CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MELCHIOR WATHELET

presentadas el 7 de diciembre de 2017 ( 1 )

Asunto C‑438/16 P

Comisión Europea

contra

República Francesa,

IFP Énergies nouvelles

«Recurso de casación — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas aplicado por Francia — Garantía ilimitada del Estado conferida al Institut français du pétrole (Instituto Francés del Petróleo, IFP) por la concesión del estatuto de organismo público de carácter industrial y comercial (EPIC) — Concepto de “régimen de ayudas” — Presunción de ventaja derivada de una garantía estatal — Carga y grado de la prueba»

1. Mediante el presente recurso de casación, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 26 de mayo de 2016, Francia e IFP Énergies nouvelles/Comisión (T‑479/11 y T‑157/12, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2016:320), mediante la que este estimó los recursos interpuestos por la República Francesa y el organismo público IFP Énergies nouvelles (en lo sucesivo, «IFPEN»), dirigidos a obtener la anulación de la Decisión 2012/26/UE de la Comisión de 29 de junio de 2011. ( 2 )

2. Las garantías desempeñan una función muy importante en el Derecho de las ayudas de Estado. En el caso de autos, se invita una vez más al Tribunal de Justicia a pronunciarse en este contexto sobre los organismos públicos de carácter industrial y comercial (EPIC) franceses ( 3 ) y, en particular, sobre los efectos de la garantía ilimitada que, en virtud de su estatuto, la República Francesa confiere a estos establecimientos y que les permite, en esencia, eludir los procedimientos de insolvencia y de quiebra así como beneficiarse de la designación del Estado como responsable final del pago de las deudas contraídas.

I. Marco jurídico

3. El artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 659/1999 ( 4 ) está redactado en los términos siguientes: «A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a) “ayuda”: toda medida que reúna todos los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo [107 TFUE]; [...] c) “nueva ayuda”: toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes; d) “régimen de ayudas”: el dispositivo con arreglo al cual se pueden conceder ayudas individuales a las empresas definidas en el mismo de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, así como todo dispositivo con arreglo al cual pueda concederse ayuda, no vinculada a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado; e) “ayuda individual”: la ayuda que no se concede en virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas pero que debe notificarse; [...]»

4. La Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos [107 TFUE y 108 TFUE] a las ayudas estatales otorgadas en la forma de garantía ( 5 ) dispone, en su punto 1.2, titulado «Tipos de garantía», lo siguiente: «Generalmente las garantías están vinculadas a un préstamo u otra obligación financiera contraída por un prestatario con un prestamista; se pueden conceder de forma individual o dentro de un régimen de garantía. Sin embargo, pueden existir otras formas de garantía en función de su base jurídica, el tipo de transacción cubierta, su duración, etc. Sin que la lista sea exhaustiva, pueden identificarse las siguientes formas de garantía: […] – garantías ilimitadas frente a garantías limitadas en importe y/o tiempo. La Comisión considera asimismo constitutivas de ayuda en forma de garantía las condiciones de crédito más ventajosas obtenidas por empresas cuya forma jurídica impide la posibilidad de quiebra u otros procedimientos de insolvencia o prevé explícitamente una garantía o cobertura de pérdidas por parte del Estado. Lo mismo ocurre cuando un Estado adquiere una participación en una empresa, si ello implica una responsabilidad ilimitada en vez de una responsabilidad limitada normal, [...]»

5. El punto 2.1 de la Comunicación sobre las garantías, titulado «Observaciones generales», establece: «El artículo [107 TFUE], apartado 1, [...] establece que serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Estos criterios generales se aplican también a las garantías. Por lo que respecta a otras posibles formas de ayuda, las garantías concedidas directamente por el Estado, esto es, por las autoridades centrales, regionales o locales, así como las garantías concedidas mediante fondos estatales por otros organismos controlados por el Estado, como puedan ser empresas, e imputables a las autoridades públicas, pueden constituir ayudas estatales. Con el fin de evitar dudas, debe aclararse, por lo tanto, el concepto de fondos estatales por lo que respecta a las garantías estatales. La ventaja de las garantías estatales consiste en que es el Estado el que asume el riesgo vinculado a la garantía. La asunción de este riesgo por parte del Estado debería compensarse normalmente con una prima adecuada. El que el Estado renuncie, en todo o en parte, a dicha prima implica tanto una ventaja para la empresa como una pérdida de recursos para el Estado. De este modo puede existir una ayuda estatal, a efectos del artículo [107 TFUE], apartado 1, […] aunque suceda que el Estado no efectúa ningún pago amparado por una garantía. La ayuda se otorga al conceder la garantía, no en el momento de ejecutarla o de hacer efectivo un pago en virtud de la misma. La evaluación del elemento de ayuda y, cuando proceda, de su importe, debe considerarse en el momento en que se concede la garantía. [...]»

6. Según el punto 2.2 de la Comunicación sobre las garantías, que trata sobre la ayuda al prestatario: «El beneficiario de la ayuda suele ser el prestatario. Como se indica en el punto 2.1, la asunción de riesgo debe compensarse normalmente con una prima adecuada. Cuando el prestatario no necesita pagar la prima, o paga una prima baja, obtiene una ventaja. En comparación con una situación sin garantía, la garantía estatal para préstamos permite al prestatario obtener mejores condiciones financieras que las que hubiera conseguido en los mercados financieros. Gracias a la garantía estatal, el prestatario puede obtener normalmente tipos más bajos o dar menos garantías. En algunos casos el prestatario no hubiera encontrado, sin la garantía del Estado, ninguna entidad financiera dispuesta a concederle un préstamo del tipo que fuera. […]»

II. Antecedentes del litigio y Decisión controvertida

7. El IFPEN es un organismo público de investigación que opera en los ámbitos de la prospección de petróleo y del gas, las tecnologías de refino y la petroquímica. Este organismo está encargado, en particular, de una misión de formación de ingenieros y de técnicos, así como de una misión de información y de documentación de los sectores en cuestión.

8. Hasta 2006, el IFPEN estaba constituido en la forma de una persona jurídica de Derecho privado sujeta, de conformidad con la legislación nacional en vigor, al control económico y financiero del Gobierno francés.

9. En virtud de la Ley n.o 2005‑781, ( 6 ) el IFPEN fue transformado, con efectos a partir del 6 de julio de 2006, en una persona jurídica de Derecho público, y más concretamente en un EPIC (véase el punto 2 de las presentes conclusiones).

10. Según el Derecho francés, este tipo de organismos posee una personalidad jurídica distinta del Estado francés y autonomía financiera, así como competencias de atribución especiales, que incluyen generalmente el desempeño de una o varias misiones de servicio público. En cuanto personas jurídicas de Derecho público, estos organismos no están sujetos al régimen general de los procedimientos de insolvencia en virtud del principio general de inembargabilidad de los bienes públicos.

11. Las particularidades del estatuto jurídico de los EPIC han llamado la atención de la Comisión, que, en su Decisión 2010/605/UE, ( 7 ) examinó este estatuto a la vista de las normas que regulan las ayudas de Estado en la Unión. En esa Decisión, la Comisión concluyó, en esencia, que, en virtud de su estatuto, los EPIC se benefician de una garantía implícita e ilimitada del Estado. A juicio de la Comisión, esta garantía constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que permitía al EPIC en cuestión (en ese caso concreto, La Poste) obtener condiciones de crédito más favorables que las que habría obtenido de haber sido juzgada por sus propios méritos.

12. En el curso del procedimiento que dio lugar a la adopción de la Decisión «La Poste», las autoridades francesas informaron a la Comisión, en 2006, de la transformación del IFPEN de persona jurídica de Derecho privado en EPIC. En particular, esta información fue transmitida a la Comisión en el marco de un procedimiento abierto en 2005 relativo al examen, a la vista de las normas que regulan las ayudas de Estado, de una financiación pública concedida al IFPEN por las autoridades francesas.

13. La Comisión decidió separar el examen de la cuestión de si la transformación del IFPEN en EPIC podría constituir una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, del examen de la financiación pública del IFPEN. Así, el 16 de julio de 2008, mediante la Decisión 2009/157/CE, ( 8 ) cerró el examen de la financiación pública concedida al IFPEN. Sin embargo, en esa misma fecha, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea [Ayuda estatal C 35/08 (ex NN 11/08) — Garantía ilimitada del Estado en favor del IFP — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo [108 TFUE], apartado 2, […] (DO 2008, C 259, p. 12)], decidió abrir un procedimiento formal de examen relativo a la garantía ilimitada del Estado francés en favor del IFPEN e invitó a las partes interesadas a presentar observaciones.

14. El 29 de junio de 2011 la Comisión adoptó la Decisión controvertida. Por cuanto interesa en el presente recurso de casación ha de señalarse que, en esta Decisión, la Comisión consideró, en primer lugar, sobre la base de un razonamiento análogo al que siguió en la Decisión «La Poste», que la transformación del IFPEN en EPIC había conferido a este organismo, a partir del 6 de julio de 2006, el beneficio de una garantía gratuita, ilimitada e implícita del Estado (en lo sucesivo, «garantía gratuita e ilimitada»).

15. A este respecto, la Comisión señaló, en esencia, que las particularidades vinculadas al estatuto de EPIC implicaban que el Estado desempeña el papel de garante en última instancia del pago de las deudas del IFPEN. De este modo, se da a la vez una ventaja para este organismo y una pérdida de recursos para el Estado, dado que este renuncia a la remuneración que normalmente acompaña a las garantías. Además, la garantía genera un riesgo de compromiso potencial y futuro de los recursos del Estado, que podría verse obligado a pagar las deudas del IFPEN.

16. En segundo lugar, la Comisión examinó si esta garantía gratuita e ilimitada proporcionaba una ventaja selectiva al IFPEN en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, en sus relaciones con las entidades bancarias y financieras, los proveedores y los clientes.

17. Para empezar, en cuanto atañe a las relaciones con las entidades bancarias y financieras, la Comisión concluyó, por un lado, que este organismo no había obtenido ninguna ventaja económica real de la garantía del Estado inherente a su estatuto de EPIC durante el período comprendido entre su transformación en EPIC, en julio de 2006, y finales de 2010 (en lo sucesivo, «período controvertido»). Por otro lado, la Comisión subrayó que tal conclusión solo valía para el pasado, en la medida en que no podía anticipar los comportamientos futuros de los operadores del mercado ni la evolución de su percepción del impacto de la garantía estatal sobre el riesgo de impago del IFPEN.

18. A continuación, en lo tocante a las relaciones con los proveedores, la Comisión concluyó que el IFPEN se había beneficiado de una ventaja económica real, consistente en una reducción de los precios practicados por sus proveedores. A juicio de la Comisión, esta reducción de precios resultaba de la evaluación más favorable por estos últimos del riesgo de impago del IFPEN, pues este organismo no puede ser objeto de liquidación judicial por su condición de EPIC (considerando 203 de la Decisión controvertida). A este respecto, la Comisión consideró, en esencia, que, en ausencia de garantía estatal, un proveedor que desee beneficiarse de una garantía comparable debería recurrir a los servicios de una entidad de crédito o de seguros especializada. Por consiguiente, la reducción de precios podía entenderse en términos de coste de la cobertura del riesgo equivalente.

