ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
22

Si bien es cierto que la Directiva 69/169 no prevé expresamente la aplicación de una franquicia de los impuestos sobre el volumen de negocios y de los impuestos sobre consumos específicos a la importación, por lo que respecta al caso concreto de las «excursiones marítimas», no cabe deducir de ello, como hace la demandada, que dicha Directiva no es aplicable en el presente caso, dado que tales importaciones no se producen ni con ocasión de un transporte de viajeros con países terceros ni de un transporte intracomunitário propiamente dicho. En efecto, la Directiva 69/169 contiene una normativa exhaustiva de las franquicias de los impuestos sobre el volumen de negocios y de los impuestos sobre consumos específicos aplicables a las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros que atraviesan las fronteras de los Estados miembros. Sus disposiciones regulan, por consiguiente, todas las exenciones de tales impuestos vinculadas al transporte de viajeros que atraviesan las fronteras, con independencia de cual sea la procedencia de estos últimos.
2

Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Société de vente de ciments et bétons de l'Est SA, con domicilio social en Francia, demandante en el procedimiento principal, cuya actividad consiste en vender cemento, y la empresa Kerpen & Kerpen GmbH & Co. KG, con domicilio social en la República Federal de Alemania, demandada en el procedimiento principal, en relación con un contrato, celebrado el 30 de marzo de 1978, relativo al suministro anual de unas 40.000 toneladas de cemento durante un período de cinco años.
32

Para la Comisión, no cabe duda de que las prohibiciones de importación aplicadas por Irlanda no están justificadas por tales razones. A este respecto, la Comisión afirma que, según las estadísticas de que se dispone, la incidencia de la enfermedad de Newcastle en la Comunidad ha experimentado un considerable retroceso durante los últimos años. Según dicha Institución, desde 1976 no se ha detectado ningún foco en Francia, mientras que en Gran Bretaña se ha declarado un solo foco; no obstante, una fuerte proporción del ganado avícola de estos dos países no ha sido vacunada. La Comisión deduce de ello que el virus salvaje, es decir, el virus distinto del utilizado para la vacuna y cuya presencia puede quedar encubierta por la vacunación, es extremadamente raro, por no decir inexistente, en la mayoría de los Estados miembros.
15

En dicho supuesto, el Tribunal considera que el asegurador no puede oponerse a la cláusula que atribuye una competencia distinta, si su consentimiento inicial fue claramente manifestado en las estipulaciones contractuales, por el solo motivo de que el beneficiario de la cláusula a favor de tercero, que no fue parte en el contrato, no ha cumplido, a su vez, el requisito de forma escrita previsto en el artículo 17 del Convenio.
31.

En cuanto a la petición de los demandantes, formulada mediante escrito de 16 de septiembre de 1985, antes mencionado, en el sentido de que se siga manteniendo la suspensión del procedimiento por no haberse concluido aún el procedimiento de revisión quinquenal, la Comisión sostiene que esta alegación, basada, según los demandantes, en el cuarto motivo de recurso, no puede ejercer influencia en el procedimiento. En efecto, los demandantes se basaron para su acción en el carácter ilegal del mencionado Reglamento n° 397/81. Dado que los demandantes no impugnaron el Reglamento n° 3681/83, que derogó el Reglamento n° 397/81, en adelante la cuestión carece de todo interés. Por lo demás, la revisión quinquenal que debe realizar el Consejo comienza a transcurrir a partir del 1 de enero de 1981, en una fecha posterior, pues, a la de 1 de julio de 1980, fecha a la que los demandantes se refieren en su recurso.
39

La demandante considera que la cuestión de los «cupos de entrega», que ya fue objeto del recurso 119/81, no fue resuelta en la sentencia de 7 de julio de 1982, dado que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el citado concepto no había desempeñado ningún papel en la determinación de los cupos de producción para el segundo trimestre de 1981. Por ello, solicita que vuelva a examinarse este conjunto de cuestiones y alega, fundamentalmente, que el artículo 58 tan sólo confirió a la Comisión la facultad de actuar sobre la producción del acero, pero no sobre su comercialización, ni en el mercado común ni en los mercados de exportación. Según esta tesis, el sistema del Tratado CECA no permite inferir la existencia de «poderes implícitos» que den derecho a la Comisión a actuar en el ámbito de la entrega de los productos.
14

