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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 437/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky — Eslovaquia) — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / BB construct s. r. o.

(Asunto C-534/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Inscripción en el registro de sujetos pasivos del IVA - Legislación nacional que impone la constitución de una garantía - Lucha contra el fraude - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Libertad de empresa - Principio de no discriminación - Principio non bis in idem - Principio de irretroactividad])

(2017/C 437/17)

Lengua de procedimiento: eslovaco

Órgano jurisdiccional remitente

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Demandada: BB construct s. r. o.

Fallo

1) El artículo 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que en el momento del registro a efectos del IVA de un sujeto pasivo, cuyo administrador haya sido administrador o socio de otra persona jurídica que haya incumplido sus obligaciones tributarias, la Administración tributaria imponga a ese sujeto pasivo la obligación de constituir una garantía por un importe que puede llegar a ser de 500 000 euros, siempre que la garantía exigida a dicho sujeto pasivo no vaya más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos contemplados en el referido artículo, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

2) El principio de igualdad de trato debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la Administración tributaria exija a un nuevo sujeto pasivo la constitución de tal garantía en el momento de su registro a efectos del IVA, en razón de sus vínculos con otra persona jurídica que no esté al corriente en el pago de impuestos.

(1) DO C 22, de 23.1.2017.
1)

El Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en relación con el artículo 6, punto 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las de los litigios principales, en las que la competencia internacional de un tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce de una acción de infracción se basa, respecto de un primer demandado, en el artículo 82, apartado 1, del Reglamento n.o 6/2002 y, respecto de un segundo demandado, establecido en otro Estado miembro, en dicho artículo 6, punto 1, en relación con el artículo 79, apartado 1, del Reglamento n.o 6/2002, debido a que el segundo demandado fabrica y entrega al primero los productos que éste comercializa, dicho tribunal puede, si así lo solicita la parte demandante, dictar interdictos respecto del segundo demandado relativos a las medidas incluidas en el artículo 89, apartado 1, y en el artículo 88, apartado 2, del Reglamento n.o 6/2002, que cubran igualmente comportamientos de este segundo demandado distintos a los vinculados a la cadena de entregas antes mencionada y que tengan un alcance que se extiende a todo el territorio de la Unión Europea.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 309/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus — Finlandia) — Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry

(Asunto C-175/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Directiva 2003/88/CE - Artículo 17 - Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores - Ordenación del tiempo de trabajo - Complementos retributivos - Asociación de protección de la infancia - «Padres de los niños de la aldea infantil» - Ausencia temporal de los «padres titulares» - Trabajadores contratados como «padres sustitutos» - Concepto))

(2017/C 309/12)

Lengua de procedimiento: finés

Órgano jurisdiccional remitente

Korkein oikeus

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik

Demandada: SOS-Lapsikylä ry

Fallo

El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no puede aplicarse a una actividad por cuenta ajena, como la controvertida en el litigio principal, consistente en encargarse de unos niños en condiciones análogas a las de una familia, sustituyendo a la persona encargada, con carácter principal, de tal misión, cuando no queda acreditado que la jornada íntegra de trabajo no tiene una duración medida o establecida previamente o cuando puede ser determinada por el propio trabajador, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 191 de 30.5.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 293/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky — Eslovaquia) — Radosław Szoja/Sociálna poisťovňa

(Asunto C-89/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Aplicación de los regímenes de seguridad social - Trabajadores migrantes - Persona que ejerce una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en dos Estados miembros diferentes - Determinación de la legislación aplicable - Reglamento (CE) n.o 883/2004 - Artículo 13, apartado 3 - Reglamento (CE) n.o 987/2009 - Artículo 14, apartado5 ter - Artículo 16 - Efectos de las decisiones de la Comisión administrativa para la coordinación de los sistemas de seguridad social - Inadmisibilidad])

(2017/C 293/07)

Lengua de procedimiento: eslovaco

Órgano jurisdiccional remitente

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Radosław Szoja

Demandada: Sociálna poisťovňa

con intervención de: WEBUNG, s.r.o.

