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Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 14 de enero de 2003. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica. - Incumplimiento de Estado - Directiva 98/81/CE - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado. - Asunto C-436/01.



Recopilación de Jurisprudencia 2003 página I-02633



Conclusiones del abogado general

1. En el presente asunto, la Comisión solicita que se declare, con arreglo al artículo 226 CE, que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/81/CE del Consejo, de 26 de octubre de 1998, por la que se modifica la Directiva 90/219/CEE relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, al no haber adoptado las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

2. El artículo 1 de la Directiva 98/81 modifica sustancialmente numerosas disposiciones de la Directiva 90/219/CEE, la cual establece medidas comunes para la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente con vistas a proteger la salud humana y el medio ambiente.

3. Según el artículo 2 de la Directiva 98/81, los Estados miembros están obligados a adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva, a más tardar dieciocho meses después de la fecha de su entrada en vigor. Dado que, con arreglo a su artículo 3, la Directiva entró en vigor el 5 de diciembre de 1998, las disposiciones de adaptación deberían haber sido adoptadas antes del 5 de junio de 2000.

4. Es pacífico entre las partes que el Reino de Bélgica no adoptó las medidas necesarias en el período de tiempo prescrito. El Reino de Bélgica alega en su escrito de contestación, de fecha 21 de enero de 2002, que la Región de Bruselas y la Región Valona habían adoptado las medidas de adaptación del Derecho interno a la Directiva y que éstas iban a entrar en vigor en breve. Además, la Región Flamenca está adoptando las medidas necesarias para adaptar el Derecho interno a la Directiva lo más rápidamente posible.

5. Se desprende de lo anterior que el recurso de la Comisión está fundado.

Conclusión

6. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que:

1) Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/81/CE del Consejo, de 26 de octubre de 1998, por la que se modifica la Directiva 90/219/CEE relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, al no haber adoptado las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

2) Condene en costas al Reino de Bélgica.
Conclusiones del Abogado General Léger presentadas el 20 de septiembre de 2001. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 98/51/CE. - Asunto C-148/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2001 página I-09823



Conclusiones del abogado general

1. Mediante el presente recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/51/CE, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada directiva.

2. A tenor de una jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Justicia considera que, en el marco de un recurso interpuesto al amparo del artículo 226 CE, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado.

3. Pues bien, en el presente caso, de los autos se desprende que, al expirar el plazo de dos meses señalado en el dictamen motivado emitido por la Comisión, es decir, el 14 de septiembre de 1999, la República Italiana no había adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 98/51. El Gobierno italiano no muestra su disconformidad con este dato de hecho.

Conclusión

4. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que estime el recurso interpuesto por la Comisión y que decida:

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 98/51/CE de la Comisión, de 9 de julio de 1998, relativa a determinadas disposiciones de aplicación de la Directiva 95/69/CE del Consejo por la que se establecen los requisitos y las normas aplicables a la autorización y el registro de determinados establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva.

2) Condenar en costas a la República Italiana.
2)