Este planteamiento queda confirmado por las disposiciones del Reglamento n° 803/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, referente al valor en aduana de las mercancías (DO L 148, p. 6), y de la Directiva 79/623 del Consejo, de 25 de junio de 1979, relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de deuda aduanera (DO L 179, p. 31; EE 02/06, p. 43). Los considerandos de esta Directiva declaran expresamente que el momento del nacimiento de la deuda aduanera se define teniendo en cuenta el carácter económico de los derechos de importación y las condiciones en las que se integran en la economía de la Comunidad las mercancías sujetas a derechos de importación. En estas circunstancias, no puede dar lugar a ninguna deuda aduanera la importación de estupefacientes que forman parte del circuito ilegal, puesto que deben ser decomisados y destruidos al ser descubiertos, en lugar de ser puestos en circulación.
34

En efecto, tanto del examen de los autos como de las afirmaciones de la demandante en la vista se desprende que ésta no había conseguido crear, duraderamente, un mercado de países terceros. Por lo que se refiere en particular al mercado helvético, que se presenta como único ejemplo concreto de expansión comercial fuera de la Comunidad, la sociedad demandante ha reconocido que había intentado penetrar en el mercado suizo solamente a partiidel mes de septiembre de 1980 y no se ha demostrado ni, en verdad, afirmado siquiera que consiguiera allí una clientela antes de la publicación del Reglamento n° 3191/80. Por consiguiente y sin que sea necesario averiguar si concurren los demás requisitos a los que se subordina que pueda generarse la responsabilidad de la Comunidad, procede afirmar que la demandante no ha podido aportar ni siquiera un principio de prueba en apoyo de su alegación de que la Comisión le hubiera causado un perjuicio.
3)

El número 2 del artículo 2 de la Directiva 77/338/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva, es compatible con el Tratado y, por tanto válido, debiendo ser interpretado en el sentido de que no obsta a la obligación derivada del artículo 95 del Tratado de tener en cuenta, a efectos de la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido a las importaciones de productos procedentes de otro Estado miembro entregados por un particular, cuando tal impuesto no se percibe con ocasión de la entrega de productos similares efectuada por un particular en el interior del Estado miembro de importación, la parte residual del Impuesto sobre el Valor Añadido pagado en el Estado miembro de exportación, que permanece incorporada al valor del producto en el momento de su importación.
1

Mediante resolución de 2 de abril de 1981, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de junio siguiente, la Cour de cassation de France planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25), relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Convenio») (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), una cuestión prejudicial referente a la interpretación del número 1 del artículo 5 del Convenio.
1

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de enero de 1981, la sociedad inglesa Alpha Steel Ltd., solicitó, con arreglo al párrafo segundo del artículo 33 del Tratado CECA, la anulación de la Decisión individual de la Comisión de 19 de diciembre de 1980, relativa a la fijación de las cuotas de producción de la demandante correspondientes al primer trimestre de 1981, adoptada con arreglo a la Decisión general no 2794/80/CECA de la Comisión, de 31 de octubre de 1980 (DO L 291, p. 1), por la que se establece un régimen de cuotas de producción de acero.
18

En efecto, hay que subrayar que el artículo 177 no atribuye al Tribunal de Justicia la misión de emitir opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino la de contribuir a la administración de la justicia en los Estados miembros. Por consiguiente, no es competente para responder a cuestiones de interpretación que se le planteen en el marco de artificios procesales utilizados por las partes con el objeto de que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre ciertos problemas de Derecho comunitario que no obedecen a una necesidad objetiva inherente a la solución de un litigio. Una declaración de incompetencia en tal supuesto no menoscaba en absoluto las prerrogativas del Juez nacional, sino que permite evitar que se utilice el procedimiento del artículo 177 con fines que no son los propios.
12

