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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de octubre de 2009 — Comisión/Bélgica

(Asunto C-6/09)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/60/CE — Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 6)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (DO L 309, p. 15).

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de octubre de 2009 — Comisión/Bélgica

(Asunto C-6/09)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/60/CE — Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 6)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (DO L 309, p. 15).

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.
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En tercer lugar, dicho procedimiento de autorización previa obstaculiza la libre circulación de los productos alimenticios acabados procedentes de otros Estados miembros en cuya preparación se haya empleado un AT no autorizado en Francia, o un AT autorizado en Francia pero que no satisface los criterios de pureza u otras características exigidas por la normativa francesa, o un AT autorizado en Francia pero empleado de forma diferente a la autorizada por la normativa francesa, aunque no haya residuos en el producto alimenticio acabado o la presencia de residuos esté dentro de las cantidades autorizadas.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de (DO L 281, p. 1), así como sobre la interpretación del Reglamento (CE) no 1972/2003 de la Comisión, de , sobre las medidas transitorias que deben adoptarse en relación con el comercio de productos agrícolas con motivo de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia (DO L 293, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 230/2004 de la Comisión, de (DO L 39, p. 13) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1972/2003»).
1

La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 24 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero»), con vistas a determinar el origen de las mercancías comprendidas en la partida 7312 de la Nomenclatura Combinada, que constituye el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1719/2005 de la Comisión, de 27 de octubre de 2005 (DO L 286, p. 1; en lo sucesivo, «NC»).
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Esa conclusión no queda desvirtuada por la argumentación, invocada por T-Comalux en la vista, según la cual, a diferencia de la acción indemnizatoria, disponible cuando el despido se considera «abusivo» en el sentido de la normativa nacional, o de la acción disponible cuando el despido se produce «en razón» del matrimonio, establecida en el artículo L. 337-6 del code du travail (en lo sucesivo, «acción disponible cuando el despido se produce en razón del matrimonio»), la acción de nulidad y readmisión se aplica de modo casi automático, con independencia de la existencia de un comportamiento reprochable por parte del empresario. En efecto, contrariamente a lo que parece alegar la referida sociedad, el mero hecho de que un Estado miembro, al aplicar los artículos 10 y 12 de la Directiva 92/85 mediante el establecimiento de una vía de recurso específica para las trabajadoras embarazadas, decida, de conformidad con la opción prevista en el punto 1 del mencionado artículo 10, no establecer excepciones al principio de prohibición de despido que no sean inherentes al hecho de estar embarazada, haber dado a luz o encontrarse en período de lactancia no puede tener como consecuencia que la regulación procesal de esta vía de recurso no quede sujeta a las exigencias del principio de tutela judicial efectiva de los derechos conferidos a los justiciables por el Derecho comunitario.
Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 1, apartado 2, y 6 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (DO L 377, p. 20), y de los artículos 5, apartados 1 y 2, 7, apartado 1, 4 y 8 de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (DO L 114, p. 9) (anteriormente Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991) — Infracción de los artículos 3, apartado 1, 6 a 9, 13 y 14 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1) — No elaboración de un plan para la gestión de los residuos peligrosos con arreglo a los requisitos de la normativa comunitaria y falta de creación de una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación de residuos peligrosos — Incumplimiento de las obligaciones relativas a la gestión y al vertido de residuos.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Nomenclatura Combinada que constituye el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de (DO L 281, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»).
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, en el plazo señalado, de todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13 del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), así como de los artículos 4, 114 y siguientes, 202, 204, 212 y 214 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de , por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero comunitario»).
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Dicho Reglamento sustituye al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 197), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1 y –texto modificado– p. 77; EE 01/02, p. 131), por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; EE 01/03, p. 234), por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1), así como por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).
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El artículo 20 del Reglamento no 343/2003 establece: «1. La readmisión de un solicitante de asilo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 y en las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 16 se efectuará según las modalidades siguientes: a) la petición de readmisión deberá indicar todos los datos que permitan al Estado miembro requerido verificar que le incumbe esa responsabilidad; b) el Estado miembro requerido para la readmisión estará obligado a proceder a las verificaciones necesarias y a contestar a la petición lo antes posible, sin superar en ningún caso un plazo de un mes a partir de dicha petición. Cuando la petición se base en datos obtenidos del sistema Eurodac, este plazo se reducirá a dos semanas; c) si el Estado miembro requerido no diere a conocer su decisión en el plazo de un mes o en el plazo de dos semanas mencionado en la letra b), se considerará que acepta la readmisión del solicitante de asilo; d) el Estado miembro que acepta la readmisión estará obligado a readmitir al solicitante de asilo en su territorio. El traslado se efectuará de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro requirente, previa concertación entre los Estados miembros afectados, en cuanto sea materialmente posible y a más tardar en el plazo de seis meses a partir de la fecha de aceptación de la petición de asunción de responsabilidad por otro Estado miembro o de la resolución de un recurso o revisión que tuviera efecto suspensivo; e) el Estado miembro requirente notificará al solicitante de asilo la decisión relativa a su readmisión por el Estado miembro responsable. Esta decisión será motivada. Se acompañará de indicaciones relativas a los plazos de ejecución del traslado y, si fuere necesario, de información relativa al lugar y a la fecha en que el solicitante deba comparecer, si se traslada al Estado miembro responsable por sus propios medios. La decisión podrá ser objeto de recurso o revisión. El recurso o revisión de dicha decisión no suspenderá la ejecución del traslado, salvo si los tribunales u órganos competentes así lo decidieran, caso por caso, al amparo del Derecho nacional. En caso necesario, el Estado miembro requirente proporcionará al solicitante de asilo un salvoconducto conforme al modelo que se adopte según el procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 27. El Estado miembro responsable informará al Estado miembro requirente, según proceda, de la llegada a buen puerto del solicitante de asilo o de que no ha comparecido dentro de los plazos señalados. 2. Si el traslado no se produce en el plazo de seis meses, la responsabilidad corresponderá al Estado miembro en que se haya presentado la solicitud de asilo. Este plazo podrá ampliarse hasta un año como máximo en caso de que el traslado o el examen de la solicitud no pudiera efectuarse por motivo de pena de prisión del solicitante de asilo, o hasta un máximo de dieciocho meses en caso de fuga del solicitante de asilo. […]»
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Régimen transitorio de tributación de los intercambios entre los Estados miembros

