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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 311/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de julio de 2015 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-425/13) (1)

((Recurso de anulación - Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la conexión del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea con un sistema de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en Australia - Directrices de negociación - Comité especial - Artículos 13 TUE, apartado 2, 218 TFUE, apartados 2 a 4, y 295 TFUE - Equilibrio institucional))

(2015/C 311/02)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Valero Jordana y F. Castillo de la Torre, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Parlamento Europeo (representantes: R. Passos y D. Warin, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: K. Michoel, M. Moore y J.P. Hix, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: República Checa (representantes: M. Smolek, J. Vláčil y E. Ruffer, agentes), Reino de Dinamarca (representantes: C. Thorning, L. Volck Madsen y U. Melgaard, agentes), República Federal de Alemania (representantes: T. Henze y B. Beutler, agentes), República Francesa (representantes: D. Colas, G. de Bergues, F. Fize y N. Rouam, agentes), Reino de los Países Bajos (representantes: M. Bulterman y M. de Ree, agentes), República de Polonia (representante: B. Majczyna, agente), Reino de Suecia (representantes: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg y C. Hagerman, agentes), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: E. Jenkinson y M. Holt, agentes, asistidos por J. Holmes y B. Kennelly, Barristers)

Fallo

1) Anular, en la sección A, titulada «Procedimiento de negociación», del anexo de la Decisión del Consejo de 13 de mayo de 2013 por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la conexión del régimen de comercio de derechos de emisión [de gases de efecto invernadero] de la Unión Europea con un sistema de comercio de derechos de emisión [de gases de efecto invernadero] de Australia: — la segunda frase del punto 1 de dicha sección A, a tenor de la cual «cuando sea conveniente, se establecerán las posiciones de negociación detalladas de la Unión en el Comité especial mencionado en el artículo 1, apartado 2, o en el seno del Consejo», y — en el punto 3 de dicha sección, la expresión «y establecer posiciones [...] de negociación».

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) La Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus propias costas, incluidas las correspondientes al procedimiento que dio lugar al auto Comisión/Consejo (C-425/13, EU:C:2014:91).

4) El Parlamento Europeo, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Reino de los Países Bajos, la República de Polonia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 274, de 21.9.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 363/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de septiembre de 2015 — Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV/Consejo de la Unión Europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co. Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.), Osram GmbH, Comisión Europea

(Asunto C-511/13 P) (1)

([Recurso de casación - Dumping - Reglamento (CE) no 384/96 - Artículos 4, apartado 1, 5, apartado 4, y 9, apartado 1 - Reglamento (CE) no 1205/2007 - Importaciones de lámparas fluorescentes compactas electrónicas integradas (CFL-i) originarias de China, de Vietnam, de Pakistán y de Filipinas - Perjuicio sufrido por la industria comunitaria - Proporción importante de la producción comunitaria total de los productos similares])

(2015/C 363/04)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV (representantes: L. Catrain González, abogada, y E. Wright, Barrister)

Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: S. Boelaert, agente, asistida por S. Gubel, avocat, y B. O’Connor, Solicitor), Hangzhou Duralamp Electronics Co. Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.), Osram GmbH (representantes: R. Bierwagen y C. Hipp, Rechtsanwälte), Comisión Europea (representantes: L. Armati y J.-F. Brakeland, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Philips Lighting Poland S.A. y Philips Lighting BV cargarán con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea y Osram GmbH.

3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

(1) DO C 352, de 30.11.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 118/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Antwerpen — Bélgica) — Theodora Hendrika Bouman/Rijksdienst voor Pensionen

(Asunto C-114/13) (1)

([Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Seguro de vejez y muerte - Artículo 46 bis, apartado 3, letra c) - Liquidación de las prestaciones - Normas nacionales que prohíben la acumulación - Excepción - Concepto de «seguro voluntario o facultativo continuado» - Pensión nacional en virtud de un régimen de seguro obligatorio - Posibilidad de solicitar la dispensa del alta durante un determinado período - Alcance del certificado expedido por la institución competente de otro Estado miembro - Reglamento (CEE) no 574/72 - Artículo 47])

(2015/C 118/02)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Arbeidshof te Antwerpen

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Theodora Hendrika Bouman

Demandada: Rijksdienst voor Pensionen

Fallo

El artículo 46 bis, apartado 3, letra c), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que comprende la parte de una prestación que procede de un período de seguro durante el cual el interesado tenía derecho a obtener una dispensa del alta en el régimen de seguro obligatorio, dándose la circunstancia de que, durante el período en cuestión, el alta repercute en el alcance de la prestación de seguridad social.

