Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 22 de octubre de 1996. - Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark, Skibsværftsforeningen, Assens Skibsværft A/S, Burmeister & Wain Skibsværft A/S, Danyard A/S, Fredericia Skibsværft A/S, Odense Staalskibsværft A/S, Svendborg Værft A/S, Ørskov Christensens Staalskibsværft A/S y Aarhus Flydedok A/S contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Ayudas de Estado - Construcción naval - Régimen por el que se establecen excepciones - Astilleros de la antigua República Democrática Alemana. - Asunto T-266/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-01399



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Procedimiento - Intervención - Excepción de inadmisibilidad no propuesta por la parte demandada - Inadmisibilidad

[Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 3; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 116, ap. 3]

2 Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Decisión de la Comisión por la que se autoriza el pago de una ayuda de Estado a una empresa que opera en un mercado caracterizado por un pequeño número de productores - Empresa competidora - Legitimación activa

(Tratado CE, art. 93, ap. 3, y art. 173, párr. 4)

3 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas a la construcción naval - Directiva 90/684/CEE - Ayudas en favor de los astilleros de Alemania oriental - Criterios para el establecimiento de excepciones - Pago antes del 31 de diciembre de 1993 - Consignación en favor del beneficiario antes del 31 de diciembre de 1993, a la espera de la Decisión definitiva de la Comisión - Procedencia

[Directivas del Consejo 90/684/CEE, art. 10 bis, ap. 2, letra a), y art. 11, ap. 2, y 92/68/CEE]

4 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas a la construcción naval - Directiva 90/684/CEE - Ayudas en favor de los astilleros de Alemania oriental - Fecha límite para el pago de las ayudas fijada en el 31 de diciembre de 1993 - Competencia de la Comisión para autorizar una ayuda después de dicha fecha

(Directivas del Consejo 90/684/CEE, art. 10 bis, y 92/68/CEE)

5 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas a la construcción naval - Directiva 90/684/CEE - Ayudas en favor de los astilleros de Alemania oriental - Criterios para el establecimiento de excepciones - Límite máximo - Base y modalidades de cálculo - Determinación a la luz de los trabajos preparatorios

[Directivas del Consejo 90/684/CEE, art. 10 bis, ap. 2, letra a), y 92/68/CEE]

6 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas a la construcción naval - Directiva 90/684/CEE - Ayudas en favor de los astilleros de Alemania oriental - Criterios para el establecimiento de excepciones - Reducción de capacidad - Alcance

[Directivas del Consejo 90/684, art. 10 bis, ap. 2, letra c), y 92/68/CEE]

7 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas a la construcción naval - Directiva 90/684/CEE - Ayudas en favor de los astilleros de Alemania oriental - Criterios para el establecimiento de excepciones - Reducción de capacidad - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional

(Directivas del Consejo 90/684/CEE, art. 10 bis, y 92/68/CEE)

8 Ayudas concedidas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas a la construcción naval - Directiva 90/684/CEE - Ayudas en favor de los astilleros de Alemania oriental - Criterios para el establecimiento de excepciones - Reducción de capacidad - Carácter real e irreversible - Concepto

(Directivas del Consejo 90/684/CEE, arts. 7 y 10 bis, y 92/68/CEE)

9 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Consideración del contexto

(Tratado CE, art. 190)

10 Ayudas concedidas por los Estados - Proyectos de ayudas - Examen por la Comisión - Fase preliminar y fase contradictoria - Características respectivas

(Tratado CE, art. 93, aps. 2 y 3)

Índice

11 Conforme al párrafo tercero del artículo 37 del Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con el párrafo primero del artículo 46 de dicho Estatuto, las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes. Por otra parte, con arreglo al apartado 3 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte coadyuvante acepta el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención. Por consiguiente, no está legitimada para proponer una excepción de inadmisibilidad no formulada en las pretensiones de la parte demandada.

12 A pesar de que una Decisión de la Comisión por la que se autoriza una ayuda nacional a una empresa sólo puede afectar a los intereses de un competidor a partir del momento en que se aplican las medidas nacionales que han sido objeto de la autorización, procede considerar, no obstante, que un competidor queda directamente afectado, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, por tal Decisión cuando no cabe duda de la voluntad de las autoridades nacionales de ejecutar su proyecto de ayuda.

Siempre a los efectos de esta misma disposición, debe considerarse que queda también individualmente afectado, en la medida en que, debido a circunstancias específicas, relativas fundamentalmente a que son escasas las empresas presentes en el mercado afectado, se encuentra, respecto a la ayuda de que se trata, en una situación particular con respecto a cualquier otro operador económico.

13 El requisito contenido en la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Directiva 90/684, sobre ayudas a la construcción naval, introducido por la Directiva 92/68 para facilitar las reestructuraciones necesarias en este sector en la antigua República Democrática Alemana, según el cual las ayudas autorizadas por la Comisión en favor de los astilleros de Alemania oriental debían haber sido pagadas antes del 31 de diciembre de 1993, no se ha visto afectado por la Directiva 93/115, por la que se prorrogó la aplicación de la Directiva hasta el 31 de diciembre de 1994. Dado que la Comisión no estaba en condiciones de adoptar una Decisión definitiva sobre la autorización de uno de los tramos de dicha ayuda antes de que expirara el plazo fijado para pagarla, el Gobierno alemán, que deseaba conceder un tramo de la ayuda, cumplió el requisito antes citado depositando la cantidad de que se trata en cuentas bancarias bloqueadas en favor del beneficiario.

14 La Comisión es competente para autorizar una ayuda de funcionamiento en favor de un astillero de Alemania oriental después de la fecha límite del 31 de diciembre de 1993 fijada para el pago de dicha ayuda por el apartado 2 del artículo 10 bis de la Directiva 90/684, sobre ayudas a la construcción naval, introducido por la Directiva 92/68 para facilitar las reestructuraciones necesarias en este sector en la antigua República Democrática Alemana.

En efecto, por un lado, de la letra b) de dicha disposición se desprende que la Comisión tenía la competencia y la obligación de tomar en consideración la necesidad y, por consiguiente, la compatibilidad de las ayudas de funcionamiento pagadas en favor de los contratos celebrados durante todo el período comprendido entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de diciembre de 1993, incluidos los contratos que pudieran haberse firmado este último día.

Por otro lado, habida cuenta de que el examen de la compatibilidad de las ayudas de Estado consiste normalmente en una apreciación económica y técnica compleja que exige cierto tiempo, debe admitirse que, cuando adoptó la Directiva 92/68, el legislador comunitario reconoció a la Comisión la facultad de adoptar, en determinados casos, su Decisión respecto a la compatibilidad aún después del 31 de diciembre de 1993. A este respecto, es necesario indicar que ni siquiera el propio tenor literal del artículo 10 bis de la Directiva 90/684 exige expresamente que la Comisión adopte su Decisión antes de dicha fecha. Por otra parte, dado que se trata de ayudas de funcionamiento, es decir, en particular, de ayudas a la producción vinculadas a contratos específicos, sólo tiene importancia, por lo que se refiere a los efectos de las ayudas en el plano de la competencia, el momento de la firma de dichos contratos, y no el momento en que se adopta la Decisión de la Comisión respecto a la compatibilidad de tales ayudas con el mercado común.

15 La letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Directiva 90/684, sobre ayudas a la construcción naval, introducido por la Directiva 92/68 para facilitar las reestructuraciones necesarias en este sector en la antigua República Democrática Alemana, prevé expresamente como base de cálculo del límite máximo de las ayudas de funcionamiento un volumen de negocios anual de referencia «tras» la reestructuración proyectada, es decir, después de 1995, dado que se había previsto que dicha reestructuración durara hasta el 31 de diciembre de 1995.

Si bien es cierto que la Directiva 92/68 no contiene ninguna definición del concepto de volumen de negocios anual de referencia, la comunicación de la Comisión de 25 de mayo de 1992, que acompañaba a la propuesta de Directiva, contiene, no obstante, una definición según la cual dicho volumen debe calcularse multiplicando el número de empleados que se prevé para el final del período de reestructuración por un valor medio de producción por empleado. De los trabajos preparatorios de la Directiva 92/68 resulta también cuál era el importe máximo de la ayuda de funcionamiento previsto en el momento en que se adoptó dicha Directiva. Sin que ello se desprenda expresamente de la propuesta de la Comisión, estos elementos revelan el método de cálculo que la Comisión debe haber utilizado para determinar el límite de la ayuda mediante un porcentaje del volumen de negocios anual de referencia. Por consiguiente, este método, que corresponde al método utilizado en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 90/684 y que representa la única fórmula que puede explicar el límite adoptado por la Directiva 92/68, fue implícitamente aprobado por el Consejo.

16 La letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Directiva 90/684, sobre ayudas a la construcción naval, introducido por la Directiva 92/68 para facilitar las reestructuraciones necesarias en este sector en la antigua República Democrática Alemana, debe interpretarse en el sentido de que sólo exigía, para que una ayuda fuera autorizada, una reducción general del 40 % de la capacidad total de producción en dicho territorio, antes del final de la reestructuración proyectada.

En consecuencia, de esta disposición resulta que, por una parte, la Comisión no estaba obligada a asegurarse, cuando adoptó una Decisión por la que se autorizaba una ayuda en favor de un astillero, de que la capacidad de este último, tomada separadamente, se reduciría o limitaría a la cantidad que le había asignado el Gobierno alemán, y, por otra parte, podía aprobar el pago de un tramo de la ayuda basándose únicamente en compromisos de este Gobierno relativos a un reparto de capacidad entre los astilleros de Alemania oriental y a una reducción de la capacidad total antes de que finalizara el año 1995, término de la reestructuración.

17 Aunque el papel de la Comisión, a los efectos de la apreciación de la compatibilidad de determinadas ayudas de funcionamiento conforme al régimen de establecimiento de excepciones instaurado por la Directiva 92/68 para facilitar las reestructuraciones necesarias en el sector de la construcción naval en la antigua República Democrática Alemana, se limita a comprobar que se cumplen los requisitos enunciados por el artículo 10 bis de la Directiva 90/684, sobre ayudas a dicho sector, la Comisión dispone, no obstante, por lo que respecta al requisito relativo a la reducción de la capacidad futura de los beneficiarios, de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta a las apreciaciones de los elementos de hecho en que se basa la estimación de dicha capacidad.

En la medida en que deba efectuarse una apreciación económica y técnica compleja, el control que ejerce el Juez comunitario debe limitarse a comprobar que se cumplen las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.

18 La expresión «reducción de capacidad auténtica e irreversible» que se utiliza en la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Directiva 90/684, sobre ayudas a la construcción naval, introducido por la Directiva 92/68 para facilitar las reestructuraciones necesarias en este sector en la antigua República Democrática Alemana, debe interpretarse en el sentido de que la capacidad puede ser aumentada, una vez que finalice la reestructuración, transcurridos, respectivamente, cinco años, con la autorización de la Comisión, o diez años, sin dicha autorización.