Sobre el fondo a) La fecha contractual de finalización del edificio IPE IV es el 31 de diciembre de 1997, prorrogada en su caso en virtud de los motivos previstos en los artículos 5.2 y 5.3 del contrato marco, de común acuerdo entre, por un lado, el Parlamento Europeo, y, por otro, SERS y la ciudad de Estrasburgo. En consecuencia, el recurso incidental interpuesto por SERS y la ciudad de Estrasburgo contra el apartado V.3 del laudo arbitral es infundado. b) Con arreglo al artículo 6.3, último párrafo, del contrato marco, el período en el que el Parlamento Europeo está exento de su obligación de abonar intereses intercalares comienza a computarse a partir de la fecha contractual de finalización, fijada conforme a los artículos 3.2 y 5.1, en relación con los artículos 5.2 y 5.3. No obstante, esta exención está sujeta a dos requisitos formulados alternativamente: — que el retraso producido tras la fecha contractual de finalización sea atribuible a una actuación culposa personal de SERS, o — que el órgano jurisdiccional contemplado en el artículo 29 del contrato marco, en el presente caso el Tribunal de Justicia, no reconozca dicho retraso como justificado. c) SERS y la ciudad de Estrasburgo no pueden alegar fuerza mayor, tal como está prevista en el artículo 5.2 del contrato marco, con relación: — al fracaso del primer concurso relativo a la obra gruesa del edificio IPE IV; — al incumplimiento de las empresas implicadas en la construcción, en especial el incumplimiento del grupo DRELEFORTROCHETEAU; — a las huelgas; — al corte de tráfico por deshielo. d) SERS y la ciudad de Estrasburgo pueden alegar condiciones atmosféricas adversas, previstas en el artículo 5.2 del contrato marco. El Tribunal de Justicia debería, mediante auto, ordenar un dictamen pericial para recibir asesoramiento sobre las siguientes cuestiones: — ¿Los casos de malas condiciones atmosféricas alegados por SERS influyeron de modo significativamente negativo en el camino crítico del proceso de construcción a los efectos de su finalización el 31 de diciembre de 1997? — En caso afirmativo, ¿cuántos días laborables supone este retraso? e) SERS y la ciudad de Estrasburgo no pueden alegar resoluciones administrativas imperativas para que se aplique el artículo 5.2 del contrato marco. f) La fiche modificative PEU 008, firmada por el Parlamento Europeo, atribuye a SERS una prórroga de la fecha contractual de finalización de 20 días laborables con arreglo al artículo 5.3 del contrato marco. g) SERS no ha alegado motivos reconocibles y de peso que justifiquen un mayor retraso de la fecha contractual de finalización, que debe determinarse mediante la aplicación de los artículos 5.2 y 5.3. En consecuencia, el Parlamento está exento, con arreglo al artículo 6.3, último párrafo, del contrato marco, de su obligación de abonar intereses intercalares desde dicha fecha, que deberá determinarse.
89.

No obstante, es cierto que la norma contenida en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento no 214/94 sólo se aplica a los operadores tradicionales. En mi opinión, esta aparente diferencia de trato se explica por razones objetivas. En la medida en que las normas que rigen el reparto del contingente son distintas según que la situación de que se trate sea la de un operador que participa en el reparto del contingente tradicional o la de un operador que participa en el reparto del contingente de los demás operadores, la precisión contenida en este artículo resultaba necesaria. En efecto, como destaca la Comisión, ( 42 )«La disposición equivalente al apartado 2 del artículo 2, por lo que respecta a los demás operadores, sería, efectivamente, una disposición relativa a la fusión de dos sociedades que podían acceder ya al contingente de los demás operadores durante el ejercicio en curso. En el contexto de la gestión de este contingente, una posibilidad de este tipo no reviste ningún interés práctico, dado que todo reparto posterior se produciría haciendo referencia no a los resultados obtenidos anteriormente, sino a la solicitud posterior presentada por la sociedad resultante de la fusión. En cambio, en el caso de importadores tradicionales, en que el hecho de la fusión puede tener efectos jurídicos hasta cuatro después, la situación prevista en el apartado 2 del artículo 2 puede producirse y reviste, por consiguiente, un interés práctico real, al menos desde el punto de vista de la claridad administrativa. Por esta razón, el Reglamento no 214/94 contiene una disposición expresa relativa a esta cuestión en el caso del importador tradicional, pero no en el caso de los demás operadores.»
Conclusiones del Abogado General Fennelly presentadas el 5 de diciembre de 1996. - Myrianne Coen contra Estado belga. - Petición de decisión prejudicial: Conseil d'Etat - Bélgica. - Agente temporal - Procedimiento de selección - Solicitud de candidaturas a los Estados miembros - Recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales. - Asunto C-246/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-00403



Conclusiones del abogado general

1 En el presente asunto, presenté mis conclusiones el 28 de marzo de 1996. Mediante auto de 2 de octubre de 1996, el Presidente de la Sala Segunda ordenó la reapertura de la fase oral del procedimiento, como consecuencia del intempestivo fallecimiento del Juez Ponente, Sr. Schockweiler, el 1 de junio de 1996.

