SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 12 de diciembre de 1996

Asunto T-33/95

Maria Lidia Lozano Palacios

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Antiguo experto nacional en comisión de servicios — Indemnizaciones diarias — Indemnización por gastos de instalación — Reembolso de los gastos de mudanza — Lugar de selección»

Texto completo en lengua francesa II-1535

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994, por la que se fija en Bruselas el lugar de selección de la demandante y se le deniega la indemnización por gastos de instalación, el reembolso de los gastos de mudanza y las indemnizaciones diarias, así como, por otra parte, la condena de la Comisión a abonar dichas prestaciones.

Resultado:

Anulación parcial.

Resumen de la sentencia

La demandante, con anterioridad funcionaria del Ministerio de Asuntos Sociales español, adscrita a los servicios de la Comisión en Bruselas en calidad de experta nacional, fue nombrada funcionaria en prácticas de la Comisión y destinada a Bruselas.

Mientras estuvo en comisión de servicios, la demandante siguió siendo retribuida por su empleador y continuó cumpliendo sus obligaciones fiscales en España. Con arreglo al régimen aplicable a los expertos nacionales en comisión de servicios, estaba obligada a residir en su lugar de destino o a una distancia de éste que no entorpeciera el ejercicio de sus funciones.

Durante el tiempo que duró su comisión de servicios, la demandante residió en Bruselas. Puso a disposición de un colega el apartamento en que vivía en Madrid, aunque se reservó la facultad de hacer uso del mismo cuando volviera a esta ciudad. El contrato de arrendamiento de dicho apartamento expiró antes de su selección como funcionaria. Sus padres viven en España, en Albacete.

Mediante decisión de 12 de abril de 1994, la Comisión fijó en Bruselas el lugar de selección y el lugar de origen de la demandante y le denegó la indemnización por gastos de instalación, el reembolso de los gastos de mudanza y las indemnizaciones diarias. Sin embargo, se le concedió la indemnización por expatriación.

La demandante presentó una reclamación contra dicha decisión.

Mediante decisión de 11 de noviembre de 1994, la Comisión desestimó la citada reclamación. Posteriormente, fijó en Albacete el lugar de origen de la demandante.

Sobre el fondo

En lo relativo a las indemnizaciones diarias

Para determinar si el funcionario «estuvo obligado a cambiar de residencia», en el sentido del artículo 10 del Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Anexo VII y Estatuto), la residencia que debe tenerse en cuenta es aquella en que el interesado mantiene el centro de sus intereses. Para tener derecho a las indemnizaciones diarias, basta con que no pueda seguir habitando en esta antigua residencia. Dicha interpretación se impone por cuanto la finalidad de las indemnizaciones diarias es compensar los inconvenientes producidos por la relación de empleo precaria del interesado (apartado 47).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de agosto de 1995, Parlamento/Vienne (C-43/94 P, Rec. p. I-2441), apartado 21

Para determinar el lugar en que el interesado ha establecido el centro de sus intereses permanente o habitual, con la intención de conferirle un carácter estable, es preciso tener en cuenta todos los elementos de hecho constitutivos de éste. La residencia que debe tenerse en cuenta no es forzosamente, por lo tanto, la que ocupaba el funcionario inmediatamente antes de su nombramiento (apartado 48).

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de septiembre de 1994, Magdalena Fernández/Comisión (C-452/93 P, Rec. p. I-4295), apartados 22 y 23; conclusiones del Abogado General Sr. Léger, Parlamento/Vienne, antes citada, Rec. p. I-2443, punto 25

En el momento de ser seleccionada como funcionaría en prácticas, la demandante no tenía su residencia en Madrid. Aun cuando, antes de su nombramiento como funcionaría en prácticas, su situación era precaria, no acreditó la existencia de una residencia distinta de la de Bruselas. Por lo tanto, al recibir su nombramiento, la demandante no se vio obligada a cambiar de residencia (apartados 51 a 53).

El hecho de que la demandante conservara determinados vínculos con España, puesto que, en particular, mantenía una relación laboral con el Ministerio del que procedía y cumplió en dicho país sus obligaciones cívicas y fiscales, no basta para acreditar que la demandante se viera obligada a cambiar de residencia (apartado 54).

Este planteamiento se ajusta a la finalidad del artículo 10 del Anexo VII, el cual pretende compensar los gastos e inconvenientes ocasionados por la situación precaria en que se encuentra el funcionario en prácticas, en particular cuando se ve obligado a residir con carácter provisional en su lugar de destino, conservando, igualmente con carácter provisional, su residencia anterior (apartado 55).

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de febrero de 1987, Mouzourakis/Parlamento(280/85, Rec. p. 589), apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1992, Benzler/Comisión (T-63/91, Rec. p. II-2095), apartado 20

Por consiguiente, no se ha justificado la concesión de las indemnizaciones diarias (apartado 55).

Referencia: Benzler/Comisión, antes citada, apartado 21

En lo relativo a la indemnización por gastos de instalación

El párrafo primero del apartado 1 del artículo 5 del Anexo VII establece que, para tener derecho a la indemnización por gastos de instalación, el funcionario debe cumplir una de las dos condiciones alternativas siguientes, a saber, bien reunir las condiciones que dan derecho a la indemnización por expatriación, o bien justificar que se ha visto obligado a cambiar de residencia para cumplir las obligaciones del artículo 20 del Estatuto (apartados 57 y 58).

