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44

Pues bien, el tenor del artículo 10, segunda frase, letra b), del anexo IX del Estatuto no sugiere en absoluto que la determinación de la gravedad de la falta cometida por el funcionario de que se trate y de la sanción disciplinaria que cabe imponer a este último, habida cuenta de la magnitud del perjuicio causado a la integridad, la reputación o los intereses de las instituciones de la Unión debido a la falta cometida, esté supeditada al requisito de que tal perjuicio no haya sido aún reparado. En efecto, como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado 39 de la sentencia recurrida, en el marco disciplinario del artículo 10 del anexo IX del Estatuto, poco importa que el perjuicio haya sido reparado en todo o en parte, ya que tal hecho resulta irrelevante, puesto que el objetivo de la disposición no es regular una indemnización, sino imponer una sanción. En cualquier caso, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 40 y 41 de la presente sentencia, no cabe deducir del artículo 25 del anexo IX del Estatuto que pueda aplicarse mutatis mutandis en el marco de un procedimiento disciplinario el principio del Derecho civil de un Estado miembro según el cual se considera que un perjuicio que ha sido completamente reparado no ha existido nunca.
22

El artículo 3, apartado 2, letra a), incisos i) y ii), del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 2232/96 y (CE) n.o 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE (DO 2008, L 354, p. 34), establece: «A efectos del presente Reglamento, se entenderá asimismo por: a) “aromas”, los productos: i) no destinados al consumo como tales y que se añadan a los alimentos para darles un olor o un sabor o para modificar su olor o sabor, ii) hechos o constituidos de las siguientes categorías: sustancias aromatizantes, preparados aromatizantes, aromas obtenidos mediante procedimientos térmicos, aromas de humo, precursores de aromas u otros aromas o mezclas de aromas».
90

Del propio tenor de los artículos 2, 3, 6 y 7 del Reglamento 2017/2063 se desprende que las prohibiciones establecidas en estas disposiciones, sin perjuicio de las excepciones o autorizaciones que prevén y que no se cuestionan en el marco del presente litigio, se aplican sin dejar margen alguno de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación. Además, dichas prohibiciones son aplicables sin necesidad de adoptar medidas de ejecución, ni por la Unión ni por los Estados miembros. A este respecto, procede señalar que el Reglamento de Ejecución 2018/1653 no tenía otra función que la modificación del anexo IV del Reglamento 2017/2063, que contiene únicamente la lista de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos objeto de medidas de inmovilización de fondos y de recursos económicos y que no se menciona en ninguna de las disposiciones antes citadas.
13

La Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Ley relativa a la Estancia, al Trabajo y a la Integración de los Extranjeros en el Territorio Federal) (BGBl. 2008 I, p. 162), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «AufenthG»), contiene un artículo 11, que lleva por título «Prohibición de entrada y de estancia», con arreglo al cual: «1. El extranjero que haya sido objeto de una medida de expulsión, de devolución o de alejamiento ya no tendrá derecho a entrar de nuevo en el territorio de la República Federal ni a permanecer en él y no se le podrá expedir ningún permiso de residencia, aun cuando tuviera derecho a ello con arreglo a la presente Ley (prohibición de entrada y de estancia). 2. La duración de la prohibición de entrada y de estancia se fijará de oficio. Este plazo comenzará a correr a partir de la salida del extranjero. En caso de expulsión, la duración de la prohibición se fijará al mismo tiempo que se adopte la orden de expulsión. En los demás casos, se fijará al mismo tiempo que se dicte la orden de abandonar el territorio so pena de expulsión y a más tardar en el momento de la expulsión o de la devolución. A fin de prevenir una amenaza para la seguridad pública y el orden público, dicho plazo podrá ir acompañado de un requisito, relativo en particular a la inexistencia comprobada de sanciones penales o de consumo o tráfico de drogas. Si no se cumple ese requisito al término del plazo, se aplicará un plazo más largo, que se fijará de oficio al mismo tiempo que el plazo establecido en la quinta frase. 3. La duración de la prohibición de entrada y de estancia constituye una decisión discrecional. Solo podrá ser superior a cinco años si el extranjero ha sido expulsado a raíz de una condena penal o si este supone una amenaza grave para la seguridad pública y para el orden público. La duración de la prohibición no podrá ser superior a diez años. […]»
79

No obstante, esta apreciación relativa al presunto ataque cometido en agosto de 2014 no puede llevar a la anulación de los actos de 2015 a 2017 por el incumplimiento de la obligación de motivación, puesto que las exposiciones de motivos relativas a esos actos se basaban también en otros elementos que pueden garantizar una motivación suficiente de dichos actos. En efecto, el anexo A de esas exposiciones de motivos también mencionaba, en su apartado 17, otro ataque cometido «el 13 de mayo [de 2014], durante el cual resultaron heridos dos soldados en el lugar en que se estaba construyendo un puesto militar avanzado en Tunceli [Turquía]», y se refería, en su apartado 18, a una advertencia del PKK, formulada en octubre de 2014, según la cual podría quedar en agua de borrajas el frágil proceso de paz en el que estaba implicado si la República de Turquía no actuaba contra el grupo «Estado Islámico».
16

El 9 de julio de 2016, Friends of the Irish Environment escribió a la Central Office of the High Court (Secretaría del Tribunal Superior, Irlanda), cuya gestión se confía a un secretario nombrado por el Courts Service of Ireland (Servicio Judicial, Irlanda), solicitando una copia de los escritos, declaraciones juradas, documentos y observaciones escritas presentados por todas las partes y de las resoluciones definitivas adoptadas en dicho asunto. Esta solicitud se presentó de conformidad con el Convenio de Aarhus y la Directiva 2003/4, transpuesta mediante las normas nacionales irlandesas.
31

En cuarto lugar, respecto a la posición expresada por la Comisión de que la Directiva 2003/88 no es aplicable al litigio principal, dado que este tiene por objeto la retribución de los trabajadores, procede recordar que, a excepción del caso particular de las vacaciones anuales retribuidas, mencionado en el artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva, esta se limita a regular determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo a fin de garantizar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, de modo que, en principio, no se aplica a su retribución (sentencia de 30 de abril de 2020, Készenléti Rendőrség, C‑211/19, EU:C:2020:344, apartado 23 y jurisprudencia citada).
10

La República Italiana incorporó la Directiva 2003/6 a su Derecho nacional mediante el artículo 9 de la legge n. 62 — Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Ley n.o 62, por la que se dictan disposiciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la pertenencia de Italia a las Comunidades Europeas. Ley comunitaria de 2004), de 18 de abril de 2005 (suplemento ordinario a la GURI n.o 76, de 27 de abril de 2005). Dicho artículo introdujo en el Decreto Legislativo n.o 58 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.o 52 (Decreto Legislativo n.o 58, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones en materia de intermediación financiera, de conformidad con los artículos 8 y 21 de la Ley n.o 52, de 6 de febrero de 1996), de 24 de febrero de 1998 (en lo sucesivo, «Texto refundido»), numerosas disposiciones, entre ellas, el artículo 187 bis, relativo a la infracción administrativa por uso de información privilegiada, y el artículo 187 quindecies, relativo a las sanciones aplicables en caso de falta de cooperación en el marco de una investigación llevada a cabo por la Consob.
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Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que el Derecho de la Unión, más concretamente el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), no se opone, en principio, a una disposición de una normativa nacional, como el artículo 208, apartado 1, letra c), de la LGSS, en virtud de la cual se deniega una pensión de jubilación anticipada en caso de que el importe de la pensión a la que el solicitante tendría derecho no alcance la cuantía de la pensión mínima que percibiría al cumplir la edad legal de jubilación (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2019, Bocero Torrico y Bode, C‑398/18 y C‑428/18, EU:C:2019:1050, apartados 25 a 27).
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Según el artículo 5 bis de la loi n.o 83‑634, portant droits et obligations des fonctionnaires (Ley n.o 83‑634, reguladora de los Derechos y Obligaciones de los Funcionarios), de 13 de julio de 1983 (en lo sucesivo «Ley n.o 83‑634»), en su versión aplicable al litigio principal, «los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Europea o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo distinto de Francia podrán acceder, en las condiciones establecidas en el estatuto general, a los cuerpos, escalas y puestos de trabajo [de la administración]. No obstante, no podrán acceder a aquellos puestos cuyas atribuciones, o bien no puedan, en sí mismas, deslindarse del ejercicio de la soberanía, o bien impliquen una participación directa o indirecta en el ejercicio de prerrogativas del poder público del Estado de otras entidades públicas. […]»
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 3, y del anexo IV, parte B, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO 2002, L 108, p. 51), al establecer una contribución extraordinaria para el reparto de los costes netos de las obligaciones de servicio universal a partir de 2007, con arreglo a la Lei n.o 35/2012 que Procede à Criação do Fundo de Compensação do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas Previsto na Lei das Comunicações Eletrónicas, Destinado ao Financiamento dos Custos Líquidos Decorrentes da Prestação do Serviço Universal (Ley n.o 35/2012, por la que se crea el fondo de compensación del servicio universal establecido por la Ley sobre las Comunicaciones Electrónicas, destinado a financiar los costes netos resultantes de la prestación del servicio universal), de 23 de agosto de 2012 (Diário da República, 1.a serie, n.o 163, de 23 de agosto de 2012), en su versión modificada y consolidada por la Lei n.o 149/2015 (Ley n.o 149/2015), de 10 de septiembre de 2015 (Diário da República, 1.a serie, n.o 177, de 10 de septiembre de 2015) (en lo sucesivo, «Ley n.o 35/2012»).
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El punto 293 del Ministru kabineta noteikumi Nr. 1529 «Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība» (Reglamento n.o 1529 del Consejo de Ministros, sobre organización y financiación de la asistencia sanitaria), de 17 de diciembre de 2013 (Latvijas Vēstnesis, 2013, n.o 253), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1529»), disponía: «En aplicación del [Reglamento n.o 883/2004] y del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del [Reglamento n.o 883/2004 (DO 2009, L 284, p. 1)], el [Servicio de Salud] expedirá los siguientes documentos que acrediten el derecho de una persona a recibir, en otro Estado miembro de la [Unión Europea] o del [Espacio Económico Europeo (EEE)] o en Suiza, asistencia sanitaria financiada con cargo al presupuesto del Estado: […] 293.2. el formulario S2, titulado “Certificado del derecho a un tratamiento programado” (en lo sucesivo, “formulario S2”), que permite beneficiarse de la asistencia sanitaria programada indicada en el formulario, en el país y dentro del plazo que en él se mencionan […]»
4

El artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva establece lo siguiente: «No podrá comercializarse ningún medicamento en un Estado miembro sin que la autoridad competente de dicho Estado miembro haya concedido una autorización de comercialización con arreglo a la presente Directiva o se haya concedido una autorización de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos de la Unión para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 1)], leído en relación con el Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico [y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83 y el Reglamento n.o 726/2004 (DO 2006, L 378, p. 1)], y el Reglamento (CE) n.o 1394/2007 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83 y el Reglamento n.o 726/2004 (DO 2007, L 324, p. 121)]. […]»
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De la resolución de remisión se desprende que los elementos de la cocina objeto del contrato controvertido, cuya elaboración Möbel Kraft aún no había comenzado en el momento en que ML decidió desistir de dicho contrato, se habrían ensamblado por otra empresa siguiendo un esquema de taladrado en cadenas de producción digitales y se habrían montado in situ, en el domicilio de ML, por los empleados no de esta otra empresa, sino de Möbel Kraft. El tribunal remitente añade, a este respecto, que los elementos prefabricados de la cocina habrían podido desmontarse sin pérdida para el comerciante, en la medida en que únicamente el panel antisalpicaduras, la encimera, así como los embellecedores y las piezas de ajuste, se habrían adaptado in situ y no se habrían podido volver a utilizar en otro lugar.
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Así, contrariamente a lo que sostiene la demandante en el litigio principal, el artículo 71, apartado 1, letra b), inciso i), del código aduanero, que abarca «los materiales, componentes, partes y elementos similares incorporados a las mercancías importadas», no puede interpretarse en el sentido de que excluye a los bienes inmateriales. Tal exclusión no resulta ni del tenor del artículo 71, apartado 1, letra b), ni de la sistemática de dicha disposición. Conforme a esta última, el valor en aduana de las mercancías importadas se completará con el valor de los productos, pero también con el de los servicios que reúnan las condiciones establecidas en la citada disposición. Una interpretación como la propuesta por la demandante en el litigio principal llevaría no solo a limitar las eventuales correcciones del valor en aduana únicamente a la situación contemplada en el inciso iv) de dicha disposición cuando se trate de añadir el valor de un servicio, sino también a tener por objeto únicamente los servicios que, por una parte, se consideren «trabajos de ingeniería, de desarrollo, artísticos y de diseño, planos y croquis» y, por otra, que sean «necesarios para la producción de las mercancías importadas». No puede admitirse tal interpretación, ya que los bienes inmateriales pueden ser objeto tanto del artículo 71, apartado 1, letra b), inciso i), como del artículo 71, apartado 1, letra b), inciso iv), del código aduanero.
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En estas circunstancias, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Se opone la Directiva 2004/8 —en particular, su artículo 12— a una interpretación de los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo n.o 20/2007 en el sentido de que permiten la extensión de los beneficios establecidos en el Decreto Legislativo n.o 79/1999 —en particular en su artículo 11, y en la Decisión n.o 42/02 de la [AEEG], mediante la que se aplica dicha disposición— a las instalaciones de cogeneración que no sean de alta eficiencia, incluso después del 31 de diciembre de 2010? 2) ¿Se opone el artículo 107 TFUE a una interpretación de los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo n.o 20/2007 en el sentido indicado en la primera cuestión, en la medida en que dicha disposición, tal como ha sido interpretada, pueda constituir una “ayuda otorgada por el Estado” y, por tanto, ser incompatible con el principio de libre competencia? 3) Atendiendo a cuanto se ha expuesto en las cuestiones primera y segunda y a la vista de lo alegado expresamente por [Burgo Group], ¿es compatible con los principios de igualdad y no discriminación del Derecho de la Unión una normativa nacional que permite la aplicación de los planes de apoyo a la cogeneración [que no sea de alta eficiencia] hasta el 31 de diciembre de 2015, de modo que se pueda interpretar en tal sentido la normativa italiana, de conformidad con el artículo 25, apartado 11, letra c), punto 1, del Decreto Legislativo n.o 28, que deroga las disposiciones antes citadas del artículo 11 del Decreto Legislativo n.o 79/1999 a partir del 1 de enero de 2016, que de otro modo se considerarían aplicables hasta el 19 de julio de 2014 (con arreglo al artículo 10, apartado 15, del Decreto Legislativo n.o 102/2014)?»
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En esas circunstancias, el Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Tribunal de Apelación de Arnhem-Leeuwarden, Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Un material que no es un subproducto en el sentido de la Directiva 2008/98 no es tampoco, por definición, un subproducto animal en el sentido del Reglamento n.o 1069/2009, de suerte que dicho material no queda excluido del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1013/2006 en virtud del artículo 1, apartado 3, de dicho Reglamento n.o 1013/2006, o bien no se excluye que un material quede comprendido en la definición de “subproductos animales” en el sentido del Reglamento n.o 1069/2009 si tal material no cumple los requisitos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/98, de suerte que dicho material no quedará comprendido sin más en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1013/2006? 2) ¿Cómo debe entenderse el traslado que queda sujeto a los requisitos de aprobación del Reglamento n.o 1774/2002 (actualmente, Reglamento n.o 1069/2009) en el sentido del artículo 1, apartado 3, del Reglamento n.o 1013/2006? ¿Se alude al transporte (entre un país y otro) de subproductos animales, con independencia de la categoría a la que pertenezca ese material, o bien se alude al transporte de material mencionado en el artículo 48 del Reglamento n.o 1069/2009 (anteriormente artículo 8 del Reglamento n.o 1774/2002), que está limitado a subproductos animales o productos derivados en el sentido de dicha disposición, esto es, materiales de la categoría 1 y materiales de la categoría 2, y determinados productos derivados de los mismos, incluidas las proteínas animales transformadas derivadas de material de la categoría 3? 3) Si por traslado sujeto a los requisitos de aprobación del Reglamento n.o 1774/2002 (actualmente Reglamento n.o 1069/2009) en el sentido del artículo 1, apartado 3, inicio y letra d), del Reglamento n.o 1013/2006 debe entenderse el transporte (entre un país y otro) de subproductos animales, con independencia de la categoría a la que pertenezca ese material, ¿debe interpretarse además el artículo 1, apartado 3, inicio y letra d), del Reglamento n.o 1013/2006 en el sentido de que con tal expresión se alude también a los traslados de mezclas de subproductos animales y de otros materiales y, en caso de respuesta afirmativa, tendrá alguna relevancia al respecto la proporción de la mezcla entre los subproductos animales y los demás materiales? ¿O bien pierde un subproducto animal el carácter de subproducto animal en el sentido del Reglamento n.o 1069/2009 y pasa dicho subproducto animal a convertirse en un residuo en el sentido del Reglamento n.o 1013/2006 como consecuencia de la mezcla de aquel con otro material?»
9

