ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Intercambios de disponibilidades de pesca entre los Estados miembros - Disposición por la que se autoriza la cesión de la cuota pesquera para la anchoa concedida a la República Portuguesa - Recurso de armadores y de federaciones que representan los intereses colectivos de asociaciones de armadores - Inadmisibilidad

[Art. 230 CE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 2742/1999 del Consejo]

2. Excepción de ilegalidad - Carácter incidental - Inadmisibilidad del recurso principal - Inadmisibilidad de la excepción

(Art. 241 CE)

Índice

1. Procede declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto por varios armadores establecidos en España contra el apartado noveno del anexo I D del Reglamento nº 2742/1999, el cual, en virtud de los intercambios de disponibilidades de pesca entre la República Francesa y la República Portuguesa, admitió que, para el año 2000, de la cuota de 5.220 toneladas de anchoa asignada a este Estado para las zonas CIEM IX, CIEM X y CPACO 34.1.1 podían pescarse 3.000 toneladas en las aguas de la subzona CIEM VIII que se encuentran bajo la soberanía o la jurisdicción de la República Francesa.

En efecto, la disposición impugnada, que tiene alcance general, no afecta a los demandantes debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que les caracteriza, con respecto a dicha disposición, en relación con cualesquiera otras personas. Más especialmente, el Consejo, al adoptar dicha diposición, no estaba obligado a tener en cuenta la situación particular de los demandantes.

Procede declarar asimismo la inadmisibilidad del recurso de anulación dirigido contra dicha disposición por tres federaciones de asociaciones de armadores. En efecto, una asociación constituida para promover los intereses colectivos de una categoría de justiciables no puede ser considerada como individualmente afectada, a efectos del artículo 230 CE, párrafo cuarto, y, por consiguiente, no está legitimada para interponer un recurso de anulación en nombre de sus miembros cuando éstos no puedan hacerlo individualmente.

( véanse los apartados 50 a 52 y 78 )

2. La posibilidad ofrecida por el artículo 241 CE de invocar la inaplicabilidad de un reglamento o de un acto de alcance general que constituye la base jurídica del acto de aplicación impugnado no constituye una acción autónoma y sólo puede ejercitarse con carácter incidental. Sin un derecho principal a recurrir, no puede invocarse el mencionado artículo.

( véase el apartado 82 )
La cuestión de la admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, sino que debe reservarse para el análisis del recurso principal, salvo en el supuesto de que éste sea, a primera vista, manifiestamente inadmisible. En efecto, pronunciarse sobre la admisibilidad en el procedimiento sobre medidas provisionales cuando ésta no está, prima facie, totalmente excluida, supondría prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento principal.

El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que las demandas de medidas provisionales especificarán las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris), la concesión de la medida provisional solicitada. Estos requisitos son acumulativos, de manera que la demanda de suspensión de la ejecución deberá desestimarse cuando falte alguno de ellos. Corresponde igualmente al Juez de medidas provisionales ponderar, en su caso, los intereses en conflicto

El requisito de la urgencia no se cumple en el caso de una demanda de suspensión de la ejecución de una convocatoria de oposiciones, presentada en el marco de un recurso de anulación de dicha convocatoria, si el perjuicio que alegan los demandantes que han presentado sus candidaturas -esencialmente, la imposibilidad de participar en las pruebas de las oposiciones- aún no se ha materializado, por no haberse pronunciado aún el tribunal de las oposiciones sobre la admisión de los demandante a las mismas.

Por otra parte, por lo que se refiere a la ponderación de los intereses en conflicto, dicho perjuicio no puede considerarse más grave que los inconvenientes y perjuicios que causaría la suspensión de las operaciones de la oposición a las Instituciones demandadas y a los demás candidatos, perjuicios que no podrían ser reparados en caso de que ulteriormente se desestimara el recurso principal.

