Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Protección de las aguas subterráneas — Directiva 80/68/CEE

(Directiva 80/68/CEE del Consejo, arts. 3, 4 y 5)

2. Aproximación de las legislaciones — Protección de las aguas subterráneas — Directiva 80/68/CEE

(Directiva 80/68/CEE del Consejo, arts. 4, 5 y 7)

3. Recurso por incumplimiento — Recurso dirigido contra una práctica administrativa contraria al Derecho comunitario — Procedencia — Requisitos

(Art. 10 CE, 211 CE y 226 CE)

4. Aproximación de las legislaciones — Protección de las aguas subterráneas — Directiva 80/68/CEE

[Directiva 80/68/CEE del Consejo, arts. 2, letra a), 5, ap. 1, y 7]

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1. En virtud del artículo 3, letra a), de la Directiva 80/68, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias para impedir la introducción en las aguas subterráneas de sustancias de la lista I.

Así, el artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, de esta Directiva impone que los Estados miembros solo podrán conceder una autorización de vertido indirecto de tales sustancias si se hubieren respetado todas las precauciones técnicas a fin de que dichas sustancias no puedan llegar a otros sistemas acuáticos o dañar otros ecosistemas.

Este requisito no se cumple, puesto que los vertidos en cuestión no se limitan exclusivamente a las aguas subterráneas, cuando el sistema acuático al que pertenece un río que no tiene su fuente en las aguas subterráneas que discurren bajo un vertedero municipal, se ve afectado por los vertidos indirectos de sustancias de la lista I, y según el estudio hidrogeológico, existía una solución distinta a la adoptada, que habría permitido que no se agravara el nivel de contaminación de ese río.

(véanse los apartados 34, 35, 37, 41 y 42)

2. El medio receptor de los vertidos constituye el objeto de las investigaciones previas a las que se refieren los artículos 4 y 5 de la Directiva 80/68, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. Habida cuenta de este objeto específico, el artículo 7 de la Directiva exige que las investigaciones mencionadas tengan asimismo un objetivo específico, a saber, el estudio de las condiciones hidrogeológicas de la zona afectada, del eventual poder depurador del suelo y del subsuelo y de los riesgos de contaminación y de alteración de la calidad de las aguas subterráneas por los vertidos, todo ello con el fin de determinar si, desde el punto de vista medioambiental, los vertidos en esas aguas constituyen una solución adecuada. El citado artículo 7 supedita así la concesión de las autorizaciones a requisitos precisos y detallados que deben considerarse imperativos para la consecución del objetivo de la Directiva. Para responder plenamente al objetivo así perseguido por el legislador comunitario, la investigación previa, que es un requisito para la concesión de la autorización, debe permitir una comprensión completa y detallada del estado del medio receptor de los vertidos, sin que sea necesario que se haga referencia expresa a la Directiva.

(véanse los apartados 53 y 54)

3. La Comisión puede solicitar al Tribunal de Justicia que compruebe los incumplimientos relativos a las disposiciones de una Directiva que resulten del hecho que la práctica general adoptada por las autoridades de un Estado miembro sea contraria a estas disposiciones, ilustrando dicha práctica con situaciones específicas. Para que un comportamiento estatal consistente en una práctica administrativa contraria a las exigencias del Derecho comunitario pueda constituir un incumplimiento a efectos del artículo 226 CE, dicha práctica debe presentar un grado suficiente de continuidad y generalidad.

(véanse los apartados 64 y 65)

4. Como se desprende sin ambigüedad del propio tenor del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 80/68, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, los Estados miembros deben, en principio, establecer en relación con todas las sustancias de la lista II, incluidas, por lo tanto, las que procedan de fosas sépticas, procedimientos de investigación previa y de autorización para todas las acciones de eliminación o de depósito a fin de eliminar las sustancias que pueden llevar a un vertido indirecto.

Cuando las autoridades competentes de un Estado miembro, en vista del aumento de la capacidad de un establecimiento hotelero, dejan de considerar que los efluentes vertidos por el citado establecimiento tienen carácter doméstico en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva y le imponen la obligación de obtener una autorización para efectuar el vertido de los efluentes, dicha autorización sólo podrá ser concedida con arreglo al tenor y a los procedimientos establecidos por la propia Directiva.

Ahora bien, habida cuenta de que un establecimiento hotelero, en atención al número de sus habitaciones y de las actividades que en él se desarrollan, no puede válidamente quedar al margen de la aplicación de la Directiva y de que no se discute que emanan de la fosa séptica de que dispone sustancias de la lista II y que éstas se vierten en aguas subterráneas, dicho establecimiento debe someterse al procedimiento de investigación previa y de autorización exigido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva. Esta investigación debe responder a los requisitos enunciados en el artículo 7 de la Directiva, que exige que tenga un objetivo específico, a saber, el estudio de las condiciones hidrogeológicas de la zona afectada, del eventual poder depurador del suelo y del subsuelo y de los riesgos de contaminación y de alteración de la calidad de las aguas subterráneas por los vertidos, todo ello con el fin de determinar si, desde el punto de vista medioambiental, los vertidos en esas aguas constituyen una solución adecuada.

(véanse los apartados 53, 77, 86, 87 y 91 a 93)