Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso por incumplimiento - Procedimiento administrativo previo - Objeto - Dictamen motivado - Contenido

(Tratado CE, art. 169)

2 Actos de las Instituciones - Directivas - Ejecución por los Estados miembros - Adaptación del Derecho interno a una Directiva sin una actividad normativa - Requisitos - Existencia de un contexto jurídico general que garantice la plena aplicación de la Directiva - Insuficiencia de una mera remisión general al Derecho comunitario

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

3 Actos de las Instituciones - Directivas - Derecho de los justiciables a invocar las Directivas en circunstancias particulares - Efecto que no dispensa a los Estados miembros de su obligación de ejecutar las Directivas

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

4 Estados miembros - Obligaciones - Ejecución de las Directivas - Incumplimiento - Ejecución mediante circular - Improcedencia

(Tratado CE, art. 169)

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5 En el recurso por incumplimiento, la finalidad del procedimiento administrativo previo es dar al Estado miembro interesado la ocasión, por una parte, de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario y, por otra, de formular adecuadamente las alegaciones que, en su defensa, estime pertinentes frente a las imputaciones de la Comisión.

Por lo tanto, el procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 169 del Tratado delimita el objeto de un recurso interpuesto al amparo de dicho artículo. Por consiguiente, el recurso no podrá basarse en motivos distintos de los indicados en el dictamen motivado, que debe contener una exposición coherente y detallada de las razones que llevaron a la Comisión al convencimiento de que el Estado miembro interesado había incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado.

6 La adaptación del Derecho interno a una Directiva no exige necesariamente una reproducción formal y textual de sus disposiciones en una norma legal expresa y específica y, en función de su contenido, puede ser suficiente un contexto jurídico general, siempre que éste último garantice efectivamente la plena aplicación de la Directiva de manera suficientemente clara y precisa para que, si la Directiva tiene como fin crear derechos a favor de los particulares, los beneficiarios estén en condiciones de conocer todos sus derechos y ejercitarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Este último requisito es particularmente importante cuando la Directiva tiene por objeto conferir derechos a los naciones de los demás Estados miembros.

La mera remisión general al Derecho comunitario que efectúa la legislación de un Estado miembro no puede constituir, a este respecto, una adaptación del Derecho interno que garantice de forma suficientemente clara y precisa la plena aplicación de las Directivas cuya finalidad es crear derechos en favor de los particulares de los demás Estados miembros.

7 El derecho de los justiciables a invocar en juicio una Directiva frente a un Estado miembro en circunstancias particulares no constituye sino una garantía mínima, derivada del carácter vinculante de la obligación impuesta a los Estados miembros por efecto de las Directivas, en virtud del párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, el cual no puede servir de justificación a un Estado miembro para no adoptar, a su debido tiempo, disposiciones de ejecución adecuadas al objeto de cada Directiva.

8 Un Estado miembro no puede cumplir las obligaciones que le impone una Directiva mediante una simple circular que la Administración puede discrecionalmente modificar.