ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Primer motivo, basado en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima. Los demandantes alegan que, antes de la adopción de la Decisión impugnada, la Comisión les había ofrecido garantías precisas, en primer lugar, de que a partir de enero de 2021 se celebraría un nuevo contrato de concesión que abarcaría el conjunto de los lotes A, B y C, en el marco del procedimiento de licitación n.o OIB/2019/CPN/0039, en segundo lugar, de que en caso de retraso en el procedimiento de licitación n.o OIB/2019/CPN/0039 se prorrogaría el contrato de concesión relativo a los servicios comprendidos en los lotes A y C, efectivamente prestados por los demandantes, hasta que la Comisión seleccionara un nuevo prestador al que se encargaría la prestación de tales servicios y, en tercer lugar, de que los trabajadores adscritos a los servicios comprendidos en los lotes A y C serían transferidos a un nuevo prestador de servicios, en aplicación del convenio colectivo laboral n.o 32 bis.

Tales garantías precisas, ofrecidas apenas unos días antes del envío a Ciano de la Decisión impugnada, suscitaron en los demandantes esperanzas fundadas de que los trabajadores adscritos a los servicios comprendidos en los lotes A y C serían transferidos, en todo caso, a un nuevo prestador de servicios.

Ahora bien, al adoptar la Decisión impugnada, que anula pura y simplemente el procedimiento de licitación n.o OIB/2019/CPN/0039, sin prolongación del contrato de concesión relativo a los lotes A y C, la Comisión impide la transferencia de esos trabajadores, ya que en un futuro próximo no será seleccionado ningún nuevo prestador de servicios, actuando en un sentido radicalmente opuesto a las garantías que había ofrecido.

Los demandantes consideran, en consecuencia, que al adoptar la Decisión impugnada en este contexto, la Comisión vulneró el principio de protección de la confianza legítima.
—

Anule parcialmente el artículo 1, número 3, del Reglamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1071/2009, (CE) n.o 1072/2009 y (UE) n.o 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector del transporte por carretera.
—

Anule las Decisiones C(2020) 4489 final de la demandada de 29 de junio de 2020 sobre la ayuda estatal SA.56125 (2020/N) — «Sweden Prolongation and modification of scheme SA.49893 (2018/N)/Tax exemption for non-food based biogas and bio-propane in heat generation» y SA.56908 (2020/N) — «Sweden Prolongation and modification of biogas scheme for motor fuel in Sweden», y
1.

Primer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad, en la infracción de los artículos 28 y 29 de la Directiva 2014/59/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190), y en la infracción de los artículos 69 octodecies y siguientes del Decreto Legislativo n.o 385, de 1 de septiembre de 1993 (TUB). — A este respecto, se alega que la medida de administración extraordinaria manifiestamente va más allá de lo necesario y es desproporcionada.
5.

Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39), en la infracción del artículo 12 del Reglamento de personal y en la violación del principio de buena administración y del deber de asistencia y protección. En apoyo de este motivo, el demandante alega el acceso contrario a Derecho a sus datos personales, la negativa de la demandada a abrir una investigación y el apoyo indebido de esta a su ex-esposa.
1.

