Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

2. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

3. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

4. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3)

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición o la reducción de las multas como contrapartida de la cooperación de las empresas implicadas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección B, letra b)]

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1. Si bien la Comisión dispone de una facultad de apreciación a la hora de fijar el importe de cada multa impuesta como consecuencia de una infracción de las normas comunitarias sobre competencia, sin estar obligada a aplicar una formula matemática precisa, no puede renunciar a las normas que se impuso a sí misma. Al ser las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA un instrumento destinado a precisar, respetando las normas jurídicas de rango superior, los criterios que la Comisión se propone aplicar en el ejercicio de esa facultad de apreciación, la Comisión debe efectivamente tener en cuenta el contenido de las Directrices al fijar las multas, y en particular los factores que éstas mencionan con carácter imperativo.

(véase el apartado 49)

2. La Comisión es libre de basar su evaluación de la capacidad económica efectiva que tienen los autores de una infracción a las normas sobre competencia para infligir un daño importante a los demás operadores, a efectos de apreciar la gravedad de esa infracción y fijar el importe de partida de la multa, en los datos relativos al volumen de negocios y a las cuotas de mercado en el mercado afectado, a menos que circunstancias particulares, como las características de ese mercado, puedan mermar sensiblemente la importancia de dichos datos e imponer la consideración de otros factores pertinentes para apreciar la influencia de las empresas en el mercado, en particular, en su caso, la integración vertical y la amplitud de la gama de productos.

(véanse los apartados 61 y 63)

3. El método consistente, a la hora de fijar el importe de las multas impuestas a los distintos participantes en un cártel, en agrupar a los miembros de éste en varias categorías, lo que da lugar a que se fije un importe de partida idéntico para las empresas pertenecientes a una misma categoría, aunque equivale a ignorar las diferencias de tamaño entre empresas de una misma categoría, no puede censurarse. Sin embargo, esta distribución debe respetar el principio de igualdad de trato, según el cual está prohibido tratar situaciones comparables de manera diferente y situaciones diferentes de manera idéntica, a menos que tal trato esté objetivamente justificado. Por otra parte, el importe de las multas debe, al menos, ser proporcionado en relación con los elementos tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción.

Para comprobar si la distribución de los miembros de un cártel en categorías respeta los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, el juez comunitario, en el marco de su control de legalidad sobre el ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión en la materia, debe, no obstante, limitarse a controlar que dicho reparto sea coherente y esté justificado objetivamente, sin sustituir de entrada la apreciación de la Comisión por la suya.

A este respecto, una agrupación de los miembros de un cártel en dos categorías, los principales y los demás, no es una forma irrazonable de valorar su importancia relativa en el mercado a efectos de modular el importe de partida, siempre y cuando no dé como resultado una imagen burdamente deformada de los mercados de que se trate.

(véanse los apartados 83 a 85 y 87)

4. Al no poder renunciar a las normas que se ha impuesto a sí misma, la Comisión está obligada a considerar como circunstancia atenuante el incumplimiento por parte de una empresa de las obligaciones asumidas en el marco de una concertación, ya que las Directrices adoptadas por dicha institución para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA consideran expresamente circunstancia atenuante la no aplicación efectiva de acuerdos ilícitos.

A ese respecto, es importante verificar si la empresa se abstuvo efectivamente de aplicar los acuerdos ilícitos, adoptando un comportamiento competitivo en el mercado o, cuando menos, si incumplió clara y sustancialmente las obligaciones encaminadas a poner en práctica la concertación, hasta el punto de perturbar el propio funcionamiento de ésta.

(véanse los apartados 105, 106 y 113)

5. La Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas crea expectativas legítimas en las que se basan las empresas que desean informar a la Comisión de la existencia de un acuerdo ilícito. Habida cuenta de la confianza legítima que dicha Comunicación puede inspirar a las empresas que desean cooperar con la Comisión, ésta tiene la obligación de atenerse a ella al apreciar, en el marco de la determinación del importe de la multa impuesta a una empresa, la cooperación de ésta.

(véase el apartado 147)

6. La concesión de la inmunidad total o de una reducción del importe de la multa en virtud de la sección B o de la sección C de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas requiere, en particular, que la empresa interesada haya sido la primera en facilitar elementos determinantes para probar la existencia del acuerdo.

A este respecto, si bien tales elementos no deben ser necesariamente suficientes por sí solos para probar la existencia del acuerdo, deben, no obstante, ser determinantes para ello. Por lo tanto, no debe tratarse de una mera fuente de orientación para las investigaciones que deberá llevar a cabo la Comisión, sino de elementos que puedan ser directamente utilizados como base probatoria principal de una decisión en la que se declare la existencia de una infracción. Por otra parte, no es necesario que tales elementos se refieran a todos los hechos cuya existencia se declare en la decisión de la Comisión sobre el acuerdo.

(véanse los apartados 150, 156, 157 y 162)