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En estas circunstancias, el Spetsializiran Nakazatelen Sad (Tribunal Penal Especializado, Bulgaria) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Es compatible una ley nacional con la obligación de un Estado miembro de establecer una acción penal efectiva para los delitos cometidos por funcionarios de aduanas, cuando, con arreglo a dicha ley, debe clausurarse el proceso penal incoado contra unos funcionarios de aduanas por su participación en una organización criminal para la comisión de delitos de corrupción durante el desempeño de sus funciones (aceptación de sobornos a cambio de la no realización de un control aduanero), así como por sobornos concretos y por receptación de sobornos, sin que el tribunal haya examinado en cuanto al fondo los cargos que se les imputan, si se dan las siguientes condiciones: a) que hayan transcurrido dos años desde la imputación de los cargos; b) que [la persona acusada] haya presentado una solicitud para que se ponga fin a la fase preliminar [del proceso]; с) que el tribunal haya dado un plazo de tres meses al fiscal para que ponga fin a la fase preliminar; d) que el fiscal haya incurrido en ese plazo en “vicios sustanciales de forma” (en particular, la no divulgación en la forma debida de los cargos adicionales, la falta de comunicación de los datos de la investigación y la presentación de un escrito de acusación contradictorio); е) que el tribunal haya dado un nuevo plazo de un mes al fiscal para subsanar los “vicios sustanciales de forma”; f) que el fiscal no haya subsanado estos “vicios sustanciales de forma” en ese plazo, aunque los vicios cometidos en el primer plazo de tres meses y la no subsanación de estos en el plazo subsiguiente de un mes sean atribuibles tanto al fiscal (no subsanación de las contradicciones del escrito de acusación, falta de actuaciones reales durante la mayor parte de esos plazos) como a la defensa (incumplimiento del deber de cooperación en la divulgación de los cargos y de los datos de la investigación, a causa de una hospitalización, en el caso de [las personas acusadas], y de otros compromisos profesionales, en el caso de los abogados), y g) que haya nacido un derecho subjetivo para [la persona acusada] a que se clausure el proceso penal por no haberse subsanado los “vicios sustanciales de forma” en los plazos establecidos al efecto? 2) Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, ¿qué parte del régimen jurídico antes mencionado debe inaplicar el tribunal nacional para garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión: a) la clausura del proceso penal una vez expirado el plazo de un mes; b) la calificación de los vicios antes mencionados como “vicios sustanciales de forma”, o c) la protección del derecho subjetivo ya nacido que se menciona en la letra g) de la primera pregunta, si hay una posibilidad de que el vicio se subsane de un modo efectivo en la fase judicial [del proceso]? a) ¿La decisión de inaplicar una norma jurídica nacional destinada a clausurar el proceso penal debe supeditarse al requisito i) de que se conceda al fiscal, para subsanar los “vicios sustanciales de forma”, un plazo adicional de la misma duración que el plazo durante el cual el fiscal no pudo objetivamente proceder a la subsanación a causa de obstáculos atribuibles a la defensa; ii) de que, en el supuesto mencionado en el inciso i), el tribunal compruebe que tales obstáculos fueron el resultado de un “abuso de derecho”; iii) de que, si la respuesta a la segunda pregunta, letra a), inciso i), es negativa, el tribunal compruebe que el Derecho nacional ofrece garantías suficientes de que se pondrá fin a la fase preliminar [del proceso] en un plazo razonable? b) ¿Es compatible con el Derecho de la Unión la decisión de inaplicar la calificación prevista en el Derecho nacional de las deficiencias arriba citadas como “vicios sustanciales de forma”? En particular: i) ¿Se garantiza adecuadamente el derecho de la defensa a recibir información detallada sobre la acusación, reconocido en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2012/13: – si la información se entrega con posterioridad a que se presente de hecho a la consideración de un tribunal el escrito de acusación, pero antes de su examen por el tribunal, y si en una fase anterior a la presentación del escrito de acusación ante el tribunal se entregó a la defensa información completa sobre los elementos esenciales de la acusación (en el caso del [...] Sr. Milko Hristov); – en caso de la respuesta afirmativa a la segunda pregunta, letra b), inciso i), primer guion, si la información se entrega con posterioridad a que se presente efectivamente ante un tribunal el escrito de acusación, pero antes de su examen por el tribunal, y si en una fase previa anterior a la presentación del escrito de acusación ante el tribunal se entregó a la defensa información parcial sobre los elementos esenciales de la acusación, siendo atribuible lo incompleto de esa información a los obstáculos puestos por la defensa (en el caso de los [...] Sres. Kolev y Kostadinov); – si la información entregada es contradictoria respecto a la forma específica en que se pidió el soborno (primero se afirma que [otro acusado] solicitó expresamente el soborno y que el Sr. Hristov expresó su desagrado con una mueca cuando la persona a la que se estaba realizando el control aduanero ofreció una cantidad de dinero demasiado escasa. y a continuación se afirma que el Sr. Hristov solicitó un soborno literal y concretamente)? ii) ¿Se garantiza adecuadamente el derecho la defensa a obtener acceso a los materiales del expediente “a más tardar en el momento en que los motivos de la acusación se presenten a la consideración del tribunal”, como establece el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2012/13, si la defensa tuvo acceso a lo esencial de los materiales del expediente en una fase anterior y tuvo la oportunidad de acceder a esos materiales, pero no utilizó tal oportunidad a causa de diversos impedimentos (enfermedad, compromisos profesionales) y porque invocó una Ley nacional que dispone que la citación para el acceso a los materiales del expediente se producirá con al menos tres días de antelación? ¿Debe dársele otra oportunidad una vez que desaparezcan los impedimentos y citarla con al menos tres días de