Palabras clave

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Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites

[Tratado CE, art. 92, ap. 3 (actualmente art. 87 CE, ap. 3, tras su modificación)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Ayudas de salvamento de una empresa en crisis - Requisitos - Operación excepcional de mantenimiento de las actividades durante un período limitado - Error manifiesto de apreciación de la Comisión - Inexistencia

[Tratado CE, art. 92, ap. 3 (actualmente art. 87 CE, ap. 3, tras su modificación)]

3. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Consideración de la situación existente en el momento de adopción de la medida

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

4. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Ayudas de reestructuración de una empresa en crisis - Requisitos - Aplicación, bajo el control de la Comisión, de un plan de reestructuración aprobado por ésta

[Tratado CE, art. 92, ap. 3 (actualmente art. 87 CE, ap. 3, tras su modificación)]

5. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas de reestructuración de una empresa en crisis situada en una región promocionable - Requisitos particulares - Apreciación

[Tratado CE, art. 92, ap. 3, letras a) y c) [actualmente art. 87 CE, ap. 3, letras a) y c), tras su modificación]]

6. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Capitalización de una parte de las deudas contraídas por una empresa con un organismo público - Criterio de apreciación - Criterio del inversor privado - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

7. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Carácter selectivo de la medida - Ventajas económicas concedidas de forma discrecional por un organismo público a una empresa - Inclusión

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

8. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Condonaciones concedidas por organismos públicos a una empresa en crisis en el marco de un procedimiento judicial y conforme al Derecho nacional aplicable - Inclusión

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

9. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Carácter jurídico - Interpretación sobre la base de elementos objetivos - Control jurisdiccional - Alcance

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

10. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Condonaciones concedidas por organismos públicos a una empresa en crisis - Relación entre las condonaciones concedidas y el total de las deudas de la empresa - Falta de pertinencia - Criterio de apreciación - Criterio del acreedor privado

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

11. Ayudas otorgadas por los Estados - Perjuicio para los intercambios comerciales entre Estados miembros - Perjuicio para la competencia - Criterios de apreciación

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

12. Ayudas otorgadas por los Estados - Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda no notificada con el mercado común - Obligación de motivación - Alcance

[Tratado CE, arts. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación), 93, ap. 3, y 190 (actualmente arts. 88 CE, ap. 3, y 253 CE)]

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1. La Comisión goza de una amplia facultad de apreciación en el ámbito del artículo 92, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 3, tras su modificación). El juez comunitario, al ejercer su control, debe limitarse a comprobar la observancia de las normas de procedimiento y de la obligación de motivación, la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder. No corresponde al juez comunitario sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia.

( véase el apartado 48 )

2. La Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al llegar a la conclusión de que los préstamos y avales concedidos por una entidad pública a la empresa de que se trata entre mayo y diciembre de 1995 no podían calificarse de ayudas de salvamento conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, puesto que ha quedado demostrado que en 1993 y 1994 dicha entidad pública ya había concedido a la misma empresa préstamos y avales análogos a las supuestas ayudas de salvamento y que estas intervenciones ya estaban destinadas a permitir que la empresa afrontara sus dificultades económicas y financieras y mantuviera sus actividades. Así, la Comisión estimó que la exigencia de que la ayuda de salvamento consista normalmente en una operación excepcional de mantenimiento de las actividades durante un período limitado no se cumplía en el presente caso.

( véanse los apartados 50 y 51 )

3. La cuestión de si una medida constituye una ayuda en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) debe resolverse a la luz de la situación existente en el momento en que se adoptó dicha medida. En efecto, si la Comisión tuviera en cuenta datos posteriores, favorecería a los Estados miembros que incumplen su obligación de notificar en la fase de proyecto las ayudas que pretenden conceder. Por consiguiente, el hecho de que el tipo de interés aplicable a préstamos concedidos por un organismo público a una empresa en crisis sea posteriormente sustituido por el tipo de mercado -con independencia de que esta adaptación se califique de mero «ajuste contable» o no- carece de pertinencia.

( véase el apartado 53 )

4. Las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis exigen que las ayudas de reestructuración de una empresa en crisis se encuentren incluidas en un plan cuya aprobación por la Comisión está supeditada al cumplimiento de tres requisitos materiales: debe permitir el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo de la empresa, prevenir el falseamiento indebido de la competencia y garantizar la proporcionalidad de la ayuda en relación con los costes y beneficios de la reestructuración. Además, la empresa debe aplicar íntegramente el plan de reestructuración tal como fue aprobado por la Comisión, quedando sometida esta aplicación, así como el correcto desarrollo de dicho plan, al control de la Comisión, a la que deberán presentarse informes anuales detallados.

( véase el apartado 78 )

5. De las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis se desprende que el hecho de que una empresa en crisis esté situada en una región promocionable no justifica que se adopte una actitud de plena permisividad, precisándose que «se deben reducir lo máximo posible los efectos falseadores de la competencia, incluso en el caso de las ayudas concedidas a empresas situadas en regiones promocionables». Asimismo, la posibilidad excepcional de flexibilizar el requisito de reducción de capacidad en el supuesto de un mercado que presente un exceso de capacidad estructural no permite prescindir de la exigencia fundamental relativa a la presentación de un plan de reestructuración coherente y realista que permita restablecer la viabilidad de la empresa. En consecuencia, no puede imputarse a la Comisión haber denegado a una empresa la posibilidad de acogerse a una excepción basada en las necesidades de desarrollo regional cuando tal empresa, aun suponiendo que haya efectuado reducciones de capacidad que -aplicando cierta flexibilidad- puedan considerarse suficientes, no reúne uno o varios de los restantes requisitos impuestos por las Directrices.

( véase el apartado 114 )

6. La intervención de las autoridades públicas en el capital de una empresa, cualquiera que sea la forma en que se efectúe, puede constituir una ayuda de Estado.

Con el fin de evaluar si la capitalización de una parte de las deudas contraídas por una empresa con un organismo público constituye una ayuda de Estado, procede aplicar el criterio del inversor privado en una economía de mercado. Así, debe analizarse si, en circunstancias similares, un inversor privado de dimensiones comparables a las del inversor público habría efectuado una operación de esta importancia. A este respecto, aun cuando el comportamiento del inversor privado, al que debe compararse la actuación del inversor público que persigue objetivos de política económica, no es necesariamente el del inversor ordinario que coloca capitales en función de su rentabilidad a un plazo más o menos corto, sí debe ser, por lo menos, el de un holding privado o un grupo privado de empresas que persigue una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de rentabilidad a más largo plazo.

La apreciación que ha de efectuar la Comisión acerca de si una inversión cumple el criterio del inversor privado requiere una valoración económica compleja. Pues bien, cuando adopta un acto que requiere una apreciación económica compleja, la Comisión goza de un amplio poder de apreciación y el control jurisdiccional de dicho acto a este respecto se limita a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para efectuar la elección impugnada, la falta de error manifiesto en la apreciación de dichos hechos o la inexistencia de desviación de poder. En particular, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia.

( véanse los apartados 125 a 127 )

7. La especificidad de una medida estatal, a saber, su carácter selectivo, constituye una de las características del concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación). A este respecto, debe comprobarse si la medida controvertida da lugar o no a ventajas en beneficio exclusivo de determinadas empresas o de determinados sectores de actividad.

En este contexto, cuando el organismo público que concede las ventajas económicas ostenta una facultad discrecional que le permite determinar los beneficiarios o las condiciones de la medida concedida, no puede considerarse que ésta tenga un carácter general.

Esto es lo que sucede con las condonaciones que no se desprenden automáticamente de la aplicación de una ley nacional de suspensión de pagos, por la que se establezca un procedimiento de carácter general aplicable a cualquier empresa en crisis, sino de la facultad discrecional de los organismos públicos de que se trata.

( véanse los apartados 156 y 157 )

8. El artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) no establece una distinción según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos. Por consiguiente, el mero hecho de que algunos organismos públicos concedan condonaciones a una empresa en crisis en el marco de un procedimiento judicial y de conformidad con el Derecho nacional aplicable, no basta para considerar que dichas condonaciones tienen carácter general y no están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado.

