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Palabras clave Agricultura — Política agrícola común — Regímenes de ayuda directa — Normas comunes — Régimen de pago único por superficie — Inexactitud de la superficie declarada [Reglamento (CE) nº 1973/2004 de la Comisión, art. 138, ap. 1] Índice El artículo 138, apartado 1, del Reglamento nº 1973/2004, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento nº 1782/2003 en lo que respecta a los regímenes de ayuda previstos en los títulos IV y IV bis de dicho Reglamento y a la utilización de las tierras retiradas de la producción con vistas a la obtención de materias primas, debe interpretarse en el sentido de que no constituyen sanciones de naturaleza penal las medidas previstas en los párrafos segundo y tercero de dicha disposición, consistentes en excluir a un agricultor del beneficio de la ayuda respecto del año en que haya efectuado una declaración falsa de la superficie con derecho a tal ayuda y en reducir la ayuda a la que tendría derecho en los tres años siguientes, hasta alcanzar un importe correspondiente a la diferencia entre la superficie declarada y la superficie determinada. (véanse el apartado 46 y el fallo)

Asunto C-489/10

Łukasz Marcin Bonda

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy)

«Política agrícola común — Régimen de pago único por superficie — Reglamento (CE) no 1973/2004 — Artículo 138, apartado 1 — Exclusión de la ayuda en caso de inexactitud de la superficie declarada — Carácter administrativo o penal de esta sanción — Prohibición de doble incriminación — Principio non bis in idem»

Sumario de la sentencia

Agricultura — Política agrícola común — Regímenes de ayuda directa — Normas comunes — Régimen de pago único por superficie — Inexactitud de la superficie declarada

[Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión, art. 138, ap. 1]

El artículo 138, apartado 1, del Reglamento no 1973/2004, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento no 1782/2003 en lo que respecta a los regímenes de ayuda previstos en los títulos IV y IV bis de dicho Reglamento y a la utilización de las tierras retiradas de la producción con vistas a la obtención de materias primas, debe interpretarse en el sentido de que no constituyen sanciones de naturaleza penal las medidas previstas en los párrafos segundo y tercero de dicha disposición, consistentes en excluir a un agricultor del beneficio de la ayuda respecto del año en que haya efectuado una declaración falsa de la superficie con derecho a tal ayuda y en reducir la ayuda a la que tendría derecho en los tres años siguientes, hasta alcanzar un importe correspondiente a la diferencia entre la superficie declarada y la superficie determinada.

(véanse el apartado 46 y el fallo)
Cuando se trata de determinar la ilegalidad de un acto jurídico, la responsabilidad extracontractual de la Unión está supeditada a que concurran una serie de requisitos, entre los que figura la existencia de una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica cuyo objeto sea conferir derechos a los particulares.

En este contexto, si bien el incumplimiento del sistema de reparto de competencias entre las diferentes instituciones de la Unión, que tiene como objetivo garantizar el respeto del equilibro institucional previsto por los Tratados y no la protección de los particulares, no puede, por sí solo, bastar para generar la responsabilidad de la Unión frente los operadores económicos afectados, la situación sería distinta si se adoptara una medida de la Unión que no sólo vulnerara el reparto de competencias entre las instituciones sino que también infringiera, en sus disposiciones materiales, una norma superior de Derecho que proteja a los particulares.

Por consiguiente, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la violación, por la Comisión, de las normas de reparto de competencias entre ésta y los Estados miembros que resultan de la Directiva 75/319, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas, no genera la responsabilidad extracontractual de la Unión, debido a que dichas normas no tienen por objeto conferir derechos a los particulares, sin tener en cuenta la jurisprudencia según la cual tal violación, cuando va unida a la infracción de una disposición material que tenga ese objeto, puede generar dicha responsabilidad extracontractual.

