ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Se desprende de la Regla 15, apartado 2, letra f), del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, en la mayoría de sus versiones lingüísticas distintas de la francesa, que el escrito de oposición debe incluir los productos y servicios en los que se basa la oposición. En estas circunstancias, habida cuenta de la estructura general de las normas que rigen el procedimiento de oposición y de la finalidad de la reglas que determinan el contenido del escrito de oposición, el hecho de que la versión francesa de dicha Regla omita la referencia a los productos y servicios en que se basa la oposición, omisión que constituye manifiestamente un error de pluma, no permite interpretar esa disposición en el sentido de que no exige que en el escrito de oposición se indiquen dichos productos y servicios.

(véanse los apartados 22 y 28)
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 25 de mayo de 2016 — U‑R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE)

(Asuntos T‑422/15 y T‑423/15)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marcas figurativa y denominativa de la Unión THE DINING EXPERIENCE — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009»

1. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Alcance idéntico al del artículo 296 TFUE [Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 75, primera frase]

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Examen por separado de los motivos de denegación respecto de cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de registro — Obligación de motivación de la denegación de registro — Alcance [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, y 75, primera frase]

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca denominativa compuesta por varios elementos — Consideración de la percepción global de la combinación por el público pertinente [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marcas constituidas por eslóganes publicitarios — Carácter distintivo — Aplicación de criterios de apreciación específicos — Improcedencia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

5. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marcas constituidas por eslóganes publicitarios — Fórmula promocional de carácter elogioso [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

6. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca figurativa THE DINING EXPERIENCE [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

7. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo]

Objeto

Dos recursos interpuestos contra dos resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 20 de mayo de 2015 (asuntos R 2541/2014‑4 y R 2542/2014‑4) relativas a las solicitudes de registro, por un lado, del signo figurativo y, por otro, del signo denominativo THE DINING EXPERIENCE como marcas de la Unión Europea.

Fallo

1) Acumular los asuntos T‑422/15 y T‑423/15 a los efectos de la presente sentencia.

2) Desestimar los recursos.
6.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b) y c), del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véanse los apartados 34 y 35)
172

En segundo lugar, es preciso recordar que la Comisión determinó en el considerando 116 de la Decisión impugnada que la medida n.o 6 no podía calificarse de ayuda de salvamento, puesto que las autoridades griegas no formularon tal alegación ni cursaron una notificación a tal efecto. Esta institución añadió, en el considerando 117 de esta Decisión, que en cualquier caso no se cumplían las condiciones establecidas por las Directrices de salvamento y de reestructuración, puesto que las garantías en cuestión no se extinguieron transcurridos seis meses, las autoridades griegas no notificaron un plan de reestructuración o de liquidación y no había pruebas de que la ayuda se limitara al mínimo necesario.
105

A la vista de lo anterior, debe observarse que la Comisión no ha analizado en modo alguno el comportamiento de la demandante. En efecto, de la Decisión impugnada no se desprende la demostración de que la demandante hubiera debido saber que las mercancías que importaba no eran de origen letón. Esta cuestión, además, es la cuestión principal que se plantea en el presente asunto, en la medida en que la demandante afirma que no sabía que las mercancías de que se trata no fueran de origen letón. El hecho de que esta última haya intentado disfrutar del régimen preferencial no demuestra que haya actuado con negligencia manifiesta.
80

En el presente asunto, en los apartados 48 y 49 de las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso estimó que, no obstante las conclusiones de la División de Anulación en una resolución de 12 de abril de 2007 y las de la Sala de Recurso en la resolución de 17 de abril de 2008 (asunto R 976/2007‑3), mencionadas por la recurrente, la documentación presentada por esta última no podía considerarse suficiente para demostrar que, en aquel momento, el sector de referencia estaba tan saturado que el usuario informado prestaría más atención a las diferencias entre los dibujos o modelos comparados. La Sala de Recurso consideró que las resoluciones adoptadas anteriormente por la EUIPO en lo relativo a la saturación del sector de referencia no constituían un indicio suficiente si no estaban corroboradas por una documentación que mostrara inequívocamente la actual situación de hecho, teniendo en cuenta que dicha situación no podía ser objeto de presunción alguna, pues la saturación de la técnica no podía acreditarse invocando meramente un hecho notorio. En el apartado 50 de las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso destacó que, dada la importancia del concepto de saturación de la técnica, en particular en el contexto de los presentes asuntos, era absolutamente necesario que la interesada presentase un conjunto de pruebas suficientemente claro, preciso y coherente, y no unas cuantas imágenes extraídas de catálogos o, como en el presente asunto, una mera referencia a anteriores resoluciones de la EUIPO o de las Salas de Recurso. En el apartado 51 de las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso recordó que la conformidad a Derecho de las resoluciones de la EUIPO debía ser apreciada exclusivamente sobre la base del Reglamento n.o 6/2002, tal y como lo interpreta el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la EUIPO. La Sala de Recurso recordó también que, en vista de los principios de igualdad de trato y de buena administración, la EUIPO debía ciertamente tener en cuenta las resoluciones adoptadas sobre solicitudes similares y reflexionar con especial atención sobre si procedía resolver o no en el mismo sentido, pero que la aplicación de dichos principios debía sin embargo conciliarse con la observancia del principio de legalidad. Así pues, según la Sala de Recurso, el titular de un dibujo o modelo controvertido no puede invocar en su favor un acto ilegal adoptado en beneficio de otros a fin de obtener una resolución idéntica, sino que cada caso concreto debe ser objeto de un análisis riguroso.
179

