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El artículo 17 del convenio colectivo de la empresa Madrid Movilidad, S.A. (BOCM no 248, de 18 de octubre de 2006, p. 62; en lo sucesivo, «convenio colectivo») dispone: «17.1. Duración. El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por compensación económica, será de veintidós días laborables (de lunes a viernes) o, en su caso, la proporción que corresponda de no prestarse servicio el año completo. Dichos días de vacaciones no se podrán unir a los días de asuntos propios. Se aplicará la misma proporción al personal que cese por cualquier motivo durante el año aumentándose o deduciéndose el exceso de período vacacional disfrutado, si lo hubiese, de la liquidación que le corresponda. 17.2. Período vacacional. Estará comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, siendo necesario que once días laborables se disfruten entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, condicionado a que durante este período el servicio en activo sea, como mínimo, del 50 por 100 de los efectivos. Los períodos de vacaciones tomados desde el 1 de enero al 30 de junio y del 15 de septiembre al 31 de diciembre, se realizarán por personal voluntario que lo haya solicitado con un mes de antelación, pudiéndolo disfrutar como máximo un 10 por 100 de su grupo profesional. 17.3. El comité de empresa se compromete, dentro de los tres primeros meses del año, a presentar a la empresa una propuesta nominativa de los diferentes turnos de vacaciones, de tal forma que queden cubiertas las necesidades del servicio. 17.4. Los/as trabajadores/as con igual categoría profesional podrán permutar entre sí el período de vacaciones propuesto, aunque pertenezcan a distinto turno y centro de trabajo, siempre que se autorice por parte de la dirección de la empresa dicho cambio. Como regla general, se permitirán todos aquellos cambios que no afecten a los porcentajes establecidos y que, por tanto, no afecten a la prestación del servicio. 17.5. Estos turnos, una vez aprobados por la empresa, serán conocidos por los/as trabajadores/as dos meses antes de su disfrute, y los cambios podrán efectuarse hasta cuarenta y cinco días antes. No obstante, si hubiese alguna necesidad justificada, la comisión paritaria estudiará la autorización aunque no se respeten los plazos reflejados.»
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Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1 de la Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, Octava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país, y del artículo 1 de la Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, Decimotercera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad, en materia de devolución del impuesto sobre el valor añadido a un sujeto pasivo residente en otro Estado miembro o en un país tercero, pero que tiene un establecimiento permanente en el Estado miembro de que se trata, al obligar a un sujeto pasivo establecido en otro Estado miembro o en un país tercero, pero que tiene un establecimiento permanente en Italia y que, durante el período en cuestión, efectuó entregas de bienes o prestaciones de servicios en Italia, a solicitar la devolución del IVA soportado con arreglo a los procedimientos previstos en dichas Directivas en vez de deducirlo, cuando la adquisición por la que se solicita la devolución de ese impuesto no fue efectuada a través del mencionado establecimiento permanente, sino directamente por el establecimiento principal del sujeto pasivo.
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a tal medida cuando ésta tiene la finalidad de repartir entre las generaciones las posibilidades de empleo en la profesión de dentista concertado, si, habida cuenta de la situación del mercado laboral de que se trata, la referida medida es adecuada y necesaria para lograr dicho objetivo.

El artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una medida nacional como la controvertida en el litigio principal por la que se establece un límite de edad máxima para el ejercicio de la profesión de dentista concertado, en el caso de autos 68 años, cuando dicha medida tiene la única finalidad de proteger la salud de los pacientes contra la disminución de las facultades de los referidos dentistas a partir de la citada edad, puesto que ese mismo límite de edad no se aplica a los dentistas no concertados.

En caso de que una norma nacional por la que se establece un límite de edad máximo aplicable a los médicos concertados sea, habida cuenta del objetivo que persigue, contraria a la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, corresponde al juez nacional que conoce de un litigio entre un particular y un organismo administrativo no aplicar dicha norma aunque sea anterior a la Directiva y el ordenamiento jurídico nacional no prevea dejar de aplicarla.

(véanse el apartado 81 y el punto 2 del fallo)
En el marco de un recurso con arreglo al artículo 226 CE, éste debe presentar las imputaciones de forma coherente y precisa a fin de permitir al Estado miembro y al Tribunal de Justicia comprender exactamente el alcance de la infracción del Derecho comunitario reprochada, requisito éste necesario para que dicho Estado pueda invocar oportunamente los motivos en los que se basa su defensa y para que el Tribunal de Justicia pueda verificar la existencia del incumplimiento imputado.

