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El Tribunal de Primera Instancia examinó en primer lugar el apartado de la Decisión controvertida especialmente dedicado a la transparencia del mercado. A este respecto, en los apartados 289, 290 y 294 de la sentencia recurrida indicó, en particular, lo siguiente: «289 Con respecto a la rúbrica ad hoc, procede observar, a título preliminar, que no contiene más que tres considerandos, aunque en el caso de autos la transparencia constituye, según la Decisión [controvertida] y más aún según la posición defendida por la Comisión en sus escritos ante el Tribunal de Primera Instancia, el motivo esencial, e incluso único, sobre el que descansa la afirmación de que no existe posición dominante colectiva en los mercados de música grabada. Es necesario señalar, igualmente, que en ellos no se concluye que el mercado no sea transparente, ni siquiera que no sea lo suficientemente transparente como para permitir una colusión tácita. A lo sumo se indica, por una parte, en el considerando 111, in fine, que la necesidad de llevar a cabo un control al nivel del álbum, en concreto de los descuentos de promoción, “podría reducir la transparencia del mercado y hacer más difíciles las prácticas colusorias tácitas” y, por otra, en el considerando 113, in fine, que “sin embargo, la Comisión no ha encontrado suficientes elementos como para demostrar que, al controlar los precios minoristas o al utilizar esos contactos con los minoristas, las grandes empresas discográficas pudieron suplir, en el pasado, la falta de transparencia en materia de descuentos de promoción, evocada a propósito de los cinco grandes Estados miembros”. Semejantes afirmaciones, evidentemente vagas y sin la menor precisión, relativas concretamente a la naturaleza de los descuentos de promoción, a las circunstancias en las que éstos pueden aplicarse, a su grado de opacidad, a su amplitud o a su impacto sobre la transparencia de los precios, no pueden justificar de forma suficiente en Derecho la constatación de que el mercado no es lo suficientemente transparente como para permitir una posición dominante colectiva. 290 Además, excepto los dos extractos antes mencionados, todos los factores señalados en los considerandos 111 y 113 de la Decisión [controvertida], lejos de demostrar la opacidad del mercado, revelan por el contrario su transparencia. […] 294 Resulta de cuanto antecede que, en la rúbrica ad hoc que la Decisión [controvertida] dedica al examen de la transparencia, la Comisión no sólo no concluyó que el mercado fuese opaco o no lo suficientemente transparente como para permitir una posición dominante colectiva, sino que además únicamente mencionó factores capaces de crear una gran transparencia del mercado y facilitar el control del respeto de la colusión, con la única excepción de la afirmación, de alcance bastante limitado y no fundamentada, de que los descuentos de promoción podrían reducir la transparencia y hacer las prácticas colusorias más difíciles. Es forzoso, por ello, constatar que esta rúbrica manifiestamente no puede ser considerada, en sí misma, una motivación jurídica suficiente de la afirmación de que el mercado no es lo suficientemente transparente.»
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Sin embargo, esto no significa que estos últimos contratos estén excluidos del ámbito de aplicación del Derecho comunitario (auto Vestergaard, antes citado, apartado 19). En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con la adjudicación de contratos que, habida cuenta de su valor, no están sometidos a los procedimientos previstos por las normas comunitarias, las entidades adjudicadoras están obligadas, no obstante, a respetar las normas fundamentales del Tratado y el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, en particular (sentencia Telaustria y Telefonadress, antes citada, apartado 60; auto Vestergaard, antes citado, apartados 20 y 21; sentencias de 20 de octubre de 2005, Comisión/Francia, C-264/03, Rec. p. I-8831, apartado 32, y de 14 de junio de 2007, Medipac-Kazantzidis, C-6/05, Rec. p. I-4557, apartado 33).
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La Comisión opina que no procede responder a la quinta cuestión. Estima que el asunto que dio lugar a la sentencia Barber, antes citada, es diferente, tanto en los hechos como en el Derecho, del asunto del procedimiento principal y subraya que la Directiva 2000/78 no contiene ninguna excepción normativa al principio de no discriminación por motivos de orientación sexual. Aclara que, a diferencia del asunto en el procedimiento principal, en el asunto que dio lugar a la sentencia Barber, antes citada, se llamó la atención sobre las consecuencias económicas que podía tener una nueva interpretación del artículo 141 CE. A este respecto y en la medida en que la LPartG no entró en vigor hasta el 1 de agosto de 2001 y que, desde el 1 de enero de 2005, el legislador alemán ha establecido, en cuanto al régimen de seguridad social, la igualdad de trato entre la pareja inscrita y el matrimonio, la Comisión indica que tener en cuenta esa igualdad de trato en los regímenes de previsión profesional no pondrá a éstos en dificultades económicas.
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El citado artículo 22 no sólo concede, en su apartado 1, un plazo adicional de un año —que expira el 31 de diciembre de 1998— para garantizar la conformidad de las autorizaciones válidas en la fecha de entrada en vigor de la Directiva 97/13 con las disposiciones de ésta, sino que prevé asimismo, en su apartado 2, la posibilidad de ampliar la validez de las condiciones relativas a las autorizaciones ya existentes, siempre que, no obstante, tales condiciones no concedan derechos especiales o exclusivos y que con ello no se perjudiquen los derechos atribuidos a otras empresas por el Derecho comunitario. El apartado 3 del mismo artículo se refiere a las obligaciones derivadas de autorizaciones existentes en la fecha de entrada en vigor de esa misma Directiva. Este último apartado, que se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, establece el deber de garantizar la conformidad de las obligaciones en cuestión con la citada Directiva antes del 1 de enero de 1999, a no ser que el Estado miembro haya obtenido de la Comisión, previa solicitud, el aplazamiento de la mencionada fecha.
Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo previsto, de todas las disposiciones necesarias para atenerse a las Directivas 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (DO L 37, p. 24), y 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE (DO L 345, p. 106).
Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA

[Reglamentos del Consejo (CEE) no 729/70 y no 3508/92; Reglamentos de la Comisión (CEE) no 3887/92 y (CE) no 2419/2001]
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Palabras clave

Libre circulación de mercancías — Tránsito comunitario — Tránsito comunitario externo — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Importe legalmente debido

[Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 236, ap. 1, párr. 1; Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 379, ap. 2]

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El artículo 236, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que las autoridades aduaneras nacionales no hayan determinado, conforme al artículo 379 del Reglamento nº 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92, el lugar donde se haya originado la deuda aduanera no tiene como consecuencia que no sea legalmente debido el importe de los derechos de aduana.

No obstante, el Estado miembro del que dependa la oficina de partida sólo podrá proceder a la recaudación de los derechos de importación en el supuesto de que, conforme al artículo 379, apartado 2, del Reglamento nº 2454/93, haya indicado al obligado principal que éste disponía de un plazo de tres meses para presentar la prueba del lugar en el que se hubiesen cometido efectivamente la infracción o la irregularidad y de que no se haya presentado la prueba citada dentro del referido plazo.

En efecto, por un lado, ninguna disposición del capítulo 2 del título VII del Código aduanero ni tampoco la sistemática de dicho Código permiten afirmar que el hecho de no haberse determinado el lugar en donde se haya originado la deuda aduanera se oponga al nacimiento de dicha deuda. Ahora bien, por lo que atañe al concepto de «legalmente debido», conviene observar que éste versa sobre el importe de los derechos de importación o de los derechos de exportación aplicables a una mercancía, el cual se determinará sobre la base de los elementos de imposición correspondientes a tal mercancía en el momento en que se origine la deuda aduanera correspondiente. Por consiguiente, cuando se produzca un hecho que origine la deuda aduanera, podrá determinarse el importe de los derechos legalmente debidos mediante la aplicación del Arancel Aduanero Común.

Por otro lado, sin embargo, no es menos cierto que la notificación al obligado principal del plazo de tres meses para presentar la prueba del lugar en el que se hubiesen cometido efectivamente la infracción o la irregularidad, contemplado en el artículo 379, apartado 2, del Reglamento de aplicación, constituye un requisito previo para la recaudación de la citada deuda por las autoridades aduaneras.

(véanse los apartados 25, 27, 30, 35 y 36 y el fallo)
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Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Denegación de registro o nulidad — Conflicto con una marca anterior notoriamente conocida en un Estado miembro

[Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 4, ap. 2, letra d)]

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El artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste.

