AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 25 de junio de 1998

Asunto T-185/97

Philippe Godts

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Agente temporal — Contrato de duración determinada — Posibilidad de prórroga — Prórroga efectiva — Recurso de anulación — Inadmisibilidad manifiesta»

Texto completo en lengua francesa II-893

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de la decisión de la Comisión de 1 de agosto de 1996, por la que se deniega expresamente la petición del demandante de que se prorrogue su contrato de agente temporal y, con carácter subsidiario, se solicita la anulación de la decisión de la Comisión de 11 de marzo de 1997, por la que se deniega expresamente su reclamación.

Resultado:

Desestimación.

Resumen del auto

Una Decisión de la Comisión de 12 de julio de 1988, relativa a la política adoptada con respecto a los agentes temporales, modificada mediante Decisión de 18 de marzo de 1992, permite contratar a agentes temporales, para puestos temporales durante un plazo máximo de cinco años.

El 16 de marzo de 1994, la Comisión comunicó que antes del verano siguiente se estudiaría una nueva orientación de toda la política seguida con respecto a los agentes temporales y señaló que, hasta que se produjera esa nueva orientación, la duración de los nuevos contratos de los agentes temporales se limitaría a tres años.

El 23 de septiembre de 1994, la Comisión propuso al demandante un puesto de agente temporal de tres años de duración, resaltando el hecho de que, por razón de las nuevas orientaciones que pretendía adoptar en breve, no podía prestar ninguna garantía en lo que respecta a una ulterior prórroga de su contrato. Mediante escrito de 30 de septiembre de 1994, la Comisión remitió al demandante un contrato, señalando de nuevo que no podía dar ninguna garantía en lo que respecta a su prórroga. El 1 de octubre de 1994, el demandante entró al servicio de la Comisión en calidad de agente temporal de grado A 7, y el 6 de octubre de 1994, firmó su contrato, en cuya cláusula 4 se disponía que se celebraba por una duración determinada de tres años.

El 4 de junio de 1996, el demandante, al considerar que se encontraba en una situación de incertidumbre en lo que respecta al alcance de sus derechos y al no haber recibido ninguna información acerca de la nueva orientación de la política relativa a los agentes temporales, presentó una petición con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») — aplicable por analogía a los agentes temporales en virtud del artículo 46 del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «RAA»)— a la Autoridad Facultada para Concluir el Contrato (en lo sucesivo, «AFCC»). En dicha petición solicitó formalmente acogerse a la política antes seguida por la Comisión con respecto a los agentes temporales o a cualquier otra práctica ulterior que le permitiera obtener una prórroga de su contrato o un contrato de duración indeterminada.

Mediante escrito de 1 de agosto de 1996, notificado el 5 de agosto de 1996, la Comisión comunicó al demandante la desestimación de dicha petición. Dicha desestimación se basaba fundamentalmente en que la reorientación de 1994 de la política relativa a los agentes temporales, aunque se adoptó con carácter provisional, no contenía ninguna obligación de prorrogar los contratos de los agentes de que se trata.

El 24 de septiembre de 1996, el demandante interpuso, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, una reclamación contra dicha decisión denegatoria. Alegó que al no haberse producido la reorientación de la política relativa a los agentes temporales en los plazos previstos por la propia Comisión, el planteamiento provisional adoptado por la decisión de 16 de marzo de 1994 había perdido su sentido y finalidad. Por consiguiente, las normas sobre la política relativa a los agentes temporales, previstas en la decisión de 18 de marzo de 1992, seguían siendo aplicables.

El 13 de noviembre de 1996, la Comisión adoptó una Decisión [SEC(96) 1940/6] relativa a la revisión definitiva de la política con respecto a los agentes temporales. Dicha Decisión, comunicada al personal el 14 de noviembre de 1996, señalaba que los contratos de los agentes temporales contratados con posterioridad al 15 de abril de 1994 se celebraban por una duración máxima de tres años y, si las necesidades del servicio lo justificaban, se podían renovar por un año, de lo que resultó una duración contractual máxima de cuatro años. Además, dichos agentes temporales podían presentarse a un concurso interno para su nombramiento como funcionario de carrera.

Mediante decisión de 11 de marzo de 1997, la AFCC desestimó la reclamación del demandante.

El 2 de julio de 1997, la AFCC acordó prorrogar el contrato del demandante hasta el 30 de septiembre de 1998, con lo que la duración total de su contrato se elevó a cuatro años.

Sobre la admisibilidad

Según el artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cuando el recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca de modo manifiesto de cualquier fundamento jurídico, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado. En el presente asunto, el Tribunal estima que los hechos se hallan suficientemente esclarecidos por los documentos que obran en autos para pronunciarse sobre el presente recurso sin abrir una fase oral (apartado 21).

En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia señala la inadmisibilidad manifiesta del recurso puesto que persigue que se declare que la decisión de la Comisión de 18 de marzo de 1992 es aplicable al demandante. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia recuerda, por una parte, que en virtud de una jurisprudencia reiterada no le incumbe, en el marco de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 91 del Estatuto, efectuar declaraciones de principio o dictar órdenes conminatorias a las Instituciones comunitarias. Por otra parte, cuando se anula un acto la Institución de que se trata está obligada, en virtud del artículo 176 del Tratado CE, a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia. En cualquier caso, el Tribunal de Primera Instancia no puede obligar a la Comisión a aplicar una decisión en la medida en que la Comisión anuló dicha decisión mediante la adopción de otra posterior (apartado 28).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 2 de julio de 1997, Chew/Comisión (T-28/96, RecFP p. II-497), apartado 17; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1997, Richter/Comisión(T-19/97, RecFP p. II-1019), apartado 60

En segundo lugar, en tanto que el recurso tiene por objeto que se anule la alegada decisión de la Comisión de 1 de agosto de 1996, en la medida en que dicha decisión limita la posibilidad de prórroga del contrato del demandante, debe declararse la inadmisibilidad manifiesta de dicho recurso, puesto que la decisión controvertida no es lesiva para el demandante a efectos del apartado 1 del artículo 91 del Estatuto (apartado 29).

En efecto, según una reiterada jurisprudencia, sólo pueden considerarse lesivos los actos que inciden directa e inmediatamente en la situación jurídica del interesado. Allora bien, la decisión impugnada se limita a señalar que la Comisión no está obligada a prorrogar el contrato del demandante. Por tanto, no se pronuncia en absoluto sobre la posibilidad de prórroga del contrato del demandante y no incide en absoluto, por consiguiente, en su situación jurídica (apartado 30).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 7 de junio de 1991, Weyrich/Comisión(T-14/91, Rec. p. II-235), apartado 35

Por consiguiente, procede declarar también la inadmisibilidad manifiesta del recurso, en la medida en que tiene por objeto la alegada decisión denegatoria de la reclamación de 11 de marzo de 1997 (apartado 31).

En tercer lugar, en la medida en que el recurso persigue que se declare la ilegalidad de la decisión de la Comisión de 13 de noviembre de 1996, es decir pretende fundamentalmente impugnar la limitación de la posibilidad de prórroga de su contrato, debe asimismo declararse la inadmisibilidad manifiesta de dicho recurso. En efecto, si el demandante considera que dicha decisión es lesiva para él o pretende impugnar la validez de dicha limitación, debe iniciar el procedimiento apropiado, de conformidad con los artículos 90 y 91 del Estatuto y 179 del Tratado. Allora bien, en el presente asunto no se discute que el demandante no presentó una petición o reclamación en la que impugnara el alcance de dicha decisión o cualquier acto de aplicación de la misma (apartado 32).

Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta de la totalidad del recurso (apartado 33).

Fallo:

Se desestima el recurso.