19. Por último, en lo relativo a las relaciones con los clientes, la Comisión estimó que, habida cuenta de la garantía prestada por el Estado al IFPEN, los clientes tenían la certidumbre de que este último no se encontraría nunca en situación de liquidación judicial y que, por tanto, siempre estaría en condiciones de cumplir con sus obligaciones contractuales o, en el supuesto de que no lo hiciera, de que se les indemnizaría por este incumplimiento (considerando 220 de la Decisión controvertida). En ausencia de dicha garantía, un cliente que desease beneficiarse del mismo nivel de protección debería suscribir con un intermediario financiero una garantía de buen fin. Por consiguiente, según la Comisión, el IFPEN se beneficiaba de una ventaja económica real, consistente en no tener que abonar una prima correspondiente a una garantía de buen fin o, al menos, de máximo esfuerzo, que podía ofrecer a sus clientes (considerando 236 de la Decisión controvertida).

20. En tercer lugar, la Comisión consideró que esta ventaja económica tenía carácter selectivo, en la medida en que los competidores del IFPEN, sujetos a los procedimientos de insolvencia de Derecho común, no se beneficiaban de una garantía comparable.

21. En último lugar, la Comisión examinó la compatibilidad con el Tratado FUE de esta ayuda de Estado teniendo en cuenta las reglas expuestas en el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (DO 2006, C 323, p. 1). Llegó a la conclusión de que la ayuda de Estado concedida al «grupo IFPEN» era compatible con el mercado interior, siempre que se cumplieran determinadas condiciones señaladas en la Decisión controvertida.

III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

22. El 9 de septiembre de 2011, la República Francesa interpuso un recurso contra la Decisión controvertida, registrado con el número T‑479/11, y, el 5 de abril de 2012, el IFPEN interpuso también un recurso contra dicha Decisión, que se registró con el número T‑157/12.

23. En apoyo de sus recursos, la República Francesa y el IFPEN formularon, respectivamente, tres y cinco motivos basados, en esencia, en el incumplimiento de las obligaciones de prueba que incumben a la Comisión en materia de ayudas de Estado y en una interpretación errónea del concepto de ventaja selectiva, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

24. Mediante auto de 2 de diciembre de 2013, el Tribunal General suspendió el procedimiento en los asuntos T‑479/11 y T‑157/12 hasta el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de abril de 2014, Francia/Comisión (C‑559/12 P, EU:C:2014:217). ( 9 ) El 8 de septiembre de 2015, le Tribunal General decidió acumular los asuntos T‑479/11 y T‑157/12 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

25. Mediante la sentencia recurrida el Tribunal General estimó parcialmente los dos recursos y anuló la Decisión controvertida, en la medida en que calificaba de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, la garantía derivada del estatuto de EPIC del IFPEN y determinaba las consecuencias de dicha calificación. El Tribunal General desestimó los recursos en todo lo demás.

26. Por cuanto interesa a efectos del presente recurso de casación, ha de señalarse, antes de nada, que el Tribunal General explicó, en los apartados 78 a 89 de la sentencia recurrida, que el método elegido por la Comisión para determinar la existencia de una ventaja selectiva en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, que consistía en examinar el beneficio que el IFPEN había obtenido de su estatuto de EPIC en sus relaciones con sus acreedores, esto es, las entidades bancarias y financieras, y con los proveedores y clientes, no era erróneo.

27. Sin embargo, el Tribunal General señaló en el apartado 90 de la sentencia recurrida que la manera en que la Comisión había aplicado este método en el caso de autos mostraba graves defectos, en particular en lo referente a la definición de la ventaja de la que supuestamente se había beneficiado el IFPEN en sus relaciones con los proveedores y los clientes. En particular, según el Tribunal General, la conclusión de la Comisión de que la garantía en cuestión había generado una «ventaja económica real» en beneficio del IFPEN se basaba en un razonamiento puramente hipotético (apartado 94 de la sentencia recurrida).

28. Por un lado, en lo que respecta a las relaciones entre el IFPEN y sus proveedores, el Tribunal General señaló, en el apartado 95 de la sentencia recurrida, que, según la Comisión, el IFPEN había obtenido una ventaja de la garantía ilimitada del Estado inherente a su estatuto de EPIC y que consistía en una reducción de los precios que sus proveedores le concedieron en virtud de la ausencia de riesgo de impago derivado de la insolvencia.

29. No obstante, según el Tribunal General, la Comisión no invocó en la Decisión controvertida ningún elemento que pudiera corroborar esta hipótesis. En particular, declaró que ningún elemento acreditaba la existencia, en el mercado considerado o en el tráfico económico en general, de un fenómeno de reducción de precios que practicasen los proveedores a los organismos que disfrutaban de una garantía del Estado frente al riesgo de insolvencia (apartado 99 de la sentencia recurrida).

30. Por otro lado, en cuanto atañe a las relaciones entre el IFPEN y sus clientes, el Tribunal General consideró en el apartado 111 de la sentencia recurrida que, en la Decisión controvertida, la Comisión había definido la ventaja que este organismo obtenía de la garantía inherente a su estatuto como la falta de pago de una prima correspondiente a una garantía de buen fin o de máximo esfuerzo, que dicho organismo habría podido ofrecer a sus clientes.

31. Según el Tribunal General, el razonamiento de la Comisión presupone que, en las condiciones normales de mercado, los clientes de centros de investigación como el IFPEN recurren a este tipo de garantías para protegerse frente al riesgo de insolvencia de la otra parte contratante y que, ante una garantía como aquella de la que se beneficia el IFPEN, los clientes de este ya no tienen que proveerse ellos mismos de una garantía equivalente (apartado 114 de la sentencia recurrida).

32. Pues bien, según el Tribunal General, la Comisión no aportó ninguna prueba que demostrase el carácter fundado o la verosimilitud, de esta hipótesis. En particular, en su opinión, la Decisión controvertida no constata ninguna prueba que confirme que los clientes de los centros de investigación anticipan el riesgo de insolvencia de la otra parte contratante recurriendo a dichas garantías (apartado 115 de la sentencia recurrida).

33. A continuación, en los apartados 133 y siguientes de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó las alegaciones formuladas por la Comisión relativas al alcance y a la aplicación de la presunción de ventaja establecida por el Tribunal de Justicia en la sentencia La Poste (C‑559/12 P).

34. En primer lugar, el Tribunal General observa, en el apartado 136 de la sentencia recurrida, que la posibilidad de recurrir a una presunción como medio de prueba depende de la plausibilidad de las hipótesis en las que se basa. En su opinión, en particular, la presunción establecida por la sentencia La Poste (C‑559/12 P) se basa en una doble premisa, a saber, la existencia de una influencia favorable de la garantía en la apreciación por los acreedores del riesgo de impago del beneficiario y una disminución del coste del crédito. Sin embargo, en el caso de autos, en opinión del Tribunal General, la Comisión no incluyó en la Decisión controvertida ningún elemento que pudiera demostrar la plausibilidad de sus hipótesis, en particular, de aquella según la cual la supuesta reducción de precios por los proveedores se derivaba del estatuto de EPIC del IFPEN (apartados 139 y 140 de la sentencia recurrida).

35. En segundo lugar, el Tribunal General señaló en el apartado 142 de la sentencia recurrida que la Comisión no podía invocar la presunción formulada en la sentencia La Poste (C‑559/12 P) para las relaciones del IFPEN con sus clientes y proveedores. En efecto, en su opinión, esta presunción permite únicamente demostrar la existencia de una ventaja en forma de condiciones de crédito más favorables y, por tanto, se aplica únicamente en relaciones entre un EPIC y las entidades financieras y bancarias.

36. En tercer lugar, en los apartados 162 y siguientes de la sentencia recurrida, el Tribunal General se pronunció sobre la alegación formulada por la Comisión y basada en la jurisprudencia de la Unión en la materia, ( 10 ) según la cual, cuando la Comisión aprecia un régimen de ayudas, puede limitarse a estudiar las características generales del régimen en cuestión, a fin de verificar si dicho régimen comporta elementos de ayuda de Estado.

37. A este respecto, y sin pronunciarse sobre la excepción de inadmisibilidad de esta alegación propuesta por el IFPEN y la República Francesa, el Tribunal General la desestimó como infundada al declarar, en el apartado 164 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había especificado en la Decisión controvertida si la ayuda en cuestión constituía una ayuda individual o un régimen de ayudas.

38. En particular, el Tribunal General declaró, en esencia, que, en la medida en que la garantía vinculada al estatuto de EPIC puede ser considerada en general una ayuda de Estado, constituye una ayuda concedida sobre la base de un régimen de ayudas en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento n.o 659/1999 (apartado 168 de la sentencia recurrida), ayuda que debe ser notificada, es decir, una ayuda individual en el sentido del artículo 1, letra e), del Reglamento n.o 659/1999 (apartado 172 de la sentencia recurrida).

39. Por último, en cuanto atañe a las relaciones entre el IFPEN y las entidades bancarias y financieras, el Tribunal General declaró en el apartado 187 de la sentencia recurrida que la Comisión podía invocar en principio la presunción establecida en la sentencia La Poste (C‑559/12 P). ( 11 ) Sin embargo, esta presunción había quedado desvirtuada por la propia Comisión en la Decisión controvertida, según la cual, durante el período en cuestión, el IFPEN no obtuvo ninguna ventaja económica real en la forma de condiciones de crédito más favorables que las que le habrían concedido las entidades bancarias y financieras en virtud de su estatuto de EPIC (apartados 188 y 189 de la sentencia recurrida). El Tribunal General concluyó a este respecto, en el apartado 190 de la sentencia recurrida, que el examen de la Comisión había demostrado que el IFPEN no había obtenido, en sus relaciones con las entidades bancarias y financieras, ninguna ventaja de su transformación en EPIC.

40. A la vista de cuanto antecede, el Tribunal General declaró, en el apartado 197 de la sentencia recurrida, que, en la Decisión controvertida, la Comisión no había logrado demostrar la existencia de una ventaja que el IFPEN habría podido obtener de la garantía del Estado aparejada a su estatuto de EPIC en sus relaciones tanto con las entidades bancarias y financieras como con los proveedores y clientes.

41. Por consiguiente, anuló el artículo 1, apartados 3 a 5, y los artículos 2 a 12 de la Decisión controvertida, en la medida en que dichos artículos calificaban la garantía derivada del estatuto de EPIC del IFPEN de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y determinaban las consecuencias de esta calificación.

