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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 327/13

Petición de decisión prejudicial planteada por los VAT and Duties Tribunals, Londres (Reino Unido) el 29 de septiembre de 2008 — Terex Equipment Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Asunto C-430/08)

(2008/C 327/22)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

VAT and Duties Tribunals, Londres (a instancias del Edinburgh Tribunal Centre)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Terex Equipment Ltd

Demandada: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Permite el Código aduanero (1) y, en particular, su artículo 78, la revisión de la declaración para corregir el CRA y, en caso de respuesta afirmativa, están obligados los HMRC a modificar la declaración y regularizar la situación?

2) En las circunstancias resumidas en los puntos 3 a 21 supra, ¿quedaron las mercancías del caso de autos sustraídas a la vigilancia aduanera a efectos del artículo 203, apartado 1, del Código aduanero en virtud de la aplicación del artículo 865 del Reglamento (2) de aplicación?

3) En caso de respuesta afirmativa, ¿se originó una deuda aduanera de importación en virtud de lo anterior con arreglo al artículo 203 del Código aduanero?

4) Aunque no existiera una deuda aduanera en virtud del artículo 203 del Código aduanero, ¿se ha originado una deuda aduanera en virtud del artículo 204 habida cuenta de i) las conclusiones sobre «negligencia manifiesta» de los puntos 34 a 43 y ii) la cuestión de si los HMRC incumplieron el artículo 221, apartado 3, del Código aduanero al no comunicar la deuda aduanera prevista en el artículo 204 dentro del plazo previsto?

5) Dado que: i) no puede darse una regularización conforme al artículo 78 del Código aduanero, ii) existió una deuda aduanera y iii) se daba una situación especial prevista en el artículo 899 del Reglamento de aplicación, en las circunstancias recogidas en los puntos 3 a 22 supra y en las circunstancias que siguen, ¿podía el órgano jurisdiccional remitente llegar a la conclusión de que no existía una negligencia manifiesta, de suerte que la deuda aduanera debió ser condonada en virtud del artículo 239 del Código aduanero?

(1) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).

(2) Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (DO L 253, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 327/14

Petición de decisión prejudicial planteada por los VAT and Duties Tribunals, Londres (Reino Unido) el 29 de septiembre de 2008 — 1) FG Wilson (Engineering) Ltd, 2) Caterpillar EPG Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Asunto C-431/08)

(2008/C 327/23)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

VAT and Duties Tribunals, Londres (a instancias del Northern Ireland Tribunal Centre)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: 1) FG Wilson (Engineering) Ltd, 2) Caterpillar EPG Ltd

Demandada: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Cuestiones prejudiciales

1) En las circunstancias resumidas más adelante, ¿quedaron las mercancías del caso de autos sustraídas a la vigilancia aduanera a efectos del artículo 203, apartado 1, del Código aduanero (1) en virtud de la aplicación del artículo 865 del Reglamento (2) de aplicación?

2) En caso de respuesta afirmativa, ¿se originó una deuda aduanera de importación en virtud de lo anterior con arreglo al artículo 203 del Código aduanero?

3) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y segunda, ¿permite el Código aduanero, y en particular su artículo 78, apartado 3, la revisión de la declaración para corregir el CRA y, en tal caso, están obligados los HMRC a modificar la declaración y regularizar la situación?

4) Si no cabe una regularización conforme al artículo 78 del Código aduanero, y dado que existía una deuda aduanera en virtud del artículo 203 del Código aduanero y puesto que consta que se daba una situación especial de las previstas en el artículo 899 del Reglamento de aplicación, a la vista de las circunstancias y a la luz de las comprobaciones que siguen, ¿podía el órgano jurisdiccional remitente llegar a la conclusión de que no existió una negligencia manifiesta, de suerte que la deuda aduanera debería ser condonada conforme al artículo 239 del Código aduanero y el requerimiento de pago de derechos de aduana habría de ser retirado? En particular, al examinar si existió una negligencia manifiesta por parte del operador de que se trata, ¿están facultadas las autoridades competentes para tener en cuenta el hecho de que el incumplimiento, por parte de la propia autoridad tributaria, de su obligación de diligencia y de gestión contribuyó al error que dio lugar a la deuda aduanera?

(1) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).

(2) Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (DO L 253, p. 1).
1.

Mediante su primer motivo la recurrente alega la vulneración del derecho de defensa incluido el principio del derecho a ser oído. La recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta los principios aplicables a las consecuencias jurídicas de la denegación de acceso a documentos acusatorios y de la no comunicación de pruebas exculpatorias. En la primera parte de este motivo manifiesta que debió anularse la Decisión de la Comisión, dado que la Comisión no permitió a la recurrente el acceso a pruebas inculpatorias, en las que se basó posteriormente la Decisión. En la segunda parte del primer motivo, la recurrente señala una infracción autónoma de su derecho de defensa por la sentencia recurrida porque la Comisión no le comunicó ilegalmente prueba exculpatorias, lo que habría llevado a la anulación de la Decisión.
2)

¿Vincula un certificado de origen de la autoridad israelí a la autoridad aduanera de un Estado miembro, en virtud del AEM, en relación con un importador que solicita la concesión del trato preferencial para una mercancía importada al territorio de la Comunidad –y, por tanto, no da lugar al procedimiento de comprobación a posteriori previsto en el artículo 32 del Protocolo no 4 del AEM–, siempre que la autoridad aduanera sólo albergue como duda sobre el origen de la mercancía el que ésta proceda de un territorio únicamente bajo control israelí –de conformidad con el Acuerdo interino de 1995 entre Israel y la Autoridad Palestina– y siempre que no se haya incoado un procedimiento con arreglo al artículo 33 del Protocolo no 4 del AEM? En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:
3)

Infracción, además, del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94. Al haber identificado tres grupos de similitudes entre los bienes y servicios del recurso y los del derecho anterior invocado, en especial «en parte idénticos», «en parte muy similares» y «en parte no materialmente diferentes», el Tribunal de Justicia ha incurrido en un error de Derecho al no haber considerado el efecto de estas tres distintas categorías cuando examinó si existía un riesgo de confusión.
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y 5 de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (1), al no haber adoptado, en relación con la región Campania, todas las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valoricen o se eliminen sin poner en peligro la salud del hombre y sin perjudicar el medio ambiente y, en particular, al no haber creado una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación.
—

Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 29, apartado 2, del Reglamento (CE) no 850/98 (1), del artículo 23 del Reglamento (CE) no 2371/2002 (2), y del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2847/93 (3), al permitir que los buques pesqueros tengan una potencia motriz superior a la permitida con arreglo a los anteriores artículos.
—

Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 89/599/CEE del Consejo (1) al no haber adoptado las disposiciones legales reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva y, en cualquier caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 158/10

Recurso de casación interpuesto el 1 de abril de 2008 por Dorel Juvenile Group, Inc. contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) el 24 de enero de 2008 en el asunto T-88/06, Dorel Juvenile Group, Inc./Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

(Asunto C-131/08 P)

(2008/C 158/14)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Dorel Juvenile Group, Inc. (representante: G. Simon, Rechtsanwältin)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 24 de enero de 2008, asunto T-88/06.

— Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 11 de enero de 2006, asunto R 616/2004-2.

— Que se condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega que la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia (en lo sucesivo, «TPI») de los requisitos de registro de una marca es demasiado restrictiva. Según la recurrente, el TPI apreció el carácter del término «SAFETY 1st», realizando un análisis separado del elemento «1st» y basó su sentencia en la presunción de que, dado que dicho elemento carecía de carácter distintivo, no podía adquirir tal carácter cuando se combinaba con el elemento «SAFETY» de la marca. En opinión de la recurrente, el TPI debería haber apreciado el carácter distintivo de la marca con arreglo a la percepción general del término «SAFETY 1st» del consumidor medio. La separación realizada por el citado órgano jurisdiccional de la marca «SAFETY 1st» en sus componentes no refleja el punto de vista y el enfoque de los consumidores.

La sentencia recurrida se basa en un criterio según el cual la expresión «safety first» se usa para designar los productos cubiertos por la marca solicitada «como información relativa a la calidad o a las características de los productos». La recurrente alega que tal criterio es pertinente en el contexto del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94 (1) pero no resulta aplicable en relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), de este Reglamento. Por consiguiente, el TPI basó su opinión de que el signo controvertido se hallaba comprendido en el ámbito del artículo 7, apartado 1, letra b) en el hecho de que no cumplía los criterios de protección aplicables en el caso del artículo 7, apartado 1, letra c).

Por último, la recurrente sostiene que el TPI ignoró también el hecho de que el artículo 12, letra b), del Reglamento no 40/94 constituye una rectificación a la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b).

(1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11).
2)

Si se responde que el producto descrito en la primera cuestión debe clasificarse en el código de la NC 0207 14 10, se solicita una decisión prejudicial sobre las siguientes cuestiones: 2.1) ¿Es compatible con el artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1972/2003 (3) de la Comisión, determinar la cuantía de los excedentes de un agente económico de forma que se deduzcan automáticamente de los excedentes (como existencias de enlace) las existencias medias de dicho agente, multiplicadas por el factor 1,2, existentes a 1 de mayo de los últimos cuatro años de actividad anteriores al 1 de mayo de 2004? Si se responde afirmativamente a esta cuestión, ¿será diferente la respuesta si al determinar el volumen de las existencias de enlace y de los excedentes se puede tener en cuenta también un aumento del volumen de producción, de transformación o de ventas del agente económico, el tiempo de maduración del producto agrícola, el tiempo de creación de las existencias y otras circunstancias independientes del agente económico? 2.2) ¿Es compatible con el objetivo perseguido por el Reglamento (CE) no 1972/2003 de la Comisión, recaudar el gravamen sobre los excedentes cuando se haya constatado que el agente económico tenía excedentes a 1 de mayo de 2004, pero éste demuestre no haber obtenido ninguna ventaja efectiva de la comercialización de los excedentes después del 1 de mayo de 2004 en forma de una diferencia de precio?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België el 25 de marzo de 2008 — I. G.A.L.M. Snauwaert y Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA contra Belgische Staat, II. Coldstar NV contra Belgische Staat, III. D.P.W. Vlaemink contra Belgische Staat, IV. J.P. Den Haerynck contra Belgische Staat y V. A.E.M. De Wintere contra Belgische Staat

(Asunto C-124/08)

(2008/C 142/23)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Cassatie van België

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes:

I. 1. G.A.L.M. Snauwaert 2. Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, parte civilmente responsable

II. Coldstar NV, parte civilmente responsable

III. D.P.W. Vlaeminck

IV. J.P. Den Haerynck

V. A.E.M. De Wintere

Recurrida: Belgische Staat

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 221, apartado 1, del Código aduanero comunitario (1) en el sentido de que la comunicación prescrita de una deuda aduanera al sujeto pasivo sólo puede hacerse válidamente tras la contracción de la misma o, con otras palabras, en el sentido de que la comunicación de una deuda aduanera al sujeto pasivo, prescrita en el artículo 221, apartado 1, del Código aduanero comunitario, debe hacerse siempre previa contracción de la deuda para poder ser válida y, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 221, apartado 1, del Código aduanero comunitario?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 221, apartado 3, del Código aduanero comunitario, tal como era aplicable con anterioridad a la modificación efectuada por el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 2700/2000 (2), en el sentido de que la posibilidad de que las autoridades aduaneras, fuera del plazo de tres años a partir del nacimiento de la deuda aduanera, puedan hacer una comunicación válida de la cantidad contraída, cuando dicha deuda haya nacido como resultado de un acto perseguible judicialmente, sólo es válida en relación con la persona que cometió dicho acto perseguible judicialmente?

(1) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, que modifica el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 311, p. 17).
1)

El Tribunal de Primera Instancia infringió la regla 71, apartado 1, segunda frase, del Reglamento no 2868/95, por cuanto ha interpretado erróneamente dicha disposición. En particular, el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración el hecho de que el Reglamento no 40/94 no contiene ninguna norma sobre los posibles motivos de una prórroga del plazo. Asimismo, tampoco tuvo en cuenta que en la fecha relevante, la regla 71, apartado 1, del Reglamento no 2868/95 no había sido concretada por la OAMI mediante orientaciones sobre la oposición u otras disposiciones, por lo que no subsiste ninguna posibilidad de interpretación sobre los motivos admisibles para la prórroga de tal plazo. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no comprendió del todo el contexto fáctico del asunto o no interpretó correctamente la regla 71, apartado 1, frase 2, del Reglamento no 2868/95.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 116/19

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland (Irlanda) el 25 de marzo de 2008 — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska/Minister for Justice, Equality and Law Reform

(Asunto C-127/08)

(2008/C 116/34)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Ireland

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska

Demandada: Minister for Justice, Equality and Law Reform

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Permite la Directiva 2004/38/CE (1) que un Estado miembro establezca un requisito general según el cual un cónyuge de un ciudadano de la Unión, nacional de un Estado tercero, debe haber residido legalmente en otro Estado miembro antes de su entrada en el Estado miembro de acogida a fin de que puedan aplicársele las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE?

