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Palabras clave

1. Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas — Inmunidad fiscal de las Comunidades — Impuestos directos — Concepto

(Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, art. 3, párr. 1; Directiva 77/799/CEE del Consejo, art. 1, ap. 2)

2. Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas — Inmunidad fiscal de las Comunidades — Impuestos directos

(Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, art. 3, párr. 1)

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1. Aunque el Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas no contenga una definición del impuesto directo y no existan a tal efecto disposiciones adoptadas para aplicar el Protocolo, la Directiva 77/799, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos, facilita ciertos elementos de interpretación sobre ese concepto. Esta Directiva, cuyo ámbito de aplicación antes de la modificación por la Directiva 79/1070 estaba reservado exclusivamente a los impuestos directos, definió, en su artículo 1, apartado 2, el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio incluyendo en este concepto los impuestos sobre el patrimonio total y sobre los elementos patrimoniales, con independencia de cuál sea el sistema de percepción.

Por consiguiente, presenta carácter de impuesto directo a efectos del artículo 3, párrafo primero, del citado Protocolo, un impuesto regional que se refiere a los titulares de derechos reales sobre inmuebles y grava directamente a las personas en función de su patrimonio o de sus derechos reales que tengan un valor patrimonial, ya que puede considerarse que se percibe sobre un elemento patrimonial, en el sentido de la Directiva 77/799. Además, las características de este impuesto deben ser establecidas tomando en consideración a todos los sujetos pasivos, a saber, las personas físicas y jurídicas a las que se impone, y no en función de las consecuencias financieras que resultan eventual e indirectamente de dicho impuesto con respecto a las Comunidades.

(véanse los apartados 44 a 46)

2. Si bien consta que el artículo 3, párrafo primero, del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas exime a las Comunidades de los impuestos directos, en cambio, no prevé tal exención para las personas con las que contratan. Además, esta disposición no establece nada sobre la repercusión económica de los impuestos directos a los que están sujetas dichas personas. Por consiguiente, la repercusión de un impuesto regional existente en el interior de un Estado miembro no puede ser impugnada por la Comisión y el Consejo sobre la base del artículo 3, párrafo primero, del Protocolo.

En efecto, por una parte, si tal repercusión se realiza mediante una cláusula contractual incluida en el contrato de arrendamiento dicha repercusión es necesariamente conforme con la voluntad de las partes contratantes, habida cuenta de que la inclusión de dicha cláusula se deriva de la libertad contractual de éstas. Por otra parte, cuando la repercusión de dicho impuesto se efectúa a través de un aumento del precio del alquiler, dicha repercusión deriva también de la libertad contractual de las partes, puesto que la definición del contenido del contrato, incluida la determinación de un elemento del contrato como el importe del alquiler, exige también el consentimiento de aquéllas. En este último caso, además, ese mismo impuesto a cargo de los propietarios no se repercute necesariamente, de modo automático y en su totalidad, por éstos sobre los arrendatarios.

(véanse los apartados 50 y 51)