Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002. - Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) (C-238/99 P), DSM NV y DSM Kunststoffen BV (C-244/99 P), Montedison SpA (C-245/99 P), Elf Atochem SA (C-247/99 P), Degussa AG (C-250/99 P), Enichem SpA (C-251/99 P), Wacker-Chemie GmbH y Hoechst AG (C-252/99 P) y Imperial Chemical Industries plc (ICI) (C-254/99 P) contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de casación - Competencia - Policloruro de Vinilo (PVC) - Artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) - Anulación de una Decisión de la Comisión - Nueva Decisión - Actos anteriores a la primera Decisión - Fuerza de cosa juzgada - Principio non bis in idem - Prescripción - Plazo razonable - Motivación - Acceso al expediente - Procedimiento justo - Secreto profesional - Autoinculpación - Vida privada - Multas. - Asuntos acumulados C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-08375



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Tribunal de Primera Instancia - Organización - Composición de las Salas - Ausencia o impedimento de un juez - Carácter definitivo o temporal - Irrelevancia

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 15; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 10, ap. 1, y 32, ap. 1)

2. Procedimiento - Fuerza de cosa juzgada - Sentencia de casación del Tribunal de Justicia por la que se resuelve definitivamente el litigio - Alcance

[Tratado CE, art. 176 (actualmente art. 233 CE); Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 54, párr. 1]

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción adoptada tras la anulación de una primera decisión por vicio de procedimiento - Principio non bis in idem - Violación - Inexistencia

4. Recurso de anulación - Sentencia anulatoria - Alcance - Consideración tanto de los fundamentos como del fallo de la sentencia - Adopción de un nuevo acto basado en los actos preparatorios anteriores válidos - Procedencia

5. Derecho comunitario - Principios - Derecho de defensa - Ámbito de aplicación - Competencia - Procedimiento administrativo - Alcance del principio tras la anulación de una primera decisión de la Comisión - Audiencia de las empresas - Consulta al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes - Consejero auditor

[Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 10, ap. 3, y 19, ap. 1; Reglamento (CEE) nº 99/63 de la Comisión, arts. 1 y 4]

6. Recurso de anulación - Sentencia anulatoria - Efectos - Anulación de una decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia - Efectos frente a los destinatarios que no han interpuesto un recurso - Inexistencia

[Tratado CE, arts. 85 y 189 (actualmente art. 81 CE y 249 CE) y art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación]

7. Competencia - Procedimiento administrativo - Prescripción en materia de actuaciones - Suspensión - Decisión de la Comisión objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia - Alcance

[Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, arts. 2 y 3]

8. Derecho comunitario - Principios - Observancia de un plazo razonable - Ámbito de aplicación - Competencia - Procedimiento administrativo - Procedimiento judicial - Criterios de apreciación

(Reglamento nº 17 del Consejo)

9. Recurso de casación - Motivos - Incumplimiento de la obligación de respetar un plazo razonable en los procedimientos administrativos en materia de competencia - Apreciación comprendida en las competencias del Tribunal de Primera Instancia - Apreciación que debe efectuarse in concreto - Control del Tribunal de Justicia - Límites

(Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1)

10. Competencia - Procedimiento administrativo - Facultades de inspección de la Comisión - Visitas de inspección efectuadas con un mandato - Cooperación voluntaria de la empresa - Consecuencias en cuanto a la posibilidad de invocar una injerencia excesiva de la autoridad pública

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 14, ap. 2)

11. Derecho comunitario - Principios - Derecho de defensa - Respeto en el marco de los procedimientos administrativos - Competencia - Decisión de solicitud de información dirigida a una empresa - Violación del derecho a no contribuir a la propia inculpación - Apreciación que el Tribunal de Primera Instancia debe efectuar in concreto - Control del Tribunal de Justicia - Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11, aps. 2 y 5)

12. Competencia - Procedimiento administrativo - Facultades de inspección de la Comisión - Utilización de información obtenida durante una visita de inspección efectuada en el marco de otro procedimiento - Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 14, aps. 2 y 3, y 20, ap. 1)

13. Competencia - Procedimiento administrativo - Acceso al expediente - Objeto - Respeto del derecho de defensa - Incumplimiento - Consecuencias

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento (CEE) nº 99/63 de la Comisión, arts. 3 y 7 a 9]

14. Recurso de casación - Motivos - Violación del derecho de defensa derivada de la denegación a una empresa del acceso a documentos en un procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre la competencia - Motivo que supone una apreciación de los hechos que corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia y que, salvo en caso de desnaturalización, escapa al control del Tribunal de Justicia

(Art. 225 CE, Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

15. Procedimiento - Diligencias de ordenación del procedimiento - Fase oral del procedimiento - Petición de presentación colectiva de los motivos comunes - Procedencia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 64, ap. 2)

16. Procedimiento - Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso - Motivo basado en elementos que han aparecido durante el procedimiento - Elementos aparecidos a raíz de una diligencia de ordenación del procedimiento por la que se acuerda el acceso al expediente de la Comisión - Procedencia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 48, ap. 2, párr. 1)

17. Procedimiento - Escrito de réplica - Exigencias formales - Exposición sumaria de los motivos invocados - Remisión a una argumentación formulada en la fase oral en relación con motivos contenidos en la demanda - Admisibilidad

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 1, letra c), y 48, ap. 2]

18. Recurso de casación - Motivos - Motivo basado en la falta de respuesta del Tribunal de Primera Instancia a un motivo - Forma de presentación

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, párr. 1, letra c)]

19. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia - Decisión por la que se imponen sanciones adoptada tras la anulación de una Decisión anterior con el mismo objeto

[Tratado CE, arts. 85, ap. 1, y 190 (actualmente arts. 81 CE, ap. 1, y 235 CE) y art. 89 (actualmente art. 85 CE, tras su modificación)]

20. Competencia - Multas - Decisión por la que se imponen multas - Obligación de motivación - Alcance - Indicación de los elementos de apreciación que permitieron a la Comisión determinar la gravedad y la duración de la infracción

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, párr. 2]

21. Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio para la competencia - Criterios de apreciación - Objeto contrario a la competencia - Comprobación suficiente

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

22. Recurso de casación - Competencia del Tribunal de Justicia - Revisión, por razones de equidad, de la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia sobre el importe de multas impuestas a empresas que han infringido las normas sobre la competencia del Tratado - Exclusión - Revisión de esta apreciación por motivos basados en la violación del principio de no discriminación - Procedencia

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

23. Recurso de anulación - Competencia del juez comunitario - Litigio relativo a las sanciones impuestas a empresas que han infringido las normas sobre la competencia del Tratado - Competencia jurisdiccional plena - Sentencia anulatoria sin el ejercicio de dicha competencia - Efecto

[Tratado CE, art. 172 (actualmente art. 229 CE); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17]

Índice

1. Para la aplicación de las normas contempladas en los artículos 15 del Estatuto del Tribunal de Justicia, 10, apartado 1, y 32, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, relativos a la composición de las Salas del Tribunal de Primera Instancia, el carácter definitivo o temporal del impedimento de un juez no es determinante. Si una ausencia o un impedimento temporales justifican la modificación de la composición para que el número de miembros siga siendo impar, lo mismo ocurre, a fortiori, en el caso de un impedimento definitivo derivado, por ejemplo, de la expiración del mandato de un miembro.

( véanse los apartados 35 a 38 )

2. Cuando resuelve definitivamente el litigio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 del Estatuto del Tribunal de Justicia, estimando uno o varios de los motivos formulados por la parte demandante, el Tribunal de Justicia no zanja ipso iure todos los extremos de hecho y de Derecho invocados por ésta.

La fuerza de cosa juzgada de una resolución judicial, que delimita por sí misma las obligaciones que, en virtud del artículo 176 del Tratado (actualmente artículo 233 CE), incumben a la institución cuyo acto sea anulado, sólo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjados por aquélla.

( véanse los apartados 44, 47 y 48 )

3. El principio non bis in idem, principio fundamental del Derecho comunitario, recogido además en el artículo 4, apartado 1, del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, prohíbe, en materia de competencia, que se condene o se inicie un procedimiento sancionador de nuevo contra una empresa por un comportamiento contrario a la competencia a causa del cual ya ha sido sancionada o del que se la ha declarado no responsable por una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso.

La aplicación de este principio supone, por tanto, que ha habido un pronunciamiento sobre la existencia de la infracción o que la apreciación de ésta ha sido objeto de un control de legalidad.

Así pues, el principio non bis in idem sólo prohíbe una nueva apreciación sobre el fondo de la existencia de la infracción, que tendría por consecuencia la imposición de una segunda sanción, añadida a la primera, en el supuesto de que se estimara de nuevo la existencia de responsabilidad, o bien de una primera sanción, en el supuesto de que una segunda decisión declarase dicha responsabilidad, después de que la primera la hubiera excluido.

En cambio, no se opone en sí mismo a que se reinicie un procedimiento que tenga por objeto el mismo comportamiento contrario a la competencia, cuando una primera decisión ha sido anulada por motivos de forma sin que haya habido un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos imputados, de manera que la decisión de anulación no tiene el valor de una «absolución» en el sentido que se atribuye a dicho término en el ámbito punitivo. En semejante caso, las sanciones impuestas por la nueva decisión no se añaden a las impuestas por la decisión anulada, sino que las sustituyen.

( véanse los apartados 59 a 62 )

4. La anulación de un acto comunitario no afecta necesariamente a los actos preparatorios que lo han precedido, de modo que el procedimiento destinado a sustituir el acto anulado puede en principio reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad sancionada.

( véase el apartado 73 )

5. El respeto de los derechos de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular a multas o a multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario que debe ser observado aun cuando se trate de un procedimiento de carácter administrativo.

Los artículos 19, apartado 1, del Reglamento nº 17 y 4 del Reglamento nº 99/63, que aplican este principio, obligan a la Comisión a formular, en su Decisión final, únicamente los cargos respecto a los cuales las empresas y asociaciones de empresas interesadas hayan tenido ocasión de dar a conocer su punto de vista.

Por tanto, el respeto del derecho de defensa exige que se dé a cada empresa o asociación de empresas interesada la posibilidad de ser oída sobre los cargos que la Comisión se proponga formular contra cada una de ellas en la decisión final por la que se declare la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia.

Cuando la Comisión, tras la anulación de una decisión que sanciona a empresas que han infringido el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) por un vicio de procedimiento relativo exclusivamente a los mecanismos de su adopción definitiva por el Colegio de Comisarios, adopta una nueva decisión, de un contenido sustancialmente idéntico y basada en las mismas imputaciones, no está obligada a conceder una nueva audiencia a las empresas afectadas, de modo que tampoco está obligada a efectuar una nueva consulta al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes ni a hacer que intervenga de nuevo el consejero auditor.