antelación? ¿Es necesario determinar si los impedimentos a que se hace referencia existieron objetivamente o si constituyen un abuso de derecho? iii) ¿El requisito legal establecido en el artículo 6, apartado 3, y en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2012/13 (“a más tardar en el momento en que el contenido de la acusación se presente a un tribunal”/“a más tardar en el momento en el que los motivos de la acusación se presenten a la consideración del tribunal”) tiene el mismo significado en ambas disposiciones? ¿Qué significa el requisito: antes de que se presente efectivamente el escrito de acusación ante el tribunal, o a más tardar en el momento en que se presente ante el tribunal, o incluso después de que se haya presentado ante el tribunal pero antes de que el tribunal haya adoptado medidas para examinar la acusación? iv) ¿El imperativo legal de ofrecer a la defensa información sobre la acusación y acceso a los materiales del expediente de forma que se garantice “el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa” y la “equidad del proceso”, con arreglo al artículo 6, apartado 1, y al artículo 7, apartados 2 y 3, de la Directiva 2012/13, tiene el mismo significado en ambas disposiciones? ¿Se respeta este imperativo: – si se ofrece a la defensa la información detallada sobre la acusación tras la presentación del escrito de acusación ante el tribunal pero antes de que se hayan tomado medidas para el examen de la acusación en cuanto al fondo y si se da suficiente tiempo a la defensa para prepararse, en el caso de que la información que se le dio con anterioridad sobre la acusación fuera incompleta y parcial; – si se concede a la defensa acceso a la totalidad de los materiales del expediente tras la presentación del escrito de acusación ante el tribunal pero antes de que se hayan tomado medidas para el examen de la acusación en cuanto al fondo y si se da suficiente tiempo a la defensa para prepararse, en el caso de que se le haya dado acceso con anterioridad a la mayoría de los materiales del expediente; – si el tribunal adopta medidas para garantizar a la defensa que todas las declaraciones que formule tras conocer la acusación detallada y la totalidad de los materiales del expediente tendrán el mismo efecto que si las hubiera realizado ante el fiscal antes de que se presentara el escrito de acusación ante el tribunal? v) ¿Se garantiza “la equidad del proceso” con arreglo al artículo 6, apartados 1 y 4, de la Directiva 2012/13 y “el ejercicio efectivo de los derechos de defensa” de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de esta Directiva si el tribunal decide abrir la fase judicial [del proceso] basándose en una acusación definitiva que contiene contradicciones respecto a la forma en que se solicitaron los sobornos, pero ofrece después al fiscal la oportunidad de eliminar esas contradicciones y permite a las partes el pleno ejercicio de los derechos que habrían tenido si el escrito de acusación se hubiera presentado ante el tribunal sin tales contradicciones? vi) ¿Se garantiza adecuadamente el derecho a la asistencia de letrado consagrado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2013/48 si, durante la fase preliminar [del proceso], se dio al abogado la oportunidad de comparecer para ser informado de los cargos provisionales y tener pleno acceso a la totalidad de los materiales del expediente, pero este no se personó debido a compromisos profesionales y porque invocó una Ley nacional que dispone que esa citación se producirá con al menos tres días de antelación? ¿Es necesario concederle un nuevo plazo de al menos tres días una vez que hayan desaparecido esos compromisos? ¿Es necesario determinar si la razón de la incomparecencia es válida o si se trata de un abuso de derecho? vii) ¿La violación del derecho a la asistencia de letrado, establecido en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2013/48, en la fase preliminar [del proceso] afecta al “ejercicio de los derechos de la defensa en la práctica y de manera efectiva” si, tras la presentación del escrito de acusación ante el tribunal, este concede al letrado pleno acceso a la acusación definitiva y detallada y a la totalidad de los materiales del expediente, y posteriormente adopta medidas para garantizar al abogado que todas las declaraciones que formule tras conocer la acusación detallada y la totalidad de los materiales del expediente tendrán el mismo efecto que si las hubiera realizado ante el fiscal antes de que se presentara el escrito de acusación ante el tribunal? c) ¿Es compatible con el Derecho de la Unión el derecho subjetivo de [la persona acusada] a que se clausure el proceso penal (cuando concurran las condiciones antes mencionadas), independientemente de que los efectos perjudiciales de la falta de subsanación de los “vicios sustanciales de forma” por parte del fiscal puedan corregirse completamente a través de medidas adoptadas por el tribunal en la fase judicial [del proceso], de modo que finalmente la situación jurídica de [la persona acusada] sea idéntica a la que habría existido si se hubieran subsanado a su debido tiempo esos vicios? 3) ¿Procede aplicar el régimen nacional más favorable en cuanto al derecho [de la persona acusada] a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable ,a su derecho a recibir información y a su derecho a la asistencia de letrado en el supuesto de que tales derechos, combinados con otras circunstancias (a saber, el procedimiento descrito en la pregunta 1), dieran lugar a la clausura del proceso penal? 4) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2013/48 en el sentido de que autoriza al tribunal nacional a excluir de la fase judicial [del proceso] a un letrado que ha representado a dos de [las personas acusadas], de las cuales [una] ha dado unas explicaciones sobre los hechos que perjudican a los intereses de la otra [...], y esta última no ha facilitado explicación alguna? En caso de responderse afirmativamente a esta pregunta, ¿garantizaría el derecho a la asistencia de letrado de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva el tribunal que, tras haber permitido participar en la fase judicial [del proceso] a un letrado que ha defendido a dos [personas acusadas] con intereses opuestos, designa nuevos abogados de oficio diferentes para representar a cada [una de esas personas]?»