ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)

de 15 de febrero de 2007

Asuntos F‑142/06 y F‑142/06 AJ

Francesco Bligny

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Concurso general — Requisitos de admisión — No admisión a la corrección de las pruebas escritas — Impreso de candidatura incompleto — Prueba de la nacionalidad — Justicia gratuita»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, por el que el Sr. Bligny solicita, en particular, la anulación de las decisiones del tribunal calificador del concurso-oposición EPSO/AD/26/05, de 23 de noviembre y 7 de diciembre de 2006, por las que se denegó al demandante la corrección de su ejercicio escrito al no haber adjuntado a su impreso de candidatura ningún documento acreditativo de su nacionalidad. Además, el Sr. Bligny pide que se le conceda el beneficio de justicia gratuita en relación con los asuntos F‑142/06 y F‑142/06 R, con arreglo al artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, aplicable mutatis mutandis al Tribunal de la Función Pública, en virtud del artículo 3, apartado 4, de la Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (DO L 333, p. 7), hasta que entre en vigor el Reglamento de Procedimiento de éste.

Resultado: Se desestima el recurso por ser manifiestamente infundado. Se desestima la solicitud del beneficio de justicia gratuita. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Concurso — Requisitos de admisión — Fijación por la convocatoria de concurso

(Estatuto de los Funcionarios, anexo III, arts. 2 y 5)

El tribunal calificador del concurso está vinculado por el tenor de la convocatoria del concurso. Por lo tanto, es manifiestamente infundada la solicitud de que se anule su decisión de excluir a un candidato que no haya presentado, dentro del plazo señalado, un documento acreditativo de su nacionalidad, a pesar del tenor claro de la convocatoria del concurso en cuanto a la necesidad de adjuntarlo a su impreso de candidatura, so pena de nulidad. Esta conclusión no puede ser desvirtuada alegando que la Administración debe facilitar a los candidatos toda la información necesaria a través de su expediente electrónico de candidatura, alegación que no viene respaldada por ningún texto jurídico, sin que resulte necesario que éstos consulten la convocatoria del concurso, puesto que los candidatos están, del mismo modo que el tribunal calificador, vinculados por dicha convocatoria del concurso.

(véanse los apartados 26 a 31 y 33)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 3 de abril de 2001, Zaur-Gora y Dubigh/Comisión (T‑95/00 y T‑96/00, RecFP pp. I‑A‑79 y II‑379), apartado 47; 13 de marzo de 2002, Bal/Comisión (T‑139/00, RecFP pp. I‑A‑33 y II‑139), apartado 35

Tribunal de la Función Pública: 11

de julio de 2006, Tas/Comisión (F‑12/05, RecFP pp. I‑A‑1‑79 y

II‑A‑1‑285), apartado 43
AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)

de 16 de abril de 2007

Asunto F‑82/05

Michel Thierry

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Promoción — No inclusión en la lista de los funcionarios promovidos — Ejercicio de promoción 2004 — Puntos de prioridad — Mérito — Antigüedad — Admisibilidad»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, mediante el que el Sr. Thierry solicita, con carácter principal, la anulación de la lista de funcionarios promovidos en el ejercicio de promoción de 2004 (publicada en las Informaciones Administrativas nº 130‑2004, de 30 de noviembre de 2004), en la medida en que su nombre no figura en dicha lista.

Resultado: Se desestima el recurso, en parte por ser manifiestamente inadmisible y en parte por ser manifiestamente infundado. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Interés en ejercitar la acción

