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3

El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), dispone: «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión.»
23

Además, en lo que respecta a la admisibilidad de la alegación de la Comisión de que, al no existir razones perentorias en sentido contrario, el Tribunal General hubiera debido dar preferencia a una interpretación del artículo 263 TFUE que no entrañara la caducidad de su recurso, es preciso hacer constar que tal alegación no se refiere a «la apreciación de una cuestión de hecho», sino al modo en que se ha aplicado el referido artículo.
32

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 14 y el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/98 deben interpretarse en el sentido de que, en el estado actual del Derecho de la Unión, no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prevé, a efectos de la financiación de un servicio de gestión y eliminación de residuos urbanos, un precio calculado sobre la base de una evaluación del volumen de residuos generado por los usuarios de dicho servicio y no sobre la base de la cantidad de residuos que éstos efectivamente generaron y entregaron para su recogida, así como el pago por los usuarios, en su condición de poseedores de residuos, de una tasa suplementaria, cuya recaudación se destina a financiar inversiones de capital necesarias para el tratamiento de los residuos, incluido su reciclado. No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar, basándose en los elementos de hecho y de Derecho que se le han presentado, si eso no lleva a imputar a determinados «poseedores» unos costes manifiestamente desproporcionados respecto de los volúmenes o de la naturaleza de los residuos que pueden generar. Para ello, el órgano jurisdiccional nacional podrá, en particular, tener en cuenta criterios ligados al tipo de bienes inmuebles ocupados por los usuarios, a la superficie y a la afectación de dichos bienes, a la capacidad productiva de los «poseedores», al volumen de los contenedores puestos a disposición de los usuarios y a la frecuencia de la recogida, en la medida en que esos parámetros pueden influir directamente en el importe de los costes de la gestión de los residuos.
13

En un principio, al considerar que el mencionado accidente se debía atribuir al taxista, Rīgas satiksme reclamó una indemnización a la compañía en la que estaba asegurada la responsabilidad civil del propietario o usuario legítimo del taxi. No obstante, dicha aseguradora le comunicó que no abonaría indemnización alguna, puesto que el accidente había sucedido por culpa del pasajero y no del conductor del taxi, precisando que Rīgas satiksme podía ejercitar su pretensión contra dicho pasajero por la vía civil.
5

A tenor del artículo 25 de la Directiva IVA: «Una prestación de servicios puede consistir, entre otras, en una de las operaciones siguientes: a) la cesión de un bien incorporal, representado o no por un título; b) la obligación de no hacer o de tolerar actos o situaciones determinadas; c) la realización de un servicio en virtud de requerimiento coactivo de la autoridad pública o en su nombre o en los términos previstos por la Ley.»
14

A raíz de una inspección fiscal, la Administración tributaria cuestionó que pudiera aplicarse el régimen especial de las fusiones, debido, por una parte, a que Cairnbulg no había solicitado la aprobación ministerial prevista en el artículo 210 C del CGI y, por otra parte, a que, en cualquier caso, no se le habría concedido dicha aprobación, dado que la operación no estaba justificada por un motivo económico sino que tenía como objetivo el fraude o la evasión fiscales. Por consiguiente, se practicaron a Euro Park, sucesora legal de Cairnbulg, liquidaciones complementarias de la cuota del impuesto y se le impusieron contribuciones adicionales a éste, así como las sanciones previstas por el CGI en caso de incumplimiento deliberado.
Por lo que se refiere al requisito relativo a la existencia de una ventaja selectiva, se consideran ayudas estatales las intervenciones que, bajo cualquier forma, puedan favorecer directa o indirectamente a las empresas o que deban calificarse de ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado. Así, se consideran ayudas, entre otras, las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos. El artículo 107 TFUE, apartado 1, no distingue según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos y, por lo tanto, con independencia de las técnicas utilizadas. De ello resulta que las medidas fiscales podían constituir ayudas estatales en favor de las agrupaciones de interés económico (AIE) y que, por tanto, al no reconocer el Tribunal General a dichas AIE la condición de beneficiarias de dichas medidas por considerar que estas entidades son fiscalmente transparentes, excluyó que las AIE pudieran ser beneficiarias de ayudas estatales atendiendo únicamente a su forma jurídica y a las normas relativas a la tributación de los beneficios asociados a ellas. Ahora bien, la calificación de una medida como «ayuda de Estado» no puede depender del estatuto jurídico de las empresas afectadas ni de las técnicas utilizadas.

(véanse los apartados 36 y 46)
Asunto C‑667/16

M.N.J.P.W. Nooren y J.M.F.D.C. Nooren

contra

Staatssecretaris van Economische Zaken

(Petición de decisión prejudicial planteada por el College van beroep voor het bedrijfsleven)

«Procedimiento prejudicial — Política agrícola común — Financiación por el Feader — Reglamento (CE) n.o 1122/2009 — Ayudas al desarrollo rural — Incumplimiento de las normas de condicionalidad — Reducciones y exclusiones — Acumulación de las reducciones»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de junio de 2018

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el Feader — Ayudas al desarrollo rural — Aplicación de reducciones en caso de negligencia — Aplicación de reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento intencionado — Constatación de varios casos de incumplimiento en un mismo ámbito — Acumulación de las reducciones — Límites

[Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, arts. 23 y 24; Reglamento (CE) n.o 1122/2009 de la Comisión, arts. 70 a 72]

Los artículos 70 a 72 del Reglamento (CE) n.o 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola, considerados conjuntamente con los artículos 23 y 24 del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003, deben interpretarse en el sentido de que, en una situación como la concurrente en el asunto principal, donde se han constatado varios casos de incumplimiento en un mismo ámbito, han de sumarse, por una parte, la reducción del importe total de los pagos directos percibidos o que deban percibirse aplicable en los casos de incumplimiento por negligencia y, por otra parte, la reducción aplicable en los casos de incumplimiento intencionado, debiendo fijarse el importe total de las reducciones respecto a un año natural con observancia del principio de proporcionalidad y sin exceder del importe total a que se refiere el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 73/2009.

(véanse el apartado 32 y el fallo)
El artículo 54, apartado 1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no toda la información relativa a la empresa supervisada que fue comunicada por esta a la autoridad competente ni todas las declaraciones de dicha autoridad que figuren en el expediente de supervisión de que se trate, incluida su correspondencia con otros servicios, constituyen incondicionalmente información confidencial, cubierta, por tanto, por la obligación de guardar el secreto profesional que establece dicha disposición. Esta calificación se aplica a la información en poder de las autoridades designadas por los Estados miembros para desempeñar las funciones previstas por dicha Directiva que, en primer lugar, no tenga carácter público y cuya divulgación, en segundo lugar, pueda perjudicar los intereses de la persona física o jurídica que haya proporcionado la información o de terceros, o también el correcto funcionamiento del sistema de control de las actividades de las empresas de inversión que el legislador de la Unión estableció al adoptar la Directiva 2004/39.

Es importante destacar además que el artículo 54 de la Directiva 2004/39 establece como principio general la prohibición de divulgar información confidencial en poder de las autoridades competentes e indica exhaustivamente los supuestos concretos en los que, de modo excepcional, esta prohibición general no impide la transmisión o la utilización de dicha información (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Altmann y otros, C‑140/13, EU:C:2014:2362, apartados 34 y 35). Dicho artículo no tiene como finalidad conferir al público un derecho de acceso a la información en poder de las autoridades competentes ni regular de manera detallada el ejercicio de ese derecho de acceso en el caso de que el Derecho nacional lo reconozca. Por último, es importante subrayar que, dado que el artículo 54, apartado 1, de la Directiva 2004/39 tiene por único objeto obligar a las autoridades competentes a denegar, en principio, la divulgación de información confidencial, en el sentido de dicha disposición, los Estados miembros siguen teniendo la facultad de decidir ampliar la protección contra la divulgación a la totalidad del contenido de los expedientes de supervisión de las autoridades competentes o, inversamente, la de permitir el acceso a la información en poder de las autoridades competentes que no sea información confidencial en el sentido de dicha disposición.

(véanse los apartados 38, 39, 44 y 46 y el punto 1 del fallo)
En los litigios principales, la normativa controvertida se basa en el criterio de la superficie de venta del establecimiento, que no supone ninguna discriminación directa. La información aportada al Tribunal de Justicia no demuestra tampoco que este criterio perjudique en la mayor parte de los casos a los nacionales de otros Estados miembros o a las sociedades que tienen su domicilio social en otros Estados miembros.

No constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, un impuesto como el controvertido en los litigios principales, que grava a los grandes establecimientos comerciales en función, fundamentalmente, de su superficie de venta, en la medida en que exonera a los establecimientos cuya superficie de venta no supere los 500 m2 y a aquellos cuya superficie de venta rebase este umbral pero cuya base imponible no supere los 2000 m2. Tal impuesto tampoco es constitutivo de una ayuda de Estado a los efectos de la referida disposición en la medida en que exonera a los establecimientos que desempeñen su actividad en el sector de la venta de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; de materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales; de mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados, y de vehículos automóviles, los viveros y el suministro de combustibles y carburantes de automoción, cuando tales establecimientos no tengan un impacto negativo sobre el medioambiente y la ordenación del territorio tan intenso como los otros, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

(véanse el apartado 51 y el punto 2 del fallo)
Aproximación de las legislaciones—Seguro de responsabilidad civil del automóvil—Directiva 2009/103/CE—Concepto de circulación de vehículos—Utilización de un vehículo en un terreno militar no apto para la circulación de vehículos de ruedas—Inclusión—Norma nacional que excluye de la cobertura del seguro obligatorio los daños sufridos con ocasión de la conducción de vehículos por vías y terrenos que no son no aptos para la circulación—Improcedencia

(Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, párr. 1)
Por lo que respecta al importe y a la forma de la multa coercitiva impuesta a un Estado miembro por no ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, procede recordar, por lo que respecta a la gravedad de la infracción, que dicha Directiva tiene por objeto proteger el medio ambiente. La falta o la insuficiencia de sistemas de tratamiento de las aguas residuales urbanas pueden perjudicar el medio ambiente y deben considerarse particularmente graves. Asimismo, procede señalar como agravante la circunstancia de que aún no se ha ejecutado plenamente la sentencia por incumplimiento, lo que equivale a un retraso de casi veinte años, ya que la obligación de garantizar la conformidad del tratamiento secundario de las aguas urbanas en el Estado miembro interesado debería haberse completado a más tardar el 31 de diciembre de 1998. Por tanto, el Tribunal de Justicia ha de constatar la duración particularmente importante de una infracción que, habida cuenta del objetivo antes señalado, reviste además una gravedad cierta.

A efectos de fijar la suma a tanto alzado que debe imponerse a un Estado miembro por no ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, hay que tener en cuenta el número elevado de sentencias que han declarado incumplimientos por parte del Estado miembro de sus obligaciones en materia de tratamiento de las aguas residuales urbanas. Pues bien, el carácter reiterado de la conducta infractora de un Estado miembro resulta aún más inaceptable cuando se manifiesta en un ámbito en el que las repercusiones sobre la salud humana y sobre el medio ambiente revisten una particular importancia. A este respecto, la repetición de infracciones por parte de un Estado miembro en un determinado sector puede indicar que para prevenir efectivamente que en el futuro no se repitan infracciones análogas del Derecho de la Unión es necesario adoptar una medida disuasoria, como la imposición del pago de una suma a tanto alzado.

No obstante, a este respecto, pueden ser elementos atenuantes las dificultades relacionadas con las excavaciones arqueológicas y el descubrimiento de restos arqueológicos en la región afectada del Estado miembro demandado, así como los efectos de la crisis económica sufrida por dicho Estado miembro sobre su capacidad de pago.

(véanse los apartados 126 y 127)
Asunto C‑226/16

Eni SpA y otros

contra

Premier ministre

y

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia)]

«Procedimiento prejudicial — Energía — Sector del gas — Seguridad del suministro de gas natural — Reglamento (UE) n.o 994/2010 — Obligación de las empresas de gas natural de adoptar medidas para garantizar el suministro de gas natural de los clientes protegidos — Artículo 2, párrafo segundo, punto 1 — Concepto de “clientes protegidos” — Artículo 8, apartado 2 — Obligación adicional — Artículo 8, apartado 5 — Posibilidad de que las empresas de gas natural cumplan su obligación a nivel regional o a nivel de la Unión — Normativa nacional que impone a los suministradores de gas natural una obligación adicional de almacenamiento de gas cuyo ámbito de aplicación incluye a clientes que no figuran entre los clientes protegidos en el sentido del Reglamento n.o 994/2010 — Obligación de almacenamiento que en un 80 % debe satisfacerse en el territorio del Estado miembro de que se trate»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de diciembre de 2017

