ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
6.

En los fundamentos de Derecho de su resolución de remisión, el órgano jurisdiccional nacional explica que la solución del litigio depende de la interpretación de las partidas 8306, 9701 y 9703 del AAC, nomenclatura combinada. A este respecto, el órgano jurisdiccional nacional expone que si bien, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 15 de mayo de 1985, Onnasch, 155/84, Rec. 1985, p. 1449), las partidas del capítulo 97 del AAC, que contempla fundamentalmente los objetos de arte, deben, en caso de duda sobre la clasificación de un objeto, ser interpretadas en sentido amplio y si bien la expresión «obras originales de estatuaria o de escultura» de la partida arancelaria 9703 debe entenderse en el sentido de que designa toda obra de arte tridimensional, con independencia de la técnica y de los materiales utilizados, es dudoso que la obra de que se trata, la cual, a juicio de las partes, es una obra de arte original, deba considerarse como una composición de tres dimensiones. En efecto, aunque se trate de un cuerpo (tridimensional), la obra de arte propiamente dicha constituye una composición de superficie (bidimensional) realizada sobre una plancha de acero. Según el órgano jurisdiccional nacional, también es dudoso que la obra pueda considerarse como un «cuadro similar» con arreglo a la partida 9701 del AAC, dado que un cuadro de este tipo, según las notas explicativas del sistema armonizado (de denominación y de clasificación de las mercancías), debe estar compuesto por fragmentos de diferentes materiales de forma que constituya un motivo pictórico o decorativo y que estén pegados o fijados de otra forma sobre un soporte. El órgano jurisdiccional opina que el objeto de que se trata debería calificarse más bien como «cuadro hecho totalmente a mano» con arreglo a la partida 9701 del AAC. En efecto, en el presente caso, el artista aplicó el color sobre el acero y a continuación procedió a la cocción. Ahora bien, según el órgano jurisdiccional nacional, una interpretación amplia de la partida 9701 permitiría sostener que la operación de aplicar el color sobre la base debe considerarse ya como la creación de un cuadro hecho totalmente a mano, con independencia del trabajo técnico posterior. No obstante, la Oberfinanzdirektion consideraba que esta técnica no era equiparable a la pintura, porque la composición cromática y por consiguiente la concepción artística sólo son reconocibles a través del procedimiento de cocción. El Bundesfinanzhof afirma seguidamente que si se descartase la partida 9701 debería clasificarse la obra a partir del material de que está compuesta, de conformidad con las notas explicativas del capítulo 97 del AAC. En tal caso, sería aplicable la partida 8306, a pesar de que la obra no pueda ser considerada como un objeto decorativo, que, según las notas explicativas, constituye la característica esencial de los artículos comprendidos en la denominación «estatuillas y demás objetos de adorno» de la partida 8306 del AAC.
1)

El artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1573/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar derechos, ha de interpretarse en el sentido de que, cuando el importe de los derechos no percibidos es igual o superior a 2000 ECU, las autoridades nacionales no están obligadas a someter a la Comisión una solicitud de Decisión sobre la posibilidad de no efectuar la recaudación a posteriori de derechos de aduana, si estiman que no se cumplen las condiciones del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979.
1)

Cuando un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia percibe una pensión en virtud únicamente de la legislación nacional, lo dispuesto en el Reglamento n° 1408/71 no impide que sólo se le aplique íntegramente esa legislación nacional, incluidas las normas nacionales que prohiben la acumulación, a no ser que la aplicación de dicha legislación nacional resulte menos favorable al trabajador que la del régimen establecido en el artículo 46 del Reglamento n° 1408/71. En este último caso, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 46, teniendo en cuenta que las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la legislación nacional no son aplicables en virtud de la última frase del apartado 2 del artículo 12 deľ Reglamento, cuando el interesado perciba prestaciones de la misma naturaleza de invalidez, de vejez, de muerte (pensiones) o de enfermedad profesional, liquidadas por las instituciones de los diferentes Estados miembros. Una pensión de jubilación anticipada y una pensión de invalidez deben considerarse de la misma naturaleza, en el sentido del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento.
1.

Las demandantes afirman que no ponen en tela de juicio la legalidad de la decisión de la Comisión de no iniciar un procedimiento al amparo del artículo 169. Piden al Tribunal de Justicia que declare la ilegalidad de la decisión de archivo de la reclamación, dado que la Comisión debía examinar los problemas planteados por las demandantes y revisar la base aplicada para el cálculo de la ayuda. La decisión de inadmisión de la reclamación no está motivada por ninguna consideración relativa a los datos a que hacen referencia las demandantes e infringe, por consiguiente, el artículo 190. La Comisión incumple asimismo la misión de guardiana del Tratado que le impone el artículo 155. La somera respuesta a la pregunta escrita no 1886/86 no puede suplir la falta de motivación. Los escasos motivos dados por la Comisión en su carta de 17 de enero de 1989 son, además, inexactos. La afirmación de la Comisión de que no dispone de datos que prueben que Italia y Grecia han incumplido sus obligaciones resulta contradicha por el propio hecho de la transmisión de datos manifiestamente sobrevalorados. La afirmación de que los Estados persiguen con la debida diligencia las irregularidades comprobadas y recuperan las ayudas pagadas indebidamente olvida que en Italia los fraudes a la Comunidad son sancionados con penas muy inferiores a las aplicadas a fraudes contra el Estado nacional y un gran número de defraudadores se acogió a la ley de amnistía de 23 de diciembre de 1986. Dada la sobrevaloración manifiesta de los datos de transformación comunicados por Italia y por Grecia, la Comisión no debió proceder al archivo de la reclamación sin revisar la fijación de la cuantía de la ayuda. Las cifras dadas por las demandantes son correctas y la Comisión no puede discutirlas sin comunicar sus propios datos. Las respuestas a la alegación relativa a la sobrevaloración de los datos comunicados por Italia y por Grecia, facilitados para el presente procedimiento, no pueden suplir la falta de motivación que se atribuye a la decisión impugnada. La negativa a colaborar con las demandantes en los procedimientos incoados ante los órganos jurisdiccionales nacionales constituye una falta. Lo mismo ocurre con la omisión de información a las demandantes sobre el archivo de la reclamación y de dejarlas durante un período prolongado en la expectativa de una reanudación de las investigaciones. La negativa a examinar el problema de la penalización sufrida por los transformadores franceses por el juego del umbral de garantía constituye una violación del principio de no discriminación recogido en el apartado 3 del artículo 40 del Tratado CEE.
DONA ALFONSO 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 
de 18 de junio de 1991* 
En el asunto C-295/89, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, por el Tribunale amministrativo regionale del 
Friuli-Venezia Giulia (Italia) y destinada a obtener, en el litigio pendiente ante 
dicho órgano jurisdiccional, entre 
Impresa Dona Alfonso di Dona Alfonso & Figli SnC 
y 
Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, 
Regione Friuli-Venezia Giulia, 
Impresa Luigi Tacchino SpA, 
Impresa Carlutti Costruttori Sri, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación del apartado 5 del artículo 29 de 
la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras 
(DO L 185, p. 5; EE 17/01, p. 9), 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 
integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente de Sala; Sir Gordon 
Slynn y R. Joliét, Jueces; 
* Lengua de procedimiento: italiano. 
I - 2969 
SENTENCIA DE 18.6.1991 — ASUNTO C-295/89 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
pronunciándose sobre las cuestiones que le fueron planteadas por el Tribunale am­
ministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia mediante resolución de 7 de abril 
de 1989, declara: 
1) El apartado 5 del artículo 29 de la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 
de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
los contratos públicos de obras, prohibe a los Estados miembros adoptar disposi­
ciones que prevean la exclusión de oficio de los contratos públicos de obras de 
determinadas ofertas valoradas con arreglo a un criterio matemático, en lugar de 
obligar a los órganos de contratación a aplicar el procedimiento de verificación 
contradictoria previsto en la Directiva. 
2) Al adaptar su ordenamiento jurídico nacional a la Directiva 71/305/CEE del 
Consejo, los Estados miembros no pueden apartarse sustancialmente de lo dis­
puesto en el apartado 5 del artículo 29 de esta Directiva. 
3) El apartado 5 del artículo 29 de la Directiva 71/305/CEE del Consejo autoriza 
a los Estados miembros a imponer la verificación de las ofertas cuando parezcan 
anormalmente bajas y no únicamente cuando revistan un carácter anormalmente 
bajo. 
I - 2970
SHEPTONHURST 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) 
de 7 de mayo de 1991 * 
En el asunto C-350/89, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, por la High Court of Justice, Queen's Bench Divi­
sion, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional 
entre 
Sheptonhurst Limited 
y 
Newham Borough Council, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado 
CEE, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), 
integrado por los Sres.: M. Diez de Velasco, Presidente de Sala; C. N. Kakouris y 
P. J. G. Kapteyn, Jueces ; 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la High Court, Queen's Bench 
Division, mediante resolución de 12 de octubre de 1988, declara: 
El artículo 30 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que no consti­
tuyen una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importa­
ción disposiciones nacionales que prohiben la venta de artículos pornográficos líci­
tos en tiendas de artículos pornográficos no autorizadas. 
* Lengua de procedimiento: ¡nglćs. 
I - 2389
La libre circulación de los trabajadores que consagra el artículo 48 del Tratado implica el derecho de los nacionales de los Estados miembros a circular libremente en el territorio de los demás Estados miembros y a residir en ellos con objeto de buscar empleo. La duración de la residencia del que busca empleo puede ser objeto de limitación, pero, a fin de que la eficacia del artículo 48 quede garantizada, es preciso que se conceda al interesado un plazo razonable que le permita llegar a conocer, en el territorio del Estado miembro al que haya ido, las ofertas de empleo que correspondan a su calificación profesional, y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para ser contratado.

