Palabras clave

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Palabras clave

1 Procedimiento - Intervención - Excepción de inadmisibilidad no propuesta por la parte demandada - Inadmisibilidad - Causas de inadmisión por motivos de orden público - Examen de oficio por el Juez

[Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia, arts. 34, párr. 2, y 46, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 113 y 116, ap. 3]

2 Recurso de anulación - Recurso interpuesto por una asociación de empresas contra una Decisión individual CECA de la que ella no es el destinatario - Decisión por la que se autoriza el pago de ayudas de Estado a empresas competidoras de sus miembros

(Tratado CECA, arts. 33, párr. 2, y 48)

3 CECA - Ayudas a la siderurgia - Autorización por la Comisión - Decisiones generales y Decisiones individuales - Adopción de Decisiones individuales para autorizar ayudas no comprendidas en las categorías de ayudas autorizadas por una Decisión general - Admisibilidad

(Tratado CECA, arts. 2, 3, 4, 5 y 95)

4 CECA - Ayudas a la siderurgia - Autorización por la Comisión - Requisitos - Conciliación de los objetivos del Tratado - Facultad discrecional de la Comisión - Proporcionalidad - Valoración de consideraciones de orden político, económico y social - Control jurisdiccional

(Tratado CECA, arts. 2, 3, 4, 5, y 95)

5 CECA - Ayudas a la siderurgia - Autorización por la Comisión - Requisitos - Inexistencia de distorsiones de la competencia contrarias al interés común

(Tratado CECA, arts. 3 y 4)

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6 En virtud del párrafo segundo del artículo 34 y del párrafo primero del artículo 46 del Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia y del apartado 3 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el coadyuvante debe aceptar el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención y las conclusiones de su demanda no pueden tener otro fin que apoyar las conclusiones de una de las partes. Por tanto, no está legitimado para proponer una excepción de inadmisibilidad no formulada en las conclusiones de la parte demandada.

No obstante, en virtud del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia puede examinar de oficio en cualquier momento las causas de inadmisión, incluidas las invocadas por una parte coadyuvante.

7 Las asociaciones, en el sentido del artículo 48 del Tratado CECA, que agrupan a empresas del sector siderúrgico y que tienen por finalidad representar los intereses comunes de sus miembros, resultan afectadas, en el sentido del párrafo segundo del artículo 33 del mismo Tratado, por Decisiones que autorizan el pago de ayudas de Estado a empresas competidoras de sus miembros.

8 En el sistema del Tratado CECA, la letra c) del artículo 4 no se opone a que la Comisión autorice, con carácter de excepción, ayudas previstas por los Estados miembros y compatibles con los objetivos del Tratado, basándose en los párrafos primero y segundo del artículo 95, a efectos de hacer frente a situaciones imprevistas.

En efecto, los párrafos primero y segundo del artículo 95 facultan a la Comisión para adoptar una Decisión o una Recomendación con el dictamen conforme del Consejo, emitido por unanimidad y previa consulta al Comité Consultivo CECA, en todos los casos no previstos en el Tratado en que resulte necesaria esa Decisión o esa Recomendación para alcanzar, durante el funcionamiento del mercado común del carbón y del acero y de conformidad con las disposiciones del artículo 5, uno de los objetivos de la Comunidad, tal como están definidos en los artículos 2, 3 y 4. Prevén que la misma Decisión o Recomendación, tomada o formulada de igual forma, determinará eventualmente las sanciones aplicables.

Así pues, la Comisión es competente, a falta de disposición específica del Tratado, para adoptar cualquier Decisión general o individual necesaria para la realización de los objetivos de éste. Efectivamente, los párrafos primero y segundo del artículo 95, que le confieren esta competencia, no contienen ninguna precisión relativa al alcance de las Decisiones que la Comisión puede adoptar. En este contexto, le corresponde apreciar, en cada caso, cuál de estos dos tipos de Decisiones, generales o individuales, es el más adecuado para alcanzar el objetivo o los objetivos perseguidos.

