Asunto C-256/06

Theodor Jäger

contra

Finanzamt Kusel-Landstuhl

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof)

«Libre circulación de capitales — Artículos 73 B y 73 D del Tratado CE (actualmente artículos 56 CE y 58 CE) — Impuesto de sucesiones — Valoración de los bienes comprendidos en la transmisión mortis causa — Bien agrícola y forestal situado en otro Estado miembro — Método menos favorable de valoración del bien y de cálculo del impuesto adeudado»

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mazák, presentadas el 11 de septiembre de 2007 I - 126

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de enero de 2008 I - 140

Sumario de la sentencia

Libre circulación de capitales — Restricciones — Impuesto de sucesiones

(Tratado CE, arts. 73 B, ap. 1, y 73 D (actualmente arts. 56 CE, ap. 1, y 58 CE)

El artículo 73 B, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 56 CE, apartado 1), en relación con el artículo 73 D del Tratado (actualmente artículo 58 CE), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que, a efectos del cálculo del impuesto de sucesiones sobre una herencia formada por bienes situados en el territorio de dicho Estado y por un bien agrícola y forestal situado en otro Estado miembro,

— establece que se tomará en consideración el bien situado en ese otro Estado miembro por su valor venal, mientras que a un bien idéntico situado en el territorio nacional se aplicará un procedimiento especial de valoración cuyos resultados sólo corresponden, como media, al 10 % de ese valor venal, y

— reserva a los bienes agrícolas y forestales situados en el territorio nacional la aplicación de una exoneración fiscal concedida en función de tales bienes, así como la consideración de su valor residual únicamente en el 60 % de su importe.

En efecto, dicha normativa, en la medida en que da lugar a que una herencia que comprenda un bien agrícola y forestal situado en otro Estado miembro esté sujeta, en el primer Estado miembro, a un impuesto sobre sucesiones superior al que se devengaría si los bienes incluidos en la herencia estuvieran situados exclusivamente en el territorio de este último Estado miembro, produce el efecto de restringir los movimientos de capitales, disminuyendo el valor de una herencia que incluya tal bien situado fuera del territorio nacional.

Dicha normativa nacional no puede justificarse alegando que se refiere a situaciones que no son objetivamente comparables, dado que, en aplicación de dicha normativa, el cálculo del impuesto sobre sucesiones se halla directamente relacionado con el valor de los bienes incluidos en la herencia, por lo que no existe objetivamente ninguna diferencia de situación que pueda justificar una desigualdad de trato fiscal en lo que atañe al importe de la cuota del impuesto sobre sucesiones adeudado por un bien situado en el territorio nacional y un bien situado en otro Estado miembro, respectivamente.

Por otro lado, el objetivo de evitar que la carga del impuesto sobre sucesiones comprometa la continuidad de la actividad de las explotaciones agrícolas y forestales y, por lo tanto, el mantenimiento de la función social de éstas no puede justificar la normativa controvertida, dado que ningún elemento permite apreciar que las explotaciones establecidas en otros Estados miembros no se encuentren en una situación comparable a la de las explotaciones establecidas en el territorio nacional.

Lo mismo cabe señalar en relación con las posibles dificultades encontradas al determinar el valor de un bien situado en el territorio de otro Estado miembro según un procedimiento nacional especial, dado que dichas dificultades no pueden bastar para justificar la denegación categórica de la ventaja fiscal tal y como se deriva de la normativa controvertida, la cual, aparte de dicho procedimiento de valoración, reserva asimismo la aplicación de otras dos ventajas fiscales a los bienes situados en el territorio nacional.

(véanse los apartados 32, 43, 44, 52, 54, 55 y 57 y el fallo)