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1)

El artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) no 1782/2003 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1974/2004 de la Comisión, de 29 de octubre de 2004, debe interpretarse en el sentido de que se aplica, por una parte, cuando un agricultor cumple las condiciones para la aplicación de varios de los artículos 19 a 23 bis de dicho Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento no 1974/2004, y, por otra parte, cuando un agricultor que cumple las condiciones para la aplicación de al menos uno de los artículos 19 a 23 bis del mismo Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento no 1974/2004, cumple también las condiciones para la aplicación de al menos uno de los artículos 37, apartado 2, 40, 42, apartado 3, y 42, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 439/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Sibiu — Rumanía) — Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(Asunto C-268/13) (1)

([Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Artículo 22, apartado 2, párrafo segundo - Seguro de enfermedad - Asistencia hospitalaria dispensada en otro Estado miembro - Denegación de autorización previa - Falta de medicamentos y de material sanitario de primera necesidad])

(2014/C 439/07)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Sibiu

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Elena Petru

Demandadas: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu y Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Fallo

El artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, con las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) no 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, debe interpretarse en el sentido de que la autorización requerida por el apartado 1, letra c), inciso i), de ese mismo artículo no puede denegarse cuando la asistencia hospitalaria de que se trata no puede dispensarse en tiempo útil en el Estado miembro de residencia del asegurado debido a la falta de medicamentos y de material sanitario de primera necesidad. Tal imposibilidad debe apreciarse en el conjunto de hospitales de dicho Estado miembro que pueden dispensar esa asistencia y a la vista del lapso de tiempo durante el que esta última puede obtenerse en tiempo útil.

(1) DO C 207, de 20.7.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 421/16

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 2 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België — Bélgica) — Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck

(Asunto C-525/13) (1)

([Procedimiento prejudicial - Política agrícola común - Reglamento (CE) no 2419/2001 - Sistema integrado de gestión y de control relativo a determinados regímenes de ayudas - Solicitud de ayuda «por superficie» - Artículo 33 - Sanciones - Irregularidades cometidas intencionadamente])

2014/C 421/22

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Cassatie van België

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vlaams Gewest

Demandada: Heidi Van Den Broeck

Fallo

El artículo 33, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducido por el Reglamento (CEE) no 3508/92 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 118/2004 de la Comisión, de 23 de enero de 2004, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se compruebe que ha cometido una irregularidad intencionada en una solicitud de ayuda «por superficie», el agricultor perderá todas las ayudas a las que habría tenido derecho con cargo al régimen de ayuda de que se trate en esa solicitud y al que podía acogerse el grupo de cultivos afectado por dicha irregularidad.

(1) DO C 377, de 21.12.2013.
1)

La República de Polonia, al no prever una obligación de información a las autoridades polacas competentes de la localización de los organismos genéticamente modificados cultivados en virtud de la parte C de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 31, apartado 3, letra b) de esta Directiva al no crear un registro de dicha localización y no hacer públicas las informaciones relativas a éstas.
2)

Anular la Decisión C(2010) 6154 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2010, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a las fases de proyectos: «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-A» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.005); «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.008); «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramos XI-A y XI-B (Sant Sadurní d’Anoia-Gelida)» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.009) y «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-C» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.010).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 315/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de julio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm — Alicante) — Víctor Manuel Julián Hernández y otros/Puntal Arquitectura, S.L., y otros

(Asunto C-198/13) (1)

((Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario - Directiva 2088/94/CE - Ámbito de aplicación - Derecho a indemnización de un empresario frente a un Estado miembro por los salarios pagados a un trabajador durante el procedimiento de impugnación del despido de este último después del 60o día hábil desde la presentación de la demanda por despido - Inexistencia del derecho a indemnización en el caso de despidos nulos - Subrogación del trabajador en el derecho a indemnización de su empresario en caso de insolvencia provisional de este último - Discriminación de los trabajadores que han sido objeto de un despido nulo - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Ámbito de aplicación - Artículo 20))

2014/C 315/19

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Víctor Manuel Julián Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martín Selles Orozco, Alberto Martí Juan, Said Debbaj

Demandadas: Puntal Arquitectura, S.L., Obras Alteramar, S.L., Altea Diseño y Proyectos, S.L., Ángel Muñoz Sánchez, Vicente Orozco Miro, Subdelegación del Gobierno de España en Alicante

Fallo

Una normativa nacional, como la discutida en el litigio principal, según la cual el empresario puede reclamar al Estado miembro interesado el pago de los salarios de tramitación devengados durante el procedimiento de impugnación de un despido después del 60o día hábil siguiente a la presentación de la demanda, y, según la cual, cuando el empresario no ha pagado esos salarios y se encuentra en estado de insolvencia provisional, el trabajador interesado puede, como consecuencia de una subrogación legal, reclamar directamente a ese Estado el pago de dichos salarios, no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, y, por tanto, no puede ser examinada a la luz de los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, de su artículo 20.

(1) DO C 189 de 29.6.2013.
3)

Cuando un Estado miembro no haya hecho uso de la facultad prevista en la segunda frase del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, la primera frase de esa misma disposición deberá interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en el ámbito de un procedimiento de nulidad, la marca controvertida sea declarada nula cuando esté desprovista de carácter distintivo intrínseco y el titular de la misma no logre demostrar que la marca había adquirido, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, un carácter distintivo por el uso que se hizo de la misma.
3)

La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional, como la controvertida en los asuntos principales, que establece la transformación de los contratos de trabajo de duración determinada en relación laboral a tiempo indefinido únicamente en el supuesto en que el trabajador de que se trata ha sido empleado de modo ininterrumpido en virtud de dichos contratos por el mismo empresario por una duración superior a un año, considerándose la relación laboral ininterrumpida cuando los contratos de trabajo de duración determinada están separados por un intervalo de tiempo no superior a 60 días. No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar que los requisitos de aplicación y la aplicación efectiva de dicha normativa hacen de la misma una medida adecuada para prevenir y sancionar la utilización abusiva de contratos o de relaciones laborales de duración determinada sucesivos.
1)

La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un sujeto pasivo deduzca el impuesto sobre el valor añadido que figura en las facturas emitidas por un prestador de servicios cuando, aunque la prestación se haya realizado, resulte que no ha sido efectivamente realizada por ese prestador o por su subcontratista particularmente porque no disponían del personal, de los recursos materiales ni de los activos que serían necesarios para prestar el servicio, porque los costes de su prestación efectiva del servicio no se han justificado en su contabilidad o porque la identidad de las personas que firmaron determinados documentos como prestadores del servicio resultó ser incorrecta, siempre que se cumpla la doble condición de que tales hechos sean constitutivos de un comportamiento fraudulento y que, teniendo en cuenta los elementos objetivos presentados por las autoridades tributarias, se demuestre que el sujeto pasivo sabía o debería haber sabido que la operación invocada formaba parte de dicho fraude para fundamentar el derecho de deducción, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
2)

El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 265/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2010, en relación con el artículo 13, apartado 1, de este mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que no somete la entrada de nacionales de países terceros en territorio de los Estados miembros a la condición de que, en la inspección fronteriza, el visado válido presentado esté necesariamente extendido en un documento de viaje válido.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 409/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de septiembre de 2014 — MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe SPRL/Comisión Europea, Banco Santander, S.A., Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Asunto C-382/12 P) (1)

((Recurso de casación - Adhesión al recurso de casación principal - Admisibilidad - Artículo 81 CE - Sistema de pago abierto mediante tarjetas de débito, de débito aplazado y de crédito - Tasas multilaterales de intercambio por defecto - Asociación de empresas - Restricciones de la competencia por su efecto - Criterio de control jurisdiccional - Concepto de «restricción accesoria» - Carácter objetivamente necesario y proporcionado - «Hipótesis comparativas» apropiadas - Sistemas bifrontes - Tratamiento de los anexos de la demanda en primera instancia))

2014/C 409/04

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe SPRL (representantes: E. Barbier de la Serre, V. Brophy y B. Amory, Avocats, y T. Sharpe, QC)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: V. Bottka y N. Khan, agentes), Banco Santander, S.A., Royal Bank of Scotland plc, (representantes: D. Liddell, Solicitor, y M. Hoskins, Barrister), HSBC Bank plc, (representante: R. Thompson, QC), Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, (representantes: K. Fountoukakos-Kyriakakos y S. Wisking, Solicitors, y J. Flynn, QC), MBNA Europe Bank Ltd, (representante: A. Davis, Solicitor), British Retail Consortium, (representantes: R. Marchini, Advocate, y A. Robertson, Barrister), EuroCommerce AISBL, (representante: J. Stuyck, Advocaat), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: M. Holt y C. Murrell, agentes, asistidos por J. Turner, QC, y J. Holmes, Barrister)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación principal y las adhesiones al recurso de casación.

2) Condenar a MasterCard Inc., MasterCard International Inc. y MasterCard Europe SPRL a cargar con sus propias costas relativas al recurso de casación principal y a las adhesiones al recurso de casación, así como con las incurridas por la Comisión Europea en lo relativo al recurso de casación principal.

3) Condenar a Royal Bank of Scotland plc, Bank of Scotland plc y Lloyds TSB Bank plc a cargar con sus propias costas y con las incurridas por la Comisión Europea en lo relativo a sus respectivas adhesiones al recurso de casación.

4) HSBC Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL y el Reino Unido de Gran Bretaña cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 319, de 20.10.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 315/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 10 de julio de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici/Comune di Milano

(Asunto C-358/12) (1)

((Procedimiento prejudicial - Contratos públicos - Contratos que no alcanzan el umbral previsto por la Directiva 2004/18/CE - Artículos 49 TFUE y 56 TFUE - Principio de proporcionalidad - Requisitos de exclusión de un procedimiento de adjudicación - Criterios de selección cualitativa relativos a la situación personal del licitador - Obligaciones relativas al pago de las cotizaciones de seguridad social - Concepto de infracción grave - Diferencia entre los importes adeudados y los importes abonados superior a 100 euros y a 5 % de los importes adeudados))

2014/C 315/05

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici

Demandada: Comune di Milano

en el que participa: Pascolo Srl

Fallo

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y el principio de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, para los contratos públicos de obras cuyo valor es inferior al umbral definido en el artículo 7, letra c), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1177/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, obliga a las entidades adjudicadoras a excluir del procedimiento de adjudicación de un contrato de ese tipo a un licitador responsable de una infracción en materia de pago de cotizaciones de seguridad social si la diferencia entre las cantidades adeudadas y las abonadas es de un importe superior, a la vez, a 100 euros y al 5 % de las cantidades adeudadas.

(1) DO C 311, de 13.10.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 159/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA/Regione Campania (C-516/12 a C-518/12), Provincia di Napoli (C-516/12 y C-518/12)

(Asuntos acumulados C-516/12 a C-518/12) (1)

([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CE) no 1191/69 - Servicios públicos de transporte de viajeros - Artículo 4 - Solicitud de supresión de la obligación de servicio público - Artículo 6 - Derecho a una compensación por las cargas derivadas del cumplimiento de una obligación de servicio público])

2014/C 159/09

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: CTP Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Recurridas: Regione Campania (C-516/12 a C-518/12), Provincia di Napoli (C-516/12 y C-518/12)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Consiglio di Stato — Interpretación del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 156; p. 1; EE 08/01, p. 131) — Derecho de las empresas privadas a una compensación por las cargas derivadas de una obligación de servicio público — Empresas de transporte que no han presentado a las autoridades competentes una solicitud de supresión de una obligación de servicio público que le provoque desventajas económicas — Obligación no comprendida entre las obligaciones de servicio público que deben suprimir los Estados miembros.

Fallo

Los artículos 4 y 6 del Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 1893/91 del Consejo, de 20 de junio de 1991, deben interpretarse en el sentido de que, por lo que respecta a las obligaciones de servicio público surgidas con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento, el nacimiento de un derecho a compensación por las cargas derivadas del cumplimiento de tales obligaciones está supeditado a la presentación de una solicitud de supresión de dichas obligaciones por parte de la empresa interesada, así como a una decisión de mantener o suprimir a plazo las mencionadas obligaciones por las autoridades competentes. En cambio, cuando se trata de obligaciones de servicio público surgidas con posterioridad a esa fecha, el nacimiento de ese derecho a compensación no está supeditado a las mismas condiciones.

(1) DO C 26, de 26.1.2013.
4)

Un Estado miembro no infringe el Derecho de la Unión, en particular los principios de igualdad, de proporcionalidad y de neutralidad fiscal, al tratar a las agencias de viajes a que se refieren el artículo 26, apartado 1, de la Directiva 77/388 y el artículo 306 de la Directiva 2006/112 de modo distinto que a los intermediarios y al establecer una norma, como el Real Decreto de 28 de noviembre de 1999, en virtud de la cual únicamente se gravan las prestaciones de dichas agencias de viajes, y no las de los intermediarios, cuando se refieren a viajes efectuados fuera de la Unión Europea.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/18

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de diciembre de 2013 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi

(Asunto C-443/12) (1)

(Medicamentos para uso humano - Certificado complementario de protección - Reglamento (CE) no 469/2009 - Artículo 3 - Condiciones de obtención de este certificado - Comercialización sucesiva de dos medicamentos que contienen, total o parcialmente, el mismo principio activo - Composición de principios activos de los cuales uno ya ha sido comercializado como medicamento con un principio activo único - Posibilidad de obtener varios certificados sobre la base de una misma patente y de dos autorizaciones de comercialización)

2014/C 52/30

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Demandada: Sanofi

En el que participa: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC,

Objeto

Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretación del artículo 3, letras a) y c), del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152, p. 1) — Requisitos para la obtención de un certificado complementario de protección — Concepto de «producto protegido por una patente de base en vigor» — Criterios — Posibilidad de conceder el certificado para cada medicamento en el caso de una patente que cubra varios medicamentos.

Fallo

En circunstancias como las del litigio principal, en las que basándose en una patente que protege un principio activo innovador y en una autorización de comercialización de un medicamento que contiene dicho principio activo como principio activo único, el titular de dicha patente ya ha obtenido un certificado complementario de protección para ese principio activo que le permite oponerse a la utilización de éste sólo o en combinación con otros, el artículo 3, letra c), del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de la referida patente obtenga, basándose en esa misma patente pero en una autorización de comercialización posterior de un medicamento distinto que contiene dicho principio activo en combinación con otro principio activo, el cual no está protegido como tal por la referida patente, un segundo certificado complementario de protección para esta composición de principios activos.

(1) DO C 389, de 15.12.2012.