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Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Libre circulación de personas — Trabajadores — Acceso de los nacionales turcos que forman parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro a una actividad laboral por cuenta ajena en dicho Estado miembro y derecho de residencia correlativo

(Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación, art. 6, ap. 1)

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El artículo 6, apartado 1, primer guión, de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades nacionales competentes revoquen con efecto retroactivo el permiso de residencia concedido a un trabajador turco a partir del momento en que deja de concurrir el motivo, establecido en el Derecho nacional, para la concesión del permiso de residencia, cuando el citado trabajador no ha tenido un comportamiento fraudulento y dicha revocación se produce tras la expiración del plazo de un año de empleo legal establecido en el citado artículo 6, apartado 1, primer guión.

En efecto, por una parte, dicha disposición, no puede interpretarse en el sentido de que permite a un Estado miembro modificar unilateralmente el alcance del sistema de integración progresiva de nacionales turcos en el mercado de trabajo del Estado miembro de acogida. Por otra parte, no admitir que tal trabajador ha disfrutado en el Estado miembro de acogida de un empleo legal desde hace más de un año iría contra el principio general de respeto de los derechos adquiridos, conforme al cual, una vez que un nacional turco puede invocar válidamente derechos con arreglo a una disposición de la Decisión nº 1/80, tales derechos ya no dependen de que se mantengan las circunstancias que los generaron, puesto que esta Decisión no exige un requisito de esta naturaleza.

(véanse los apartados 42, 50 y 53 y el fallo)
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Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 258 TFUE) (véase el apartado 10)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108, p. 1).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire), al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

2) Condenar en costas a la República de Austria.
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Libre circulación de capitales — Restricciones — Impuesto de sucesiones

(Art. 63 TFUE)

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El artículo 63 TFUE se opone a una norma de un Estado miembro que reserva la posibilidad de tener derecho al tipo reducido del impuesto de sucesiones a las entidades sin ánimo de lucro que tengan su establecimiento en dicho Estado miembro o en el Estado miembro en el que el de cuius residiera efectivamente o tuviera su lugar de trabajo en el momento del fallecimiento, o en el que con anterioridad hubiera residido efectivamente o hubiera tenido su lugar de trabajo.

Si bien es legítimo que un Estado miembro exija, para la concesión de determinadas ventajas fiscales, que exista un vínculo suficientemente estrecho entre las entidades que, según reconoce, persiguen algunos de sus objetivos de interés general y las actividades que realizan, no obstante no puede reservar tales ventajas únicamente a las entidades establecidas en su territorio y cuyas actividades pueden liberarlo de algunas de sus responsabilidades. En particular, la posibilidad de que un Estado miembro pueda liberarse de algunas de sus responsabilidades no le permite instaurar una diferencia de trato entre las entidades nacionales declaradas de utilidad pública y las establecidas en otro Estado miembro basándose en que las herencias o los legados dispuestos en favor de éstas, aunque sus actividades se inscriban dentro de los objetivos de la legislación del primer Estado miembro, no pueden llevar a una compensación presupuestaria. En efecto, la necesidad de evitar la reducción de ingresos fiscales no figura entre los objetivos enunciados en el artículo 65 TFUE ni entre las razones imperiosas de interés general que pueden justificar una restricción a una libertad establecida por el Tratado FUE.

(véanse los apartados 30, 31 y 37 y el fallo)
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Contrariamente a lo que sostiene la sociedad recurrente, la medida adoptada frente a ella —que es consecuencia de ser íntegramente propiedad de Bank Melli Iran— no vulnera la presunción de inocencia. En efecto, la adopción de medidas de congelación de fondos, sobre la base del artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento no 423/2007, no va dirigida específicamente contra un comportamiento autónomo de una entidad como la recurrente y, por lo tanto, no exige que ésta tenga un comportamiento contrario a las prescripciones del citado Reglamento.
Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 11 de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (DO L 10, p. 13), en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 345, p. 97) — No elaboración de planes de emergencia externos para determinados establecimientos.
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1. Competencia — Normas de la Unión — Comunicaciones de la Comisión sobre la cooperación y sobre la dispensa de pago de las multas y la reducción de su importe — Programa modelo sobre clemencia, elaborado en el ámbito de la Red Europea de Competencia

(Arts. 101 TFUE y 102 TFUE; Comunicaciones de la Comisión 2004/C 101/03 y 2006/C 298/11)

2. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia

[Art. 101 TFUE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo]

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1. Las Comunicaciones de la Comisión, una sobre la cooperación en la red de autoridades de competencia y otra relativa a la dispensa de pago de las multas y a la reducción de su importe en los casos de cártel, no son imperativas para los Estados miembros. Además, la comunicación mencionada en segundo lugar sólo contempla los programas de clemencia aplicados por la propia Comisión. El programa modelo sobre clemencia, elaborado en el ámbito de la Red Europea de Competencia, que pretende armonizar determinados elementos de los programas nacionales en la materia, tampoco tiene efectos imperativos ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.

(véanse los apartados 21 y 22)

2. Las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de cárteles, en particular, el Reglamento nº 1/2003, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una persona perjudicada por una infracción del Derecho de la competencia de la Unión, y que pretende obtener una indemnización por daños y perjuicios, acceda a los documentos de un procedimiento de clemencia referidos al autor de dicha infracción. No obstante, corresponde a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, con arreglo a su Derecho nacional, determinar las condiciones en que puede autorizarse o denegarse el acceso, ponderando los intereses protegidos por el Derecho de la Unión.

En efecto, aun cuando las orientaciones expresadas por la Comisión puedan influir en la práctica de las autoridades nacionales de competencia, a falta de una normativa imperativa de Derecho de la Unión en esta materia, corresponde a los Estados miembros establecer y aplicar las normas nacionales sobre el derecho de acceso de las personas perjudicadas por un cártel a los documentos de los procedimientos de clemencia. No obstante, al examinar una solicitud de acceso formulada por una persona que pretende obtener una indemnización por daños y perjuicios de otra persona que es beneficiaria de un programa de clemencia, es necesario velar por que la regulación nacional aplicable no sea menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna, ni haga imposible en la práctica o excesivamente difícil obtener dicha reparación, así como ponderar los intereses que justifican el traslado de la información y la protección de ésta, proporcionada voluntariamente por el solicitante de clemencia. Tal ponderación sólo puede efectuarse por los órganos jurisdiccionales nacionales caso por caso, en el ámbito del Derecho nacional, y tomando en consideración todos los datos pertinentes del asunto.

(véanse los apartados 23, 30 a 32 y el fallo)
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Aproximación de las legislaciones — Seguro de responsabilidad civil del automóvil — Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE y 90/232/CEE — Determinación del régimen de responsabilidad civil aplicable a los siniestros derivados de la circulación de vehículos

(Directivas del Consejo 72/166/CEE, 84/5/CEE y 90/232/CEE)

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La Directiva 72/166, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, la Directiva 84/5, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, y la Directiva 90/232, Tercera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a disposiciones nacionales del Derecho de la responsabilidad civil que permiten excluir o limitar el derecho de la víctima de un accidente a reclamar una indemnización por el seguro de responsabilidad civil del vehículo automóvil implicado en el accidente sobre la base de una apreciación individual de la contribución de manera exclusiva o parcialmente de dicha víctima a su propio daño.

Tal es el caso, en particular, de una normativa nacional que sólo tiene por objeto excluir la responsabilidad por riesgo del conductor del vehículo implicado en el accidente cuando el accidente es exclusivamente imputable a la víctima y que prevé, en caso de que la culpa de la víctima haya contribuido a la irrogación o al agravamiento de sus daños, que su indemnización se vea disminuida de manera proporcionada a la gravedad de esta culpa. En efecto, dicha norma no tiene por efecto, en el supuesto de que la víctima contribuya a su propio daño, que se excluya de oficio ni se limite de manera desproporcionada su derecho a ser indemnizada por el seguro obligatorio de responsabilidad civil del conductor del vehículo implicado en el accidente. Por lo tanto, no afecta a la garantía, prevista por el Derecho de la Unión, de que la responsabilidad civil, determinada en virtud del Derecho nacional aplicable, quede cubierta por un seguro conforme con las tres Directivas mencionadas.

(véanse los apartados 33 a 35 y el fallo)
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1. Recurso por incumplimiento — Escrito de interposición del recurso — Indicación de las imputaciones y los motivos — Requisitos de forma

[Art. 226 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 38, ap. 1, letra c)]

2. Recurso por incumplimiento — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Estatuto de la Escuela Europea

(Arts. 10 CE y 226 CE)

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1. En virtud de los artículos 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 38, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal, la Comisión debe indicar en todo recurso presentado en virtud del artículo 226 CE las imputaciones precisas sobre las que debe pronunciarse el Tribunal de Justicia. Dichas pretensiones deben ser formuladas de manera inequívoca para que el Tribunal de Justicia no resuelva ultra petita ni omita pronunciarse sobre una imputación.

(véanse los apartados 36 y 37)

2. El Tribunal de Justicia no tiene competencia para pronunciarse sobre el recurso interpuesto por la Comisión Europea, sobre la base del artículo 226 CE, por el que se denuncia un supuesto incumplimiento por parte del Reino de Bélgica de las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo de Sede celebrado el 12 de octubre de 1962 entre el Consejo Superior de la Escuela Europea y el Gobierno del Reino de Bélgica, en relación con el artículo 10 CE. En efecto, tal como se desprende del artículo 28 del Convenio celebrado en Luxemburgo el 12 de abril de 1957, relativo al Estatuto de la Escuela Europea, el régimen de tal Acuerdo sigue el de dicho Convenio, cuya interpretación no figura entre las competencias del Tribunal de Justicia ya que, a pesar de los vínculos que este Estatuto presenta con la Comunidad y con el funcionamiento de sus instituciones, se trata de un convenio internacional celebrado por los Estados miembros que no forma parte integrante del Derecho comunitario. Esta apreciación no puede limitarse al contexto procesal de las cuestiones prejudiciales sino que es igualmente válida respecto del procedimiento previsto en el artículo 226 CE, circunscrito en su objeto a un incumplimiento por parte de un Estado miembro de alguna de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado.

Por otra parte, ni una eventual consolidación del acervo del Convenio de 1957 por el Convenio celebrado en Luxemburgo el 21 de junio de 1994, actualmente en vigor, ni la referencia contenida en este último a los acuerdos de sede permiten modificar retroactivamente la naturaleza jurídica del Acuerdo de Sede, el cual es un acuerdo internacional suscrito entre el Consejo Superior y el gobierno de un único Estado miembro. Por último, por lo que se refiere a la eventual aplicación de la cláusula compromisoria incluida en el artículo 26 del Convenio de 1994, el procedimiento por incumplimiento al que se refieren el Tratado CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia únicamente puede iniciarse sobre la base del artículo 226 CE.

(véanse los apartados 44 a 46 y 51 a 53 y el fallo)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 29 de octubre de 2009 — Comisión/Luxemburgo

(Asunto C-22/09)

«Incumplimiento de Estado — Política energética — Ahorro de energía — Directiva 2002/91/CE — Eficiencia energética de los edificios — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 10)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 1, p. 65).

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 29 de octubre de 2009 — Comisión/Luxemburgo

(Asunto C-22/09)

«Incumplimiento de Estado — Política energética — Ahorro de energía — Directiva 2002/91/CE — Eficiencia energética de los edificios — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 10)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 1, p. 65).

Fallo

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.
31

El Tribunal de Justicia ha tenido también ocasión de precisar que, sin perjuicio del derecho a indemnización que está basado directamente en el Derecho de la Unión desde el momento en que se reúnen estos tres requisitos, incumbe al Estado, en el marco del Derecho nacional en materia de responsabilidad, reparar las consecuencias del perjuicio causado, entendiéndose que los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) y no pueden articularse de manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239, apartado 58, y de , Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, Rec. p. I-2107, apartado 123).
17

En estas circunstancias, la Audiencia Provincial de Salamanca decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿El art. 153 del Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas, en relación con los arts. 3 y 95 del mismo, así como con el art. 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea [proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1)], y la [Directiva], y en concreto su art. 4, debe interpretarse en el sentido de permitir al Tribunal que conoce del recurso de apelación contra la sentencia dictada en la primera instancia declarar de oficio la nulidad de un contrato incluido en el ámbito de la citada Directiva, cuando dicha nulidad no fue alegada en ningún momento en trámite de oposición al procedimiento monitorio, en el juicio verbal, ni en el recurso de apelación, por el consumidor demandado?»
50

En virtud de las consideraciones precedentes, procede responder a la cuestión planteada que lo dispuesto en el Acuerdo y, en particular, en sus artículos 1, 5, 7 y 16, así como en los artículos 12 y 17 a 19 de su anexo I, no se opone a una normativa de un Estado miembro en la que exige que una persona que tiene la nacionalidad de dicho Estado miembro y que está empleada en el territorio de este último se afilie al régimen legal del seguro de jubilación de dicho Estado miembro, no obstante el hecho de que dicha persona pertenece al consejo de administración de una sociedad anónima suiza, siendo así que los directivos de las sociedades anónimas regidas por el Derecho del citado Estado miembro no están obligados a afiliarse a dicho régimen de seguro.
4

A tenor del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 93/37: «Los poderes adjudicadores podrán adjudicar sus contratos de obras recurriendo al procedimiento negociado, tras publicar un anuncio de licitación y seleccionar a los candidatos conforme a criterios cualitativos conocidos, en los casos siguientes: a) cuando se presenten ofertas irregulares en respuesta a un procedimiento abierto o restringido, o cuando las ofertas presentadas resulten inaceptables en relación con las disposiciones nacionales compatibles con lo dispuesto en el título IV, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato. Los poderes adjudicadores no publicarán un anuncio de licitación si incluyen en el procedimiento negociado a todas las empresas que cumplen los criterios mencionados en los artículos 24 a 29 y que, con ocasión del anterior procedimiento abierto o restringido, han presentado ofertas ajustadas a los requisitos formales del procedimiento de adjudicación del contrato; b) cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación, experimentación o perfeccionamiento y no con objeto de obtener una rentabilidad o de cubrir los costes de investigación y de desarrollo; c) en casos excepcionales, cuando se trate de obras cuya naturaleza o riesgos no permitan determinar previamente el precio global.»
1)

Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE y, en particular, del artículo 64 de ésta, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva y al no haber comunicado a la Comisión de las Comunidades Europeas el texto de las disposiciones nacionales adoptadas en el ámbito regulado por la citada Directiva.
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La Comisión subraya que el fraccionamiento del contrato previsto en el artículo 4, apartado 1, del Convenio no constituye una obligación, sino una facultad de que dispone el juez que conoce del asunto, facultad que únicamente puede aplicarse cuando el contrato comprende diferentes partes, autónomas y separables. Según la Comisión, en el litigio principal, que tiene por objeto un acuerdo complejo, en el cual se cuestiona la propia relación entre el fletamento y el transporte de mercancías, recurrir al fraccionamiento del contrato parece ser una solución artificial. En efecto, si se tratara de un contrato incluido en el ámbito del artículo 4, apartado 4, del Convenio, en modo alguno procedería llevar a cabo el fraccionamiento del mismo, puesto que no existiría necesidad alguna de someter los eventuales aspectos accesorios vinculados al transporte a una legislación diferente de la que se aplica al objeto principal del contrato. En particular, concluye la Comisión, el derecho a una contrapartida de la prestación y la prescripción están tan estrechamente vinculados al contrato de base que no resulta posible separarlos, so pena de violar el principio de seguridad jurídica.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del anexo III, parte A, de la Directiva 95/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 1995, relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes (DO L 61, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 98/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de octubre de 1998 (DO L 295, p. 18) (en lo sucesivo, «Directiva 95/2»), y del anexo I, parte II, párrafo segundo, de la Directiva 2001/113/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a las confituras, jaleas y «marmalades» de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la alimentación humana (DO 2002, L 10, p. 67).