ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
En cambio, tal libertad de elección no existe cuando se trata de averiguar si un bien es utilizado o no para una actividad económica.

Estas consideraciones se ven corroboradas por la estructura del sistema común del IVA, en el que la distinción entre actividades económicas y no económicas sigue distintos criterios de los que sirven para distinguir entre el uso empresarial y el uso para fines ajenos a la empresa, en particular, para fines privados.

El artículo 6, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, no pretende establecer la regla de que operaciones no comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) puedan considerarse realizadas para «fines ajenos a la empresa» en el sentido de dicha disposición. En efecto, tal interpretación privaría de sentido al artículo 2, punto 1, de la Sexta Directiva.

El artículo 1 de la Decisión 2004/817, por la que se autoriza a Alemania a establecer una medida de inaplicación del artículo 17 de la Sexta Directiva 77/388 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, medida que consiste en que el gasto en bienes y servicios quede totalmente excluido del derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) cuando el porcentaje de su utilización para las necesidades privadas del sujeto pasivo o para las de su personal, o más generalmente con fines ajenos a su empresa, sea superior al 90 %, debe interpretarse en el sentido de que no resulta aplicable a una situación en la que una empresa adquiere bienes o servicios que utiliza en más de un 90 % para actividades no económicas, que no se hallan comprendidas dentro del ámbito de aplicación del IVA.

En efecto, cuando una empresa utiliza un bien tanto para actividades económicas como para actividades no económicas, el artículo 17, apartado 2, letra a), de la Sexta Directiva se limita a establecer el derecho a deducir el impuesto soportado. Las medidas que los Estados miembros han de adoptar a este respecto deben respetar el principio de neutralidad fiscal en el que se basa el sistema común del IVA. De conformidad con dicho principio de neutralidad fiscal, el régimen de deducciones tiene por objeto liberar completamente al empresario del peso del IVA devengado o abonado en el marco de todas sus actividades económicas. Ahora bien, una exclusión del derecho a deducción para bienes empresariales que se utilicen en menos de un 10 % para actividades económicas no cumple dicho requisito.

(véanse los apartados 34 a 36 y 40 y el fallo)
2.

Agricultura — Financiación por el FEOGA y el Feader — Ayudas al desarrollo rural — Mecanismo de ayuda al cese anticipado — Reglamentos n.o 1257/1999 y n.o 1698/2005 — Requisitos para su concesión — Ejercicio de una actividad agrícola con fines comerciales antes de la cesión de la explotación — Obligación de ejercicio efectivo de la actividad durante el período que precede al cese [Reglamentos del Consejo (CEE) n.o 2328/91, art. 5, ap. 1, letra a), (CEE) n.o 2079/92, art. 5, ap. 1, segundo guion, (CE) n.o 1257/1999, art. 10, y (CE) n.o 1698/2005, art. 23, ap. 2] (véanse los apartados 39 a 45)
El artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una acción de indemnización fundada en la ruptura repentina de relaciones comerciales de larga duración no es de naturaleza delictual o cuasidelictual en el sentido de dicho Reglamento si entre las partes existía una relación contractual tácita, lo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente, con independencia de su calificación conforme al Derecho nacional. La demostración de la existencia de tal relación tácita debe basarse en una serie de elementos concordantes, entre otros, en particular, la existencia de relaciones comerciales de larga duración, la buena fe entre las partes, la regularidad de las transacciones y su evolución en el tiempo en términos de cantidad y de valor, los eventuales acuerdos sobre los precios facturados o sobre los descuentos aplicables, así como la correspondencia mantenida.

(véanse los apartados 22, 25, 26 y 28 y el punto 1 del fallo)
El artículo 5, apartado 4, letra b), del Reglamento (CE) n.o 543/2008 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 en lo que atañe a las normas de comercialización de carne de aves de corral, es válido a la vista de la libertad de empresa recogida en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En efecto, si bien la obligación de etiquetado, prevista en ese artículo, puede limitar el ejercicio de la libertad de empresa, dado que esa obligación hace gravitar sobre su destinatario una obligación que restringe la libre utilización de los recursos que tiene a su disposición, puesto que le fuerza a adoptar medidas que pueden suponer un coste para él y tener un impacto en la organización de sus actividades, la libertad de empresa no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad.

En lo que respecta a la aptitud de la obligación de etiquetado para garantizar la consecución de los objetivos perseguidos por la normativa de la Unión, el legislador puede considerar que esta obligación, por una parte, permite garantizar una información fiable al consumidor gracias a la indicación que figura en el envase y, por otra parte, puede incitarle a comprar carne de aves de corral, lo que mejora las perspectivas de comercialización del producto y, como consecuencia de ello, los ingresos de los productores.