(1) DO C 147, de 25.5.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 46/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen — Bélgica) — Procedimiento penal contra Edgard Jan De Clerq y otros

(Asunto C-315/13) (1)

((Procedimiento prejudicial - Libre prestación de servicios - Artículos 56 TFUE y 57 TFUE - Directiva 96/71/CE - Artículo 3, apartados 1 y 10 - Directiva 2006/123/CE - Artículo 19 - Normativa nacional que impone a la persona para la que estén empleados trabajadores por cuenta ajena desplazados o estudiantes en prácticas desplazados la obligación de declarar a quienes no puedan presentar el acuse de recibo de la declaración que debería haber efectuado en el Estado miembro de acogida el empleador establecido en otro Estado miembro - Sanción penal))

(2015/C 046/12)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen

Partes en el procedimiento penal principal

Edgard Jan De Clercq, Emiel Amede Rosa De Clercq, Nancy Genevieve Wilhelmina Rottiers, Ermelinda Jozef Martha Tampère, Thermotec NV

Fallo

Los artículos 56 TFUE y 57 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, en virtud de la cual se impone al destinatario de servicios realizados por los trabajadores por cuenta ajena desplazados de un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro la obligación de declarar a las autoridades competentes, antes del comienzo de la ocupación de esos trabajadores, los datos identificativos de éstos cuando ellos mismos no puedan presentar la prueba de la declaración que su empleador debería haber efectuado ante las autoridades competentes del Estado miembro de acogida antes del inicio de la prestación, siempre que dicha normativa pueda estar justificada por una razón imperiosa de interés general, como la protección de los trabajadores o la lucha contra el fraude social, y a condición de que se determine que esa normativa es adecuada para garantizar la consecución del objetivo o de los objetivos legítimos perseguidos y no va más allá de lo necesario para lograrlos, aspecto éste que incumbirá comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 252, de 31.8.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 7/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de noviembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Cartiera dell’Adda SpA/CEM Ambiente SpA

(Asunto C-42/13) (1)

((Contratos públicos - Principios de igualdad de trato y de transparencia - Directiva 2004/28/CE - Motivos de exclusión de participación - Artículo 45 - Situación personal del candidato o del licitador - Declaración obligatoria relativa a la persona designada como «director técnico» - Omisión de la declaración en la oferta - Exclusión del contrato sin posibilidad de rectificar dicha omisión))

(2015/C 007/04)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Cartiera dell’Adda SpA

Demandada: CEM Ambiente SpA

Fallo

El artículo 45 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1177/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, en relación con el artículo 2 de aquélla, así como el principio de igualdad de trato y la obligación de transparencia, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la exclusión de un operador económico de un procedimiento de adjudicación por el hecho de que ese operador no haya cumplido la obligación, establecida en los documentos relativos al contrato, de adjuntar a su oferta, so pena de exclusión, una declaración a tenor de la cual la persona designada en esa oferta como director técnico de dicho operador no es objeto de ningún procedimiento o de una condena penales, incluso cuando, en una fecha posterior al transcurso del plazo concedido para la presentación de las ofertas, se haya presentado esa declaración al poder adjudicador o se demuestre que la condición de director técnico se atribuyó por error a tal persona.

(1) DO C 101, de 6.4.2013.
2)

Los artículos 45, 46, apartado 2, y 94, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, deben interpretarse en el sentido de que no confieren a los afiliados a la seguridad social la facultad de optar por que no se tengan en cuenta, a efectos de la determinación de los derechos nacidos en un Estado miembro, los períodos de seguro cubiertos en otro Estado miembro antes de la fecha de aplicación de dicho Reglamento en ese primer Estado miembro.
1)

El Derecho de la Unión, y en particular el artículo 267 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, según la cual los tribunales ordinarios que resuelven en apelación o en última instancia están obligados, cuando consideren que una ley nacional es contraria al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a solicitar al Tribunal Constitucional, durante el procedimiento, la anulación con carácter general de la ley en lugar de limitarse a dejar de aplicarla en el caso concreto, en la medida en que el carácter prioritario de ese procedimiento tenga como efecto impedir, tanto antes de la presentación de la referida solicitud al órgano jurisdiccional nacional competente para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes como, en su caso, después de la resolución del citado órgano sobre esa solicitud, que los tribunales ordinarios ejerzan su facultad o cumplan su obligación de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. En cambio, el Derecho de la Unión, y en particular el artículo 267 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a tal normativa nacional cuando los tribunales ordinarios sigan estando facultados — para plantear al Tribunal de Justicia toda cuestión prejudicial que consideren necesaria, en cualquier momento del procedimiento que estimen apropiado, e incluso una vez finalizado el procedimiento incidental de control general de las leyes, — para adoptar toda medida necesaria a fin de garantizar la tutela judicial provisional de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, y — para dejar inaplicada, una vez finalizado ese procedimiento incidental, la disposición legislativa nacional controvertida si la consideran contraria al Derecho de la Unión. Incumbe al tribunal remitente verificar si la normativa nacional controvertida en el litigio principal puede interpretarse conforme a estas exigencias del Derecho de la Unión.
3)

El artículo 28, apartado 1, letra a), del Reglamento no 1698/2005 debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a la adopción de una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, la cual establece una ayuda para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas que, tratándose de empresas dedicadas a la explotación molinera, únicamente puede concederse en el caso de operaciones dirigidas a la modernización de las capacidades existentes en dichas explotaciones, y no en el caso de operaciones que impliquen la creación de nuevas capacidades. No obstante, ante una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que se procede al cierre de una o varias instalaciones molineras para sustituirlas por una nueva instalación molinera, sin aumento de la capacidad, incumbe al órgano jurisdiccional nacional cerciorarse de que dicha normativa se aplica de tal modo que se garantiza el respeto del principio de igualdad de trato.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 159/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de abril de 2014 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Asunto C-60/13) (1)

([Incumplimiento de Estado - Recursos propios de la Unión - Decisión 2000/597/CE, Euratom - Artículo 8 - Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 - Artículos 2, 6 y 9 a 11 - Negativa a poner a disposición de la Unión Europea recursos propios - Informaciones arancelarias vinculantes erróneas - Importaciones de ajo fresco como ajo congelado - Imputabilidad del error a las autoridades aduaneras nacionales - Responsabilidad financiera de los Estados miembros])

2014/C 159/12

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Caeiros y L. Flynn, agentes)

Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: S. Brighouse y J. Beeko, agentes, asistidos por K. Beal QC)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 4 TUE, apartado 3, del artículo 8 de la Decisión 2000/597/CE, Euratom, del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO L 253, p. 42), y de los artículos 2, 6, 9, 10 y 11 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 2000/597, modificado por el Reglamento (CE, Euratom) no 2028/2004 del Consejo, de 16 de noviembre de 2004.

Fallo

1) Declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8 de la Decisión 2000/597/CE, Euratom, del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas, y de los artículos 2, 6 y 9 a 11 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 2000/597, modificado por el Reglamento (CE, Euratom) no 2028/2004 del Consejo, de 16 de noviembre de 2004, al negarse a poner a disposición el importe de 20 061 462,11 libras esterlinas (GBP) correspondientes a los derechos debidos por las importaciones de ajo fresco cubiertas por una información vinculante errónea.

2) Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

(1) DO C 141, de 18.5.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 253/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de junio de 2014 — Comisión Europea/República de Bulgaria

(Asunto C-198/12) (1)

([Incumplimiento de Estado - Mercado interior de la energía - Transporte de gas - Reglamento (CE) no 715/2009 - Artículos 14, apartado 1, y 16, apartados 1 y 2, letra b) - Obligación de garantizar una capacidad máxima - Capacidad virtual de transporte de gas en sentido inverso - Admisibilidad])

2014/C 253/06

Lengua de procedimiento: búlgaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: K. Herrmann, S. Petrova, O. Beynet y T. Scharf, agentes)

Demandada: República de Bulgaria (representantes: D. Drambozova, E. Petranova y J. Atanasov, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 14, apartado 1, y 16, apartados 1 y 2, letra b), del Reglamento (CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1775/2005 (DO L 211, p. 36) — Obligación de garantizar a todos los participantes en el mercado la capacidad máxima — Falta de interconexión física entre el sistema de tránsito y el sistema nacional de conducción de gas — Acuerdos intergubernamentales que obstaculizan la ejecución de la obligación de poner a disposición la capacidad máxima — Alcance de la obligación establecida en el artículo 351 TFUE, párrafo segundo.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión Europea.

(1) DO C 194, de 30.6.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 159/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «4finance» UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Asunto C-515/12) (1)

((Directiva 2005/29/CE - Prácticas comerciales desleales - Plan de venta piramidal - Pertinencia de la contraprestación eventual de los consumidores realizada para recibir una compensación - Interpretación del concepto de «contraprestación»))

2014/C 159/08

Lengua de procedimiento: lituano

Órgano jurisdiccional remitente

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Partes en el procedimiento principal

Demandante:«4finance» UAB

Demandadas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretación del número 14 del anexo I de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149, p. 22) — Plan de venta piramidal que permite a un consumidor, después de haber realizado una contraprestación simbólica, recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores, y no de la venta o el consumo de productos — Incidencia del importe de la contraprestación en la calificación del plan como plan de venta piramidal — Importancia de la proporción de la financiación de las compensaciones mediante las contribuciones de los nuevos consumidores — Exigencia de que dicha compensación sea financiada en su totalidad o en su mayor parte mediante las contribuciones de los nuevos miembros.

Fallo

El anexo I, número 14, de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), debe interpretarse en el sentido de que un plan de venta piramidal sólo constituye una práctica comercial desleal en cualquier circunstancia cuando tal plan exija al consumidor una contraprestación financiera, con independencia de cuál sea su importe, a cambio de la oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores en el plan, y no de la venta o el consumo de productos.

(1) DO C 26, de 26.1.2013.
2)

El artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento no 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que un dibujo o modelo no registrado, aunque se haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no podía ser conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión Europea si sólo se dio a conocer a una única empresa de ese sector o sólo se presentó en las salas de exposición de una empresa situada fuera del territorio de la Unión, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce.
1)

La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, al haber excluido la categoría de los «dirigenti» del ámbito de aplicación del procedimiento de movilidad previsto en el artículo 2 de dicha Directiva mediante el artículo 4, apartado 9, de la Ley no 223, relativa a las normas en materia de paro técnico, movilidad, subsidios de desempleo, aplicación de las Directivas comunitarias, colocación de mano de obra y otras disposiciones relativas al mercado de trabajo (legge n. 223 — Norme in materia di cassa integrazione, mobilita’, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita’ europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), de 23 de julio de 1991.