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—

Anule las siguientes decisiones y actos, declarando previamente cuando proceda la ilegalidad y la inaplicabilidad a la demandante del anuncio de convocatoria de la oposición EPSO/AD/293/14 y del régimen lingüístico controvertido, conforme al artículo 277 TFUE: — La decisión de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) y del tribunal calificador de 9 de noviembre de 2015 de no incluir el nombre de la candidata en la lista de reserva elaborada en la oposición EPSO/AD/293/14. — La decisión de la EPSO y del tribunal calificador de 23 de junio de 2016 de no reconsiderar la decisión de 9 de noviembre de 2015 y de no readmitir el nombre de la candidata en la lista de reserva. — La decisión de la EPSO de 22 de diciembre de 2016 de desestimar la reclamación administrativa de la demandante con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios contra la decisión del tribunal calificador de no incluir su nombre en la lista de reserva de la oposición EPSO/AD/293/14 y contra la decisión denegatoria de revisión. — La lista de reserva de la oposición EPSO/AD/293/14.
2.

Segundo motivo, mediante el cual las demandantes alegan, con carácter subsidiario, que, tras efectuar una ponderación adecuada, el único resultado legalmente admisible a la luz del artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001, hubiera sido la decisión de no divulgar el informe controvertido, teniendo en cuenta: 1) la trascendencia del interés privado de las demandantes en evitar su divulgación, dado el serio menoscabo que dicha divulgación tendría sobre sus derechos fundamentales de propiedad y a ejercer una actividad económica, y 2) un interés público en la divulgación más bien difuso y genérico, dado que no existía una necesidad pública perentoria de que fuera divulgado.
—

La Comisión incurrió en errores fundamentales al no reconocer que las actividades que generaban beneficios de las demandantes, en particular el desarrollo y comercialización de propiedad intelectual («Apple IP»), eran controladas y gestionadas en los Estados Unidos. Los beneficios generados por dichas actividades eran imputables a los Estados Unidos, no a Irlanda. La Comisión se equivocó al tomar en consideración sólo las actas de las reuniones de los Consejos de administración de las demandantes e ignorar todas las demás pruebas relativas a las actividades.
—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1647 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2016, por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y fabricado por Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. y su empresa vinculada Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14 (DO L 245, p. 16).
2.

Segundo motivo, basado en que el BCE no dispone de una facultad discrecional en lo que concierne a la aplicación del artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento n.o 575/2013»).
2.

Segundo motivo, basado en la incompetencia del Chief Services Officer («CSO») para decidir no seguir el procedimiento establecido en la circular n.o 1/2011 en lo que concierne a la parte demandante. — La parte demandante considera que, salvo la competencia para decidir sobre las personas que recibirán el ASA, no ha sido objeto de delegación ninguna otra competencia en materia de ASA por parte del Comité Ejecutivo del BCE a favor del CSO, ni tampoco la de modificar la circular n.o 1/2011 para que no se aplique a determinados agentes. — En consecuencia, el CSO no era competente, a juicio de la parte demandante, para decidir no aplicarle la circular n.o 1/2011, de manera que si el CSO hubiera actuado conforme a las facultades delegadas que recibió del Comité Ejecutivo, debería habérsele aplicado la referida circular.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 270/45

Recurso interpuesto el 18 de abril de 2016 — Grizzly Tools/Comisión

(Asunto T-168/16)

(2016/C 270/52)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Grizzly Tools GmbH & Co. KG (Großostheim, Alemania) (representante: H. Fischer, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2016/175 de la Comisión, de 8 de febrero de 2016, relativa a una medida adoptada por España de conformidad con la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, para prohibir la comercialización de un tipo de hidrolimpiadora de alta presión (DO 2016, L 33, p. 12).

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos.

1. Primer motivo, basado en el incumplimiento de requisitos de forma esenciales. La demandante alega que la Decisión impugnada no cumple la obligación de motivación que prevé el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, por cuanto los considerandos son contradictorios y poco claros. La Decisión impugnada vulnera asimismo el principio según el cual la Comisión debe apreciar correctamente los hechos. En el considerando 4, la Comisión afirma erróneamente que la demandante se remitió a la norma EN-60335-2-67-2009 en la declaración CE de conformidad, lo que es inexacto.

2. Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 11 de la Directiva 2006/42/CE. (1)

A este respecto, se aduce que la Comisión incurrió en error al considerar justificada la medida adoptada por España para prohibir la comercialización.

En efecto, las autoridades españolas y la Comisión calificaron la hidrolimpiadora de alta presión como un aparato de doble uso, que podía utilizarse no sólo como un aparato portátil, sino también como un aparato de mano. Por tanto, consideraron necesario un grado de protección más elevado, aunque la hidrolimpiadora de alta presión no esté destinada a ser utilizada como un aparato de mano y su utilización como aparato de mano no constituya un uso incorrecto razonablemente previsible en el sentido del artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2006/42/CE.

