Asunto C-69/89

Nakajima All Precision Co. Ltd

contra

Consejo de las Comunidades Europeas

«Dumping — Derecho definitivo — Importaciones de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie originarias de Japón»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. C. O. Lenz, presentadas el 5 de diciembre de 1990 2112

Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1991 2169

Sumario de la sentencia

La redacción del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento antidumping de base n° 2423/88 se limita a precisar el alcance de las normas promulgadas en el mismo artículo del Reglamento de base anterior, indicando diferentes métodos de cálculo del importe razonable de los gastos generales, administrativos y de venta y el margen de beneficios razonable que había de utilizarse en supuestos concretos para determinar el valor calculado, y esta precisión estaba destinada a consagrar la práctica anterior de las Instituciones comunitarias. De este modo, puesto que la nueva redacción de esta disposición no puede ser considerada como una modificación sustancial de una disposición anteriormente en vigor, la aplicación de aquélla «a los procedimientos ya iniciados», con arreglo al párrafo segundo del artículo 19 del Reglamento n° 2423/88, no requiere una motivación particular.

La posibilidad de impugnar mediante una excepción de ilegalidad, con arreglo al artículo 184 del Tratado, la validez del Reglamento antidumping de base por ser contrario a un Acuerdo internacional, en este caso el Código antidumping elaborado en 1979 en el marco del GATT para garantizar la aplicación del artículo VI de éste, no supone que dicho Acuerdo tenga efecto directo. El único efecto es que dicho Acuerdo vincula a la Comunidad y no se discute que ésta, al promulgar el Reglamento discutido, procuró cumplir sus obligaciones internacionales.

El inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base n° 2423/88 es conforme al apartado 4 del artículo 2 del Código antidumping del GATT puesto que, sin prescindir del espíritu de esta última disposición, se limita a concretar, para las distintas situaciones que pueden presentarse en la práctica, los métodos razonables para determinar el valor normal calculado del producto del que se afirma que es exportado a la Comunidad a precios de dumping.

El Reglamento interno de una Institución comunitaria tiene por objeto regular el funcionamiento interno de los servicios en interés de una buena administración. Las normas que dicta, sobre todo para el desarrollo de las deliberaciones y la adopción de decisiones tienen por lo tanto como función esencial garantizar el correcto desarrollo de los debates, con pleno respeto de las prerrogativas de cada uno de los miembros de la Institución. De ello se sigue que las personas físicas o jurídicas no pueden acogerse, para interponer un recurso de anulación, a una supuesta infracción de tales normas, que no se orientan a garantizar la protección de los particulares.

Conforme a la formulación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base n° 2423/88, los tres métodos para determinar el valor normal calculado que en él se establecen deben aplicarse en el orden en que se proponen. Unicamente cuando no pueda aplicarse ninguno de los tres métodos procederá recurrir a la disposición de carácter general que se recoge al final del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2, según la cual los gastos y beneficios se fijarán «sobre cualquier otra base razonable».

La determinación del valor normal calculado de los productos de una empresa que vende únicamente para la exportación y que no gestiona por sí misma la comercialización de sus productos en el mercado interior del país de origen o de exportación tomando por referencia los gastos y beneficios de otras empresas que venden sus productos en dicho mercado interior, en aplicación del segundo método de cálculo establecido por el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base n° 2423/88, está de acuerdo con el sistema tanto del Código antidumping como del Reglamento antidumping de base. Con arreglo al sistema del Reglamento antidumping de base, el cálculo del valor normal trata de determinar el precio de venta de un producto si dicho producto fuera vendido en su país de origen o de exportación. De ello se sigue que el valor normal de un producto debe calcularse, en todos los casos, como si dicho producto estuviera destinado a la comercialización en el mercado interior, con independencia de si el fabricante dispone o está en condiciones de disponer de una estructura de distribución de sus productos en el mercado interior. En efecto, en el supuesto de que el fabricante para el que se calcula un valor normal vendiera sus productos en el mercado interior, debería adaptarse necesariamente a las circunstancias que les son impuestas a las demás empresas presentes en el mercado y habría una discriminación entre empresas si el valor normal se calculara respecto a un fabricante presente en el mercado interior, según el conjunto de gastos y beneficios incluidos en el precio del producto de que se trata, mientras que para un fabricante que comercializara su producción exclusivamente para la exportación se calcularía el valor normal prescindiendo de estos datos contables.

