SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 21 de octubre de 1998

Asunto T-100/96

Miguel Vicente-Núñez

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Clasificación — Bonificación de antigüedad de escalón — Experiencia profesional y formación universitarias anteriores a la selección»

Texto completo en lengua francesa II-1779

Objeto:

Recurso que tiene por objeto principal una pretensión de que se anule la decisión de la Comisión, de 24 de mayo de 1995, por la que se revisa la clasificación en escalón del demandante y fija ésta en el grado A 7, escalón 2, en la fecha de 1 de junio de 1997, y no en el grado A 7, escalón 3.

Resultado:

Anulación parcial y desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

Desde febrero de 1976 a septiembre de 1986, el demandante trabajó en la Embajada de España en Bruselas. A partir del 1 de diciembre de 1979, ejerció funciones de jefe de oficina. En julio de 1982, el demandante obtuvo un título universitario tras haber cursado estudios en el Institut supérieur de commerce Saint-Louis de Bruselas de 1977 a 1982.

El demandante entró al servicio de la Comisión en 1986 como funcionario de la categoría B. Posteriormente superó el concurso general CES/A/6/89, organizado para el establecimiento de una lista de reserva de administradores de la categoría A, grados 7 y 6. Para ser admitidos en el concurso, los candidatos debían «a) haber terminado estudios universitarios sancionados por un título [...] o poseer una experiencia profesional de nivel equivalente; b) poseer una experiencia profesional de al menos cinco años en relación con la naturaleza de las funciones».

Tras haber sido nombrado administrador mediante decisión de «nombramiento-transferencia» con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), el demandante, mediante decisión adoptada en virtud del artículo 46 del Estatuto, que no permite que se tome en consideración la experiencia profesional adquirida con anterioridad a la entrada en servicio, fue clasificado en el grado A 7, escalón 1, con efectos desde el 1 de junio de 1991. El demandante fue destinado a un puesto que, según la convocatoria para proveer plaza vacante COM/2430/90, requería un título universitario o una experiencia profesional de nivel equivalente.

El 10 de febrero de 1994, la Comisión, en una comunicación relativa a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre de 1993, Baiwir y otros/Comisión (asuntos acumulados T-103/92, T-104/92 y T-105/92, Rec. p. II-987), instó a los funcionarios que se encontrasen en la misma situación que los demandantes en dicho asunto a que lo comunicaran para que su clasificación fuera reexaminada. En caso de revisión de la clasificación, los efectos económicos sólo se calcularían desde la fecha de pronunciamiento de la referida sentencia.

El 4 de mayo de 1994, el demandante solicitó la revisión de su clasificación. Pedía que se tomara en consideración, con arreglo al artículo 32 del Estatuto, toda experiencia profesional de nivel A adquirida antes de su entrada al servicio de la Comisión, con efectos desde el 1 de junio de 1991. El 17 de junio, el comité de clasificación informó a la demandante que había propuesto a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) que lo reclasificara, con efectos desde el 1 de junio de 1991, en el grado A 7, escalón 1, con una antigüedad de doce meses. El comité consideró que la experiencia profesional del demandante sólo podía tomarse en consideración a partir de la fecha de obtención de su título universitario. El 27 de junio, el demandante remitió una respuesta al comité de clasificación, el cual pidió opinión al Servicio Jurídico de la Comisión. El 18 de octubre de 1994, éste recomendó una solución más favorable para el demandante, consistente en reconocerle una parte de su experiencia profesional anterior a la obtención del título. El comité de clasificación siguió, aparentemente, esta opinión y propuso clasificar al demandante en el grado A 7, escalón 2. El 24 de mayo de 1995, la Comisión fijó la clasificación del demandante en el grado A 7, escalón 2, desde el 1 de junio de 1991, y en el grado A 7, escalón 3, desde el 28 de septiembre de 1993 (fecha de la sentencia Baiwir y otros/Comisión, antes citada), con efectos económicos desde la fecha de la sentencia (decisión impugnada).

Sobre la admisibilidad

La decisión impugnada es un acto lesivo ya que niega al demandante la bonificación de escalón máxima prevista en el artículo 32 del Estatuto, esto es, el escalón 3. El hecho de que dicha Decisión haya mejorado la clasificación inicial del demandante y, de este modo, haya accedido parcialmente a su solicitud de reclasificación no invalida este análisis. Por consiguiente, procede declarar la admisibilidad del recurso (apartados 47 y 50).

