Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 20 de marzo de 2002. - LR AF 1998 A/S, antes Løgstør Rør A/S contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Prácticas colusorias - Tubos de calefacción urbana - Artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE) - Infracción continuada - Boicot - Acceso al expediente - Multa - Directrices para el cálculo de las multas - Irretroactividad - Confianza legítima. - Asunto T-23/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página II-01705



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Competencia Prácticas colusorias Participación en reuniones de empresas cuyo objetivo es contrario a la competencia Circunstancia que, al no haberse producido un distanciamiento con respecto a las decisiones adoptadas, permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

2. Competencia Prácticas colusorias Prueba Respuesta de una empresa a la solicitud de información de la Comisión Fuerza probatoria Apreciación Relevancia del hecho de que el firmante de la respuesta dada en nombre de dicha empresa no asistiera a la reunión controvertida o no trabajara para la empresa en el momento de la reunión Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11)

3. Competencia Prácticas colusorias Perjuicio para la competencia Criterios de apreciación Objeto contrario a la competencia Comprobación suficiente

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

4. Competencia Prácticas colusorias Acuerdos entre empresas Participación bajo una supuesta coacción Circunstancia que no justifica a una empresa que no haya hecho uso de la posibilidad de presentar una denuncia ante las autoridades competentes

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3]

5. Competencia Prácticas colusorias Boicot Imputación a una empresa Relevancia del hecho de que la empresa no haya aplicado efectivamente las medidas de boicot Inexistencia Responsabilidad derivada de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción Procedencia Criterios

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

6. Competencia Procedimiento administrativo Respeto del derecho de defensa Acceso al expediente de instrucción facilitado al haber organizado la Comisión un intercambio de documentos entre las empresas investigadas Procedencia Requisito

7. Competencia Procedimiento administrativo Respeto del derecho de defensa Pliego de cargos Presentación de pruebas adicionales tras el envío del pliego de cargos Procedencia Requisito

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, arts. 2 y 4]

8. Competencia Procedimiento administrativo Respeto del derecho de defensa Pliego de cargos Contenido necesario Indicaciones sobre el método de determinación del nivel de la multa prevista Indicaciones prematuras Consecuencias

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, arts. 2 y 4]

9. Derecho comunitario Principios generales del Derecho Irretroactividad de las disposiciones penales Ámbito de aplicación Competencia Procedimiento administrativo Alcance del principio

(Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 7; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

10. Competencia Multas Marco jurídico Determinación Relevancia de la práctica seguida por la Comisión en sus decisiones anteriores Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo)

11. Competencia Multas Importe Determinación Margen de apreciación de la Comisión Consecuencia Imposibilidad de que las empresas invoquen una confianza legítima en el mantenimiento de la situación existente

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

12. Excepción de ilegalidad Alcance Actos cuya ilegalidad puede ser invocada Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas por infracción de las normas sobre la competencia Inclusión

[Tratado CE, art. 184 (actualmente art. 241 CE)]

13. Competencia Multas Importe Determinación Criterios Gravedad y duración de las infracciones Apreciación Necesidad de tomar en consideración el volumen de negocios de las empresas implicadas Inexistencia Necesidad de diferenciar a las empresas implicadas en una misma infracción en función de su volumen de negocios global o de su volumen de negocios en el mercado del producto de que se trate Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

14. Competencia Multas Importe Determinación Importe máximo Cálculo Distinción entre importe final e importe intermedio de la multa Consecuencias

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

15. Competencia Multas Importe Determinación Importe máximo Cálculo Volumen de negocios que debe tomarse en consideración

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

16. Competencia Multas Importe Determinación Criterios Gravedad de las infracciones Circunstancias agravantes o atenuantes Continuación o cese de la infracción tras la intervención de la Comisión Apreciación en cada caso

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

17. Competencia Multas Importe Determinación Criterios Gravedad de las infracciones Circunstancias atenuantes Obligación de la Comisión de atenerse a la práctica seguida en sus decisiones anteriores Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

18. Competencia Multas Importe Determinación Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición o a la reducción de las multas a las empresas investigadas en contrapartida a su cooperación Relevancia a efectos de apreciar la cooperación de dichas empresas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

19. Competencia Multas Importe Determinación Inexistencia para una empresa de la posibilidad de invocar el principio de igualdad de trato para obtener el reconocimiento de una reducción ilícita

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

20. Competencia Multas Pago Intereses de demora Fijación por parte de la Comisión de un tipo de interés superior al tipo medio aplicado en el mercado Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

Índice

1. Cuando una empresa participa, aun sin tomar parte activa en ellas, en reuniones con otras empresas cuyo objeto es contrario a la competencia y no se distancia públicamente de su contenido, induciendo de este modo a los demás participantes a pensar que se adhiere al resultado de las reuniones y que lo respetará, puede considerarse acreditada su participación en el acuerdo resultante de dichas reuniones.

( véase el apartado 39 )

2. La fuerza probatoria de la respuesta dada por una empresa a la solicitud de información que le presentó la Comisión basándose en el artículo 11 del Reglamento nº 17 no se ve afectada en absoluto por el hecho de que la persona que la firmó no estuviera presente en la reunión investigada por la Comisión, ni fuera empleado de dicha empresa en aquel momento. Desde el momento en que dicha respuesta se ha dado en nombre de la propia empresa, su credibilidad es superior a la que podría tener la respuesta dada por uno de sus empleados, independientemente de su experiencia u opiniones personales.

( véase el apartado 45 )

3. A la hora de aplicar el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), resulta superfluo tomar en consideración los efectos concretos de un acuerdo cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. A este respecto, el hecho de que una empresa que participó con otras en reuniones en las que se adoptaron decisiones sobre los precios no respete los precios acordados no puede desvirtuar el objeto contrario a la competencia de dichas reuniones ni, por consiguiente, la participación de la empresa interesada en los acuerdos, sino que, como mucho, podría demostrar que esta última no aplicó los acuerdos de que se trata.

( véase el apartado 47 )

4. Una empresa que participa con otras en actividades contrarias a la competencia no puede alegar haber participado en ellas coaccionada por los demás participantes. Podía en efecto haber denunciado las presiones que sufría a las autoridades competentes y haber presentado una denuncia a la Comisión conforme al artículo 3 del Reglamento nº 17, en vez de participar en dichas actividades.

( véase el apartado 142 )

5. Para imputar un boicot a una empresa no es necesario que ésta participe efectivamente en su aplicación, ni siquiera que tenga la posibilidad de hacerlo. La tesis contraria llevaría a que las empresas que han aprobado medidas de boicot pero no han tenido la oportunidad de adoptar personalmente decisiones para aplicarlas puedan eludir todo tipo de responsabilidad por su participación en el acuerdo.

A este respecto, una empresa que haya participado en una infracción multiforme de las normas sobre la competencia mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) y que pretenden contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción, cuando se demuestre que la empresa de que se trata conocía los comportamientos ilícitos de los demás participantes o podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo.

( véanse los apartados 157 y 158 )

6. Al sugerir a las empresas afectadas que faciliten el acceso a la documentación mediante un intercambio de documentos y, sin embargo, garantizar al mismo tiempo personalmente el derecho de acceso al expediente de la instrucción en su totalidad, la Comisión presta la debida atención a las exigencias que formula la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, según la cual, en la investigación de infracciones de la normativa sobre la competencia, un intercambio de documentación entre las empresas no puede en ningún caso eliminar la obligación de la Comisión de garantizar personalmente el respeto del derecho de defensa de las empresas afectadas. En efecto, la defensa de una empresa no puede depender de la buena voluntad de otra empresa que es en principio competidora suya, contra la cual la Comisión ha formulado reproches similares y cuyos intereses, tanto económicos como en el marco del procedimiento, son con frecuencia de signo opuesto.

( véase el apartado 184 )

7. Según el artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 17, puesto en relación con los artículos 2 y 4 del Reglamento nº 99/63, la Comisión debe comunicar los cargos que tiene la intención de mantener contra las empresas y asociaciones interesadas y sólo puede incluir en sus decisiones los cargos respecto de los cuales estas últimas hayan podido manifestar sus puntos de vista. No obstante, ninguna disposición prohíbe que la Comisión comunique a las partes, después de enviar el pliego de cargos, nuevos documentos respecto a los que considere que apoyan su tesis, sin perjuicio de dar a las empresas el tiempo necesario para expresar su opinión al respecto.

( véanse los apartados 188 y 190 )

8. Desde el momento en que la Comisión indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas. Al actuar así, les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa. En este contexto, la Comisión no está obligada a precisar el peso que tiene intención de atribuir a cada uno de estos elementos a la hora de determinar el nivel de las multas. En efecto, facilitar indicaciones sobre el nivel de las multas previstas antes de que las empresas hayan podido presentar sus observaciones sobre los cargos existentes contra ellas equivaldría a anticipar de una manera inadecuada la decisión de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión tampoco está obligada a comunicar a las empresas afectadas, mientras se desarrolla el procedimiento administrativo, su intención de aplicar un nuevo método de cálculo de las multas. En particular, la Comisión no tiene la obligación de poner en guardia a las empresas advirtiéndolas de su intención de aumentar el nivel general de las multas.

( véanse los apartados 199 y 206 a 208 )

9. El principio de irretroactividad de las disposiciones penales, que el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra como derecho fundamental, es un principio común a todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y forma parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantizan los órganos jurisdiccionales comunitarios.

A este respecto, aunque el artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 17 indica que las decisiones de la Comisión en las que se imponen multas por infracción del Derecho de la competencia no tienen carácter penal, no es menos cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de irretroactividad en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una sanción con arreglo a las normas sobre la competencia del Tratado. El respeto de dicho principio exige que las sanciones impuestas a una empresa por infracción de las normas sobre la competencia sean las previstas en el momento en que se cometió la infracción.

Sin embargo, habida cuenta del margen de apreciación que el Reglamento nº 17 reconoce a la Comisión, el establecimiento por esta última de un nuevo método de cálculo de las multas, que puede dar lugar en ciertos casos a un incremento de su importe, aunque sin sobrepasar el límite máximo fijado en dicho Reglamento, no puede considerarse un aumento con efectos retroactivos de las multas previstas en el artículo 15 del Reglamento nº 17, contrario a los principios de legalidad y de seguridad jurídica.

( véanse los apartados 219 a 221 y 235 )

10. En materia de competencia, la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas, pues dicho marco es únicamente el que establece el Reglamento nº 17.

( véase el apartado 234 )

11. En lo relativo a la fijación del importe de las multas por infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión ejercita su facultad dentro de los límites del margen de apreciación que le otorga el Reglamento nº 17. Pues bien, los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias. De ello se deduce que las empresas implicadas en un procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una multa no pueden confiar legítimamente en que la Comisión no incrementará el nivel de las multas que aplicaba con anterioridad.

