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1)

¿Deben interpretarse el artículo 2, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento (CE) no 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente (1), el artículo 3, letras c) y g), del Reglamento (CE) no 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos (2), y el artículo 1, apartado 1, del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999 (3), en el sentido de que las acciones de indemnización de daños de una perjudicada: — que era ocupante de una aeronave que debía despegar y aterrizar en un mismo lugar de un Estado miembro, — a quien el piloto transportó gratuitamente, — el fin del vuelo consistía en observar desde el aire una finca sobre la que pretendía celebrar una transacción inmobiliaria con el piloto y, — que sufrió lesiones al estrellarse la aeronave, hayan de valorarse exclusivamente a la luz del artículo 17 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, y de que no les es de aplicación el Derecho nacional? En caso de respuesta positiva a la primera cuestión prejudicial:
—

el artículo 13 del Decreto relativo a la tarjeta SZÉP, interpretado conjuntamente con los artículos 1, 2, apartados 1 y 2, 55, apartados 1 y 3, y 64, apartado 1, de la Ley IV de 2006, el artículo 2, apartado 2, letra d), de la Ley XCVI de 1993 y el artículo 2, letra b), de la Ley CXXXII de 1997, no reconoce, a efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13, letras a), b) y c), del Decreto relativo a la tarjeta SZÉP, la actividad de aquellos grupos de empresas cuya matriz no sea una sociedad constituida con arreglo al Derecho húngaro y cuyos miembros no revistan la forma de sociedad de Derecho húngaro, infringiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 15, apartados 1, 2, letra b), y 3, de la Directiva 2006/123;
6.

Además, para que tales disposiciones se apliquen también en la práctica, no se garantiza el período mínimo de descanso diario y semanal, ya que, por un lado, no se reconocen como tiempo de trabajo toda la tipología de guardias y, por otro, no se establecen períodos equivalentes de descanso compensatorios, que deban realizarse inmediatamente después del tiempo adicional de trabajo que se supone que deben compensar.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/28

Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 6 de marzo de 2014 — FCD — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FMB — Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

(Asunto C-106/14)

2014/C 142/35

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: FCD — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FMB — Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison

Demandada: Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Cuestión prejudicial

Cuando un «artículo», en el sentido del Reglamento no 1907/2006 (REACH), (1) esté formado por varios elementos que, a su vez, respondan a la definición de «artículo» contenida en dicho Reglamento, ¿debe entenderse que las obligaciones derivadas del artículo 7, apartado 2, y del artículo 33 del citado Reglamento son aplicables únicamente con respecto al artículo ensamblado o bien que lo son con respecto a cada uno de los elementos que respondan a la definición de «artículo»?

(1) Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 135/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 22 de enero de 2014 — Ryanair Ltd, otra parte: PR Aviation BV

(Asunto C-30/14)

2014/C 135/20

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ryanair Ltd

Otra parte: PR Aviation BV

Cuestión prejudicial

¿Se extiende el ámbito de aplicación de la [Directiva sobre las bases de datos] (1) a las bases de datos en línea que no están protegidas por los derechos de autor en virtud del capítulo II de la Directiva o por un derecho sui generis, en virtud del capítulo III, en el sentido de que la libertad de utilizar estas bases de datos no puede restringirse contractualmente mediante la aplicación (analógica o no) de los artículos 6, apartado 1, y 8, en relación con el artículo 15 [de la Directiva sobre las bases de datos]?

(1) Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77, p. 20).
4)

Por último, mediante el cuarto motivo la recurrente alega que, en cualquier caso, la multa confirmada por el Tribunal General es desproporcionada. En efecto, habida cuenta que algunas pruebas inculpatorias ya habían sido sido anuladas por la sentencia y de que otras deberán serlo debido a errores de motivación, el hecho de mantener la imposición de la multa máxima legalmente establecida del 10 % del volumen de negocios impuesta por el Tribunal no puede considerarse proporcionado ni por ende admisible. A juicio de la recurrente, puesto que la mayor parte de elementos de hecho invocados para justificar la infracción son inválidos y habida cuenta de la falta de causalidad, del carácter lacunario de las pruebas, y del carácter no imputable de las prácticas, no es posible considerar que se haya cometido durante 10 años una SCCI que haya englobado 6 países y 3 grupos de productos, sino que, en todo caso, se trata de infracciones locales puntuales, las cuales no justifican el nivel de las sanciones impuestas en el caso de autos. Según la recurrente, el asunto controvertido dista mucho de ser un caso grave o muy grave, lo que el Tribunal no tuvo en cuenta incumpliendo gravemente los criterios de apreciación que había de interpretar.
1)

Falta de apreciación de la excepción relativa al abuso de Derecho como figura jurídica de alcance general El Tribunal General incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta en la sentencia recurrida –en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que conoce del presente recurso– que también debe respetarse en el ámbito del Derecho comunitario de marcas la figura jurídica de alcance general que constituye la excepción relativa al abuso de Derecho, que permite y exige la apreciación de las circunstancias del caso concreto. Por el contrario, el Tribunal General se limitó a declarar que el procedimiento conforme al artículo 52, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009, (1) es un procedimiento que puede iniciar cualquier interesado y consecuentemente no apreció las circunstancias específicas del caso de autos. A este respecto, el Tribunal General pasó por alto el hecho de que, aun cuando el legislador ha concebido el procedimiento de anulación de una marca con arreglo al artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009 como un procedimiento que puede iniciar cualquier interesado, ello no impide sin embargo tener en cuenta también en el ámbito del Derecho comunitario de marcas la excepción relativa al abuso de Derecho como figura jurídica de alcance general en vigor. En efecto, la exclusión de las pretensiones abusivas no puede equipararse al establecimiento del requisito de acreditar un interés para ejercitar la acción por parte de quien solicita la nulidad y, por tanto, no supone que la legitimación activa se vea limitada por el establecimiento de determinados requisitos adicionales. Además, el hecho de que el legislador haya concebido el procedimiento de nulidad como un procedimiento a instancia de parte y que no sea posible la anulación de oficio de una marca registrada aboga en favor de la pertinencia de la excepción relativa al abuso de Derecho en el marco del artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009.
—

Infracción del artículo 25, apartado 1, letra f), del Reglamento no 6/2002 e incumplimiento del deber de instrucción que recoge el artículo 63, apartado 1, frases primera y segunda, del Reglamento no 6/2002 Dicha infracción consta de las cuatro partes siguientes: — El Tribunal General declaró, indebidamente, que podía no tomarse en consideración un dictamen pericial presentado en el procedimiento administrativo. — En las resoluciones de la Sala de Recurso y del Tribunal General no se analizaron dicho dictamen pericial y los hechos alegados en relación con el mismo. — No se justificaron en buena y debida forma las resoluciones de la Sala de Recurso y del Tribunal General en cuanto a la infracción del Derecho nacional vigente en materia de derechos de autor; en particular, no se examinó el alcance de la protección conferida a los derechos de autor por la legislación nacional. — La Sala de Recurso y el Tribunal General declararon, de manera incorrecta, que, en el contexto del artículo 25, apartado 1, letra f), del Reglamento no 6/2002, corresponde al demandante alegar la protección conferida a los derechos de autor por la legislación nacional y, al mismo tiempo, no se tuvo debidamente en cuenta el alcance del deber, que incumbe a la Sala de Recurso y a la OAMI de conformidad con el artículo 63, apartado 1, frases primera y segunda, del Reglamento no 6/2002, de instruir los hechos y determinar el Derecho aplicable de oficio.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgerichts München (Alemania) el 29 de mayo de 2013 — Data I/O GmbH/Hauptzollamt München

(Asunto C-297/13)

2013/C 260/36

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgerichts München

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Data I/O GmbH

Recurrida: Hauptzollamt München

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse la nota 2, letra a), relativa a la sección XVI (1) en el sentido de que un artículo que cumple los requisitos tanto para ser clasificado como parte en el sentido de la partida 8473 de la Nomenclatura Combinada (en lo sucesivo, «NC»), como para ser clasificado como artículo independiente en otra partida del capítulo NC 84 o en una partida del capítulo NC 85, debe clasificarse en la otra partida porque la partida NC 8473 no prevalece frente a las otras partidas del capítulo 84 ni frente a las partidas del capítulo 85 de la NC?

(1) Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por los Reglamentos (CE) de la Comisión no 2031/2001, de 6 de agosto de 2001 (DO L 279, p. 1), no 1832/2002, de 1 de agosto de 2002 (DO L 290, p. 1), no 1789/2003, de 11 de septiembre de 2003 (DO L 281, p. 1), y no 1810/2004, de 7 de septiembre de 2004 (DO L 327, p. 1).
2)

la motivación de la sentencia del Tribunal General es insuficiente en la medida en que la comparación de los datos del SIP-SIG que fueron tenidos en cuenta para el año de presentación de las declaraciones 2007 con los datos del nuevo SIP-SIG actualizado del año 2009 puso de manifiesto que las diferencias y las deficiencias eran mínimas y que no superaban el 2,4%, por lo que la corrección del 5 % no está justificada, además de que no se tomaron en consideración los argumentos sustanciales de la República Helénica sobre la calidad de los controles administrativos cruzados.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 226/7

Recurso interpuesto el 7 de junio de 2013 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-317/13)

(2013/C 226/13)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Parlamento Europeo (representantes: F. Drexler, A. Caiola y M. Pencheva, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la Decisión 2013/129/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2013, por la que se somete la 4-metilanfetamina a medidas de control. (1)

— Que se mantengan los efectos de la Decisión 2013/129/UE del Consejo hasta su sustitución por otro acto adoptado en la debida forma.

— Que se condene al Consejo de la Unión Europea a cargar con la totalidad de las costas.

Motivos y principales alegaciones

Con carácter preliminar, el Parlamento recuerda que el preámbulo de la Decisión impugnada remite a las siguientes bases jurídicas: el artículo 8, apartado 3, de la Decisión 2005/387/JAI del Consejo, de 10 de mayo de 2005, relativa al intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas sustancias psicotrópicas, (2) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Parlamento deduce de ello que el Consejo se refiere implícitamente al artículo 34, apartado 2, letra c), del antiguo Tratado de la Unión Europea.

El Parlamento invoca dos motivos en apoyo de su recurso de anulación.

En primer lugar, el Parlamento sostiene que el Consejo fundó su Decisión en una base jurídica, el artículo 34 UE, apartado 2, letra c), que está derogada desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Afirma que, por ello, la Decisión impugnada se funda únicamente en la Decisión 2005/387/JAI. Esta última constituye, según el Parlamento, una base jurídica derivada y por lo tanto, es ilegal.

En segundo lugar, y habida cuenta de lo anterior, el Parlamento considera que el procedimiento decisorio adolece de vicios sustanciales de forma. Señala, por una parte, que si hubiese sido aplicable el artículo 34 UE, apartado 2, letra c), el Parlamento debería haber sido consultado antes de la adopción de la Decisión impugnada de conformidad con el artículo 39 UE, apartado 1. Ahora bien, el Parlamento sostiene que no fue así. Y, por otra parte, señala que si se considera que las disposiciones aplicables son las resultantes del Tratado de Lisboa, el Parlamento debería haber participado en el procedimiento legislativo conforme a lo dispuesto en el artículo 83 TFUE, apartado 1. Tanto en uno como en otro caso, dado que el Parlamento no intervino en la adopción de la Decisión impugnada, ésta adolece de un vicio sustancial de forma.

Por último, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia decidiese anular la Decisión impugnada, el Parlamento considera que, con arreglo al artículo 264 TFUE, párrafo segundo, procede mantener los efectos de la Decisión impugnada hasta que ésta sea sustituida por otro acto adoptado en la debida forma.

(1) DO L 72, p. 11.

(2) DO L 127, p. 32.
—

Que se declare que la República de Estonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, al no haber adoptado disposiciones normativas para adaptar su ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, no 21, 9, apartados 5, 7 y 12, 10, apartado 5, 11, apartado 1, primera frase, 11, apartado 5, letras a) y b), 16, apartados 2 y 3, 26, apartado 2, letra c), frases segunda, cuarta y quinta, artículos 36, 37, apartado 1, letras e), f), i), k) y p), 37, apartado 8, 37, apartado 10, segunda frase, 38, apartado 3, 40, apartado 3, así como al anexo 1, no 1, letra a) quinto guión y al anexo 1, no 1, letras d), f), i) y j), o, en cualquier caso, al no haber notificado a la Comisión las disposiciones legales y administrativas exigibles para el cumplimiento de lo establecido en dicha Directiva.
—

La Comisión solicita que se declare que: — Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C-607/10. — Suecia está obligada a abonar a la Comisión, en la cuenta «Recursos propios de la Unión Europea», un multa coercitiva de 14 912 euros diarios, por cada día en que no se adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-607/10, desde la fecha en que se dicte la sentencia en el presente asunto hasta la fecha en que se dé cumplimiento a la sentencia en el asunto C-607/10. — Suecia está obligada a abonar a la Comisión, en la misma cuenta, una suma a tanto alzado de 4 893 euros diarios, por cada día en que no se adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-607/10, desde el día en que se dictó dicha sentencia hasta el día en que se dicte la sentencia en el presente asunto, o hasta la fecha en que se adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia en el asunto C-607/10, si ésta es anterior.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 156/24

Petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus (Estonia) el 28 de marzo de 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(Asunto C-175/13)

2013/C 156/39

Lengua de procedimiento: estonio

Órgano jurisdiccional remitente

Riigikohus (Estonia)

Partes en el procedimiento principal

Demandante y recurrente: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Demandada y recurrida: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee [Comité de seguimiento del Programa estonio-letón para el período 2007-2013]

Tercero interesado: Eesti Vabariigi Siseministeerium [Ministerio del Interior de la República de Estonia]

Cuestiones prejudiciales

2.1. Los Estados miembros que participan en el Programa estonio-letón para el período 2007-2013 ¿están obligados, en virtud del artículo 19, apartado 1, tercera frase, del Tratado de la Unión Europea y del artículo 47, párrafo primero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al crear el Comité de seguimiento mencionado en el artículo 63, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, (1) y en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, (2) a llegar a un acuerdo sobre qué órgano jurisdiccional será competente para conocer de los recursos que se interpongan contra las decisiones del Comité de seguimiento y sobre cuál será el Derecho aplicable al resolver sobre dichos recursos?

2.2. En caso de respuesta positiva a la cuestión anterior y de que no se haya producido el referido acuerdo, ¿resulta compatible con el artículo 63, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, que sobre el recurso interpuesto contra una decisión del Comité de seguimiento resuelva, aplicando su Derecho interno, un órgano jurisdiccional del Estado miembro de la nacionalidad del recurrente?

(1) Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999 (DO L 210, p. 25).

(2) Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1783/1999 (DO L 210, p. 1).
—

Que se declare que la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, (1) al no haber adoptado, para la parte continental de Finlandia, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el artículo 2, puntos 1, 2, 4 a 18, 20, 22 a 36, el artículo 3, apartado 3, frases primera a tercera, y apartado 6, letra b), el artículo 12, el artículo 13, apartados 1, 2 y 5, el artículo 15, apartados 1 y 2, el artículo 16, apartado 1, segunda frase, apartados 2 y 3, el artículo 25, apartado 1, el artículo 33, el artículo 36, apartado 4, párrafos segundo y cuarto, apartados 6 y 8, apartado 9, párrafo tercero, el artículo 39, apartado 4, letras a) y b), apartado 5, párrafo primero, letras a) y b), y párrafo segundo, frase segunda, el artículo 40, letras a) a e), g) y h), el artículo 41, apartado 1, letras b), c) a f), h) a q) y s) a u), apartado 4, letras b) y d), apartado 6, letra a), apartados 7, 9, 10, 11 y 12, el artículo 42, apartado 1, el artículo 43, apartados 1, 4 y 8, el artículo 44, apartados 1, 2, 3, 6 y 7, así como el anexo I, apartado 1, letra a), incisos 6 y 8, letras b), d), f) y h), y el apartado 2 de dicha Directiva, o, como mínimo, al no haberlo notificado a la Comisión.
2)

¿Debe interpretarse el artículo 94, apartado 2, del Reglamento no 1408/71, en relación con el artículo 48 TFUE, apartado 1, letra a), en el sentido de que permite una excepción a la regla de la totalización de los períodos de seguro respecto de los períodos de seguro cubiertos en otro Estado miembro antes de la entrada en vigor del Reglamento en el Estado miembro en el que se presentó la solicitud de la renta, al otorgar la citada disposición al asegurado el derecho a elegir si evoca dichos períodos a efectos de la totalización y de la necesidad de valorar dicha totalización, cuando dicho período, que fue cubierto únicamente con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se presentó la solicitud, no es suficiente para poder solicitar la renta y sólo se puede cubrir el período necesario abonando las correspondientes cotizaciones? En esas circunstancias, ¿permite el artículo 48 TFUE, apartado 1, letra a), que la renuncia a la aplicación del artículo 46, apartado 2, del Reglamento no 1408/71 sobre la totalización de los períodos de seguro quede a discreción del asegurado, no mencionando éste en su solicitud de renta los períodos de seguro cubiertos en otro Estado miembro?
1)

¿Ha de interpretarse el artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 1408/71 (1) en el sentido de que la institución competente del Estado miembro de empleo puede decidir discrecionalmente la aplicación del artículo 76, apartado 1, del Reglamento no 1408/71, cuando en el Estado miembro de residencia de los miembros de la familia no se haya presentado ninguna solicitud de prestaciones?