En el marco del sistema competencial de la Comunidad, la elección de la base jurídica de un acto debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido de dicho acto.

Sólo está justificado recurrir al artículo 308 CE como base jurídica cuando ninguna otra disposición del Tratado confiera a las instituciones comunitarias la competencia necesaria para adoptar el acto de que se trate. Además, el recurso a esta disposición exige que la acción proyectada esté relacionada con el «funcionamiento del mercado común».

Pues bien, por una parte, los objetivos del Reglamento no 1968/2006, sobre las contribuciones financieras de la Comunidad al Fondo Internacional para Irlanda (2007-2010), coinciden con los objetivos que persigue la política comunitaria de cohesión económica y social, lo que resulta igualmente corroborado por el segundo considerando de dicho Reglamento. Por otra parte, la contribución financiera comunitaria al Fondo, haciendo abstracción del marco normativo en el que se inscribe, pertenece al ámbito de las acciones específicas que, con arreglo al artículo 159 CE, párrafo tercero, pueden adoptarse cuando se manifiesta su necesidad al margen de los Fondos Estructurales para alcanzar los objetivos contemplados en el artículo 158 CE.

No obstante, ni las formas de cooperación entre la Comunidad y el Fondo ni los requisitos y el modo de pago de la contribución financiera de la Comunidad permiten a ésta evitar que la utilización que haga el Fondo de dicha contribución incluya acciones que, aun respetando los objetivos del Acuerdo relativo al Fondo Internacional para Irlanda, excedan el ámbito de aplicación de la política comunitaria de cohesión económica y social o, cuando menos, no se gestionen con arreglo a los criterios aplicados por la Comunidad en el marco de esta política. El legislador comunitario podía considerar válidamente, en el sexto considerando del Reglamento no 1968/2006, que el abanico de actividades financiado por dicho Reglamento iba más allá del ámbito de aplicación de la política comunitaria de cohesión económica y social.

Ahora bien, el artículo 159 CE únicamente comprende acciones autónomas de la Comunidad, gestionadas con arreglo al marco normativo comunitario y cuyo contenido no exceda el ámbito de aplicación de la política comunitaria de cohesión económica y social. Por lo tanto, el artículo 159 CE, párrafo tercero, por sí solo, no confiere a la Comunidad la competencia necesaria para perseguir los objetivos de la política comunitaria de cohesión económica y social mediante una contribución financiera en las condiciones previstas en el Reglamento no 1968/2006.

No obstante, el Reglamento no 1968/2006 tiene como finalidad respaldar las acciones de un organismo internacional instituido por dos Estados miembros cuyo objetivo es el fortalecimiento de la cohesión económica y social. Pues bien, como se desprende de los artículos 2 CE y 3 CE, apartado 1, letra k), el fortalecimiento de la cohesión económica y social constituye, al margen del título XVII del Tratado CE, un objetivo para la Comunidad. Por otra parte, el fin de dicho Reglamento se sitúa dentro del marco del mercado común, puesto que va dirigido a aportar mejoras económicas en zonas desfavorecidas de dos Estados miembros, y, por lo tanto, al funcionamiento del mercado común.

Resulta de las anteriores consideraciones que, al perseguir el Reglamento no 1968/2006 fines previstos en los artículos 2 CE y 3 CE, apartado 1, letra k), y en el título XVII del Tratado, sin que dicho título confiera por sí solo a la Comunidad competencia para alcanzarlos, el legislador comunitario debería haber recurrido conjuntamente a los artículos 159 CE, párrafo tercero, y 308 CE, respetando los procedimientos legislativos previstos en ellos, a saber, tanto el procedimiento a que se refiere el artículo 251 CE, denominado de «codecisión», como el voto por unanimidad en el Consejo.

(véanse los apartados 40, 42, 54, 58, 59, 63 a 65 y 67 a 69)