ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

¿Debe interpretarse el artículo 63 TFUE, en relación con el artículo 65 TFUE, apartado 1, en el sentido de que se opone a un régimen fiscal de un Estado miembro, dentro de la imposición directa, que grava la renta de las personas físicas y en el que coexisten, en lo que respecta a los sujetos pasivos no residentes y a las ganancias derivadas de las plusvalías inmobiliarias obtenidas por la venta de bienes inmuebles sitos en dicho Estado miembro, dos regímenes jurídicos, en uno de los cuales i) se aplica un tipo fijo específico proporcional del 28 % a la totalidad de las ganancias derivadas de las plusvalías (tax base), calculadas conforme a las reglas generales de determinación (cuantificación, quantum) de tales ganancias, mientras que en el otro ii) se aplica el régimen correspondiente a los residentes, conforme al cual, una vez calculadas las ganancias derivadas de las plusvalías conforme a esas mismas reglas generales, únicamente se tiene en cuenta (tax base) la mitad de esas ganancias (50 %) y se procede —con carácter obligatorio— a acumular (mediante el incremento, suma) esas ganancias (el 50 % de las plusvalías) a las demás rentas obtenidas en ese año en todo el mundo por el sujeto pasivo, para determinar a continuación el tipo de gravamen aplicable a la totalidad de esas rentas según la escala general aplicable a los residentes (de tipos progresivos por tramos que van desde el 14,5 % hasta el 48 % y que pueden incrementarse en un tipo máximo del 5 % en caso de que el importe total de las rentas supere determinados umbrales), tipo de gravamen que, en el caso de los no residentes, se aplicará exclusivamente a dichas rentas, es decir, a las plusvalías inmobiliarias, que se tendrán en cuenta al 50 % (mientras que, en el caso de los residentes, el tipo calculado de ese modo se aplicará a esas rentas y a todas las demás obtenidas en ese año)? Procede señalar que el sujeto pasivo no residente debe optar por uno u otro de los regímenes posibles en la declaración de la renta que está, en todo caso, obligado a presentar en el Estado miembro (Portugal), tanto si escoge tributar conforme al régimen general de los no residentes [expuesto en el inciso i) anterior], como si opta por tributar conforme al régimen aplicable a los residentes [expuesto en el inciso ii) anterior], y en la que debe marcar una de esas dos opciones. Ha de observarse que la obligación de declaración de los no residentes (presentación de la declaración de la renta, modelo 3) ya existía incluso antes de que se adoptara la modificación legislativa mediante la cual se incorporó en el modelo oficial de dicha declaración la posibilidad de optar por el régimen aplicable a los residentes. Cabe señalar que, cuando opta por tributar conforme al régimen aplicable a los residentes, el no residente tiene que indicar (en esa misma declaración) el importe total de todas las rentas que ha obtenido durante el año en todo el mundo.
1)

La Comisión no incurrió en un error manifiesto al determinar que el interés de la Unión Europea en proseguir el examen del asunto era reducido y desestimar el recurso basándose en su bajo grado de prioridad. Este motivo se subdivide en cuatro motivos específicos, mediante los que se sostiene que el Tribunal General cometió un error de Derecho en la medida en que estimó que: (i) la Comisión no incurrió en un error manifiesto al concluir que tan solo existía una probabilidad limitada de acreditar la infracción alegada; (ii) la Comisión no incurrió en un error manifiesto al considerar que el alcance de las investigaciones necesarias sería desproporcionado respecto a la probabilidad de acreditar la existencia de la infracción alegada; (iii) la Comisión no incurrió en un error manifiesto al no sopesar el efecto de la infracción alegada en el funcionamiento del mercado interior; (iv) no son admisibles criterios de evaluación del interés de la Unión diferentes de los adoptados por la Comisión.
a)

