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El artículo 21, apartado 1, de la Vw 2000 dispone: «En aplicación del artículo 8, párrafo segundo, de la Directiva 2003/109 […], la solicitud de expedición o de modificación del permiso de residencia de duración indefinida en el sentido del artículo 20 sólo podrá ser denegada cuando el extranjero: a. no haya residido legalmente durante cinco años de manera ininterrumpida, a efectos del [referido] artículo 8, inmediatamente antes de la presentación de su solicitud; b. durante el período previsto en la letra a), haya dispuesto, bien de un permiso de residencia temporal, bien de un permiso de residencia formalmente limitado, o de un permiso de residencia en calidad de trabajador por cuenta de un prestador de servicios en el marco de servicios transfronterizos o en calidad de prestador de servicios transfronterizos; c. durante el período previsto en la letra a), haya residido, fuera de los Países Bajos seis o más meses sucesivos, o un total de diez o más meses; d. no disponga de manera independiente y duradera de medios suficientes de subsistencia, conjuntamente, o no, con el miembro de la familia con el que resida; e. haya sido condenado por sentencia firme a causa de infracciones por las que pueda imponerse una pena de prisión de tres o más años, o bien se la haya impuesto una medida como la prevista en el artículo 37 a del Código penal (Wetboek van Strafrecht); f. represente un peligro para la seguridad nacional; g. no disponga de un seguro de enfermedad suficiente para sí mismo y para los miembros de su familia a su cargo; h. haya presentado informaciones erróneas o haya omitido comunicar informaciones que habrían dado lugar a la denegación de la solicitud de expedición, de modificación o de prórroga del permiso; i. resida de forma regular en los Países Bajos a efectos del artículo 8, letras c) y d), o se halle en espera de una decisión definitiva sobre la expedición o la prórroga del período de validez de una autorización de residencia en el sentido de los artículos 28 o 33; o j. disponga o haya dispuesto de un estatuto especialmente privilegiado durante los cinco años inmediatamente precedentes a la solicitud; k. no haya superado el examen de integración previsto en el artículo 13 de la Ley sobre la integración.»
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El artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento no 1408/71, introducido en este artículo por el Reglamento (CEE) no 2195/91 del Consejo, de 25 de junio de 1991, por el que se modifica el Reglamento no 1408/71 y el Reglamento (CEE) no 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71 (DO L 206, p. 2), con efectos a partir del 29 de julio de 1991, dispone: «la persona a la que deje de serle aplicable la legislación de un Estado miembro, sin que por ello pase a aplicársele la legislación de otro Estado miembro de conformidad con una de las reglas enunciadas en las letras anteriores o con una de las excepciones o normas especiales establecidas en los artículos 14 a 17, quedará sometida a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, de conformidad con las disposiciones de esta legislación únicamente.»
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La solicitud del Sr. Neidel, consistente en que se le abonara ese importe como compensación económica por las vacaciones no disfrutadas, fue denegada por la Stadt Frankfurt am Main por el motivo de que el Derecho alemán de la función pública no prevé el pago de los días de vacaciones no disfrutados. Según la Stadt Frankfurt am Main, el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 no es aplicable a los funcionarios. Alega además que la jubilación no está comprendida en el concepto de «conclusión de la relación laboral», en el sentido de dicho precepto.
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El Reglamento (CE) no 1515/2001 del Consejo, de 23 de julio de 2001, relativo a las medidas que podrá adoptar la Comunidad a partir del informe sobre medidas antidumping y antisubvención aprobado por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (DO L 201, p. 10), establece, en su artículo 1, apartado 1, dichas medidas del siguiente modo: «1. Siempre que el OSD [Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)] apruebe un informe relacionado con alguna medida comunitaria adoptada en virtud del Reglamento (CE) no 384/96 [del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1)], del Reglamento (CE) no 2026/97 [del Consejo, de 6 de octubre de 1997, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 288, p. 1)], o del presente Reglamento (en lo sucesivo, “medida impugnada”), el Consejo podrá adoptar, por simple mayoría, a propuesta de la Comisión y previa consulta del Comité Consultivo instaurado en virtud del artículo 15 del Reglamento (CE) no 384/96 o del artículo 25 del Reglamento (CE) no 2026/97 (en lo sucesivo, “Comité Consultivo”), una de las medidas siguientes, o ambas medidas, según lo que considere más conveniente: a) derogación o modificación de la medida impugnada, o b) adopción de otras medidas especiales que se consideren adecuadas a las circunstancias.»
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Con arreglo al artículo 42, titulado «Proceso de valoración de las ofertas», de la Ley no 25/2006 de contratos públicos, en su versión aplicable al litigio principal, según el órgano jurisdiccional remitente: «1) El proceso de valoración de las ofertas por la comisión se efectuará a puerta cerrada. La comisión valorará las ofertas en función del cumplimiento de los requisitos establecidos por el poder adjudicador o por la entidad adjudicadora en relación con el objeto del contrato público y excluirá aquellas ofertas que no se atengan a dichos requisitos, expuestos en el anuncio de licitación o en el anuncio en el que se invite a presentar ofertas y en el pliego de condiciones. […] En la valoración de ofertas que contengan variantes, la comisión actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 37, apartado 3. 2) La comisión podrá solicitar por escrito a los licitadores aclaraciones sobre la oferta. Sin embargo, no podrá solicitar ni aceptar modificaciones de la oferta de un licitador que mejoren dicha oferta. 3) Cuando la oferta contenga un precio anormalmente bajo, la comisión solicitará por escrito al licitador aclaraciones al respecto. El objetivo de la solicitud será obtener las precisiones sobre la composición de la oferta que la comisión considere oportunas, y en particular sobre: a) el ahorro que permita el procedimiento de construcción, el procedimiento de fabricación de los productos o la prestación de servicios; b) las soluciones técnicas o las condiciones particularmente favorables de que disponga el licitador para el suministro del producto, para la ejecución de las obras o para la prestación del servicio; c) la originalidad de los productos, obras o servicios propuestos por el licitador; d) el respeto de la legislación relativa a la protección del empleo y de las condiciones de trabajo en vigor en el lugar en el que deban suministrarse los productos, ejecutarse las obras o prestarse los servicios; e) la eventual obtención de una ayuda de Estado por parte del licitador. 