Asunto C-43/07

D.M.M.A. Arens-Sikken

contra

Staatssecretaris van Financiën

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Libre circulación de capitales — Artículos 73 B y 73 D del Tratado CE (actualmente artículos 56 CE y 58 CE, respectivamente) — Normativa nacional relativa a los impuestos sobre sucesiones y sobre transmisiones patrimoniales a título gratuito que no prevé, a efectos de la liquidación de dichos derechos, la deducción de las deudas por el excedente de adjudicación resultante de una partición hecha por el testador, cuando la persona cuya sucesión se abre no residía en el momento de su fallecimiento en el Estado miembro en donde está sito el bien inmueble que es objeto de la sucesión — Restricción — Justificación — Inexistencia — Inexistencia de convenio bilateral destinado a evitar la doble imposición — Consecuencias para la restricción a la libre circulación de capitales de una compensación preventiva de la doble imposición menos elevada en el Estado miembro de residencia de la persona de que se trata»

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mazák, presentadas el 13 de marzo de 2008 I - 6890

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de septiembre de 2008 I - 6912

Sumario de la sentencia

Libre circulación de capitales — Restricciones — Impuesto de sucesiones

[Tratado CE, arts. 73 B y 73 D (actualmente arts. 56 CE y 58 CE, respectivamente)]

Los artículos 73 B y 73 D del Tratado (actualmente artículos 56 CE y 58 CE, respectivamente) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional relativa a la liquidación de los impuestos sobre sucesiones y sobre transmisiones patrimoniales a título gratuito que gravan un bien inmueble situado en un Estado miembro que no prevea la deducibilidad, a efectos de la liquidación de dichos impuestos, de las deudas por el exceso de adjudicación resultante de una partición hecha por el testador, cuando la persona cuya sucesión se abre no residiera en el momento de su fallecimiento en dicho Estado sino en otro Estado miembro, siendo así que tal deducibilidad sí está prevista cuando la persona en cuestión residiera en el momento de su fallecimiento en el Estado donde está sito el bien inmueble que es objeto de la sucesión, en la medida en que tal normativa aplica un tipo de gravamen progresivo, y puesto que el hecho de no tener en cuenta tales deudas, unido a la aplicación de un tipo progresivo, podría dar lugar a una carga fiscal superior para aquellos herederos que no puedan invocar la deducibilidad de que se trata.

En efecto, la restricción de la libre circulación de capitales resulta del hecho de que una normativa como la descrita, combinada con la aplicación de un tipo de gravamen progresivo, tiene como resultado un trato diferente, a la hora de distribuir la carga fiscal, entre los herederos de una persona que, en el momento de su fallecimiento, hubiera sido residente del Estado miembro de que se trata y los herederos de otra persona que, en ese mismo momento, no hubiera sido residente de aquel Estado miembro.

La diferencia de trato mencionada no puede justificarse alegando que se refiere a situaciones que no son objetivamente comparables. Cuando una normativa nacional coloca en el mismo plano, a efectos de la tributación de un bien inmueble adquirido por herencia y situado en el Estado miembro en cuestión, a los herederos de una persona que tuviera la condición de residente en el momento de su fallecimiento y a los herederos de otra persona que en ese mismo momento tuviera la condición de no residente, tal normativa no puede, sin crear discriminaciones, tratar de manera diferente, en el marco del mismo tributo, a esas dos categorías de herederos por lo que respecta a la deducibilidad de las cargas que recaen sobre dicho bien inmueble. En efecto, al tratar de manera idéntica —salvo en lo que atañe a la deducción de las deudas— a las sucesiones de esas dos categorías de personas a efectos del impuesto sobre sucesiones, el legislador nacional admitió que en la situación objetiva de ambas no existía, respecto a las modalidades y condiciones de dicho tributo, ninguna diferencia de situación objetiva que pudieran justificar una diferencia de trato.

La anterior apreciación no resulta afectada por la circunstancia de que la normativa del Estado miembro en el que residía el causante en el momento de su fallecimiento prevea unilateralmente la posibilidad de conceder un crédito fiscal en concepto del impuesto sobre sucesiones que corresponda pagar en otro Estado en relación con bienes situados en ese otro Estado. El Estado miembro en el que está situado el bien inmueble no puede, para justificar una restricción a la libre circulación de capitales resultante de su normativa, invocar la posibilidad —independiente de su voluntad— de que otro Estado miembro —a saber, el Estado en el que residía el causante en el momento de su fallecimiento— conceda un crédito fiscal que pudiera compensar, total o parcialmente, el perjuicio sufrido por los herederos del causante como consecuencia del hecho de que el Estado miembro en el que dicho bien inmueble está sito no tenga en cuenta, a efectos de la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales a título gratuito, las deudas por el exceso de adjudicación resultante de una partición hecha por el testador.

(véanse los apartados 46, 54, 57, 60, 65 y 67 y los puntos 1 y 2 del fallo)