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Palabras clave

Derecho comunitario - Derechos conferidos a los particulares - Incumplimiento, por un Estado miembro, de la obligación de adaptar su Derecho interno a una Directiva - Obligación de reparar el perjuicio causado a los particulares - Modalidades de la reparación - Aplicación del Derecho nacional - Plazo de caducidad - Procedencia - Requisitos - Respeto del principio de efectividad del Derecho comunitario - Respeto del principio de equivalencia de los requisitos para la indemnización con los de las reclamaciones similares de naturaleza interna

(Directiva nº 80/987/CEE del Consejo)

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El Derecho comunitario, en su estado actual, no se opone a que un Estado miembro imponga, para la interposición de cualquier recurso dirigido a la reparación del daño ocasionado por la adaptación tardía del Derecho nacional a la Directiva 80/987, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, un plazo de caducidad de un año, a partir de la adaptación de su ordenamiento jurídico interno, siempre que esta regla procesal no sea menos favorable que las que se refieren a los recursos similares de naturaleza interna.

En efecto, la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en la medida en que constituye la aplicación del principio fundamental de seguridad jurídica satisface, en principio, la exigencia de que las condiciones, en particular en materia de plazos, establecidas por las legislaciones nacionales en materia de reparación de daños causados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario imputables a un Estado miembro, no se articulen de manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad), y de que el plazo de que se trate, que no sólo permite a los beneficiarios conocer plenamente sus derechos, sino que precisa también las condiciones de indemnización del daño causado por el retraso en la adaptación del Derecho nacional, no haga particularmente difícil ni, con mayor motivo, prácticamente imposible la presentación de la demanda de indemnización.

Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar si el plazo objeto de litigio respeta también el principio según el cual los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de reparación de los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario imputables a un Estado miembro no pueden ser menos favorables que las referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia). Dichos órganos jurisdiccionales pueden tomar en consideración validamente la circunstancia de que las solicitudes presentadas, respectivamente, en el marco de la ejecución de la Directiva y de su régimen de indemnización son diferentes en cuanto a su objeto, y que, por lo tanto, no procede efectuar una comparación de su regulación procesal. Además, en el supuesto de que el régimen nacional de Derecho común de la responsabilidad extracontractual no pueda constituir el fundamento de una acción contra los poderes públicos por un comportamiento ilegal que les sea imputable en el marco del ejercicio del poder público y de que los órganos jurisdiccionales nacionales no pudiesen efectuar ninguna otra comparación pertinente entre el requisito temporal controvertido y los requisitos relativos a reclamaciones similares de naturaleza interna, procedería llegar a la conclusión de que ni el principio de equivalencia ni el de efectividad del Derecho comunitario se oponen al plazo de caducidad objeto de litigio.