Palabras clave

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Palabras clave

1 Procedimiento - Competencia del Tribunal de Justicia en virtud de una cláusula compromisoria - Requisito - Existencia de un contrato válido - Contrato sujeto a la Directiva 92/50/CEE, que exige la forma escrita - Exigencia no satisfecha - Inadmisibilidad del recurso

(Tratado CE, art. 181; Decisión 88/591/CEE del Consejo; Directiva 92/50/CEE del Consejo, art. 1)

2 Contratos públicos de las Comunidades Europeas - Celebración de un contrato público mediante licitación - Facultad de apreciación de las Instituciones - Control jurisdiccional - Límites

3 Derecho comunitario - Principios - Protección de la confianza legítima - Contratos públicos de las Comunidades Europeas - Incitación al licitador, antes de la adjudicación del contrato, a efectuar inversiones irreversibles - Responsabilidad extracontractual de la Comunidad

4 Contratos públicos de las Comunidades Europeas - Procedimiento de licitación - Obligación de respetar los principios de igualdad de los licitadores y de transparencia y de tener un comportamiento coherente

5 Contratos públicos de las Comunidades Europeas - Procedimiento de licitación - Gastos en que ha incurrido un licitador - Derecho a indemnización - Inexistencia

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1 La competencia del Tribunal de Primera Instancia para pronunciarse, con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 88/591 en su versión modificada, en relación con el artículo 181 del Tratado, sobre los litigios que le planteen personas físicas o jurídicas en virtud de una cláusula compromisoria presupone que el contrato que contiene la cláusula sea un contrato válido.

Procede, pues, declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto con arreglo a una cláusula compromisoria que prevé un contrato marco que forma parte de una licitación relativa a la adjudicación de un contrato de una Institución comunitaria, en la medida en que dicho contrato está sujeto a la Directiva 92/50, que define los contratos de referencia como contratos celebrados por escrito, y que nunca se firmó dicho contrato marco. A este último respecto, no puede deducirse la existencia de un contrato válido de la circunstancia de que la Comisión consultiva de compras y contratos, órgano consultivo de la citada Institución, emitió un dictamen favorable sobre la adjudicación del contrato al demandante, a pesar de la importancia que generalmente se concede a dicho dictamen, en la práctica, en el marco de una licitación.

2 Las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación en cuanto a los elementos que hay que tener en cuenta para decidir adjudicar un contrato mediante concurso, y el control del Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a comprobar que no existe ningún error grave y manifiesto.

3 El derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas. Si bien es cierto, a este respecto, que los operadores económicos deben soportar los riesgos económicos inherentes a sus actividades y que, en el ámbito de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, dichos riesgos económicos comprenden, en particular, los costes relacionados con la preparación de la oferta, puede producirse una violación del principio de la confianza legítima que genere la responsabilidad de la Comunidad cuando, antes de la adjudicación al vencedor del contrato de que se trate, el órgano de contratación incitase a un licitador a efectuar con antelación inversiones irreversibles y, por consiguiente, a contraer riesgos superiores a los inherentes a las actividades de referencia, consistentes en presentar una oferta.

4 En el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, el órgano de contratación ha de respetar, en cada fase del procedimiento de licitación, no solamente el principio de igualdad de trato de los licitadores, sino también el de transparencia. Así, una persona estrechamente implicada en un procedimiento de adjudicación y a la que se consideró incluso vencedora de la licitación, debe recibir, sin demora alguna, informaciones precisas referentes al desarrollo de todo el procedimiento.

Además, la Institución ha de adoptar una actitud coherente y constante para con los licitadores. Las posibles intervenciones de diferentes órganos administrativos o políticos de la Institución no pueden justificar, por tanto, el incumplimiento de las obligaciones que le incumben frente a los licitadores.

5 Del pliego de condiciones generales aplicables a los contratos públicos de las Comunidades se desprende que la Institución contratante no debe abonar indemnización alguna a los licitadores cuyas ofertas no hayan sido seleccionadas. De ello se deduce que, en principio, los gastos y costes contraídos por un licitador con motivo de su participación en una licitación no pueden constituir un perjuicio que pueda ser reparado mediante la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios.