SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 25 de octubre de 2011 ( )

«Dumping – Importaciones de ferrosilicio originario de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, China, Egipto, Kazajstán, y Rusia – Relación de causalidad – Interés de la Comunidad – Falta de cooperación – Datos disponibles – Estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado – Derecho de defensa – Obligación de motivación»

En el asunto T‑192/08,

Transnational Company «Kazchrome» AO, con domicilio social en Aktobe (Kazajstán),

ENRC Marketing AG, con domicilio social en Kloten (Suiza),

representadas inicialmente por los Sres. L. Ruessmann y A. Willems, y posteriormente por los Sres. Willems y S. de Knop, abogados,

partes demandantes,

y

Consejo de la Unión Europea, representado inicialmente por el Sr. J.‑P. Hix, y posteriormente por los Sres. Hix y B. Driessen, en calidad de agentes, asistidos inicialmente por los Sres. G. Berrisch y G. Wolf, y posteriormente por el Sr. Berrisch, abogados,

parte demandada,

apoyado por

Comisión Europea, representada por el Sr. H. van Vliet y la Sra. K. Talabér‑Ritz, en calidad de agentes,

y por

Euroalliages, con domicilio social en Bruselas, representada por los Sres. J. Bourgeois e Y. van Gerven y la Sra. N. McNelis, abogados,

partes coadyuvantes,

que tiene por objeto un recurso de anulación parcial del Reglamento (CE) nº 172/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ferrosilicio originario de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia (DO L 55, p. 6), en la medida en que se aplica a las demandantes,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por las Sras. I. Pelikánová, Presidenta, K. Jürimäe (Ponente) y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de diciembre de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 Las demandantes, Transnational Company Kazchrome AO (en lo sucesivo, «Kazchrome») y ENRC Marketing AG, se dedican a la producción y venta de ferrosilicio, una de las materias primas utilizadas en la fabricación del acero y del hierro. Kazchrome, con domicilio social en Kazajstán, vende toda su producción a ENRC Marketing, con domicilio social en Suiza. Esta última revende la producción de Kazchrome en todo el mundo.

2 A raíz de una denuncia presentada el 16 de octubre de 2006 por Euroalliages (Comité de enlace del sector de la ferroaleación), la Comisión de las Comunidades Europeas inició un procedimiento antidumping en relación con las importaciones de ferrosilicio originarias de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, China, Egipto, Kazajstán, y Rusia, con arreglo al Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento de base») [reemplazado por el Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51, corrección de errores en el DO 2010, L 7, p. 22)], y en particular con arreglo al artículo 5 del Reglamento de base (actualmente artículo 5 del Reglamento nº 1225/2009). El anuncio de inicio del procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 30 de noviembre de 2006 (DO C 291, p. 34). La investigación sobre el dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006 (en lo sucesivo «período de investigación»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó desde enero de 2003 hasta el final del período de investigación (en lo sucesivo, «período considerado»).

3 En el marco de este procedimiento, el 15 de diciembre de 2006, las demandantes presentaron una petición de reconocimiento del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado (en lo sucesivo, «EEM») ante los servicios de la Comisión, en virtud del artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base [actualmente artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento nº 1225/2009].

4 El 12 de enero de 2007, las demandantes presentaron sus respuestas al cuestionario antidumping de la Comisión así como un documento relativo al perjuicio. El 25 de enero de 2007, las demandantes transmitieron a la Comisión observaciones complementarias relativas al perjuicio.

5 Mediante escrito de 14 de febrero de 2007, las demandantes informaron a la Comisión de que renunciaban a participar en la investigación, pero que estaban dispuestas a aportar explicaciones relativas a los datos que ya le habían facilitado. Mediante fax de ese mismo día, la Comisión informó a las demandantes de que anulaba la inspección in situ que tenía previsto realizar entre el 22 de febrero y el 2 de marzo de 2007. Señaló que esta anulación significaba que, a falta de comprobación, los datos facilitados por las demandantes a sus servicios no podían aceptarse, y que, con arreglo al artículo 18 del Reglamento de base (actualmente artículo 18 del Reglamento nº 1225/2009), era probable que fuese necesario formular las conclusiones de la investigación sobre la base de los datos disponibles. Mediante escrito de 20 de febrero de 2007, las demandantes informaron a la Comisión de que si bien no podían cooperar plenamente en la investigación, deseaban, en la medida de lo posible, aportar su asistencia en el marco de dicha investigación.

6 El 5 de julio de 2007, la Comisión informó a las demandantes de que puesto que no había podido comprobar en sus locales los datos que éstas le habían facilitado, no se les concedería el EEM. El 16 de julio de 2007 las demandantes presentaron sus observaciones ante la Comisión relativas particularmente a la denegación del EEM.

7 El 29 de agosto de 2007, la Comisión publicó el Reglamento (CE) nº 994/2007, de 28 de agosto de 2007, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de ferrosilicio originario de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia (DO L 223, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento provisional»). En particular, el Reglamento provisional estableció un derecho antidumping provisional con un tipo del 33,9 % para las importaciones de ferrosilicio originarias de Kazajstán. En el vigésimo quinto considerando del Reglamento provisional, la Comisión precisó que la petición de reconocimiento del EEM formulada por las demandantes no se había tomado en consideración en la medida en que éstas no habían permitido que se llevase a cabo la inspección in situ.

8 Mediante escrito de 30 de agosto de 2007, la Comisión informó a las demandantes de los hechos y consideraciones esenciales en base a las cuales se habían adoptado las medidas antidumping provisionales (en lo sucesivo, «documento de información provisional»). Mediante escrito de 15 de septiembre de 2007, la Comisión remitió a las demandantes un complemento al documento de información provisional. El 5 de octubre 2007, las demandantes presentaron ante la Comisión sus observaciones relativas al documento de información provisional.

9 El 18 de diciembre de 2007, la Comisión remitió a las demandantes un escrito en el que recogía los hechos y consideraciones esenciales en función de los cuales pensaba recomendar la imposición de medidas antidumping definitivas (en lo sucesivo, «documento de información final»). Las demandantes presentaron sus observaciones sobre el documento de información final mediante un escrito dirigido a la Comisión el 3 de enero de 2008.

10 El 25 de febrero de 2008, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) nº 172/2008, de 25 de febrero de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ferrosilicio originario de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia (DO L 55, p. 6; en lo sucesivo «Reglamento impugnado»). En virtud de este Reglamento, el tipo del derecho antidumping definitivo aplicable al precio neto franco frontera de la Comunidad, no despachado de aduana, se estableció en 33,9 % para los productos procedentes de Kazajstán.

Procedimiento y pretensiones de las partes

11 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 21 de mayo de 2008, las demandantes interpusieron el presente recurso.

12 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal, respectivamente, el 1 y el 3 de septiembre de 2008, Euroalliages y la Comisión solicitaron intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones del Consejo.

13 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de octubre de 2008, las demandantes solicitaron que, con arreglo al artículo 116, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, se excluyan del traslado a Euroalliages ciertos datos confidenciales contenidos en los autos. A los efectos de dicho traslado, las demandantes presentaron una versión no confidencial de los escritos y documentos de que se trata.

14 Mediante autos de 2 de diciembre de 2008 y de 16 de febrero de 2009, el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal admitió respectivamente las demandas de intervención de la Comisión y de Euroalliages.

15 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 10 de marzo de 2009, Euroalliages declaró que no tenía nada que objetar en cuanto a la solicitud de trato confidencial formulada por las demandantes.

16 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de junio de 2009, la Comisión informó al Tribunal de que renunciaba a presentar un escrito de formalización de la intervención, pero que participaría en la vista.

17 Las demandantes solicitan el Tribunal que:

– Declare la admisibilidad del recurso.

– Anule el Reglamento impugnado, en la medida en que se les aplica.

– Condene en costas al Consejo.

18 El Consejo, apoyado por la Comisión, solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a las demandantes.

19 Euroalliages solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene a las demandantes a cargar con las costas, incluidas aquellas en que ella haya incurrido debido a su intervención.

Fundamentos de Derecho

20 En apoyo de su recurso de anulación las demandantes invocan cuatro motivos. En el marco del primer motivo, rebaten la apreciación de la existencia de una relación de causalidad entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio. En el marco del segundo motivo, cuestionan el análisis del interés comunitario. En el marco del tercer motivo, critican la apreciación que hicieron las instituciones de su cooperación en la investigación, la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base y el trato dado a la petición de reconocimiento del EEM. En el marco del cuarto motivo, invocan la vulneración de su derecho de defensa.

A. Sobre el primer motivo, relativo a la relación de causalidad entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio

21 Las alegaciones formuladas por las demandantes en el marco del primer motivo pueden agruparse en tres categorías:

– En primer lugar, las alegaciones relativas a la interpretación de los principios jurídicos que rigen el análisis del nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio sufrido por la industria comunitaria. Las demandantes invocan, en la primera parte, la existencia de errores de Derecho en lo que atañe a la interpretación del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base (actualmente artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento nº 1225/2009).

– En segundo lugar, las alegaciones relativas al análisis individual realizado por las instituciones de varios factores distintos de las importaciones objeto de dumping y que pudieron causar o contribuir al perjuicio sufrido por la industria comunitaria. A este respecto, las demandantes invocan, en las partes segunda a octava, errores manifiestos de apreciación y diversas infracciones cometidas por las instituciones en el marco del análisis individual de algunos factores del perjuicio.

– En tercer lugar, las alegaciones relativas a la falta de un análisis conjunto de los diversos factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping. Las demandantes invocan, más concretamente, en las partes primera y octava, la comisión de un error manifiesto de apreciación por parte de las instituciones al no llevar a cabo un análisis conjunto de dichos factores.

22 Estas tres categorías de alegaciones se examinarán sucesivamente.

1. Sobre la interpretación de los principios jurídicos aplicables al análisis de la relación de causalidad (primera parte del primer motivo)

a) Alegaciones de las partes

23 En el marco de la primera parte del primer motivo las demandantes sostienen que la metodología empleada por el Consejo para determinar la relación de causalidad existente entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio adolece de dos errores de Derecho.

