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C 44/31

Recurso de casación interpuesto el 4 de diciembre de 2020 por Hermann Albers eK contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 5 de octubre de 2020 en el asunto T-597/18, Hermann Albers / Comisión Europea

(Asunto C-656/20 P)

(2021/C 44/37)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Hermann Albers eK (representante: S. Roling, Rechtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, República Federal de Alemania, Land Niedersachsen

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

1. Anule parcialmente los puntos 1 y 2 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2020, Hermann Albers/Comisión Europea (T-597/18, EU:T:2020:467).

2. Estime en su totalidad las pretensiones formuladas en primera instancia con las que se persigue que se declare la nulidad de la Decisión de la Comisión Europea de 12 de julio de 2018 C(2018) 4385 final (1) y se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente sostiene que el Tribunal General interpretó erróneamente el significado de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE en relación con el artículo 7a) de la Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Ley sobre el transporte local del Estado federado de Baja Sajonia; en lo sucesivo, «NNVG»). Según afirma, contrariamente a lo que apreció el Tribunal General, el artículo 7a de la NNVG establece una ayuda nueva sujeta a la obligación de notificación.

En lo que respecta al artículo 107 del TFUE, aduce que no se trata simplemente de una transferencia de recursos financieros en el interior del Estado, ya que las entidades competentes se benefician directamente, en su doble función de propietarios de empresas de transporte público, de la asignación de tales fondos, y los utilizan inmediatamente de manera selectiva en detrimento del sector privado. En efecto, según la recurrente, las entidades competentes controlan las empresas de transporte público «como si fueran sus propios servicios». A su parecer, la asignación de fondos a las entidades competentes está indisolublemente ligada a una ventaja, ya que en el momento de que se trata el uso de los fondos para la actividad económica de las empresas municipales ya suele estar determinado. Ello distorsiona la competencia y afecta al comercio entre los Estados Miembros.

La recurrente añade que debido a que el artículo 7a de la NNVG constituye una ayuda estatal, aunque también con independencia de ello, se ha infringido el artículo 108 TFUE, apartado 3, puesto que la República Federal de Alemania no ha notificado dicho artículo a la Comisión Europea.

(1) Decisión de la Comisión Europea de no presentar objeciones a la medida adoptada por el Land Niedersachsen en virtud del artículo 7a de la Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz [asunto SA.46697 (2017/NN)] (DO 2018, C 292, p. 1).
C 35/39

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Salzburg (Austria) el 18 de noviembre de 2020 — CS / Eurowings GmbH

(Asunto C-613/20)

(2021/C 35/51)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesgericht Salzburg

Partes en el procedimiento principal

Parte apelante: CS

Parte apelada: Eurowings GmbH

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Puede constituir una «circunstancia extraordinaria» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) una huelga de los trabajadores de una compañía aérea que ha sido convocada por un sindicato para hacer valer sus demandas salariales y/o en materia de prestaciones sociales?

2. ¿Es ese el caso, al menos, a) cuando los empleados de la filial se solidarizan con la huelga convocada contra la empresa matriz (Lufthansa AG) para apoyar las demandas sindicales del personal de cabina de la empresa matriz, y b) en particular, cuando la huelga en la filial se «independiza» tras alcanzarse un acuerdo con la sociedad matriz, manteniendo el sindicato la huelga e incluso ampliándola sin motivo aparente y el personal de cabina de la filial sigue dicha convocatoria?

3. ¿Basta para demostrar que existió una circunstancia extraordinaria que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo afirme que la convocatoria de huelga fue mantenida sin motivo y finalmente incluso prolongada en el tiempo por el sindicato a pesar del cumplimiento de las demandas por parte de la empresa matriz? ¿A qué parte incumbe soportar la carga de que las circunstancias concretas del caso no hayan sido aclaradas?

4. ¿Puede constituir una circunstancia que efectivamente ya no es controlable una huelga en la filial de la parte demandada anunciada el 18 de octubre de 2019 para el 20 de octubre de 2019 en la franja horaria entre las 5,00 y las 11,00, que finalmente fue prorrogada espontáneamente hasta la medianoche a las 5,30 del 20 de octubre de 2019?