En efecto, como esta expresión no es objeto de definición en el artículo 10 bis, procede interpretarla a la luz de las demás disposiciones de la Directiva 90/684, como el artículo 7, relativo a las ayudas al cierre, según el cual un cierre debe considerarse irreversible cuando dura más de diez años, pudiendo la Comisión autorizar, en su caso, una reapertura transcurridos cinco años.

19 La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Juez comunitario pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto responde a las exigencias del artículo 190 del Tratado debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

En el caso de una Decisión adoptada al finalizar el procedimiento preliminar previsto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, el alcance de la obligación de motivación se ve influido por el hecho de que dicho artículo no obliga a la Comisión a implicar a terceros en el procedimiento administrativo. Sin perjuicio de la obligación de incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93, en cuyo marco la Comisión está obligada a emplazar a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión puede adoptar una Decisión con arreglo al apartado 3 del artículo 93 del Tratado basándose solamente en la correspondencia mantenida con el Estado miembro de que se trate. De ello resulta que, en principio, no está obligada a tomar en consideración, en particular, el interés que una tercera persona pudiera tener en recibir explicaciones en la motivación.

20 El procedimiento administrativo en materia de ayudas se divide en dos fases: la fase preliminar de examen de las ayudas, establecida por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, que sólo tiene por objeto permitir que la Comisión se forme una primera opinión sobre la compatibilidad total o parcial de la ayuda de que se trata, y la fase de examen del apartado 2 del artículo 93 del Tratado. El Tratado tan sólo prevé la obligación de la Comisión de emplazar a los interesados para que presenten sus observaciones en el marco de esta última fase de examen, cuya finalidad es permitir que la Comisión obtenga una información completa sobre el conjunto de los datos del asunto, mientras que esta obligación no existe en la fase preliminar.

Partes

En el asunto T-266/94,

Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark, Skibsværftsforeningen, asociación danesa, con sede social en Copenhague, que actúa en nombre propio y en calidad de mandatario de:

Assens Skibsværft A/S, sociedad danesa, con domicilio social en Assens (Dinamarca),

Burmeister & Wain Skibsværft, sociedad danesa, con domicilio social en Copenhague,

Danyard A/S, sociedad danesa, con domicilio social en Frederikshavn (Dinamarca),

Fredericia Skibsværft A/S, sociedad danesa, con domicilio social en Fredericia (Dinamarca),

Odense Staalskibsværft A/S, sociedad danesa, con domicilio social en Odense (Dinamarca),

Svendborg Værft A/S, sociedad danesa, con domicilio social en Svendborg (Dinamarca),

rskov Christensens Staalskibsværft A/S, sociedad danesa, con domicilio social en Frederikshavn (Dinamarca),

Aarhus Flydedok A/S, sociedad danesa, con domicilio social en Århus (Dinamarca),

representadas por el Sr. Jan-Erik Svensson, Abogado de Copenhague, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Philippe Dupont, 8-10, rue Mathias Hardt,

partes demandantes,

apoyadas por

Reino de Dinamarca, representado por el Sr. Peter Biering, kontorchef del Udenrigministeriet, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Dinamarca, 4, boulevard Royal,

parte coadyuvante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Anders Christian Jessen y Ben Smulders, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

apoyada por

República Federal de Alemania, representada por los Sres. Ernst Röder, Ministerialrat del Bundesministerium für Wirtschaft, y Bernd Kloke, Oberregierungsrat del mismo Ministerio, en calidad de Agentes, asistidos, durante la vista, por Me Michael Schütte, Abogado de Bruselas,

y

MTW Schiffswerft GmbH (anteriormente Meerestechnik Werft), sociedad alemana, con domicilio social en Wismar (Alemania), representada por los Sres. Hans-Jürgen Rabe y Georg M. Berrish, Abogados de Hamburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me François Turk, 13 B, avenue Guillaume,

partes coadyuvantes,

que tiene por objeto un recurso de anulación, total o parcial, de la Decisión de la Comisión de 11 de mayo de 1994, relativa al pago del segundo tramo de una ayuda de Estado en favor de MTW Schiffswerft GmbH, anteriormente Meerestechnik Werft,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Tercera ampliada),

integrado por el Sr. C.P. Briët, Presidente; el Sr. B. Vesterdorf, la Sra. P. Lindh y los Sres. A. Potocki y J.D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de mayo de 1996;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Marco jurídico

1 Sobre la base de la letra d) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE [actualmente, letra e) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE] y del artículo 113 del Tratado CEE, el Consejo adoptó normas específicas relativas a la compatibilidad con el mercado común de las ayudas de Estado en el sector de la construcción naval. Dichas normas figuran en la Directiva 90/684/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1990, sobre ayudas a la construcción naval (DO L 380, p. 27; en lo sucesivo, «Séptima Directiva»), en su versión modificada por la Directiva 92/68/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1992 (DO L 219, p. 54; en lo sucesivo, «Directiva 92/68»), en la Directiva 93/115/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1993 (DO L 326, p. 62; en lo sucesivo, «Directiva 93/115»), y en la Directiva 94/73/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994 (DO L 351, p. 10). La Séptima Directiva establece una distinción entre, por una parte, las ayudas a la producción, denominadas ayudas de funcionamiento, para las que se aplica un límite máximo, y, por otra, las ayudas a la reestructuración, destinadas a facilitar los cambios estructurales deseables en la sector europeo de la construcción naval.

2 El 25 de mayo de 1992, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Directiva que tenía por objeto fijar normas específicas y transitorias relativas a los astilleros de la antigua República Democrática Alemana. La propuesta iba acompañada de una comunicación en la que se analizaba la necesidad de autorizar, con carácter excepcional, ayudas de funcionamiento que excedían del límite habitual, a fin de lograr las reestructuraciones necesarias en el sector de la construcción naval de Alemania Oriental [SEC(92) 991 final; en lo sucesivo, «comunicación de 25 de mayo de 1992»]. El 20 de julio de 1992, el Consejo adoptó la Directiva 92/68.

3 Esta incluyó en el Capítulo IV de la Séptima Directiva un artículo 10 bis redactado en los siguientes términos:

«1. A excepción de los apartados 6 y 7 del artículo 4, el capítulo II no será de aplicación a las actividades de construcción y transformación navales de los astilleros situados en el territorio de la antigua República Democrática Alemana que se encontraban en funcionamiento el 1 de julio de 1990.

2. Hasta el 31 de diciembre de 1993, las ayudas de funcionamiento para las actividades de construcción y transformación navales en los astilleros contemplados en el apartado 1 podrán considerarse compatibles con el mercado común, siempre que:

a) las ayudas destinadas a facilitar la continuación del funcionamiento de los astilleros durante dicho período no superen, para cada uno de ellos, un límite máximo igual al 36 % del volumen de negocios anual de referencia sobre tres años en trabajos de construcción y de transformación navales tras la reestructuración; dichas ayudas deberán haber sido abonadas antes del 31 de diciembre de 1993;

b) no se concedan otras ayudas a la producción por contratos firmados entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de diciembre de 1993;

c) el Gobierno alemán se comprometa a llevar a cabo, con arreglo a un calendario aprobado por la Comisión y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre de 1995, una reducción de capacidad auténtica e irreversible igual al 40 % neto de la capacidad existente el 1 de julio de 1990, que era de 545.000 tbc;

d) el Gobierno alemán demuestre ante la Comisión, mediante informes anuales realizados por un experto contable independiente, que las ayudas pagadas se han destinado exclusivamente a aumentar las actividades de los astilleros en la antigua República Democrática Alemana. El primer informe deberá presentarse a la Comisión antes de que finalice el mes de febrero de 1993.

3. La Comisión garantizará que las ayudas contempladas en el presente artículo no afecten a los intercambios en una medida contraria al interés común.»

Hechos que originaron el litigio

4 MTW Schiffswerft GmbH (en lo sucesivo, «MTW»), sociedad establecida en Wismar (Alemania), explota un astillero en el territorio de la antigua República Democrática Alemana. Este astillero se privatizó a través de su venta, el 11 de agosto de 1992, a Bremer Vulkan AG. Mediante escrito de 2 de octubre de 1992, el Gobierno alemán notificó a la Comisión un proyecto de ayuda en favor de dicho astillero.

5 Según los datos facilitados por la Comisión, el proyecto de ayuda de funcionamiento ascendía a 597,2 millones de DM (80,7 millones de DM para cubrir el 40 % de las antiguas deudas; 57,7 millones de DM de aportación de capital y 458,8 millones de DM para cubrir las pérdidas sufridas durante la reestructuración).

6 El 30 de octubre de 1992, la Comisión envió a las autoridades alemanas un escrito mediante el cual les pedía información adicional. Tal información le fue proporcionada de forma oral, durante una reunión celebrada el 2 de diciembre de 1922, y posteriormente por escrito el 4 de diciembre de 1992.

7 Mientras tanto, la Comisión encargó a los consultores A & P Appledore International (en lo sucesivo, «Appledore») un estudio de los proyectos de inversión notificados en favor de MTW y de otros astilleros de Alemania Oriental y el cálculo de sus efectos en materia de capacidad. Parece que en un primer informe, enviado a la Comisión el 4 de diciembre de 1992, Appledore afirmó que se respetaba el límite de las 100.000 tbc [toneladas brutas compensadas (compensated gross tonnage); en lo sucesivo, «tbc»] fijado para MTW.

8 Durante una reunión celebrada el 23 de diciembre de 1992, la Comisión decidió autorizar el pago a MTW de un primer tramo de la ayuda de funcionamiento, por importe de 191,2 millones de DM. Mediante escrito de 6 de enero de 1993, esta Decisión (en lo sucesivo, «primera Decisión» o «Decisión de 23 de diciembre de 1992») se notificó al Gobierno alemán.

9 El 1 de abril de 1993, la Comisión presentó su segundo informe sobre el control de la privatización en los nuevos Länder alemanes. De dicho informe se desprende, en particular, que, en el marco de la excepción, el Gobierno alemán había aceptado reducir en un 40 %, antes de finales de 1995, de forma auténtica e irreversible, la capacidad de construcción naval de 545.000 tbc existente en 1990. El Gobierno alemán indicó el siguiente reparto de la capacidad futura de construcción de buques de navegación marítima en los astilleros de los nuevos Länder.

Capacidad en

1990 (tbc)

Capacidad

futura (tbc)

Evolución

MTW

87.275

100.000

+ 12.725

WW

133.804

85.000

- 48.804

PW

0

35.000

+ 35.000

VW

183.030

85.000

- 98.030

EWB

38.228

22.000

- 16.228

NW

97.042

0

- 97.042

RSW

55.662

0

- 5.662

Total

545.041

327.000

- 218.041

10 Del citado informe de 1 de abril de 1993 resulta también que, sobre la base de los proyectos de inversión, Appledore había evaluado la capacidad de los tres astilleros privatizados MTW, WW y PW. Según Appledore, estos tres astilleros no podrían sobrepasar en el futuro los límites de capacidad acordados (véase el cuadro anterior), como consecuencia de los puntos de estrangulamiento detectados en las instalaciones de producción.

