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Recurso de casación interpuesto el 25 de enero de 2019 por Sigma Alimentos Exterior, S.L. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 15 de noviembre de 2018 en el asunto T-239/11, Sigma Alimentos Exterior / Comisión

(Asunto C-50/19 P)

(2019/C 112/35)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (representante: M. Muñoz Pérez, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones

— Que se estime el presente recurso de casación.

— Que se anule la Sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2018, dictada en el asunto T-239/11 (1).

— Que se anule el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/282/UE, de la Comisión, de 12 de enero de 2011 (2).

— Subsidiariamente, que se anule el artículo 4 de la Decisión impugnada.

— Que se condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso de casación se fundamenta en dos motivos, el segundo de los cuales se subdivide a su vez en tres apartados:

— Incorrecta interpretación de la Sentencia World Duty Free (3), fijando erróneos criterios de comparabilidad que conducen, a su vez, a una indebida apreciación de la existencia de selectividad y, consecuentemente, a la apreciación de la existencia de ayuda ilegal, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 107 del TFUE.

— Error al considerar que la posible apreciación de obstáculos jurídicos a las combinaciones transfronterizas no desvirtúa que la medida controvertida sea selectiva, sobre la base de un erróneo análisis del método de tres etapas seguido por la Comisión para determinar la existencia de ayuda ilegal. Así yerra la Sentencia en los siguientes aspectos: — Error en la identificación del régimen fiscal nacional común, vulnerando lo dispuesto en el artículo 107 del TFUE relativo a la calificación de ayuda de Estado ilegal. — Error al no considerar la medida analizada como una medida de carácter general, vulnerando así de igual forma lo dispuesto en el artículo 107 del TFUE. — Error en la apreciación de la existencia de una excepción al régimen nacional común como marco de referencia, con vulneración del artículo 107 del TFUE.

La recurrente considera que el TGUE ha incurrido en diversos motivos de infracción del artículo 107, apartado 1, del TFUE y del principio de neutralidad fiscal, y, en varios aspectos, ha completado esencialmente o incluso sustituido el razonamiento expuesto por la Comisión en la Decisión recurrida por el suyo propio, lo que determinaría, por sí mismo, un motivo fundado de anulación de la Sentencia recurrida.

(1) Sentencia de 15 de noviembre de 2018, Sigma Alimentos Exterior/Comisión (T-239/11, no publicada, EU:T:2018:781).

(2) Decisión de la Comisión 2011/282/UE, de 12 de enero de 2011, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España ( DO 2011, L 135, p. 1).

(3) Sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group y otros (C-20/15 P y C-21/15 P, EU:C:2016:981).
2.

Sobre el análisis del tercer motivo por el Tribunal Se ha demostrado y es admitido por el Tribunal que Mylène Troszczynski no es la autora del tweet controvertido y que ella lo borró tan pronto como tuvo conocimiento de él. El Tribunal considera no obstante que estos dos hechos no han sido tomados en consideración para determinar si se cumplen las condiciones de la suspensión de la inmunidad parlamentaria. El Tribunal incurre en error manifiesto de apreciación: — Al afirmar que no corresponde al Parlamento saber si son probados los hechos imputados a la diputada en cuestión, incluso teniendo en cuenta que el Parlamento examina los hechos reconociendo en su decisión que Mylène Troszczynski no es la autora del tweet. — Al no extraer las consecuencias jurídicas de determinados documentos adjuntos en anexo al informe de la Comisión de los Asuntos Jurídicos, a saber, los extractos de la Ley de 29 de julio de 1881, y especialmente su artículo 42. — En tanto el auto de remisión ante el Tribunal correctionnel (Tribunal de lo Penal) de 26 de abril de 2018 refleja la persecución de un magistrado contra una diputada, por tanto, una intención de perjudicarla en el plano político, comportamiento característico del fumus persecutionis.
1)