24 En primer lugar, las demandantes afirman que el enfoque del Consejo supone una división artificial del análisis de atribución y de no atribución del perjuicio. A tenor del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, un análisis adecuado de la relación de causalidad exige que se tengan en cuenta otros factores de los cuales se tenía conocimiento desde el principio, con el fin de evitar que las repercusiones de las importaciones objeto de la investigación se confundan con las de los otros factores. Así pues, consideran que las instituciones no podían concluir que el perjuicio había sido causado por las importaciones objeto de la investigación sin examinar previamente si éste había sido ocasionado realmente por otros factores.

25 En segundo lugar, las demandantes alegan que de los informes del Órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General resulta que la incidencia de los factores causales ha de examinarse conjuntamente.

26 El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, responde, por un lado, que para determinar si las importaciones objeto de dumping causaron un perjuicio considerable ha de examinarse en primer lugar si el perjuicio fue causado por dichas importaciones, teniendo en cuenta, en particular, el volumen y el precio de las importaciones objeto de dumping y el cálculo de la subcotización. A su juicio, sólo una vez se haya establecido la existencia de dicha relación de causalidad, habrá de examinarse si otros factores pudieron haber contribuido al perjuicio de manera que hayan roto el nexo causal. Por otro lado, el Consejo estima que desde un punto de vista jurídico no existe obligación alguna de llevar a cabo un examen conjunto de los otros factores, que tal examen no se aplica en la práctica y que no constituye un principio consagrado por los órganos jurisdiccionales de la Unión.

b) Apreciación del Tribunal

27 La primera parte del primer motivo se refiere, en esencia, a los requisitos de aplicación del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base. En virtud de esta disposición, el Consejo y la Comisión tienen la obligación de examinar si el perjuicio que pretenden precisar se debe efectivamente a importaciones que hayan sido objeto de dumping y de excluir cualquier perjuicio que se deba a otros factores (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1992, Extramet Industrie/Consejo, C‑358/89, Rec. p. I‑3813, apartado 16, y sentencia del Tribunal General de 14 de marzo de 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Consejo, T‑107/04, Rec. p. II‑669, apartado 72).

28 En primer lugar, procede determinar si, como afirman las demandantes, esta disposición exige que las instituciones examinen, en primer lugar, la incidencia sobre el perjuicio sufrido por la industria comunitaria de las importaciones objeto de dumping y de otros factores conocidos antes de determinar, en un momento posterior, si existe una relación de causalidad entre dichas importaciones y el dumping, o si, como afirma el Consejo, es necesario examinar en un primer momento si el perjuicio fue causado por dichas importaciones para, a continuación, una vez se haya establecido la existencia de dicho nexo causal, apreciar si otros factores pudieron haber contribuido al perjuicio de manera que se haya roto dicho nexo causal.

29 Para responder a esta cuestión es preciso analizar los términos, el objeto y el contexto del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base.

30 Primeramente, en lo que respecta a los términos de esta disposición, del artículo 3, apartado 6, del Reglamento de base se desprende que las instituciones deben demostrar que las importaciones objeto de dumping causan un perjuicio importante a la industria comunitaria, habida cuenta de su volumen y de su precio. Se trata del análisis denominado de atribución. A continuación, del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base resulta que las instituciones deben, por un lado, examinar los demás factores conocidos que al mismo tiempo que las importaciones objeto de dumping perjudiquen a la producción de la industria de la Comunidad, y, por otro lado, evitar que el perjuicio causado por estos otros factores se atribuya a dichas importaciones. Se trata del análisis denominado de no atribución.

31 A continuación, tal como señalaron tanto las demandantes como el Consejo en sus escritos, la finalidad del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base es lograr que las instituciones disocien y distingan los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping de los de los otros factores. Si las instituciones no disocian ni distinguen el impacto de los distintos factores del perjuicio, no podrán concluir válidamente que las importaciones objeto de dumping causaron un perjuicio a la industria comunitaria.

32 Seguidamente, en lo que respecta al contexto de esta disposición, en la medida en que, en virtud del quinto considerando del Reglamento de base (actualmente tercer considerando del Reglamento nº 1225/2009), al artículo 3, apartados 6 y 7, de dicho Reglamento transpone, en Derecho de la Unión, el artículo 3.5 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT) (DO L 336, p. 103; en lo sucesivo, «Acuerdo antidumping»), que figura en el anexo 1 A del Acuerdo por el que se establece la OMC (DO 1994, L 336, p. 3), procede referirse a esta disposición y a la interpretación que hace de la misma el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

33 A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, teniendo en cuenta su naturaleza y su espíritu, los Acuerdos de la OMC no forman parte en principio de las normas respecto a las cuales el juez de la Unión controla la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión con arreglo al artículo 230 CE, párrafo primero (sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999, Portugal/Consejo, C‑149/96, Rec. p. I‑8395, apartado 47, y de 9 de enero de 2003, Petrotub y Republica/Consejo, C–76/00 P, Rec. p. I‑79, apartado 53). Sin embargo, en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto de la Unión se remita expresamente a disposiciones precisas de los Acuerdos de la OMC, corresponderá al juez de la Unión controlar la legalidad del acto de la Unión de que se trate en relación con las normas de la OMC (sentencias del Tribunal de Justicia Portugal/Consejo, antes citada, apartado 49; Petrotub y Republica/Consejo, antes citada, apartado 54, y de 27 de septiembre de 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Rec. p. I‑7723, apartado 30).

34 Pues bien, del quinto considerando del Reglamento de base se desprende que dicho Reglamento tienen por objeto específicamente transponer en el Derecho de la Unión, en la mayor medida posible, las normas del Acuerdo antidumping de 1994, entre las que se incluyen, en particular, las relativas a la determinación de la existencia de un perjuicio y de un nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio (véase, en este sentido, la sentencia Petrotub y Republica/Consejo, citada en el apartado 33 supra, apartado 55).

35 De ello se desprende que las disposiciones del Reglamento de base deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz de las disposiciones correspondientes del Acuerdo antidumping (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1998, Bettati, C‑341/95, Rec. p. I‑4355, apartado 20, y Petrotub y Republica/Consejo, citada en el apartado 33 supra, apartado 57).

36 Además, si bien las interpretaciones del Acuerdo antidumping adoptadas por Órgano de Solución de Diferencias de la OMC no pueden vincular al Tribunal cuando éste aprecia la validez del Reglamento impugnado (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de marzo de 2005, Van Parys, C‑377/02, Rec. p. I‑1465, apartado 54), nada impide que el Tribunal haga referencia a las mismas cuando, como en el caso de autos, ha de interpretar una disposición del Reglamento de base (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 24 de septiembre de 2008, Reliance Industries/Consejo y Comisión, T‑45/06, Rec. p. II‑2399, apartado 107).

37 En este contexto, procede señalar que el Órgano de Apelación de la OMC declaró, en su informe relativo al asunto «Estados Unidos – Acero laminado en caliente», adoptado el 23 de agosto de 2001 (WT/DS184AB/R, apartado 226), que, para cumplir lo dispuesto por el artículo 3.5 del Acuerdo antidumping respecto de la no atribución, las autoridades encargadas de realizar la investigación debían llevar a cabo una evaluación adecuada del perjuicio causado a la industria nacional por los demás factores conocidos y disociar y distinguir los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping y los efectos perjudiciales de esos otros factores.

38 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede concluir que el artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base no impone a las instituciones obligación alguna en cuanto a la forma o al orden en que han de llevar a cabo los análisis de atribución y de no atribución que han de realizar. Sin embargo, este artículo dispone que dichos análisis deberán realizarse de manera que permitan disociar y distinguir los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping de aquellos causados por otros factores.

39 En estas circunstancias procede señalar que el litigio que enfrenta a las partes en el caso de autos es de carácter semántico y no sustancial. En efecto, la manera en que el Consejo describe en sus escritos la metodología aplicada por las instituciones para llevar a cabo los análisis de atribución y de no atribución carece de importancia, puesto que la metodología aplicada afectivamente por el Consejo y la Comisión, en el caso de autos, les permitió garantizar que no se imputara a las importaciones objeto de dumping el perjuicio causado por otros factores. Así, las instituciones examinaron, en primer lugar, el efecto de las importaciones objeto de dumping en los considerandos 112 a 114 del Reglamento provisional y en los considerandos 85 y 86 del Reglamento impugnado. En segundo lugar, en los considerandos 115 à 136 del Reglamento provisional y en los considerandos 87 a 101 del Reglamento impugnado, analizaron los efectos de los otros factores. En tercer lugar, en los considerandos 137 a 140 del Reglamento provisional y en los considerandos 102 a 104 del Reglamento impugnado, llevaron a cabo una breve síntesis de los análisis de atribución y de no atribución y sacaron sus propias conclusiones respecto del nexo causal. Si bien es cierto que los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping sólo se tuvieron en cuenta en la segunda etapa, las instituciones no formularon su conclusión definitiva relativa a la atribución del perjuicio hasta la finalización de esta segunda etapa, de manera que los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping pudieron disociarse y distinguirse de los causados por otros factores.

40 De ello se desprende que, en el caso de autos, el análisis del nexo causal que figura en los considerandos 111 a 140 del Reglamento provisional y en los considerandos 83 a 104 del Reglamento impugnado no adolece de error de Derecho, en la medida en que las instituciones realizaron primero el análisis de atribución y posteriormente el de no atribución.

41 En segundo lugar, procede determinar si, tal como sostienen las demandantes, los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping deben examinarse conjuntamente o si, tal como sostiene el Consejo, deben examinarse individualmente. Al igual que la anterior cuestión, ésta debe examinarse a la luz de los términos, el objeto y el contexto del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base.

42 Primeramente, en lo que respecta al tenor del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, según se recogen en el apartado 30 anterior, procede señalar que esta disposición no precisa si los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping deben analizarse conjunta o individualmente.

43 A continuación, tal como se mencionó en el apartado 31 anterior, la finalidad del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base es disociar y distinguir los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping de los de los otros factores, de manera que el perjuicio causado por estos otros factores no se atribuya a dichas importaciones. En algunas circunstancias, para alcanzar este objetivo es preciso realizar un análisis conjunto de los demás factores. Así sucede, en particular, cuando las instituciones llegan a la conclusión, tras el análisis individual, de que cada uno de estos factores tuvo un efecto negativo sobre la situación de la industria comunitaria, sin que esta incidencia pueda considerarse significativa. Tal como señalaron las demandantes en sus escritos, si una decena de factores distintos de las importaciones objeto de dumping causaron conjuntamente el 99 % del perjuicio pero ninguno de estos factores tuvo un impacto significativo sobre el perjuicio sufrido por la industria comunitaria, las instituciones seguirán considerando que dichas importaciones causaron el perjuicio material, puesto que ninguno de los diez factores, considerados separadamente, será considerado causante del perjuicio. Este análisis no puede considerarse conforme al objetivo del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base.

