ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Incumple las obligaciones que para él se derivan de los artículos 1 y 2 del Reglamento (CEE) n.o 3950/92, por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos, del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1788/2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos, de los artículos 79, 80 y 83 del Reglamento (CE) n.o 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), del artículo 7 del Reglamento (CEE) n.o 536/93, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos, del artículo 11, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 1392/2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 3950/92, y de los artículos 15 y 17 del Reglamento (CE) n.o 595/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 1788/2003, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1468/2006, un Estado miembro que no garantiza que el importe debido en concepto de tasa suplementaria sobre la leche en relación con las campañas en que se impuso efectivamente esa tasa sea efectivamente soportado por los productores que contribuyeron al rebasamiento de la producción, sea pagado en los plazos señalados, previa notificación del importe adeudado, por los compradores o por los productores, en caso de ventas directas, o en el caso de que no se abonara en el plazo establecido, fuera registrado y eventualmente fuera percibido de dichos compradores o productores a través de un procedimiento ejecutivo.

En efecto, por una parte, con arreglo al arreglo al artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 3950/92, la tasa suplementaria establecida por el artículo 1 de ese Reglamento se distribuirá entre los productores que hayan contribuido al rebasamiento de las cantidades de referencia. Tal distribución de la tasa suplementaria también está prevista en el artículo 4 del Reglamento n.o 1788/2003 y en los artículos 79, 80 y 83 del Reglamento n.o 1234/2007. Por otra parte, según el artículo 7 del Reglamento n.o 536/93, el artículo 11, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1392/2001 y los artículos 15 y 17 del Reglamento n.o 595/2004, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que esa tasa, incluidos los intereses devengados en caso de incumplimiento del plazo de pago, sea correctamente percibida y efectivamente repartida entre los productores que hayan contribuido al rebasamiento. La circunstancia de que el régimen de la tasa suplementaria sobre la leche diera lugar a dificultades jurídicas y políticas en el plano de la Unión Europea y que ese régimen fuera sustituido en última instancia no justifica en absoluto que los Estados miembros no adopten todas las medidas necesarias para garantizar su efectividad en el plano nacional.

(véanse los apartados 40, 41 y 57, el punto 1 del fallo)
Por lo que respecta, en primer lugar, al alcance de la sentencia IP Translator, C‑307/10, debe recordarse que, en el apartado 61 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, para respetar las exigencias de claridad y precisión, el solicitante de una marca que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación de Niza a fin de identificar los productos o servicios para los que insta la protección de la marca debe precisar si su solicitud de registro comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de la clase específica designada o sólo algunos de esos productos o servicios. En caso de que la solicitud sólo tenga por objeto algunos de esos productos o servicios el solicitante está obligado a precisar los productos o servicios comprendidos en esa clase que quiere designar.

El Tribunal de Justicia indicó, en los apartados 29 y 30 de la sentencia Brandconcern, C‑577/14 P, que la sentencia IP Translator sólo aportó precisiones a propósito de los requisitos relativos a las nuevas solicitudes de registro como marcas de la Unión y no concierne, pues, a las marcas que ya estaban registradas en la fecha en que se dictó esta última sentencia. En el apartado 31 de la sentencia Brandconcern, el Tribunal de Justicia dedujo de lo anterior que no cabía considerar, por tanto, que a través de la sentencia IP Translator el Tribunal de Justicia pretendiera cuestionar el enfoque expuesto en la Comunicación n.o 4/03 en lo que respecta a las marcas registradas antes de que se dictara esta última sentencia.

La Comunicación n.o 2/12 del Presidente de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea no puede alterar este criterio jurisprudencial y, de este modo, llevar a que se limite el alcance de la protección de las marcas registradas antes de que se dictara la sentencia IP Translator para productos o servicios designados mediante las indicaciones generales de los títulos de una clase del Arreglo de Niza circunscribiendo exclusivamente esa protección a los productos o servicios contemplados en la lista alfabética de esta clase y a impedir que ésta se extienda, según la Comunicación n.o 4/03, a todos los productos o servicios correspondientes a dicha clase.

En efecto, la extensión de la protección conferida por las marcas que se hayan registrado no puede modificarse sobre la base de una comunicación no vinculante que no tiene más funciones que la de explicar a los solicitantes las prácticas de la Oficina.