Referencia: Tribunal de Justicia, 28 de mayo de 1980, Kuhner/Comisión (asuntos acumulados 33/79 y 75/79, Rec. p. 1677), apartado 9

Sobre el fondo

Sobre las pretensiones de anulación de la decisión de la Comisión, de 24 de mayo de 1995, por la que se revisa la clasificación del demandante

La decisión de 1983 fue adoptada con el fin de desarrollar, en particular, el párrafo segundo del artículo 32 del Estatuto. Tiene por objeto establecer normas para el ejercicio de la amplia facultad discrecional de que dispone la AFPN en el marco establecido por dicho artículo. Aun cuando no pueda ser considerada como una disposición general de aplicación en el sentido del artículo 110 del Estatuto, constituye una directiva interna, que debe considerarse como una norma de conducta indicativa que la Administración se ha dado a sí misma y de la cual no puede apartarse sin aclarar las razones que le induzcan a ello, so pena de violar el principio de la igualdad de trato (apartado 67).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 7 de febrero de 1991, Ferreira de Freitas/Comisión (T-2/90, Rec. p. II-103), apartados 56 y 61, así como las referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia allí citadas

La disposición controvertida se aplica a todas las categorías en el sentido del artículo 5 del Estatuto, en el caso de «que no se exija un título para el acceso al puesto de trabajo que haya que proveer», y prevé que en tal supuesto se podrá tomar en consideración, a los efectos de una bonificación de antigüedad de escalón, la totalidad de la experiencia profesional adquirida en el marco de una actividad a tiempo completo que normalmente requiera dicho título.

Con el fin de determinar el alcance de este texto en el caso de un concurso general y de un puesto de la categoría A, debe ponerse en relación con el párrafo sexto del artículo 2 de la decisión de 1983, disposición que sólo se aplica a los funcionarios seleccionados a raíz de una convocatoria de concurso que establece como requisito de acceso la conclusión de estudios universitarios completos sancionados por un título. El párrafo sexto sólo permite que se tome en consideración la experiencia profesional adquirida por los interesados a partir de la obtención del diploma que permite el acceso al concurso que dio lugar a su selección.

Puestas en relación ambas disposiciones, resulta que el párrafo sexto, en la medida en que limita toda bonificación de antigüedad de escalón a la experiencia profesional adquirida tras la obtención del título requerido, es más restrictiva que la disposición controvertida, que no contiene tal limitación. Esta diferencia no es merecedora de censura con arreglo al principio de igualdad de trato. En efecto, los concursos contemplados en el párrafo sexto y los contemplados en la disposición controvertida son dos tipos de concurso distintos. El principio de igualdad de trato se limita a todos los funcionarios seleccionados en el mismo concurso (apartado 71).

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de enero de 1985, Samara/Comisión (266/83, Rec. p. 189), apartados 12 y 15; Ferreira de Freitas/Comisión, antes citada, apartados 58 y 61

Al concurso CES/A/6/89 podían acceder tanto quienes poseían un título universitario como los que no, siempre que estos últimos justificasen una experiencia profesional de nivel equivalente. La convocatoria para proveer plaza vacante COM/2430/90 exigía como condición de aptitud bien un título universitario bien una experiencia profesional de nivel equivalente. El demandante se encontraba, por tanto, en una situación en la «que no se [exigía] un título para el acceso al puesto de trabajo que haya que proveer» en el sentido de la disposición controvertida. Por consiguiente, ésta cubre la situación del demandante y se debió haber aplicado.

No obstante, según la Comisión, en el supuesto en el que el demandante hubiera sido admitido al concurso únicamente sobre la base de su experiencia profesional, deberían deducirse cinco años del total de sus años de experiencia profesional para compensar la carencia de un título universitario, de modo que en ningún caso habría podido justificar los siete años de experiencia exigidos por el artículo 3 de la decisión de 1983 para la concesión del escalón 3.

El principio de igualdad de trato puede justificar, en el caso de un concurso «mixto», al que pueden acceder tanto quienes poseen un título universitario como los que no, que los aspirantes aprobados de ambas categorías estén en las mismas condiciones en materia de bonificación de antigüedad de escalón «compensando» la carencia de un título de los pertenecientes a la segunda categoría con un número adecuado de años de experiencia profesional. No obstante, tal compensación ha de descartarse en el presente caso, ya que el demandante justificaba tanto la experiencia profesional como la titulación universitaria.

Por consiguiente, procede anular la decisión impugnada por infracción de la disposición controvertida.

Fallo:

Se anula la decisión de la Comisión de 24 de mayo de 1995 en la medida en que clasifica al demandante en el escalón 2 del grado A 7 a partir del 1 de junio de 1991 y en el escalón 3 del grado A 7 a partir del 28 de septiembre de 1993.

Se desestima el recurso en todo lo demás.