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

Un funcionario no está legitimado para actuar en interés de la ley o de las instituciones y no puede alegar, en apoyo de un recurso de anulación, más que aquellas imputaciones que le afecten personalmente. En consecuencia, es manifiestamente inadmisible un recurso interpuesto por un funcionario y dirigido a obtener la anulación de la lista de funcionarios promovidos al grado superior en un ejercicio de promoción, en la medida en que dicha lista no contiene el nombre del demandante, cuando éste no ha revelado cual es su interés personal en interponer el recurso, limitándose a invocar la ilegalidad de determinadas categorías de puntos de promoción, sin aportar no obstante, en sus escritos, ningún dato concreto sobre su situación personal respecto al ejercicio de promoción en cuestión, tales como, en particular, el número de puntos de promoción de las referidas categorías que ha recibido. Tal consideración no se desvirtúa por el hecho de que el número de dichos puntos de promoción resulte de un documento anexo al escrito de contestación a la demanda, dado que incumbe al demandante determinar, en sus escritos, su interés en ejercitar la acción y, en su caso, remitirse a los datos correspondientes presentados en anexo.

(véanse los apartados 30 y 33)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 30 de junio de 1983, Schloh/Consejo (85/82, Rec. p. 2105), apartado 14

Tribunal de Primera Instancia: 22 de noviembre de 2006, Sánchez Férriz/Comisión (T‑436/04, RecFP pp. I‑A‑2‑277 y II‑A‑2‑1423), apartado 35; 23 de noviembre de 2006, Lavagnoli/Comisión (T‑422/04, aún no publicada en la Recopilación), apartado 31
Del artículo 85 del Estatuto resulta que, para que una cantidad pagada sin justificación pueda devolverse, es necesario acreditar bien que el beneficiario tenía conocimiento efectivo del carácter irregular del pago, bien que la irregularidad era tan evidente que el beneficiario no hubiere podido dejar de advertirla.

La expresión «tan evidente», que caracteriza la irregularidad del pago, que figura en el artículo 85 del Estatuto, no significa que el funcionario que se beneficia de pagos indebidos quede dispensado de todo esfuerzo de reflexión o de comprobación, sino que significa que la devolución procederá cuando se trate de un error que no pueda pasarle desapercibido a un funcionario normalmente diligente del que se presume que conoce las normas que regulan sus retribuciones.

El artículo 85 del Estatuto debe interpretarse en el sentido de que no se trata de saber si el error era evidente o no para la administración, sino para el interesado. En efecto, la situación de una administración encargada de garantizar el pago de miles de salarios y complementos diversos no puede compararse con la del funcionario que tiene un interés personal en comprobar los pagos que se le abonan mensualmente. Por lo tanto, el hecho de que la administración no haya suspendido el pago de las asignaciones por escolaridad no puede modificar la conclusión según la cual el funcionario de que se trata tenía conocimiento de esta omisión o podía haber tenido conocimiento de ella y no puede invocar su buena fe para liberarse de la obligación de devolver una asignación indebidamente percibida.

(véanse los apartados 50 y 56 a 58)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: sentencias de 10 de febrero de 1994, White/Comisión, T‑107/92, EU:T:1994:17, apartados 32, 33, 38 y 50; de 27 febrero de 1996, Galtieri/Parlamento, T‑235/94, EU:T:1996:22, apartado 49; de 17 de enero de 2001, Kraus/Comisión, T‑14/99, EU:T:2001:10, apartados 36 a 38, y de 5 de noviembre de 2002, Ronsse/Comisión, T‑205/01, EU:T:2002:269, apartados 45 y 46

Tribunal General: sentencia de 27 de enero de 2016, DF/Comisión, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, apartados 25 y 26

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 9 de septiembre de 2008, Ritto/Comisión, F‑18/08, EU:F:2008:110, apartado 40
El Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en anexo a la Directiva 1999/70 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, no afecta a las condiciones de resolución de los contratos de duración determinada o indeterminada, sino a las condiciones de utilización de tales contratos, con arreglo a su cláusula 1, letra b). En particular, la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco, según la cual, a efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, los Estados miembros deberán incluir, de forma que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de trabajadores, una o varias medidas, entre ellas las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales, no puede ser directamente invocada contra una decisión de resolución de un contrato de duración determinada, decisión que no tiene por objeto ni por efecto renovar el compromiso del interesado y, por lo tanto, no puede ser, en sí misma, contraria a las disposiciones del Acuerdo marco.

