9.

Pero el argumento al que el Gobierno francés concede mayor importancia es el cuarto. La Comisión —afirma aquél— ha sostenido que el régimen de quo desfavorece, en el plano de las tarifas y de su aplicación, a las sociedades extranjeras que trabajan mediante agencias y sucursales. Estas desventajas no existen, y, aunque no lo fueran, serían con todo compensadas con creces por las ventajas de que gozan estas empresas, desde los puntos de vista fiscal y financiero, respecto a las sociedades francesas y a las sociedades filiales francesas de sociedades extranjeras. En todo caso, si desean ser tratadas precisamente como sociedades francesas, las empresas extranjeras no tienen más que renunciar a abrir sedes secundarias, constituyendo en su lugar una sociedad filial. La primera afirmación es exacta y la demandante misma ha terminado por reconocerlo. Basándose en datos estadísticos precisos, el Gobierno francés ha demostrado que dichas agencias y sucursales no están obligadas de ningún modo a aplicar tarifas más altas; por lo demás, si las aplicaran, serían expulsadas rápidamente del mercado y no existe el mínimo indicio de una perspectiva semejante. Luego, respecto a las inversiones, la parte demandada ha puesto de relieve que la legislación francesa es mucho menos restrictiva que lo que afirma la Comisión. En efecto, esta legislación se limita a fijar un porcentaje mínimo de obligaciones que las compañías de seguros, que ejercen su actividad en Francia, deben mantener en concepto de representación de los compromisos reglamentados, mientras que no prevé el porcentaje máximo autorizado para las acciones y otras actividades que deben tenerse en representación de dichos compromisos. Además, es lícito poseer acciones extranjeras a condición que sean cotizadas en una Bolsa francesa y las estadísticas de 1981 prueban que el 55 % de los valores mobiliarios poseídos por las agencias y sucursales consistían precisamente en estos títulos. Por el contrario, la segunda parte del argumento francés carece de fundamento. Precisamente porque carecen de autonomía jurídica —se observa— las agencias y sucursales se libran de los múltiples impuestos que gravan las mutaciones de la sociedad. Sin embargo, es fácil objetar que no se pueden poner en el mismo plano cargas con vencimiento anual, como es el impuesto sobre sociedades y tributos que, en el caso extremo, son perceptibles solamente en el momento en que la sociedad es constituida. Igualmente, la excepción prevista a las aportaciones de las agencias y sucursales no pueden ser consideradas como una ventaja concedida a tales organismos. Esto lo prueba el artículo 2, apartado primero, de la Directiva de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO 1969, L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22), según el cual «las operaciones sometidas al impuesto sobre las aportaciones serán imponibles únicamente en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la sede de la dirección efectiva de la sociedad de capital en el momento en que se realicen estas operaciones». Es inaceptable igualmente la tercera observación expuesta por Francia. En efecto, crear una sociedad filial generalmente es más oneroso que abrir una agencia o sucursal, aunque sólo sea porque la primera impone unos desembolsos (desembolso del capital social mínimo, fondo de garantía, etc.) que las segundas, para las que basta con la inscripción en el Registro mercantil, están lejos de exigir. A esto hay que añadir que la constitución de una sociedad filial con personalidad y solvencia propias oculta en cierto modo el prestigio de las compañías de seguros que tienen su domicilio en el extranjero. Por el contrario, en el caso de las sedes secundarias, no existe esta pantalla. Por ello éstas sacan un provecho directo de la reputación de la sociedad matriz.