6

Mediante resolución de 29 de noviembre de 1989, el Presidente del tribunal, pronunciándose en procedimiento sobre medidas provisionales, ordenó al Estado belga que expidiera a la Sra. Roux un permiso de residencia provisional en Bélgica válido hasta que se resolviera el procedimiento sobre medidas provisionales. Al comprobar, por otra parte, que las autoridades competentes belgas no discutían que la demandante ejerciera efectivamente una actividad económica en Bélgica y considerando que existían en dicho Estado dos permisos de residencia distintos, según que el interesado ejerciera su actividad como trabajador por cuenta ajena o como trabajador por cuenta propia, el Presidente del tribunal de première instance de Lieja solicitó al Tribunal de Justicia, mediante la misma resolución, que se pronunciara con carácter prejudicial sobre las cuatro cuestiones siguientes : «1) ¿Obligan o no los artículos 3, letra c), 7, 48 y ss., 52 y ss. del Tratado de Roma, así como las Directivas 68/360, 73/148 y 64/221 del Consejo, a considerar que la afiliación previa de un trabajador nacional de un Estado miembro de la Comunidad a un régimen de Seguridad Social establecido por la legislación del Estado de acogida constituye un requisito de su derecho de residencia en dicho Estado y de su derecho a obtener un permiso de residencia o de establecimiento en dicho Estado? Más concretamente, en caso de discutirse la calificación de la actividad económica del interesado, sin que se niegue su existencia, ¿cabe alegar que el trabajador se ha afiliado a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena o viceversa para justificar una medida de expulsión del territorio y para justificar una decisión que deniegue la expedición del permiso de residencia o de establecimiento ? 2) ¿Prohiben o no los artículos 4 de la Directiva 68/360 y 6 de la Directiva 73/148 (o cualquier otra disposición del Derecho comunitario) a un Estado miembro exigir, para la expedición del permiso de residencia o de establecimiento, una declaración de contratación suscrita por el empresario o un certificado de trabajo que indique la afiliación por parte del empresario al organismo nacional encargado de la gestión de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena, o la prueba de la afiliación a un régimen de Seguridad Social para trabajadores autónomos según que el interesado sea considerado trabajador por cuenta ajena o autónomo, y ello con exclusión de cualquier otra prueba de la actividad económica? 3) ¿Obligan o no los artículos 3, letra c), 48 y ss., 52 y ss. del Tratado de Roma, el Reglamento n° 1612/68 y las Directivas 68/360, 73/148 y 64/221 a los Estados miembros a expedir a un trabajador nacional de otro Estado miembro de la CEE un permiso de residencia o de establecimiento válido por cinco años o, por lo menos, de una duración suficiente para que no constituya una restricción al ejercicio de su actividad profesional cuando no se niega la realidad de su actividad económica y/o está demostrado que está comprendida en el ámbito de aplicación, bien del artículo 48, bien del 52, pero se discute la calificación de la actividad en relación a estas dos categorías? 4) ¿Permiten o no a los Estados miembros los artículos 48, apartado 3, 56 y 66 del Tratado de Roma, la Directiva 64/221 del Consejo, el artículo 10 de la Directiva 68/360 y 8 de la Directiva 73/148 del Consejo adoptar, contra un ciudadano comunitario que reivindique el derecho a la libre circulación de personas, una medida que deniegue la residencia o el establecimiento debido a que no ejerce su actividad económica de conformidad con la legislación social vigente, cuando la legislación social aplicable al trabajador por cuenta ajena en el Estado miembro de acogida sólo establece una obligación de afiliación y una sanción correlativa a cargo del empresario del interesado?»