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1. Libre circulación de personas - Trabajadores - Concepto - Nacional de un Estado miembro que trabaja en una organización internacional - Inclusión

[Tratado CE, art. 48 (actualmente artículo 39 CE, tras su modificación)]

2. Derecho comunitario - Principios - Igualdad de trato - Discriminación por razón de la nacionalidad - Tarifas de asistencia médica y hospitalaria más elevadas para las personas no afiliadas al régimen nacional de seguridad social de un Estado miembro, como los funcionarios de las Comunidades Europeas - Prohibición por inexistencia de justificación objetiva

[Tratado CE, art. 6, párr. 1 (actualmente art. 12 CE, párr. 1, tras su modificación)]

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$$1. Un ciudadano de un Estado miembro que trabaja en otro Estado miembro no pierde la condición de trabajador, en el sentido del artículo 48, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 39 CE, apartado 1, tras su modificación), por ocupar un empleo en una organización internacional, ni siquiera si las condiciones de ingreso y de residencia en el país de empleo están regidas de modo particular por un convenio internacional. Por consiguiente, no puede ponerse en duda la condición de trabajador migrante de un funcionario de las Comunidades Europeas.

( véase el apartado 42 )

2. El artículo 6, párrafo primero, del Tratado (actualmente artículo 12 CE, párrafo primero, tras su modificación) se aplica también en casos en los que un grupo o una organización, como la Entente des hôpitaux luxembourgeois, ejerce cierto poder sobre los particulares y puede imponerles condiciones que menoscaban el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado.

La aplicación, de forma unilateral, por un grupo de prestadores de asistencia de un Estado miembro a los funcionarios de las Comunidades Europeas de tarifas relativas a la asistencia médica y hospitalaria dispensada en caso de maternidad superiores a las aplicables a los residentes afiliados al régimen nacional de Seguridad Social de dicho Estado constituye una discriminación por razón de la nacionalidad prohibida por el artículo 6, párrafo primero, del Tratado, al no existir justificación objetiva alguna al respecto.

El criterio de la afiliación al régimen nacional de seguridad social, sobre el que se basa la diferenciación de las tarifas de asistencia médica y hospitalaria, constituye una discriminación indirecta cuyo fundamento es la nacionalidad. En efecto, por un lado, una gran mayoría de las personas afiliadas al régimen común del seguro de enfermedad de las instituciones de las Comunidades Europeas y no al régimen nacional de seguridad social, aun siendo destinatarios de asistencia médica y hospitalaria dispensada en el territorio nacional, son nacionales de otros Estados miembros. Por otro lado, la inmensa mayoría de los nacionales residentes están incluidos en el régimen nacional de Seguridad Social.

( véanse los apartados 50, 58, 62 y el fallo )
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Libre circulación de personas - Trabajadores - Igualdad de trato - Normativa nacional que deniega a un trabajador el derecho a la indemnización por extinción del contrato de trabajo cuando es el propio trabajador quien pone fin a su contrato de trabajo - Procedencia

[Tratado CE, art. 48 (actualmente art. 39 CE, tras su modificación)]

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$$El artículo 48 del Tratado (actualmente artículo 39 CE, tras su modificación) no se opone a una normativa nacional que deniega a un trabajador el derecho a una indemnización por extinción del contrato de trabajo cuando es el propio trabajador quien pone fin a su contrato de trabajo al objeto de ejercer una actividad por cuenta ajena para un nuevo empresario establecido en dicho Estado miembro o en otro Estado miembro, al tiempo que dicha normativa sí confiere al trabajador el derecho a tal indemnización cuando el contrato se extingue sin que el propio trabajador haya instado su resolución y sin que ésta le sea imputable.

