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Los justiciables sólo pueden hacer uso de las vías procesales expresamente establecidas por un texto legal y, a falta de ello, el Tribunal no puede suplirlas, sobre todo cuando la protección jurisdiccional de los justiciables ya está adecuadamente garantizada.

Dado que la intervención forzosa no está prevista por un texto legal, el Juez no puede recurrir a la misma. La garantía de los derechos de terceros no impugnados en un asunto ante el Tribunal de Primera Instancia aparece tutelada en el Reglamento de Procedimiento por la vía de la intervención voluntaria y de la oposición de tercero.
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Procede destacar que, en el presente caso referido a Irlanda y al Reino Unido, el artículo 234 del Tratado es aplicable, en virtud del artículo 5 del Acta de adhesión, a los Convenios celebrados antes de su adhesión a la Comunidad, que tuvo lugar el 1 de enero de 1973. De ello se deduce que, en las relaciones entre Estados miembros, las disposiciones del Convenio de Berna, ratificado por Irlanda y por el Reino Unido antes del 1 de enero de 1973, no pueden prevalecer sobre las disposiciones del Tratado. En consecuencia, la demandante no puede ampararse en aquéllas para justificar restricciones al régimen de libre competencia instaurado y aplicado en la Comunidad, con arreglo a las disposiciones del Tratado y, en particular, del artículo 86. Así pues, procede desestimar la alegación según la cual el artículo 2 de la parte dispositiva de la Decisión es contrario al apartado 1 del artículo 9 del Convenio de Berna, sin necesidad de analizar el fondo. La misma conclusión se impone respecto del apartado 2 del citado artículo 9. En este sentido, basta decir que fue introducido por el instrumento suscrito en París en 1971, del que el Reino Unido es parte desde el 2 de enero de 1990, y que no fue ratificado por Irlanda. En consecuencia, por lo que se refiere al Reino Unido, el instrumento de París —y en particular el apartado 2 del artículo 9 del Convenio— fue ratificado con posterioridad a su adhesión a la Comunidad y por ende no puede prevalecer sobre una disposición del Tratado. Efectivamente, los Estados miembros no pueden obviar las normas del Tratado mediante la celebración de un Acuerdo o Convenio internacional. A tal fin, están obligados a recurrir al procedimiento previsto en el artículo 236 del Tratado. De ello se sigue que no puede invocarse el apartado 2 del artículo 9 del Convenio de Berna a fin de restringir la competencia que la Comunidad ostenta en virtud del Tratado para la aplicación de las normas sobre la competencia que en él se contienen, y en particular del artículo 86 y sus normas de aplicación, tales como el artículo 3 del Reglamento n° 17.
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Este Tribunal de Primera Instancia considera que, en el caso de autos, el hecho de que la persona que presidió el Consejo de disciplina durante el año 1988 siguiera presidiéndolo a lo largo de los dieciséis primeros días de enero de 1989 no constituye un vicio que haga contraria a Derecho la composición del Consejo. En efecto, el Consejo recibió el informe de la AFPN el 17 de octubre de 1988 y la práctica totalidad de la investigación se desarrolló durante el propio año 1988 y bajo la presidencia de la misma persona. El hecho de que esta misma persona siguiera presidiendo el Consejo hasta que éste adoptó su dictamen el 16 de enero de 1989 no sólo no constituye un vicio de procedimiento sino que, por el contrario, constituye una aplicación correcta del principio de buena administración. Efectivamente, semejante solución garantiza los derechos del funcionario que es objeto de un procedimiento disciplinario, en la medida en que permite que las personas que examinaron los documentos, oyeron a los testigos y, de manera general, realizaron todas las gestiones en el marco de la investigación destinada a esclarecer los hechos y la responsabilidad del funcionario afectado sean las mismas que las que adopten el dictamen previsto en el artículo 7 del Anexo IX del Estatuto. Además y en cualquier caso, la identidad del Presidente no desempeñó, en el caso de autos, un papel decisivo a la hora de la adopción del dictamen por el Consejo de disciplina. Puesto que éste fue emitido por la mayoría de los miembros del Consejo, el Presidente no participó en la decisión.
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No obstante, a juicio de la demandante, la fijación de estos criterios en las disposiciones generales de ejecución no puede conducir en modo alguno a la exclusión de una u otra categoría de personas, porque una aplicación mecánica de normas y de criterios preestablecidos sería contraria a la necesidad de apreciar situaciones de hecho, en ocasiones complejas, que caracterizan cada caso particular (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1972, Brandau contra Consejo, apartados 13 y 14, 46/71, Rec. 1972, p. 373). Siguiendo este razonamiento, la demandante estima que el artículo 3 de las disposiciones generales de ejecución es ilegal. Según ella, esta disposición añade al apartado 4 del artículo 2 del anexo condiciones no previstas por el legislador comunitario, lo que implica automáticamente la exclusión de un número considerable de personas que han superado o no han alcanzado los límites de edad establecidos. Es el caso, entre otros, de los hijos que han superado los 18 años, que supongan para el funcionario afectado una carga económica importante por una razón distinta de la educación escolar o profesional, la enfermedad o la incapacidad. Por ùltimo, la demandante sostiene que las disposiciones generales de ejecución privan, de hecho, a la Administración del margen de apreciación que le confirió el legislador y que, en consecuencia, la decisión impugnada se limita a hacer una aplicación mecánica de una normativa a todas luces ilegal.
