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2)

El punto FCL.065, letra b), del anexo I del Reglamento n.o 1178/2011 debe interpretarse en el sentido de que no prohíbe al titular de una licencia de piloto que haya cumplido 65 años intervenir como piloto en vuelos en vacío o vuelos de traslado, efectuados en el marco de la actividad comercial de una compañía aérea, en los que no se transporten ni pasajeros, ni carga ni correo, ni tampoco ejercer actividades de instructor y/o examinador a bordo de una aeronave sin formar parte de la tripulación de vuelo.
5)

El artículo 96, apartados 1, letra a), y 2, el artículo 204, apartados 1, letra a), y 3, y el artículo 213 del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad aduanera de un Estado miembro no tiene obligación de exigir la responsabilidad solidaria del transportista que, junto al obligado principal, debe considerarse responsable de la deuda aduanera.
5

El artículo 7 de dicha Directiva dispone cuanto sigue: «1. Se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación, omita información sustancial que necesite el consumidor medio, según el contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa y que, en consecuencia, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. 2. Se considerará también que hay omisión engañosa cuando un comerciante oculte la información sustancial contemplada en el apartado 1, teniendo en cuenta las cuestiones contempladas en dicho apartado, o la ofrezca de manera poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea el adecuado, o no dé a conocer el propósito comercial de la práctica comercial en cuestión en caso de que no resulte evidente por el contexto, siempre que, en cualquiera de estos casos, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. 3. Cuando el medio utilizado para comunicar la práctica comercial imponga limitaciones de espacio o de tiempo, a la hora de decidir si se ha omitido información deberán tenerse en cuenta esas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el comerciante para poner la información a disposición del consumidor por otros medios. 4. En los casos en que haya una invitación a comprar se considerará sustancial la información que figura a continuación, si no se desprende ya claramente del contexto: a) las características principales del producto, en la medida adecuada al medio utilizado y al producto; b) la dirección geográfica y la identidad del comerciante, tal como su nombre comercial y, en su caso, la dirección geográfica y la identidad del comerciante por cuya cuenta actúa; c) el precio, incluidos los impuestos, o, en caso de que éste no pueda calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza del producto, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, cuando tales gastos no puedan ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que pueden existir dichos gastos adicionales; d) los procedimientos de pago, entrega y funcionamiento, y el sistema de tratamiento de las reclamaciones, si se apartan de las exigencias de la diligencia profesional; e) en el caso de los productos y transacciones que lleven aparejado un derecho de revocación o cancelación, la existencia de tal derecho. 5. Se considerarán sustanciales los requisitos establecidos por el Derecho comunitario en materia de información relacionados con las comunicaciones comerciales, con inclusión de la publicidad o la comercialización, de los que el anexo II contiene una lista no exhaustiva.»
17

En esas circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Deben interpretarse los artículos 3, apartado 1, del Reglamento […] n.o 1889/2005 […] y 4, apartado 1, del Reglamento […] n.o 562/2006 […] en el sentido de que un nacional de un tercer Estado que se encuentre en la zona de tránsito internacional de un aeropuerto no está sujeto a la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento […] n.o 1889/2005 […] o, por el contrario, dicho nacional está sujeto a esa obligación como si hubiera cruzado una frontera exterior de [la Unión] en uno de los pasos fronterizos conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento […] n.o 562/2006 […]?»
—

corresponde a las autoridades del Estado miembro que debe proceder al traslado y, en su caso a sus órganos jurisdiccionales, disipar toda duda seria sobre la repercusión del traslado en el estado de salud del interesado, adoptando las precauciones necesarias para que su traslado se produzca en condiciones que permitan proteger de manera adecuada y suficiente el estado de salud de esa persona. En el supuesto de que, habida cuenta de la especial gravedad de la enfermedad del solicitante de asilo de que se trate, la adopción de dichas precauciones no bastase para garantizar que su traslado no implicará un peligro real de agravación significativa e irremediable de su estado de salud, incumbe a las autoridades del Estado miembro afectado suspender la ejecución del traslado de esa persona, y ello durante todo el tiempo en que su estado de salud no permita trasladarla, y
Las decisiones de la Comisión que declaran incompatible con el mercado interior un régimen de ayudas y ordenan la recuperación de estas afectan individualmente a los beneficiarios efectivos de ayudas individuales concedidas al amparo de dicho régimen; queda descartado que los demandantes resulten afectados individualmente por el mero hecho de que sean beneficiarios potenciales del mismo régimen. No obstante, de ello no cabe deducir que, cuando es litigiosa una de las decisiones por la que se declara la incompatibilidad con el mercado interior de un régimen de ayudas, el único criterio relevante para valorar si un demandante resulta afectado individualmente por dicha decisión a efectos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, consista en ver si el mismo demandante es beneficiario efectivo o solo beneficiario potencial de una ayuda concedida al amparo de ese régimen.

