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En estas circunstancias, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal Tributario, Austria) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 3, letra e), del Reglamento n.o 883/2004 en el sentido de que comprende una situación en la que una trabajadora por cuenta ajena nacional de un Estado miembro, en el cual tanto ella como sus hijos tienen su residencia, que concierta una relación laboral como cooperante internacional con un empleador domiciliado en otro Estado miembro, con sujeción al régimen de seguro obligatorio establecido por la legislación del Estado del domicilio del empleador, es destinada por el empleador a un país tercero, aunque no inmediatamente después de su contratación, sino tras completar un período de preparación, y posteriormente regresa al Estado del domicilio del empleador para cumplir los períodos de reintegración? 2) ¿Una disposición de un Estado miembro como el artículo 53, apartado 1, de la [FLAG], que entre otras cosas establece un régimen propio para la igualdad de trato con los nacionales, infringe la prohibición de transposición de los reglamentos en el sentido del artículo 288 TFUE, párrafo segundo? Las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta se refieren al supuesto de que la situación de la demandante en el litigio principal esté comprendida en el artículo 11, apartado 3, letra e), del Reglamento n.o 883/2004 y de que el Derecho de la Unión imponga exclusivamente al Estado miembro de residencia la obligación de satisfacer las prestaciones familiares. 3) ¿Debe interpretarse el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, consagrado, para el caso de los trabajadores por cuenta ajena, en el artículo 45 TFUE, apartado 2, y con carácter subsidiario en el artículo 18 TFUE, en el sentido de que se opone a una disposición nacional como el artículo 13, apartado 1, de la [Ley sobre el Estatuto de los Cooperantes] en su versión en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018 […], que subordina el derecho a las prestaciones familiares en el Estado miembro que no es competente con arreglo al Derecho de la Unión a la circunstancia de que el cooperante haya tenido el centro de los intereses vitales o su residencia habitual en el territorio del Estado miembro de la sede del empleador antes de comenzar a trabajar, cuando dicho requisito debe ser cumplido también por los nacionales? 4) ¿Deben interpretarse el artículo 68, apartado 3, del Reglamento n.o 883/2004 y el artículo 60, apartados 2 y 3, del Reglamento [n.o 987/2009] en el sentido de que la institución del Estado miembro que fue considerado por la demandante en el litigio principal como el Estado de empleo competente con carácter prioritario y en el que se presentó la solicitud de prestaciones familiares, pero cuya legislación no es aplicable ni con carácter prioritario ni de ningún otro modo, [y en el que], aunque existe un derecho a prestaciones familiares en virtud de una norma subsidiaria de la legislación de ese Estado miembro, debe aplicar por analogía las disposiciones relativas a la obligación de traslado de la solicitud, de información al interesado, de adopción de una decisión provisional sobre las normas de prioridad aplicables y de abono provisional de las prestaciones en metálico? 5) ¿La obligación de tomar una decisión provisional sobre las normas de prioridad aplicables incumbe únicamente a la autoridad recurrida, como la institución en cuestión, o también al tribunal de lo contencioso-administrativo que debe resolver el recurso? 6) ¿En qué momento está obligado el tribunal de lo contencioso-administrativo a tomar una decisión provisional sobre las normas de prioridad aplicables? La séptima cuestión prejudicial se refiere al supuesto de que la situación de la [demandante en el litigio principal] esté comprendida en el artículo 11, apartado 3, letra a), del Reglamento n.o 883/2004 y de que el Derecho de la Unión imponga conjuntamente al Estado miembro de residencia y al Estado de empleo la obligación de satisfacer las prestaciones familiares. 7) ¿Deben interpretarse las expresiones “esta institución trasladará la solicitud”, del artículo 68, apartado 3, letra a), del Reglamento n.o 883/2004, y “transmitirá la solicitud”, utilizada en el artículo 60 del [Reglamento n.o 987/2009], en el sentido de que dichas disposiciones vinculan a la institución del Estado miembro con competencia prioritaria y a la institución del Estado miembro con competencia no prioritaria de tal modo que ambos Estados miembros deben resolver conjuntamente una (en singular) solicitud de prestaciones familiares, o bien que el pago del complemento diferencial ofrecido en su caso por la institución del Estado miembro cuya legislación es aplicable de manera no prioritaria debe ser solicitado por separado por el solicitante, de manera que este deberá presentar dos solicitudes físicas (formularios) en dos instituciones de dos Estados miembros, que por lógica originarán plazos diferentes? Las cuestiones octava y novena se refieren al ámbito temporal iniciado el 1 de enero de 2019, cuando Austria, al introducir la indexación del subsidio familiar, […] suprimió la concesión del subsidio familiar para los cooperantes internacionales derogando el artículo 13, apartado 1, de [la Ley sobre el Estatuto de los Cooperantes]. 8) ¿Deben interpretarse los artículos 4 TFUE, apartado 4, 45 TFUE, 208 TFUE y 4 TUE, apartado 3, así como los artículos 2, 3, 7 y el título II del Reglamento n.o 883/2004, en el sentido de que en general prohíben que un Estado miembro suprima las prestaciones familiares para los cooperantes internacionales que llevan consigo a los miembros de su familia al destino laboral en el país tercero? Con carácter subsidiario, novena cuestión prejudicial: 9) ¿Deben interpretarse los artículos 4 TFUE, apartado 4, 45 TFUE, 208 TFUE, 4 TUE, apartado 3, así como los artículos 2, 3, 7 y el título II del Reglamento n.o 883/2004 en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, garantizan a un cooperante internacional que ya ha adquirido el derecho a prestaciones familiares por períodos anteriores una continuidad individual y específica del derecho a las prestaciones familiares durante determinados períodos de tiempo, aunque el Estado miembro haya suprimido las prestaciones familiares para los cooperantes internacionales?»