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Petición de decisión prejudicial — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretación del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 178, p. 1) — Validez del Reglamento (CE) nº 314/2002 de la Comisión, de 20 de febrero de 2002, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de cuotas en el sector del azúcar (DO L 50, p. 40) — Validez del Reglamento (CE) nº 1775/2004 de la Comisión, de 14 de octubre de 2004, por el que se fijan, para la campaña de comercialización de 2003/04, los importes de las cotizaciones por producción del sector del azúcar (DO L 316, p. 64); del Reglamento (CE) nº 1762/2003 de la Comisión, de 7 de octubre de 2003, por el que se fijan, para la campaña de comercialización de 2002/03, los importes de las cotizaciones por producción del sector del azúcar (DO L 254, p. 4); del Reglamento (CE) nº 1837/2002 de la Comisión, de 15 de octubre de 2002, por el se fijan, para la campaña de comercialización de 2001/02, los importes de las cotizaciones a la producción y el coeficiente de la cotización complementaria en el sector del azúcar (DO L 278, p. 13); del Reglamento (CE) nº 1993/2001 de la Comisión, de 11 de octubre de 2001, por el que se fijan, para la campaña de comercialización de 2000/01, los importes de las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar (DO L 271, p. 15), y del Reglamento (CE) nº 2267/2000 de la Comisión, de 12 de octubre de 2000, que fija, para la campaña de comercialización 1999/2000, los importes de las cotizaciones a la producción así como el coeficiente de cálculo de la cotización complementaria en el sector del azúcar (DO L 259, p. 29) — Método de cálculo utilizado para evaluar la pérdida global que debe financiarse a través de la cotización a la producción — Consideración, para determinar el excedente exportable, de todas las cantidades de azúcar exportadas, y, para determinar la pérdida media por tonelada de azúcar, sólo de las cantidades que dieron lugar al pago de restituciones a la exportación.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso de casación — Motivos — Motivo no razonado jurídicamente — Inadmisibilidad [Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 64, 70, 116, 120, 161, 165 y 166)

2. Recurso de casación — Motivos — Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia —Inadmisibilidad — Impugnación de la interpretación o de la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia — Admisibilidad [Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 71, 72, 80, 81, 90, 102, 112 y 168)

3. Recurso de casación — Motivos — Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación — Inadmisibilidad (véase el apartado 74)

4. Recurso de casación — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 42, ap. 2, y 118) (véanse los apartados 76 y 137)

5. Recursos propios de las Comunidades Europeas — Devolución o condonación de los derechos de importación [Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, arts. 905 y 906 bis] (véanse los apartados 84 a 86)

6. Recurso de casación — Motivos — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véanse los apartados 95, 96, 105, 115, 119, 131, 142, 148, 158 y 171)

7. Recursos propios de las Comunidades Europeas — Devolución o condonación de los derechos de importación [Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 239, ap. 1] (véanse los apartados 113, 114, 118, 121, 122, 134 a 136, 138, 143 y 144)

8. Recurso de casación — Motivos — Motivo dirigido contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia relativa a las costas — Inadmisibilidad en caso de desestimación de todos los demás motivos (Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 2) (véase el apartado 174)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 13 de septiembre de 2005, Ricosmos/Comisión (T‑53/02), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de anulación de la Decisión de la Comisión (REM 09/00), de 16 de noviembre de 2001, por la que se declara a las autoridades neerlandesas que no procede condonar los derechos de importación relativos a un cargamento de cigarrillos con destino a la República Checa, porque el fraude cometido por terceros en el marco de una operación de tránsito comunitario externo no constituye una situación particular que justifique la condonación de los derechos de importación.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Ricosmos BV.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Procedimiento — Obligación del Tribunal de Primera Instancia de iniciar la fase oral antes de resolver sobre una excepción de inadmisibilidad — Inexistencia (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 114, aps. 1 a 3) (véase el apartado 46)

2. Recurso de anulación — Personas físicas y jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente (Art. 230 CE, párr. 4) (véanse los apartados 56 a 60 y 67)

