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1. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Comercialización de los productos - Disparidad de las legislaciones nacionales - Obstáculos a los intercambios intracomunitarios - Procedencia - Requisitos - Necesidad respecto a exigencias imperativas del Derecho comunitario - Protección del medio ambiente

(Tratado CEE, art. 30)

2. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Sistema obligatorio de envases retornables para cervezas y bebidas refrescantes - Justificación - Protección del medio ambiente - Procedencia - Obligación de

utilizar únicamente envases homologados - Carácter desproporcionado - Improcedencia

(Tratado CEE, art. 30)

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1. A falta de una normativa común relativa a la comercialización de los productos de que se trata, los obstáculos a la libre circulación intracomunitaria que se deriven de las disparidades de las normativas nacionales deben admitirse en la medida en que una de tales normativas nacionales, aplicable indistintamente a los productos nacionales y a los importados, pueda estar justificada por ser necesaria para satisfacer exigencias imperativas del Derecho comunitario y proporcionada al objetivo que se persigue, siendo la medida que implique menos obstáculos a la libertad de los intercambios. La protección del medio ambiente, al ser un objetivo esencial de la Comunidad, constituye una de tales exigencias.

2. La obligación que impone una legislación nacional a los productores e importadores, en el marco de un sistema que sólo autoriza la comercialización de la cerveza y de las bebidas refrescantes en envases que puedan volver a ser utilizados, de establecer un sistema de depósito y devolución de los envases vacíos debe considerarse necesaria para alcanzar los objetivos perseguidos en materia de protección del medio ambiente, de manera que no sean desproporcionadas las limitaciones que impone a la libre circulación de las mercancías.

Por el contrario, la obligación que pesa sobre los productores extranjeros, bien de utilizar únicamente envases homologados por las autoridades nacionales, homologación que puede denegarse aunque el productor esté dispuesto a garantizar que los envases devueltos serán nuevamente utilizados, o bien de no comercializar anualmente más de un determinado volumen de bebidas en envases no homologados, debe considerarse desproporcionada y por consiguiente inadmisible, ya que el sistema de devolución de envases no homologados, pese a no garantizar un porcentaje máximo de reutilización, como sucede en el sistema establecido para los envases homologados, sirve para proteger el medio ambiente, máxime cuando las cantidades de bebidas que pueden ser importadas están limitadas, con respecto a la totalidad del consumo nacional, debido al efecto restrictivo del requisito de que los envases sean retornables.
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1. Agricultura - Organización común de los mercados - Cereales - Restituciones a la producción - Concesión bajo la forma de adelantos con constitución de fianza - Inexistencia de otras formas de pago de la restitución - Legalidad

(Reglamento nº 2742/75 del Consejo, art. 8, letra b; Reglamento nº 1570/78 de la Comisión)

2. Derecho comunitario - Principios - Proporcionalidad - Criterios de apreciación

3. Agricultura - Organización común de los mercados - Cereales - Restituciones a la producción - Régimen de garantías - Transformación no integral del producto básico - Pérdida de la fianza en proporción a las cantidades no transformadas - Margen de tolerancia no tenido en cuenta - Legalidad - Pérdida integral del incremento de la fianza en relación a la restitución - Principio de proporcionalidad - Violación

(Reglamento nº 1570/78 de la Comisión, art. 3, párrafo 3, letra a)

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1. El Reglamento nº 1570/78 de la Comisión, relativo a las modalidades de aplicación del Reglamento nº 2742/75 del Consejo en lo referente a las restituciones a la producción para los productos amiláceos, al prever la concesión de adelantos con constitución de una fianza como única forma de pago de la restitución a la producción, no ha infringido lo dispuesto por el artículo 8 de dicho Reglamento del Consejo.

2. Para saber si una disposición de Derecho comunitario es conforme al principio de proporcionalidad, hay que comprobar si los medios que utiliza son aptos para conseguir el objetivo pretendido y si no exceden de lo necesario para alcanzarlo.

3. En un régimen de garantía destinado a asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas de transformación que se benefician de restituciones a la producción concedidas bajo la forma de adelantos, el hecho de que, cuando la cantidad de producto efectivamente transformada sea inferior a la cantidad tomada para el cálculo de la restitución teniendo en cuenta un margen de tolerancia previsto expresamente, se pierda la fianza en proporción a las cantidades no transformadas, sin que se tenga en cuenta dicha tolerancia, no es contrario al principio de proporcionalidad.