(véanse los apartados 80 a 82)
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Aproximación de las legislaciones — Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos — Directiva 85/374/CEE — Ámbito de aplicación

(Directiva 85/374/CEE del Consejo, arts. 1, 3 y 13)

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La responsabilidad de un prestador de servicios que utiliza, en el marco de una prestación de servicios como la atención sanitaria prestada en un hospital, aparatos o productos defectuosos de los que no es el productor en el sentido de lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 85/374, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, modificada por la Directiva 1999/34, y causa, por ese motivo, perjuicios al beneficiario de la prestación, no está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva. En consecuencia, esta misma Directiva no se opone a que un Estado miembro establezca un régimen que prevé que tal prestador de servicios incurre en responsabilidad por los daños así ocasionados, incluso cuando no se le pueda imputar ningún tipo de culpa, siempre que, no obstante, se reconozca a quien sufrió el daño y/o a dicho prestador de servicios la facultad de exigir la responsabilidad del productor basándose en dicha Directiva cuando se cumplen los requisitos que ésta establece.

(véase el apartado 39 y el fallo)
Asunto C‑405/10

Proceso penal

contra

QB

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Bruchsal)

«Protección del medio ambiente — Reglamentos (CE) nos 1013/2006 y 1418/2007 — Control de los traslados de residuos — Prohibición de exportación de catalizadores usados al Líbano»

Sumario de la sentencia

Medio ambiente — Residuos — Traslados — Exportación de residuos con fines de valorización — Exportación a países no sujetos a la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos

[Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 36, ap. 1, letra f), y 37; Reglamento (CE) 1418/2007 de la Comisión]

Las disposiciones de los artículos 36, apartado 1, letra f), y 37 del Reglamento no 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, en relación con el Reglamento no 1418/2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento no 1013/2006 a determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos, en su versión modificada por el Reglamento no 740/2008, deben interpretarse en el sentido de que la exportación de la Unión al Líbano de residuos destinados a operaciones de valorización comprendidos en la categoría B1120, que figura en la lista B de la parte 1 del anexo V del Reglamento no 1013/2006 está prohibida.

Como establece la mención de dicho código en la rúbrica «Líbano», en la columna a) del anexo del Reglamento no 1418/2007, establece que, las autoridades del Líbano hicieron saber oficialmente a la Comisión mediante su respuesta a la solicitud enviada por ésta con arreglo al artículo 37, apartado 1, del Reglamento no 1013/2006 que el traslado de residuos de la Unión al Líbano, con fines de valorización en este tercer país, estaba prohibido.

Esta interpretación, que es la única que se ajusta a los objetivos perseguidos en el caso de autos por la legislación de la Unión, no puede cuestionarse por el hecho de que la categoría B1120 figura igualmente, en el caso del Líbano, en la columna d) del anexo al Reglamento no 1418/2007.

Por otro lado, la cuestión de si, en tales circunstancias, las disposiciones del Derecho de la Unión son o no lo suficientemente claras como para poder constituir presupuestos de una imputación penal nacional de conformidad con el principio de legalidad de los delitos y las penas, que constituye un principio general del Derecho de la Unión, consagrado en particular en el artículo 49, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que los Estados miembros están obligados a respetar cuando establecen penas destinadas a sancionar las infracciones del Derecho de la Unión, debe ser apreciada por el órgano jurisdiccional remitente.

(véanse los apartados 35, 38, 41 y 47 a 49 y el fallo)
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Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestiones generales o hipotéticas — Comprobación por el Tribunal de Justicia de su propia competencia — Cuestión prejudicial de carácter hipotético — Inadmisibilidad

[Art. 267 TFUE; Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, art. 42]

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El procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos la información relativa a la interpretación del Derecho de la Unión que éstos requieren para la solución del litigio que deben dirimir.

En el contexto de esta cooperación, las cuestiones relativas al Derecho de la Unión disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia sólo puede declarar la inadmisibilidad de una petición planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o bien cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los datos de hecho o de Derecho necesarios para responder provechosamente a las cuestiones planteadas. En efecto, la función encomendada al Tribunal de Justicia en el procedimiento prejudicial consiste en contribuir a la administración de la justicia en los Estados miembros, y no en formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas.

Procede considerar inadmisible, a causa de su carácter hipotético, una petición de decisión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, presentada en el contexto de un recurso en el que se pide la anulación de un acto legislativo de Derecho interno que tiene por objeto establecer la normativa básica aplicable a determinados regímenes de ayuda establecidos en dicho Reglamento, desde el momento en que dicho acto legislativo ha sido derogado y el órgano jurisdiccional remitente no ha proporcionado al Tribunal de Justicia datos que le permitan comprender el interés real y concreto que tal petición presenta, no obstante, para el litigio principal.

(véanse los apartados 16 a 18, 23 y 25)
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Transportes – Transportes por carretera – Permiso de conducción – Directiva 91/439/CEE – Reconocimiento recíproco del permiso de conducción – Negativa, por parte de un Estado miembro de acogida, de reconocer el permiso expedido por otro Estado miembro – Negativa basada únicamente en la falta de residencia del titular en el territorio de ese otro Estado en el momento de expedición del permiso

[Directiva 91/439/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2008/65/CE, arts. 1, ap. 2, 7, ap. 1, letra b), y 8, aps. 2 y 4]

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Los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, letra b), y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, sobre el permiso de conducción, en su versión modificada por la Directiva 2008/65, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro de acogida se niegue a reconocer en su territorio el permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, cuando, sobre la base de las indicaciones que figuran en ese permiso, resulte acreditado que no se ha cumplido el requisito de la residencia normal, establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva. No influye a este respecto el hecho de que el titular de dicho permiso no haya sido objeto, por parte del Estado miembro de acogida, de alguna medida prevista en el artículo 8, apartado 2, de la referida Directiva.

La Directiva 91/439 no hace distinción alguna, con respecto al requisito relativo a la residencia de un candidato al permiso de conducción, entre la primera expedición de un permiso de conducción y la que tiene lugar tras la retirada de un permiso anterior. En ambos casos, dicha expedición se supedita al hecho de que se dé la residencia normal o a que se demuestre la condición de estudiante durante un período mínimo de seis meses en el territorio del Estado miembro que expida el permiso de conducción.

El requisito de residencia reviste especial importancia igualmente en el caso de la primera expedición de un permiso de conducción. En efecto, si no se cumple este requisito en tal caso, resulta difícil, incluso imposible, para las autoridades competentes del Estado miembro de expedición, comprobar si se han cumplido los demás requisitos establecidos en la Directiva 91/439. A falta de tal comprobación es posible que el titular del permiso expedido de ese modo no posea, en particular, los conocimientos ni la aptitud necesarios para la conducción y, en consecuencia, suponga un riesgo para la seguridad vial. Por otra parte, podría verse comprometido el principio de que nadie puede ser titular de más de un permiso de conducción, que postula el artículo 7, apartado 5, de la misma Directiva.

(véanse los apartados 29 a 31 y 33 y el fallo)
6

En su versión anterior a la reforma efectuada por el artículo 1, apartado 19, del Decreto legislativo no 23, por el que se reforma el sistema relativo a las cámaras de comercio, industria, artesanía y agricultura, con arreglo al artículo 53 de la Ley no 99, de 23 de julio de 2009 (decreto legislativo n. 23 – Reforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99), de 15 de febrero de 2010 (GURI no 46, de 25 de febrero de 2010, p. 1), que entró en vigor el 12 de marzo de 2010, las disposiciones nacionales aplicables al litigio principal son las siguientes.
a)

“intereses” el rendimiento de los créditos de cualquier clase, estén o no garantizados por una hipoteca o una cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular el rendimiento de bonos y obligaciones, incluidas las primas y lotes vinculados a éstos. Los recargos por pago atrasado no se considerarán intereses.
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE (DO L 64, p. 37).
Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 10

bis,

párrafos primero, segundo y tercero, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo (DO L 73, p. 5) y por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 156, p. 17) — Normativa nacional que limita la participación del público en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales.
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a ciertos requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos (DO L 38, p. 40).
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Objeto del litigio

