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A este respecto, la cuestión de si el juez de primera instancia podía concluir fundadamente, de los hechos del caso concreto, que el recurso no se había interpuesto en un plazo razonable es una cuestión de Derecho sometida al control del juez de casación.

Ni el Tratado FUE ni el Reglamento del personal del Banco Europeo de Inversiones, adoptado por su Consejo de Administración conforme al artículo 29 del Reglamento interno del Banco, contienen indicaciones sobre el plazo para recurrir en los litigios entre el Banco y sus agentes. La conciliación entre, por un lado, el derecho a la tutela judicial efectiva, que constituye un principio general del Derecho de la Unión y requiere que el justiciable disponga de tiempo suficiente para apreciar la legalidad del acto que le resulte lesivo y preparar eventualmente su recurso, y, por otro lado, la exigencia de la seguridad jurídica, que aboga por que, una vez transcurrido un determinado plazo, los actos adoptados por las instancias de la Unión adquieran carácter definitivo, impone sin embargo que tales litigios se planteen al juez de la Unión en un plazo razonable.

El carácter razonable de un plazo, ya se trate de la duración de un procedimiento administrativo o judicial o de una cuestión de plazo que influye directamente en la admisibilidad de un recurso, debe apreciarse siempre en función de todas las circunstancias del caso concreto y especialmente de la trascendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto y del comportamiento de las partes en liza. De ello se infiere, en general, que el concepto de plazo razonable no puede entenderse como un plazo de caducidad específico y, en particular, que el plazo de tres meses establecido en el artículo 91, apartado 3, del Estatuto no puede aplicarse por analogía como plazo de caducidad dentro del cual los agentes del Banco pueden interponer un recurso de anulación contra un acto de éste que les resulte lesivo.

En consecuencia, el simple hecho de que un agente del Banco Europeo de Inversiones haya interpuesto un recurso de anulación contra un acto de éste que le resulte lesivo en un plazo que exceda de tres meses y diez días no basta para concluir que tal recurso tiene carácter extemporáneo, debiendo comprobar el juez de la Unión, en cualquier caso, el carácter razonable del plazo en función de las circunstancias específicas del asunto.

(véanse los apartados 30 a 32)
La restitutio in integrum está supeditada a dos requisitos, el primero es que la parte haya actuado con toda la diligencia exigida por las circunstancias y, el segundo, que la imposibilidad sufrida por la parte haya tenido la consecuencia directa de la pérdida de un derecho o de una vía de recurso. El deber de diligencia incumbe, en primer lugar, al titular de la marca. De este modo, si el titular delega las tareas administrativas de renovación de una marca, debe asegurarse de que la persona elegida presente las garantías necesarias que permitan presumir una buena ejecución de las referidas tareas. Por otra parte, por razón de la delegación de dichas funciones, la persona elegida está, igual que el titular, sujeta a dicho deber de diligencia. En efecto, al actuar ésta en nombre y por cuenta del titular, debe considerarse que sus actos son del titular.

La expresión «toda la diligencia requerida por las circunstancias», que figura en el artículo 81, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, requiere el establecimiento de un sistema de control interno y supervisión de los plazos que evite normalmente el incumplimiento involuntario de éstos, como lo prevén las directrices de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). De ello resulta que únicamente pueden dar lugar a restitutio in integrum los acontecimientos de carácter excepcional y, por lo tanto, imprevisibles según la experiencia. No cabe considerar que los errores humanos cometidos en la gestión técnica de las renovaciones son acontecimientos excepcionales o imprevisibles según la experiencia.

En el supuesto de que la renovación de las marcas se confíe a una sociedad especializada que utilice un sistema informático para recordar los plazos, la diligencia requerida por las circunstancias exige, en particular, que dicho sistema permita detectar y corregir cualquier error previsible en el funcionamiento del sistema informático. Pues bien, la «corrupción» o la pérdida de datos es un error previsible, cuyo riesgo es inherente a cualquier sistema informático.