44 Seguidamente, el análisis contextual de esta disposición confirma que, en algunas circunstancias, es preciso realizar un análisis conjunto de los otros factores. Tal como se ha señalado anteriormente, el artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, tiene como finalidad transponer en el Derecho de la Unión al artículo 3.5 del Acuerdo antidumping. Pues bien, en su informe relativo al asunto «Comunidades Europeas – Accesorios de tuberías», adoptado el 18 de agosto de 2003 (WT/DS219/AB/R, apartados 190 y 192), el Órgano de Apelación de la OMC consideró que si bien el artículo 3.5 del Acuerdo antidumping no impone en todos los casos la realización de una evaluación de los efectos conjuntos de los demás factores causales, es posible que haya casos en los que, debido a circunstancias fácticas específicas de los mismos, el hecho de no realizar un examen de la incidencia conjunta de los demás factores causales tenga como consecuencia que la autoridad encargada de la investigación atribuya erróneamente a las importaciones objeto de dumping los efectos de otros factores causales. Según el Órgano de Apelación de la OMC, una autoridad encargada de la investigación no tiene la obligación de examinar las repercusiones conjuntas de los demás factores causales, siempre que, habida cuenta de las circunstancias fácticas específicas del asunto, cumpla con su obligación de no imputar a las importaciones objeto de dumping los perjuicios causados por los demás factores causales.

45 De ello se desprende que procede considerar, tal como sugieren las demandantes, que es posible que en determinadas circunstancias sea necesario realizar un análisis conjunto de los efectos de los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping. Tal es el caso, en particular, cuando las instituciones consideran, para un gran número de factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping, que pudieron contribuir al perjuicio, pero que, individualmente, su impacto no puede considerarse significativo.

46 En consecuencia, procede considerar que la interpretación del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base propuesta por el Consejo, no en el Reglamento impugnado, sino exclusivamente en sus escritos, es errónea. Sin embargo, ello no significa que el Reglamento impugnado adolezca de un error de Derecho que pueda justificar la anulación del Reglamento impugnado. En efecto, en el Reglamento impugnado, el Consejo se limitó a realizar un análisis individual de los distintos factores del perjuicio sin mencionar en modo alguno que consideraba innecesario un análisis conjunto de dichos factores. En consecuencia, en el caso de autos sólo podrá considerarse que el Reglamento impugnado incurre en error de Derecho si se considera igualmente que dicho análisis conjunto era necesario.

47 Pues bien, del apartado 45 anterior resulta que procede examinar las alegaciones formuladas por las demandantes respecto del análisis individual de cada uno de los otros factores conocidos del perjuicio, antes de poder determinar si en el caso de autos era necesario realizar un análisis conjunto. Por lo tanto, sólo podrá determinarse si el Consejo incurrió en error de Derecho al limitarse a un análisis individual de los factores del perjuicio tras el examen realizado en los apartados 49 a 215 posteriores, destinado a verificar, por un lado, si el análisis individual de cada uno de los otros factores conocidos del perjuicio adolece de ilegalidad y, por otro lado, si las circunstancias del caso de autos exigen un análisis conjunto de los otros factores del perjuicio.

48 Sin embargo, ya en este instante procede desestimar la primera parte del primer motivo, en la medida en que se basa en un error de Derecho relativo a la metodología de las instituciones en cuanto al análisis de la relación de causalidad.

2. Sobre el análisis individual de los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping (partes segunda a octava del primer motivo)

49 Con carácter preliminar, es preciso recordar los principios jurisprudenciales a la luz de los cuales procede examinar las distintas alegaciones formuladas por las demandantes respecto del análisis individual de los diversos factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping.

50 Con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 27 anterior, el Consejo y la Comisión tienen la obligación de examinar si el perjuicio que pretenden precisar se debe efectivamente a importaciones que hayan sido objeto de dumping y de excluir cualquier perjuicio que se deba a otros factores.

51 Además, según reiterada jurisprudencia, la cuestión de si la industria de la Comunidad ha sufrido un perjuicio y si éste es imputable a las importaciones objeto de dumping así como la de si otros factores conocidos han contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria, exigen la evaluación de situaciones económicas complejas, para la cual las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación. De ello se desprende que el control del órgano jurisdiccional de la Unión sobre las apreciaciones de las instituciones debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal Aluminium Silicon Mill Products/Consejo, citada en el apartado 27 supra, apartado 71, y de 17 de diciembre de 2008, HEG y Graphite India/Consejo, T‑462/04, Rec. p. II‑3685, apartado 120).

a) Sobre la segunda parte del primer motivo, relativa a la evolución de la demanda de acero y de los precios en los mercados comunitario y mundial

Alegaciones de las partes

52 Las demandantes sostienen que el considerando 85 del Reglamento impugnado incurre en error manifiesto de apreciación y vulnera el artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, puesto que, a su juicio, la presión sobre los precios comunitarios no puede imputarse a las importaciones objeto de dumping, sino que debe atribuirse a la evolución de los precios en el mercado mundial y a la de la demanda del acero.

53 En efecto, en primer lugar sostienen que los precios del ferrosilicio evolucionaron del mismo modo en cada uno de los grandes mercados mundiales y la evolución del precio comunitario refleja, según ellas, la dinámica del mercado mundial. Según las demandantes, dado que los precios en todos los mercados estaban a la baja, en particular, entre 2005 y el fin del período de investigación, carece de toda lógica sostener que, de no haberse producido las importaciones objeto de dumping, los precios en la Comunidad habrían aumentado para cubrir los costes crecientes de la industria comunitaria y generado además un margen de beneficio razonable.

54 En segundo lugar, afirman que el bajo nivel de precios del ferrosilicio viene determinado por la evolución de la demanda y no por las importaciones objeto de dumping. Sostienen que el propio Consejo reconoció, en el Reglamento impugnado, que los precios del ferrosilicio responden a las fluctuaciones de la demanda. Sin embargo, consideran que éste analizó erróneamente la evolución de los precios del ferrosilicio en la Comunidad respecto de la evolución de la producción mundial de acero bruto, siendo así que es la producción de acero de la Comunidad la que, según ellas, determina los precios. Según las demandantes, la evolución de los precios del ferrosilicio en la Comunidad refleja precisamente la de la demanda del acero y dichos precios disminuyeron proporcionalmente al estancamiento y al descenso de la demanda en la Comunidad. En consecuencia, las demandantes opinan que, aunque no se hubiese producido una subcotización por las importaciones objeto de dumping, la industria comunitaria habría sufrido pérdidas debido al incremento de los costes y al descenso simultáneo de la demanda.

55 En tercer lugar, las demandantes señalan que, durante el período de investigación, el ferrosilicio se vendió a un precio superior en la Comunidad que en los otros mercados. Pues bien, a su juicio, en un mercado mundial en el que los precios tienden a equilibrarse, no puede sostenerse que se han subcotizado o depreciado injustamente los precios del mercado en el que éstos son más elevados.

56 El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.

Apreciación del Tribunal

57 La segunda parte del primer motivo se refiere, en esencia, a la evaluación por las instituciones del papel de la evolución mundial de los precios del ferrosilicio y de la demanda del sector siderúrgico, en tanto otros factores conocidos que pudieron causar el perjuicio sufrido por la industria comunitaria o contribuir al mismo.

58 A este respecto, procede señalar, por un lado, que el Consejo estimó, en el considerando 85 del Reglamento impugnado, que, debido a las importaciones objeto de dumping la industria de la Comunidad no logró aumentar sus precios de venta hasta el nivel necesario para cubrir sus costes totales. Por otro lado, en los considerandos 87 a 90 del Reglamento impugnado, el Consejo expuso los motivos por los que decidió desestimar la alegación de que el bajo nivel del precio del ferrosilicio se debía a la dinámica del mercado mundial, el cual evolucionaba en función de la fluctuación de la demanda del sector siderúrgico y no a las importaciones objeto de dumping. En primer lugar, el Consejo explicó que en las economías de mercado los precios se fijan por lo general en función de la demanda y la oferta, pero es posible que haya otros factores que hayan contribuido, tales como la presencia de importaciones objeto de dumping. En segundo lugar, precisó que si bien es cierto que la demanda mundial de ferrosilicio, en concreto la procedente de la industria del acero, influyó en la fijación del precio en algunos momentos del período considerado, hubo períodos en los que los precios del ferrosilicio descendieron a pesar de la creciente demanda. En tercer lugar declaró que, incluso a escala de la Comunidad, los precios del ferrosilicio descendieron en algunos períodos pese a la creciente demanda de la industria del acero.

59 Las demandantes rebaten esta conclusión sobre la base de tres alegaciones. Primeramente, sostienen que puesto que los precios en el mercado mundial habían descendido, en particular entre 2005 y el fin del período de investigación, los precios comunitarios no habrían podido aumentar aunque no se hubieran producido las importaciones objeto de dumping. A continuación, afirman que los precios comunitarios del ferrosilicio siguieron la fluctuación de la producción comunitaria de acero y se deterioraron de manera simultánea al estancamiento o disminución de la demanda de la industria siderúrgica comunitaria. En tercer lugar, alegan que los precios del mercado comunitario son los más altos del mundo, lo que a su juicio excluye la posibilidad de subcotización o de depreciación.

60 Pues bien, ninguna de estas tres alegaciones demuestra que el Consejo haya incurrido en error manifiesto de apreciación e infringido el artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base.

61 Así, en primer lugar, en lo que respecta a la alegación basada en la evolución de los precios en el mercado mundial, procede señalar que la demandantes hacen referencia, en apoyo de esta alegación, a un cuadro reproducido en el escrito de demanda que muestra, según ellas, que los precios del ferrosilicio evolucionan del mismo modo en todos los mercados relevantes del mundo y que la evolución de los precios comunitarios se limita a reflejar la dinámica del mercado mundial. Si bien es cierto que este cuadro muestra que el precio comunitario del ferrosilicio evoluciona globalmente del mismo modo que el precio de los Estados Unidos y de Japón, dicho cuadro no confirma en modo alguno que los precios del mercado mundial descendiesen durante todo el período considerado, a saber, entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2006, o, al menos, entre enero de 2005 y el final de período de investigación, esto es, el 30 de septiembre de 2006. Al contrario, de dicho cuadro se desprende que los precios se incrementaron entre 2003 y 2004 y durante el período de investigación. Los datos relativos a los precios medios de la Comunidad que figuran en el considerandos 96 del Reglamento provisional, datos que no fueron rebatidos por las demandantes, confirman estas tendencias. En consecuencia, las demandantes no pueden afirmar que, debido al descenso generalizado de los precios del ferrosilicio, no era razonable sostener que, de no haberse producido las importaciones objeto de dumping, los precios comunitarios habrían aumentado a un nivel que permitiese a la industria comunitaria cubrir los costes crecientes y obtener un margen de beneficio razonable.

62 En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación basada en las fluctuaciones de la demanda del sector siderúrgico y en el análisis de los precios del ferrosilicio en la Comunidad respecto de la producción mundial de acero bruto, procede señalar que las demandantes no aceptan el gráfico aportado por las instituciones en el documento de información final, que ilustra la evolución de los precios del ferrosilicio en la Comunidad a la luz de la evolución de la producción mundial de acero en bruto y remiten, en apoyo de su alegación, a un gráfico que se reproduce en un anexo del escrito de demanda, que ilustra la evolución de los precios comunitarios del ferrosilicio respecto de la evolución de la producción comunitaria del acero. Pues bien, a diferencia de lo que sostienen las demandantes, dicho gráfico no permite demostrar que los precios comunitarios del ferrosilicio reflejaran la fluctuación de la producción comunitaria del acero ni que se deterioraran de manera simultánea al estancamiento o disminución de la demanda de la industria siderúrgica comunitaria.

63 Así, primeramente, es preciso señalar, como hizo el Consejo, que dicho gráfico muestra que los precios comunitarios no siempre reflejaron la fluctuación de la producción comunitaria del acero. Por ejemplo, el gráfico indica que, en 2004, en un momento en que la producción comunitaria del acero aumentó, los precios continuaron su descenso. Igualmente, en 2006, según el gráfico, la producción de acero disminuyó mientras que los precios aumentaron. Estos ejemplos confirman que el gráfico aportado por las demandantes no basta para corroborar su alegación según la cual el descenso de la demanda causó la disminución de los precios.

64 A continuación, procede señalar que el gráfico no muestra una deterioración de la demanda durante todo el período considerado. Así, describe un incremento de la producción del acero, desde el tercer trimestre de 2003 hasta el segundo trimestre de 2004, desde el cuarto trimestre de 2004 hasta el segundo trimestre de 2005 y durante los tres primeros trimestres del período de investigación, que abarca desde el 1 de octubre de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2006. El gráfico muestra igualmente que en la Comunidad los precios del ferrosilicio aumentaron desde el tercer trimestre de 2003 hasta el segundo trimestre de 2004 y durante todo el período de investigación. Habida cuenta de estas evoluciones positivas, no basta con afirmar que los precios comunitarios se deterioraron de manera simultanea al estancamiento o disminución de la demanda de la industria siderúrgica comunitaria para probar que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al sostener que, debido a las importaciones objeto de dumping, la industria comunitaria no pudo aumentar sus precios de venta hasta el nivel necesario para cubrir sus costes. Las demandantes deberían haber demostrado que el incremento de la producción del acero durante los períodos citados anteriormente había sido demasiado bajo para dar lugar a un incremento del precio que permitiese a los productores comunitarios de ferrosilicio repercutir el incremento de los costes de producción a los consumidores, lo que no hicieron.

65 En tercer lugar, en lo que respecta a la alegación relativa a los precios en la Comunidad, cuyo nivel, según las demandantes, es tal que no puede sostenerse que fueron subcotizados o reducidos injustamente, procede recordar que la subcotización y la disminución de precios son conceptos jurídicos a los que se hace referencia en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento de base (actualmente artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 1225/2009). Esquemáticamente, en el marco de la determinación de la subcotización en el sentido de esta disposición, las instituciones llevan a cabo una comparación de los precios comunitarios con los precios ajustados de las importaciones, de manera que se obtiene un margen de subcotización que se expresa en forma de porcentaje. Asimismo, cuando se constata que los precios comunitarios han disminuido o que no han aumentado de manera suficiente, las instituciones llevan a cabo, siempre de manera esquemática, una comparación de los precios de importación respecto de un precio objetivo comunitario, es decir, el precio que se habría alcanzado de no haberse producido las importaciones objeto de dumping, de manera que se obtiene un margen de eliminación del perjuicio que también se expresa en forma de porcentaje. En el caso de autos, de los considerandos 87 a 89 y 112 del Reglamento provisional resulta que las instituciones determinaron la subcotización de los precios con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento de base. Así, en el considerando 89 del Reglamento provisional, la Comisión afirmó que había calculado unos márgenes de subcotización comprendidos entre el 4 y el 11 % según los productores exportadores, a excepción de tres productores exportadores para los cuales no se comprobó que hubiera subcotización. Pues bien, las demandantes no exponen ningún argumento que ponga en entredicho el cálculo de los márgenes de subcotización realizado por las instituciones. La mera constatación de que los precios comunitarios son los más altos del mundo no desvirtúa dicho cálculo.

66 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede concluir que ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes demuestra que el Consejo haya incurrido en error manifiesto de apreciación al afirmar que la industria comunitaria no pudo aumentar sus precios de venta al nivel necesario para cubrir sus costes totales debido a las importaciones objeto de dumping, y no a la dinámica del mercado mundial y a la fluctuación de la demanda del sector siderúrgico.

67 En consecuencia, procede desestimar por infundada la segunda parte del primer motivo.

b) Sobre la tercera parte del primer motivo, relativa a los efectos del perjuicio que, según las demandantes, la industria comunitaria se infligió a sí misma

Sobre la primera imputación, relativa a los cambios de producción llevados a cabo por algunos productores comunitarios

– Alegaciones de las partes

68 Las demandantes afirman que el Consejo no tuvo en cuenta adecuadamente el impacto sobre el perjuicio sufrido por la industria comunitaria de los cambios voluntarios de producción llevados a cabo por Huta Laziska S.A., OFZ a.s. y Vargön Alloys AB, en 2004, año calificado de «excepcionalmente próspero» en el Reglamento impugnado.

69 En primer lugar, sostienen que las instituciones incurrieron en un error craso de hecho que repercutió considerablemente sobre el análisis de la relación de causalidad, en la medida en que, siendo así que del considerando 135 del Reglamento provisional resultaba que, en 2004, dos productores comunitarios de ferrosilicio cambiaron su producción a la producción de aleaciones de manganeso, del considerando 93 de ese mismo Reglamento se desprendía que esta reducción de la producción de ferrosilicio no se tuvo en cuenta hasta el año 2005. Pues bien, según las demandantes, la decisión de reducir la producción de ferrosilicio, en un momento en el que las condiciones del mercado eran favorables, llevó a un incremento de los costes de producción unitaria de ferrosilicio, a una disminución de la producción y de las ventas así como a una mayor escasez en el mercado. Por otro lado, afirman que la falta de toma en consideración de los cambios de producción respecto del año 2004 generó una imagen engañosa de la evolución de la capacidad de producción, la producción y la rentabilidad de la industria comunitaria.

70 En segundo lugar, sostienen que las instituciones incurrieron en error manifiesto de apreciación al afirmar que los cambios de producción eran una reacción a las importaciones objeto de dumping. En efecto afirman, por un lado, que el 2004 fue un año excepcional en el que la rentabilidad de la industria comunitaria aumentó al nivel más alto del período considerado y, según las demandantes, el nivel de rendimiento de la inversión alcanzó cerca del 20 %, y, por otro lado, que Huta Laziska decidió cambiar su producción al silicomanganeso, un producto que exige un menor consumo energético y que tiene una mejor rentabilidad. En consecuencia, según las demandantes, el perjuicio sufrido por la industria comunitaria en 2005 y durante el período de investigación se explica por estos cambios voluntarios de la producción que dieron lugar a un incremento de los costes de producción, el cual provocó una disminución adicional de la producción.

71 El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.

– Apreciación del Tribunal

72 La presente imputación se refiere, en esencia, al modo en que las instituciones analizaron el impacto para la industria comunitaria del cambio de destino de los hornos antiguamente dedicados a la fabricación del ferrosilicio para destinarlos a la producción de silicomanganeso que algunos productores comunitarios llevaron a cabo en 2004.

73 A este respecto, procede señalar que la Comisión analizó el impacto de este cambio de producción en los considerandos 135 y 136 del Reglamento provisional. En dichos considerandos afirmó que, a pesar de los costes provocados por un cambio de la producción, una parte de la producción fue objeto de tal cambio en 2004, momento en el que escaseaban en el mercado comunitario las aleaciones de manganeso mientras que la oferta de ferrosilicio era suficiente. Concluyó que la decisión que tomaron algunos productores de la industria de la Comunidad de reducir la producción no se adoptó de forma voluntaria sino que se debió a las importaciones objeto de dumping que impidieron que la industria de la Comunidad pudiera lograr ventas rentables con el ferrosilicio. Además, en el considerando 93 del Reglamento provisional, ajustó, a partir del año 2005, los datos relativos a las capacidades de producción que figuraban en el cuadro relativo a las capacidades de producción y a la utilización de la capacidad para tener en cuenta el cambio de destino de los hornos.

74 Las demandantes impugnan tanto el considerando 93 como los considerandos 135 y 136 del Reglamento provisional.

75 En primer lugar, en lo que respecta a la alegación de las demandantes basada en el error de hecho de que, a su juicio, adolecía el considerando 93 del Reglamento provisional, el Consejo explicó, en respuesta a una pregunta escrita planteada mediante una diligencia de ordenación del procedimiento, que el cambio de la producción se había producido a principios de diciembre de 2004. En la vista reconoció igualmente que las capacidades objeto de este cambio no pudieron ser utilizadas para la producción de ferrosilicio durante el mes de diciembre de 2004. En consecuencia, procede declarar que las cifras relativas a las capacidades de producción deberían haber sido ajustadas a partir de 2004 y no a partir de 2005. De ello se desprende que el considerando 93 del Reglamento provisional adolece de inexactitud material.

