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El Decreto Legislativo no 163, de 12 de abril de 2006, por el que se establece el Código de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, de conformidad con las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, (suplemento ordinario de la GURI no 100, de 2 de mayo de 2006, en lo sucesivo, «Código»), dispone en su artículo 40: «1. Quienes lleven a cabo obras públicas, sean cuales fueren sus modalidades, deberán haber obtenido una habilitación y asegurarse de que su actividad sea conforme a los principios de calidad, profesionalidad y lealtad. Con ese mismo fin, los productos, procedimientos, servicios y sistemas de calidad de la empresa que dichas personas empleen estarán sujetos a certificación con arreglo a la normativa en vigor. 2. El reglamento [...] regula el sistema único de habilitación para todos aquellos que lleven a cabo obras públicas de un importe superior a 150.000 euros, sean cuales fueren sus modalidades, en función del tipo y del importe de las obras. El reglamento [...] también permite revisar periódicamente las categorías de habilitación y establecer posibles nuevas categorías. 3. El sistema de habilitación será establecido por organismos de certificación de Derecho privado, autorizados a tal efecto por la Autorità. La actividad de certificación se ejercerá observando el principio de independencia de criterio, garantizando que no existe ningún interés comercial o financiero que pueda dar lugar a comportamientos que no sean imparciales o que resulten discriminatorios. En el ejercicio de su actividad de certificación en relación con quienes llevan a cabo obras públicas, las SOA ejercen una función de Derecho público [...] En caso de que expidan certificaciones falsas resultarán aplicables los artículos 476 y 479 del Código Penal. Las SOA verificarán que concurren todos los requisitos exigidos a la empresa solicitante antes de expedir las certificaciones. Los organismos de certificación se encargarán de certificar que las personas habilitadas: a) disponen de un certificado en el que se dé fe de que su sistema de calidad es conforme a la normativa europea [...] y a la normativa nacional en vigor, expedido por organismos acreditados con arreglo a la normativa europea [...]. Los organismos acreditados deberán inscribir la certificación a la que se hace referencia en el presente apartado para las empresas que realizan obras públicas en la lista oficial establecida por el organismo italiano de acreditación [...]; b) cumplen los requisitos generales, técnico-organizativos y económico-financieros establecidos por las disposiciones [de la Unión] aplicables en materia de habilitación. Forman parte de los requisitos técnico-organizativos los certificados expedidos por los promotores a las empresas que realizan obras públicas. [...] 4. El reglamento define en particular: […] b) las modalidades y criterios para la autorización de los organismos de certificación y para una eventual retirada de dicha autorización, así como los requisitos subjetivos, organizativos, financieros y técnicos que dichos organismos han de cumplir; c) las modalidades para certificar que las personas habilitadas disponen de un sistema de calidad certificado con arreglo al apartado 3, letra a), y que cumplen los requisitos enumerados en el apartado 3, letra b), así como las modalidades de una posible verificación anual de dichos requisitos a la luz de los datos que arroje el balance; d) los requisitos generales […] y los requisitos técnico-organizativos y económico-financieros a los que se hace referencia en el apartado 3, letra b), incluidas las medidas relativas a la envergadura y el tipo de obras. […] e) los criterios para la fijación de las tarifas aplicables a la actividad de habilitación, siendo imposible no aplicar las tarifas mínimas; f) las modalidades de verificación de la habilitación; la habilitación tendrá una duración de cinco años, debiendo verificarse antes de que finalice el tercer año si siguen concurriendo los requisitos generales y los requisitos relativos a la capacidad estructural, que habrán de mencionarse en el reglamento; la duración de la validez de las categorías generales y especiales objeto de la revisión mencionadas en el apartado 2; la tarifa de la verificación de que siguen concurriendo los requisitos será proporcional a la tarifa de certificación, sin poder sobrepasar los tres quintos de este último; fbis) las modalidades que permitan garantizar, en el marco de sus competencias respectivas, la acción coordinada de vigilancia de la actividad de los organismos de certificación, empleando las estructuras y los recursos que ya estén disponibles para tal fin, sin que puedan imputarse a la hacienda pública nuevos gastos o un aumento de los existentes; g) las sanciones pecuniarias o de inhabilitación, que pueden ir hasta la retirada de la autorización, por las irregularidades y actos contrarios a Derecho cometidos por las SOA con ocasión de la expedición de certificaciones así como en caso de no actuación de las SOA tras una solicitud de información y de documentos de la Autorità en el marco de su misión de supervisión, según un criterio de proporcionalidad y de respeto del principio contradictorio; g bis) las sanciones pecuniarias a las que se hace referencia en el artículo 6, apartado 11, y las sanciones de inhabilitación, que pueden ir hasta la retirada de la certificación de habilitación, para los operadores económicos que no respondan a las solicitudes de información y de documentos formuladas por la Autorità en el marco de su facultad de supervisión del sistema de autorización, o que faciliten información engañosa o realicen actos engañosos; h) la elaboración, sobre una base regional, de listas de personas que hayan obtenido la habilitación a la que se hace referencia en el apartado 3; estas listas serán elaboradas y conservadas por la Autorità, quien garantizará la publicidad a través del Observatorio. […] 6. El reglamento define los requisitos económico-financieros y técnico-organizativos específicos que deben cumplir los candidatos para una concesión de obras públicas, que no tengan la intención de ejecutar las obras mediante su propia organización empresarial. [...] 9 bis. Las SOA son responsables de la conservación de los documentos y de los actos utilizados para expedir las certificaciones, incluso después del cese de la actividad de certificación. Las SOA también tienen la obligación de permitir acceso a dichos documentos y actos a las personas indicadas en el reglamento, incluso en caso de suspensión o de retirada de la autorización de ejercicio de la actividad de certificación; en caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones administrativas pecuniarias establecidas en el artículo 6, apartado 11. En todo caso, las SOA permanecerán obligadas a conservar los documentos y actos mencionados en la primera frase durante diez años o durante el período indicado en el reglamento […] 9 ter. Las SOA tienen la obligación de informar a la Autorità del inicio del procedimiento de verificación de que concurren los requisitos exigidos respecto de una empresa y de su resultado. Las SOA tienen la obligación de retirar la certificación de habilitación si constatan que ésta se expidió sin que concurriesen los requisitos establecidos por el reglamento o si dichos requisitos ya no se cumplen; en caso de incumplimiento la Autorità retirará la autorización de ejercicio de la actividad de certificación a las SOA. 9 quater. Si se presenta una falsa declaración o falsos documentos a efectos de la habilitación, las SOA lo señalarán a la Autorità quien, en caso de que considere que hay dolo o falta grave, y teniendo en cuenta la importancia y la gravedad de los hechos objeto de la falsa declaración o de la presentación de falsos documentos, procederá a una anotación registral automática [...] para la exclusión de los procedimientos de licitación y de subcontratación, […] durante un año, tras el cual se borrará dicha inscripción y perderá toda su eficacia.»