pensiones de empleo referida en el punto 11 de las presentes conclusiones.

( 10 ) Véanse las sentencias de 10 de octubre de 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745); de 7 de agosto de 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631), y de 16 de mayo de 2019, Plessers (C‑509/17, EU:C:2019:424), apartado 28.

( 11 ) Sentencia de 19 de diciembre de 2019, Pensions-Sicherungs-Verein (C‑168/18, EU:C:2019:1128).

( 12 ) Sentencia de 6 de septiembre de 2018, Hampshire (C‑17/17, EU:C:2018:674), apartado 69 y jurisprudencia citada.

( 13 ) Por ejemplo, el efecto directo obliga a cualquier órgano de un Estado miembro a dejar inaplicada cualquier disposición nacional contraria a una disposición del Derecho de la Unión que tenga efecto directo. Véase la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Deutsche Umwelthilfe (C‑752/18, EU:C:2019:1114), apartado 42 y jurisprudencia citada.

( 14 ) C‑168/18, EU:C:2019:1128. Debo señalar que una cuestión idéntica a la cuestión sexta también se planteó en el marco de este asunto, pero, en el caso de autos, la cuestión sí era admisible porque no se producía ningún efecto directo. El elemento de la cuestión octava relativo a la proporcionalidad y no al efecto directo se aborda en la cuestión reformulada cuarta (la proporcionalidad también se trata en la cuestión sexta). En aras de la exhaustividad, ha de señalarse que la cuestión octava no precisa con respecto a quién se invoca el efecto directo.

( 15 ) Véase, por ejemplo, la sentencia de 26 de julio de 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591). Por las mismas razones, me abstendré de expresar una opinión respecto a la cuestión de si las normas aplicadas por el PSV y mencionadas en los puntos 12 y 13 anteriores han provocado una discriminación por razón de edad, aun cuando tal tipo de discriminación se invocara durante la vista. El Tribunal de Justicia ya ha examinado en anteriores ocasiones la discriminación por razón de edad en el contexto de las pensiones, por ejemplo, en la sentencia de 8 de mayo de 2019, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑24/17, EU:C:2019:373).

( 16 ) Obsérvese que el artículo 16 de la Directiva 2008/94 derogó la Directiva 80/987, por lo que puede considerarse que el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/23 hace referencia a la Directiva 2008/94.

( 17 ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2019, Plessers, (C‑509/17, EU:C:2019:424), apartados 28 y 29. Véase también el punto 86 de las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto Grenville Hamphshire (C‑17/17, EU:C:2018:287) en el que esta afirma, en el marco del artículo 8 de la Directiva 2008/94, que «una Directiva no puede crear directamente obligaciones a cargo de un particular». La Abogada General se remite a las sentencias de 14 de julio de 1994, Faccini Dori (C‑91/92, EU:C:1994:292), apartado 25; de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros (C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584), apartado 108; de 15 de enero de 2014, Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2), apartado 36, y de 19 de abril de 2016, Dansk Industri (C‑441/14, EU:C:2016:278), apartado 30.

( 18 ) Sentencia de 16 de mayo de 2019, Plessers (C‑509/17, EU:C:2019:424), apartado 29. Dado que de los autos de los asuntos no se desprende que exista alguna cuestión que sugiera que, para la resolución de los litigios, es pertinente alguna disposición de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en una situación en la que el Derecho nacional no puede interpretarse de manera conforme con las disposiciones pertinentes de una directiva de la Unión, las normas aplicables a este supuesto elaboradas por el Tribunal de Justicia en sentencias las de 17 de abril de 2018, Egenberger (C‑414/16, EU:C:2018:257); de 6 de noviembre de 2018, Bauer y Willmeroth (C‑569/16 y C‑570/16, EU:C:2018:871), y de 6 de noviembre de 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C‑684/16, EU:C:2018:874) no son relevantes en los litigios principales.

( 19 ) Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 2015, Gimnasio Deportivo San Andrés (C‑688/13, EU:C:2015:46), apartado 30 y jurisprudencia citada. Véase más recientemente, por ejemplo, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Fonds du Logement de la Région de Bruxelles Capitale (C‑632/18, EU:C:2019:833), apartado 48 y jurisprudencia citada.

( 20 ) Véanse, entre otras, las sentencias de 5 de junio de 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320), apartados 78 a 80, y de 7 de agosto de 2018, Prenninger y otros (C‑329/17, EU:C:2018:640), apartado 27, citadas en la nota 13 de las conclusiones presentadas recientemente por el Abogado General Øe en el asunto Paulo Nascimento Consulting, (C‑692/17, EU:C:2019:362).