3. Recurso de casación — Motivos — No determinación del error de Derecho invocado — Inadmisibilidad [Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 62)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de casación contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 22 de julio de 2005, Polyelectrolyte Producers Group/Consejo y Comisión (T‑376/04), por el que se declaró la inadmisibilidad de un recurso mediante el que se solicitaba, por una parte, la anulación de la Decisión del Comité Mixto del EEE nº 59/2004, de 26 de abril de 2004, por el que se modifica el anexo II (DO L 277, p. 30), en la medida en que permite a Noruega exigir límites específicos de concentración respecto a la sustancia acrilamida más restrictivos que los aplicados en la Comunidad, así como que se declare la ilegalidad de la declaración conjunta relativa al Acuerdo EEE en lo tocante a las cláusulas de revisión en el ámbito de las sustancias peligrosas, adoptada en la reunión del Comité Mixto del EEE de 26 de marzo de 1999 (DO C 185, p. 6) y, por otra, la indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por la recurrente a raíz de la adopción de la Decisión impugnada.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Polyelectrolyte Producers Group.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Funcionarios Seguridad social Seguro de accidentes y enfermedades profesionales Accidente Concepto Aceptación de un riesgo o culpa Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, art. 73; Reglamentación relativa a la cobertura de riesgos de accidente y enfermedad profesional, art. 2, ap. 1)

Índice

$$Los conceptos de aceptación de un riesgo o de culpa no resultan de la definición de accidente a que se refiere el artículo 2, apartado 1, de la Reglamentación relativa a la cobertura de riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios. Su aplicación a un caso particular no puede por lo tanto impedir que se califique de accidente un acontecimiento o un factor externo, sino que sólo puede dar lugar a que un accidente en el sentido de dicha Reglamentación quede excluido de la cobertura establecida en el artículo 73 del Estatuto.

( véase el apartado 21 )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad

(Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos de admisibilidad - Admisibilidad prima facie del recurso principal

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 83, ap. 2)

Índice

$$1. Conforme a los artículos 225 CE y 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho y debe fundarse en motivos basados en la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, en irregularidades del procedimiento ante dicho Tribunal que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como en la violación del Derecho comunitario por parte de este último. Por consiguiente, sólo el Tribunal de Primera Instancia es competente, por un lado, para verificar los hechos, salvo en los casos en los que la inexactitud material de sus constataciones resulte de los documentos que obran en los autos que se le han remitido, y, por otro, para apreciar tales hechos.

( véanse los apartados 31 y 32 )

2. Si bien el problema de la admisibilidad del recurso principal no debe, en principio, examinarse en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales so pena de prejuzgar el fondo del asunto, no es menos cierto que, para que la demanda de suspensión de la ejecución de un acto se declare admisible, el demandante debe demostrar la existencia de elementos que permiten, a primera vista, inferir la admisibilidad del recurso principal al que se une su demanda de medidas provisionales, para evitar que pueda, a través de un procedimiento sobre medidas provisionales, lograr la suspensión de la ejecución de un acto cuya anulación sería posteriormente denegada por el Tribunal de Justicia al declarar la inadmisibilidad de su recurso tras el examen del fondo de éste. Este examen de la admisibilidad del recurso es necesariamente sumario, habida cuenta del carácter urgente del procedimiento sobre medidas provisionales, y sólo puede efectuarse partiendo de los elementos alegados por el demandante. Además, la conclusión a la que llegue el Juez competente para la adopción de medidas provisionales no prejuzga la resolución que deberá dictar el Tribunal de Primera Instancia cuando examine el recurso principal.

( véanse los apartados 34 y 35 )
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de noviembre de 1999. - Nicolaos Progoulis contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de casación - Recurso de casación manifiestamente infundado. - Asunto C-431/98 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-08319



Palabras clave

Funcionarios - Recursos - Reclamación administrativa previa - Plazos - Caducidad - Reapertura - Requisito - Hecho nuevo - Inexistencia

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
Auto del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 1999. - Guérin automobiles EURL contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de casación - Plazo para recurrir - Falta de indicación del plazo y de los recursos. - Asunto C-154/98 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-01451



Índice



Palabras clave

Actos de las Instituciones - Obligación general de informar a los destinatarios de los recursos y los plazos de interposición - Inexistencia

(Tratado CE, arts. 189, 190, 191 y 192)

Índice

Los artículos 189, 190, 191 y 192 del Tratado CE, que definen con precisión la naturaleza y el régimen de los actos jurídicos adoptados por las Instituciones comunitarias, no imponen en modo alguno a estas últimas una obligación general de informar a los destinatarios de dichos actos de las posibilidades de interponer recursos jurisdiccionales ni de los plazos en que pueden presentarse.

