Palabras clave

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Palabras clave

1 Medio ambiente - Protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura - Directiva 91/676/CEE - Determinación de las «aguas afectadas por la contaminación» - Designación de las «zonas vulnerables» - Criterios - Aplicación de la Directiva que puede diferir según los Estados miembros - Procedencia

[Directiva 91/676/CEE del Consejo, arts. 2, letra j) y 3, aps. 1 y 2, y Anexo I]

2 Medio ambiente - Protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura - Directiva 91/676/CEE - Determinación de las «aguas afectadas por la contaminación» - Principio de proporcionalidad - Principios de quien contamina paga y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma - Derecho de propiedad - Violación - Inexistencia

(Directiva 91/676/CEE del Consejo, arts. 3, ap. 1, y 5, aps. 3, 6 y 7, y Anexo III)

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1 La letra j) del artículo 2 y el apartado 1 del artículo 3, así como el Anexo I de la Directiva 91/676, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, deben interpretarse en el sentido de que obligan a calificar las aguas dulces superficiales de «aguas afectadas por la contaminación» y, por consiguiente, a designar como «zonas vulnerables», con arreglo al apartado 2 del artículo 3 de dicha Directiva, todas las superficies conocidas cuya escorrentía fluya hacia dichas aguas y que contribuyan a su contaminación, cuando dichas aguas tengan una concentración de nitratos superior a 50 mg/l y el Estado miembro interesado considere que el vertido de compuestos nitrogenados de origen agrario «contribuye significativamente» a dicha concentración total de nitratos.

No obstante, el Derecho comunitario no puede proporcionar un criterio específico que permita verificar en cada caso si el vertido de compuestos nitrogenados de origen agrario contribuye significativamente a la contaminación, de forma que los Estados miembros pueden aplicar la Directiva de manera distinta. No obstante, tal consecuencia no es contraria a la naturaleza de la Directiva, en la medida en que no se propone armonizar las legislaciones nacionales en la materia, sino crear los instrumentos necesarios para que, en la Comunidad, se garantice la protección de las aguas contra la contaminación provocada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. El legislador comunitario aceptó necesariamente esta consecuencia cuando, en el Anexo I de la Directiva reconoció a los Estados miembros una amplia facultad de apreciación en la determinación de las aguas a las que se refiere el apartado 1 de dicho artículo 3.

2 El hecho de que la concentración de nitratos de origen agrario en las aguas determinadas con arreglo al apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 91/676, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, pueda, por sí sola, no ser superior a 50 mg/l no viola el principio de proporcionalidad, ni los de quien contamina paga y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, ni el derecho fundamental de propiedad de los agricultores interesados.

En efecto, la flexibilidad de las medidas previstas en los apartados 3, 6 y 7 del artículo 5 y en el Anexo III de la Directiva, relativas a los programas de acción aplicables a las zonas vulnerables, a los programas de control adecuados para evaluar la eficacia de éstos y a los códigos de prácticas agrarias correctas, permite a los Estados miembros respetar el principio de proporcionalidad.

En relación con el principio de quien contamina paga, la Directiva no implica que las explotaciones agrícolas deban asumir las cargas inherentes a la eliminación de una contaminación a la que no hayan contribuido, pues, para la ejecución de la Directiva, incumbe a los Estados miembros tomar en consideración las demás fuentes de contaminación y, habida cuenta de las circunstancias, no hacer que los agricultores corran con gastos de eliminación de la contaminación que no sean necesarios. Desde este punto de vista, el principio de que quien contamina paga aparece como la expresión del principio de proporcionalidad. Lo mismo cabe afirmar en lo que atañe al principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma.

Por último, si bien es cierto que los programas de acción previstos en el artículo 5, que contienen las medidas obligatorias a que se refiere el Anexo III de la Directiva, supeditan ciertamente la aplicación a las tierras de fertilizantes y de estiércol a determinadas condiciones, por lo que pueden restringir el ejercicio de derecho de propiedad de los agricultores afectados, el régimen establecido en el citado artículo 5 responde a exigencias relativas a la protección de la salud pública y, por lo tanto, persigue un objetivo de interés general, sin afectar a la esencia del derecho de propiedad. Si bien, para alcanzar tal objetivo, las Instituciones y los Estados miembros deben atenerse al principio de proporcionalidad, la Directiva no viola dicho principio.