Ello se debe a que la jurisprudencia que se desarrolló en el contexto concreto de las ayudas de Estado no es más que la expresión particular del criterio jurídico relevante a la hora de valorar la afectación individual a los efectos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Conforme a dicho criterio, un demandante solo resulta afectado individualmente por una decisión de la que no es destinatario cuando dicha decisión le atañe debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que lo caracteriza en relación con cualesquiera otras personas. Por lo tanto, la circunstancia de que un demandante pertenezca o no a la categoría de beneficiarios efectivos o beneficiarios potenciales de una ayuda individual concedida al amparo de un régimen de ayudas declarado incompatible con el mercado interior no será decisiva a la hora de dilucidar si la decisión lo afecta individualmente cuando, en cualquier de los casos, consta que la misma decisión afecta, además, a ese demandante debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que lo caracteriza en relación con cualesquiera otras personas.

(véanse los apartados 46 a 48)
–

no se oponen a una normativa nacional que establece el pago de una tasa fija o proporcional a la cuantía del litigio, siempre que, el abono de la tasa fija o la tasa proporcional a la cuantía del litigio no sea contrario al principio de efectividad, habida cuenta del importe y la magnitud de la tasa, de si esta puede constituir o no un obstáculo insuperable al acceso a la justicia, de su carácter obligatorio, así como de la posibilidad de exención de dicha tasa, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente;
Por lo que se refiere a una demanda interpuesta contra la Comisión con el fin de lograr la anulación de una decisión desestimatoria de propuesta de ayuda financiera de la Unión, en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), presuntamente recogida en el correo electrónico enviado al demandante por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), el Tribunal incurre en error de Derecho al declarar inadmisible el recurso interpuesto y denegar la pretensión del demandante de que se considerara que su recurso iba dirigido contra la decisión de la Comisión por la que se elaboraba la lista de propuestas seleccionadas para disfrutar de una ayuda financiera de la Unión.

Ello es así porque, dado que en la fecha de interposición de la demanda el demandante ignoraba la existencia de la decisión de la Comisión y que esta, a diferencia de lo que exige el principio general de buena administración, no llegó a notificársele, el demandante no estaba en condiciones de indicar en su demanda que dicha decisión era la decisión mediante la que la Comisión había desestimado su propuesta, y es legítimo que considerara que el correo electrónico de la INEA era la notificación de esa desestimación por parte de la Comisión. De ello se deduce que el Tribunal General debería haber reconocido, habida cuenta de las circunstancias del asunto y a fin de garantizar el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva, que el objeto del recurso era la anulación, no ya del correo electrónico de la INEA, al que el demandante se refería por error en la demanda que presentó ante el Tribunal General, sino de la decisión de la Comisión. Así es máxime cuando el demandante interpuso explícitamente su recurso contra la Comisión y la única que disponía de competencias para adoptar una decisión de desestimación en el contexto del procedimiento de selección de las propuestas subvencionables a cargo del MCE era la Comisión.

(véanse los apartados 68 y 70 a 73)
El hecho de que un acto reglamentario de la Unión incluya medidas de ejecución, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine, de tal manera que determinados efectos jurídicos del Reglamento se materialicen únicamente mediante las referidas medidas, no excluye sin embargo que ese Reglamento produzca en la situación jurídica de una persona física o jurídica otros efectos jurídicos, que no dependan de la adopción de medidas de ejecución.

Los efectos jurídicos del Reglamento 2015/408, que establece una lista de sustancias candidatas a la sustitución, en aplicación del artículo 80, apartado 7, del Reglamento n.o 1107/2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, relativos al período de validez de la renovación de la aprobación del metalaxil, se materializarán únicamente, con respecto a un importador de metalaxil, a través de medidas de ejecución. En efecto, de las disposiciones del Reglamento n.o 1107/2009, en particular de su artículo 24, apartado 2, se desprende que la calificación del metalaxil como sustancia candidata a la sustitución, por el Reglamento 2015/408, se entiende sin perjuicio de la aplicación del procedimiento de renovación de la aprobación de esta sustancia. Pues bien, este procedimiento implica, del mismo modo que el procedimiento de renovación de la aprobación de una sustancia activa que no está incluida en la lista anexa al Reglamento 2015/408, la adopción de un reglamento por la Comisión, conforme al artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009.

En estas circunstancias, un reglamento de la Comisión que renueve la aprobación de sustancias candidatas a la sustitución, como el metalaxil, constituye una medida de ejecución del Reglamento 2015/408 en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine. Del mismo modo, los efectos de este Reglamento en lo que concierne a la realización por los Estados miembros de una evaluación comparativa de los riesgos para la salud o para el medio ambiente de los productos fitosanitarios que contengan metalaxil en comparación con un producto alternativo o con un método de prevención o control de plagas de índole no química únicamente se desplegarán frente a un importador de metalaxil a través de actos adoptados por las autoridades competentes de los Estados miembros y, por lo tanto, tales actos constituyen medidas de ejecución en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine.

(véanse los apartados 52, 57, 58, 61 y 66)
El procedimiento de reclamación a que se refiere el artículo 72 de la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo por la que se establecen Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo tiene carácter facultativo. A este respecto, una vía de recurso administrativo, sea facultativa o no, tiene por objeto permitir y favorecer una solución amistosa de las controversias surgidas entre el interesado y la Administración con el objetivo de evitar la vía contenciosa. De ello se desprende, en particular, que el carácter facultativo u obligatorio de una vía de recurso administrativo carece de incidencia sobre el hecho de que un procedimiento administrativo previo constituye una vía previa al contencioso. Por ello, no puede considerarse, en particular, a la luz del derecho a una tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que el inicio de un procedimiento de reclamación con arreglo al artículo 72 de la citada Decisión tenga un impacto negativo sobre el derecho a un recurso judicial contra la decisión controvertida.

A este respecto, la inexistencia de un plazo de respuesta fijado para que la Administración del Parlamento resuelva las reclamaciones presentadas con arreglo al artículo 72 de la decisión de la Mesa del Parlamento en el marco de un procedimiento administrativo de carácter facultativo no limita el acceso al juez, en la medida en que el interesado puede, en cualquier momento, renunciar a proseguir ese procedimiento administrativo previo e interponer un recurso judicial. En consecuencia, el juez de la Unión no puede declarar el recurso fuera de plazo sin tener en cuenta el procedimiento de reclamación iniciado de conformidad con el referido artículo 72.

(véanse los apartados 24 a 26, 28 y 35)
Por lo que se refiere a la interpretación del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, permite a las instituciones de la Unión recurrir a los datos disponibles a fin de formular conclusiones provisionales o definitivas, positivas o negativas, cuando una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por dicho Reglamento, es preciso, al objeto de determinar el alcance de la disposición, tener en cuenta tanto sus términos como su contexto y sus finalidades. A este respecto, en relación con el concepto de «información necesaria», este concepto hace referencia a información en poder de las partes interesadas que las instituciones de la Unión les exigen facilitar a fin de establecer las conclusiones necesarias en el marco de la investigación antidumping.

A tenor del artículo 9, apartado 5, del Reglamento n.o 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, puede determinarse un derecho antidumping individual para los exportadores respecto de quienes pueda demostrarse, basándose en reclamaciones debidamente documentadas, que la intervención del Estado no puede dar lugar a que se eludan las medidas antidumping. De ello se deduce que la inexistencia de riesgo de elusión, al igual que la existencia de dicho riesgo, no puede presumirse. Así, aun cuando el riesgo de elusión de las medidas antidumping es mayor en el caso de los exportadores vinculados a los que se imponen derechos antidumping de un nivel diferente, las instituciones de la Unión están no obstante obligadas a acreditar que, habida cuenta de las circunstancias específicas de la investigación en cuestión, este riesgo ha quedado demostrado.

(véanse los apartados 84 y 86)
El artículo 1, apartado 7, letra c), del Reglamento n.o 800/2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos [107 TFUE y 108 TFUE] (Reglamento general de exención por categorías), debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «procedimiento de quiebra o insolvencia» allí utilizado cubre todos los procedimientos de quiebra o insolvencia de empresas establecidos en el Derecho nacional, tanto si son abiertos de oficio por las autoridades administrativas o jurisdiccionales nacionales como si se inician a instancias de la empresa afectada.

El artículo 1, apartado 7, letra c), del Reglamento n.o 800/2008 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una empresa reúna las condiciones establecidas en el Derecho nacional para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia —extremo cuya verificación corresponde al órgano jurisdiccional remitente— basta para impedir que se le conceda una ayuda estatal en aplicación de ese Reglamento o, si la ayuda ya le fue concedida, para que se declare que no podía serle concedida en aplicación de dicho Reglamento, siempre que tales condiciones concurrieran en la fecha en que se le concedió dicha ayuda. En cambio, una ayuda concedida a una empresa respetando lo dispuesto en el Reglamento n.o 800/2008, y en particular en su artículo 1, apartado 6, no puede ser revocada por la mera razón de que dicha empresa se haya visto sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia con posterioridad a la fecha en que se le otorgó la ayuda.

(véanse el apartado 39 y el punto 2 del fallo)
Asunto C‑522/16

A

contra

Staatssecretaris van Financiën

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Procedimiento prejudicial — Unión aduanera y arancel aduanero común — Reglamento (CEE) n.o 2913/92 — Artículo 201, apartado 3, párrafo segundo, y artículo 221, apartados 3 y 4 — Reglamento (CEE) n.o 2777/75 — Reglamento (CE) n.o 1484/95 — Derechos adicionales de importación — Montaje artificial destinado a eludir los derechos adicionales adeudados — Falsedad de los datos que sirven de base a una declaración en aduana — Personas que pueden ser consideradas responsables de la deuda aduanera — Plazo de prescripción»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de octubre de 2017

[Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000, arts. 201, ap. 1, y 221, aps. 3 y 4]

[Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000, art. 201, ap. 3, párr. 2]

[Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000, art. 201, ap. 3, párr. 2; Reglamento (CE) n.o 1484/95 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 684/1999, art. 3, ap. 2]

En circunstancias como las del litigio principal, el artículo 201, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que los documentos cuya presentación se exige en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.o 1484/95, en su versión modificada por el Reglamento n.o 684/1999, constituyen elementos necesarios para la elaboración de la declaración aduanera en el sentido de dicha disposición. (véanse el apartado 42 y el punto 1 del fallo)

El artículo 201, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que está incluida en el concepto de «deudor» de la deuda aduanera, a efectos de dicha disposición, la persona física que ha estado estrecha y conscientemente involucrada en la concepción y el montaje artificial de una estructura de transacciones comerciales, como la controvertida en el litigio principal, que ha provocado la disminución del importe de los derechos de importación legalmente adeudados, pese a no haber comunicado ella misma los elementos falsos que sirvieron de base para la elaboración de la declaración aduanera, cuando de las circunstancias resulte que dicha persona tenía o debía tener razonablemente conocimiento de que las operaciones en cuestión de esa estructura no se habían realizado en el marco de transacciones comerciales normales, sino únicamente con el fin de disfrutar abusivamente de las ventajas previstas por el Derecho de la Unión. El hecho de que dicha persona sólo haya procedido a la concepción y el montaje artificial de esta estructura después de que expertos en Derecho aduanero le hubieran garantizado la legalidad de esta carece de incidencia a este respecto. (véanse el apartado 53 y el punto 2 del fallo)
El artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que una actividad como el bridge de contrato duplicado, que se caracteriza por un componente físico que resulta insignificante, no está comprendido dentro del concepto de «deporte» a efectos de dicha disposición.

El análisis del contexto del artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112 aboga, por lo tanto, por una interpretación en el sentido de que el concepto de «deporte», que figura en dicha disposición, se limita a actividades que respondan al sentido habitual del término «deporte», que se caracterizan por un componente físico no insignificante, sin extenderse a todas las actividades que, desde un punto de vista u otro, puedan asociarse a dicho concepto.

En lo que se refiere, por último, a la finalidad del artículo 132, apartado 1, letra m), de la citada Directiva, ha de recordarse que con la referida disposición se persigue el objetivo de favorecer ciertas actividades de interés general, concretamente, los servicios directamente relacionados con la práctica del deporte o de la educación física proporcionados por organismos sin fin lucrativo a las personas que practican el deporte o la educación física, y que, por lo tanto, dicho precepto pretende fomentar ese tipo de práctica entre amplios sectores de la población.

La circunstancia de que una actividad que es beneficiosa para el bienestar físico y mental se practique en competición no permite llegar a una conclusión diferente. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112 no exige, para ser aplicable, que la actividad deportiva se practique en un nivel determinado, por ejemplo, profesional, ni que la actividad deportiva en cuestión se practique de forma determinada, esto es, de manera regular u organizada o con vistas a participar en competiciones deportivas (sentencias de 21 de febrero de 2013, Žamberk,C‑18/12, EU:C:2013:95, apartado 22, y de 19 de diciembre de 2013, Bridport and West Dorset Golf Club,C‑495/12, EU:C:2013:861, apartado 19). A este respecto, procede señalar también que el carácter competitivo de una actividad no basta por sí mismo para fundamentar su calificación como «deporte», si no existe un componente físico no insignificante.

(véanse los apartados 22, 23, 25 y 29 y el fallo)