Conclusiones del Abogado General La Pergola presentadas el 12 de febrero de 1998. - Sema Sürül contra Bundesanstalt für Arbeit. - Petición de decisión prejudicial: Sozialgericht Aachen - Alemania. - Acuerdo de asociacíon CEE-Turquía - Decisión del Consejo de Asociación - Seguridad Social - Principio de no discriminación por razón de nacionalidad - Efecto directo - Nacional turco autorizado a residir en un Estado miembro - Derecho a las prestaciones familiares en las mismas condiciones que los nacionales de este Estado. - Asunto C-262/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-02685



Conclusiones del abogado general

Las presentes cuestiones prejudiciales y su contexto normativo y fáctico

1 Mediante resolución de 24 de julio de 1996, el Sozialgericht Aachen (en lo sucesivo, «Sozialgericht») solicitó al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (en lo sucesivo, «Tratado»), los elementos de interpretación necesarios para dirimir el litigio pendiente ante él entre la Sra. Sema Sürül y el Bundesanstalt für Arbeit Nürnberg (en lo sucesivo, «BfA»). Para la resolución de dicho litigio, es necesario interpretar la Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social de los Estados miembros de la Comunidad Europea a los trabajadores turcos y a sus familiares (1) (en lo sucesivo, «Decisión nº 3/80»).

Las cuestiones que plantea el órgano jurisdiccional remitente al Tribunal de Justicia son las siguientes:

«1) Un nacional turco residente en Alemania, incluido en el ámbito de aplicación personal del artículo 2 de la Decisión nº 3/80, de 19 de septiembre de 1980, del Consejo de Asociación creado por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, y que sólo posee una autorización de residencia accesoria (Aufenthaltsbewilligung), ¿tiene un derecho directamente derivado del artículo 3, en relación con el artículo 4, apartado 1, letra h), de la Decisión nº 3/80, y supeditado únicamente a los requisitos aplicables a los nacionales alemanes, y no a los demás requisitos aplicables a los extranjeros, enunciados en el artículo 1, apartado 3, primera frase, de la Ley sobre asignaciones por hijo a cargo (Bundeskindergeldgesetz), en la versión publicada el 31 de enero de 1994 (Bundesgesetzblatt I, p. 168)?

La misma cuestión, expresada en términos más generales:

¿Se prohíbe a un Estado miembro denegar a un nacional turco incluido en el ámbito de aplicación personal del artículo 2 de la Decisión nº 3/80 una prestación familiar prevista en su legislación, alegando que no posee una autorización de residencia (Aufenthaltsberechtigung) ni permiso de residencia (Aufenthaltserlaubnis)?

2) ¿Tiene un nacional turco que reside en el territorio de un Estado miembro la condición de trabajador a efectos de lo dispuesto en el artículo 2 en relación con el artículo 1, letra b), de la Decisión nº 3/80, durante los períodos en que la legislación de ese Estado considera abonadas a su favor las cotizaciones del seguro general de pensiones relativas a los períodos de crianza de un hijo?

3) Un nacional turco que reside en el territorio de un Estado miembro y que, en virtud de un permiso de trabajo, desempeña, paralelamente a sus estudios, una actividad laboral por cuenta ajena al amparo de un contrato de trabajo como auxiliar, sin superar las dieciséis horas semanales, ¿posee, por este simple hecho, o, en cualquier caso, por estar cubierto contra los accidentes laborales por el seguro general contra accidentes laborales, la condición de trabajador a efectos de lo dispuesto en el artículo 2, en relación con el artículo 1, letra b), de la Decisión nº 3/80?»

2 La Decisión nº 3/80 tiene por objeto coordinar los regímenes de Seguridad Social de los Estados miembros para que los trabajadores turcos que estén o hayan estado ocupados en la Comunidad, así como sus familiares y supervivientes, puedan beneficiarse de las prestaciones de las ramas tradicionales de la Seguridad Social.

A tal efecto, la Decisión nº 3/80 se remite, fundamentalmente, a determinadas disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (2) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71»), así como a algunas disposiciones del Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 (3) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 574/72»).

3 Con arreglo a la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80, antes citada, para los fines de aplicación de la misma, el término «trabajador» designa a toda persona:

«i) que esté asegurada en virtud de un seguro obligatorio o facultativo continuado contra una o varias contingencias correspondientes a las ramas de un régimen de Seguridad Social que se aplique a los trabajadores por cuenta ajena, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del Punto A. Bélgica del Anexo V del Reglamento (CEE) nº 1408/71;

ii) que esté asegurada con carácter obligatorio contra una o varias contingencias correspondientes a las ramas a las cuales se aplica la presente Decisión, (4) en el marco de un régimen de Seguridad Social que sea de aplicación a todos los residentes o al conjunto de la población activa:

- cuando los modos de gestión o de financiación de este régimen permitan identificarla como trabajador por cuenta ajena; o

- cuando, a falta de tales criterios, esté asegurada en virtud de un seguro obligatorio o facultativo continuado contra alguna otra contingencia especificada en el Anexo, en el marco de un régimen organizado en beneficio de los trabajadores por cuenta ajena». (5)

4 El ámbito de aplicación personal y material de la Decisión nº 3/80 se define, respectivamente, en los artículos 2 y 4 de la misma. Con arreglo al artículo 2, dicho acto «se aplica:

- a los trabajadores que estén o hayan estado sometidos a la legislación de uno o de varios Estados miembros y que sean nacionales de Turquía;

- a los miembros de las familias de dichos trabajadores que residan en el territorio de uno de los Estados miembros;

- a los supervivientes de dichos trabajadores».

A continuación, en el apartado 1 del artículo 4, antes citado, se establece que la Decisión nº 3/80 «se aplicará a todas las legislaciones relativas a las ramas de Seguridad Social relacionadas con:

a) las prestaciones de enfermedad y de maternidad;

b) las prestaciones de invalidez, comprendidas las que están destinadas a mantener o a mejorar la capacidad de ganancia;

c) las prestaciones de vejez;

d) las prestaciones de supervivencia;

e) las prestaciones de accidente de trabajo y de enfermedad profesional;

f) los subsidios de defunción;

g) las prestaciones de desempleo;

h) las prestaciones familiares.»

5 La resolución de remisión del Sozialgericht se remite al principio de igualdad de trato enunciado en el apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80. Esta disposición es prácticamente idéntica a la del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 1408/71, y tiene el siguiente tenor: «Las personas que residan en el territorio de uno de los Estados miembros y a las cuales sean aplicables las disposiciones de la presente Decisión estarán sujetas a las obligaciones y podrán acogerse al beneficio de la legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de éste, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en la presente Decisión.»

6 Por último, también es pertinente a efectos de las presentes conclusiones el artículo 32 de la Decisión nº 3/80, incluido entre las disposiciones finales de la misma, según el cual «Turquía y la Comunidad adoptarán, cada una por lo que le respecta, las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión». Por otra parte, la Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo que tiene por objeto la aplicación, en la Comunidad Económica Europea, de la Decisión nº 3/80, presentada por la Comisión el 8 de febrero de 1983 (6) (en lo sucesivo, «Propuesta de Reglamento de aplicación»), no fue adoptada.

7 Para completar la descripción del marco normativo del procedimiento principal, procede recordar las disposiciones pertinentes del Derecho alemán en materia de estancia de extranjeros y de prestaciones familiares.

Tal como aclara el órgano jurisdiccional remitente, la Ausländergesetz (Ley de extranjería) distingue cuatro tipos de títulos de residencia diferentes bajo el concepto genérico de «tarjeta de residencia» (Aufenthaltsgenehmigung). Los pertinentes a efectos de las presentes conclusiones son la autorización de residencia (Aufenthaltsberechtigung), el permiso de residencia (Aufenthaltserlaubnis) y la autorización de residencia condicional (Aufenthaltsbewilligung). (7)

8 La autorización de residencia es el título que ofrece al extranjero la forma más estable de residencia en Alemania. Además de otorgar un derecho de residencia autónomo e ilimitado, confiere la misma protección contra las eventuales medidas de expulsión que se garantiza constitucionalmente a los titulares del derecho de asilo.

9 También el permiso de residencia se concede sin especificación expresa del objeto de la residencia por parte de la Administración y por una duración indeterminada y en todo caso prorrogable. Por tanto, este título puede autorizar al extranjero a residir en territorio alemán por períodos de duración no contingente.

10 Distinto es el caso de la autorización de residencia condicional, que se concede con un objeto específico (por ejemplo, por razones turísticas o de formación profesional), tiene una duración limitada y en ningún caso puede dar lugar a la posterior concesión de un título de residencia permanente. Esta autorización se expide asimismo a los miembros de la familia del extranjero autorizados a residir con él en territorio alemán para formar o mantener una unidad familiar. El derecho de residencia de estos familiares está supeditado a la validez de la autorización de residencia condicional principal concedida al extranjero autorizado a proceder a la reagrupación familiar.

11 Con arreglo al apartado 3 del artículo 1 de la Bundeskindergeldgesetz (Ley federal de asignaciones por hijos a cargo), en la nueva versión que entró en vigor el 1 de enero de 1994, sólo los extranjeros que posean una autorización de residencia o un permiso de residencia tienen derecho a las prestaciones por hijo a cargo. Tal como se desprende de la resolución de remisión, con la introducción de dicha norma el legislador alemán pretendió limitar el derecho a dichas prestaciones exclusivamente a los extranjeros que residan en Alemania de forma estable y permanente.

12 Por otra parte, el Derecho alemán establece una peculiar presunción en materia de Seguridad Social para la actividad de crianza de los hijos cuando ésta se desarrolla en Alemania (este requisito se considera satisfecho cuando el progenitor responsable de dicha actividad tiene su residencia habitual en Alemania). En particular, en el caso de los hijos nacidos con posterioridad al 31 de diciembre de 1991, se consideran abonadas por la madre (o por el padre, si se le declara responsable de la crianza del hijo) las cotizaciones correspondientes a un período de 36 meses (que en realidad corren por cuenta del seguro obligatorio de pensiones). (8)

13 Por último, procede recordar brevemente el contexto fáctico del litigio principal, tal como fue descrito por el Sozialgericht. La demandante en el procedimiento principal es una nacional turca que reside desde 1991 en Alemania, donde se reunió con su marido, que había emigrado a dicho país en 1987 por motivos de estudio. Desde 1992, los cónyuges Sürül son titulares de una autorización de residencia condicional.

La del marido de la demandante contiene la siguiente cláusula accesoria: «Válida únicamente para estudios y prácticas de trabajo. El ejercicio de una actividad por cuenta ajena al margen de los estudios sólo estará permitido durante las vacaciones semestrales y en empleos que no requieran un permiso de trabajo [...]. Se autoriza el empleo como trabajador eventual en la empresa Schoeller por un máximo de 16 horas semanales». En el marco de la relación laboral a la que acabo de referirme, el Sr. Sürül, provisto del permiso de trabajo exigido como trabajador eventual, está asegurado contra accidentes laborales por la Papiermacher-Berufsgenossenschaft, la mutua aseguradora de los trabajadores de la industria del papel, (9) corriendo la totalidad de las cotizaciones a cargo de su empresa. En cambio, el Sr. Sürül no está obligado a cotizar al seguro obligatorio de enfermedad y pensión. Como su retribución es inferior al mínimo de subsistencia (tal como se define en la Einkommensteuergesetz, Ley del Impuesto sobre la Renta), el Sr. Sürül -observa el Sozialgericht- recibe de su familia de origen una parte de los medios financieros necesarios para sufragar los costes de mantenimiento de su familia.