( véanse los apartados 241 y 243 )

12. El artículo 184 del Tratado (actualmente artículo 241 CE) constituye la expresión de un principio general que garantiza a cualquiera de las partes, para obtener la anulación de una decisión que le afecte directa e individualmente, el derecho a impugnar la validez de los actos institucionales anteriores que, aun sin revestir la forma de un reglamento, constituyan la base jurídica de la decisión impugnada, cuando dicha parte no disponga del derecho a interponer, con arreglo al artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), un recurso directo contra tales actos, cuyas consecuencias sufre así sin haber podido solicitar su anulación. Dado que el artículo 184 del Tratado no tiene por objeto permitir que una parte impugne la aplicabilidad de cualquier acto de carácter general en apoyo de cualquier tipo de recurso, el acto general cuya ilegalidad se alega debe ser aplicable, directa o indirectamente, al asunto objeto del recurso y tiene que existir un vínculo jurídico directo entre la decisión individual impugnada y el acto general de que se trate.

A este respecto, las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA que la Comisión adoptó, pese a no constituir la base jurídica de la Decisión por la que se impone una multa a una empresa, ya que dicha Decisión se basa en los artículos 3 y 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, determinan de un modo general y abstracto la metodología que la Comisión se obligó a seguir para determinar el importe de la multa impuesta en la Decisión y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica de las empresas. Así pues, desde el momento en que quede de manifiesto que la Comisión determinó efectivamente el importe de la multa impuesta a la empresa siguiendo el método general que se impuso en sus Directrices, existe un vínculo jurídico directo entre la Decisión individual controvertida y el acto general constituido por dichas Directrices. Como la empresa implicada no podía solicitar la anulación de las Directrices como acto general, éstas pueden ser objeto de una excepción de ilegalidad.

( véanse los apartados 272 a 276 )

13. Al determinar el importe de las multas en función de la gravedad y de la duración de la infracción correspondiente, la Comisión no está obligada a calcularlo partiendo de importes basados en el volumen de negocios de las empresas implicadas ni a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas a las empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global o a su volumen de negocios en el mercado del producto de que se trate.

( véase el apartado 278 )

14. Al disponer que la Comisión puede imponer multas por importe de hasta el 10 % del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente por cada una de las empresas que participaron en la infracción, el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 exige que se reduzca la multa que finalmente se impone a la empresa en el caso de que ésta supere el 10 % de su volumen de negocios, independientemente de las operaciones de cálculo intermedias destinadas a tomar en consideración la gravedad y la duración de la infracción. Por consiguiente, dicha disposición no prohíbe a la Comisión que utilice en sus cálculos un importe intermedio que sea superior al 10 % del volumen de negocios de la empresa implicada, siempre que la multa que finalmente se imponga a dicha empresa no sobrepase este límite máximo. En este supuesto, no cabe reprocharle que algunos de los factores tenidos en cuenta en sus cálculos, tales como la duración o las circunstancias atenuantes o agravantes, no influyan en el importe final de la multa, pues ello es consecuencia de la prohibición formulada en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, que impide sobrepasar el 10 % del volumen de negocios de la empresa implicada.

( véanse los apartados 286 a 288 y 290 )

15. El volumen de negocios contemplado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 es el volumen de negocios global de la empresa afectada, que es el único que da una indicación aproximada de la importancia y la influencia de dicha empresa en el mercado. Respetando el límite que establece dicha disposición, la Comisión puede determinar el importe de la multa partiendo del volumen de negocios que prefiera, en términos de extensión geográfica y de productos afectados.

( véase el apartado 306 )

16. El hecho de que pueda considerarse circunstancia atenuante que la infracción de las normas sobre la competencia se interrumpa tras las primeras intervenciones de la Comisión no significa que resulte imposible considerar circunstancia agravante la continuación de la infracción en dicha situación. En efecto, la reacción de una empresa ante la apertura de una investigación sobre sus actividades sólo puede valorarse teniendo en cuenta el contexto específico en cada caso. Como no cabe afirmar que la Comisión esté obligada, por regla general, a considerar circunstancia agravante la continuación de la infracción ni a considerar circunstancia atenuante el cese de la infracción, la eventualidad de que dicha institución califique este cese de circunstancia atenuante en un caso concreto no puede privarla de la facultad de considerar, en otro contexto, que la continuación de la infracción constituye una circunstancia agravante.

( véase el apartado 324 )

17. El mero hecho de que, en sus decisiones anteriores, la Comisión considerase que ciertos elementos constituían circunstancias atenuantes para determinar la cuantía de la multa que procedía imponer por una infracción de las normas sobre la competencia no implica que esté obligada a efectuar la misma apreciación en una decisión posterior.

( véase el apartado 337 )

18. Una Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas crea expectativas legítimas sobre las que se basan las empresas que desean informar a la Comisión acerca de la existencia de un acuerdo. Habida cuenta de la confianza legítima que dicha Comunicación suscita en las empresas que desean cooperar con la Comisión, esta última debe ajustarse a ella al apreciar el valor de la cooperación de une empresa, a efectos de determinar el importe de la multa que procede imponer a la misma.

( véase el apartado 360 )

19. Aun suponiendo que la Comisión hubiera otorgado a una empresa una reducción excesiva de su multa por infracción de las normas sobre la competencia, el respeto del principio de igualdad de trato debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar en su provecho una ilegalidad cometida en favor de otro.

( véase el apartado 367 )

20. Aunque el tipo de interés de demora aplicable a las multas por infracción de las normas sobre la competencia impuestas a las empresas no debe ser tan alto como para obligar en la práctica a las mismas a pagar las multas aunque crean tener buenas razones para impugnar la validez de la Decisión de la Comisión, esta última se encuentra, sin embargo, facultada para adoptar como punto de referencia un nivel superior al del tipo de interés ofrecido en el mercado al prestatario medio, en la medida en que sea necesario para desalentar las conductas dilatorias.

( véase el apartado 398 )

Partes

En el asunto T-23/99,

LR AF 1998 A/S, antes Løgstør Rør A/S, con domicilio social en Løgstør (Dinamarca), representada por los Sres. D. Waelbroeck y H. Peytz, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. P. Oliver y É. Gippini Fournier, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto, con carácter principal, la anulación de la Decisión 1999/60/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 1998, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado CE (IV/35.691/E-4: Cartel en el mercado de los tubos preaislados) (DO 1999, L 24, p. 1), o, con carácter subsidiario, la reducción de la multa impuesta en dicha Decisión a la demandante,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. P. Mengozzi, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces;

Secretario: Sr. G. Herzig, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de octubre de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que dieron lugar al litigio

1 La empresa LR AF 1998 A/S, antes Løgstør Rør A/S, es una sociedad danesa que, en el momento en que se desarrollaron los hechos, fabricaba y vendía tubos preaislados, utilizados principalmente para la calefacción urbana.

2 En los sistemas de calefacción urbana, el agua se calienta en una instalación central y se transporta por tuberías subterráneas a los locales que se quieren calentar. Como la temperatura del agua (o vapor) transportada es muy elevada, las tuberías deben aislarse para garantizar una distribución eficaz y segura. Las tuberías utilizadas se preaislan, por lo que están constituidas generalmente por un tubo de acero envuelto en una funda de plástico, con una capa aislante de espuma entre ambos componentes.

3 Existe un importante comercio de tubos de calefacción urbana entre los Estados miembros. Los principales mercados nacionales de la Unión Europea son el de Alemania, con un 40 % del consumo comunitario, y el de Dinamarca, con un 20 %. Con un 50 % de la capacidad de fabricación de la Unión Europea, Dinamarca es el principal centro de producción de la Unión, desde el que se abastece a todos los Estados miembros que utilizan sistemas de calefacción urbana.

4 En una denuncia fechada el 18 de enero de 1995, la empresa sueca Powerpipe AB informó a la Comisión de que los demás fabricantes y suministradores de tubos de calefacción urbana habían creado un cartel a través del cual se habían repartido el mercado europeo y habían tomado medidas concertadas a fin de entorpecer sus actividades o limitarlas al mercado sueco, o incluso para expulsarla, pura y simplemente, del mercado.

5 El 28 de junio de 1995, actuando en virtud de una decisión de la Comisión de 12 de junio de 1995, un grupo de funcionarios de esta última y representantes de las autoridades responsables en materia de competencia de los Estados miembros afectados llevaron a cabo inspecciones simultáneas y sin previo aviso en diez empresas o asociaciones del sector de la calefacción urbana, incluida la demandante (en lo sucesivo, «inspecciones»).

6 A continuación, la Comisión cursó solicitudes de información a la demandante y a la mayoría de las empresas involucradas en los hechos que se discuten, basándose en el artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22).

7 El 20 de marzo de 1997, la Comisión remitió un pliego de cargos a la demandante y a las demás empresas afectadas. La audiencia de estas empresas se desarrolló los días 24 y 25 de noviembre de 1997.

8 El 21 de octubre de 1998, la Comisión adoptó la Decisión 1999/60/CE, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado CE (IV/35.691/E-4: Cartel en el mercado de los tubos preaislados) (DO 1999, L 24, p. 1), rectificada antes de su publicación por una Decisión de 6 de noviembre de 1998 [C(1998) 3415 final] (en lo sucesivo, «Decisión» o «Decisión impugnada»), que declaraba probada la participación de diversas empresas, entre ellas la demandante, en un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas en el sentido del artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) (en lo sucesivo, «cartel»).

9 Según la Decisión, a finales de 1990 los cuatro productores daneses de tubos de calefacción urbana llegaron a un acuerdo para una cooperación general en el mercado nacional. En dicho acuerdo participaron la demandante, ABB IC Møller A/S, filial danesa del grupo helvético-sueco ABB Asea Brown Boveri Ltd (en lo sucesivo, «ABB»); Dansk Rørindustri A/S, también denominada Starpipe (en lo sucesivo, «Dansk Rørindustri»), y Tarco Energi A/S (en lo sucesivo, «Tarco») (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «productores daneses»). Una de las primeras medidas consistió en coordinar un aumento de precios, tanto en el mercado danés como en los mercados de exportación. Para el reparto del mercado danés se establecieron cuotas que fueron posteriormente aplicadas y controladas por un «grupo de contacto» en el que participaban los responsables de ventas de las empresas implicadas. Para cada proyecto comercial (en lo sucesivo, «proyecto»), la empresa a la que le había sido atribuido por el grupo de contacto informaba a los demás participantes del precio que pensaba proponer y estos últimos presentaban ofertas más elevadas a fin de proteger al proveedor designado por el cartel.

10 Según la Decisión, a partir del otoño de 1991 dos productores alemanes, el grupo Henss/Isoplus (en lo sucesivo, «Henss/Isoplus») y Pan-Isovit GmbH, comenzaron a asistir a las reuniones regulares de los productores daneses. En dichas reuniones se llevaron a cabo negociaciones para el reparto del mercado alemán, que en agosto de 1993 culminaron en una serie de acuerdos en los que se fijaban las cuotas de ventas de cada empresa participante.

11 Siempre según la Decisión, todos estos productores llegaron en 1994 a un acuerdo para establecer cuotas de mercado a nivel europeo. Este cartel europeo estaba estructurado en dos niveles. El «club de directivos», compuesto por los presidentes o los directores generales de las empresas participantes en el cartel, atribuía cuotas a cada empresa, tanto a nivel global como para cada uno de los mercados nacionales, concretamente los de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Países Bajos y Suecia. En ciertos mercados nacionales se creó un «grupo de contacto», compuesto por los responsables locales de ventas, a quienes se asignaba la tarea de aplicar los acuerdos repartiendo los proyectos y coordinando las ofertas para las licitaciones.

12 En lo que respecta al mercado alemán, la Decisión afirma que, tras una reunión de los seis principales productores europeos (ABB, Dansk Rørindustri, Henss/Isoplus, Pan-Isovit, Tarco y la demandante) y Brugg Rohrsysteme GmbH (en lo sucesivo, «Brugg») celebrada el 18 de agosto de 1994, la primera reunión del grupo de contacto para Alemania tuvo lugar el 7 de octubre de 1994. Dicho grupo continuó reuniéndose durante mucho tiempo después de las inspecciones de la Comisión de finales de junio de 1995, aunque a partir de ese momento las reuniones se celebraron fuera de la Unión Europea, en Zúrich. Las reuniones de Zúrich continuaron hasta el 25 de marzo de 1996.

13 Una de las actuaciones del cartel mencionadas en la Decisión es la adopción y aplicación de medidas concertadas destinadas a eliminar a la única empresa importante que no formaba parte de aquél, Powerpipe. La Comisión precisa que varios participantes en el cartel contrataron a «personal clave» de Powerpipe y dieron a entender a esta última que debía retirarse del mercado alemán. Como consecuencia de la atribución a Powerpipe de un importante proyecto alemán en marzo de 1995, al parecer se celebró en Düsseldorf una reunión en la que participaron los seis productores antes mencionados y Brugg y en la que se decidió, según la Comisión, boicotear colectivamente a los clientes y proveedores de Powerpipe. El boicot se aplicó de inmediato.

14 En la Decisión, la Comisión expone las razones por las que puede considerarse que no sólo el acuerdo expreso de reparto de mercados celebrado entre los productores daneses a finales de 1990, sino también los acuerdos celebrados a partir de octubre de 1991, contemplados globalmente, constituyen un «acuerdo» prohibido por el artículo 85, apartado 1, del Tratado. La Comisión subraya además que los carteles «danés» y «europeo» no eran sino la expresión de un único cartel nacido en Dinamarca, pero cuyo objetivo a largo plazo era desde el principio que los participantes llegaran a controlar la totalidad del mercado. Según la Comisión, este acuerdo continuado entre los productores tuvo un efecto significativo en el comercio entre los Estados miembros.

15 Basándose en la motivación expuesta, la Decisión dispone lo siguiente:

«Artículo 1

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Brugg Rohrsysteme GmbH, Dansk Rorindustri A/S, Henss Isoplus Group, Ke-Kelit Kunstoffwerk GmbH, Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl y Tarco Energi A/S han cometido una infracción al apartado 1 del artículo 85 [del Tratado] participando, en la forma y medida descritas en los considerandos de la presente Decisión, en un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas que se iniciaron entre noviembre y diciembre de 1990 entre cuatro productores daneses y que, progresivamente, se fueron extendiendo a otros mercados nacionales e incluyeron a Pan-Isovit y Henss-Isoplus, y que a finales de 1994 constituían un cartel global que abarcaba todo el mercado común.

La duración de las infracciones fue la siguiente:

en el caso de [...] Løgstør [...] desde noviembre o diciembre de 1990 hasta, como mínimo, marzo o abril de 1996,

[...]

Las principales características de las infracciones son las siguientes:

reparto de los mercados nacionales y, con el tiempo, todo el mercado europeo por medio de cuotas,

asignación de los mercados nacionales a determinados productores y adopción de medidas para provocar la retirada de otros,

concertación de los precios del producto y de determinados proyectos,

asignación de cada proyecto a un determinado productor y manipulación del procedimiento de licitación de dichos proyectos para asegurarse de que el contrato en cuestión se concediera al productor elegido,

a fin de proteger el cartel frente a la competencia de la única empresa importante no perteneciente al mismo, Powerpipe AB, concertación y adopción de medidas para dificultar su actividad comercial, perjudicar su actividad empresarial o excluir totalmente del mercado a esta empresa.

[...]

Artículo 3

Por el presente artículo se impone a las empresas citadas a continuación las siguientes multas en relación con la infracción contemplada en el artículo 1:

[...]

g) [Løgstør], una multa de 8.900.000 ecus;

[...]»

16 La Decisión fue notificada a la demandante mediante escrito fechado el 12 de noviembre de 1998 y recibido por ésta al día siguiente.

Procedimiento y pretensiones de las partes

17 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de enero de 1999, la demandante interpuso el presente recurso.

18 Siete de las otras nueve empresas a las que se imputa la infracción interpusieron igualmente recurso contra la Decisión (asuntos T-9/99, T-15/99, T-16/99, T-17/99, T-21/99, T-28/99 y T-31/99).

19 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral y solicitar a las partes, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, que respondieran a determinadas preguntas formuladas por escrito y presentaran determinados documentos. Las partes así lo hicieron.

20 En la audiencia pública celebrada el 25 de octubre de 2000 se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas orales del Tribunal de Primera Instancia.

21 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Anule la Decisión impugnada en lo que a ella se refiere.

Subsidiariamente, reduzca sustancialmente el importe de la multa que se le ha impuesto.

Condene en costas a la demandada.

22 La demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Desestime el recurso.

Condene en costas a la demandante.

Sobre el fondo

23 La demandante invoca esencialmente cinco motivos. El primer motivo se basa en ciertos errores de hecho en la aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado. El segundo motivo se basa en la violación del derecho de defensa. El tercer motivo se basa en la violación de diversos principios generales y en ciertos errores de hecho en la determinación del importe de la multa. El cuarto motivo se basa en un incumplimiento del deber de motivación en lo que respecta a la determinación del importe de la multa. Por último, el quinto motivo se basa en la cuantía excesiva del tipo de interés aplicable a la multa en caso de que no se abone de inmediato.

I. Sobre el primer motivo, relativo a ciertos errores de hecho en la aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado

A. Sobre el mecanismo de compensación en el seno del cartel danés

1. Alegaciones de las partes

24 La demandante alega que la Comisión cometió un error al afirmar, en el considerando 35 de la Decisión, que había participado en un mecanismo de compensación a finales de 1991. Sostiene que, cuando Tarco solicitó una compensación por la cuota de mercado que había perdido, se ofreció únicamente a retirar, en provecho de Tarco, una oferta presentada por ella en el mercado islandés y de la que ya sabía que había sido rechazada por el cliente islandés. Pese a que se discutieron otros mecanismos de compensación, en definitiva la demandante no pagó a Tarco cantidad alguna. A su juicio, esto demuestra que no tenía la intención de participar en un sistema de compensación y que, de hecho, no participó en él.

25 La demandada sostiene que las explicaciones de la demandante son insuficientes, dado que ésta reconoce haber hablado de compensaciones con Tarco y haber propuesto retirarse de un procedimiento de adjudicación. En su opinión, la alegación de que no se pagó compensación monetaria alguna no contradice el análisis del sistema de compensación efectuado en la Decisión.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

26 Procede señalar que, en el considerando 35 de la Decisión, la Comisión afirma que, por lo que respecta al cartel en el mercado danés, está fuera de toda duda que se aplicó un mecanismo de compensación a finales de 1991, aunque no está claro el procedimiento exacto de dicha compensación. A este respecto la Comisión se remite, por una parte, a las declaraciones de Tarco, según la cual los pagos compensatorios se abonaban en efectivo y mediante facturas que correspondían a ventas ficticias de tubos, y, por otra parte, a la respuesta de la demandante de 2 de octubre de 1997 a la solicitud de información de 26 de agosto de 1997, según la cual una solicitud de compensación de Tarco recibió una respuesta favorable al tomarse en cuenta los pedidos que la demandante había cursado ya a Tarco y al renunciar aquélla, en favor de Tarco, a su participación en un proyecto conjunto en Islandia (considerando 35, párrafo segundo, de la Decisión). Seguidamente, la Comisión afirma que, con independencia del procedimiento exacto empleado para resolver la cuestión de la compensación en 1991, para 1992 se acordó aplicar un nuevo sistema, en el que los excedentes de cuota de mercado respecto a las cuotas asignadas serían objeto de un «traslado» al siguiente período para ser reasignados a los productores que no hubieran alcanzado la cuota atribuida (considerando 35, párrafo tercero, de la Decisión).

27 Resulta obligado hacer constar que la demandante reconoce que, en las discusiones mantenidas con Tarco después de que esta última solicitara una compensación por los proyectos perdidos, logró dar una respuesta favorable a dicha solicitud declarando que retiraría la oferta que había presentado para un proyecto islandés.

28 Pues bien, aunque la demandante supiera que, en cualquier caso, no iba a serle adjudicado el proyecto y aunque no se efectuara pago alguno a raíz de las discusiones con Tarco, no cabe negar que la demandante renunció a un proyecto en favor de Tarco a fin de satisfacer una solicitud de compensación que se basaba en el mecanismo acordado por el cartel.

29 Por consiguiente, la Comisión estaba en lo cierto al afirmar que, a pesar de que no estaba claro el procedimiento exacto de la compensación, había quedado acreditada la aplicación de un mecanismo de compensación.

30 Por lo tanto, procede desestimar el argumento invocado por la demandante.

B. Sobre la existencia de un cartel continuado desde 1990 hasta 1996

31 La demandante niega haber participado en una infracción continuada del artículo 85 del Tratado «desde alrededor de noviembre-diciembre de 1990 hasta al menos marzo o abril de 1996». Según afirma, existían dos carteles separados, el primero limitado al mercado danés, que duró desde enero de 1991 hasta abril de 1993, y el segundo extendido al mercado europeo y que duró desde marzo de 1995 hasta noviembre o diciembre de 1995, al que se sumó, en lo que respecta a Dinamarca y a Alemania, una cooperación que comenzó a finales de 1994 y se mantuvo, esporádicamente, hasta marzo de 1996.

32 Procede analizar primero las alegaciones relativas a la participación de la demandante en las actividades del cartel fuera del mercado danés en el período 1990-1993; a continuación, las relativas a la suspensión de su participación en 1993 y a la creación de un cartel europeo a partir de 1994, y, por último, las relativas a la duración y el carácter continuado del cartel.

1. Sobre la participación en el cartel fuera del mercado danés en el período 1990-1993

Alegaciones de las partes

33 La demandante alega que, aunque las empresas afectadas realizaron diversas tentativas de implantar una cooperación en Alemania en el período 1991-1993, dichas tentativas no tuvieron éxito y la competencia no resultó falseada en dicho período. Señala que no deseaba llegar a acuerdo alguno de reparto del mercado, porque pensaba hallarse en condiciones de aumentar su cuota de mercado. Según afirma, en las reuniones a las que asistió adoptó una actitud pasiva, sin asumir el más mínimo compromiso.

