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1. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Urgencia - Perjuicio grave e irreparable - Carga de la prueba - Perjuicio estrictamente pecuniario - Medida de congelación de fondos de una persona física en el marco de la lucha contra el terrorismo

[Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo]

2. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Urgencia - Perjuicio moral que no puede ser reparado en mayor medida en el procedimiento sobre medidas provisionales que en el principal - Inexistencia

[Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo]

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1. El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad de resolver provisionalmente para evitar que se ocasione un daño grave e irreparable a la parte que solicita la medida provisional. Sobre esta parte recae la carga de probar que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de esa naturaleza. Un perjuicio meramente pecuniario no puede, en principio, considerarse irreparable, ni siquiera difícilmente reparable toda vez que puede ser objeto de una compensación económica posterior. No obstante, corresponde al juez de medidas provisionales apreciar, en función de las circunstancias propias de cada caso, si la no concesión de las medidas solicitadas puede ocasionar al demandante un perjuicio grave e inminente que ninguna decisión posterior pueda reparar.

En el caso de una demanda encaminada a obtener la suspensión de la ejecución de una medida de congelación de fondos de una persona física adoptada en el marco de la lucha contra el terrorismo, el juez de medidas provisionales debe comprobar si el demandante dispone de una cantidad que le permita hacer frente normalmente al conjunto de gastos indispensables para asegurar la cobertura de sus necesidades elementales y las de su familia hasta que se resuelva sobre el fondo del recurso.

( véanse los apartados 27 y 29 a 31 )

2. Si bien no se excluye que la concesión de medidas provisionales pueda remediar, total o al menos parcialmente, el perjuicio moral invocado por un demandante y que resulte de la mención de su nombre en una decisión relativa a la adopción de medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades en el marco de la lucha contra el terrorismo, dicha concesión no repararía, no obstante, ese perjuicio en mayor medida que la posible anulación de dicha decisión al término del procedimiento principal. En la medida en que la finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales no es asegurar la reparación de un perjuicio, sino garantizar la plena eficacia de la sentencia sobre el fondo, en tal caso, no concurre el requisito de urgencia.

( véase el apartado 41 )
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1. Procedimiento – Plazo para recurrir – Preclusión – Error excusable – Concepto

2. Recurso por omisión – Personas físicas o jurídicas – Omisiones recurribles – Omisión de iniciar un procedimiento por incumplimiento – Inadmisibilidad

(Arts. 226 CE y 232 CE, párr. 3)

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1. Por lo que se refiere a los plazos para recurrir, un error es excusable cuando resulta de una confusión provocada por el propio comportamiento de la institución interesada y el demandante actúa de buena fe y acredita toda la diligencia exigible a un operador normalmente informado.

(véase el apartado 35)

2. No procede admitir el recurso por omisión interpuesto por una persona física o jurídica y que tenga por objeto que se declare que la Comisión, al no iniciar un procedimiento por incumplimiento, se ha abstenido de pronunciarse, contraviniendo el Tratado. Efectivamente, las personas físicas o jurídicas sólo pueden invocar el artículo 232 CE, párrafo tercero, para que se haga constar que una institución no ha adoptado, contraviniendo el Tratado, actos distintos de las recomendaciones o dictámenes de los que sean destinatarios potenciales o que les afecten directa e individualmente. Pues bien, en el marco del procedimiento por incumplimiento regulado en el artículo 226 CE, los únicos actos que la Comisión puede verse obligada a adoptar van dirigidos a los Estados miembros. Además, del sistema establecido por el artículo 226 CE se deduce que ni el dictamen motivado, que sólo constituye una fase previa a la eventual interposición de un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, ni el hecho de que se someta el asunto al Tribunal de Justicia mediante la interposición efectiva de dicho recurso pueden constituir actos que afecten directamente a las personas físicas o jurídicas.

(véase el apartado 44)
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La Comisión, que no pretende rebatir específicamente una u otra de las alegaciones formuladas por los demandantes para justificar su recurso a varios asesores, señala, no obstante, que defendió el asunto con un único agente, el cual trabajó en gran parte solo y que únicamente recibió ayuda de otros agentes en relación con determinados aspectos del expediente. Duda de la necesidad de estar representado mediante dos asesores en la vista de 23 de septiembre de 2003, habida cuenta de que esta vista se refería tan sólo a una cuestión de Derecho, relativa a la fundamentación del recurso. Impugna las solicitudes relativas a la pérdida de ingresos y a los gastos de desplazamiento de los tres representantes no profesionales de los demandantes. En cuanto a las solicitudes relativas a los costes del presente procedimiento de tasación, considera que son demasiado elevados.
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Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Decisión meramente confirmatoria - Exclusión

(Art. 230 CE)

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$$Constituyen actos o decisiones susceptibles de recurso de anulación en el sentido del artículo 230 CE las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de manera caracterizada su situación jurídica. Para determinar si un acto o una decisión producen tales efectos, hay que atender a su naturaleza. Por consiguiente, no procede admitir un recurso de anulación contra una decisión meramente confirmatoria de una decisión no impugnada dentro del plazo establecido al efecto. Una decisión es meramente confirmatoria cuando no contiene ningún elemento nuevo con relación a una decisión anterior y no ha sido precedida de una reconsideración de la situación del destinatario de dicha decisión anterior.

( véase el apartado 25 )
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 11 de diciembre de 2001

Asunto T-20/01

Maria Concetta Cerafogli y otros

contra

Banco Central Europeo

«Modificación de las condiciones de contratación aplicables al personal del Banco Central Europeo — Recurso de anulación — Inadmisibilidad»

Texto completo en lengua alemana II-1075

Objeto:

Recurso por el que se pide, por una parte, que el Tribunal de Primera Instancia anule y/o declare inaplicables los artículos 7.2.0 y 8.1.0 del Reglamento del personal, la circular administrativa no 01/2000 relativa a los gastos de viaje, la cláusula de adaptación automática inserta en los contratos de empleo de los demandantes y la decisión del Presidente del Banco Central Europeo, de 27 de noviembre de 2000, por la que se desestima la reclamación de los demandantes y, por otra, que el Tribunal de Primera Instancia declare que el Banco Central Europeo estaba obligado a consultar al comité de personal antes de adoptar la circular administrativa no 01/2000 y que no puede introducir unilateralmente en los contratos entre los demandantes y él mismo las modificaciones de las condiciones de contratación o del Reglamento del personal ni ejecutarlas.

Resultado:

Se declara la inadmisibilidad del recurso. Las partes soportarán sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Recurso — Litigios entre el Banco Central Europeo y sus empleados — Recurso contra un acto de alcance general — Inadmisibilidad (Art. 236 CE; Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, art. 36.2; Estatuto de los Funcionarios, art. 90; condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, arts. 41 y 42; Staff Rules del Banco Central Europeo, art. 8) Funcionarios — Recurso — Litigios entre el Banco Central Europeo y sus empleados — Plazos de recurso — Exigencia de un plazo razonable (Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91; Staff Rules del Banco Central Europeo) Funcionarios — Recursos — Litigios entre el Banco Central Europeo y sus empleados — Objeto — Orden conminatoria a la Administración — Inadmisibilidad) (Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, art. 36.1; régimen aplicable a otros agentes, art. 2; condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, art. 42)
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En segundo lugar, el Consejo destaca que, aun suponiendo que la convocatoria de oposiciones constituya un acto lesivo para los demandantes, éstos no presentaron ninguna reclamación contra dicha convocatoria ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») antes de interponer el recurso, como exige el artículo 91, apartado 2, del Estatuto, cuando esta reclamación es un requisito previo a la inteiposición de un recurso ante el órgano jurisdiccional comunitario (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de junio de 1990, Marcato/Comisión, asuntos acumulados T-47/89 y T-82/89, Rec. p. II-231). Según el Consejo, el único acto lesivo contra el que se puede interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia sin previa reclamación ante la AFPN es la decisión individual del tribunal de concurso por la que se deniega la admisión a participar en la oposición, supuesto que no se da en el presente asunto (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de junio de 1990, Burban/Parlamento, T-133/89, Rec. p. II-245). El Consejo considera que, por tanto, el presente recurso es manifiestamente inadmisible por no haberse presentado una reclamación contra la convocatoria de oposiciones.
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 20 de julio de 2000. - Innova, Centro euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Procedimiento sobre medidas provisionales - Incompetencia. - Asunto T-149/00 R.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-02941



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Procedimiento sobre medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Admisibilidad del recurso principal - Falta de pertinencia - Límites - Inadmisibilidad

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

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$$La cuestión de la admisibilidad del recurso no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de que se prejuzgue el fondo del asunto. Sin embargo, cuando se plantea la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al que se une la demanda de medidas provisionales, puede resultar necesario determinar si existen elementos que permitan, a primera vista, declarar la admisibilidad de dicho recurso.