(véanse los apartados 20, 24 y 26)
408

En cuarto término, suponiendo que mediante su argumentación Fapricela pretendiera sostener que no fue oída antes de la adopción de las dos decisiones de modificación, lo cual constituiría una vulneración de su derecho de defensa durante el procedimiento administrativo, debe constatarse, en primer lugar, que la demandante fue oída antes de la adopción de la Decisión inicial con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento no 1/2003; en segundo lugar, que la primera Decisión de modificación únicamente introdujo correcciones materiales en la Decisión inicial; en tercer lugar, que la demandante no indica de qué modo el hecho de ser oída a propósito de los elementos corregidos por la Comisión sobre la base de la información que ella comunicó a la Comisión en el procedimiento administrativo habría modificado de alguna manera el contenido de la Decisión impugnada o le habría permitido defenderse más eficazmente (sentencia de 18 de junio de 2013, Fluorsid y Minmet/Comisión, T‑404/08, Rec, EU:T:2013:321, apartado 110), y en último y cuarto lugar, que el importe de la multa impuesta a Fapricela no resultó modificado ni por la primera Decisión de modificación ni por la segunda.
64

Ahora bien, de conformidad con las normas habituales en materia de determinación de los hechos ante el juez de la Unión que rigen en materia de marca comunitaria en los procedimientos inter partes (véase el artículo 76 del Reglamento no 207/2009), es preciso recordar que el juez de la Unión no puede reprochar a la Sala de Recurso que no tomara en consideración hechos que no fueron presentados dentro de plazo por las partes.
31

Como se desprende de los apartados 11, 12 y 17 supra, con posterioridad a la interposición del recurso, la lista del anexo II de la Decisión 2010/413 ha sido sustituida por una nueva lista, aprobada mediante la Decisión 2010/644, y el Reglamento no 423/2007, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución no 668/2010, ha sido derogado y sustituido por el Reglamento no 961/2010, sustituido y derogado a su vez por el Reglamento no 267/2012. Además, en los considerandos de la Decisión 2011/783 y del Reglamento de Ejecución no 1245/2011, el Consejo declaró explícitamente que había realizado una revisión completa de la lista del anexo II de la Decisión 2010/413 y del anexo VIII del Reglamento no 961/2010 y que había llegado a la conclusión de que las personas, entidades y organismos cuyos nombres se enumeran en ella, entre los que figura la demandante, debían continuar sujetos a medidas restrictivas. La demandante adaptó sus pretensiones iniciales para que su recurso de anulación se refiriera, además de a la Decisión 2010/413 y al Reglamento de Ejecución no 668/2010, a la Decisión 2010/644, al Reglamento no 961/2010, a la Decisión 2011/783, al Reglamento de Ejecución no 1245/2011 y al Reglamento no 267/2012 (en lo sucesivo, en conjunto, «actos impugnados»). El Consejo y la Comisión no formularon ninguna objeción a dicha adaptación.
194

Por consiguiente, la eventual circunstancia de que la filial no pueda ya ser sancionada por la infracción declarada, bien por la desaparición de dicha filial o —como alega la demandante en el caso de autos— por el juego de la prescripción en favor de dicha filial, no afecta a la cuestión de si puede serlo la sociedad matriz, a la que se reputa a su vez autora de la infracción debido a la unidad económica con su filial. La responsabilidad de la sociedad matriz no existiría ciertamente si se demostrase que no hubo infracción, pero dicha responsabilidad no puede extinguirse por el hecho de que haya prescrito la sanción con respecto a su filial. En efecto, la prescripción prevista en el artículo 25 del Reglamento no 1/2003 no tiene como efecto eliminar la existencia de una infracción, sino únicamente hacer que eludan las sanciones quienes se benefician de ella.
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 20 de mayo de 2010 (asunto R 1237/2008-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Pi-Design AG, Bodum France y Bodum Logistics A/S y Yoshida Metal Industry Co. Ltd.
38

