Asunto T‑274/01

Valmont Nederland BV

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayuda de Estado – Concepto – Ventaja – Precio de venta de un terreno – Financiación de un aparcamiento»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) de 16 de septiembre de 2004

Sumario de la sentencia

1. Ayudas otorgadas por los Estados – Concepto – Carácter jurídico – Interpretación partiendo de elementos objetivos – Control jurisdiccional – Alcance

(Art. 87 CE, ap. 1)

2. Ayudas otorgadas por los Estados – Concepto – Venta de un terreno por una autoridad pública en condiciones preferenciales – Inclusión – Criterio de apreciación – Precio de mercado – Método de determinación

(Art. 87 CE, ap. 1)

3. Ayudas otorgadas por los Estados – Procedimiento administrativo – Medidas nacionales ejecutadas sin haber sido notificadas – Facultad de la Comisión de recurrir a un requerimiento dirigido al Estado interesado para obtener la información que juzgue necesaria – Decisión adoptada por la Comisión, sin recurrir a un requerimiento, basándose en información que considera fragmentaria – Improcedencia

[Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo]

4. Ayudas otorgadas por los Estados – Examen por la Comisión – Facultad de la Comisión de recurrir a peritos externos – Traslado a los peritos de la responsabilidad de examinar la existencia de una ayuda – Improcedencia

(Art. 87 CE, ap. 1)

5. Recurso de anulación – Motivos – Motivos que pueden invocarse contra una decisión de la Comisión en materia de ayudas estatales – Motivos que no fueron invocados durante un procedimiento de examen de la ayuda en cuestión – Distinción entre motivos de Derecho, admisibles, y motivos de hecho, inadmisibles

(Arts. 88 CE, ap. 2 y 230 CE)

6. Ayudas otorgadas por los Estados – Concepto – Medidas destinadas a compensar el coste de las misiones de servicio público asumidas por una empresa – Exclusión – Requisitos – Obligaciones de servicio público claramente definidas – Establecimiento de forma objetiva y transparente de los parámetros que sirven para calcular la compensación – Limitación de la compensación al coste – Determinación de la compensación, cuando no se selecciona la empresa mediante un procedimiento de contratación pública, sobre la base de un análisis de los costes de una empresa media del sector de que se trate

(Art. 87 CE, ap. 1)

1. Dado que el concepto de ayuda de Estado reviste carácter jurídico y se interpreta a la luz de elementos objetivos, el órgano jurisdiccional comunitario, en principio, y teniendo en cuenta tanto determinados elementos concretos del litigio de que conoce como el carácter técnico o complejo de las apreciaciones realizadas por la Comisión, debe ejercer un control completo sobre la cuestión de si una medida está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1. No obstante, este principio se exceptúa cuando entran en juego valoraciones económicas complejas, en cuyo caso el control judicial queda limitado.

(véase el apartado 37)

2. Constituyen ventajas a efectos del artículo 87 CE, apartado 1, las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, se asemejan a una subvención, como, en particular, el suministro de bienes o la prestación de servicios en condiciones preferenciales. Aplicado al caso de la venta de un terreno a una empresa por parte de una entidad pública, este principio conduce a determinar si el adquirente no habría podido conseguir el precio de venta en condiciones normales de mercado. Cuando la Comisión examina a tal efecto informes periciales elaborados con posterioridad a la operación de que se trata, debe comparar el precio de venta efectivamente pagado con los precios indicados en los diferentes informes y determinar si no difiere de éstos hasta tal punto que debería llegarse a la conclusión de que existe una ventaja. Este método permite tener en cuenta el carácter aleatorio que puede tener la determinación, de forma retrospectiva, de tales precios de mercado.

(véanse los apartados 44 y 45)

3. El Reglamento nº 659/1999, aplicable en principio a cualquier procedimiento administrativo pendiente ante la Comisión en la fecha de su entrada en vigor, vino a confirmar que, cuando examina medidas nacionales no notificadas susceptibles de constituir una ayuda de Estado ilegal, la Comisión puede, si considera que no dispone de toda la información necesaria para pronunciarse, dirigirse al Estado miembro interesado, inclusive mediante un requerimiento, para obtenerla.

Si, pese a considerarse insuficientemente informada, la Comisión no hizo uso de su poder de requerimiento, no puede invocar el carácter fragmentario de la información que obraba en su poder para justificar una decisión basada exclusivamente en ella.

(véanse los apartados 55 a 60)

4. Aunque recurrir a la ayuda de peritos externos para examinar la existencia de una ayuda es una mera facultad y no una obligación de la Comisión, no por ello está exenta de valorar el informe resultante de su trabajo que, en cualquier caso, sólo vale por su contenido objetivo y no por las afirmaciones carentes de apoyo que pueda contener. La responsabilidad central y exclusiva de garantizar, bajo el control del juez comunitario, la observancia del artículo 87 CE y la aplicación del artículo 88 CE incumbe, en efecto, a la Comisión y no a dichos peritos.

(véanse los apartados 71 y 72)

5. La legalidad de una decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado debe examinarse en función de la información de que podía disponer dicha institución en el momento en que la adoptó. Este principio tiene como corolario que, si bien nada impide a una parte demandante alegar, en apoyo de un recurso de anulación contra tal decisión, un motivo jurídico que no hubiese planteado, como parte interesada, durante el procedimiento de investigación formal, en cambio no puede invocar elementos de hecho que no fuesen conocidos por la Comisión y que no le hubiese señalado a ésta en dicho procedimiento.

(véanse los apartados 38 y 102)

6. Si una intervención estatal debe considerarse una compensación que constituye la contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, de forma que estas empresas no gozan, en realidad, de una ventaja financiera y que, por tanto, dicha intervención no tiene por efecto situarlas en una posición competitiva más favorable respecto a las empresas competidoras, tal intervención no está sujeta al artículo 87 CE, apartado 1.

Para que a tal compensación no se le aplique, en un caso concreto, la calificación de ayuda de Estado, deben cumplirse una serie de requisitos. En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben estar claramente definidas. En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente, para evitar que ésta confiera una ventaja económica que pueda favorecer a la empresa beneficiaria respecto a las empresas competidoras. En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones. En cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público, en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.

De ello se desprende que, cuando una empresa soporte una carga al permitir a terceros hacer uso de su aparcamiento, por diversos motivos y de forma regular y gratuita, en virtud de un acuerdo celebrado, tanto en interés general como en interés de esos terceros, con una entidad local, y una parte de la financiación concedida por la entidad local para construir ese aparcamiento beneficie efectivamente a dicha empresa, la Comisión no puede considerar de entrada que esa parte de la financiación beneficia necesariamente a ésta, sino que debe examinar previamente, a la vista de los datos de que dispone, si esa parte de la financiación puede o no considerarse la contrapartida efectiva de la carga soportada por la empresa.

(véanse los apartados 129 a 133)