ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
«8.

No se deberá atar a los terneros, con excepción de los alojados en grupo, que podrán ser atados durante períodos de no más de una hora en el momento de la lactancia o de la toma del producto sustitutivo de la leche. Cuando se ate a los terneros, las ataduras no les deberán ocasionar heridas y serán inspeccionados periódicamente y ajustadas en la medida de lo necesario para asegurar un ceñimiento confortable. Las ataduras estarán diseñadas de tal forma que eviten todo riesgo de estrangulación o herida y permitan que el ternero tenga todas las posibilidades de movimiento indicadas en el punto 7.»
1)

El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el destinatario de un escrito de demanda que debe notificarse o trasladarse no tiene derecho a negarse a aceptar dicho documento, siempre que éste coloque al destinatario en condiciones de hacer valer sus derechos en el marco de un procedimiento judicial en el Estado miembro de origen, cuando el documento en cuestión vaya acompañado de anexos constituidos por documentos acreditativos que no estén redactados en la lengua del Estado miembro requerido o en una lengua del Estado miembro de origen que entienda el destinatario, pero tengan una función meramente probatoria y no resulten indispensables para comprender el objeto y la causa de la demanda. Corresponde al juez nacional determinar si el contenido del escrito de demanda es suficiente para permitir al demandado hacer valer sus derechos o si incumbe al demandante subsanar la inexistencia de traducción de un anexo indispensable.
2

Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre, por una parte, Nordania Finans A/S (en lo sucesivo, «Nordania Finans») y BG Factoring A/S (en lo sucesivo, «BG Factoring»), sucesoras de los derechos de BG Erhvervsfinans A/S (en lo sucesivo, «Erhvervsfinans»), todas ellas sociedades danesas, y, por otra, el Skatteministeriet (Ministerio de Hacienda), en relación con el derecho a deducción parcial del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») que podía corresponder a Erhvervsfinans por sus gastos generales.
Incumplimiento de Estado — No adaptación, dentro del plazo establecido, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y — correcciones de errores — DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2005, L 197, p. 34).
Para determinar si cabe considerar que una denominación que no es un nombre geográfico constituye una indicación de procedencia geográfica simple e indirecta cuya protección en virtud de Tratados bilaterales celebrados entre Estados miembros puede justificarse a la luz de los criterios del artículo 30 CE, incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar si, según las condiciones de hecho y concepciones que prevalecen en el Estado miembro de origen, la mencionada denominación, aun no siendo en cuanto tal un nombre geográfico, es idónea al menos para informar al consumidor de que el producto que la lleva procede de una región o de un lugar del territorio de dicho Estado miembro. Si tal examen demuestra que la denominación en cuestión carece de esa capacidad mínima para evocar la procedencia geográfica del producto de que se trata, la protección de tal denominación no podría justificarse en aras de la protección de la propiedad industrial y comercial a efectos el artículo 30 CE y resultaría, en principio, contraria al artículo 28 CE, si no puede justificarse por otro concepto.

El órgano jurisdiccional remitente debe asimismo verificar, también a la luz de las condiciones de hecho y concepciones que prevalecen en el Estado miembro de origen, si la mencionada denominación ha adquirido o no, en la fecha de la entrada en vigor de los Tratados bilaterales o en un momento posterior, carácter genérico en dicho Estado miembro, habiéndose ya declarado que el objetivo del régimen de protección instaurado por aquellos Tratados está incluido en el ámbito de la protección de la propiedad industrial y comercial a efectos del artículo 30 CE.

Ante la inexistencia de disposición comunitaria alguna en la materia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente decidir, con arreglo a su Derecho nacional, si procede encargar un sondeo de opinión destinado a arrojar luz sobre las condiciones de hecho y las concepciones que prevalecen en el Estado miembro de origen, a fin de determinar si una denominación puede ser calificada de indicación de procedencia geográfica simple e indirecta y de comprobar que tal denominación no ha adquirido carácter genérico en dicho Estado miembro. Si estima necesario encargar un sondeo de opinión, el órgano jurisdiccional remitente –también con arreglo a ese mismo Derecho nacional– deberá determinar, a efectos de tales verificaciones, qué porcentaje de consumidores ha de considerarse suficientemente significativo.

(véanse los apartados 82 a 84, 89 y 94 y el punto 1 del fallo)
Según sus términos, el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, se aplica a una marca comunitaria para productos o servicios que no son similares a aquellos para los cuales esa marca se hubiera registrado.

No obstante, a pesar de su texto y en atención a la estructura general y los objetivos del sistema en el que se inscribe dicho artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, la protección de las marcas comunitarias renombradas no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

Por consiguiente, debe admitirse que el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento se aplica asimismo a una marca comunitaria notoriamente conocida para productos o servicios similares a aquellos para los cuales se hubiera registrado dicha marca.

(véanse los apartados 17 a 19)
El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de sanciones, especialmente de multas o de multas coercitivas, constituye un principio fundamental de Derecho comunitario que debe ser observado aun cuando se trate de un procedimiento de carácter administrativo. Este principio exige, en particular, que el pliego de cargos dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer una sanción por infracción de las normas sobre la competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos de prueba en los que se funda la Comisión, a fin de que la referida empresa pueda invocar eficazmente sus alegaciones en el procedimiento administrativo dirigido contra ella.

El mencionado principio excluye que pueda considerarse lícita una decisión por la que la Comisión impone a una empresa una multa en materia de competencia sin haberle comunicado previamente los cargos que se le imputan.

Además, habida cuenta de su importancia, el pliego de cargos debe precisar sin equívocos la persona jurídica a la que podrá imponerse una multa y estar dirigido a esta última. Es también necesario que el pliego de cargos indique en qué condición se le imputan a una empresa los hechos alegados.

Debe anularse la decisión de la Comisión que declare la responsabilidad de una sociedad matriz como consecuencia, por un lado, de su implicación directa en las actividades de un cártel y, por otro lado, de la participación de alguna de sus filiales en dicho cártel, cuando el pliego de cargos no permita a la sociedad matriz conocer la imputación relativa a su implicación directa en la infracción, ni tan siquiera los hechos finalmente invocados en la decisión en apoyo de tal imputación. El hecho de que la decisión final constate la responsabilidad de dicha sociedad por su implicación como sociedad matriz, además de por su implicación personal, no excluye la posibilidad de que se haya basado en comportamientos sobre los que esta sociedad no haya tenido oportunidad de defenderse. En esta situación, el Tribunal de Primera Instancia incurre en error de Derecho al no sacar ninguna consecuencia jurídica de su apreciación de que se ha vulnerado el derecho de defensa de la sociedad matriz.

(véanse los apartados 34, 36 a 39, 41, 44, 45 y 48)
Asunto C-241/07

JK Otsa Talu OÜ

contra

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus)

«FEOGA — Reglamento (CE) no 1257/1999 — Ayudas comunitarias al desarrollo rural — Ayudas a los métodos de producción agroambientales»

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mazák, presentadas el 23 de octubre de 2008 I ‐ 4325

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de junio de 2009 I ‐ 4346

Sumario de la sentencia

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA — Ayudas al desarrollo rural — Ayudas a los métodos de producción agroambientales

[Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2223/2004, arts. 24, ap. 1, 37, ap. 4, y 39, ap. 3]

Las disposiciones del artículo 24, apartado 1, del Reglamento no 1257/1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), en su versión modificada por el Reglamento no 2223/2004, en combinación con los artículos 37, apartado 4, y 39 de dicho Reglamento, no se oponen a que un Estado miembro restrinja, debido a la insuficiencia de fondos presupuestarios, la categoría de beneficiarios de ayudas al desarrollo rural a los agricultores en favor de los cuales se adoptó una decisión de concesión de dicha ayuda con cargo al ejercicio presupuestario anterior.

Habida cuenta del objetivo del Reglamento no 1257/1999, que persigue promover el desarrollo agroambiental y rural en general, los Estados miembros deben esforzarse en llevar a cabo una gestión adecuada de sus recursos financieros, de manera que permitan a cada solicitante seleccionable, en el sentido de este Reglamento, tener derecho a las ayudas al desarrollo rural. No obstante, en virtud de los artículos 37, apartado 4, y 39, apartado 3, del Reglamento no 1257/1999, los Estados miembros podrán establecer condiciones más numerosas o restrictivas para la concesión de la ayuda comunitaria al desarrollo rural siempre que las mismas sean coherentes con los objetivos y requisitos dispuestos en este Reglamento, y las medidas de ayuda se revisarán subsiguientemente si ello fuere preciso para mantener la compatibilidad y la coherencia. De este modo, la programación del régimen de ayudas agroambientales puede evolucionar, y la adaptación de dicho régimen debe llevarse a cabo respetando los objetivos de dicho Reglamento.