(véanse los apartados 37 a 40)
El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de apreciar si un menor, ciudadano de la Unión Europea, se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto, privándosele de este modo del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos que le confiere dicho artículo si a su progenitor, nacional de un país tercero, se le denegase el reconocimiento del derecho de residencia en el Estado miembro de que se trate, el hecho de que el otro progenitor, ciudadano de la Unión, sea realmente capaz de asumir por sí solo el cuidado diario y efectivo del menor y esté dispuesto a ello es un elemento pertinente pero no suficiente para poder declarar que no existe entre el progenitor nacional de un país tercero y el menor una relación de dependencia tal que diese lugar a que este último se viese obligado a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto en caso de que se produjese esa denegación. Tal apreciación debe basarse en la toma en consideración, respetando el interés superior del niño, del conjunto de circunstancias del caso concreto y, en particular, de su edad, de su desarrollo físico y emocional, de la intensidad de su relación afectiva con el progenitor ciudadano de la Unión y con el progenitor de un país tercero y del riesgo que separarlo de este último entrañaría para el equilibrio del niño.

(véanse el apartado 72 y el punto 1 del fallo)
Si bien el hecho de que la facultad de la Comisión para imponer sanciones por comportamientos contrarios a la competencia haya prescrito, en aplicación del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE], implica que ya no puede imponerse sanción alguna a las sociedades respecto de las que se ha consumado la prescripción, ello no se opone a que se actúe contra otra sociedad considerada responsable con carácter personal y solidario con ellas por los mismos comportamientos contrarios a la competencia y respecto de la que no se haya consumado la prescripción.

El hecho de que la responsabilidad de una sociedad en lo que se refiere a un período de infracción resulte exclusivamente de la participación directa de sus filiales no pone en tela de juicio dicha conclusión. En efecto, por una parte, los comportamientos contrarios a la competencia relativos a dicho período se consideran cometidos por la sociedad matriz, habida cuenta de que ésta formaba una unidad económica. Por otra parte, pueden existir circunstancias específicas de la sociedad matriz que justifiquen la apreciación diferenciada de su responsabilidad y de la de la filial, aunque la responsabilidad de la primera se base exclusivamente en el comportamiento infractor de la segunda.

(véanse los apartados 70 a 74)
El recurso de anulación puede interponerse contra todos los actos adoptados por las instituciones de la Unión, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, que tiendan a producir efectos jurídicos obligatorios capaces de afectar a los intereses del demandante, modificando marcadamente su situación jurídica.

Éste no es el caso de la Declaración del Eurogrupo de 25 de marzo de 2013, relativa, en particular, a la reestructuración del sector bancario en Chipre, ya que, con arreglo al artículo 13, apartado 3, del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el Consejo de Gobernadores del MEDE encomendó a la Comisión y al Banco Central Europeo negociar con la autoridades de un Estado miembro un programa de ajuste macroeconómico que debía concretarse en un Memorándum de Entendimiento. A este respecto, el papel que el artículo 1 del Protocolo n.o 14 sobre el Eurogrupo confiere a la Comisión y al Banco no puede ser mayor que el que atribuye el Tratado MEDE a estas instituciones. Pues bien, aun cuando el Tratado MEDE encomienda a la Comisión y al Banco ciertas tareas ligadas a la ejecución de los objetivos de dicho Tratado, por un lado, las tareas confiadas a la Comisión y al Banco en el marco del Tratado MEDE no comprenden el ejercicio de ninguna potestad decisoria propia y, por otro lado, las actividades ejercidas por esas dos instituciones en el marco de ese Tratado sólo vinculan al MEDE.

Además, el hecho de que la Comisión y el Banco participen en las reuniones del Eurogrupo no modifica la naturaleza de las declaraciones de este último y no puede llevar a considerar que la Declaración controvertida sea resultado de la potestad decisoria de estas dos instituciones de la Unión. Por otra parte, dicha Declaración del Eurogrupo no incluye ningún elemento que refleje una decisión de la Comisión o del Banco de crear la obligación, para el Estado miembro de que se trata, de aplicar las medidas que contiene dicha Declaración. Esta Declaración, de carácter meramente informativo, tiene por objeto informar al público de la existencia de un acuerdo político entre el Eurogrupo y las autoridades del Estado miembro de que se trata, que refleja la voluntad común de proseguir las negociaciones con arreglo a lo expuesto en dicha Declaración.

(véanse los apartados 51 a 53 y 57 a 59)
El artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en aplicación de determinados principios de Derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la Unión Europea se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal.

A este respecto, procede recordar que, de conformidad con el artículo 101, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, el tribunal de marcas de la Unión aplicará, salvo que dicho Reglamento disponga otra cosa, las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

Pues bien, dado que dicho Reglamento no dispone otra cosa, no se opone a que se apliquen los mencionados principios dispositivo y ne ultra petita.

