Palabras clave

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Palabras clave

1 Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Infracciones - Responsabilidad personal de las empresas - Acuerdos y prácticas concertadas que constituyen una infracción única - Concepto

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

2 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos y prácticas concertadas que constituyen una infracción única - Concepto - Carga de la prueba - Criterios - Respeto de los derechos de defensa

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

3 Competencia - Prácticas colusorias - Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada - Calificación jurídica

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

4 Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Objeto contrario a la competencia - Falta de efectos contrarios a la competencia en el mercado - Irrelevancia

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

5 Recurso de casación - Motivos - Fundamentos de Derecho de una sentencia viciados por una infracción del Derecho comunitario - Fallo justificado en virtud de otros fundamentos de Derecho - Desestimación

6 Competencia - Prácticas colusorias - Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada - Calificación única como «acuerdo y/o práctica concertada» - Procedencia

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

7 Competencia - Normas comunitarias - Infracciones - Imputación - Criterio «de la continuidad económica de la empresa» - Requisitos

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

8 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad de las infracciones - Consideración de los efectos del conjunto de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

9 Recurso de casación - Interés para ejercitar la acción - Recurso de casación interpuesto por una Institución comunitaria

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 49, párr. 3)

10 Competencia - Multas - Cuantía - Métodos de cálculo - Cuantía de la multa expresada en ECU y en moneda nacional - Indicación definitiva del valor en moneda nacional

[Tratado CE, art. 109 G (actualmente art. 118 CE); Reglamento (CEE) nº 3320/94 del Consejo]

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1 En atención a la naturaleza de las infracciones a las normas comunitarias de competencia, así como a la naturaleza y gravedad de las sanciones correspondientes, la responsabilidad por la comisión de dichas infracciones tiene un carácter personal.

Los acuerdos y prácticas concertadas que contempla el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) son necesariamente el resultado del concurso de varias empresas, que son en su totalidad coautoras de la infracción, pero cuya participación puede revestir formas diferentes, en función principalmente de las características del mercado de que se trate y de la posición de cada empresa en dicho mercado, de los fines perseguidos y de las modalidades de aplicación elegidas o planeadas.

No obstante, la mera circunstancia de que cada empresa participe en la infracción de una forma propia a cada una no basta para excluir su responsabilidad por la totalidad de la infracción, incluyendo los comportamientos que son ejecutados materialmente por otras empresas participantes, pero que comparten un mismo objetivo o el mismo efecto contrario a la competencia.

Asimismo, una violación del artículo 85 puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos una violación del mencionado artículo 85.

2 Una empresa que participe en una infracción única mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada, con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) y que pretenda contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede ser también responsable de los comportamientos de aplicación por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción. Así ocurre cuando se demuestra que la empresa de que se trata conoce los comportamientos ilícitos de los demás participantes o puede preverlos razonablemente y está dispuesta a asumir el riesgo. Esta conclusión no se contradice con el principio según el cual la responsabilidad de tales infracciones tiene un carácter personal y no conduce ni a descuidar el análisis individual de las pruebas inculpatorias, en detrimento de las normas aplicables en materia de prueba, ni a violar los derechos de defensa de las empresas implicadas.

3 Si el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) distingue el concepto de «práctica concertada» del de «acuerdos entre empresas» o del de «decisiones de asociaciones de empresas», lo hace con objeto de someter a las prohibiciones de esta disposición diferentes formas de coordinación y de colusión entre empresas. No obstante, no se desprende de lo anterior que una serie de conductas que tengan el mismo objeto contrario a la competencia y que, analizadas por separado, puedan subsumirse en el concepto de «acuerdo», de «práctica concertada» o de «decisión de una asociación de empresas», no puedan constituir manifestaciones diferentes de una misma infracción del apartado 1 del artículo 85.

En consecuencia, una serie de comportamientos de varias empresas puede constituir la expresión de una única infracción subsumible en parte en el concepto de acuerdo y en parte en el de práctica concertada.

4 Como se desprende del propio tenor del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), el concepto de práctica concertada supone, además de la concertación entre las empresas, un comportamiento en el mercado que siga a la concertación y una relación de causa a efecto entre ambos elementos.

