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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 45/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Asylgerichtshof — Austria) — Shamso Abdullahi/Bundesasylamt

(Asunto C-394/12) (1)

(Procedimiento prejudicial - Sistema europeo común de asilo - Reglamento (CE) no 343/2003 - Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo - Control del cumplimiento de los criterios de responsabilidad relativos al examen de la solicitud de asilo - Alcance del control jurisdiccional)

2014/C 45/20

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Asylgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Shamso Abdullahi

Demandada: Bundesasylamt

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Asylgerichtshof — Interpretación del Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO L 50, p. 1) y, en particular, de sus artículos 10, 16, 18 y 19, y del Reglamento (CE) no 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo (DO L 222, p. 3) — Nacional somalí que cruzó la frontera de la Unión en Grecia, desde donde se desplazó, a continuación, a través de países terceros y de Hungría, a Austria, en donde presentó una solicitud de asilo menos doce meses después de su primera entrada en el territorio de la Unión — Determinación del Estado miembro responsable del examen de dicha solicitud de asilo.

Fallo

El artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro ha aceptado hacerse cargo de un solicitante de asilo en virtud del criterio recogido en el artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento, es decir, porque es el primer Estado miembro en que se produjo la entrada en territorio de la Unión Europea de dicho solicitante, éste únicamente puede cuestionar la elección de tal criterio si invoca deficiencias sistemáticas del procedimiento de asilo y de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en ese Estado miembro que constituyan motivos serios y acreditados para creer que dicho solicitante correrá un riesgo real de ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, en el sentido del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(1) DO C 343, de 10.11.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 45/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de diciembre de 2013 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc.

(Asunto C-493/12) (1)

(Medicamentos para uso humano - Certificado complementario de protección - Reglamento (CE) no 469/2009 - Artículo 3 - Requisitos para la obtención del certificado - Concepto de «producto protegido por una patente de base en vigor» - Criterios - Redacción de las reivindicaciones de la patente de base - Precisión y especificidad - Definición funcional de un principio activo - Definición estructural de un principio activo - Convenio sobre la Patente Europea)

2014/C 45/24

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Eli Lilly and Company Ltd

Demandada: Human Genome Sciences Inc.

Objeto

Interpretación del artículo 3, letras a) y c), del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152, p. 1) — Requisitos para la obtención de un certificado — Concepto de «producto protegido por una patente de base en vigor» — Criterios de apreciación — Aplicación de los criterios a los productos que no constituyen combinaciones de medicamentos y productos sanitarios.

Fallo

El artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, debe interpretarse en el sentido de que, para poder considerar que un principio activo está «protegido por una patente de base en vigor» en el sentido de esta disposición, no es necesario que el principio activo esté mencionado en las reivindicaciones de esta patente a través de una fórmula estructural. Cuando este principio activo esté cubierto por una fórmula funcional que figure en las reivindicaciones de una patente concedida por la Oficina Europea de Patentes, este artículo 3, letra a), no se opone, en principio, a la concesión de un certificado complementario de protección para este principio activo, siempre que, no obstante, sobre la base de tales reivindicaciones, interpretadas en particular de acuerdo con la descripción de la invención, según lo prescrito en el artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea y en el Protocolo interpretativo de éste, se pueda concluir que estas reivindicaciones se referían de manera específica, implícita pero necesariamente, al principio activo de que se trate, extremo cuya verificación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 9, de 12.1.2013.
2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que: — la voluntad de no vulnerar determinados derechos que, mediante un convenio preexistente, organismos públicos hayan concedido a un operador económico en cuanto a la utilización de redes de cable que les pertenecen no puede justificar que se dé a tal convenio una extensión contraria al Derecho de la Unión en forma de adjudicación directa de una concesión de servicios o de un derecho exclusivo a ejercer una actividad que tiene un interés transfronterizo cierto, aunque fuera con miras a poner fin a un litigio surgido entre las partes interesadas, por razones totalmente independientes de su voluntad, en cuanto al alcance de ese convenio; — motivos de carácter económico, como la voluntad de evitar la depreciación de una actividad económica, no son razones imperiosas de interés general que puedan justificar la adjudicación directa de una concesión de servicios sobre esa actividad o de un derecho exclusivo a desarrollar tal actividad y que tiene un interés transfronterizo cierto, como excepción a los principios de igualdad de trato y de no discriminación consagrados en dichos artículos.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 9/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 7 de noviembre de 2013 — Comisión Europea/República de Polonia

(Asunto C-90/12) (1)

(Incumplimiento de Estado - Transporte aéreo - Acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros - Obligación de los Estados miembros de proceder a un reparto de los derechos de tráfico entre las compañías aéreas de la Unión Europea interesadas mediante un procedimiento no discriminatorio y transparente y de notificar sin demora el referido procedimiento a la Comisión)

2014/C 9/09

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: K. Simonsson y M. Owsiany-Hornung, agentes)

Demandada: República de Polonia (representantes: B. Majczyna y M. Szpunar, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 5 y 6 del Reglamento (CE) no 847/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros (DO L 157, p. 7) — Obligación de los Estados miembros de proceder a un reparto de los derechos de tráfico entre las compañías aéreas comunitarias interesadas mediante un procedimiento no discriminatorio y transparente y de notificar sin demora el referido procedimiento a la Comisión.

