A este respecto, habida cuenta de la periodicidad con que se fijan los importes de las restituciones a la exportación y del procedimiento uniforme aplicable para la adopción de los respectivos reglamentos, una motivación estándar es admisible siempre y cuando la Comisión, al fijar los referidos importes, actúe con arreglo a su práctica habitual. Esta conclusión no puede ser cuestionada por el hecho de que la Comisión disponga generalmente de una amplia facultad de apreciación en el ámbito de la agricultura.

Una decisión que se sitúa en el marco de una práctica decisoria constante puede contener una motivación sumaria, concretamente mediante referencia a dicha práctica. Por el contrario, incumbe a la autoridad de la Unión desarrollar su razonamiento de forma explícita cuando la decisión vaya sensiblemente más lejos que las decisiones anteriores. Así, cuando es suficiente una motivación estándar porque la Comisión no se ha apartado de una práctica decisoria constante, la referencia, en el acto de que se trate, a los fundamentos jurídicos aplicables cumple la exigencia de motivación. Por práctica habitual hay que entender el comportamiento que la institución de que se trate adopta de forma reiterada, a la luz de las circunstancias reinantes en el mercado.

En el marco de la fijación del importe de las restituciones a la exportación por parte de la Comisión, el hecho de que fuera la primera vez que se fijaba un importe cero para los productos controvertidos no implica forzosamente que la Comisión hubiera roto con su práctica habitual. A este respecto, es inherente al sistema de fijación periódica del importe de las restituciones que éste sufra modificaciones, de manera que restituciones a la exportación de importes muy diferentes pueden estar amparadas en una misma motivación.

A la hora de fijar el importe de las restituciones a la exportación, nada compele a la Comisión a tener en cuenta que se están celebrando negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la supresión de tales restituciones, hasta tanto no hayan culminado dichas negociaciones en un acuerdo vinculante. En cambio, la Comisión puede perfectamente tener en cuenta, a la hora de fijar el importe de las restituciones, la evolución futura de la Política Agrícola Común y las negociaciones en el seno de la OMC, a pesar de que tal posibilidad no está prevista explícitamente por el artículo 164, apartado 3, del Reglamento no 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas.

Los actos de alcance general se adoptan siempre dentro de un contexto político y económico general. Si bien el precitado artículo 164, apartado 3, prevé explícitamente determinados criterios que pueden ser objeto de consideración, también es cierto que la adopción de un reglamento por el que se fija el importe de las restituciones a la exportación tiene lugar dentro de ese contexto, el cual, en su caso, puede ser tenido en cuenta por la Comisión. A este respecto, no es necesario hacer siempre mención de dicho contexto general en la motivación de un reglamento. En efecto, habida cuenta de que es absolutamente normal que la Comisión tenga en cuenta el contexto político y económico general, el mero hecho de que lo haga no implica que esté rompiendo con su práctica habitual. Además, por lo general, los operadores afectados ya conocen ese contexto.

Por lo tanto, no era necesario mencionar de forma expresa, en la motivación del Reglamento no 689/2013 por el que se fijan las restituciones por exportación en el sector de la carne de aves de corral, el hecho de que se hubieran tenido en cuenta las negociaciones que se estaban celebrando en el seno de la OMC y la orientación política futura, salvo que estas circunstancias fueran la razón de ser de dicho Reglamento y no meramente un factor más del contexto político y económico general tenido en cuenta en su adopción.

A este respecto, si existe un acuerdo político sobre la orientación futura de la Política Agrícola Común, tal acuerdo forma parte del contexto político y económico general que puede ser tomado en consideración por la Comisión. Lo mismo cabe decir de las negociaciones en curso en el seno de la OMC. Tener en cuenta tales circunstancias no significa que la Comisión esté sobrepasando los límites de su facultad de apreciación, ni siquiera aunque se considerara que la enumeración de criterios del artículo 164, apartado 3, del Reglamento no 1234/2007 constituye una lista cerrada. En efecto, el contexto general siempre puede influir en el ejercicio que hace la Comisión de su facultad de apreciación, y ni siquiera una enumeración con el carácter de lista cerrada de los criterios a los que dicha institución puede atenerse le impiden tener en cuenta ese contexto.

(véanse los apartados 57, 58, 60, 61, 66, 71, 73 y 157)