SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 7 de diciembre de 1995

Asuntos acumulados T-544/93 y T-566/93

Giovanni Battista Abello y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Hojas de haberes — Coeficientes correctores — Reglamentos nos 3761/92, 3765/92 y 3766/92 del Consejo — Excepción de ilegalidad»

Texto completo en lengua italiana II-815

Objeto:

Recurso destinado a: — La anulación de las hojas de haberes de los demandantes de diciembre de 1992 y de enero de 1993, en la medida en que han sido elaboradas con arreglo a los coeficientes correctores resultantes de la aplicación de los Reglamentos nos 3761/92, 3765/92 y 3766/92 del Consejo, de 21 de diciembre de 1992 y, por vía de excepción, la declaración de la ilegalidad de los citados Reglamentos. — La reparación del perjuicio supuestamente sufrido por los demandantes como consecuencia de la aplicación de los coeficientes correctores controvertidos.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El 21 de diciembre de 1992, el Consejo adoptó los Reglamentos nos 3765/92, 3766/92 y 3761/92, por los que se adaptan, con efectos de 1 de enero de 1991, 1 de julio de 1991 y 1 de julio de 1992, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, así como los coeficientes correctores aplicables a dichas retribuciones y pensiones (DO L 383, pp. 1, 9 y 11). El Reglamento no 3765/92, que efectúa la revisión quinquenal, se funda en la Decisión 81/1061 del Consejo, de 15 de diciembre de 1981, por la que se modifica el procedimiento de actualización de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 386, p. 6; EE 01/03, p. 119), mientras que los Reglamentos nos 3761/92 y 3766/92 se fundan en el Anexo XI del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»). Dichos Reglamentos establecen, entre otros, un coeficiente corrector para Italia de 111,5, con efectos de 1 de enero de 1991, de 112,2, con efectos de 1 de julio de 1991, y de 113,4, con efectos de 1 de julio de 1992, y un coeficiente específico para Varese que, en las mismas fechas, era de 104,3, 103,5 y 105,8, respectivamente.

En diciembre de 1992, los demandantes percibieron los reajustes de sus retribuciones, calculados conforme a los Reglamentos nos 3765/92 y 3766/92 y, en enero de 1993, recibieron la hoja de haberes correspondiente al mes de diciembre de 1992, elaborada conforme al Reglamento no 3761/92.

Mediante notas de 18 de marzo de 1993, el demandante Sr. Riesch, a título individual, y los demás demandantes, conjuntamente, presentaron una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, mediante la cual impugnaron los coeficientes correctores resultantes de los Reglamentos nos 3765/92, 3766/92 y 3761/92.

Sobre las pretensiones que tienen por objeto la anulación de las hojas de haberes de los demandantes, en la medida en que han sido elaboradas conforme a los coeficientes correctores resultantes de la aplicación de los Reglamentos nos 3761/92, 3765/92 y 3766/92 y, por vía de excepción, la declaración de la ilegalidad de los citados Reglamentos

1. Sobre los motivos basados en la infracción de los artículos 64 y 65 del Estatuto y en la violación del principio de igualdad de trato de los funcionarios

En el marco de sus motivos primero y segundo, los demandantes acusan a la Comisión de haber efectuado una apreciación errónea de las condiciones de vida, a que se refiere el artículo 64 del Estatuto, aplicado un método estadístico erróneo para determinar la paridad elemental correspondiente al coste de la vivienda en propiedad y calculado erróneamente determinadas paridades elementales (apartado 33).

a) Sobre la apreciación de las condiciones de vida, a que se refiere el artículo 64 del Estatuto

El Tribunal de Primera Instancia señala, por una parte, que el artículo 64 del Estatuto prevé que la retribución de un funcionario será ponderada mediante un coeficiente corrector, «según las condiciones de vida de los diferentes lugares de destino» y, por otra parte, que las revisiones anuales y quinquenales de los coeficientes correctores deberán tener como objetivo principal comprobar si las relaciones entre los coeficientes correctores establecen correctamente las equivalencias de poder adquisitivo entre las retribuciones pagadas al personal que presta sus servicios en las diferentes capitales de los Estados miembros (apartado 39).

De alni que, en el marco del establecimiento y de la revisión de los coeficientes correctores, debe entenderse que las condiciones de vida se refieren al coste de la vida expresado a través del poder adquisitivo de los funcionarios, al tener por objetivo el Estatuto, en materia de retribuciones de los funcionarios, garantizar a todos los funcionarios el mismo poder adquisitivo, sea cual fuere su lugar de destino, conforme al principio de igualdad de trato. Ahora bien, el poder adquisitivo es la medida de la cantidad de bienes y servicios que puede proporcionar una unidad monetaria en un momento dado y sólo tiene sentido en relación con un gasto que pueda efectuarse. La aplicación de la regla de la equivalencia del poder adquisitivo requiere, por tanto, que únicamente se aplique el coeficiente corrector del lugar de destino a las cantidades que puedan gastarse en éste (apartado 40).

Referencia: Tribunal de Justicia, 6 de octubre de 1982, Comisión/Consejo (59/81, Rec. p. 3329), apartado 33; Tribunal de Justicia, 15 de diciembre de 1982, Roumengous Carpentier/Comisión (158/79, Rec. p. 4379), apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 15 de diciembre de 1992, Auzat/Comisión (T-47/91, Rec. p. II-2535), apartado 38

El Tribunal de Primera Instancia considera a este respecto que las 173 paridades de poder adquisitivo elementales, elegidas por la Oficina de Estadística de acuerdo con los Servicios Nacionales de Estadísticas, constituyen los indicadores adecuados para reflejar, de manera necesariamente aproximativa, el coste de vida y, por consiguiente, las condiciones de vida de los funcionarios comunitarios. En efecto, permiten identificar, con la mayor precisión posible, los gastos a los cuales los funcionarios, habida cuenta de sus hábitos de consumo, destinan sus retribuciones (apartado 41).

b) Sobre el método estadístico aplicado por la Comisión para determinar la paridad elemental correspondiente al coste de la vivienda en propiedad

El tenor literal de las disposiciones de los artículos 64 y 65 del Estatuto y de su Anexo XI, así como la gran complejidad de la materia, hacen que el Consejo disponga de un amplio margen de apreciación respecto a la oportunidad de efectuar una adaptación de las retribuciones de los funcionarios comunitarios y a los factores y elementos que han de tomarse en consideración para la adaptación de las retribuciones de los funcionarios comunitarios. Al intentar garantizar la igualdad del poder adquisitivo de las retribuciones de los funcionarios comunitarios, los artículos 64 y 65 del Estatuto consagran el principio de igualdad de trato entre los funcionarios. Además, en materia de establecimiento o de revisión de los coeficientes correctores, el Anexo XI del Estatuto y la Decisión 81/1061 encomiendan a la Oficina de Estadística la función de calcular, de acuerdo con los Servicios de Estadísticas de los Estados miembros, las paridades económicas y de comprobar si las relaciones entre coeficientes correctores determinan correctamente las equivalencias de poder adquisitivo (apartados 53, 54 y 55).

La apreciación del órgano jurisdiccional comunitario, por lo que respecta a la definición y a la elección de los datos básicos y de los métodos estadísticos utilizados por la Oficina de Estadística para la elaboración del informe a que se refiere el artículo 9 del Anexo XI del Estatuto, debe limitarse a controlar la observancia de los principios establecidos por las disposiciones del Estatuto, la inexistencia de error manifiesto en la apreciación de los hechos básicos para la fijación de los coeficientes correctores y la inexistencia de desviación de poder (apartado 56).

Al efectuar la comprobación quinquenal de 1990, así como las revisiones de 1991 y 1992, la Oficina de Estadística aplicó, para determinar el coste de las viviendas en propiedad de los funcionarios, el método del alquiler imputado, que consiste en atribuir a la compra de las viviendas la misma paridad que se atribuye al arrendamiento de las viviendas, recogiéndose los datos relativos al alquiler a través de encuestas realizadas a las agencias inmobiliarias (apartado 57).

El Tribunal de Primera Instancia señala a este respecto que el método del alquiler imputado ha sido aprobado por los Servicios Nacionales de Estadísticas y que ha sido aplicado en todos los lugares de destino y por parte de otras organizaciones internacionales de reconocido prestigio por la competencia técnica de sus servicios de estadística y de estudios económicos. Además, el Estatuto no indica a la Oficina de Estadística qué método de estadística concreto ha de adoptar para el establecimiento de los coeficientes correctores. Ahora bien, aunque debe admitirse que el método del alquiler imputado utilizado por la Oficina de Estadística para determinar el coste de la vivienda en propiedad puede resultar insuficiente y perfectible en determinados aspectos, los inconvenientes del método no son de tal naturaleza, sin embargo, que quebranten seriamente su fiabilidad general. Además, el método de encuesta a las agencias inmobiliarias, aplicado por la Oficina de Estadística en todos los lugares de destino de los funcionarios, ha permitido en el presente caso determinar el coste de las viviendas de los funcionarios y agentes de la Comisión que trabajan en el Centro Común de Investigación de Ispra teniendo en cuenta de manera suficiente las especificidades de la zona residencial y el nivel de vida de dichos funcionarios y agentes (apartados 59, 60 y 64).

c) Sobre el cálculo supuestamente erróneo de determinadas paridades elementales

En materia de establecimiento y revisión de coeficientes correctores, la intervención del órgano jurisdiccional comunitario debe limitarse a examinar si, teniendo en cuenta las consideraciones que pudieron llevar al Consejo y a la Comisión a sus apreciaciones, las Instituciones comunitarias se mantuvieron dentro de unos límites razonables y no utilizaron su poder de forma manifiestamente errónea (apartado 76).