La autorización de residencia condicional de la Sra. Sürül contiene la siguiente limitación: «No está permitido el ejercicio de una actividad por cuenta ajena ni de una actividad económica; residencia supeditada a la residencia del cónyuge.»

A partir del nacimiento de un hijo, en septiembre de 1992, la demandante percibió las prestaciones previstas en los artículos 10 y 11 de la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo, es decir, una asignación por hijo a cargo por un importe mensual de 70 DM y, a partir del 1 de enero de 1993, un suplemento abonado a las personas con bajos ingresos.

En diciembre de 1993, el BfA decidió, con efecto a 1 de enero de 1994, suprimir la concesión de dicha asignación basándose en que, a partir de dicha fecha, la Sra. Sürül, al no poseer una autorización de residencia ni un permiso de residencia, dejaría de cumplir los requisitos establecidos en la Ley (véase el punto 11 supra). (10) Mediante posterior resolución de 14 de marzo de 1994, el BfA denegó el pago del suplemento por hijo a cargo, declarándolo no debido a falta de un derecho a la asignación.

El 14 de junio siguiente, el BfA desestimó por infundado el recurso de reposición interpuesto por la Sra. Sürül contra sus dos resoluciones precedentes. Y precisamente con objeto de que se anulase la resolución de 14 de junio de 1994 la Sra. Sürül interpuso ante el órgano jurisdiccional remitente el recurso que dio lugar al procedimiento principal.

14 En la resolución de remisión, el Sozialgericht observó que la demandante no puede invocar el artículo 42 de la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo para obtener la igualdad de trato con respecto a los nacionales alemanes y, por ende, para que no se le aplique el apartado 3 del artículo 1 de dicha Ley (véase el punto 11 supra). En efecto, el artículo 42, que parece adaptar el ordenamiento jurídico nacional en la materia de que se trata al principio de no discriminación establecido en el artículo 6 del Tratado, protege únicamente a los nacionales de otros Estados miembros, los refugiados y los apátridas. Ahora bien, la Sra. Sürül no pertenece a ninguna de estas categorías.

No obstante, si el Tribunal de Justicia interpretase las disposiciones pertinentes de la Decisión nº 3/80 en el sentido de que una persona en la situación de la demandante está comprendida dentro del ámbito de aplicación personal y material de la medida controvertida y tiene derecho a ser tratada del mismo modo que los nacionales alemanes, debería declararse legítima la pretensión de la Sra. Sürül de obtener las prestaciones familiares reclamadas en las mismas condiciones en que pueden obtenerlas los nacionales alemanes y, por tanto, como si su derecho no estuviese supeditado a los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 1 de la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo.

Alegaciones de las partes en el procedimiento principal y observaciones presentadas por los Estados miembros interesados y por la Comisión

15 En opinión de la demandante, los hechos objeto de litigio están comprendidos dentro del ámbito de aplicación material de la Decisión nº 3/80 a efectos de la letra h) del apartado 1 del artículo 4, antes citada (véase el punto 4 supra). La Sra. Sürül parece considerar que la referida Decisión se aplica a su situación también ratione personae, hasta el punto de no haber presentado observaciones a este respecto.

16 Por lo que respecta al principio de igualdad de trato consagrado en el apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80, la demandante sostiene que dicha disposición cumple los requisitos para tener efecto directo definidos en la jurisprudencia de este Tribunal. A su juicio, habida cuenta del tenor literal, de la finalidad y de la naturaleza tanto del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80 como del Acuerdo en que se basa dicha norma, del citado apartado 1 del artículo 3 se derivan obligaciones claras y precisas, cuya aplicación y cuyos efectos no están supeditados a la adopción de ningún acto ulterior.

En particular, dicha norma impone a cada Estado miembro una prohibición general de aplicar a los nacionales turcos un trato menos favorable que el reservado a los nacionales de otros Estados miembros, prohibición con respecto a la cual los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a dispensar una adecuada tutela jurisdiccional a los particulares. En consecuencia, la Sra. Sürül considera ilegal la referencia indirecta que se hace en la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo a la nacionalidad (a través de la exclusión de determinados tipos de título de residencia) y a la residencia como criterio para el reconocimiento del derecho a la asignación por hijo a cargo.

A su entender, carece de pertinencia el hecho de que, en la sentencia Taflan-Met y otros, (11) el Tribunal de Justicia excluyera que los artículos 12 y 13 de la Decisión nº 3/80 tengan efecto directo. En efecto, el Tribunal reconoció simultáneamente -según observa asimismo la Sra. Sürül- que dicha Decisión contiene al menos algunas disposiciones claras y precisas.

17 Con carácter subsidiario, la demandante se remite a la disposición del artículo 9 del Acuerdo CEE-Turquía, con arreglo al cual «las Partes Contratantes reconocen que en el ámbito de aplicación del Acuerdo [...], toda discriminación por razón de nacionalidad quedará prohibida conforme al principio enunciado en el artículo [6 (anteriormente 7)] del Tratado». Partiendo de una aplicación por analogía de los principios formulados por el Tribunal en la sentencia Pabst & Richarz (12) -en relación con otro Acuerdo de Asociación celebrado por la CEE (el Acuerdo con Grecia de 9 de julio de 1961)-, la Sra. Sürül afirma que el artículo 9 del Acuerdo CEE-Turquía desempeña, en el contexto convencional en que se encuentra, una función idéntica a la del principio de no discriminación con arreglo al artículo 6 del Tratado, estableciendo una obligación clara y precisa no supeditada, ni con respecto a su cumplimiento ni con respecto a sus efectos, a la adopción de ningún acto ulterior.

En consecuencia, según la Sra. Sürül, el derecho a la igualdad de trato con respecto a los trabajadores que tienen la nacionalidad del Estado miembro de acogida del que son titulares en materia de Seguridad Social los trabajadores turcos empleados en la Comunidad y los miembros de su familia, se deriva ya directamente del artículo 9, prescindiendo de la eficacia directa del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80.

18 Por último, la Sra. Sürül se remite a la reciente sentencia Gaygusuz del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (13) De acuerdo con dicha sentencia, la prohibición de discriminación con respecto al goce pacífico de los derechos patrimoniales consagrado en el artículo 14, en relación con el artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «Convenio»), se vulnera cada vez que un Estado deniega la concesión de un derecho de este tipo (como por ejemplo el derecho a un anticipo sobre la pensión en forma de una ayuda de emergencia, previsto -como prestación sólo parcialmente contributiva- en la legislación austriaca en materia de seguro de desempleo) exclusivamente por el hecho de que el solicitante no es nacional del Estado de que se trate.

La demandante afirma, en términos análogos, su derecho a no ser discriminada por razón de su nacionalidad con respecto al goce de la asignación o el suplemento por hijo a cargo establecido en la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo. Este derecho -como el de su compatriota Sr. Gaygusuz en la citada sentencia- constituye, a su entender, un derecho fundamental que, como tal, forma parte de los principios generales del Derecho cuya observancia debe garantizar este Tribunal.

19 La postura de la Comisión es análoga a la de la demandante. A su juicio, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Taflan-Met y otros debe entenderse en el sentido de que sólo carecen de efecto directo las disposiciones de la Decisión nº 3/80 pertinentes para la resolución de aquel litigio, que efectivamente requerían medidas de aplicación, no por casualidad puntualmente previstas en la Propuesta de Reglamento de aplicación (en el Capítulo 3). No obstante, la Comisión considera que esta conclusión no puede extenderse al conjunto de las disposiciones de la Decisión nº 3/80.

20 Por lo que respecta a la respuesta a las restantes cuestiones prejudiciales, la Comisión presentó en la vista, a instancia del Tribunal, sus observaciones sobre la posible incidencia de las sentencias Stöber y Piosa Pereira (14) y Merino García, (15) ambas pronunciadas con posterioridad a la presentación de las observaciones escritas en el presente procedimiento.

Según la Comisión, en dichas sentencias el Tribunal estableció el principio según el cual la condición de trabajador debe concurrir para la rama de Seguridad Social

concreta considerada en cada caso. En consecuencia, la Sra. Sürül no estaría comprendida en el ámbito de aplicación personal de la Decisión nº 3/80 ni como trabajadora ni -en relación con el período posterior a los tres años de crianza de su hijo- como miembro de la familia de un trabajador. No obstante, dado que en las sentencias Stöber y Piosa Pereira y Merino García este Tribunal comprobó la existencia de una discriminación indirecta en perjuicio de los trabajadores interesados, declarando la incompatibilidad de las disposiciones de Derecho interno pertinentes con las normas de los artículos 48 y 52 del Tratado, la Comisión considera que el Tribunal debería declarar en el presente procedimiento que se vulneró, en perjuicio de la Sra. Sürül, la prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad consagrada en el apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80 (o, con carácter subsidiario, en el artículo 9 del Acuerdo CEE-Turquía). (16)

21 El BfA, parte demandada en el procedimiento principal, no presentó observaciones ante el Tribunal; sí lo hizo, en cambio, el Gobierno alemán. Aun reconociendo que la sentencia Taflan-Met y otros, antes citada, no se refiere expresamente al efecto directo del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80, el Gobierno alemán observa que, en los apartados 33 y 37 de la misma, (17) el Tribunal declaró, con afirmaciones de carácter general, que, por su naturaleza, la Decisión nº 3/80 está destinada a ser completada y aplicada en la Comunidad por un acto posterior del Consejo, y que, aun incluyendo algunas disposiciones claras y precisas, no puede aplicarse hasta que no se adopten dichas medidas complementarias de aplicación. En consecuencia, según el Gobierno alemán, al no haber adoptado el Consejo la Propuesta de Reglamento de aplicación (véase el punto 6 supra), las disposiciones de la Decisión nº 3/80 -incluida la del apartado 1 del artículo 3- carecen de efecto directo. Por tanto, la primera cuestión prejudicial planteada al Tribunal por el Sozialgericht requiere una respuesta negativa.

22 Esta conclusión la comparten los Gobiernos austriaco, francés, británico y neerlandés.

En particular, las autoridades de los Países Bajos se remiten a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal según la cual la parte dispositiva de un acto (incluida una sentencia interpretativa dictada con arreglo al artículo 177 del Tratado) es indisociable de la correspondiente motivación y no puede interpretarse independientemente de ella. A su juicio, debe aplicarse este principio al apreciar de qué modo ha de tenerse en cuenta la sentencia Taflan-Met y otros a efectos de la respuesta a la primera cuestión prejudicial que hoy nos ocupa.

