4.

Para estudiar la cuestión de la validez de los Reglamentos en materia de pesca a la luz de las obligaciones internacionales anteriores hay que preguntarse, en primer lugar, en qué circunstancias y con arreglo a qué criterios el incumplimiento de obligaciones internacionales puede suponer la invalidez de actos normativos comunitarios. Creo que la respuesta debe ser la siguiente: o resulta que la adopción de dichos actos infringe la obligación de las Instituciones comunitarias de no obstaculizar la ejecución de las obligaciones de los Estados miembros que resulten de convenios anteriores al Tratado, de acuerdo con el articulo 234, o bien el supuesto incumplimiento debe referirse a obligaciones internacionales de la Comunidad y que deriven de un acuerdo que atribuya a los distintos nacionales de los Estados miembros el derecho a invocarlo ante los Tribunales. En efecto, este Tribunal de Justicia reconoció en la sentencia Burgoa, que el artículo 234 supone la obligación negativa mencionada anteriormente a cargo de las Instituciones comunitarias. El mismo Tribunal había declarado anteriormente que la validez de los actos de las Instituciones a efectos del artículo 177 del Tratado CEE sólo puede depender de una norma de Derecho internacional cuando ésta obligue a la Comunidad y produzca efectos directos respecto a los particulares (sentencia de 12 de diciembre de 1972, International Fruit Company y otros, asuntos acumulados 21/72, 22/72, 23/72 y 24/72,↔ Rec. p. 1219, y de 24 de octubre de 1973, Schlüter, 9/73,↔ Rec. p. 1135). Por lo tanto, es esencial determinar si las obligaciones internacionales que habría que tomar como medida de validez de los Reglamentos en materia de pesca son anteriores o posteriores a la entrada en vigor del Tratado CEE y si obligan o no a la Comunidad. Como se ha visto a lo largo del proceso penal contra el Sr. Crujeiras Tomé, el Abogado de éste invocó en primer lugar la Convención de Ginebra de 29 de abril de 1958 sobre Pesca y Conservación de las reservas biológicas en Alta Mar, cuyo artículo 7, si bien autoriza a los Estados ribereños a adoptar medidas para la conservación de las reservas marinas en determinadas partes de la alta mar adyacentes a sus mares territoriales, impone como condición que se hayan realizado negociaciones sin éxito con los demás Estados interesados durante al menos seis meses y además exige que las medidas de conservación no tengan carácter discriminatorio respecto a los pescadores extranjeros. Pero la citada Convención fue ratificada por Francia en 1970 y por España en 1971: como consecuencia, por lo que se refiere a las relaciones entre ambos Estados, se concluyó con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado CEE, lo que supone la inaplicabilidad del artículo 234. En segundo lugar, sólo cinco Estados miembros son partes en dicha Convención (Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos y Francia), de forma que debería rechazarse en cualquier caso la hipótesis de que la Comunidad haya sucedido a los Estados miembros en las obligaciones por ellos asumidas. En efecto, es sabido que, según los criterios adoptados en la citada sentencia International Fruit Company y otros, la sucesión de los Estados miembros por parte de la Comunidad en las obligaciones que derivan de un convenio anterior sólo puede admitirse cuando se cumplen cuatro requisitos: que todos los Estados miembros sean partes en el Convenio en el momento de la conclusión del Tratado CEE; que la voluntad de dichos Estados sea obligar a la Comunidad respecto al Acuerdo, dándose además la adhesión de la Comunidad a los objetivos perseguidos por éste; que las Instituciones comunitarias actúen de forma efectiva en el marco del Acuerdo, y que las otras partes contratantes reconozcan la transferencia de competencias internas a la Comunidad en el ámbito correspondiente. Sobre este punto me remito a las consideraciones ya desarrolladas en mis conclusiones de 10 de julio de 1980 en el asunto 812/79, Burgoa. Es evidente que en el caso de la Convención de Ginebra de 29 de abril de 1958 no se da ninguno de los requisitos que acabo de recordar. Por lo que se refiere a la aplicabilidad del artículo 234, se ha señalado que, en los casos de Convenios relativos a materias en las cuales la competencia comunitaria no empezó a ejercerse inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado, la obligación de las Instituciones de no obstaculizar el respeto de los compromisos contraídos por uno o varios Estados miembros respecto a uno o varios Estados terceros debería aplicarse también a aquellos compromisos contraídos antes del ejercicio de dicha competencia. Sin embargo, esta tesis se encuentra en contradicción manifiesta con el texto del párrafo primero del artículo 234, y con la interpretación que del mismo se hizo en la citada sentencia Burgoa. Por lo tanto considero que es inaceptable, tanto más cuanto que aquí se trata de una norma de carácter excepcional, en la medida en que asegura provisionalmente el respeto de obligaciones hacia terceros Estados incompatibles con el Derecho comunitario. Es cierto que en la sentencia de 14 de julio de 1976, relativa al asunto Kramer (asuntos acumulados 3/76, 4/76 y 6/76,↔ Rec. p. 1279), este Tribunal de Justicia admitió que, mientras la Comunidad no ejerciera sus funciones en materia de conservación de los recursos biológicos marinos, los Estados miembros seguían siendo competentes para asumir obligaciones internacionales en dicho ámbito (considerando 39). Sin embargo, la misma sentencia precisó que los Estados miembros estaban obligados a no asumir compromisos que pudieran poner trabas al ejercicio ulterior por parte de la Comunidad de su misión (considerando 44) y, en cualquier caso, no hizo ninguna referencia al artículo 234, que es el único pertinente en el presente litigio. Se ha señalado, además, que, dado