No es ése el caso cuando la Comisión únicamente dedica alegaciones precisas a determinados artículos de una Directiva antes de concluir que las disposiciones nacionales controvertidas no son compatibles con el sistema de libre circulación establecido por la citada Directiva en su conjunto y, en particular, por los artículos citados de ésta. De ello se desprende que el recurso sólo es admisible por lo que respecta al incumplimiento alegado de los citados artículos pero no en tanto pretende que se declare que se ha violado esta misma Directiva considerada en su conjunto.

(véanse los apartados 43, 46 y 48)
El artículo 11 del Reglamento no 320/2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se modifica el Reglamento no 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común, debe interpretarse en el sentido de que la parte de la cuota de azúcar asignada a una empresa sujeta a una retirada preventiva en aplicación del artículo 3 del Reglamento no 493/2006, por el que se establecen medidas transitorias en el marco de la reforma de la organización común de mercados en el sector del azúcar y se modifican los Reglamentos no 1265/2001 y no 314/2002, en su versión modificada por el Reglamento no 1542/2006, se incluye en la base de cálculo del importe temporal de reestructuración. La base del cálculo del importe temporal debido por una empresa está constituido por la cantidad total de toneladas de cuota de azúcar que se le asignan.

La única exención del pago del importe temporal establecida por el Reglamento no 320/2006, prevista en su artículo 11, apartado 1, párrafo segundo, es la de las cuotas a que la empresa haya renunciado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento.

A este respecto, en primer lugar, la renuncia a una cuota prevista en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 320/2006 es, en el marco de la reforma de la organización común de mercados del azúcar, un instrumento bien distinto de la retirada del mercado en el sentido del artículo 19 del Reglamento no 318/2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, así como de la retirada preventiva en el sentido del artículo 3 del Reglamento no 493/2006, cuya naturaleza y finalidad son distintas. En segundo lugar, del hecho de que la renuncia a una cuota, la retirada del mercado y la retirada preventiva formen parte del mismo grupo de medidas para reformar la organización común de los mercados en el sector del azúcar se deduce que el legislador comunitario no estableció intencionadamente, en el artículo 11 del Reglamento no 320/2006, una exención del importe temporal para las cantidades de azúcar retiradas del mercado como la que prevé para las cuotas a que se renuncia.

