En las tres cuestiones planteadas por los Jueces de Gelsenkirchen se concede una especial importancia a la disposición del apartado 2 del artículo 16 del Reglamento no 109/65; como ya hemos visto, esta disposición está mencionada expresamente en la segunda y en la tercera cuestión, e incluso la primera cuestión halla su razón de ser en una interpretación determinada dada por el Tribunal remitente al apartado y artículo de que se trata. El tenor del apartado 2 del artículo 16 es sencillo: al haberse decidido la exclusión de Argelia de aquellos territorios a los que se aplica el citado Reglamento no 3, el artículo 16 mantenía sanos y salvos los derechos adquiridos en virtud de este mismo Reglamento. Pero, a continuación, el artículo 99 del Reglamento no 1408/71 derogó el Reglamento no 3. Esta es la razón por la que el organismo alemán de Seguridad Social pretende que el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento no 109/65 perdió su punto de apoyo y ya no tiene ningún efecto, de modo que es necesario considerar caducada la posición que el solicitante adquirió anteriormente en Francia, en materia de seguro, en la época en que todavía era nacional francés. Por el contrario, el órgano jurisdiccional remitente se planteó si la norma en cuestión del Reglamento no 109/65 permanecía en vigor, estimando que, en caso afirmativo, deberían tomarse en consideración los períodos de seguro cubiertos en Francia con anterioridad al 19 de enero de 1965 por un trabajador que se encontrara en la situación del interesado.

Pienso que es exacta la observación de la Comisión según la cual esta manera de entender la norma en cuestión se funda en un equívoco. El Anexo A del Reglamento no 3, al indicar los territorios y las personas a las que este Reglamento era aplicable, citaba igualmente a Argelia entre los territorios que constituían Francia y a «las personas de nacionalidad francesa y los nacionales de la Unión Francesa», entre los beneficiarios. El artículo 5 del mencionado Reglamento no 109/65 modificó estos principios, no figurando ya Argelia entre los territorios franceses y limitando el concepto de «nacionales» a las «personas de nacionalidad francesa». Ahora bien, es evidente que la modificación relativa al territorio no contempla el caso de un trabajador como el Sr. Belbouab que había trabajado en el territorio metropolitano francés. Pero la modificación referente a los «nacionales» no se refiere tampoco al caso de autos, puesto que el interesado nunca ha sido «nacional de la Unión Francesa»; en realidad, hasta adquirir la nacionalidad del nuevo Estado argelino, tuvo la nacionalidad francesa y, por consiguiente, pertenecía a la categoría de personas que no se ha visto afectada por la modificación del Anexo A del Reglamento no 3.

De una manera general, es preciso decir que la disposición del apartado 2 del artículo 16 del Reglamento no 109/65, que mantenía sanos y salvos los derechos adquiridos antes del 19 de enero de 1965, contemplaba, en el ámbito territorial, los derechos adquiridos por un trabajador que, hasta esa fecha, hubiera estado sometido a la legislación de Seguridad Social relativa al territorio argelino; y, en el ámbito personal, contemplaba los derechos que los nacionales de la Unión Francesa habían adquirido con arreglo al Reglamento no 3 del Consejo. Resulta de ello que la norma citada no se refería a los trabajadores que se encontrasen en la situación del Sr. Belbouab.

No creo que haya motivo para sorprenderse por el hecho de que una disposición equivalente a la que fue dictada para los antiguos «nacionales de la Unión Francesa» no exista en favor de los trabajadores franceses que, a raíz del nacimiento del Estado argelino independiente, adquirieron la nacionalidad de este Estado y que, por tanto, perdieron la nacionalidad francesa. Basta considerar que, en tales casos, se plantea un problema de carácter general y permanente —el del cambio de nacionalidad de los nacionales de un Estado miembro- y no una cuestión específica como la de la exclusión de los nacionales de la Unión Francesa respecto de los beneficios de la normativa comunitaria de Seguridad Social. Sin embargo, ésta es la ocasión de añadir que la imposibilidad de extender la norma del apartado 2 del artículo 16 del Reglamento no 109/65 más allá del ámbito reducido de su aplicación no significa que se deniegue la salvaguarda de los derechos adquiridos a los trabajadores franceses que pasaron a ser argelinos después de 1965. Por el contrario, es preciso reconocer que sería ilógico y fundamentalmente discriminatorio, en lo referente a la aplicación de la normativa social comunitaria, colocar a un trabajador, que perdió la nacionalidad francesa al pasar a ser argelino, en una situación menos favo rable que la de aquellos que estaban menos estrechamente unidos al Estado francés, como era el caso de los nacionales de la Unión Francesa.