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15.

Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Duración de la infracción — Falta de consideración de la circunstancia de que una empresa no participó en una de las partes de la práctica colusoria durante una parte del período de infracción que no puede calificarse de breve — Improcedencia — Ejercicio de su competencia de plena jurisdicción por parte del juez de la Unión — Reducción de la multa [Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2] (véanse los apartados 219 y 220 y el punto 1 del fallo)
6.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véase el apartado 54)
1.

Cohesión económica, social y territorial — Intervenciones de carácter estructural — Financiación por la Unión — Gastos subvencionables — Impuesto sobre el valor añadido no recuperable — Concepto que debe determinarse según los reglamentos específicos de cada fondo y no según el Derecho nacional — Concepto que hace referencia a la facultad del beneficiario de la ayuda de deducir dicho impuesto [Reglamentos (CE) del Consejo no 1083/2006, art. 56, ap. 4, y no 1084/2006, art. 3, letra e)] (véanse los apartados 36 a 40 y 50 a 55)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Marca comunitaria

—

Definición y adquisición de la marca comunitaria

—

Motivos de denegación absolutos

—

Signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico

—

Concepto [Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra e), inciso ii)] (véanse los apartados 26 a 28)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 20 de mayo de 2010 (asunto R 1235/2008-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Pi-Design AG, Bodum France y Bodum Logistics A/S y Yoshida Metal Industry Co. Ltd.

Parte dispositiva

Fallo

1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 20 de mayo de 2010 (asunto R 1235/2008-1).

2) La OAMI cargará, además de con sus propias costas, con las causadas por Yoshida Metal Industry Co. Ltd.

3) Pi-Design AG, Bodum France y Bodum Logistics A/S cargarán con sus propias costas.
En materia de competencia la adopción por la Comisión de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1/2003, que se inserta en el marco legal impuesto por el artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento no 1/2003, ha contribuido a precisar los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión derivada de esta disposición y no ha infringido el principio de legalidad de las penas sino que ha contribuido a su respeto.

En efecto, en primer lugar la adopción de las Directrices por la Comisión contribuye a asegurar el respeto del principio de legalidad de las penas. En ese sentido las Directrices determinan de un modo general y abstracto la metodología que la Comisión se ha obligado a seguir para determinar el importe de las multas y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica de las empresas. En segundo lugar, del punto 2 de las Directrices resulta que éstas se insertan en el marco legal impuesto por el artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento no 1/2003, artículo que cumple las exigencias derivadas de los principios de legalidad de las penas y de seguridad jurídica. En tercer lugar, por último, al adoptar las Directrices, la Comisión no excedió los límites del margen de apreciación que le atribuye el artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento no 1/2003.

(véanse los apartados 68 a 70, 78 y 146)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Marca comunitaria

—

Definición y adquisición de la marca comunitaria

—

Motivos de denegación relativos

—

Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares

—

Riesgo de confusión con la marca anterior [Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 50 y 55)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 28 de enero de 2010 (asunto R 1514/2008‑2) relativa a un procedimiento de oposición entre Seven SpA y Seven for all mankind LLC.

Parte dispositiva

Fallo

1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 28 de enero de 2010 (asunto R 1514/2008-2).

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) La OAMI cargará con las costas en que incurrió Seven SpA en los procedimientos sustanciados ante el Tribunal y ante la Sala de Recurso.

4) Seven for all mankind LLC cargará con sus propias costas.
70

No cabe acoger la alegación de la demandante según la cual, en el caso de que se reconociera que el momento que determina el régimen jurídico aplicable es el momento en que se concedió la ayuda, los Estados miembros podrían determinar en última instancia el Derecho aplicable, ratione temporis, a dicha medida efectuando una notificación posterior a la concesión de la ayuda a efectos de «seguridad jurídica». En efecto, no es la notificación de una medida lo que determina el régimen jurídico aplicable, ratione temporis, a tal medida, sino la naturaleza de la medida como ayuda existente, no sujeta en principio a la obligación de notificación, o como nueva ayuda, sujeta a la obligación de notificación y a la prohibición de ejecución con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3. La notificación no constituye más que una obligación procedimental destinada a permitir que la Comisión verifique la medida de que se trata y carece de efecto creador de Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2008, Comisión/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, Rec, EU:C:2008:709, apartado 52).
126

