Asunto C‑280/08 P

Deutsche Telekom AG

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Competencia — Artículo 82 CE — Mercados de servicios de telecomunicaciones — Acceso a la red fija del operador histórico — Precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local prestados a los competidores — Precios minoristas por los servicios de acceso prestados a los abonados — Prácticas tarifarias de una empresa dominante — Compresión de márgenes de los competidores — Precios aprobados por la autoridad reguladora nacional — Margen de maniobra de la empresa dominante — Imputabilidad de la infracción — Concepto de “abuso” — Criterio del competidor igual de eficiente — Cálculo de la compresión de márgenes — Efectos del abuso — Importe de la multa»

Sumario de la sentencia

1. Recurso de casación — Motivos — Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal General — Inadmisibilidad — Impugnación de la interpretación o de la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal General — Admisibilidad

[Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]

2. Recurso de casación — Motivos — Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación — Inadmisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 113, ap. 2)

3. Recurso por incumplimiento — Derecho de la Comisión a recurrir en vía jurisdiccional — Ejercicio discrecional

(Arts. 81 CE, 82 CE y 226 CE)

4. Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Servicios de acceso a la red de telecomunicaciones prestados por el operador propietario de la única infraestructura disponible — Decisión de la Comisión que declara que existe abuso a pesar de la aprobación de las tarifas por la autoridad reguladora nacional — Imputabilidad de la infracción

(Arts. 81 CE y 82 CE)

5. Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente — Admisibilidad

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)

6. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Comisión deliberada o por negligencia — Concepto — Compresión de márgenes originada por las tarifas de una empresa en posición de monopolio en el mercado de los servicios mayoristas y en posición cuasi monopolística en el mercado de los servicios minoristas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, párr. 1)

7. Actos de las instituciones — Obligación de motivación — Objeto — Alcance

(Art. 253 CE)

8. Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Servicios de acceso a la red de telecomunicaciones prestados por el operador propietario de la única infraestructura disponible — Diferencia negativa o insuficiente entre las tarifas para los competidores y las tarifas minoristas

(Art. 82 CE)

9. Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Concepto

(Art. 82 CE)

10. Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Servicios de acceso a la red de telecomunicaciones prestados por el operador propietario de la única infraestructura disponible — Cálculo de la compresión de márgenes de los competidores

(Art. 82 CE)

11. Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Igualdad de oportunidades — Inexistencia — Toma en consideración de los ingresos procedentes de la prestación de otros servicios de telecomunicaciones — Exclusión

(Art. 82 CE)

12. Competencia — Posición dominante — Abuso — Concepto — Comportamientos que tienen un efecto restrictivo sobre la competencia

(Art. 82 CE)

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Infracción grave — Compresión de márgenes originada por las tarifas de una empresa en posición de monopolio — Circunstancias atenuantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1, parte A, párr. 2)

14. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Facultades de la Comisión — Modificación de la práctica anterior — Violación del principio de no discriminación — Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo)

1. De los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, aunque no incluya ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida, se limite a reproducir los motivos y alegaciones ya formulados ante el Tribunal General. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal General, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia.

No obstante, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal General, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido.

(véanse los apartados 24 y 25)

2. El recurso de casación no puede modificar el objeto del litigio ante el Tribunal General. La competencia del Tribunal de Justicia, en el marco del recurso de casación, está en efecto limitada a la apreciación de la solución jurídica que se haya dado a los motivos objeto de debate ante los jueces de primera instancia. Por tanto, una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General ya que ello equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General.

(véanse los apartados 34, 42, y 49)

3. Le corresponde a cada uno de los Estados miembros adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento por las autoridades reguladoras nacionales de las obligaciones que se les imponen de conformidad con el Derecho de la Unión. Los artículos 81 CE y 82 CE, en relación con el artículo 10 CE, obligan a los Estados miembros a no adoptar ni mantener en vigor medidas, ni siquiera legales o reglamentarias, que puedan anular el efecto útil de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas.

No obstante, respecto a la posibilidad de la Comisión de interponer un recurso por incumplimiento contra un Estado miembro, dado que la sentencia recurrida objeto de un recurso de casación se refiere únicamente a la legalidad de una decisión adoptada por la Comisión con arreglo al artículo 82 CE respecto a una empresa recurrente, el Tribunal de Justicia debe, en el marco del recurso de casación, limitarse a comprobar si las alegaciones formuladas en apoyo de éste muestran que el examen por el Tribunal General de la legalidad de tal decisión adolece de errores de Derecho, y ello con independencia de si la Comisión hubiera podido, paralela o alternativamente, adoptar una decisión de infracción del Derecho de la Unión frente al Estado miembro en cuestión.

Por ello, aunque no puede descartarse que las autoridades reguladoras nacionales hayan infringido el Derecho de la Unión y aunque la Comisión hubiera podido elegir interponer a ese respecto un recurso por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE contra el Estado miembro, tales eventualidades carecen de pertinencia en la fase del recurso de casación. En el sistema establecido por el artículo 226 CE, la Comisión dispone de una facultad discrecional para iniciar un recurso por incumplimiento y no corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Unión determinar si el ejercicio de dicha facultad es o no oportuno.

(véanse los apartados 45 a 47)

4. Únicamente si una legislación nacional impone a las empresas un comportamiento contrario a la competencia o si crea un marco jurídico que limita por sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplican los artículos 81 CE y 82 CE. En tal situación, la restricción de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones, a comportamientos autónomos de las empresas.

Por el contrario, cabe aplicar los artículos 81 CE y 82 CE si la legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una competencia que puede ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas. El Tribunal de Justicia sólo ha admitido con carácter restrictivo la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE, un determinado comportamiento contrario a la competencia porque la normativa nacional vigente lo exigía a las empresas implicadas o porque dicha normativa eliminaba cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por su parte. Si una ley nacional se limita a fomentar o a facilitar comportamientos autónomos de las empresas contrarios a la competencia, éstas siguen sometidas a los artículos 81 CE y 82 CE. Incumbe, en efecto, a las empresas dominantes una responsabilidad especial de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común

A este respecto, el mero hecho de que se hubiese incitado a una empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones, mediante las intervenciones de una autoridad reguladora nacional como la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Correos, a seguir aplicando sus prácticas tarifarias que conducen a la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella no puede, como tal, eliminar en absoluto su responsabilidad con arreglo al articulo 82 CE.

En efecto, dado que, pese a tales intervenciones, la empresa disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados, la compresión de márgenes le resulta imputable. El carácter culposo o no del comportamiento consistente en no utilizar dicho margen de maniobra no desvirtúa la apreciación de que la recurrente disponía de margen de maniobra para adoptarla, sino que únicamente puede tenerse en cuenta al determinar el carácter ilícito de dicho comportamiento así como en la fase de la fijación del importe de las multas.

(véanse los apartados 80 a 85, 88 y 89)

5. La cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal General es insuficiente constituye una cuestión de Derecho que como tal puede ser alegada en el marco de un recurso de casación.

(véase el apartado 123)

6. Respecto a la cuestión de si las infracciones a las reglas de competencia se cometieron deliberadamente o por negligencia y, por tanto, pueden sancionarse con una multa de conformidad con el párrafo primero del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, esta condición se cumple cuando una empresa no podía ignorar que su comportamiento era contrario a la competencia, tuviera o no conciencia de infringir las reglas de competencia del Tratado.

Éste es el caso de una empresa en el sector de las telecomunicaciones que no podía ignorar, por una parte, que, a pesar de las decisiones de autorización de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Correos, disponía de un margen real de maniobra para fijar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados y que, por otra parte, la compresión de márgenes provocaba graves restricciones de la competencia, habida cuenta de su posición monopolística en el mercado mayorista de los servicios de acceso al bucle local y de su posición cuasi monopolística en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados.

(véanse los apartados 124 y 125)

7. La obligación de motivación establecida en el artículo 253 CE constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. Desde este punto de vista, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.

La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular, del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por éste puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del citado artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

(véanse los apartados 130 y 131)

8. El artículo 82 CE, párrafo segundo, letra a), prohíbe expresamente a una empresa en posición dominante imponer directa o indirectamente precios no equitativos y, en particular, llevar a cabo prácticas tarifarias que provoquen la expulsión de sus competidores igual de eficientes que ella, actuales o potenciales, es decir prácticas que pueden, tanto dificultar o imposibilitar el acceso al mercado de éstos, como dificultar o imposibilitar la elección, para sus otras partes contratantes, entre varias fuentes de aprovisionamiento o socios comerciales, reforzando de ese modo su posición dominante, recurriendo a medios distintos de los que rigen una competencia basada en los méritos. En esta perspectiva, toda competencia en los precios no puede considerarse, por tanto, legítima.

En la medida en que una empresa en posición dominante en el sector de las telecomunicaciones dispone de margen de maniobra para reducir o eliminar una compresión de los márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella, mediante la modificación de sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados, esta compresión de márgenes, habida cuenta del efecto de expulsión que puede provocar para los citados competidores, puede constituir, en sí misma, un abuso en el sentido del artículo 82 CE.

El citado artículo 82 CE pretende, en particular, la protección de los consumidores mediante una competencia no falseada. A este respecto, carece de pertinencia que la empresa dominante deba aumentar sus precios para eliminar el abuso.

Tal compresión de márgenes, al reducir aún más el grado de competencia existente en un mercado, el de los servicios de acceso para abonados, ya debilitado debido precisamente a la presencia de la citada empresa, y reforzando así la posición dominante que ésta tiene en dicho mercado, provoca también que los consumidores sufran un perjuicio como consecuencia de la limitación de sus posibilidades de elección y, por tanto, de la perspectiva de una reducción, a más largo plazo, de los precios minoristas debido a la competencia ejercida por competidores al menos igual de eficientes que ella en el citado mercado.

