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Recurso de casación interpuesto el 24 de junio de 2021 por el Banco Central Europeo contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 14 de abril de 2021 en el asunto T-504/19, Crédit lyonnais / BCE

(Asunto C-389/21 P)

(2021/C 320/34)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Banco Central Europeo (representantes: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis y F. Bonnard, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Crédit lyonnais

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia recurrida.

— Que se condene en costas a Crédit lyonnais.

Motivos y principales alegaciones

EL BCE sostiene que la sentencia recurrida debe anularse porque el Tribunal General:

— Se excedió en los límites del control jurisdiccional al sustituir la apreciación de elementos económicos complejos llevada a cabo por el BCE por la suya propia, obviando de este modo la pauta establecida por el juez de la Unión en la materia.

— Incumplió su deber de motivación al no permitir al BCE comprender por qué era errónea su apreciación de la doble garantía del Estado concedida en el marco del ahorro regulado.

— Desnaturalizó los elementos que se le aportaron durante el litigio, haciendo una interpretación manifiestamente errónea tanto de la Decisión impugnada en primera instancia (Decisión ECB-SSM-2019-FRCAG-39 de 3 de mayo de 2019) como de la metodología aplicada por el BCE con arreglo a la cual se examinó la solicitud de exclusión presentada por Crédit lyonnais.

— Infringió el artículo 4, apartado 1, número 94), del RRC (1) al añadir a la definición de riesgo de apalancamiento excesivo criterios que no figuraban en el mismo, e infringió el artículo 429, apartado 14, del RRC relativo a la exclusión del cálculo del ratio de apalancamiento de determinadas exposiciones, privando al BCE de la facultad discrecional que le concede este artículo.

(1) Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2015/62 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al ratio de apalancamiento (DO 2015, L 11, p. 37).
C 310/11

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’appello di Venezia (Italia) el 21 de mayo de 2021 — Agecontrol SpA / ZR, Lidl Italia Srl

(Asunto C-319/21)

(2021/C 310/15)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte d’appello di Venezia

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Agecontrol SpA

Recurridas: ZR, Lidl Italia Srl

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 543/2011 de la Comisión, (1) en relación con los artículos 5, apartado 1, y 8 del mismo Reglamento y con los artículos 113 y 113 bis del Reglamento (UE) n.o 1234/2007 (2) del Consejo, en el sentido de que exige que se confeccione un documento que indique el nombre y el país de origen de las frutas y hortalizas frescas que se expidan preenvasadas o en el envase original dispuesto por el productor y que acompañe a la mercancía durante su transporte desde la plataforma logística de la sociedad comercializadora hasta un punto de venta de esa misma sociedad, con independencia de que en un lado del envase figure la impresión directa indeleble o la etiqueta incorporada al paquete o fijada a él que contenga las menciones particulares establecidas en el capítulo I del Reglamento (UE) n.o 543/2011 (entre ellas, las relativas al nombre y al país de origen de los productos) y de que esa información conste también en las facturas emitidas por el proveedor al que la sociedad comercializadora haya adquirido el producto y que se conservan en las oficinas de dicha sociedad y en una ficha situada visiblemente en el interior del medio de transporte en el que viaje el producto?

(1) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (DO 2011, L 157, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO 2007, L 299, p. 1).
C 242/2

Recurso de casación interpuesto el 18 de enero de 2021 por Dermavita Co. Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 18 de noviembre de 2020 en el asunto T-643/19, Dermavita / EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(Asunto C-26/21 P)

(2021/C 242/03)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Dermavita Co. Ltd (representante: D. Todorov, advokat)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Allergan Holdings France SAS

Mediante auto de 4 de mayo de 2021, el Tribunal de Justicia (Sala de admisión a trámite de recursos de casación) resuelve no admitir a trámite el recurso de casación. Dermavita Co. Ltd cargará con sus propias costas.
Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Países Bajos) el 26 de marzo de 2021 — R. en R. / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Asunto C-189/21)

(2021/C 228/31)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandante: R. en R.

Demandada: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el requisito legal de gestión (RLG) 10, establecido en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo, (1) en el que se hace remisión al artículo 55, frases primera y segunda, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, (2) en el sentido de que este requisito legal de gestión también se refiere a la situación en la que se ha utilizado un producto fitosanitario que no está autorizado en el Estado miembro de que se trate de conformidad con este último Reglamento?

