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El Fővárosi Bíróság consideró que, con arreglo a las directivas comunitarias aplicables, el producto en cuestión puede comercializarse en todos los Estados miembros, por lo que, habida cuenta de la opinión contraria defendida por la parte demandada en el litigio principal, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Puede interpretarse el artículo 8 de la Directiva [1999/5], relativo a la libre circulación de los equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (en lo sucesivo, “aparatos”), en el sentido de que no cabe establecer otras obligaciones que vayan más allá de dicho precepto en lo relativo a la comercialización de aparatos que estén sometidos a dicha Directiva y hayan sido provistos de marcado CE por un productor con domicilio social en otro Estado miembro? 2) ¿Puede interpretarse lo dispuesto en el artículo 2, letras e) y f), de la Directiva [2001/95], desde el punto de vista de las obligaciones relativas a la comercialización, en el sentido de que también podrá considerarse como productor a la entidad que comercialice los aparatos en un Estado miembro (sin haber participado en su fabricación) y cuyo domicilio social no se encuentre en el mismo Estado miembro que el del productor? 3) ¿Puede interpretarse lo dispuesto en el artículo 2, letra e), incisos i), ii) y iii), y letra f), de la Directiva [2001/95] en el sentido de que el distribuidor (que no coincide con el productor) de aparatos fabricados en otro Estado miembro puede estar obligado a expedir una declaración de conformidad que contenga los datos técnicos de dichos aparatos? 4) ¿Puede interpretarse lo dispuesto en el artículo 2, letra e), incisos i), ii) y iii), y letra f), de la Directiva [2001/95] en el sentido de que una entidad que sólo se encargue de la comercialización de determinados aparatos en un Estado miembro, en cuyo territorio tiene su domicilio social, podrá considerarse a la vez como productor de dichos aparatos, cuando su actividad de distribuidor no afecte a las características de seguridad de los aparatos? 5) ¿Puede interpretarse el artículo 2, letra f), de la Directiva [2001/95] en el sentido de que también pueden exigirse al distribuidor definido en dicho precepto los requisitos que según dicha Directiva sólo pueden exigirse al productor definido en su artículo 2, letra e), por ejemplo que expida una declaración de conformidad relativa a las condiciones técnicas? 6) ¿Pueden el artículo 30 [CE] y las denominadas exigencias imperativas (mandatory requirements) fundamentar una excepción a la aplicación de la fórmula Dassonville [sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837], teniendo en cuenta asimismo los principios de equivalencia (principle of equivalence) y de reconocimiento mutuo (mutual recognition)? 7) ¿Puede interpretarse el artículo 30 [CE] en el sentido de que no cabe restringir por ningún motivo distinto de los señalados en dicho precepto el comercio y la importación de mercancías en tránsito? 8) ¿El marcado CE cumple lo exigido por los principios de equivalencia y de reconocimiento mutuo, o por los requisitos establecidos en el artículo 30 [CE]? 9) ¿Puede interpretarse el marcado CE en el sentido de que los Estados miembros no podrán aplicar bajo ningún concepto otras normas técnicas o de calidad a los aparatos que estén provistos de dicho marcado? 10) ¿Puede interpretarse lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 8, apartado 2, segunda frase, de la Directiva [2001/95] en el sentido de que, a efectos de la comercialización de las mercancías, el productor y el distribuidor, en caso de que el productor no comercialice los productos, pueden considerarse sujetos a obligaciones idénticas?»