Para determinar el tipo de los intereses de demora, han de tenerse en cuenta el artículo 83, apartado 2, letra b), y el artículo 111, apartado 4, letra a), del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2012, L 362, p. 1). Con arreglo a dichas disposiciones, el tipo de interés de los títulos de crédito que no se reembolsen en plazo será el tipo que aplique el Banco Central Europeo a sus operaciones de refinanciación, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, vigente el primer día natural del mes correspondiente a la fecha de vencimiento, incrementado en tres puntos y medio porcentuales.
141

Por lo que respecta al segundo bloque de requisitos, relativo a la existencia de un contexto económico y social particular, éste se remite, según la jurisprudencia, a las consecuencias que el pago de la multa podría tener, en particular, en lo relativo a un aumento del desempleo o un deterioro de los sectores económicos a los que la empresa afectada vende o de los que se abastece (sentencias de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, apartado 106, y de 12 de diciembre de 2012, Ecka Granulate y non ferrum Metallpulver/Comisión, T‑400/09, no publicada, EU:T:2012:675, apartado 99).
2

En el procedimiento de registro, la demandante manifestó que era una «pequeña empresa», en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO 2003, L 124, p. 36). Esta declaración le permitió acogerse a una reducción de la tasa que debe abonarse por toda solicitud de registro, prevista en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento n.o 1907/2006. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, apartado 1, de dicho Reglamento, la referida tasa fue establecida por el Reglamento (CE) n.o 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO 2008, L 107, p. 6). El anexo I del Reglamento n.o 340/2008 contiene los importes de las tasas que deben abonarse por las solicitudes de registro presentadas con arreglo al artículo 6 del Reglamento n.o 1907/2006, así como las reducciones que se conceden a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «PYME»). Además, en virtud del artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.o 340/2008, cuando una persona física o jurídica que declare tener derecho a una reducción del importe de la tasa o a la exención de ésta no pueda demostrar que tiene derecho a la reducción o a la exención, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) aplicará el importe íntegro de la tasa además de una tasa administrativa. A este respecto, el Consejo de Administración de la ECHA adoptó, el 12 de noviembre de 2010, la Decisión MB/D/29/2010, sobre la clasificación de los servicios por los que se cobran tasas (en lo sucesivo, «Decisión MB/D/29/2010»). En el artículo 2 y en el cuadro 1 que figura en anexo de esa Decisión, en su versión modificada por la Decisión MB/21/2012/D del Consejo de Administración de la ECHA, de 12 de febrero de 2013, se señala que la tasa administrativa contemplada en el artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.o 340/2008 es de 19900 euros para una gran empresa, de 13900 euros para una empresa mediana y de 7960 euros para una pequeña empresa.
1

En el marco de un control de liquidación de conformidad en virtud del artículo 31 del Reglamento (CE) n.o 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO 2005, L 209, p. 1), la Comisión Europea, mediante escrito de 26 de noviembre de 2010, informó a la República de Letonia de que había apreciado la existencia de carencias en lo que atañe a la normativa de la Unión Europea, en particular en el marco de la condicionalidad, y la falta de aplicación de algunas de las normas contenidas en el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1), y en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 (DO 2009, L 30, p. 16). Según la Comisión, estas carencias afectaban a las normas y ejercicios siguientes: «Cobertura mínima del suelo», en 2008 y en 2009; «Normas en materia de rotación de cultivos», en 2008; «Niveles mínimos de carga ganadera o regímenes apropiados», en 2008, y «Mantenimiento de las particularidades topográficas», en 2008 y en 2009.
33

