Las disposiciones del capítulo IV del Reglamento n.o 4/2009, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, y en particular el artículo 41, apartado 1, de este Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que un acreedor de alimentos, que ha obtenido una resolución en su favor en un Estado miembro y que desea ejecutarla en otro Estado miembro, puede presentar su solicitud directamente a la autoridad competente, como un tribunal especializado, de este último Estado miembro, y no puede estar obligado a presentar su solicitud a tal autoridad a través de la autoridad central del Estado miembro de ejecución.

Así, ninguna disposición del referido capítulo IV, titulado «Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones», al que pertenece el citado artículo 41, apartado 1, prevé un procedimiento especial que se añadiría a los procedimientos aplicables en el marco de solicitudes puramente internas y, en particular, un recurso obligatorio a las autoridades centrales de los Estados miembros.

Acudir a las autoridades centrales está previsto en las disposiciones que figuran en el capítulo VII del Reglamento n.o 4/2009, relativo a la cooperación administrativa entre autoridades centrales.

De los artículos 51 y 56 del Reglamento n.o 4/2009, en relación con los considerandos 31 y 32 de éste, se desprende que la solicitud de ayuda de las autoridades centrales, en virtud de las disposiciones que figuran en el capítulo VII de dicho Reglamento, constituye un derecho y no una obligación. Por consiguiente, es facultativa y sólo se aplica si el acreedor de alimentos desea efectuarla, por ejemplo para superar algunas dificultades particulares, como puede ser la localización del deudor de alimentos.

Así, resulta que el Reglamento n.o 4/2009 prevé dos modos alternativos de presentar una solicitud ante los tribunales competentes, uno directo, conforme a las disposiciones que figuran en el capítulo IV de dicho Reglamento, y otro a través de las autoridades centrales, si el acreedor de alimentos solicita la ayuda de la autoridad central de su Estado miembro de residencia, con arreglo a las disposiciones que figuran en el capítulo VII del citado Reglamento.

Este análisis se ve corroborado por el tenor literal del artículo 45 del Reglamento n.o 4/2009, que forma parte del capítulo V de éste. Dicho artículo, relativo a la justicia gratuita, distingue expresamente dos vías alternativas que permiten al acreedor de alimentos presentar una solicitud de ejecución, a saber, a través de las autoridades centrales «o» directamente a las autoridades competentes.

En estas circunstancias, debe considerarse que la obligación que se impone al acreedor de alimentos por una normativa nacional, como la controvertida en el asunto principal, de acudir a la autoridad central del Estado miembro requerido, aun cuando desee dirigirse directamente a las autoridades competentes sobre la base del capítulo IV del Reglamento n.o 4/2009, y que, según el órgano jurisdiccional remitente, supone plazos adicionales, es contraria al artículo 41, apartado 1, de ese Reglamento, interpretado a la luz de la finalidad de dicho Reglamento y del sistema en el que se inscribe esta disposición.

(véanse los apartados 37 y 39 a 44 y el punto 1 del fallo)