En primer lugar, la demandante considera fundadamente que el informe de Valoración 3 no ha sido emitido por un experto verdaderamente independiente, tal y como requiere el art. 20, apartados 16 a 18, del Reglamento (UE) no 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n. 1093/2010 (DO 2014 L 225, p. 1).
3.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la violación del principio de igualdad de las partes procesales (artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), vinculado a tal obligación. — A este respecto, se alega que el tribunal de la oposición motivó de forma excesivamente sucinta la decisión impugnada mediante la que se denegó la solicitud de revisión de la demandante. En efecto, más allá de las afirmaciones de carácter general y de las indicaciones de que había establecido criterios de selección sin especificar el contenido, no se aportó ninguna explicación precisa que permitiera a la demandante comprender las razones sobre cuya base se adoptó la decisión respecto a ella. La demandante considera que cabe deducir que, en realidad, no se efectuó una revisión, lo que constituye una vulneración de su derecho de defensa y un incumplimiento de la propia convocatoria de la oposición, que establecía la revisión como medio de tutela del candidato. — Se sostiene que carece asimismo de toda motivación la decisión de la AFPN de 20 de septiembre de 2019, en la que tampoco se explican los ulteriores criterios establecidos por el tribunal de la oposición a efectos de completar la convocatoria ni se hace ninguna referencia a la concreta experiencia profesional de la demandante, pese a la descripción detallada que consta en el formulario de candidatura. Se añade que la AFPN no se basó en el contexto fáctico y jurídico completo, dado que tuvo en cuenta únicamente la decisión inicial de 23 de mayo de 2019, omitiendo cualquier análisis y valoración de la revisión.
Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2020 — Oatly / EUIPO (IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS)

(Asunto T-253/20)

(2020/C 215/65)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Oatly AB (Malmö, Suecia) (representante: M. Johansson, abogado)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Marca controvertida: Solicitud de marca denominativa de la Unión «IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS» — Solicitud de registro n.o 18035560

Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 7 de febrero de 2020 en el asunto R 2446/2019-5

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con aquellas en que incurra la recurrente en el presente procedimiento.

Motivo invocado
3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho, en un error manifiesto de apreciación y no motivó su decisión al declarar que la exención a la financiación de grupos equivale a una excepción selectiva del sistema de referencia, y, concretamente, que las empresas que reciben otros tipos de beneficios financieros no comerciales están en una situación jurídica y fáctica comparable a la de las empresas que reciben beneficios financieros no comerciales procedentes de préstamos admisibles. De hecho, la Comisión incurrió en error al concluir que los beneficios financieros no comerciales procedentes de los préstamos ascendentes y los préstamos hucha no generan un riesgo importante y significativamente mayor de diversión artificial que los préstamos admisibles. Además, la Comisión incurrió en error al centrarse en la técnica legislativa, más que en los efectos, de la exención a la financiación de grupos.
2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho al aplicar el artículo 107 TFUE, apartado 1, y/o en un error manifiesto de apreciación al adoptar un enfoque erróneo en el análisis de las normas relativas a las SEC. La Comisión consideró de manera incorrecta las disposiciones del capítulo 9 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Ley Tributaria (disposiciones generales y de otra índole) de 2010] —que contiene la exención a la financiación de grupos— como una forma de excepción al gravamen general establecido en el capítulo 5 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010.
2.

Segundo motivo, basado en la prescripción del crédito reclamado y, en cualquier caso, en la inobservancia de un plazo razonable, en la infracción del artículo 73 bis, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 248, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento financiero de 2002»), en la vulneración del derecho a una buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la infracción del artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»). Según la demandante, el crédito que la Comisión alega tener frente a ella ha prescrito, por haber expirado el plazo de cinco años establecido por el artículo 73 bis del Reglamento financiero de 2002. Alega, además, que el artículo 85 ter, apartado 4, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, EURATOM) n.o 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 357, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución de 2002»), relativo a las causas de interrupción del plazo de prescripción, es inoperante. La demandante sostiene que, en cualquier caso, aun cuando la interrupción del plazo de prescripción fuera regular, el tiempo empleado para adoptar la decisión impugnada y la nota de adeudo que la acompaña es manifiestamente desproporcionado e infringe el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6, apartado 1, del CEDH (en la medida en que establece un derecho fundamental que constituye a su vez un principio general del Derecho).
5.

Quinto motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 41 de la Carta, vulneró el principio del derecho de defensa e infringió los artículos 14 y 27, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, y también los artículos 11, 12 y 14 del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE, en la medida en que la audiencia organizada durante el procedimiento no podía subsanar la ilegalidad constatada por el Tribunal de Justicia en la sentencia dictada en el asunto C-85/15 P.
Recurso interpuesto el 27 de julio de 2019 — Militos Symvouleftiki/Comisión

(Asunto T-536/19)

(2019/C 357/45)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Militos Symvouleftiki AE (Atenas, Grecia) (representante: K. Farmakidis-Markou, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión de anulación comunicada el 29 de mayo de 2019 del anuncio PR/2018-16/ATH para la celebración de un acuerdo-marco para la prestación de servicios en el ámbito de la organización de actividades de comunicación, publicada en DO 2019/S 110-267174.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

1. Primer motivo de anulación, basado en la motivación errónea y sin fundamento del acto impugnado y un error manifiesto de apreciación. A diferencia de lo que afirma la motivación del acto impugnado, la oferta de la demandante no ha superado el presupuesto de la obra y no se ha acreditado expresamente que todas las ofertas han superado el presupuesto.

2. Segundo motivo de anulación, basado en la aplicación errónea de la disposición del anuncio que determina el modo de valoración comparativa de las ofertas como motivo de exclusión de las ofertas, o como requisito formal para la presentación de la oferta. La suma de los precios de referencia que según el acto impugnado supera el presupuesto del acuerdo-marco, constituye únicamente un instrumento para encontrar la oferta más ventajosa y no responde exactamente a las necesidades del contrato de servicios en la ejecución del acuerdo.

3. Tercer motivo de anulación, basado en el ejercicio abusivo de la posibilidad que ofrece el artículo 171 del Reglamento Financiero. La motivación de la anulación del concurso resulta contradictoria, dado que constituye un indicio de la sobrevaloración de las necesidades de la adjudicadora, en consecuencia una probabilidad razonable de un coste final menor del acuerdo cuando se ejecute, y presenta lagunas, es decir, no acredita expresamente que las ofertas de las sociedades licitadoras presentaban una desviación al alza del presupuesto, que constituyen una impresión objetiva de la emisión del acto por un motivo distinto al alegado.

4. Cuarto motivo de anulación basado en la falta de motivación sobre la inaplicación del artículo 169, apartado 2, del Reglamento 2018/1046. (1)

(1) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE), n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1).
3.

Tercer motivo, basado en que, aun suponiendo que las medidas SEC en cuestión constituyeran una ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, la Decisión impugnada concluyó erróneamente que no existía justificación que pudiera aplicarse para defender la compatibilidad de las medidas controvertidas con el Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado. Añaden que la Decisión impugnada no es razonable y es incoherente, en la medida en que la Comisión aceptó correctamente que el capítulo 9 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Ley Tributaria (disposiciones internacionales y de otro tipo) de 2010] está justificado en supuestos en los que la única razón para aplicar el gravamen en concepto de SEC es el criterio del «capital vinculado del Reino Unido», sobre la base de que este criterio pude ser excesivamente difícil de aplicar, pero al mismo tiempo, y sin motivarlo adecuadamente, la Comisión alega que el mencionado capítulo 9 nunca está justificado en supuestos en los que el criterio de las «funciones que ejercen las personas influyentes» (FPI) supone que se aplique el gravamen en concepto de SEC. Arguyen que, de hecho, resulta extremadamente difícil aplicar el criterio FPI en la práctica, de modo que la Comisión debió haber declarado que el capítulo 9 estaba justificado en el marco de dicho criterio, y, en consecuencia, concluir que no existía ayuda de Estado.
—

Más concretamente, la demandante alega que, la demandada no ha demostrado que el medicamento Omacor sea perjudicial o carezca de eficacia terapéutica, que la ponderación entre los riesgos y beneficios no sea favorable ni que su composición cualitativa y cuantitativa no corresponda a la declarada.
3.