(véanse los apartados 14, 41 y 42)

Referencia: Tribunal de Justicia, 3 de junio de 1987, Muysersy Tülp/Tribunal de Cuentas (161/87 R, Rec. p. 2381), apartado 13; Tribunal de Primera Instancia, 10 de febrero de 1999, Willeme/Comisión (T-211/98 R, RecFP pp. I-A-15 y II-57), apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1999, Giulietti/Comisión (T-167/99 R, RecFP pp. I-A-139 y II-751), apartado 31; Tribunal de Primera Instancia, 10 de septiembre de 1999, Elkaïm y Mazuel/Comisión (T-173/99 R, RecFP pp. I-A-155 y II-811), apartados 18 y 28
Auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de 16 de julio de 1999. - Hortiplant SAT contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Procedimiento sobre medidas provisionales - Urgencia. - Asunto T-143/99 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-02451



Índice



Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Urgencia - Perjuicio grave e irreparable que puede producirse inminentemente - Concepto - Carga de la prueba

[Tratado CE, arts. 185 y 186 (actualmente arts. 242 CE y 243 CE); Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2]

Índice

$$El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de adoptar una medida cautelar, a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a dicha parte aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de tal naturaleza.

Para poder apreciar si el perjuicio que teme la parte demandante tiene carácter grave e irreparable y justifica, por consiguiente, suspender, excepcionalmente, la aplicación de una Decisión, el Juez de medidas provisionales debe disponer de indicios concretos que permitan apreciar las consecuencias precisas que se derivarían, probablemente, de la no adopción de las medidas solicitadas. No es necesario, sin embargo, que la inminencia del perjuicio alegado deba probarse con una certeza absoluta; especialmente cuando la irrogación del perjuicio dependa de la concurrencia de un conjunto de factores, basta con que aquélla pueda preverse con un grado de probabilidad suficiente.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 8 de diciembre de 1999. - Euro-Lex European Law Expertise GmbH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos). - Marca comunitaria - Representación por un Abogado que es gerente de la parte demandante - Inadmisibilidad. - Asunto T-79/99.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-03555



Índice



Palabras clave

Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias formales - Escrito firmado por un Abogado, tercero respecto del demandante - Sociedad demandante representada por un Abogado que asimismo es su gerente - Inadmisibilidad

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, arts. 17, párrs. 3 y 4, y 19, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 43, ap. 1, párr. 1)

Índice

$$Para interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, una parte en el sentido del artículo 17, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 46 de dicho Estatuto, debe utilizar los servicios de un tercero facultado para ejercer como Abogado ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Un Abogado debidamente facultado que es uno de los dos gerentes de la sociedad demandante y, por tanto, su órgano directivo no puede considerarse un tercero, independiente de la demandante, y, por consiguiente, el escrito de demanda firmado por este Abogado es inadmisible.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 1 de junio de 1999. - Karl L. Meyer contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas. - Inadmisibilidad manifiesta. - Asunto T-73/99.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-01739



Índice



Palabras clave

1 Recurso de anulación - Actos recurribles - Disposición del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea - Exclusión

2 Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias formales - Determinación del objeto del litigio - Exposición sumaria de los motivos invocados

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

Índice

1 Al no constituir una disposición del Tratado CE un acto de una Institución de la Comunidad en el sentido del artículo 4 del Tratado (actualmente artículo 7 CE) y del artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), el Tribunal no es competente para acordar su anulación.

2 Conforme al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda deberá indicar la cuestión objeto del litigio y contener una exposición sumaria de los motivos invocados. Dicha indicación debe ser suficientemente clara y precisa como para permitir que las partes demandadas preparen su defensa y el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el recurso, en su caso, sin contar con más información. Para garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es preciso que, para que pueda declararse la admisibilidad de un recurso, del texto de la propia demanda se deduzcan, al menos sumariamente pero de forma coherente y comprensible, los elementos de hecho y de Derecho en los que se base.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 25 de julio de 2000. - RJB Mining plc contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Tratado CECA - Ayudas de Estado - Ayudas de funcionamiento - Requisitos de autorización - Obligación de motivación - Continuación del procedimiento tras la sentencia interlocutoria - Recurso que carece manifiestamente de fundamento jurídico alguno. - Asunto T-110/98.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-02971



Índice



Palabras clave

1 Procedimiento - Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso - Requisitos - Ampliación de un motivo existente - Límites

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 48, ap. 2, párr. 1)

2 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión CECA

(Tratado CECA, art. 15, párr. 1)

3 Procedimiento - Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso - Motivación insuficiente - Motivo que puede ser invocado en cualquier fase del procedimiento

Índice

1 Son admisibles los motivos que constituyan una ampliación de un motivo formulado con anterioridad, directa o implícitamente, en el escrito de interposición de recurso y que se encuentren estrechamente relacionados con aquél. En cambio, en el curso del proceso no pueden invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento, tal como establece el artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento. A este respeto procede afirmar que no basta con que un motivo se base en determinados elementos mencionados en apoyo de otro motivo para que pueda considerarse una ampliación del mismo. Finalmente, una sentencia que se limita a confirmar una situación jurídica que el demandante conocía, en principio, en el momento de interponer su recurso no puede ser considerada como una razón nueva que permita invocar un nuevo motivo.