que la Convención de Ginebra es una Convención codificadora, es obligatoria para la Comunidad, con independencia de los criterios fijados en la sentencia International Fruit Company y otros. Sin embargo, dudo que el artículo 7 de dicha Convención exprese y codifique el Derecho consuetudinario preexistente. Recordaré además mi convicción, ya expresada en las conclusiones del asunto Burgoa, de que los recientes desarrollos del Derecho internacional general del mar han provocado la derogación de las normas anteriores contrarias, ya sean generales o particulares. Me parece que normas, como el artículo 7 de la Convención de Ginebra, que regulan los problemas de conservación de los recursos biológicos basándose en la distinción tradicional entre mar territorial y alta mar ya no pueden considerarse como vigentes ahora que dicha distinción ha sido puesta en tela de juicio mediante el reconocimiento de la «zona económica exclusiva». Por lo tanto, la Convención de Ginebra de 1958 no puede tomarse como criterio de validez de los Reglamentos comunitarios en materia de pesca. A idéntica conclusión se llega si se examina el Convenio de Pesca de Londres, de 9 de marzo de 1964, y el Acuerdo General de Pesca, de 20 de marzo de 1967, entre Francia y España. En relación con este último, hay que recordar que se adoptó en el marco del Convenio de Londres, cuyo artículo 9 prevé en su párrafo segundo la posibilidad de concluir acuerdos complementarios entre Estados vecinos. Se trata, por lo tanto, de un instrumento de aplicación de dicho Convenio. Así, el elemento interesante es que el artículo 234 no puede considerarse aplicable a ninguno de los dos instrumentos diplomáticos mencionados, ya que ambos son posteriores al Tratado de Roma (la situación en el asunto Burgoa era diferente, dado que Irlanda se adhirió a la CEE después de ratificar el Convenio de Londres). Por otra parte no se puede admitir que la Comunidad haya sucedido a los Estados miembros contratantes, ya que no se dan los requisitos que se deducen de la sentencia International Fruit Company y otros. A este respecto, recuerdo una vez más la argumentación desarrollada en mis conclusiones relativas al caso Burgoa. Hay un punto concreto, digno de ser subrayado, sobre el que ya he tenido la oportunidad de pronunciarme. En los años sesenta todavía no existía una política comunitaria en materia de pesca. Por lo tanto, no pudo existir voluntad por parte de la Comunidad de considerarse vinculada por el Convenio de Londres, ni tampoco ningún tipo de actividad de las Instituciones comunitarias en el marco de dicho Convenio. Durante los años setenta se produjeron tres fenómenos nuevos: la formación rápida de una norma internacional general que permitía la extensión de las zonas exclusivas de pesca de los Estados hasta 200 millas desde la costa, la decisión de los Estados miembros de la Comunidad de ampliar efectivamente sus respectivas zonas de pesca en dicha medida (por lo menos en el Atlántico y en el mar del Norte) y la apertura simultánea de negociaciones sobre pesca entre la CEE y los terceros Estados interesados, entre los cuales se encontraba España. Ya he dicho que las Resoluciones del Consejo sobre lapolítica común en materia de pesca se adoptaron el 3 de noviembre de 1976. Señalaré que las negociaciones con España se iniciaron el 3 de diciembre del mismo año (el Acuerdo fue rubricado el 22 de septiembre de 1978). Así, el régimen provisional comunitario en materia de cuotas de capturas permitidas bajo licencia en beneficio de los pescadores españoles en la zona de las 200 millas fue adoptado y aplicado a la vez que se elaboraba un nuevo régimen convencional para las relaciones entre la CEE y España y se aplicó con la colaboración de las autoridades españolas (ver el considerando 23 de la sentencia Burgoa, anteriormente citada). Considerando todas estas circunstancias, el Tribunal de Justicia afirmó que dicho régimen provisional «está inserto en el marco de las relaciones establecidas entre la Comunidad y España para resolver los problemas inherentes a las medidas de conservación y a la extensión de las zonas exclusivas de pesca y para asegurar recíprocamente el acceso de los pescadores a las aguas objeto de semejantes medidas. Dichas relaciones se superpusieron al régimen anteriormente aplicable a estas zonas, para tomar en consideración la evolución general del Derecho internacional en materia de pesca en alta mar» (sentencia Burgoa, anteriormente citada, considerando 24). Como consecuencia, el Tribunal de Justicia negó que existieran elementos que pudieran poner en tela de juicio la validez del Reglamento n° 1376/78. En estas circunstancias queda justificada una conclusión idéntica en relación con todas las medidas provisionales a las que han hecho referencia los Jueces nacionales en los presentes asuntos, tanto más cuanto que los considerandos del Reglamento n° 1744/78, aplicable en el asunto Crujeiras, se hace la misma mención al Acuerdo de pesca que se preveía celebrar con España que la que se contiene en los considerandos del Reglamento n° 1376/78, mientras que los del Reglamento n° 1719/80, aplicable al asunto Yurrita, citan el propio Acuerdo que acababa de firmarse el 15 de abril de 1980. Apenas es necesario añadir que lo alegado respecto al Convenio de Londres es también aplicable al Acuerdo complementario franco-español en materia de pesca: debe considerarse que ninguno de los dos produce efectos en relación con la Comunidad y que, en cualquier caso, fueron sustituidos a principios de 1977, es decir, desde el momento en que el inicio de las negociaciones CEE-España se vio acompañado del reconocimiento tácito, por parte de España, de la zona económica exclusiva de 200 millas adoptada por los Estados miembros, así como del régimen provisional en materia de pesca puesto en práctica por las Instituciones comunitarias.