2 En esta fase del procedimiento, no ha formulado observaciones orales ninguna de las personas facultadas para hacerlo con arreglo al artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia y, por consiguiente, no se ha celebrado una nueva vista. En estas circunstancias, no tengo nada que añadir a mis conclusiones de 28 de marzo de 1996.
27.

En aras de la exhaustividad, debo añadir que no me parece especialmente significativo que el Estado miembro demandado haya solicitado expresamente al Tribunal de Justicia que declare que el Derecho italiano no se había adaptado correctamente a las Directivas. En primer lugar, ello se deduce lógicamente de su alegación basada en una ejecución parcial mediante el DPR 320/54, tanto si el Estado miembro demandado formula expresamente dicha pretensión como si no. En segundo lugar, el Gobierno italiano no ha indicado en modo alguno en qué medida, a su juicio, puede considerarse que el Derecho interno de su país se ha adaptado a las Directivas ex ante, por así decirlo, mediante el citado Decreto. Finalmente, como ya señalé anteriormente, el procedimiento basado en el artículo 169 tiene carácter objetivo, y el Tribunal de Justicia no tiene que aceptar necesariamente cuanto la parte demandada reconoce; de esta forma, en la sentencia de 7 de marzo de 1996, Comisión/Francia, ( 29 ) el Tribunal de Justicia examinó detalladamente las imputaciones de la Comisión, incluso aquellas que no habían sido discutidas por el Gobierno francés.
4.

En su escrito de contestación de 29 de septiembre de 1995, el Gobierno italiano reconoció que la República Italiana todavía no había adaptado su Derecho interno a la Directiva. No obstante, alegó que este retraso no se debía a negligencia por su parte, sino a las dificultades encontradas para adaptar su Derecho nacional a la Directiva coordinándola con la Directiva de base, recientemente modificada por la Directiva 92/32 del Consejo. ( 4 )
38.

No me parece que los bonos de Argos representen un descuento sobre el precio de los artículos adquiridos con dichos bonos. No es necesario establecer sutiles distinciones con la sentencia Boots. Esta sentencia es radicalmente diferente debido a la naturaleza intrínseca de los bonos. Como los bonos se pagan en dinero y por la totalidad de su valor, en unas circunstancias en las que el descuento representa simplemente una rebaja por el volumen de la compra, se convierten en unos vales que desempeñan una función radicalmente diferente de la de ofrecer un descuento. Pasan a ser, en efecto, una forma de pago.
31.

En resumen, procede afirmar que no pueden considerarse cumplidos ninguno de los requisitos fijados en la letra c) del apartado 3 del artículo 5 para la adjudicación de un contrato de obras en procedimiento negociado sin previa publicación de un anuncio de licitación. Por consiguiente, opino que procede estimar la pretensión de la Comisión, de forma que hay que declarar que la República Federal de Alemania ha infringido la Directiva al haber adjudicado el Wasser-und Schiffahrtsamt Emden un contrato público de obras relativas a trabajos de dragado del Bajo Ems desde Papenburg hasta Oldersum mediante el procedimiento negociado sin haber publicado previamente un anuncio de licitación en el Diario Oficial de Us Comunidades Europeas.
55.

No hay razón para suponer que las intenciones que subyacen en el mecanismo del FNE no sean elogiables. Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, son los efectos de una medida, y no sus causas u objetivos, los que determinan si la medida se encuentra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 y, en particular, el supuesto fin social de una medida no puede ser suficiente para dispensarla de la aplicación de dicho artículo. ( 16 ) Puede ciertamente ocurrir que, en realidad, las intervenciones se distribuyan equitativamente entre sectores y entre empresas, pero, necesaria o incluso manifiestamente, no es éste el caso, debido a la existencia de la facultad discrecional. Por lo tanto, es imposible llegar a la conclusión de que el mecanismo del FNE es una medida general.
16.

Afirma que los concesionarios no pueden acogerse al Reglamento, pues sus contratos de concesión no cumplen las normas de minimis impuestas por el propio Reglamento, debido a las facultades casi discrecionales, no previstas por éste, que en dichos contratos se atribuye el fabricante. Invoca a este respecto la existencia de una denuncia presentada ante la Comisión de las Comunidades Europeas respecto de los doce concesionarios demandantes.
3.

El Gobierno italiano no niega la obligación que le incumbe de adaptar el Derecho italiano a las Directivas, si bien reconoce que no ha efectuado dicha adaptación dentro de los plazos señalados en las mismas. No obstante, en el escrito que presentó ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno italiano aclaró que el ordenamiento jurídico de su país se había adaptado a la Directiva 91/688 mediante una Orden ministerial de 26 de julio de 1994 ( 3 ) y, por lo que se refiere a la Directiva 91/685, que la adaptación debería efectuarse a través de la Legge comunitaria 1993. A tal fin, ya había sido enviado un proyecto de ley al Consejo de Estado con el fin de que éste emitiera un dictamen previo. Por este motivo, el Gobierno italiano solicita al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad del recurso relativo a la Directiva 91/688 y, por lo que se refiere a la Directiva 91/685, solicitó a la Comisión que desistiera de la pretensión que tenía por objeto que se declarara el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Tratado por la no adaptación del Derecho italiano a dicha Directiva.
24.

No obstante, me parece que dicho motivo tiene su origen en una extrapolación de la conclusión a la que ha llegado el Tribunal de Primera Instancia. Efectivamente, el Tribunal, en este considerando, no niega el hecho de que, para tener derecho a las indemnizaciones diarias previstas en el artículo 10, el funcionario se halla obligado a cambiar de residencia, contrariamente a lo que pretende hacer creer el Parlamento. Por el contrario, lo que niega el Tribunal de Primera Instancia, en respuesta a un argumento expuesto por el Parlamento, es el hecho de que, en el presente caso, el funcionario no se haya visto obligado a cambiar de residencia. Ahora bien, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia sobre este particular no puede cuestionarse.
11.

Otros elementos a favor del resultado al que he llegado anteriormente pueden encontrarse en dos Reglamentos que fueron adoptados después de la importación de las mercancías controvertidas, a saber, el Reglamento no 1601/91, al que ya he hecho referencia, y el Reglamento (CEE) no 2593/93, por el que se modifica el Anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87. ( 6 ) La definición que da de sangría el primer Reglamento (véase el punto 6 supra), no es directamente pertinente, puesto que —haciendo abstracción de la inaplicabilidad de dicho Reglamento ratione temporis — dicha definición tiene por objeto determinar no el significado de los términos utilizados en la Nomenclatura Combinada, sino simplemente las bebidas para las que puede utilizarse la denominación «sangría». Así se desprende del artículo 6, que reserva la utilización de las denominaciones a que se refiere el artículo 2 a las bebidas que en él se definen. Hay que señalar, no obstante, que el apartado 2 del artículo 4 prevé que para la elaboración de las bebidas a que se refiere el Reglamento —incluido, por tanto, el vermut, tal como se define en la letra a) del apartado 2 del artículo 2— se autoriza la adición de agua, siempre que el agua añadida no cambie la naturaleza de la bebida. Está claro, pues, que el legislador comunitario ha estimado, al menos en 1991, que la adición de agua no produce, por sí sola, la transformación del vermut en otro tipo de bebida. A este respecto, los autores del Reglamento se limitan a expresar una concepción lógica que también era válida en la época en que tuvieron lugar las importaciones de que se trata.
23.

Este argumento de la recurrente no puede ser estimado. En efecto, las dos cartas del Director de la UCLAF y la del Comisario Sr. Schmidhuber se limitan a informar a las autoridades italianas de los resultados de una investigación realizada conjuntamente por agentes comunitarios y por funcionarios italianos, en relación con posibles irregularidades acaecidas en la concesión de ayudas a Nutral, instándoles además a que realicen las actuaciones necesarias para recuperar las sumas indebidamente percibidas por esta empresa. Como señala la Comisión en su escrito de contestación, el Estado italiano no estaba obligado a asumir las conclusiones de la Comisión ni a realizar las actuaciones sugeridas por ésta, porque la ejecución de la normativa agrícola comunitaria en su territorio es, en principio, una materia de su competencia. Por tanto, las actas y la orden conminatoria de las autoridades italianas son actos autónomos de su derecho interno y no constituyen medidas de ejecución de los actos de la Comisión. Ahora bien, es evidente que las autoridades italianas tienen libertad para tomar en cuenta o no las informaciones y sugerencias de la Comisión. El Estado italiano podía haber solicitado a Nutral la devolución de las ayudas indebidamente percibidas sin necesidad de ninguna intervención de la Comisión, y la existencia de actos de la Comisión, como los impugnados en este asunto, tampoco obliga a las autoridades italianas a actuar contra Nutral. Si los actos de la Comisión no obligan a Italia, a fortiori tampoco pueden afectar a la situación jurídica de Nutral.
5.