El Tribunal de Primera Instancia hace constar que los demandantes no han proporcionado ningún elemento capaz de demostrar la supuesta falta de comparabilidad o representatividad de los datos analizados y de probar que el cálculo de las paridades elementales impugnadas se efectuó al margen de los límites razonables y de forma manifiestamente errónea (apartados 77, 78, 79 y 80).

2. Sobre el motivo basado en la desviación de poder

La desviación de poder exige la prueba, con arreglo a indicios convincentes y coincidentes, de que la decisión controvertida se adoptó con otros fines distintos de los declarados, o de que la Administración hizo uso de sus facultades con fines distintos de aquellos para los que les fueron conferidas. En el caso de autos, los coeficientes correctores controvertidos se determinaron conforme a las disposiciones estatutarias y siguiendo los métodos estadísticos aprobados por los Servicios Nacionales de Estadística, con el fin de garantizar, en la mayor medida posible, la equivalencia del poder adquisitivo de las retribuciones de los funcionarios comunitarios (apartado 86).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1982, Buyl y otros/Comisión (817/79, Rec. p. 245); Tribunal de Justicia, 21 de junio de 1984, Lux/Tribunal de Cuentas (69/83, Rec. p. 2447); Tribunal de Primera Instancia, 12 de julio de 1990, Scheuer/Comisión (T-108/89, Rec. p. II-411), apartados 49 y 50

3. Sobre el motivo basado en la inexistencia de motivación

La motivación de un Reglamento de aplicación de los artículos 64 y 65 del Estatuto puede limitarse a indicar, por una parte, la situación de conjunto que condujo a su adopción y, por otra parte, los objetivos generales que se propone alcanzar, y no debe referirse a los aspectos técnicos de los métodos de cálculo. En el presente caso, los Reglamentos controvertidos hacen referencia claramente a las disposiciones estatutarias aplicadas, e indican que se sitúan en el marco de las comprobaciones anuales y quinquenales. Además, de ello se deduce que los nuevos coeficientes correctores fueron creados, por una parte, a causa de determinadas diferencias comprobadas entre los coeficientes correctores aplicables en determinados países de destino y los resultantes de las comprobaciones y, por otra parte, a causa del carácter provisional de las paridades económicas fijadas por los Reglamentos del Consejo nos 3834/91, de 19 de diciembre de 1991 (DO L 361, p. 13), y 2014/92, de 20 de julio de 1992 (DO L 205, p. 1) (apartados 89 y 90).

Referencia: Tribunal de Justicia, 3 de julio de 1985, Abrias y otros/Comisión (3/83, Rec. p 1995) apañados 30 y 31; Tribunal de Primera Instancia, 22 de junio de 1994, Di Marzio y Lebedef/Comisión (asuntos acumulados T-98/92 y T-99/92, RecFP p. II-541), apañado 79

4. Sobre el motivo basado en la violación del principio de confianza legítima y de los derechos adquiridos

El derecho a invocar la confianza legítima se extiende tan sólo al funcionario que se encuentra en una situación de la que se desprende que la Administración comunitaria hizo que tuviera esperanzas fundadas, al haberle dado seguridades precisas respecto a su situación. En materia de establecimiento de coeficientes correctores, no puede considerarse que los funcionarios se encuentran en una situación de la que se desprende que la Administración ha creado esperanzas fundadas, al no haber dado ésta nunca seguridades respecto a la aplicación de un método estadístico determinado o a un aumento automático de las retribuciones en el marco de las adaptaciones y revisiones de los coeficientes correctores (apartados 94 y 95).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de marzo de 1990, Chomel/Comisión (T-123/89, Rec. p. II-131), apañados 25 a 30

5. Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 11 del Anexo XI del Estatuto

Resulta de los autos del presente asunto que la Oficina de Estadística realiza un esfuerzo constante de perfeccionamiento de los métodos estadísticos, al objeto de determinar de la manera más adecuada posible el coste de la vida de los lugares de destino de los funcionarios, con el fin de garantizar, en la mayor medida posible, la equivalencia del poder adquisitivo de las retribuciones de los funcionarios comunitarios y que los coeficientes correctores hayan sido adoptados de común acuerdo con los Servicios Nacionales de Estadística en función de los datos proporcionados por ellos con arreglo a lo dispuesto en el Anexo XI del Estatuto (apartado 99).

Sobre las pretensiones que tienen por objeto la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por los demandantes

Según reiterada jurisprudencia, para que los demandantes puedan aspirar a la concesión de intereses compensatorios, es preciso que demuestren un comportamiento lesivo de la Institución, la realidad de un perjuicio cierto y computable en dinero, así como un nexo de causalidad entre el comportamiento lesivo y el perjuicio alegado. En el caso de autos, no se ha probado que en la elaboración de la normativa impugnada relativa a la adaptación de los coeficientes correctores haya existido ningún comportamiento lesivo por parte de la Comisión (apartado 104).

Referencia:Tribunal de Primera Instancia, 26 de febrero de 1992, Herkenrathy otros/Comisión (T-16/89, Rec. p. II-275), apartado 36

Fallo:

Se desestima el recurso.