(1) Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (DO 2006, L 57, p. 24).
—

Infracción del artículo 15, en relación con el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 207/2009, así como la Regla 22, apartados 3 y 4, del Reglamento n.o 2868/95, y el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n.o 207/2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 118/34

Recurso interpuesto el 28 de enero de 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry y otros/Comisión

(Asunto T-41/16)

(2016/C 118/39)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Cyprus Turkish Chamber of Industry (Nicosia, Chipre), Animal Breeders Association (Nicosia), Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd. (Nicosia), Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association (Nicosia) and Fatma Garanti (Güzelyurt, Chipre) (representantes: B. O’Connor, Solicitor, S. Gubel y E. Bertolotto, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de la Comisión Ares(2015)5171539 de 18 de noviembre de 2015 y la Decisión de la Comisión Ares(2016)220922 de 15 de enero de 2016, referentes a los procedimientos de oposición incoados en relación con la solicitud de registro «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» (HALLOUMI)/«HELLIM» (ΠΟΠ) (CY-PDO-0005-01243).

— Declare ilegales y, en consecuencia, inaplicables al caso de autos, los artículos 49, 50, 51 y 52 del Reglamento (EU) n.o 1151/2012, por no haber previsto un sistema que salvaguarde los derechos fundamentales de las demandantes.

— Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en que las Decisiones de la Comisión impugnadas son ilegales porque excluyen a las demandantes del procedimiento de registro de Halloumi/Hellim como denominación de origen protegida en la Unión Europea.

2. Segundo motivo, basado en que las Decisiones de la Comisión impugnadas son ilegales porque incurren en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación.

3. Tercer motivo, basado en que los artículos 49, 50, 51 y 52 del Reglamento (EU) n.o 1151/2012 (1) son ilegales, y deben declararse inaplicables por no haber previsto un sistema que salvaguarde los derechos fundamentales de las demandantes.

(1) Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343, p. 1).
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1049/2001 (1) en relación con el artículo 8, letra b) del Reglamento no 45/2001 (2), dado que los datos personales solicitados no gozan de la protección de la legislación comunitaria.
—

Considere probado el uso de la marca comunitaria no 2423705 para la clase y declare que la solicitud de marca comunitaria no 11406915 es incompatible con la marca comunitaria no 2423705.
—

A este respecto, sostiene que el procedimiento seguido por la OLAF adolece de múltiples vicios, toda vez que se impidió el adecuado desarrollo de la fase contradictoria respecto del Sr. Panzeri, no se elaboró el Informe Final de Investigación, el procedimiento de investigación OLAF en su totalidad se llevó a cabo infringiendo de modo evidente el artículo 6, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1999/1073, ya que se inició el 23 de noviembre de 2009 y no se concluyó (presuntamente) hasta julio de 2012. Además, la OLAF no podía ser competente, dada la ínfima entidad de los comportamientos imputados al recurrente, vulnerándose por tanto el principio de proporcionalidad.
2.

Segundo motivo, basado en la falta de selectividad. La parte demandante alega por lo demás que la regla de compensación especial no constituye una ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, al no cumplirse el requisito de la selectividad. Afirma que los grandes consumidores de energía no resultan favorecidos frente a otras empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable. Además, la limitación del recargo EEG está justificada por la naturaleza y la estructura interna de la normativa.
2)

La infracción del artículo 5, apartado 2, del Reglamento no 729/70, por no concurrir los requisitos establecidos por la Comisión en las directrices uniformes que figuran en el documento no VI/5330/97, (3) para la aplicación de una corrección financiera a tanto alzado del 25 %.
1.

Primer motivo, basado en un error de Derecho y en la aplicación incorrecta del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43). El demandante alega que el Parlamento incurrió en un error de Derecho y aplicó incorrectamente el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento no 1049/2001 dado que: — el acceso a los documentos solicitados, que forman parte del procedimiento legislativo, no perjudica específica, efectivamente y de manera no hipotética el proceso de elaboración de las leyes; — el Parlamento no tiene en cuenta que, especialmente después del Tratado de Lisboa, los documentos legislativos preparatorios están sujetos al principio del acceso más amplio posible; — si el artículo 4, apartado 3, todavía es aplicable a los trabajos legislativos preparatorios después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Parlamento incurrió en un error de Derecho y aplicó incorrectamente el criterio del interés público superior.
3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo art. 101 TFUE, del artículo 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1), de las Directrices para el cálculo del importe de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 («Directrices»), y en la violación de los principios de proporcionalidad e igualdad de trato, en relación con la determinación de los siguientes elementos/parámetros de cálculo de las sanciones: (i) valor de las ventas; (ii) importe en función de la gravedad; (iii) entry fee; (iv) ajustes del importe básico (en particular, por no haberse tenido en cuenta la situación de crisis del sector); (v) límite máximo con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento 1/2003; (vi) reducción insuficiente de las sanciones por la larga duración del procedimiento y, en último lugar, infracción del artículo 101 TFUE, de las Directrices e incumplimiento de la obligación de motivación respecto a la denegación de la solicitud de aplicación del apartado 35 de dichas Directrices.
2.

Segundo motivo, basado en la vulneración de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, en relación con el artículo 17 TUE, apartado 1, segunda frase, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 773/2004 y el artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo (2) — La Comisión ha incurrido en un error manifiesto de apreciación, al haber considerado que el interés de la Unión Europea no justificaba la incoación de un procedimiento sobre la denuncia de las demandantes. — La Comisión ha menoscabado la efectividad de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, al haber desestimado la denuncia de las demandantes y haber rechazado la incoación de un procedimiento, sobre la base de la suposición errónea de que, en caso de uso abusivo de un procedimiento penal o administrativo, no resultan aplicables los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia ITT Promedia/Comisión (asunto T-111/96) para la constatación de una vulneración del artículo 101 TFUE.
1.

Primer motivo, basado en que el Consejo no ha proporcionado una base jurídica adecuada para la Decisión 2015/364/PESC del Consejo (en lo sucesivo, «Decisión») ni para el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/357 del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento») (en lo sucesivo, conjuntamente, «medidas impugnadas»). El artículo 29 TUE no constituye una base jurídica pertinente para la Decisión porque la reclamación presentada contra el demandante no lo identificaba como una persona que hubiese debilitado la democracia en Ucrania o que hubiese privado al pueblo ucraniano de los beneficios del desarrollo sostenible de su país (en el sentido del artículo 23 TUE y de las disposiciones generales del artículo 21 TUE, apartado 2). Habida cuenta de que la Decisión no es válida, el Consejo no podía basarse en el artículo 215 TFUE, apartado 2, para adoptar el Reglamento.
1.

Primer motivo, basado en que la Comisión violó los principios de igualdad de trato, de buena administración y de confianza legítima, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 («Reglamento Financiero») y en la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la UE (PRAG, en sus siglas en inglés), al no supervisar adecuadamente el procedimiento de licitación y no instruir con prontitud la denuncia presentada por Vakakis, ni facilitar información exhaustiva y completa al respecto.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 294/68

Recurso interpuesto el 1 de abril de 2015 — Brinkmann (Steel Trading) y otros/Comisión Europea y Banco Central Europeo

(Asunto T-161/15)

(2015/C 294/83)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Brinkmann (Steel Trading) Ltd (Londres, Reino Unido); Dalmar investments Ltd (Tortola, Islas Vírgenes Británicas); Darlows Consultants Ltd (Nassau, Bahamas); Forestborne Ltd (Tortola); International Corporate Management Company SA (Luxemburgo, Luxemburgo); Kraxis Investments Ltd (Nicosia, Chipre); Magnamox Management Ltd (Nicosia); Megamatic Technologies Ltd (Nicosia); Windward Yachting Ltd (Sliema, Malta); Chupit Ltd (Nicosia); Coburg Investments (Overseas) Ltd (Nicosia); First Trade International Ltd (Tortola); Fitinvest Ltd (Limassol, Chipre); Halman Consultants (Overseas) Ltd (Tortola); Limtan Investments Ltd (Lanarca, Chipre); Minnesota Trading Ltd (Nicosia); Protoconsult Ltd (Nicosia); Transcoal Trading Ltd (Nicosia), y Veft Management Ltd (Nicosia) (representante: R. Nowinski, Barrister)

Demandadas: Comisión Europea y Banco Central Europeo

Pretensiones

Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Condene a la Unión Europea a reparar el perjuicio sufrido por las demandantes como consecuencia de la adopción y la aplicación del Memorándum de Acuerdo sobre Condiciones Específicas de Política Económica, en la cuantía solicitada en la demanda o en aquélla que determine discrecionalmente el Tribunal General.

— Condene a la Unión Europea a pagar las costas causadas por la interposición del presente recurso.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las demandantes invocan tres motivos.

1. Primer motivo, basado en la infracción del artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 21, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, habida cuenta de que la Comisión y el BCE actuaron de ilegalmente al tratar de modo discriminatorio a Chipre y, en consecuencia, discriminaron de modo directo a los depositantes de los bancos chipriotas.

