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1. Estados miembros ° Obligaciones ° Ejecución de las Directivas ° Incumplimiento ° Justificación ° Improcedencia

(Tratado CE, art. 169)

2. Actos de las Instituciones ° Directivas ° Derecho de los justiciables a invocar las Directivas cuando no se han adoptado medidas de aplicación adecuadas ° Efecto que no dispensa a los Estados miembros de su obligación de ejecutar las Directivas

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

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1. Un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una Directiva.

2. Del tercer párrafo del artículo 189 del Tratado se deduce que la ejecución de las Directivas comunitarias debe realizarse mediante la adopción por los Estados miembros de disposiciones de aplicación adecuadas. Sólo en circunstancias concretas, en particular en el caso de que un Estado miembro haya dejado de adoptar las disposiciones de ejecución requeridas o adoptado disposiciones no conformes con una Directiva, ha reconocido este Tribunal de Justicia a los justiciables el derecho de invocar en un proceso una Directiva frente al Estado miembro que la hubiere incumplido. Al derivar esta garantía mínima del carácter imperativo de la obligación impuesta a los Estados miembros por el efecto de las Directivas en virtud del párrafo tercero del artículo 189, no puede servir de justificación a un Estado miembro para eximirse de adoptar a su debido tiempo disposiciones de ejecución adecuadas al objeto de cada Directiva.
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1. Aproximación de las legislaciones ° Equipos terminales de telecomunicaciones ° Directiva 91/263 ° Ejecución por los Estados miembros ° Disposiciones nacionales que se limitan a reproducir pura y simplemente el texto de la Directiva 86/361, relativa a la primera etapa del reconocimiento mutuo de la homologación de los equipos terminales ° Insuficiencia

(Directivas del Consejo 86/361/CEE y 91/263/CEE)

2. Actos de las Instituciones ° Directivas ° Ejecución por los Estados miembros ° Insuficiencia de una práctica conforme con los imperativos de la Directiva ° Insuficiencia de un anteproyecto de Reglamento nacional

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

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1. Disposiciones nacionales que se limitan a reproducir pura y simplemente el texto de la Directiva 86/361, relativa a la primera etapa del reconocimiento mutuo de la homologación de los equipos terminales de telecomunicación, no bastan para adaptar el Derecho interno a la Directiva 91/263, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos terminales de telecomunicación, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad. Efectivamente, entre la Directiva 86/361 y la Directiva 91/263 existen diferencias evidentes que hacen que un Estado miembro no pueda afirmar que ha ejecutado la segunda por el mero hecho de haber adaptado su Derecho interno a la primera. Así entre otras, la Directiva 91/263 constituye, en relación con la Directiva 86/361, una etapa ulterior de pleno reconocimiento mutuo de la homologación de los equipos terminales, tiene una finalidad más amplia y un ámbito de aplicación también más amplio que los de la Directiva 86/361, establece tres requisitos que deben cumplir los equipos terminales y que no figuran en la lista de las exigencias esenciales mencionadas en la Directiva 86/361, e introduce un sistema de marcado CE para los equipos terminales que cumplan los requisitos establecidos en la Directiva, sistema que no se hallaba previsto en la Directiva 86/361.

2. La conformidad de una práctica con los imperativos de protección de una Directiva no puede constituir una razón para no adaptar el ordenamiento jurídico interno a dicha Directiva mediante disposiciones que puedan crear una situación suficientemente precisa, clara y transparente para permitir que los particulares conozcan sus derechos y obligaciones. De la misma forma, la existencia de un anteproyecto de Reglamento nacional no es suficiente para garantizar la adaptación del Derecho interno a una Directiva.
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1. Derecho comunitario ° Principios ° Igualdad de trato ° Discriminación por razón de la nacionalidad ° Concepto ° Medidas nacionales aplicables a cualquier persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro ° Exclusión ° Normativa nacional que supedita la personación como actor civil en un proceso penal al hecho de que la víctima otorgue un poder especial a su representante ° Procedencia

(Tratado CE, arts. 6, 52 y 59)

2. Derecho comunitario ° Principios ° Derechos fundamentales ° Observancia garantizada por el Tribunal de Justicia ° Compatibilidad con el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos de una normativa nacional que no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Derecho comunitario ° Apreciación por el Tribunal de Justicia ° Exclusión

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1. El artículo 6 del Tratado, considerado en relación con sus artículos 52 y 59, que establece el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una normativa de un Estado miembro obligue a la víctima de un delito, que quisiera personarse como actor civil en el marco de un proceso penal, a otorgar a su representante un poder especial, aun cuando el Derecho del Estado miembro cuya nacionalidad tiene la víctima no prevea tal formalidad.