(1) DO 2013, L 347, p. 549.

(2) DO 2009, L 309, p. 1.
C 128/13

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 12 de enero de 2021 — Uniqa Versicherungen AG / VU

(Asunto C-18/21)

(2021/C 128/19)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Uniqa Versicherungen AG

Recurrida en casación: VU

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 20 y 26 del Reglamento (CE) n.o 1896/2006 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, en el sentido de que dichas disposiciones se oponen a la interrupción del plazo de 30 días para la presentación del escrito de oposición al requerimiento europeo de pago, establecido en el artículo 16, apartado 2, de dicho Reglamento, en virtud del artículo 1, apartado 1, de la Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (Ley Federal Austriaca de Medidas de Acompañamiento relativas a la COVID-19 en la Administración de Justicia), con arreglo al cual, en los procedimientos del orden civil, todos los plazos procesales que comenzaban a correr después del 21 de marzo de 2020 o que en esa fecha aún no habían expirado quedaban interrumpidos hasta el 30 de abril de 2020 inclusive y debían comenzar a correr de nuevo el 1 de mayo de 2020?

(1) DO 2006, L 399, p. 1.
C 110/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Appeal Tribunal for Northern Ireland (Reino Unido) el 30 de diciembre de 2020 — CG / Department for Communities in Northern Ireland

(Asunto C-709/20)

(2021/C 110/23)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CG

Demandada: Department for Communities in Northern Ireland

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Constituye el artículo 9, apartado 3, letra c), inciso i), del Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [Reglamento sobre el crédito universal (Irlanda del Norte) de 2016], que fue introducido por el Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 [Reglamento de Seguridad Social (Prestaciones relacionadas con la renta) (Actualización y Modificación) (Salida de la UE) (Irlanda del Norte) de 2019], que excluye del derecho a las prestaciones de la seguridad social a los ciudadanos de la Unión con un derecho de residencia interno (permiso de residencia limitado) [en este caso, el «estatuto de preasentado» en virtud del Apéndice relativo a la UE del Immigration Rules (Reglamento de Inmigración)], una discriminación ilícita (directa o indirecta) con arreglo al artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea e incompatible con las obligaciones del Reino Unido dimanantes de la European Communities Act 1972 (Ley sobre las Comunidades Europeas de 1972)?
3)

¿Debe el cambio de la reserva mencionado en la segunda cuestión prejudicial cumplir criterios temporales o de calidad más concretos, en particular los establecidos en el artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento [n.o 261/2004] o en el artículo 8, apartado 1, letras b) y c), del mismo Reglamento?
1.

¿Se opone el artículo 63 TFUE (anteriormente artículo 56 CE) a una normativa fiscal nacional, como la controvertida en el litigio principal, que para la devolución del impuesto sobre los rendimientos del capital exige a una sociedad establecida en el extranjero, que percibe dividendos procedentes de participaciones que no alcanzan la participación mínima prevista en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/435, (1) relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (en su versión modificada por la Directiva 2003/123), (2) que pruebe mediante un certificado de la Administración tributaria extranjera que ni ella ni sus socios, directos o indirectos, pueden imputar o deducir como coste de explotación o como gasto necesario el impuesto sobre los rendimientos del capital y del que se desprenda que efectivamente no se ha realizado una imputación, una deducción o un traslado a ejercicios posteriores, cuando a una sociedad establecida en territorio nacional, con una participación de igual cuantía, no se le exige dicha prueba para la devolución del impuesto sobre los rendimientos del capital?
C 28/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 30 de octubre de 2020 — DG / Deutsche Lufthansa AG

(Asunto C-566/20)

(2021/C 28/36)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: DG

Demandada: Deutsche Lufthansa AG

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
2.

