De la aplicación de los artículos 3 y 4 del anexo de la Decisión 2001/937, en relación con el artículo 8 del Reglamento no 1049/2001, se desprende claramente que la respuesta a la solicitud inicial sólo constituye una primera postura, que concede al solicitante la posibilidad de pedir al Secretario General de la Comisión que revise tal posición. Por consiguiente, sólo la medida adoptada por el Secretario General de la Comisión, que tiene carácter de Decisión y sustituye íntegramente a la postura anterior, puede producir efectos jurídicos que afecten a los intereses de los demandantes y, por tanto, ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE.

El procedimiento de acceso a los documentos de la Comisión, regulado por los artículos 6 a 8 del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, así como por los artículos 2 a 4 del anexo a la Decisión 2001/937 de la Comisión, por la que se modifica su Reglamento interno, se desarrolla en dos etapas. En un primer momento el solicitante debe dirigir a la Comisión una solicitud inicial de acceso a los documentos. En principio, la Comisión debe responder a la solicitud inicial en un plazo de quince días laborables a partir del registro de dicha solicitud. En un segundo momento, en caso de denegación total o parcial, el solicitante puede presentar, en un plazo de quince días laborables a partir de la recepción de la respuesta inicial de la Comisión, una solicitud confirmatoria al Secretario General de la Comisión, solicitud a la que éste debe responder, en principio, en un plazo de quince días laborables a partir del registro de esa última solicitud. En caso de denegación total o parcial el solicitante puede interponer un recurso judicial contra la Comisión, o presentar una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo, con arreglo a las condiciones previstas respectivamente en los artículos 230 CE y 195 CE.

Por lo que respecta al principio de transparencia, que constituye su corolario, tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. Implica que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones.

A tenor del artículo 89, apartado 1, del Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, todos los contratos públicos financiados total o parcialmente por el presupuesto comunitario se ajustarán a los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.

Las excepciones al principio de acceso a los documentos de las instituciones deben interpretarse en sentido estricto. El examen que requiere la tramitación de una solicitud de acceso a documentos debe revestir un carácter concreto. En efecto, el mero hecho de que un documento se refiera a un interés protegido por una excepción no basta para justificar la aplicación de ésta. En principio, la aplicación de la excepción sólo se justifica en caso de que la institución haya valorado previamente si el acceso al documento habría perjudicado concreta y efectivamente el interés protegido. Por otra parte, para poder ser invocado el riesgo de perjuicio al interés protegido debe ser razonablemente previsible y no puramente hipotético.

La divulgación de la composición del comité de evaluación de las ofertas de prestaciones de vigilancia y guardia de los inmuebles de la Comisión no puede causar perjuicio concreto y efectivo a la protección de la vida privada y la integridad de las personas interesadas. La mera pertenencia al citado comité, en nombre de la entidad a la que las personas interesadas representaban, no constituye tal perjuicio y la protección de la vida privada y la integridad de las personas interesadas no resulta afectada.

(véanse los apartados 212, 213 y 216)