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1)

Prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2010 la medida de suspensión de la ejecución recogida en el punto 1 del auto del Presidente del Tribunal General de , United Phosphorus/Comisión (T-95/09 R, no publicado en la Recopilación), sin que la suspensión pueda sobrepasar, no obstante, la fecha del pronunciamiento de la sentencia en el asunto principal ni la fecha de conclusión formal del procedimiento acelerado incoado, respecto de la napropamida, con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) no 33/2008 de la Comisión, de , por el que se establecen disposiciones detalladas de aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado de evaluación de las sustancias activas que forman parte del programa de trabajo mencionado en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva pero que no figuran en su anexo I (DO L 15, p. 5).
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 9 de septiembre de 2008

Asunto T‑144/08

Luigi Marcuccio

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Función pública — Seguridad social — Denegación de la solicitud de reembolso al 100 % de determinados gastos médicos del demandante»

Objeto: Recurso por el que se solicita, por un lado, la anulación de la decisión denegatoria de la solicitud del demandante dirigida a la asunción al 100 % de determinados gastos médicos y, por otro lado, que se condene a la Comisión al pago al demandante de la cantidad de 89,56 euros en concepto de complemento de reembolso de sus gastos médicos o en concepto de indemnización de un perjuicio.

Resultado: Se declara la inadmisibilidad del recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Seguridad social — Seguro de enfermedad — Gastos de enfermedad — Enfermedad grave — Reembolso al 100 % — Requisitos

(Estatuto de los Funcionarios, art. 72, ap. 1; Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad, art. 11, ap. 2 y anexo I, punto IV)

La asunción de los gastos médicos al 100 %, con arreglo al artículo 72, apartado 1, del Estatuto presupone que se considere que la enfermedad de que se trate forma parte de las enfermedades mencionadas expresamente en dicha disposición o que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos reconozca que esa enfermedad es de gravedad comparable a la de las enfermedades mencionadas en la referida disposición. A tal efecto, corresponde manifiestamente al interesado indicar de qué enfermedad se trata y aportar los documentos justificativos. A este respecto, por un lado, conforme al artículo 11, apartado 2, de la reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas, las solicitudes de reembolso de los gastos deberán ir acompañadas de documentos justificativos originales y, por otro lado, según el punto IV del anexo I de dicha reglamentación, las solicitudes dirigidas a que se reconozca que una enfermedad es de gravedad comparable a la de las cuatro enfermedades mencionadas en el artículo 72, apartado 1, del Estatuto deberán ir acompañadas del informe del médico de cabecera del interesado.

En la medida en que una solicitud no contenga ningún elemento nuevo que justifique la asunción al 100 % de los gastos médicos del funcionario de que se trate, el silencio de la administración ante dicha solicitud no modifica en modo alguno su situación jurídica, resultante de la decisión denegatoria implícita de una solicitud anterior mediante la cual ya puso en conocimiento de la administración dicha pretensión, y no constituye, por tanto, una acto lesivo en el sentido de los artículos 90 y 91 del Estatuto.

(véanse los apartados 30, 32 y 34)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 14 de noviembre de 2008 — Transportes Evaristo Molina/Comisión

(Asunto T-45/08)

«Recurso de anulación — Plazo para recurrir — Inicio del cómputo — Publicación en el Diario Oficial — Supuesta inexistencia de legitimación activa en el día de la publicación — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo — Fecha de publicación del acto controvertido (Art. 230 CE, párr. 5; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 102, ap. 1) (véanse los apartados 29 y 30)

2. Procedimiento — Plazo para recurrir — Caducidad de la acción — Caso fortuito o de fuerza mayor (Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 45, párr. 2) (véase el apartado 30)

3. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Legitimación — Apreciación exclusiva del juez comunitario (Art. 230 CE) (véase el apartado 32)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión 2006/446/CE de la Comisión, de 12 de abril de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 CE (asunto COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (resumen publicado en el DO L 176, p. 104), que convierte en vinculantes los compromisos contraídos por Repsol CPP, adoptada conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de , relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1).

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Sobreseer la demanda de intervención de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

3) Transportes Evaristo Molina, S.A., cargará con sus propias costas y con las de la Comisión.

Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 14 de noviembre de 2008 — Transportes Evaristo Molina/Comisión

(Asunto T-45/08)

«Recurso de anulación — Plazo para recurrir — Inicio del cómputo — Publicación en el Diario Oficial — Supuesta inexistencia de legitimación activa en el día de la publicación — Inadmisibilidad»

1. Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo — Fecha de publicación del acto controvertido (Art. 230 CE, párr. 5; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 102, ap. 1) (véanse los apartados 29 y 30)

2. Procedimiento — Plazo para recurrir — Caducidad de la acción — Caso fortuito o de fuerza mayor (Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 45, párr. 2) (véase el apartado 30)

3. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Legitimación — Apreciación exclusiva del juez comunitario (Art. 230 CE) (véase el apartado 32)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión 2006/446/CE de la Comisión, de 12 de abril de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 CE (asunto COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (resumen publicado en el DO L 176, p. 104), que convierte en vinculantes los compromisos contraídos por Repsol CPP, adoptada conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de , relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1).

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Sobreseer la demanda de intervención de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 7 de marzo de 2007 (asunto R 1123/2006-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Celltech Pharma GmbH & Co. KG, posteriormente Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG, y Longevity Health Products, Inc.
126

Respecto del control de concentraciones, la cuestión del respeto de los derechos de procedimiento se planteó en el marco de un recurso dirigido contra una decisión de la Comisión basada en el artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO L 395, p. 1) [posteriormente artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento no 139/2004], que declaraba que la operación notificada no constituía una concentración (sentencia Assicurazioni Generali y Unicredito/Comisión, citada en el apartado 62 supra) y en un recurso contra una decisión basada en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 4064/89 [posteriormente artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 139/2004] que remite el control de la concentración a la autoridad nacional (sentencia Royal Philips Electronics/Comisión, citada en el apartado 62 supra). Estas decisiones tienen también efectos jurídicos vinculantes dado que producen un cambio del régimen jurídico aplicable a la operación en cuestión, a saber, el artículo 81 CE y el procedimiento autónomo y distinto instaurado por el Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1) (sentencia Assicurazioni Generali y Unicredito/Comisión, citada en el apartado 62 supra, apartado 41) o la legislación nacional sobre las concentraciones (sentencias del Tribunal de Primera Instancia Royal Philips Electronics/Comisión, citada en el apartado 62 supra, apartado 282, y de 30 de septiembre de 2003, Cableuropa y otros/Comisión, T-346/02 y T-347/02, Rec. p. II-4251, apartados 59 y 60).
Asunto T‑76/04 R

Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH & Co. KG

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Procedimiento sobre medidas provisionales – Reglamento (CE) nº 2032/2003 – Biocidas – Admisibilidad de la solicitud»

Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2004

Sumario del auto

1. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión – Urgencia – Fumus boni iuris – Interés del demandante en obtener la medida solicitada

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales – Requisitos de admisibilidad – Admisibilidad del recurso principal – Falta de pertinencia – Límites

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales – Requisitos de admisibilidad – Demanda – Requisitos de forma – Indicación precisa del objeto de la demanda

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 1, letra d), y 104, ap. 3]

1. El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia prevé que las demandas de medidas provisionales deben especificar el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de la medida provisional solicitada. Además, la parte demandante debe justificar un interés en la obtención de las medidas solicitadas.

(véanse los apartados 22 y 52)

2. El problema de la admisibilidad del recurso de que conoce el juez del fondo no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de prejuzgar el fondo del asunto. No obstante, cuando lo que se plantea es la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al cual se acumula la demanda de medidas provisionales, puede resultar necesario determinar si existen elementos que permitan, a primera vista, inferir la admisibilidad de dicho recurso.

(véase el apartado 23)

3. Una demanda de medidas provisionales que no precisa su objeto no cumple los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, al que remite el artículo 104, apartado 3, del mismo Reglamento, y por tanto es inadmisible.

(véase el apartado 50)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Procedimiento — Sometimiento del asunto al Tribunal de Primera Instancia en virtud de una cláusula compromisoria (Arts. 238 CE y 240 CE) (véanse los apartados 30, 32 y 33)

2. Procedimiento — Pluralidad de demandados (véase el apartado 41)

Objeto del litigio

Objeto

Demanda de la Comisión mediante la que se solicita que los demandados sean condenados a devolver el importe de la ayuda económica pagada en exceso por la Comunidad Europea en virtud de dos contratos celebrados en el marco de la ejecución del programa comunitario «Telematics systems in the area of transport».

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso en la medida en que está dirigido contra los Sres. Tillis, Kontarataros, Argyrakos y Petrakis y la Sra. Koutroumpa.

2) Condenar a la Comisión al pago de sus propias costas y de los gastos causados al Sr. Tillis en el contexto de su excepción de inadmisibilidad.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de anulación — Recurso cuyo objeto es en realidad un litigio de naturaleza contractual — Acto adoptado sobre la base de un reglamento y no en virtud de un contrato — No incidencia sobre la naturaleza contractual del litigio — Incompetencia del juez comunitario — Inadmisibilidad

(Arts. 225 CE, 230 CE, 238 CE, 240 CE y 249 CE)

2. Recurso de anulación — Recurso dirigido contra una decisión meramente confirmatoria de una decisión anterior — Inadmisibilidad

(Art. 230 CE)

Índice

1. Los actos adoptados por las instituciones, que se inscriben en un marco puramente contractual del que son indisociables no figuran, por su propia naturaleza, entre los actos comprendidos en el artículo 249 CE, cuya anulación puede ser solicitada al juez comunitario con arreglo al artículo 230 CE. No puede negarse la naturaleza contractual del litigio por el simple motivo de que el acto impugnado fue adoptado sobre la base de un reglamento y no en virtud de un contrato, pues el contenido de dicho Reglamento forma parte de las cláusulas contractuales que vinculan a las partes del litigio.

En virtud del artículo 225 CE en relación con el artículo 238 CE, el Tribunal de Primera Instancia sólo es competente para conocer de los litigios en materia contractual planteados ante él por una persona física o jurídica en virtud de una cláusula compromisoria. De no ser así, extendería su competencia jurisdiccional más allá de los litigios cuya competencia le ha atribuido con carácter limitado el artículo 240 CE, puesto que esta disposición atribuye a los órganos jurisdiccionales nacionales la competencia de Derecho común para conocer de los litigios en los que la Comunidad es parte.

(véanse los apartados 39, 40, 53 y 58)

2. Una decisión puramente confirmatoria de una decisión anterior no es un acto recurrible, en virtud del artículo 230 CE, de modo que un recurso dirigido contra tal decisión será declarado inadmisible.

(véase el apartado 62)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Recurso de una asociación que promueve los intereses generales de una categoría de personas físicas o jurídicas — Requisito — Legitimación individual de sus miembros — Consideración de la legitimación de los antiguos miembros — Exclusión

(Art. 230 CE, párr. 4)

Índice

Una asociación constituida para promover los intereses colectivos de una categoría de justiciables no puede ser considerada individualmente afectada, a efectos del artículo 230 CE, párrafo cuarto, por un acto que afecta a los intereses generales de esa categoría y, por consiguiente, no está legitimada para interponer un recurso de anulación en nombre de sus miembros cuando éstos no puedan hacerlo individualmente. No puede admitirse, al respecto, que la pertenencia, en el pasado, de una persona a una asociación permita a esta última ejercitar la posible acción de dicha persona. En efecto, si se acogiera tal razonamiento, se concedería a una asociación una especie de derecho de acción perpetuo, y ello a pesar del hecho de que dicha asociación ya no pueda alegar que representa los intereses de su antiguo miembro.

(véanse los apartados 27 y 32)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Admisibilidad del recurso principal - Falta de pertinencia - Límites

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Carga de la prueba - Perjuicio económico - Pérdida de clientela - Situación que podría poner en peligro la existencia de la sociedad demandante

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

Índice

1. La cuestión de la admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de que se prejuzgue el fondo del asunto. Sin embargo, cuando se plantea la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al que se une la demanda de medidas provisionales, puede resultar necesario determinar si existen elementos que permitan, a primera vista, declarar la admisibilidad de dicho recurso.

( véase el apartado 21 )

2. El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a ésta aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de esa naturaleza. Si bien es cierto que, a fin de demostrar que existe semejante daño, no es necesario exigir que se pruebe con una certeza absoluta que se producirá el perjuicio y basta con que este último sea previsible con un grado suficiente de probabilidad, no es menos cierto que las demandantes siguen estando obligadas a probar los hechos que supuestamente sirven de base a la creencia de que se producirá el mencionado daño grave e irreparable.

