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En estas circunstancias, el Consiglio di Stato decidió suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Garantiza el artículo 10 del CEDH, al que se remite el artículo 6 [UE], el pluralismo externo de la información en el sector de la radiodifusión televisiva, de forma que los Estados miembros estén obligados a garantizar un pluralismo efectivo y una competencia efectiva en dicho sector, basada en un sistema de defensa de la competencia que, en función del desarrollo tecnológico, garantice el acceso a los canales y la pluralidad de operadores, sin que sea posible considerar lícitas situaciones de organización duopolística en el mercado? 2) ¿Exigen las disposiciones del Tratado […] que garantizan la libre prestación de servicios y la competencia, tal como las interpretó la Comisión en la comunicación interpretativa de 29 de abril de 2000 sobre las concesiones en el Derecho comunitario, que se otorguen las concesiones según principios que garanticen un trato no discriminatorio e igualitario, la transparencia, la proporcionalidad y el respeto de los derechos de los particulares? ¿Son las disposiciones de Derecho italiano del artículo 3, apartado 7, de la Ley no 249/1997 y del artículo 1 del Decreto-ley [no 352/2003], contrarias a las referidas disposiciones y a dichos principios del Tratado, en la medida en que permitieron a las personas que explotaban canales de radiodifusión televisiva “que excedían” de los límites impuestos por la normativa de defensa de la competencia seguir desarrollando ininterrumpidamente su actividad, excluyendo a los operadores que, como la sociedad demandante, aunque titulares de la concesión correspondiente, obtenida a raíz de un procedimiento competitivo regular, no hubieran podido desarrollar la actividad objeto de la concesión por falta de asignación de radiofrecuencias (debido a la insuficiencia y a la escasez de tales frecuencias, como consecuencia de la referida continuación de la explotación por parte de los titulares de los canales denominados excedentarios)? 3) ¿Implicaba el artículo 17 de la […] Directiva autorización la eficacia directa de ésta en el ordenamiento jurídico interno, a partir del 25 de julio de 2003, e imponía al Estado miembro que hubiera otorgado concesiones para la actividad de radiodifusión televisiva (que incluyeran el derecho a instalar redes, a prestar servicios de comunicación electrónica o el derecho a utilizar radiofrecuencias), a adaptar dichas concesiones a la normativa comunitaria? ¿Supone tal obligación la necesidad de atribuir efectivamente las radiofrecuencias necesarias para ejercer la actividad? 4) ¿Se oponen el artículo 9 de la […] Directiva marco y el artículo 5 de la Directiva autorización, al establecer procedimientos públicos, transparentes y no discriminatorios (artículo 5) que se desarrollen sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales (artículo 9), a un régimen de autorización general, establecido por el Derecho nacional (artículo 23, apartado 5, de la Ley no 112/2004) que, al permitir que se mantengan los canales denominados “excedentarios” que no han sido seleccionados a través de contratos públicos, termine por lesionar los derechos de que disfrutan otras empresas en virtud de la normativa comunitaria (artículo 17, apartado 2, de la […] Directiva autorización), empresas que, aunque adjudicatarias de contratos públicos, no pueden desarrollar su actividad? 5) ¿Obligan el artículo 9 de la [Directiva marco], los artículos 5, apartado 2, párrafo segundo, y 7, apartado 3, de la Directiva autorización, así como el artículo 4 de la Directiva [competencia] a los Estados miembros a hacer que cese, al menos desde el 25 de julio de 2003 (artículo 17 de la Directiva autorización), una situación de ocupación de hecho de las radiofrecuencias (explotación de instalaciones sin una concesión ni autorización otorgada a raíz de un procedimiento de selección) habida cuenta de la actividad de radiodifusión televisiva tal como se ejercía, de manera que no se permita el desarrollo de dicha actividad sin una planificación correcta de la difusión hertziana, sin seguir una lógica de aumento del pluralismo y en contradicción con esas mismas concesiones que el Estado miembro ha otorgado a raíz de un procedimiento público? 6) ¿Podía y puede el Estado miembro invocar la excepción prevista en el artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, de la […] Directiva autorización y en el artículo 4 de la [Directiva competencia] únicamente en favor del pluralismo de la información y para garantizar la protección de la diversidad cultural o lingüística, pero no en favor de los operadores que explotan canales que exceden de los límites para la defensa de la competencia impuestos previamente por las normativa nacional? 7) Para invocar la excepción establecida en el artículo 5 de la [Directiva autorización], ¿debe el Estado miembro indicar cuáles son los objetivos efectivamente perseguidos por la disposición nacional que establece la excepción? 8) ¿Puede tal excepción aplicarse, además del supuesto de la concesionaria del servicio público radiotelevisivo (en Italia, la RAI), igualmente en favor de operadores privados que no hayan resultado elegidos en un procedimiento de selección, en detrimento de empresas que, por el contrario, hayan obtenido una concesión a raíz de un procedimiento de licitación? 9) Las normas que resultan del Derecho comunitario primario y derivado que persiguen garantizar una competencia efectiva (“workable competition”), igualmente en el sector del mercado radiotelevisivo, ¿deberían haber obligado al legislador nacional a evitar la superposición de la prórroga del antiguo régimen transitorio [aplicable a la difusión analógica] que ha acompañado el inicio del sistema digital hertziano, puesto que sólo en el caso de que se abandonaran las emisiones analógicas hertzianas (con el consiguiente paso generalizado a la transmisión digital) sería posible reasignar las radiofrecuencias liberadas a diversos usuarios, mientras que, en el supuesto de la mera transición al sistema de transmisión digital hertziano se puede agravar aún más el problema de la escasez de radiofrecuencias disponibles debido a la radiodifusión analógica y digital de forma simultánea? 10) Por último, ¿queda garantizada la protección del pluralismo de las fuentes de información y de la competencia en el sector radiotelevisivo reconocida por el Derecho europeo por una normativa nacional —como la Ley no 112/2004— que establece un nuevo límite del 20 % de los recursos, calculado sobre una nueva base (el SCI, véase el artículo 2, letra [g)], y el artículo 15 de la Ley no 112/2004) muy amplia, que comprenda asimismo actividades que no tienen ningún impacto sobre el pluralismo de las fuentes de información, siendo así que el “mercado relevante” se define normalmente, en Derecho de la competencia, distinguiendo los mercados, en el sector de la televisión, y distinguiendo incluso entre la televisión de pago y la televisión no de pago [véanse, entre otras, las Decisiones de la Comisión de 21 de marzo de 2000, por la que se declara la compatibilidad con el mercado común de una concentración en el asunto COMP/JV.37 — BSkyB/KirchPayTV, sobre la base del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, y de 2 de abril de 2003, por la que se declara una concentración compatible con el mercado común y el Acuerdo EEE, asunto COMP/M.2876 — Newscorp/Telepiù]?»