Asunto T‑461/08

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

contra

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

«Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Prestación del servicio de asistencia para el mantenimiento, apoyo y desarrollo de un sistema informático — Exclusión de la oferta de un licitador — Adjudicación del contrato a otro licitador — Recurso de anulación — Admisibilidad — Competencia — Obligación de motivación — Derecho a la tutela judicial efectiva — Transparencia — Proporcionalidad — Igualdad de trato y no discriminación — Criterios de selección y de adjudicación — Recurso de indemnización — Admisibilidad — Lucro cesante»

Sumario de la sentencia

1. Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Actos del Banco Europeo de Inversiones

[Arts. 225 CE, ap. 1, 230 CE y 237 CE, letras b) y c)]

2. Recurso de indemnización — Autonomía respecto al recurso de anulación — Límites — Pretensión de indemnización de los daños causados por el Banco Europeo de Inversiones actuando como entidad adjudicadora

(Arts. 225 CE, ap. 1, 235 CE y 288 CE, párr. 2)

3. Recurso de anulación — Requisitos de admisibilidad — Interés en ejercitar la acción — Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional — Aplicación por analogía a los recursos que incluyen, con carácter accesorio, una pretensión de indemnización

(Art. 230 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 113)

4. Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Recurso contra una decisión ya ejecutada

(Arts. 230 CE y 233 CE)

5. Contratación pública de las Comunidades Europeas — Procedimiento de licitación — Impugnación de la legalidad del pliego de condiciones

(Art. 230 CE, párr. 4)

6. Banco Europeo de Inversiones — Procedimientos de contratación pública financiados con recursos propios del Banco — Disposiciones aplicables

[Arts. 28 CE, 43 CE y 49 CE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, art. 88, ap. 1; Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo]

7. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance

(Arts. 230 CE, párr. 5, y 253 CE)

8. Contratación pública de las Comunidades Europeas — Procedimiento de licitación — Derecho de los licitadores a una tutela jurisdiccional efectiva — Alcance

(Arts. 225 CE, ap. 1, 242 CE, 243 CE y 253 CE)

9. Contratación pública de las Comunidades Europeas — Procedimiento de licitación — Derecho de los licitadores a una tutela jurisdiccional efectiva — Derecho de recurso contra la decisión por la que se adjudica el contrato a otro licitador

10. Banco Europeo de Inversiones — Procedimientos de contratación pública financiados con recursos propios del Banco — Adjudicación de los contratos — Adjudicación a la oferta más ventajosa económicamente — Criterios — Selección realizada por la entidad adjudicadora — Límites

11. Recurso de anulación — Motivos — Violación de los principios de igualdad de trato y de transparencia — Procedimiento de licitación

12. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Relación de causalidad — Perjuicio para un licitador derivado de la pérdida de un contrato en un procedimiento de licitación — Inexistencia de prueba de la relación entre este perjuicio y la decisión ilegal de adjudicación de dicho contrato a otro licitador

(Arts. 266 TFUE y 340 TFUE, párr. 2)

1. La necesidad de un control íntegro de la legalidad de los actos comunitarios exige interpretar el artículo 225 CE, apartado 1, y el artículo 230 CE en el sentido de que no excluyen la competencia del Tribunal para conocer de un recurso de anulación de un acto, incluido en la gestión de los asuntos de administración ordinaria del Banco Europeo de Inversiones por parte del Comité de Dirección, que surte efectos jurídicos definitivos frente a un tercero.

Pese a no ser una institución de la Comunidad, el Banco constituye ciertamente un organismo comunitario creado por el Tratado y dotado por éste de personalidad jurídica y por esta razón está sujeto al control del Tribunal de Justicia, concretamente en los términos previstos en el artículo 237 CE, letra b). Los actos adoptados formalmente en el Banco por órganos distintos a los previstos en el artículo 237 CE, letras b) y c), concretamente por órganos distintos al Consejo de Gobernadores o al Consejo de Administración, deben poder ser objeto de un control jurisdiccional si son definitivos y surten efectos jurídicos frente a terceros.

(véanse los apartados 46, 50 y 52)

2. Aunque en el sistema de recursos jurídicos creado por el Tratado, el recurso de indemnización constituye un recurso jurídico independiente del recurso de anulación, no es menos cierto que procede tener en cuenta la «relación directa» o la «complementariedad» existente entre el recurso de anulación y el recurso de indemnización, cuando esta relación o esta complementariedad existen, y la naturaleza accesoria del segundo respecto al primero en la fase de la apreciación de la admisibilidad de estos recursos, para evitar que la suerte del recurso de indemnización se disocie artificialmente de la del recurso de anulación, del que no es, sin embargo, sino accesorio o complemento.

Puesto que los daños que supuestamente causó el Banco Europeo de Inversiones a un demandante tuvieron su origen en el ejercicio por aquél de actividades que forman parte de los cometidos de la administración comunitaria y que están comprendidas en la intervención de esta administración como poder adjudicador, sin que, por consiguiente, dichos daños resulten del ejercicio, por el Banco, de sus actividades o de sus operaciones en el ámbito financiero, el Tribunal es competente para pronunciarse acerca de una pretensión de indemnización formulada frente al Banco, sobre la base del artículo 225 CE, apartado 1, del artículo 235 CE y del artículo 288 CE, párrafo segundo, cuando tal pretensión presenta naturaleza accesoria con respecto a una pretensión de anulación de un acto del Banco que surte efectos jurídicos definitivos frente a terceros, que es también admisible.

(véanse los apartados 55 a 58)

3. Puesto que los requisitos de admisibilidad de un recurso, en particular la inexistencia de interés en ejercitar la acción, son causas de inadmisión por motivos de orden público, corresponde al Tribunal verificar de oficio si las partes demandantes tienen interés en obtener la anulación de la decisión impugnada. Esta solución es aplicable, por analogía, a las pretensiones de anulación formuladas en recursos que incluyen, con carácter accesorio, una pretensión de indemnización.

(véase el apartado 62)

4. Incluso en una situación en la que, en un procedimiento de licitación, la decisión de adjudicación haya sido ya plenamente ejecutada en beneficio de otros competidores, un licitador conserva un interés en que se anule dicha decisión, ya sea para obtener del poder adjudicador una revisión adecuada para su situación, ya sea para lograr que se obligue al poder adjudicador a introducir, para lo sucesivo, las modificaciones apropiadas en los procedimientos de licitación, en el supuesto de que se declaren contrarios a determinadas exigencias jurídicas.

El hecho de que se haya firmado, incluso ejecutado, el contrato que tiene por objeto la ejecución de un contrato público antes de que se pronuncie la resolución que ponga término al recurso interpuesto por un licitador excluido contra la decisión de adjudicación de dicho contrato, y de que el poder adjudicador esté contractualmente vinculado con el adjudicatario no supone un obstáculo a la obligación que corresponde al poder adjudicador, en virtud del artículo 233 CE, si se reconociera la procedencia del recurso principal, de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección adecuada de los intereses del licitador excluido.

Cuando, a raíz del recurso de un licitador excluido de un contrato público, se anule la decisión de adjudicación, sin que el poder adjudicador pueda ya reabrir el procedimiento de licitación relativo al contrato público de que se trata, se pueden salvaguardar los intereses de dicho licitador, por ejemplo, mediante una indemnización pecuniaria correspondiente a la pérdida de la posibilidad de resultar adjudicatario del contrato o, si se puede acreditar con certeza que el licitador debía haber resultado adjudicatario del contrato, al lucro cesante. En efecto, se puede conceder un valor económico a la pérdida de la posibilidad de resultar adjudicatario de un contrato público, sufrida por un licitador excluido de dicho contrato por una decisión ilegal.

(véanse los apartados 64 a 66)

5. No puede considerarse a un documento de invitación a una licitación, como un pliego de condiciones, como un acto que afecte a cada licitador de forma individual. En efecto, al igual que la totalidad de los documentos de licitación elaborados por el poder adjudicador, el pliego de condiciones se aplica a situaciones objetivamente determinadas y produce efectos jurídicos respecto a categorías de personas contempladas de manera general y abstracta. Por tanto, tiene carácter general y su comunicación individual a los licitadores por el poder adjudicador impide individualizar, en el sentido del artículo 230 CE, cuarto párrafo, a cada uno de dichos licitadores en relación con cualesquiera otras personas. Así pues, el pliego de condiciones no es un acto que pueda ser objeto de un recurso directo con arreglo a dicho precepto. En consecuencia, la decisión de excluir la oferta de un licitador es el primer acto impugnable y, por tanto, el primer acto que autoriza a dicho licitador a refutar incidentalmente la legalidad de la fórmula empleada en la evaluación comparativa de las ofertas que el poder adjudicador eligió en el pliego de condiciones.

(véanse los apartados 73 y 74)

6. Un procedimiento de contratación pública del Banco Europeo de Inversiones, financiado con los propios recursos del Banco, no está sometido ni a las disposiciones del título IV de la Segunda Parte del Reglamento nº 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, en su versión modificada, ni, por consiguiente, a las disposiciones del título III de la Segunda Parte del Reglamento nº 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero, en su versión modificada. Estas disposiciones sólo son aplicables al presupuesto general de las Comunidades Europeas y, tal como resulta del artículo 88, apartado 1, del Reglamento financiero, los contratos públicos sometidos al mismo se corresponden únicamente con los contratos financiados, en todo o en parte, por dicho presupuesto general.

No es menos cierto que los procedimientos de contratación pública del Banco deben ser conformes con las normas fundamentales del Tratado y con los principios generales del Derecho, así como con los objetivos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativos, en particular, a la libre circulación de mercancías (artículo 28 CE), al derecho de establecimiento (artículo 43 CE), a la libre prestación de servicios (artículo 49 CE), a la no discriminación y a la igualdad de trato, a la transparencia y a la proporcionalidad.

Además, incluso aunque las directivas relativas a la adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios regulen únicamente los contratos licitados por las entidades o por los poderes adjudicadores de los Estados miembros y no sean directamente aplicables a los contratos públicos licitados por la administración comunitaria, las normas o principios que se proclaman o que se desprenden de estas directivas pueden ser invocados frente a dicha administración cuando los mismos sólo se consideren como la expresión concreta de las normas fundamentales del Tratado y de los principios generales del Derecho que se imponen directamente a la administración comunitaria. En efecto, en una comunidad de Derecho, la aplicación uniforme del Derecho comunitario es una exigencia fundamental y todo sujeto de Derecho está sometido al principio del respeto de la legalidad. Por otra parte, las normas o principios que se proclaman o que se desprenden de estas directivas pueden ser invocados frente a la administración comunitaria cuando, en el ejercicio de su independencia funcional e institucional, y dentro de los límites de las competencias que le otorga el Tratado, ésta haya adoptado un acto que remita expresamente, para regular los contratos públicos que celebra por cuenta propia, a determinadas normas o a ciertos principios enunciados en las Directivas y en virtud del cual dichas normas y dichos principios resultan de aplicación, de conformidad con el principio patere legem quam ipse fecisti.

