CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentadas el 11 de febrero de 2021 ( 1 )

Asunto C‑39/20

Staatssecretaris van Financiën

contra

Jumbocarry Trading GmbH

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos)]

«Procedimiento prejudicial — Plazo de notificación de deudas aduaneras — Suspensión del plazo de notificación — Prescripción de la deuda aduanera — Aplicación en el tiempo de la disposición que rige las causas de suspensión — Principio de seguridad jurídica — Principio de confianza legítima»

1. En 1992, el legislador comunitario resolvió reunir en un solo texto las disposiciones del derecho aduanero hasta entonces dispersas. El resultado se plasmó en el Reglamento (CEE) n.o 2913/92, que aprobó el «código aduanero comunitario» (en lo sucesivo, «CAC»). ( 2 )

2. El CAC experimentó posteriores modificaciones, hasta que el Reglamento (UE) n.o 952/2013, ( 3 ) por el que se aprobó el «código aduanero de la Unión» (en lo sucesivo, «CAU»), lo derogó.

3. Con arreglo al artículo 288 del CAU, algunos de sus preceptos son aplicables a partir del 30 de octubre de 2013, mientras que otros solo desde el 1 de mayo de 2016. ( 4 ) Entre estos últimos se hallan los artículos 103 y 124 del CAU, relativos a la suspensión del plazo para la notificación de la deuda aduanera y a la extinción de esta, respectivamente.

4. El Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) eleva una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia para que interprete los artículos 103, apartado 3, inicio y letra b), y 124, apartado 1, inicio y letra a), del CAU.

5. Con sus preguntas, el tribunal de reenvío quiere saber, en síntesis, si un precepto del CAU puede suspender el plazo de prescripción de una deuda aduanera mientras ese plazo aún estaba en curso, con lo que retrasaría, más allá de la fecha en la que prescribía esa deuda a tenor del CAC, el día en el que las autoridades aduaneras podían notificarla (y recaudarla).

I. Derecho de la Unión

A. Código aduanero comunitario (CAC)

6. El artículo 221, apartados 1, 3 y 4, indica: «1. Desde el momento de su contracción [de la deuda aduanera] deberá comunicarse el importe de los derechos al deudor, según modalidades apropiadas. […] 3. La comunicación al deudor no podrá efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera. Dicho plazo se suspenderá a partir del momento en que se interponga un recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 y hasta que finalice el procedimiento de recurso. 4. Cuando la deuda aduanera haya nacido como resultado de un acto perseguible judicialmente en el momento en que se cometió, la comunicación al deudor podrá efectuarse, en las condiciones previstas por las disposiciones vigentes, después de la expiración del plazo de tres años previsto en el apartado 3».

B. Código aduanero de la Unión (CAU)

7. El artículo 22, apartado 6, explicita: «6. Antes de adoptar una decisión que perjudique al solicitante, las autoridades aduaneras comunicarán los motivos en los que pretenden basar su decisión a este último, el cual tendrá la oportunidad de presentar observaciones dentro de un plazo establecido, que comenzará a contar a partir de la fecha en que reciba o se considere que deba haber recibido la comunicación. Tras el vencimiento de ese plazo, se notificará al solicitante, del modo debido, la decisión adoptada».

8. El artículo 29 recoge: «Excepto cuando una autoridad aduanera actúe en calidad de autoridad judicial, las disposiciones del artículo 22, apartados 4, 5, 6 y 7, del artículo 23, apartado 3, y de los artículos 26, 27 y 28 se aplicarán también a las decisiones que tomen las autoridades aduaneras sin solicitud previa de la persona interesada».

9. El artículo 103, apartado 1 y apartado 3, inicio y letra b), preceptúa: «1. No se podrá notificar ninguna deuda aduanera una vez que haya transcurrido un plazo de tres años contados a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera. 3. Los plazos establecidos en los apartados 1 y 2 se suspenderán en caso de que: […] b) las autoridades aduaneras comuniquen al deudor, con arreglo al artículo 22, apartado 6, los motivos por los que pretenden notificar la deuda aduanera; tal suspensión se aplicará desde la fecha de dicha comunicación y hasta el final del período en el que el deudor tiene la oportunidad de presentar observaciones».

10. A tenor del artículo 124, apartado 1, inicio y letra a): «1. Sin perjuicio de las disposiciones vigentes relativas a la no recaudación del importe de derechos de importación o de exportación correspondiente a una deuda aduanera en caso de que se determine judicialmente la insolvencia del deudor, una deuda aduanera de importación o de exportación se extinguirá de cualquiera de las siguientes maneras: a) cuando el deudor ya no pueda ser notificado de la deuda aduanera contraída, con arreglo al artículo 103».

11. El artículo 288 señala: «1. Los artículos 2, 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 50, 52, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 106, 107, 115, 122, 123, 126, 131, 132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 168, 169, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 193, 196, 200, 206, 207, 209, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 224, 225, 231, 232, 235, 236, 239, 253, 265, 266, 268, 273, 276, 279, 280, 281, 283, 284, 285 y 286 serán aplicables a partir del 30 de octubre de 2013. 2. Los artículos distintos de los mencionados en el apartado 1 serán aplicables a partir del 1 de mayo de 2016».

C. Reglamento Delegado (UE) n.o 2015/2446 ( 5 )

12. El artículo 8, apartado 1, reza: «1. El período de tiempo para que el solicitante exprese su punto de vista antes de que se tome una decisión que le perjudique será de treinta días».

II. Hechos, litigio y cuestión prejudicial

13. Jumbocarry Trading GmbH (en lo sucesivo, «Jumbocarry») es una sociedad con sede en Alemania. El 4 de julio de 2013, presentó en los Países Bajos declaraciones para el despacho a libre práctica de una partida de piezas de porcelana. En las declaraciones indicó Bangladesh como país de origen de las piezas, por lo que se le aplicó un tipo preferencial de derechos de aduana del cero por ciento.

14. El 1 de junio de 2016, al entender que el certificado de origen de la mercancía era falso, el Inspecteur van de Belastingdienst (Inspector de la Administración tributaria; en lo sucesivo, «Inspecteur») comunicó por escrito a Jumbocarry que pretendía recaudar a posteriori los derechos de aduana, al tipo normal del 12 %. En este mismo escrito le brindó la oportunidad de formular alegaciones, en un plazo de 30 días.

15. El 18 de julio de 2016, la Administración notificó a Jumbocarry un requerimiento de pago de la deuda aduanera.

16. Jumbocarry recurrió esa decisión ante el rechtbank Noord-Holland (Tribunal de primera instancia de Holanda Septentrional, Países Bajos), que falló a su favor por estimar que la deuda aduanera ya había prescrito, al haber transcurrido tres años desde su nacimiento (el 4 de julio de 2013).

17. El Inspecteur recurrió la sentencia de primera instancia ante el gerechtshof Amsterdam (Tribunal de apelación de Ámsterdam, Países Bajos), que desestimó su recurso en sentencia de 27 de febrero de 2018.