En efecto, por un lado, la mencionada normativa se aplica con independencia de la nacionalidad del trabajador de que se trate y no afecta a los trabajadores migrantes en mayor medida que a los trabajadores nacionales. Por otro lado, si bien disposiciones que, aun siendo indistintamente aplicables, impidan o disuadan a un nacional de un Estado miembro de abandonar su país de origen para ejercer su derecho a la libre circulación constituyen obstáculos a dicha libertad, desde el momento en que condicionan el acceso de los trabajadores al mercado de trabajo, dicha normativa no impide al trabajador poner fin a su contrato de trabajo con vistas a ejercer una actividad por cuenta ajena para otro empresario ni le disuade de ello, ya que el derecho a la indemnización por extinción del contrato de trabajo no depende de la decisión del trabajador de seguir o no con su empresario actual, sino de un acontecimiento futuro e hipotético, a saber, de la extinción ulterior de su contrato sin que el propio trabajador haya instado su resolución y sin que ésta le sea imputable, pues un acontecimiento de ese tipo constituye una circunstancia demasiado aleatoria e indirecta para que quepa considerar que dicha normativa puede obstaculizar la libre circulación de los trabajadores. (véanse los apartados 15-16, 23-26 y el fallo )
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Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Agentes comerciales independientes - Directiva 86/653/CEE - Normativa nacional que supedita la validez de un contrato de agencia a la inscripción del agente de comercio en un registro establecido a tal efecto - Improcedencia

(Directiva 86/653/CEE del Consejo, art. 1, ap. 2, y art. 13, ap. 2)

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La Directiva 86/653, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, se opone a una normativa nacional que supedite la validez de un contrato de agencia a la inscripción del agente comercial en un Registro establecido a tal efecto.

En efecto, dado que la inscripción en un Registro no figura como requisito para gozar de la protección de la Directiva, de ello resulta que disfrutar de la protección de la Directiva no está supeditado a la inscripción en un Registro. Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la forma del contrato de agencia, el apartado 2 del artículo 13 de la Directiva permite a los Estados miembros «disponer que un contrato de agencia sólo sea válido si se hace constar por escrito». De ello se deduce, por un lado, que la Directiva parte del principio de que el contrato no está sometido a ningún requisito de forma, al mismo tiempo que se deja a los Estados miembros la facultad de exigir la forma escrita. Por otro lado, el legislador comunitario, al mencionar de modo taxativo solamente la exigencia de forma escrita para la validez del contrato, llevó a cabo, mediante aquella disposición, una regulación exhaustiva de la materia. Por lo tanto, salvo el consistente en que el contrato se redacte por escrito, los Estados miembros no pueden imponer ningún otro requisito.
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Prohibición de percibir otros impuestos nacionales que tengan carácter de impuestos sobre el volumen de negocios - Objetivo - Concepto de «impuestos sobre el volumen de negocios» - Tasa sobre los juegos y apuestas que se repercute sobre el consumidor y cuya repercusión no se menciona expresamente en la Ley nacional ni consta en una factura o documento equivalente - Inclusión

(Directiva 77/378/CEE del Consejo, art. 33)

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Dado que el objetivo del artículo 33 de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, es impedir que el funcionamiento del sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido sea puesto en peligro por medidas fiscales de un Estado miembro que graven la circulación de bienes y servicios, y recaigan sobre las transacciones comerciales de una manera comparable al Impuesto sobre el Valor Añadido, la calificación de un tributo nacional y, por tanto, la determinación de su compatibilidad con el Derecho comunitario deben efectuarse no sólo en función del tenor literal de las disposiciones nacionales aplicables, sino también en función de sus características esenciales, y, en particular, de la posibilidad de repercutirlo sobre el consumidor. De ello se desprende que para que un tributo nacional tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios no es necesario que la legislación nacional que le es aplicable prevea expresamente la posibilidad de repercutirlo sobre los consumidores.

Además, para que dicho tributo tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios no es necesario que su repercusión sobre los consumidores conste en una factura o en un documento equivalente. A efectos de la aplicación de la disposición citada, corresponde al Juez nacional comprobar si el tributo controvertido puede gravar la circulación de bienes y servicios de manera comparable al Impuesto sobre el Valor Añadido, y para ello deberá examinar si dicho tributo tiene las características esenciales de este último. Tal será el caso si tiene carácter general, si es proporcional al precio de los servicios, si se percibe en cada fase del proceso de producción y distribución, y si se aplica al valor añadido de los servicios.
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Aproximación de las legislaciones - Legislaciones uniformes - Propiedad industrial y comercial - Derecho de patente - Certificado complementario de protección para los medicamentos - Expedición con arreglo a la disposición transitoria del artículo 19 del Reglamento (CEE) nº 1768/92 - Requisitos - Posesión, en el Estado miembro de la solicitud, de una autorización de comercialización vigente

[Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo, arts. 3, letra b) y 19]

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La expedición de un certificado complementario de protección con arreglo al artículo 19 del Reglamento nº 1768/92, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, que se refiere a cualquier producto que, en la fecha de entrada en vigor del Reglamento, esté protegido por una patente de base en vigor y para el cual se haya obtenido, después del 1 de enero de 1985, una primera autorización de comercialización como medicamento en la Comunidad, está supeditada al requisito de que, conforme a la letra b) del artículo 3 de dicho Reglamento, el producto, como medicamento, haya obtenido, en el Estado miembro en el que se presentó la solicitud y en la fecha de dicha solicitud, una autorización de comercialización vigente.

En efecto, además de que el tenor del apartado 1 del artículo 19 no excluye en modo alguno dicho requisito, la autorización a que se refiere esta disposición sólo es necesaria para determinar la duración del certificado, como se deduce del artículo 13 del citado Reglamento, conforme al cual el certificado surte efecto a la expiración del período de validez legal de la patente de base, por un período igual al transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de la patente de base y la fecha de la primera autorización de comercialización en la Comunidad, y no tiene por objeto sustituir la autorización prevista en la letra b) del artículo 3, sino que constituye un requisito adicional en el supuesto de que esta última autorización no sea la primera para el producto, como medicamento, en la Comunidad. Por otra parte, el derecho al certificado está estrechamente vinculado a la existencia de una autorización de comercialización otorgada en el Estado miembro en el que se ha presentado la solicitud y a la fecha de dicha solicitud, como resulta del artículo 4 del Reglamento, conforme al cual la protección conferida por el certificado sólo se extiende al producto amparado por la autorización de comercialización del medicamento correspondiente. Así pues, la autorización de comercialización mencionada en la letra b) del artículo 3, a diferencia de la autorización objeto del apartado 1 del artículo 19, da lugar al nacimiento del derecho al certificado.
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1. Estados miembros ° Obligaciones ° Obligación de sancionar las infracciones del Derecho comunitario ° Alcance

(Tratado CE, art. 5; Tratado CECA, art. 86)

2. Estados miembros ° Obligaciones ° Obligación de sancionar las infracciones del Derecho comunitario ° Sanción de las infracciones de la normativa aduanera comunitaria ° Infracción cometida en el momento de la importación de productos originarios de un país tercero incorporado posteriormente al territorio aduanero comunitario ° Facultad de los órganos jurisdiccionales penales nacionales

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1. Los artículos 86 del Tratado CECA y 5 del Tratado CE imponen a los Estados miembros la adopción de todas las medidas apropiadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario cuando una normativa comunitaria no prevea sanciones específicas en caso de infracción de sus disposiciones o remita, en este punto, a las disposiciones nacionales. Con este fin, los Estados miembros, aunque conservan una facultad discrecional en cuanto a la elección de las sanciones, deben velar por que las infracciones de la normativa comunitaria sean sancionadas en condiciones de fondo y de procedimiento análogas a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional de naturaleza e importancia similares, y que, en todo caso, confieran a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo.

2. La ampliación del territorio aduanero comunitario, como la que ha resultado de la unificación alemana o de la adhesión de nuevos Estados miembros, puede tener por efecto que un producto que antes era originario de un país tercero adquiera la condición de producto comunitario, aunque ello no tenga por consecuencia que su importación, en el momento en que se produzca efectivamente, pueda realizarse sin que se cumplan las disposiciones comunitarias establecidas para los intercambios con terceros países. Dicha ampliación constituye un hecho material nuevo que no libera a los Estados miembros de su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario aplicable en la época en que acaecieron los hechos y, por lo tanto, no impide que los órganos jurisdiccionales nacionales sancionen las infracciones de la normativa comunitaria, aplicable el día de la importación, en condiciones de fondo y de procedimiento análogas a las aplicables a las infracciones de Derecho nacional de naturaleza e importancia similares y que, de todas formas, confieran a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo.