Por el contrario, el hecho de que en un caso semejante el incremento de la fianza en relación al importe de la restitución en un principio concedida se pierda íntegramente, y no en proporción a las cantidades no transformadas, es contrario al principio de proporcionalidad, y a este respecto es inválido el artículo 3, apartado 3, letra a, párrafo 2, del Reglamento nº 1570/78.
4.

Como consecuencia de esta entrevista, el tribunal del concurso, mediante carta de 12 de agosto de 1985, comunicó al Sr. Schwiering, igual por supuesto que a los otros trece candidatos no admitidos al concurso, que, en aplicación del artículo 2 del Anexo III del Estatuto, podía presentar, hasta el 30 de septiembre de 1985, sus eventuales observaciones sobre la decisión de no admitirle. En dicha carta, el tribunal añadía, a la atención del Sr. Schwiering: «Tengo que precisar con esta ocasión, que los términos del párrafo 2 del artículo 2 del Anexo III del Estatuto, “los candidatos también deberán presentar los documentos o informaciones complementarias que se les requieran”, no significan que usted pueda, en el momento presente, aportar documentos suplementarios que no hubiese ya adjuntado al formulario de candidatura».
Se desprende del expediente que la Comisión, en una comunicación del 8 de diciembre de 1977 (Anexo V de las observaciones de la Comisión), propuso al Consejo que permitiera, dadas ciertas condiciones, que ciertas normas impuestas por las organizaciones de productores a sus miembros fueran extensivamente aplicadas a los productores no asociados. El 31 de diciembre de 1977, la Comisión envió al Consejo un proyecto de reglamento (Anexo VI a las observaciones de la Comisión) dirigido a modificar el Reglamento de base en este sentido. Al no haber podido conseguir que dicha propuesta fuese adoptada, la Comisión la retiró en mayo de 1978. En 1981, la Comisión realizó una nueva propuesta en este sentido, al proponer un conjunto de medidas relativas al mercado de las frutas y hortalizas (DO C 281, p. 5).

El 14 de noviembre de 1983, el Consejo adoptó los Reglamentos no 3284/83 y no 3285/83 (DO L 325, pp. 1 y 8, respectivamente; EE 03/29, pp. 112 y 119, respectivamente). El Reglamento no 3284/83, por el que se modificaba el Reglamento de base, introdujo un régimen comunitario de aplicación extensiva, bajo el control de la Comisión. Las normas cuya aplicación extensiva se considera deben comunicarse a la Comisión, que puede ora decidir que no pueden imponerse obligatoriamente, ora anular la aplicación extensiva de las normas decididas por un Estado miembro. El Reglamento no 3285/83, por el que se establecen las normas generales relativas a la aplicación extensiva de determinadas normas adoptadas por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, fija los criterios de representatividad de las organizaciones de productores.

El Reglamento no 1489/84 del Consejo, de 15 de mayo de 1984, por el que se establece la fecha de entrada en vigor de los Reglamentos no 3284/83 y no 3285/83, relativos al sector de las frutas y hortalizas (DO L 143, p. 31; EE 03/30, p. 231), había fijado en el 1 de abril de 1985 la fecha de entrada en vigor del régimen de aplicación extensiva de las disciplinas. Dicha entrada en vigor fue retrasada, por el Reglamento no 1977/85 del Consejo, de 16 de julio de 1985, que modifica el Reglamento no 1489/84 (DO L 186, p. 2; EE 03/36, p. 86), para determinados productos, entre otros las coliflores y las alcachofas, al 1 de octubre de 1985.

