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No incumbe a la Comisión, en el marco de la adopción de una decisión adoptada sobre la base del artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2006/42, relativa a las máquinas, controlar, desde todas las perspectivas, la legalidad de las medidas nacionales que llevaron a aplicar la cláusula de salvaguardia prevista en el citado artículo. A este respecto, el artículo 20 de dicha Directiva menciona expresamente los recursos que ofrece la legislación vigente en el Estado miembro de que se trate, lo que indica, por una parte, que se refiere a las medidas nacionales adoptadas sobre la base de la Directiva y, por otra parte, que el control de éstas incumbe a los tribunales nacionales. Este artículo no crea, por tanto, obligaciones para la Comisión. En el marco de la aplicación del artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2006/42, la función de la Comisión es primordialmente verificar si las medidas adoptadas que se le notifican por un Estado miembro están justificadas, desde una perspectiva jurídica y fáctica, para evitar que una máquina pueda poner en peligro, como se recoge en el apartado 1 del mismo artículo, la salud y la seguridad de las personas y, en su caso, de animales domésticos, de bienes o del medio ambiente.

Nada se opone a que las medidas necesarias que un Estado miembro debe adoptar y comunicar a la Comisión en virtud de la cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 11 de la Directiva 2006/42, relativa a las máquinas, tomen la forma de medidas no unilaterales o de medidas no vinculantes directamente. Así, la comunicación del hecho de que a raíz de una gestión de las autoridades nacionales, el distribuidor adoptó medidas voluntarias de retirada del mercado y de no comercialización constituye efectivamente la comunicación de una medida necesaria que puede dar lugar a una decisión de la Comisión adoptada sobre la base del artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2006/42.

(véase el apartado 42)
7.

Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Coincidencia entre los campos de aplicación de los motivos señalados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 58)
2.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca figurativa THE SNACK COMPANY [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 29 a 33 y 36)
183

Por otra parte, el voto particular del laudo arbitral critica el razonamiento relativo al método de tarificación, en concreto, por ser incompatible con las exigencias del compromiso arbitral y de la Decisión n.o 692/2011 de la RAE (apartados 235 a 249 del mencionado laudo). En particular, la referencia global a los costes variables y fijos de la capacidad de producción menos cara crea, según el voto particular, una imagen falseada de los costes de la demandante, porque la combinación de costes fijos y variables de las centrales de producción de energía varía según el número de horas de actividad. Así, la referencia a la energía producida a base de lignito crea la errónea impresión de que el coste se reduce durante las horas de pico, dado que solo tiene en cuenta los costes variables de una categoría particular de centrales, y no la participación de centrales que tengan un coste total de producción por unidad más elevado durante el mismo período (apartado 245 de dicho laudo). Además, según el voto particular, el método de tarificación aprobado por el voto mayoritario no aporta incentivos adecuados para un uso más racional de la energía, puesto que limita de forma no razonable la capacidad de los consumidores de beneficiarse de los costes variables más bajos de las centrales de lignito (apartado 246 del mismo laudo). Por lo demás, según el voto particular, el citado método crea un elevado riesgo de obstáculos a la entrada en el mercado en perjuicio de nuevos competidores, al tiempo que refuerza la posibilidad de practicar el dumping ilegal. Según el voto particular, tampoco está justificado establecer una relación entre la tarifa a la que puede aspirar la coadyuvante y los costes de las centrales de lignito, por cuanto estas inyectan toda la energía producida en el «pool», lo cual hace imposible comprobar la existencia de esa relación. De esta forma, a los consumidores, que contribuyen a la formación de la totalidad de la demanda, se les suministra la energía a través de una mezcla de centrales a costes bajos, medios o elevados y variables en función de las horas de consumo. También señala que la coadyuvante no es una excepción a este respecto, sino que contribuye a la demanda del sistema tanto durante las horas de pico como en las horas valle, de manera que la tarifa debería reflejar el coste operativo medio de todas las centrales (apartados 247 y 248 del referido laudo).
126

En el caso de autos, la demandante no ha explicado cuáles son los argumentos o las pruebas que habría podido invocar si hubiera recibido los documentos en cuestión con anterioridad y tampoco ha demostrado que esos argumentos o esas pruebas hubiesen podido conducir en su caso a un resultado diferente. En efecto, la demandante no puede alegar válidamente que, en el momento de la adopción de los actos iniciales, ignoraba que era una entidad de crédito establecida en Rusia, propiedad o bajo control del Estado ruso en más del 50 %. Asimismo, aunque, en el marco de su primer motivo, la demandante ha negado que cumpliese los criterios establecidos en las disposiciones pertinentes de los actos impugnados, no ha explicado de qué manera la inexistencia de comunicación previa de dichos criterios pudo afectar a su derecho de defensa en el caso de autos. Por tanto, la presente imputación no puede entrañar la anulación de los actos iniciales.
280

