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1)

Si el artículo 30, apartado 4, del Reglamento (CE) 1260/1999, (1) debe interpretarse en el sentido de que, sólo después de haber comprobado si la obra ha sufrido una modificación importante, puede valorarse el hecho de que la adjudicación no genere ingresos significativos para el concedente ni ventajas indebidas para el concesionario. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión sub 1): a) Si dicho artículo se refiere únicamente a modificaciones físicas –en el sentido de que la obra realizada no es conforme con la indicada en el proyecto aceptado a efectos de financiación– o también a modificaciones funcionales y, en este segundo supuesto, si existe una modificación importante cuando la obra es utilizada «también» –pero no de forma principal– para actividades distintas de las previstas en el anuncio o en la solicitud de participación en el anuncio. En caso de respuesta negativa a la cuestión sub 1): b) Si dicho artículo, en los supuestos en los que la financiación pública se utiliza para la ejecución de obras que pueden ser objeto de una gestión con relevancia económica, se aplica sólo a la fase de realización de la obra o si la obligación de respetar las normas sobre licitaciones públicas existe también en lo que respecta a la adjudicación de la gestión.
1)

¿Cómo debe interpretarse la expresión «incumplimiento intencionado» contenida en el artículo 51, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1698/2005 (1) del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) […], en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 74/2009 (2) del Consejo, de 19 de enero de 2009 […], en el artículo 23 del Reglamento (CE) no 1975/2006 (3) de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 1698/2005 […], y en el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (CE) no 796/2004 (4) de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores […]? Para afirmar que se da tal incumplimiento intencionado, ¿basta con que no se haya observado una política constante y prolongada, en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra c), de las Beleidsregels normenkader randvoorwaarden Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Directrices — Marco normativo — Condiciones marco de la política agrícola comunitaria)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 287/27

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburgo) el 20 de julio de 2012 — Caisse national des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

(Asunto C-347/12)

2012/C 287/52

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Caisse national des prestations familiales

Recurrida: Ulrike Wiering, Markus Wiering

Cuestiones prejudiciales

A efectos del cálculo del complemento diferencial eventualmente adeudado, de conformidad con los artículos 1, letra u), inciso i), 4, apartado 1, letra h) y 76, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada, (1) y el artículo 10, letra b), inciso i), del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71, (2) ¿debe tener en cuenta el organismo competente del Estado del lugar de trabajo, como prestaciones familiares de la misma naturaleza, todas las prestaciones percibidas por la familia del trabajador migrante en su Estado de residencia, en el presente asunto la «Elterngeld» y la «Kindergeld» establecidas en la legislación alemana?

(1) DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98.

(2) DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 311/5

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 30 de julio de 2012 — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-362/12)

2012/C 311/05

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation

Recurridas: Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Cuestiones prejudiciales

1) Si la legislación de un Estado miembro permite a los contribuyentes optar entre dos acciones alternativas para reclamar la devolución de impuestos recaudados vulnerando los artículos 49 y 63 TFUE, y una de dichas acciones goza de un plazo de prescripción más prolongado, ¿es compatible con los principios de efectividad, seguridad jurídica y protección de la confianza legítima que dicho Estado miembro promulgue disposiciones legislativas que reduzcan dicho plazo de prescripción más prolongado, sin previo aviso y con carácter retroactivo hasta la fecha de publicación de la correspondiente propuesta legislativa?
1)

Negación de que exista similitud gráfica entre la marca comunitaria no 6.314.462 «AMICI JUNIOR» y las marcas gráficas nacionales italianas no 912.114 «AJ ARMANI JEANS» y no 998.554 «ARMANI JUNIOR», y también de que se dé tal similitud desde el punto de vista fonético.
1)