Fallo

El artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar la legislación nacional aplicable en virtud de esta disposición a una persona que, como el demandante en el litigio principal, ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en diferentes Estados miembros, es preciso tener en cuenta las exigencias formuladas en el artículo 14, apartado 5 ter, y en el artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012.

(1) DO C 175 de 17.5.2016.
1)

El artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 20 y 21 del Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que confiere a los servicios de policía del Estado miembro de que se trata competencia para controlar la identidad de cualquier persona, en una zona de 30 kilómetros a partir de la frontera terrestre de ese Estado miembro con otros Estados miembros parte del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen (Luxemburgo) el 19 de junio de 1990, con el fin de prevenir o poner fin a la entrada o residencia ilegales en el territorio de dicho Estado miembro o de prevenir determinados delitos contra la seguridad de las fronteras, con independencia del comportamiento de la persona de que se trate y de la existencia de circunstancias particulares, salvo que tal normativa establezca la necesaria delimitación de esta competencia que garantice que el ejercicio en la práctica de ésta no pueda tener un efecto equivalente al de las inspecciones fronterizas, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
1)

El principio de igualdad de trato de los operadores económicos que se recoge en el artículo 10 de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, la entidad adjudicadora requiera a un licitador para que aporte los documentos y declaraciones cuya presentación exigiese el pliego de condiciones y que no hayan sido remitidos en el plazo fijado para presentar las ofertas. En cambio, el referido artículo no se opone a que la entidad adjudicadora requiera a un licitador para que aclare una oferta o para que subsane un error material manifiesto del que adolezca dicha oferta, a condición, no obstante, de que dicho requerimiento se envíe a todos los licitadores que se encuentren en la misma situación, de que todos los licitadores sean tratados del mismo modo y con lealtad y de que esa aclaración o subsanación no equivalga a la presentación de una nueva oferta, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 402/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus apygardos teismas — Lituania) — UAB «LitSpecMet» / UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas

(Asunto C-567/15) (1)

((Procedimiento prejudicial - Contratos públicos de obras, de suministro y de servicios - Directiva 2004/18/CE - Artículo 1, apartado 9 - Concepto de «poder adjudicador» - Sociedad cuyo capital pertenece a un poder adjudicador - Operaciones internas del grupo))

(2017/C 402/02)

Lengua de procedimiento: lituano

Órgano jurisdiccional remitente

Vilniaus apygardos teismas

Partes en el procedimiento principal

Demandante: UAB «LitSpecMet»

Demandada: UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas

con intervención de: «Plienmetas» UAB

Fallo

El artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1251/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, debe interpretarse en el sentido de que una sociedad que, por una parte, pertenece en su totalidad a un poder adjudicador cuya actividad consiste en satisfacer necesidades de interés general y que, por otra parte, lleva a cabo tanto operaciones para dicho poder adjudicador como operaciones en el mercado competitivo, debe calificarse de «organismo de Derecho público» en el sentido de esta disposición, siempre que las actividades de dicha sociedad sean necesarias para que ese poder adjudicador pueda ejercer su actividad y que, para satisfacer necesidades de interés general, la referida sociedad se guíe por consideraciones que no sean económicas, extremo que ha de verificar el órgano jurisdiccional remitente. Carece de pertinencia a este respecto el hecho de que el valor de las operaciones internas pueda representar, en un futuro, menos del 90 % del volumen de negocios global de la sociedad o una parte no esencial de éste.

