Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Seguridad social de los trabajadores migrantes — Seguro de enfermedad — Prestaciones dispensadas en otro Estado miembro — Artículos 22, apartado 1, letra c), y 36 del Reglamento (CEE) nº 1408/71

[Art. 49 CE; Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, arts. 22, aps. 1, letra c), y 2, y 36]

2. Seguridad social de los trabajadores migrantes — Seguro de enfermedad — Prestaciones dispensadas en otro Estado miembro

[Art. 10 CE; Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, art. 22, ap. 1, letras a) y c)]

3. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites

(Art. 234 CE)

Índice

1. El artículo 22, apartados 1, letra c), y 2, y el artículo 36 del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 118/97, han de interpretarse en el sentido de que no confieren al beneficiario, autorizado por la institución competente a desplazarse a otro Estado miembro para recibir en él la asistencia hospitalaria apropiada a su estado de salud, el derecho al reembolso por la referida institución de los gastos de desplazamiento, estancia y manutención en que incurrieron él y la persona que lo acompañó en el territorio de dicho Estado miembro, a excepción de los gastos de estancia y manutención del beneficiario en el centro hospitalario.

En efecto, por un lado, la obligación que el artículo 22, apartado 1, letra c), inciso i), del Reglamento nº 1408/71 impone a la institución competente, por lo que respecta a las prestaciones en especie, se refiere exclusivamente a los gastos de la asistencia sanitaria recibida por el beneficiario en el Estado miembro de estancia, es decir, tratándose de una asistencia hospitalaria, al coste de las prestaciones médicas propiamente dichas y a los gastos, indisolublemente unidos, de la estancia y manutención en el centro hospitalario. Igualmente, el concepto de «prestaciones en metálico», a efectos de dicho artículo, no comprende la asunción de gastos ya efectuados, tales como gastos accesorios como los gastos de desplazamiento, estancia y manutención en que incurrieron el beneficiario y la persona que lo acompañó en el territorio de dicho Estado miembro.

Por otro lado, el artículo 36 del Reglamento nº 1408/71 se refiere al tema de los reembolsos entre instituciones exclusivamente y no confiere derechos a los beneficiarios.

Esta interpretación se entenderá sin perjuicio de la solución que se deriva de la eventual aplicabilidad del artículo 49 CE, el cual se opone a una normativa nacional que excluya la cobertura de los gastos accesorios en que incurra un paciente autorizado a desplazarse a otro Estado miembro para recibir en él tratamiento hospitalario, si al mismo tiempo dicha legislación dispone que tales gastos estarán cubiertos cuando el tratamiento se dispense en un centro integrado en el sistema nacional.

(véanse los apartados 28, 33, 36, 38 y 39 y el punto 1 del fallo)

2. Una normativa nacional que establece el derecho a prestaciones complementarias a las previstas en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento nº 118/97, en el supuesto de la letra a), de este apartado 1, pero no en el contemplado en su letra c), no menoscaba el efecto directo de dicha disposición y no vulnera el principio de cooperación leal derivado del artículo 10 CE.

(véanse el apartado 45 y el punto 2 del fallo)

3. Corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia.

No obstante, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulta evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una norma comunitaria, solicitadas por el órgano jurisdiccional nacional, no tienen relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética. En efecto, la justificación de una cuestión prejudicial no es formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino la necesidad inherente a la solución efectiva de un litigio.

(véanse los apartados 47 a 49)