¿Deben interpretarse el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 21 del Protocolo n.o 4 en el sentido de que prohíben que un banco central nacional miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales tenga una responsabilidad indemnizatoria, a la que habrá de hacer frente con recursos propios, frente a los antiguos titulares de instrumentos financieros cancelados, cancelación que ha sido decidida por aquel en el ejercicio de su competencia, conferida por la ley, para adoptar medidas extraordinarias en aras del interés público con el fin de prevenir amenazas para la estabilidad del sistema financiero, en el caso de que, en el marco de ulteriores procedimientos judiciales, se ponga de manifiesto que, con ocasión de tal cancelación de instrumentos financieros, no se ha respetado el principio según el cual ningún titular de un instrumento financiero deberá encontrarse, como consecuencia de una medida extraordinaria, en una situación peor que aquella en la que se habría hallado de no haberse adoptado tal medida, en la medida en que, en tal contexto, el banco central nacional sea responsable: 1) del daño que habría podido preverse sobre la base de los hechos y circunstancias existentes en el momento en el que el banco central adoptó su decisión y que este último conocía o debería haber conocido, y 2) del daño que sea consecuencia del comportamiento de personas que hayan actuado en el ejercicio de tales competencias del banco central por mandato de este último y que, no obstante, en tal contexto, considerados los hechos y las circunstancias que conocían o deberían haber conocido de conformidad con las facultades recibidas, no actuaron con la diligencia de una persona experta y prudente?
1)

¿Exige el Reglamento (CE) n.o 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (1) del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y, en particular, la norma 1, punto 2.1, relativo a los «documentos justificativos», que figura en su anexo, que los pagos realizados por el beneficiario final deban justificarse necesariamente mediante facturas originales abonadas, incluido el supuesto en el que la financiación haya sido concedida al beneficiario para la construcción de un edificio con materiales, instrumentos y personal propios, o bien puede darse una excepción, distinta de la expresamente prevista en caso de imposibilidad, que requiera la presentación de «documentos contables de valor probatorio equivalente»?
3)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión —en particular las disposiciones mencionadas en la primera cuestión prejudicial— en el sentido de que se opone al hecho de otorgar carácter vinculante a la autorización mencionada en la primera cuestión prejudicial, en particular en lo que respecta a la suspensión de un juez en sus funciones, debido a que fue concedida por un órgano como la Izba Dyscyplinarna (Sala Disciplinaria), de modo que: a) todos los órganos del Estado (incluidos el tribunal remitente y los órganos competentes para nombrar y modificar la composición de un órgano jurisdiccional nacional, en particular el presidente de este) tienen la obligación de ignorar esa autorización y permitir que el juez del órgano jurisdiccional nacional contra quien fue concedida dicha autorización siga formando parte de dicho órgano jurisdiccional; b) el órgano jurisdiccional del que [ya] no forma parte el juez designado originariamente para conocer del asunto por el hecho de ser objeto de dicha autorización no constituye un órgano jurisdiccional previamente establecido por la ley y, por tanto, no puede pronunciarse, en calidad de «órgano jurisdiccional», sobre cuestiones relativas a la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión?
Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Reino Unido) el 29 de julio de 2020 — NB, AB / Secretary of State for the Home Department; coadyuvante: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(Asunto C-349/20)

(2021/C 62/12)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: NB, AB

Recurrida: Secretary of State for the Home Department

Coadyuvante: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Cuestiones prejudiciales

Para determinar si ha cesado la protección o asistencia del OOPS (1) en el sentido del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva de reconocimiento (2) en relación con un palestino apátrida registrado en el OOPS respecto a la asistencia prestada a las personas con discapacidad:

1. ¿Se ha de llevar a cabo un análisis meramente histórico que tenga en cuenta las circunstancias que supuestamente obligaron al solicitante a abandonar la zona de operaciones del OOPS en el momento en que lo hizo, o es preciso también un examen prospectivo ex nunc de las posibilidades actuales que tiene el solicitante de acogerse a tal protección o asistencia?