76 No obstante, el Tribunal no comparte la postura de las demandantes en lo que respecta a las consecuencias que han de extraerse de esta inexactitud. En efecto, por un lado, procede señalar, como hizo el Consejo en la vista, que, habida cuenta del hecho de que las capacidades de producción sólo disminuyeron en el mes de diciembre de 2004, el ajuste global de dichas capacidades para el conjunto del año 2004, habría supuesto un volumen mínimo, equivalente a una doceava parte del ajuste realizado para el año 2005. Por un lado, suponiendo que el ajuste de las capacidades de producción se hubiese realizado igualmente para el año 2004, la situación económica del mercado comunitario del ferrosilicio para el 2004 habría sido la siguiente: un aumento de la demanda, un incremento del volumen de las importaciones objeto de dumping, una disminución de la producción, una pequeña disminución de las capacidades de producción, una disminución de las ventas y de las cuotas de mercado de la industria comunitaria y un aumento de sus precios, de su margen de beneficio y del rendimiento de sus inversiones. En otros términos, a excepción de las capacidades de producción, de la producción, de las ventas y de las cuotas de mercado, todos los indicadores económicos mostraron una evolución favorable. Ciertamente, en tales circunstancias, es posible que la decisión de algunos productores comunitarios de cambiar su producción sea el resultado de una elección comercial con el fin de lograr una mayor rentabilidad en el mercado del silicomanganeso y no la consecuencia de la presencia de importaciones objeto de dumping en el mercado del ferrosilicio, lo que habría hecho peligrar la rentabilidad de la industria comunitaria. Sin embargo, también es posible que la decisión de algunos productores comunitarios de cambiar su producción se basase, no sólo en las perspectivas de una mejor rentabilidad en el mercado del silicomanganeso, sino también en la presencia de importaciones a bajo precio cuyo volumen había aumentado considerablemente en 2004 y que hacían menos atractivas las perspectivas de rentabilidad en el mercado del ferrosilicio que en el mercado del silicomanganeso.

77 En consecuencia, el error de hecho de que adolece el considerando 93 del Reglamento provisional no pudo distorsionar el análisis de la relación de causalidad.

78 En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación de las demandantes basada en el error manifiesto de apreciación en que, según ellas, incurrieron las instituciones al afirmar, en el considerando 136 del Reglamento provisional que los cambios de producción eran una reacción a las importaciones objeto de dumping, ha quedado demostrado, en el apartado 76 anterior, que si bien es posible que los cambios de producción fuesen el resultado de una decisión comercial destinada a lograr una mayor rentabilidad en el mercado del silicomanganeso, y no la consecuencia de la presencia de importaciones objeto de dumping en el mercado del ferrosilicio, lo que habría hecho peligrar la rentabilidad de la industria comunitaria, también es posible que las decisiones de cambiar la producción hubiesen sido motivadas no sólo por las perspectivas de una mejor rentabilidad en el mercado del silicomanganeso, sino también por la presencia de importaciones a bajo precio en el mercado del ferrosilicio.

79 En consecuencia, procede declarar que ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes demuestra que las instituciones hayan incurrido en error manifiesto de apreciación.

80 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la presente imputación por carecer de fundamento.

Sobre la segunda imputación, relativa a las interrupciones de la producción de algunos productores comunitarios

– Alegaciones de las partes

81 Las demandantes sostienen que el Consejo no tuvo en cuenta los efectos sobre el perjuicio sufrido por la industria comunitaria de las interrupciones voluntarias de producción llevadas a cabo por algunos productores comunitarios y que los atribuyó, erróneamente, a las importaciones controvertidas.

82 En primer lugar, sostienen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al negarse a tener en cuenta, en el considerando 101 del Reglamento impugnado, los efectos de las interrupciones de la producción de Huta Laziska, por considerar que la apreciación de la existencia de un nexo causal debía realizarse a escala de la industria comunitaria en su conjunto, y ello a pesar de que dicho factor había repercutido sobre el rendimiento de la industria comunitaria en su conjunto. A este respecto, las demandantes señalan, primeramente, que Huta Laziska cesó su producción en varias ocasiones durante el período considerado debido las dificultades a las que tuvo que hacer frente en la relación con su suministrador de energía, a continuación, que ésta se vio obligada a cambiar su producción a otros productos, como el silicomanganeso, que consumían menos energía y resultaban mas rentables, y seguidamente que, en el marco del Reglamento (CE) nº 1420/2007 del Consejo, de 4 de diciembre de 2007, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de silicomanganeso originarias de la República Popular China y de Kazajstán y se da por concluido el procedimiento sobre las importaciones de silicomanganeso originarias de Ucrania (DO L 317, p. 5), las instituciones analizaron la evolución de la situación de Huta Laziska separadamente.

83 En segundo lugar, según las demandantes, las instituciones incurrieron en error manifiesto de apreciación al no tomar en consideración los efectos de las interrupciones de producción, por un lado, de FerroAtlántica SL, durante períodos de alto consumo energético en los cuales dicho productor maximizó sus beneficios vendiendo energía, y, por otro lado, de Vargön Alloys, que puso fin a su producción de ferrosilicio durante el período de investigación. En lo que respecta a FerroAtlántica, las demandantes señalan en la réplica, que el Consejo afirmó por primera vez en el escrito de contestación a la demanda que el cese de la producción de ferrosilicio durante las horas punta de consumo de electricidad siempre había figurado en el modelo comercial de la sociedad. Además, consideran que esta afirmación se contradice en el considerando 81 del Reglamento impugnado, en el que el Consejo afirmó que las reducciones de producción a raíz de los cortes de electricidad no se producían de forma habitual.

84 El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.

– Apreciación del Tribunal

85 La presente imputación se refiere al modo en que las instituciones analizaron el impacto para la industria comunitaria de las interrupciones de producción de tres productores comunitarios, Huta Laziska, FerroAtlántica y Vargön Alloys.

86 En esencia, las demandantes reprochan al Consejo, por un lado, no haber analizado correctamente, en el considerando 101 del Reglamento impugnado, los efectos de las interrupciones de producción de Huta Laziska y, por otro lado, no haber tomado en consideración las de FerroAtlántica y Vargön Alloys.

87 En primer lugar, en lo que respecta al error manifiesto de apreciación en el que supuestamente incurrió el Consejo al analizar la situación de Huta Laziska, procede recordar que, en el considerando 101 del Reglamento impugnado, éste afirmó que la causa del perjuicio sufrido debía analizarse a escala de la industria comunitaria en su conjunto y que, incluso si los datos relativos a este productor pudieran excluirse de la evaluación del perjuicio, las tendencias observadas en el resto de la industria de la Comunidad seguirían siendo muy negativas y mostrando un perjuicio importante.

88 A este respecto, en primer lugar, procede señalar, al igual que hacen las demandantes, que el análisis de la existencia de una relación de causalidad no debe realizarse necesariamente a la escala de la industria comunitaria en su conjunto, lo que implicaría que no podría tomarse en consideración ningún perjuicio causado a un único productor comunitario por un factor distinto de las importaciones objeto de dumping. En efecto, ya se ha señalado en el apartado 30 anterior que, en el marco del análisis de no atribución a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, las instituciones deben, por un lado, examinar todos los demás factores conocidos que causen un perjuicio a la industria comunitaria al mismo tiempo que las importaciones objeto de dumping, y, por otro lado, evitar que el perjuicio causado por estos otros factores se impute a dichas importaciones. El artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base no precisa que este examen sólo deba tener en cuenta el perjuicio causado por otros factores a la industria comunitaria en su conjunto. Habida cuenta del objetivo de esta disposición que, como se ha mencionado en el apartado 31 anterior, es lograr que las instituciones disocien y distingan los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping de los de otros factores, es posible que, en algunas circunstancias, un perjuicio causado individualmente a un productor comunitario por un factor distinto de las importaciones objeto de dumping deba tomarse en consideración siempre que éste haya contribuido al perjuicio observado para la industria comunitaria en su conjunto.

89 A continuación, es cierto que, en el considerando 101 del Reglamento impugnado, el Consejo afirmó, sin grandes matices, que la causa del perjuicio debía analizarse a escala de la industria comunitaria en su conjunto, lo que puede hacer pensar que un factor de perjuicio que afecte individualmente a un productor comunitario jamás podrá tomarse en consideración. Sin embargo, en contra de lo que sostienen las demandantes, el perjuicio que la interrupción de la producción pudo causar a Huta Laziska se tuvo debidamente en cuenta. Así, tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado 87 anterior, el Consejo explicó en el Reglamento impugnado que, incluso si los datos relativos a este productor se excluyesen de la evaluación del perjuicio, las tendencias observadas en la industria de la Comunidad seguirían mostrando un perjuicio. Pues bien, las demandantes no pretenden demostrar que esta última consideración adolezca de un error manifiesto de apreciación. Se limitan a afirmar que las dificultades a las que tuvo que hacer frente Huta Laziska con su suministrador de electricidad fueron la causa de las interrupciones de producción, lo que el Consejo accedió a tener en cuenta en el considerando 101 del Reglamento impugnado.

90 Por último, en lo que respecta al Reglamento nº 1420/2007, tal como se ha recordado en los apartados 50 y 51 anteriores, corresponde a las instituciones, en el marco de su facultad de apreciación, examinar si la industria comunitaria sufrió un perjuicio y si éste es imputable a las importaciones objeto de dumping, o si otros factores conocidos contribuyeron a causar el perjuicio. Esta facultad de apreciación debe ejercerse en cada caso en función de todos los hechos concurrentes (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 1990, Gestetner Holdings/Consejo y Comisión, C‑156/87, Rec. p. I‑781, apartado 43). En todo caso, en contra de lo que sostienen las demandantes, el trato dado a la situación de Huta Laziska en el Reglamento impugnado, no difiere de manera significativa del trato que se le dio en el Reglamento nº 1420/2007. Al igual que en el Reglamento impugnado, en el Reglamento nº 1420/2007, no existe una subdivisión dedicada a Huta Laziska. Además, en dicho Reglamento, al igual que en el Reglamento impugnado, la situación de Huta Laziska se analiza en el marco de la subdivisión dedicada al impacto de la evolución de los costes de producción sobre el perjuicio. Tan sólo puede identificarse una diferencia entre el Reglamento nº 1420/2007 y el Reglamento impugnado. Mientras que en el Reglamento impugnado el Consejo admitió, hipotéticamente y sólo para excluir cualquier impacto sobre la evaluación del perjuicio sufrido por la industria comunitaria en su conjunto, que el perjuicio de Huta Laziska pudo resultar de la disputa que la enfrentaba a su proveedor de electricidad, en el Reglamento nº 1420/2007, admitió que esta disputa y el incremento de los costes de la electricidad pudieron repercutir sobre el rendimiento de Huta Laziska, pero que, en su conjunto, la evolución de los costes de producción no contribuyó al perjuicio sufrido por la industria comunitaria.

