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1)

¿Qué debe entenderse por «embriones humanos» del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44/CE? (1) a) ¿Están comprendidos todos los estadios de desarrollo de la vida humana desde la fecundación del óvulo o deben cumplirse requisitos adicionales, como por ejemplo alcanzar un determinado estadio de desarrollo? b) ¿Están comprendidos también los siguientes organismos: 1) óvulos humanos no fecundados a los que ha sido trasplantado el núcleo de una célula humana madura; 2) óvulos humanos no fecundados que han sido estimulados mediante partenogénesis para que se dividan y sigan desarrollándose? c) ¿Están comprendidas también las células madre obtenidas a partir de embriones humanos en el estadio de blastocisto?
1)

«¿El mecanismo de reconocimiento contemplado en el artículo 3, letra b), de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19), en su versión modificada por el artículo 1, apartado, 3 de la Directiva 2001/19/CΕ (DO L 206) y antes de su derogación mediante el artículo 62 de la Directiva 2005/36/CΕ (DO L 255), se aplica a los casos en que la profesión de que se trata está regulada en el Estado miembro de procedencia en el sentido del artículo 1, letra d), párrafo segundo, de la Directiva, y el interesado no es miembro pleno de una asociación u organización que reúne los requisitos del mencionado párrafo?».
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 233/10

Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Parma el 27 de julio de 2009 — Isabella Calestani/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

(Asunto C-292/09)

2009/C 233/17

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione tributaria provinciale di Parma

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Isabella Calestani

Demandada: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

Cuestión prejudicial

¿El artículo 19, apartado 5, del DPR no 633/72 es contrario al Derecho comunitario y al principio de neutralidad del IVA? En particular, ¿se ha producido una adaptación incorrecta del Derecho interno a la Sexta Directiva 77/388/CEE, (1) de 17 de mayo de 1977, en la medida en que éste no establece el derecho a deducirse el IVA sobre las adquisiciones por parte de sujetos pasivos que realizan operaciones exentas?

(1) DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.
1.

En su primer motivo de casación, el Hotel Cipriani critica la violación y la aplicación incorrecta del artículo 87 CE, apartado 1, invocando un defecto de motivación o una motivación contradictoria en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Las disposiciones legales y reglamentarias consideradas incompatibles con el artículo 87 CE no provocan distorsión alguna ni riesgo de distorsión de la competencia en el mercado común en el sector de la hostelería y de la restauración (en el que precisamente opera el Hotel Cipriani), y ello, bien porque el contexto de la ciudad de Venecia es tan peculiar que no existe repercusión alguna en el mercado común, bien porque las reducciones de cargas de que se trata se limitan a compensar los gastos extraordinarios para las empresas derivados de la dificultad de operar en el mercado geográfico de referencia en las mismas condiciones que en las demás partes del mercado común europeo. El Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta adecuadamente estas circunstancias específicas, limitándose a sostener –sin profundizar debidamente en la cuestión– que las ayudas concedidas a las empresas venecianas sobrepasaban la compensación de las desventajas ambientales, lo que constituye el defecto de motivación o la motivación contradictoria denunciada en la sentencia recurrida.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 102/13

Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italia) el 20 de febrero de 2009 — Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Asunto C-75/09)

2009/C 102/20

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Agra Srl

Demandada: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

Cuestión prejudicial

Según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Legislativo no 374/1990 en relación con el artículo 221, apartados 3 y 4, del Reglamento no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, teniendo en cuenta el artículo 84, apartado 3, del Texto refundido de las disposiciones legislativas en materia aduanera (DPR no 43/1973), ¿ha prescrito o caducado el derecho de la Agencia Aduanera a ejercer la acción de revisión de la liquidación por el transcurso de tres años desde la fecha de la declaración aduanera o ese plazo puede sufrir interrupciones o suspensiones durante un proceso penal pendiente basado en la infracción de los derechos aduaneros a los que se refiere la liquidación?
—

Que se declare que, al mantener en vigor la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y en particular el apartado 5 del artículo 24 y los apartados 1, 2 y 4 del artículo 27 de la misma, que establecen un sistema de bonificaciones y exenciones de las tasas portuarias, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario (1) y, en particular, del artículo primero del Reglamento (CEE) no 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros.
7)