El Reglamento no 2137/84 de la Comisión, de 25 de julio de 1984, por el que se establecen las modalidades de aplicación relativas a la aplicación extensiva de las normas adoptadas por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (DO L 196, p. 23; EE 03/31, p. 190), determina las modalidades de control relativas a la aplicación, por parte de los Estados miembros, del régimen de aplicación extensiva.
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Al no alcanzarse ningún acuerdo, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, en la que daba por probado que MS había sobrepasado: a) su cuota de producción para productos de la categoría IV, en 751 toneladas durante el primer trimestre de 1982, y en 695 toneladas durante el segundo trimestre del mismo año, con infracción de la Decisión 1831/81/CECA de la Comisión, de 24 de junio de 1981 (DO L 180, p. 1); b) su cuota de producción para productos de la categoría V, en 791 toneladas durante el tercer trimestre de 1982, con infracción de la Decisión 1696/82/CECA de la Comisión, de 30 de junio de 1982 (DO L 191, p. 1).
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La Decisión n° 1831/81/CECA de la Comisión, de 24 de junio de 1981, por la que se establece un régimen de vigilancia y un nuevo tipo de cuotas de producción de ciertos productos para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 180, p. 1), ha previsto que la Comisión procederá, bajo ciertas condiciones y para ciertas categorías de productos, a una adaptación de las producciones de referencia si la empresa, después de un programa de inversiones sobre el cual la Comisión no ha emitido un dictamen negativo, pone en servicio nuevas instalaciones de producción. Esta posibilidad de adaptación de las producciones de referencia ha sido restringida por la Decisión n° 1696/82/CECA de la Comisión, de 30 de junio de 1982, por la que se prorroga el régimen de vigilancia y de cuotas de producción de determinados productos para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 191, p. 1), y ya no figura en las Decisiones nos 2177/83 y 234/84. La Decisión n° 470/85/CECA de la Comisión, de 25 de febrero de 1985, por la que se modifica la Decisión n° 234/84/CECA por la que se prorroga el régimen de vigilancia y de cuotas de producción de determinados productos para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 58, p. 7), ha restablecido la posibilidad, para la Comisión, de asignar, bajo ciertas condiciones, cuotas adicionales de la categoría Id.
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Mediante resolución de 11 de junio de 1985, llegada al Tribunal de Justicia el 2 de julio de 1985, el Hessisches Finanzgerich planteó, en aplicación del artículo 177 del Tratado, una cuestión prejudicial relativa a la validez de la Decisión 82/586 de la Comisión, de 6 de agosto de 1982, por la que se declara que la importación del aparato denominado «Nicolet-High Speed Signal Averager, model 1174, with accessories» no puede ser hecha con franquicia de los derechos del Arancel Aduanero Común (DO L 243, p. 30).
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El Gobierno del Reino Unido empieza por señalar que la primera pregunta, tal como ha sido formulada por la High Court, da cuenta, de forma correcta, de las j restricciones a la comercialización de objetos indecentes u obscenos existentes en Inglaterra, en el País de Gales y en Irlanda del Norte, pero que no toma en consideración las restricciones, más severas, aplicables en Escocia y en la Isla de Man. En Escocia, la legislación aplicable prohibe la distribución, con vistas a su eventual venta, de «objetos obscenos», incluyéndose, entre otras cosas, en la definición del término objeto, las representaciones y los modelos; no obstante, no existe, de momento, jurisprudencia sobre la cuestión de si la expresión «objetos obscenos» comprende productos tales como los importados por Conegate. Estos productos, sin embargo, sí forman parte de las «representaciones indecentes u obscenas» cuya fabricación y distribución prohibe la legislación aplicable en la Isla de Man. Por tanto, un Estado compuesto como el Reino Unido, que admite diferencias entre las legislaciones de sus partes constitutivas pero que tiene, sin embargo, un régimen aduanero único, no tendría más opción que acomodar dicho régimen aduanero al sistema interno más restrictivo.
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El Gobierno neerlandés alega en primer lugar que el derecho de los nacionales de la CEE, cuyo derecho de residencia halla su fundamento en el Derecho comunitario, a traer consigo a los miembros de su familia, tal como disponen los artículos 10 y siguientes del Reglamento no 1612/68, no se basa en una situación comparable a la de los trabajadores nacionales y no constituye por tanto un efecto del principio de no discriminación, sino un derecho autónomo atribuido por el Derecho comunitario cuyo contenido y alcance vienen determinados de manera exhaustiva por el Reglamento no 1612/68. En segundo lugar, la diferencia de nacionalidad no fue la razón por la que la recurrente en el litigio principal y el Sr. W. fueron objeto de un trato distinto al reservado a los nacionales, sino su situación jurídica en materia de derecho de residencia, lo que, según dicho Gobierno, viene confirmado por el hecho de que la política desarrollada en los Países Bajos en este campo no hace distinción entre los ciudadanos neerlandeses y los extranjeros que se hallan en posesión de un permiso de establecimiento.
Habida cuenta de la independencia de los tribunales de los concursos, la institución afectada no dispone de la facultad de anular o modificar una decisión adoptada por un tribunal de concurso. No obstante, en el ejercicio de sus propias competencias, la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede quedar vinculada por una decisión de un tribunal de concurso cuya ilegalidad pueda viciar, de rechazo, sus propias decisiones. Si no se encuentra ante la imposibilidad de nombrar a un candidato porque estima que el tribunal se negó ilegalmente a admitir al concurso a uno o varios candidatos y que la totalidad de las actuaciones del concurso se hallan viciadas por este motivo, tiene el deber de hacer constar mediante decisión motivada dicha situación y de repetir enteramente el procedimiento del concurso, tras una nueva convocatoria y la eventual designación de un nuevo tribunal. En su defecto, corresponde al Tribunal de Justicia, a instancia de los interesados, pronunciarse directamente sobre la legalidad de la decisión del tribunal del concurso.
