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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 217/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de junio de 2012 — Comisión Europea/Électricité de France (EDF), República Francesa, Iberdrola, S.A.

(Asunto C-124/10 P) (1)

(Recurso de casación - Ayudas de Estado - Renuncia a un crédito fiscal - Exención del impuesto de sociedades - Aumento del capital social - Comportamiento del Estado como inversor privado diligente en una economía de mercado - Criterios que permiten diferenciar al Estado cuando actúa como accionista y al Estado cuando ejerce sus prerrogativas de poder público - Definición del inversor privado de referencia - Principio de igualdad de trato - Carga de la prueba)

2012/C 217/02

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: E. Gippini Fournier, B. Stromsky y D. Grespan, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Électricité de France (EDF) (representante: M. Debroux, abogado), República Francesa (representantes: G. de Bergues y J. Gstalter, agentes), Iberdrola, S.A. (representantes: J. Ruíz Calzado y É. Barbier de La Serre, abogados)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Autoridad de Vigilancia AELC (representantes: X. Lewis y B. Alterskjær)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 15 de diciembre de 2009, que anuló los artículos 3 y 4 de la Decisión (C 2003/4637) de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales concedidas por Francia a EDF y al sector de las industrias eléctricas y del gas (C 68/2002, N 504/2003 y C 25/2003) — Ayuda concedida en forma de exención fiscal selectiva ligada a un aumento de capital social con ocasión de la recapitalización de la empresa — Comportamiento del Estado como inversor privado diligente en una economía de mercado — Criterios de distinción entre el Estado accionista y el Estado que ejerce sus prerrogativas de poder público — Principio de igualdad de trato fiscal.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a la Comisión Europea.

3) La Autoridad de Vigilancia AELC, la República Francesa e Iberdrola, S.A., cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 161, de 19.6.2010.
2)

La respuesta a la primera cuestión prejudicial no difiere en función de que el asegurado víctima tuviera conocimiento de que la persona a la que autorizó a conducir el vehículo no estaba asegurada para ello, de que creyera que lo estaba o de que se planteara o no tal eventualidad.
C 25/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de noviembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België — Bélgica) — Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV

(Asunto C-112/10) (1)

(Reglamento (CE) no 1346/2000 - Procedimientos de insolvencia - Apertura de un procedimiento territorial de insolvencia - Requisitos establecidos en la ley nacional aplicable que impiden la apertura de un procedimiento principal de insolvencia - Acreedor facultado para solicitar la apertura de un procedimiento territorial de insolvencia)

(2012/C 25/11)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Cassatie van België

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen

Demandada: Zaza Retail BV

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hof van Cassatie van België — Interpretación del artículo 3, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160, p. 1) — Competencia internacional para incoar el procedimiento de insolvencia — Competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que no está situado el centro de intereses principales del deudor sino uno de sus establecimientos — Concepto de «condiciones establecidas» y de «acreedor».

Fallo

1) La expresión «condiciones establecidas», que figura en el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, y que remite a las condiciones que –según la legislación del Estado miembro en cuyo territorio tiene el deudor su centro de intereses principales– impidan la apertura de un procedimiento principal de insolvencia en dicho Estado, debe interpretarse en el sentido de que no se refiere a las condiciones que excluyen a algunas personas concretas del círculo de las facultadas para solicitar la apertura de tal procedimiento.

2) El término «acreedor», que figura en el artículo 3, apartado 4, letra b), de dicho Reglamento y que se utiliza para designar al círculo de personas facultadas para solicitar la apertura de un procedimiento territorial independiente, debe interpretarse en el sentido de que no incluye a una autoridad de un Estado miembro que, en virtud de su Derecho nacional, tiene como objeto actuar en interés general, pero que no interviene ni como acreedor, ni en nombre y por cuenta de los acreedores.

