b)

La solución no es tan sencilla para la fijación de precios máximos nacionales al consumo. A este respecto la sentencia Galli declara que las disposiciones de la organización común de mercados no afectan a la competencia de los Estados miembros «de adoptar las medidas apropiadas en materia de formación de precios en las fases de venta al por menor y de consumo»; naturalmente es válida la reserva de que no pueden ponerse en peligro los fines y el funcionamiento de la organización común de mercados de que se trata. Cierto es que en el procedimiento se objetó a este respecto -no sin razón-que la distinción realizada parece artificial, porque una fijación de precios al consumo necesariamente produce efectos sobre los precios de las fases precedentes. Pero en mi opinión, se debe reconocer que esta distinción está justificada en la actualidad porque la mayoría de los Estados miembros están convencidos de la importancia y eficacia de un régimen de precios al consumo y, por otro lado, falta el instrumento correspondiente a nivel comunitario en la situación actual de desarrollo de la integración. Por ello es indispensable, al enjuiciar los precios máximos al consumo, examinar si intervienen las reservas de la sentencia Galli. aa) En primer lugar examinaremos el Decreto no 9/74 sobre los precios, que tiene importancia en el asunto 89/75. A este respecto la Comisión presentó una sinopsis de la que resulta que los precios máximos al consumo de que se trata -pues es posible tal cálculo teniendo en cuenta los márgenes de beneficios y las cargas legalescorresponden a un precio al productor que se encuentra exactamente al nivel del precio de intervención derivado aplicable en Italia. La Comisión saca de ello la conclusión de que «esta fijación de precios no era compatible ni con los fines ni con la aplicación de la organización de mercados». En cambio, el Gobierno italiano ha efectuado otro cálculo válido para el azúcar de primera categoría, por el que llega a la conclusión de que el nivel de precios comunitario no queda afectado, en particular porque tiene en cuenta el aumento del precio italiano al consumo con el importe del sovrapprezzo. En mi opinión, hay que atenerse a este respecto a que la elección de la clase de azúcar no tiene importancia alguna para efectuar los cálculos necesarios, pues permite realizar las conversiones necesarias con ayuda de determinados coeficientes. Por lo demás, para mí está claro que, naturalmente, el sovrapprezzo no puede ser tomado en consideración, ya que con arreglo al régimen comunitario ha sido autorizado expresamente para Italia con carácter de ayuda. Partiendo de ello -por supuesto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, efectuar las comprobaciones exactasse llega evidentemente al resultado de que la deducción efectuada por la Comisión es exacta. Pero ello al mismo tiempo quiere decir que el régimen nacional de precios no es compatible con el régimen comunitario, precisamente porque con arreglo al Decreto no 9/74 sólo se garantiza el nivel del precio de intervención en la fase de la producción, y por tanto se obstaculiza la formación del precio hasta el nivel del precio de umbral. bb) Con relación a los Decretos nos 28/74 y 39/74, que son importantes en los otros procedimientos, la Comisión llega a otra conclusión, al efectuar los correspondientes cálculos. Si los precios máximos al consumo regulados por dichos Decretos se llevan al nivel de los precios de los productores y mayoristas, parece que se puede comprobar efectivamente que para estos últimos era posible un nivel de precios superior a los precios comunitarios indicativo, de intervención y de umbral. Así pues, podemos decir que la reserva formulada en la sentencia Galli no produce el mismo efecto aquí que con respecto al Decreto no 9/74. Con ello no se quiere decir que dicha reserva no intervenga en absoluto; mas bien en ese contexto reviste importancia otra consideración -si se me permite anticiparlo-que nos permite igualmente hablar de una intervención no autorizada del Gobierno italiano en el sistema de precios de la Comunidad. Me refiero con ello a las medidas que la Comunidad ha adoptado para paliar la situación deficitaria coyuntural especialmente perceptible en Italia, en un momento en que evidentemente no existía ya la posibilidad de importar a Italia azúcar de países terceros o de otros Estados miembros al precio indicativo. A este respecto debemos saber concretamente lo siguiente: Basándome en que el precio cif del azúcar era superior al precio de umbral y que no se aseguraba el abastecimiento de la Comunidad en su conjunto, así como que, los precios del azúcar en el mercado comunitario, especialmente en las zonas deficitarias, sobrepasaban los precios fijados para la Comunidad, el Consejo, ya el 18 de noviembre de 1974, mediante el Reglamento (CEE) no 2931/74 (DO L 311, p. 8) estableció una subvención a la importación de azúcar blanco y terciado procedente de países terceros. La cantidad para la que se debía otorgar la subvención se fijó en una primera etapa en 200.000 t. Se dispuso que el importe de la subvención se determinaría por medio de licitación (artículo 3): la adjudicación se hacía a la oferta con la subvención más baja y el importe de esta subvención debía considerarse como parte de las intervenciones previstas para la regulación de los mercados agrícolas [Reglamento (CEE) no 2932/74 del Consejo, de 18 de