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C 206/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de marzo de 2021 — Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd / Comisión Europea

(Asunto C-601/16 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Productos farmacéuticos - Mercado de los medicamentos antidepresivos (citalopram) - Acuerdos de resolución amistosa de litigios relativos a patentes de procedimiento celebrados entre un fabricante de medicamentos de referencia titular de dichas patentes y fabricantes de medicamentos genéricos - Artículo 101 TFUE - Competencia potencial - Restricción por objeto - Calificación - Cálculo del importe de la multa)

(2021/C 206/05)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd (representantes: C. Firth, S. Kon y C. Humpe, Solicitors)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: F. Castilla Contreras, T. Vecchi, B. Mongin y C. Vollrath, agentes, asistidos por B. Rayment y D. Bailey, Barristers, G. Peretz, QC, y S. Kingston, SC)

Parte coadyuvante en apoyo de la Comisión Europea: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: inicialmente D. Guðmundsdóttir, Z. Lavery y D. Robertson, agentes, asistidos por J. Holmes, QC, posteriormente D. Guðmundsdóttir, agente, asistida por J. Holmes, QC)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar a Arrow Group ApS y a Arrow Generics Ltd a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

3) El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

(1) DO C 30 de 30.1.2017.
2)

En el caso de que sea imposible interpretar una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal en un sentido conforme con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2003/88 y el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales, se desprende de esta última disposición que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio entre un trabajador y su antiguo empresario, que tiene la condición de particular, debe dejar inaplicada dicha norma nacional y velar por que, si el empresario no puede demostrar haber actuado con toda la diligencia necesaria para que el trabajador pudiera efectivamente tomar las vacaciones anuales retribuidas a las que tenía derecho en virtud del Derecho de la Unión, dicho trabajador no se vea privado de sus derechos adquiridos a vacaciones anuales retribuidas ni, consiguientemente, en caso de extinción de la relación laboral, a la compensación económica por vacaciones no disfrutadas cuyo abono incumbe, en tal caso, directamente al empresario de que se trate.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 25 de julio de 2018 (Petición de decisión prejudicial del Varhoven administrativen sad — Bulgaria — «TTL» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

(Asunto C-553/16) (1)

(«Procedimiento prejudicial - Libre prestación de servicios - Tributación de las sociedades - Pagos efectuados por una sociedad residente a sociedades no residentes por el alquiler de vagones cisterna - Obligación de practicar una retención en origen sobre las rentas de origen nacional abonadas a una sociedad extranjera - Incumplimiento - Convenios para evitar la doble imposición - Cobro de intereses de demora a la sociedad residente por impago de la retención en origen - Intereses debidos a partir del vencimiento del plazo legal de pago hasta el día en que se reúnen las pruebas de la aplicabilidad del convenio para evitar la doble imposición - Intereses irrecuperables»)

(2018/C 328/06)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Varhoven administrativen sad

Partes

Demandante:«TTL» EOOD

Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

Fallo

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, en cuya virtud el pago de rentas por una sociedad residente a una sociedad establecida en otro Estado miembro está, en principio, sujeto a una retención en origen, salvo disposición en contrario prevista en el convenio para evitar la doble imposición celebrado entre esos dos Estados miembros, si esa normativa obliga a la sociedad residente que no efectúa la retención ni ingresa esa retención en el tesoro público del primer Estado miembro a pagar intereses de demora no recuperables por el período comprendido entre el vencimiento del plazo de pago del impuesto sobre la renta de sociedades y la fecha en la que la sociedad no residente demuestra que se cumplen los requisitos que permiten la aplicación del convenio para evitar la doble imposición, aun cuando, con arreglo a ese mismo convenio, la sociedad no residente no debe ningún impuesto en el primer Estado miembro o cuando el importe de este es menor que el normalmente debido en virtud del Derecho tributario de dicho Estado miembro.

