3.

Aunque la parte demandante, de acuerdo con su tesis de que la debatida participación en el capital no constituye una ayuda, no haya examinado expresamente la infracción del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, considero que es necesario examinar dichas excepciones. a) La parte demandante expone que en 1982 se acordó un segundo plan de reestructuración de la empresa beneficiaria, y que por su considerable actividad exportadora y el prestigio tecnológico de la empresa, la ampliación de capital se justificaba para sostener un plan de reestructuración que tenía como objeto una nueva reducción de plantilla así como un programa de inversiones destinado a impulsar la especialización de la empresa, a desarrollar una nueva gama de productos en el sector de las calderas y a preparar la creación de un negocio fuera de la Comunidad. Según la parte demandante, la ampliación de capital se suscribió para adaptar la capacidad de producción de la empresa a nuevos mercados y para reducirla en el sector tradicional (material para la industria alimentaria). De ello resulta, según la parte demandante, que la participación criticada no sirvió para financiar un aumento de las capacidades de producción existentes. A juicio de la parte demandada, la aportación de capital debatida fue indispensable para compensar las pérdidas de explotación sufridas y, por tanto, no puede haber estado destinada a la vez a apoyar los pretendidos esfuerzos de reestructuración de la empresa. Durante la fase escrita ante el Tribunal de Justicia, la parte demandada ha negado la existencia y la ejecución de un plan serio de reestructuración. Según ella, la demandante no ha aportado ningún dato concreto que pueda demostrar que la inversión efectuada y las supresiones de empleos se distingan de una adaptación normal, realizada sin ayuda del Estado, que toda empresa debe efectuar cuando se observa una modificación sensible de las condiciones de mercado. Durante la fase oral, la parte demandada ha definido su postura sobre el plan de reestructuración de la empresa beneficiaria, decidido en 1982, que la parte demandante presentó a instancias del Tribunal de Justicia. Aun después de haber conocido dicho plan, la parte demandada mantiene la tesis que expuso en la Decisión impugnada. Según ella, para que los planes de reestructuración puedan considerarse amparados por la excepción del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, deben prever una contrapartida que justifique la ayuda por parte de la empresa beneficiaría. Considera que los objetivos que la ayuda persigue deben presentar un interés comunitario como, por ejemplo, facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas. Según la parte demandada, es decisivo a este respecto que la ayuda no se destine a una actividad afectada por un exceso de producción a nivel comunitario. Ahora bien, estima que ése es precisamente el caso en el sector en cuestión. También según la parte demandada, debe tratarse, además, de una reestructuración que se inscriba en el marco de sectores económicos interesantes desde el punto de vista comunitario. Estima que las ayudas de rutina para una mera modernización, es decir, para las necesarias inversiones de renovación, no pueden considerarse amparadas por el apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, ya que son ayudas de funcionamiento. Considera que el plan de reestructuración no contiene ningún detalle relativo a la especialización de la empresa y pone en duda la elaboración de una nueva gama de productos, cuando aún en 1984 el 71 % de su producción total se destinó al sector de la cervecería. En definitiva, la parte demandada niega la existencia de un verdadero plan de reestructuración de la empresa beneficiaría. La parte demandante no ha planteado objeciones de fondo contra esta apreciación del plan por parte de la demandada. b) Por lo que se refiere a la posibilidad de aplicar el apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, la parte demandada hizo ya algunas consideraciones teóricas en su Decisión. Posteriormente señala que no cabía plantearse una aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 92, puesto que la zona en que se estableció la empresa afectada no es una región con un nivel de vida anormalmente bajo o un desempleo grave. Durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, la parte demandada ha aclarado que dicha afirmación se hizo en la Decisión con respecto a la Comunidad en su conjunto. Según su postura, ello no puede ser objeto de críticas, ya que el Tribunal de Justicia falló en su sentencia de 17 de septiembre de 1980 en el asunto 730/79 ( 15 ) que la parte demandada podía apreciar el nivel de vida y el desempleo en una región determinada no en función del nivel medio nacional, sino con respecto al nivel comunitario. Por lo que se refiere a la posibilidad de admitir que una ayuda es compatible con el mercado común, conforme a la letra b) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, la parte demandada ha señalado que Bélgica formaba parte de las regiones centrales de la Comunidad que no atraviesan los problemas sociales y económicos más graves a nivel comunitario, mientras que, al mismo tiempo el riesgo de una puja de ayudas es muy real y, por otra parte, cualquier ayuda puede afectar a los intercambios entre Estados miembros. Añadió que de las informaciones socioeconómicas disponibles sobre Bélgica no se desprende ningún dato que permita apreciar la existencia de una grave perturbación de su economía como la que contempla el Tratado. También estas explicaciones nie parecen claras; en todo caso, la parte demandante no ha alegado nada que pueda ponerlas seriamente en duda. c) Sólo queda, pues, por