El artículo 5, apartado 1, en relación con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 1244/2010, debe interpretarse en el sentido de que los certificados A1 expedidos por la institución competente de un Estado miembro al amparo del artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 1244/2010, vinculan no solo a las instituciones del Estado miembro en que se ejerza la actividad sino también a los tribunales de este mismo Estado miembro.

El artículo 5, apartado 1, en relación con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento n.o 987/2009, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 1244/2010, debe interpretarse en el sentido de que los certificados A1 expedidos por la institución competente de un Estado miembro al amparo del artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 1244/2010, vinculan tanto a las instituciones de seguridad social como a los tribunales del Estado miembro en que se ejerza la actividad mientras no sean retirados o invalidados por el Estado miembro en el que hayan sido emitidos, aun cuando las autoridades competentes de ese último Estado miembro y del Estado miembro en que se ejerza la actividad hayan elevado el asunto a la Comisión Administrativa de coordinación de los sistemas de seguridad social y esta haya llegado a la conclusión de que los certificados habían sido emitidos indebidamente y de que procedía retirarlos.

El artículo 5, apartado 1, en relación con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento n.o 987/2009, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 1244/2010, debe interpretarse en el sentido de que los certificados A1 expedidos por la institución competente de un Estado miembro al amparo del artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 1244/2010, vinculan tanto a las instituciones de seguridad social como a los tribunales del Estado miembro en que se ejerza la actividad, en su caso con efecto retroactivo, aun cuando los certificados únicamente se hayan expedido después de que el segundo Estado miembro hubiera determinado la sujeción del trabajador en cuestión al seguro obligatorio con arreglo a su legislación.

Por tanto, resulta oportuno observar que el papel que corresponde a la Comisión Administrativa en el procedimiento establecido en el artículo 5, apartados 2 a 4, del Reglamento n.o 987/2009 se limita a la conciliación de las posturas de las autoridades competentes de los Estados miembros que han elevado a ella el asunto.

Esta observación no se ve desmentida por el artículo 89, apartado 3, del Reglamento n.o 987/2009, que establece que las autoridades competentes velarán por que sus instituciones estén informadas de todas las disposiciones de la Unión, legislativas o no, incluidas las decisiones de la Comisión Administrativa, y las apliquen en los ámbitos y las condiciones de los Reglamentos n.o 883/2004 y n.o 987/2009, puesto que el objeto de dicha disposición no es en ningún momento modificar ni el papel que corresponde a la Comisión Administrativa en el procedimiento a que se refiere el apartado anterior ni, por ello, el valor de dictamen que tienen las conclusiones a que llegue la Comisión en ese mismo procedimiento.

(véanse los apartados 62 a 64 y 77 y el punto 2 del fallo)