En caso de que se estime que las medidas adoptadas mediante el Decreto Presidencial no 164/2004 no son efectivas y, por consiguiente, resulte aplicable el régimen jurídico anterior a éste (artículo 8, apartado 3, de la Ley no 2112/1920), en el marco de la obligación de interpretación del Derecho nacional conforme al Derecho comunitario, ¿es compatible con el Derecho comunitario la interpretación de normas de rango superior del ordenamiento jurídico nacional (artículo 103, apartado 8, de la Constitución) en el sentido de que prohíben terminantemente la transformación de contratos de duración determinada en contratos por tiempo indefinido, aunque de dichos contratos resulte que en realidad se celebraron abusivamente basándose en disposiciones dirigidas a atender necesidades extraordinarias, adicionales y en general transitorias, ya que con ellos se han atendido necesidades permanentes y duraderas del empresario del sector público (véanse, en este sentido, las sentencias de la Gran Sala del Areios Pagos nos 19/2007 y 20/2007), cuando también cabe interpretarlas en el sentido de que dicha prohibición debe limitarse únicamente a los contratos de trabajo de duración determinada que se celebraron efectivamente para atender necesidades transitorias, imprevistas, urgentes o extraordinarias y no se refieren a los casos en que en realidad se celebraron para atender necesidades permanentes y duraderas (véase, en este sentido, la sentencia de la Gran Sala del Areios Pagos no 18/2006)?
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 6, 9, 10 y 11 de los Reglamentos (CE, EURATOM) no 1552/89 (1) del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, y no 1150/2000 (2) del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CEE Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, así como del artículo 220 del Reglamento (CEE) no 2913/92 (3) del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, al no haber respetado los plazos señalados para el ingreso de los recursos propios de la Comunidad en caso de recaudación a posteriori y del consiguiente pago extemporáneo de éstos últimos a la Comunidad.
—

Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE, al imponer, fundamentalmente en los artículos 3, apartado 2, 6, apartado 1, y 7 del Decreto-ley no 550/99, de 15 de diciembre de 1999, y en el número 1, letra e), de la Orden no 1165/2000, de 9 de diciembre de 2000, a las entidades de otros Estados miembros que pretendan ejercer en Portugal la actividad de inspección de vehículos restricciones a la libertad de establecimiento consistentes, en particular, en la subordinación de la concesión de autorizaciones al interés público, en la exigencia de un capital social mínimo de 100 000 euros, en la limitación del objeto social de las empresas y en la aplicación a los socios, gerentes y administradores de normas de incompatibilidad con otras actividades.
—

Que se declare que, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la Directiva 2005/29/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») o, en cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha directiva.
—

Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo (1), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 183/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Antwerpen (Bélgica) el 18 de abril de 2008 — Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely/Belgische Staat

(Asunto C-161/08)

(2008/C 183/19)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van beroep te Antwerpen

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely

Recurrida: Belgische Staat

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1593/91 (1) de la Comisión, de 12 de junio de 1991, en relación con artículo 11, apartado 1, del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, de 14 de noviembre de 1975 (Convenio TIR), en el sentido de que el plazo de caducidad establecido en el artículo 11, apartado 1, del Convenio TIR únicamente se aplica en beneficio de la asociación garante, pero no en beneficio del titular del cuaderno, o, en su caso, que el la inobservancia del plazo de un año contado a partir de la inscripción del cuaderno TIR respecto al titular del mismo influye en la exigibilidad de la deuda aduanera o, en su caso, de los impuestos especiales y derechos específicos y en su responsabilidad, y que la inobservancia del plazo de un año compromete el derecho de las autoridades aduaneras competentes a proceder a la recaudación de la deuda?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento (CEE) no 1593/91 de la Comisión, de 12 de junio de 1991, en relación con el artículo 11, apartados 1 y 2, del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, de 14 de noviembre de 1975 (Convenio TIR), en el sentido de que el plazo establecido en la citada disposición únicamente es válido para la aportación de la prueba de la regularidad de la exportación, pero no para la aportación de la prueba relativa al lugar de comisión de la infracción o irregularidad?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento (CEE) no 1593/91 de la Comisión, de 12 de junio de 1991, en relación con el artículo 11, apartados 1 y 2, del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, de 14 de noviembre de 1975 (Convenio TIR), en el sentido de que, en la medida en que el plazo previsto en la citada disposición también es válido para la aportación de la prueba relativa al lugar de comisión de la infracción o irregularidad, dicho plazo no es un plazo de caducidad y que el titular del cuaderno puede aportar por el momento dicha prueba tras la expiración de dicho plazo?

