Según la Posición Común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, el elemento pertinente para determinar si deben aplicarse sus normas a una persona o a una entidad guarda relación con los actos cometidos por tal persona o tal entidad y no con la naturaleza de estas. Por lo tanto, el hecho de haber llegado al poder a través de un proceso electoral, la naturaleza política de la organización o la participación en un Gobierno no pueden entenderse en el sentido de que permiten eludir la aplicación de las normas previstas en la Posición Común 2001/931.

La Posición Común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, no exige que la decisión de la autoridad competente se adopte en el marco de un proceso penal stricto sensu, siempre que el procedimiento nacional en cuestión tenga por objeto la lucha contra el terrorismo en sentido amplio.

Por lo que respecta a las decisiones de las autoridades competentes de un Estado miembro, resulta del artículo 1, apartado 4, párrafo primero, de la Posición Común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, que el requisito de que las decisiones de las autoridades competentes se basen en pruebas o en indicios serios y creíbles afecta a las decisiones relativas a la apertura de investigaciones o de procedimientos, pero no a las decisiones de condena. En efecto, en las decisiones relativas a la apertura de investigaciones o de procedimientos, este requisito protege a los afectados garantizando que la inclusión de su nombre en la lista de congelación de fondos se produce a partir de una base fáctica suficientemente sólida, mientras que, en las decisiones de condena, esta exigencia ya no puede aplicarse, dado que los elementos recabados previamente durante la investigación o los procedimientos han sido objeto, en principio, de un examen exhaustivo.

Habida cuenta de que el Consejo no tiene que indicar, en la exposición de motivos de los actos por los que se mantengan medidas restrictivas en el marco de la lucha contra el terrorismo, las pruebas e indicios en los que se base una decisión de una autoridad competente en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, cuando se trate de una autoridad de un Estado miembro, no se puede pedir al Consejo que verifique la calificación de estos hechos realizada por la autoridad nacional ni que haga constar, en estos actos, el resultado de tal calificación.

En caso de revisión con arreglo al artículo 1, apartado 6, de la Posición Común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, el Consejo puede mantener el nombre de la persona o entidad de que se trate en las listas de congelación de fondos si deduce que persiste el riesgo de implicación de esa persona o entidad en las actividades terroristas que justificaron su inscripción inicial en esas listas. En relación con la comprobación de si persiste el riesgo de implicación de la persona o entidad de que se trate en actividades de terrorismo, deben tenerse debidamente en cuenta las circunstancias que hayan afectado posteriormente a la decisión nacional que sirvió de fundamento a la inscripción inicial del nombre de esa persona o de esa entidad en las listas de congelación de fondos, en particular, si tal decisión nacional ha sido derogada o revocada con motivo de hechos o de datos nuevos o de un cambio en la apreciación de la autoridad nacional competente. Sin embargo, si se trata de una decisión de una autoridad competente de un Estado miembro, el Consejo no está obligado a indicar, en las decisiones de congelación de fondos, las modalidades de revisión de la decisión. Por otro lado, no se le puede exigir que indique los hechos en los que se basan las decisiones de revisión ni que compruebe su calificación.

(véanse los apartados 357, 358, 360 y 361)