2. ¿Está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE un nacional de un Estado no miembro de la Unión Europea que: i) es cónyuge de un ciudadano de la Unión que reside en el Estado miembro de acogida y en el que concurre el requisito establecido en el artículo 7, apartado 1, letras a), b) o c), y ii) reside en el momento considerado en el Estado miembro de acogida con el ciudadano de la Unión, como cónyuge de éste, independientemente del momento o del lugar en el que hubieran contraído matrimonio o del momento o la forma en que el nacional del Estado tercero hubiera entrado en el Estado miembro de acogida?

3. En el supuesto de que se responda la anterior cuestión en sentido negativo, ¿está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE un nacional de un Estado no miembro de la Unión Europea cónyuge de un ciudadano de la Unión que: i) es cónyuge de un ciudadano de la Unión que reside en el Estado miembro de acogida y en el que concurre el requisito establecido en el artículo 7, apartado 1, letras a), b), o c), y ii) reside en el Estado miembro de acogida con el ciudadano de la Unión, como cónyuge de éste, iii) haya entrado en el Estado miembro de acogida independientemente del ciudadano de la Unión, y iv) se haya casado posteriormente con el ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida?

(1) DO L 158, p. 77.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 107/17

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) el 13 de febrero de 2008 — Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

(Asunto C-58/08)

(2008/C 107/25)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd

Demandadas: Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Parte coadyuvante en apoyo de las demandantes: GSM Association

Litisconsortes voluntarios: Office of Communications y Hutchison 3G (UK) Limited

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Es inválido el Reglamento (CE) no 717/2007 (1), en todo o en parte, a causa de la inadecuación del artículo 95 CE como su base jurídica?

2) ¿Es inválido el artículo 4 del Reglamento (CE) no 717/2007 [junto con los artículos 2, apartado 2, letra a), y 6, apartado 3], en la medida en que se refieren a la Eurotarifa y a las obligaciones relativas a la Eurotarifa], por el motivo de que la imposición de un precio máximo respecto a las tarifas de itinerancia al por menor vulnera el principio de proporcionalidad y/o el de subsidiariedad?

(1) Reglamento (CE) no 717/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2007, relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad y por el que se modifica la Directiva 2002/21/CE, DO L 171, p. 32.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 27 del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo (1), de 28 de marzo de 1983, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 3357/91, de 7 de noviembre de 1991 (2), en el sentido de que la franquicia mencionada en dicho artículo puede ser invocada en relación con envíos de mercancías que, si se consideran de forma separada, no tienen un valor estimable, pero que son ofrecidas como envío agrupado con un valor intrínseco total de las mercancías así expedidas que excede el límite de valor establecido en el artículo 27?
1.

a) ¿Los artículos 3, apartado 1, 6, apartado 2, y 7, apartados 1, letra d), y 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (1) — en lo sucesivo, Directiva —, han de interpretarse en el sentido de que comprenden también a los miembros de la familia a que se refiere el artículo 2, número 2, de la Directiva que hayan llegado al Estado miembro de acogida (artículo 2, número 3, de la Directiva) con independencia del ciudadano de la Unión y sólo allí hayan adquirido la condición de miembros de la familia o hayan iniciado la convivencia familiar con el ciudadano de la Unión? b) Si es así, ¿es necesario, con carácter complementario, que el miembro de la familia, en el momento de adquirir tal condición o de iniciar la convivencia familiar, residiera legalmente en el Estado miembro de acogida? En este caso, ¿para que la residencia se considere legal es suficiente con que el miembro de la familia tenga derecho a la residencia simplemente en virtud de su situación de solicitante de asilo? c) Si de la respuesta a las letras a) y b) de la primera cuestión resulta que la Directiva no confiere derecho de residencia a un miembro de la familia que tiene derecho a la residencia como «mero» solicitante de asilo y que llegó al Estado miembro de acogida con independencia del ciudadano de la Unión y sólo allí adquirió la condición de miembro de la familia o inició la convivencia familiar con el ciudadano de la Unión, ¿puede deducirse, con independencia de lo anterior, en una situación caracterizada por que el miembro de la familia reside desde hace casi cuatro años en el Estado miembro de acogida y hace un año que está casado en dicho Estado con el ciudadano de la Unión, con quien convive desde hace aproximadamente tres años y medio y con el que tiene un hijo de veinte meses, un derecho de residencia del artículo 18 CE o del artículo 39 CE, en atención al derecho fundamental al respeto de la vida familiar?