(1) DO C 113, 1.5.2010.
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento (CE) no 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas, y en virtud del Reglamento (CE) no 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, al no haber adoptado las medidas nacionales necesarias para la aplicación, por una parte, del artículo 12 del Reglamento no 273/2004 y, por otra parte, del artículo 31 del Reglamento no 111/2005.
1)

La expresión «impide la ejecución de un control sobre el terreno» que figura en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, se corresponde con un concepto autónomo del Derecho de la Unión que debe ser interpretado de manera uniforme en todos los Estados miembros en el sentido de que comprende, además de los comportamientos intencionados, cualquier acto u omisión atribuible a la negligencia del productor o de su representante que haya tenido como consecuencia impedir la ejecución del control sobre el terreno en su totalidad, cuando el productor o su representante no hayan adoptado todas las medidas que se les pueden exigir razonablemente para garantizar la ejecución completa del control.
4)

El concepto de «cantidad de referencia individual con derecho a prima y disponible en la explotación», contenida en el artículo 95, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 118/2005 de la Comisión, de 26 de enero de 2005, que corresponde al concepto de «cantidad de referencia disponible» definido en el artículo 5, letra k), del Reglamento no 1788/2003, en su versión modificada por el Reglamento no 2217/2004, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un productor reciba, durante el período de doce meses pertinente, una cantidad de referencia a cuenta de la cual el cedente ya hubiera entregado leche durante el mismo período, dicho concepto no comprende, por lo que se refiere al cesionario, la parte de la cantidad de referencia transferida a cuenta de la cual el cedente ya había entregado leche con exención de tasa.
2)

Dado que el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 214/2007 de la Comisión, de 28 de febrero de 2007, no contiene ninguna regulación al respecto, el artículo 214, apartado 3, del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 1791/2006, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades nacionales no pueden, sobre la base de dicho precepto, imponer al deudor de la deuda aduanera intereses compensatorios con respecto al período de tiempo comprendido entre la declaración en aduana inicial y el momento en que se efectúe la contracción a posteriori de dicha deuda.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 130/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de marzo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy — República de Polonia) — Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu/Stanisława Tomaszewska

(Asunto C-440/09) (1)

(Seguridad social de los trabajadores migrantes - Artículo 45, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1408/71 - Período mínimo exigido por el Derecho nacional para la adquisición de un derecho a una pensión de jubilación - Consideración del período de cotización cubierto en otro Estado miembro - Acumulación - Métodos de cálculo)

2011/C 130/09

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Najwyższy

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu

Demandada: Stanisława Tomaszewska

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Sąd Najwyższy — Interpretación del artículo 45, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), así como el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156) — Pensión de jubilación anticipada en razón de una determinada duración de las cotizaciones — Método de cálculo de las prestaciones — Acumulación de períodos de cotización completados en otro Estado miembro y de los completados en el Estado miembro de que se trata antes o después de añadir períodos suplementarios, previsto por la ley nacional, y que se elevan a un tercio de los períodos de cotización.

Fallo

El artículo 45, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que, al determinar el período de cotización mínimo exigido por el Derecho nacional para la adquisición del derecho a pensión de jubilación por un trabajador migrante, la institución competente del Estado miembro afectado debe tomar en consideración, para determinar el límite del que no pueden exceder los períodos de cotización no contributivos con respecto a los períodos de cotización contributivos, tal como esté previsto en la normativa de ese Estado miembro, todos los períodos de cotización adquiridos durante la vida laboral del trabajador migrante, incluidos los adquiridos en otros Estados miembros.

(1) DO C 37, de 13.2.2010.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 30/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de noviembre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Barsoum Chabo/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Asunto C-213/09) (1)

(Unión aduanera - Reglamento (CE) no 1719/2005 - Arancel Aduanero Común - Recaudación de derechos de aduana a la importación - Importación de alimentos procesados - Conservas de hongos - Subpartida NC 20031030 - Cobro de un montante suplementario - Principio de proporcionalidad)

2011/C 30/07

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Barsoum Chabo

Demandada: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht Hamburg — Validez del Reglamento (CE) no 1719/2005 de la Comisión, de 27 de octubre de 2005, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 286, p. 1), en cuanto al nivel del importe suplementario a la importación de los productos incluidos en la subpartida 200310300000 — Conservas de champiñones — Principio de proporcionalidad.

Fallo

El examen de la cuestión planteada no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del montante del derecho de aduana específico de 222 euros por cada 100 kg de peso neto escurrido, aplicable en virtud del Reglamento (CE) no 1719/2005 de la Comisión, de 27 de octubre de 2005, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, con el que se gravan las importaciones de conservas de hongos del género Agaricus incluidas en la subpartida 2003 10 30 de la Nomenclatura Combinada que figura en dicho anexo, no cubiertas por el contingente abierto por el Reglamento (CE) no 1864/2004 de la Comisión, de 26 de octubre de 2004, relativo a la apertura y el modo de gestión de contingentes arancelarios de conservas de setas importadas de terceros países, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1995/2005 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2005.