23 Los Gobiernos francés y británico observan, además, que -a diferencia de los Acuerdos de Cooperación celebrados por la CEE con Marruecos y Argelia (véase el punto 43 infra)- el Acuerdo CEE-Turquía y el Protocolo Adicional no contienen, en materia de Seguridad Social, ningún principio general de igualdad de trato aplicable a los trabajadores turcos y a los miembros de su familia, ya que las Partes Contratantes tan sólo acordaron basarse en los artículos 48, 49 y 50 del Tratado para realizar gradualmente, entre ellas, la libre circulación de trabajadores. En cambio, las Partes Contratantes no se remitieron a las disposiciones del artículo 51, que constituye la base jurídica del Reglamento nº 1408/71 y, en general, de las medidas de coordinación necesarias para el establecimiento de la libre circulación de trabajadores que el Consejo adopta en materia de Seguridad Social. En consecuencia, según dichos Gobiernos, la materia de que se trata se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo CEE-Turquía. Por otra parte, afirman que la formulación del principio de igualdad de trato en los Acuerdos CEE-Marruecos y CEE-Argelia (véanse las notas 42 y 43 infra) difiere significativamente de la del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80.

Por otro lado, según las autoridades francesas, el inciso final del apartado 1 del artículo 3, que establece la salvedad de las disposiciones particulares contenida en la Decisión nº 3/80, permite excluir que la norma de que se trata -aun cuando se la considere clara y precisa- tenga un carácter incondicional, en el sentido que le ha dado la jurisprudencia de este Tribunal.

24 El Gobierno neerlandés también definió su postura con respecto a las consecuencias que la demandante pretende extraer, en relación con la respuesta a las presentes cuestiones prejudiciales, de la sentencia Gaygusuz del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, antes citada (véase el punto 18 supra). En contra de lo afirmado por la Sra. Sürül, el artículo 14 del Convenio, en relación con el artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio, sólo se aplica al goce de los derechos que tienen por objeto prestaciones de Seguridad Social si éstas tienen un carácter contributivo. Así pues, el Sozialgericht habría de apreciar, en el procedimiento principal, si la asignación y el suplemento por hijo a cargo que son objeto de la pretensión de la demandante tienen o no carácter contributivo y, en caso de respuesta afirmativa, si, en las circunstancias que dieron lugar al presente procedimiento, la denegación de la concesión de dichas prestaciones por parte del BfA constituyó una discriminación injustificada.

25 Por otro lado, el Gobierno alemán presentó observaciones asimismo, con carácter subsidiario, sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, sosteniendo que en ningún caso -ni siquiera si se admite la eficacia directa del principio de igualdad de trato consagrado en la Decisión nº 3/80- la Sra. Sürül estaría comprendida dentro del ámbito de aplicación personal de dicha medida.

En primer lugar, considera que la demandante no puede tener la condición de «trabajador» sometido a la legislación de un Estado miembro a efectos del primer guión del artículo 2 de la misma. Aun reconociendo que el concepto de «trabajador» definido en la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80 se desprende fundamentalmente de la aplicación de criterios derivados del Derecho de la Seguridad Social, más que del Derecho laboral propiamente dicho, el Gobierno alemán observa que las definiciones que contienen los incisos i) y ii) no deben interpretarse como simples alternativas, sino como definiciones aplicables a determinados riesgos y regímenes específicos y autónomos. Según el Gobierno alemán, así lo afirmó recientemente el Tribunal -en relación con las disposiciones análogas contenidas en la letra a) del artículo 1 del Reglamento nº 1408/71(18)- en las sentencias Stöber y Piosa Pereira y Merino García, antes citadas.

26 Según el Gobierno alemán, en materia de prestaciones familiares la legislación alemana ha establecido un «régimen de Seguridad Social aplicable a todos los residentes», independientemente de su estatuto laboral (con la salvedad de las excepciones derivadas de la normativa en materia de residencia de extranjeros). Así pues, el derecho a percibir dichas prestaciones no depende de la existencia de la afiliación obligatoria o voluntaria a un seguro social. Con todo, a efectos del pago de prestaciones familiares con arreglo a la legislación alemana sólo pueden considerarse trabajadores, siempre según la Decisión nº 3/80, a los nacionales turcos asegurados en virtud de un «seguro obligatorio o facultativo continuado contra alguna otra contingencia especificada en el Anexo, en el marco de un régimen organizado en beneficio de los trabajadores por cuenta ajena» (véase el segundo guión del inciso ii) de la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80).

Es cierto que, a efectos de la aplicación de la norma citada en último lugar, el Anexo de la Decisión nº 3/80 -aun precisando, en la Parte II, las «demás contingencias» contra las que un «trabajador» debe estar asegurado en virtud de un régimen de Seguridad Social aplicable a todos los residentes, respectivamente, en los ordenamientos jurídicos danés, irlandés y británico- no establece modalidades particulares de aplicación de la legislación alemana. No obstante, en opinión del Gobierno alemán, esta laguna debe subsanarse, por vía de interpretación, recurriendo al apartado 1 del artículo 25 de la Decisión nº 3/80, según el cual «los Anexos I, III y IV del Reglamento (CEE) nº 1408/71 regirán a efectos de la aplicación de la presente Decisión». Partiendo de esta premisa en el presente caso son aplicables las disposiciones de la letra C del punto I del Anexo I del Reglamento nº 1408/71. (19)

27 Ahora bien, a la Sra. Sürül se le considera afiliada con carácter obligatorio únicamente al régimen legal del seguro de pensiones, al computarse el período (comprendido entre el 1 de octubre de 1992 y el 30 de septiembre de 1995) dedicado a la crianza de su hijo, durante el cual se considera cumplida, por ministerio de la Ley, la obligación de cotización. Al no estar «asegurada con carácter obligatorio contra el riesgo de desempleo» y no obtener, en el marco de dicho seguro, «prestaciones en efectivo del seguro de enfermedad o prestaciones análogas», la demandante no cumple, según el Gobierno alemán, los requisitos establecidos en la letra C del punto I del Anexo I del Reglamento nº 1408/71, al que se remite indirectamente el segundo guión del inciso ii) de la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80. En consecuencia, dicha Decisión no se aplica a una persona que se encuentre en la situación de la Sr. Sürül.

Aun admitiendo que podría llegarse al resultado opuesto partiendo de una interpretación que permitiera la aplicación alternativa del inciso i) de la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80, el Gobierno alemán sostiene que debe desestimarse semejante planteamiento, ya que convertiría en superflua la disposición del segundo guión del inciso ii) de la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80, en contra de la intención inequívoca del Consejo de Asociación.

28 Por último -alegan las autoridades alemanas-, la Sra. Sürül no está comprendida en el ámbito de aplicación personal de la Decisión nº 3/80 tampoco a efectos del segundo guión del artículo 2, es decir, como miembro de la familia de un trabajador turco sometido a la legislación de un Estado miembro que reside en el territorio de dicho Estado. Aun cuando el Sr. Sürül ejerciera en la época de autos una actividad por cuenta ajena al margen de sus estudios universitarios, con arreglo a la legislación nacional dicha actividad no entrañaba ninguna obligación de cotización al seguro de desempleo, de enfermedad o de vejez. El cónyuge de la demandada únicamente estaba asegurado contra accidentes laborales, cuyas cotizaciones corrían íntegramente por cuenta de su empresa.

Dado que las definiciones contenidas en los incisos i) y ii) de la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80 se aplican a riesgos y regímenes específicos y autónomos -concluye el Gobierno alemán-, el Sr. Sürül únicamente está comprendido en el concepto de trabajador a efectos de la aplicación de las disposiciones de la Decisión nº 3/80 relativas a las prestaciones por accidente de trabajo, pero no de las que regulan las restantes ramas del régimen alemán de Seguridad Social aplicable a los trabajadores por cuenta ajena y, en particular, las asignaciones por hijo a cargo.

29 En el caso de que el Tribunal respondiera a las cuestiones prejudiciales que plantea por el Sozialgericht en el sentido propugnado por la demandante y la Comisión, rectificando la postura anteriormente adoptada por él mismo en la sentencia Taflan-Met y otros, los Gobiernos francés, británico y neerlandés sostienen, con carácter subsidiario, que en el presente procedimiento concurren las circunstancias requeridas para que este Tribunal limite los efectos en el tiempo de su sentencia interpretativa, permitiendo invocar las disposiciones comunitarias objeto del presente procedimiento únicamente a aquellas personas que reclamen las prestaciones familiares controvertidas en el presente asunto que hubieran interpuesto recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales o hecho uso de otros medios de tutela equivalentes frente a las autoridades competentes del Estado miembro interesado con anterioridad a la fecha de publicación de las presentes conclusiones o de la sentencia del Tribunal de Justicia.

Análisis jurídico

i) Competencia del Tribunal de Justicia

30 En primer lugar, recuerdo, con carácter incidental, que el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de aclarar que las disposiciones adoptadas por el Consejo creado mediante un Acuerdo de Asociación celebrado entre la Comunidad y un país tercero en aplicación de dicho Acuerdo forman parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario por igual razón que el propio Acuerdo y a partir de la entrada en vigor de éste. Así pues, la competencia de este Tribunal para pronunciarse con arreglo al artículo 177 del Tratado sobre dicho Acuerdo, como acto de una de las Instituciones de la Comunidad, se extiende a la interpretación de tales disposiciones: ello contribuye a garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario en todos los Estados miembros. (20) Dicho esto, no cabe duda de que compete a este Tribunal interpretar con carácter prejudicial las disposiciones de la Decisión nº 3/80.

ii) Respuesta a la primera cuestión prejudicial

31 Al solicitar los referidos elementos de interpretación del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80, el Sozialgericht ha puesto al Tribunal ante el problema de definir con precisión los términos de su sentencia Taflan-Met y otros, antes citada en varias ocasiones. En mi opinión, se trata de un problema que necesariamente ha de afrontarse en el presente procedimiento: si el órgano jurisdiccional a quo no formuló sus cuestiones expresamente en este sentido, ello se debe únicamente a que la sentencia Taflan-Met y otros fue dictada con posterioridad a la resolución de remisión. (21)

32 En el asunto Taflan-Met y otros, se solicitó a este Tribunal que interpretara los artículos 12 y 13 de la Decisión nº 3/80, relativos, respectivamente, a las prestaciones de invalidez y a las pensiones de vejez y muerte. (22)

En respuesta a la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional nacional en aquel asunto, el Tribunal declaró que -a falta de una disposición expresa al respecto- la Decisión nº 3/80 entró en vigor el 19 de septiembre de 1980, fecha de su adopción, y que a partir de dicha fecha es vinculante para las Partes Contratantes. (23) Las Decisiones del Consejo de Asociación -afirmó el Tribunal- dan aplicación a los objetivos fijados por el Acuerdo CEE-Turquía, por lo que guardan relación directa con este último y, en virtud del apartado 1 del artículo 22 de dicho instrumento internacional, tienen por efecto obligar a las Partes Contratantes. (24) En consecuencia, añadió, «el hecho de que las mencionadas Partes se substraigan [al compromiso de quedar vinculadas por las Decisiones adoptadas] constituye una violación del propio Acuerdo». (25) En el apartado 20 de la sentencia, el Tribunal añadió que «el efecto imperativo de las Decisiones del Consejo de Asociación no puede, por lo tanto, depender de la adopción efectiva de medidas de ejecución por las Partes Contratantes» y, en particular, de la adopción por parte del Consejo de la Unión Europea -según lo establecido en el apartado 1 del artículo 2 del Acuerdo relativo a las medidas que deben tomarse y a los procedimientos que deben seguirse para la aplicación del Acuerdo CEE-Turquía- (26) de los actos necesarios para la aplicación de las medidas (decisiones y recomendaciones) adoptadas por el Consejo de Asociación en los ámbitos que, en virtud del Tratado, dependen de la competencia de la Comunidad.

