Palabras clave

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Palabras clave

1 Procedimiento - Conclusiones del Abogado General - Forma de presentación

2 Política social - Trabajadores y trabajadoras - Igualdad de retribución - Artículo 119 del Tratado CE (los artículos 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE) - Limitación en el tiempo de los efectos de la sentencia de 8 de abril de 1976, 43/75 - No oposición a las disposiciones nacionales que prevén el derecho a participar retroactivamente en un régimen profesional de pensiones

[Tratado CE, art. 119 (los arts. 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los arts. 136 CE a 143 CE)]

3 Política social - Trabajadores y trabajadoras - Igualdad de retribución - Artículo 119 del Tratado CE (los artículos 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE) - No oposición a las disposiciones nacionales que prevén el derecho a participar retroactivamente en un régimen profesional de pensiones, a pesar del riesgo de distorsiones en la competencia - Primacía de la finalidad social del artículo 119 del Tratado CE

[Tratado CE, art. 119 (los arts. 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los arts. 136 CE a 143 CE)]

4 Política social - Trabajadores y trabajadoras - Igualdad de retribución - Aplicación del principio por el órgano jurisdiccional nacional

[Tratado CE, art. 119 (los arts. 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los arts. 136 CE a 143 CE)]

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1 La presentación del dispositivo de las conclusiones del Abogado General durante una audiencia pública ante una sala distinta de la que resolverá el asunto no supone infracción alguna de las normas aplicables ante el Tribunal de Justicia ni violación de los derechos reconocidos a las partes en el procedimiento principal. En efecto, los Jueces de la sala competente pueden tomar conocimiento de las conclusiones del Abogado General a través de su presentación en la Secretaría del Tribunal de Justicia y la publicidad de dichas conclusiones se garantiza, en especial, por la lectura de su dispositivo en audiencia pública y por dicha presentación en Secretaría.

(véanse los apartados 27 y 28)

2 La limitación en el tiempo de la posibilidad de invocar el efecto directo del artículo 119 del Tratado (los artículos 117 a 120 del Tratado han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE), resultante de la sentencia de 8 de abril de 1976, Defrenne II, 43/75, no se opone a las disposiciones nacionales que enuncian un principio de igualdad en virtud del cual todos los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a participar con efecto retroactivo en un plan de pensiones de empresa y a percibir una pensión sobre la base de dicho plan.

A este respecto, la mencionada limitación no pretendía en ningún caso excluir la posibilidad, para los trabajadores afectados, de alegar disposiciones nacionales que formulan un principio de igualdad. En efecto, las disposiciones nacionales que tienen por objeto garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras contribuyen a la aplicación del artículo 119 del Tratado. En un caso semejante, el principio de seguridad jurídica que puede llevar al Tribunal de Justicia, excepcionalmente, a limitar la posibilidad de invocar una disposición que ha interpretado no es pertinente y no impide la aplicación de disposiciones nacionales que garantizan un resultado conforme con el Derecho comunitario.

(véanse los apartados 48 a 50 y 52 y el punto 1 del fallo)

3 El artículo 119 del Tratado (los artículos 117 a 120 del Tratado han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE) no se opone a las disposiciones de un Estado miembro que enuncian un principio de igualdad en virtud del cual todos los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a participar con carácter retroactivo en un plan de pensiones de empresa y a percibir una pensión sobre la base de dicho plan, a pesar del riesgo de distorsiones en la competencia entre operadores económicos de distintos Estados miembros en perjuicio de los empresarios establecidos en el primer Estado miembro.

En efecto, la finalidad económica perseguida por el artículo 119 del Tratado, que consiste en la eliminación de las distorsiones en la competencia entre las empresas establecidas en distintos Estados miembros, reviste un carácter secundario respecto al objetivo social contemplado por la misma disposición que constituye la expresión del derecho humano fundamental a no ser discriminado por razón de sexo.

(véanse los apartados 56, 57 y 59 y el punto 2 del fallo)

4 El órgano jurisdiccional nacional está obligado a interpretar su Derecho nacional, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de las disposiciones comunitarias pertinentes, y en especial del artículo 119 del Tratado (los artículos 117 a 120 del Tratado han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE), para garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras, puesto que el Derecho comunitario, y en especial el artículo 119 del Tratado, tiene por objeto la aplicación de dicho principio y no se opone a las disposiciones nacionales que pretenden garantizar su respeto.

(véanse los apartados 62 a 64 y el punto 3 del fallo)