En materia de competencia, a tenor del artículo 25, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, el plazo de prescripción comenzará a contar a partir del día en que se haya cometido la infracción. No obstante, respecto de las infracciones continuas o continuadas, la prescripción sólo empezará a contar a partir del día en que haya finalizado la infracción.

En ese sentido, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o un acuerdo contrarios a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia. Tales indicios y coincidencias, cuando se valoran en conjunto, no sólo pueden revelar la existencia de acuerdos o prácticas contrarios a la competencia, sino también la duración de un comportamiento anticompetitivo continuado y el período de aplicación de acuerdos celebrados en contra de las reglas en materia de competencia.

Por otro lado, tal infracción puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado también puedan constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Cuando las diversas acciones se inscriben en un plan conjunto debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto.

Por lo que respecta a la falta de prueba sobre la existencia de un acuerdo durante algunos períodos determinados o, al menos, en cuanto a su ejecución por una empresa durante un período concreto, el hecho de que no se haya aportado tal prueba para algunos períodos determinados no impide considerar que la infracción existió durante un período global más largo que dichos períodos, a condición de que tal comprobación se base en indicios objetivos y concordantes. En el marco de una infracción que dura varios años, el hecho de que las manifestaciones del acuerdo se produzcan en períodos diferentes, pudiendo separarse por intervalos de tiempo más o menos largos, no influye en la existencia de dicho acuerdo, siempre que las diferentes acciones que formen parte de esta infracción persigan una única finalidad y se inscriban en el marco de una infracción única y continuada. En ese sentido, varios criterios son pertinentes para apreciar el carácter único de una infracción, a saber, la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, la identidad de los productos y de los servicios afectados, la identidad de las empresas que han participado en ella y la identidad de las formas de su puesta en práctica. Además, la identidad de las personas físicas que intervienen por cuenta de las empresas y la identidad del ámbito geográfico de aplicación de las prácticas de que se trata pueden tomarse en consideración a los efectos del examen.

Así pues, respecto a la infracción continuada la Comisión puede presumir que la infracción, o la participación de una empresa en ella, no se ha interrumpido, aunque no disponga de pruebas de la infracción durante algunos períodos específicos, siempre que las diferentes acciones que forman parte de esa infracción persigan una sola finalidad y puedan insertarse en una infracción de carácter único y continuo, apreciación ésa que debe sustentarse en indicios objetivos y concordantes acreditativos de la existencia de un plan conjunto. Cuando concurren esas condiciones el concepto de infracción continua permite de esa forma que la Comisión imponga una multa por la totalidad del período de infracción considerado y determine la fecha en la que empieza a correr el plazo de prescripción, a saber, la fecha en la que la infracción continua ha finalizado. Sin embargo, las empresas a las que se imputa la colusión pueden desvirtuar esa presunción, invocando indicios o medios de prueba acreditativos de que, por el contrario, la infracción, o su participación en ella, no continuó durante esos mismos períodos.

Por otro lado, es preciso distinguir el concepto de infracción continuada del de infracción continua, distinción que por lo demás confirma el uso de la conjunción «o» en el artículo 25, apartado 2, del Reglamento no 1/2003.

Cuando se puede demostrar que la participación de una empresa en la infracción se ha interrumpido y que la infracción cometida por la empresa antes y después de ese período presenta las mismas características, que se han apreciar atendiendo en especial a la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas que han tomado parte en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas implicadas por cuenta de las empresas y por último del ámbito geográfico de aplicación de esas prácticas, la infracción considerada debe calificarse como única y continuada. En ese supuesto la Comisión no puede imponer una multa por el período durante el que se interrumpió la infracción. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1/2003, la duración de la interrupción no puede exceder de cinco años, en cuyo caso habría prescrito la facultad de imponer una multa por el período de infracción anterior a esa interrupción.

(véanse los apartados 190 a 201)