1.

Primer motivo, basado en la aplicación indebida de corrección a tanto alzado. — A este respecto se señala que la Decisión recurrida vulnera el principio de proporcionalidad en las correcciones financieras al haber aplicado indebidamente una corrección a tanto alzado, vulnerado el artículo 52, párrafo 2 del Reglamento 1306/2013 (2), y el derecho a una buena administración al no haber examinado con la diligencia debida las evaluaciones de riesgo presentadas por las autoridades españolas. Este primer motivo se divide, a su vez en los siguientes submotivos, de los cuales evidencian, tanto de manera aislada, como considerados en su conjunto, la falta de proporcionalidad de la corrección financiera aplicada. — III.1. Error de apreciación al concluir que hay una duda seria y razonable sobre el alcance de los controles del requisito legal de gestión 1 (en adelante, RLG 1). — La Comisión yerra: i) Porque no tuvo en cuenta que los inspectores, en los controles de campo, controlaban el requisito de medición de los estercoleros y la revisión del cuaderno de explotación. ii) Porque en la auditoría no hubo ninguna medición o control sobre el terreno que evidenciara irregularidades por parte de los beneficiarios, ni tampoco errores que los inspectores hubieran podido cometer en los controles realizados. iii) Al valorar como deficiencia en el alcance y calidad de los controles del RLG 1, que, en su caso, sólo podría haber calificado como una deficiencia en el control fundamental «Comunicación de los resultados», el cual ya está valorado específicamente por la Comisión en el informe de síntesis. — III.2. Error de apreciación al considerar que hay una duda seria y razonable sobre el alcance de los controles del requisito legal de gestión 3 (RLG 3). — La Comisión incurre en un doble error al evaluar el RLG 3: i) La Comisión yerra al asumir, sin base fáctica para ello derivada de los controles sobre el terreno realizados en la auditoría, que en las parcelas de las explotaciones de la muestra de control existían especies vegetales silvestres sobre las cuales habría sido necesario adoptar planes de conservación. ii) Yerra al exigir que los agricultores y ganaderos cumplan directamente con el anexo II de la Directiva, sin que existan unos planes que previamente determinen las medidas de conservación que, en su caso, serían necesarias. iii) La Comisión yerra al considerar que hubiera sido posible imponer sanciones a los agricultores por el supuesto incumplimiento directo de la directiva, y cuya omisión habría generado un perjuicio financiero a la Unión. — III.3. Error de apreciación y falta de proporcionalidad al concluir que los controles de identificación de los requisitos legales de gestión 7 y 8 (RLG 7 y RLG 8) adolecen de deficiencias de tipo sistémico. — En relación con la identificación (RLG 7 y RLG 8), la Comisión yerra: i) Al no tener en cuenta el principio de proporcionalidad de las sanciones al considerar que las autoridades de Castilla y León debieron sancionar a los agricultores cuando había animales que sólo tenían una única marca auricular (en lugar de las dos reglamentarias), cualquiera que fuera el número de marcas auriculares que faltaran. ii) Al considerar que la aplicación de un principio fundamental del derecho de la Unión como es la proporcionalidad de las sanciones depende de una implementación por las autoridades nacionales. iii) Al no tener en cuenta que las autoridades españolas, en la práctica de las inspecciones, realizaban controles que, como mínimo, producían un resultado equivalente al que resultaría de haber aplicado un margen de tolerancia del 20 % de marcas auriculares que la Comisión acepta para otros Estados miembros. — En relación con el registro (RLG 7 y RLG 8), la Comisión yerra: i) al atribuir una importancia desproporcionada a la deficiencia cuando, a través de la consulta de la BDGN, la Comisión ha podido repetir los controles y comprobar el número de animales presentes en las explotaciones. ii) Al no tener en cuenta que, a pesar de las supuestas deficiencias en el control, la auditoría no puso de relieve casos en los que el agricultor hubiera cometido infracciones susceptibles de ser sancionadas y, por lo tanto, tampoco podría haber existido perjuicio a los intereses financieros de la Unión. — III.4. Error de apreciación y atribución de importancia desmedida a un posible elemento del requisito general del ii) del apartado b) del artículo 72 del Reglamento (UE) no 809/2014 (3). — La Comisión yerra: i) Porque la firma del beneficiario no era un requisito exigido en el apartado i) del artículo 72, párrafo 1, apartado a) del Reglamento de Ejecución de la Comisión 809/2014. ii) El listado de parcelas ya estaba incluido en las actas de control de admisibilidad, cuyo control se hacía de manera simultánea, por lo que no existía riesgo financiero para el presupuesto de la Unión. Además, no es un requisito exigido expresamente en el citado reglamento de ejecución de la Comisión. iii) La ausencia de detalles sobre los elementos del paisaje ya estaba cargada en la Tablet pc antes de los controles, y la Comisión no acredita que la omisión de los elementos que no habían sufrido alteración suponga un mayor riesgo de comisión de infracciones, o de que haya infracciones no detectadas. — III.5. Rechazo injustificado de la estimación de riesgo basada en una extrapolación de los resultados de los controles del año 2018. — La Comisión yerra al rechazar «ab initio» el cálculo del riego basado en una extrapolación de los controles realizados en el año 2018, al i) Negar la fiabilidad del método de cálculo de riesgo, ii) Afirmar que el cálculo de riesgo no se basaba en una muestra representativa de la población en situación de riesgo y iii) Afirmar que no es posible repetir los controles. — III.6. Conclusiones sobre la falta de proporcionalidad al evaluar el riesgo para el presupuesto de la Unión mediante una estimación a tanto alzado, en lugar de realizar extrapolaciones más ajustadas a la realidad de los riesgos detectados. — La Comisión yerra: i) Al no haber tenido en cuenta el carácter excepcional de las correcciones a tanto alzado. ii) Al afirmar que la corrección a tanto alzado es un cálculo (preciso y exhaustivo) del riesgo para los Fondos, no comparable con la extrapolación propuesta en este caso. iii) Al haber exagerado las consecuencias financieras de las deficiencias en los sistemas de control. iv) Al haber generalizado los resultados de controles aislados y presentarlos como deficiencias que supuestamente afectarían a toda la población de beneficiarios y practicar así una corrección financiera a tanto alzado.