Una comunicación de fijación de derechos a pensión adoptada a raíz de los reexámenes de la situación jurídica de los interesados y de acuerdo con hechos nuevos, no puede considerarse que sea un acto meramente confirmatorio de un acto precedente de fijación de los derechos a pensión. Dicha comunicación es, por el contrario, un acto que, al sustituir a los precedentes, modifica notablemente la situación jurídica de los interesados, afecta directa e inmediatamente a sus intereses y, por lo tanto, les resulta lesivo en el sentido del artículo 90, apartado 2, y del artículo 91 del Estatuto.

El artículo 81 bis del Estatuto se refiere tanto a la pensión de supervivencia como a la de orfandad. Por lo tanto, el método de cálculo de los derechos a pensión aplicado por la institución al contabilizar las pensiones de orfandad dentro de los ingresos reales sujetos al límite máximo mencionado en el artículo 81 bis se atiene a dicho precepto.

Con carácter principal, las pensiones de orfandad se encuentran establecidas en el artículo 80, que forma parte del título V del Estatuto, capítulo 3, rubricado «Pensiones y asignación por invalidez». Estas pensiones son auténticas pensiones sujetas como tales al régimen de pensiones contemplado en el Estatuto.

Además, los métodos de cálculo de las pensiones de orfandad se determinan en el capítulo 4, artículo 21, del anexo VIII del Estatuto, de acuerdo con la remisión que efectúa el artículo 84 del Estatuto, y dicho capítulo lleva por título «Pensión de supervivencia». Dicha observación permite comprobar que el legislador utiliza la expresión «pensión de supervivencia» para identificar no solo la pensión del cónyuge supérstite del funcionario fallecido, esto es, la pensión de supervivencia stricto sensu, sino también las disposiciones que tratan de las pensiones de orfandad. Por lo tanto, si bien determinadas disposiciones se refieren explícitamente a las pensiones de orfandad, ello no impide, sin embargo, que otras disposiciones que no las mencionan expresamente puedan serles aplicadas siempre que se trate de auténticas pensiones, reguladas, por este motivo, por las disposiciones del Estatuto aplicables a las pensiones con carácter general.

A mayor abundamiento, puesto que el artículo 81 bis del Estatuto es uno de los últimos preceptos del título V, capítulo 3, del Estatuto y se incluye entre las disposiciones aplicables a las pensiones, de las que forman parte las pensiones establecidas en el artículo 80, el artículo 81 bis no puede interpretarse en el sentido de que excluya las pensiones de orfandad. En efecto, la utilización, en este precepto, de la expresión «pensi[ones] de supervivencia» en plural debe entenderse referida a cualquier tipo de «pensiones», cuyo hecho generador es el fallecimiento de un funcionario, lo cual es el caso no solo de la pensión de supervivencia, sino también de la pensión de orfandad. Por lo demás, en virtud del artículo 80 del Estatuto, párrafos primero a tercero, y del artículo 21 del anexo VIII del Estatuto, la pensión de supervivencia y la pensión de orfandad se encuentran vinculadas, ya que el importe de la segunda está condicionado por el de la primera.

En cualquier caso, la finalidad de la pensión de orfandad, que es compensar el sobrecoste que supone para el funcionario superviviente la manutención de los hijos a cargo, contribuye al objetivo de promover la autonomía económica de los citados hijos. En la medida en que la pensión de orfandad permite compensar el sobrecoste de manutención de los hijos, tal pensión forma parte de los ingresos de la familia y no se sustrae a la regla que proscribe el enriquecimiento debido al fallecimiento de un progenitor funcionario, regla cuya observancia se garantiza al aplicar la limitación contemplada en el artículo 81 bis del Estatuto.

(véanse los artículos 94 a 96, 103 y 104)