2. En caso de que se responda a la primera cuestión en el sentido de que la apreciación incluye un examen prospectivo, ¿es legítimo atender, por analogía, a la cláusula de cese del artículo 11, de manera que, si el solicitante puede acreditar una razón justificada para haber abandonado la zona de operaciones del OOPS, incumbe al Estado miembro la carga de la prueba de que dicha razón ya no existe?

3. Para que existieran razones objetivas que justificaran la salida de dicha persona del ámbito de protección o asistencia del OOPS, ¿sería necesario acreditar que el OOPS o el Estado en que este opera le ocasionó daños o le privó de asistencia (por acción o por omisión) de forma intencionada?

4. ¿Se ha de tener en cuenta a este respecto la asistencia prestada a dichas personas por actores de la sociedad civil, como ONG?

(1) Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.

(2) Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO 2004, L 304, p. 12).
1.

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, en relación con el artículo 21, apartados 2 y 1, letra b), inciso i), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que un trabajador puede demandar a una persona jurídica que no es su empresario y que no está domiciliada en el sentido del artículo 63, apartado 1, del Reglamento 1215/2012 en un Estado miembro, pero que es directamente responsable frente al trabajador, en virtud de un acuerdo de garantía, por los derechos resultantes de un contrato individual de trabajo firmado con un tercero, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que o desde el cual el trabajador desempeñe habitualmente su trabajo en la relación laboral con el tercero o ante el órgano jurisdiccional del último lugar en que lo haya desempeñado en la relación laboral con el tercero, si a falta del acuerdo de garantía no se habría celebrado el contrato de trabajo con dicho tercero?
C 35/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) el 16 de julio de 2020 — VO y otros / SATA International — Azores Airlines, SA

(Asunto C-316/20)

(2021/C 35/31)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: VO, ZO, ML, NB, KE, JE, PI, VY

Demandada: SATA International — Azores Airlines, SA

Cuestión prejudicial

¿Incluye el concepto de viajes con billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público a los pasajeros que han pagado una parte de su pasaje, cuando el valor restante ha sido soportado por la compañía aérea, en el marco del patrocinio de una competición deportiva?

Mediante auto de 26 de noviembre de 2020, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declaró:

El artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, (1) debe interpretarse en el sentido de que dicho Reglamento no se aplica a un pasajero que viaja con un billete con tarifa preferente emitido por un transportista aéreo en el marco de una operación de patrocinio de un evento, cuyo disfrute está limitado a personas determinadas y cuja emisión supone la autorización previa e individualizada de ese transportista aéreo.

(1) DO 2004, L 46, p. 1.
C 28/17

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 14 de octubre de 2020 — JT, NQ / Ryanair DAC

(Asunto C-516/20)

(2021/C 28/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: JT, NQ

Demandada: Ryanair DAC

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores del transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 19/44

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 29 de octubre de 2020 — DS / Deutsche Lufthansa AG

(Asunto C-565/20)

(2021/C 19/45)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: DS

Demandada: Deutsche Lufthansa AG

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1)?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 14 de agosto de 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

(Asunto C-388/20)

(2020/C 433/21)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Demandada: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Debe interpretarse el artículo 31, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de información alimentaria (RIA) (1) en el sentido de que esta norma se aplica únicamente a los alimentos que requieren una preparación y cuyo modo de preparación está predeterminado?

2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿la expresión «por 100 g» en el artículo 33, apartado 2, párrafo segundo, del RIA significa únicamente 100 gramos del producto tal como se vende o —al menos también— 100 gramos del alimento preparado?

(1) Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18).
1)

Se precisa determinar si la interpretación jurisprudencial de los artículos 251, 394.3 y 411 de la LEC [Ley de Enjuiciamiento Civil] que efectúa el Decreto de 1 de octubre de 2019, según la cual se asimila cuantía procesal a interés económico del pleito y, consiguientemente, propicia una reducción de los honorarios que ha pagado el consumidor a su abogado, tomando como base una suma fija (18 000 €), determinada legalmente únicamente para la cuantía inestimable y no para la cuantía indeterminada, se opone a los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva (1), al no poder restablecer al consumidor en la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría de no haber existido dicha cláusula, pese a existir a su favor la declaración judicial del carácter abusivo de la cláusula, y al no remover un requisito procesal no razonable relacionado con una limitación de los gastos, remoción que garantizaría al consumidor los medios más adecuados y eficaces para el legítimo ejercicio de sus derechos.
C 414/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Bélgica) el 3 de septiembre de 2020 — Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

(Asunto C-417/20)

(2020/C 414/30)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Demandadas: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

Mediante auto de 8 de octubre de 2020, el Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.
3)

El artículo 60 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008, del Consejo (2) ¿debe interpretarse en el sentido de que también se entiende por condiciones artificiales el caso de un contrato de concesión y de unos contratos de préstamo de uso como los controvertidos en el procedimiento principal?
5.

En el caso de que la Directiva PNR no sea contraria a normas jurídicas de rango superior (véase la resolución del Verwaltungsgericht Wiesbaden de 13 de mayo de 2020, asunto 6 K 805/19.WI) y sea por tanto aplicable: a. ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartados 4 y 5, de la Directiva PNR en el sentido de que se opone a la normativa nacional de un Estado miembro (en este caso, el artículo 6, apartado 4, de la FlugDaG) que permite a las autoridades del Estado miembro de que se trate, en la medida en que ejerzan funciones de enjuiciamiento de un delito, tratar los datos del PNR transferidos incluso con fines distintos a la prevención, la detección, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave, cuando la información, incluyendo otro tipo de conocimientos, dé lugar a sospechas fundadas de la comisión de otro delito concreto? b. La práctica de un Estado miembro de incluir a una autoridad pública [en este caso, el Bundesamt für Verfassungsschutz (Oficina Federal de Defensa de la Constitución)] en la lista de autoridades competentes a que se refiere el artículo 7, apartado 1, de la Directiva PNR, siendo esta una autoridad que, según el Derecho nacional [en este caso, el artículo 5, apartado 1, en relación con el artículo 3, apartado 1, de la Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und [über] das Bundesamt für Verfassungsschutz (Ley sobre la Colaboración entre la Federación y los Estados Federados en Asuntos de Defensa de la Constitución y la Oficina Federal de Defensa de la Constitución; en lo sucesivo, «BVerfSchG»)], no dispone de competencias de policía en virtud de un mandato nacional de separación, ¿es conforme con el artículo 7, apartado 2, de la Directiva PNR?
3.

¿Deben interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra c), guiones primero a tercero, del Reglamento n.o 261/2004 y el artículo 11 de la Directiva 2000/31 en el sentido de que, en caso de reserva de un vuelo por el pasajero a través de una plataforma de reservas, si el pasajero ha indicado su número de teléfono y su dirección de correo electrónico y, sin embargo, la plataforma de reservas ha transmitido al transportista aéreo el número de teléfono y una dirección de correo electrónico generada automáticamente por ella, la notificación del aviso de adelanto del vuelo a la dirección de correo electrónico generada automáticamente constituye una comunicación o recepción del aviso de adelanto del vuelo aunque la plataforma de reservas no reenvíe la comunicación del transportista aéreo al pasajero o lo haga con retraso?
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Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 del Reglamento n.o 511/2014, al no haber establecido disposiciones relativas a las sanciones aplicables a los incumplimientos de los artículos 4 y 7 del Reglamento (UE) n.o 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, (1) no haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que tales disposiciones fueran aplicadas y que las sanciones previstas fueran efectivas, proporcionadas y disuasorias y no haber notificado a la Comisión dichas disposiciones relativas a las sanciones a más tardar el 11 de junio de 2015.