Asunto T-36/04

Association de la presse internationale ASBL (API)

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Acceso a los documentos — Escritos presentados por la Comisión en el marco de procedimientos entablados ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia — Decisión por la que se deniega el acceso»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Gran Sala) de 12 de septiembre de 2007 II - 3210

Sumario de la sentencia

[Art. 226 CE; Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2]

Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001

[Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2]

Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001

[Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2]

Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001

[Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2]

Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001

[Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2]

Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001

[Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4]

Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001

El examen que requiere la tramitación de una solicitud de acceso a documentos presentada sobre la base del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, debe revestir un carácter concreto. En efecto, por una parte, el mero hecho de que un documento se refiera a un interés protegido por una excepción no basta para justificar la aplicación de ésta. En principio, la aplicación de la excepción sólo se justifica en caso de que la institución haya valorado previamente, primero, si el acceso al documento podría perjudicar concreta y efectivamente el interés protegido y, segundo, en los supuestos previstos en el artículo 4, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento, si no existe un interés público superior que justifique la divulgación del documento. Por otra parte, el riesgo de perjuicio al interés protegido debe ser razonablemente previsible y no puramente hipotético. Por consiguiente, el examen que debe efectuar la institución al objeto de aplicar una excepción ha de realizarse de forma concreta y deberá constar en la motivación de la decisión. Dicho examen deberá, además, realizarse respecto de cada documento a que se refiera la solicitud. En cualquier caso es necesario un examen concreto e individual, puesto que, aunque fuese evidente que una solicitud de acceso se refiere a documentos amparados por una excepción, tan sólo tal examen permitirá a la institución valorar la posibilidad de conceder al solicitante un acceso parcial con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento no 1049/2001. La obligación de una institución de proceder a una apreciación concreta e individual del contenido de los documentos a los que se refiere la solicitud de acceso constituye una regla general, que se aplica a todas las excepciones mencionadas en los apartados 1 a 3 del artículo 4 del Reglamento no 1049/2001, cualquiera que sea el ámbito al que pertenezcan los documentos solicitados. Dicha regla general no significa, sin embargo, que tal examen sea exigible en todo caso. En efecto, dicho examen no será necesario cuando, por las circunstancias particulares del caso, sea evidente que el acceso ha de denegarse o, por el contrario, concederse. Tal será el supuesto, en particular, de determinados documentos que o bien estén manifiestamente amparados en su integridad por una excepción al derecho de acceso, o bien, a la inversa, sean manifiestamente accesibles en su integridad, o bien hayan sido objeto de una previa valoración concreta e individual por la Comisión en circunstancias similares. (véanse los apartados 54 a 58)

Por lo que se refiere a la excepción al principio general de acceso a los documentos relativa a la protección de los procedimientos judiciales, prevista en el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, debe indicarse, en primer lugar, que de la amplia definición del concepto de documento establecida en el artículo 3, letra a), de dicho Reglamento, así como de la formulación y de la propia existencia de una excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales, resulta que el legislador comunitario no ha querido excluir la actividad contenciosa de las instituciones del derecho de acceso de los ciudadanos, sino que ha previsto, a este respecto, que las instituciones denieguen la divulgación de los documentos relativos a un procedimiento judicial en caso de que tal divulgación suponga un perjuicio para el procedimiento al que se refieren. En segundo lugar, los escritos presentados por la Comisión ante el juez comunitario están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales, en el sentido de que se refieren a un interés protegido. En tercer lugar, el hecho de que en el ámbito de aplicación de la referida excepción estén comprendidos todos los documentos redactados a los únicos efectos de un procedimiento judicial concreto, y en particular los escritos presentados por las instituciones, no puede por sí solo justificar la aplicación de la excepción invocada. En efecto, la excepción basada en la protección del interés público en el marco de un procedimiento judicial no puede ser interpretada en el sentido de que obligue a la Comisión a denegar el acceso a todos los documentos que haya redactado a los únicos efectos de tal procedimiento. En cuarto lugar, la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales tiene por objeto garantizar el respeto del derecho de cada persona a ser oída equitativamente por un tribunal independiente, que constituye un derecho fundamental establecido en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH) y que forma parte de los principios generales del Derecho comunitario, cuyo respeto garantiza el juez comunitario inspirándose en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas, entre otros, por el CEDH, así como garantizar el buen funcionamiento de la justicia. Por consiguiente, esta excepción se refiere no sólo a los intereses de las partes en el marco del procedimiento judicial, sino, más en general, al buen desarrollo del mismo. (véanse los apartados 59 a 61 y 63)