( véanse los apartados 85 a 87, 114, 118, 122 y 126 )

6. Una decisión adoptada en materia de competencia respecto a varias empresas, aunque esté redactada y publicada como una sola decisión, debe considerarse como un haz de decisiones individuales que, en relación con cada una de las empresas destinatarias, aprecia la existencia de la o las infracciones que se le imputan y le imponen, en su caso, una multa. Sólo puede anularse por lo que respecta a las destinatarias cuyos recursos han sido estimados por el juez comunitario y sigue obligando a las destinatarias que no han interpuesto recursos de anulación.

( véanse los apartados 99 y 100 )

7. El artículo 3 del Reglamento nº 2988/74 relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia protege a la Comisión contra el efecto de la prescripción en las situaciones en las que ha de esperar la resolución de un órgano jurisdiccional comunitario, en el marco de procedimientos cuyo desarrollo escapa a su control, antes de saber si el acto impugnado adolece o no de ilegalidad. El artículo 3, por tanto, atañe a los supuestos en los que la inacción de la institución no es consecuencia de una falta de diligencia.

Pues bien, tales supuestos se producen tanto en caso de recurso contra los actos que interrumpen la prescripción enumerados en el artículo 2 del Reglamento nº 2988/74 que pueden ser impugnados, como en caso de recurso contra una decisión que impone una multa o una sanción.

En estas circunstancias, tanto el tenor del artículo 3 como su objetivo comprenden a la vez los recursos interpuestos contra los actos contemplados en el artículo 2 que son impugnables y los recursos dirigidos contra la decisión final de la Comisión.

Por consiguiente, un recurso dirigido contra la decisión final que impone sanciones suspende la prescripción en materia de actuaciones hasta que el órgano jurisdiccional comunitario se pronuncie definitivamente sobre dicho recurso.

( véanse los apartados 144 a 147 )

8. El respeto del principio general del plazo razonable se impone, en materia de competencia, tanto a los procedimientos administrativos instados con arreglo al Reglamento nº 17 y que puedan desembocar en sanciones previstas por éste, como al procedimiento jurisdiccional en caso de recurso contra la decisión de la Comisión. Para examinar si se ha producido dicho respeto en la fase del procedimiento administrativo cabe distinguir dos períodos sucesivos, el primero, que se extiende, por un lado, desde las medidas de la Comisión que implican la imputación de una infracción y conllevan repercusiones importantes sobre la situación de las empresas sospechosas, hasta, por otro lado, el segundo, que alcanza desde el pliego de cargos hasta la adopción de la decisión definitiva.

El carácter razonable del plazo debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la transcendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto, del comportamiento del demandante y del de las autoridades competentes.

No obstante, la lista de estos criterios no es exhaustiva y la apreciación del carácter razonable del plazo no exige un examen sistemático de las circunstancias del asunto en función de cada uno de ellos cuando la duración del procedimiento se revela justificada en función de uno solo. La función de estos criterios es determinar si el plazo de tramitación de un asunto está o no justificado. Así, la complejidad del asunto o un comportamiento dilatorio del recurrente pueden tenerse en cuenta para justificar un plazo a primera vista demasiado largo. A la inversa, puede considerarse que un plazo sobrepasa los límites del plazo razonable también en función de un solo criterio, en particular cuando su duración se deriva del comportamiento de las autoridades competentes. En su caso, la duración de una fase procesal puede calificarse de razonable en un primer momento cuando parece conforme con el plazo medio de tramitación de un asunto del mismo tipo que el que se analiza.

( véanse los apartados 179, 181 a 183, 187, 188, 207 y 210 )

9. El carácter razonable de un plazo en un procedimiento administrativo no puede examinarse en relación con un límite máximo preciso, determinado de forma abstracta, sino que debe apreciarse en cada asunto en función de las circunstancias del caso.

Un primer examen general trata de determinar si, a primera vista, la duración del período controvertido se revela demasiado larga teniendo en cuenta el procedimiento tramitado. En caso afirmativo, ha de averiguarse en concreto si cabe apreciar retrasos que no puedan ser justificados por circunstancias particulares del asunto.

A este respecto, en lo que atañe a un procedimiento administrativo en materia de Derecho de la competencia, el Tribunal de Primera Instancia determina y aprecia soberanamente los hechos pertinentes, salvo en el supuesto de desnaturalización de éstos, y, sometido al control del Tribunal de Justicia, los califica jurídicamente respecto al principio de observancia del plazo razonable.

( véanse los apartados 192 a 194 )

10. Del artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 17 se desprende que, a diferencia de las que se ordenan mediante decisión con arreglo al artículo 14, apartado 3, de dicho Reglamento, las visitas de inspección efectuadas simplemente con un mandato se basan en la colaboración voluntaria de las empresas. Siempre que una empresa haya colaborado efectivamente en una visita de inspección realizada con un mandato, el motivo basado en una excesiva injerencia de la autoridad pública en su esfera de actividades privadas carece de fundamento, si no se apoya en elementos que pongan de manifiesto que la Comisión ha ido más allá de la cooperación ofrecida por la empresa.

( véanse los apartados 252 a 254 )

11. Una vulneración del derecho a no contribuir a la propia inculpación supone, por un lado, que se haya ejercido coerción sobre el presunto autor de una infracción para obtener de éste determinada información y, por otro lado, una vulneración efectiva del derecho de que se trate.

Por lo que respecta a las solicitudes de información emitidas con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento nº 17, una empresa no tiene la obligación de responder a ellas.

Por lo que respecta a las decisiones de solicitud de información adoptadas con arreglo al artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17, la apreciación de la existencia de una vulneración del derecho a no contribuir a la propia inculpación implica una apreciación de hecho, tanto por lo que respecta al contenido de las solicitudes como a las respuestas a éstas, la cual no constituye, salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba que se le aportan, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

( véanse los apartados 275 a 285 )

12. De los artículos 20, apartado 1, y 14, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 17, se desprende que la información obtenida durante las verificaciones no debe utilizarse para fines distintos de los indicados en el mandato de verificación o en la decisión de verificación.

Dicha exigencia pretende preservar, además del secreto profesional, mencionado expresamente en el artículo 20 del Reglamento nº 17, el derecho de defensa de las empresas, derecho que, a la vez, forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario y está reconocido por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuya interpretación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe ser tenida en cuenta por el juez comunitario.

Este derecho resultaría gravemente dañado si la Comisión pudiese invocar contra las empresas pruebas que, obtenidas durante una verificación, fuesen ajenas al objeto y a la finalidad de ésta.

No obstante, no puede llegarse a la conclusión de que esté prohibido que la Comisión incoe un procedimiento de investigación con objeto de verificar la exactitud o de completar las informaciones de las que hubiese tenido conocimiento incidentalmente con ocasión de una verificación anterior, en el supuesto de que dichas informaciones indicasen la existencia de conductas contrarias a las normas sobre competencia del Tratado.

Por un lado, en efecto, las empresas no se ven privadas en absoluto de la protección del artículo 20 del Reglamento nº 17 cuando la Comisión solicita de nuevo un documento. En tal caso se halla, desde el punto de vista de la defensa de sus derechos, en la misma situación que si la Comisión no dispusiera aún del documento, puesto que la utilización directa a efectos de prueba, en un segundo procedimiento, de un documento obtenido en otro precedente le está prohibida. Por otro lado, la circunstancia de que la Comisión haya obtenido por primera vez determinados documentos en un asunto concreto no confiere una protección tan absoluta como para que dichos documentos no puedan solicitarse legalmente y ser utilizados como prueba en otro procedimiento.

( véanse los apartados 274, 298 a 301, 305 y 306 )

13. El acceso al expediente tiene fundamentalmente por objeto permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, a fin de que, basándose en tales documentos, puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que la Comisión haya llegado en su pliego de cargos. El derecho de acceso al expediente de la Comisión tiende, por tanto, a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa, derecho que, a la vez, forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario y está reconocido por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La violación del derecho de acceso al expediente de la Comisión durante el procedimiento previo a la adopción de la Decisión puede dar lugar, en principio, a la anulación de dicha Decisión cuando se haya vulnerado el derecho de defensa de la empresa afectada.

En tal supuesto, la violación producida no queda subsanada por el mero hecho de que el acceso a los documentos haya sido posible en una fase ulterior, en particular durante el procedimiento jurisdiccional relativo a un eventual recurso que tenga por objeto la anulación de la Decisión cuestionada. Cuando el acceso se garantiza en esta fase, la empresa de que se trate no debe demostrar que, si hubiera tenido acceso a las respuestas que los demás productores dieron a los pliegos de cargos, la Decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que habría podido utilizar dichos documentos para su defensa.

( véanse los apartados 315 a 318 )

14. La apreciación del Tribunal de Primera Instancia sobre la cuestión de si unos documentos a los que una empresa a la que se imputa una infracción de las normas sobre la competencia del Tratato no tuvo acceso durante el procedimiento administrativo habrían podido ser utilizados por ésta para su defensa es una cuestión de hecho. Por tanto, no constituye, salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

( véanse los apartados 330 y 331 )

15. En virtud del artículo 64, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las diligencias de ordenación del procedimiento tienen por objeto, en particular, dar el curso correcto a la fase oral.

De este modo, respetando el principio de contradicción y el derecho de defensa, reconocidos igualmente por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Primera Instancia puede pedir a las partes que presenten colectivamente los motivos comunes, para evitar la repetición de argumentos idénticos, si bien cada parte mantiene la posibilidad de presentar de manera complementaria las alegaciones que le sean específicas.

( véanse los apartados 348 y 349 )

16. A tenor del artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, está prohibido invocar nuevos motivos en el curso del proceso, a menos que tales motivos se basen en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

Esta disposición no excluye en absoluto que puedan haberse descubierto nuevos elementos de hecho o de Derecho con ocasión de una diligencia de ordenación del procedimiento por la que, ante una pluralidad de demandantes, se facilita el acceso al expediente de la Comisión a todas ellas, incluidas las que no formularon un motivo basado en una vulneración de su derecho de acceso al referido expediente.

Por otra parte, permite cualquier motivo nuevo basado en dichos elementos. En circunstancias como las contempladas en el apartado precedente, no cabría excluir que una recurrente pudiera invocar, como motivo nuevo, uno basado, precisamente, en una vulneración de su derecho de acceso al expediente.

( véanse los apartados 369 a 371 )

17. La reproducción exhaustiva o incluso sumaria, en un escrito de réplica, de una alegación formulada anteriormente en la fase oral en relación con motivos contenidos en la demanda no es un requisito del examen, por el Tribunal de Primera Instancia, de dicha alegación. En efecto, desde la fase oral, dicha alegación está incluida en los elementos de hecho y se halla en conocimiento del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Por tanto, debe ser objeto de un examen por parte de éste, por cuanto, en la medida en que es pertinente y guarda relación con motivos ya invocados, no constituye un motivo nuevo en el sentido del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

( véase el apartado 385 )

18. Cuando una recurrente en un recurso de casación sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no ha dado respuesta a un motivo, no cabe reprocharle, a efectos de la admisibilidad del motivo del recurso de casación, no haber citado ningún pasaje o parte de la sentencia recurrida a que se refiera de forma precisa su motivo, en la medida en que, por definición, se alega una falta de respuesta. Por eso mismo, no cabe objetar frente a ella que se limita a repetir o reproducir el motivo presentado en primera instancia.

( véase el apartado 423 )

19. Al limitarse a referirse al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión motiva suficientemente la adopción, tras la anulación de una decisión anterior por un vicio de procedimiento relativo exclusivamente a los mecanismos de su adopción definitiva por el Colegio de Comisarios de una nueva decisión por la que se sanciona a empresas que han infringido el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1). En efecto, para el cumplimiento de la misión que le confiere el artículo 89 del Tratado (actualmente artículo 85 CE, tras su modificación), la Comisión dispone de una facultad discrecional para iniciar actuaciones, en el marco de la política general que ella misma establece en materia de competencia.

( véanse los apartados 447 a 449 )

20. En el marco de la aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), el alcance de la obligación de motivación del método de cálculo de la multa impuesta, que incumbe a la Comisión en virtud del artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE), debe determinarse en relación con las disposiciones del artículo 15, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 17, a cuyo tenor «para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta».

Las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye esta obligación de motivación se cumplen cuando la Comisión indica, en su decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad de la infracción, así como su duración.

Estas exigencias no imponen a la Comisión la obligación de indicar en su decisión los datos numéricos relativos al método de cálculo de las multas, y cabe subrayar, en cualquier caso, que la Comisión no puede renunciar a su facultad de apreciación, utilizando exclusiva y mecánicamente una serie de fórmulas aritméticas.

Por lo que respecta a una decisión por la que se imponen multas a varias empresas, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse, en particular, a la luz del hecho de que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

( véanse los apartados 462 a 465 )

21. A efectos de la aplicación del artículo 485, apartado 1, del Tratado (actualmente articulo 81 CE, apartado 1), basta que un acuerdo tenga por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia, independientemente de sus efectos concretos.

En consecuencia, en el supuesto de acuerdos que se ponen de manifiesto con ocasión de reuniones de empresas competidoras, se produce una infracción de la referida disposición cuando las reuniones tienen dicho objeto y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento del mercado. La responsabilidad de una empresa determinada por la infracción cuando ha participado en dichas reuniones teniendo conocimiento de su objeto, aun cuando, a continuación, no haya puesto en práctica alguna de las medidas acordadas en éstas.

La presencia más o menos frecuente de la empresa en las reuniones y la puesta en práctica más o menos completa de las medidas acordadas tienen consecuencias, no sobre la existencia de su responsabilidad, sino sobre el alcance de ésta y, por tanto, sobre el nivel de la sanción.

( véanse los apartados 508 a 510 )

22. No corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en el marco de un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia cuando este último se ha pronunciado, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a determinadas empresas por haber infringido el Derecho comunitario. El ejercicio de la referida competencia, no obstante, no debe dar lugar, en el momento de determinar la cuantía de dichas multas, a una discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo o en una práctica concertada contrarios al artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1).

( véanse los apartados 614 y 617 )

23. Los artículos 172 del Tratado (actualmente artículo 229 CE) y 17 del Reglamento nº 17, en relación con el artículo 87, apartado 2, letra d), del Tratado [actualmente artículo 83 CE, apartado 2, letra d), tras su modificación], que confieren al juez comunitario una competencia jurisdiccional plena respecto a los actos de la Comisión por los que se imponen multas en materia de competencia, atañen únicamente a la intensidad del control ejercido por el juez comunitario sobre las decisiones de la Comisión en materia de competencia. Más allá del mero control de legalidad, que sólo permite desestimar el recurso de anulación o anular el acto impugnado, la competencia jurisdiccional plena de la que dispone permite al juez comunitario reformar el acto impugnado, incluso sin anulación, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, para modificar, por ejemplo, el importe de la multa impuesta.

No obstante, la mera interposición de un recurso contencioso no implica la atribución definitiva al juez comunitario de la facultad de imponer sanciones. La Comisión se ve privada definitivamente de su facultad cuando el juez ha ejercido efectivamente su competencia jurisdiccional plena. En cambio, cuando se limita a anular una decisión por una ilegalidad, sin pronunciarse sobre la existencia de la infracción y sobre la sanción, la institución de la que procede el acto anulado puede retomar el procedimiento en la fase correspondiente a la ilegalidad observada y ejercer de nuevo su facultad sancionadora.

( véanse los apartados 692 y 693 )

Partes

En los asuntos acumulados C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P,

Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM), con domicilio social en Bruselas (Bélgica), representada por el Sr. I.G.F. Cath, advocaat, que designa domicilio en Luxemburgo (asunto C-238/99 P),

DSM NV y DSM Kunststoffen BV, con domicilio social en Heerlen (Países Bajos), representadas por el Sr. I.G.F. Cath, que designan domicilio en Luxemburgo (asunto C-244/99 P),

Montedison SpA, con domicilio social en Milán (Italia), representada por los Sres. G. Celona y P.A.M. Ferrari, avvocati, que designa domicilio en Luxemburgo (asunto C-245/99 P),

Elf Atochem SA, con domicilio social en París (Francia), representada por el Sr. X. de Roux, avocat, que designa domicilio en Luxemburgo (asunto C-247/99 P),

Degussa AG, antes Degussa-Hüls AG y aún antes Hüls AG, con domicilio social en Marl (Alemania), representada por el Sr. F. Montag, Rechtsanwalt, que designa domicilio en Luxemburgo (asunto C-250/99 P),

Enichem SpA, con domicilio social en Milán, representada por los Sres. M. Siragusa y F.M. Moretti, avvocatti, que designa domicilio en Luxemburgo (asunto C-251/99 P),

Wacker-Chemie GmbH, con domicilio social en Múnich (Alemania),

Hoechst AG, con domicilio social en Fráncfort del Meno (Alemania),

representadas por el Sr. Hellmann, Rechtsanwalt, que designan domicilio en Luxemburgo (asunto C-252/99 P),

Imperial Chemical Industries plc (ICI), con domicilio social en Londres (Reino Unido), representada por los Sres. D. Vaughan y D. Anderson, QC, K. Bacon, Barrister, y por el Sr. R.J. Coles y la Sra. S. Turner, Solicitors, que designa domicilio en Luxemburgo (asunto C-254/99 P),

partes recurrentes,

que tienen por objeto recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera ampliada) el 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (asuntos acumulados T-305/94 a T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-335/94, Rec. p. II-931), por los que se solicita que se anule dicha sentencia,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. J. Currall y W. Wils, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. M.H. van der Woude, avocat (asuntos C-238/99 P y C-244/99 P), R.M. Morresi, avvocato (asuntos C-245/99 P y C-251/99 P), E. Morgan de Rivery, avocat (asunto C-247/99 P), A. Böhlke, Rechtsanwalt (asuntos C-250/99 P y C-252/99 P), y D. Lloyd-Jones, QC (asunto C-254/99 P), que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, C. Gulmann (Ponente), D.A.O. Edward, A. La Pergola y P. Jann, las Sras. F. Macken y N. Colneric, y el Sr. S. von Bahr, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Mischo;

Secretarias: Sras. D. Louterman-Hubeau, jefa de división, y L. Hewlett, administradora;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 13 de junio de 2001, durante la cual Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM), DSM NV y DSM Kunststoffen BV estuvieron representadas por el Sr I.G.F. Cath (C-238/99 P y C-244/99 P), Montedison SpA por los Sres. G. Celona y P.A.M. Ferrari (C-245/99 P), Elf Atochem SA por el Sr. C.-H. Léger, avocat (C-247/99 P), Degussa AG por el Sr. F. Montag (C-250/99 P), Enichem SpA por los Sres. M. Siragusa y F.M. Moretti (C-251/99 P), Wacker-Chemie GmbH y Hoechst AG por los Sres. H. Hellmann y H.-J. Hellmann, Rechtsanwalt (C-252/99 P), Imperial Chemical Industries plc (ICI) por los Sres. D. Vaughan, D. Anderson, R.J. Coles, la Sra. S. Turner y la Sra. S.C. Berwick, Solicitor (C-254/99 P), y la Comisión por los Sres. J. Currall y W. Wils, asistidos por los Sres. M.H. van der Woude (C-238/99 P y C-244/99 P), R.M. Morresi (C-245/99 P y C-251/99 P), E. Morgan de Rivery (C-247/99 P), A. Böhlke (C-250/99 P y C-252/99 P) y D. Lloyd-Jones (C-254/99 P);

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de octubre de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia entre el 24 de junio y el 8 de julio de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (en lo sucesivo, «LVM»), DSM NV y DSM Kunststoffen BV, Montedison SpA (en lo sucesivo, «Montedison»), Elf Atochem SA (en lo sucesivo, «Elf Atochem»), Degussa AG (en lo sucesivo, «Degussa»), antes Degussa-Hüls AG, y aún antes Hüls AG (en lo sucesivo, «Hüls»), Enichem SpA (en lo sucesivo, «Enichem»), Wacker-Chemie GmbH (en lo sucesivo, «Wacker-Chemie») y Hoechst AG (en lo sucesivo, «Hoechst»), así como Imperial Chemical Industries plc (en lo sucesivo, «ICI») interpusieron, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, recursos de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (asuntos acumulados T-305/94 a T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-335/94, Rec. p. II-931; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la cual éste redujo, concretamente, las multas impuestas a Elf Atochem y a ICI por la Decisión 94/599/CE de la Comisión, de 27 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/31.865 - PVC) (DO L 239, p. 14; en lo sucesivo, «Decisión PVC II»), y desestimó en todo lo demás sus recursos de anulación formulados contra dicha Decisión.