¿Debe interpretarse el artículo 44, apartado 2, primera frase, in initio, del Reglamento n.o 987/2009 en el sentido de que, en virtud de su legislación nacional, el Estado miembro que sea competente con arreglo al título II del Reglamento n.o 883/2004 con carácter general no considera los períodos de educación de los hijos, o, por el contrario, en el sentido de que no los considera solamente en el caso concreto?
b)

Motivo basado en la infracción del artículo 11 TFUE y del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al no haberse tenido en cuenta los requisitos de protección del medio ambiente. La República de Polonia sostiene sustancialmente que la disposición impugnada viola el principio de proporcionalidad. Aduce que al haberse adoptado criterios inadecuados a efectos de establecer limitaciones a la posibilidad de efectuar operaciones de cabotaje y de transporte entre terceros países se han impuesto cargas excesivas al transportista, que tendrán un impacto negativo no solo en la situación individual de las empresas y en el mercado de los servicios de transporte, sino también en el medio ambiente y en el funcionamiento de las infraestructuras de transporte. Los efectos negativos de la aplicación de las disposiciones impugnadas afectarán en esencia a las empresas de los países que no están situados en el centro de la Unión Europea. Asimismo, la República de Polonia alega que la solución adoptada no encuentra una justificación objetiva en la situación de los conductores y no refleja el carácter específico de los servicios objeto de regulación.
6-3:

a) ¿Debe interpretarse el concepto de medidas «eficaces, proporcionadas y disuasivas» del artículo 13, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que un perjuicio legal sufrido por el adquirente del vehículo no puede verse agotado o reducido por la posibilidad efectiva de utilización de un vehículo que no cumpla los requisitos del Reglamento n.o 715/2007? b) ¿Exige la idea de efecto útil, inherente al Derecho de la Unión, que el concepto de medidas «eficaces, proporcionadas y disuasivas» en el sentido del artículo 13, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n.o 715/2007 deba diferenciarse en función de si la infracción a la que se refiere el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 715/2007 se ha cometido con dolo o solo con negligencia, y únicamente en este último caso está justificada la compensación con la posibilidad efectiva de uso del vehículo adquirido? c) ¿Debe interpretarse el concepto de medidas «eficaces, proporcionadas y disuasivas» del artículo 13, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que, aun en caso de compensación de la ventaja, el fabricante del vehículo debe resarcir el beneficio económico del capital obtenido (el precio del vehículo), es decir, debe pagar intereses por él? d) ¿Debe interpretarse el concepto de medidas «eficaces, proporcionadas y disuasivas» del artículo 13, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que al fabricante de un vehículo que no cumpla los requisitos del Reglamento n.o 715/2007, al menos desde la fecha de la primera petición seria de recuperación por parte del adquirente, no debe serle posible reclamar la compensación del precio con la posibilidad efectiva de uso del vehículo?
C 433/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Nürnberg (Alemania) el 21 de septiembre de 2020 — flightright GmbH / Ryanair Designated Activity Company

(Asunto C-443/20)

(2020/C 433/27)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Nürnberg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: flightright GmbH

Demandada: Ryanair Designated Activity Company

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Constituye una «circunstancia extraordinaria» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) la huelga del personal propio de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo organizada por un sindicato?

2. ¿Es relevante a este respecto el hecho de que el motivo de dicha huelga sean reivindicaciones del personal que, hasta entonces, no se habían pactado contractualmente entre el personal y el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo?

3. ¿Es relevante a este respecto si la huelga concreta fue provocada por un comportamiento determinado del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo durante las negociaciones con el sindicato?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

Si la cláusula contractual abusiva se refiere al objeto principal del contrato (la información sobre el tipo de cambio no era conforme), con la consecuencia de que el contrato no puede subsistir, y no existe acuerdo entre las partes ¿garantiza la plena eficacia de la Directiva 93/13 (1) el hecho de que, a falta de disposición supletoria de Derecho nacional, sea una toma de posición del órgano jurisdiccional de mayor rango jerárquico, que sin embargo no es vinculante para los órganos jurisdiccionales inferiores, la que proporcione orientación para la declaración de validez o de efectividad del contrato?
2)

¿Es compatible el punto 12 del anexo I de la Directiva (UE) 2016/681 con los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, teniendo en cuenta que los datos solicitados no se indican de manera detallada y, al mismo tiempo, que dicho punto del anexo I no establece limitaciones en cuanto al carácter y al alcance de los datos, lo que podría indicar que no se cumple el requisito de claridad y de precisión de las normas que afectan al derecho al respeto de la vida privada y al derecho a la protección de los datos de carácter personal?
2.

