ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Habida cuenta de los principios de igualdad de trato y de buena administración, cuando la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea instruye una solicitud de registro de una marca de la Unión debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede o no resolver en el mismo sentido. Dada su obligación de motivación, la Sala de Recurso no puede separarse de la práctica seguida por la Oficina en resoluciones anteriores sin ofrecer la menor explicación en cuanto a las razones que la han llevado a considerar que las constataciones de hecho sobre la notoriedad de las marcas anteriores formuladas en esas resoluciones no son pertinentes o han dejado de serlo. La constatación de la notoriedad de las marcas anteriores es una constatación de hecho que no depende de la marca solicitada de que se trate.

Por otra parte, en el caso de que las resoluciones anteriores de la Oficina invocadas por el recurrente no vayan acompañadas de las pruebas de la notoriedad de las marcas anteriores que se habían presentado en esos procedimientos pasados, la Sala de Recurso debe, con arreglo al principio de buena administración, bien solicitar al recurrente que presente pruebas adicionales de la notoriedad de las marcas anteriores —aunque sea para refutarlas—, tal como se lo permite la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca de la Unión Europea, bien exponer las razones por las que estima que procede rechazar las constataciones efectuadas en esas resoluciones previas en cuanto a la notoriedad de las marcas anteriores.

(véanse los apartados 20, 33 a 35 y 37)
5.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Solicitud de acceso a informaciones medioambientales — Aplicación del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 como lex specialis respecto del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Relevancia — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Alcance — Aplicación a los documentos correspondientes a un procedimiento por incumplimiento — Exclusión [Art. 258 TFUE, párr. 1; Reglamentos (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo n.o 1049/2001, art. 4, y n.o 1367/2006, art. 6, ap. 1] (véanse los apartados 63 a 65)
89

Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado que, aunque no procedía adoptar una interpretación restrictiva del concepto de información «[referente] a emisiones al medio ambiente», este concepto no podría incluir cualquier información que presente algún tipo de vínculo, ni siquiera directo, con las emisiones al medio ambiente. En efecto, si dicho concepto se interpretara en el sentido de que incluye tal información, vaciaría de contenido en gran medida el concepto de «información medioambiental» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 1367/2006. Tal interpretación privaría así de todo efecto útil la posibilidad, prevista por el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, de que las instituciones se nieguen a la divulgación de información medioambiental por el motivo, en particular, de que tal divulgación supondría un perjuicio para la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica y haría peligrar el equilibrio que el legislador de la Unión quiso garantizar entre el objetivo de transparencia y la protección de estos intereses. También supondría un perjuicio desproporcionado a la protección del secreto profesional garantizado por el artículo 339 TFUE (sentencia de 23 de noviembre de 2016, Comisión/Stichting Greenpeace Nederland y PAN Europe, C‑673/13 P, EU:C:2016:889, apartado 81).
126

En tercer lugar, la demandante aduce que la Comisión no podía apoyarse en una presunción general de no divulgación de los documentos obrantes en un procedimiento EU Pilot. Preguntada acerca de las consecuencias de la sentencia de 11 de mayo de 2017, Suecia/Comisión (C‑562/14 P, EU:C:2017:356), sobre el presente motivo, la demandante constató que el Tribunal de Justicia había confirmado que podía invocarse una presunción de no divulgación de los documentos relativos a un procedimiento EU Pilot, si bien recordó que su solicitud de acceso no se refería a documentos obrantes en un procedimiento EU Pilot, sino a documentos relativos a un procedimiento administrativo distinto, a saber, un procedimiento iniciado con arreglo al artículo 29 de la Directiva Marco, para el que no existe una presunción de confidencialidad. Asimismo, la demandante destacó que, aunque los documentos de estos dos procedimientos podían ser parcialmente idénticos, no consideraba que todos los documentos del procedimiento del artículo 29 de la Directiva Marco se hallaran también en el expediente del procedimiento EU Pilot 5160/11. Pues bien, para la demandante, se trata de un requisito sine qua non para que tales documentos puedan ser objeto de la presunción de no divulgación reconocida en caso de documentos obrantes en un procedimiento EU Pilot.
157