Fallo

1) La República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5 y 6 del Reglamento (CE) no 847/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros, al no haber adoptado las medidas necesarias para adaptar su ordenamiento jurídico a las referidas disposiciones.

2) Condenar en costas a la República de Polonia.

(1) DO C 126, de 28.4.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 344/30

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — ITELCAR — Automóveis de Aluguer Lda/Fazenda Pública

(Asunto C-282/12) (1)

(Libre circulación de capitales - Legislación fiscal - Impuesto de sociedades - Intereses abonados por una sociedad residente en retribución de fondos prestados por una sociedad establecida en un país tercero - Existencia de «relaciones especiales» entre esas sociedades - Régimen de subcapitalización - No deducibilidad de intereses relativos a la parte del endeudamiento considerada excesiva - Deducibilidad en el caso de intereses abonados a una sociedad residente en el territorio nacional - Fraude y evasión fiscales - Montajes puramente artificiales - Condiciones de plena competencia - Proporcionalidad)

2013/C 344/51

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Central Administrativo Sul

Partes en el procedimiento principal

Demandante: ITELCAR — Automóveis de Aluguer Lda

Demandada: Fazenda Pública

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal — Interpretación de los artículos 63 TFUE y 65 TFUE — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Deducción de los intereses de un préstamo — Normativa nacional que prevé la deducción en caso de endeudamiento excesivo con una sociedad establecida en territorio nacional y la excluye en caso de endeudamiento excesivo con una sociedad establecida en un país tercero.

Fallo

El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que no permite deducir como gasto, para la determinación del beneficio imponible, los intereses inherentes a la parte de un endeudamiento calificada de excesiva abonados por una sociedad residente a una sociedad prestamista establecida en un país tercero con la que mantiene relaciones especiales, pero permite la deducción de tales intereses pagados a una sociedad prestamista residente con la que la sociedad prestataria mantiene tales relaciones cuando, de no haber participación de la sociedad prestamista establecida en un país tercero en el capital de la sociedad prestataria residente, esa normativa presuma, no obstante, que todo el endeudamiento de esta última forma parte de un montaje cuyo objetivo es eludir el impuesto normalmente adeudado o cuando esa normativa no permita determinar previamente y con suficiente precisión su ámbito de aplicación.

(1) DO C 250, de 18.8.2012.
1)

El artículo 4, apartado 8, del Reglamento (UE) no 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural, debe interpretarse en el sentido de que sus requisitos de aplicación exigen la presencia de un elemento objetivo y de un elemento subjetivo. Respecto al primero de estos elementos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar las circunstancias objetivas del caso concreto que permitan concluir que no puede alcanzarse la finalidad perseguida por el régimen de ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En cuanto al segundo elemento, compete al órgano jurisdiccional remitente apreciar los elementos de prueba objetivos que permitan concluir que, al crear artificialmente las condiciones requeridas para la concesión de un pago con arreglo al régimen de ayuda del FEADER, el solicitante de tal pago pretendía exclusivamente obtener una ventaja contraria a los objetivos de dicho régimen. En este sentido, el órgano jurisdiccional remitente puede basarse no sólo en elementos como los vínculos jurídicos, económicos y/o personales entre las personas que participan en proyectos de inversión similares, sino también en indicios que pongan de manifiesto la existencia de una coordinación deliberada entre esas personas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 225/27

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative — Luxemburgo) — Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga/Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

(Asunto C-87/12) (1)

(Ciudadanía de la Unión - Artículo 20 TFUE - Derecho de residencia de los nacionales de terceros países miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no ha ejercido su derecho a la libre circulación - Derechos fundamentales)

2013/C 225/44

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour administrative

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Demandada: Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Cour administrative — Interpretación del artículo 20 TFUE y de los artículos 20, 21, 24, 33 y 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Ciudadanía de la Unión — Derecho a la reagrupación familiar a favor de un ciudadano europeo, en beneficio de los miembros de su familia nacionales de países terceros, sin haber ejercido de manera efectiva la libertad de circulación ni el derecho de residencia en otro Estado miembro que no sea aquel del que tiene la nacionalidad.

Fallo

El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro deniegue a un nacional de un tercer país la residencia en su territorio, siendo así que ese nacional pretende residir con un miembro de su familia que es ciudadano de la Unión Europea residente en ese Estado miembro del que es nacional y no ha ejercido nunca su derecho de libre circulación en su condición de ciudadano de la Unión, siempre que esa denegación no implique privar al ciudadano de la Unión interesado del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión.