En efecto, al no proporcionarse precisiones en este sentido, es evidente que no puede exigirse que la notoriedad exista en todo el territorio del Estado miembro sino que basta con que exista en una parte sustancial de éste. Sin embargo, el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que ésta se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

(véanse los apartados 17, 18 y 20 y el fallo)
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Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Imposición de los productos energéticos y de la electricidad — Directiva 2003/96/CE

[Directivas del Consejo 92/12/CEE, art. 3, aps. 1 y 3, y 2003/96/CE, arts. 2, ap. 1, letra b), y 2, ap. 4, letra b)]

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La Directiva 2003/96, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional que prevé la percepción de un impuesto sobre el consumo que grave los aceites lubrificantes cuando éstos vayan destinados, se pongan a la venta o se utilicen con unos fines distintos de los de combustible o carburante. Efectivamente, aun cuando los aceites lubrificantes utilizados para fines distintos de los de combustible y de carburante se hallan comprendidos en la definición del concepto de «productos energéticos» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/96, están excluidos expresamente del ámbito de aplicación de esta Directiva por el apartado 4, letra b), primer guión, del citado artículo y, por lo tanto, no están sometidos al régimen del impuesto especial armonizado. En estas circunstancias, debe considerarse que los citados aceites lubrificantes constituyen productos distintos de los enumerados en el artículo 3, apartado 1, primer guión, de la Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, de forma que, conforme al apartado 3, párrafo primero, de dicho artículo, los Estados miembros conservan la facultad de introducir o de mantener gravámenes sobre dichos productos, siempre y cuando dichos gravámenes no den lugar, en el comercio entre Estados miembros, a formalidades relativas al cruce de fronteras.

(véanse los apartados 43 a 45 y el fallo)
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Aproximación de las legislaciones — Productos de construcción — Directiva 89/106/CEE

(Art. 249 CE; Directiva 89/106/CEE del Consejo, art. 13, ap. 4; Decisión 1999/93/CE de la Comisión, arts. 2 a 4 y anexos II y III)

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Un particular no puede invocar en un litigio sobre responsabilidad contractual contra otro particular la infracción por parte de este último de las disposiciones de los artículos 2 y 3 y de los anexos II y III de la Decisión 1999/93, relativa al procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106 en lo que concierne a las puertas, las ventanas, los postigos, las persianas, las cancelas y sus herrajes.

En efecto, la Decisión 1999/93 se basa en el artículo 13, apartado 4, de la Directiva 89/106 y está dirigida a los Estados miembros. Constituye un acto de alcance general que precisa los tipos de procedimientos de certificación de conformidad aplicables a las puertas, ventanas, postigos, persianas, cancelas y sus herrajes, respectivamente, y confiere al Comité Europeo de Normalización/Comité Europeo de Normalización Electrónica (CEN/Cenelec) el mandato de especificar el contenido de los mismos en las correspondientes normas armonizadas, cuya transposición podrán efectuar posteriormente los organismos de normalización de cada Estado miembro. Con arreglo al artículo 249 CE, la Decisión 1999/93 sólo es obligatoria, pues, para los Estados miembros, únicos destinatarios de la misma según su artículo 4.

(véanse los apartados 21 y 22 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 8)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo previsto, de todas las disposiciones necesarias para atenerse a las Directivas 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (DO L 37, p. 24), y 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE (DO L 345, p. 106).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las siguientes Directivas:

– 2002/96/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y

– 2003/108/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96,

al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dichas Directivas.

2) Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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Con arreglo al artículo 2 del arrêté du ministre de l’Agriculture et de la Forêt relatif à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l’attribution des licences correspondantes (Orden del Ministerio de Agricultura y Bosques relativa a la formación de los inseminadores y de los directores de centros y a la concesión de las correspondientes licencias) de 21 de noviembre de 1991 (JORF de 6 de diciembre de 1991, p. 15936), en su versión modificada por el arrêté du ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation de 30 de mayo de 1997 (JORF de 1 de junio de 1997, p. 8791), la licencia de inseminador será expedida por el Prefecto, previa presentación de un certificado de idoneidad para la función de inseminador de la especie de que se trate y de una certificación del director del centro de inseminación autorizado territorialmente competente que confirme que el solicitante se encuentra bajo su autoridad para las operaciones de inseminación. Según esta misma disposición, en el caso de personas que no sean asalariados de un centro de inseminación, en particular veterinarios que se dediquen al ejercicio libre de su profesión, dicha certificación se emitirá tras la celebración de un convenio entre el presidente del centro de inseminación y el interesado, en el que deberán especificarse las condiciones técnicas, administrativas y económicas en las que este último practicará la inseminación de conformidad con la normativa aplicable.
1

