ES Diario Oficial de la Unión Europea C 209/16

Recurso interpuesto el 7 de mayo de 2010 — Comisión Europea/República de Estonia

(Asunto C-227/10)

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2010/C 209/24

Lengua de procedimiento: estonio

Partes

Demandante: Comisión Europea (representante: P. Oliver y J.-B. Laignelot, asesorados por A. Salumets, Vandeadvokaat)

Demandada: República de Estonia

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Estonia ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, (1) al no adoptar debidamente las disposiciones legales necesarias para adaptar la normativa interna a los artículos 2, letra a), y 6, apartados 1 y 3, de dicha Directiva.

— Que se condene en costas a la República de Estonia.

Motivos y principales alegaciones

Adaptación insuficiente de la normativa interna al artículo 2, letra a), primer guión

La Comisión considera que la definición contenida en el artículo 31 de la Ley estonia relativa a la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente y a la gestión medioambiental (Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse, KeHJS) a pesar de ser más amplia que la de la Directiva por lo que atañe al artículo 2, letra a), segundo guión de la Directiva, es más limitada por lo que atañe al primer guión, porque se excluyen los planes y programas (con sus eventuales repercusiones sobre el medio ambiente) que elabora una autoridad pero no se adoptan mediante un acto jurídico. De esta forma, la normativa nacional estonia permite que no sea preciso evaluar los efectos sobre el medio ambiente de planes y programas que deben ser adoptados sobre la base de disposiciones legales o administrativas (aunque la Ley estonia no los prevé con los requisitos impuestos por la Directiva).

Deficiencias en la adaptación de la normativa interna al artículo 6, apartado 1, de la Directiva

La Comisión considera que el requisito, exigido en el artículo 32, apartado 2, número 3, de la Ley estonia, de publicar el proyecto del plan o del programa o únicamente el encargo inicial, no concuerda con la Directiva. En general, el encargo inicial para el documento estratégico de planificación se redacta de una forma demasiado abstracta y no permite determinar y evaluar todas las repercusiones sobre el medio ambiente y la salud humana.

Adaptación incompleta al artículo 6, apartado 3, de la Directiva

La Comisión señala que el artículo 6, apartado 3, de la Directiva, establece claramente la obligación a cargo de los Estados miembros, de designar a las autoridades que, debido a sus responsabilidades especiales en materia de medio ambiente, tengan probabilidades de verse afectadas por las repercusiones medioambientales de la ejecución de los planes y programas. A esta disposición también se remiten los artículos 3, apartado 6, 5, apartado 4, y 6, apartados 1 y 2. En los artículos 36, apartado 3, y 35, apartado 4, de la KeHJS dichas autoridades se enumeran entre las autoridades que deben ser consultadas (el ministerio de asuntos sociales, el ministerio de cultura, el ministerio de medio ambiente, la oficina de medio ambiente o un órgano de la administración municipal), pero la Ley estonia no exige que se consulte a otras autoridades. Esto significa que no existe ninguna obligación general de consultar a todas las autoridades que, debido a sus responsabilidades especiales en materia de medio ambiente, tengan probabilidades de verse afectadas por las repercusiones medioambientales de la ejecución de los planes y programas. Además, conforme a los citados artículos de la KeHJS, no resulta claro qué autoridades deben ser consultadas, aparte de las ya citadas. En opinión de la Comisión, la ley estonia es confusa y la libertad de elección a la hora de designar las autoridades a que se refiere el artículo 6, apartado 3, de la Directiva es demasiado grande. Podría suceder que otras autoridades resultaran afectadas por las repercusiones medioambientales de la ejecución de los planes y programas, debido a sus responsabilidades especiales en materia de medio ambiente. Entiende que, aunque la Ley estonia establezca que, en su caso, es posible consultar a otras autoridades, existe la posibilidad de que tampoco sean consultadas aunque pudieran verse afectadas por las repercusiones medioambientales de la ejecución de los planes o programas, porque en ese caso no existe ninguna obligación de consulta.

(1) DO L 197, p. 30.