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Del artículo 264 TFUE se desprende que, en el caso de que el juez de la Unión declare nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado, podrá indicar, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos.

Ahora bien, en el marco de un recurso de casación interpuesto contra una sentencia del Tribunal de la Función Pública, el demandante no puede reprochar fundadamente a dicho Tribunal el que no haya hecho uso de la facultad que tiene atribuida de modular en el tiempo los efectos de una sentencia de anulación cuando, mediante la sentencia recurrida, dicho Tribunal no ha anulado la decisión impugnada, sino que ha desestimado el recurso del demandante.

(véanse los apartados 31 y 32)
29

Procede recordar que, no obstante las disposiciones del artículo 23, apartado 5, del Reglamento no 1/2003, de las que resulta que las decisiones que imponen multas por la infracción del Derecho de la competencia no tienen naturaleza penal, la infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo suizo supone un comportamiento generalmente considerado desleal, en perjuicio del público en general, que merece un reproche real y que puede llevar aparejada la imposición a las empresas responsables de multas indudablemente severas, que pueden llegar al 10 % de su volumen de negocios anual (véanse las conclusiones de la Abogado General Sharpston en el asunto KME Germany y otros/Comisión, C‑272/09 P, Rec, EU:C:2011:63, punto 64). Habida cuenta de la naturaleza de las infracciones en cuestión y de la naturaleza y el grado de gravedad de las sanciones que les son inherentes (véase la sentencia de 27 de marzo de 2014, Saint-Gobain Glass France y otros/Comisión, T‑56/09 y T‑73/09, Rec, EU:T:2014:160, apartado 78 y jurisprudencia citada), éstas se encuadran en la materia penal a efectos del artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), tal como se desprende, en particular, de la sentencia del Tribunal EDH A. Menarini Diagnostics c. Italia (no 43509/08, § 39 a 44, 27 de septiembre de 2011).
En el presente asunto el Reino de Bélgica no ha explicado suficientemente en la demanda su alegación basada en la falta de compensación en exceso. Además, los argumentos que expuso en su demanda en apoyo de esa alegación no responden a las exigencias de claridad y precisión establecidas en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento. En efecto, no ha explicado por qué razón la supuesta falta de compensación en exceso permitiría considerar que la medida referida no atribuyó una ventaja económica selectiva en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
211

Además, esas transmisiones y recopilaciones necesarias de las decisiones de autoridades competentes corresponden absolutamente a la circulación de información prevista, en particular, en los puntos 2, 3, 8 y 24 del documento titulado «Working methods of the Working Party on implementation of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism» (Métodos de trabajo del Grupo de trabajo sobre la ejecución de la Posición Común 2001/931 sobre la aplicación de medidas específicas para luchar contra el terrorismo), que figura en el anexo II del documento 10826/1/07 REV 1 del Consejo, de 28 de junio de 2007.
145

Se ha de recordar, además, que las disposiciones aplicables del Derecho sobre las concentraciones no obligaban a la Comisión a organizar ella misma un procedimiento de selección de los candidatos a la adquisición de los activos transmitidos o a comparar los méritos de esos candidatos. El punto 21 de la Comunicación sobre las soluciones aceptables manifiesta en ese sentido que «una vez que la cesión de una actividad se convierte en condición de la decisión de autorización, corresponde a las partes encontrar un comprador adecuado para la actividad». Ese punto no contradice en nada las disposiciones del Reglamento no 4064/89, cuyo artículo 8, apartado 2, se limita a prever posibles «modificaciones practicadas por las empresas interesadas» en la operación de concentración notificada para hacerla compatible con el mercado común, sin definir el procedimiento a seguir para llegar a ese resultado. El Tribunal de Justicia recordó, además, en la sentencia C‑551/10 P (EU:C:2012:681), que el artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento no 4064/89 confiere a la Comisión la misión de garantizar que las operaciones de concentración sujetas a su control no creen ni refuercen una posición dominante de resultas de la cual una competencia efectiva sea obstaculizada de forma significativa en el mercado común o en una parte sustancial del mismo, y que no corresponde a la Comisión establecer un sistema de competencia perfecta y decidir, en lugar de los operadores económicos, quién debe operar en el mercado (apartados 66 y 67). De esa manera, el Tribunal de Justicia indicó que la Comisión disponía únicamente de la posibilidad de aceptar o no a un adquirente que se le propusiera (apartado 76).
El interés particular que puede alegar un solicitante para acceder a un documento que le afecta personalmente no puede tomarse en consideración al apreciar la existencia de un interés público superior en el sentido del artículo 4, apartado 2, última frase, del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. En cuanto a la alegación por un demandante de la necesidad de tener acceso al documento discutido para ejercer de modo efectivo sus derechos en un procedimiento contradictorio de auditoría, incluso suponiendo que tuviera derecho de acceso a ese documento, ese derecho no puede ejercerse específicamente recurriendo a los mecanismos de acceso del público a los documentos establecidos por el Reglamento no 1049/2001.