(véanse los apartados 24, 34 y 36)

2 El artículo 15, párrafo primero, del Tratado CECA dispone que las decisiones de la Comisión deberán ser motivadas. La motivación debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos, y el Juez comunitario pueda ejercer su control. No obstante, no se exige que la motivación especifique todas las razones de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que debe ser apreciada en relación no sólo con el tenor literal del acto, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

(véase el apartado 44)

3 Los motivos relativos a una falta o una insuficiencia de motivación constituyen motivos de orden público y pueden ser invocados por las partes en cualquier fase del procedimiento. El derecho de la demandante a criticar una insuficiencia de motivación no ha caducado, pues, por la mera razón de no haberla invocado en su demanda.

(véase el apartado 46)
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de julio de 1998. - Société chimique Prayon-Rupel SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Ayudas de Estado - Procedimiento de medidas provisionales - Intervención - Medidas provisionales - Urgencia - Inexistencia. - Asunto T-73/98 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02769



Índice



Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos de concesión - Urgencia - Perjuicio grave e irreparable - Carga de la prueba - Interés del demandante en obtener la suspensión solicitada

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

Índice

En el momento de acordarse unas medidas provisionales debe valorarse si la parte demandante justifica un interés en obtener las medidas solicitadas.

Por otra parte, el carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a la parte que solicita la suspensión de la ejecución de una decisión impugnada aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio que implique consecuencias graves e irreparables. A este respecto, la materialización de un perjuicio que depende de la concurrencia de un conjunto de factores debe ser previsible con un grado de probabilidad suficiente.
36

Entiende el demandante que no puede mantenerse que su ignorancia sea culpable, como pretende la Comisión, pues el principio de ignorancia culpable de la Ley se basa en el presupuesto, que no se da en el caso de autos, de que quien pudiendo y debiendo conocer la norma no la conoce debe responder de su ignorancia. Ahora bien, en el caso de autos, el demandante alega que no tenía ni la obligación, ni los medios de conocer dicha norma.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 25 de junio de 1998. - Sofivo Sas, Sofivo production Sas, Sovinor Sas, Denkavit France SARL, Sobeval viande SA, Serval SA, Besnier industrie SNC, Sovida SA, Ouest élevage SICA, Guinde SA, Tabouriech SA, Mamellor SARL, Coopagri Bretagne, Collet et compagnie SA, Kermené SA y Vals SA contra Consejo de la Unión Europea. - Agricultura - Organización común de mercados - Carne de bovino - Mecanismos de intervención - Prima por comercialización adelantada de terneros - Peso medio en canal - Criterios de fijación - Recurso de anulación - Inadmisibilidad. - Asuntos acumulados T-14/97 y T-15/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02601



Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Reglamento por el que se establece una prima por comercialización adelantada de terneros - Inadmisibilidad

[Tratado CE, arts. 173, párr. 4, 177 y 189; Reglamento (CE) nº 2222/96 del Consejo, art. 1, ap. 4]

Índice

Procede declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación dirigido por productores de terneros para ceba que operan en un Estado miembro contra el apartado 4 del artículo 1 del Reglamento nº 2222/96, por el que se establece una prima por comercialización adelantada de terneros cuyo peso en canal sea igual o inferior al peso medio en canal de los terneros sacrificados en el Estado miembro de que se trate, reducido en un 15 %.

