Palabras clave

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Palabras clave

1 Derecho comunitario - Derechos conferidos a los particulares - Incumplimiento, por un Estado miembro, de la obligación de adaptar su Derecho interno a una Directiva - Obligación de reparar el perjuicio causado a los particulares - Extensión de la reparación - Aplicación retroactiva y completa de las medidas de ejecución de la Directiva - Reparación suficiente - Requisitos

(Directiva 80/987/CEE del Consejo)

2 Política social - Aproximación de las legislaciones - Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario - Directiva 80/987/CEE - Determinación de los créditos impagados objeto de garantía - Momento en que se produce la insolvencia del empresario - Concepto

(Directiva 80/987/CEE del Consejo, art. 3, ap. 2, y art. 4, ap. 2)

3 Política social - Aproximación de las legislaciones - Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario - Directiva 80/987/CEE - Legislación nacional que prohíbe la acumulación de las cantidades garantizadas por la Directiva con una indemnización pagada después del despido del trabajador - Improcedencia

(Directiva 80/987/CEE del Consejo, arts. 4, ap. 3, y 10)

4 Política social - Aproximación de las legislaciones - Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario - Directiva 80/987/CEE - Retribuciones garantizadas por el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva - Período de los tres últimos meses del contrato de trabajo o de la relación laboral - Base de cálculo - Meses naturales

(Directiva 80/987/CEE del Consejo, art. 4, ap. 2)

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5 En el marco de la reparación del perjuicio irrogado a los trabajadores debido a la adaptación tardía del Derecho nacional a la Directiva 80/987, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, un Estado miembro tiene derecho a aplicarles retroactivamente las medidas de ejecución adoptadas tardíamente, incluidas las normas que prohíben la acumulación u otros límites a la obligación de pago de la institución de garantía, con la condición de que se haya adaptado regularmente el Derecho nacional a la Directiva. No obstante, corresponde al Juez nacional velar por que la reparación del perjuicio irrogado a los beneficiarios sea adecuada. Una aplicación retroactiva, regular y completa de las medidas de ejecución de la Directiva es suficiente a estos efectos, salvo que los beneficiarios prueben la existencia de pérdidas complementarias que hayan sufrido debido a que no pudieron beneficiarse a su debido tiempo de las ventajas pecuniarias garantizadas por la Directiva y que, por consiguiente, procede reparar igualmente.

6 Debe interpretarse que el concepto de «momento en que se produce la insolvencia del empresario» que determina, con arreglo al apartado 2 de los artículos 3 y 4 de la Directiva 80/987, los créditos impagados que son objeto de la garantía prevista por la Directiva, designa la fecha de la solicitud de apertura del procedimiento concursal, con la salvedad de que no puede concederse la garantía antes de la decisión de apertura de dicho procedimiento o la constatación del cierre definitivo de la empresa, en caso de insuficiencia del activo. Esta interpretación tiene en cuenta tanto la finalidad social de la citada Directiva como la necesidad de fijar con precisión los períodos de referencia a los que otorga efectos jurídicos.

En efecto, si el momento en que se produce la insolvencia del empresario dependiese del cumplimiento de los requisitos del «estado de insolvencia» previstos en el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva y, en particular, de la decisión de apertura del procedimiento concursal, que puede producirse mucho después de la solicitud de apertura, el pago de las retribuciones impagadas podría, habida cuenta de los límites temporales mencionados en el apartado 2 del artículo 4, no ser nunca garantizado por la Directiva, y ello por razones que pueden ser ajenas al comportamiento de los trabajadores.

7 El apartado 3 del artículo 4 y el artículo 10 de la Directiva 80/987 deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no puede prohibir la acumulación de las cantidades garantizadas por la Directiva con una prestación que tiene por objeto atender las necesidades de un trabajador despedido durante los tres meses siguientes a la terminación de la relación laboral. En efecto, dicha indemnización no se deriva de contratos o de relaciones laborales, por cuanto que sólo se abona, por definición, después del despido del trabajador y, por lo tanto, no tiene por objeto retribuir prestaciones ejecutadas en el marco de una relación laboral.

8 De la finalidad de la Directiva 80/987 resulta que debe interpretarse que la expresión «tres últimos meses del contrato de trabajo o de la relación laboral» empleada en el apartado 2 de su artículo 4 designa tres meses naturales en el sentido de que dicho período representa un espacio de tiempo comprendido entre el día del mes correspondiente a la fecha contemplada en el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva y el mismo día del tercer mes que antecede. En efecto, la limitación de la garantía a los tres últimos meses civiles, cualquiera que fuese el día en el que se produjo el acontecimiento mencionado en dicha disposición, podría tener consecuencias perjudiciales para los beneficiarios de la Directiva, en el supuesto de que la situación de insolvencia no se produjese en el último día del mes civil.