ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Recurso de casación interpuesto el 29 de febrero de 2020 por Vanda Pharmaceuticals Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 19 de diciembre de 2019 en el asunto T-211/18, Vanda Pharmaceuticals / Comisión

(Asunto C-115/20 P)

(2020/C 137/57)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Vanda Pharmaceuticals Ltd (representantes: M. Meulenbelt, S. De Knop, B. Natens, advocaten, C. Muttin, avocate)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-211/18.

— Estime la demanda formulada en primera instancia y anule la Decisión de Ejecución C(2018) 252 final de la Comisión Europea por la que se deniega una autorización de comercialización, conforme al Reglamento (CE) n.o 726/2004 (1) para el medicamento para uso humano Fanaptum — iloperidona.

— Condene a la demandada a cargar con sus propias costas y con las de la parte recurrente, tanto en primera instancia como en casación.

Con carácter subsidiario, la parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-211/18.

— Devuelva el asunto al Tribunal General para que este se pronuncie.

— Reserve la decisión sobre las costas de la primera instancia y del recurso de casación hasta la resolución final por el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

Primer motivo, basado en que el Tribunal General interpretó y aplicó erróneamente el alcance del control jurisdiccional aplicable, y desnaturalizó las pruebas.

Segundo motivo, basado en que el Tribunal General interpretó y aplicó erróneamente las orientaciones facilitadas en la evaluación clínica del riesgo de prolongación del intervalo QT/QTc y de efecto proarrítmico asociado a los medicamentos no antiarrítmicos (CHMP/ICH/2/04, note for guidance on the clinical evaluation of QT/QTc interval prolongation and proarrhythmic potential for non-antiarrhytmic drugs; «orientaciones QT»).

Tercer motivo, basado en que el Tribunal General no examinó en su totalidad el segundo motivo de la recurrente.

Cuarto motivo, basado en que el Tribunal General distorsionó las pruebas y aplicó erróneamente el principio de igualdad de trato.

Quinto motivo, basado en que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, del Tratado de la Unión Europea y los artículos 12 y 81, apartado 2, del Reglamento n.o 726/2004.

(1) Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 1).
3)

¿Son conformes con las disposiciones de la Directiva 2006/112 relativas a [la deducción del IVA] y con los principios de neutralidad fiscal y de efectividad una interpretación jurídica y una práctica nacionales con arreglo a las cuales se deniega al sujeto pasivo, que utiliza las mercancías para las necesidades de sus operaciones gravadas en el Estado miembro donde las lleva a cabo y que dispone de una factura acorde con la Directiva 2006/112, el derecho [a deducir el IVA] esgrimiendo el hecho de que no conoce todos los elementos [de la operación] realizada por los miembros de la cadena, o invocando circunstancias asociadas a los miembros de la cadena que preceden al emisor de la factura y sobre las cuales el sujeto pasivo no podía tener ninguna influencia por razones ajenas a él, y se supedita el derecho a [deducir el IVA] al requisito de que el sujeto pasivo cumpla, en el marco de las medidas que razonablemente le incumben, una obligación general de control que debe ejercerse no solo antes de la celebración del contrato, sino durante su ejecución e incluso con posterioridad a la misma. En este contexto, ¿está obligado el sujeto pasivo a abstenerse de ejercitar el derecho a [deducir el IVA] cuando, en relación con cualquier elemento de la operación económica indicada en la factura, en un momento posterior a la celebración del contrato o durante su ejecución o después de la ejecución, advierta una irregularidad o llegue a su conocimiento una circunstancia que tengan como consecuencia la denegación del derecho a [deducir el IVA] con arreglo a la práctica de la autoridad tributaria?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 90, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) en el sentido de que es incompatible con él una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual, con arreglo a un contrato cuya celebración no es obligatoria, una empresa farmacéutica que efectúa pagos al organismo de seguro de enfermedad estatal en función del volumen de negocios obtenido por productos farmacéuticos y que, por lo tanto, no conserva la contraprestación completa de dichos productos no tiene derecho a reducir a posteriori la base imponible únicamente por el hecho de que los pagos no se efectúan del modo predeterminado en su política comercial ni principalmente con fines promocionales?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil du Contentieux des Étrangers (Bélgica) el 20 de diciembre de 2019 — X/Estado Belga