Además, el hecho de que la falta de firma de la demanda por el abogado no sea subsanable en el Derecho de la Unión (véase el anterior apartado 31) no afecta al derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto, la aplicación estricta de las normas de procedimiento responde a la exigencia de seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia. Si bien las condiciones de presentación de las demandas y los plazos de recurso limitan el derecho de acceso al juez, esa limitación no constituye una lesión de la sustancia misma del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tanto menos cuando esas reglas son claras y no presentan una especial dificultad de interpretación (véase en ese sentido el auto de 21 de septiembre de 2012, Noscira/OAMI, C‑69/12 P, no publicado, EU:C:2012:589, apartados 33 a 35 y jurisprudencia citada).
116

Por lo que respecta al Reglamento de Ejecución n.o 139/2013, es preciso observar también que la Comisión no incumplió su deber de diligencia al adoptarlo. En efecto, los demandantes no han aportado ningún documento que permita demostrar que los datos científicos más recientes contradigan en aspectos importantes las conclusiones del dictamen de la EFSA de 2006, en el que se basa la adopción del Reglamento n.o 318/2007, del cual el Reglamento de Ejecución n.o 139/2013 es la «codificación».
139

De los considerandos 34 a 42 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión concluyó que los servicios postales para cartas con dirección C2X a nivel nacional no estaban sometidos directamente a la competencia en Austria y que, en consecuencia, el artículo 30, apartado 1, de la Directiva 2004/17 no se aplicaba a los contratos cuya finalidad era permitir el ejercicio de esas actividades en Austria. Para llegar a esa conclusión, la Comisión señaló, en los considerandos 39 y 40 de la Decisión impugnada, que el mercado de productos de referencia era el de los servicios postales para cartas con dirección C2X, en el que la cuota de mercado de la demandante era de alrededor del [confidencial] %. Según el considerando 38 de la Decisión impugnada, la distribución electrónica y la distribución postal de cartas con dirección C2X no pertenecen al mismo mercado. A este respecto, la Comisión indicó en el considerando 36 de dicha Decisión que, según el estudio WIK 2013, casi el 30 % de la población de Austria no había utilizado nunca Internet, alrededor del 55 % de la población no utilizaba Internet para realizar operaciones bancarias y el 75 % no rellenaba formularios administrativos en línea. Según el considerando 37 de la Decisión impugnada, la demandante no proporcionó otras pruebas empíricas para fundamentar sus alegaciones y demostrar la sustituibilidad.
Si bien los Estados miembros no están obligados a demostrar su interés en ejercitar la acción contra las disposiciones cuya anulación solicitan, también es cierto que, aun cuando sea un Estado miembro el que recurra a él, el juez de la Unión debe declarar el sobreseimiento del recurso cuando la anulación solicitada no sea susceptible de producir efectos jurídicos.

Si bien pierde su objeto un recurso interpuesto contra un acto retirado por su autor durante el procedimiento, conserva su objeto un recurso contra un acto que adolece de una ilegalidad que puede repetirse en el futuro, con independencia de las circunstancias del asunto en que el demandante interpuso recurso. A este respecto, en lo que atañe a un recurso de anulación interpuesto por un Estado miembro contra una disposición de una decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado que le prohíbe aplicar una medida de ayuda ilegal en favor de sus beneficiarios, el hecho de que esta medida fuera anulada durante el procedimiento por un órgano jurisdiccional nacional no priva de todo efecto jurídico a la eventual anulación de dicha disposición.

En efecto, en primer lugar, en la medida en que no se ha suprimido la disposición controvertida y, en consecuencia, no ha desaparecido con efectos retroactivos, de ello resulta que, si el juez de la Unión declarara que el litigio ha perdido su objeto y sobreseyera el recurso al entender que la anulación de dicha disposición no surtiría efectos jurídicos, dicha disposición seguiría formando parte del ordenamiento jurídico de la Unión. En segundo lugar, la ejecución de buena fe por parte de los Estados miembros de las decisiones adoptadas por la Comisión en materia de ayudas de Estado constituye una aplicación del principio de cooperación leal previsto en el artículo 4 TUE, apartado 3, y supone que los Estados miembros ponen el empeño necesario para superar las dificultades dentro del pleno respeto de las disposiciones del Tratado y, en particular, de las relativas a las ayudas. Así, se desprende del principio de cooperación leal que el propio Estado miembro en cuestión debería abstenerse de asumir todo comportamiento que pudiera constituir una elusión de la prohibición prevista en la disposición impugnada, en el supuesto de que esta permaneciera en vigor. De ello resulta que la anulación de dicha disposición, en caso de que este recurso fuera fundado, no quedaría privada de efectos jurídicos.

Por último, en la medida en que, para justificar la legalidad de la disposición impugnada, la Comisión adopta una posición general y abstracta, cuyas justificaciones son independientes de las circunstancias del caso, de ello resulta que, en el supuesto de que el juez de la Unión concluya que la exigencia en ella prevista es ilegal, será preciso resolver el litigio de que se trate para evitar que se repita en el futuro una ilegalidad análoga.