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 17, aps. 2 y 3, y 28 ter, parte A, ap. 2)

Índice

El artículo 17, apartados 2 y 3, y el artículo 28 ter, parte A, apartado 2, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en la versión resultante de la Directiva 92/111, deben interpretarse en el sentido de que el sujeto pasivo que se encuentra en la situación prevista en el párrafo primero de esta última disposición, no tiene derecho a deducir inmediatamente el impuesto sobre el valor añadido soportado en una adquisición intracomunitaria.

En efecto, dado que los bienes gravados en concepto de adquisiciones intracomunitarias supuestamente realizadas en el Estado miembro de identificación, en aplicación del artículo 28 ter, parte A, apartado 2, párrafo primero, de la Sexta Directiva, no se introdujeron en dicho Estado miembro, no se puede considerar que dichas operaciones den «derecho a deducción» en el sentido del artículo 17 de la Sexta Directiva, que supedita la deducción del impuesto sobre el valor añadido que ha gravado los bienes y servicios intermedios adquiridos por el sujeto pasivo, en particular en las adquisiciones intracomunitarias, al requisito de que los bienes y los servicios intermedios se utilicen para las necesidades de sus operaciones gravadas. En consecuencia, tales adquisiciones intracomunitarias no pueden beneficiarse del régimen general de deducción previsto en dicho artículo.

A este respecto, el régimen general de deducción del impuesto, en los términos previstos en el artículo 17 de la Sexta Directiva, no pretende sustituir, en esa situación, el régimen particular contemplado en el artículo 28 ter, parte A, apartado 2, párrafo segundo, de la misma, basado en un mecanismo de reducción de la base imponible que permite corregir la doble imposición.

(véanse los apartados 40 a 43 y 45 y el fallo)
Asuntos acumulados C-261/08 y C-348/08

María Julia Zurita García

y

Aurelio Choque Cabrera

contra

Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia)

«Visados, asilo e inmigración — Medidas sobre el cruce de las fronteras exteriores — Artículo 62 CE, números 1 y 2, letra a) — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículos 6 ter y 23 — Reglamento (CE) no 562/2006 — Artículos 5, 11 y 13 — Presunción sobre la duración de la estancia — Nacionales de terceros países en situación irregular en el territorio de un Estado miembro — Normativa nacional que permite imponer, según las circunstancias, bien una multa o bien la expulsión»

Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 19 de mayo de 2009 I ‐ 10145

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de octubre de 2009 I ‐ 10160

Sumario de la sentencia

Visados, asilo, inmigración — Cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros — Normas comunes relativas a las normas y los procedimientos de control — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Código comunitario sobre el cruce de fronteras — Persona en situación irregular en el territorio de un Estado miembro — Obligación de este último de adoptar una resolución de expulsión — Inexistencia

[Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2133/2004, arts. 6 ter y 23; Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 11]

Los artículos 6 ter y 23 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, en su versión modificada por el Reglamento no 2133/2004, sobre la obligación, para las autoridades competentes de los Estados miembros, de proceder al sellado sistemático de los documentos de viaje de los nacionales de terceros países en el momento de cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, y por el que se modifican a tal efecto las disposiciones del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y el Manual común, así como el artículo 11 del Reglamento no 562/2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), deben interpretarse en el sentido de que, cuando un nacional de un tercer país se encuentra en situación irregular en el territorio de un Estado miembro porque no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos relativos a la duración de la estancia aplicables en él, dicho Estado miembro no está obligado a adoptar contra él una resolución de expulsión.

(véase el apartado 66 y el fallo)
Asunto C-3/08

Ketty Leyman

contra

Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)

(Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal du travail de Nivelles)

«Petición de decisión prejudicial — Regímenes de seguridad social — Prestaciones de invalidez — Reglamento (CEE) no 1408/71 — Artículo 40, apartado 3 — Regímenes de indemnización distintos según los Estados miembros — Perjuicio para los trabajadores migrantes — Cotizaciones a fondo perdido»

Conclusiones del Abogado General Sr. M. Poiares Maduro, presentadas el 19 de febrero de 2009 I ‐ 9087

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 1 de octubre de 2009 I ‐ 9097

Sumario de la sentencia

Libre circulación de personas — Trabajadores — Igualdad de trato — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Prestaciones de invalidez

[Art. 39 CE; Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, art. 40, ap. 3, letra b)]

El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro apliquen una legislación nacional que, de conformidad con el artículo 40, apartado 3, letra b), del Reglamento no 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en su versión modificada por el Reglamento no 647/2005, supedita el derecho a percibir las prestaciones de invalidez al transcurso de un período de un año de incapacidad primaria, cuando tal aplicación tiene como consecuencia que un trabajador migrante ha pagado al régimen de seguridad social de dicho Estado miembro cotizaciones a fondo perdido, resultando con ello perjudicado en comparación con un trabajador sedentario.

La aplicación de tal legislación nacional por las autoridades competentes es contraria al Derecho comunitario, ya que, por una parte, perjudica al trabajador en comparación con otros que se encuentran en la misma situación de incapacidad definitiva pero que no han ejercitado tal libertad y, por otra parte, da lugar al pago de cotizaciones sociales a fondo perdido.

(véanse los apartados 46 y 50 y el fallo)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 2 de julio de 2009 — Comisión/Grecia

(Asunto C-465/08)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/36/CE — Derecho de establecimiento — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 11)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22), que deroga la Directiva 89/48/CEE (DO L 19, p. 16).

Fallo

1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas a la República Helénica.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 2 de julio de 2009 — Comisión/Grecia

(Asunto C-465/08)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/36/CE — Derecho de establecimiento — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 11)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22), que deroga la Directiva 89/48/CEE (DO L 19, p. 16).

Fallo

1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
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Los considerandos quinto y sexto de la Directiva 89/105 tienen la siguiente redacción: «Considerando que el objetivo de la presente Directiva es obtener una visión general de los acuerdos nacionales de fijación de precios, incluyendo la forma en que operan en casos individuales y todos los criterios en los que están basados, así como proporcionar acceso público a dichos acuerdos a todos aquellos implicados en el mercado de los medicamentos en los Estados miembros; […] Considerando que, como primer paso hacia la eliminación de estas disparidades, resulta necesario establecer con urgencia una serie de requisitos destinados a garantizar que todos los interesados puedan verificar el hecho de que las medidas nacionales no constituyan restricciones cuantitativas a las importaciones o exportaciones ni medidas de efecto equivalente; que, no obstante, estos requisitos no afectan a la política de los Estados miembros, basada fundamentalmente en la libre competencia, para determinar los precios de los medicamentos; que dichos requisitos tampoco afectarán a políticas nacionales relativas a la determinación de los precios y al establecimiento de programas de seguridad social, excepto en la medida en que contribuyan a lograr la transparencia».
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La República de Finlandia, así como los Estados miembros coadyuvantes en apoyo de sus pretensiones, alega que, al no haber adoptado el Consejo ninguna medida restrictiva frente a los Estados terceros con los que celebró convenios de inversión, la cuestión de la compatibilidad del convenio controvertido con una disposición del Tratado que aún no ha sido objeto de aplicación no se plantea, puesto que no existen «incompatibilidades observadas», en el sentido del párrafo segundo del artículo 307 CE. En consecuencia, el incumplimiento imputado por la Comisión es de naturaleza puramente hipotética. En tales circunstancias, la obligación de los Estados miembros de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar las mencionadas «incompatibilidades observadas» sólo existirá, en su opinión, a partir del momento en que el Tribunal de Justicia declare previamente la realidad de tales incompatibilidades.