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115.

Coincido con la Comisión en que no cabe considerar que ello suponga la autorización de una ayuda. Del artículo 3 del Reglamento n.o 659/1999 (cuyo contenido es idéntico al del artículo 3 del Reglamento 2015/1589) se deduce que no pueden concederse ayudas que deban notificarse antes de que la Comisión haya adoptado una decisión de autorización. Queda claro con arreglo al artículo 4 del Reglamento n.o 659/1999 (igual que con arreglo al artículo 4 del Reglamento 2015/1589) que la decisión de la Comisión se produce en virtud de una notificación de la ayuda por parte del Estado miembro. En el presente asunto no hay tal notificación. Es decir, ni la Comisión tuvo ocasión de emitir la autorización, ni el Reino de España motivos para considerar que había una autorización, como muestra claramente la redacción del escrito.
5.

El artículo 4, apartados 1 y 4, de dicha Directiva, titulado «Categorías, definiciones y edades mínimas», dispone que: «1. El permiso de conducción previsto en el artículo 1 autorizará a conducir vehículos de motor de las categorías que se definen a continuación. Podrán expedirse a partir de la edad mínima indicada para cada categoría. El término “vehículo de motor” designará todo vehículo autopropulsado que circule por carretera por sus propios medios, con excepción de los vehículos que se desplacen sobre raíles. […] 4. automóviles: – el término “automóvil” designará aquellos vehículos de motor, utilizados generalmente para transportar por carretera personas o cosas o para remolcar por carretera vehículos utilizados en el transporte de personas o cosas. Este término incluye a los trolebuses, es decir, los vehículos conectados a una línea eléctrica y que no circulan sobre raíles. No incluye a los tractores agrícolas y forestales; […] d) Categoría C1: automóviles distintos de los de las categorías D1 y D, cuya masa máxima autorizada supere los 3500 kg, pero no sobrepase los 7500 kg, y que se hayan diseñado y construido para el transporte de un máximo de ocho personas sin incluir al conductor; los automóviles que se puedan conducir con un permiso de la categoría C1 podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no supere los 750 kg. […] f) Categoría C: automóviles distintos de los de las categorías D1 o D cuya masa máxima autorizada exceda de 3500 kg y hayan sido diseñados y construidos para el transporte de un máximo de ocho pasajeros sin incluir el conductor; los automóviles de esta categoría que se puedan conducir con un permiso de la categoría C podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. […] h) Categoría D1: automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 16 personas, sin incluir al conductor, y cuya longitud máxima sea de 8 m; los automóviles que se puedan conducir con un permiso de la categoría D1 podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no supere los 750 kg; […] j) Categoría D: automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de 8 personas sin incluir al conductor; los automóviles que se puedan conducir con un permiso de la categoría D podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg; […]».
130.

En cuanto a la acusación hecha al Tribunal General de no haber detectado ni censurado la contradicción entre los dos motivos en que se basó la Comisión para considerar que el criterio del inversor privado era inaplicable, y que fue formulada por la SNCF en la fase de réplica, me limitaré a hacer constar que tal contradicción no se invocó ante el Tribunal General. En cualquier caso, como ha señalado la Comisión, la Decisión Sernam 2 es una decisión con múltiples aspectos, que se inscribe a la vez en un contexto de recuperación de la ayuda de 41 millones de euros y de establecimiento de condiciones para la ayuda a la reestructuración. Por lo tanto, no cabe criticar al Tribunal General por no haber identificado una contradicción que no sólo no existe, sino que, además, no fue alegada ante él.
30.

Las partes del litigio principal y los cuatro Estados miembros coadyuvantes tienen opiniones divididas a este respecto. Louboutin alega, en particular, que el concepto de signo constituido «exclusivamente» por la forma del producto no engloba las marcas de posición, como su marca consistente en la suela roja, que no están constituidas por un modelo determinado de producto, sino que pueden incorporarse a diferentes modelos del producto. En cambio, Van Haren afirma que el color puede considerarse parte integrante de la forma del producto, como ocurre en el caso de la marca controvertida. Por su parte, la Comisión señala que no se excluye que un signo constituido por la forma del producto pueda tener también un color, pero que, en el contexto objeto de discusión, el color por sí solo se percibe como un factor autónomo respecto del producto y, por lo tanto, independiente de la forma del producto. Indica, en consecuencia, que sus observaciones se refieren a un color en sí mismo.
6.

