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—

Anule, con arreglo al artículo 270 TFUE, la Comunicación al personal («CP») 13/14 (Decisión no 2/2014), de 9 de enero de 2014, que modificó el régimen aplicable a la licencia por viaje, a raíz de la aplicación a partir del 1 de enero de 2014 de lo dispuesto en el artículo 7 del anexo V del Estatuto y la Comunicación al personal («CP») 9/14 (Decisión no 12/2014), que modificó el régimen de los gastos de viaje a raíz de la aplicación a partir del 1 de enero de 2014 de lo dispuesto en el artículo 8 del anexo VII del Estatuto, modificados por el Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, publicado en el Diario Oficial no L 287 de 29 de octubre de 2013. El recurso de anulación se limita a la parte de estas CP que vincula el derecho a los gastos de viaje y a la licencia por viaje a la indemnización por expatriación o por residencia fuera del país de origen y al artículo 6 de la CP 9/14, que estableció nuevos criterios para determinar el lugar de origen.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 272/52

Recurso interpuesto el 29 de agosto de 2008 — Ramaekers-Jørgensen/Comisión

(Asunto F-74/08)

(2008/C 272/101)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Bélgica) (representante: L. Vogel, abogado)

Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

Objeto y descripción del litigio

Por una parte, la anulación de la decisión de la AFPN de calcular el impuesto comunitario que recae sobre la demandante sumando el importe de su remuneración personal y el de su pensión de supervivencia, así como de la decisión por la que se denegó su solicitud de que no se dedujera por anticipado del importe de su remuneración, antes de abonar su pensión de supervivencia, el impuesto comunitario que grava dicha pensión. Por otra parte, la declaración de ilegalidad de los artículos 3 y 4 del Reglamento no 260/68 del Consejo, en su versión modificada en último lugar por el Reglamento no 2182/2003 del Consejo.

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la decisión adoptada por la AFPN el 20 de mayo de 2008 por la que se desestimó la reclamación interpuesta por la demandante el 16 de enero de 2008, en la que se solicitaba la anulación parcial de la decisión de 16 de octubre de 2007 en la parte en la que ésta determinaba el método de cálculo y de percepción del impuesto comunitario que grava la pensión de supervivencia concedida a la demandante.

— En la medida en que sea necesario, que se anule también parcialmente la mencionada decisión de 16 de octubre de 2007, en la parte en la que determinó el método de cálculo y de percepción del impuesto comunitario que grava la pensión de supervivencia concedida a la demandante.

— Que en virtud del artículo 241 del Tratado se declare la ilegalidad de los artículos 3 y 4 del Reglamento no 260/68 del Consejo, en su versión modificada en último lugar por el Reglamento no 2182/2003 del Consejo, en la medida en que dichos artículos disponen que la pensión de supervivencia concedida a un funcionario se sumará a su sueldo a efectos de calcular el impuesto comunitario correspondiente.
En el ámbito del examen comparativo de los méritos de los candidatos con el fin de proveer un puesto de jefe de unidad, el hecho de que un candidato haya sustituido puntualmente al jefe de la unidad y la circunstancia de que haya ocupado interinamente el puesto de que se trata no constituyen elementos de valoración decisivos que puedan prevalecer sobre las más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad, que constituyen, con arreglo al artículo 27, párrafo primero, del Estatuto, los criterios determinantes para la elección del candidato que debe ser nombrado para un puesto que es objeto de una convocatoria de plaza vacante.

El ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone la administración en materia de nombramiento o de contratación supone que examine con esmero e imparcialidad todos los elementos pertinentes de cada candidatura y que observe concienzudamente los requisitos previstos en la convocatoria para proveer plaza vacante, de modo que está obligada a excluir a todo candidato que no responda a dichos requisitos. En efecto, la convocatoria para proveer plaza vacante constituye un marco legal que la administración se impone a sí misma y que está obligada a respetar escrupulosamente.

