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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 1985, L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (DO 1997, L 73, p. 5) (en lo sucesivo, «Directiva 85/337»), del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2012, L 26, p. 1), y de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.
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El artículo 3a de la Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz) (Ley sobre la publicidad de los medicamentos; en lo sucesivo, «HWG») tiene la siguiente redacción: «Queda prohibida la publicidad de los medicamentos sujetos a autorización obligatoria y que no estén autorizados o no se consideren autorizados en virtud de lo dispuesto en la normativa en materia de medicamentos. La primera frase del presente artículo se aplicará, en particular, cuando la publicidad se refiera a ámbitos de aplicación o a formas farmacéuticas no previstos en la autorización.»
—

en nombre de Permanent TSB Group Holdings plc, anteriormente Irish Life and Permanent Group Holdings plc, y de Permanent TSB plc, anteriormente Irish Life and Permanent plc, por los Sres. C. MacCarthy y A. Walsh, Solicitors, y P. Gallagher, SC, y la Sra. C. Geoghegan, Barrister;
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El artículo 46 ter de la loi no 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (Ley n.o 84‑16, de 11 de enero de 1984, del estatuto de la función pública del Estado), en su versión modificada por la loi no 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (Ley n.o 2002‑73, de 17 de enero de 2002, de actualización de la normativa laboral y de seguridad social) (en lo sucesivo, «Ley n.o 2002‑73»), dispone lo siguiente: «Los funcionarios en situación de servicios especiales que desempeñan puestos en una administración o en un organismo establecido en el territorio de un Estado extranjero o ante un organismo internacional podrán solicitar, incluso si están afiliados al régimen de jubilación al que pertenece el puesto que desempeñan en servicios especiales, cotizar al régimen del code des pensions civiles et militaires de retraite (Código de pensiones civiles y militares de jubilación). En tal caso, el importe de la pensión adquirida bajo este último, unido al importe de la pensión que eventualmente se adquiera en concepto de los servicios prestados en situación de servicios especiales, no podrá ser superior a la pensión que se habría adquirido de no haber estado en situación de servicios especiales, y la pensión del Código de pensiones civiles y militares de jubilación será, según corresponda, reducida hasta el límite del importe de la pensión adquirida durante dicha situación de servicios especiales. Las modalidades de aplicación del presente artículo se especificarán mediante decreto aprobado previo dictamen del Conseil d’État.»
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A este respecto, el tribunal remitente expresa sus dudas sobre la interpretación, en concreto, de los artículos 1 y 3 del Reglamento n.o 2201/2003 y desea que se dilucide el ámbito de aplicación material de este Reglamento. En primer lugar, se pregunta si un procedimiento de nulidad matrimonial incoado con posterioridad al fallecimiento de uno de los cónyuges está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. En este contexto, apunta que este último derogó el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes (DO 2000, L 160, p. 19), cuyo contenido reproducía en gran parte el del Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, celebrado mediante Acto del Consejo de 28 de mayo de 1998 (DO 1998, C 221, p. 2). Pues bien, según el tribunal remitente, en el Informe explicativo de dicho Convenio, preparado por la profesora Dra. Alegría Borrás y aprobado por el Consejo (DO 1998, C 221, p. 27), se precisaba que quedaban excluidos del ámbito de aplicación del Convenio los procedimientos relativos al examen de la validez de un matrimonio en el marco de una demanda de nulidad presentada después del fallecimiento de uno o ambos cónyuges.
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Basándose en la sentencia de 12 de febrero de 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (C‑515/07, EU:C:2009:88), dicho órgano jurisdiccional remitente estima que la autorización que figura en el artículo 1 de la Decisión de autorización puede interpretarse en el sentido de que sólo permite excluir la deducción del IVA soportado en los supuestos en que el bien adquirido se utilice en más del 90 % «con fines ajenos a la empresa», y no con fines no económicos, que no se hallan comprendidos dentro del ámbito de aplicación del IVA. Entiende que, en tal supuesto, el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, de la UStG no estaría cubierto por la Decisión de autorización puesto que la deducción del IVA soportado también queda excluida en caso de una utilización no económica superior al 90 %.