Por otra parte, de la Guía para la celebración de contratos de servicios, de suministros y de obras por el Banco Europeo de Inversiones por cuenta propia se deduce que, aunque no se aplique propiamente la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, al Banco, constituye una referencia adecuada para el establecimiento de los procedimientos del Banco. La Guía establece normas de alcance general que surten efectos jurídicos frente a terceros, en particular frente a quienes decidan concurrir a un contrato público financiado, en todo o en parte, con los propios recursos del Banco, al igual que vincula jurídicamente al Banco cuando éste decide licitar un contrato público por cuenta propia. En consecuencia, cuando el Banco interviene recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos, en particular, cuando celebra contratos públicos por su cuenta, está sometido tanto a las normas fundamentales del Tratado, a los principios generales del Derecho y a los objetivos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como a las disposiciones de la Guía, interpretadas a la luz de los principios que dichas disposiciones pretenden aplicar y, en su caso, de las disposiciones de la Directiva 2004/18 a las que dichas disposiciones remiten.

(véanse los apartados 87 a 90, 92 y 93)

7. Cuando la administración comunitaria dispone de una amplia facultad de apreciación, el respeto de las garantías que otorga el ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos reviste una importancia no menos fundamental. Entre estas garantías figura, en particular, la obligación de dicha administración de motivar sus decisiones de modo suficiente.

Pues bien, de la Guía para la celebración de contratos de servicios, de suministros y de obras por el Banco Europeo de Inversiones por cuenta propia resulta que, a instancia de la parte interesada, el Banco comunicará, en los quince días siguientes a la recepción de la solicitud por escrito a todos los licitadores que hayan presentado una oferta admisible, las características y las ventajas relativas de la oferta seleccionada y el nombre del adjudicatario o de las partes del acuerdo marco.

Este modo de proceder es conforme a la finalidad de la obligación de motivación que figura en el artículo 253 CE. En el contexto de los procedimientos de licitación, debe señalarse que el hecho de que los licitadores interesados reciban una decisión motivada en respuesta únicamente a una solicitud expresa por su parte no limita en absoluto la posibilidad de que disponen de defender sus derechos ante el Tribunal. En efecto, el plazo de recurso previsto en el artículo 230 CE, párrafo quinto, sólo empieza a correr a partir del momento de la notificación de la decisión motivada, siempre y cuando el licitador haya presentado su solicitud de obtener una decisión motivada dentro de un plazo razonable tras haber tenido conocimiento de la exclusión de su oferta.

No obstante, habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone en los procedimientos de licitación, el poder adjudicador está obligado a facilitar una motivación suficiente a los licitadores excluidos que lo soliciten, lo que supone que vele especialmente por que se refleje, en la motivación que comunica, todos los elementos en los que ha basado su decisión.

A este respecto, un escrito del Banco enviado al licitador excluido comunicándole el nombre del licitador seleccionado, las ponderaciones relativas de los criterios de adjudicación y el desglose de la puntuación concedida, aunque puede constituir un principio de explicación, no puede ser considerado, sin embargo, como suficiente a la vista del requisito conforme al cual la motivación debe mostrar, de modo claro e inequívoco, el razonamiento del autor del acto. Tal decisión de excluir la oferta del licitador está, en estas circunstancias, viciada por una motivación insuficiente e incumple, por tanto, las disposiciones de dicha Guía y, de forma más genérica, la obligación de motivación que figura en el artículo 253 CE.

(véanse los apartados 100, 106 a 108, 112, 114 y 116)

8. En los procedimientos de licitación es preciso proteger a los licitadores frente a la arbitrariedad del poder adjudicador garantizándoles que las decisiones ilegales adoptadas por éste puedan ser objeto de recursos eficaces y tan rápidos como sea posible.

En primer lugar, una protección jurídica completa de los licitadores frente a la arbitrariedad del poder adjudicador supone la obligación de informar a todos los licitadores de la decisión de adjudicación del contrato público antes de que se celebre el contrato, para que estos dispongan de una posibilidad real de presentar un recurso que tenga por objeto la anulación de esta decisión, cuando se cumplan los requisitos del mismo. Asimismo, esta protección jurídica completa exige que se prevea la posibilidad de que el licitador excluido examine en tiempo oportuno la validez de la decisión de adjudicación, lo que supone que debe transcurrir un plazo razonable entre el momento en que se comunica la decisión de adjudicación a los licitadores excluidos y la firma del contrato, para que estos puedan, en particular, interponer una demanda de medidas cautelares, con arreglo a las disposiciones de los artículos 242 CE y 243 CE, puestas en relación con el artículo 225 CE, apartado 1, a efectos de que el juez que conozca de las medidas cautelares acuerde la suspensión de la ejecución de la decisión de inadmitir la oferta de los licitadores excluidos hasta que el juez que conozca del fondo se pronuncie sobre sus recursos principales de anulación de dicha decisión. En efecto, el derecho a una protección jurisdiccional completa y efectiva implica que pueda garantizarse la tutela cautelar de los justiciables, en caso de que sea necesaria para garantizar la plena eficacia de la resolución que se adopte en el litigio principal, al objeto de evitar una laguna en la protección jurídica que garantizan los órganos jurisdiccionales competentes. Por último, para respetar el requisito de una protección jurisdiccional efectiva es preciso que el poder adjudicador respete la obligación de motivación que le corresponde suministrando una motivación suficiente a todos los licitadores excluidos que lo soliciten, para que estos puedan usar este derecho en las mejores condiciones posibles y para que se les reconozca la facultad de decidir, con pleno conocimiento de causa, si es útil para ellos recurrir ante el juez competente.

(véanse los apartados 119 a 122)

9. En la adjudicación de un contrato público, el derecho de un licitador excluido a un recurso efectivo contra la decisión que adjudica el contrato a otro licitador, al igual que la obligación correlativa que incumbe al poder adjudicador de comunicarle, a instancia de parte, la motivación de su decisión, deben ser considerados como requisitos sustanciales de forma, puesto que rodean la elaboración de la decisión de adjudicación de garantías que permiten el ejercicio de un control efectivo acerca de la imparcialidad del procedimiento de licitación que concluyó con dicha decisión. La vulneración por el poder adjudicador de estos requisitos sustanciales de forma debe conllevar la nulidad de la decisión controvertida.

(véanse los apartados 130 y 131)

10. La facultad concedida al Banco Europeo de Inversiones para elegir libremente los criterios de adjudicación conforme a los cuales pretende adjudicar los contratos públicos que celebra, por cuenta propia, le permite tomar en consideración la naturaleza, el objeto y las especificidades propias de cada contrato.

No obstante, es importante tener en cuenta las reglas aplicables al desarrollo del procedimiento de licitación enunciadas en la Guía para la celebración de contratos de servicios, de suministros y de obras por el Banco Europeo de Inversiones por cuenta propia que pretenden garantizar que la facultad concedida al Banco para elegir los criterios de adjudicación se ejerza en el respeto de los principios de igualdad de trato y de transparencia en la fase de evaluación de las ofertas para adjudicar el contrato. En efecto, la finalidad de estas disposiciones es, por una parte, que todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan interpretar los criterios de adjudicación de la misma forma y puedan tener, en consecuencia, las mismas oportunidades en la formulación de los términos de sus ofertas y, por otra parte, garantizar que se respete el principio de proporcionalidad.

Si bien es cierto que los criterios que el poder adjudicador puede utilizar cuando la adjudicación se hace a la oferta económicamente más ventajosa no se enumeran con carácter exhaustivo en dicha Guía y que la misma deja al poder adjudicador la facultad de elegir los criterios de adjudicación del contrato público que le parecen los más adecuados, tal elección sólo puede recaer sobre criterios dirigidos a identificar la oferta económicamente más ventajosa. Por consiguiente, se excluyen como criterios de adjudicación aquellos criterios que no van dirigidos a identificar la oferta económicamente más ventajosa, sino que están vinculados, en esencia, a la apreciación de la aptitud de los licitadores para ejecutar el contrato en cuestión que se incluyen en la fase de selección de los contratistas y que no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de la evaluación comparativa de las ofertas.

En el caso de que la oferta de un licitador, que no ha sido excluido del procedimiento de licitación y que responde a los criterios de selección enunciados en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, no parezca, desde el punto de vista del poder adjudicador, como la económicamente más ventajosa a la vista de los criterios de adjudicación enunciados en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, debe ser excluida por el poder adjudicador, sin que éste esté autorizado, no obstante, a alterar la economía general del contrato modificando alguno de los requisitos esenciales de su adjudicación. En efecto, si la entidad adjudicadora estuviera autorizada para modificar a su arbitrio, en el procedimiento de licitación, las propias condiciones de licitación, como las ponderaciones relativas a los criterios de adjudicación, sin que las disposiciones pertinentes aplicables contengan una habilitación expresa en tal sentido, los términos de la adjudicación del contrato, tal como se estipularon inicialmente, resultarían desnaturalizados. Además, dicha práctica supondría inevitablemente la vulneración de los principios de transparencia y de igualdad de trato entre los licitadores, puesto que la aplicación uniforme de las condiciones de licitación y la objetividad del procedimiento dejarían de estar garantizadas.

(véanse los apartados 137, 138, 141, 142 y 160)

11. Cuando en un procedimiento de anulación de una decisión de adjudicación de un contrato público del Banco Europeo de Inversiones, el Tribunal no disponga de ningún elemento que le permita concluir o excluir, con certeza, que las modificaciones de la oferta del licitador seleccionado y de las ponderaciones relativas de los criterios técnicos y del criterio económico, con anterioridad a la adopción de la decisión impugnada, hayan podido falsear la evaluación comparativa de las ofertas en detrimento de los licitadores excluidos, de modo que el resultado del procedimiento de licitación hubiese resultado afectado por ello, debe imputarse tal incertidumbre al Banco como poder adjudicador.

(véase el apartado 181)

12. Si en un recurso de indemnización no es posible declarar la existencia de una relación de causalidad entre la adopción, por el poder adjudicador, de una decisión, viciada de ilegalidad, que excluye a un licitador de un procedimiento de licitación para la adjudicación de un contrato público y el daño invocado por la parte demandante resultante de la pérdida del propio contrato, dicha parte no tiene razón al solicitar una indemnización que repare el perjuicio resultante de no haber celebrado el contrato con el poder adjudicador, ni, consecuentemente, ejecutado el contrato.

Todo ello sin perjuicio de la indemnización que se pueda deber a la parte demandante, en aplicación del artículo 266 TFUE, derivada de reponerla en la situación en que se encontraba, a raíz de la anulación de la decisión impugnada.