(véanse los apartados 75 y 76)
La calificación de un recurso de anulación o de indemnización como recurso basado en el artículo 272 TFUE (cláusula compromisoria) está supeditado a dos requisitos cumulativos. En consecuencia, esta modificación de la calificación es posible en la medida en que la voluntad expresa de la parte demandante no se oponga a ello y que al menos un motivo basado en la violación de las normas que regulan la relación contractual de que se trata se invoque en la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento.

Dado que el Tratado no prevé que se utilice ninguna fórmula específica en una cláusula compromisoria, cualquier fórmula que indique que las partes tienen la intención de excluir que sus eventuales diferencias puedan ser objeto de recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales para someterlas a los órganos jurisdiccionales de la Unión debe considerarse suficiente para atribuir competencia a estos últimos con arreglo al artículo 272 TFUE.

Constituye una cláusula compromisoria una cláusula incluida con el título «Law applicable and competent court» (Derecho aplicable y tribunal competente) en un contrato de financiación, a tenor de la cual «los beneficiarios pueden interponer un recurso contra las decisiones de la Comisión relativas a la aplicación de las estipulaciones [de este] contrato y a las modalidades de su ejecución ante el [Tribunal General] y, en caso de recurso de casación, ante el [Tribunal de Justicia]».

Si bien es cierto que la formulación atípica de tal cláusula y su terminología, en particular, el uso de los términos «decisión» y «beneficiario», recuerdan en cierto modo al control de legalidad realizado en virtud del recurso de anulación establecido en el artículo 263 TFUE, esta circunstancia no impide la calificación de esta cláusula como cláusula compromisoria.

En la medida en que la citada cláusula puede aplicarse, en particular, a las decisiones adoptadas por la Comisión sobre la base de las estipulaciones del contrato y que son indisociables de la relación contractual —decisiones que no están incluidas, según la jurisprudencia, en el ámbito de aplicación del recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE— una interpretación de esta cláusula que la considere como un mero recordatorio del recurso de anulación implicaría una extensión, por vía contractual, de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 263 TFUE, pese a que dichos requisitos son de orden público y no pueden, por ello, dejarse a disposición de las partes.

Por otro lado, habida cuenta de su redacción, el ámbito de esta cláusula tampoco puede limitarse exclusivamente a las decisiones que pueda adoptar la Comisión sobre la base del artículo 299 TFUE.

(véanse los apartados 52, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 64 y 66)
5.

Recursos propios de la Unión Europea — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Existencia de una situación particular — Concepto — Invocación por parte de las autoridades aduaneras del incumplimiento de las normas de Derecho nacional sobre el impuesto sobre el valor añadido — No presentación de pruebas que demuestren la posibilidad de que no surja la deuda aduanera en otras circunstancias — Exclusión [Reglamentos (CEE) del Consejo no 1430/79, art. 13, y no 2913/92, art. 239] (véanse los apartados 110, 116, 117 y 119)
A tenor del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). En efecto, corresponde al Tribunal General controlar la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso. Por consiguiente, el control ejercido por el Tribunal General no puede ir más allá del marco fáctico y jurídico del litigio tal y como fue presentado ante la Sala de Recurso. Asimismo, un demandante no puede modificar ante el Tribunal General los términos del litigio, tal como resultaban de las pretensiones y alegaciones invocadas por él mismo y por la otra parte.