En el marco de la aplicación del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, en principio, es el tipo de información contenida en los documentos a los que se refiera una solicitud de acceso lo que determina si su divulgación puede causar un perjuicio a un interés protegido. No obstante, habida cuenta de la naturaleza especial de los intereses que la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales tiene por objeto proteger, a saber, el derecho de toda persona a ser oída equitativamente por un tribunal independiente y la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la justicia, así como el hecho de que los documentos a los que se solicita el acceso son escritos presentados por la Comisión en asuntos pendientes de los que es parte, no cabe excluir que la no divulgación pueda estar justificada durante cierto período de tiempo por razones ajenas al contenido de cada documento solicitado, siempre que estas mismas razones justifiquen la necesidad de proteger los documentos controvertidos en su integridad. En este contexto, la Comisión, al igual que las otras partes en el procedimiento, debe poder presentar y discutir su postura sin sufrir influencia externa alguna, sobre todo si se tiene en cuenta que la tesis que defiende tiene, en principio, por objeto garantizar la buena aplicación del Derecho comunitario. Debido a la naturaleza de los intereses que la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales pretende proteger, la consecución de tal objetivo exige que los escritos de la Comisión no sean divulgados antes de que dicha institución haya tenido la posibilidad de discutirlos ante el juez durante la vista pública y, por tanto, que la Comisión tenga derecho a denegar al público el acceso a los mismos, ya que sus agentes podrían sufrir presiones como consecuencia de un debate público provocado por la divulgación de dichos escritos, sin que sea necesario, a tal fin, que la Comisión realice una apreciación concreta del contenido de los mismos. Así, cuando el procedimiento al que se refieren los escritos a los que se solicita el acceso todavía no haya llegado a la fase de la vista, deberá considerarse que la denegación de divulgarlos afecta a la totalidad de la información contenida en ellos. En cambio, después de la vista, la Comisión está obligada a apreciar en concreto cada documento solicitado para comprobar, a la luz de su contenido específico, si puede ser divulgado o si su divulgación supondría un perjuicio para el procedimiento judicial al que se refiere. (véanse los apartados 63, 73 a 75, 81 y 82)

Es cierto que, en principio, el juez comunitario debe dispensar un trato confidencial a los escritos de las partes. En efecto, el artículo 20, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, también aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 53 del Estatuto, sólo exige que estos escritos sean comunicados a las partes y a las instituciones de la Comunidad cuyos actos se impugnen. Además, el artículo 16, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, así como el artículo 24, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, prevén la posibilidad, sólo para las partes procesales, de obtener copias de los escritos, y el artículo 5, apartado 3, párrafo tercero, de las Instrucciones al Secretario del Tribunal de Primera Instancia supedita el acceso de terceros a los documentos procesales a la existencia de un interés legítimo, que debe ser debidamente justificado. Sin embargo, estas disposiciones no prohíben a las partes divulgar sus propios escritos. En efecto, el principio es que las partes son libres de divulgar sus propios escritos, salvo en los casos excepcionales en los que la divulgación de un documento pueda causar un daño a la buena administración de la justicia. Estas disposiciones tampoco imponen a las instituciones la obligación de seguir, en cuanto a la aplicación de la normativa en materia de acceso a los documentos, la línea de actuación del órgano jurisdiccional ante el que esté pendiente el asunto al que se refieren los escritos cuya divulgación se solicita. A falta de disposiciones especiales a tal efecto, no cabe admitir que el ámbito de aplicación del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, pueda ser restringido por el hecho de que dichas disposiciones de los Reglamentos de Procedimiento no regulen el acceso de terceros y resulten aplicables como lex specialis. Las únicas disposiciones procesales que imponen a las partes una prohibición de divulgación son el artículo 56, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y el artículo 57 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según los cuales los debates celebrados a puerta cerrada no se harán públicos. (véanse los apartados 87 a 90)