(véase el apartado 45)
160

El BCE solicita que se desestime el tercer motivo por carecer manifiestamente de fundamento destacando, con carácter preliminar, que el Comité Ejecutivo no está obligado en absoluto, conforme a la jurisprudencia en la materia, a tratar o a referirse en la decisión sancionadora a todos los aspectos impugnados por el empleado de que se trate ante el comité disciplinario. El Banco destaca a continuación que el hecho, planteado por el demandante, de haber sido suspendido durante las fases de la investigación no demuestra en absoluto una vulneración de la presunción de inocencia y, además, el demandante no puede reabrir el debate, zanjado por la sentencia AX/BCE (EU:F:2012:195), sobre la legalidad de las medidas de suspensión. Igualmente, según el Banco, el hecho de que el comité disciplinario no decidiera compartir el punto de vista del demandante, desarrollado ampliamente en sus escritos y del que el Comité ha tenido pleno conocimiento, no conlleva ninguna vulneración del principio de la presunción de inocencia. Además, el BCE es libre de transmitir a la fiscalía alemana un expediente, incluso si la OLAF no ha recomendado tal actuación.
El artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto define el acoso psicológico como una conducta abusiva que, para ser tal, requiere que se cumplan dos requisitos acumulativos. El primero se refiere a la existencia de comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos que se manifiesten de forma duradera, reiterada o sistemática, lo que implica que el acoso psicológico debe entenderse como un proceso que se inscribe necesariamente en el tiempo y que supone la existencia de acciones reiteradas o continuadas y que son de carácter intencional. El segundo requisito acumulativo exige que dichos comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos tengan por efecto atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. Del hecho de que la expresión «carácter intencional» se refiera al primer requisito y no al segundo, puede extraerse una doble conclusión. Por una parte, los comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos contemplados en dicho artículo deben tener carácter voluntario, lo cual excluye del ámbito de aplicación de dicha disposición las acciones que se produzcan de forma accidental. Por otra parte, no es preciso probar, sin embargo, que estos comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos se hayan cometido con la intención de atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. Basta tan sólo con que esas acciones, siempre y cuando hubieran sido realizadas voluntariamente, hayan dado lugar objetivamente a las referidas consecuencias.

Por lo que se refiere a una investigación interna relativa a un supuesto acoso psicológico llevada a cabo conforme a las normas internas del Parlamento Europeo relativas al Comité consultivo sobre el acoso y su prevención en el puesto de trabajo, el Comité sobre el acoso no está vinculado en sus actuaciones por las normas estrictas de procedimiento que le impondrían escuchar a la parte demandante una segunda vez a pesar de no considerarlo necesario. Su función es consultiva y su dictamen no constituye un acto lesivo contra dicha parte. Además, ante el Comité sobre el acoso, la supuesta víctima y el supuesto acosador no se encuentran en la misma posición. El supuesto acosador debe poder defenderse, como precisa el artículo 10, párrafo segundo, de dichas normas internas, contra la denuncia presentada ante el Comité. En estas circunstancias, el hecho de haber dado al supuesto acusador una nueva oportunidad de responder a las alegaciones formuladas sobre su persona no constituye una violación del derecho de defensa de la supuesta víctima por el Comité sobre el acoso ni una violación por éste de su obligación de imparcialidad.

