AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 20 de enero de 1998

Asunto T-160/96

Max Kögler

contra

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Pensión — Coeficiente corrector — Cambio de la capital de un Estado miembro — Retroactividad»

Texto completo en lengua alemana II-35

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, en primer lugar, la anulación de la decisión de 1 de julio de 1996 del Comité encargado de las reclamaciones del Tribunal de Justicia; en segundo lugar, el nuevo cálculo y la determinación definitiva de la pensión del demandante en el período comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 30 de junio de 1994, mediante la aplicación del coeficiente corrector fijado anualmente para Berlín por el Consejo, y, en tercer lugar, y con carácter subsidiario, el señalamiento de una fecha próxima en la que deberán efectuarse dicho nuevo cálculo y determinación.

Resultado:

Inadmisibilidad.

Resumen del auto

El demandante es un antiguo director de la Dirección de la Traducción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, jubilado desde el 1 de diciembre de 1987. Desde su jubilación ha residido siempre en Konz, Alemania.

Con arreglo al apartado 1 del artículo 82 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), las pensiones de los antiguos funcionarios serán afectadas por el coeficiente corrector fijado para el país en el que el titular de la pensión justifique tener su residencia.

En las sentencias de 27 de octubre de 1994, Benzler/Comisión (T-536/93, RecFP p. II-777), y Chavane de Dalmassy y otros/Comisión (T-64/92, RecFP p. II-723), el Tribunal de Primera Instancia declaró que, por un lado, el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE, CECA, Euratom) no 3834/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991 (Reglamento no 3834/91), y, por otro, el Reglamento (CEE, CECA, Euratom) no 3761/92 del Consejo, de 21 de diciembre de 1992 (Reglamento no 3761/92), Reglamentos por los que se adaptan a partir del 1 de julio de 1991 y del 1 de julio de 1992, respectivamente, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, así como los coeficientes correctores aplicables a dichas retribuciones y pensiones (DO L 361, p. 13 y DO L 383, p. 1, respectivamente), en la medida en que establecen un coeficiente corrector provisional para Alemania sobre la base del índice de los precios al consumo de Bonn y habida cuenta de que el 3 de octubre de 1990 Berlín pasó a seila capital de Alemania vulneran el principio enunciado en el Anexo XI del Estatuto, según el cual el coeficiente corrector de un Estado miembro deberá fijarse en función del índice de los precios al consumo de la capital.

Con posterioridad a dichas sentencias del Tribunal de Primera Instancia, no se han modificado los coeficientes correctores, calificados como «cifra provisional» en las notas a pie de página de dichos Reglamentos en los que se especifica que se aplicarán «sin perjuicio de las decisiones que el Consejo debe adoptar como consecuencia de la propuesta de la Comisión».

Posteriormente, el Consejo adoptó, el 19 de diciembre de 1994, el Reglamento (CECA, CE, Euratom) no 3161/94 por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 1994, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 335, p. 1). En el apartado 1 del artículo 6 de este Reglamento se prevé, con efecto a 1 de julio de 1994, un coeficiente corrector para Alemania basado, por vez primera, en el índice de precios al consumo de Berlín, así como coeficientes correctores específicos para Bonn, Karlsruhe y Munich.

Más adelante, el Reglamento (CE, Euratom, CECA) no 2963/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 1995, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 310, p. 1), confirma la fijación de un coeficiente corrector general para Alemania basado en el índice de precios al consumo de Berlín, con efecto retroactivo al 1 de julio de 1995.

El demandante, al considerar que en el período comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 30 de junio de 1994, el Tribunal de Justicia debería haber aplicado a sus hojas de haberes pasivos los coeficientes correctores basados en el índice de precios al consumo de Berlín, en lugar de determinarlas basándose en el índice de precios al consumo de Bonn, presentó una petición con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto con el fin de que se procediera, con carácter retroactivo, a una nueva determinación de su pensión.

Al desestimarse la petición mediante decisión del Secretario del Tribunal de Justicia, que actuaba en calidad de Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), el demandante presentó ante el Comité encargado de las reclamaciones del Tribunal de Justicia (Comité) una reclamación que perseguía el mismo fin que la petición y en la que añadió que solicitaba a esa Institución el señalamiento de una fecha próxima en la que se realizase el cálculo pretendido.

Esta reclamación fue desestimada por haber sido presentada fuera de plazo y no proceder, por tanto, su admisibilidad. En el presente caso, los actos lesivos a efectos del apartado 2 del artículo 90 son las correspondientes hojas de haberes pasivos del período de que se trata.