18. El Staatssecretaris van Financiën (Secretario de Estado de Hacienda, Países Bajos) acudió en casación al Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), que, al experimentar dudas sobre los efectos en el tiempo de algunas normas del CAU, eleva al Tribunal de Justicia estas preguntas prejudiciales: «1) ¿Son aplicables los artículos 103, apartado 3, inicio y letra b), y 124, apartado 1, inicio y letra a), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, a una deuda aduanera nacida antes del 1 de mayo de 2016 y cuyo plazo de prescripción no ha expirado todavía en tal fecha? 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿se oponen el principio de seguridad jurídica o el principio de protección de la confianza legítima a tal aplicación?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

19. El reenvío prejudicial tuvo entrada en el Tribunal de Justicia el 27 de enero de 2020.

20. Han depositado observaciones escritas Jumbocarry, el Gobierno neerlandés, la Comisión, el Consejo y el Parlamento.

21. El Tribunal de Justicia dirigió a las partes y a los intervinientes en el incidente prejudicial unas preguntas para respuesta escrita, ( 6 ) relativas a: – La eventual incidencia en este litigio de las enseñanzas derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de diciembre de 2017, M.A.S. y M.B., en especial, de su apartado 42. ( 7 ) – La calificación de la deuda aduanera controvertida como nacida de un acto susceptible de dar lugar a procedimientos judiciales penales en el momento en el que se llevó a cabo, con referencia a la sentencia de 19 octubre de 2017, A ( 8 ) (apartados 54 a 62). – La analogía de la comunicación prevista en el artículo 22, apartado 6, en relación con el artículo 29 del CAU, con la contemplada en el artículo 221, apartado 3, del CAC, que interrumpe el plazo de prescripción de tres años según la sentencia de 10 de julio de 2019, CEVA Freight Holland ( 9 ) (apartados 43, 45, 46 y 48).

IV. Análisis

A. Precisiones preliminares

22. Antes de abordar la respuesta al Hoge Raad der Nederlanden realizaré unas precisiones sobre las preguntas que el Tribunal de Justicia ha sometido a las partes y a los intervinientes en el procedimiento prejudicial.

23. Esas preguntas del Tribunal de Justicia no ponen en duda los hechos que se describen en el auto de reenvío. ( 10 ) Por el contrario, asumiéndolos, permiten ofrecer al órgano jurisdiccional a quo una perspectiva del derecho de la Unión no exactamente coincidente con la que este aborda.

24. Nada impide al Tribunal de Justicia proporcionar al juez nacional indicaciones, basadas en los autos y en las observaciones que se le presenten, sobre extremos no tratados en la remisión prejudicial, si lo estima pertinente para mejorar su colaboración con el órgano judicial remitente.

1. Calificación del acto del que resulta la deuda aduanera y sus consecuencias sobre el plazo de prescripción

25. A tenor del artículo 221, apartado 4, del CAC, «cuando la deuda aduanera haya nacido como resultado de un acto perseguible judicialmente en el momento en que se cometió, la comunicación al deudor podrá efectuarse, en las condiciones previstas por las disposiciones vigentes, después de la expiración del plazo de tres años [desde el nacimiento de la deuda]».

26. Aun cuando ese precepto u otros apartados del mismo artículo 221 del CAC no empleaban el término prescripción, el Tribunal de Justicia entendió que el plazo de tres años al que aludían era, propiamente, un plazo de prescripción de la deuda aduanera. ( 11 )

27. Así es: «según reiterada jurisprudencia, la primera frase del artículo 221, apartado 3, del [CAC] establece una regla de prescripción según la cual la notificación del importe de los derechos de importación o de exportación que proceda pagar no puede efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años contados a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera». ( 12 )

28. De acuerdo, pues, con el mencionado artículo 221, apartado 4, del CAC, el plazo de prescripción de la deuda aduanera que instauraba este código no se circunscribía a tres años, cuando la deuda «haya nacido como resultado de un acto perseguible judicialmente».

29. De esta forma lo apreció el Tribunal de Justicia en un asunto en el que las mercancías habían sido despachadas a libre práctica de manera ilícita, tras una declaración en aduana basada en datos falsos. ( 13 )

30. Para el Tribunal de Justicia, si bien el despacho a libre práctica es uno de los hechos generadores de la deuda aduanera de importación enumerados en el artículo 201 del CAC, «esta consideración no implica que tal deuda no “haya nacido como resultado”, en el sentido del artículo 221, apartado 4, del código aduanero, de actos como de los que se trata en el litigio principal». ( 14 )

31. Por tanto, el plazo marcado en el artículo 221, apartado 3, del CAC podía exceder de tres años cuando los hechos en el origen de la deuda aduanera fueran perseguibles judicialmente. ( 15 )

32. Esa misma regla, con ligeras variantes, se halla en el artículo 103, apartado 2, del CAU. ( 16 ) En su virtud, si la deuda aduanera nace a raíz de un acto susceptible de originar procedimientos judiciales penales, el plazo para notificarla puede extenderse hasta un mínimo de cinco años y un máximo de diez.

33. El tribunal de reenvío podría, pues, en cuanto sus reglas de procedimiento lo permitan, ( 17 ) determinar si, en este asunto, la situación es análoga a la examinada en la sentencia A.

34. Todo parece indicar que así es, pues, según el auto de reenvío, en la comunicación dirigida a Jumbocarry el 1 de junio de 2016, el Inspecteur manifestaba dudas sobre la proveniencia real de las mercancías declaradas y afirmaba la falsedad ( 18 ) del certificado de origen.

35. Si el tribunal a quo corrobora que el acto del que nacía la deuda aduanera de Jumbocarry era perseguible judicialmente, esa deuda, nacida el 4 de julio de 2013, no se habría extinguido, por prescripción, ni el 1 de junio de 2016 (fecha de la comunicación del Inspecteur) ni el 18 de julio de 2016 (fecha del requerimiento de pago).

36. En esa tesitura, no habría necesidad de abordar el análisis de la incidencia que, a tenor del CAC o del CAU, tuvieron los actos que suspendieron, en el año 2016, el plazo trienal de prescripción de la deuda aduanera. Ese plazo de tres años, repito, no sería el aplicable al asunto de autos.

2. Comunicación al deudor en el CAC

37. La comunicación al deudor del importe de los derechos de aduana, calculado por las autoridades aduaneras desde el momento en que disponían de los elementos indispensables, ( 19 ) había de realizarse según «modalidades apropiadas» y en un plazo máximo de tres años desde el nacimiento de esa deuda, de acuerdo con el artículo 221, apartados 1 y 3, del CAC.

