Asunto T‑64/02

Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Artículo 81 CE — Práctica colusoria — Mercado del fosfato de zinc — Multa — Directrices para el cálculo del importe de las multas — Recurso de anulación — Excepción de ilegalidad — Artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 — Gravedad de la infracción — Principios de proporcionalidad y de igualdad de trato — Motivación»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 29 de noviembre de 2005

Sumario de la sentencia

1. Excepción de ilegalidad — Alcance — Actos cuya ilegalidad puede ser alegada — Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas por infringir las normas sobre la competencia — Inclusión

(Art. 241 CE; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

2. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Directrices adoptadas por la Comisión — Posibilidad de tomar en consideración la situación específica de las pequeñas y medianas empresas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

3. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad y duración de las infracciones — Distinción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

4. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Acuerdo horizontal en materia de precios, cuotas y asignación de clientes — Infracción muy grave — Circunstancias que no excluyen esta calificación

(Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

5. Competencia — Prácticas colusorias — Delimitación del mercado — Objeto — Determinación del perjuicio para el comercio entre Estados miembros

(Art. 81 CE)

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Consideración de los efectos de la infracción en total — Apreciación de la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes para cada uno de los participantes individualmente

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias atenuantes — Mal estado financiero del sector correspondiente — Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Volumen de negocios global de la empresa afectada — Volumen de negocios obtenido con las mercancías objeto de la infracción — Consideración de ambos — Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Obligación de tomar en consideración la situación financiera de la empresa afectada — Inexistencia — Capacidad contributiva real de la empresa en un contexto social específico — Consideración — Fijación de un importe de multa que provoque la quiebra o la liquidación de la empresa afectada como consecuencia de la multa — Inexistencia de prohibición de principio

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 5, letra b)]

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Efecto disuasorio tanto frente a la empresa infractora como frente a terceros

(Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

11. Competencia — Multas — Imposición — Necesidad de obtener un beneficio para la empresa como consecuencia de la infracción — Inexistencia — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias atenuantes — Inexistencia de beneficio — Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2, párr. 1)

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Importe máximo — Cálculo — Volumen de negocios que ha de tomarse en consideración — Volumen de negocios global — No consideración del volumen de negocios alcanzado con el producto objeto de la práctica restrictiva — Violación del principio de igualdad de trato — Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

13. Derecho comunitario — Principios generales del Derecho — Irretroactividad de las disposiciones penales — Ámbito de aplicación — Competencia — Procedimiento administrativo — Alcance del principio — Aumento en los importes de las multas en decisiones individuales o generales — Previsibilidad para las empresas afectadas — Procedencia

(Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 7; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, aps. 2 y 4; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

14. Competencia — Multas — Decisión por la que se imponen multas — Obligación de motivación — Alcance — Indicación de los elementos de apreciación que permitieron a la Comisión determinar la gravedad y la duración de la infracción — Indicación suficiente

(Art. 253 CE)

1. Las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, pese a no constituir la base jurídica de la decisión que impone una multa a un operador económico, ya que esta decisión halla fundamento en el Reglamento nº 17, determinan de un modo general y abstracto la metodología que la Comisión se ha obligado a seguir para determinar el importe de las multas. Además, habida cuenta de los efectos jurídicos que pueden producir normas de conducta como las Directrices, que contienen disposiciones generales, cuando la Comisión las aplica en la decisión impugnada, existe un vínculo directo entre dicha decisión y las Directrices, de modo que pueden ser objeto de una excepción de ilegalidad.

(véase el apartado 35)

2. Las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA permiten a la Comisión considerar, cuando las circunstancias lo exijan, la situación particular en que se encuentran las pequeñas y medianas empresas.

(véase el apartado 39)

3. El artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 prevé expresamente que procede tomar en consideración, para determinar el importe de la multa, «además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta». A la luz de esta disposición, aun suponiendo que determinadas infracciones se conciban intrínsecamente para durar, no puede prohibirse a la Comisión tener en cuenta su duración efectiva en cada caso. Así, el efecto perjudicial de los cárteles que, a pesar de estar previstos para una larga duración, son detectados por la Comisión o denunciados por un participante tras una corta duración de funcionamiento efectivo es necesariamente menor que en el supuesto de que hubieran tenido una amplia duración de funcionamiento efectivo. Por consiguiente, siempre es importante distinguir entre la duración de una infracción y su gravedad tal y como resulta de su propia naturaleza.

(véase el apartado 45)

4. En el marco de la determinación del importe de las multas por infringir las normas comunitarias sobre la competencia, la apreciación de la gravedad de la infracción debe efectuarse tomando en consideración, en particular, la naturaleza de las restricciones ocasionadas a la competencia. A este respecto, la Comisión puede calificar, con arreglo a Derecho, de muy grave, a la vista de su naturaleza, un acuerdo horizontal por el que se fijen los precios, se establezcan cuotas a escala europea y que implique la asignación de al menos un cliente.

No desvirtúa esta calificación ni la inexistencia de medidas formales para controlar la ejecución del cártel, ni el hecho de que las cuotas se fijen a escala europea y que no exista, por lo tanto, una compartimentación de los mercados nacionales, ni el hecho de que sólo se fijen precios indicativos ni, por último, el hecho de que sólo se repartieran algunos clientes.

(véanse los apartados 66, 67, 70, 71, 77, 82 y 90)

5. La obligación de delimitar el mercado en una decisión adoptada con arreglo al artículo 81 CE se impone a la Comisión cuando, sin dicha delimitación, no es posible determinar si el acuerdo, la decisión de asociación de empresas o la práctica concertada de que se trate puede afectar al comercio entre Estados miembros y tiene por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

(véase el apartado 122)

6. Cuando varias empresas cometen una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, los efectos que deben tomarse en consideración para determinar el nivel general de las multas no son los que resultan del comportamiento efectivo que pretende haber seguido una empresa determinada, sino los que resultan del conjunto de la infracción en la que la empresa participó.

En cambio, procede examinar la gravedad relativa de la participación en la infracción de cada una de ellas, a fin de determinar si existen, en relación con las mismas, circunstancias agravantes o atenuantes.

(véanse los apartados 127 y 132)

7. Cuando determina la gravedad de una infracción en materia de prácticas colusorias, la Comisión no está obligada a considerar como circunstancia atenuante la mala salud financiera del sector de que se trate. En efecto, por regla general, los cárteles nacen en un momento en que el sector se enfrenta a dificultades.

(véase el apartado 139)

8. Para determinar el importe de la multa impuesta por infringir las normas comunitarias sobre la competencia, no debe atribuirse al volumen de negocios global de la empresa ni a la parte del mismo que procede de las mercancías objeto de la infracción una importancia desproporcionada en relación con los demás elementos de apreciación, de modo que la fijación de una multa apropiada no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global, en particular cuando las mercancías de que se trata sólo representan una pequeña fracción de ese volumen.

(véase el apartado 154)

9. La Comisión no está obligada a tomar en consideración la situación deficitaria de una empresa al determinar el importe de la multa impuesta por infringir las normas comunitarias sobre la competencia, ya que el reconocimiento de tal obligación equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado. No es obstáculo para aplicar lo anterior el punto 5, letra b), de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, según el cual debe tomarse en consideración la capacidad contributiva real de una empresa. Esta capacidad sólo es importante en su «contexto social específico», constituido por las consecuencias que el pago de la multa tendría, en particular, en lo relativo a un aumento del desempleo o un deterioro de los sectores económicos a los que la empresa afectada vende o de los que se abastece.

Por otra parte, el Derecho comunitario, como tal, no prohíbe que una medida adoptada por una autoridad comunitaria provoque la quiebra o la liquidación de una determinada empresa. La liquidación de una empresa en su forma jurídica en cuestión, aunque puede perjudicar a los intereses financieros de los propietarios, accionistas o titulares de acciones, no significa sin embargo que los elementos personales, materiales e inmateriales representados por las empresas pierdan, ellos también, su valor.

(véanse los apartados 161 a 163)

10. El objetivo disuasorio que la Comisión puede lícitamente perseguir al determinar el importe de una multa está destinado a garantizar que las empresas respeten las normas sobre la competencia establecidas en el Tratado al desarrollar sus actividades en el interior de la Comunidad o del Espacio Económico Europeo. De ello se deriva que el carácter disuasorio de una multa que sanciona una infracción de las normas comunitarias sobre competencia no puede determinarse exclusivamente en función de la situación particular de la empresa sancionada.

(véase el apartado 181)

11. Si bien el importe de la multa impuesta por infringir las normas comunitarias sobre la competencia debe ser proporcionado en relación con la duración de la infracción y los demás elementos que puedan incluirse en la apreciación de la gravedad de la infracción, entre los que figura el beneficio que la empresa de que se trate haya podido obtener de sus prácticas, el hecho de que una empresa no haya obtenido ningún beneficio de la infracción no puede impedir que se imponga una multa, so pena de privar a ésta de su carácter disuasorio. De ello resulta que, a efectos de determinar el importe de las multas, la Comisión no está obligada a tomar en consideración la inexistencia de beneficio derivado de la infracción de que se trate.

A este respecto, aunque la Comisión pueda, a tenor del punto 2, párrafo primero, quinto guión, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, y en concepto de circunstancias agravantes, incrementar la sanción para rebasar el importe de las ganancias ilícitas realizadas gracias a la infracción, dicha posibilidad no implica que la Comisión se haya impuesto, en adelante, la obligación de demostrar en todo caso, a los efectos de la determinación del importe de la multa, la ventaja económica derivada de la infracción imputada. En otras palabras, no cabe considerar que la inexistencia de dicha ventaja sea una circunstancia atenuante.

(véanse los apartados 184 a 186)

12. Cuando determina el importe de las multas por infringir las normas comunitarias sobre la competencia, el límite máximo del 10 % del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente por cada una de las empresas que hayan participado en la infracción, establecido por el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, pretende evitar que las multas sean desproporcionadas en relación con la importancia de la empresa. Dado que sólo el volumen de negocios global puede dar efectivamente una indicación aproximada a este respecto, se debe entender que es un porcentaje referido al volumen de negocios global.