En todo caso, el hecho de que, mediante su recurso ante un tribunal de marcas de la Unión, el titular de una marca de la Unión se limite a solicitar que se declare la existencia de una violación de marca, pero no solicite que se ordene el cese de ésta, no puede calificarse de «razón especial», a efectos del artículo 102, apartado 1, del mencionado Reglamento.

En efecto, esa expresión sólo se refiere a situaciones excepcionales en las que, a la vista de las características particulares del comportamiento reprochado al tercero, en particular el hecho de que éste se encuentre en la imposibilidad de continuar las violaciones de marca o de intento de violación de marca que se le imputan, ese tribunal no está obligado a dictar una resolución que prohíba a un tercero que continúe tales actos pese a que el titular de la marca presentó una solicitud a tal fin.

(véanse los apartados 28, 29 y 32 a 34 y el punto 1 del fallo)
El artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Dublín III), debe interpretarse en el sentido de que el derecho a enviar a un solicitante de protección internacional a un tercer país seguro puede ser ejercido por un Estado miembro también después de que éste haya reconocido ser responsable, en virtud del referido Reglamento y en el marco del procedimiento de readmisión, del examen de una solicitud de protección internacional presentada por un solicitante que ha abandonado dicho Estado miembro antes de que se haya adoptado una decisión en cuanto al fondo sobre su primera solicitud de protección internacional.

El artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Dublín III), debe interpretarse en el sentido de que no se opone al envío de un solicitante de protección internacional a un tercer país seguro cuando el Estado miembro que proceda al traslado de dicho solicitante al Estado miembro responsable no haya sido informado, durante el procedimiento de readmisión, ni de la normativa de este último Estado miembro relativa al envío de solicitantes a terceros países seguros ni de la práctica de sus autoridades competentes en la materia.

Por otra parte, el hecho de que el Estado miembro responsable no informe al Estado miembro que procede al traslado de su normativa relativa a los terceros países seguros y de su práctica administrativa en la materia no vulnera el derecho del solicitante a la tutela judicial efectiva frente a la decisión de traslado y frente a la resolución adoptada sobre la solicitud de protección internacional.

En cuanto a la decisión de traslado, del artículo 27 del Reglamento Dublín III se desprende que el solicitante tiene derecho a la tutela judicial efectiva en forma de recurso o de revisión, de hecho o de derecho, contra dicha decisión, ante un órgano jurisdiccional.

Por lo que respecta a la resolución adoptada sobre la solicitud de protección internacional, el solicitante tiene, en el Estado miembro responsable, derecho a un recurso efectivo, en virtud del artículo 46 de la Directiva 2013/32, sobre procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto de protección internacional, ante un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro que le permita impugnar la resolución que se fundamente en las normas de Derecho nacional relativas a los terceros países seguros sobre la base, según su situación individual, del artículo 38 o del artículo 39 de dicha Directiva.

(véanse los apartados 59, 60, 62 y 63 y el punto 2 del fallo)
8

La Directiva 2004/80 fue transpuesta al Derecho italiano por el decreto legislativo n. 204, attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato (Decreto Legislativo n.o 204 por el que se aplica la Directiva 2004/80/CE, sobre indemnización a las víctimas de delitos), de 6 de noviembre de 2007 (Suplemento ordinario de la GURI n.o 261, de 9 de noviembre de 2007; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 204/2007»), y por el decreto ministeriale n. 222, regolamento ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 204/2007 (Decreto Ministerial n.o 222, por el que se aprueba el reglamento establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo n.o 204/2007), de 23 de diciembre de 2008 (GURI n.o 108, de 12 de mayo de 2009).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 25 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114, y corrección de errores en DO 2004, L 351, p. 44), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005 (DO 2005, L 333, p. 28) (en lo sucesivo, «Directiva 2004/18»), así como del artículo 98 del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (DO 2006, L 210, p. 25).
6

