Asunto C-153/08

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Reino de España

«Incumplimiento de Estado — Libre prestación de servicios — Artículo 49 CE y artículo 36 del Acuerdo EEE — Fiscalidad directa — Impuesto sobre la renta — Exención fiscal reservada a los premios obtenidos en juegos de azar organizados por determinados organismos y entidades nacionales»

Conclusiones del Abogado General Sr. P. Mengozzi, presentadas el 16 de julio de 2009 I ‐ 9738

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de octubre de 2009 I ‐ 9764

Sumario de la sentencia

Libre prestación de servicios — Restricciones — Legislación tributaria

(Arts. 46 CE, ap. 1, y 49 CE; Acuerdo EEE, art. 36)

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE y del artículo 36 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE) el Estado miembro que mantiene en vigor una legislación fiscal que exime de impuestos los premios obtenidos al participar en las loterías, juegos y apuestas organizados en dicho Estado miembro por determinados organismos públicos y entidades establecidos en él y que ejercen actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro, sin aplicar la misma exención a los premios de las loterías, juegos y apuestas organizados por organismos y entidades establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que ejerzan actividades del mismo tipo.

En efecto, los organismos públicos y las entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros y que persigan objetivos idénticos a los que persiguen los organismos y entidades del Estado miembro de que se trata se encuentran en una situación comparable a la de éstos.

Dadas estas circunstancias, tal exención fiscal, al tener como consecuencia un trato más favorable para los premios repartidos por los organismos y entidades establecidos en el territorio nacional, constituye una restricción discriminatoria a la libre prestación de servicios, en perjuicio de los organismos públicos y de las entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros y que persigan objetivos idénticos a los que persiguen los organismos y entidades del Estado miembro de que se trata.

En la medida en que tiene carácter discriminatorio, esta restricción sólo estaría justificada si los objetivos perseguidos por el legislador nacional pudieran calificarse de razones de orden público o de seguridad y salud públicas, en el sentido del artículo 46 CE, apartado 1, y si dicha restricción respetase el principio de proporcionalidad.

A este respecto, tal restricción no puede justificarse por el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y luchar contra el fraude fiscal, dado que las autoridades de un Estado miembro no pueden presumir con carácter general y sin distinciones que los organismos y entidades establecidos en otros Estados miembros se dedican a actividades criminales. Además, la decisión de excluir con carácter general de una exención fiscal a dichos organismos y entidades resulta desproporcionada, por ir más allá de lo necesario para combatir la criminalidad. Por lo que respecta a la lucha contra la adicción al juego, aunque no cabe excluir que dicho objetivo pueda considerarse incluido en el concepto de protección de la salud pública, la exención fiscal de los premios puede sin embargo incitar a los consumidores a participar en las loterías, juegos de azar y apuestas que puedan acogerse a ella, y no resulta por tanto apropiada para garantizar de un modo coherente la realización del objetivo que se pretende perseguir. En cuanto a la financiación de infraestructuras y proyectos de utilidad pública gracias a los ingresos percibidos por los organismos beneficiarios de la exención, se trata de razones económicas, que tampoco forman parte de las razones del artículo 46 CE que podrían justificar una restricción de la libre prestación de servicios garantizada por el Tratado. Lo mismo puede decirse de la protección del orden social o la protección de los consumidores, que, al ser razones imperiosas de interés general, no pueden justificar las restricciones que presenten un carácter discriminatorio.

De todo ello se deduce que esta discriminación no está justificada con arreglo al artículo 46 CE, apartado 1.

Como las estipulaciones del artículo 36 del Acuerdo EEE tienen el mismo alcance jurídico que las disposiciones, sustancialmente idénticas, del artículo 49 CE, las consideraciones anteriores son aplicables, mutatis mutandis, a aquel artículo.

(véanse los apartados 33, 34, 38 a 41, 43, 45 y 47 a 49 y el fallo)