2.

Ello nos lleva a la siguiente cuestión, a saber, la de si efectivamente la Comisión tuvo en cuenta de manera suficiente y correcta todas las circunstancias esenciales para la apreciación del sistema de distribución de las labores del tabaco en Bélgica y, en consecuencia, obró correctamente al declarar que existía una restricción sensible de la competencia a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. A este respecto, como se sabe, las demandantes se remiten a las especiales condiciones de competencia que caracterizan al mercado de labores del tabaco. Desde' su punto de vista, resulta determinante la percepción de un elevado impuesto proporcional calculado sobre la base del precio de venta al por menor establecido por el fabricante o el importador, estando limitada la competencia a la baja en razón de la existencia de un impuesto mínimo. Por otra parte, las normas vigentes en Bélgica en materia de control de precios no permiten aplicar aumentos de precios a voluntad, sino que, en el caso de las labores del tabaco, rige la norma del precio fijo establecida en el artículo 58 de la Ley belga de 3 de julio de 1969, de la que ya se trató en la sentencia inno, antes citada. Además, alegan que debe tenerse en cuenta que, con arreglo al Derecho belga, no es posible adquirir diferentes precintas de circulación para una misma marca de cigarrillos, y que también las disposiciones de la normativa sanitaria afectan a la competencia. En su opinión, la Comisión no tuvo en cuenta esta circunstancia, o al menos no lo hizo de manera adecuada. Siempre según las demandantes, en su apreciación de la magnitud de la restricción de la competencia, la Comisión pasó por alto, en particular, el hecho de que las mencionadas normas reducen sustancialmente el margen de competencia existente -algunas llegan a sostener incluso que prácticamente excluyen la competencia- y de que las empresas interesadas no tienen más remedio que contrarrestar las distorsiones de la competencia inducidas por el Estado, que excluyen una «workable competition», mediante medidas de regulación del mercado. a) A mi entender, es útil iniciar el examen de este conjunto de cuestiones controvertidas con una breve exposición de la apreciación de las «medidas anteriores» desde el punto de vista del Derecho de la competencia que hace la Comisión en su Decisión, pues, si bien es cierto que, en principio, dicho examen se refiere a la totalidad de las medidas de regulación de la distribución de labores del tabaco, no lo es menos que, en última instancia, se pondrá de manifiesto la necesidad de formular algunas consideraciones específicas sobre dichas medidas. aa) Las medidas anteriores — Por lo que respecta, en primer lugar, a la clasificación de los comerciantes en categorías y la asignación de márgenes de beneficio fijos para cada una de ellas, la Comisión lo considera una restricción de la competencia entre fabricantes basada en los márgenes de beneficio que conceden. Por otra parte, también parte de la base de que constituye una restricción del margen de competencia entre los mayoristas. La Comisión basa su conclusión en que -dado que, según asegura, los criterios de clasificación no tienen en cuenta el resto de los servicios y esfuerzos prestados por los comerciantes de forma individual- se hace imposible la competencia basada en los servicios prestados a los fabricantes y en que los mayoristas no compiten entre sí a través de la fijación de sus precios de reventa. — La imposición a los mayoristas y a los minoristas, respectivamente, de la obligación de respetar los precios de venta y de reventa establecidos por los fabricantes es considerada asimismo por la Comisión una restricción de la competencia basada en los precios que podría existir respecto de una misma marca. — En la medida en que se estableció un límite cuantitativo al número de mayoristas de determinadas categorías que debían reconocerse, la Comisión declara la existencia de una restricción de la posibilidad de acceso al mercado de los mayoristas no reconocidos. — En relación con la prohibición, impuesta a los mayoristas reconocidos, de suministrar a otros mayoristas y a determinados minoristas, la Comisión estima que, con ella, se privó a este tipo de intermediarios de la posibilidad de efectuar determinadas ventas y mejorar su posición de mercado; además, se impidió a los compradores adquirir mayores cantidades y en mejores condiciones. — Por lo que respecta a la imposición de plazos de pago máximos a los mayoristas, la Comisión subraya que incidió en los márgenes de beneficio de los fabricantes y de los comerciantes. — Sobre la obligación de los minoristas de ofrecer un surtido mínimo, la Comisión critica, por último, el hecho de que impidiera promover de forma especial las ventas de una determinada marca, y que ello obligó a los comerciantes a mantener existencias de marcas difíciles de vender, dando lugar a una inmovilización improductiva de su fondo de maniobra. bb) La Comisión valora de forma similar las medidas de carácter análogo contenidas en la recomendación — Por lo que respecta a la clasificación de los comerciantes en categorías y la asignación de márgenes de beneficio a cada una de ellas, la Comisión se refiere igualmente a la existencia de una restricción de la competencia tanto entre los fabricantes como entre los revendedores. En la medida en que la clasificación se hace en función del número de marcas ofrecidas —con lo que se crea una cierta obligación en relación con la composición del surtido—, se considera, también por lo que respecta a las medidas anteriores, que existe una restricción de la competencia que afecta a dichos comerciantes. — En relación con la normativa relativa a la bonificación de fin de año, la Comisión concluye que se restringe la competencia entre fabricantes en este ámbito. Además, la Comisión subraya que, de este modo -dado que la bonificación se calcula sobre la base de las compras totales realizadas a todos los fabricantes-pierden su sentido los esfuerzos especiales de un comerciante para obtener ventajas adicionales de un fabricante y la concentración de las compras en un determinado