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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena)

de 22 de abril de 2015 — E.S.

(Asunto C‑646/13) 1 ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CE) no 883/2004 — Artículo 8, apartado 1 — Aplicabilidad de los convenios de seguridad social entre Estados miembros — Refugiado repatriado originario de un Estado miembro — Cumplimiento de períodos de empleo en el territorio de otro Estado miembro — Solicitud de concesión de una prestación de vejez — Denegación»

1. Cuestiones prejudiciales — Cuestiones prejudiciales idénticas a otras ya resueltas por la jurisprudencia — Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véanse los apartados 20 a 24)

2. Seguridad social — Trabajadores migrantes — Normativa de la Unión — Sustitución de los convenios de seguridad social celebrados entre Estados miembros — Carácter imperativo — Acuerdo bilateral relativo a las prestaciones de seguridad social de los nacionales de uno de los Estados signatarios que tuvieron la condición de refugiados políticos en el territorio del otro Estado signatario — Acuerdo que no figura en el anexo II del Reglamento (CE) no 883/2004 — Desplazamiento anterior a la celebración del acuerdo — Inaplicabilidad del acuerdo [Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, ap. 1, y anexo II] (véanse el apartado 25 y el fallo)

Fallo

El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo bilateral relativo a las prestaciones de seguridad social de los nacionales de uno de los Estados signatarios que tuvieron la condición de refugiados políticos en el territorio del otro Estado signatario, celebrado en una fecha en que uno de los dos Estados signatarios aún no se había adherido a la Unión Europea y que no figura en el anexo II de dicho Reglamento, ya no es aplicable a la situación de los refugiados políticos repatriados a su Estado de origen antes de la conclusión del acuerdo bilateral y de la entrada en vigor del citado Reglamento.

( 1 ) DO C 39, de 8.2.2014.
72

En la medida en que el Presidente del Tribunal General también dedujo de ese mismo hecho, en el referido apartado 69, que la información controvertida no puede ser calificada globalmente como carente manifiestamente de carácter secreto o confidencial, procede destacar, no obstante, que el consejero auditor debe examinar cada información individualmente y que, en principio, su conclusión respecto de una información no tiene como consecuencia incidir en modo alguno sobre la apreciación de las demás. No obstante, a los efectos del presente recurso de casación, basta constatar que dicha afirmación no era indispensable al razonamiento seguido por el Presidente del Tribunal General y no fundamenta, en cualquier caso, la tesis de la Comisión de que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho consistente en apartarse de las reglas de prueba recordadas en el apartado 58 del auto recurrido y confirmadas en el apartado 67 del presente auto, o en invertir la carga de la prueba.
El hecho de que el solicitante de la nulidad pueda presentar la solicitud con el fin de colocar posteriormente el signo controvertido en sus productos no puede constituir en ningún caso un abuso de derecho. Efectivamente, el interés general que protege el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, es precisamente el de la disponibilidad y la libre utilización de dicho signo.

Además, el Reglamento no 207/2009 no es contrario a la intención del solicitante de la nulidad de querer utilizar la marca de que se trate después de la declaración de nulidad. Así, el artículo 52, apartado 1, de dicho Reglamento establece que la nulidad de la marca comunitaria resultante de la existencia de motivos de denegación absolutos puede declararse también mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, lo que presupone que el demandado en esta acción puede obtener la declaración de nulidad incluso si ha utilizado la marca controvertida y tiene intención de seguir haciéndolo.

En cambio, la desestimación de una solicitud de nulidad basada en que constituye un abuso de derecho pondría en peligro la consecución de los objetivos perseguidos por el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009. En efecto, dicha desestimación no permitiría llevar a cabo el examen de la marca con arreglo a las normas que regulan el carácter registrable de ésta y apreciar la existencia de un motivo de denegación absoluto de registro.

(véanse los apartados 43 a 45)
3.

Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos verticales — Reglamento (CE) no 2790/1999 — Cláusula de no competencia impuesta al comprador al término de un contrato de franquicia — «Local y terrenos desde los que el comprador haya operado durante el período contractual» — Concepto — Lugares desde los cuales se ponen a la venta los bienes o servicios contractuales — Inclusión — Todo el territorio en el que tales bienes o servicios pueden venderse — Exclusión [Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión, art. 5, letra b)] (véanse el apartado 41 y el fallo)
En el marco de la apreciación de la gravedad del perjuicio económico alegado en una demanda de medidas provisionales, el hecho de que el demandante no haya aportado información sobre el tamaño de la compañía de la que forma parte no basta por sí solo para fundamentar la desestimación de esa demanda por el hecho de que el demandante no haya demostrado la gravedad del perjuicio alegado.

Ciertamente, el tamaño de la compañía puede incidir en la apreciación de la gravedad del citado perjuicio económico, pues éste será más grave si es importante respecto de dicho tamaño y menos grave en caso contrario. Así, en determinadas circunstancias, las alegaciones relativas a la gravedad de un perjuicio alegado pueden desestimarse sobre la base de una mera comparación entre éste y el volumen de negocios de la empresa que podría sufrirlo.

Sin embargo, no cabe excluir que un perjuicio económico objetivamente considerable y supuestamente resultante de la obligación de ejercer definitivamente una opción comercial importante en un plazo inoportuno pueda considerarse «grave», incluso que la gravedad de dicho perjuicio pueda considerarse evidente, aun sin contar con información sobre el tamaño de la empresa de que se trate.

(véanse los apartados 31 a 33)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Armonización de las legislaciones fiscales

—

Sistema común del impuesto sobre el valor añadido

—

Deducción del impuesto soportado

—

Denegación debido a que no se llevó a cabo la entrega efectiva de los bienes por motivo de fraudes e irregularidades

—

Improcedencia

—

Límites

—

Requisitos

—

Destinatario de la factura que tenía conocimiento de la existencia de un fraude o debería haberlo tenido

—

Verificación que incumbe al órgano jurisdiccional nacional [Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 17, ap. 2, letra a)] (véanse los apartados 29, 34, 35 y 38 a 44 y el fallo)

Objeto del litigio

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Augstākās tiesas Senāts — Interpretación del artículo 17, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Deducción del IVA soportado — Sujeto pasivo que cumple los requisitos establecidos por la normativa nacional para la deducción del impuesto abonado en caso de adquisición de bienes y respecto del cual no se ha constatado práctica abusiva alguna — Denegación del derecho a deducir el IVA en el supuesto de que se haya demostrado que la otra parte de la operación no puede hacer entrega de los productos que figuran en la factura, la cual cumple los requisitos de forma.

Parte dispositiva

Fallo

El artículo 17, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de 1995, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se deniegue al destinatario de una factura el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido por cuanto que, habida cuenta de los fraudes o irregularidades cometidos por el emisor de dicha factura, se considera que la operación correspondiente a esta última no ha sido efectivamente realizada, salvo si se demuestra, a la luz de elementos objetivos y sin que se exija al destinatario de la referida factura que lleve a cabo verificaciones que no le incumben, que ese destinatario sabía o debería haber sabido que dicha operación estaba implicada en un fraude al impuesto sobre el valor añadido, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
1.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Solapamiento entre los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 40/94 [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véanse los apartados 46 a 48)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véanse los apartados 32, 34 y 46)

2. Recurso de casación — Motivos — Desnaturalización del Derecho nacional utilizado como prueba — Admisibilidad (véase el apartado 33)

3. Recurso de casación — Motivos — Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal General — No determinación del error de Derecho invocado — Inadmisibilidad [Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, párr. 1, letra c)] (véanse los apartados 62, 66 y 67)

Objeto del litigio

Objeto

Recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General (Sala Quinta) de 1 de julio de 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Comisión (T‑62/08), Cementir Italia/Comisión (T‑63/08) y Nuova Terni Industrie Chimiche/Comisión (T‑64/08), en las que el Tribunal General desestimó los recursos de anulación formulado contra la Decisión 2008/408/CE de la Comisión, de 20 de noviembre de 2007, relativa a la ayuda estatal C 36/A/06 (ex NN 38/06) ejecutada por Italia en favor de ThyssenKrupp, Cementir y Nuova Terni Industrie Chimiche (DO 2008, L 144, p. 37).