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Mediante sus recursos en los asuntos C‑14/15 y C‑116/15, el Parlamento Europeo solicita respectivamente la anulación, por una parte, de la Decisión 2014/731/UE del Consejo, de 9 de octubre de 2014, relativa al establecimiento de un intercambio automatizado de datos por lo que respecta a los datos de matriculación de vehículos (DMV) en Malta (DO 2104, L 302, p. 56); de la Decisión 2014/743/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2014 , relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos por lo que respecta a los datos de matriculación de vehículos (DMV) en Chipre (DO 2014, L 308, p. 100), y de la Decisión 2014/744/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2014, relativa al establecimiento de un intercambio automatizado de datos por lo que respecta a los datos de matriculación de vehículos (DMV) en Estonia (DO 2014, L 308, p. 102), así como, por otra parte, de la Decisión 2014/911/UE del Consejo, de 4 de diciembre de 2014, relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Letonia (DO 2014, L 360, p. 28) (en lo sucesivo, conjuntamente, «Decisiones impugnadas»).
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El artículo 15, apartados 1 y 2, de la Ley sobre la igualdad de trato tiene el siguiente tenor: «1. En caso de infracción de la prohibición de discriminación, el empleador deberá indemnizar el perjuicio causado. No habrá lugar a dicha indemnización si el empleador no fuere responsable de la infracción. 2. El empleado podrá reclamar una indemnización económica adecuada por los daños no patrimoniales sufridos. En caso de no contratación, el importe de la indemnización no podrá exceder de tres mensualidades de salario cuando el contrato de trabajo tampoco se hubiera formalizado con el empleado o la empleada en ausencia de discriminación.»
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Ciertamente, el Derecho primario de la Unión no puede garantizar a un asegurado que el desplazamiento a un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen sea neutro en lo que respecta a la seguridad social, especialmente en materia de prestaciones de enfermedad y de pensiones de jubilación, puesto que tal desplazamiento, habida cuenta de las disparidades existentes entre los regímenes y las legislaciones de los Estados miembros, puede ser más o menos ventajoso, según el caso, para la persona de que se trate en el plano de la protección social. Sin embargo, de reiterada jurisprudencia resulta que, en el caso en que su aplicación resulte menos favorable, la normativa nacional sólo será conforme con el Derecho de la Unión si no perjudica al trabajador interesado con relación a quienes ejercen todas sus actividades en el Estado miembro en el que aquélla se aplica y si no conduce pura y simplemente a un abono de cotizaciones sociales a fondo perdido (véase la sentencia de 21 de enero de 2016, Comisión/Chipre, C‑515/14, EU:C:2016:30, apartado 40 y jurisprudencia citada).
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En particular, cuando un plan o proyecto que no tenga relación directa con la gestión de un determinado lugar o no sea necesario para la misma puede comprometer los objetivos de conservación de dicho lugar, se debe considerar que puede afectar a ese lugar de forma apreciable. Esta posibilidad debe apreciarse, en particular, a la luz de las características y condiciones medioambientales específicas del lugar afectado por tal plan o proyecto (sentencia de 15 de mayo de 2014, Briels y otros, C‑521/12, EU:C:2014:330, apartado 20 y jurisprudencia que allí se cita).
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Asimismo, es preciso indicar que, según el artículo 32, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, la inscripción de la licencia en el Registro será realizada a instancia de parte. No obstante, este artículo, al igual que el artículo 29 de dicho Reglamento, no contiene una disposición análoga a la del artículo 28, letra b), de ese mismo Reglamento, según el cual «hasta tanto la cesión no haya sido inscrita en el Registro, el cesionario no podrá invocar los derechos dimanantes del registro del dibujo o modelo comunitario».
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El artículo 165 del mismo Código establece: «Si el trabajador no puede comenzar sus vacaciones en el plazo fijado por motivos que justifiquen su ausencia del trabajo, en particular por: 1) incapacidad laboral temporal por enfermedad, 2) aislamiento por enfermedad contagiosa, 3) llamamiento a maniobras militares o a instrucción militar por un período no superior a tres meses, 4) permiso de maternidad, el empresario deberá aplazar las vacaciones a una fecha posterior.»
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El Reglamento n.o 1260/2001 fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n.o 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO 2006, L 58, p. 1), que fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO 2007, L 299, p. 1), que, a su vez, fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 671).
