Como el Estatuto constituye un acto del Consejo, y a falta de normas específicas relativas a los plazos a los que se refiere su artículo 90, las normas aplicables a los plazos previstos en el apartado 2 de esta última disposición, en la que se prevé que la reclamación deberá presentarse en un plazo de tres meses, se fijan en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento no 1182/71, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos.

El Estatuto no prevé plazo alguno de prescripción para la incoación de un procedimiento disciplinario contra un funcionario acusado de haber incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias. En cualquier caso, para cumplir su función de garantizar la seguridad jurídica, dicho plazo de prescripción debe haberse fijado de antemano por el legislador comunitario. El Estatuto tampoco señala plazo alguno para que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos consulte al Consejo de disciplina. Sin embargo, las autoridades disciplinarias tienen la obligación de tramitar con diligencia el procedimiento disciplinario y de actuar de forma que cada medida se adopte dentro de un plazo razonable en relación con la precedente.

Los plazos previstos en el artículo 7, párrafo primero, del anexo IX del Estatuto no son perentorios, sino que constituyen normas de buena administración cuya inobservancia puede dar lugar a la responsabilidad de la institución de que se trate por el perjuicio eventualmente irrogado a los interesados, sin afectar, por sí sola, a la validez de la sanción disciplinaria impuesta tras su expiración. Si bien es cierto que la superación de los citados plazos puede ocasionar la nulidad del acto adoptado fuera de plazo, cualquier rebasamiento del plazo no puede ser sancionado mediante una anulación automática. Tan sólo cuando concurran circunstancias especiales podrá verse afectada, en casos concretos, la validez de una sanción disciplinaria impuesta fuera de plazo.

La elección de la sanción adecuada incumbe a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, cuando haya quedado acreditada la realidad de los hechos que se imputan al funcionario. El juez comunitario no puede censurar tal elección, a menos que la sanción impuesta resulte desproporcionada con relación a los hechos imputados al funcionario. La determinación de la sanción se basa en una evaluación global, por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de todos los hechos concretos y circunstancias propias de cada caso específico, ya que los artículos 86 a 89 del Estatuto no prevén una relación fija entre las sanciones que allí se indican y las diferentes clases de incumplimientos cometidos por los funcionarios, y tampoco precisan en qué medida la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes debe intervenir en la elección de la sanción. Por lo tanto, el examen del juez comunitario queda limitado a la cuestión de si la ponderación de las circunstancias agravantes o atenuantes por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se efectuó de forma proporcionada, quedando claro que, cuando el juez comunitario procede a dicho examen, no puede sustituir a la citada autoridad en lo que atañe a los juicios de valor realizados por ésta.

(véanselos apartados 141 y 142)

Referencia: Van Eick/Comisión, antes citada, apartados 24 y 25; Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1973, De Greef/Comisión (46/72, Rec. p. 543), apartados 44 a 46, F/Comisión, antes citada, apartado 34; Tribunal de Justicia, 5 de febrero de 1987, F/Comisión (403/85, Rec. p. 645), apartado 26; M/Consejo, antes citada, apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 7 de marzo de 1996, Williams/Tribunal de Cuentas (T-146/94, RecFP pp. I-A-103 y II-329), apartados 106, 107 y 108