El punto 3 de esa metodología precisa que el concepto de «costes de transición a la competencia» se refiere a los compromisos o garantías de explotación que pueden de hecho adoptar distintas formas, como contratos de compra a largo plazo, inversiones realizadas con una garantía implícita o explícita de mercados e inversiones fuera de la actividad normal. En particular, el punto 3.3 de esa metodología prevé que, para que puedan considerarse costes de transición a la competencia elegibles, que puedan ser reconocidos por la Comisión, estos compromisos o garantías deben: «[...] estar sujetos al riesgo de que no puedan ser respetados debido a las disposiciones de la Directiva 96/92/CE. Para constituir un coste de transición a la competencia, los compromisos o garantías deben, en consecuencia, convertirse en no económicos debido a los efectos de la Directiva 96/92/CE e incidir sensiblemente en la competitividad de la empresa en cuestión. Este hecho debe, en concreto, conducir a la empresa interesada a efectuar asientos contables (por ejemplo provisiones) destinadas a reflejar el impacto previsible de estas garantías o compromisos. Con mayor razón, cuando de los compromisos o garantías de que se trate se desprenda que, sin ayuda o medidas transitorias, podría verse comprometida la viabilidad de estas empresas, se considerará que dichos compromisos o garantías se ajustan a las condiciones del párrafo anterior. El efecto de los compromisos o garantías de que se trate sobre la competitividad o viabilidad de las empresas afectadas se evaluará a escala de las empresas consolidadas. Para que los compromisos o garantías puedan constituir costes de transición a la competencia, debe poder establecerse un vínculo de causa a efecto entre la entrada en vigor de la Directiva 96/92/CE y la dificultad de las empresas interesadas en cumplir o hacer respetar estos compromisos o garantías. Para establecer la relación de causa a efecto, la Comisión tendrá en cuenta fundamentalmente los descensos del precio de la electricidad o las pérdidas de cuota de mercado de las empresas en cuestión. Los compromisos o garantías que no hubieran podido respetarse independientemente de la entrada en vigor de la Directiva no constituyen costes de transición a la competencia.»
2)

En caso de no ser así: ¿Se ha[n] de interpretar el principio non bis in idem del artículo 54 del Convenio de aplicación y el artículo 50 de la Carta en el sentido de que se opone[n] a las actuaciones penales contra un inculpado en un Estado miembro (en este caso, la República Federal de Alemania) cuando el procedimiento penal abierto en su contra en otro Estado miembro (en este caso, la República de Polonia) ha sido sobreseído por la fiscalía —sin que se hayan ejecutado medidas sancionadoras y sin que se haya realizado una instrucción en profundidad— por razones de hecho, al no existir suficientes elementos incriminatorios, y sólo se puede reabrir si se descubren hechos esenciales antes desconocidos, supuesto que no concurre en el presente asunto?»
1

Mediante su demanda, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO 1993, L 14, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 545/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009 (DO 2009, L 167, p. 24) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 95/93»), al no garantizar la independencia funcional y económica del coordinador para la asignación de franjas horarias.
15

Según dicho órgano jurisdiccional puede que el concepto de «nuevos clientes», en el sentido de la referida disposición, se limite a las personas que no tenían relación comercial alguna con el empresario antes de la intervención del agente comercial. Sin embargo, se pregunta si no debería adoptarse una interpretación más amplia de esa misma disposición cuando, habida cuenta de la estructura de distribución del empresario, el agente comercial se encargue de distribuir únicamente una parte de las mercancías de aquél. En efecto, a su parecer, a la luz de la intención y la finalidad de la Directiva 86/653 y, en particular, del objetivo de protección de los agentes comerciales en sus relaciones con sus poderdantes, podrían considerarse nuevos clientes, en el sentido del artículo 17, apartado 2, letra a), de la Directiva, aquellas personas que no hubieran comprado hasta entonces al empresario ninguna de las mercancías cuya promoción se encargó al agente comercial, pese a las operaciones registradas entre esas personas y el empresario con respecto a otras mercancías.
El artículo 24 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, y el artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 1244/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que excluye de la percepción de determinadas «prestaciones especiales en metálico no contributivas», en el sentido del artículo 70, apartado 2, del citado Reglamento no 883/2004, y que constituyen asimismo una «prestación de asistencia social», en el sentido del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38, a los nacionales de otros Estados miembros que se encuentren en una situación como la contemplada en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva.
20

En su recurso, la Comisión alega que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 de la Directiva 91/271 en lo que atañe al tratamiento de las aguas residuales urbanas en las 52 aglomeraciones siguientes: Alvalade, Odemira, Loriga, Pereira do Campo, Vila Verde (PTAGL 420), Mação, Paço, Pontével, Vila Nova de São Bento, Castro Daire, Arraiolos, Cercal, Vale de Santarém, Castro Verde, Almodôvar, Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Amares/Ferreiras, Alcácer do Sal, Amareleja, Gonsundeira, Salvaterra de Magos, Mogadouro, Melides, Vila Verde (PTAGL 421), Santiago do Cacém, Serpa, São Bartolomeu de Messines, Monchique, Montemor-o-Novo, Grândola, Estremoz, Maceira, Vendas Novas, Lousada, Felgueiras, Riachos, Tolosa, Meda, Alter do Chão, Tábua, Portel, Viana do Alentejo, Cinfães, Vila de Prado, Ponte de Reguengo, Canas de Senhorim, Repeses, Mangualde, Nelas, Vila Viçosa y Santa Comba Dão.