Asunto C‑213/03

Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région

contra

Électricité de France (EDF)

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia)]

«Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona) – Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre – Artículo 6, apartado 3 – Autorización de descarga – Efecto directo»

Sumario de la sentencia

1. Acuerdos internacionales – Acuerdos de la Comunidad – Efecto directo – Requisitos – Artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre y artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado – Obligación de los Estados miembros de sujetar a un régimen de autorización las descargas de determinadas sustancias

(Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, art. 6, ap. 3, y Protocolo revisado, art. 6, ap. 1)

2. Acuerdos internacionales – Acuerdos de la Comunidad – Artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre y artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado – Descarga de sustancias no tóxicas – Prohibición a falta de autorización previa

(Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, art. 6, ap. 3, y Protocolo revisado, art. 6, ap. 1)

1. Una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del acuerdo, contiene una obligación clara y precisa que, en su ejecución o en sus efectos, no se subordina a la adopción de acto ulterior alguno.

Tal es el caso del artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre y del artículo 6, apartado 1, del mismo Protocolo revisado que consagran, en términos claros, precisos e incondicionales, la obligación impuesta a los Estados miembros de sujetar las descargas de sustancias mencionadas en el anexo II del mismo Protocolo a la expedición de una autorización por las autoridades nacionales competentes, para lo cual se han de tener debidamente en cuenta las disposiciones de su anexo III. En consecuencia, dado que estas disposiciones tienen efecto directo, toda persona interesada tiene derecho a invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

(véanse los apartados 39, 41 y 47 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre y el artículo 6, apartado 1, del mismo Protocolo revisado han de interpretarse en el sentido de que, cuando no se dispone de una autorización expedida por las autoridades nacionales competentes, prohíben el vertido de sustancias que, si bien no son tóxicas, producen un efecto desfavorable en el contenido de oxígeno del medio marino, puesto que estas disposiciones no someten expresamente la exigencia de autorización previa a la toxicidad de éstas.

(véanse los apartados 49 y 52 y el punto 2 del fallo)