( 21 ) Sentencias de 22 de junio de 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros (C‑126/16, EU:C:2017:489), apartado 36, y de 16 de mayo de 2019, Plessers (C‑509/17, EU:C:2019:424), apartado 36.

( 22 ) Auto de 28 de enero de 2015, Gimnasio Deportivo San Andrés (C‑688/13, EU:C:2015:46), apartado 52 y jurisprudencia citada.

( 23 ) Sentencia de 6 de abril de 2017, Unionen (C‑336/15, EU:C:2017:276), apartado 22.

( 24 ) Véanse, por ejemplo, las sentencias de 4 de junio de 2002, Beckmann (C‑164/00, EU:C:2002:330), apartado 29, y de 16 de mayo de 2019, Plessers (C‑509/17, EU:C:2019:424), apartado 38 y jurisprudencia citada.

( 25 ) La regla según la cual una disposición especial se aplica como excepción a la disposición más general está consolidada desde hace mucho tiempo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Véase, por ejemplo, la sentencia de 20 de enero de 2005, Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33). Véase más recientemente, por ejemplo, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Nederlands Uitgeversverbond y Groep Algemene Uitgevers (C‑263/18, EU:C:2019:1111), apartado 55. Véase, en general, Beck, G., The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU, Hart, Oxford, 2012, pp. 222‑223.

( 26 ) En la vista, los representantes de EM y FL negaron expresamente que hubieran invocado un abuso de derecho, si bien afirmaron que dicha cuestión, en relación con cualquier otro aspecto, era competencia de los tribunales de los Estados miembros, algo que ya declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 13 de junio de 2019, Ellinika Nafpigeia (C‑664/17, EU:C:2019:496). Para un análisis reciente sobre el abuso del Derecho de la Unión, véanse las conclusiones del Abogado General Pikamäe en el asunto AFMB (C‑610/18, EU:C:2019:1010), puntos 72 a 82, pendiente de sentencia, y Leczykiewicz, D. «Prohibición de prácticas abusivas como “principio general” del Derecho de la UE», Common Market Law Review, vol. 56 (2019), p. 703.

( 27 ) Véanse mis conclusiones en el asunto Pinckernelle (C‑535/15, EU:C:2016:996), punto 40.

( 28 ) Véase la nota 16 anterior.

( 29 ) DO 1977, L 61, p. 26; EE 05/002, pp. 122.

( 30 ) DO 1998, L 201, p. 88. La tercera Directiva en esta secuencia es la Directiva 2001/23. El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2001/23 también fue introducido por la Directiva 80/177, pero el tema general de las pensiones ya había sido regulado por la Directiva 77/187. El artículo 3, apartado 3, de esta última establecía que los apartados «1 y 2 no serán de aplicación a los derechos de los trabajadores a prestaciones de pensión de invalidez o para los supervivientes, con arreglo a los regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales […]».

( 31 ) Esta norma ya no está vigente.

( 32 ) Véase el análisis del Abogado General Szpunar en el asunto Plessers (C‑509/17, EU:C:2019:50), punto 42, en relación con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23.

( 33 ) Ibidem.

( 34 ) El subrayado es mío. Ibidem punto 43. Las sentencias del Tribunal de Justicia efectivamente codificadas por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 son las sentencias de 7 de febrero de 1985, Abels (135/83, EU:C:1985:55); de 25 de julio de 1991, d’Urso y otros (C‑362/89, EU:C:1991:326); de 7 de diciembre de 1995, Spano y otros (C‑472/93, EU:C:1995:421), y de 12 de marzo de 1998, Dethier Équipement (C‑319/94, EU:C:1998:99).

( 35 ) Propuesta de Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (COM/94/300 final) (DO 1994, C 274, p. 10).

( 36 ) Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad» (DO 1995, C 133, p. 13, punto 2.10.2).

( 37 ) Conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Plesser (C‑509/17, EU:2019:50), puntos 42 a 47 y jurisprudencia citada.

( 38 ) El subrayado es del autor. Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros (C‑126/16, EU:C:2017:241), punto 53.

( 39 ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2019, Plessers (C‑509/17, EU:C:2019:424), apartado 40 y jurisprudencia citada.

( 40 ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2019, Plessers (C‑509/17, EU:C:2019:424), apartado 44 y jurisprudencia citada.

( 41 ) Sentencia de 11 de junio de 2009 (C‑561/07, EU:C:2009:363).

( 42 ) Ibidem, apartado 26.