En la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error al aplicar los artículos 76, apartado 1, y 65 del Reglamento n.o 207/2009 (1) (actualmente artículos 95, apartado 1, y 72 del Reglamento 2017/1001 (2)) y al declarar inadmisibles las alegaciones de la recurrente relativas al escaso carácter distintivo de la marca anterior en el procedimiento de oposición porque tales alegaciones habían sido presentadas por primera vez ante el Tribunal General (apartados 87 a 90 de la sentencia recurrida). a. El Tribunal General debe apreciar los hechos y las alegaciones, aun cuando se presenten por primera vez ante él, en el supuesto de que la Sala de Recurso de la EUIPO hubiese debido tenerlos en cuenta de oficio. b. El significado de una parte de una marca en una lengua de la Unión es un hecho notorio y, como tal, debería ser analizado de oficio por la Oficina. En consecuencia, las alegaciones relativas a tal significado han de ser analizadas exhaustivamente por el Tribunal General, incluidas las alegaciones presentadas por primera vez ante él. c. La recurrente en el procedimiento ante el Tribunal General tiene derecho a cuestionar la evaluación de hechos notorios realizada por la Sala de Recurso de la EUIPO, incluso presentando nuevas alegaciones ante el Tribunal General y las pruebas en que se basan tales alegaciones. d. Al no evaluar hechos y alegaciones que la Oficina debería haber tenido en cuenta de oficio (incluidos hechos notorios relacionados con el significado de las marcas que eran objeto del procedimiento de oposición), el Tribunal General ha infringido las normas generales de procedimiento y ha apreciado de forma errónea cuestiones pertinentes del asunto sometido ante la Sala de Recurso.
1)

A la luz de la definición de su objeto y de su ámbito de aplicación con arreglo a sus artículos 1 y 2, ¿se aplica la Directiva 2006/123 (1) al arrendamiento a título oneroso, incluso no profesional, de un inmueble amueblado destinado a uso de vivienda que no constituye la residencia principal del arrendador, de forma reiterada y durante breves períodos de tiempo a clientes de paso que no fijan en él su domicilio, habida cuenta, en particular, de los conceptos de prestadores y de servicios?
2.

El Tribunal General, en su apreciación del «uso efectivo» en el sentido del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 207/2009, se basa en el hecho de que el volumen de negocios indicado en las facturas es demasiado bajo en comparación con el volumen de negocios que resulta de la declaración formal aportada. Sin embargo, el Tribunal General habría podido tener en cuenta, en el mejor de los casos, la capacidad de producción y de distribución objetiva del sector. Las actuales condiciones subjetivas de la empresa individual no pueden jugar ningún papel en la extensión del uso. Además, el uso de una marca debe considerarse efectivo aunque cuantitativamente sea insignificante; no hay un límite inferior absoluto. No cabe una evaluación de la estrategia de la empresa y del éxito comercial de los productos en cuestión. Solo es relevante la existencia de un uso meramente simbólico.
3)

En caso de respuesta negativa a la cuestión 1, ¿debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, letra f), de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea en el sentido de que el hecho de que la autoridad judicial emisora no mencione en la orden de detención europea la pena accesoria de puesta a disposición del tribunal de ejecución de las penas tiene como consecuencia que dicha pena accesoria, de la que cabe suponer que la autoridad judicial de ejecución no tiene conocimiento, no puede dar lugar a la privación efectiva de libertad en el Estado miembro emisor?
C 436/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg (Alemania) el 4 de septiembre de 2018 — TDK-Lambda Germany GmbH / Hauptzollamt Lörrach

(Asunto C-559/18)

(2018/C 436/31)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Baden-Württemberg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: TDK-Lambda Germany GmbH

Demandada: Hauptzollamt Lörrach

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, (1) en su versión modificada por el Reglamento […] (UE) n.o 1218/2012 [del Parlamento Europeo y del Consejo], de 12 de diciembre de 2012, […] por el que se modifica [y completa] el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, (2) en el sentido de que unos convertidores estáticos como los que son objeto del presente asunto solo pueden clasificarse en la subpartida 8504 4030 si se utilizan principalmente en aparatos de telecomunicación o en máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades, o basta para que se dé el elemento «de los tipos utilizados» con que los convertidores estáticos puedan ser utilizados, de acuerdo con sus características objetivas, además de en otros campos de aplicación, en aparatos de telecomunicación o en máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades?

(1) DO 1987, L 265, p. 1.

