En efecto, ese Reglamento fue adoptado por la Comisión en ejercicio de competencias de ejecución en el marco del procedimiento de reglamentación con control, y por tanto no constituye un acto legislativo. Además, el Reglamento no 432/2012 tiene alcance general ya que se aplica a situaciones determinadas objetivamente y produce efectos jurídicos frente a una categoría de personas consideradas de manera general y abstracta.

Por otro lado, el Reglamento no 432/2012 no deja ninguna facultad de apreciación a sus destinatarios, ya que la autorización prevista por ese Reglamento tiene con plena evidencia carácter puramente automático y deriva únicamente de la normativa impugnada sin aplicación de otras reglas intermedias. En ese sentido, a tenor del artículo 2 del Reglamento no 432/2012 éste es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

En un recurso interpuesto contra el Reglamento no 432/2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, corresponde al demandante identificar las declaraciones objeto de ese Reglamento que lesionan su situación jurídica, para demostrar que éste le afecta directamente en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Más en particular, el demandante está obligado a demostrar que, al tiempo de interponer el recurso, utilizaba en las comunicaciones de carácter comercial sobre sus productos declaraciones prohibidas como consecuencia de la adopción del Reglamento no 432/2012. Dado que acredita que utilizaba en la comercialización de sus productos declaraciones de propiedades saludables denegadas por ese Reglamento, es preciso constatar que éste puede producir sus efectos en la situación jurídica del demandante.

El Reglamento no 432/2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, se aplica, por definición, de manera automática a asociaciones de productores de complementos alimenticios y su aplicación no requiere ninguna clase de medidas por parte de las autoridades públicas nacionales o europeas. De ello resulta que ese Reglamento no incluye medidas de ejecución en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

El concepto de actos reglamentarios que no incluyan medidas de ejecución, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, debe interpretarse teniendo en cuenta el objetivo de esta disposición, que, como se deduce de sus trabajos preparatorios, consiste en evitar que un particular se vea obligado a infringir el Derecho para tener acceso al juez. Para determinar si un acto reglamentario incluye medidas de ejecución, es preciso considerar la posición de la persona que invoca el derecho de recurso en virtud del tercer supuesto previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Así pues, la cuestión de si el acto de que se trata comprende medidas de ejecución que afecten a otros justiciables no es pertinente. Para verificar si el acto impugnado incluye medidas de ejecución, se ha de atender exclusivamente al objeto del recurso y, en el supuesto de que un demandante solicite sólo la anulación parcial de un acto, únicamente deben tomarse en consideración, en su caso, las medidas de ejecución que incluya esa parte del acto.

En ese sentido, a la luz de los objetivos del Reglamento no 1924/2006, según resultan de sus considerandos 1 y 2 y de su artículo 1, el artículo 13, apartados 1 a 3, del mismo Reglamento debe interpretarse en el sentido de que sólo establece una obligación de resultado a cargo de la Comisión, consistente en adoptar, previa consulta a la EFSA, la lista de las declaraciones autorizadas, basada en las listas nacionales presentadas por los Estados miembros. En efecto, nada en el texto de ese artículo o de los considerandos del Reglamento no 1924/2006 sugiere que el legislador de la Unión se propusiera privar a la Comisión de la facultad de actuar de forma gradual para elaborar la referida lista, y, en particular, de completarla a medida que la EFSA llevara a cabo las evaluaciones técnicas y la propia Comisión comprobara las condiciones establecidas por ese Reglamento. Por el contrario, el artículo 13, apartados 1 a 3, del Reglamento no 1924/2006 atribuye a la libre apreciación de la Comisión la definición del proceso que debe llevar a adoptar la lista de las declaraciones autorizadas, respetando los principios fijados por ese Reglamento y el Derecho de la Unión. En ese sentido, habida cuenta de las complejas valoraciones técnicas que la Comisión debe efectuar, es preciso reconocerle una amplia facultad de apreciación para que pueda cumplir eficazmente el objetivo que se le ha asignado.