(véanse los apartados 212 y 214)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 20 de septiembre de 2011 ( )

«Contratos públicos de servicios – Procedimiento de licitación – Prestación del servicio de asistencia para el mantenimiento, apoyo y desarrollo de un sistema informático – Exclusión de la oferta de un licitador – Adjudicación del contrato a otro licitador – Recurso de anulación – Admisibilidad – Competencia – Obligación de motivación – Derecho a la tutela judicial efectiva – Transparencia – Proporcionalidad – Igualdad de trato y no discriminación – Criterios de selección y de adjudicación – Recurso de indemnización – Admisibilidad – Lucro cesante»

En el asunto T‑461/08,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con domicilio social en Atenas, representada por los Sres. N. Korogiannakis y P. Katsimani, abogados,

parte demandante,

contra

Banco Europeo de Inversiones (BEI), representado por los Sres. C. Gómez de la Cruz y T. Pietilä, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. J. Stuyck, abogado,

parte demandada,

que tiene por objeto, por una parte, una pretensión de anulación de la decisión del BEI de 31 de enero de 2008 de excluir la oferta presentada por la demandante en una licitación de servicios destinados a prestar asistencia para el mantenimiento, apoyo y desarrollo de un sistema informático y de adjudicar el contrato a otro licitador, presentada sobre la base de los artículos 225 CE y 230 CE y, por otra parte, una pretensión de indemnización, presentada sobre la base de los artículos 225 CE, 235 CE y 288 CE,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. M. van der Woude, Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de noviembre de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 La demandante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, es una sociedad griega que opera en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación.

2 Mediante un anuncio de licitación de 13 de septiembre de 2007, publicado en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea (DO S 176) con la referencia 2007/S 176-215155, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) licitó la prestación de servicios de «asistencia para el mantenimiento, apoyo y desarrollo del sistema “Loans Front Office” (Serapis)». Según la descripción que figura en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones correspondiente a dicha licitación, el «Système Efficace et Rapide d’Accès aux Prêts et aux Informations de Support» (Serapis) es la parte hipertexto de la aplicación informática (Front Office) del BEI en el ámbito de los préstamos. Está diseñado como un portal de gestión integral de la información en el ámbito de los «préstamos» para los servicios competentes del BEI, que incluyen las direcciones «Financiación en Europa», «Financiación fuera de Europa», «Gestión del riesgo» y «Proyectos», y el servicio jurídico. Sirve de apoyo al proceso de préstamos empresariales desde la concepción de una operación, pasando por su evaluación (validación) hasta la presentación de la «Note Conjointe» (firma) que da inicio al proceso previsto en la parte de la aplicación informática del BEI denominada «Force Prêts» que permite a los responsables de dicho sistema administrarlo y gestionarlo (Back Office).

3 El anuncio de licitación preveía la celebración de un acuerdo marco con una duración de cuatro años con el licitador seleccionado y la adjudicación a éste de contratos basados en el acuerdo marco correspondientes a pedidos concretos para proyectos específicos. El anuncio de licitación y el pliego de condiciones precisaban que el contrato se adjudicaría al licitador que presentase la oferta económicamente más ventajosa, valorada en función de los criterios de adjudicación enunciados en el pliego de condiciones. Éste indicaba la ponderación relativa de los criterios de adjudicación, esto es, el 75 % de la puntuación para los criterios técnicos, de la cual el 15 % para el criterio titulado «Proceso de gestión de la calidad», el 45 % para el criterio titulado «Nivel de conformidad de las competencias y de la cualificación del personal propuesto» y el 15 % para el criterio titulado «Capacidad para suministrar un equipo procedente de sus propios recursos», y el 25 % de la puntuación para el criterio económico.

4 Mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2007, el BEI comunicó a todas las personas que habían pedido aclaraciones en relación con la licitación una lista de «Preguntas y respuestas» correspondientes a la licitación en cuestión.

5 El 9 de noviembre de 2007, fecha límite fijada para la recepción de las ofertas (apartado IV.3.4 del anuncio de licitación), la demandante presentó una oferta.

6 En total, el BEI recibió siete ofertas, que fueron examinadas por la mesa de contratación. En las dos primeras fases del procedimiento, concretamente la fase de exclusión (apartado 6.1 del pliego de condiciones) y la fase de selección (apartado 6.2 del pliego de condiciones), todos los licitadores fueron seleccionados. En la última fase, concretamente la fase de evaluación comparativa de las ofertas y de adjudicación del contrato (apartado 7 del pliego de condiciones), para la que estaba previsto, en un primer momento, examinar las ofertas de los licitadores seleccionados de conformidad con criterios exclusivamente técnicos y excluir las que no alcanzasen los umbrales mínimos definidos por el pliego de condiciones y, en un segundo momento, examinar las ofertas que no hubiesen sido excluidas en su evaluación técnica con arreglo al criterio económico, sólo fueron examinadas cinco ofertas conforme a dicho criterio, entre ellas la de la demandante, al no haber alcanzado en la evaluación técnica las otras dos ofertas los umbrales mínimos definidos en el pliego de condiciones. A raíz de la evaluación comparativa de las ofertas, la mesa de contratación otorgó la mejor nota total a la oferta de Sybase BVBA (en lo sucesivo, «licitador seleccionado»), quedando la oferta de la demandante en segundo lugar. A la vista de la evaluación realizada por la mesa de contratación, el BEI decidió, el 31 de enero de 2008, no seleccionar la oferta presentada por la demandante y adjudicar el contrato al licitador seleccionado (en lo sucesivo, «decisión impugnada») tras negociar con éste determinados elementos de su oferta en una reunión que se celebró el 29 de enero de 2008.

7 El 18 de febrero de 2008, el BEI envió escritos a todos los licitadores, a excepción de la demandante, para informarles de que el contrato había sido adjudicado al licitador seleccionado.

8 El BEI y el licitador seleccionado firmaron, el 12 y el 17 de junio de 2008, respectivamente, el acuerdo marco, que entró en vigor el 16 de junio de 2008.

9 Mediante escrito de 31 de julio de 2008, tras tomar conocimiento del anuncio de adjudicación del contrato publicado en el Suplemento al Diario Oficial (DO S 144) con la referencia 2008/S 144-192307, la demandante presentó una queja ante el BEI por el incumplimiento del pliego de condiciones y del Derecho aplicable a los procedimientos de licitación pública, al no haber sido informada, en tiempo oportuno, de la decisión impugnada. Instó al BEI a que suspendiera el procedimiento de adjudicación y la firma del acuerdo marco o, en su caso, a que anulara este último. Además, solicitó información acerca del procedimiento de licitación y, en particular, los nombres del licitador seleccionado, de los socios de la eventual agrupación de empresas que éste hubiera constituido para responder a la licitación y de sus subcontratistas, las notas otorgadas, en cada uno de los criterios de adjudicación, a su oferta y a la del licitador seleccionado, los elementos comparativos entre su oferta y la del licitador seleccionado, en particular, en el plano económico, y una copia detallada de los informes de la mesa de contratación correspondientes a su oferta y a la del licitador seleccionado.

10 En un escrito de 1 de agosto de 2008, el BEI facilitó a la demandante indicaciones acerca de la ponderación relativa de los criterios de adjudicación. También indicó que el contrato había sido adjudicado al licitador seleccionado y, para cada uno de los criterios de adjudicación, dejó constancia del desglose de la puntuación concedida a la oferta de la demandante y de la concedida a la oferta del licitador seleccionado. Precisó que la oferta de la demandante había recibido 22,03 puntos (sobre 35 posibles), mientras que la oferta del licitador seleccionado había recibido 29,36 (sobre 35 posibles).

11 El mismo día, al considerar que sólo había recibido una pequeña parte de la información solicitada, la demandante dirigió un nuevo escrito al BEI, pidiéndole que respondiera a todas las preguntas planteadas en su escrito de 31 de julio, que le facilitara la motivación de la decisión impugnada y que le indicara si se había firmado ya el acuerdo marco con el licitador seleccionado. En caso contrario, la demandante solicitaba al BEI que suspendiera la firma de dicho contrato a la espera del examen pormenorizado de su recurso.

12 El 6 de agosto de 2008, el BEI acusó recibo del escrito de la demandante. Mediante escrito de 14 de agosto de 2008, admitió haber cometido un «error administrativo» al no haber informado a la demandante, mediante escrito oficial, de los resultados de la evaluación comparativa de las ofertas, por lo cual pedía disculpas. Añadió que el procedimiento de licitación, en su conjunto, era válido y que el error administrativo que había cometido no constituía un vicio sustancial que justificara la suspensión o la anulación del acuerdo marco celebrado con el licitador seleccionado.

13 El 1 de septiembre de 2008, la demandante dirigió un nuevo escrito al BEI, en el que dejaba constancia de algunas irregularidades que, a su juicio, viciaban el procedimiento de licitación. Según ella, el BEI confundió los criterios de selección de los licitadores y los criterios de adjudicación del contrato. Además, consideraba que el BEI había empleado criterios de adjudicación discriminatorios o imprecisos, había incumplido sus obligaciones de informar a los licitadores, en tiempo oportuno, de la decisión de adjudicación del contrato y de concederles un período de statu quo para garantizar su derecho a recurrir, no había seguido un procedimiento suficientemente transparente, había infringido el principio de igualdad de trato, no había motivado la decisión impugnada y había empleado una fórmula en la evaluación comparativa de las ofertas que había supuesto neutralizar el principio de la «oferta económicamente más ventajosa», privilegiando las ofertas que establecían el precio más elevado.

14 El 10 de septiembre de 2008, el BEI acusó recibo del escrito de la demandante de 1 de septiembre de 2008 y le informó de que lo había remitido para su estudio a la oficina de reclamaciones y que se le daría respuesta, a más tardar, el 27 de octubre de 2008.

15 El 27 de octubre de 2008, el BEI envió un escrito a la demandante informándola de que ya no podía tramitar su queja al haber iniciado aquélla, el 6 de octubre de 2008, un procedimiento ante el Tribunal.

Procedimiento y pretensiones de las partes

16 Mediante demanda registrada en la Secretaría del Tribunal el 6 de octubre de 2008, la demandante interpuso el presente recurso.

17 El 30 de enero de 2009, el BEI presentó el escrito de contestación.

18 La réplica y la dúplica se presentaron, respectivamente, el 15 de abril y el 15 de junio de 2009.

19 A propuesta de la Juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda) instó al BEI, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, a que respondiera cuál era la autoridad que, en su seno, había adoptado la decisión impugnada y a que le facilitara ésta o cualquier otro documento procedente.

20 El BEI cumplió dicho requerimiento en el plazo fijado. Mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2009 indicó que, de conformidad con la normativa interna y con la práctica vigente en el momento de los hechos, el director del Departamento de tecnologías de la información, integrado desde entonces en la Dirección General de Estrategia, había adoptado la decisión impugnada, antes de ser confirmada por el presidente del BEI, con carácter previo a la firma del acuerdo marco con el licitador seleccionado. Además, presentó una «nota al expediente», de 31 de enero de 2008, que tenía por referencia SCC/IT/FLA/2008-015/kr (en lo sucesivo, «nota de 31 de enero de 2008») que incluía la decisión de dicho director de adjudicar el contrato al licitador seleccionado y la hoja de evaluación consolidada de la mesa de contratación, que figura adjunta a dicha nota.