2. Desde el momento en que una normativa nacional entre en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia, que conozca de un asunto planteado con carácter prejudicial, debe proporcionar todos los elementos de interpretación necesarios para la apreciación, por el órgano jurisdiccional nacional, de la conformidad de dicha normativa con los derechos fundamentales cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia tal como están expresados, en particular, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Por el contrario, carece de competencia en el caso de una normativa nacional que no esté comprendida dentro del ámbito de aplicación del Derecho comunitario.
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Libre circulación de personas ° Libertad de establecimiento ° Legislación fiscal ° Derecho de deducir del rendimiento imponible los beneficios afectados a la constitución de una reserva para la vejez ° Derecho denegado, por residir en el extranjero, a un nacional de un Estado miembro que ha hecho uso de la libertad de establecimiento ° Justificación ° Tributación de la futura pensión de vejez en otro Estado miembro con arreglo a un Convenio fiscal bilateral ° Improcedencia

(Tratado CE, art. 52)

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Una norma adoptada por un Estado miembro que permite a las personas residentes en dicho Estado deducir de los rendimientos imponibles los rendimientos derivados de la actividad empresarial afectados a la constitución de una reserva para la vejez, pero que deniega esta ventaja a los sujetos pasivos comunitarios que, aunque residan en otro Estado miembro, obtienen en el primer Estado la totalidad o la cuasitotalidad de sus rendimientos, no puede justificarse por el hecho de que las rentas periódicas que el sujeto pasivo no residente perciba posteriormente de la reserva para la vejez no se graven en dicho Estado, sino en el Estado de residencia, °con el que dicho Estado ha celebrado un Convenio fiscal bilateral para evitar la doble imposición°, aun cuando la generalización de la ventaja no permita garantizar, en el sistema tributario vigente en el primer Estado, una correspondencia estricta entre el carácter deducible de los importes destinados a la reserva para la vejez y el carácter imponible de los importes que se retiran de dicha reserva. Tal discriminación es, por tanto, contraria al artículo 52 del Tratado.
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Recurso por incumplimiento ° Objeto del litigio ° Delimitación durante el procedimiento administrativo previo ° Modificación después de la interposición del recurso ° Improcedencia

(Tratado CEE, art. 169)

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El objeto de un recurso interpuesto al amparo del artículo 169 del Tratado se delimita mediante el procedimiento administrativo previo regulado en esta disposición. En efecto, la posibilidad de que el Estado interesado presente sus observaciones constituye una garantía esencial deseada por el Tratado y un requisito sustancial de forma de la legalidad del proceso destinado a declarar un incumplimiento de un Estado miembro. Por consiguiente, el recurso no puede basarse en motivos de infracción distintos de los indicados en el dictamen motivado.

Por lo tanto, después de haber imputado a un Estado miembro, tanto durante el procedimiento administrativo previo como en el recurso, no haber adaptado su Derecho interno a una Directiva, la Comisión no puede imputarle, durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, después de haber recibido comunicación de la legislación nacional en vigor en el ámbito regulado por la Directiva, no haber llevado a cabo más que una adaptación incompleta y, por lo tanto, defectuosa, de su Derecho interno a dicha Directiva. En efecto, la apreciación de la fundamentación de la citada imputación requiere un examen detallado de dicha legislación nacional, que no puede realizarse por el Tribunal de Justicia dado que, durante el procedimiento administrativo previo, no se permitió al Estado miembro demandado pronunciarse acerca de la supuesta falta de adaptación de una legislación a la que no se hacía ninguna referencia.
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1. Recurso de anulación ° Actos susceptibles de recurso ° Concepto ° Actos que producen efectos jurídicos obligatorios ° Procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre la competencia ° Escrito de la Comisión comunicando el archivo de las actuaciones ° Admisibilidad del recurso del denunciante

(Tratado CEE, art. 173; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 2)

2. Recurso de anulación ° Actos susceptibles de recurso ° Decisión de archivo de una denuncia en el marco de la aplicación por la Comisión de las normas sobre la competencia ° Decisión desprovista de motivación ° Irrelevancia

(Tratado CEE, art. 173; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 2)

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1. Una Institución, que está dotada de la facultad de comprobar una infracción y de sancionarla y ante la que los particulares pueden presentar denuncias, adopta necesariamente un acto que produce efectos jurídicos cuando pone fin a la investigación que ha iniciado a consecuencia de estas denuncias. El acto de archivo de una denuncia no se puede calificar de preliminar o de preparatorio. En efecto, a diferencia de un pliego de cargos, que está destinado a proporcionar a las empresas interesadas la posibilidad de alegar su punto de vista y que no determina definitivamente la postura de la Comisión, el acto de archivo constituye la última fase del procedimiento administrativo: no va seguido de ningún otro acto que pueda dar lugar a un recurso de anulación. Un escrito de archivo sólo puede ser considerado como una definición de postura preliminar o preparatoria si la Comisión ha expresado claramente que su conclusión sólo es válida a reserva de observaciones complementarias de las partes.

2. Por lo que respecta a la admisibilidad de un recurso dirigido contra un escrito de archivo sobre una denuncia presentada en materia de normas sobre la competencia, poco importa que el escrito controvertido contenga o no una calificación de las maquinaciones referidas en la denuncia desde el punto de vista de uno de los artículos del Tratado. Esta cuestión sólo es pertinente para verificar, en el marco del examen de la cuestión de fondo, si se ha cumplido la obligación de motivación impuesta a la Comisión.
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1. Cuestiones prejudiciales ° Competencia del Tribunal de Justicia ° Obligación de pronunciarse ° Negativa a pronunciarse basada en el riesgo de que el Juez nacional cree un vacío jurídico en su Derecho nacional al sentar las conclusiones que se derivan del Derecho comunitario ° Exclusión

(Tratado CEE, art. 177)

2. Política social ° Trabajadores y trabajadoras ° Igualdad de retribución ° Disposición nacional que sólo prevé el pago de complementos por horas extraordinarias, tanto para los trabajadores a tiempo parcial como para los trabajadores a jornada completa, en caso de sobrepasar la jornada normal de trabajo prevista para los segundos ° Procedencia

(Tratado CEE, art. 119; Directiva 75/117 del Consejo, art. 1)

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1. Cuando las cuestiones que le plantea el órgano jurisdiccional nacional °que es quien se encuentra en mejor posición para apreciar si, teniendo en cuenta las particularidades del asunto que le ha sido sometido, la decisión prejudicial es necesaria para poder emitir su fallo° versan sobre la interpretación de una disposición de Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. En particular, el Tribunal de Justicia no puede negarse a proporcionar al Juez que planteó la cuestión prejudicial los elementos de Derecho comunitario que este último necesita so pretexto de que, a la vista de su respuesta, dicho Juez podría decidir la anulación de ciertas disposiciones nacionales, creando con ello un vacío jurídico en el ordenamiento jurídico interno.

2. El artículo 119 del Tratado y el artículo 1 de la Directiva 75/117, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos, no se oponen a que un Convenio Colectivo sólo prevea el pago de complementos por horas extraordinarias, tanto para los trabajadores a tiempo parcial como para los trabajadores a jornada completa, en caso de sobrepasar la jornada normal de trabajo que dicho Convenio establece, pero no en caso de sobrepasar la jornada pactada en los contratos de trabajo individuales