Al no haber fijado la duración de dicho plazo, el Derecho comunitario no se opone a que la legislación de un Estado miembro establezca que todo nacional de otro Estado miembro que haya entrado en su territorio para buscar allí un empleo podrá ser obligado (sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso) a abandonar dicho territorio si transcurridos seis meses no ha encontrado empleo, a no ser que el interesado pruebe que continúa buscando un empleo y que tiene verdaderas oportunidades de ser contratado.
El primer guión del apartado 1 del artículo 3 bis del Reglamento no 857/84, modificado por el Reglamento no 764/89, es inválido en la medida en que excluye de la asignación de una cantidad de referencia específica con arreglo a dicha disposición a los productores cuyo período de no comercialización o de reconversión, en ejecución de un compromiso contraído con arreglo al Reglamento no 1078/77, expiró antes del 31 de diciembre de 1983 o, en su caso, antes del 30 de septiembre de 1983.

En efecto, si bien el legislador comunitario podía válidamente establecer una fecha límite en relación con la expiración del período de no comercialización o de reconversión de los interesados dirigida a excluir del beneficio del artículo 3 bis a aquellos productores que no hicieron entregas de leche durante la totalidad o durante una parte del año de referencia por razones distintas de un compromiso de no comercialización o de reconversión, el principio de protección de la confianza legítima se oponía, no obstante, a la fijación de tal fecha en condiciones tales que excluyera asimismo del beneficio del artículo 3 bis a los productores cuya falta de entregas de leche durante la totalidad o una parte del año de referencia fuera consecuencia de la ejecución de un compromiso contraído con arreglo al Reglamento no 1078/77.
Asunto C-169/89

Proceso penal

contra

Gourmetterie Van den Burg

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad de los Países Bajos

«Prohibición de importación de aves»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. W. Van Gerven, presentadas el 20 de marzo de 1990 2151

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de mayo de 1990 2160

Sumario de la sentencia

Medio ambiente — Conservación de las aves silvestres — Directiva 79/409 — Facultad de los Estados miembros para exceder de las medidas de protección establecidas — Alcance — Prohibición de importar una especie no migratoria ni amenazada que haya sido legalmente cazada en el Estado miembro de exportación — Improcedencia — Justificación con arreglo al artículo 36 del Tratado — Inexistencia

(Tratado CEE, art 36; Directiva 79/409 del Consejo, art. 14)

El artículo 14 de la Directiva 79/409 relativa a la conservación de las aves silvestres, que autoriza a los Estados miembros a adoptar medidas de protección más estrictas que las previstas por la Directiva, sólo se aplica a las especies migratorias o amenazadas, de manera que, en lo que atañe a las otras especies de aves consideradas, los Estados miembros están obligados a aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Directiva, pero no están autorizados a adoptar medidas de protección más estrictas, salvo en lo que respecta a las especies que vivan en su territorio.