(1) DO C 27 de 25.1.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 374/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de septiembre de 2017 — República Eslovaca (C-643/15) y Hungría (C-647/15)/Consejo de la Unión Europea

(Asuntos acumulados C-643/15 y C-647/15) (1)

([Recurso de anulación - Decisión (UE) 2015/1601 - Medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de la República Helénica y de la República Italiana - Situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países en el territorio de determinados Estados miembros - Reubicación de esos nacionales en el territorio de los demás Estados miembros - Asignaciones a efectos de reubicación - Artículo 78 TFUE, apartado 3 - Base jurídica - Requisitos para su aplicación - Concepto de «acto legislativo» - Artículo 289 TFUE, apartado 3 - Obligatoriedad para el Consejo de la Unión Europea de las conclusiones del Consejo Europeo - Artículo 15 TUE, apartado 1, y artículo 68 TFUE - Requisitos sustanciales de forma - Modificación de la propuesta de la Comisión Europea - Exigencias de nueva consulta al Parlamento Europeo y de unanimidad en el seno del Consejo de la Unión Europea - Artículo 293 TFUE - Principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad])

(2017/C 374/05)

Lenguas de procedimiento: eslovaco y húngaro

Partes

Partes demandantes: República Eslovaca (representante: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) (C-643/15) y Hungría (C-647/15) (representantes: M.Z. Fehér y G. Koós, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de las partes demandantes: República de Polonia (representantes: B. Majczyna y M. Kamejsza, agentes)

Parte demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Chavrier, K. Pleśniak, N. Pethő y Z. Kupčová, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandada: Reino de Bélgica (representantes: J. Van Holm, M. Jacobs y C. Pochet, agentes), República Federal de Alemania [representantes: T. Henze, R. Kanitz y J. Möller (C-647/15), agentes], República Helénica (representantes: M. Michelogiannaki y A. Samoni-Rantou, agentes), República Francesa (representantes: D. Colas, F.-X. Bréchot y Armoet, agentes), República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistida por L. D’Ascia, avvocato dello Stato), Gran Ducado de Luxemburgo (representantes: A. Germeaux, C. Schiltz y D. Holderer, agentes), Reino de Suecia (representantes: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, O. Widgren, E. Karlsson y L. Swedenborg, agentes), Comisión Europea [representantes: M. Condou-Durande y K. Talabér-Ritz (C-647/15), J. Baquero Cruz, A. Tokár (C-643/15) y G. Wils, agentes]

Fallo

1) Desestimar los recursos.

2) La República Eslovaca y Hungría cargarán, además de con sus propias costas, con las costas del Consejo de la Unión Europea.

3) El Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República Helénica, la República Francesa, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Polonia, el Reino de Suecia y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 38 de 1.2.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 151/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de marzo de 2017 — Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, Sitre Srl, Reino de los Países Bajos, Comisión Europea

(Asunto C-323/15 P) (1)

([«Recurso de casación - Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (Reglamento REACH) - Artículo 57, letra f) - Autorización - Sustancias extremadamente preocupantes - Identificación - Grado de preocupación equivalente - Anhídrido ciclohexano-1,2-dicarboxílico, anhídrido cis-ciclohexano-1,2-dicarboxílico y anhídrido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico»])

(2017/C 151/06)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Polynt SpA (representantes: C. Mereu y M. Grunchard, avocats)

Otras partes en el procedimiento: New Japan Chemical (representantes: C. Mereu y M. Grunchard, avocats), REACh ChemAdvice GmbH (representantes: C. Mereu y M. Grunchard, avocats), Sitre Srl (representantes: C. Mereu y M. Grunchard, avocats), Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (representantes: M. Heikkilä y C. Buchanan, W. Broere y T. Zbihlej, agentes, asistidos por J. Stuyck, advocaat), Reino de los Países Bajos (representantes: C. Schillemans y M. Bulterman, agentes), Comisión Europea (representantes: D. Kukovec y K. Mifsud-Bonnici, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar a Polynt SpA a cargar con sus propias costas y con las de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

3) El Reino de los Países Bajos y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

4) New Japan Chemical y REACh ChemAdvice GmbH cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 311 de 21.9.2015.
2)

El Reglamento n.o 805/2004 debe interpretarse en el sentido de que no cabe certificar como título ejecutivo europeo un mandamiento de ejecución adoptado por un notario, en Croacia, en virtud de un «documento auténtico», que no ha sido objeto de oposición, puesto que tal mandamiento de ejecución no se refiere a un crédito no impugnado con arreglo al artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento.
1)