En lo que se refiere al carácter necesario de esa normativa, el legislador de la Unión puede legítimamente considerar que una normativa que previese únicamente la exposición del precio en los estantes no permite alcanzar los objetivos perseguidos de una manera tan eficaz como el artículo 5, apartado 4, letra b), del Reglamento n.o 543/2008, dado que sólo la indicación del precio total y del precio por unidad de peso permite, en el caso de productos cuyas unidades de envasado pueden no tener el mismo peso, garantizar una información suficiente al consumidor. Esa obligación no parece por otra parte desmesurada respecto a los objetivos perseguidos, máxime habida cuenta de que la indicación del precio total y por unidad de peso, establecida por el artículo 5, apartado 4, del Reglamento n.o 543/2008, sólo es uno de los datos que debe figurar en el envase o en la etiqueta adherida al mismo en aplicación de esa disposición.

(véanse los apartados 29, 30, 38, 39 y 41 y el punto 1 del fallo)
Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE y del artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, al adoptar y mantener en vigor una normativa que establece una exención del impuesto de sucesiones relativo a la vivienda habitual que se aplica únicamente a los nacionales de los Estados miembros de la Unión que residen en el Estado miembro de que se trata.

En efecto, un normativa fiscal de ese tipo tiene como efecto reducir el valor de la sucesión para el heredero que cumpla todos esos requisitos exigidos salvo el relativo a la obligación de residir de manera permanente en dicho Estado miembro, privando al interesado de la exención del impuesto de sucesiones y conduciendo de ese modo a que éste se someta a una carga fiscal más elevada que la que soporta un heredero que resida de manera permanente en él.

Por lo que respecta, en primer lugar, a la comparabilidad de las situaciones de las categorías de las personas de que se trata, cuando, a efectos de la tributación de un bien inmueble adquirido mortis causa y situado en el Estado miembro de que se trate, una normativa nacional pone en el mismo plano a los herederos no residentes y a los herederos residentes, dicha normativa no puede, sin infringir las exigencias del Derecho de la Unión, tratar a estos herederos de manera diferente, dentro del marco de esa misma tributación, por lo que respecta a la aplicación de una exención del impuesto de sucesiones relativo a ese bien inmueble. Pues bien, es lo que sucede en el caso de autos.

Además, el Estado miembro de que se trata no ha invocado ante el Tribunal de Justicia ninguna razón imperativa de interés general que pueda justificar una restricción a la libre circulación de capitales, en el sentido del artículo 63 TFUE. En efecto, la citada normativa no es adecuada para poder alcanzar, de un modo congruente y sistemático, el objetivo de interés general de orden social que consiste en hacer frente a las necesidades en materia de vivienda, toda vez que la exención prevista en la citada disposición no se supedita a la obligación, para el heredero, de establecer su vivienda habitual en el inmueble objeto de la sucesión, ni siquiera a ocupar el citado inmueble. Por otro lado, la necesidad de evitar la reducción de ingresos fiscales no figura entre los objetivos enunciados en el artículo 65 TFUE, ni entre las razones imperativas de interés general que pueden justificar una restricción a la libertad instituida por el Tratado FUE.

(véanse los apartados 31, 36 a 38, 40, 43, 45 y 50 y el fallo)
En efecto, el artículo 28, apartado 2, del Reglamento n.o 1924/2006 se refiere a los alimentos designados con una marca registrada o un nombre comercial que deba considerarse una declaración nutricional o de propiedades saludables en el sentido de dicho Reglamento. A este respecto, el término «productos», en el sentido de dicha disposición, debe entenderse referido a los «alimentos» en el sentido del Reglamento n.o 1924/2006. En esas circunstancias, el artículo 28, apartado 2, del Reglamento n.o 1924/2006 debe interpretarse en el sentido de que sólo se refiere a los alimentos designados con una marca registrada o un nombre comercial que deba considerarse una declaración nutricional o de propiedades saludables en el sentido de dicho Reglamento. No obstante, esa disposición se aplica sólo a los productos que lleven marcas registradas o nombres comerciales existentes antes del 1 de enero de 2005. Habida cuenta del tenor de esta disposición, el término «existente» debe entenderse en el sentido de que esos productos debían disponer ya, antes de la citada fecha, de las mismas características materiales y estar revestidos de la misma marca registrada o del mismo nombre comercial.

