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El hecho de que un acto reglamentario de la Unión incluya medidas de ejecución, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine, de tal manera que determinados efectos jurídicos del Reglamento se materialicen únicamente mediante las referidas medidas, no excluye sin embargo que ese Reglamento produzca en la situación jurídica de una persona física o jurídica otros efectos jurídicos, que no dependan de la adopción de medidas de ejecución.

Los efectos jurídicos del Reglamento 2015/408, que establece una lista de sustancias candidatas a la sustitución, en aplicación del artículo 80, apartado 7, del Reglamento n.o 1107/2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, relativos al período de validez de la renovación de la aprobación de los compuestos de cobre, se materializarán únicamente, con respecto a un importador de compuestos de cobre, a través de medidas de ejecución. En efecto, de las disposiciones del Reglamento n.o 1107/2009, en particular de su artículo 24, apartado 2, se desprende que la calificación de los compuestos de cobre como sustancia candidata a la sustitución, por el Reglamento 2015/408, se entiende sin perjuicio de la aplicación del procedimiento de renovación de la aprobación de esta sustancia. Pues bien, este procedimiento implica, del mismo modo que el procedimiento de renovación de la aprobación de una sustancia activa que no está incluida en la lista anexa al Reglamento 2015/408, la adopción de un reglamento por la Comisión, conforme al artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009.

En estas circunstancias, un reglamento de la Comisión que renueve la aprobación de sustancias candidatas a la sustitución, como los compuestos de cobre, constituye una medida de ejecución del Reglamento 2015/408 en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine. Del mismo modo, los efectos de este Reglamento en lo que concierne a la realización por los Estados miembros de una evaluación comparativa de los riesgos para la salud o para el medio ambiente de los productos fitosanitarios que contengan compuestos de cobre en comparación con un producto alternativo o con un método de prevención o control de plagas de índole no química únicamente se desplegarán frente a un importador de compuestos de cobre a través de actos adoptados por las autoridades competentes de los Estados miembros y, por lo tanto, tales actos constituyen medidas de ejecución en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine.

(véanse los apartados 45, 50, 51, 54 y 59)
2)

Condenar a Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd [Uxbridge (Reino Unido)], Kühne + Nagel Ltd [Shanghái (China)] y Kühne + Nagel Ltd [Hong Kong (China)] a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
Asunto C‑268/16 P

Binca Seafoods GmbH

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Reglamento (CE) n.o 834/2007 — Producción y etiquetado de productos ecológicos — Reglamento (CE) n.o 889/2008 — Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1358/2014 — Interés en ejercitar la acción — Concepto de “beneficio personal”»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de diciembre de 2017

Recurso de anulación—Personas físicas o jurídicas—Interés en ejercitar la acción—Necesidad de un interés existente y efectivo—Apreciación en el momento de interponer el recurso—Recurso que puede reportar un beneficio al demandante—Carga de la prueba (Art. 263 TFUE) Procedimiento judicial—Escrito de interposición del recurso—Requisitos de forma—Exposición sumaria de los motivos invocados [Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General (2015), art. 76, ap. 1]
[Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, art. 5, punto 1, letra b), segundo guion]

Cooperación judicial en materia civil—Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil—Reglamento (CE) n.o 44/2001—Competencias especiales—Artículo 5, punto 1, letra b), segundo guion—Inaplicabilidad al demandado domiciliado en un Estado tercero

[Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, art. 5, punto 1, letra a); Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]

Cooperación judicial en materia civil—Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil—Reglamento (CE) n.o 44/2001—Competencias especiales—Competencia en materia contractual—Concepto—Acción de compensación de los pasajeros aéreos por gran retraso de un vuelo de conexión contra un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que no es quien contrata con el pasajero afectado—Inclusión

Cooperación judicial en materia civil—Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil—Reglamento (CE) n.o 44/2001—Reglamento (UE) n.o 1215/2012—Competencias especiales—Competencia en materia contractual—Acción de compensación de los pasajeros aéreos por gran retraso de un vuelo de conexión—Recurso basado en un incidente que ha tenido lugar en el primer vuelo, realizado por el transportista aéreo que no es quien contrata con los pasajeros afectados—Lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación contractual que sirve de base a la demanda—Lugar de llegada del segundo vuelo

[Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, art. 5, punto 1, letra b), segundo guion; Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7, punto 1, letra b), segundo guion]
El artículo 31 del Reglamento n.o 650/2012 no trata de las modalidades de transmisión de los derechos reales, modalidades entre las que se incluyen en particular el legado vindicatorio y el legado damnatorio u obligacional, sino que versa únicamente sobre el respeto del contenido de los derechos reales, determinado por la ley aplicable a la sucesión (lex causae), y sobre su recepción en el ordenamiento jurídico del Estado miembro en el que se invocan (lex rei sitae). Por ello, dado que el derecho real transmitido mediante el legado vindicatorio es el derecho de propiedad, que se reconoce en el Derecho alemán, no es preciso llevar a cabo la adaptación prevista en el artículo 31 del Reglamento n.o 650/2012.