Tampoco puede acogerse la alegación, formulada por Biogaran en la vista, relativa a que Niche no fue sancionada por el acuerdo Biogaran, al no haber tenido en cuenta la Comisión el pago de 2,5 millones de GBP en el cálculo de la multa de Niche. En efecto, únicamente se formuló, en relación con el principio de igualdad de trato, en la vista y por lo tanto no es admisible, pues nada justifica su presentación en esa fase de la instancia. Además, como acaba de decirse, Biogaran, filial de Servier, no estaba en una situación comparable a la de las sociedades de genéricos que, como Niche, habían celebrado un acuerdo con Servier. Por último, el hecho, de suponerlo demostrado, de que Niche no fue sancionada por la Comisión no exime a Biogaran de la responsabilidad que asumió en la infracción cometida por la empresa de la que es miembro.
30

La EUIPO recuerda que, con arreglo al artículo 92 del Reglamento n.o 207/2009, la representación por medio de un abogado no es obligatoria en los procedimientos ante la EUIPO. No obstante, a su entender, si esa representación tiene lugar, las disposiciones del Reglamento n.o 207/2009 y del Reglamento n.o 2868/95 regularán el reparto y la fijación de los gastos de dicha representación. Por consiguiente, según la EUIPO, el recurso basado en el artículo 118, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 no puede utilizarse para reclamar gastos de representación en un procedimiento de recurso ante las instancias de la EUIPO en la medida en que ese tipo de recurso serviría para eludir las exhaustivas reglas del Reglamento n.o 207/2009 en relación con el reparto y la fijación de los gastos.
52

Afirma al respecto que los competidores pueden asociarse con desarrolladores terceros para ofrecer a los clientes de TR un servicio de cambio de proveedor personalizado y totalmente integrado, que, al ser, por lo general, específica de cada cliente de TR su arquitectura informática, es inevitable que cada cliente deba realizar trabajos de remodelación y asumir, por tanto, ciertos gastos si decide cambiar de proveedor de flujos de datos consolidados en tiempo real, que los principales clientes de TR son establecimientos financieros de dimensión mundial que cuentan con la experiencia y los medios financieros necesarios para cambiar de proveedor si estiman que es en su interés comercial, que la cooperación entre los proveedores de flujos de datos consolidados en tiempo real y desarrolladores terceros puede permitir economías de escala, que no existe ninguna razón para creer que las memorias de concordancias creadas por desarrolladores terceros no sean fiables o sean menos rápidas en el uso del servicio de TR y que las alegaciones relativas a los RIC en cadena se formulan por vez primera en la réplica y no se basan en elementos fácticos ni jurídicos que hayan sido puestos de manifiesto durante el procedimiento administrativo ni en el procedimiento ante el Tribunal y que, por tanto, han de declararse inadmisibles porque, en todo caso, carecen de fundamento. Por último, la Comisión observa que, al no haberse presentado la ERL ni la TPLD hasta el 20 de junio de 2013 y ser el cambio de proveedor un proceso complejo y largo, no es sorprendente que este cambio no hubiese tenido lugar aún en el período comprendido entre la presentación de esos contratos de licencia, por una parte, y la presentación de la demanda, por otra.
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 7 de marzo de 2017 —

Neka Novin/Consejo

(Asunto T‑436/14)

«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán para impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Mantenimiento del nombre de la demandante en la lista de personas afectadas — Error de Derecho — Error manifiesto de apreciación — Proporcionalidad»

1. Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Irán — Congelación de los fondos de personas, entidades u organismos que participan en la proliferación nuclear o prestan apoyo a la misma — Criterios alternativos fijados por los actos de la Unión para la inclusión de una entidad en las listas de las personas y entidades a las que se refieren las medidas restrictivas — Alcance [Decisión 2010/413/PESC del Consejo, art. 20, ap. 1, letras b) y c); Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, art. 23, ap. 2, letras a), b) y d)] (véanse los apartados 23, 28, 29 y 34)

2. Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Irán — Congelación de los fondos de personas, entidades u organismos que participan en la proliferación nuclear o prestan apoyo a la misma — Lesión al derecho de propiedad y al honor — Violación del principio de proporcionalidad — Inexistencia [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 17; Decisión 2010/413/PESC del Consejo; Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo] (véanse los apartados 50 a 52, 56 y 57)

Objeto

Pretensión basada en el artículo 263 TFUE por la que se solicita la anulación de la decisión del Consejo de mantener la inclusión del nombre de la demandante en la lista del anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO 2010, L 195, p. 39), modificada por la Decisión 2011/299/PESC del Consejo, de 23 de mayo de 2011 (DO 2011, L 136, p. 65), y en la que figura en el anexo IX del Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 961/2010 (DO 2012, L 88, p. 1), en su versión comunicada por un dictamen de 15 de marzo de 2014.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Neka Novin Co., Private Joint Stock cargará con sus propias costas y con la mitad de las del Consejo de la Unión Europea.
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima)

de 9 de septiembre de 2016 — Farahat/Consejo

(Asunto T‑830/14)

«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Siria — Congelación de fondos — Error de apreciación»

Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Medidas restrictivas contra Siria — Alcance del control [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Decisión 2014/730/PESC del Consejo; Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo] (véanse los apartados 27 a 29)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE y destinado a obtener la anulación de la Decisión de Ejecución 2014/730/PESC del Consejo, de 20 de octubre de 2014, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2014, L 301, p. 36), y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1105/2014 del Consejo, de 20 de octubre de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2014, L 301, p. 7), en la medida en que son aplicables al demandante.

Fallo

1) Anular la Decisión de Ejecución 2014/730/PESC del Consejo, de 20 de octubre de 2014, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1105/2014 del Consejo, de 20 de octubre de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en la medida en que son aplicables al Sr. Mohamed Farahat.
A falta de normas de la Unión que regulen el concepto de prueba, en principio, son admisibles todos los medios de prueba que en procedimientos similares admitan los Derechos procesales de los Estados miembros.

No obstante, cabe excluir determinadas pruebas de los autos, en particular si subsiste una duda tanto sobre la propia naturaleza del documento controvertido como sobre la cuestión de si fue obtenido por medios legítimos por quien lo alega.

Por otra parte, el examen de la legalidad de las pruebas no puede olvidar la obligación que tienen las instituciones de respetar los derechos fundamentales de los interesados. En consecuencia, el Derecho de la Unión no puede admitir pruebas obtenidas vulnerando totalmente el procedimiento establecido para su práctica y dirigido a proteger los derechos fundamentales de los interesados. El recurso a este procedimiento debe, entonces, considerarse una forma sustancial en el sentido del artículo 263 TFUE, apartado 2.

En este contexto, unas grabaciones de conversaciones telefónicas que, por una parte, fueron obtenidas por la Comisión durante una inspección en las oficinas de una de las empresas implicadas en la práctica colusoria contraria a las normas de competencia de la Unión y que, por consiguiente, no fueron realizadas ni por la Comisión ni por ninguna otra autoridad pública, sino por un particular que participó en dichas conversaciones y que, por otra parte, la Comisión obtuvo legalmente, son pruebas que la Comisión obtuvo de forma regular y que son, en principio, admisibles en una investigación por infracción del Derecho de la competencia.

Por lo que respecta a si la Comisión puede utilizar unas pruebas que reunió de forma regular, aun cuando inicialmente fueron obtenidas por un tercero, en su caso, ilegalmente, por ejemplo, vulnerando el derecho al respeto a la vida privada de quien fue objeto de las grabaciones controvertidas, el uso como medio de prueba de una grabación ilegal no viola en sí mismo los principios de equidad establecidos en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni vulnera, por tanto, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluso cuando dicha prueba haya sido obtenida infringiendo lo exigido por el artículo 8 de dicho Convenio, equivalente al artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales, cuando, por una parte, la parte demandante no se vio privada de un proceso equitativo ni de su derecho de defensa y, por otra parte, dicha prueba no fue el único medio de prueba invocado para motivar la condena.

(véanse los apartados 43 a 45, 47, 57 a 60, 62, 73 y 76)
Al adoptar el artículo 45, apartado 8, del Reglamento n.o 639/2014, que completa el Reglamento n.o 1307/2013, que establece un criterio adicional para calificar una superficie de superficie de interés ecológico, excluyendo así las especies no indígenas de los árboles forestales de cultivo corto plantados en una superficie destinada a ser de interés ecológico, la Comisión no sobrepasó su facultad de habilitación prevista en el artículo 46, apartado 9, letra a), del Reglamento n.o 1307/2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común. En efecto, conforme a esta última disposición, la Comisión estableció un criterio adicional para determinar qué tipos de superficies contempladas en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento n.o 1307/2013 podían considerarse superficies de interés ecológico. Ni el artículo 46, apartado 9, letra a), de dicho Reglamento ni el resto de las disposiciones del mismo Reglamento disponen que dicho criterio no podía referirse al tipo de especie que podía plantarse. Además, la limitación prevista en el artículo 45, apartado 8, del Reglamento n.o 639/2014 contribuye al establecimiento de las superficies de interés ecológico de manera eficaz y coherente, habida cuenta del objetivo de preservación de la biodiversidad que persiguen esas superficies.

Por otra parte, al adoptar esa limitación, la Comisión no vulneró la competencia ni el margen de apreciación de los Estados miembros para definir las especies arbóreas que pueden plantarse para formar árboles forestales de cultivo corto. En efecto, el Reglamento n.o 1307/2013, en particular el artículo 4, apartado 1, letra k), y apartado 2, letra c), no confiere a los Estados miembros una competencia exclusiva para seleccionar las especies arbóreas que pueden utilizarse para constituir superficies de interés ecológico. Aunque los Estados miembros pueden confeccionar una lista de las especies arbóreas aplicable a las plantaciones de árboles forestales de cultivo corto, sólo las especies arbóreas que satisfagan los requisitos establecidos por el Reglamento n.o 1307/2013 y cumplan los criterios adicionales establecidos por la Comisión en el ejercicio de su habilitación pueden ser tenidos en cuenta para calificar superficies agrícolas de superficies de interés ecológico.

(véanse los apartados 18 a 21)
El interés de un demandante en ejercer la acción en un recurso de anulación debe perdurar hasta el pronunciamiento de la decisión jurisdiccional, so pena de sobreseimiento, lo que requiere que el resultado del recurso pueda aportar un beneficio a la parte recurrente.

En lo que atañe a una pretensión de anulación de actos del Consejo que inscriben el nombre del demandante en una lista de personas sujetas a medidas restrictivas tomadas a la vista de la situación en Ucrania, la circunstancia de que esos actos no estén ya en vigor cuando se dicte la resolución jurisdiccional, puesto que fueron modificados en cuanto afectan al demandante, no puede equivaler a la posible anulación por el Tribunal de los actos inicialmente adoptados, ya que esa modificación no supone un reconocimiento de la ilegalidad de éstos El demandante mantiene por tanto un interés en la acción derivado del hecho de que el reconocimiento de la ilegalidad de los actos impugnados podría sustentar una posterior acción para la reparación del perjuicio sufrido a causa de esos actos durante el período de su aplicación.

(véanse los apartados 27, 30 y 31)
2.

Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación atendiendo a la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) no 2868/95, art. 1, regla 22, ap. 3] (véase el apartado 42)
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 9 de septiembre de 2015 —

Pérez Gutiérrez/Comisión

(Asunto T‑168/14)

«Responsabilidad extracontractual — Salud pública — Directiva 2001/37/CE — Fabricación, presentación y venta de los productos de tabaco — Fotografías en color propuestas por la Comisión como advertencias sanitarias en los envases de tabaco — Decisión 2003/641/CE — Utilización no autorizada de la imagen de una persona fallecida — Perjuicio personal de la viuda del fallecido»

1. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Relación de causalidad — Requisitos acumulativos — Obligación del juez de examinarlos siguiendo un orden determinado — Inexistencia — Inexistencia de uno de los requisitos — Desestimación de la totalidad del recurso de indemnización (Art. 340 TFUE, párr. 2) (véanse los apartados 21 y 22)

2. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Concepto — Derecho al respeto de la vida privada y familiar — Inclusión (Art. 340 TFUE, párr. 2; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 7) (véanse los apartados 30 a 33)

3. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Carga de la prueba que recae en el demandante — Apreciación del valor probatorio de un documento — Criterio — Credibilidad de las pruebas aportadas (Art. 340 TFUE, párr. 2) (véase el apartado 50)

Objeto

Recurso de indemnización que tiene por objeto, por un lado, la reparación de los daños que la demandante alega haber sufrido como consecuencia de la utilización no autorizada de la imagen de su fallecido esposo entre las fotografías propuestas por la Comisión para las advertencias sanitarias que deben figurar en los envases de tabaco de conformidad con el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (DO L 194, p. 26), y con la Decisión 2003/641/CE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2003, sobre el uso de fotografías en color u otras ilustraciones como advertencias sanitarias en los envases de tabaco (DO L 226, p. 24), y, por otro lado, la retirada de la imagen de su fallecido esposo y la prohibición de la utilización de ésta en la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Sra. Ana Pérez Gutiérrez.
1

El 18 de junio de 2013, los demandantes, los Sres. Balázs-Árpád Izsák y Attila Dabis, junto con otras cinco personas, presentaron a la Comisión Europea una propuesta de iniciativa ciudadana (en lo sucesivo, «propuesta controvertida»), denominada «Política de cohesión para la igualdad de las regiones y la preservación de las culturas regionales» (Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures), con arreglo al artículo 11 TUE, apartado 4, y al Reglamento (UE) n.o 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana (DO L 65, p. 1).