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102

La lectura de los apartados 12, 15 a 17, 80 y 109 de la Decisión impugnada permite no obstante comprender las razones por las que la Comisión consideró, en particular, que la puesta en común de la tesorería del grupo no constituía tal asignación arbitraria. Según se desprende de los apartados 52 a 57 anteriores, la motivación de la Decisión impugnada no adolece de contradicción alguna sobre esta cuestión.
76

A este respecto, conviene recordar que el principio general de no discriminación o de igualdad de trato exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (véanse las sentencias de 5 de diciembre de 2013, Solvay/Comisión, C‑455/11 P, no publicada, EU:C:2013:796, apartado 77 y jurisprudencia citada, y de 16 de junio de 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Comisión, T‑126/19, EU:T:2021:360, apartado 47 y jurisprudencia citada).
43

En primer lugar, la EUIPO declaró, tanto durante la fase administrativa previa como en la fase contenciosa, que el procedimiento de invalidez había quedado sin objeto debido a la decisión de separación del servicio, como atestigua, por otra parte, la nota interna de 26 de abril de 2019. En particular, en la decisión desestimatoria de la reclamación, la AFPN consideró, en esencia, que, en la medida en que el demandante ya no estaba al servicio de la Unión Europea, no tenía derecho a solicitar la apertura de un procedimiento de invalidez. En efecto, a su entender, al haber cesado en sus funciones, ya no procedía iniciar tal procedimiento para examinar si era o no apto para ejercer tales funciones.
53

No obstante, el período de referencia no debe incrementarse en consecuencia, ya que, a diferencia de lo que se ha constatado en relación con los períodos correspondientes a prestaciones efectuadas fuera del Estado de destino, la disposición antes mencionada no prevé ninguna «neutralización» para los períodos durante los que el funcionario ha trabajado al servicio de un Estado o de una organización internacional en dicho Estado de destino (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2018, Quadri di Cardano/Comisión, T‑273/17, EU:T:2018:480, apartados 60 y 62).
56

En efecto, en primer lugar, debe señalarse que la Comisión se limitó a indicar, en el apartado 79 de la Decisión impugnada, que consideraba «legítimo» añadir a los perjuicios estimados los costes adicionales generados con ocasión de la prolongación del procedimiento de insolvencia de Condor, ya que estos no podían predecirse en el momento en que se efectuaron las previsiones de los BAI posteriores al brote de COVID-19. No obstante, el hecho de que dichos costes pudieran o no predecirse en ese momento no demuestra que estuvieran directamente causados por la cancelación y la reprogramación de los vuelos de Condor en razón de las restricciones de viajes impuestas en el contexto de la pandemia de COVID-19. De igual forma, no basta con indicar, en la Decisión impugnada, que es «legítimo» proceder a añadirlos, sin explicar con la suficiente claridad y precisión las razones por las que la Comisión consideró que la causa determinante de tales costes residía en la cancelación y la reprogramación antes mencionadas.
124

En cuanto a la alegación según la cual el análisis independiente aportado por la demandante sobre la base de los datos de la Official Airline Guide (Guía Oficial de Compañías Aéreas), presentada como anexo A.3.2 de la demanda, proporciona una idea diferente de las cuotas de mercado de Finnair, es obligado señalar que, ciertamente, las cuotas de mercado presentadas por la Comisión, en el apartado 45 de la Decisión impugnada, no son idénticas a las aportadas por la demandante en el anexo A.3.2. No obstante, esas divergencias, que son insignificantes, pueden explicarse por las diferentes fuentes de las que se extrajeron las cuotas de mercado en cuestión. A este respecto, como alega acertadamente la Comisión, no ha lugar a considerar que los datos facilitados por Finavia, principal gestor de los aeropuertos de Finlandia, en los que se apoyó la Comisión en la Decisión impugnada, sean menos fiables que los de la Official Airline Guide.
30