Según la disposición controvertida de la legislación neerlandesa y, más especialmente, según el principio del apartado 1 y la letra f) del artículo 11 de la citada Ley de 1968, relativa al Impuesto sobre el Volumen de Negocios, están exentas del Impuesto sobre el Volumen de Negocios los suministros y las prestaciones de servicios de carácter social o cultural previstos mediante reglamentos de la Administración Pública, a condición de que la empresa no persiga un fin lucrativo y si esta exención no puede perturbar gravemente las circunstancias de competencia en perjuicio de las empresas que trabajan con ánimo de lucro. Esta disposición está precisada por el apartado 1 del artículo 7 de la Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (Reglamento del Impuesto sobre el Volumen de Negocios; en lo sucesivo, «Besluit») que considera también como actividades de esta naturaleza los servicios enumerados en su Anexo B. Como lo precisa la resolución del órgano jurisdiccional de remisión, «la letra b) de dicho Anexo, en el texto que estaba en vigor hasta el 1 de julio de 1989, mencionaba —en la medida en que interesa al caso presente— los suministros y las prestaciones de servicios efectuados por los organismos siguientes cuando éstos no actúan con ánimo de lucro: 2. los centros de colonias de vacaciones para niños, las guarderías, los jardines de infancia y las escuelas al aire libre. En la versión que entró en vigor el 1 de julio de 1989, la letra b) del citado Anexo Β de que se trata, menciona —en la medida aquí pertinente— los suministros y las prestaciones de servicios, a los efectos del artículo 7 de la Besluit, que se realizan por los organismos siguientes cuando no actúan con ánimo de lucro: 6. las instituciones de acogida de niños y las escuelas para niños que padezcan enfermedades de larga duración». El órgano jurisdiccional de remisión parte de la premisa de que la demandante explota una empresa a los efectos de los puntos 2 y 6 antes citados.
9.

Sin embargo, el caso que nos ocupa es distinto del supuesto que acabamos de recordar. Efectivamente, en el presente asunto parece indiscutible que el producto destinado al perfeccionamiento es un componente electrónico ya ensamblado en el país de procedencia; el perfeccionamiento consiste en una comprobación (definida en la resolución de remisión como «medición»), en la que no se efectúa ninguna modificación ni transformación física del producto. La comprobación permite únicamente separar los componentes que (ya) funcionan (mercancías A) de los (ya) defectuosos (mercancías B). En ese procedimiento no aparecen residuos y las mercancías B tampoco pueden considerarse, en sentido estricto, como tales, puesto que no resultan del perfeccionamiento aunque su selección se efectúe gracias al perfeccionamiento. No obstante, ninguna de las partes del procedimiento niega la posibilidad de admitir los circuitos integrados de Temic al régimen de perfeccionamiento activo, posibilidad que es confirmada por la Comisión. Por consiguiente, la comprobación efectuada en las mercancías debe considerarse como una operación de perfeccionamiento conforme a una interpretación realmente amplia de las disposiciones a las que se remiten la letra b) del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento de base y la letra b) del apartado 1 del artículo 25 del Reglamento de aplicación, anteriormente citadas: una «manipulación usual» o bien «cualquier operación» efectuada sobre una mercancía «para preparar su distribución o reventa». Por tanto, si la comprobación es una operación de perfeccionamiento, el resultado de tal operación es la individualización de dos categorías de productos: los productos útiles (mercancías A), que representan el producto compensador principal, y los productos defectuosos (mercancías B), que representan el producto compensador secundario.