(Asunto C-930/19)

(2020/C 77/41)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil du Contentieux des Étrangers

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: X

Recurrida: Estado Belga

Cuestión prejudicial

¿Vulnera el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, (1) los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la medida en que establece que el divorcio, la anulación del matrimonio o el fin de la unión registrada no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro —en particular, cuando así lo exigieran circunstancias especialmente difíciles, como por ejemplo, haber sido víctima de violencia doméstica durante el matrimonio o la unión registrada—, siempre y cuando los interesados cumplan el requisito de poder demostrar que son trabajadores por cuenta ajena o propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse durante su período de residencia en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos, siendo así que el artículo 15, apartado 3, de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, (2) que contempla la misma posibilidad de mantener el derecho de residencia, no supedita tal mantenimiento a dicho requisito?

(1) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77).

(2) DO 2003, L 251, p. 12.
1)

¿Deben interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (1) y sus considerandos 20 y 24, con arreglo a los cuales los contratos deben redactarse en términos claros y comprensibles, el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas y, en caso de duda, deberá prevalecer la interpretación más favorable al consumidor, así como los órganos judiciales y autoridades administrativas de los Estados miembros deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el artículo 10, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (2) y su considerando 31, en el sentido de que se oponen a lo dispuesto en el artículo 339 k.p.c., apartado 2, entendido de modo que lo dispuesto en el artículo 339 k.p.c., apartado 2, permite dictar una sentencia en rebeldía en un litigio relativo a una reclamación de consumo (de cantidad de un crédito al consumo) también en el supuesto en el que no se haya aportado por el demandante el contrato del crédito al consumo y, en consecuencia, no se haya examinado dicho contrato desde el punto de vista de las posibles cláusulas abusivas contenidas en el contrato y no se haya revisado si el contrato contenía todos los requisitos legales, exigiendo al mismo tiempo que, al dictar la sentencia, se funde únicamente en las alegaciones de la parte demandante sobre los hechos, sin analizar las pruebas desde el punto de vista de albergar «serias dudas» a los efectos de esa disposición? ¿O bien, a la luz de las sentencias del Tribunal de Justicia de 1 de octubre de 2015, ERSTE Bank Hungary (dictada en el asunto C–32/14, EU:C:2015:637, apartado 62); de 10 de septiembre de 2014, Kušionova (dictada en el asunto C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 56); de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (dictada en el asunto C-40/08, EU:C:2009:615, apartado 47) es admisible la interpretación del artículo 339 2 k.p.c., apartado 2, según la cual se puede dictar una sentencia en rebeldía en un litigio relativo a una reclamación de cantidad de un crédito al consumo (de crédito al consumo), en el que el demandante no haya unido el contrato a la demanda y, en consecuencia, sin examinar el contrato desde el punto de vista de las posibles cláusulas abusivas contenidas en el contrato, ni comprobar si el contrato contenía todos los requisitos legales, fundándose únicamente en las alegaciones del demandante sobre los hechos?
1)

Si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo (1), de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión: el fijar como criterio inequívoco el Tribunal Supremo en sus sentencias 44 a 49 de 23/01/2019 la determinación según la cual en los contratos de préstamo hipotecario concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija que todos los gastos de constitución de la operación de préstamo hipotecario deban repercutirse sobre la persona del prestatario, y con distribución de los diferentes conceptos que se integran en dicha cláusula abusiva y declarada nula, entre la entidad bancaria predisponente y el consumidor prestatario, con el fin de limitar la restitución de las cantidades indebidamente abonadas por aplicación de la legislación nacional. Y si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión que por el Tribunal Supremo se lleve a cabo una interpretación integradora de una cláusula nula por abusiva cuando la supresión de la misma y los efectos dimanantes de ésta no afectan a la subsistencia del contrato de préstamo con garantía hipotecaria
C 19/6

Recurso de casación interpuesto el 30 de julio de 2019 por Belén Bernaldo de Quirós contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 5 de junio de 2019 en el asunto T-273/18, Bernaldo de Quirós/Comisión

(Asunto C-583/19 P)

(2020/C 19/08)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Belén Bernaldo de Quirós (representante: M. Casado García-Hirschfeld, abogada)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Anular la sentencia de 5 de julio de 2019, Bernaldo de Quirós/Comisión (T-273/18);

— Estimar las pretensiones formuladas en primera instancia;

— Condenar a la Comisión Europea a cargar con las costas de las dos instancias.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de casación, la parte recurrente plantea un motivo único, basado en la distorsión de los hechos, el error manifiesto de apreciación y una motivación jurídica inexacta.

En el segundo motivo del recurso interpuesto ante el Tribunal General, la parte recurrente alegó la vulneración del principio de respeto del derecho de defensa en el contexto del artículo 3 del anexo IX del Estatuto de los Funcionarios. El Tribunal General se pronunció sobre este motivo en los apartados 81 a 94 de la sentencia impugnada.

La parte recurrente considera que las constataciones hechas por el Tribunal son materialmente inexactas. Considera que la sentencia impugnada incurre en un error de Derecho y conlleva un error manifiesto de apreciación, en la medida en que, por una parte, las normas internas no pueden justificar que no se respete una disposición Estatutaria y, por otra parte, las DGA en cuestión no prevén la delegación de facultades de la AFPN. Por último, la interpretación de las disposiciones del artículo 3 del anexo IX del Estatuto de los Funcionarios y del artículo 4 de las DGA implica, en su opinión, una motivación jurídica inexacta.
C 423/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 11 de septiembre de 2019 — M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

(Asunto C-673/19)

(2019/C 423/26)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad van State

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Otras partes: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

Cuestión prejudicial

¿Se opone la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348), (1) en particular sus artículos 3, 4, 6 y 15, a que un extranjero que disfruta de protección internacional en otro Estado miembro de la Unión sea internado en virtud de la legislación nacional, debido al hecho de que con ese internamiento se persigue la expulsión a ese otro Estado miembro y, por tal motivo, en primer lugar se ordenó la salida al territorio de dicho Estado miembro pero, a continuación, no se adoptó ninguna decisión de retorno?

(1) p. 98.
1)

¿Es aplicable el artículo 16, apartado 5, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 65/2011 de la Comisión, (1) de 27 de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural, a un supuesto en que el solicitante no haya cumplido los requisitos relativos a la siega de la superficie por la que se solicitó la ayuda al mantenimiento de la biodiversidad en los pastos (requisito que va más allá de los requisitos mínimos obligatorios contemplados en el artículo 39, apartado 3, del Reglamento n.o 1698/2005), (2) sin que conste ningún cambio en el grupo de cultivos?
C 348/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Potsdam (Alemania) el 11 de julio de 2019 — Möbel Kraft GmbH & Co. KG/ML

(Asunto C-529/19)

(2019/C 348/07)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Potsdam

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Demandada: ML

Cuestión prejudicial

¿Se aplica la exclusión del derecho de desistimiento previsto en el artículo 16, letra c), de la Directiva 2011/83/UE (1) también cuando los bienes son confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor, pero el vendedor aún no ha comenzado a confeccionarlos y el ajuste a las instalaciones del consumidor no lo habrían realizado terceros, sino el propio vendedor? ¿Es relevante que hubiera sido posible restablecer los bienes a su estado anterior a la individualización con un coste reducido, cercano al 5 por ciento del valor de los bienes?

(1) Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64).
Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Constanța (Rumanía) el 12 de abril de 2019 — IRA Invest SRL/Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea

(Asunto C-304/19)

(2019/C 288/19)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Constanța

Partes en el procedimiento principal

Demandante y recurrente: IRA Invest SRL

Demandada y recurrida: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 4, apartado 1, letras b), c), e) y f), el artículo 10, el artículo 21, apartado 1, y el artículo 32, apartados 1 a 5, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 (1) en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, en circunstancias como las del litigio principal, excluye al agricultor del pago de derechos basándose en que los terrenos con instalaciones piscícolas utilizados como tierra de cultivo no constituyen «superficie agraria» en el sentido del artículo 4 del citado Reglamento?

