4.

La tercera cuestión que el Juez belga plantea es si: «Las tasas de inspección que se imponen al importador para cubrir los gastos de la inspección sanitaria descrita en la primera cuestión, deben considerarse como exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana a los efectos de los artículos 9 y siguientes del Tratado CEE, o como tributos internos, a los efectos del artículo 95 del Tratado CEE, cuando: — la inspección de los viveros situados en el territorio del Estado miembro interesado no está sujeta al pago de ninguna tasa; — la inspección del pescado capturado en el mar se efectúa en el momento de su desembarque en las lonjas o mercados y se refiere al estado sanitario, la frescura y la integridad del pescado, en tanto que la inspección sanitaria en el momento de la importación se opera en las Oficinas de Aduana y se refiere al certificado de sanidad, a la forma en que se transporta el pescado, al estado de conservación y a la conformidad con las exigencias de la normativa del Estado miembro importador en materia de inspección y de importación del pescado; — las tasas de inspección a la importación deben abonarse obligatoriamente cuando se cruza la frontera; — las tasas de inspección del pescado desembarcado son fijadas de manera uniforme, cualquiera que sea su estado, en tanto que las tasas de inspección del pescado importado que no sea pescado entero no tratado, ascienden al doble de las tasas de inspección del pescado desembarcado.» Observaré que, recurriendo de nuevo a la misma técnica seguida en la formulación de la primera cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión ha recordado las disposiciones más significativas entre las vigentes en Bélgica en materia de tasas de inspección sanitaria sobre el pescado, presentándolas como requisitos de un sistema hipotético. Por otra parte, lo que nos interesa en el presente caso, es que los requisitos descritos reflejan las diferencias existentes entre el régimen aplicable al pescado importado y el aplicable al pescado de origen nacional. Esta diferencia se pone de manifiesto sustancialmente en las cuatro circunstancias indicadas en la cuestión y que pueden traducirse de la siguiente forma: a) determinados tipos de pescado de origen nacional (peces criados en cautividad) no están sujetos a ninguna tasa, mientras que existe la obligación de pago para toda clase de pescado importado; b) las operaciones de inspección, que justifican el tributo, son diferentes para ambas categorías de pescado y se realizan en lugares diferentes; c) la obligación de pago surge en momentos diferentes; d) el importe de los cánones de inspección no es el mismo (al menos para el pescado distinto del pescado entero no tratado). Por lo que respecta al último punto, añadiré que el órgano jurisdiccional que conoce del fondo, al referirse como he dicho a la normativa belga, podría haber destacado igualmente una quinta circunstancia, la diferencia existente en la base imponible: en la normativa belga, en efecto, el canon aplicado por la tasa del pescado importado no tratado es de 15 BEF por quintal o fracción de quintal (30 BEF para el pescado tratado), en tanto que la tasa aplicable al pescado capturado y desembarcado en los puertos nacionales es de 0,15 BEF por kilo o fracción de kilo. Lo que confiere un carácter decisivo a las diferencias que acabo de señalar, con vistas a la respuesta a la tercera cuestión, es el criterio adoptado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de límites entre el ámbito de los efectos producidos por el artículo 9 y el de los del artículo 95 del Tratado CEE. Cabe resumir este criterio de la siguiente forma: entran en el ámbito de aplicación del artículo 95 las formas de tributo que forman parte de un sistema general de tributos internos, aplicados indistintamente a todos los productos de un determinado género, sean de origen nacional o importados; en particular debe tratarse de tributos percibidos de acuerdo con criterios idénticos y en una fase comparable de la producción, o en la misma fase de comercialización [véanse las sentencias de 5 de febrero de 1976, Bresciani (87/75, Rec. p. 129), apartado 11; de 28 de junio de 1978, Simmenthai (70/77, Rec. p. 1453), apartado 1 del fallo, y de 31 de mayo de 1979, Denkavit Loira (132/78, Rec. p. 1923), apartado 8]. A mi juicio, esta jurisprudencia debe mantenerse. De hecho, el artículo 95 contempla el principio de igualdad en el plano de las cargas fiscales, presuponiendo la unidad de los mecanismos -por no decir del «tipo»-de un tributo determinado y su aplicabilidad tanto a los productos nacionales como a los productos importados. No obstante, la situación es diferente cuando una tasa grava los productos importados, se paga al atravesar la frontera (como especifica la tercera cuestión formulada por el órgano jurisdiccional belga) y