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1 Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Actos destinados a producir efectos jurídicos - Comunicación de la Comisión supuestamente dirigida a ilustrar las consecuencias de las disposiciones del Tratado en un ámbito concreto, pero que crea obligaciones nuevas para los Estados miembros

(Tratado CE, art. 173; Comunicación 94/C 360/08 de la Comisión)

2 Libre prestación de servicios - Libertad de establecimiento - Libre circulación de capitales - Medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de los derechos que de ellas derivan - Competencia exclusiva del Consejo - Comunicación de la Comisión sobre un mercado interior de los fondos de pensiones destinada a producir efectos jurídicos propios - Acto adoptado por una autoridad incompetente

(Tratado CE, art. 57, ap. 2, y art. 66; Comunicación 94/C 360/08 de la Comisión)

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3 El recurso de anulación puede interponerse en lo que respecta a todas las disposiciones adoptadas por las Instituciones, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, destinadas a producir efectos jurídicos. Tal es el caso de una Comunicación de la Comisión publicada en la serie C del Diario Oficial, sobre un mercado interior de los fondos de pensiones, que no se limita a desarrollar las disposiciones del Tratado relativas a la libre prestación de servicios, a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales aplicables a las instituciones de pensiones, sino que impone a los Estados miembros obligaciones que no pueden considerarse inherentes a tales disposiciones y, por consiguiente, está destinada a producir efectos jurídicos propios, distintos de los ya previstos por el Tratado. El hecho de que la Comunicación no haya sido notificada a los Estados miembros carece de pertinencia a este respecto.

4 Al no existir en el Tratado ninguna disposición que le confiera esta facultad y teniendo en cuenta que, en cualquier caso, sólo el Consejo está facultado, conforme al apartado 2 del artículo 57 y al apartado 66 del Tratado, para adoptar Directivas para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al acceso y ejercicio de las actividades no asalariadas, la Comisión no es competente para adoptar un acto por el que se imponen a los Estados miembros obligaciones no previstas en las disposiciones del Tratado relativas a la libre prestación de servicios, a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales.

Por consiguiente, ha de anularse la Comunicación 94/C 360/08 de la Comisión, sobre un mercado interior de los fondos de pensiones, que no se limita a ilustrar la correcta aplicación de las disposiciones del Tratado, sino que está destinada a producir efectos jurídicos propios, distintos de los ya previstos por tales disposiciones.
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Derecho comunitario - Principios - Igualdad de trato - Discriminación por razón de la nacionalidad - Transportes por carretera - Represión de las infracciones de las disposiciones sociales - Normativa nacional de ejecución que ofrece al infractor la posibilidad de optar por que se siga contra él el proceso penal, en lugar de pagar inmediatamente una suma de dinero - Obligación que incumbe únicamente a los no residentes de depositar una fianza, exigida separadamente por cada infracción so pena de paralización de su vehículo - Improcedencia

[Tratado CE, art. 6; Reglamentos (CEE) del Consejo nos 3820/85 y 3821/85]

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El artículo 6 del Tratado CE se opone a una normativa nacional, adoptada para ejecutar el Reglamento nº 3820/85, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, y del Reglamento nº 3821/85, relativo al aparato de control en el mismo sector, que impone únicamente a los no residentes que opten, en caso de infracción, no por el pago inmediato de la suma prevista como sanción, sino por la posibilidad de que se siga contra ellos el proceso penal ordinario, la obligación de consignar una cantidad determinada por infracción, en concepto de garantía del pago de la multa y de las eventuales costas procesales, más elevada que la prevista en caso de pago inmediato, so pena de paralización de su vehículo.

En efecto, si bien a falta de un instrumento que regule la ejecución de resoluciones judiciales en materia penal entre los Estados miembros, está justificada objetivamente una diferencia de trato entre infractores residentes y no residentes, ya que la obligación de pagar una cantidad en concepto de fianza, impuesta a estos últimos, sirve para impedir que puedan eludir una sanción efectiva, las sanciones establecidas por un Estado miembro en caso de infracción de un Reglamento comunitario no deberán superar los límites de lo indispensable para conseguirlo. Pues bien, esto es lo que ocurre cuando, para diversas infracciones comprobadas al mismo tiempo y mencionadas en el mismo acto, la suma que ha de pagarse en concepto de fianza se exige separadamente por cada infracción imputada al infractor no residente, so pena de paralización de su vehículo, mientras que las infracciones dan todas ellas lugar a un proceso único contra el infractor.
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1. Cuestiones prejudiciales ° Admisibilidad ° Necesidad de facilitar al Tribunal de Justicia precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y el régimen normativo

[Tratado CE, art. 177; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 20]

2. Medio ambiente ° Eliminación de residuos ° Directiva 91/156/CEE ° Facultad de los Estados miembros de sancionar penalmente las infracciones de la normativa comunitaria ° Alcance

(Directiva 91/156/CEE del Consejo)

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1. La necesidad de dar una interpretación del Derecho comunitario que sea útil para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho sobre los que se basan tales cuestiones.

La información proporcionada en las resoluciones de remisión no sólo debe servir para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que sea salvaguardada esta posibilidad, teniendo en cuenta que, con arreglo a la citada disposición, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión.

2. El artículo 5 y el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que no prohíben que un Estado miembro utilice sanciones penales para garantizar debidamente el cumplimiento de las obligaciones previstas por la Directiva 91/156, por la que se modifica la Directiva 75/442 relativa a los residuos, siempre que tales sanciones sean análogas a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional de naturaleza e importancia similares y que, en cualquier caso, tengan carácter efectivo, proporcionado y disuasivo.

A este respecto, si bien la Directiva de que se trata no impone a los Estados miembros ninguna obligación precisa por lo que respecta al régimen de control y de sanciones, de ello no puede deducirse, no obstante, que las disposiciones nacionales que sancionen penalmente las infracciones de las obligaciones impuestas por la legislación de adaptación del Derecho interno a la Directiva sean incompatibles con esta última. Efectivamente, los Estados miembros tienen la obligación de elegir, en el marco de la libertad que les reconoce el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, las formas y los medios más adecuados para garantizar el efecto útil de las Directivas, y el artículo 5 del Tratado les obliga a adoptar, en las circunstancias antes mencionadas, todas las medidas apropiadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario.
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Seguridad Social de los trabajadores migrantes ° Normativa comunitaria ° Ambito de aplicación material ° Prestaciones comprendidas y prestaciones excluidas ° Criterios de distinción ° Primas por reconversión concedidas a los trabajadores de las minas alemanas durante el período comprendido entre su despido y el momento en que alcanzan la edad de jubilación ° Exclusión

[Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, art. 4, aps. 1 y 2]

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Los apartados 1 y 2 del artículo 4 del Reglamento nº 1408/71 deben interpretarse en el sentido de que no comprenden las prestaciones, como las previstas por las disposiciones reglamentarias de 1971 y 1988 relativas a la concesión de las prestaciones por reconversión a los trabajadores de la minería, que son concedidas por un Estado miembro, en forma de subvenciones nacionales no obligatorias, a los trabajadores entre el momento en que se les despide y el momento en que alcanzan la edad de jubilación.