11 Conforme a los datos facilitados por la Comisión, las autoridades alemanas le enviaron, durante el mes de marzo de 1993, el primer informe previsto por la letra d) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva (en lo sucesivo, «informe "spill-over"»), elaborado por C & L Treuarbeit Deutsche Revision y que cubría el período comprendido entre el 1 de noviembre de 1992 y el 28 de febrero de 1993.

12 El 11 de octubre de 1993, el 14 de diciembre de 1993 y el 2 de febrero de 1994 se enviaron a la Comisión otros informes «spill-over». El informe anual «spill-over» de 1993 se presentó a la Comisión el 16 de marzo de 1994.

13 A principios de agosto de 1993, las autoridades alemanas comunicaron a la Comisión que MTW trabajaba en un proyecto de traslado del astillero, debido a que el tipo de suelo en que se asentaban las instalaciones existentes hacía prácticamente imposible construir un astillero del tipo contemplado en el acuerdo de privatización. Para tratar de las posibles implicaciones del traslado previsto, la Comisión se reunió tanto con las autoridades alemanas, el 19 de agosto de 1993, como con representantes del ministerio de Industria danés y de las demandantes, el 18 de octubre de 1993.

14 El 27 de octubre de 1993, solicitó a las autoridades alemanas que notificaran oficialmente el proyecto de traslado del astillero. La notificación se efectuó mediante escrito de 5 de noviembre de 1993. A continuación, el 3 de diciembre de 1993, el proyecto de traslado se discutió con los Estados miembros en el curso de una reunión multilateral.

15 Mediante escrito de 15 de diciembre de 1993, la Comisión comunicó al Gobierno alemán que no podría adoptar una Decisión sobre el segundo tramo de la ayuda antes del 31 de diciembre de 1993.

16 Los debates relativos a las implicaciones del traslado del astillero continuaron durante los primeros meses de 1994 y el 7 de febrero de dicho año se celebró otra reunión multilateral con los Estados miembros. El 29 de abril de 1994, las autoridades alemanas comunicaron que se había abandonado el proyecto de traslado del astillero. Durante una reunión de la Comisión de 11 de mayo de 1994, esta Institución decidió autorizar el pago del segundo tramo de la ayuda, es decir, 406 millones de DM, 220,8 de ellos en metálico, debido a que se reunían los requisitos previstos por el artículo 10 bis de la Séptima Directiva.

17 La Decisión de 11 de mayo de 1994 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada») fue objeto de un comunicado de prensa el mismo día. Mediante escrito de 18 de mayo de 1994, la Comisión transmitió su Decisión al Gobierno alemán, que era su destinatario.

Procedimiento y pretensiones de las partes

18 En estas circunstancias, mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de julio de 1994, las demandantes interpusieron el presente recurso.

19 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de octubre de 1994, las demandantes solicitaron que el inglés pasase a ser la lengua de procedimiento en lugar del danés. Mediante auto de 8 de noviembre de 1994, el Tribunal de Primera Instancia autorizó a las partes a continuar el procedimiento en lengua inglesa.

20 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de diciembre de 1994, MTW solicitó que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Mediante auto de 10 de marzo de 1995, el Presidente de la Sala Segunda ampliada admitió tal intervención.

21 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de diciembre de 1994, la República Federal de Alemania solicitó que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Mediante auto de 10 de marzo de 1995, el Presidente de la Sala Segunda ampliada admitió tal intervención.

22 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de diciembre de 1994, el Reino de Dinamarca solicitó que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de las partes demandantes. Mediante auto de 10 de marzo de 1995, el Presidente de la Sala Segunda ampliada admitió tal intervención.

23 Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de febrero de 1995, las demandantes solicitaron al Tribunal de Primera Instancia, conforme a los artículos 70 y 114 del Reglamento de Procedimiento, por una parte, que ordenara a la Comisión que presentara determinados documentos considerados esenciales y necesarios para esclarecer los hechos del asunto y, por otra parte, que ordenara la realización de una prueba pericial con el fin de examinar los métodos adoptados por la Comisión para comprobar la reducción de capacidad con arreglo al artículo 10 bis de la Séptima Directiva. Por lo que respecta a los documentos, solicitaron que se presentaran: 1) la notificación efectuada por las autoridades alemanas el 2 de octubre de 1992 y el escrito de 4 de diciembre de 1992 mediante el que éstas proporcionaron datos adicionales sobre la notificación; 2) los informes «spill-over» contemplados en la letra d) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva; 3) la documentación relativa al pago del segundo tramo de la ayuda y, en particular, el escrito de las autoridades alemanas de 2 de febrero de 1994; 4) el escrito del Gobierno alemán de 24 de julio de 1992, en el que éste confirmó el compromiso de una reducción de capacidad auténtica e irreversible del 40 % dentro del plazo señalado, conforme a la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva y, por último, 5) el escrito de la Comisión de 15 de diciembre de 1993 enviado al Gobierno alemán.

24 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de abril de 1995, la Comisión solicitó al Tribunal de Primera Instancia que desestimara las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento presentadas por las demandantes, salvo por lo que respecta a la presentación del escrito de la Comisión de 15 de diciembre de 1993, que adjuntó como anexo a aquel escrito.

25 Mediante escrito de 30 de mayo de 1995, el Tribunal de Primera Instancia pidió a la Comisión que presentara el escrito de las autoridades alemanas de 2 de febrero de 1994, relativo al pago del segundo tramo de la ayuda. La Comisión presentó dicho escrito el 27 de junio de 1995.

26 Mediante resolución del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 1995, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Tercera ampliada, a la que, en consecuencia, fue atribuido el asunto.

27 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. No obstante, mediante escrito de 18 de marzo de 1996, pidió a las partes que aportaran determinados documentos y respondieran a algunas preguntas por escrito y durante la vista. Las demandantes respondieron a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia mediante escrito presentado en la Secretaría de dicho Tribunal el 1 de abril de 1996. Mediante escrito presentado en la Secretaría el 23 de abril de 1996, la Comisión respondió a las preguntas y presentó los documentos solicitados.

28 En la vista de 14 de mayo de 1996 se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

29 Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule total o parcialmente la Decisión de la Comisión de 11 de mayo de 1994, relativa al pago del segundo tramo de la ayuda en favor de MTW.

- Condene en costas a la Comisión.

- Condene a la parte coadyuvante MTW a cargar con las costas de su intervención.

30 La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a las demandantes.

31 El Reino de Dinamarca, parte coadyuvante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule la Decisión de la Comisión de 11 de mayo de 1994, relativa al pago del segundo tramo de la ayuda en favor de MTW.

32 La República Federal de Alemania, parte coadyuvante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso.

33 MTW, parte coadyuvante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a las partes demandantes, incluidas las costas de la parte coadyuvante.

Sobre la admisibilidad

Alegaciones de las partes

34 La parte coadyuvante MTW se pregunta sobre si los ocho astilleros daneses enumerados en la demanda pueden considerarse demandantes en el presente litigio. Dado que en dicho escrito no se designa claramente a la parte demandante, MTW alega que del apartado 6 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento resulta a contrario que debe declararse la inadmisibilidad del recurso, al menos por lo que respecta a tales astilleros.

35 Según MTW, en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia considerara que el recurso fue interpuesto conjuntamente por la asociación y por los ocho astilleros, debe declararse la inadmisibilidad del recurso de estos últimos tomado separadamente, ya que los astilleros no han aportado la prueba de su participación en el procedimiento administrativo (sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 1986, Cofaz y otros/Comisión, 169/84, Rec. p. 391). Además, los astilleros daneses no formularon ninguna alegación particular sobre los efectos que la ayuda de Estado de que se trata podría producir sobre su posición en el mercado.

36 Las demandantes señalan, en primer lugar, que de la versión danesa del recurso se deduce claramente que la parte demandante es la asociación de astilleros daneses en nombre propio y en nombre de los astilleros mencionados en el recurso. A continuación, alegan que MTW, en su condición de parte coadyuvante, no puede, conforme al apartado 3 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento, al párrafo tercero del artículo 37 y al artículo 46 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, proponer una excepción de inadmisibilidad, dado que la parte demandada no ha negado la admisibilidad del recurso (sentencias del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión, C-313/90, Rec. p. I-1125, apartados 20 a 22, y de 15 de junio de 1993, Matra/Comisión, C-225/91, Rec. p. I-3203).

37 Consideran que el Tribunal de Primera Instancia no debe declarar de oficio la inadmisibilidad del recurso, puesto que MTW planteó la cuestión de la inadmisibilidad en una fase muy avanzada del procedimiento. En cualquier caso, debería desestimarse la excepción de inadmisibilidad parcial, dado que no se ha impugnado la admisibilidad del recurso de la asociación y que se trata de un único y mismo recurso (sentencia CIRFS y otros/Comisión, antes citada). Por otra parte, según las demandantes, los astilleros daneses son competidores de MTW y la ayuda de Estado altera de forma suficiente su situación en el mercado, tal como se expuso de forma clara y precisa en la demanda. Por consiguiente, las demandantes reúnen los requisitos de legitimación (sentencias Cofaz y otros/Comisión, antes citada, y Matra/Comisión, antes citada).

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

38 Por lo que respecta a la legitimación de MTW, en su condición de parte coadyuvante, para proponer una excepción de inadmisibilidad, procede recordar que, conforme al párrafo tercero del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con el párrafo primero del artículo 46 de dicho Estatuto, las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes. Por otra parte, con arreglo al apartado 3 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento, la parte coadyuvante acepta el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.

39 De ello resulta que MTW no está legitimada para proponer una excepción de inadmisibilidad parcial y que el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a examinar los motivos invocados en apoyo de dicha excepción (sentencia CIRFS y otros/Comisión, antes citada, apartado 22).

40 No obstante, dado que se trata de una causa de inadmisión de orden público, el Tribunal de Primera Instancia puede, en cualquier momento, examinar de oficio la admisibilidad del recurso, conforme al artículo 113 del Reglamento de Procedimiento.

41 Debe señalarse, con carácter preliminar, que, teniendo en cuenta el escrito de interposición del recurso y la respuesta a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Primera Instancia, las demandantes son Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark, Skibsværftsforeningen (asociación de astilleros daneses; en lo sucesivo, «Skibsværftsforeningen»), en nombre propio y en calidad de mandatario de los siguientes astilleros daneses: Assens Skibsværft A/S, Burmeister & Wain Skibsværft A/S, Danyard A/S, Fredericia Skibsværft A/S, Odense Staalskibsværft A/S, Svendborg Værft A/S, Ørskov Christensens Staalskibsværft A/S, y Aarhus Flydedok A/S. Según sus estatutos, Skibsværftsforeningen tiene por misión, principalmente, representar al sector de la construcción naval en Dinamarca y en el extranjero.