33 Mediante la segunda cuestión prejudicial planteada al Tribunal, el órgano jurisdiccional a quo en el asunto Taflan-Met y otros preguntaba lo siguiente: «[...] b) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión ¿es suficientemente concreto y preciso lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Decisión nº 3/80 para tener aplicación directa sin que sean necesarias otras medidas de ejecución como las contempladas en el artículo 32 de la Decisión nº 3/80?»

El Tribunal parece haber interpretado dicha cuestión en unos términos más amplios, considerándola dirigida a dilucidar la eventual eficacia directa de las disposiciones de la Decisión nº 3/80 en general, «y, más en particular, [de] sus artículos 12 y 13». (27) A este respecto, el Tribunal señaló que de un análisis comparativo de la Decisión controvertida, por un lado, y de los Reglamentos nos 1408/71 y 574/72, por otro, resulta que la primera «no contiene numerosas disposiciones precisas y detalladas que, sin embargo, se consideraron indispensables para la aplicación del Reglamento nº 1408/71 en el interior de la Comunidad». (28) Así, por ejemplo, el Tribunal recordó que la aplicación concreta de las disposiciones del Reglamento nº 1408/71 relativas a la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones de los Estados miembros a las que el trabajador migrante haya estado sometido requirió la adopción del artículo 15 del Reglamento nº 574/72. Del mismo modo -argumentó el Tribunal-, para que pudiera aplicarse el principio de totalización enunciado en la Decisión nº 3/80 deberían adoptarse previamente medidas complementarias de aplicación análogas. (29)

Tras haber afirmado que «por su naturaleza, la Decisión nº 3/80 está destinada a ser completada y aplicada en la Comunidad por un acto posterior del Consejo», si bien la Propuesta de Reglamento de aplicación aún no había sido adoptada, el Tribunal concluyó que «aunque algunas de sus disposiciones sean claras y precisas, la Decisión nº 3/80 no puede aplicarse mientras el Consejo no haya adoptado medidas complementarias de aplicación». (30)

34 No obstante, importa señalar que, en el fallo de su sentencia, este Tribunal declaró que «mientras el Consejo no haya adoptado las medidas complementarias indispensables para la aplicación de la Decisión nº 3/80, los artículos 12 y 13 de esta Decisión no tendrán efecto directo en el territorio de los Estados miembros y, por lo tanto, no pueden [sic] generar en favor de los particulares el derecho a invocarlos [sic] ante los órganos jurisdiccionales nacionales» (el subrayado es mío).

35 A la luz de todo lo anterior, reconozco que el argumento aducido en el presente procedimiento por los representantes de los cinco Gobiernos nacionales que presentaron observaciones ante el Tribunal (véanse los puntos 21 y 22 supra) es todo menos un pretexto: la fundamentación de la sentencia Taflan-Met y otros, al menos si se interpreta en su sentido meramente literal, autorizaría a afirmar que ninguna de las disposiciones de la Decisión nº 3/80 -y, por ende, tampoco la del apartado 1 del artículo 3- tiene efecto directo en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En consecuencia, procedería dar una respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial de que se trata.

36 No obstante, en mi opinión subsisten razones de peso para poner en duda la corrección de semejante lectura de dicha sentencia. (31) Que quede claro: no pretendo discutir que la afirmación (implícita) de la inexistencia de efecto directo de la disposición del apartado 1 del artículo 3 es ajena a la ratio decidendi de la sentencia Taflan-Met y otros y constituye un mero obiter dictum carente de toda pertinencia a efectos prácticos. (32) En efecto, convengo en que «pretender determinar, en una sentencia, dónde acaban los fundamentos de Derecho determinantes y dónde empiezan, en su caso, las observaciones puramente incidentales, es de todo punto secundario. En todo caso, todas las opiniones enunciadas en el texto de la sentencia constituyen la expresión de la voluntad del Tribunal de Justicia». (33) El principio que acaba de recordarse se deriva, por otra parte, de la no consagración en el sistema jurisdiccional comunitario de la regla del precedente. Ciertamente, el Tribunal no deja de velar por la continuidad de su jurisprudencia y por que sus sentencias sean lógicamente compatibles y no contradictorias entre sí. Sin embargo, no está técnicamente vinculado por sus anteriores sentencias, (34) por lo que puede -también por lo que respecta al presente caso- resolver de un modo diferente una cuestión prejudicial que ya ha sido objeto de decisiones anteriores, siempre que dicho resultado esté justificado por nuevos elementos de apreciación que le sean sometidos en ulteriores procedimientos. (35)

37 Así pues, por mi parte, me inclino a no sobrevalorar la importancia de la cuestión de si, en la sentencia Taflan-Met y otros, el Tribunal excluyó efectivamente o no el efecto directo del principio de igualdad de trato establecido en el apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80. Aun cuando fuese correcta la interpretación que hacen los Gobiernos que han intervenido en el presente procedimiento de la opinión incidentalmente expresada por el Tribunal en aquella sentencia, la postura entonces adoptada por este Tribunal podría ser revisada ahora, siempre que se adopte un criterio sustentado en una fundamentación adecuada y lógica y conforme a los precedentes en la materia.

38 Ahora bien, a mi entender, los argumentos a favor de la eficacia directa del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80 prevalecen sobre los que apuntan hacia la conclusión opuesta. (36) Con toda franqueza, no puedo dejar de señalar la coincidencia entre la postura del Tribunal (siempre que sea correcta la interpretación literal anteriormente indicada) y la que yo mismo adopté en las conclusiones presentadas precisamente en el asunto Taflan-Met y otros. Tras haber subrayado, por un lado, el carácter incompleto del contenido normativo de la Decisión nº 3/80 y, por otro, la voluntad del autor del acto -expresada en la disposición final del artículo 32 (véanse los puntos 6 y 33 supra)- de que se diera ejecución a sus disposiciones mediante medidas ulteriores, sostuve que, para la aplicación de la Decisión nº 3/80 en la Comunidad se requería la adopción previa de normas de aplicación complementarias precisas y detalladas. «En realidad, a mi juicio» -observé- «no puede concebirse el funcionamiento de un sistema de Seguridad Social sin un concreto marco normativo de aplicación [...,] todo un conjunto de normas cuyo objetivo es regular la compleja materia». (37)

39 No obstante, en aquellas conclusiones me detuve (además de en el contenido de la Decisión nº 3/80 y sus importantes repercusiones financieras) sobre la necesidad de adoptar medidas adecuadas de aplicación de este acto, formulando un argumento muy distinto al invocado en el presente caso los cinco Estados miembros que han presentado observaciones ante el Tribunal. En efecto, sostuve que -dado el silencio de las Partes Contratantes sobre la fecha de entrada en vigor del acto y al no desprenderse de ningún otro modo su intención inequívoca de considerarlo vigente a partir de su fecha de adopción-, no podía considerarse que la Decisión nº 3/80 hubiese entrado en vigor ni, por tanto, que formara parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario.

Ahora bien, el problema de la entrada en vigor de la Decisión nº 3/80 es distinto -huelga precisarlo- que el de la posibilidad de invocar dicho acto ante los órganos jurisdiccionales. Por lo demás, en el asunto Taflan-Met y otros, observé lo siguiente: «En el caso de autos, la necesidad de medidas de ejecución condiciona no sólo la aplicación de una norma ya vigente, sino además la entrada en vigor de la norma. Por lo tanto, este caso difiere de los que ya examinó el Tribunal de Justicia, en los cuales declaró que no es preciso adoptar medidas de ejecución de una Decisión del Consejo de Asociación, cuyas disposiciones sean suficientemente claras y precisas para su inmediata aplicación. Efectivamente, en tales procedimientos se trataba de Decisiones que ya habían entrado en vigor. Es evidente que si la norma ya está vigente y no requiere ulteriores precisiones, puede producir inmediatamente sus efectos.» (38)

40 Precisamente sobre la base de estas consideraciones procede, en mi opinión, rechazar la interpretación puramente literal de la sentencia Taflan-Met y otros propuesta por el Gobierno alemán y por los restantes Estados miembros (véase el punto 35 supra), según la cual ni el apartado 1 del artículo 3 ni ninguna otra de las disposiciones de la Decisión nº 3/80 tienen efecto directo, por más que dicho acto entrara en vigor el día de su adopción. Así interpretada, la decisión del Tribunal entrañaría una modificación de su reiterada jurisprudencia según la cual -con el fin de evitar una proliferación inútil de la ya copiosa normativa comunitaria y ampliar el ámbito de la protección jurisdiccional efectiva de los particulares nacionales de las Partes Contratantes-, no es precisa la incorporación formal al Derecho comunitario de las Decisiones del Consejo de Asociación tanto en los casos en que «el efecto interno en el Derecho comunitario sea in re ipsa, como si se produce de manera distinta» y el tenor del acto permite al órgano jurisdiccional nacional, por lo tanto, darle aplicación inmediata. (39) Si efectivamente este Tribunal hubiera pretendido descartar dicho criterio, claramente enunciado en sus decisiones precedentes, pienso que lo hubiera indicado de manera expresa. En cambio, en la sentencia Taflan-Met y otros el Tribunal mantuvo su jurisprudencia anterior, desestimando expresamente la alegación formulada por las partes demandadas en los procedimientos principales y por los Gobiernos que intervinieron, según la cual el efecto vinculante de las Decisiones del Consejo de Asociación depende de la adopción efectiva, por parte de las Partes Contratantes, de las correspondientes medidas de aplicación (véase el punto 32 supra).

41 Ante todo, para poder interpretar la sentencia Taflan-Met y otros tal como lo hacen los Gobiernos nacionales en el presente procedimiento, sería preciso suponer que lo que impide la posibilidad de invocar la Decisión nº 3/80 ante el órgano jurisdiccional nacional es un criterio de forzosa «indisociabilidad» entre las diferentes disposiciones que la misma contiene. Es decir, debería suponerse que todas las disposiciones de que se trata carecen, en bloque, de aplicabilidad directa; y se trataría de una inaplicabilidad presunta, que no permitiría al intérprete comprobar qué disposiciones pueden tener efecto directo y cuáles no. Y es precisamente semejante resultado el que acabaría contradiciendo la jurisprudencia anterior de este Tribunal, según la cual es preciso verificar caso por caso si las disposiciones particulares del Acuerdo internacional o de la Decisión adoptada por el Consejo de Asociación pertinentes en el presente caso tienen un carácter meramente programático (40) o, por el contrario, imponen obligaciones claras y precisas, cuyo efecto es directo al no estar supeditado a la adopción de medidas ulteriores por parte de las Partes Contratantes. (41) En este último caso, la persona interesada podrá reclamar al órgano jurisdiccional nacional la protección de sus derechos. La anterior jurisprudencia de este Tribunal se inspira claramente en la exigencia de garantizar, en la medida de lo posible, la protección inmediata de los derechos emanados del Acuerdo internacional y de la normativa que del mismo se deriva una vez que éste ha entrado en vigor. Se trata de una exigencia de protección de la cual el Tribunal se ha hecho intérprete, de acuerdo con los principios que caracterizan a una comunidad de Derecho. En nuestro caso -así lo ha declarado el Tribunal- estamos ante una Decisión que ya entró en vigor: ¿cómo se justifica, entonces, que no puedan el órgano jurisdiccional nacional no pueda aplicar directamente disposiciones en relación con las cuales el propio Tribunal ha afirmado expresamente y fuera de toda duda que cumplen el criterio del efecto directo? Tal como observó la Comisión, nada en la sentencia Taflan-Met y otros permite considerar, y menos aún suponer, que el Tribunal pretendiera apartarse de su anterior jurisprudencia, a la cual llega incluso a remitirse expresamente en los apartados 24 y 25 de la misma.

