La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que conlleva la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el Derecho primario de la Unión, no puede considerarse un elemento de Derecho nuevo en el sentido del artículo 42, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, y no puede por tanto justificar la presentación de motivos nuevos en el curso del proceso. En efecto, incluso antes de la entrada en vigor de dicho Tratado, el Tribunal de Justicia ya había declarado en varias ocasiones que el derecho a un proceso equitativo, tal como se desprende, señaladamente, del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, constituye un derecho fundamental que la Unión Europea respeta como principio general en virtud del artículo 6 UE, apartado 2.

Por lo que respecta en particular a la inobservancia por el Tribunal General de un plazo de enjuiciamiento razonable, la parte demandante que considere que tal inobservancia perjudica a sus intereses no está obligada a invocar inmediatamente ese perjuicio. Puede esperar, en su caso, a la conclusión del procedimiento para conocer la duración total de éste y disponer así de todos los elementos necesarios para identificar el perjuicio que considera haber sufrido. Por consiguiente, un motivo basado en tal irregularidad es admisible aunque la demandante lo invoque por primera vez en el marco del recurso de casación.

En relación con la admisibilidad de un motivo basado en una irregularidad de procedimiento cometida por el Tribunal General que se presenta por primera vez en el marco del recurso de casación, procede señalar que si bien una parte debe poder alegar la existencia de un vicio de procedimiento cuando considere que se ha probado la infracción de las normas aplicables, no puede estar obligada a hacerlo en un momento en que no se conozcan aún los plenos efectos de dicha infracción.

El incumplimiento por un órgano jurisdiccional de la Unión de su obligación derivada del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de juzgar los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable debe ser sancionado por la vía de un recurso de indemnización interpuesto ante el Tribunal General, por constituir tal recurso de indemnización un remedio efectivo.

De ello se desprende que una pretensión de reparación del daño ocasionado por la inobservancia, por parte del Tribunal General, de un plazo de enjuiciamiento razonable no puede formularse directamente ante el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, sino que debe plantearse ante el propio Tribunal General.

Por otra parte, de no existir indicio alguno de que la excesiva duración del procedimiento ante el Tribunal General influyese en la solución del litigio, la inobservancia de un plazo de enjuiciamiento razonable no puede conducir a la anulación de la sentencia recurrida. Además, dada la necesidad de hacer que se respeten las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, el Tribunal de Justicia no puede permitir que, por la mera inobservancia de un plazo de enjuiciamiento razonable, la parte recurrente cuestione la procedencia o el importe de una multa, pese a haber sido desestimados todos los motivos invocados contra las conclusiones del Tribunal General a propósito del importe de esa multa y de las conductas que sanciona.

(véanse los apartados 80, 81, 84, 89 y 90)