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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 51/26

Recurso de casación interpuesto el 23 de diciembre de 2009 por BCS SpA contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) dictada el 28 de octubre de 2009 en el asunto T-137/08, BCS SpA/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-553/09 P)

2010/C 51/42

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: BCS SpA (representantes: M. Franzosi, V. Jandoli, F. Santonocito, avvocati)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Deere & Company

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anulen las decisiones recurridas.

— Que se declare la nulidad de la marca comunitaria no63 289.

— Que se condene en costas a la parte contraria

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega que la sentencia recurrida adolece de los siguientes errores de Derecho:

I. El Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente el artículo 7, apartado 1, letra b), y el artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, (1) al sostener que la adquisición de carácter distintivo por un signo no depende de su uso exclusivo pasado y presente (más aún, dicho uso no se ha demostrado, sino que, en dicha sentencia, se niega en algunos países).

II. El Tribunal de Primera Instancia aplicó erróneamente los criterios fijados por la jurisprudencia comunitaria para determinar la adquisición de carácter distintivo, infringiendo con ello el artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

En el punto I., las declaraciones prestadas por terceros en Dinamarca e Irlanda demuestran la falta de uso exclusivo en otras partes de la Unión. De hecho, la falta de asociación unívoca entre la combinación de los colores verde y amarillo y Deere es incompatible con reconocer que el signo ha adquirido carácter distintivo en esos países.

En el punto II. BCS impugna los criterios jurídicos aplicados por el Tribunal de Primera Instancia en relación con la prueba de un significado secundario, por ser contrarios a los principios establecidos por la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia. De hecho, la duración del uso de la marca Deere, las cuotas de mercado y el volumen de negocios –tomados individualmente– no son suficientes para demostrar la adquisición de un significado secundario. En particular, no pueden suplir la falta de un sondeo de opinión (ni el resultado contradictorio de las declaraciones de terceros), al ser parámetros de prueba de distinta naturaleza.

El Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error al ignorar la prueba directa de la falta de carácter distintivo de la marca comunitaria no63 289 en Irlanda y Dinamarca.

(1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) DO L 78, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 37/22

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) — Reino Unido el 2 de diciembre de 2009 — Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

(Asunto C-495/09)

2010/C 37/26

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal of England and Wales (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Nokia Corporation

Demandada: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

Cuestión prejudicial

Las mercancías no comunitarias que llevan una marca comunitaria, que están sujetas a inspección por parte de las autoridades aduaneras en un Estado miembro y se hallan en tránsito de un país tercero a otro país tercero, ¿pueden constituir «mercancías falsificadas» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1383/2003, (1) si no existen pruebas de que dichas mercancías vayan a ser comercializadas en el mercado de la Unión Europea, bien mediante un procedimiento aduanero, bien mediante un desvío ilícito?

(1) Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (DO L 196, p. 7).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoúlio tis Epikrateías (Grecia) el 28 de octubre de 2009 — Vasíleios Aléxandros Giankoúlis/Ypourgós Ethnikís Paideías kai Thriskevmáton

(Asunto C-425/09)

2010/C 24/38

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoúlio tis Epikrateías

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vasíleios Aléxandros Giankoúlis

Demandada: Ypourgós Ethnikís Paideías kai Thriskevmáton

Cuestión prejudicial

«¿Debe interpretarse que la “experiencia profesional” en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19), en su versión modificada por el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2001/19/CΕ (DO L 206) y antes de su derogación mediante el artículo 62 de la Directiva 2005/36/CΕ (DO L 255), se corresponde con el término “experiencia profesional”, cuya definición da el artículo 1, letra e), de la misma Directiva, y puede entenderse como la experiencia que reúne acumulativamente las siguientes características: a) Fue adquirida por el interesado tras la obtención del título que le garantiza el acceso a determinada profesión regulada en el Estado miembro de procedencia. b) Fue adquirida en el marco del ejercicio de la profesión respecto de la cual el interesado presenta la solicitud con arreglo a la Directiva 89/48 (véanse los términos “the profession concerned”, “la profession concernée”, “der betreffende Beruf”, que se utilizan, respectivamente, en las versiones inglesa, francesa y alemana de la Directiva). c) Dicha actividad profesional se ha ejercido de modo lícito, es decir, en los términos y en las condiciones que establece la legislación al respecto del Estado miembro en el cual se desarrolló, de modo que se excluye el cálculo de experiencia adquirida en la profesión determinada en el Estado miembro de acogida antes de la aceptación de la solicitud, ya que en dicho Estado la profesión determinada no puede ejercerse de modo lícito antes de la aprobación de la solicitud [sin perjuicio ciertamente de la aplicación del artículo 5 de la Directiva, que permite el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de acogida con la asistencia de un profesional cualificado en determinadas condiciones — para realizar una formación profesional que no fue cursada en el Estado miembro de origen]?»
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoúlio tis Epikrateías el 28 de octubre de 2009 — Ioánnis Geórgios Askoxylákis/Ypourgós Ethnikís Paideías kai Thriskevmáton