La demandante percibe la indemnización por expatriación, que le fue concedida mediante una decisión de la Comisión que se hizo definitiva. Por lo tanto, tiene derecho a la indemnización por gastos de instalación (apartados 60 y 61).

Para tener derecho a la citada prestación, el funcionario no está obligado a acreditar, además, que se ha visto obligado a cambiar de residencia (apartado 61).

El interesado tampoco debe demostrar la existencia de unos gastos efectivos (apartado 62).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de noviembre de 1978, Verhaaf/Comisión (140/77, Rec. p. 2117); conclusiones del Abogado General Sir Gordon Slynn, Tribunal de Justicia, 18 de marzo de 1982, Burg/Tribunal de Justicia (90/81, Rec. pp. 983 y ss., especialmente p. 995); Tribunal de Primera Instancia, 30 de enerode 1990, Yorck von Wartenburg/Parlamento (T-42/89, Rec. p. II-31), apartados 21 a 23

La indemnización por gastos de instalación se concede a un funcionario que ha recibido su nombramiento definitivo y no a un funcionario en prácticas. De elio se desprende que, en el supuesto más frecuente, es decir, el de un funcionario en prácticas que después ha recibido su nombramiento definitivo, el interesado ya se ha «instalado», al menos con carácter provisional, en su lugar de destino para cumplir las obligaciones que le impone el artículo 20 del Estatuto. La indemnización por gastos de instalación pretende compensar los inconvenientes ocasionados por la situación de un funcionario que ha recibido su nombramiento definitivo en debida forma, el cual pasa de una situación de precariedad a una de carácter definitivo y, por lo tanto, debe colocarse en condiciones de residir y de integrarse en su lugar de destino de una forma permanente y duradera por un período indeterminado, si bien sustancial. Es razonable suponer que un funcionario que se ha visto obligado así a fijar una residencia estable tendrá que efectuar algunos gastos suplementarios, especialmente para acondicionar una vivienda adecuada para una estancia duradera, gastos que no tenía que realizar mientras su situación era precaria (apartado 63).

Referencia: Verhaaf/Comisión, antes citada, apartado 18

La situación de la demandante corresponde a la finalidad del apartado 1 del artículo 5 del Anexo VII, ya que se vio obligada a fijar una residencia estable en su lugar de destino (apartado 64).

Por último, el apartado 3 del artículo 5 del Anexo VII exige únicamente que se justifique que el funcionario y, en su caso, su familia se han instalado en el lugar de su destino, es decir que viven allí (apartado 65).

Procede, pues, anular la decisión controvertida en la medida en que deniega a la demandante la concesión de la indemnización por gastos de instalación (apartado 66).

En lo relativo al reembolso de los gastos de mudanza

La finalidad del apartado 1 del artículo 9 del Anexo VII es permitir al funcionario soportar los gastos de traslado de su antigua residencia a su lugar de destino. Esta disposición prevé únicamente el reembolso de los gastos efectivamente realizados, según un presupuesto aprobado previamente (apartado 69).

Para determinar si la demandante se vio obligada a cambiar de residencia para cumplir lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto, procede aplicar por analogía el planteamiento seguido por el Tribunal de Justicia en el apartado 21 de la sentencia dictada en el asunto Parlamento/Vienne, respecto al significado de la expresión «estar obligado a cambiar de residencia» en el ámbito de las indemnizaciones diarias previstas en el artículo 10 del Anexo VII (apartado 70).

Referencia: Parlamento/Vienne, antes citada, apartado 21

La demandante no estuvo obligada a cambiar de residencia, ai no haber mantenido una residencia física en su país de origen. Por lo tanto, no tiene derecho al reembolso de los gastos de mudanza (apartado 71).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de diciembre de 1996, Gammeltoft/Comisión (T-132/95, Rec FP p. II-1631)

En lo relativo al lugar de selección

En el momento de ser seleccionada, la demandante no tenía otra residencia que la situada en Bruselas. Por consiguiente, ésta debe considerarse como su residencia habitual. Efectivamente, aun cuando esta residencia fuera provisional, la demandante no acreditó la existencia de otra residencia que reuniera las características que habrían permitido considerarla como su residencia habitual en el momento de ser seleccionada como funcionaria en prácticas. Por este motivo, la Comisión fijó con razón en Bruselas el lugar de selección de la demandante (apartados 76 y 77).

Fallo:

Se anula la decisión de la Comisión de 12 de abril de 1994 en la medida en que deniega a la demandante la concesión de la indemnización por gastos de instalación prevista en el apartado 1 del artículo 5 del Anexo VII del Estatuto.

Se condena a la Comisión a pagar a la demandante la citada indemnización, más los intereses de demora, a razón del 8 % anual, a partir de la fecha en que se le adeudaba la referida indemnización con arreglo al Anexo VII del Estatuto.

Se desestima el recurso en todo lo demás.