21 Mediante escrito presentado el 8 de enero de 2010, la demandante presentó sus observaciones a la nota de 31 de enero de 2008. A la vista de la información incluida en dicha nota, formuló un nuevo motivo.

22 Mediante escrito presentado el 26 de enero de 2010, el BEI presentó sus observaciones al nuevo motivo formulado por la demandante en su escrito presentado el 8 de enero de 2010.

23 Dado que la composición de las Salas del Tribunal fue modificada, la Juez Ponente fue destinada a la Sala Cuarta, a la que, por consiguiente, se ha atribuido el presente asunto.

24 Visto el informe de la Juez Ponente, el Tribunal (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral.

25 En la vista de 17 de noviembre de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

26 La demandante solicita al Tribunal que:

– Anule la decisión impugnada.

– Condene al BEI a indemnizarla por el daño que sufrió en el procedimiento de licitación debido a la ilegalidad de la decisión impugnada, cuyo importe se valora en 1.940.000 euros.

– Condene en costas al BEI, aun cuando desestime el recurso.

27 El BEI solicita al Tribunal que:

– Declare infundada la pretensión de anulación.

– Declare la inadmisibilidad de la petición de indemnización o, con carácter subsidiario, la desestime por infundada.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

1. Sobre la admisibilidad del recurso

28 Con carácter preliminar, es importante subrayar que, por lo que se refiere, en concreto, a la aplicabilidad en el tiempo de las normas que fijan los requisitos de admisibilidad de un recurso, de una jurisprudencia reiterada se deduce que, por una parte, de conformidad con el adagio tempus regit actum, la cuestión de la admisibilidad de un recurso debe resolverse con arreglo a las normas vigentes en el momento en el que se presentó (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de mayo de 1973, Campogrande/Comisión, 60/72, Rec. p. 489, apartado 4; véase también, en este sentido y por analogía, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 22 de febrero de 2008, Kozlowski, C‑66/08, no publicado en la Recopilación, apartado 7) y que, por otra parte, los requisitos para la admisibilidad del recurso se aprecian en el momento de la interposición del recurso, a saber, de la presentación de la demanda (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de abril de 2002, España/Consejo, C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 y C‑22/01, Rec. p. I‑3439, apartado 23; sentencias del Tribunal General de 21 de marzo de 2002, Shaw y Falla/Comisión, T‑131/99, Rec. p. II‑2023, apartado 29, y de 9 de julio de 2008, Alitalia/Comisión, T‑301/01, Rec. p. II‑1753, apartado 37).

29 Al haber sido interpuesto el presente recurso el 6 de octubre de 2008, las cuestiones relativas a su admisibilidad deben ser apreciadas de conformidad con las disposiciones vigentes en esta fecha, a saber, las del Tratado CE, y no con las nuevas disposiciones, correspondientes a las mismas, del Tratado FUE, que entraron en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Sobre la competencia del Tribunal

Alegaciones de las partes

30 La demandante alega que la pretensión de anulación de la decisión impugnada, presentada sobre la base del artículo 230 CE, es admisible. Considera que el Protocolo sobre los Estatutos del BEI anexo al Tratado CE (en lo sucesivo, «Estatutos») no establece ningún mecanismo completo de control de la legalidad de los actos del BEI, lo cual no significa, no obstante, que un control de este tipo sea imposible. Afirma que, en la sentencia de 23 de abril de 1986, Los Verdes/Parlamento Europeo (294/83, Rec. p. 1339, apartados 23 a 25), el Tribunal de Justicia declaró que, al ser la Comunidad Europea una comunidad de Derecho, los actos de todos sus órganos deben ser susceptibles de control jurisdiccional cuando produzcan efectos jurídicos frente a terceros. A la vista del Tratado CE y de los Estatutos, la demandante sostiene que el BEI es un órgano, incluso una institución, de la Comunidad y sus actos, cuando producen efectos jurídicos frente a terceros, deben estar sometidos a un control de legalidad por parte del Tribunal de Justicia. El hecho de que el artículo 230 CE no mencione expresamente los actos del BEI no constituye un obstáculo al respecto. Afirma que el Tribunal de Justicia formuló un doble criterio para afirmar que el artículo 230 CE se aplica a los actos de las autoridades y de las agencias comunitarias, que se basa en saber si el artículo 230 CE cita a la autoridad en cuestión y si sus actos están sometidos a un control jurisdiccional suficiente.

31 El BEI considera también que la pretensión de anulación de la demandante es admisible. Insta al Tribunal a que declare con claridad su competencia para conocer de la pretensión de que se anule una de sus decisiones por la que se excluye la oferta presentada por una persona y se adjudica el contrato público controvertido a otra persona y para conocer de la petición de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido a raíz de esta decisión, pues en Luxemburgo, el Tribunal administratif afirmó erróneamente su propia competencia en la materia, mediante una resolución de 26 de septiembre de 2007 (nº 22447 del repertorio), confirmada, en apelación, por una sentencia de la Cour administrative de 21 de febrero de 2008 (nº 23620C del repertorio). En efecto, cree que en su sentencia de 2 de diciembre de 1992, SGEEM y Etroy/BEI (C‑370/89, Rec. p. I‑6211), el Tribunal de Justicia afirmó su competencia para conocer de un recurso de indemnización interpuesto por una sociedad basado en la presunta ilegalidad de la decisión del BEI de no adjudicarle un contrato público de obras. Además, afirma que en su sentencia de 8 de octubre de 2008, Sogelma/AER (T‑411/06, Rec. p. II‑2771, apartados 42 y 43), el Tribunal General declaró, en aplicación de la jurisprudencia Los Verdes/Parlamento Europeo (véase el apartado 30 anterior), que las decisiones adoptadas por un órgano comunitario, en ese caso, la Agencia Europea de Reconstrucción (AER), en un procedimiento de licitación pública, cuando producen efectos jurídicos frente a terceros, constituyen actos impugnables ante el Tribunal. Así pues, a juicio del BEI, en su condición de órgano administrativo comunitario, debería dársele el mismo trato cuando adopta decisiones que producen efectos jurídicos frente a terceros en el marco de sus procedimientos de licitación o en la tramitación de las peticiones de acceso a sus documentos. En cambio, el BEI sostiene que está excluido de la competencia del Tribunal cuando realiza sus actividades de préstamo, a saber, cuando interviene en los mercados financieros, del mismo modo que cualquier otro organismo bancario (auto del Tribunal de 26 de noviembre de 1993, Tête y otros/BEI, T‑460/93, Rec. p. II‑1257, apartado 20).

Apreciación del Tribunal

32 En el caso de autos, las partes en el presente litigio están de acuerdo en considerar que el Tribunal es competente para conocer de la presente pretensión de anulación. No obstante, dado que la competencia del Tribunal es una cuestión de orden público, este Tribunal puede examinarla de oficio (véase la sentencia del Tribunal General de 15 de marzo de 2005, GEF/Comisión, T‑29/02, Rec. p. II‑835, apartados 72 a 74, y la jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 1979, Simmenthal/Comisión, 92/78, Rec. p. 777, apartados 21 y 22). Así pues, el Tribunal no está vinculado por la posición de las partes en cuanto a su competencia para conocer del presente recurso y le corresponde examinar si, oídas las partes, no debe formular de oficio una excepción de inadmisión basada en su incompetencia para conocer, en todo o en parte, de dicho recurso. Esto se justifica tanto más, en las circunstancias del caso, cuanto un juez nacional ha afirmado su propia competencia para conocer de la legalidad de una decisión del BEI que excluye una oferta presentada por una persona y adjudica a otra persona el contrato público controvertido, licitado por el BEI por cuenta propia.

33 Con arreglo a los artículos 5 CE, 10 CE, 297 CE, al artículo 307 CE, párrafo primero, y al Tratado UE y, en concreto, al artículo 5 UE, el Tribunal de Justicia ejercerá sus competencias en las condiciones y con los objetivos previstos por las disposiciones de los Tratados CE y UE. Las competencias del Tribunal General son las enumeradas en los artículos 225 CE y 140 A EA, en los términos precisados por el artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

34 La cuestión de la competencia del Tribunal General para conocer de un recurso que abarca, simultáneamente, una pretensión de anulación de un acto del BEI que lesiona a un tercero y una pretensión de indemnización del perjuicio resultante, para dicho tercero, del comportamiento ilegal del BEI debe ser resuelta con arreglo a los Estatutos, en su versión aplicable en el momento de los hechos, en particular, a su artículo 29, párrafo primero, y al artículo 225 CE, apartado 1, al artículo 235 CE, al artículo 237 CE y al artículo 288 CE, párrafo segundo, y, en su caso, al artículo 230 CE.

35 El artículo 29, párrafo primero, de los Estatutos establece que «los litigios entre el [BEI], por una parte, y, por otra, sus prestamistas, sus prestatarios o terceros serán resueltos por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia». Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha reconocido que tanto el Tratado CE como este artículo no impedían la competencia del Tribunal de Justicia para conocer los litigios relativos al BEI, añadiendo que esta última disposición dejaba a salvo expresamente las competencias que le atribuía el Tratado CE (véase, en este sentido, la sentencia SGEEM y Etroy/BEI, apartado 31 supra, apartados 17 y 18).

36 El presente litigio enfrenta al BEI con una sociedad griega no sometida a su control y que, por tanto, debe ser considerada como tercero con arreglo al artículo 29, párrafo primero, de los Estatutos. De conformidad con el tenor de esta última disposición, la cuestión de si un litigio como el del caso de autos es de la competencia del Tribunal de Justicia o de los órganos jurisdiccionales nacionales y, en su caso, si es de la competencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal General obliga a remitirse a las disposiciones del Tratado CE.

37 Por lo que respecta, por una parte, a la pretensión de que se anule la decisión impugnada, en primer lugar, y por tratarse de una disposición especial, saber si el Tribunal General es competente para conocerla depende de la interpretación del artículo 237 CE, puesto en relación con el artículo 225 CE, apartado 1.

38 El artículo 237 CE dispone lo siguiente:

«El Tribunal de Justicia será competente, dentro de los límites que a continuación se señalan, para conocer de los litigios relativos:

a) al cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros que se derivan de los [Estatutos]. El Consejo de Administración del [BEI] tendrá, a este respecto, las competencias que el artículo 226 [CE, relativo al incumplimiento, por un Estado miembro, de alguna de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE] atribuye a la Comisión;

b) a los acuerdos del Consejo de Gobernadores del [BEI]. Cualquier Estado miembro, la Comisión y el Consejo de Administración del [BEI] podrán interponer recurso en esta materia, en las condiciones previstas en el artículo 230 [CE];

c) a los acuerdos del Consejo de Administración del [BEI]. Sólo podrán interponer recurso contra tales acuerdos los Estados miembros o la Comisión, en las condiciones establecidas en el artículo 230 [CE] y únicamente por vicio de forma en el procedimiento previsto en los apartados 2, 5, 6 y 7 del artículo 21 de los [Estatutos];

[...]»