A falta de disposición expresa, no puede reconocerse que las autoridades administrativas o jurisdiccionales de la Comunidad tengan dicha obligación.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de mayo de 1998. - Rouhollah Nour contra Burgenländische Gebietskrankenkasse. - Petición de decisión prejudicial: ASVG-Landesberufungskommission für das Burgenland - Autriche. - Remisión prejudicial - Incompetencia. - Asunto C-361/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-03101



Índice



Palabras clave

Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites - Cuestiones manifiestamente desprovistas de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto que no permite una respuesta útil - Cuestiones sin relación con el objeto del procedimiento principal - Falta de competencia del Tribunal de Justicia

(Tratado CE, art. 177)

Índice

El Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre una cuestión prejudicial cuando resulta evidente que la interpretación de una norma comunitaria, solicitada por un órgano jurisdiccional nacional, no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio, o también cuando el problema es de naturaleza hipotética y el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas.

Así sucede cuando las cuestiones planteadas, relativas a la interpretación de principios generales que forman parte del Derecho comunitario, carecen de relación con el objeto del procedimiento principal.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites - Cuestiones manifiestamente desprovistas de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto que no permite una respuesta útil - Cuestiones sin relación con el objeto del procedimiento principal - Falta de competencia del Tribunal de Justicia

(Tratado CE, art. 177)

Índice

El Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre una cuestión prejudicial cuando resulta evidente que la interpretación de una norma comunitaria, solicitada por un órgano jurisdiccional nacional, no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio, o también cuando el problema es de naturaleza hipotética y el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas.

Así sucede cuando las cuestiones planteadas, relativas a la interpretación de principios generales que forman parte del Derecho comunitario, carecen de relación con el objeto del procedimiento principal.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de marzo de 1997. - Giorgio Bernardi contra Parlamento Europeo. - Recurso de casación - Defensor del Pueblo europeo - Candidatura - Procedimiento de nombramiento - Recurso de anulación - Recurso de casación manifiestamente inadmisible e infundado. - Asunto C-303/96 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-01239



Índice



Palabras clave

1 Recurso de casación - Motivos - Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia - Inadmisibilidad - Desestimación

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, arts. 49 y 51; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, párr. 1, letra c)]

2 Recurso de casación - Motivos - Motivo dirigido contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre las costas - Inadmisibilidad en caso de desestimación de todos los demás motivos

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 2]

Índice

3 De los efectos del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia en relación con los de la letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento se deduce que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión.

Un recurso de casación que se limita a repetir o a reproducir textualmente los motivos y alegaciones que ya han sido invocados ante el Tribunal de Primera Instancia no cumple este requisito.

4 En el supuesto de que hayan sido desestimados todos los demás motivos invocados en un recurso de casación contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia, debe declararse la inadmisibilidad del motivo referente a la ilegalidad de la resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre las costas, conforme al párrafo segundo del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia.
8

La Comisión puntualiza especialmente que el acto impugnado no posee el contenido que le atribuye el demandante. No puede considerarse como una «Decisión» implícita relativa a la denuncia que presentó el demandante, entre otras, contra la UEFA, por infracción de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE, puesto que todavía está en trámite el procedimiento iniciado con dicha denuncia. Al no haber notificado la UEFA ningún acuerdo, el acto impugnado tampoco es una Decisión de exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado, ni una declaración negativa emitida con arreglo al artículo 2 del Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22).
13

Según la Comisión, el sistema de control de las ayudas, tal como fue prorrogado por un período de dos años a partir del 19 de julio de 1989, se hizo extensivo a las fibras sintéticas para uso industrial, siendo así que anteriormente sólo era aplicable a las fibras sintéticas de uso textil. En este sentido, la Comisión se remite al texto de su Comunicación sobre la prórroga de 1989 (DO 1989, C 173, p. 5), en el que subraya, entre paréntesis, que el sector de las fibras sintéticas al que va dirigido comprende los «hilados y fibras acrílicas, de poliester, polipropileno y poliamīda, así como el texturado de estos filamentos, sea cual fuere la naturaleza o clase del producto o su utilización final». Según la Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga de 1987 (DO 1987, C 183, p. 4), el sector al que se refiere abarca las «fibras acrílica, poliéster, polipropileno y poliamīda, así como hilados y la texturización de estos últimos».
5

Por lo que respecta a los motivos jurídicos, la Comisión puso de manifiesto que el artículo 1 del Protocolo no se refería a documentos como los que menciona el Rechter-commissaris. Según ella, el artículo 2 del Protocolo establece que los archivos de las Comunidades son inviolables y no menciona la posibilidad de que el Tribunal de Justicia levante dicha inviolabilidad. El artículo 12 del Protocolo no se refiere, a su juicio, a la declaración testifical de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades, ni al levantamiento, por este motivo, de las inmunidades que les corresponden. Esta cuestión está regulada por el artículo 19 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, que no prevé la autorización del Tribunal de Justicia.
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

17 de diciembre de 1986 ( *1 )

En el asunto 276/86,

Mohamed Belkacem, residente en Berlín, Gardes-du-Corps-Straße 10 a, representado por el Sr. Rupert Müller-Voss, Abogado de Berlín,

parte demandante,

contra

República Federal de Alemania,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación de las resoluciones del Amtsgericht Charlottenburg de 30 de abril de 1986 y del Kammergericht de Berlin de 8 de agosto de 1986,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. Mackenzie Stuart, Presidente; Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins y F. Schockweiler, Presidentes de Sala; G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliét, J. C. Moitinho de Almeida y G. C. Rodríguez Iglesias, Jueces,

Abogado General: Sr. C. O. Lenz

Secretario: Sr. P. Heim

oído el Abogado General,

dicta el siguiente

AUTO

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 27 de octubre de 1986 y registrado el 13 de noviembre siguiente, el Sr. Mohamed Belkacem, nacional argelino residente en Berlín (Oeste), interpuso un recurso contra la República Federal de Alemania con la pretensión de obtener la anulación de las resoluciones del Amtsgericht Charlottenburg, de 30 de abril de 1986, y del Kammergericht de Berlín, de 8 de agosto de 1986.

2 Las resoluciones de que se trata se dictaron en un litigio entre el Sr. Belkacem y su esposa, también de nacionalidad argelina, sobre la custodia de los hijos del matrimonio. El Sr. Belkacem estima que dichas resoluciones son contrarias a los principios de no discriminación y de libre circulación de las personas, establecidas en los artículos 7, 48 y 53 del Tratado CEE.

3 Ninguna disposición del Tratado CEE prevé que una persona física o jurídica pueda interponer ante el Tribunal de Justicia un recurso contra un Estado miembro para obtener la anulación de resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales nacionales.

4 Como el Tribunal de Justicia es, pues, manifiestamente incompetente para conocer del presente recurso, procede, con arreglo al apartado 1 del artículo 92, del Reglamento de Procedimiento, declarar inadmisible el recurso antes de su comunicación a la parte contra la que se ha interpuesto.

5 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por no haber sido admitido el recurso del demandante, procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA resuelve :

1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2) Condenar en costas al demandante.

Luxemburgo, a 17 de diciembre de 1986. El Secretario P. Heim El Presidente A. J. Mackenzie Stuart

( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.
Si bien es cierto que el problema de la admisibilidad del recurso principal no debe, en principio, ser examinado en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, sino que debe quedar reservado para el análisis del recurso principal, so pena de prejuzgar el fondo del asunto, parece sin embargo necesario, cuando se plantea la inadmisibilidad manifiesta del recurso de fondo, al que se superpone la demanda de medidas provisionales, determinar si existen elementos que permitan considerar, a primera vista, que la admisibilidad de dicho recurso no es absolutamente improcedente.
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En efecto, ni el Gobierno federal alemán ni el del Land de Renania del Norte-Westfalia habrían tomado ninguna medida concreta de ejecución de esta Decisión para recobrar las ayudas discutidas. Además, incluso la ejecución de la Decisión impugnada no podría perjudicar a la demandante, dado que el único elemento de esta Decisión que es directamente aplicable en el sentido del artículo 185 del Tratado CEE sería la obligación de retirar y devolver a cargo del destinatario de la Decisión. La Decisión 85/471 no generaría directamente, en efecto, ninguna obligación de pago a cargo de la demandante. La devolución de las ayudas discutidas no se podría por lo tanto pretender inmediatamente. La obligación de devolver no se podría imponer a la demandante mas que mediante decisión de retirar y recuperar que tomasen las autoridades alemanas conforme a las disposiciones nacionales en materia de anulación de los actos administrativos ilegales. Además, la demandante podría intentar contra la decisión de recobrar, tomada por las autoridades alemanas con base en el Derecho nacional, un recurso de Derecho administrativo que pretendiera la suspensión de su ejecución.
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El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 622/2008 de la Comisión, de 30 de junio de 2008 (DO 2008, L 171, p. 3), establece: «La Comisión podrá decidir la incoación de un procedimiento de transacción con vistas a la adopción de una decisión con arreglo al capítulo III del Reglamento [n.o 1/2003] en cualquier momento, pero no más tarde de la fecha en que exponga un análisis preliminar en el sentido del artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento, o envíe un pliego de cargos o una petición para que las partes expresen su interés en iniciar conversaciones con vistas a una transacción, o de la fecha en que se publique una comunicación de conformidad con el artículo 27, apartado 4, de dicho Reglamento, si esta última es anterior.»