ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 38, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 25 y 26)

2. Recurso por incumplimiento — Derecho de la Comisión a recurrir en vía jurisdiccional — Ejercicio que no depende de la existencia de un interés específico en ejercitar la acción (Art. 226 CE) (véase el apartado 30)

3. Aproximación de las legislaciones — Sector de las telecomunicaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Marco regulador — Directiva 2002/21/CE — Servicio universal y derechos de los usuarios — Directiva 2002/22/CE — Régimen transitorio (Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2002/21/CE, arts. 16 y 27, párr. 1, y 2002/22/CE, arts. 16 y 17) (véanse los apartados 46 a 50 y 57 a 72 y el fallo)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 16 y 17 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51) y de los artículos 16 y 27 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33) — Imposición al operador de la obligación de obtener una autorización para las tarifas al público de los servicios de acceso a Internet de banda ancha cuando no se ha efectuado previamente un análisis de mercado.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 16 y 17 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), y de los artículos 16 y 27 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), al haber regulado las tarifas aplicadas al público por los servicios de acceso a Internet de banda ancha sin haber realizado previamente un análisis de mercado.

2) Condenar en costas a la República de Polonia.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Medio ambiente — Prevención y reparación de daños medioambientales — Responsabilidad medioambiental — Directiva 2004/35/CE — Medidas reparadoras

(Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 7 y 11, ap. 4, y anexo II, punto 1.3.1)

2. Medio ambiente — Prevención y reparación de daños medioambientales — Responsabilidad medioambiental — Directiva 2004/35/CE — Medidas reparadoras

(Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

Índice

1. Los artículos 7 y 11, apartado 4, de la Directiva 2004/35 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, en relación con el anexo II de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad competente está facultada para modificar sustancialmente las medidas reparadoras de daños medioambientales que han sido adoptadas tras un procedimiento contradictorio llevado a cabo en colaboración con los operadores interesados y cuya ejecución ha comenzado o acabado. No obstante, para adoptar tal decisión:

– dicha autoridad deberá oír a los operadores a los que se impongan tales medidas, salvo cuando la urgencia de la situación medioambiental exija una actuación inmediata por parte de la autoridad competente;

– la referida autoridad también habrá de invitar, en particular, a las personas en cuyas tierras hayan de aplicarse tales medidas a presentar sus observaciones y las tendrá en cuenta, y

– dicha autoridad deberá tener en cuenta los criterios previstos en el punto 1.3.1 del anexo II de la Directiva 2004/35 e indicar, en su decisión, los motivos exactos en los que se basa su elección, así como, en su caso, los que justifiquen que no era necesario hacer un examen detallado a la vista de los referidos criterios o que éste no pudo efectuarse debido, por ejemplo, a la urgencia de la situación medioambiental.

(véanse el apartado 67 y el punto 1 del fallo)

2. La Directiva 2004/35, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, no se opone a una normativa nacional que permite a la autoridad competente supeditar el ejercicio, por parte de los operadores a los que van dirigidas las medidas reparadoras del medio ambiente, del derecho a utilizar sus terrenos a la condición de que ejecuten los trabajos que éstas exijan y ello aunque los referidos terrenos no estén afectados por esas medidas al haber sido objeto de medidas de «saneamiento» anteriores o no haber sido jamás contaminados. No obstante, tal medida ha de justificarse por el objetivo de impedir la agravación de la situación medioambiental en el lugar en que se ejecutan las referidas medidas o, en aplicación del principio de cautela, por el objetivo de prevenir la aparición o reaparición de otros daños medioambientales en los referidos terrenos de los operadores, adyacentes a todo el litoral objeto de las citadas medidas reparadoras.

(véanse el apartado 92 y el punto 2 del fallo)
De este modo, el mero hecho de que los estudios jurídicos realizados que versen sobre el Derecho de un primer Estado puedan ser considerados comparables, desde el punto de vista tanto del nivel de la formación recibida cuanto del tiempo y de los esfuerzos dedicados a tal fin, a los estudios dirigidos a proporcionar los conocimientos certificados por la cualificación exigida en otro Estado miembro, no puede generar por sí mismo, en el marco del examen comparativo, una obligación de privilegiar no los conocimientos exigidos por la normativa nacional del Estado miembro en el que el candidato solicita beneficiarse de la formación profesional requerida para acceder a las profesiones jurídicas, sino aquellos, relativos esencialmente al Derecho del primer Estado miembro, certificados por las cualificaciones obtenidas en este primer Estado.

El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro examinan la solicitud de un nacional de otro Estado miembro que tiene por objeto acceder a un período de formación práctica para ejercer posteriormente una profesión jurídica regulada, como unas prácticas preparatorias para las profesiones jurídicas, este artículo no impone por sí mismo que dichas autoridades exijan únicamente al candidato, en el marco del examen de la equivalencia exigido por el Derecho comunitario, un nivel de conocimientos jurídicos inferior a los certificados por la cualificación exigida en dicho Estado miembro para el acceso a tal período de formación práctica. No obstante, debe precisarse, por un lado, que dicho artículo tampoco se opone a una flexibilización de la cualificación requerida, y, por otro, que es necesario que la posibilidad de un reconocimiento parcial de las competencias certificadas por las cualificaciones justificadas por el interesado no sea meramente ficticia en la práctica, lo que corresponde verificar al tribunal nacional.

(véase el apartado 65 y el punto 2 del fallo)
Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE un Estado miembro que impone restricciones a la libertad de establecimiento de los organismos de otros Estados miembros que pretendan ejercer en dicho Estado miembro la actividad de inspección de vehículos, en particular a través de la supeditación de la concesión de las autorizaciones al interés público, la exigencia de poseer un capital social mínimo de 100.000 euros, la limitación del objeto social de las empresas y la imposición a sus socios, gerentes y administradores de determinadas normas en materia de incompatibilidad.

En efecto, aun cuando las exigencias establecidas por la normativa nacional se aplican de la misma forma tanto a los operadores establecidos en el Estado miembro en cuestión como a los procedentes de otros Estados miembros, pueden impedir a los operadores que no cumplan los criterios establecidos en dicha normativa establecerse en ese país para ejercer en él una actividad de inspección de vehículos. En particular, el criterio del interés público puede abrir el camino a una utilización arbitraria de la facultad de apreciación de las autoridades competentes, permitiéndoles denegar dicha autorización a algunos operadores interesados, aun cuando éstos cumplan los demás requisitos establecidos en la normativa. Por otra parte, al no haberse demostrado ni el carácter necesario ni el carácter proporcionado de las medidas controvertidas, en relación con el objetivo perseguido, no puede considerarse que las disposiciones discutidas estén justificadas por razones relativas a la protección de la seguridad del tráfico.

(véanse los apartados 30, 49 y 53 y el fallo)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 2 de julio de 2009 — Comisión/Luxemburgo

(Asunto C-567/08)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/36/CE — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 9)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, en el plazo señalado, de todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22).

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, al no adoptar dentro del plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 2 de julio de 2009 — Comisión/Luxemburgo

(Asunto C-567/08)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/36/CE — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 9)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, en el plazo señalado, de todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22).

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, al no adoptar dentro del plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que una cláusula contractual abusiva no vincula al consumidor y que, a este respecto, no es necesario que aquél haya impugnado previamente con éxito tal cláusula.

El juez nacional deberá examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. Cuando considere que tal cláusula es abusiva se abstendrá de aplicarla, salvo si el consumidor se opone. Esta obligación incumbe asimismo al juez nacional en el momento de la apreciación de su propia competencia territorial.