(1) Reglamento (CEE) no 1593/91 de la Comisión, de 12 de junio de 1991, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 719/91 del Consejo relativo a la utilización en la Comunidad de los cuadernos TIR, así como de los cuadernos ATA como documentos de tránsito (DO L 148, p. 11).
1)

Si es lícito considerar que el régimen de perfeccionamiento activo, del modo en que ha sido aplicado por POMETON S.p.A., puede vulnerar los principios de política aduanera de la Comunidad y, en particular, los referentes a la normativa antidumping general y específica, además de los del Código Aduanero Comunitario [Reglamento (CE) no 2913/92] (1). En particular se pregunta si el artículo 13 del Reglamento (CE) no 384/96 (2) debe interpretarse como un principio de carácter general, aplicable como cláusula general del ordenamiento comunitario, directamente vinculante incluso en las relaciones entre autoridades nacionales y contribuyentes, más allá del procedimiento de fijación del derecho antidumping; por ejemplo, si cabe invocar dicho artículo en el marco de la realización de controles aduaneros en el sentido del artículo 4, punto 14, del Código Aduanero Comunitario [Reglamento (CE) no 2913/92].
—

Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, apartados 1, letra a), y 2, del Reglamento (CE) no 2135/98 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 561/2006 de 15 de marzo de 2006, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que todos los vehículos que se pusieron en circulación por primera vez después del 1 de mayo de 2006 estén equipados con un aparato de control conforme a los requisitos del anexo I B del Reglamento (CE) no 3821/85 y al no haber garantizado la expedición de las correspondientes tarjetas de conductor.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 92/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 28 de enero de 2008 — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft

(Asunto C-33/08)

(2008/C 92/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Agrana Zucker GmbH

Demandada: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 11 del Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006 (1), en el sentido de que una cuota de azúcar que no puede utilizarse como consecuencia de una retirada preventiva conforme al artículo 3 del Reglamento (CE) no 493/2006 de la Comisión, de 27 de marzo de 2006 (2), ha de estar incluida en el método de cálculo del importe temporal de reestructuración?

2) En caso respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Es compatible el artículo 11 del Reglamento no 320/2006 con el Derecho primario, y en particular con la prohibición de discriminación derivada del artículo 34 CE y con la protección de la confianza legítima?

(1) Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se modifica el Reglamento (CE) no 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 58, p. 42).

(2) Reglamento (CE) no 493/2006 de la Comisión, de 27 de marzo de 2006, por el que se establecen medidas transitorias en el marco de la reforma de la organización común de mercados en el sector del azúcar y se modifican los Reglamentos (CE) no 1265/2001 y (CE) no 314/2002 (DO L 89, p. 11).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 64/31

Recurso de casación interpuesto el 22 de enero de 2008 por Sunplus Technology Co. Ltd contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) dictada el 15 de noviembre de 2007 en el asunto T-38/04, Sunplus Technology Co. Ltd/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

(Asunto C-21/08 P)

(2008/C 64/44)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Sunplus Technology Co. Ltd (representantes: H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, K. Lochner, B. Ertle, C. Neuhierl, S. Prückner, Rechtsanwälte)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Sun Microsystems, Inc.

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a la OAMI al pago de las costas del procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error en la aplicación e interpretación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 (1) al comparar partes individuales de dos marcas y no valorar la impresión de conjunto que producen en el consumidor.

A juicio de la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia distorsionó los hechos y las pruebas cuando afirmó que la parte gráfica de la marca solicitada contiene un sol estilizado en vez de un símbolo de una «estrella» y cuando omitió tener en cuenta la letra «S» al comparar la impresión de conjunto de las marcas.