En tercer lugar, la recurrente sostiene que se cumplían los demás requisitos de la restitutio in integrum. A este respecto, en primer término, señala que el plazo para presentar el escrito de motivación del recurso es un plazo que puede dar lugar a una restitutio in integrum. Arguye que, al no haberse concedido esta, el incumplimiento del plazo para presentar ese escrito tuvo como consecuencia directa la pérdida de su derecho de recurso, que fue declarado inadmisible en virtud del artículo 23, apartado 1, letra d), del Reglamento Delegado 2018/625. En segundo término, afirma que, de conformidad con el artículo 104, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, la petición de restitutio in integrum fue presentada por escrito en el plazo de dos meses a partir del cese del impedimento, consistente en el conocimiento, el 13 de junio de 2019, de que no se había transmitido dicho escrito. Añade que el acto incumplido —en este asunto, la entrega del escrito de motivación del recurso— se cumplió dentro del mismo plazo. En tercer término, la recurrente afirma que la petición de restitutio in integrum estaba motivada y que la tasa de restitutio in integrum se pagó mediante autorización de pago de 25 de junio de 2019, enviada por servicio de mensajería y recibida en la EUIPO el 26 de junio de 2019. En cuarto término, la recurrente alega que los motivos de exclusión del artículo 104, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 no eran aplicables al asunto.
1)

Anular la Decisión C(2020) 1195 final de la Comisión, de 24 de febrero de 2020, relativa a una solicitud confirmatoria de acceso a documentos presentada de conformidad con el Reglamento n.o 1049/2001 en la medida en que esta denegó el acceso a JP a las cuestiones comprendidas en las secciones «Anchor» y las rúbricas «Possible questions», de la evaluación por los examinadores de sus respuestas efectuadas durante la entrevista relativa al ámbito de que se trata (documento n.o 1) y denegó el acceso a las cuestiones comprendidas en las rúbricas «Situation 1», «Situation 2» y «Situation 3» de la evaluación por los examinadores de sus respuestas efectuadas durante la entrevista centrada en las competencias generales (documento n.o 2) en el marco de la oposición EPSO/AD/363/18.
1.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación conforme a la ratio legis del artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, considerando 10, art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3] (véase el apartado 23)
5.

Marca de la Unión Europea — Presentación de la solicitud de marca de la Unión — Identificación de los productos o servicios a que se refiere la marca — Exigencias de claridad y de precisión — Determinación, por las autoridades competentes y los operadores económicos, de la amplitud de la protección conferida por la marca [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 26, ap. 1, letra c); Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 2, ap. 2] (véase el apartado 56)
68

La ACER rebate las alegaciones de la demandante y solicita la desestimación del segundo motivo. En primer lugar, sostiene que, al examinar la Decisión inicial, la Sala de Recurso debía controlar si, en esa Decisión, había errado en la determinación del Derecho aplicable. Afirma a este respecto que debía adoptar sus decisiones sobre la base de la situación de hecho y de las disposiciones jurídicas existentes en el momento de su adopción. Pues bien, en la fecha de adopción de la Decisión inicial, el Reglamento 2019/943 y, en particular, sus artículos 14 a 16, aún no estaban en vigor y ni siquiera habían sido definitivamente aprobados por el legislador de la Unión. Por tanto, sostiene que estuvo justificado no basar la Decisión inicial en el Reglamento 2019/943, en particular en los artículos 14 a 16 de dicho Reglamento, y que, por consiguiente, la Sala de Recurso no examinara dicha Decisión en atención a esos mismos artículos, que la demandante había invocado en el recurso que había interpuesto ante ella. La ACER también refuta las alegaciones de la demandante relativas al carácter autónomo del control ejercido por la Sala de Recurso sobre la Decisión inicial. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 5, del Reglamento 2019/942, la Sala de Recurso carece de competencia para sustituir la Decisión inicial por su propia resolución y para resolver ella misma el asunto. En cuanto a la alegación de la demandante basada en que la Sala de Recurso tuvo en cuenta, en su resolución, nuevas formulaciones jurídicas producidas después de la adopción de la Decisión inicial, sostiene que eso no significa que dicha Sala esté obligada a comprobar la compatibilidad de la Decisión inicial con ciertas disposiciones del Reglamento 2019/943 que entraron en vigor una vez adoptada aquella.
310