A este respecto, una Decisión general, como el Código de ayudas a la siderurgia, sólo tiene por objeto autorizar de manera general, y con ciertas condiciones, excepciones a la prohibición de las ayudas en favor de determinadas categorías de estas últimas que enumera de forma exhaustiva. Por tanto, las ayudas no comprendidas en las categorías que el Código exime de la prohibición siguen sometidas exclusivamente a la letra c) del artículo 4. De ello resulta que, cuando tales ayudas resultan necesarias para alcanzar los objetivos del Tratado, la Comisión está facultada para recurrir al artículo 95 del Tratado, con el fin de hacer frente a esa situación imprevista, en su caso, por medio de una Decisión individual.

9 En el marco de la aplicación del Tratado CECA, la Comisión aprecia discrecionalmente la compatibilidad, con los principios fundamentales del Tratado, de las ayudas destinadas a acompañar las medidas de reestructuración en el sector siderúrgico. Habida cuenta de la diversidad de los objetivos fijados por el Tratado, la función de la Comisión consiste en garantizar la conciliación permanente de esos diferentes objetivos, utilizando su facultad discrecional con el fin de llegar a la satisfacción del interés común.

A este respecto, la racionalización de la industria siderúrgica europea a través del saneamiento de determinados grupos, el cierre de las instalaciones obsoletas o poco competitivas, la reducción de las capacidades excedentarias, la privatización de un grupo con el fin de asegurar su viabilidad y la supresión de empleos en una medida razonable concurren para realizar los objetivos del Tratado, teniendo en cuenta la sensibilidad del sector siderúrgico y el hecho de que el mantenimiento, incluso la agravación de la crisis, puede provocar, en las economías de los Estados miembros de que se trata, problemas sumamente graves y persistentes. De ello resulta que unas Decisiones de la Comisión que autorizan la concesión de ayudas estatales en el marco de tal racionalización pretenden proteger el interés común, de conformidad con los objetivos del Tratado.

No obstante, la Comisión no podría autorizar en ningún caso la concesión de ayudas estatales que no sean indispensables para alcanzar dichos objetivos y que puedan dar lugar a distorsiones de la competencia en el mercado común del acero.

Además, para que estas Decisiones, que se aplican en el mercado del acero, caracterizado por un exceso de capacidad de producción, puedan ser consideradas conformes al principio de proporcionalidad, es preciso comprobar si imponen a las empresas beneficiarias cierres y reducciones de capacidad adecuadas, como contrapartida de las ayudas autorizadas.

Con este fin, no debe establecerse ninguna relación cuantitativa precisa entre los importes de las ayudas y el volumen de las capacidades de producción que deben eliminarse. Por el contrario, los factores que pueden influir sobre los importes exactos de las ayudas que puedan autorizarse no sólo consisten en un número de toneladas de capacidad de producción que deben eliminarse, sino que también comprenden otros elementos, que varían de una región de la Comunidad a otra, tales como el esfuerzo de reestructuración, los problemas regionales y sociales provocados por la crisis de la industria siderúrgica, la evolución técnica y la adaptación de las empresas a las exigencias del mercado. De ello se deduce que la apreciación de la Comisión no puede estar sujeta a un control que se base únicamente en criterios económicos. Puede legítimamente tener en cuenta una amplia gama de consideraciones de orden político, económico o social, en el marco del ejercicio de su facultad discrecional en virtud del artículo 95 del Tratado.

10 Si bien cualquier intervención en materia de ayudas a la siderurgia puede favorecer a una empresa en relación a otra, la Comisión puede, sin embargo, autorizar ayudas cuya concesión provocaría distorsiones de la competencia en grado perjudicial para el interés común. Concretamente, la obligación de la Comisión, en virtud del artículo 3 del Tratado, de actuar en interés común no significa que deba actuar en interés de todos los sujetos sin excepción, porque su función no implica que sólo pueda actuar cuando no se vea afectado ningún interés. Por el contrario, debe actuar apreciando los diversos intereses y evitando las consecuencias perjudiciales si la Decisión que vaya a adoptar lo permite razonablemente. La Comisión puede, en interés común, hacer uso de su facultad de decisión según lo exijan las circunstancias, incluso en perjuicio de determinados intereses particulares.