IV. Sobre el recurso de casación

42. Todas las partes fueron oídas en la vista de 28 de septiembre de 2017.

43. La Comisión formuló tres motivos en apoyo de su recurso de casación, que versan todos sobre la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y, más en concreto, sobre los errores de Derecho que a su parecer contiene la sentencia recurrida, relativos a la manera de demostrar que existe una ventaja para una empresa que resulta de una garantía gratuita e ilimitada derivada de su estatuto.

44. Mediante su primer motivo de casación, la Comisión afirma que el Tribunal General incurrió en error de interpretación, en primer lugar, del concepto de régimen de ayudas y, a continuación, al no tener en cuenta la aptitud de una medida para conferir una ventaja, lo cual entraña un error de Derecho sobre la naturaleza de la prueba que debe aportar la Comisión para demostrar la existencia de una ventaja para una empresa resultante de su estatuto de EPIC. El segundo motivo de casación se basa en un error de Derecho cometido por el Tribunal General en lo que se refiere al alcance de la presunción simple de la existencia de una ventaja derivada de una garantía gratuita e ilimitada y a los medios para enervar tal presunción. Mediante el tercer motivo de casación se invoca un error de Derecho cometido por el Tribunal General en lo relativo al ámbito de aplicación de la presunción de la existencia de una ventaja derivada de una garantía ilimitada en la medida en que dicha presunción debería lógicamente aplicarse también a las relaciones con los proveedores y clientes y no solamente a las relaciones con las entidades bancarias y financieras.

A. Sobre el primer motivo de casación (error de interpretación del concepto de régimen de ayudas y falta de toma en consideración de la aptitud de una medida para conferir una ventaja)

45. Mediante el primer motivo de casación, que se divide en tres partes, la Comisión reprocha en primer lugar al Tribunal General haber incurrido en errores de Derecho al negarse a calificar la medida en cuestión de régimen de ayudas y prohibir a la Comisión limitar su examen a las características generales del régimen de ayudas en cuestión (primera parte). A continuación, según la Comisión, el Tribunal General incurrió en error al considerar que, para caracterizar la existencia de una ventaja, no basta con que la medida pueda proporcionar en el futuro una ventaja a su beneficiario (segunda parte). Por último, la Comisión reprocha al Tribunal General haber rebasado los límites de su control jurisdiccional al estimar un motivo que no había sido formulado por una de las partes demandantes en primera estancia ni suficientemente detallado por la otra parte demandante en primera instancia (tercera parte). A la vista de su proximidad, examinaré conjuntamente las alegaciones formuladas en la segunda parte del primer motivo de casación y en el segundo motivo de casación (como hicieron las partes en la vista).

1. Primera parte del primer motivo de casación (error de Derecho sobre el concepto de régimen de ayudas y sus consecuencias)

46. Esta parte se dirige contra los apartados 162, 164, 172 y 173 de la sentencia recurrida, pues la Comisión sostiene que el Tribunal General incurrió en error al apreciar que la garantía de que se beneficiaba el IFPEN no constituía un régimen de ayudas y que, por consiguiente, la Comisión no podía basarse en las características generales de esta medida para demostrar que esta constituía una ayuda de Estado.

47. A este respecto, la Comisión señala, en primer lugar, que el concepto de régimen de ayudas, formulado en el artículo 1, letra d), del Reglamento n.o 659/1999, comprende medidas que se caracterizan por el hecho de que algunos elementos no se definen y permanecen indefinidos en el momento de su adopción y, en algunos casos, incluso durante su aplicación. Así, cuando la Comisión estudia tales medidas al objeto de determinar si constituyen ayudas en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puede limitarse a examinar sus características generales.

48. En el caso de autos, la Comisión considera que la garantía de que se beneficia el IFPEN, que no está vinculada a un proyecto específico y que le ha sido concedida para un período y por un importe indeterminados, debe ser calificada como régimen de ayudas. A juicio de la Comisión, se trata, en particular, de un «régimen de régimen/regímenes de ayudas», puesto que la propia concesión de la garantía al IFPEN queda comprendida en un régimen de ayudas más amplio, a saber, la garantía gratuita e ilimitada del Estado que la ley vincula al estatuto de EPIC.

49. Por tanto, la Comisión rebate las afirmaciones del Tribunal General, recogidas en los apartados 168 a 170 de la sentencia recurrida, según las cuales el estatuto de EPIC constituye un régimen de ayudas, mientras que la concesión al IFPEN de la garantía en cuestión, que constituye el objeto de la Decisión controvertida, es una ayuda individual que debió ser notificada a la Comisión.

50. A este respecto, señala, por un lado, que, a diferencia de cuanto se afirma en el apartado 171 de la sentencia recurrida, la exigencia de notificación de la ayuda no prueba en modo alguno que la garantía de que se beneficia el IFPEN no constituye un régimen de ayudas. En efecto, tanto los regímenes de ayudas como las ayudas individuales deben ser notificados a la Comisión.

51. Por otro lado, la Comisión subraya el hecho de que la interpretación del Tribunal General tendría como efecto privar a la Comisión de la posibilidad de adoptar medidas apropiadas para exigir a las autoridades francesas que pongan fin a la garantía para un EPIC determinado. En efecto, de conformidad con el artículo 108 TFUE, apartado 1, la Comisión solo podrá proponer medidas apropiadas respecto a los regímenes de ayudas y no respecto a las ayudas individuales.

a) Sobre la admisibilidad

52. El IFPEN sostiene que la primera parte del primer motivo de casación es manifestante inadmisible. A este respecto, observa, en primer lugar, que el razonamiento expuesto por la Comisión se basa en una interpretación inédita del concepto de régimen de ayudas, según la cual la garantía de que se beneficia el IFPEN es un «régimen de régimen/regímenes de ayudas». Así, a su juicio, la primera parte se basa en una alegación nueva que no puede admitirse en la fase de casación, a la vista del artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

53. A mi juicio, basta con señalar que esta parte no se basa en modo alguno en un concepto nuevo de «régimen de régimen/regímenes de ayudas».

54. Tras la lectura del recurso de casación queda claro que la Comisión solo ha utilizado la expresión «régimen de régimen/regímenes de ayudas» en el punto 71 del mismo para demostrar el carácter supuestamente erróneo del razonamiento desarrollado por el Tribunal General en los apartados 168 a 172 de la sentencia recurrida, que, según la Comisión, ha dado lugar a que dicho Tribunal vulnere el artículo 1, letra d), segunda parte, del Reglamento n.o 659/1999.

55. En su opinión, este razonamiento se funda en una distinción errónea entre una ayuda individual, que debería haber sido notificada, y un régimen de ayudas, que no está sujeto a notificación.

56. Tras explicar que esta distinción no es fundada, la Comisión añadió que nada impide que una medida nacional sea calificada como régimen de ayudas y que cada una de las empresas que queda sujeta a este régimen puede beneficiarse del mismo cuando, en el sentido del artículo 1, letra d), segunda parte, del Reglamento n.o 659/1999, la ayuda resultante de dicho Régimen no está vinculada a un proyecto específico y no está determinada en su importe y/o en su duración. ( 12 )

57. En segundo lugar, el IFPEN alega, en esencia, que la Comisión no calificó la medida de régimen de ayudas en la Decisión controvertida. El IFPEN propuso una excepción de inadmisibilidad a este respecto ante el Tribunal General. La República Francesa añade que la Decisión controvertida debió calificar la medida de régimen de ayudas para cumplir la obligación de motivación de los actos de las instituciones. En esencia, en opinión del IFPEN y de la República Francesa, dado que la Comisión debería haber calificado la medida como régimen de ayudas en la Decisión controvertida pero no lo hizo, tampoco puede censurar al Tribunal General por haber concluido que la medida no constituía un régimen de ayudas.

58. A mi juicio, este razonamiento se basa en la premisa de que la Comisión debería haber calificado expresamente la medida de régimen de ayudas en la Decisión controvertida.

59. Pues bien, lo relevante es que la sentencia recurrida no considera como motivo de anulación la falta de mención, en la Decisión controvertida, del carácter de régimen de ayudas de la medida examinada (véase el apartado 164 de la sentencia recurrida). Ha de hacerse constar que esta cuestión se sitúa, pues, más allá del objeto de esta sentencia. En tales circunstancias, la Comisión puede alegar, en el marco de su primer motivo de casación, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la medida en cuestión no era un régimen de ayudas y aducir que había demostrado suficientemente la existencia de una ventaja en la medida en que, entre otros elementos, la medida en cuestión constituía un régimen de ayudas.

60. Por tanto, aun cuando una calificación expresa de la medida como régimen de ayudas habría clarificado las cosas, procede declarar la admisibilidad de la primera parte del primer motivo de casación.

b) Sobre el fondo

1) Resumen de las alegaciones de las partes

61. Como se describe con detalle en los puntos 46 a 51 de las presentes conclusiones, la Comisión sostiene que el Tribunal General consideró erróneamente que la garantía de que se beneficia el IFPEN no constituye un régimen de ayudas y que, por consiguiente, la Comisión no podía limitarse a examinar las características generales de esta medida para demostrar que constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE.

62. Según el IFPEN, estas alegaciones se basan en una desnaturalización de la apreciación efectuada por la Comisión en la Decisión controvertida y en su práctica anterior, así como de la realizada por el Tribunal General en la sentencia recurrida.

63. Añade que el Tribunal General describió correctamente el procedimiento seguido por la Comisión en la Decisión controvertida y concluyó acertadamente que la medida examinada no constituye un régimen de ayudas.

64. El Gobierno francés sostiene la misma tesis y deduce de ella que la medida examinada no constituye un régimen de ayudas y que la Comisión no podía limitarse a estudiar las características generales de la medida para determinar si ésta constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

65. A continuación, la República Francesa señala que, como se desprende de la práctica decisoria de la Comisión ( 13 ) y de la jurisprudencia del Tribunal General, ( 14 ) una ayuda concedida a una sola empresa debe ser calificada como ayuda individual, aun cuando no esté vinculada a un proyecto específico y se conceda por un período indefinido y/o por un importe ilimitado.

66. Con carácter subsidiario, la República Francesa añade que en el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que la transformación del IFPEN en EPIC constituye un régimen de ayudas y que, por tanto, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho, este error no entrañaría la anulación de la sentencia recurrida.

67. Por último, la República Francesa señala que la primera parte del primer motivo de casación es inoperante en cualquier caso, pues el Tribunal General consideró otros motivos que, por sí solos, bastan para justificar la conclusión a la que llega en el fallo de la sentencia recurrida.

68. En su escrito de réplica, la Comisión señala, en particular, que la interpretación de la sentencia recurrida propuesta por la República Francesa es incorrecta. En efecto, a su juicio, el Tribunal General incumplió cada una de las reglas del régimen de prueba, esto es, tanto la presunción establecida por la sentencia La Poste (C‑559/12 P) como la regla según la cual la Comisión puede limitarse a estudiar las características generales de un régimen para determinar la existencia de una ayuda de Estado. Así pues, considera que, dado que cada uno de estos errores de Derecho puede entrañar la anulación de la sentencia recurrida, la alegación formulada por la República Francesa expuesta en el punto anterior carece de fundamento.

