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De los objetivos y del tenor literal de los números 8 y 9 de la letra C del Anexo V del Reglamento no 1408/71 (modificados por el Reglamento no 1392/74) se desprende que estas disposiciones y, en particular, la primera frase del no 9, tienen por finalidad permitir mantener en la legislación de la República Federal de Alemania la necesidad del pago invertido — formulada en el párrafo segundo del apartado 49a del artículo 2 de la Ley por la que se reformó el régimen de seguro de los empleados (AnVNG), modificada por la Ley de 16 de octubre de 1972, por la que se reformó el régimen de pensiones — incluso en el supuesto de que los períodos más recientes correspondan a períodos de cotización obligatoria en otro Estado miembro. Cuando un ciudadano alemán o un ciudadano de otro Estado miembro que resida en la República Federal de Alemania quiera acogerse al párrafo segundo del apartado 49a, los períodos de cotización en otros Estados miembros no se consideran, pues, «cubiertos», sino que deben ser pagados con prioridad cuando sean más recientes que otros períodos nacionales efectivamente no cubiertos. Por el contrario, esta exigencia no puede hacerse valer contra las personas contempladas por las letras b) y c) del número 8, quienes, por otra parte, no están autorizadas en ningún caso a «pagar con efecto retroactivo» períodos cubiertos en otros Estados miembros.

Por consiguiente, un ciudadano alemán que haya cotizado al seguro de pensiones de vejez en otro Estado miembro y que, posteriormente, desee pagar, con efecto retroactivo, a efectos del párrafo segundo del apartado 49a del artículo 2 de la AnVNG, cotizaciones al seguro alemán de pensiones por períodos pasados, puede verse obligado a pagar las cotizaciones al seguro alemán correspondientes a períodos cubiertos por cotizaciones en otro Estado miembro.
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La Directiva 69/335 suprimió, entre otros, los impuestos de timbre sobre los títulos y sometió las aportaciones a sociedades de capitales a la percepción de un impuesto sobre las aportaciones con un tipo que no puede superar normalmente el 2 % ni ser inferior al 1 %. En Dinamarca se adaptó el Derecho interno a esta Directiva mediante Ley no 283, de 23 de marzo de 1973, por la que se suprime el impuesto de timbre que se aplicaba hasta entonces, y mediante Ley no 284 de la misma fecha, por la que se establece un impuesto sobre las aportaciones de un 2 %. A continuación se redujo el tipo de este impuesto a un 1 % a partir del 1 de enero de 1976 mediante la Ley no 583, de 26 de noviembre de 1975, por la que se aplica la Directiva 73/80/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1973 (DO L 103, p. 13; EE 09/01, p. 44).
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En su sentencia de 13 de octubre de 1977, Mura (22/77,↔ Rec. p. 1699), el Tribunal de Justicia dio la respuesta siguiente: «Cuando el trabajador percibe una pensión únicamente en virtud de la legislación nacional, lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 1408/71 no impide que se le aplique íntegramente la legislación nacional, incluidas las normas nacionales que prohíben la acumulación. Sin embargo, si la aplicación de esta legislación nacional resulta menos favorable para el trabajador que la del régimen de totalización y prorrateo, debe aplicarse este último en virtud del apartado 1 del artículo 46 del Reglamento (CEE) no 1408/71.»