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El Tribunal de Justicia ya ha examinado el problema que plantea la primera cuestión en su sentencia de 13 de noviembre de 1984 (asunto 191/83, Salzano, Rec. 1984, p. 3741), que se refería al caso del cónyuge de un trabajador migrante que no había presentado la solicitud de subsidios familiares contemplada por la legislación de su país de residencia. En dicha sentencia, el Tribunal declaró que la suspensión del derecho a los subsidios familiares debidos en virtud del artículo 73 del Reglamento no 1408/71 en el Estado miembro del lugar de empleo de uno de los padres no se produce cuando el otro reside con los hijos en otro Estado miembro y ejerce en él una actividad profesional sin percibir, no obstante, subsidios familiares por los hijos, debido a que no se reúnen todos los requisitos exigidos por la legislación del referido Estado miembro para percibir efectivamente dichos subsidios. Como precisa la motivación de aquella sentencia, los requisitos de que se trata son tanto los de fondo como los de forma impuestos por la legislación del Estado miembro del lugar de residencia de los hijos, entre los que figuraba en aquel caso precisamente el requisito de que se hubiera presentado una solicitud previa.
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La Comisión, a la que se habían sometido los problemas que planteaba esta nueva legislación alemana, basándose en el párrafo 2 del artículo 13 del Protocolo sobre privilegios e inmunidades, según el cual los salarios y sueldos abonados por las Comunidades Europeas están exentos de impuestos nacionales, se dirigió, mediante carta circular de 17 de noviembre de 1982, a cada uno de los siete pensionistas de las Comunidades que le habían comunicado su caso, aconsejándoles que no declararan el importe de su pensión comunitaria a las cajas alemanas. La demandante fue la única entre los pensionistas interesados que no comunicó su caso a la Comisión. Sin embargo, cuando las autoridades alemanas alegaron, en sentido contrario, la sentencia del Tribunal de Justicia el 25 de febrero de 1969 (Klomp, 23/68, Rec. 1969, p. 43), la Comisión, mediante una segunda carta circular dirigida el 16 de marzo de 1983 a dichos pensionistas, les advirtió de las consecuencias que tendría para ellos no declarar el importe de su pensión comunitaria a las autoridades alemanas y de la posibilidad de darse de baja del régimen alemán, hasta el 31 de marzo de 1983. Adjuntaba a dichas cartas un certificado de la afiliación del pensionista al régimen comunitario de seguro de enfermedad. La Comisión publicó también en el Courrier du personnel de 28 de marzo de 1983, con destino a los interesados, información de que podían solicitar, hasta el 31 de marzo, su baja en la BEK.
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Según la Ley no 98, de 17 de marzo de 1971, relativa al impuesto sobre consumos específicos que grava el vino y los vinos de fruta, modificada en último lugar por la Ley no 149, de 11 de abril de 1984, se percibe un derecho específico, calculado por litro sobre los vinos de fruta del tipo vino de licor con un grado alcohólico inferior a un 20 % voi. Por el contrario, según la Ley no 153, de 6 de mayo de 1980, relativa al impuesto sobre consumos específicos que grava los aguardientes, modificada en último lugar por la Ley no 149, de 11 de abril de 1984, el whisky escocés, lo mismo que otros aguardientes, así como los vinos de fruta del tipo vino de licor, con un grado alcohólico superior a un 20 % vol., y el vino de uva del tipo vino de licor, con un grado alcohólico superior a un 23 % vol., están sometidos a un impuesto sobre consumos específicos compuesto por un impuesto específico por litro de alcohol etílico y un impuesto ad valorem calculado tomando por base el precio más elevado a que se vende el producto en el mercado al por mayor.
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Procede añadir que el hecho de que un Estado miembro destinatario no pueda alegar, contra un recurso como éste, otros motivos que la existencia de una imposiblidad de ejecución absoluta, no impide que un Estado miembro que, en el momento de la ejecución de semejante decisión, encuentre dificultades imprevistas e imprevisibles o tenga conciencia de consecuencias no previstas por la Comisión, someta estos problemas a la apreciación de esta última, proponiendo modificaciones apropiadas de la decisión de que se trata. En este caso, la Comisión y el Estado miembro deberán, en virtud de la regla que impone a los Estados miembros y a las instituciones comunitarias deberes recíprocos de cooperación leal que inspira especialmente el artículo 5 del Tratado, colaborar de buena fe con el fin de superar las dificultades dentro del pleno respeto de las disposiciones del Tratado y, especialmente, de las relativas a las ayudas. Ahora bien, en este caso, ninguna de las dificultades que alega el Gobierno belga presenta este carácter y el Gobierno no ha propuesto nunca a la Comisión que adopte otras medidas apropiadas, sino que se ha limitado, a través del representante permanente belga, y después de haber expirado el plazo de ejecución establecido, a negar la exactitud de la motivación de la Decisión, a alegar la imposibilidad de suprimir la participación a causa de las disposiciones del Derecho belga y a solicitar a la Comisión que precise lo que entiende por «supresión de la ayuda». No puede considerarse que esta actitud sea conforme al deber de cooperación indicado más arriba.
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Según los autos, la contribución social de solidaridad se estableció mediante la Ordonnance francesa no 67-828 (JORF de 28 de septiembre de 1967) en beneficio de los regímenes de seguro de enfermedad y maternidad y Seguro de vejez de los trabajadores por cuenta propia de las profesiones no agrícolas. Después de la Ley francesa no 70-13 (JORF de 6 de enero de 1970), la contribución quedó a cargo de las distintas clases de sociedades comerciales, salvo determinadas exenciones. La contribución es anual y su tipo se fija en el porcentaje de 0,1 % del volumen de negocios de la sociedad, por decreto; no se percibe cuando el volumen de negocios es inferior a 500.000 FF. Los conflictos relativos a la contribución están sujetos a los órganos jurisdiccionales competentes con arreglo al Código de la Seguridad Social, el pago de la contribución se garantiza por un privilegio sobre los bienes muebles e inmuebles del deudor en las circunstancias que regula el mismo Código.
Como el criterio determinante para la aplicabilidad del Reglamento n° 1408/71 es el del vínculo de un asegurado con un régimen de Seguridad Social de un Estado miembro, carece de importancia que el asegurado haya ejercido sus actividades exclusivamente o no fuera del territorio de los Estados miembros de la Comunidad.