fabricante, por no mencionar el hecho de que dicho sistema penaliza a los fabricantes que entran por primera vez en el mercado, lo que dificulta el acceso al mercado. — En relación, por último, con la imposición de plazos de pago máximos uniformes, se señala, al igual que en el caso de las medidas equivalentes del sistema anterior, que impide la competencia en este ámbito. b) Asimismo, dado que las demandantes consideran -y la Comisión no se ha opuesto, en principio- que la apreciación de estas restricciones de la competencia está condicionada por determinadas normas y prácticas estatales -los fabricantes hablan, a este respecto, de imperativos a que se ven sometidos los participantes en el mercado— que afectan al mercado, parece conveniente empezar por una exposición detallada de las mismas y tratar de evaluar sus efectos sobre la base de los elementos que se han puesto de manifiesto durante el procedimiento. aa) El sistema fiscal belga En el sector de las labores del tabaco, el sistema fiscal belga se caracteriza por la existencia de un elevado impuesto proporcional calculado sobre la base del precio de venta al por menor establecido por el fabricante o el importador, que son los sujetos pasivos del impuesto. Como se puso de manifiesto durante la vista, siempre ha sido así. El sistema no fue modificado tampoco tras la aprobación de la Directiva 72/464/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco (DO L 303, p. 1; EE 09/01, p. 39). Con arreglo a dicha Directiva, durante la primera etapa de la armonización la proporción del impuesto específico no podrá ser inferior al 5 %, obligación a la que se ha atenido Bélgica; durante la segunda etapa de la armonización se aplica el mismo porcentaje, si bien incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido. Tampoco parece que, en un futuro previsible, vaya a producirse un deslizamiento aún mayor de la relación entre el impuesto proporcional y el impuesto específico en favor de este último. Me remito, a este respecto, a la Directiva no 77/805, con la que se dio inicio, a partir del 1 de julio de 1978, a la segunda etapa de la armonización, así como a las consideraciones formuladas durante la vista sobre la evolución previsible de esta cuestión. El efecto fundamental de un sistema impositivo como éste consiste en que cada modificación en algún elemento de costes distinto del impuesto sobre el consumo y del Impuesto sobre el Valor Añadido, también proporcional, se traduce en una variación de una magnitud varias veces superior en el precio de venta al por menor; de este modo -como han declarado las demandantes- se multiplica el valor de cualquier acción competitiva. Por ello, se suele hablar de la existencia de un «multiplicador». En el sistema belga, el multiplicador se sitúa entre 4 y 5, y -como se ha demostrado- ni siquiera en el período comprendido entre 1972 y 1978 mostró una tendencia a disminuir, como correspondería al objetivo de la armonización, sino que más bien registró una tendencia a aumentar. Las demandantes -pero también la Comisión durante la vista- demostraron de manera convincente, con la ayuda de ejemplos numéricos, en qué se traduce esto en la realidad económica. Así, el incremento de un solo elemento de costes, como la parte correspondiente al fabricante o el margen de los comerciantes, produce un aumento desproporcionadamente mayor en el precio de venta al por menor, lo cual, en caso de diferenciación de los márgenes comerciales y la consiguiente diferenciación de los precios de venta al por menor, darían lugar a ventajas competitivas enormes en favor de las formas de distribución menos intensivas en costes. En sentido inverso, una reducción de los elementos de costes tendría como consecuencia una disminución desproporcionadamente grande del precio de venta al por menor, ya que la cuantía correspondiente a la renuncia a una parte de su beneficio por parte del fabricante o del comerciante se ve, por así decirlo, multiplicada con cargo a recursos fiscales. Por ello, está justificado hablar de la existencia de un efecto de distorsión de la competencia en perjuicio de los productos intensivos en costes -como las nuevas marcas, las pequeñas marcas o las marcas de pequeños fabricantes- y de las formas de distribución intensivas en costes. Así se reconoce expresamente, por lo demás, en los considerandos de la Directiva no 72/464: en ella, se afirma que los impuestos que gravan actualmente el consumo de labores del tabaco no son neutros desde el punto de vista de la competencia y que pueden falsear las condiciones de competencia, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito comunitario. En el mismo sentido se pronuncia también el Comité Económico y Social en su dictamen sobre la propuesta de Directiva, Quinta Directiva del Consejo relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco (DO 1976, C 204, p. 1). En cierto modo, la distorsión de la competencia se ve reforzada aún en mayor medida por el hecho de que el artículo 10 de la Directiva no 72/464 contempla la introducción de un impuesto mínimo -como ha ocurrido en Bélgica- cuyo importe no puede ser superior al 90 % del importe acumulado del impuesto especial proporcional y del impuesto especial específico que graven los cigarrillos más solicitados. Pues, con ello, es evidente que se descarta la plena acción del efecto multiplicador a la baja, fomentando el abaratamiento de los productos. En tales circunstancias, los fabricantes tienen prácticamente vedado -en particular, si se tienen en cuenta las existencias que mantienen los comerciantes- aplicar reducciones de precios. En efecto, al no renunciar los comerciantes a su margen, sus existencias tendrían que ser desgravadas, a costa del fabricante, por un importe más que proporcional que ascendería a varias veces el beneficio al que está dispuesto a renunciar el fabricante, o bien éste tendría que retirar las mercancías para conseguir la devolución de los impuestos abonados y colocar nuevas precintas, lo que queda descartado por resultar demasiado costoso. En una situación en la que, debido al efecto de encarecimiento del multiplicador, los productos que soportan costes