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Considerando que, aun cuando hubiera que admitir que el artículo 37 no sólo prohibe discriminar a los productos importados respecto de los nacionales sometidos al monopolio, sino también a estos últimos respecto de los productos importados de ello no se deduce que los Estados miembros no puedan gravar con mayor rigor los productos nacionales, estén o no sujetos al monopolio, que los productos similares importados;
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Considerando que si bien las disposiciones del Tratado en materia de establecimiento y de prestación de servicios no pueden aplicarse a situaciones puramente internas de un Estado miembro, no es menos cierto que la referencia del artículo 52 a los «nacionales de un Estado miembro» que deseen establecerse «en el territorio de otro Estado miembro» no puede interpretarse de modo que se niegue la posibilidad de beneficiarse del Derecho comunitario a los propios nacionales de un determinado Estado miembro, cuando éstos, por el hecho de haber residido regularmente en el territorio de otro Estado miembro y de haber adquirido en él una capacitación profesional reconocida por las disposiciones del Derecho comunitario, se encuentran, con respecto a su Estado de origen, en una situación asimilable a la de todas las demás personas que disfrutan de los derechos y libertades garantizados por el Tratado;
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Considerando que, mediante resolución de 6 de junio de 1978, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 del mismo mes, el Centrale Raad van Beroep decidió plantear al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales, en el marco de un litigio del que debe conocer; que, en efecto, un nacional neerlandés, antiguo funcionario municipal en los Países Bajos, que percibe desde el 1 de mayo de 1971 de una pensión de invalidez en virtud de la Algemene Burgerlijke Pensioenwet, sometió su caso al órgano jurisdiccional nacional citado; que, tras trasladar su residencia a Bélgica, el interesado solicitó a la institución neerlandesa competente que le abonara la asignación por hijos a cargo correspondiente a una hija que seguía residiendo en los Países Bajos; que, por no cumplirse, en opinión de dicha institución, el requisito de residencia prescrito por el apartado 1 del artículo 17 de la Kinderbijslaggwet voor Loontrekkenden, el interesado recibió una resolución denegatoria; que, por consiguiente, el Centrale Raad van Beroep decidió plantear a este Tribunal las cuestiones prejudiciales siguientes: «El hecho de que la letra j) del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1408/71 sólo cite los apartados 1 y 2 del artículo 4, ¿significa que la reserva contemplada en el apartado 4 del mismo precepto no afecta al alcance del término “legislación”, tal y como éste se recoge en otros artículos del Reglamento? En relación con la respuesta que proceda dar a la cuestión anterior o independientemente de ella, ¿la pensión o renta concedida en virtud de un régimen especial de funcionarios o personal asimilado constituye también una pensión o renta “debida en virtud de la legislación de un solo Estado miembro”, en el sentido de la letra a) del apartado 2 del artículo 77?»
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que en la notificación a la Comisión de dicha medida, efectuada de conformidad con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 31 del Reglamento no 816/70, mediante télex de 11 de septiembre de 1975 se mencionaba que «durante los Consejos de Ministros de 15 de abril, 21 de julio y 9 de septiembre de 1975, se analizó detenidamente la situación del mercado comunitario de vinos de mesa. Se observó que la actual insuficiencia de los instrumentos comunitarios de intervención impedía el reequilibrio espontáneo de dicho mercado, profundamente perturbado por la depreciación de la lira verde durante los últimos años. La delegación francesa expuso las consecuencias que para sus productores tenía esta situación y no cesó de proponer soluciones basadas, en primer lugar, en la reforma del Reglamento no 816/70. El Consejo de Ministros decidió, el pasado 15 de abril, que ésta se adoptaría a más tardar el 1 de agosto de 1975 para su aplicación a partir de la campaña vitícola 1975-1976. Ahora bien, el debate de las propuestas de la Comisión se aplazó hasta el Consejo de 21 y 22 de julio de 1975, y durante la sesión de 9 de septiembre no se tomó ninguna decisión. Tal como expusieron el Ministro y el Secretario de Estado de Agricultura franceses, la situación creada en Francia por el desorden del mercado del vino exige, en consecuencia, medidas de salvaguardia contra las importaciones a muy bajo precio procedentes de Italia. El Consejo deliberó largamente. Pese a la propuesta de la Comisión y de nuestros socios dirigida a encontrar un acuerdo político a este respecto, así como a las sugerencias hechas por la delegación francesa, el Consejo no logró llegar a una decisión unánime. En estas circunstancias, el Gobierno francés decidió invocar las disposiciones del apartado 2 del artículo 31 del Reglamento comunitario no 816/70»;
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Considerando que de acuerdo con el artículo 62 del Convenio de Lomé «en lo que se refiere al régimen aplicable en materia de establecimiento y prestación de servicios, los Estados ACP por una parte y los Estados miembros por otra, tratarán de manera no discriminatoria a los nacionales y sociedades de los Estados miembros y a los nacionales y sociedades de los Estados ACP, respectivamente. No obstante, si respecto de una actividad determinada, un Estado ACP o un Estado miembro no pueden garantizar este trato, los Estados miembros o los Estados ACP, según los casos, no estarán obligados a conceder este trato, por lo que respecta a tal actividad, a los nacionales y sociedades de dicho Estado».
