B.

Considerando que aunque para la ejecución de sus disposiciones, el párrafo tercero del artículo 70 no concede a la Alta Autoridad expresa ni implícitamente una facultad de decisión, es preciso examinar todavía si el artículo 88 del Tratado, invocado por la Alta Autoridad, se puede aplicar legalmente con este fin. Considerando que, a tenor del artículo 14 del Tratado, la Alta Autoridad «para el cumplimiento de la misión a ella confiada, […] tomará decisiones [y] formulará recomendaciones […]»; que el ejercicio de su poder ejecutivo está definido y circunscrito por esta disposición en el sentido de que el ejercicio de la facultad normativa, en caso de que corresponda a la Alta Autoridad, se realiza por medio de decisiones que son «obligatorias en todos sus elementos», mientras que, en caso de que se le niegue esta facultad normativa y quede reservada a los Estados, si la Alta Autoridad desea recordar a los Estados sus obligaciones, sólo puede recurrir a una recomendación sin que pueda imponerles su propia elección de los medios; que ni el texto ni el sistema del artículo 88 permiten a la Alta Autoridad ampararse en sus disposiciones para ejercer una competencia normativa paralela a la competencia de Derecho común del Tratado, que debe ejercerse en las formas puestas a su disposición por el artículo 14. a) Considerando, en efecto, que el texto del artículo 88 sólo confiere a la Alta Autoridad la facultad de hacer constar que un Estado ha incumplido una obligación que le incumbe en virtud del Tratado; que dicha obligación debe emanar bien de una disposición imperativa, bien de una decisión o de una recomendación anteriores a la aplicación de dicho artículo; que la «decisión motivada» a que se refiere el párrafo primero del artículo 88 sólo puede tener por objeto hacer constar el incumplimiento, quedando excluido cualquier alcance normativo propiamente dicho; que sostener lo contrario equivaldría a reconocer a la Alta Autoridad una facultad normativa que excede el ámbito del Derecho común frente a los Estados miembros. Considerando que la motivación prescrita por el párrafo primero del artículo 88 debe justificar la declaración del incumplimiento y que el plazo previsto en dicha disposición fija el límite de tiempo en el que debe procederse al cumplimiento no de una obligación creada por la decisión tomada con arreglo a dicho artículo, sino de una obligación cuya existencia es anterior a la decisión; que si se permitiera asimilar la «decisión» contemplada en el artículo 88 con una decisión en el sentido del artículo 14 por la que la Alta Autoridad cumple las misiones a ella confiadas, difícilmente se explicaría por qué una norma prescrita en virtud del artículo 88 podría ser objeto de un recurso de plena jurisdicción, en el que pudieran alegarse todos los motivos basados no sólo en la legalidad, sino también en todas las causas que puedan justificar el incumplimiento, mientras que las decisiones tomadas en la forma prevista por el artículo 14 estarían sujetas a las reglas y plazos de recurso limitados que figuran en el artículo 33. b) Considerando que el artículo 88 ofrece cauces de ejecución y constituye la ultima ratio que permite hacer valer los intereses comunitarios consagrados por el Tratado contra la inercia y la resistencia de los Estados miembros; que se trata de un procedimiento que excede con mucho las reglas admitidas hasta ahora en Derecho internacional clásico para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados; que, en consecuencia, el artículo 88 debe interpretarse en sentido estricto. Considerando que, si los Gobiernos, con respecto a las decisiones y recomendaciones de la Alta Autoridad, deben utilizar los medios de impugnación previstos por el Tratado en las formas y plazos prescritos y ya no pueden a posteriori alegar la irregularidad o la nulidad de dichas medidas en el momento en que la Alta Autoridad recurre a la vía de ejecución del artículo 88, la Alta Autoridad, por su parte, en el ejercicio de su facultad «legislativa» debe observar las formas puestas a su disposición por el artículo 14 del Tratado; que la Alta Autoridad no puede optar nunca entre esta competencia «legislativa» y el procedimiento de comprobación y de declaración de incumplimiento, para el cual se ha instituido el artículo 88; que no puede utilizar en absoluto este artículo para fines cuya realización directa por vía de decisión le niega el Tratado. c) Considerando que, de hecho, la Alta Autoridad tampoco puede pretender que la Decisión impugnada sólo hace constar el incumplimiento del Estado neerlandés según el artículo 88, dado que las obligaciones, que según la Decisión impugnada no se cumplieron, ya fueron especificadas anteriormente en el escrito de 12 de agosto de 1958 dirigido a dicho Estado; que, en efecto, el título de la Decisión impugnada contradice esta afirmación y pone de manifiesto claramente que persigue una finalidad normativa que no contiene el párrafo tercero del artículo 70; que la relación entre el artículo 1 y los artículos siguientes de la Decisión impugnada muestra igualmente que en el caso de autos no se podía tratar solamente de la comprobación de un incumplimiento; que, en efecto, la Decisión impugnada no podía considerar incumplidas las obligaciones formuladas en el escrito de 12 de agosto de 1958, porque, en realidad, éstas no son idénticas a las contenidas en la Decisión misma; que, en consecuencia, la Alta Autoridad ha infringido el artículo 88 al dictar disposiciones de aplicación del párrafo tercero del artículo 70, utilizando para ello aquel artículo y no sólo haciendo caso omiso de este artículo, sino también utilizando inadecuadamente el procedimiento de ejecución previsto en dicho artículo para cumplir una misión normativa que no le corresponde.