38. El Tribunal de Justicia se pronunció sobre esa comunicación, significando, en cuanto a su forma y a su contenido, que «[…] corresponde a las autoridades estatales competentes garantizar una comunicación que permita al deudor de la deuda aduanera tener conocimiento exacto de sus derechos». ( 20 ) No era imprescindible, en cambio, que se atuviera a normas de procedimiento específicas. ( 21 )

39. En lo que atañe a sus efectos, el Tribunal de Justicia declaró que «la comunicación al deudor […] conlleva, de conformidad con el artículo 221, apartado 3, del [CAC], la interrupción del plazo de prescripción» con cuya expiración se extingue la deuda aduanera. ( 22 )

40. Las «comunicaciones» a las que aluden, por un lado, el artículo 221, apartados 1 y 3, del CAC y, por otro lado, los artículos 22, apartado 6, y 103, apartado 3, letra b), del CAU muestran puntos de conexión notables. No es que coincidan en todos sus elementos, ( 23 ) pero, en determinadas circunstancias, pueden reputarse actos administrativos de contenido equivalente, si se adopta el enfoque que el Tribunal de Justicia utilizó al interpretar el primero de esos artículos.

41. El CAC no contemplaba, de forma expresa, que se pusiesen de manifiesto al deudor, previamente a su adopción, las decisiones administrativas desfavorables a sus intereses. Como ya he expuesto, se circunscribía a recoger que la Administración debía informar al deudor, según modalidades apropiadas, del importe de los derechos, antes de que expirase el plazo de tres años desde el nacimiento de la deuda aduanera.

42. El Tribunal de Justicia sostuvo, sin embargo, que la comunicación previa era obligatoria bajo el imperio del CAC, ( 24 ) pues daba al deudor la ocasión de ser oído y, a la vez, facilitaba «que la autoridad competente pueda tener en cuenta eficazmente la totalidad de los elementos pertinentes». ( 25 ) Esa comunicación, ya lo he recordado, «interrumpía» el plazo de prescripción de la deuda aduanera. ( 26 )

43. Puesto que el CAC no establecía expresamente la obligación de comunicación previa al deudor, no contemplaba tampoco otros aspectos relacionados con ella, como los medios para presentar las observaciones o el plazo para depositarlas. Esos extremos correspondían al derecho nacional, dentro del respeto de los principios de efectividad y equivalencia.

44. El CAU regula, ya de modo explícito, la comunicación al deudor para que pueda formular observaciones en defensa de sus intereses. ( 27 ) En sintonía con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el CAC (y, en cierta manera, como contrapunto al reconocimiento del derecho de defensa), ( 28 ) el artículo 103, apartado 3, letra b), del CAU confiere a ese acto de la Administración la virtualidad de suspender el plazo de tres años para notificar la deuda, cuyo dies a quo coincide con el momento de su nacimiento. La suspensión dura hasta el final del período en el que el deudor tiene la ocasión de formular observaciones, ( 29 ) reanudándose el cómputo del plazo desde entonces.

45. En otras palabras, la suspensión prevista en el artículo 103, apartado 3, letra b), del CAU suma treinta días a los tres años que, calculados desde el nacimiento de la deuda aduanera, marcan el límite temporal para notificar esta última. Se produce así, en realidad, una prórroga (muy limitada en el tiempo) del plazo de prescripción extintiva del derecho de la Administración a liquidar la deuda aduanera. ( 30 )

46. En este asunto, según explica el tribunal de reenvío, el Inspecteur dirigió la comunicación a Jumbocarry, el 1 de junio de 2016, para hacerle saber que pretendía recaudar la deuda aduanera a posteriori, liquidándola a un tipo del 12 %, y le dio treinta días para explicar su punto de vista.

47. Si esa fue la secuencia de los hechos, la aplicación de la jurisprudencia antes citada podría conducir al tribunal de reenvío a sopesar dos factores relevantes para el litigio: – El primero es que la comunicación con ese contenido pudo ser apta para proporcionar al deudor una información adecuada y permitirle defender sus derechos con pleno conocimiento de causa, en el sentido en el que la sentencia Molenbergnatie interpretó el artículo 221, apartado 3, del CAC. ( 31 ) – El segundo es que esa comunicación habría desencadenado, asimismo en aplicación del artículo 221, apartado 3, del CAC, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, ( 32 ) la interrupción (o suspensión) del plazo de prescripción de tres años, contados desde el nacimiento de la deuda aduanera.

48. El plazo trianual de prescripción se habría, pues, suspendido (o, eventualmente, interrumpido), cualquiera que fuera el código aduanero aplicable (CAC o CAU), a raíz de la comunicación del Inspecteur a Jumbocarry, llevada a cabo el 1 de junio de 2016, es decir, antes de que venciesen tres años contados desde el 4 de julio de 2013, día en el que nació dicha deuda.

49. En esa misma medida, como la suspensión del plazo subsistía hasta el final del período otorgado al deudor para presentar observaciones, es verosímil ( 33 ) que el día (18 de julio de 2016) en el que se notificó a Jumbocarry el requerimiento de pago no se hubieran completado, tampoco en aplicación del CAC, los tres años (más el tiempo de suspensión) de prescripción a cuyo término se extingue la deuda aduanera.

B. Subsidiariamente, sobre las preguntas prejudiciales

50. Sugeriré, en todo caso, una respuesta a las preguntas prejudiciales por si, tras el análisis de los dos elementos de juicio antes expuestos, ( 34 ) el tribunal a quo entendiese que continúa precisando la interpretación de las normas del derecho de la Unión sobre las que aquellas versan.

1. Primera pregunta

51. El tribunal de reenvío enuncia sus dudas sobre los efectos ratione temporis de dos reglas del CAU que, a tenor de su artículo 288, apartado 2, se aplican a partir del 1 de mayo de 2016: – La primera concierne a la prescripción de la deuda aduanera [artículo 103, apartado 3, letra b), del CAU]. – La segunda atañe a la extinción de esa misma deuda [artículo 124, apartado 1, inicio y letra a), del CAU] cuando el deudor ya no puede ser notificado con arreglo al artículo 103 del CAU.

52. Los razonamientos del tribunal de reenvío, así como las alegaciones de las partes y de los intervinientes en el incidente prejudicial, han girado en torno a la calificación de las disposiciones en liza como normas procesales o sustantivas. No tengo inconveniente en comenzar mi análisis desde esta perspectiva.

a) Naturaleza procesal o sustantiva de las normas aplicables y sus efectos en este litigio

53. Las partes y los intervinientes en el litigio acuden a la jurisprudencia clásica del Tribunal de Justicia que, al pronunciarse sobre la incidencia temporal de nuevas normas, sea sobre situaciones en curso, sea sobre situaciones ya definitivamente consolidadas, distingue según se trate de normas de procedimiento o de normas sustantivas (o materiales).

