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Estas remisiones a la legislación del Estado miembro en el que se haya expedido el título, a falta de disposiciones en sentido contrario, permiten garantizar la igualdad de trato en los procedimientos de concurso, a los que pueden presentarse candidatos que han cursado estudios universitarios en diferentes países y en instituciones que siguen sistemas de enseñanza también muy diferentes en cuanto a su organización, sus estructuras, sus métodos y su contenido. En efecto, ello permite valorar de igual modo a quienes, tras haber obtenido un título cuyo valor efectivo queda acreditado por el carácter oficial que le reconoce el Estado, se encuentran en una situación esencialmente análoga tanto desde un punto de vista fáctico como desde un punto de vista jurídico. Además, tales remisiones permiten igualmente ofrecer a los interesados un nivel de seguridad máximo, al permitirles saber de antemano y con suficiente certeza si su título universitario se considerará o no válido para acceder a la función pública europea.

El derecho a reclamar la protección de la confianza legítima exige que concurran tres requisitos. En primer lugar, la administración de la Unión debe haber dado al interesado garantías precisas, incondicionales y concordantes, procedentes de fuentes autorizadas y fiables. En segundo lugar, estas garantías deben ser de tal naturaleza que puedan suscitar una esperanza legítima en el ánimo de aquel a quien se dirigen. En tercer lugar, tales garantías deben ser conformes a las normas aplicables.

Una nota de un tribunal de oposición en la que se asegura al candidato que cumple todos los requisitos de admisión exigidos en la convocatoria de oposición no puede considerarse capaz de suscitar en el ánimo de este último una esperanza legítima si tales garantías no son conformes a las normas aplicables, puesto que el título del interesado no cumple los requisitos de dicha convocatoria.

(véanse los apartados 43 y 45)

Tribunal General: sentencias de 21 de julio de 1998, Mellett/Tribunal de Justicia, T‑66/96 y T‑221/97, RecFP, EU:T:1998:187, apartado 107, y de 16 de marzo de 2005, Ricci/Comisión, T‑329/03, RecFP, EU:T:2005:103, apartado 79
3.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Marca denominativa TRILOBULAR [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 20 a 22 y 50)
1.

Dibujos o modelos comunitarios — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto ante las Salas de Recurso — Suspensión del procedimiento — Requisitos [Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo, art. 68; Reglamento (CE) no 2245/2002 de la Comisión, art. 32, ap. 2; Reglamento (CE) no 216/96 de la Comisión, art. 8] (véanse los apartados 23 a 27)
1.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Interpretación a la luz del interés general defendido — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 14)
1

La Decisión impugnada en el marco del presente asunto fue adoptada sobre la base del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51, con corrección de errores en DO 2010, L 7, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), antes de su modificación por el Reglamento (UE) n.o 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2014, por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de determinadas medidas (DO 2014, L 18, p. 1), y de su derogación por el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 21).
214

Los argumentos aducidos por las instituciones no pueden desvirtuar esa conclusión. Es preciso señalar que las instituciones no pueden apoyarse en el apartado 81 de la sentencia Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consejo, apartado 62 supra (EU:C:2009:598), para afirmar que correspondía a la demandante demostrar que el resultado del procedimiento habría sido diferente si hubiera dispuesto de los cálculos del valor normal. En efecto, es verdad que en ese apartado 81 de la sentencia Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consejo, apartado 62 supra (EU:C:2009:598), el Tribunal de Justicia recordó el principio de que corresponde a un demandante demostrar la posibilidad de que, de no ser por la irregularidad procedimental que denuncia, el procedimiento administrativo habría podido conducir a un resultado distinto, de modo que resultó afectado concretamente su derecho de defensa. Sin embargo, en el apartado 94 de la misma sentencia el Tribunal de Justicia precisó el alcance de ese principio, indicando que de la jurisprudencia resulta que esa obligación no puede tener el efecto de exigir al demandante que demuestre que la decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que esa posibilidad no se excluye totalmente ya que habría podido defenderse mejor de no ser por la irregularidad del procedimiento denunciada (véase la sentencia Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consejo, apartado 62 supra, EU:C:2009:598, apartados 81 a 94).
149

Dada la amplitud de los términos utilizados, cabe considerar que no se trata de una enumeración cerrada. Por otro lado, en otras versiones lingüísticas de la referida disposición se confirma esa amplitud. Así, la versión inglesa, «One or more of the following aspects shall be taken into account when refunds for a certain product are being fixed», y la versión alemana, «Die Ausfuhrerstattungen werden je nach Erzeugnis unter Berücksichtigung eines oder mehrerer der folgenden Faktoren festgesetzt», coinciden en que la Comisión debe «tener en cuenta» uno o varios de los aspectos enumerados, pero no está obligada a basarse exclusivamente en ellos.
147

El artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE (DO L 83, p. 1), dispone que se entenderá por ayuda existente toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del Tratado en el Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes de ayuda que fueran aplicables y las ayudas individuales que se hayan llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado y que sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma. Conforme al artículo 1, letra c), de dicho Reglamento, se entenderá por nueva ayuda toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes. A este respecto, el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 659/1999 (DO L 140, p. 1), califica de modificación de una ayuda existente, a efectos del artículo 1, letra c), del Reglamento no 659/1999, cualquier cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o administrativa sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado interior.
154

Por otra parte, la demandante afirma que las relaciones mercantiles que pueden ser desveladas mediante la divulgación de la identidad de las personas jurídicas citadas en la tabla de materias se remontan a más de cinco años atrás y que, por lo tanto, son demasiado «antiguas» para considerarlas amparadas por la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento no 1049/2001. Ahora bien, esa alegación, además de ser demasiado general para destruir la presunción general invocada por la Comisión, no es determinante. A este respecto, es cierto que, como se desprende de la jurisprudencia, debe considerarse histórica la información que haya podido estar incluida entre los secretos comerciales o tener carácter confidencial si data de cinco o más años atrás, a no ser que, excepcionalmente, se demuestre que, a pesar de su antigüedad, tal información sigue recogiendo elementos esenciales de la situación comercial de la empresa (véase el auto de 22 de febrero de 2005, Hynix Semiconductor/Consejo, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, apartado 60 y jurisprudencia citada). También de ello se deduce, con carácter más general, que las consecuencias negativas que pueden derivarse de la divulgación de información comercial delicada son tanto menos importantes cuanto más antigua es la información (véase, en este sentido, el auto de 19 de junio de 1996, NMH Stahlwerke y otros/Comisión, T‑134/94, T‑136/94 a T‑138/94, T‑141/94, T‑145/94, T‑147/94, T‑148/94, T‑151/94, T‑156/94 et T‑157/94, EU:T:1996:85, apartados 24 y 32). Sin embargo, ello no excluye que esa información pueda continuar amparada por la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento no 1049/2001, como resulta de la jurisprudencia citada, más arriba, en el apartado 63.
94

En segundo lugar, y, en cualquier caso, de los documentos que obran en autos (anexo 17 de la demanda) resulta que el certificado de tipo de 21 de abril de 2010 del que disfrutaba el helicóptero de tipo Robinson R44 fue expedido con base en el artículo 2, apartado 3, letra a), del Reglamento no 1702/2003, que permitía, en determinados casos, a los Estados miembros que habían manifestado la voluntad de no aplicar la parte 21 del anexo del citado Reglamento (parte que incluye el contenido esencial de las disposiciones pertinentes para el caso de autos, como resulta de los apartados 59 a 64 anteriores) hasta el 28 de septiembre de 2008, sustituyéndolo por las normas nacionales pertinentes. Por ello, la AESA expidió el certificado de tipo de 21 de abril de 2010, con arreglo a las normas nacionales de un Estado miembro, y no conforme al Derecho de la Unión, es decir, de las disposiciones aplicables al presente litigio. Por tanto, la demandante no puede invocar una certificación que se basa en conocimientos técnicos de la AESA, en particular, por lo que se refiere al sistema hidráulico de los mandos de vuelo del helicóptero de tipo Robinson R44, para sostener que ésta cometió un error manifiesto de apreciación al no aprobar las condiciones de vuelo del helicóptero de tipo Robinson R66, ya que la AESA se limitó, como le imponía el artículo 2, apartado 3, letra a), del Reglamento no 1702/2003, a aplicar las normas nacionales pertinentes.
La Comisión tiene la obligación, con el fin de no incumplir un elemento esencial de la Directiva 2010/30 relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada, de establecer en el Reglamento Delegado n.o 665/2013 que complementa la Directiva 2010/30 en lo que atañe al etiquetado energético de las aspiradoras, un método de cálculo que permita medir el rendimiento energético de las aspiradoras en unas circunstancias que reproduzcan en la medida de lo posible las circunstancias de uso real, exigiendo que el colector de la aspiradora esté lleno hasta determinado nivel, pero teniendo en cuenta las exigencias relativas a la validez científica de los resultados obtenidos y a la exactitud de la información proporcionada a los consumidores a las que se alude, en particular, en el considerando 5 y en el artículo 5, letra b), de la misma Directiva.

