COONAN 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 
de 24 abril de 1980* 
En el asunto 110/79, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo 
al artículo 177 del Tratado CEE, por el National Insurance Commissioner de 
Londres, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
Una Coonan 
y 
Insurance Officer, 
con el fin de obtener una decisión prejudicial sobre la interpretación del 
apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 
de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de 
la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77) y de determinadas 
disposiciones del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio 
de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los 
trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), en particular, de los artículos 18 
y 46, 
Lengua de procedimiento: inglés. 
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SENTENCIA DE 24.4.1980 - ASUNTO 110/79 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 
integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente de Sala, J. Mertens de Wilmars 
y A.J. Mackenzie Stuart, Jueces; 
Abogado General: Sr. H. Mayras; 
Secretario: Sr. A. Van Houtte; 
dicta la siguiente 
Sentencia 
(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 
Fundamentos de Derecho 
1 Mediante resolución de 10 de julio de 1979, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 16 del mismo mes, el National Insurance Commissioner planteó, con arreglo 
al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la 
interpretación del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 
15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), y de determinadas 
disposiciones del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio 
de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los 
trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98). 
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Sra. Coonan, 
de nacionalidad irlandesa, y una institución de Seguridad Social del Reino 
Unido, sobre el problema de determinar si un nacional de un Estado miembro 
-en este caso concreto Irlanda- que después de haber trabajado por cuenta 
ajena en dicho Estado miembro se trasladó al Reino Unido y desarrolló allí una 
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actividad por cuenta ajena antes de haber alcanzado la edad normal de 
jubilación (pensionable age) en su país de origen pero después de haber 
alcanzado dicha edad en el Reino Unido, tiene derecho en este segundo Estado 
miembro a las prestaciones de enfermedad en metálico previstas por la 
legislación de Seguridad Social de dicho Estado en beneficio de los 
trabajadores. 
3 La legislación vigente en el Reino Unido no le concede tal derecho. En efecto, 
si un trabajador continúa desarrollando una actividad por cuenta ajena una vez 
superada la edad normal de jubilación, dicha legislación no le garantiza en lo 
sucesivo la percepción de las prestaciones de enfermedad en metálico a menos 
que, en el supuesto de que hubiese dejado de trabajar, tuviera derecho a alguna 
de las distintas pensiones de jubilación previstas por la legislación nacional. 
Como quiera que ese derecho a percibir una pensión de jubilación únicamente 
puede nacer si existe una afiliación previa al régimen de Seguridad Social 
nacional durante el período anterior a la jubilación, de ello se desprende 
necesariamente que una persona, nacional del Reino Unido o extranjera, que 
antes de la edad normal de jubilación no haya cubierto período alguno de 
seguro en dicho Estado miembro o no los haya cubierto en número suficiente 
para tener derecho a una pensión de jubilación, no cumple dicho requisito. Por 
consiguiente, si esa persona continúa trabajando en el Reino Unido, no podrá 
exigir que en caso de enfermedad le sean abonadas las prestaciones de 
enfermedad en metálico que la legislación de ese Estado concede a los 
trabajadores. 
4 Únicamente podría ponerse remedio a esta situación si la afiliación en otro 
Estado miembro antes de la edad normal de la jubilación en el Reino Unido 
fuese equiparada a la afiliación en este último Estado miembro. El asunto que 
divide a las partes en el litigio principal se reduce esencialmente a determinar 
si el Derecho comunitario, y en particular el Reglamento n° 1612/68 o el 
Reglamento n° 1408/71, impone o no dicha equiparación. La solución del 
problema así expuesto constituye el objeto de las cuestiones prejudiciales 
planteadas a este Tribunal de Justicia. 
5 Mediante la primera cuestión se pregunta si «un trabajador que tiene la 
nacionalidad de un Estado miembro (en el caso de autos, la República de 
Irlanda), en el que todavía no ha alcanzado la edad normal de jubilación 
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(pensionable age) y donde ha cotizado a la Seguridad Social para cubrir la 
contingencia de enfermedad y otras contingencias, puede, en caso de 
desarrollar una actividad como trabajador por cuenta ajena en otro Estado 
miembro (concretamente el Reino Unido) en el que ha sobrepasado la edad 
normal de jubilación, pretender pagar íntegramente en este Estado miembro las 
mismas cotizaciones para la cobertura de la contingencia de enfermedad y otras 
que un nacional de ese Estado miembro, que tiene en él su residencia, ocupa 
allí un puesto de trabajo y ha pagado íntegramente cotizaciones al seguro antes 
de haber alcanzado la edad normal de jubilación, y ha seguido pagando dichas 
cotizaciones después de haber cumplido la edad normal de jubilación, en virtud 
a) del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento n° 1612/68; 
b) del artículo 3 del Reglamento n° 1408/71; 
c) o de cualquier otra disposición de la legislación comunitaria». 
