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Medio ambiente - Conservación de las aves silvestres - Directiva 79/409 - Fijación de fechas de veda de la caza de aves migratorias y de aves acuáticas - Obligación de los Estados miembros de garantizar una protección completa de las especies afectadas durante su migración en período de celo - Métodos que dejan excluida de la protección a una parte de las aves de que se trata - Improcedencia - Fechas de veda escalonadas o que varían según las diferentes partes de un territorio nacional - Delegación de competencias en órganos subordinados - Requisitos para su procedencia

(Directiva 79/409 del Consejo, art. 7, ap. 4)

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Con arreglo al apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 79/409 relativa a la conservación de las aves silvestres, la fecha de veda de la caza de aves migratorias y de las acuáticas debe fijarse según un método que garantice una protección completa de estas especies durante la migración en período de celo. Por consiguiente, no se adecuan a dicha disposición los métodos que consisten o que conducen a excluir de esta protección a un determinado porcentaje de aves de una especie, tales como los que fijen la fecha de veda de la caza en función del período durante el cual la actividad migratoria alcance su nivel máximo, o los que tomen en cuenta el momento en que un determinado porcentaje de aves haya comenzado su migración, o bien los que consistan en determinar la fecha media del principio de la migración en período de celo.

La fijación, por parte de un Estado miembro, de fechas de veda escalonadas en función de las especies de aves es incompatible con la tercera frase del apartado 4 del artículo 7, que se refiere, en particular, a las especies migratorias, salvo si este Estado miembro puede aportar la prueba, fundada en datos científicos y técnicos apropiados para cada caso particular, de que un escalonamiento de las fechas de veda de la caza no impide la protección completa de las especies de aves que pueden estar afectadas por dicho escalonamiento. Siempre que se garantice una protección completa de las especies, es compatible con la Directiva la fijación de fechas de veda que varíen según las diferentes partes del territorio de un Estado miembro.

Si la facultad de fijar la fecha de veda de la caza de las aves de paso se delega en órganos subordinados, las disposiciones que otorguen dicha facultad deben garantizar que la fecha de veda no pueda fijarse de un modo que haga imposible una protección completa de las especies durante la migración en período de celo.
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Libre circulación de personas - Trabajadores - Igualdad de trato - Acceso al empleo - Toma en consideración por un organismo público de un Estado miembro, en el momento de la contratación, de las actividades ejercidas anteriormente en una Administración pública - Distinción, respecto a los nacionales comunitarios, entre las actividades ejercidas en la Administración pública nacional y las ejercidas en la de otro Estado miembro - Discriminación encubierta - Improcedencia

(Tratado CEE, art. 48)

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El artículo 48 del Tratado prohíbe no sólo las discriminaciones manifiestas basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado. En consecuencia, debe ser interpretado en el sentido de que, cuando un organismo público de un Estado miembro prevé, con ocasión de la contratación de personal para cubrir puestos que no están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del apartado 4 del artículo 48 del Tratado, tomar en consideración las actividades profesionales anteriores ejercidas por los candidatos en una Administración pública, dicho organismo no puede efectuar distinciones, respecto a los nacionales comunitarios, en función de que tales actividades hayan sido ejercidas en la Administración pública de ese mismo Estado miembro o en la de otro Estado miembro.
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Agricultura ° Organización común de mercados ° Régimen de garantía ° Fuerza mayor ° Concepto ° Modificación, en un país de comercio de Estado, de la legislación que establece los requisitos cualitativos aplicables a los productos importados ° Imposibilidad de efectuar una operación de exportación que ha dado lugar a la constitución de garantías ° Inexistencia de fuerza mayor

(Reglamento nº 765/86 de la Comisión)

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En el ámbito de los Reglamentos agrícolas, el concepto de fuerza mayor tiene en cuenta la naturaleza particular de las relaciones de Derecho público que existen entre los operadores económicos y la Administración nacional, así como las finalidades de esta normativa; dicho concepto no se limita al de imposibilidad absoluta, sino que hay que entenderlo en el sentido de circunstancias ajenas al operador afectado, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias sólo habrían podido evitarse a costa de sacrificios excesivos, a pesar de toda la diligencia empleada.

Por tanto, la modificación de la legislación de un Estado tercero que regula la calidad de los productos importados en él, a causa de la cual no puede llevarse a cabo una exportación hacia ese Estado tercero, prevista por un operador económico y que haya dado lugar por su parte a compromisos, como la constitución de una garantía, en el marco del régimen de licitación previsto por el Reglamento nº 765/86, relativo a las modalidades de venta de las existencias de intervención de mantequilla destinada a la exportación a determinados destinos, debe considerarse como una circunstancia ajena a dicho operador.

No obstante, en lo que respecta a exportaciones con destino a un país de comercio de Estado, no puede considerarse que se trata de un hecho anormal e imprevisible. Muy al contrario, esto constituye un riesgo comercial habitual en el marco de las operaciones con un organismo de un país de este tipo, que están directamente sometidas al poder público. Los agentes que participan en tales operaciones corren el riesgo de que el Estado del que depende el organismo de comercio de que se trate modifique súbitamente, incluso tras un período de estabilidad muy largo, mediante una acto soberano, la legislación que regula la importación de los productos vendidos a dicho organismo.

Un operador prudente, que no puede ignorar este riesgo y que tiene plena libertad para elegir a sus socios comerciales, debe adoptar las precauciones adecuadas, ya sea protegiéndose mediante cláusulas contractuales, ya suscribiendo un seguro específico. Si esto no le es posible, pero no obstante celebra el contrato, asume un riesgo cuyas consecuencias debe soportar.
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Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Normativa que prohíbe la apertura de los comercios minoristas los domingos - Procedencia

(Tratado CEE, art. 30)

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El artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que la prohibición que establece no es aplicable a una normativa nacional que prohíbe a los comercios minoristas abrir en domingo.

En efecto, tal normativa, que no tiene por objeto regular los intercambios y que afecta tanto a la venta de productos nacionales como a la de productos importados, persigue un objetivo justificado con arreglo al Derecho comunitario, dado que constituye la expresión de determinadas opciones que obedecen a las particularidades socioculturales nacionales o regionales, que corresponde a los Estados miembros llevar a cabo respetando las exigencias derivadas del Derecho comunitario y, en particular, el principio de proporcionalidad. Respecto a este último, no puede afirmarse que los efectos restrictivos sobre los intercambios que en su caso puedan derivarse de tal normativa sean excesivos en relación con el objetivo perseguido.
24.

Por consiguiente no cabe, en cualquier caso, sino rechazar los argumentos presentados por el demandante en apoyo de este motivo, basados, en primer lugar, en el hecho de que su hijo había pasado cerca de la mitad del período de servicio militar en el domicilio de sus padres, mientras que esta circunstancia depende de la elección personal del interesado; en segundo lugar, en el hecho de que su hijo soportaba gastos médicos en Luxemburgo, mientras que se trata, también en este caso, de una elección personal, y no se ha negado, además, que estos gastos fueran reembolsados de acuerdo con la normativa común del régimen de las Comunidades Europeas; y, en tercer lugar, por el hecho de que la manutención efectiva de una persona de 20 años, como su hijo, teniendo en cuenta su “medio socio-cultural” y su nivel intelectual, no puede limitarse estrictamente a las necesidades de habitación, sustento y vestido, sino que implica importantes cargas suplementarias; tales circunstancias no pueden tenerse en cuenta para determinar, de modo general, el régimen fiscal aplicable a los funcionarios comunitarios cuyos hijos cumplan el servicio militar.»
6.

Con arreglo a los artículos 2 y 145 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Helénica y a las adaptaciones de los Tratados (DO, edición especial de 19.11.1979), la República Helénica hubiera debido adoptar las disposiciones de adaptación de la Segunda Directiva desde el 1 de enero de 1981. Tales disposiciones, contenidas en los Decretos Presidenciales no 409/1986 y no 498/1987, tan sólo fueron adoptadas en 1986 y 1987 (Diario Oficial de la República Helénica no 191 de28.11.1986 y no 236 de 31.12.1987). Estos Decretos modificaron la Ley no 2190/1920 sobre Sociedades Anónimas, refundida mediante Real Decreto no 174/1963 (Diario Oficial de la República Helénica, 1963, I, no 37). La Ley refundida contiene disposiciones conformes con los apartados 1 y 2 del artículo 25, y con los apartados 1 y 4 del artículo 29 de la Segunda Directiva. La Ley refundida no contiene ninguna disposición correspondiente al apartado 1 del artículo 41 de la Segunda Directiva. No obstante, en la legislación helénica en materia de reestructuración de empresas, se halla prevista la posibilidad de que los trabajadores participen en el capital de las empresas.
8.

El artículo 6 del Reglamento no 1495/80, modificado por el Reglamento (CEE) no 1580/81 de la Comisión, de 12 de junio de 1981 (DO L 154, p. 36; EE 02/08, p. 268), dispone: «A efectos del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 1224/80, el hecho de que las mercancías que hayan sido objeto de una venta se declaren para despacho a libre práctica en la Comunidad debe considerarse como indicación suficiente de que han sido vendidas para la exportación con destino al territorio aduanero de la Comunidad. Esta indicación es válida igualmente en caso de que se realicen ventas sucesivas antes de la valoración, pudiéndose tomar como base de valoración cada uno de los precios que resulten de estas ventas sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento (CEE) no 1496/80. No obstante, en el supuesto de utilización de las mercancías en un tercer país, entre la venta y el despacho a libre práctica, el valor de transacción no será necesariamente la base de valoración. El comprador no tiene que cumplir ninguna otra condición que la de ser una de las partes en el contrato de venta.»
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Agricultura - Organización común de mercados - Leche y productos lácteos - Tasa suplementaria sobre la leche - Atribución de cantidades de referencia exentas de la tasa - Productores que han suspendido sus entregas con arreglo al régimen de primas por no comercialización o por reconversión - Concesión definitiva de una cantidad específica de referencia - Consideración de ventas o entregas procedentes de unidades de producción añadidas a la explotación entre la expiración del período de no comercialización o de reconversión y la asignación provisional de la cantidad específica de referencia - Requisito - Administración por parte del interesado de la misma explotación que gestionaba en el momento de la concesión de la prima por no comercialización o por reconversión

(Reglamento nº 857/84 del Consejo, art. 3 bis, ap. 3, en su versión modificada por el Reglamento nº 764/89)

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Para la asignación definitiva de una cantidad de referencia específica a un productor que ha suspendido sus entregas de leche con arreglo al régimen de primas de no comercialización o reconversión, el apartado 3 del artículo 3 bis del Reglamento nº 857/84, en su versión modificada por el Reglamento nº 764/89, debe ser interpretado en el sentido de que también pueden computarse las ventas o entregas de leche procedente de unidades de producción que se añadieron a la explotación de que se trata entre la fecha de expiración del período de no comercialización o de reconversión y la de asignación provisional de la cantidad de referencia específica, siempre que el interesado siga teniendo a su cargo, en su totalidad o en parte, la misma explotación que gestionaba en el momento de la aprobación de su solicitud de concesión de la prima.
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el Volumen de Negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Prohibición de recaudar otros impuestos que tengan el carácter de Impuestos sobre el Volumen de Negocios - Objetivo - Concepto de "Impuestos sobre el Volumen de Negocios" - Alcance - Cotización como el "contributo integrativo" italiano en favor de la Mutualidad de Previsión de la Abogacía - Exclusión

(Directiva 77/388 del Consejo, art. 33)

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Si bien el artículo 33 de la Sexta Directiva 77/388, con la finalidad de evitar que se establezcan impuestos, derechos y tasas que, al gravar la circulación de bienes y servicios de una manera comparable al Impuesto sobre el Valor Añadido, pondrían en peligro el funcionamiento del sistema común de este último impuesto, prohíbe mantener o establecer impuestos que presenten las características esenciales del Impuesto sobre el Valor Añadido, dicho precepto no obsta al mantenimiento o al establecimiento de otros tipos de impuestos, derechos y tasas que no tengan dichas características.

Por consiguiente, no se opone al establecimiento o al mantenimiento de una cotización como la cotización suplementaria en favor de la Mutualidad de Previsión ("contributo integrativo") establecida en Italia con cargo a los Abogados y Procuradores y calculada, en principio, aplicando un porcentaje sobre las remuneraciones que se integran en su volumen de negocios. En efecto, la cotización suplementaria no constituye una exacción de carácter general, no siempre es proporcional a la remuneración que el cliente ha de satisfacer por la prestación profesional, sólo se recauda en una fase y no contempla mecanismo de deducción.
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1. Recurso de anulación - Recurso interpuesto por la Comisión contra un Reglamento del Consejo que sólo estima parcialmente sus propuestas - Admisibilidad

(Tratado CEE, art. 173)

2. Funcionarios - Retribución - Coeficientes correctores - Introducción de un coeficiente específico para un lugar de destino determinado en caso de diferencia sensible del coste de la vida comprobado dentro de un mismo país - Obligación del Consejo - Fecha de entrada en vigor del coeficiente específico - Fecha de comprobación de la diferencia

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 64 y 65, ap. 2)

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1. La Comisión está legitimada para interponer un recurso de anulación contra un Reglamento del Consejo por el que se rectifican las retribuciones y pensiones de los funcionarios y por el que se adaptan los coeficientes correctores existentes, cuando considere que, al no incluir en el citado Reglamento aquellas disposiciones que estiman algunas de sus propuestas, el Consejo ha incumplido una obligación impuesta por el Tratado.

2. La finalidad de los coeficientes correctores que se aplican a las retribuciones de los funcionarios, previstos en los artículos 64 y 65 del Estatuto, es garantizar el mantenimiento de un poder adquisitivo equivalente para todos, cualquiera que sea su lugar de destino, con arreglo al principio de la igualdad de trato.

En este sentido, cuando el Consejo compruebe una variación importante del coste de vida debe deducir de ello las oportunas consecuencias, mediante la adaptación de los coeficientes correctores, conforme al apartado 2 del artículo 65 del Estatuto.

El Consejo no dispone de ningún margen de apreciación respecto a la necesidad de establecer un coeficiente corrector específico para un lugar de destino si se comprueba que el coste de la vida es allí sensiblemente más elevado que en la capital. En particular, la obligación de introducir el citado coeficiente no puede depender del número más o menos elevado de funcionarios o agentes de las Comunidades destinados en este lugar, y una práctica de las Instituciones en el sentido a fijar un umbral numérico por debajo del cual no procede introducir un coeficiente específico infringiría las disposiciones del Estatuto. Efectivamente, la aplicación de un umbral numérico supone, en violación del principio de la igualdad de trato, una discriminación de los funcionarios y agentes cuyo número total sea inferior al umbral así establecido en relación a sus colegas destinados en la capital. El principio de igualdad de trato obliga asimismo a dar eficacia retroactiva a la entrada en vigor del citado coeficiente corrector en la fecha en que se comprobó una variación importante del coste de la vida en el lugar de destino de que se trate en relación con los datos relativos a la capital.
Dado que, al examinar una denuncia relativa a unas importaciones efectuadas a precios de dumping, la Comisión, aplicando para el examen de un posible perjuicio el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento antidumping de base n° 2423/88, a la vez que tuvo en cuenta el conjunto de factores enumerados por dicha disposición, consideró algunos factores como esenciales, no se puede estimar que una valoración errónea de algunos de ellos no pueda influir sobre la validez de la Decisión adoptada.

Por lo que respecta al volumen de las importaciones que, conforme al apartado 2 del artículo 4 del Reglamento antidumping de base n° 2423/88, ha de tenerse en cuenta cuando se trata de valorar el perjuicio imputable a unas importaciones efectuadas a precios de dumping, no se puede reprochar a la Comisión el basarse en los datos específicos resultado de su investigación, esto es, en las respuestas a los cuestionarios aportadas por los exportadores de que se trata, incluso si éstas no coinciden con las estadísticas comunitarias, dado que estas estadísticas clasifican los productos de que se trata en un capítulo arancelario que engloba igualmente otros productos y que no pueden servir por lo tanto como pruebas. En efecto, al obrar de este modo, la Comisión ha determinado el volumen de las importaciones controvertidas a partir de los datos de que podía razonablemente disponer.
18.