(Asunto C-426/09)

2010/C 24/39

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoúlio tis Epikrateías

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ioánnis Geórgios Askoxylákis

Demandada: Ypourgós Ethnikís Paideías kai Thriskevmáton

Cuestión prejudicial

«¿Debe interpretarse que la “experiencia profesional” en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19), en su versión modificada por el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2001/19/CΕ (DO L 206) y antes de su derogación mediante el artículo 62 de la Directiva 2005/36/CΕ (DO L 255), se corresponde con el término “experiencia profesional”, cuya definición da el artículo 1, letra e), de la misma Directiva, y puede entenderse como la experiencia que reúne acumulativamente las siguientes características: a) Fue adquirida por el interesado tras la obtención del título que le garantiza el acceso a determinada profesión regulada en el Estado miembro de procedencia. b) Fue adquirida en el marco del ejercicio de la profesión respecto de la cual el interesado presenta la solicitud con arreglo a la Directiva 89/48 (véanse los términos “the profession concerned”, “la profession concernée”, “der betreffende Beruf”, que se utilizan, respectivamente, en las versiones inglesa, francesa y alemana de la Directiva). c) Dicha actividad profesional se ha ejercido de modo lícito, es decir, en los términos y en las condiciones que establece la legislación al respecto del Estado miembro en el cual se desarrolló, de modo que se excluye el cálculo de experiencia adquirida en la profesión determinada en el Estado miembro de acogida antes de la aceptación de la solicitud, ya que en dicho Estado la profesión determinada no puede ejercerse de modo lícito antes de la aprobación de la solicitud [sin perjuicio ciertamente de la aplicación del artículo 5 de la Directiva, que permite el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de acogida con la asistencia de un profesional cualificado en determinadas condiciones — para realizar una formación profesional que no fue cursada en el Estado miembro de origen]?»
—

Que se declare que la República de Polonia ha infringido el artículo 249 CE, párrafo cuarto, y los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión de la Comisión de 23 de octubre de 2007 relativa a la ayuda estatal C 23/2006 (ex NN 35/06), notificada con el número C(2007) 5087, concedida por Polonia a favor del productor siderúrgico Grupo Technologie Buczek, publicada en el DO L 116/2008, al no haber cumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la citada Decisión y, en cualquier caso, al no haber informado a la Comisión del cumplimiento de estas obligaciones
1)

Mediante el primer motivo, A2A S.p.A. denuncia la infracción por parte del Tribunal de Primera Instancia del artículo 87 CE, apartado 1, así como falta de motivación, en la medida en que la sentencia califica de ayuda de Estado la exención trienal del impuesto de sociedades. En particular, según la recurrente, la Comisión no demostró en le Decisión que en el caso de autos concurran los dos requisitos previstos en el artículo 87 CE, apartado 1, es decir, el falseamiento de la competencia y los efectos sobre los intercambios comerciales intracomunitarios. Además, aduce que el Tribunal de Primera Instancia no verificó correctamente los presupuestos en los que la Comisión basó la calificación de «ayuda», como debería haber hecho conforme al criterio del control «completo» exigido por la jurisprudencia comunitaria.
2)

