Palabras clave

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Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Facultad de apreciación de la Comisión

(Art. 87 CE, ap. 3)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Facultad de apreciación de la Comisión

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común — Ayudas de reestructuración de una empresa en crisis

[Art. 87 CE, ap. 3, letra c); Comunicación de la Comisión 94/C 368/05, punto 3.2.2]

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión

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1. La Comisión goza de una amplia facultad de apreciación para aplicar el artículo 87 CE, apartado 3, cuyo ejercicio implica evaluaciones complejas de orden económico y social que deben efectuarse en un contexto comunitario. El control jurisdiccional que se aplica al ejercicio de dicha facultad de apreciación se limita, por ello, a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, así como a controlar la exactitud material de los hechos alegados y la ausencia de error de Derecho, de error manifiesto al apreciar los hechos o de desviación de poder. Este control debe efectuarse teniendo en cuenta los elementos de hecho y de Derecho de que disponía la Comisión en el momento en que efectuó la apreciación que le incumbía.

(véanse los apartados 41 y 54)

2. La Comisión puede imponerse orientaciones para el ejercicio de sus facultades de apreciación, en particular mediante Directrices como las que adoptó sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, en la medida en que éstas contengan normas indicativas sobre la orientación que debe seguir dicha institución y no sean contrarias a las normas del Tratado. Tales medidas obedecen a la voluntad de la Comisión de hacer públicas normas indicativas sobre la orientación que va a seguir, como se desprende de sus decisiones individuales en el ámbito de que se trate.

(véase el apartado 42)

3. Para poder ser declarado compatible con el mercado común con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra c), un proyecto de ayuda de reestructuración a empresas en crisis debe estar condicionado a la existencia de un programa de reestructuración dirigido a reducir o a dar una nueva orientación a sus actividades. El punto 3.2.2 de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, que aplica esta exigencia, impone en particular que el programa de reestructuración respete tres requisitos materiales. Es imperativo, en primer lugar, que permita el restablecimiento de la viabilidad de la empresa beneficiaria en un período de tiempo razonable y sobre la base de hipótesis realistas (punto 3.2.2, A); en segundo lugar, no debe provocar un falseamiento de la competencia (punto 3.2.2, B), y, en tercer lugar, la ayuda debe ser proporcionada a los costes y beneficios de la reestructuración (punto 3.2.2, C). Dado que estos requisitos son acumulativos, es suficiente que falte uno de ellos en un proyecto de ayuda para que deba ser declarado incompatible por la Comisión.

Del punto 3.2.2, C resulta que la ayuda en cuestión debe ser estrictamente necesaria para que la empresa beneficiaria vuelva a ser viable, es decir, no sólo debe responder al objetivo perseguido de reestructuración de la empresa de que se trate, sino que también ha de ser proporcional a éste, de modo que, en principio, el importe de la ayuda que supere el estricto restablecimiento de la capacidad competitiva del beneficiario no puede ser concedido con arreglo a las Directrices. Corresponde al Estado miembro de que se trata, para cumplir su deber de colaboración con la Comisión, aportar todos los datos que permitan a dicha institución comprobar que se cumplen los requisitos de la excepción solicitada.

(véanse los apartados 43 a 45, 47 y 48)

4. Cuando la Comisión ha ofrecido efectivamente a los interesados la posibilidad de presentar sus observaciones sobre un proyecto de ayudas que le ha sido notificado, no puede reprochársele que no haya tenido en cuenta eventuales elementos de hecho que podrían haberle sido presentados durante el procedimiento administrativo previo, pero que no lo fueron, puesto que la Comisión no está obligada a examinar de oficio y por suputación qué elementos podrían habérsele presentado.

(véase el apartado 54)