La recurrente sostiene además que el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia es contradictorio en tanto, en el apartado 39 de la sentencia, observa que los otros componentes crean diferencias entre las marcas pero no toma en consideración dichos componentes cuando compara las marcas desde el punto de vista fonético.

Por último, la recurrente aduce que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error al no tener en cuenta la categoría de los bienes y servicios de que se trataba y las circunstancias en que se comercializan al valorar el riesgo de confusión.

(1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, DO L 11, p. 1.
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/23/CE, al haber mantenido en vigor lo dispuesto en el artículo 47, apartados 5 y 6, de la Ley no 428, de 29 de diciembre de 1990 en caso de crisis empresariales conforme al artículo 2, apartado quinto, letra c), de la Ley no 675, de 12 de agosto de 1977, de forma que no quedaban garantizados los derechos de los trabajadores enumerados en los artículos 3 y 4 de la citada Directiva, en caso de traspaso de empresas respecto de las cuales se hubiera declarado la existencia de una «situación de crisis».
1.

¿Contiene la disposición del artículo 6, apartado 1, de la Decisión no 3/80 (1), a la vista de su tenor y del objetivo y la naturaleza de la Decisión no 3/80 y del Acuerdo de Asociación (2), una obligación clara y precisa cuya aplicación y efecto no requieren un acto posterior, de suerte que tal disposición se preste a una aplicación directa?
2) El reexamen se referirá a la cuestión de si, habida cuenta en particular del principio general de seguridad jurídica, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 19 de julio de 2018, HG/Comisión (T‑693/16 P, no publicada, EU:T:2018:492), vulnera la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión en la medida en que dicho Tribunal, en cuanto órgano jurisdiccional de casación, resolvió que la formación de los Jueces que dictó la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 19 de julio de 2016, HG/Comisión (F‑149/15, EU:F:2016:155), había sido compuesta de forma irregular como consecuencia de una irregularidad que afectaba al procedimiento de nombramiento de uno de los miembros de esta formación y que suponía una vulneración del principio del juez predeterminado por la ley consagrado en el artículo 47, párrafo segundo, primera frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El reexamen tendrá en particular por objeto dilucidar si, a semejanza de lo que ocurre con los actos contemplados en el artículo 277 TFUE, el nombramiento de un Juez puede someterse a un control incidental de legalidad o si tal control incidental de legalidad queda —por principio o una vez transcurrido un cierto período de tiempo— excluido o limitado a determinados tipos de irregularidades con el fin de garantizar la estabilidad jurídica y la fuerza de cosa juzgada.
250.

A este respecto, ha de recordarse que, en virtud del artículo 2 TFUE, apartado 1, los Estados miembros no podrán adoptar actos que produzcan efectos jurídicos en los ámbitos que sean competencia exclusiva de la Unión, salvo si son facultados por ésta. Pues bien, es cierto que el Reglamento (UE) n.o 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países (DO 2012, L 351, p. 40), faculta a los Estados miembros, con sujeción a requisitos estrictos, para mantener en vigor, o incluso celebrar, acuerdos bilaterales en materia de inversiones directas con un tercer Estado mientras no exista un acuerdo en materia de inversiones directas entre la Unión y ese tercer Estado. Sin embargo, desde que entra en vigor tal acuerdo entre la Unión y dicho tercer Estado, la referida facultad deja de existir.
28.

El municipio interpuso recurso contra esta resolución interpretativa de la normativa tributaria. El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó el recurso. En opinión de dicho órgano jurisdiccional, la falta de equivalencia de las contribuciones propias es esencialmente una característica de todas las relaciones de Derecho civil en las que se recibe lo que se denomina una subvención al precio de bienes o servicios. Ese órgano jurisdiccional no compartió tampoco la postura del municipio de que las operaciones realizadas no persiguen un ánimo de lucro sino aumentar la cuota de las FER en la producción total de energía. En opinión de aquel órgano jurisdiccional, la realización del segundo objetivo no excluye la realización del primero. El municipio recibe de los propietarios de los inmuebles el reembolso del 25 % de los costes subvencionables incurridos, por lo que la instalación no se realiza sin la participación financiera de los propietarios. El hecho de que el municipio no obtenga beneficios tampoco afecta a la evaluación de si estas operaciones quedan comprendidas en el ámbito de una actividad económica.