Desde este punto de vista, en lo que respecta a la cuestión de las disposiciones materiales aplicables a una situación jurídica definitivamente adquirida antes de la expiración del Tratado CECA, la continuidad del ordenamiento jurídico de la Unión y las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima obligan a aplicar las disposiciones materiales adoptadas con arreglo al Tratado CECA a los hechos comprendidos, ratione materiae y ratione temporis, dentro del ámbito de aplicación de las mismas. A este respecto, el principio de legalidad de los delitos y las penas no exige, en el caso de una decisión que impone una multa por infracción de las normas sobre competencia, que el acto de que se trate sea ilícito, no sólo en el momento en que se cometió, sino también en el momento en que se sancionó formalmente.

En lo relativo a los procedimientos administrativos tramitados por la Comisión en materia de Derecho de la competencia, el respeto de las garantías que otorga el ordenamiento jurídico de la Unión en los procedimientos administrativos reviste una especial importancia cuando la institución de que se trata dispone de una facultad de apreciación. Además, el Reglamento no 1/2003 consagra el respeto de tales garantías. Entre estas garantías figura, en particular, la obligación de la institución competente de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos pertinentes del caso concreto. Por otra parte, las pruebas deben apreciarse en conjunto y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Desde el momento en que una decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas sobre competencia del Tratado CECA y por la que se imponen multas ha sido anulada debido a que el artículo 65 CA, apartados 4 y 5, había expirado y la Comisión no podía ya basar su competencia en esas disposiciones extinguidas en el momento en que adoptó su decisión, la ejecución de la sentencia por la que se declaró dicha nulidad obliga a la Comisión a reiniciar el procedimiento en el punto específico en el que se había producido la ilegalidad, es decir, en el momento de la adopción de la decisión anulada. Por lo tanto, la Comisión no estaba obligada a remitir a la demandante un nuevo pliego de cargos en virtud del principio de respeto del derecho de defensa.

El límite máximo del 10 % del volumen de negocios total realizado por la empresa durante el ejercicio social anterior, límite que con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 no puede superar la multa impuesta a una empresa por infracción de las normas sobre competencia, tiene por objetivo proteger a las empresas contra una multa de un importe excesivo, que podría destruir su sustancia económica. De ello se deduce que este límite máximo se refiere, no al período en que se produjeron las infracciones sancionadas, que puede haber finalizado desde hace varios años en la fecha en que se impone la multa, sino a un momento próximo a esa fecha. En el caso de que se compruebe que varios destinatarios de la decisión constituyen la «empresa», en el sentido de entidad económica responsable de la infracción sancionada, y que sigue siendo así en la fecha en que se adopte esa decisión, podrá calcularse el límite máximo basándose en el volumen de negocios global de dicha empresa, es decir, de todos sus integrantes en conjunto. Por el contrario, si esa unidad económica se ha roto entre tanto, cada destinatario de la decisión tiene derecho a que se le aplique individualmente el límite máximo en cuestión. De ello se deduce que, si no se ha acreditado la existencia de una unidad económica entre una empresa y un grupo de sociedades objeto de la multa y si esa empresa se encuentra en liquidación en el momento de imposición de la multa y no realiza, por tanto, ningún volumen de negocios, no es posible imponerle una multa.

A este respecto, el mero hecho de que unas personas que participan en el capital de una empresa estén representadas igualmente en su Consejo de Administración, sin disponer de mayoría en él, no puede justificar que se considere que tales personas continúan ejerciendo una influencia determinante en dicha empresa en el momento en que se impone la multa. Del mismo modo, un comunicado de prensa en el que se da cuenta de una asociación estratégica entre esas personas y un grupo de sociedades no permite acreditar la existencia de una influencia determinante de tales personas en dicho grupo. Tampoco puede servir de base a la existencia de una unidad económica entre dos sociedades la circunstancia, considerada aisladamente, de que el domicilio social de una coincida con la sede administrativa de otra.

(véanse los apartados 307, 308, 317, 318, 321 y 324)