(véase el apartado 18)
Auto del Tribunal General (Sala Cuarta) de 12 de julio de 2012 — Compagnia Generale delle Acque/Comisión

(Asunto T-264/00)

«Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Desgravaciones de las cargas sociales en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia — Decisión de la Comisión por la que se declara el régimen de ayudas incompatible con el mercado común y se exige la recuperación de las ayudas abonadas — Recurso en parte inadmisible y en parte carente manifiestamente de fundamento jurídico alguno»

1. Procedimiento judicial — Excepción de inadmisibilidad — Decisión de unir al examen del fondo del asunto la demanda de pronunciarse de forma separada sobre la excepción de inadmisibilidad — Desestimación de un recurso en cuanto al fondo sin pronunciarse sobre dicha excepción — Facultad de apreciación del Tribunal General (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 111 y 114, ap. 4) (véanse los apartados 19 a 21)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Concesión de una ventaja a los beneficiarios — Medidas destinadas a compensar por eventuales desventajas competitivas que afectan a empresas establecidas en una región determinada de un Estado miembro — Inclusión (Art. 87 CE, aps. 1 y 3) (véanse los apartados 28 y 29)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Examen global de un régimen de ayudas — Procedencia (Arts. 87 CE, ap. 1, y 88 CE) (véase el apartado 34)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Perjuicio para la competencia — Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros — Alcance de la carga probatoria que recae sobre la Comisión (Art. 88 CE) (véase el apartado 37)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común — Ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de regiones determinadas — Exclusión de las ayudas de funcionamiento salvo en casos excepcionales [Art. 87 CE, ap. 3, letra c)] (véanse los apartados 44 y 45)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Proyectos de ayudas — Ejecución antes de la decisión final de la Comisión — Decisión de la Comisión por la que se ordena la devolución de la ayuda — Obligación de motivación — Alcance (Art. 88 CE, ap. 3) (véase el apartado 54)

Objeto

Anulación de la Decisión 2000/394/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de 1999, relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes no 30/1997 y no 206/1995 relativas a desgravaciones de las cargas sociales (DO 2000, L 150, p. 50).

Fallo

1) Unir el examen de la excepción de inadmisibilidad presentada por la Comisión al del fondo del asunto.

2) Declarar la inadmisibilidad de parte del recurso y desestimar la otra parte por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.

3) La Compagnia Generale delle Acque SpA cargará con las costas de la Comisión, además de con sus propias costas.
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1. Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

2. Procedimiento - Costas - Tasación - Elementos que deben tomarse en consideración

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91)

3. Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Concepto - Intervención de varios abogados

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

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1. Se desprende del artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia que las costas recuperables se circunscriben, por un lado, a los gastos efectuados con motivo del procedimiento ante el juez comunitario y, por otra parte, a los gastos que hayan sido necesarios con tal motivo.

( véase el apartado 33 )

2. El juez comunitario no es competente para tasar los honorarios que las partes deben a sus propios abogados, sino para determinar la cantidad por la que se pueden reclamar tales retribuciones a la parte condenada en costas. Al pronunciarse sobre la solicitud de tasación de costas, el juez comunitario no está obligado a tener en cuenta baremos nacionales que fijen los honorarios de los abogados ni un posible acuerdo sobre este particular entre la parte interesada y sus agentes o asesores.

Al no existir disposiciones comunitarias en materia de baremos de honorarios, el juez debe apreciar libremente los datos del caso, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario, así como las dificultades del asunto, el volumen de trabajo que el proceso contencioso haya podido causar a los agentes o letrados que intervinieron y los intereses económicos que el litigio haya representado para las partes. A este respecto, la posibilidad de que el juez comunitario aprecie el valor del trabajo efectuado depende de la precisión de las informaciones facilitadas por las partes.

( véanse los apartados 34 y 35 )

3. Para la determinación de las costas recuperables, corresponde al juez comunitario tener en cuenta, principalmente, el número total de horas de trabajo que puedan resultar objetivamente necesarias para el procedimiento contencioso, al margen del número de abogados entre los que hayan podido distribuirse los servicios prestados.

( véase el apartado 44 )
Un recurso de anulación interpuesto contra una decisión puramente confirmatoria de una decisión anterior no impugnada dentro de plazo es inadmisible, debiéndose entender que esta calificación supone que el acto no contiene ningún elemento nuevo con respecto a dicha decisión ni ha estado precedido de un reexamen de la situación de su destinatario. Así, en principio, sólo puede acordarse la inadmisión de un recurso de anulación dirigido contra una decisión del tribunal calificador, adoptada tras un nuevo examen, que confirma una decisión anterior de no admisión, si dicha decisión contiene elementos nuevos con respecto a la decisión anterior y si, por consiguiente, ha sido sustituida por ésta.

Sin embargo, cuando una norma que vincula a la institución -como una disposición de una convocatoria de concurso- confiere a los candidatos el derecho a solicitar el reexamen de las decisiones de no admisión, debe considerarse que la decisión adoptada después de dicho reexamen, y no la decisión inicial de no admisión, es el acto lesivo en el sentido del apartado 90, apartado 2, del Estatuto.

En efecto, la posición contraria tendría por consecuencia privar a dicho recurso, establecido por la administración en favor de las personas que desean participar en los concursos comunitarios, de su efecto útil o, por lo menos, reducir su pertinencia. Si se considerase que sólo la decisión anterior de no admisión es un acto lesivo, las personas que desearan solicitar el nuevo examen de dicha decisión se verían obligadas a presentar al mismo tiempo que su petición, para evitar que se sobrepasara el plazo, una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto o un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, lo que privaría de toda utilidad al procedimiento de reexamen. Dicha situación también sería contraria al principio de economía procesal.

(véanse los apartados 24 a 27)

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de octubre de 1983, Fediol/Comisión (191/82, Rec. p. 2913), apartado 31; Tribunal de Primera Instancia, 17 de febrero de 1991, Ferreira de Freitas/Comisión (T-2/90, Rec. p. II-103), apartados 56 y 61; Tribunal de Primera Instancia, 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión (T-7/89, Rec. p. II-1711), apartado 53; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1994, Cortés Jiménez y otros/Comisión(T-82/92, RecFP pp. I-A-69 y II-237), apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 15 de octubre de 1997, IPK-München/Comisión (T-331/94, Rec. p. II-1665), apartado 24; Tribunal de Primera Instancia, 21 de octubre de 1998, Vicente-Núñez/Comisión (T-100/96, RecFP pp. I-A-591 y II-1779), apartados 37 y siguientes, y apartado 67
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1. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Inadmisibilidad de una demanda de suspensión de la ejecución del Acuerdo marco de 5 de julio de 2000 sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión - Nueva demanda - Hecho nuevo o variación de las circunstancias - Concepto

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 108 y 109)

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1. Cuando se ha declarado la inadmisibilidad de una primera demanda de suspensión de la ejecución del Acuerdo marco de 5 de julio de 2000 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión por no haber aportado los demandantes elementos de peso que permitieran considerar que no estaba excluida la admisibilidad del recurso principal y no se ha interpuesto ningún recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra el auto, de conformidad con el artículo 50, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, ya no cabe cuestionar el referido auto, sin perjuicio de los supuestos que contemplan los artículos 108 y 109 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Aunque la aplicación del Acuerdo marco constituye una novedad respecto de la situación que se expuso en la primera demanda de medidas provisionales, en el sentido de que las decisiones impugnadas fueron adoptadas tras el pronunciamiento del referido auto, la aplicación del Acuerdo marco no constituye un cambio de circunstancias o un hecho nuevo, en el sentido de los artículos 108 y 109 del Reglamento de Procedimiento, en la medida en que no se trata de un acontecimiento que pueda modificar la conclusión a la que llegó el juez de medidas provisionales en el auto antes citado, de que, a primera vista, el recurso principal no es admisible.

( véanse los apartados 46, 48 y 49 )

2. La admisibilidad de un recurso debe apreciarse en relación con la situación que existía en el momento en que se presentó el escrito de demanda. Si, en aquel momento, no concurrían los requisitos para interponer el recurso, debe por tanto declararse su inadmisibilidad, sin perjuicio de que se efectúe una regularización en el plazo de interposición de recurso.

( véase el apartado 49 )
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 10 de febrero de 2000. - Pantelis Andriotis contra Comisión de las Comunidades Europeas y Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop). - Cedefop - Procedimiento de adjudiciación de un contrato público de servicios - Licitación relativa a servicios de arquitecto - No publicación de un anuncio relativo a los resultados del procedimiento de licitación - Interés para ejercitar la acción - Inadmisibilidad manifiesta. - Asunto T-5/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-00235



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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Interés en ejercitar la acción - No publicación de un anuncio relativo a los resultados del procedimiento de licitación de un contrato público de servicios - Obtención de la información solicitada antes de la interposición del recurso - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 175, ap. 4 (actualmente art. 232 CE, ap. 4); Directiva 92/50/CEE del Consejo]

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$$La admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica está supeditada al requisito de que las mismas justifiquen un interés para ejercitar la acción.

Por consiguiente, es inadmisible el recurso de anulación interpuesto por un licitador contra las decisiones denegatorias presuntas de informarle por escrito acerca de la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de la adjudicación de un contrato público de servicios, dado que, antes de interponer el recurso, el demandante ya había obtenido toda la información que podía ser objeto de publicación en el Diario Oficial y, por tanto, ya había alcanzado el resultado que perseguía, a saber, obtener los datos necesarios para poder recurrir judicialmente contra la decisión de adjudicación del contrato controvertido y de consiguiente rechazo de su oferta. (véanse los apartados 36 y 39)