Energía—Seguridad del suministro de gas natural—Reglamento (UE) n.o 994/2010—Obligación de los suministradores de gas natural de adoptar medidas para garantizar el suministro de gas natural de los clientes protegidos—Alcance—Normativa nacional que impone a los suministradores una obligación adicional para garantizar el suministro de gas a otros tipos de clientes—Admisibilidad—Requisito [Reglamento (UE) n.o 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, ap. 2, punto 1, y 8, ap. 2] Energía—Seguridad del suministro de gas natural—Reglamento (UE) n.o 994/2010—Obligación de los suministradores de gas natural de tener reservas de gas para garantizar el suministro de gas natural en caso de crisis—Alcance—Normativa nacional que impone a los suministradores cumplir esta obligación exclusivamente mediante infraestructuras situadas en el territorio nacional—Inadmisibilidad [Reglamento (UE) n.o 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, ap. 5]
El Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en su examen de la admisibilidad de un recurso de anulación contra el artículo 3 del Reglamento de Ejecución n.o 1238/2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se cobra definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, que dicho artículo no era separable del resto de las disposiciones del citado Reglamento.

El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no tiene por objeto modificar el sistema de control judicial establecido en los Tratados y, en particular, las normas relativas a la admisibilidad de los recursos presentados directamente ante el juez de la Unión. La protección que concede el artículo 47 de la Carta tampoco exige que un justiciable pueda, de forma incondicional, presentar un recurso de anulación directamente ante los órganos jurisdiccionales de la Unión contra los actos legislativos de la misma.

En estas circunstancias, el hecho de que una sociedad no pueda interponer un recurso únicamente contra una parte no disociable del Reglamento de Ejecución n.o 1238/2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se cobra definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, no vulnera sus derechos derivados del artículo 47 de la Carta puesto que dicha sociedad podía impugnar dicho Reglamento en su conjunto. En efecto, siempre que cumpliera los requisitos de legitimación establecidos en el artículo 263 TFUE, apartado 4, podía impugnar el Reglamento controvertido directamente ante el Tribunal General y solicitar al mismo tiempo la suspensión de los efectos de esa anulación hasta que las instituciones de la Unión adoptasen las medidas necesarias para ejecutar la sentencia de anulación, o impugnar la validez del Reglamento controvertido ante los órganos jurisdiccionales nacionales e instar a estos a plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 65, 66 y 68)
El artículo 185, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que la reducción de las obligaciones del deudor como consecuencia de la aprobación firme de un convenio con los acreedores no constituye un caso de operación total o parcialmente impagada que no conlleve la regularización de la deducción inicialmente practicada, siempre y cuando dicha reducción sea definitiva, lo que, no obstante, corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

(véanse el apartado 45 y el punto 2 del fallo)
Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento.

(véanse el apartado 38 y el fallo)
Asunto C‑102/16

Vaditrans BVBA

contra

Belgische Staat

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Bélgica)]

«Procedimiento prejudicial — Transporte por carretera — Períodos de descanso del conductor — Reglamento (CE) n.o 561/2006 — Artículo 8, apartados 6 y 8 — Posibilidad de efectuar los períodos de descanso diarios y los períodos de descanso semanales reducidos fuera del centro de explotación de la empresa y en el vehículo — Exclusión de los períodos de descanso semanales normales»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 20 de diciembre de 2017

Transportes — Transportes por carretera — Disposiciones sociales — Descanso semanal — Toma del período de descanso semanal normal en el vehículo — Exclusión — Vulneración del principio de legalidad penal — Inexistencia

[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 49, ap. 1; Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, ap. 6]

El artículo 8, apartados 6 y 8, del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que un conductor no puede tomar en su vehículo los períodos de descanso semanales normales a los que se refiere el artículo 8, apartado 6, de este Reglamento.

El examen de la segunda cuestión prejudicial no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento n.o 561/2006 en relación con el principio de legalidad penal establecido en el artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(véanse los puntos 1 y 2 del fallo)