En el caso de autos, debe señalarse que, hasta la fecha, no se ha pronunciado ninguna decisión con carácter definitivo sobre el fondo del asunto en lo que respecta a la participación de la demandante en las infracciones que se le imputan. La Decisión de 2002 fue anulada por el Tribunal General debido a la base jurídica utilizada por la Comisión y la Decisión de 2009 fue anulada por vicios sustanciales de forma, sin que, en ninguno de estos dos casos, se hubiera adoptado una posición definitiva sobre los motivos de fondo invocados por la demandante, relativos a su participación en los hechos que se le imputan. La sentencia de 9 de diciembre de 2014, Feralpi/Comisión (T‑70/10, no publicada, EU:T:2014:1031), es la única que se pronunció sobre tales motivos, pero fue íntegramente anulada por el Tribunal de Justicia. En estas circunstancias, no puede considerarse que, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión hubiese sancionado a la demandante o hubiese iniciado actuaciones contra ella dos veces por los mismos hechos (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582, apartado 63).
2) Anular el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1579 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados neumáticos, nuevos o recauchutados, de caucho, de un tipo utilizado en autobuses o camiones, con un índice de carga superior a 121, originarios de la República Popular China, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/163, en la medida en que establece derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de los productos fabricados por los siguientes productores exportadores: – Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd; – Triangle Tyre Co., Ltd; – Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd; – Qingdao Doublestar Tire Industrial Co. Ltd; – Ningxia Shenzhou Tire Co. Ltd; – Guizhou Tyre Co. Ltd; – Aeolus Tyre Co. Ltd; – Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd; – Chongqing Hankook Tire Co. Ltd; – Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co. Ltd; – Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd; – Shandong Linglong Tire Co. Ltd; – Shandong Jinyu Tire Co., Ltd; – Sailun Jinyu Group Co. Ltd; – Shandong Kaixuan Rubber Co. Ltd; – Weifang Yuelong Rubber Co. Ltd; – Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co. Ltd; – Shandong Hengyu Science & Technology Co. Ltd; – Jiangsu General Science Technology Co. Ltd; – Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co. Ltd; – Hefei Wanli Tire Co. Ltd; – Giti Tire (Anhui) Company Ltd; – Giti Tire (Fujian) Company Ltd; – Giti Tire (Hualin) Company Ltd; – Giti Tire (Yinchuan) Company Ltd; – Qingdao GRT Rubber Co. Ltd.
50

Pues bien, por lo que respecta a los supuestos daños sufridos por la demandante como consecuencia de la pérdida de la oportunidad de que se le adjudicara el contrato, procede recordar que la pérdida de las posibilidades de conseguir un contrato solo constituye un perjuicio real y cierto en el supuesto de que no hubiera duda en cuanto a que, de no haberse producido el comportamiento culposo de la institución, la demandante habría conseguido adjudicarse el referido contrato (véase, en este sentido, el auto de 22 de junio de 2011, Evropaïki Dynamiki/Comisión, T‑409/09, EU:T:2011:299, apartado 85 y jurisprudencia citada). No es así en el caso de autos. En efecto, aun suponiendo que los pliegos de la contratación contuvieran cláusulas ilegales, consta que tres empresas participaron en el procedimiento de licitación convocado por el anuncio de licitación impugnado y que la demandante no ha demostrado que, en el supuesto de que los documentos impugnados no hubieran contenido las cláusulas supuestamente ilegales, sin duda alguna se le habría adjudicado el contrato a ella y no a una de las tres empresas mencionadas.
26