En cuanto al dictamen emitido por el Comité consultivo, ha de recordarse, por una parte, que, a tenor del artículo 14, apartado 6, del Reglamento n.o 1/2003, dicho dictamen no se publica en todos los casos y que la jurisprudencia ha llegado a considerar que la no transmisión del mismo a las empresas interesadas no es contraria al principio del respeto del derecho de defensa (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, apartados 35 y 36) y, por otra parte, que las disposiciones del artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.o 1/2003 establecen que las posiciones manifestadas en ese dictamen se motivarán únicamente cuando lo solicite al menos uno de los miembros de dicho Comité, circunstancia que no ha ocurrido en este caso. Además, el artículo 27, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003 establece que las partes contra las que se siga un procedimiento seguido por la Comisión en virtud del artículo 101 TFUE no tienen acceso a la correspondencia mantenida entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros o entre estas últimas, incluidos los documentos elaborados en virtud de los artículos 11 y 14 del mismo Reglamento. Asimismo, en virtud del artículo 28, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, los funcionarios y los agentes de la Comisión y de las autoridades de competencia de los Estados miembros estarán obligados a no divulgar la información que hayan recopilado o intercambiado en aplicación del presente Reglamento y que, por su naturaleza, esté amparada por el secreto profesional y esta obligación se aplicará asimismo a todos los representantes de los Estados miembros que asistan a las reuniones del Comité consultivo conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento n.o 1/2003. En consecuencia, es inútil que las demandantes hagan valer que el dictamen emitido por el Comité consultivo no estaba suficientemente motivado. Además, habida cuenta de las disposiciones aplicables, el hecho de que el dictamen fuera breve y estuviera poco detallado no significa que el Comité consultivo no haya tenido a su disposición todos los elementos necesarios para pronunciarse con pleno conocimiento de causa, aun cuando se haya pronunciado de forma sumaria.
213

En este sentido, ni la utilización del modo condicional y del tiempo futuro en las notas tomadas por el Sr. Y. ni el hecho de que este declarase que no se había celebrado ningún acuerdo incluso después de la reunión organizada en octubre de 1999 en Kuala Lumpur son suficientes para considerar que, el día 18 de febrero de 1999, las sociedades que participaron en la reunión de Zúrich aún no habían infringido el artículo 101 TFUE, apartado 1. Además, aunque las demandantes cuestionan el valor probatorio de las notas del Sr. Y. basándose en el hecho de que se trataba de un documento interno de J‑Power Systems, no confirmado, según ellas, por otras notas de participantes en esa reunión, debe recordarse que, de conformidad con la jurisprudencia, el carácter interno de un documento no puede impedir a la Comisión invocarlo como prueba de cargo para corroborar otros elementos de prueba, sobre todo en el contexto de un conjunto más amplio de pruebas concordantes (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 2004, JFE Engineering/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, EU:T:2004:221, apartado 231). A este respecto, debe añadirse que, para llegar a su conclusión, la Comisión no se fundó exclusivamente en las notas del Sr. Y., sino también, como se desprende de los anteriores apartados 201 a 206, en el contexto general sobre la base de otros elementos de prueba relativos, en particular, al comportamiento de las partes antes y después de la mencionada reunión. Por último, en contra de lo aducido por las demandantes, el valor probatorio de las notas de que se trata no queda debilitado por el hecho de que las notas fueron interpretadas años más tarde por su autor según «lejanos recuerdos». A este respecto, baste con señalar, en línea con lo indicado por la Comisión, que la interpretación tiempo después no puede perjudicar al valor probatorio de esas notas como pruebas documentales contemporáneas.
20

