No obstante, los artículos 177 del Tratado CEE y 150 del Tratado CEEA, por un lado, y el artículo 41 del Tratado CECA, por otro, no definen de la misma forma la competencia del Tribunal de Justicia en lo tocante a la remisión prejudicial, particularmente en tanto en cuanto el artículo 41 del Tratado CECA no contiene ninguna norma explícita re-. lativa al ejercicio por parte del Tribunal de Justicia de una facultad de interpretación de dicho Tratado así como de los actos adoptados por las instituciones europeas sobre la base del mismo. Sin embargo, en realidad, dichas disposiciones, unas y otras, expresan una doble necesidad, la de garantizar de la mejor manera posible la uniformidad en la aplicación del Derecho comunitario y la de establecer, para tal fin, una cooperación eficaz entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales.

Por el contrario, esta posibilidad existe únicamente en contra del Estado miembro interesado y de las demás autoridades públicas. De ello se desprende que una directiva no puede crear obligaciones para los particulares y que, por lo tanto, no puede invocarse ningún precepto de una directiva, como tal, contra éstos.

Cuando, bien sea mediante directiva, bien mediante recomendación CECA, siendo de aplicación las mismas normas a ambos casos dado que se trata de actos de la misma naturaleza, las autoridades comunitarias hayan obligado a los Estados miembros a adoptar un comportamiento determinado, la eficacia de tal acto se debilitaría si se impidiera a los justiciables y a los órganos jurisdiccionales nacionales tomarla en consideración como elemento del Derecho comunitario. Por consiguiente, el Estado miembro que no haya adoptado, en los plazos señalados, las medidas de ejecución que impone la directiva, no puede oponer a los particulares el incumplimiento por su parte de las obligaciones que ella establece.

La recomendación 86/198/CECA, que impone obligaciones precisas y no sujetas a condición alguna a los Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que, cuando al terminar el plazo para la adaptación del Derecho interno a dicha recomendación, señalado en el párrafo 1 de su artículo 4, no exista ninguna medida nacional para realizar la aludida adaptación en un Estado miembro, cuya inexistencia constituye una violación del Derecho comunitario, la CECA puede invocarla contra dicho Estado para la totalidad de los créditos que ostenta contra las empresas en concepto de exacciones referidas en los artículos 49 y 50 del tratado CECA, independientemente de la fecha de su nacimiento, siempre que, en virtud de las disposiciones que regulan los procedimientos concúrsales, todavía puedan ser admitidos para integrar el pasivo de la quiebra. No obstante, sólo puede hacerlo con la condición de que el efecto del reconocimiento del carácter preferente de sus créditos se produzca únicamente frente al Estado de que se trata, equiparando, en su caso, a dicha Comunidad con él en lo que a prelación de créditos se refiere, sin reducir los derechos de los acreedores distintos del Estado según resultaría de la aplicación de las normas nacionales que regulan los procedimientos de ejecución universal si no existiese la recomendación.