5. ¿Constituyen medidas adecuadas las precauciones en forma de preparación de un plan de vuelos alternativo y la recuperación de los vuelos cancelados debido a la falta de personal de cabina mediante la subcontratación de vuelos, con especial atención a los destinos con difícil conexión terrestre y distinguiendo entre los vuelos nacionales alemanes y los vuelos intraeuropeos, habida cuenta también de que, de un total de 712 vuelos que debían realizarse ese día, solo hubo que cancelar 158 vuelos?

6. ¿Qué requisitos deben imponerse a la carga de la alegación del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo de que se han adoptado todas las medidas razonables que son técnica y económicamente soportables?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
3.

Si de las respuestas a las dos primeras cuestiones prejudiciales resulta que el órgano jurisdiccional que conoce de una solicitud con arreglo al artículo 35 del Reglamento (UE) n.o 1215/12 del Parlamento Europeo y del Consejo es competente, ¿deben interpretarse de manera autónoma los requisitos para la adopción de medidas cautelares con arreglo al artículo 35 del Reglamento (UE) n.o 1215/12 del Parlamento Europeo y del Consejo? ¿Debe dejarse sin aplicación una disposición que, en un caso como el presente, no autoriza la adopción de una medida cautelar contra un organismo público?
Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 17 de noviembre de 2020 — GE Aircraft Engine Services Ltd / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-607/20)

(2021/C 28/49)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: GE Aircraft Engine Services Ltd

Demandada: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Es la emisión de vales de comercios minoristas por parte de un sujeto pasivo para entregarlos a sus empleados en el ámbito de un programa de reconocimiento de su eficiencia una prestación «para sus necesidades privadas o para las de su personal o, más generalmente, para fines ajenos a su empresa» en el sentido del artículo 26, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112 (1)?

2. ¿Tiene alguna relevancia para la respuesta a la primera cuestión el hecho de que, mediante la emisión de vales de compra para los empleados, el sujeto pasivo persiga fines empresariales?

3 ¿Tiene alguna relevancia para la respuesta a la primera cuestión el hecho de que los empleados utilicen los vales de compra emitidos para sus necesidades personales y que puedan utilizarlos para fines privados?

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).
I.

¿Se opone el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 2988/95 (1) a una normativa nacional que impone al beneficiario de una subvención la carga de interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente contra el acto por el que se ordena la devolución de los importes percibidos indebidamente por haberse producido una irregularidad, so pena de que dicho acto adquiera firmeza […] de no recurrirse en plazo (es decir, cuando el beneficiario no ejercite en plazo los medios de defensa que el Derecho interno pone a su disposición), y, por consiguiente, de que pueda exigirse la devolución del importe indebidamente pagado conforme a las normas y plazos establecidos por el Derecho nacional?
2.

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 en el sentido de que un pasajero también tiene derecho a una compensación con arreglo al artículo 7, apartado 1, de ese Reglamento cuando, según el horario programado, el transporte alternativo ofrecido no llegaría a su destino final más de dos horas después de la hora de llegada prevista del vuelo cancelado, pero de hecho no llega dentro de ese marco temporal?
1.

Acerca de la ficción de legalidad establecida en el artículo 247, apartados 6, subapartado 2, tercera frase, y 12, subapartado 1, tercera frase, de la EGBGB (Ley de Introducción al Código Civil, Alemania): a) ¿Son incompatibles con los artículos 10, apartado 2, letra p), y 14, apartado 1, de la Directiva 2008/48 (1) el artículo 247, apartado 6, subapartado 2, tercera frase, y el artículo 247, apartado 12, subapartado 1, tercera frase, de la EGBGB en la medida en que declaran que unas cláusulas contractuales contrarias a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, letra p), de la Directiva 2008/48 cumplen los requisitos del artículo 247, apartado 6, subapartado 2, frases primera y segunda, y los del artículo 247, apartado 12, subapartado 1, segunda frase, punto 2, letra b), de la EGBGB? Si la respuesta es afirmativa: b) ¿Se deduce del Derecho de la Unión, en particular de los artículos 10, apartado 2, letra p), y 14, apartado 1, de la Directiva 2008/48, que el artículo 247, apartado 6, subapartado 2, tercera frase, y el artículo 247, apartado 12, subapartado 1, tercera frase, de la EGBGB no son aplicables en la medida en que declaran que unas cláusulas contractuales contrarias a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, letra p), de la Directiva 2008/48 cumplen los requisitos del artículo 247, apartado 6, subapartado 2, frases primera y segunda, y los del artículo 247, apartado 12, subapartado 1, segunda frase, punto 2, letra b), de la EGBGB? En caso de respuesta no afirmativa a la letra b) de la [primera] cuestión prejudicial:
Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 23 de septiembre de 2020 — PJ / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Asunto C-452/20)