Un perjuicio de índole económica, como la pérdida de clientela, en la medida en que consiste en un lucro cesante, no puede, salvo circunstancias excepcionales, ser considerado como irreparable, ni siquiera como difícilmente reparable, ya que puede ser objeto de una compensación económica posterior.

Conforme a estos principios, una suspensión de ejecución sólo estaría justificada si se pusiera de manifiesto que, en su defecto, las demandantes se hallarían en una situación que podría poner en peligro su propia existencia o modificar de modo irreversible sus cuotas de mercado.

( véanse los apartados 28 a 31 )
22

Por lo que respecta a la existencia de antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de las medidas provisionales solicitadas, el demandante alega que la intención de la Comisión era impedir que continuara ocupando su puesto en la representación de dicha Institución en Uruguay y, con carácter accesorio, que ejerciera funciones en la delegación de Paraguay, en el caso de que ésta se creara, lo que le supone un periculum in mora. El comportamiento de la Comisión, sobre todo en la medida en que no autoriza al demandante a defender su reputación profesional, constituye una violación del derecho inalienable de éste al «perfeccionamiento profesional» consagrado en el artículo 24, párrafo tercero, del Estatuto. Este derecho se ve reforzado por los artículos 27, 31 y 41 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (DO 2000, C 364, p. 1), proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo, «Carta»).
Auto del Tribunal General (Sala Cuarta) de 12 de diciembre de 2012 — Sacaim y otros/Comisión

(Asunto T-261/00)

«Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Desgravaciones de las cargas sociales en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia — Decisión por la que se declara el régimen de ayudas incompatible con el mercado común y que obliga a recuperar las ayudas pagadas — Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente de todo fundamento de Derecho»

1. Procedimiento judicial — Excepción de inadmisibilidad — Decisión de unir el examen de la excepción de inadmisibilidad, planteada por separado, al del fondo del asunto — Inadmisión de un recurso sobre el fondo sin resolver sobre dicha excepción — Facultad de apreciación del Tribunal General (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 111 y 114, ap. 4) (véanse los apartados 20 a 22)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Concesión de una ventaja a los beneficiarios — Medidas destinadas a compensar las posibles desventajas competitivas que afectan a las empresas establecidas en una región determinada de un Estado miembro — Inclusión (Art. 87 CE, aps. 1 y 3) (véanse los apartados 29 y 30)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Examen global de un régimen de ayudas — Procedencia (Arts. 87 CE, ap. 1, y 88 CE) (véase el apartado 36)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Perjuicio para la competencia — Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros — Alcance de la carga de la prueba que incumbe a la Comisión (Art. 88 CE) (véase el apartado 39)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común — Ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de regiones determinadas — Exclusión de las ayudas de funcionamiento salvo en casos excepcionales [Art. 87 CE, ap. 3, letra c)] (véanse los apartados 49 y 50)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión — Apreciación de la legalidad en función de la información disponible al adoptarse la decisión (véase el apartado 53)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión 2000/394/CE de la Comisión, de 25 de noviembre de 1999, relativa a las medidas de ayuda en favor de las empresas de los territorios de Venecia y Chioggia contempladas en las Leyes no 30/1997 y no 206/1995, relativas a desgravaciones de las cargas sociales (DO 2000, L 150, p. 50).

Fallo

1) Unir el examen de la excepción de inadmisibilidad planteada por la Comisión Europea al del fondo del asunto.

2) Declarar la inadmisibilidad de parte del recurso y desestimar la otra parte por carecer manifiestamente de todo fundamento de Derecho.

3) Sacaim SpA, Alfier Costruzioni Srl, Azin Asfalti Srl, Barbato Srl, Camata Costruzioni Sas, Dal Carlo Mario & C. Srl, Impresa Costruzioni Civili e Montaggi Srl (ICCEM), Rossi Renzo Costruzioni Srl, Vettore Costruzioni Srl, ACEA — Associazione dei Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia y Comitato «Venezia Vuole Vivere» cargarán, además de con sus propias costas, con las de la Comisión.