En consecuencia, una empresa afectada no puede alegar que fue objeto de un trato desigual, en vista de las multas impuestas a otras empresas que hayan participado en la infracción, debido a que la Comisión, a la hora de determinar el límite de la multa, no tuvo en cuenta la proporción que su volumen de negocios procedente del producto en cuestión suponía sobre su volumen de negocios global.

(véanse los apartados 196 y 199)

13. El principio de irretroactividad de las disposiciones penales es un principio común a todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, que también proclama el artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y forma parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantizan los órganos jurisdiccionales comunitarios.

A este respecto, aunque el artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 17 indica que las decisiones de la Comisión en las que se imponen multas por infracción del Derecho de la competencia no tienen carácter penal, no es menos cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho comunitario, y en particular el de irretroactividad, en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una sanción con arreglo a las normas sobre la competencia del Tratado.

No obstante, las empresas implicadas en un procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una multa deben tener en cuenta la posibilidad de que, en cualquier momento, la Comisión decida elevar el nivel de las multas con respecto al anteriormente aplicado. Lo anterior no se aplica únicamente cuando la Comisión aumente el nivel de las multas en decisiones individuales, sino también cuando dicho aumento sea consecuencia de la aplicación de normas de conducta de carácter general como las Directrices.

En consecuencia, en vista del margen de apreciación de que dispone la Comisión a efectos de determinar el importe de las multas para orientar el comportamiento de las empresas hacia el cumplimiento de las normas de competencia el nuevo método de cálculo de las multas que contienen las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, aun suponiendo que hubiese producido un endurecimiento de las sanciones impuestas respecto a la práctica anterior de la Comisión, no es contrario a los principios establecidos en el artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ya que era razonablemente previsible para las empresas afectadas en el momento en que se cometió la infracción.

(véanse los apartados 205 a 210)

14. En el caso de una decisión en la que se imponen multas a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, es preciso delimitar el alcance del deber de motivación partiendo de la base de que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

A este respecto, las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye la obligación de motivación no obligan a la Comisión a indicar, en su decisión, los elementos numéricos relativos al método de cálculo de las multas, sino únicamente los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad de la infracción, así como su duración.

(véanse los apartados 218 y 222)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 29 de noviembre de 2005 ( )

«Competencia – Artículo 81 CE – Práctica colusoria – Mercado del fosfato de zinc – Multa – Directrices para el cálculo del importe de las multas – Recurso de anulación – Excepción de ilegalidad – Artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 – Gravedad de la infracción – Principios de proporcionalidad y de igualdad de trato – Motivación»

En el asunto T‑64/02,

Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG, con domicilio social en Langelsheim (Alemania), representada por los Sres. F. Montag y G. Bauer, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. F. Castillo de la Torre, en calidad de agente, asistido por el Sr. H.‑J. Freund, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación parcial de la Decisión 2003/437/CE de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E‑1/37.027 – Fosfato de zinc) (DO 2003, L 153, p. 1), o, con carácter subsidiario, la reducción del importe de la multa impuesta a la demandante,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA



DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),

integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. García‑Valdecasas y J.D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 1 de julio de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Hechos

1 Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «demandante» o «Heubach») es una sociedad alemana que fabrica y distribuye pigmentos orgánicos y minerales especializados, principalmente utilizados como ingredientes en la fabricación de tintas, plásticos y pinturas. Heubach produce y vende fosfato de zinc, incluidos tipos modificados. En 2000, su volumen de negocios a escala mundial era de 71,02 millones de euros.

2 Aunque puedan tener fórmulas químicas ligeramente distintas, los ortofosfatos de zinc constituyen un producto químico homogéneo, genéricamente denominado «fosfato de zinc». El fosfato de zinc, obtenido a partir del óxido de zinc y del ácido fosfórico, se utiliza con frecuencia como pigmento mineral anticorrosión en la industria de la pintura. Se comercializa como fosfato de zinc estándar o como fosfato de zinc modificado o «activado».

3 En 2001, la mayor parte del mercado mundial de fosfato de zinc estaba en manos de los cinco productores europeos siguientes: la demandante, James M. Brown Ltd (en lo sucesivo, «James Brown»), Société nouvelle des couleurs zinciques SA (en lo sucesivo, «SNCZ»), Trident Alloys Ltd (en lo sucesivo, «Trident») (anteriormente Britannia Alloys and Chemicals Ltd; en lo sucesivo, «Britannia») y Union Pigments AS (en lo sucesivo, «Union Pigments») (anteriormente Waardals AS). Entre 1994 y 1998, el valor del mercado del fosfato de zinc estándar era de unos 22 millones de euros anuales a escala mundial y de 15 a 16 millones de euros aproximadamente en el ámbito del Espacio Económico Europeo (EEE). En el EEE, Heubach, SNCZ, Trident (anteriormente Britannia) y Union Pigments poseían cuotas bastante similares del mercado del fosfato de zinc estándar, del orden del 20 %. James Brown poseía una cuota de mercado netamente inferior. Los compradores de fosfato de zinc son los principales fabricantes de pinturas. El mercado de las pinturas está dominado por algunos grupos químicos multinacionales.

4 El 13 y 14 de mayo de 1998, la Comisión inspeccionó, simultáneamente y sin previo aviso, los locales de la demandante, de SNCZ y de Trident, con arreglo al artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22). Del 13 al 15 de mayo de 1998, a petición de la Comisión, formulada en virtud del artículo 8, apartado 3, del Protocolo 23 del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) inspeccionó, simultáneamente y sin previo aviso, los locales de Union Pigments, con arreglo al artículo 14, apartado 2, del capítulo II del Protocolo 4 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia.

5 Durante el procedimiento administrativo, Union Pigments y Trident manifestaron a la Comisión su intención de cooperar plenamente con ella, conforme a la Comunicación de la Comisión de 18 de julio de 1996 relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación») e hicieron sendas declaraciones sobre el cártel (en lo sucesivo, «declaración de Union Pigments» y «declaración de Trident»).

6 El 2 de agosto de 2000, la Comisión aprobó un pliego de cargos contra las empresas destinatarias de la Decisión que es objeto del presente recurso (véase el apartado 7), incluida la demandante.

7 El 11 de diciembre de 2001, la Comisión adoptó la Decisión 2003/437/CE, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E‑1/37.027 – Fosfato de zinc) (DO L 153, p. 1). La Decisión tomada en consideración a efectos de la presente sentencia es la que fue notificada a las empresas interesadas y que figura como anexo a la demanda (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). Dicha Decisión es, en determinados aspectos, distinta de la que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea.

8 En la Decisión impugnada, la Comisión indica que entre el 24 de marzo de 1994 y el 13 de mayo de 1998 existió un cártel formado por Britannia (Trident desde el 15 de marzo de 1997), Heubach, James Brown, SNCZ y Union Pigments. Según ella, el acuerdo se limitó al fosfato de zinc estándar. Señala que, primero, los miembros del cártel adoptaron un acuerdo de reparto del mercado con cuotas de venta para los productores. En segundo lugar, fijaron precios «mínimos» o «recomendados» en cada reunión y en general los respetaron. En tercer lugar, se llevó a cabo, en cierta medida, un reparto de los clientes.

9 La parte dispositiva de la Decisión impugnada tiene la siguiente redacción:

«Artículo 1

Britannia […], […] Heubach […], James […] Brown […], [SNCZ], Trident […] y [Union Pigments] han infringido las disposiciones del apartado 1 del artículo 81 del Tratado y del apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE al haber participado en un acuerdo continuado y/o una práctica concertada en el sector del fosfato de cinc.

La duración de la infracción fue la siguiente:

a) en el caso de […] Heubach […], James […] Brown […], [SNCZ] y [Union Pigments]: del 24 de marzo de 1994 al 13 de mayo de 1998;

[…]

Artículo 3

Por la infracción mencionada en el artículo 1 se imponen las multas siguientes:

a) Britannia […]: 3,37 millones de euros;

b) […] Heubach […]: 3,78 millones de euros;

c) James […] Brown […]: 940.000 euros;

d) [SNCZ]: 1,53 millones de euros;

e) Trident […]: 1,98 millones de euros;

f) [Union Pigments]: 350.000 euros.

[…]»

10 Para calcular el importe de las multas, la Comisión utilizó el método establecido en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») y la Comunicación sobre la cooperación.

11 Así, la Comisión fijó primero un «importe básico», en función de la gravedad y duración de la infracción (véanse los considerandos 261 a 313 de la Decisión impugnada).

12 Por lo que se refiere al primer factor, estimó que la infracción debía calificarse como «muy grave», teniendo en cuenta la naturaleza del comportamiento examinado, su impacto real en el mercado del fosfato de zinc y el hecho de que abarcó al conjunto del mercado común y, tras su creación, del EEE (considerando 300 de la Decisión impugnada). Sin perjuicio del carácter muy grave de la infracción, la Comisión explicó que tendría en cuenta el tamaño limitado del mercado de referencia (considerando 303 de la Decisión impugnada).

13 La Comisión aplicó un «trato diferenciado» a las empresas afectadas con el fin, por una parte, de tener en cuenta la capacidad económica efectiva de los responsables para causar un daño significativo a la competencia y, por otra, de fijar la multa a un nivel que asegurase un efecto disuasorio suficiente (considerando 304 de la Decisión impugnada). A tal efecto, dividió las empresas afectadas en dos categorías, en función de su «importancia relativa en el mercado afectado». De este modo, se basó en el volumen de negocios realizado por cada una de estas empresas en el EEE durante el último año de la infracción con la venta del producto de que se trata y tuvo en cuenta el hecho de que la demandante, Britannia (Trident a partir del 15 de marzo de 1997), SNCZ y Union Pigments eran «los principales productores de fosfato de cinc en el EEE, con cuotas de mercado bastante próximas al 20 %» (considerandos 307 y 308 de la Decisión impugnada). La demandante fue clasificada, junto con Britannia, SNCZ, Trident y Union Pigments, en la primera categoría («punto de partida» de 3 millones de euros). James Brown, cuya cuota de mercado era «perceptiblemente inferior», fue clasificada en la segunda categoría («punto de partida» de 750.000 euros) (considerandos 308 y 309 de la Decisión impugnada).