I. Hechos que originaron el litigio

2 Como consecuencia de inspecciones llevadas a cabo en el sector del polipropileno los días 13 y 14 de octubre de 1983, basadas en el artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), la Comisión de las Comunidades Europeas abrió un expediente en relación con el policloruro de vinilo (en lo sucesivo, «PVC»). A continuación, efectuó varias visitas de inspección en los locales de las empresas afectadas y dirigió a estas últimas una serie de solicitudes de información.

3 El 24 de marzo de 1988, la Comisión inició, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 17, un procedimiento de oficio contra catorce fabricantes de PVC. El 5 de abril de 1988, envió a cada una de estas empresas el pliego de cargos previsto en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en el artículo 19, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 17 (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62). Todas las empresas destinatarias del pliego de cargos presentaron observaciones durante el mes de junio de 1988. A excepción de Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, «Shell»), que no lo había solicitado, las empresas fueron oídas a lo largo del mes de septiembre de 1988.

4 El 1 de diciembre de 1988, el Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes (en lo sucesivo, «Comité Consultivo») emitió su dictamen sobre el anteproyecto de Decisión de la Comisión.

5 Al finalizar el procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión 89/190/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.865, PVC) (DO 1989, L 74, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión PVC I»). Mediante esta Decisión, la Comisión sancionó, por haber infringido lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), a los siguientes fabricantes de PVC: Atochem SA, BASF AG (en lo sucesivo, «BASF»), DSM NV, Enichem, Hoechst, Hüls, ICI, LVM, Montedison, Norsk Hydro A/S (en lo sucesivo, «Norsk Hydro»), Société artésienne de vinyle SA (en lo sucesivo, «Société artésienne de vinyle»), Shell, Solvay & Cie (en lo sucesivo, «Solvay») y Wacker-Chemie.

6 Todas estas empresas, a excepción de Solvay, interpusieron un recurso contra la Decisión ante el órgano jurisdiccional comunitario, con objeto de obtener su anulación.

7 Mediante auto de 19 de junio de 1990, Norsk Hydro/Comisión (T-106/89, no publicado en la Recopilación), el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso de Norsk Hydro.

8 Los demás asuntos se acumularon a efectos de la fase oral y de la sentencia.

9 Mediante sentencia de 27 de febrero de 1992, BASF y otros/Comisión (asuntos acumulados T-79/89, T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 y T-104/89, Rec. p. II-315; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 1992»), el Tribunal de Primera Instancia declaró inexistente la Decisión PVC I.

10 Pronunciándose sobre un recurso de casación interpuesto por la Comisión, el Tribunal de Justicia anuló, mediante sentencia de 15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros (C-137/92 P, Rec. p. I-2555; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994»), la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1992 y la Decisión PVC I.

11 La Comisión adoptó, el 27 de julio de 1994, la Decisión PVC II contra los fabricantes sancionados por la Decisión PVC I, a excepción de Solvay y de Norsk Hydro. Esta nueva Decisión impuso a las empresas destinatarias multas del mismo importe que las que les habían sido impuestas por la Decisión PVC I.

12 La Decisión PVC II contiene las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, [Hüls] AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société artésienne de [vinyle] SA, Shell International Chemical Co. Ltd y Wacker-Chemie GmbH infringieron el artículo 85 del Tratado al participar (junto con Norsk Hydro [A/S] y Solvay & Cie) durante los períodos descritos en la presente Decisión en un acuerdo y/o en una práctica concertada que se inició aproximadamente en agosto de 1980, en virtud de la cual los productores que suministraban PVC en la Comunidad asistieron a reuniones periódicas cuya finalidad era fijar precios "objetivo" y cuotas "objetivo", planificar iniciativas concertadas para elevar el nivel de precios y supervisar la aplicación de dichos acuerdos colusorios.

Artículo 2

Las empresas mencionadas en el artículo 1 que aún desarrollen actividades en el sector del PVC de la Comunidad, aparte de Norsk Hydro [A/S] y Solvay [& Cie] respecto a las cuales la intimación al cese de la infracción todavía es válida, pondrán fin de inmediato a la infracción (si no lo hubieren hecho ya), y, en sus actividades relacionadas con el PVC, se abstendrán en adelante de cualquier acuerdo o práctica concertada que pudiere tener un objeto o efecto idéntico o similar, incluido el intercambio de información del tipo que normalmente queda amparado por el secreto profesional y que permita a los participantes, directa o indirectamente, tener conocimiento de la producción, distribución, nivel de existencias, precios de venta, costes o planes de inversión de los demás productores o que les permita controlar la adhesión a cualquier acuerdo tácito o expreso o a cualquier práctica concertada que se refiera a los precios o al reparto del mercado dentro de la Comunidad. Todo sistema de intercambio de información general al que estén abonados los productores con respecto al sector del PVC será administrado de forma que quede excluida toda información que permita identificar el comportamiento de los distintos productores; las empresas en particular se abstendrán de intercambiarse información adicional relativa a la competencia que no esté prevista en dicho sistema.

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas que a continuación se mencionan con respecto a la infracción a que se refiere el artículo 1:

i) Basf AG, una multa de 1.500.000 ecus,

ii) DSM NV, una multa de 600.000 ecus,

iii) Elf Atochem SA, una multa de 3.200.000 ecus,

iv) Enichem SpA, una multa de 2.500.000 ecus,

v) Hoechst AG, una multa de 1.500.000 ecus,

vi) [Hüls] AG, una multa de 2.200.000 ecus,

vii) Imperial Chemical Industries plc, una multa de 2.500.000 ecus,

viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV, una multa de 750.000 ecus,

ix) Montedison SpA, una multa de 1.750.000 ecus,

x) Société [a]rtésienne de [vinyle] SA, una multa de 400.000 ecus,

xi) Shell International Chemical Company Ltd, una multa de 850.000 ecus,

xii) Wacker Chemie GmbH, una multa de 1.500.000 ecus.»

II. Los recursos antes el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida

13 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 5 y el 14 de octubre de 1994, LVM, Elf Atochem, BASF, Shell, DSM NV y DSM Kunststoffen BV (en lo sucesivo, conjuntamente, «DSM»), Wacker-Chemie, Hoechst, Société artésienne de vinyle, Montedison, ICI, Hüls y Enichem interpusieron recursos ante el Tribunal de Primera Instancia.

14 Cada una de ellas solicitó la anulación, total o parcial, de la Decisión PVC II y, con carácter subsidiario, la anulación de la multa que se le impuso o la reducción de su cuantía. Montedison solicitó también que se condenara a la Comisión al pago de una indemnización.

15 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia:

- Acumuló los asuntos a los efectos de la sentencia.

- Anuló el artículo 1 de la Decisión PVC II en la medida en que consideraba que la Société artésienne de vinyle participó en la infracción reprochada después del primer semestre de 1981.

- Redujo las multas impuestas a Elf Atochem SA, a la Société artésienne de vinyle y a ICI a 2.600.000 euros, 135.000 euros y 1.550.000 euros, respectivamente.

- Desestimó los recursos en todo lo demás.

- Se pronunció sobre las costas.

III. Pretensiones de los recursos de casación

16 LVM y DSM solicitan al Tribunal de Justicia que:

- Anule total o parcialmente la sentencia recurrida y concluya el procedimiento o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para la reanudación del procedimiento.

- Anule total o parcialmente la Decisión PVC II.

- Anule las multas impuestas a las demandantes o reduzca sus cuantías.

- Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.

17 Montedison solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.

- Anule la Decisión PVC II.

- Devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

- Reduzca la cuantía de la multa a un importe mínimo.

- Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.

18 Elf Atochem solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida y resuelva definitivamente el litigio.

- Condene en costas a la Comisión.

19 Degussa solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida en la medida en que desestima su recurso y la condena al pago de las costas.

- Anule los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión PVC II en la medida en que la afectan.

- Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.

20 Enichem solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule las partes de la sentencia recurrida impugnadas por la recurrente y, por consiguiente, anule la Decisión PVC II.

- Con carácter subsidiario, anule las partes de la sentencia recurrida que la afectan y, por consiguiente, anule o reduzca la multa que se le impuso.

- Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.

21 Wacker-Chemie y Hoechst solicitan al Tribunal de Justicia que:

- Anule los puntos 4 y 5 del fallo de la sentencia recurrida en la medida en que las afectan.

- Anule la Decisión PVC II en la medida en que las afecta.

- Con carácter subsidiario, reduzca la cuantía de las multas que les fueron impuestas.

- Con carácter subsidiario de segundo grado, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que resuelva de nuevo.

- Condene en costas a la Comisión o, en caso de devolución de los autos al Tribunal de Primera Instancia, reserve la decisión sobre las costas para dejarla a la apreciación de éste.

22 ICI solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida en la medida en que la afecta.

- Anule la Decisión PVC II en la medida en que se refiere a ella o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

- Anule o reduzca de nuevo la multa impuesta, cuya cuantía fue reducida a 1.550.000 euros por el Tribunal de Primera Instancia.

- Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.

23 La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

- Desestime los recursos de casación.

- Condene en costas a las recurrentes.

IV. Motivos de anulación de la sentencia recurrida

24 LVM y DSM formulan nueve motivos de anulación de la sentencia recurrida, fundamentalmente idénticos:

- Infracción de la fuerza de cosa juzgada.

- Infracción del principio non bis in idem.

- Infracción del principio del plazo razonable.

- Invalidez de los actos procesales anteriores a la Decisión PVC I.

- Necesidad de nuevos actos de procedimiento administrativo tras la anulación de la Decisión PVC I.

- Motivación insuficiente de la desestimación de un motivo basado en la infracción, por parte de la Comisión, del artículo 190 del Tratado CE (actualmente artículo 253 CE) en lo que atañe a su adopción de la Decisión PVC II tras la anulación de la Decisión PVC I.

- Vulneración del derecho a no contribuir a la propia inculpación.

- Vulneración del derecho de defensa por un acceso insuficiente al expediente de la Comisión.

- Prescripción de las actuaciones.

25 DSM, además, alega otros dos motivos:

- Infracción del principio de inviolabilidad del domicilio.

- Vulneración del secreto profesional y del derecho de defensa.

26 Montedison formula, básicamente, once motivos de anulación:

- Ausencia de respuesta a su motivo basado en la atribución definitiva al juez comunitario de la facultad de imponer sanciones tras la Decisión de la Comisión.

- Necesidad de nuevos actos de procedimiento administrativo tras la anulación de la Decisión PVC I.