En un procedimiento para proveer el puesto de jefe de unidad de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dado que la evaluación de la candidatura y de la prestación de un candidato en la entrevista se hace de manera colegiada por el comité de preselección, en relación con el cual, teniendo en cuenta su composición, en particular, la presencia de un miembro de la Comisión, no puede considerarse que el presidente de este comité pueda ejercer en él una influencia preponderante que le lleve a decidir por sí sólo que no figure el nombre de un candidato en la lista de candidatos preseleccionados.

(véase el apartado 63)
En virtud del artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, cuando, en todo o en parte, el recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal podrá resolver mediante auto motivado sin continuar el procedimiento.

En particular, la desestimación de una demanda mediante auto motivado en base al artículo 81 del Reglamento de Procedimiento, no sólo contribuye a la economía procesal, sino que ahorra igualmente a las partes los gastos derivados de la celebración de una vista, cuando, tras leer los autos de un asunto, el Tribunal, estimándose suficientemente informado por los documentos que obran en autos, se halla totalmente convencido de la inadmisibilidad manifiesta de la demanda y considera, además, que la celebración de una vista no permitiría obtener ningún dato nuevo al respecto.

(véanse los apartados 27 y 28)

Tribunal de la Función Pública: auto de 10 de julio de 2014, Mészáros/Comisión, F‑22/13, EU:F:2014:189, apartado 39, y la jurisprudencia citada
La aplicación de nuevas disposiciones generales de aplicación de los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto a una transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en el marco de otro régimen de pensiones, solicitada antes de la adopción de dichas disposiciones, pero realizada después de su entrada en vigor, no es contraria al artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

A este respecto, según un principio generalmente aceptado, una norma nueva se aplica de manera inmediata, salvo excepción, a las situaciones que aún no han surgido, así como a los efectos futuros de las situaciones originadas, y sin embargo no constituidas plenamente, durante la vigencia de la norma anterior. Únicamente se exceptúan de esta regla las situaciones nacidas y definitivamente realizadas bajo el régimen de la norma anterior, que crean derechos adquiridos. Un derecho se considera adquirido cuando el hecho generador de éste se ha producido antes de la modificación legislativa. No obstante, éste no es el caso de un derecho cuyo hecho constitutivo no se ha realizado bajo el régimen de la normativa que ha sido modificada.

Ahora bien, por una parte, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no se opone a tal aplicación inmediata de las nuevas disposiciones generales de aplicación.

Por otra parte, ni la comunicación de una propuesta de bonificación de anualidades al funcionario o agente que ha presentado una solicitud de transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en otro régimen de pensiones ni, menos aún, la mera presentación de tal solicitud modifican la situación jurídica del interesado ni producen efectos jurídicos obligatorios. Por lo tanto, para un funcionario o agente no existen derechos adquiridos que puedan ser vulnerados por la aplicación de las nuevas disposiciones.

Además, el derecho de un funcionario o agente a que se le reconozca una bonificación de anualidades no está plenamente constituido hasta que no se transfiere al régimen de pensiones de la Unión el capital que representan sus derechos adquiridos en otro régimen.

(véanse los apartados 23 a 26 y 28)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 13 de octubre de 2015, Comisión/Verile y Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, apartado 151 a 154 y jurisprudencia citada
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Demanda presentada por fax dentro del plazo para interponer recurso — Firma manuscrita del abogado distinta de la que figura en el original de la demanda enviado por correo — Consecuencia — No toma en consideración de la fecha de recepción del fax a efectos de apreciar el cumplimiento del plazo para presentar recurso

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 34, aps. 1 y 6; Estatuto de los Funcionarios, art. 91, ap. 3)

En el marco del litigio de la función pública de la Unión, a efectos de la presentación regular de los escritos procesales, las disposiciones del artículo 34 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, y en particular su apartado 1 y su apartado 6, que permite la presentación de la demanda por fax, obligan al representante de la parte a firmar de su puño y letra el original del escrito antes de enviarlo por fax y a presentar ese mismo original en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública a más tardar en los diez días siguientes.

