Asunto C-333/07

Société Régie Networks

contra

Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

(Petición de decisión prejudicial planteada por la cour administrative d’appel de Lyon)

«Ayudas de Estado — Régimen de ayudas a favor de emisoras de radio locales — Financiación a través de una exacción parafiscal sobre las empresas de publicidad — Decisión favorable de la Comisión tras la fase de examen previo establecida en el artículo 93, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE, apartado 3) — Ayudas que pueden ser compatibles con el mercado común — Artículo 92, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 3, tras su modificación) — Impugnación de la legalidad de la Decisión — Obligación de motivación — Apreciación de los hechos — Compatibilidad con el Tratado CE de la exacción parafiscal»

Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 26 de junio de 2008 I ‐ 10811

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de diciembre de 2008 I ‐ 10851

Sumario de la sentencia

Las cuestiones sobre la interpretación del Derecho comunitario planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho comunitario no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. El Tribunal de Justicia puede decidir no pronunciarse sobre una cuestión prejudicial que tenga por objeto la apreciación de la validez de un acto comunitario cuando resulta evidente que dicha apreciación, solicitada por el órgano jurisdiccional nacional, no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal. (véanse los apartados 46 y 47)

Una decisión de la Comisión en materia de ayudas, adoptada tras concluir una fase previa de examen de las ayudas, establecida en el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), que sólo tiene por objeto permitirle formarse una primera opinión sobre la compatibilidad parcial o total de la ayuda controvertida, sin que se haya abierto la fase de examen formal, prevista en el apartado 2 de dicho artículo y que se adopta en plazos breves, únicamente debe contener las razones por las que la Comisión considera que no existen serias dificultades de apreciación de la compatibilidad de la ayuda controvertida con el mercado común. Una motivación sucinta, que, no obstante, muestra de manera clara e inequívoca las razones por las que la Comisión consideró que no existían dificultades serias de apreciación de la compatibilidad del régimen de ayudas con el mercado común, habida cuenta de la naturaleza del acto en el que figura y del contexto en el que éste se inscribe, cumple el requisito de motivación exigido en el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE), siendo el aspecto de la fundamentación de tal motivación ajeno al citado requisito. Por otra parte, tal decisión no puede impugnarse invocando el artículo 190 CE debido a la falta de identificación expresa de uno de los tipos de excepciones enumeradas en el artículo 92, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 3, tras su modificación). (véanse los apartados 64, 65 y 70 a 72)

La legalidad de una decisión en materia de ayudas de Estado, sobre todo cuando se trata de una decisión de no formular objeciones a un régimen de ayudas adoptada tras la fase previa de examen prevista en el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3) debe examinarse en función de la información de que podía disponer la Comisión en el momento en que la adoptó. Dado que, en el marco de tal decisión, la Comisión debe apreciar los efectos futuros de un régimen de ayudas, mientras que estos efectos no pueden preverse con exactitud, sólo cabría censurar esta decisión si es manifiestamente errónea habida cuenta de los elementos de que disponía la Comisión en el momento de adoptarla. (véanse los apartados 81 y 82)

El modo de financiación de una ayuda de Estado puede suponer que la totalidad del régimen de ayuda que pretende sostener sea incompatible con el mercado común. Por tanto, el examen de una ayuda no puede separarse del de los efectos de su modo de financiación. Al contrario, cuando examina una medida de ayuda, la Comisión debe necesariamente tener en cuenta también su modo de financiación si éste forma parte integrante de dicha medida. Así, la notificación de la medida de ayuda, prevista en el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), debe abarcar también su modo de financiación para que la Comisión pueda examinarla sobre la base de una información completa. De no ser así, no puede excluirse que se declare compatible una medida de ayuda que, si la Comisión hubiera estado al corriente de su modo de financiación, no habría podido recibir dicha calificación. La apreciación es competencia exclusiva de la Comisión, que se ejerce bajo el control del juez comunitario. (véanse los apartados 89, 90 y 94)