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A este análisis sistemático expuesto por Tetra Pak, la Comisión opone una tesis basada en una interpretación diferente de los artículos 85 y 86. Haciendo referencia a las conclusiones del Abogado General en el asunto Ahmed Saeed, la Comisión alega en particular que, al no ser el abuso susceptible de autorización en una Comunidad de Derecho, resulta inadmisible una exención de la prohibición de explotación abusiva de posición dominante (primeras conclusiones presentadas el 28 de abril de 1988, apartado 41, Rec. 1989, p. 818). La Comisión recuerda que, en dicho asunto, el Tribunal de Justicia declaró expresamente que la explotación abusiva de una posición dominante no podía ser objeto de ninguna exención (sentencia antes citada, 66/86, apartado 32). De ello deduce la Comisión que no puede admitirse la tesis de la demandante según la cual el artículo 86 no es aplicable a un acuerdo exento en vinud del apartado 3 del artículo 85 hasta que la Comisión no haya revocado la exención, habida cuenta de que, debido al efecto ex nunc de la revocación de la exención, equivaldría a admitir que existe una exención de las explotaciones abusivas de posición dominante.
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La institución demandada, en una primera parte de sus alegaciones, subraya que el derecho del funcionario a la asignación familiar, tal como resulta de las disposiciones del anexo, está sujeto a tres requisitos: a) estar casado, o b) tener uno o más hijos a su cargo, o c) asumir efectivamente cargas familiares respecto a otras personas que no sean el cónyuge y los hijos a cargo. El Consejo, invocando la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de enero de 1984 (Erdini contra Consejo, 65/83, Rec. 1984, p. 211) y la de 23 de marzo de 1988 (Mouriki contra Comisión, 248/87, Rec. 1988, p. 1721), alega que no se puede conceder la asignación familiar al funcionario por lo que respecta a miembros de la familia a su cargo que no sean su cónyuge y sus hijos, salvo que estas personas convivan con este último. De esta manera, según el Consejo, el Estatuto establece una diferencia entre el derecho concedido al funcionario por el cónyuge y los hijos, con respecto a los cuales existe una presunción irrefragable de convivencia, y el concedido en atención a. otras personas que estén a su cargo. Además, el artículo 2 del anexo establece dos categorías de personas a cargo, a saber, por una parte, los hijos'y, por otra, las personas asimiladas a un hijo a cargo. El funcionario debe justificar que tiene la obligación legal de dar alimentos a estas personas. Por el contrario, no se exige dicha justificación para los hijos a su cargo.
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Por consiguiente no cabe, en cualquier caso, sino rechazar los argumentos presentados por el demandante en apoyo de este motivo, basados, en primer lugar, en el hecho de que su hijo había pasado cerca de la mitad del período de servicio militar en el domicilio de sus padres, mientras que esta circunstancia depende de la elección personal del interesado; en segundo lugar, en el hecho de que su hijo soportaba gastos médicos en Luxemburgo, mientras que se trata, también en este caso, de una elección personal, y no se ha negado, además, que estos gastos fueran reembolsados de acuerdo con la normativa común del régimen de las Comunidades Europeas; y, en tercer lugar, en el hecho de que la manutención efectiva de una persona de 20 años, como su hijo, teniendo en cuenta su «medio sociocultural» y su nivel intelectual, no puede limitarse estrictamente a las necesidades de habitación, sustento y vestido, sino que implica importantes cargas suplementarias; tales circunstancias no pueden tenerse en cuenta para determinar, de modo general, el régimen fiscal aplicable a los funcionarios comunitarios cuyos hijos cumplan el servicio militar.
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Aunque el recurso está formalmente dirigido contra la decisión de la Comisión de 18 de julio de 1988 que, en realidad, no es más que la carta mediante la que los servicios de la Comisión informaron al demandante de la decisión adoptada respecto a él por el tribunal de la oposición y que, considerada aisladamente, no constituye un acto impugnable, este Tribunal de Primera Instancia entiende que no existe duda alguna sobre el verdadero objeto del litigio y que el recurso pretende claramente la anulación de la decisión del tribunal de la oposición COM/A/621 en el sentido de no admitirle a la práctica de las pruebas.
Ninguna disposición del Estatuto o de sus anexos excluye la participación de los agentes temporales en los concursos internos. Estos agentes tienen, en principio, derecho a participar en los concursos internos de su institución. Tal derecho estatutario no constituye para ellos un privilegio contrario a Derecho, que lleve a una discriminación en perjuicio de las personas que no forman parte del personal de las instituciones.

