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1)

Que se declare que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 12 y 14 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) — al obligar al pago de un impuesto especial, mediante la adopción de la Ley no XCIV de 2010, del impuesto especial que grava determinados sectores de actividad (az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény), a las empresas que presten servicios de telecomunicaciones al amparo de una autorización general y — al no notificar debidamente a los interesados la intención de modificar las autorizaciones generales, los derechos y las condiciones [de uso o de instalación], y al no proporcionar a las partes interesadas un plazo suficiente para que puedan manifestar sus puntos de vista sobre las modificaciones propuestas.
3)

Asimismo, en caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, cuando el Estado miembro no adopte ninguna medida en cumplimiento del artículo 17, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE y cuando la entidad empleadora, responsable del tratamiento de esos datos, adopte un sistema de acceso restringido a tales datos que no permita el acceso automático de la autoridad nacional competente para la supervisión de las condiciones laborales, ¿debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea en el sentido de que el Estado miembro no puede sancionar a la entidad empleadora por dicho comportamiento?
4)

¿Se cumple el requisito establecido en el artículo 29, apartado 1, número 1, del Reglamento (CE) no 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la información contenida en los folletos así como el formato, incorporación por referencia, publicación de dichos folletos y difusión de publicidad (en lo sucesivo, «Reglamento no 809/2004»), conforme al cual se debe tener fácil acceso al folleto o al folleto de base al entrar en el sitio Internet donde se divulguen dichos documentos: a) si para la disponibilidad, la descarga y la impresión es necesario registrarse en el sitio Internet, en el que estarán disponibles posteriormente, siendo necesarios el registro, la aceptación de una exoneración de responsabilidad y la comunicación de una dirección de correo electrónico, o b) si a cambio debe abonarse una retribución, o c) si la disponibilidad gratuita de partes de folletos está limitada a dos documentos por mes, cuando para obtener toda la información obligatoria en el sentido del artículo 22, apartado 1, tercera frase, del Reglamento (CE) no 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la información contenida en los folletos así como el formato, incorporación por referencia, publicación de dichos folletos y difusión de publicidad (en lo sucesivo, «Reglamento no 809/2004»), es necesario descargarse al menos tres documentos?
3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: ¿deben interpretarse el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE en el sentido de que se oponen a una legislación nacional con arreglo a la cual se puede establecer mediante convenio colectivo que la disminución de ingresos que se produzca durante el período de cálculo debido a una reducción parcial de jornada, a pérdida de horas o jornadas de trabajo o a ausencias no imputables al trabajador tenga repercusión en el cálculo de la retribución por vacaciones, con la consecuencia de que el trabajador, durante las vacaciones anuales mínimas de cuatro semanas, perciba una retribución reducida (o de que, al extinguirse la relación laboral, perciba una compensación económica reducida por las vacaciones no disfrutadas), en comparación con la que le correspondería si el cálculo de la retribución por vacaciones se basara en la remuneración media que habría percibido el trabajador durante el período de cálculo si no se hubiera producido dicha disminución de ingresos? Si se responde afirmativamente a esta cuestión: ¿qué porcentaje de la remuneración media no reducida del trabajador podría alcanzar como máximo una reducción de la retribución por vacaciones mediante convenio colectivo, permitida por la legislación nacional, debido a una reducción parcial de jornada, a pérdida de horas o jornadas de trabajo o a ausencias no imputables al trabajador durante el período de cálculo, para poder afirmar que la interpretación de dicha legislación nacional es conforme con el Derecho de la Unión?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 243/8

Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 29 de mayo de 2012 — Association Vent De Colère! Fédération nationale, Alain Bruguier, Jean-Pierre Le Gorgeu, Marie-Christine Piot, Eric Errec, Didier Wirth, Daniel Steinbach, Sabine Servan-Schreiber, Philippe Rusch, Pierre Recher, Jean-Louis Moret, Didier Jocteur Monrozier/Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

(Asunto C-262/12)

2012/C 243/14

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Association Vent De Colère! Fédération nationale, Alain Bruguier, Jean-Pierre Le Gorgeu, Marie-Christine Piot, Eric Errec, Didier Wirth, Daniel Steinbach, Sabine Servan-Schreiber, Philippe Rusch, Pierre Recher, Jean-Louis Moret, Didier Jocteur Monrozier