- Omisión del examen, por parte del Tribunal de Primera Instancia, del contexto económico.

- Prescripción de las actuaciones.

- Vulneración del derecho a un juicio justo, de los artículos 48, apartado 2, y 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y del principio de responsabilidad personal debido al modo de organizar la fase oral del procedimiento.

- Vulneración del derecho a un juicio justo y del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia en el examen de las pruebas.

- Infracción de los artículos 10, apartado 1, y 32, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

- No haber tenido en cuenta el alcance de la obligación de motivación del cálculo de la multa, que incumbe a la Comisión.

- Carácter desproporcionado e injusto de la multa respecto a la gravedad y la duración de la infracción.

- Infracción del principio de igualdad de trato por lo que respecta a la cuantía de la multa.

- Errónea declaración de la inadmisibilidad de su pretensión de que se condenara a la Comisión al pago de una indemnización.

27 Elf Atochem formula, básicamente, cuatro motivos de anulación:

- Ausencia de respuesta a su motivo basado en las diferencias existentes entre las Decisiones PVC I y PVC II.

- Invalidez de los actos procesales anteriores a la Decisión PVC I.

- Necesidad de nuevos actos de procedimiento administrativo tras la anulación de la Decisión PVC I.

- Vulneración del derecho de defensa por un acceso insuficiente al expediente de la Comisión.

28 Degussa formula, básicamente, seis motivos de anulación:

- Infracción del principio del plazo razonable.

- Invalidez de los actos procesales anteriores a la Decisión PVC I.

- Necesidad de nuevos actos de procedimiento administrativo tras la anulación de la Decisión PVC I.

- Ausencia de respuesta a su alegación basada en la no intervención del consejero auditor antes de la adopción de la Decisión PVC II.

- Vulneración del derecho de defensa por un acceso insuficiente al expediente de la Comisión.

- No haber tenido en cuenta el alcance de la obligación de motivación del cálculo de la multa, que incumbe a la Comisión.

29 Enichem formula trece motivos de anulación:

- Infracción del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

- Infracción de la fuerza de cosa juzgada.

- Invalidez de los actos procesales anteriores a la Decisión PVC I.

- Necesidad de nuevos actos de procedimiento administrativo tras la anulación de la Decisión PVC I.

- Motivación errónea de la desestimación de un motivo basado en la infracción, por parte de la Comisión, del artículo 190 del Tratado respecto a la adopción de la Decisión PVC II tras la anulación de la Decisión PVC I.

- Error de Derecho cometido por el Tribunal de Primera Instancia en cuanto a las consecuencias que habían de derivarse de su apreciación de una falta de correlación entre dos documentos en los que se basaba la acusación de la Comisión.

- Imputación de una responsabilidad colectiva.

- Vulneración del derecho de defensa por un acceso insuficiente al expediente de la Comisión.

- Imputación errónea de la infracción a la recurrente, considerada como holding de un grupo, y rechazo erróneo, por parte del Tribunal de Primera Instancia, de la relevancia del volumen de negocios del holding para la determinación de la cuantía de la multa.

- Infracción del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, a causa de un error del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la relación existente entre el volumen de negocios del ejercicio anterior a la Decisión PVC II y la cuantía de la multa.

- No haber tenido en cuenta el alcance de la obligación de motivación del cálculo de la multa, que incumbe a la Comisión.

- Interpretación y aplicación erróneas del Derecho comunitario y apreciación insuficiente de las pruebas por lo que respecta a la relación entre la multa impuesta a la recurrente y su cuota de mercado.

- Infracción del principio de proporcionalidad en la fijación de la cuantía de la multa.

30 Wacker-Chemie y Hoechst formulan seis motivos de anulación:

- Infracción de los artículos 10, apartado 1, y 32, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

- Examen incompleto de los hechos.

- Contradicción e insuficiencia de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida por lo que respecta al examen de las pruebas documentales.

- Desnaturalización de los elementos de prueba.

- Necesidad de nuevos actos de procedimiento administrativo tras la anulación de la Decisión PVC I.

- Infracción de los artículos 85, apartado 1, del Tratado, y 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.

31 ICI formula básicamente nueve motivos de anulación:

- Infracción de la fuerza de cosa juzgada.

- Infracción del principio non bis in idem.

- Infracción del principio del plazo razonable.

- Invalidez de los actos procesales anteriores a la Decisión PVC I.

- Necesidad de nuevos actos de procedimiento administrativo tras la anulación de la Decisión PVC I y carácter incompleto del expediente sometido a la deliberación del Colegio de Comisarios para adoptar la Decisión PVC II.

- Motivación errónea de la desestimación de un motivo basado en la infracción, por parte de la Comisión, del artículo 190 del Tratado por lo que respecta a la adopción de la Decisión PVC II tras la anulación de la Decisión PVC I.

- Vulneración del secreto profesional y del derecho de defensa.

- Prescripción de las actuaciones.

- No anulación o reducción de la multa por el Tribunal de Primera Instancia a causa de una infracción del principio del plazo razonable.

V. Sobre los recursos de casación

32 Oídas la partes y el Abogado General, procede acumular, por razón de conexión, los presentes asuntos a efectos de la sentencia, con arreglo al artículo 43 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

A. Sobre los motivos procesales y de forma

1. Sobre el motivo formulado por Montedison, Wacker-Chemie y Hoechst basado en una infracción de los artículos 10, apartado 1, y 32, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia

33 Montedison, Wacker-Chemie y Hoechst señalan que la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia, que dictó la sentencia recurrida, estaba compuesta sólo por tres miembros, mientras que durante la fase oral del procedimiento esta Sala tenía cinco miembros.

34 Reprochan al Tribunal de Primera Instancia haber introducido así una excepción a la composición normal de una Sala ampliada, aplicando de manera inexacta el artículo 32, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento. Alegan que el Tribunal de Primera Instancia consideró que se hallaba ausente o impedido, en el sentido de esta disposición, uno de los miembros de dicha Sala que había cesado en sus funciones debido a la expiración de su mandato, el 17 de septiembre de 1998, con posterioridad a la fase oral. Ahora bien, la disposición aplicada no se extiende al supuesto de expiración del mandato de un juez. Por tanto, sostienen que la sentencia fue dictada por una Sala que no se constituyó de forma regular, lo que infringe los artículos 10, apartado 1, y 32, apartado 1, del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

35 A este respecto, es preciso recordar que, con arreglo al artículo 10, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia constituye en su seno Salas integradas por tres o cinco Jueces.

36 De conformidad con el artículo 15 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 44 de dicho Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia sólo puede deliberar válidamente en número impar y las deliberaciones de las Salas compuestas por tres o por cinco Jueces sólo son válidas si están presentes tres Jueces.

37 El artículo 32, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia establece que si, por motivos de ausencia o por impedimento, el número de Jueces fuere par, el Juez de menor antigüedad se abstendrá de participar en las deliberaciones, salvo que se trate del Juez Ponente, en cuyo caso será el Juez que le preceda inmediatamente en rango quien se abstendrá de participar en las deliberaciones.

38 De este modo se precisan las disposiciones que desarrollan las normas previstas en el artículo 15 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia. Pues bien, para la aplicación de tales normas, el carácter definitivo o temporal de un impedimento no es determinante. Si una ausencia o un impedimento temporales justifican la modificación de la composición para que el número de miembros siga siendo impar, lo mismo ocurre, a fortiori, en el caso de un impedimento definitivo derivado, por ejemplo, de la expiración del mandato de un miembro.

39 En el presente caso, por tanto, la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia pudo deliberar válidamente en una composición reducida a tres miembros, a causa de la expiración, con posterioridad a la fase oral, del mandato de uno de los cinco miembros que la componían inicialmente.

40 De ello se deduce que procede desestimar el motivo examinado.

2. Sobre el motivo formulado por LVM, DSM, Enichem e ICI basado en la infracción de la fuerza de cosa juzgada

41 LVM, DSM, Enichem e ICI alegaron, ante el Tribunal de Primera Instancia, que la Comisión no podía adoptar la Decisión PVC II sin infringir la fuerza de cosa juzgada ligada a la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994.

42 Reprochan al Tribunal de Primera Instancia haber infringido, en los apartados 77 y siguientes de la sentencia recurrida, el principio de fuerza de cosa juzgada al desestimar el motivo que formularon basándose en éste.

43 En su opinión, al resolver el litigio, con arreglo al artículo 54 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, tras anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1992, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 15 de junio de 1994, se pronunció con carácter definitivo sobre la totalidad de los motivos invocados por las empresas afectadas.

44 A este respecto, es preciso señalar que el Tribunal de Primera Instancia recordó correctamente, en el apartado 77 de la sentencia recurrida, que la fuerza de cosa juzgada sólo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjados por la resolución judicial de que se trate (sentencia de 19 de febrero de 1991, Italia/Comisión, C-281/89, Rec. p. I-347, apartado 14, y auto de 28 de noviembre de 1996, Lenz/Comisión, C-277/95 P, Rec. p. I-6109, apartado 50).

45 Seguidamente, en el apartado 78 de la sentencia recurrida, señaló que, en su sentencia de 15 de junio de 1994, el Tribunal de Justicia afirmó que el Tribunal de Primera Instancia había incurrido en un error de Derecho al declarar inexistente la Decisión PVC I y que, por consiguiente, debía anularse la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1992. A continuación señaló, en los apartados 78 y 81 de la sentencia recurrida, que el Tribunal de Justicia, resolviendo definitivamente el litigio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, había anulado la Decisión PVC I por adolecer de vicios sustanciales de forma, debido a que la Comisión había infringido lo dispuesto en el artículo 12, párrafo primero, de su Reglamento interno, puesto que no había procedido a la autenticación de la Decisión PVC I en los términos previstos por dicho artículo.

46 Por tanto, obró correctamente al deducir, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, que la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994, que había excluido expresamente la necesidad de examinar los demás motivos formulados por las demandantes, no se había pronunciado sobre ellos.

47 En el apartado 84 de la sentencia recurrida añadió correctamente que, cuando resuelve definitivamente el litigio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, estimando uno o varios de los motivos formulados por las partes demandantes, el Tribunal de Justicia no zanja ipso iure todos los extremos de hecho y de Derecho invocados por aquéllas.

48 En estas circunstancias, la única obligación que la sentencia de 15 de junio de 1994 imponía a la Comisión, con arreglo al artículo 176 del Tratado CE (actualmente artículo 233 CE), que establece que la institución cuyo acto sea anulado ha de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia, es la de subsanar, en el acto destinado a reemplazar al acto anulado, la ilegalidad efectivamente apreciada (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 1988, Asteris y otros/Comisión, asuntos acumulados 97/86, 99/86, 193/86 y 215/86, Rec. p. 2181, apartado 28).