En una situación como la del presente caso, descrita en el anterior apartado 25, en primer lugar, la ausencia de respuesta de la Comisión debe considerarse una decisión denegatoria presunta de acceso. En efecto, la segunda prórroga del plazo, el 1 de julio de 2019, no prorrogó válidamente el plazo porque, en virtud del artículo 8 del Reglamento n.o o1049/2001, la Comisión únicamente puede ampliar el plazo inicial una sola vez y, a la expiración del plazo ampliado, se considera adoptada una decisión presunta de denegación de acceso (véanse, en este sentido, la sentencia de 10 de diciembre de 2010, Ryanair/Comisión, T‑494/08 a T‑500/08 y T‑509/08, EU:T:2010:511, apartados 38 y 40, y el auto de 27 de noviembre de 2012, Steinberg/Comisión, T‑17/10, no publicado, EU:T:2012:625, apartado 99). A este respecto, debe señalarse que el plazo establecido en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 1049/2001 tiene carácter imperativo (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de enero de 2010, Co‑Frutta/Comisión, T‑355/04 y T‑446/04, EU:T:2010:15, apartados 60 y 70) y no puede ampliarse al margen de las circunstancias establecidas en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001, so pena de privar de eficacia a dicho artículo, ya que el solicitante de la información no sabría exactamente a partir de qué fecha podría interponer el recurso o la reclamación previstos en el artículo 8, apartado 3, del citado Reglamento (véase, por analogía, la sentencia de 21 de abril de 2005, Housieaux, C‑186/04, EU:C:2005:248, apartado 26). Tal decisión presunta de denegación de acceso puede ser objeto de un recurso de anulación conforme a lo dispuesto en el artículo 263 TFUE (véase, en este sentido, el auto de 27 de noviembre de 2012, Steinberg/Comisión, T‑17/10, no publicado, EU:T:2012:625, apartado 101).
2

A raíz de una denuncia presentada el 14 de febrero de 2005 por el Comité de Defensa de la Industria de Tubos de Acero Sin Soldadura de la Unión Europea, la Comisión de las Comunidades Europeas inició un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero, originarios de Croacia, Rumanía, Rusia y Ucrania, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1) [sustituido por el Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51), a su vez sustituido por el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 21; corrección de errores en DO 2017, L 266, p. 22; en lo sucesivo «Reglamento de base»)], y, en particular, con el artículo 5 del Reglamento n.o 384/96 (actualmente artículo 5 del Reglamento de base), en su versión resultante del Reglamento (CE) n.o 461/2004 del Consejo, de 8 de marzo de 2004, por el que se modifica el Reglamento n.o 384/96 y el Reglamento (CE) n.o 2026/97, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2004, L 77, p. 12; en lo sucesivo «Reglamento n.o 384/96 modificado»).
26

Además, por una parte, procede señalar que el uso del presente en el artículo 52 del Reglamento n.o 40/94 sugiere que la EUIPO debe comprobar que concurren los requisitos para declarar la nulidad de una marca de la Unión con arreglo a esa disposición en la fecha en la que se pronuncia sobre la solicitud de nulidad. De este modo, el artículo 52, apartado 1, del citado Reglamento dispone que podrá declararse la nulidad de una marca de la Unión cuando el derecho anterior a que se refiere dicha disposición «exista» y «se cumplan» las condiciones, como señala acertadamente la EUIPO en sus directrices relativas al artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001. Asimismo, el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.o 40/94 dispone que tal marca podrá declararse nula si su uso «puede prohibirse». Por lo demás, debe constatarse también que la regla 37, letra b), inciso iii), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 (DO 1995, L 303, p. 1), dispone que, en el marco de una solicitud de nulidad presentada con arreglo al artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.o 40/94, el solicitante de la nulidad debe acreditar que «es el titular» de uno de los derechos contemplados en dicha disposición o que «está legitimado» para reivindicar tal derecho.
64

