ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 3 de febrero de 2021 — Rottendorf Pharma

(Asunto C‑92/20) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Unión aduanera — código aduanero comunitario — Reglamento (CEE) n.o 2913/92 — Artículo 239, apartado 1, segundo guion — Devolución de derechos aduaneros recaudados legalmente — Situación especial — Expedición de una autorización de despacho a libre practica — Revocación de la autorización y expedición retroactiva de una autorización para utilizar el perfeccionamiento activo — Reexportación de las mercancías fuera del territorio de la Unión Europea — No presentación de las mercancías en aduana»

1. Recursos propios de la Unión Europea — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Cláusula de equidad establecida por el artículo 239 del código aduanero comunitario — Requisitos — Existencia de una situación especial — Inexistencia de circunstancias que impliquen un intento de fraude o una negligencia manifiesta del interesado — Carácter acumulativo [Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, art. 239] (véanse el apartado 27 y el fallo)

2. Recursos propios de la Unión Europea — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Cláusula de equidad establecida por el artículo 239 del código aduanero comunitario — Requisitos — Existencia de una situación especial — Concepto — Reexportación de las mercancías hacia un país tercero sin entrar en el circuito económico de la Unión Europea — Exclusión — Imposición debida a un error relativo a la información que figura en el sistema informático del operador económico, quien no tuvo en cuenta las condiciones contenidas en la autorización — Irrelevancia [Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, art. 239] (véanse los apartados 30 y 32 a 38 y el fallo)

Fallo

El artículo 239, apartado 1, segundo guion, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, un operador económico solo puede solicitar la devolución de los derechos aduaneros que abonó cuando se halle en una situación especial y no exista negligencia manifiesta o intento de fraude por su parte y, por otro, el hecho de que las mercancías de que se trate hayan sido reexportadas hacia un país tercero sin entrar en el circuito económico de la Unión Europea no basta para declarar que dicho operador económico se encontraba en esa situación especial. La misma conclusión se aplica cuando la conducta que dio lugar a la imposición de los derechos aduaneros en cuestión fue causada por un error relativo a la información que figura en el sistema informático de dicho operador económico, a condición de que se hubiera podido evitar ese error si dicho operador económico hubiese tenido en cuenta las condiciones contenidas en la autorización que se le había concedido.

( 1 ) DO C 201 de 15.6.2020.
76

No obstante, debe recalcarse, sin que sea necesario pronunciarse sobre esta última cuestión ni sobre la evolución de la postura de la JUR al respecto, que el Tribunal General declaró acertadamente que, de todas formas, en las circunstancias del caso de autos una valoración ex post no habría tenido consecuencias en la situación jurídica de la recurrente, por lo que la decisión notificada a la recurrente de no realizar una valoración definitiva ex post no podía calificarse de acto lesivo y, por lo tanto, no era impugnable en el sentido del artículo 263 TFUE.
137

Esta frase debe situarse en el contexto del caso concreto contemplado en dicho informe. En efecto, ese asunto se refería a una situación particular en la que las autoridades chinas no habían analizado y, por tanto, no habían constatado una subcotización de los precios para los productos que formaban parte del segmento del mercado A, en el que se concentraban las ventas nacionales, sino que se habían limitado a extender a este segmento las constataciones resultantes del análisis de la subcotización de los precios relativo a los segmentos de mercado B y C, en los que se concentraban las importaciones objeto de dumping.
58

De ello se desprende que la modificación de los criterios de reparto de la ayuda concedida en virtud del régimen de ayudas controvertido en los litigios principales no ha afectado a los elementos constitutivos de ese régimen, tal como fueron apreciados por la Comisión en el marco de las Decisiones de aprobación de que se trata, a efectos de su evaluación de la compatibilidad de dicho régimen con el mercado interior (véase, por analogía, la sentencia de 13 de diciembre de 2018, Rittinger y otros, C‑492/17, EU:C:2018:1019, apartado 59). Por consiguiente, esta modificación no constituye una «modificación de una ayuda existente», en el sentido del artículo 1, letra c), del Reglamento n.o 659/1999 y del artículo 4, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 794/2004, por lo que no está sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 108 TFUE, apartado 3. De ello se deduce que su ejecución no puede considerarse ilegal por el mero hecho de que no haya sido notificada previamente a la Comisión.
20

El artículo 353/A de la Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Ley n.o C de 2012, del Código Penal), de 13 de julio de 2012 (Magyar Közlöny 2012/92), en su versión aplicable a efectos del presente procedimiento (en lo sucesivo, «Código Penal»), titulado «Facilitación de la inmigración irregular», establece lo siguiente: «1) Quien realice actividades de organización dirigidas a) a permitir que se inicie un procedimiento de asilo a una persona que no ha sufrido persecución en el país del que es nacional, en su país de residencia habitual o en cualquier otro país por el que haya llegado, por razón de su raza, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular, convicciones religiosas o políticas, y no tenga motivos válidos para temer persecuciones directas, o b) a ayudar a una persona que haya entrado o que resida ilegalmente en Hungría a obtener un permiso de residencia, podrá ser puesto en confinamiento, a menos que haya cometido un delito más grave. (2) Quien proporcione recursos materiales que permitan cometer el delito tipificado en el apartado 1 o realice las mencionadas actividades de organización de forma regular será castigado con una pena de prisión de un año como máximo. (3) Quien cometa el delito tipificado en el apartado 1 a) para obtener un beneficio económico, b) ayudando a más de una persona o c) a una distancia de menos de ocho kilómetros de la frontera o de un marcador fronterizo de la frontera exterior en el sentido del artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) [(DO 2016, L 77, p. 1)], será castigado con la pena prevista en el apartado 2. (4) La condena del autor del delito tipificado en el apartado 1 podrá reducirse sin restricciones o levantarse, en los casos que merezcan un trato particular, si el autor revela las circunstancias en las que cometió el delito, a más tardar, en el momento de su procesamiento. (5) A efectos del presente artículo, se entenderá por actividades de organización, dirigidas al fin indicado en el apartado 1, en particular: a) la vigilancia en las fronteras, en la frontera o en un marcador fronterizo de la frontera exterior de Hungría en el sentido del artículo 2, punto 2, del Reglamento 2016/399; b) la elaboración o difusión de documentos informativos u ordenar a un tercero que lleve a cabo tales actos y c) la creación o explotación de una red.»
7

La Orden n.o 592/2008 del presidente de la Tesorería Nacional de la Seguridad Social, de 26 de agosto de 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 648, de 11 de septiembre de 2008), establece las normas de utilización, en el régimen del seguro de enfermedad rumano, de los formularios expedidos de conformidad con el Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), y con el Reglamento (CEE) n.o 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento n.o 1408/71 (DO 1972, L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156). Las mencionadas normas de utilización figuran en el anexo de la Orden.
17

El artículo 44 de la Ley del CNPJ disponía: «1. Todo participante en el procedimiento podrá presentar recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] invocando la ilicitud de la resolución [del CNPJ], salvo que se disponga lo contrario en otras disposiciones. […] 1 bis. En casos individuales relativos al nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], se podrá interponer recurso ante el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)]. En estos casos no cabrá recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)]. El recurso ante el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo)] no podrá fundarse en un motivo basado en la incorrecta valoración del cumplimiento por parte del candidato de los criterios tomados en consideración al decidir sobre la presentación de la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)]. 1 ter. Cuando la resolución a la que se refiere el artículo 37, apartado 1, no haya sido impugnada por todos los participantes en el procedimiento, en casos individuales de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], la resolución adquirirá firmeza en la parte relativa a la decisión de presentar la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], así como en la parte relativa a la decisión de no presentar dicha propuesta, con respecto a los participantes en el procedimiento que no hayan impugnado dicha resolución. […] 3. Las disposiciones [del Código de Procedimiento Civil] […], relativas al recurso de casación, serán aplicables a los procedimientos ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] y el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo)]. Las disposiciones del artículo 871 de dicha Ley no serán aplicables. 4. En casos individuales relativos al nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], la anulación por el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo)] de la resolución [del CNPJ] relativa a la no presentación de la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] equivaldrá a la admisión en el procedimiento de la candidatura del participante que haya interpuesto recurso, para cubrir el cargo vacante de juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] con respecto al cual, en la fecha en la que se dicta la sentencia del [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)], el procedimiento ante [el CNPJ] no haya finalizado, o en caso de ausencia de dicho procedimiento, para cubrir la próxima vacante de juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] que se publique.»
13

Según el artículo 26 de la AsylG: «[…] (2) Previa solicitud, se reconocerá el derecho de asilo a una persona que, en el momento de la presentación de su solicitud, sea un menor no casado, hijo de un nacional de un tercer país beneficiario del derecho de asilo, siempre que el reconocimiento del derecho de asilo a ese nacional de un tercer país sea definitivo y no sea revocado o retirado. (3) Previa solicitud, a los padres de un menor no casado con derecho a asilo o a otro adulto incluido en el artículo 2, letra j), de la Directiva [2011/95/UE] se les reconocerá el derecho de asilo si 1. el reconocimiento del derecho de asilo a favor del beneficiario es definitivo, 2. la familia, en el sentido del artículo 2, letra j), de la Directiva [2011/95], ya existía en el Estado en el que el beneficiario es perseguido por razones políticas, 3. entraron en territorio alemán antes de la concesión del derecho de asilo o bien formularon la solicitud de asilo inmediatamente después de la entrada en ese territorio, 4. la concesión del derecho de asilo no puede ser revocada o retirada, y 5. tienen la guarda y custodia del beneficiario del derecho de asilo. El párrafo primero, puntos 1 a 4, se aplicará por analogía a los hermanos del menor con derecho a asilo que sean menores no casados en el momento de su solicitud. […] (5) Los apartados 1 a 4 se aplicarán mutatis mutandis a los miembros de la familia, en el sentido de los apartados 1 a 3, de los beneficiarios de protección internacional. El derecho de asilo es sustituido por el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. La protección subsidiaria como miembro de la familia de un beneficiario de protección internacional no se concederá si existe un motivo de exclusión con arreglo al artículo 4, apartado 2.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, 5 y 19 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 1), en relación con el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) n.o 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias (DO 2014, L 227, p. 1).
1)

La República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo: – al no garantizar la independencia y la imparcialidad de la Izba Dyscyplinarna (Sala Disciplinaria) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), a la que corresponde el control de las resoluciones dictadas en los procedimientos disciplinarios contra los jueces [artículos 3, punto 5, 27 y 73, apartado 1, de la ustawa o Sądzie Najwyższym (Ley del Tribunal Supremo), de 8 de diciembre de 2017, en su versión consolidada publicada en el Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej de 2019 (posición 825), en relación con el artículo 9 bis de la ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial), de 12 de mayo de 2011, en su versión modificada por la ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Ley por la que se modifican la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial y otras leyes), de 8 de diciembre de 2017]; – al permitir que el contenido de las resoluciones judiciales pueda ser calificado como infracción disciplinaria respecto a los jueces de los tribunales ordinarios [artículo 107, apartado 1, de la ustawa — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios), de 27 de julio de 2001, en su versión resultante de las sucesivas modificaciones publicadas en el Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej de 2019 (posiciones 52, 55, 60, 125, 1469 y 1495), y artículo 97, apartados 1 y 3, de la Ley del Tribunal Supremo, en su versión consolidada publicada en el Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej de 2019 (posición 825)]; – al atribuir al presidente de la Izba Dyscyplinarna (Sala Disciplinaria) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) la facultad discrecional de designar al tribunal disciplinario de primera instancia competente en los asuntos relativos a los jueces de los tribunales ordinarios [artículos 110, apartado 3, y 114, apartado 7, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, en su versión resultante de las sucesivas modificaciones publicadas en el Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej de 2019 (posiciones 52, 55, 60, 125, 1469 y 1495)] y, de ese modo, no garantizar que conozca de tales asuntos el tribunal «establecido por la ley», y – al no garantizar que los asuntos disciplinarios seguidos contra los jueces de los tribunales ordinarios se resuelvan en un plazo razonable (artículo 112b, apartado 5, segunda frase, de esta Ley) y al establecer que las actuaciones relativas a la designación de un defensor y la asunción de la defensa por parte de este no tienen como efecto la suspensión del procedimiento disciplinario (artículo 113a de dicha Ley) y que el tribunal disciplinario debe dar curso al procedimiento aun en caso de incomparecencia justificada del juez inculpado que haya sido citado o de su defensor (artículo 115a, apartado 3, de la misma Ley), y, de ese modo, no garantizar el respeto del derecho de defensa de los jueces de los tribunales ordinarios que hayan sido inculpados.
3

El Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO 1999, L 136, p. 1), regulaba los controles, verificaciones y acciones realizados por los agentes de la OLAF en el ejercicio de sus funciones. Las investigaciones efectuadas por la OLAF consisten en investigaciones «externas», es decir, fuera de las instituciones de la Unión, y en investigaciones «internas», esto es, dentro de esas instituciones. Este Reglamento, aplicable ratione temporis a los hechos del presente asunto, fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF (DO 2013, L 248, p. 1).
77

Por consiguiente, en caso de que un titular de derechos de propiedad intelectual opte por externalizar el cobro de la indemnización por daños y perjuicios recurriendo a una empresa especializada mediante una cesión de créditos u otro acto jurídico, no debería dispensársele un trato menos favorable que el que se dé a otro titular de ese mismo tipo de derechos que haya optado por reclamarlos personalmente. En efecto, un trato menos favorable iría en detrimento del atractivo que desde el punto de vista económico tiene esta externalización y, a largo plazo, privaría de esta posibilidad a los titulares de derechos de propiedad intelectual; posibilidad que, por lo demás, se ha extendido a diferentes ámbitos del Derecho, como el de la protección de los pasajeros aéreos, prevista en el Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
15

Para los sujetos pasivos que no están establecidos en Austria y que tampoco realizan operaciones en dicho país, el artículo 3 del Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der ein eigenes Verfahren für die Erstattung der abziehbaren Vorsteuern an ausländische Unternehmer geschaffen wird (Decreto del Ministro Federal de Hacienda austriaco por el que se establece un procedimiento específico para la devolución a empresarios extranjeros de los impuestos soportados deducibles), de 21 de abril de 1995 (BGBl. 279/1995), en la versión aplicable a los hechos de los litigios principales (BGBl. II 158/2014), dispone, por lo que se refiere a los sujetos pasivos establecidos en otros Estados miembros, que, si transcurridos cuatro meses y diez días hábiles desde la recepción, por parte de la Administración tributaria, de la solicitud de devolución, no se ha producido el pago por la referida Administración de la suma que deba ser devuelta, se establecerá, en favor del sujeto pasivo, una compensación por dilación del 2 % del importe del tributo no devuelto en tiempo oportuno. Si la Administración tributaria requiere información adicional, este plazo se elevará a seis meses y diez días hábiles y, en caso de un segundo requerimiento, a ocho meses y diez días hábiles. Se establecerá una segunda compensación por dilación, del 1 % del importe no devuelto, siempre que el importe del tributo no se devuelva, a más tardar, pasados tres meses desde la expiración de dicho plazo. Finalmente, se fijará una tercera compensación por dilación, también del 1 % del importe no devuelto, siempre que el importe del tributo no se devuelva, a más tardar, pasados tres meses desde la expiración del plazo que dio lugar a la segunda compensación por dilación.
11

El artículo 67 de esta ley, titulado «Excedencia voluntaria», dispone: «1. La situación de excedencia voluntaria se declarará de oficio o a solicitud del interesado, según las reglas siguientes: a) Podrá concederse la excedencia voluntaria al personal estatutario cuando lo solicite por interés particular. Para obtener el pase a esta situación será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores. La concesión de la excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio, debiendo motivarse, en su caso, su denegación. No podrá concederse la excedencia voluntaria por interés particular a quien esté sometido a un expediente disciplinario. […] 2. En los supuestos previstos en los párrafos a) y c) del apartado anterior, el tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria será de dos años. 3. El personal estatutario en situación de excedencia voluntaria no devengará retribuciones, ni le será computable el tiempo que permanezca en tal situación a efectos de carrera profesional o trienios. […]»
«(1)

La Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad [(DO 1972, L 103, p. 1; EE 13/02, p. 113)]; la Segunda Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles [(DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244)], la Tercera Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles [(DO 1990, L 129, p. 33)], [y] la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) [(DO 2000, L 181, p. 65)], han sido modificadas en varias ocasiones […] y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de estas cuatro Directivas así como de la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la que se modifican las Directivas [72/166], [84/5], 88/357/CEE y [90/232] del Consejo y la Directiva [2000/26] relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles [(DO 2005, L 149, p. 14)].
21

A este respecto, Eutelsat invoca principalmente tres motivos. En primer lugar, sostiene que el sistema EAN previsto por Inmarsat no constituye un sistema móvil por satélite, al no formar parte integrante de él sus CCT. En segundo lugar, los CCT autorizados por la resolución de 22 de febrero de 2018 no tienen carácter complementario respecto al componente satelital de dicha red. En tercer lugar, el hecho de que Inmarsat no hubiera prestado servicios móviles por satélite en la fecha prevista en el artículo 4, apartado 1, letra c), inciso ii), de la Decisión SMS impide la concesión de la autorización para explotar los CCT de sistemas móviles por satélite.