SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 17 de noviembre de 1998

Asunto T-131/97

Carmen Gómez de Enterria y Sánchez

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Cese en el puesto de trabajo — Artículo 50 del Estatuto»

Texto completo en lengua francesa II-1855

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una solicitud de anulación de la decisión adoptada por el Parlamento Europeo en su reunión de 15 y 16 de julio de 1996, sobre la base del artículo 50 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, por la que se cesa a la demandante en su puesto de trabajo y se desestiman sus candidaturas a otros dos puestos del mismo grado.

Resultado:

Inadmisibilidad parcial. Desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

La demandante, antigua Directora General del Parlamento Europeo, fue cesada en su puesto de trabajo, con arreglo al artículo 50 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), con efectos de 31 de marzo de 1995. Mediante sentencia de 14 de mayo de 1996, Gómez de Enterría y Sánchez/Parlamento (T-82/95, RecFP p. II-599), el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión por la que se cesaba en su puesto de trabajo a la interesada, por considerar que ésta no tuvo la posibilidad de hacer valer adecuadamente sus intereses.

Tras dicha sentencia, la Mesa del Parlamento, como Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), decidió reanudar el procedimiento de modo que se diese a la demandante la posibilidad de hacer valer adecuadamente sus intereses. El 25 de junio de 1996, la demandante tuvo una entrevista con el Secretario General del Parlamento sobre los motivos que habían inducido a la Mesa a considerar la opción de una medida de cese en el puesto de trabajo de la demandante y sobre el examen de las posibilidades de destinar a ésta a otro puesto de trabajo que correspondiese a su grado.

En su reunión de 15 y 16 de junio de 1996, la Mesa examinó la cuestión de la aplicación del artículo 50 del Estatuto a la demandante. Decidió confirmar su decisión anterior y no acoger la solicitud de la demandante de ser nombrada para ocupar un puesto de trabajo vacante de Consejero Especial (grado A 1). La demandante fue informada de dicha decisión mediante escrito del Presidente del Parlamento de 9 de octubre de 1996.

Sobre el fondo

Sobre el primer motivo, basado en una infracción del párrafo primero del artículo 176 del Tratado

El artículo 176 del Tratado prevé un reparto de competencias entre la autoridad judicial y la autoridad administrativa, según el cual corresponde a la Institución de la que emane el acto anulado determinar cuáles son las medidas necesarias para ejecutar una sentencia de anulación. Para atenerse a la sentencia y ejecutarla plenamente, la Institución debe respetar no sólo el fallo de la misma, sino también los fundamentos de Derecho que llevaron a dicho fallo y que constituyen su base necesaria. Aun cuando la reintegración de un funcionario no puede ser excluida a priori de entre las medidas destinadas a ejecutar plenamente una sentencia por la que se anula una decisión de cese en el puesto de trabajo, tal solución sería excesiva cuando la anulación de dicha decisión viene a sancionar una violación de su derecho a hacer valer sus intereses y cuando la adopción de una nueva decisión, adoptada en aplicación de la sentencia de anulación, tiene lugar al concluir un procedimiento incoado precisamente para remediarlo. La solución consistente en regularizar con carácter retroactivo la situación administrativa y económica de la demandante permite conciliar los intereses de ésta con los del servicio y corresponde a las exigencias de buena administración (apartado 38).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 8 de octubre de 1992, Meskens/Parlamento(T-84/91, Rec. p. II-2335), apartado 73; Tribunal de Primera Instancia, 2 de febrero de 1995, Frederiksen/Parlamento(T-106/92, RecFP p. II-99), apartado 31

No puede considerarse que la decisión impugnada es ilegal por el mero hecho de que se refiera explícitamente a la decisión anulada. En efecto, la decisión impugnada no se limita a reproducir la anterior decisión de cese en el puesto de trabajo, ya que tanto su fallo como el procedimiento que llevó a su adopción son diferentes.

De ello se desprende que el primer motivo debe desestimarse (apartado 40).

Sobre el segundo motivo, basado en una violación de los derechos de defensa

Consta entre las partes que el escrito de la demandante de 4 de julio de 1996 se puso en conocimiento de los miembros de la Mesa en su reunión de 15 y 16 de julio de 1996. En tales circunstancias, correspondía a la demandante presentar la prueba de que sus observaciones de 4 de julio de 1996 no habían sido tenidas en cuenta por la Mesa. Pues bien, la demandante no aportó la menor prueba de que, en el presente asunto, los miembros de la Mesa no conocían el contenido y el alcance de sus observaciones y de que, por consiguiente, sus derechos de defensa habían sido violados (apartados 43 y 44).