Parte dispositiva



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Recurso por incumplimiento — Prueba del incumplimiento — Carga que incumbe a la Comisión (Art. 258 TFUE) (véase el apartado 18)

2. Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros — Adaptación del Derecho interno a una directiva sin actividad normativa a tal efecto (Art. 288 TFUE, párr. 3) (véase el apartado 22)

3. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 258 TFUE)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373, p. 37) (véanse los apartados 24 y 25).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas a la República de Polonia.
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Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras — Directiva 89/665/CEE — Obligación de los Estados miembros de establecer un procedimiento de recurso

(Directiva 89/665/CEE del Consejo)

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La Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que supedita el derecho a obtener una indemnización de daños y perjuicios, derivada de una infracción del Derecho en materia de contratación pública por parte de la entidad adjudicadora, al carácter culposo de esta infracción, incluso cuando la aplicación de dicha normativa se base en la presunción de que dicha entidad ha actuado culposamente y en la imposibilidad de que ésta invoque la falta de competencia individual y, por lo tanto, una falta de imputabilidad subjetiva de la supuesta infracción.

En efecto, el procedimiento de recurso tendente a la obtención de una indemnización, previsto en el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/665, sólo puede constituir, en su caso, una alternativa procesal compatible con el principio de efectividad que inspira el objetivo de eficacia de los recursos perseguido por esta Directiva cuando la posibilidad de reconocer una indemnización de daños y perjuicios en caso de infracción de las normas en materia de contratos públicos no esté condicionada, al igual que tampoco deben estarlo los demás procedimientos de recurso contemplados en el apartado 1 de este artículo 2, a la apreciación de una actuación culposa de la entidad adjudicadora. Carece de relevancia en este sentido que la normativa nacional no imponga a la persona perjudicada la carga de probar que la entidad adjudicadora ha actuado culposamente, y haga recaer, por el contrario, sobre esta entidad el deber de desvirtuar la presunción de existencia de culpa que pesa en su contra limitando los motivos que pueda invocar para ello.

(véanse los apartados 39, 40 y 45 y el fallo)
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Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones — Exención de apuestas, loterías y otros juegos de azar o de dinero

[Directiva 2006/112/CE del Consejo, art. 135, ap. 1, letra i)]

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El artículo 135, apartado 1, letra i), de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que el ejercicio de la facultad que poseen los Estados miembros para fijar las condiciones y los límites a la exención del impuesto sobre el valor añadido prevista por esta norma les autoriza a eximir de dicho impuesto solamente determinados juegos de azar o de dinero.

En efecto, dicha norma deja un amplio margen de apreciación a los Estados miembros en lo relativo a la exención o a la tributación de las operaciones afectadas, ya que permite a los Estados miembros fijar las condiciones y los límites a los que se puede supeditar la aplicación de dicha exención. Por otra parte, su tenor no contiene ningún otro elemento que permita deducir que el legislador comunitario pretendiera introducir una restricción cuantitativa del tipo que sea para garantizar, en particular, que la exención del impuesto sobre el valor añadido pueda aplicarse al menos al 50 % de los juegos de azar y de dinero explotados y organizados en un Estado miembro o al menos al 50 % del volumen de negocios generado por la explotación y la organización de tales juegos. Por otra parte, tampoco se opone a tal normativa el principio de neutralidad fiscal, en virtud del cual, a efectos del impuesto sobre el valor añadido, no se debe tratar de modo distinto prestaciones de servicios similares y que, en consecuencia, compitan entre sí. En efecto, a riesgo de privar de todo efecto útil al artículo 135, apartado 1, letra i), de la Directiva 2006/112 y al amplio margen de apreciación que el mismo reconoce a los Estados miembros, no se puede interpretar dicho principio en el sentido de que se opone a que se exima del pago del impuesto sobre el valor añadido a unos tipos de juegos de azar o de dinero y a otros no, aunque ambos tipos de juegos no compitan entre sí.

(véanse los apartados 26 a 27, 34 a 35 y 39 y el fallo)