Dentro de los límites del artículo 63 del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia puede realizar un control total de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), si resulta necesario para averiguar si estas Salas han dado una calificación jurídica exacta a los hechos del litigio o para comprobar que la apreciación de los hechos expuestos a dichas Salas no adolece de error alguno. A este respecto, cuando una parte cuestiona la apreciación de la Sala de Recurso relativa al riesgo de confusión, en virtud del principio de interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y servicios cubiertos, el Tribunal de Primera Instancia es competente para examinar la valoración que dicha Sala de Recurso realizó de la similitud de los signos controvertidos. En efecto, cuando el Tribunal de Primera Instancia debe examinar la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina, no puede estar vinculado por una apreciación errónea de los hechos efectuada por esta Sala, ya que dicha apreciación forma parte de las conclusiones cuya legalidad se discute ante el referido Tribunal.

El carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por la marca anterior y la marca solicitada es suficiente para generar un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria.

Sin embargo, de los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, sin incluir siquiera una argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida, se limita a repetir o a reproducir textualmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia.

El objeto de un recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) en el sentido del artículo 63 del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria. Se deduce de esta disposición que los hechos no invocados por las partes ante los órganos de la Oficina no pueden invocarse tampoco en la fase del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia.

De la referida disposición se desprende también que el Tribunal de Primera Instancia no puede examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina se debe examinar en función de la información de que podía disponer dicha Sala de Recurso en el momento en que la adoptó.

A este respecto, se desprende de los artículos 61, apartado 2, y 76 del Reglamento no 40/94 que, a efectos del examen del fondo del recurso del que conoce, la Sala de Recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido y que podrá también decidir la práctica de diligencias de instrucción, entre las que figura la presentación de elementos de hecho o de prueba. El artículo 62, apartado 2, del Reglamento no 40/94 precisa, por su parte, que, si la Sala de Recurso devolviere el asunto para que le dé cumplimiento la instancia que dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la Sala de Recurso «en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos». Dichas disposiciones contemplan la posibilidad de que el sustrato fáctico vaya enriqueciéndose en las diversas fases del procedimiento ante la Oficina. En consecuencia, un recurrente no puede invocar que le faltaran posibilidades para aportar pruebas a la Oficina.

Además, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94 dispone que la Oficina puede no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo. Pues bien, las pruebas que nunca se han presentado a la Oficina son, en cualquier caso, extemporáneas y no pueden servir de criterio para la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso.

(véanse los apartados 136 a 141 y 143)