examinar la posibilidad de excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE. La parte demandada se ha negado a aplicar dicha excepción alegando haber comprobado que el sector de la producción de instalaciones para la industria alimentaria se enfrenta en la actualidad a un innegable exceso de producción y que la evolución de dicho sector lleva a la conclusión de que mantener las cotas de producción mediante ayudas de Estado es contrario al interés común; añade que esta afirmación sigue siendo válida incluso cuando la concesión de la ayuda va ligada a un esfuerzo de reestructuración financiera, comercial o de las instalaciones productivas. En otro punto de su Decisión, la parte demandada afirma que la demandante no había podido suministrar, ni ella misma encontrar, ninguna justificación que permitiera afirmar que la ayuda en cuestión reuniera los requisitos exigidos para la aplicación de una de las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE. Estas afirmaciones podrían hacer pensar en la posibilidad de concluir, como hace la parte demandante refiriéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 1985, en los asuntos acumulados 296 y 318/82, que la parte demandada no tuvo en cuenta suficientemente un elemento esencial que eventualmente habría podido llevar a una apreciación diferente, a saber, que la ayuda en cuestión iba unida a una reestructuración de la empresa beneficiaria. En caso de resultar fundado este argumento, debería anularse tanto la Decisión impugnada de la parte demandada como su Decisión, que dio lugar a la sentencia de 13 de marzo de 1985, en los asuntos acumulados 296 y 318/82. Si bien la parte demandante ya había señalado a la demandada en 1982 la existencia de un plan de reestructuración, no había aportado, sin embargo, ninguna otra precisión. En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, por primera vez, se expuso dicho plan de forma algo más detallada en una nota contenida en la réplica, y finalmente se presentó; pero únicamente a requerimiento expreso del Tribunal de Justicia. Esta circunstancia, contemplada en el contexto de la evolución efectiva de la empresa en cuestión, que la llevó a pérdidas cada vez más importantes y, por último, a la quiebra, basta para sugerir que el llamado programa de reestructuración no pudo haber constituido un proyecto viable. Si se examina más atentamente el plan de 1982, debe admitirse que se trata en esencia de declaraciones de intención, deseos sobre la futura evolución de la empresa y la situación del mercado, así como un llamamiento a la dirección y al personal de la empresa. Por el contrario, cuando el plan contiene elementos concretos, habla esencialmente de las nuevas necesidades de capital de la empresa. El informe sobre las medidas proyectadas, sometido por la SRIW a la región valona, afirma que la realización del plan de reestructuración necesitaría en condiciones normales la colaboración activa de otra empresa con experiencia en esta industria, que debería también comprometerse significativamente en el aspecto financiero. El informe añade que, no obstante, dadas las condiciones sociales y el nivel de los compromisos de la región valona en dicha empresa, no es posible preparar a tiempo un proyecto semejante y que, por ello, debe apoyarse el plan propuesto por la empresa, con la suscripción de capital que prevé por parte de los poderes públicos. Siempre según dicho proyecto, existen negociaciones con diferentes empresas para desarrollar una estrategia común de comercialización, pero las negociaciones seguidas con una de dichas empresas sobre una participación financiera no tienen ninguna posibilidad de llegar a buen fin en la actual situación de la sociedad Meura. No me parece necesario, sin embargo, que nos detengamos más sobre dicho plan, ya que la parte demandante no ha dirigido serias críticas contra la apreciación de la demandada según la cual el plan no contiene un proyecto viable de reestructuración. La parte demandada podía, pues, concluir justificadamente que las ayudas otorgadas por la demandante no podían considerarse compatibles con el mercado común en el sentido del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE. El hecho de que la parte demandada sólo haya tenido conocimiento de los detalles del plan elaborado en 1982, con ocasión del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, y no lo tuviera en cuenta con todos sus detalles en la Decisión impugnada, tampoco cambia en nada dicha apreciación. En efecto, la parte demandante no había notificado la ayuda a la demandada conforme al apartado 3 del artículo 93, ni había presentado posteriormente dicho plan de forma espontánea. No ha cumplido, pues, las obligaciones que le incumben en el marco del procedimiento de control de las ayudas. Si la parte demandada adoptó de este modo, estando insuficientemente informada, una Decisión correcta en cuanto al fondo, no puede reprochársele que no tuviera en cuenta en su Decisión documentos que no se le habían comunicado. Como las disposiciones del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE consituyen, además, una excepción al principio de prohibición de las ayudas, podría considerarse perfectamente que quien pretenda invocar la excepción —en este caso, la parte demandante— debe comunicar ya desde la fase administrativa el conjunto de los detalles que podrían justificar la aplicación de la excepción. Nada autoriza, pues, a poner en duda la legalidad de la declaración de la parte demandada según la cual las ayudas concedidas por los organismos públicos de la parte demandante no pueden considerarse compatibles con el mercado común de acuerdo con el apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE.