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La demandante alega que el dictamen de la comisión médica incurre en falta de motivación, por cuanto no precisa el baremo que se aplicó para determinar su grado de IPP, dado que, por una parte, el baremo a que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de la Reglamentación no había podido utilizarse puesto que las lesiones de la demandante no figuran en el mismo y, por otra parte, el método de valoración por analogía en base a dicho baremo no podía aplicarse en el caso de autos. Además, la demandante impugna el dictamen de la comisión médica por haber descartado sin justificación alguna la aplicación del baremo Padovani relativo a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siendo notorio que, su utilización es normal en el Gran Ducado de Luxemburgo, domicilio y lugar de trabajo de la demandante, en beneficio del baremo oficial belga de los grados de invalidez.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

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1. Funcionarios - Seguridad Social - Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales - Invalidez - Modalidades de cálculo de la indemnización en caso de agravamiento posterior de las lesiones

[Estatuto de los Funcionarios, art. 73. ap. 2, letra c); Reglamentación relativa a la Cobertura de los Riesgos de Accidente y de Enfermedad Profesional, art. 2]

2. Funcionarios - Seguridad Social - Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales - Prestaciones - Carácter global - Indemnización pagada en caso de invalidez - Agravamiento posterior de las lesiones - Revalorización que tiene en cuenta la depreciación monetaria - Improcedencia

[Estatuto de los Funcionarios, art. 73, ap. 2, letras b) y c)]

Índice

1. En caso de agravamiento de las lesiones en una fecha posterior al accidente, la cantidad prevista en concepto de indemnización por la letra c) del apartado 2 del artículo 73 del Estatuto debe calcularse en función de las retribuciones mensuales percibidas durante los doce meses anteriores al accidente y no en función de las retribuciones mensuales percibidas durante los doce meses anteriores a la fecha de estabilización del agravamiento de las lesiones.

En efecto, el agravamiento de las lesiones derivadas de un accidente no puede asimilarse a un nuevo accidente en el sentido del artículo 2 de la Reglamentación relativa a la Cobertura de los Riesgos de Accidente y de Enfermedad Profesional de los Funcionarios de las Comunidades Europeas ni, por consiguiente, constituir un nuevo hecho generador de indemnización. Otra interpretación llevaría a establecer un régimen de indemnización diferente según las lesiones causadas por el accidente se manifiesten inmediatamente después de éste o sólo en una fecha posterior, con el peligro de ocasionar una desigualdad de trato entre los funcionarios que hayan sido víctimas de un accidente en el sentido de dicha Reglamentación.

2. Las prestaciones contempladas en el artículo 73 del Estatuto tienen el carácter de prestaciones de Seguridad Social y no de prestaciones destinadas a reparar un daño en el marco de una acción de responsabilidad civil. Por consiguiente, la indemnización prevista en las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 73 del Estatuto no es una deuda destinada a reparar un perjuicio, sino una deuda de dinero, a tanto alzado, calculada según las consecuencias duraderas del accidente.

En caso de agravamiento de las lesiones en una fecha posterior al accidente, esta indemnización, por ser a tanto alzado y por la inexistencia de disposiciones del Estatuto o de la Reglamentación de Cobertura que autoricen tal revalorización, no puede revalorizarse en el momento de estabilización de las lesiones para tener en cuenta la depreciación monetaria producida en el ínterin.
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Efectivamente, los términos formales que se utilizan en los documentos que acaban de examinarse no dejan ninguna duda acerca de la verdadera intención del demandante de presentar una petición con objeto de que se examinara nuevamente su clasificación. Además, en el caso de autos, el demandante podía perfectamente presentar tal petición con objeto de lograr un arreglo amistoso de la controversia que se había producido, permitiendo a la administración que reconsiderara su decisión. El Tribunal de Justicia ha admitido ya esta posibilidad (sentencia de 15 de enero de 1985, Samara/Comisión, 266/83, Rec. p. 189), siempre que la citada práctica no permita que un funcionario pueda eludir los plazos señalados en el Estatuto para la presentación de las reclamaciones y recursos, cuestionando indirectamente, por medio de una petición, una decisión anterior no impugnada dentro de plazo (sentencias de 15 de mayo de 1985, Esly/Comisión, 127/84, Rec. p. 1437; y de 26 de septiembre de 1985, Valentini/Comision, 231/84, Rec. p. 3027).
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Resulta obligado hacer constar que, al participar en las reuniones en las que se adoptó este conjunto de medidas [principalmente las de 13 de mayo, 2 y 21 de septiembre de 1982 (p. c. g., anexos 24, 29 y 30)], la demandante lo suscribió, puesto que no proporciona indicio alguno que permita demostrar lo contrario. A este respecto, la adopción del sistema de «account leadership» se deduce del siguiente pasaje del informe de la reunión de 2 de septiembre de 1982: «About the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.“s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October.» («Se tuvo en cuenta la observación de A. sobre lo peligroso que era que todo el mundo ofreciera exactamente un precio de 2,00 DM, pero, en vez de descender por debajo de los 2,00 DM, se propuso y todos estuvieron de acuerdo en que otros que no fueran los principales proveedores de un cliente dado ofrecerían unos precios unos pocos pfennings más altos. A pesar de que es evidente que se debe evitar toda búsqueda de clientes durante el mes o los dos meses próximos, se reconoció, por otra parte, que resultaría muy difícil para las empresas negarse totalmente a hacer ofertas cuando, como es de esperar, los clientes intentasen evitar pagar unos precios más altos a sus proveedores habituales. En tal caso, los productores harían ofertas, pero indicando precios superiores a los niveles mínimos para octubre.») Igualmente, en la reunión de 21 de septiembre de 1982, en la que participaba la demandante, se declaró lo siguiente: «In support of the move, BASF, Hercules and Hoechst said they would be taking plant off line temporarily» («Para apoyar esta acción, BASF, Hercules et Hoechst dijeron que interrumpirían temporalmente la actividad de alguna de sus fábricas»), y en la de 13 de mayo de 1982, Fina dijo: «Plant will be shut down for 20 days in August» («Cerraremos la fábrica durante veinte días en agosto»).
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Dado que el demandante reconoció en la vista que fue jubilado recientemente, tras alcanzar la edad límite de 65 aflos, lo cual consta igualmente en su expediente personal, que se remitió al Tribunal de Primera Instancia, de conformidad con el último párrafo del artículo 26 del Estatuto, no puede aspirar eficazmente al puesto controvertido, por no ser ya funcionario de la institución en la que estaba vacante el puesto provisto por el acto impugnado. De ello se sigue que ya no tiene ningún interés legítimo en que se anule el nombramiento del candidato designado para dicho puesto.
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De esto deduce la demandada que los actos que son objeto del presente recurso no revisten el carácter de actos lesivos, susceptibles de anulación, con arreglo al artículo 91 del Estatuto, puesto que no pueden afectar a los derechos que reconocen a favor del demandante en particular los artículos 5 y 7 del Estatuto, puesto que no le obligan a ejercer unas funciones que no correspondan a su grado y puesto de trabajo. La demandada estima que los actos controvertidos se hallan comprendidos dentro del ámbito de la organización de sus servicios, en cuya materia dispone de una amplia facultad de apreciación.
Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Research Consorzio Stabile Scarl, actuando por cuenta propia y en calidad de mandatario del grupo de empresas que habrá de constituirse (Research-Cisa), C.I.S.A. SpA, actuando por cuenta propia y en calidad de mandatario del grupo de empresas que habrá de constituirse (Research-Cisa), Debar Costruzioni SpA, actuando por cuenta propia y en calidad de mandatario del grupo de empresas que habrá de constituirse Consorzio Stabile COM Scarl, C.N. Costruzioni Generali SpA y Edil.Co. Srl, Invitalia — Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa / Invitalia — Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, Debar Costruzioni SpA, actuando por cuenta propia y en calidad de mandatario del grupo de empresas que habrá de constituirse Consorzio Stabile COM Scarl, C.N. Costruzioni Generali SpA y Edil.Co. Srl, Research Consorzio Stabile Scarl, actuando por cuenta propia y en calidad de mandatario del grupo de empresas que habrá de constituirse (Research-Cisa), C.I.S.A. SpA, actuando por cuenta propia y en calidad de mandatario del grupo de empresas que habrá de constituirse (Research-Cisa), con intervención de: Invitalia — Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa

(Asunto C-215/22) (1)

(2023/C 15/44)

Lengua de procedimiento: italiano

El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

(1) DO C 244 de 27.6.2022.
C 303/9

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 28 de junio de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — OF / Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(Asunto C-728/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 - Protección de los intereses financieros de la Unión - Irregularidades respecto del Derecho de la Unión - Diligencias - Plazo de prescripción - Interrupción - Acto destinado a instruir una irregularidad o a ejecutar la acción contra la misma - Concepto - Informe de control que declara que existe una irregularidad)

(2022/C 303/11)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Supremo Tribunal Administrativo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: OF

Demandada: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Fallo

El artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que un informe de control sobre el terreno que se limita a poner de manifiesto la existencia de una irregularidad y no hace mención de la intención de instruirla o de ejecutar la acción contra ella puede, no obstante, ser considerado un «acto de instrucción o de ejecución de la acción», en el sentido de dicha disposición, que es apto para interrumpir el plazo de prescripción de las diligencias previsto en dicho artículo 3, apartado 1, párrafo primero, si delimita con la suficiente precisión las operaciones sobre las que recaen las sospechas de irregularidad.