(2020/C 423/43)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: PJ

Recurrida: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Cuestión prejudicial

¿Viola el artículo 25, apartado 2, del r.d. 24 dicembre 1934, n.o 2316 (Real Decreto n.o 2316 de 24 de diciembre de 1934), en su versión modificada por el artículo 24, apartado 3, del d.leg. n.o 6 del 2016 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE) [Decreto Legislativo n.o 6 de 2016 (Transposición de la Directiva 2014/40/UE (1) relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE)], en la medida en que establece que «[a] quien venda o suministre a menores de dieciocho años productos del tabaco, cigarrillos electrónicos o envases de recarga que contengan nicotina o productos del tabaco novedosos se le aplicará una sanción administrativa financiera de quinientos a tres mil euros y la sanción de suspensión durante quince días de la licencia para el ejercicio de la actividad», los principios del Derecho de la Unión de proporcionalidad y de cautela, como se desprenden del artículo 5 TUE, y del artículo 23, apartado 3, y de los considerandos 21 y 60 de la Directiva 2014/40, al dar prioridad al principio de cautela sin atenuarlo con el principio de proporcionalidad y, a resultas de ello, al sacrificar de un modo desproporcionado los intereses de los operadores económicos en favor de la protección del derecho a la salud, sin garantizar de este modo un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales, más aún al establecer una sanción que, infringiendo, el considerando 8 de la Directiva, no persigue eficazmente el objetivo de reducir el predominio del tabaquismo entre los jóvenes?

(1) DO 2014, L 127, p. 1.
C 378/21

Recurso de casación interpuesto el 18 de septiembre de 2020 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 8 de julio de 2020 en el asunto T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System / Comisión

(Asunto C-439/20 P)

(2020/C 378/26)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: T. Maxian Rusche, G. Luengo, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 8 de julio de 2020 en el asunto T-110/17 Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd/Comisión.

— Declare la inadmisibilidad del recurso formulado en primera instancia.

— Con carácter subsidiario, desestime el recurso formulado en primera instancia por infundado y, en todo caso,

— Condene a la demandante en primera instancia a cargar con las costas del presente recurso de casación y de la primera instancia.

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente invoca cuatro motivos.

Primer motivo, en el que se alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en relación con la admisibilidad y la eficacia del recurso formulado en primera instancia.

Segundo motivo, en el que se alega que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho en la calificación de la percepción de derechos de «retroactiva».

Tercer motivo. Se alega interpretación errónea, por el Tribunal General, del artículo 8, apartados 1, 9 y 10, y del artículo 10, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 (1) así como del artículo 13, apartados 1, 9 y 10, y del artículo 16, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 597/2009, (2) al concluir que no era posible la percepción de derechos sobre las importaciones que incumplían el compromiso.

Cuarto motivo. Se alega que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 y el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 597/2009, al concluir que el Consejo no tenía base jurídica para establecer que siempre que la Comisión anula una factura del compromiso procede recaudar el derecho.

(1) Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51).

(2) Reglamento (CE) n.o 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 188, p. 93).
6.

En particular, la Comisión alega que las autoridades tributarias italianas no efectúan una evaluación en cada caso del modo en el que la embarcación es efectivamente utilizada a fin de conceder o denegar la exención. En efecto, las autoridades italianas sostienen que tal evaluación se lleva a cabo teniendo en cuenta elementos de la normativa sectorial exclusivamente destinados a facilitarla, como el hecho de que la navegación se estipule mediante un contrato de fletamento ordinario o mediante un contrato de arrendamiento o de fletamento por viaje. No obstante, las autoridades italianas sostienen que en caso de fletamento la exención debe corresponder a los operadores económicos que prestan servicios de navegación marítima, mientras quedan excluidos de tal beneficio aquellos que efectúan el arrendamiento o el fletamento por viaje. Al afirmar que la concesión o la denegación de la exención se decide en función del tipo de contrato estipulado y, por tanto, de manera abstracta, las autoridades italianas confirman que no se comprueba en concreto que la exención se conceda a quien tiene derecho a obtenerla y se deniegue a quien no tenga tal derecho.
5)

En el supuesto de una posición dominante relativa a una pluralidad de empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades, ¿basta la pertenencia a dicho grupo para presumir que las empresas que no participaron en la conducta abusiva han contribuido también al acto ilícito —de modo que a la Autoridad de Supervisión le bastaría con demostrar una actividad paralela consciente, aunque no revista carácter colusorio, de las empresas que operan en el grupo que ocupa colectivamente una posición dominante— o bien (al igual que ocurre respecto a la prohibición de cárteles) debe aportarse la prueba, siquiera indirecta, de una situación concreta de coordinación y de subordinación entre las diversas empresas del grupo que ocupa una posición dominante, en particular con el fin de demostrar la participación de la sociedad matriz?
C 297/37

Recurso de casación interpuesto el 22 de julio de 2020 por Volotea, SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera ampliada) dictada el 13 de mayo de 2020 en el asunto T-607/17, Volotea/Comisión

(Asunto C-331/20 P)

(2020/C 297/49)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Volotea, SA (representantes: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule los puntos 1 y 2 del fallo de la sentencia recurrida.

— Anule parcialmente el artículo 1, apartados 2, 3 y 4 de la decisión de la Comisión (1) de 29 de julio de 2016 relativa a la ayuda estatal SA.33983 ejecutada por Italia para la compensación a los aeropuertos de Cerdeña por obligaciones de servicio público, así como la recuperación ordenada en ella, en la medida en que se refiere a la recurrente.

Con carácter subsidiario:

— Anule los puntos 1 y 2 del fallo de la sentencia recurrida.

— Devuelva el asunto al Tribunal General.

Además, la recurrente solicita que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error al aplicar el concepto de ayuda de Estado del artículo 107 TFUE, apartado 1. Más concretamente, el Tribunal General aplicó erróneamente el concepto de beneficio económico, se excedió en su competencia al sustituir el razonamiento de la Comisión Europea e incurrió en error al apreciar los criterios de selección, los recursos estatales y la distorsión de la competencia.

Señala que el Tribunal General incurrió en error al justificar la ayuda de Estado con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), y las Directrices comunitarias sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas que operen desde aeropuertos regionales.

Aduce que el Tribunal General no tuvo en cuenta el principio de confianza legítima en su orden de recuperación, incurrió en error al declarar la infracción del artículo 296 TFUE, apartado 2, por falta de motivación adecuada por parte de la Comisión Europea y vulneró el derecho de la recurrente a un recurso efectivo.

(1) Decisión (UE) 2017/1861 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) ejecutada por Italia — Compensación a los aeropuertos de Cerdeña por obligaciones de servicio público (SIEG) (DO 2017, L 268, p. 1).
C 287/30

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 30 de junio de 2020 — KS / Deutsche Lufthansa AG

(Asunto C-292/20)

(2020/C 287/49)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: KS

Demandada: Deutsche Lufthansa AG

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga del personal del transportista aéreo encargado convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1)

Mediante auto del Tribunal de Justicia de 30 de julio de 2020 se ordenó el archivo del asunto, haciéndolo constar en el Registro del Tribunal de Justicia.

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
C 297/23

Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Constanța (Rumanía) el 29 de mayo de 2020 — Euro Delta Danube Srl / Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea

(Asunto C-225/20)

(2020/C 297/32)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Constanța

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Euro Delta Danube Srl

Recurrida: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea

Cuestión prejudicial

1) El artículo 2, [apartado 1], punto 23, y el artículo 19, del Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo (1) en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad ¿se oponen a una norma nacional que, en circunstancias como las del litigio principal, impone al agricultor sanciones administrativas por sobredeclaración por incumplir los criterios de admisibilidad respecto de la superficie considerada sobredeclarada, en la medida en que cultiva una superficie de terreno de instalación piscícola que posee en virtud de un contrato de concesión sin acreditar el consentimiento del concedente para el uso del terreno con fines agrícolas?

(1) Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad (DO 2014, L 181, p. 48).