SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 26 de septiembre de 1996

Asunto T-192/94

Henri Maurissen

contra

Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas

«Recurso de anulación — Informe de calificación — Admisibilidad — Motivación — Control jurisdiccional — Límites»

Texto completo en lengua francesa II-1229

Objeto:

Recurso que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión de 12 de julio de 1993 por la que se aprobó el informe de calificación del demandante correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991 y, en cuanto sea necesario, de la decisión notificada el 22 de febrero de 1994 por la que desestimó expresamente su reclamación contra dicho informe.

Resultado:

Desestimación.

Resumen del sentencia

El demandante fue funcionario de grado B del Tribunal de Cuentas desde el 18 de abril de 1983 hasta el 1 de junio de 1995, fecha en la que comenzó a disfrutar de sus derechos a la jubilación. Durante los años 1990 y 1991, ejerció las funciones de representante sindical y, durante parte de dicho período, formó parte del Comité de Personal del Tribunal de Cuentas.

El 16 de julio de 1992, el Sr. M., Director ad interim del Grupo de Fiscalización III, redactó el informe de calificación del demandante correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991.

Tras recibir su informe de calificación, el demandante solicitó dos entrevistas con su calificador, sobre la base del punto H.2 de la guía para la calificación establecida por el Tribunal de Cuentas tras adoptar las disposiciones generales de ejecución previstas por el artículo 43 del Estatuto de los Funcionarios y otros Agentes de las Comunidades Europeas (Estatuto). Como resultado de estas entrevistas, el calificador firmó, el 9 de noviembre de 1992, una segunda versión modificada del informe de calificación.

El 27 de noviembre de 1992, el demandante recurrió contra su informe ante el calificador de alzada. Tras oírlo, la comisión paritaria de calificación propuso, por considerar que la discontinuidad de la presencia del calificado se deducía ya con toda evidencia de otra parte del informe de calificación, que se suprimiera, en el párrafo segundo de la letra b) del punto 7 del informe, la frase: «En consecuencia, el Sr. Maurissen no ha realizado tareas regulares y continuas.»

El 12 de julio de 1993, el calificador de alzada adoptó las conclusiones de la comisión paritaria y modificó el informe de calificación en los términos que ésta había sugerido. El demandante recibió la versión definitiva del informe el 14 de julio de 1993.

El 14 de octubre de 1993, el demandante presentó una reclamación contra el informe de calificación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto. Esta reclamación, dirigida a «la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos del Tribunal de Cuentas» (AFPN) y en la que se indicaba «por vía jerárquica», se recibió en el telefax del Gabinete del Presidente del Tribunal de Cuentas a las 22 horas.

La reclamación fue objeto de una decisión de 9 de febrero de 1994, mediante la cual el Secretario General del Tribunal de Cuentas, invocando su incompetencia para modificar un informe de calificación, se negó a pronunciarse sobre el fondo. Esta decisión se notificó al demandante el 22 de febrero de 1994.

El 13 de mayo de 1994, el demandante interpuso el presente recurso sobre la base del artículo 173 del Tratado CE. El 22 de julio de 1994, el Tribunal de Cuentas propuso una excepción de inadmisibilidad. La excepción se acumuló al examen del fondo.

Sobre la admisibilidad

Sobre la supuesta irregularidad de la base jurídica del recurso

Los litigios de los funcionarios deben seguir, por lo que respecta tanto al procedimiento administrativo como a la fase contenciosa, las vías específicas previstas por los artículos 90 y 91 del Estatuto y 179 del Tratado (apartado 14).

En el presente asunto, el demandante acudió, antes de interponer el recurso, a la comisión paritaria de calificación del Tribunal de Cuentas y presentó ante la AFPN una reclamación contra su informe de calificación. De esta forma, se situó en el marco de la vía jurisdiccional prevista por los artículos 90 y 91 del Estatuto y 179 del Tratado (apartado 15).

