Palabras clave

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Palabras clave

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1. Procedimiento ° Costas ° Recurso destinado a obtener la indemnización de daños sufridos en el marco de la aplicación del régimen de las cuotas lecheras ° Desistimiento subsiguiente a la aceptación de la oferta de indemnización recibida posteriormente conforme al Reglamento nº 2187/93, por el que se fija la oferta de indemnización a determinados productores de leche a los que se impidió temporalmente ejercer su actividad ° Concurrencia de los requisitos para la condena en costas de la otra parte

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 87, ap. 5; Reglamento del Consejo nº 2187/93)

2. Procedimiento ° Costas ° Desistimiento justificado por la actitud de la otra parte ° Función del Juez

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 87, ap. 5)

3. Procedimiento ° Costas ° Tasación ° Elementos que deben tenerse en cuenta

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 91, letra b), y 92, ap. 1]

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1. Puesto que un productor de leche interpuso un recurso, dirigido contra la Comisión y destinado a obtener la indemnización del perjuicio sufrido a consecuencia de la aplicación de determinadas disposiciones del régimen de las cuotas lecheras, antes de que el Consejo y la Comisión hubieran reconocido, a través del Diario Oficial de las Comunidades Europeas, su responsabilidad y hubieran renunciado a invocar la prescripción con vistas a una solución de conjunto, es decir, en una fecha en la que en modo alguno tenía la certeza de que sería indemnizado incluso sin interponer un recurso, procede, con arreglo al párrafo primero del apartado 5 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, condenar a la Comisión al pago de las costas del demandante que ha desistido tras aceptar la oferta de indemnización recibida posteriormente en virtud del Reglamento nº 2187/93, por el que se fija la oferta de indemnización a determinados productores de leche a los que se impidió temporalmente ejercer su actividad.

En efecto, el demandante, en principio, tenía motivos para interponer un recurso y, puesto que el artículo 178 del Tratado no establece ningún procedimiento administrativo previo a la interposición del recurso, no se le puede censurar que no pidiera a la Comisión, antes de someter el asunto a los tribunales, que renunciara a la excepción de prescripción. Correspondía a la Comisión adoptar con suficiente antelación las medidas necesarias para aclarar la situación jurídica a los perjudicados, de manera que éstos no tuvieran motivos para interponer un recurso.

2. En el supuesto de desistimiento, la condena en costas únicamente debe pronunciarse con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, fundamentalmente en el apartado 5 del artículo 87. La condena en costas que resulte de esta disposición no puede verse influida por otras disposiciones. En concreto, el acuerdo de las partes sobre las costas sólo es relevante cuando las partes lo hayan confirmado expresamente ante el Tribunal de Justicia en sus declaraciones efectuadas en relación con el desistimiento. En el marco de su decisión, no corresponde al Juez averiguar si, con independencia de esas declaraciones, las partes han llegado posiblemente a otros acuerdos sobre las costas. La decisión sobre costas con arreglo al artículo 87 del Reglamento de Procedimiento únicamente se refiere a la condena en costas como tal y no a la cuantía de las costas que pueden ser reembolsadas, extremo que debe dirimirse, en el caso de que las partes discrepen, en un procedimiento con arreglo al apartado 1 del artículo 92 del Reglamento de Procedimiento.

3. Cuando procede a la tasación de costas con arreglo al apartado 1 del artículo 92 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el Juez comunitario no está facultado para tasar los honorarios que las partes adeudan a sus propios Abogados, sino para determinar la cantidad máxima hasta la cual tales retribuciones pueden ser reclamadas a la parte que es condenada en costas. De ello se deduce que el Juez no está obligado a tener en cuenta, entre otros, un arancel nacional que fije los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre las partes y sus representantes. En el marco de la apreciación libre de todas las circunstancias de cada caso a que procede el Juez intervienen elementos como, por una parte, el hecho de que la parte que deba soportar las costas de su adversario ya haya abonado a éste determinada cantidad para compensar los gastos de Abogado en que haya incurrido y, por otra parte, la adecuación de esta cantidad habida cuenta de las diligencias que ha necesitado el asunto.