42 A diferencia de lo que opina MTW, el Tribunal de Primera Instancia considera que, a este respecto, el recurso se ajusta al apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento.

43 En segundo lugar, procede recordar que el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE (en lo sucesivo, «Tratado») permite que las personas físicas o jurídicas interpongan un recurso contra las Decisiones de las que sean destinatarias o contra las que, aunque revistan la forma de un Reglamento o de una Decisión dirigida a otra persona, les afecten directa e individualmente. En el presente asunto, se trata de una Decisión dirigida al Gobierno alemán.

44 Según jurisprudencia reiterada, los sujetos que no sean destinatarios de una Decisión sólo pueden afirmar que ésta les afecta individualmente cuando les atañe debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que los caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, los individualiza de manera análoga a la del destinatario (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, Rec. pp. 197 y ss., especialmente p. 223, y del Tribunal de Primera Instancia de 27 de abril de 1995, ASPEC y otros/Comisión, T-435/93, Rec. p. II-1281, apartado 62, y de 5 de junio de 1996, Kahn Scheepvaart/Comisión, T-398/94, Rec. p. II-477, apartado 37).

45 A continuación, debe señalarse que la Comisión adoptó la Decisión impugnada en el marco del procedimiento preliminar previsto por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Pues bien, teniendo en cuenta que las demandantes no solicitaron su anulación debido a que la Comisión hubiera incumplido la obligación de incoar el procedimiento del apartado 2 de dicho artículo, o debido a que se hubieran violado las garantías procesales previstas por esta última disposición (sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de 1993, Cook/Comisión, C-198/91, Rec. p. I-2487, y Matra/Comisión, antes citada), el simple hecho de que las partes demandantes puedan considerarse partes «interesadas» a efectos del apartado 2 del artículo 93 no puede bastar para declarar la admisibilidad del recurso. Por consiguiente, procede examinar si la Decisión impugnada afecta a las demandantes debido a otras circunstancias que puedan individualizarlas de manera análoga a la del destinatario, en el sentido de la sentencia Plaumann, antes citada.

46 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia comprueba que de los autos se deduce que al menos dos astilleros daneses de entre las sociedades demandantes, a saber, Danyard A/S y Odense Staalskibsværft A/S, se encuentran o se encontrarán, cuando finalice la reestructuración de MTW, en competencia directa con ésta. La propia MTW ha reconocido que en este momento es competidor directo de estos dos astilleros, y que lo será aún más una vez que se termine el nuevo dique seco. Al igual que Danyard A/S, la parte coadyuvante MTW construye actualmente petroleros de tamaño medio, cargueros a granel (bulk carriers) y portacontenedores cuyo tonelaje puede alcanzar las 40.000 toneladas de registro bruto (trb). Según los datos facilitados por MTW, con sus nuevas instalaciones estará en condiciones de construir grandes petroleros para el transporte de crudo (en lo sucesivo, «petroleros o buques de tipo E 3»), cuyo tonelaje podrá alcanzar las 300.000 trb, y portacontenedores. Con esta gama de productos, MTW se encontrará, siempre según los datos que ha facilitado, en los mismos segmentos de mercado que Odense Staalskibsværft A/S. De los autos se desprende también que la Comunidad cuenta con un número muy reducido de astilleros que construyen o son actualmente capaces de construir petroleros de tipo E 3, entre ellos, en particular, Odense Staalskibsværft. Por otra parte, durante el procedimiento administrativo, las instalaciones de este último astillero fueron objeto de varias comparaciones con las de MTW a la hora de estimar la capacidad futura de MTW.

47 Si bien es cierto que la mera circunstancia de que un acto pueda influir en las relaciones de competencia existentes en el mercado de que se trate no basta para que cualquier operador económico que se encuentre en una relación de competencia cualquiera con el destinatario del acto pueda considerarse directa e individualmente afectado por este último (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 1969, Eridania y otros/Comisión, asuntos acumulados 10/68 y 18/68, Rec. p. 459, apartado 7), los documentos que obran en autos demuestran, no obstante (véase el apartado anterior), que las posiciones en el mercado de las sociedades demandantes Danyard A/S y Odense Staalskibsværft A/S podrían verse sustancialmente afectadas por la concesión de la ayuda de Estado objeto de litigio. Por consiguiente, se encuentran en una situación de competencia particular que las caracteriza, de esta manera, por lo que se refiere a la ayuda de Estado, con respecto a cualquier otro operador económico (sentencia ASPEC y otros/Comisión, antes citada, apartado 70).

48 En estas circunstancias, Danyard A/S y Odense Staalskibsværft A/S deben considerarse individualmente afectadas por la Decisión impugnada.

49 Por lo que respecta a la cuestión de si la Decisión impugnada también afecta directamente a estos dos astilleros, es cierto que no podría afectar a sus intereses si el Gobierno alemán no hubiera adoptado medidas de ejecución. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia hace constar que la parte concedida en metálico del segundo tramo de la ayuda objeto de litigio fue consignada ya el 30 de diciembre de 1993 en cuentas bloqueadas en el Commerzbank y en el Dresdner Bank por el Gobierno alemán, a la espera de la aprobación de la Comisión. En consecuencia, no cabía ninguna duda acerca de la voluntad de las autoridades alemanas de conceder la ayuda de que se trata. Por consiguiente, debe admitirse que la Decisión impugnada afecta directamente a los dos astilleros antes mencionados (véase, en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1985, Piraiki-Patraiki y otros/Comisión, 11/82, Rec. p. 207).

50 Puesto que habría podido admitirse un recurso interpuesto por Danyard A/S o por Odense Staalskibsværft A/S, debe declararse igualmente la admisibilidad de un recurso interpuesto por Skibsværftsforeningen en calidad de mandatario de estos dos astilleros (sentencia de 6 de julio de 1995, AITEC y otros, asuntos acumulados T-447/93, T-448/93 y T-449/93, Rec. p. II-1971, apartados 59 a 62).

51 Dado que se trata de un único y mismo recurso, no procede examinar la legitimación de los demás astilleros mencionados en el recurso ni la de la asociación de astilleros daneses en nombre propio (sentencia CIRFS y otros/Comisión, antes mencionada, apartado 31).

52 De las consideraciones anteriores resulta que debe declararse la admisibilidad del recurso.

Sobre el fondo

53 Las demandantes invocan tres motivos en apoyo de su recurso, basados, respectivamente, en la incompetencia ratione temporis de la Comisión para aprobar el segundo tramo de la ayuda, en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, y en la existencia de vicios sustanciales de forma. El Gobierno danés formula un motivo basado en la violación del «principio de transparencia».

Sobre el motivo basado en la incompetencia ratione temporis

Sobre la admisibilidad del motivo

- Alegaciones de las partes

54 La parte coadyuvante MTW afirma que no puede admitirse el presente motivo. Señala que se trata de un motivo basado en la infracción de una norma de procedimiento, a saber, el plazo en el que la Comisión debía adoptar su Decisión, conforme al apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, que expiraba el 31 de diciembre de 1993. Según la jurisprudencia, este motivo sólo podría admitirse en el supuesto de que el procedimiento hubiera producido un resultado distinto si no se hubiesen producido tales irregularidades, o si la disposición supuestamente infringida tuviera por objeto proteger los intereses legítimos de los demandantes (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 1973, Marcato/Comisión, 37/72, Rec. p. 361, apartado 6; de 10 de julio de 1980, Distillers Company/Comisión, 30/78, Rec. p. 2229, apartado 26, y Cofaz y otros/Comisión, antes citada, apartados 23 y siguientes). Pues bien, según MTW, las demandantes no han demostrado que esto haya sucedido.

55 Las demandantes niegan estas afirmaciones. Por una parte, es probable que la Decisión de la Comisión hubiera sido diferente si no se hubiesen infringido las normas de procedimiento. Por otra parte, y en cualquier caso, las demandantes consideran que tienen un interés legítimo en que el Tribunal de Primera Instancia examine estas alegaciones. La mera posibilidad de que se desestimen los motivos de una parte no constituye una causa de inadmisión.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

56 El motivo formulado por las demandantes se basa en la incompetencia de la Comisión. Si fuera fundado, implicaría, según el apartado 2 del artículo 173 del Tratado, la anulación de la Decisión.

57 Las demandantes son tanto la asociación danesa que agrupa a los principales astilleros daneses como ocho sociedades que explotan astilleros, de las cuales al menos dos están en situación de competencia directa con el beneficiario de la ayuda objeto de litigio. MTW no puede negar que dichas demandantes tienen interés en formular el motivo y en obtener un control jurisdiccional del alcance de la competencia de la Comisión.

58 De ello resulta que debe admitirse el motivo.

Sobre el fundamento del motivo

- Alegaciones de las partes

59 Las demandantes alegan que la Comisión aprobó una ayuda de Estado en un momento en el que no era competente para ello, dado que la Decisión impugnada se adoptó después de la fecha límite del 31 de diciembre de 1993, que figura en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, e igualmente después de la misma fecha límite fijada, además, para el pago de la ayuda por la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de dicha Directiva. En opinión de las demandantes, al hacerlo la Comisión actuó fuera de su competencia ratione temporis.

60 En efecto, según las demandantes, no existe ninguna otra disposición que habilite a la Comisión para adoptar, después del 31 de diciembre de 1993, una Decisión por la que se autorice el pago de la ayuda, incluso en el caso de una ayuda notificada dentro de plazo y abonada antes de dicha fecha. Las Directivas de que se trata limitan estrictamente las facultades de la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1993, Bélgica/Comisión, asuntos acumulados C-356/90 y C-180/91, Rec. p. I-2323).

61 A este respecto, de la propuesta de la Directiva 92/68 se desprende que las ayudas autorizadas en favor de los astilleros de Alemania Oriental debían pagarse, a más tardar, el 31 de diciembre de 1993. Por consiguiente, el legislador comunitario quiso fijar una fecha final en la que debería quedar finalizada la reestructuración de la industria de la construcción naval de la antigua República Democrática Alemana, gracias a las ayudas autorizadas, pagadas por el Gobierno alemán. Después del 31 de diciembre de 1993, la competencia para adoptar una Decisión por la que se aprobara el segundo tramo de la ayuda correspondería únicamente al Consejo, con arreglo a la letra e) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado.

62 A pesar de que la fecha límite de aplicación de la Séptima Directiva se aplazó del 31 de diciembre de 1993 al 31 de diciembre de 1994 mediante la Directiva 93/115, la fecha límite fijada por el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva para el pago de la ayuda de Estado en favor de los astilleros de Alemania Oriental no fue, por su parte, modificada.

63 Las demandantes discuten la afirmación de la Comisión según la cual el plazo fijado por el artículo 10 bis no era un plazo perentorio. En efecto, el asunto se discutió en el Consejo y la Directiva 93/115 se adoptó el 16 de diciembre de 1993, es decir, al día siguiente de que la Comisión comunicará al Gobierno alemán sus dificultades para adoptar su Decisión antes del 31 de diciembre de 1993.