42 Dicho esto, no alcanzo a ver de qué modo las afirmaciones de carácter general contenidas en los apartados 33 a 37 de esa misma sentencia, según las cuales la Decisión nº 3/80 no puede ser objeto de aplicación directa a falta de medidas complementarias de aplicación, puedan referirse en todo caso a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 de dicha Decisión (que, al fin y al cabo, es la única disposición pertinente a efectos de la resolución del litigio principal).

Lo que establece el referido apartado 1 del artículo 3 no es otra cosa que el principio de igualdad de trato. Ahora bien, la aplicación de dicho principio -del mismo modo que la de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad que el Tratado consagra (por ejemplo, en las disposiciones del artículo 6, el apartado 2 del artículo 48 y los artículos 95 y 119)- no requiere medidas ulteriores. Así lo pone de manifiesto el hecho de que la propia Propuesta de Reglamento de aplicación no contemple ninguna norma de aplicación de dicho apartado 1 del artículo 3. Otro tanto debe decirse del Reglamento nº 574/72, por el que se establecieron las modalidades de aplicación del Reglamento nº 1408/71: no contiene disposiciones destinadas a dar ejecución al principio de igualdad de trato establecido en el apartado 1 del artículo 3 de este último Reglamento.

Por lo demás, ninguno de los Gobiernos nacionales que alegan la inaplicabilidad directa de la Decisión nº 3/80 en su totalidad, invocando para ello la sentencia Taflan-Met y otros, ha podido indicar qué medidas complementarias concretas deberían adoptarse en aplicación del principio de igualdad de trato.

43 A ello se añade el hecho de que este Tribunal ya ha establecido la eficacia directa del principio de igualdad de trato en relación con las disposiciones homólogas contenidas en el apartado 1 del artículo 39 del Acuerdo de Cooperación CEE-Argelia (42) y en el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo de Cooperación CEE-Marruecos: (43) a diferencia de lo que afirman las autoridades británicas y francesas, el texto de dichas disposiciones está formulado en términos no muy distintos de los del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80.

Por lo que respecta al apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo de Cooperación CEE-Marruecos, en concreto, el Tribunal llegó a la conclusión de la eficacia directa pese a que el apartado 1 del artículo 42 confiere al Consejo de Cooperación competente el poder de adoptar (en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Acuerdo) normas de aplicación del artículo 41 con el fin de facilitar la observancia del principio de igualdad de trato por lo que respecta a determinados aspectos de su aplicación. A este respecto, el Tribunal observó que la misión que atribuye el apartado 1 del artículo 42 al Consejo de Cooperación consiste «en facilitar el cumplimiento de la prohibición de discriminación y, en su caso, en adoptar las medidas necesarias para la aplicación del principio de totalización establecido en el apartado 2 del artículo 41, pero no puede considerarse que condiciona la aplicación inmediata del principio de no discriminación». (44)

Ahora bien, el Acuerdo de Asociación establece entre la Comunidad y el Estado tercero interesado un vínculo más estrecho que el que se deriva de un Acuerdo de Cooperación, (45) creando «vínculos particulares y privilegiados con un tercer Estado que, cuando menos parcialmente, debe participar en el régimen comunitario»; (46) así pues, el efecto directo del principio de igualdad de trato debe admitirse, con mayor razón aún, en el presente procedimiento principal.

En particular, el Acuerdo CEE-Turquía «tiene por objeto promover el fortalecimiento continuo y equilibrado de las relaciones comerciales y económicas entre las Partes, teniendo plenamente en cuenta la necesidad de garantizar el desarrollo acelerado de la economía de Turquía y la elevación del nivel de empleo y de las condiciones de vida del pueblo turco» con el fin de facilitar «ulteriormente la adhesión de Turquía a la Comunidad». (47) Para la consecución de dichos objetivos, el Acuerdo de que se trata previó el fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas de las Partes Contratantes y estableció una unión aduanera entre ellas que debía aplicarse progresivamente. De hecho, la Asociación establecida mediante el Acuerdo CEE-Turquía se articuló en una fase preparatoria, una fase transitoria y otra definitiva.

Es cierto que el Acuerdo CEE-Turquía -y, en particular, el artículo 12, que se limita a establecer que las Partes Contratantes acuerdan basarse en los artículos 48, 49 y 50 del Tratado- (48) sólo pretende adaptar la libre circulación de los trabajadores entre los Estados miembros y Turquía a las exigencias del Derecho comunitario de manera gradual. No obstante, dicha consideración no permite excluir, en mi opinión, que las disposiciones destinadas a conseguir dicha adaptación produzcan, en principio, efectos directos. (49) En efecto, de la jurisprudencia de este Tribunal resulta que «no es necesario que un acuerdo internacional sea "de largo alcance" (dicho de otro modo, tender a la integración en la Comunidad) para que sus disposiciones puedan aplicarse directamente». Para ello, basta con que el acuerdo de que se trata «va[ya] más allá de la mera imposición de obligaciones recíprocas a los Estados signatarios; en otras palabras, [que] el acuerdo, por su naturaleza o por su objeto, regul[e] la situación jurídica de los particulares». (50)

Este criterio se aplica -como queda indicado- indistintamente a las disposiciones del propio Acuerdo y a las disposiciones contenidas en las Decisiones del Consejo de Asociación que éste haya podido crear. Ya se ha recordado lo que ha declarado el Tribunal: las disposiciones adoptadas por el Consejo de Asociación dan aplicación a los objetivos fijados por el Acuerdo y guardan relación directa con este último, obligando de manera análoga a las Partes Contratantes y formando parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario (véase el punto 32 supra). Por tanto, carece de todo valor el argumento formulado por los Gobiernos británico y francés, según el cual la materia de la Seguridad Social es ajena al ámbito del Acuerdo CEE-Turquía y el principio de igualdad de trato de que se trata en el procedimiento principal, que no se establece directamente en el Acuerdo CEE-Turquía, sigue sin poder tener aplicación inmediata (véase el punto 23 supra).

44 Por último, tal como observó la demandante, no parece tener ninguna trascendencia, a efectos de la respuesta a la primera cuestión prejudicial, el hecho de que el referido apartado 1 del artículo 3 consagre el principio de no discriminación remitiéndose expresamente a las disposiciones particulares de la Decisión nº 3/80. En efecto, ésta no incluye ninguna disposición restrictiva del derecho a las prestaciones familiares. Por ello, la salvedad que se hace en el apartado 1 del artículo 3 no puede interpretarse en el sentido de que despoja a la prohibición de discriminación de su carácter taxativo e incondicional.

45 A la luz de las observaciones precedentes -y habida cuenta, en particular, del tenor literal del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80, así como del objeto y de la naturaleza del Acuerdo CEE-Turquía-, procede concluir que la disposición controvertida en el presente procedimiento impone a los Estados miembros la obligación clara, precisa e incondicional de no aplicar a los trabajadores migrantes turcos, ni a los miembros de su familia o supervivientes, un trato menos favorable que el que dispensan a los nacionales comunitarios en la rama de Seguridad Social relativa a las prestaciones familiares. En caso de violación de dicha obligación, los particulares pueden recurrir a los medios de protección jurisdiccional ante el órgano jurisdiccional nacional.

Reconozco que esta solución -que podría extenderse a las demás ramas de Seguridad Social en relación con las cuales la Decisión nº 3/80 tampoco establece disposiciones particulares restrictivas del derecho a la igualdad de trato- puede tener importantes repercusiones financieras para los regímenes de Seguridad Social de los Estados miembros, y no me parece simple casualidad el hecho de que el principio de no discriminación no haya sido incorporado a las disposiciones de los Acuerdos Europeos de Asociación con los países de Europa Central y Oriental (51) celebrados por la Comunidad y los Estados miembros después de dictarse la sentencia en el asunto Kziber, antes citada. (52) No obstante, el hecho es que, en el caso que nos ocupa, se reconoció al Consejo de Asociación y, por ende, indirectamente a un país tercero, un lugar preeminente en materia de coordinación de los sistemas de Seguridad Social de los Estados miembros. (53)

46 Una vez resuelta en sentido afirmativo la cuestión relativa a la posibilidad de invocar ante el Sozialgericht el principio de igualdad de trato consagrado en la Decisión nº 3/80, procede considerar aquí otros problemas. En efecto, el principio de que se trata tiene carácter de norma instrumental, y no material, incluso en materia de aplicación a los trabajadores turcos (y asimilados) de los regímenes de Seguridad Social de los Estados miembros y en el marco de la Decisión nº 3/80. En consecuencia, el referido apartado 1 del artículo 3 impone a los países miembros la obligación de no dispensar un trato diferente, a falta de una justificación adecuada y lógica, a sus propios nacionales que a los nacionales turcos residentes en su territorio, pero sólo en relación con la aplicación, por parte de dichos países, de otras disposiciones normativas a situaciones previstas y reguladas en el Derecho convencional.

Partiendo de esta premisa, se trata, en primer lugar, de dilucidar si tienen efecto directo o no las otras normas (materiales) de coordinación contenidas en la Decisión objeto de examen en las que se haya fundado la pretensión de la demandante en el procedimiento principal (sin entrar, por el momento, en la cuestión de si la Decisión nº 3/80 es aplicable o no a su situación jurídica ratione personae).

Ahora bien, a mi entender, un caso como el de la Sra. Sürül constituye una situación directamente apreciable en relación con la obligación de igualdad de trato que se ha descrito: el derecho, alegado por la demandante, de obtener para el período de autos las prestaciones familiares controvertidas -que no se discute que están comprendidas dentro del ámbito de aplicación material de la Decisión nº 3/80 [véase la letra h) del apartado 1 del artículo 4]- se deriva de la aplicación del principio de no discriminación en relación con la legislación alemana en materia de prestaciones familiares. Por tanto, el reconocimiento de que el referido apartado 1 del artículo 3 invocado por la demandante tiene efecto directo es suficiente para permitir a la Sra. Sürül obtener la protección jurisdiccional efectiva de su derecho a la asignación y el suplemento por hijo a cargo, siempre, por supuesto, que concurran los elementos del trato discriminatorio.