(véase el apartado 147)
46

Sobre este punto, cabe señalar que, aun suponiendo que la AFPN tenga la obligación de publicar la composición de cada tribunal de oposiciones antes del comienzo de las pruebas, el cumplimiento de tal obligación no constituye un requisito sustancial de forma cuya inobservancia pueda entrañar la nulidad de las decisiones adoptadas por el correspondiente tribunal, al no tener incidencia sobre dichas decisiones ni privar a los candidatos de garantía alguna. Por un lado, el conocimiento de la identidad de los miembros de un tribunal de oposiciones no puede influir en las posibilidades de éxito de un candidato, puesto que la selección de los candidatos se lleva a cabo basándose en los criterios establecidos en la correspondiente convocatoria y no en función de la identidad de los miembros del tribunal. Por otro lado, si bien la finalidad de la publicación de la lista de los miembros de un tribunal de oposiciones es permitir a los candidatos comprobar que no existen conflictos de intereses en el caso de uno o varios de los miembros del tribunal ante el que se presentan, los demandantes no han alegado que en el presente asunto exista tal conflicto de intereses. Con carácter más general, cabe añadir que la publicación tardía de la lista de los miembros de un tribunal de oposiciones no priva a los candidatos de garantía alguna, puesto que siempre les cabrá la posibilidad de invocar un eventual conflicto de intereses en el marco del recurso que posteriormente interpongan contra la decisión del tribunal de la oposición de no incluirlos en la lista de reserva.
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Funcionarios — Recursos de funcionarios — Sentencia anulatoria — Efectos — Anulación de una decisión de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de no permitir que un candidato presente su candidatura a un concurso — Demandante que ha superado con éxito otro concurso para ser contratado en un grado inferior — Obligación de la administración de nombrarle en el grado superior con efecto retroactivo

(Art. 266 TFUE; Estatuto de los Funcionarios, arts. 3 y 31, ap. 1)

En caso de que el juez de la Unión anule una decisión de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de no permitir que un candidato presente su candidatura a un concurso, la correcta ejecución por la administración de esta decisión requiere colocar al candidato exactamente en la situación en la que se habría encontrado de haber podido inscribirse en el concurso. A este respecto, el hecho de permitir al interesado presentar su candidatura no puede considerarse una ejecución suficiente de la obligación que resulta del artículo 266 TFUE en el supuesto de que, tras superar con éxito otro concurso organizado paralelamente para la contratación en un grado inferior, no haya podido ser contratado en el grado más elevado correspondiente al primer concurso con efectos a partir de la fecha en que fueron contratados los demás candidatos de ese concurso.

En efecto, tras dicha sentencia de anulación, correspondía a la institución, en el ejercicio de la facultad de apreciación que le confiere el artículo 266 TFUE, la elección entre las diferentes medidas posibles para conciliar los intereses del servicio y la necesidad de remediar la injusticia contra la parte demandante. Pues bien, estando obligada a adoptar medidas concretas para eliminar los efectos de la ilegalidad cometida respecto del candidato, la institución debía, en aplicación del artículo 3 del Estatuto, tomar en consideración la modificación sustancial de la situación del candidato después de la sentencia de anulación, esto es, el hecho de que entrara en funciones. Por consiguiente, no existía ningún obstáculo a que la institución nombrara al candidato en el grado superior, en aplicación del artículo 31, apartado 1, del Estatuto, con efecto retroactivo.

Así pues, el efecto retroactivo de un acto administrativo, siempre que se respete debidamente la confianza legítima del destinatario, puede precisamente constituir una medida necesaria para garantizar el respeto de un principio fundamental, en este caso, el principio de la tutela judicial efectiva.

(véanse los apartados 31 a 36)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 8 de octubre de 1992, Meskens/Parlamento, T‑84/91, apartado 78; 29 de junio de 2005, Pappas/Comité de las Regiones, T‑254/04, apartado 44

Tribunal de la Función Pública: 11 de septiembre de 2008, Smajda/Comisión, F‑135/07, apartado 48
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)

de 29 de noviembre de 2007

Asunto F‑19/07

Georgi Kerelov

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Función pública — Concurso general — Tribunal calificador — Contacto con los miembros del tribunal calificador — Exclusión del concurso — No inclusión en la lista de reserva»

Objeto: Recurso interpuesto por el Sr. Kerelov con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, y cuyo objeto es la anulación de las decisiones del tribunal calificador de la oposición general EPSO/AD/43/06, de 6 de diciembre de 2006 y 2 de febrero de 2007, respectivamente, de no incluirle en la lista de reserva de dicha oposición y de excluirle de ésta, y la condena de la Comisión a abonarle indemnización a tanto alzado estimada ex aequo et bono en 120.491,28 euros.

