Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Cuestión planteada en relación con un litigio cuyos elementos se circunscriben al interior de un único Estado miembro

(Art. 267 TFUE)

2. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación

(Arts. 43 CE, 48 CE, 49 CE y 56 CE)

3. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Restricciones

(Arts. 43 CE y 48 CE)

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1. Cuando, en el marco de una cuestión prejudicial, todos los elementos del litigio del que conoce el órgano jurisdiccional nacional se circunscriben al interior de un solo Estado miembro, el Tribunal de Justicia puede ser competente para responder al órgano jurisdiccional nacional dado que, en el supuesto de una normativa nacional que establece distancias mínimas obligatorias entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes, no puede excluirse de ningún modo que empresas establecidas en Estados miembros distintos del Estado miembro de que se trata estén o hayan estado interesadas en comercializar carburantes en este Estado miembro.

(véanse los apartados 22 a 24)

2. Una normativa nacional que establece distancias mínimas obligatorias entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes debe examinarse únicamente a la luz de las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento. En efecto, dado que la construcción de dichas estaciones por las personas jurídicas en el sentido del artículo 48 CE implica necesariamente el acceso de éstas al territorio del Estado miembro de acogida a efectos de participar, de forma estable y continua, en la vida económica de ese Estado, mediante la apertura de agencias, sucursales o filiales, no son pertinentes las disposiciones relativas a la libre prestación de servicios, que son de aplicación únicamente en caso de que no lo sean las relativas al derecho de establecimiento. Por otra parte, suponiendo que dicha normativa tuviera efectos restrictivos sobre la libre circulación de capitales, tales efectos serían la consecuencia inevitable de un eventual obstáculo a la libertad de establecimiento y, por lo tanto, no justificarían un examen autónomo de dicha legislación a la luz del artículo 56 CE.

(véanse los apartados 39 a 41)

3. El artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE, debe interpretarse en el sentido de que una normativa de Derecho nacional, que establece distancias mínimas obligatorias entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes, que únicamente se aplica en el caso de nuevas estaciones de servicio, constituye una restricción a la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado CE. No parece que tal restricción pueda justificarse por los objetivos de seguridad vial, de protección de la salud y del medio ambiente así como de racionalización del servicio prestado a los usuarios, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.

En efecto, una normativa de ese tipo, que se aplica únicamente a estaciones de servicio nuevas y no a las existentes antes de su entrada en vigor, impone requisitos al acceso a la actividad de distribución de carburantes. Al favorecer de ese modo a los operadores que ya están presentes en el territorio nacional, disuade, incluso impide, la entrada en el mercado nacional de operadores procedentes de otros Estados miembros y constituye una restricción a la libertad de establecimiento en el sentido del artículo 43 CE.

No parece que tal restricción pueda justificarse por los objetivos de seguridad vial, de protección de la salud y del medio ambiente, dado que no parece responder verdaderamente al empeño por alcanzar dichos objetivos de forma congruente y sistemática y, por tanto, no parece adecuada para realizar los objetivos alegados sin ir más allá de lo necesario para alcanzarlos, sin perjuicio de las comprobaciones que deba efectuar el tribunal nacional.

En relación con la racionalización de los servicios prestados a los pasajeros, unos motivos de carácter meramente económico no pueden constituir razones imperiosas de interés general capaces de justificar una restricción a una libertad fundamental garantizada por el Tratado. Por otra parte, aun cuando pudiera considerarse que dicho objetivo, en cuanto comprendido en la protección de los consumidores, constituye una razón imperiosa de interés general y no un motivo de naturaleza meramente económica, resulta difícil discernir la manera en que dicha normativa puede ser idónea para proteger a los consumidores o para procurarles beneficios. Por el contrario, al obstaculizar la entrada de nuevos operadores en el mercado, una normativa de ese tipo parece más bien favorecer la posición de los operadores ya presentes en el territorio nacional, sin que ello beneficie realmente a los consumidores. En todo caso, resulta que dicha normativa va más allá de lo necesario para alcanzar un eventual objetivo de protección de los consumidores, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.

(véanse los apartados 45, 51, 52 y 55 a 57 y el fallo)