Palabras clave

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Palabras clave

1 Excepción de ilegalidad - Carácter incidental - Admisibilidad del recurso principal - Admisibilidad de la excepción

(Tratado CEEA, art. 156)

2 Funcionarios - Recurso - Objeto - Orden conminatoria a la Administración - Inadmisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

3 Funcionarios - Recurso - Identidad del objeto de dos recursos - Requisitos

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

4 Procedimiento - Sentencia del Tribunal de Justicia que vincula al Tribunal de Primera Instancia - Requisitos - Devolución como consecuencia de un recurso de casación - Aspectos jurídicos resueltos definitivamente por el Tribunal de Justicia en el marco del recurso de casación - Autoridad de cosa juzgada

[Estatuto (CEEA) del Tribunal de Justicia, art. 55]

5 Funcionarios - Personal empleado en una Empresa Común CEEA - Igualdad de trato - Excepciones - Existencia de justificaciones objetivas

6 Excepción de ilegalidad - Objeto - Apreciación de legalidad - Criterios

(Tratado CEEA, arts. 146 y 156)

7 Derecho comunitario - Principios - Igualdad de trato - Medida que establece excepciones - Validez - Límites

8 Funcionarios - Recurso - Recurso de indemnización - Origen - Relación de empleo - Base legal

(Tratado CEEA, art. 152; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

9 Funcionarios - Recurso - Recurso de indemnización - Recurso dirigido contra la Institución autora del acto lesivo y no contra la que presuntamente generó la responsabilidad de la Comunidad - Pretensión de indemnización vinculada a la pretensión de anulación - Admisibilidad

(Tratado CEEA, art. 152; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

10 Funcionarios - Responsabilidad extracontractual de las Instituciones - Requisitos - Acto normativo - Infracción suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que protege a los particulares

(Tratado CEEA, art. 152; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

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11 La posibilidad que confiere el artículo 156 del Tratado CEEA de invocar la inaplicabilidad de un Reglamento no constituye un derecho de actuación autónomo y sólo puede ejercitarse con carácter incidental, en apoyo de las pretensiones principales de anulación admisibles.

12 No corresponde al órgano jurisdiccional comunitario dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones comunitarias en el marco del control de legalidad fundado en el artículo 91 del Estatuto, entendiéndose que incumbe a la Administración de que se trate tomar las medidas que implique la ejecución de una sentencia dictada en el marco de un recurso de anulación.

13 La autoridad de cosa juzgada que se atribuye a una sentencia mediante la cual el Tribunal de Justicia desestimó un recurso sólo puede oponerse a la admisibilidad de un recurso posterior si esos dos recursos enfrentan a las mismas partes, se refieren al mismo objeto y se fundan en la misma causa. El acto cuya anulación se solicita constituye un elemento esencial que permite caracterizar el objeto del recurso.

Aun cuando las alegaciones formuladas en apoyo de un recurso sean parcialmente idénticas a las formuladas en el marco de un procedimiento anterior, el recurso no constituye una repetición de éste, sino que es un litigio nuevo, cuando tiene por objeto la solución de cuestiones que no hayan sido todavía resueltas.

14 El Tribunal de Primera Instancia sólo está vinculado por una decisión del Tribunal de Justicia en las circunstancias definidas en el artículo 55 del Estatuto (CEEA) del Tribunal de Justicia, por un lado, y en aplicación del principio de la autoridad de cosa juzgada, por otro lado.

15 Un trato diferente, tanto por lo que respecta al estatuto como a las condiciones de contratación, a las personas empleadas en una Empresa Común CEEA en función del organismo que las haya puesto a disposición, sólo será admisible si está justificado objetivamente. Para comprobar si así ocurre, hay que tener en cuenta las particularidades que pueda tener la Empresa Común de que se trata, tanto por lo que respecta a su naturaleza como a su organización.

Dado que el sistema especial de contratación y de destino del personal, adoptado en el momento de la creación de la Empresa Común, a saber, el establecimiento y conservación de dos categorías distintas de personal, según el organismo miembro que les ponga a disposición, se modificó posteriormente en aspectos importantes y ya no está en condiciones de alcanzar los objetivos que se le asignaron inicialmente, la diferencia de trato deja de estar justificada objetivamente, por cuanto las dos categorías de personal consideradas no tienen idénticas expectativas de carrera ni gozan de la misma seguridad en el empleo.

16 El artículo 156 del Tratado CEEA constituye la expresión de un principio general que garantiza a cualquier parte el derecho a impugnar, con el fin de obtener la anulación de una decisión que la afecte directa e individualmente, la validez de los actos institucionales anteriores, que constituyen la base jurídica de la decisión impugnada, si dicha parte no disponía del derecho a interponer, con arreglo al artículo 146 del Tratado CEEA, un recurso directo contra dichos actos, de los que sufriría de esta forma las consecuencias sin haber podido solicitar la anulación.

Al deberse apreciar la legalidad del acto individual impugnado en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto, es también en dicha fecha, y no en la de su propia adopción, cuando debe apreciarse la legalidad del acto reglamentario que constituye su base jurídica.

17 Toda diferencia de trato que revista el carácter de una excepción a un principio fundamental del Derecho comunitario, no puede considerarse todavía válida, aun cuando la norma que la establezca no haya limitado expresamente su duración, después de que las circunstancias que la justificaban objetivamente hayan desaparecido.

Así ocurre, en particular, cuando la duración limitada en el tiempo de la situación constituya uno de los elementos tomados en consideración para justificar objetivamente una desigualdad de trato. Asimismo, el autor de la norma debe asegurarse de que la situación no se prolongue indebidamente por más tiempo del razonablemente previsto inicialmente.

No hay en ello ninguna contradicción con el principio de legalidad comunitario, que si bien implica, para los justiciables, el derecho a impugnar judicialmente la validez de los Reglamentos, implica igualmente, para todos los sujetos del Derecho comunitario, la obligación de reconocer la plena eficacia de los Reglamentos mientras su invalidez no haya sido declarada por un órgano jurisdiccional competente.

18 Un litigio entre un funcionario y la Institución de que depende o dependía y dirigido a la reparación de un perjuicio está comprendido, cuando tiene su origen en la relación laboral que vincula al interesado con la Institución, en el marco del artículo 152 del Tratado CEEA y de los artículos 90 y 91 del Estatuto de los Funcionarios y se encuentra, por lo que se refiere, en particular, a su admisibilidad, fuera del ámbito de aplicación de los artículos 151 y 188 del mismo Tratado.

19 Cuando la Comunidad incurre en responsabilidad por un acto de una de sus Instituciones, está representada ante el Tribunal de Justicia por la Institución o Instituciones a las que se imputa el hecho que generó la responsabilidad. No obstante, al tratarse de un contencioso comprendido en el marco del artículo 152 del Tratado CEEA y de los artículos 90 y 91 del Estatuto, no puede deducirse que el hecho de haber dirigido un recurso contra la Institución de la que procede el acto lesivo, y no contra aquella a la que se imputó el hecho que generó la responsabilidad, podría comportar la inadmisibilidad del recurso, cuando éste esté relacionado estrechamente con un recurso de anulación que es admisible.

20 La declaración de que una situación jurídica resultante de un acto normativo de la Comunidad es ilegal no basta por sí sola para generar la responsabilidad de la Comunidad en el marco del artículo 152 del Tratado CEEA y de los artículos 90 y 91 del Estatuto. Es preciso, además, que dicho acto incurra en una violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que protege a los particulares.

En un contexto caracterizado por la amplia discrecionalidad de que disponen las Instituciones para fijar, mediante disposiciones generales, las normas relativas a la constitución y al funcionamiento de las Empresas Comunes constituidas de conformidad con el Capítulo 5 del Título II del Tratado CEEA, la Comunidad sólo incurre en responsabilidad en los casos en que la Institución de que se trata ha sobrepasado, de manera manifiesta y grave, los límites establecidos al ejercicio de sus facultades.