ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
23

A este respecto, señala que no está clara la base jurídica de las condiciones generales de transporte de la NMBS, que determinan los derechos y obligaciones respectivos de esta y de los viajeros. Según una primera tesis, se trata de cláusulas puramente contractuales. Conforme a una segunda tesis, constituyen reglamentos en el sentido del Derecho administrativo. Alega que también se discute en el Derecho belga sobre cuál es la naturaleza de la relación jurídica entre la NMBS y el viajero. Con arreglo a una primera tesis dicha relación tiene siempre carácter contractual, aun cuando el viajero no disponga de título de transporte válido. El mero hecho de entrar en la zona en la que es necesario estar en posesión de un título de transporte supone la celebración de un contrato de transporte, que es, por lo tanto, un contrato de adhesión puro. De conformidad con la segunda tesis, la relación será contractual cuando el viajero haya adquirido un título de transporte, pero reglamentaria cuando no disponga de tal título de transporte. El órgano jurisdiccional remitente alega que, en efecto, no existe acuerdo de voluntades, pues el viajero no tiene la intención de pagar por el transporte y la sociedad de transporte no tiene la intención de realizar el transporte sin contraprestación. Dicho tribunal indica que esta discusión parece haber perdido actualidad en Derecho belga, al haber declarado tanto el Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional, Bélgica) como el Hof van Cassatie (Tribunal de Casación) que la teoría de las cláusulas abusivas se aplica también a una relación jurídica reglamentaria.
1)

Una disposición de Derecho nacional, como la controvertida en el litigio principal, que reproduce literalmente el artículo 13, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, en la medida en que se aplica a los vehículos cuya masa máxima autorizada es superior a 2,8 toneladas, pero inferior o igual a 3,5 toneladas, y que, por tanto, no están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 561/2006, en su versión modificada por el Reglamento 165/2014, debe interpretarse exclusivamente sobre la base del Derecho de la Unión, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, cuando dicha disposición haya sido declarada aplicable a esos vehículos por el Derecho nacional de manera directa e incondicional.
8

El capítulo 2, titulado «Las unidades y los conjuntos de unidades», del anexo A del Reglamento n.o 549/2013, incluye en particular los puntos 2.21 a 2.23, 2.27 y 2.28 de dicho anexo, que presentan la siguiente redacción: «Instituciones financieras de ámbito limitado 2.21 Una sociedad holding que se limita a poseer los activos de las filiales es un ejemplo de institución financiera de ámbito limitado. Ejemplos de otras unidades consideradas asimismo instituciones financieras de ámbito limitado son, por ejemplo, las unidades que tienen las características de las [entidades con fines especiales (EFE)] que se describen más arriba, como los fondos de inversión y los fondos de pensiones y las unidades utilizadas para la tenencia y gestión del patrimonio de individuos o familias, la emisión de valores representativos de deuda por cuenta de empresas relacionadas (una empresa de ese tipo puede denominarse intermediaria) y la realización de otras funciones financieras. 2.22 El grado de independencia con respecto a su empresa matriz puede demostrarse mediante el ejercicio de algún tipo de control real sobre sus activos y pasivos que le hagan soportar los riesgos y le permitan aprovechar las ventajas que se derivan de dichos activos y pasivos. Estas unidades se clasifican en el sector de las instituciones financieras. 2.23 Una entidad de este tipo, que no puede actuar independientemente de su empresa matriz y que se limita a poseer pasivamente activos y pasivos (denominada en ocasiones de piloto automático), no se considera una unidad institucional diferenciada a menos que sea residente en una economía distinta de la de su matriz. Si es residente en la misma economía que su matriz, se considera una “filial artificial” de acuerdo a la descripción siguiente. […] Unidades de las administraciones públicas con fines especiales 2.27 Las administraciones públicas pueden crear también unidades con fines especiales con características y funciones similares a las de las instituciones financieras de ámbito limitado y las filiales artificiales. Esas unidades no tienen el poder de actuar independientemente y las operaciones que pueden realizar son limitadas. No asumen los riesgos ni se benefician de las ventajas derivadas de los activos y pasivos que poseen. Esas unidades, si son residentes, se considerarán parte integrante de las administraciones públicas y no unidades diferenciadas. Si son no residentes se considerarán unidades diferenciadas. Todas las operaciones que llevan a cabo en el extranjero deben reflejarse como operaciones correspondientes con las administraciones públicas. Por tanto, se considera que una unidad que se endeuda en el extranjero está prestando la misma cantidad del préstamo original, y en idénticos términos, a las administraciones públicas. 2.28 En resumen, las cuentas de las EFE que no disponen del derecho de actuar de manera independiente se consolidan con las de la empresa matriz, a menos que sean residentes en una economía distinta de la de esta última. Hay una excepción a esta regla general, en el caso de las EFE no residentes creadas por las administraciones públicas.»
39