En particular, las disposiciones aduaneras comunitarias aplicables como consecuencia de la unificación de la República Federal de Alemania y de la República Democrática Alemana, no se oponen a que el hecho que constituyó la importación en un Estado miembro de productos originarios de la República Democrática Alemana, aunque declarados como originarios de otro país, sea eventualmente el objeto, tras dicha unificación, de una recalificación en Derecho nacional para sancionar las infracciones de la normativa comunitaria aplicable en la época en que dicho hecho se produjo.
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Medio ambiente ° Conservación de las aves silvestres ° Directiva 79/409/CEE ° Ambito de aplicación ° Especies que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de la Comunidad ° Especímenes nacidos y criados en cautividad ° Exclusión ° Competencia de los Estados miembros

(Directiva 79/409/CEE del Consejo)

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La Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, obliga a los Estados miembros a prohibir la comercialización de ejemplares pertenecientes a una especie de aves que no figure en sus Anexos, siempre que se trate de una especie que vive normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en el que es aplicable el Tratado, sin perjuicio de la posibilidad de introducir excepciones establecida por el artículo 9.

Esta obligación de protección no resulta afectada por la circunstancia de que la especie considerada no tenga su hábitat natural en el territorio del Estado miembro de que se trate. En efecto, la importancia de una protección completa y eficaz de las aves silvestres dentro de toda la Comunidad, sea cual fuere su lugar de estancia o su espacio de paso, hace incompatible con la Directiva toda legislación nacional que determine la protección de las aves silvestres en función del concepto de patrimonio nacional.

En cambio, la citada Directiva no se aplica a los especímenes de aves nacidos y criados en cautividad. En efecto, la extensión del régimen de protección más allá de las poblaciones de aves existentes en su medio natural no contribuye al objetivo medioambiental en que se fundamenta la Directiva. Por otra parte, teniendo en cuenta que el legislador comunitario no ha intervenido en el comercio de dichos especímenes, los Estados miembros siguen siendo competentes para regular dicha materia, sin perjuicio de los artículos 30 y siguientes del Tratado en lo referente a los productos importados de otros Estados miembros.
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Disposiciones fiscales ° Armonización de las legislaciones ° Impuestos sobre el volumen de negocios ° Sistema común de Impuesto sobre el Valor Añadido ° Hecho imponible y exigibilidad del impuesto ° Facultad de los Estados miembros para establecer de modo diferente, por lo que se refiere a ciertas operaciones, la fecha de exigibilidad del impuesto ° Alcance

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 10, ap. 2)

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El párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10 de la Sexta Directiva 77/388 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios prevé que, como excepción a la norma general establecida en el párrafo primero, conforme a la cual el devengo se produce y el impuesto se hace exigible en el momento que se efectúe la entrega de bienes o la prestación del servicio, los Estados miembros estarán facultados para diferir el momento en que se hace exigible el impuesto "por lo que se refiere a ciertas operaciones o a ciertas categorías de sujetos pasivos:

° sea, como plazo máximo, en el momento de la entrega de la factura o del documento que la sustituya;

° sea, como plazo máximo, en el momento del cobro del precio;

° sea, en los casos de no entrega o de entrega retrasada de la factura o del documento que la sustituya, en un plazo determinado a partir de la fecha del devengo".

Esta disposición permite a los Estados miembros establecer que se considere el cobro del precio como el hecho que hace exigible el impuesto en todas las prestaciones del servicio.