Recurrida: Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

Cuestión prejudicial

Habida cuenta del cambio en la naturaleza del modo de financiación de la compensación íntegra de los sobrecostes impuestos a Électricité de France y a los distribuidores no nacionalizados mencionados en el artículo 23 de la loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (Ley de nacionalización de la electricidad y del gas, de 8 de abril de 1946), en virtud de la obligación de compra de electricidad generada por instalaciones que recurren a la energía eólica a un precio superior a su precio de mercado, derivada de la Ley no 2003-8, de 3 de enero de 2003, ¿debe considerarse en lo sucesivo dicho mecanismo como una intervención del Estado o mediante fondos estatales en el sentido y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 87 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea?
—

Que se pronuncie definitivamente sobre el litigio y anule la Decisión 2008/719/CE de la Comisión, de 30 de abril de 2008, relativa a la ayuda estatal C 56/06 (ex NN 77/06) de Austria para la privatización del Bank Burgenland (DO L 239, p. 32) y que condene a la Comisión a cargar con las costas expuestas en los procedimientos ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 217/7

Recurso interpuesto el 26 de abril de 2012 — Comisión Europea/República Francesa

(Asunto C-197/12)

2012/C 217/13

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: F. Dintilhac y C. Soulay, agentes)

Demandada: República Francesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva del IVA (1) y, en concreto, del artículo 148, letras a), c), y d), de dicha Directiva al no supeditar la exención del IVA de las operaciones contempladas en el artículo 262, parte II, puntos 2, 3, 6 y 7 de la Ley General Tributaria al requisito de la afectación a la navegación en alta mar, por lo que respecta a las embarcaciones que efectúan un tráfico remunerado de viajeros y a las usadas en el ejercicio de una actividad comercial.

— Que se condene en costas República Francesa.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, la Comisión alega que la exención del IVA de las operaciones contempladas en el artículo 262, parte II, puntos 2, 3, 6 y 7 de la Ley General Tributaria (en lo sucesivo, «LGT») no estaba supeditada al requisito de la afectación a la navegación en alta mar, por lo que respecta a las embarcaciones que efectúan un tráfico remunerado de viajeros y a las usadas en el ejercicio de una actividad comercial. En efecto, este requisito de afectación de las embarcaciones a la alta mar fue añadido en las disposiciones legislativas que regulan el IVA en Francia en respuesta al dictamen motivado dirigido por la Comisión a las autoridades nacionales. No obstante, la adaptación del artículo 262, parte II, punto 2, de la LGT a la Directiva del IVA fue privada de efecto útil mediante una interpretación oponible a la Administración, publicada después de la modificación legislativa, que no menciona el requisito de afectación a la navegación en alta mar que la ley, en cambio, sí establece.

A juicio de la Comisión, ninguna de las alegaciones formuladas por la parte demandada durante el procedimiento administrativo previo relacionadas, en particular, con la interpretación estricta del artículo 148, letra a), de la Directiva del IVA y con la interpretación excesivamente restrictiva del requisito de afectación de los buques a la navegación en alta mar, puede justificar el incumplimiento de los preceptos de la Directiva antes citada. Además, por lo que respecta al artículo 131 de la Directiva 2006/112/CE, invocado por las autoridades francesas, no se puede justificar una excepción al principio de interpretación estricta de las exenciones.

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).
1)

¿Se está ante un contrato celebrado por un consumidor, en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 44/2001, (1) cuando un empresario dirige su actividad a otro Estado miembro mediante la concepción de su sitio de Internet y un consumidor domiciliado en ese otro Estado miembro, gracias a la información facilitada en el sitio de Internet del empresario, se desplaza al domicilio social de éste, firmando allí ambas partes el contrato, o bien requiere en tal supuesto el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001 la celebración del contrato con arreglo a las modalidades de contratación a distancia?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 194/13

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 23 de abril de 2012 — SFIR/AGEA e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

(Asunto C-187/12)

2012/C 194/20

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA

Recurrida: Agencia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Cuestión prejudicial

¿Debe entenderse el desmantelamiento completo de las instalaciones de producción de azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina, conforme al artículo 3 del Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, (1) cuyas disposiciones de aplicación se establecen en el Reglamento (CE) no 968/2006 de la Comisión, (2) en el sentido de que las instalaciones que han de desmantelarse son sólo las necesarias para la producción, como establece expresamente el citado artículo 3 del Reglamento del Consejo, conforme al cual debe interpretarse el Reglamento de la Comisión, so pena de nulidad del propio Reglamento? Conforme a los citados artículos 3 del Reglamento no 320/2006 del Consejo y 4 del Reglamento no 968/2006 de la Comisión, ¿forman parte de las instalaciones que han de desmantelarse únicamente las destinadas a la producción de azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina, así como las demás instalaciones previstas en el citado artículo 4, letra c), del Reglamento no 968/2006, entre las cuales están las instalaciones de envasado, que hayan quedado inutilizadas o que deban ser desmanteladas o eliminadas por razones de índole medioambiental, por lo que las instalaciones no relacionadas con la producción de azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina, y que no hayan quedado inutilizadas, sino que se usen para otras actividades, como en el presente asunto, la de packaging y que no estén sujetas a la obligación de eliminación por razones medioambientales, pueden ser mantenidas por no estar sujetas a la obligación de desmantelamiento prevista en los citados Reglamentos comunitarios?