34 La demandante sostiene, en primer lugar, que no participó en el acuerdo de aumento de precios para 1991, que también afectaba a los precios en los mercados de exportación. La Comisión yerra al invocar a este respecto la nota tomada en la reunión de 22 de noviembre de 1990 del subcomité del Consejo de calefacción urbana danés (asociación ajena al cartel), dado que los aumentos de precios anunciados por los productores en dicha ocasión habían sido decididos unilateralmente. Por lo que respecta a los aumentos de precios de la demandante que entraron en vigor el 12 de noviembre de 1990, la prueba de lo anterior reside en el hecho de que los nuevos precios ya habían sido publicados antes de la reunión. Por lo tanto, los productores no pudieron «coordinar» unos aumentos de precios que ya habían sido decididos por cada uno de ellos. La declaración de Tarco en sentido contrario, en la que también se basa la Comisión, es errónea. Por otra parte, la demandante afirma que la persona que firmó dicha declaración no formaba parte del personal de Tarco en aquel momento ni estuvo presente en la reunión.

35 En el período 1991-1993, añade la demandante, las únicas infracciones ajenas al mercado danés fueron un acuerdo relativo a Alemania, que tenía por objeto aumentar los baremos de precios brutos a partir del 1 de enero de 1992, y un acuerdo de cooperación en Italia, de 14 de octubre de 1991, relativo al proyecto de Turín. El acuerdo sobre los baremos de precios brutos no se suscribió hasta la reunión de 10 de diciembre de 1991. No obstante, en el curso de dicha reunión no se llegó a ningún acuerdo sobre baremos de precios comunes ni sobre un programa de reuniones mensuales. El acuerdo sobre los baremos de precios brutos no tuvo probablemente ningún efecto directo en el mercado alemán, ya que la demandante vendía en él a través de un distribuidor independiente que establecía sus propios precios finales y los descuentos concedidos por la demandante a su distribuidor alemán compensaban los aumentos de precios previstos en los baremos. En cuanto al proyecto de Turín, la demandante sostiene que fue un ejemplo aislado de cooperación, sin efecto alguno sobre el mercado.

36 En segundo lugar, la demandante niega haber participado en un acuerdo de reparto del mercado alemán para 1994, como afirma la Comisión en los considerandos 50 y 51 de la Decisión. No recuerda en absoluto las reuniones celebradas en Copenhague el 30 de junio de 1993 y en Zúrich el 18 o el 19 de agosto de 1993, que se describen en los considerandos 49 y 50 de la Decisión. Tampoco dio su consentimiento a la elaboración de un baremo de precios uniformes ni al establecimiento de un sistema de sanciones. El documento que la Comisión ha presentado como prueba del contenido de tal acuerdo, recogido en el anexo 7 de las observaciones de la demandante al pliego de cargos, no es sino una propuesta de ABB que fue presentada con posterioridad a la demandante (en lo sucesivo, «propuesta de ABB»). Según la demandante, su negativa a firmar dicho acuerdo no se contradice con la aceptación por su parte de una auditoría encargada por los miembros del cartel y realizada por contables suizos, destinada a obtener datos sobre el tamaño global del mercado alemán, ni con el hecho de que Pan-Isovit tuviera la impresión de que la demandante quería que se alcanzara un acuerdo. La demandante afirma que, en efecto, fingió estar interesada por un acuerdo en unos términos que sabía inaceptables para las empresas alemanas del cartel. En una breve reunión de 8 de septiembre de 1993, a la que asistió la demandante, ésta declaró que no deseaba participar en el más mínimo acuerdo relativo al mercado alemán. En una reunión de 29 de septiembre de 1993, rehusó de nuevo la propuesta de ABB. La demandante deduce de todo ello que no sólo se negó a aceptar un acuerdo de reparto del mercado en Alemania, sino que además contribuyó al fracaso de las tentativas de lograr tal acuerdo.

37 Según la demandante, el mero hecho de haber participado en reuniones cuyo objeto era contrario a la competencia no permite imputarle una responsabilidad como miembro del cartel, dado que explicó a los demás participantes en numerosas ocasiones que no estaba interesada en la cooperación prevista, distanciándose así «públicamente» del contenido de las discusiones mantenidas en las reuniones. Además, en su opinión, dichas discusiones nunca produjeron resultados ni tuvieron efecto alguno en el mercado.

38 La demandada sostiene que, por lo que respecta a la cooperación fuera de Dinamarca entre 1991 y 1993, existió un acuerdo expreso, primero entre los productores daneses, sobre un aumento de los precios de exportación a principios de 1991 y, a continuación, sobre un aumento de precios en Alemania a partir de enero de 1992, sobre la fijación de precios y el reparto de proyectos en Italia y sobre el sistema de cuotas de mercado para 1994. Tales acuerdos no pueden calificarse de acontecimientos aislados. En efecto, según la demandada, la demandante participó en numerosas reuniones regulares en el marco de un cartel que, a partir de otoño de 1991, amplió al mercado alemán la cooperación formal de los productores daneses.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

39 Según reiterada jurisprudencia, cuando una empresa participa, aun sin tomar parte activa en ellas, en reuniones con otras empresas cuyo objeto es contrario a la competencia y no se distancia públicamente de su contenido, induciendo de este modo a los demás participantes a pensar que se adhiere al resultado de las reuniones y que lo respetará, puede considerarse acreditada su participación en el acuerdo resultante de dichas reuniones (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T-7/89, Rec. p. II-1711, apartado 232; de 10 de marzo de 1992, Solvay/Comisión, T-12/89, Rec. p. II-907, apartado 98, y de 6 de abril de 1995, Tréfileurope/Comisión, T-141/89, Rec. p. II-791, apartados 85 y 86).

40 Las pruebas reunidas por la Comisión y las conclusiones que de ellas dedujo en los considerandos 38 y siguientes de la Decisión, en lo que respecta al período comprendido entre octubre de 1991 y octubre de 1993, deben valorarse en este contexto.

41 En primer lugar, procede señalar que la Comisión afirmó acertadamente, en los considerandos 31, 38 y 135 de la Decisión, que la demandante había participado en los aumentos de precios concertados por los productores daneses para sus mercados de exportación.

42 En efecto, la demandante no niega haber participado en la reunión de 22 de noviembre de 1990, cuyo informe (anexo 19 del pliego de cargos) incluye una lista de aumentos de precios, en la que se indican para cada productor danés uno o dos porcentajes acompañados de una fecha, tanto en una columna encabezada por la palabra «Dinamarca» como en otra titulada «Exportación». La conclusión que la Comisión extrae de dicho documento, a saber, que los participantes en la reunión acordaron coordinar un aumento de sus precios para los mercados de exportación, resulta corroborada por la declaración de Tarco según la cual los participantes en aquella reunión se pusieron de acuerdo sobre una serie de aumentos concertados de sus baremos de precios de base, tanto para las ventas nacionales como para las exportaciones (respuesta de Tarco de 26 de abril de 1996 a la solicitud de información de 13 de marzo de 1996; en lo sucesivo, «respuesta de Tarco»).

43 La demandante no puede negar la conclusión de la Comisión afirmando que el aumento de los precios de exportación no fue «acordado» en dicha reunión. En efecto, procede observar que la Comisión se limitó a señalar que los productores daneses «coordinaron» los aumentos de sus precios de exportación, lo que implica que los participantes se pusieron de acuerdo, al menos, sobre el modo de llevar a cabo los aumentos de precios previstos pero no requiere que los participantes llegaran también en la misma reunión a un acuerdo sobre el principio del aumento de precios o sobre su porcentaje exacto. Pues bien, el informe de la reunión de 22 de noviembre de 1990 muestra que, en todo caso, los participantes anunciaron las fechas en que iban a aumentar sus precios y, en su caso, el escalonamiento previsto para los aumentos. Por lo tanto, la Comisión podía lícitamente constatar la existencia de un aumento concertado de precios.

44 La alegación de la demandante de que ya había publicado, antes de la reunión del comité de 22 noviembre de 1990, un baremo de precios que recogía el aumento no es pertinente. En efecto, por una parte, la demandante no ha precisado en qué medida el baremo de precios publicado, en danés, el 12 de noviembre de 1990 se aplicaba también a las exportaciones, dado que en la reunión de 22 de noviembre de 1990 se consideró necesario tratar por separado los precios de exportación y los precios en el mercado danés. Por otra parte, la fecha de entrada en vigor de dicho baremo (12 de noviembre de 1990) coincide con la fecha de aplicación del aumento de los precios de la demandante en el mercado danés mencionada en el informe de la reunión de 22 noviembre de 1990, mientras que todos los aumentos de precios anunciados en la columna titulada «Exportación» debían entrar en vigor posteriormente (el 1 de diciembre de 1990 para Dansk Rørindustri y el 1 de enero de 1991 para Tarco y la demandante). La demandante no puede por tanto alegar que aumentó sus precios de exportación sin conocer la intención de los demás productores de hacer lo mismo.

45 A este respecto procede señalar además que, en contra de lo que alega la demandante, la fuerza probatoria de la respuesta de Tarco no se ve afectada en absoluto por el hecho de que la persona que la firmó no estuviera presente en la reunión de 22 de noviembre de 1990 ni fuera empleado de Tarco en aquel momento. Como dicha respuesta se ha dado en nombre de la propia empresa, su credibilidad es superior a la que podría tener uno de sus empleados, independientemente de su experiencia u opiniones personales. Por otra parte, los representantes de Tarco indicaron expresamente en su respuesta que ésta constituía el resultado de una investigación interna efectuada por la empresa.

46 En segundo lugar, es preciso señalar que la demandante reconoce haber participado en un acuerdo sobre un aumento de los precios brutos en Alemania a partir del 1 de enero de 1992 y en un acuerdo de cooperación en octubre de 1991, relativo al proyecto de Turín.

47 A este respecto, no es pertinente la alegación de que los mencionados acuerdos no produjeron efectos en el mercado. Igualmente inoperante es la alegación según la cual, tras el acuerdo sobre el aumento de los precios brutos, se produjo en el mercado una viva competencia que provocó una bajada de precios. En efecto, a la hora de aplicar el artículo 85, apartado 1, del Tratado, resulta superfluo tomar en consideración los efectos concretos de un acuerdo cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, asuntos acumulados 56/64 y 58/64, Rec. pp. 429 y ss., especialmente p. 496; de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazoni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, apartado 99, y Hüls/Comisión, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, apartado 178, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de febrero de 1994, CB y Europay/Comisión, asuntos acumulados T-39/92 y T-40/92, Rec. p. II-49, apartado 87). En cuanto al acuerdo sobre el aumento de los precios brutos en Alemania, procede señalar que el hecho de que una empresa que participó con otras en reuniones en las que se adoptaron decisiones sobre los precios no respete los precios acordados no puede desvirtuar el objeto contrario a la competencia de dichas reuniones ni, por consiguiente, la participación de la empresa interesada en los acuerdos, sino que, como mucho, podría demostrar que esta última no aplicó los acuerdos de que se trata (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión, T-148/89, Rec. p. II-1063, apartado 79).