4) La comisión tendrá en cuenta las aclaraciones sobre la oferta o sobre el precio anormalmente bajo y las justificaciones aportadas por el licitador. La comisión rechazará la oferta: a) cuando el licitador no proporcione aclaraciones por escrito en el plazo de tres días hábiles desde que reciba la petición de aclaraciones, o en el plazo más amplio que la comisión establezca, o b) cuando las aclaraciones facilitadas no respondan a las exigencias que se derivan de los apartados 2 o 3. […] 7) La comisión evaluará las ofertas que no hayan sido excluidas, empleando para ello los criterios establecidos en el anuncio de licitación, en el anuncio en el que se invite a presentar ofertas o en el pliego de condiciones, con arreglo a las normas de aplicación de tales criterios establecidas en el pliego de condiciones, que no podrán ser discriminatorios y deberán favorecer la competencia en condiciones de igualdad. […]»
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Desde el 1 de diciembre de 2008, Products 4U reservó la palabra clave («AdWord») «Wintersteiger» en el marco del sistema publicitario desarrollado por el prestador del servicio de referenciación en Internet Google. Como consecuencia de esta inscripción, limitada al dominio nacional de primer nivel alemán de Google, esto es, el sitio de Internet «google.de», el internauta que introducía la palabra clave «Wintersteiger» en el motor de búsqueda de ese servicio de referenciación obtenía, como primer resultado de la búsqueda, un enlace al sitio de Internet de Wintersteiger. No obstante, la introducción de ese mismo término de búsqueda hacía también aparecer, en la parte derecha de la pantalla, bajo la rúbrica «Anzeige» («Anuncio»), un anuncio publicitario de Products 4U. El texto de dicho anuncio llevaba por título, subrayado y en color azul, «Skiwerkstattzubehör» («Accesorios para talleres de reparación de esquís»). Incluía, además, en dos líneas, las palabras «Ski und Snowboardmaschinen» («Máquinas para esquís y tablas de snowboard») y «Wartung und Reparatur» («Mantenimiento y reparación»). En la última línea de este mismo anuncio se indicaba, en letras verdes, la dirección de Internet de Products 4U. Al hacer clic en el título «Skiwerkstattzubehör» («Accesorios para talleres de reparación de esquís»), el usuario era dirigido a la oferta de «Wintersteiger-Zubehör» («Accesorios Wintersteiger») contenida en el sitio de Internet de Products 4U. El anuncio publicitario en el sitio «google.de» no aclaraba en absoluto que no existía vínculo económico alguno entre Wintersteiger y Products 4U. Por otra parte, esta última empresa no insertó ningún anuncio publicitario vinculado al término de búsqueda «Wintersteiger» en el dominio nacional de primer nivel austriaco de Google, esto es, en el sitio de Internet «google.at».
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Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones segunda y tercera que el artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 y el artículo 2, apartado 1, en relación con el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2006/126 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro de acogida que permite a éste denegar el reconocimiento en su territorio del permiso de conducción expedido en otro Estado miembro en el supuesto de que se demuestre, basándose en informaciones incontestables, que emanen del Estado miembro de expedición, que el titular del permiso de conducción no cumplía el requisito de residencia normal previsto en los artículos 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 91/439 y 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/126 en el momento de la expedición de dicho permiso. A este respecto, el hecho de que las informaciones sean transmitidas por el Estado miembro de expedición a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, no directamente, sino sólo de forma indirecta, a través de una comunicación efectuada por terceros, no permite, en sí mismo, excluir que pueda considerarse que dichas informaciones emanan del Estado miembro de expedición, siempre y cuando tales informaciones provengan de una autoridad de ese último Estado miembro. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las informaciones obtenidas en circunstancias como las del litigio principal pueden ser calificadas como informaciones que emanan del Estado miembro de expedición y, en su caso, evaluar las referidas informaciones y apreciar, teniendo en cuenta todas las circunstancias del litigio de que conoce, si constituyen informaciones incontestables, que acrediten que el titular del permiso no tenía su residencia normal en el territorio de ese último Estado en el momento de la expedición de su permiso de conducción.
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El Reglamento no 40/94 ha sido derogado por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, habida cuenta del momento en que acaecieron los hechos, el presente litigio se rige por el primer Reglamento mencionado, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2003 del Consejo, de 27 de octubre de 2003 (DO L 296, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 40/94 modificado»).
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Pues bien, según reiterada jurisprudencia, cuando no existe una normativa de la Unión en la materia, corresponde, en particular, al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar a las autoridades competentes y configurar la regulación de los procedimientos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, siempre que dicha regulación no sea menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni haga imposible o excesivamente difícil en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véanse, en particular, las sentencias de 17 de noviembre de 1998, Aprile, C-228/96, Rec. p. I-7141, apartado 18, y de 21 de enero de 2010, Alstom Power Hydro, C-472/08, Rec. p. I-623, apartado 17).
A falta de normas reglamentarias especiales aplicables a los funcionarios y a los agentes, y a falta de disposiciones sobre este particular en los reglamentos internos que pueden adoptar las instituciones, ningún texto legal permite concluir que las relaciones entre estas instituciones y sus funcionarios y agentes, en las que se inscriben los anuncios de concurso, están totalmente excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento no 1, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea, cuyo artículo 1 enuncia explícitamente cuáles son las lenguas de trabajo de las instituciones. A fortiori, puede afirmarse lo mismo respecto a las relaciones entre las instituciones y los candidatos a un concurso externo, que no son, en principio, ni funcionarios ni agentes.

