SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

3 de junio de 1997

Asunto T-196/95

H

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Jubilación de oficio — Constitución y actividades de la Comisión de invalidez — Artículo 53 y apartado 2 del artículo 59 del Estatuto — Notificación de la decisión»

Texto completo en lengua francesa II-403

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una pretensión de anulación del dictamen de la Comisión de invalidez de 13 de septiembre de 1994, de la decisión de la Comisión de 27 de septiembre de 1994 por la que se jubiló de oficio a la demandante, así como de la decisión de la Comisión de 27 de junio de 1995 por la que se denegó la reclamación presentada por la demandante contra esta decisión.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

Mediante decisión del médico-asesor de la Comisión de 17 de marzo de 1993, se obligó a la demandante, antigua funcionaria de grado B 3 de la Comisión, a aceptar una licencia de oficio por enfermedad, con arreglo al apartado 2 del artículo 59 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto).

El 15 de junio de 1993, la demandante presentó una reclamación contra dicha decisión.

Mediante escrito de 17 de junio de 1993, enviado por correo ordinario a la dirección en Bruselas de la demandante, la Comisión informó a ésta de su decisión de someter el asunto a la Comisión de invalidez, en los términos del apartado 3 del artículo 59 del Estatuto, y le pidió que designara a un médico de su elección para representarla en el seno de dicha Comisión de invalidez. Mediante escrito de 15 de julio de 1993, enviado asimismo por correo ordinario, se reiteró esta petición.

Al no haber designado la demandante a un médico de su elección, la Comisión, mediante escrito de 17 de diciembre de 1993, pidió al Presidente del Tribunal de Justicia que nombrara a un médico de oficio, con arreglo al párrafo segundo del artículo 7 del Anexo II del Estatuto.

Mediante escrito presentado el 14 de enero de 1994 en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, la demandante solicitó la anulación de la decisión de 17 de marzo de 1993 (asunto T-8/94). El 29 de marzo de 1994, la Comisión solicitó la suspensión del procedimiento en el asunto T-8/94, debido a que la Comisión de invalidez aún no había emitido el dictamen previsto en el apartado 3 del artículo 59 del Estatuto. Mediante auto de 2 de junio de 1994, el Tribunal de Primera Instancia suspendió el procedimiento en el asunto T-8/94 hasta que la Comisión de invalidez emitiera su dictamen.

Mediante escrito de 20 de junio de 1994, el Presidente del Tribunal de Justicia designó de oficio a un médico encargado de representar a la demandante en el seno de la Comisión de invalidez. Mediante escrito del mismo día, enviado por correo ordinario, el médico designado por la Comisión informó a la demandante de la constitución y composición de la Comisión de invalidez.

El 13 de septiembre de 1994, la Comisión de invalidez llegó a la conclusión de que la demandante «[estaba] afectada por una invalidez permanente considerada total, la cual le [hacía] imposible el ejercicio de las funciones correspondientes a un empleo de su carrera, y que, por este motivo, [estaba] obligada a suspender su servicio en la Comisión». Mediante decisión de 27 de septiembre de 1994, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), refiriéndose al dictamen de la Comisión de invalidez, decidió jubilar de oficio a la demandante, con efectos a partir del 1 de octubre de 1994, conforme al artículo 53 del Estatuto (decisión de la AFPN o decisión impugnada). Según la Comisión, funcionarios del servicio de seguridad depositaron ese mismo día en el domicilio particular de la demandante una carta en la que se incluía la decisión impugnada y que contenía un acuse de recibo administrativo. Al no haberse encontrado a la demandante, dicho acuse de recibo no fue firmado por ésta.

Sobre la admisibilidad del recurso

Los plazos para reclamar y para recurrir fijados en los artículos 90 y 91 del Estatuto son de orden público y no pueden tener carácter dispositivo para las partes (apartado 28).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 23 de abril de 1996, Mancini/Comisión(T-113/95, RecFP p. II-543), apartado 20

El recurso se interpuso en el plazo de tres meses a partir del día de la notificación de la decisión por la que se desestimó la reclamación, conforme al apartado 3 del artículo 91 del Estatuto (apartado 29).

Corresponde a la parte que invoca la extemporaneidad de un recurso respecto de los plazos fijados por el Estatuto aportar la prueba de la fecha en la que la decisión impugnada fue notificada (apartado 30).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de junio de 1994, X/Comisíón (T-94/92, RecFP p. II-481), apartado 22

La finalidad de la notificación es permitir al interesado tener oportuno conocimiento de la existencia de la decisión y de los motivos mediante los cuales la administración pretende justificarla. Para que una decisión esté debidamente notificada, a efectos de las disposiciones del Estatuto, es preciso que haya sido comunicada a su destinatario y que éste pueda tener conocimiento de ella (apartado 31)

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de junio de 1976, Jänsch/Comisión(5/76, Rec. p. 1027), apartado 10; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1993, Fiorani/Parlamento(T-50/92, Rec. p. II-555), apartado 16; X/Comisión, antes citada, apartado 24

La expresión «el día en que el interesado tuviera conocimiento de la misma» debe interpretarse en el sentido de que el plazo previsto en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto sólo empieza a correr a partir del día en que el funcionario tuvo conocimiento de la motivación y del contenido de la parte dispositiva de la decisión (apartado 35).

Sobre las pretensiones de anulación de la decisión de 27 de junio de 1995 por la que se denegò la reclamación de la demandante

Toda decisión denegatoria de una reclamación, sea expresa o presunta, no hace, si es pura y simple, sino confirmar el acto o la abstención objeto de reclamación y no constituye, por sí sola, un acto impugnable. Sólo cuando la citada decisión acoja, total o parcialmente, la reclamación del interesado, constituirá, llegado el caso, en sí misma, un acto que puede ser objeto de un recurso. Por consiguiente, un recurso interpuesto contra dicha denegación debe considerarse presentado contra el acto lesivo, a saber, en el presente caso, la decisión de la AFPN (apartado 40).

Referencia: Tribunal de Justicia. 28 de mayo de 1980, Kuhner/Comisión (asuntos acumulados 33/79 y 75/79, Rec. p. 1677), apartado 9; Tribunal de Justicia, 16 de junio de 1988, Progoulis/Comisión(371/87, Rec. p. 3081), apartado 17

Sobre las pretensiones de anulación del dictamen de la Comisión de invalidez

Los actos de trámite, como el dictamen de la Comisión de invalidez emitido en el marco de un procedimiento de jubilación de oficio con arreglo al artículo 53 del Estatuto, no pueden ser objeto de un recurso de anulación. El demandante sólo puede alegar la irregularidad de los actos anteriores que estén estrechamente relacionados con la decisión que se haya adoptado al término de dicho procedimiento mediante un recurso interpuesto contra ésta (apartados 48 y 49).

Referencia: Tribunal de Justicia, 24 de mayo de 1988, Santarelli/Comisión(asuntos acumulados 78/87 y 220/87, Rec. p. 2699), apartado 13; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995. Kotzonis/CES(T-586/93, Rec. p. II-665), apartado 28

Sobre las pretensiones de anulación de la decisión de la AFPN

Respecto al motivo basado en una infracción del apartado 2 del artículo 59 del Estatuto

El examen previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Estatuto, referente a la licencia de oficio de un funcionario no debe necesariamente incluir un reconocimiento médico de carácter físico, sino que, según los casos, puede consistir únicamente en un examen de índole psicológica que consista exclusivamente en entrevistas (apartado 62).

Respecto al motivo basado en determinadas irregularidades en la constitución y las actividades de la Comisión de invalidez

Si bien es cierto que el control jurisdiccional no puede extenderse a las apreciaciones médicas propiamente dichas de la Comisión de invalidez, que deben reputarse definitivas, siempre que se hayan manifestado en condiciones conformes a Derecho, el control jurisdiccional puede ejercerse, no obstante, sobre la regularidad de la constitución y del funcionamiento de la Comisión (apartado 75).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de febrero de 1992, Plug/Comisión (T-165/89, Rec. p. II-367), apartado75

Por lo que se refiere a su constitución, la designación de un médico para representar a un funcionario en el seno de una Comisión de invalidez, designación que debe efectuar el Presidente del Tribunal de Justicia conforme al párrafo segundo del artículo 7 del Anexo II del Estatuto, en el supuesto de que el funcionario interesado no lo hiciera por sí mismo, constituye un acto administrativo, de forma que no debe tener el carácter contradictorio propio de un procedimiento judicial (apartado 80).

Por otra parte, corresponde a la Comisión decidir en qué medida hay que tomar en consideración los informes médicos emitidos anteriormente. El hecho de que la Comisión de invalidez llegara a una conclusión diferente de la formulada por uno u otro de los médicos que examinaron a la demandante anteriormente no basta, por sí solo, para cuestionar la regularidad de sus conclusiones (apartado 86).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 23 de marzo de 1993, Gill/Comisión (T-43/89 RV, Rec. p. II-303), apartado 39

Finalmente, la cuestión de si la Comisión de invalidez pudo pronunciarse sobre el estado de salud de la demandante a la vista únicamente de los documentos aportados por ésta al expediente, siendo así que la propia demandante se había negado a comparecer ante la Comisión, forma parte de la facultad de apreciación conferida en materia médica a los miembros de la Comisión (apartado 87).

Respecto al motivo basado en una infracción del artículo 25 del Estatuto

La obligación de motivación de un dictamen de la Comisión de invalidez debe concillarse con los imperativos del secreto médico que hacen de cada facultativo —salvo en circunstancias excepcionales— un juez a la hora de decidir si comunica a los pacientes que trata o examina la naturaleza de las dolencias que podrían padecer. Dicha conciliación se opera mediante la facultad, del interesado, de solicitar y conseguir que se comuniquen al médico de su elección los motivos de la incapacidad (apartado 95).

Referencia: Tribunal de Justicia, 27 de octubre de 1977, Moli/Comisión(121/76, Rec. p. 1971), apartados 14 y 15; Tribunal de Primera Instancia, 14 de abril de 1994, A/Comisión (T-10/93, Rec. p. II-179), apartado 35

Fallo:

Se declara la inadraisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto la anulación, por un lado, de la decisión de 27 de junio de 1995 por la que se denegó la reclamación de 6 de abril de 1995 y, por otro lado, del dictamen de la Comisión de invalidez de 13 de septiembre de 1994.

Se desestima el recurso en todo lo demás.

Cada parte cargará con sus propias costas.