En relación con este tema, la resolución de remisión señala que, según un Real Decreto de 1966, el Decreto sobre prestaciones, «Verstrekkingenbesluit», adoptado en aplicación de la Ley sobre Seguro de Enfermedad, sólo los médicos inscritos en el Registro de generalistas que lleva la Asociación pueden calificarse de generalistas a los efectos de dicho Decreto. Por lo tanto, los médicos no inscritos en el Registro no pueden tener una consulta reconocida por las Cajas del Seguro de Enfermedad. En tales circunstancias, el hecho de no estar inscrito en el Registro supone la imposibilidad de tratar como generalista a los pacientes cubiertos por la Seguridad Social. De hecho, el ejercicio de la medicina privada resulta también imposible, ya que los aseguradores privados definen en sus pólizas de seguro de enfermedad la cualidad de generalista con arreglo a las disposiciones del Decreto sobre prestaciones.
7

Tal y como este Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente, en último término en su sentencia de 30 de noviembre de 1978, Bussone (31/78, Rec. p. 2429), una normativa que no se aplica en función de la nacionalidad de los operadores económicos, sino en función de su lugar de establecimiento, no viola el principio de no discriminación enunciado en el artículo 7.
1

Mediante resolución de 19 de febrero de 1980, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de marzo de 1980, la Court of Appeal de Londres planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 119 del Tratado CEE, de la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO 45, p. 19; EE 05/02, p. 52), y de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 38, p. 40; EE 05/02, p. 70).
5

Mediante sentencia de 19 de marzo de 1979, el Sø- og Handelsret de Copenhague confirmó esta prohibición, por considerar que Dansk Supermarked había actuado de manera contraria a los usos de comercio y había infringido los artículos 1 y 5 de la Ley de prácticas comerciales (lov om markedsføring), n° 297, de 14 de junio de 1974. El Tribunal no consideró necesario pronunciarse también sobre una posible infracción de la legislación nacional relativa a los derechos de autor y a las marcas de fábrica, también alegada por Imerco. En cuanto a las disposiciones del Derecho comunitario, en concreto, los artículos 30 y 85 del Tratado CEE, así como el Reglamento n° 67/67/CEE de la Comisión, de 22 de marzo de 1967 (DO 1967, 57, p. 849; EE 08/01, p. 94), que Dansk Supermarked había invocado en su defensa, el órgano jurisdiccional no los tomó en cuenta, por entender que la prohibición dirigida a Dansk Supermarked no podía constituir un obstáculo a la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros de la Comunidad.
Asunto 208/80

Rt. Hon. Lord Bruce of Donington

contra

Eric Gordon Aspden

Petición de decisión prejudicial planteada por los Commissioners for the special purposes of the Income Tax Acts

«Parlamento Europeo — Impuestos nacionales que gravan las asignaciones pagadas a los miembros del Parlamento»

Sumario de la sentencia

Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas — Miembros del Parlamento Europeo — Asignaciones para gastos de viaje pagadas a tanto alzado con cargo a los fondos comunitarios — Poder tributario de los Estados miembros — Límites — Reembolsos globales que, en parte, constituyen una retribución — Criterios de apreciación comunitarios

(Tratado CEE, art. 5; Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, art. 8, par. 1)

Los Estados miembros que, en el estado actual del Derecho comunitario, están facultados para someter a gravamen determinados ingresos que, en su caso, puedan percibir los miembros del Parlamento Europeo en el ejercicio de su mandato, deberán observar los límites que les impone, en particular, el artículo 5 del Tratado CEE, obligación que supone el deber de no adoptar medidas que puedan obstaculizar el funcionamiento interno de las Instituciones de la Comunidad, y el párrafo primero del artículo 8 del Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de las Comunidades Europeas, que prohibe a los Estados miembros establecer, por ejemplo, mediante sus prácticas en materia tributaria, restricciones administrativas a la libertad de movimientos de los miembros del Parlamento.

De este modo, las autoridades nacionales están obligadas a respetar la decisión, adoptada por el Parlamento en el marco de las medidas de organización interna cuya adopción le corresponde, de reembolsar a sus miembros los gastos de viaje, sobre la base de una cantidad a tanto alzado. No obstante, en la medida en que el importe a tanto alzado de las asignaciones fuera excesivo o que, en realidad, se tratara, parcialmente, de una retribución encubierta y no de un reembolso de gastos, los Estados miembros estarían facultados para someter semejante retribución al Impuesto nacional sobre la Renta.