6 Procede observar en primer lugar que la finalidad esencial del Reglamento 
n° 1612/68, de 15 de octubre de 1968 es garantizar que en cada Estado 
miembro, los trabajadores de los demás Estados miembros reciban un trato no 
discriminatorio en comparación con el que se dispense a los trabajadores 
nacionales, al disponer la aplicación sistemática del principio de trato nacional 
en lo que respecta a todas las condiciones de empleo y de trabajo. La finalidad 
de dicho Reglamento no es crear derechos en virtud de períodos de seguro 
cubiertos en otro Estado miembro si las disposiciones nacionales no establecen 
tales derechos en favor de los propios nacionales. Por consiguiente, en el caso 
de autos no procede recurrir a las disposiciones del Reglamento n° 1612/68. 
7 En lo que respecta al Reglamento n° 1408/71, lo que se pretende con la primera 
cuestión es, esencialmente, determinar si dicho Reglamento otorga a un 
trabajador que se halle en la situación de la demandante en el litigio principal, 
el derecho a afiliarse al régimen'de Seguridad Social del Estado miembro al 
que se traslade para ocupar un empleo por vez primera, aun cuando de la 
aplicación exclusiva de las disposiciones nacionales resulte la denegación de 
tal derecho. 
8 Los artículos 18 y 46 del Reglamento n° 1408/71 no permiten responder a dicha 
cuestión. En efecto, las mencionadas disposiciones regulan la totalización de 
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los períodos de seguro cubiertos y sus consecuencias —la primera en lo que 
respecta a las prestaciones de enfermedad, la segunda en lo que atañe a las 
prestaciones de vejez o supervivencia- cuando se trate de una persona que 
haya estado o esté afiliada en calidad de trabajador al sistema nacional de 
Seguridad Social de un Estado miembro y que, por otro lado, haya cubierto 
períodos de seguro en otro Estado miembro. Tales disposiciones no regulan la 
cuestión previa de determinar en qué condiciones un nacional de un Estado 
miembro puede o debe afiliarse al régimen de Seguridad Social de otro Estado 
miembro en el que desarrolla una actividad por cuenta ajena. 
9 Dicha cuestión previa se halla regulada por la letra a) del artículo 1, y por el 
artículo 3 del Reglamento n° 1408/71. 
10 Por un lado, conforme a la letra a) del artículo 1, el término trabajador designa 
a 
«toda persona: 
i) que esté asegurada en virtud de un seguro obligatorio o facultativo 
continuado contra una o varias contingencias correspondientes a las ramas 
de un régimen de Seguridad Social, que se aplique a los trabajadores por 
cuenta ajena, sin perjuicio de las limitaciones del Anexo V; 
¡i) que esté asegurada con carácter obligatorio contra una o varias 
contingencias correspondientes a las ramas a las cuales se aplica el 
presente Reglamento, en el marco de un régimen de Seguridad Social que 
sea de aplicación a todos los residentes o al conjunto de la población 
activa: 
— cuando los modos de gestión o de financiación de este régimen 
permitan identificarla como trabajador por cuenta ajena, o 
- cuando, a falta de tales criterios, esté asegurada en virtud de un seguro 
obligatorio o facultativo continuado contra alguna otra contingencia 
especificada en el Anexo V, en el marco de un régimen organizado en 
beneficio de los trabajadores por cuenta ajena». 
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11 Por otro lado, con arreglo al artículo 3 del citado Reglamento: «las personas 
que residan en el territorio de uno de los Estados miembros y a las cuales sean 
aplicables las disposiciones del presente Reglamento, estarán sujetas a las 
obligaciones y podrán acogerse al benefício de la legislación de todo Estado 
miembro en las mismas condiciones que los nacionales de éste, sin perjuicio 
de las disposiciones particulares contenidas en el presente Reglamento». 
12 De la lectura conjunta de ambas disposiciones se desprende que corresponde 
a la legislación de cada Estado miembro establecer los requisitos a que debe 
supeditarse el derecho o la obligación de afiliarse a un régimen de Seguridad 
Social o a una determinada rama del mismo, siempre y cuando ello no dé lugar 
a discriminaciones entre los propios nacionales y los nacionales de los demás 
Estados miembros. El Tribunal de Justicia reconoció la competencia de las 
legislaciones nacionales en este campo en su sentencia de 12 de julio de 
1979, Brunori (266/78,« Rec. p. 2705). 
13 De lo anterior se deduce que cuando en determinadas circunstancias, una 
legislación nacional supedite la afiliación a un régimen de Seguridad Social o 
a una determinada rama del mismo al requisito de haber estado el interesado 
previamente afiliado al régimen de Seguridad Social nacional, el Reglamento 
n° 1408/71 no obliga a los Estados miembros a asimilar los períodos de seguro 
cubiertos en otro Estado miembro a aquellos que previamente hubiesen sido 
cubiertos en el territorio nacional. 
14 Mediante la segunda cuestión, se pretende determinar, básicamente, si el hecho 
de que durante cierto tiempo una persona haya estado afiliada por error a un 
régimen de Seguridad Social le da derecho a percibir las prestaciones previstas 
por la legislación aplicable, cuando la existencia del error se pone de 
manifiesto precisamente en el momento en que se reclaman tales prestaciones, 
mientras que la tercera cuestión se refiere a si el hecho de que una persona que 
se halle en la situación de la demandante en el litigio principal haya sido 
afiliada obligatoriamente, através de la institución competente, al régimen de 
accidentes de trabajo, lleva consigo ipso facto su afiliación a la institución 
competente respecto de las demás contingencias cubiertas por la Seguridad 
Social. 
15 De lo expuesto se deduce que la respuesta a las cuestiones segunda y tercera 
debe ser aportada igualmente por el Derecho nacional, sin otra condición que 
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la de no hacer distinción alguna entre los propios nacionales y los nacionales 
de los demás Estados miembros. 
El Reglamento n° 1408/71 no contiene ninguna disposición que prohiba a los 
Estados miembros regular los efectos de una afiliación concreta en función de 
la naturaleza de las contingencias objeto de cobertura o de las prestaciones a 
que den derecho. 
16 La respuesta dada a las cuestiones segunda y tercera hace innecesario 
responder a las cuestiones cuarta, quinta, sexta y séptima, relativas a los 
artículos 18 y 46 del Reglamento n° 1408/71. 
17 Al haberse planteado durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia la 
cuestión de determinar si de las disposiciones del Convenio sobre Seguridad 
Social celebrado entre Irlanda y el Reino Unido el 29 de marzo de 1960, y del 
Acuerdo Irlanda-Reino Unido sobre Seguridad Social de 14 de septiembre de 
1971, se deriva un derecho de afiliación en favor de aquellas personas que se 
hallen en la situación de la demandante en el litigio principal, procede declarar 
que compete al órgano jurisdiccional nacional apreciar si en el litigio del que 
conoce se dan los requisitos de aplicación de dichos Acuerdos, y si uno u otro 
de tales Acuerdos se refiere al derecho de afiliación al régimen de Seguridad 
Social del Reino Unido en supuestos similares al planteado en el litigio 
principal. 
Costas 
18 Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha 
presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto 
de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio 
principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional 
nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el National Insurance 
Commissioner de Londres mediante resolución de 10 de julio de 1979, recibida 
en el Tribunal de Justicia el 16 de julio de 1979, declara: 
1) La letra a) del artículo 1, y el artículo 3 del Reglamento (CEE) 
n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación 
de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena 
y a sus familiares que se desplazan dentro de la Comunidad, deben 
interpretarse en el sentido de que corresponde a la legislación de cada 
Estado miembro establecer los requisitos a que debe supeditarse el 
derecho o la obligación de afiliarse a un régimen de Seguridad Social o 
a una determinada rama del mismo, siempre y cuando ello no dé lugar 
a discriminaciones entre los propios nacionales y los nacionales de los 
demás Estados miembros. 
2) El Reglamento n° 1408/71 no contiene ninguna disposición que prohiba 
a los Estados miembros regular los efectos de una afiliación efectuada 
por error, o les impida establecer regímenes de Seguridad Social 
diferenciados sometidos a requisitos especiales de afiliación acordes con 
la naturaleza de las contingencias objeto de cobertura o de las 
prestaciones a que den derecho. 
Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de abril de 1980. 
El Secretario 
A. Van Houtte El Presidente de la Sala Tercera 
H. Kutscher 
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