Palabras clave

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Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Fase preliminar y fase contradictoria - Compatibilidad de una ayuda con el mercado común - Dificultades de apreciación - Obligación de la Comisión de iniciar el procedimiento contradictorio - Concepto - Dificultades serias - Carácter objetivo

[Tratado CE, art. 93, aps. 2 y 3 (actualmente art. 88 CE, aps. 2 y 3)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas a las que puede aplicarse la excepción establecida en el artículo 92, apartado 3, letra c), del Tratado CE [actualmente artículo 87 CE, apartado 3, letra c), tras su modificación] - Apreciación de la capacidad del plan de reestructuración para restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa

[Tratado CE, art. 92, ap. 3, letra c) (actualmente art. 87 CE, ap. 3, letra c), tras su modificación)]

3. Ayudas otorgadas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Fase preliminar y fase contradictoria - Compatibilidad de una ayuda con el mercado común - Dificultades de apreciación - Obligación de la Comisión de iniciar el procedimiento contradictorio - Examen de las medidas en un período que excede ampliamente de lo necesario para un primer examen - Solicitud de información adicional al Estado notificante - Indicios de dificultades serias

[Tratado CE, art. 93, aps. 2 y 3 (actualmente art. 88 CE, aps. 2 y 3)]

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1. El procedimiento del artículo 93, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 2) resulta indispensable siempre que la Comisión encuentre serias dificultades para apreciar si una ayuda es compatible con el mercado común. Así pues, la Comisión únicamente puede limitarse al procedimiento previo del artículo 93, apartado 3, del Tratado y adoptar una decisión favorable a una medida estatal notificada si, después de un primer examen, le es posible llegar a la convicción de que dicha medida no puede calificarse de ayuda en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) o de que, a pesar de constituir una ayuda, es compatible con el mercado común. Por el contrario, si este primer examen lleva a la Comisión a la convicción opuesta respecto de la compatibilidad de la ayuda, o bien no le ha permitido superar todas las dificultades planteadas por la apreciación de la medida de que se trate, la institución tiene el deber de recabar todas las opiniones necesarias y de iniciar, para ello, el procedimiento del artículo 93, apartado 2, del Tratado. Corresponde a la Comisión determinar, en función de las circunstancias de hecho y de Derecho propias del asunto, si las dificultades experimentadas en el examen de la compatibilidad de la ayuda hacen necesaria la incoación de dicho procedimiento.

Esta apreciación debe respetar tres exigencias. En primer lugar, el artículo 93 del Tratado limita la facultad de la Comisión de pronunciarse sobre la compatibilidad de una ayuda con el mercado común después del procedimiento previo únicamente a las medidas que no susciten dificultades serias, por lo que dicho criterio reviste un carácter exclusivo. De este modo, la Comisión no puede negarse a incoar el procedimiento formal de examen invocando otras circunstancias, tales como el interés de terceros, consideraciones de economía procesal o cualquier otro motivo de conveniencia administrativa. En segundo lugar, cuando se enfrenta a serias dificultades, la Comisión está obligada a incoar el procedimiento formal y no dispone, a este respecto, de ninguna facultad discrecional. Si bien para decidir iniciar dicho procedimiento dispone de una potestad reglada, la Comisión disfruta de cierto margen de apreciación en la investigación y el examen de las circunstancias para determinar si éstas suscitan dificultades serias. Conforme a la finalidad del artículo 93, apartado 3, del Tratado, y al deber de buena administración que le incumbe, la Comisión puede, en particular, iniciar un diálogo con el Estado notificante o con terceros con objeto de superar, en el transcurso del procedimiento previo, las dificultades que en su caso hayan surgido. En tercer lugar, el concepto de dificultades serias tiene un carácter objetivo. La existencia de tales dificultades debe buscarse tanto en las circunstancias en que se adoptó el acto impugnado como en su contenido, de forma objetiva, relacionando la motivación de la Decisión con los elementos de que dispone la Comisión cuando se pronuncie sobre la compatibilidad de la ayuda controvertida con el mercado común. De ello se deduce que el control de legalidad efectuado por el Juez comunitario acerca de la existencia de dificultades serias, excede, por naturaleza, la búsqueda del error manifiesto de apreciación.

( véanse los apartados 42 a 45 y 47 )

2. Para ser compatibles con el artículo 92, apartado 3, letra c), del Tratado [actualmente artículo 87 CE, apartado 3, letra c), tras su modificación], las ayudas a empresas en dificultades deben estar condicionadas a la existencia de un programa de reestructuración dirigido a reducir o a dar una nueva orientación a sus actividades. Para no suscitar objeciones a las ayudas proyectadas sin incoar el procedimiento formal de examen, la Comisión necesariamente debe poder apreciar la capacidad del plan de reestructuración de restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa en un plazo de tiempo razonable y sobre la base de unas perspectivas realistas en cuanto a sus futuras condiciones de funcionamiento.

( véanse los apartados 70 y 71 )

3. El transcurso de un período que excede en gran medida de lo necesario para un primer examen efectuado en el marco de las disposiciones del artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), puede, junto con otros elementos, conducir a reconocer que la Comisión tuvo serias dificultades de apreciación que exigieron que se iniciase el procedimiento establecido en el artículo 93, apartado 2, del Tratado.

En particular, la prolongación del procedimiento resultante de la reticencia del Estado de que se trate a proporcionar informaciones útiles a la Comisión a pesar de las solicitudes repetidas de ésta, puede, por su naturaleza, constituir un indicio de la existencia de dificultades serias sin que la Comisión pueda invocar el hecho de que el Estado notificante es responsable de dicha situación. En efecto, admitir tal posibilidad equivaldría a privar a los terceros interesados de las garantías procesales que les confiere el artículo 93, apartado 2, del Tratado al permitir, por una parte, a la Comisión basarse en el comportamiento o en la negligencia del Estado notificante para eludir la aplicación del artículo 93, apartado 3, del Tratado, que le obliga a incoar el procedimiento formal de examen, y, por otra parte, al Estado miembro sustraerse a su deber de cooperación leal.

( véanse los apartados 93, 98 y 100 )