Sin embargo, en el caso de autos, la demandante no ha aportado ningún dato que pueda acreditar la existencia de una situación particular que haya sido objeto de discusiones detalladas entre el Gobierno español y la Comisión. Por otra parte, no hay duda de que la aprobación del régimen controvertido no se basó en la consideración de su supuesta situación particular. El hecho de que la adquisición de Scottish Power por la demandante se mencione en el segundo considerando de la Decisión impugnada tampoco significa que se haya tenido en cuenta su situación particular, ya que dicha mención era sólo ilustrativa.
Por lo que se refiere al cálculo de las multas impuestas en caso de infracción del artículo 101 TFUE, el objetivo que persigue el establecimiento, en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, de un límite del 10 % del volumen de negocios de cada empresa participante en la infracción es evitar que la imposición de una multa sobrepase la capacidad de pago de la empresa en la fecha en la que se le declara responsable de la infracción y se le impone una sanción pecuniaria. La aplicación de ese límite presupone, por una parte, que la Comisión conoce el volumen de negocios del último ejercicio social anterior a la fecha de adopción de la decisión y, por otra, que estos datos se refieren a un ejercicio completo de actividad económica normal durante un período de doce meses.

A este respecto, cuando por circunstancias excepcionales, el volumen de negocios del ejercicio social anterior a la adopción de la decisión de la Comisión no se ajuste a tales condiciones y, en consecuencia, no ofrezca ninguna indicación útil acerca de la situación económica real de la empresa en cuestión, la Comisión está obligada a tomar como referencia para calcular el límite máximo de la multa el último ejercicio social completo que refleje un año entero de actividad económica normal. En efecto, la referencia a «un ejercicio completo de actividad económica normal» pretende impedir que se tome en consideración un ejercicio en el que el comportamiento de la empresa en cuestión en el mercado no se corresponde con el de una empresa que ejerce una actividad económica en las condiciones habituales. Por el contrario, el mero hecho de que el volumen de negocios o el beneficio registrados en un ejercicio determinado sean significativamente inferiores o superiores a los registrados en ejercicios precedentes no significa que ese ejercicio no constituya un ejercicio completo de actividad económica normal.

En consecuencia, la asunción de la actividad de un competidor y el incremento del volumen de negocios no constituyen circunstancias excepcionales que puedan justificar que la Comisión tomara como referencia un ejercicio anterior. Más concretamente, no es necesario que el volumen de negocio tomado en consideración refleje la situación económica real de la empresa en cuestión durante el período en que se cometió la infracción.

(véanse los apartados 92, 94, 95, 97, 102 y 104)
6.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Reconsideración en concepto de nuevo exportador — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Margen de beneficio — Cálculo de los gastos de venta, generales y administrativos — Aplicación del método seguido en el procedimiento inicial [Reglamentos (CE) del Consejo no 384/96, arts. 2, ap. 6, letra c), y 11, ap. 9, y no 1225/2009, arts. 2, ap. 6, letra c), y 11, ap. 9](véanse los apartados 111, 112, 115, 116 y 121 a 123)
3.

Unión Europea — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Excepciones obligatorias — Consideración del interés particular del solicitante — Exclusión [Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, ap. 1, y 4, aps. 2 y 3] (véanse los apartados 52 a 55)
Cuando se congelan los fondos de una entidad que se considera que participa en la proliferación nuclear, existe un riesgo nada desdeñable de que presione a las entidades que posee, controla o le pertenecen para eludir el efecto de las medidas que le conciernen. Por consiguiente, la congelación de fondos de tales entidades, que impone al Consejo el artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento no 423/2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán, el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140, el artículo 16, apartado 2, del Reglamento no 961/2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 423/2007, y el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento no 267/2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 961/2010, es necesaria y conveniente para asegurar la eficacia de las medidas adoptadas y garantizar que éstas no serán soslayadas. Asimismo, cuando una entidad pertenece a una entidad que se considera implicada en la proliferación nuclear, a tenor del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento no 267/2012, se cumple el requisito de posesión previsto en el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413 y en el artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento no 961/2010.