49 LVM y DSM no pueden sostener que el artículo 174, párrafo segundo, del Tratado CE (actualmente artículo 231 CE, párrafo segundo) se oponía asimismo a una nueva decisión de la Comisión. En efecto, esta disposición no es pertinente en el presente caso. Sólo contempla la posibilidad de que el Tribunal de Justicia mantenga expresamente determinados efectos de un acto anulado por él, mientras que al supuesto examinado en el presente asunto le es aplicable el artículo 176 del Tratado.

50 LVM y DSM tampoco pueden invocar la sentencia de 23 de octubre de 1974, Transocean Marine Paint/Comisión (17/74, Rec. p. 1063), en la que el Tribunal de Justicia, tras anular parcialmente una decisión de la Comisión, devolvió el asunto a ésta. No cabe interpretar a contrario esta sentencia en el sentido de que, a falta de devolución expresa, la institución de que se trate no puede subsanar la ilegalidad observada o, en caso de anulación total, sustituir el acto anulado por una nueva decisión. La circunstancia de que el juez comunitario devuelva o no el asunto a la institución afectada no modifica el alcance de la obligación que el artículo 176 del Tratado impone a ésta.

51 Enichem sostiene que su análisis se ve confirmado por el artículo 17 del Reglamento nº 17, que confiere al Tribunal de Justicia competencia jurisdiccional plena sobre los recursos interpuestos contra las decisiones mediante las cuales la Comisión fija una multa. Alega que, en tal caso, el Tribunal de Justicia trata todos los extremos del asunto del que conoce. Estima que es lo que hizo en el presente caso, como resulta de la enumeración de los motivos de forma y de fondo que se sometieron a su examen, recogida en el apartado 56 de su sentencia de 15 de junio de 1994. En su opinión, al no haber facilitado ninguna indicación sobre la continuación del asunto devolviéndolo, por ejemplo, al Tribunal de Primera Instancia, dicha sentencia trataba todos los aspectos que se le sometieron.

52 No cabe acoger esta alegación. El artículo 17 del Reglamento nº 17 atañe únicamente a la intensidad del control ejercido por el juez comunitario sobre las sanciones impuestas en materia de competencia, que puede suprimir, aumentar o reducir. La facultad que se confiere a este respecto no implica que el control de legalidad ejercido en otros ámbitos se extienda a la totalidad de los motivos invocados, cuando el juez comunitario sólo se pronuncia sobre algunos de ellos.

53 De ello se deduce que procede desestimar el motivo examinado.

3. Sobre el motivo formulado por LVM, DSM e ICI, basado en una infracción del principio non bis in idem

54 Ante el Tribunal de Primera Instancia, LVM, DSM e ICI alegaron que la Comisión había infringido el principio non bis in idem al adoptar una nueva decisión tras la anulación de la Decisión PVC I por el Tribunal de Justicia.

55 Señalan que el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 96 de la sentencia recurrida, que la Comisión no puede iniciar un procedimiento sancionador contra una empresa sobre la base de los Reglamentos nos 17 y 99/63 por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, ni sancionarla como consecuencia de un comportamiento contrario a la competencia en los supuestos en los que el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Justicia han estimado acreditado que la Comisión había, o no había, aportado la prueba pertinente. No obstante, le reprochan haber considerado a continuación, en los apartados 97 y 98 de la sentencia recurrida, que, por un lado, al haber sido anulada la Decisión PVC I, la Decisión PVC II no había hecho recaer sobre las demandantes dos sanciones por una misma infracción y que, por otro lado, la Comisión no inició en dos ocasiones un procedimiento sancionador contra las demandantes por un mismo conjunto de hechos, puesto que la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994 no resolvió ninguno de los motivos de fondo invocados por éstas.

56 Según LVM y DSM, el principio non bis in idem se aplica en caso de anulación de una primera decisión, ya sea que esta anulación se haya producido por falta de pruebas o por vicios sustanciales de forma. En efecto, aducen que este principio trata de proteger a la empresa de dobles procesos o de dobles sanciones, sea cual fuere la razón por la que las primeras actuaciones no dieron lugar a una condena. Esta interpretación se ve confirmada por el artículo 4, apartado 1, del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), que entró en vigor entre tanto, disposición en virtud de la cual «nadie podrá ser perseguido o castigado penalmente por los tribunales del mismo Estado por una infracción por la que ya haya sido absuelto o condenado por sentencia firme de conformidad con la ley y los procedimientos penales de dicho Estado». Pues bien, según las recurrentes, en la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994, fueron «absueltas» en el sentido de esta última disposición.

57 ICI alega también que el principio non bis in idem, principio fundamental del Derecho comunitario aplicable en el Derecho de la competencia (sentencia de 14 de diciembre de 1972, Boehringer Mannheim/Comisión, 7/72, Rec. p. 1281), quedó plasmado en el artículo 4, apartado 1, del Protocolo nº 7 del CEDH. Reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber considerado, para desestimar el motivo basado en este principio, que se le había dispensado de pagar la multa impuesta por la Decisión PVC I después de que ésta se anulara. Según la recurrente, esta circunstancia no era pertinente. La cuestión determinante era si la Decisión PVC II se basaba en el mismo comportamiento que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994 (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Gradinger de 23 de octubre de 1995, serie A nº 328 C, § 55). Pues bien, afirma, esto ocurría en el presente caso.

58 ICI alega, asimismo, que el artículo 4 del Protocolo nº 7 del CEDH se aplica en caso de condena definitiva, es decir, cuando no hay más vías de recurso ordinario o cuando las partes las han agotado o han dejado pasar el plazo para recurrir. Sostiene que esto ocurre en el presente caso, puesto que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994, la recurrente ya no disponía de ningún otro recurso.

59 A este respecto, es preciso señalar que, según se desprende de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida, el principio non bis in idem, principio fundamental del Derecho comunitario, recogido además en el artículo 4, apartado 1, del Protocolo nº 7 del CEDH, prohíbe, en materia de competencia, que se condene o se inicie un procedimiento sancionador de nuevo contra una empresa por un comportamiento contrario a la competencia a causa del cual ya ha sido sancionada o del que se la ha declarado no responsable por una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso.

60 La aplicación de este principio supone, por tanto, que ha habido un pronunciamiento sobre la existencia de la infracción o que la apreciación de ésta ha sido objeto de un control de legalidad.

61 Así pues, el principio non bis in idem sólo prohíbe una nueva apreciación sobre el fondo de la existencia de la infracción, que tendría por consecuencia la imposición de una segunda sanción, añadida a la primera, en el supuesto de que se estimara de nuevo la existencia de responsabilidad, o bien de una primera sanción, en el supuesto de que una segunda decisión declarase dicha responsabilidad, después de que la primera la hubiera excluido.

62 En cambio, no se opone en sí mismo a que se reinicie un procedimiento que tenga por objeto el mismo comportamiento contrario a la competencia, cuando una primera decisión ha sido anulada por motivos de forma sin que haya habido un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos imputados, de manera que la decisión de anulación no tiene el valor de una «absolución» en el sentido que se atribuye a dicho término en el ámbito punitivo. En semejante caso, las sanciones impuestas por la nueva decisión no se añaden a las impuestas por la decisión anulada, sino que las sustituyen.

63 En estas circunstancias, dado que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 15 de junio de 1994, había anulado la Decisión PVC I, incluidas las sanciones que en ella se imponían, sin resolver ninguno de los motivos de fondo invocados por las ahora recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia obró correctamente al considerar que la Comisión, al adoptar la Decisión PVC II tras la subsanación del vicio de forma observado, no había sancionado a las empresas ni había iniciado actuaciones contra ellas dos veces por los mismos hechos.

64 LVM y DSM alegan además que el Tribunal de Primera Instancia, al considerar, en el marco del examen del motivo basado en la infracción del principio non bis in idem, que la Decisión PVC I se tenía por inexistente a raíz de su anulación, sostuvo un razonamiento contradictorio con el desarrollado en el apartado 1100 de la sentencia recurrida en relación con un motivo basado en la prescripción.

65 Esta alegación es infundada. La cuestión de Derecho resuelta por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 1100 de la sentencia recurrida se refería a las condiciones de suspensión de la prescripción prevista en el artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41), de conformidad con el cual: «la prescripción en materia de actuaciones quedará suspendida en tanto la decisión de la Comisión sea objeto de procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas».

66 En el apartado 1098 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia subrayó que el objeto de este artículo es precisamente permitir la suspensión de la prescripción cuando la Comisión no haya podido intervenir por una razón objetiva que no puede imputársele, relacionada con el propio hecho de que esté pendiente un recurso.

67 Al añadir, en el apartado 1100 de la sentencia recurrida, que «lo que justifica la suspensión es el propio hecho de que esté pendiente un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Justicia, y no las conclusiones a las que llegan estos órganos en su sentencia», sólo puso de manifiesto que el mecanismo de suspensión previsto por el Reglamento nº 2988/74 es independiente del efecto de una sentencia anulatoria de la Decisión. Es más, en el mismo apartado de la sentencia recurrida, señaló fundamentalmente que el mecanismo de suspensión sólo tiene sentido, precisamente, en el supuesto de anulación efectiva de la decisión de la Comisión, es decir, cuando se considera que dicha decisión nunca ha existido.

68 Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en contradicción, respecto a dos cuestiones diferentes, al tener en cuenta, por un lado, el efecto de la sentencia anulatoria sobre la Decisión PVC I por lo que respecta al principio non bis in idem y, por otro lado, al tomar en consideración la propia existencia del procedimiento ante los órganos jurisdiccionales comunitarios, independientemente del contenido de la sentencia anulatoria y del efecto de ésta sobre la Decisión PVC I, por lo que respecta al mecanismo de suspensión de la prescripción.

69 Por consiguiente, procede desestimar el motivo examinado.

4. Sobre el motivo formulado por LVM, DSM, Elf Atochem, Degussa, Enichem e ICI, basado en la invalidez de los actos procesales anteriores a la Decisión PVC I

70 Ante el Tribunal de Primera Instancia, LVM, DSM, Elf Atochem, Degussa, Enichem e ICI sostuvieron que la anulación de la Decisión PVC I había afectado al conjunto de los actos preparatorios de ésta. En su opinión, por tanto, dichos actos no pudieron constituir válidamente actos preparatorios de la Decisión PVC II.

71 Reprochan al Tribunal de Primera Instancia haber desestimado, en los apartados 183 a 193 de la sentencia recurrida, el motivo correspondiente al considerar que los actos preparatorios de la Decisión PVC I no quedaban afectados por la anulación de ésta.

72 A este respecto, basándose en una jurisprudencia reiterada según la cual son los fundamentos de Derecho de una sentencia anulatoria los que, por una parte, identifican la disposición exacta considerada ilegal y, por otra, revelan las razones exactas de la ilegalidad cuya existencia se afirma en el fallo (sentencias Asteris y otros/Comisión, antes citada, apartado 27, y de 12 de noviembre de 1998, España/Comisión, C-415/96, Rec. p. I-6993, apartado 31), el Tribunal de Primera Instancia consideró correctamente, en el apartado 184 de la sentencia recurrida, que, para determinar el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994, procedía hacer referencia a los fundamentos de Derecho de dicha sentencia.

73 En efecto, la anulación de un acto comunitario no afecta necesariamente a los actos preparatorios (sentencia España/Comisión, antes citada, apartado 32), de modo que el procedimiento destinado a sustituir el acto anulado puede en principio reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad (sentencia España/Comisión, antes citada, apartado 31).

74 Pues bien, en el apartado 189 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señaló que, mediante su sentencia de 15 de junio de 1994, el Tribunal de Justicia anuló la Decisión PVC I a causa de un vicio de procedimiento que afectaba exclusivamente a los mecanismos de su adopción definitiva por la Comisión.

75 Por tanto, obró correctamente al deducir que, puesto que el vicio de procedimiento detectado se produjo en la última fase de la adopción de la Decisión PVC I, la anulación no había afectado a la validez de las medidas preparatorias de dicha Decisión, anteriores a la fase en la que se produjo el vicio (véase, en relación con una Directiva, la sentencia de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C-331/88, Rec. p. I-4023, apartado 34).

76 Por consiguiente, procede desestimar el motivo examinado.

5. Sobre los motivos formulados por todas las recurrentes, basados en la necesidad de nuevos actos de procedimiento administrativo tras la anulación de la Decisión PVC I y el motivo formulado por ICI, basado en el carácter incompleto del expediente sometido a la deliberación del Colegio de Comisarios para adoptar la Decisión PVC II

77 Ante el Tribunal de Primera Instancia, las recurrentes alegaron, en sustancia, que, aun cuando el vicio detectado por la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994 se produjo en la última fase de la adopción de la Decisión PVC I, la subsanación de dicho vicio por parte de la Comisión exigía que se observaran determinadas garantías de procedimiento antes de adoptar la Decisión PVC II, dado que ésta constituía una nueva Decisión. Así, sostuvieron que el procedimiento administrativo debería haberse reiniciado íntegramente a partir del pliego de cargos, o bien debería haber incluido una nueva audiencia de las empresas interesadas, una nueva consulta al Comité Consultivo y una nueva intervención del consejero auditor. ICI, además, alegó que, en esas circunstancias, el expediente sometido a la deliberación del Colegio de miembros de la Comisión no contenía elementos que, si hubieran quedado acreditados, habrían permitido la adopción de una decisión con pleno conocimiento de las cuestiones de hecho y de Derecho que sin duda se habrían suscitado.

78 En el marco de sus recursos de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal de Primera Instancia no haber acogido sus motivos sobre estos diversos puntos, que es preciso examinar de forma sucesiva.

a) Sobre la inexistencia de un nuevo pliego de cargos

79 Montedison sostiene que, con arreglo a los Reglamentos nos 17 y 99/63, la Comisión debió haber incoado un nuevo procedimiento administrativo comenzando por un nuevo pliego de cargos, antes de adoptar la Decisión PVC II, que constituye una nueva decisión, aun cuando su contenido sea idéntico al de la Decisión PVC I.

80 A este respecto, del examen del motivo basado en la infracción de la fuerza de cosa juzgada efectuado en los apartados 41 a 53 de la presente sentencia resulta que la anulación de la Decisión PVC I por parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994 no afectó a la validez de los actos de procedimiento anteriores, es decir, en particular, del pliego de cargos.

81 La Comisión, por tanto, no estaba obligada, sólo porque se hubiera producido esta anulación, a dirigir un nuevo pliego de cargos a las empresas de que se trata.

82 Por consiguiente, no cabe estimar la alegación formulada por Montedison.

b) Sobre la inexistencia de una nueva audiencia de las empresas interesadas

83 Todas las recurrentes alegan que la anulación de la Decisión PVC I acarreaba, a efectos de la adopción de la Decisión PVC II, la necesidad de proceder a una nueva audiencia de las empresas, con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 17. LVM y DSM sostienen que esta necesidad se derivaba del principio fundamental del respeto de los derechos de defensa, que no puede ser delimitado, y aún menos restringido, por disposiciones de Derecho derivado, debido a la primacía de los principios fundamentales del Derecho comunitario.

84 Las recurrentes reprochan también al Tribunal de Primera Instancia haber considerado, en los apartados 251 y 252 de la sentencia recurrida, que no era necesaria una nueva audiencia a falta de nuevas imputaciones.

85 A este respecto, cabe señalar que el Tribunal de Primera Instancia recordó acertadamente, en el apartado 246 de la sentencia recurrida, que el respeto de los derechos de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular a multas o a multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario que debe ser observado aun cuando se trate de un procedimiento de carácter administrativo (sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, apartado 9).

86 También subrayó correctamente, en el apartado 247 de la sentencia recurrida, que los artículos 19, apartado 1, del Reglamento nº 17 y 4 del Reglamento nº 99/63, que aplican este principio, obligan a la Comisión a formular, en su Decisión final, únicamente los cargos respecto a los cuales las empresas y asociaciones de empresas interesadas hayan tenido ocasión de dar a conocer su punto de vista.

87 De ello pudo, por tanto, deducir, en el apartado 249 de la sentencia recurrida, que el respeto del derecho de defensa exige que se dé a cada empresa o asociación de empresas interesada la posibilidad de ser oída sobre los cargos que la Comisión se proponga formular contra cada una de ellas en la decisión final por la que se declare la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia. Al obrar así, no reconoció una limitación, mediante las disposiciones de Derecho derivado de los Reglamentos nos 17 y 99/63, al principio fundamental del respeto del derecho de defensa, sino que recordó exactamente su contenido en materia de Derecho de la competencia.

88 Tras señalar, por tanto, que la Decisión PVC II no contenía ningún cargo nuevo respecto a la Decisión PVC I, no incurrió en error de Derecho al estimar, en el apartado 252 de la sentencia recurrida, que no era necesaria una nueva audiencia antes de la adopción de la Decisión PVC II.

89 Para rebatir esta afirmación se desarrollaron en vano tres series de alegaciones.

90 En primer lugar, LVM, DSM, Elf Atochem, Degussa, Enichem e ICI sostienen que una nueva audiencia les habría permitido formular de forma efectiva observaciones sobre las consecuencias derivadas de la anulación de la Decisión PVC I. Así, habrían podido pronunciarse sobre la necesidad y la oportunidad de la propia adopción de la Decisión PVC II, sobre aspectos como el transcurso del tiempo, la fuerza de cosa juzgada, el principio non bis in idem, la evolución de la jurisprudencia tras la adopción de la Decisión PVC I y la necesidad del acceso al expediente inherente a la reapertura del procedimiento, sobre las cuestiones que debía examinar el consejero auditor, sobre la obligación de consultar al Comité Consultivo, sobre las implicaciones del artículo 20 del Reglamento nº 17, así como sobre la evolución del mercado del PVC desde 1988.

91 A este respecto, debe señalarse que, en lo que atañe a la necesidad y la oportunidad de adoptar una nueva decisión tras la anulación de la Decisión PVC I, la reivindicación de un derecho a formular observaciones al respecto sobrepasa el ámbito de ejercicio de los derechos de defensa organizado por los Reglamentos nos 17 y 99/63 y circunscrito a las cuestiones relativas a la realidad y a la pertinencia de los hechos y circunstancias aducidas y a los documentos utilizados por la Comisión en apoyo de su alegación de que existe una infracción del Derecho de la competencia (sentencia Hoffmann-La Roche/Comisión, antes citada, apartado 11). Pues bien, el derecho de defensa fue respetado con anterioridad a la Decisión PVC I. En efecto, en las audiencias iniciales, las empresas interesadas pudieron desarrollar sus observaciones sobre los cargos formulados por la Comisión, que luego sirvieron de base de apreciación para la adopción de la Decisión PVC II.

92 Por su parte, las eventuales evoluciones de la jurisprudencia o del contexto económico no requieren en sí mismas nuevas audiencias, al igual que si se produjeran en el transcurso de un procedimiento administrativo previo a una decisión final.

93 Por otra parte, las cuestiones de Derecho que pueden plantearse en el marco de la aplicación del artículo 176 del Tratado, como las relativas al transcurso del tiempo, a la posibilidad de una reanudación de las actuaciones, al acceso al expediente supuestamente inherente a tal reanudación, a la intervención del consejero auditor y del Comité Consultivo, así como a las eventuales implicaciones del artículo 20 del Reglamento nº 17, tampoco requerían nuevas audiencias, en la medida en que no modificaban el contenido de los cargos, y sólo cabría que fueran objeto, en su caso, de un control jurisdiccional posterior.

94 En segundo lugar, LVM y DSM cuestionan la afirmación del Tribunal de Primera Instancia según la cual la Decisión PVC II no contiene ningún nuevo cargo respecto a la Decisión PVC I. A este respecto, invocan «importantes modificaciones» efectuadas en la Decisión PVC II respecto a la Decisión PVC I, a saber, una nueva parte dispositiva, modificaciones de los fundamentos de hecho y de Derecho, así como un nuevo capítulo relativo a la prescripción. Con carácter más general, LVM y DSM estiman que el criterio jurídicamente pertinente no es que nuevos hechos y circunstancias puedan calificarse de «cargos», sino únicamente la cuestión de si existen hechos y circunstancias nuevos sobre los que las empresas no se hayan pronunciado aún. En el presente caso, alegan que los elementos nuevos comprenden las cuestiones, a las que se hace referencia en el apartado 90 de la presente sentencia, sobre las que las recurrentes habrían deseado presentar observaciones, así como las modificaciones que figuran en la Decisión PVC II.