En efecto, el juez que conoce del asunto ha de garantizar el efecto útil de la protección que persigue la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Por consiguiente, el papel que el Derecho comunitario atribuye de este modo al juez nacional en la materia de que se trata no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula contractual, sino que incluye asimismo la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, incluso en el momento de la apreciación de su propia competencia territorial. A la hora de cumplir la mencionada obligación, sin embargo, el juez nacional no tiene, en virtud de la Directiva, el deber de excluir la aplicación de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras haber sido informado al respecto por dicho juez, manifiesta su intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula.

(véanse los apartados 32, 33 y 35 y el punto 2 del fallo)
Para determinar si la infracción considerada no es una «infracción distinta» de la que hubiera motivado la entrega, en el sentido del artículo 27, apartado 2, de la Decisión marco 2002/584, que exija la incoación del procedimiento de consentimiento previsto en el artículo 27, apartados 3, letra g), y 4, de dicha Decisión marco, debe comprobarse si, según la tipificación jurídica que se hace de la infracción en el Estado miembro de emisión, los elementos constitutivos de aquélla son los mismos por los cuales la persona ha sido entregada y si existe una correspondencia suficiente entre los datos que figuran en la orden de detención y los mencionados en el acto de procedimiento posterior. Son admisibles cambios en las circunstancias de tiempo y lugar, siempre que se deriven de elementos obtenidos durante el procedimiento seguido en el Estado miembro de emisión en relación con los comportamientos referidos en la orden de detención, no alteren la naturaleza de la infracción y no impliquen ningún motivo de no ejecución, en virtud de los artículos 3 y 4 de dicha Decisión marco.

La excepción establecida en el artículo 27, apartado 3, letra c), de la Decisión marco 2002/584, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, según la cual la regla de especialidad contemplada en el artículo 27, apartado 2, no se aplicará si el proceso penal no concluye con la aplicación de una medida restrictiva de la libertad individual de la persona, debe interpretarse en el sentido de que, ante una «infracción distinta» de la que hubiera motivado la entrega, debe solicitarse y obtenerse el consentimiento, de conformidad con el artículo 27, apartado 4, de la Decisión marco, si se trata de ejecutar una pena o una medida privativa de libertad. La persona entregada puede ser acusada y condenada por tal infracción antes de obtener dicho consentimiento, siempre que no se aplique ninguna medida restrictiva de libertad durante la fase de instrucción o de enjuiciamiento relativa a dicha infracción. No obstante, la excepción prevista en dicho artículo 27, apartado 3, letra c), no se opone a que la persona entregada sea objeto de una medida restrictiva de libertad antes de obtener el consentimiento siempre que esa medida esté legalmente justificada por otras imputaciones que consten en la orden de detención europea.

(véanse el apartado 76 y el punto 3 del fallo)
18

No obstante, a pesar de su texto y en atención a la estructura general y los objetivos del sistema en el que se inscribe dicho artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, la protección de las marcas comunitarias renombradas no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares (véase, por analogía, la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartados 24 y 25, en relación, concretamente, con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104).
6

La aplicación del IVA en la República Checa está regulada por la Ley no 235/2004, del impuesto sobre el valor añadido. El artículo 56, apartado 4, de esta Ley, con el título «Cesión y alquiler de terrenos, inmuebles, apartamentos y locales de uso no residencial, alquiler de otras instalaciones», dispone lo siguiente en relación con la exención de IVA aplicable al alquiler de bienes: «El alquiler de terrenos, inmuebles, apartamentos y locales de uso no residencial está exento del IVA. La exención no incluye el alquiler a corto plazo de inmuebles, el alquiler de locales y espacios para el estacionamiento de vehículos, el alquiler de cajas de seguridad o maquinaria de instalación fija y herramientas. Se entenderá por alquiler a corto plazo el alquiler que incluya el mobiliario interior y, en su caso, además la electricidad, calefacción, gas o agua, por un período ininterrumpido que no supere las 48 horas.»
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de abril de 2009 — Comisión/Bélgica

(Asunto C‑287/07)

«Incumplimiento de Estado — Contratos públicos — Directiva 2004/17/CE — Procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales — Adaptación incorrecta o incompleta del Derecho interno — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

1. Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros (Art. 249 CE) (véanse los apartados 67 a 69)

2. Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros — Necesidad de una adaptación clara y precisa del Derecho interno (Art. 249 CE) (véase el apartado 98)

3. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 187)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO L 134, p. 1).

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales,

– al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno de una forma completa y correcta al artículo 1, apartados 2, letras b), c), párrafo segundo, y d), y 13, párrafo segundo, al artículo 14, apartado 4, al artículo 17, apartado 10, letras a) y c), al artículo 34, apartado 8, al artículo 36, apartado 2, al artículo 39, apartado 2, al artículo 45, apartados 1 y 3, letras a) y c), al artículo 48, apartados 1 a 4 y 6, letra c), al artículo 49, apartados 2, segundo guión, y 3 a 5, al artículo 50, apartado 1, párrafo primero, letra c), al artículo 52, apartado 1, al artículo 57, apartados 1, párrafo segundo, letras d) y e), y 3, primera frase, y al artículo 65, apartado 2, de la referida Directiva y

– al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9, 34, apartado 2, 52, apartado 3, y 57, apartado 3, segunda frase, de la Directiva 2004/17.
14

El Ministerium, con el apoyo de DocMorris, señaló que la resolución de 29 de junio de 2006 es válida, dado que el Ministerium tiene el deber de no aplicar los preceptos de la ApoG citados porque infringen el artículo 43 CE, que garantiza la libertad de establecimiento. Conforme a aquellos preceptos, una sociedad de capital que explota legalmente una farmacia en un Estado miembro no tiene acceso al mercado farmacéutico alemán. No obstante, según el Ministerium, tal restricción no es necesaria para la realización del objetivo legítimo de protección de la salud pública.
12

El Sr. Gambazzi no cumplió las obligaciones derivadas de la «disclosure order», o al menos no en su totalidad. A continuación, la High Court dictó, a solicitud de DaimlerChrysler y CIBC, una resolución de fecha 10 de julio de 1998 a tenor de la cual se prohibía al Sr. Gambazzi que siguiera participando en el procedimiento si no cumplía antes de una determinada fecha las obligaciones de presentar la información y los documentos reclamados («unless order»).
1)

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 30 CE y de los artículos 1 y 4 de la Decisión no 3052/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995, por la que se establece un procedimiento de información mutua sobre las medidas nacionales de excepción al principio de libre circulación de mercancías en la Comunidad: — al haber retirado del mercado productos elaborados a base de plantas medicinales legalmente fabricados o comercializados en otro Estado miembro, en virtud de una práctica administrativa que consiste en retirar del mercado todo producto que contenga plantas medicinales no incluidas en el anexo de la Orden Ministerial de 3 de octubre de 1973 por la que se establece el registro especial para preparados a base de especies vegetales medicinales, en su versión modificada, ni en el anexo de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo SCO/190/2004, de 28 de enero, por la que se establece la lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad, y que no sea un preparado constituido exclusivamente por una o varias plantas medicinales o sus partes enteras, trociscos o polvos, por considerar que dicho producto es un medicamento que se comercializa sin la preceptiva autorización de comercialización, y — al no haber comunicado esta medida a la Comisión de las Comunidades Europeas.
3

El artículo 11, apartado 3, párrafos primero y cuarto, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (DO L 351, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2945/94 de la Comisión, de 2 de diciembre de 1994 (DO L 310, p. 57) (en lo sucesivo, «Reglamento no 3665/87»), está redactado en los siguientes términos: «[…] cuando se haya pagado indebidamente una restitución, el beneficiario reembolsará los importes indebidamente percibidos, —incluida toda sanción aplicable con arreglo al párrafo primero del apartado 1— más los intereses calculados en función del tiempo transcurrido entre el pago y el reembolso. […] […] Si el pago se debiera a un error de la autoridad competente, no se percibirá ningún interés o, a lo sumo, un importe fijado por el Estado miembro, que corresponda al beneficio indebido.»