Tercer motivo, relativo a la aplicación ilegal por parte del Parlamento Europeo de una normativa nacional incompatible con los principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea, en especial con el principio de protección de la confianza legítima. Violación del principio de primacía del Derecho de la Unión. — A este respecto, se alega que la reforma de las pensiones vitalicias de los antiguos diputados italianos ha redefinido el modo de cálculo ex post de manera totalmente imprevisible, carente de gradualidad y de cláusulas de salvaguardia adecuadas, por lo que incurre en un gravísimo incumplimiento del principio de confianza legítima, que forma parte de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. — Por esta razón, dicha reforma no podía ser aceptada por el Parlamento Europeo, habida cuenta de que conforme a los principios generales que regulan las relaciones entre ordenamientos, de hecho, la recepción de normas de otro ordenamiento como consecuencia de la remisión, ya sea de carácter flexible, ya directa, está limitada, dado que tal remisión no puede ser acogida cuando la normativa del ordenamiento de origen sea contraria a los principios fundamentales del ordenamiento de destino. Asimismo, en razón de la primacía del Derecho de la Unión, principio cardinal de la Unión, si una normativa nacional es contraria a una disposición del Derecho de la Unión debe inaplicarse a fin de garantizar la protección uniforme de este a los ciudadanos en todo el territorio de la Unión.
1.

Primer motivo, basado, respecto a la INVESTIGACIÓN CEB/2017/067/IT, en la infracción del Reglamento (CE) n.o 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común (DO 1999, L 160, p. 103), en particular de su artículo 2, apartado 2; del Reglamento (CE) n.o 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO 2005, L 209, p. 1), en particular de su artículo 31, apartado 2, y del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549). — Asimismo, se alega a tal respecto la infracción del artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Lisboa de 12 de diciembre de 2007, y la violación de los principios de proporcionalidad y de confianza legítima. — Por último, la demandante aduce la existencia de un vicio de desviación de poder y de vicios sustanciales de forma como consecuencia de la falta de motivación.
—

Anule, en la medida en que atañen al demandante, y con arreglo al artículo 263 TFUE, la Decisión (PESC) 2019/354 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2019, L 64, p. 7), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/352 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2019, L 64, p. 1).
1.

Primer motivo, basado en que la Decisión 2019/25 del Consejo es nula en cuanto se refiere al demandante dado que, según este, no puede ser calificado como organización terrorista a efectos del artículo 1, apartado 3, de la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001. (2) El demandado no demostró, a juicio del demandante, que este sea un grupo estructurado que actúa de manera concertada con el fin de cometer actos terroristas. Añade que la mayoría de los actos mencionados en la motivación no se le pueden imputar, no están incluidos en la lista exhaustiva de actos que figura en el artículo 1, apartado 3, de la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, ni pueden perjudicar gravemente a un país. Por último, el fin del demandante no es un «fin terrorista» como se define en el artículo 1, apartado 3, de la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo. A su juicio, dicho fin debe considerarse, en concreto, a la luz del conflicto armado por la autodeterminación.
—

Deniegue la solicitud de marca de la Unión Europea no 14 411 557 apiheal con respecto a los mencionados «productos de perfumería; Cosméticos; Fragancias; Desodorantes (para uso personal o para animales); Jabones; Hierbas de baño (no para uso médico); Productos para el cuidado dental, Dentífricos, Preparaciones para pulir prótesis dentales, Preparaciones dentales blanqueadoras, Elixires bucales, Que no sean para uso médico» en clase 3 y «productos para eliminar animales dañinos; Fungicidas, herbicidas» en clase 5.
1.

Primer motivo, basado en la alegación de que la resolución de la JUR con arreglo a la cual el artículo 20, apartado 11, del Reglamento n.o 806/2014 no exigía llevar a cabo las valoraciones definitivas a posteriori del Banco Popular Español, S.A., se basa en un error de Derecho que infringe lo dispuesto en el artículo 20, apartado 11, y/o en el artículo 20, apartado 12, del citado Reglamento, que exige que se lleve a cabo una valoración definitiva a posteriori en caso de que una valoración provisional que no cumple los requisitos del artículo 20, apartados 1 y 4 a 9, del mismo Reglamento sea tomada en consideración para adoptar medidas de resolución.