El artículo 28, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, en su versión modificada por el Reglamento n.o 107/2008, debe interpretarse en el sentido de que esta disposición se aplica en una situación en la que un alimento que lleva una marca registrada o un nombre comercial se comercializaba, antes del 1 de enero de 2005, como medicamento, y después de dicha fecha, como alimento, pese a presentar las mismas características materiales e ir revestido con la misma marca registrada o el mismo nombre comercial.

Según el artículo 2 del Reglamento n.o 178/2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, al que se remite el artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, en su versión modificada por el Reglamento n.o 107/2008, para la definición del concepto de alimentos, ésta no cubre los medicamentos. Por tanto, si los preparados controvertidos en el litigio principal constituían medicamentos, no podían estar comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1924/2006.

(véanse los apartados 41 y 43)
Asuntos acumulados C‑145/15 y C‑146/15

K. Ruijssenaars y otros

contra

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos)]

«Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Artículo 7 — Compensación que ha de abonarse a los pasajeros en caso de cancelación o de retraso de más de tres horas de un vuelo — Artículo 16 — Organismos nacionales responsables del cumplimiento del Reglamento — Competencia — Adopción de medidas coercitivas en contra de un transportista aéreo con el fin de obligarle a abonar la compensación correspondiente a un pasajero»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 17 de marzo de 2016

Transportes — Transportes aéreos — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Compensación y asistencia a los pasajeros — Gran retraso de un vuelo — Organismos nacionales responsables del cumplimiento del Reglamento — Obligación de adoptar medidas coercitivas en contra de un transportista aéreo con el fin de obligarle a abonar la compensación correspondiente a un pasajero — Inexistencia

[Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 21 y arts. 7, ap. 1, y 16]

El artículo 16 del Reglamento n.o 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que el organismo designado por cada Estado miembro de conformidad con el apartado 1 de dicho artículo que reciba una reclamación individual de un pasajero debido a la negativa de un transportista aéreo a abonarle la compensación prevista en el artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento, no está obligado a adoptar medidas coercitivas en contra de dicho transportista aéreo con el fin de obligarle al pago de tal compensación.

En efecto, las reclamaciones que todo pasajero puede presentar ante el organismo nacional en virtud del artículo 16, apartado 2, del Reglamento n.o 261/2004 deben considerase más bien denuncias con las que se contribuye a la correcta aplicación del referido Reglamento en general, sin que dicho organismo esté obligado a actuar a raíz de tales reclamaciones con el fin de garantizar el derecho de cada pasajero individual a obtener una compensación. Además, el concepto de «sanciones» que figura en apartado 3 de dicho artículo, leído en relación con el considerando 21 del referido Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que se refiere a las medidas adoptadas frente a las infracciones constatadas por el organismo en el ejercicio de su misión de supervisión de carácter general consagrada en el apartado 1 del artículo 16 y no a las medidas coercitivas de carácter administrativo que deben adoptarse en cada caso concreto.

(véanse los apartados 31, 32 y 38 y el fallo)
Asunto C‑84/15

Sonos Europe BV

contra

Staatssecretaris van Financiën

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Procedimiento prejudicial — Reglamento (CEE) n.o 2658/87 — Unión aduanera y Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria — Nomenclatura Combinada — Partidas 8517, 8518, 8519, 8527 y 8543 — Aparato autónomo concebido para recabar, recibir y reproducir en flujo ficheros digitales de audio en forma de sonido amplificado»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 17 de marzo de 2016

Unión aduanera — Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Aparato autónomo concebido para recabar, recibir y reproducir en flujo ficheros digitales de audio en forma de sonido amplificado — Clasificación en la partida 8519 de la Nomenclatura Combinada 8519 — Apreciación por el órgano jurisdiccional remitente

[Reglamento (CE) n.o 2658/87 del Consejo, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) de la Comisión n.o 1031/2008 y n.o 948/2009, anexo I, partida 8519]

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión resultante, sucesivamente, de los Reglamentos n.o 1031/2008 y n.o 948/2009, debe interpretarse en el sentido de que un aparato autónomo concebido para recabar, recibir y reproducir en flujo ficheros digitales de audio en forma de sonido amplificado debe clasificarse, sin perjuicio de que el tribunal remitente aprecie todos los elementos fácticos de los que dispone, en la partida 8519 de dicha Nomenclatura.

A este respecto, las Notas Explicativas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías relativas a la partida 8519 precisan que, «generalmente», el sonido se graba o reproduce en un dispositivo de almacenamiento interno o en un soporte externo, lo que no excluye otras fuentes. Por consiguiente, el mero hecho de que la fuente de sonido no proceda de un dispositivo de almacenamiento interno no excluye la clasificación de dicho producto en esa partida arancelaria. En consecuencia, no cabe desvirtuar la función de reproducción de sonido de un aparato autónomo concebido para recabar, recibir y reproducir en flujo ficheros digitales de audio en forma de sonido amplificado como consecuencia de que la fuente de sonido que reproduce proceda de Internet, de otro aparato con el que comparte una red local, o de un aparato al que está conectado mediante un cable. Además, el destino del producto puede constituir un criterio objetivo de clasificación, siempre que sea inherente a dicho producto; la inherencia debe poder apreciarse en función de las características y propiedades objetivas de éste.

(véanse los apartados 42, 43 y 48 y el fallo)
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto, por una parte, la interpretación del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO 2002, L 164, p. 3), en su versión modificada por la Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008 (DO 2008, L 330, p. 21) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/475»), de la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO 2001, L 344, p. 93), así como del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO 2001, L 344, p. 70) y, por otra parte, la validez del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 610/2010 del Consejo, de 12 de julio de 2010, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1285/2009 (DO 2010, L 178, p. 1), en la medida en que mantiene a la organización «Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE)» (o, en lengua inglesa, «Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE); en lo sucesivo, «organización LTTE») en la lista de grupos y entidades a la que se refiere el artículo 2, apartado 3, del Reglamento n.o 2580/2001.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C‑45/07 (ex NN 51/07, ex CP. 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 7, p. 48), la validez de la Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2013 por la que se incoa el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, relativo a la ayuda estatal SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) — Amortización fiscal del Fondo de comercio financiero en caso de adquisición de participaciones extranjeras (DO 2013, C 258, p. 8), y la validez de la Decisión (UE) 2015/314 de la Comisión, de 15 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) ejecutada por España — Régimen relativo a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras (DO 2015, L 56, p. 38).
36

Además, DEI y la Comisión destacan que el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 659/1999 (DO 2004, L 140, p. 1; corrección de errores en DO 2005, L 25, p. 74), dispone que «a efectos de la letra c) del artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 659/1999, se entenderá por modificación de una ayuda existente cualquier cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o administrativa sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado común».
16

El artículo 6 de la Directiva 1999/31 está así redactado: «Los Estados miembros tomarán medidas a fin de que: a) sólo se depositen en un vertedero los residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable, o a cualquier otro residuo cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 de la [presente] Directiva reduciendo la cantidad de residuos o los peligros para la salud humana o el medio ambiente; b) sólo se envíen a un vertedero para residuos peligrosos aquellos residuos peligrosos que cumplan los requisitos fijados con arreglo al anexo II; c) los vertederos de residuos no peligrosos puedan utilizarse: i) para residuos municipales; ii) para residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios pertinentes de admisión de residuos en vertederos para residuos no peligrosos establecidos conforme al anexo II; iii) para residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en el inciso ii), y que cumplan los criterios pertinentes de admisión establecidos conforme al anexo II. Dichos residuos peligrosos no se depositarán en compartimentos destinados a residuos no peligrosos biodegradables; d) los vertederos de residuos inertes sólo se utilicen para residuos inertes.»
22

Mediante resolución de 3 de marzo de 2014, la Administración tributaria desestimó el recurso interpuesto por Senatex, insistiendo en su tesis según la cual, habida cuenta de que los requisitos para la deducción del IVA no se cumplieron hasta que no se procedió a rectificar las facturas, en los años 2013 y 2014, la rectificación de la factura no podía surtir efectos, retroactivamente, en la fecha en la que se realizó la correspondiente prestación.
44

Por otro lado, las normas mínimas aplicables a los procedimientos, a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior de la presente sentencia, enunciadas en el capítulo III del mencionado Reglamento, que, en virtud del artículo 6, apartado 1, letra c) de éste, deben ser cumplidas para que una resolución sobre un crédito no impugnado dictada en un Estado miembro pueda ser certificada como título ejecutivo europeo, tienen por objeto garantizar, conforme al considerando 12 del mismo Reglamento, que el deudor esté informado, con el tiempo suficiente y de manera tal que pueda preparar su defensa, por un lado, de la acción judicial ejercitada contra él, así como de los requisitos para su participación activa en los procedimientos para impugnar el crédito de que se trate, y, por otro, de las consecuencias que acarrea su no participación. En el caso concreto de una resolución dictada en rebeldía, en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n.o 805/2004, las antedichas normas procesales mínimas están destinadas a garantizar suficientemente la salvaguarda del derecho de defensa.