Mediante la primera pregunta se pide al Tribunal de Justicia que determine el lugar de las operaciones imponibles cuando los servicios se obtengan de máquinas de azar instaladas en buques que prestan el servicio de ida y vuelta entre los territorios de dos Estados miembros.

La norma pertinente -repito— está contenida en el artículo 9 de la Sexta Directiva. Según el apartado 1, «los servicios se considerarán prestados en el lugar donde esté situada la sede de la actividad económica de quien los preste o en el lugar donde este último posea un establecimiento permanente desde el que se haga la prestación de servicios» o, en defecto de uno y otro, «el lugar de su domicilio o residencia habitual». No obstante, en el apartado 2 se establecen varias excepciones, por ello, si se trata de «actividades culturales, artísticas, deportivas, científicas, docentes o similares» y de las prestaciones de los servicios accesorios [primer guión de la letra c)], o de «actividades accesorias propias de los transportes, tales como carga, descarga, mantenimiento y similares» [segundo guión de la letra c)] el lugar de quo será aquél en que estas prestaciones sean materialmente realizadas.

Como se deduce de la resolución de remisión y de las observaciones de la Comisión, los servicios objeto del presente asunto son ajenos a estas últimas hipótesis. No es posible incluirlas entre las actividades enumeradas en el primer guión por su carácter, digamos, «itinerante», y dado que no guardan ninguna relación con la carga, descarga y mantenimiento de los buques, debe descartarse la aplicación a las mismas del segundo guión. Por lo tanto, sólo queda referirse a la regla general establecida en el apartado 1. Como se ha visto, esta disposición prevé dos criterios principales y uno subsidiario. Los primeros estriban en la sede de la actividad económica del prestador o en el centro permanente en el que éste organiza el servicio. El tercero, aplicable solamente cuando no puede recurrirse a los otros, consiste en el lugar de su domicilio o residencia habitual.

El concepto de «sede de la actividad económica» no es objeto de la cuestión prejudicial y, en cualquier caso, no plantea problemas. En consecuencia, me limitaré a señalar qué debe entenderse en sentido técnico: es decir, se refiere al domicilio social, tal como se indica en el acto constitutivo de la sociedad titular de la empresa prestadora. Más complejo es el concepto de «establecimiento permanente». Al Finanzgericht diré ante todo que «permanente» equivale a «duradero» o «fijo» y es lo contrario de «precario» u «ocasional». Pero esto no basta. Un centro de actividad económica, máxime si presta servicios que se extienden en el tiempo, exige un mínimo de organización. Pues bien, no existe ninguna organización, o sea, conjunto ordenado de bienes y personas, que no implique división de trabajo. Por lo tanto, el prestador de servicios deberá disponer o bien de medios materiales o bien de colaboradores que le ayuden a explotarlo y a administrarlo.

Ahora ya tiene el Juez remitente la interpretación que pedía: establecimiento permanente en el sentido del apartado 1 del artículo 9 puede muy bien ser un aparato (como una máquina automática para juegos de azar) siempre que se halle instalado de forma duradera en un determinado lugar y que, para su explotación, requiera energías humanas.

Un último problema: ¿A cuál de los dos criterios principales previstos en el apartado 1 del artículo 9 habrá que atenerse cuando, como en el caso de autos, no coinciden la sede y el establecimiento permanente del prestador? Sobre el particular nada dice la norma ni nada nos aclara la exposición de motivos de la Directiva -aún cuando es cierto que el séptimo considerando menciona la «sede», pero evidentemente no en un sentido técnico-. Por lo tanto, propongo recurrir al principio general en virtud del cual el IVA deberá percibirse en el lugar del consumo. En efecto, este criterio nos incita a preferir el criterio que permite localizar la prestación con mayor exactitud, y no cabe duda de que, entre ambos, el más idóneo para tal fin sea el —obviamente más puntual- del establecimiento permanente.

Esta conclusión tiene un valor general; pero resulta especialmente útil en nuestro caso, en el cual, antes que desarrollarse dentro de un país, la actividad económica se extiende al ámbito espacial de aplicación de dos ordenamientos fiscales distintos. Por lo tanto, tal actividad deberá localizarse en el buque y, sea cual fuere el Estado en que se halle la sede de la empresa, estará sujeta a la ley nacional del buque.