(1) DO L 58, p. 42.

(2) DO L 176, p. 32.
1)

¿Se oponen los artículos 49 TFUE, 3 del Tratado UE, 3, 4, 5 y 6 del [Tratado UE], 101 TFUE y 102 TFUE, así como los Reglamentos (CEE) no 2454/1992 (1) y (CE) no 12/1998, (2) a la aplicación de los artículos 3, apartado 3, y 11 de la Ley no 21 de 1992, en la parte en que disponen respectivamente que «3. El domicilio social del transportista y la cochera sólo podrán estar situados en el término municipal del ayuntamiento que haya expedido la autorización» y que «[…] La contratación del servicio de alquiler de vehículos con conductor se efectuará en las respectivas cocheras. El inicio y la finalización de cada servicio de alquiler de vehículos con conductor deberán tener lugar en la cochera situada en el municipio que haya concedido la autorización, regresando a la misma, mientras que la recogida y la llegada al destino del usuario también podrán efectuarse en el término de otros municipios. […]»?.
—

Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva IPPC), (1) al no haber concedido permisos con arreglo a los artículos 6 y 8, no haber revisado y, en caso necesario, actualizado los permisos existentes, y no haberse asegurado de que todas las instalaciones existentes cumplieran los requisitos de los artículos 3, 7, 9, 10 y 13, así como del artículo 14, letras a) y b), y del artículo 15, apartado 2, de dicha Directiva.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 174/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance de Bruxelles (Bélgica) el 29 de marzo de 2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d'Intervention et de restitution belge (BIRB)

(Asunto C-154/12)

2012/C 174/27

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken

Demandada: Bureau d'Intervention et de restitution belge (BIRB)

Cuestión prejudicial

¿Es nulo el artículo 16 del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, (1) actualmente artículo 51 del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, (2) que grava al sector de la remolacha azucarera con un canon de 12 EUR por tonelada de azúcar de cuota:

— en la medida en que la base legal utilizada por el legislador para introducir esta disposición es el antiguo artículo 37 CE, apartado 2, párrafo tercero (actualmente artículo 43 TFUE, apartado 2);

— en la medida en que, según se alega, el legislador, que justificó este canon como medida destinada a financiar los gastos de la OCM en el sector del azúcar cuando en realidad financia las ayudas directas y/o tiene por objeto mantener la neutralidad presupuestaria de la reforma del sector del azúcar llevada a cabo en 2006, no expone de forma clara e inequívoca los motivos que justifican el establecimiento de dicho canon conforme exige el artículo 296 TFUE (anteriormente artículo 253 CE);

— en la medida en que, según se alega, al ser el de la remolacha azucarera el único sector al que se ha impuesto este canon que contribuye a los presupuestos generales de la UE, dicho canon debe considerarse discriminatorio, tanto entre los agricultores que han mantenido su producción de remolacha y aquellos que la han interrumpido como entre el sector de la remolacha azucarera y cualquier otro sector, agrícola o no;

— en la medida en que, según se alega, debe considerarse que dicho canon vulnera el principio de proporcionalidad, por no resultar adecuado ni necesario para financiar los gastos de la OCM en el sector del azúcar ni proporcionado a los gastos reales y a las previsiones de gasto de la OCM en el sector del «azúcar»?

(1) DO L 58, p. 1.

(2) DO L 299, p. 1.
Mediante el segundo motivo la recurrente alega que la sentencia recurrida adolece de un error de procedimiento en la medida en que el Tribunal General no llevó a cabo consideraciones propias respecto a un motivo esencial de recurso, limitándose a remitirse en bloque a las observaciones de la Comisión. Se trata de la apreciación errónea de la Comisión, conforme a la cual las deficiencias de las que (presumiblemente) adolecían las condiciones de licitación del Land no ejercieron ninguna influencia sobre la magnitud de las ofertas presentadas. Añade que, al asumir sin más esta apreciación jurídica errónea, el propio Tribunal General ha infringido el Derecho de la Unión. Alega que el tribunal General ha hecho caso omiso de que las erróneas condiciones de licitación pudieron dar lugar a que los licitadores presentaran ofertas mayores a las que habrían presentado en caso de que la licitación no hubiera estrado sometida a condición alguna. Al parecer, en la privatización del Bank Burgenland el consorcio excluido hizo una oferta de compra por un precio excesivo para compensar las deficiencias cualitativas de su oferta (en concreto, el peligro de que el Land tuviera que hacer efectiva su garantía en caso de venta al consorcio). Si el Tribunal General considera inadmisible, por ser constitutivo de ayuda de Estrado, el criterio cualitativo de «exención de la garantía», no debería considerar al mismo tempo que la oferta del consorcio constituía un buen valor aproximativo para el precio de mercado (sin ayudas) del Bank Burgenland.
3)

En caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión o negativamente a la segunda cuestión: a) ¿Se considera que no existe uso de una marca registrada (marca 1) en el sentido del artículo 10, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE aa) cuando el titular de la marca utiliza un signo bajo una forma que difiere del registro de la marca (marca 1) y de otra marca (marca 2) del titular tan sólo en elementos que no alteran el carácter distintivo de las marcas (marca 1 y marca 2); bb) cuando el titular de la marca utiliza dos formas de signos que no se corresponden con la marca registrada (marca 1), pero una forma del signo utilizada (forma 1) coincide con otra marca registrada (marca 2) del titular y la segunda forma del signo utilizada por el titular (forma 2) difiere en ciertos elementos de ambas marcas registradas (marca 1 y marca 2) sin que tales divergencias alteren el carácter distintivo de las marcas, y cuando dicha forma del signo (forma 2) presenta la mayor semejanza con la otra marca (marca 2) del titular? b) ¿Puede un órgano jurisdiccional de un Estado miembro aplicar una norma nacional (en este caso el artículo 26, apartado 3, segunda frase, de la Ley alemana sobre protección de marcas y otros signos) contraria a una disposición de una Directiva [en este caso el artículo 10, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE] en asuntos cuyos hechos concluyeron antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara una sentencia de la que se infieren por primera vez indicios de la incompatibilidad de la norma del Estado miembro con la disposición de la Directiva [en este caso la sentencia de 13 de septiembre de 2007, II Ponte Finanziaria/OAMI (BAINBRIDGE), C-234/06 P, Rec. p. I-7333] si el órgano jurisdiccional nacional atribuye más valor a la confianza de una de las partes en el procedimiento judicial en la validez jurídica de su posición constitucionalmente garantizada que al interés en la transposición de una disposición de la Directiva?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 65/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) el 19 de diciembre de 2011 — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs/Paul Newey que actúa como Ocean Finance

(Asunto C-653/11)

2012/C 65/13

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

Recurrida: Paul Newey que actúa como Ocean Finance

Cuestiones prejudiciales

1) En circunstancias como las del presente asunto, ¿qué importancia debe atribuir un órgano jurisdiccional nacional a los contratos a la hora de determinar quién efectuó una prestación de servicios a efectos del IVA? En particular, ¿es decisiva la posición contractual a la hora de determinar la posición en la prestación a efectos de IVA?

2) En circunstancias como las del presente asunto, si la posición contractual no es decisiva, ¿en qué circunstancias debe el órgano jurisdiccional nacional obviar tal posición contractual?

3) En particular, en circunstancias como las del presente asunto, ¿en qué medida es pertinente: a) que la persona que efectúe el suministro en el marco de un contrato esté sujeta al control global de otra persona? b) que los conocimientos empresariales, relaciones comerciales y experiencia sean atribuibles a una persona distinta de aquella que celebra el contrato? c) que la totalidad o gran parte de los elementos decisivos de la prestación sean realizados por una persona distinta de aquella que celebra el contrato? d) que el riesgo comercial de pérdidas financieras y de reputación que se deriva de la prestación recaiga en una persona distinta de la que celebra el contrato? e) que la persona que efectúa la prestación en el marco de un contrato, subcontrate elementos decisivos necesarios para esa prestación a una persona a cuyo control esté sujeta y tales subcontratos carezcan de determinadas características comerciales?

4) En circunstancias como las del presente asunto, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional apartarse del análisis contractual?

5) Si la respuesta a la cuarta cuestión es negativa ¿constituye una ventaja fiscal la consecuencia fiscal derivada de mecanismos como los existentes en el presente asunto cuya concesión resulta contraria al objetivo perseguido por la Sexta Directiva, (1) en el sentido de los apartados 74 a 86 de la sentencia de 21 de febrero de 2006, Halifax y otros (C-255/02)?

6) Si la respuesta a la quinta cuestión es afirmativa, ¿cómo deben calificarse mecanismos como los existentes en el presente asunto?

(1) Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).