47 Llego así a la cuestión de si la diferencia de trato que denuncia la demandante en el procedimiento principal está justificada por razones objetivas y, por tanto, no vulnera el principio de igualdad. A este respecto, puede ser útil recordar los principios definidos por este Tribunal en aplicación del artículo 6 (anteriormente 7) del Tratado en relación con la cláusula general de no discriminación por razón de la nacionalidad, así como en el ámbito específico de la igualdad de trato entre trabajadores. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal, en principio los Estados miembros deben conceder a los nacionales extranjeros comunitarios idéntico trato que el que dispensan a sus nacionales, lo que no impide que pueda estar justificada, es decir, no producir efectos discriminatorios contrarios al Derecho comunitario, una diferencia de trato entre ambas categorías cuando se trate de situaciones jurídicamente distinguibles en función de criterios no arbitrarios y razonables. (54) En particular, la prohibición general de discriminación por razón de la nacionalidad implica que los nacionales de otros Estados miembros no pueden ser tratados de modo diferente a los del Estado de acogida por lo que respecta a las condiciones de acceso al empleo y de trabajo, en particular en relación con la retribución, el despido, la nueva contratación y la protección social. (55)

Por otro lado, tal como ha afirmado este Tribunal precisamente en materia de Seguridad Social de los trabajadores migrantes en relación con el apartado 2 del artículo 48 del Tratado, «la regla de igualdad de trato no sólo prohíbe las discriminaciones ostensibles, fundadas en la nacionalidad, sino también todas las formas disimuladas de discriminación que, aplicando otros criterios de distinción, abocan de hecho al mismo resultado». (56)

Me he referido al apartado 2 del artículo 48 del Tratado porque resulta pertinente a efectos de las presentes conclusiones: consideremos la finalidad que persiguen, en sus respectivos ámbitos normativos, dicha disposición y el apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80, y comparémoslos con los objetivos y el contexto del Acuerdo CEE-Turquía, por un lado, y los del Tratado, por otro (véase el punto 43 supra). Veremos que la interpretación que el Tribunal ha dado al apartado 2 del artículo 48 del Tratado en materia de Seguridad Social puede extenderse con toda razón al principio de igualdad de trato tal como se enuncia en el apartado 1 del artículo 3: en efecto, esta última disposición, pese a su formulación textual diferente, es materialmente análoga, por su contenido, a la disposición correspondiente del Tratado. Recuérdese que, según la jurisprudencia del Tribunal, «la extensión de la interpretación de una disposición del Tratado a una disposición, redactada en términos comparables, similares o incluso idénticos, que figure en un Acuerdo concluido por la Comunidad con un país tercero, depende, en especial, de la finalidad perseguida por cada una de dichas disposiciones en su propio marco y que, a este respecto, reviste una importancia considerable la comparación entre los objetivos y el contexto del Acuerdo, por una parte, y los del Tratado, por otra. En efecto [tal como establece el artículo 31 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969], un Tratado internacional debe interpretarse no sólo en función de los términos en que está redactado, sino también a la luz de sus objetivos». (57)

48 Si se traslada la doctrina enunciada en la sentencia Pinna (58) al análisis del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80, se llega al resultado de que los Estados miembros no pueden sustraerse a la obligación de asegurar la igualdad de trato tampoco mediante medidas basadas en un criterio mixto, que combine el criterio de la nacionalidad del beneficiario de una prestación de Seguridad Social con el de la naturaleza (temporal o estable) de su residencia en el territorio nacional. Ahora bien, esto es precisamente lo que sucede con la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo, que establece una diferencia de trato indirecta -por lo que respecta a «la admisión al beneficio de la legislación»- entre quienes son nacionales alemanes o extranjeros comunitarios y quienes no lo son, en función del tipo de título de residencia que posean.

Durante todo el período de estudios y prácticas de trabajo del Sr. Sürül, para el cual las autoridades alemanas habían concedido a él y a su mujer una autorización de residencia condicional, se cumplieron todos los requisitos exigidos para conceder a la actual demandante la asignación y el suplemento por hijo a cargo. Estas prestaciones sólo le fueron denegadas a la Sra. Sürül por su condición de nacional de un país tercero. La Comisión ha advertido, con razón, que, a diferencia de los nacionales extranjeros no comunitarios que se encuentran en la misma posición que la demandante, los nacionales alemanes que residen temporalmente en Alemania tienen derecho en todo caso a las asignaciones por hijo a cargo: por definición, cumplen el requisito, establecido al efecto en la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo, de estar autorizados a residir en el territorio nacional de forma estable y permanente.

Ahora bien, teniendo en cuenta la finalidad de las prestaciones controvertidas, que consiste en aliviar -en beneficio de todas las familias que residen en Alemania- las cargas financieras derivadas de la crianza de los hijos, la diferencia de trato que se ha descrito, basada (indirectamente) en la nacionalidad a través del criterio del tipo de residencia, resulta arbitraria y en todo caso se aparta de la finalidad perseguida por el legislador nacional. La discriminación en contra de los extranjeros no comunitarios introducida por la Ley alemana con efecto a 1 de enero de 1994 se basa en el supuesto implícito, pero inequívoco, de que la existencia y la magnitud de los gastos necesarios para la crianza de los hijos que realizan las familias que residen habitualmente en Alemania y, por ende, la necesidad de hacer uso del apoyo financiero del Estado, varían en función de la nacionalidad del progenitor responsable de la crianza y -cuando el progenitor es extranjero- en función del título de residencia que posee, que puede ser permanente o no. En mi opinión, el criterio discrecional adoptado no está justificado, al reconocerse prácticamente con carácter general que la responsabilidad del moderno Estado social en materia de Seguridad Social en su territorio no está limitada a sus nacionales. (59) En efecto, la asignación por hijo a cargo la necesitan todas las familias residentes mientras dure su estancia en Alemania. No es casual que la propia presunción en materia de Seguridad Social (pago de las cotizaciones correspondientes a un trienio por el seguro obligatorio de pensión) que establece el Código de Seguridad Social respecto de la actividad de crianza de los hijos en favor del progenitor responsable (véase el punto 12 supra) esté supeditada al requisito de la residencia habitual en el territorio alemán, y no a la nacionalidad o al tipo de título de residencia que autoriza a permanecer en el país. Así pues, resulta que la distinción entre progenitores de nacionalidad alemana (que pueden acogerse al beneficio de la prestación aun cuando sólo residan en el territorio nacional de forma ocasional o temporal) y progenitores legalmente autorizados a residir durante un período limitado y no prorrogable (necesariamente, extranjeros no comunitarios) carece de una justificación razonable y convincente.

49 Por las consideraciones antes expuestas, y siempre que se considere que la demandante en el procedimiento principal tiene la condición de trabajadora o miembro de la familia de un trabajador, (60) propongo al Tribunal de Justicia que dé una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial planteada por el Sozialgericht.

iii) Respuesta a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera

50 Como ya he tenido ocasión de observar, la formulación textual de la primera cuestión prejudicial en el presente asunto presupone que la persona que solicita la asignación por hijo a cargo controvertida está comprendida dentro del ámbito de aplicación personal de la Decisión nº 3/80. Las otras dos cuestiones de interpretación del artículo 2, en relación con la letra b) del artículo 1 de dicha Decisión, tienen por objeto precisamente permitir al órgano jurisdiccional a quo comprobar si la Sra. Sürül puede calificarse de «trabajadora» o «miembros de la familia de un trabajador», de modo que pueda invocar su derecho a la igualdad de trato ante el órgano jurisdiccional alemán.

51 En relación con la citada letra b) del artículo 1, permítaseme recordar lo ya observado por los Abogados Generales Sres. Fennelly y Van Gerven con respecto a la disposición análoga de la letra a) del artículo 1 del Reglamento nº 1408/71: (61) como consecuencia de la necesidad de utilizar un solo concepto de «trabajador» para un gran número de regímenes de Seguridad Social, la redacción de este texto normativo tuvo como resultado una disposición extensa y compleja, (62) en la que la relación entre los diversos incisos dista de ser evidente. (63) Como se sabe, la letra a) del artículo 1 del Reglamento nº 1408/71 constituye la codificación de un principio enunciado por este Tribunal en relación con el anterior Reglamento nº 3/58, relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, p. 561), según el cual el concepto de trabajador por cuenta ajena debe tener un alcance comunitario, de modo que comprenda a todos aquellos que, con independencia de su denominación, estuvieran protegidos por los diversos sistemas de Seguridad Social. (64)

52 Ya he recordado (véanse los puntos 25 a 28 supra) que, según el Gobierno alemán, la demandante no está comprendida dentro del ámbito de aplicación personal de la Decisión nº 3/80 a efectos del pago de las prestaciones por hijo a cargo con arreglo a la legislación alemana. No está comprendido en él ni a efectos del primer guión («trabajadores») ni a efectos del segundo guión («miembros de las familias de dichos trabajadores») del artículo 2 de la Decisión. De hecho, ninguno de los cónyuges Sürül estaba asegurado con carácter obligatorio contra el riesgo de desempleo ni obtenía, en el marco de dicho seguro, prestaciones en efectivo del seguro de enfermedad o prestaciones análogas. Por tanto, no cumplían los requisitos establecidos en la letra C del punto I del Anexo I del Reglamento nº 1408/71. (65) A dicho Anexo se hace referencia, de manera indirecta, en el segundo guión del inciso ii) de la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80, a través de la remisión al apartado 1 del artículo 25 de la misma.

53 En la sentencia Merino García, (66) el Tribunal declaró que el concepto de trabajador por cuenta ajena a efectos del pago de prestaciones familiares con arreglo a la legislación alemana, de conformidad con el artículo 73 del Reglamento nº 1408/71, (67) se refiere únicamente a los trabajadores por cuenta ajena que responden a la definición del inciso ii) de la letra a) del artículo 1 del Reglamento nº 1408/71, (68) en relación con la letra C del punto I del Anexo I, a la que aquella disposición se remite. Según el Tribunal, la interpretación amplia que, de acuerdo con el objetivo de la libre circulación que persigue la Comunidad, debe darse al concepto de trabajador por cuenta ajena a efectos del Reglamento nº 1408/71 no puede llegar a privar de efecto útil a lo dispuesto en el Anexo I, mediante el cual el legislador comunitario estableció que trabajadores por cuenta ajena pueden invocar las disposiciones del Capítulo 7 del Título III de dicho Reglamento. (69) Por mi parte, en las conclusiones presentadas en los asuntos Stöber y Piosa Pereira, observé que «las disposiciones del Reglamento en relación con las del Anexo sirven para precisar, en mi opinión, que existe un nexo causal muy preciso entre el tipo de prestaciones de Seguridad Social solicitadas por el trabajador (en el presente asunto, las prestaciones familiares) y los requisitos que este trabajador debe cumplir para que se le reconozca el derecho a la prestación». (70) En consecuencia, el Sr. Merino García sólo causó derecho a las prestaciones controvertidas en relación con el período durante el cual abonó cotizaciones al seguro de desempleo; dicho período incluía los dos permisos no retribuidos, no en su totalidad, sino con la excepción de dos meses civiles completos (los de febrero de 1996 y de 1997). (71)

54 No obstante, el Tribunal observó asimismo que, debido a su relación laboral, el Sr. Merino García continuó estando asegurado en Alemania contra el riesgo de enfermedad también durante el período comprendido en los meses civiles controvertidos. En consecuencia, aunque el demandante en el procedimiento principal no estuviese comprendido en el concepto de trabajador por cuenta ajena a efectos del derecho a percibir las prestaciones familiares con arreglo a la normativa nacional de que se trataba, a su situación le era aplicable la prohibición de toda discriminación -abierta o encubierta- (72) por razón de la nacionalidad «con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo» establecida en el apartado 2 del artículo 48 del Tratado.