(véanse los apartados 67 a 69)
Los términos «con total independencia» del artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, deben interpretarse en el sentido de que las autoridades de control en materia de protección de datos personales han de disfrutar de una independencia que les permita ejercer sus funciones sin influencia externa. A este respecto, el hecho de que una autoridad así disfrute de una independencia funcional, en la medida en que sus miembros sean independientes y no estén sujetos a instrucción alguna en el ejercicio de sus funciones, no basta por sí solo para preservar a la autoridad de control de toda influencia externa. Pues bien, la independencia exigida en virtud del artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, tiene por objeto excluir no sólo la influencia directa, en forma de instrucciones, sino también toda forma de influencia indirecta que pueda orientar las decisiones de la autoridad de control. Por lo demás, en vista del papel de guardianas del derecho a la intimidad que asumen las autoridades de control, dicho artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, exige que sus decisiones, y, por tanto, ellas mismas, estén por encima de toda sospecha de parcialidad.

Para poder cumplir el requisito de independencia establecido en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, no es necesario que una autoridad nacional de control en materia de protección de datos personales disponga de una línea presupuestaria autónoma similar a la prevista en el artículo 43, apartado 3, del Reglamento no 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. En efecto, los Estados miembros no están obligados a reproducir en su normativa nacional disposiciones análogas a las del capítulo V del Reglamento no 45/2001 con el fin de garantizar la total independencia de su autoridad o autoridades de control y, por tanto, pueden establecer que, desde el punto de vista del Derecho presupuestario, la autoridad de control dependa de un Ministerio determinado. No obstante, la atribución de los medios humanos y materiales que necesita tal autoridad de control no debe impedir que ejerza sus funciones «con total independencia» en el sentido del artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46.