48 Por otra parte, la afirmación de la demandante de que el acuerdo sobre el aumento de los precios brutos en Alemania no contenía todos los elementos mencionados por la Comisión en el considerando 44, párrafo segundo, de la Decisión no puede poner en duda la validez de la Decisión en lo que respecta a dicho acuerdo. En efecto, los puntos cruciales del acuerdo, que, según la respuesta de ABB de 4 de junio de 1996 a la solicitud de información de 13 de marzo de 1996 (en lo sucesivo, «respuesta de ABB»), fueron aprobados, en principio, en una reunión de 9 o 10 de octubre de 1991, vuelven a aparecer en las breves notas manuscritas relativas a la reunión de 10 de diciembre de 1991 tomadas por la demandante (anexo 36 del pliego de cargos), que hacen referencia al «Baremo de precios mínimos para los clientes», a los «Precios franco fábrica + 7 %», a la/s «Reunión/Reuniones mensual/es» y al «Baremo 13.1.92». Aunque únicamente se hubiera alcanzado un acuerdo sobre el aumento de los precios brutos, ello no invalida la Decisión, dado que, según el considerando 137, párrafo tercero, de esta última, la Comisión sólo consideró acuerdo en el sentido del artículo 85 del Tratado, para este período, el acuerdo sobre el aumento de precios en Alemania a partir del 1 de enero de 1992. Igualmente, el hecho de que dicho acuerdo fuera aprobado en la reunión de 10 de diciembre de 1991 y no en la de 9 o 10 de octubre de 1991 no tiene entidad suficiente para invalidar la conclusión que la Comisión dedujo de esta serie de reuniones, a saber, que al cartel danés, en el que participaba en aquel momento la demandante, vino a sumarse, en algún momento del otoño de 1991, un acuerdo sobre el aumento de los precios brutos en el mercado alemán. Por otra parte, no se ha negado que dicho acuerdo, que en cualquier caso fue aprobado como muy tarde en diciembre de 1991, se estuviera discutiendo ya en la reunión de 9 o 10 de octubre de 1991.

49 En tercer lugar, está claro que la Comisión acreditó debidamente que la demandante había participado, a finales de 1993, en un acuerdo de reparto del mercado alemán.

50 A este respecto procede señalar que ABB reconoció que, tras la realización de una auditoría que determinaba los ingresos de cada productor en 1992, los productores llegaron el 18 de agosto de 1993 a un acuerdo sobre el reparto del mercado alemán conforme a las cuotas de mercado obtenidas en 1992, sobre la preparación de un nuevo baremo uniforme y sobre la elaboración posterior de un sistema de sanciones (respuesta de ABB). Según ABB, en las reuniones celebradas el 8 o 9 de septiembre de 1993 en Copenhague y, posteriormente, en Fráncfort continuaron las negociaciones sobre la atribución de cuotas de mercado (respuesta de ABB).

51 Pues bien, resulta obligado hacer constar que, por lo que respecta a la auditoría que determinó los ingresos de 1992, las afirmaciones de ABB coinciden con las conclusiones que se derivan de una nota de ABB IC Møller de 19 de agosto de 1993 (anexo 53 del pliego de cargos), donde se recoge un cuadro que indica, para los productores daneses y para Pan-Isovit y Henss/Isoplus, el volumen de negocios y la cuota de mercado de 1992, así como una cifra que representa la cuota de mercado prevista para 1994. Según ABB, los datos sobre los volúmenes de negocios y las cuotas de mercado de las empresas en cuestión procedían de una empresa de auditoría suiza (respuesta de ABB de 4 de junio de 1996). Pues bien, en la página 36 de sus observaciones sobre el pliego de cargos, la demandante ha reconocido la existencia de una auditoría de ventas efectuada por una empresa de auditoría suiza. Por lo que respecta al objeto de dicha auditoría, la afirmación de la demandante de que sólo solicitó una auditoría de las ventas de su distribuidor en Alemania a fin de aportar datos fiables sobre el tamaño total del mercado alemán no puede restar credibilidad a la explicación ofrecida por ABB. En efecto, resulta difícil concebir que una empresa colabore con una sociedad auditora, a la que comunica sus cifras de ventas, sin otro objetivo que poder determinar a continuación su propia cuota de mercado en proporción al volumen total de éste, mientras que las demás empresas que han aceptado someterse a la misma auditoría pretenden que se les comunique toda la información relativa a las cuotas de mercado.

52 Seguidamente, por lo que respecta a la celebración de un acuerdo de principio sobre el reparto del mercado, la tesis que ABB expone en su respuesta, según la cual las empresas se pusieron de acuerdo en agosto de 1993 para repartirse el mercado alemán, aunque las cuotas de mercado exactas de cada participante seguían siendo objeto de negociación en cada reunión, resulta confirmada no sólo por los datos sobre cuotas de mercado para 1994 en la nota de ABB IC Møller, antes citada, sino también por una nota de 18 de agosto de 1993 procedente de Pan-Isovit (anexo 52 del pliego de cargos) y por la propuesta de ABB, que demuestran, consideradas en conjunto, que en agosto y septiembre de 1993 seguía negociándose la atribución de cuotas de mercado en Alemania.

53 La existencia de dicha negociación resulta confirmada, por una parte, por la nota de 18 de agosto de 1993 antes citada, elaborada por Pan-Isovit con destino a su sociedad matriz y relativa a una visita a las oficinas de la demandante de 3 de agosto de 1993, en la que se indica que Pan-Isovit fue informada de que la demandante estaba «interesada en principio en acuerdos de precios pero únicamente si su cuota de mercado [...] era adecuada» y de que esta última «se esforzaba, de acuerdo con ABB, en controlar a Tarco en Dinamarca y Alemania».

54 Por otra parte, la propuesta de ABB confirma que, en lo relativo al reparto del mercado, en septiembre de 1993 sólo quedaba por discutir la cuantía de las cuotas individuales. A este respecto procede señalar que la propuesta de ABB en la que se defendía un sistema de reparto del mercado alemán basado en una auditoría de los ingresos, en la obligación de abonar ciertas cantidades en caso de que sobrepasaran las cuotas asignadas y en un baremo de precios común, fue recibida por la demandante en septiembre de 1993, según las observaciones de esta última al pliego de cargos, y contaba con el apoyo de Pan-Isovit y Henss/Isoplus. En lo relativo a las cuotas de mercado, ha de indicarse que los porcentajes citados en dicha propuesta coinciden con las cifras que figuran en la nota de ABB IC Møller antes citada («26» para Pan-Isovit, «25» para ABB Isolrohr, «12» para la demandante, «4» para Dansk Rørindustri/Starpipe), salvo en los casos de Tarco y Henss/Isoplus, a quienes en este último documento se atribuyen unas cifras de «17» y «16», respectivamente, mientras que la propuesta de ABB indica «17,7 %» y «15,3 %». Pues bien, por lo que respecta al aumento de la cuota de mercado de Tarco, es preciso señalar que ABB declaró en su respuesta que las cifras correspondientes a 1994 que figuraban en la nota de ABB IC Møller «reflejan el acuerdo aprobado en la reunión de 18 de agosto [de 1993], en virtud del cual estas cuotas de mercado se mantendrían en 1994, con unos ligeros ajustes decididos tras las discusiones mantenidas en dicha reunión» y que, en la reunión de 8 o 9 de septiembre de 1993, «el objeto de la reunión parece haber sido la continuación de las negociaciones para la atribución de cuotas de mercado con arreglo al informe de la [empresa de auditoría suiza]: Tarco insistió al parecer en que se le atribuyera un 18 % del mercado alemán». Habida cuenta de la concordancia entre las declaraciones de ABB, por una parte, y el aumento de la cuota de Tarco propuesto por ABB, Pan-Isovit y Henss/Isoplus en septiembre de 1993 con respecto a la cuota mencionada en agosto de 1993 en la nota de ABB IC Møller, por otra, procede concluir que al término de las reuniones celebradas en agosto y septiembre de 1993 existía un acuerdo para repartirse el mercado alemán, aunque siguieran discutiéndose las cuotas.

55 La alegación de la demandante de que no aceptó el sistema en los términos recogidos en la propuesta de ABB carece de pertinencia. En efecto, la serie de reuniones en las que las empresas se encontraban para discutir el reparto de cuotas de mercado no habría podido producirse de no haber existido en aquella época entre los participantes en las reuniones una voluntad común de restringir las ventas en el mercado alemán mediante la atribución de cuotas de mercado a cada operador.

56 Pues bien, según reiterada jurisprudencia, para que exista acuerdo a efectos del artículo 85, apartado 1, del Tratado basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado (véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartado 112; de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck/Comisión, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 86; Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartado 130, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1991, Rhône-Poulenc/Comisión, T-1/89, Rec. p. II-867, apartado 120).

57 Por consiguiente, la Comisión dedujo correctamente del hecho de que continuaran celebrándose reuniones sobre la atribución de cuotas de mercado en agosto y septiembre de 1993 que entre los participantes en dichas reuniones existía, al menos, un acuerdo de principio sobre el reparto del mercado alemán.

58 Es cierto que la Comisión no ha acreditado la existencia de dicho acuerdo de principio en lo relativo al sistema de pagos obligatorios en caso de sobrepasarse las cuotas asignadas ni en lo que respecta al baremo de precios común. Ello no basta sin embargo para invalidar las conclusiones de la Decisión, dado que de su considerando 137, párrafo tercero, se deduce que la Comisión sólo consideró acuerdo en el sentido del artículo 85 del Tratado, en agosto de 1993, el acuerdo sobre el sistema de cuotas de mercado.

59 En cuanto a la participación de la demandante en dicho acuerdo de principio sobre el reparto del mercado alemán, procede observar que, por lo que respecta a las reuniones de 30 de junio y de 18 o 19 de agosto de 1993, de las que aquélla afirma no acordarse en absoluto, la respuesta de ABB prueba que asistió a ellas, mientras que, por lo que respecta a la reunión de 8 o 9 de septiembre de 1993, ella misma ha reconocido que estuvo presente.

60 A respecto debe señalarse que, aunque la demandante no hubiera asistido a las reuniones de 30 de junio y de 18 o 19 de agosto de 1993, de los autos se deduce que intervenía en las negociaciones en cuyo marco se celebraban dichas reuniones. En efecto, por una parte, procede hacer constar que, al dar su conformidad, en el verano de 1993, a una auditoría de sus ventas en el mercado alemán, la demandante se ajustó a la decisión adoptada en este sentido en la reunión de 30 de junio de 1993. Por otra parte, la demandante ha reconocido que, en una reunión con ABB celebrada en junio de 1993, mantuvo una discusión sobre el reparto del mercado alemán en la que afirmó que no estaba dispuesta a aceptar un reparto de dicho mercado inferior a un «60-40» entre las empresas alemanas, por una parte, y las danesas, por otra (observaciones sobre el pliego de cargos). ABB preveía también un reparto similar, según la nota de esta última de 2 de junio de 1993 destinada a preparar la reunión con la demandante (anexo 48 del pliego de cargos), en la que ABB afirma que en realidad la demandante quería una cuota de mercado mayor. Pues bien, se deduce de este último documento, así como de la nota de Pan-Isovit de 18 de agosto de 1993, que, aunque no existiera todavía un acuerdo sobre el reparto del mercado alemán antes de la reunión de 18 o 19 de agosto de 1993, la demandante era una de las empresas que intentaban que se llegara a un acuerdo.

