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Asunto 214/83

República Federal de Alemania

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Normas comunitarias para las ayudas a la siderurgia»

Sumario de la sentencia

(Decisión General no 2320/81, art. 8)

(Decisión General no 2320/81, art. 8)

(Decisión General no 2320/81)

Aunque la Decisión General no 2320/81, por la que se establecen normas comunitarias para las ayudas a la siderurgia, establezca un vínculo entre la reestructuración de la industria siderúrgica y la concesión de ayudas, ni de sus disposiciones ni de su exposición de motivos se deduce que se haya establecido o pretendido establecer una relación cuantitativa precisa entre el importe de las ayudas y el volumen de capacidad de producción que debe eliminarse. En concreto, esta Decisión no contiene ningún elemento que indique que la reducción de capacidad impuesta por la Comisión debe guardar una relación fija, en todos los Estados miembros, con el importe global de las ayudas concedidas. En efecto, los factores que pueden influir sobre los importes exactos de las ayudas que puedan autorizarse no sólo consisten en el número de toneladas de capacidad de producción que deban eliminarse, sino que también comprenden otros elementos, que varían de una región de la Comunidad a otra, tales como el esfuerzo de reestructuración realizado antes de 1980, los problemas regionales y sociales provocados por la crisis de la industria siderúrgica, la evolución técnica y la adaptación de las empresas a las exigencias del mercado.

El plazo de notificación de los proyectos de ayuda fijado por el apartado 1 del artículo 8 de la Decisión General no 2320/81 constituye un plazo de caducidad en el sentido de que impide la aprobación de cualquier proyecto de ayuda notificado fuera de plazo. De ello se deduce que la Comisión no tenía derecho a autorizar ayudas si los proyectos dirigidos a establecerlas o modificarlas no le habían sido notificados a más tardar el 30 de septiembre de 1982.
Asunto 134/83

Proceso penal

contra

J.G. Abbink

Petición de decisión prejudicial planteada por el Arrondissementsrechtbank te Arnhem

«Importación temporal de vehículos de motor — Franquicia del derecho de importación»

Sumario de la sentencia

Libre circulación de mercancías — Normativa nacional que prohibe a los residentes la utilización de vehículos en régimen de importación temporal — Falta de excepción para la utilización sin ánimo defraude - Compatibilidad con el Tratado — Período considerado

(Directiva 83/182 del Consejo)

Las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías no impiden que una normativa nacional imponga a los residentes en el territorio de un Estado miembro la prohibición, bajo sanción penal, de utilizar vehículos de motor que disfrutan de un régimen de importación temporal y que, por lo tanto, están exentos del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido, aun cuando dicha normativa no establezca ninguna excepción para los casos en que estos vehículos no se utilizan con la intención de eludir el impuesto.

Esta afirmación se refiere al período que concluyó con la entrada en vigor de la Directiva 83/182, que regula la materia a partir de entonces.
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En apoyo de su recurso la demandante invoca varios argumentos: 1) La Decisión de la Comisión infringe el artículo 190 del Tratado; está insuficientemente motivada debido a que los diferentes argumentos y hechos expuestos por la demandante no han sido examinados y a que la Comisión no ha indicado por qué razón no había aceptado los argumentos y los elementos de prueba aportados por la demandante. 2) La Comisión ha ignorado el mercado de referencia y, si hubiese considerado el mercado apropiado, debería haber comprobado que era ínfima la cuota de mercado que tenía la demandante de modo que, aunque se verificara el comportamiento que se le critica, éste no podría afectar al comercio entre los Estados miembros en el sentido del artículo 85 del Tratado. 3) La demandante no ha participado nunca en una práctica concertada que tenga por objeto impedir, restringir o desalentar la exportación de los productos Hasselblad entre los Estados miembros de la Comunidad. 4) El contrato de distribución en exclusiva celebrado entre Victor Hasselblad y la demandante no constituye una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. 5) El sistema de distribución selectiva practicado por la demandante no constituye una infracción del apartado 1 del artículo 85. 6) En cualquier caso, la Comisión no podía aplicar una multa por un comportamiento conforme al contrato de distribución selectiva notificado a la Comisión antes de que ésta hubiese denegado formalmente la exención en virtud del apartado 3 del artículo 85 del Tratado. Finalmente, es injustificada la cuantía de la multa.
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En lo que respecta a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial, se consiguió cierta armonización mediante la Directiva 77/94/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos alimenticios destinados a una alimentación especial (DO 1977, L 26, p. 55; EE 13/07, p. 3). El artículo 7 de esta Directiva obliga a los Estados miembros a adoptar todas las disposiciones necesarias para que el comercio de dichos productos no pueda resultar obstaculizado por la aplicación de las disposiciones nacionales no armonizadas que regulan la composición, las características de fabricación, el envasado o el etiquetado de los productos alimenticios, sin perjuicio, no obstante, de las disposiciones justificadas, entre otras, por razones de protección de la salud pública.
Si bien, con arreglo al Reglamento n° 1153/75, las autoridades del Estado miembro de importación tienen derecho a comprobar que todo transporte de vino a granel procedente de otro Estado miembro presentado en la frontera está acompañado efectivamente porun certificado VA 1 debidamente cumplimentado, expedido por los servicios competentes del Estado miembro de exportación, el mismo Reglamento dispone que la exigencia de documentos adjuntos no debe traducirse en un obstáculo a los intercambios o a la comercialización de los productos del sector. De ello se sigue que únicamente los errores o irregularidades de un documento que tengan carácter sustancial o que por consiguiente puedan hacerlo inepto para cumplir con su función de proporcionar, en forma de documento oficial, la información necesaria sobre la naturaleza del producto pueden justificai objeciones contra dicho documento y, por consiguiente, obstáculos a las importaciones.

Una «sospecha fundada», en el sentido del artículo 3 del Reglamento n° 359/79, de que el vino importado de otro Estado miembro no se ajusta a las disposiciones vitivinícolas y que permite pedir un estudio en profundidad de la transmisión de los documentos probatorios y justificantes, debe basarse en indicios concretos relativos a un transporte individual. No puede deducirse una sospecha generalizada contra todas las importaciones de vino.de algunas irregularidades o infracciones comprobadas anteriormente en casos individuales. Los simples errores de forma en los documentos adjuntos no pueden justificar en ningún caso una sospecha fundada.
Asunto 32/82

Procesos penales

contra

Petrus Suys y otros

Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg de Gante

«Transportes por carretera — Tarifas de cuantía variable»

Sumario de la sentencia

Transportes — Transportes por carretera — Tarifas de transporte — Tarifas de cuantía variable — Fijación en ¡as monedas de los respectivos Estados miembros — Variaciones del tipo de cambio — Obligación de los Estados miembros de readaptar los intervalos de variación — Alcance — Facultad de apreciación de los Estados miembros bajo el control de los órganos jurisdiccionales nacionales

(Tratado CEE, art. 177; Reglamento n° 1174/68 del Consejo)

Cuando, en el marco de un sistema de tarifas de cuantía variable como el establecido por el Reglamento n° 1174/68, las tarifas de transporte se fijan de mutuo acuerdo entre los dos Estados miembros directamente interesados en una relación de transporte determinada simultáneamente en las respectivas monedas nacionales, dichos Estados tienen la obligación, en caso de modificación de los tipos de cambio entre sus monedas, de tratar de conseguir una adaptación de las tarifas con arreglo al procedimiento previsto al efecto, siempre que el cambio de paridad afecte a las relaciones de competencia entre los transportistas de manera contraria al objetivo perseguido por el Reglamento.

