Por otra parte, esa revocación no implica, por sí sola, que el juez de la Unión esté obligado a sobreseer el asunto por carecer de objeto o por no existir interés en ejercitar la acción en la fecha de pronunciamiento de la sentencia. La anulación del acto impugnado que ya ha sido ejecutado puede todavía procurar un beneficio al demandante, aunque las restricciones impugnadas, establecidas por dicho acto, hayan sido revocadas entre tanto con efectos retroactivos a la fecha de aplicación del mencionado acto. En efecto, el acto impugnado puede haber producido efectos jurídicos durante el período en el que reguló las restricciones aplicables a los productos de que se trata, a saber, desde su fecha de su aplicación hasta la fecha de entrada en vigor del Reglamento que revocó tales restricciones.

La revocación por parte de un Reglamento de las restricciones al uso de ciertos productos establecidas por el Reglamento impugnado, con efectos retroactivos a la fecha de aplicación de este último Reglamento, no priva de objeto al recurso de anulación, ya que el Reglamento impugnado no ha sido formalmente derogado por la Comisión.

Para poder perseguir eficazmente los objetivos del Reglamento no 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en un contexto técnico complejo y cambiante, las autoridades de la Unión disponen de una amplia facultad de apreciación, en particular en cuanto a la apreciación de hechos de carácter científico y técnico de gran complejidad, para determinar la naturaleza y alcance de las medidas que adopten, mientras que el control del juez de la Unión debe limitarse a examinar si, al ejercer dicha facultad de apreciación, dichas autoridades incurrieron en error manifiesto o desviación de poder o, también, si éstas rebasaron manifiestamente los límites de su facultad de apreciación. En tal contexto, el juez de la Unión no puede, en efecto, sustituir la apreciación de los hechos de carácter científico y técnico efectuada por las instituciones, las únicas a las que el Tratado FUE encomendó dicha tarea, por la suya propia.

No obstante, la amplia facultad de apreciación de las autoridades de la Unión, que implica un control judicial limitado de su ejercicio, no se ejerce exclusivamente respecto de la naturaleza y alcance de las disposiciones que hayan de adoptarse, sino también, en cierta medida, de la comprobación de los datos de base. Sin embargo, dicho control judicial, a pesar de su alcance limitado, requiere que esas autoridades, de las que emana el acto controvertido, puedan demostrar ante el juez de la Unión que el acto fue adoptado mediante un ejercicio efectivo de su facultad de apreciación, el cual presupone la toma en consideración de todos los datos y circunstancias pertinentes de la situación que se haya pretendido regular mediante el acto en cuestión.

La evaluación científica de los riesgos, efectuada por especialistas científicos, debe ofrecer a la Comisión una información lo bastante fiable y sólida como para permitirle comprender todas las implicaciones de la cuestión científica planteada y determinar su política con conocimiento de causa. Por consiguiente, so pena de adoptar unas medidas arbitrarias que el principio de cautela nunca podría legitimar, la Comisión debe velar por que las medidas que adopte estén basadas, aunque se trate de medidas preventivas, en una evaluación científica de los riesgos tan exhaustiva como sea posible, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso.

Como no se desprende de los autos que la Comisión haya evaluado todos los datos y circunstancias pertinentes de la situación que el Reglamento impugnado pretendía regular, dicha institución incurrió en un error manifiesto de apreciación al concluir, basándose en datos científicos insuficientes, que existía un riesgo para la salud humana o el medio ambiente al que debía hacerse frente a escala de la Unión.

(véanse los apartados 45, 46, 52 y 71)