AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Segunda)

de 9 de abril de 2014

Asunto F‑87/13

Philippe Colart y otros

contra

Parlamento Europeo

«Función pública — Representación del personal — Acuerdo marco entre el Parlamento y las organizaciones sindicales o profesionales de la institución — Comité ejecutivo de un sindicato — Contestación dentro del sindicato de la legitimidad y la identidad de las personas que componen el comité ejecutivo — Derechos de acceso al correo electrónico puesto a disposición de un sindicato por la institución — Negativa por parte de la institución a restablecer los derechos y/o suprimir todo derecho a acceder al correo electrónico — Legitimación — Inadmisibilidad manifiesta»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el que los Sres. Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony, Garzone y la Sra. Kemmerling-Linssen, así como los Sres. Manzella y Vienne (en lo sucesivo, «demandantes») solicitan la anulación de una decisión del Parlamento Europeo adoptada en junio de 2013 y relativa a la nueva distribución de derechos de acceso al correo electrónico del sindicato «Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens» y la indemnización de los perjuicios de cualquier tipo que supuestamente les ha generado dicha decisión.

Resultado: Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso. Los Sres. Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony, Garzone y la Sra. Kemmerling-Linssen, así como los Sres. Manzella y Vienne, cargarán con sus propias costas y con las del Parlamento Europeo.

Sumario

Recursos de funcionarios — Interés en ejercitar la acción — Recurso interpuesto por un miembro de una organización sindical o profesional contra una medida que afecta al interés colectivo defendido por dicha organización — Interés en ejercitar la acción existente sólo en caso de privación a los miembros de la organización del ejercicio normal de sus derechos sindicales

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 24 ter, 90 y 91)

A fin de que un recurso de anulación interpuesto sobre la base del artículo 91 del Estatuto sea admisible, debe referirse a un litigio entre la Unión y una de las personas regidas por el Estatuto y versar sobre la legalidad de un acto lesivo para dicha persona. A estos efectos, únicamente son actos impugnables las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios, que puedan afectar directa e inmediatamente a los intereses del demandante, modificando de manera caracterizada su situación jurídica como funcionario o agente. En materia de libertad sindical, protegida por lo dispuesto en el artículo 24 ter del Estatuto, constituye un acto lesivo contra el cual un funcionario o agente tiene un interés individual en ejercitar la acción toda medida que afecte directa e inmediatamente a ese funcionario o agente en el ejercicio individual de sus derechos sindicales, derivados del artículo 24 ter del Estatuto o previstos en un acuerdo entre la institución y la organización sindical y profesional, y que esté dentro de la esfera de sus relaciones laborales individuales con la institución. En cambio, una medida que sólo afecta directamente al interés colectivo que defiende dicha organización en el marco de sus relaciones con la institución de que se trate no constituye un acto atacable por parte del funcionario o agente que actúe a título individual.

A este respecto, el artículo 14 del acuerdo marco entre el Parlamento Europeo y las organizaciones sindicales y profesionales confiere a dichas organizaciones la posibilidad de hacer uso, dentro de los límites de la disponibilidad existente en los servicios de que se trate, de los medios de distribución y de comunicación audiovisual de la Secretaría General del Parlamento, entre los cuales está la dirección de correo electrónico, para las actividades relativas a la aplicación del acuerdo marco y para informar al personal acerca de sus actividades. En sí mismo, no confiere a los funcionarios o agentes miembros de estas organizaciones, aunque sean parte de los órganos ejecutivos elegidos por la asamblea de sus miembros, en el sentido del artículo 2, letra b), del acuerdo marco, un derecho individual de acceso a estos recursos puestos a la disposición de las mencionadas organizaciones. De este modo, la decisión de denegación del bloqueo temporal del derecho de acceso a la dirección de correo electrónico puesta a disposición de una organización afecta directa e indirectamente al derecho de hacer uso de esta dirección de correo electrónico que confiere el artículo 14 a la organización. Así, esta organización podía interponer, por medio de sus representantes debidamente habilitados a tal efecto, un recurso de anulación de la decisión impugnada en virtud del artículo 263 TFUE, dentro del plazo de recurso de dos meses establecido en dicha disposición.

Por otro lado, además del hecho de que un posible recurso presentado por dicha organización está incluido dentro de la competencia del Tribunal General de la Unión Europea, considerar que el presente recurso es admisible llevaría también al Tribunal de la Función Pública a tener que apreciar la legalidad de las distintas decisiones adoptadas en las asambleas generales y las asambleas generales extraordinarias de la mentada organización para determinar si los demandantes debían ser reconocidos como las únicas personas facultadas para ejercer en su nombre los derechos de acceso a la dirección de correo electrónico. Pues bien, tal apreciación, por un lado, equivaldría a zanjar las discrepancias internas de esa organización, siendo así que esta cuestión, relacionada con el respeto de las reglas estatutarias de éste por parte de sus miembros, es competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales y, por otro, conduciría al Tribunal de la Función Pública a pronunciarse, no sobre un litigio entre un funcionario o agente y su administración, sino sobre un litigio dentro de una organización que opone a miembros de ésta.

Aunque los demandantes han podido verse afectados por la decisión impugnada, por una parte, no es por su condición de funcionarios, que les permite invocar los derechos establecidos en el artículo 24 ter del Estatuto, en particular de ser miembros de una organización, sino en su condición, reivindicada, de miembros del comité ejecutivo de ésta. Por otra, no se han visto afectados como funcionarios en la esfera de sus relaciones de servicio individuales con el Parlamento. Sólo se ha visto afectada la organización en su ámbito de comunicación, del que forman parte los demandantes, con sus miembros y el personal del Parlamento, respectivamente.

(véanse los apartados 38 a 41, 50 y 53 a 59)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 8 de octubre de 1974, Union syndicale y otros/Consejo, 175/73, apartados 15 y 17; 11 de mayo de 1989, Maurissen y Union syndicale/Tribunal de Cuentas, 193/87 y 194/87; 10 de enero de 2006, Comisión/Álvarez Moreno, C‑373/04 P, apartado 42

Tribunal de Primera Instancia: 31 de marzo de 2003, Hecq/Comisión, T‑227/02, apartados 15 a 17; 6 de mayo de 2004, Hecq/Comisión, T‑34/03, apartado 58; 13 de diciembre de 2012, Strack/Comisión, T‑199/11 P, apartado 127, y la jurisprudencia citada

Tribunal de la Función Pública: 6 de mayo de 2009, Sergio y otros/Comisión, F‑137/07, apartados 51, 52, 82, 83 y 116; 26 de febrero de 2013, Labiri/CESE, F‑124/10, apartado 56, y la jurisprudencia citada