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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 30 de abril de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Trnave — Eslovaquia) — DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. / Finančné riaditeľstvo SR

(Asunto C-810/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Reglamento (CEE) n.o 2658/87 - Unión aduanera y arancel aduanero común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura combinada - Subpartida 8525 80 91 - Cámaras fotográficas digitales - Videocámaras - Cámara de vídeo digital que puede capturar y grabar imágenes fijas y secuencias de vídeo de una calidad de resolución inferior a 800 × 600 píxeles)

(2020/C 240/18)

Lengua de procedimiento: eslovaco

Órgano jurisdiccional remitente

Krajský súd v Trnave

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o.

Recurrida: Finančné riaditeľstvo SR

Fallo

La nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en sus versiones resultantes sucesivamente del Reglamento (CE) n.o 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, del Reglamento (CE) n.o 948/2009 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009, del Reglamento (UE) n.o 861/2010 de la Comisión, de 5 de octubre de 2010, del Reglamento (UE) n.o 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011, y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012, debe interpretarse en el sentido de que se clasifican en la subpartida 8525 80 91 de la misma como «videocámaras» las cámaras de vídeo digitales con doble función, a saber, capturar y grabar a la vez imágenes fijas y secuencias de vídeo, aunque, en lo que respecta a las secuencias de vídeo, dichas cámaras permitan únicamente capturar y grabar esas secuencias con una calidad de resolución de imagen inferior a 800 × 600 píxeles, si la función principal de estas cámaras de vídeo digitales es capturar y grabar tales secuencias, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 82 de 4.3.2019.
3)

El Derecho de la Unión y, en particular, el principio de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una práctica de un Estado miembro que, en primer lugar, supedita el pago de intereses de demora adeudados como consecuencia de que la Administración tributaria no saldó, en el plazo señalado, una deuda en concepto de devolución de un excedente del impuesto sobre el valor añadido retenido infringiendo el Derecho de la Unión a la presentación de una solicitud específica, cuando, en otros casos, tales intereses se conceden de oficio, y, en segundo lugar, aplica estos intereses desde que expira un plazo de treinta o cuarenta y cinco días señalado a la Administración para la tramitación de esa solicitud, y no a partir de la fecha en la que se constituyó tal excedente.
1)

El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que únicamente confiere a los órganos jurisdiccionales la facultad de anular las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional, pero no de modificarlas. No obstante, en caso de devolución del expediente a la autoridad administrativa competente, deberá adoptarse en el menor tiempo posible una nueva resolución que sea conforme con la apreciación contenida en la sentencia anulatoria. Además, cuando un órgano jurisdiccional nacional, tras efectuar un examen completo y ex nunc del conjunto de elementos de hecho y de Derecho pertinentes presentados por un solicitante de protección internacional, declare que, en aplicación de los criterios previstos en la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, ha de reconocerse al interesado tal protección internacional por el motivo invocado en apoyo de su solicitud, pero el órgano administrativo adopte posteriormente una resolución en sentido contrario, sin que a tales efectos haya hecho constar la aparición de nuevos elementos que justifiquen una nueva apreciación de la necesidad de protección internacional del solicitante, dicho órgano jurisdiccional deberá, cuando el Derecho nacional no le confiera ningún medio de hacer cumplir su sentencia, modificar la referida resolución administrativa que no resulta conforme con su sentencia dictada anteriormente y sustituirla por su propia resolución sobre la solicitud de protección internacional, dejando inaplicada, si es preciso, la normativa nacional que le prohíba proceder de esa manera.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de enero de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — GAEC Jeanningros / Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministre de l’Économie et des Finances

(Asunto C-785/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Agricultura - Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios - Denominación de origen protegida «comté» - Modificación menor del pliego de condiciones de un producto - Solicitud de modificación que es objeto de un recurso ante los tribunales nacionales - Jurisprudencia de los tribunales nacionales según la cual el recurso queda sin objeto cuando la Comisión Europea aprueba la modificación - Tutela judicial efectiva - Obligación de pronunciarse sobre el recurso)

(2020/C 137/25)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandante: GAEC Jeanningros

Demandadas: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministre de l’Économie et des Finances

con intervención de: Comité interprofessionnel de gestion du Comté

Fallo

El artículo 53, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) n.o 664/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por el que se completa el Reglamento n.o 1151/2012, y el artículo 10 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que establece las normas de desarrollo del Reglamento n.o 1151/2012, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que, cuando la Comisión Europea accede a la solicitud de las autoridades de un Estado miembro de que se proceda a una modificación menor del pliego de condiciones de una denominación de origen protegida, los tribunales nacionales que conocen de un recurso sobre la legalidad de la decisión adoptada por tales autoridades sobre dicha solicitud con vistas a su transmisión a la Comisión, conforme al artículo 53, apartado 2, del Reglamento n.o 1151/2012, no pueden, por esta única razón, acordar el sobreseimiento del litigio del que están conociendo.