91 De ello se desprende que ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes demuestran que el considerando 101 del Reglamento impugnado adolezca de error manifiesto de apreciación.

92 En segundo lugar, en lo que respecta al error manifiesto de apreciación que supuestamente se cometió en el trato dado a las interrupciones de la producción de FerroAtlántica y Vargön Alloys, procede señalar, primeramente, en lo que atañe a FerroAtlántica, que las demandantes precisaron en la vista que consideraban que las interrupciones de la producción de dicha sociedad fueron la causa de un perjuicio «auto infligido», en la medida en que el aumento del precio de la electricidad llevó a FerroAtlántica a dar preferencia a las ventas de energía respecto de las de ferrosilicio. Pues bien, es preciso señalar que el único documento en el que se basan las demandantes para alegar este supuesto error manifiesto de apreciación de las instituciones, es un escrito dirigido por FerroAtlántica a Euroalliages de fecha 26 de febrero de 2007. En este escrito, FerroAtlántica explicó que, debido a su sistema de tarifas, la producción de ferrosilicio había sido interrumpida durante las horas punta de consumo de electricidad y que la electricidad que ella producía durante esas horas, se revendía. Este escrito no prueba en modo alguno que FerroAtlántica interrumpa su producción cuando los precios de la electricidad aumenten. En consecuencia, las demandantes no han aportado ningún elemento que permita demostrar que la disminución de la producción de FerroAtlántica durante las horas punta de consumo de electricidad haya contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria en su conjunto y que el Consejo hubiese debido tomarla en consideración.

93 A continuación, en lo que respecta a Vargön Alloys, las demandantes se limitan a afirmar que esta sociedad cesó la producción en el período de investigación. Si bien afirman, en un documento anexo al escrito de demanda, que esta interrupción es la consecuencia del nivel de los precios de la electricidad, no aportan ninguna prueba en apoyo de esta afirmación. Por tanto, no demuestran en modo alguno que esta sociedad haya contribuido a su propio perjuicio y que no haya interrumpido su producción en reacción a las importaciones objeto de dumping. En consecuencia, no puede afirmarse que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al no dedicar un análisis específico a la situación de Vargön Alloys.

94 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la presente imputación de la tercera parte del primer motivo por infundada.

Sobre la tercera imputación, relativa a la utilización de la capacidad de producción nominal teórica

– Alegaciones de las partes

95 Las demandantes sostienen que al negarse a utilizar la capacidad de producción real en lugar de la capacidad de producción nominal teórica el Consejo incurrió en errores manifiestos de apreciación e infringió el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base y vulneró su Derecho de defensa.

96 En primer lugar, aducen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación puesto que, primeramente, hizo caso omiso de elementos tales como los cambios de producción y las interrupciones del suministro de electricidad, que tuvieron un impacto significativo sobre importantes factores del perjuicio, como son, a su juicio, la capacidad de producción y la utilización de la capacidad de producción.

97 A continuación, las demandantes sostienen que es erróneo afirmar, como hace el Consejo, que, incluso si se hubiese utilizado la capacidad de producción real, las tendencias observadas en lo que respecta a la evolución de las capacidades de producción y a la utilización de las capacidades, así como las conclusiones relativas a la existencia de un perjuicio, seguirían siendo las mismas. En efecto, alegan que, suponiendo que las tendencias observadas respecto de las capacidades de producción y de la utilización de las capacidades hubiesen permanecido iguales, el hecho de que, por ejemplo, la utilización de las capacidades pasase del 50 al 95 % resultaría significativo, puesto que, según ellas, un incremento tal significaría que la industria comunitaria no podría satisfacer la demanda.

98 Seguidamente, según las demandantes, la afirmación del Consejo de que puede utilizarse la capacidad de utilización nominal teórica, porque el cese o la reducción de la producción no se produjeron de manera habitual, procede, a su juicio, de un error de hecho craso y de un error manifiesto de apreciación. Las demandantes señalan, por un lado, que los paros y las reducciones de producción se produjeron de manera habitual y deberían haber sido tomados en consideración. Según ellas, tal es el caso de los paros de producción de FerroAtlántica, durante las horas punta de consumo de electricidad, que son inherentes a su modelo comercial y que, en consecuencia, se producían de manera habitual. Asimismo, aducen que los hornos de ferrosilicio son objeto de un mantenimiento anual, durante el cual no pueden ser utilizados. Por otro lado, las demandantes sostienen que el hecho de calcular la capacidad de producción teniendo únicamente en cuenta los sucesos que ocurren habitualmente constituye un error manifiesto de apreciación. Así, afirman que cuando se redujo su suministro de electricidad, Huta Laziska sufrió varias reducciones considerables de capacidad que le impidieron producir ferrosilicio, independientemente de las condiciones del mercado.

99 En segundo lugar, según las demandantes, basar el análisis de la relación de causalidad sobre la capacidad de utilización nominal teórica y no sobre la capacidad de utilización real, es una clara vulneración de la regla de la no atribución establecida en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, en la medida en que ello llevaría a disimular la verdadera causa de los cambios que afectan a las cifras relativas a la producción.

100 En tercer lugar, las demandantes sostienen que el Reglamento impugnado vulnera su derecho de defensa puesto que no se ha demostrado la afirmación según la cual incluso si se hubiese tomado en consideración la capacidad de utilización real, las tendencias seguirían siendo las mismas.

101 El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.

– Apreciación del Tribunal

102 En el marco de la presente imputación, las demandantes sostienen, en esencia, que, al hacer uso de la capacidad de producción nominal teórica y no de la capacidad de producción real, las instituciones, primero, incurrieron en errores manifiestos de apreciación y en un error de hecho, segundo, infringieron el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, y, tercero, vulneraron su derecho de defensa.

103 En primer lugar, en lo que respecta a los errores manifiestos de apreciación y al error de hecho en que supuestamente incurrieron las instituciones, procede recordar que en los considerandos 92 y 93 del Reglamento provisional la Comisión explicó que estableció la capacidad de producción sobre la base de la capacidad nominal teórica de las unidades de producción de la industria de la Comunidad, ajustándola no obstante para tener en cuenta el hecho de que dos productores de la Comunidad cambiaron parte de su producción de ferrosilicio a otras ferroaleaciones durante el período considerado. Además, en el considerando 81 del Reglamento impugnado, el Consejo respondió a las críticas de que había sido objeto la metodología aplicada en el considerando 93 del Reglamento provisional y, más concretamente, a las sugerencias hechas por algunas partes interesadas en el marco del procedimiento administrativo, de que se utilizara una cifra que reflejase los paros de producción debidos a los cortes de electricidad y al mantenimiento. A este respecto remitió a la investigación que, según el Consejo, había mostrado que las interrupciones de la producción debidas a labores de mantenimiento o cortes de electricidad fueron temporales y no se produjeron de forma regular en el período considerado. Explicó igualmente que, aun si debiera ajustarse la capacidad de producción, las tendencias de la capacidad de producción y de la utilización de la capacidad, así como las conclusiones alcanzadas en lo relativo al perjuicio importante no variarían.

104 Las demandantes estiman que estas consideraciones adolecen de error manifiesto de apreciación, en particular, porque no tienen en cuenta las interrupciones ni los cambios de producción. Es preciso señalar que la alegación de las demandantes no es suficientemente precisa, puesto que éstas no especifican a qué interrupciones o cambios de producción se refieren. No obstante, suponiendo que se refieran a los hechos a los que se hace referencia en el examen de las dos imputaciones anteriores, es decir, el cambio y la interrupción de producción de Huta Laziska y las interrupciones de producción de FerroAtlántica y Vargön Alloys, ha de observarse, en primer lugar, que las demandantes no niegan que la decisión adoptada por Huta Laziska en 2004 de cambiar su producción de ferrosilicio a la producción de silicomanganeso se tuvo en cuenta en el cuadro de la capacidad de producción y de utilización de la capacidad que figura en el considerando 93 del Reglamento provisional, mediante un ajuste de dicha capacidad para el año 2005 y el período de investigación.

105 A continuación, en lo que respecta a las interrupciones de la producción de Huta Laziska, que tuvieron lugar en 2005 y en 2006 debido a un conflicto con su proveedor de electricidad, y de Vargön Alloys, que tuvieron lugar en 2006 debido, según las demandantes, al incremento del coste de la electricidad, el trato dado a las mismas por las instituciones no sólo es de sentido común, sino que además, tampoco adolece de error manifiesto de apreciación. En efecto, del considerando 81 del Reglamento impugnado resulta que las instituciones decidieron no ajustar las cifras relativas a la capacidad de producción porque dichas interrupciones eran de carácter temporal. El enfoque de las instituciones es correcto toda vez que, por un lado, en contra de lo que sostienen las demandantes, de los autos se desprende que dichas interrupciones fueron realmente temporales. Por otro lado, si las cifras relativas a la capacidad de producción hubiesen de reflejar los paros temporales de las instalaciones como aquellos a los que se hace referencia en el caso de autos se desviarían de su función, que es aportar indicaciones sobre la capacidad de producción de la industria comunitaria y no señalar las variaciones de la producción que se reflejan en las cifras relativas a la producción. No obstante, para que el enfoque de las instituciones no incurra en error manifiesto de apreciación, tales paros temporales de las instalaciones han de tomarse en consideración en el marco del análisis de no atribución a que se refiere el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base.