Por último, es de destacar que, como alega la Comisión, ésta no podría sancionar a las demandantes, por haberse negado a permitirle copiar los documentos de que se trata y ofrecer una respuesta completa a las preguntas de los inspectores al Sr. C, sin adoptar una decisión en virtud del artículo 23, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento no 1/2003. Dicha decisión, diferente de la decisión de inspección y de la decisión definitiva adoptada de conformidad con el artículo 81 CE, apartado 1, podría ser objeto de un recurso en el marco del cual el Tribunal General debería examinar si la copia de los documentos de que se trata y la obtención de las explicaciones solicitadas por la Comisión en virtud de los actos controvertidos vulneraron los derechos fundamentales a la vida privada y de defensa de las demandantes, como éstas afirman.
212

Ninguna de las alegaciones esgrimidas por las demandantes parece poder cuestionar esta conclusión. Por una parte, la alegación según la cual el empleado de GDF mencionado en el mensaje de 16 de marzo de 2004 no era responsable ni de la compra ni de la explotación del gas, no es pertinente a la vista de la información explícita y detallada que se intercambió en la entrevista. Por otra parte, las explicaciones alternativas proporcionadas por las demandantes no fueron corroboradas y no se corresponden con el contenido del citado mensaje. En efecto, el hecho de que la palabra «ilegales» vaya seguida de tres signos de interrogación y precedida de los términos «por lo que sabía» no es suficiente para considerar que existían dudas sobre la realidad del reparto de los mercados.
El artículo 264 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que el acto que es objeto de un recurso de anulación sólo debe declararse nulo y sin efecto alguno en la medida en que el recurso sea fundado. Así, el mero hecho de que el Tribunal considere fundado un motivo invocado por la parte demandante en apoyo de su recurso de anulación no le permite anular automáticamente el acto impugnado en su totalidad. En efecto, no debe decidirse una anulación total cuando es del todo evidente que ese motivo, que se refiere únicamente a un aspecto específico del referido acto, sólo puede sustentar una anulación parcial.

En consecuencia, si una empresa ha participado directamente en uno o varios comportamientos contrarios a la competencia que componen una infracción única y continuada, pero no se ha acreditado que, mediante su propio comportamiento, intentase contribuir a la totalidad de los objetivos comunes perseguidos por los otros participantes en el cártel y que tenía conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por tales participantes para alcanzar los mismos objetivos o que pudiera de forma razonable haberlos previsto y estuviera dispuesta a asumir el riesgo, la Comisión únicamente puede imputarle la responsabilidad por los comportamientos en los que participó directamente y por los comportamientos previstos o ejecutados por los otros participantes para alcanzar los mismos objetivos que los que ella perseguía y de los que se acredite que tenía conocimiento o que podía haberlos previsto razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo. No obstante, ello no puede llevar a exonerar a esa empresa de su responsabilidad por los comportamientos en los que consta que participó o de los que efectivamente puede ser considerada responsable.

Sin embargo, únicamente puede dividirse así una decisión de la Comisión que califica un cártel global de infracción única y continuada si, por una parte, a la empresa de que se trate se le dio la oportunidad, durante el procedimiento administrativo, de comprender que se le reprochaba no sólo una participación en tal infracción, sino también en determinados comportamientos que la componen, y, por lo tanto, de defenderse sobre este extremo, y si, por otra, la referida decisión es suficientemente clara al respecto.

No sucede así cuando la decisión impugnada no califica de manera autónoma esos comportamientos como infracción del artículo 101 TFUE, ya que entonces el juez de la Unión no puede proceder por sí mismo a tal calificación, so pena de invadir las competencias atribuidas a la Comisión por el artículo 105 TFUE.

(véanse los apartados 108 a 113)
La supuesta imposibilidad de la demandada de responder a los argumentos de la demandante a causa de una obligación legal no puede demostrar una vulneración de las exigencias de forma previstas en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento que pueda originar la inadmisibilidad de la demanda.

En virtud del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, la demanda deberá contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta exposición debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al juez de la Unión ejercer su control jurisdiccional. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa el recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de la demanda.

Una persona física o jurídica que en aplicación del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, está legitimada para impugnar un acto previsto en el párrafo primero de esa disposición puede invocar sin limitación los motivos mencionados en el párrafo segundo del mismo artículo.