No obstante, el mero hecho de que una entidad que se considera implicada en la proliferación nuclear posea el 60 % del capital de otra entidad no permite considerar que se cumple el requisito de posesión o de propiedad o control que prevén el artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento no 423/2007, el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413, el artículo 16, apartado 2, del Reglamento no 961/2010 y el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento no 267/2012. Por consiguiente, la posesión del 60 % del capital de una entidad por parte de una entidad que se considera implicada en la proliferación nuclear no justifica, por sí misma, la adopción y el mantenimiento de las medidas restrictivas que afectan a la primera entidad.

(véanse los apartados 103, 104, 118 y 119)
Con arreglo al artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la existencia de un signo distinto de una marca permite obtener la anulación de una marca comunitaria cuando cumpla cuatro requisitos acumulativos: el signo debe ser utilizado en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el derecho al signo debe haberse adquirido conforme al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria; por último, el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Estos cuatro requisitos limitan el número de signos distintos de las marcas que pueden invocarse para impugnar la validez de una marca comunitaria en el conjunto del territorio de la Unión, conforme al artículo 1, apartado 2, del Reglamento no 207/2009. Dado que los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009 son acumulativos, basta con que no se cumpla uno de ellos para que se desestime una solicitud de nulidad de una marca comunitaria.

Los dos primeros requisitos, esto es, los relativos al uso del signo invocado y a su alcance, que no puede ser únicamente local, resultan del propio tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009 y deben, por tanto, interpretarse a la luz del Derecho de la Unión. Así pues, el Reglamento no 207/2009 establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance que son coherentes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento.

Por el contrario, resulta de la frase «si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo» que los otros dos requisitos, que enumera a continuación el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento no 207/2009, son condiciones impuestas por el propio Reglamento que, a diferencia de las precedentes, se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que rige el signo invocado. Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta completamente justificada por cuanto el Reglamento no 207/2009 reconoce la posibilidad de que se invoquen signos ajenos al sistema de la marca comunitaria en contra de una marca comunitaria. Por tanto, sólo el Derecho que rige el signo invocado permite establecer si éste es anterior a la marca comunitaria y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior.

(véanse los apartados 54 a 56 y 70)
Del artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento antidumping de base no 1225/2009 resulta, ante todo, que la expiración de una medida antidumping pasados cinco años es la regla, en tanto que su mantenimiento es la excepción. Además, el mantenimiento de una medida de ese tipo depende del resultado de la valoración de las consecuencias de su expiración, es decir, de un pronóstico basado en hipótesis sobre la futura evolución de la situación del mercado de que se trate. Por último, se desprende de esa norma que la mera posibilidad de continuación o reaparición del dumping y del perjuicio no basta para justificar el mantenimiento de una medida, pues tal mantenimiento requiere que se haya acreditado efectivamente la probabilidad de una continuación o de una reaparición del dumping y del perjuicio, mediante una investigación efectuada por las autoridades competentes.

En virtud del artículo 1 del Reglamento de base, y en particular de sus apartados 1 y 2, el dumping hace referencia a un producto que se despacha a libre práctica en la Unión. Cuando tal producto sea objeto de dumping y cause un perjuicio, las instituciones podrán, sin perjuicio de otros requisitos, imponer medidas antidumping.

No se define el término «dumping», tal como figura en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento antidumping de base no 1225/2009. No obstante, a la luz del sistema general de dicho Reglamento, y a falta de indicación contraria, ha de considerarse que el término «dumping» recogido en el citado artículo 11, apartado 2, tiene el mismo significado que el término «dumping» definido en el artículo 1 del mismo Reglamento, relativo a los «principios».

Al amparo del artículo 11, apartado 2, del Reglamento antidumping de base no 1225/2009, las instituciones pueden mantener o dejar expirar las medidas en vigor, pero no pueden modificar tales medidas para tener en cuenta, en particular, el hecho de que determinadas empresas no han practicado dumping.