No obstante, el alcance de esta obligación debe entenderse en el sentido de que, en un régimen de tipos de cambio flotantes, la adaptación de los intervalos de variación a las fluctuaciones de los tipos de cambio no puede ser automática. Dado que la consideración de las variaciones frecuentes y por lo general de escasa magnitud que caracterizan a dicho régimen es incompatible con una mínima estabilidad de las tarifas de transporte, procede reconocer a los Estados miembros un adecuado margen de apreciación en la ejecución de la obligación de readaptación que les impone el Reglamento n° 1174/68, en el sentido de que dicha readaptación sólo debe llevarse a cabo en caso de sensible perjuicio a las condiciones de competencia.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si, sin perjuicio de dicho margen de apreciación, el respectivo Estado miembro ha cumplido la obligación de adaptar las tarifas de transporte a las fluctuaciones del tipo de cambio y, en su caso, deducir las consecuencias pertinentes en relación con los procesos penales de que conoce.
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Con arreglo al Decreto-ley no 58, de 4 de marzo de 1977 (GURI no 70, de 14 de marzo de 1977), transformado en Ley no 183, de 9 de mayo de 1977 (GURI no 129, de 13 de mayo de 1977), y modificado por Decreto-ley no 697, de 1 de octubre de 1982 (GURI no 273, de 4 de octubre de 1982), todos los aguardientes están sujetos a los tipos incrementados. No obstante, se hace una distinción entre ellos, en el sentido de que la ginebra, así como los aguardientes con denominación de origen o de procedencia regulada o protegida por medidas específicas en el territorio en que se producen, están gravados al 35 %, actualmente 38 %, mientras que los demás aguardientes están gravados al 18 %, actualmente 20 %.
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De la resolución de remisión se desprende que Felicitas Rickmers-Linie KG & Co. fue gravada con el impuesto sobre las aportaciones por cuanto está comprendida dentro de la categoría de las sociedades a las que se refiere el n° 3 del párrafo segundo del artículo 5 de la Kapitalverkehrsteuergesetz a causa de la entrada de una sociedad anónima como socio personalmente responsable en la sociedad en comandita que, por su parte, es socio personalmente responsable de Felicitas Rickmers-Linie KG & Co. Esta operación fue considerada, conforme a la jurisprudencia alemana sobre esta materia, como una adquisición de participaciones sociales en una sociedad de capital por los socios comanditarios de Felicitas Rickmers-Linie KG & Co. y, por tanto, como una operación sujeta al impuesto sobre aportaciones en virtud de las disposiciones de la Kapitalverkehrsteuergesetz.
El Derecho comunitario no restringe, en su actual fase de evolución, la libertad de cada Estado miembro para establecer un sistema impositivo diferenciado para determinados productos, en función de criterios objetivos. Estas diferenciaciones son compatibles con el Derecho comunitario si persiguen objetivos de política económica compatibles también con las exigencias del Tratado y del Derecho derivado y si sus modalidades pueden evitar cualquier forma de discriminación, directa o indirecta, respecto a las importaciones procedentes de otros Estados miembros o de protección de los productos nacionales en competencia.

En la medida en que existan entre dos aguardientes rasgos comunes lo bastante acusados como para admitir la existencia de una relación de competencia al menos parcial o potencial, su tributación respectiva no debe tener un efecto protector de la producción nacional. A tal efecto, es importante tomar en consideración, dejando de lado la comparación de las estadísticas de consumo y de importación, el mercado potencial de los productos de que se trata cuando no existen medidas proteccionistas.

Por lo que respecta a productos que son similares o se encuentran en una relación de competencia que hace que estén incluidos en el ámbito de aplicación del párrafo segundo del artículo 95 del Tratado, no se puede considerar compatible con la prohibición de discriminación contenida en dicha disposición un criterio de imposición incrementada, como la denominación de origen o de procedencia que, por definición, no puede aplicarse en ningún caso a los productos nacionales, dado que no existe una normativa que proteja la denominación de origen o de procedencia de los productos nacionales.