El banco invoca la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales planteadas basándose, en esencia, en que son de carácter hipotético. Por lo que respecta a las dos primeras cuestiones, el banco sostiene que el órgano jurisdiccional remitente parte del postulado erróneo de que la cláusula controvertida en el litigio principal invierte la carga de la prueba en detrimento del consumidor. Añade que esa cláusula no puede obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor y que, por consiguiente, el punto 1, letra q), del anexo de la Directiva 93/13 no es aplicable al litigio principal. Por lo que respecta a la tercera cuestión prejudicial, el banco sostiene que la jurisprudencia relativa a cláusulas como la controvertida en el litigio principal era uniforme en el momento de la celebración del contrato de préstamo, ya que la Kúria (Tribunal Supremo) había declarado en reiteradas ocasiones que tales cláusulas no modificaban los derechos o las obligaciones del consumidor en relación con las normas del Derecho nacional aplicables. Por último, en lo que atañe a la cuarta cuestión prejudicial, el banco alega que el punto 1, letra m), del anexo de la Directiva 93/13 no es aplicable a la cláusula controvertida en el litigio principal, pues esta no concede al profesional el derecho a determinar si las prestaciones del consumidor se ajustan a lo estipulado en el contrato de préstamo.
17

De conformidad con la segunda línea jurisprudencial, solo ha de examinarse el recurso principal si el carácter fundado de dicho recurso puede proporcionar una ventaja real al recurrente, lo que requeriría que las ofertas de los licitadores que no son partes en el procedimiento adolecieran de la misma ilegalidad en que se basa la resolución por la que se estima el recurso principal. No obstante, esta interpretación ha sido criticada por ser contraria a la sentencia de 5 de abril de 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199), ya que, según se afirma, no tiene en cuenta que, aunque a raíz del examen del recurso principal y del recurso incidental se compruebe que todas las ofertas presentadas, incluidas las de los licitadores que no son partes en el litigio, presentan vicios análogos a aquellos de los que adolecen las ofertas examinadas por el juez, no es menos cierto que la entidad adjudicadora tendría únicamente la facultad, y no la obligación, de reiniciar el procedimiento de adjudicación.
2

El Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la [marca de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), que anuló y sustituyó al Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
20

En primer lugar, por lo que respecta al supuesto incumplimiento de la obligación de motivación, la recurrente sostiene, en primer término, que el Tribunal General no explicó por qué la pretensión indemnizatoria va necesariamente ligada a la interpretación de la carta de entendimiento, a pesar de que el comportamiento reprochado en esa pretensión no es la ruptura del supuesto contrato, sino la vulneración de los derechos fundamentales de MS en la tramitación de la denuncia dirigida contra él, de modo que la interpretación de esa carta no es ni necesaria ni indispensable para examinar dicha pretensión, en el sentido del apartado 80 de la sentencia de 18 de abril de 2013, Comisión/Systran y Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).
69

Por lo que respecta a las consideraciones de Fusion for Energy relativas al hecho de que la sentencia recurrida no ha producido efectos positivos a favor del Sr. Galocha, dado que este no solicitó una indemnización por daños y perjuicios y su pretensión de que se organizara un nuevo procedimiento de selección fue desestimada, debe señalarse que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al recordar, en el apartado 74 de esa sentencia, que, en el marco de un recurso interpuesto en virtud del artículo 270 TFUE y del artículo 91 del Estatuto, el juez de la Unión carece de competencia para dirigir a la administración órdenes conminatorias (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de agosto de 1994, Parlamento/Meskens, C‑412/92 P, EU:C:1994:308, apartado 71). No obstante, aunque el Tribunal General no podía, en consecuencia, acoger la petición de que se organizara un nuevo procedimiento de selección, esta circunstancia no puede por sí sola privar al Sr. Galocha de todo interés en que se declare la anulación del procedimiento de selección en cuestión.
11

