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54.

En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que declare: 1) en el asunto C-88/90 a) El Juez nacional encargado de aplicar, dentro del ámbito de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario tiene la obligación de asegurar la plena eficacia de las citadas normas declarando inaplicable de oficio cualquier disposición de Derecho nacional incompatible con una norma comunitaria de efecto directo; asimismo, está obligado a interpretar de oficio, en toda la medida de lo posible, las disposiciones de Derecho nacional a la luz del texto y de la finalidad de la norma de Derecho comunitario, aun cuando esta última no tenga efecto directo. b) El juez nacional no puede apreciar la conformidad de su Derecho interno en relación con una norma comunitaria en beneficio de un justiciable que no esté comprendido dentro del ámbito de aplicación personal de la citada norma. c) El artículo 2 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, debe interpretarse en el sentido de que determina únicamente las personas que pueden prevalerse de las disposiciones de la Directiva. 2) en el asunto C-89/90 a) Las personas legitimadas, según las leyes procesales internas, para hacer valer sus derechos a prestaciones que figuran entre las previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la citada Directiva, pueden invocar los derechos que atribuyen las disposiciones de esta Directiva y, entre otros, el apartado 1 del artículo 4. b) No obstante, las disposiciones de la Directiva de que se trata se aplican únicamente a los titulares de las prestaciones mencionadas en los apartados 1 y 2 del artículo 3, que figuran entre las personas contempladas en el artículo 2. c) A tal fin, incumbe al Juez nacional determinar qué personas son, en relación con el Derecho nacional, los titulares de un régimen de pensión de vejez como el instaurado por la Algemene Ouderdomswet. 3) en el asunto C-87/90 La citada Directiva debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros mantener desigualdades de trato, durante un período de tiempo cualquiera, que afecten a los requisitos de constitución de los derechos a pensión de vejez cuando las prestaciones correspondientes fueron o serán percibidas a partir del 23 de diciembre de 1984.
5.

El razonamiento anterior es también aplicable al artículo 41 de la Segunda Directiva, con arreglo al cual los Estados miembros podrán no aplicar el artículo 25, si ello se reputa necesario para la adopción o la aplicación de disposiciones que tienen por objeto favorecer la participación de los trabajadores o de determinadas categorías de personas señaladas por la legislación nacional, en el capital de las empresas. Efectivamente, si bien es cierto que esta norma concede a las autoridades nacionales la facultad discrecional de establecer una excepción al principio señalado en el artículo 25, también lo es que la citada posibilidad se manifiesta como formalmente limitada al caso previsto, que es la de favorecer la participación popular en el capital de las empresas, facilitando la compra de acciones por parte de determinadas categorías de personas y, en particular, por los trabajadores. La finalidad perseguida por la norma se deduce no sólo de la referencia expresa a los trabajadores, sino también del hecho que permite asimismo establecer una excepción a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 y en el artículo 26, con arreglo a los cuales las acciones emitidas como contrapartida de las aportaciones deben estar liberadas en una proporción no inferior al 25 % de su valor nominal. Efectivamente, de esta forma, se pretende facilitar la adquisición de acciones por determinadas clases sociales que, normalmente, no disponen de cantidades importantes. Por consiguiente, el artículo 41 no permite a los Estados miembros limitar ad nutum el alcance del principio señalado en el artículo 25, sino que se limita a establecer una excepción precisa con objeto de alcanzar una determinada finalidad de política social. La propia referencia que hace a «otras categorías de personas» debe, por consiguiente, entenderse como referida a las asociaciones de trabajadores o de personas jurídicas que se proponen favorecer, de cualquier forma, el accionariado popular y no, evidentemente, a las Instituciones de crédito o a cualquier otra persona jurídica de Derecho público o privado y ello con independencia de la finalidad que persiga. Por consiguiente, el alcance del artículo 41 no constituye un obstáculo al efecto directo del artículo 25, fuera de los casos expresamente previstos.
41.