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Considerando que esta cuestión se refiere especialmente al incumplimiento, por parte de una persona que tiene derecho a residir en el territorio nacional en virtud del Derecho comunitario, de la obligación de proveerse de un documento de identidad válido; que, como este requisito lo formula de manera expresa la Directiva 68/360, no se puede cuestionar, en principio, el derecho de los Estados miembros a sancionar a cualquier persona que incumpla esta obligación; que, no obstante, el órgano jurisdiccional nacional pregunta al respecto si es compatible con el Derecho comunitario y, en particular, con la regla de no discriminación del artículo 7 del Tratado, imponer a una persona a la que se aplican las disposiciones del Derecho comunitario las sanciones, relativamente graves, dispuestas para semejante infracción en la legislación general relativa a la policía de extranjeros, cuando a un nacional propio, en caso de infracción de disposiciones comparables de la legislación interna, no podrían imponérsele más que las penas, considerablemente más leves, previstas para las simples infracciones administrativas.
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Considerando que en la primera cuestión se pregunta si basta «para la adquisición del derecho a prestaciones con arreglo al artículo 40 del Reglamento no 1408/71 a cargo de la institución de un Estado miembro, en el sentido del principio del apartado 3 del artículo 45 de este Reglamento —habida cuenta de la génesis de esta última disposición— que el trabajador que, en la fecha del hecho causante, está sujeto a la legislación de otro Estado miembro o, si no es ése el caso, puede alegar un derecho a prestaciones en virtud de la legislación de otro Estado miembro, pueda solamente acreditar períodos de seguro o por lo menos períodos de trabajo por cuenta ajena y/o períodos asimilados, cubiertos bajo la legislación del Estado miembro citado en primer lugar, que no sea una legislación en el sentido del principio del apartado 3 del artículo 45 y que, en la fecha a la que se refiere el apartado 2 del artículo 94, no fuera ya una legislación existente en el sentido de la letra j) del artículo 1 del Reglamento, habida cuenta también de la última frase del apartado 3 del artículo 45 (por más que nunca haya estado, por consiguiente, sujeto a la legislación del Estado miembro nombrado en primer lugar, en el sentido del principio del apartado 3 del artículo 45)».
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Considerando que procede responder a la primera cuestión que las disposiciones del artículo 93 no impiden a un órgano jurisdiccional nacional plantear al Tribunal de Justicia una cuestión relativa a la interpretación del artículo 92 del Tratado, cuando dicho órgano jurisdiccional estime necesaria una decisión sobre este extremo para poder dictar su sentencia, entendiéndose que dicho órgano jurisdiccional no es competente para pronunciarse —a falta de Reglamentos de aplicación en el sentido del artículo 94— sobre una demanda para que se declare la incompatibilidad con el Tratado de una ayuda existente que no haya sido objeto de una Decisión de la Comisión que obligara al Estado miembro interesado a suprimirla o a modificarla, o de una ayuda nueva introducida con arreglo al apartado 3 del artículo 93.
La aplicación objetivamente errónea del Derecho comunitario, basada en una interpretación hecha de buena fe por las autoridades nacionales, no puede estar comprendida en el artículo 8 del Reglamento no 729/70, sino que, por el contrario, debe apreciarse a la luz de las disposiciones generales de los artículos 2 y 3 del mismo Reglamento, a tenor de los cuales el FEOGA financiará las restituciones concedidas y las intervenciones emprendidas «según las normas comunitarias» en el marco de la organización común de los mercados agrícolas; estas disposiciones sólo permiten a la Comisión imputar al FEOGA los importes pagados de acuerdo con las normas establecidas en los diferentes sectores de los productos agrícolas, corriendo por cuenta de los Estados miembros cualquier otro importe pagado, en particular los importes que las autoridades nacionales hayan pagado por considerarse erróneamente autorizadas para ello en el marco de la organización común de mercados.
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que la eficacia de dicho precepto no puede verse afectada por el hecho de que la obligación impuesta por el Tratado no haya sido cumplida por ciertos Estados miembros y por el hecho de que las Instituciones comunitarias no hayan reaccionado con la firmeza necesaria contra tal situación de incumplimiento;
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El apartado 2 del artículo 1 del Reglamento no 67/67 de la Comisión, cuyo alcance es excluir del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 y, en consecuencia, del Reglamento no 67/67, los acuerdos de exclusiva que tengan carácter meramente nacional y que no puedan afectar de manera sensible al comercio entre Estados miembros, no tiene por objeto excluir del beneficio de la exención por categorías a los acuerdos que, aunque celebrados entre dos empresas de un mismo Estado miembro, excepcionalmente puedan afectar de manera sensible al comercio entre Estados miembros, pero que, por lo demás, reúnan todos los requisitos previstos en el artículo 1 del Reglamento no 67/67.
