Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Procedimiento Plazo para recurrir Preclusión Caso fortuito o fuerza mayor Concepto Límites

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art, 42, párr. 2)

2. Comisión Código de buena conducta administrativa anexo al Reglamento interno Disposición que prevé la mención en las actos de la Comisión de la posibilidad de interponer un recurso jurisdiccional y/o de presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo Carácter imperativo

(Arts. 195 CE y 230 CE; Reglamento interno de la Comisión, anexo, punto 3, párrs. 4 y 5)

3. Procedimiento Plazo para recurrir Preclusión Error excusable Concepto

Índice

1. Los conceptos de fuerza mayor y de caso fortuito constan, además de un elemento objetivo relativo a las circunstancias anormales y ajenas al interesado, de un elemento subjetivo relativo a la obligación, por parte del interesado, de tomar precauciones contra las consecuencias del acontecimiento anormal, adoptando medidas adecuadas, sin aceptar sacrificios excesivos. En particular, el interesado debe vigilar cuidadosamente el desarrollo del procedimiento iniciado y acreditar haber actuado con diligencia a fin de respetar los plazos previstos. Así, los conceptos de fuerza mayor y de caso fortuito no se aplican a una situación en que una persona diligente e informada habría podido evitar objetivamente que expirara un plazo para recurrir.

( véase el apartado 17 )

2. El hecho de que la Comisión no mencione en un acto la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial o de presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 CE o en el artículo 195 CE, constituye un incumplimiento de las obligaciones que dicha institución se impuso a sí misma mediante la adopción del código de buena conducta administrativa para el personal de la Comisión Europea en sus relaciones con el público, que figura en el anexo del Reglamento interno de la Comisión.

( véase el apartado 25 )

3. El concepto de error excusable, que se basa directamente en la preocupación por el respeto de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, únicamente puede referirse a circunstancias excepcionales en las que, particularmente, la institución afectada haya adoptado un comportamiento que pueda, por sí solo o de modo determinante, provocar una confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que acredite haber actuado con toda la diligencia exigible a una persona medianamente cuidadosa. Pues bien, puede ser que así ocurra cuando la interposición de un recurso fuera de plazo se debe a que la institución de que se trata ha facilitado información errónea que puede crear una confusión admisible en el ánimo de tal justiciable, o cuando la institución de que se trata ha infringido algunas de sus normas internas, como, por ejemplo, un código de conducta, creando dicha confusión, pero no sucede así cuando el justiciable no puede albergar ninguna duda sobre el carácter de decisión del acto que se le notifica. En efecto, en este caso, la falta de información relativa a la posibilidad de interponer un recurso no induce a error de ningún modo al justiciable.

( véase el apartado 30 )