En el Derecho del Reino Unido, el régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas fue establecido por el artículo 54 de la Value Added Tax Act 1994 (Ley de 1994 relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido; en lo sucesivo, «Ley de 1994»). La Value Added Tax (Flat-rate Scheme for Farmers) (Percentage Addition) Order 1992, SI 1992/3221 [Orden de 1992 relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido (Régimen Común de Tanto Alzado de los Productores Agrícolas) (Suplemento Porcentual), Instrumento Normativo 1992/3221], fija en un 4 % el porcentaje a tanto alzado de compensación. Este porcentaje se aplica a todos los productores agrícolas acogidos al régimen de tanto alzado. El artículo 206 del Value Added Tax Regulations 1995 (Reglamento de 1995 relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido), que figura en la sección XXIV de este último, en desarrollo del artículo 54 de la Ley de 1994, define los supuestos en que los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Administración Tributaria y Aduanera, Reino Unido; en lo sucesivo, «Administración tributaria») pueden anular el certificado de adhesión de la explotación agrícola al régimen de tanto alzado. Entre tales supuestos figura que la Administración tributaria considere que la anulación del certificado es necesaria a fin de mantener los ingresos.
71.

Las medidas que pueden razonablemente exigirse de una empresa en cada Estado miembro, antes de que pueda rectificar su deuda tributaria debido al impago de la contraprestación, dependen de las circunstancias concretas de cada país, y el Tribunal de Justicia no puede predecirlas in abstracto. En cambio, el órgano jurisdiccional remitente debe evaluar en cada caso concreto la no aplicación de la rectificación obligatoria prevista en el Derecho nacional, en el marco de una apreciación general o bien aplicarla de conformidad con la Directiva. No obstante, el Tribunal de Justicia puede facilitar elementos de referencia al respecto al órgano jurisdiccional remitente.
12.

A tenor del artículo 3 de la Decisión Marco 2008/675: «1. Cada Estado miembro garantizará que se tomen en consideración, con motivo de un proceso penal contra una persona, las condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros contra la misma persona por hechos diferentes, sobre las cuales se haya obtenido información a través de los instrumentos de asistencia judicial aplicables o mediante el intercambio de información extraída de los registros de antecedentes penales, en la medida en que se tomen en consideración las condenas nacionales anteriores y se atribuyan a aquellas condenas los mismos efectos jurídicos que a las condenas nacionales anteriores, de conformidad con el Derecho nacional. 2. El apartado 1 se aplicará en la fase previa al proceso penal, durante el propio proceso y en la fase de ejecución de la condena, en particular por lo que respecta a las normas de procedimiento aplicables, incluidas las relativas a la detención provisional, la calificación de la infracción, el tipo y el nivel de la pena impuesta, e incluso las normas que rigen la ejecución de la resolución. 3. La consideración de condenas anteriores impuestas en otros Estados miembros, conforme a lo dispuesto en el apartado 1, no tendrá por efecto que haya una interferencia en el Estado miembro en que se desarrolle el nuevo proceso en condenas anteriores o en cualquier resolución relativa a su ejecución, ni una revocación o revisión de las mismas por dicho Estado miembro. 4. De conformidad con el apartado 3, lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará en la medida en que, de haber sido la condena anterior una condena nacional del Estado miembro en el que se desarrolle el nuevo proceso, la consideración de la condena anterior hubiera tenido por efecto, de conformidad con el Derecho nacional de dicho Estado miembro, una interferencia en la condena anterior o en cualquier resolución relativa a su ejecución, o una revocación o revisión de éstas. 5. Si la infracción penal por la que se desarrolla el nuevo proceso se cometió antes de que la condena anterior se haya dictado o ejecutado por completo, los apartados 1 y 2 no tendrán por efecto el de exigir a los Estados que apliquen su legislación nacional relativa a la imposición de sanciones, si la aplicación de dichas normas a las condenas extranjeras limitara al órgano jurisdiccional al imponer una sanción en el nuevo proceso. No obstante, los Estados miembros garantizarán que, en tales casos, sus órganos jurisdiccionales puedan tener en cuenta a otros efectos las condenas anteriores dictadas en otros Estados miembros.»
46.

Por lo que respecta al principio de seguridad jurídica, éste se opone a que las Directivas impongan obligaciones a los particulares. De las disposiciones de una Directiva sólo se pueden deducir derechos para los mismos. Por consiguiente, un particular no puede invocar una Directiva contra un Estado miembro cuando se trata de una obligación estatal que está directamente relacionada con la ejecución de otra obligación que incumbe a un tercero, en virtud de esta Directiva. En cambio, las meras repercusiones negativas sobre los derechos de terceros, incluso si pueden preverse con seguridad, no justifican que se niegue a un particular la posibilidad de invocar las disposiciones de una Directiva contra el Estado miembro de que se trate. ( 22 )
26.

En particular, considera que, dado que el ejercicio de los recursos en materia penal o social no supone una restricción para el abogado de otro Estado miembro relativa a la obligación de recurrir a un avocat de concert (abogado con el que se ha de colaborar) que sea miembro del colegio de abogados de la sede del órgano jurisdiccional en cuestión, puede parecer que no es conforme a la libertad de ejercicio de la prestación de servicios imponer a un abogado de otro Estado miembro la obligación de recurrir a un abogado que sea miembro del colegio de abogados de la sede del órgano jurisdiccional en cuestión para utilizar la RPVA.
27.

El motivo del cambio en la retribución debe ser necesariamente la transmisión cuando, como sucede en el presente asunto, no ha habido una nueva negociación, al margen de la transmisión, sobre la antigüedad de los trabajadores que ha de tener en cuenta el empleador para calcular el plazo de preaviso por finalización de contrato. En otras palabras, «al margen del supuesto de una transmisión de empresa, [no se ha modificado] la relación laboral en un sentido desfavorable para los trabajadores por lo que respecta […] a sus condiciones retributivas» (el subrayado es mío). ( 14 ) Los convenios colectivos de obligatorio cumplimiento para el cedente y el cesionario en la fecha de las respectivas transferencias contenían disposiciones idénticas a este respecto, de modo que no se acordó garantizar ciertas condiciones laborales más allá de una fecha determinada. ( 15 )
25.

El 24 de diciembre de 2015, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales) (Sala de lo Civil)] del Reino Unido, que conoce actualmente del litigio, planteó ante el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 267 TFUE, las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Por lo que respecta al artículo 132, apartado 1, letra i), de la Directiva del IVA, los servicios de restauración y de entretenimiento prestados a título oneroso por un centro educativo a particulares (que no son destinatarios de la prestación principal consistente en la enseñanza), ¿están “directamente relacionados” con la prestación de servicios de enseñanza cuando, en su realización, intervienen los estudiantes (destinatarios de la prestación principal consistente en la enseñanza) en el marco de su formación y como parte esencial de ella? 2) A efectos de determinar si los servicios de restauración y de entretenimiento están comprendidos en la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra i), como servicios “directamente relacionados” con la enseñanza, a) ¿resulta pertinente que los estudiantes se beneficien de participar en la realización de las prestaciones de que se trata, pero no del objeto de dichas prestaciones? b) ¿resulta pertinente que dichas prestaciones no las reciban ni consuman directa o indirectamente los estudiantes, sino particulares que pagan por ellas y que no son destinatarios de la prestación principal consistente en la enseñanza? c) ¿resulta pertinente que, desde el punto de vista del destinatario medio de los servicios de que se trata (es decir, los particulares que pagan por ellos), las prestaciones no constituyan un medio de disfrutar en las mejores condiciones de otra prestación, sino que sean un fin en sí mismo? d) ¿resulta pertinente que, desde el punto de vista de los estudiantes, las prestaciones de que se trata no sean un fin en sí mismo, sino que participar en su realización constituya un medio de disfrutar en las mejores condiciones de la prestación principal consistente en los servicios de enseñanza? e) ¿en qué medida debe tomarse en consideración el principio de neutralidad fiscal?»
1)

El Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, apartado 1, letra c), y 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al adoptar y mantener disposiciones que eximen del IVA las prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones autónomas de personas a favor de sus miembros incluso cuando dichas prestaciones no tengan por objeto proporcionar los servicios directamente necesarios para el ejercicio de una actividad exenta de los miembros o de una actividad para la que éstos no tienen la cualidad de sujeto pasivo.
97.

La única alegación admisible se refiere a una desnaturalización de los hechos y de las pruebas supuestamente cometida por el Tribunal General al afirmar que la recurrente no había demostrado que, a raíz de la anulación del encargo de Siemens, no pudo ejecutar el contrato en cuestión sin recurrir a subcontratistas. La recurrente alega, a este respecto, que el Tribunal General debería haber sabido que no era fabricante y que dependía, por tanto, de sus proveedores y sub-contratistas. No obstante, me parece que esta alegación se basa en una lectura errónea del apartado 130 de la sentencia recurrida. En efecto, en mi opinión, el Tribunal General no pretendía afirmar que la propia recurrente hubiera podido fabricar los equipos y máquinas objeto del contrato, sino que, en su caso, podría haber adquirido este material de otros proveedores distintos de Siemens, por ejemplo de proveedores no europeos, en lugar de subcontratar el suministro. Por lo tanto, no ha quedado demostrada la desnaturalización, única alegación formulada por la recurrente en relación con ese apartado de la sentencia recurrida.
25.

Pero de ahí no se puede deducir, a sensu contrario, que las cuestiones sobre la capacidad jurídica estén totalmente incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis. Por una parte, en contra de su inclusión se puede aducir la jurisprudencia relativa a las disposiciones precedentes ( 6 ) del Reglamento Bruselas I y del Convenio. ( 7 ) Por otra, procede señalar que el concepto de «estado y capacidad» y el área temática al que hace referencia deben interpretarse de forma autónoma dentro del Derecho de la Unión y que en otras versiones lingüísticas del Reglamento se utilizan términos tan amplios como «capacité» o «legal capacity». Estos conceptos jurídicos, a diferencia de la versión alemana, no permiten presumir que la cláusula de exclusión del artículo 1, apartado 2, letra a), del Reglamento Bruselas I bis no comprenda precisamente las cuestiones de la capacidad jurídica. Por el contrario: las diferenciaciones como las que hace la doctrina alemana dentro de la tríada conceptual «capacidad jurídica, capacidad contractual y capacidad de actuación» podrían no tener cabida desde una concepción monista como la de la «capacité juridique».
26.

No obstante, las vías para invocar la autonomía que el Derecho de la Unión exige de las unidades consultadas no pueden ser menos favorables que las aplicables a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no han de hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). ( 9 ) Con arreglo al principio de efectividad, los órganos jurisdiccionales que conocen de dichos asuntos deben adoptar, sobre la base de su ordenamiento nacional, medidas dirigidas a suspender o a anular el plan o programa que haya sido adoptado sin cumplir la obligación de llevar a cabo una evaluación de impacto medioambiental con arreglo a la Directiva 2001/42. ( 10 )
60.

En primer lugar, esta solución integraría en el régimen del IVA actividades que no están sometidas al mismo. Como he expuesto en el punto 50 de las presentes conclusiones, la tasa de radio no puede analizarse independientemente de la actividad a la que financia. Debido a esta financiación, esta actividad no se realiza a título oneroso y no está sometida al régimen del IVA. Si el mecanismo previsto en el artículo 19 de la Sexta Directiva no es aplicable a las actividades no gravadas, ( 22 ) no será posible incluir en el mismo los importes correspondientes a estas actividades.
6.