En consecuencia, el Tribunal declaró incompatible con el citado apartado 2 del artículo 48 una normativa nacional como la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo -mientras que reconoce a los trabajadores cuyos hijos estén domiciliados o residan habitualmente en el territorio del Estado miembro competente el derecho a las asignaciones familiares también respecto de los meses civiles completos comprendidos en un permiso no retribuido de larga duración-, impide a un trabajador por cuenta ajena cuyos hijos están domiciliados en otro Estado miembro (es decir, normalmente un trabajador migrante) beneficiarse de dichas prestaciones respecto de dichos períodos. (73)

55 A mi entender, la pertinencia de las sentencias Stöber y Piosa Pereira y Merino García a efectos del presente litigio es la siguiente: en dichas sentencias, el Tribunal confirmó el carácter alternativo de las definiciones contenidas en el artículo 1 del Reglamento nº 1408/71 en cada caso en que haya que proteger el efecto útil de una eventual definición especial introducida por el legislador comunitario para delimitar el ámbito de las personas con derecho a percibir una determinada categoría de prestaciones de Seguridad Social.

Precisamente esa eventualidad concurría en los dos asuntos ahora recordados: con arreglo a la letra C del punto I del Anexo I del Reglamento nº 1408/71, el derecho a la exportabilidad de las prestaciones familiares sólo se reconoce en Alemania a aquellos trabajadores que entren a formar parte de la comunidad solidaria del sistema de Seguridad Social alemán mediante el abono de cotizaciones, en concepto de seguro obligatorio, a un régimen específico de Seguridad Social (el de desempleo en el caso de los trabajadores por cuenta ajena y el seguro de pensiones o contra la contingencia de vejez en el caso de los trabajadores autónomos). Hay que respetar -según observó el Tribunal- la voluntad del legislador comunitario, y por ello no debe permitirse a una persona asegurada con carácter voluntario o con carácter obligatorio contra otras contingencias obtener prestaciones familiares alemanas invocando alguna de las restantes definiciones de «trabajador por cuenta ajena» (o, según los casos, de «trabajador por cuenta propia») establecidas en la letra a) del artículo 1 del Reglamento nº 1408/71.

56 De las mismas sentencias cabe, en mi opinión, deducir también otro principio: cuando los Estados miembros no pretenden limitar el beneficio de las asignaciones familiares únicamente a las personas pertenecientes a una comunidad solidaria constituida por un régimen de seguro contra una contingencia expresamente determinada, no hay razón para no considerar que el ámbito de las personas con derecho a las mismas se extiende a todos los trabajadores, en el sentido más amplio de este concepto. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, este concepto designa a toda persona que esté asegurada en el marco de uno de los regímenes de Seguridad Social mencionados en la letra a) del artículo 1 contra las contingencias y con los requisitos indicados en dicha disposición. (74)

57 Examinemos ahora la respuesta que puede darse en el presente asunto a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera. Hay una circunstancia que no debe perderse de vista: si bien es cierto que en el apartado del artículo 25 de la Decisión nº 3/80 se dispone que el Anexo I del Reglamento nº 1408/71 «rige» a efectos de la aplicación de la propia Decisión, no lo es menos que la letra C del punto I de dicho Anexo se aplica cuando «la institución competente para la concesión de prestaciones familiares con arreglo al Capítulo 7 del Título III del Reglamento [nº 1408/71] sea una institución alemana» (el subrayado es mío).

Así pues, a efectos de la definición del ámbito de aplicación personal de la Decisión nº 3/80, lo correcto es entender que la remisión al Anexo I que se hace en el apartado 1 del artículo 25 se limita nicamente a las situaciones reguladas por las disposiciones del Capítulo 7 del Título III del Reglamento. Dichas situaciones son aquellas en que se plantea en general el problema de garantizar a los trabajadores, cuando se desplazan dentro de la Comunidad, los derechos y ventajas ya adquiridos, o en todo caso aquellas situaciones caracterizadas por un elemento intracomunitario necesario. (75) Más concretamente, se trata: a) del derecho a la totalización de los períodos de seguro, de empleo o de actividad por cuenta propia cubiertos en otro Estado miembro cuando el Estado miembro competente subordine la adquisición del derecho a las prestaciones familiares al cumplimiento de períodos de seguro mínimos (artículo 72); b) del derecho del trabajador por cuenta ajena en desempleo total previamente empleado en otro Estado miembro de beneficiarse de dichas prestaciones por los miembros de su familia que residan en el territorio del mismo Estado miembro que él (artículo 72 bis); c) del derecho del trabajador a prestaciones por los miembros de su familia que residan en el territorio de otro Estado miembro (artículo 73), (76) y d) del derecho del trabajador desempleado que disfruta de las prestaciones por desempleo a las prestaciones familiares previstas por la legislación del Estado miembro competente por los miembros de su familia que residan en el territorio de otro Estado miembro (artículo 74).

58 Ahora bien, si bien se mira, ninguna de las situaciones antes indicadas concurre en el procedimiento principal: la Sra. Sürül se limita a solicitar la aplicación a su situación de la norma nacional como si tuviese la nacionalidad alemana (o de otro Estado miembro), y pretende invocar un derecho que se deriva directa y exclusivamente de la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo. Las autoridades alemanas no supeditan la concesión de dicho derecho a ningún requisito perjudicial para los trabajadores migrantes de otro Estado miembro. Con el fin de obtener la asignación y el suplemento por hijo a cargo, la demandante -a diferencia de los Sres. Stöber, Piosa Pereira y Merino García- no invoca una norma comunitaria de coordinación de las legislaciones de los Estados miembros, como puede ser una disposición específica del Reglamento nº 1408/71 (por ejemplo, el citado artículo 72 relativo a la totalización, al que se remite expresamente el artículo 18 de la Decisión nº 3/80 «para la adquisición del derecho a las prestaciones [familiares]») o del Reglamento nº 574/72. A falta de todo elemento intracomunitario, la remisión al Anexo I del Reglamento nº 1408/71 me parece completamente carente de pertinencia. Por tanto, la definición del ámbito subjetivo de aplicación de la normativa pertinente -específicamente adoptada por el legislador comunitario en relación con las prestaciones familiares abonadas por las autoridades competentes alemanas y con las situaciones que plantean un problema de coordinación de las legislaciones nacionales en materia de Seguridad Social- no puede aplicarse en el presente caso.

59 Por otra parte, como reconoce el propio Gobierno alemán, tampoco en el Anexo de la Decisión nº 3/80 se establecen modalidades especiales de aplicación de la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo, que sí precisa, sin embargo, en la Parte II, las «otras contingencias» contra las cuales debe estar asegurado un «trabajador» en el marco de un régimen de Seguridad Social aplicable a todos los residentes, respectivamente, en Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. La tesis de las autoridades alemanas -según la cual el Consejo de Asociación introdujo en la materia una lex specialis que prevalece sobre la ley general establecida en la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80, y cuyo efecto útil ha de garantizarse (véase el punto 26 supra)- no resulta confirmada por los elementos normativos. Por tanto, a diferencia de lo que sucedía en los asuntos Stöber y Piosa Pereira y Merino García, al no estar el derecho a la prestación de Seguridad Social controvertida supeditado a la afiliación de los beneficiarios a un régimen de seguro específico, no se plantea en este caso la exigencia de evitar la solución ilógica a la que se llegaría si el acceso a dicho derecho le fuera reconocido simultáneamente al interesado por otra vía. (77)

60 A falta de una disposición expresa como la de la letra C del punto I del Anexo I del Reglamento nº 1408/71 (que carece de pertinencia para las presentes conclusiones; véanse los puntos 57 y 58 supra), la (supuesta) regla de la correspondencia rigurosa entre, por un lado, las definiciones contenidas en los incisos i) y ii) de la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80 y, por otro, los regímenes autónomos y los riesgos específicos determinados por el Estado miembro competente me parece inaplicable en el caso del régimen alemán de las asignaciones por hijos a cargo. Tal como se desprende de la resolución de remisión, a los efectos concretos del pago de dichas prestaciones, los beneficiarios no están obligados a estar afiliados y a cotizar a un régimen de seguro (obligatorio o voluntario) específicamente determinado: no por casualidad, el sistema se aplica directamente a todos los residentes, independientemente de su estatuto de trabajadores por cuenta ajena. Así las cosas, quien forma parte por el concepto que sea de la comunidad solidaria del régimen alemán de Seguridad Social debe estar necesariamente comprendido en el concepto de «trabajador» a efectos de la concesión de la asignación por hijo a cargo.

61 Este requisito lo cumplen tanto la demandante como su marido. En el período controvertido (es decir, a partir del 1 de enero de 1994), ambos estaban asegurados con carácter obligatorio contra contingencias correspondientes a ramas de un régimen de Seguridad Social aplicable a los trabajadores por cuenta ajena, aunque no procedieran directamente (pero sí, respectivamente, de manera ficticia y a través de un tercero; véanse los puntos 12 y 13 supra) al pago de las cotizaciones correspondientes. La Ley federal de asignaciones por hijos a cargo considera a la Sra. Sürül cubierta por el seguro de pensiones legal obligatorio durante un trienio; a su vez, el Sr. Sürül estaba cubierto por el seguro obligatorio contra los accidentes de trabajo, cuyas cotizaciones corrían por cuenta de la empresa. No veo por qué razón estas situaciones no pueden y deben conferir a los interesados la pertenencia de pleno derecho a la comunidad solidaria del régimen alemán de Seguridad Social, a diferencia del seguro obligatorio de desempleo en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71.

62 En consecuencia, considero que, con arreglo al inciso i) de la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80, la Sra. Sürül está comprendida en el concepto de trabajador también a efectos de la rama de Seguridad Social relativa a las prestaciones familiares, aun cuando esta rama sea, como no podía ser menos, distinta de la correspondiente a las contingencias contra las cuales estaba automáticamente asegurada. Análogamente, el Sr. Sürül, que ejerce real y efectivamente una actividad por cuenta ajena, debe considerarse «trabajador» a efectos de esa misma disposición. En sentido contrario, no cabe atribuir pertinencia alguna, en particular, al escaso número de horas que el Sr. Sürül dedica a la actividad laboral (78) ni al importe de su retribución. (79) Por tanto, en el período posterior al trienio de crianza de su hijo, la Sra. Sürül tuvo (y tiene) la condición de «miembro de la familia de un trabajador», incluso si ya no estaba (y no está) cubierta por un régimen de Seguridad Social obligatorio o un seguro voluntario.

63 La solución aquí propuesta no interfiere en modo alguno con los principios enunciados por este Tribunal en las sentencias Stöber y Piosa Pereira y Merino García. Por otra parte, en circunstancias como las que son objeto del presente asunto, aceptar un concepto restrictivo de «trabajador» equivaldría, en definitiva, a limitar injustificadamente la facultad de los nacionales turcos de desplazarse dentro de la Comunidad, eventualmente con sus familias, para ejercer en ella actividades labores; ello supondría negar la debida protección a los trabajadores turcos sometidos a la legislación de un Estado miembro, en contra de la finalidad y el espíritu de la Decisión nº 3/80 y del Acuerdo CEE-Turquía en el que ésta se basa.

