Palabras clave

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Palabras clave

1. Tribunal de Primera Instancia - Organización - Composición de las Salas - Ausencia o impedimento de un juez - Carácter definitivo o temporal - Irrelevancia

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 15; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 10, ap. 1, y 32, ap. 1)

2. Procedimiento - Fuerza de cosa juzgada - Sentencia de casación del Tribunal de Justicia por la que se resuelve definitivamente el litigio - Alcance

[Tratado CE, art. 176 (actualmente art. 233 CE); Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 54, párr. 1]

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción adoptada tras la anulación de una primera decisión por vicio de procedimiento - Principio non bis in idem - Violación - Inexistencia

4. Recurso de anulación - Sentencia anulatoria - Alcance - Consideración tanto de los fundamentos como del fallo de la sentencia - Adopción de un nuevo acto basado en los actos preparatorios anteriores válidos - Procedencia

5. Derecho comunitario - Principios - Derecho de defensa - Ámbito de aplicación - Competencia - Procedimiento administrativo - Alcance del principio tras la anulación de una primera decisión de la Comisión - Audiencia de las empresas - Consulta al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes - Consejero auditor

[Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 10, ap. 3, y 19, ap. 1; Reglamento (CEE) nº 99/63 de la Comisión, arts. 1 y 4]

6. Recurso de anulación - Sentencia anulatoria - Efectos - Anulación de una decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia - Efectos frente a los destinatarios que no han interpuesto un recurso - Inexistencia

[Tratado CE, arts. 85 y 189 (actualmente art. 81 CE y 249 CE) y art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación]

7. Competencia - Procedimiento administrativo - Prescripción en materia de actuaciones - Suspensión - Decisión de la Comisión objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia - Alcance

[Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, arts. 2 y 3]

8. Derecho comunitario - Principios - Observancia de un plazo razonable - Ámbito de aplicación - Competencia - Procedimiento administrativo - Procedimiento judicial - Criterios de apreciación

(Reglamento nº 17 del Consejo)

9. Recurso de casación - Motivos - Incumplimiento de la obligación de respetar un plazo razonable en los procedimientos administrativos en materia de competencia - Apreciación comprendida en las competencias del Tribunal de Primera Instancia - Apreciación que debe efectuarse in concreto - Control del Tribunal de Justicia - Límites

(Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1)

10. Competencia - Procedimiento administrativo - Facultades de inspección de la Comisión - Visitas de inspección efectuadas con un mandato - Cooperación voluntaria de la empresa - Consecuencias en cuanto a la posibilidad de invocar una injerencia excesiva de la autoridad pública

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 14, ap. 2)

11. Derecho comunitario - Principios - Derecho de defensa - Respeto en el marco de los procedimientos administrativos - Competencia - Decisión de solicitud de información dirigida a una empresa - Violación del derecho a no contribuir a la propia inculpación - Apreciación que el Tribunal de Primera Instancia debe efectuar in concreto - Control del Tribunal de Justicia - Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11, aps. 2 y 5)

12. Competencia - Procedimiento administrativo - Facultades de inspección de la Comisión - Utilización de información obtenida durante una visita de inspección efectuada en el marco de otro procedimiento - Límites

(Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 14, aps. 2 y 3, y 20, ap. 1)

13. Competencia - Procedimiento administrativo - Acceso al expediente - Objeto - Respeto del derecho de defensa - Incumplimiento - Consecuencias

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento (CEE) nº 99/63 de la Comisión, arts. 3 y 7 a 9]

14. Recurso de casación - Motivos - Violación del derecho de defensa derivada de la denegación a una empresa del acceso a documentos en un procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre la competencia - Motivo que supone una apreciación de los hechos que corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia y que, salvo en caso de desnaturalización, escapa al control del Tribunal de Justicia

(Art. 225 CE, Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

15. Procedimiento - Diligencias de ordenación del procedimiento - Fase oral del procedimiento - Petición de presentación colectiva de los motivos comunes - Procedencia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 64, ap. 2)

16. Procedimiento - Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso - Motivo basado en elementos que han aparecido durante el procedimiento - Elementos aparecidos a raíz de una diligencia de ordenación del procedimiento por la que se acuerda el acceso al expediente de la Comisión - Procedencia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 48, ap. 2, párr. 1)