Sobre ía admisibilidad

El derecho a solicitar la protección de la confianza legítima ampara a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la administración comunitaria originó el nacimiento de esperanzas fundadas a su favor. En cambio, un funcionario no puede alegar violación del principio de confianza legítima si no existen garantías concretas prestadas por la administración (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de febrero de 1996, Galtieri/Parlamento (T-235/94, RecFP p. II-129), apartado 63; Tribunal de Primera Instancia, 5 de febrero de 1997, Ibarra Gil/Comisión (T-207/95, RecFP p. II-31), apartado 25

No cabe considerar que el Consejo haya creado «esperanzas fundadas» en el demandante o que le haya prestado «garantías concretas» puesto que el Consejo, al calificar como provisionales, en las notas a pie de página de los Reglamentos nos 3834/91 y 3761/92, los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones y las pensiones en Alemania, o al puntualizar que dichos coeficientes se aplicarían «sin perjuicio de las decisiones que el Consejo debe adoptar como consecuencia de la propuesta de la Comisión», sólo se reservó la posibilidad de modificar dichos coeficientes, sin establecer la obligación de revisar con carácter retroactivo la determinación de los mismos. En consecuencia, el demandante no puede sostener que el Consejo creó a su favor una «confianza legítima» que le permitía confiar en que podía evitar la aplicación de los plazos estatutarios antes mencionados (apartado 38).

Además, las hojas de haberes pasivos mensuales, notificadas al demandante en el período comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 30 de junio de 1994, constituyen de modo manifiesto actos lesivos para aquél, en la medida en que fijan en cada ocasión el importe de su pensión (apartado 39).

Referencia: Tribunal de Justicia, 27 de octubre de 1981, Venus y Obert/Comisión y Consejo (asuntos acumulados 783/79 y 786/79, Rec. p. 2446), apartado 25; Benzler/Comisión, antes citada, apartados 15 a 19

En la medida en que dichas liquidaciones se notificaron individualmente al demandante, éste debería haber presentado en cada ocasión una reclamación dentro de los tres meses siguientes, ateniéndose así al plazo señalado en el artículo 90 del Estatuto. En cambio, presentó su reclamación casi dos años después de la expiración del plazo legal que empieza a correr desde la recepción de la primera hoja de haberes de junio de 1994 (apartado 39).

El objetivo del plazo para presentar reclamaciones señalado en el artículo 90 del Estatuto es garantizar la certidumbre de las situaciones jurídicas y la seguridad jurídica. Por lo tanto, dicho plazo es de orden público y no es disponible por las partes ni por el Juez. El hecho de que una Institución responda sobre el fondo a una reclamación administrativa presentada fuera de plazo y, por lo tanto, inadmisible, no puede tener el efecto de dejar sin aplicación el sistema de plazos imperativos establecido por los artículos 90 y 91 del Estatuto (apartado 40).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 18 de marzo de 1997, Rasmussen/Comisión (T-35/96, RecFP p. II-187), apartados 29 y 30.

Mediante la presentación ante la AFPN de una petición con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, un funcionario no puede conseguir que se inicien de nuevo los plazos. Más concretamente, un funcionario que, dentro de los plazos establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto, no haya interpuesto un recurso de anulación contra un acto lesivo de sus intereses, no puede subsanar dicha omisión y y conseguir así un nuevo plazo de recurso, mediante una demanda de indemnización por el perjuicio irrogado por dicho acto. Ello sólo es admisible en el supuesto de que sobrevenga un hecho nuevo que pueda justificar un nuevo examen de la situación (apartado 41).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1987, Pressler-Hoeft/Tribunal de Cuentas (302/85, Rec. p. 513), apartados 5 y 6; Tribunal de Primera Instancia, 29 de febrero de 1996, Lopes/Tribunal de Justicia (T-547/93, RecFP p. II-185), apartado 60

En el presente caso, debe estimarse que el recurso del demandante, supuestamente basado en una omisión del Consejo, pretende eludir los plazos establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto, puesto que persigue, por un lado, la anulación de una decisión del Comité que sólo confirma una inadmisibilidad preexistente y, por otro, la obtención, mediante un recurso de carácter indemnizatório, de la cantidad adicional que habría percibido si se le hubiera aplicado el coeficiente corrector «Berlín» desde 1991 (apartado 42).

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso.