14.

En el proceso ante el Landgericht Darmstadt, el Sr. Leifer, al que se adhirió el Sr. Hölzer, solicitó y logró que se suspendiera el procedimiento y se planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. El Tribunal remitente afirma que alberga considerables dudas, en particular a la vista de la Propuesta, elaborada por la Comisión, de un Reglamento del Consejo relativo al control de las exportaciones de determinados productos y tecnologías de doble finalidad y de determinados productos y tecnologías nucleares, ( 5 ) sobre si la República Federal de Alemania tiene competencia para establecer un procedimiento de autorización para el comercio con países terceros y para prever sanciones penales al respecto. Por consiguiente, plantea al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones: «1) a) ¿Debe interpretarse el artículo 113 del Tratado CEE en el sentido de que también se incluyen en su ámbito de aplicación determinadas disposiciones nacionales que limitan las exportaciones a países terceros de mercancías que puedan utilizarse tanto con fines militares como civiles (las denominadas mercancías de doble uso) [...]? ( 6 ) b) ¿Tienen, por consiguiente, las Instituciones comunitarias competencia exclusiva para establecer tales restricciones a la exportación, sin perjuicio de la posibilidad de conceder una habilitación en favor de algunos Estados miembros y sin perjuicio de las excepciones previstas por el Tratado CEE? En caso afirmativo: 2) ¿La letra b) del apartado 1 del artículo 223 y el artículo 224 del Tratado CEE, así como el artículo 11 del Reglamento (CEE) no 2603/69 del Consejo, de 20 de diciembre de 1969, por el que se establece un régimen común aplicable a las exportaciones [DO L 324, p. 25; EE 11/01, p. 60; modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) no 3918/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991; DO L 372, p. 31; en lo sucesivo, “Reglamento no 2603/69”], deben interpretarse en el sentido de que, de manera excepcional, permiten a un Estado miembro adoptar disposiciones nacionales como las descritas en la primera cuestión y que restringen la exportación de mercancías de doble uso con destino a países terceros? 3) ¿Deben interpretarse la letra b) del apartado 1 del artículo 223 y el artículo 224 del Tratado CEE, así como el artículo 11 del Reglamento no 2603/69, en el sentido de que permiten a los Estados miembros adoptar disposiciones nacionales: a) que impongan al solicitante, como condición para autorizar la exportación, toda la carga de la prueba de la utilización con fines civiles de las mercancías de doble uso, b) según las cuales, para que la autorización de exportación pueda ser denegada, basta que las mercancías se presten objetivamente a una utilización con fines militares? 4) a) ¿Debe interpretarse el artículo 1 del Reglamento no 2603/69 en el sentido de que la libertad de exportación que en él se regula implica también que la exportación esté libre de cualquier procedimiento de autorización y de cualquier sanción penal nacional en caso de infracción de la normativa nacional en materia de autorización de exportación? b) ¿Producen las sanciones penales de los Estados miembros una restricción a la libertad de exportación prevista en el artículo 1 del Reglamento no 2603/69, restricción para cuya adopción los diferentes Estados miembros no tienen competencia si no han sido habilitados por las Instituciones comunitarias y sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 11 del Reglamento no 2603/69? 5) a) ¿Deben interpretarse la letra b) del apartado 1 del artículo 223 y el artículo 224 del Tratado CEE, así como el artículo 11 del Reglamento no 2603/69, en el sentido de que permiten, excepcionalmente, a los distintos Estados miembros establecer procedimientos de autorización de exportación acompañados de sanciones penales, no con vistas a la protección de su propia seguridad, sino exclusivamente para evitar que la coexistencia pacífica de los pueblos o las relaciones exteriores del Estado miembro afectado resulten gravemente perjudicadas (véanse las disposiciones contenidas en los puntos 2 y 3 del apartado 1 del artículo 7 de la Außenwirtschaftsgesetz)? b) ¿Deben interpretarse la letra b) del apartado 1 del artículo 223 y el artículo 224 del Tratado CEE, así como el artículo 11 del Reglamento no 2603/69, en el sentido de que permiten, excepcionalmente, a los distintos Estados miembros adoptar disposiciones penales que sancionen la exportación no autorizada de mercancías de doble uso y de POCl3, utilizables para fines tanto militares como civiles, tal como prevén el punto 3 del apartado 1 del artículo 34, el apartado 1 del artículo 33 y el apartado 1 del artículo 7 de la AWG, en relación con el punto 1 del apartado 1 del artículo 70, el artículo 5 y el artículo 5a de la AWV, y con la Sección A, con el punto 1710 de la Sección C y con la Sección D de la Parte I de la Lista de exportación, en las versiones de 14 de mayo de 1984 y de 6 de agosto de 1984?, ¿puede, además, considerarse que tales disposiciones penales, que también prevén penas privativas de libertad, son compatibles con el principio de proporcionalidad? c) ¿Deben interpretarse la letra b) del apartado 1 del artículo 223 y el artículo 224 del Tratado CEE, así como el artículo 11 del Reglamento no 2603/69, en el sentido de que permiten a los Estados miembros imponer, en caso de exportación no autorizada de mercancías de doble uso, penas privativas de libertad y multas, debido simplemente a que las mercancías se prestan objetivamente a un uso para fines militares? d) ¿Permite el Derecho comunitario imponer una sanción sólo cuando existe una probabilidad racional, basada en hechos, del uso para fines militares de las mercancías de doble uso y de su conocimiento por parte del exportador? 6) En caso de respuesta negativa a todas las cuestiones o a una parte de ellas: ¿Tienen el artículo 113 del Tratado CEE y/o el artículo 1 del Reglamento no 2603/69 efecto directo en favor de los particulares, de manera que el artículo 113 del Tratado CEE y/o el artículo 1 del Reglamento no 2603/69 generan en favor de cada ciudadano comunitario derechos que los órganos jurisdiccionales están obligados a tutelar?»