(1) Fecha de presentación: 30.11.2021.
C 68/25

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de diciembre de 2019 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — EX EX (C-140/19 y C-141/19), OK (C-492/19), PL (C-493/19), QM (C-494/19)/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Asuntos acumulados C-140/19, C-141/19 y C-492/19 a C-494/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículos 53, apartado 2, y 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Libre prestación de servicios - Desplazamiento de trabajadores - Artículo 56 TFUE - Directiva 2014/67/UE - Artículos 9 y 20 - Declaración de los trabajadores - Conservación de la documentación salarial - Sanciones - Proporcionalidad - Multas de un importe mínimo predefinido - Acumulación - Inexistencia de límite máximo - Costas procesales - Inadmisibilidad manifiesta)

(2020/C 68/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: EX EX (C-140/19 y C-141/19), OK (C-492/19), PL (C-493/19), QM (C-494/19)

Demandada: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con intervención de: Finanzpolizei

Fallo

El artículo 20 de la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, en caso de que no se cumplan las obligaciones en materia de Derecho laboral relativas a la declaración de los trabajadores y a la conservación de documentos salariales, la imposición de multas de un importe elevado:

— que no pueden ser inferiores a un importe predefinido;

— que se imponen de forma acumulativa por cada trabajador afectado y sin límite, y

— a las cuales se añade una contribución a las costas procesales del 20 % del importe de las multas en caso de que se desestime el recurso interpuesto contra la decisión que las imponga.

(1) DO C 187 de 3.6.2019.

DO C 328 de 30.9.2019.
C 44/38

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2020 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Healthspan Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-703/18) (1)

(2021/C 44/44)

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

(1) DO C 25 de 21.1.2019.
C 68/23

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019 — Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.)/Comisión Europea

(Asunto C-748/18 P) (1)

(Recurso de casación - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Ayudas de Estado - Ayuda aplicada por Hungría a favor de empresas que emplean a trabajadores discapacitados - Recurso de anulación - Supuestas decisiones de no formular objeciones - Falta de legitimación activa - Persona no afectada individualmente - Recurso que no se ha presentado con el fin de salvaguardar los derechos procesales - Inadmisibilidad del recurso en primera instancia - Recurso de casación manifiestamente infundado)

(2020/C 68/23)

Lengua de procedimiento: húngaro

Partes

Recurrente: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (representante: L. Szabó, ügyvéd)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: V. Bottka y C. Georgieva-Kecsmar, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación por ser manifiestamente infundado.

2) Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

(1) DO C 112 de 25.3.2019.
2)

La Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23, y en particular sus artículos 1 y 2 quater, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece que, a falta de recurso contra las decisiones de los poderes adjudicadores por las que se admite a los licitadores a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, interpuesto en un plazo máximo de treinta días a partir de su comunicación, los interesados ya no puedan invocar la ilegalidad de dichas decisiones en el marco de recursos dirigidos contra los actos posteriores y, en particular, contra las decisiones de adjudicación, con la salvedad de que la preclusión solo ha de ser oponible a dichos interesados si tuvieron o debieran haber tenido conocimiento, a través de la mencionada comunicación, de la supuesta ilegalidad.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 63/3

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de diciembre de 2017 — Aughinish Alumina Ltd / Irlanda, Comisión Europea

(Asunto C-373/16 P) (1)

([Recurso de casación - Ayudas de Estado - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos utilizados como combustible para la producción de alúmina - Ayuda existente o nueva - Reglamento (CE) n.o 659/1999 - Artículo 1, letra b), inciso i) - Principio de protección de la confianza legítima - Obligación de motivación])

(2018/C 063/04)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Aughinish Alumina Ltd (representantes: C. Little y C. Waterson, Solicitors)

Parte coadyuvante en apoyo de la parte recurrente: República Francesa (representantes: R. Coesme y D. Colas, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Irlanda, Comisión Europea (representantes: V. Bottka y N. Khan, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Aughinish Alumina Ltd.

3) La República Francesa cargará con sus propias costas.

(1) DO C 305 de 22.8.2016.
1)

La Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que: — en el supuesto de que, en el marco de una transmisión de empresa, el cedente sea objeto de un procedimiento de insolvencia que esté bajo la supervisión de una autoridad pública competente y el Estado miembro de que se trate haya optado por hacer uso del artículo 5, apartado 2, de la mencionada Directiva, ésta no se opone a que dicho Estado miembro disponga o permita que las cargas que, en el momento de la transmisión o de la apertura del procedimiento de insolvencia, resulten para el cedente de contratos o relaciones laborales, incluidas las relativas al régimen legal de la seguridad social, no se transfieran al cesionario, siempre que dicho procedimiento garantice una protección de los trabajadores como mínimo equivalente a la establecida por la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, si bien nada impide que dicho Estado miembro prevea que tales cargas deban ser soportadas por el cesionario aun en caso de insolvencia del cedente, — sin perjuicio de las disposiciones previstas en su artículo 3, apartado 4, letra b), dicha Directiva no establece obligaciones en cuanto a las cargas del cedente resultantes de contratos o relaciones laborales que ya se hubieran extinguido antes de la fecha de la transmisión, pero no se opone a que la normativa de los Estados miembros permita la transferencia de tales cargas al cesionario.
2)

Condenar en costas a Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S y Koppers UK Ltd.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 261/7

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 5 de junio de 2014 [petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa (anteriormente, Augstākās tiesas Senāts) — Letonia] — Antonio Gramsci Shipping Corp. y otros/Aivars Lembergs

(Asunto C-350/13) (1)

([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) no 44/2001 - Reconocimiento y ejecución de medidas provisionales y cautelares - Anulación de la resolución inicial - Mantenimiento de la petición de decisión prejudicial - Sobreseimiento])

2014/C 261/10

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Augstākā tiesa (anteriormente, Augstākās tiesas Senāts)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Antonio Gramsci Shipping Corp., Apollo Holdings Corp., Arctic Seal Shipping Co. Ltd, Atlantic Leader Shipping Co. Ltd, Cape Wind Trading Co. Ltd, Clipstone Navigation SA, Dawnlight Shipping Co. Ltd, Dzons Rids Shipping Co., Faroship Navigation Co. Ltd, Gaida Shipping Co., Gevostar Shipping Co. Ltd, Hose Marti Shipping Co., Imanta Shipping Co. Ltd, Kemeri Navigation Co., Klements Gotvalds Shipping Co., Latgale Shipping Co. Ltd, Limetree Shipping Co. Ltd, Majori Shipping Co. Ltd, Noella Marītime Co. Ltd, Razna Shipping Co., Sagewood Trading Inc., Samburga Shipping Co. Ltd, Saturn Trading Co., Taganroga Shipping Co., Talava Shipping Co. Ltd, Tangent Shipping Co. Ltd, Viktorio Shipping Co., Wilcox Holding Ltd, Zemgale Shipping Co. Ltd, Zoja Shipping Co. Ltd

Demandada: Aivars Lembergs

Fallo

No procede pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts (Letonia), mediante resolución de 12 de junio de 2013.

(1) DO C 252, de 31.8.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 184/3

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 20 de marzo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Wrocław/Minister Finansów

(Asunto C-72/13) (1)

((TVA - Directiva 2006/112/CE - Cesión por un municipio de elementos de su patrimonio))

2014/C 184/04

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Naczelny Sąd Administracyjny

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Gmina Wrocław

Demandada: Minister Finansów

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Tributación de las operaciones de un municipio — Venta de bienes adquiridos en virtud de la ley o por sucesión o donación — Aportación de tales bienes a una sociedad.

Fallo

La Directiva 20061/12/CE del Consejo, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no impide que se sometan al impuesto sobre el valor añadido operaciones como las previstas por la gmina Wrocław (municipio de Wrocław), en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente compruebe que tales operaciones consisten en una actividad económica en el sentido del artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva y ese municipio no realice esas operaciones como autoridad pública en el sentido del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, de la misma Directiva. No obstante, si debiera considerarse que al realizar tales operaciones dicho municipio actúa como autoridad pública, la Directiva 2006/112 no impediría que estuvieran gravadas en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente comprobara que su exención podría implicar distorsiones de la competencia de cierta importancia en el sentido del artículo 13, apartado 2, de dicha Directiva.

(1) DO C 141, de 18.5.2013.