No obstante, la Comisión, lejos de limitarse a sostener el carácter suficiente de la medida transitoria adoptada, expuso una tesis mucho más radical, ya que mantuvo «[...] que la modificación del régimen de garantía no constituyó un caso de reformatio in pejus del régimen anteriormente en vigor y, por lo tanto, su validez no se halla supeditada al respeto de los principios de la protección de la confianza legítima, la irretroactividad de las normas jurídicas y la seguridad jurídica. En virtud del apartado 2 del artículo 2 y del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 727/70, en su versión anterior a la adopción del Reglamento n° 1114/88, la Comunidad —y en su nombre el Consejo— disponía de una amplia facultad de apreciación económica y política para fijar los precios y las primas. En particular, el legislador comunitario podía fijar unos y otros teniendo en cuenta las previsiones relativas a la evolución de la oferta [...]. Una vez fijados sobre dicha base, los precios y las primas seguían inalterados durante toda la campaña, aunque posteriormente los datos relativos a las cosechas revelaban que podían haberse fijado a un nivel más alto por haber sido la producción total efectiva inferior a las previsiones. Con la reforma, se optó por un mètodo de determinación menos rígido que permite al Consejo continuar fijando los precios y las primas a un nivel bajo para tener en cuenta la previsión de una oferta excedentária, pero que al mismo tiempo admite la fijación de precios y primas más elevados si en realidad la oferta no alcanza las previsiones [...]. Gracias a la reforma, el Consejo, que, con arreglo al Reglamento n° 727/70 en su versión anterior, pudo haber fijado la prima para la variedad Bright —sobre la base de las previsiones de la oferta— en 2,338 ECU/kg (prima que, en definitiva, percibieron los agricultores con arreglo al nuevo régimen), de este modo, pudo fijarla en 2,461 ECU/kg para el caso de que la oferta hubiera sido inferior a 38000 toneladas y fijar las primas intermedias en función de otros niveles de oferta. Si bien antes de la reforma los productores solamente habían obtenido la prima más baja, después de la reforma les fue posible obtener una prima más considerable correspondiente a una evolución de la oferta más favorable que las previsiones.» ( 12 )
62.

No pretendo sumergirme aquí en los detalles del Derecho portugués. Me parece, sin embargo, que, por razones derivadas de la teoría general del Derecho, el mero transcurso de un plazo en el cual hubiera debido ser adoptada una legislación no modifica por sí solo el Derecho positivo. Por lo tanto, es forzoso deducir que, en este caso, el contrato de agosto de 1987, relativo al suministro de una central telefònica en el aeropuerto de Lisboa, quedó sustraído al control del Estado. ANA-EP no puede, pues, ser considerada como poder adjudicador en el sentido de la Directiva. El recurso por incumplimiento también debe, pues, ser desestimado por este motivo subsidiario.
17.

Esa es también mi opinión. Importa poco que el citado asunto se refiriera al artículo 37, incluido en el capítulo segundo del Tratado, consagrado a las restricciones cuantitativas. El principio de no discriminación —la discriminación ha de considerarse una restricción en el sentido del artículo 59— se aplica también a la prestación de servicios (véase la sentencia en el asunto 352/85 ( 6 )). Ahora bien, puede efectivamente imaginarse con facilidad el peligro de una discriminación de las emisiones extranjeras en el caso de una empresa que ostente un monopolio, que posea ella misma una empresa de producción, y a la que se atribuya, como lo indica el preámbulo de la Ley n° 1730/1987, la misión particular de favorecer y de preservar la identidad nacional. Se admitirá también que la mejor «garantía» (concepto que utiliza la sentencia del asunto 59/75) para excluir semejante peligro es separar los ámbitos del monopolio, o sea, abandonar el monopolio de la retransmisión. No es posible limitarse a reconocer que la demandante del asunto principal haya retransmitido de hecho desde octubre de 1988 diez programas europeos transmitidos por satélite, puesto que ello no es más que una circunstancia de hecho que puede modificarse en cualquier momento, que no reposa sobre ninguna ley imperativa. Tampoco es suficiente limitarse a hacer referencia a la obligación, que por lo demás no fue impuesta a la parte demandante hasta la Ley de 1989, de procurar confeccionar su programa de manera que su mitad sean programas europeos, porque tal obligación deja todavía una libertad de apreciación considerable cuya utilización puede perfectamente llevar a colocar en desventaja a competidores serios, toda vez que la producción nacional forma parte también de los programas europeos.
10.