En esas circunstancias, si resulta con carácter retroactivo que el original del escrito que se presenta materialmente en la Secretaría en los diez días siguientes al envío por fax no lleva la misma firma que la que figura en el documento enviado por fax, procede declarar que a la Secretaría del Tribunal de la Función Pública han llegado dos escritos procesales distintos, incluso si la firma ha sido puesta por la misma persona. En efecto, en la medida en que no corresponde al Tribunal de la Función Pública comprobar si ambos textos coinciden literalmente, resulta evidente que, cuando la firma puesta en uno de los dos documentos no es idéntica a la firma puesta en el otro, el documento enviado por fax no es una copia del original del escrito presentado por correo.

Por otro lado, si la transmisión del texto enviado por fax no cumple los requisitos de seguridad jurídica que impone el artículo 34 del Reglamento el Procedimiento, la fecha de presentación del documento enviado por fax no puede tenerse en cuenta a efectos del cumplimiento del plazo para interponer recurso.

(véanse los apartados 19, 20 y 22)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 13 de noviembre de 2001, F/Tribunal de Cuentas, T‑138/01 R, apartados 8 y 9
Se desprende del artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de la Función Pública en virtud del artículo 7, apartado 1, del anexo I de dicho Estatuto, que las instituciones de la Unión disponen de la posibilidad de recurrir a la asistencia de un abogado. La remuneración de este último encaja, pues, en el concepto de gastos indispensables efectuados con motivo del procedimiento, sin que la institución esté obligada a demostrar que esa asistencia resultaba objetivamente justificada. Por lo tanto, si la circunstancia de que una institución haya hecho intervenir a un agente y dos abogados no afecta al carácter potencialmente recuperable de esos gastos, pues nada permite excluirlos por principio, ello puede influir en la determinación del importe de los gastos efectuados con motivo del procedimiento que podrán recuperarse al término de éste.

Los gastos de desplazamiento realizados por un abogado para encontrarse con su cliente en el lugar en el que éste reside no pueden considerarse, con carácter general, imprescindibles para el procedimiento, a menos que la parte que solicite su devolución pueda justificar la necesidad de estos encuentros para el litigio principal y la necesidad de que estos encuentros tengan lugar en el domicilio del cliente. Tal principio debe aplicarse también a los gastos realizados por el agente de una institución para encontrarse con los abogados que le asisten en un procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública. A este respecto, si bien es cierto que los medios de comunicación existentes facilitan los intercambios entre abogados y clientes, estos medios no pueden sustituir por completo a los encuentros en persona y siempre existe la posibilidad de que sea necesario mantener reuniones en relación con el procedimiento ante dicho Tribunal. No obstante, corresponde a la parte que solicita el reembolso de los gastos relativos a estas reuniones demostrar que versaban sobre el litigio principal y que eran necesarias.

(véase el apartado 46)

Tribunal de Justicia: autos ICI/Comisión, C‑286/95 P-DEP, EU:C:2004:412, apartado 28, y Tetra Laval/Comisión, C‑12/03 P-DEP y C‑13/03 P‑DEP, EU:C:2010:280, apartado 66

Tribunal de Primera Instancia: auto Sison/Consejo, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, apartado 52
El juez de la Unión no está vinculado por la liquidación presentada por la parte que pretende recuperar los gastos. Le corresponde tener en cuenta únicamente la cantidad total de horas de trabajo que pueden aparecer objetivamente indispensables a efectos del procedimiento.

Por otro lado, el importe de los honorarios recuperables del abogado de la institución de que se trate no puede estimarse haciendo abstracción del trabajo llevado a cabo por los servicios de dicha institución antes incluso de que se sometiera el asunto al Tribunal de la Función Pública. En efecto, cuando la admisibilidad de un recurso se supedita a la presentación de una reclamación y a la desestimación de ésta por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, los servicios de la institución se ven, en principio, implicados en la tramitación de los litigios antes incluso de que estos se lleven ante el Tribunal de la Función Pública.

No obstante, a este respecto, no existe presunción absoluta de que el trabajo del abogado de una institución sea reducido, en especial cuando ese abogado no ha participado en la redacción de la respuesta a la reclamación.