Por ello, al tratarse de un ámbito que ha sido objeto de una armonización exhaustiva, es contraria a la Directiva y no está justificada por el artículo 36 del Tratado una prohibición de importación y de comercialización de una especie de aves que, por una parte, no se encuentra en el territorio del Estado miembro legislador sino que vive en otro Estado miembro donde su caza está autorizada por las disposiciones de la Directiva y por la legislación nacional y que, por otra parte, no es una especie migratoria ni está amenazada en el sentido de la Directiva.
Asunto C-185/89

Staatssecretaris van Financiën

contra

Velker International Oil Company Ltd NV

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad de los Países Bajos

«IVA — Sexta Directiva relativa a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios — Exención»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. C. O. Lenz, presentadas el 2 de mayo de 1990 2570

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de junio de 1990 2577

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el Volumen de Negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido — Exenciones establecidas en la Sexta Directiva — Exención de las entregas de bienes destinados al avituallamiento de buques — Requisitos

(Directiva 77/388 del Consejo, art. 15, apartado 4)

Lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Sexta Directiva 77/388, conforme al cual se eximen del Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes destinados al avituallamiento de buques, debe interpretarse en el sentido de que sólo pueden considerarse como tales las entregas hechas a un naviero que utilice esos bienes para el avituallamiento, pero no las entregas de esos bienes hechas en una fase anterior de la comercialización. No obstante, no es necesario que el embarque de los bienes a bordo de los buques coincida materialmente con su entrega al naviero, de forma que el almacenamiento de los bienes después de su entrega y antes de la operación material de avituallamiento no hace perder el beneficio de la exención.
44

Por el contrario, por lo que se refiere al Land de Baden-Württemberg, si bien son fundadas las imputaciones de la Comisión de que no se previo la redacción de un informe escrito a raíz de la inspección realizada, no ha quedado acreditada la inobservancia de las demás obligaciones antes enunciadas. Efectivamente, consta en autos que en este Land existía un cierto sistema de control en el que se preveía una verificación, si bien no profunda, de los requisitos relativos al compromiso de no entregar leche y a la preponderancia de la renta agraria. Esta conclusión se ve corroborada por el hecho de que la Comisión no ha citado casos individuales de este Land en los que se hubiera concedido la prima de forma manifiestamente errónea.
3

Los acusados sostuvieron en su defensa que las sustancias que habían transportado no eran residuos en el sentido del Decreto presidencial, que define, en su artículo 2, el concepto de residuo como referido a «cualquier sustancia u objeto que derive de la actividad humana o de los ciclos naturales, abandonado o destinado al abandono». En el caso de autos, las sustancias transportadas, alegó la defensa, podían ser objeto de reutilización económica y, por tanto, no se habían abandonado ni se destinaban al abandono y, al no estar incluida en el ámbito de aplicación del Decreto presidencial la actividad que dio origen a la acusación, no eran de aplicación las sanciones penales previstas en dicha norma.
20.

La parte demandada en el litigio principal alega que las obligaciones establecidas por la normativa alemana vinculan únicamente a la empresa que solicita la citada indemnización y no a las personas a las que ésta haya vendido el centeno. El adquirente no debe tener en cuenta las contabilidades exigidas ni llevar a cabo los informes previstos. Los libros que debe llevar conforme al Derecho comercial o fiscal no pueden suministrar los informes específicos indispensables en el caso de autos.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE 11 DE MAYO DE 1989. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - FUSION Y ESCISION DE SOCIEDAD ANONIMAS - ADAPTACION DEL DERECHO NACIONAL A CIERTAS DIRECTIVAS. - ASUNTO 46/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01133

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Índice

Partes

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

Estados miembros - Obligaciones - Ejecución de las directivas - Incumplimiento - Justificación - Improcedencia

(Tratado CEE, art. 169)

Índice

Es jurisprudencia reiterada que un Estado miembro no puede invocar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar la inobservancia de las obligaciones y plazos establecidos en las directivas comunitarias.

Partes

En el asunto 46/88,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Jean Amphoux, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, centro Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

Reino de Bélgica, representado por el Sr. Robert Houbaer, Directeur d' administration del Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la embajada de Bélgica, 4, rue des Girondins,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que, al no adoptar en el plazo establecido las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la Directiva 78/855 del Consejo, de 9 de octubre de 1978, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas (DO L 295, p. 36; EE 17/01, p. 76) y a la Directiva 82/891 del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, referente a las escisiones de sociedades anónimas (DO L 378, p. 47; EE 17/01, p. 111) el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. O. Due, Presidente; T. Koopmans, R. Joliet y F. Grévisse, Presidentes de Sala; Sir Gordon Slynn, Sres. C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, y M. Díez de Velasco, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

Parte dispositiva

1) Declarar que, al no adoptar en los plazos establecidos las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 78/855 del Consejo, de 9 de octubre de 1978, relativa a las fusiones de sociedades anónimas y a la Directiva 82/891 del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, referente a las escisiones de sociedades anónimas, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.