El Gobierno belga afirma que la aplicación del artículo 37 no está en función del sexo, sino de criterios socioeconómicos, al ser más probable que las viudas y los estudiantes ejerzan una actividad de trabajador por cuenta propia con carácter subsidiario que los hombres casados y los viudos. No obstante, el hecho de que los hombres casados y los viudos no tengan derecho a invocar el artículo 37 aun cuando, en circunstancias similares, ejerzan tales actividades basta a mi juicio para hacer que esta disposición sea incompatible con el principio de igualdad de trato. El Gobierno belga señala asimismo que los estudiantes de sexo masculino pueden invocar el artículo 37 y que no pueden invocar este último todas las mujeres, sino únicamente las mujeres casadas y las viudas. Este último aspecto no tiene ninguna incidencia sobre la cuestión de si dicha disposición es discriminatoria; lo importante es que los hombres casados y los viudos no tienen derecho a invocarla.
39.

Señalaré, a continuación, que la interpretación que han sugerido a este Tribunal los Gobiernos de la República Federal de Alemania y los Países Bajos llevaría a que el Tribunal de Justicia se apartara de la filosofía que adoptó en el asunto Echternach y Moritz con respecto al vínculo existente entre el alcance del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento n° 1612/68 y el del artículo 12 del mismo texto. Al adoptar una interpretación del artículo 12 que, separándose de la del apartado 2 del artículo 7, llevara a que una ventaja social en materia de ayuda a la enseñanza, debida por un Estado miembro a un trabajador migrante establecido en su territorio, aunque se trate de enseñanzas impartidas en otro Estado miembro, no se otorgue a su hijo o hija por el hecho de que se trate de una enseñanza impartida en otro Estado miembro, este Tribunal se apartaría indudablemente del espíritu que le animó cuando resolvió en los asuntos Echternach y Moritz. Me parece que la preocupación de inspirarse, para interpretar el artículo 12, en el apartado 2 del artículo 7 ha recibido una muy significativa traducción en el apartado 5 de la parte dispositiva de la sentencia, que ya hemos citado. ( 18 ) En efecto, la referencia al concepto de ventajas sociales que figura en ella se inspira abiertamente más en el apartado 2 del artículo 7, donde se menciona expresamente, que en la letra del artículo 12, de la que está ausente. De este modo observamos que comparando las dos disposiciones, mediante una interpretación en cierto modo combinada, este Tribunalde Justicia llega a una redacción de la respuesta en vista de la cual se puede considerar que un hijo de trabajador migrante tiene derecho a una ayuda del Estado de acogida para efectuar estudios en el extranjero siempre que éste conceda dicha ayuda a sus propios nacionales. Ciertamente no se puede hacer abstracción de la redacción del artículo 12 del Reglamento n° 1612/68 y del requisito de residencia que implica, pero no es menos cierto que la generalidad e incondicionalidad de la respuesta considerada, relativa a una cuestión que contempla expresamente el artículo 12, merecen consideración. No vislumbro los motivos que podrían llevar a este Tribunal a emprender una nueva orientación y a adoptar en adelante una interpretación disociada del apartado 2 del artículo 7 y del artículo 12.
46.

Dicho de otra forma: considero que la excepción a la regla de no discriminación, que puede derivar del hecho de no haberse cumplido el requisito de reciprocidad, sólo tiene un «carácter eventual» que no es susceptible de desvirtuar el efecto directo de la propia norma. Por analogía, me remito a la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1989, Municipio de Carpaneto Piacentino (231/87 y 129/88, Rec. 1989, p. 3233, apartado 32), en la cual el Tribunal de Justicia consideró que tal era igualmente el caso de la excepción a la norma de no sujeción al IVA de las actividades efectuadas por los organismos de Derecho público en su calidad de autoridades públicas prevista en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 4 de la Sexta Directiva sobre el ĪVA, en aquellos casos en los que la no sujeción habría de conducir a distorsiones de cierta importancia en materia de competencia.
72.

Por lo que se refiere a la tendencia de una marca concreta a transmitir a los consumidores determinadas ideas sobre la calidad de los productos designados con la marca, ya he manifestado que dicha tendencia se halla vinculada con la función esencial de las marcas en general. Se dice algunas veces que la función esencial de las marcas consiste en actuar como garantía de origen pero no como garantía de calidad. Esto es cierto en el sentido restringido de que el fabricante no tiene ninguna obligación de asegurar que todas las mercancías vendidas con una misma marca tengan la misma calidad. No obstante, como ya he indicado, la importancia de la función de la marca como garantía de origen radica en el hecho de que la misma transmita al consumidor determinadas impresiones respecto de la calidad de las mercancías designadas con la marca. A no ser por simple curiosidad, el consumidor no está interesado en el origen comercial de las mercancías; su interés se basa en la presunción de que las mercancías del mismo origen tendrán la misma calidad. Es esta la forma como la protección de la marca alcanza su justificación fundamental consistente en premiar al fabricante que produce constantemente productos de alta calidad. Contestar negativamente a la cuestión primera supondría ignorar este aspecto de la función esencial de la marca. Por lo tanto, no es posible contestar negativamente a la cuestión primera y afirmar luego que la respuesta podría ser distinta si se diera el factor referido en la cuestión tercera.
18.