14 En cuanto al factor relativo a la duración, la Comisión consideró que la infracción imputable a la demandante era de duración «media», al haberse extendido desde el 24 de marzo de 1994 hasta el 13 de mayo de 1998 (considerando 310 de la Decisión impugnada). En consecuencia, aumentó en un 40 % el punto de partida de la demandante, llegando así a un «importe básico» de 4,2 millones de euros (considerandos 310 y 313 de la Decisión impugnada).

15 A continuación, la Comisión consideró que en el caso de autos no concurrían circunstancias agravantes ni atenuantes (considerandos 314 a 336 de la Decisión impugnada). Además, desestimó los argumentos basados en el «difícil contexto económico» en el que la infracción se había producido y en las características específicas de las empresas en cuestión (considerandos 337 a 343 de la Decisión impugnada). En consecuencia, la Comisión fijó en 4,2 millones de euros el importe de la multa «antes de cualquier aplicación de la Comunicación [sobre la cooperación]» en lo que respecta a la demandante (considerando 344 de la Decisión impugnada).

16 Por otra parte, la Comisión recordó el límite que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, no podían sobrepasar las multas impuestas a las empresas afectadas. El importe de la multa de la demandante, antes de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación, no se vio afectado por dicho límite (considerando 345 de la Decisión impugnada).

17 Por último, la Comisión concedió a la demandante una reducción del 10 %, con arreglo a lo dispuesto en la Comunicación sobre la cooperación, por haber declarado, en su respuesta al pliego de cargos, que no impugnaba sustancialmente los hechos establecidos en el mismo (considerandos 360, 363 y 366 de la Decisión impugnada). El importe final de la multa impuesta a la demandante se elevó así a 3,78 millones de euros (considerando 370 de la Decisión impugnada).

Procedimiento y pretensiones de las partes

18 La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de febrero de 2002.

19 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) decidió abrir la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, requirió a las partes para que presentasen ciertos documentos y respondiesen por escrito a determinadas preguntas. Las partes cumplimentaron dichos requerimientos.

20 En la vista celebrada el 1 de julio de 2004, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

21 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Con carácter principal, anule el artículo 3, letra b), de la Decisión impugnada.

– Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa que se le impuso.

– Condene en costas a la Comisión.

22 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

A. Sobre la excepción de ilegalidad

1. Alegaciones de las partes

23 La demandante señala que el artículo 3, letra b), de la Decisión impugnada es nulo, porque la multa que establece fue calculada con arreglo a las Directrices, las cuales infringen el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17.

24 La citada parte afirma que esta excepción de ilegalidad es admisible y que debe rechazarse la alegación de la Comisión según la cual la ilegalidad de las Directrices no implicaría la anulación de la Decisión impugnada, por ser el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 la única base jurídica de ésta.

25 En cuanto al fondo, la demandante alega, en primer lugar, que debe considerarse que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 establece una obligación general de calcular las multas en proporción al volumen de negocios de las empresas de que se trate. En efecto, sólo de esta forma puede tenerse en cuenta la capacidad económica de la empresa afectada. Ahora bien, las Directrices parten de categorías globales de multas que se fijan con independencia del volumen de negocios y, por tanto, sin considerar la fortaleza económica de la empresa afectada. En particular, la demandante señala que aquellas prevén un importe a tanto alzado de 20 millones de euros, como mínimo, para las infracciones calificadas como «muy graves», al margen de cuál sea el tamaño de la empresa implicada.

26 La demandante sostiene que lo anterior no deja de ser una infracción por el hecho de que las Directrices permitan un trato diferenciado en función de determinados elementos, tales como la naturaleza de la infracción cometida, la capacidad económica efectiva del autor de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores o la importancia limitada del mercado de referencia. Según la demandante, tal diferencia de trato sólo es posible, en realidad, dentro de las categorías previstas por las Directrices.

27 En cuanto a la alegación de la Comisión relativa a que la capacidad económica de una empresa, que se manifiesta en particular a través de su volumen de negocios global, es sólo uno más de los criterios que dicha institución debe analizar, la demandante responde que ella no se opone a que tengan que considerase varios criterios, pero reprocha a la Comisión el no haber considerado el que le favorecía. De la jurisprudencia se desprende, según la demandante, que las Directrices no se oponen a que el volumen de negocios global de las empresas implicadas o su volumen de negocios en el mercado de producto de que se trate «se tengan en cuenta al determinar el importe de la multa, a fin de respetar los principios generales del Derecho comunitario y cuando las circunstancias así lo exijan» (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 283).

28 En segundo lugar, la demandante afirma que el método de cálculo establecido en las Directrices, al estar basado en valores absolutos, no se adecúa al tamaño de las pequeñas y medianas empresas (PYME) como ella. Observa que su volumen de negocios global en 2000 fue de 71 millones de euros, de los que sólo 3,48 millones de euros correspondieron al mercado europeo del fosfato de zinc estándar, en torno al 4,9 % de su volumen de negocios global. Añade que las ventas en dicho mercado son responsabilidad de un pequeño grupo, integrado únicamente por seis colaboradores, con el apoyo de algunos otros empleados. Señala también que el producto en cuestión apenas le generaba beneficios y frecuentemente representó, de hecho, una fuente de pérdidas.

29 Ahora bien, la demandante sostiene que los importes de base, incluido el de 20 millones de euros, como mínimo, para las infracciones calificadas como «muy graves», se aplican incluso cuando las empresas implicadas son PYME. Esta fijación de cuantías «a tanto alzado» tiene como consecuencia que en este asunto la multa impuesta a la demandante sea significativamente superior, en proporción al volumen de negocios total, a las impuestas en otros asuntos comparables en cuanto a la gravedad de la infracción. Para fundamentar esta alegación, la demandante invoca varias decisiones de la Comisión en las que ésta impuso multas proporcionalmente inferiores [Decisión 98/273/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1998, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/35.733 – VW) (DO L 124, p. 60; en lo sucesivo, «Decisión Volkswagen»); Decisión 1999/210/CE de la Comisión, de 14 de octubre de 1998, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado CE (Asuntos IV/F‑3/33.708 – British Sugar plc, IV/F‑3/33.709 – Tate & Lyle plc, IV/F‑3/33.710 – Napier Brown & Company Ltd y IV/F‑3/33.711 – James Budgett Sugars Ltd) (DO 1999, L 76, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión British Sugar»); Decisión 1999/60/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 1998, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado CE (IV/35.691/E‑4 – Cártel en el mercado de los tubos preaislados) (DO 1999, L 24, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión Tubos preaislados»)]. De esta forma, la multa impuesta a la demandante es hasta 280 veces mayor, en proporción a su volumen de negocios, que la fijada en la Decisión British Sugar. En otras palabras, la demandante sostiene que las Directrices son ilegales porque llevan a imponer, en asuntos de similar gravedad, multas desproporcionadas en relación con los volúmenes de negocios.

30 En respuesta a la alegación de la Comisión según la cual ésta tomó en consideración su tamaño al fijar el punto de partida en 3 millones de euros (véase el apartado 13 supra) y no en 20 millones de euros, la demandante alega que la fijación de importes «a tanto alzado» influye, en cualquier caso, en las sanciones impuestas y conduce a multas desproporcionadas.

31 En tercer lugar, la demandante afirma que el incremento del importe de base por causa de la duración de la infracción, establecido en las Directrices, es también ilegal. Determinadas infracciones, en particular los acuerdos sobre cuotas, se prolongan, por su propia naturaleza, durante varios años. Esta larga duración ya se sanciona cuando se califica a la infracción de muy grave. La demandante concluye que las Directrices, al prever aumentos en función de la duración de la infracción, sancionan por partida doble a la empresa implicada.

32 Con carácter preliminar, la Comisión expresa sus dudas en cuanto a la admisibilidad de la excepción de ilegalidad que se formula en este motivo, ya que las Directrices no constituyen la base jurídica de la Decisión impugnada. Si bien dicha institución utilizó en el presente asunto el método señalado en las Directrices para calcular las multas, sigue siendo cierto que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 es la única base jurídica de dicha Decisión. Por ello, la Comisión sostiene que, aunque las Directrices fueran declaradas ilegales, ello no implicaría la ilegalidad de la Decisión impugnada.

33 En cuanto al fondo, la Comisión observa que de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, relativas al cártel de los tubos preaislados, se desprende que las Directrices no infringen el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487; Brugg Rohrsysteme/Comisión, T‑15/99, Rec. p. II‑1613; Lögstör Rör/Comisión, T‑16/99, Rec. p. II‑1633; KE KELIT/Comisión, T‑17/99, Rec. p. II‑1647; Dansk Rørindustri/Comisión, T‑21/99, Rec. p. II‑1681; Sigma Tecnologie/Comisión, T‑28/99, Rec. p. II‑1845; ABB Asea Brown Boveri/Comisión, T‑31/99, Rec. p. II‑1881, y, en especial, LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 27 supra, apartados 223 a 232 y 278 a 291). Por consiguiente, la Comisión sostiene que esta excepción de ilegalidad debe desestimarse por infundada.

34 La Comisión se opone, en particular, a la alegación de la demandante relativa a que dicha institución debería haber tenido en cuenta el carácter reducido de su volumen de negocios y a que no mantuvo la proporción establecida en otras decisiones entre el volumen de negocios global y la multa. Por lo que respecta a la comparación con la Decisión British Sugar, señala que la demandante parece entender, bien que la Comisión tendría que haber establecido el punto de partida en función de la gravedad de la infracción en 18 millones de euros (el punto de partida en British Sugar) multiplicados por 280, esto es en 5.040 millones de euros, o bien que debería haber dividido entre 280 el punto de partida de 3 millones de euros señalado para la demandante, situándolo en 10.000 euros. La Comisión considera que la demandante olvida que, conforme a la jurisprudencia, dicha institución está obligada en cualquier caso a fijar un importe que sea suficientemente disuasorio.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

35 Con carácter preliminar, procede señalar que las Directrices, pese a no constituir la base jurídica de la Decisión impugnada, cuyo fundamento se encuentra en el Reglamento nº 17, determinan de un modo general y abstracto la metodología que la Comisión se obligó a seguir para determinar el importe de las multas (sentencia LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 27 supra, apartado 274). Habida cuenta de los efectos jurídicos que pueden producir normas de conducta como las Directrices y dado que éstas contienen disposiciones generales cuya aplicación por parte de la Comisión en la Decisión impugnada ha quedado acreditada, hay que señalar que existe un vínculo directo entre dicha Decisión y las Directrices. De lo que se deriva que la excepción de ilegalidad es admisible.

36 La demandante propone la excepción de ilegalidad de las Directrices basándose en que éstas establecen como punto de partida categorías globales de multas cuyo importe se fija sin tener en cuenta el volumen de negocios, en contra de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, que, según dicha parte, prevé que las multas deben calcularse en proporción al volumen de negocios de las empresas implicadas. De esta forma, añade, no se tiene en cuenta el hecho de que la demandante es una PYME. Adicionalmente, la demandante alega que las Directrices tienen en cuenta la duración de la infracción por partida doble.

37 Al contrario de lo que sostiene la demandante, las Directrices no se sitúan fuera del marco jurídico definido en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 para las sanciones. En efecto, el método general de cálculo de las multas establecido en las Directrices se basa sobre los dos criterios mencionados en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, a saber, la gravedad y la duración de la infracción, y respeta el límite máximo proporcional al volumen de ventas de cada empresa establecido en dicha disposición (sentencia LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 27 supra, apartados 231 y 232, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01, Rec. p. II‑0000, apartados 189 y 190).

38 En las Directrices la Comisión expone la manera en que aprecia los factores relativos a la gravedad y a la duración y su metodología para evaluar las infracciones en función de su naturaleza y de las circunstancias del caso. El artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 no exige que el importe de la multa sea proporcional al volumen de negocios de la empresa implicada. De dicho precepto únicamente se desprende que si la multa es de más de un millón de euros, no puede superar el límite del 10 % del volumen de negocios de la empresa implicada (sentencia LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 27 supra, apartado 278).

39 Por otra parte, las Directrices permiten a la Comisión considerar, cuando las circunstancias lo exijan, la situación particular en que se encuentran las PYME en relación con las empresas que tienen, ya sea en el mercado de referencia o de forma global, un mayor volumen de negocios. En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado que, al aplicar las Directrices, el volumen de negocios de las empresas implicadas puede tenerse en cuenta al tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores, así como la necesidad de asegurarse de que la multa tenga un carácter lo suficientemente disuasorio, o al tomar en consideración el hecho de que las empresas grandes disponen casi siempre de infraestructuras jurídico‑económicas suficientes para disponer de unos conocimientos que les permiten apreciar mejor la ilegalidad de su comportamiento y las consecuencias que de dicha ilegalidad se derivan desde el punto de vista del Derecho de la competencia. El volumen de negocios de las empresas implicadas puede también tenerse en cuenta al determinar el peso específico y, por tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza. Del mismo modo, el volumen de negocios de las empresas puede aportar una indicación sobre la ventaja económica o financiera eventualmente obtenida por los autores de la infracción o sobre otras características específicas de estos últimos que deberán tomarse en consideración en función de las circunstancias (sentencias Lögstör Rör/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartados 295 y 296, y Dansk Rørindustri/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartado 203).

40 En lo que se refiere a la alegación de la demandante relativa a que las Directrices infringen el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 al establecer un importe a tanto alzado de 20 millones de euros, como mínimo, para las infracciones muy graves, incluso cuando la empresa implicada sea una PYME, hay que señalar que los importes de base contenidos en las Directrices tienen sólo la consideración de «previstos» (punto 1, parte A). En consecuencia, la Comisión tiene total libertad para fijar un importe de base inferior a 20 millones de euros. Así, aunque en el presente asunto la demandante cometió una infracción muy grave, la Comisión fijó el punto de partida de su multa en 3 millones de euros, un importe sensiblemente inferior a los 20 millones de euros que las Directrices prevén para las infracciones muy graves (considerando 309 de la Decisión impugnada).

41 Por lo que respecta a la alegación de la demandante según la cual las Directrices conducen a la imposición de multas mayores, en proporción al volumen de negocios, que las correspondientes a otras empresas en asuntos anteriores similares, debe subrayarse que la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia (sentencia LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 27 supra, apartado 234). En efecto, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de competencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión, asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 109, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Europa Carton/Comisión, T‑304/94, Rec. p. II‑869, apartado 89).

42 En la medida en que la Comisión imponga a las empresas implicadas en una misma infracción multas que estén justificadas en cada caso en función de la gravedad y la duración de la infracción, no puede reprochársele que su importe sea mayor, en proporción al volumen de negocios, que el señalado para otras empresas en asuntos anteriores (véase, por analogía, LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 27 supra, apartado 278).

43 Hay que añadir que la gravedad de las infracciones debe apreciarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta de modo obligatorio (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 1997, Ferriere Nord/Comisión, C 219/95 P, Rec. p. I 4411, apartado 33, y sentencia LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 27 supra, apartado 236). Ahora bien, los datos pertinentes a estos efectos, como los mercados, los productos, los países, las empresas y los períodos de que se trata son diferentes en cada asunto. De lo que se deduce que la Comisión no puede estar obligada a imponer multas que representen el mismo porcentaje de los volúmenes de negocios en todos los asuntos de similar gravedad (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de enero de 2004, JCB Service/Comisión, T-67/01, Rec. p. II‑0000, apartados 187 a 189).

44 Procede recordar, en cualquier caso, que los importes «a tanto alzado» previstos en las Directrices son sólo indicativos, por lo que no pueden dar lugar, por sí mismos, a una vulneración del principio de proporcionalidad.

45 En cuanto a la alegación de la demandante según la cual las Directrices conducen a aplicar dos veces el factor relativo a la duración de las infracciones, debe señalarse que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 prevé expresamente que procede tomar en consideración, para determinar el importe de la multa, «además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta». A la luz de esta disposición, aun suponiendo que determinadas infracciones se conciban intrínsecamente para durar, no puede prohibirse a la Comisión tener en cuenta su duración efectiva en cada caso. Así, el efecto perjudicial de los cárteles que, a pesar de estar previstos para una larga duración, son detectados por la Comisión o denunciados por un participante tras una corta duración de funcionamiento efectivo es necesariamente menor que en el supuesto de que hubieran tenido una amplia duración de funcionamiento efectivo. Por consiguiente, siempre es importante distinguir entre la duración de una infracción y su gravedad tal y como resulta de su propia naturaleza (véase, en este sentido, la sentencia Tokai Carbon y otros/Comisión, citada en el apartado 37 supra, apartado 259).

46 De lo que se deriva que la excepción de ilegalidad debe ser desestimada.

B. Sobre los motivos de anulación

47 La demandante invoca cinco motivos. El primero se basa en la infracción del artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 y de lo dispuesto en las Directrices; el segundo, en la vulneración del principio de proporcionalidad; el tercero en la violación del principio de igualdad de trato; el cuarto en la infracción del artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), y el quinto en la infracción del artículo 253 CE.

1. Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 y de lo dispuesto en las Directrices

48 La demandante alega que, si se declara que las Directrices son legales, habrá que considerar que la Comisión las aplicó erróneamente. Según la demandante, el artículo 3, letra b), de la Decisión impugnada infringe tanto el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 como lo dispuesto en dichas Directrices. Este motivo se compone de tres partes, en las que la demandante alega que la Comisión:

– no apreció correctamente la gravedad de la infracción;

– no tuvo en cuenta que la infracción sólo afectó a una pequeña parte de su volumen de negocios, lo que constituye una infracción del artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 y de las Directrices;

– no consideró la capacidad económica de la demandante.

a) Sobre la primera parte, basada en la apreciación errónea de la gravedad de la infracción

49 Según la demandante, el factor determinante para el cálculo de la multa es la gravedad de la infracción, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17. En el presente caso, la Comisión erró al calificar la infracción como «muy grave» por su naturaleza y su impacto en el mercado (considerando 300 de la Decisión impugnada). La demandante sostiene que la Comisión, por una parte, no consideró todos los hechos pertinentes ni, en especial, el carácter moderado de la infracción, y, por otra, no analizó correctamente los elementos que seleccionó. Señala que, si hubiera evaluado correctamente la infracción, dicha institución le habría impuesto una sanción menor.

50 Esta primera parte del primer motivo está integrada por cuatro alegaciones, basadas en que la Comisión apreció incorrectamente:

– la naturaleza de la infracción;

– los efectos de la infracción en el mercado;

– la crisis en el sector del fosfato de zinc como circunstancia atenuante, y

– el hecho de que la infracción se diferencia de otros cárteles calificados como muy graves.

Sobre la naturaleza de la infracción

– Alegaciones de las partes

51 La demandante alega que la Comisión debería haber calificado la infracción como menos grave, lo que le habría llevado a imponer una multa menor. Aunque reconoce que el cártel constituía una clara violación del Derecho de la competencia, la demandante afirma que el riesgo para la competencia era relativamente pequeño, habida cuenta de los factores que moderaban la gravedad del cártel. Indica que, según jurisprudencia reiterada, «para la determinación del importe de las multas, procede tener en cuenta todos los elementos que pueden incluirse en la apreciación de la gravedad de las infracciones» (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 4949, y sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartados 120 y 129). La Comisión había aplicado esta jurisprudencia en casos anteriores. En este asunto, en cambio, y a pesar de haber reconocido, en el pliego de cargos, la existencia de elementos que demostraban el carácter moderado de la infracción, dicha institución decidió, tras una cambio de orientación manifiesto en su política en materia de multas, omitir esos mismos elementos en la Decisión impugnada. Por otra parte, en su contestación a la demanda, la Comisión cambió de opinión en cuanto a la importancia de los factores moderadores. En efecto, la citada institución admitió en dicho escrito, según la demandante, que tales factores eran pertinentes a efectos de su análisis de la gravedad de la infracción, pero señaló que éstos no modificaban la conclusión de que la infracción debía ser calificada como «muy grave».

52 A continuación, la demandante expone las razones por las que, a su juicio, la infracción no debería haberse calificado como «muy grave».

