Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Afectación directa — Decisión de la Comisión, dirigida a un Estado miembro, por la que se suprime una ayuda financiera comunitaria y se solicita su devolución — Autoridad regional beneficiaria de la ayuda — Afectación directa de dicha autoridad

(Art. 230 CE, párr. 4)

2. Cohesión económica y social — Intervenciones de carácter estructural — Financiación comunitaria — Retroactividad de una norma material — Requisitos

[Reglamentos del Consejo (CEE) nº 1787/84, art. 32, ap. 1, y (CEE) nº 4253/88, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 2082/93 del Consejo, art. 24]

3. Cohesión económica y social — Intervenciones de carácter estructural — Financiación comunitaria — Requisito — Operatividad del proyecto financiado

[Reglamentos del Consejo (CEE) nº 1787/84, art. 18, ap. 1, y (CEE) nº 4253/88, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 2082/93 del Consejo, art. 24]

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1. Una decisión de la Comisión, dirigida a un Estado miembro, relativa a la supresión de una ayuda financiera otorgada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y a la recuperación del anticipo pagado por la Comisión en concepto de dicha ayuda, afecta directamente, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, a una autoridad regional beneficiaria de dicha ayuda.

En lo tocante a la modificación de la situación jurídica de dicha autoridad, la citada decisión tiene como primer efecto directo e inmediato modificar la situación patrimonial de ésta, privándola del saldo de la ayuda que aún debía pagar la Comisión. Mientras que, antes de la adopción de la decisión, la autoridad mencionada podía contar ciertamente con dicha cantidad en el marco de la realización del proyecto, tras adoptarse esta decisión, en primer lugar, tuvo que comprobar que se la había privado de dicha cantidad y, en segundo lugar, tuvo que encontrar una financiación sustitutiva para hacer frente a las obligaciones contraídas para la construcción de las obras de que se trataba. La citada decisión también modifica directamente la situación jurídica de la demandante por lo que se refiere a la obligación de restituir las cantidades abonadas en concepto de anticipo. En efecto, dicha decisión tiene por efecto transformar directamente la condición jurídica de aquélla: de acreedor incuestionable a deudor, al menos potencial, de dichas cantidades, ya que pone término a la imposibilidad en la que se encontraban las autoridades nacionales, tanto en virtud del Derecho comunitario como del Derecho nacional, de exigir de tales autoridades el reembolso de los anticipos pagados. Así pues, la decisión mencionada tiene como segundo efecto directo y automático modificar la situación jurídica de tal autoridad frente a las autoridades nacionales.

A continuación, en cuanto al requisito de la aplicabilidad automática de dicha decisión, ésta desarrolla mecánicamente, por sí misma, frente a la referida autoridad el doble efecto indicado. Ese doble efecto se desprende sólo de la normativa comunitaria, y más en concreto del artículo 211 CE, tercer guión, en relación con el artículo 249 CE, párrafo cuarto. A este respecto, las autoridades nacionales no disponen de ninguna facultad de apreciación en cuanto a su obligación de ejecutar dicha decisión.

(véanse los apartados 48, 53, 54, 56, 57 y 63)

2. Las condiciones en las que puede suprimirse una ayuda financiera otorgada por la Comunidad en el marco del sistema de fondos con finalidad estructural no pertenecen a las normas de procedimiento, sino a las normas materiales. Por lo tanto, en principio, estos aspectos se rigen por la normativa aplicable en el momento de la concesión de la ayuda. Así, la supresión de una ayuda comunitaria debido a las irregularidades que se imputan al beneficiario tiene el carácter de sanción cuando no se limita a la devolución de lo pagado indebidamente a causa de la existencia de dichas irregularidades. Por consiguiente, esta ayuda resulta admisible únicamente si está justificada tanto a la luz de la normativa aplicable en el momento de la concesión de la ayuda como de la vigente en el momento de la decisión de supresión.

(véase el apartado 73)

3. Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de fondos comunitarios con finalidad estructural y su sana gestión financiera, la realización de cualquier proyecto cofinanciado por los fondos comunitarios en ese marco debe tender a que el proyecto sea operacional, ya que esta exigencia subyace en la decisión por la que se otorga la financiación comunitaria.

En el supuesto de que la obra a que se refiere el proyecto no fuera ni operacional ni susceptible de explotación en la fecha en que se adoptó la decisión por la que se suprime una ayuda financiera y se solicita su devolución, sería manifiestamente incompatible con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento nº 1787/84, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que prevé que la financiación de inversiones en infraestructuras se referirá a las infraestructuras que contribuyen al desarrollo de la región o de la zona en la que se sitúen, permitir que el beneficiario de la ayuda de que se trata conservara la financiación comunitaria concedida para la construcción de la obra, cuando precisamente ésta no es utilizable. Además, dicho enfoque no es compatible con el objetivo de buena gestión de los fondos estructurales comunitarios.

(véanse los apartados 82 y 83)