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La Decisión 2012/35 incluyó el nombre del recurrente en la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413 alegando su participación en actividades destinadas a eludir las sanciones. Por el mismo motivo, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 54/2012 del Consejo, de 23 de enero de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 961/2010 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 19, p. 1), incluyó el nombre del recurrente en la lista que figura en el anexo VIII del Reglamento (UE) n.o 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 423/2007 (DO L 281, p. 1).
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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la nota 3 de la sección XVII y de la nota 1, letra c), del capítulo 93 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión resultante del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013 (DO 2013, L 290, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»).
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El artículo 8 de la Directiva 2013/33, que lleva por título «Internamiento», establece lo siguiente: «1. Los Estados miembros no internarán a una persona por la única razón de que sea un solicitante de protección internacional, de conformidad con la Directiva [2013/32]. 2. Cuando ello resulte necesario, sobre la base de una evaluación individual de cada caso, los Estados miembros podrán internar a un solicitante siempre que no se puedan aplicar efectivamente medidas menos coercitivas. 3. Un solicitante solo podrá ser internado: a) para determinar o verificar su identidad o nacionalidad; b) para determinar los elementos en que se basa la solicitud de protección internacional que no podrían obtenerse sin el internamiento, en particular cuando exista riesgo de fuga del solicitante; c) para decidir, en el marco de un procedimiento, sobre el derecho del solicitante a entrar en el territorio; d) cuando la persona internada esté sometida a un procedimiento de retorno con arreglo a la Directiva [2008/115], para preparar el retorno o la ejecución del proceso de expulsión, y el Estado miembro pueda demostrar sobre la base de criterios objetivos, que, en particular, el interesado ya ha tenido la oportunidad de acceder al procedimiento de asilo, por lo que hay motivos razonables para pensar que únicamente presenta la solicitud de protección internacional para retrasar o frustrar la ejecución de la decisión de retorno; e) cuando así lo exija la protección de la seguridad nacional y el orden público; f) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) no 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida [(DO L 180, p. 31)]. Los motivos de internamiento quedarán establecidos en el Derecho nacional. 4. Los Estados miembros velarán por que el Derecho nacional establezca normas que ofrezcan alternativas al internamiento, como la presentación periódica ante las autoridades, el depósito de una fianza o la obligación de permanecer en un lugar determinado.»
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Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio seguido entre Kødbranchens Fællesråd (organización sectorial de la carne bovina), que actúa en nombre de siete mataderos (Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S y Vejle Eksportslagteri A/S; en lo sucesivo, conjuntamente, «mataderos»), por una parte, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) y la Administración Veterinaria y Alimentaria de Dinamarca (Fødevarestyrelsen), por otra, sobre el cobro de tasas impuestas para cubrir los costes originados por los controles oficiales sobre piensos y alimentos.
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Mediante su segundo motivo de casación, el Sr. Hesse alega, esencialmente, que, en particular, en los apartados 59 y 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal General cometió un error de Derecho al confirmar que las marcas anteriores habían adquirido notoriedad, a los efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94. Concretamente, según el recurrente, el Tribunal desnaturalizó los hechos y las pruebas que le habían sido aportadas al no tomar en consideración ciertos resultados esenciales de la encuesta realizada por la empresa GfK, de los que se desprende que, a fin de cuentas, el público no asocia la marca CARRERA a los automóviles, sino en primer lugar a los juguetes, en particular a los circuitos de carreras eléctricos dirigidos a los niños. Por ello, basándose en dichos resultados, el Tribunal General debería haber declarado que la marca CARRERA no disfrutaba de notoriedad, a los efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94.
Cuando, tras la anulación de una Decisión adoptada tomando como base las disposiciones del Tratado CECA y por la que se declaraba la existencia de una infracción del artículo 65 CA, la Comisión readopta la Decisión anulada, después de que haya expirado ese Tratado, basándose en los artículos 7, apartado 1, y 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, es preciso que el procedimiento que desemboca en esa nueva Decisión respete las normas de procedimiento establecidas en ese Reglamento, aunque dicho procedimiento se haya iniciado antes de la entrada en vigor de este último.

Habida cuenta de que el procedimiento destinado a reemplazar el acto anulado puede en principio reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad, la Comisión no está obligada a formular un nuevo pliego de cargos antes de readoptar una Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 65 CA y que fue anulada porque la Comisión carecía de competencia para adoptarla tomando como base las disposiciones del Tratado CECA, que ya no estaba vigente en la fecha en que se adoptó esa Decisión.

Sin embargo, bajo el régimen del procedimiento establecido en el Reglamento n.o 1/2003, que se desarrolla en el Reglamento n.o 773/2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE], se prescribe que la Comisión invitará a las autoridades de competencia de los Estados miembros a participar en la audiencia que, a petición de los destinatarios de un pliego de cargos, siga a la notificación de este documento. De ello se deduce que la Comisión está obligada, con arreglo a los artículos 12 y 14 del Reglamento n.o 773/2004, a dar a las partes la oportunidad de exponer sus argumentos oralmente en una audiencia a la que haya invitado a las autoridades de competencia de los Estados miembros.

Como en el procedimiento establecido por los Reglamentos n.o 1/2003 y n.o 773/2004 reviste gran importancia la celebración de una audiencia a petición de las partes afectadas, a la que, con arreglo al artículo 14, apartado 3, de este segundo Reglamento, debe invitarse a las autoridades de competencia de los Estados miembros, la omisión de esta audiencia constituye un vicio sustancial de forma. Al no haberse respetado el derecho a la celebración de tal audiencia, establecido por el Reglamento n.o 773/2004, es innecesario que la empresa cuyos derechos fueron así violados demuestre que esa violación pudo influir, en perjuicio suyo, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la Decisión impugnada. Por lo tanto, dicho procedimiento está inevitablemente viciado, con independencia de las consecuencias eventualmente perjudiciales para la empresa afectada que esa violación pueda haber producido.

(véanse los apartados 26, 28, 31, 32, 36, 38, 42, 43 y 45 a 47)
Asunto C‑701/15

Malpensa Logistica Europa SpA

contra

Società Esercizi Aeroportuali SpA (SEA)

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)

«Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Transportes — Concepto de “explotación de un área geográfica con el fin de ponerla a disposición de los transportistas aéreos en los aeropuertos u otras terminales de transporte” — Directivas 2004/17/CE y 96/67/CE — Normativa nacional que no prevé un procedimiento de licitación para la atribución de espacios aeroportuarios»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 13 de julio de 2017

Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales — Directiva 2004/17/CE — Ámbito de aplicación — Atribuciones, incluidas las temporales, de espacios destinados a la asistencia aeroportuaria en tierra, que no vayan acompañadas de remuneración alguna que deba pagar la gestora del aeropuerto — Exclusión — Normativa nacional que no prevé una licitación previa para tales atribuciones — Procedencia

(Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7; Directiva 96/67/CE del Consejo, art. 16, ap. 2)

El artículo 7 de la Directiva 2004/17, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que no prevé una licitación previa para las atribuciones, incluidas las temporales, de espacios destinados a la asistencia aeroportuaria en tierra, que no vayan acompañadas de remuneración alguna que deba pagar la gestora del aeropuerto.

En cambio, una entidad gestora de un aeropuerto, como la SEA, está sujeta a lo dispuesto en la Directiva 96/67, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad.

Del artículo 16, apartado 2, de la Directiva 96/67, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad, resulta que la entidad gestora de que se trata está obligada a cumplir las obligaciones que se derivan de dicha disposición; en su virtud, los espacios disponibles para la asistencia en tierra en el aeropuerto deben repartirse entre los diferentes agentes de asistencia en tierra y entre los distintos usuarios que practiquen la autoasistencia, incluidos los nuevos, en la medida necesaria para el ejercicio de sus derechos y para permitir una competencia efectiva y leal, en función de normas y criterios pertinentes, objetivos, transparentes y no discriminatorios, sin estar, sin en embargo, obligada a organizar una licitación previa.

(véanse los apartados 32, 33 y 35 y el fallo)
Asunto C‑633/15

London Borough of Ealing

contra

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber)]

«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Exenciones de prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte — Artículo 133 — Exclusión de la exención en caso de riesgo de distorsiones de la competencia en perjuicio de las empresas comerciales sujetas al IVA — Prestaciones de servicios realizadas por entidades de Derecho público sin ánimo de lucro»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de julio de 2017

Armonización de las legislaciones fiscales—Sistema común del impuesto sobre el valor añadido—Exenciones—Exenciones aplicables a ciertas actividades de interés general—Prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física—Exclusión de la exención en caso de riesgo de distorsiones de la competencia—Entidades de Derecho Público que realizan tales prestaciones—Normativa nacional que establece la aplicación de la citada exención a dichos organismos de Derecho público—Procedencia [Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 132, ap. 1, letra m), y 133, párrs. 1 y 2, letra d)] Armonización de las legislaciones fiscales—Sistema común del impuesto sobre el valor añadido—Exenciones—Exenciones aplicables a ciertas actividades de interés general—Prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física—Exclusión de la exención en caso de riesgo de distorsiones de la competencia—Entidades de Derecho público sin ánimo de lucro que realizan tales prestaciones—Normativa nacional que establece la aplicación de la citada exención únicamente a las entidades de Derecho público sin ánimo de lucro—Improcedencia [Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 132, ap. 1, letra m), y 133, párrs. 1 y 2, letra d)]