El Tribunal no necesita acreditar que los precios mayoristas de los servicios de acceso al bucle local o de los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados fueran en sí mismos abusivos debido, según los casos, a su carácter excesivo o predatorio.

(véanse los apartados 172, 177 y 180 a 183)

9. Para evaluar si las prácticas tarifarias de una empresa dominante pueden eliminar a un competidor infringiendo el artículo 82 CE, hay que utilizar un criterio basado en los costes y la estrategia de la empresa dominante. A este respecto, una empresa dominante no puede eliminar del mercado a empresas que quizás sean tan eficientes como ellas, pero que, debido a su inferior capacidad económica, son incapaces de resistir la competencia que se les hace.

En una situación en la que el carácter abusivo de las prácticas tarifarias de una empresa dominante resulta de su efecto de expulsión de los competidores de ésta, procede fundamentar el análisis relativo al citado carácter abusivo únicamente por referencia a las tarifas y a los costes de la empresa dominante. En efecto, tal criterio permite comprobar si una empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones habría podido ella misma ofrecer sus servicios minoristas a los abonados sin pérdidas, si se le hubiera obligado previamente a pagar sus propios precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local. Este criterio es por consiguiente adecuado para determinar si las prácticas tarifarias de una empresa dominante provocan la expulsión de los competidores por la compresión de sus márgenes.

Dicho enfoque se justifica aún más, en tanto en cuanto se ajusta también al principio general de seguridad jurídica, dado que la toma en consideración de los costes de la empresa dominante permite a ésta, habida cuenta de la responsabilidad particular que le incumbe con arreglo al artículo 82 CE, apreciar la legalidad de sus propios comportamientos. En efecto, si bien una empresa dominante conoce sus propios costes y tarifas, no conoce en principio los de sus competidores.

Dichas afirmaciones no pueden refutarse por la circunstancia de que los competidores de la empresa dominante estén sometidos a condiciones jurídicas y materiales menos gravosas para prestar sus servicios de telecomunicaciones a los abonados. En efecto, tal circunstancia, aun suponiéndola acreditada, no afecta ni al hecho de que una empresa dominante, no puede llevar a cabo prácticas tarifarias que expulsen del mercado de referencia a competidores al menos igual de eficientes que ella, ni al hecho de que tal empresa deba, habida cuenta de su responsabilidad particular con arreglo al artículo 82 CE, poder determinar ella misma si sus prácticas tarifarias son conformes a dicha disposición.

(véanse los apartados 198 a 203)

10. Aun cuando desde el punto de vista del abonado, los servicios de acceso y de comunicaciones puedan efectivamente constituir un conjunto, la Comisión está legitimada para examinar la existencia de una compresión de márgenes únicamente a nivel de los servicios de acceso sin incluir los servicios de comunicaciones a la luz de los principios del reajuste tarifario y de la igualdad de oportunidades.

A este respecto, el Tribunal General no incurre en un error de Derecho al tener en cuenta el principio del reajuste tarifario, que se desprende de la normativa relativa al sector de las telecomunicaciones, para examinar la procedencia de la aplicación, por la Comisión, del artículo 82 CE a las prácticas tarifarias abusivas de una empresa dominante. En efecto, dado que la normativa relativa al sector de las telecomunicaciones define el marco jurídico aplicable a éste y que, de este modo, contribuye a determinar las condiciones de competencia en las que una empresa dominante ejerce sus actividades en los mercados de referencia, constituye un elemento pertinente para la aplicación del artículo 82 CE a los comportamientos adoptados por dicha empresa, ya sea para definir los mercados de referencia, para apreciar el carácter abusivo de tales comportamientos o incluso para fijar el importe de las multas.

Dicha consideración no se desvirtúa por el hecho de que el principio del reajuste tarifario únicamente se le aplique a la empresa dominante y no a sus competidores. Dado que el Tribunal, para determinar el carácter abusivo, a la luz del artículo 82 CE, de las prácticas tarifarias de la citada empresa dominante, se basó en la situación y los costes de ésta, de conformidad con el criterio del competidor igual de eficiente.

En consecuencia, al haber declarado el Tribunal General que el reajuste tarifario pretendido por la normativa de la Unión relativa al sector de las telecomunicaciones debía traducirse, en una bajada de las tarifas de las comunicaciones nacionales e internacionales y en un subida del abono mensual y del precio de las comunicaciones locales, de ello podía deducir legalmente, que la toma en consideración diferenciada de los precios minoristas por los servicios de acceso y de los precios minoristas por los servicios de comunicaciones para la determinación del carácter abusivo de las prácticas tarifarias de la empresa dominante se contiene en el principio del reajuste tarifario.

(véanse los apartados 221, y 223 a 226)

11. Un sistema de competencia no falseada, tan sólo será posible si se garantiza la igualdad de oportunidades entre los diferentes agentes económicos.

Ello implica que una empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones y sus competidores al menos igual de eficientes que ella se sitúen en pié de igualdad en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados. Esta condición no se cumple si los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local pagados a la empresa dominante sólo pueden repercutirse en sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados ofreciendo éstos incurriendo en pérdidas.

En efecto, dado que, por una parte, el mercado minorista por los servicios de acceso para abonados constituye un mercado distinto y que, por otra parte, los servicios de acceso al bucle local son indispensables para los competidores al menos igual de eficientes que ella misma para entrar a competir en dicho mercado con una empresa que, tiene en el mismo una posición dominante resultante ampliamente del monopolio legal del que disfrutaba antes de la liberalización del sector de las telecomunicaciones, el establecimiento de un sistema de competencia no falseada exige que dicha empresa dominante no pueda, mediante sus prácticas tarifarias en el referido mercado minorista, infligir, de entrada, a sus competidores al menos igual de eficientes que ella una desventaja competitiva en éste que pueda impedir o restringir su acceso a tal mercado o el desarrollo de sus actividades en éste.

Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, la eventual prestación por dichos competidores de otros servicios de telecomunicaciones a los abonados a través de la red fija de la empresa dominante exige además la adquisición de servicios mayoristas de acceso al bucle local a ésta, esta desventaja competitiva en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados se repercute necesariamente, en los mercados de esos otros servicios de telecomunicaciones. No obstante, esta última circunstancia no implica que los ingresos procedentes de esos otros servicios de telecomunicaciones deban tenerse en cuenta para examinar si los competidores al menos igual de eficientes que la empresa dominante se encuentran en una situación de desigualdad en las condiciones de competencia en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados. En efecto, esos otros servicios de telecomunicaciones están comprendidos en mercados distintos a este último mercado.

Por ello, procede observar que las prácticas tarifarias de la empresa dominante en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados colocan de entrada a sus competidores al menos igual de eficientes en una posición desigual en relación con ella misma en ese mismo mercado, lo que provoca una compresión de los márgenes de los citados competidores por lo que respecta a los servicios de acceso.

(véanse los apartados 230, 233 a 236 y 240)

12. Al prohibir la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, el artículo 82 CE tiene por objeto los comportamientos de una empresa en posición dominante que, tienen por efecto impedir, por medios distintos de los que rigen una normal competencia entre productos o servicios sobre la base de las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del grado de competencia que aún existe en el mercado o su desarrollo. De ello se deduce que la existencia de una práctica tarifaria de una empresa dominante que provoca la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella constituye una práctica abusiva en el sentido del artículo 82 CE, únicamente si se aporta la prueba de un efecto contrario a la competencia.

Respecto a las prácticas tarifarias de una empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones que provoquen la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella, el efecto contrario a la competencia que la Comisión está obligada a demostrar se refiere a los eventuales obstáculos que las citadas prácticas tarifarias hayan podido ocasionar en el desarrollo de la oferta en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados y, por tanto, en el grado de competencia en dicho mercado. Tal práctica es abusiva en el sentido del artículo 82 CE, dado que, provocando la expulsión de competidores de la empresa dominante al menos igual de eficientes que ella, la citada práctica puede dificultar o imposibilitar el acceso al mercado de referencia a dichos competidores y reforzar de ese modo su posición dominante en éste, en detrimento de los intereses de los consumidores.

Cuando una empresa dominante aplica una práctica tarifaria que provoca la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella y cuyo objeto es expulsar a éstos del mercado de referencia, la circunstancia de que el resultado buscado no se alcance, en definitiva, no descarta la calificación de abuso en el sentido del artículo 82 CE. No obstante, a falta del menor efecto sobre la situación competitiva de los competidores, una práctica tarifaria de este tipo no puede calificarse de práctica de expulsión cuando la entrada de éstos al mercado no se dificulta en absoluto por dicha práctica.

(véanse los apartados 251 a 254)

13. La Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta al método de cálculo de las multas. Este método, delimitado por las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del artículo 65 del Tratado CECA, contiene varios rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión ejerza su facultad de apreciación respetando las citadas disposiciones. Corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si el Tribunal General ha apreciado correctamente el ejercicio, por la Comisión, de dicha facultad de apreciación.

La gravedad de las infracciones al Derecho de la Unión relativo a la competencia debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de la empresa de que se trate, el papel desempeñado por ella en el establecimiento de la práctica en cuestión, el beneficio que ha podido obtener de dicha práctica, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Unión.

(véanse los apartados 271 a 274)

14. El hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política de la Unión relativa a la competencia. La aplicación eficaz de las normas de la Unión sobre la competencia exige, en efecto, que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política.

(véase el apartado 294)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 14 de octubre de 2010 ( )





Índice





I. Antecedentes del litigio

II. Procedimiento ante el Tribunal y sentencia recurrida

III. Pretensiones de las partes

IV. Sobre el recurso de casación

A. Sobre la admisibilidad

B. Sobre el fondo

1. Observaciones preliminares

2. Sobre el primer motivo, basado en errores de Derecho en relación con el tratamiento de la regulación de las actividades de la recurrente por la RegTP en su condición de autoridad reguladora nacional competente

a) Sobre la primera parte del primer motivo, relativa a la imputabilidad de la infracción

i) Sentencia recurrida

ii) Alegaciones de las partes

iii) Apreciación del Tribunal de Justicia

b) Sobre la segunda parte del primer motivo, relativa al principio de protección de la confianza legítima

i) Sentencia recurrida

ii) Alegaciones de las partes

iii) Apreciación del Tribunal de Justicia

c) Sobre la tercera parte del primer motivo, relativa al carácter deliberado o por negligencia de la infracción del artículo 82 CE

i) Sentencia recurrida

ii) Alegaciones de las partes

iii) Apreciación del Tribunal de Justicia

d) Conclusión sobre el primer motivo

3. Sobre el segundo motivo, basado en errores de Derecho en la aplicación del artículo 82 CE

a) Sentencia recurrida

b) Sobre la primera parte del segundo motivo, relativa a la pertinencia del criterio de la compresión de márgenes para establecer un abuso en el sentido del artículo 82 CE

i) Alegaciones de las partes

ii) Apreciación del Tribunal de Justicia

c) Sobre la segunda parte del segundo motivo, relativa al carácter adecuado del método de cálculo de la compresión de márgenes

i) Sobre la alegación basada en la aplicación errónea del criterio del competidor igual de eficiente

– Alegaciones de las partes

– Apreciación del Tribunal de Justicia

ii) Sobre la alegación basada en un error de Derecho en tanto los servicios de comunicaciones y los demás servicios de telecomunicaciones no fueron tenidos en cuenta para el cálculo de la compresión de márgenes

– Alegaciones de las partes

– Apreciación del Tribunal de Justicia

d) Sobre la tercera parte del segundo motivo, relativa a los efectos de la compresión de márgenes

i) Alegaciones de las partes

ii) Apreciación del Tribunal de Justicia

e) Conclusión sobre el segundo motivo

4. Sobre el tercer motivo, basado en errores de Derecho en el cálculo de las multas debido a la falta de toma en consideración de la regulación tarifaria

a) Sentencia recurrida

b) Alegaciones de las partes

i) Sobre la primera parte del tercer motivo, relativa al carácter grave de la infracción

– Alegaciones de las partes

– Apreciación del Tribunal de Justicia

ii) Sobre la segunda parte del tercer motivo, relativa a la falta de toma en consideración apropiada de la regulación tarifaria como circunstancia atenuante

– Alegaciones de las partes

– Apreciación del Tribunal de Justicia

iii) Sobre la tercera parte del tercer motivo, relativa a la imposición de una multa simbólica

– Alegaciones de las partes

– Apreciación del Tribunal de Justicia

c) Conclusión sobre el tercer motivo

Costas

«Recurso de casación – Competencia – Artículo 82 CE – Mercados de servicios de telecomunicaciones – Acceso a la red fija del operador histórico – Precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local prestados a los competidores – Precios minoristas por los servicios de acceso prestados a los abonados – Prácticas tarifarias de una empresa dominante – Compresión de márgenes de los competidores – Precios aprobados por la autoridad reguladora nacional – Margen de maniobra de la empresa dominante – Imputabilidad de la infracción – Concepto de “abuso” – Criterio del competidor igual de eficiente – Cálculo de la compresión de márgenes – Efectos del abuso – Importe de la multa»

En el asunto C‑280/08 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 23 de junio de 2008,

Deutsche Telekom AG, con domicilio social en Bonn (Alemania), representada por los Sres. U. Quack, S. Ohlhoff y M. Hutschneider, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Comisión Europea, representada por la Sra. K. Mojzesowicz, y los Sres. W. Mölls y O. Weber, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada en primera instancia,

Vodafone AG & Co. KG, anteriormente Arcor AG & Co. KG, con domicilio social en Eschborn (Alemania), representada por el Sr. M. Klusmann, Rechtsanwalt,

Versatel NRW GmbH, anteriormente Tropolys NRW GmbH, anteriormente CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice y TeleBeL Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, con domicilio social en Essen (Alemania),

EWE TEL GmbH, con domicilio social en Oldemburgo (Alemania),

HanseNet Telekommunikation GmbH, con domicilio social en Hamburgo (Alemania),

Versatel Nord GmbH, anteriormente Versatel Nord‑Deutschland GmbH, anteriormente KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, con domicilio social en Flensburgo (Alemania),

NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, con domicilio social en Colonia (Alemania),

Versatel Süd GmbH, anteriormente Versatel Süd‑Deutschland GmbH, anteriormente tesion Telekommunikation GmbH, con domicilio social en Stuttgart (Alemania),

Versatel West GmbH, anteriormente Versatel West‑Deutschland GmbH, anteriormente Versatel Deutschland GmbH & Co. KG, con domicilio social en Dortmund (Alemania),

representadas por el Sr. N. Nolte, Rechtsanwalt,

partes coadyuvantes en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de Sala, y los Sres. A. Arabadjiev, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh (Ponente) y la Sra. P. Lindh, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Mazák;

Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de noviembre de 2009;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de abril de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Deutsche Telekom AG solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 10 abril de 2008, Deutsche Telekom/Comisión (T‑271/03, Rec. p. II‑477; en lo sucesivo, sentencia recurrida»), mediante la cual éste desestimó su recurso de anulación de la Decisión 2003/707/CE de la Comisión, de 21 de mayo de 2003, en un procedimiento con arreglo al artículo 82 del Tratado CE (Asuntos COMP/C‑1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche Telekom AG), (DO L 263, p. 9; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).

I. Antecedentes del litigio

2 El Tribunal expuso los hechos que originaron el presente litigio de la siguiente manera en los apartados 1 a 24 de la sentencia recurrida:

«1 La demandante, Deutsche Telekom AG, es el operador de telecomunicaciones histórico en Alemania. […]

2 La demandante explota la red telefónica alemana. Antes de la liberalización total del mercado de las telecomunicaciones, ejercía un monopolio legal sobre la prestación de servicios de telecomunicación a los abonados a la red fija. La Telekommunikationsgesetz (Ley alemana de telecomunicaciones; en lo sucesivo, “TKG”), de 25 de julio de 1996 (BGBl. 1996 I, p. 1120), desde su entrada en vigor el 1 de agosto de 1996 liberalizó en Alemania el mercado de puesta a disposición de infraestructuras y el mercado de prestación de servicios de telecomunicación. Desde entonces, la demandante compite en estos dos mercados, en distintos grados, con otros operadores.

3 Cada una de las redes locales de la demandante contiene varios bucles locales hacia los abonados. La expresión “bucle local” designa al circuito físico que conecta el extremo de la red en las dependencias del abonado a la red de distribución principal o a cualquier otra instalación equivalente de la red pública de telefonía fija.

4 La demandante da acceso a sus bucles locales tanto a otros operadores de telecomunicaciones como a los abonados. Por lo que respecta a los servicios de acceso y a las tarifas de la demandante, procede distinguir entre los servicios de acceso a la red local prestados por la demandante a sus competidores (en lo sucesivo, “servicios mayoristas [de acceso al bucle local]”) y los servicios de acceso a la red local prestados por la demandante a [los] abonados (en lo sucesivo, “servicios de acceso para abonados”).

I. Servicios mayoristas [de acceso al bucle local]

5 La Resolución nº 223 a del Ministerio Federal de Correos y Telecomunicaciones […], de 28 de mayo de 1997, obligaba a la demandante, a partir de junio de 1997, a permitir a sus competidores un acceso completamente desagregado a los bucles locales.

6 La tarifa mayorista [por los servicios de acceso al bucle local] de la demandante está compuesta por dos elementos, a saber, un abono mensual, por una parte, y una cuota inicial, por otra parte. […]

7 De acuerdo con el artículo 25, apartado 1, de la TKG, la tarifa mayorista [por los servicios de acceso al bucle local] de la demandante debe ser previamente aprobada por la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Correos; en lo sucesivo, “RegTP”).

8 En este contexto, la RegTP verifica si las tarifas mayoristas propuestas por la demandante [por los servicios de acceso al bucle local] satisfacen los requisitos establecidos por el artículo 24 de la TKG. Así, según el artículo 24, apartado 1, de la TKG, las “tarifas deben establecerse en función de los costes de una prestación de servicios eficiente”. […]

[…]

II. Servicios de acceso [para] abonados

10 Por lo que respecta a los servicios de acceso para abonados, la demandante ofrece dos opciones básicas, a saber, la línea analógica tradicional […] y la línea digital de banda estrecha […] En ambos casos, el servicio de acceso puede prestarse a los abonados a través de la red histórica de par de cobre de la demandante (conexiones de banda estrecha). La demandante también ofrece a sus abonados conexiones de banda ancha ([…] ADSL), para las que tuvo que ampliar las líneas [de banda estrecha] existentes con objeto de poder ofrecer servicios de banda ancha, como el acceso rápido a Internet.

[…]

12 Los precios minoristas de la demandante [por los servicios de acceso para abonados] constan de dos componentes: un abono mensual, en función de la calidad de las líneas y de los servicios puestos a disposición, y una cuota inicial en concepto de activación o transferencia de una línea, […]

A. Tarifas de las líneas de abonados analógicas […] y digitales de banda estrecha […]

13 La tarifa de acceso a las líneas de abonados analógicas [y digitales de banda estrecha] está sujeta a un régimen de precios máximos. Según los artículos 27, apartado 1, segunda frase, y 25, apartado 1, de la TKG […], los precios minoristas por la conexión a la red de la demandante y por las llamadas telefónicas no se fijan de manera individualizada para cada servicio en función de los costes incurridos, sino para un conjunto de servicios mediante su agrupación en “cestas”.

14 […] La RegTP comenzó a aplicarlo el 1 de enero de 1998. Para ello, la RegTP creó dos cestas de servicios, la primera para clientes particulares y la segunda para clientes empresariales. Ambas cestas contenían tanto servicios de acceso para abonados […] como la oferta completa de la demandante en el ámbito de las llamadas telefónicas, es decir, llamadas locales, regionales, de larga distancia e internacionales.

[…]

17 La Resolución del [Ministerio Federal de Correos y Telecomunicaciones] de 17 de diciembre de 1997 obligó a la demandante a reducir en un 4,3 % el precio total de cada una de las dos cestas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 1999 (primer período de precios máximos). Al término de ese primer período, el 31 de diciembre de 1999, la RegTP, mediante Resolución de 23 de diciembre de 1999, mantuvo en líneas generales la composición de las cestas y redujo sus precios en un 5,6 % para el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2001 (segundo período de precios máximos).

18 Dentro de este marco vinculante de reducciones de precios, la demandante podía, previa autorización de la RegTP, modificar los precios de los distintos componentes de cada una de las cestas. […] Así, el sistema permitía aumentar los precios de uno o de varios componentes de una cesta, siempre y cuando no se superara el precio máximo de la cesta. […]

19 En los dos primeros períodos de precios máximos [del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2001], la demandante redujo los precios minoristas en las dos cestas más de lo que estaba obligada. Estas reducciones de las tarifas afectaban básicamente a los precios de las llamadas telefónicas. En cambio, la tarifa minorista por las líneas analógicas […] no varió en los dos períodos de precios máximos […]. Por lo que respecta a la tarifa minorista para las líneas [digitales de banda estrecha] durante este mismo período, la demandante redujo el precio del abono mensual […]

20 Desde el 1 de enero de 2002 está en vigor un nuevo régimen de precios máximos […] Este nuevo régimen sustituye las dos cestas originales, respectivamente para clientes particulares y empresariales, por cuatro cestas distintas que incluyen los siguientes servicios: líneas telefónicas (cesta A), llamadas locales (cesta B), llamadas nacionales de larga distancia (cesta C) y llamadas internacionales (cesta D).

21 El 15 de enero de 2002 la demandante comunicó a la RegTP su intención de incrementar el precio del abono mensual de las líneas analógicas y [digitales de banda estrecha] […] Este incremento fue autorizado por la RegTP […]

22 El 31 de octubre de 2002 la demandante solicitó una nueva subida de su tarifa minorista. La RegTP denegó parcialmente esta solicitud […]

B. Tarifas de las líneas ADSL […]

23 Las tarifas ADSL […] no están sujetas a régimen de precios máximos. De acuerdo con el artículo 30 de la TKG, estas tarifas pueden ser objeto de regulación a posteriori.

24 El 2 de febrero de 2001, tras recibir diversas denuncias procedentes de competidores de la demandante, la RegTP inició una investigación a posteriori sobre los precios del ADSL de la demandante con el fin de comprobar si generaban una venta a pérdida contraria a las normas de competencia alemanas. La RegTP archivó el procedimiento el [25] de enero de 2002, tras haber comprobado que la subida de las tarifas anunciada por la demandante el 15 de enero de 2002 no contenía indicio alguno de venta a pérdida.»

3 A raíz de las denuncias presentadas por empresas competidoras de la recurrente durante el año 1999, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó la Decisión controvertida en la que reprocha a la recurrente, en particular en los considerandos 57, 102, 103 y 107 de dicha Decisión, haber incurrido en un abuso en forma de «compresión de márgenes» («margin squeeze»; en lo sucesivo, «compresión de márgenes»), resultante de un diferencia inapropiada entre los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local y los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados.

4 Sobre dicha compresión de márgenes, el Tribunal, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, recuerda los términos de los considerandos 102 a 105 de la Decisión controvertida, que establecen lo siguiente:

«(102) Se habla de compresión de márgenes […] cuando el conjunto de las tarifas mensuales y fijas pagaderas a [la recurrente] en concepto de acceso mayorista [al bucle local] obliga a los competidores a facturar a sus clientes finales unos precios superiores a los que [la recurrente] cobra a sus propios clientes finales por los mismos servicios. Si las tarifas mayoristas [de acceso al bucle local] son superiores a las tarifas minoristas [por los servicios de acceso para abonados], los competidores de [la recurrente] en ningún caso pueden realizar beneficios, aunque sean igual de eficientes que [la recurrente], puesto que además de las tarifas mayoristas [de acceso al bucle local] tienen que soportar otros costes adicionales en concepto de marketing, facturación, cobro, etc.

(103) Al cobrar a sus competidores unas tarifas mayoristas por el acceso a los bucles locales superiores a las tarifas que factura a sus propios clientes finales por el acceso a la red local, [la recurrente] impide que aquéllos puedan ofrecer también servicios de acceso a través del bucle local, y no sólo llamadas telefónicas. […]

(104) [La recurrente] opina que, en el presente caso, la imputación de una fijación de precios abusiva en forma de compresión de márgenes está excluida por el mero hecho de que las tarifas mayoristas [de acceso al bucle local] las fija la RegTP de forma vinculante. […]

(105) Contrariamente a la opinión defendida por [la recurrente], el abuso consistente en la compresión de márgenes resulta pertinente en el presente asunto. En mercados conexos, en los que los competidores adquieren servicios mayoristas [de acceso al bucle local] del operador tradicional y dependen de tales servicios para poder competir en un mercado [minorista] de productos o servicios, es perfectamente posible que se produzca una compresión de márgenes entre las tarifas mayoristas reguladas [de los servicios de acceso al bucle local] y las tarifas minoristas [por los servicios de acceso para abonados]. Para probar la existencia de tal compresión, de entrada basta con que haya una relación inadecuada entre ambos niveles de tarifas que de lugar a una restricción de la competencia. […]»

5 A tenor del artículo 1 de la Decisión controvertida, la Comisión consideró que «la [recurrente] ha infringido desde 1998 la letra a) del artículo 82 del Tratado CE al aplicar a sus competidores y clientes finales unas tarifas mensuales y fijas no equitativas para el acceso a la red local, perjudicando con ello de manera considerable la competencia en el mercado del acceso a la red local».

6 A tenor del artículo 3 de la citada Decisión, la Comisión impuso a la recurrente una multa por un importe de 12,6 millones de euros por dicha infracción.

II. Procedimiento ante el Tribunal y sentencia recurrida

7 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 30 de julio de 2003 la recurrente interpuso un recurso solicitando con carácter principal, la anulación de la Decisión controvertida y, con carácter subsidiario, la reducción de la multa impuesta por ésta.

8 Para fundamentar su demanda de anulación de la Decisión controvertida, la recurrente formuló tres motivos basados en la infracción del artículo 82 CE, en desviación de poder y en la violación de los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y protección de la confianza legítima.

9 El motivo basado en la infracción del artículo 82 CE comprendía varias partes de las que tres son pertinentes en el marco del presente recurso de casación, a saber una primera se fundamenta en la inexistencia de comportamiento abusivo de la recurrente por razón de su margen de maniobra insuficiente para evitar la compresión de márgenes, una segunda se basa en la ilegalidad del método empleado por la Comisión para comprobar la compresión de márgenes y la cuarta se basa en la falta de efectos en el mercado de la compresión de márgenes.

10 El Tribunal desestimó todas estas partes, señalando, en particular, en el marco de dicho examen, en los apartados 150 y 242 de la sentencia recurrida, que la recurrente no se había opuesto, en su demanda, a la definición de los mercados de referencia utilizada en la Decisión controvertida, según la cual puede distinguirse, por una parte, un mercado mayorista por los servicios de acceso al bucle local y, por otra, un mercado minorista de acceso al bucle local, que comprende un mercado de acceso de banda estrecha y un mercado de acceso de banda ancha, mercados ambos de dimensión nacional.

11 Por lo que respecta a la primera parte de este motivo, el Tribunal concluyó, en los apartados 140 y 151 de la sentencia recurrida, que la Comisión había podido declarar legítimamente, en la Decisión controvertida, que la recurrente disponía de un margen de maniobra suficiente, durante el período de referencia, para reducir la compresión de márgenes denunciada en la citada Decisión modificando los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados.

12 En lo que atañe a la segunda parte del citado motivo, el Tribunal desestimó, en el apartado 168 de la sentencia recurrida, la alegación de la recurrente de que el carácter abusivo de la compresión de márgenes sólo podía provenir del carácter abusivo de sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados. Posteriormente, consideró en los apartados 193, 203 y 206 de dicha sentencia que la Comisión actuó acertadamente al basar su análisis sobre el carácter abusivo de las prácticas tarifarias de la recurrente únicamente por referencia, de conformidad con el criterio del competidor igual de eficiente en elementos de la situación específica de la demandante y, consiguientemente, en sus tarifas y costes, así como teniendo en cuenta únicamente los ingresos por los servicios de acceso excluyendo los ingresos por otros servicios, como las llamadas telefónicas, y comparando los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local con los precios minoristas por todos los servicios de acceso para abonados, a saber, el acceso de banda estrecha y el de banda ancha.

13 En lo que concierne a la cuarta parte del mismo motivo, el Tribunal señaló, en particular, en el apartado 237 de la sentencia recurrida, que la compresión de márgenes en cuestión obstaculizaría, en principio, el desarrollo de la competencia en los mercados minoristas de los servicios de acceso para abonados.

14 El Tribunal desestimó también el motivo basado en la desviación de poder y en la vulneración de los principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. En lo que atañe a la alegación según la cual la Comisión sometió las tarifas aplicadas por la recurrente a una doble regulación y vulneró así los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, el Tribunal indicó, en particular, en el apartado 265 de la sentencia recurrida:

«Aunque no puede descartarse que las autoridades alemanas también hayan infringido el Derecho comunitario –y, en particular, lo dispuesto por la Directiva [90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (DO L 192, p. 10)], en su versión modificada por la Directiva [96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996 (DO L 74, p. 13)]– al optar por un reajuste progresivo entre tarifas de conexiones y de llamadas telefónicas, dicha infracción, si se demostrase, no eliminaría el margen de maniobra del que la demandante ha dispuesto efectivamente para reducir la compresión de márgenes.»

15 Por otro lado, por lo que respecta a la alegación basada en la vulneración del principio de la confianza legítima, el Tribunal concluyó, en el apartado 269 de la sentencia recurrida, que las decisiones de la RegTP no podían crear tal confianza en la recurrente.

16 Por último, en cuanto a la alegación basada en la desviación de poder, el Tribunal declaró, en el apartado 271 de dicha sentencia:

«En la Decisión [controvertida] la Comisión sólo contempla las prácticas tarifarias de la demandante y no las Decisiones de las autoridades alemanas. Aun cuando la RegTp hubiese infringido una norma comunitaria y la Comisión hubiera podido incoar por ello un procedimiento por incumplimiento contra la República Federal de Alemania, ello no podría afectar en absoluto a la legalidad de la Decisión [controvertida]. En efecto, en esta Decisión la Comisión se limita a declarar que la demandante ha infringido el artículo 82 CE, disposición que no incumbe a los Estados miembros, sino únicamente a los agentes económicos. Por tanto, la Comisión no incurrió en desviación de poder al realizar esta declaración sobre la base del artículo 82 CE.»

17 Para fundamentar su solicitud de que se reduzca la multa impuesta la recurrente formuló seis motivos, entre ellos, en particular, el tercer motivo se basa en la inexistencia de negligencia o falta intencionada y el cuarto en no haber tenido en cuenta suficientemente la regulación tarifaria en el cálculo del importe de la multa y el sexto en no haber tenido en cuenta circunstancias atenuantes. El Tribunal desestimó estos tres motivos en los apartados 290 a 321 de la sentencia recurrida.

18 En consecuencia, el Tribunal desestimó la totalidad del recurso y condenó a la recurrente a cargar con sus propias costas así como con las de la Comisión.

III. Pretensiones de las partes

19 Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

– Anule la sentencia recurrida.

– Anule la Decisión controvertida.

– Con carácter subsidiario, reduzca, en virtud de su competencia de plena jurisdicción, el importe de la multa que se le impuso en el artículo 3 de la Decisión controvertida, y

– Condene en costas a la Comisión.

20 La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

21 Vodafone D2 GmbH, anteriormente Vodafone AG & Co. KG, anteriormente Arcor AG & Co. KG (en lo sucesivo, «Vodafone»), solicita al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad del recurso de casación o, al menos, que se desestime por infundado, así como que se condene en costas a la recurrente.

22 Versatel NRW GmbH, anteriormente Tropolys NRW GmbH, anteriormente CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice y TeleBeL Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord GmbH, anteriormente Versatel Nord‑Deutschland GmbH, anteriormente KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd GmbH, anteriormente Versatel Süd‑Deutschland GmbH, anteriormente tesion Telekommunikation GmbH, así como Versatel West GmbH, anteriormente Versatel West‑Deutschland GmbH, anteriormente Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, juntas, «Versatel»), solicitaron también, en la vista, la desestimación del recurso de casación, haciendo suyas las pretensiones de la Comisión y las de Vodafone.

IV. Sobre el recurso de casación

A. Sobre la admisibilidad

23 Vodafone y Versatel aducen, con carácter preliminar, la inadmisibilidad del recurso de casación en tanto se limita, en su primer motivo así como en las partes primera y segunda del segundo motivo, que pretenden, en esencia, impugnar las apreciaciones realizadas por el Tribunal General respecto a la aplicación del artículo 82 CE a las prácticas tarifarias controvertidas de la recurrente y al respeto de los principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, a reproducir las alegaciones invocadas por la recurrente durante el procedimiento en primera instancia con el único fin de obtener que el Tribunal de Justicia vuelva a examinar dichas alegaciones.

24 A este respecto, procede recordar que de los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, aunque no incluya ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de derecho de que adolezca la sentencia recurrida, se limite a reproducir los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal General. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal General, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, apartados 34 y 35, así como de 30 de septiembre de 2003, Eurocoton y otros/Consejo, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, apartados 46 y 47).

25 No obstante, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal General, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido (véase, en particular, la sentencia de 16 de mayo de 2002, ARAP y otros/Comisión, C‑321/99 P, Rec. p. I‑4287, apartado 49).

26 Pues bien, en el presente caso, el recurso de casación pretende precisamente, mediante sus motivos primero y segundo considerados en su conjunto, impugnar la posición adoptada por el Tribunal sobre varias cuestiones de Derecho que se le sometieron en primera instancia en relación con la aplicación del artículo 82 CE a las prácticas tarifarias en cuestión de la recurrente y con el respeto de determinados principios generales del Derecho de la Unión. Sobre este particular, incluye la indicación precisa de los aspectos de la sentencia recurrida que se critican así como los motivos y las alegaciones sobre los que se apoya el recurso.

27 De ello se deduce que no procede declarar la inadmisibilidad de los motivos primero y segundo del recurso de casación, considerados en su conjunto. No obstante, debe examinarse la admisibilidad de las alegaciones específicas formuladas en apoyo de dichos motivos del recurso de casación al apreciar cada uno de éstos.

B. Sobre el fondo

28 Para fundamentar su recurso de casación, la recurrente formula tres motivos, basados, respectivamente, en errores de Derecho relativos al tratamiento de la regulación de sus actividades por la RegTP como autoridad reguladora nacional competente, en errores de Derecho en la aplicación del artículo 82 CE y en errores de Derecho en el cálculo de las multas por no tomar en consideración la citada regulación.

29 Sobre este particular, es preciso recordar que, mediante la sentencia recurrida, el Tribunal desestimó en su totalidad el recurso interpuesto por la recurrente contra la Decisión controvertida declarando, en esencia, que la Comisión, como se desprendía de los apartados 3 a 6 de la presente sentencia, había impuesto acertadamente a la recurrente una multa por infracción del artículo 82 CE debido a la aplicación de una práctica tarifaria no equitativa que condujo a la compresión de márgenes, resultante de una relación inadecuada entre los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local y los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados, competidores al menos igual de eficientes que ella misma, que no les permitía competir de manera efectiva con ésta para la prestación de estos últimos servicios.

30 Mediante sus tres motivos, la recurrente pretende, respectivamente, impugnar en esencia las apreciaciones realizadas por el Tribunal en la sentencia recurrida relativas a:

– la imputabilidad de la infracción debido al margen de maniobra del que disponía para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados y la pertinencia de la regulación de los precios de los servicios de telecomunicaciones por las autoridades reguladoras nacionales para la aplicación del artículo 82 CE;

– el carácter adecuado, para declarar un abuso en el sentido del artículo 82 CE, del criterio de la compresión de márgenes en las circunstancias del caso de autos, habida cuenta de la regulación de los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local por las autoridades reguladoras nacionales, así como la legalidad del método de cálculo de dicha compresión y el análisis de sus efectos a la luz del mismo artículo, y

– el carácter justificado del importe de la multa, habida cuenta de la regulación del sector de las telecomunicaciones por las autoridades reguladoras nacionales.

31 En cambio, la recurrente no impugna en su principio que una práctica tarifaria adoptada por una empresa dominante que conduce a la compresión de los márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes se considere no equitativa a la luz del artículo 82 CE.

32 En efecto, la recurrente no reprocha al Tribunal que considerase que una empresa explota de manera abusiva su posición dominante en el sentido de dicha disposición cuando sus prácticas tarifarias, debido a una relación inadecuada entre sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local y sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados en los mercados en que tiene posición dominante, conduzcan a tal compresión. A este respecto, se limita a sostener, en su segundo motivo, que la compresión de márgenes no constituye, en el presente caso, un criterio pertinente para considerar que haya cometido una infracción al artículo 82 CE, dado que sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local son objeto de regulación por las autoridades reguladoras nacionales.

33 Por ello, procede examinar los motivos del recurso de casación según el orden en el que los ha presentado la recurrente, orden que se corresponde con el orden en que se presentaron y examinaron los motivos de primera instancia en la sentencia recurrida por el Tribunal.

1. Observaciones preliminares

34 Con el fin de examinar la procedencia de los motivos formulados por la recurrente contra dicha sentencia, procede, en primer lugar, subrayar que, según el artículo 113, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el recurso de casación no puede modificar el objeto del litigio ante el Tribunal General. La competencia del Tribunal de Justicia, en el marco del recurso de casación, está en efecto limitada a la apreciación de la solución jurídica que se haya dado a los motivos objeto de debate ante los jueces de primera instancia. Por tanto, una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General ya que ello equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros, C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, apartado 59; de 26 de octubre de 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Comisión, C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, apartado 96, así como de 12 de noviembre de 2009, SGL Carbon/Comisión, C‑564/08 P, apartado 22).

35 Tanto en su recurso de casación como en la vista, la recurrente ha alegado que no disponía de ningún margen de maniobra para determinar los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, dado que éstos los fijaba la autoridad reguladora nacional, a saber, la RegTP. Pues bien, la compresión de márgenes en cuestión se producía, en realidad por el nivel excesivo de dichos precios mayoristas tal como los fijó la RegTP. A fin de terminar con dicha compresión de márgenes, la Comisión habría debido, por consiguiente, adoptar una decisión con arreglo al artículo 82 CE respecto a la recurrente, interponer un recurso por incumplimiento de conformidad con el artículo 226 CE contra la República Federal de Alemania por infracción del Derecho de la Unión. Por otro lado, es erróneo considerar que los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local se fijan sobre la base de los costes de la recurrente. Dichos precios se determinan por la RegTP en función de los costes de una prestación eficaz, de conformidad con un modelo establecido por la autoridad reguladora nacional.

36 La Comisión y Versatel sostienen, en cambio, que los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local son imputables a la recurrente puesto que, según las disposiciones de la TKG, dichos precios se fijan por la RegTP sobre la base de una solicitud presentada por la recurrente en función de sus propios costes. Por tanto, esta última no puede quejarse del carácter excesivo de los citados precios. Como resulta de la Decisión controvertida, la recurrente, además, está legalmente obligada a presentar una nueva solicitud ante la RegTP con el fin de reducir los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local cuando dichos costes disminuyen.

37 A este respecto, Versatel indicó también, en la vista, que, desde 1997, la recurrente había intentado sistemáticamente perjudicar el buen desarrollo del procedimiento nacional de fijación de precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local retirando sus solicitudes de autorización y absteniéndose, a pesar de la obligación en este sentido prevista por el Derecho nacional, de aportar la menor prueba o documento relativo a los costes susceptibles de justificar dichos precios mayoristas.

38 Respecto a los puntos controvertidos entre las partes, debe observarse no obstante, en primer lugar, que la cuestión del margen de maniobra que tenía la recurrente para modificar sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local no se discutió ante el Tribunal, ya que éste adoptó la sentencia recurrida considerando el supuesto, no discutido ante él, de que la recurrente no disponía de tal margen de maniobra.

39 En efecto, en el apartado 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal observó que en la Decisión controvertida la Comisión –no excluye la posibilidad de la recurrente de reducir sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local–, sino que analiza únicamente si la recurrente tenía un margen real de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados.

40 Al no haberse impugnado ante él dicho enfoque, el Tribunal se limitó, por ello, en los apartados 85 a 152 de la sentencia recurrida, a examinar, a efectos de determinar si la compresión de márgenes declarada en la Decisión controvertida era imputable a la recurrente, si la Comisión había podido concluir, en la citada Decisión, que la recurrente disponía de un margen real de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados con el fin de eliminar o reducir dicha compresión de márgenes. El Tribunal concluyó, a este respecto, en los apartados 140 y 151 de la sentencia recurrida, que la Comisión había considerado legítimamente que disponía de tal margen de maniobra a pesar de la regulación por la RegTP de los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados.

41 Del mismo modo, antes de desestimar, en los apartados 183 a 213 de la sentencia recurrida, las alegaciones formuladas por la recurrente con el fin de impugnar el carácter abusivo y el método de cálculo de la compresión de los márgenes declarada en la Decisión controvertida, el Tribunal subrayó en el apartado 167 de dicha sentencia, que la Comisión únicamente había declarado que la recurrente disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados.

42 En estas circunstancias, no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del presente recurso de casación, examinar en qué medida la recurrente habría podido, en su caso, modificar, como sostienen la Comisión y Versatel, los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, dado que tal examen va más allá de los motivos que se han debatido en primera instancia. Todo motivo o alegación sobre este punto excede, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 34 de la presente sentencia, los límites del presente recurso de casación y debe, por tanto, declararse su inadmisibilidad.

43 Con el fin de apreciar la procedencia de las alegaciones invocadas por la recurrente para cuestionar la legalidad de la sentencia recurrida, en particular sus alegaciones dirigidas a impugnar la imputabilidad de la infracción a ésta así como el carácter abusivo de la compresión de márgenes comprobada en la Decisión controvertida, alegaciones que son objeto del primer y segundo motivos del recurso de casación, debe, por ello, basarse únicamente en el supuesto considerado por la citada sentencia según el cual la recurrente sólo disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados, margen de maniobra que, por lo demás, no se discute en el citado recurso de casación.

44 En segundo lugar, procede subrayar que el presente recurso de casación no puede, sin modificar el objeto del litigio ante el Tribunal, reprochar a dicho órgano jurisdiccional no haber censurado a la Comisión por no haber cuestionado el comportamiento de las autoridades reguladoras nacionales, en tanto éstas, al haber fijado el precio mayorista por los servicios de acceso al bucle local a un nivel excesivo, serían las únicas responsables de la compresión de márgenes comprobada en la Decisión controvertida.

45 Es cierto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, le corresponde a cada uno de los Estados miembros adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento por las autoridades reguladoras nacionales de las obligaciones que se les imponen de conformidad con el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 15 abril de 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, apartado 85). Por otro lado, los artículos 81 CE y 82 CE, en relación con el artículo 10 CE, obligan a los Estados miembros a no adoptar ni mantener en vigor medidas, ni siquiera legales o reglamentarias, que puedan anular el efecto útil de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas (véanse, en particular, las sentencias de 16 de noviembre de 1977, GB‑Inno‑BM, 13/77, Rec. p. 2115, apartado 31, y de 5 de octubre de 1995, Centro Servizi Spediporto, C‑96/94, Rec. p. I‑2883, apartado 20).

46 No obstante, respecto a la posibilidad de la Comisión de interponer un recurso por incumplimiento contra el Estado miembro de que se trata, dado que la sentencia recurrida objeto del presente recurso de casación se refiere únicamente a la legalidad de una Decisión adoptada por la Comisión con arreglo al artículo 82 CE respecto a la recurrente, el Tribunal de Justicia debe, en el marco del citado recurso de casación, limitarse a comprobar si las alegaciones formuladas en apoyo de éste muestran que el examen por el Tribunal General de la legalidad de tal Decisión adolece de errores de Derecho, y ello con independencia de si la Comisión hubiera podido, paralela o alternativamente, adoptar una Decisión de infracción del Derecho de la Unión frente al Estado miembro en cuestión.

47 Por ello, aunque, como el propio Tribunal ha declarado, en esencia, en los apartados 265 y 271 de la sentencia recurrida, no puede descartarse que las autoridades reguladoras nacionales hayan infringido, en el presente caso, el Derecho de la Unión y si, por consiguiente, la Comisión hubiera podido efectivamente elegir interponer a ese respecto un recurso por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE contra la República Federal de Alemania, tales eventualidades carecen de pertinencia en la fase del presente recurso de casación. Ello resulta aún más cierto habida cuenta de que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el sistema establecido por el artículo 226 CE, la Comisión dispone de una facultad discrecional para iniciar un recurso por incumplimiento y que no corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Unión determinar si el ejercicio de dicha facultad es o no oportuno (véase, en particular, la sentencia de 26 de junio de 2003, Comisión/Francia, C‑233/00, Rec. p. I‑6625, apartado 31).

48 En lo que concierne al supuesto carácter excesivo de los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, alegado por la recurrente, procede, por otro lado, observar que, en su demanda ante el Tribunal, ésta no pretendió cuestionar la legalidad de dichos precios a la luz del Derecho de la Unión. En efecto, la recurrente se limitó a alegar a este respecto, por una parte, que, si los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local se fijan por las autoridades reguladoras nacionales sin que pueda modificarlos, únicamente los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados pueden ser abusivos en el sentido del artículo 82 CE y, por otra parte, que, si la política tarifaria de dichas autoridades respecto a los citados servicios es contraria al Derecho de la Unión, incumbe a la Comisión interponer un recurso por incumplimiento contra éstas.

49 En consecuencia, el Tribunal de Justicia no puede, en el marco del presente recurso de casación, examinar las alegaciones que pretenden impugnar la legalidad de los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, en particular, debido a su carácter supuestamente excesivo en relación con los costes soportados por la recurrente para su prestación (véase, a este respecto, la sentencia de 24 abril de 2008, Arcor, C‑55/06, Rec. p. I‑2931, apartado 69). Dado que tales alegaciones van más allá de los motivos debatidos en primera instancia, debe declararse, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 34 de la presente sentencia, su inadmisibilidad en la fase del citado recurso de casación.

50 En tercer lugar, cabe observar que, en el recurso de primera instancia, la recurrente no impugnó, como señaló el Tribunal en los apartados 150 y 242 de la sentencia recurrida, la definición de los mercados de referencia utilizada por la Comisión en la Decisión controvertida, según la cual, por una parte, el mercado geográfico de referencia es el mercado alemán, y por otra parte, por lo que respecta a los mercados de servicios de referencia, el mercado mayorista de servicios de acceso al bucle local constituye un sólo mercado, distinto del mercado minorista de servicios de acceso para abonados, que incluye dos segmentos diferenciados, a saber, por una parte, el acceso a las líneas de banda estrecha y, por otra parte, el acceso a las líneas de banda ancha.

51 Del mismo modo, procede observar que la recurrente no cuestionó, en ningún momento, ante el Tribunal la afirmación de la Comisión en la Decisión controvertida según la cual tenía una posición dominante en el sentido del artículo 82 CE sobre la totalidad de estos mercados de servicios.

52 De ello se deduce que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 34 de la presente sentencia, ni la definición de los mercados de referencia utilizada por el Tribunal en la sentencia recurrida ni la afirmación de que la recurrente tenía una posición dominante en la totalidad de dichos mercados puede cuestionarse al examinar el presente recurso de casación.

53 En segundo lugar, procede recordar, más en concreto, en relación con la apreciación de las declaraciones sobre el estado del mercado y la situación de la competencia, que no incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento de casación, sustituir la valoración del Tribunal General por su propia apreciación. En efecto, con arreglo al artículo 225 CE y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación debe limitarse a las cuestiones de Derecho. La apreciación de los hechos no constituye, salvo en caso de una eventual desnaturalización de los hechos o los medios de prueba, que no ha sido alegada en el presente asunto, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (véase la sentencia de 15 de marzo de 2007, British Airways/Comisión, C‑95/04 P, Rec. p. I‑2331, apartado 78 y jurisprudencia citada).

54 Procede examinar los motivos formulados por la recurrente para fundamentar el presente recurso de casación a la luz de estas consideraciones.

2. Sobre el primer motivo, basado en errores de Derecho en relación con el tratamiento de la regulación de las actividades de la recurrente por la RegTP en su condición de autoridad reguladora nacional competente

55 El primer motivo invocado por la recurrente se subdivide en tres partes que se refieren, respectivamente, a la imputabilidad de la infracción, al principio de protección de la confianza legítima y al carácter deliberado o por negligencia de la infracción del artículo 82 CE.

a) Sobre la primera parte del primer motivo, relativa a la imputabilidad de la infracción

i) Sentencia recurrida

56 Por lo que respecta al margen de maniobra del que disponía la recurrente para evitar la compresión de márgenes, el Tribunal, tras haber recordado, en los apartados 85 a 89 de la sentencia recurrida, los principios establecidos por la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, examinó, en los apartados 97 a 152 de dicha sentencia, si el marco jurídico alemán, en particular, la TKG y las decisiones adoptadas por la RegTP durante el período al que se refiere la Decisión controvertida, eliminaba todas las posibilidades de comportamiento competitivo de la recurrente o si le dejaba margen de maniobra suficiente para fijar sus precios en un nivel que hubiera permitido eliminar o reducir la compresión de márgenes declarada en la Decisión controvertida.

57 En lo que concierne, en primer lugar, al período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, el Tribunal, tras haber señalado, en el apartado 100 de la citada sentencia, que, la recurrente podía modificar sus precios dentro del marco reglamentario aplicable, una vez obtenida la autorización previa de la RegTP, concluyó en el apartado 105 de la misma sentencia, que la Comisión declaró acertadamente que, habida cuenta de las seis solicitudes de reducción de precios de las llamadas telefónicas presentadas durante dicho período, la recurrente disponía, durante éste, de margen de maniobra para formular solicitudes de aumento de precios minoristas por sus servicios de acceso de banda estrecha para abonados, respetando el límite global de las cestas de servicios a particulares y a empresarios.

58 Posteriormente, el Tribunal examinó, en los apartados 106 a 124 de la sentencia recurrida, si, a pesar de dicho margen de maniobra, la intervención de la RegTP en la fijación de los precios minoristas de la recurrente por los servicios de acceso para abonados hizo que esta última dejara de estar sometida al artículo 82 CE. A este respecto, declaró, en el apartado 107 de la citada sentencia, que el hecho de que dichos precios minoristas deban ser aprobados por la RegTP no elimina la responsabilidad de la recurrente con arreglo al artículo 82 CE puesto que influye en el importe de sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados mediante solicitudes de autorización presentadas ante la RegTP.

59 El Tribunal desestimó a este respecto, en los apartados 108 a 124 de la sentencia recurrida, la alegación de la recurrente según la cual no tiene ninguna responsabilidad con arreglo al artículo 82 CE, dado que la RegTP efectúa un control ex ante de la compatibilidad de sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados con el artículo 82 CE.

60 En los apartados 109 a 114 de la citada sentencia, el Tribunal señaló que los precios minoristas por el acceso a las líneas analógicas se basaban en decisiones adoptadas, al amparo de la legislación vigente antes de la adopción de la TKG, por el Ministro Federal de Correos y Telecomunicaciones, que las disposiciones de la TKG no evidencian que la RegTP examine la compatibilidad de las solicitudes de modificación de los precios minoristas por los servicios de acceso de banda estrecha con el artículo 82 CE, que las autoridades reguladoras nacionales operan de acuerdo con el Derecho nacional, que éste puede proponerse objetivos que, inscritos en las políticas de telecomunicaciones, son distintos de los perseguidos por la política de competencia de la Unión y que las distintas resoluciones de la RegTP a las que se refiere la recurrente no contienen referencia alguna al artículo 82 CE.

61 En cuanto a la circunstancia de que, en varias resoluciones, la RegTP examinase la cuestión relativa a la existencia de una compresión de márgenes, el Tribunal observó, en los apartados 116 a 119 de la sentencia recurrida, que el hecho de que la RegTP, tras haber constatado la diferencia negativa entre los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local y los precios minoristas de la recurrente por los servicios de acceso para abonados, considerase, en cada ocasión, que el recurso a la subvención cruzada entre los precios por los servicios de acceso y los precios por los servicios de llamadas telefónicas debía permitir al resto de operadores ofrecer a sus abonados precios competitivos, demuestra que la RegTP no examinó la compatibilidad de los precios controvertidos con el artículo 82 CE o, como mínimo, que lo ha aplicado erróneamente.

62 El Tribunal subrayó, en el apartado 120 de la sentencia recurrida, que, en todo caso, aun suponiendo que la RegTP esté obligada a examinar la compatibilidad con el artículo 82 CE de los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados propuesta por la recurrente. La Comisión no puede estar vinculada por una resolución dictada por una autoridad nacional en aplicación de dicho artículo.

63 Por otro lado, el Tribunal señaló, en los apartados 121 a 123 de la sentencia recurrida, que, lo decisivo para que pueda imputarse a la recurrente una posible infracción es determinar si en el momento de los hechos disponía de un margen de maniobra suficiente para fijar sus precios minoristas por los servicios de acceso de banda estrecha para abonados a un nivel tal que le permitiera eliminar o reducir la compresión de márgenes denunciada. El Tribunal reiteró a este respecto que la recurrente podía influir en el importe de dichos precios minoristas presentando solicitudes de autorización ante la RegTP. Asimismo, observó que, en su sentencia de 10 de febrero de 2004, el Bundesgerichtshof había confirmado expresamente la responsabilidad que incumbía a la recurrente de formular tales solicitudes y el hecho de que el marco jurídico alemán no excluía que la RegTP autorizara precios que infringían el artículo 82 CE.

64 En consecuencia, el Tribunal concluyó, en el apartado 124 de la sentencia recurrida, que, a pesar de la intervención de la RegTP en la fijación de sus precios minoristas por los servicios de acceso de banda estrecha para abonados, la recurrente, disponía, en el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, de suficiente margen de maniobra para que su política de precios entre en el ámbito de aplicación del artículo 82 CE.

65 En segundo lugar, respecto al período a partir del 1 de enero de 2002, tras haber observado, en los apartados 144 y 145 de la sentencia recurrida, que la recurrente no niega que podría haber elevado sus precios minoristas por los servicios de acceso de banda ancha (ADSL) a partir de dicha fecha y que, dado que ella fija libremente éstos dentro de los límites establecidos por la legislación alemana, sus prácticas tarifarias en este ámbito pueden entrar en el ámbito del artículo 82 CE, el Tribunal examinó, en los apartados 147 a 151 de dicha sentencia, si la recurrente habría podido reducir la compresión de márgenes aumentando sus precios minoristas por los servicios de acceso de banda ancha. Los apartados 148 y 149 de la citada sentencia tienen la siguiente redacción:

«148 Procede señalar a este respecto que, dado que el servicio de acceso mayorista [al bucle local] permite prestar a los abonados el conjunto de servicios de acceso […], el margen de maniobra de que dispone la demandante para aumentar [sus precios minoristas por los servicios de acceso de banda ancha] puede reducir la compresión de márgenes entre los precios mayoristas, […] [de los servicios de acceso al bucle local], por una parte, y los precios minoristas para el conjunto de los servicios de acceso [para abonados], por otra parte. Es necesario llevar a cabo un análisis conjunto, en el nivel minorista, de los servicios de acceso […], no sólo porque en el nivel mayorista corresponden a una única prestación de servicios, sino también porque, tal como la Comisión explicó en la Decisión [controvertida] sin que la demandante lo haya desmentido, el ADSL no puede ofrecerse a los abonados de forma aislada, ya que siempre implica, por motivos técnicos, una ampliación de las líneas de banda estrecha [...]

149 Deben rechazarse las observaciones de la demandante sobre una supuesta elasticidad cruzada de precios entre el ADSL y las conexiones de banda estrecha, así como entre las distintas modalidades de ADSL. En efecto, por una parte, estas observaciones no excluyen que la demandante tenga un margen de maniobra para aumentar su tarifa ADSL. Por otra parte, un aumento limitado de la tarifa ADSL habría conducido a un mayor precio minorista para los servicios de acceso de banda estrecha y ancha conjuntamente y, de este modo, habría reducido la compresión de márgenes declarada. En efecto, debe considerarse que a la vista de las ventajas de la banda ancha para la transmisión de datos, los abonados a los servicios de acceso de banda ancha no optarían automáticamente por volver a una conexión de banda estrecha en caso de aumento del precio minorista del acceso ADSL.»

ii) Alegaciones de las partes

66 Por lo que respecta, en primer lugar, al período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, la recurrente aduce, mediante una primera alegación, que el Tribunal se basó erróneamente en la premisa de que la existencia de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados es un requisito necesario y suficiente de la imputabilidad de la infracción. En efecto, la existencia de tal margen de maniobra no permite responder a la cuestión de si el hecho de que la recurrente, no solicitase a la RegTP autorización para aumentar dichos precios minoristas constituye una falta.

67 Pues bien, según la recurrente, el Tribunal no tuvo en cuenta a este respecto la circunstancia de que la RegTP examinó la supuesta compresión de márgenes y consideró que no restringía la competencia. Cuando una empresa dominante está sometida a la regulación de una autoridad reguladora nacional creada a tal efecto en un marco jurídico orientado sobre la competencia y la autoridad reguladora nacional competente examina en el interior de dicho marco un comportamiento determinado, sin rechazarlo, la responsabilidad de preservar la estructura del mercado que incumbe a la empresa dominante se sustituye por la responsabilidad de la citada autoridad. En tal situación, la responsabilidad de la empresa dominante se limita a la obligación de transmitir a la autoridad reguladora nacional toda la información necesaria para el control de su comportamiento.

68 En estas condiciones, la recurrente sostiene que el apartado 113 de la sentencia recurrida es erróneo ya que la RegTP estaba obligada a respetar el Derecho de la Unión relativo a la competencia. De igual modo, el apartado 123 de dicha sentencia adolece de un error. En efecto, el Bundesgerichtshof no consideró que la responsabilidad que incumbe a la recurrente de formular solicitudes de modificación de sus tarifas implique que deba sustituir la apreciación de la autoridad reguladora nacional sobre la aplicación del artículo 82 CE por la suya. Por otro lado, el apartado 120 de la sentencia recurrida, según el cual debe imputársele la compresión de márgenes debido a que la Comisión no puede estar vinculada por una resolución adoptada por una autoridad nacional con arreglo al artículo 82 CE, no es convincente. En efecto, por una parte, la cuestión en el presente caso se refiere únicamente a la imputabilidad y no a si la apreciación de la RegTP vincula a la Comisión sobre el fondo. Por otra parte, las autoridades reguladoras nacionales tienen un papel autónomo en la creación de un régimen de competencia en el sector de las telecomunicaciones. Por último, el principio de seguridad jurídica exige que una empresa dominante que esté sometida a la regulación nacional pueda fiarse de la validez de la regulación.

69 Mediante una segunda alegación, la recurrente indica que las consideraciones que figuran en los apartados 111 a 119 de la sentencia recurrida carecen de pertinencia o adolecen de errores de Derecho. En efecto, el razonamiento del Tribunal lleva a un círculo vicioso ilegal al deducir del resultado diferente al que ha conducido que la recurrente no tenía Derecho a fiarse del resultado del examen efectuado por la RegTP. Por otro lado, el concepto de «subvención cruzada» utilizado por esta última no alimentó la menor duda sobre la validez de sus consideraciones. Además, a su juicio, los apartados 111 a 114 de dicha sentencia son erróneos en Derecho por los motivos ya indicados en el apartado 66 de la presente sentencia.

70 Mediante una tercera alegación, la recurrente sostiene que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal en los apartados 109 y 110 de la sentencia recurrida, el hecho de que sus precios minoristas por el acceso a las líneas analógicas se basasen en una autorización del Ministro Federal de Correos y Telecomunicaciones carece de pertinencia para el examen de la imputabilidad. El rechazo por la RegTP del reproche basado en una compresión de márgenes restrictiva de la competencia es, en cambio, determinante.

71 En lo que concierne, en segundo lugar, al período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 21 de mayo de 2003, la recurrente señala, mediante una primera alegación, que la sentencia recurrida es errónea dado que, al igual que por el período anterior, la compresión de márgenes no le es imputable.

72 Mediante una segunda alegación, la recurrente considera que la sentencia recurrida contiene una contradicción entre el examen de la imputabilidad de la infracción y el cálculo de la compresión de márgenes. En efecto, el Tribunal exige una «subvención cruzada» entre dos mercados, a saber el del acceso de banda estrecha, por una parte, y el del acceso de banda ancha, por otra, mientras que, en el marco del cálculo de la compresión de márgenes, el Tribunal no ha tenido en cuenta los ingresos que los competidores obtienen por los servicios de comunicaciones, en particular, porque no puede oponérseles la posibilidad de una «subvención cruzada» entre dos mercados, a saber el mercado de los servicios de acceso para abonados, por una parte, y el de los servicios de comunicaciones, por otra.

73 Mediante una tercera alegación, la recurrente señala que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al hacer suposiciones no fundadas sobre la posibilidad de reducción de la compresión de márgenes. La declaración, en el apartado 149 de la sentencia recurrida, de que la elasticidad cruzada de los precios no hace desaparecer el margen de maniobra de la recurrente para aumentar sus precios por el ADSL, aun cuando es cierta, carece de pertinencia. No obstante, el Tribunal no examinó la cuestión de si, y en qué medida, un abonado a una línea de banda estrecha renunciaría a pasar a una línea de banda ancha debido al aumento del precio de ésta.

74 La Comisión subraya el carácter erróneo de la tesis central de la recurrente según la cual, por una parte, la infracción no le resulta imputable ya que los hechos son responsabilidad de la autoridad reguladora nacional y, por otra, la Comisión no podía iniciar una acción directamente contra una empresa regulada en un caso que ya había sido objeto de una resolución de la RegTP. Por ello, la Comisión considera que deben desestimarse en su totalidad las alegaciones de la recurrente.

75 En cuanto a Vodafone, ésta sostiene que debe declararse la inadmisibilidad de la primera parte del primer motivo, dado que la recurrente se limita a reproducir la alegación que ya había invocado durante el procedimiento ante el Tribunal General con el único objetivo de conseguir que el Tribunal de Justicia vuelva a examinar dicha alegación. Con carácter subsidiario, considera que deben desestimarse por infundadas las alegaciones de la recurrente.

76 Versatel, en la vista, alegó también que el Tribunal General consideró acertadamente que la recurrente disponía de margen de maniobra suficiente para aumentar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados.

iii) Apreciación del Tribunal de Justicia

77 Con carácter preliminar, procede observar que, mediante la presente parte del primer motivo, la recurrente, si bien es cierto que reitera por lo esencial la alegación presentada ante el Tribunal General, reprocha en esencia a éste haber incurrido en un error de Derecho al utilizar un criterio jurídico erróneo por lo que respecta a la imputabilidad de la infracción con arreglo al artículo 82 CE. Contrariamente a lo que sostiene Vodafone, debe declararse, por tanto, la admisibilidad de dicha parte del primer motivo, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 25 de la presente sentencia.

78 En lo que atañe a la procedencia de la primera parte del primer motivo, es preciso señalar que la recurrente reprocha, en esencia, al Tribunal haber considerado que la compresión de márgenes declarada en la Decisión controvertida le resultaba imputable con arreglo al artículo 82 CE por la mera razón de que disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados. La totalidad de esta parte del primer motivo se basa a este respecto en la premisa según la cual tal margen de maniobra no es condición suficiente para la aplicación del artículo 82 CE cuando, como en el presente caso, la práctica tarifaria en cuestión fue aprobada por la autoridad reguladora nacional competente en materia de regulación del sector de las telecomunicaciones, a saber, la RegTP.

79 Pues bien, tal premisa es errónea.

80 En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, únicamente si una legislación nacional impone a las empresas un comportamiento contrario a la competencia o si crea un marco jurídico que limita por sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplican los artículos 81 CE y 82 CE. En tal situación, la restricción de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones, a comportamientos autónomos de las empresas. Por el contrario, cabe aplicar los artículos 81 CE y 82 CE si la legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una competencia que puede ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas (sentencia de 11 de noviembre de 1997, Comisión y Francia/Ladbroke Racing, C‑359/95 P y C‑379/95 P, Rec. p. I‑6265, apartados 33 y 34 así como jurisprudencia citada).

81 Por tanto, el Tribunal de Justicia sólo ha admitido con carácter restrictivo la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE, un determinado comportamiento contrario a la competencia porque la normativa nacional vigente lo exigía a las empresas implicadas o porque dicha normativa eliminaba cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por su parte (véanse las sentencias de 20 de marzo de 1985, Italia/Comisión, 41/83, Rec. p. 873, apartado 19; de 10 de diciembre de 1985, Stichting Sigarettenindustrie y otros/Comisión, 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 y 269/82, Rec. p. 3831, apartados 27 a 29, así como de 9 de septiembre de 2003, CIF, C‑198/01, Rec. p. I‑8055, apartado 67).

82 Así, el Tribunal de Justicia declaró que, si una ley nacional se limita a fomentar o a facilitar comportamientos autónomos de las empresas contrarios a la competencia, éstas siguen sometidas a los artículos 81 CE y 82 CE (sentencias de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados 36 a 73, así como CIF, antes citada, apartado 56).

83 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incumbe, en efecto, a las empresas dominantes una responsabilidad especial de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común (sentencia de 9 de noviembre de 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461 apartado 57).

84 De ello se deduce que el mero hecho de que se hubiese incitado a la recurrente, mediante las intervenciones de una autoridad reguladora nacional como la RegTP, a seguir aplicando sus prácticas tarifarias que conducen a la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes no puede, como tal, eliminar en absoluto su responsabilidad con arreglo al articulo 82 CE (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de enero de 1985, Clair, 123/83, Rec. p. 391, apartados 21 a 23).

85 Dado que, a pesar de tales intervenciones, la recurrente disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados, el Tribunal podía concluir acertadamente, por ese sólo motivo, que la compresión de márgenes en cuestión le resulta imputable.

86 Pues bien, en el presente caso, es preciso señalar que, mediante la alegación que formula en la primera parte del primer motivo, la recurrente no discute la existencia de tal margen de maniobra. En particular, la recurrente no discute las apreciaciones realizadas por el Tribunal, en los apartados 97 a 105 y 121 a 151 de la sentencia recurrida, según las cuales, en esencia, podría haber presentado solicitudes de autorización ante la RegTP con el fin de modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados, más en concreto, los precios minoristas por los servicios de acceso de banda estrecha, en lo que atañe al período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, y los precios minoristas por los servicios de acceso de banda ancha, por lo que respecta al período a partir del 1 de enero de 2002.

87 En cambio, la recurrente se limita, mediante sus diversas alegaciones, a poner de relieve el carácter incitativo de la intervención de la RegTP subrayando, en particular, por una parte, que la propia autoridad reguladora nacional examinó y aprobó la compresión de márgenes en cuestión a la luz a la vez del Derecho nacional y del Derecho de la Unión relativo a las telecomunicaciones así como del artículo 82 CE y, por otra parte, que el Bundesgerichtshof declaró, en una sentencia de 10 de febrero de 2004, que la recurrente no puede sustituir a la RegTP para apreciar si una práctica tarifaria es contraria al artículo 82 CE.

88 Por las razones expuestas en los apartados 80 a 85 de la presente sentencia, tales circunstancias, no obstante, no desvirtúan que dicha práctica tarifaria es imputable a la recurrente dado que consta que ésta disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados y, por tanto, tales circunstancias son inoperantes para impugnar las apreciaciones realizadas por el Tribunal sobre este punto.

89 En particular, la recurrente no puede reprochar a este respecto al Tribunal no haber examinado si había cometido una «falta» al no utilizar el margen de maniobra del que disponía para solicitar la autorización a la RegTP para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados. En efecto, el carácter «culposo»