En caso de respuesta afirmativa, ¿debe entenderse que una persona que ha sido contratada mediante contrato de trabajo por un empleador del sector público y que en virtud del sistema nacional de seguridad social se halla sometida para determinadas ramas de la seguridad social a las que se refiere el artículo 4, apartado 1, del Reglamento no 1408/71 al régimen general de la seguridad social para trabajadores, mientras que para las ramas de la seguridad social a las que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra e), del Reglamento no 1408/71 se halla sujeta a un régimen especial para los funcionarios, está asimilada a un funcionario en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra d), del Reglamento no 1408/71?
1)

«¿Vulnera la normativa nacional establecida en el Decreto Legislativo no 81, de 9 de abril de 2008, relativa en particular al régimen establecido mediante el artículo 90, apartado 11, el régimen establecido en el artículo 3 de la Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, (1) relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (Octava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), en la parte en que elimina, en el caso de obras en las que estén presentes varias empresas, la obligación que incumbe a la propiedad o al director de obra de designar un coordinador del proyecto establecida en el apartado 3 del citado artículo, para trabajos privados no sujetos a licencia de obra, prescindiendo de la valoración de la naturaleza de los trabajos y de los riesgos concretos enumerados en el anexo II de la citada Directiva?»
4)

Si el tratamiento de que se trate no puede dispensarse en el territorio del Estado miembro en el que la persona afiliada al seguro de enfermedad tiene su residencia, ¿basta, para que este Estado miembro deba conceder una autorización de tratamiento en otro Estado miembro conforme al artículo 22, apartado 1, letra c), del Reglamento (CEE) no 1408/71, con que dicho tratamiento esté incluido como categoría en las prestaciones previstas en la normativa del Estado miembro mencionado en primer lugar, aun cuando esta normativa no mencione expresamente el método de tratamiento concreto?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 153/29

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 8 de mayo de 2009 — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal

(Asunto C-162/09)

2009/C 153/55

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Secretary of State for Work and Pensions

Demandada: Taous Lassal

Cuestión prejudicial

En el caso de i) una ciudadana de la Unión Europea que se trasladó al Reino Unido en septiembre de 1999 como trabajadora y permaneció como trabajadora hasta febrero de 2005, ii) esa ciudadana de la Unión Europea abandonó después el Reino Unido y regresó al Estado miembro del que es nacional durante un período de diez meses, iii) dicha ciudadana de la Unión Europea volvió al Reino Unido en diciembre de 2005 y residió en este país de forma continuada hasta noviembre de 2006, cuando solicitó una prestación de la seguridad social:

¿Debe interpretarse el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, en el sentido de que confiere a esa ciudadana de la Unión Europea el derecho de residencia permanente en virtud del hecho de que había sido residente legal, de conformidad con anteriores instrumentos de Derecho comunitario que concedían derechos de residencia a los trabajadores, durante un período continuado de cinco años que finalizó antes del 30 de abril de 2006 (la fecha límite en la que los Estados miembros tenían que haber adaptado su Derecho interno a la Directiva)?
8.

Infracción del articulo 87 CE, apartado 1, al no considerar que concurren los requisitos de las ayudas de Estado, desde el punto de vista de la selectividad material. Aun cuando se entendiese que Gibraltar es un marco de referencia autónomo en el que concurren los requisitos de la sentencia Azores, la sentencia infringió el artículo 87 CE, apartado 1 en su examen de la selectividad material, ya que el TPI en su análisis no tuvo en cuenta que con la reforma del impuesto de sociedades que Gibraltar pretende aplicar se crea un régimen en el que, de las 29 000 sociedades existentes en Gibraltar, 28 798 empresas pueden estar sometidas a un tipo de gravamen cero. Éstas últimas resultan particularmente favorecidas por la medida, y la sentencia recurrida, al no entenderlo así, infringió el artículo 87 CE, apartado 1. Además la Comisión sí identificó el régimen fiscal común en contra de lo que sostiene la sentencia.
—

En el segundo motivo se invoca un error de Derecho en la aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, y de la jurisprudencia comunitaria sobre la carga de la prueba en lo que respecta a la calificación de ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, aplicada por la Comisión a la medida impugnada, así como un defecto de motivación en la sentencia recurrida. En particular, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al afirmar que no correspondía a la Comisión, sino a la República Italiana y a los terceros interesados, demostrar que no concurrían los requisitos de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, en relación con ciertas categorías de empresas o sectores de actividad interesados en las reducciones de cargas sociales, llegando a la conclusión de que la Decisión impugnada no violaba el artículo 87 CE, apartado 1, ni el principio de igualdad de trato ni adolecía de contradicción interna o defecto de motivación. Además, el Tribunal de Primera Instancia omitió responder a la alegación formulada por la recurrente en su escrito de demanda sobre la violación del artículo 87 CE, apartado 1, en relación con el principio de no discriminación y el carácter manifiestamente contradictorio de la motivación relativa al examen de la excepción establecida en el artículo 86 CE, apartado 2.
1)