Una norma de actuación adoptada por una institución y que restringe, en infracción del Estatuto, el ejercicio de un derecho estatutario de sus agentes no puede considerarse como conforme al Estatuto por el mero hecho de que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se reserve la posibilidad de adoptar decisiones discrecionales en casos particulares. Tal posibilidad no basta para garantizar el pleno ejercicio del citado derecho estatutario, ya que este ejercicio queda sujeto a una apreciación discrecional de la AFPN no prevista por el Estatuto.
Ningún funcionario puede invocar una violación del principio de la confianza legítima si la Administración no le ha dado unas seguridades concretas. El silencio guardado por ésta tras la solicitud de confirmación de sus derechos que le haya dirigido un funcionario, por lamentable que sea, no puede interpretarse como una confirmación de tales derechos a favor del interesado, así como tampoco puede considerarse como una seguridad concreta dada por la Administración.

Incluso suponiendo que un funcionario obtuviese de la Administración la confirmación errónea de los derechos que reivindicaba, tal compromiso no podría crear una situación de confianza legítima, dado que ningún funcionario de una institución comunitaria puede comprometerse válidamente a no aplicar el Derecho comunitario y dado que la comunicación de una interpretación errónea de la norma comunitaria no puede, por otra parte, dar lugar a la responsabilidad de la Administración. Unas promesas que no tengan en cuenta las disposiciones estatutarias no pueden crear una confianza legítima en la persona a quien se dirigen.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 1 de septiembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Pharol, SGPS, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asunto C-67/22) (1)

(Petición de decisión prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Artículos 63 TFUE y 65 TFUE - Libre circulación de capitales - Impuesto sobre beneficios de las personas jurídicas - Dividendos percibidos por una sociedad establecida en el Estado miembro de la sociedad beneficiaria - Dividendos percibidos por una sociedad establecida en un tercer país - Normativa nacional que persigue eliminar la doble imposición - Diferencia de trato - Restricción - Justificación - Eficacia de las inspecciones tributarias - Inexistencia de obligación convencional de comunicación de información fiscal)

(2022/C 398/11)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Supremo Tribunal Administrativo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Pharol, SGPS, SA

Demandada: Autoridade Tributária e Aduaneira

Fallo

Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que persigue eliminar la doble imposición económica de los dividendos, en virtud de la cual una sociedad residente del Estado miembro de que se trate puede deducir de su beneficio imponible los dividendos que le haya distribuido otra sociedad residente, pero no puede deducir los dividendos distribuidos por una sociedad domiciliada en un tercer país, debido a que este no está vinculado con el Estado miembro de imposición por ninguna obligación convencional de comunicación de información fiscal, cuando tal deducción esté sometida al requisito relativo a la sujeción al impuesto de la sociedad distribuidora en ese tercer país y, como consecuencia de que dicho tercer país no tiene obligación convencional alguna de suministrar información, resulte imposible obtener tal información de ese país. Los Estados miembros no están obligados a conceder a los contribuyentes la posibilidad de presentar ellos mismos las pruebas que demuestren que se cumplen los requisitos necesarios para obtener tal deducción cuando, por no existir obligación convencional, dicho Estado miembro no puede verificar la veracidad de tales pruebas.