(1) DO C 72 de 22.5.2019.
1)

El artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 107/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, debe interpretarse en el sentido de que el requisito que establece de que toda referencia a beneficios generales y no específicos de un nutriente o alimento deba ir acompañada de una declaración de propiedades saludables específica incluida en las listas contempladas en los artículos 13 o 14 de dicho Reglamento no se satisface cuando el envase de un complemento alimenticio contiene, en su cara frontal, una referencia a los beneficios generales y no específicos para la salud de un nutriente o alimento, mientras que la declaración de beneficios saludables específica destinada a acompañarla solo aparece en la cara posterior de ese envase y no hay una remisión explícita, como un asterisco, entre ambas.
2)

Procede dar la siguiente respuesta a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera planteadas por dicho órgano jurisdiccional: El artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que unos litigios relativos a la aplicación del Derecho de la Unión puedan ser de competencia exclusiva de un órgano que no constituye un tribunal independiente e imparcial, en el sentido de la primera de estas disposiciones. Así ocurre cuando las condiciones objetivas en las que se creó el órgano de que se trate, sus características y la manera en que se ha nombrado a sus miembros puedan suscitar dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en cuanto a la impermeabilidad de este órgano frente a elementos externos, en particular frente a influencias directas o indirectas de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y en cuanto a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio, y por lo tanto pueden dar lugar a una falta de apariencia de independencia o de imparcialidad de dicho órgano susceptible de menoscabar la confianza que la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables en una sociedad democrática. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, teniendo en cuenta todos los datos pertinentes de que disponga, si este es el caso de un órgano como la Sala Disciplinaria del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo). En tal supuesto, el principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que obliga al órgano jurisdiccional remitente a dejar inaplicada la disposición del Derecho nacional que reserva la competencia para conocer de los litigios principales a dicho órgano, de modo que puedan ser examinados por un órgano jurisdiccional que satisfaga las mencionadas exigencias de independencia y de imparcialidad y que sería competente en el ámbito en cuestión si dicha disposición no se opusiera a ello.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 2 de octubre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal in Northern Ireland — Reino Unido) — Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department

(Asunto C-93/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Ciudadanía de la Unión - Directiva 2004/38/CE - Derecho de residencia de un nacional de un tercer Estado ascendiente directo de ciudadanos de la Unión menores de edad - Artículo 7, apartado 1, letra b) - Requisito relativo a la suficiencia de recursos - Recursos constituidos por ingresos procedentes de un empleo ejercido sin permiso de residencia y de trabajo)

(2019/C 413/08)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal in Northern Ireland

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Ermira Bajratari

Recurrida: Secretary of State for the Home Department

con intervención de: Aire Centre

Fallo

El artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que un ciudadano de la Unión menor de edad dispone de recursos suficientes para no convertirse en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia aun cuando dichos recursos procedan de los ingresos obtenidos por el empleo ejercido de manera ilegal por su progenitor, nacional de un tercer Estado que no dispone de permiso de residencia y trabajo en dicho Estado miembro.

(1) DO C 152 de 30.4.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 3 de octubre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal

(Asunto C-378/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 - Protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Artículo 3, apartado 1 - Plazo de prescripción - Reglamentos (CEE) n.o 3887/92 y (CE) n.o 2419/2001 - Sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarias - Devolución de cantidades indebidamente pagadas - Aplicación de la norma de prescripción más leve)

(2019/C 413/19)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Demandada: Reinhard Westphal

Fallo

El artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducido por el Reglamento (CEE) n.o 3508/92 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 118/2004 de la Comisión, de 23 de enero de 2004, debe interpretarse en el sentido de que el comienzo del plazo de prescripción en él regulado se determina con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y corresponde, en caso de irregularidades continuas o reiteradas, a la fecha en que se haya puesto fin a la irregularidad.