69. Además, a juicio de la Comisión, el razonamiento seguido por el Tribunal General carecería en gran medida de fundamento si, como sostiene en su primer motivo de casación, la medida en cuestión debiera de considerarse un régimen de ayudas.

2) Apreciación

70. Ha de señalarse que, tras afirmar en el apartado 164 de la sentencia recurrida que la Comisión no había especificado en la Decisión controvertida si esta tenía por objeto un régimen de ayudas o una ayuda individual, el Tribunal General parece haber considerado que la garantía controvertida podía quedar comprendida en esta última categoría.

71. El concepto de régimen de ayudas recogido en el artículo 1, letra d), del Reglamento n.o 659/1999, comprende «el dispositivo con arreglo al cual se pueden conceder ayudas individuales a las empresas definidas en el mismo de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, así como todo dispositivo con arreglo al cual pueda concederse ayuda, no vinculada a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado».

72. Por consiguiente, debe verificarse si, como consideró en esencia el Tribunal General en los apartados 169 a 172 de la sentencia recurrida, dado que la medida examinada en la Decisión controvertida no es, con carácter general, la garantía aparejada al estatuto de EPIC, sino más bien la transformación del IFPEN en EPIC (que entraña automáticamente la concesión a esta empresa de la garantía estatal), esta circunstancia permite efectivamente excluir dicha medida del ámbito de aplicación del referido concepto y calificarla como ayuda concedida sobre la base de un régimen de ayudas; en el caso de autos, como ayuda individual en el sentido del artículo 1, letra e), de dicho Reglamento.

73. A mi juicio, el Tribunal General no ha incurrido en un error de Derecho a este respecto.

74. Como ha señalado el Gobierno francés, el Tribunal General consideró acertadamente que la medida examinada en la Decisión controvertida no es la garantía aparejada al estatuto de EPIC en general, sino la transformación del IFPEN en EPIC, que entraña la concesión a esta empresa de la garantía estatal vinculada a este estatuto.

75. Tras describir correctamente en los apartados 169 a 173 de la sentencia recurrida el procedimiento seguido por la Comisión en la Decisión controvertida, el Tribunal General llegó a la conclusión de que la medida examinada no constituye un régimen de ayudas.

76. En efecto, como se desprende del apartado 171 de la sentencia recurrida, el análisis expuesto en los apartados anteriores (169 y 170 de dicha sentencia) corresponde a la Decisión controvertida, en particular a sus considerandos 256 a 259, en los que la Comisión indicó que la transformación del IFPEN en EPIC constituía una nueva ayuda en el sentido del artículo 1, letra c), del Reglamento n.o 659/1999, sujeta a la obligación de notificación. La Comisión estimó igualmente que, en la medida en que el cambio de estatuto del IFPEN no le había sido notificado formalmente, sino solo indicado de forma incidental en el marco de otro procedimiento, las autoridades francesas no habían cumplido esta obligación y la transformación del IFPEN en EPIC constituía una ayuda ilegal.

77. Como señala el IFPEN, dado que la Comisión optó por analizar la medida en cuestión como una ayuda individual ad hoc, la validez de la Decisión controvertida ha de examinarse a la vista de esta única calificación, como hizo acertadamente el Tribunal General.

78. Por consiguiente, el Tribunal General acertó al considerar que, en la medida en que la transformación del IFPEN en EPIC podía calificarse de ayuda de Estado, constituía una ayuda concedida sobre la base de un régimen de ayudas que debía ser notificada, esto es, una ayuda individual en el sentido del artículo 1, letra e), del Reglamento n.o 659/1999.

79. La alegación de la Comisión basada en el concepto de «régimen de régimen/regímenes de ayudas» no me convence.

80. Este concepto «innovador» no aparece en ninguna parte del Reglamento n.o 659/1999 (el artículo 1 de dicho Reglamento no prevé más que una definición de «régimen de ayudas» y otra de «ayuda individual») y el «régimen de ayudas» no incluye la posibilidad de quedar incluido en un régimen más amplio. En cualquier caso, el caso de autos es claramente más una manifestación de la ejecución de una ayuda individual que un «régimen de régimen/regímenes de ayudas».

81. Además, al igual que el Gobierno francés, no comparto la alegación de la Comisión según la cual, si procediera considerar que la transformación del IFPEN en EPIC constituye una ayuda individual, esta institución no podría adoptar medidas apropiadas en el sentido del artículo 108 TFUE, apartado 1, para instar a las autoridades francesas a poner fin a la garantía para un EPIC determinado.

82. En efecto, las consideraciones del Tribunal General relativas a la naturaleza de ayuda individual de la medida examinada se basan en las circunstancias específicas vinculadas a la transformación del IFPEN en EPIC y no son, en principio, extrapolables a todos los organismos de esta clase.

83. Por consiguiente, el Tribunal General consideró fundadamente que la alegación de la Comisión según la cual la medida examinada constituía un régimen de ayudas era infundada. Así pues, procede desestimar la primera parte de este motivo de casación por carecer de fundamento.

84. Antes de examinar conjuntamente la segunda parte del primer motivo de casación y el segundo motivo de casación, ha de responderse, en primer lugar, a la tercera parte del primer motivo de casación.

2. Tercera parte del primer motivo de casación (el Tribunal General estimó un motivo que no había sido formulado por una de las partes demandantes ni suficientemente detallado por la otra parte)

a) Síntesis de las alegaciones de las partes

85. La Comisión reprocha al Tribunal General haberse pronunciado más allá de las alegaciones formuladas por las partes sobre la existencia de una ventaja para el IFPEN en sus relaciones con las entidades bancarias y financieras.

86. A este respecto, la Comisión señala que el IFPEN no había formulado en su demanda presentada en primera instancia crítica alguna al análisis de aquella relativo a la existencia de una ventaja en sus relaciones con dichos operadores. Afirma, por su parte, que la República Francesa se ha limitado a negar la existencia de esta ventaja por el único motivo de que la Comisión no la había demostrado, sin formular alegación alguna en apoyo de esta afirmación.

87. Por consiguiente, considera que al estimar un motivo que no había sido formulado por una de las partes ni suficientemente detallado por la otra, el Tribunal General rebasó los límites de sus competencias jurisdiccionales.

88. El IFPEN, que sostiene una opinión contraria, afirma que la tercera parte del primer motivo de casación debe ser desestimada por inoperante o infundada.

89. A este respecto señala que, al no dirigirse contra ningún apartado específico de la sentencia recurrida, esta parte es inoperante de conformidad con el artículo 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

90. En su escrito de réplica, la Comisión señala que mediante esta parte reprocha al Tribunal General haber procedido al examen en cuanto al fondo de la existencia de una ventaja en las relaciones del IFPEN con las entidades bancarias y financieras sin haberse molestado en comprobar si tal motivo había sido efectivamente formulado. Censura al Tribunal General por esta omisión que, según la Comisión, por definición, no puede identificarse en un apartado concreto de la sentencia recurrida.

91. Por su parte, la República Francesa se limita a observar que el Gobierno francés negó en su recurso de anulación que una ventaja pueda manifestarse en el futuro en las relaciones entre el IFPEN y las entidades bancarias y financieras.

b) Apreciación

92. Basta señalar que la propia Comisión ha reconocido en su recurso de casación que el Gobierno francés sí formuló este motivo de anulación en el marco de sus observaciones escritas (lo que también se subraya en los apartados 58 y 185 de la sentencia recurrida). Además, en su demanda y en su escrito de réplica presentados ante el Tribunal General, el IFPEN rebatió en varias ocasiones el análisis de la Comisión relativo a la existencia de una ventaja de la que supuestamente se beneficiaba en sus relaciones con las entidades bancarias y financieras.

93. Por consiguiente, procede desestimar la tercera parte del primer motivo de casación de la Comisión por carecer de fundamento.

B. Sobre las relaciones del IFPEN con las entidades bancarias y financieras: segunda parte del primer motivo de casación (error de Derecho al estimar que, para caracterizar la existencia de una ventaja, no basta con que la medida pueda proporcionar una ventaja a su beneficiario en el futuro) y segundo motivo de casación (error de Derecho en lo que concierne al alcance de la presunción simple de existencia de una ventaja derivada de una garantía gratuita e ilimitada)

1. Síntesis de las alegaciones de las partes

94. En el marco de la segunda parte de su primer motivo de casación, la Comisión reprocha al Tribunal General haber llegado a la conclusión errónea de que la garantía de que se beneficia el IFPEN no constituye, en sus relaciones con las entidades bancarias y financieras, una ayuda de Estado, apoyándose simplemente en la inexistencia de una ventaja real para este organismo durante el período en cuestión, esto es, en el pasado (véase en particular el apartado 197 de la sentencia recurrida).

95. Además, según la Comisión, el planteamiento del Tribunal General se traduce en conceder un tratamiento más favorable a los Estados miembros que no notifican la concesión de garantías ilimitadas que a los que lo hacen conforme al artículo 108 TFUE, siendo así que, según un principio reiterado en materia de ayudas de Estado, los primeros Estados miembros no pueden ser favorecidos en detrimento de los segundos. ( 15 )

96. En efecto, afirma que si un Estado miembro notifica su intención de conceder una garantía de este tipo, la Comisión, en la medida en que no puede conocer los efectos reales de la medida, solo examinará sus efectos potenciales. Si, en cambio, un Estado miembro concede tal garantía sin notificarla previamente, podrá demostrar después que esta medida no ha producido ningún efecto concreto y, por consiguiente, excluir su calificación de ayuda de Estado. De este modo se incita a los Estados miembros a no notificar la concesión de garantías ilimitadas.

97. El IFPEN contesta que procede desestimar la segunda parte del primer motivo de casación por carecer de fundamento.

98. A este respecto, recuerda para empezar que, aun suponiendo que constituya una ayuda de Estado, la concesión de la garantía a su favor debe calificarse de nueva ayuda individual, en el sentido del artículo 1, letras c) y d), del Reglamento n.o 659/1999. Por tanto, considera que la Comisión no podía invocar las exigencias de prueba que el Tribunal de Justicia reconoció en la sentencia La Poste (C‑559/12 P) —en circunstancias, por otro lado, bien específicas— relativas a los regímenes de ayudas existentes.

99. Añade que la Comisión tampoco podía alegar la presunción establecida en dicha sentencia, dado que no es plausible que el estatuto de EPIC y la garantía asociada al mismo hayan conferido en el pasado o puedan conferir en el futuro una ventaja selectiva al IFPEN. En efecto, en cuanto al pasado, el análisis de la Comisión demostró, en opinión del IFPEN, que durante el período en cuestión los importes tomados en préstamo por esta empresa lo fueron al tipo de interés de mercado. En cuanto afecta al futuro, sostiene que el Derecho francés impide al IFPEN solicitar préstamos por un período que rebase los 12 meses y le somete a un control del Estado a este respecto. Por ello, en su opinión, debe excluirse la existencia de una ventaja en las circunstancias del caso de autos.

100. Por su parte, la República Francesa recuerda, en primer lugar, que la transformación del IFPEN en EPIC no constituye un régimen de ayudas.

101. En segundo lugar, en cuanto atañe a la presunción establecida en la sentencia La Poste (C‑559/12 P), las autoridades francesas señalan que esta se basa en la hipótesis de que, gracias a la garantía aparejada a su estatuto, un EPIC se beneficia de condiciones financieras más ventajosas que las que habría conseguido normalmente en los mercados financieros.

102. En tercer lugar, la República Francesa estima que el Tribunal General declaró fundadamente en el apartado 188 de la sentencia recurrida que, en el caso del IFPEN, se había enervado la presunción simple en el sentido de la sentencia La Poste (C‑559/12 P).

103. Posteriormente, mediante su segundo motivo de casación, dirigido en esencia contra los apartados 134 a 161 y 188 a 193 de la sentencia recurrida, la Comisión reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho en cuanto al alcance de la presunción de existencia de una ventaja derivada de una garantía gratuita e ilimitada, como la que se desprende de la sentencia La Poste (C‑559/12 P). En esencia, la Comisión sostiene que, al reducir el alcance de la presunción simple de ventaja derivada de una garantía gratuita e ilimitada, como la reconocida por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia, el Tribunal General infringió el artículo 107 TFUE, apartado 1, y las reglas de prueba de la existencia de una ventaja en el sentido de esta disposición.

104. El IFPEN contesta que el Tribunal General declaró acertadamente que, en el caso de autos, la Comisión no podía alegar la presunción derivada de la sentencia La Poste (C‑559/12 P).

105. Para empezar, considera que esta presunción constituye una excepción al principio según el cual incumbe a la Comisión demostrar que una medida cumple los requisitos establecidos en el artículo 107 TFUE, apartado 1, para poder ser calificada como ayuda de Estado. A su juicio, esta presunción debe interpretarse, pues, de forma estricta y aplicarse únicamente cuando resulta plausible la existencia de una ventaja real.

106. A continuación, afirma que la Comisión no precisó en la Decisión controvertida los motivos por los que era plausible presumir la existencia de una ventaja en favor del IFPEN. Por ello, estima que dicha Decisión no se ajusta a las exigencias de motivación derivadas del artículo 296 TFUE.

107. Por último, en lo tocante a la refutación de la presunción, el IFPEN observa que el Tribunal General declaró fundadamente, en los apartados 189 a 192 de la sentencia recurrida, que durante el período en cuestión, ese organismo no había obtenido ningún beneficio de la garantía aparejada a su estatuto en sus relaciones con las entidades bancarias y financieras. Añade que la Comisión no proporcionó ningún elemento que permitiera verificar un posible cambio de la situación después de 2010 que hubiera llevado al IFPEN a tomar en préstamo importes en condiciones diferentes de las de mercado. ( 16 )

108. Por su parte, la República Francesa considera que procede desestimar por infundado el segundo motivo de casación de la Comisión. A este respecto se remite, en esencia, a las alegaciones formuladas en el marco de su respuesta a la segunda parte del primer motivo de casación.

2. Apreciación

109. Antes de nada, como ya he señalado anteriormente en el marco de la primera parte de este motivo, considero que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que la transformación del IFPEN en EPIC no constituye un régimen de ayudas.

110. Así, basta señalar que el Tribunal General concluyó fundadamente que la jurisprudencia relativa a las obligaciones de prueba que incumben a la Comisión en materia de regímenes de ayudas no es aplicable en el caso de autos.

111. A continuación, me parece oportuno recordar las sentencias de 8 de diciembre de 2011, Residex Capital IV (C‑275/10, EU:C:2011:814), y La Poste (C‑559/12 P).

112. En la primera sentencia citada, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que los órganos jurisdiccionales nacionales eran competentes para anular, sobre la base del artículo 108 TFUE, apartado 3, una garantía pública en una situación en la que se había ejecutado una ayuda ilegal por medio de esta garantía, concedida por una autoridad pública para garantizar un préstamo concedido por una sociedad financiera a una empresa que no habría podido obtener esa financiación en condiciones normales de mercado.

113. En ese asunto, la calificación de la garantía prestada por la autoridad pública en cuestión como ayuda de Estado a favor del prestatario no suscitaba duda alguna, pues había quedado acreditado que, en el momento de su constitución, el prestatario se hallaba ya en dificultades, de suerte que, sin esta garantía, no habría podido obtener una financiación en el mercado de capitales (apartados 39 a 42).

114. Como el Tribunal General señaló en el apartado 151 de la sentencia recurrida, es precisamente en este contexto en el que ha de situarse la afirmación formulada por el Tribunal de Justicia en el apartado 39 de la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Residex Capital IV (C‑275/10, EU:C:2011:814), según la cual «cuando el préstamo concedido por una entidad de crédito a un prestatario es garantizado por las autoridades públicas de un Estado miembro, ese prestatario obtiene normalmente una ventaja financiera y se beneficia así de una ayuda en el sentido del artículo [107 TFUE], apartado 1, en la medida en que el coste financiero que soporta es inferior al que habría soportado si hubiera tenido que obtener dicha financiación y dicha garantía a los precios del mercado», al que remite el Tribunal de Justicia en el apartado 96 de su sentencia La Poste (C‑559/12 P).

115. Remitiendo a este apartado 39, el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 96 de la segunda sentencia citada, a saber, la sentencia La Poste (C‑559/12 P) que «un presta[tario] que ha suscrito un préstamo garantizado por las autoridades públicas de un Estado miembro obtiene normalmente una ventaja, en la medida en que el coste financiero que soporta es inferior al que habría soportado si hubiera debido procurarse la misma financiación y la misma garantía a precios de mercado».

116. En el apartado siguiente, apartado 97 de la sentencia La Poste (C‑559/12 P), el Tribunal de Justicia recordó asimismo que la Comunicación sobre las garantías señala expresamente, en sus apartados 1.2, 2.1 y 2.2, «que una garantía ilimitada estatal en favor de una empresa cuya forma jurídica excluye la posibilidad de un procedimiento de liquidación o de insolvencia procura una ventaja inmediata a esta empresa y constituye una ayuda de Estado, en la medida en que se concede sin que su beneficiario abone la prima apropiada a la adopción del riesgo apoyada por el Estado y permite también “obtener mejores condiciones financieras que las que hubiera conseguido en los mercados financieros”».

117. A la luz de estas comprobaciones, el Tribunal de Justicia declaró en el apartado siguiente que existe «una presunción simple según la cual la concesión de una garantía implícita e ilimitada del Estado en favor de una empresa que no está sometida a los procedimientos ordinarios de concurso de acreedores y de liquidación tiene como consecuencia una mejora de su posición financiera mediante un aligeramiento de las cargas que normalmente gravan su presupuesto» [sentencia La Poste (C‑559/12 P), apartado 98].

118. En consecuencia, el Tribunal de Justicia declaró en dicha sentencia (apartado 99) que, «en el marco del procedimiento relativo a los regímenes de ayudas existentes, para demostrar la ventaja generada por tal garantía a la empresa beneficiaria, basta con que la Comisión demuestre la existencia misma de tal garantía, sin que deba demostrar los efectos reales producidos por ésta a partir del momento de su concesión».

119. El aspecto esencial, igualmente controvertido en el presente asunto, es la cuestión de las reglas que rigen la carga y el grado de la prueba en lo que concierne a la demostración de la existencia de una ventaja derivada de una garantía gratuita e ilimitada del Estado.

120. A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 102 de la sentencia La Poste (C‑559/12 P) que «cabe señalar que el Tribunal General consideró que la Comisión no había demostrado erróneamente la existencia de tal ventaja, declarando acertadamente, en los apartados 106 y 108 de la sentencia recurrida, que tal garantía “puede conferir en principio una ventaja”, ya que se concede sin contraprestación y permite a su beneficiaria obtener condiciones de crédito más favorables que las que habría conseguido por su propia solvencia, y por tanto le permite reducir la carga que pesa sobre su presupuesto».

121. A continuación, en el apartado 103 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia afirmó que «ciertamente, a la luz de estas apreciaciones, es cierto que, como señala la recurrente en casación, el Tribunal General adoptó una motivación contradictoria e insuficiente cuando, por una parte, declaró, en el apartado 123 de la sentencia recurrida, que los efectos reales de las ayudas existentes no deben demostrarse, sobre la base de una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que no era pertinente, y, por otra, afirmó, en el apartado 124 de dicha sentencia, que “por otro lado, el efecto real de la ventaja que atribuye una garantía del Estado puede presumirse”».

122. Por consiguiente, aun cuando, en el apartado 104 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia corrigió la sentencia del Tribunal General en este aspecto, declaró que «tal error no puede invalidar la sentencia recurrida. En efecto, en dichos apartados 123 y 124, el Tribunal General concluyó acertadamente que la Comisión había respetado la carga y el grado de la prueba que le incumbe para demostrar si una garantía [gratuita] e ilimitada del Estado es constitutiva de una ventaja, precisando que tal garantía ofrece al presta[tario] la posibilidad [de beneficiarse] “de tipos de interés más bajos o de ofrecer una fianza menos elevada”».

123. Por consiguiente, procede señalar que la presunción establecida por la sentencia La Poste (C‑559/12 P) se basa en la hipótesis de que, gracias a la garantía aparejada a su estatuto, un EPIC se beneficia o podría beneficiarse de condiciones financieras más ventajosas que las que se conceden normalmente en los mercados financieros y que se deriva de la mera comprobación por la Comisión de la existencia misma de la garantía [apartado 99 de la sentencia La Poste (C‑559/12 P)].

124. Así, el Tribunal General incurrió en error al ir más allá de la mera comprobación por la Comisión de la existencia misma de la garantía para que esta pudiera invocar la presunción en cuestión al considerar, en el apartado 137 de la sentencia recurrida, que la Comisión debía demostrar la plausibilidad de una doble premisa, a saber, que: i) la garantía tenía una influencia favorable en la apreciación por los acreedores del riesgo de impago del beneficiario y ii) que esta influencia se traducía en una disminución del coste del crédito.

125. Se trata indudablemente de una presunción simple que puede enervarse demostrando que la garantía en cuestión no ha tenido, no tendrá ni puede tener potencialmente efectos beneficiosos en la situación del EPIC. ( 17 )

126. En el caso de autos, con independencia del error de Derecho señalado en el punto 124 de las presentes conclusiones, el Tribunal General declaró en el apartado 188 de la sentencia recurrida que, en el caso del IFPEN, la presunción simple en el sentido de la sentencia La Poste (C‑559/12 P) había sido enervada.

127. A este respecto, ha de examinarse si los elementos que permitieron al Tribunal General concluir que esta presunción había sido enervada o que no podía ser invocada en el caso de autos se ajustan a los principios en materia de práctica de la prueba en el sector de las ayudas de Estado.

128. Para concluir que la presunción había quedado enervada, el Tribunal General no podía sin embargo limitarse a afirmar que, en cuanto al pasado, el IFPEN no había obtenido de su estatuto ninguna ventaja económica real en la forma de condiciones de crédito más favorables concedidas por las entidades bancarias y financieras —aspecto que no es debatido en el caso de autos—, o dicho de otro modo, que la garantía no había tenido ningún«efecto real» en las relaciones entre el IFPEN y las entidades bancarias y financieras durante el período en cuestión.

129. En efecto, esta circunstancia no bastaría para desvirtuar una presunción de ventaja como la establecida en la sentencia La Poste (C‑559/12 P). Hace falta, además, demostrar que la garantía en cuestión no puede, en virtud de las particularidades del IFPEN, procurar en el futuro una ventaja a este organismo en sus relaciones con dichos operadores.

130. Esto no es lo que ha hecho el Tribunal General.

131. Ciertamente, el Tribunal General señaló en el apartado 186 de la sentencia recurrida que los demandantes en primera instancia habían recordado en la vista que, en virtud de la legislación aplicable, a saber, el artículo 12 de la Ley n.o 2010/1645, el IFPEN no podía suscribir con una entidad de crédito un préstamo cuyo plazo fuera superior a 12 meses y estaba sujeto a este respecto a un control del Estado.

132. Sin embargo, el Tribunal General declara en el apartado 191 de la sentencia recurrida que el «en el marco de las relaciones entre el IFPEN y las entidades bancarias y financieras durante el período comprendido entre 2006 y 2010, la garantía [gratuita] e ilimitada del Estado inherente al estatuto de EPIC del IFPEN, al no conferir una ventaja en beneficio exclusivo de dicha empresa, no puede calificarse de ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1».

133. Añade en el apartado 193 que, al quedar enervada la presunción, ya no cabe obligar a la República Francesa a que pruebe que la garantía no «puede otorgar [al IFPEN] una ventaja en el futuro».

134. Concluye que de cuanto precede se desprende que no debe pronunciarse ni siquiera sobre la admisibilidad (ni, a fortiori, sobre el fondo) de la alegación formulada por los demandantes en primera instancia.

135. En este sentido, considero que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al contentarse, para considerar refutada de la presunción establecida en la sentencia La Poste (C‑559/12 P), con la demostración de la inexistencia en el pasado de todo efecto (real) de la garantía en las relaciones del IFPEN con las entidades bancarias y financieras.

136. Por consiguiente, procede estimar tanto la segunda parte del primer motivo de casación como el segundo motivo de casación, lo cual entraña la casación de la sentencia recurrida a este respecto.

137. En mi opinión, sobre este particular, el estado del asunto permite resolver el litigio sobre la base del análisis de la alegación de los demandantes en primera instancia basada en el artículo 12 de la Ley n.o 2010/1645, alegación que dichas demandantes han reproducido en sus observaciones escritas y en la vista ante el Tribunal de Justicia, y cuya admisibilidad ha rechazado de nuevo la Comisión, porque «el Tribunal General no la utiliza en su sentencia ni podía utilizarla, pues el artículo 12 no ha sido nunca puesto en conocimiento de la Comisión ni por las autoridades francesas ni por el IFPEN» (tal como se afirmó en la vista ante el Tribunal de Justicia).

138. Por un lado, considero que procede desestimar la excepción propuesta por la Comisión en la medida en que no se trata de una alegación ni de un motivo formulado, sino de un elemento objetivo y público, pues es una ley del Estado miembro en cuestión.

139. En efecto, «como el Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de precisar en numerosas ocasiones, el alcance del control de legalidad previsto en el artículo 263 TFUE se extiende a todos los elementos de las decisiones de la Comisión relativos a los procedimientos de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, cuyo control en profundidad, tanto de hecho como de Derecho, garantiza el Tribunal General, a la luz de los motivos invocados por los recurrentes [...], teniendo en cuenta todos las pruebas aportadas por éstos, sean anteriores o posteriores a la decisión adoptada, hayan sido presentadas previamente durante el procedimiento administrativo o lo sean por primera vez en el marco del recurso del que conoce el Tribunal General, en la medida en que dichos elementos sean pertinentes para el control de la legalidad de la decisión de la Comisión». ( 18 )

140. Por otra parte, en cuanto al fondo, la Comisión ha reconocido en el punto 106 del recurso de casación que la presunción simple establecida en la sentencia La Poste (C‑559/12 P) no puede invocarse en el caso de que la garantía no pueda procurar una ventaja al EPIC en las relaciones entre este organismo y las entidades bancarias y financieras «en virtud de las particularidades del [EPIC]». Según la Comisión, estas particularidades pueden consistir, en particular, en la prohibición impuesta al EPIC de endeudarse con bancos o en supeditar la posibilidad de recurrir a préstamos a condiciones tales que la ventaja potencial sería en cualquier caso de minimis.

141. Además, la Comisión aceptó en la vista celebrada el 28 de septiembre de 2017 ante el Tribunal de Justicia que de la Ley n.o 2010/1645 «cabría muy probablemente [...] deducir un importe máximo que, en su caso, podría ser de minimis y que, por tanto, podría dar lugar efectivamente a un enervamiento de la presunción. Este es, en efecto, el tipo de acto que puede dar lugar a un enervamiento de la presunción».

142. Pues bien, en el caso de autos, el Gobierno francés y el IFPEN lograron demostrar ante el Tribunal General que, si el IFPEN se viera obligado algún día a recurrir a un préstamo en el futuro, solo podría suscribir préstamos por una duración muy limitada, lo cual se desprende del estatuto de organismos diversos de la Administración central (ODAC) de que se beneficia el IFPEN.

143. De este modo, en el caso de autos, pudo demostrarse que el IFPEN, que se beneficia de una garantía gratuita e ilimitada del Estado, no había obtenido y no era plausible que obtuviera en el futuro un préstamo de entidades bancarias y financieras en mejores condiciones financieras que las que habría conseguido en los mercados financieros (como un tipo de interés inferior o exigencias menos estrictas en materia de garantías).

144. Ha de concluirse que, dado que la presunción ha quedado desvirtuada, la Comisión no ha probado que en el futuro la empresa podría beneficiarse no obstante de «intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa [...]». ( 19 )

C. Sobre las relaciones del IFPEN con sus proveedores y clientes: tercer motivo de casación (presunción simple de la existencia de una ventaja en dichas relaciones)

145. Este motivo de casación se dirige contra los apartados 134 a 161 de la sentencia recurrida. En él la Comisión reprocha al Tribunal General haber llegado erróneamente a la conclusión de que, en el marco de las relaciones del IFPEN con sus proveedores y clientes, no podía alegar una presunción simple de existencia, en favor de este organismo, de una ventaja derivada de la garantía gratuita e ilimitada del Estado de la que se beneficia.

1. Síntesis de las alegaciones de las partes

146. Según la Comisión, esta conclusión del Tribunal General se basa, en esencia, en una interpretación errónea de la sentencia La Poste (C‑559/12 P) y de la Comunicación sobre las garantías, por un lado, y en la supuesta falta de influencia plausible de la garantía en las relaciones del IFPEN con sus proveedores y clientes, por otro lado.

147. En primer lugar, en lo tocante a la interpretación de la sentencia La Poste (C‑559/12 P), la Comisión aduce que ningún elemento de esta sentencia indica que la presunción de ventaja no se aplica a las relaciones del EPIC con sus proveedores y sus clientes.

148. Añade que el hecho de que tanto la sentencia La Poste (C‑559/12 P) como la Comunicación sobre las garantías solo hagan referencia, en el marco del examen de la presunción de ventaja, a los créditos concedidos por entidades bancarias o financieras, no excluye que dicha presunción pueda aplicarse también en el marco de las relaciones entre el EPIC y sus acreedores comerciales en la medida en que dicha referencia únicamente figura en esa sentencia a título de ejemplo (apartado 102)

149. En segundo lugar, habida cuenta de la supuesta falta de influencia plausible de la garantía en las relaciones del IFPEN con sus proveedores y clientes, la Comisión señala, en primer lugar, que no cabe sostener razonablemente que los acreedores comerciales se muestren en general indiferentes ante el reembolso de sus créditos. Al contrario, en toda operación de crédito, ya se trate de un crédito financiero o de un crédito comercial, el riesgo de impago es un elemento que pesa en la relación entre las partes contratantes. Por consiguiente, la garantía de que el Estado reembolsará su crédito en caso de impago del IFPEN reviste en principio una importancia nada desdeñable para el acreedor comercial.

150. A continuación, la Comisión observa que, según el apartado 139 de la sentencia recurrida, no es plausible que la existencia de la garantía del Estado, y, por tanto, de dicha ventaja para el acreedor, se traduzca en una reducción del precio en beneficio del IFPEN. Pues bien, aunque reconoce que una reducción del precio está vinculada a una pluralidad de factores y no solamente a la existencia de una garantía aparejada al estatuto de EPIC, la Comisión niega que tal circunstancia pueda descartar la aplicación de la presunción de existencia de una ventaja que se deriva de la sentencia La Poste (C‑559/12 P). A este respecto, la Comisión recuerda que en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, las partes habían sostenido que las relaciones entre La Poste y sus acreedores se derivaban de una serie de factores complejos y no solamente de la garantía. Sin embargo, ni el Tribunal General ni el Tribunal de Justicia estimaron que esta circunstancia pudiera desvirtuar la presunción de ventaja.

151. En tercer lugar, la Comisión rebate los reproches formulados por el Tribunal General, en particular en el apartado 130 de la sentencia recurrida, según los cuales la Comisión incumplió la obligación de motivación prevista en el artículo 296 TFUE en cuanto atañe a la demostración de la ventaja que el IFPEN obtiene supuestamente de la garantía en las relaciones con sus acreedores y clientes. La Comisión sostiene que la motivación de la Decisión controvertida permite comprender, por un lado, que su razonamiento se basa en una presunción, aun cuando el término presunción no se menciona expresamente y, por otro lado, el motivo por el que la presunción no ha sido enervada en el caso de autos.

152. El IFPEN observa que, en la medida en que la concesión de la garantía aparejada al estatuto de EPIC constituye una ayuda individual y la presunción establecida en la sentencia La Poste (C‑559/12 P) no es aplicable en el caso de autos, el Tribunal General concluyó acertadamente, en el apartado 129 de la sentencia recurrida, que la Comisión debía examinar los efectos reales de la garantía para demostrar la existencia de una ventaja para el IFPEN.

