El Tribunal de Justicia puede plantearse de oficio la falta de interés de una parte para interponer o proseguir un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, debido a un hecho posterior a dicha sentencia que pueda quitarle su carácter perjudicial, y puede declarar la inadmisibilidad del recurso de casación o que éste carece de objeto por tal motivo. En efecto, la existencia de un interés del recurrente para ejercitar la acción supone que el recurso de casación puede procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto. Sin embargo, el interés de un recurrente en obtener la anulación de tal sentencia e, indirectamente, del Reglamento que impugnó en primera instancia no puede negarse basándose en que éste último ya no produce efectos en el futuro. En efecto, dicha anulación puede tener por sí misma consecuencias jurídicas, principalmente evitar la repetición de una práctica irregular por parte de las instituciones comunitarias.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal de Primera Instancia haya admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, esta apreciación no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

Al determinar el perjuicio que se considera que sufrió la industria comunitaria en el marco de un procedimiento anti-subvenciones, el Consejo y la Comisión tienen la obligación de examinar si el perjuicio que pretenden precisar se debe efectivamente a unas importaciones que hayan sido objeto de subvenciones y de excluir cualquier perjuicio que se deba a otros factores y, en particular, al causado por el propio comportamiento de los productores comunitarios. Corresponde a las instituciones comunitarias verificar si los efectos de esos otros factores han podido romper la relación de causalidad entre, por un lado, las importaciones de que se trata y, por otro, el perjuicio sufrido por la industria comunitaria. Asimismo, corresponde a las instituciones comunitarias verificar que el perjuicio imputable a esos otros factores no se tiene en cuenta en la determinación del perjuicio en el sentido del artículo 8, apartado 7, del Reglamento no 2026/97 del Consejo, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad, y que, por consiguiente, el derecho compensatorio impuesto no sobrepasa lo necesario para eliminar el perjuicio causado por las importaciones que son objeto de subvención.

Un comportamiento que afecta directamente a los precios de los productos fabricados en la Comunidad, como el pago de derechos, puede poner en entredicho, en primer lugar, la relación de causalidad entre las importaciones subvencionadas y el perjuicio y, en segundo lugar, la evaluación del perjuicio sufrido por la industria comunitaria como consecuencia de la subcotización de los precios de las antedichas importaciones.

Según el artículo 8, apartado 7, del Reglamento no 2026/97, también deberán examinarse otros factores conocidos, distintos de las importaciones subvencionadas, para garantizar que el perjuicio causado por esos otros factores no se atribuye a las importaciones subvencionadas. Por tanto, el objetivo de esta norma es que no se confiera a la industria comunitaria una protección que vaya más allá de lo necesario.

Sin embargo, si las instituciones comunitarias comprueban que, a pesar de tales factores, el perjuicio causado por las importaciones objeto de subvenciones es importante en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 2026/97, la relación de causalidad entre las importaciones subvencionadas y el perjuicio sufrido por la industria comunitaria podrá demostrarse. Para demostrar que se mantiene la relación de causalidad entre las importaciones subvencionadas y el perjuicio sufrido por la industria comunitaria, podrá bastar con que las instituciones comunitarias comprueben que, a pesar del factor externo, el perjuicio de los productores comunitarios fue considerable. Por tanto, puede considerarse que el pago de derechos no pudo tener incidencia sobre el perjuicio causado por las importaciones subvencionadas, si ese factor ya se daba antes de que dichas importaciones adquiriesen un volumen considerable. Asimismo, el pago de tales derechos no afecta al perjuicio sufrido por la industria comunitaria cuando la práctica referida afectó tanto a los precios comunitarios como a los precios de importación.

(véanse los apartados 87 a 93)