El Estado miembro que hace uso de la excepción contemplada en dicha disposición no está obligado ni a establecer "un plazo determinado que comienza a partir de la fecha del devengo", plazo en el que debe extenderse la factura o el documento que la sustituya, aun cuando todavía no se haya efectuado el cobro del precio, ni a adoptar disposiciones que prevean la extensión de documentos o extractos relativos a la prestación efectuada y a la cantidad debida como contrapartida, cuando no se haya extendido la factura o el documento que la sustituya o no se haya efectuado el cobro del precio.
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Aproximación de las legislaciones ° Especialidades farmacéuticas ° Autorización de comercialización ° Procedimiento simplificado ° Solicitud que no cumple los requisitos establecidos por la Directiva 65/65/CEE, modificada ° Improcedencia de la utilización del procedimiento simplificado ° Facultad de apreciación de la autoridad competente ° Inexistencia

[Directivas del Consejo 65/65/CEE, tal como resultó modificada por la Directiva 87/21/CEE, art. 4, párr. 2, número 8, párr. 2, letra a), inciso ii); 75/318/CEE, Anexo, Partes 2 y 3, y 75/319/CEE, arts. 1 y 2]

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El inciso ii) de la letra a) del párrafo segundo del número 8 del párrafo segundo del artículo 4 de la Directiva 65/65 sobre especialidades farmacéuticas, tal como resultó modificada por la Directiva 87/21, que establece, en algunos supuestos, un procedimiento simplificado para la expedición de autorizaciones de comercialización de especialidades farmacéuticas y que fija los requisitos con sujeción a los cuales se puede utilizar dicho procedimiento, debe interpretarse, habida cuenta tanto del objetivo esencial de la Directiva, a saber, la salvaguardia de la salud pública, como de la necesidad de evitar que la utilización de los procedimientos simplificados para la comercialización de productos similares a productos ya autorizados conduzca a sacrificar los intereses de las empresas innovadoras, en el sentido de que la autoridad competente no dispone de una facultad de apreciación para expedir una autorización de comercialización según el procedimiento simplificado cuando no se cumplan los mencionados requisitos.

Lo anterior implica que tal autorización no podrá ser expedida cuando los informes y documentos aportados para fundamentar la solicitud de autorización no contengan referencia detallada a la literatura científica publicada, presentada con arreglo a cada uno de los requisitos de la Segunda Parte y de la Tercera Parte del Anexo de la Directiva 75/318, sobre normas y protocolos analíticos, toxicofarmacológicos y clínicos en materia de pruebas de especialidades farmacéuticas, y cuando tales documentos no contengan informes de expertos conformes a cada una de las exigencias de los artículos 1 y 2 de la Directiva 75/319 sobre especialidades farmacéuticas.
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1. Unión aduanera - Declaraciones aduaneras - Personas facultadas para efectuarlas - Legislación nacional incompatible con la normativa comunitaria

(Reglamento nº 3632/85 del Consejo, arts. 2, 3 y 6)

2. Libre circulación de mercancías - Derechos de aduana - Exacciones de efecto equivalente - Concepto - Arancel obligatorio aplicado por los Agentes de aduanas profesionales - Exclusión debido a la posibilidad de no recurrir a los servicios de un profesional

(Tratado CEE, arts. 9 y 12)

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1. Constituye un incumplimiento de las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 2, 3 y 6 del Reglamento nº 3632/85, por el que se definen las condiciones en que está facultada una persona para hacer una declaración aduanera, el hecho de que un Estado miembro

- mantenga en su legislación una disposición según la cual corresponde al propietario hacer dicha declaración, ya que el uso del concepto de "propietario", ajeno al artículo 2 del Reglamento, puede dejar subsistir dudas acerca de la persona facultada para presentar o hacer que se presente la declaración;

- reserve la representación a los Agentes de aduanas sin haber previsto claramente, como exige el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento, la posibilidad de hacer una declaración en nombre propio pero por cuenta ajena;

- exija, contrariamente al artículo 6 del Reglamento por el que se establecen dos regímenes distintos, uno para los empleados encargados de efectuar las declaraciones aduaneras, y otro para los profesionales independientes, las mismas cualificaciones para estas dos categorías de personas.

2. Un arancel obligatorio, cuyos niveles mínimos no admitan ninguna excepción, aplicado en un Estado miembro por los Agentes de aduanas profesionales, no constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana con arreglo al Tratado, ya que los importadores pueden efectivamente optar entre recurrir a los servicios de tal profesional o no y, por tanto, dicho arancel no se impone de manera obligatoria a toda persona que quiera hacer una declaración aduanera.