elevados tienen unas oportunidades de mercado sensiblemente reducidas, se produce manifiestamente otra consecuencia, como es el efecto de nivelación o compresión sobre el margen de los fabricantes y los costes de distribución. Así lo demuestra el hecho de que el 80 % de los cigarrillos vendidos en Bélgica pertenezcan a la clase de precio más solicitada o a una clase inferior; durante un tiempo, dicho precio ascendía a 41 BFR, mientras lo cigarrillos más baratos costaban 38 BFR. A este respecto, es posible remitirse, asimismo, a la tabla que figura en la página 81 de la duplica de la Comisión, a juzgar por la cual la parte del precio de venta de los cigarrillos que corresponde a la industria y la distribución en Bélgica es la más baja de todos los Estados miembros, con la excepción de Luxemburgo. Asimismo, puede hacerse referencia a los extractos de un informe de la Price Commission británica reproducidos en la página 18 de la réplica en el asunto 215/78, según los cuales el efecto multiplicador de un impuesto proporcional elevado -en el informe se hablaba únicamente de un impuesto proporcional del 30 %- conlleva la necesidad de reducir los costes al máximo. En virtud de todo, ello, puede partirse perfectamente de la base de que un sistema de impuestos sobre el consumo en el que el elemento proporcional del impuesto sea muy elevado limita de forma considerable el margen de competencia de los participantes en el mercado y provoca distorsiones de la competencia que no pueden ignorarse a la hora de aplicar el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. bb) Las disposiciones belgas de control de precios Con arreglo al arrêté ministériel de 22 de diciembre de 1971, los aumentos de precios deben notificarse al ministre des affaires économiques (Ministro de Economía) con dos meses de antelación con respecto a la fecha prevista para su aplicación. Este dicta una recomendación que puede surtir el efecto, si el incremento de precios previsto supera la cuantía indicada en la recomendación, de obligar a aplazar su aplicación. A la vista de esta normativa, cuyo efecto retardador es innegable, así como de la apreciación de sus efectos, en el sector del tabaco concurren dos circunstancias especialmente significativas. Al parecer, que la normativa se aplica de forma minuciosa y estricta, ya que afecta ai índice de precios, que desempeña un papel importante en numerosos sectores. En las negociaciones con el sector del tabaco participa también el ministre des finances (Ministro de Hacienda) -el cual ejerce una influencia bastante determinante-, ya que, en determinadas circunstancias, es preciso crear nuevas precintas y modificar la cuantía del impuesto mínimo, pero también porque pueden afectar a los ingresos fiscales. La principal preocupación del ministre des finances —en particular en los últimos años, en los que se ha producido un sustancial aumento de los impuestos— es garantizar la participación del fisco en todo aumento de precios, en algunos casos, en detrimento de las demás partes. Asimismo, también se esfuerza por evitar aumentos excesivos de precios que puedan provocar una contracción del consumo y, con ello, una disminución de los ingresos fiscales. Estas circunstancias determinan, por un lado, que se proceda a un minucioso examen de todos los elementos del precio, incluidos los distintos márgenes de beneficio. Así, de documentos aportados durante el procedimiento -un escrito y una resolución de la Comisión de Precios de 1976- se desprende que se autorizó un aumento determinado con toda exactitud de los márgenes comerciales, y más concretamente aún del margen de los mayoristas. Asimismo, se ha demostrado que, de un aumento de los precio de 5 BFR aplicado en 1977, la mayor parte correspondió al Estado, concediéndose sólo una pequeña fracción a los minoristas. También reviste interés el hecho de que, en 1978, las autoridades competentes en materia de precios mantuvieron éstos a un nivel considerablemente menor del solicitado por los interesados —en lugar de 28 BFR, tan sólo se autorizó un aumento de 20 BFR a los fabricantes, y en lugar de 12 BFR, sólo se autorizó 8 BFR a los comerciantes—, lo que dio lugar a una reducción de los márgenes en términos porcentuales. Las mencionadas particularidades en la aplicación del sistema de control de precios, en particular la participación del ministre des finances, explican que la Administración —si bien no se excluyen ni las notificaciones individuales por parte de una sola empresa ni la aplicación de medidas de precios individuales- valore positivamente las negociaciones colectivas con asociaciones, es decir, una cierta concertación. A este respecto, resulta significativo el ejemplo, expuesto por la demandante BAT, relativo a la introducción de una nueva marca a un precio fijo bajo, en cuyo caso, al parecer —para mayores detalles, me remito a las explicaciones aportadas durante la vista-tras un aumento general de los precios en 1977, sólo se consiguió mantener el precio más bajo deseado por el fabricante tras no poca insistencia y sólo durante un breve período de tiempo. Así pues, cabe señalar que la aplicación de las disposiciones de control de precios favorecen las actuaciones colectivas en la determinación de los precios y de sus diversos elementos. Por otra parte, puede afirmarse también, habida cuenta de la considerable compresión de la parte correspondiente al fabricante y de los márgenes a que conduce la aplicación de la normativa-debido, por ejemplo, a que en 1979 hubo que asimilar la contracción de las ventas provocada por los aumentos de impuestos- que dicha aplicación contribuye a reducir de forma sustancial el margen de competencia. cc) La política fiscal belga En este contexto, las demandantes añadieron también algunas consideraciones específicas sobre la política fiscal belga. Según su exposición, los impuestos sobre el tabaco constituyen una importante fuente de ingresos fiscales; dado que las previsiones sobre su cuantía figuran en el presupuesto, debe ser previsible con un alto grado de fiabilidad. Además, se registra una tendencia al aumento de los ingresos, lo que se demuestra por el hecho de que, en los últimos diez años, el impuesto se haya quintuplicado. En efecto, es innegable -algo que ya se dijo en relación con el anterior punto tratado, relativo al control de precios- que también la política fiscal contribuye de manera significativa a limitar el campo de acción de las empresas. Me remito, una vez más, a lo ya expuesto en relación con los esfuerzos de la demandante BAT por mantener un determinado nivel de precios para una nueva marca. A este respecto, son pertinentes, asimismo, las declaraciones realizadas põiel Gobierno belga en un procedimiento iniciado en su contra con arreglo al artículo 169 del Tratado. Según dichas declaraciones, cabe suponer que, en una situación en la que se produj era una reducción del precio de venta al por menor -en razón, por ejemplo, de los esfuerzos competitivos especiales realizados por los comerciantes en relación con una marca concreta, recompensados con una mayor remuneración-, el ministre des finances no aceptara la consiguiente disminución de los ingresos derivados de los impuestos sobre el tabaco y buscaría la manera de contrarrestarla, por ejemplo, mediante el establecimiento de un impuesto especial elevado. En mi opinión', no es preciso profundizar más en esta cuestión para llegar a la conclusión de que unas perspectivas como éstas paralizan los esfuerzos competitivos, y que se trata de un elemento a tener en cuenta en la aplicación del artículo 85 del Tratado. dd) La normativa belga en materia de precios fijos Con arreglo al artículo 58 de la Ley belga del Impuesto sobre el Valor Añadido, que entró en vigor el 1 de enero de 1971 y que ya nos es conocida a raíz del asunto 13/77, antes citado, es obligatorio respetar los precios indicados en las precintas de circulación. Está claro que esto significa que, en el caso de un comerciante que realice esfuerzos especiales de promoción de una marca concreta, no sólo resultará difícil, sino imposible, instrumentar dichos esfuerzos mediante una reducción del precio de venta al por menor. Por consiguiente, dicha normativa tiene como consecuencia la exclusión, en la fase del comercio al por menor, de toda competencia en torno a una misma marca, algo que tampoco puede eludirse -como equivocadamente asegura la Comisión— mediante eventuales entregas gratuitas de cigarrillos, ya que el artículo 5 del Reglamento publicado como anexo a la Orden Ministerial belga de 22 de enero de 1948, que la Comisión invoca en este contexto, tan sólo se refiere, en realidad, a las ventas en condiciones preferentes realizadas al personal de los fabricantes e importadores. Por el contrario, se trata de un elemento a tener en cuenta al examinar el comportamiento competitivo de las empresas que intervienen en el mercado de las labores del tabaco. A mi juicio, no puede oponerse, a este respecto, la sentencia Inno, antes citada, en la que se examinó el mencionado artículo 58 desde la perspectiva del perjuicio del comercio entre los Estados miembros. En efecto, dicha sentencia se limita a declarar que el órgano jurisdiccional de remisión debe investigar si los precios fijos al por menor son compatibles con el Derecho comunitario, determinando, en particular, si «teniendo en cuenta los obstáculos de orden fiscal que afectan al sector de dichos productos, si semejante régimen de precios impuestos es capaz por sí mismo de dificultar directa o indirectamente, actual o potencialmente, las importaciones entre Estados miembros». En consecuencia, no puede concluirse en modo alguno —como ya intenté demostrar en mis conclusiones en el citado asunto- que el mencionado artículo 58 no deba aplicarse por ser incompatible con el Derecho comunitario. Por lo demás, cabe añadir, en este contexto -en el caso de que se parta de la base de la inaplicabilidad del artículo 58 o se pretenda considerar posible que los comerciantes están en condiciones de inducir de forma indirecta, mediante esfuerzos especiales, una reducción de los precios de venta al por menor—, que incluso en ese caso resulta difícil de imaginar una competencia significativa en torno a una misma marca basada en los precios de venta al por menor. En esta medida, no puede evitarse la reflexión de que difícilmente los fabricantes estarán dispuestos a tomar como base para el pago de los impuestos una cantidad superior al precio que deben pagar los consumidores, de modo que, de aplicarse un precio inferior al que figura en la precinta, se esforzarán por impulsar una igualación general de los precios a la baja, a lo que también contribuirá la transparencia del mercado. Además, procede recordar las consideraciones formuladas anteriormente en relación con la política fiscal en el sentido de que, en tal caso, el fisco intentaría compensar la pérdida de ingresos fiscales, de modo que los eventuales esfuerzos competitivos sólo se traducirían en una ventaja para los consumidores durante un breve período de tiempo. ee) La prohibición de utilizar distintas precintas de circulación para una misma marca de cigarrillos Por otra parte, en el procedimiento se nos puso de manifiesto -me refiero a un escrito del ministre des finances belga de 25 de junio de 1979 y la respuesta del Gobierno belga a una pregunta de este Tribunal- que no se permite a los fabricantes e importadores comercializar cigarrillos de la misma marca, de la misma calidad y en el mismo envase con distintas precintas de precios. Así pues, rige el principio -hecha abstracción del ya mencionado caso del abastecimiento preferente al personal de los fabricantes e importadores- de equivalencia fiscal. Al parecer, un importante motivo para ello es que, de lo contrario, no sería posible prever con suficiente fiabilidad el volumen de ingresos fiscales. A este respecto, el Gobierno belga se basa -con cierta razón, como no puede por menos que reconocerse-, desde la adopción de la Directiva 72/464 del Consejo, en su artículo 4, según el cual el impuesto especial proporcional debe calcularse sobre el precio máximo de venta al por menor, que, ciertamente, sólo puede ser uno. También esto constituye una clara restricción de las posibilidades de competencia que debe tenerse en cuenta. En la práctica, con