(1) DO C 138, de 12.5.2012.
—

a que, a efectos de una evaluación de trabajadores en el marco de una amortización de puestos de funcionario debido a dificultades económicas nacionales, un trabajador en situación de permiso parental sea evaluado en su ausencia sobre la base de principios y criterios de evaluación que lo coloquen en una posición desfavorable con respecto a los trabajadores que no se han acogido a tal permiso; para comprobar si es así, el órgano jurisdiccional nacional debe, en particular, cerciorarse de que la evaluación incluye a todos los trabajadores que puedan verse afectados por la amortización del puesto de trabajo, de que la evaluación se basa en criterios estrictamente idénticos a los aplicados a los trabajadores en activo y de que la aplicación de dichos criterios no implica la presencia física de los trabajadores en situación de permiso parental, y
1)

El artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que las actividades deportivas no organizadas, no sistemáticas y que no tienen por objeto la participación en competiciones deportivas pueden tener la consideración de práctica del deporte a efectos de lo establecido en dicho precepto.
2)

Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, los Sres. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, la Sra. Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), el Sr. Johannes Egede y Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) cargarán con sus propias costas y con las costas del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 325/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de septiembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer/Anneliese Kuso

(Asunto C-614/11) (1)

(Política social - Igualdad de trato entre hombres y mujeres - Directiva 76/207/CEE - Contrato de trabajo de duración determinada celebrado con anterioridad a la adhesión del Estado miembro - Contrato que llega a su término con posterioridad a la adhesión - Reglamentación laboral que fija como fecha de terminación del contrato el último día del año en que el trabajador llega a la edad de jubilación - Diferencia de edad entre hombres y mujeres)

2013/C 325/06

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Demandada: Anneliese Kuso

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberster Gerichtshof — Interpretación del artículo 3, apartado 1, letras a) y c), de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40), en su versión modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 269, p. 15) — Contratos de trabajo de duración determinada celebrados entre un organismo de un Estado miembro y sus trabajadores antes de la adhesión de dicho Estado a la Unión Europea y que fijan como fecha de finalización de los contratos el último día del año en el que el trabajador haya alcanzado la edad de 65 años y la trabajadora la edad de 60 años.

Fallo

El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, en la versión modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, compuesta de una reglamentación laboral que forma parte integrante de un contrato de trabajo celebrado con anterioridad a la adhesión a la Unión Europea del Estado miembro en cuestión, reglamentación que prevé que la relación laboral se extinguirá cuando se alcance la edad de jubilación –que difiere en función del sexo del trabajador–, es constitutiva de una discriminación directa prohibida por la citada Directiva cuando el trabajador de que se trate llegue a la edad de jubilación en una fecha posterior a la mencionada adhesión.

(1) DO C 80, de 17.3.2012.
1)

El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que aplica sin distinciones un canon por copia privada por la primera puesta en circulación en su territorio, a título oneroso y con fines comerciales, de soportes de grabación que pueden utilizarse para la reproducción, estableciendo al mismo tiempo un derecho a la devolución de los cánones pagados en caso de que el uso final de dichos soportes no esté comprendido en el supuesto contemplado en dicha disposición, siempre que –extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente– habida cuenta de las circunstancias particulares de cada sistema nacional y de los límites impuestos por dicha Directiva, haya dificultades prácticas que justifiquen dicho sistema de financiación de la compensación equitativa y siempre que ese derecho a devolución sea efectivo y no dificulte excesivamente la devolución del canon pagado.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 225/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de mayo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Düsseldorf — Alemania) — Melzer/MF Global UK Ltd

(Asunto C-228/11) (1)

(Cooperación judicial en materia civil - Competencias especiales en materia delictual o cuasidelictual - Participación transfronteriza de varias personas en un mismo acto ilícito - Posibilidad de determinar la competencia territorial en función del lugar del acto realizado por otro autor del daño distinto del demandado («wechselseitige Handlungsortzurechnung»))

2013/C 225/07

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Melzer

Demandada: MF Global UK Ltd

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Landgericht Düsseldorf — Interpretación del artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1) — Competencias especiales en materia delictual o cuasidelictual — Determinación de la competencia territorial para conocer de una demanda por daños y perjuicios en caso de participación transfronteriza de varias personas en un acto ilícito — Posibilidad de determinar dicha competencia en función del lugar de acto utilizado por otro autor del daño indemnizable del demandado.

Fallo

El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no permite determinar, en virtud del lugar del hecho generador imputado a uno de los presuntos autores de un daño, que no es parte en el litigio, una competencia jurisdiccional frente a otro presunto autor de dicho daño que no actuó en el ámbito competencial del órgano jurisdiccional que conoce.

(1) DO C 211, de 16.7.2011.