(véanse los apartados 63 y 64)
Procede señalar que la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación para determinar los parámetros de referencia por sector o subsector con arreglo al artículo 10 bis, apartado 2, de la Directiva 2003/87. En efecto, el ejercicio de esta facultad exige de su parte, en particular, tomar decisiones y realizar apreciaciones técnicas y económicas complejas. Sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito puede afectar a la legalidad de tal medida (sentencias de 8 de septiembre de 2016, Borealis y otros, C‑180/15, EU:C:2016:647, apartado 45, y de 26 de octubre de 2016, Yara Suomi y otros, C‑506/14, EU:C:2016:799, apartado 37).

Del considerando 11 de la Decisión 2011/278 se desprende que, cuando no había datos disponibles o los datos recogidos no se atenían a la metodología de determinación de las referencias, los valores correspondientes se obtuvieron sobre la base de la información sobre los niveles actuales de emisión y consumo y sobre las técnicas más eficaces, procedente principalmente de los documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (BREF). En particular, ante la falta de datos relativos al tratamiento de los gases residuales, a las exportaciones de calor y a la producción de electricidad, los valores de las referencias de producto del coque y del metal caliente se obtuvieron a partir de cálculos de las emisiones directas e indirectas, basados en la información sobre los flujos de energía pertinentes indicados en los BREF correspondientes y en los factores de emisión por defecto establecidos en las directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (DSN 2007) (sentencias de 8 de septiembre de 2016, Borealis y otros, C‑180/15, EU:C:2016:647, apartado 47, y de 26 de octubre de 2016, Yara Suomi y otros, C‑506/14, EU:C:2016:799, apartado 39).

Además, en cuanto a los gases residuales generados en la producción de metal caliente, del considerado 32 de la Decisión 2011/278 se desprende que las referencias de producto tienen en cuenta la recuperación energética eficaz de gases residuales y las emisiones relativas a su uso. Con este fin, para determinar los valores de las referencias de los productos cuya producción genera gases residuales, se ha tomado en consideración en gran medida el contenido de carbono de estos gases residuales (sentencias de 8 de septiembre de 2016, Borealis y otros, C‑180/15, EU:C:2016:647, apartado 48, y de 26 de octubre de 2016, Yara Suomi y otros, C‑506/14, EU:C:2016:799, apartado 40).

En estas circunstancias, no consta que la Comisión haya incumplido la obligación de utilizar los conocimientos científicos más precisos y actualizados disponibles o haya vulnerado el principio de buena administración al basarse en la Decisión 2011/278, para determinar el parámetro de referencia del metal caliente, en los datos del BREF relativo a la producción de hierro y acero y en los datos de las DSN 2007.

(véanse los apartados 31 a 34)
Asunto C‑51/16

Stryker EMEA Supply Chain Services BV

contra

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Noord-Holland)

«Procedimiento prejudicial — Arancel Aduanero Común — Partidas — Clasificación de las mercancías — Tornillos para implantes destinados a ser introducidos en el cuerpo humano para el tratamiento de fracturas o la fijación de prótesis — Nomenclatura Combinada — Partida 9021 — Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1212/2014 — Validez»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)

de 26 de abril de 2017

Unión aduanera — Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Tornillos para implantes destinados a ser introducidos en el cuerpo humano para el tratamiento de fracturas o la fijación de prótesis — Clasificación en la partida 9021 de la nomenclatura combinada — Criterios

[Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, anexo I, partida 9021]

La partida 9021 de la Nomenclatura Combinada del Arancel Aduanero Común, que figura en el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución n.o 1101/2014, debe interpretarse en el sentido de que están comprendidos en esa partida los tornillos para implantes sanitarios como los controvertidos en el litigio principal, en la medida en que dichos productos presentan características que los diferencian de los productos ordinarios por su acabado y su gran precisión, así como por su modo de fabricación y la especificidad de su función. En particular, el hecho de que los tornillos para implantes sanitarios como los controvertidos en el litigio principal únicamente pueden ser implantados en el cuerpo mediante instrumentos médicos específicos, y no con instrumentos ordinarios, constituye una característica que ha de tenerse en cuenta a los efectos de distinguir esos tornillos para implantes sanitarios de los productos ordinarios.

