1.

a) La Comisión expone en primer lugar de forma general que, a pesar de que las cuotas de captura aplicables en 1985 a Francia para la pesca de las dos especies de pescado controvertidas se habían agotado a finales de junio y a mediados de julio de 1985, las autoridades francesas incumplieron la obligación de tomar a su debido tiempo las medidas necesarias para prohibir provisionalmente las actividades de sus pescadores en aguas de las islas Feroe., Ahora bien, el apartador del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82 obliga a cada Estado miembro a evitar cualquier superación de cuota fijando con antelación la fecha previsible de su agotamiento, punto de partida de la prohibición provisional de pesca para sus buques. La Comisión señala que, para cumplir esta obligación, los Estados miembros disponen de la información prevista en los artículos 6 a 9 del Reglamento n° 2057/82 y deberán ejercitar las medidas de control a que se refiere el artículo 1 de dicho Reglamento. Por consiguiente, de conformidad con el conjunto de dichas disposiciones, Francia debió determinar, como establece el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83, las modalidades de utilización de las cuotas que se le habían atribuido. La Comisión deduce de ello que en el presente caso la omisión de las autoridades francesas es manifiesta y que los supuestos en que se sobrepasaron las cuotas derivadas de la misma constituyen un incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82. La Comisión prosigue que dichos supuestos en que se rebasaron las cuotas pueden resultar asimismo de un incumplimiento de las obligaciones de control y registro de capturas recogidas en los artículos 6 a 9 del Reglamento n° 2057/82, de las de inspección y sanción establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 1 de dicho Reglamento o incluso de la obligación de imputación de todas las capturas efectuadas por los barcos franceses, conforme al apartado 1 del artículo 10 del mismo Reglamento. Por último, dichas superaciones pueden ser consecuencia de que las autoridades francesas no hayan adoptado, conforme al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83, las medidas necesarias pára determinar lás modalidades de utilización de las cuotas de pesca. Según la Comisión, debe rechazarse el argumento del Gobierno de la República Francesa de acuerdo con el cual las autoridades francesas contestaron en el presente caso a su debido tiempo y haciendo pleno uso de los medios puestos a su disposición. En efecto, la cronología de los hechos muestra que tanto el intercambio de cuotas de rescaza como los avisos dados a los pescadores franceses en el sentido de que interrumpiesen toda actividad —avisos que no son, a su juicio, jurídicamente vinculantes y respecto a los cuales Francia admite que se efectuaron cuando los desembarques de pescado ya se habían interrumpido el 30 de octubre de 1985— se produjeron con retraso. De igual modo, los Reglamentos de interrupción de la pesca, adoptados en noviembre y diciembre de 1985 a iniciativa de la Comisión [Reglamento (CEE) n° 3220/85 de la Comisión, de 15 de noviembre de 1985, relativo a la interrupción de la pesca de la rescaza para los buques que enarbolan pabellón francés (DO L 303, p. 43), y por lo que respecta a la interrupción de la pesca de pescado plano: citado Reglamento n° 3448/85, de 6 de diciembre de 1985], tomando como base los datos comunicados por las autoridades de las islas Feroe, ponen de relieve la responsabilidad inicial de los Estados miembros de prohibir provisionalmente la pesca. Añade la Comisión que en el presente caso la frecuencia de los desembarques permitía a las autoridades francesas seguir regularmente la evolución de las capturas, prever la superación de las cuotas desde mediados de junio y principios de julio de 1985 y, por consiguiente, tomar a su debido tiempo las medidas exigidas por el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82. Como respuesta a. la afirmación del Gobierno de la República Francesa de que, para apreciar la gestión de las cuotas, es preciso tener en cuenta el hecho de que 1985 fue un año de establecimiento de la política común de la pesca, la Comisión señala que, conforme al apartado 2 del artículo 16 del Reglamento n° 2057/82, las medidas de control establecidas en dicho Reglamento fueron aplicables a más tardar a partir del 1 de enero de 1983. La Comisión añade que la aplicación de dichas medidas no estaba subordinada a la entrada en vigor, el 1 de abril de 1985, del Reglamento n° 2807/83, que se limita a precisar la naturaleza y la forma del modelo comunitario de diario de a bordo y de las declaraciones de transbordo y desembarque. Por último, es jurisprudencia reiterada (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1979, Comisión contra Reino Unido, 128/78, Rec. 1979, p. 419, y de 2 de febrero de 1989, Países Bajos contra Comisión, 262/87, Rec. 1989, p. 225) que un Estado miembro no puede invocar dificultades relativas al establecimiento de una normativa comunitaria para justificar un incumplimiento de las normas por ella establecidas. La Comisión refuta asimismo la alegación del Gobierno de la República Francesa basada en la imposibilidad de determinar con precisión las cantidades capturadas de pescado plano y de rescaza, debido a problemas relacionados con la delimitación de las aguas comunitarias y de las islas Feroe, al haberse efectuado gran parte de la pesca de las especies controvertidas en la zona objeto de litigio entre el Reino Unido y las islas Feroe. La Comisión alega a este respecto que, para determinar las referidas superaciones de cuota, se basó en las cifras que le habían comunicado las propias autoridades francesas, en carta de 6 de febrero de 1986, que se referían a «las cantidades de escorpina e hipogloso capturadas por los barcos de arrastre franceses en aguas de las islas Feroe». Además, conforme a la letra b) del artículo 2 del Acuerdo pesquero entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las islas Feroe, adjunto al Reglamento n° 2211/80 del Consejo, de 27 de junio de 1980, relativo a la celebración de dicho Acuerdo (DO L 226, p. 11; EE 04/01, p. 110), Ias autoridades de las islas Feroe remitieron a la Comisión, como cada año, la lista de zonas de pesca de dichas islas para 1985, lista de la que recibieron comunicación de la Comisión las autoridades francesas, para que informasen al respecto a sus pescadores. Por ello, dado que el Gobierno de la República Francesa no tenía motivos para dudar de la fiabilidad de las cifras en que él mismo se basó y que no negó haber recibido la comunicación de la lista de zonas de pesca de las islas Feroe para 1985, las capturas efectuadas por los buques franceses en la zona así delimitada deben imputarse a la cuota atribuida a Francia. La Comisión añade que la delimitación de las zonas de pesca comunitaria y de las;islas Feroe es competencia exclusiva de los Estados miembros, ą los cuales corresponde resolver las posibles dificultades que se presenten y respetar entretanto, en función de las delimitaciones existentes, las normas comunitarias por las que se limitan las capturas en aguas de las islas Feroe. b) Respecto al exceso de capturas de rescaza, la Comisión alega que, a pesar de que la superación total de la cuota es tan sólo de 14 toneladas, inició el procedimiento por incumplimiento porque la argumentación del Gobierno francés cuestionaba el efecto útil de las normas fundamentales de conservación y gestión de los recursos pesqueros. En efecto, el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82 obliga a los Estados miembros a tomar medidas a su debido tiempo y, por consiguiente, a prohibir provisionalmente la pesca desde el momento en que sea inminente el agotamiento de la cuota. Ahora bien, mientras que la cuota inicial de 450 toneladas se agotó el 7 de julio de 1985, la única medida que tomaron las autoridades francesas fue la de negociar, con posterioridad al agotamiento de la cuota, intercambios de cuotas con otros Estados miembros. Además, la nueva cuota obtenida (970 toneladas), notificada en noviembre de 1985 a la Comisión, era insuficiente y se comunicó con retraso, porque el total de las capr turas declaradas —prosigue la Comisión— superó esa nueva cuota ya a finales de octubre de 1985. Por otra parte, el mero aviso dado el 8 de noviembre de 1985 por las autoridades francesas a sus pescadores de que interrumpiesen toda actividad sobre la población controvertida, además de ser jurídicamente no vinculante, se produjo con retraso. La Comisión añade que la prohibición provisional de la pesca, que garantiza la conservación de los recursos pesqueros, sólo puede producirse, so pena de infringir lo dispuesto imperativamente en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82 y de cuestionar su eficacia, tomando conio base datóś objetivos de las capturas registradas periódicamente por el Estado miembro y comparados regularmente con las cuotas adjudicadas. Concretamente, la. obligación de prohibir provisionalmente la pesca desde que sea inminente el agotamiento de la cuota no puede subordinarse en ningún caso a la suerte de una mera perspectiva de intercambio futuro de cuotas ni, a fortiori, a. h de la comprobación unilateral de un Estado miembro según la cual probablemente no se había agotado la cuota comunitaria. Según la Comisión, el intercambio dé cuotas entre Estados miembros debe producirse o bien antes de la fecha en que se considere agotada la cuota inicial o con posterioridad a la prohibición provisional de pesca decidida por las autoridades nacionales. Además, Francia no puede invocar el plazo necesario para negociar un intercambio de cuotas porque, a pesar de que los riesgos de sobrepasarlas se presentaron a partir de la segunda mitad de junio de 1985 y dicha superación se hizo patente a principios de julio, el intercambio no se produjo hasta noviembre de 1985 y la nueva cuota obtenida fue rebasada nuevamente a finales de octubre. Por otra parte, Francia debe cumplir la obligación establecida en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82 en función de la cuota que le había sido atribuida por el Reglamento n° 6/85 y no en función del nivel de agotamiento estimado del TAC fijado por la Comunidad. La Comisión destaca además que no procede hablar de incertidumbre, como lo hace el Gobierno de la República Francesa, como consecuencia de la inexistencia de armonización comunitaria del coeficiente de conversión aplicado a las cantidades desembarcadas de pescado limpio para calcular las toneladas de peso vivo, al objeto de compararlas con las cuotas adjudicadas. Aparte de que tales dificultades, caso de que existan, no pueden dispensar a un Estado miembro del respeto de las obligaciones derivadas del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82, es sorprendente comprobar cómo las autoridades francesas, que aplicaron un coeficiente de conversión para determinar las cifras de capturas comunicadas a la Comisión, niegan ahora la fiabilidad de las mismas, invocando la inexistencia de armonización comunitaria. Según la Comisión, dicha armonización no es, de todas formas, un requisito previo para el respeto de las cuotas y la inexistencia de normas comunes en esta materia obliga a los Estados miembros, conforme al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83, a tomar las medidas necesarias para paliarla. Por último, respecto a la dificultad alegada de obtener rápidamente información fiable sobre las capturas, porque acababan de entrar en vigor las disposiciones sobre normalización del diario de a bordo, este supuesto problema no exime a Francia de las obligaciones de control establecidas en los artículos 6 a 9 del Reglamento n° 2057/82 y, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia citada de 2 de febrero de 1989), corresponde a los Estados miembros adoptar las medidas adecuadas para superar eventuales dificultades prácticas resultantes del establecimiento de un mecanismo de control eficaz y rápido. c) Respecto al exceso de capturas de pescado plano, la Comisión insiste en primer lugar en la importancia de haber rebasado la cuota, que supone quintuplicar casi la cuota adjudicada inicialmente. La Comisión acusa al Gobierno de la República Francesa de haber intervenido con retraso, puesto que la prohibición provisional de pesca cuando parece, en función de la información de que deben disponer los Estados miembros, que su cuota está a punto de agotarse, es responsabilidad inicial de los Estados miembros. Ahora bien, en el presente caso, la cuota adjudicada estuvo agotada desde el 21 de junio de 1985. La interrupción de la pesca resultante del Reglamento n° 3448/85 se produjo a iniciativa de la Comisión y la mera afirmación del Gobierno de la República Francesa de que los desembarques terminaron a finales de octubre de 1985 no puede bastar para demostrar que Francia ha cumplido sus obligaciones comunitarias. Respecto a las supuestas- dificultades de apreciación de las cantidades pescadas resultantes de la inexistencia de armonización de los coeficientes de conversión utilizados, la Comisión hace referencia a las explicaciones que ha dado para rebatir dicho argumento para el cálculo de las capturas de rescaza. Añade que, de todas formas, los problemas de esta índole que hayan podido producirse no pueden explicar un exceso tan importante como el del presente caso. La Comisión rebate asimismo la alegación del Gobierno de la República Francesa según la cual, en la práctica, no pudo producirse una prohibición de la pesca a su debido tiempo, debido a que, teniendo en cuenta las cantidades de pescado plano desembarcadas en mayo, nada permitió prever como inminente que se rebasara la cuota, lo cual se produjo, sin embargo, debido al volumen de desembarques de junio y julio. La Comisión afirma sobre este particular que este tipo de razonamiento da lugar a que se incumplan las obligaciones que corresponden a los Estados miembros de garantizar el respeto de la conservación de los recursos pesqueros. En efecto, los Estados miembros, lejos de estar autorizados para argumentar posibles variaciones de los desembarques de un mes a otro, así como plazos de transmisión de la información y de contestación a esta última, deberán prevenir el agotamiento de la cuota adjudicada prohibiendo con carácter provisional y con la suficiente prontitud que se continúe la actividad pesquera. La Comisión señala a este respecto que las autoridades nacionales disponen, en particular, de los medios de información definidos en los artículos 6 a 9 del Reglamento n° 2057/82 y a ellas les incumbe fijar modalidades de transmisión rápidas y eficaces de las capturas efectuadas, de forma que estén informadas de las toneladas de pescado capturadas a más tardar quince días después de la captura, de conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento. Por último, las mismas consideraciones invocadas respecto al exceso de capturas de rescaza sirven para rebatir el argumento francés basado en la inexistencia del riesgo de rebasar el TAC fijado por la Comunidad tomando como base una comparación de las cantidades totales capturadas y de los TAC comunitarios de 1982 y 1987. A este respecto, la Comisión señala que la variación considerable de las cantidades capturadas de pescado plano de un año a otro demuestra el carácter peligroso y aleatorio del razonamiento francés y confirma la necesidad de que cada Estado miembro respete escrupulosamente las cuotas adjudicadas. Por otra parte, esta variación de las cantidades totales facturadas no puede probar la imprevisibilidad de la fecha de agotamiento de la cuota adjudicada a un Estado miembro, que no está en modo alguno en función del grado de utilización del TAC comunitario.