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Considerando que, en la medida en que un precio máximo, fijado unilateralmente por un Estado miembro, sea incompatible con las disposiciones del Derecho comunitario en materia agrícola, el Estado interesado no podrá basarse, para justificar dicha fijación, en las disposiciones del artículo 103 del Tratado relativas a la política de coyuntura, y ello tanto más cuanto que el Reglamento no 1009/67 contiene un marco de organización concebido para permitir que la Comunidad y los Estados miembros hagan frente a todo tipo de perturbaciones; que procede señalar a este respecto, en primer lugar, que asegurar al consumidor suministros de productos agrícolas a precios razonables forma parte de los objetivos contemplados en el apartado 1 del artículo 39 del Tratado; que el apartado 1 del artículo 21 del Reglamento no 1009/67 autoriza al Consejo a adoptar todas las medidas adecuadas en caso de que el mercado de la Comunidad acuse o pueda acusar perturbaciones debido a las importaciones o exportaciones; que el apartado 2 del mismo artículo indica de manera precisa las modalidades de una actuación común en la que participen, en el caso antes considerado, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros; que además de las facultades que el Reglamento reserva al Consejo y a la Comisión, ésta, en virtud del propio Tratado, está encargada de una misión general de vigilancia e iniciativa; que, en este contexto, también procede llamar la atención sobre la función de consulta permanente que desempeña, en el marco de la gestión del sector del mercado de que se trata, el «Comité de Gestión» establecido por el artículo 39 del Reglamento; que, en efecto, además de las tareas que se le confíen específicamente, el Comité de Gestión, a tenor del artículo 41 del Reglamento, podrá examinar cualquier otra cuestión planteada por su presidente, bien por iniciativa de éste último, bien a instancia del representante de un Estado miembro; que de este modo resulta que el marco de organización del Reglamento no 1009/67 reserva a todo Estado miembro la posibilidad de tomar, junto con las Instituciones comunitarias, las iniciativas adecuadas, en los plazos más breves posibles, en caso de que el juego normal de los mecanismos de precios establecidos por el Reglamento no permita hacer frente a tendencias no deseadas que se manifiesten en la evolución de los precios en su propio territorio.
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Considerando que, mediante resolución de 30 de enero de 1975, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de febrero de 1975, el Pretore di Abbiategrasso planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la validez y la interpretación del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 834/74 de la Comisión, completado y modificado respectivamente por los Reglamentos (CEE) de la Comisión no 1495/74 (DO 1974, L 158, p. 20) y no 2106/74 (DO 1974, L 218, p. 53).
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que, además, cuando la letra c) del apartado 1 del artículo 13 se refiere a los trabajadores que ejerzan normalmente su actividad en varios Estados miembros, no pretende excluir de su ámbito de aplicación el caso del trabajador que, no cumpliendo los requisitos previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 13, ejerza su actividad en un Estado miembro distinto al de residencia, de un modo no habitual, sino ocasional;
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que, mientras no se haya establecido un régimen comunitario que garantice a los consumidores la autenticidad de la denominación de origen de un producto, los Estados miembros pueden tomar medidas para prevenir las prácticas desleales a este respecto, a condición, no obstante, de que estas medidas sean razonables y que los medios de prueba exigidos no pongan trabas al comercio entre los Estados miembros y sean, por ello, accesibles a todos sus nacionales;
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Considerando que, mediante escrito de 3 de julio de 1972, la Comisión interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, que tiene por objeto que se declare que, al no adoptar las medidas necesarias para hacer posible en su territorio la aplicación efectiva y dentro de los plazos correspondientes del régimen de primas por sacrificio de vacas lecheras (en lo sucesivo, «primas por animal sacrificado») y del régimen de primas por no comercialización de leche y de productos lácteos (en lo sucesivo, «primas por no comercialización»), la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento (CEE) no 1975/69 del Consejo, de 6 de octubre de 1969, por el que se establece un régimen de primas por sacrificio de vacas y de primas por no comercialización de leche y de productos lácteos (DO L 252, p. 1) y del Reglamento (CEE) no 2195/69 de la Comisión, de 4 de noviembre de 1969, por el que se establecen las modalidades de aplicación relativas al citado Reglamento (DO L 278, p. 6).