De ello se sigue que el segundo motivo debe desestimarse (apartado 45).

Sobre el tercer motivo, basado en una falta de motivación

La motivación de la decisión impugnada permite identificar fácilmente el objetivo de la medida de cese en el puesto de trabajo aplicada a la demandante.

Por consiguiente, la motivación de la decisión impugnada es suficiente y el tercer motivo debe desestimarse (apartado 51).

Sobre el cuarto motivo, basado en un desconocimiento del interés del servicio

En materia de cese en el puesto de trabajo en interés del servicio, previsto para los funcionarios de los grados Al y A 2, la AFPN goza de una amplia facultad discrecional. El Estatuto no limita las razones que pueden justificar un cese en el puesto de trabajo en virtud del artículo 50, y éstas pueden consistir tanto en exigencias objetivas del servicio como en la apreciación de las cualidades individuales de los funcionarios a la luz de dichas exigencias. Esa amplia facultad discrecional supone simultáneamente una gran libertad de decisión y el examen minucioso de los elementos de la causa, siendo este segundo factor la garantía necesaria del uso de dicha facultad con pleno conocimiento de causa. Este examen implica también que el funcionario con respecto al cual se prevé la adopción de una medida de cese en el puesto de trabajo pueda tener la posibilidad de hacer valer sus intereses. Lo mismo puede decirse del caso en que se prevea adoptar una decisión de no destinar al funcionario a otro puesto de trabajo de su grado, en el sentido del párrafo tercero del artículo 50 del Estatuto.

Referencia: Tribunal de Justicia, 6 de mayo de 1969, Reinarz/Comisión ( 17/68, Rec. p. 61), apartados 15 y 16; Tribunal de Justicia, 30 de junio de 1971, Almini/Comisión (19/70, Rec. p. 623); Tribunal de Justicia, 11 de mayo de 1978, Oslizlok/Comisión (34/77, Rec. p. 1099), apartado 30; Tribunal de Justicia, 28 de septiembre de 1983, Angelini/Comisión(131/82, Rec. p. 2801), apartado 11; Tribunal de Justicia, 28 de septiembre de 1983, Renaud/Comisión (148/82, Rec. p. 2823), apartado 10

En el caso de autos, el Parlamento realizó efectivamente un examen minucioso de los diferentes intereses en cuestión (apartados 56 y 57).

Sobre el quinto motivo, basado en una desviación de poder

Del examen del cuarto motivo resulta que la demandante no ha demostrado que la decisión impugnada se adoptase con desconocimiento del interés del servicio. Pues bien, es jurisprudencia reiterada que, cuando una decisión no ha sido juzgada contraria al interés del servicio, debe excluirse la desviación de poder (apartado 62).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1992, Eppe/Comisión (asuntos acumuladosT-59/91 y T-79/91, Rec. p. II-2061), apartado 57

Sobre el sexto motivo, basado en la inobservancia de un plazo razonable

Si bien la decisión impugnada se comunicó con un retraso lamentable, es importante recordar que un retraso en la comunicación de una decisión individual al interesado no puede dar lugar a la anulación de ésta, ya que la comunicación es un acto posterior a la decisión y, por tanto, no ejerce ninguna influencia sobre el contenido de la misma. De cualquier modo, ese retraso en la comunicación de la decisión impugnada no vulneró los derechos de la demandante, que pudo formular válidamente una reclamación y luego el presente recurso de anulación.

Referencia: Tribunal de Justicia, 29 de octubre de 1981, Arning/Comisión (125/80, Rec. p. 2539), apartado 9; Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1984, Picciolo/Parlamento(lll/83, Rec. p. 2323), apartado 25

De las consideraciones expuestas resulta que la decisión controvertida no es ilegal por el retraso del Parlamento en comunicarla a la demandante y que, por consiguiente, el sexto motivo debe desestimarse (apartado 70).

De ello se deduce que el recurso debe desestimarse en su totalidad (apartado 71).

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto la anulación del pasaje de la parte dispositiva de la decisión adoptada por el Parlamento Europeo en su reunión de 15 y 16 de julio de 1996 que confirma que la candidatura de la demandante al puesto de Director General de la Dirección General Servicios Parlamentarios no fue seleccionada.

Se desestima el recurso en todo lo demás.