Puede presumirse, salvo prueba en contrario, que corresponde aportar a los operadores interesados, que las empresas que participan en una concertación y que permanecen activas en el mercado toman en consideración la información intercambiada con sus competidores, a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado. Máxime cuando la concertación se produzca regularmente a lo largo de un período dilatado.

Una práctica concertada entra dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, aunque no se produzcan efectos contrarios a la competencia en el mercado.

Por una parte, resulta del propio texto de la mencionada disposición que, al igual que los acuerdos entre empresas y las decisiones de asociaciones de empresas, las prácticas concertadas se hallan prohibidas, con independencia de cualquier efecto, cuando tienen un objeto contrario a la competencia. Por otra parte, si bien el propio concepto de práctica concertada supone un comportamiento de las empresas participantes en el mercado, no implica necesariamente que dicho comportamiento produzca el efecto concreto de restringir, impedir o falsear la competencia.

5 Si los fundamentos de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia revelan una infracción del Derecho comunitario, pero su fallo se fundamenta en otros fundamentos de Derecho, el recurso de casación debe desestimarse.

6 La comparación entre el concepto de acuerdo y el de práctica concertada, en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) demuestra que, desde un punto de vista subjetivo, ambos recogen formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por las formas en las que se manifiestan.

De ello se desprende que, aunque dichos conceptos contienen elementos constitutivos parcialmente diferentes, no son recíprocamente incompatibles. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a exigir a la Comisión que califique como acuerdo o práctica concertada cada uno de los comportamientos comprobados, sino que puede declarar acertadamente que la Comisión ha calificado con arreglo a Derecho algunos de dichos comportamientos, con carácter principal, como acuerdos y otros, con carácter subsidiario, como «prácticas concertadas», sin que ello conduzca a consecuencias inaceptables en materia de prueba o viole los derechos de defensa de las empresas afectadas.

7 En el marco de la imputación de la responsabilidad por una infracción de las normas comunitarias de competencia, el criterio conocido como «de continuidad económica», que permite determinar el sujeto responsable del comportamiento que constituye una infracción, sólo es aplicable cuando la persona jurídica responsable de la explotación de la empresa deja de existir jurídicamente tras la comisión de la infracción, sin perjuicio de eventuales maniobras que se hubieran llevado a cabo con la finalidad específica de eludir las sanciones impuestas por violación de las normas sobre la competencia.

8 Cuando una infracción ha sido cometida por varias empresas, procede examinar la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas. No obstante, los efectos que deben tomarse en consideración para determinar el nivel general de las multas no son los que resultan del comportamiento efectivo que pretende haber seguido una empresa determinada, sino los que resultan del conjunto de la infracción en la que la empresa participó.

9 En virtud del párrafo tercero del artículo 49 del Estatuto del Tribunal de Justicia, salvo en los litigios entre las Comunidades y sus agentes, el recurso de casación podrá interponerse también por los Estados miembros y las Instituciones de la Comunidad, aunque no hayan intervenido en el litigio ante el Tribunal de Primera Instancia. Hayan sido o no partes en el litigio en primera instancia, las Instituciones de la Comunidad no deben, por tanto, justificar ningún interés para poder interponer un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Además, cualquier parte es libre de apreciar la oportunidad de interponer un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia y no corresponde al Tribunal de Justicia controlar lo decidido al respecto por una de las Instituciones.

10 Cuando la Comisión, en una Decisión que constata una infracción de las normas de competencia, ha expresado el importe de la multa impuesta a una empresa en ECU y en una moneda nacional, utilizando el tipo de cambio aplicable el día en el que la mencionada Decisión fue adoptada (23 de abril de 1986), la Comisión ha pretendido indicar de forma definitiva el valor en moneda nacional del importe expresado en ECU. En tales circunstancias, debe prescindirse de la presunción enunciada en el artículo 2 del Reglamento nº 1103/97, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro, y determinar la cuantía de la multa en la moneda nacional sobre la base del mismo tipo de cambio utilizado por la Comisión en su Decisión.