En efecto, las disposiciones de este tipo no crean una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a jornada completa, puesto que los trabajadores a tiempo parcial perciben, a igualdad de horas trabajadas, la misma retribución global que los trabajadores a jornada completa, y ello tanto si no se sobrepasa el límite de la jornada normal de trabajo fijada por los convenios colectivos como si las horas trabajadas sobrepasan dicho límite, dado que en este último supuesto los complementos salariales por horas extraordinarias se aplican a todas las categorías de trabajadores.
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Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Prohibición de importar o de comercializar un producto cosmético con la denominación "Clinique" - Improcedencia e incompatibilidad con la Directiva 76/768 - Justificación - Protección de los consumidores o de la salud pública - Inexistencia

(Tratado CEE, arts. 30 y 36; Directiva 76/768 del Consejo, art. 6, ap. 2)

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Los artículos 30 y 36 del Tratado y el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 76/768/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una disposición nacional prohíba importar y comercializar un producto clasificado y presentado como cosmético basando dicha prohibición en el motivo de que dicho producto lleva la denominación "Clinique".

En efecto, dicha prohibición no parece necesaria para satisfacer las exigencias de la protección de los consumidores o de la salud de las personas, sin que baste la connotación hospitalaria o médica del término "Clinique" para dar a dicha apelación un efecto engañoso que pueda justificar tal prohibición, dado que los productos de que se trata ni están a la venta en farmacias ni se presentan como medicamentos, su presentación no es, por otra parte, objeto de críticas desde el punto de vista de las normas establecidas para los productos cosméticos y, al parecer, el uso de dicha denominación para su comercialización en los demás países no induce a error a los consumidores.
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Agricultura ° Organización común de mercados ° Materias grasas ° Ayuda para las semillas oleaginosas ° Fijación anticipada ° Régimen de fianza ° Inobservancia del plazo de identificación de las semillas que fueron objeto de la solicitud de ayuda ° Pérdida de la fianza ° Principio de proporcionalidad ° Violación ° Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 1594/83 del Consejo, art. 5; Reglamento (CEE) nº 2681/83 de la Comisión, art. 23, ap. 2]

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La finalidad del artículo 5 del Reglamento nº 1594/83 y del apartado 2 del artículo 23 del Reglamento nº 2681/83, que prevén, en caso de fijación anticipada del importe de la ayuda a la transformación de semillas oleaginosas, la pérdida de la fianza constituida, cuando la identificación de las semillas en una almazara o en una empresa de fabricación de alimentos para animales no se solicita en el plazo concedido por el certificado de ayuda comunitaria, es luchar contra las operaciones especulativas de las empresas de transformación. Dichas disposiciones sirven para alcanzar esta finalidad, dado que, en caso de baja de los precios en el mercado mundial, la ayuda es más elevada que en el caso de fijación anticipada, situación que, si no hubiera ninguna sanción, podría incitar a los operadores afectados a dejar expirar el plazo, y renunciar de este modo a la fijación anticipada para obtener una ayuda más elevada.

Estas mismas disposiciones no van más allá de lo que es necesario para alcanzar la finalidad propuesta, porque un operador económico que, con propósito de especular, no haya procedido en el plazo reglamentario a la identificación de las semillas, no puede esperar conforme a Derecho que la sanción se limite a la reducción de la ayuda efectivamente concedida cuando, en contra de lo por él previsto, el precio haya aumentado en el mercado mundial en el momento de la identificación. En el caso de que la no identificación de las semillas en el plazo debido no fuera el resultado de una operación especulativa, dichas disposiciones evitan las dificultades administrativas y de valoración de las pruebas que supone un sistema fundado en el análisis del comportamiento de los interesados y ofrecen de este modo la doble ventaja de la simplicidad y de la eficacia. Además, la pérdida de la fianza, que sólo se produce cuando no concurre fuerza mayor, está lo bastante matizada, ya que es proporcional a la cantidad de semillas oleaginosas no identificadas. De ello se sigue que las disposiciones citadas no violan el principio de proporcionalidad.
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1. Competencia - Prácticas colusorias - Sistema de distribución selectiva - Procedencia - Distribución según modalidades diferentes en el exterior de la Comunidad - Falta de incidencia

(Tratado CEE, art. 85, aps. 1 y 2)

2. Competencia - Prácticas colusorias - Sistema de distribución selectiva - Procedencia - Limitación de la garantía del fabricante a los productos adquiridos a distribuidores autorizados - Procedencia

(Tratado CEE, art. 85)

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1. No contradice la inaplicabilidad de los apartados 1 y 2 del artículo 85 del Tratado a un sistema de distribución selectiva para la CEE de productos selectos (relojes de la categoría de precio superior y de lujo) el hecho de que, en los Estados que no pertenecen a la Comunidad Europea, cláusulas contractuales similares no prevean un sistema de distribución selectiva, o tan sólo prevean un sistema imperfecto de distribución selectiva, de forma que terceras personas ajenas a este sistema puedan adquirir allí libremente las mercancías que en la CEE están vinculadas a dicho sistema e importarlas libremente en el mercado común.