El artículo 71, apartados 1, 2 y 4, de esta Ley dispone: «1. Estarán obligados a registrarse a efectos del IVA y a calcular el IVA e ingresarlo en la Hacienda Pública los sujetos pasivos que efectúen entregas de bienes dentro del territorio nacional […]. La persona obligada a registrarse a efectos del IVA deberá presentar una solicitud de registro en ese sentido. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, un sujeto pasivo establecido en la República de Lituania no estará obligado a presentar una solicitud de registro a efectos del IVA ni a calcular el IVA e ingresarlo en la Hacienda Pública, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, por los bienes entregados […] o los servicios prestados en el territorio del país, cuando el importe total anual de la contraprestación en los últimos 12 meses por los bienes entregados o los servicios prestados durante el ejercicio de las actividades económicas no supere las 155000 litas lituanas (LTL). El IVA empezará a calcularse a partir del primer mes en que se supere dicho límite. No se calculará el IVA por los bienes entregados y los servicios prestados cuya contraprestación no supere el importe mencionado de 155000 LTL. […] […] 4. La falta de presentación de una solicitud de registro a efectos del IVA no exime al sujeto pasivo de la obligación de calcular el IVA respecto de los bienes que haya entregado o los servicios que haya prestado.»
2.

Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania — Restricciones a la exportación y al acceso al mercado de capitales de la Unión — Obligación de indicar en la motivación los datos específicos y concretos que justifican la citada medida — Decisión que se enmarca en un contexto conocido por el interesado que le permite comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él — Procedencia de una motivación sucinta [Art. 296 TFUE; Decisión 2014/512/PESC del Consejo, en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2016/2315, art. 1, ap. 2, y anexo III; Reglamento (UE) n.o 833/2014 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1290/2014, art. 5, ap. 2, letras a), b) y c), y anexo VI] (véanse los apartados 76 a 78 y 80 a 83)
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 1, letra f), de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO 2015, L 241, p. 1); del artículo 15, apartado 2, letra a), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36), y del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, y el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO 2009, L 140, p. 16), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015 (DO 2015, L 239, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 2009/28»).
29

El enlace electrónico que figuraba en la mención que acompañaba a la primera casilla, vinculado a las palabras «patrocinadores y empresas colaboradoras» y «aquí», conducía a una lista en la que constaban 57 empresas, sus direcciones, el sector de actividad publicitado y el medio de comunicación utilizado para la publicidad (correo electrónico, correo ordinario o teléfono). El término subrayado «dar de baja» figuraba después del nombre de cada empresa. La lista venía precedida del siguiente aviso: «Al hacer clic en el enlace “Dar de baja”, decido que no puede otorgarse a la empresa colaboradora/patrocinador en cuestión una autorización para hacer publicidad. Si no he dado de baja a ninguna empresa colaboradora/patrocinador o no lo he hecho en cantidad suficiente, Planet49 elegirá libremente para mí empresas colaboradoras/patrocinadores (número máximo: 30 empresas colaboradoras/patrocinadores).»
14

El tribunal remitente considera que no resulta evidente interpretar el artículo 5, apartado 3, letras c) y d), de la Directiva 2001/29 a la luz de los derechos fundamentales, especialmente, de la libertad de información y de la libertad de prensa. Se pregunta, en particular, si esta disposición deja algún margen de apreciación para su transposición al Derecho nacional. A este respecto, señala que, según la jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal, Alemania), cuando una directiva de la Unión Europea no deje a los Estados miembros ningún margen de apreciación para su transposición, las disposiciones del Derecho nacional que transponen dicha directiva deben apreciarse, en principio, no de acuerdo con los derechos fundamentales garantizados por la Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Ley Fundamental de la República Federal de Alemania), de 23 de mayo de 1949 (BGBl 1949 I, p. 1), sino únicamente a la luz de los derechos fundamentales garantizados por el Derecho de la Unión.
10

El Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.o 207/2009 y el Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21), derogó el citado artículo 37, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009.
33

A este respecto, procede recordar que el legislador nacional puede establecer garantías de esta índole siempre que las reglas establecidas a tal efecto no vayan más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos. En particular, la inexistencia de conflictos de intereses es indispensable para el ejercicio de la abogacía e implica, en particular, que los abogados estén en una situación de independencia frente a las autoridades, de las que conviene que no reciban influencia alguna.
28

Dado que la cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente versa sobre la interpretación de la Directiva 2001/23, hay que señalar que, ciertamente, al tratarse de un litigio entre particulares, el Tribunal de Justicia ha declarado, de modo reiterado, que una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una directiva no puede, por consiguiente, en su calidad de tal, ser invocada contra dicha persona. No obstante, el Tribunal de Justicia también ha declarado repetidamente que la obligación de los Estados miembros, derivada de una directiva, de alcanzar el resultado que esta prevé, así como su deber de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas, en el ámbito de sus competencias, las autoridades judiciales (sentencia de 19 de abril de 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, apartado 30 y jurisprudencia citada).
El artículo 7, apartados 1, letra a), y 3, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un Estado miembro que ha ejercido su derecho de libre circulación y ha adquirido en otro Estado miembro la condición de trabajador en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de esta Directiva gracias a la actividad que ha ejercido en el mismo durante un período de dos semanas —en virtud de un contrato que no es de duración determinada— antes de quedar en paro involuntario mantiene la condición de trabajador durante un período adicional de al menos seis meses en el sentido de estas disposiciones, siempre que se haya inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo.
El artículo 5, apartados 2 y 3, del decreto n. 226 del ministro dello sviluppo economico e del ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale recante regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46‑bis del decreto legge 1.o ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Decreto n.o 226 del ministro de desarrollo económico y del ministro competente para las relaciones con las regiones y la cohesión territorial por el que se establecen los criterios de licitación y la evaluación de la oferta para la adjudicación del servicio público de distribución del gas natural, en aplicación del artículo 46 bis del Decreto-ley n.o 159 de 1 de octubre de 2007, convalidado, con modificaciones, por la Ley n.o 222, de 29 de noviembre de 2007), de 12 de noviembre de 2011 (suplemento ordinario de la GURI n.o 22, de 27 de enero de 2012), en su versión inicial, establece lo siguiente:

«2. El valor del reembolso abonado a los titulares de las concesiones que cesen, para las que no se haya establecido un plazo de duración o el previsto supere la fecha de finalización del servicio establecida en la convocatoria de licitación de la nueva adjudicación, se calculará con arreglo a lo dispuesto en los convenios o contratos, de conformidad con el artículo 15, apartado 5, del Decreto Legislativo n.o 164, de 23 de mayo de 2000, en su versión modificada, en particular en los supuestos de resolución anticipada del contrato.

3. Si la metodología para el cálculo del valor del reembolso a los titulares a que se hace referencia en el apartado 2 no resulta de los documentos contractuales, incluido el caso de que se indique de modo genérico que el reembolso deba calcularse a precios de mercado, se aplicarán los criterios del artículo 24, apartado 4, letras a) y b), del Real Decreto n.o 2578, de 15 de octubre de 1925, según las modalidades indicadas en los apartados 5 a 13, con carácter exclusivo, a la parte de la instalación de propiedad del gestor para la que no se hubiera previsto la reversión gratuita a la entidad local concedente en la fecha de extinción de la concesión inicialmente prevista.»
3

Los considerandos 6 a 8, 10 y 11 del Reglamento n.o 1231/2010 enuncian lo siguiente: «El Reglamento (CE) n.o 883/2004 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1)] y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 modernizan y simplifican considerablemente las normas de coordinación tanto para las personas aseguradas como para las instituciones de la seguridad social. En lo que respecta a estas últimas, las normas de coordinación modernizadas tienen por objeto acelerar y facilitar el tratamiento de los datos relativos a los derechos de prestación de las personas aseguradas y reducir los correspondientes costes administrativos. (7) Promover un alto nivel de protección social así como elevar el nivel y la calidad de vida en los Estados miembros son objetivos de la Unión. (8) Para evitar que los empleadores y los organismos nacionales de seguridad social tengan que hacer frente a situaciones jurídicas y administrativas complejas que afecten solo a un grupo limitado de personas, es importante que se utilice un único instrumento jurídico de coordinación, combinando el Reglamento (CE) n.o 883/2004 y el Reglamento (CE) n.o 987/2009, a fin de sacar el máximo provecho de la modernización y de la simplificación en el ámbito de la seguridad social. […] (10) La aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y del Reglamento (CE) n.o 987/2009 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no están cubiertos por ellos no puede dar a los interesados ningún derecho de entrada, estancia ni residencia ni tampoco acceso al mercado laboral en un Estado miembro. La aplicación de dichos Reglamentos no debe afectar, en consecuencia, a la potestad de los Estados miembros de denegar o retirar un permiso de entrada, estancia, residencia o trabajo en su territorio, o de denegar la renovación de tales permisos, de conformidad con el Derecho de la Unión. (11) El Reglamento (CE) n.o 883/2004 y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 solo deben ser aplicables, en virtud del presente Reglamento, a aquellas personas que estén residiendo ya legalmente en el territorio de un Estado miembro. La legalidad de la residencia debe ser, pues, una condición previa a la aplicación de dichos Reglamentos.»