(véase el apartado 43)
17

El 19 de noviembre de 2008, antes de remitir el pliego de cargos, la Comisión envió un escrito a Areva en el que detallaba la cronología de sus solicitudes de clemencia y le recordaba que, el 20 de agosto de 2007, le había comunicado que había llegado a la conclusión de que los acuerdos relativos a determinados Estados miembros (en particular, Alemania), por una parte, y el acuerdo entre los fabricantes europeos y japoneses de transformadores de potencia, por otra parte, constituían dos infracciones diferentes y que sólo tenía intención de perseguir el supuesto acuerdo entre los fabricantes europeos y japoneses de transformadores de potencia y no el supuesto acuerdo en Alemania. Informó asimismo a la demandante del hecho de que los elementos probatorios relativos al acuerdo entre los fabricantes europeos y japoneses de transformadores de potencia no constituían un valor añadido significativo y de que no tenía intención de concederle una reducción de la multa, con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación de 2002, a este respecto.
2

Tras un procedimiento de licitación iniciado en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, la Comisión invitó a la demandante, mediante escrito de 18 de abril de 2008, a iniciar las negociaciones para fijar los términos definitivos de un acuerdo de subvención relativo a su propuesta de asumir el papel de coordinador del consorcio del proyecto «Advancing knowledge — intensive entrepreneurship and innovation for growth and social well-being in Europe». El escrito de la Comisión indicaba que la subvención de la Comunidad Europea prevista no podía superar los 3300000 euros y que era preciso finalizar las negociaciones antes del 30 de junio de 2008.
26

Mediante correo de 6 de marzo de 2012, los abogados facultados para representar a la demandante informaron al Tribunal de que no deseaban seguir representándola porque no lograban contactar con ella, porque había dejado de estar inscrita en el registro mercantil y porque no había cumplido los compromisos económicos contraídos con ellos.
384

En segundo término, la referencia por Saint-Gobain a la reducción del 33 % del importe de la multa concedida por la Comisión a una de las empresas afectadas por la Decisión Grafitos especiales no es pertinente en el presente asunto. En efecto, de reiterada jurisprudencia resulta que la práctica decisoria de la Comisión no puede servir por sí misma de marco jurídico para las multas en materia de competencia, ya que ése se define únicamente en el Reglamento no 1/2003, aplicado a la luz de las Directrices, y la Comisión no está vinculada por las apreciaciones que haya realizado con anterioridad (véase el anterior apartado 245). Así pues, las decisiones relativas a otros asuntos únicamente tienen carácter indicativo en lo referente a la posible existencia de discriminación, dado que es poco probable que las circunstancias propias de ellos, como los mercados, los productos, los países, las empresas y los períodos considerados, sean idénticas (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, C-76/06 P, Rec. p. I-4405, apartado 60, y la jurisprudencia citada). De esa forma, la reducción de la multa impuesta a SGL Carbon AG, en particular, en la Decisión Grafitos especiales se justificaba por la concurrencia de varios factores, a saber, no sólo que esa empresa ya había sido sancionada poco antes por una infracción del Derecho de la competencia de la Unión, sino también la situación financiera muy desfavorable en la que se encontraba, al igual que el hecho de que no se hallaba en una situación de reincidencia (sentencia Tokai Carbon y otros/Comisión, apartado 383 supra, apartados 405 y 406). Ahora bien, Saint‑Gobain no ha aportado ningún medio concreto apto para demostrar que se encontraba en una situación financiera comparable cuando se adoptó la Decisión impugnada. Además, según resulta del análisis expuesto en los anteriores apartados 300 a 334, Saint-Gobain se encontraba ciertamente en situación de reincidencia cuando la Comisión adoptó la Decisión impugnada.
83

Procede señalar que, en el asunto T-458/09, la demandante no efectúa ninguna precisión sobre los motivos por los que la obligación que se le impuso de aportar numerosa información no pública o de invertir recursos humanos significativos al respecto le supusieron una carga desproporcionada con respecto a las necesidades de la investigación. En el asunto T-171/10, la demandante destaca que el hecho de que la información requerida no se refiera al período de la investigación, que no pueda utilizarse para constatar un abuso durante el período al que se refiere y que no represente una conditio sine qua non para la constatación de una infracción supuestamente cometida tras la adhesión de la República Eslovaca a la Unión muestra que la Decisión impugnada II vulnera el principio de proporcionalidad.