39 Del artículo 225 CE, apartado 1, resulta asimismo que únicamente el Tribunal de Justicia es competente para conocer de los recursos a los que se refiere el artículo 237 CE.

40 Para comprobar si la decisión impugnada se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 237 CE, procede recordar la competencia de los distintos órganos del BEI.

41 En virtud del artículo 8 de los Estatutos, el BEI será administrado y dirigido por un Consejo de Gobernadores, un Consejo de Administración y un Comité de Dirección.

42 De conformidad con el artículo 9 de los Estatutos, el Consejo de Gobernadores establecerá las directrices generales de la política crediticia del BEI y, en particular, decidirá sobre el aumento del capital suscrito, aprobará el informe anual elaborado por el Consejo de Administración así como el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias y aprobará el Reglamento Interior del BEI, de modo que es el único competente para organizar el funcionamiento interno de los servicios en interés de una administración eficaz (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2003, Comisión/BEI, C‑15/00, Rec. p. I‑7281, apartados 67 y siguientes). En virtud del artículo 11 de los Estatutos, el Consejo de Administración será competente para decidir sobre la concesión de créditos y garantías y sobre la conclusión de empréstitos, fijará los tipos de interés de los préstamos, así como las comisiones, velará por la sana administración del BEI y garantizará la conformidad de la gestión del Banco con el Tratado CE y los Estatutos y con las directrices generales establecidas por el Consejo de Gobernadores. Según el artículo 11, apartado 2, párrafo séptimo, de los Estatutos, el presidente del BEI o, en su ausencia, uno de los vicepresidentes del Comité de Dirección presidirá las sesiones del Consejo de Administración, sin tomar parte en la votación. Con arreglo al artículo 13 de los Estatutos, el Comité de Dirección es el órgano ejecutivo colegiado permanente del BEI. Bajo la autoridad del presidente y el control del Consejo de Administración, se encargará de la gestión de los asuntos de administración ordinaria del BEI y preparará las decisiones del Consejo de Administración, cuya ejecución posteriormente supervisa. El presidente del BEI presidirá las reuniones del Comité de Dirección. Los miembros del Comité de Dirección sólo serán responsables ante el BEI. Serán nombrados por el Consejo de Gobernadores, a propuesta del Consejo de Administración para un período de seis años renovable.

43 De la respuesta del BEI a la pregunta formulada por el Tribunal y de la nota de 31 de enero de 2008 se deduce que la decisión impugnada fue tomada por el director del Departamento de tecnologías de la información, integrado desde entonces en la Dirección General de Estrategia del BEI. Según el BEI, fue confirmada posteriormente por su presidente, con carácter previo a la firma del acuerdo marco con el licitador seleccionado, el 12 y el 17 de junio de 2008 (véase el apartado 20 anterior). Aunque en los autos no figura prueba alguna de la confirmación por el presidente del BEI de la decisión impugnada, la misma se debe presumir como un hecho acreditado, a los efectos del presente procedimiento, puesto que la parte demandante no la ha impugnado. Por tanto, si la decisión impugnada se adoptó «bajo la autoridad» del presidente del BEI, de ello se puede inferir que estaba comprendida en la «gestión de los asuntos de administración ordinaria» del BEI, en el sentido del artículo 13, apartado 3, de los Estatutos y, por tanto, en el ámbito de competencia del Comité de Dirección (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión/BEI, citada en el apartado 42 supra, apartado 66), que se encarga precisamente de la gestión de los asuntos de administración ordinaria del BEI, bajo la autoridad de su presidente. En efecto, ningún indicio permite dudar, en el presente asunto, de que la adjudicación de un contrato público licitado por su cuenta esté comprendido en la «gestión de los asuntos de administración ordinaria» del BEI.

44 Por consiguiente, procede considerar que la decisión impugnada no estaba comprendida ni en el ámbito de competencia del Consejo de Gobernadores ni en el del Consejo de Administración, por lo que, por consiguiente, no puede atribuirse a ninguno de estos órganos del BEI y, por tanto, no se rige por las disposiciones especiales del artículo 237 CE.

45 Por tanto, queda por examinar si el Tribunal puede conocer de un recurso de anulación dirigido contra un acto definitivo del BEI, que surte efectos jurídicos frente a un tercero, basándose en los artículos 225 CE y 230 CE.

46 En primer lugar, procede recordar que la Comunidad es una comunidad de Derecho, en la medida en que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional que constituye el Tratado CE, y que este último ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a confiar al Tribunal de Justicia el control de la legalidad de los actos de las instituciones (véase la sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión/BEI, citada en el apartado 42 supra, apartado 75, y la jurisprudencia citada). Esto es también conforme con el objetivo perseguido por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza (DO C 364, p. 1; en lo sucesivo, «Carta»), que, pese a no tener fuerza jurídica vinculante con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, es una prueba de la importancia, en el ordenamiento jurídico comunitario, de los derechos que enuncia (sentencia del Tribunal de 15 de enero de 2003, Philip Morris International y otros/Comisión, T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 y T‑272/01, Rec. p. II‑1, apartado 122). En virtud de este último artículo, toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho comunitario hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a acceder a un tribunal imparcial. Pese a no ser una institución de la Comunidad, el BEI constituye ciertamente un organismo comunitario creado por el Tratado CE y dotado por éste de personalidad jurídica y por esta razón está sujeto al control del Tribunal de Justicia, concretamente en los términos previstos en el artículo 237 CE, letra b) (véase la sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión/BEI, citada en el apartado 42 supra, apartado 75, y la jurisprudencia citada).

47 En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta que el artículo 237 CE incluye una disposición especial que se refiere únicamente a determinados litigios del BEI y que, por tanto, sólo tiene un alcance limitado y complementario en relación con otros artículos del Tratado CE, tales como el artículo 236 CE (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1976, Mills/BEI, 110/75, Rec. p. 955, apartados 16 y 17, y SGEEM y Etroy/BEI, citada en el apartado 31 supra, apartado 17). Además, debe ponerse de manifiesto que el artículo 237 CE y el artículo 29, párrafo primero, de los Estatutos deben ser entendidos a la luz del artículo 267 CE, que establece que el BEI «tendrá por misión contribuir al desarrollo equilibrado y estable del mercado común en interés de la Comunidad, recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos» y que «facilitará, mediante la concesión de préstamos y garantías y sin perseguir fines lucrativos, la financiación, en todos los sectores de la economía, de los proyectos», y de las disposiciones de los Estatutos citados en el apartado 37 anterior, de las cuales se desprende que la tarea principal del Comité de Dirección es preparar y ejecutar las decisiones sobre préstamos y garantías o sobre conclusión de empréstitos que son adoptadas por el Consejo de Administración de conformidad con las directrices generales del Consejo de Gobernadores (véanse, en este sentido y por analogía, las conclusiones del Abogado General Jacobs, presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión/BEI, citada en el apartado 42 supra, Rec. p. I‑7290, puntos 75 a 78). Aunque los Estatutos no excluyen por completo la posibilidad de que el Comité de Dirección adopte, en la gestión de los asuntos de administración ordinaria del BEI, decisiones que produzcan efectos jurídicos frente a terceros, dejan deducir con claridad, no obstante, que unas decisiones de este tipo se adoptan o se deben adoptar normalmente, bien por el Consejo de Gobernadores, bien por el Consejo de Administración.

48 La falta de referencia al Comité de Dirección en el texto del artículo 237 CE es reflejo de este reparto de competencias dentro del BEI. Dado que, por lo general, se supone que el Comité de Dirección prepara y no adopta las decisiones destinadas a surtir efectos jurídicos frente a terceros, en el sentido del artículo 29, párrafo primero, de los Estatutos, los redactores del Tratado CE no consideraron que fuera necesario un control jurisdiccional de sus actos. Aquí se puede establecer un paralelismo con el artículo 230 CE, que establece que los actos definitivos que producen efectos jurídicos frente a terceros adoptados por las instituciones y por el BCE son impugnables, pese a que las medidas que se limiten a preparar su adopción no lo sean. En este sentido, en el apartado 18 del auto Tête y otros/BEI, citado en el apartado 31 supra, el Tribunal señaló que «el BEI conservó su misión original, que es conceder préstamos y garantías (véanse los artículos 129 y 130 [CEE] y los artículos 198 D y 198 E [CE])» y que, « por consiguiente, frente a los terceros que no reciben préstamos ni garantías del BEI, esta [i]nstitución no adopta decisiones que produzcan efectos jurídicos». No obstante, este razonamiento no puede valer en un caso en el que, como en el de autos, resulta que el Comité de Dirección adoptó una decisión que surtió efectos jurídicos definitivos frente a un tercero. En una comunidad de Derecho como la Comunidad, el interesado debe poder impugnar una decisión de este tipo.

49 En esta medida, procede considerar que la disposición general que constituye el artículo 230 CE se completa con la disposición especial incluida en el artículo 237 CE, que sólo tiene un alcance limitado y que no incluye los actos que surten efectos jurídicos definitivos frente a terceros que el Comité de Dirección está llamado a adoptar en la gestión de los asuntos de administración ordinaria del BEI, de conformidad con el artículo 13, apartado 3, de los Estatutos, como la decisión impugnada o como una decisión que deniegue el acceso a documentos administrativos del BEI.

50 En tercer lugar, sería inaceptable que el BEI, manipulando la organización de su procedimiento de decisión interno, pudiera escapar al control jurisdiccional previsto por el Tratado CE para los actos de las instituciones o de cualquier organismo comunitario que, como el BEI, hubiese sido creado por el Tratado CE y dotado por éste de personalidad jurídica (véanse, en este sentido y por analogía, las conclusiones del Abogado General Jacobs, presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión/BEI, citada en el apartado 47 supra, punto 71). Los actos adoptados formalmente en el BEI por órganos distintos a los previstos en el artículo 237 CE, letras b) y c), concretamente por órganos distintos al Consejo de Gobernadores o el Consejo de Administración, deben poder ser objeto de un control jurisdiccional si son definitivos y surten efectos jurídicos frente a terceros. Pues bien, en virtud de los artículos 225 CE, 230 CE y 237 CE, el Tribunal de Justicia y, en el presente asunto, el Tribunal General han asumido, en particular, competencia para controlar la legalidad de cualquier decisión administrativa del BEI, en concreto de cualquier acto unilateral adoptado por el BEI que surta efectos jurídicos definitivos frente a terceros.