(véanse los apartados 58, 59, 63 y 64)
Si un Estado miembro invoca el criterio del inversor privado en el procedimiento administrativo, le incumbe en caso de duda acreditar inequívocamente y en virtud de factores objetivos y verificables que la medida ejecutada corresponde a su cualidad de accionista. Esos factores deben poner de manifiesto con claridad que el Estado miembro interesado ha adoptado, con anterioridad o al mismo tiempo que la concesión de la ventaja económica, la decisión de realizar una inversión en la empresa pública de que se trata a través de la medida efectivamente ejecutada. Sobre ese aspecto pueden ser necesarios en particular factores que pongan de manifiesto que esa decisión se funda en evaluaciones económicas comparables a las que, en las circunstancias del caso, habría efectuado un inversor privado racional que se hallara en una situación lo más similar posible a la del Estado miembro referido, antes de llevar a cabo dicha inversión, con el fin de determinar la rentabilidad futura de esta.

En cambio, las evaluaciones económicas efectuadas después de la concesión de la referida ventaja, la apreciación retroactiva de la rentabilidad efectiva de la inversión realizada por el Estado miembro interesado o las justificaciones ulteriores de la elección del procedimiento efectivamente seguido no pueden bastar para acreditar que dicho Estado haya adoptado la aludida decisión en su condición de accionista, antes o al mismo tiempo de conceder la ventaja. En efecto, para determinar si el Estado adoptó o no el comportamiento de un inversor prudente en una economía de mercado, es preciso volver a situarse en el contexto de la época en que se adoptaron las medidas de apoyo financiero para valorar la racionalidad económica del comportamiento del Estado, absteniéndose pues de toda apreciación basada en una situación posterior. Así es en especial cuando la Comisión examina la existencia de una ayuda de Estado en relación con una medida que no le ha sido notificada y que ya ha ejecutado la entidad pública interesada en el momento en que la Comisión lleva a cabo dicho examen.

(véanse los apartados 56, 57, 83 y 86)
Las modificaciones introducidas por el artículo 1, apartados 27, 32 y 64 del Reglamento n.o 1023/2013 en el artículo 45, apartado 1, y en el artículo 52 del Estatuto, así como en el artículo 4 del anexo IV bis del Estatuto, no afectan al principio de los derechos adquiridos de los funcionarios y los otros agentes de la Unión resultantes, según la parte demandante, del Acuerdo relativo a la reforma de 2004 al que llegaron el Consejo y las organizaciones sindicales o profesionales en el marco de la adopción del Reglamento n.o 723/2004.

Efectivamente, en primer lugar, el objeto de dicho acuerdo es únicamente la reforma de 2004 y los efectos de tal acuerdo no pueden extenderse a todas las modificaciones posteriores del Estatuto llevadas a cabo por el legislador de la Unión, a menos que se prive a este de la posibilidad de ejercer la competencia que le atribuye el artículo 336 TFUE.

Por otra parte, al ser el vínculo jurídico que une a los funcionarios y a la administración de naturaleza estatutaria, el legislador puede modificar en todo momento los derechos y las obligaciones de los funcionarios.

En segundo lugar, por principio, las leyes modificativas de una disposición legislativa —como los Reglamentos de modificación del Estatuto— se aplican, salvo excepción, a los efectos futuros de las situaciones nacidas bajo la ley anterior. Solo escapan a esta regla las situaciones nacidas y definitivamente consolidadas durante la vigencia de la norma anterior, que crean derechos adquiridos. Por consiguiente, un derecho se considera adquirido cuando su hecho generador ha tenido lugar antes de la modificación legislativa. No sucede así con los derechos cuyo hecho constitutivo no se haya producido durante la vigencia de la normativa que ha sido modificada.

(véanse los apartados 86 a 88 y 91)
El hecho de que el Reglamento n.o 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios no mencione expresamente la excepción de ilegalidad como vía de recurso incidental a disposición de los justiciables que soliciten ante el Tribunal la anulación o la modificación de la resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea no impide que tales justiciables propongan esa excepción en un recurso de esta naturaleza. Este derecho se deriva del principio general según el cual el artículo 277 TFUE garantiza a cualquiera de las partes, para obtener la anulación de una decisión que la afecte directa e individualmente, el derecho a impugnar la validez de los actos institucionales anteriores que constituyan la base jurídica de la decisión impugnada, cuando dicha parte no disponga del derecho a interponer, con arreglo al artículo 263 TFUE, un recurso directo contra tales actos, cuyas consecuencias sufriría así sin haber podido solicitar su anulación.

(véase el apartado 31)