En el contexto del artículo 1, inicio y apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3820/85 (1) del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, y del artículo 15 del Reglamento (CEE) no 3821/85 (2) del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, ¿cómo debe interpretarse el concepto de «centro de operaciones» mencionado en los apartados 21 y ss. de la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2001, Skills Motor Coaches y otros (C 297/99)? (3)
1)

¿Debe aplicarse por analogía la norma del artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, al artículo 10, letra a), del Reglamento (CEE) no 574/72 (2) del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71, cuando el progenitor beneficiario no solicite las prestaciones familiares que le corresponden en el país de empleo?
—

Se estime en su integridad las pretensiones aducidas por Transportes Evaristo Molina, S.A. ante el Tribunal de Primera Instancia: la anulación de la Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 2006 (1), relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE, Asunto COMP/B-1/38.348 Repsol CPP, por vulnerar el artículo 9 del Reglamento no 1/2003 (2), así como los principios de Derecho Comunitario enumerados en el recurso de anulación, el propio artículo 81 CE y los Reglamentos de exención por categorías que desarrollan su apartado 3, Reglamento (CEE) no 1984/83 (3) y Reglamento (CE) no 2790/99 (4).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 55/17

Petición de decisión prejudicial planteada por el VAT and Duties Tribunal, London (Reino Unido) el 29 de diciembre de 2008 — EMI Group Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Asunto C-581/08)

(2009/C 55/28)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

VAT and Duties Tribunal, London

Partes en el procedimiento principal

Demandante: EMI Group Ltd

Demandada: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Cuestiones prejudiciales

a) ¿Cómo debe interpretarse la última frase del apartado 6 del artículo 5 de la Sexta Directiva (1) en el contexto del presente asunto?

b) En particular, ¿cuáles son las características esenciales de una «muestra comercial», en el sentido de la última frase del apartado 6 del artículo 5 de la Sexta Directiva?

c) ¿Está facultado un Estado miembro para limitar la interpretación de «muestra comercial», en la última frase del apartado 6 del artículo 5 de la Sexta Directiva, i) a una muestra comercial del producto en una forma no disponible ordinariamente para la venta al público, entregada a un cliente real o potencial de la empresa (hasta 1993), ii) sólo a una muestra o sólo a la primera de una serie de muestras comerciales entregadas por la misma persona al mismo receptor, si esas muestras comerciales son idénticas o no difieren en ningún aspecto sustancial una de otra (desde 1993)?

d) ¿Está facultado un Estado miembro para limitar la interpretación de «obsequios de escaso valor», en la última frase del apartado 6 del artículo 5 de la Sexta Directiva, de tal modo que excluya i) un obsequio de bienes que forme parte de una serie o sucesión de obsequios entregados en diferentes ocasiones a la misma persona (hasta octubre de 2003), ii) cualesquiera de los obsequios empresariales entregados a la misma persona durante cualquier período de doce meses cuyo coste total sea superior a £50 (desde octubre de 2003 en adelante)?

e) Si la respuesta a la tercera cuestión, inciso ii), o a cualquier parte de la cuarta cuestión es afirmativa, cuando un sujeto pasivo entrega un obsequio similar o idéntico de una grabación musical a dos o más personas en razón de sus cualidades personales para poder influir en el grado de atención que recibe el artista del que se trate, ¿está facultado el Estado miembro para considerar esos bienes como entregados a una misma persona sólo porque esas personas sean trabajadores empleados por la misma persona?

f) ¿Afecta a las respuestas a las cuestiones primera a quinta el hecho de que el receptor sea o haya sido trabajador empleado por un sujeto pasivo que podría, o habría podido, deducir cualquier impuesto soportado en relación con los bienes que constituyen la muestra comercial?

(1) Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).