El Gobierno irlandés señala que la disposición nacional controvertida no infringe el artículo 52 del Tratado, porque no discrimina a los nacionales de los demás Estados miembros. La disposición nacional de que se trata sólo se aplica a los buques matriculados en Irlanda o sometidos a la obligación de matricularse allí con arreglo a la legislación irlandesa. No va dirigida a los buques de pesca matriculados en otros Estados miembros. Estos últimos tienen libertad para pescar en aguas irlandesas o bien especies no sujetas a cuota o bien especies sujetas a cuotas imputando, en este último caso, sus capturas a las cuotas del Estado cuyo pabellón enarbolan. Por consiguiente, la disposición controvertida no impide a los propietarios de buques de pesca matriculados en otros Estados miembros establecerse en Irlanda y explotar sus buques partiendo de puertos irlandeses.
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Bélgica invoca dos informes diferentes, el primero, realizado por el Centre technique et scientifique de la brasserie, de la malterie et des industries connexes, concluye que un porcentaje mínimo de merma del 10 % es más que razonable, dadas las características de la industria cervecera belga. El segundo, elaborado por el Dr. Wittmann y basado en el estudio de cuatro fábricas de cerveza que representan el 70 % de la producción belga, concluye que un coeficiente de merma del 10,25 % puede considerarse adecuado para la industria del Benelux. No obstante, la adición de los porcentajes medios más bajos presentados por Bélgica arroja una cifra del 6,5 o/o.
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Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de agosto de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no aplicar a las capturas de poblaciones o de grupos de poblaciones sometidas a un total admisible de capturas (TAC) o a una cuota efectuadas fuera de la zona de pesca de la Comunidad las medidas de control establecidas por el Reglamento (CEE) n° 2057/82 del Consejo, de 29 de junio de 1982, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los barcos de los Estados miembros (DO L 220, p. 1; EE 04/01, p. 230), y, en particular, por sus artículos 1, 6 a 9 y 10, así como por el Reglamento (CEE) n° 2241/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras (DO L 207, p. 1), y, en particular, por sus artículos 1, 5 a 9 y 11.
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En la primera parte de este motivo, Nakajima afirma que en este caso las autoridades comunitarias violaron bajo distintos aspectos el derecho de defensa de la demandante. Alega, además, que las mismas autoridades no le comunicaron a su debido tiempo que iban a abandonar en este caso el método de determinación del valor normal calculado aplicado en un procedimiento antidumping anterior sobre las máquinas de escribir electrónicas, que dio lugar a la sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, antes citada. Según Nakajima, en aquella ocasión se tuvo en cuenta la estructura especial de dicha empresa, lo que dio lugar al sobreseimiento del procedimiento antidumping respecto a la misma empresa (véase Decisión 86/34/CEE de la Comisión, de 12 de febrero de 1986, por la que se concluye el procedimiento antidumping sobre las importaciones de máquinas de escribir electrónicas fabricadas por Nakajima All Precision Co. Ltd originarias de Japón; DO L 40, p. 29). Además Nakajima imputa a las Instituciones comunitarias no haberle comunicado a su debido tiempo los nombres de las empresas cuyos datos contables fueron tomados en cuenta para el cálculo del valor normal en el presente procedimiento. Afirma además Nakajima que no tuvo la posibilidad de exponer de modo efectivo su punto de vista sobre el carácter especial de su estructura y la Comisión procedió a maniobras dilatorias, en especial dejando creer a la demandante que todavía podría hacer valer sus argumentos en la «disclosure conference» que sólo tuvo lugar con posterioridad a la propuesta del nuevo Reglamento de base por la Comisión. Por ultimo, en lo que se refiere a la determinación del perjuicio, Nakajima afirma que la Comisión utilizó datos distintos de los que aparecen en el estudio E & W y se fundó especialmente en datos recogidos en una investigación practicada sobre los fabricantes afectados.