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Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 1999. - República Italiana contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Procedimiento sobre medidas provisionales - Fondos estructurales - Financiación de las iniciativas comunitarias - Modificación de las distribuciones indicativas. - Asunto C-107/99 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-04011



Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - «Fumus boni iuris» - Perjuicio grave e irreparable - Ponderación de todos los intereses contrapuestos - Facultad de apreciación del Juez de medidas provisionales

[Tratado CE, arts. 185 y 186 (actualmente, arts. 242 CE y 243 CE); Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 83, ap. 2]
Palabras clave

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Palabras clave

Recurso por omisión - Requerimiento a la Institución - Requisitos - Petición explícita y precisa

[Tratado CE, art. 175, párr. 2 (actualmente art. 232 CE, párr. 2)]

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$$Sólo procede declarar la admisibilidad de un recurso por omisión si el demandante ha seguido debidamente el procedimiento administrativo previo, requiriendo a la Comisión para que actúe en el sentido del artículo 175, párrafo segundo, del Tratado (actualmente artículo 232 CE, párrafo segundo). Tal requerimiento, por una parte, debe ser suficientemente explícito y preciso para permitir a la Institución conocer de forma concreta el contenido de la Decisión que se solicita que adopte y, por otra parte, debe resaltar que pretende obligarla a que se pronuncie. No reúne estos requisitos un fax, enviado por el demandante a la Comisión, que no contiene ninguna indicación en este sentido y que no precisa en modo alguno que debe ser considerado como el acto preliminar de un procedimiento contencioso, sino que, por el contrario, se limita a solicitar a la Comisión determinados datos, tales como los números de teléfono y fax de los funcionarios y organismos encargados del asunto con los que el demandante, según sus propias indicaciones, pretende ponerse en contacto por sí mismo.
Auto del Tribunal de Justicia de 21 de abril de 1999. - Marc Charreire (C-28/98) y Jean Hirtsmann (C-29/98) contra Directeur des services fiscaux de la Moselle. - Petición de decisión prejudicial: Tribunal de grande instance de Thionville - Francia. - Peticiones de decisión prejudicial - Inadmisibilidad. - Asuntos acumulados C-28/98 y C-29/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-01963



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Palabras clave

Cuestiones prejudiciales - Admisibilidad - Petición que no proporciona ninguna precisión sobre el contexto fáctico y el régimen normativo y no expone las razones que justifican la remisión al Tribunal de Justicia

(Tratado CE, art. 177; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 20)

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La necesidad de ofrecer una interpretación del Derecho comunitario eficaz para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho sobre los que se basan tales cuestiones.

A este respecto, la información que proporcionan las resoluciones de remisión sirve no sólo para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que sea salvaguardada esta posibilidad, teniendo en cuenta que, con arreglo a la citada disposición, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión.

En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta de la petición de un Juez nacional que no contiene ninguna indicación dada por él que responda a las exigencias mencionadas ni en cuanto a la situación fáctica y jurídica de los asuntos que se le han sometido ni en cuanto a las razones por la que estima necesario plantear cuestiones al Tribunal de Justicia.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de marzo de 2000. - Sarrió SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Solicitud de reapertura de la fase escrita y de apertura de la fase oral. - Asunto C-291/98 P.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página I-01213



Palabras clave

Procedimiento - Recurso de casación - Parte que ha renunciado a presentar escrito de réplica - Decisión del Tribunal de Justicia de resolver sin fase oral - Solicitud de apertura de la fase oral o, con carácter subsidiario, de reapertura de la fase escrita - Desestimación

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 117, ap. 1, y 120)
Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de julio de 1998. - Spyridoula Celia Alexopoulou contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Intervención. - Asunto C-155/98 P-I.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-04935



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Palabras clave

1 Procedimiento - Intervención - Contencioso de la función pública - Intervención de un funcionario en el marco de un recurso de anulación interpuesto por otro funcionario - Admisibilidad - Requisitos

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 93 y 123]

2 Procedimiento - Intervención - Personas interesadas - Litigio que tiene un objeto similar a otro litigio pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia - No admisión de la intervención - Violación del derecho de defensa - Inexistencia

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 93 y 123]

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1 El concepto de interés en la solución del litigio, a los efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, debe entenderse, por lo que respecta a la demanda de intervención de un funcionario en el marco de un recurso de anulación interpuesto por otro funcionario, como un interés directo en el resultado de las pretensiones que se refieren específicamente al acto cuya anulación se solicita.

Por consiguiente, ha de admitirse la demanda de intervención de un funcionario en el marco de un recurso de anulación interpuesto por otro funcionario contra la decisión de clasificación relativa a este último funcionario.

