101.

A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera al Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunal de los Distritos Urbanos del Centro de Pest, Hungría): «1) Cuando existan normas de Derecho nacional relativas a la interposición de un recurso extraordinario destinado a la unificación de dicho Derecho contra una resolución por la que se acuerda una remisión prejudicial, el artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de tales normas que permitan al órgano jurisdiccional de rango superior que conozca del recurso declarar la ilegalidad de dicha resolución, sin afectar a los efectos jurídicos de la referida resolución en cuanto a la suspensión del procedimiento principal y la continuación del procedimiento prejudicial, basándose en que las cuestiones prejudiciales planteadas no son necesarias para la resolución del litigio y tienen por objeto que se declare la incompatibilidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión. La primacía del Derecho de la Unión obliga al juez nacional remitente a inaplicar estas normas y las resoluciones judiciales que las hacen efectivas. 2) Los artículos 2, 3 y 5 de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, deben interpretarse en el sentido de que obligan a los Estados miembros a garantizar al sospechoso o acusado que no hable o comprenda la lengua del procedimiento penal la posibilidad de presentar una reclamación porque la calidad de la interpretación no es suficiente, ya que no le permite tomar conocimiento de los cargos que se le imputan y estar en condiciones de ejercer el derecho a la defensa. El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2010/64 no obliga a los Estados miembros a establecer un registro de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados. 3) Las disposiciones combinadas de las Directivas 2010/64, 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, y (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, deben interpretarse en el sentido de que, en unas circunstancias como las que concurren en el litigio principal, no se oponen a la posibilidad de juzgar en rebeldía a un acusado que no hable ni comprenda la lengua del procedimiento penal y respecto del cual no pueda determinarse si se le ha informado durante la investigación del objeto de la imputación o acusación formulada en su contra debido a una falta de interpretación adecuada, siempre y cuando el abogado que defienda a dicho acusado tenga la posibilidad de impugnar la regularidad de un acto y, en su caso, del procedimiento en su conjunto debido a la violación de este derecho a la información. El artículo 6 de la Directiva 2012/13, entendido a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se comunique información detallada sobre la acusación a la defensa del acusado juzgado en su ausencia antes de que el juez empiece a examinar la acusación sobre el fondo y de que comiencen los debates ante dicho juez, a condición de que el juez adopte todas las medidas necesarias para garantizar el respeto del derecho de defensa y la equidad del proceso.»