En consecuencia, el Derecho comunitario prohibe la sujeción al impuesto nacional de las cantidades a tanto alzado que el Parlamento Europeo paga a sus miembros con cargo a los fondos comunitarios, en concepto de reembolso de los gastos de viaje, a no ser que, conforme al Derecho comunitario, pueda demostrarse que dicho reembolso global constituye, en parte, una retribución.
11

El artículo 8 no especifica ante qué órgano jurisdiccional debe interponerse eventualmente dicho recurso. La solución a esta cuestión depende de la organización judicial de cada Estado miembro. De ello resulta que si, en un Estado miembro, pueden presentarse recursos contra los actos administrativos ante los órganos j urisdiccionales ordinarios, las personas comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 64/221 deben ser tratadas de la misma forma que los nacionales en lo que respecta a las posibilidades de recurso que puedan interponerse ante dichos órganos jurisdiccionales contra los actos de la Administración. De lo antedicho se desprende también que si en un Estado miembro el Juez de lo contencioso-administrativo no tuviera la facultad de suspender una decisión administrativa, sino que semejante facultad la tuvieran los órganos jurisdiccionales ordinarios, dicho Estado miembro tendría la obligación de permitir que las personas a quienes se aplica la Directiva presentaran una petición de suspensión ante dichos órganos jurisdiccionales ordinarios en las mismas condiciones que los nacionales. Sin embargo, procede subrayar que esas posibilidades dependen esencialmente de la organización judicial y del reparto de las competencias jurisdiccionales en los diferentes Estados miembros, dado que la única obligación impuesta a los Estados por el artículo 8 es la de conceder a las personas protegidas por el Derecho comunitario posibilidades de recurso que no sean menos favorables que aquéllas de que disponen sus propios nacionales en materia de recursos contra los actos administrativos.
19

Mediante estas cuestiones, la House of Lords toma en cuenta las alegaciones de los apelantes, los cuales invocan determinadas diferencias entre, por una parte, la prohibición de importación de las mercancías de que se trata, que es absoluta, y, por otra, las legislaciones vigentes en las distintas partes integrantes del Reino Unido, que parecen menos estrictas, en el sentido de que la simple posesión de artículos obscenos con fines no comerciales no es constitutiva de delito en parte alguna del Reino Unido y la comercialización de estos mismos artículos, aunque generalmente está prohibida, admite, no obstante, excepciones, en particular las que favorecen a los artículos de interés científico, literario, artístico o educativo. Teniendo en cuenta estas diferencias, se planteó la cuestión de determinar si la prohibición de importación no podría estar incluida, en su caso, en el ámbito de aplicación de la segunda frase del artículo 36.
20

No cabe duda de que la disparidad de los sistemas fiscales nacionales y, en particular, las diferencias de los niveles de tributación, especialmente acusadas en los impuestos sobre el alcohol, constituyen un obstáculo para la libre circulación de mercancías y para el desarrollo de los intercambios entre los Estados miembros. No obstante, llevar a cabo el programa de armonización previsto por el artículo 99 no puede constituir un requisito previo a la aplicación del artículo 95. En efecto, cualesquiera que sean las diferencias entre los sistemas fiscales nacionales, el artículo 95 establece una exigencia fundamental, directamente vinculada a la prohibición de los derechos de aduana y de las exacciones de efecto equivalente entre los Estados miembros, por cuanto tiene por objeto eliminar, antes de cualquier armonización, cualesquiera prácticas fiscales nacionales que puedan dar lugar a discriminaciones de los productos importados o procurar una protección a determinadas producciones nacionales. De este modo se aprecia que los artículos 95 y 99 persiguen objetivos distintos, ya que la primera de estas disposiciones tiene por objeto eliminar de inmediato las prácticas fiscales discriminatorias o protectoras, mientras que la segunda tiene por objeto reducir los obstáculos a los intercambios consecuencia de las diferencias entre los sistemas fiscales nacionales, aun cuando éstos se apliquen de forma no discriminatoria.
2

Dicha Decisión se basa en el hecho —que no se discute— de que Rumi vendió entre el 15 de abril de 1977 y el 5 de mayo de 1977 [fecha de la entrada en vigor de la Decisión no 962/77/CECA de la Comisión, de 4 de mayo de 1977, por la que se fijan los precios mínimos para ciertas barras de armadura (DO L 114, p. 1)] cantidades importantes de acero redondo para hormigón en Francia, a entregar hasta el segundo trimestre de 1978, a precios fijos que no se correspondían con los precios de su lista, publicada el 6 de febrero de 1976 y vigente en el momento de dichas ventas.
5

Después de esta sentencia, el tribunal correctionnel de Besançon, mediante resolución de 29 de septiembre de 1978, absolvió a los procesados de los cargos de falsedad material y uso de certificados falsos con el fin de realizar exportaciones a otros Estados miembros de la CEE pero, al estar dichos acusados también procesados por los mismos cargos, a causa de haber exportado relojes y mecanismos de relojería a Grecia, España y Austria —países terceros vinculados a la Comunidad mediante Acuerdos— el órgano jurisdiccional nacional planteó a este Tribunal de Justicia las tres cuestiones siguientes: «1) ¿La interpretación del Tribunal de Justicia de los artículos 6, 28 y 29 del Acuerdo de asociación celebrado el 9 de julio de 1961 entre la Comunidad Europea y Grecia, permite a un Estado miembro de la CEE exigir a quienes realicen exportaciones a Grecia una licencia de exportación o un certificado alternativo, que no da lugar a la percepción de tributo alguno y que sólo puede denegarse si la calidad de la mercancía no se ajusta a las normas establecidas por quien expide el certificado? 2) ¿La interpretación del Tribunal de Justicia de los términos del Convenio celebrado el 29 de junio de 1970 entre la CEE y España y, en concreto, de los artículos 1, 8 y 12, permite a un Estado miembro de la CEE exigir a quienes realicen exportaciones a España una licencia de exportación o un certificado alternativo, que no da lugar a la percepción de tributo alguno y que sólo puede denegarse si la calidad de la mercancía no se ajusta a las normas establecidas por quien expide el certificado? ¿La exigencia de dicho certificado constituye o no un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio? 3) ¿La interpretación del Tribunal de Justicia de los términos del Acuerdo provisional celebrado entre la CEE y la República de Austria el 22 de julio de 1972 y, en concreto, de los artículos 10 y 16, permite a un Estado miembro de la CEE exigir a quienes realicen exportaciones a Austria una licencia de exportación o un certificado alternativo, que no da lugar a la percepción de tributo alguno y que sólo puede denegarse si la calidad de la mercancía no se ajusta a las normas establecidas por quien expide el certificado? ¿La exigencia de dicho certificado constituye o no un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio?»
3

Dada esta secuencia cronológica por lo que se refiere a la concesión de las prestaciones, el Centrale Raad van Beroep consideró que el artículo 43 del Reglamento no 1408/71 relativo a la transformación de las prestaciones de invalidez en prestaciones de vejez, no era aplicable, al menos directamente, al supuesto. En efecto, dicho artículo contempla el caso de qué el derecho a las prestaciones de invalidez se cause en dos Estados miembros antes de producirse la transformación en prestaciones de vejez y el apartado 2 establece que, incluso después de tener lugar dicha transformación en uno de los Estados miembros, la institución deudora de prestaciones de invalidez en el otro Estado miembro continuará abonando al beneficiario aquellas prestaciones de invalidez a que el mismo tenga derecho en virtud de la legislación que dicha institución aplique.
2

que estas cuestiones se suscitaron en el marco de un proceso penal contra el directivo de una empresa productora de disolventes y barnices, por haber infringido determinadas disposiciones de la Ley italiana no 245, de 5 de marzo de 1963 (GURI no 77, de 21 de marzo de 1963, p. 1451), que imponen, en particular, a los fabricantes de productos que tienen benzol, toluol y xilol la colocación en los recipientes que contienen dichos productos de una etiqueta mencionando, además de la presencia de estas sustancias, su porcentaje total y, separadamente, su porcentaje de benzol;