Antes de exponer mi opinión sobre estas cuestiones, considero oportuno examinar en primer lugar la cuestión suscitada por la Comisión sobre la compatibilidad del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento no 1408/71 con el artículo 51 del Tratado CEE. A este respecto, resulta innecesario tratar la cuestión en detalle, puesto que la Comisión tampoco alberga dudas sobre la validez de las disposiciones discutidas. A su juicio, dichas objeciones sólo habrían estado justificadas si el Derecho comunitario fuera el único que estableciera la pérdida de cualquier otro derecho a prestaciones concedidas únicamente en virtud de la legislación del Estado competente o si la pérdida total de todo derecho ulterior previsto por el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento no 1408/71 hubiera violado el principio de proporcionalidad. Pero el Derecho nacional contiene también disposiciones como, por ejemplo, el artículo 120 de la Arbeitsförderungsgesetz (Ley de empleo alemana), en cuya virtud debe denegarse la concesión de prestaciones de desempleo cuando el trabajador en paro no acuda al Arbeitsamt cuando sea convocado. En cuanto a la finalidad perseguida, la inobservancia de la obligación de presentarse en Derecho nacional es sin duda alguna comparable al transcurso del plazo de tres meses. A este respecto, es indudable que el trabajador en situación de desempleo no resulta más perjudicado por el Reglamento no 1408/71; el artículo 69 del Reglamento le confiere, por el contrario, una ventaja, pues su no existiera esta disposición, perdería directamente todo derecho a prestaciones a partir de la fecha en que dejara de estar a disposición del mercado nacional de trabajo. Sólo el artículo 69 permite al trabajador en paro conservar durante un período limitado las prestaciones de desempleo conforme a la legislación del último Estado miembro competente, creando así mejores condiciones para la movilidad de la mano de obra.

Por lo que respecta al plazo en sí mismo, el artículo 51 del Tratado, sobre el que se basa el Reglamento no 1408/71, establece que el Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará en materia de Seguridad Social las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores. El contenido y los límites de la obligación que incumbe al Consejo en virtud de la facultad que le atribuye el artículo 51 no se desprende únicamente de este artículo, sino principalmente de los artículos 48 y 49 del Tratado los cuales están estrechamente ligados al primero en cuanto al fondo (véase la sentencia de 15 de julio de 1964, Van Veen, 100/63,↔ Rec. p. 1105). Pero el apartado 3 del artículo 48 del Tratado sólo otorga a los trabajadores, entre otras cosas, el derecho a responder a ofertas efectivas de trabajo y a desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros. Por consiguiente, el artículo 51 del Trata do obliga al Consejo a adoptar únicamente las medidas de aplicación en materia de Seguridad Social para el período que resulte necesario para el ejercicio del derecho de libre circulación. Si recibe ofertas efectivas de trabajo y si un trabajador en situación de desempleo se desplaza a otro Estado miembro con el fin de buscar allí un empleo, el plazo de tres meses previsto en el apartado 1 del artículo 69 del Reglamento no 1408/71 resulta en principio suficiente para proteger los intereses del trabajador en busca de empleo.

Pero en el supuesto de que la pérdida completa de todo derecho a prestaciones una vez agotado el citado plazo violara el principio de proporcionalidad en un caso concreto, la segunda frase de apartado 2 del artículo 69 establece precisamente, mediante la posibilidad de una prórroga del plazo, un paliativo para solucionar estos casos. Tras las consideraciones anteriores, no se ha revelado ningún elemento que permita contradecir la validez de la disposición impugnada.