Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio a la competencia — Sociedad cooperativa — Indemnización por baja prevista en los estatutos — Criterios de apreciación — Objeto contrario a la competencia — Efectos contrarios a la competencia — Perjuicio del comercio entre Estados miembros — Contexto económico real — (Tratado CE, art. 85, ap. 1)

2. Agricultura — Normas sobre la competencia — Reglamento nº 26 — Sociedad cooperativa — Indemnización por baja prevista en los estatutos — Excepción a la aplicabilidad de las normas sobre la competencia previstas en el Tratado — Requisitos — (Reglamento nº 26 del Consejo)

3. Agricultura — Normas sobre la competencia — Reglamento nº 26 — Acuerdos, decisiones y prácticas de sociedades cooperativas pertenecientes a un solo Estado miembro — Aplicación — Reparto de competencias entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales — (Tratado CE, art. 85, aps. 1 y 3; Reglamento nº 26 del Consejo, art. 2, ap. 1)

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1. Para decidir si es compatible con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado un régimen de " indemnización por baja" , previsto en los estatutos de una sociedad cooperativa, que obliga al socio, en caso de baja voluntaria o de exclusión de la misma, a pagar una cantidad calculada en función de las sumas que percibió en contrapartida de sus entregas de productos a la cooperativa, el órgano jurisdiccional nacional debe tomar en consideración los criterios relativos al objeto del acuerdo que establece dicho régimen y a los efectos de dicho acuerdo, así como los relativos a su incidencia sobre los intercambios intracomunitarios, teniendo en cuenta el contexto económico en el que operan las empresas, los productos o servicios contemplados en dicho acuerdo y la estructura y condiciones reales de funcionamiento del mercado afectado.

Por lo que respecta, en primer lugar, al criterio relativo al objeto de los acuerdos o de las cláusulas estatutarias referidos a la indemnización por baja, el hecho de que una empresa se organice adoptando la forma jurídica específica de sociedad cooperativa no constituye en sí mismo un comportamiento contrario a la competencia. No obstante, ello no significa que las disposiciones estatutarias que regulan las relaciones entre la sociedad y sus socios, y en particular las relativas a la disolución del vínculo contractual y las que obligan a los socios a reservar a la cooperativa su producción, se encuentren automáticamente excluidas de la prohibición formulada en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. En efecto, para evitar dicha prohibición, las restricciones impuestas a los socios por los estatutos de las sociedades cooperativas a fin de garantizar su fidelidad deben limitarse a lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de la cooperativa, y en especial para garantizarle una base comercial suficientemente amplia y una participación de los socios relativamente estable.

Por lo que respecta, en segundo lugar, al criterio relativo a los efectos de los acuerdos o de las cláusulas estatutarias, una combinación de cláusulas, como la obligación de entrega en exclusiva y la imposición de indemnizaciones por baja excesivas, que vinculan a los socios a la cooperativa durante largos períodos y los privan así de la posibilidad de dirigirse a empresas competidoras, podría tener por efecto restringir la competencia. Así, dichas cláusulas podrían, por una parte, hacer excesivamente rígido un mercado en el que opera un número reducido de empresas que disfrutan de una sólida posición frente a sus competidores y aplican cláusulas comparables y, por otra, consolidar o perpetuar dicha posición de fuerza, obstaculizando de este modo la entrada de otras empresas competidoras en dicho mercado.

Por último, en cuanto al criterio relativo al comercio intracomunitario, el perjuicio para los intercambios comunitarios puede ser el resultado de una combinación de diversos factores que, considerados aisladamente, no serían necesariamente decisivos. En efecto, debe considerarse que un acuerdo entre empresas puede afectar al comercio entre Estados miembros cuando, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, puede ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre Estados miembros, en un sentido que pueda perjudicar a la realización de los objetivos de un mercado único entre Estados.

2. El régimen excepcional establecido por el Reglamento nº 26 sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas sólo será aplicable a un régimen de indemnización por baja previsto en los estatutos de una sociedad cooperativa si el acuerdo que establece dicho régimen afecta a una cooperativa perteneciente a un solo Estado miembro, si no se trata de un acuerdo sobre precios sino que su objeto es la producción o la venta de productos agrícolas o la utilización de instalaciones comunes de almacenamiento, tratamiento o trasformación de dichos productos y, por último, si no excluye la competencia ni pone en peligro los objetivos de la Política Agrícola Común.

En lo relativo a este último requisito, no cabe excluir que una acumulación de cláusulas estatutarias que vinculen a los socios a la cooperativa durante largos períodos, privándoles así de la posibilidad de dirigirse a empresas competidoras, ponga en peligro uno de los objetivos de la Política Agrícola Común, a saber, el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura, en la medida en que impida a éstos beneficiarse de la competencia entre los precios de compra de la materia prima ofrecidos por las diferentes empresas transformadoras.

3. Un órgano jurisdiccional nacional ante el que se invoca la nulidad de una cláusula de los estatutos de una cooperativa agrícola por infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, mientras que la cooperativa invoca por su parte el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 26, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas, puede continuar la tramitación del procedimiento y pronunciarse sobre el litigio de que está conociendo en los casos en que resulte evidente que no se cumplen los requisitos para la aplicación del apartado 1 del artículo 85, o bien declarar la nulidad de la cláusula controvertida en virtud del apartado 2 del artículo 85, si ha llegado al convencimiento de que dicha cláusula no cumple los requisitos necesarios para que se le aplique la excepción prevista en el apartado 1 del artículo 2 de dicho Reglamento ni una exención basada en el apartado 3 del artículo 85. En caso de duda, el órgano jurisdiccional nacional podrá, si lo considera oportuno y conforme con las disposiciones procesales nacionales, obtener informaciones adicionales de la Comisión u ofrecer a las partes la posibilidad de solicitar a la Comisión que se pronuncie.