Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 234 CE — Concepto

(Art. 234 CE)

2. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años — Directiva 89/48/CEE — Concepto de «título»

(Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 89/48/CE del Consejo)

3. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años — Directiva 89/48/CEE — Prueba de aptitud

(Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 89/48/CEE del Consejo)

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1. Para apreciar si el órgano remitente tiene carácter de órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE, cuestión que pertenece únicamente al Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta un conjunto de elementos, como el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia. A este respecto, la Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (comisión superior disciplinaria y de apelación de los abogados en Austria), de la que ha quedado acreditado que su jurisdicción es obligatoria, presenta todos los elementos necesarios para ser calificada de órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE.

(véanse los apartados 22 y 23)

2. Quien está en posesión de un título expedido en el Estado miembro de acogida que acredita haber concluido un ciclo de estudios universitarios de más de tres años de duración y de un título equivalente expedido en otro Estado miembro tras una formación complementaria de menos de tres años, que lo habilitan para acceder, en ese último Estado, a la profesión regulada de abogado que ejercía efectivamente en dicho Estado en el momento en que solicitó ser admitido a la prueba de aptitud, puede invocar las disposiciones de la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la Directiva 2001/19, con el objetivo de acceder, siempre que supere una prueba de aptitud, a la profesión regulada de abogado en el Estado miembro de acogida.

En efecto, tal persona es titular de un «título» en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48 modificada. En particular, el título adquirido en otro Estado miembro del que se valía el referido titular acredita la adquisición de una cualificación complementaria a la adquirida en el Estado miembro de acogida. Por lo tanto, si bien es cierto que un título que acredita cualificaciones profesionales no puede asimilarse a un «título», en el sentido de la Directiva 89/48 modificada si no existe una adquisición, total o parcial, de cualificaciones en el marco del sistema educativo del Estado miembro que lo expidió, no es ése el caso del título de que se trata. Además, el hecho de que dicho título no acredite que se ha cursado una formación profesional de tres años en el otro Estado miembro carece de pertinencia a este respecto puesto que el artículo 1, letra a), párrafo primero, de la referida Directiva no exige que el ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años o de una duración equivalente a tiempo parcial sea efectuado en un Estado miembro distinto del Estado miembro de acogida.

(véanse los apartados 32 a 36 y el punto 1 del fallo)

3. La Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la Directiva 2001/19, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida denieguen a quien está en posesión de un título expedido en el Estado miembro de acogida que acredita haber concluido un ciclo de estudios universitarios de más de tres años de duración y de un título equivalente expedido en otro Estado miembro tras una formación complementaria de menos de tres años, que lo habilitan para acceder, en ese último Estado, a la profesión regulada de abogado que ejercía efectivamente en dicho Estado, la admisión a la prueba de aptitud para el ejercicio de la profesión de abogado por no haber realizado el período de prácticas que exige la normativa de dicho Estado miembro.

(véanse los apartados 36 y 41 y el punto 2 del fallo)