(véase el apartado 58)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca constituida por el aspecto específico de la superficie del envase de un producto líquido

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

Índice

Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas.

No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa.

En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria.

Esta jurisprudencia, desarrollada en relación con las marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, o por el envase de los productos, como son los líquidos, que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto, también es válida cuando la marca cuyo registro se solicita es una marca comprendida en la categoría «otras» y constituida por el aspecto específico de la superficie del envase de un producto líquido. En efecto, en ese caso, la marca tampoco consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa.

(véanse los apartados 45 a 48)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las directivas — Incumplimiento — Justificación basada en dificultades de interpretación — Improcedencia (Art. 258 TFUE) (véase el apartado 16)

2. Derecho de la Unión — Interpretación — Textos plurilingües — Divergencias entre las diferentes versiones lingüísticas — Consideración de la estructura general y de la finalidad de la normativa controvertida (véase el apartado 18)

3. Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros — Necesidad de una transposición clara y precisa — Posible modificación posterior de los anexos que determinan los aspectos técnicos y las modalidades de aplicación de la directiva — Irrelevancia respecto de la obligación de transposición de la directiva (Art. 288 TFUE, párr. 3) (véanse los apartados 24, 25 y 77)

4. Recurso por incumplimiento — Prueba del incumplimiento — Carga que incumbe a la Comisión — Presunciones — Improcedencia — Incumplimiento de la obligación de información impuesta a los Estados miembros por una directiva — Consecuencias (Art. 4 TUE, ap. 3; arts. 17 TFUE y 258 TFUE) (véanse los apartados 30, 32, 33 y 52)

5. Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros — Transposición de una directiva sin actividad normativa — Requisitos — Existencia de un contexto jurídico general que garantice la plena aplicación de la directiva (Art. 288 TFUE, párr. 3) (véanse los apartados 40 y 47)

6. Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros — Necesidad de una transposición completa (Art. 288 TFUE, párr. 3) (véanse los apartados 48 y 50)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (DO L 263, p. 1).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 48 de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, al no haber comunicado a la Comisión Europea las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de aplicación de dicha Directiva.

2) Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 48 de la Directiva 2007/46, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

3) Condenar en costas a la República de Polonia.