64 Durante la vista, las demandantes señalaron que la Comisión, en otro contexto relativo a las ayudas a la siderurgia, consideró que, tras la expiración de un plazo fijado por el artículo 5 de la Decisión nº 3855/91/CECA de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991 (DO L 362, p. 57), disposición análoga a aquella de que se trata en el presente asunto, ya no disponía de la competencia conferida por dicho artículo [véase la comunicación de la Comisión de 31 de octubre de 1995 (DO C 289, p. 11)].

65 A continuación, alegan que la jurisprudencia invocada por la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires y Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90, Rec. p. I-5505; en lo sucesivo, «sentencia FNCE») no se aplica en el caso de autos.

66 En efecto, a diferencia de dicho asunto, en el que la ayuda de que se trataba había sido concedida de conformidad con las disposiciones del Tratado, sin que éste previera ningún plazo específico, en el caso de autos se trata de la aprobación fuera de plazo de una ayuda pagada en virtud de un régimen específico y transitorio por el que se establecen excepciones, que expiró el 31 de diciembre de 1993. Del asunto antes mencionado se desprende que ni la Comisión ni el Tribunal de Justicia pueden regularizar o legalizar a posteriori una ayuda pagada infringiendo la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Admitir la tesis de la Comisión según la cual esta Institución podría, incluso en tales circunstancias, declarar la ayuda de que se trata compatible con el mercado común supondría mejorar la posición jurídica de las autoridades alemanas y de MTW tolerando un pago ilegal y, de forma paralela, ampliar las facultades de la Comisión una vez transcurrido el plazo fijado por el Consejo.

67 Las demandantes señalan que hasta la recepción del escrito de contestación no fueron informadas de que el segundo tramo de la ayuda objeto de litigio se había consignado en cuentas bloqueadas antes del 31 de diciembre de 1993, cuando el comunicado de prensa de 11 de mayo de 1994 insinuaba que el tramo se pagaría tras la adopción de la Decisión impugnada.

68 En su opinión, de la jurisprudencia puede deducirse que el incumplimiento de un plazo como el previsto en la Directiva 92/68 constituye una infracción del Derecho comunitario (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 1973, Comisión/Italia, 30/72, Rec. p. 161). En el presente asunto, el incumplimiento de la Séptima Directiva por parte de la Comisión no puede justificarse, ya que el retraso en la tramitación del expediente sólo es imputable a MTW. Las demandantes añaden que la ayuda no sólo no debería haberse pagado hasta ser aprobada por la Comisión, sino que además debería haber sido compatible con el mercado común en una fecha anterior al 31 de diciembre de 1993. Pues bien, dado que la Decisión impugnada se adoptó en mayo de 1994, debería haberse basado en circunstancias de hecho totalmente distintas de las existentes en el momento en que se suponía que tenía que pagarse la ayuda, a saber, en un momento en que el astillero debería haber sido trasladado. Estas últimas circunstancias hacen que el pago sea ilegal (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1977, Jansen, 104/76, Rec. p. 829).

69 Las demandantes niegan la afirmación de MTW según la cual el pago del segundo tramo de la ayuda se aprobó, en sustancia, cuando la Comisión decidió, el 23 de diciembre de 1992, aprobar el primer tramo de la ayuda. Esta afirmación queda desvirtuada por la enumeración que hace la Comisión, en el escrito de contestación, de los requisitos que debían cumplirse antes de que el segundo tramo de la ayuda pudiera declararse compatible con el mercado común.

70 Por último, las demandantes refutan la afirmación de la Comisión según la cual carecían de interés legítimo para solicitar la anulación de la Decisión impugnada, dado que esta Decisión las afecta individual y directamente. Por otra parte, de la jurisprudencia resulta que se exige cierto formalismo en el funcionamiento de la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros, «PVC», C-137/92 P, Rec. p. I-2555; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión, T-32/91, Rec. p. II-1825, que es actualmente objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, con el número C-288/95 P, e ICI/Comisión, T-37/91, Rec. p. II-1901, que es actualmente objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, con el número C-286/95 P). Según las demandantes, el incumplimiento de normas formales constituye en sí una infracción que implica la anulación de una Decisión, tanto si dicho incumplimiento produce efectos sobre la Decisión impugnada como si no.

71 El Gobierno danés comparte el razonamiento de las demandantes según el cual la Comisión no era, en mayo de 1994, competente para adoptar la Decisión impugnada. En efecto, el plazo fijado en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva no representa una norma formal de procedimiento, sino que constituye uno de los requisitos de la compatibilidad de la ayuda con el mercado común. A diferencia de lo que piensa la Comisión, la distinción entre una ayuda ilícita y una ayuda incompatible con el mercado común carece de pertinencia para apreciar las ayudas de Estado basadas en el régimen transitorio y específico establecido para los astilleros de la antigua República Democrática Alemana por la Directiva 92/68.

72 El Gobierno danés niega la afirmación de la Comisión según la cual las disposiciones transitorias no fueron expresamente prorrogadas, como consecuencia de un simple malentendido, cuando se adoptó la Directiva 93/115. Señala que la cuestión se debatió en el Consejo cuando se examinó el proyecto de la Directiva. Según dicho Gobierno, el Consejo consideró unánimemente que no debía prolongarse la validez de las normas especiales para los astilleros de la antigua República Democrática Alemana. Además, el plazo mencionado se fijó para tener en cuenta las posibilidades de los Estados miembros y de otras partes interesadas en adoptar disposiciones comerciales. Estos debían tener la certeza jurídicamente protegida de poder actuar de conformidad con las normas de la Directiva, con arreglo al plazo vigente. La propia Comisión reconoció, en su respuesta a la pregunta escrita nº 2792/92 del Parlamento Europeo, la importancia decisiva de este plazo (DO 1993, C 195, p. 18).

73 Por otra parte, según el Gobierno danés, la Comisión aprobó, mediante la Decisión impugnada, el pago del segundo tramo de la ayuda sobre una base equivocada. En efecto, en el momento en que el Gobierno alemán comunicó a la Comisión el pago de la ayuda objeto de litigio, es decir, el 17 de marzo de 1994, la ayuda se destinaba a un astillero que debía trasladarse. Pues bien, el Gobierno danés estima que, en la Decisión impugnada, la Comisión suponía que MTW permanecería en el lugar inicialmente previsto.

74 Por último, por lo que respecta a la consignación de una parte del segundo tramo de la ayuda en cuentas bloqueadas a la espera de la aprobación de la Comisión, el Gobierno danés considera que si esta consignación equivalía al pago, era ilegal, ya que la Comisión todavía no había dado su autorización. Añade que si, por el contrario, la consignación no equivalía al pago, éste no se produjo hasta la liberación de la consignación en 1994. En este caso, sería ilegal, ya que la aprobación de la Comisión tuvo lugar en una fecha en que dicha Institución no era ya competente para darla y porque el pago no podía producirse legalmente después del 31 de diciembre de 1993. A este respecto, la Decisión impugnada no refleja claramente si el pago se produjo en 1993 o no se produjo hasta 1994.

75 La Comisión alega que, según la jurisprudencia, es necesario distinguir entre, por una parte, una ayuda de Estado inválida (o ilegal) y, por otra, una ayuda de Estado incompatible con el mercado común (sentencia FNCE, antes citada, apartados 9 a 11).

76 Destaca que, en el presente asunto, las autoridades alemanas pagaron la ayuda antes de la aprobación de la Comisión. No obstante, la invalidez de dicha ayuda, conforme a la jurisprudencia antes citada, no impedía que la Comisión la declarara compatible con el mercado común, dado que había sido concedida antes de la fecha límite contemplada en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, y que, además, se habían cumplido todos los demás requisitos previstos por dicho artículo. Por consiguiente, el papel de la Comisión se limitó a evaluar la compatibilidad de la ayuda, aunque ésta se hubiera pagado antes de su aprobación.

77 Por lo que respecta al pago del segundo tramo de la ayuda, la Comisión afirma que del escrito de 2 de febrero de 1994, enviado por las autoridades alemanas, se desprende que el 30 de diciembre de 1993 se consignaron 220,8 millones de DM en metálico en cuentas bloqueadas, en favor de MTW, a la espera de la aprobación de la Comisión. A este respecto, la Comisión niega la afirmación de las demandantes según la cual no se las informó de este pago antes de que interpusieran el recurso. El pago de la ayuda controvertida fue objeto de discusiones durante las reuniones de 3 de febrero, 7 de febrero y 21 de marzo de 1994, en las que participaron también las demandantes. Según la Comisión, el artículo 48 del Reglamento de Procedimiento impide que las demandantes invoquen, en la fase de réplica, alegaciones basadas en esta afirmación errónea.

78 Habida cuenta de los motivos que hicieron que la Decisión se demorase, a saber, la presentación de un proyecto de traslado justificado por razones puramente objetivas, y las numerosas reuniones a que dio lugar este proyecto, fundamentalmente con las demandantes, la Comisión refuta su incompetencia ratione temporis.

79 A este respecto, la Comisión alegó durante la vista que el artículo 10 bis de la Séptima Directiva autorizaba el pago de las ayudas de funcionamiento para contratos firmados entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de diciembre de 1993. Así, era competente, incluso después de esta última fecha, para aprobar las ayudas, siempre que éstas se pagaran en relación con tales contratos. En consecuencia, el plazo que figura en el artículo 10 bis no es el plazo señalado para adoptar la Decisión sobre la compatibilidad.

80 A continuación, la Comisión señala que, si bien es cierto que el párrafo primero del apartado 2 del artículo 10 bis preveía como fecha límite el 31 de diciembre de 1993, el plazo correspondiente no era un «plazo perentorio». Se insertó en la Directiva 92/68 únicamente para que el período de validez de esta última coincidiera con el de la Séptima Directiva. En efecto, en el momento en que se adoptó la Directiva 92/68, el 20 de julio de 1992, aún no se sabía que el 16 de diciembre de 1993 se prorrogaría la validez de la Séptima Directiva hasta el 31 de diciembre de 1994 mediante la Directiva 93/115. Aunque es de lamentar que esta última Directiva no haya prorrogado expresamente el plazo señalado por el apartado 2 del artículo 10 bis, sería extremadamente formalista deducir de ello, únicamente sobre esta base, que la Comisión no era competente para autorizar, después del 31 de diciembre de 1993, el segundo tramo de la ayuda.

81 Por último, siempre según la Comisión, la compatibilidad de una ayuda debe apreciarse en relación con los efectos que produce en el mercado en el momento en que se concede, es decir, antes del 31 de diciembre de 1993, cosa que sucedió en el caso de autos. El hecho de que la Comisión adoptara su Decisión después del 31 de diciembre de 1993 no produjo efectos negativos sobre la situación de competencia de las sociedades demandantes. En consecuencia, éstas no tenían un interés legítimo en solicitar la anulación de la Decisión impugnada.

82 La parte coadyuvante MTW suscribe el razonamiento presentado por la Comisión por lo que respecta a las consecuencias que deben extraerse de la expiración del plazo previsto en el apartado 2 del artículo 10 bis. En particular, de la jurisprudencia resulta que la mera infracción de la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado, en la medida en que la ayuda de que se trata se pagó antes del 31 de diciembre de 1993, no implica la incompatibilidad de la ayuda con el mercado común, dado que, en efecto, la Comisión no está facultada para declarar las ayudas incompatibles por el simple motivo de que se haya infringido este último artículo (sentencia FNCE, antes citada, apartados 13 y 14; conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en dicha sentencia, punto 21).

83 Según MTW, la ayuda objeto de litigio fue ya autorizada, en sustancia, por la Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 1992, relativa al primer tramo de la ayuda. Las dos Decisiones de la Comisión no autorizan dos ayudas de Estado distintas, sino un primer y un segundo tramo de una sola y misma ayuda. Mediante su Decisión de 23 de diciembre de 1992, la Comisión indicó que, teniendo en cuenta los datos facilitados por el Gobierno alemán los días 2 y 4 de diciembre de 1992, estaba en condiciones de evaluar la ayuda de que se trata. El pago del segundo tramo se supeditaba únicamente a la presentación por el Gobierno alemán de una declaración relativa a la reducción total de la capacidad de construcción naval, tal como se repartía entre los diferentes astilleros, y de los informes «spill-over». En estas circunstancias, siempre según MTW, la Comisión era competente para aprobar el desbloqueo del segundo tramo en 1994, ya que éste sólo dependía de que se reunieran los requisitos formales.

84 Por último, MTW alega que, teniendo en cuenta que el plazo de que se trata era una mera norma de procedimiento, el fundamento del presente motivo está supeditado al requisito de que las demandantes demuestren que la Comisión se habría negado a autorizar el desbloqueo del segundo tramo de la ayuda si hubiera adoptado su Decisión antes de que finalizara el año 1993, o que las disposiciones de que se trata tenían por objeto proteger sus intereses (sentencias Distillers Company/Comisión y Marcato/Comisión, antes citadas). Pues bien, esto no sucede en el caso de autos).

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

85 Con carácter preliminar, debe destacarse que la Directiva 92/68, que introdujo el artículo 10 bis en la Séptima Directiva, constituyó una excepción específica y transitoria en materia de ayudas de Estado. Así, del segundo considerando de su exposición de motivos resulta, por una parte, que era necesaria una reestructuración del sector de la construcción naval de Alemania Oriental para hacerlo competitivo y, por otra parte, que debía «ponerse en marcha un régimen transitorio específico para que el sector de la construcción naval [de la antigua República Democrática Alemana] pueda continuar funcionando durante la reestructuración gradual, de forma que [respetara] la normativa sobre ayudas estatales aplicable en toda la Comunidad».

86 Aunque la Directiva 93/115 modificó el artículo 13 de la Séptima Directiva, prorrogando la vigencia de esta última durante el año 1994, no modificó los plazos fijados por el artículo 10 bis de la Séptima Directiva. En efecto, si el nuevo plazo fijado por la Directiva 93/115 hubiese tenido que aplicarse igualmente al régimen especial en favor de los astilleros de Alemania Oriental, habría sido necesario que la Directiva 93/115 prorrogara expresamente el plazo fijado en el artículo 10 bis.

87 Por lo que respecta a la cuestión de si en el presente asunto se cumplió el requisito establecido en la letra a) in fine del apartado 2 del artículo 10 bis, según el cual las ayudas deberán haber sido pagadas antes del 31 de diciembre de 1993, el Tribunal de Primera Instancia señala que de las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas de dicho Tribunal resulta, sin que lo nieguen las demandantes, que la parte concedida en metálico del segundo tramo de la ayuda de que se trata se consignó el 30 de diciembre de 1993, en favor de MTW, en cuentas bloqueadas en el Commerzbank y en el Dresdner Bank. La liberación de estos fondos se supeditó a la aprobación por un administrador nombrado por el Gobierno alemán y por un administrador nombrado por el beneficiario.

88 Corresponde al Tribunal de Primera Instancia examinar si esta consignación debe asimilarse a un pago, a efectos de la letra a) in fine del apartado 2 del artículo 10 bis. A diferencia de lo que afirma la Comisión, el artículo 48 del Reglamento de Procedimiento no prohíbe a las demandantes invocar una posible irregularidad en el pago del segundo tramo de la ayuda, ya que este último artículo no excluye el que se invoque una nueva alegación en apoyo del presente motivo.

89 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que del artículo 11 de la Séptima Directiva resulta que los Estados miembros deben notificar previamente a la Comisión y no pueden ejecutar sin su autorización ninguna decisión individual de aplicación del régimen especial establecido por el artículo 10 bis.

90 Así, tras haber sido informado mediante escrito de 15 de diciembre de 1993 de que la Comisión no podría adoptar una Decisión definitiva antes de que concluyera 1993 (véase el apartado 15 supra), el Gobierno alemán se vio obligado a actuar, si seguía queriendo conceder una ayuda de funcionamiento a MTW, teniendo en cuenta el conflicto entre las disposiciones aplicables. Por una parte, el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva le obligaba a entregar la ayuda al beneficiario antes del 31 de diciembre de 1993. Por otra parte, debía respetarse el apartado 2 del artículo 11 de la misma Directiva, según el cual los Estados miembros no podían ejecutar la ayuda de Estado sin contar con la autorización previa de la Comisión.

91 Teniendo en cuenta el contexto concreto del caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia considera que el Gobierno alemán, que seguía queriendo conceder el segundo tramo de la ayuda a MTW, se vio obligado, para cumplir los requisitos del artículo 10 bis, a consignar la parte concedida en metálico del segundo tramo en cuentas bloqueadas. Por consiguiente, debe admitirse que el requisito relativo al pago de la ayuda se vio cumplido a través de esta consignación en favor de MTW antes del 31 de diciembre de 1993. Esta apreciación queda corroborada por el hecho de que, según datos facilitados por la Comisión durante la vista y no discutidos por las demandantes, los intereses de las cuentas bloqueadas pertenecían a MTW.

92 En cuanto a la cuestión de si la Comisión era competente, en mayo de 1994, para declarar compatible con el mercado común el segundo tramo de la ayuda en favor de MTW, procede recordar que la competencia de la Comisión para declarar compatibles con el mercado común las ayudas de Estado en el sector de la construcción naval está limitada por las Directivas vigentes (sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1993, Bélgica/Comisión, antes citada, apartados 24 a 33, y de 5 de octubre de 1994, Alemania/Comisión, C-400/92, Rec. p. I-4701, apartados 13 a 16).

93 En efecto, de la estructura y del sistema del artículo 92 del Tratado resulta que su apartado 3 introduce la posibilidad de establecer, en casos concretos, excepciones a la prohibición de ayudas que, de otro modo, serían incompatibles. Por otra parte, la letra e) del apartado 3 del artículo 92 permite al Consejo ampliar el abanico de categorías de ayudas que pueden ser consideradas compatibles con el mercado común además de las categorías de las letras a), b), c) y d). Así, al adoptar la Séptima Directiva, el Consejo, partiendo de la afirmación de la incompatibilidad de las ayudas a la construcción naval, conforme a la ratio del apartado 3 del artículo 92, tuvo en cuenta una serie de exigencias de orden económico y social que le llevaron a hacer uso de la facultad que le reconoce el Tratado de considerar, no obstante, que estas ayudas son compatibles con el mercado común, siempre que respondan a los criterios para el establecimiento de excepciones contenidos en la Directiva (sentencia de 5 de octubre de 1994, Alemania/Comisión, antes citada, apartado 15).

94 En el momento en que se produjeron los hechos que dieron lugar al litigio, la Séptima Directiva autorizaba a la Comisión a declarar compatibles con el mercado común determinadas ayudas de funcionamiento, siempre que la ayuda individual concedida para un contrato no excediera de un límite máximo fijado en el 9 % del valor contractual antes de la ayuda. Pues bien, para facilitar la reestructuración en la antigua República Democrática Alemana, el Consejo, introduciendo una excepción a este régimen, decidió en el artículo 10 bis de la Séptima Directiva que «hasta el 31 de diciembre de 1993 [...] [podían] considerarse compatibles con el mercado común» determinadas ayudas especiales de funcionamiento que excedieran de dicho límite, siempre que se reunieran los requisitos enumerados en los apartados 2 y 3 de dicho artículo.

95 A continuación, debe señalarse que uno de los requisitos para permitir el pago de estas ayudas especiales de funcionamiento era que «no se [concedieran] otras ayudas a la producción por contratos firmados entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de diciembre de 1993» [letra b) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva]. El Tribunal de Primera Instancia considera que de esta disposición se desprende que la Comisión tenía la competencia y la obligación de tomar en consideración la necesidad y, por consiguiente, la compatibilidad de las ayudas de funcionamiento pagadas en favor de los contratos celebrados durante todo este período de referencia, incluidos los contratos que pudieran haberse firmado el último día, es decir, el 31 de diciembre de 1993.

96 Habida cuenta de que el examen de la compatibilidad de las ayudas de Estado consiste normalmente en una apreciación económica y técnica compleja que exige cierto tiempo, debe admitirse que, cuando adoptó la Directiva 92/68, el legislador comunitario reconoció a la Comisión la facultad de adoptar, en determinados casos, su Decisión respecto a la compatibilidad aún después del 31 de diciembre de 1993. A este respecto, es necesario indicar que ni siquiera el propio tenor literal del artículo 10 bis exige expresamente que la Comisión adopte su Decisión antes del 31 de diciembre de 1993. Por otra parte, dado que se trata de ayudas de funcionamiento, es decir, en particular, de ayudas a la producción vinculadas a contratos específicos, el Tribunal de Primera Instancia considera que, por lo que se refiere a los efectos de las ayudas en el plano de la competencia, sólo tiene importancia el momento de la firma de dichos contratos, y no el momento en que se adopta la Decisión de la Comisión respecto a la compatibilidad de tales ayudas con el mercado común.

97 Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia estima que, en mayo de 1994, la Comisión era competente para pronunciarse, en la Decisión impugnada, sobre la compatibilidad con el mercado común del segundo tramo de la ayuda objeto de litigio.

98 El hecho de que la parte concedida en metálico de este segundo tramo de la ayuda se consignara en cuentas bloqueadas antes de la adopción de dicha Decisión, consignación que se considera pago a efectos de la letra a) in fine del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, no puede modificar esta apreciación. En efecto, en su sentencia FNCE, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que la Comisión está obligada a examinar la compatibilidad de una ayuda con el mercado común aun en los casos en que el Estado miembro haya infringido la prohibición de ejecución de las medidas de ayuda antes de que la Comisión adopte su Decisión.

99 Si bien es cierto, como señalaron durante la vista las demandantes y el Gobierno danés, que la Comisión consideró, en el contexto de las ayudas a la siderurgia, que del artículo 5 de la Decisión nº 3855/91 de la Comisión, antes citada, a tenor del cual «[podían] considerarse compatibles con el mercado común hasta el 31 de diciembre de 1994 las ayudas regionales a las inversiones [...]», se desprendía que, tras la expiración de dicho plazo, ya no disponía de la competencia conferida por tal artículo, esta apreciación, aun cuando fuera exacta, no puede vincular al Tribunal de Primera Instancia. En cualquier caso, en el presente asunto no puede llegarse a una conclusión similar, aunque sólo sea porque el artículo 10 bis de la Séptima Directiva no imponía ningún plazo para la notificación, a diferencia de la Decisión invocada, cuyo apartado 1 del artículo 6 preveía la notificación de los proyectos de ayudas dentro de plazo, en aquel caso, al menos seis meses antes de la fecha límite, para que la Comisión pudiera iniciar y finalizar el procedimiento antes de dicha fecha límite.

100 Por otra parte, procede indicar que la adopción de la Decisión impugnada después del 31 de diciembre de 1993 estaba justificada por razones objetivas. La ciudad de Wismar había querido encontrar una nueva localización para el astillero, de forma que MTW había analizado las posibilidades de trasladarse a nuevos terrenos ocupados hasta entonces por tropas soviéticas. No obstante, el examen se había retrasado a causa del estado en que el ejército soviético había dejado tales terrenos. En consecuencia, el Gobierno alemán no había podido informar a la Comisión del proyecto de traslado hasta el mes de agosto de 1993. Dado que el proyecto de traslado fue abandonado el 29 de abril de 1994, la Comisión adoptó la Decisión impugnada poco tiempo después. Además, habida cuenta de que el proyecto de ayuda había sido ya notificado en 1992 y el primer tramo de la ayuda había sido aprobado por la Comisión en diciembre de 1992, el Tribunal de Primera Instancia considera que el Gobierno alemán no pretendió eludir las disposiciones de que se trata.

101 Finalmente, procede indicar que la Decisión de 1994 sobre la compatibilidad del segundo tramo no pudo sorprender a los operadores económicos del mercado. En efecto, esta cuestión de compatibilidad había sido objeto de varias reuniones multilaterales durante el año 1993 y a principios de 1994. En particular, las demandantes habían conocido detalladamente los datos del presente asunto. Conocían la Decisión de 23 de diciembre de 1992 por la que se aprobó el primer tramo de la ayuda y, durante el procedimiento administrativo, habían participado en varias reuniones. Por último, habían tenido acceso a varios documentos del expediente. Por consiguiente, aun cuando se considere que el plazo para adoptar la Decisión había sido fijado para tener en cuenta las posibilidades de los Estados miembros y de otras partes interesadas en adoptar disposiciones comerciales, es necesario señalar que, de hecho, las propias demandantes podían adoptar las disposiciones comerciales oportunas, teniendo en cuenta su participación en el procedimiento administrativo y, en particular, su conocimiento del retraso sufrido por este último.

102 De las consideraciones anteriores resulta que procede desestimar el presente motivo.

Sobre el motivo basado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva

103 El motivo se articula en tres partes. Las demandantes censuran, en primer lugar, a la Comisión el haber autorizado una ayuda que excedía del límite del 36 % establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva. En segundo lugar, añaden que la Comisión no se aseguró de que el Gobierno alemán efectuaría, antes del 31 de diciembre de 1995, una reducción de la capacidad de los astilleros auténtica e irreversible igual al 40 % de la capacidad existente a 1 de julio de 1990. Por último, afirman que la Comisión concedió indebidamente la posibilidad de aumentar la capacidad transcurridos cinco o diez años.

Sobre la primera parte del motivo, basada en un incumplimiento de la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva

- Alegaciones de las partes

104 Las demandantes alegan que la ayuda aprobada excede del límite fijado por la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, dado que dicho límite se había fijado en el «36 % del volumen de negocios anual de referencia sobre tres años en trabajos de construcción y de transformación navales tras la reestructuración». Con arreglo a la comunicación de 25 de mayo de 1992, este volumen de negocios anual de referencia debería calcularse multiplicando el número de trabajadores previstos al final del período de reestructuración por un valor de producción medio por empleado de 240.000 DM. Como el número de puestos de trabajo previsto para 1995 en el astillero era de 1.790, el límite de la ayuda ascendía a 464 millones de DM.

105 En la réplica, las demandantes estimaron el límite en 486 millones de DM basándose en los volúmenes de negocios de 1992 y de 1993, que ascendieron aproximadamente a 450 millones de DM y que la Comisión conocía cuando adoptó la Decisión impugnada. En cualquier caso, según las demandantes, la ayuda total de 597,2 millones de DM (un primer tramo de 191,2 millones de DM y un segundo tramo de 406 millones de DM) excede del límite autorizado.

106 La Comisión niega que la ayuda aprobada excediera del límite fijado por la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva. De los trabajos preparatorios, en particular, de la comunicación de 25 de mayo de 1992, resulta que se había previsto una ayuda de funcionamiento de 714,6 millones de DM en favor de MTW. El límite del 36 % se calculó sobre esta base para permitir la concesión de una ayuda que ascendiera a dicha cantidad. El Consejo era plenamente consciente de tales datos cuando se adoptó la Directiva 92/68. Por consiguiente, según la Comisión, como la ayuda efectivamente pagada sólo ascendió en total a 597,2 millones de DM, no constituía una infracción de la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva.

107 Además, la Comisión alega que las demandantes utilizan equivocadamente los volúmenes de negocios reales para 1992 y 1993. En efecto, a tenor de la disposición de que se trata, el límite debería fijarse sobre la base «del volumen de negocios anual de referencia [...] tras la reestructuración». Por consiguiente, la utilización del volumen de negocios real para los dos ejercicios económicos, antes de que hubiera finalizado el proceso de reestructuración va en contra del propio tenor literal de la disposición y se opone a las intenciones del Consejo, tal como resultan de los trabajos preparatorios.

108 El Gobierno alemán considera que la intensidad de la ayuda finalmente concedida a MTW, a saber, 597,2 millones de DM, sólo ascendía al 31,7 %.

109 MTW suscribe en lo fundamental el razonamiento presentado por la Comisión.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

110 Con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas de funcionamiento, siempre que «no superen [...] un límite máximo igual al 36 % del volumen de negocios anual de referencia sobre tres años en trabajos de construcción y de transformación navales tras la reestructuración».

111 Del propio tenor literal de esta disposición resulta que el método de cálculo de las demandantes, anticipado en su escrito de réplica y basado en los volúmenes de negocios reales de 1992 y de 1993, no es pertinente. En efecto, la citada disposición prevé expresamente como base de cálculo un volumen de negocios anual de referencia «tras» la reestructuración proyectada, es decir, después de 1995, dado que se había previsto que dicha reestructuración durara hasta el 31 de diciembre de 1995.

112 Tampoco puede acogerse la teoría formulada por las demandantes en la demanda (véase el apartado 104 supra).

113 En efecto, debe recordarse que la Directiva 92/68 no contiene ninguna definición del concepto de «volumen de negocios anual de referencia». No obstante, en la comunicación de 25 de mayo de 1992 aparece una definición. Según dicha comunicación, el volumen de negocios de referencia tras la reestructuración debe calcularse «multiplicando el número de empleados que se prevé para el final del período de reestructuración por un valor medio de producción por empleado de 240.000 DM».

114 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia señala que el legislador comunitario introdujo como base de cálculo un volumen de negocios hipotético, dado que la reestructuración estaba prevista hasta 1995, mientras que las ayudas autorizadas por la Directiva 92/68 estaban destinadas a facilitar la continuación de las operaciones de los astilleros de Alemania Oriental durante este período de reestructuración progresiva.

115 Según la comunicación de 25 de mayo de 1992, todos los astilleros de Alemania Oriental tenían pedidos que atender hasta 1993 sobre la base de contratos firmados antes del 1 de julio de 1990, para los que las ayudas no se consideraban ayudas de funcionamiento a efectos de la Séptima Directiva. Por esta razón, parecía necesario introducir un volumen de negocios hipotético. En efecto, el legislador comunitario no podía utilizar un límite especial expresado en un porcentaje del valor contractual antes de la ayuda (véase el artículo 4 de la Séptima Directiva) ni en un porcentaje del volumen de negocios anual realizado por el beneficiario de la ayuda (véase el artículo 5 de la misma Directiva).

116 Ha quedado acreditado que el número de empleados podía estimarse en 1.790 al final del período de reestructuración, conforme a las estimaciones de la Comisión contenidas en su comunicación de 25 de mayo de 1992. Por consiguiente, procede hacer constar que el importe del «volumen de negocios anual de referencia sobre tres años en trabajos de construcción y de transformación navales» de MTW ascendía, según la definición antes citada, a 1.288,8 millones de DM (1.790 x 3 x 240.000 DM).

117 De los trabajos preparatorios de la Directiva 92/68, en particular del punto V.8 de la comunicación de 25 de mayo de 1992, resulta que, en el momento en que se adoptó dicha Directiva, estaba previsto conceder a MTW una ayuda de funcionamiento que ascendía a 714,6 millones de DM. Para permitir una ayuda de este importe, la Comisión, en su comunicación, calculó «a la inversa» un límite de ayuda expresado en términos de porcentaje del «volumen de negocios anual de referencia sobre tres años en trabajos de construcción y de transformación navales tras la reestructuración», quedando fijado dicho volumen de negocios en 1.288,8 millones de DM.

118 Por lo que respecta a MTW, y sin que se desprenda expresamente de su propuesta, la Comisión tuvo que calcular el porcentaje del 35,7 % mediante la siguiente fórmula:

ayuda 714,6 Millones de DM

--------------------- = --------------------= 35,7 %

volumen de negocios + ayuda (1.288,8 + 714,6) Millones de DM

119 El Tribunal de Primera Instancia considera que este método de cálculo, que corresponde al método utilizado en el apartado 1 del artículo 4 de la Séptima Directiva [véase también la definición contenida en la letra e) del artículo 1 de la Séptima Directiva] y que se explica por el deseo de tratar la ayuda prestada directamente al astillero de igual forma que la ayuda prestada indirectamente a través de un armador, fue implícitamente aprobado por el Consejo. En efecto, representa la única fórmula que, a partir de la ayuda expresamente proyectada de 714,6 millones de DM y del cálculo de volumen de negocios indicado en el apartado 116 supra, puede explicar el límite del 36 % adoptado por la Directiva 92/68.

120 De las consideraciones anteriores se desprende que el límite previsto por la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de dicha Directiva autorizaba una ayuda total de funcionamiento de 714,6 millones de DM. Por consiguiente, dado que la ayuda efectivamente pagada sólo ascendió en total a 597,2 millones de DM, la autorización del segundo tramo no puede constituir una infracción de esta disposición.

121 En consecuencia, la primera parte del motivo debe ser desestimada.

Sobre la segunda parte del motivo, basada en una infracción de la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, en la medida en que prevé una reducción de capacidad antes del 31 de diciembre de 1995

- Alegaciones de las partes

LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC: 694A0266.1

122 Las demandantes alegan que la Comisión autorizó la ayuda sin asegurarse de que el Gobierno alemán fuera a llevar a cabo, antes del 31 de diciembre de 1995, una reducción de capacidad auténtica e irreversible igual al 40 % de la capacidad existente en la antigua República Democrática Alemana a 1 de julio de 1990. En opinión de las demandantes, la reestructuración del astillero MTW, tal como fue autorizada por la Decisión impugnada, no limitaba la capacidad a 100.000 tbc a efectos de la Séptima Directiva, sino que, por el contrario, permitía a MTW producir una cantidad muy superior. Según las estimaciones del consultor de las demandantes, C.R. Cushing & Co. Inc. (en lo sucesivo, «Cushing»), la capacidad podría alcanzar las 200.000 tbc anuales. Por consiguiente, la reducción total en los nuevos Länder tras la reestructuración no sería del 40 %.

123 Según las demandantes, si bien es cierto que la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva exige que se reduzca la capacidad total del conjunto de los astilleros de la antigua República Democrática Alemana, es necesario, no obstante, que se atribuya a cada astillero una determinada capacidad. Teniendo en cuenta el informe de la Comisión de 1 de abril de 1993, antes mencionado, el Gobierno alemán se comprometió, por lo que se refiere a MTW, a respetar un límite de capacidad de 100.000 tbc (véase el punto 9 supra). A este respecto, la distribución por cuotas no incluye ningún margen de aumento de la capacidad, de forma que cualquier exceso sobre las cuotas de tbc atribuidas a los distintos astilleros implicaría un exceso sobre la capacidad total y, por consiguiente, el incumplimiento del requisito que impone una reducción de capacidad del 40 %.

124 Las demandantes afirman, en segundo lugar, que la ayuda fue autorizada sin aprobar previamente, como exige la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis, un calendario que garantizara una reducción auténtica e irreversible del 40 % de las capacidades de construcción naval en la antigua República Democrática Alemana. Por otra parte, parece que el primer informe «spill-over» no se entregó a la Comisión hasta finales de febrero de 1993. Pues bien, tales requisitos son, siempre según las demandantes, normas esenciales estrechamente vinculadas a los demás requisitos enunciados por el artículo 10 bis.

125 Por lo que respecta al concepto de «capacidad», las demandantes alegan que la Comisión lo interpretó erróneamente y, al mismo tiempo, lo modificó durante el procedimiento administrativo. En consecuencia, ya no es posible determinar si la limitación impuesta por la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva fue efectivamente respetado, en particular para MTW.

126 Según las demandantes, por «capacidad» debe entenderse la producción máxima del astillero en condiciones óptimas. Esta interpretación queda corroborada por el hecho de que, al adoptar la Directiva 92/68, la capacidad se calculó sobre la base de un «cálculo de los recursos [...] mediante la comparación de las horas-hombre necesarias para construir un buque con las horas-hombre disponibles» (véase la comunicación de 25 de mayo de 1992).

127 Haciendo referencia al Informe de la Comisión de 8 de noviembre de 1991 sobre la situación de la industria de la construcción naval en la Comunidad [documento SEC(91) 2057 final] y, en particular, a las cifras reales de producción en la antigua República Democrática Alemana, las demandantes alegan que nunca se alcanzó la capacidad a 1 de julio de 1990, fijada en 545.000 tbc en la Directiva 92/68. La producción real máxima ascendió, aproximadamente, a 502.000 tbc (1984 y 1985) y a 345.000 tbc en 1990.

128 Por consiguiente, siempre según las demandantes, el concepto de capacidad debe interpretarse como la producción máxima absoluta. El fundamento de esta interpretación queda confirmado por los trabajos preparatorios, en particular, por el documento nº 7049/92 del Consejo, de 10 de junio de 1992, relativo a una reunión del Coreper de junio de 1992, así como por un documento de la propia Comisión (DG III.C.3, de 4 de febrero de 1985), en el que el concepto de «capacidad nacional» se considera equivalente al de «capacidad teórica máxima». Además, la definición de la capacidad se encuentra en el sistema de información global de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (en lo sucesivo, «OCDE») sobre la capacidad en materia de construcción naval, informes anuales: se trata de «la capacidad máxima que puede utilizarse para la construcción de buques mercantes, teniendo en cuenta las posibilidades físicas y todas las limitaciones legales y administrativas en la materia». Finalmente, según el informe de expertos elaborado por Cushing, la capacidad es «la aptitud para producir, es decir, la producción máxima».

129 Siempre según las demandantes, para evitar que la reducción exigida por la Directiva 92/68 se convierta en ilusoria, es importante que no se modifique el concepto de capacidad. Pues bien, este concepto fue posteriormente modificado por la Comisión, dado que, cuando estimó la capacidad tras la reestructuración, ésta ya no examinó la capacidad potencial, sino, en contra del sentido de la Directiva 92/68, la «capacidad real», es decir, «la producción que puede realizarse en buenas condiciones normales».

130 En este contexto, la producción real es siempre inferior a la capacidad, teniendo en cuenta los puntos de estrangulamiento existentes en la producción. A este respecto, según las demandantes, no puede admitirse la afirmación de la Comisión según la cual puede reducirse la capacidad de forma auténtica e irreversible garantizando el mantenimiento de varias restricciones y puntos de estrangulamiento en las instalaciones de producción, ya que tales puntos de estrangulamiento sólo reducen la producción real y no la capacidad.

131 Basándose en el informe de expertos elaborado por Cushing, las demandantes afirman que la mayoría de los puntos de estrangulamiento detectados, suponiendo que existan, pueden suprimirse con inversiones relativamente pequeñas. Por ejemplo, por lo que respecta a la producción de acero, bastaría con aumentar el equipo de preparación. En particular, el espacio de preparación del acero no constituye un verdadero punto de estrangulamiento y el cálculo de la capacidad debe partir siempre de la hipótesis de 3 equipos al día, máximo posible en condiciones normales, y no 1,7 equipos al día, como supone la Comisión.

132 Además, de la correspondencia mantenida con la Comisión resulta que, según el propio consultor de dicha Institución, sería posible suprimir los puntos de estrangulamiento limitando la «capacidad» de MTW a 100.000 tbc. Así, la producción podría sobrepasar el límite asignado.

133 Por lo que se refiere a las estimaciones de la Comisión relativas a la capacidad de MTW, las demandantes las consideran inexactas, ya que se basan en el supuesto erróneo de que el astillero producirá 2,5 petroleros de tipo E 3. En este punto, los consultores de la Comisión -y, por lo tanto, también la propia Comisión- basaron la evaluación de la capacidad en la posibilidad de transformar 102.500 toneladas de acero al año, equivalente a una producción de 2,5 petroleros de tipo E 3, lo que corresponde, según la Comisión, a la capacidad de 100.000 tbc anuales asignada a MTW. No obstante, según las demandantes, este método de cálculo es engañoso, por varias razones.

134 Por una parte, la hipótesis según la cual MTW producirá únicamente buques de tipo E 3 no se corresponde con la realidad, cosa que la Comisión y MTW reconocieron durante la fase escrita, al declarar que eran conscientes de que la producción se basaría en una diversificación de los buques, incluyendo, en particular, petroleros E 3, buques portacontenedores y buques de pasajeros. Además, es poco probable que MTW construya en el futuro buques E 3, dado que la demanda en el mercado mundial es inferior a la prevista, que no hay, según parece, encargos de petroleros de tipo E 3 en la cartera de pedidos de MTW y que, en la actualidad, el puerto de Wismar no es lo suficientemente ancho como para permitir la salida de un buque de tipo E 3.

135 Por otra parte, si los cálculos se basaran en una producción de buques más realista y previsible, la capacidad expresada en tbc sería -siendo iguales, por otra parte, todos los demás elementos, principalmente la transformación de 102.500 toneladas de acero al año- superior al límite autorizado de 100.000 tbc. En efecto, del documento C/WP6/SG(94)8 de la OCDE se desprende que si se utilizaran los coeficientes más elevados de otros tipos de buques, se obtendría un aumento de la capacidad en tbc, cosa que reconocieron los consultores de la Comisión. Según las demandantes, un documento presentado por ellas durante la vista demuestra que si se hubieran tomado como base de cálculo otras gamas de productos y, en particular, la gama que MTW tenía inicialmente intención de construir, la producción del astillero, en el marco de la transformación de acero autorizada, habría excedido de las 100.000 toneladas atribuidas.

136 Finalmente, las demandantes censuran a la Comisión por haber aplicado equivocadamente el coeficiente de los buques de tipo E 3 de casco simple (0,25) en lugar del coeficiente de los buques de doble casco (0,30), dado que este último coeficiente era aplicable cuando se adoptó la Decisión impugnada.

137 El Gobierno danés alega que la Comisión no garantizó que el límite de capacidad fijado por la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva se respetaría a partir del 1 de enero de 1996. Por consiguiente, considera que debe anularse la Decisión impugnada.

138 Por lo que se refiere a la capacidad total de los astilleros de la antigua República Democrática Alemana, el Gobierno danés apoya totalmente las alegaciones de las demandantes.

139 Respecto a la capacidad de MTW, consideró que, a 31 de diciembre de 1995, la capacidad del astillero de MTW excedería de 100.000 tbc. Sobre la base de un informe elaborado por Carl Bro Industry & Marine A/S (en lo sucesivo, «Carl Bro»), afirmó que la capacidad de MTW y la capacidad total en la antigua República Democrática Alemana ascendería, de forma aproximada, a 240.000 tbc y 576.000 tbc anuales, respectivamente. En apoyo de esta teoría, alegó que parece que las instalaciones de producción del astillero de MTW están sobredimensionadas respecto a la capacidad autorizada y que los puntos de estrangulamiento que afectan al astillero carecen de importancia real, ya que los únicos puntos de estrangulamiento realmente limitativos para un astillero son las grúas y los diques. Por consiguiente, la reducción de capacidad no es irreversible.

140 Por último, el Gobierno danés afirma que, a diferencia de lo que piensa la Comisión, la capacidad de MTW no puede controlarse sobre la base de una limitación de la producción de acero, ya que no existe una relación constante entre el tonelaje bruto compensado, que constituye la medida de la producción y de la capacidad, y la utilización de acero para los distintos tipos de buques. Sobre esta cuestión, suscribe en sustancia las alegaciones formuladas por las demandantes.

141 La Comisión recuerda, con carácter preliminar, que el control que ejerce el Juez comunitario sobre las apreciaciones de la Comisión debería limitarse a comprobar el cumplimiento de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos y la falta de error manifiesto de apreciación o de desviación de poder. A este respecto, en su opinión, las demandantes no alegaron elementos que puedan demostrar la existencia de un error de hecho en el que se base la Decisión impugnada o de un error manifiesto de apreciación.

142 La Comisión señala, siempre con