Palabras clave



Palabras clave

++++

1. Actos de las Instituciones ° Decisión individual ° Notificación ° Concepto

(Tratado CEE, art. 191, párr. 2)

2. Actos de las Instituciones ° Intangibilidad una vez adoptados ° Modificación de la motivación o de la parte dispositiva ° Violación del principio de seguridad jurídica ° Ilegalidad

(Tratado CEE, arts. 189 y 190)

3. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Decisión mediante la que se declara la existencia de una infracción ° Motivación ° Obligación que incumbe a la Junta de Comisarios ° Modificación posterior a la adopción ° Ilegalidad

[Tratado CEE, arts. 85 y ss. y 190; Tratado de Fusión, art. 17; Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 3, ap. 1, y 15, ap. 2, letra a)]

4. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Decisión mediante la que se declara la existencia de una infracción ° Adopción mediante delegación en una lengua auténtica ° Vulneración del principio de colegialidad ° Ilegalidad

(Tratado CEE, art. 85; Tratado de Fusión, art. 17; Reglamento Interno de la Comisión, art. 27)

5. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Decisión mediante la que se declara la existencia de una infracción ° Decisión no firmada y adoptada con posterioridad a la expiración del mandato del miembro de la Comisión que firmó los escritos de acompañamiento ° Ilegalidad

(Tratado CEE, art. 85; Tratado de Fusión, art. 17; Reglamento Interno de la Comisión, art. 12, párr. 3)

6. Recurso de anulación ° Motivos ° Vicio sustancial de forma ° Infracción de las disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión relativas a la autenticación de sus actos en las lenguas auténticas

(Tratado CEE, art. 173; Tratado de Fusión, art. 17; Reglamento Interno de la Comisión, art. 12)

7. Actos de las Instituciones ° Presunción de validez ° Acto inexistente ° Concepto

(Tratado CEE, art. 189)

1. Una Decisión queda debidamente notificada desde el momento en que se comunica a su destinatario y éste se encuentra en condiciones de tener conocimiento de dicha Decisión. El envío por carta certificada con acuse de recibo postal constituye una forma de notificación adecuada. Aunque cuando se recurre a este método la fecha de notificación es normalmente la que figura en el referido acuse de recibo, no sucede así cuando en éste no figura ninguna firma y el destinatario de la Decisión demuestra haberla recibido en una fecha distinta.

2. El principio de intangibilidad del acto, una vez adoptado por la autoridad competente, constituye un factor esencial de seguridad jurídica y de estabilidad de las situaciones jurídicas en el ordenamiento comunitario, tanto para las Instituciones comunitarias como para los sujetos de Derecho cuya situación jurídica y material se ve afectada por una Decisión de dichas Instituciones. Tan sólo el respeto riguroso y absoluto de dicho principio permite adquirir la certeza de que, tras su adopción, el acto únicamente podrá ser modificado con observancia de las normas de competencia y de procedimiento, y de que, en consecuencia, el acto notificado o publicado será una copia exacta del acto adoptado, reflejando así fielmente la voluntad de la autoridad competente.

Se vulnera dicha intangibilidad cuando en un acto adoptado por la Junta de Comisarios se introducen modificaciones o añadiduras que, al ser posteriores a su adopción y al no revestir carácter meramente ortográfico o sintáctico, necesariamente han tenido que ser añadidas por una persona incompetente para hacerlo, y ello con independencia del alcance, la importancia o el carácter sustancial de tales modificaciones.

3. La observancia del principio de colegialidad de la Comisión, y especialmente la necesidad de que las decisiones sean objeto de deliberación en común por los miembros de la Comisión, interesa necesariamente a los sujetos de Derecho afectados por los efectos jurídicos que éstas producen, en el sentido de que deben tener la seguridad de que estas decisiones han sido efectivamente adoptadas por la Junta de Comisarios y corresponden exactamente a la voluntad de ésta.

Así sucede, en particular, con los actos, calificados expresamente como Decisiones, que la Comisión debe adoptar respecto a las empresas o las asociaciones de empresas para lograr el respeto de las normas de la competencia y cuyo objeto es declarar una infracción de dichas normas, intimar a estas empresas e imponerles sanciones pecuniarias.

Tales Decisiones deben ser obligatoriamente motivadas en virtud del artículo 190 del Tratado, que exige que la Comisión exponga las razones que le han inducido a adoptar una Decisión, a fin de permitir al Juez comunitario ejercer su control y dar a conocer, tanto a los Estados miembros como a los ciudadanos interesados, las condiciones en las que ha aplicado el Tratado. La parte dispositiva y la motivación de una Decisión constituyen un todo indivisible, y corresponde únicamente a la Junta de Comisarios, en virtud del principio de colegialidad, adoptar a la vez la una y la otra. Esto implica que sólo las adaptaciones meramente ortográficas o gramaticales pueden ser introducidas en el texto de un acto tras su adopción formal por la Junta de Comisarios, ya que cualquier otra modificación es competencia exclusiva de esta última.

4. Una Decisión por la que se declara una infracción del artículo 85 del Tratado, que establece obligaciones respecto a varias empresas, les impone sanciones pecuniarias importantes y sirve de título ejecutivo a tal efecto, afecta de forma característica a los derechos y obligaciones de dichas empresas, así como a su patrimonio. Por consiguiente, la adopción de una Decisión de este tipo en la lengua auténtica no puede ser considerada como una simple medida de administración o de gestión que pueda ser adoptada mediante delegación por un solo Comisario sin violar directamente el principio de colegialidad expresamente recogido en el artículo 27 del Reglamento Interno de la Comisión.

5. Un Comisario puede firmar los escritos de acompañamiento de una Decisión adoptada por la Comisión por la que se declara una infracción del artículo 85 del Tratado, a los efectos de su notificación a los destinatarios y de su publicación en el Diario Oficial, cumpliendo los requisitos previstos por el párrafo tercero del artículo 12 del Reglamento Interno de la Comisión. No obstante, la referida firma, efectuada el día de la expiración del mandato del miembro de la Comisión, no puede sanar el vicio de incompetencia de que adolece el acto cuando se acredita que la fecha de su adopción es posterior a la fecha de expiración del mandato del Comisario. Por consiguiente, adolecerá de ilegalidad, por incompetencia ratione temporis de su autor, un acto en el que ninguna autoridad haya puesto su firma manuscrita y del que conste en autos que no ha sido adoptado definitivamente hasta después de la expiración del mandato del miembro de la Comisión.

6. La autenticación de los actos prevista en el párrafo primero del artículo 12 del Reglamento Interno de la Comisión tiene la finalidad de garantizar la seguridad jurídica fijando, en las lenguas auténticas, el texto adoptado por la Junta de Comisarios. Permite así verificar, en caso de controversia, la correspondencia perfecta de los textos notificados o publicados con aquel texto y, por lo tanto, con la voluntad de su autor. De ello se desprende que la autenticación constituye un requisito sustancial de forma en el sentido del artículo 173 del Tratado, cuyo quebrantamiento puede dar lugar a un recurso de anulación.

7. Si bien los actos de las Instituciones comunitarias disfrutan, en principio, de una presunción de legalidad y producen efectos jurídicos, aun cuando adolezcan de irregularidades, mientras no hayan sido anulados o revocados, con carácter excepcional los actos que adolezcan de irregularidades cuya gravedad sea tan evidente que no pueda ser tolerada por el ordenamiento jurídico comunitario deben ser considerados carentes de cualquier efecto jurídico, incluso provisional, es decir, jurídicamente inexistentes.

La gravedad de las consecuencias que se deducen de la declaración de la inexistencia de un acto de las Instituciones hace necesario que, por razones de seguridad jurídica, esta declaración quede limitada a supuestos del todo extraordinarios.

No es tal el caso de una situación en la que, sean cuales sean los vicios de que adolezca una Decisión, conste que la Comisión ha decidido efectivamente adoptar la parte dispositiva, y en la que, además, las irregularidades de competencia y de forma que vician la adopción de la Decisión no revisten una gravedad tan evidente como para que ésta deba ser considerada jurídicamente inexistente.