En efecto, la legalidad de una decisión se aprecia en función de los elementos fácticos y de Derecho existentes en el momento en que se adoptó aquélla, de modo que la tarea del abogado de una institución es defender los motivos y el dispositivo de esa decisión, tal como resultan de la misma, salvo en los supuestos excepcionales en los que al hallarse la administración en situación de competencia reglada, otro motivo puede sustituir a aquel en el que se basó inicialmente la administración. En esas circunstancias, procede considerar que el abogado de una institución, por regla general, ha de basarse en el trabajo anteriormente efectuado por los servicios de ésta tanto en la adopción de la decisión impugnada como en el marco del procedimiento administrativo previo.

(véanse los apartados 21 a 23 y 25)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: autos de 16 de octubre de 2014, Marcuccio/Comisión, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, apartado 21, y de 25 de noviembre de 2014, Loukakis y otros/Parlamento, F‑82/11 DEP, EU:F:2014:253, apartado 32
AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Primera)

de 20 de abril de 2007

Asunto F‑13/07

L

contra

Agencia Europea de Medicamentos (EMEA)

«Funcionarios — Invalidez — Comisión de invalidez — Negativa a convocarla — Inadmisibilidad manifiesta»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, en virtud del cual L solicita la anulación de la decisión de la EMEA, de 31 de marzo de 2006, por la que se denegó su solicitud de que se constituyera una comisión de invalidez, así como, en su caso, de la decisión de 25 de octubre de 2006 por la que se desestimó la reclamación contra dicha decisión.

Resultado: Se declara la inadmisibilidad manifiesta del recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

1. Procedimiento — Decisión adoptada por medio de auto motivado — Requisitos

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 111; Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, art. 3, ap. 4)

2. Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Plazos

(Estatuto de los Funcionarios, art. 90, ap. 2)

1. El supuesto de inadmisibilidad manifiesta previsto en el artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, no se aplica únicamente a los casos en que el incumplimiento de las normas en materia de inadmisibilidad es tan evidente y flagrante que no puede invocarse ningún argumento serio en favor de la admisibilidad, sino también a aquellos casos en que, tras la lectura de los documentos que figuran en los autos, el juez considera que obran en su poder las informaciones suficientes como para poder declarar que está totalmente convencido de la inadmisibilidad del recurso, debido en particular al hecho de que éste no cumple los requisitos exigidos por una jurisprudencia reiterada, y entiende, además, que la celebración de una vista no puede ofrecer ningún elemento nuevo al respecto. En ese supuesto, la desestimación de recurso por medio de auto no sólo contribuye a la economía del proceso, sino que evita además a las partes las costas que la celebración de una vista supondría.

(véanse los apartados 20 y 21)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: 27 de marzo de 2007, Manté/Consejo (F‑87/06, aún no publicada en la Recopilación), apartado 16

2. La notificación de una resolución de la Administración a una persona autorizada para representar al funcionario, como su cónyuge, hace que comience el cómputo del plazo de reclamación de tres meses previsto en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto. A tal efecto, es irrelevante la fecha en la que el funcionario tenga conocimiento efectivo de la decisión, que depende de circunstancias aleatorias, de carácter privado, independientes de la diligencia con la que la Administración haya notificado la decisión, que ésta no puede probar.

(véanse los apartados 30 y 32)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 3 de junio de 1997, H/Comisión (T‑196/95, RecFP pp. I‑A‑133 y II‑403), apartados 32 a 35
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Procedimiento — Solicitud del beneficio de justicia gratuita — Gastos cubiertos

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 94 y 95; Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, art. 3, ap. 4)

De los artículos 94 y 95 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se desprende que, en principio, el beneficio de la justicia gratuita debe reservarse para cubrir las costas procesales en que se ha incurrido simultánea o posteriormente a la presentación de la solicitud del beneficio. En efecto, salvo que se den circunstancias extraordinarias, no se ajustaría a la letra y al espíritu de los mencionados artículos ni favorecería una correcta administración de justicia que los gastos en que se incurrió antes de esa fecha pudieran ser cubiertos retroactivamente por la justicia gratuita. Se presume, salvo prueba en contrario, que el solicitante no se encontró en la imposibilidad de hacer frente a los gastos en que incurrió antes de la presentación de la solicitud del beneficio y que, por consiguiente, no concurre uno de los requisitos para la concesión de la justicia gratuita.