(2) DO 2012, L 351, p. 36.
4)

¿Es conforme la interpretación que se realiza, por parte de esta Juzgadora, que la conversión del trabajador temporal objeto de abuso en «indefinido no fijo» no es sanción eficaz en cuanto el trabajador así calificado pude ser cesado, ya sea porque se cubra su puesto en proceso selectivo o sea amortizada la plaza, y por ello no es conforme con el Acuerdo Marco para prevenir la utilización abusiva de los contratos de trabajo de duración determinada al no cumplirse el artículo 2, párrafo primero[,] de la Directiva 1999/70 en cuanto no garantiza por el Estado Español los resultados fijados en la misma? Ante esta situación se hace necesario reiterar en este supuesto que se describe las siguientes preguntas, contenidas en la cuestión prejudicial planteada en fecha 30 de enero de 2018, en Procedimiento Abreviado 193/2017 en el JCA n.o 8 de Madrid (3):
C 341/7

Recurso de casación interpuesto el 2 de julio de 2018 por Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 23 de abril de 2018 en el asunto T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel / Comisión Europea

(Asunto C-436/18 P)

(2018/C 341/08)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (representantes: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal General de 23 de abril de 2018 en el asunto T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. contra la Comisión Europea.

— Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1429 (1) de la Comisión, de 26 de agosto de 2015, que establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío originarios de la República Popular China, en la medida en que afecte a la recurrente.

— Condene a la Comisión Europea a cargar con las costas de la recurrente en esta casación, así como con las del procedimiento ante el Tribunal General en el asunto T-675/15.

Subsidiariamente,

— Devuelva el asunto al Tribunal General.

— Reserve la decisión sobre las costas en ambas instancias.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo del recurso de casación, la recurrente se basa en dos motivos de recurso.

Primero, la sentencia recurrida interpretó la segunda frase del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 (2) del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, de modo contrario a Derecho al leer en esa disposición una condición que no figura en su tenor, cuando se selecciona el país análogo.

Segundo, al sostener que, en principio, no son posibles ajustes al valor normal cuando se aplica el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, la sentencia recurrida vulneró esta disposición.

(1) DO 2015, L 224, p. 10.

(2) DO 2009, L 343, p. 51.
Asunto C-399/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Países Bajos) el 18 de junio de 2018 — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV / Autoriteit Consument en Markt

Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Países Bajos) el 18 de junio de 2018 — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV / Autoriteit Consument en Markt

(Asunto C-399/18)

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV

Demandada: Autoriteit Consument en Markt

Cuestión prejudicial

¿Es compatible una tarifa uniforme en función de las capacidades, en virtud de la cual se establece una diferenciación no por tipo de usuario de red, sino con arreglo a la capacidad contratada, con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 715/2009 ( 1 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1775/2005 (Reglamento del gas)?

( 1 ) DO 2009, L 211, p. 36.
Asunto C-365/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) el 4 de junio de 2018 — Shell Italia E & P SpA / Ministero dello Sviluppo Economico y otros

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) el 4 de junio de 2018 — Shell Italia E & P SpA / Ministero dello Sviluppo Economico y otros

(Asunto C-365/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Shell Italia E & P SpA

Recurridas: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente

Cuestión prejudicial

¿Son contrarias las disposiciones del artículo 6, apartado 1, y el considerando 6 de la Directiva 94/22/CEE ( 1 ) a una normativa nacional, en particular, al artículo 19, apartado 5 bis, del Decreto Legislativo n.o 625 de 1996, que, en virtud de la interpretación realizada por el Consiglio di Stato en su sentencia n.o 290/2018, a efectos de la determinación de los cánones que deban abonarse permite imponer el índice QE, basado en las cotizaciones del petróleo y de otros combustibles, en lugar del índice Pfor, vinculado al precio del gas en el mercado a corto plazo?

( 1 ) Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos (DO 1994, L 164, p. 3).
Asunto C-333/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 23 de mayo de 2018 — Lombardi Srl / Comune di Auletta y otros

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 23 de mayo de 2018 — Lombardi Srl / Comune di Auletta y otros

(Asunto C-333/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Lombardi Srl

Recurridas: Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

Cuestión prejudicial

«¿Puede interpretarse el artículo 1, apartados 1, párrafo tercero, y 3, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, ( 1 ) en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, ( 2 ) en el sentido de que permite que cuando en un procedimiento de licitación hayan participado varias empresas que no hayan sido llamadas a juicio (y cuyas ofertas no se hayan impugnado), en virtud de la autonomía procesal reconocida a los Estados miembros, se atribuya al juez la facultad de apreciar la concreción del interés invocado mediante el recurso principal por el licitador contra el cual se ha dirigido un recurso incidental excluyente que se ha estimado fundado, utilizando los instrumentos procesales que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, de forma que dicha posición subjetiva pueda ampararse en los consolidados principios nacionales de congruencia [artículo 112 del codice di procedura civile (Código de Procedimiento Civil)], de prueba del interés invocado [artículo 2697 del codice civile (Código Civil)] y de los límites subjetivos de la fuerza de cosa juzgada, que se da únicamente entre las partes del proceso y no puede afectar a la posición de las personas ajenas al litigio [artículo 2909 del codice civile (Código Civil)]?

( 1 ) DO 1989, L 395, p. 33.

( 2 ) Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos (DO 2007, L 335, p. 31).
1.

Interpretación errónea del artículo 263 TFUE, al considerar que la ahora recurrente no estaba directamente afectada por la Decisión controvertida. En el marco de este motivo, la recurrente señala que el Tribunal General incurrió en un error de apreciación al determinar que la recurrente no estaba directamente afectada por la Decisión controvertida. El punto de vista adoptado por el Tribunal General no es conforme con la jurisprudencia dominante hasta la fecha, según la cual existe una incidencia directa de las decisiones de la Comisión en los operadores distintos de las autoridades nacionales de regulación, que son los destinatarios de las citadas decisiones. En particular, la recurrente indica que la autoridad de regulación alemana pretende manifiestamente adoptar una excepción reglamentaria.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 190/8

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Reino Unido) el 5 de marzo de 2018 — Safeway Ltd / Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

(Asunto C-171/18)

(2018/C 190/10)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Safeway Ltd

Recurridas: Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

Cuestión prejudicial

En caso de que las normas de un régimen de pensiones confieran la facultad, con arreglo al Derecho interno, de reducir, mediante la modificación de su escritura de constitución y con efectos retroactivos, el valor de los derechos a pensión devengados, tanto por los hombres como por las mujeres, durante un período comprendido entre la fecha de un anuncio escrito de propuesta de modificación del régimen y la fecha en que fue efectivamente modificada la escritura de constitución, ¿exige el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (anteriormente y en el momento de los hechos, artículo 119 del Tratado de Roma) que los derechos a pensión devengados, tanto por los hombres como como por las mujeres, se consideren consolidados durante ese período, en el sentido de que están protegidos frente a la reducción retroactiva llevada a cabo mediante la facultad otorgada por el Derecho interno?
2.

Segundo motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al imponer dos multas por la misma conducta: a) La sentencia vulnera el principio de non bis in idem ya que impuso a Marine Harvest dos multas por haber adquirido la participación del 48,5 % del Sr. Malek: una primera multa de 10 millones de euros impuesta conforme al artículo 14, apartado 2, letra a), del Reglamento de concentraciones por la puesta en marcha de una operación de concentración supuestamente antes de la notificación (presunta infracción del artículo 4, apartado 1, del Reglamento de concentraciones) y una segunda multa de 10 millones de euros con arreglo al artículo 14, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento por haber ejecutado la operación de concentración antes de la autorización (presunta infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento de concentraciones). b) Con carácter subsidiario, la sentencia violó el principio de toma en consideración de una pena más leve en el momento de la imposición de una pena más grave ya que no tomó en consideración la primera sanción a la hora de determinar la segunda sanción. c) Con carácter secundario de segundo grado, la sentencia incurrió en error de Derecho al no aplicar el principio del concurso de infracciones: el supuesto incumplimiento de la obligación de notificación del artículo 4, apartado 1, era la infracción más específica y, por lo tanto, englobaba el presunto incumplimiento de la obligación del status quo del artículo 7, apartado 1, del Reglamento de concentraciones, que constituía la infracción más general.