Por otra parte, es preciso observar que ninguno de los fallos de la jurisprudencia que se han citado en los escritos de las partes ponen de manifiesto ejemplo alguno de una interpretación tan «constructiva» como la que sugiere el Sr. Weiser. En especial, la sentencia de 29 de septiembre de 1976, en el asunto Brack, ( 15 ) en la cual el Tribunal de Justicia consideró que un trabajador por cuenta propia podía considerarse trabajador en el sentido de una disposición del Reglamento (CEE) no 1408/71, que era el aplicable en aquel momento a los trabajadores por cuenta ajena, versaba sobre un supuesto de particular complejidad, desde el ángulo de la Seguridad Social, de una situación de trabajador por cuenta ajena y otra, posterior, de trabajador por cuenta propia, por lo cual no me parece decisivo de cara a la solución del caso de autos. Además, la alegación de la parte demandante en el asunto principal, relativa a la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento no 1408/71, constituye un arma de dos filos. Efectivamente, si bien este Reglamento, que, en un principio, sólo se aplicaba a los trabajadores por cuenta ajena, se aplica también en la actualidad a los trabajadores por cuenta propia, ello no se debe a una interpretación analógica sino, como pone de manifiesto la CNBF, a la intervención del legislador comunitario mediante el Reglamento (CEE) no 1390/81 del Consejo, de 12 de mayo de 1981. ( 16 )
167.

Si se aplican estos criterios a los hechos de este asunto, la cuestión que debe resolverse es si la cotización de reabsorción especial está justificada por objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad, en particular, si está al servicio de los objetivos establecidos por la organización común de mercados, si no es desproporcionada respecto al objetivo perseguido y si de esta manera no afecta a la propia esencia de los derechos así garantizados.
68.

En el Reino Unido, por el contrario, la Directiva 85/649 parece haber constituido la única y exclusiva base jurídica de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas, a saber, «The médecines (hormone growth promoters) (prohibition of use) Regulations SI 1986 no 1876», que entraron en vigor el 1 de diciembre de 1986. En el supuesto de que estas «Regulations» quedasen efectivamente invalidadas a causa de la anulación de la Directiva 85/649, no existía en aquel momento ninguna disposición de Derecho británico que prohibiese la administración a los animales de las cinco sustancias hormonales, por lo que no podía sancionarse tal administración.
10.

Sin embargo, quisiera añadir algunas palabras para delimitar mejor, en general, el alcance del deber de asistencia y protección de las instituciones para con sus funcionarios. A este respecto, no se discute que se trata de una obligación de medios y que, a la hora de elegir éstos, las instituciones disponen de ciertas facultades discrecionales cuyo ejercicio, sin embargo, puede ser controlado por el Tribunal de Justicia. Me parece asimismo claro que el deber de asistencia y protección se plantea diferentemente, según los casos, en función de la gravedad y de la índole del ataque al funcionario. Me explico: según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, existe un deber de asistencia y protección en los litigios entre funcionarios en que la institución ha de realizar una investigación y adoptar las medidas oportunas. Sin embargo, me parece indudable que en tal supuesto el contenido del deber de asistencia y protección es menos riguroso que en estos casos más graves. Y ello tanto más cuanto que la intervención de la institución es necesaria no sólo para cumplir el deber de asistencia y protección sino también, e incluso en mayor medida, en interés del servicio y de una buena administración (véase, en particular, la sentencia de 14 de junio de 1979, Sra. V., 18/78, Rec. 1979, p. 2093, y mis conclusiones en el asunto Koutchoumoff, sentencia de 26 de enero de 1989, 224/87, Rec. 1989, p. 99). La situación es distinta en la hipótesis de ataques procedentes del exterior, en cuyo caso el deber de asistencia y protección que, como hemos visto, es el «pendant» de la obligación de lealtad que incumbe al funcionario, se plantea de manera más rigurosa. También me parece diferente la situación en un supuesto como el que es objeto del presente recurso. No creo que sea posible soslayar que la omisión del Estado miembro ha perdurado más de 20 años y que su no conformidad a Derecho ha sido condenada dos veces por este Tribunal de Justicia. En semejante hipótesis, me parece indiscutible que, ante la gravedad, la amplitud y la duración del ataque sufrido por los funcionarios, que se traduce en la volatilización de uno de sus derechos esenciales, el alcance del deber de asistencia y protección de la institución para con ellos revista mayor intensidad que en otros supuestos en los que la antijuridicidad del comportamiento del cual el funcionario se considera víctima tiene que enjuiciarse y, sobre todo, probarse con carácter previo.
Conclusiones del Abogado General Van Gerven presentadas el 16 de marzo de 1989. - MINISTERE PUBLIC CONTRA J. P. RISPAL Y OTROS. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - FRANCIA. - ARANCEL ADUANERO COMUN - CUBOS MAGICOS. - ASUNTO 164/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 02041

