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A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia responder del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Madrid: «1) Por lo que respecta al mercado de la venta de productos a terceros, las cláusulas de un contrato de agencia, incluida la relativa a la fijación del precio final de venta al público, que vinculan a un suministrador de combustibles y al titular de una estación de servicio, en virtud de las cuales este último asume únicamente una parte insignificante, a lo sumo, de los riesgos financieros y comerciales relativos a la venta de dichos productos, no constituyen acuerdos entre empresas en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), aunque dicho contrato contenga asimismo una cláusula de no competencia o de exclusividad por la cual el titular se compromete a proveerse en exclusiva del suministrador. Una cláusula de no competencia o de exclusividad, incluida en tal contrato, en virtud de la cual el titular se compromete a proveerse con carácter exclusivo del suministrador y que se refiere al mercado de los servicios de intermediación constituye un acuerdo entre empresas en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado. Igualmente, constituye un acuerdo entre empresas en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado un contrato de distribución celebrado entre un suministrador de combustibles y el titular de una estación de servicio cuando este titular asume, en una proporción no insignificante, uno o varios de los riesgos financieros y comerciales relativos a la venta de dichos combustibles a terceros. Con objeto de determinar la aplicabilidad del artículo 85, apartado 1, del Tratado, en el asunto principal, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, en relación con las cláusulas del contrato controvertido, el reparto efectivo de los riesgos financieros y comerciales entre el titular de la estación de servicio y el suministrador, teniendo en cuenta los riesgos asociados a la venta de los productos y los asociados a las inversiones específicas del mercado. En este contexto y sin perjuicio de que se cumplan los requisitos para la aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado, la obligación impuesta al titular de vender los combustibles a un precio fijado por el suministrador resulta incompatible con el artículo 85, apartado 1, letra a), del Tratado. 2) En el supuesto de un auténtico contrato de agencia comercial celebrado entre un suministrador de combustibles y el titular de una estación de servicio, la cláusula por la que este último se compromete a proveerse en exclusiva del suministrador puede acogerse a la exención por categoría prevista por el Reglamento (CEE) no 1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva, siempre que reúna los requisitos previstos por este Reglamento, en particular el relativo a la duración admisible de tal cláusula. En este contexto, la duración de diez años como máximo de dicha cláusula, a que se refiere el artículo 12, apartado 1, letra c), del Reglamento no 1984/83, se justifica si las ventajas financieras y comerciales concedidas por el suministrador son de tal importancia que, a falta de ellas, es altamente improbable que el titular hubiera podido acceder al mercado de los servicios de intermediación a cargo de la comercialización de combustibles. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si ello es así en el asunto principal, teniendo en cuenta, en particular, la duración efectiva de la cláusula de compra exclusiva estipulada por las partes del contrato controvertido, el importe de las inversiones realizadas por el suministrador y el titular, así como su amortización. 3) Las estipulaciones de un contrato de distribución celebrado entre un suministrador de combustibles y el titular de una estación de servicio por el que este último se compromete a proveerse con carácter exclusivo de dicho suministrador pueden acogerse a la exención por categoría prevista por el Reglamento no 1984/83. Los artículos 10 a 13 del Reglamento no 1984/83 deben interpretarse en el sentido de que tal contrato no está amparado por este Reglamento en la medida en que prevea la obligación, para dicho titular, de respetar el precio final de venta al público fijado por el suministrador. La adecuación con el artículo 85 del Tratado de una cláusula contractual relativa a la fijación, por parte del suministrador, del precio final de venta al público no tiene el efecto de suprimir retroactivamente la nulidad de las disposiciones del contrato que eran contrarias a este artículo antes de la fecha de esta adecuación. Dicha adecuación tampoco exime a tal contrato, para beneficiarse de la exención por categoría prevista por las disposiciones del Reglamento no 1984/83 o, posteriormente, por las del Reglamento (CE) no 2790/1999, de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, de cumplir los requisitos previstos en dichos Reglamentos, en particular el relativo a la duración admisible de la exclusividad de aprovisionamiento. 4) Las consecuencias de la nulidad de pleno derecho a que se refiere el artículo 85, apartado 2, del Tratado afectan a las cláusulas de un acuerdo que incurren en la prohibición establecida en el artículo 85, apartado 1, del Tratado, sin que sea aplicable una exención con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Tratado, a menos que los elementos prohibidos no sean separables de dicho acuerdo, en cuyo caso la nulidad afectaría al acuerdo en su totalidad. En el supuesto de que los elementos prohibidos sean separables de los demás elementos del acuerdo, el Derecho comunitario no regula las consecuencias de la nulidad de las cláusulas prohibidas sobre los demás elementos de dicho acuerdo.»