ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 51/18

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de diciembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR)/Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)

(Asunto C-314/06) (1)

(Directiva 92/12/CEE - Impuestos especiales - Hidrocarburos - Pérdidas - Franquicia de derechos - Fuerza mayor)

(2008/C 51/29)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR)

Demandadas: Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Cour de cassation (Francia) — Interpretación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO L 76, p. 1) — Franquicia de derechos prevista, en el marco del régimen suspensivo, para las pérdidas debidas a casos fortuitos o a casos de fuerza mayor, así como para las pérdidas inherentes a la naturaleza de los productos durante el proceso de producción y de transformación, el almacenamiento y el transporte — Aplicabilidad de esta franquicia a la pérdida de productos petrolíferos como consecuencia de fugas y, posteriormente, de la explosión de un oleoducto que el depositario autorizado explota.

Fallo

1) El concepto de «fuerza mayor» en el sentido del artículo 14, apartado 1, primera frase, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, en su versión modificada por la Directiva 94/74/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, se refiere a circunstancias ajenas al depositario autorizado, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de toda la diligencia empleada por éste. El requisito de que dichas circunstancias deban ser ajenas al depositario autorizado no se limita a las circunstancias externas a él en un sentido material o físico, sino que se refiere también a circunstancias que parecen escapar objetivamente al control del depositario autorizado o que están fuera del ámbito de responsabilidad de éste.

2) Las pérdidas de una parte de los productos vertidos por un oleoducto debidas a su carácter de fluidos y a las características del suelo en el que se derramaron, que impidieron su recuperación, no pueden considerarse «pérdidas inherentes a la naturaleza de los productos» en el sentido del artículo 14, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 92/12, en su versión modificada por la Directiva 94/74.

(1) DO C 224 de 16.9.2006.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 171/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de mayo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-91/05) (1)

(Recurso de anulación - Artículo 47 UE - Política exterior y de seguridad común - Decisión 2004/833/PESC - Aplicación de la Acción Común 2002/589/PESC - Lucha contra la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre - Competencia de la Comunidad - Política de cooperación al desarrollo)

(2008/C 171/03)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P.J. Kuijper, J. Enegren y M. Petite, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Parlamento Europeo (representantes: R. Passos, K. Lindahl y D. Gauci, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: J.-C. Piris, R. Gosalbo Bono, S. Marquardt y E. Finnegan, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Reino de Dinamarca (representantes: A. Jacobsen, C. Thorning y L. Lander Madsen, agentes) Reino de España (representante: N. Díaz Abad, agente) República Francesa (representantes: G. de Bergues, E. Belliard y C. Jurgensen, agentes) Reino de los Países Bajos (representantes: M. de Grave, C. Wissels y H.G. Sevenster, agentes) Reino de Suecia (representante: A. Falk, agente) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: R. Caudwell y E. Jenkinson, agentes, y A. Dashwood, Barrister)

Objeto

Que se anule la Decisión 2004/833/PESC del Consejo, de 2 de diciembre de 2004, por la que se aplica la Acción Común 2002/589/PESC con vistas a una contribución de la Unión Europea a la CEDEAO en el marco de la moratoria sobre las armas ligeras y de pequeño calibre (DO L 359, p. 65) y que se declare inaplicable, por ilegal, la Acción Común 2002/589/PESC del Consejo, de 12 de julio de 2002, sobre la contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre, y por la que se deroga la Acción común 1999/34/PESC (DO L 191, p. 1)

Fallo

1) Anular la Decisión 2004/833/PESC del Consejo, de 2 de diciembre de 2004, por la que se aplica la Acción Común 2002/589/PESC con vistas a una contribución de la Unión Europea a la CEDEAO en el marco de la moratoria sobre las armas ligeras y de pequeño calibre.

2) La Comisión de las Comunidades Europeas y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.

3) El Reino de Dinamarca, el Reino de España, la República Francesa, el Reino de los Países Bajos, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como el Parlamento Europeo, cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 82 de 14.4.2007.
1)

Las disposiciones del anexo VI, parte C, punto 1, que lleva por título «Alemania», del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, son incompatibles con la libre circulación de personas y concretamente con el artículo 42 CE, en la medida en que permiten condicionar, en circunstancias como las del asunto principal, la consideración, a efectos del abono de prestaciones de vejez, de períodos de cotización cubiertos entre 1937 y 1945 en partes del territorio en que se aplicaban las leyes en materia de seguridad social del Reich alemán pero que estaban situadas fuera del de la República Federal de Alemania al requisito de que el beneficiario resida en el territorio de este Estado miembro.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 22/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de diciembre de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) y Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)/Comune di Milano

(Asuntos acumulados C-463/04 y C-464/04) (1)

(Artículo 56 CE - Libre circulación de capitales - Restricciones - Empresas privatizadas - Disposición nacional según la cual los estatutos de una sociedad anónima pueden conferir al Estado o a un ente público que posee una participación en su capital el derecho a nombrar directamente a uno o varios miembros del consejo de administración)

(2008/C 22/02)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) y Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)

Demandada: Comune di Milano

Intervinientes: AEM SpA (C-463/04 y C-464/04), Edison SpA (C-463/04)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretación del artículo 56 CE — Ley nacional que permite a los entes públicos nombrar administraciones o auditores de cuentas en las empresas privatizadas — Aplicación por parte de un ente territorial que conserva una participación importante en la empresa privatizada

Fallo

El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional como el artículo 2449 del Código Civil italiano, según la cual los estatutos de una sociedad anónima pueden conferir al Estado o a un ente público que ostente una participación en su capital la facultad de nombrar directamente a uno o varios administradores, disposición que, por sí sola o, como en los asuntos principales, en relación con una disposición como el artículo 4 del Decreto ley no 332, de 31 de mayo de 1994, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley no 474, de 30 de julio de 1994, en su versión modificada por la Ley no 350, de 24 de diciembre de 2003 — que reconoce a dicho Estado o ente el derecho a participar mediante votación de listas en la elección de los administradores no directamente nombrados por él —, puede permitir que tal Estado o ente ostente un poder de control desproporcionado con respecto a su participación en el capital de dicha sociedad.

(1) DO C 249 de 14.10.2006.
2)

¿Implica el principio de neutralidad fiscal que, para la aplicación del artículo 135, apartado 1, letra g), de la Directiva del IVA, en el caso de fondos que no sean OICVM, (2) no debe apreciarse únicamente si aquellos son equiparables a un OICVM, sino también si, desde el punto de vista del consumidor medio, son equiparables a otros fondos que no son OICVM pero que sí tienen la consideración de fondos comunes de inversión en el Estado miembro?
1.

¿Es conforme con el Derecho de la Unión, en particular con la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (Directiva 2000/78/CE), (1) a la luz del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta), que una disposición nacional establezca que una organización privada cuya ética se basa en la religión, a) puede considerar no aptas para el empleo a su servicio a las personas que hayan abandonado una determinada comunidad religiosa antes de establecerse la relación laboral, o b) puede exigir a las personas que trabajan para ella que no hayan abandonado una determinada comunidad religiosa antes de establecer la relación laboral, o c) puede condicionar la continuidad de la relación laboral a que una persona que trabaja para ella y que ha abandonado una determinada comunidad religiosa antes de que se estableciera la relación laboral se una de nuevo a dicha comunidad, cuando, por lo demás, no exige a las personas que trabajan para ella que pertenezcan a esa comunidad religiosa?
3.

Si el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/92, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y/o con el artículo 9, apartados 2 a 4, del Convenio de Aarhus, aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2005/370/CE del Consejo, no tiene el efecto señalado en la primera cuestión con carácter general, ¿surte ese efecto cuando el Derecho nacional y/o los procedimientos adoptados por la autoridad competente del Estado miembro de que se trata han permitido a una ONG de protección del medioambiente que de otro modo no tendría capacidad jurídica en el Derecho nacional participar, no obstante, en la fase administrativa del proceso de autorización del proyecto?
2.

¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, en relación con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2011/92 y con su anexo I, puntos 17, letra a), y 24, en el sentido de que se oponen a una disposición nacional en virtud de la cual, cuando a) se añade una instalación para la cría intensiva de pollos a una instalación de este tipo ya autorizada, b) la instalación que se añade (29 990 plazas) y la instalación ya autorizada (84 000 plazas) superan conjuntamente el umbral de 85 000 plazas para pollos previsto en el anexo I, punto 17, letra a), de la Directiva 2011/92, c) la instalación que se añade no alcanza el umbral nacional para realizar una evaluación preliminar específica por razón de la localización según la normativa nacional (30 000 plazas) ni el umbral nacional para una evaluación preliminar general según la normativa nacional (40 000 plazas), y, d) aunque no se efectuó una evaluación de impacto ambiental en el caso de la instalación ya autorizada, sí se realizó un estudio caso por caso en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva 2011/92 (en forma de evaluación preliminar general con arreglo a la normativa nacional), con el resultado de que no había que efectuar una evaluación de impacto ambiental en el caso de la instalación ya autorizada, solo debe efectuarse una evaluación de impacto ambiental en el caso de la instalación que se añade si un estudio caso por caso con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva 2011/92 (en forma de evaluación preliminar general con arreglo a la normativa nacional) muestra que el hecho de añadir la nueva instalación puede tener efectos adversos significativos u otros efectos adversos significativos en el medio ambiente?
1)

¿Deben interpretarse el artículo 4, apartado 3, en relación con el artículo 2, letra j), del Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) en relación con el artículo 3, apartado 2, de ese mismo Reglamento, en el sentido de que el pasajero debe presentarse siempre a facturación en las condiciones requeridas y a la hora indicada previamente por el transportista aéreo, el operador turístico o un agente de viajes autorizado o bien, en caso de no indicarse hora alguna, con una antelación mínima de cuarenta y cinco minutos respecto de la hora de salida anunciada y, con arreglo al artículo 2, letra j), del Reglamento n.o 261/2004, también debe presentarse al embarque en las condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento?
C 424/29

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Düsseldorf (Alemania) el 15 de agosto de 2022 — Air Europa Líneas Aéreas / VO, GR

(Asunto C-545/22)

(2022/C 424/38)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Apelante: Air Europa Líneas Aéreas

Apeladas: VO, GR

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) en el sentido de que la cancelación de un vuelo se debe a circunstancias extraordinarias si, tras el estallido de la pandemia mundial de la COVID-19 y a causa del colapso del tráfico aéreo mundial a partir de marzo de 2020, la compañía aérea reduce drásticamente su programación de vuelos debido a la falta de aprovechamiento económico de la capacidad de los vuelos y con el fin de proteger la salud de la tripulación y de los pilotos y cancela numerosos vuelos, sin verse obligada a la cancelación por medidas oficiales como cierres de aeropuertos, prohibiciones de vuelos o prohibiciones de entrada?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
2.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial: ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2015/2302 en el sentido de que no existen circunstancias inevitables y extraordinarias si el viajero, consciente de la alerta de viaje y de la incertidumbre sobre la evolución ulterior de la situación de pandemia, ha declarado que, no obstante, desea realizar el viaje, y al organizador no le habría resultado imposible ejecutar el viaje?
3)

Con carácter subsidiario a las dos primeras cuestiones, ¿es compatible una disposición como el artículo 4, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 504, de 26 de octubre de 1995, que asimila a las circunstancias imprevisibles y a la fuerza mayor la culpa no grave (de la misma persona o de terceros) con el régimen previsto en el artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2008/118/CE, que no establece otros requisitos, en particular por lo que respecta a la «culpa» del autor del hecho o del sujeto activo?
1)

En unas circunstancias en las que, con arreglo al Derecho del Estado miembro, los intereses sobre el importe del excedente del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») deducible (en lo sucesivo, «intereses del IVA») que no ha podido ser recuperado como consecuencia del «requisito de las adquisiciones pagadas» se calculan, mediante la aplicación de un tipo de interés que cubre incontrovertidamente los intereses de crédito en el mercado monetario a corto plazo y que se fija en el tipo básico del banco central incrementado en dos puntos porcentuales, en relación con el período de declaración del IVA de tal modo que estos intereses se devengan desde el día siguiente al de la presentación del formulario de la declaración del IVA en el que el sujeto pasivo haya indicado un excedente del IVA que deba trasladarse al período de declaración siguiente como consecuencia del requisito de las «adquisiciones pagadas» hasta el último día de presentación del formulario de la declaración del IVA siguiente, ¿debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el artículo 183 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (1) (en lo sucesivo, «Directiva del IVA»); los principios de efectividad y de equivalencia, de efecto directo y de proporcionalidad, y la sentencia del Tribunal de Justicia dictada el 23 de abril de 2020 en los asuntos acumulados Sole-Mizo y Dalmandi Mezőgazdasági (C-13/18 y C-126/18) (en lo sucesivo, «sentencia Sole-Mizo y Dalmandi Mezőgazdasági»), en el sentido de que es contrario al mismo una práctica de un Estado miembro como la controvertida en el presente asunto, que no permite que, además de los intereses del IVA, se liquiden intereses destinados a compensar al sujeto pasivo la depreciación monetaria del importe en cuestión provocada por el transcurso del tiempo tras el mencionado período de declaración hasta el pago efectivo de los intereses?
C 359/50

