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Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Comunidades Europeas — Régimen lingüístico — Existencia de un principio general que consagra el derecho de todo ciudadano a que se redacte en su lengua cualquier acto que pueda afectar a sus intereses — Inexistencia (Reglamento nº 1 del Consejo) (veánse los apartados 53 y 54)

2. Comunidades Europeas — Régimen lingüístico — Reglamento nº 1 — Ámbito de aplicación (Reglamento nº 1 del Consejo) (veánse los apartados 54 a 56)

3. Funcionarios — Concurso — Convocatoria de oposición — Publicación en el Diario Oficial únicamente en algunas lenguas oficiales (veánse los apartados 61 a 69)

4. Funcionarios — Concurso — Convocatoria de oposición — Publicación íntegra en el Diario Oficial únicamente en algunas lenguas oficiales (veánse los apartados 80 a 85)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de anulación, por un lado, del anuncio de concurso general EPSO/AD/94/07, para establecer una lista de reserva para proveer, en el seno de las instituciones, puestos vacantes de administradores (AD 5) en el campo de la información, la comunicación y los medios de comunicación (DO 2007, C 45 A, p. 3), y, por otro lado, del anuncio de concurso general EPSO/AD/95/07, para establecer una lista de reserva destinada a proveer puestos vacantes de administradores (AD 5) en el campo de la información (Biblioteca/Documentación) (DO 2007, C 103 A, p. 7).

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) El Reino de España cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3) La República de Lituania y la República Helénica cargarán con sus propias costas.
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

1. Funcionarios — Recursos — Interés en ejercitar la acción — Recurso contra una denegación de promoción

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2. Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Decisión por la que se establece la lista de funcionarios promovidos — Decisiones implícitas de promover únicamente al demandante — Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

1. Para acreditar su interés en obtener la anulación de la decisión implícita de no promoverle en el ejercicio de promoción controvertido porque el porcentaje de promoción supuestamente aplicable en el grado de que se trata no ha sido respetado, incumbe al funcionario probar que, habida cuenta de su situación personal, y, en particular, del número total del puntos de promoción que ha acumulado, no se excluye que hubiera podido alcanzar el umbral de promoción si se hubiera aplicado el mencionado porcentaje de promoción.

(véase el apartado 34)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 22 de noviembre de 2006, Sánchez Ferriz/Comisión (T‑436/04, RecFP pp. I‑A‑2‑277 y II‑A‑2‑1439), apartados 33 a 37 y 39; Tribunal de Primera Instancia, 26 de abril de 2007, Tebaldi y otros/Comisión (T‑415/04, RecFP pp. I‑A‑2‑99 y II‑A‑2‑703), apartados 29 a 32

2. Si bien es cierto que la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos por la que se adopta la lista de funcionarios promovidos en un ejercicio de promoción no agota sus efectos con su adopción, en la medida en que un funcionario puede verse en situación de competencia, con ocasión de posteriores ejercicios de promoción, con un determinado número de funcionarios que, en su caso, podrían haber sido ya promovidos en dicho ejercicio de promoción si la autoridad facultada para proceder a los nombramientos hubiera aplicado un porcentaje de promoción más elevado, no lo es menos que las decisiones implícitas de no promover a estos otros funcionarios en dicho ejercicio de promoción no pueden considerarse actos lesivos respecto de este funcionario.

(véase el apartado 38)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 19 de octubre de 2006, Buendía Sierra/Comisión (T‑311/04, Rec. p. II‑4137), apartado 349
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 16 de septiembre de 2009 — Promomadrid/OAMI (MADRIDEXPORTA)

(Asunto T-180/07)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria figurativa MADRIDEXPORTA — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009]»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 26 y 38)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 7 de marzo de 2007 (asunto R 1130/2006-1) relativa a una solicitud de registro de la marca figurativa MADRIDEXPORTA como marca comunitaria.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. Marca comunitaria solicitada: Marca mixta MADRIDEXPORTA para los productos y servicios de las clases 16, 35, 36, 38, 39, 41 y 42 — Solicitud no 4.659.553 Resolución del examinador: Denegación del registro Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Fallo

1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 7 de marzo de 2007 (asunto R 1130/2006-1).

2) Condenar en costas a la OAMI.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 16 de septiembre de 2009 — Promomadrid/OAMI (MADRIDEXPORTA)

(Asunto T-180/07)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria figurativa MADRIDEXPORTA — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009]»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 26 y 38)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 7 de marzo de 2007 (asunto R 1130/2006-1) relativa a una solicitud de registro de la marca figurativa MADRIDEXPORTA como marca comunitaria.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. Marca comunitaria solicitada: Marca mixta MADRIDEXPORTA para los productos y servicios de las clases 16, 35, 36, 38, 39, 41 y 42 — Solicitud no 4.659.553 Resolución del examinador: Denegación del registro Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Fallo

1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 7 de marzo de 2007 (asunto R 1130/2006-1).
Asuntos acumulados T-114/07 y T-115/07

Last Minute Network Ltd

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa comunitaria LAST MINUTE TOUR — Marca nacional anterior no registrada LASTMINUTE.COM — Motivo de denegación relativo — Remisión al Derecho nacional que regula la marca anterior — Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) — Artículo 8, apartado 4, y artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 4, y artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009, respectivamente]»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 11 de junio de 2009 II ‐ 1921

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)]

Según el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, la marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, de este Reglamento y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.

Resulta de la combinación de estas dos disposiciones que el titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local puede obtener la anulación de una marca comunitaria posterior si, y en la medida en que, con arreglo al Derecho del Estado miembro aplicable, por una parte, se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria y, por otra, dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, es preciso tomar en consideración tanto la legislación nacional aplicable en virtud de la remisión efectuada por esta disposición como las resoluciones judiciales dictadas en el Estado miembro de que se trate. Sobre esta base, el solicitante de la nulidad debe demostrar que el signo de que se trate está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior.

(véanse los apartados 45 a 47)
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Funcionarios — Pensiones — Derechos a pensión adquiridos antes de la incorporación al servicio de las Comunidades — Transferencia al régimen comunitario

[Estatuto de los Funcionarios, anexo VIII, art. 11, ap. 2; Reglamentos (CE) del Consejo nº 1103/97, arts. 1 y 3, y nº 974/98, art. 14]

Puesto que, en virtud de su artículo 1, el Reglamento nº 1103/97, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro, se aplica también a las disposiciones legislativas y reglamentarias y a los actos de carácter administrativo, no puede interpretarse dicho Reglamento en el sentido de que se limita a imponer un principio de continuidad de los contratos. Al contrario, establece un imperativo de neutralidad de la transición al euro, que, en el ámbito contractual, se traduce, en un principio de continuidad de los contratos, que se impone para el conjunto de los instrumentos jurídicos incluidos en su ámbito de aplicación. En concreto, del artículo 3 del Reglamento nº 1103/97 se desprende que las disposiciones legislativas o reglamentarias contempladas en particular por este Reglamento no sufrirán alteración alguna por la introducción del euro y que se aplican en los mismos términos tanto a las situaciones que regulaban antes de la introducción del euro como a las que regulan tras dicha introducción. De ello se deduce que el Reglamento nº 1103/97 no requiere la existencia de ninguna relación, contractual o no, anterior a la entrada en vigor del euro, para que el principio de continuidad se aplique a las situaciones regidas por los instrumentos contemplados por este artículo.

Por consiguiente, si el legislador o las autoridades de que se trata desean modificar los términos de un instrumento jurídico incluido en el ámbito de aplicación del artículo 3 del Reglamento nº 1103/97 o eximir o dispensar de su aplicación, debe establecerse una modificación expresa de este instrumento jurídico. De ello se deduce que, conforme al Reglamento nº 1103/97, tras la introducción del euro, la Comisión debía seguir aplicando a las solicitudes de transferencia de los derechos de pensión adquiridos en los Estados miembros que hubieran adoptado esta moneda, el mecanismo del tipo actualizado a través de la conversión para calcular las bonificaciones de la anualidades, establecido por las disposiciones generales de ejecución del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto que había adoptado. En cambio, si deseaba atribuir otro alcance a estas disposiciones, debía modificar estas normas.

(véanse los apartados 34 y 41 a 43)

Referencia: Tribunal de Justicia, 22 de febrero de 1989, Comisión/Francia y Reino Unido (92/87 y 93/87, Rec. p. 405), apartados 22 a 24
61

En primer lugar, por lo que respecta a la alegación sobre la limitación de la reducción del importe la multa de KPN por no haber presentado su solicitud de clemencia hasta once meses después de las inspecciones por sorpresa y una vez enviada la primera solicitud de información, procede recordar que, aunque la Comunicación sobre la cooperación de 2002 no prevé ningún plazo concreto para la presentación de una solicitud de clemencia, sí considera como elemento determinante del nivel de reducción de la multa la fecha en que se hayan aportado los elementos de prueba. Si bien es cierto que un período de once meses no es motivo para impedir la admisión de tal solicitud, no lo es menos que la Comisión sí puede tenerlo en cuenta en la determinación del importe de reducción de la multa (sentencia General Química y otros/Comisión, citada en el apartado 50 supra, apartado 147). Además, en el marco de la Comunicación sobre la cooperación de 1996, cuya sección D no contenía mención específica alguna sobre la toma en consideración de la fecha de transmisión de la información, el juez de la Unión consideró que la Comisión podía tener en cuenta, en la fijación del porcentaje de reducción del importe de la multa, el hecho de que una empresa sólo hubiera cooperado a raíz de la solicitud de información que la Comisión le hubiera enviado y, por tanto, el carácter espontáneo o no de la presentación de una solicitud de clemencia (sentencia Roquette Frères/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartado 266).
248

Por otro lado, en lo que atañe a la supuesta existencia de una desviación de poder las demandantes, apoyadas por ECPA, alegan que la Comisión incurrió en desviación de sus facultades al no incluir el endosulfán en el anexo I de la Directiva 91/414 en virtud de criterios que no figuran en dicha Directiva y sobre la base de un conjunto de datos seleccionados arbitrariamente, que no comprenden los datos más recientes presentados por las demandantes. Las conclusiones de la Comisión sobre el endosulfán se basan en resultados incompletos y limitados, o en resultados obtenidos mediante la aplicación de una metodología que gira en torno al peligro, en virtud de principios establecidos por la Directiva 2000/60, pero no en virtud del proceso de evaluación previsto por la Directiva 91/414, lo que crea la impresión de una decisión arbitraria con el único fin de corroborar las conclusiones PBT o COP para respaldar una decisión de no inclusión del endosulfán en el anexo I de la Directiva 91/414. Además, la Comisión y el ponente exigieron la presentación de determinados estudios que no formaban parte del marco de la Directiva 91/414 y que no estaban ligados a condiciones reales de utilización. En cualquier caso el endosulfán y sus metabolitos deben ser evaluados por separado. Las supuestas propiedades PBT u otras preocupaciones relativas a los metabolitos del endosulfán no pueden por consiguiente, según las demandantes, afectar negativamente la apreciación del propio endosulfán en virtud de la Directiva 91/414, sino que exigen una evaluación diferenciada, que el Estado miembro ponente optó por no efectuar. Al utilizar los resultados de los metabolitos del endosulfán (o la carencia de resultados) para la no inclusión del endosulfán en el anexo I de la Directiva 91/414, la Comisión incurrió en desviación de las facultades que le ha conferido dicha Directiva.
24

La demandante considera que, dado que el prefijo «castel» no permite distinguir los productos que proceden de una empresa o de otra, el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, no podrá mediante ese prefijo distinguir las marcas en conflicto. En su opinión, el consumidor medio sabe que dos vinos cuyas marcas comienzan por «castel» no proceden necesariamente de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente y que debe fijarse en el nombre de la empresa, el tipo de cepa, la procedencia del vino, etc. La demandante considera que, en el presente caso, el consumidor medio no puede equivocarse sobre el origen del vino al observar las dos marcas de que se trata, que son diferentes, de modo que la marca solicitada no puede confundir a los consumidores alemanes.
16

Finalmente, en el plano conceptual, la OAMI considera irrelevante la cuestión de que las características de los productos que podrían ser descritas sean esenciales o accesorias desde el punto de vista económico. Señala que, en el caso de autos, se describe la calidad de las sustancias básicas como perfecta. Por consiguiente, no procede determinar si dicha calidad constituye un criterio esencial para el consumidor a la hora de elegir los productos o si la referencia a la calidad no describe determinadas características esenciales de éstos. Según la OAMI, para aplicar lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94, basta con que, en principio, el consumidor destinatario pueda comprender generalmente el eslogan en su conjunto y lo entienda como una indicación de calidad, a saber, una calidad perfecta desde el origen.
Asunto T-277/06

Omnicare, Inc.

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa comunitaria OMNICARE — Marca gráfica nacional anterior OMNICARE — Desestimación de una petición de restitutio in integrum»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 7 de mayo de 2009 II ‐ 1305

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Restitutio in integrum — Ámbito de aplicación

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 78, ap. 5, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 422/2004)]

El artículo 78, apartado 5, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento no 422/2004 establece que «las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos señalados en el apartado 2 del presente artículo, en los apartados 1 y 3 del artículo 42, y en el artículo 78 bis».

No pueden interpretarse los términos «a los plazos señalados […] en el artículo 78 bis», que figuran en el artículo 78, apartado 5, del Reglamento no 40/94, en su versión modificada, en el sentido de que significan que los plazos previstos en las disposiciones mencionadas en el artículo 78 bis, apartado 2, del Reglamento no 40/94 se hallan igualmente excluidos del ámbito de aplicación del artículo 78 del mismo Reglamento. Tales plazos no están en efecto «señalados» en el artículo 78 bis del Reglamento no 40/94.

En consecuencia, adolece de error la apreciación según la cual el plazo imperativo para formular oposición y el plazo para promover un recurso se hallan en pie de igualdad y ambos quedan al margen de la restitutio in integrum.

En efecto, contradice la alegación de que, en 2004, el legislador pretendió puntualizar que la restitutio in integrum no se aplicaba al artículo 59 del Reglamento no 40/94, en primer lugar, el hecho de que no se mencione explícitamente el artículo 59 en la lista de las excepciones. Si el legislador hubiera pretendido disipar una incertidumbre sobre el particular, habría cabido razonablemente esperar que lo hiciera explícitamente, dado que, precisamente, modificaba el apartado 5 del artículo 78 del Reglamento no 40/94.

En segundo lugar, desvirtúa el razonamiento basado en un mecanismo de exclusión en cascada el hecho de que el artículo 78 bis del Reglamento no 40/94 se refiera igualmente al artículo 42 del mismo Reglamento. Si ese razonamiento fuera correcto deberían haberse suprimido lógicamente todas las referencias al artículo 42, apartados 1 y 3, del Reglamento no 40/94 en el artículo 78, apartado 5, de este Reglamento. Pues bien, manifiestamente no es así, lo que acredita la tesis de que las limitaciones establecidas en el artículo 78, apartado 5, del Reglamento no 40/94 no afectan al artículo 59 de éste.

Por último, dado que el apartado 5 del artículo 78 del Reglamento no 40/94 limita los derechos de procedimiento que dicho artículo reconoce en favor de las partes, debe interpretarse dicha disposición en sentido restrictivo.

(véanse los apartados 43 y 45 a 49)
Se deduce de lo dispuesto en varias versiones lingüísticas del artículo 49, apartado 1, del Reglamento no 1239/95, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 2100/94 en lo relativo al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, que la obligación de comunicar las deficiencias observadas y de instar a subsanarlas está supeditada a la posibilidad objetiva de subsanar dichas deficiencias. Así, esta disposición obliga a la sala de recurso a valorar la posibilidad de que el demandante subsane la deficiencia, con objeto de instar a subsanar únicamente las deficiencias subsanables. En efecto, dado que el objetivo de la obligación de comunicar las deficiencias observadas por la sala de recurso y de instar a subsanarlas, formulada en dicho artículo 49, apartado 1, consiste en permitir que el demandante subsane dentro del plazo fijado tales deficiencias, estas últimas deben ser susceptibles de subsanación.

Por otra parte, la obligación de comunicar las deficiencias observadas está vinculada a la obligación de instar a subsanar las deficiencias subsanables. En efecto, de no ser así, como el artículo 49, apartado 1, del Reglamento no 1239/95 obliga a la sala de recurso a verificar si el recurso cumple el conjunto de disposiciones del Reglamento de base y del Reglamento de desarrollo, dicha sala estaría obligada a comunicar todos los problemas de admisibilidad, incluidos los que no fueran subsanables, lo que sería contrario al objetivo perseguido por dicha disposición. Aunque es cierto que, en situaciones especiales, la notificación de un problema de inadmisibilidad no subsanable puede servir para proteger al demandante de una resolución basada en un razonamiento que no ha sido objeto de debate, en la gran mayoría de los casos una obligación de notificar concebida en términos tan amplios supondría una pesada carga para la sala de recurso y sería al mismo tiempo inoperante, ya que el demandante no podría corregir el problema.

(véanse los apartados 34 y 37)
50

Ciertamente, como alega la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia declaró en la sentencia HIPOVITON, antes citada (apartado 56), que la regla 22, apartado 1, segunda frase, no puede interpretarse en el sentido de que se opone a la consideración de pruebas adicionales cuando han aparecido nuevos elementos, aunque tales pruebas se presenten una vez finalizado dicho plazo. Sin embargo, en el caso de autos no concurren los requisitos de tal consideración. En efecto, por una parte, las pruebas presentadas por la demandante el 6 de septiembre de 2002 no eran pruebas adicionales, sino que eran las primeras y únicas pruebas del uso de las marcas anteriores aportadas por la demandante. Por otra parte, en el presente asunto, no existían elementos nuevos que pudieran justificar la presentación extemporánea de pruebas, adicionales o no.