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Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de indemnización - Perjucios inminentes y previsibles - Comprobación de la responsabilidad de la Comunidad - Sometimiento del asunto al Tribunal de Justicia - Admisibilidad

(Tratado CEE, art. 215)

2. Agricultura - Medidas monetarias - Modificación de los tipos representativos - Eliminación del margen de beneficios de la industria de transformación - Admisibilidad - Violación del derecho de propiedad - Inexistencia

(Tratado CEE, art. 39, párrafo 1 b); Reglamento nº 855/84 del Consejo; Reglamento nº 2677/84 de la Comisión)

3. Derecho comunitario - Principios - Proporcionalidad - Criterios de apreciación

4. Agricultura - Medidas monetarias - Modificación de los tipos representativos - Formas de aplicación en el sector del azucar - Pérdidas sufridas por las empresas azucareras de un Estado miembro - Responsabilidad de la Comunidad - Inexistencia

(Tratado CEE, art. 215, párrafo 2; Reglamento del nº 855/84 del Consejo; Reglamento nº 2677/84 de la Comisión)

Índice

1. El artículo 215 del Tratado no impide someter al Tribunal de Justicia una controversia para que éste declare la responsabilidad de la Comunidad por perjuicios inminentes y previsibles con una suficiente certeza, incluso aunque el perjuicio todavía no pueda valorarse con precisión.

2. La legalidad de los Reglamentos nº 855/84 y nº 2677/84 no puede cuestionarse en relación con el primer párrafo del artículo 39 del Tratado, dado que la letra b) de esta disposición no puede interpretarse como una garantía de un margen de beneficios determinado para la industria de transformación y que los demás objetivos señalados por el artículo 39 no han sido puestos en peligro por las modificaciones de los tipos representativos que han realizado dichos Reglamentos.

Ni los montantes compensatorios monetarios ni los tipos representativos pretenden garantizar a cada operador económico individual un precio invariable, expresado en la moneda del país, para sus productos, de modo que un descenso del valor en moneda nacional de las existencias de estos operadores económicos a causa de una revaluación de los tipos representativos, que pretende acercarlos a los tipos fundamentales, no puede en sí misma constituir una intervención en su derecho de propiedad.

3. Para examinar la adecuación de una disposición del Derecho comunitario al principio de proporcionalidad, conviene comprobar si las medidas impuestas por esta disposición pueden realizar el objetivo que se pretende obtener y si no superan los límites de lo necesario a tal efecto.

4. La Comunidad no compromete su responsabilidad frente a las empresas de transformación del sector del azúcar de un Estado miembro a causa de las pérdidas que éstas hayan sufrido por la modificación de los tipos representativos realizada por los Reglamentos nº 855/84 y nº 2677/84, pues esta modificación y las modalidades de su aplicación no eran imprevisibles, correspondían al interés general e incorporaban medidas transitorias destinadas a atenuar los efectos para dichas empresas.
El establecimiento de un límite temporal obligatorio para la presentación de las solicitudes de pago de montantes compensatorios monetarios es una medida necesaria destinada a asegurar que se resuelvan los trámites administrativos sin retraso indebido, y es razonable un plazo fijado en seis meses si se tienen en cuenta los intereses de los operadores económicos y la práctica administrativa actual. No existe fundamento para alegar que la disposición del artículo 15 que elimina las solicitudes presentadas fuera de plazo sea desproporcionada con respecto al objetivo, dado que la caducidad en caso de presentación tardía del documento no es una sanción, sino, como regla general, la consecuencia normal de la expiración de un plazo obligatorio, cuya observancia es precisa, y además que se tienen en consideración circunstancias excepcionales constitutivas de fuerza mayor.

En el ámbito del pago de los montantes compensatorios monetarios, en caso de que no haya devuelto el formulario de control T5, la persona afectada no puede alegar fuerza mayor si no ha adoptado las medidas necesarias para evitar las consecuencias de la falta de devolución de dicho impreso y, en particular, si no ha solicitado, antes de la expiración del plazo de seis meses contemplado en el artículo 15 del Reglamento n° 1380/75, otros documentos que puedan aceptarse como equivalentes con arreglo al apartado 5 del artículo 11 de dicho Reglamento.
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Esta decisión, que no ha sido publicada, prevé que los créditos consignados en la partida 3708 del Presupuesto del Parlamento Europeo se repartan cada año entre los Grupos Políticos, los miembros no inscritos y un fondo de reserva para 1984. Este reparto se realiza de la siguiente manera: a) cada uno de los siete grupos recibe una asignación global igual al 1 % del importe total de los créditos; b) cada uno de ellos recibe, además, por cada uno de sus miembros, 1/434 del importe total de los créditos una vez deducidas las asignaciones globales; c) cada uno de los miembros no inscritos recibe igualmente 1/434 del importe total de los créditos una vez deducidas las asignaciones globales; d) el importe total de las sumas asignadas a los Grupos Políticos y a los miembros no inscritos en virtud de las reglas enunciadas en b) y c) no puede superar el 62 % del importe total de los créditos consignados en la partida 3708; e) cada año, un importe equivalente al 31 % del importe total de los créditos consignados en la partida 3708 se destina a la constitución de un fondo de reserva. Por lo que se refiere a este fondo de reserva, está previsto que se reparta, en función del número de votos obtenidos, entre todas las formaciones políticas que hubieren obtenido en las elecciones de 1984, o bien más del 5 % de los votos válidos emitidos en el Estado miembro en que hubieren presentado candidatos, o bien más del 1 % de los votos válidos emitidos en un mínimo de tres Estados miembros en que hubieren presentado candidatos (en lo sucesivo, cláusula del 1 %). Se anuncia, finalmente, que los detalles relativos al reparto de esta reserva se precisarán con posterioridad.
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Es cierto que estas normas se refieren al comportamiento de las empresas y no a las medidas legislativas o reglamentarias de los Estados miembros. No obstante, como ha declarado recientemente el Tribunal de Justicia en su sentencia de 10 de enero de 1985, Leclerc (229/83, ↔ Rec. p. 1), en virtud del párrafo segundo del artículo 5 del Tratado los Estados miembros están obligados, sin embargo, a no obstaculizar mediante su legislación nacional la aplicación plena y uniforme del Derecho comunitario ni la eficacia de los actos de ejecución del mismo, y a no adoptar ni mantener en vigor medidas, ni siquiera de carácter legislativo o reglamentario, que puedan privar de eficacia a las normas sobre la competencia aplicables a las empresas (véanse, asimismo, las sentencias de 13 de febrero de 1969, Wilhelm, 14/68, ↔ Rec. p. 1, y de 16 de noviembre de 1977, Inno, 13/77, ↔ Rec. p. 2115).
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La Comisión alega que está generalmente admitido que el derecho fundamental a la libre circulación previsto en los artículos 48 y siguientes del Tratado se reconoce también a las familias de los trabajadores migrantes. Según la Comisión, por consiguiente, no resulta admisible vincular el derecho a la libre circulación de las personas al modo en que los cónyuges deseen conducir su vida conyugal, exigiéndoles que vivan bajo un mismo techo. No todos los Estados miembros ni todos los individuos tienen idéntica concepción de las relaciones conyugales. Esta es la razón por la que el artículo 10 no contiene en modo alguno tal exigencia. El artículo 10, añade la Comisión, pretende únicamente garantizar la existencia de una vivienda normal para los emigrantes, con objeto de responder a las necesidades de la política de extranjeros en materia de higiene y de vivienda. Del mismo modo, continúa la Comisión, de los apartados 3 y 4 del artículo 4 de la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), se deduce que la obtención de la autorización de residencia está únicamente supeditada al requisito material del matrimonio pero no al requisito adicional de la vivienda común. En la vista, la Comisión fue todavía más lejos, estimando que ni el derecho de residencia de los miembros de la familia del trabajador migrante, ni su derecho a ejercer cualquier actividad por cuenta ajena en todo el territorio del Estado de acogida, desaparecen en caso de ruptura del vínculo familiar con posterioridad a la entrada en el referido territorio.
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No obstante, semejante normativa no debe llevar a una doble imposición. En efecto, como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 5 de mayo de 1982, Schul (15/81,- Rec. p. 1409), «el Impuesto sobre el Valor Añadido que un Estado miembro percibe con ocasión de la importación de productos procedentes de otro Estado miembro entregados por un particular, cuando tal impuesto no se percibe con ocasión de la entrega de productos similares efectuada por un particular en el interior del Estado miembro de importación, constituye un tributo interno superior al que grava los productos nacionales similares, en el sentido del artículo 95 del Tratado, en la medida en que no se toma en consideración la parte residual del Impuesto sobre el Valor Añadido pagado en el Estado miembro de exportación que todavía permanece incorporada al valor del producto en el momento de su importación».
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Como este Tribunal ha señalado ya en varias sentencias, la Ley alemana de 8 de abril de 1922 sobre el monopolio del alcohol, antes de su refundición por la Ley de 2 de mayo de 1976, sometía al alcohol a un impuesto sobre el consumo que lo gravaba en tres formas diferentes según se tratase de: a) alcohol comercializado por la Administración del monopolio, el cual, conforme al apartado 1 del artículo 85 de la Ley sobre el monopolio del alcohol, estaba sujeto al impuesto sobre el alcohol (Branntweinsteuer); b) alcohol exento de la obligación de entrega al monopolio (determinados alcoholes de cereales y de frutas) o no entregado a éste en incumplimiento de dicha obligación, para el cual el artículo 78 de la mencionada Ley preveía el pago de un recargo sobre el alcohol (Branntweinausfschlag). Este recargo correspondía a la diferencia entre el precio normal de venta del alcohol de monopolio y su precio de base, menos una cantidad a tanto alzado correspondiente al importe medio de los gastos que la Administración del monopolio no tenía que soportar al no hacerse cargo de dicho alcohol. Con arreglo a los apartados 2 a 8 del artículo 79 y al artículo 79 a), en determinadas circunstancias se reducía o se aumentaba el recargo sobre el alcohol en función, sobre todo, de criterios referentes al tipo de destilería, a las cantidades producidas y a la materia prima utilizada. En principio, el importe del recargo era siempre superior al del impuesto sobre el alcohol, y la diferencia entre estos dos importes se denominaba margen del recargo; c) alcohol importado, el cual, en virtud del apartado 1 del artículo 151 de la Ley sobre el monopolio del alcohol, estaba sujeto a un derecho compensatorio de monopolio. Este derecho se calculaba de la misma manera que el recargo sobre el alcohol, salvo que no se hacía ninguna deducción de un importe a tanto alzado de los gastos economizados por la Administración del monopolio, ya que, a tenor del apartado 1 del artículo 152 de la Ley sobre el monopolio que determinaba su importe, «el derecho compensatorio de monopolio representa la diferencia entre el precio normal de venta y el precio de base del alcohol». La parte del derecho compensatorio de monopolio que excedía del impuesto sobre el alcohol se llamaba margen del derecho compensatorio de monopolio.
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Por el contrario, como resulta de las consideraciones anteriores, la Directiva no contiene -por lo que respecta a las sanciones de una posible discriminaciónninguna obligación incondicional y suficientemente precisa que pueda ser invocada por un particular, si las medidas de aplicación no se adoptan en los plazos previstos, con el fin de obtener una reparación determinada conforme a la Directiva, cuando tal consecuencia no está prevista ni permitida por la legislación nacional.
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No obstante, esta cuestión de validez sólo podría plantearse si la voluntad de producir el efecto ya indicado apareciera explícitamente en el acto modificativo. Ahora bien, éste no es el caso de la Novena Directiva. El texto de esta Directiva sólo contiene la simple prórroga del plazo previsto para adaptarse a la Sexta Directiva, en favor de los Estados miembros que no habían podido completar, en el plazo previsto inicialmente, el procedimiento legislativo necesario para adaptar su legislación relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido. En absoluto indica que esta prórroga modifique la situación de los operadores económicos en relación con las operaciones efectuadas por ellos con anterioridad a la entrada en vigor del acto por el que se modificó el plazo de ejecución.
No se puede excluir que una distinción, según el Estado miembro del domicilio de una sociedad, o que una distinción, según la residencia de una persona física, pueda ser justificada, con ciertas condiciones, en un ámbito como el del derecho fiscal.

No obstante, cuando la reglamentación fiscal de un Estado miembro pone en el mismo plano, para fines de imposición de sus beneficios, a las sociedades aseguradoras que tienen su domicilio social en su territorio nacional y a las sucursales y agencias, situadas en su territorio nacional, de sociedades que tienen su domicilio en el extranjero, dicha reglamentación no puede, sin crear una discriminación, tratarlas de modo diferente, en el marco de esta misma imposición, en lo que se refiere a la concesión de una ventaja relativa a dicha imposición tal como es el crédito fiscal. Al tratar de manera idéntica las dos formas de establecimiento con vistas a la imposición de los beneficios realizados por ellos, el legislador de este Estado miembro ha admitido efectivamente que entre los dos, respecto a las modalidades y condiciones de esta imposición, no existe ninguna diferencia de situación objetiva que pueda justificar una diferencia de trato.
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Alega la Comisión en su descargo que los actos de las autoridades somalíes invocados por las demandantes no constituyen más que meras opiniones no vinculantes y que estas autoridades nunca adoptaron una decisión definitiva en favor de las demandantes. Señala la demandada que sólo mantuvo relaciones directas con las autoridades somalíes y no con las empresas licitadoras, y que sus intervenciones ante estas autoridades no tuvieron otro fin que el de contribuir a la elección de la oferta más ventajosa; por lo que la Comisión no tenía la obligación de motivar sus actuaciones y, en cualquier caso, la inexistencia de motivación no basta para entablar un recurso basado en el artículo 215, párrafo 2, del Tratado CEE. La Comisión añade que el experto fue elegido por las autoridades somalíes de entre una lista de tres por ella designados y que lo único que podía interesar a los licitadores del capítulo II del informe del experto, es decir, la fecha límite para la presentación de las ofertas modificadas, les había sido comunicado a tiempo, siendo por otra parte confidencial el resto del informe.
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La Comisión entiende que el Decreto de que se trata constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa. Recuerda, sin embargo, que, en su citada sentencia de 20 de febrero de 1979, el Tribunal de Justicia no dio una lista exhaustiva de las exigencias imperativas que podrían justificar una medida nacional que afectara el volumen de las importaciones. Opina que el Decreto, que pretende sanear la gestión financiera de un régimen del seguro de enfermedad, puede considerarse compatible con el artículo 30, aunque afecte a los intercambios comunitarios. La medida, añade, se aplica objetivamente a los medicamentos fabricados en los Países Bajos y a los importados. Los productos no reciben trato distinto en función de su origen. Además, no se ha establecido ninguna medida que pueda afectar directamente a la comercialización propiamente dicha de los productos. La comercialización seguiría siendo completamente libre, de manera que cada cual podría conseguir los medicamentos de que se trata, si fuera necesario, según una receta médica. Sin embargo, en caso de que el Tribunal de Justicia resolviera que las medidas que se discuten son incompatibles con el artículo 30 del Tratado, la Comisión considera que los motivos de justificación enunciados en el artículo 36 no se aplican en este caso.
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Si, por el contrario, el objeto del litigio mismo no es la validez de la patente o la existencia del depósito o del registro, hay que considerar que no existe razón particular a favor de la atribución de una competenc ia exclusiva a los tribunales del Estado contratante en el que se ha solicitado u otorgado la patente y que, por consiguiente, dicho litigio no está comprendido en el apartado 4 del artículo 16.
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El Parlamento alega que los Gobiernos de los Estados miembros no han hecho ningún uso de su competencia para fijar la sede, y que, por lo tanto, no puede hablarse de usurpación de tal competencia. En cualquier caso, la Resolución controvertida constituye, por una parte, una petición de carácter político dirigida a los Gobiernos de los Estados miembros, en la que se recomienda la adopción de determinadas medidas en relación con la sede, y por otra, una medida de organización del funcionamiento interno tomada de acuerdo con los artículos 142 del Tratado CEE, 112 del Tratado CEEA y 25 del Tratado CECA. Esta medida de organización interna respeta las Decisiones de los Gobiernos de los Estados miembros sobre los lugares provisionales de trabajo, y especialmente, en relación con las sesiones plenárias, respeta las Declaraciones de los Ministros de Asuntos Exteriores de 25 de julio de 1952 y de 7 de enero de 1958. La celebración de reuniones de comisiones y de grupos políticos en Bruselas constituye una práctica seguida en un ámbito que no está regulado por ninguna norma. En su Resolución, el Parlamento no ha tomado ninguna decisión sobre la instalación de la Secretaría General y ha tratado únicamente del buen funcionamiento de la Institución, así como de la utilización de determinadas técnicas modernas. Por otra parte, dicho problema no se refiere a la sede de la Institución, sino a la organización interna del Parlamento, a cuyo efecto, éste tiene el derecho e incluso la obligación de adoptar las medidas propias de una buena administración.
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En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, los inculpados han expuesto su punto de vista en el sentido de que la sentencia de 10 de julio de 1980 tiene un «efecto global» por cuanto el Tribunal de Justicia condenó en su totalidad el régimen francés de la publicidad de las bebidas alcohólicas tal como lo define el Código. Añadieran que no procedía en tal caso distinguir según el origen de los productos de que se trata; en particular, no se podía establecer una diferencia de trato en perjuicio de los productos nacionales en relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad. Los imputados han destacado que este «efecto global» ha sido reconocido en Francia por resoluciones procedentes de varios Tribunales de primera instancia y de apelación.
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El solo hecho de que las partes contratantes hayan creado un marco institucional especial para las consultas y negociaciones mutuas relativas a la ejecución del acuerdo no basta para excluir toda aplicación jurisdiccional del mismo. La circunstancia de que un órgano jurisdiccional de una de las partes aplique, en un litigio concreto pendiente ante ella, una disposición del acuerdo que implica una obligación incondicional y precisa y que, por consiguiente, no exige ninguna intervención previa del comité mixto, no afecta a la competencia que el acuerdo confiere al mencionado comité.
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Según las directrices ministeriales, la desgravación podía ascender como máximo a 150 DM por hectolitro. Estaba integrada por dos elementos. Por una parte, se estableció una desgravación de 70 DM por hectolitro de una cierta cantidad de referencia de alcohol con el fin de evitar que pudiera recaer una carga fiscal no equitativa como consecuencia del aumento del tipo de las exacciones sobre el alcohol, en particular en el caso de los contratos a largo plazo; esta desgravación se aplicaba a la parte de las existencias netas correspondiente a la cantidad de referencia que se encontrara en los almacenes de alcoholes propios o en los depósitos aduaneros. Además, se estableció una devolución de 80 DM por hectolitro por la totalidad de las existencias que se encontraran en almacenes de alcoholes propios; esta devolución representaba, en concreto, la restitución del recargo del derecho compensatorio del monopolio y del recargo del precio incluidos en el precio de venta de los alcoholes de monopolio. Dichos recargos habían sido percibidos en el momento del ingreso del alcohol en el almacén, mientras que el derecho compensatorio del monopolio y el impuesto sobre el alcohol no se percibían hasta el momento de la salida del almacén. El presente procedimiento se refiere únicamente a esta devolución de 80 DM por hectolitro.
El artículo 18 del Convenio debe ser interpretado en el sentido de que la regla de competencia establecida por dicha disposición no es aplicable cuando el demandado no sólo impugna la competencia sino que además formula pretensiones sobre el fondo del litigio, a condición de que la impugnación de la competencia, si no es previa a cualquier defensa sobre el fondo, no sea posterior a la actuación procesal de la parte que, conforme al Derecho procesal interno, sea considerada como la primera actuación de defensa dirigida al Juez que conoce del asunto.
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Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de septiembre de 1979, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, «al imponer o permitir que se imponga la posesión de la nacionalidad belga como requisito de selección para empleos no contemplados en el apartado 4 del artículo 48 del Tratado, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 48 del Tratado y del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad» (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).