53 En primer lugar, la citada parte alega que la infracción consistía en un acuerdo informal que no establecía ningún mecanismo de ejecución específico por parte de las empresas implicadas. A pesar de que la Comisión reconoció este hecho en el pliego de cargos, no lo utilizó para reducir la multa en la Decisión impugnada. En la Decisión Polipropileno, en cambio, la Comisión impuso una multa pequeña debido a que las empresas implicadas no habían previsto un mecanismo de ejecución [Decisión 86/398/CEE de la Comisión, de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149 – Polipropileno) (DO L 230, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión Polipropileno»), considerando 108]. Los efectos de una infracción en el mercado son, por definición, menos perjudiciales cuando ésta carece de mecanismos de ejecución. La demandante considera infundada la alegación de la Comisión según la cual el caso de autos se distingue del que dio lugar a la Decisión Polipropileno en que las partes de los presentes acuerdos estaban sometidas a presiones cuya función y efectos eran idénticos a los de un mecanismo formal de ejecución. La demandante considera que resulta decisivo, a estos efectos, el hecho de que, tanto en el asunto Polipropileno como en éste, no existiese ninguna medida coercitiva capaz de asegurar el cumplimiento de las cuotas.

54 En contestación al argumento de que la Comisión no está obligada a tener en cuenta la práctica seguida anteriormente, la demandante afirma que la jurisprudencia obliga a dicha institución a considerar todos los elementos que pueden incluirse en la apreciación de la gravedad de las infracciones (sentencia Cimenteries CBR y otros/Comisión, citada en el apartado 51 supra, apartado 4949). Por consiguiente, la Comisión no puede negarse, «de forma arbitraria y sin motivos que lo justifiquen», a considerar los criterios que estimó pertinentes en sus decisiones anteriores para apreciar la gravedad de la infracción. Por otra parte, la Comisión ha desnaturalizado la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Mayr‑Melnhof/Comisión (T‑347/94, Rec. p. II‑1751). La demandante reconoce que, en esa sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró que «el mero hecho de que, en sus decisiones anteriores, la Comisión considerase que ciertos elementos constituían circunstancias atenuantes para determinar la cuantía de la multa no implica que esté obligada a efectuar la misma apreciación en una decisión posterior» (apartado 368). Sin embargo, considera que dicho pronunciamiento no afecta a la obligación de la Comisión de tener en cuenta todos los elementos pertinentes. La demandante sostiene que la inexistencia de un mecanismo de ejecución, la ausencia de obstáculos a la competencia entre los Estados (véase el apartado 56 infra) y el papel secundario que jugaron los precios (véase el apartado 57 infra) son elementos esenciales para una apreciación correcta de la gravedad de la infracción. Añade que la Comisión omitió todos los elementos favorables a las empresas implicadas, pese a que eran esenciales para apreciar la gravedad de la infracción. Señala que en el asunto que dio lugar a la sentencia Mayr‑Melnhof/Comisión, antes citada, existía una crisis sectorial, que hubo de tenerse en cuenta como circunstancia atenuante o como dato objetivo en el sentido del punto 5 de las Directrices, y que es menos importante para la apreciación de la gravedad de la infracción que los elementos alegados por la demandante en el presente asunto. Por otra parte, la demandante no admite que la sentencia LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 27 supra, permita a la Comisión apartarse de la práctica seguida anteriormente en sus decisiones. En realidad, las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia en aquella sentencia respondían a la alegación de LR AF según la cual el aumento del nivel de las multas que entrañaban las Directrices constituía una modificación del marco jurídico de las multas a imponer. La demandante considera que dicha sentencia no permite a la Comisión ignorar los elementos pertinentes para la apreciación de la gravedad de la infracción.

55 Por lo que se refiere a la alegación de la Comisión relativa a que el Tribunal de Primera Instancia ha declarado, en su sentencia de 14 de mayo de 1998, Enso Española/Comisión (T‑348/94, Rec. p. II‑1875), que la inexistencia de medidas de control de la aplicación no puede, en sí, constituir una circunstancia atenuante, la demandante observa que esta jurisprudencia carece de relevancia a efectos de apreciar la gravedad de la infracción. Añade que, en su sentencia de 17 de diciembre de 1991, Enichem Anic/Comisión (T‑6/89, Rec. p. II‑1623, apartados 269 a 271), el Tribunal de Primera Instancia estimó que la ausencia de un mecanismo de aplicación constituía una circunstancia atenuante.

56 En segundo lugar, la demandante sostiene que el cártel sólo asignó cuotas a escala europea. Las empresas implicadas no intentaron fijar cuotas por países ni hubo, por tanto, compartimentación alguna de los mercados nacionales. Ello limitaba, desde el principio, el riesgo para la competencia. La demandante afirma que, no obstante, la Comisión, en contraposición con su Decisión 94/815/CE, de 30 de noviembre de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (Asuntos IV/33.126 y 33.322 – Cemento) (DO L 343, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión Cemento»), en la que otorgó una importancia particular al hecho de que las empresas implicadas hubiesen atribuido cuotas por países con la consiguiente compartimentación de los mercados nacionales, no tuvo en cuenta dicha circunstancia en el presente asunto a la hora de calcular el importe de la multa

57 En tercer lugar, la demandante alega que en este caso el acuerdo sobre precios desempeñó un papel secundario, a diferencia de lo sucedido en otras infracciones calificadas como «muy graves». La demandante admite que el tema de los precios se trató en muchas reuniones, pero señala que las conversaciones sobre este tema se limitaron, sobre todo al inicio de la infracción, a plantear quejas sobre el bajo nivel de los mismos y sobre las diferencias de precios entre los Estados miembros. Las notas manuscritas de las reuniones que tuvieron lugar en 1994 y 1995 no mencionan nada sobre los precios porque éstos no se pactaban durante la etapa inicial del cártel. La demandante señala que, como indica la Comisión en el punto 99 del pliego de cargos, el cártel se basaba en el principio de «sólo cantidades, no precios». No obstante, sí se establecieron precios mínimos. La demandante añade que las empresas implicadas únicamente fijaron precios de referencia y que la Comisión ha reconocido que tales precios tienen, por definición, un impacto menor que el de los precios fijos. La demandante advierte que no desea impugnar los hechos probados, sino la apreciación de los mismos.

58 La demandante critica la apreciación de la Comisión relativa a la inexistencia de diferencias sustanciales entre el cártel enjuiciado y otros cárteles, en los que sí se establecieron acuerdos concretos de fijación de precios y cuotas junto con mecanismos de ejecución eficaces. Insiste en que, en el caso de autos, los riesgos de restricciones a la competencia y de obstáculos a la integración son considerablemente menores.

59 En cuarto lugar, la demandante sostiene que, salvo en el caso de un cliente, Tekno Winter, y de una sola ocasión en la que se asignaron a James Brown algunas pequeñas empresas del Reino Unido, no se produjo un reparto de clientes.

60 Por su parte, la Comisión señala que la demandante no alega que dicha institución sobrepasase su margen de apreciación ni que incurriese en otros errores de apreciación. La demandante se limita a afirmar en términos generales, según la Comisión, que ésta se apartó «de forma arbitraria y sin motivos que lo justifiquen» de la práctica seguida anteriormente en sus decisiones.

61 La Comisión expone que, conforme a los principios establecidos por la jurisprudencia, consideró todos los elementos pertinentes para apreciar la naturaleza de la infracción y concluyó que ésta, por su propia naturaleza, debía ser calificada como «muy grave».

62 La Comisión estima que la demandante no ha interpretado correctamente la jurisprudencia sobre esta materia. Admite que ella tiene que considerar todos los elementos pertinentes, pero afirma que la jurisprudencia no exige que determinados antecedentes de hecho, en particular los alegados por la demandante en este asunto, deban conducir sistemáticamente a una reducción del punto de partida de la multa. En realidad, según la citada institución, de la jurisprudencia se desprende que no existe una lista taxativa o exhaustiva de factores que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Por otra parte, añade, la importancia de cada uno de los factores a efectos de analizar la gravedad de la infracción depende de las circunstancias de cada caso.

63 A continuación, la Comisión analiza la cuestión de los supuestos factores moderadores invocados por la demandante y considera que éstos no atenúan la gravedad de la infracción. A este respecto, subraya que no está en absoluto obligada a seguir la práctica establecida en sus decisiones anteriores.

– Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

64 Hay que señalar, con carácter preliminar, que la demandante sólo solicita la anulación de la multa o una reducción de su importe. Dicha parte no discute el artículo 1 de la Decisión impugnada y admite, por tanto, las conclusiones de la Comisión en lo tocante a su participación en el cártel y a la infracción del artículo 81 CE. La demandante declaró, en su respuesta al pliego de cargos, que no impugnaba en lo esencial los hechos allí establecidos y, como consecuencia de ello, se benefició de una reducción del 10 % en el importe de su multa, con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación (considerandos 360 y 363 de la Decisión impugnada).

65 A continuación, procede rechazar la alegación de la demandante relativa a que, en la Decisión impugnada, la Comisión ocultó las circunstancias que acreditaban el carácter menos grave de la infracción y que se mencionaban en el pliego de cargos. En realidad, la Comisión consideró todas esas circunstancias en la Decisión impugnada. Al contrario de lo que sostiene la demandante, la apreciación de la Comisión según la cual «el acuerdo sobre ventas y cuotas adoptó más bien la forma de un acuerdo informal en el que los miembros no pusieron en práctica ninguna clase específica de mecanismo de ejecución» (punto 67 del pliego de cargos) se reproduce, en lo esencial, en el considerando 72 de la Decisión impugnada. La afirmación, que la demandante atribuye a la Comisión aunque realmente procedía de Union Pigments, de que el cártel se basaba en el principio de «sólo cantidades, no precios» (punto 99 del pliego de cargos) se repite en el considerando 104 de la Decisión impugnada. Adicionalmente, la Comisión consideró que las cuotas se aplicaban exclusivamente a escala europea y que las empresas implicadas no habían repartido sus respectivos mercados nacionales (considerandos 267 y 273 de la Decisión impugnada). También tuvo en cuenta la alegación relativa a que sólo se había asignado un cliente entre los miembros del cártel (considerandos 270 y 277). Por último, en contra de lo señalado por la demandante, la Comisión sí se pronunció sobre sus alegaciones en la Decisión impugnada (considerandos 104, 274, y 290 a 298).