2. Siempre que un sistema de distribución selectiva se ajuste a los criterios de validez del artículo 85 del Tratado, tal como han sido precisados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, procede considerar asimismo válida la limitación de la garantía del fabricante a los productos objeto del contrato adquiridos en distribuidores autorizados.

En efecto, puesto que son lícitas las cláusulas contractuales por las cuales el fabricante se obliga a vender únicamente a través de distribuidores autorizados y por las cuales los propios comerciantes autorizados se comprometen a revender tan sólo a otros comerciantes autorizados o a los consumidores, no existe motivo alguno para someter a normas más estrictas el régimen de limitación contractual de la garantía a los productos vendidos a través de distribuidores autorizados, porque, a través de medios diferentes, se persigue siempre el mismo objetivo, a saber, impedir que quienes sean ajenos a la red se dediquen al comercio de los productos amparados por el sistema.
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Agricultura ° Organización común de mercados ° Azúcar ° Cuotas de producción ° Relaciones entre fabricantes de azúcar y productores de remolacha ° Ofertas de compra, por parte del fabricante, de las cantidades de remolacha destinadas a la fabricación de azúcar dentro de los límites de las cuotas A y B ° Criterios para el reparto entre los vendedores de las cantidades que deben suministrarse ° Competencia comunitaria ° Inactividad del legislador comunitario ° Aplicación del Derecho nacional ° Límites

[Reglamento (CEE) nº 1785/81 del Consejo]

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Dado que el legislador comunitario no ha ejercido todavía la competencia que le confiere el Reglamento nº 1785/81, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, para establecer las modalidades del reparto, entre los vendedores, de las cantidades de remolacha azucarera que el fabricante ofrezca comprar, antes de la siembra, para la fabricación de azúcar dentro de los límites de las cuotas A y B, dicho Reglamento no se opone a la aplicación al referido reparto del Derecho nacional, que exige la igualdad de trato tanto entre proveedores, a tenor del Derecho sobre prácticas colusorias, como entre accionistas de una sociedad anónima con prestaciones accesorias, a tenor del Derecho de sociedades. No obstante, aunque están facultados para aplicar su Derecho nacional, los Estados miembros no están dispensados del respeto de los principios y normas generales reguladores de la Política Agrícola Común.
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Agricultura ° Organización común de mercados ° Productos transformados a base de frutas y hortalizas ° Medidas de salvaguardia a la importación de griotes ° Compra a un intermediario no establecido en el país de origen ° Precio pagado al intermediario y precio de reventa inferiores al precio mínimo de importación ° Recaudación de un gravamen compensatorio ° Improcedencia

(Reglamento nº 1626/85 de la Comisión, modificado por el Reglamento nº 1712/85)

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El Reglamento nº 1626/85, relativo a las medidas de salvaguardia aplicables a las importaciones de determinados griotes, modificado en sus versiones alemana, griega, francesa, inglesa, italiana y neerlandesa por el Reglamento nº 1712/85, debe interpretarse en el sentido de que el gravamen compensatorio que él prevé, si no se respeta el precio mínimo de importación, no puede recaudarse en caso de que las mercancías hayan sido adquiridas por el importador a un intermediario que no está establecido en el país de origen de la mercancía, cuando consta que tanto el precio pagado por el importador al intermediario como el precio de reventa posteriormente practicado por dicho importador superan el precio mínimo. En tal caso, se logra, en efecto, el objetivo del Reglamento nº 1626/85, que consiste en proteger al mercado comunitario contra la salida de productos importados a precios anormalmente bajos.