51 En cuarto lugar, procede controlar que no se atente contra la autonomía funcional e institucional del BEI ni contra la reputación de que disfruta como organismo que actúa con toda independencia en los mercados financieros, en los términos organizados por el Tratado CE (sentencias del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 1988, Comisión/BEI, 85/86, Rec. p. 1281, apartados 27 a 30, y de 10 de julio de 2003, Comisión/BEI, citada en el apartado 42 supra, apartados 101 y siguientes). Pues bien, la adopción de la decisión impugnada se vincula al ejercicio por el BEI de actividades que forman parte de la administración comunitaria y que se incluyen, más concretamente, en la intervención de esta administración como poder adjudicador, y no al ejercicio por el BEI de sus actividades o de sus operaciones en el ámbito financiero o en los mercados financieros. Por consiguiente, el control de la legalidad que el Tribunal General puede ser llamado a ejercer sobre la base del artículo 225 CE, apartado 1, y del artículo 230 CE, aunque a priori sea más amplio que el que el Tribunal de Justicia ejerce sobre los acuerdos del Consejo de Administración del BEI sobre la base del artículo 237 CE, letra c), no puede considerarse, no obstante, que pueda afectar a la autonomía funcional e institucional de que dispone el BEI para conceder y financiar préstamos y garantías, en particular, recurriendo a los mercados de capitales, o que pueda afectar a la reputación del BEI o a su credibilidad como organismo independiente en los mercados financieros. Por lo demás, es importante poner de manifiesto que el propio BEI sostiene que el Tribunal es competente para conocer de la presente pretensión de anulación sobre la base del artículo 225 CE, apartado 1, y del artículo 230 CE. Así pues, no considera que el control de legalidad que el Tribunal ejerce en un marco de este tipo pueda lesionar la autonomía funcional e institucional de la que goza, en virtud del Tratado CE y de sus Estatutos.

52 Por tanto, la necesidad de un control íntegro de la legalidad de los actos comunitarios exige interpretar el artículo 225 CE, apartado 1, y el artículo 230 CE en el sentido de que no excluyen la competencia del Tribunal para conocer de un recurso de anulación de un acto, incluido en la gestión de los asuntos de administración ordinaria del BEI por parte del Comité de Dirección, que surte efectos jurídicos definitivos frente a un tercero.

53 Por otra parte, por lo que respecta a la presente pretensión de indemnización, ha de observarse que el principio de la competencia del juez de la Unión y, en el caso de autos, del Tribunal General para conocer un recurso por responsabilidad extracontractual, interpuesto frente al BEI, no se halla expresamente resuelto por los textos. Así pues, a falta de disposiciones específicas, la cuestión de si el Tribunal de Justicia y, en el presente asunto, el Tribunal General son competentes para conocer de la presente pretensión de indemnización formulada frente al BEI depende de la interpretación del artículo 225 CE, apartado 1, del artículo 235 CE y del artículo 288 CE, párrafo segundo.

54 En primer lugar, procede señalar que el Tribunal de Justicia ya se reconoció competente para pronunciarse sobre un recurso de indemnización interpuesto frente al BEI, sobre la base del artículo 178 CEE y del artículo 215 CEE, párrafo segundo (actualmente artículo 235 CE y artículo 288 CE, párrafo segundo). Justificó su competencia en que el acto presuntamente ilegal procedía de la ejecución de un contrato de financiación celebrado por el BEI como mandatario de la Comunidad y por cuenta de ésta, en el ejercicio de las competencias que determinadas disposiciones le atribuyen en materia de concesión y gestión de capitales de riesgo financiados con cargo al presupuesto comunitario, en que el propio BEI era un organismo que se inscribe, en virtud del Tratado CE, en el ámbito comunitario, y en que las acciones y las omisiones del BEI al ejecutar un contrato de financiación de ese tipo eran imputables a la Comunidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de diciembre de 1992, SGEEM y Etroy/BEI, citada en el apartado 31 supra, apartados 4 y 12 a 15, y de 25 de mayo de 1993, SGEEM y Etroy/BEI, C‑370/89, Rec. p. I‑2583, apartado 24). En este contexto, el Tribunal de Justicia observó que «el término “institución”, empleado en el párrafo segundo del artículo 215 del Tratado [CEE], no deb[ía] interpretarse en el sentido de que únicamente se refiere a las [i]nstituciones de la Comunidad enumeradas en el apartado 1 del artículo 4 del Tratado [CEE], sino que engloba, asimismo, a la luz del sistema de responsabilidad extracontractual establecido por el Tratado [CEE], a los organismos comunitarios tales como el [BEI]» (sentencia de 2 de diciembre de 1992, SGEEM y Etroy/BEI, citada en el apartado 31 supra, apartado 16).

55 En segundo lugar, es importante tener en cuenta que, aunque en el sistema de recursos jurídicos creado por el Tratado CE, el recurso de indemnización constituye un recurso jurídico independiente del recurso de anulación, no es menos cierto que, en el presente asunto, existe una relación directa entre la pretensión de indemnización y la pretensión de anulación de la decisión impugnada pues, en la demanda, se precisa que «la [...] petición de daños y perjuicios, formulada en aplicación de los artículos 235 CE y 288 CE, se basa en la ilegalidad de la decisión impugnada», de modo que la pretensión de indemnización parece accesoria a la pretensión de anulación. Más aún, de la demanda se desprende que la pretensión de indemnización persigue el pago de una cuantía cuyo importe se corresponde exactamente con el «importe estimado del resultado bruto que la demandante habría percibido [...] de haber resultado adjudicataria del contrato», es decir, los derechos de los que la demandante se considera privada por la decisión impugnada. Así pues, la pretensión de indemnización persigue, en realidad, que se eliminen los efectos jurídicos que la decisión impugnada produjo en la demandante, de modo que, de ser estimada, se anulen dichos efectos jurídicos.

56 De conformidad con una jurisprudencia reiterada (sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 1986, Krohn Import-Export/Comisión, 175/84, Rec. p. 753, apartados 32 y 33; sentencias del Tribunal General de 15 de marzo de 1995, Cobrecaf y otros/Comisión, T‑514/93, Rec. p. II‑621, apartado 59, y de 17 de octubre de 2002, Astipesca/Comisión, T‑180/00, Rec. p. II‑3985, apartado 139), procede tener en cuenta la «relación directa» o la «complementariedad» existente, en el caso de autos, entre el recurso de anulación y el recurso de indemnización y la naturaleza accesoria del segundo respecto al primero en la fase de la apreciación de la admisibilidad de estos recursos, para evitar que la suerte del recurso de indemnización se disocie artificialmente de la del recurso de anulación, del que no es, sin embargo, sino accesorio o complemento.

57 En tercer lugar, es importante subrayar que, puesto que los daños que supuestamente causó el BEI a la demandante tuvieron su origen en el ejercicio por aquél de actividades que forman parte de los cometidos de la administración comunitaria y que están comprendidas, más concretamente, en la intervención de esta administración como poder adjudicador, sin que, por consiguiente, dichos daños resulten del ejercicio, por el BEI, de sus actividades o de sus operaciones en el ámbito financiero o en los mercados financieros, no se puede considerar que el control que el Tribunal está llamado a ejercer sobre la base del artículo 225 CE, apartado 1, y del artículo 288 CE, párrafo segundo, pueda cuestionar la independencia funcional e institucional del BEI ni pueda lesionar su reputación como organismo independiente en los mercados financieros. Por lo demás, el propio BEI sostiene que el Tribunal es competente para pronunciarse acerca de la presente pretensión de indemnización que se le ha formulado, sobre la base del artículo 225 CE, apartado 1, del artículo 235 CE y del artículo 288 CE, sin que en modo alguno alegue que un control de este tipo pueda suponer que se lesione su independencia funcional e institucional.

58 Por tanto, el Tribunal es competente para pronunciarse también acerca de la pretensión de indemnización formulada frente al BEI, sobre la base del artículo 225 CE, apartado 1, del artículo 235 CE y del artículo 288 CE, párrafo segundo, puesto que tal pretensión presenta naturaleza accesoria con respecto a una pretensión de anulación de un acto del BEI que surte efectos jurídicos definitivos frente a terceros, que es también admisible.

59 De ello se deduce que el Tribunal es competente para conocer íntegramente del presente recurso.

Sobre la legitimación de la demandante para pedir la anulación de la decisión impugnada

Alegaciones de las partes

60 Interrogado al respecto en la vista, el BEI confirmó que la decisión impugnada había sido ejecutada, puesto que se había celebrado el contrato marco con el licitador seleccionado y se había ejecutado parcialmente. En consecuencia, consideró que ya no podía extraer ninguna consecuencia de una eventual anulación de la decisión impugnada, como la reapertura del procedimiento de licitación. No obstante, también precisó que no tenía intención de impugnar la admisibilidad del presente recurso por falta de legitimación de la demandante para pedir la anulación de la decisión impugnada. Asimismo, indicó que, aunque teóricamente cabría reponer al licitador excluido que había interpuesto el recurso en la situación en la que se encontraba mediante el pago de una indemnización, en el caso de autos no se cumplían los requisitos para el pago de tal indemnización, al no haber sufrido la demandante ningún daño real como consecuencia de la decisión impugnada.

61 En la vista, la demandante sostuvo que había logrado varias anulaciones, parciales o totales, de decisiones de adjudicación, sin que las instituciones que habían adoptado dichas decisiones respondieran de modo satisfactorio a tales anulaciones. Además, indicó estar doblemente legitimada para pedir que se anulara la decisión impugnada. Por una parte, porque, al participar en procedimientos de adjudicación de contratos públicos, alegó tener interés en que se constatasen las ilegalidades que vician la decisión impugnada, a fin de impedir que semejantes ilegalidades se reproduzcan. Por otra parte, afirmó tener interés en que se constaten dichas ilegalidades a efectos de ser indemnizada.

Apreciación del Tribunal

62 Según reiterada jurisprudencia, sólo cabe declarar la admisibilidad de un recurso de anulación promovido por una persona física o jurídica en la medida en que dicha persona tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado, lo que supone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo interpuso (sentencia del Tribunal de 10 de diciembre de 2009, Antwerpse Bouwwerken/Comisión, T‑195/08, Rec. p. II‑4439, apartado 33). Puesto que los requisitos de admisibilidad de un recurso, en particular la inexistencia de interés en ejercitar la acción, son causas de inadmisión por motivos de orden público, corresponde al Tribunal verificar de oficio si las partes demandantes tienen interés en obtener la anulación de la decisión impugnada (véase el auto del Tribunal de 10 de marzo de 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia y otros/Comisión, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00 y T‑271/00, Rec. p. II‑787, apartado 22, y la jurisprudencia citada). Esta jurisprudencia es aplicable, por analogía, a las pretensiones de anulación formuladas en recursos que incluyen, con carácter accesorio, una pretensión de indemnización.