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1977 (DO L 328, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 93/36»), y, con anterioridad, de la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 13, p. 1; EE 17/01, p. 29), en su versión modificada y completada por las Directivas 80/767/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1980 (DO L 215, p. 1; EE 17/01, p. 83), y 88/295/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1988 (DO L 127, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 77/62»), al haber seguido una práctica, existente desde hace mucho tiempo y que continúa en vigor, consistente en adjudicar directamente a Agusta SpA (en lo sucesivo, «Agusta») contratos para la adquisición de helicópteros de las marcas Agusta y Agusta Bell, destinados a cubrir las necesidades de los distintos cuerpos militares y civiles del Estado italiano, sin haber seguido ningún procedimiento de licitación y, en particular, sin haber seguido los procedimientos previstos en las citadas Directivas.
Si bien corresponde a los Estados miembros establecer las medidas adecuadas para garantizar su seguridad interior y exterior, no por ello cabe deducir que tales medidas se sustraen totalmente a la aplicación del Derecho comunitario. El Tratado sólo establece excepciones expresas aplicables en caso de situaciones que pueden poner en peligro la seguridad pública en sus artículos 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE y 297 CE, que se refieren a unos supuestos excepcionales claramente delimitados. No puede deducirse de ello que exista una reserva general, inherente al Tratado, que excluya del ámbito de aplicación del Derecho comunitario cualquier medida adoptada por motivos de seguridad pública. Reconocer la existencia de tal reserva, al margen de las condiciones específicas previstas en las disposiciones del Tratado, podría contravenir el carácter imperativo y la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud, respectivamente, de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento no 1552/89, por el que se aplica la Decisión 88/376, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, en su versión modificada por el Reglamento no 1355/96, hasta el 31 de mayo de 2000, y, a partir de esta misma fecha, de los mismos artículos del Reglamento no 1150/2000, por el que se aplica la Decisión 94/728, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, un Estado miembro que, por una parte, se negó a calcular y pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas los recursos propios no recaudados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002, correspondientes a la importación de material militar con exención de derechos de aduana, y, por otra, se negó a abonar los intereses de demora devengados por la falta de pago de dichos recursos propios a la Comisión.

En efecto, no cabe admitir que un Estado miembro invoque el encarecimiento del material militar causado por la aplicación de derechos de aduana a las importaciones de dicho material procedente de Estados terceros con objeto de intentar sustraerse a las obligaciones que le impone la solidaridad financiera con respecto al presupuesto comunitario, en perjuicio de los demás Estados miembros que, por su parte, recaudan y abonan los derechos de aduana sobre tales importaciones.

(véanse los apartados 56 y 61 y el fallo)
A este respecto, no procede admitir una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional remitente que no proporciona ninguna indicación en cuanto a las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretación solicita, ni ninguna explicación sobre la relación que establece entre tales disposiciones y el litigio principal o el objeto de dicho litigio.

La necesidad de llegar a una interpretación del Derecho comunitario eficaz para el juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones. Estas exigencias son pertinentes especialmente en el ámbito de la competencia, que se caracteriza por complejas situaciones de hecho y de Derecho.

A este respecto, no cabe admitir cuestiones que se refieran de forma implícita al artículo 86 CE, apartado 1, en relación con el artículo 82 CE, cuando la resolución de remisión no contenga ninguna indicación relativa, en particular, a la definición del mercado relevante, al cálculo de las cuotas de mercado correspondientes a las diferentes empresas que operan en dicho mercado ni al supuesto abuso de posición dominante.

(véanse los apartados 57 a 59 y 61 a 63)