La inclusión del nombre de las demás demandantes en las listas controvertidas se basaba en los siguientes motivos: — Por lo que respecta a Hafize Darya Shipping Co.: «[Hafize Darya Shipping Lines (HDSL)] ha asumido la función de titular beneficiario de una serie de buques de IRISL. En consecuencia, HDSL está actuando en nombre de IRISL». — En cuanto a Khazar Sea Shipping Lines Co.: «Khazar Shipping Lines pertenece a IRISL». — En el caso de IRISL Europe: «IRISL Europe GmbH (Hamburg) pertenece a IRISL». — En relación con Qeshm Marine Services & Engineering Co., anteriormente IRISL Marine Services [y] Engineering Co.: «IRISL Marine Services y Engineering Company son controladas por IRISL». — En lo que atañe a Irano Misr Shipping Co.: «Como agente de IRISL en Egipto, Irano Misr Shipping Company proporciona servicios esenciales a IRISL». — Por lo que respecta a Safiran Payam Darya Shipping Co.: «Safiran Payam Darya (SAPID) ha asumido la función de titular beneficiario de una serie de buques de IRISL. En consecuencia, está actuando en nombre de IRISL». — En cuanto a Marine Information Technology Development Co., anteriormente Shipping Computer Services Co.: «Shipping Computer Services Company está controlada por IRISL». — En el caso de Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., alias Soroush Sarzamin Asatir (SSA): «Soroush Saramin Asatir (SSA) gestiona y administra una serie de buques de IRISL. En consecuencia, actúa en nombre de IRISL y le proporciona servicios esenciales». — En relación con Hoopad Darya Shipping Agency, alias South Way Shipping Agency Co. Ltd: «South Way Shipping Agency Co Ltd administra las operaciones de terminales de contenedores en Irán y ofrece servicios de personal de flota en Bandar Abbas, en nombre de IRISL. En consecuencia, South Way Shipping Agency Co Ltd está actuando en nombre de IRISL». — En lo que atañe a Valfajr Shipping Line Co.: «Valfajr 8th Shipping Line pertenece a IRISL».
83

Por lo que se refiere a la solicitud de acceso a los documentos, cuando la institución de que se trate deniegue tal acceso deberá demostrar en cada caso concreto, sobre la base de los datos de los que dispone, que los documentos a los que se solicita el acceso están efectivamente amparados por las excepciones enumeradas en el Reglamento n.o 1049/2001 (sentencias de 10 de septiembre de 2008, Williams/Comisión, T‑42/05, no publicada, EU:T:2008:325, apartado 95, y de 7 de julio de 2011, Valero Jordana/Comisión, T‑161/04, no publicada, EU:T:2011:337, apartado 49). Incumbe pues, según la jurisprudencia, a la institución que haya denegado el acceso a un documento proporcionar una motivación que permita comprender y verificar, por una parte, si el documento solicitado está comprendido efectivamente en el ámbito de la excepción invocada y, por otra, si la necesidad de protección relativa a esa excepción es real.
129

Debe rechazarse también la alegación del demandante relativa al hecho de que el motivo de inscripción ya no prevé el delito de transferencia ilegal de fondos públicos ucranianos fuera de Ucrania. En efecto, aunque la transferencia ilegal de fondos públicos fuera de Ucrania ya no aparece en el motivo de inscripción, tal como fue modificado por los actos de marzo de 2015, no es menos cierto que la referencia a la apropiación indebida de fondos públicos, en el supuesto de que sea fundada, basta, por sí sola, para justificar las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante.
78

Pues bien, teniendo en cuenta que el recurso al artículo 352 TFUE está sujeto a requisitos estrictos, relativos en particular a la necesidad de una actuación en el marco de las políticas definidas por los Tratados para alcanzar un objetivo de éstos, los demandantes deberían al menos haber expuesto las razones por las que la propuesta de ICE controvertida formaba parte de un objetivo de los Tratados para que la Comisión pudiera apreciar de manera detallada su solicitud a este respecto. En efecto, si no se satisfacen los requisitos del recurso al artículo 352 TFUE, esta disposición no constituye una base jurídica apropiada y no se cumple la condición prevista en el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 211/2011.
39

Además, procede señalar que la existencia del litigio sobre las patentes no era pertinente a efectos de la apreciación de la compatibilidad de la ayuda controvertida con el mercado interior. Es cierto que, si hubiera debido prosperar la tesis de Secop Austria en el litigio sobre las patentes, habría sido posible que ACC Compressors ya no pudiera utilizar las patentes controvertidas y debiera, por tanto, cesar la producción de una importante gama de compresores, denominada «Kappa». No obstante, ello dependía igualmente de la cuestión de si, como consecuencia de una eventual derrota ante los tribunales, ACC Compressors podía obtener una licencia de explotación de dichas patentes. Además, no cabía excluir de entrada que pudiera compensar el eventual cese de su actividad en la producción de compresores «Kappa» con el desarrollo de otras gamas o actividades. En cualquier caso, ha de considerarse que no correspondía a la Comisión anticipar el resultado del litigio sobre las patentes, pendiente ante los tribunales nacionales en la fecha de la adopción de la Decisión impugnada, sustituyendo la apreciación de los tribunales competentes, ante los que se había planteado el litigio, por la suya propia.
74

Ahora bien, en el presente asunto, tal como señala la Comisión, el Tribunal ya declaró, en el marco de la ejecución de un contrato de transporte también adjudicado a la demandante por la Comisión sobre la base del Reglamento no 111/1999, que sólo puede considerarse que el deudor incurre en mora a partir del requerimiento formal de pago, y que el contrato de suministro no prevé que se incurra en mora de pleno Derecho por el mero vencimiento del plazo (véase, en este sentido, la sentencia Calberson GE/Comisión, citada en el anterior apartado 21, EU:T:2004:38, apartado 144 y la jurisprudencia citada). De este modo, el Tribunal no se remitió a una disposición del Derecho nacional, sino que se refirió a una jurisprudencia anterior que también interpretaba el Reglamento no 111/1999 (sentencia Hans Fusch/Comisión, citada en el anterior apartado 21, EU:T:2002:246, apartado 78). En efecto, dada la naturaleza particular del contrato correspondiente al lote no 8, descrito en el anexo II del Reglamento no 1799/1999, y al estar los respectivos derechos y obligaciones de las partes definidos por los Reglamentos no 111/1999 y no 1799/1999, debe garantizarse una interpretación lo más uniforme posible de los contratos que emanan de esta normativa. De ello se desprende que, en contra de lo que alega la demandante, la cuestión de los intereses de demora no puede regirse por el Derecho francés, que sólo es aplicable al contrato en caso de silencio de éste.
1

El artículo 102 del Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008 y (CE) no 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 y (CE) no 1966/2006 (DO L 343, p. 1) dispone: «1. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información pertinente que esta solicite sobre la ejecución del presente Reglamento. Al presentar la solicitud de información, la Comisión fijará un plazo de tiempo razonable en el que deberá suministrarse dicha información. 2. Si la Comisión considera que se han cometido irregularidades en la aplicación de las normas de la política pesquera común o que las disposiciones y métodos de control existentes en ciertos Estados miembros no son eficaces, informará de ello a los Estados miembros afectados para que realicen una investigación administrativa en la que podrán participar agentes de la Comisión. 3. Los Estados miembros en cuestión notificarán a la Comisión los resultados de la investigación y le presentarán un informe elaborado, a más tardar, tres meses después de la solicitud de la Comisión. Previa petición debidamente justificada de un Estado miembro, la Comisión podrá prolongar este plazo durante un período suplementario razonable. 4. Si la investigación administrativa mencionada en el apartado 2 no conduce a la supresión de las irregularidades o si la Comisión detecta deficiencias en el sistema de control de un Estado miembro durante las verificaciones e inspecciones autónomas contempladas en los artículos 98 y 99 o en el marco de la auditoría contemplada en el artículo 100, la Comisión elaborará un plan de acción con dicho Estado miembro. Este adoptará todas las medidas necesarias para llevarlo a la práctica.»
29.