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 11 de julio de 2022 — BM / LO

(Asunto C-462/22)

(2022/C 359/59)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Parte recurrente en casación: BM

Parte recurrida en casación: LO

Cuestión prejudicial

El plazo de espera de un año o, en su caso, de seis meses previsto en el artículo 3, apartado 1, letra a), guiones quinto y sexto, del Reglamento n.o 2201/2003, (1) ¿comienza a correr para el demandante con la fijación de su residencia habitual en el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se presenta la demanda o es suficiente con que, al comienzo del plazo de espera pertinente, el demandante solo tenga una mera residencia en dicho Estado y esa residencia se consolide posteriormente como residencia habitual durante el período transcurrido hasta la presentación de la demanda?

(1) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
C 326/16

Recurso interpuesto el 8 de julio de 2022 — Comisión Europea / República de Eslovenia

(Asunto C-457/22)

(2022/C 326/24)

Lengua de procedimiento: esloveno

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Kocjan, L. Malferrari, E. Manhaeve y U. Małecka)

Demandada: República de Eslovenia

Pretensiones de la parte demandante

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 124, apartado 1, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, (1) al no haber adoptado todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva y, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.

— Condene a la República de Eslovenia, en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 3, a una multa diaria de 6 256,17 euros a partir de la fecha en que se dicte la sentencia en este asunto, por haber incumplido su obligación de notificar las medidas de transposición de la Directiva (UE) 2018/1972.

— Condene a la República de Eslovenia, en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 3, al pago de un importe a tanto alzado diario de 1 390,77 euros, multiplicado por el número de días que persista la infracción, por un importe mínimo de 383 000 euros.

— Condene en costas a la República de Eslovenia.

Motivos y principales alegaciones

La Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas crea un marco jurídico que garantiza la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas al nivel de la Unión. El plazo para la transposición de la Directiva expiró el 21 de diciembre de 2020.

Al término del plazo de transposición de la Directiva, la República de Eslovenia no comunicó a la Comisión ninguna medida de transposición. En consecuencia, la Comisión envió a la República de Eslovenia, el 4 de febrero de 2021, una carta de emplazamiento, y, el 23 de septiembre de 2021, un dictamen motivado, pese a lo cual la República de Eslovenia no adoptó la totalidad de las medidas necesarias para la transposición de dicha Directiva al Derecho nacional y, en cualquier caso, no las declaró a la Comisión.

(1) Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida) (DO 2018, L 321, p. 36).
1)

¿Pueden adeudarse los gastos de mantenimiento y las primas por pérdidas de ingresos previstos en el artículo 3, letras b) y c), respectivamente, del Reglamento n.o 2080/92, (1) de 30 de junio, cuando el beneficiario pruebe que las condiciones de forestación exigidas por el programa nacional de ayudas no se cumplieron por causas ajenas a su voluntad y haya hecho todos los esfuerzos posibles para obtener el resultado?
C 237/40

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 8 de abril de 2022 — Z.K. y M.S. / The Minister for Justice and Equality

(Asunto C-248/22)

(2022/C 237/51)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Z.K. y M.S.

Demandada: The Minister for Justice and Equality

Cuestión prejudicial

¿Prohíbe la Directiva 2004/38/CE del Consejo (1) la concesión simultánea de derechos de residencia derivados al cónyuge separado y a la pareja de hecho estable de un ciudadano de la Unión que ejerce legalmente su derecho de libre circulación como trabajador en virtud de la Directiva?

(1) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE | (DO 2004, L 158, p. 77).