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar los recursos de casación.

2) Condenar en costas a ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, Cementir Italia Srl y Nuova Terni Industrie Chimiche SpA.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Política social

—

Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo a tiempo parcial

—

Directiva 97/81/CE

—

Normativa nacional que exige la conservación y la publicidad de los contratos y horarios de los trabajadores a tiempo parcial (Directiva 97/81/CE del Consejo, anexo, cláusulas 4 y 5, ap. 1) (véanse los apartados 45, 46, 49, 50, 55 y 56 y el fallo)

Objeto del litigio

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Arbeidshof te Antwerpen (Afdeling Hasselt) — Interpretación de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9) — Legislación nacional que establece un sistema de publicidad y de control de los horarios de los trabajadores contratados a tiempo parcial, consistente en la redacción y conservación obligatorias, bajo sanción de carácter penal o administrativo, de documentos que mencionen el horario exacto de las prestaciones de cada trabajador.

Parte dispositiva

Fallo

La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, anexo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impone a los empresarios obligaciones de conservación y de publicidad de los contratos y de los horarios de los trabajadores a tiempo parcial si se asegura que dicha normativa no da lugar a que se trate a tales trabajadores de manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo que se encuentren en una situación comparable o si se asegura, de existir una diferencia de trato, que ésta resulta justificada por razones objetivas y no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente proceder a las comprobaciones de carácter fáctico y jurídico que sean necesarias, en particular, a la luz del Derecho nacional aplicable, con el fin de apreciar si así sucede en el asunto de que conoce.

En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que la normativa nacional controvertida en el litigio principal es incompatible con la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, anexo a la Directiva 97/81, habrá que interpretar la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo en el sentido de que se opone asimismo a dicha normativa.
Petición de decisión prejudicial — Commissione tributaria provinciale di Taranto — Interpretación del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108, p. 33), y de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108, p. 21) — Imposición de un gravamen de autorización gubernamental en caso de contrato de abono telefónico — Gravamen no aplicado en caso de tarjeta telefónica de prepago — Procedencia.
11

Tras recordar la jurisprudencia comunitaria sobre el concepto de error excusable, el Tribunal de Primera Instancia, en los apartados 19 a 21 del auto recurrido, desestimó a continuación la alegación de la recurrente, basada en la existencia de tal error, en los siguientes términos: «19 Sin embargo, en el caso de autos no cabe admitir que se produjera un error excusable, en primer lugar, porque, al calcular el plazo para interponer recurso, la demandante no aplicó el artículo 101, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento de Procedimiento según su claro tenor, sino conforme a una interpretación hecha por otra institución de otra disposición, cuyo tenor es diferente y que figura en otra normativa que resulta aplicable en el marco de un procedimiento seguido ante esa otra institución. Ahora bien, es preciso declarar que el comportamiento de la institución afectada, el Tribunal de Primera Instancia, no incitó a la demandante a actuar de este modo, cosa que ésta tampoco ha alegado. 20 En segundo lugar, la normativa relativa a los plazos aplicable en el presente asunto es clara y no presenta ninguna dificultad especial de interpretación […]. 21 En tercer lugar, la demandante no actuó con diligencia al intentar obtener confirmación de la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia de su cómputo del plazo para interponer la demanda en el plazo fijado. En efecto, no entra dentro de las atribuciones y competencias de los funcionarios de la Secretaría pronunciarse sobre el cómputo del plazo para interponer recurso […].»
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Impuesto sobre las aportaciones que grava a las sociedades de capital