(1) Fecha de presentación: 2.2.2022.
C 24/16

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 27 de septiembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Kleve — Alemania) — AB y otros / Ryanair DAC

(Asunto C-307/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Transportes aéreos - Reglamento (CE) n.o 261/2004 - Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de cancelación o gran retraso de los vuelos - Artículo 5, apartado 1, letra c) - Derecho a compensación en caso de cancelación de un vuelo - Contrato de transporte celebrado a través de una agencia de viajes operativa en Internet - Información de la cancelación del vuelo a través de una dirección electrónica generada de forma automática por la agencia de viajes - Falta de información efectiva al pasajero)

(2023/C 24/21)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Kleve

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: AB y otros

Demandada: Ryanair DAC

Fallo

Los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91,

deben interpretarse en el sentido de que

el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo está obligado a abonar la compensación establecida en dichas disposiciones en caso de cancelación de un vuelo de la que no se haya informado al pasajero con al menos dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista cuando el transportista aéreo haya remitido oportunamente la información a la única dirección electrónica que se le comunicó al hacerse la reserva, pero sin saber que dicha dirección solo permitía ponerse en contacto con la agencia de viajes a través de la cual se había efectuado dicha reserva y no directamente con el pasajero, y la agencia de viajes no haya transmitido oportunamente dicha información al pasajero.

(1) DO C 310 de 2.8.2021.
3.

Mantener los efectos de la Decisión de la Junta Única de Resolución, en sesión ejecutiva de 11 de abril de 2017, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2017 al Fondo Único de Resolución (SRB/ES/SRF/2017/05), en lo que respecta a Portigon AG, hasta que entre en vigor, en un plazo razonable que no podrá exceder de seis meses a partir de la fecha de comunicación del presente auto, una nueva decisión de la Junta Única de Resolución por la que se fije la aportación ex ante de dicha entidad al Fondo Único de Resolución para el año 2017.
C 287/16

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 28 de mayo de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Köln — Alemania) — FZ / DER Touristik GmbH

(Asunto C-153/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Transportes aéreos - Reglamento (CE) n.o 261/2004 - Artículo 12 - Viajes combinados - Gran retraso de los vuelos - Compensación a los pasajeros - Compensación suplementaria - Derecho de los pasajeros a la reducción del precio del viaje)

(2020/C 287/23)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: FZ

Demandada: DER Touristik GmbH

Fallo

El artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que no obsta a que los pasajeros que ya hayan recibido una compensación con arreglo al artículo 7 del Reglamento puedan verse compensados en virtud del derecho a reducción del precio del viaje que les otorga el Derecho del Estado miembro de que se trate frente a los operadores turísticos, si esta última compensación se concede por un perjuicio individualizado que tiene su origen en una de las situaciones contempladas en el artículo 1, apartado 1, del mismo Reglamento, extremo este que incumbe comprobar al tribunal remitente.

(1) DO C 182 de 27.5.2019.
Asunto C-85/18 PPU: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Judecătoria Oradea — Rumanía) — CV / DU [Petición de decisión prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Cooperación judicial en materia civil — Competencia en materia de responsabilidad parental — Custodia del menor — Reglamento (CE) n.o 2201/2003 — Artículos 8, 10 y 13 — Concepto de «residencia habitual» del menor — Resolución dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en relación con el lugar de residencia del menor — Traslado o retención ilícitos — Competencia en caso de sustracción del menor]

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Judecătoria Oradea — Rumanía) — CV / DU

(Asunto C-85/18 PPU) ( 1 )

«[Petición de decisión prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Cooperación judicial en materia civil — Competencia en materia de responsabilidad parental — Custodia del menor — Reglamento (CE) n.o 2201/2003 — Artículos 8, 10 y 13 — Concepto de «residencia habitual» del menor — Resolución dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en relación con el lugar de residencia del menor — Traslado o retención ilícitos — Competencia en caso de sustracción del menor]»

Órgano jurisdiccional remitente

Judecătoria Oradea

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CV

Demandada: DU

Fallo

El artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, y el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, deben interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, en la que un menor que tenía su residencia habitual en un Estado miembro fue trasladado ilícitamente por uno de sus progenitores a otro Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro no son competentes para pronunciarse sobre una demanda relativa al derecho de custodia o a la fijación de una pensión alimenticia respecto de dicho menor, a falta de toda indicación de que el otro progenitor haya dado su conformidad con el traslado del menor o no haya presentado demanda de restitución de este último.

( 1 ) DO C 152 de 30.4.2018.