1.

La cuestión prejudicial que se somete al conocimiento del Tribunal de Justicia se refiere a la interpretación de la primera frase del párrafo segundo del artículo 40 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186) (en lo sucesivo, «Convenio»). Recordemos los hechos y el procedimiento. La sociedad neerlandesa P. obtuvo el 20 de enero de 1982 del Arrondissementsrechtbank Rotterdam una resolución judicial que condena en rebeldía a la empresa K., con domicilio social en Djedda (Arabia Saudi), a pagarle la cantidad de 678.095 ríales o el contravalor de esta cantidad en dólares estadounidenses, más los intereses legales. Se acordó la ejecución de dicha resolución judicial bajo la reserva, de que caso de interponerse recurso, la sociedad P., deberá constituir una fianza o aportar una garantía suficiente. Para proceder a la ejecución de la referida resolución judicial en la República Federal de Alemania, donde al parecer la sociedad K. era titular de un depósito bancario, la sociedad P. solicitó al Landgericht Frankfurt am Main que otorgase la ejecución de la resolución judicial neerlandesa (artículos 31 y 32 del Convenio). Mediante resolución de 10 de enero de 1983, el Presidente de la Sala Tercera de lo Civil del órgano jurisdiccional alemán, resolviendo sin que la empresa K. hubiera sido citada a comparecer ( 1 ) denegó la ejecución por no haber sido aportados los documentos requeridos por el número 2 del artículo 46 y por el número 1 del artículo 47 del Convenio. Se trata del: «original o una copia certificada conforme del documento acreditativo de que se entregó la cédula de emplazamiento o un documento equivalente a la parte en rebeldía», ( 2 ) y de la «documentación acreditativa de que, según la ley del Estado de origen, la resolución tendrá carácter de ejecutoria y ha sido notificada». ( 3 ) Esta resolución judicial destaca por añadidura que el Presidente señaló a la sociedad P. un plazo para presentar los documentos antes citados, ( 4 ) y que ésta sólo aportó documentos considerados insuficientemente probatorios por el Juez que conoció del asunto. La sociedad P. interpuso entonces un recurso, en el supuesto de autos una «Beschwerde», ante el Oberlandesgericht Frankfurt am Main, con arreglo al párrafo primero del artículo 40 del Convenio. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 40 reza así: «La parte contra la que se solicite la ejecución será llamada a comparecer ante el Tribunal que conozca del recurso [...]» El Oberlandesgericht pregunta al Tribunal de Justicia si esta disposición debe ser aplicada «incluso» en las circunstancias del supuesto de autos. Dicha disposición lleva a pensar que no es este el caso por dos tipos de razones que constituyen los dos elementos de la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia: 1) La solicitud de que se otorgue a la ejecución fue desestimada por el único motivo que la sociedad P. no presentó los documentos a su debido tiempo. 2) El sistema previsto por el párrafo segundo del artículo 40 es inadecuado en el caso de que la ejecución deba tener lugar en un Estado que no es el del domicilio de la parte contra la cual se pide, puesto que, en tal supuesto generalmente dicha parte puede identificar el bien amenazado por la ejecución y, por lo tanto, disponer de él antes de que tenga lugar cualquier embargo.