Además, el Tribunal señala que los elementos de prueba aportados por el Sr. Paniz en la fase oral del procedimiento, a los que se refirió durante la vista, carecen de pertinencia a efectos de la resolución de los presentes recursos. Por un lado, el Sr. Paniz aportó una copia de la Decisión n.o 2/2020 de22 de abril de 2020 mediante la cual el Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Consejo jurisdiccional de la Cámara de Diputados) anuló parcialmente el artículo 1, apartado 7, de la Decisión n.o 14/2018. Sin embargo, esa anulación no tiene ninguna consecuencia en el presente asunto, habida cuenta de que no se ha solicitado al Parlamento que aplique, y, por consiguiente, no ha aplicado a los demandantes reglas idénticas a las que figuran en el artículo 1, apartado 7, de la Decisión n.o 14/2018. Por otro lado, el Sr. Paniz también presentó una copia del fallo de la sentencia de 25 de junio de 2020 de la Commissione contenziosa del senato (Comisión de lo Contencioso del Senado). Sin embargo, dicha sentencia tiene por objeto la Decisión n.o 6/2018 del Ufficio di Presidenza del Senato (Mesa de la Presidencia del Senado, Italia), y no la Decisión n.o 14/2018. Pues bien, es pacífico que según lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, del anexo III, el Parlamento únicamente aplicó reglas idénticas a las recogidas en la Decisión n.o 14/2018. Por último, el Tribunal destaca que el Parlamento confirmó durante la vista que en el futuro aplicaría toda modificación del Derecho italiano, y en particular de la Decisión n.o 14/2008, que pudiera resultar de los procedimientos en curso ante el Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Consejo jurisdiccional de la Cámara de Diputados), de conformidad con la regla de pensión idéntica.
68

El demandante alega que, habida cuenta de la intención del Reino Unido de retirarse de la Unión y de las posibles consecuencias de dicha retirada para los funcionarios nacionales del Reino Unido, la propia Comisión los animó a solicitar la nacionalidad belga. A este respecto, presenta un correo electrónico que el Presidente de la Comisión les envió el 24 de junio de 2016. No obstante, es preciso señalar que, en dicho correo, el Presidente de la Comisión se limitaba a garantizarles que la «puerta no se [cerraría] para [ellos]», que trabajaría con los presidentes de las demás instituciones para que todos pudieran continuar disfrutando de su experiencia y que el «Estatuto sería leído y aplicado con espíritu europeo». De ello no se desprende que la Comisión instara a los interesados a adquirir la nacionalidad de su lugar de destino. El demandante presenta también un artículo de prensa de 3 de mayo de 2018, en el que se recoge una toma de posición del mismo Presidente de la Comisión, y el acta de una reunión informal, de 29 de enero de ese mismo año, mantenida entre el personal y el Vicepresidente de la Comisión encargado, en particular, de los recursos humanos. Sin embargo, esta reunión y esta toma de posición son posteriores a la fecha en la que el demandante adquirió la nacionalidad belga y tampoco pueden, por lo tanto, haberle impulsado a realizar ese trámite.
1

El 22 de julio de 1997, la recurrente, Seven SpA, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) [sustituido por el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
41

La coadyuvante sostiene, además, que el primer motivo es infundado, dado que de la jurisprudencia relativa al artículo 71, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625 se desprende en particular que, habida cuenta de la libertad de apreciación de que dispone, la Sala de Recurso no está obligada a suspender el procedimiento, incluso aunque sea aconsejable la suspensión. Por otro lado, el hecho de que la recurrente no reiterase su solicitud de suspensión del procedimiento ante la citada Sala explica que esta no motivase su resolución de no suspender el procedimiento atendiendo al interés de las partes. Por último, la coadyuvante señala que las directrices de la EUIPO, a las que hace referencia la recurrente, no preconizan la suspensión del procedimiento de oposición cuando se impugna la validez de la marca anterior y, en cualquier caso, no resultan vinculantes para esa Sala.