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En tales circunstancias, el Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este, Dinamarca) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) a) ¿Para que un Estado miembro pueda invocar el artículo 1, apartado 2, de la Directiva [90/435], relativo a la aplicación de disposiciones nacionales destinadas a impedir el fraude fiscal y los abusos, es necesario que el Estado miembro de que se trate haya adoptado una disposición nacional específica de transposición del artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva o que la legislación nacional contenga disposiciones o principios generales sobre el fraude fiscal y los abusos que puedan interpretarse de conformidad con ese mismo artículo 1, apartado 2? b) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede considerarse que el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que establece como requisito previo que “los dividendos […] estén exentos, o gravados a un tipo reducido, con arreglo a las disposiciones de la Directiva [90/435]”, constituye una disposición nacional específica a los efectos del artículo 1, apartado 2 de la Directiva 90/435? 2) Una disposición de un convenio para evitar la doble imposición celebrado entre dos Estados miembros y redactado conforme al [Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE], en virtud de la cual la imposición de los dividendos distribuidos depende de si el perceptor de los dividendos es el beneficiario efectivo de estos, ¿constituye una disposición convencional contra los abusos a efectos del artículo 1, apartado 2 [de la Directiva 90/435]? 3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales definir el concepto de “beneficiario efectivo”, o bien debe interpretarse dicho concepto, al aplicar la Directiva 90/435, de tal forma que se le atribuya un significado propio del Derecho de la Unión, sujeto al control del Tribunal de Justicia? 4) a) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión y de que se responda a la tercera cuestión que no corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales definir el concepto de “beneficiario efectivo”, ¿debe entenderse este concepto en el sentido de que, de acuerdo con una interpretación conforme con el Derecho de la Unión, una sociedad residente en un Estado miembro que, en circunstancias como las del presente caso, percibe dividendos de una filial residente en otro Estado miembro es el “beneficiario efectivo” de esos dividendos? b) ¿Debe interpretarse el concepto de “beneficiario efectivo” en el mismo sentido que el concepto homónimo contemplado en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (DO 2003, L 157, p. 49), en relación con el artículo 1, apartado 4, de esta? c) ¿Debe interpretarse dicho concepto exclusivamente a la luz de los comentarios al artículo 10 del [Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE de 1977] (apartado 12), o puede acudirse también a Comentarios posteriores, como los añadidos en 2003 respecto a las “sociedades instrumentales” o los añadidos en 2014 sobre las “obligaciones contractuales o legales”? d) ¿Qué relevancia tiene, para determinar si el perceptor de los dividendos puede ser considerado el “beneficiario efectivo”, que dicho perceptor esté obligado, legal o contractualmente, a transferir esos dividendos a otra persona? e) ¿Qué relevancia tiene, para determinar si el perceptor de los dividendos debe considerarse un “beneficiario efectivo”, que el órgano jurisdiccional remitente, tras apreciar los hechos del caso de autos, llegue a la conclusión de que el perceptor —sin estar obligado legal o contractualmente a transferir los dividendos recibidos a otra persona— no disponía “básicamente” del derecho de “uso y disfrute” de los dividendos en el sentido de los comentarios de 2014 al [Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE de 1977]? 5) Si se constata en el presente caso – que existen “disposiciones nacionales o convencionales que sean necesarias a fin de evitar fraudes y abusos” (véase el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435); – que la sociedad A, residente de un Estado miembro, ha satisfecho dividendos a su sociedad matriz B, residente de otro Estado miembro, y esta última los ha transferido a su sociedad matriz C, residente fuera de la Unión Europea y del [EEE], la cual, a su vez, ha transferido los fondos a su propia sociedad matriz D, también residente fuera de la Unión y del [EEE]; – que no existe convenio de doble imposición entre el primer Estado miembro referido y el Estado de residencia de la sociedad C; – que existe un convenio de doble imposición entre el primer Estado miembro referido y el Estado de residencia de la sociedad D, y que – el primer Estado miembro referido, con arreglo a su Derecho interno, no podría someter a imposición en la fuente los dividendos satisfechos por la sociedad