Asunto C‑618/16

Rafal Prefeta

contra

Secretary of State for Work and Pensions

[Petición de decisión prejudicial, planteada por el Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)]

«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Artículo 45 TFUE — Acta de adhesión de 2003 — Anexo XII, capítulo 2 — Posibilidad de que un Estado miembro establezca una excepción al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 492/2011 y al artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE — Nacional polaco que no ha completado un período de doce meses de trabajo declarado en el Estado miembro de acogida»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de septiembre de 2018

Adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea — Acta de adhesión de 2003 — Medidas transitorias — Libre circulación de personas — Directiva 2004/38/CE — Normativa nacional que introduce el régimen de «trabajador de un nuevo Estado miembro sometido a la obligación de registro», aplicable a los nacionales de los nuevos Estados miembros — Cese de dicho régimen en el caso de haber desempeñado un trabajo declarado en el territorio del Estado miembro durante un período ininterrumpido de doce meses — Procedencia

[Art. 45 TFUE; Acta de adhesión de 2003, anexo XII, capítulo 2; Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7, ap. 3; Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 1 a 6]

El anexo XII, capítulo 2, del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, debe interpretarse en el sentido de que, durante el período transitorio previsto por este, autorizaba al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a excluir de las ventajas del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, a un nacional polaco que, como el Sr. Rafal Prefeta, no cumplía el requisito previsto en la normativa nacional de haber desempeñado un trabajo declarado en su territorio durante un período ininterrumpido de doce meses.

A este respecto, debe señalarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las disposiciones transitorias que figuran en el anexo XII, capítulo 2, de la referida Acta de adhesión tienen por objeto evitar que, a raíz de la adhesión a la Unión de nuevos Estados miembros, se produzcan perturbaciones en el mercado de trabajo de los antiguos Estados miembros, debidas a la llegada inmediata de un número elevado de trabajadores nacionales de esos nuevos Estados (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de febrero de 2011, Vicoplus y otros, C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, apartado 34 y jurisprudencia citada).

Pues bien, el anexo XII, capítulo 2, punto 2, párrafo primero, de esa Acta de adhesión establece, en esencia, que, no obstante lo dispuesto en los artículos 1 a 6 del Reglamento n.o 492/2011 y durante el período transitorio posterior a la fecha de adhesión, los entonces Estados miembros aplicarían medidas para regular el acceso de los nacionales polacos a sus mercados de trabajo.

Por tanto, esa es la base que utilizó el artículo 2, del Reglamento de 2004 para introducir en el ordenamiento jurídico británico el régimen de «trabajador de un nuevo Estado miembro sometido a la obligación de registro», aplicable a los nacionales de los nuevos Estados miembros que trabajaban en el Reino Unido durante el período de aplicación del antedicho Reglamento. En el antedicho Reglamento se establecía que a los trabajadores en cuestión dejaba de aplicárseles ese régimen una vez que hubiesen desempeñado un trabajo declarado en el territorio del referido Estado miembro durante un período ininterrumpido de doce meses, habiéndose desarrollado ese trabajo total o parcialmente con posterioridad al 30 de abril de 2004.

Durante el período en el que a un nacional de un nuevo Estado miembro le resultase aplicable el referido régimen, este debía obtener de las autoridades nacionales competentes un certificado de registro como trabajador y no se beneficiaba de todos los derechos que el Derecho de la Unión confiere a un nacional de un Estado miembro que se desplaza a otro Estado miembro para ejercer allí una actividad laboral. En particular, los artículos 4 y 5 del Reglamento de 2004 limitaban el derecho de un nacional de un nuevo Estado miembro a residir en el Reino Unido en su calidad de demandante de empleo con el fin de buscar trabajo, así como su facultad de mantener la condición de trabajador y el derecho de residencia correspondiente cuando dejaba de ejercer una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.

Tal como, en esencia, subraya la Comisión en sus observaciones escritas, la excepción al artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2004/38, introducida por el Reino Unido, era, por tanto, necesaria para dar plena efectividad a las medidas adoptadas por ese Estado miembro en aplicación de las excepciones previstas en las disposiciones transitorias que figuran en el anexo XII, capítulo 2, puntos 2 y 9, del Acta de adhesión de 2003.

(véanse los apartados 41, 43 a 46 y 55 y el fallo)