63 En el caso de autos, procede comprobar de oficio si una eventual anulación de la decisión impugnada puede otorgar una ventaja a la demandante pese a que no se pueda reabrir el procedimiento de licitación y pese a que, en las presentes circunstancias, consta para las partes que la firma del contrato y su ejecución parcial han hecho perder a la demandante cualquier posibilidad de poder celebrar el contrato controvertido con el BEI.

64 De la jurisprudencia se desprende que, incluso en una situación en la que la decisión de adjudicación haya sido ya plenamente ejecutada en beneficio de otros competidores, un licitador conserva un interés en que se anule dicha decisión, ya sea para obtener del poder adjudicador una revisión adecuada para su situación, ya sea para lograr que se obligue al poder adjudicador a introducir, para lo sucesivo, las modificaciones apropiadas en los procedimientos de licitación, en el supuesto de que se declaren contrarios a determinadas exigencias jurídicas (véanse, en este sentido, la sentencia Simmenthal/Comisión, citada en el apartado 32 supra, apartado 32, y la sentencia del Tribunal de 14 de octubre de 1999, CAS Succhi di Frutta/Comisión, T‑191/96 y T‑106/97, Rec. p. II‑3181, apartado 63).

65 En efecto, el hecho de que se haya firmado, incluso ejecutado, el contrato que tiene por objeto la ejecución de un contrato público antes de que se pronuncie la resolución que ponga término al recurso en el asunto principal, interpuesto por un licitador excluido contra la decisión de adjudicación de dicho contrato, y de que el poder adjudicador esté contractualmente vinculado con el adjudicatario no supone un obstáculo a la obligación que corresponde al poder adjudicador, en virtud del artículo 233 CE, si se reconociera la procedencia del recurso principal, de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección adecuada de los intereses del licitador excluido (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de 10 de noviembre de 2004, European Dynamics/Comisión, T‑303/04 R, Rec. p. II‑3889, apartado 83).

66 Cuando, a raíz del recurso de un licitador excluido de un contrato público, se anule la decisión de adjudicación, sin que el poder adjudicador pueda ya reabrir el procedimiento de licitación relativo al contrato público de que se trata, se pueden salvaguardar los intereses de dicho licitador, por ejemplo, mediante una indemnización pecuniaria correspondiente a la pérdida de la posibilidad de resultar adjudicatario del contrato o, si se puede acreditar con certeza que el licitador debía haber resultado adjudicatario del contrato, al lucro cesante (véanse, en este sentido, los autos del Presidente del Tribunal de 2 de mayo de 1994, Candiotte/Consejo, T‑108/94 R, Rec. p. II‑249, apartado 27; de 20 de julio de 2000, Esedra/Comisión, T‑169/00 R, Rec. p. II‑2951, apartado 51, y European Dynamics/Comisión, citado en el apartado 65 supra, apartado 83). En efecto, de la jurisprudencia más reciente resulta que se puede conceder un valor económico a la pérdida de la posibilidad de resultar adjudicatario de un contrato público, sufrida por un licitador excluido de dicho contrato por una decisión ilegal (véanse, en este sentido, los autos del Presidente del Tribunal de 25 de abril de 2008, Vakakis/Comisión, T‑41/08 R, no publicado en la Recopilación, apartados 66 y 67, y la jurisprudencia citada, y de 20 de enero de 2010, Agriconsulting Europe/Comisión, T‑443/09 R, no publicado en la Recopilación, apartados 32 a 34, y la jurisprudencia citada).

67 En el caso de autos, la demandante está legitimada para pedir que se anule la decisión impugnada a efectos de obtener del BEI, en virtud de la obligación que deriva del artículo 233 CE, párrafo primero, una revisión adecuada de su situación, que puede revestir, en su caso, la forma de una indemnización pecuniaria por su pérdida de la posibilidad de resultar adjudicataria del contrato. Aunque la demandante ha formulado una pretensión de indemnización que pudiera estar en el origen del pago de una suma pecuniaria, en forma de indemnización, es importante poner de manifiesto que esta pretensión no contempla la pérdida de la posibilidad de conseguir el contrato, sino el lucro cesante correspondiente al beneficio que habría percibido de haber ejecutado el contrato (véase el apartado 210 infra). De ello se deduce que se puede desestimar esta pretensión de indemnización sin que ello prejuzgue la posibilidad de que la demandante obtenga, en su caso, una compensación pecuniaria por la pérdida de la posibilidad de resultar adjudicataria del contrato con arreglo a una revisión adecuada de su situación anterior, de conformidad con el artículo 266 TFUE, párrafo segundo.

68 De cuanto antecede resulta que la pretensión de anulación puede generar, por su resultado, un beneficio para la demandante, de modo que ésta está legitimada para pedir que se anule la decisión impugnada.

Sobre la falta de impugnación de la fórmula empleada en la evaluación comparativa de las ofertas en el procedimiento de licitación

Alegaciones de las partes

69 El BEI sostiene que la demandante no puede impugnar la fórmula empleada en la evaluación comparativa de las ofertas al no haberlo hecho en tiempo oportuno, a saber, antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas.

70 La demandante solicita que se desestime la excepción de inadmisibilidad formulada a este respecto por el BEI.

Apreciación del Tribunal

71 La presente excepción de inadmisibilidad se refiere, en la práctica, a los motivos tercero y cuarto de la pretensión de anulación, con los que la demandante impugna la legalidad del criterio de adjudicación titulado «Capacidad para suministrar un equipo procedente de sus propios recursos» y el quinto motivo de la pretensión de anulación, con el que la demandante impugna la legalidad de las ponderaciones relativas de los criterios de adjudicación, a saber, el 75 % de la puntuación para los criterios técnicos y el 25 % de la puntuación para el criterio económico.

72 Es cierto que, al impugnar la legalidad de la fórmula empleada en la evaluación comparativa de las ofertas, la demandante refuta incidentalmente la legalidad del pliego de condiciones. De este modo, la pregunta que surge, en el caso de autos, es si un documento de invitación a una licitación, como un pliego de condiciones, es un acto que puede ser objeto de un recurso directo con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, y, por consiguiente, si la demandante, basándose en dicha disposición y en el plazo de dos meses fijado en el párrafo quinto de esta disposición, debería haber impugnado el pliego de condiciones.

73 No puede considerarse al pliego de condiciones como un acto que afecte a cada licitador de forma individual. En efecto, al igual que la totalidad de los documentos de licitación elaborados por el poder adjudicador, el pliego de condiciones se aplica a situaciones objetivamente determinadas y produce efectos jurídicos respecto a categorías de personas contempladas de manera general y abstracta. Por tanto, tiene carácter general y su comunicación individual a los licitadores por el poder adjudicador impide individualizar, en el sentido del artículo 230 CE, cuarto párrafo, a cada uno de dichos licitadores en relación con cualesquiera otras personas (sentencia del Tribunal de 21 de mayo de 2008, Belfass/Consejo, T‑495/04, Rec. p. II‑781, apartados 36 a 42).

74 En el caso de autos, la decisión impugnada era, pues, el primer acto impugnable por la demandante y, por tanto, el primer acto que la autorizaba a refutar incidentalmente la legalidad de la fórmula empleada en la evaluación comparativa de las ofertas que el BEI había elegido en el pliego de condiciones.

75 Así pues, el BEI alega erróneamente el carácter supuestamente extemporáneo de la impugnación de la demandante en el presente recurso e, incidentalmente, la legalidad de la fórmula empleada en la evaluación comparativa de las ofertas que el BEI había elegido en el pliego de condiciones.

76 En consecuencia, procede declarar que los motivos tercero, cuarto y quinto de la pretensión de anulación son admisibles y desestimar la excepción de inadmisibilidad planteada a este respecto por el BEI.

Sobre la falta de claridad de la pretensión de indemnización

Alegaciones de las partes

77 El BEI alega que, de conformidad con los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, la pretensión de indemnización es inadmisible, puesto que, en el caso de autos, no se mencionan en la demanda los tres requisitos previstos por el artículo 288 CE, apartado 2, para generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad ni la demandante afirma que se cumplan. A su juicio, a la demanda le falta precisión en cuanto a las ilegalidades que vician el procedimiento de licitación, en cuanto a la existencia de una relación de causalidad entre dichas ilegalidades y el perjuicio alegado por la demandante y en cuanto a la naturaleza y al importe exacto de los daños y perjuicios reclamados. Por tanto, a la vista de la jurisprudencia aplicable (sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de diciembre de 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consejo, 5/71, Rec. p. 975, y sentencia del Tribunal General de 23 de septiembre de 1994, An Taisce y WWF UK/Comisión, T‑461/93, Rec. p. II‑733, apartados 42 y 43), debería declararse la inadmisibilidad de una pretensión de este tipo.

78 La demandante considera, en esencia, que no se ha infringido el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento y que en la demanda se mencionaban los elementos que permiten identificar los tres requisitos para el nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, previstos en el artículo 288 CE, apartado 2.

Apreciación del Tribunal

79 Debe recordarse que, en virtud del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, las demandas deben contener la indicación del objeto del litigio y una exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal se pronuncie sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse sobre otros datos. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa dicho recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de la demanda (véase la sentencia del Tribunal de 3 de febrero de 2005, Chiquita Brands y otros/Comisión, T‑19/01, Rec. p. II‑315, apartado 64, y la jurisprudencia citada).

80 Para atenerse a estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los daños causados por una institución o cualquier otro organismo comunitario deberá contener los elementos que permitan identificar el comportamiento que el demandante reprocha a dicha institución, órgano u organismo, las razones por las que estima que existe una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio que alega haber sufrido, así como el carácter y el alcance de dicho perjuicio (véanse las sentencias del Tribunal de 18 de septiembre de 1996, Asia Motor France y otros/Comisión, T‑387/94, Rec. p. II‑961, apartado 107; de 10 de julio de 1997, Guérin automobiles/Comisión, T‑38/96, Rec. p. II‑1223, apartado 42, y Chiquita Brands y otros/Comisión, citada en el apartado 79 supra, apartado 65, y la jurisprudencia citada).

81 De la demanda se desprende que «la [...] petición de daños y perjuicios, formulada en aplicación de los artículos 235 y 288 CE, se basa en la ilegalidad de la Decisión impugnada, [...] que es objeto del presente recurso». De ello se deduce que esta petición se basa claramente en las ilegalidades invocadas en la pretensión de anulación. Además, de la demanda se desprende que «la demandante reclama el pago de daños y perjuicios por parte del BEI por un importe equivalente al 50 % de la cuantía de 3,88 millones de euros, es decir, 1,94 millones de euros, importe en el que se calcula el resultado bruto que habría percibido la demandante en el procedimiento de adjudicación del contrato público de haber resultado adjudicataria del contrato». De ello se deduce que la demanda incluye elementos que permiten identificar el carácter y la extensión del perjuicio invocado. Por otra parte, la demandante explica en la demanda cómo se calculó dicha cuantía. Por tanto, aunque la demandante no dedique una parte concreta de la demanda al tema de la relación de causalidad entre la ilegalidad y los daños que invoca, la demanda incluye los elementos que permiten identificar las razones por las que la demandante considera que existe una relación de causalidad entre este comportamiento y el perjuicio que alega haber sufrido, a saber, en el caso de autos, que la relación de causalidad resulta, a su juicio, de que la decisión impugnada le impidió resultar adjudicataria del contrato y celebrar con el BEI un acuerdo marco para la ejecución de dicho contrato.