¿Es compatible con los artículos 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y 11 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) o, en su caso, los artículos 36 TFUE y 13 del Acuerdo EEE, una norma nacional, como la que contiene el Vlaams Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Decreto flamenco de 17 de julio de 2000 relativo a la organización del mercado de la electricidad), a la que se dio aplicación mediante la Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2005 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (Orden del Gobierno Flamenco de 5 de marzo de 2004, en su versión modificada por la Orden del Gobierno Flamenco de 25 de febrero de 2005 relativa al fomento de la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables), habida cuenta de que: — se impone a los proveedores que suministran electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte la obligación de presentar anualmente al organismo regulador un número determinado de certificados verdes (artículo 23 de dicho Decreto); — se impone a los proveedores que suministran electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte una multa por parte del Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits en Gasmarkt (VREG) (Organismo Regulador Flamenco del Mercado de la Electricidad y del Gas), cuando dichos proveedores no hayan entregado suficientes certificados verdes con el fin de cumplir con la obligación de cuota establecida en materia de presentación de tales certificados (artículo 37, apartado 2, de dicho Decreto); — el Organismo regulador no puede o no quiere tener en cuenta las garantías de origen de Noruega y los Países Bajos en incumplimiento de las medidas de ejecución del Gobierno Flamenco, que ha reconocido la igualdad o equivalencia de dichos certificados (artículo 25 de dicho Decreto y artículo 15, apartado 1, de la Orden de 5 de marzo de 2004), sin que la igualdad o equivalencia sea examinada in concreto por el Organismo regulador; — de hecho, durante todo el período en que estuvo en vigor el Decreto de 17 de julio de 2000, sólo se tuvieron en cuenta certificados de producción de electricidad verde generada en la Región Flamenca para comprobar si se había cumplido la obligación de cuota, mientras que los proveedores de electricidad a clientes finales conectados a la red de distribución o a la red de transporte no tenían ninguna posibilidad de demostrar que las garantías de origen entregadas cumplían el requisito de existencia de garantías iguales o equivalentes en materia de reconocimiento de tales certificados?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 287/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf (Alemania) el 4 de mayo de 2012 — Helmut Butz, Christel Bachman-Butz y Frederike Butz/Société Air France SA

(Asunto C-212/12)

2012/C 287/28

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Helmut Butz, Christel Bachman-Butz y Frederike Butz

Demandada: Société Air France SA

Cuestión prejudicial

¿Tiene el pasajero de un vuelo derecho a una compensación con arreglo al artículo 7 del Reglamento, (1) si la salida del vuelo inicial tiene un retraso inferior a los límites establecidos en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento, pero la salida del vuelo de conexión tiene un retraso superior a dichos límites, y la llegada al lugar de destino final se produce con al menos tres horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 194/14

Recurso interpuesto el 26 de abril de 2012 — Comisión Europea/Bulgaria

(Asunto C-198/12)

2012/C 194/23

Lengua de procedimiento: búlgaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: T. Scharf, O. Beynet, S. Petrova)

Demandada: República de Bulgaria

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 1, en relación con el artículo 16, apartados 1 y 2, letra b), del Reglamento (CE) no 715/2009 (1) de poner a disposición de todos los participantes en el mercado la capacidad máxima y, en particular, de poner a disposición servicios para una conducción virtual de gas inversa.

— Que se condene en costas a la República de Bulgaria.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, la Comisión pretende que se declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 1, en relación con el artículo 16, apartados 1 y 2, letra b), del Reglamento (CE) no 715/2009, por los que se sustituyen los artículos 4, apartado 1, y 5, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1775/2005.

Estas obligaciones son las siguientes:

— Obligación derivada del artículo 14, apartado 1, en relación con el artículo 16, apartados 1 y 2, letra b), del Reglamento (CE) no 715/2009, de garantizar para todos los participantes en el mercado la capacidad máxima y, en particular, servicios para una conducción virtual de gas inversa. Según las autoridades búlgaras, el incumplimiento de la citada obligación de garantizar la capacidad máxima se debe a que en Bulgaria no existe conexión física entre el sistema de tránsito y el sistema nacional de conducción de gas y a que dichos sistemas están sometidos a regímenes jurídicos distintos. Las autoridades búlgaras imputan otra razón para el incumplimiento de la obligación antes citada a la existencia de tres acuerdos bilaterales vigentes entre la República de Bulgaria y el Gobierno de la URSS, celebrados en 1986 y 1989. La Comisión destaca que si el contrato mercantil de 27 de abril de 1998, celebrado sobre la base de los referidos acuerdos bilaterales entre OOO Gazprom y Bulgartransgaz EAD constituye un obstáculo para el cumplimiento de la obligación de poner a disposición la capacidad máxima, la República de Bulgaria está obligada a aplicar, en virtud del artículo 351, apartado 2, del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, todos los medios adecuados para subsanar la posible incompatibilidad con las disposiciones del Derecho de la Unión.