(véanse el apartado 57 y el fallo)
El artículo 13, apartado 1, del decreto legislativo n. 471 — Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [Decreto Legislativo n.o 471, relativo a la reforma de las sanciones tributarias no penales en materia de impuestos directos, impuesto sobre el valor añadido y recaudación tributaria, de conformidad con el artículo 3, apartado 113, letra q), de la Ley n.o 662 de 23 de diciembre de 1996], de 18 de diciembre de 1997 (Suplemento ordinario a la GURI n.o 5, de 8 de enero de 1998; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 471/97»), está redactado en los siguientes términos:

«Quien no abone, total o parcialmente, en los plazos reglamentarios, los pagos a cuenta, periódicos, de cantidades pendientes o de saldo del impuesto resultantes de la declaración, previa deducción, en estos casos, de los importes de los pagos periódicos o a cuenta, aunque no hayan sido efectuados, estará sujeto a una sanción administrativa por un importe igual al 30 % de cada suma no abonada, también en el caso de que, tras la corrección de los errores materiales o de cálculo detectados durante la comprobación de la declaración anual, resulte que la cuantía adeudada es mayor o que la deducción aplicable es inferior. […]»
43

Por lo que respecta a la tutela judicial efectiva, al riesgo para el Estado de que se trata de tener que pagar intereses de demora y al pago condicional, la Comisión considera, en esencia, que los apartados 54 a 56 del auto recurrido no adolecen de ningún error de Derecho. En particular, señala que la posibilidad de proceder a un pago condicional permite excluir el riesgo de que el Estado miembro tenga que pagar intereses de demora, que los Estados miembros pueden recuperar los fondos puestos a disposición de la Comisión en concepto de pago condicional, habida cuenta del artículo 2, apartado 4, y del artículo 8 del Reglamento n.o 1150/2000, y que el pago condicional no está destinado a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Además, el riesgo de devengo de intereses de demora está ligado al incumplimiento de la obligación de poner a su disposición recursos propios, no a que el escrito controvertido contenga una petición en este sentido. La obligación de pagar intereses de demora se desprende directamente del artículo 11 del Reglamento n.o 1150/2000.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 13, apartado 2, letra a), y 14, apartado 2, letra b), inciso i), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), tal como fue modificado por el Reglamento (CE) n.o 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (DO 2008, L 177, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»).
32

Esta interpretación resulta corroborada por el Reglamento n.o 167/2013, el cual, a diferencia de la Directiva 2003/37, indica en su artículo 3, punto 37, que por «vehículo nuevo» debe entenderse «un vehículo que nunca ha sido matriculado previamente o que no ha entrado en servicio». Pues bien, tanto del artículo 2, letra q), de la Directiva 2003/37 como del artículo 3, punto 40, del Reglamento n.o 167/2013 se desprende que por «puesta en circulación» o «puesta en servicio» debe entenderse la primera utilización de un vehículo en la Unión.
36

A este respecto, cabe señalar que los documentos acreditativos de la solicitud de justicia gratuita son de especial importancia en el régimen de la Directiva 2003/8. En efecto, de conformidad con su artículo 5, apartado 1, la justicia gratuita se concede a las personas que no puedan hacer frente, en su totalidad o en parte, a las costas procesales debido a su situación económica. En virtud del apartado 2 del mismo precepto, la situación económica de una persona será evaluada por la autoridad competente del Estado miembro del foro teniendo en cuenta distintos elementos objetivos como la renta, el patrimonio y la situación familiar. Por lo tanto, si el solicitante no presenta determinados documentos que acrediten su situación personal y económica, no puede concederse la justicia gratuita solicitada. Dichos documentos son, por consiguiente, requisito previo para la obtención de la justicia gratuita.
97

Es verdad que el considerando 19 y el artículo 110 de la Directiva 2001/83 se enmarcan dentro del concepto de solidaridad. En efecto, al no ser remunerados, el conjunto de los donantes de sangre actúan en el interés de todos los individuos con los que comparten los mismos intereses, al permitir, conjuntamente, en particular, protegerse contra los riesgos de insuficiencia de medicamentos derivados de la sangre o del plasma. Sin embargo, el principio de suministro prioritario de que se trata en el litigio principal, en la medida en que excluye a los operadores económicos que quieren importar en Eslovenia medicamentos derivados de plasma procedentes también de donaciones voluntarias y no remuneradas extraídas en otros Estados miembros, es manifiestamente contrario a este concepto en el que se basa el objetivo de autoabastecimiento de la Unión. Así pues, en la medida en que, por una parte, la motivación de los donantes de sangre es la misma en los otros Estados miembros que en Eslovenia y en que, por otra parte, existen convergencias objetivas de intereses entre el conjunto de los donantes de los Estados miembros en cuanto a la producción y la utilización de los productos derivados de la sangre y del plasma humanos procedentes de dichas donaciones voluntarias y no remuneradas, no hay ninguna razón para considerar, como afirma el Gobierno esloveno, que los requisitos basados en un concepto de solidaridad puramente nacional son los únicos que pueden tener, en Eslovenia, una incidencia muy importante en la cantidad extraída de sangre humana y de componentes sanguíneos y, por tanto, en la cantidad de productos sanguíneos derivados de esas donaciones.
10