61 En consecuencia, la demandante no puede eludir su responsabilidad por el acuerdo de principio sobre el reparto del mercado alemán alegando que en la reunión de 8 o 9 de septiembre de 1993 declaró que no deseaba celebrar acuerdo alguno en Alemania y que, en una reunión de 29 de septiembre de 1993, se negó a aceptar la propuesta de ABB.

62 A este respecto, resulta obligado hacer constar que la postura de la demandante en las reuniones de 8 o 9 y de 29 septiembre de 1993 no constituyó un distanciamiento público respecto al acuerdo de principio sobre el reparto del mercado alemán negociado en agosto y septiembre de 1993. Es cierto que si, en definitiva, el acuerdo sobre el reparto del mercado alemán no culminó en un acuerdo escrito y por tanto fracasó por completo, ello se debió principalmente al comportamiento de la demandante, como lo ha reconocido ABB en su respuesta. Sin embargo, en la medida en que, en determinado momento, existía un consenso de principio sobre el reparto del mercado alemán, la demandante no ha acreditado suficientemente haber adoptado en aquel momento una postura que indicara claramente a los demás participantes en la negociación que se distanciaba del principio de reparto del mercado. En efecto, del conjunto de documentos descritos en los apartados 53 a 55 supra se deduce que, en los meses de agosto y septiembre, otros participantes, como Pan-Isovit y ABB, no interpretaron la postura adoptada por la demandante como un distanciamiento del principio de reparto del mercado.

63 Ahora bien, al participar en las negociaciones que se desarrollaron en agosto y septiembre de 1993 y, en particular, con su presencia en la reunión de 8 o 9 de septiembre de 1993 sin distanciarse públicamente del contenido de esta última, la demandante indujo a los demás participantes a pensar que se adhería al resultado la reunión y que lo respetaría, por lo que puede considerarse acreditada su participación en el acuerdo resultante de dicha reunión (véase la jurisprudencia citada en el apartado 39 supra).

64 Dado que la Comisión no imputa a la demandante haberse adherido a un acuerdo, en el sentido del artículo 85 del Tratado, sobre un sistema de pagos compensatorios y un baremo de precios común, ni sostiene tampoco que el acuerdo sobre el reparto del mercado alemán se llevara efectivamente a la práctica, resulta vano lo alegado por la demandante sobre su oposición a la celebración de un acuerdo escrito relativo a los pagos compensatorios y al baremo de precios común y sobre el hecho de que el acuerdo de reparto del mercado no se hubiera aplicado.

65 Se deduce de las consideraciones precedentes que, por lo que respecta al período comprendido entre noviembre de 1990 y septiembre de 1993, la Comisión ha acreditado de modo suficiente en Derecho la participación de la demandante en los acuerdos sobre el aumento de precios fuera de Dinamarca en 1990, sobre el aumento de precios en Alemania a partir del 1 de enero de 1992, sobre la fijación de precios y el reparto de proyectos en Italia y sobre el sistema de cuotas de mercado en agosto de 1993.

66 Procede por tanto desestimar las alegaciones de la demandante en lo que respecta a su participación en actividades contrarias a la competencia, fuera del mercado danés, en el período 1990-1993.

2. Sobre la suspensión de la participación de la demandante en el cartel en 1993 y sobre su participación en él a partir de 1994

Alegaciones de las partes

67 La demandante alega que abandonó el cartel en abril de 1993 y que resulta por tanto errónea la afirmación de la Comisión de que, «en aquella época, la caída de los precios en Dinamarca se debía a las maniobras llevadas a cabo dentro del cartel y no a su abandono». Según la demandante, corroboran su salida del cartel varias notas internas de ABB, en las que se alude a su comportamiento «contrario al acuerdo» y «agresivo» y a la gran alteración en el reparto del mercado danés provocada por su reivindicación de una cuota de mercado mayor.

68 En lo que respecta a Alemania antes de 1994 y a Dinamarca desde abril de 1993 hasta 1994, la demandante señala que no se debe restar importancia a los roces que se producían dentro del cartel, ya que hicieron que ella lo abandonara en 1993. Por lo que se refiere al período comprendido entre 1993 y 1994, considera que la Comisión no acreditó el más mínimo paralelismo de comportamiento en el mercado de referencia, que se caracterizaba en cambio por una guerra de precios.

69 La demandante no niega haber participado en reuniones ocasionales en 1993 y 1994. Participó así, por ejemplo, en una reunión con ABB los días 5 y 6 de julio de 1993, en la que rechazó las propuestas de esta última para unirse de nuevo al cartel. Sin embargo, dicha participación no puede considerarse una prueba de un comportamiento paralelo ininterrumpido durante el período que se discute. La participación de algunas de las empresas de que se trata en reuniones ocasionales relativas exclusivamente al mercado alemán carece de pertinencia, en la medida en que todas estas empresas, en especial la demandante, habían decidido independientemente su política en el mercado de referencia. Por consiguiente, la existencia de contactos, que no desembocaron en un acuerdo entre las empresas para repartirse el mercado, no basta para acreditar la existencia de una práctica concertada. Además, en opinión de la demandante, la situación en el mercado de referencia en los años anteriores a 1995 demuestra claramente que no hubo un comportamiento paralelo.

70 En lo que respecta al cartel europeo, la demandante reconoce que estuvo presente en la reunión de 3 de mayo de 1994 en la que se discutieron los precios del mercado alemán, pero niega haber utilizado baremo de precios alguno en aquel momento. No recuerda haber participado en la reunión celebrada en Copenhague el 18 de agosto de 1994 y afirma que la primera vez que participó en una reunión multilateral fue el 30 de septiembre de 1994. No obstante, la Decisión indica erróneamente que en el otoño de 1994 existía ya un acuerdo global de reparto del mercado europeo. Según la demandante, hasta el 20 de marzo de 1995 no se alcanzó un acuerdo definitivo sobre dicho mercado y los únicos intentos de aplicar el acuerdo se produjeron por aquellas fechas. En cuanto al mercado alemán, el primer encuentro del grupo de contacto, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1994, no desembocó en ningún acuerdo. La primera reunión en la que se repartieron proyectos específicos entre los participantes se celebró en enero de 1995. Por lo que al mercado danés se refiere, la demandante afirma que en marzo de 1995 ni siquiera había entrado aún en vigor ningún acuerdo formal de reparto del mercado.

71 Según la demandada, la demandante no abandonó el cartel en abril de 1993. Durante todo el tiempo que duró la infracción, la demandante continuó asistiendo a las reuniones regulares. De hecho, todas las amenazas que profirió estaban destinadas a que ABB aceptara que se le atribuyera una cuota mayor. Asistió además a las reuniones de agosto y septiembre de 1993 y, en el otoño de 1993 o a principios de 1994, a instancias de ABB, aceptó hacerse cargo de una parte del salario del empleado de Powerpipe al que habían contratado.

72 La Comisión considera inútil el intento de la demandante de demostrar que el cartel había sido suspendido en 1993-1994, puesto que en la propia Decisión se reconoce que, pese a que los contactos bilaterales entre los miembros del cartel continuaron, los diversos acuerdos quedaron suspendidos entre finales de 1993 y principios de 1994.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

73 Las alegaciones de la demandante deben interpretarse en el sentido de que, tras su supuesta retirada del cartel en abril de 1993, no participó en un acuerdo o práctica concertada en el sentido del artículo 85 del Tratado hasta marzo de 1995, una vez aprobado un acuerdo definitivo de reparto del mercado europeo.

74 En primer lugar procede señalar que, en contra de lo que alega la demandante, el debilitamiento del cartel danés en abril de 1993 aproximadamente no permite llegar a la conclusión de que, en dicho momento, aquélla dejara de participar en actividades contrarias a la competencia en el sector de la calefacción urbana.

75 A este respecto basta con indicar que, aunque a partir de marzo o abril de 1993 los precios comenzaron a bajar en el mercado danés y los acuerdos sobre reparto de proyectos dejaron de respetarse, los productores daneses, junto con Pan-Isovit y Henss/Isoplus, continuaron negociando el reparto del mercado alemán en las reuniones celebradas el 30 de junio de 1993 en Copenhague, los días 18 o 19 de agosto de 1993 en Zúrich y los días 8 o 9 de septiembre de 1993 en Copenhague y Fráncfort, que desembocaron en agosto de 1993 en un acuerdo de principio, desarrollado posteriormente en las reuniones de septiembre de 1993. Tal como se ha expuesto en los apartados 59 a 63 supra, la Comisión acreditó de modo suficiente en Derecho que la demandante había participado en dichas negociaciones, en particular mediante su presencia en la reunión de 8 o 9 de septiembre de 1993.

76 En este contexto, resulta por tanto correcta la afirmación de la Comisión en el considerando 37 de la Decisión, según la cual la caída de los precios en Dinamarca en aquel momento se debió a las maniobras llevadas a cabo dentro del cartel y no a su abandono.

77 En segundo lugar, por lo que respecta al período que siguió al deterioro del acuerdo sobre el reparto del mercado alemán en septiembre u octubre de 1993, procede precisar que la propia Comisión reconoció en la Decisión que, durante cierto tiempo, las actividades contrarias a la competencia en el mercado no fueron significativas y, en cualquier caso, no pudieron probarse.

78 En efecto, en el considerando 52 de su Decisión, la Comisión afirmó que, en aquel momento, se produjo en unos meses una bajada de precios de un 20 % en los principales mercados nacionales. La Comisión indicó, sin embargo, que los productores siguieron reuniéndose, aunque durante algún tiempo las reuniones multilaterales dieron paso a contactos bilaterales y trilaterales. Según la Comisión, es muy probable que en el marco de tales contactos ABB intentara negociar un nuevo acuerdo a fin de restablecer el «orden» en dichos mercados (considerando 52, párrafo quinto, de la Decisión). A tenor de la Decisión, la demandante se reunió con ABB los días 28 de enero, 23 de febrero y 11 de marzo de 1994 y con Tarco los días 8 de enero y 19 de marzo de 1994 (considerando 52, párrafos sexto y séptimo). No obstante, no se dispone de información alguna sobre esta serie de reuniones, exceptuando la afirmación de la demandante según la cual Tarco le había solicitado sin éxito una compensación, como requisito previo a las «conversaciones de paz» (considerando 52, párrafo séptimo, de la Decisión).

79 La Comisión señaló a continuación, en el considerando 53 de su Decisión, que las reuniones entre los seis productores se reanudaron los días 7 de marzo, 15 de abril y 3 de mayo de 1994. En estas reuniones de marzo y abril se habló principalmente de aumentos de precios, pero al parecer las discusiones no dieron resultado. Sin embargo, tras la reunión de 3 de mayo de 1994, a la que asistieron la demandante, ABB, Henss y Pan-Isovit, se elaboró un baremo de precios que debía servir de base para todas las ventas en el mercado alemán (considerando 54, párrafo primero, de la Decisión). Según la Comisión, parece probable que en una reunión entre las seis mayores empresas y Brugg, celebrada el 18 agosto de 1994, se acordara elaborar un nuevo baremo común y establecer un límite máximo para los descuentos (considerando 56, párrafo tercero, de la Decisión).

80 De los apartados anteriores se deduce que, en lo que respecta al período que comenzó en septiembre u octubre de 1993, la Comisión reconoció que, aunque los contactos entre las empresas prosiguieron, no hay pruebas de un acuerdo o una práctica concertada en el sentido del artículo 85 del Tratado hasta la negociación relativa al aumento de precios en el mercado alemán. En cuanto a esta última negociación, la Decisión reconoce que sólo se llegó a un acuerdo tras la reunión de 3 de mayo de 1994.

81 La Comisión estimó igualmente, en la parte de la Decisión relativa a la valoración jurídica de los hechos, que se produjo una «suspensión» de los acuerdos del cartel. En primer lugar, al analizar la naturaleza de la infracción en el presente caso, la Comisión reconoció que, aunque existía una continuidad entre los carteles danés y europeo, por lo que se trataba de una infracción única y continuada, los acuerdos quedaron en suspenso durante un corto período (considerando 145, párrafo tercero, de la Decisión). Más concretamente, la Comisión afirmó al respecto, en el considerando 141, párrafo tercero, de la Decisión que, en lo relativo al período comprendido entre septiembre de 1993 y marzo de 1994, «cualquier pausa podía considerarse una suspensión de los acuerdos y relaciones normales: los productores se dieron cuenta pronto de que una lucha prolongada por el poder podría resultar autodestructiva y volvieron a la mesa de negociaciones». Al determinar la duración de la infracción, la Comisión observó igualmente que «puede considerarse que durante el semestre comprendido entre octubre de 1993 y marzo de 1994 los acuerdos permanecieron en suspenso aunque (en opinión de ABB) siguieron celebrándose reuniones bilaterales y trilaterales» y que «en mayo de 1994 se restableció la colusión en Alemania con la aplicación del Eurocatálogo de precios» (considerando 152, párrafo primero, de la Decisión).

82 En este contexto, la demandante no puede alegar que la Comisión le imputó en su Decisión el haber participado en una actividad contraria a la competencia en el período que siguió a su negativa a firmar el acuerdo de reparto del mercado alemán, es decir, desde septiembre u octubre de 1993 hasta marzo de 1994.

83 A continuación procede observar, en lo que respecta a la reanudación de las actividades del cartel, que resulta justificada la conclusión de la Comisión según la cual la demandante participó en un acuerdo relativo a un baremo de precios para el mercado alemán tras la reunión celebrada el 3 de mayo de 1994 y, posteriormente, desde el otoño de 1994, en un acuerdo relativo a un sistema de cuotas en el mercado europeo.

84 En primer lugar, por lo que respecta al baremo de precios en el mercado alemán, procede señalar que, según la respuesta de ABB, existía un baremo de precios que, según lo acordado en una reunión celebrada el 3 de mayo de 1994 en Hannover, debía utilizarse para todas las ventas a los distribuidores alemanes. Así lo corrobora la carta de 10 de junio de 1994 en la que el coordinador del cartel invitaba al Sr. Henss y a los directivos de la demandante, de ABB, de Dansk Rørindustri, de Pan-Isovit y de Tarco a una reunión que debía celebrarse el 18 de agosto de 1994 (anexo 56 del pliego de cargos), que está redactada en los siguientes términos:

«Se ha decidido finalmente convocar la reunión sobre la situación del mercado en la RFA para la siguiente fecha:

Jueves 18 de agosto de 1994 a las 11 de la mañana [...]

Dado que el catálogo de 9 de mayo de 1994 es incompleto en ciertos puntos y que, por esta razón, la comparación de las ofertas ha dado lugar a disputas y diferencias de interpretación importantes, me he permitido completar en la lista adjunta los puntos que faltaban.»

85 De dicha carta se deduce que existía un baremo de precios al que había que ajustarse al presentar ofertas y que ya había empezado a aplicarse, aunque con dificultades. La existencia de dicho baremo resulta confirmada por Tarco, en su segunda respuesta, fechada el 31 de mayo de 1996, a la solicitud de información de 13 de marzo de 1996, en la que se alude a un baremo de precios comunicado por el coordinador del cartel a los directivos «probablemente en mayo de 1994». Según la respuesta de ABB, posteriormente se discutieron, en la reunión celebrada el 18 de agosto de 1994 en Copenhague, medidas orientadas a «mejorar» el nivel de precios en Alemania.

86 En cuanto a la participación de la demandante en el acuerdo sobre un baremo común de precios, procede señalar que esta última reconoce que estuvo presente en la reunión de 3 de mayo de 1994 en la que se discutió el nivel de precios en el mercado alemán y que, a continuación, se le envió efectivamente un baremo de precios. Por otra parte, debe considerarse acreditada la participación de la demandante en la reunión de 18 agosto de 1994, aunque ésta haya alegado ante el Tribunal de Primera Instancia que su director de ventas había tenido la intención de asistir a ella pero que finalmente no lo hizo. En efecto, resulta obligado señalar que la presencia de un representante de la demandante en dicha reunión ha sido confirmada no sólo por la propia demandante, en el cuadro de viajes profesionales elaborado por su director de ventas y enviado como anexo a su respuesta de 25 de abril de 1996 a la solicitud de información de 13 de marzo de 1996, sino también por la respuesta de ABB y por Brugg (cuadro recogido en el anexo 2 de la respuesta de Brugg de 9 de agosto de 1996 a la solicitud de información). Pues bien, habida cuenta de la carta de invitación a la reunión de 18 agosto de 1994, dirigida a la demandante y en la que se mencionaba el baremo de precios que le había sido remitido, la Comisión actuó correctamente al deducir su participación en el acuerdo sobre el baremo de precios de su presencia en las reuniones de 3 de mayo y de 18 de agosto de 1994.

87 A este respecto procede recordar que la demandante no puede invocar en su favor el no haber aplicado nunca dicho acuerdo, dado que el mero hecho de que una empresa que ha participado con otras en reuniones en las que se adoptaron decisiones sobre los precios no respete los precios acordados no puede desvirtuar el objeto contrario a la competencia de dichas reuniones ni, por consiguiente, la participación de la empresa interesada en el cartel, sino que, como mucho, podría demostrar que esta última no aplicó los acuerdos de que se trata (véase la jurisprudencia citada en el apartado 47 supra).

88 Seguidamente, en cuanto al acuerdo sobre el reparto del mercado europeo, debe señalarse que la demandante reconoce que el reparto del mercado europeo fue discutido en la reunión de 30 de septiembre y, posteriormente, en otras reuniones celebradas los días 12 de octubre y 16 de noviembre de 1994, pero sostiene que no se llegó a un acuerdo hasta marzo de 1995.

89 Es preciso indicar a este respecto que la Comisión ha acreditado de modo suficiente en Derecho su afirmación de que en la reunión de 30 septiembre de 1994 se alcanzó un acuerdo de principio para crear un sistema de cuotas globales en el mercado europeo, en cuyo marco debían fijarse cifras concretas para cada mercado nacional, quedando su aplicación confiada, en un nivel inferior, a las reuniones de los grupos de contacto (considerando 59, párrafo cuarto, de la Decisión).

90 En efecto, procede señalar en primer lugar que ABB reconoció en su respuesta que ya en la reunión de septiembre de 1994 se aprobó el principio de un reparto global del mercado europeo y que el reparto de las cuotas individuales se acordó posteriormente, en la reunión de 16 de noviembre de 1994. Además, por lo que respecta a la reunión de 30 septiembre de 1994, pese a alegar que no se alcanzó en ella ningún acuerdo y que para llegar a un acuerdo se requería la participación de Brugg y de otro productor europeo, la demandante ha reconocido que existía un consenso para seguir avanzando en esa línea, que se acordó que la demandante reflexionaría sobre la propuesta de ABB, que ABB visitaría todas las empresas, incluidas KWH y Brugg, a fin de elaborar la solución definitiva y que las cuotas de mercado se fijarían una vez que ABB hubiera conseguido que KWH se sumara al acuerdo, si lograba convencerla. Pues bien, es preciso hacer constar que esta afirmación de la demandante no puede refutar la conclusión que la Comisión dedujo de la respuesta de ABB, según la cual los participantes en la reunión de 30 septiembre de 1994 habían llegado a un acuerdo de principio sobre el reparto del mercado europeo. En efecto, al encargar a ABB la tarea de elaborar un acuerdo con todas las empresas implicadas, los participantes en dicha reunión demostraron su voluntad común de coordinar su comportamiento en el mercado mediante una atribución de cuotas de mercado a cada empresa, aunque la fijación de las cuotas de cada uno de ellos estuviera supeditada a la eventual atribución de cuotas de mercado a Brugg y KWH.

91 Por consiguiente, la Comisión podía lícitamente afirmar que el acuerdo sobre el reparto del mercado europeo fue aprobado, en su principio, en la reunión de 30 de septiembre de 1994, aunque la determinación de las cuotas individuales quedara pendiente de un acuerdo posterior. A este respecto debe indicarse además que, en todo caso, no cabe considerar que el 20 de marzo de 1995 fuera la fecha en que la atribución de cuotas en el mercado europeo fue por primera vez objeto de un acuerdo común, dado que, según las declaraciones concordantes de ABB, en su respuesta, y de Pan-Isovit (respuesta de esta última, de 17 de junio de 1996, a la solicitud de información), dicho acuerdo se aprobó en la reunión de 16 de noviembre de 1994.

92 Finalmente procede señalar que, dado que la presencia de la demandante en las reuniones de 30 de septiembre, 12 de octubre y 16 de noviembre de 1994 ha acreditado su participación en el acuerdo global de reparto del mercado europeo, resulta inútil alegar que dicho acuerdo no se aplicó en los diferentes mercados nacionales hasta un momento posterior, una vez celebrados los acuerdos en el seno de los grupos de contacto nacionales.

93 De las consideraciones precedentes se deduce que procede desestimar las alegaciones de la demandante en la medida en que impugnan la afirmación contenida en la Decisión sobre la suspensión de la participación de la demandante en el cartel a finales de 1993 y su reintegración en él desde principios de 1994.

94 Es preciso sin embargo analizar la tesis de la demandante en la medida en que impugna la estimación de la duración de la infracción y niega que constituyera una infracción continuada.

3. Sobre la duración y el carácter continuado de la infracción imputada a la demandante

Alegaciones de las partes

95 La demandante niega haber participado en una infracción continuada del artículo 85 del Tratado «desde noviembre o diciembre de 1990 hasta, como mínimo, marzo o abril de 1996», es decir, durante un total de 5 años y 5 meses, puesto que se trataba de dos carteles separados. A su juicio, lo correcto es considerar que, en lo que respecta al cartel danés inicial, la duración de la infracción fue de 2 años y 3 meses y, por lo que al cartel europeo posterior se refiere, la duración osciló según los países entre un mínimo de 4 meses y un máximo de 16 o 18 meses, en el caso de Alemania.

96 En la medida en que la demandada ha afirmado que tuvo en cuenta el hecho de que «en los primeros tiempos los acuerdos fueron incompletos y de efecto limitado fuera del mercado danés», la demandante considera que, si la extensión de la infracción se reduce, lo lógico es considerarla de menor gravedad y no atribuirle una duración inferior.

97 La demandada sostiene que el cartel constituyó una sola infracción global y no una serie de múltiples acuerdos separados, que duró hasta la primavera de 1996 y no hasta el otoño de 1995 y que en sus últimos tiempos fue aún más virulenta que al comienzo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

98 Según el artículo 1, párrafo segundo, de la Decisión, la infracción imputada a la demandante duró «desde noviembre o diciembre de 1990 hasta, como mínimo, marzo o abril de 1996».

99 Además, en el considerando 153, párrafo cuarto, de la Decisión la Comisión llegó a la conclusión de que «la duración de la participación de las diversas empresas en la infracción fue la siguiente: a) ABB, [la demandante], Tarco y [Dansk Rørindustri] desde, aproximadamente, noviembre de 1990 en Dinamarca, ampliándose progresivamente a toda la Unión Europea y extendiéndose hasta marzo o abril de 1996, como mínimo, si bien los acuerdos estuvieron en suspenso de octubre de 1993 a marzo de 1994».

100 Procede estimar que la Comisión calculó correctamente la duración de la infracción imputada a la demandante.

101 En primer lugar, no es posible negar que la participación de la demandante comenzó en «noviembre o diciembre de 1990», en el mercado danés, ni que esta última no puso fin a su participación en el cartel europeo hasta «marzo o abril de 1996». Por una parte, ha quedado acreditado, en los apartados 42 a 45 supra, que la demandante participó, en noviembre de 1990, en los aumentos de precios aprobados en una reunión de 22 de noviembre de 1990. Por otra parte, por lo que respecta al momento en que finalizó su participación en el cartel, basta con señalar que la demandante reconoce haber participado aún en una reunión del grupo de directivos celebrada el 4 de marzo de 1996, y en las reuniones del grupo de contacto alemán hasta el 25 de marzo de 1996.

102 En segundo lugar, la demandante yerra al sostener que la Comisión habría debido llegar a la conclusión de que existieron dos carteles distintos y debería haber tenido en cuenta que su participación en el cartel danés terminó en abril de 1993 y que su participación en el cartel europeo no comenzó hasta marzo de 1995. En efecto, en los apartados 50 a 65 y 84 a 88 supra se ha afirmado que la demandante participó aún en un acuerdo de principio sobre el reparto del mercado alemán en agosto o septiembre de 1993 y, posteriormente, a partir de mayo de 1994, en el acuerdo sobre el baremo común de precios en Alemania. Pues bien, del considerando 153 de la Decisión resulta que, al calcular la duración de la infracción imputada a la demandante, la Comisión tuvo en cuenta precisamente la suspensión de los acuerdos del cartel durante un período comprendido entre octubre de 1993 y marzo de 1994 aproximadamente.

103 Por lo demás, el método de cálculo de la multa impuesta a la demandante confirma que la Comisión tuvo en cuenta el período de suspensión del cartel. En efecto, del considerando 175, párrafo tercero, de la Decisión se deduce que la duración de la infracción que se tomó en consideración para determinar el importe de la multa es idéntica a la que se tuvo en cuenta en el caso de ABB. Ahora bien, en lo relativo a esta última empresa, el considerando 170 de la Decisión precisa que el hecho de que los acuerdos estuvieran en suspenso «desde finales de 1993 a principios de 1994», unido a la doble circunstancia de que tales acuerdos fueran en los primeros tiempos incompletos y de efecto limitado fuera del mercado danés y no alcanzaran su máximo desarrollo hasta el establecimiento del cartel a escala europea en 1994-1995, forma parte de los factores que llevaron a la Comisión a fijar en 1,4 el valor del coeficiente por el que debía multiplicarse el importe de la multa por una infracción que duró más de cinco años.

104 A este respecto procede observar que el hecho de que la demandante volviera a participar en el cartel en mayo de 1994, siendo así que la Decisión sólo tuvo en cuenta la suspensión hasta «marzo de 1994 aproximadamente», no tiene entidad suficiente para invalidar la estimación de la duración de la infracción realizada por la Comisión, dado que del considerando 170 de la Decisión se deduce que, en todo caso, la suspensión del cartel durante unos meses fue sólo un factor más a la hora de determinar las consecuencias de la duración de la infracción que debían tenerse en cuenta para calcular el importe de la multa, de modo que dichas consecuencias no dependían del número exacto de meses que hubiera durado la suspensión de los acuerdos del cartel.

105 Habida cuenta de que, al estimar la duración del cartel, se tomó en consideración la suspensión de sus actividades, la demandante no puede tampoco invocar como argumento en su favor el hecho de que la Comisión calificara dicho cartel de infracción única y continuada.

106 En efecto, ha de señalarse que, al calificar el cartel en cuestión de infracción única y continuada, la Comisión rechazó la alegación presentada en el procedimiento administrativo por la demandante, entre otros, según la cual los carteles «danés» y «europeo» constituían dos infracciones totalmente distintas e independientes entre sí. En este contexto, la Comisión subrayó que, desde el nacimiento del cartel en Dinamarca, existió un objetivo a más largo plazo que era el de llegar a controlar la totalidad del mercado (considerando 140, párrafo tercero, de la Decisión), que durante el período comprendido entre septiembre de 1993 y marzo de 1994 toda interrupción podía considerarse una suspensión de los acuerdos y las relaciones normales (considerando 141, párrafo tercero, de la Decisión) y que existía una clara continuidad de métodos y de prácticas entre el nuevo reparto del mercado europeo en su conjunto acordado a finales de 1994 y los acuerdos anteriores (considerando 142, párrafo primero, de la Decisión).

107 De todo ello se deduce que, al considerar en su Decisión que el cartel europeo creado a finales de 1994 no era sino la continuación del cartel anterior de productores en el mercado de la calefacción urbana, la Comisión no imputó a la demandante una participación ininterrumpida en un cartel durante todo el período comprendido entre noviembre de 1990 y marzo de 1996. Esta interpretación se impone con mayor motivo si se tiene en cuenta que la Comisión reconoció expresamente que «aunque la infracción ha constituido una violación única y continuada, su intensidad y eficacia ha variado a lo largo del período cubierto; a partir de unos acuerdos que en 1991 afectaban fundamentalmente a Dinamarca, se fue expandiendo progresivamente a otros mercados (a excepción del corto período en que los acuerdos se mantuvieron en suspenso), y hacia 1994 constituía [...] un cartel paneuropeo que cubría casi todo el comercio del producto» (considerando 145, párrafo tercero, de la Decisión).

108 En consecuencia, procede desestimar las alegaciones de la demandante relativas a la duración y al carácter continuado de la infracción.

109 Por lo tanto, el argumento relativo a la existencia de un cartel continuado desde 1990 hasta 1996 ha de ser desestimado en su totalidad.

C. Sobre la participación en el cartel europeo en lo que respecta al mercado italiano

1. Alegaciones de las partes

110 La demandante reprocha a la Comisión que haya tomado en consideración, por lo que a ella se refiere, el mercado italiano, en el que no estaba presente. A su juicio, no es posible considerarla responsable de las infracciones cometidas en dicho mercado por su distribuidor local, Socologstor, dado que su participación en el capital de este último es sólo de un 49 %.

111 Alega a este respecto que no hay razón alguna para tratar de distinto modo el caso de Socologstor y el de KE KELIT Kunstsoffwerk GmbH (en lo sucesivo, «KE KELIT»), que también era distribuidora de sus productos pero a la que se ha impuesto una multa autónoma. Según la demandante, aunque su asistencia a reuniones relativas al mercado italiano pudiera constituir una infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión no ha demostrado que tuviera posibilidad alguna de imponer su voluntad a Socologstor a fin de aplicar algún tipo de restricción de la competencia.

112 La demandada se remite a las pruebas relativas a la atribución de cuotas para Italia a todos los productores, incluida la demandante, así como a la participación de ésta en una reunión del grupo de contacto para Italia y en otra reunión sobre este mismo país celebrada el 9 de junio de 1995. Si la demandante no hubiera tenido ningún interés real en Italia, no se habría tomado la molestia de asistir a dichas reuniones. La Comisión alega además que su posibilidad de abrir un procedimiento directo contra Socologstor no puede exculpar a la demandante de las acciones llevadas a cabo por el cartel en Italia.

2. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

113 Procede observar que la demandante no niega haber participado en la primera reunión del grupo de contacto para Italia, que tuvo lugar el 21 de marzo de 1995 en Milán, ni en otra reunión sobre Italia celebrada el 9 de junio de 1995 en Zúrich.

114 Por otra parte, de varias notas obtenidas por la Comisión de las empresas en cuestión se deduce que la demandante estaba implicada en la atribución de cuotas y de proyectos en el mercado italiano (anexos 64, 111 y 188 del pliego de cargos) y así lo confirma además Pan-Isovit (respuesta de esta última, de 17 de junio de 1996, a la solicitud de información).

115 En consecuencia, es preciso concluir que la Comisión disponía de datos suficientes para considerar que la participación de la demandante en el cartel europeo se extendía igualmente al mercado italiano, sin necesidad de valorar en qué medida podía controlar la demandante el comportamiento de su distribuidor en dicho mercado.

116 Procede por tanto desestimar el argumento invocado por la demandante.

D. Sobre la concertación en materia de normas de calidad

1. Alegaciones de las partes

117 La demandante niega haber participado en la infracción imputada a los fabricantes de tubos, consistente en servirse de las normas de calidad para mantener los precios en cierto nivel y retrasar la introducción de nuevas tecnologías más económicas. Alega por el contrario haber sido víctima de dicho comportamiento, dirigido en primer lugar contra la tecnología ideada por ella.

118 Según la demandante, es errónea la afirmación de la demandada de que esta infracción no forma parte del comportamiento sancionado por la Decisión. En efecto, aunque dicha infracción no aparece incluida entre las «principales características» de la infracción, la Decisión indica en su considerando 2 que tal comportamiento constituye una infracción separada, imputada, entre otros, a la demandante. Pues bien, el artículo 1 de la Decisión define la infracción