(1) Reglamento (CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1775/2005 (DO L 211, p. 36).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 157/4

Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen (Suecia) el 29 de marzo de 2012 — Eva-Marie Brännström y Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

(Asunto C-150/12)

2012/C 157/06

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Högsta domstolen

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Eva-Marie Brännström y Rune Brännström

Demandada: Ryanair Holdings plc

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Incluye la responsabilidad del transportista por los daños causados por el retraso con arreglo al artículo 19 del Convenio de Montreal el supuesto en el que la llegada de los pasajeros al lugar de destino se retrasa como consecuencia de la cancelación de un vuelo? ¿Tiene alguna importancia el momento en que se cancela el vuelo, por ejemplo, después de la facturación?

2) ¿Puede un problema técnico en el aeropuerto, que por sí solo o unido a las condiciones meteorológicas impide el aterrizaje, constituir una «circunstancia extraordinaria» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento no 261/2004? ¿Afecta a la apreciación de qué constituye tal circunstancia el hecho de que la compañía aérea conociera el problema técnico?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión del punto 2, ¿qué medidas debe adoptar la compañía aérea para no estar obligada a pagar la compensación prevista en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento no 261/2004? (1) — ¿Puede exigirse, y en ese caso con arreglo a qué criterios y en qué medida, a la compañía aérea que disponga de recursos extra, como, por ejemplo, aviones o tripulación, para poder realizar un vuelo que de otro modo habría debido cancelarse, o para poder realizar un vuelo en lugar del que ha sido cancelado? — ¿Puede exigirse a la compañía aérea que ofrezca a los pasajeros una posibilidad alternativa de transporte con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b)? En este caso, ¿qué exigencias pueden imponerse al transportista, por ejemplo, en relación con la hora de partida y la contratación de otros transportistas?

4) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión del punto 1, ¿existe alguna diferencia entre las medidas que una compañía aérea debe adoptar para no estar obligada a pagar la compensación prevista en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento no 261/2004 y las medidas para evitar la obligación de indemnización establecida en el artículo 19 del Convenio de Montreal?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 184/2

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 8 de marzo de 2012 — Brück Edgar/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

(Asunto C-126/12)

2012/C 184/03

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Brück Edgar

Demandada: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 13, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) en el sentido de que se opone a la concesión por el Estado de residencia de una asignación (diferencial) por hijo a cargo en los supuestos en los que el beneficiario de dicha prestación (al igual que el otro progenitor) ejerce una actividad por cuenta ajena en Suiza como trabajador fronterizo y percibe allí prestaciones familiares por sus hijos que viven en el Estado de residencia de un importe inferior a la asignación por hijo a cargo prevista en el Estado de residencia?

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) no 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO L 117, p. 1).
2)

Mediante el segundo motivo , se alega que el Tribunal General, al valorar la cuestión de si la Comisión podía considerarse responsable solidaria de la multa que había de imponerse a su anterior filial Fardem, efectuó una interpretación jurídica equivocada, no acertó en la valoración concreta de las pruebas e incurrió por lo tanto en errores de procedimiento. En su sentencia, el Tribunal General repartió equivocadamente la carga de la prueba y valoró los hechos y las pruebas de manera manifiestamente errónea. Además, el Tribunal General no motivó adecuadamente su interpretación y no analizó suficientemente las alegaciones formuladas por Kendrion.
—