Por lo que respecta al interés público superior, contemplado en el artículo 4, apartado 2, in fine, del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, susceptible de justificar la divulgación de un documento que suponga un perjuicio para la protección de los procedimientos judiciales, incumbe a la institución afectada ponderar el interés público en la divulgación y el interés en denegar tal divulgación, a la luz, en su caso, de las alegaciones formuladas al respecto por el solicitante del acceso. Dicho interés público superior debe, en principio, ser distinto de los principios de libertad de prensa y de transparencia que sirven de base para este Reglamento. Ahora bien, el hecho de que quien solicita acceso a ciertos documentos no invoque ningún interés público distinto de estos principios no implica automáticamente que no sea necesario ponderar los intereses en conflicto. En efecto, la invocación de estos mismos principios puede presentar, a la luz de las circunstancias particulares del caso, tal gravedad que supere la necesidad de proteger los documentos litigiosos. Pues bien, éste no es el caso cuando los documentos a los que se solicita el acceso son los escritos presentados por la Comisión ante el juez comunitario en asuntos pendientes en los que es parte. En efecto, por un lado, la posibilidad del público de recibir información sobre los asuntos pendientes viene garantizada por el hecho de que, desde su presentación, son objeto de una comunicación en el Diario Oficial, que también se difunde por Internet en el sitio Eur-Lex y en el sitio del Tribunal de Justicia, en la que se mencionan, entre otros, la cuestión objeto del litigio y las pretensiones de la demanda, así como los motivos y las principales alegaciones invocados. Además, el informe para la vista, que contiene un resumen de las alegaciones de las partes, se publica el día de la vista, en la que, además, se discuten públicamente las alegaciones de las partes. Por otro lado, la aplicación de la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales tiene por finalidad evitar cualquier influencia externa sobre el buen desarrollo de los mismos. Pues bien, el interés en proteger tal objetivo se impone con independencia del contenido de los escritos solicitados, ya que se trata de un interés cuya protección resulta necesaria para el buen funcionamiento de la justicia. Además, tal restricción no es absoluta, en la medida en que afecta a la totalidad de los escritos a los cuales se denegó el acceso únicamente hasta la fecha de la vista. (véanse los apartados 94 y 97 a 100)

En el marco de la aplicación del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la supuesta necesidad de proteger ciertas alegaciones que, en su caso, serán utilizadas en un procedimiento aún pendiente no puede ser motivo para denegar el acceso a los escritos relativos a un asunto ya concluido mediante una sentencia del Tribunal de Primera Instancia si no existe una motivación específica que tenga por objeto demostrar que la divulgación de tales escritos perjudicaría el procedimiento judicial pendiente. En efecto, el contenido de los escritos de una institución comunitaria relativos a un asunto concluido mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia se ha hecho público en forma de resumen a través del informe para la vista, debatido en una vista pública y reproducido en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Se trata, por tanto, de alegaciones que ya son de dominio público, al menos en forma de resumen. Además, el mero vínculo entre dos o varios asuntos, con las mismas partes o el mismo objeto, no puede por sí solo justificar una denegación de acceso, a no ser que se efectúe una inversión manifiesta entre el principio de libre acceso a los documentos de las instituciones y las excepciones a dicho principio establecidas en el Reglamento no 1049/2001. (véanse los apartados 106, 110 y 141)