64 Antes de formular mis conclusiones en los términos que se han expuesto, procede hacer una consideración más. No se me oculta que la remisión al Anexo I del Reglamento nº 1408/71 que se hace en el apartado 1 del artículo 25 de la Decisión nº 3/80 se presta a una interpretación diferente de la que a mí me parece la más lógica y rigurosa (véase el punto 57 supra). Se trata del planteamiento adoptado por las autoridades alemanas (véase el punto 26 supra): dicha remisión tendría por objeto únicamente definir la situación pertinente de afiliación al régimen nacional de Seguridad Social (seguro «con carácter obligatorio contra el riesgo de desempleo [u obtención], en el marco de dicho seguro, [de] prestaciones en efectivo del seguro de enfermedad o prestaciones análogas»), pero no se refiere a las situaciones concretas objeto de tutela, que están previstas en los artículos 72 a 74 del propio Reglamento. Es decir, desde esta perspectiva también el nacional turco que -como la demandante en el presente procedimiento- reclame la concesión de una prestación familiar al margen de dichas situaciones concretas y, por tanto, sin que concurra ningún elemento intracomunitario, deberá reunir los requisitos de afiliación indicados en dicho Anexo para que pueda considerarse existente el derecho invocado.

65 No obstante, considero que, en contra de esta última interpretación, existen también argumentos de índole técnica y material. El apartado 1 del artículo 25 de la Decisión nº 3/80 se remite «en bloque», sin ninguna matización, al Anexo I del Reglamento nº 1408/71. Además, la Decisión nº 3/80 se aplica también a los trabajadores turcos que se desplazan a través de la Comunidad («sometidos a la legislación de varios Estados miembros»; véase el primer guión del artículo 2) y que, por consiguiente, pueden encontrarse en las situaciones específicamente reguladas por las disposiciones del Capítulo 7 del Título III del Reglamento de que se trata. Por tanto, sólo en presencia de tales situaciones puede considerarse -en mi opinión que el Anexo I del Reglamento nº 1408/71 «rige» a los efectos que interesan para la aplicación concreta de la Decisión nº 3/80.

Por otra parte, es coherente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que las excepciones y exclusiones establecidas a las normas en materia de libre circulación de trabajadores -comprendidas las eventuales disposiciones restrictivas del propio concepto normativo de «trabajador», que determina el ámbito de aplicación de dicha libertad fundamental- deban interpretarse de manera restrictiva. (80)

66 No obstante, en el caso de que el Tribunal acogiera la alegación del Gobierno alemán y afirmara que, a efectos de la concesión de la asignación y el suplemento por hijo a cargo con arreglo a la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo, la Sra. Sürül es ajena al ámbito de aplicación personal de la Decisión nº 3/80, dicho razonamiento no podría conducir en ningún caso -en mi opinión- a excluir la legitimidad y el fundamento de la pretensión de la demandante. Recuérdese lo que este Tribunal afirmó en las sentencias Stöber y Piosa Pereira y Merino García: el apartado 2 del artículo 48 y el artículo 52 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una normativa nacional que discrimina a los trabajadores migrantes (por cuenta ajena y por cuenta propia, respectivamente) con respecto a aquellos que no hayan ejercido su derecho a la libre circulación, supeditando la consideración de los hijos -a efectos del reconocimiento del derecho a las prestaciones familiares o, en ocasiones, a su cálculo- al requisito de que residan en el Estado miembro competente.

Trasladando este principio al caso objeto del asunto principal, observo que -aun cuando el concepto de trabajador a efectos del pago de las prestaciones familiares por parte de las instituciones alemanas no comprenda a una persona que se encuentra en la situación de la Sra. Sürül o de su cónyuge- no cabe discutir seriamente que estos últimos están comprendidos dentro del ámbito de aplicación personal de la Decisión nº 3/80, al menos por lo que respecta a la rama de Seguridad Social correspondiente a la contingencia contra la que estaban asegurados (respectivamente, seguro de pensiones y seguro contra accidentes laborales). En consecuencia, en todo caso debe aplicarse a su situación la prohibición de toda discriminación -abierta o encubierta- por razón de la nacionalidad consagrado en el apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80. Esta disposición -a la que debe hacerse extensiva la interpretación del apartado 2 del artículo 48 del Tratado (véase el punto 47 supra) y que tiene asimismo efecto directo (como queda indicado: véanse los puntos 38 a 45 supra)- se opone a una normativa nacional que supedite el derecho a una prestación familiar como la asignación por hijo a cargo, establecido en la Ley federal de asignaciones por hijos a cargo, a la posesión de un título de residencia que permita a su titular una permanencia estable en el territorio nacional, como la autorización de residencia o el permiso de residencia contemplados en la Ley de extranjería alemana.

iv) Limitación de los efectos en el tiempo de la sentencia en el presente procedimiento

67 Para terminar, merece algunas breves observaciones la alegación de los Gobiernos francés, británico y neerlandés según la cual el Tribunal -en el caso de que se inclinara por la solución que yo propongo- está obligado, en aplicación de un principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico comunitario (véase el punto 29 supra), a limitar los efectos en el tiempo de su sentencia interpretativa. Es útil recordar, a este respecto, que, en el ejercicio de su competencia de interpretación con arreglo al artículo 177 del Tratado, este Tribunal sólo puede limitar -en la misma sentencia que resuelve sobe la interpretación solicitada- la posibilidad de que los interesados invoquen la disposición objeto de un pronunciamiento prejudicial con el fin de cuestionar una relaciones jurídicas establecidas de buena fe con carácter excepcional y en circunstancias muy concretas. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, si bien deben sopesarse cuidadosamente las consecuencias prácticas de cualquier decisión jurisdiccional, el Tribunal no puede llegar hasta el punto de «influir» en la objetividad de las normas jurídicas y comprometer su aplicación futura por causa de las repercusiones que puede tener una resolución judicial por lo que respecta al pasado. (81)

Ahora bien, los Estados miembros antes citados han expresado su preocupación por que una sentencia que acogiese las presentes conclusiones cuestionase un número enorme de relaciones jurídicas establecidas de buena fe sobre la base de la normativa nacional considerada válidamente vigente y que han agotado sus efectos en el pasado, lo que tendría efectos retroactivos funestos para sus respectivos sistemas nacionales de Seguridad Social. Aun cuando no se han aportado al Tribunal elementos concretos que acrediten semejante riesgo de graves repercusiones financieras, se trata, en mi opinión, de un riesgo efectivo y cierto. (82)

Ante todo, yo mismo reconozco, en primer lugar, que hasta la fecha en que se dictó la sentencia de este Tribunal de Justicia en el asunto Taflan-Met y otros existía, por las razones a que ya me referí ampliamente en mis conclusiones en aquel asunto, (83) un estado de incertidumbre objetiva sobre si la Decisión nº 3/80 había entrado en vigor o no. Pese a haber declarado que la Decisión nº 3/80 produjo sus efectos a partir del 19 de septiembre de 1980, fecha de su adopción, la sentencia Taflan-Met y otros suscitó elementos de incertidumbre no menos graves y objetivos sobre otra cuestión: la de la posibilidad de invocar ante los órganos jurisdiccionales la propia Decisión (y, por ende, el principio de no discriminación consagrado en el apartado 1 de su artículo 3) a falta de medidas de aplicación adoptadas por el Consejo. Este estado de incertidumbre permanente -que, a su vez, repercute en la legalidad de la normativa pertinente de los Estados miembros y en la delimitación precisa del ámbito de los nacionales turcos que tienen derecho a las prestaciones familiares abonadas por una institución nacional de Seguridad Social- sólo tocará a su fin con la sentencia interpretativa con la que este Tribunal resolverá el presente procedimiento.

Por tanto, en el caso de que el Tribunal comparta la respuesta que aquí se ha propuesto a las cuestiones planteadas por el Sozialgericht, concurren, en mi opinión, consideraciones imperativas de seguridad jurídica que justifican la limitación de los efectos en el tiempo de la decisión del Tribunal a la fecha en que pronuncie su sentencia en el presente asunto, sin perjuicio de las cautelas impuestas por el principio de plena y efectiva tutela jurisdiccional en favor de aquellos que, con anterioridad a la fecha de la sentencia, hayan interpuesto una acción en justicia o formulado una reclamación equivalente.

Conclusión

Por todas las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas en el presente asunto por el Sozialgericht:

«1) Del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80 se desprende una obligación clara, precisa e incondicional para los Estados miembros de no aplicar a los trabajadores migrantes turcos ni a los miembros de su familia o supervivientes un trato menos favorable que el que dispensan a sus nacionales en la rama de Seguridad Social relativa a las prestaciones familiares.

Un nacional turco que está comprendido en el ámbito de aplicación personal de la Decisión nº 3/80 con arreglo al artículo 2 de la misma y que reside en un Estado miembro y posee un título de residencia concedido para un objeto determinado y por una duración limitada (como la autorización de residencia condicional prevista en la Ley de extranjería alemana) tiene derecho, con arreglo al apartado 1 del artículo 3 y a la letra h) del apartado 1 del artículo 4 de dicha Decisión, a obtener de las autoridades de Seguridad Social competentes una prestación familiar como la asignación por hijo a cargo establecida en la Ley alemana. Este derecho -que en caso de vulneración los particulares pueden invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales- existe siempre que se cumplan los requisitos establecidos para los nacionales del Estado miembro competente, y no puede supeditarse a la posesión de un título de residencia específico que permita a su titular una permanencia estable en el territorio nacional, como la autorización de residencia y el permiso de residencia contemplados en la Ley alemana.

2) Un nacional turco que resida en el territorio de un Estado miembro tiene la condición de "trabajador" a efectos del artículo 2, en relación con el inciso i) de la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80, durante todo el tiempo en que, en virtud de la legislación nacional, se consideren abonadas a su favor, durante el período de crianza de un hijo, las cotizaciones legales al seguro obligatorio de pensiones.

3) Un nacional turco que resida en el territorio de un Estado miembro y que, al margen de sus estudios, ejerza en el mismo, en virtud de un permiso de trabajo al efecto, una actividad por cuenta ajena al amparo un contrato de trabajo eventual por un máximo de dieciséis horas semanales y está cubierto por el seguro obligatorio contra accidentes laborales tiene la condición de "trabajador" a efectos del artículo 2, en relación con el inciso i) de la letra b) del artículo 1 de la Decisión nº 3/80.

En particular, un nacional turco que cumpla estos requisitos (o los indicados en el apartado 2) tiene la condición de "trabajador" también a efectos del pago de las prestaciones familiares por parte de una institución alemana, siempre que el derecho a dichas prestaciones se derive directamente de una norma legal nacional del Estado miembro competente y el beneficiario no invoque una norma de coordinación de las legislaciones de los Estados miembros prevista en la Decisión nº 3/80.

4) El apartado 1 del artículo 3 de la Decisión nº 3/80 no podrá ser invocado por un nacional turco que, con arreglo al artículo 2 de la misma, esté comprendido en el ámbito de aplicación personal de la propia Decisión en apoyo de una solicitud de concesión de una prestación familiar como la asignación por hijo a cargo establecida en la Ley alemana, en relación con un período dedicado a la crianza de un hijo anterior a la fecha de la presente sentencia, con la excepción de aquellos solicitantes que, antes de dicha fecha, hubieran interpuesto una acción en justicia o impugnado mediante un recurso equivalente la decisión de denegación del organismo de Seguridad Social competente.»

Contenido de mis conclusiones iniciales y motiv