(1) DO C 301 de 27.8.2018.
—

ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 2, letra c), de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, de 18 de mayo de 2015, sobre medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.), en su versión modificada por la Decisión de Ejecución (UE) 2016/764 de la Comisión, de 12 de mayo de 2016, al no velar, en la zona de contención, porque se eliminen inmediatamente al menos todos los vegetales cuya infección por Xylella fastidiosa se haya detectado si están situados dentro de la zona infectada, a una distancia de 20 kilómetros del límite de dicha zona infectada con el resto del territorio de la Unión;
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de junio de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour du travail de Liège — Bélgica) — V/Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

(Asunto C-33/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Coordinación de los sistemas de seguridad social - Trabajadores migrantes - Reglamento (CE) n.o 883/2004 - Disposiciones transitorias - Artículo 87, apartado 8 - Reglamento (CEE) n.o 1408/71 - Artículo 14 quater, letra b) - Trabajador que ejerce una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en diferentes Estados miembros - Excepciones al principio de única legislación nacional aplicable - Doble afiliación - Presentación de una solicitud para que se le aplique la legislación determinada en virtud del Reglamento n.o 883/2004)

(2019/C 263/12)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour du travail de Liège

Partes en el procedimiento principal

Demandante: V

Demandadas: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

Fallo

El artículo 87, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que una persona que, en la fecha de aplicación del Reglamento n.o 883/2004, ejercía una actividad por cuenta ajena en un Estado miembro y una actividad por cuenta propia en otro Estado miembro, estando por tanto sujeta simultáneamente a las legislaciones aplicables en materia de seguridad social de esos dos Estados miembros, no debía, para quedar sujeta a la legislación aplicable en virtud del Reglamento n.o 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.o 988/2009, presentar una solicitud expresa en este sentido.

(1) DO C 112 de 26.3.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Asunto C-53/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Mercados de instrumentos financieros - Directiva 2004/39/CE - Artículos 8, 23, 50 y 51 - Ámbito de aplicación - Asesor financiero que ejerce la actividad fuera de los locales de la empresa - Agente que tiene la condición de imputado en un proceso penal - Legislación nacional que establece la posibilidad de prohibir temporalmente el ejercicio de la actividad - Libertades fundamentales - Situación puramente interna - Inaplicabilidad)

(2019/C 230/13)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Antonio Pasquale Mastromartino

Recurrida: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Fallo

La Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, en particular sus artículos 8, 23, 50 y 51, los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de no discriminación y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, una prohibición temporal de ejercer la actividad de asesor financiero fuera de los locales de la empresa no está comprendida ni en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, ni en el de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, ni tampoco en el de los principios de no discriminación y proporcionalidad. En tal situación, los artículos 8, 23, 50 y 51 de dicha Directiva, los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de no discriminación y de proporcionalidad no se oponen a tal prohibición.

(1) DO C 142 de 23.4.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de junio de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Alemania) — Google LLC/Bundesrepublik Deutschland

(Asunto C-193/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/21/CE - Artículo 2, letra c) - Concepto de «servicio de comunicaciones electrónicas» - Transmisión de señales - Servicio de correo electrónico en Internet - Servicio Gmail)

(2019/C 263/17)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Google LLC

Recurrida: Bundesrepublik Deutschland

Fallo

El artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que un servicio de correo electrónico en Internet que no incluye el acceso a Internet, como el servicio Gmail prestado por Google LLC, no consiste en su totalidad o principalmente en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas y no constituye, por tanto, un «servicio de comunicaciones electrónicas» en el sentido de dicha disposición.

(1) DO C 211 de 18.6.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de julio de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof Den Haag — Países Bajos) — Proceso penal contra Tronex BV

(Asunto C-624/17) (1)

(Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Residuos - Traslados - Reglamento (CE) n.o 1013/2006 - Artículo 2, apartado 1 - Directiva 2008/98/CE - Artículo 3, apartado 1 - Conceptos de «traslado de residuos» y de «residuos» - Partida de bienes inicialmente destinados a la venta minorista, devueltos por los consumidores o que han dejado de formar parte de la gama del vendedor)

(2019/C 305/06)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Gerechtshof Den Haag

Parte en el proceso principal

Tronex BV

Fallo

El traslado a un país tercero de una partida de aparatos eléctricos y electrónicos como los controvertidos en el litigio principal, que inicialmente estaban destinados a la venta minorista, pero que fueron objeto de devolución por el consumidor, o que, por diversas razones fueron devueltos por el comerciante a su proveedor, debe considerarse un «traslado de residuos» en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, en relación con su artículo 2, apartado 1, y con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, si dicha partida contiene aparatos cuyo buen funcionamiento no ha sido comprobado previamente o que no están protegidos correctamente contra los daños vinculados al transporte. En cambio, a menos que existan indicios de lo contrario, no deben considerarse residuos los aparatos que hayan dejado de formar parte de la gama de productos del vendedor y se encuentren en su embalaje original sin abrir.

(1) DO C 32 de 29.1.2018.
—

no constituye una práctica comercial agresiva, mediante el ejercicio de una influencia indebida, por el mero hecho de que no se hayan enviado al consumidor con antelación y de manera individualizada, en particular por correo electrónico o a su domicilio, todos los contratos-tipo, cuando el consumidor haya tenido la posibilidad, antes de la visita del mensajero, de tomar conocimiento de su contenido, y