Adoptada en aplicación del artículo 5 del Decreto n.o 2006‑352 de 20 de marzo de 2006, l’arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires (Orden interministerial, de 9 de mayo de 2006, relativa a los nutrientes que pueden emplearse en la fabricación de complementos alimenticios) (JORF de 28 de mayo de 2006, p. 7977; en lo sucesivo, «Orden de 9 de mayo de 2006»), establece, en particular, una lista de las vitaminas y minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios y las dosis diarias máximas que no podrán sobrepasarse en el marco de dicha utilización.
28

La Comisión sostiene que una decisión adoptada con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.o 659/1999 no se basa en la constatación definitiva de que un régimen de ayudas existente es incompatible con el mercado interior. Una decisión de ese tipo es la expresión de la cooperación a la que se refiere el artículo 108 TFUE, apartado 1, y su principio de base no es una constatación vinculante unilateral de la Comisión, sino el reconocimiento por ésta y el Estado miembro de que se trata de la necesidad de adaptar el régimen de ayudas existente. La Comisión no está por tanto obligada a explicar en su decisión las razones por las que considera que ese régimen no es o ha dejado de ser compatible con el mercado interior. Por otro lado, en el presente asunto, la correspondencia mantenida entre la Comisión y las autoridades neerlandesas a raíz del escrito del artículo 17 no se refería a la cuestión de si el régimen de ayudas existente era compatible con el mercado interior, sino a la manera en la que ese régimen debía adaptarse.
1

Mediante sus recursos de casación, Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 29 de abril de 2015, Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo (T‑558/12 y T‑559/12, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:237), por la que éste desestimó sus recursos de anulación del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 924/2012 del Consejo, de 4 de octubre de 2012, que modifica el Reglamento (CE) n.o 91/2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China (DO 2012, L 275, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»).
35

La alegación del Gobierno danés, según la cual la calificación como «bien de ocasión», en el sentido del artículo 311, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2006/112, supone una identidad entre el bien adquirido y el bien vendido, lo que no sucede en el supuesto de la compra de un vehículo automóvil completo y de la reventa de las piezas sueltas de ese vehículo, no obsta a esa interpretación. El citado Gobierno considera que las piezas extraídas de un vehículo usado han sido fabricadas durante el tratamiento de los residuos del vehículo. Por ello, no han conservado su identidad entre el momento en que fueron adquiridas por la empresa como partes de un vehículo al final de su vida útil y el momento en que fueron vendidas como piezas sueltas.
21

En su recurso de casación, Concurrence alega que la sentencia recurrida declara erróneamente la falta de competencia de los tribunales franceses en relación con los sitios web de Amazon que operan fuera del territorio francés, ya que estos últimos no están dirigidos al público francés. Pues bien, según Concurrence, aun suponiendo que el criterio de la accesibilidad del sitio web no sea suficiente, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) incurrió en una ilegalidad al no examinar si el sistema de venta en los sitios web de Amazon permitía expedir los productos ofrecidos a la venta no sólo dentro del país de origen del sitio web en cuestión, sino también en los demás Estados miembros, y, en particular, en Francia, lo cual justificaría la competencia de los tribunales franceses.
20

En este caso no sucede así. En efecto, el Sr. Typke expuso, en la fase escrita del procedimiento, sus alegaciones relativas a la interpretación del Reglamento n.o 1049/2001 y al concepto de documento existente. Así, el Tribunal de Justicia estima, tras oír al Abogado General, que la información de que dispone es suficiente para pronunciarse y que el presente asunto no precisa resolverse en base a argumentos que no fueron debatidos.
10

El Derecho portugués fue adaptado a la Directiva 2000/26 mediante el Decreto-Lei no 72‑A/2003 — Lei do Seguro Obrigatório (Decreto-ley n.o 72‑A/2003, del Seguro Obligatorio), de 14 de abril de 2003, por el que se modificaron el Decreto-Lei no 522/85 — Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel (Decreto-ley n.o 522/85, del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil del Automóvil), de 31 de diciembre de 1985, y el Decreto-Lei no 94‑B/98 — Regula as condições de acesso e de exercício da actividade seguradora e resseguradora no território da Comunidade Europeia (Decreto-ley n.o 94‑B/98, por el que se regulan las condiciones de acceso a la actividad de seguro y reaseguro y el ejercicio de ésta en territorio de la Comunidad Europea), de 17 de abril de 1998.
(34)

Procede garantizar la continuidad entre el Convenio [de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2)], el Reglamento (CE) n.o 44/2001 [del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en material civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1)] y el presente Reglamento; a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación del Convenio [de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil] y de los Reglamentos que lo sustituyen por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.»