Por una parte, en efecto, dicha disposición posee, por su naturaleza y alcance, carácter normativo y no constituye una Decisión a efectos del artículo 189 del Tratado. Por otra parte, si bien es cierto que, en determinadas circunstancias, una disposición de un acto normativo que se aplica a la generalidad de los operadores económicos interesados puede afectar individualmente a algunos de ellos, ello no sucede en el caso de autos, al encontrarse los demandantes en la misma situación que todos los demás operadores económicos que presentan terneros para su sacrificio en el Estado miembro de que se trata, por lo que la disposición impugnada únicamente los afecta en su condición objetiva de operador económico que actúa en el sector objeto del Reglamento, de la misma manera que a cualquier operador económico que ejerza la misma actividad.

No queda excluido, por último, que un operador económico pueda impugnar la validez del Reglamento controvertido en el marco de un recurso dirigido, ante los órganos jurisdiccionales del citado Estado miembro, contra la decisión de la autoridad estatal competente sobre la solicitud de concesión de la prima presentada por éste, pudiendo dar lugar entonces dicho litigio a una remisión prejudicial sobre apreciación de validez ante el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 12 de noviembre de 1997. - Achim Berge contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Transparencia - Acceso del público a los documentos de la Comisión - Recurso de anulación - Archivo. - Asunto T-156/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-02097



Palabras clave

Procedimiento - Costas - Desistimiento justificado por la actitud de la otra parte

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 87, ap. 5, párr. 1)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 9 de junio de 1997. - Elf Atochem SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Procedimiento administrativo - Visitas de inspección - Actas de inspección - Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Inadmisibilidad. - Asunto T-9/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00909



Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Documentos redactados por los agentes de la Comisión durante una visita de inspección - Actos de trámite

(Tratado CE, art. 173; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1, y arts. 11 y 14)

Índice

Constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, con arreglo al artículo 173 del Tratado, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando de forma caracterizada la situación jurídica de ésta. Cuando se trate de actos o de decisiones cuya elaboración se efectúa en varias fases, sólo constituyen, en principio, actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la postura de la Institución, al finalizar dicho procedimiento, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo es preparar la decisión final.

A este respecto, no pueden considerarse como actos susceptibles de recurso los documentos, denominados actas, redactados por los agentes de la Comisión con motivo de una verificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento nº 17, efectuada en una empresa y en los que figura una exposición sumaria de lo manifestado por los representantes de esta última en el transcurso de la misma, dado que no puede considerarse que afecten inmediatamente y de una forma irreversible a la situación jurídica de dicha empresa.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 3 de octubre de 1997. - Mutual Aid Administration Services NV contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Adjudicación para el transporte de suministros gratuitos de productos agrícolas destinados a las poblaciones de Armenia y Azerbaiyán - Negativa de la Comisión a pagar al adjudicatario del transporte la totalidad del precio reclamado - Recurso de anulación - Recurso que constituye, en realidad, una acción de ejecución de un contrato de transporte - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Primera Instancia - Inadmisibilidad manifiesta del recurso de anulación. - Asunto T-186/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-01633



Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Recurso que constituye, en realidad, una acción de ejecución de un contrato de transporte - Incompetencia del Juez comunitario - Recurso de un adjudicatario del transporte de suministros en concepto de ayuda alimentaria - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 173, 181 y 183)

Índice

A falta de cláusula compromisoria en el sentido del artículo 181 del Tratado, el Tribunal de Primera Instancia es manifiestamente incompetente cuando ante él se ha interpuesto un recurso de anulación presentado con arreglo al artículo 173 del Tratado, para pronunciarse, en realidad, sobre una acción de ejecución que tiene una base contractual. De no ser así, el Tribunal de Primera Instancia extendería su competencia jurisdiccional más allá de los litigios cuya competencia le ha atribuido con carácter limitado el artículo 183 del Tratado, puesto que esta disposición atribuye a los órganos jurisdiccionales nacionales la competencia para conocer de los litigios en los que la Comunidad es parte.

Por lo tanto, es manifiestamente inadmisible el recurso de anulación interpuesto por el adjudicatario del transporte de suministros de ayuda alimentaria destinada a países terceros contra la negativa de la Comisión a pagarle íntegramente el precio del transporte, en la medida en que, aunque se haya interpuesto con arreglo al artículo 173 del Tratado, tal recurso constituye, en realidad, una acción de ejecución de un contrato celebrado entre el adjudicatario y la Comisión con objeto de realizar las operaciones de transporte de las mercancías objeto del suministro de que se trata.