(1) DO C 205, de 29.8.2009.
1)

El Reglamento (CE) no 859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 2003, por el que se amplían las disposiciones del Reglamento (CEE) no 1408/71 y del Reglamento (CEE) no 574/72 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas, no es aplicable, en el Estado miembro de residencia, a un nacional de un Estado tercero que reside legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea y que trabaja en Suiza, puesto que dicho Reglamento no 859/2003 no figura entre los actos comunitarios mencionados en la sección A del anexo II del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, que las partes de dicho Acuerdo se comprometen a aplicar. En consecuencia, no se puede declarar que el Estado miembro de residencia esté obligado a aplicar a dicho trabajador y a su esposa los Reglamentos (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en la versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97.
1)

El Derecho de la Unión debe ser interpretado en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impone al contratista establecido en otro Estado miembro, para la adjudicación de un contrato en el Estado miembro del poder adjudicador, la obligación de estar registrado en este último Estado miembro como no incurso en las causas de exclusión enumeradas en el artículo 24, párrafo primero, de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, siempre que dicha obligación no obstaculice ni retrase la participación del contratista en la licitación pública en cuestión, ni genere cargas administrativas excesivas, y siempre que sólo tenga la finalidad de comprobar las aptitudes profesionales del interesado en el sentido de dicho artículo.
C 161/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Efopliston Aktoploïas y otras/Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou

(Asunto C-122/09) (1)

(Transporte marítimo - Cabotaje marítimo - Reglamento (CEE) no 3577/92 - Exclusión temporal de la aplicación de dicho Reglamento - Obligación de los Estados miembros de no adoptar, antes de que expire el período de exclusión, disposiciones que puedan comprometer gravemente la aplicación del citado Reglamento)

(2010/C 161/17)

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoulio tis Epikrateias

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, N.E. Lésvou y Blue Star Ferries

Demandadas: Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretación de los artículos 1, 2, 4, y 6, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7) — Exclusión temporal de la aplicación del Reglamento — Obligación de los Estados miembros de no adoptar, antes de que expire el período de exclusión, disposiciones que pudieran comprometer la aplicación plena y efectiva del Reglamento — Derecho de los particulares a invocar las disposiciones del Reglamento con objeto de impugnar la validez de las disposiciones nacionales que produzcan dicho efecto.

Fallo

Suponiendo que durante el período de exclusión de la aplicación en Grecia del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), el legislador griego hubiera estado obligado a abstenerse de adoptar disposiciones que pudieran comprometer gravemente la aplicación plena y efectiva de dicho Reglamento a partir del 1 de enero de 2004, fecha en que expiró el referido período de exclusión, tal aplicación plena y efectiva no quedó comprometida gravemente por el mero hecho de que el legislador griego adoptara en 2001 disposiciones de carácter exhaustivo y permanente contrarias a dicho Reglamento, sin prever el cese de su aplicación a partir del 1 de enero de 2004.

(1) DO C 141, de 20.6.2009.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 346/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República de Lituania

(Asunto C-350/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Acta de adhesión de 2003 - Obligaciones de los Estados que se hayan adherido - Acervo comunitario - Directivas 2001/83/CE y 2003/63/CE - Reglamento (CEE) no 2309/93 y Reglamento (CE) no 726/2004 - Medicamentos para uso humano - Medicamentos biológicos similares obtenidos por biotecnología - Autorización nacional de comercialización otorgada antes de la adhesión)

2010/C 346/07

Lengua de procedimiento: lituano

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Steiblytė y M. Šimerdová, agentes)

Demandada: República de Lituania (representantes: D. Kriaučiūnas y R. Mackevičienė, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 6, apartado 1, y del anexo I, parte II, sección 4, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67), en su versión modificada por la Directiva 2003/63/CE, así como del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 214, p. 1), y del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136, p. 1) — Mantenimiento de la autorización nacional de comercialización del medicamento biológico similar «Grasalva».

Fallo

1) Declarar que la República de Lituania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2003/63/CE de la Comisión, de 25 de junio de 2003, y en virtud de los artículos 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, y 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, al haber mantenido la autorización nacional de comercialización del medicamento denominado «Grasalva».

2) Condenar en costas a la República de Lituania.

(1) DO C 247, de 27.9.2008.