noviembre de 1974; DO L 311, p. 10]. Al mismo tiempo el Consejo, mediante el Reglamento no 2932/74, decidió conceder una subvención comunitaria al azúcar producido por encima de la cuota máxima, denominado azúcar «C», al que no se aplicaba la exacción reguladora a la exportación. Las disposiciones de ejecución del Reglamento no 2931/74 se establecieron en el Reglamento (CEE) no 3062/74 de la Comisión, de 3 de diciembre de 1974 (DO L 324, p. 7). Es digno de mención que la Comisión, antes de adoptar este Reglamento, no sólo había recabado el dictamen del Comité de gestión del azúcar sino también el del Comité Monetario, creado por el artículo 105 del Tratado CEE. Con arreglo al mencionado Reglamento, los Estados miembros debían organizar una licitación permanente para las subvenciones a la importación de azúcar blanco y de azúcar terciado de países terceros así como organizar licitaciones parciales durante el período de validez de dicha licitación permanente (artículo 1). En relación con esta subvención concedida por cuenta del FEOGA, el precio máximo de venta del azúcar importado, en el caso del azúcar blanco, se fijó en 32,40 unidades de cuenta por 100 kg de mercancía a granel cif Estado miembro en el que la mercancía fue despachada a libre práctica [letra a) del artículo 12]. Después de haberse agotado la cantidad fijada a consecuencia de una licitación parcial de 15 de enero de 1975 la licitación permanente fue suspendida provisionalmente por el Reglamento (CEE) no 122/75 de la Comisión, de 17 de enero de 1975 (DO L 13, p. 24). Las mencionadas 200.000 t se adjudicaron principalmente al Reino Unido; no se presentó ningún licitador de Italia. Mediante Reglamento (CEE) no 191/75, de 21 de enero de 1975 (DO L 20, p. 39), el Consejo dispuso la importación subvencionada de una cantidad suplementaria de 200.000 t de azúcar. Además, se ajustó el precio máximo al que debía atenerse el adjudicatario. Esta vez no fue la Comisión sino el propio Consejo, quien fijó el precio máximo de venta en 35,81 unidades de cuenta por 100 kg de azúcar blanco; además, se dispuso que las importaciones subvencionadas se podían limitar a las zonas de la Comunidad que experimentaran una necesidad suplementaria. Italia tampoco pudo aprovechar las ventajas previstas en esta nueva serie con ocasión de las dos primeras licitaciones para importaciones subvencionadas. En la primera licitación, Italia no estuvo representada; en la segunda, las ofertas italianas fueron aproximadamente un 30 % superiores a las de los demás países (respuesta de la Comisión, de 21 de abril de 1975, a la pregunta parlamentaria escrita no 821/74 de 7 de marzo de 1975; DO L 122, pp. 34 y 35). Con arreglo a esta experiencia, la Comisión elaboró nuevos procedimientos de licitación, que pudieran facilitar el abastecimiento prioritario del mercado italiano en las mejores condiciones. A ello se dirigían los Reglamentos (CEE) no 557/75 y no 558/75 de la Comisión, de 4 de marzo de 1975, ambos adoptados después de oír al Comité Monetario y al Comité de gestión del azúcar (DO L 59, pp. 8 y 16). Paralelamente a ello, para posibilitar la venta en el mercado común de azúcar blanco de categoría «C» producido en la Comunidad y para determinar las subvenciones que se tenían que otorgar a este azúcar en base al Reglamento (CEE) no 2932/74 del Consejo, se abrió una licitación permanente mediante el Reglamento (CEE) no 312/75 de la Comisión, de 7 de febrero de 1975 (DO L 35, p. 5). Para el suministro de ese azúcar blanco a Italia se puso como condición que el azúcar se vendiera en la fase del comercio al por menor sin sufrir alteración alguna. El adjudicatario tenía que suministrarlo a un precio de venta que no sobrepasara las 35,56 unidades de cuenta por 100 kg de mercancía a granel, según el caso, franco frontera italiana o cif en puerto italiano (anuncio de licitación publicado en el DO C 52, p. 13). Por último, el 25 de marzo de 1975, el Consejo, mediante Reglamento (CEE) no 821/75 (DO L 79, p. 1) aumentó la cantidad inicialmente prevista por el Reglamento no 191/75 en 300.000 t. De esta exposición, que en parte va más allá del marco temporal establecido por el procedimiento principal, se deduce que el precio de umbral así como el precio indicativo sólo eran valores teóricos teniendo en cuenta la situación de escasez y la duplicación de los precios en el mercado mundial. Además, las autoridades comunitarias habían creado en el ámbito comunitario y especialmente para Italia, un sistema de precios máximos en toda regla. Para las necesidades no cubiertas por la producción comunitaria, es decir, especialmente para las de Italia, en lugar del precio indicativo de la Comunidad se dispuso el precio máximo comunitario fijado por las autoridades de la Comunidad. Pero como los precios máximos italianos eran inferiores a los precios a los que se podían vender en Italia el azúcar importado de países terceros con ayuda de la subvención comunitaria o el azúcar comunitario producido por encima de la cuota máxima, las refinerías o los importadores italianos no tuvieron ninguna posibilidad de participar en las licitaciones organizadas por los organismos de intervención de los Estados miembros. Desde esta perspectiva, se puede decir también con respecto a los Decretos n os 28/74 y 39/74 del CIP, que su régimen de precios no era compatible con las disposiciones adoptadas en el marco de la organización de mercados del azúcar.