El artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, sobre el permiso de conducción, y el artículo 2, apartado 1, en relación con artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2006/126, sobre el permiso de conducción, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro de acogida que permite a éste denegar el reconocimiento en su territorio del permiso de conducción expedido en otro Estado miembro en el supuesto de que se demuestre, basándose en informaciones incontestables, que emanen del Estado miembro de expedición, que el titular del permiso de conducción no cumplía el requisito de residencia normal previsto en los artículos 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 91/439 y 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/126 en el momento de la expedición de dicho permiso. A este respecto, el hecho de que las informaciones sean transmitidas por el Estado miembro de expedición a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, no directamente, sino sólo de forma indirecta, a través de una comunicación efectuada por terceros, no permite, en sí mismo, excluir que pueda considerarse que dichas informaciones emanan del Estado miembro de expedición, siempre y cuando tales informaciones provengan de una autoridad de ese último Estado miembro.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si las informaciones así obtenidas pueden ser calificadas como informaciones que emanan del Estado miembro de expedición y, en su caso, evaluar las referidas informaciones y apreciar, teniendo en cuenta todas las circunstancias del litigio de que conoce, si constituyen informaciones incontestables, que acrediten que el titular del permiso no tenía su residencia normal en el territorio de ese último Estado en el momento de la expedición de su permiso de conducción. En el marco de la referida apreciación, el órgano jurisdiccional nacional, en particular, podrá tomar en consideración la circunstancia eventual de que las informaciones emanadas del Estado miembro de expedición indiquen que el titular del permiso de conducción sólo estuvo presente en el territorio de dicho Estado durante un período muy breve y que fijó una residencia meramente ficticia en el territorio de éste, con el único objetivo de eludir la aplicación de los requisitos más estrictos previstos para la expedición de un permiso de conducción en su Estado miembro de residencia real. No obstante, al ser inherente al ejercicio de su derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros conferido a los ciudadanos de la Unión por el artículo 21 TFUE, apartado 1, y reconocido por las Directivas 91/439 y 2006/126, el hecho de que el titular de un permiso de conducción haya fijado su residencia en un Estado miembro determinado con el objetivo de acogerse a una legislación menos rigurosa por lo que respecta a los requisitos de expedición del permiso de conducción no permite, por sí solo, demostrar el incumplimiento del requisito de residencia normal, tal como respectivamente se prevé en los artículos 7, apartado 1, letra b), y 7, apartado 1, letra e), de las antedichas Directivas, que justifica que un Estado miembro se niegue a reconocer el permiso de conducción expedido en otro Estado miembro.

(véanse los apartados 75 a 77 y el punto 2 del fallo)