De esta manera, deben cumplirse dos requisitos acumulativos para que el método elegido por la Comisión sea conforme con los elementos esenciales de la Directiva 2010/30. Por un lado, para medir el rendimiento energético de las aspiradoras en unas circunstancias que reproduzcan en la medida de lo posible las circunstancias de uso real, el colector de la aspiradora debe haber sido llenado hasta determinado nivel. Por otro, el método establecido debe satisfacer ciertas exigencias relativas a la validez científica de los resultados obtenidos y a la exactitud de la información proporcionada a los consumidores.

(véanse los apartados 68 a 71)
La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) no puede invocar válidamente el artículo 6, apartado 3, párrafo primero, del anexo de la Recomendación 2003/361, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, como base jurídica para exigir, en el momento del registro de una sustancia, del solicitante que pretende acogerse a la reducción de la tasa prevista para las medianas empresas información relativa a una empresa no asociada del solicitante, en el sentido del artículo 3, apartado 2, del anexo de la citada Recomendación. En efecto, de dicha disposición se desprende claramente que se aplicará para apreciar los datos de las empresas asociadas a la empresa en cuestión, es decir, la empresa objeto del examen en el marco de la Recomendación 2003/361 para que se determine su tamaño. A este respecto, el concepto de empresa asociada «indirecta» no está recogido en la citada Recomendación.

Por otro lado, los términos «empresa en cuestión» no pueden interpretarse en el sentido de que cubren todas las empresas cuyos datos hay que recopilar. Junto con el hecho de que esa interpretación no es conforme con el objetivo de la Recomendación 2003/361, que es determinar el tamaño de una empresa y no el de las empresas que tienen vínculos con éstas, podría conducir, en algunos casos, a tener en cuenta sin límite datos de las empresas situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a la empresa en cuestión.

(véanse los apartados 44 y 47)
El Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria prevé que, al examinar un recurso contra una resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso dispone de la facultad de apreciación derivada de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento no 2868/95 y del artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 sobre la marca comunitaria para decidir si procede o no tener en cuenta hechos y pruebas nuevos o adicionales que no se hayan presentado en los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición.

Las distintas versiones lingüísticas del tercer párrafo de la citada regla 50, apartado 1, no coinciden exactamente. Además, la expresión «faits ou preuves nouveaux» (hechos y pruebas adicionales) entendida en el sentido de que, en el procedimiento ante la instancia inferior, no se comunicó ningún hecho o ninguna prueba no figura en algunas versiones lingüísticas de esta disposición. A este respecto, de las diferentes versiones lingüísticas resulta que los elementos nuevos, en el sentido de la versión francesa, deben completar elementos ya aportados, de modo que, para que las pruebas puedan considerarse adicionales, deben haberse presentado otras pruebas en una fase anterior del procedimiento.

Esta interpretación resulta obligada también atendiendo a la facultad de apreciación de la que dispone la Sala de Recurso y que no puede extenderse a pruebas presentadas por primera vez ante ella, mientras que no se presentó ninguna prueba ante la División de Anulación.

(véanse los apartados 51 a 55)
En materia de prácticas colusorias, la existencia de una infracción única y continuada no significa necesariamente que pueda considerarse que una empresa que participe en una u otra de sus manifestaciones sea responsable de la totalidad de esa infracción. Es además necesario que la Comisión demuestre que esa empresa conocía las actividades contrarias a la competencia a escala europea de las demás empresas y que podía razonablemente preverlas. La mera identidad de objeto entre un acuerdo en el que haya participado una empresa y una práctica colusoria global no basta para imputar a esa empresa la participación en la práctica colusoria global. En efecto, el artículo 101 TFUE, apartado 1, no se aplica a no ser que exista una concordancia de voluntades entre las partes afectadas.

Así pues, la participación de la empresa en el acuerdo de que se trate únicamente puede expresar su adhesión al cártel global en el caso de que, al participar en dicho acuerdo, la empresa supiera o hubiera debido saber que con dicho comportamiento se unía al cártel global. Dicho de otro modo, debe demostrarse que la citada empresa pretendía contribuir, mediante su propio comportamiento, a los objetivos comunes perseguidos por todos los participantes y que tenía conocimiento de los comportamientos infractores previstos o realizados por otras empresas para conseguir los mismos objetivos, o que podía razonablemente preverlos y que estaba dispuesta a asumir el riesgo.

Así pues, la empresa en cuestión debe conocer debe conocer el alcance general y las características esenciales de la práctica colusoria global, Ahora bien, en caso de que no existan indicios que demuestren el conocimiento por parte de una sociedad de la existencia o del contenido de los acuerdos y prácticas concertadas a escala global, la mera identidad de objeto entre las reuniones en las que participó y la práctica colusoria global así como el hecho de que haya tenido contactos con empresas cuya participación en dicha práctica colusoria haya quedado demostrada no bastan para demostrar tal conocimiento de dicha práctica colusoria global.

(véanse los apartados 52 a 54 y 56)
7.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2007/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véanse los apartados 47 y 48)
6.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección de la intimidad y la integridad de la persona — Alcance — Obligación de apreciar la cuestión de conformidad con la legislación de la Unión sobre protección de datos personales — Aplicabilidad íntegra de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 a toda solicitud de acceso a documentos que incluyan datos personales [Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, y Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 41 a 44)
3.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Excepciones obligatorias — Consideración del interés particular del solicitante — Exclusión [Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, ap. 1, y 4, aps. 2 y 3] (véanse los apartados 41 y 42)
3.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Marcas denominativa y figurativa WATT [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 28, 32 a 34, 38 y 43)
3.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Examen por separado de los distintos motivos de denegación — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 35)
92

No obstante, por una parte, la Comisión no aporta ningún elemento de prueba que permita comprobar si de la formulación de la oferta de la demandante se desprende que habría dispuesto de más información en relación con los demás licitadores, puesto que, como se ha precisado en el apartado 86 anterior, consta que los documentos en cuestión fueron redactados en otro procedimiento de licitación, que no conllevan la redacción del pliego de cláusulas administrativas particulares de la licitación controvertida y que fueron puestos a disposición de todos los licitadores en el presente procedimiento de licitación.
5

El 14 de abril de 2008 la demandante, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, presentó una solicitud de nulidad de la marca controvertida en virtud del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009], puesto en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009].
121

Según el considerando 102 de la Decisión impugnada: «[...] Para fijar el importe de la multa, la Comisión tiene en cuenta que las partes colaboraron permitiéndole acreditar las circunstancias de la negativa a someterse a la inspección en lo relativo a los correos electrónicos: el responsable informático que actuó en nombre de las partes firmó el acta que describe el desbloqueo de la cuenta de correo y el desvío de los correos y, tras la inspección, las partes enviaron también un escrito en el que reconocían que tanto el desvío de los correos como el desbloqueo de una cuenta tuvieron lugar durante la inspección. Procede observar asimismo que el Sr. [H.] no reconoció espontáneamente las infracciones procedimentales cometidas en el ámbito informático. Sólo lo hizo cuando los inspectores hallaron pruebas de la negativa a someterse a la inspección (a saber, el hecho de que la cuenta del Sr. [M.] ya no pudiese consultarse y que los correos electrónicos ya no llegasen a la bandeja de entrada del Sr. [J.]). Del mismo modo, aunque es cierto que las partes no han negado determinados hechos, han refutado la fuerza probatoria del acta firmada y, con carácter general, han tratado de poner en duda la existencia de una infracción procedimental.»
32

Además, en el apartado 38 de la sentencia recurrida el Tribunal de la Función Pública consideró que el hecho de que, en la desestimación de la reclamación, la AFCC se apartase de este modo de la motivación contenida en la decisión de 15 de octubre de 2010 para estimar otros motivos, incluso manteniendo la decisión de no renovar el contrato de la demandante, no puede, por sí mismo, convertir la decisión de no renovación en ilegal, siendo el objetivo del procedimiento de reclamación precisamente permitir el nuevo examen por la AFCC del acto impugnado a la vista de las imputaciones formuladas por el reclamante, en su caso, modificando los motivos que sirven de apoyo a su fallo.
2.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Devolución de derechos antidumping — Cálculo del margen real de dumping — Determinación del precio de exportación — Utilización de un precio de exportación calculado — Ajustes — No deducción de los derechos antidumping pagados — Requisito — Reflejo de los derechos antidumping en los precios de reventa al primer comprador independiente dentro de la Unión — Elección del método de análisis — Facultad de apreciación de las instituciones — Control jurisdiccional — Límites [Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, arts. 2 y 11, ap. 10, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1225/2009] (véanse los apartados 53 y 63 a 67)