82 En estas circunstancias, procede declarar la admisibilidad de la pretensión de indemnización y desestimar la excepción de inadmisibilidad planteada, a este respecto, por el BEI.

2. Sobre el fondo

Sobre el Derecho aplicable

Alegaciones de las partes

83 La demandante considera que, en su condición de poder adjudicador, el BEI está obligado a actuar de conformidad con las disposiciones de la «Guía para la adjudicación de contratos – Guía para la celebración de contratos de servicios, de suministros y de obras por el [BEI] por cuenta propia», en su versión vigente en el momento de los hechos (en lo sucesivo, «Guía») y a respetar los principios generales y el Derecho aplicables a los procedimientos de licitación. Además, sostiene que, aunque la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) no se aplicase como tal a los procedimientos de licitación del BEI, de la introducción de la Guía se desprende que dicha Directiva constituye una referencia apropiada para valorar las disposiciones de la Guía, que se inspiran en ella. Por otra parte, considera que el Tribunal ya aceptó controlar la legalidad de una decisión de la Comisión relativa a la adjudicación de un contrato público con arreglo a las disposiciones de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997, que modifica asimismo las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de los contratos públicos de obras, respectivamente (DO L 328, p. 1) (sentencia del Tribunal de 12 de marzo de 2008, Evropaïki Dynamiki/Comisión, T‑345/03, Rec. p. II‑341, apartado 206).

84 El BEI objeta que la Directiva 2004/18 no le resulta de aplicación y añade que la jurisprudencia aplicable a los procedimientos de licitación únicamente le afecta cuando interpreta las disposiciones que sí le son de aplicación. A su juicio, de la jurisprudencia (sentencias del Tribunal Sogelma/AER, citada en el apartado 31 supra, apartado 115, y de 10 de septiembre de 2008, Evropaïki Dynamiki/Comisión, T‑59/05, no publicada en la Recopilación, apartados 46 y 47) resulta que la Directiva 2004/18, al igual que la Directiva 92/50, a la que deroga y sustituye, no son aplicables a los contratos públicos celebrados, por cuenta propia, por una institución, un órgano o un organismo comunitario, salvo cuando las disposiciones aplicables a éstos remitan a ellas expresamente.

Apreciación del Tribunal

85 Las alegaciones de las partes plantean la cuestión de cuál es la normativa que regula la adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros o de servicios que el BEI celebra por cuenta propia, a título oneroso y con cargo a sus propios recursos.

86 El BEI goza de autonomía financiera al funcionar, de conformidad con el artículo 267 CE, «recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos» (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión/BEI, citada en el apartado 42 supra, apartados 101 y 128) y no al presupuesto comunitario, pese a estar llamado a gestionar fondos procedentes de dicho presupuesto, como mandatario de la Comunidad y por cuenta de ésta, y a que, por tanto, una parte de sus actividades se realiza a partir de fondos comunitarios. No obstante, en el presente asunto el recurso se refiere a un procedimiento de licitación financiado con los propios recursos del BEI.

87 Un procedimiento de este tipo no está sometido ni a las disposiciones del título IV de la Segunda Parte del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento financiero»), ni, por consiguiente, a las disposiciones del título III de la Segunda Parte del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento nº 1605/2002 (DO L 357, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Normas de desarrollo»). En efecto, estas disposiciones sólo son aplicables al «presupuesto general de las Comunidades Europeas» y, tal como resulta del artículo 88, apartado 1, del Reglamento financiero, los contratos públicos sometidos al mismo se corresponden únicamente con los contratos financiados, en todo o en parte, por dicho presupuesto general (sentencia del Tribunal de 8 de mayo de 2007, Citymo/Comisión, T‑271/04, Rec. p. II‑1375, apartado 121).

88 No es menos cierto que los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos del BEI deben ser conformes con las normas fundamentales del Tratado CE y con los principios generales del Derecho relativos, en particular, a la libre circulación de mercancías (artículo 28 CE), al derecho de establecimiento (artículo 43 CE), a la libre prestación de servicios (artículo 49 CE), a la no discriminación y a la igualdad de trato, a la transparencia y a la proporcionalidad. En efecto, de reiterada jurisprudencia resulta que, por lo que respecta a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos comunitarios, el poder adjudicador está sometido a las normas fundamentales del Tratado CE, a los principios generales del Derecho y a los objetivos de la Carta.

89 Además, incluso aunque las directivas relativas a la adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios regulen únicamente los contratos licitados por las entidades o por los poderes adjudicadores de los Estados miembros y no sean directamente aplicables a los contratos públicos licitados por la administración comunitaria, las normas o principios que se proclaman o que se desprenden de estas directivas pueden ser invocados frente a dicha administración cuando los mismos sólo se consideren como la expresión concreta de las normas fundamentales del Tratado CE y de los principios generales del Derecho que se imponen directamente a la administración comunitaria (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2003, Rinke, C‑25/02, Rec. p. I‑8349, apartados 25 a 28). En efecto, en una comunidad de Derecho, la aplicación uniforme del Derecho comunitario es una exigencia fundamental (sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2005, ABNA y otros, C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 y C‑194/04, Rec. p. I‑10423, apartado 104) y todo sujeto de Derecho está sometido al principio del respeto de la legalidad. De este modo, las instituciones están obligadas a respetar las normas del Tratado CE y los principios generales del Derecho que les son aplicables, del mismo modo que cualquier otro sujeto de Derecho (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartados 18 a 21, y la sentencia Antwerpse Bouwwerken/Comisión, citada en el apartado 62 supra, apartado 55). Por otra parte, las normas o principios que se proclaman o que se desprenden de estas directivas pueden ser invocados frente a la administración comunitaria cuando, en el ejercicio de su independencia funcional e institucional, y dentro de los límites de las competencias que le otorga el Tratado CE, ésta haya adoptado un acto que remita expresamente, para regular los contratos públicos que celebra por cuenta propia, a determinadas normas o a ciertos principios enunciados en las Directivas y en virtud del cual dichas normas y dichos principios resultan de aplicación, de conformidad con el principio patere legem quam ipse fecisti (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1985, Salerno y otros/Comisión y Consejo, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 y 10/84, Rec. p. 2523, apartados 52, 56 y 57, y de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, apartados 113 a 115). Cuando el acto controvertido exige una interpretación, deberá interpretarse, siempre que sea posible, con arreglo a la aplicación uniforme del Derecho comunitario y de la manera que mejor se adecue a las disposiciones del Tratado CE y a los principios generales del Derecho (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, Rauh, C‑314/89, Rec. p. I‑1647, apartado 17, y la jurisprudencia citada, y de 29 de junio de 1995, España/Comisión, C‑135/93, Rec. p. I‑1651, apartado 37).

90 De la Guía se deduce que, a los efectos de «respetar los principios fundamentales de la UE relativos a la adjudicación de los contratos públicos y, en particular, los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia», el BEI decidió establecer unos procedimientos de licitación que debían permitir «organizar la convocatoria de licitadores cualificados y realizar una selección basada en consideraciones de coste y de calidad». Para ello, el BEI consideró que «aunque no se aplicase propiamente la Directiva 2004/18 al BEI, constituía una referencia adecuada para el establecimiento de los procedimientos del BEI». El apartado 2.1 de la Guía dispone, en particular, que «el BEI aplicará los procedimientos descritos en la Directiva 2004/18 cuando adjudique contratos que no estén excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18, de conformidad con sus disposiciones, y cuyo valor total estimado, excluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA), sea igual o superior a los umbrales siguientes: a) 206.000 EUR para los contratos de servicios [...]». Por otra parte, en la Guía se realizan numerosas referencias a las disposiciones de la Directiva 2004/18.

91 Los apartados 2.4 y 2.5 de la Guía describen con detalle las distintas fases del procedimiento de licitación mencionado en el apartado 2.2.1 de la misma.

92 La Guía establece, a este respecto, normas de alcance general que surten efectos jurídicos frente a terceros, en particular frente a quienes decidan concurrir a un contrato público financiado, en todo o en parte, con los propios recursos del BEI, al igual que vincula jurídicamente al BEI cuando éste decide licitar un contrato público por cuenta propia (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia Citymo/Comisión, citada en el apartado 87 supra, apartado 122).

93 De las consideraciones anteriores resulta que, cuando el BEI interviene recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos, en particular, cuando celebra contratos públicos por su cuenta, está sometido tanto a los principios enunciados en el apartado 88 supra como a las disposiciones de la Guía, en particular, las mencionadas en el apartado 91 supra, interpretadas a la luz de los principios que dichas disposiciones pretenden aplicar y, en su caso, de las disposiciones de la Directiva 2004/18 a las que dichas disposiciones remiten.

Sobre la pretensión de anulación

94 En apoyo de su pretensión de anulación, la demandante invoca cinco motivos en la demanda. El primer motivo se basa, en esencia, en una infracción del apartado 2.5.2 de la Guía, de los principios de transparencia y de igualdad de trato y del derecho a un recurso efectivo. El segundo motivo se refiere, fundamentalmente, a una vulneración de los principios de transparencia y de buena administración, de la obligación de motivar las decisiones lesivas y del derecho a un recurso efectivo. El tercer motivo se basa, en esencia, en una vulneración del principio de proporcionalidad y de la obligación de elegir criterios de adjudicación que permitan una evaluación comparativa objetiva de las ofertas. El cuarto motivo se refiere a una vulneración del principio de igualdad de trato y de la obligación de emplear, en la evaluación comparativa de las ofertas, criterios de adjudicación que no se confundan con los criterios de selección de los contratistas. El quinto motivo se basa en una infracción del Derecho aplicable a los procedimientos de licitación, al haber llevado, supuestamente, las ponderaciones relativas de los criterios de adjudicación a que se neutralizase o se minimizase el «efecto precio» en la decisión impugnada.

95 Mediante su escrito presentado el 8 de enero de 2010 (véase el apartado 21 supra), la demandante formuló un sexto motivo de anulación de la decisión impugnada, basado en una infracción del artículo 99 del Reglamento financiero y del artículo 148, apartados 1 y 2, de las Normas de desarrollo, que prohíben cualquier negociación entre el poder adjudicador y los candidatos o los licitadores que lleve a la modificación de los r