Sin embargo, si bien es cierto que, en una situación transfronteriza, la ventaja fiscal concedida queda compensada por un gravamen fiscal, puesto que el importe del impuesto adeudado se cobra necesariamente en el momento del traslado de la residencia del sujeto pasivo fuera del territorio nacional, mientras que, en una en una situación meramente interna, el pago del impuesto sobre las plusvalías resultantes de un canje de participaciones en el capital social sólo se produce en la hipótesis eventual de una cesión definitiva de las participaciones recibidas con ocasión de ese canje, esa relación no es evidente y la normativa nacional no puede estar objetivamente justificada por la necesidad de mantener la coherencia del régimen fiscal nacional.

Sin embargo, la citada normativa va más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo, en la medida en que no permite que el contribuyente que traslada su residencia del territorio portugués a otro Estado miembro opte entre, por una parte, el pago inmediato del importe del gravamen sobre las plusvalías resultantes de un canje de participaciones en el capital social y, por otra, el pago diferido del citado importe, que conlleva necesariamente una carga administrativa para el contribuyente, por el seguimiento de los activos transferidos, acompañado de la constitución de una garantía bancaria.

Ciertamente, la normativa de que se trata es adecuada para garantizar la preservación del reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros afectados. En efecto, el gravamen del saldo final en el momento del traslado de la residencia tiene por objeto gravar con el impuesto sobre los beneficios del Estado miembro de origen las plusvalías no realizadas, generadas en el marco de la competencia tributaria de ese Estado miembro antes del traslado de dicha residencia. Las plusvalías realizadas con posterioridad a ese traslado se gravan exclusivamente en el Estado miembro de acogida en el que se generan, lo que permite evitar que resulten gravadas dos veces.

La necesidad de garantizar el reparto equilibrado de la potestad tributaria no puede justificar dicha restricción.

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 21 TFUE, 45 TFUE y 49 TFUE y de los artículos 28 y 31 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo un Estado miembro que adopta y mantiene en vigor una normativa conforme a la cual, para un contribuyente que pierde la calidad de residente en territorio nacional, se incluirá en la categoría de plusvalías, a efectos del impuesto del año en que se produzca esa pérdida de la calidad de residente, el importe que, en virtud de esa normativa nacional no haya quedado sujeto a gravamen en el momento del canje de las participaciones sociales. En efecto, la obligación para ese contribuyente de abonar inmediatamente el impuesto sobre las plusvalías resultantes de dicho canje de las participaciones en el capital social crea una diferencia de trato con respecto a los contribuyentes que continúan residiendo en el territorio nacional y que, por lo tanto, pueden disfrutar de un aplazamiento de la tributación sobre tales plusvalías que resultan del canje de las participaciones sociales hasta la cesión ulterior de la participaciones sociales recibidas a raíz del canje. Esta diferencia de trato en cuanto al momento del gravamen de las plusvalías de que se trata constituye una desventaja en términos de tesorería para el contribuyente que desea trasladar su residencia fuera del territorio nacional, en comparación con un contribuyente que mantenga su residencia en dicho territorio.

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE y del artículo 31 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo un Estado miembro que adopta y mantiene en vigor una normativa que reserva el aplazamiento de la tributación previsto en dicha normativa a las personas físicas que cedan la totalidad del patrimonio afecto a una actividad empresarial y profesional ejercida a título individual a una sociedad que tenga su domicilio social y su dirección efectiva en territorio nacional.

En efecto, ese régimen fiscal comporta una desventaja en términos de tesorería para un contribuyente que ceda la totalidad del patrimonio de que se trata a una sociedad que tenga su domicilio social o su dirección efectiva fuera del territorio nacional, con respecto a un contribuyente que ceda ese mismo patrimonio a una sociedad que tenga su dirección efectiva en el territorio nacional, y constituye, pues, una restricción al ejercicio del derecho de establecimiento.

Esa restricción no puede justificarse por la necesidad de garantizar la continuidad económica basada en la necesidad de supeditar el aplazamiento de la tributación al cumplimiento de determinados requisitos por parte de la sociedad cesionaria en materia de inscripción contable de los elementos patrimoniales cedidos, requisitos cuyo cumplimiento no puede garantizarse, a falta de medidas de armonización, en el caso de las sociedades que tengan su domicilio social o su dirección efectiva en el territorio de otro Estado, ya que la competencia sobre éstas recae, no en el Estado de origen de la cesión, sino en el Estado de residencia.

En efecto, aun cuando el requisito de que la sociedad cesionaria tenga su domicilio social y su dirección efectiva en territorio portugués persigue pues, en definitiva, garantizar que el Estado de origen del canje, tenga la posibilidad de gravar efectivamente las plusvalías en cuestión, ese objetivo no puede justificar la diferencia de trato entre las personas físicas según cedan la totalidad del patrimonio de que se trata a una sociedad que tenga su domicilio social y su dirección efectiva en el territorio nacional, o a una sociedad que tenga su domicilio social y su dirección efectiva en el territorio de otro Estado, ya que dicho objetivo puede ser garantizado sin necesidad de operar una distinción entre una situación meramente interna y una situación transfronteriza. Así pues, tal restricción a la libertad de establecimiento es desproporcionada en relación con dicho objetivo, y, por lo tanto, está prohibida por el artículo 49 TFUE y por el artículo 31 del Acuerdo EEE.

(véanse los apartados 84, 89 a 91, 93 y 94 y el punto 2 del fallo)