Del artículo 5, apartado 2, del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, se desprende que se considerará que dos dibujos o modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes, es decir, en detalles que no se percibirán de inmediato y que, por tanto, no darán lugar a la constatación de diferencias, siquiera mínimas, entre dichos dibujos o modelos. A sensu contrario, para determinar si un dibujo o modelo cumple el requisito de la novedad, será preciso constatar que entre los dibujos o modelos en conflicto existen diferencias que, aun siendo mínimas, no resultan insignificantes.

El tenor del artículo 6 del Reglamento no 6/2002 va más allá que el de su artículo 5. Así pues, puede que las diferencias observadas, en el marco del referido artículo 5, entre los dibujos o modelos en conflicto no basten, sobre todo si son mínimas, para producir en los usuarios informados una impresión general distinta, en el sentido del citado artículo 6. En tal caso, podrá considerarse que el dibujo o modelo controvertido es nuevo, en el sentido del artículo 5, pero no que posee carácter singular, en el sentido del artículo 6.

En cambio, dado que el requisito que establece el artículo 6 del Reglamento no 6/2002 va más allá que el previsto en su artículo 5, sólo se producirá una impresión general distinta en los usuarios informados, en el sentido de dicho artículo 6, cuando existan diferencias objetivas entre los dibujos o modelos en conflicto. Éstas bastarán, pues, para satisfacer el requisito de la novedad que recoge el artículo 5 del Reglamento no 6/2002. Por consiguiente, los requisitos de novedad y de carácter singular coinciden en cierta medida.

(véanse los apartados 37 a 39)
Es descriptivo de los productos objeto de la solicitud de marca comunitaria, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, desde el punto de vista de los consumidores medios anglófonos, el signo denominativo ecoDoor, cuyo registro se solicita para «Máquinas y equipos eléctricos para el hogar y la cocina (comprendidos en la clase 7), máquinas y aparatos para la preparación de bebidas y/o alimentos, bombas para servir bebidas frías para su uso en combinación con aparatos para refrigerar bebidas; lavavajillas; máquinas y equipos eléctricos para tratar la ropa y las prendas de vestir (comprendidos en la clase 7), comprendidas lavadoras, secadoras», «Distribuidores automáticos de bebidas o alimentos, distribuidores automáticos de previo pago» y «Aparatos de calefacción, de producción de vapor y de cocción, especialmente hornos, aparatos para cocer, asar, hacer al grill, tostar, descongelar y mantener caliente, calentador de agua, aparatos de refrigeración, en particular frigoríficos, congeladores, vitrinas frigoríficas, aparatos para refrigerar bebidas, frigoríficos combi, aparatos de congelación, sorbeteros y heladeras; secadores, también secadoras de ropa», comprendidos en las clases 7, 9 y 11 respectivamente, del Arreglo de Niza.

En la medida en que, por un lado, el elemento «eco» se percibirá con el significado de «ecológico» y, por otro, el elemento «door» se interpretará como referido a una «puerta», el público pertinente entendería inmediatamente el término «ecodoor» en el sentido de «puerta ecológica» o «puerta cuya construcción y modo de funcionamiento son ecológicos».

Dado que los productos de referencia pueden incluir puertas, la marca solicitada puede describir las cualidades ecológicas de la puerta de la que está equipado el producto de que se trata.

De igual modo, por lo que respecta a los productos de referencia, las cualidades ecológicas de la puerta resultan importantes en relación con el carácter ecológico del producto al que está incorporada.