Para determinar el alcance del término «legislación de un Estado miembro» en el sentido del artículo 1, letra j), del Reglamento n° 1408/71, conviene atribuir una importancia esencial no al criterio del lugar donde se ha ejercido la actividad profesional, sino al criterio del vínculo que une al trabajador con un régimen de Seguridad Social de un Estado miembro en el cual ha cubierto los períodos de seguro, cualquiera que sea el lugar donde ejerza o haya ejercido su actividad profesional.

El artículo 2, apartado 4, del Reglamento n° 1390/81 se aplica a la negativa de una institución de Seguridad Social a conceder una prestación por invalidez, a causa de que el asegurado no haya residido previamente o no haya estado domiciliado en el Estado miembro respectivo durante un cierto período ininterrumpido. No obstante, el asegurado sólo puede beneficiarse de ello a partir del 1 de julio de 1982.
Para apreciar el criterio de similitud en el que se basa la prohibición del artículo 95, párrafo 1, del Tratado, hay que examinar si los productos tienen propiedades análogas y satisfacen las mismas necesidades de los consumidores. Como la noción de similitud debe interpretarse en sentido amplio, este examen requiere la aplicación de un criterio no de identidad absoluta, sino de analogía y de utilización comparable.

Para apreciar el carácter de similitud de las dos categorías de bebidas, hay que tomar en consideración, por un lado, un conjunto de características objetivas, tales como el origen, procesos de producción, propiedades organolépticas, en particular el sabor y el grado alcohólico, y, por otra parte, si ambas categorías de bebidas pueden o no satisfacer necesidades idénticas de los consumidores; esta identidad se aprecia no en función de los hábitos de consumo existentes, sino a la luz de la posible evolución de estos hábitos y, sobre todo, de acuerdo con las características objetivas, que hacen que un producto, para determinadas categorías de consumidores, pueda satisfacer las mismas necesidades que otro.

La clasificación aduanera de las bebidas, elaborada para el comercio exterior, no puede proporcionar indicaciones concluyentes para apreciar el criterio de similitud. Tampoco es de importancia el hecho de que una de las categorías de bebidas en cuestión esté comprendida en una organización común de mercados y la otra no.

De la comparación de vinos de fruta y vino de uva, efectuada según estos criterios, resulta que se trata de productos similares.