Teniendo en cuenta el contexto inherente a la insuficiencia de fondos presupuestarios en el Estado miembro de que se trata, la elección llevada a cabo por el legislador nacional, que tiene por objeto limitar la categoría de agricultores que pueden beneficiase de ayudas al desarrollo rural a los agricultores que ya habían suscrito compromisos medioambientales en el curso del ejercicio anterior, se inscribe en el margen de maniobra de que disponen los Estados miembros en virtud del Reglamento no 1257/1999.

(véanse los apartados 38 a 40, 48 y 54 y el fallo)
Asunto C-527/07

The Queen, a instancia de:

Generics (UK) Ltd,

contra

Licensing Authority

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Petición de decisión prejudicial — Directiva 2001/83/CE — Medicamentos para uso humano — Autorización de comercialización — Motivos de denegación — Medicamentos genéricos — Concepto de “medicamento de referencia”»

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mazák, presentadas el 26 de marzo de 2009 I ‐ 5261

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de junio de 2009 I ‐ 5278

Sumario de la sentencia

Aproximación de las legislaciones — Medicamentos para uso humano

[Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, ap. 2, letra a)]

Un medicamento que no está incluido en el Reglamento no 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, y cuya comercialización en un Estado miembro no ha sido autorizada conforme al Derecho comunitario aplicable no puede ser considerado medicamento de referencia, en el sentido del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2004/27.

Para que un medicamento pueda considerarse medicamento de referencia, debe, previamente a su comercialización, haber sido autorizado con arreglo al Derecho comunitario. Se desprende tanto del tenor como del sistema de la Directiva 2001/83, en particular de los artículos 6, 8 y 10, que sólo se pueden considerar medicamentos de referencia los que cuentan con una autorización de comercialización expedida con arreglo a esta Directiva. Del mismo modo, por lo que se refiere a los medicamentos para los cuales se solicitó la autorización antes de la entrada en vigor de dicha Directiva, se deduce de la jurisprudencia que, para acogerse al procedimiento simplificado, el solicitante debe demostrar que el medicamento de referencia ha sido autorizado sobre la base del Derecho comunitario en vigor en el momento de la solicitud de autorización para el medicamento de referencia.

El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2001/83 sólo sustituye la obligación de que los solicitantes de una autorización de comercialización presenten el resultado de las pruebas indicadas en el artículo 8, apartado 3, letra i), de dicha Directiva por la de demostrar que el medicamento en cuestión es análogo a dicho medicamento de referencia, que ya disfruta de dicha autorización, hasta tal punto que no presenta diferencias significativas respecto de este último desde el punto de vista de la seguridad y la eficacia en el supuesto de que la autoridad competente exima de todas estas informaciones y documentos relativos al medicamento de referencia.

(véanse los apartados 27, 30, 33 y 37 y el fallo)
1)

Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para solucionar la insuficiencia de personal asignado a los servicios responsables de los controles veterinarios.
Asunto C-357/07

The Queen, a instancia de:

TNT Post UK Ltd,

contra

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Sexta Directiva IVA — Exenciones — Artículo 13, parte A, apartado 1, letra a) — Prestaciones realizadas por los servicios públicos postales»

Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 15 de enero de 2009 I ‐ 3028

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de abril de 2009 I ‐ 3049

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva — Exención de las prestaciones realizadas por los servicios públicos postales [Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte A, ap. 1, letra a), y Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3] Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva — Exención de las prestaciones realizadas por los servicios públicos postales [Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte A, ap. 1, letra a)]
El artículo 379, apartado 1, del Reglamento no 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92 por el que se establece el Código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que si la oficina de partida de las mercancías no ha sido informada de la presentación del envío en la oficina de destino al cumplirse el plazo que ha señalado de conformidad con el artículo 348, apartado 1, del Reglamento de aplicación, la oficina de partida debe considerar que las mercancías no se han presentado en la oficina de destino. Una interpretación diferente del apartado 1 de dicho artículo 379 haría perder todo su sentido al procedimiento destinado a probar la regularidad de la operación de tránsito contemplada en el apartado 2 de este artículo.

Si bien, cuando no se ha practicado la notificación al obligado principal, en los plazos previstos en el artículo 379, apartado 1, del Reglamento no 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92 por el que se establece el Código aduanero comunitario, no se le puede exigir el pago de la deuda aduanera, no es menos cierto que, al término del plazo señalado en el apartado 2 del mismo artículo, es necesario considerar que nace un derecho de la Comunidad sobre los recursos propios.

