El artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/54, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, permite, fundamentalmente, que los Estados miembros concedan ventajas para que accedan al mercado, por motivos de seguridad del suministro, las instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión autóctonas. Además, el Reglamento no 1407/2002, sobre las ayudas de Estado a la industria del carbón, reconoce la importancia de la producción de carbón para la generación de electricidad a efectos de seguridad energética. En consecuencia, para demostrar que no podía razonablemente admitirse que fuera apropiada una medida que concede un trato favorable a las centrales de carbón autóctono con el fin de garantizar la seguridad del suministro eléctrico en un Estado miembro, los argumentos y las pruebas de una parte interesada que impugna una decisión de no iniciar el procedimiento de investigación formal en relación con tal medida deben ser particularmente detallados y basarse en potenciales particularidades del asunto de que se trate.

Cuando la Comisión sigue el procedimiento en materia de ayudas de Estado, está obligada, en virtud del sistema general del Tratado, a respetar la coherencia entre las disposiciones que regulan las ayudas de Estado y las disposiciones específicas diferentes de las relativas a las ayudas de Estado y, de este modo, a apreciar la compatibilidad de la ayuda en cuestión con esas disposiciones específicas.

No obstante, tal obligación sólo se impone a la Comisión en relación con las modalidades de una ayuda tan indisolublemente vinculadas con el objeto de la ayuda que sea imposible evaluarlas por separado.

De este modo, si la modalidad de la ayuda en cuestión está indisolublemente vinculada al objeto de la ayuda, su compatibilidad con las disposiciones distintas de las relativas a las ayudas de Estado será apreciada por la Comisión a través del procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE y esta apreciación podrá dar lugar a una declaración de incompatibilidad de la ayuda en cuestión con el mercado interior.

Por el contrario, cuando aprecia una medida de ayuda que no persigue un objetivo medioambiental, la Comisión no está obligada a tomar en consideración la normativa medioambiental al examinar la ayuda y los aspectos indisociablemente vinculados a la misma. En efecto, si bien una ayuda a favor de la protección del medio ambiente puede ser declarada compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 3, letras b) o c), una ayuda que produce efectos nefastos sobre el medio ambiente no es contraria, por este mero hecho, al establecimiento del mercado interior. La protección del medio ambiente no constituye, en sí, aunque deba integrarse en la definición y en la realización de las políticas de la Unión, en particular de las destinadas a establecer el mercado interior, uno de los componentes de ese mercado interior, definido como un espacio sin fronteras interiores en el que se garantiza la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales (artículo 26 TFUE, apartado 2). Pues bien, las normas diferentes de las relativas a las ayudas de Estado cuyo cumplimiento debe verificarse son únicamente aquellas que pueden producir un impacto negativo sobre el mercado interior.

A este respecto, si una ayuda destinada a garantizar la seguridad del suministro eléctrico se declarara incompatible con el mercado interior por inobservancia de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia medioambiental, a pesar de cumplir los requisitos de aplicación del artículo 106 TFUE, apartado 2, ello tendría como consecuencia ignorar el margen de apreciación de que disponen las autoridades nacionales en la institución de un servicio de interés económico general, con la consiguiente ampliación de las atribuciones de la Comisión en el ejercicio de las competencias que le confieren los artículos 106 TFUE, 107 TFUE y 108 TFUE. Ahora bien, las competencias que ejerce la Comisión en este contexto y el procedimiento específico de examen de la compatibilidad de las ayudas no pueden remplazar el procedimiento por incumplimiento, a través del cual la Comisión vela por el respeto del conjunto de las disposiciones del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros.

(véanse los apartados 181, 182, 184, 189 y 190)