Por lo tanto, un proyecto que prevé la construcción de una sola red de canalizaciones conectadas a un mismo depósito central, de modo que los diferentes tramos del proyecto están destinados a cumplir, en su conjunto, la misma función económica y técnica, a saber, el suministro de agua potable a una misma área de población a partir de un solo punto de abastecimiento, constituye una obra única. Asimismo, en el caso de obras consistentes en la conducción de un bien de utilidad pública a una determinada área geográfica, la circunstancia de que esa red de canalizaciones esté destinada a abastecer de agua a diversos municipios no impide concluir que, en su conjunto, cumple una misma función económica y técnica. Por último, factores como la proximidad temporal evidente entre la adjudicación de dos contratos, el que dichos contratos se refieran a la misma comarca, y el que ambos contratos fueran adjudicados por la misma entidad adjudicadora, si bien en sí mismos no son determinantes en cuanto a la existencia de una obra única, constituyen indicios adicionales que justifican que se reconozca la existencia de una sola obra.

En el ámbito de los contratos públicos de obras, la existencia de una «obra» en el sentido del artículo 1, letra c), de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, debe apreciarse a la luz de la función económica y técnica del resultado de las obras objeto de los contratos públicos correspondientes. Por otra parte, para que el resultado de distintas obras pueda ser calificado de «obra» en el sentido de dicha disposición, basta con que aquéllas cumplan o bien la misma función económica o bien la misma función técnica. La comprobación de una identidad económica y de una identidad técnica es, pues, alternativa y no acumulativa. La simultaneidad de la convocatoria de las licitaciones, la similitud de los anuncios de licitación, la unidad del marco geográfico en que se convocan las licitaciones y la existencia de una sola entidad adjudicadora constituyen otros tantos indicios adicionales que avalan la apreciación de que contratos de obras distintos corresponden en realidad a una obra única.

La constatación de que se ha fraccionado un contrato infringiendo el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, no presupone la demostración de una intención subjetiva de eludir la aplicación de las disposiciones contenidas en ella. Cuando tal constatación ha quedado probada, carece de relevancia que la infracción resulte o no de la voluntad del Estado miembro al que le sea imputable, de su negligencia o incluso de dificultades técnicas a las que haya tenido que hacer frente.

Si bien es cierto que las normas de las Directivas sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos no se aplican a los contratos cuyo valor no alcanza el umbral fijado en ellas, esto no significa sin embargo que estos últimos contratos estén excluidos del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. En efecto, en lo que respecta a la adjudicación de contratos públicos que, habida cuenta de su valor, no están sujetos a los procedimientos previstos por la normativa de la Unión en materia de adjudicación de contratos públicos, las entidades adjudicadoras están obligadas, pese a todo, a respetar las normas fundamentales y los principios generales del Tratado, en particular el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad.

No obstante, la aplicación de los principios generales de los Tratados a los procedimientos de adjudicación de los contratos cuyo valor es inferior al umbral de aplicación de las Directivas presupone que dichos contratos presenten un interés transfronterizo cierto. Pueden indicar la existencia de tal interés criterios objetivos como el valor relativamente elevado del contrato en cuestión, conjugado con el lugar de ejecución de las obras, en particular en caso de proximidad de dicho lugar con una zona fronteriza que pueda suscitar el interés de operadores establecidos en otro Estado miembro. En cambio, también puede descartarse la existencia de dicho interés en el caso, por ejemplo, de escasa trascendencia económica del contrato de que se trate.

Por otra parte, en cuanto al principio de no discriminación que se deriva del Tratado FUE, y en particular de las libertades fundamentales, dicho principio exige no sólo la eliminación de toda discriminación en contra del prestador de servicios por razón de su nacionalidad, sino también la supresión de toda restricción, aunque se aplique indistintamente a los prestadores nacionales y a los de otros Estados miembros, que pueda impedir, obstaculizar o hacer menos atractivas las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro en el que presta legalmente servicios análogos. Por consiguiente, al aplicar el criterio de la experiencia en su propio Estado miembro para adjudicar un contrato público, las autoridades nacionales en cuestión quebrantan el principio de no discriminación.

(véanse los apartados 109 a 111, 114, 115, 119 y 121)