Dichas prestaciones, que no figuran en la lista de las prestaciones de Seguridad Social enumeradas expresamente en el mencionado apartado 1 del artículo 4, carecen en efecto, habida cuenta de sus elementos constitutivos, y en particular de sus finalidades y de los requisitos para su concesión, de las características que permiten establecer una relación suficiente entre una de ellas y uno de los riesgos enunciados en dicha lista. Aunque, por un lado, tengan ciertas similitudes con las prestaciones de vejez en cuanto a su método de cálculo y a algunas de sus finalidades, se diferencian, sin embargo, de ellas en que persiguen un objetivo ligado a la política de empleo y en que se financian con cargo a los fondos públicos, y aunque, por otro lado, se conceden a trabajadores privados de su empleo, se diferencian de las prestaciones de desempleo en la medida en que, además del hecho de que la cuantía de la prima se determina con arreglo a las disposiciones que regulan las pensiones de vejez, el beneficiario no está obligado a inscribirse como demandante de empleo, ni a permanecer disponible en el mercado de trabajo, ni a abstenerse de ejercer una actividad por cuenta ajena o propia cuyos ingresos superen un determinado límite.
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Disposiciones fiscales ° Armonización de las legislaciones ° Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales ° Percepción de un tributo por la inscripción registral de una empresa, que equivale, sin incremento del tributo, a la inscripción de la sociedad de capital propietaria, en su caso, de la empresa ° Procedencia

[Directiva 69/335/CEE del Consejo, art. 10, letra c)]

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La letra c) del artículo 10 de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, que, en el marco de la prohibición de impuestos indirectos que tengan las mismas características que el impuesto sobre las aportaciones de capital, prohíbe la percepción de impuestos sobre la matriculación o cualquier otra formalidad previa al ejercicio de una actividad a que las sociedades puedan estar sometidas por razón de su forma jurídica, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a un tributo que se devenga anualmente por la inscripción de una empresa en una Cámara de Comercio e Industria, aunque dicha operación equivalga a la inscripción de la sociedad de capital propietaria, en su caso, de la empresa, sin que esta última formalidad lleve consigo no obstante un incremento del tributo controvertido.

En efecto, el hecho imponible de dicho tributo no es la inscripción de la sociedad o persona jurídica propietaria de una empresa, sino la inscripción de la propia empresa, pues el tributo es independiente de la forma jurídica que adopte la entidad propietaria de la empresa por la que se exige el pago del tributo. El tributo controvertido no puede considerarse por tanto relacionado con las formalidades a que las sociedades de capital pueden estar sometidas por razón de su forma jurídica.
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1. Disposiciones fiscales ° Tributos internos ° Sistema de tributación de cuota variable ° Categoría que soporta el mayor gravamen y únicamente comprende productos importados ° Procedencia ° Requisitos ° No incentivación de la compra de productos nacionales

(Tratado CE, art. 95)

2. Disposiciones fiscales ° Tributos internos ° Sistema de tributación de cuota variable sobre los automóviles ° Incremento del impuesto a partir de un umbral de cilindrada determinado y que sólo grava, de hecho, los automóviles importados ° Procedencia ° Inexistencia de efecto favorecedor sobre la venta de automóviles de fabricación nacional

(Tratado CE, art. 95)

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1. Un sistema impositivo sobre determinados productos en el cual el importe de los tributos aumente progresivamente en función de un criterio objetivo no está, en cuanto tal, prohibido por el Derecho comunitario y no puede considerarse discriminatorio por la única razón de que sólo los productos importados, especialmente de otros Estados miembros, se sitúen en la categoría sometida a un mayor gravamen. Dicho sistema sólo infringe la prohibición del artículo 95 del Tratado cuando pueda hacer desistir al consumidor de la compra de los productos importados que soportan un gravamen mayor, en beneficio de los productos de fabricación nacional.

2. El artículo 95 del Tratado no se opone a la aplicación de una normativa nacional que establece un impuesto de cuota variable sobre los vehículos de motor, en el cual el coeficiente de progresividad de un tramo impositivo a otro es más elevado para los tramos impositivos a partir de una determinada cilindrada, tramos que sólo comprenden vehículos importados, en particular de otros Estados miembros, que para los tramos inferiores, dado que dicho aumento de la progresividad, suponiendo que impulse a algunos consumidores a renunciar a la compra de los automóviles a los que afecta, no incita a la compra de vehículos de fabricación nacional, en la medida en que los vehículos del tramo inmediatamente inferior son en su gran mayoría de fabricación extranjera, y el tramo inferior a éste comprende, por su parte, junto a una mayoría de automóviles de fabricación nacional, buen número de vehículos importados.
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1. Aproximación de las legislaciones ° Procedimiento de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras ° Directiva 89/665/CEE ° Procedimiento que permite a la Comisión intervenir cautelarmente en caso de infracción clara y manifiesta de las normas comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos ° Procedimiento que no guarda relación con el procedimiento por incumplimiento del artículo 169 del Tratado

(Tratado CE, art. 169; Directiva 89/665 del Consejo)

2. Aproximación de las legislaciones ° Procedimiento de adjudicación de contratos públicos de obras ° Directiva 77/62/CEE ° Ambito de aplicación ° Excepciones a las normas comunes ° Requisitos

[Directiva 77/62 del Consejo, modificada, art. 5, ap. 1, letra a), y art. 6, ap. 4, letra c)]

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1. El procedimiento por el que la Comisión puede intervenir ante un Estado miembro, con arreglo a la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, cuando considere que se ha cometido una infracción clara y manifiesta de las disposiciones comunitarias en materia de contratos públicos, constituye una medida cautelar que no puede contravenir ni sustituir las competencias que corresponden a la Comisión en virtud del artículo 169 del Tratado, de modo que la manera en que la Comisión haya utilizado dicho procedimiento carece de pertinencia cuando se trata de apreciar la admisibilidad de un recurso por incumplimiento que la propia Comisión interpuso debido a una infracción por parte de un Estado miembro de las disposiciones comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos.

2. Un Estado miembro no puede excluir la celebración de un contrato público de suministros de la aplicación de las normas prescritas por la Directiva 77/62 basándose en que el contrato de que se trata no es más que un Convenio-marco, que sólo constituye una estructura dentro de la cual se celebran numerosos contratos públicos cuyo valor respectivo no supera el límite establecido en el primer guión de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, ni puede ampararse en la excepción establecida en la letra c) del apartado 4 del artículo 6 de la misma Directiva, alegando que los proveedores adjudicatarios eran los únicos interesados en el contrato.
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Actos de las Instituciones ° Motivación ° Obligación ° Alcance ° Disposiciones del Reglamento (CEE) nº 404/93 relativas a los derechos de aduana por importación de plátanos y al reparto del contingente arancelario

[Tratado CE, art. 190; Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, arts. 18 y 19, ap. 1]

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La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe ser adecuada a la naturaleza del acto de que se trate. Deberá mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Tribunal de Justicia pueda ejercer su control.

No obstante, no se puede exigir que la motivación de un acto especifique los diferentes elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 190 del Tratado debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de las normas jurídicas que regulen la materia de que se trate. Por lo tanto, si el acto controvertido muestra en su esencia el objetivo perseguido por la Institución, es excesivo exigir la motivación específica de cada una de las opciones técnicas que ha efectuado.

Cumplen las exigencias así definidas el artículo 18 y el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 404/93, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, que fijan los derechos de aduana por la importación en el marco y al margen de un contingente arancelario determinado y que reparten este contingente.

En efecto, los considerandos de este Reglamento indican claramente que las importaciones al margen del contingente arancelario deben someterse a derechos de aduana de nivel suficientemente elevado para permitir una comercialización de la producción comunitaria, así como de las cantidades tradicionales de plátanos ACP, y muestran inequívocamente las razones que guiaron al Consejo al definir los criterios de reparto de dicho contingente.
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Agricultura ° Organización común de mercados ° Plátanos ° Régimen de las importaciones ° Contingente arancelario ° Reparto ° Operador de la categoría C ° Concepto ° Requisitos de registro

[Reglamento nº 404/93 del Consejo, art. 19, ap. 1, letra c); Reglamento nº 1442/93 de la Comisión, arts. 2, letra c), y 3, ap. 2]

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Tanto del cotejo de las diferentes versiones lingueísticas del Reglamento nº 404/93, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, como de la relación entre este Reglamento y el Reglamento nº 1442/93, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación de plátanos en la Comunidad, se deduce que la definición de operador de la categoría C que figura en la letra c) del artículo 2 del Reglamento nº 1442/93 no se diferencia de la que figura en la letra c) del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 404/93.

Ambas disposiciones deben interpretarse, por una parte, en el sentido de que, en el momento en que solicita su registro en la categoría C, el operador no tiene que haber desarrollado previamente una actividad de comercialización de plátanos y, por otra, en el sentido de que un operador puede solicitar su registro en la categoría C, aun cuando tenga la intención de ceder el certificado de importación a un tercero.

Por otro lado, aquellos operadores económicos que, antes de 1992, hubieran entablado relaciones comerciales dirigidas a la importación de los plátanos a que se refiere la letra c) del artículo 2 del Reglamento nº 1442/93 y que hayan importado estos plátanos en 1992 o posteriormente pueden registrarse como operadores de la categoría C.

Finalmente, el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento nº 1442/93, que excluye del concepto de operador a los agentes económicos que ejerzan su actividad en el comercio al por mayor y en el despacho al consumidor final, no se aplica al concepto de operador de la categoría C en el sentido de la letra c) del artículo 2 del mismo Reglamento.
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Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Actos que les afectan directa e individualmente ° Reglamento por el que se establecen derechos antidumping ° Sociedad que ha actuado como órgano de transmisión de documentos entre un productor de un país tercero y las Instituciones comunitarias ° Inadmisibilidad

(Tratado CEE, art. 173, párr. 2)

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El Reglamento por el que se establecen derechos antidumping no afecta individualmente, en el sentido del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, a una sociedad de un país tercero a la que la Comunidad no haya impuesto derechos antidumping y que no resultó afectada por los actos preparatorios del procedimiento antidumping, excluida de la investigación y que intervino como simple órgano de transmisión de documentos entre la Comisión y una empresa de otro país tercero a la que se le imputan prácticas de dumping.
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1. Actos de las Instituciones - Directivas - Efecto directo - Requisitos

(Tratado CEE, art. 189, párr. 3)

2. Aproximación de las legislaciones - Residuos - Directiva 75/442 - Imposibilidad de que los particulares invoquen el artículo 4 ante el Juez nacional

(Directiva 75/442 del Consejo, art. 4)

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1. Cuando las disposiciones de una Directiva, desde el punto de vista de su contenido, no estén sujetas a condición alguna y sean lo suficientemente precisas, los particulares están legitimados para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando éste no haya adaptado el Derecho nacional a la Directiva dentro del plazo señalado, bien cuando haya procedido a una adaptación incorrecta.

A este respecto, una disposición comunitaria es incondicional cuando no está sujeta a ninguna condición ni subordinada, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de ningún acto de las Instituciones de la Comunidad o de los Estados miembros, y es suficientemente precisa para ser invocada por un particular y aplicada por el Juez cuando impone una obligación en términos inequívocos.

2. El artículo 4 de la Directiva 75/442, relativa a los residuos, que obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para asegurar que los residuos se gestionen sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar al medio ambiente, no confiere a los particulares derechos que deban ser protegidos por los órganos jurisdiccionales nacionales.

En efecto, esta disposición, que enuncia los objetivos que los Estados miembros deben respetar en el cumplimiento de las obligaciones más específicas contenidas en otras disposiciones de la Directiva, sólo tiene carácter programático. Delimita el marco en el que debe desarrollarse la actividad de los Estados miembros en materia de tratamiento de residuos y no impone, por sí misma, la adopción de medidas concretas o un determinado método de eliminación de los residuos. Por no ser ni incondicional ni suficientemente precisa, no puede conferir derechos que puedan ser invocados por los particulares frente al Estado.