5.

No puede admitirse esta tesis. En mi opinión, argumentos más convincentes militan en favor de la inclusión del beneficio de que se trata en los regímenes de previsión social que la Directiva pretende someter inmediatamente al principio de igualdad y en especial en el régimen general de invalidez. Como es bien conocido, la invalidez es el estado bio-económico en el que se encuentra la persona protegida tras una reducción de las energías de trabajo que se refleja en sus capacidades de ganancia. A veces, la invalidez es tan grave que da lugar a que la persona necesite la ayuda de otro en la vida diaria. En estos casos los sistemas de previsión de los Estados miembros conceden generalmente a la persona inválida una prestación especial o incrementan la prestación principal, precisamente para compensar total o parcialmente los gastos a que da lugar la ayuda. El sistema británico es diferente. Las dos prestaciones que prevé tienen destinatarios diferentes: por una parte, la persona inválida, por otra, la persona que le prodiga cuidados y asistencia. Dicho esto, releamos el apartado 1 del artículo 3. Con arreglo a este artículo, la Directiva 79/7 se aplica «a los regímenes legales que aseguren una prestación contra [el riesgo de] invalidez» [letra a)] y «a las disposiciones relativas a la ayuda social, en la medida en que están destinadas a completar [el régimen de invalidez]» [letra b)]. Ahora bien, no hay duda de que en la norma citada se hace hincapié en dos datos: el uso que el legislador comunitario hace de la palabra «regímenes» (mientras que, cuando quiere excluir alguna medida, los términos a los que recurre son los mucho más limitados «prestaciones» o «ventajas» o «derechos») y el hecho de que haya contemplado expresamente las disposiciones relativas a la asistencia social. A mi juicio, de ello se desprende que la Directiva se aplica a un sistema de protección contra la invalidez, a la vez coherente y general: es decir, que puede incluir todas las prestaciones, de cualquier manera que estén reguladas en los ordenamientos nacionales, de los que se compone el régimen de que se trata. Todas las prestaciones y, por consiguiente, también las que, como el subsidio de que se trata, se conceden a una persona no inválida. En efecto, esta modalidad de pago no deja al beneficio de referencia fuera del régimen de invalidez, al menos por dos motivos. El primero es su lógica dependencia de una situación de invalidez, en el sentido de que, como admitió la defensa del Adjudication Officer durante la fase oral, la conditio sine qua non de su concesión es la existencia de una persona protegida. El segundo motivo es el evidente nexo económico que vincula dicha prestación a aquella de la que se beneficia la persona inválida: es decir, esta última obtiene una ventaja del hecho de que la persona que le asiste se beneficie de un subsidio. En definitiva, aunque los mecanismos utilizados en el Reino Unido (indemnización a la persona que asiste) y en los demás Estados miembros (incremento del beneficio concedido a la persona inválida) sean diferentes, los resultados a los que llegan son esencialmente equivalentes (véase en este sentido el "rapport intérimaire de la Commission des Communautés européennes sur l'application de la directive 79/7, doc. COM(83) 793 final, de 6. 1. 1984). Puede observarse también que la eficacia de la Directiva quedaría seriamente comprometida si las modalidades de pago de un beneficio fijaran sus limites de aplicación. En efecto, es obvio que, admitiendo semejante posibilidad, pocos retoques normativos bastarían a un Estado miembro para dejar fuera de la aplicación del principio de igualdad a numerosos sectores de previsión. No afecta a la solución adoptada el argumento del Adjudication Officer que hace hincapié en la progresividad con la que debe aplicarse dicho principio: como se ha visto en el apartado 3, nuestra prestación no figura entre las que (regímenes profesionales, etc.) deberán cumplir la Directiva en un segundo momento. El argumento según el cual la Directiva se aplica únicamente a quien forme parte de la población activa, de donde debe deducirse que queda excluido el subsidio pagado a no trabajadores, tampoco tiene fundamento. En efecto, me parece evidente que, en un caso como el que nos ocupa, los destinatarios del principio de igualdad son los trabajadores inválidos. En razón del vínculo existente entre la prestación principal de la que son titulares y la pagada a la persona que les asiste, pero entendida indirectamente como constitutiva de un beneficio para ellos, las condiciones con arreglo a las cuales se paga el segundo beneficio deben ser iguales para los hombres y para las mujeres.