54. De acuerdo con esa jurisprudencia, «se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor, a diferencia de las normas sustantivas, que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor». ( 35 )

55. El Tribunal de Justicia ha detallado su doctrina a propósito de la aplicación en el tiempo de normas sustantivas como sigue: «una norma jurídica nueva se aplica a partir de la entrada en vigor del acto que la contiene y […], si bien esta norma no se aplica a las situaciones jurídicas nacidas y definitivamente consolidadas antes de dicha entrada en vigor, sí se aplica inmediatamente a los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de la antigua norma, así como a las situaciones jurídicas nuevas. Únicamente deja de ser así, y sin perjuicio del principio de irretroactividad de los actos jurídicos, cuando la nueva norma va acompañada de disposiciones particulares que determinan específicamente su ámbito de aplicación temporal». ( 36 )

56. Esa jurisprudencia ( 37 ) admite ciertos matices, en función de las circunstancias. Así: – Las normas procesales son, en general, aplicables a partir del día en el que entran en vigor. – Las normas sustantivas, en cambio, no afectan a las posiciones jurídicas definitivamente consolidadas con anterioridad a su entrada en vigor, salvo si de sus términos, de su finalidad o de su sistema se desprende que se les ha de atribuir tal efecto. ( 38 ) – Puede aceptarse como excepción a esta regla la hipótesis en la que «una norma de la Unión, que tenía por objeto el establecimiento de una normativa general del cobro a posteriori de los derechos de aduana, contenía normas tanto de procedimiento como sustantivas que forman un todo indisociable cuyas disposiciones particulares no podían considerarse aisladamente en lo que atañe a su efecto en el tiempo». ( 39 )

57. De acogerse el enfoque que late en el auto de reenvío y en las observaciones de las partes y de los intervinientes en el incidente prejudicial, habría que analizar la naturaleza (procesal o sustantiva) de los artículos del CAU sobre los que versa la primera pregunta.

58. El resultado de ese análisis sería favorable a constatar la naturaleza sustantiva de aquellos preceptos, si nos atenemos a lo que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Molenbergnatie. Con arreglo a esta sentencia, el artículo 221, apartado 3, del CAC debe «considerarse como una disposición sustantiva». ( 40 )

59. Para calificar ese artículo de norma material, y no de procedimiento, el Tribunal de Justicia atendió a los efectos de la falta de comunicación (por las autoridades), en el plazo de tres años, del importe de la deuda, en relación con los motivos de extinción de esa deuda enumerados en el artículo 233 del CAC: de ellos dedujo que, si concurren las circunstancias previstas en ambos preceptos, la deuda aduanera «prescribe y, por lo tanto, se extingue». ( 41 )

60. Cualquiera que sea la opinión (doctrinal) que pueda expresarse sobre esas aseveraciones, ( 42 ) lo cierto es que el Tribunal de Justicia optó por calificar el artículo 221, apartado 3, leído en combinación con el artículo 233, ambos del CAC, de norma sustantiva.

61. Esta calificación es trasladable, sin mayores dificultades, al precepto correlativo del CAU: el artículo 103, apartado 3, inicio y letra b), leído en combinación con el artículo 124, apartado 1, inicio y letra a), de ese mismo código, presenta un contenido equivalente al artículo 221, apartado 3, del CAC.

62. La aplicación de la jurisprudencia Molenbergnatie determinaría, por consiguiente, que, siendo sustantivas las disposiciones del CAU cuya interpretación se demanda, no deberían aplicarse a deudas aduaneras nacidas antes de su entrada en vigor.

63. Ahora bien, la interdicción de aplicar nuevas normas sustantivas a hechos sucedidos antes de su entrada en vigor rige cuando se trata de «situaciones jurídicas nacidas y definitivamente consolidadas antes de dicha entrada en vigor». ( 43 ) Este no es el caso de autos, en el que el plazo de prescripción estaba aún corriendo.

64. Como destaca con acierto el tribunal de reenvío, en el asunto zanjado por la sentencia Molenbergnatie la situación del deudor estaba definitivamente consolidada. Por el contrario, la deuda aduanera de Jumbocarry no estaba aún «prescrita el 1 de mayo de 2016». ( 44 ) De ahí que, añade, «la situación del interesado difiere de la que se examina en el apartado 41 de la sentencia Molenbergnatie». ( 45 )

65. En efecto, de los datos que constan en autos se puede inferir: – Que la deuda de Jumbocarry nació el 4 de julio de 2013. – Que, en el momento —distinto del de su entrada en vigor— en el que comenzaron a ser aplicables los artículos 103 y 124 del CAU (esto es, el 1 de mayo de 2016), ( 46 ) no había vencido el plazo trienal de prescripción de aquella deuda aduanera. Ese vencimiento habría sucedido el 4 de julio de 2016 si no se hubiera producido, como en realidad ocurrió, la suspensión de aquel plazo en virtud de la comunicación del Inspecteur (el 1 de junio de 2016).

66. En suma, la situación jurídica de Jumbocarry, en lo que concierne a la prescripción de su deuda, no estaba definitivamente consolidada cuando la Administración neerlandesa suspendió el plazo de tres años, al comunicar el 1 de junio de 2016 [conforme a los artículos 22, apartado 6, y 103, apartado 3, inicio y letra b), del CAU] los motivos por los que pretendía notificar la deuda aduanera.

67. En esa tesitura, estimo que nada hay que objetar a la aplicación de los artículos 103, apartado 3, inicio y letra b), y 124, apartado 1, inicio y letra a), del CAU. La respuesta a la primera pregunta prejudicial debe ser, pues, afirmativa.

68. Corroboran esta misma solución los criterios convergentes que dimanan de las sentencias Taricco I y Taricco II. A la primera de esas sentencias había aludido el Parlamento en sus observaciones escritas, y las partes del litigio y los otros intervinientes en el incidente prejudicial han podido alegar sobre los efectos de ambas, a instancia del Tribunal de Justicia.

b) Incidencia en este asunto de las sentencias Taricco I y Taricco II

69. En la dogmática penal, uno de los problemas tradicionalmente discutidos ha sido el que deriva de ampliar, mediante una nueva ley, los plazos de prescripción de las infracciones antes de que hayan transcurrido los que estaban vigentes en el momento de su comisión. ( 47 )

70. Esa ampliación ha planteado dificultades al analizarla desde la perspectiva del principio general de prohibición de la retroactividad in peius de las leyes penales. Tal prohibición se recoge en el artículo 49, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

71. Las dos tesis confrontadas sobre este extremo defienden, desde posiciones opuestas: a) que la prescripción comenzada antes de la entrada en vigor de la nueva ley se rige por la ley anterior (tempus regit actum); y b) que nada impide al legislador ampliar el plazo de prescripción, pero solo se aplicaría el nuevo plazo (superior al precedente) a delitos que aún no hubiesen prescrito conforme a la ley anterior. ( 48 )

72. Al responder a una de las cuestiones prejudiciales en el asunto Taricco I, el Tribunal de Justicia se basó en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que consagra derechos que se corresponden con los garantizados por el artículo 49 de la Carta.