17. Procedimiento - Escrito de réplica - Exigencias formales - Exposición sumaria de los motivos invocados - Remisión a una argumentación formulada en la fase oral en relación con motivos contenidos en la demanda - Admisibilidad

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 1, letra c), y 48, ap. 2]

18. Recurso de casación - Motivos - Motivo basado en la falta de respuesta del Tribunal de Primera Instancia a un motivo - Forma de presentación

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, párr. 1, letra c)]

19. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia - Decisión por la que se imponen sanciones adoptada tras la anulación de una Decisión anterior con el mismo objeto

[Tratado CE, arts. 85, ap. 1, y 190 (actualmente arts. 81 CE, ap. 1, y 235 CE) y art. 89 (actualmente art. 85 CE, tras su modificación)]

20. Competencia - Multas - Decisión por la que se imponen multas - Obligación de motivación - Alcance - Indicación de los elementos de apreciación que permitieron a la Comisión determinar la gravedad y la duración de la infracción

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, párr. 2]

21. Competencia - Prácticas colusorias - Perjuicio para la competencia - Criterios de apreciación - Objeto contrario a la competencia - Comprobación suficiente

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

22. Recurso de casación - Competencia del Tribunal de Justicia - Revisión, por razones de equidad, de la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia sobre el importe de multas impuestas a empresas que han infringido las normas sobre la competencia del Tratado - Exclusión - Revisión de esta apreciación por motivos basados en la violación del principio de no discriminación - Procedencia

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

23. Recurso de anulación - Competencia del juez comunitario - Litigio relativo a las sanciones impuestas a empresas que han infringido las normas sobre la competencia del Tratado - Competencia jurisdiccional plena - Sentencia anulatoria sin el ejercicio de dicha competencia - Efecto

[Tratado CE, art. 172 (actualmente art. 229 CE); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17]

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1. Para la aplicación de las normas contempladas en los artículos 15 del Estatuto del Tribunal de Justicia, 10, apartado 1, y 32, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, relativos a la composición de las Salas del Tribunal de Primera Instancia, el carácter definitivo o temporal del impedimento de un juez no es determinante. Si una ausencia o un impedimento temporales justifican la modificación de la composición para que el número de miembros siga siendo impar, lo mismo ocurre, a fortiori, en el caso de un impedimento definitivo derivado, por ejemplo, de la expiración del mandato de un miembro.

( véanse los apartados 35 a 38 )

2. Cuando resuelve definitivamente el litigio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 del Estatuto del Tribunal de Justicia, estimando uno o varios de los motivos formulados por la parte demandante, el Tribunal de Justicia no zanja ipso iure todos los extremos de hecho y de Derecho invocados por ésta.

La fuerza de cosa juzgada de una resolución judicial, que delimita por sí misma las obligaciones que, en virtud del artículo 176 del Tratado (actualmente artículo 233 CE), incumben a la institución cuyo acto sea anulado, sólo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjados por aquélla.

( véanse los apartados 44, 47 y 48 )

3. El principio non bis in idem, principio fundamental del Derecho comunitario, recogido además en el artículo 4, apartado 1, del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, prohíbe, en materia de competencia, que se condene o se inicie un procedimiento sancionador de nuevo contra una empresa por un comportamiento contrario a la competencia a causa del cual ya ha sido sancionada o del que se la ha declarado no responsable por una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso.

La aplicación de este principio supone, por tanto, que ha habido un pronunciamiento sobre la existencia de la infracción o que la apreciación de ésta ha sido objeto de un control de legalidad.

Así pues, el principio non bis in idem sólo prohíbe una nueva apreciación sobre el fondo de la existencia de la infracción, que tendría por consecuencia la imposición de una segunda sanción, añadida a la primera, en el supuesto de que se estimara de nuevo la existencia de responsabilidad, o bien de una primera sanción, en el supuesto de que una segunda decisión declarase dicha responsabilidad, después de que la primera la hubiera excluido.

En cambio, no se opone en sí mismo a que se reinicie un procedimiento que tenga por objeto el mismo comportamiento contrario a la competencia, cuando una primera decisión ha sido anulada por motivos de forma sin que haya habido un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos imputados, de manera que la decisión de anulación no tiene el valor de una «absolución» en el sentido que se atribuye a dicho término en el ámbito punitivo. En semejante caso, las sanciones impuestas por la nueva decisión no se añaden a las impuestas por la decisión anulada, sino que las sustituyen.