66 Procede recordar, por otra parte, que, según reiterada jurisprudencia, la apreciación de la gravedad de la infracción debe efectuarse tomando en consideración, en particular, la naturaleza de las restricciones ocasionadas a la competencia (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, apartado 117, y la jurisprudencia que allí se cita).

67 Pues bien, la demandante no discute que el cártel fijó los precios y estableció las cuotas a escala europea, ni tampoco que se produjo la asignación de, al menos, un cliente. Es preciso recordar, a este respecto, que los primeros ejemplos de prácticas colusorias recogidos en el artículo 81 CE, apartado 1, letras a), b) y c), que se declaran expresamente incompatibles con el mercado común, son precisamente los que consisten en:

«a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;

b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;

[...]»

68 Éste es el motivo por el que la jurisprudencia califica las infracciones de este tipo, en particular cuando se trata de acuerdos horizontales, como «especialmente graves» (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión, T‑141/94, Rec. p. II‑347, apartado 675), o como «infracciones patentes a las normas comunitarias sobre la competencia» (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión, T‑148/89, Rec. p. II‑1063, apartado 109, y de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, apartados 303 y 338).

69 Hay que recordar también que las infracciones «muy graves», en el sentido de las Directrices, consisten «básicamente [en] restricciones horizontales como cárteles de precios y cuotas de reparto de los mercados u otras prácticas que menoscaben el correcto funcionamiento del mercado interior, como las destinadas a compartimentar los mercados nacionales o los abusos característicos de posición dominante de empresas que prácticamente actúan como monopolios» (punto 1, parte A, párrafo segundo, tercer guión).

70 De lo antedicho se desprende que la Comisión estaba legitimada para calificar la infracción de que se trata, a la vista de su naturaleza, como muy grave. No obstante, deben analizarse los supuestos factores moderadores de la gravedad invocados por la demandante.

71 En primer lugar, por lo que respecta a la alegación de la demandante según la cual la infracción consistió en un acuerdo informal, sin que las empresas implicadas aplicasen ningún mecanismo específico de ejecución del mismo, cabe observar que, para que una concertación entre empresas corresponda a un acuerdo prohibido, no es necesario que se trate de un contrato de naturaleza obligatoria. Es suficiente que las empresas afectadas hayan manifestado su voluntad de comportarse de una determinada manera en el mercado (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2003, Ventouris/Comisión, T‑59/99, Rec. p. II‑5257, apartado 52). La inexistencia de medidas formales para controlar la ejecución no afecta necesariamente a la gravedad de la infracción. El hecho de que un cártel ilegal se aplique de manera informal no obsta para su efectividad.

72 Si bien la Comisión redujo la multa en la Decisión Polipropileno, la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma, como se indica en el apartado 41 supra, de marco jurídico a las multas en materia de competencia.

73 En el presente caso hay que señalar que en la Decisión impugnada la Comisión reconoció, en relación con el acuerdo sobre ventas y cuotas, que éste «adoptó la forma de un “acuerdo entre caballeros” en el que los miembros no pusieron en práctica ninguna clase específica de mecanismo de ejecución» (considerando 72). No obstante, la Comisión estimó que «la aplicación de las cuotas de venta se logró a través de la presión que se ejercía sobre los miembros durante las reuniones del cártel» (considerandos 72 y 276 de la Decisión impugnada). La demandante no niega que se celebraron dieciséis reuniones de los miembros del cártel durante el período comprendido entre marzo de 1994 y mayo de 1998 (considerando 70 de la Decisión impugnada) y que, durante dichas reuniones, las empresas implicadas intercambiaron información sobre las ventas y negociaron sus respectivas cuotas de mercado. Estas empresas se comunicaban los datos relativos a sus ventas de fosfato de zinc utilizado como intermediarias a las asociaciones de productores de zinc, lo que les permitía verificar que cada una de ellas respetaba su cuota de mercado (considerandos 69 y 284). Adicionalmente, Union Pigments declaró que, durante las reuniones, los miembros del cártel discutían con frecuencia y se acusaban mutuamente de sobrepasar las cuotas pactadas, y que, en consecuencia, el cumplimiento de las cuotas se garantizaba mediante las presiones ejercidas en el curso de dichas reuniones (punto 67 de la declaración de Union Pigments). Aunque Trident subraya que no existía ningún mecanismo de compensación, confirma que los participantes se interpelaban en las reuniones del cártel y se quejaban cuando descendían sus cuotas de mercado (punto 2.4.19 de la declaración de Trident).

74 Por otra parte, de la Decisión impugnada se desprende que «la asignación de clientes se utilizó como forma de compensación en caso de que una empresa no lograra su cuota asignada» (considerando 72). Esta afirmación queda confirmada por la declaración de Union Pigments, según la cual, en 1995, el cliente Tekno Winter (en lo sucesivo, «Teknos») fue asignado a SNCZ para garantizar que ésta alcanzara su cuota del 24 % (punto 67). Union Pigments también afirma que, en una ocasión, se abstuvo de intentar conseguir nuevos clientes para no provocar represalias por parte del resto de empresas implicadas (punto 77 de la declaración de Union Pigments).

75 La demandante tampoco cuestiona que, anualmente, las cuotas de mercado reales de las empresas implicadas se ajustaron mucho a las cuotas de mercado asignadas (considerando 72 de la Decisión impugnada). Esto demuestra que, a pesar de que no llevaba aparejado un sistema formal de sanciones, el método de ejecución del acuerdo sobre ventas fue eficaz.

76 En cuanto a los acuerdos sobre los precios y la asignación de clientes, es cierto que no se identifica ningún mecanismo de ejecución específico ni en la Decisión impugnada (véanse, por ejemplo, los considerandos 285 y 286) ni en los escritos procesales de la Comisión. Cabe señalar, no obstante, que de la jurisprudencia se desprende que la Comisión dispone de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas, a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre la competencia (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Martinelli/Comisión, T‑150/89, Rec. p. II‑1165, apartado 59, y Archer Daniels Midland y Archer Daniel Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado 66 supra, apartado 56). Habida cuenta de la naturaleza de la infracción de que se trata y de la jurisprudencia citada en los apartados 68 y 71 supra, así como de las consecuencias y efectos de dichos acuerdos (véanse los apartados 111 a 118 y 129 infra), el Tribunal de Primera Instancia considera que en el presente asunto la Comisión no sobrepasó ese margen de apreciación.

77 En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de la demandante según la cual el riesgo para la competencia quedaba limitado por el hecho de que las cuotas señaladas por el cártel sólo se fijaron a escala europea, hay que recordar que las Directrices mencionan las infracciones destinadas a compartimentar los mercados nacionales con carácter meramente indicativo, como ejemplos de infracciones que pueden ser calificadas como muy graves (punto 1, parte A, párrafo segundo, tercer guión). Además, el Tribunal de Primera Instancia ya declaró, en la sentencia Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado 66 supra, que unas prácticas colusorias que comprendían, entre otras cosas, la fijación de objetivos de precios no pueden eludir la calificación de infracción muy grave por el mero hecho de tratarse de unas prácticas colusorias mundiales que no incluían una compartimentación de los mercados nacionales dentro del mercado común (apartados 123 a 125). Ese mismo razonamiento es aplicable al presente asunto.

78 En lo que se refiere a la Decisión Cemento invocada por la demandante, la circunstancia de que en dicha Decisión la Comisión calificase de muy grave la compartimentación de los mercados nacionales no resulta pertinente a efectos del presente asunto. Si el cártel objeto del presente asunto hubiera tenido como efecto compartimentar los mercados nacionales, la Comisión podría haber impuesto una multa aún mayor. En este sentido, debe señalarse que las Directrices prevén, en particular, que «dentro de cada una de estas categorías, y sobre todo cuando se trate de infracciones graves y muy graves, la escala de sanciones permitirá diferenciar el trato que conviene aplicar a las empresas en función de la naturaleza de las infracciones cometidas» (punto 1, parte A, párrafo tercero).

79 A mayor abundamiento, cabe destacar que, según Union Pigments, en la primera reunión del cártel que tuvo lugar el 24 de marzo de 1994 se decidió que «los precios no debían ser demasiado diferentes de un país a otro, de modo que los productos no se desplazaran a través de las fronteras» (puntos 51 y 74 de la declaración de Union Pigments). De lo que se desprende que en el caso de autos las empresas implicadas pretendían, en cierta medida, compartimentar los mercados nacionales.

80 En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación relativa a que la infracción no debería haber sido calificada como muy grave porque el acuerdo sobre precios sólo desempeñó un papel secundario y únicamente estableció precios de referencia que tienen, por definición, un impacto menor que los precios fijos, procede recordar que, en la Decisión impugnada, la Comisión llegó a la conclusión de que los miembros del cártel fijaron precios «mínimos» o «recomendados» para el fosfato de zinc (considerando 65).

81 La fijación de un precio, aunque sea meramente indicativo, afecta al juego de la competencia por cuanto permite que todos los participantes en las prácticas colusorias prevean con un grado razonable de fiabilidad cuál será la política de precios que aplicarán sus competidores (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Comisión, 8/72, Rec. p. 977, apartado 21). En términos más generales, este tipo de prácticas colusorias implican una intervención directa en los parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que se trate (sentencia Thyssen Stahl/Comisión, citada en el apartado 68 supra, apartado 675). En efecto, al expresar una voluntad común de aplicar un cierto nivel de precios a sus productos, los fabricantes no determinan ya de modo autónomo su política en el mercado, con lo que conculcan la concepción inherente a las disposiciones del Tratado sobre la competencia (sentencia BPB de Eendracht/Comisión, antes citada, apartado 192).

82 A la vista de las consideraciones anteriores, el cártel objeto del presente asunto no puede eludir su calificación como infracción muy grave por el mero hecho de haber fijado sólo precios de referencia (véase, en este sentido, la sentencia Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado 66 supra, apartados 118 a 120).

83 En cuanto a la alegación de la demandante según la cual el acuerdo sobre precios sólo desempeñó un papel «secundario», el Tribunal de Primera Instancia considera que el hecho de que la Comisión declarase que la asignación de cuotas de ventas era la «piedra angular» del acuerdo (considerando 66 de la Decisión impugnada) no implica que el acuerdo sobre precios deba ser considerado secundario. En realidad, el acuerdo sobre cuotas, el acuerdo sobre clientes y el acuerdo sobre la fijación de precios constituyen tres aspectos de un mismo cártel. Pues bien, la gravedad del cártel debe ser apreciada a escala global. Habida cuenta de la naturaleza de la infracción objeto de este asunto, la Comisión estaba legitimada para calificarla como muy grave.

84 En cualquier caso, el Tribunal de Primera Instancia considera que el acuerdo sobre precios constituía un aspecto importante del cártel. En este sentido, la Comisión ha reunido pruebas documentales que demuestran que los precios recomendados fueron objeto de varias reuniones del cártel (considerandos 134, 139, 140, 162, 178 y 186 de la Decisión impugnada). Además, en contra de lo que sostiene la demandante, el acuerdo sobre precios era uno de los elementos del cártel desde 1994. En efecto, de entre todas las empresas implicadas, sólo la demandante alegó durante el procedimiento administrativo que este acuerdo únicamente existió a partir de 1996 (considerando 268 de la Decisión impugnada). Ahora bien, como se ha indicado anteriormente, Union Pigments afirmó que las empresas implicadas decidieron en su primera reunión de 24 de marzo de 1994 que los precios no debían ser demasiado diferentes de un país a otro (punto 51 de la declaración de Union Pigments). De la declaración de Trident también se desprende (punto 2.4.24) que el cártel acordó los precios en cada una de sus reuniones. Las pruebas documentales de las primeras reuniones no son tan abundantes como las de los encuentros posteriores. No obstante, el orden del día de la reunión de 27 de marzo de 1995 muestra la intención de las partes de debatir la evolución de los precios en Alemania, Francia, el Benelux, el Reino Unido, los países nórdicos, los Estados Unidos y el resto del mundo (considerando 121 de la Decisión impugnada).

85 En cuarto lugar, el hecho de que no se repartieran los clientes, salvo en el caso de uno de ellos, Teknos, y de una sola ocasión en la que se asignaron a James Brown algunas pequeñas empresas del Reino Unido, no impide a la Comisión calificar esta infracción como muy grave.

86 La demandante no cuestiona que se pactó el reparto de Teknos, uno de los ocho productores principales de pintura de Europa Occidental (considerando 52 de la Decisión impugnada).

87 Las empresas implicadas mantuvieron regularmente conversaciones sobre la asignación de este cliente y atendieron por turnos los pedidos destinados a éste (considerandos 68, 96 y 97 de la Decisión impugnada; puntos 63 y 67 de la declaración de Union Pigments). Establecieron un sistema flexible de rotación para asegurarse de que Teknos «no pudiera sospechar del acuerdo» (considerandos 99 y 100 de la Decisión impugnada). El Tribunal de Primera Instancia observa que se acordó el precio que se ofrecería a este cliente y que nadie, con excepción del productor concreto que recibiera, «por turno», el pedido ofrecería un precio por debajo del acordado (considerando 96 de la Decisión impugnada y punto 2.4.22 de la declaración de Trident).

88 Por otra parte, la demandante tampoco cuestiona que a James Brown se le asignaron una serie pequeñas empresas (considerandos 180 y 277 de la Decisión impugnada). La propia James Brown no niega la existencia de dicho reparto.

89 Procede señalar, por otra parte, que la Comisión afirma, basándose en la nota de Union Pigments de 30 de marzo de 1995, que se debatió la asignación de Jotun (considerando 277 de la Decisión impugnada). Aunque dicha nota no se refiere de forma expresa a la asignación de Jotun, la demandante no ha cuestionado directamente la afirmación anterior. Jotun también se encuentra entre los ocho principales productores de pintura de Europa Occidental (considerando 52 de la Decisión impugnada).

90 De lo que se desprende que la Comisión estaba legitimada para apreciar que se produjo la asignación de determinados clientes. El hecho de que esta asignación sólo afectase a algunos clientes, y no a todos los que integraban el mercado, no permite cuestionar la calificación del cártel en cuestión como muy grave.

91 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar la alegación de las demandantes de que la infracción cometida no es, por su naturaleza, una infracción muy grave.

Sobre los efectos de la infracción

– Alegaciones de las partes

92 Con carácter preliminar, la demandante observa que la Comisión basó principalmente su apreciación relativa al carácter muy grave de la infracción en los efectos de ésta en el mercado. Sostiene que la Comisión incurrió en errores de apreciación a este respecto. Según la jurisprudencia, la Comisión debería haber tenido en cuenta, para determinar la gravedad de la infracción, todas las circunstancias que hubieran podido incidir sobre los efectos en el mercado (sentencia Cimenteries CBR y otros/Comisión, citada en el apartado 51 supra, apartado 4949). La Comisión, siguiendo esta jurisprudencia, había confirmado en la práctica seguida en sus decisiones anteriores que los efectos limitados en el mercado y la falta de aplicación íntegra de los acuerdos eran aspectos a incluir en la apreciación de la gravedad de la infracción [Decisión Polipropileno, considerando 108, y Decisión 1999/271/CE de la Comisión, de 9 de diciembre de 1998, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/34.466 – Transbordadores griegos) (DO L 109, p. 24; en lo sucesivo, «Decisión Transbordadores griegos»), considerando 162]. En la Decisión Transbordadores griegos, la Comisión estimó que el hecho de que las partes no hubieran aplicado íntegramente los acuerdos específicos sobre precios y hubiesen mantenido una competencia de precios a través de la aplicación de descuentos diferentes justificaba que la infracción fuese calificada sólo de grave, en vez de muy grave. La demandante alega que en el presente asunto, por el contrario, la Comisión no tuvo en cuenta que los acuerdos en cuestión no fueron cuidadosamente ejecutados ni tampoco que sólo tuvieron un impacto limitado en el mercado

93 En primer lugar, en lo que se refiere a la ejecución de la infracción, la demandante alega que la Comisión erró al apreciar que el acuerdo sobre precios había sido cuidadosamente ejecutado por parte de las empresas implicadas. En primer término, la Comisión basó su conclusión relativa a la aplicación del acuerdo sobre precios en la declaración de Trident, según la cual su lista de precios interna reflejaba los precios acordados (considerando 285 de la Decisión impugnada). De esta forma, la citada institución desvirtuó el sentido de dicha declaración. De hecho, Trident también señaló que, según su experiencia, «los precios acordados no se respetaban y se admitía en general que las ventas se realizarían a precios inferiores a los de referencia que habían sido pactados» (punto 2.4.25 de la declaración de Trident). Lo anterior queda confirmado por la declaración de Union Pigments conforme a la cual, por una parte, era prácticamente imposible fijar los precios y, por otra, los precios de referencia no se respetaron en los países escandinavos (punto 60). Según la demandante, el mero hecho de que Trident reprodujera los precios indicativos en su catálogo interno de precios no permite concluir, habida cuenta de las circunstancias, que los acuerdos en cuestión fueron cuidadosamente ejecutados.

94 A continuación, la demandante señala que las empresas implicadas vendieron el fosfato de zinc estándar a precios inferiores a los pactados y que con frecuencia se otorgaban descuentos. En particular, los precios aplicados por la demandante fueron sensiblemente menores que los precios de referencia establecidos por el cártel. En realidad, eran los precios del óxido de zinc, y por tanto del zinc, los que determinaban en mayor medida el precio del fosfato de zinc, puesto que constituían el componente principal de los costes de producción. El precio del zinc experimentó fuertes variaciones durante el período comprendido entre 1990 y 2000. La demandante sostiene que el incremento de sus precios en 1997 fue consecuencia del fuerte aumento del precio del zinc y no del cumplimiento de los precios de referencia. Por otra parte, Trident remitió a la Comisión una serie de documentos que acreditan que las empresas implicadas vendían con frecuencia a precios inferiores a los pactados. Por último, las empresas implicadas se vieron obligadas a mantener precios bajos a la vista, en particular, del riesgo de importaciones de países terceros. En resumen, en contra de lo apreciado por la Comisión, la demandante considera que las empresas implicadas no cumplieron los acuerdos sobre precios. Añade que la Comisión no se pronunció sobre las alegaciones anteriores en su escrito de contestación.

95 La demandante sostiene que, en la Decisión Transbordadores griegos, la Comisión decidió reducir la multa y calificar la infracción como grave, en vez de muy grave, debido a que los acuerdos no habían sido íntegramente aplicados. La Comisión debería haber mantenido ese mismo criterio en el presente asunto. En contestación a la afirmación de que la Comisión no está vinculada por la práctica seguida en sus decisiones anteriores, la demandante reitera que dicha institución debe tener en cuenta todos los elementos que pueden incluirse en la apreciación de la gravedad de la infracción, incluidos los factores que ha considerado relevantes en sus decisiones anteriores. La jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia confirma que los efectos de una infracción en el mercado deben ser considerados en el cálculo de la multa (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Cascades/Comisión, T‑308/94, Rec. p. II‑925, apartados 172 y siguientes). En cuanto al argumento de la Comisión según el cual sólo procede reducir la multa cuando no se haya aplicado ninguna de las partes del acuerdo, la demandante alega que la no aplicación de un acuerdo ha de ser tenida en cuenta en cualquier caso, aunque sólo se refiera a una parte del mismo. Según la demandante, en el presente asunto debería haberse considerado, a efectos de reducir el importe de la multa, el hecho de que no se ejecutó el acuerdo sobre precios.