(1) Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608).
Tercer motivo, basado en la violación de los principios de igualdad de trato y de buena administración. Señala que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no haber examinado si la Sala de Recurso había tratado de manera suficiente los registros anteriores de la recurrente que resultan pertinentes y si, al adoptar su resolución, procedía decidir en el mismo sentido o no. El hecho de no considerar en absoluto los registros idénticos anteriores ante la EUIPO constituye un error de Derecho.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en relación con el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que un Estado miembro puede denegar la autorización a que se refiere el artículo 20, apartado 1, de dicho Reglamento si en el Estado de residencia de la persona está disponible un tratamiento hospitalario cuya eficacia médica no se pone en duda pero el método de tratamiento empleado no es acorde con las convicciones religiosas de dicha persona?
1)

Aun cuando corresponde a los Estados miembros comprobar cuándo las empresas ocupan una posición dominante (con la consiguiente imposición a las mismas de obligaciones específicas), ¿es contraria al Derecho de la Unión y, en particular, al principio de libre circulación de capitales establecido en el artículo 63 TFUE, la disposición establecida en el artículo 43, apartado 11, del Decreto Legislativo n.o 177, de 31 de julio de 2005, en su versión vigente en la fecha de adopción de la resolución impugnada, según la cual «las empresas, por sí mismas o a través de sociedades controladas o vinculadas, cuyos ingresos en el sector de las comunicaciones electrónicas, definido en el artículo 18 del Decreto Legislativo n.o 259, de 1 de agosto de 2003, sean superiores al 40 % de los ingresos totales de dicho sector, no podrán obtener en el sistema global de comunicaciones ingresos superiores al 10 % de dicho sistema», y ello en la parte en que —a través de la remisión al artículo 18 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Código de las comunicaciones electrónicas)— se limita el sector en cuestión a los mercados que pueden ser objeto de regulación ex ante, pese a que la experiencia demuestra que la información (cuyo pluralismo persigue esta norma) se vehicula de un modo creciente a través del uso de Internet, de los ordenadores personales y de la telefonía móvil, hasta el punto de poder hacer irrazonable la exclusión del propio sector, en particular, de los servicios minoristas de telefonía móvil, por la mera razón de operar en régimen de plena competencia, debiendo tenerse en cuenta, respecto a cuanto antecede, el hecho de que la Autoridad [Garante de las Comunicaciones] ha establecido los límites del sector de las comunicaciones electrónicas a efectos de la aplicación del citado artículo 43, apartado 11, precisamente con ocasión del procedimiento examinado, teniendo en cuenta únicamente los mercados respecto a los cuales se haya realizado al menos un análisis desde la entrada en vigor del Codice delle comunicazioni elettroniche (Código de las comunicaciones electrónicas), esto es, desde 2003 hasta la actualidad, y con los ingresos resultantes de la última comprobación pertinente, efectuada en 2015?
1)

¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 3, y 7, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1), (1) en el sentido de que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, que invoca la existencia de circunstancias extraordinarias como causa de un gran retraso, únicamente puede basarse en la causa de exoneración del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, si alega y puede demostrar que el retraso sufrido por el pasajero particular tampoco habría podido evitarse mediante la reserva de un medio de transporte alternativo?
3.

El Tribunal General incurrió en un error al comparar las marcas y al valorar el riesgo de confusión. Examinó erróneamente estas cuestiones como si la marca anterior fuera una marca que indicara el origen en vez de una marca de certificación. No consideró que la marca anterior tuviera carácter distintivo como marca de certificación, es decir, como marca distintiva de productos que realmente cumplían con las normas de la marca de certificación y que efectivamente estaban hechos por productores autorizados por el titular de la marca de certificación. Tampoco tuvo en cuenta la forma en que se utilizan normalmente las marcas de certificación (a saber, acompañadas siempre de un nombre, marca o logotipo distintivos). No tomó en consideración el sentido ni el significado de la marca de la Unión impugnada, en particular, al no examinar si el elemento «HALLOUMI» tenía un carácter distintivo independiente en la marca posterior como signo que indicaba que, antes al contrario, los productos cubiertos por la marca de la Unión impugnada estaban certificados.