[Directiva 69/335/CEE del Consejo, arts. 11, letra a), y 12, ap. 1, letra a)]

Índice

La Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales y, más concretamente, sus artículos 11, letra a), y 12, apartado 1, letra a), no se oponen a una normativa de un Estado miembro que, a fin de impedir la elusión fiscal en el marco de la transmisión de bienes inmuebles mediante la interposición de sociedades, sujeta las transmisiones de valores al impuesto sobre transmisiones patrimoniales cuando dichas transmisiones de valores representan participaciones en el capital social de sociedades cuyo activo está constituido al menos en su 50 % por inmuebles y el adquirente obtiene como resultado de la referida transmisión una posición tal que le permite ejercer el control sobre la entidad de que se trate, incluso en los supuestos en que, por un lado, no hubo intención de eludir el impuesto y, por otro, dichas sociedades son plenamente operativas y los inmuebles no pueden disociarse de la actividad económica desarrollada por dichas sociedades.

(véanse el apartado 21 y el fallo)
7

El artículo 1000 de la CA 2006 establece: «1. Cuando el registrador tenga motivos suficientes para creer que una sociedad no tiene actividad, podrá remitir a la sociedad una carta por correo solicitando información acerca de este extremo. 2. En el supuesto de que el registrador no reciba ninguna respuesta en el plazo de un mes desde la expedición de la carta, deberá remitir a la sociedad, en los catorce días siguientes al vencimiento de ese plazo de un mes, una carta por correo certificado en la que se haga mención a la primera carta y en la que se señale: a) que no se ha recibido ninguna contestación a la primera carta, y b) que, de no recibirse una contestación a la segunda carta en el plazo de un mes desde la fecha de la misma, se insertará un anuncio en el Boletín con vistas a cancelar la inscripción de la sociedad en el Registro. 3. En el supuesto de que el registrador a) reciba contestación en el sentido de que la sociedad no tiene actividad, o b) no reciba ninguna contestación en el plazo de un mes desde la expedición de la segunda carta, podrá insertar un anuncio en el Boletín y enviar este anuncio a la sociedad por correo indicando que, al vencimiento del plazo de tres meses desde su publicación, el nombre de la sociedad que figura en dicho anuncio será cancelado del Registro y la sociedad quedará disuelta, salvo que se expongan razones suficientes que justifiquen lo contrario. 4. Al vencimiento del plazo mencionado en el anuncio el registrador podrá cancelar el nombre de la sociedad del Registro, salvo que ésta exponga previamente razones suficientes que justifiquen lo contrario. 5. El registrador insertará un anuncio en el Boletín indicando que el nombre de la sociedad ha sido cancelado del Registro. 6. La sociedad quedará disuelta en la fecha de publicación del anuncio en el Boletín. 7. Sin perjuicio de lo anterior, a) se mantendrá la responsabilidad que, en su caso, pudiera corresponder a los directivos, consejeros y miembros de la sociedad, que podrá exigirse como si la sociedad no hubiera sido disuelta, y b) lo dispuesto en este artículo no afectará a la facultad de los tribunales para liquidar la sociedad cuyo nombre haya sido cancelado del Registro.»
1)

El Derecho comunitario, en particular el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en relación con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de , relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), no se opone a que los Estados miembros establezcan una obligación de transmitir a terceros particulares datos de tráfico personales para permitir ejercer acciones ante la jurisdicción civil contra las infracciones al Derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, el Derecho comunitario exige que dichos Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a las Directivas 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de , relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de , relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, 2002/58 y 2004/48, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales de que se trate. Asimismo, en el momento de aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a dichas Directivas, las autoridades y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con estas mismas Directivas, sino también no basarse en una interpretación de éstas que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad.