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1)

En el marco de su actividad consistente en la comercialización de estupefacientes que no forman parte del circuito estrictamente vigilado por las autoridades competentes destinados a ser utilizados con fines médicos y científicos, el gestor de un coffee shop no puede invocar los artículos 12 CE, 18 CE, 29 CE o 49 CE para oponerse a una normativa municipal como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe la admisión en tales establecimientos de personas que no residen en los Países Bajos. En cuanto a la actividad consistente en la comercialización de bebidas no alcohólicas y de alimentos en esos mismos establecimientos, tal gestor puede invocar útilmente los artículos 49 CE y siguientes.
1)

Los artículos 4, apartado 1, letra c), y 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, han de interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro señale la inscripción del acto de aumento del capital de una sociedad como el momento en que se produce el hecho imponible del impuesto sobre las aportaciones, siempre que se mantenga la relación entre la percepción de este impuesto y la aportación efectiva de los bienes a la sociedad beneficiaria. Si, en el momento en que se formaliza dicho acto, no se ha realizado aún la aportación efectiva de los bienes y si no existe certeza de que ésta tendrá lugar, el Estado miembro interesado no puede exigir el pago del impuesto sobre las aportaciones hasta que dicha aportación adquiera carácter cierto. El principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que únicamente admite, como medio de prueba para demostrar ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia tributaria que no ha tenido lugar la aportación efectiva correspondiente al aumento de capital acordado por una sociedad, la acreditación de una sentencia civil con fuerza de cosa juzgada que declare la nulidad de la inscripción del aumento o que la anule, de forma que el impuesto sobre las aportaciones debe, en cualquier caso, pagarse, no siendo posible obtener su devolución sin acreditar tal sentencia civil.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 221/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de junio de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Italia) — Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Asunto C-75/09) (1)

(Reglamento (CEE) no 2913/92 - Código aduanero comunitario - Artículo 221, apartados 3 y 4 - Recaudación a posteriori de la deuda aduanera - Prescripción - Acto penalmente sancionable)

2010/C 221/17

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Agra Srl

Demandada: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italia) — Interpretación del artículo 221, apartados 3 y 4, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1) — Recaudación del importe de la deuda aduanera — Expiración del plazo para comunicar el importe de los derechos que han de recaudarse cuando la deuda resulta de un acto penalmente sancionable — Normativa nacional que prevé la suspensión del mencionado plazo hasta que adquiera firmeza la resolución judicial que se dicte en el proceso penal incoado en relación con el acto que originó la deuda aduanera.

Fallo

El artículo 221, apartados 3 y 4, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en cuya virtud, cuando el impago de derechos de aduana sea consecuencia de una infracción penal, el plazo de prescripción comenzará a correr a partir de la fecha en que adquiera firmeza la resolución o sentencia dictada al término del procedimiento penal.

(1) DO C 102, de 1.5.2009.
2)

El órgano jurisdiccional nacional no está obligado a examinar los efectos concretos de los aumentos de un tributo sobre las importaciones de plátanos procedentes de Somalia como el establecido por la normativa controvertida en el litigio principal en relación con la situación anterior al 1 de abril de 1976 para apreciar la compatibilidad de dichos aumentos con la cláusula de mantenimiento del «statu quo» que figura en el artículo 1 del Protocolo no 5, relativo a los plátanos, anexo al Cuarto Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989. No obstante, los aumentos de dicho tributo que se limiten a adaptar éste de modo acorde con la inflación no son contrarios a la citada cláusula.
2)

El artículo 6 de la Directiva 89/104, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que cuando pueda prohibirse el uso por los anunciantes de signos idénticos o similares a marcas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet en aplicación del artículo 5 de dicha Directiva, estos anunciantes, por lo general, no podrán invocar la excepción establecida en este artículo 6, apartado 1, para eludir tal prohibición. Incumbe, no obstante, al órgano jurisdiccional nacional comprobar, en atención a las circunstancias propias del caso concreto, si efectivamente no se produce ningún uso en el sentido de dicho artículo 6, apartado 1, letras b) o c), que pueda considerarse realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
1)

El artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que: — una persona pierde su condición de refugiado cuando, debido a un cambio de circunstancias significativo y que no sea de carácter provisional, producido en el país tercero de que se trate, hayan desaparecido las circunstancias que justificaron el temor de esa persona a ser perseguida por alguno de los motivos contemplados en el artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83 –en virtud de las cuales fue reconocida en su día como refugiado– y tampoco tiene otros motivos para temer ser «perseguida», en el sentido de esta misma disposición; — a efectos de determinar si existe un cambio de circunstancias, las autoridades competentes deberán verificar, en relación con la situación individual del refugiado, que el agente o agentes de protección contemplados en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/83 han tomado medidas razonables para impedir la persecución; que, de este modo, disponen, en particular, de un sistema judicial eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución, y que el nacional interesado tendrá acceso a dicha protección en caso de que cese su estatuto de refugiado; — entre los agentes de protección a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/83 pueden incluirse las organizaciones internacionales que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio, incluso a través de la presencia de una fuerza multinacional en el territorio del país tercero.
2)

El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro examinan la solicitud de un nacional de otro Estado miembro que tiene por objeto acceder a un período de formación práctica para ejercer posteriormente una profesión jurídica regulada, como las prácticas preparatorias para las profesiones jurídicas en Alemania, este artículo no impone por sí mismo que dichas autoridades exijan únicamente al candidato, en el marco del examen de la equivalencia exigido por el Derecho comunitario, un nivel de conocimientos jurídicos inferior a los certificados por la cualificación exigida en dicho Estado miembro para el acceso a tal período de formación práctica. No obstante, debe precisarse, por un lado, que dicho artículo tampoco se opone a una flexibilización de la cualificación requerida, y, por otro, que es necesario que la posibilidad de un reconocimiento parcial de las competencias certificadas por las cualificaciones justificadas por el interesado no sea meramente ficticia en la práctica, lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
1)

El artículo 42, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001, debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición deja a los Estados miembros un margen de apreciación que les permite fijar en cero euros el importe de referencia y no atribuir ningún derecho de ayuda de la reserva nacional a un agricultor que se halle en una situación especial como la prevista en el artículo 21 del Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento no 1782/2003, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1974/2004 de la Comisión, de 29 de octubre de 2004, siempre que dicho importe se base en criterios objetivos, no atente contra la igualdad de trato entre los agricultores ni provoque distorsiones del mercado o de la competencia.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 205/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 2 de julio de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris vam Financiën

(Asunto C-7/08) (1)

(Franquicia de derechos de importación - Reglamento (CEE) no 918/83 - Artículo 27 - Mercancías sin un valor individual estimable expedidas mediante un envío agrupado - Envíos expedidos directamente desde un Estado tercero a un destinatario en la Comunidad)

2009/C 205/09

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Har Vaessen Douane Service BV

Demandada: Staatssecretaris vam Financiën

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Países Bajos) — Interpretación del artículo 27 del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 3557/91 (DO L 105, p. 1) — Envíos expedidos directamente desde un país tercero a un destinatario que se encuentra en la Comunidad, cada uno de los cuales no tiene un valor estimable, pero que, efectuados como envío agrupado, tienen un valor intrínseco total que excede del valor máximo reglamentario.

Fallo

El artículo 27 del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 3357/91 del Consejo, de 7 de noviembre de 1991, no se opone a que se admitan con franquicia de derechos de importación los envíos agrupados de mercancías cuyo valor intrínseco total exceda del límite establecido en dicho artículo 27, pero que, consideradas separadamente, no posean un valor estimable, siempre que cada paquete del envío conjunto esté dirigido individualmente a un destinatario establecido en la Comunidad Europea. A este respecto, el hecho de que la contraparte contractual de dichos destinatarios esté ella misma establecida en la Comunidad Europea no es pertinente si las mercancías se expiden directamente desde un Estado tercero a dichos destinatarios.

(1) DO C 92, de 12.4.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 220/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tallinna Halduskohus — República de Estonia) — Pärlitigu OÜ/Maksu-ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

(Asunto C-56/08) (1)

(Arancel Aduanero Común - Nomenclatura Combinada - Clasificación arancelaria - Subpartida NC 0511 91 10 - Subpartida NC 0303 22 00 - Espinas dorsales congeladas de salmones del Atlántico de piscifactoría - Reglamento (CE) no 85/2006 - Derechos antidumping)

2009/C 220/12

Lengua de procedimiento: estonio

Órgano jurisdiccional remitente

Tallinna Halduskohus

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Pärlitigu OÜ

Demandada: Maksu-ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tallinna Halduskohus (República de Estonia) — Interpretación del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256, p. 1), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal — Validez del artículo 1, apartado 5, del Reglamento (CE) no 85/2006 del Consejo, de 17 de enero de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de salmón de piscifactoría originario de Noruega (DO L 15, p. 1) — Clasificación en la partida 0303220015 (Salmones del Atlántico congelados, Los demás) o 0511911000 (Desperdicios de pescado) a efectos de la percepción de derechos antidumping — Espinas dorsales congeladas de salmones del Atlántico de piscifactoría que se obtienen después de filetear el pescado.

Fallo

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1719/2005 de la Comisión, de 27 de octubre de 2005, debe interpretarse en el sentido de que las espinas dorsales congeladas de salmón del Atlántico de piscifactoría (Salmo salar), que se obtienen después de filetear el pescado, deben clasificarse en el código NC 0303 22 00 a condición de que la mercancía sea apta para la alimentación humana en el momento del despacho de aduana, extremo que ha de verificar el órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 92, de 12.4.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 141/18

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 23 de abril de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België — Bélgica) — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV, Parc Helthcare International Limited/Omnipol Ltd

(Asunto C-167/08) (1)

(Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) no 44/2001 - Artículo 43, apartado 1 - Competencia judicial y ejecución de resoluciones - Concepto de «parte»)

2009/C 141/30

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Cassatie van België

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV, Parc Helthcare International Limited

Demandada: Omnipol Ltd

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hof van Cassatie van België — Interpretación del artículo 43, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil («Bruselas I)»(DO L 12, p. 1) — Concepto de parte — Recurso interpuesto por un acreedor en nombre y por cuenta de su deudor — Resolución sobre la solicitud de ejecución.

Fallo

El artículo 43, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un acreedor de un deudor no puede interponer un recurso contra una resolución relativa a una solicitud de ejecución si no ha intervenido formalmente como parte procesal en el litigio en el que otro acreedor de ese deudor haya solicitado tal ejecución.

(1) DO C 183, de 19.7.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/República Federal de Alemania

(Asunto C-424/07) (1)

(«Incumplimiento de Estado - Comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/19/CE - Directiva 2002/21/CE - Directiva 2002/22/CE - Redes y servicios - Normativa nacional - Nuevos mercados»)

2010/C 113/03

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Braun y A. Nijenhuis, agentes)

Demandada: República Federal de Alemania (representantes: M. Lumma, agente, asistido por C. Koenig, Professor, y S. Loetz, Rechtsanwalt)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7), de los artículos 6, 7, 8, apartado 1, 15, apartado 3, y 16 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33), así como del artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51) — Definición, análisis y normativa de los mercados nuevos — Normativa nacional que define de forma general los «mercados nuevos» y establece requisitos restrictivos en lo referente a su regulación por la autoridad nacional de reglamentación y a la aplicación del procedimiento de consulta previsto por el Derecho comunitario relativo a las medidas dirigidas a definir y analizar dichos mercados.

Fallo

1) Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso), de los artículos 6 a 8, apartados 1 y 2, 15, apartado 3, y 16 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), y del artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), al adoptar el artículo 9a, de la Ley de telecomunicaciones (Telekommunikationsgesetz), de 22 de junio de 2004.

2) Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

(1) DO C 283, de 24.11.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de marzo de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania

(Asunto C-270/07) (1)

(Incumplimiento de Estado - Política agrícola común - Tasas en materia de inspecciones y controles veterinarios - Directiva 85/73/CEE - Reglamento (CE) no 882/2004)

2009/C 113/09

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: F. Erlbacher y A. Szmytkowska, agentes)

Demandada: República Federal de Alemania (representantes: M. Lumma y C. Schulze-Bahr, agentes, U. Karpenstein, Rechtsanwalt)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 1 y 5, apartados 3 y 4, de la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 de enero de 1985, relativa a la financiación de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral (DO L 32, p. 14), en su versión modificada por la Directiva 97/79/CE, del Consejo, de 18 de diciembre de 1997 (DO L 24, p. 31), así como del artículo 27, apartados 2, 4 y 10, del Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO L 165, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 776/2006 de la Comisión, de 23 de mayo de 2006 (DO L 136, p. 3) — Normativa nacional sobre la inspección sanitaria de las carnes por la que se permite percibir, además de la tasa comunitaria, una tasa adicional específica por los gastos correspondientes a los exámenes bacteriológicos de las carnes frescas.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

(1) DO C 199, de 25.8.2007.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de marzo de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria)] — Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung

(Asunto C-169/07) (1)

(Libertad de establecimiento - Seguridad social - Sistema nacional de salud financiado por el Estado - Régimen de prestaciones en especie - Régimen de reembolso de las cantidades anticipadas - Autorización para la creación de una policlínica privada en la que se presten servicios odontológicos ambulatorios - Criterio de valoración de las necesidades que justifican la creación de un centro sanitario - Objetivo de mantenimiento de un servicio médico u hospitalario de calidad, equilibrado y accesible a todos - Objetivo de prevención de un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social - Congruencia - Proporcionalidad)

2009/C 113/07

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

Demandadas: Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Verwaltungsgerichtshof — Interpretación de los artículos 43 CE y 48 CE — Autorización a un centro sanitario privado para prestar servicios odontológicos ambulatorios — Autorización sujeta a una valoración de las necesidades del mercado.

Fallo

Los artículos 43 CE y 48 CE se oponen a disposiciones nacionales, como las controvertidas en el litigio principal, en virtud de las cuales es necesaria una autorización para abrir un centro sanitario privado consistente en una policlínica dental autónoma y según las cuales debe denegarse dicha autorización cuando, a la luz de la asistencia ya ofrecida por los médicos concertados, no exista necesidad alguna que justifique la apertura de tal centro, siempre que dichas disposiciones no sometan igualmente al mismo régimen a los consultorios colectivos y no se basen en un requisito que pueda limitar suficientemente el ejercicio, por las autoridades nacionales, de su facultad de apreciación.

(1) DO C 155 de 7.7.2007.