Asunto C‑263/02 P

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Jégo-Quéré et Cie SA

«Recurso de casación – Admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona jurídica contra un reglamento»

Sumario de la sentencia

1. Comunidades Europeas – Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones – Actos de alcance general – Necesidad de que las personas físicas o jurídicas utilicen la vía de la excepción de ilegalidad o de la cuestión prejudicial de apreciación de validez – Obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de aplicar las normas procesales nacionales de forma que permitan la impugnación de la legalidad de los actos comunitarios de alcance general – Posibilidad de interponer un recurso de anulación ante el juez comunitario en caso de que las normas procesales nacionales contengan obstáculos insuperables – Exclusión

(Arts. 10 CE, 230 CE, párr. 4; 234 CE y 241 CE)

2. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Interpretación contra legem del requisito relativo a la necesidad de resultar individualmente afectadas – Improcedencia

(Art. 230 CE, párr. 4)

3. Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Reglamento por el que se establecen medidas encaminadas a la recuperación de la población de merluza y las condiciones correspondientes para el control de las actividades de los buques pesqueros – Inexistencia de una posición jurídica particular en favor de un operador económico en relación con la adopción del citado Reglamento – Inadmisibilidad

[Art. 230 CE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 1162/2001 de la Comisión]

1. El Tratado, mediante sus artículos 230 CE y 241 CE, por una parte, y mediante su artículo 234 CE, por otra, ha establecido un sistema completo de recursos y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de las instituciones, confiando dicho control al juez comunitario. En dicho sistema, las personas físicas o jurídicas que, debido a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 230 CE, párrafo cuarto, no puedan impugnar directamente actos comunitarios de alcance general, tienen la posibilidad, según los casos, de invocar la invalidez de tales actos bien de manera incidental ante el juez comunitario, en virtud del artículo 241 CE, bien ante los órganos jurisdiccionales nacionales, e instar a estos órganos, que no son competentes para declarar por sí mismos la invalidez de tales actos, a que soliciten un pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre este extremo por medio de la cuestión prejudicial.

Así, corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva.

En este contexto, y de conformidad con el principio de cooperación leal enunciado en el artículo 10 CE, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados, en toda la medida de lo posible, a interpretar y aplicar las normas procesales internas que regulan la interposición de los recursos de modo que las personas físicas y jurídicas puedan impugnar judicialmente la legalidad de cualquier resolución o de cualquier otra medida nacional por la que se les aplique un acto comunitario de alcance general, invocando la invalidez de dicho acto.

Sin embargo, no cabría que interponga un recurso de anulación ante el juez comunitario un particular que impugne un acto de alcance general como un reglamento que no le individualice de manera análoga a la de un destinatario aunque quedara demostrado, tras un examen concreto de las normas procesales nacionales por parte de dicho juez, que estas normas no autorizan al particular a interponer un recurso que le permita cuestionar la validez del acto comunitario impugnado. En efecto, tal régimen exigiría que, en cada caso concreto, el juez comunitario examinara e interpretara el Derecho procesal nacional, lo que excedería de su competencia en el marco del control de la legalidad de los actos comunitarios.

Por tanto, en cualquier caso, un particular no podría interponer un recurso de anulación ante el juez comunitario aunque resultase que las normas procesales nacionales sólo le autorizan a cuestionar la validez del acto comunitario impugnado después de haber infringido dicho acto.

A este respecto, el hecho de que un reglamento se aplique directamente sin intervención alguna de las autoridades nacionales no implica por sí solo que un operador directamente afectado por éste únicamente pueda cuestionar la validez de dicho reglamento después de haberlo infringido. En efecto, no cabe excluir que un sistema jurídico nacional ofrezca a un particular directamente afectado por un acto normativo general de Derecho interno, que no pueda impugnarse directamente ante los tribunales, la posibilidad de solicitar a las autoridades nacionales una medida relativa a dicho acto, que sea recurrible ante el órgano jurisdiccional nacional, de modo que se permita a este particular impugnar indirectamente el acto de que se trate. Igualmente, tampoco cabe excluir que un sistema jurídico nacional ofrezca a un operador directamente afectado por un reglamento la posibilidad de solicitar a las autoridades nacionales un acto relativo a dicho reglamento, que sea recurrible ante el órgano jurisdiccional nacional, de modo que se permita a este operador impugnar indirectamente el reglamento controvertido.

(véanse los apartados 30 a 35)

2. Si bien es cierto que el requisito de que una persona física o jurídica únicamente pueda interponer un recurso contra un reglamento si resulta afectada no sólo directamente sino también individualmente debe interpretarse a la luz del principio de tutela judicial efectiva y teniendo en cuenta las distintas circunstancias que pueden individualizar a un demandante, tal interpretación no puede conducir a ignorar dicho requisito, expresamente previsto en el Tratado. En caso contrario, los órganos jurisdiccionales comunitarios sobrepasarían las competencias que éste les atribuye.

Pues bien, eso es lo que sucede con la interpretación del citado requisito según la cual ha de considerarse que una persona física o jurídica queda individualmente afectada por una disposición comunitaria de alcance general que le afecta directamente si la disposición de que se trata afecta de manera cierta y actual a su situación jurídica restringiendo sus derechos o imponiéndole obligaciones.

En efecto, tal interpretación conduce esencialmente a desvirtuar el requisito de que el particular resulte individualmente afectado, previsto en el artículo 230 CE, párrafo cuarto.

(véanse los apartados 36 a 38)

3. Al no existir ninguna disposición de Derecho comunitario que obligue a la Comisión, al adoptar un determinado reglamento, a seguir un procedimiento en el marco del cual un operador económico pueda exigir eventuales derechos, entre ellos el derecho a ser oído, este operador no tiene una posición jurídica particular en relación con la adopción de dicho reglamento. El hecho de que dicho operador fuese el único que propuso, antes de la adopción del citado reglamento, una solución particular que contribuiría a la consecución del objetivo perseguido por éste, no le individualiza en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto.

(véanse los apartados 47 y 48)