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El artículo 2 de la Ley de disposiciones complementarias sobre los recursos en materia de medio ambiente, según su modificación, está así redactado: «1. Una asociación nacional o extranjera reconocida [...] podrá interponer recurso conforme a la Ley de organización de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin necesidad de alegar una lesión de sus propios derechos, contra las decisiones a que se refiere el artículo 1, apartado 1, primera frase, o contra su omisión, si esa asociación: 1) alega que la decisión a que se refiere el artículo 1, apartado 1, primera frase, o la omisión de tal decisión, es contraria a disposiciones jurídicas destinadas a la protección del medio ambiente y que puedan ser pertinentes para la decisión, 2) alega que le afecta la decisión a que se refiere el artículo 1, apartado 1, primera frase, o la omisión de decisión, en su ámbito de actividad estatutario de promoción de los objetivos de protección del medio ambiente, y 3) estaba facultada para participar en un procedimiento previsto en el artículo 1, apartado 1, primera frase, y se había manifestado en él sobre el fondo, con arreglo a las disposiciones en vigor, o no se le había dado la oportunidad de hacerlo, en contra de lo dispuesto en las disposiciones en vigor. 2. Una asociación no reconocida sólo [...] podrá interponer un recurso con arreglo al apartado 1 si 1) cumple los requisitos para ser reconocida en el momento de la presentación del recurso, 2) ha presentado una solicitud de reconocimiento, y 3) aún no se ha adoptado una decisión acerca de su reconocimiento por razones de las que no es responsable. [...] 3. Si la asociación tuvo ocasión de manifestarse durante el procedimiento a que se refiere el artículo 1, apartado 1, primera frase, no podrá alegar en el procedimiento de recurso ninguna objeción que no alegó, o que no alegó a su debido tiempo, con arreglo a las disposiciones en vigor, pero que habría podido alegar en el procedimiento a que se refiere el artículo 1, apartado 1, primera frase. 4. Si una decisión prevista en el artículo 1, apartado 1, primera frase, no se hubiera hecho pública o no se hubiera notificado a la asociación con arreglo a las disposiciones en vigor, la oposición o el recurso deberán presentarse en el plazo de un año a partir del momento en que la asociación haya tenido o habría podido tener conocimiento de la decisión. [...] 5. Los recursos a los que se refiere el apartado 1 se considerarán fundados: 1) si la decisión mencionada en el artículo 1, apartado 1, primera frase, o la omisión de decisión, es contraria a disposiciones destinadas a la protección del medio ambiente y que sean pertinentes para la decisión, 2) en caso de recursos relativos a los planes de construcción, si las apreciaciones del plan de construcción de las que dependa la licitud de un proyecto sometido a la obligación [de una evaluación del impacto medioambiental] infringen las disposiciones para la protección del medio ambiente, y cuando la infracción afecte a intereses de protección del medio ambiente que figuren entre los objetivos promovidos por la asociación en virtud de sus estatutos. En el caso de las decisiones mencionadas en el artículo 1, apartado 1, primera frase, debe existir, además, una obligación de realizar una evaluación del impacto medioambiental.»