106 Pues bien, en el caso de autos las instituciones afirmaron, en el considerando 81 del Reglamento impugnado que, aun si debiera ajustarse la capacidad de producción, las conclusiones alcanzadas en lo relativo al perjuicio importante sufrido por la industria de la Comunidad no variarían. Si bien las demandantes sostienen que esta afirmación es errónea, no aportan ninguna prueba al respecto. Se limitan a afirmar que, incluso en el supuesto de que las tendencias observadas en lo que respecta a la capacidad de producción y a la utilización de la capacidad permaneciesen iguales, el hecho de que, por ejemplo, la utilización de la capacidad pasase del 50 al 95 % resultaría importante, puesto que un incremento tal significaría que la industria comunitaria no podría satisfacer la demanda. Además del hecho de que el caso expuesto por las demandantes es meramente teórico, el hecho de que la industria comunitaria no pueda satisfacer la demanda en una situación como la del caso de autos, en la que varios indicadores económicos reflejan un perjuicio sufrido por la industria comunitaria, no aporta indicación alguna en cuanto al origen de dicho perjuicio y, en consecuencia, no demuestra por sí sólo que dicho perjuicio no hubiese sido causado por las importaciones objeto de dumping.

107 Por último, en lo que respecta a las interrupciones de producción de FerroAtlántica, ya se ha demostrado, en el apartado 92 anterior, que las demandantes no habían aportado ningún elemento que demostrase que dichas disminuciones de la producción, que se producían habitualmente, hubiesen contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria en su conjunto. Si bien, como afirman las demandantes, es posible que un ajuste de la capacidad de producción para tener en cuenta dichas interrupciones hubiese podido modificar el porcentaje de utilización de la capacidad de la industria comunitaria, lo que habría puesto de manifiesto que era menos probable que ésta lograra satisfacer la demanda, ya se ha señalado en el apartado 106 anterior que, cuando varios indicadores económicos reflejan un perjuicio sufrido por la industria comunitaria, este hecho no demuestra por sí sólo que el perjuicio no hubiese sido causado por las importaciones objeto de dumping.

108 Habida cuenta de las anteriores consideraciones procede concluir que ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes demuestra que se hubiesen producido errores manifiestos de apreciación en lo que atañe a la utilización de la capacidad nominal teórica.

109 En segundo lugar, en lo que respecta a la infracción del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, no puede afirmarse, como hacen las demandantes, que basar el análisis de la relación de causalidad en la capacidad de utilización nominal teórica y no en la capacidad de utilización real vulnere necesariamente la regla de la no atribución. En efecto, procede señalar que, si bien no cabe duda alguna de que un cambio de destino de los factores de producción a otro mercado, como ocurrió en el caso de autos, debe dar lugar a un ajuste de los datos relativos a la capacidad de producción, ya se ha señalado en el apartado 105 anterior que dichos datos no debían reflejar todos los paros temporales de las instalaciones de producción, puesto que dicho paros aparecían en las cifras relativas a la producción. Sin embargo, en tales circunstancias, las instituciones deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones enunciadas en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base y llevar a cabo en buena y debida forma un análisis de no atribución, que debe disociar y distinguir el perjuicio causado, en su caso, por dichos paros temporales de producción, del causado por las importaciones objeto de dumping.

110 En tercer lugar, en lo que respecta a la vulneración del derecho de defensa de las demandantes, procede recordar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que las exigencias derivadas del respeto del derecho de defensa se imponen no sólo en el marco de procedimientos que pueden llevar a sanciones, sino también en los de los procesos de investigación anteriores a la promulgación de Reglamentos antidumping, que pueden afectar a las empresas interesadas de manera directa e individual y suponer para ellas consecuencias desfavorables (sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 1991, Al‑Jubail Fertilizer/Consejo, C‑49/88, Rec. p. I‑3187, apartado 15). En particular, debe haberse dado a las empresas, en el curso del procedimiento administrativo previo, la posibilidad de manifestar de forma apropiada su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias alegados y sobre los elementos de prueba admitidos por la Comisión en apoyo de su alegación de la existencia de una práctica de dumping y del perjuicio que de ello se derivaría (sentencia Al‑Jubail Fertilizer/Consejo, antes citada, apartado 17).

111 A este respecto, es preciso señalar, al igual que hizo el Consejo, que el apartado 80 del documento de información final era idéntico, en esencia, al considerando 81 del Reglamento impugnado, en virtud del cual aun en el supuesto de que se hubiera ajustado la capacidad de producción las tendencias no habrían variado. Pues bien, en sus observaciones sobre el documento de información final, las demandantes no solicitaron que se les comunicaran los datos que apoyasen dicha afirmación. En consecuencia, no pueden sostener que se ha vulnerado su derecho de defensa.

112 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la presente imputación por carecer de fundamento.

Sobre la cuarta imputación, relativa a las inversiones realizadas por la industria comunitaria en 2005 y durante el período de investigación

– Alegaciones de las partes

113 Las demandantes sostienen que el Consejo infringió la regla de la no atribución, tal y como la recoge el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, en la medida en que no tuvo en cuenta, en el Reglamento impugnado, los efectos considerables de las inversiones realizadas por la industria comunitaria en 2005 y durante el período de investigación, que representaron, durante el período de investigación, más de un tercio de las pérdidas totales de la industria comunitaria. A este respecto, las demandantes destacan que en el considerando 99 del Reglamento provisional las instituciones constataron que la industria comunitaria había invertido cerca de 10 millones de euros en 2005 y cerca de 6 millones de euros durante el período de investigación, inversiones destinadas a la modernización de los equipos de producción. Según las demandantes, habida cuenta, en particular, de la magnitud de dichas inversiones respecto de la rentabilidad de la industria, los efectos de dichas inversiones deberían haber sido examinados a pesar de que se hubiesen depreciado a largo plazo y sin importar la respuesta a la cuestión de si el hecho de dar cumplimiento a la normativa medioambiental obligatoria constituía un perjuicio que la industria comunitaria se había infligido a sí misma.

114 En primer lugar, el Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, responde que las demandantes exageran la magnitud de las inversiones y sus efectos sobre la rentabilidad. Afirma que las inversiones totales realizadas durante el período de investigación no podían compararse con las perdidas totales sufridas durante dicho período. Según el Consejo, puesto que las inversiones de que se trata eran inversiones relativas a los equipos de producción que fueron amortizadas durante muchos años, tan sólo una pequeña parte de las inversiones realizadas en 2005 y durante el período de investigación repercutieron sobre el beneficio. En segundo lugar, afirma que, dado que las inversiones se realizaron para dar cumplimiento a una normativa medioambiental obligatoria, no podían considerarse un «perjuicio auto infligido». En tercer lugar, sostiene que se tuvo en cuenta el efecto de dichas inversiones en los indicadores del perjuicio en los considerandos 99, 100 y 109 del Reglamento provisional así como en el considerando 82 del Reglamento impugnado. En cuarto lugar, a su juicio, las demandantes no presentaron ninguna prueba que demostrase que las instituciones habían incurrido en error manifiesto de apreciación por considerar que las inversiones de que se trata no constituían un perjuicio «auto infligido».

– Apreciación del Tribunal

115 Las demandantes sostienen, en esencia, que las instituciones vulneraron el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, por no tener en cuenta los efectos considerables de las inversiones realizadas por la industria comunitaria en 2005 y durante el período de investigación, que representaron, durante dicho período, más de un tercio de las pérdidas totales de la industria comunitaria.

116 A este respecto, procede señalar, al igual que hacen las demandantes, que del considerando 99 del Reglamento provisional resulta que se realizaron inversiones considerables en 2005 y durante el período de investigación. Sin embargo, ni la Comisión, en el Reglamento provisional, ni el Consejo, en el Reglamento impugnado, sometieron dichas inversiones al análisis de no atribución. Así, a diferencia de lo que sostiene el Consejo, dichos Reglamentos no contienen consideración alguna en cuanto a la cuestión de si dichas inversiones constituyen o no un perjuicio «auto infligido». Pues bien, habida cuenta de los importes que representan, esto es, cerca de 10 millones de euros en 2005 y cerca de 6 millones de euros durante el período de investigación, dichas inversiones pueden haber contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria. Así pues, procede declarar que las instituciones infringieron el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, al no disociar ni distinguir los efectos de dichas inversiones de los de las importaciones objeto de dumping.

117 Las alegaciones del Consejo no desvirtúan esta conclusión. Primeramente, a diferencia de lo que sostiene dicha institución, el hecho de que las inversiones se hubiesen realizado para dar cumplimiento a una normativa medioambiental obligatoria no permite a las instituciones incumplir la obligación de llevar a cabo un análisis de no atribución. La calificación del perjuicio como «auto infligido» carece de importancia, puesto que las inversiones podían haber afectado a la industria comunitaria y el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base prohíbe a las instituciones imputar a las importaciones objeto de dumping un perjuicio que no deba atribuírseles.

118 A continuación, es cierto, como pone de manifiesto el Consejo, que las inversiones totales realizadas durante el período de investigación no pueden compararse con las pérdidas que se habían registrado durante ese mismo periodo. Sin embargo, no es menos cierto que las instituciones no llevaron a cabo un análisis adecuado de no atribución en lo que respecta a las inversiones.

119 Si bien es cierto que el Consejo infringió la regla de la no atribución que figura en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, tal infracción sólo podrá justificar la anulación del Reglamento impugnado si permite cuestionar su legalidad, por invalidar la totalidad del análisis de las instituciones relativo a la relación de causalidad (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 28 de octubre de 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consejo, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, apartado 167). Pues bien, las demandantes no presentaron ninguna alegación en este sentido.

120 El Tribunal considera que esta infracción no afecta la legalidad del Reglamento impugnado. En efecto, tal como pone de manifiesto el Consejo, las inversiones de que se trata eran inversiones relativas al equipo de producción que fueron amortizadas a lo largo de muchos años y de las cuales, tan sólo una parte repercutió sobre la rentabilidad de la industria comunitaria en 2005 y durante el período de investigación. A este respecto, en respuesta a una pregunta escrita que le planteó el Tribunal mediante una diligencia de ordenación del procedimiento, el Consejo precisó, sobre la base de cifras y de explicaciones precisas, que las inversiones realizadas en 2005 eran responsables, como máximo, de un 4,7 % de la pérdida de rentabilidad de la industria comunitaria observada en 2005. En consecuencia, no puede considerarse que dichas inversiones contribuyeran de manera significativa al perjuicio sufrido por la industria comunitaria en 2005 y durante el período de investigación.