2. Segundo motivo, basado en que la Comisión y el BCE actuaron ilegalmente, puesto que vulneraron el derecho fundamental de los depositantes a la protección de la propiedad garantizado en la Carta de los Derechos Fundamentales.
—

Sobre este particular, la demandante alega que la Comisión incurrió en el error de no comprobar si es aplicable la excepción prevista en la norma para la protección del proceso de toma de decisiones, ni los requisitos restrictivos que rigen la misma, y ello aunque dicha disposición regule expresamente el presente asunto, que consiste en la solicitud de la divulgación de documentos tras la conclusión de un procedimiento. Además, la Comisión no motivó dicho proceder.
1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento de los requisitos del artículo 107 TFUE La demandante alega que el sistema de recargo EEG y el régimen particular de compensación no tienen calidad de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Para el caso de que debiera afirmarse la clasificación del régimen especial de compensación de la EEG 2012 como ayuda en este sentido, esto se justificaría por el artículo 107 TFUE, apartado 3, letras b) y c) (fomento de un proyecto importante de interés europeo común o de desarrollo de determinadas ramas o ámbitos económicos sin modificar condiciones comerciales en contra del interés común), de modo que no sería contrario a lo dispuesto en materia de ayudas de Estado.
1.

Primer motivo, basado en errores de Derecho y de apreciación. — En la primera parte del primer motivo, las demandantes alegan que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al concluir que la financiación de infraestructuras terrestres no implicaba ayuda estatal dado que las medidas controvertidas ni podían falsear la competencia ni afectaban al comercio entre Estados miembros. — En la segunda parte, las demandantes sostienen que la Comisión incurrió en un error de Derecho respecto al carácter incondicional de las garantías de Estado y al derecho legalmente exigible del Consorcio a obtener financiación garantizada por el Estado así como respecto a la apreciación de la Comisión sobre el número de garantías de Estado. — En las partes tercera y cuarta, las demandantes afirman que la Comisión incurrió en un error de Derecho al concluir que las medidas de garantía suecas constituyen un régimen de ayudas y medidas de ayuda existentes. — En la quinta parte, las demandantes señalan que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al concluir que las garantías estatales se limitan a la financiación del enlace fijo. — En la sexta parte del primer motivo, las demandantes invocan la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), ya que la Comisión no tenía suficientes motivos para considerar que las medidas de ayuda controvertidas fueran compatibles con el mercado interior. — En la sexta parte, las demandantes añaden que la Comisión incurrió en un error de Derecho al no valorar el efecto acumulativo de las diferentes medidas de ayuda concedidas directa o indirectamente al Consorcio. — En la séptima parte del primer motivo, las demandantes hacen referencia a la aplicación incorrecta del principio de la confianza legítima.
5.

Sobre la pretensión de compensación de los daños producidos por el acoso psicológico, se destaca el hecho que el Tribunal de la Función Pública, por una parte, revoca sus solicitudes al comité de investigación y, por otra, observa que no recae sobre el BEI ninguna obligación de ejecución, ya que no existe ninguna sentencia de condena y porque la decisión del comité no es preceptiva, no es vinculante y ni siquiera constituye un presupuesto procesal.
1.

Primer motivo, basado en que la Comisión vulneró el derecho de la demandante a ser oída, en particular al no haber adoptado un nuevo pliego de cargos. La demandante alega que: — La Comisión no presentó las pruebas de una forma que permitiera a la demandante conocer qué conducta se le reprochaba y, en consecuencia, defenderse adecuadamente. — La Comisión vulneró los derechos procesales de Infineon al presentar elementos de prueba decisivos en una fase muy avanzada del procedimiento, lo que tuvo como consecuencia que Infineon no pudiera responder de forma exhaustiva al pliego de cargos y se viera privada de la posibilidad de refutar las pruebas aportadas en su contra en una vista oral. — Algunos de los documentos en los que la Comisión basó su Decisión no han sido comunicados a Infineon, por lo que no pueden utilizarse en su contra.
3.

Tercer motivo, basado, si el Tribunal considera que la Comisión actuó dentro de los límites de las competencias que le confieren los Tratados, en la violación por la Comisión del principio de buena administración y del derecho de defensa de Rumanía — La Comisión incumplió su deber de diligencia y de buena administración al no examinar atentamente toda la información pertinente que obraba en su poder ni solicitar otra información necesaria antes de adoptar la decisión impugnada. La Comisión no ha demostrado una relación directa de causalidad entre los hechos reprochados a Rumanía y la pérdida de recursos propios de la Unión Europea. La Comisión tampoco ha acreditado la relación entre el importe reclamado a Rumanía y el importe de los derechos aduaneros que corresponden por el valor del tránsito en cuestión, basándose suficientemente en el valor condonado por la República Federal de Alemania. — Las actuaciones de la Comisión carecieron de previsibilidad y no permitieron a Rumanía ejercitar su derecho de defensa.