El legislador de la Unión confió a la Comisión, mediante el artículo 13 del Reglamento no 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, la tarea de adoptar en la Unión una lista armonizada de las declaraciones de propiedades saludables autorizadas distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños. No obstante, el texto de ese artículo 13 no precisa si la lista de las declaraciones autorizadas debía ser adoptada en un único acto, o si podía ser adoptada en varias etapas, permitiendo así a la Comisión aplazar la autorización de las declaraciones de propiedades saludables cuya evaluación ante la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) o ante la propia Comisión no hubiera finalizado.

Aun siendo cierto que a tenor del artículo 13, apartado 3, del Reglamento no 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, la Comisión estaba obligada a adoptar la lista completa de declaraciones autorizadas a más tardar el 31 de enero de 2010 y que esa lista fue adoptada sólo parcialmente por el Reglamento no 432/2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, el 16 de mayo de 2012, a falta de una disposición que establezca expresa o implícitamente las consecuencias del incumplimiento de los plazos de procedimiento, ese incumplimiento sólo puede dar lugar a la anulación total o parcial del acto cuyo proceso de adopción comprende el referido plazo si se acredita que, de no haberse producido esa irregularidad, dicho acto habría podido tener un contenido distinto.

Del texto del artículo 28, apartados 5 y 6, del Reglamento no 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, resulta que la aplicación de las medidas transitorias está prevista para las declaraciones de propiedades saludables que se encuentren en curso de evaluación y acerca de las cuales no se haya adoptado ninguna decisión por la Comisión. Siendo así y con independencia de su clasificación dentro de las tres categorías previstas en el artículo 13, apartado 1, de ese Reglamento, nada impide que las declaraciones que permanecen en suspenso en espera de su evaluación por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) o de su examen por la Comisión puedan beneficiarse de las medidas transitorias previstas por ese Reglamento.

No puede constituir una vulneración del principio de seguridad jurídica, que exige que las normas de Derecho sean claras y precisas y que sus consecuencias sean previsibles, el hecho de que, para identificar las declaraciones de propiedades saludables que permanecen en suspenso y pueden ser utilizadas conforme al artículo 28, apartados 5 y 6, del Reglamento no 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, a raíz de la adopción del Reglamento no 432/2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, los considerandos 4 y 11 del Reglamento no 432/2012 remitan a los respectivos sitios Internet de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y de la Comisión, en los que se ponen a disposición del público la lista consolidada que recoge todos los códigos ID de las declaraciones de propiedades saludables remitidas por los Estados miembros conforme al artículo 13, apartado 2, del Reglamento no 1924/2006, la lista que enumera los códigos ID de las declaraciones de propiedades saludables que permanecen en suspenso, así como la lista de los códigos ID de las declaraciones de propiedades saludables denegadas. En ese contexto, aunque habría sido deseable que la Comisión elaborara una lista de las declaraciones en suspenso así como de las declaraciones denegadas con un formato similar al de la lista de las declaraciones autorizadas, anexa al Reglamento no 432/2012, para facilitar a las partes interesadas la tarea de identificación, el hecho de que en este caso la Comisión haya actuado de manera diferente no basta para sustentar la alegación basada en la falta de claridad en ese aspecto.

El hecho de que las autoridades de un Estado miembro estimen que la búsqueda de las declaraciones de propiedades saludables en suspenso presenta cierta dificultad no es suficiente por sí solo para reprochar falta de precisión o de claridad a la Comisión, dado que las declaraciones en suspenso pueden hallarse consultando los documentos puestos a disposición del público por la Comisión y por la EFSA. Por otro lado, la decisión de esas autoridades de ofrecer un instrumento de ayuda a los productores de alimentos no puede considerarse reveladora de un vicio en el Reglamento no 432/2012 que pueda causar su anulación, sino antes bien como un medio de ayuda que esas autoridades han decidido establecer de propia iniciativa en ejercicio de sus competencias.

(véanse los apartados 86, 87 y 89)