En estas circunstancias, la referencia que se hace en el escrito de interposición del recurso al artículo 173 del Tratado es una irregularidad que no implica la inadmisibilidad del recurso (apartado 16).

Sobre la supuesta infracción de las normas del procedimiento administrativo previo

Sobre la primera parte del motivo relativa a la presentación y al destinatario de la reclamación

La presentación de una reclamación a efectos del artículo 90 del Estatuto no es un requisito previo necesario para la interposición de un recurso contencioso contra un informe de calificación. No obstante, cuando el funcionario opta por presentar una reclamación administrativa, está obligado a cumplir todas las obligaciones relacionadas con dicho procedimiento (apartado 22).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, Moritz/Comisión(T-29/89, Rec. p. II-787), apartado 15; Tribunal de Primera Instancia, 16 de julio de 1992, Della Pietra/Comisión(T-1/91, Rec. p. II-2145), apartado 24

En las circunstancias del caso de autos, la reclamación dirigida a la AFPN y que lleva la indicación «por vía jerárquica», enviada al telefax de un servicio del Tribunal de Cuentas al que no pertenece el superior jerárquico directo del funcionario calificado, satisface tales obligaciones (apartado 26).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de marzo de 1978, Herpels/Comisión(54/77, Rec. p. 585), apartado 47

Sobre la segunda parte del motivo relativa a la presentación de la reclamación fuera de plazo

La forma de computar el plazo de tres meses previsto en los artículos 90 y 91 del Estatuto para la reclamación y el recurso ha sido precisada por el Tribunal de Justicia. Este plazo finaliza al expirar el día del último mes que lleve el mismo número que el día en que se produjo el acontecimiento o el acto que supuso el inicio del cómputo de dicho plazo (apartado 28).

Referencia: Tribunal de Justicia, 2 de mayo de 1985, J. K./Parlamento (38/84, Rec. p. 1267), apartado 20; Tribunal de Justicia, 15 de enero de 1987, Misset/Consejo( 152/85, Rec. p. 223), apartados 8 y 9

Por consiguiente, como la reclamación llegó al Tribunal de Cuentas el 14 de octubre de 1993, y dado que el demandante recibió el informe de calificación definitivo el 14 de julio de 1993, dicha reclamación se presentó dentro de plazo (apartado 29).

Sobre la tercera parte del motivo relativa a la forma de la reclamación

Las reclamaciones a efectos del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto no están sujetas a ningún requisito formal (apartado 31).

Referencia: Herpels/Comisión, antes citada, apartado 47; Tribunal de Primera Instancia, 21 de febrero de 1995, Moat/Comisión (T-506/93, RecFP p. II-147), apartado 18

En el presente asunto, la reclamación fue válidamente presentada por el mero envío del telefax firmado por el Abogado del demandante (apartado 34).

De todo lo anterior resulta que debe declararse la admisibilidad del recurso (apartado 36).

Sobre el fondo

Sobre la supuesta infracción del artículo 24 bis del Estatuto, del artículo 1 de su Anexo II y del acuerdo marco de 5 de julio de 1991

El último párrafo del artículo 1 del Anexo II al Estatuto prevé que las funciones asumidas por los miembros del Comité de Personal y por los funcionarios que formen parte, por delegación del Comité, de un órgano estatutario o creado por la Institución, serán consideradas como parte de los servicios que están obligados a prestar en su Institución. Por otra parte, el artículo 24 bis del Estatuto consagra la libertad de participación sindical. Por consiguiente, las Instituciones están obligadas a crear las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de las funciones de representación. A este respecto, el funcionario no puede sufrir perjuicio alguno como consecuencia del ejercicio de funciones en los órganos de representación del personal o en sus asociaciones (apartado 40).

Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de enero de 1990, Maurissen y Union Syndicale/Tribunal de Cuentas (asuntos acumulados C-193/87 y C-194/87, Rec. p. I-95)

De estas normas resulta que, por lo que respecta al informe de calificación, las obligaciones impuestas al funcionario por sus actividades en el marco de la representación del personal deben ser tomadas en consideración por los calificadores para que dicho funcionario no quede penalizado como consecuencia de su ejercicio. Esta exigencia se traduce, en particular, en la obligación de los calificadores de tener en cuenta el hecho de que el interesado sólo puede ejercer las funciones correspondientes a su puesto durante un número de jornadas de trabajo inferior al número normal de días hábiles durante el período de referencia. En consecuencia, el funcionario debe ser calificado sobre la base de las prestaciones efectivamente realizadas durante el tiempo dedicado a su servicio de destino. En cuanto a las actividades de representación del personal, los calificadores no pueden juzgarlas, en la medida en que no están incluidas dentro de su autoridad. En efecto, tales actividades se desarrollan fuera del marco funcional en el que, de conformidad con el artículo 43 del Estatuto, se califican la competencia, el rendimiento y la conducta de cada funcionario (apartado 41).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 21 de octubre de 1992, Maurissen/Tribunal de Cuentas (T-23/91, Rec. p. II-2377). apartado 14

Por consiguiente, en principio, el tiempo dedicado por el funcionario a la representación del personal no es objeto de evaluación por parte de los calificadores. Aun cuando no pueda excluirse la existencia de circunstancias relativas, en particular, al tiempo dedicado a tales tareas y que puedan justificar en determinadas Instituciones el establecimiento de sistemas de apreciación ad hoc, la adopción de uno de estos sistemas no es indispensable, en el presente asunto, para asegurar las garantías que el Estatuto reconoce al demandante en su condición de representante del personal (apartado 42).

En la medida en que todas las tareas realizadas por el demandante en los servicios a que ha estado destinado han sido objeto de calificación, el informe aprobado para el período 1990-1991 se ajusta a las exigencias del Estatuto (apartado 43).

Sobre la supuesta existencia de errores de apreciación manifiestos

Los informes de calificación contienen apreciaciones que sólo pueden dar lugar a control jurisdiccional en caso de irregularidades formales, de errores de hecho manifiestos o de desviación de poder (apartado 55).

Referencia: Tribunal de Justicia, 3 de julio de 1980, Grassi/Consejo (asuntos acumulados 6/79 y 97/79, Rec. p. 2141); Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T-63/89, Rec. p. II-19)

A este respecto, el demandante no ha facilitado ningún indicio que demuestre la existencia de un error manifiesto en el cálculo del tiempo dedicado a sus tareas de miembro del Comité de Personal y de representante sindical durante el período de que se trata (apartado 56).

Respecto a la admisibilidad del motivo relativo a la falta de toma en consideración del período comprendido entre el 1 y el 25 de enero de 1991, ha de recordarse que el recurso de alzada contra un informe de calificación es un procedimiento puramente interno que el artículo 43 del Estatuto no impone a las Instituciones. Esta disposición prevé simplemente la existencia de un informe de calificación periódico. Son las Instituciones las que, con un afán de protección de los justiciables, pueden optar, en el marco de las medidas de aplicación adoptadas conforme al artículo 110 del Estatuto, por la introducción de un sistema de recursos de alzada o de segunda calificación. Por lo tanto, dicho sistema no tiene carácter de procedimiento administrativo previo, que es la característica de la reclamación prevista en los artículos 90 y 91 del Estatuto y que tiene por objeto permitir y favorecer la resolución amistosa de la controversia surgida entre el funcionario y la administración, mediante la obligación del funcionario de invocar los mismos motivos de impugnación en la reclamación y en el recurso. En consecuencia, no se puede imponer, al igual que lo que se exige para una reclamación, una correspondencia entre los motivos de impugnación invocados en el marco del recurso de alzada dirigido contra un informe de calificación y los alegados en el recurso contencioso interpuesto contra este mismo acto (apartado 60).

