Palabras clave

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Palabras clave

1 Actos de las Instituciones - Aplicación en el tiempo - Normas de procedimiento - Aplicación a los litigios pendientes en el momento de su entrada en vigor

2 Recursos propios de las Comunidades Europeas - Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación - Sometimiento del asunto a la Comisión - Alcance de la facultad decisoria de la Comisión

[Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, arts. 871 y 873]

3 Origen de las mercancías - Regímenes arancelarios preferenciales - Control a posteriori del origen de los productos - Imposibilidad de determinar el origen - Consecuencias

[Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 871]

4 Recursos propios de las Comunidades Europeas - Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación - Requisitos para abstenerse de efectuar la recaudación, enunciados en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 1697/79 - «Error de las mismas autoridades competentes» - Concepto

[Reglamento (CEE) nº 1697/79 del Consejo, art. 5. ap. 2]

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5 En general, se considera que las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor, a diferencia de las normas sustantivas, que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor.

6 Los artículos 871 y 873 del Reglamento nº 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, confieren a la Comisión una facultad decisoria, especialmente cuando las autoridades competentes consideran que se reúnen los requisitos para no recaudar a posteriori los derechos de aduana. Dicha facultad decisoria tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. Ahora bien, el mecanismo de remisión a la Comisión quedaría privado de sentido si dicha Institución estuviera vinculada al criterio mantenido por las autoridades aduaneras en la solicitud que le dirijan. Por lo tanto, la mencionada facultad decisoria en modo alguno permite que la Comisión vulnere el derecho del sujeto pasivo a que no se proceda a la recaudación a posteriori de los derechos de aduana cuando, al término de su examen, dicha Institución llegue a la conclusión de que se reúnen los requisitos para que la empresa se beneficie de la no recaudación.

7 Cuando un control a posteriori no permite confirmar el origen de la mercancía que se indica en el certificado EUR.1, procede llegar a la conclusión de que es de origen desconocido y de que, por consiguiente, se concedieron indebidamente el certificado EUR.1 y el arancel preferencial.

De lo anterior se deduce que la Comisión, al conocer de una solicitud destinada a que se determine si las autoridades aduaneras de un Estado miembro están obligadas a efectuar la recaudación a posteriori de los derechos de importación, puede considerar que el expediente que se le ha transmitido está completo y que no hay razón alguna para que efectúe solicitudes de información complementaria, cuando las autoridades del Estado de exportación hayan informado a las del Estado de importación de la incapacidad en la que se encontraba el exportador de demostrar que los productos de que se trata eran originarios de ese territorio y cuando ni las autoridades del Estado de importación ni los importadores hayan cuestionado la conclusión de que tales productos eran de origen desconocido.

8 En virtud del propio texto del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento nº 1697/79, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación, la confianza legítima del sujeto pasivo tan sólo es digna de la protección que contempla dicho artículo cuando sean las «mismas» autoridades competentes las que hayan dado base a la confianza del sujeto pasivo. De este modo, únicamente aquellos errores que sean imputables a una conducta activa de las autoridades competentes le darán derecho a que no se efectúe la recaudación a posteriori de los derechos de aduana. No puede considerarse que se dé este requisito cuando se induce a las autoridades competentes a error -particularmente sobre el origen de la mercancía- mediante declaraciones inexactas del exportador cuya validez no tengan por qué examinar o comprobar. Además, el sujeto pasivo no puede basar su confianza legítima en cuanto a la validez de los certificados EUR.1 en el hecho de su aceptación inicial por las autoridades aduaneras de un Estado miembro, habida cuenta de que la misión de tales servicios en el marco de la primera aceptación de las declaraciones no supone obstáculo alguno para el ejercicio de controles ulteriores.