El mero hecho de que la publicación de las informaciones controvertidas haya tenido ya lugar y que determinados terceros hayan podido adquirir ya conocimiento de aquéllas no puede hacer desaparecer este interés, ya que la divulgación continua de estas informaciones no deja de lesionar los intereses y, particularmente, la reputación de la empresa demandante, lo que constituye un interés preexistente y real.

A pesar de que ni el artículo 287 CE ni el Reglamento no 17 indican expresamente qué informaciones, aparte de los secretos comerciales, están amparadas por el secreto profesional, resulta de la formulación abierta del artículo 287 CE, del artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 2842/98, relativo a las audiencias en determinados procedimientos en aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE], y de la jurisprudencia, que el concepto de «informaciones amparadas por el secreto profesional» incluye también informaciones confidenciales distintas de los secretos comerciales. De esta acepción amplia del concepto de «informaciones amparadas por el secreto profesional» se deriva que el artículo 21 del Reglamento no 17 y el artículo 9 de la Decisión 2001/462, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia, deben ser interpretados en el sentido de que se aplican, a semejanza del artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 2842/98, tanto a los secretos comerciales como a las otras informaciones confidenciales. Además, el carácter confidencial de las informaciones cuya protección exige el secreto profesional con arreglo al artículo 287 CE, puede también resultar de otras disposiciones de Derecho comunitario, primario o derivado, tales como el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, o también las del artículo 286 CE o del Reglamento no 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos.

En general, respecto de la naturaleza de los secretos comerciales o de las otras informaciones amparadas por el secreto profesional es necesario, en primer lugar, que estos secretos comerciales o informaciones confidenciales sólo sean conocidos por un número restringido de personas. Además, debe tratarse de información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a la persona que la ha proporcionado o a un tercero. Por último, es necesario que los intereses que la divulgación de la información puede lesionar sean dignos de protección. La apreciación de la confidencialidad de una información requiere ponderar, pues, los intereses legítimos que se oponen a su divulgación y el interés general que exige que las actividades de las instituciones comunitarias se desarrollen de la forma más abierta posible.

De ello se deduce, por una parte, que, cuando el consejero auditor adopta una decisión con arreglo al artículo 9, párrafo tercero, de la Decisión 2001/462, no debe limitarse a examinar si la versión de una decisión de la Comisión, adoptada en virtud del Reglamento no 17 y destinada a la publicación, contiene secretos comerciales u otra información confidencial amparada por una protección similar, sino que debe verificar además si dicha versión contiene otra información que no pueda ser divulgada públicamente, bien en razón de normas de Derecho comunitario que la protejan específicamente, bien por formar parte de las que, por su naturaleza, están amparadas por el secreto profesional Por otra parte, en el marco de este control de legalidad, el Tribunal de Primera Instancia debe velar por que el consejero auditor respete los límites de su mandato, tal como ha sido definido, y debe, por consiguiente, verificar si éste ha aplicado correctamente la protección del secreto profesional en el caso de autos. En cambio, el Tribunal de Primera Instancia no puede reprochar al consejero auditor no haber corregido las irregularidades que la Comisión pueda haber cometido al adoptar la decisión objeto de publicación, dado que el control de tales irregularidades escapa a sus competencias. Así, el Tribunal de Primera Instancia no puede poner en cuestión ni la legalidad formal ni la procedencia de la decisión destinada a ser publicada, y ello aunque esta última contuviese errores graves.

(véanse los apartados 63 a 66)