Que se anule la Decisión de la Comisión Europea, de 2 de julio de 2008, 2008/854/CE, relativa al régimen de ayudas estatales «Ley regional no 9 de 1998 — Aplicación abusiva de la ayuda N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 y CP 15/2003) (DO L 302, p. 9).
Mediante su cuarto motivo, que se divide en tres partes, la recurrente alega que el Tribunal incurrió en un error de Derecho a la hora de aplicar el principio de cautela. En este contexto, la recurrente sostiene, en primer lugar, que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al considerar que la Comisión no infringió lo dispuesto en el artículo 24 bis del Reglamento no 999/2001 ya que, según el Tribunal, la Comisión cumplió la obligación, contenida en el artículo 152 CE, apartado 1, de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana. En la segunda parte de su motivo, el Gobierno francés sostiene que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al presumir que los elementos científicos invocados por la Comisión para justificar la adopción del Reglamento no 746/2008 debían conllevar necesariamente una evolución del nivel de riesgo considerado como aceptable. Con carácter subsidiario, el Gobierno francés sostiene que el Tribunal de Justicia incurrió en un error de Derecho al no verificar si la Comisión, a efectos de determinar el nivel de riesgo que se consideraba aceptable, tomó en consideración la gravedad y el carácter irreversible de los efectos nefastos que las EET tienen sobre la salud humana. Mediante la tercera parte, el Gobierno francés sostiene que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al no tomar en consideración el hecho de que el Reglamento no 746/2008 no sustituye las medidas preventivas anteriores sino que las completa mediante medidas alternativas menos rigurosas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 65/8

Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Reino Unido) el 22 de diciembre de 2011 — Anita Chieza/Secretary of State for Work and Pensions

(Asunto C-680/11)

2012/C 65/15

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Anita Chieza

Demandada: Secretary of State for Work and Pensions

Cuestión prejudicial

La diferencia de trato por razón de sexo, prevista en el régimen de la prestación por invalidez, ¿está relacionada necesaria y objetivamente con la diferencia en la edad de jubilación, de modo que esté incluida en el ámbito de la excepción prevista en el artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 79/7, (1) en los supuestos en los que el solicitante:

a) sea una mujer;

b) enferme antes de alcanzar la edad de jubilación (60 años, en el caso de una mujer);

c) perciba la retribución legal debida en caso de enfermedad (en lo sucesivo, «SPP») de su empresa durante 28 semanas, una vez superada su edad de jubilación;

d) tras alcanzar la edad de jubilación, solicite una prestación por incapacidad de corta duración;

e) cumpla con los requisitos de cotización para tener derecho a una prestación por incapacidad de corta duración;

f) se le deniegue la prestación por incapacidad de corta duración porque, por cuestiones legales, su «período de incapacidad laboral» comenzó después de haber alcanzado la edad de jubilación (dado que la normativa establece que el período en que se tiene derecho a la SSP no computa como período de incapacidad laboral),

mientras que un solicitante varón que enferme poco antes de cumplir los 60 años de edad, perciba la SSP de su empresa durante 28 semanas y solicite una prestación por incapacidad de corta duración a la edad de 60 años, tiene, en principio, derecho a una prestación por incapacidad de corta duración, pues su período de incapacidad laboral comenzó antes de cumplir la edad de jubilación, si bien es cierto que después de cumplir los 60 años de edad?

(1) Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO 1979 L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174).
2)

¿Es compatible con lo dispuesto en el artículo 11, parte A, apartado 3, letra c), de la Directiva 77/388/CE [actual artículo 79, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006] y, en particular, con el concepto de «sumas que un sujeto pasivo reciba del comprador de los bienes o del destinatario de la prestación en reembolso de los gastos pagados en nombre y por cuenta de estos últimos y que figuren en su contabilidad en cuentas específicas» el artículo 16, apartado 6, letra c), del CIVA, tal como se interpreta en la sentencia recurrida (en el sentido de que la tasa de exhibición de publicidad comercial no constituye un importe pagado en nombre y por cuenta del destinatario de los servicios, aunque se contabilice en cuentas de terceros específicas y se destine a entidades públicas por lo que no queda excluida de la base imponible a efectos de IVA)?