96 En segundo lugar, la demandante estima que la Comisión también incurrió en errores de apreciación en lo que respecta al impacto del cártel en el mercado. La demandante comienza rechazando la conclusión de la Comisión de que la infracción tuvo un impacto real debido a que las empresas implicadas suponían el 90 % del mercado del EEE. Aunque dichas empresas cubrían una parte importante del mercado, la infracción nunca afectó al fosfato de zinc modificado, sino únicamente al fosfato de zinc estándar, que representa el 55 % del mercado europeo del fosfato de zinc. Por consiguiente, la infracción sólo afectó a una parte de este mercado. En cuanto a la alegación de la Comisión según la cual debe considerarse que uno de los efectos reales en el mercado fue la desviación de los compradores hacia el fosfato de zinc modificado, la demandante responde, por una parte, que esta circunstancia no fue invocada en la Decisión impugnada y, por otra, que tal apreciación no contradice el hecho de que la infracción sólo se refería a una parte del mercado, por lo que redunda en el carácter limitado de sus efectos. A continuación, la demandante señala que las empresas implicadas no lograron alcanzar sus principales objetivos. A este respecto, indica, por un lado, que, al no realizarse nunca un reparto del mercado por países, en los distintos Estados miembros prevaleció «una fuerte competencia en relación con los clientes y, por ello, con las cuotas de mercado». La demandante presenta unos gráficos para demostrar la existencia de variaciones significativas en sus ventas en los distintos Estados miembros y, en consecuencia, de un alto grado de competencia en el mercado de referencia. Por otra parte, la asignación de clientes dentro del cártel sólo se produjo con carácter excepcional. Por último, nunca se alcanzaron los precios de referencia, lo que prueba, según la demandante, la existencia de una competencia intensa.

97 La demandante afirma que el cártel tuvo un impacto limitado por varias razones. En primer lugar, los compradores de fosfato de zinc son grandes empresas que disfrutan de un gran poder de negociación en materia de precios y que buscan sistemáticamente las mejores ofertas. En contestación a la alegación de la Comisión según la cual dicho poder de compra no atenuó los efectos del cártel, la demandante sostiene que los efectos de las infracciones cuando la contraparte en el mercado es poderosa son significativamente menores que cuando los compradores son débiles. En segundo lugar, la presencia en el mercado de terceros competidores y la existencia de productos de sustitución, entre ellos el fosfato cálcico importado de países terceros, ejercían una presión considerable sobre el precio del fosfato de zinc estándar. En tercer lugar, la demandante repite que, durante el período en que tuvo lugar la infracción, el precio del fosfato de zinc dependió fundamentalmente del precio del zinc y que las fuertes variaciones de este último se repercutieron en el primero. De esta forma, un acuerdo sobre el precio del fosfato de zinc no podía realmente surtir efectos. En cuarto lugar, el fosfato de zinc sólo representaba una pequeña parte del coste del producto final, un 0,08 %. Por ello, las pequeñas modificaciones derivadas de los acuerdos no afectaron en la práctica al precio de la pintura, ni por tanto a los consumidores. A este respecto, la demandante observa que, en contra de la práctica seguida anteriormente por la Comisión, ésta no analizó, en el presente asunto, si se había ocasionado un perjuicio a los consumidores.

98 En contestación a la alegación de la Comisión según la cual los efectos limitados constituyen un elemento importante en el análisis de la gravedad de la infracción, la demandante sostiene que ello no afecta en absoluto a la obligación de dicha institución de tener en cuenta el impacto concreto de la infracción en el mercado a efectos de determinar su gravedad. La demandante considera que, cuanto menor sea el impacto en el mercado, menor será la gravedad con que deberá calificarse la infracción (sentencia Cascades/Comisión, citada en el apartado 95 supra, apartados 172 y siguientes).

99 Finalmente, la demandante señala que «sobre todo» debe tenerse en cuenta como circunstancia atenuante la no aplicación efectiva de los acuerdos, que justifica la reducción de la multa conforme a lo dispuesto en el punto 3 de las Directrices. En su réplica, en cambio, la demandante sostiene que las alegaciones que desarrolla para fundamentar esta parte del primer motivo se refieren «a la cuestión de si la falta de aplicación integral de los acuerdos y el carácter limitado de los efectos de una infracción deben ser considerados a la hora de apreciar la gravedad de ésta» y no a la cuestión de la no aplicación efectiva de los acuerdos como circunstancia atenuante.

100 La Comisión afirma que no está obligada a reducir el importe de base de la multa por el hecho que no se ejecutasen todas las partes del acuerdo ni porque no se lograran enteramente en el mercado los resultados buscados. Añade que no existe una lista exhaustiva de criterios para apreciar la gravedad de una infracción.

101 A continuación, la Comisión niega haber incurrido en errores en sus apreciaciones. En primer lugar, recuerda que su conclusión sobre la ejecución de la infracción no se refería únicamente a la fijación de los precios, sino que también englobaba el reparto de cuotas de mercado y la asignación de, al menos, un cliente (considerandos 72, 284, 286 y 287 de la Decisión impugnada), aspectos que la demandante no cuestiona. La efectiva aplicación de los precios indicativos queda acreditada, además de por la declaración de Trident, según la cual su lista de precios interna reflejaba los precios acordados (considerando 285 de la Decisión impugnada), por el hecho de que los precios medios de la demandante coincidían, transcurrido un cierto tiempo, con los recomendados para Alemania. En cualquier caso, aunque no se hubieran seguido exactamente los precios indicativos, ello no significaría que la demandante no contribuyó a la ejecución de los acuerdos. Al pactar cuotas de mercado y objetivos de precios, las empresas implicadas disponían de un margen de maniobra para explotar a sus clientes. De la jurisprudencia se desprende que una empresa que no ajuste su conducta a la convenida en un cártel puede simplemente intentar utilizar éste en su propio provecho (sentencia Cascades/Comisión, citada en el apartado 95 supra, apartado 230). Por consiguiente, según la Comisión, en este asunto no se produjo una «no aplicación efectiva de los acuerdos ilícitos» en el sentido de las Directrices.

102 En segundo lugar, la Comisión no acepta haber cometido errores de apreciación en cuanto a los efectos del cártel en el mercado. En primer término, señala que, si bien la infracción se refería únicamente al fosfato de zinc estándar y no al modificado, ello no obsta para que el cártel controlase en la práctica la producción mundial del fosfato de zinc. Incluso si la infracción incitó a los clientes a refugiarse en el fosfato de zinc modificado, esta reacción debe también considerarse un efecto real de la infracción. A continuación, la Comisión recuerda que, en la Decisión impugnada, admitió que no se lograron enteramente los resultados buscados por las empresas implicadas (considerando 297). No obstante, el impacto de la infracción en el mercado fue considerable. Así lo acredita, por una parte, el que las cuotas de mercado que realmente alcanzaron las empresas implicadas fueron prácticamente idénticas a las que se les había asignado en el acuerdo sobre cantidades (considerando 72 de la Decisión impugnada) y, por otra, el hecho de que los precios medios de la demandante se ajustaron fielmente, transcurrido un tiempo, a los precios recomendados. Esta evolución de los precios medios también demuestra que, a pesar de que las variaciones del precio del zinc afectaron al del fosfato de zinc, dicha circunstancia no modificó en absoluto los efectos de las medidas suplementarias adoptadas por los miembros del cártel. En cualquier caso, la Comisión considera que, si fuera cierto que el precio del fosfato de zinc dependía únicamente del precio del zinc, la demandante tendría que explicar por qué motivo el cártel se dedicó a fijar precios recomendados durante cuatro años (considerandos 92 a 94, 104, 274 y 285 de la Decisión impugnada).

103 En lo que se refiere al carácter limitado del impacto de la infracción que invoca la demandante, la Comisión alega que también unos efectos reducidos, como los que la demandante reconoce que aquí se produjeron, son significativos a la hora de determinar la gravedad de la infracción. No obstante, la citada institución rechaza las alegaciones de la demandante a este respecto.

– Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

104 En el punto 1, parte A, de las Directrices, la Comisión se comprometió expresamente a considerar en su evaluación de la gravedad de la infracción, además de su naturaleza y la extensión del mercado geográfico afectado, su impacto real en el mercado cuando pueda determinarse. En el presente caso, todos los criterios anteriores se mencionan en el considerando 300 de la Decisión impugnada.

105 En contra de lo que sostiene la demandante, la Comisión no basó «principalmente» su apreciación de la gravedad de la infracción en los efectos de ésta. No primó los efectos sobre el resto de elementos. De hecho, rebajó la importancia del impacto concreto al señalar, por una parte, que era «sumamente difícil» sacar conclusiones sobre los efectos de un cártel de este tipo (considerando 279) y, por otra, que las empresas implicadas no alcanzaron todos sus objetivos (considerando 297).

106 Procede recordar que, según la jurisprudencia, para valorar las repercusiones concretas de una infracción en el mercado, la Comisión está obligada a tomar como referencia la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la infracción (véanse la sentencia Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado 66 supra, apartado 150, y la jurisprudencia que allí se cita).

107 Por lo que respecta al acuerdo sobre cuotas de venta, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión podía legítimamente apreciar que fue ejecutado «cuidadosamente» (véanse los apartados 73 y 74 supra y los considerandos 72, 284 y 287 de la Decisión impugnada). En efecto, como se indica en el apartado 75 supra, resulta acreditado que, anualmente, «las cuotas de mercado reales de los cinco productores se ajustaron a su cuota asignada» (considerando 72 de la Decisión impugnada). De lo que se deduce que la Comisión podía legítimamente considerar que el acuerdo sobre cuotas de venta tuvo efectos en el mercado. Debe añadirse que, durante la vista, la demandante admitió que este acuerdo afectó a la competencia, ya que proporcionó una mayor estabilidad a nivel de precios (véase también el considerando 114 de la Decisión impugnada). De esta forma, el mantenimiento de la cuotas de mercado hizo innecesaria la agresiva política de reducción de precios aplicada durante la guerra de precios de los años anteriores al cártel (véanse los considerandos 74, 75, 114 y 115 de la Decisión impugnada).

108 La demandante sostiene que las variaciones que experimentaron las ventas en cada uno de los mercados nacionales demuestran que el acuerdo no produjo efectos. A este respecto, hay que recordar que las cuotas se establecían a escala europea. Por consiguiente, el hecho de que las ventas nacionales fluctuasen no implica que no se cumplieran las cuotas europeas.

109 En estas circunstancias, el impacto concreto del acuerdo sobre cuotas, la «piedra angular» del cártel (considerando 66 de la Decisión impugnada), debe considerarse suficientemente acreditado con arreglo a Derecho.

110 En lo relativo al acuerdo sobre precios, la Comisión afirma en la Decisión impugnada que también fue ejecutado cuidadosamente (considerandos 283 y 285). La