Palabras clave

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Palabras clave

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1. Agricultura ° Organización común de mercados ° Restituciones a la exportación ° Compra por la intervención ° Interpretación por la Comisión de la normativa aplicable ° Inexistencia de efecto obligatorio para los Estados miembros o los particulares ° Efectos indirectos que justifican un control jurisdiccional

2. Agricultura ° Política agrícola común ° Comisión ° Competencias ° Interpretación de las normas comunitarias destinadas a los Estados miembros

3. Agricultura ° Organización común de mercados ° Restituciones a la exportación ° Compra por la intervención ° Productos de calidad sana, cabal y comercial ° Inexistencia de normas comunitarias que fijen las tolerancias máximas de radiactividad para la concesión de restituciones a la exportación a países terceros y para la compra por la intervención en lo que atañe a productos alimenticios contaminados ° Aplicación por analogía de las normas vigentes relativas a la importación de esos mismos productos originarios de países terceros ° Procedencia

(Reglamento nº 1569/77 del Consejo)

4. Agricultura ° Organización común de mercados ° Discriminación entre productores o consumidores ° Normas comunitarias que fijan las tolerancias máximas de radiactividad de los productos agrícolas ° Reglamento (Euratom) nº 3954/87 y Reglamento (CEE) nº 3955/87 ° Fijación de porcentajes máximos de contaminación diferentes ° Discriminación ° Inexistencia

(Tratado CEE, art. 40, ap. 3; Reglamentos del Consejo nos 3954/87 y 3955/87)

5. Libre circulación de mercancías ° Política comercial común ° Libertad de las exportaciones ° Excepciones ° Protección de la salud pública ° Normas comunitarias que fijan las tolerancias máximas de radiactividad de los productos agrícolas ° Procedencia

(Tratado CEE, arts. 30 y 110)

6. Agricultura ° Política agrícola común ° Objetivos ° Realización ° Facultad de apreciación del Consejo ° Observancia de las exigencias de interés general relativas a la protección de los consumidores o de la salud y de la vida de las personas

(Tratado CEE, art. 39)

7. Agricultura ° Organización común de mercados ° Restituciones a la exportación ° Compra por la intervención ° Obligación de actuar del Consejo tras un accidente nuclear ° Requisitos

(Tratado CEE, art. 39)

8. Agricultura ° Organización común de mercados ° Cereales ° Compensación de las pérdidas sufridas como consecuencia de calamidades naturales ° Obligación de la Comunidad ° Inexistencia

(Reglamento nº 2727/75 del Consejo)

9. Responsabilidad extracontractual ° Requisitos ° Inactividad prolongada ante una obligación legal de actuar ° Apreciación in concreto del plazo requerido para que la Comisión presente una propuesta

(Tratado CEE, art. 215, párr. 2)

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1. Con respecto a los requisitos para que el FEOGA se haga cargo de los gastos efectuados para las restituciones a la exportación y las compras por la intervención de productos agrícolas contaminados por la radiactividad, una información emitida por la Comisión con destino a los Estados miembros y que exprese su interpretación del concepto de producto sano, cabal, comercial y apto para la alimentación humana, tal como figura en el Reglamento nº 1569/77, que fija los procedimientos y condiciones de aceptación de los cereales por parte de los organismos de intervención, así como en el Reglamento nº 2730/79, sobre modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, no constituye un acto que vincule a los Estados miembros. Esta interpretación no tiene ningún carácter vinculante y no puede obligar a las autoridades competentes de los Estados miembros ni, con mayor motivo, a los particulares. Por consiguiente, tal información no constituye un acto jurídico de la Comisión que prohíba entregar a la intervención productos agrícolas cuya radiactividad rebase determinadas tolerancias o conceder restituciones a la exportación para tales productos.

No obstante, es preciso reconocer que la referida interpretación, aunque desprovista de valor vinculante, podía incitar a las autoridades competentes de los Estados miembros a denegar la compra por la intervención de los productos agrícolas de que se trata o a no conceder restituciones a la exportación para tales productos. En efecto, los Estados miembros podían albergar el temor de que, si pasaban por alto la interpretación que la Comisión había hecho, el FEOGA se negara a reembolsarles los gastos que habían efectuado en relación con los productos agrícolas de que se trata. Por esta razón, corresponde al Tribunal de Justicia apreciar su compatibilidad con el Derecho comunitario.

2. En tanto que defensora del Derecho comunitario y autoridad de gestión del FEOGA, la Comisión tiene la facultad de recordar a los Estados miembros las normas comunitarias que deben aplicar, así como la de llevar a cabo, en el marco de su colaboración con las Administraciones nacionales, su propia interpretación de tales normas.

3. Cuando aún no se han fijado en un Reglamento los porcentajes máximos de contaminación radiactiva admisibles para la compra de intervención y la concesión de restituciones a la exportación, resulta adecuado aplicar, para calificar un producto agrícola de sano, cabal y comercial con arreglo al Reglamento nº 1569/77, que fija los procedimientos y condiciones de aceptación de los cereales por parte de los organismos de intervención, los porcentajes vigentes para la importación de esos mismos productos en la Comunidad. El riesgo que para la salud humana presentan los productos contaminados no depende, en efecto, de la clase de intercambios comerciales de que sean objeto tales productos.

4. Al fijar diferentes niveles máximos admisibles de contaminación radiactiva en el Reglamento (Euratom) nº 3954/87, por el que se establecen tolerancias máximas de contaminación radiactiva de los productos alimenticios y los piensos tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológica, por una parte, y en el Reglamento (CEE) nº 3955/87, relativo a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios de terceros países como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil, por otra parte, el Consejo no violó el principio de no discriminación enunciado en el apartado 3 del artículo 40 del Tratado CEE.

En efecto, los dos Reglamentos tienen contenidos y objetivos diferentes. Mientras que el Reglamento nº 3955/87 se refería específicamente a las consecuencias del accidente de Chernóbil y establecía, con respecto a esta concreta situación, los niveles máximos de contaminación radiactiva, el Reglamento nº 3954/87 instauró un sistema permanente que facultaba a la Comunidad para fijar los niveles máximos de contaminación radiactiva en caso de futuros accidentes nucleares u otras situaciones de emergencia. Según se desprende del apartado 1 del artículo 2 y del apartado 4 del artículo 3 de este último Reglamento, las cifras que figuran en Anexo tienen únicamente carácter subsidiario y se aplican con carácter provisional, es decir, a la espera de una decisión que fije con exactitud, en función de los casos concretos, los niveles máximos de contaminación radiactiva. Teniendo en cuenta que los dos Reglamentos se refieren a supuestos diferentes, las tolerancias máximas subsidiarias del Reglamento nº 3954/87 pudieron fijarse a un nivel más elevado que las tolerancias máximas específicas del Reglamento nº 3955/87.

5. Los principios de libre circulación de mercancías y libertad de las exportaciones pueden ser sometidos a restricciones por razones de protección de la salud pública, tales como las que resultan de la fijación de tolerancias máximas de radiactividad para los artículos destinados a la alimentación humana, fijación efectuada por el Reglamento nº 1707/86 en aras de la protección de la salud de los consumidores.

6. Si bien el Consejo dispone de una amplia facultad de apreciación para conseguir los diferentes objetivos que enumera el artículo 39 del Tratado, en el marco del ejercicio de esa facultad no puede, sin embargo, hacer abstracción de las exigencias de interés general, como son la protección de los consumidores o de la salud y de la vida de las personas.

7. Teniendo en cuenta las circunstancias particulares existentes tras el accidente de Chernóbil y que se caracterizaban por la novedad y la gravedad de la amenaza que se cernía sobre la salud de los consumidores y por la inexistencia de conocimientos científicos que permitieran valorar con exactitud las consecuencias de tal accidente, el Consejo únicamente podía adoptar medidas, en el marco de la política agrícola común, de un modo progresivo y a medida que fuera recibiendo los datos necesarios para fijar las tolerancias de radiactividad admisibles para la comercialización de los productos agrícolas contaminados. Por ello, el artículo 39 del Tratado no puede servir de fundamento para una obligación del Consejo consistente en proceder, inmediatamente después del accidente de Chernóbil, a adaptar a la situación producida las normas sobre compra de intervención y concesión de restituciones a la exportación.

8. Ni el Tratado ni el Reglamento nº 2727/75, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales, obligan al Consejo a adoptar medidas económicas para compensar directamente las pérdidas sufridas por los productores como consecuencia de catástrofes naturales u otros sucesos excepcionales.

9. Habida cuenta de la complejidad y el carácter técnico de la materia, así como de la escasez de conocimientos científicos de que disponía la Comisión en el momento del accidente de Chernóbil en relación con los niveles admisibles de radiactividad para los productos alimenticios, el período de trece meses que medió entre la petición del Consejo de que se le presentaran inmediatamente propuestas y la presentación por la Comisión de una propuesta de normativa comunitaria definitiva no puede considerarse excesivo ni tampoco, por consiguiente, que pueda dar lugar a que la Comunidad incurra en responsabilidad.