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de mayo de 1986, Rihoux y otros/Comisión (52/85, Rec. p. 1555), apartado 12; Della Pietra/Comisión, antes citada, apartado 24

Por lo que respecta al fundamento del motivo, el informe de calificación indica todas las tareas efectuadas durante el período de calificación. En consecuencia, el mero hecho de que el informe no precise una de las dos tareas que se ejecutaron durante un período limitado de 24 días no permite afirmar que esta última no haya sido tenida en cuenta para la calificación (apartado 63).

Sobre el supuesto incumplimiento de la obligación de motivación

Los informes de calificación no son actos a efectos del artículo 25 del Estatuto, sino que están regulados por disposiciones especiales previstas en su artículo 43. La guía para la calificación vigente en el Tribunal de Cuentas, que tiene el valor jurídico de una directriz interna, precisa, en la letra b) del punto E.2.2, que los comentarios de las apreciaciones analíticas son facultativos cuando, como sucede en el caso de autos, las apreciaciones no son las más elevadas ni las más bajas. En consecuencia, en las circunstancias del presente asunto, tales comentarios eran facultativos (apartado 68).

Referencia: Tribunal de Justicia, 25 de noviembre de 1976, Küster/Parlamento (122/75, Rec. p. 1685); Maurissen/Tribunal de Cuentas, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 10 de diciembre de 1992, Williams/Tribunal de Cuentas (T-33/91, Rec. p. II-2499). apartado 66

No obstante, admitiendo que el motivo de impugnación del demandante pueda interpretarse en el sentido de que hace también referencia a las apreciaciones generales expresadas en el informe de calificación controvertido, ha de recordarse que, aun cuando no corresponde al órgano jurisdiccional intervenir en la apreciación que los calificadores hacen de los funcionarios calificados, que incluye juicios de hecho complejos, la motivación de dichos actos debe permitir que el demandante aprecie su fundamento y, en su caso, que el Tribunal de Primera Instancia ejerza su control (apartado 69).

Referencia: Maurissen/Tribunalde Cuentas, antes citada

En el presente asunto, las apreciaciones generales se corresponden con las apreciaciones analíticas y con las exigencias de la guía para la calificación, que, en esta parte del informe, tiene por objeto individualizar al funcionario calificado respecto a sus compañeros, señalando sus rasgos característicos. Al afirmar que, a pesar de sus capacidades, la contribución del funcionario no era superior al mínimo necesario y se caracterizaba por su lentitud, el calificador caracterizó las prestaciones del funcionario de forma resumida pero suficiente, teniendo en cuenta las facultades de apreciaciación de que disponen los calificadores (apartado 70).

Sobre el motivo relativo a la utilización de un procedimiento inadecuado

Sólo existe desviación de poder, de la que la utilización de un procedimiento inadecuado no es sino una manifestación, si concurren indicios objetivos, pertinentes y concordantes que permiten determinar que el acto impugnado perseguía una finalidad distinta que la que le asignan las disposiciones estatutarias aplicables (apartado 75).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 23 de octubre de 1990, Pitrone/Comisión (T-46/89, Rec. p. II-577), apartados70 y 71; Maurissen/Tribunalde Cuentas, antes citada, apartado 28

Por lo que respecta al informe de calificación, del artículo 43 del Estatuto resulta que dicho informe prevé una apreciación de la competencia, del rendimiento y de la conducta de cada funcionario. Por consiguiente, tiene por objeto proporcionar a la administración una información periódica sobre el cumplimiento, por parte de los funcionarios, de sus tareas (apartado 76).

Referencia: Grassi/Consejo, antes citada, apartado 20

En la medida en que los informes de calificación se elaboran regularmente para evaluar las prestaciones de los funcionarios durante un período determinado, una variación en dicha apreciación de un período de referencia a otro, o respecto al período de prácticas, no puede constituir en sí el indicio de una desviación de poder (apartado 78).

Referencia: Maurissen/Tribunalde Cuentas, antes citada, apartado 31

Fallo:

Se desestima el recurso.