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28

A juicio de la República Helénica, en el marco de este «régimen aduanero de exportación», las autoridades aduaneras son responsables del control de los depósitos fiscales y de la salida de los productos del régimen suspensivo. También garantizan el control de las formalidades de exportación, que incluyen una declaración de exportación simplificada, en el sentido de los artículos 282 y 286 del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario (DO 1993, L 253, p. 1), y controlan la exportación efectiva de los carburantes fuera del territorio aduanero de la Unión, en virtud del artículo 161 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1). Por consiguiente, la venta de estos productos, su salida del régimen suspensivo y su exportación se integran en un procedimiento único.
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Mediante resolución de 2 de junio de 2015, el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Múnich), que conocía del recurso, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales referentes a la interpretación del Reglamento n.o 1259/2010. Mediante auto de 12 de mayo de 2016, Sahyouni (C‑281/15, EU:C:2016:343), el Tribunal de Justicia declaró su falta manifiesta de competencia para responder a esas cuestiones prejudiciales, aduciendo, en particular, que el Reglamento n.o 1259/2010 no es aplicable al reconocimiento de una resolución de divorcio dictada en un Estado tercero y que el órgano jurisdiccional remitente no había aportado ningún elemento que permitiera acreditar que las disposiciones de este Reglamento hubieran sido declaradas aplicables por el Derecho nacional, de manera directa e incondicional, a situaciones como la del litigio principal. No obstante, subrayó que el órgano jurisdiccional remitente conservaba la facultad de plantear una nueva petición de decisión prejudicial cuando pudiera ofrecer al Tribunal de Justicia todos los elementos que permitieran a éste pronunciarse.
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Esta última interpuso ante el tribunal remitente recurso de casación contra dicha resolución, en el que alegaba que ejerce la actividad de creación de sociedades por cuenta propia y asumiendo los correspondientes costes. Afirma que, ya que no dispone de los activos pertenecientes a otras personas al constituir las sociedades, no se la puede calificar de «persona obligada» a efectos del artículo 2, apartado 1, letra h), punto 1, de la Ley contra el blanqueo de capitales. Corporate Companies añade que su objeto social no es, en sentido propio, la constitución de sociedades para los clientes, sino que, aun cuando se considerase que lleva a cabo una actividad similar, no podría sin embargo tener la consideración de «persona obligada», a efectos de dicha Ley, pues no constituye sociedades mercantiles en nombre o por cuenta del cliente, por lo que no se le puede reprochar que actúe como testaferro para sus clientes.
1

Mediante su recurso de casación, Binca Seafoods GmbH (en lo sucesivo, «Binca») solicita la anulación del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 11 de marzo de 2016, Binca Seafoods/Comisión (T‑94/15, no publicado, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2016:164), mediante el que dicho Tribunal desestimó su recurso de anulación del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1358/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a la procedencia de los animales de la acuicultura ecológica, las prácticas zootécnicas acuícolas, los piensos para los animales de la acuicultura ecológica y los productos y sustancias autorizados para su uso en la acuicultura ecológica (DO 2014, L 365, p. 97; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»).
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Este órgano jurisdiccional desestimó la acción ejercitada, al considerar, por una parte, que únicamente es aplicable a las marcas de la Unión el régimen del artículo 18 del Reglamento n.o 207/2009, quedando excluido el régimen general contemplado en el artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001 de Marcas, y, por otra parte, que no concurrían los requisitos exigidos por el artículo 18 del Reglamento n.o 207/2009.
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Pues bien, hay que recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el contexto de hecho y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los datos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones que se le plantean (véanse, en particular, las sentencias de 24 de junio de 2008, Commune de Mesquer, C‑188/07, EU:C:2008:359 apartado 30 y jurisprudencia citada, y de 21 de mayo de 2015, Verder LabTec, C‑657/13, EU:C:2015:331, apartado 29).
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 299 TFUE y del Reglamento (CEE) n.o 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO 1988, L 185, p. 9), del Reglamento (CEE) n.o 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO 1988, L 374, p. 1), y del Reglamento (CEE) n.o 4256/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2052/88, en lo relativo al FEOGA, sección Orientación (DO 1988, L 374, p. 25).
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Mediante escrito dirigido a la Comisión el 27 de julio de 2013, la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) [Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Máquinas y de Productos Electrónicos (CCCME), China] remitió, en el marco de la investigación antidumping, una oferta de compromiso conjunto de varios productores-exportadores chinos. En esencia, en nombre de éstos y en su propio nombre, proponía la aplicación de precios mínimos de importación para los módulos fotovoltaicos y para cada uno de sus componentes clave (células y obleas) hasta un determinado nivel anual de importación (en lo sucesivo, «PMI»).
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De la petición de decisión prejudicial se desprende que son pertinentes para la solución del litigio principal las notas explicativas de la NC publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de marzo de 2015 (DO 2015, C 76, p. 1). La nota explicativa de la NC relativa a la subpartida 6212 20 00 presenta la siguiente redacción: «Fajas y fajas braga (fajas bombacha) Esta subpartida comprende, en particular, las fajas braga, incluso de punto, con corte de braga, con o sin perneras, o de braga de talle alto, con o sin perneras. Deben tener las características siguientes: a) ceñir la cintura y las caderas mediante piezas laterales de 8 centímetros de ancho o más (medidas desde la pernera hasta el borde superior), b) presentar una elasticidad en sentido vertical y una elasticidad limitada en sentido horizontal; pueden estar provistas de refuerzos o forro a la altura del vientre, incluso con encajes, cintas, pasamanería, etc., siempre y cuando no limiten la elasticidad vertical, c) estar fabricadas con los tejidos siguientes: – mezcla de algodón e hilos de elastómero, en una proporción igual o superior al 15 %, o – mezcla de fibras sintéticas o artificiales e hilos de elastómero, en una proporción igual o superior al 10 %, o – mezcla de algodón (no superior al 50 %), y una proporción alta de fibras sintéticas o artificiales con un contenido de hilos de elastómero en una proporción igual o superior al 10 %.»
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El capítulo III del Reglamento (CE) n.o 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO 2003, L 222, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014 (DO 2014, L 39, p. 1), establece un conjunto de normas relativas a la ejecución del traslado de la persona de que se trate al Estado miembro responsable en el sentido del Reglamento Dublín III.
28

A este respecto, procede recordar que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véase, en particular, la sentencia de 6 de septiembre de 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, apartado 20 y jurisprudencia citada).
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No obstante, el Tribunal de Justicia ha recordado que todo acto de la Unión debe interpretarse de conformidad con el conjunto del Derecho primario, incluido el principio de igualdad de trato, que exige que las situaciones comparables no reciban un trato diferente y que no se traten de manera idéntica situaciones distintas, a no ser que este trato esté objetivamente justificado (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2012, Nelson y otros, C‑581/10 y C‑629/10, EU:C:2012:657, apartado 33).
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En materia de seguridad social, el concepto de «base» se menciona asimismo en el considerando 18 ter del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1), en la redacción que dio a dicho Reglamento el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4). Dicho considerando está redactado en los términos siguientes: «En el anexo III del Reglamento [n.o 3922/91] se define el concepto de “base” para los miembros de tripulaciones de vuelo y de cabina como el “lugar asignado por el operador a cada tripulante, en el cual habitualmente este comienza y termina uno o varios períodos de actividad y en el que, en condiciones normales, el operador no se responsabiliza del alojamiento del tripulante”. Con el fin de facilitar la aplicación del título II del presente Reglamento a los miembros de tripulaciones de vuelo y de cabina, está justificado tomar este concepto de “base” como el criterio para determinar cuál es la legislación aplicable a los miembros de las tripulaciones de vuelo y de cabina. Sin embargo, la legislación aplicable a los miembros de las tripulaciones de vuelo y de cabina debe mantenerse estable y el principio de “base” no ha de entrañar cambios frecuentes de legislación aplicable debido a los modelos de trabajo del sector industrial o a demandas estacionales.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 56 TFUE, 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE, de los artículos 3, 5 y 7 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO 2002, L 108, p. 21), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 37) (en lo sucesivo, «Directiva autorización»), del artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO 2002, L 108, p. 33; corrección de errores en DO 2013, L 241, p. 8), en su versión modificada por la Directiva 2009/140 (en lo sucesivo, «Directiva marco»), de los artículos 2 y 4 de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO 2002, L 249, p. 21; en lo sucesivo, «Directiva competencia»), y de los principios de no discriminación, transparencia, libre competencia, proporcionalidad, efectividad y pluralismo de la información.
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El artículo 14, apartado 1, de la mencionada Directiva establece: «Además de las disposiciones generales sobre los usos exentos de los productos sujetos a impuestos especiales establecidas en la Directiva 92/12/CEE [del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO 1992, L 76, p. 1)], y sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias, los Estados eximirán del impuesto a los productos mencionados a continuación, en las condiciones que ellos establezcan para garantizar la franca y correcta aplicación de dichas exenciones y evitar cualquier fraude, evasión o abuso: […] c) los productos energéticos suministrados para ser utilizados como carburante en la navegación en aguas comunitarias (incluida la pesca), con exclusión de los utilizados en embarcaciones privadas de recreo y la electricidad producida a bordo de las embarcaciones. A efectos de la presente Directiva se entenderá por “embarcaciones privadas de recreo” las embarcaciones utilizadas por su propietario o por la persona física o jurídica que las pueda utilizar en virtud de arrendamiento o por cualquier otro medio, para fines no comerciales y, en particular, para fines distintos del transporte de pasajeros o mercancías o de la prestación de servicios a título oneroso, o que no se destinen a necesidades determinadas por las autoridades públicas.»
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Pues bien, el hecho de que sólo se ofrezca la posibilidad de utilizar, en la comercialización o en la publicidad, el término «leche» y las denominaciones reservadas exclusivamente a los productos lácteos para los productos que se ajustan a las exigencias establecidas en el anexo VII, parte III, del Reglamento n.o 1308/2013 garantiza, a sus productores, condiciones de competencia no falseadas y, a sus consumidores, que todos los productos designados por dichas denominaciones cumplen las mismas normas de calidad, al tiempo que los protegen contra cualquier tipo de confusión respecto a la composición de los productos que desean adquirir. Por lo tanto, las normas de que se trata son aptas para lograr estos objetivos. Además, no rebasan lo necesario para alcanzarlos, pues, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, la adición de menciones descriptivas o explicativas a dichas denominaciones, para designar productos que no se ajustan a dichas exigencias, no puede impedir con certeza cualquier riesgo de confusión por parte del consumidor. Por consiguiente, las normas de que se trata no infringen el principio de proporcionalidad (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 1999, C‑101/98, EU:C:1999:615, apartados 32 a 34).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra j), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (DO 2009, L 284, p. 43) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»), y del artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro (DO 2011, L 343, p. 1).
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Pues bien, ha de señalarse que el artículo 148, letra c), de la Directiva 2006/112 exime, en particular, los arrendamientos, las reparaciones y el mantenimiento de los objetos que se utilicen para la explotación de los buques contemplados en la letra a) de este artículo. En esencia, el referido artículo 148, letra c), erige en exigencia la existencia de un vínculo entre la prestación de servicios realizada y la explotación del buque de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 1985, Berkholz, 168/84, EU:C:1985:299, apartado 21).
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Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el «derecho a la libertad», consagrado en el artículo 5, apartado 1, del CEDH, no se refiere a las meras restricciones a la libertad de circulación, sino que dicho artículo contempla únicamente las medidas de privación de libertad. Para determinar si un individuo se encuentra «privad[o] de su libertad», en el sentido del artículo 5 del CEDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que hay que partir de su situación concreta y tener en cuenta un conjunto de criterios como el tipo, la duración, los efectos y las modalidades de ejecución de la medida considerada (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de noviembre de 1980, Guzzardi c. Italia, CE:ECHR:1980:1106JUD000736776, § 92, y de 5 de julio de 2016, Buzadji c. República de Moldavia, CE:ECHR:2016:0705JUD002375507, § 103).
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El órgano jurisdiccional remitente, la High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), División de familia, Reino Unido], conoce de la solicitud de la Sra. S. de ejecución de la resolución del tribunal alemán, basada en las disposiciones del Reglamento n.o 4/2009.
Con arreglo al artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003, la Comisión puede, mediante decisión, imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan las disposiciones del artículo 101 TFUE o del artículo 102 TFUE. La competencia de la Comisión para imponer multas en caso de infracción y para adoptar decisiones a este respecto implica, necesariamente, la de declarar la infracción de que se trate. A este respecto, la competencia de la Comisión de imponer sanciones de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento n.o 1/2003 no se ve afectada por el hecho de que haya cesado la conducta constitutiva de la infracción. Se desprende de lo anterior que el ejercicio por parte de la Comisión de su facultad de imponer multas le otorga la facultad implícita de declarar la infracción, sin que esté obligada a justificar un interés legítimo para efectuar esa declaración, aun en el caso de una infracción cometida en el pasado.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 1/2003, cuando la Comisión constate la existencia de una infracción de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE, podrá ordenar mediante decisión a las empresas y asociaciones de empresas involucradas que pongan fin a la infracción constatada. El ejercicio, por parte de la Comisión, de su facultad de ordenar el cese de la infracción de conformidad con este precepto implica necesariamente, en consecuencia, la de declarar esa infracción y, por lo tanto, tampoco impone a la Comisión el deber de demostrar la existencia de un interés legítimo para hacerlo.

(véanse los apartados 57 a 59)
Los mecanismos específicos establecidos en el capítulo 2 del anexo IV del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, de la República de Estonia, de la República de Chipre, de la República de Letonia, de la República de Lituania, de la República de Hungría, de la República de Malta, de la República de Polonia, de la República de Eslovenia y de la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, en el capítulo 1 del anexo V del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea y en el capítulo 1 del anexo IV del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia y a las adaptaciones del Tratado de la Unión Europea, [del] Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y [del] Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, deben interpretarse en el sentido de que permiten al titular de un certificado complementario de protección expedido en un Estado miembro distinto de los nuevos Estados miembros a los que se refieren dichas Actas de Adhesión oponerse a la importación paralela de un medicamento desde esos nuevos Estados miembros en una situación en la que los ordenamientos jurídicos de estos Estados posibilitaban la obtención de una protección equivalente, no cuando se presentó la solicitud de patente de base, sino cuando se publicó la solicitud de patente de base o se presentó la solicitud de certificado complementario de protección en el Estado miembro de importación, de modo que el titular no podía obtener una patente ni un certificado complementario de protección equivalente en los Estados de exportación.

Los mecanismos específicos establecidos en el capítulo 2 del anexo IV del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, de la República de Estonia, de la República de Chipre, de la República de Letonia, de la República de Lituania, de la República de Hungría, de la República de Malta, de la República de Polonia, de la República de Eslovenia y de la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, en el capítulo 1 del anexo V del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea y en el capítulo 1 del anexo IV del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia y a las adaptaciones del Tratado de la Unión Europea, [del] Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y [del] Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, deben interpretarse en el sentido de que se aplican a la prórroga establecida en el artículo 36, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.o 726/2004.

(véanse el apartado 73 y el punto 2 del fallo)