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que, mediante la primera cuestión, se pide al Tribunal de Justicia que declare «si son directamente aplicables en el ordenamiento jurídico italiano las disposiciones del Reglamento no 1975/69 y del Reglamento no 2195/69, y, en caso afirmativo, si confieren a los particulares derechos individuales que los órganos jurisdiccionales nacionales deben tutelar»; que, mediante la segunda cuestión, se pretende saber fundamentalmente si, cuando se reúnen los requisitos que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 5 y los artículos 6 y 9 del Reglamento no 2195/69, los referidos Reglamentos, al regular la prima por animal sacrificado, confieren al agricultor interesado un derecho al cobro de dicha prima exigible contra el Estado miembro al que pertenezca, derecho que el Juez nacional deba tutelar directamente y que el mencionado Estado no puede someter a requisitos adicionales, particularmente en cuanto al plazo para el pago que establece el artículo 10 del Reglamento no 2195/69;
Sería incompatible con el carácter imperativo que el artículo 189 reconoce a la Decisión negar que, en principio, los particulares afectados puedan invocar la obligación que establece. Particularmente en el caso de que las autoridades comunitarias, mediante Decisión, hayan obligado a uno o a todos los Estados miembros a adoptar un comportamiento determinado, el efecto útil de dicho acto se debilitaría si a los nacionales del Estado de que se trate se les privara de la posibilidad de invocarlo ante los órganos jurisdiccionales de dicho Estado y éstos no pudieran tomarlo en consideración como elemento integrante del Derecho comunitario. Si bien los efectos de una Decisión pueden no ser idénticos a los de un Reglamento, esta diferencia no excluye que el resultado final sea el mismo que el de un Reglamento directamente aplicable: la posibilidad de que los justiciables los invoquen ante sus propios órganos jurisdiccionales. Por consiguiente, procede examinar en cada caso si la naturaleza, el sistema y el tenor literal de la disposición de que se trata pueden llegar a producir efecto directo en las relaciones entre el destinatario del acto y los terceros.

Si bien el párrafo segundo del artículo 4 de la Decisión de 13 de mayo de 1965 prevé la supresión de los impuestos específicos para garantizar un sistema común y coherente de impuesto sobre el volumen de negocios, este objetivo no impide que los transportes estén sujetos a otros tributos cuya naturaleza y fines sean distintos de los perseguidos por el sistema común de impuesto sobre el volumen de negocios. No responde a las características normales de un impuesto sobre el volumen de negocios, a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 4 de la Decisión de 13 de mayo de 1965, un tributo que no grava transacciones comerciales, sino el mero hecho del transporte por carretera, y cuya base imponible no está constituida por la retribución de una prestación, sino por la carga física, expresada en toneladas/kilómetros, que por la actividad gravada soportan las carreteras.
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que una ley nacional que tiene por objeto evitar al trabajador que reanuda su trabajo en su antigua empresa los perjuicios que se derivan de la ausencia ocasionada por el servicio militar y en la que se establece principalmente que el tiempo pasado en filas se toma en consideración a efectos de la duración del servicio de la empresa, entra en el marco de las condiciones de empleo y trabajo; que dicha ley no podría, pues, sustraerse, por su vinculación indirecta con la defensa nacional, a la aplicación del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento no 38/64 y del artículo 7 del Reglamento no 1612/68, relativos a la igualdad de trato y a la idéntica protección de los trabajadores migrantes «en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y trabajo»;
Ni los textos ni el sistema general del Tratado confieren a la Alta Autoridad un poder normativo implícito en materia de publicidad de las tarifas de transporte.

La publicidad obligatoria de los precios no tiene por corolario la publicidad de las tarifas de transporte. Los términos «precios y condiciones de venta» del artículo 60 se refieren únicamente a los precios y condiciones de venta de la mercancía y no a los del transporte, debido a que éstos no constituyen para el vendedor más que un factor de su precio de coste, que no está obligado a hacer público.

Del hecho de que la Alta Autoridad tenga competencias generales para el control de las discriminaciones, no es tampoco posible deducir que existe una correlación orgánica y funcional entre la obligación de hacer públicos los precios de los productos y la de hacer públicos los costes de los transportes. La Alta Autoridad no está facultada, en virtud de dichas competencias, para ejercer un poder de decisión que implante un control previo imponiendo la publicidad de las listas de los precios, ya que su poder normativo al respecto es excepcional y subordinado a una renuncia de los Estados miembros, que el Tratado no establece ni expresa ni implícitamente en el campo de la publicidad de las tarifas de transporte.