73. Con arreglo a esa jurisprudencia, el Tribunal de Justicia declaró que «la prórroga del plazo de prescripción y su aplicación inmediata no constituyen una vulneración de los derechos garantizados por el artículo 7 del referido Convenio, puesto que no puede considerarse que esta disposición impida la ampliación de los plazos de prescripción cuando los hechos imputados no han prescrito». ( 49 )

74. La abogada general Kokott, en sus conclusiones del asunto Taricco I, se había pronunciado en el mismo sentido: «el período durante el cual puede perseguirse un delito puede variar incluso después de su comisión, siempre que no se haya producido ya la prescripción». ( 50 )

75. La sentencia Taricco II corroboró esa declaración, al entender admisible que un legislador nacional «amplíe un plazo de prescripción con aplicación inmediata, incluso a hechos imputados que aún no han prescrito». Semejante ampliación, añadió el Tribunal de Justicia, «no vulnera, forzosamente, el principio de legalidad de los delitos y las penas (véase, en este sentido, la sentencia Taricco [I], apartado 57, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citada en ese apartado)». ( 51 )

76. Es cierto que la normativa nacional sobre la que versaban las sentencias Taricco I y Taricco II difiere de la que aquí es objeto de controversia. Allí no había, propiamente, una nueva ampliación del plazo de prescripción de los delitos, sino una reducción sobrevenida de la duración máxima del tiempo en el que ese plazo se podía interrumpir, ( 52 ) que conllevaba «la neutralización del efecto temporal de la causa de interrupción de la prescripción». ( 53 )

77. Es igualmente cierto que el Tribunal de Justicia, tras la petición de decisión prejudicial formulada por la Corte costituzionale (Tribunal Consitucional, Italia) en el asunto Taricco II, abordó la legislación controvertida desde una perspectiva distinta de la que había adoptado en la sentencia Taricco I: – En la sentencia Taricco I se ocupó de la obligación del juez italiano de abstenerse de aplicar, en un procedimiento penal por conductas delictivas relacionadas con la recaudación del impuesto sobre el valor añadido, algunas normas nacionales relativas a la interrupción de la prescripción de los delitos que, combinadas con la duración habitual de los procesos en aquel Estado miembro, determinaban en la práctica la impunidad de sus autores, en detrimento de los intereses financieros de la Unión. – En la sentencia Taricco II matizó las afirmaciones de la sentencia Taricco I, ( 54 ) al analizar el deber de inaplicación de las normas nacionales sobre la prescripción [que, en Italia, tienen carácter material, según la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional)] ( 55 ) en relación con el principio de legalidad de los delitos y de las penas. ( 56 ) Clarificó, asimismo, las funciones del legislador y del juez penal para poner remedio a una situación en la que el ordenamiento interno no se atenía a las exigencias derivadas de la protección de los intereses financieros de la Unión, en orden a imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.

78. Las diferencias perceptibles entre una y otra sentencia no se reflejan, sin embargo, en lo que aquí es objeto de debate: la validez de aplicar, con carácter inmediato, un nuevo plazo de prescripción, más amplio que el precedente, a hechos que aún no hayan prescrito.

79. Sobre esta específica materia ambas sentencias coinciden: el apartado 42 de la sentencia Taricco II asume, sin reservas, la declaración contenida en el apartado 57 de la sentencia Taricco I y, a la vez, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en la sentencia Taricco I se citaba.

80. Pues bien, si es viable que una nueva norma amplíe el plazo de prescripción, con efectos inmediatos, a infracciones penales aún no prescritas, con mayor razón será posible acudir a este criterio cuando lo que está en juego es la suspensión, temporalmente limitada, del plazo de prescripción de una deuda aduanera (que no tiene carácter sancionador) antes de que transcurran los tres años que, según la legislación precedente, son necesarios para reputarla prescrita. ( 57 )

2. Segunda pregunta prejudicial

81. La segunda pregunta prejudicial se formula en términos muy sucintos. El tribunal de remisión quiere saber si, «en caso de respuesta afirmativa a la primera […]», la aplicación de los artículos 103, apartado 3, inicio y letra b), y 124, apartado 1, inicio y letra a), del CAU es compatible con los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.

82. El Parlamento ha intervenido en este procedimiento al estimar que, con su segunda pregunta, el tribunal a quo«parece» poner en duda la validez de los dos artículos del CAU sobre los que versa la primera, aun cuando no de manera explícita. ( 58 )

83. No creo, sin embargo, que la lectura del auto de reenvío permita calificar el segundo interrogante como exponente de una duda sobre la validez de aquellas normas del derecho de la Unión. El tribunal remitente no se cuestiona la validez, en abstracto, de esas normas, sino su aplicación temporal a un supuesto dado. Es cierto que, al final de su auto, alude a la inaplicación del artículo 103, apartado 3, del CAU, pero lo realiza, más bien, en el contexto de las circunstancias singulares del litigio.

84. El auto de reenvío justifica la apelación a los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza porque «se podría sostener» que, en la fecha de nacimiento de la deuda aduanera (4 de julio de 2013), «no era claro ni previsible para el interesado que la legislación aduanera se modificaría en materia de recaudación y de prescripción […]». ( 59 )

85. El tribunal remitente reconoce, sin embargo, que, al aprobar los artículos 22, apartado 6, y 29 del CAU, el legislador de la Unión reforzó la posición jurídica del deudor, otorgándole el derecho a disponer de un período para exponer su punto de vista. ( 60 ) La conexión de esos preceptos con la suspensión del plazo de prescripción, durante el tiempo para formular observaciones, no implica un deterioro tal de la situación del deudor que debiera conducir a la inaplicación del artículo 103, apartado 3, del CAU. ( 61 )

86. Según jurisprudencia reiterada, «el principio de seguridad jurídica exige que las normas de derecho sean claras, precisas y de efectos previsibles, para que los interesados puedan orientarse en situaciones y relaciones jurídicas reguladas por el ordenamiento jurídico de la Unión». ( 62 )

87. En cuanto al derecho a reclamar la protección de la confianza legítima, el Tribunal de Justicia ha declarado que «asiste, como corolario del principio de seguridad jurídica […], a todo particular que se encuentre en una situación de la que se deduzca que la Administración […] le hizo concebir expectativas fundadas. Constituyen garantías que pueden dar lugar al surgimiento de esas expectativas […] las informaciones precisas, incondicionadas y concordantes emanadas de fuentes autorizadas y fiables. En cambio, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la Administración no le ha proporcionado garantías concretas». ( 63 )

88. Pues bien, en primer lugar, ninguno de esos principios conlleva la obligación de mantener el ordenamiento jurídico inalterado en el tiempo. La expectativa de que la legislación no experimentará cambios resultaría, además, especialmente infundada en una materia, como la aduanera, que demanda una constante adaptación. ( 64 ) Buena prueba son las sucesivas modificaciones del CAC, desde su adopción en 1992 hasta su derogación por el Reglamento n.o 952/2013. La aprobación del CAU se justificó en la necesidad «de tener en cuenta la evolución que ha registrado el derecho de la Unión». ( 65 )

89. En segundo lugar, en lo que concierne a la protección de la confianza legítima en el sentido antes expuesto, no hay en los autos ningún dato del que se pueda inferir que la Administración neerlandesa proporcionó a Jumbocarry «garantías concretas» en cuanto a la recaudación de la deuda aduanera en un momento o en otro.

90. En tercer lugar, el principio de seguridad jurídica no excluye que las normas hayan de ser interpretadas, cuando su contenido muestre dificultades hermenéuticas que generen dudas a los sujetos a quienes afectan o que han de aplicarlas: justamente para solventar esas dudas se ha instaurado el mecanismo de cooperación judicial que contempla el artículo 267 TFUE.