ello se impide a los operadores que participan en las sucesivas fases de comercialización -como, por ejemplo, las empresas con bajos costes de distribución-traducir su eventual renuncia a una parte del margen, perfectamente plausible en el marco de la realización de especiales esfuerzos de ventas, en una precinta especial, lo que les permitiría repercutirla al consumidor. ff) Disposiciones de la normativa sanitaria Procede examinar también, por último, ciertos imperativos supuestamente derivados de las disposiciones de la normativa sanitaria belga e invocadas por las demandantes. Entre ellos, se citó la obligación -que según se afirma afecta negativamente a las ventas- de incluir en las cajetillas de cigarrillos uha indicación de los efectos perjudiciales para lá salud del consumo de tabaco, así como determinadas medidas relativas, en particular, a la publicidad, que, según aseguran las demandantes, constituye un área de acción fundamental de la competencia en el mercado de cigarrillos. No obstante, mi impresión a este respecto es que dichas disposiciones no pueden ser seriamente consideradas para la apreciación del asunto desde el punto de vista del Derecho de la competencia. En efecto, por un lado, cabe albergar serias dudas sobre si efectivamente la mencionada obligación de imprimir determinadas indicaciones en las cajetillas -dejando de lado el hecho de que afecta a todos los productos por igual- contribuye a reducir las ventas, de modo que ejerce una influencia determinante en la situación del mercado al reducir la propensión al consumo. Y en cuanto al resto de las medidas y, en particular, la limitación de la publicidad, no se ha conseguido acreditar la existencia de ninguna normativa estatal en este sentido con anterioridad a la adopción de la Decisión impugnada. Difícilmente puede considerarse como tal la autolimitación de las empresas en este sentido que mencionan las demandantes en su réplica, la cual, además, según explicaciones aportadas por la Comisión que no han suscitado controversia, aunque fueron aceptadas por el Ministro no pusieron fin a la publicidad. Ahora bien, no cabe ninguna duda de que las normativas que entraron en vigor posteriormente -una Ley de 24 de enero de 1977, con arreglo a la cual el Ministro puede adoptar medidas restrictivas y, en particular, los Reglamentos de diciembre de 1979 y marzo de 1980 invocados en la vista, de los cuales solamente este último se refiere a la publicidadcarecen de pertinencia en el presente caso. c) Al plantearnos, tras todas estas consideraciones, si tiene fundamento la apreciación del sistema de distribución belga de las labores del tabaco desde el punto de vista del Derecho de la competencia que hizo la Comisión o, por el contrario, procede su anulación, se plantean diversas reflexiones. aa) Para empezar, los demandantes alegaron, por un lado, que la Decisión contiene algunos errores, e intentaron demostrar que la Comisión se basó en parte en hechos y circunstancias erróneas que, a su entender, afectaron su apreciación. Así, por ejemplo, en el primer considerando de la Decisión se afirma que las ventas de cigarrillos registran una permanente tendencia al alza, cuando, en realidad, sólo se registró un aumento entre 1967 y 1973, fecha a partir de la cual -como, según las demandantes, puede demostrarse con datos estadísticos— se registró un retroceso. En el punto 11 de la Decisión se afirma que, en Bélgica, las labores del tabaco están gravadas por un impuesto especial ad valorem que hace las veces del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando, en realidad, el Impuesto sobre el Valor Añadido se percibe además del impuesto sobre el consumo. Asimismo, en el punto 88 se subraya que las labores del tabaco no eran las únicas en estar gravadas con un impuesto elevado. En opinión de las demandantes, dicha afirmación se refería, de forma manifiesta -como también ha quedado claro durante el procedimiento ante este Tribunal- a la tributación del aceite mineral, el alcohol y las bebidas alcohólicas, pero pasó por alto el hecho de que dichos productos están sujetos a un único impuesto específico que no da lugar a un efecto multiplicador. No menos importante, según afirman las demandantes, es el hecho de que -en referencia a las consideraciones formuladas en el punto 81 de la Decisión- los mayoristas tienen la posibilidad efectiva de competir entre sí sobre la base de los servicios que prestan a los fabricantes, ya que éstos pueden reaccionar concediendo otras ventajas distintas de los márgenes comerciales uniformes. En relación con esta alegación, hay que reconocer, ciertamente, que la cuestión de si el mercado se encuentra en proceso de expansión -corno asegura la Comisión en términos generales respecto del consumo de cigarrillos- o las ventas totales están experimentando una reducción, con lo que se dificulta el mantenimiento y el aumento de las cuotas de mercado, reviste cierta importancia para la apreciación de las condiciones de mercado y la situación de la competencia. También es importante, para la apreciación de la situación de la competencia -en referencia al último punto expuesto por las demandantes- si, además de los márgenes comerciales, los fabricantes conceden o no otras ventajas en relación con las cuales sí exista competencia, al no verse afectadas por las restricciones de la competencia. Según las demandantes -que han insistido sobre este punto ante el Tribunal-, así sucede en el presente caso, habiéndose mencionado a este respecto, por ejemplo, la frecuencia y la rapidez de los suministros, las campañas de lanzamiento con primas especiales, el apoyo en materia de instalaciones y publicidad, la cesión de muestras gratuitas y la prestación de asistencia jurídica y otras formas de cooperación en caso de dificultades temporales. Las demandantes afirman que, en razón de todo ello -y, por mi parte, recuerdo una vez más las alegaciones de la asociación de comerciantes de prensa-, también existe una competencia muy activa entre mayoristas, incluidos los pertenecientes a una misma categoría, basada en la fijación de los precios de venta, la concesión de créditos, la