A a la sociedad D si esta última fuera la propietaria directa de la sociedad A; ¿se trata, en tales circunstancias, de un abuso en el sentido de la Directiva 90/435 que determina que la sociedad B no pueda ampararse en esta? 6) Si se considera que, de hecho, una sociedad residente en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en la fuente, en virtud del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435, en cuanto a los dividendos que haya percibido de una sociedad residente en otro Estado miembro (filial), ¿se opone el artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 54 TFUE, a una normativa con arreglo a la cual el último Estado miembro somete a imposición los dividendos percibidos por la sociedad matriz residente en el otro Estado miembro, siendo así que el Estado miembro en cuestión no somete a imposición tales dividendos si son satisfechos, en circunstancias similares, a una sociedad matriz residente? 7) Si se considera que, de hecho, una sociedad residente en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en la fuente, en virtud del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435, en cuanto a los dividendos que haya percibido de una sociedad residente en otro Estado miembro (filial), y este último Estado miembro considera que la sociedad matriz está sujeta a impuesto por obligación real en este Estado miembro respecto a dichos dividendos, ¿se opone el artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 54 TFUE, a una normativa con arreglo a la cual el último Estado miembro exige a la sociedad responsable de la retención en la fuente (la filial) el pago de intereses de demora en caso de ingreso fuera de plazo de esa retención a un tipo de interés más elevado que el aplicado por este mismo Estado miembro a las deudas por el impuesto sobre sociedades de una sociedad residente? 8) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión y de que se responda a la tercera cuestión que no corresponde al juez nacional definir el concepto de “beneficiario efectivo”, y si ello determina que, de hecho, una sociedad residente en un Estado miembro (sociedad matriz) no esté exenta de la retención en la fuente, en virtud de la Directiva 90/435, en cuanto a los dividendos que haya percibido de una sociedad residente en otro Estado miembro (filial), ¿está el último Estado miembro obligado con arreglo a la Directiva 90/435 o al artículo 4 TUE, apartado 3, a manifestar a quién considera beneficiario efectivo en ese caso? 9) Si se considera que, de hecho, una sociedad residente en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en la fuente, en virtud de la Directiva 90/435, en cuanto a los dividendos que haya percibido de una sociedad residente en otro Estado miembro (filial), ¿se opone el artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 54 TFUE (o con el artículo 63 TFUE), considerados por separado o conjuntamente, a una normativa con arreglo a la cual – la sociedad filial establecida en el último Estado miembro debe practicar una retención en la fuente sobre los dividendos y es responsable frente a dicho Estado de las retenciones no practicadas, pero no existe tal obligación de practicar la retención cuando la sociedad matriz es residente en este mismo Estado miembro; – este último Estado miembro exige intereses de demora sobre las retenciones en la fuente adeudadas? Se solicita al Tribunal de Justicia que, en su respuesta a la novena cuestión, tenga en cuenta las respuestas dadas a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima. 10) En una situación en la que – una sociedad (matriz) residente en un Estado miembro cumple el requisito establecido por la Directiva 90/435 de poseer (en 2011) al menos el 10 % del capital social de una sociedad (filial) residente en otro Estado miembro; – se considera, de hecho, que la sociedad matriz no está exenta de la retención en la fuente, en virtud del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435, respecto de los dividendos percibidos de la sociedad filial; – el accionista o los accionistas (directos o indirectos) de la sociedad matriz, residentes de un tercer Estado, son considerados los beneficiarios efectivos de los dividendos en cuestión; – el accionista o accionistas en cuestión (directos o indirectos) también cumplen el mencionado requisito relativo al porcentaje de participación en el capital social; ¿se opone el artículo 63 TFUE a una normativa con arreglo a la cual el Estado miembro de residencia de la sociedad filial somete a imposición los dividendos en cuestión, siendo así que dicho Estado miembro no somete a imposición tales dividendos si son satisfechos a una sociedad residente que cumpla el requisito relativo a la participación en el capital social establecido por la Directiva 90/435, es decir, que posea, en el ejercicio 2011, al menos el 10 % del capital de la sociedad que distribuye los dividendos?»