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Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 27 de septiembre de 2017 —

BelTechExport/Consejo

(Asunto T‑765/15)

«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Bielorrusia — Congelación de fondos — Suspensión de las medidas — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Derecho a ser oído — Error de apreciación»

1. Recurso de anulación—Interés en ejercitar la acción—Interés que ha de apreciarse en la fecha de interposición del recurso—Recurso interpuesto contra un acto que impone medidas restrictivas al demandante—Suspensión temporal de la aplicación de actos recurridos durante el procedimiento—Declaración de sobreseimiento—Improcedencia—Mantenimiento del interés del demandante en obtener el reconocimiento de la ilegalidad del acto recurrido [Decisión (PESC) 2015/1957 del Consejo; Reglamento (UE) 2015/1948 del Consejo] (véanse los apartados 27 y 31)

2. Actos de las instituciones—Motivación—Obligación—Alcance—Medidas restrictivas contra Bielorrusia—Congelación de los fondos de determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Bielorrusia—Requisitos mínimos [Art. 296 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra c); Decisión (PESC) 2015/1957 del Consejo; Reglamento (UE) 2015/1948 del Consejo] (véanse los apartados 42 y 44)

3. Recurso de anulación—Motivos—Falta de motivación o motivación insuficiente—Motivo distinto del que impugna la legalidad en cuanto al fondo (Arts. 263 TFUE y 296 TFUE) (véase el apartado 51)

4. Política exterior y de seguridad común—Medidas restrictivas contra Bielorrusia—Congelación de fondos—Derecho de defensa—Comunicación de las pruebas inculpatorias—Decisión posterior que mantiene el nombre del demandante en la lista de las personas afectadas por esas medidas—Fundamento de dicha decisión en nuevos elementos que no figuraban en la decisión inicial—Vulneración del derecho a ser oído [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra a); Decisión (PESC) 2012/1957 del Consejo; Reglamento (UE) 2015/1948 del Consejo] (véanse los apartados 59 y 60)

5. Unión Europea—Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones—Medidas restrictivas contra Bielorrusia—Alcance del control [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Decisión (PESC) 2012/1957 del Consejo; Reglamento (UE) 2015/1948 del Consejo] (véanse los apartados 78 y 79)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión (PESC) 2015/1957 del Consejo, de 29 de octubre de 2015, por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (DO 2015, L 284, p. 149), y del Reglamento (UE) 2015/1948 del Consejo, de 29 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO 2015, L 284, p. 62), en la medida en que estos actos afectan a la demandante.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) BelTechExport ZAO cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 8 de mayo de 2017 —

Les Éclaires/EUIPO — L’éclaireur International (L’ECLAIREUR)

(Asunto T‑680/15)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca denominativa de la Unión L’ECLAIREUR — Uso efectivo de la marca — Artículo 15, apartado 1, artículo 51, apartado 1, letra a), y artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Regla 22, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 2868/95 — Supuesta divergencia en relación con la parte C, sección 6, de las Directrices relativas al Examen ante la EUIPO»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación — Denominación social, nombre comercial o rótulo [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, y 51, ap. 1, letra a); Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, Reglas 22, aps. 3 y 4, y 40, ap. 5] (véanse los apartados 29 a 35)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Determinación de un umbral cuantitativo para el uso mínimo — Exclusión [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, y 51, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 37)

3. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Procedimiento de oposición — Examen limitado a los motivos invocados — Consideración de hechos notorios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 76, ap. 1] (véase el apartado 56)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 3 de septiembre de 2015 (asunto R 2266/2014‑1) relativa a un procedimiento de caducidad entre Les Éclaires y L’éclaireur International.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 1 de marzo de 2017 —

Universiteit Antwerpen/REA

(Asunto T‑208/15)

«Cláusula compromisoria — Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013) — Acciones Marie Curie — Investigadores noveles — Convocatoria de propuestas FP7‑People-ITN‑2008 — Acuerdos de subvención — Costes subvencionables — Devolución de importes satisfechos — Concepto de acogida de investigadores — Proporcionalidad»

1. Procedimiento judicial — Sometimiento del asunto al Tribunal General en virtud de una cláusula compromisoria — Contrato regido por el Derecho nacional — Aplicabilidad del Derecho nacional material — Inaplicabilidad de la normativa nacional en materia de competencia (Art. 272 TFUE) (véanse los apartados 52 a 55)

2. Procedimiento judicial — Sometimiento del asunto al Tribunal General en virtud de una cláusula compromisoria — Contratos celebrados en el marco de un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración — Objetivos (Art. 272 TFUE) (véase el apartado 65)

3. Procedimiento judicial — Sometimiento del asunto al Tribunal General en virtud de una cláusula compromisoria — Contratos celebrados en el marco de un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración — Concepto de acogida de investigadores (Art. 272 TFUE) (véanse los apartados 81 a 85, 93, 104 y 116)

Objeto

Recurso basado en el artículo 272 TFUE mediante el que se solicita, por una parte, que se declare que los acuerdos de subvención n.o 238214 «C7» (Cerebellar-Cortical Control: Cells, Circuits, and Clinic) y n.o 238686 «CEREBNET» (Timing and plasticity in the olivo-cerebellar system), celebrados en el marco de la convocatoria de propuestas FP7-People-ITN-2008, no pueden interpretarse en el sentido de que imponen a los beneficiarios la obligación de proporcionar la formación a los investigadores noveles exclusivamente en sus propios locales y, por lo tanto, que confirme que la REA no puede declarar no subvencionables la parte de los costes relativa a la formación de tres investigadores noveles fuera de los locales de la demandante, y, por otra parte, que se condene a la REA a abonar todos los gastos relativos a la formación de dichos investigadores noveles que fueron comunicados por la demandante, más los intereses a contar desde la fecha del vencimiento de los pagos en virtud de los Acuerdos.

Fallo

1) Condenar a la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) a abonar a la Universiteit Antwerpen el importe de 45526,73 euros, correspondiente al pago de determinados costes subvencionables con arreglo al Acuerdo «Cerebnet» n.o 238686 celebrado en el contexto del Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013), más los intereses pactados a contar desde la fecha del vencimiento de dicha cantidad con arreglo al referido Acuerdo.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
Los signos sonoros no son inadecuados por naturaleza para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra empresa. En estas circunstancias, el artículo 4 del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que los sonidos pueden constituir marcas, siempre que, además, puedan ser objeto de representación gráfica. No se rebate que la indicación de notas musicales en un pentagrama, acompañada de una clave, de silencios y alteraciones, sea una «representación gráfica» en el sentido del artículo 4 del Reglamento n.o 207/2009. Aun cuando una representación de esa índole no es inmediatamente inteligible, no es menos cierto que puede serlo con facilidad, permitiendo de este modo a las autoridades competentes y al público, en particular a los operadores económicos, conocer exactamente el signo cuyo registro como marca se solicita.

(véanse los apartados 32 a 35)
No puede impedirse que las partes o el propio Tribunal, al interpretar el Derecho de la Unión, se inspiren en elementos basados en la jurisprudencia de la Unión, nacional o internacional. La posibilidad de invocar sentencias nacionales no aparece contemplada por la jurisprudencia conforme a la cual el objeto del recurso de que conoce el Tribunal consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso a la vista de los elementos presentados por las partes ante éstas, puesto que no se trata de reprochar a las Salas de Recurso que no tuvieran en cuenta hechos de una sentencia nacional en concreto, sino de invocar sentencias en apoyo de un motivo basado en la violación por las Salas de Recurso de una disposición del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea.

(véase el apartado 55)
4.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Concurrencia de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 36)
74

Como afirma la Comisión, es cierto que el asunto que dio lugar a la sentencia de 3 de abril de 2014, Comisión/Países Bajos e ING Groep (C‑224/12 P, EU:C:2014:213), concierne a la aplicabilidad del principio del operador privado en una economía de mercado (que la Comisión no aplicó a la modificación de las condiciones de reembolso), y no a su aplicación concreta. No obstante, revela que, para analizar la existencia de una ayuda en una medida posterior, la circunstancia de que una medida previa contenga un elemento de ayuda no basta para negarse a considerar el efecto de esa medida. Si el argumento de la Comisión fuera fundado, nunca habría lugar a aplicar el principio del operador privado en una economía de mercado a la modificación ulterior de una medida que contenía en su origen un elemento de ayuda. Por tanto, su decisión no habría debido ser anulada, como hizo el juez de la Unión en ese asunto. Por otro lado, como manifiesta el Tribunal de Justicia en la sentencia mencionada, lo determinante para el análisis de la medida posterior es si ese comportamiento del Estado obedecía a un criterio de racionalidad económica (sentencia de 3 de abril de 2014, Comisión/Países Bajos e ING Groep, C‑224/12 P, EU:C:2014:213, apartado 36).
139

En tercer término, en lo que atañe a la alegación de que la coadyuvante debería haber podido encontrar las solicitudes de registro de marcas nacionales LUCEO, procede señalar que la Sala de Recurso declaró fundadamente que la alternancia entre las solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas y el impago de las tasas de depósito relativas a éstas hacían que la manera de proceder del Sr. A. fuera menos transparente para terceros. En efecto, después de descubrir una solicitud de registro de una marca alemana o austriaca, respecto de la cual no se había pagado la tasa de depósito, un tercero podía suponer, ciertamente, que se iba a proceder al pago de la tasa y al registro de la marca. Sin embargo, lo que no podía razonablemente suponer es que dicha tasa no se iba a abonar y que, justo antes de la expiración del plazo de reflexión de seis meses establecido en el artículo 29 del Reglamento n.o 207/2009, se iba a presentar otra solicitud de registro de la marca nacional LUCEO en otro Estado miembro, ya que tal comportamiento es contrario al espíritu del Reglamento n.o 207/2009 por los motivos expuestos en los anteriores apartados 51 y 52.
62

Habida cuenta de estas consideraciones, debe señalarse que la circunstancia de que la Comisión no divulgase a los tres primeros demandantes los elementos en los que se asienta la inclusión de sus nombres en la lista de personas contempladas en el artículo 6 del Reglamento n.o 314/2004 no ha conllevado la violación de su derecho de defensa. En efecto, esta omisión no ha impedido que estos últimos hayan expuesto su punto de vista, después de haber tenido conocimiento de un conjunto de elementos que ellos mismos consideran que constituye el núcleo esencial de la información tenida en cuenta por las instituciones competentes para basar una motivación que, por otro lado, siguió siendo la misma durante todo el tiempo de la referida inclusión. Por otro lado, dadas las apreciaciones que figuran en el apartado 20 anterior, de las que resulta que la cuarta demandante no fue incluida en las listas en cuestión, no puede estimarse ninguna violación del derecho de defensa de esta última. [omissis]
12

A continuación, en lo que atañe al examen del recurso en cuanto al fondo, en primer lugar, la Sala de Recurso estimó que la apreciación de la ABE según la cual los dos directores contra los que la demandante dirigía sus imputaciones en la denuncia no habían desempeñado funciones clave en la entidad financiera de que se trataba no era errónea y que las alegaciones relativas al tercer director no habían sido acreditadas. En segundo lugar, la Sala de Recurso señaló que, habida cuenta de que la demandante no se contaba entre las que podían presentar una solicitud de inicio de una investigación a la ABE por infracción del Derecho de la Unión, el caso de autos se refería a una negativa de esta autoridad a iniciar una investigación por su propia iniciativa. Además, declaró que, a la vista de las pruebas presentadas por la demandante en apoyo de la existencia de una supuesta infracción del Derecho de la Unión y del reglamento interno, no había quedado demostrado que la ABE hubiese incurrido en error en el marco del ejercicio de su facultad discrecional. En tercer lugar, la Sala de Recurso señaló que la circunstancia de que la ABE no hubiera oído a la demandante antes de adoptar su Decisión, con arreglo al artículo 39, apartado 1, del Reglamento no 1093/2010, no constituía un vicio de forma que invalidase dicha Decisión. En cuarto lugar, la Sala de Recurso estimó que no se había demostrado que no se hubiera seguido el procedimiento previsto antes de la adopción de la Decisión de la ABE. Por último, en quinto lugar, la Sala de Recurso consideró que no había quedado acreditado que la ABE hubiera vulnerado en modo alguno el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
No obstante, dado que la normativa relativa al sector de las telecomunicaciones define el marco jurídico aplicable a este y que, de este modo, contribuye a determinar las condiciones de competencia en las que una empresa de telecomunicaciones ejerce sus actividades en los mercados de referencia, dicha normativa constituye un elemento pertinente para la aplicación del artículo 102 TFUE a los comportamientos adoptados por dicha empresa, en particular para apreciar el carácter abusivo de tales comportamientos.

Por lo que respecta a las prácticas que provocan un estrechamiento de márgenes, en la medida en que la empresa que ocupa una posición dominante fija sus precios en un nivel que cubre la parte esencial de los costes imputables a la comercialización del producto o al suministro de la prestación de servicios correspondiente, un competidor tan eficaz como esa empresa tiene, en principio, la posibilidad de competir con dichos precios sin incurrir en pérdidas inasumibles a largo plazo.

Ciertamente, si un margen es positivo, no cabe excluir que la Comisión pueda, en el marco del examen del efecto de expulsión de una práctica tarifaria, demostrar que la aplicación de dicha práctica tarifaria podía, por ejemplo, por una reducción de la rentabilidad, hacer más difícil a los operadores de que se trata el ejercicio de sus actividades en el mercado de que se trata. No obstante, habida cuenta de la presencia de márgenes positivos durante un período determinado, la Comisión está sujeta a una obligación específica con respecto a la prueba de los efectos de expulsión de la práctica de estrechamiento de márgenes reprochada a la empresa a lo largo de este período. Puede establecerse un paralelismo entre esta jurisprudencia y el artículo 2 del Reglamento n.o 1/2003, según el cual, en todos los procedimientos de aplicación del artículo 102 TFUE, la carga de la prueba de una infracción de este artículo recaerá sobre la parte o la autoridad que la alegue, a saber, en el presente asunto, la Comisión.

En este contexto, la simple afirmación de la Comisión de que los operadores diferentes de la empresa dominante estudian su capacidad para obtener un rendimiento razonable tomando en consideración un período superior, de varios años de duración, no puede constituir tal prueba. Esta circunstancia, suponiendo que estuviera acreditada, se basa en efecto en un examen prospectivo de rentabilidad, necesariamente aleatorio. Además, tal afirmación no puede constituir una prueba de los efectos de expulsión y no cumple el requisito derivado del principio de seguridad jurídica, según el cual una empresa dominante debe poder apreciar la conformidad de su propio comportamiento con el artículo 102 TFUE. Por este mismo motivo, la constatación de los márgenes negativos, mediante la aplicación del planteamiento basado en varios períodos (plurianual), no puede contradecir esta apreciación, dado que este planteamiento solo dio lugar a esta constatación a través de una ponderación de los márgenes positivos relativos a un año determinado con los márgenes negativos constatados respecto de los demás años.

(véanse los apartados 257, 259, 261, 262 y 264)
11.

Contratos públicos de la Unión Europea — Procedimiento de licitación — Adjudicación de los contratos — Oferta más ventajosa económicamente — Criterios de adjudicación — Selección realizada por el poder adjudicador — Criterios no exclusivamente cuantitativos — Procedencia — Criterio relativo a la importancia de la presentación de las ofertas — Procedencia [Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 110; Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, art. 149, ap. 2] (véanse los apartados 258 y 259)
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera)

de 8 de abril de 2016 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Asunto T‑638/14)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión FRISA — Marca figurativa anterior de la Unión Frinsa — Motivo de denegación relativo — Uso efectivo de la marca anterior — Presentación de hechos y pruebas nuevos en apoyo de un recurso interpuesto ante el Tribunal — Facultad de modificación — Artículo 42, apartados 2 y 3, artículo 65 y artículo 76, apartado 1, in fine, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Regla 22, apartados 2 a 4, del Reglamento (CE) n.o 2868/95»

1. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Nuevo examen de los hechos a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él — Exclusión [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65] (véase el apartado 22)

2. Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 42,aps. 2 y 3] (véanse los apartados 43 a 46)

3. Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Aplicación de los criterios al caso concreto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3] (véase el apartado 47)

4. Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Determinación de un umbral cuantitativo para el uso mínimo — Exclusión [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3] (véase el apartado 48)

5. Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación — Exigencia de elementos de prueba concretos y objetivos [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3] (véanse los apartados 49 y 50)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 1 de julio de 2014 (asuntos acumulados R 1547/2013‑4 y R 1851/2013‑4) relativa a un procedimiento de oposición entre Frinsa del Noroeste, S.A., y Frisa Frigorífico Rio Doce, S.A.

Fallo

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 1 de julio de 2014 (asuntos acumulados R 1547/2013‑4 y R 1851/2013‑4).
En materia de ayudas de Estado, las personas que eventualmente vean sus intereses afectados por la concesión de una ayuda, en particular las empresas competidoras, no tienen derecho a participar en el procedimiento en la fase previa de examen. En cambio, en materia de concentración, las demás partes interesadas, en el sentido del artículo 11, letra b), del Reglamento n.o 802/2004, por el que se aplica el Reglamento n.o 139/2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas, disponen del derecho a exponer su punto de vista en todas las fases del procedimiento, incluida la fase previa.

En el caso de venta de la totalidad de los activos de una filial, su sociedad matriz debe asimilarse al vendedor de dichos activos y tiene por tanto calidad de parte en el proyecto de concentración. Pues bien, a diferencia de los competidores, conforme al artículo 18, apartado 1, in fine, del Reglamento n.o 139/2004, las partes interesadas tienen derecho a exponer su punto de vista en todas las fases del procedimiento, incluida la fase previa. En consecuencia, la situación de una parte interesada, en el marco de la fase previa de examen en materia de ayudas de Estado, y la de otra parte interesada, en el sentido del artículo 11, letra b), del Reglamento n.o 802/2004, en el marco del procedimiento en materia de concentración, no pueden considerarse idénticas. De ello se infiere que el hecho de que la Comisión no haya dado, antes de la adopción de una decisión por la que se declara la compatibilidad de una ayuda estatal con el mercado interior, a la empresa adquirente de tales activos, que tiene al mismo tiempo la condición de competidora de dicha sociedad matriz beneficiaria de la ayuda y, por tanto, de parte interesada por esa ayuda, la oportunidad de exponer su punto de vista no constituye una violación del principio de igualdad de trato.

(véanse los apartados 63, 64 y 67)