frecuencia de los suministros, la composición del surtido, la asistencia contable, entre otras, o la retirada de las mercancías no vendidas. En su opinión, así lo demuestra el hecho -confirmado, a su juicio, por algunas consideraciones formuladas en las observaciones sobre el primer pliego de cargos- de que se produzcan variaciones considerables precisamente en la evolución de las ventas de los diferentes mayoristas. Por otra parte, no puede negarse que las demandantes tienen razón al criticar las afirmaciones contenidas en la Decisión relativas a la tributación de las labores del tabaco. Dichas críticas están dirigidas, por un lado, contra el punto 88 de la Decisión. Si la Comisión, como parece desprenderse de dicho punto, considera comparable la tributación del alcohol y el petróleo crudo con la tributación de las labores del tabaco, evidentemente no tuvo en cuenta la diferencia fundamental que existe entre los impuestos específicos y los impuestos proporcionales -estos últimos gravan únicamente las labores del tabaco-, pasando por alto, de este modo, el efecto multiplicador que efectivamente falsea de forma sustancial las condiciones de la competencia. Lo mismo puede decirse del punto 11 de la Decisión. De su tenor se deduce claramente que la Comisión no tuvo en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Añadido se percibe además del impuesto sobre el consumo, de modo que, habida cuenta de que también el Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto proporcional, el resultado es un incremento del efecto multiplicador. En mi opinión, se trata de cuestiones todas ellas que, ciertamente, revisten importancia para la apreciación de la Decisión, pero que, por sí solas, difícilmente bastarán para ponerla seriamente en tela de juicio. bb) Acto seguido, las demandantes alegan también que la Comisión no tuvo en cuenta, en la investigación del asunto, las particularidades del mercado belga de tabaco, que necesariamente llevan a la conclusión de que la competencia basada en los márgenes queda prácticamente excluida como consecuencia de las normativas anteriormente descritas o, cuando menos, que el margen de competencia queda tan reducido que las medidas reprochadas no pueden considerarse una restricción sensible de la competencia. Subrayan las demandantes que la Comisión se basó, para la apreciación jurídica de las medidas desde el punto de vista del Derecho de la competencia, en un punto de vista fundamentalmente erróneo, habida cuenta de que no es posible conciliar con la jurisprudencia anterior la afirmación formulada en el punto 88 de la Decisión, según el cual: «Cuando, en su caso, las disposiciones legales o reglamentarias nacionales tienen por efecto restringir la competencia, los efectos de las restricciones de la competencia de carácter privado que vienen a añadirse a las mismas son, inevitablemente, aún más sensibles.» Además, las demandantes recalcan que es insostenible que la Comisión se remita, en el punto 83 de la Decisión, en el que se trata del sistema belga de precios fijos, a fórmulas empleadas en la sentencia recaída en el asunto 13/77, antes citado, para explicar que el apartado 1 del artículo 85 del Tratado también es aplicable cuando una restricción de la competencia se ve favorecida por una disposición legal nacional. En mi opinión, a este respecto procede formular, en concreto, las siguientes observaciones: — Efectivamente, de la motivación de la Decisión no sólo se obtiene la impresión de que las investigaciones emprendidas por la Comisión fueron insuficientes, habida cuenta de que, en el punto 88 de la Decisión, se trata únicamente de la magnitud de la carga fiscal y del sistema de notificación de los aumentos de los márgenes de beneficio y los precios de reventa, pero no de otras particularidades del mercado belga de tabaco igualmente pertinentes como las que se han mencionado anteriormente. A la vista de la motivación de la Decisión, se plantea con razón la cuestión de si se ha examinado en modo alguno cuál es el margen de maniobra que les queda a los operadores económicos en razón de las particularidades del mercado belga que se han descrito. A este respecto, resulta significativa la expresión «cuando, en su caso, las disposiciones legales o reglamentarias nacionales tienen por efecto restringir la competencia [...]» Esta actitud de la Comisión se explica por la tesis, expuesta en la segunda parte de la frase, según la cual, cuando las disposiciones estatales restringen el margen de competencia, «las restricciones de la competencia de carácter privado que vienen a añadirse a las mismas son [...] aún más sensibles», por lo que, pollo que parece, están comprendidas en todo caso dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Se trata de algo que puede conceptuarse de error grave. En efecto, con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal (sentencia Metro/Comisión, antes citada), el artículo 85 del Tratado presupone la existencia de una competencia eficaz (workable competition). En consecuencia, cuando determinadas normativas reducen considerablemente el margen de competencia, debe determinarse en qué medida lo hacen y si, pese a todo, queda margen para una competencia eficaz que pueda verse restringida de forma sensible por medidas de carácter privado. — Asimismo, no puede por menos de criticarse el concepto fundamental del que, al parecer, partió la Comisión al tratar la cuestión de la restricción sensible de la competencia. Recordaré, a este respecto, la ya citada formulación del punto 88 de la Decisión, a tenor del cual «cuando las disposiciones legales o reglamentarias nacionales tienen por efecto restringir la competencia, los efectos de las restricciones de la competencia de carácter privado que vienen a añadirse a las mismas son aún más sensibles». Recordaré, asimismo, las declaraciones de la Comisión en su escrito de contestación, según las cuales, con arreglo a la jurisprudencia, el factor determinante es la posición de mercado de los interesados, es decir, su cuota de mercado. Ahora bien, según la Comisión, a este respecto es importante el hecho de que los miembros de la FEDETAB, entre los