(1) DO C 22 de 23.1.2017.
1)

Los artículos 65 y 167 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en los litigios principales, no puede denegarse al comprador potencial de los bienes el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido correspondiente a un pago anticipado a cuenta si dicho pago ha sido efectuado y cobrado y si, en el momento de proceder a efectuarlo, podía considerarse que el adquirente conocía todos los elementos relevantes de la futura entrega y que la entrega de dichos bienes resultaba cierta. No obstante, cabrá denegar el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido al referido adquirente si a la luz de elementos objetivos queda acreditado que, cuando efectuó el pago anticipado a cuenta, sabía o no podía razonablemente ignorar que la realización de esa entrega era incierta.
2)

El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que: — se opone a la práctica de un Estado miembro consistente en no admitir a trámite la solicitud de residencia mencionada por la única razón antes citada, sin que se haya examinado si entre ese ciudadano de la Unión y el nacional de un tercer país existe una relación de dependencia de tal naturaleza que, en caso de denegarse un derecho de residencia derivado a este último, el ciudadano de la Unión se vería obligado, de hecho, a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto y quedaría privado, en consecuencia, del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto; — cuando el ciudadano de la Unión sea mayor de edad, únicamente podrá considerarse que existe una relación de dependencia que pueda justificar la concesión al nacional de un tercer país de que se trate de un derecho de residencia derivado al amparo de dicho artículo en casos excepcionales en los que, habida cuenta del conjunto de circunstancias relevantes, la persona en cuestión no pueda de ningún modo separarse del miembro de la familia del que es dependiente; — cuando el ciudadano de la Unión sea menor de edad, la apreciación de la existencia de una relación de dependencia de esas características deberá basarse en la toma en consideración, respetando el interés superior del niño, del conjunto de circunstancias del caso concreto y, en particular, de su edad, de su desarrollo físico y emocional, de la intensidad de su relación afectiva con cada uno de sus progenitores y del riesgo que separarlo del progenitor que sea nacional de un país tercero entrañaría para su equilibrio; no bastará con que exista un vínculo familiar, sea este biológico o jurídico, con dicho nacional y para acreditar esa relación de dependencia no será necesario que el menor viva con este; — resulta indiferente que la relación de dependencia alegada por el nacional de un tercer país en apoyo de su solicitud de residencia con fines de reagrupación familiar surgiera tras la adopción contra este de una decisión de prohibición de entrada en el territorio; — resulta indiferente que la decisión de prohibición de entrada en el territorio dictada contra el nacional de un tercer país fuera ya definitiva en el momento en que este presentó su solicitud de residencia con fines de reagrupación familiar, y — resulta indiferente que la justificación de la decisión de prohibición de entrada en el territorio dictada contra el nacional de un tercer país que haya presentado una solicitud de residencia con fines de reagrupación familiar sea el incumplimiento de su obligación de retorno; cuando la justificación de la decisión sean razones de orden público, solo podrá denegarse a dicho nacional de un tercer país un derecho de residencia derivado al amparo de ese artículo por tales razones si de la apreciación concreta del conjunto de circunstancias del asunto se desprende, a la luz del principio de proporcionalidad, del interés superior del niño o de los niños afectados y de los derechos fundamentales, que el interesado constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de febrero de 2018 — Comisión Europea / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

(Asunto C-301/16 P) (1)

([Recurso de casación - Política comercial - Dumping - Importaciones de vidrio solar originario de China - Reglamento (CE) n.o 1225/2009 - Artículo 2, apartado 7, letras b) y c) - Trato de economía de mercado - Concepto de «distorsiones significativas heredadas del sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado», en el sentido del artículo 2, apartado 7, letra c), tercer guion - Ventajas fiscales])

(2018/C 142/05)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: L. Flynn y T. Maxian Rusche, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (representantes: Y. Melin y V. Akritidis, abogados)

Parte coadyuvante en apoyo de la parte recurrente: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (representantes: A. Bochon, abogado y R. MacLean, Solicitor)

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de marzo de 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Comisión (T-586/14, EU:T:2016:154).

2) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3) Reservar la decisión sobre las costas.

(1) DO C 270 de 25.7.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 14 de diciembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social n.o 30 de Barcelona) — Antonio Miravitlles Ciurana y otros / Contimark S.A., Jordi Socías Gispert

(Asunto C-243/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Derecho de sociedades - Directiva 2009/101/CE - Artículos 2 y 6 a 8 - Directiva 2012/30/UE - Artículos 19 y 36 - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 20, 21 y 51 - Cobro de créditos laborales - Derecho a ejercitar, ante el mismo órgano jurisdiccional, una acción contra la sociedad y contra su administrador, en cuanto responsable solidario de las deudas de la sociedad))

(2018/C 052/07)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Juzgado de lo Social n.o 30 de Barcelona

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García, Juan Gregorio Benito García

Demandados: Contimark, S.A., Jordi Socías Gispert

Fallo

La Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 48 [CE], párrafo segundo, para proteger los intereses de socios y terceros, y en particular sus artículos 2 y 6 a 8, y la Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 54 [TFUE], párrafo segundo, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital, en particular sus artículos 19 y 36, deben interpretarse en el sentido de que no confieren a los trabajadores que sean acreedores de una sociedad anónima, a raíz de la extinción de su contrato de trabajo, el derecho a ejercitar, ante la misma jurisdicción social que la competente para conocer de la acción declarativa de su crédito salarial, una acción de responsabilidad contra el administrador de esa sociedad, por no haber convocado la junta general pese a las pérdidas importantes sufridas por la empresa, con el fin de que se declare a dicho administrador responsable solidario de la referida deuda salarial.

(1) DO C 279 de 1.8.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 5/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 9 de noviembre de 2017 — SolarWorld AG/Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)

(Asunto C-204/16 P) (1)

([Recurso de casación - Dumping - Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 - Artículo 3 - Importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (células) originarios o procedentes de China - Derecho antidumping definitivo - Exención de las importaciones objeto de un compromiso aceptado - Carácter separable])

(2018/C 005/08)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: SolarWorld AG (representantes: L. Ruessmann, avocat, y J. Beck, Solicitor)

Otras partes en el procedimiento: Brandoni solare SpA, Solaria Energía y Medio Ambiente, SA (representantes: L. Ruessmann, avocat, y M. J. Beck, Solicitor), Consejo de la Unión Europea (representante: H. Marcos Fraile, agente, asistida por N. Tuominen, Avocată), Comisión Europea (representantes: A. Demeneix, T. Maxian Rusche y J.-F. Brakeland, agentes), China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) (representantes: J.-F. Bellis y A. Scalini, avocats, y F. Di Gianni, avvocato)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar a SolarWorld AG a cargar con las costas del Consejo de la Unión Europea.

3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

(1) DO C 232 de 27.6.2016.
1)

El artículo 101 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional como la controvertida en los litigios principales, que, por una parte, no permite al abogado y a su cliente acordar una retribución por un importe inferior al importe mínimo establecido por un reglamento adoptado por una organización profesional de abogados como el Vissh advokatski savet (Alto Consejo de la Abogacía, Bulgaria), so pena de que el abogado se vea sometido a un procedimiento disciplinario, y que, por otra parte, no autoriza al tribunal a ordenar el reembolso de honorarios por un importe inferior a ese importe mínimo, puede restringir el juego de la competencia dentro del mercado interior en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si tal normativa, teniendo en cuenta su aplicación en la práctica, responde verdaderamente a objetivos legítimos y si las restricciones así impuestas se limitan a lo necesario para garantizar la consecución de tales objetivos legítimos.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 424/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de octubre de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Air Berlin plc / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-573/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Impuestos indirectos - Concentración de capitales - Impuesto del 1,5 % por la transmisión a un servicio de compensación de operaciones (clearance service) de acciones nuevas o de acciones que vayan a admitirse a cotización en bolsa en un Estado miembro])

(2017/C 424/17)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Air Berlin plc

Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Fallo

1) Los artículos 10 y 11 de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que tributen transmisiones de acciones como la controvertida en el asunto principal, mediante la que se transmitió la titularidad jurídica de todas las acciones de una sociedad a un servicio de compensación con el único fin de que las acciones fueran admitidas en bolsa y sin que se modificara la propiedad efectiva de las mismas.

2) El artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que tributen transmisiones de acciones como la controvertida en el asunto principal, mediante la que se transmitió la titularidad jurídica de acciones nuevas emitidas en una ampliación de capital a un servicio de compensación con el fin único de ponerlas a la venta.

3) La contestación a las cuestiones primera y segunda no sería distinta en caso de que el Derecho del Estado miembro, como es el supuesto del asunto principal, permitiera al operador de un servicio de compensación, tras recibir la autorización de la Administración Tributaria, optar por que el impuesto de timbre no sea exigible por la transmisión de acciones al servicio de compensación y en su lugar se exija otro tributo adicional a dicho impuesto por cada venta de acciones ulterior.

(1) DO C 22 de 23.01.2017.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 437/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Balgarska energiyna borsa AD (BEB) / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Asunto C-347/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Artículos 101 TFUE y 102 TFUE - Directiva 2009/72/CE - Artículos 9, 10, 13 y 14 - Reglamento (CE) n.o 714/2009 - Artículo 3 - Reglamento (UE) n.o 1227/2011 - Artículo 2, punto 3 - Reglamento (UE) 2015/1222 - Artículo 1, apartado 3 - Certificación y designación de los gestores de transporte independientes - Restricciones al número de personas a las que en territorio nacional se puede conceder licencia de transporte de electricidad])

(2017/C 437/13)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad Sofia-grad

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Balgarska energiyna borsa AD (BEB)

Demandada: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Fallo

Los artículos 9, 10, 13 y 14 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003, el artículo 2, punto 3, en relación con el considerando 3, del Reglamento (UE) n.o 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía, y el artículo 1, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones, no se oponen, en circunstancias como las del asunto principal, a que la normativa nacional fije restricciones al número de personas a las que en un territorio determinado se puede conceder licencia de transporte de electricidad.

(1) DO C 326 de 5.9.2016.
1)

El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que subordine la posibilidad de que ejercite la acción judicial quien afirme que ha sido vulnerado el derecho a la protección de los datos personales que le garantiza la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, a la condición de que esa persona agote las vías de recurso de que disponga ante las autoridades administrativas nacionales, siempre que la regulación concreta del ejercicio de dichas vías de recurso no afecte de forma desproporcionada al derecho a la tutela judicial efectiva que recoge el propio artículo 47 de la Carta. En particular, es necesario que el agotamiento previo de esas vías de recurso no implique un retraso sustancial a efectos del ejercicio de la acción judicial, suponga la interrupción de la prescripción de los correspondientes derechos y no ocasione gastos excesivos.
1)

En circunstancias como las del litigio principal, el artículo 201, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, debe interpretarse en el sentido de que los documentos cuya presentación se exige en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1484/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de derechos adicionales de importación y se fijan los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina y se deroga el Reglamento n.o 163/67/CEE, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 684/1999 de la Comisión, de 29 de marzo de 1999, constituyen elementos necesarios para la elaboración de la declaración aduanera en el sentido de dicha disposición.
3)

El artículo 34 del Reglamento n.o 1829/2003, en relación con el principio de cautela tal como se enuncia en el artículo 7 del Reglamento n.o 178/2002, debe interpretarse en el sentido de que no confiere a los Estados miembros la facultad de adoptar, con arreglo al artículo 54 del Reglamento n.o 178/2002, medidas de emergencia provisionales basándose únicamente en dicho principio si no se cumplen los requisitos sustanciales establecidos en el artículo 34 del Reglamento n.o 1829/2003.