91. En cuarto lugar, la introducción del nuevo artículo 103, apartado 3, inicio y letra b), del CAU no implica, en realidad, un cambio respecto a la situación normativa anterior. Más bien responde a la necesidad de dotar de certeza a una obligación de las autoridades administrativas que ya existía en el CAC, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ( 66 ) y cuyo desarrollo normativo recaía en el legislador nacional, por falta de atención específica del de la Unión.

92. En este asunto no cabe hablar de un derecho del deudor a que la deuda aduanera se extinguiera automática e ineludiblemente a los tres años de su nacimiento, sino de una expectativa de que así ocurriera, incluso bajo las reglas del CAC vigentes cuando nació esa deuda.

93. No había tal derecho, repito, sino la expectativa de ganar la prescripción, una vez transcurrido el plazo de tres años, siempre que ese plazo no se suspendiera, lo que podía suceder, bien a causa de un recurso, bien a causa de una actuación administrativa encaminada a comunicar la intención de recaudar la deuda aduanera, previa a la adopción de la decisión de hacerlo.

94. Como ha sostenido el Gobierno neerlandés, ( 67 ) el momento de extinción de la deuda aduanera no podría ser fijado de antemano con total seguridad, estando vigente el CAC, ya que la eventualidad de una suspensión del plazo de tres años la contemplaba el artículo 221, apartado 3, del CAC, cuando se presentara un recurso en los términos del artículo 243. ( 68 )

95. La interpretación del Tribunal de Justicia sobre ese artículo 221, apartado 3, permitía deducir que, también bajo la vigencia del CAC, la comunicación de la Administración interrumpía (con el correspondiente efecto sobre la prescripción) el plazo de tres años para notificar la deuda aduanera. ( 69 )

96. En quinto lugar, según acertadamente subraya el tribunal de reenvío, la prolongación del plazo de prescripción, mediante la suspensión inherente a la comunicación llevada a cabo con arreglo al artículo 103, apartado 3, inicio y letra b), del CAU, está directamente ligada a la oportunidad que se ofrece al deudor de ser oído antes de que la autoridad aduanera adopte una decisión desfavorable a sus intereses.

97. Esa regla procura el equilibrio entre el derecho del deudor a ser oído y el interés financiero de la Unión. La necesidad de ese equilibrio tampoco supone una novedad del CAU y la lógica de que la comunicación administrativa suspendiese el plazo de prescripción existía precedentemente.

98. En sexto lugar, aun cuando la prolongación del plazo de prescripción, por los efectos suspensivos de la comunicación notificada al deudor, pudiera calificarse de «novedad» respecto del régimen del CAC vigente el 4 de julio de 2013 (cuando nació la deuda de Jumbocarry), la aplicación inmediata del artículo 103, apartado 3, inicio y letra b), del CAU, a partir del 1 de mayo de 2016, no menoscabaría tampoco la seguridad jurídica, en su vertiente de certeza sobre la normativa aplicable.

99. Cualquier operador aduanero diligente podía conocer la interpretación del Tribunal de Justicia sobre la aplicabilidad en el tiempo de las normas procesales, así como de las sustantivas en cuanto a los efectos futuros de situaciones jurídicas aún no consolidadas. Esa jurisprudencia es constante y se remonta, en materia aduanera, a 1981. ( 70 )

100. La aplicación inmediata del artículo 103, apartado 3, inicio y letra b), del CAU posibilita, en fin, la igualdad de trato de cualquier importador cuya deuda no se hubiera extinguido, por prescripción, en la fecha de aplicabilidad plena del CAU, tanto si había nacido antes como después de ese momento. Desde el 1 de mayo de 2016 todos tienen derecho a ser oídos en la situación contemplada por el artículo 22, apartado 6, del CAU, durante el mismo tiempo, calculado del mismo modo.

V. Conclusión

101. En consideración a lo expuesto, sugiero al Tribunal de Justicia responder al Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) en estos términos: «Los artículos 103, apartado 3, inicio y letra b), y 124, apartado 1, inicio y letra a), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, son aplicables a una deuda aduanera nacida antes del 1 de mayo de 2016 cuyo plazo de prescripción no había expirado todavía en esta última fecha, sin que esa aplicación vulnere los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima».

( 1 ) Lengua original: español.

( 2 ) Reglamento del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1).

( 3 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2013, L 269, p. 1; corrección de errores en DO 2013, L 287, p. 90).

( 4 ) De acuerdo con su artículo 287, la entrada en vigor del CAU se produjo el 30 de octubre de 2013, esto es, a los veinte días de su publicación en el DO de 10 de octubre de 2013. El artículo 288 concreta qué artículos se aplican a partir del 30 de octubre de 2013 y cuáles a partir del 1 de mayo de 2016.

( 5 ) Reglamento Delegado de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del código aduanero de la Unión (DO 2015, L 343, p. 1; en lo sucesivo, «RDCAU»).

( 6 ) Han contestado el Gobierno neerlandés, la Comisión, el Consejo y el Parlamento (no lo ha hecho, pues, Jumbocarry).

( 7 ) Asunto C‑42/17, EU:C:2017:936; en lo sucesivo, «sentencia Taricco II». En la medida en que el apartado 42 de esta sentencia contiene una específica llamada a «la sentencia Taricco, apartado 57, y [a] la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citada en ese apartado», la pregunta del Tribunal de Justicia se extendía, implícitamente, a las repercusiones de la sentencia de 8 de septiembre de 2015, Taricco y otros [(C‑105/14, EU:C:2015:555); en lo sucesivo, «sentencia Taricco I»], sobre este asunto.

( 8 ) C‑522/16, EU:C:2017:778; en lo sucesivo, «sentencia A».

( 9 ) C‑249/18, EU:C:2019:587; en lo sucesivo, «sentencia CEVA».

( 10 ) Como recordó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany (C‑567/18, EU:C:2020:267), apartado 22, «dado que el órgano jurisdiccional remitente es el único competente para determinar y apreciar los hechos del litigio de que conoce, el Tribunal de Justicia debe en principio limitar su examen a los elementos de apreciación que el órgano jurisdiccional remitente haya decidido someterle y atenerse de esta forma a la situación que este órgano jurisdiccional considere probada».

( 11 ) En realidad, prescribe «la acción para la recaudación de la deuda aduanera […] lo que equivale a la prescripción de la propia deuda», con arreglo a la sentencia de 23 de febrero de 2006, Molenbergnatie (C‑201/04, EU:C:2006:136; en lo sucesivo, «sentencia Molenbergnatie»), apartado 42.

( 12 ) Sentencias de 17 de junio de 2010, Agra (C‑75/09, EU:C:2010:352), apartado 30, que cita la sentencia Molenbergnatie, apartado 39; y de 16 de julio de 2009, Snauwaert y otros (C‑124/08 y C‑125/08, EU:C:2009:469), apartado 28. Sin cursiva en el original.