2 Cuando quien solicita intervenir como coadyuvante es parte en un litigio pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, litigio que se ha suspendido a la espera de que el Tribunal de Justicia dicte una resolución definitiva en el procedimiento en el que ha solicitado intervenir como coadyuvante, el hecho de no admitir su intervención en este último asunto, en el que se cuestiona una situación o unas tesis análogas a las suyas, no constituye un menoscabo de su derecho de defensa.

En efecto, la resolución que dicte el Tribunal de Justicia en el litigio del que conoce no afectará a los derechos que quien ha solicitado intervenir como coadyuvante podrá alegar en el litigio en que es parte demandante y en cuyo marco podrá desarrollar los argumentos que considere útiles en apoyo de los motivos invocados en su recurso.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de abril de 1998. - Procedimento penal entablado contra Italia Testa y Mario Modesti, en que participa Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). - Petición de decisión prejudicial: Pretura circondariale di Roma - Italia. - Procedimiento prejudicial - Inadmisibilidad. - Asuntos acumulados C-128/97 y C-137/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-02181



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Palabras clave

Cuestiones prejudiciales - Admisibilidad - Cuestiones planteadas sin suficientes precisiones sobre el contexto fáctico y normativo - Cuestiones planteadas en un contexto que no permite dar una respuesta útil

[Tratado CE, art. 177; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 20]

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La necesidad de dar una interpretación del Derecho comunitario que sea útil para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho sobre los que se basan tales cuestiones.

A este respecto, la información proporcionada y las cuestiones planteadas en las resoluciones de remisión no sólo deben servir para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que sea salvaguardada esta posibilidad, teniendo en cuenta que, con arreglo a la citada disposición, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión.

En la medida en que no permite al Tribunal de Justicia dar una interpretación útil del Derecho comunitario, procede, en consecuencia, declarar la inadmisibilidad manifiesta de una petición de decisión prejudicial que no precisa suficientemente el marco normativo nacional en el que se insertan las cuestiones que plantea, ni indica las razones precisas que le llevan a cuestionarse la compatibilidad con el Derecho comunitario de determinadas disposiciones de Derecho nacional, ni las razones por las que considera que es necesaria una respuesta a sus cuestiones para la solución del litigio del que conoce.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de abril de 1999. - Deutsche Bahn AG contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de casación - Admisibilidad - Competencia - Transportes ferroviarios de contenedores marítimos - Posición dominante - Abuso - Multas. - Asunto C-436/97 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-02387



Palabras clave

Recurso de casación - Motivos - Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas - Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Tratado CE, art. 168 A; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)
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Palabras clave

Procedimiento - Reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia - Recurso de anulación - Recurso de los Estados miembros - Concepto - Recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia por una autoridad regional de un Estado miembro - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia - Remisión al Tribunal de Primera Instancia

[Tratado CE, art. 173; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 47, párr. 2; Decisiones del Consejo 88/591, 93/350 y 94/149]

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La competencia del Tribunal de Justicia, desde la entrada en vigor de la Decisión 94/149, está limitada únicamente a los recursos interpuestos por un Estado miembro o por una Institución comunitaria.

En este sentido, resulta claramente de la estructura general de los Tratados que el concepto de Estado miembro, a efectos de las disposiciones institucionales y, en particular, de las relativas a los recursos jurisdiccionales, únicamente va destinado a las autoridades gubernativas de los Estados miembros de las Comunidades Europeas y que no puede ampliarse a los Gobiernos de regiones o comunidades autónomas, sea cual fuere la amplitud de las competencias que les sean reconocidas. Admitir lo contrario equivaldría a conculcar el equilibrio institucional previsto por los Tratados, los cuales determinan en particular las condiciones en las que los Estados miembros, es decir, los Estados parte en los Tratados constitutivos y en los Tratados de adhesión, participan en el funcionamiento de las Instituciones comunitarias. Las Comunidades Europeas no pueden, en efecto, comprender un número de Estados miembros superior al de los Estados que las constituyen.

Por tanto, el Tribunal de Justicia es manifiestamente incompetente para conocer de un recurso de anulación interpuesto ante él con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, por una autoridad regional, que debe considerarse como una persona jurídica a efectos de esta disposición, y debe remitirlo al Tribunal de Primera Instancia con arreglo al párrafo segundo del artículo 47 de su Estatuto (CE).
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 de abril de 1998. - Reisebüro Binder GmbH. - Revisión de sentencia - Sentencia en asunto prejudicial - Inadmisibilidad manifiesta. - Asunto C-116/96 REV.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-01889



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Cuestiones prejudiciales - Planteamiento ante el Tribunal de Justicia - Apreciación por el Juez nacional - Demanda de revisión de una sentencia en asunto prejudicial formulada por las partes del litigio principal - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 177; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 41; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 98 a 100]

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El artículo 177 del Tratado instituye un procedimiento de cooperación directa entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, durante el cual a las partes interesadas sólo se las insta a presentar observaciones en el marco jurídico trazado por el órgano jurisdiccional remitente.

Dentro de los límites fijados por el artículo 177 del Tratado, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen competencia exclusiva para decidir sobre si someten, en su caso, un asunto al Tribunal de Justicia y sobre el objeto de la cuestión que promueven, y corresponde también exclusivamente a dichos órganos juzgar si estiman suficientemente esclarecida la cuestión mediante la decisión prejudicial dictada a su instancia o si les parece necesario plantear de nuevo el asunto al Tribunal de Justicia. Por tanto, las partes del procedimiento principal no pueden prevalerse del artículo 41 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia y de los artículos 98 a 100 del Reglamento de Procedimiento para solicitar la revisión de las sentencias dictadas en virtud del referido artículo 177. El Juez nacional destinatario de una sentencia de dicha naturaleza es el único que puede, en su caso, someter al Tribunal de Justicia nuevos elementos de apreciación que puedan conducir a responder de modo diferente a una cuestión ya planteada.
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Palabras clave

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Procedimiento sobre medidas provisionales ° Medidas provisionales ° Requisitos de concesión ° Urgencia ° Consideración de una falta de diligencia del demandante con anterioridad al inicio del procedimiento sobre medidas provisionales ° Ponderación del conjunto de intereses contrapuestos ° Seguridad pública ° Solicitud de suspensión de una decisión de adjudicación de un contrato público de suministro en fase de ejecución

(Tratado CEE, art. 186; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 83, ap. 2)

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La Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados, puede incoar un procedimiento sobre medidas provisionales paralelamente a un recurso por incumplimiento vinculado a un procedimiento impugnado de adjudicación de un contrato público. En efecto, el incumplimiento de una Directiva en este ámbito constituye un perjuicio grave para la legalidad comunitaria, y la declaración posterior de un incumplimiento, con frecuencia después de la ejecución del contrato, no podrá eliminar el perjuicio sufrido por el ordenamiento jurídico comunitario y por todos los licitadores cuyos derechos han resultado infringidos.

Dado que las Directivas sobre la materia dan preferencia, a nivel nacional, a los recursos anteriores a la celebración del contrato, la Comisión debe intervenir, a nivel comunitario, en la medida de lo posible antes de dicha celebración, o cuando menos informar rápida e inequívocamente al Estado miembro de que se trate de su opinión en torno a posibles infracciones de las normas aplicables al contrato de que se trata, así como de su intención de solicitar la suspensión del procedimiento de adjudicación o del contrato ya celebrado. Si después de ser informado de dicha manera el Estado miembro prosigue el procedimiento de adjudicación del contrato o la ejecución del propio contrato, lo hará por su cuenta y riesgo.

Al dejar que transcurran más de tres meses entre la recepción de una reclamación que deja constancia de la existencia de irregularidades en el procedimiento de adjudicación de un contrato y el momento en que informó al Estado miembro de su intención de obtener la suspensión del contrato, la Comisión no ha dado muestras de toda la diligencia que cabía esperar de una parte que ha interpuesto a continuación una demanda de medidas provisionales.

Por otra parte, si el Estado miembro de que se trata no puede, en principio, por lo que respecta al equilibrio de los intereses en juego, aludir al riesgo que representaría para los usuarios del servicio público un retraso en la ejecución del contrato, cuando ha sido él mismo quien ha creado tal situación por su no actuación, el Juez de medidas provisionales puede estimar, en determinadas circunstancias y cuando el riesgo invocado sea grave, que no debe contribuir también a la agravación de este último concediendo la medida solicitada.
1

Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de septiembre de 1991, Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki Etairia AE (asunto C-232/91) y Syllogos Kapnemporon Makedonias kai Thrakis (asunto C-233/91) solicitaron, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación del Reglamento (CEE) n° 2436/91 de la Comisión, de 7 de agosto de 1991, relativo a la puesta en licitación para la venta a la exportación de tabaco embalado en poder de los organismos de intervención alemán, griego e italiano (DO L 222, p. 23), y del anuncio de licitación n° 91/C/213/04 de la Comisión, de 15 de agosto de 1991, publicado de conformidad con el Reglamento n° 2436/91, antes citado (DO C 213, p. 5).
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Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de agosto de 1990, la Sra. Maria-Theresia Emrich, Abogada de Wiesbaden, interpuso un recurso que tenía por objeto, fundamentalmente, que se declarara, conforme al párrafo 3 del artículo 175 del Tratado CEE, que la Comisión, al no dirigir a la demandante una Decisión, se ha abstenido de velar, en contra de lo dispuesto en el artículo 155 del Tratado CEE, por que la demandante pudiera ejercer efectivamente su actividad de Abogada alemana ante todos los órganos jurisdiccionales alemanes, conforme a los artículos 59, 60, 63, 65, 7 y 8 del Tratado CEE y a la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los Abogados (DO L 78, p. 17; EE 06/01, p. 224), aplicando a favor de la demandante el principio de no discriminación.
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De los autos se deduce que este régimen prevé unas ayudas en forma de anticipos de fondos recuperables a un tipo de interés reducido que no pueden, salvo en caso de que se establezca una excepción especial, sobrepasar el 70 % del valor de un buque nuevo; en forma de garantía para los empréstitos suplementarios, concedidos por instituciones de crédito; y en forma de bonificación de la mitad del tipo de interés que grava estos empréstitos, bonificación que no puede superar el 3 °/o, y el conjunto de los anticipos y de los préstamos previstos no pueden superar el 85 % del precio del buque. La Decisión impugnada especifica que, según las informaciones suministradas a la Comisión por las autoridades belgas, los anticipos de fondos son concedidos a un tipo de interés del 4 al 5 °/o y deben reembolsarse en quince años con un período de carencia de dos años a partir de la entrega del buque.
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En septiembre de 1985, el Consejo europeo de la construcción electromecánica, en nombre de productores que representaban a prácticamente la totalidad de la producción comunitaria de congeladores, presentó, con arreglo al artículo 5 del Reglamento no 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la CEE (DO L 201, p. 1; EE 11/21, p. 3), una queja ante la Comisión, según la cual las importaciones de determinados congeladores originarios de diversos países del Este, principalmente de la Unión Soviética, eran objeto de prácticas de dumping y causaban un perjuicio a la industria comunitaria. Los productos a que se refiere la queja son los congeladores eléctricos de uso doméstico destinados a la congelación y a la conservación de productos alimenticios frescos, que figuran en la subpartida 84.15 C II del arancel aduanero común, correspondientes a los Códigos Nimexe 84.15-32, 84.15-41 y 84.15-46.
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En el primer supuesto, y siempre que las instalaciones se hayan enajenado a un comprador que las haya adquirido con el propósito de producir, se aplicaría el artículo 9, apartado 4, y tendría lugar la transferencia automática de las producciones y cantidades de referencia que dicho artículo prevé en caso de cambio de propiedad de las instalaciones. En cambio, en el segundo supuesto, la empresa que cierra sus puertas dispondría de su activo y tendría derecho a venderlo. Por tanto, en este caso no habría una transferencia automática de las producciones y cantidades de referencia. Estas, según el artículo 9, apartado 3, párrafo 2, de la Decisión no 234/84, serían anuladas a no ser que se aplicara el artículo 15, apartado 1, de esta misma Decisión. La aplicación de dicho artículo 15, apartado 1, con ocasión de una cesión de producciones y cantidades de referencia consiguientes al cierre de una empresa, no facultaría, sin embargo, a la Comisión, en contra de la opinión adoptada por ella en su Decisión de 13 de enero de 1986, para imponer a una sociedad la cesión de sus producciones y cantidades de referencia a una empresa determinada sin que la sociedad cedente haya dirigido a la Comisión una solicitud en tal sentido.
3)

El artículo 63, apartado 1, de la Directiva 2014/24 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un licitador sea excluido de un procedimiento de adjudicación de un contrato por no haber designado al subcontratista al que pretende encomendar la ejecución de obligaciones derivadas de normativas especiales aplicables a las actividades vinculadas al contrato de que se trate y no previstas en los pliegos de la contratación, cuando dicho licitador ha precisado en su oferta que ejecutaría esas obligaciones recurriendo a las capacidades de otra entidad con la que no está unido mediante acuerdo de subcontratación alguno.
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Este sistema de acumulación de períodos fue instaurado primero por el Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 1971, L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), y con posterioridad por el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1).
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Dicho esto, un consentimiento tácito no puede resultar de un mero silencio del titular de la marca. Tampoco puede derivarse del hecho de que el titular de la marca no haya comunicado su oposición a la comercialización en el EEE o no haya indicado en los productos una prohibición de comercialización en el EEE, ya que las exigencias aplicables en materia de prueba de la existencia de un consentimiento tácito no hacen distinción alguna de principio en función de que la comercialización inicial se realizara fuera del EEE o dentro de este (véanse, en ese sentido, las sentencias de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C‑414/99 a C‑416/99, EU:C:2001:617, apartados 55 y 56, y de 15 de octubre de 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, C‑324/08, EU:C:2009:633, apartado 28).