Resultado: Se desestima el recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

1. Funcionarios — Recursos — Motivos

2. Funcionarios — Concurso — Tribunal calificador — Decisión de exclusión de un candidato

(Estatuto de los Funcionarios, art. 30)

1. En el marco de un recurso que pone en tela de juicio la legalidad de la decisión de excluir a un candidato de una oposición por incumplimiento de las disposiciones de la convocatoria al contactar con los miembros del tribunal calificador, corresponde al interesado, en presencia de elementos probatorios suficientemente precisos y coincidentes en apoyo de este hecho, aportar la prueba en contrario, o al menos, presentar una explicación o una justificación que pueda poner en entredicho la verosimilitud del hecho alegado, a fines de que el Tribunal de la Función Pública pueda adoptar su decisión.

(véase el apartado 34)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123), apartado 79

2. El tribunal calificador de la oposición, habilitado para establecer la lista de aptitud en virtud del artículo 30 del Estatuto, es competente para declarar la existencia de un comportamiento irregular de un candidato, y excluirle de la oposición con arreglo a lo dispuesto en la convocatoria. A este respecto, el que la decisión formal de exclusión del candidato sólo le haya sido comunicada tras la publicación de la lista de reserva, que contenía por error el nombre del candidato, no puede entrañar la irregularidad de dicha decisión, debido a la inexistencia de plazo obligatorio alguno a este respecto, establecido en las disposiciones estatutarias aplicables, y de cualquier vulneración del principio de buena administración que pudiera reprochársele a la institución por este motivo.

(véase el apartado 37)
Auto del Presidente del Tribunal General de 11 de marzo de 2020 — Aceto Agricultural Chemicals/Comisión

(Asunto T-612/19 R)

(«Procedimiento sobre medidas provisionales - Productos fitosanitarios - No renovación de la aprobación de la sustancia activa clorprofam - Demanda de suspensión de la ejecución - Inexistencia de urgencia»)

(2020/C 175/37)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Aceto Agricultural Chemicals Corp. Ltd (Chester, Reino Unido) (representantes: C. Mereu y P. Sellar, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: F. Castilla Contreras, A. Dawes e I. Naglis, agentes)

Objeto

Demanda basada en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE por la que se solicita la suspensión de la ejecución del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/989 de la Comisión, de 17 de junio de 2019, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa clorprofam con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (DO 2019, L 160, p. 11).

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
C 137/49

Auto del Presidente del Tribunal General de 12 de febrero de 2020 — Gerber/Parlamento y Consejo

(Asunto T-326/19 R)

(«Procedimiento sobre medidas provisionales - Territorio aduanero de la Unión - Reglamento (UE) 2019/474 - Directiva (UE) 2019/475 - Inclusión del municipio de Campione d’Italia y de las aguas italianas del Lago de Lugano - Demanda de medidas provisionales - Inadmisibilidad manifiesta del recurso principal - Inadmisibilidad»)

(2020/C 137/77)

Lengua de procedimiento: italiano

Parties

Parte demandante: Tibor Gerber (Campione d’Italia, Italia) (representante: N. Amadei, abogada)

Partes demandadas: Parlamento Europeo (representantes: L. Visaggio y C. Biz, agentes), Consejo de la Unión Europea (representantes: A. Lo Monaco y E. Ambrosini, agentes)

Objeto

Demanda basada en el artículo 278 TFUE por la que se solicita la suspensión de la ejecución, por una parte, del Reglamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 952/2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2019, L 83, p. 38) y, por otra parte, de la Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión y en el ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE (DO 2019, L 83, p. 42).

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.