( véase el apartado 158 )

9. El concepto de ayuda de Estado, tal y como se define en el Tratado, tiene carácter jurídico y debe interpretarse partiendo de elementos objetivos. Por esta razón, el órgano jurisdiccional comunitario deberá, en principio y teniendo en cuenta tanto determinados elementos concretos del litigio de que conoce como el carácter técnico o complejo de las apreciaciones realizadas por la Comisión, ejercer un control completo por lo que respecta a la cuestión de si una medida está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación).

( véase el apartado 159 )

10. La parte que representan los créditos de los organismos públicos en el importe total de las deudas de una empresa en crisis no puede constituir por sí misma un factor determinante para apreciar si las condonaciones de deudas concedidas por dichos organismos a la empresa contienen elementos de ayuda de Estado. En efecto, tener en cuenta este factor llevaría a restringir de manera injustificada las posibilidades de gestión de la deuda de una empresa en crisis cuando el importe total de los créditos públicos sea superior al de los privados. Por el contrario, en los casos en que el importe total de los créditos privados supera el de los créditos públicos, rara vez puede considerarse que una medida de gestión de la deuda adoptada por un organismo público constituya una ayuda de Estado.

Al otorgar las condonaciones de deuda los organismos públicos de que se trate no tienen por qué actuar como inversores públicos cuya intervención deba compararse con el comportamiento de un inversor privado que persigue una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de rentabilidad a largo plazo de los capitales invertidos. Estos organismos deben, en realidad, compararse con un acreedor privado que trata de recuperar las cantidades que le adeuda un deudor que se enfrenta a dificultades financieras.

En consecuencia, corresponde a la Comisión determinar si la condonación de deuda que cada uno de los organismos públicos de que se trate haya concedido es manifiestamente más importante que la que habría otorgado un hipotético acreedor privado que se encuentre, con respecto a la empresa, en una situación análoga a la del organismo público correspondiente y que trate de recuperar las cantidades que se le adeuden.

A este respecto, aunque la aparente desproporción entre las respectivas condonaciones de los acreedores públicos y privados pueda constituir un indicio de que existe una eventual ayuda de Estado, este elemento, por sí mismo, no dispensa a la Comisión de la obligación de examinar si, a la luz de las circunstancias del presente caso, las condonaciones concedidas por los acreedores públicos van más allá de lo que justifican las exigencias comerciales, de modo que únicamente pueden explicarse por la voluntad de conceder una ventaja a la empresa de que se trata.

( véanse los apartados 166, 167, 170 y 171 )

11. Cuando una ayuda estatal fortalece la posición de una empresa frente a otras empresas que compiten con ésta en los intercambios intracomunitarios, dichos intercambios deben considerarse afectados por la ayuda. Además, una ayuda puede afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros y falsear la competencia aunque la propia empresa beneficiaria que compita con las empresas de otros Estados miembros no participe en las actividades transfronterizas. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la oferta interior puede mantenerse o aumentar, con la consecuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de exportar sus productos o de ofrecer sus servicios en el mercado de dicho Estado miembro.

Asimismo, el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria de una ayuda no excluye a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios entre Estados miembros

( véanse los apartados 220 y 221 )

12. En la motivación de una decisión en materia de ayudas de Estado, la Comisión no está obligada, por lo que respecta al requisito relativo a la afectación de los intercambios interestatales, a realizar un análisis económico de la situación real de los sectores afectados, de la cuota de mercado de la empresa interesada, de la posición de las empresas competidoras y de las corrientes de intercambio de los productos y servicios de que se trata entre los Estados miembros, siempre que haya explicado por qué las ayudas controvertidas falsean la competencia y afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

Además, en el caso de ayudas concedidas ilegalmente, la Comisión no está obligada a demostrar el efecto real que estas ayudas han tenido sobre la competencia y sobre los intercambios entre Estados miembros. En efecto, con esta obligación se favorecería a los Estados miembros que conceden ayudas incumpliendo el deber de notificación que impone el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), en detrimento de los que las notifican en fase de proyecto.

( véanse los apartado 223, 225 y 226 )