( 43 ) Conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Plessers (C‑509/17, EU:C:2019:50), punto 62.

( 44 ) Ibidem. Véanse también las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros (C‑126/16, EU:C:2017:241), punto 57.

( 45 ) Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros (C‑126/16, EU:C:2017:241), punto 77.

( 46 ) Véase, por ejemplo, la sentencia de 7 de diciembre de 1995, Spano y otros (C‑472/93, EU:C:1995:421, apartado 28), uno de los precedentes efectivamente codificados por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23.

( 47 ) Interpretado por el Tribunal de Justicia en el auto de 28 de enero de 2015, Gimnasio Deportivo San Andrés (C‑688/13, EU:C:2015:46), y en la sentencia de 11 de junio de 2009, Comisión/Italia (C‑561/07, EU:C:2009:363).

( 48 ) Véanse las conclusiones de la Abogado General Kokott en el asunto Robins y otros (C‑278/05, EU:C:2006:476), punto 34 y jurisprudencia citada.

( 49 ) Sentencia de 11 de junio de 2009, Comisión contra Italia (C‑561/07, EU:C:2009:363), apartado 41.

( 50 ) Ibidem, apartado 30. Véase también el punto 46 anterior y la jurisprudencia citada.

( 51 ) Como se ha expuesto en los puntos 61 y 62 de las presentes conclusiones.

( 52 ) La Directiva 2001/23 puede ser transpuesta a través de la jurisprudencia. Véase, por ejemplo, la sentencia de 10 de julio de 1986, Comisión contra Italia (235/84, EU:C:1986:303). Véase, asimismo, Prechal, S., Directives in EU Law, Oxford University Press, pp. 78 a 81. El autor subraya, en la página 79, que la jurisprudencia de que se trate debe ser precisa, pública y previsible. Sobre la importancia del carácter jurídicamente vinculante de la transposición del derecho de la Unión, véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Safeway (C‑171/18, EU:C:2019:272). Conforme a reiterada jurisprudencia, los tribunales de los Estados miembros deben modificar su jurisprudencia para atenerse al Derecho de la Unión. Véase, por ejemplo, la sentencia de 6 de noviembre de 2018, Bauer and Willmeroth (C‑569/16 y C‑570/16, EU:C:2018:871), apartado 68.

( 53 ) Véase, por ejemplo, la sentencia de 20 de mayo de 1992, Comisión contra Países Bajos (C‑190/90, EU:C:1992:225), en la que un conjunto de normas, algunas de las cuales eran anteriores a la entrada en vigor de una directiva, garantizaba su transposición efectiva. Véase Prechal, S, Directives in EC Law, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 77.

( 54 ) Sentencia de 7 de octubre de 2019, Safeway (C‑171/18, EU:C:2019:839), apartado 29.

( 55 ) Sentencia de 7 de octubre de 2019, Safeway (C‑171/18, EU:C:2019:839), apartado 25.

( 56 ) Véase el punto 71 de las presentes conclusiones.

( 57 ) DO 2019, L 172, p. 18.

( 58 ) Artículo 34. Como expuse en mis conclusiones presentadas en el asunto Pinckernelle (C‑535/15, EU:C:2016:996), punto 40, a la hora de interpretar una medida de la Unión, el contexto engloba asimismo a la normativa de la Unión que está relacionada o vinculada de forma sustancial a la medida interpretada.

( 59 ) Considerando 20.

( 60 ) Véase, por ejemplo, la sentencia de 11 de junio de 2015, Comisión/Polonia (C‑29/14, EU:C:2015:379), apartado 38.

( 61 ) Sentencia de 7 de octubre de 2019, Safeway (C‑171/18, EU:C:2019:839), apartado 25.

( 62 ) Sentencia de 21 de octubre de 2010, Accardo y otros (C‑227/09, EU:C:2010:624), apartado 55.

( 63 ) Sentencia de 25 de enero de 2007 (C‑278/05, EU:C:2007:56).

( 64 ) Ibidem apartados 57 y 59.

( 65 ) Sentencia de 24 de noviembre de 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891), apartado 27.

( 66 ) Sentencia de 19 de diciembre de 2019, Pensions-Sicherungs-Verein (C‑168/18, EU:C:2019:1128), apartado 46.

( 67 ) C‑168/18, EU:C:2019:1128, apartado 40 y jurisprudencia citada.

( 68 ) Tal como se explica en las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891), puntos 77 y 78.

( 69 ) Para un análisis más completo, véanse las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Plessers (C‑509/17, EU:C:2019:50), puntos 38 a 41.