(véase el apartado 16)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 3 de abril de 2006, Hassan/Consejo y Comisión (T‑49/04 AJ, no publicado), apartado 21; 27 de octubre de 2006, Othman/Consejo y Comisión (T‑318/01 AJ, no publicado), apartado 31
Según el artículo 18 del anexo IX del Estatuto, el Consejo de disciplina emitirá por mayoría un dictamen motivado en el que se pronunciará sobre la realidad de los hechos imputados y, si ha lugar, sobre la sanción que, a su juicio, merecen tales hechos. El citado dictamen motivado no es vinculante para la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en cuanto a la realidad de los hechos imputados.

Por ello, un funcionario no puede reprochar válidamente al Consejo de disciplina que no examinara las cuestiones procedimentales que alegó a lo largo del procedimiento disciplinario, ya que tales cuestiones no tienen que abordarse necesariamente en el dictamen motivado adoptado con arreglo al artículo 18 del anexo IX del Estatuto.

Asimismo, dado que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está vinculada por el dictamen del Consejo de disciplina respecto a la realidad de los hechos imputados, deben desestimarse por inoperantes las alegaciones sobre el examen de los hechos realizado por el Consejo de disciplina, puesto que tales alegaciones deben formularse eventualmente frente a la decisión final adoptada por la referida autoridad de conformidad con el artículo 22 del anexo IX del Estatuto.

(véanse los apartados 78 a 80)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 3 de junio de 2015, Bedin/Comisión,F‑128/14, EU:F:2015:51, apartados 23 a 25
Si una nómina, por su naturaleza y objeto, carece de las características propias de un acto lesivo dado que se limita a traducir en términos pecuniarios el alcance de decisiones jurídicas anteriores, relativas a la situación del funcionario, desde el punto de vista del procedimiento, tal nómina puede constituir un acto que produce efectos jurídicos concretos para su destinatario. Así, la comunicación de la nómina tiene como efecto hacer correr los plazos de reclamación y de interposición de recurso contra una decisión administrativa cuando de la referida nómina se desprende claramente la existencia y el alcance de dicha decisión. En estas circunstancias, las nóminas, remitidas mensualmente y que contienen el cómputo de los derechos económicos, pueden constituir actos lesivos, que pueden ser objeto de una reclamación y, si llega el caso, de un recurso.

No obstante, cuando, debido a un error por parte de la administración en la codificación informática de los derechos estatutarios de un funcionario, no se ha abonado la indemnización por expatriación, mientras que el derecho del funcionario a dicha indemnización ha sido expresamente confirmado por la institución tras la reincorporación del funcionario a dicha institución con posterioridad a una comisión de servicio, las nóminas del referido funcionario a partir de la confirmación, antes citada, no reflejan ninguna decisión pecuniaria, ni modifican su situación jurídica, ni fijan definitivamente la posición de la institución.

Por consiguiente, dado que no reflejan una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la institución afectada, las citadas nóminas no hacen correr el plazo de reclamación.

(véanse los apartados 34 y 37 a 40)

Tribunal de Justicia: sentencia de 27 de junio de 1989, Giordani/Comisión, 200/87, EU:C:1989:259, apartado 13

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 19 de septiembre de 2008, Chassagne/Comisión, T‑253/06 P, EU:T:2008:386, apartado 139

Tribunal General: auto de 13 de septiembre de 2013, Conticchio/Comisión, T‑358/12 P, EU:T:2013:525, apartado 23 y jurisprudencia citada

Tribunal de la Función Pública: auto de 22 de junio de 2015, van Oudenaarden/Parlamento, F‑139/14, EU:F:2015:64, apartado 29 y jurisprudencia citada