( véanse los apartados 59 a 62 )

4. La anulación de un acto comunitario no afecta necesariamente a los actos preparatorios que lo han precedido, de modo que el procedimiento destinado a sustituir el acto anulado puede en principio reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad sancionada.

( véase el apartado 73 )

5. El respeto de los derechos de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular a multas o a multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario que debe ser observado aun cuando se trate de un procedimiento de carácter administrativo.

Los artículos 19, apartado 1, del Reglamento nº 17 y 4 del Reglamento nº 99/63, que aplican este principio, obligan a la Comisión a formular, en su Decisión final, únicamente los cargos respecto a los cuales las empresas y asociaciones de empresas interesadas hayan tenido ocasión de dar a conocer su punto de vista.

Por tanto, el respeto del derecho de defensa exige que se dé a cada empresa o asociación de empresas interesada la posibilidad de ser oída sobre los cargos que la Comisión se proponga formular contra cada una de ellas en la decisión final por la que se declare la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia.

Cuando la Comisión, tras la anulación de una decisión que sanciona a empresas que han infringido el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) por un vicio de procedimiento relativo exclusivamente a los mecanismos de su adopción definitiva por el Colegio de Comisarios, adopta una nueva decisión, de un contenido sustancialmente idéntico y basada en las mismas imputaciones, no está obligada a conceder una nueva audiencia a las empresas afectadas, de modo que tampoco está obligada a efectuar una nueva consulta al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes ni a hacer que intervenga de nuevo el consejero auditor.

( véanse los apartados 85 a 87, 114, 118, 122 y 126 )

6. Una decisión adoptada en materia de competencia respecto a varias empresas, aunque esté redactada y publicada como una sola decisión, debe considerarse como un haz de decisiones individuales que, en relación con cada una de las empresas destinatarias, aprecia la existencia de la o las infracciones que se le imputan y le imponen, en su caso, una multa. Sólo puede anularse por lo que respecta a las destinatarias cuyos recursos han sido estimados por el juez comunitario y sigue obligando a las destinatarias que no han interpuesto recursos de anulación.

( véanse los apartados 99 y 100 )

7. El artículo 3 del Reglamento nº 2988/74 relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia protege a la Comisión contra el efecto de la prescripción en las situaciones en las que ha de esperar la resolución de un órgano jurisdiccional comunitario, en el marco de procedimientos cuyo desarrollo escapa a su control, antes de saber si el acto impugnado adolece o no de ilegalidad. El artículo 3, por tanto, atañe a los supuestos en los que la inacción de la institución no es consecuencia de una falta de diligencia.

Pues bien, tales supuestos se producen tanto en caso de recurso contra los actos que interrumpen la prescripción enumerados en el artículo 2 del Reglamento nº 2988/74 que pueden ser impugnados, como en caso de recurso contra una decisión que impone una multa o una sanción.

En estas circunstancias, tanto el tenor del artículo 3 como su objetivo comprenden a la vez los recursos interpuestos contra los actos contemplados en el artículo 2 que son impugnables y los recursos dirigidos contra la decisión final de la Comisión.

Por consiguiente, un recurso dirigido contra la decisión final que impone sanciones suspende la prescripción en materia de actuaciones hasta que el órgano jurisdiccional comunitario se pronuncie definitivamente sobre dicho recurso.

( véanse los apartados 144 a 147 )

8. El respeto del principio general del plazo razonable se impone, en materia de competencia, tanto a los procedimientos administrativos instados con arreglo al Reglamento nº 17 y que puedan desembocar en sanciones previstas por éste, como al procedimiento jurisdiccional en caso de recurso contra la decisión de la Comisión. Para examinar si se ha producido dicho respeto en la fase del procedimiento administrativo cabe distinguir dos períodos sucesivos, el primero, que se extiende, por un lado, desde las medidas de la Comisión que implican la imputación de una infracción y conllevan repercusiones importantes sobre la situación de las empresas sospechosas, hasta, por otro lado, el segundo, que alcanza desde el pliego de cargos hasta la adopción de la decisión definitiva.

El carácter razonable del plazo debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la transcendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto, del comportamiento del demandante y del de las autoridades competentes.

No obstante, la lista de estos criterios no es exhaustiva y la apreciación del carácter razonable del plazo no exige un examen sistemático de las circunstancias del asunto en función de cada uno de ellos cuando la duración del procedimiento se revela justificada en función de uno solo. La función de estos criterios es determinar si el plazo de tramitación de un asunto está o no justificado. Así, la complejidad del asunto o un comportamiento dilatorio del recurrente pueden tenerse en cuenta para justificar un plazo a primera vista demasiado largo. A la inversa, puede considerarse que un plazo sobrepasa los límites del plazo razonable también en función de un solo criterio, en particular cuando su duración se deriva del comportamiento de las autoridades competentes. En su caso, la duración de una fase procesal puede calificarse de razonable en un primer momento cuando parece conforme con el plazo medio de tramitación de un asunto del mismo tipo que el que se analiza.

( véanse los apartados 179, 181 a 183, 187, 188, 207 y 210 )

9. El carácter razonable de un plazo en un procedimiento administrativo no puede examinarse en relación con un límite máximo preciso, determinado de forma abstracta, sino que debe apreciarse en cada asunto en función de las circunstancias del caso.

Un primer examen general trata de determinar si, a primera vista, la duración del período controvertido se revela demasiado larga teniendo en cuenta el procedimiento tramitado. En caso afirmativo, ha de averiguarse en concreto si cabe apreciar retrasos que no puedan ser justificados por circunstancias particulares del asunto.

A este respecto, en lo que atañe a un procedimiento administrativo en materia de Derecho de la competencia, el Tribunal de Primera Instancia determina y aprecia soberanamente los hechos pertinentes, salvo en el supuesto de desnaturalización de éstos, y, sometido al control del Tribunal de Justicia, los califica jurídicamente respecto al principio de observancia del plazo razonable.

( véanse los apartados 192 a 194 )

10. Del artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 17 se desprende que, a diferencia de las que se ordenan mediante decisión con arreglo al artículo 14, apartado 3, de dicho Reglamento, las visitas de inspección efectuadas simplemente con un mandato se basan en la colaboración voluntaria de las empresas. Siempre que una empresa haya colaborado efectivamente en una visita de inspección realizada con un mandato, el motivo basado en una excesiva injerencia de la autoridad pública en su esfera de actividades privadas carece de fundamento, si no se apoya en elementos que pongan de manifiesto que la Comisión ha ido más allá de la cooperación ofrecida por la empresa.

( véanse los apartados 252 a 254 )

11. Una vulneración del derecho a no contribuir a la propia inculpación supone, por un lado, que se haya ejercido coerción sobre el presunto autor de una infracción para obtener de éste determinada información y, por otro lado, una vulneración efectiva del derecho de que se trate.

Por lo que respecta a las solicitudes de información emitidas con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento nº 17, una empresa no tiene la obligación de responder a ellas.

Por lo que respecta a las decisiones de solicitud de información adoptadas con arreglo al artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17, la apreciación de la existencia de una vulneración del derecho a no contribuir a la propia inculpación implica una apreciación de hecho, tanto por lo que respecta al contenido de las solicitudes como a las respuestas a éstas, la cual no constituye, salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba que se le aportan, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

( véanse los apartados 275 a 285 )

12. De los artículos 20, apartado 1, y 14, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 17, se desprende que la información obtenida durante las verificaciones no debe utilizarse para fines distintos de los indicados en el mandato de verificación o en la decisión de verificación.

Dicha exigencia pretende preservar, además del secreto profesional, mencionado expresamente en el artículo 20 del Reglamento nº 17, el derecho de defensa de las empresas, derecho que, a la vez, forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario y está reconocido por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuya interpretación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe ser tenida en cuenta por el juez comunitario.

Este derecho resultaría gravemente dañado si la Comisión pudiese invocar contra las empresas pruebas que, obtenidas durante una verificación, fuesen ajenas al objeto y a la finalidad de ésta.

No obstante, no puede llegarse a la conclusión de que esté prohibido que la Comisión incoe un procedimiento de investigación con objeto de verificar la exactitud o de completar las informaciones de las que hubiese tenido conocimiento incidentalmente con ocasión de una verificación anterior, en el supuesto de que dichas informaciones indicasen la existencia de conductas contrarias a las normas sobre competencia del Tratado.

Por un lado, en efecto, las empresas no se ven privadas en absoluto de la protección del artículo 20 del Reglamento nº 17 cuando la Comisión solicita de nuevo un documento. En tal caso se halla, desde el punto de vista de la defensa de sus derechos, en la misma situación que si la Comisión no dispusiera aún del documento, puesto que la utilización directa a efectos de prueba, en un segundo procedimiento, de un documento obtenido en otro precedente le está prohibida. Por otro lado, la circunstancia de que la Comisión haya obtenido por primera vez determinados documentos en un asunto concreto no confiere una protección tan absoluta como para que dichos documentos no puedan solicitarse legalmente y ser utilizados como prueba en otro procedimiento.

( véanse los apartados 274, 298 a 301, 305 y 306 )

13. El acceso al expediente tiene fundamentalmente por objeto permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, a fin de que, basándose en tales documentos, puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que la Comisión haya llegado en su pliego de cargos. El derecho de acceso al expediente de la Comisión tiende, por tanto, a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa, derecho que, a la vez, forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario y está reconocido por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La violación del derecho de acceso al expediente de la Comisión durante el procedimiento previo a la adopción de la Decisión puede dar lugar, en principio, a la anulación de dicha Decisión cuando se haya vulnerado el derecho de defensa de la empresa afectada.

En tal supuesto, la violación producida no queda subsanada por el mero hecho de que el acceso a los documentos haya sido posible en una fase ulterior, en particular durante el procedimiento jurisdiccional relativo a un eventual recurso que tenga por objeto la anulación de la Decisión cuestionada. Cuando el acceso se garantiza en esta fase, la empresa de que se trate no debe demostrar que, si hubiera tenido acceso a las respuestas que los demás productores dieron a los pliegos de cargos, la Decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que habría podido utilizar dichos documentos para su defensa.

( véanse los apartados 315 a 318 )

14. La apreciación del Tribunal de Primera Instancia sobre la cuestión de si unos documentos a los que una empresa a la que se imputa una infracción de las normas sobre la competencia del Tratato no tuvo acceso durante el procedimiento administrativo habrían podido ser utilizados por ésta para su defensa es una cuestión de hecho. Por tanto, no constituye, salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

( véanse los apartados 330 y 331 )

15. En virtud del artículo 64, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las diligencias de ordenación del procedimiento tienen por objeto, en particular, dar el curso correcto a la fase oral.

De este modo, respetando el principio de contradicción y el derecho de defensa, reconocidos igualmente por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Primera Instancia puede pedir a las partes que presenten colectivamente los motivos comunes, para evitar la repetición de argumentos idénticos, si bien cada parte mantiene la posibilidad de presentar de manera complementaria las alegaciones que le sean específicas.

( véanse los apartados 348 y 349 )

16. A tenor del artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, está prohibido invocar nuevos motivos en el curso del proceso, a menos que tales motivos se basen en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

Esta disposición no excluye en absoluto que puedan haberse descubierto nuevos elementos de hecho o de Derecho con ocasión de una diligencia de ordenación del procedimiento por la que, ante una pluralidad de demandantes, se facilita el acceso al expediente de la Comisión a todas ellas, incluidas las que no formularon un motivo basado en una vulneración de su derecho de acceso al referido expediente.

Por otra parte, permite cualquier motivo nuevo basado en dichos elementos. En circunstancias como las contempladas en el apartado precedente, no cabría excluir que una recurrente pudiera invocar, como motivo nuevo, uno basado, precisamente, en una vulneración de su derecho de acceso al expediente.

( véanse los apartados 369 a 371 )

17. La reproducción exhaustiva o incluso sumaria, en un escrito de réplica, de una alegación formulada anteriormente en la fase oral en relación con motivos contenidos en la demanda no es un requisito del examen, por el Tribunal de Primera Instancia, de dicha alegación. En efecto, desde la fase oral, dicha alegación está incluida en los elementos de hecho y se halla en conocimiento del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Por tanto, debe ser objeto de un examen por parte de éste, por cuanto, en la medida en que es pertinente y guarda relación con motivos ya invocados, no constituye un motivo nuevo en el sentido del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

( véase el apartado 385 )

18. Cuando una recurrente en un recurso de casación sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no ha dado respuesta a un motivo, no cabe reprocharle, a efectos de la admisibilidad del motivo del recurso de casación, no haber citado ningún pasaje o parte de la sentencia recurrida a que se refiera de forma precisa su motivo, en la medida en que, por definición, se alega una falta de respuesta. Por eso mismo, no cabe objetar frente a ella que se limita a repetir o reproducir el motivo presentado en primera instancia.

( véase el apartado 423 )

19. Al limitarse a referirse al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión motiva suficientemente la adopción, tras la anulación de una decisión anterior por un vicio de procedimiento relativo exclusivamente a los mecanismos de su adopción definitiva por el Colegio de Comisarios de una nueva decisión por la que se sanciona a empresas que han infringido el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1). En efecto, para el cumplimiento de la misión que le confiere el artículo 89 del Tratado (actualmente artículo 85 CE, tras su modificación), la Comisión dispone de una facultad discrecional para iniciar actuaciones, en el marco de la política general que ella misma establece en materia de competencia.

( véanse los apartados 447 a 449 )

20. En el marco de la aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), el alcance de la obligación de motivación del método de cálculo de la multa impuesta, que incumbe a la Comisión en virtud del artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE), debe determinarse en relación con las disposiciones del artículo 15, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 17, a cuyo tenor «para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta».

Las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye esta obligación de motivación se cumplen cuando la Comisión indica, en su decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad de la infracción, así como su duración.

Estas exigencias no imponen a la Comisión la obligación de indicar en su decisión los datos numéricos relativos al método de cálculo de las multas, y cabe subrayar, en cualquier caso, que la Comisión no puede renunciar a su facultad de apreciación, utilizando exclusiva y mecánicamente una serie de fórmulas aritméticas.

Por lo que respecta a una decisión por la que se imponen multas a varias empresas, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse, en particular, a la luz del hecho de que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

( véanse los apartados 462 a 465 )

21. A efectos de la aplicación del artículo 485, apartado 1, del Tratado (actualmente articulo 81 CE, apartado 1), basta que un acuerdo tenga por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia, independientemente de sus efectos concretos.

En consecuencia, en el supuesto de acuerdos que se ponen de manifiesto con ocasión de reuniones de empresas competidoras, se produce una infracción de la referida disposición cuando las reuniones tienen dicho objeto y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento del mercado. La responsabilidad de una empresa determinada por la infracción cuando ha participado en dichas reuniones teniendo conocimiento de su objeto, aun cuando, a continuación, no haya puesto en práctica alguna de las medidas acordadas en éstas.

La presencia más o menos frecuente de la empresa en las reuniones y la puesta en práctica más o menos completa de las medidas acordadas tienen consecuencias, no sobre la existencia de su responsabilidad, sino sobre el alcance de ésta y, por tanto, sobre el nivel de la sanción.

( véanse los apartados 508 a 510 )

22. No corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en el marco de un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia cuando este último se ha pronunciado, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a determinadas empresas por haber infringido el Derecho comunitario. El ejercicio de la referida competencia, no obstante, no debe dar lugar, en el momento de determinar la cuantía de dichas multas, a una discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo o en una práctica concertada contrarios al artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1).

( véanse los apartados 614 y 617 )

23. Los artículos 172 del Tratado (actualmente artículo 229 CE) y 17 del Reglamento nº 17, en relación con el artículo 87, apartado 2, letra d), del Tratado [actualmente artículo 83 CE, apartado 2, letra d), tras su modificación], que confieren al juez comunitario una competencia jurisdiccional plena respecto a los actos de la Comisión por los que se imponen multas en materia de competencia, atañen únicamente a la intensidad del control ejercido por el juez comunitario sobre las decisiones de la Comisión en materia de competencia. Más allá del mero control de legalidad, que sólo permite desestimar el recurso de anulación o anular el acto impugnado, la competencia jurisdiccional plena de la que dispone permite al juez comunitario reformar el acto impugnado, incluso sin anulación, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, para modificar, por ejemplo, el importe de la multa impuesta.

No obstante, la mera interposición de un recurso contencioso no implica la atribución definitiva al juez comunitario de la facultad de imponer sanciones. La Comisión se ve privada definitivamente de su facultad cuando el juez ha ejercido efectivamente su competencia jurisdiccional plena. En cambio, cuando se limita a anular una decisión por una ilegalidad, sin pronunciarse sobre la existencia de la infracción y sobre la sanción, la institución de la que procede el acto anulado puede retomar el procedimiento en la fase correspondiente a la ilegalidad observada y ejercer de nuevo su facultad sancionadora.

( véanse los apartados 692 y 693 )