que se encontraban la práctica totalidad de los fabricantes belgas, poseían una cuota de mercado muy elevada -diez marcas de las demandantes concentraban dos terceras partes de las ventas en Bélgica-, así como que la mayoría de los fabricantes belgas se encuentran bajo el control de empresas multinacionales, y que siete de las demandantes pertenecen a cuatro grandes grupos internacionales. En contra de estos argumentos, las demandantes invocan la conocida jurisprudencia del Tribunal en los asuntos del azúcar (sentencia Suiker Unie y otras/Comisión, antes citada, pp. 1939 y ss.). En aquel procedimiento, se trataba de una práctica concertada de control de los suministros de azúcar a Italia con el fin, entre otros, de aislar el mercado italiano del azúcar. Se probó que la organización común de mercados en el sector del azúcar, con su regulación de las cuotas, dejaba escaso margen a la competencia. Asimismo, se puso de relieve que tanto las normativas italianas como las medidas adoptadas por las autoridades italianas habían tenido efectos restrictivos de la competencia. En consecuencia, el ámbito de aplicación de las normas sobre la competencia se había visto reducido hasta el punto de que los comportamientos denunciados por la Comisión no podían restringir la competencia de forma sensible. Ahora bien, es preciso reconocer que dicha jurisprudencia no puede trasferirse sin más al presente caso. No obstante, de ella si es posible deducir una idea básica para la apreciación jurídica de las infracciones de la competencia en situaciones como la presente, y es que el factor determinante no puede ser únicamente la posición de mercado, ya que los fabricantes italianos de azúcar poseían una cuota de mercado considerable y los participantes en el acuerdo proporcionaban tres cuartas partes de las importaciones italianas. El elemento determinante es, en consecuencia, la necesidad de proceder a un examen minucioso de cuál es el margen de competencia que dejan las normativas estatales y apreciar, en función de dicho examen, si existe una restricción sensible de la competencia. En el presente caso, no se procedió a efectuar dicho examen de manera satisfactoria. Por otra parte, después de todo lo que hemos oído, no puede excluirse que las particularidades del mercado belga dieran lugar a una reducción muy considerable del margen de competencia, incluso para los productores, en los ámbitos de que se trata en la Decisión. Por ello -precisamente porque las comprobaciones pertinentes que no se hayan realizado durante el procedimiento administrativo sólo en alguna medida pueden subsanarse en el procedimiento ante el Tribunal, en el que, por lo demás, se ha mantenido la controversia sobre determinados elementos—, procede reconocer el fundamento del reproche de las demandantes según el cual la Decisión de la Comisión se basa en un error grave, ya que no se investigó la cuestión de si las medidas criticadas supusieron una restricción sensible de la competencia, o al menos no se hizo de manera sistemática. — Asimismo, se puede reprochar a la Comisión, en este contexto -en referencia al punto 83 de la Decisión impugnada- haber utilizado indebidamente la consideración formulada en la sentencia Inno, antes citada (pp. 2141 y ss.) en el sentido de que el artículo 86 también es aplicable cuando las normativas nacionales favorezcan el abuso. A este respecto, la Comisión declaró que las demandantes no habían demostrado en modo alguno que los elementos de que se trata en la recomendación FEDETAB tuvieran su origen en una normativa de carácter estatal ni que las normativas belgas descritas favorecieran las distintas restricciones de la competencia criticadas. Pero, aun cuando así fuera, según la Comisión, que se remite a la sentencia Inno, antes citada, un efecto favorecedor de este tipo no llevaría a excluir la aplicación del artículo 85 del Tratado. A mi entender, cabe albergar muchas dudas incluso sobre si la idea expresada en la sentencia Inno en relación con el artículo 86 puede trasladarse sin más al artículo 85 del Tratado. Al fin y al cabo, no debe olvidarse que, en el caso del artículo 86 -dado que, en presencia de una posición dominante, la competencia queda ya prácticamente eliminada- no se plantea el problema del carácter sensible de la restricción, o al menos no en la misma forma que en el caso del artículo 85 del Tratado. Pero aún es más importante el hecho de que las demandantes no aleguen en modo alguno la existencia de un efecto favorecedor de este tipo. En cambio, invocan más bien el hecho de que las disposiciones belgas de que se trata, en particular, el elevado impuesto proporcional con su efecto multiplicador, que desde 1973 tiene su sustento incluso en el Derecho comunitario -en la Directiva 72/464-, pueden producir una grave distorsión de las condiciones de competencia. A su juicio, determinadas disposiciones nacionales sobre el respeto del precio que figura en la precinta y la prohibición de utilizar precintas diferentes para una misma marca están destinadas a limitar dicha distorsión, de modo que deben considerarse asimismo consecuencia del falseamiento de la competencia provocado por el impuesto proporcional. Según aseguran, el objetivo principal de las medidas reprochadas por la Comisión consiste en contrarrestar dicho falseamiento, amortiguar las distorsiones de las diferencias de costes e introducir un cierto elemento de estabilidad en la remuneración de los comerciantes. En mi opinion, resulta difícil negar el fundamento de este tipo de reflexiones o del punto de vista de las demandantes según el cual, cuando en el Derecho comunitario se plantea un conflicto entre el Derecho de la competencia, por un lado, y la política fiscal, por otro, debe tenerse en cuenta, en la aplicación de las normas sobre la competencia, que a su juicio no tienen prioridad alguna sobre oträs partes del Tratado, hasta qué punto, en su caso, medidas que podrían calificarse de contrarias a la competencia están destinadas únicamente a contrarrestar distorsiones de la competencia derivadas del Derecho fiscal. Sobre esta base, es perfectamente posible sustentar la tesis según la cual se