Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Recurso de anulación - Plazos - Punto de partida

(Tratado CECA, art. 33, párr. 3)

2 CECA - Ayudas a la siderurgia - Concepto - Aportación de capital - Condonación de créditos - Garantía de préstamo - Crédito puente - Inclusión

[Tratado CECA, art. 4, letra c)]

3 CECA - Ayudas a la siderurgia - Concepto - Ayuda concedida por medio de un organismo controlado por el Estado y accionista de la empresa beneficiaria de la ayuda - Inclusión

[Tratado CECA, arts. 4, letra c), y 83]

4 CECA - Ayudas a la siderurgia - Concepto - Apreciación según el criterio del inversor privado

[Tratado CECA, art. 4, letra c); Tratado CE, art. 92]

5 CECA - Ayudas a la siderurgia - Prohibición - Autorización por parte de la Comisión - Requisitos

[Tratado CECA, arts. 4, letra c), y 95; Decisión nº 3855/91/CECA de la Comisión]

6 Procedimiento - Intervención - Demanda que tiene por objeto apoyar las pretensiones de una de las partes pero en la que se formula otra alegación - Admisibilidad - Libertad de elección de los motivos invocados - Alcance

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 116, aps. 3 y 4)

7 Derecho comunitario - Principios - Seguridad jurídica - Concepto - Posibilidad de invocar el principio - Requisitos

8 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión CECA

(Tratado CECA, art. 15, párr. 1)

9 CECA - Ayudas a la siderurgia - Prohibición - Autorización por parte de la Comisión - Requisitos - Existencia de perspectivas de viabilidad económica de la empresa beneficiaria - Mantenimiento de la competencia

(Tratado CECA, art. 2)

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1 Según el párrafo tercero del artículo 33 del Tratado CECA, los recursos de anulación deben interponerse en el plazo de un mes a partir, según los casos, de la notificación o de la publicación de la decisión o recomendación. De conformidad con el principio de seguridad jurídica, los justiciables deben poder fiarse del tenor claro de esta disposición. Por consiguiente, los plazos para recurrir han de calcularse sobre la base de las fechas de notificación y de publicación de las decisiones y recomendaciones de la Comisión.

2 El concepto de ayuda contemplado en la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA comprende las prestaciones en metálico o en especie concedidas en apoyo de una empresa, fuera del pago, por el comprador o el usuario, de los bienes o servicios que dicha empresa produzca y, además, cualquier intervención que aligere las cargas que normalmente gravan el presupuesto de una empresa. Así pues, pueden calificarse de ayudas en el sentido de dicha disposición las aportaciones de capital y los anticipos concedidos en el marco de esas aportaciones, las condonaciones de créditos relativos a préstamos, las garantías de Estado concedidas para préstamos o los créditos puente.

3 Para determinar el carácter estatal de una ayuda, no procede distinguir entre, por un lado, los casos en que la ayuda es concedida directamente por el Estado miembro o por un ente público territorial de éste y, por otro lado, aquellos otros en los que la ayuda la concede un organismo público o privado que el Estado o el ente público territorial instituye o designa para gestionar la ayuda. Por otra parte, ni la circunstancia de que tal organismo sea un accionista de la empresa en el momento en que efectuó las intervenciones financieras en favor de ésta ni el artículo 83 del Tratado CECA pueden impedir que dichas intervenciones se califiquen de ayudas de Estado. En efecto, el hecho de que el artículo 83 disponga que «el establecimiento de la Comunidad no prejuzga en modo alguno el régimen de propiedad de las empresas» no impide que el artículo 4 del Tratado CECA pueda invocarse frente a las autoridades estatales que, como accionistas de empresas, adopten medidas que no sean aportaciones de riesgo según las prácticas normales de sociedades en economía de mercado.

4 En el marco de la apreciación de la compatibilidad con el mercado común de medidas adoptadas por las autoridades públicas en favor de una empresa, procede aplicar el criterio del investigador privado en economía de mercado, que se basa en las posibilidades de que la empresa beneficiaria obtenga las sumas de que se trate en el mercado de capitales y que consiste en determinar si un inversor privado habría realizado la operación de referencia en las mismas condiciones. Discutir la pertinencia de este criterio en el sector de la siderurgia, basándose en que, en la práctica, este sector necesita inevitablemente aportaciones públicas, equivale a negar la aplicabilidad de principio de la prohibición prevista en la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA que se refiere precisamente a las subvenciones y ayudas otorgadas por los Estados. Este criterio es tan pertinente en el marco del artículo 4 del Tratado CECA como en el del artículo 92 del Tratado CE, en la medida en que sirve para detectar las ventajas que falsean o amenazan falsear la competencia.

5 Lo dispuesto en la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA no prohíbe a la Comisión autorizar, con carácter de excepción, ayudas de Estado que no entren dentro de las categorías contempladas por el Código de ayudas, basándose en los párrafos primero y segundo del artículo 95 del Tratado. No obstante, no se trata de una obligación de la Comisión, sino sólo de una facultad discrecional que ésta ejerce cuando opina que la ayuda notificada es necesaria para lograr los objetivos del Tratado, y en particular a efectos de hacer frente a situaciones imprevistas. De ello se deduce que la Comisión, que debe actuar en el interés comunitario, sólo puede utilizar esa facultad con carácter excepcional.

6 Del apartado 4 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia resulta que el coadyuvante no puede ampliar las pretensiones de la parte en cuyo apoyo interviene, pero puede elegir libremente los motivos y alegaciones que invoca en favor de dichas pretensiones. Esa libertad de elección no se limita a las alegaciones formuladas en la fase del procedimiento administrativo. Es cierto que un Estado miembro que interviene como parte coadyuvante en un recurso de anulación de una Decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado no podría invocar elementos fácticos que no eran conocidos por la Comisión y que no quiso señalar a ésta en el procedimiento administrativo, pero nada le impide exponer, en contra de la Decisión final, un motivo jurídico no formulado en la fase del procedimiento administrativo.

7 El principio de seguridad jurídica tiene por finalidad garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas que entran dentro del ámbito del Derecho comunitario. A estos efectos es esencial que las Instituciones comunitarias respeten la intangibilidad de los actos que han adoptado y que afectan a la situación jurídica y material de los sujetos de Derecho, de modo que sólo podrán modificar estos actos respetando las normas de competencia y de procedimiento. No obstante, no puede invocarse adecuadamente una violación de ese principio si el sujeto de Derecho, cuya situación jurídica y material resultó afectada por el acto de que se trate, no cumplió los requisitos formulados por éste.

8 La motivación exigida por el párrafo primero del artículo 15 del Tratado CECA, debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos, y el Juez comunitario pueda ejercer su control. No obstante, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que debe apreciarse en relación no sólo con el tenor literal del acto, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

9 La Comisión no puede autorizar una ayuda en favor de una empresa sin perspectivas de viabilidad comercial o financiera, sólo para asegurar, de manera artificiosa, el mantenimiento del empleo en esa empresa, y perturbar así el equilibrio en el mercado común imponiendo una desventaja sin justificación económica a las empresas siderúrgicas competidoras. El derecho al trabajo y el artículo 2 del Tratado CECA, según el cual la Comunidad debe garantizar «la continuidad del empleo» y evitar «provocar, en las economías de los Estados miembros, perturbaciones fundamentales y persistentes» no pueden interpretarse en el sentido de que obligan a la Comisión a autorizar una ayuda en tal situación. Una interpretación en ese sentido sería incompatible con el principio de proporcionalidad, que, en materia de ayudas de Estado, exige entre otras cosas que se mantenga una situación de sana competencia en el mercado común.