A raíz de la firma del Convenio de Montreal, el Reglamento (CE) n.o 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje (DO 1997, L 285, p. 1), fue modificado por el Reglamento (CE) n.o 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002 (DO 2002, L 140, p. 2) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2027/97»).
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No obstante, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva sobre los hábitats se refiere no solo a los actos intencionados, sino también a los que no lo son (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2005, Comisión/Reino Unido, C‑6/04, EU:C:2005:626, apartados 77 a 79). Al no limitar la prohibición prevista en el artículo 12, apartado 1, letra d), de esta Directiva, a los actos intencionados, al contrario de lo que ha hecho respecto de los actos contemplados en el artículo 12, letras a) a c), de dicha Directiva, el legislador de la Unión ha demostrado su voluntad de conferir a los lugares de reproducción o a las zonas de descanso una mayor protección contra los actos que puedan causar su deterioro o su destrucción (sentencia de 10 de enero de 2006, Comisión/Alemania, C‑98/03, EU:C:2006:3, apartado 55).
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Sobre la base del artículo 36, apartado 3, de la Ley sobre la Energía se adoptó el naredba n.o 2 za regulirane na tsenite na prirodniya gaz (Reglamento n.o 2 relativo a la regulación de los precios del gas natural), de 19 de marzo de 2013 (DV n.o 33, de 5 de abril de 2013), que, en su versión aplicable al litigio principal, fue modificado y completado por última vez mediante un reglamento publicado en el DV n.o 105, de 30 de diciembre de 2016 (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2/2013»).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO 2009, L 335, p. 1; corrección de errores en DO 2014, L 219, p. 66), y del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo (DO 2007, L 324, p. 79).