Anular las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 5 de febrero de 2015, Aer Lingus/Comisión (T-473/12, no publicada, EU:T:2015:78), y de 5 de febrero de 2015, Ryanair/Comisión (T-500/12, no publicada, EU:T:2015:73), en la medida en que anulan el artículo 4 de la Decisión 2013/199/UE de la Comisión, de 25 de julio de 2012, relativa a la ayuda estatal SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Diferenciación en las tarifas del impuesto sobre el transporte aéreo de pasajeros aplicada por Irlanda, por cuanto dicho artículo ordena la recuperación de la ayuda de los beneficiarios por un importe que el considerando 70 de dicha Decisión fija en ocho euros por pasajero.
1)

La Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual, a falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre un proyecto de despido colectivo, un empresario únicamente podrá efectuar dicho despido si la autoridad pública nacional competente a la que debe notificarse el proyecto no adopta, dentro del plazo previsto por dicha normativa y después de examinar el expediente y valorar las condiciones del mercado de trabajo, la situación de la empresa y el interés de la economía nacional, una resolución motivada por la que se deniegue la autorización para realizar la totalidad o una parte de los despidos programados. Sin embargo, no sucede lo mismo si resulta que, atendiendo a los tres criterios de evaluación indicados en la mencionada normativa y al modo concreto en que los aplica esa autoridad pública bajo el control de los tribunales competentes, tal normativa tiene como consecuencia privar de efecto útil a lo dispuesto en dicha Directiva, extremo que, en su caso, corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional remitente. El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, se opone a una normativa nacional como la referida en la primera frase del primer párrafo del presente punto.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 30/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 24 de noviembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el The Labour Court, Ireland — Irlanda) — Dr. David L. Parris/Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform y Department of Education and Skills

(Asunto C-443/15) (1)

((Procedimiento prejudicial - Igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Directiva 2000/78/CE - Artículo 2 - Prohibición de discriminación por razón de la orientación sexual y la edad - Régimen de jubilación nacional - Pago de una prestación de supervivencia a la pareja civil - Requisito - Celebración de la unión civil antes del sexagésimo aniversario del afiliado al citado régimen - Unión civil - Imposibilidad en el Estado miembro de que se trata antes de 2010 - Relación duradera establecida - Artículo 6, apartado 2 - Justificación de las diferencias de trato basadas en la edad))

(2017/C 030/10)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

The Labour Court, Ireland

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Dr. David L. Parris

Demandadas: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform y Department of Education and Skills

Fallo

1) El artículo 2 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional que, en el marco de un plan de pensiones de empleo, supedita el derecho de las parejas registradas supérstites de los afiliados a disfrutar de una prestación de supervivencia al requisito de que la unión civil registrada se haya celebrado antes de que el afiliado haya cumplido la edad de 60 años, mientras que el Derecho nacional no permitía a dicho afiliado celebrar una unión civil registrada antes de alcanzar ese límite de edad, no constituye una discriminación basada en la orientación sexual.

2) Los artículos 2 y 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78 deben interpretarse en el sentido de que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que, en el marco de un plan de pensiones de empleo, supedita el derecho de las parejas registradas supérstites de los afiliados a disfrutar de una prestación de supervivencia al requisito de que la unión civil registrada se haya celebrado antes de que el afiliado haya cumplido la edad de 60 años, mientras que el Derecho nacional no permitía a dicho afiliado celebrar una unión civil registrada antes de alcanzar ese límite de edad, no constituye una discriminación basada en la edad.

3) Los artículos 2 y 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78 deben interpretarse en el sentido de que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal no puede crear una discriminación basada en el efecto combinado de la orientación sexual y de la edad cuando dicha normativa no constituye una discriminación en razón de la orientación sexual ni en razón de la edad consideradas por separado.

(1) DO C 354 de 26.10.2015.