Este recurso fue desestimado mediante sentencia del Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del contencioso de extranjería) de 30 de abril de 2014. En dicha sentencia, éste señaló, en particular, lo siguiente: «En cualquier caso, el Conseil constata que transcurrió cerca de un año entre la presentación por la parte recurrente de su contrato de trabajo con la sociedad [...] y el informe del inspector de trabajo del [Instituto Nacional de la Seguridad Social] que condujo a la adopción de la resolución [controvertida], período durante el cual la parte recurrente no facilitó ni comunicó a la parte recurrida ninguna información relativa a los problemas, alegados en el recurso, que afirmó haberse encontrado en torno a su contrato de trabajo con dicha sociedad. Pues bien, si la parte recurrente estimaba que podía alegar datos que pudieran impedir la revocación de su autorización de residencia, le correspondía a ella ponerlos en conocimiento de la parte recurrida, y no era ésta quien debía instar a la parte recurrente a presentar sus observaciones al respecto. En efecto, el Conseil recuerda que corresponde al recurrente aportar la prueba de que cumple los requisitos inherentes al derecho que reclama y al mantenimiento de ese derecho. La parte recurrente, dado que solicitó un certificado de registro en Bélgica como trabajador por cuenta ajena, podía o debía, por un lado, contar legítimamente con que la inejecución de su contrato de trabajo (aunque fuera ajena a su voluntad) tendría consecuencias sobre su autorización de residencia y, por otro, ser consciente de que era necesario comunicar esa información de forma espontánea a la parte recurrida, lo que, como se desprende del expediente administrativo, no sucedió. En cuanto al hecho de que la parte recurrente “no ha recibido, como se afirma en la investigación, ninguna notificación por correo certificado y, por tanto, no ha tenido la posibilidad de ser oída”, éste no puede cuestionar dicha apreciación, puesto que las objeciones manifestadas por dicha parte se refieren a su audiencia por el inspector de trabajo responsable del informe del [Instituto Nacional de la Seguridad Social] de 4 de septiembre de 2013 (cuya audiencia, por lo demás, no se basa únicamente en declaraciones sino también en constataciones objetivas que no fueron impugnadas por la parte recurrente) y no aluden directamente a la resolución [controvertida].»
31.

Precisamente por apartar del beneficio del crédito fiscal a los pensionistas residentes cuyos ingresos tributan en Luxemburgo, la norma nacional controvertida no es idónea, según la Comisión, para cumplir el objetivo de interés general que pretende. A este respecto, señala que el crédito fiscal se aplica con independencia del importe de la pensión, excepto para las que no llegan a 300 euros anuales o a 25 euros mensuales, por lo que no está específicamente pensado para las categorías más débiles de la población desde el punto de vista económico y social. Por eso, los contribuyentes residentes que ingresan una pensión procedente de otro Estado miembro pero que tributa en Luxemburgo, incluso siendo una cantidad modesta, no se benefician del crédito fiscal, al no estar sujetos a una retención en origen en dicho país. De ahí que el criterio que vincula la bonificación (el crédito fiscal) al lugar del origen de las pensiones imponibles en Luxemburgo ni siquiera se adecúa al objetivo perseguido por el derecho nacional.
30.

Pero esta apreciación de la Comisión se basa en una interpretación errónea. Para valorar si una persona ha actuado en el marco de una actividad económica no se ha de atender al hecho de si ha facturado o no el IVA. Más bien, lo que se ha de comprobar es si el hecho o la omisión se realizaron correctamente, y esto depende precisamente, en particular, de si su actividad debe calificarse de económica a efectos del artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva del IVA. Si no fuera así, cualquier sujeto pasivo podría eludir sus obligaciones de pago del IVA simplemente no facturando ese impuesto a sus clientes.
43.

No obstante, procede señalar que la acción basada en el artículo 17, apartado 2, letra c), de la Directiva 86/653 no debe eludir el principio de no acumulación consagrado en la jurisprudencia, so pena de generar una situación se sobrecompensación a favor del agente contraria a los objetivos que persigue dicha Directiva. Por tanto, el perjuicio invocado en esa acción debe ser claramente independiente del cubierto por la indemnización. Admitir que la reparación de daños complementarios prevista en esa disposición también puede compensar la pérdida de retribución futura conllevaría que se vulnerase el límite máximo de la indemnización por clientela previsto en la Directiva 86/653.