Se desprende asimismo de la lectura conjunta de los artículos 455, apartado 1, del Reglamento no 2454/93 y 11, apartados 1 y 2, del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías amparadas por los talonarios TIR (Convenio TIR), que el requerimiento de pago de la deuda aduanera, en caso de que no se haya hecho el descargo del cuaderno TIR, debe efectuarse, en principio, a más tardar tres años después de la fecha de la aceptación de dicho cuaderno. Procede considerar que, al finalizar este plazo máximo, nace un derecho de la Comunidad sobre los recursos propios, pese a que las autoridades aduaneras no hayan informado a la asociación garante.

Tal interpretación resulta necesaria para garantizar una aplicación diligente y uniforme, por las autoridades aduaneras, de las disposiciones en materia de recaudación de la deuda aduanera con el fin de que los recursos propios de las Comunidades se pongan eficaz y rápidamente a su disposición.

En estas circunstancias, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento no 1552/89, por el que se aplica la Decisión 88/376 relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, el Estado miembro de que se trate está obligado a constatar la existencia de los derechos de las Comunidades sobre los recursos propios y a anotarlos en la contabilidad de los recursos propios de acuerdo con el artículo 6, apartado 2, letra a), de este Reglamento.

Sin embargo, si se acredita posteriormente que los envíos se habían presentado en tiempo útil en la oficina de destino, de modo que las deudas aduaneras no llegaron a existir, la inexistencia de las deudas aduaneras determina que la Comisión no tenga derecho a los intereses de demora en virtud del artículo 11 del Reglamento no 1552/89.

(véanse los apartados 86, 87, 91, 93, 94, 101 y 102)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de marzo de 2009 — Francia/Consejo

(Asunto C-479/07)

«Recurso de anulación — Reglamento (CE) no 809/2007 — Definición del concepto de “red de enmalle de deriva” — Thonaille — Obligación de motivación — Violación de los principios de proporcionalidad y de no discriminación»

1. Pesca — Conservación de los recursos marinos — Medidas técnicas de conservación — Prohibición de las redes de enmalle de deriva de más de 2,5 km de longitud [Reglamento (CE) no 809/2007 del Consejo] (véanse los apartados 36 a 38 y 43 a 45)

2. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance (Art. 253 CE) (véanse los apartados 49 a 54)

3. Pesca — Conservación de los recursos marinos — Medidas técnicas de conservación — Prohibición de las redes de enmalle de deriva de más de 2,5 km de longitud [Reglamento (CE) no 809/2007 del Consejo] (véanse los apartados 63 a 70)

Objeto

Recurso de anulación — Anulación del Reglamento (CE) no 809/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 894/97, (CE) no 812/2004 y (CE) no 2187/2005 en lo que se refiere a las redes de enmalle de deriva (DO L 182, p. 1) — Concepto de «red de enmalle de deriva» — Inclusión en este concepto de las redes estabilizadas, como la «thonaille» — Incumplimiento de la obligación de motivación y violación de los principios de proporcionalidad y no discriminación.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la República Francesa.

3) La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con sus propias costas.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de marzo de 2009 — Francia/Consejo

(Asunto C-479/07)

«Recurso de anulación — Reglamento (CE) no 809/2007 — Definición del concepto de “red de enmalle de deriva” — Thonaille — Obligación de motivación — Violación de los principios de proporcionalidad y de no discriminación»

1. Pesca — Conservación de los recursos marinos — Medidas técnicas de conservación — Prohibición de las redes de enmalle de deriva de más de 2,5 km de longitud [Reglamento (CE) no 809/2007 del Consejo] (véanse los apartados 36 a 38 y 43 a 45)

2. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance (Art. 253 CE) (véanse los apartados 49 a 54)

3. Pesca — Conservación de los recursos marinos — Medidas técnicas de conservación — Prohibición de las redes de enmalle de deriva de más de 2,5 km de longitud [Reglamento (CE) no 809/2007 del Consejo] (véanse los apartados 63 a 70)

Objeto

Recurso de anulación — Anulación del Reglamento (CE) no 809/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 894/97, (CE) no 812/2004 y (CE) no 2187/2005 en lo que se refiere a las redes de enmalle de deriva (DO L 182, p. 1) — Concepto de «red de enmalle de deriva» — Inclusión en este concepto de las redes estabilizadas, como la «thonaille» — Incumplimiento de la obligación de motivación y violación de los principios de proporcionalidad y no discriminación.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la República Francesa.