Letra b) de la segunda cuestión. Mediante la segunda parte de la segunda cuestión, el Hoge Raad pregunta si hechos posteriores a la entrega o notificación, en particular el hecho de que el demandante haya tenido conocimiento de una dirección del demandado, pueden obligar al demandante a emprender gestiones complementarias para informar al demandado respecto al proceso que está a punto de entablarse, de manera que el plazo previsto en el número 2 del artículo 27 no comience a correr si dichas gestiones no se han realizado.

Por una parte, el recurrente en casación y la Comisión consideran que tal obligación haría peligrar la seguridad jurídica, dado que no está prevista ni por el Convenio ni de manera explícita por el Derecho nacional del Juez del Estado de origen. Tal comportamiento podría estar regulado más por normas sociales que por normas jurídicas. Por otra parte, el recurrido en casación y los Gobiernos alemán y británico consideran, por el contrario, que tal obligación se deriva del objetivo perseguido por el requisito de notificación con tiempo suficiente para defenderse. Por mi parte, suscribo esta última tesis. Como ya he señalado, el requisito de notificación con tiempo suficiente para defenderse debe ser interpretado de forma separada y, a este respecto, tiene un carácter autónomo con relación al Derecho nacional tanto del Juez de origen como del Juez requerido, tal como considerara el Abogado General Sr. Reischl en el asunto Klomps (Rec. 1981, p. 1619, columna de la derecha). ( 11 ) A este respecto, es preciso recordar que se trata de una disposición relativa a la apreciación de la eficacia de la notificación y destinada a proteger al demandado en el supuesto de una sentencia dictada en rebeldía, en particular, con el fin de garantizarle una protección efectiva de sus derechos y de impedir que se dicte de modo imprevisto una sentencia en rebeldía. Cuando, en el asunto Klomps, el Tribunal de Justicia afirma que la notificación no siempre es suficiente para permitir que el demandado inicie su acción de defensa, significa que, en algunos casos, el demandante no puede limitarse a efectuar una notificación regular. El número 2 del artículo 27 tiene precisamente por objeto garantizar el respeto del principio de protección del demandado más allá de la entrega o notificación formal. Así, el demandante debe, en la medida de lo posible, tener en cuenta la situación de hecho del demandado con el fin de darle ocasión de preparar su defensa. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto Klomps, no es necesario que el demandado haya tenido efectivamente conocimiento de la cédula de emplazamiento. Sin embargo, la situación es diferente cuando, con arreglo a las circunstancias del caso, el demandante no podía ignorar que el demandado no tendría conocimiento de la cédula de emplazamiento y no podría por consiguiente asegurar su defensa. Máxime cuando, tras la notificación de la cédula de emplazamiento que no le llegara, el demandado comunicó otra dirección, aunque fuera un mero apartado de correos, correspondiente a otro municipio. En el caso contrario, el demandado podría ser sorprendido por una sentencia dictada en rebeldía, aunque el demandante hubiera sabido dónde podía haberlo localizado. Considero que, en tal supuesto, el hecho de que sea comunicada otra dirección tras la notificación obliga al demandante a emprender nuevas gestiones para informar de nuevo al demandado del proceso inminente, con el fin de permitirle garantizar su defensa. Como ya he observado, el Derecho nacional del Juez de origen carece de relevancia a este respecto.

No se trata solo de una norma social, como afirmara la Comisión. Además, del anexo muy instructivo que adjuntara la Comisión a sus observaciones escritas se desprende que, en la mayoría de los Estados miembros, se considera que conviene informar de nuevo al demandado del proceso inminente. Ahora bien, como el requisito de notificación con tiempo suficiente para defenderse, exigido por el número 2 del artículo 27, no es de carácter puramente formal y, al contrario, se caracteriza por la cuestión de hecho de si la notificación es suficiente para permitir al demandado preparar su defensa, en semejante supuesto se puede, en principio, considerar que tal requisito engloba una obligación jurídica de información.

También cabe preguntarse si una violación de la citada obligación tiene necesariamente como efecto no hacer correr el plazo correspondiente al tiempo suficiente para defenderse tras la notificación. En mi opinión, resulta dificil responder en términos generales a esta pregunta, puesto que se trata de una circunstancia que se puede tomar en consideración de manera conjunta con todas las demás. La respuesta correcta me parece ser que puede, pero que no debe necesariamente ser así, dado que depende de todas las circunstancias que, en el supuesto de que se trate, sean importantes para el ejercicio del derecho de la defensa.