121 De ello se desprende que la infracción constatada no pone en entredicho la legalidad del Reglamento impugnado y que deben desestimarse la presente imputación y la tercera parte del primer motivo en su totalidad.

c) Sobre la cuarta parte del primer motivo, relativa a las repercusiones del incremento del coste de las materias primas

Alegaciones de las partes

122 Las demandantes afirman que las instituciones no tuvieron en cuenta adecuadamente las repercusiones del incremento del coste de las materias primas sobre el perjuicio sufrido por la industria comunitaria, e incurrieron, por ello, en errores manifiestos de apreciación.

123 En primer lugar, sostienen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al afirmar, en el considerando 99 del Reglamento impugnado, que los incrementos de los costes de producción observados en la industria de las aleaciones se habían producido a escala mundial, y habían afectado en la misma medida a la industria de todo el mundo. En opinión de las demandantes, si bien los costes de producción pueden aumentar a escala mundial, tal incremento no tiene las mismas repercusiones en todo el mundo.

124 En efecto, sostienen, primeramente, que el Consejo no tuvo en cuenta el hecho de que los productores comunitarios soportaban a la base costes de producción más elevados que el resto de los productores mundiales. Según las demandantes, incluso en el supuesto de que todos los productores hagan frente a un incremento análogo de los costes de producción, aquellos que soportan los costes de base más elevados sufren un perjuicio mayor y más rápido que los demás. En consecuencia, a juicio de las demandantes, en contra de lo que afirma el Consejo en el Reglamento impugnado, un productor de un país tercero no se verá necesariamente obligado a incrementar sus precios en la misma medida que un productor comunitario que debe hacer frente al mismo incremento de los costes, dado que, para un precio de venta determinado, el productor del país tercero goza de una mayor rentabilidad inicial.

125 Pues bien, en primer lugar, según las demandantes, las instituciones disponían de informaciones que demostraban que los productores comunitarios tenían costes estructurales de producción de ferrosilicio más elevados que los de los productores de los países afectados por el procedimiento antidumping. Las demandantes solicitan al Tribunal que ordene se aporte dicha información. A continuación, sostienen que presentaron durante el procedimiento administrativo elementos que demostraban que en 2005 y durante el período de investigación los precios del ferrosilicio comunitario eran los más elevados del mundo y que los costes de producción soportados por la industria comunitaria superaban cada vez más dichos precios. Por último, las demandantes afirman que, en 2005 y durante el período de investigación, momento en que los costes de la industria comunitaria aumentaron espectacularmente, los precios en el conjunto del mercado mundial disminuyeron debido al descenso del consumo. Aducen que a pesar de que la industria comunitaria aplicó los precios más elevados del mundo, ésta sufrió pérdidas en 2005 y durante el período de investigación debido al incremento de sus costes de producción.

126 A continuación, las demandantes sostienen que las instituciones no tuvieron en cuenta el hecho de que, aunque los precios aplicados en todos los mercados eran equivalentes desde un punto de vista macroeconómico, habida cuenta de las disparidades macroeconómicas, el incremento de los costes de los insumos seguía afectando en mayor medida a los productores comunitarios que a los productores de los países afectados por la investigación antidumping. En efecto, afirman, por un lado, que la mayoría de los productores establecidos en dichos países están integrados verticalmente, lo que, a juicio de las demandantes, les protege de la inestabilidad de los precios en los mercados mundiales, y ningún productor comunitario está integrado verticalmente de manera comparable. Por otro lado, sostienen que los productores comunitarios no gozan de las mismas economías de escala que los productores que se encuentran en los países afectados por la investigación antidumping. Por ejemplo, según las demandantes, Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, uno de los productores de ferrosilicio chinos, dispone de una capacidad de producción casi dos veces superior a la de la totalidad de los productores comunitarios. Aducen que el coste de producción por unidad también es generalmente inferior en los países terceros.

127 En segundo lugar, sostienen que las instituciones incurrieron en error manifiesto de apreciación al afirmar, en el considerando 132 del Reglamento provisional, en respuesta a la alegación de que el incremento de los costes de producción causó un perjuicio, que los costes de la energía habían aumentado en todo el mundo, y a veces en un grado mucho más alto que en Europa. En efecto, aducen que el respeto de la exigencia de no atribución no queda garantizado por la mera comparación de los precios de la electricidad en el mundo entero o en los países afectados por la investigación antidumping con aquellos que se aplican en Europa. En opinión de las demandantes, las instituciones tenían la obligación de identificar las repercusiones del incremento de los precios de la electricidad sobre la industria comunitaria y distinguirla de la incidencia de las importaciones de ferrosilicio. Más concretamente, afirman, primeramente, que las instituciones no tomaron en consideración ni los datos de Eurostat ni sus propias investigaciones relativas al mercado de la electricidad comunitario, los cuales demostraban, según ellas, un incremento sustancial de los costes de la energía en los Estados miembros de los productores comunitarios de ferrosilicio. A continuación, aducen que puesto que los precios de la electricidad varían considerablemente en el interior de la Unión, las instituciones deberían haber comparado las cifras reales de los productores comunitarios con las de los productores de los países objeto de la investigación antidumping. Seguidamente, alegan que el nivel de los precios de la electricidad a nivel mundial carece de pertinencia, ya que, a su juicio, sólo resulta pertinente el incremento de los precios de la electricidad en los países de los productores de ferrosilicio respecto del de la industria comunitaria. Posteriormente, según la demandantes, aunque es posible que los precios de la energía de los terceros países hayan aumentado, éstos siguen siendo, no obstante, inferiores a los que soporta la industria comunitaria, lo que permitió a los productores de ferrosilicio de los terceros países seguir realizando beneficios, mientras que la industria comunicaría sufría pérdidas.

128 En tercer lugar, sostienen que en el considerando 92 del Reglamento impugnado el Consejo incurrió en error manifiesto en su interpretación del documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Analysis of economic indicators of the EU metals industry: the impact of raw materials and energy supply on competitiveness» (Análisis de los indicadores económicos de la industria metalúrgica de la UE: incidencia sobre la competitividad del aprovisionamiento en materia primas y en energía; en lo sucesivo «documento de trabajo de la Comisión»), sobre el que se basó para desestimar la alegación de que la industria comunitaria sufría de una falta de competitividad debido a la estructura de los costes. Pues bien, según las demandantes, dicho documento indica claramente que la industria metalúrgica comunitaria se encuentra sometida a una presión creciente por parte de competidores con una estructura de costes de producción diferente. Más concretamente, afirman que el documento pone de manifiesto que las ventas realizadas por los productores comunitarios de ferroaleaciones, cuya producción requiere más energía que las demás, a saber, el metal de silicio y el ferrosilicio, son vulnerables debido a su falta de competitividad en lo que respecta a los costes.

129 El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.

Apreciación del Tribunal

130 Esta parte del primer motivo se refiere al modo en que las instituciones analizaron las repercusiones del incremento del coste de las materias primas en el perjuicio sufrido por la industria comunitaria. En esencia, las demandantes sostienen que se produjeron tres errores manifiestos de apreciación. Según ellas, estos vician los considerandos 92 y 99 del Reglamento impugnado y el considerando 132 del Reglamento provisional.

131 En primer lugar, en lo que respecta al considerando 99 del Reglamento impugnado, procede recordar que éste está redactado en los siguientes términos:

«En cuanto al aumento de los costes, la industria comunitaria alegó que los incrementos de costes observados en la industria de las aleaciones suelen producirse a escala mundial, afectando en la misma medida a la industria de todo el mundo. Un análisis de la evolución de los precios de los principales factores de coste durante el período considerado muestra que los costes aumentaron (electricidad, cuarcita y pasta de electrodos). No obstante, la investigación ha revelado que, si bien estos aumentos se compensaron en cierta medida por una subida de los precios de venta, la presencia de importaciones a bajo precio y objeto de dumping no permitió a la industria de la Comunidad repercutir el pleno efecto de estos aumentos de costes en sus precios de venta.»

132 Las demandantes sostienen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al afirmar que los incrementos de costes de producción observados en la industria de las aleaciones se producían a escala mundial y, por lo tanto, afectaban en la misma medida a la industria de todo el mundo.

133 A este respecto, procede observar que, en contra de lo que sostienen las demandantes, el Consejo no afirmó en modo alguno en el considerando 99 del Reglamento impugnado que los incrementos de costes de producción observados en la industria de las aleaciones se producían a escala mundial y, por lo tanto, afectaban en la misma medida a la industria de todo el mundo. De los términos de dicho considerando resulta claramente que el Consejo se limitó a reproducir esta afirmación tal como había sido realizada por la industria comunitaria.

134 Además, el Consejo no se basó en modo alguno sobre esta afirmación de la industria comunitaria para justificar la conclusión, ya realizada en el considerando 133 del Reglamento provisional, de que el incremento de los costes de producción no había podido romper el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio. Así, en el considerando 99 del Reglamento impugnado, el Consejo constató el incremento de algunos costes de producción, pero llegó a la conclusión de que dicho incremento sólo pudo compensarse parcialmente mediante un incremento de los precios debido a la presencia de importaciones objeto de dumping. En otros términos, según el Consejo, si bien es cierto que se produjo un incremento de los costes de producción, el perjuicio sufrido por la industria comunitaria fue el resultado de la imposibilidad de repercutir totalmente dicho incremento sobre los precios de venta debido a la presencia de las importaciones controvertidas y no el incremento en si.

135 Pues bien, las demandantes no formulan ninguna alegación que demuestre que al actuar de este modo el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación, ya que se limitan a tratar de demostrar que fue erróneo afirmar que los incrementos de costes habían tenido los mismos efectos a escala mundial. En consecuencia, procede desestimar la alegación de las demandantes relativa al considerando 99 del Reglamento impugnado sin que sea necesario solicitar que se aporte documento alguno.

136 En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación relativa al considerando 132 del Reglamento provisional, procede recordar que la Comisión declaró en dicho considerando, por un lado, que los costes de la electricidad constituían un porcentaje importante de los costes de producción del producto afectado, y por otra parte, que la investigación había revelado que los costes de la energía habían aumentado en todo el mundo, incluso en los países afectados, y a veces en un grado mucho más alto que en la Unión. En el considerando 133 del Reglamento provisional, la Comisión afirmó que, en este contexto, la cuestión energética no podía romper el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio importante sufrido por la industria de la Comunidad.

137 Las demandantes rebaten estos considerandos alegando que, para dar cumplimiento a la regla de la no atribución establecida en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, la Comisión no podía limitarse a afirmar, de manera general y sin aportar justificación alguna, que los c