7.

Por lo que se refiere a las cuestiones relativas a la libre prestación de servicios, la Comisión alega, que el artículo 60 considera como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías. Con arreglo a este artículo, la prohibición para un comerciante de proceder a la venta en subasta pública cuando no se halla inscrito en el Registro Mercantil local desde un mínimo de dos años, en la medida en que sólo afecta al acto de la venta, con exclusión de cualquier prestación de servicios aneja, constituye una norma que regula únicamente la comercialización de las mercancías, por lo cual no puede ser examinada en relación con la prohibición de las restricciones a la libre prestación de servicios. En lo referente a las cuestiones relativas a los artículos 30 y 36 del Tratado, la Comisión comienza por señalar que la doctrina sentada en la sentencia dictada en el asunto Dassonville, antes citada, se aplica tanto a las mercancías de ocasión como a las nuevas, como, por otra parte, lo tiene declarado el Tribunal de Justicia acerca de los vehículos usados (sentencia de 11 de junio de 1987, Gofette y Gilliard, 406/85, Rec. p. 2525). La Comisión afirma que la prohibición de proceder a la venta en subastas públicas para los comerciantes que no se hallen inscritos en el Registro Mercantil del lugar en el que la venta tiene lugar constituye un obstáculo a la libre circulación de mercancías de ocasión ya que obliga al importador interesado bien a renunciar a la utilización del procedimiento de venta en pública subasta, bien a recurrir a un comerciante establecido en la demarcación que asumirá el carácter de poseedor de las mercancías. Por lo que se refiere al primero de estos dos supuestos, la Comisión señala que el Tribunal de Justicia ya ha declarado en distintas ocasiones que el hecho de imponer a un agente económico el renunciar a una fórmula o a un sistema de comercialización eficaz, ya se trate de sistemas de publicidad (sentencias de 15 de diciembre de 1982, Oosthoek, 286/81, Rec. p. 4575, y de 7 de marzo de 1990, GBINNO, C-362/88, Rec. p. I-667) o de métodos de comercialización (sentencia de 16 de mayo de 1989, Buet, 382/87, Rec. p. 1235), puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa. En el caso de autos, la sociedad que pretende vender mercancías de ocasión importadas a Francia tiene la obligación de renunciar al sistema de ventas en pública subasta, el cual es especialmente eficaz para los objetos de valor ya que, al recurrir a los coleccionistas o a los compradores especialmente interesados por la clase de bienes puestos a la venta y al practicar la libre competencia, permite efectuar una venta rápida a unos precios muy elevados, y beneficiarse, además, de un régimen fiscal favorable. Por lo que se refiere al segundo supuesto, la Comisión señala que, si bien es cierto que las citadas disposiciones nacionales permiten a un importador recurrir a un comerciante inscrito para efectuar una venta en pública subasta, este sistema constituye un obstáculo importante a las importaciones e intercambios ya que, de un lado, no es cierto que el importador pueda en todo caso obtener la conformidad de un comerciante local y, de otro, tal intervención ocasiona unas gestiones, unos contratiempos y unos costes suplementarios. A juicio de la Comisión, este punto de vista se ve confirmado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 2 de marzo de 1983, Comisión/Bélgica, 155/82, Rec. p. 531) y por la Directiva 70/50/CEE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1969, por la que se suprimen las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación (DO 1970, L 13, p. 29), en la que se califica de medidas de efecto equivalente a las legislaciones que exigen para el acceso al mercado nacional de los productos importados tener un corresponsal o un representante en el territorio del Estado miembro importador. A continuación, la Comisión añade que, aún cuando se trata de medidas indistintamente aplicables, no pueden verse justificadas por la necesidad de proteger el comercio local, la cual no puede considerarse como susceptible de constituir una exigencia imperativa digna de tenerse en cuenta por el Derecho comunitario. Por el contrario, tal justificación incluye un aspecto proteccionista que la asemeja a una restricción encubierta en el comercio entre los Estados miembros. Finalmente, la Comisión considera que no cabe admitir como exigencia imperativa la corrección de los intercambios comerciales y la protección del consumidor, puesto que tales consideraciones no suponen una prevención sistemática contra los comerciantes establecidos en otro país, acerca del origen y la autenticidad de los objetos vendidos. Como ha señalado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 2 de marzo de 1983, Comisión/Bélgica, antes citada, la exigencia de que haya un representante del importador en el territorio del país que efectúe la importación no supone unas garantías adicionales suficientes que justifiquen una excepción a la prohibición establecida en el artículo 30. Además, la normativa francesa ofrece unas garantías suficientes por el hecho de la intervención obligatoria de un agente público, que asume su propia responsabilidad y que debe hallarse inscrito en una lista elaborada por la chambre nationale des commissaires-priseurs (Colegio nacional de agentes públicos para subastas de bienes corporales), que debe ser aprobada por el Ministro de Justicia. Finalmente, la Comisión añade que una justificación fundada en el artículo 36 tan sólo podría basarse en la protección del orden público frente a los riesgos de fraude y de tráfico de objetos robados. Ahora bien, tal justificación encubre, de hecho, las relativas a la protección del consumidor y a la lealtad de las actividades comerciales, que acaban de desestimarse como exigencias imperativas.