( 13 ) Sentencia A. En aquel asunto, una sociedad con domicilio social en Alemania, llevó a cabo diversas declaraciones para el despacho a libre práctica en los Países Bajos de bienes procedentes de Brasil y Argentina. Las autoridades aduaneras neerlandesas interpretaron que se había creado, entre varios operadores, una cadena de transacciones mediante la que «el precio inicial de los productos […] adquiridos a proveedores independientes sudamericanos, se había inflado artificialmente durante las transacciones siguientes, de modo que el precio de importación cif de los productos de que se trataba fuera superior al precio desencadenante, a fin de eludir el pago de los derechos adicionales previstos por los Reglamentos […]» (apartado 24). El Tribunal de Justicia estimó que, «en la medida en que el hecho de haber proporcionado datos falsos haya provocado la falta de cobro de parte o de la totalidad de tales derechos adicionales, procederá considerar que esa deuda aduanera “[ha] nacido como resultado”, en el sentido del artículo 221, apartado 4, del código aduanero, de la entrega de esos datos» (apartado 57).

( 14 ) Ibidem, apartado 58.

( 15 ) Ibidem, apartado 61.

( 16 )

( 17 ) Para el Gobierno neerlandés, en respuesta a las preguntas del Tribunal de Justicia, no cabría en un recurso de casación apreciar la existencia de conductas perseguibles judicialmente, si los tribunales de instancia y de apelación no la han constatado.

( 18 ) Apartado 2.3 del auto de reenvío. En la sentencia A, apartado 45, el Tribunal de Justicia aclaró, refiriéndose al artículo 201 del CAC, que «de esta disposición resulta que los elementos que hayan servido de base para la elaboración de una declaración deben considerarse “falsos” […] cuando han llevado a que los derechos de importación legalmente adeudados no se perciban en parte o en su totalidad».

( 19 ) Artículo 217 del CAC. Cuando el importe de los derechos exigibles coincidía con el consignado en la declaración en aduana, la comunicación no era ya precisa, supliéndola la concesión del levante de las mercancías por las autoridades aduaneras (véase el artículo 221, apartado 2, del CAC).

( 20 ) Sentencia Molenbergnatie, apartado 53. Entonces se pretendía saber si era admisible como comunicación un documento que «[…] no haga referencia alguna al artículo 221 de [l CAC] ni indique que se trata de una comunicación del importe de los derechos al deudor», según la formulación de la cuarta cuestión planteada al Tribunal de Justicia por el órgano de reenvío, reproducida en el apartado 24.

( 21 ) Ibidem, apartados 53 y 54, y cuarto del dispositivo.

( 22 ) Sentencia CEVA, apartado 47. Sin cursiva en el original.

( 23 ) No consiste, pues, en una equiparación automática o generalizada: coincido en este particular con la respuesta de la Comisión a las preguntas del Tribunal de Justicia (apartados 15 y ss.). Lo que propongo es un análisis de la equivalencia en el caso concreto, a la luz de sus circunstancias singulares.

( 24 ) Sentencia de 3 de julio de 2014, Kamino International Logistics y Datema Hellmann Worldwide Logistics (C‑129/13 y C‑130/13, EU:C:2014:2041), apartados 28 y ss.

( 25 ) Ibidem, apartado 38: «A fin de garantizar una protección efectiva de la persona o de la empresa afectada, tiene, en particular, por objeto que estas puedan corregir un error o invocar elementos relativos a su situación personal que militen en el sentido de que se adopte la decisión, de que no se adopte o de que tenga un contenido u otro».

( 26 ) Sentencia CEVA, apartado 47. La sentencia alude a la «interrupción» del plazo de prescripción, pero, por el contexto, pudiera tratarse no de una interrupción en sentido propio (que obligaría a comenzar de nuevo aquel plazo), sino, más bien, de una «suspensión». A la «suspensión» del plazo por la interposición de un recurso se refería, literalmente, el artículo 221, apartado 3, del CAC.

( 27 ) Como regla general, «antes de adoptar una decisión que perjudique al solicitante, las autoridades aduaneras comunicarán los motivos en los que pretenden basar su decisión a este último, el cual tendrá la oportunidad de presentar observaciones dentro de un plazo establecido, que comenzará a contar a partir de la fecha en que reciba o se considere que deba haber recibido la comunicación» (artículo 22, apartado 6, del CAU). Véase también el artículo 29, cuando la decisión de la autoridad aduanera no haya sido adoptada a instancia de la persona interesada.

( 28 ) Se intentaba, así, impedir que la deuda aduanera se extinguiera cuando la comunicación se realizaba casi al límite del plazo. Véase la enmienda 62 al artículo 91 de la propuesta de la Comisión, Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión, documento A7-0006/2013, p. 47.

( 29 ) El artículo 24, letra f), del CAU habilitaba a la Comisión para adoptar actos delegados, a fin de concretar la duración del plazo mencionado en el artículo 22, apartado 6, párrafo primero. El artículo 8, apartado 1, del RDCAU lo fijó en treinta días.

( 30 ) Véase la nota 11 de estas conclusiones.

( 31 ) Punto 38 de estas conclusiones. En contestación a las preguntas del Tribunal de Justicia, el Consejo coincide en afirmar esta posibilidad para situaciones concretas (por tanto, no con carácter general).

( 32 ) Punto 39 de estas conclusiones.

( 33 ) Como he indicado en el punto 43 de estas conclusiones, bajo el CAC la fijación del plazo para formular observaciones quedaba en manos del legislador nacional, sujeto a los principios de equivalencia y efectividad.

( 34 ) Para el Parlamento, la petición de decisión prejudicial devendría hipotética si se acepta cualquiera de esos dos elementos de juicio (apartado 12 de su contestación a las preguntas del Tribunal de Justicia).

( 35 ) Sentencia Molenbergnatie, apartado 31.

( 36 ) Sentencia de 7 de noviembre de 2018, O'Brien (C‑432/17, EU:C:2018:879), apartado 27.

( 37 ) Es aplicable tanto en el ámbito aduanero [véanse, en especial, las sentencias de 12 de noviembre de 1981, Meridionale Industria Salumi y otros (212/80 a 217/80, EU:C:1981:270), apartado 9; y de 9 de marzo de 2006, Beemsterboer Coldstore Services (C‑293/04, EU:C:2006:162), apartados 19 a 21], como en otros ámbitos [véanse, entre otras, las sentencias de 29 de enero de 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57), apartados 49 y 50; de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España (C‑610/10, EU:C:2012:781), apartado 45; y de 7 de noviembre de 2018, O'Brien (C‑432/17, EU:C:2018:879), apartados 26 y 27].

( 38 ) Sentencia de 9 de marzo de 2006, Beemsterboer Coldstore Services (C‑293/04, EU:C:2006:162), apartado 21: «las normas comunitarias de derecho sustantivo pueden interpretarse excepcionalmente en el sentido de que contemplan situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor en la medida en que de sus términos, finalidad o sistema se desprenda claramente que debe atribuírseles dicho efecto [véanse las sentencias de 12 de noviembre de 1981, Meridionale Industria Salumi y otros (212/80 a 217/80, EU:C:1981:270), apartado 9; de 15 de julio de 1993, GruSa Fleisch (C‑34/92, EU:C:1993:317) apartado 22; y de 24 de septiembre de 2002, Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión (C‑74/00 P y C‑75/00 P, EU:C:2002:524), apartado 119]».

( 39 ) Sentencia de 26 de marzo de 2015, Comisión/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203), apartado 36, con cita de la de 12 de noviembre de 1981, Meridionale Industria Salumi y otros (212/80 a 217/80, EU:C:1981:270).

( 40 ) Sentencia Molenbergnatie, apartado 42: «el artículo 221, apartado 3, [del CAC] debe considerarse, al contrario que los apartados 1 y 2 de ese mismo artículo, como una disposición sustantiva y no puede, por consiguiente, aplicarse al cobro de una deuda aduanera nacida antes del 1 de enero de 1994».

( 41 ) Ibidem, apartado 41.

( 42 ) La sentencia Molenbergnatie es una buena muestra de las dificultades para trazar una summa divisio entre reglas procesales y reglas materiales, distinción que, a veces, pasa por alto el vínculo inescindible de unas y otras. De hecho, lo que el artículo 221, apartado 3, del CAC regula directamente son requisitos (procesales) de la comunicación al deudor, como el plazo máximo en el que ha de realizarse y los efectos suspensivos del recurso que se interponga, aun cuando la notificación extemporánea de esa comunicación tenga como consecuencia (sustantiva) la prescripción de la deuda aduanera.

( 43 ) Véase el punto 56 de estas conclusiones.

( 44 ) Apartado 4.4.3 del auto de reenvío.

( 45 ) Apartado 4.4.3, in fine, del auto de reenvío.

( 46 ) Véase el artículo 288 del CAU, transcrito en el punto 11 de estas conclusiones.

( 47 ) El problema se ha suscitado con mayor crudeza cuando delitos hasta entonces susceptibles de prescribir se declaran, en virtud de nuevas leyes, imprescriptibles.

( 48 ) Se admite generalmente que, si los (antiguos) plazos ya habían transcurrido, no pueden aplicarse los previstos en la ley nueva.

( 49 ) Apartado 57 de la sentencia Taricco I. La mención de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que contiene ese apartado incluye las sentencias Coëme y otros c. Bélgica, n.os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 y 33210/96, § 149, TEDH 2000-VII; Scoppola c. Italia (n.o 2), n.o 10249/03, § 110 y jurisprudencia citada, 17 de septiembre de 2009; y OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Rusia, n.o 14902/04, §§ 563, 564 y 570 y jurisprudencia citada, 20 de septiembre de 2011.

( 50 ) Conclusiones de la abogada general Kokott (C 105/14, EU:C:2015:293), punto 120. Mencionaba, en apoyo de esa tesis, la «sentencia del TEDH de 22 de junio de 2000, Coëme y otros/Bélgica (asunto n.o 32492/96 y otros, Recueil des arrêts et décisions 2000-VII), apartado 149».

( 51 ) Apartado 42 de la sentencia Taricco II.

( 52 ) La interrupción de ese plazo, como figura jurídica distinta de su suspensión, determinaba, según la legislación italiana, que el plazo comenzase a contar de nuevo desde el día en el que fue interrumpido. El período de interrupción, sin embargo, no podía exceder de la mitad del plazo (absoluto) de prescripción, según el artículo 161 del Código penal: la reforma de este Código, por la Ley n.o 251/2005, implicó que la duración máxima del período de interrupción se circunscribiese a un cuarto del general. La consecuencia de esta modificación legislativa era que, especialmente en las investigaciones de delitos de gran complejidad que exigían profundas investigaciones, aun siendo el plazo de prescripción idéntico antes y después de la Ley n.o 251/2005, la interrupción provocada por las actuaciones judiciales se redujera considerablemente, lo que favorecía la impunidad. Por eso, el tribunal de reenvío aseveraba que la modificación, en el año 2005, del artículo 161, párrafo segundo, del Código penal, «al limitar la prolongación del plazo de prescripción, tras la interrupción de la prescripción, a tan solo una cuarta parte de su duración inicial, supone, en realidad, que en la mayoría de los procedimientos penales no se interrumpa la prescripción» (apartado 23 de la sentencia Taricco I).

( 53 ) Sentencia Taricco I, apartado 46.

( 54 ) Según la sentencia Taricco I, las reglas nacionales sobre la prescripción eliminaban la efectividad y el carácter disuasorio de las medidas previstas para combatir las actividades ilícitas contrarias a los intereses financieros de la Unión. Por eso, un órgano jurisdiccional nacional podía no aplicar aquellas disposiciones nacionales, si fuera imprescindible para garantizar la plena eficacia del derecho de la Unión (apartados 47 y 49).

( 55 ) Sentencia Taricco II, apartado 27.

( 56 ) La Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) subrayaba que, «en la sentencia Taricco [I], el Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre la compatibilidad de la regla establecida en esta sentencia con el artículo 49 de la Carta […] únicamente en lo que atañe al principio de irretroactividad [, pero] no ha examinado, sin embargo, el otro aspecto del principio de legalidad de los delitos y las penas, a saber, la exigencia de que la normativa relativa al régimen sancionador debe ser suficientemente precisa» (apartado 19 de la sentencia Taricco II).

( 57 ) En sentido análogo se pronuncia el Parlamento, tras propugnar la aplicación de los apartados 54 a 57 de la sentencia Taricco I a este asunto: «las exigencias derivadas del principio de confianza legítima son más estrictas en los asuntos penales que en los administrativos, entre los que se halla el cobro de una deuda aduanera» (apartado 42 de sus observaciones escritas). Coincide con esta apreciación el Gobierno neerlandés en su respuesta a las preguntas del Tribunal de Justicia (apartados 5 y 6).

( 58 ) Apartado 2 de sus observaciones escritas.

( 59 ) Auto de reenvío, apartado 4.7.2.

( 60 ) Fijado en treinta días por el artículo 8, apartado 1, del RDCAU.

( 61 ) Auto de reenvío, apartado 4.7.3.

( 62 ) Sentencia de 3 de diciembre de 2019, República Checa/Parlamento y Consejo (C‑482/17, EU:C:2019:1035), apartado 148.

( 63 ) Ibidem, apartado 153.

( 64 ) Así lo recuerda el Consejo en sus observaciones escritas, apartado 46.

( 65 ) Considerando segundo del CAU.

( 66 ) Véase la interpretación de los correlativos artículos del CAC que realizan las sentencias Molenbergnatie y CEVA, citadas en los puntos 38 y siguientes de estas conclusiones.

( 67 ) Apartado 58 de sus observaciones escritas.

( 68 ) Conforme al artículo 243, apartado 1, primer párrafo, del CAC, «toda persona que estime que una decisión de las autoridades aduaneras relativa a la aplicación de la normativa aduanera lesiona sus derechos tendrá derecho a recurrir contra la misma, siempre y cuando esta le afecte directa e individualmente».

( 69 ) Punto 39 de estas conclusiones.

( 70 ) Sentencia de 12 de noviembre de 1981, Meridionale Industria Salumi y otros (212/80 a 217/80, EU:C:1981:270).