Por tratarse de un fabricante que sólo vende el producto que es objeto del procedimiento antidumping para la exportación, la comparación correcta entre el valor normal y el precio de exportación en la fase «en fábrica», teniendo en cuenta las disposiciones del apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping del GATT, supone que estos dos valores se comparen en la primera venta a un comprador independiente.

Cuando tramitan un procedimiento antidumping, incumbe a la Comisión y al Consejo, en el ejercicio de su facultad de apreciación, examinar si deben excluir de la producción comunitaria a los fabricantes que a su vez son importadores de productos que son objeto de dumping. Esta facultad de apreciación, que tiene su límite en el error manifiesto, debe ejercerse caso por caso y en función de todas las circunstancias apreciables. Dado que las importaciones efectuadas por empresas comunitarias lo han sido en concepto de medidas de autodefensa destinadas a cubrir las lagunas en el abanico de productos de las empresas afectadas, consecuencia del abandono de su propia producción en sectores determinados, al que tuvieron que proceder a causa de las prácticas de dumping, no hay ninguna razón para excluir a dichas empresas del círculo de fabricantes comunitarios a la hora de determinar la existencia de un perjuicio. Efectivamente, en este caso, los fabricantes comunitarios que habían importado no consideraron que se causaran un perjuicio a ellos mismos provocando, mediante tales importaciones, la disminución de la utilización de sus capacidades, ya que la baja de sus precios o el abandono de sus proyectos se orientaba al aumento de su propia producción o a la fabricación de nuevos productos.

Las Instituciones comunitarias disponen de una amplia facultad de apreciación para valorar situaciones económicas complejas. Este es el caso especialmente cuando se trata de determinar el período que ha de tenerse en cuenta para la determinación del perjuicio en el marco de un procedimiento antidumping. El hecho de que el período considerado sea más largo que el cubierto por la investigación sobre la existencia de prácticas de dumping no constituye un error de apreciación. En efecto, con arreglo a la letra c) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento n° 2423/88, el examen del perjuicio supone el estudio de «las tendencias reales o virtuales de los factores económicos pertinentes» que, por ende, debe realizarse sobre un período suficientemente largo.

Dado que los derechos antidumping definitivos se imponen sobre los precios netos franco frontera de la Comunidad no despachados de aduana, es decir, sobre el valor en aduana (cif) de las importaciones y se fijan por referencia al perjuicio que corresponde al alza que el precio de los productos que han sido objeto de dumping debe alcanzar en la Comunidad para cubrir la subcotización en relación con los precios de los productos comunitarios, dicho umbral de perjuicio no puede utilizarse directamente para determinar el tipo del derecho, cuando se haya calculado en relación no con el precio franco frontera comunitaria (es decir, precio cif), sino con el precio aplicado al primer comprador independiente de la Comunidad, en la medida en que éste es necesariamente superior al precio cif, porque incluye los derechos y gastos de aduana. En dichas circunstancias, para determinar el tipo del derecho antidumping que ha de establecerse, el umbral del perjuicio debe convertirse aritméticamente en porcentaje del precio de cada exportador en la fase cif.

En el marco del procedimiento antidumping, una empresa no puede reprochar a las Instituciones comunitarias haber violado su derecho de defensa al no haberle proporcionado cuantas informaciones les solicitó, cuando por una parte su petición fue recibida pasado el plazo de un mes a partir del establecimiento del derecho provisional previsto por el punto ce) del inciso i) de la letra c) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento n° 2423/88, y por otra parte se refería al detalle de los costes y de los beneficios de los competidores, datos confidenciales en el sentido del apartado 3 del artículo 8 del nuevo Reglamento de base, que no podían comunicársele.