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Conclusiones del abogado general

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El Abogado General Sr. Walter Van Gerven presentó sus conclusiones el 16 de marzo de 1989.(* ) En ellas proponía que el Tribunal de Justicia declarara:

"La subpartida 97.03 del arancel aduanero común en la versión aneja al Reglamento (CEE) nº 3000/80 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que incluye a los artículos denominados 'cubos mágicos' . "

(*) Lengua original: francés.
15.

A continuación evocaré la motivación de la Decisión impugnada en relación con el requisito de aplicación relativo a la «afectación del comercio entre los Estados miembros». Esta motivación es muy sumaria: se recoge exclusivamente en el párrafo ya citado en el apartado 13, en el que se afirma que los operadores económicos de los otros Estados miembros verán, a partir del 30 de octubre de 1984, sus exportaciones frenadas debido al hecho de que los comerciantes italianos que posean azúcar almacenada en Italia ( 29 ) preferirán, a partir de esa fecha, vender en primer lugar el azúcar que tiene almacenada y después solamente la importada sin ninguna ayuda de los otros Estados miembros. En mi opinión no se puede deducir de esta motivación que la Comisión ha probado suficientemente que haya que temer que la ayuda censurada afecte al comercio entre los Estados miembros. Es cierto que no se requiere una prueba concluyente de una disminución efectiva o de un desvío de las corrientes comerciales en relación con la situación que habría existido si no hubiera habido ayuda, suponiendo que semejante prueba fuera posible. Sin embargo, la Comisión debe mencionar suficientemente en su Decisión los elementos de hecho o de Derecho y mencionar explícitamente las hipótesis y las conclusiones que formula, en la medida en que no sean evidentes en sí mismas, de manera que el Tribunal pueda comprobar si se cumple el requisito relativo a la afectación del comercio. ( 30 ) En mi opinión, el pasaje de la Decisión mencionado no responde a esta exigencia. Por el contrario, deja sin respuesta un gran número de cuestiones. Así, se afirma entre otras cosas que los comerciantes pretenderán en primer lugar vender sus existencias almacenadas, y sólo después restablecer sus existencias mediante la importación, entre otros medios. ( 31 ) Pero, ¿no constituye esto una actitud normal que también podría adoptarse si no existiera la ayuda censurada? En efecto, es evidente que los comerciantes y productores afectados pretenderán, en cualquier caso (incluso sufriendo pérdidas) vender las cantidades que ya tiene almacenadas y que venderán, en primer lugar, laş cantidades más antiguas. Por otra parte, parece probado que las existencias almacenadas también comprenden productos importados anteriormente (en el asunto presente, parece que constituían el 20 °/o) —en cualquier caso, la ayuda italiana no los excluye ( 32 )— de manera que de la Decisión impugnada no se deduce claramente, o, al menos, no lo dice explícitamente, en qué medida afectará la ayuda al comercio intracomunitário; Por último, tampoco se ha precisado en qué medida puede afectar la ayuda censurada al comercio intracomunitário aparte del efecto ejercido por la disminución (que es anterior a la ayuda) de los precios máximos, que se refiere también al azúcar importada de otros Estados miembros. Creo que, al no aportar en su Decisión ni siquiera un principio de respuesta a estas cuestiones, la Comisión ha incumplido su deber de motivación en relación con un requisito de aplicación esencial del apartado 1 del artículo 92, en el que se fundamenta la Decisión impugnada.