se impone en relación con operaciones de inspección específicas efectuadas sobre la mercancía importada, aun cuando una tasa impuesta por operaciones análogas, pero autónoma en su mecanismo y basada en criterios no idénticos, grave una parte de los productos nacionales correspondientes. Una situación de este género esta comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 9, que prohibe las exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado acertadamente en este sentido en numerosas ocasiones, al estudiar precisamente cánones de inspección sanitaria percibidos sobre mercancías importadas; recordaré la sentencia de 14 de diciembre de 1972, Marimex (29/72, Rec. p. 1309), fallo; la sentencia, ya citada, Bresciani (apartado 7 y apartado 1 del fallo), y la sentencia de 15 de diciembre de 1976, Simmenthal (35/76,↔ Rec. p. 1871), apartado 3 del fallo. Y es particularmente interesante recordar para la solución del presente asunto que, en esta jurisprudencia, se ha considerado particularmente significativo el hecho de que el impuesto se percibiera en la frontera, tanto como elemento distintivo entre carga pecuniaria prohibida por el artículo 9 y carga pecuniaria comprendida en el artículo 95 (véase la sentencia Simmenthal, ya citada, apartados 3 y 4 del fallo), como en relación con la finalidad propia del artículo 9: «evitar, en el comercio entre los Estados miembros, la introducción de cargas pecuniarias en razón del paso de la frontera de un Estado, de mercancías que circulan en el interior de la Comunidad» (sentencia Bresciani, apartado 9). De todo lo anterior se deduce que los cánones de inspección, cuyas características ha descrito el órgano jurisdiccional belga en la tercera cuestión, no pueden considerarse, precisamente por estas características, como integrantes de un sistema general de tributos internos sujetos a la norma del artículo 95 y que por el contrario constituyen exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana a la importación, incompatibles con la prohibición del artículo 9. La percepción de los cánones de inspección de que se trata aquí debería considerarse excluida de la prohibición del artículo 9, cuando la inspección es impuesta de manera uniforme (hipótesis analizada en la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 1977, Bauhuis (45/76,↔ Rec. p. 5), o cuando reviste el carácter de un servicio prestado al importador con carácter individual (véase la sentencia de 8 de noviembre de 1979, Denkavit Futtermittel, apartado 30). Pero la primera hipótesis está absolutamente excluida en el presente caso: las cuestiones formuladas por el órgano jurisdiccional que conoce del fondo se refieren indudablemente a un sistema de inspección establecido por un Estado con independencia de cualquier disposición comunitaria. Respecto a la segunda posibilidad, recordaré lo que afirmó el Tribunal de Justicia en la citada sentencia Bresciani: «la actividad de la Administración del Estado, destinada a mantener un régimen de inspección sanitaria en interés general, no puede considerarse como un servicio prestado al importador, que pueda justificar la percepción de una carga pecuniaria en contrapartida» (apartado 10). También en ese caso nos encontramos ante un sistema de inspección sanitaria establecida con vistas a la protección de un interés general: por consiguiente, cabe invocar el mismo argumento que el utilizado en el caso del asunto Bresciani. Por último, no quiero dejar de observar que las circunstancias invocadas por el Gobierno belga para justificar la diferencia de nivel de los cánones de inspección percibidos sobre el pescado «nacional» y el pescado importado, cuando se trata de un producto tratado, carecen absolutamente de interés en el presente asunto. Por una parte, en efecto, no me cansaré de repetir que el examen de las cuestiones prejudiciales con arreglo al artículo 177 debe efectuarse en un plano general y debe, por lo tanto hacerse abstracción de la motivación particular que ha determinado la conducta seguida por un Gobierno determinado. Por otra, la diferencia de nivel de los cánones de inspección, - no podría ciertamente bastar para justificar la inclusión de los mismos en el ámbito de aplicación del artículo 9 y del artículo 95: a lo sumo, ésta es una de las circunstancias que ayudan a demostrar la diferencia existente entre el régimen fiscal aplicado al pescado de origen nacional y el que se impone al pescado importado. Pero otras circunstancias, ya mencionadas, tienen sin duda un peso superior, como prueba de la diferencia existente entre los dos regímenes: el objeto y las modalidades de la inspección que genera el gravamen, el momento y el lugar de la inspección, el momento en el que nace la obligación de pagar las tasas, el ámbito de aplicación limitado de los cánones que gravan el pescado de origen nacional.