trata de una cuestión de peso en el marco del examen del carácter sensible de las restricciones de la competencia, y que procede reprochar a la Comisión que no la tuviera en cuenta. — Sobre la base de estas consideraciones, nada más fácil que sacar la conclusión de que procede considerar atacable la apreciación de la Comisión en relación con la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado al sistema belga de distribución de labores del tabaco, conclusión que, como se verá de inmediato, no puede ser definitiva por lo que respecta a la Decisión sobre las medidas anteriores. cc) Así pues, no es realmente necesario continuar examinando las críticas formuladas por las demandantes a la apreciación de los diferentes elementos del sistema. No obstante, si, en contra de la opinión de la Comisión, que considera que el sistema debe considerarse en su conjunto, se sigue adelante con dicho examen -porque no puede suponerse, simplemente, que en ningún caso pueden mantenerse determinadas partes del sistema si alguno de sus elementos resulta contrario al Derecho de la competencia-, procede formular aún las siguientes observaciones: — La fijación de plazos de pago máximos En este contexto, las demandantes niegan, por un lado, que los plazos de pago -como se afirma en la Decisión- se estén reduciendo cada vez más y que en ningún caso sean superiores a 14 días. Según sus alegaciones, en la práctica se da una aplicación flexible y heterogénea -algunas demandantes afirman practicar por principio el pago al contado-, por lo que, en este ámbito, existe una competencia efectiva. Por otra parte, habida cuenta de la rápida rotación de existencias de los cigarrillos y del hecho de que, en Bélgica, más del 70 % del precio lo constituyen los impuestos, que los fabricantes e importadores deben abonar por adelantado, el empeño colectivo por eludir los plazos de pago excesivos, en los que los más interesados eran los grandes clientes, debe considerarse ante todo como una medida dirigida contra los excesos de la competencia y un indicio de los riesgos que entrañan dichas prácticas en razón, precisamente, del considerable aumento registrado por los tipos de interés bancários. Desde esta perspectiva, es evidente que no es necesario entrar en el análisis de las afirmaciones de la Comisión relativas a la aplicación de dichas medidas. En efecto, a mi entender, resultan convincentes las alegaciones de las demandantes en torno al hecho de que la parte del precio correspondiente a los impuestos no constituye un verdadero parámetro de competencia, así como su exposición —acompañada de ejemplos numéricos— sobre los efectos en el precio de venta al por menor de plazos de pago más dilatados. Sobre la base de dichas alegaciones, cabe concluir que el empeño de los fabricantes a este respecto pretendía fundamentalmente evitar distorsiones de la competencia y que, en consecuencia, la regulación de los plazos de pago, en la medida en que no puede considerarse un mecanismo de competencia que merezca protección, tampoco puede calificarse, al menos, de restricción sensible de la competencia. — La imposición de un surtido mínimo como condición para la concesión de determinadas ventajas A este respecto, la reflexión de las demandantes, según la cual de este modo se fomentaba la competencia entre los fabricantes, es decir, entre las distintas marcas, y además recibían una oportunidad de distribución las pequeñas marcas que, de otro modo, desaparecerían del mercado debido a sus elevados costes de distribución, no reviste, desde luego, tanta importancia para la apreciación desde el punto de vista del Derecho de la competencia. En cambio, debe tenerse presente que la obligación -indirecta- de ofrecer un determinado surtido únicamente- afectaba, en la fase del comercio al por menor, a una pequeña fracción de los distribuidores, 2.000 de aproximadamente 80.000 puntos de venta. También reviste interés el hecho de que, según las observaciones formuladas por el representante de la asociación de comerciantes de prensa, todos los comerciantes de este tipo, que canalizan en torno al 60 % de las ventas de cigarrillos en Bélgica, mantienen de todos modos existencias de más de 60 marcas para atender a los deseos de sus clientes, y que los grandes clientes -como se desprende de las declaraciones de Mestdagh y Huyghebaert- alcanzan sin dificultades las 90 marcas en función de sus ventas. Dado, por otra parte, que el almacenamiento de un pequeño número de marcas menos vendidas y más difíciles de vender no supone la inmovilización de un volumen de capital significativo y difícilmente impide la promoción de las ventas de una o varias marcas determinadas —a este respecto, reviste interés el hecho de que, en Bélgica, 17 marcas poseen una cuota de mercado de aproximadamente el 70 %, y en torno a 30 marcas cubren la práctica totalidad del consumo-, hay razones más que suficientes para pensar que tampoco en este caso cabe hablar de una restricción sensible de la competencia. — La bonificación de fin de año Por lo que respecta a esta cuestión, la alegación de las demandantes, según la cual en el mercado de cigarrillos es normal que un comerciante no concentre sus compras en un solo fabricante y que, por tanto, tampoco esté prevista la concesión de descuentos por volumen individuales, no me parece especialmente consistente. Aun así, no puede ignorarsela referencia a la magnitud relativamente baja de dicha bonificación, que, al parecer, puede ascender, como máximo, a una fracción de un punto porcentual de las ventas. En efecto, si se tiene esto presente, resulta difícil imaginar que de este modo se dificulte el acceso al mercado de los nuevos competidores con una política de descuentos propia. Además, hay que reconocer que sería más lógico temer una consecuencia como ésta en el caso de que la bonificación se calculara sobre la base de las cantidades compradas a cada fabricante individual. Dado, por otra parte, que no se excluye -como lo hemos visto- que los fabricantes concedan remuneraciones especiales por determinadas prestaciones, también en este caso es dudoso que se trate de una restricción sensible de la competencia.