95 Elf Atochem afirma que la Comisión debió haber realizado nuevas audiencias por el mero hecho de que, según la recurrente, la Decisión PVC II presentara «elementos nuevos» respecto a la Decisión PVC I. En primer lugar, sostiene, la Decisión PVC II distinguía a Norsk Hydro y Solvay, a las que ya no se condenaba. En segundo lugar, seguía tomándose en cuenta, no obstante, a estas dos sociedades a efectos de los comportamientos colectivos imputados a las empresas destinatarias de la Decisión PVC II, de manera que las dos decisiones sucesivas de la Comisión se referían a supuestos acuerdos o prácticas concertadas colectivas, cuyos miembros inculpados en 1994 eran distintos de los inculpados en 1988. En tercer lugar, la Decisión PVC II contenía consideraciones dedicadas a la prescripción para justificar el derecho a adoptar una nueva decisión. En cualquier caso, según Elf Atochem, poco importa que la nueva decisión incluya o no nuevos cargos. Sigue siendo necesaria una nueva audiencia. La Comisión no puede pura y simplemente reproducir los cargos de una decisión anterior anulada. Cada decisión adoptada por la Comisión ha de contener cargos propios.

96 A este respecto, es preciso observar que, contrariamente a la afirmación de LVM y DSM, las diferencias que existen entre las partes dispositivas de las Decisiones PVC I y PVC II, así como las consideraciones sobre la prescripción no corresponden a ningún nuevo cargo formulado por la Comisión en la Decisión PVC II. Por lo que respecta a las modificaciones de hecho y de Derecho alegadas, las recurrentes no indican las que, según ellas, caracterizan la consideración de nuevos cargos ni demuestran cuál es la relación entre esas modificaciones y tales cargos.

97 Además, contrariamente a las afirmaciones tanto de LVM como de DSM y Elf Atochem, la mera existencia de diferencias entre ambas decisiones sucesivas de la Comisión no requiere en sí misma nuevas audiencias, en la medida en que tales diferencias no suponían que se tuvieran en cuenta nuevos cargos.

98 Cuando, a raíz de la anulación de una decisión en materia de competencia, la Comisión opta por subsanar la o las ilegalidades observadas y adoptar una decisión idéntica que no incurre en estas ilegalidades, dicha decisión atañe a los mismos cargos sobre los que las empresas ya se pronunciaron. Por tanto, Elf Atochem no puede sostener que cada una de las Decisiones PVC I y PVC II se refiere a sus propios cargos.

99 Asimismo, debe señalarse que las diferencias entre las Decisiones PVC I y PVC II relativas a Norsk Hydro y a Solvay son únicamente consecuencia del régimen de recursos contra una decisión adoptada en materia de competencia respecto a varias empresas.

100 Una decisión de esta índole, aunque esté redactada y publicada como una sola decisión, debe considerarse como un haz de decisiones individuales que, en relación con cada una de las empresas destinatarias, aprecia la existencia de la o las infracciones que se le imputan y le imponen, en su caso, una multa. Sólo puede anularse por lo que respecta a las destinatarias cuyos recursos han sido estimados por el juez comunitario y sigue obligando a las destinatarias que no han interpuesto recursos de anulación (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, C-310/97 P, Rec. p. I-5363, apartados 49 y siguientes).

101 Pues bien, en el presente caso, Solvay no interpuso recurso contra la Decisión PVC I y el interpuesto contra ésta por Norsk Hydro fue objeto de una declaración de inadmisibilidad mediante el auto Norsk Hydro/Comisión, antes citado.

102 Por tanto, dado que la Decisión PVC I adquirió carácter definitivo respecto a estas dos empresas, estas últimas ya no podían ser destinatarias de la Decisión PVC II. No obstante, en la medida en que se las implicaba en los cargos formulados en relación con todas las empresas inicialmente imputadas, la Comisión podía tener en cuenta sus papeles respectivos en la Decisión PVC II en tanto estaban relacionados con los cargos dirigidos contra las destinatarias de esta segunda decisión, a efectos de la apreciación de la existencia de las infracciones imputadas a dichas destinatarias, cada uno dentro de los límites de su propia responsabilidad. Por tanto, las Decisiones PVC I y PVC II no se refieren a acuerdos o prácticas concertadas colectivas cuyos miembros imputados en 1994 eran distintos de los imputados en 1988. Se refieren a los mismos acuerdos o prácticas concertadas en relación con las mismas empresas que, debido únicamente a normas de procedimiento, fueron sancionadas en el marco de dos decisiones sucesivas.

103 Por su parte, las consideraciones dedicadas a la prescripción, que Elf Atochem destaca de la Decisión PVC II como una tercera diferencia respecto a la Decisión PVC I, son manifiestamente ajenas a todo cargo nuevo, pues sólo se refieren a comportamientos sobre los que las empresas ya habían ofrecido explicaciones.

104 Por último, Wacker-Chemie y Hoechst reprochan al Tribunal de Primera Instancia haber descartado la necesidad de nuevas audiencias a falta de nuevos cargos, aun cuando, afirman, la Decisión PVC II alargó la duración de la infracción observada, carecía de fundamento por lo que respecta a la orden conminatoria de poner fin a la infracción, prevista en su artículo 2, y no fijaba la cuantía de la multa con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.

105 En lo que atañe a la duración de la infracción observada, sostiene que sólo por la fecha de adopción de la Decisión PVC II se prolongó cinco años y medio respecto a la infracción apreciada en el momento de la adopción de la Decisión PVC I.

106 A este respecto, no obstante, debe señalarse que los artículos 1 y 3 de la Decisión PVC II, que respectivamente, al igual que los artículos 1 y 3 de la Decisión PVC I, apreciaron la participación de las recurrentes en la infracción observada e impusieron multas a dichas empresas, han de interpretarse a la luz de los fundamentos jurídicos que los sustentan. Pues bien, por lo que respecta, en particular, a Wacker-Chemie y Hoechst, el punto 54 de cada una de las Decisiones PVC I y PVC II precisa que el importe de las multas se determinó teniendo en cuenta una participación en la práctica colusoria «por lo menos hasta mayo de 1984». Por consiguiente, la adopción, el 27 de julio de 1994, de la Decisión PVC II no tuvo por efecto prolongar la duración de la infracción sancionada respecto a la Decisión PVC I, pues la duración de la participación que efectivamente se tuvo en cuenta fue la misma.

107 Por lo que respecta a la orden conminatoria de poner fin a la infracción, Wacker-Chemie y Hoechst sostienen que supone la prueba de una continuación de la infracción en el momento de la adopción de la Decisión PVC II y que, a falta de tal prueba, el transcurso del tiempo había supuesto la desaparición del fundamento legal de la orden conminatoria. Además, alegan que habían cesado definitivamente su actividad en el mercado del PVC antes de la adopción de la Decisión PVC II, de manera que no se las podía obligar a poner fin a una infracción.

108 A este respecto, no obstante, cabe recordar que, en el punto 50 de cada una de las Decisiones PVC I y PVC II, la Comisión indicó que, a pesar de ciertos compromisos asumidos por algunas empresas durante el procedimiento administrativo, ignoraba «si las reuniones o al menos las comunicaciones entre las empresas sobre precios y cantidades [habían] llegado en realidad a cesar alguna vez». En consecuencia, llegó a la conclusión de que era necesario «incluir en la presente Decisión una solicitud formal para que aquellas empresas que aún desarrollan actividades en el sector del PVC pongan fin a la infracción». Por ello, conminó a las empresas, en el artículo 2 de la Decisión PVC II, como antes en el artículo 2 de la Decisión PVC I, a poner fin de inmediato a las infracciones «si no lo [habían] hecho ya». Así pues, la orden conminatoria se dirigía sólo a las empresas que, en su caso, aún persistieran en la infracción en el momento de la adopción de la decisión. Por tanto, al igual que en el caso de la Decisión PVC I, la orden conminatoria enunciada en la Decisión PVC II carecía simplemente de objeto respecto a las empresas que habían puesto fin a la infracción en el momento de su adopción. Carecía asimismo de objeto respecto a Wacker-Chemie y Hoechst, si dichas empresas, como ellas sostienen, habían cesado su actividad en el mercado de que se trata, en la medida en que el artículo 2 de la Decisión PVC II, al igual que el artículo 2 de la Decisión PVC I, se refiere a las empresas «que aún desarrollan actividades en el sector del PVC».

109 Por último, por lo que respecta a la determinación de la cuantía de la multa, Wacker-Chemie y Hoechst aducen que una multa impuesta mucho después de los hechos imputados no debe necesariamente llevar al mismo resultado que una sanción inmediatamente posterior a la infracción y que la Comisión tenía que determinar el volumen de negocios del último ejercicio económico anterior a la Decisión PVC II, conforme al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, en virtud del cual el importe máximo de la multa que puede imponerse es el 10 % del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente.

110 A este respecto, debe señalarse que la obligación de tomar en consideración el volumen de negocios del ejercicio económico precedente existe en la fase de la decisión final de la Comisión, a efectos de la determinación de la cuantía máxima de la multa. Por tanto, la necesidad de recabar dicho volumen de negocios surge con posterioridad a la audiencia de las empresas, cuyo objeto es permitir a éstas formular sus observaciones sobre los cargos que se les imputan. Además, sólo aparece si, tras la audiencia, la Comisión considera que la infracción ha quedado acreditada. En estas circunstancias, la alegación de las recurrentes no sirve como fundamento, en el presente caso, de una obligación de proceder a una nueva audiencia.

111 De lo anterior se desprende que procede desestimar la alegación basada en la inexistencia de una nueva audiencia de las empresas interesadas.

c) Sobre la inexistencia de una nueva consulta al Comité Consultivo

112 Todas las recurrentes alegan que la anulación de la Decisión PVC I implicaba, a efectos de la adopción de la Decisión PVC II, la necesidad de realizar una nueva consulta al Comité Consultivo, con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento nº 17.

113 Reprochan al Tribunal de Primera Instancia el haber considerado, en los apartados 256 y 257 de la sentencia recurrida, que sólo habría sido necesaria una nueva consulta al Comité Consultivo si hubiera sido necesaria a su vez una nueva audiencia.

114 A este respecto, procede recordar que el artículo 1 del Reglamento nº 99/63 dispone lo siguiente:

«Antes de consultar al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes, la Comisión procederá a efectuar una audiencia en aplicación del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17.»

115 En el apartado 256 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia recordó acertadamente que, en virtud de esta disposición, la audiencia de las empresas interesadas y la consulta al Comité Consultivo son necesarias en las mismas situaciones (sentencia de 21 de septiembre de 1989, Hoechst/Comisión, asuntos acumulados 46/87 y 227/88, Rec. p. 2859, apartado 54).

116 Pues bien, en