(véanse los apartados 19 a 21, 25 y 26 y el punto 1 del fallo)
35

No obstante, como ha señalado el Tribunal de Justicia en reiteradas ocasiones, un régimen de autorización administrativa previa no puede legitimar un comportamiento discrecional de las autoridades nacionales que pueda privar de su eficacia a las disposiciones de Derecho comunitario, en particular, a las relativas a una libertad fundamental como la que es objeto del procedimiento principal. Además, para que un régimen de autorización administrativa previa esté justificado aun cuando introduzca una excepción a tal libertad fundamental, debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que garanticen su adecuación para establecer suficientemente los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades nacionales (véase, en particular, la sentencia de 10 de marzo de 2009, Hartlauer, C-169/07, Rec. p. I-1721, apartado 64 y jurisprudencia citada).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5 y del anexo IV del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).
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Del tenor de dicha nota se desprende que las deudas de «spatósimo» de Olympic Airways correspondientes al período contemplado en la Decisión controvertida «fueron satisfechas íntegramente el 31 de agosto de 2007 a través de los efectos de compensación no 2927, no 2928, no 2929, no 2930, no 2931, no 2932, no 2933 y no 2940, que compensaron un importe que, de otro modo, la administración tributaria habría debido pagar a Olympic Airways en concepto de una deuda del Estado a su favor que figura en la orden de pago no 2516/31/agosto de 2007».
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de las Directrices sobre ayudas al empleo (DO 1995, C 334, p. 4), de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (DO 1998, C 74, p. 9), así como del Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo (DO L 337, p. 3).
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Con arreglo al artículo 2, letras c), e) y g), de la Directiva, se entiende por: «[…] c) “refugiado”: nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país […] […] e) “persona con derecho a protección subsidiaria”: nacional de un tercer país o apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15 […] y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país; […] g) “solicitud de protección internacional”: petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria […].»
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La adaptación del Derecho francés a la Directiva 2003/87 se efectuó mediante la ordonnance no 2004-330, du 15 avril 2004, portant création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Decreto legislativo no 2004-330, de 15 de abril de 2004, por el que se instaura un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; JORF de 17 de abril de 2004, p. 7089), que introdujo, en particular, los artículos L.229-5 a L.229-19 del code de l’environnement (Código del medio ambiente). Las modalidades de aplicación de estos artículos se adoptaron mediante el décret (Decreto) no 2004-832, de 19 de agosto de 2004 (JORF de 21 de agosto de 2004, p. 14979), modificado por el décret no 2005-189, de 25 de febrero de 2005 (JORF de 26 de febrero de 2005, p. 3498; en lo sucesivo, «Decreto no 2004-832»). El anexo del Decreto no 2004-832 se limita a reproducir el anexo I de la Directiva 2003/87.
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No obstante, según la House of Lords, dicho principio no puede ampliarse al arbitraje, que está completamente excluido del ámbito de aplicación del Reglamento no 44/2001, en virtud de su artículo 1, apartado 2, letra d). Afirma dicho tribunal que, en esta materia, no existe ningún conjunto de reglas comunitarias uniformes, requisito necesario para que pueda establecerse y aplicarse la confianza mutua entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Señala que, además, de la sentencia de 25 de julio de 1991, Rich (C-190/89, Rec. p. I-3855), se desprende que la exclusión establecida en el artículo 1, apartado 2, letra d), del Reglamento no 44/2001 se aplica no sólo a los procedimientos de arbitraje como tales sino también a los procedimientos judiciales que tengan por objeto el arbitraje. Recuerda el referido tribunal que la sentencia de , Van Uden (C-391/95, Rec. p. I-7091) puntualizó que el arbitraje es objeto de un procedimiento cuando el objetivo de éste consiste en salvaguardar el derecho a resolver el litigio mediante arbitraje, lo cual ocurre en el litigio principal.
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Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la cuestión planteada que la Decisión controvertida es inválida. No obstante, procede mantener en suspenso los efectos de la declaración de invalidez de dicha Decisión hasta que la Comisión adopte una nueva decisión con arreglo al artículo 88 CE. Dichos efectos se mantienen en suspenso por un período que no puede exceder de dos meses a partir de la fecha en que se dicte la presente sentencia en el caso de que la Comisión decidiera adoptar esta nueva decisión en el marco del artículo 88 CE, apartado 3, y durante un período suplementario razonable si la Comisión decide incoar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2. Se exceptúa de esta limitación en el tiempo de los efectos de la presente sentencia únicamente a las empresas que, antes de que se dicte la presente sentencia, hubieran interpuesto un recurso jurisdiccional o presentado una reclamación equivalente relativa a la percepción de la exacción sobre las empresas de publicidad creada mediante el artículo 1 del Decreto no 97-1263.
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El artículo 58 del CAAS establece: «Las disposiciones anteriores no serán obstáculo para la aplicación de las disposiciones nacionales más extensivas relativas al efecto non bis in idem vinculado a las resoluciones judiciales dictadas en el extranjero.»
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El Conseil d’État considera que la adhesión del municipio de Uccle a Brutélé no es un contrato público de servicios, sino una concesión de servicios públicos en el sentido del Derecho comunitario. A su juicio, las directivas comunitarias sobre contratación pública no son aplicables a dicha concesión, pero el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad implica una obligación de transparencia en la atribución de la concesión, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia emanada de la sentencia de 7 de diciembre de 2000, Telaustria y Telefonadress (C-324/98, Rec. p. I-10745). Estima que para satisfacer las exigencias del Derecho comunitario, en principio, el municipio de Uccle debería haber convocado una licitación con vistas a examinar si la concesión de su servicio de teledistribución a otros operadores económicos distintos de Brutélé constituía una alternativa más ventajosa que la elegida. El Conseil d’État se pregunta si esas exigencias del Derecho comunitario deben descartarse en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de la sentencia de , Teckal (C-107/98, Rec. p. I-8121), según la cual dichas exigencias no son aplicables cuando la autoridad pública concedente controle a la entidad concesionaria y ésta realice la parte esencial de su actividad junto con la autoridad que la controla.
33

En lo que atañe a la alegación del Reino de España según la cual la profesión de controlador de tránsito aéreo no está incluida en el ámbito de aplicación de las Directivas 89/48 y 92/51 por no tratarse de una «profesión regulada» —habida cuenta de la inexistencia de un «título» que, con arreglo a dichas Directivas, habilite para ejercer la referida actividad—, procede declarar que el concepto de profesión regulada definido en esas mismas Directivas corresponde al Derecho comunitario y que de las definiciones contenidas en el artículo 1, letras c) y d), de la Directiva 89/48 y en el artículo 1, letras e) y f), de la Directiva 92/51 se desprende que una profesión debe considerarse regulada cuando el acceso a la actividad profesional que constituye dicha profesión o su ejercicio está regulado por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que establecen un régimen cuyo efecto es reservar expresamente esta actividad profesional a las personas que reúnen determinados requisitos y prohibir el acceso a dicha actividad a las que no los reúnen (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2003, Morgenbesser, C-313/01, Rec. p. I-13467, apartado 49).
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación, por una parte, de la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (DO L 192, p. 10), en su versión modificada por la Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996 (DO L 74, p. 13) (en lo sucesivo, «Directiva 90/388»), y, por otra, de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) (DO L 199, p. 32), en su versión modificada por la Directiva 98/61/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 1998 (DO L 268, p. 37) (en lo sucesivo, «Directiva 97/33»).
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En cambio, los médicos alegaron que, dada la naturaleza de sus pretensiones, los juzgados y tribunales irlandeses eran competentes en virtud de los artículos 5, puntos 1 y 3, y 6, punto 2, del Reglamento no 44/2001. En particular, los médicos sostuvieron que, por una parte, la MDU incumplió sus obligaciones contractuales al no haber examinado debidamente las solicitudes de indemnización que se le formularon; por otra parte, habida cuenta de que la MDU ya había prestado asistencia a los médicos en su defensa en el marco de la acción por negligencia profesional, no podía denegarles una indemnización en un momento procesal tan avanzado.
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En el Derecho italiano, las disposiciones pertinentes en materia de IVA están contenidas, en lo esencial, por un lado, en el Decreto del Presidente de la República no 633, de 26 de octubre de 1972, por el que se crea y regula el impuesto sobre el valor añadido (suplemento ordinario de la GURI no 292, de 11 de noviembre de 1972), modificado en varias ocasiones (en lo sucesivo, «DPR no 633/72»), y por otro, en el Decreto-ley no 331, de 30 de agosto de 1993 (GURI no 203, de 30 de agosto de 1993; en lo sucesivo, «Decreto-ley no 331/93»).
De este modo, un vuelo sufre un «retraso», en el sentido del artículo 6 de dicho Reglamento, si se efectúa conforme a la programación inicialmente prevista y si su hora de salida efectiva se ve diferida con respecto a la hora de salida prevista, mientras que, conforme al artículo 2, letra l), del mismo Reglamento, la cancelación es consecuencia de que no se haya efectuado un vuelo inicialmente previsto.

Los artículos 2, letra l), 5 y 6 del Reglamento no 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, deben interpretarse en el sentido de que los vuelos que sufran retraso, con independencia del tiempo por el que se prolongue y aunque se trate de un gran retraso, no pueden tenerse por cancelados si se efectúan con arreglo a la programación inicialmente prevista por el transportista aéreo.

Los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento no 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, deben interpretarse en el sentido de que los pasajeros de los vuelos retrasados pueden equipararse a los pasajeros de los vuelos cancelados a los efectos de la aplicación del derecho a compensación y de que, por lo tanto, pueden invocar el derecho a compensación previsto en el artículo 7 de dicho Reglamento cuando soportan, en relación con el vuelo que sufre el retraso, una pérdida de tiempo igual o superior a tres horas, es decir, cuando llegan al destino final tres o más horas después de la hora de llegada inicialmente prevista por el transportista aéreo. Sin embargo, este retraso no da derecho a compensación a los pasajeros si el transportista aéreo puede probar que el gran retraso producido se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables, es decir, circunstancias que escapan al control efectivo del transportista aéreo.

(véanse el apartado 69 y el punto 2 del fallo)
En virtud de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, en relación con el anexo I, punto B, apartado 3, de la Directiva 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en su versión modificada por la Directiva 98/15, el tratamiento previsto en el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva es más riguroso que el descrito en su artículo 4 y se refiere a las aguas residuales que entren en los sistemas de colectores y procedan de aglomeraciones urbanas que representen más de 10.000 equivalentes habitante. Dicho tratamiento implica, en particular, en relación con los vertidos en las zonas sensibles a la eutrofización, el respeto de las prescripciones contenidas en el cuadro 2 del mismo anexo, sin perjuicio, no obstante, de lo dispuesto en el anexo II, punto A, letra a), párrafo segundo, de dicha Directiva, conforme al cual conviene prever, por lo que respecta a las grandes aglomeraciones, la eliminación de fósforo y/o de nitrógeno a no ser que se demuestre que dicha eliminación no tendrá consecuencias sobre el nivel de eutrofización.

(véanse los apartados 32 y 33)