Política económica y monetaria — Política monetaria — Aplicación — Medidas específicas destinadas a restablecer la estabilidad financiera y un crecimiento sostenible — Desmantelamiento de un banco en dificultades y recapitalización de otro banco en dificultades a través de una conversión de los depósitos no garantizados del primer banco en fondos propios — Trato diferente de los titulares de los depósitos no garantizados de los dos bancos con respecto a las sociedades del sector bancario cooperativo que no han sido objeto de una recapitalización interna — Violación del principio de igualdad de trato — Inexistencia (Decisión 2013/236/UE del Consejo) (véanse los apartados 503 a 507)
7.

Actos de las instituciones — Ámbito de aplicación temporal — Normas de procedimiento — Normas sustantivas — Distinción — Ámbito de aplicación temporal del Reglamento (UE) n.o 1168/2012, que modifica el Reglamento de base (CE) n.o 1225/2009 — Modificación del plazo para resolver sobre la solicitud de concesión del trato de empresa que opera en condiciones de economía de mercado — Aplicación a las investigaciones en curso — Procedencia [Reglamento (UE) n.o 1168/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 1, punto 1,letra a), y 2] (véanse los apartados 156 a 162)
1.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Utilización del valor calculado — Cálculo de los costes de producción con arreglo a los registros contables — Excepción — Gastos relacionados con la fabricación y venta del producto objeto de la investigación que no se consignaron correctamente en dichos registros — Carga de la prueba que corresponde a las instituciones — Control jurisdiccional — Alcance [Reglamentos (CE) del Consejo n.o 1972/2002, considerando 4, y n.o 1225/2009, arts. 2, ap. 3, párr. 2, y 5, párrs. 1 y 2] (véanse los apartados 45 a 49 y 53 a 77)
1.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Utilización del valor calculado — Cálculo de los costes de producción con arreglo a los registros contables — Excepción — Gastos relacionados con la fabricación y venta del producto objeto de investigación que no se consignaron correctamente en dichos registros — Carga de la prueba que corresponde a las instituciones — Control jurisdiccional — Alcance [Reglamentos (CE) del Consejo n.o 1972/2002, considerando 4, y n.o 1225/2009, arts. 2, ap. 3, párr. 2, y 5, párrs. 1 y 2] (véanse los apartados 32 a 36 y 40 a 63]
3.

Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de descartar una oferta en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios — Apreciación en función de los datos de que dispone el demandante en el momento de interponer el recurso [Art. 296 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra c); Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 113, ap. 2; Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, art. 161, ap. 2] (véanse los apartados 43 a 46)
5.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 57)
1.

Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Hechos y pruebas no presentados a su debido tiempo — Consideración — Facultad de apreciación de la Oficina [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 76, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, Regla 22] (véanse los apartados 25 a 30)
El Derecho aplicable un contrato celebrado por una institución de la Unión será el que esté expresamente previsto en el contrato, pues las estipulaciones contractuales en las que se pone de manifiesto la voluntad coincidente de las partes deben prevalecer sobre cualquier otro criterio, que sólo podrá aplicarse en caso de silencio del contrato. En caso de silencio del contrato, el juez de la Unión debe determinar el Derecho aplicable inspirándose en los principios generalmente admitidos en los Estados miembros y utilizando las reglas del Derecho internacional privado, y en particular las del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, remplazado por el Reglamento no 593/2008 (Roma I).

A este respecto, en lo que atañe a un contrato de transporte de mercancías celebrado entre la Comisión y la empresa seleccionada al término del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento no 1799/1999, relativo al suministro a Rusia de carne de vacuno, conforme al Reglamento no 111/1999, por el que se establecen las disposiciones generales de aplicación del Reglamento no 2802/98, toda vez que el transportista tiene su residencia en Francia y que del anexo II del Reglamento no 1799/1999 se desprende que la carga de la carne de vacuno destinada a Rusia se efectuó en Francia, un litigio relativo a dicho contrato debe resolverse basándose en las cláusulas contractuales, es decir, conforme a lo dispuesto por los Reglamentos no 111/1999 y no 1799/1999 y, para todas las cuestiones no reguladas por dichos Reglamentos, conforme al Derecho francés.

(véanse los apartados 23 y 25 a 28)