3.

Mediante la segunda cuestión, el Arbeitsgericht intenta determinar, además, si es correcta la tesis por la que se inclina, según la cual se deduce de las disposiciones de la Directiva que para determinar en qué medida un trabajo somete los músculos a un esfuerzo y es pesado debe considerarse si ello es así para las mujeres. La demandada en el asunto principal ha mantenido a este respecto que —si se parte de la idea de que no es la cualificación para un trabajo, sino el trabajo desarrollado lo que importa— la Directiva no impone que se tomen como base los valores femeninos, ni incluso que se apliquen conceptos diferentes para los trabajadores masculinos y los trabajadores femeninos. En efecto, los salarios determinados de esta manera son, a su juicio, incompatibles con el principio de igualdad de trato. El Gobierno británico defiende un punto de vista análogo. Alega, por una parte, que del hecho de que el apartado 1 del artículo 1 de la Directiva utiliza igualmente la expresión «trabajo de un mismo valor», *** no se puede deducir la necesidad de efectuar la evaluación en función de las exigencias respectivas a las que un trabajo somete la capacidad de resistencia física de los nombres y de las mujeres. En efecto, si se acepta este razonamiento, el empresario no podría fijar salarios especialmente elevados respecto de trabajos que implican un esfuerzo muscular importante, sino que debería retribuir con el tipo máximo a un gran número de trabajadores. El Reino Unido no cree que esta fuera la intención de los autores de la Directiva. Así pues, según el Gobierno británico, la Directiva permite ampliamente establecer niveles de retribución en función del esfuerzo muscular y de la pesadez del trabajo, y utilizar a este respecto valores masculinos como punto de referencia, siempre que el resultado sea una escala que refleje realmente los esfuerzos objetivos requeridos para realizar un trabajo. Sería importante, pues, saber si estas apreciaciones se basan en razones objetivamente justificables. En caso afirmativo, si un trabajo impone efectivamente esfuerzos especíales, el empresario debe tener también la posibilidad de fijar un salario más elevado con arreglo a criterios apropiados, dado que resultaría necesario, en el plano económico, para contratar a las pocas personas que pueden encontrarse para este tipo de trabajo. Por último, la Comisión ha observado que la Directiva se limita a enunciar el principio de que un sistema de clasificación profesional debe establecerse de tal manera que excluya las discriminaciones por razón de sexo; en consecuencia, ello implica, a su juicio, que una normativa en su conjunto no debe dar lugar a discriminaciones y debe estar establecida de tal manera que las decisiones concretas de clasificación sean compatibles con el principio de igualdad de trato. La Directiva —que (tal como resulta del artículo 2) parte de la idea de que la aplicación concreta incumbe a los tribunales nacionales— no establece, sin embargo, normas precisas que permitan llegar a la conclusión de que procede utilizar el criterio de clasificación «esfuerzo muscular» basándose en valores femeninos. Como máximo, se podría afirmar a este respecto que la aplicación del principio de no discriminación y la necesidad de evitar causar perjuicios pueden conducir en determinados casos a que los valores femeninos sirvan más o principalmente de base para la apreciación de un caso concreto. Respecto a la problemática que la segunda cuestión aborda, puede considerarse absolutamente evidente el argumento que ofrece a este respecto el tribunal remitente, es decir, que los trabajadores femeninos pueden ser objeto de discriminaciones, no sólo cuando respecto al criterio de clasificación «pesadez del trabajo» y «esfuerzo muscular» se utilicen como punto de referencia los valores masculinos o los valores medios, comunes a los dos sexos (valores que —como piensa con razón el Gobierno británico— determinarán que como media las mujeres tengan más dificultades que los hombres para satisfacer las condiciones requeridas), sino también cuando —con arreglo a la jurisprudencia del Bundesarbeitsgericht— exista una referencia exclusiva para las mujeres a valores femeninos especiales. En efecto, en la medida en que resulte que se tenga en cuenta una clasificación superior para las mujeres, incluso con respecto a esfuerzos de menor importancia, ello puede conducir a una disminución de las oportunidades de acceso de los trabajadores femeninos a estos empleos, porque se prefieren trabajadores masculinos, que —en atención a su esfuerzo muscular— recibirían una retribución menos elevada. Aun cuando, teniendo en cuenta estas consideraciones, exista la tentación de compartir la tesis defendida por el tribunal remitente (base única constituida por valores femeninos), conviene sin embargo no dejar de reconocer el hecho de que esto puede tener como consecuencia una falta de diferenciación por encima de un nivel relativamente poco elevado —con relación a los valores masculinos— del trabajo que implique un esfuerzo muscular. Ahora bien, esta diferenciación puede resultar totalmente necesaria para fijar una retribución justa y apropiada y especialmente porque, en caso contrario, no habría ningún candidato para los trabajos sumamente pesados. Cabe imaginar que al redactar la Directiva aparecieran también problemas de esta naturaleza y que por ello no se adoptara ninguna norma precisa en lo que se refiere a la aplicación concreta del principio de igualdad de trato al establecimiento de criterios de clasificación. En realidad, el único elemento que puede deducirse de la Directiva —respecto a este punto compartimos el punto de vista de la Comisión— está constituido por el principio general según el cual un sistema de clasificación considerado en su conjunto no debe ser discriminatorio (lo que podría ocurrir —tal como el Gobierno británico ha señalado— cuando un sistema de este tipo exagera la importancia de criterios tales como la pesadez del trabajo y el esfuerzo muscular en detrimento de otros criterios). También se puede deducir de la Directiva la obligación de velar, caso por caso, por la realización del objetivo del principio de no discriminación y, a este respecto, no sería posible excluir —como la Comisión ha subrayado— que criterios tales como los que son determinantes para el litigio principal hacen a veces necesaria la aplicación de valores femeninos. No es tampoco posible pronunciarse sobre la segunda cuestión tal como ha sido planteada, es decir, no parece posible responder a ésta globalmente de modo afirmativo.