153. Además, el IFPEN sostiene que, a diferencia de cuanto alega la Comisión en su recurso de casación, esta no identificó en la Decisión controvertida una ventaja para los acreedores del IFPEN, en particular, para sus proveedores y clientes.

154. A este respecto, señala que, en cuanto atañe a las relaciones entre el IFPEN y sus proveedores, la Comisión concluyó erróneamente, tanto en la Decisión controvertida como en su recurso de casación, que los proveedores están exentos de pagar una comisión de factorización por ceder sus créditos al IFPEN, puesto que se benefician de la garantía gratuita e ilimitada del Estado de que disfruta este organismo.

155. En lo que concierne a las relaciones entre el IFPEN y sus clientes, esta parte aduce que la Comisión sostuvo erróneamente, tanto en la Decisión controvertida como en su recurso de casación, que, gracias a la garantía aparejada a su estatuto de EPIC, el IFPEN pudo ofrecer a sus clientes una garantía de buen fin o de máximo esfuerzo. Afirma que, dado que el IFPEN ofrece con carácter principal servicios de investigación, no asume obligaciones contractuales de resultado o de buen fin. Además, en su opinión, este organismo concede de forma estandarizada a sus clientes una garantía limitada al valor del contrato.

156. En opinión del IFPEN de ello se deduce que el Tribunal General acertó al afirmar, en los apartados 99 a 108 y 111 a 120 de la sentencia recurrida, que el supuesto invocado por la Comisión, basado en la supuesta ventaja para el IFPEN en sus relaciones con los clientes y proveedores, era teórico y no plausible.

157. Por su parte, la República Francesa estima que el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al definir el ámbito de aplicación de la presunción de la existencia de una ventaja derivada de la garantía gratuita e ilimitada del Estado. En efecto, según este Gobierno, el Tribunal General acertó al no extender esta garantía a las relaciones del EPIC con sus proveedores y clientes.

158. A este respecto, el Gobierno francés recuerda, en primer lugar, que la presunción establecida en la sentencia La Poste (C‑559/12 P) no se basa en la hipótesis de las relaciones del EPIC con sus proveedores o clientes, de modo que la Comisión no puede alegarla en tales circunstancias.

159. En segundo lugar, y en cualquier caso, como señaló el Tribunal General en el apartado 136 de la sentencia recurrida, la posibilidad de recurrir a tal presunción como medio de prueba depende de la plausibilidad de las hipótesis en las que la presunción se base.

160. A este respecto, en su opinión, la Decisión controvertida se basa, por un lado, en el supuesto de que el EPIC, que se beneficia de una garantía del Estado, disfruta de una reducción de precios ofrecida por sus proveedores. Pues bien, según la República Francesa, y como afirmó fundadamente el Tribunal General, una reducción de precios en las relaciones entre un proveedor y el EPIC en cuestión se basa en una pluralidad de factores, en particular, en el volumen de los pedidos realizados, los plazos de pago concedidos por el proveedor o la antigüedad de las relaciones contractuales. Una reducción de precios no se deriva, pues, de la existencia de una garantía de las autoridades públicas en beneficio del EPIC.

161. Por otro lado, en lo tocante a las relaciones entre el IFPEN y sus clientes, dicho Gobierno sostiene que el Tribunal General consideró acertadamente, en el apartado 141 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había definido en la Decisión controvertida la ventaja que se deriva para el IFPEN de la existencia de la garantía del Estado y que, por consiguiente, la presunción que pretendía invocar carecía de objeto a este respecto. En efecto, según la República Francesa, la Comisión no ha demostrado de qué forma la garantía gratuita e ilimitada del Estado inherente al estatuto de EPIC conlleva una mejora de la posición del IFPEN en las relaciones con sus clientes.

162. A la vista de cuanto antecede, la República Francesa concluye que procede desestimar por infundado el tercer motivo de casación.

2. Apreciación de la admisibilidad

163. El IFPEN sostiene que la Comisión pretende en realidad rebatir las apreciaciones fácticas y de prueba formuladas por el Tribunal General en los apartados 90 a 131 de la sentencia recurrida. Por ello, considera que procede desestimar este motivo por infundado.

164. Por un lado, esta crítica es muy escueta y el propio IFPEN no sostiene que el tercer motivo de casación sea inadmisible en su totalidad (a la vista del hecho de que, en su defensa, el IFPEN «deja de lado» el debate relativo a la existencia de una presunción de ventaja).

165. Pues bien, este motivo guarda precisamente relación con el ámbito de aplicación de la presunción de ventaja derivada de una garantía gratuita e ilimitada y, en particular, con la cuestión de si dicha presunción se aplica igualmente a las relaciones del IFPEN con sus proveedores y clientes. Dicho con otras palabras, el propio objeto del tercer motivo de casación escapa a la censura formulada por el IFPEN.

166. Por consiguiente, al ser esta cuestión eminentemente jurídica, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por el IFPEN.

3. Apreciación en cuanto al fondo

167. Según la Comisión, la conclusión del Tribunal General se basa esencialmente en una interpretación errónea de la sentencia La Poste (C‑559/12 P) y de la Comunicación sobre las garantías, por un lado, y en la supuesta falta de influencia plausible de la garantía en las relaciones del IFPEN con sus proveedores y clientes, por otro lado.

168. En primer lugar, en cuanto atañe al ámbito de aplicación de la presunción derivada de la sentencia La Poste (C‑559/12 P) y, por tanto, de la interpretación de dicha sentencia del Tribunal de Justicia por el Tribunal General, considero que ningún elemento de esta sentencia apunta a que la presunción de ventaja no pueda aplicarse a las relaciones de un EPIC con sus proveedores y sus clientes.

169. Ciertamente, la citada sentencia solo reconoció la presunción simple en un caso de relaciones de un EPIC con entidades bancarias y financieras, pero porque este era el único mercado puesto en entredicho por la Comisión en dicho asunto.

170. A mi juicio, pues, no cabe deducir de ello que la presunción simple no pueda extenderse a otros mercados o relaciones y, por tanto, al afirmar lo contrario (véase, en particular, el apartado 160 de la sentencia recurrida), el Tribunal General incurrió en error de Derecho.

171. En efecto, a pesar de admitir que la Comisión procedió acertadamente a un análisis en tres fases: relación con los bancos, relación con los proveedores y relación con los clientes (apartado 89 de la sentencia recurrida y punto 26 de las presentes conclusiones), y que, en cada una de estas categorías, podría materializarse una ventaja, el Tribunal General niega, en particular en el apartado 142 de la sentencia recurrida, la posibilidad misma de extender la presunción de ventaja a las relaciones con los proveedores o con los clientes (véase también el punto 35 de las presentes conclusiones).

172. Pues bien, a diferencia de cuanto declaró el Tribunal General, se aprecia, en lo que concierne a los proveedores y clientes, una ventaja del mismo tipo que la identificada por el Tribunal de Justicia en la sentencia La Poste (C‑559/12 P), a saber, por un lado, una mejora de las condiciones de crédito para el beneficiario de la garantía y, por otro, la falta de pago por este último de la prima apropiada correspondiente a la prima de riesgo soportada por el Estado.

173. En efecto, las relaciones de un beneficiario de la garantía gratuita e ilimitada del Estado con sus proveedores y clientes también entrañan en general la concesión de créditos y de plazos de pago (con los riesgos inherentes a ello) aunque solo sea por el desfase entre la prestación del servicio o la entrega del bien y el pago de esta prestación o de dicho bien.

174. Es evidente que el hecho de contratar con un beneficiario de una garantía gratuita e ilimitada del Estado como el IFPEN trae de la mano, lo cual es un aspecto nada desdeñable para un proveedor, la seguridad de ser pagado o, para un cliente, de que se le entregue lo pactado o bien de poder obtener una indemnización por daños y perjuicios. Esta ventaja no existirá si el proveedor o el cliente contratan con otros operadores que no se benefician de esta garantía, y es de sentido común pensar que el beneficiario de la garantía podrá beneficiarse, a cambio, de una serie de ventajas que podrían traducirse, en particular, en una reducción de precios o en el hecho de que habrá más disposición a contratar con él que con otros.

175. Ha de señalarse además (igual que hace la Comisión) que la referencia expresa a los créditos concedidos por entidades bancarias o financieras no es una referencia única ni en la sentencia La Poste (C‑559/12 P) ni en la Comunicación sobre las garantías (puntos 1.2, 2.1 y 2.2), a la que dicha sentencia se remite. En la mayor parte de las ocasiones, se trata de las condiciones de crédito de las que se beneficia el titular de la garantía y de la inexistencia de una prima pagada al Estado para cubrir el riesgo que dicho titular asume, sin que estas consideraciones se refieran expresamente a préstamos suscritos con entidades bancarias y financieras.

176. El Tribunal General subraya que en el asunto que dio lugar a la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Residex Capital IV (C‑275/10, EU:C:2011:814), la empresa beneficiaria ya estaba en dificultades en el momento en que se le concedió la garantía. Pues bien, tampoco veo de qué modo tal circunstancia abogaría por la limitación de la presunción. Al contrario, un proveedor no concederá fácilmente crédito a una empresa en dificultades si no disfruta de una garantía gratuita e ilimitada del Estado. En tal situación, la ventaja que la empresa obtiene de la garantía en sus relaciones con ese acreedor comercial es evidente.

177. Es cierto, como señala el Tribunal General, que las relaciones comerciales entre un proveedor y su cliente vienen determinadas generalmente por una pluralidad de factores y no, pues, por la mera existencia o no de una garantía gratuita e ilimitada del Estado. No obstante, considero que esta circunstancia no permite descartar una presunción de ventaja resultante de tal garantía.

178. Además, en el asunto que dio lugar a la sentencia La Poste (C‑559/12 P), la demandante había subrayado que las relaciones entre La Poste y sus acreedores se derivaban de una serie de factores complejos y no solamente de la garantía. Sin embargo, ni el Tribunal General ni el Tribunal de Justicia estimaron que esta circunstancia permitiera descartar una presunción de ventaja.

179. Por último, el Tribunal General sugirió que el acreedor del beneficiario de la garantía era realmente el verdadero beneficiario de la misma y, por tanto, de la ventaja, y no, en el caso de autos, el IFPEN. Este argumento valdría también respecto a las entidades bancarias y financieras puesto que, en caso de garantía gratuita e ilimitada del prestatario, la entidad bancaria no asume riesgo alguno, lo cual constituye necesariamente para ella una ventaja.

180. En realidad, en mi opinión, la existencia de una garantía gratuita e ilimitada del Estado entraña una presunción de ventaja tanto para el beneficiario de la garantía como para los operadores económicos con los que ese beneficiario contrata.

181. Si bien es cierto que algunos de los elementos señalados por el Tribunal General en la sentencia recurrida (en particular aquellos relativos a la factorización o a las reducciones de precios que, según el Tribunal General, se deben más bien a las compras conjuntas que a la existencia de la garantía) habrían podido servir para enervar la presunción, no lo es menos que el Tribunal General habría debido aceptar la presunción simple de ventaja derivada, en las relaciones del IFPEN con sus proveedores y clientes, de la existencia de la garantía gratuita e ilimitada del Estado, y limitarse a verificar si tal presunción había sido enervada.

182. Por tanto, procede estimar el tercer motivo de casación.

183. Por consiguiente considero que, dado que la sentencia recurrida se basa en la premisa según la cual el Tribunal General rechaza la presunción en lo que concierne a las relaciones con los proveedores y clientes, el estado del litigio no permite resolver definitivamente sobre el mismo y el Tribunal de Justicia debe devolver necesariamente el asunto al Tribunal General para que se debata ante él este tercer motivo de casación partiendo de la existencia de una presunción y de la posibilidad de que el IFPEN y el Gobierno francés desvirtúen dicha presunción.

V. Costas

184. Puesto que el asunto ha de devolverse al Tribunal General, procede reservar la decisión sobre las costas correspondientes al presente procedimiento de casación.

VI. Conclusión

185. En virtud de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que: 1) Anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 26 de mayo de 2016, Francia e IFP Énergies nouvelles/Comisión (T‑479/11 y T‑157/12, EU:T:2016:320), en la medida en que dicho Tribunal declaró, en primer lugar, que para el enervamiento de la presunción simple establecida por la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de abril de 2014, Francia/Comisión (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), bastaba con demostrar la inexistencia en el pasado de todo efecto (real) de la garantía en las relaciones del organismo público IFP Énergies nouvelles con las entidades bancarias y financieras y, en segundo lugar, que dicha presunción simple no podía extenderse a mercados o relaciones distintos de las del organismo público IFP Énergies nouvelles con las entidades bancarias y financieras, esto es, a sus relaciones con proveedores y/o clientes. 2) Desestime el recurso de casación en todo lo demás. 3) Devuelva el asunto al Tribunal General para un nuevo examen de las alegaciones en que se basa el tercer motivo del recurso de casación y reserve la decisión sobre las costas.

( 1 ) Lengua original: francés.

( 2 ) Decisión relativa a la ayuda estatal C 35/08 (ex NN 11/2008) concedida por Francia al organismo público «Instituto Francés del Petróleo» (DO 2012, L 14, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).

( 3 ) Al parecer, los EPIC son numerosos en este Estado miembro (no menos de 51 EPIC «principales», según Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3 %89tablissement_public_ %C3 %A0_caract %C3 %A8re_industriel_et_commercial_en_France#Principaux). Véase también Bourdon, P., La garantie de l’État en faveur des établissements publics industriels et commerciaux: une aide d’État illicite, mais pas rédhibitoire, Revue de l’Union européenne, 2015, p. 523.

( 4 ) Reglamento del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO 1999, L 83, p. 1), sustituido, con efectos a partir del 14 de octubre de 2015, por el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE] (DO 2015, L 248, p. 9).

( 5 ) DO 2008, C 155, p. 10; en lo sucesivo, «Comunicación sobre las garantías».

( 6 ) Loi du 13 juillet 2005, de programme fixant les orientations de la politique énergétique (Ley de 13 de julio de 2005, por la que se establecen las orientaciones de la política energética; JORF de 14 de julio de 2005, p. 11570).

( 7 ) Decisión de la Comisión, de 26 de enero de 2010, relativa a la ayuda estatal C 56/07 (ex E 15/05) concedida por Francia a La Poste (DO 2010, L 274, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión “La Poste”»).

( 8 ) Decisión relativa a la medida de ayuda ejecutada por Francia en favor del grupo IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (DO 2009, L 53, p. 13).

( 9 ) A la vista del gran número de veces en que se menciona esta sentencia en las presentes conclusiones, se utilizará en lo sucesivo la siguiente denominación, sin mencionar cada vez la referencias precisas de dicha sentencia: «sentencia La Poste (C‑559/12 P)».

( 10 ) Sentencias de 15 de diciembre de 2005, Italia/Comisión (C‑66/02, EU:C:2005:768), apartados 91 y 92; de 6 de septiembre de 2006, Portugal/Comisión (C‑88/03, EU:C:2006:511), apartado 91, y de 9 de junio de 2011, Comitato Venezia vuole vivere y otros/Comisión (C‑71/09 P, C‑73/09 P y C‑76/09 P, EU:C:2011:368), apartado 114, y sentencia de 12 de septiembre de 2007, Italiay Brandt Italia/Comisión (T‑239/04 y T‑323/04, EU:T:2007:260), apartados 142 a 144.

( 11 ) Según esta jurisprudencia, la garantía implícita e ilimitada del Estado inherente al estatuto de EPIC tiene como consecuencia una mejora de la posición financiera de la empresa beneficiaria mediante un aligeramiento de las cargas que normalmente gravan su presupuesto (apartado 98 de dicha sentencia).

( 12 ) La Comisión señala que tal situación no tiene nada de excepcional. Basta con pensar en los regímenes de ayudas en favor de servicios de interés general respecto a los cuales el Estado establece las condiciones de concesión de compensaciones a los prestatarios de estos servicios, por ejemplo, a todos los hospitales que cumplen determinados requisitos o a todas las empresas que prestan determinados servicios de asistencia a las personas en dificultades. No obstante, cada uno de los hospitales o empresas sujetos a este régimen puede también beneficiarse de un régimen de ayudas, en el sentido de que el hospital o empresa recibirá una ayuda que no está determinada ni está vinculada a un proyecto específico (pues depende del coste neto del servicio público en que cada persona haya incurrido, coste que no se conoce de antemano). Es precisamente esta calificación de régimen en el sentido del artículo 1, letra d), segunda parte, del Reglamento n.o 659/1999, lo que permite a la Comisión, cuando la medida es calificada de ayuda existente, adoptar medidas apropiadas para el hospital o la empresa en cuestión. Para un ejemplo de esta situación, véase la Decisión de la Comisión, de 5 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.19864 — 2014/C (ex 2009/NN54) ejecutada por Bélgica — Financiación de los hospitales públicos IRIS de la Región de Bruselas-Capital (DO 2016, L 351, p. 68).

( 13 ) Decisión C(2005) 2706 final de la Comisión, de 14 de septiembre de 2005, relativa a la ayuda estatal conferida a Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/04 (ex NN 4/03) — Olympic Airways — Reestructuración y privatización] (DO 2005, L 45, p. 1); Decisión de la Comisión de 17 de septiembre de 2008, ayudas estatales N 321/2008, N 322/2008 y N 323/2008 — Grecia — Venta de determinados activos de Olympic Airlines/Olympic Airways Services; Decisión C(2012) 9403 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la ayuda estatal C 25/08 (ex NN 23/08) — Reforma del método de financiación de las pensiones de los funcionarios del Estado adscritos a France Télécom ejecutada por la República Francesa en favor de France Télécom (DO 2012, L 279, p. 1), y Decisión C (2010) 4499 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2010, relativa a la ayuda de Estado N 178/2010, notificada por el Reino de España, en forma de compensación por servicio público asociada a un mecanismo de entrada en funcionamiento preferente para las centrales de producción de electricidad que utilizan carbón autóctono.

( 14 ) Sentencias de 13 de septiembre de 2010, Grecia y otros/Comisión (T‑415/05, T‑416/05 y T‑423/05, EU:T:2010:386), y de 3 de diciembre de 2014, Castelnou Energía/Comisión (T‑57/11, EU:T:2014:1021), y auto de 3 de abril de 2014, CFE‑CGC France Télécom-Orange/Comisión (T‑2/13, no publicado, EU:T:2014:226).

( 15 ) Sentencia de 14 de febrero de 1990, Francia/Comisión (C‑301/87, EU:C:1990:67), apartado 33. Véanse también las sentencias de 8 de diciembre de 2011, France Télécom/Comisión (C‑81/10 P, EU:C:2011:811), apartados 19 a 24, y de 20 de septiembre de 2011, Regione autonoma della Sardegna y otros/Comisión (T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 y T‑454/08, EU:T:2011:493), apartado 91.

( 16 ) Afirma que el Derecho francés impide al IFPEN pedir préstamos para un período que supere los 12 meses y los somete a este respecto a un control del Estado (el IFPEN remite al artículo 12 de la loi n.o 2010-1645, du 28 décembre 2010, de programmation des finances publiques pour les années 2011 a 2014 (Ley n.o 2010-1645, de 28 de diciembre de 2010, de programación de las finanzas públicas para los ejercicios 2011 a 2014; JORF de 29 de diciembre de 2010, p. 22868).

( 17 ) Véase asimismo Bourdon, P., op. cit. nota 3 de las presentes conclusiones, según el cual «la presunción [...] puede enervarse [por ejemplo considerando] preservar la garantía del Estado a favor de los [EPIC]. Sin embargo, esta garantía del Estado debería, por un lado, estar incluida en la contabilidad del EPIC para, por otro lado, ser tenida en cuenta por el organismo en el cálculo de sus costes. Esta solución, que no es nueva [...], ha sido rescatada recientemente por el Conseil d’État [Consejo de Estado (Francia)]. [Este último] ha afirmado que, cuando se ofrecen prestaciones en el mercado, “el precio propuesto por el ente territorial o el organismo público de cooperación debe determinarse teniendo en cuenta el conjunto de los costes directos e indirectos que concurren en su formación, sin que el ente público se beneficie, para determinarlo, de una ventaja derivada de los recursos o de los medios que se le atribuyen en virtud de sus funciones de servicio público y siempre que, de ser necesario, pueda justificarlo mediante su documentación contable o cualquier otro elemento de información adecuado [...]” [véase CE, 30 de diciembre de 2014, n.o 355563, Société Armor SNC (Sté), Lebon 433 con las conclusiones]. Esta decisión no versaba sobre los [EPIC], pero es extrapolable de todo punto a los mismos puesto que ofrecen prestaciones en el mercado. De forma complementaria, la garantía del Estado podría dar lugar al pago por [el EPIC] de una prima en proporción al valor económico de la garantía, lo cual equivale más o menos a la asunción del riesgo soportado por el Estado [...]. A falta de una prima, podría demostrarse eventualmente que la garantía del Estado es una contraprestación de las obligaciones de servicio público del [EPIC]. El artículo 106 [TFUE] así lo prevé. Un contrato que vinculase [al EPIC] y al Estado para fijar este aspecto sería útil para enervar la presunción de la existencia de una ayuda de Estado ilegal».

( 18 ) Sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión (C‑603/13 P, EU:C:2016:38), apartado 72 y jurisprudencia citada. El subrayado es mío.

( 19 ) Véase la sentencia de 1 de julio de 2008, Chronopost y La Poste/UFEX y otros (C‑341/06 P, EU:C:2008:375), apartado 123.