Este sistema produce el efecto de excluir de entrada a estos últimos del sistema de tributación más oneroso, ya que nunca cumplirán los requisitos de dicha imposición incrementada y ya que depende únicamente de la voluntad del legislador nacional el prolongar indefinidamente esta situación, absteniéndose de instaurar un régimen general aplicable a todos los productos de que se trata, sean cuales fueren, por otra parte, las similitudes o divergencias en las condiciones de producción, calidad, precio y competencia entre productos nacionales y productos importados de los demás Estados miembros.
La obligación de plantear las cuestiones de interpretación del Tratado y de los actos adoptados por las Instituciones de la Comunidad al Tribunal de Justicia, que el párrafo tercero del artículo 177 impone a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, se inserta en el marco de la colaboración, instituida con el fin de garantizar la correcta aplicación y la interpretación uniforme del Derecho comunitario en el conjunto de los Estados miembros, entre los órganos jurisdiccionales nacionales, en su calidad de Jueces competentes para la aplicación del Derecho comunitario, y el Tribunal de Justicia. La disposición antes citada trata, más en particular, de evitar que se establezcan divergencias de jurisprudencia en el interior de la Comunidad acerca de cuestiones de Derecho comunitario. El alcance de dicha obligación debe ser apreciado, por tanto, a la luz de esos fines, en función de las respectivas competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales y del Tribunal de Justicia.

El artículo 177 del Tratado no constituye un medio de impugnación ofrecido a las partes en un litigio pendiente ante un Juez nacional. No basta, pues, que una parte mantenga que el litigio suscita una cuestión de interpretación del Derecho comunitario, para que el órgano jurisdiccional que conoce del mismo esté obligado a estimar que existe una cuestión en el sentido de dicho artículo. Sin embargo, a dicho órgano le corresponde plantear la cuestión, en su caso, de oficio, ante el Tribunal de Justicia.

De la conexión entre los párrafos segundo y tercero del artículo 177 del Tratado se desprende que los órganos jurisdiccionales a que se refiere el párrafo tercero disponen de la misma facultad de apreciación que cualesquiera otros órganos jurisdiccionales nacionales acerca de si es necesaria una decisión sobre una cuestión de Derecho comunitario para poder emitir su fallo. Aquellos órganos jurisdiccionales no están obligados, por tanto, a remitir una cuestión de interpretación de Derecho comunitario suscitada ante ellos si la cuestión no es pertinente, es decir, en los supuestos en los que la respuesta a dicha cuestión, cualquiera que fuera, no podría tener incidencia alguna en la solución del litigio. Por el contrario, si dichos órganos estiman que es necesario acudir al Derecho comunitario para llegar a la solución de un litigio del que están conociendo, el artículo 177 les impone la obligación de someter al Tribunal de Justicia toda cuestión de interpretación que se suscite.
El saneamiento del mercado siderúrgico que se pretende obtener al establecer un régimen de cuotas de producción con arreglo al artículo 58 del Tratado CECA debe permitir mantener o restablecer, a largo plazo, la rentabilidad de las empresas y conservar así, en la medida de lo posible, los empleos que dependen de ellas. Sin embargo esta disposición no impone en absoluto a la Comisión la obligación de garantizar a cada empresa individual un mínimo de producción en función de sus propios criterios de rentabilidad y de desarrollo. La finalidad del artículo 58 es hacer repercutir de la manera más equitativa posible, sobre el conjunto de las empresas, las reducciones que exige la coyuntura económica, y no asegurar a las empresas una actividad mínima proporcional a su capacidad.

No se puede llegar a la conclusión de que la Comisión está obligada, en el marco de las medidas previstas en el artículo 58 del Tratado CECA, a tomar en cuenta las distorsiones de la competencia que provoque en el mercado siderúrgico la concesión de ayudas eventualmente incompatibles con el Tratado. Este artículo pretende que la Comunidad pueda hacer frente a las situaciones de crisis grave causadas por una contracción de la demanda. Su puesta en práctica requiere, por su propia naturaleza, una acción rápida, basada — así lo exigen las circunstancias- en criterios relativamente simples. Una acción de este tipo es incompatible con latoma en consideración de datos tales como las ayudas públicas, cuya valoración exige investigaciones particularmente complejas. Aunque no se debe excluir de antemano que, al fijar las cuotas de producción, la Comisión pueda tener en cuenta las situaciones contrarias a la letra c) del artículo 4 del Tratado y a las normas establecidas por sus Decisiones en este campo, debidamente adoptadas mediante los procedimientos previstos para ello, del mismo modo que tiene en cuenta sus acciones de vigilancia en materia de inversiones, no es posible, sin embargo, llegar hasta el punto de exigir que las medidas anticrisis del artículo 58 se utilicen para corregir el efecto de las ayudas ilícitas otorgadas por los Estados miembros.
Una normativa que imponga a los empresarios una carga social por sus trabajadores que no se corresponda con ninguna ventaja social para dichos trabajadores no puede razonablemente considerarse justificada por razones de interés general relacionadas con la protección social de los trabajadores.

El Derecho comunitario no se opone a que los Estados miembros hagan extensiva la aplicación de sus legislaciones o de los convenios colectivos laborales celebrados por los interlocutores sociales en materia de salarios mínimos a toda persona que realice un trabajo por cuenta ajena, aunque sea de carácter temporal, en su territorio, con independencia de cuál sea el país de establecimiento del empresario, al igual que el Derecho comunitario tampoco prohibe a los Estados miembros hacer cumplir dichas normas por todos los medios adecuados al efecto. No obstante, no cabe calificar de medio adecuado una normativa o práctica que impone con carácter general una carga social o parasocial, que restringe la libre prestación de servicios, a todos los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro que empleen a trabajadores nacionales de países terceros, con independencia de que hayan cumplido o no la normativa en materia de salario social mínimo del Estado miembro en que se realiza la prestación, habida cuenta de que una medida general de este tipo no contribuye, por su naturaleza, a asegurar el cumplimiento de dicha normativa ni a beneficiar en modo alguno a la mano de obra de que se trata.
Un sistema de licencias como el establecido, en relación con los pescadores españoles, por el Reglamento n° 746/77 es simplemente un medio necesario para garantizar la eficacia del sistema de cuotas de captura fijado por la Comunidad mediante el Reglamento n° 373/77, quedando claro que el control de la captura de los buques de pesca de los países terceros no puede realizarse en los puertos costeros adyacentes, ya que dichos buques normalmente regresan a sus puertos de origen para descargar sus capturas. Por lo tanto, el establecimiento de semejante sistema de licencias no perjudicaba per se a los pescadores españoles en relación con los pescadores comuni- c tarios, a los cuales también se aplicaban cuotas de captura.
1

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de septiembre de 1979, la Comisión interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que el Reino de Bélgica, «al exigir o al permitir que se exija la posesión de la nacionalidad belga como requisito de contratación en empleos no contemplados en el apartado 4 del artículo 48 del Tratado CEE, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 48 del Tratado y del Reglamento (CEE) no 1612/68 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad» (DO 1968, L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).
20

No es preciso examinar el fundamento de uno u otro supuesto ni determinar cuál era el régimen aplicable a las zonas de pesca situadas entre 12 y 200 millas antes de la entrada en vigor de la normativa comunitaria. Si bien es competencia del Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la validez de los actos adoptados por las Instituciones de la Comunidad cuando se cuestiona dicha validez, el examen de la validez de los Reglamentos no 341/78 y no 1369/78, de los que se trata en este caso, no exige que se aprecie la situación anterior a la entrada en vigor las medidas comunitarias de conservación y gestión de los recursos pesqueros.
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El Reglamento n° 1408/71 regula los problemas inherentes a las prestaciones de invalidez en el Capítulo 2 de su Título HI, mientras que la materia relativa a las prestaciones de enfermedad y de maternidad constituye el objeto de las disposiciones del Capítulo 1 del mismo Título. Sin embargo, las disposiciones del Capítulo 2 del Título III no consideran como prestaciones concedidas por la «invalidez» más que las prestaciones «en metálico», con exclusión de las prestaciones «en especie». Los problemas inherentes a las prestaciones es especie son objeto, por el contrario, de las disposiciones del Capítulo 1 del mismo Título. Estas disposiciones, que se refieren al propio tiempo a las prestaciones en especie y a las prestaciones en metálico, incluyen entre las prestaciones en especie servidas por «enfermedad y maternidad», según resulta, en particular, del artículo 22, a las prestaciones que tienen carácter de atenciones sanitarias y se extienden por ello igualmente a las prestaciones médicas o quirúrgicas.