Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Directiva que establece la obligación de indicar los porcentajes exactos de peso de las materias primas que componen los piensos destinados a los animales - Inadmisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4; Directiva 2002/2 CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

2. Comunidades Europeas - Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones - Actos de alcance general - Necesidad para las personas físicas o jurídicas de utilizar el procedimiento de excepción de ilegalidad o de remisión prejudicial de apreciación de validez - Obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de aplicar las normas procesales nacionales para permitir la impugnación de la legalidad de los actos comunitarios de alcance general - Posibilidad de recurso de anulación ante el juez comunitario en caso de obstáculo insuperable en las reglas procesales nacionales - Exclusión

(Arts. 234 CE, 241 CE y 230 CE, párr. 4)

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1. En la medida en que las reglas que contiene la Directiva 2002/2, relativa a la circulación de los piensos compuestos para animales, y en especial la obligación de indicar los porcentajes exactos de peso de las materias primas que componen los piensos destinados a los animales, están enunciadas de forma general, se aplican a situaciones objetivamente determinadas y generan efectos jurídicos para categorías de personas definidas de modo general y abstracto, a saber, los fabricantes, envasadores, importadores, vendedores y distribuidores de esos piensos, la Directiva sólo afecta a una empresa de nutrición animal, cuya actividad principal es el desarrollo y la fabricación de piensos compuestos destinados a los animales de producción, en su condición objetiva de fabricante de tales piensos y no vulnera ningún derecho específico, derivado de una supuesta protección jurídica comunitaria, de los conocimientos técnicos y de los secretos comerciales de una empresa que posea, de tal modo que la Directiva no le afecta individualmente en el sentido del artículo 230 CE.

( véanse los apartados 50 a 57 )

2. El Tratado, mediante sus artículos 230 y 241, por una parte, y 234, por otra, ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de las instituciones, confiando dicho control al juez comunitario. En este sistema, las personas físicas o jurídicas que, debido a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 230 CE, párrafo cuarto, no puedan impugnar directamente actos comunitarios de alcance general, tienen la posibilidad, según los casos, de invocar la invalidez de tales actos bien de manera incidental ante el juez comunitario, en virtud del artículo 241 CE, bien ante los órganos jurisdiccionales nacionales, e instar a estos órganos, que no son competentes para declarar por sí mismos la invalidez de tales actos, a que soliciten un pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre este extremo por medio de la cuestión prejudicial.

Sin perjuicio de que corresponda a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, no puede admitirse una interpretación del régimen de admisibilidad enunciado en el artículo 230 CE, según la cual debe declararse la admisibilidad de un recurso de anulación en la medida en que, tras un examen concreto de las normas procesales nacionales por parte del juez comunitario, quedara demostrado que tales normas no autorizan al particular a interponer un recurso que le permita cuestionar la validez del acto comunitario impugnado. En efecto, tal régimen exigiría que, en cada caso concreto, el juez comunitario examinara e interpretara el Derecho procesal nacional, lo que excedería de su competencia en el marco del control de la legalidad de los actos comunitarios. Esta apreciación debe mantenerse a fortiori cuando no se discute que existe una vía de recurso ante el juez nacional que permite impugnar la validez de una directiva.

( véanse los apartados 65 y 66 )