Pues bien, los consumidores están cada vez más atentos a la calidad ecológica de los productos —a su consumo de energía— y a los procesos de fabricación respetuosos con el medio. Esto es especialmente cierto por lo que respecta a productos de referencia, dado que consumen energía. Por ello, el carácter ecológico constituye una característica esencial de esos mismos productos.

Así, en la percepción del público pertinente, la marca solicitada es descriptiva de una característica esencial de los productos de referencia, a saber, su carácter ecológico, en la medida en que describe las cualidades ecológicas de la puerta de la que están equipados.

(véanse los apartados 18, 24 y 28 a 31)
1

El 23 de agosto de 2006 la coadyuvante, Lidl Stiftung & Co. KG, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
320

Asimismo, la participación de Trame en el cártel, ya limitada como tal, era igualmente limitada dentro del Club Italia, en el seno del cual Trame no participó en la vertiente externa. La Comisión reconoce que Trame no exportaba a Europa continental de 1997 a 2002 (Decisión impugnada, considerando 651), si bien no toma esta circunstancia en cuenta para apreciar el papel limitado de Trame. Al no realizar exportaciones, Trame no podía participar en prácticas que no se referían a Italia. Ciertamente, incluso aunque no registrara ventas fuera de Italia, la participación de Trame en el Club Italia le permitía proteger sus posiciones en su mercado nacional y eludir de este modo el juego normal de la competencia. No es menos cierto que el papel de Trame en relación con los mercados exteriores a Italia era nulo o muy residual.
174

La Comisión refuta el fundamento de las alegaciones de la demandante. En primer término sostiene que el valor añadido de la información facilitada por la demandante no podía calificarse de significativo. En efecto, por una parte, la declaración de la demandante fue de carácter general, mientras que las declaraciones de Ideal Standard, por su parte, fueron concretas y detalladas. Por otra parte, la infracción hubiera podido demostrarse a partir de abundantes tablas que reflejaban intercambios de información y de la confirmación expresa y detallada por parte de Ideal Standard, apoyada en un documento redactado tras una reunión. En segundo término, la Comisión alega, por una parte, que la demandante expuso, en su respuesta al pliego de cargos, argumentos muy detallados que cuestionaban el carácter probatorio de los elementos en los que se basaba la Comisión, en particular, el valor probatorio de los elementos aportados por Ideal Standard en relación con el acuerdo sobre precios de febrero de 2004. Por otra parte, estima que una empresa no puede basar su solicitud de reducción en hechos por los que finalmente la Comisión no la considera responsable, ya que el beneficio de dicha cooperación se refleja ya en el hecho de que la Comisión decide retirar ciertos cargos, razón por la cual la empresa no es considerada responsable o no se le impone una multa.
10

En particular, por lo que atañe al motivo basado en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009 (véase el apartado 6, tercer guión, supra), la Sala de Recurso consideró que la parte coadyuvante había aportado la prueba de la utilización del término «fagumit» en el comercio a escala internacional desde el 1 de junio de 1997, a través de exportaciones destinadas, en particular, a Alemania en virtud de un acuerdo de distribución celebrado con la sociedad Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH, gestionada por la demandante. Ese signo está protegido en Alemania en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Markengesetz (Ley alemana de marcas). Por lo que se refiere al motivo basado en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 (véase el apartado 6, segundo guión, supra), la Sala de Recurso estimó, en primer lugar, que la marca controvertida, mencionada en el apartado 3 supra, constituye el elemento dominante de la marca polaca que fundamenta la solicitud de nulidad, mientras que la marca controvertida, reproducida en el apartado 2 supra, era en esencia una reproducción de ésta. En segundo lugar, dado que los términos «agente o representante», empleados en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 207/2009, cubren también al gestor del agente, del representante o del distribuidor y que no podía interpretarse que un documento con fecha de 10 de abril de 1998 otorgaba a la demandante el derecho de registrar las marcas controvertidas, la Sala de Recurso concluyó que ese motivo estaba asimismo fundado. En cuanto al motivo basado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, la Sala de Recurso subraya que, en virtud del acuerdo de distribución antes mencionado, la demandante estaba obligada a velar por la protección de los intereses comerciales de la parte coadyuvante, objetivo que las solicitudes de marcas comunitarias ponen en entredicho, siendo así que el documento de 10 de abril de 1998 antes mencionado no acreditaba que la demandante hubiera actuado de buena fe cuando solicitó las marcas de que se trata. Habida cuenta de que además ninguna otra circunstancia demuestra que la parte coadyuvante hubiera renunciado a los derechos que resultan del signo Fagumit o que la demandante hubiera actuado de buena fe, también se declaró fundado ese motivo.
Si bien la cuestión relevante en una reconsideración es si, tras la inclusión de la persona interesada en la lista de congelación de fondos o después de la reconsideración precedente, la situación fáctica ha cambiado de tal manera que ya no permite sustentar la misma conclusión respecto de la implicación en actividades terroristas de esa persona, con la consecuencia de que el Consejo, en ejercicio de su amplia facultad de apreciación, puede decidir en su caso mantener a una persona en la lista de congelación de fondos si no hay cambios en la situación fáctica, no es menos cierto que todo nuevo acto de terrorismo que el Consejo incluya en su motivación con ocasión de dicha reconsideración, para justificar el mantenimiento de la persona afectada en la lista de congelación de fondos, debe haber sido objeto, en el sistema de adopción de decisiones a dos niveles de la Posición Común 2001/931, y dada la falta de medios de investigación del Consejo, de un examen y de una decisión de una autoridad competente en el sentido de dicha Posición Común. La obligación del Consejo de apoyar sus decisiones de congelación de fondos en materia de terrorismo en una base fáctica derivada de decisiones de autoridades competentes se deduce directamente del sistema en dos niveles establecido por la Posición Común 2001/931. Por tanto, esa obligación no está condicionada por el comportamiento de la persona o del grupo interesado. Por su obligación de motivación, que es una formalidad sustancial, el Consejo debe indicar en las exposiciones de motivos de sus decisiones de congelación de fondos las decisiones de autoridades nacionales competentes que hayan examinado y tomado como base concretamente los hechos de terrorismo que el Consejo recoge como base fáctica de sus propias decisiones.

(véanse los apartados 127, 129 y 130)
En la medida en que el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 93/42, relativa a los productos sanitarios, sólo establece la obligación de que el Estado miembro informe a la Comisión de la decisión de prohibición de comercialización y no la obligación de que la Comisión actúe procede considerar que la Comisión no está obligada a adoptar ninguna decisión después de la recepción de dicho escrito. Esta apreciación no puede desvirtuarse por la circunstancia de que la notificación hace referencia, en su título, al procedimiento de cláusula de salvaguardia previsto en el artículo 8 de dicha Directiva. En efecto, el examen del valor jurídico de un acto administrativo debe realizarse atendiendo a su naturaleza y no a su presentación formal.

Por consiguiente, por muy lamentable que fuera la falta de reacción de la Comisión tras la notificación por las autoridades de un Estado miembro de la decisión de prohibición, no puede deducirse ningún comportamiento ilegal de esa institución del hecho de que no adoptara una decisión con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Directiva 93/42 después de dicha notificación. Por otra parte, un Libro Blanco no puede constituir la base jurídica de una obligación de la Comisión, ya que no es más que un documento que contiene propuestas de acción de la Unión y que se trata de una comunicación destinada a suscitar un debate político y no a establecer obligaciones jurídicas.

(véanse los apartados 77 a 79 y 84 a 86)
1

El 29 de febrero de 1996, la demandante, Stella Kunststofftechnik GmbH, presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) con arreglo al Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)]. Tras su regularización, la fecha de solicitud se fijó el , con arreglo al artículo 27 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 27 del Reglamento no 207/2009) y la Regla 9 del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de , por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 (DO L 303, p. 1).