Del tenor de los puntos 7, 21 y 22 de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel se desprende que la Comisión debe apreciar la contribución real de cada empresa, tanto por su calidad como por el momento en que se produce, al establecimiento de la existencia de la infracción y que el concepto de «valor añadido significativo» alude a la medida en que los elementos de prueba aportados aumentan su capacidad de probar los hechos constitutivos de la infracción, ya sea por su propia naturaleza, ya por su nivel de detalle. De este modo, la Comisión concede un valor particular a datos que, junto con otros datos ya en su posesión, podrían permitirle demostrar la existencia de una práctica concertada, o a datos que le permitan corroborar pruebas ya existentes, o a los que tengan consecuencias directas sobre la gravedad o la duración de la práctica concertada. En cambio, el criterio determinante no se limita a que una empresa «haya facilitado la tarea de la Comisión».

A este respecto, en lo relativo a la obligación de la Comisión de respetar el principio de igualdad de trato, si bien es cierto que se ha estimado que para considerar comparable la cooperación de diferentes empresas no es preciso que ésta se produzca necesariamente el mismo día, sino en la misma fase del procedimiento, no lo es menos que este principio se aplicaba en virtud de la sección D de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel, que no preveía un tratamiento distinto de las empresas implicadas según el orden en que hubieran cooperado con la Comisión, a diferencia de la Comunicación sobre la cooperación.

Al ejercer su facultad de apreciación de la cooperación de las empresas que han participado en una práctica concertada, la Comisión no puede hacer caso omiso del principio de igualdad de trato, que se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado y este principio se opone a que la Comisión trate de modo diferente la cooperación de las empresas afectadas por una misma decisión. La Comisión no vulnera este principio al conceder, o no, una reducción de la cuantía de las multas en función de la colaboración de cada empresa con la Comisión durante el procedimiento administrativo. La diferencia en el trato a las empresas implicadas debe poder imputarse, pues, a grados de cooperación no comparables, sobre todo en la medida en que la cooperación haya consistido en el suministro de información diferente o en el suministro de dicha información en fases diferentes del procedimiento administrativo, o en circunstancias no análogas.

Cuando la cooperación de una empresa se limita a confirmar, de manera menos precisa y explícita, parte de la información ya facilitada por la colaboración de otra empresa, el grado de cooperación prestado por esa empresa, pese a que pueda no carecer de una determinada utilidad para la Comisión, no puede considerarse comparable al prestado por la primera empresa que le facilitó dicha información. Una declaración que se limita a corroborar, en cierta medida, una declaración de la que la Comisión ya disponía no facilita, en efecto, la labor de la Comisión de manera significativa. En consecuencia, no es suficiente para justificar una reducción por cooperación del importe de la multa.

(véanse los apartados 100 y 102)