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El artículo 24 del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006 y (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 (DO 2009, L 30, p. 16), titulado «Normas de desarrollo de las reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad», dispone:

«1. Las normas de desarrollo de las reducciones y exclusiones a que se refiere el artículo 23 se establecerán con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 141, apartado 2. A este respecto, se tendrán en cuenta la gravedad, el alcance, la persistencia y la repetición del incumplimiento observado, así como los criterios mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

2. En caso de negligencia, el porcentaje de reducción no podrá exceder del 5 % o, si el incumplimiento se repite, del 15 %.

En casos debidamente justificados, los Estados miembros podrán decidir que no se apliquen reducciones cuando, atendiendo a su gravedad, alcance y persistencia, el incumplimiento se considere leve. No obstante, los casos de incumplimiento que entrañen riesgos directos para la salud pública o la sanidad animal no se considerarán leves.

A menos que el agricultor haya adoptado inmediatamente medidas correctoras que pongan fin al incumplimiento observado, la autoridad competente adoptará las medidas oportunas, que podrán limitarse, si procede, a un control administrativo, para garantizar que el agricultor ponga remedio al incumplimiento. Se notificarán al agricultor el incumplimiento leve observado y la obligación de tomar las medidas correctoras necesarias.

3. En caso de incumplimiento deliberado, el porcentaje de reducción no podrá en principio ser inferior al 20 % y podrá llegar a suponer la exclusión total de uno o varios regímenes de ayuda y aplicarse durante uno o varios años naturales.

4. En cualquier caso, el importe total de las reducciones y exclusiones, en relación con un mismo año natural, no podrá rebasar el importe total a que se refiere el artículo 23, apartado 1.»
11

Al resolver un recurso de apelación contra la resolución del Director de la Administración Tributaria, el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Voivodato de Varsovia, Polonia) señaló que las comprobaciones realizadas demostraban que una de las dos entidades ucranianas era una sociedad pantalla, que servía para ocultar al destinatario real y para cometer un fraude fiscal respecto de las autoridades fiscales tanto polacas como ucranianas, y que la otra entidad no era el operador económico que había adquirido los teléfonos de Unitel. Dicho órgano jurisdiccional consideró que no se había producido ninguna entrega de bienes, puesto que la Administración tributaria había acreditado que los adquirentes de los bienes mencionados en las facturas no habían tomado posesión de ellos, no habían dispuesto de ellos como propietarios y no ejercían ninguna actividad económica, de modo que las operaciones controvertidas no podían calificarse de «exportaciones de bienes» a efectos del artículo 2, punto 8, de la Ley del IVA. El referido órgano jurisdiccional declaró, además, que Unitel no había observado la diligencia debida al realizar estas operaciones. A este respecto, señaló, en particular, que esta empresa había emitido sus facturas basándose en datos presentados por entidades cuyos mandatos no eran válidos o que no tenían direcciones profesionales reales o documentos válidos que justificaran el tratamiento a efectos del IVA.
25

El órgano jurisdiccional remitente no comparte este criterio. Considera que un requerimiento dictado al amparo del artículo 410 del GPK no adquiere inmediatamente fuerza ejecutiva, puesto que frente a él puede formularse oposición con arreglo al artículo 414 del GPK. Por lo tanto, tal requerimiento no puede constituir un «documento público con fuerza ejecutiva» en el sentido del artículo 4, punto 10, del Reglamento n.o 655/2014. Según el órgano jurisdiccional remitente, esta falta de fuerza ejecutiva inmediata resulta asimismo del artículo 415, apartado 5, del GPK, a tenor del cual corresponde al acreedor demostrar que ha ejercitado su acción dentro del plazo señalado, so pena de anulación del requerimiento dictado. Así pues, en el caso de autos no existe una resolución dotada de fuerza ejecutiva que constituya un documento público con fuerza ejecutiva y en el que pueda basarse el órgano jurisdiccional remitente para dictar, en el marco del procedimiento de requerimiento de pago, una orden europea de retención de cuentas al amparo del artículo 618a, apartado 2, del GPK. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, solo podría adoptarse una resolución de ese tipo en el marco de un procedimiento distinto que verse sobre el fondo, con arreglo al artículo 618 a, apartado 3, del GPK
25

Basándose en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de octubre de 2009, Orchowski c. Polonia (CE:ECHR:2009:1022JUD001788504), de 19 de marzo de 2013, Blejuşcă c. Rumanía (CE:ECHR:2013:0319JUD000791010), y de 10 de junio de 2014, Mihai Laurenţiu Marin c. Rumanía (CE:ECHR:2014:0610JUD007985712), el Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo) procedió a una apreciación global de las condiciones de reclusión en Rumanía. A este respecto, constató que estas condiciones habían mejorado desde 2014, aunque una superficie de 2 m2 por persona no cumple las exigencias establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estimó no obstante que la insuficiencia del espacio de que disponen los reclusos quedaba ampliamente compensada por las demás condiciones de reclusión. Además, dicho tribunal indicó que Rumanía había establecido un mecanismo de control eficaz de las condiciones de reclusión.
3

A tenor del artículo 1, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35): «La presente Directiva establece: a) las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia».
17

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente también observa que la Directiva 2014/24 no establece ningún límite cuantitativo a la subcontratación, al igual que la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO 2004, L 134, p. 1), y que la Directiva 2004/18. Según el órgano jurisdiccional remitente, el hecho de establecer para la subcontratación un límite general del 30 % con respecto al importe total del contrato puede dificultar a las empresas el acceso a los contratos públicos, en particular a las pequeñas y medianas empresas, con lo que se obstaculiza el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios. Dicho límite se fija de manera abstracta como un porcentaje determinado del contrato, al margen de la posibilidad de verificar la capacidad de los posibles subcontratistas y sin mención alguna sobre el carácter esencial de los trabajos de que se trata.
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Por otra parte, el acuerdo alcanzado en el marco del litigio principal no se pronuncia sobre la culpabilidad de las cinco personas acusadas. A este respecto, debe destacarse que el mero hecho de que este acuerdo se pronuncie acerca de la culpabilidad de MH no permite excluir la calificación de la resolución como una resolución «que no sea de condena» respecto de las cinco personas acusadas. En efecto, tal como señaló el órgano jurisdiccional remitente, el mismo acuerdo puede constituir una resolución en cuanto al fondo respecto de la persona que lo celebra y que, en consecuencia, puede figurar en el mismo como culpable, pero no respecto de las demás personas acusadas que no han celebrado un acuerdo. Una interpretación diferente del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/343 tendría como consecuencia que las cinco personas acusadas no disfrutaran de las garantías reconocidas en esta disposición. Esa interpretación sería contraria al objeto de la Directiva, tal como se recoge en su considerando 9 y que consiste en reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo.
10

Ante la negativa de České aerolinie a abonarles la compensación prevista en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 261/2004, los pasajeros de que se trata presentaron ante el juez checo competente en primera instancia una demanda dirigida contra ese transportista. Dicho órgano jurisdiccional estimó su pretensión de compensación al considerar, entre otras cosas, que, aunque no había efectuado el vuelo que tuvo el gran retraso, České aerolinie podía ser obligado a abonar dicha compensación en aplicación del artículo 3, apartado 5, última frase, del Reglamento n.o 261/2004.
6

La Lovbekendtgørelse om merværdiafgift (Ley del impuesto sobre el valor añadido), en su versión modificada por la Ley n.o 520, de 12 de junio de 2009, que fue codificada con el n.o 760 el 21 de junio de 2016 (en lo sucesivo, «Ley del IVA»), establece, en su artículo 13, apartado 1, punto 9, lo siguiente: «1. Los siguientes bienes y servicios estarán exentos del impuesto: […] 9) la entrega de bienes inmuebles. No obstante, quedan excluidas de la exención: a) la entrega de un edificio nuevo o de un edificio nuevo junto con el terreno en que se levanta; b) la entrega de un terreno edificable, urbanizado o no, y, en particular, la entrega de un terreno edificado.»
48

Ciertamente, en la medida en que el Reglamento n.o 1788/2003 tiene por objeto, según su considerando 2, reorganizar y clarificar las normas establecidas en el Reglamento n.o 3950/92, puede ser tomado en consideración al interpretar este último Reglamento. Por lo demás, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 10, apartado 3, del Reglamento n.o 1788/2003 seguía la misma lógica que el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 3950/92 y que no parecía que la posibilidad de los Estados miembros de reasignar las cantidades de referencia no utilizadas al final de un período, prevista en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento n.o 1788/2003, fuera una innovación en relación con el régimen anterior, ni que el legislador aportara a este una modificación notoria sobre este particular (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de mayo de 2011, Kurt und Thomas Etling y otros, C‑230/09 y C‑231/09, EU:C:2011:271, apartados 61 a 63).
3

La parte A del anexo 1 del Reglamento (CEE) n.o 2598/70 de la Comisión, de 18 de diciembre de 1970, relativo a la determinación del contenido de las diferentes partidas de los esquemas de contabilización del anexo I del Reglamento (CEE) n.o 1108/70 del Consejo, de 4 de junio de 1970 (DO 1970, L 278, p. 1; EE 07/01, p. 161), establecía: «La infraestructura ferroviaria se compone de los elementos siguientes, siempre que formen parte de las vías principales y de las vías de servicio, con excepción de las que están situadas en el interior de los talleres de reparación del material o de los depósitos o garajes de máquinas de tracción, así como de los ramales de desviación para particulares: […] – […] andenes de viajeros y de mercancías; […]».
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El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, no obstante, si la protección prevista en el artículo 22, apartado 2, de la Ley de Género no es más restrictiva que la establecida en el artículo 24 de la Directiva 2006/54, dado que, en su opinión, esa protección no debe circunscribirse a los testigos oficiales, sino que debe también extenderse a las personas que defienden o apoyan a la persona que ha presentado una reclamación por discriminación por razón de sexo.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), y del artículo 4, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6).
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El artículo 3 del décret no 2000-815, du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature (Decreto n.o 2000-815, de 25 de agosto de 2000, relativo a la ordenación y la reducción del tiempo de trabajo en la función pública del Estado y en la función judicial) (JORF de 29 de agosto de 2000, p. 13301), en su versión modificada por el décret no 2011-184, du 15 février 2011 (Decreto n.o 2011-184, de 15 de febrero de 2011) (JORF de 17 de febrero de 2011, p. 2963), dispone: «I. La organización del trabajo respetará las garantías mínimas que se enumeran a continuación. La duración efectiva del tiempo de trabajo semanal, incluidas las horas extraordinarias, no podrá exceder de 48 horas en el transcurso de una misma semana, ni de un promedio de 44 horas a lo largo de un período de doce semanas consecutivas, y el descanso semanal, que en principio comprenderá el domingo, no podrá ser inferior a treinta y cinco horas. […] II. Solo podrán establecerse excepciones a las normas establecidas en el apartado I en los casos y condiciones siguientes: a) Cuando el propio objeto del servicio público de que se trate exija una presencia continua, especialmente para proteger a las personas y los bienes, mediante Decreto del Conseil d’État [(Consejo de Estado actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia)], previo dictamen del Comité de Higiene y de Seguridad, en su caso, del Comité técnico ministerial y del Consejo Superior de la Función Pública, que determina las contrapartidas concedidas a las categorías de agentes afectados; […]»
6

Con arreglo al artículo 4 del mismo Reglamento, titulado «Registro y autorización de los establecimientos»: «1. Los operadores de empresa alimentaria pondrán en el mercado productos de origen animal fabricados en la Comunidad únicamente si han sido elaborados y manipulados exclusivamente en establecimientos que: a) cumplan los requisitos pertinentes del Reglamento (CE) n.o 852/2004, de los Anexos II y III del presente Reglamento y otros requisitos pertinentes de la legislación alimentaria, b) hayan sido registrados por la autoridad competente o, cuando sea preceptivo en virtud del apartado 2, hayan recibido autorización. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 852/2004, los establecimientos que manipulen los productos de origen animal para los que el anexo III del presente Reglamento establece requisitos no ejercerán sus actividades a menos que la autoridad competente los haya autorizado de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, con la salvedad de los establecimientos que se dediquen únicamente a: […] b) operaciones de transporte; […] 3. Los establecimientos sujetos a autorización de conformidad con el apartado 2 no iniciarán su actividad hasta que la autoridad competente, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, haya: a) concedido al establecimiento la autorización para desarrollar su actividad después de una inspección in situ, […] 4. Los operadores de empresa alimentaria deberán cooperar con las autoridades competentes de conformidad con lo dispuesto en la Reglamento (CE) n.o 854/2004. En particular, los operadores de empresa alimentaria garantizarán que un establecimiento deje de realizar sus actividades si la autoridad competente retira su autorización o, en el caso de una autorización condicional, no la prorroga o no concede una autorización plena. […]»
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En particular, teniendo en cuenta los hechos del litigio principal, no resulta aplicable la excepción relativa a los arrendamientos de herramientas y maquinaria de instalación fija, que figura en el artículo 13, B, letra b), párrafo primero, punto 3, de la Sexta Directiva, excepción a la que aluden tanto el tribunal remitente en los razonamientos jurídicos de la petición de decisión prejudicial como el Gobierno austriaco en sus observaciones escritas. En efecto, por una parte, las viñas no pueden calificarse ciertamente de herramientas y maquinaria. Por otra parte, de la documentación que obra en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que las fincas rústicas —cuya explotación agrícola es el objeto del contrato de cesión sobre el que versa el litigio principal— hayan sido arrendadas conjuntamente con herramientas, maquinaria u otros bienes comerciales o industriales. A este respecto, el tribunal remitente precisa que no se ha acreditado que la sociedad cesionaria desarrolle, además de su actividad en el sector de la viticultura, una actividad en el sector de la producción de vino.
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Según se desprende de la petición de decisión prejudicial objeto del asunto C‑325/18, el artículo 42A de las Rules of the Superior Courts (Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments) 2016 [Reglamento de Procedimiento de los Tribunales Superiores (competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales) de 2016], incorporada mediante el Statutory Instrument n.o 9 de 2016, preveía, en su versión inicial de 1989, una suspensión automática de la ejecución de la resolución que ordena la ejecución en espera del resultado del recurso. Sin embargo, no se consideró apropiado aplicar la regla de la suspensión automática en el marco de los asuntos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 2201/2003. Dicho artículo 42A, regla 10, punto 2, inciso ii), establece actualmente que «la ejecución de la sentencia o resolución judicial podrá tener lugar antes de la expiración» del plazo de recurso en cuestión.
Asunto C‑621/18

