Palabras clave

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Palabras clave

1 Libre prestación de servicios - Restricciones - Fijación de un cupo de puestos de atraque reservados a los usuarios residentes en otro Estado miembro - Improcedencia - Justificación - Inexistencia

(Tratado CE, art. 59)

2 Derecho comunitario - Efecto directo - Conflicto entre el Derecho comunitario y una disposición del Derecho nacional - Obligación de no aplicar el Derecho nacional - Autoridades nacionales afectadas - Naturaleza de los actos afectados - Decisión administrativa que haya adquirido firmeza definitiva en un Estado miembro antes de su adhesión a la Comunidad y que implica una prohibición contraria al Derecho comunitario - Aplicación de sanciones con posterioridad a la adhesión - Improcedencia

(Tratado CE, art. 59)

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1 El artículo 59 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro prohíba a quien explota un embarcadero de recreo, bajo pena de sanciones penales, alquilar puestos de atraque por encima de un determinado contingente a propietarios de embarcaciones residentes en otro Estado miembro.

Tal restricción de los puestos de atraque infringe, en efecto, la prohibición, prevista en el apartado 1 del artículo 59 del Tratado, de cualquier discriminación, aunque sea indirecta, con respecto al prestador de servicios. No puede justificarse por la necesidad de reservar el acceso a los propietarios locales de embarcaciones a dichos puestos debido a que éstos podrían ser acaparados por personas residentes en otro Estado miembro, dispuestas a pagar precios de arrendamiento más elevados, puesto que tales motivos de orden económico en favor de los propietarios locales no constituyen razones de orden público, seguridad pública o salud pública que puedan hacer compatibles con el Derecho comunitario normas nacionales discriminatorias.

2 Dado que las disposiciones del Tratado CE son directamente aplicables en el ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros y puesto que el Derecho comunitario tiene primacía sobre el Derecho nacional, dichas disposiciones generan en favor de los interesados derechos que las autoridades nacionales deben respetar y salvaguardar y que, en consecuencia, toda disposición contraria del Derecho interno resulta, por ese motivo, inaplicable.

De esta forma, por una parte, están sujetos a la obligación de dejar inaplicada cualquier disposición contraria de la Ley nacional no sólo los órganos jurisdiccionales nacionales, sino también todos los órganos de la Administración Pública, incluso los no integrados en la Administración Central, y, por otra parte, figuran entre las disposiciones de Derecho interno controvertidas tanto las disposiciones legislativas como las administrativas, siendo así que estas últimas no comprenden únicamente normas generales y abstractas, sino también resoluciones administrativas individuales y concretas.

De aquí se deduce que, en la medida en que el artículo 59 del Tratado se ha convertido en fuente inmediata de Derecho en un nuevo Estado miembro a partir de su adhesión, una prohibición impuesta antes de la adhesión de dicho Estado miembro, no mediante una norma general y abstracta, sino mediante una resolución administrativa individual y concreta que ha adquirido firmeza y que es contraria a la libre prestación de servicios, debe dejarse inaplicada al apreciar la procedencia de una multa que sanciona el incumplimiento de dicha prohibición con posterioridad a la fecha de adhesión.