Por consiguiente, toda limitación del derecho del demandante a invocar los motivos de anulación que estime apropiados, teniendo en cuenta que también constituiría una limitación del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, debe ser establecida por el Derecho de la Unión en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la misma Carta y ser conforme con las exigencias de esa última disposición. Además, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, debe ser necesaria y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

En lo que concierne a la obligación de la Comisión prevista por el artículo 339 TFUE de no divulgar las informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional y, en especial, los datos relativos a las empresas y que se refieran a sus relaciones comerciales o a los elementos de sus costes, que se recoge en el artículo 24 del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, ninguna de esas disposiciones prevé de forma expresa la inadmisión de motivos basados en aspectos de la Decisión recurrida que se hayan ocultado en la versión pública de ésta y a los que una parte demandante sólo haya podido tener acceso mediante la obtención no autorizada por la Comisión de la versión confidencial completa de la misma Decisión.

La obligación de la Comisión de respetar el secreto profesional carece ya de objeto cuando la demandante y los otros interesados ya tienen conocimiento de las informaciones consideradas y la vista ante el Tribunal se ha celebrado a puerta cerrada.

(véanse los apartados 67 a 71, 82, 83, 87, 89 y 90)
1)

Anular el artículo 2, letras g) y h), de la Decisión C(2009) 5791 final de la Comisión, de 22 de julio de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 [CE] y en el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39.396 — Reactivos basados en carburo de calcio y magnesio para las industrias del acero y el gas), en lo que se refiere a Evonik Degussa GmbH y AlzChem AG, puntualizando no obstante que dicha anulación no afectará al efecto liberatorio del pago hecho por cualquiera de estas dos sociedades de la multa que se les impone solidariamente por la infracción declarada en el artículo 1, letra f), de la citada Decisión, con respecto a SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG, y de la multa que se impuso a ésta en el artículo 2, letra g), de la propia Decisión.
De la regla 50, apartado 1, puesta en relación con la regla 20, apartado 2, del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria, resulta que, en el procedimiento ante la Sala de Recurso, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) comunicará al solicitante de la marca comunitaria que haya interpuesto el recurso ante la Sala de Recurso que se ha presentado oposición y le invitará a enviar sus observaciones.

Con arreglo a la regla 67, apartado 1, del Reglamento no 2868/95, si se hubiese designado un representante o si se considerase que el solicitante nombrado en primer lugar en una solicitud común es el representante común, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de la Regla 75, las notificaciones se dirigirán a dicho representante designado o común. Por consiguiente, la Oficina no puede invocar la supuesta notificación del escrito de la oponente al propio demandante para justificar que no se notificase al representante del demandante.

Por otra parte, de la regla 77 del Reglamento no 2868/95, conforme a la cual toda notificación remitida al representante tendrá el mismo efecto que si se hubiera enviado a la persona representada, no se puede deducir que la notificación al representado equivalga a la notificación al representante. Si fuese así, la regla 67 de dicho Reglamento carecería de efecto.

(véanse los apartados 24, 29 y 31)
Asunto T-30/09

Engelhorn KGaA

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa peerstorm — Marcas comunitaria y nacional denominativas anteriores PETER STORM — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009] — Uso efectivo de las marcas anteriores — Artículos 15 y 43, apartado 2, del Reglamento no 40/94 (actualmente artículos 15 y 42, apartado 2, del Reglamento no 207/2009)»

Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 8 de julio de 2010 II - 3808

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma [Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 44, ap. 1, letra c)] Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 40/94 [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3] Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3] Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Aplicación de los criterios al caso concreto [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3] Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Criterios de apreciación — Exigencia de elementos de prueba concretos y objetivos [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, arts. 15, ap. 2, letra a), y 43, aps. 2 y 3] Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
370

En el considerando 602 de la Decisión impugnada, la Comisión afirmó lo siguiente: «Total afirma que no participó en ninguna Reunión Técnica posterior a la de los días 11 y 12 de mayo de 2004 y que su representante anuló su viaje para la reunión de los días 3 y 4 de noviembre de 2004, comunicando internamente que lo hizo aconsejado por su superior. La Comisión señala que no hay indicios de que alguna empresa se retirara del cartel. En casos de infracciones complejas, el hecho de que una empresa no asista a una reunión o no esté de acuerdo con lo debatido en una reunión no quiere decir que haya dejado de participar en una infracción. Para dar por terminada la infracción, la empresa ha de desmarcarse claramente del cartel. [Ahora bien,] Total no ha aportado pruebas concluyentes de que adoptase una estrategia unilateral y plenamente autónoma en el mercado ni de que se distanciara de forma clara y abierta de las actividades del cartel. Por el contrario, las pruebas que obran en poder de la Comisión ponen de manifiesto que Total recibió invitaciones formales para las tres Reuniones Técnicas siguientes (o sea, las tres últimas Reuniones Técnicas antes de que se realizaran las inspecciones). La Comisión señala que el representante de Total confirmó que asistiría a la reunión de los días 3 y 4 de noviembre de 2004 aunque al parecer después anuló su viaje. Además, para la reunión de los días 23 y 24 de febrero de 2005, Sasol había reservado ya una habitación para el representante de Total en el hotel en el que [había tenido] lugar la reunión que al parecer anularon posteriormente. La Comisión concluye, por tanto, que para Sasol y los demás participantes, era evidente que Total había sido miembro del cartel hasta el final. La Comisión señala también que las conversaciones en las reuniones no diferían esencialmente de las reuniones anteriores sino que los participantes seguían discutiendo incrementos de precios sin mencionar ningún intento de Total de dejar el cartel (véanse los considerandos (175), (176) y (177)) y que no era extraño que durante el cartel las empresas no asistieran a algunas reuniones. Estas dos observaciones ponen de relieve que no se consideraba que Total se hubiera desmarcado del cartel tras la reunión de mayo de 2004. En cualquier caso, no se puede considerar que la comunicación interna del representante de Total en la que se indican sus razones para no asistir a la reunión constituya un distanciamiento público. Habida cuenta de que no hay nada más que pueda sugerir que Total se había distanciado del cartel, la Comisión considera que la implicación de Total no finalizó antes de las inspecciones.»
67

Por otra parte, por lo que respecta al aliviadero de aguas pluviales, el Reino de España sostiene que presenta una función técnica diferente, que no consiste en la gestión o tratamiento de las aguas residuales, sino en la prevención de inundaciones en caso de lluvias excesivas. Sin embargo, no afirma que, en el presente caso, el aliviadero no contribuye, junto con los colectores y la red secundaria de colectores, a la función técnica de la red de saneamiento. Como afirma acertadamente la Comisión, el aliviadero evita el incremento innecesario del volumen de agua que trata una depuradora y limita la contaminación de las aguas receptoras por el desbordamiento de las aguas pluviales intensas, contribuyendo así a la mejor gestión de las aguas residuales. Además, el Reino de España alega que el aliviadero en cuestión no trata las aguas residuales, pero no afirma que no evacúa este tipo de aguas. Puntualiza que no es posible efectuar una separación estricta entre las aguas pluviales, que lleva el aliviadero, y las aguas residuales, que evacúan los colectores. Procede señalar que el aliviadero de que se trata evacúa aguas pluviales y aguas residuales para aliviar los colectores de aguas residuales y permitir un mejor funcionamiento de la red de saneamiento.
54

Esta interpretación no resulta contradictoria con la jurisprudencia citada en el apartado 46 supra, en la que los hechos del caso de autos eran diferentes. En el asunto que dio lugar a la sentencia HIPOVITON, citada en el apartado 24 supra, la parte oponente había presentado pruebas antes de la expiración del plazo. Posteriormente, la parte que había solicitado el registro de la marca había invocado hechos y alegaciones nuevos en su escrito presentado ante la Sala de Recurso. Pues bien, el Tribunal reprochó a la Sala de Recurso no haber instado a la parte que formuló oposición a pronunciarse sobre ese escrito y consideró que ésta había sido privada de la posibilidad de evaluar la utilidad de aportar nuevas pruebas. El Tribunal añadió que, en consecuencia, la Sala de Recurso no había podido tener en cuenta todos los factores pertinentes para apreciar si el uso de esa marca podía ser calificado de efectivo y que, por lo tanto, se había basado en una descripción de los hechos incompleta (sentencia HIPOVITON, citada en el apartado 24 supra, apartados 54 y 58). En el asunto que dio lugar a la sentencia CORPO livre, citada en el apartado 42 supra, con el fin de declarar que la OAMI no disponía de un margen de apreciación para tener en cuenta pruebas presentadas después del plazo señalado, el Tribunal afirmó expresamente que dichas pruebas «no eran pruebas adicionales, sino que eran las primeras y únicas pruebas del uso» de las marcas anteriores invocadas en ese asunto (sentencia CORPO livre, citada en el apartado 42 supra, apartado 50).