Andy Wightman y otros

contra

Secretary of State for Exiting the European Union

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session, Inner House, First Division (Scotland)]

«Procedimiento prejudicial — Artículo 50 TUE — Notificación por un Estado miembro de su intención de retirarse de la Unión Europea — Consecuencias de la notificación — Derecho de revocación unilateral de la notificación — Requisitos»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Pleno) de 10 de diciembre de 2018

Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Competencia del órgano jurisdiccional nacional — Apreciación de la admisibilidad del recurso principal y de la conformidad de la resolución de remisión con el Derecho nacional — Verificación por el Tribunal de Justicia — Exclusión — Naturaleza declarativa de la acción ejercitada en el litigio principal — Insuficiencia para excluir la competencia del Tribunal de Justicia (Art. 267 TFUE) Estados miembros — Retirada de la Unión Europea — Decisión de un Estado miembro de iniciar el procedimiento de retirada — Notificación al Consejo Europeo — Posibilidad de revocación unilateral — Requisitos — Consecuencias (Arts. 49 TUE y 50 TUE)
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Dado que no debe figurar en la sección J del formulario del anexo A de la Directiva 2014/41 una descripción de los recursos que existen, en su caso, en el Estado miembro de emisión, contra la emisión de una orden europea de investigación, no procede, en el presente asunto, interpretar el artículo 14 de dicha Directiva a fin de determinar si esa disposición se opone a una normativa nacional que no prevé ningún recuso que permita impugnar los motivos de fondo que motivaron la emisión de una orden europea de investigación que tiene por objeto la realización de un registro, la incautación de determinados objetos y la organización de un interrogatorio de un testigo.
1)

El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual se deniega a un fondo de inversión no residente, debido a que no aporta la prueba de que sus accionistas o sus partícipes satisfacen los requisitos fijados en dicha normativa, la devolución del impuesto sobre los dividendos que fue retenido sobre los dividendos percibidos de entidades establecidas en ese Estado miembro, siempre que esos requisitos no perjudiquen de hecho a los fondos de inversión no residentes y las autoridades fiscales exijan también a los fondos de inversión residentes la prueba del cumplimiento de dichos requisitos, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
1)

El artículo 113 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n.o 361/2008 del Consejo, de 14 de abril de 2008, y el artículo 76, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que, para definir el concepto de «país de origen», al que se refieren dichas disposiciones, ha de estarse a lo dispuesto en los Reglamentos en materia aduanera para la determinación del origen no preferencial de las mercancías, a saber, a los artículos 23 y siguientes del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, y al artículo 60 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.
5

El artículo 133 de dicha Directiva establece: «Los Estados miembros podrán subordinar, caso por caso, la concesión a entidades que no sean de Derecho público de cada una de las exenciones enunciadas en las letras b), g), h), i), l), m) y n) del apartado 1 del artículo 132, al cumplimiento de una o de varias de las condiciones siguientes: a) los organismos de que se trate no deberán tener por objeto la consecución sistemática de beneficios, no pudiéndose distribuir en ningún caso los posibles beneficios, que deberán destinarse al mantenimiento o a la mejora de las prestaciones suministradas; b) estos organismos deberán ser gestionados y administrados, con carácter esencialmente filantrópico, por personas que no tengan, por sí mismas o por personas interpuestas, ningún interés directo ni indirecto en los resultados de la explotación; c) estos organismos deberán aplicar unos precios autorizados por las autoridades públicas o que no sean superiores a dichos precios o, por lo que se refiere a las actividades no susceptibles de autorización de precios, unos precios inferiores a los exigidos para operaciones análogas por las empresas comerciales sujetas al IVA; d) las exenciones no deberán ser capaces de provocar distorsiones de la competencia en perjuicio de las empresas comerciales sujetas al IVA. […]»