¿Debe interpretarse el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres (con arreglo al artículo 157 TFUE en relación con el artículo 5 de la Directiva 2006/54) en el sentido de que está justificada una diferencia de trato indirecta como la que (en su caso) se deriva de las disposiciones de actualización en 2018 de las pensiones, aplicables en los procedimientos principales, aun teniendo en cuenta medidas similares anteriores y la considerable pérdida ocasionada por el efecto acumulativo de estas últimas en comparación con una revalorización de las pensiones en función de la inflación (en el presente caso, un 25 %), en particular: — para evitar una «brecha» entre las pensiones más altas y más bajas (que resultaría de la actualización periódica en un porcentaje uniforme), aunque dicha diferencia fuese meramente nominal, permaneciendo invariable la proporción entre los importes; — para poner en práctica una «dimensión social» de carácter general, en el sentido de reforzar el poder adquisitivo de los perceptores de las pensiones más bajas, aunque a) dicho objetivo pudiera alcanzarse también sin limitar la actualización de las pensiones más altas y b) en el contexto de la actualización de importes en función de la inflación el legislador no aplique de la misma manera una medida similar para reforzar también el poder adquisitivo de las retribuciones más bajas de funcionarios en activo (a costa de la actualización de las retribuciones más altas de funcionarios en activo) ni tampoco haya adoptado disposición alguna para intervenir de forma análoga en la actualización de las pensiones de los regímenes profesionales de seguridad social en los que no existe participación del Estado con el fin de reforzar (a costa de la actualización de las pensiones más altas) el poder adquisitivo de las pensiones más bajas; — para asegurar el mantenimiento y la financiación «del sistema», aunque las pensiones de los funcionarios no las adeude un organismo asegurador perteneciente a un sistema estructurado en forma de seguro y de carácter contributivo, sino que las adeude el Bund (Federación), como empleador de los funcionarios jubilados, en concepto de retribución por los servicios prestados, de manera que lo relevante no sean en realidad del mantenimiento o la financiación de un sistema, sino, en último término, consideraciones meramente presupuestarias; — porque esto constituye una justificación autónoma o (como presupuesto de lo anterior) porque impide de antemano que exista discriminación indirecta por razón de sexo a efectos de la Directiva 2006/54 en detrimento de los hombres, pues el hecho de que la medida afecte estadísticamente en mucho mayor medida a hombres entre los perceptores de pensiones más altas debe considerarse consecuencia de la desigualdad de oportunidades que, sobre todo en épocas anteriores, sufrían en general las mujeres en asuntos de empleo y ocupación, o — porque la disposición es admisible, a efectos del artículo 157 TFUE, apartado 4, como medida de discriminación positiva?
2)

¿Debe interpretarse el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión establecido en el artículo 21 TFUE, apartado 1, y en el artículo 45, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (2) en particular a la luz del principio de ausencia de inspecciones fronterizas de las personas en las fronteras interiores, consagrado en el artículo 22 del Reglamento 2016/399, en el sentido de que comprende el derecho a no verse sometido a inspecciones fronterizas de las personas en las fronteras interiores, sin perjuicio de las condiciones y excepciones establecidas en los Tratados y, en particular, en dicho Reglamento?
C 279/29

Petición de decisión prejudicial planteada por el Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Italia) el 28 de mayo de 2020 — XX / OO

(Asunto C-220/20)

(2020/C 279/41)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano

Partes en el procedimiento principal

Demandante: XX

Demandada: OO

con intervención de: WW

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los artículos 2, 4, apartado 3, 6, apartado 1, y 9 del Tratado de la Unión Europea, los artículos 67, apartados 1 y 4, 81 y 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con los artículos 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a una normativa nacional, como la constituida por los artículos 42, 83 y 87 del Decreto-ley n.o 18 de 17 de marzo de 2020, la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020 que ha declarado el estado de emergencia nacional sanitaria por un período de seis meses, hasta el 31 de julio de 2020, los artículos 14 y 263 del Decreto-ley n.o 34 de 19 de mayo de 2020, que han prorrogado el estado de emergencia nacional por el COVID-19 y la parálisis de la justicia civil y penal y de la actividad administrativa de los tribunales italianos hasta el 31 de enero de 2021, considerados conjuntamente, habida cuenta de que dicha normativa nacional vulnera la independencia del órgano jurisdiccional remitente y el principio del derecho a un juicio equitativo y los derechos a ellos conexos, como son el derecho a la dignidad de la persona, a la libertad y la seguridad, a la igualdad ante la Ley y no discriminación, a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a acceder a las prestaciones de seguridad social y a la libertad de circulación y de residencia?