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41

Habida cuenta de todas las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestión prejudicial que, ante una relación contractual como la controvertida en el litigio principal, es preciso, para determinar si esta relación contractual debe calificarse de suministro de mano de obra, en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra c), de la Directiva 96/71, tener en cuenta todo elemento que indique si el desplazamiento del trabajador al Estado miembro de acogida es el propio objeto de la mencionada prestación de servicios a la que se refiere la relación contractual o no. En principio, constituyen indicios de que tal desplazamiento no es el propio objeto de la prestación de servicios controvertida, concretamente, el que el proveedor de servicios soporte las consecuencias de la ejecución no conforme de la prestación estipulada en el contrato y el que ese proveedor tenga libertad para determinar el número de trabajadores que considera oportuno trasladar al Estado miembro de acogida. En cambio, el que la empresa beneficiaria de la prestación controle la conformidad con dicho contrato de la mencionada prestación o que pueda dar instrucciones generales a los trabajadores de ese proveedor no permite, como tal, declarar la existencia de un suministro de mano de obra.
18

El Reglamento no 1408/71 fue sustituido por el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1), que es aplicable desde el 1 de mayo de 2010, fecha en que el Reglamento no 1408/71 quedó derogado. El anexo II del Acuerdo CE-Suiza fue actualizado por la Decisión no 1/2012 del Comité Mixto establecido en virtud del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, de 31 de marzo de 2012, por la que se sustituye el anexo II de dicho Acuerdo relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social (DO L 103, p. 51), que entró en vigor el 1 de abril de 2012. A partir de ese momento, el anexo se refiere al Reglamento no 883/2004. No obstante, los hechos anteriores a la fecha de entrada en vigor de la Decisión no 1/2012 siguen estando sometidos al Reglamento no 1408/71, en virtud tanto del artículo 90, apartado 1, del Reglamento no 883/2004 (según el cual el Reglamento no 1408/71 se mantiene en vigor y se preservan sus efectos jurídicos a los efectos, entre otros, del Acuerdo CE-Suiza, en tanto que dicho Acuerdo no se modifique) como del anexo II, sección A, punto 3, del Acuerdo CE-Suiza, en su versión modificada (que sigue remitiendo al Reglamento no 1408/71 «por lo que respecta a asuntos ocurridos en el pasado»).
5

El artículo 6 de la citada Directiva tiene el siguiente tenor: «1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios. Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular: a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y [remuneración], para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas; b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo; […] 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que no constituirán discriminación por motivos de edad, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo.»
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Allposters interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente. En particular, cuestiona la pertinencia de la doctrina Poortvliet y la interpretación que se hace de los conceptos de «agotamiento» y de «publicación», que, según Allposters, han sido armonizados en la Unión. Allposters considera que existe agotamiento del derecho de distribución, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29, con ocasión de la distribución de una obra incorporada a un objeto tangible si éste ha sido vendido por el titular del derecho de autor o con su consentimiento. Una eventual modificación posterior de dicho objeto no tendría consecuencia alguna en el agotamiento del derecho de distribución. Pictoright sostiene, en cambio, que al no haber habido armonización del derecho de adaptación en el Derecho de la Unión en materia de derechos de autor, la doctrina Poortvliet continúa siendo válida o al menos es conforme con el Derecho de la Unión.
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Según el Staatssecretaris, la apreciación que debe efectuar de la credibilidad de la orientación sexual de los solicitantes de asilo no es diferente de la relativa a otros motivos de persecución. No obstante, dicha autoridad tiene en cuenta problemas específicos relacionados con las declaraciones relativas a la orientación sexual. En particular, se recomienda a los colaboradores encargados de las audiencias de los solicitantes de asilo que no planteen preguntas directas sobre cómo viven éstos su orientación. Por otra parte, no se atribuye importancia alguna a las imágenes de actos íntimos presentadas como prueba por los solicitantes de asilo, puesto que sólo demuestran la propia práctica de actos sexuales y no la realidad de la orientación sexual declarada.
14

El artículo 5 de la Ley no 266/1991 prevé que las organizaciones de voluntariado únicamente pueden obtener sus recursos de las cotizaciones de sus miembros, de las contribuciones de personas privadas o de instituciones, de donaciones y legados, de reembolsos efectuados sobre la base de convenios y de ingresos procedentes de actividades comerciales o productivas marginales. Éstas son objeto de un decreto del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Familia y Solidaridad Social relativo a los criterios de identificación de las actividades comerciales y productivas marginales ejercidas por las organizaciones de voluntariado (Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato), de 25 de mayo de 1995 (GURI no 134, de 10 de junio de 1995, p. 28). Ese Decreto enumera tales actividades y precisa, por un lado, que no pueden dar lugar a la utilización de medios profesionalmente organizados para garantizar su competitividad en el mercado (tales como publicidad, letreros luminosos, locales acondicionados conforme a los usos de los establecimientos comerciales, marcas) y, por otro lado, que los productos de convenios celebrados con entidades públicas no constituyen ingresos de esa índole.
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Toda vez que el recurrente en casación alegó en vano, en primera instancia, que la deuda que se le reclama había prescrito, mediante el primer motivo de su recurso de casación sostiene que el Tribunal General incumplió las reglas de prescripción aplicables al caso de autos. En efecto, en su opinión, para determinar la fecha a partir de la cual empieza a correr el plazo de prescripción, el Tribunal General, en primer lugar, realizó una interpretación errónea del artículo 73 bis del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006 (DO L 390, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento financiero»), y del artículo 85 ter del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento no 1605/2002 (DO L 357, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) no 478/2007 de la Comisión, de 23 de abril de 2007 (DO L 111, p. 13) (en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»).
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El artículo 6 de la citada Directiva, que lleva por título «Derechos e impuesto sobre el valor añadido», establece: «1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, los Estados miembros podrán percibir los siguientes derechos e impuestos: a) impuestos sobre la transmisión de valores mobiliarios, aplicando un tipo uniforme o no; b) impuestos sobre las transmisiones, incluidos los derechos de inscripción en el Registro de la Propiedad, que graven las aportaciones, a una sociedad de capital, de bienes inmuebles o de fondos de comercio situados en su territorio; c) impuestos sobre las transmisiones que graven los bienes de cualquier naturaleza que se aporten a una sociedad de capital, en la medida en que la transmisión de esos bienes tenga una contrapartida que no sean participaciones sociales; d) impuestos que graven la constitución, inscripción o cancelación de privilegios e hipotecas; e) derechos que tengan un carácter remunerativo; f) el impuesto sobre el valor añadido. 2. La cuota percibida en concepto de los derechos e impuestos enunciados en el apartado 1, letras b) a e), no variará en función de que la sede de dirección efectiva o el domicilio social de la sociedad de capital se encuentre o no en el territorio del Estado miembro que perciba dichos derechos o impuestos. Esas cuotas no podrán ser superiores a las de los derechos e impuestos que sean aplicables a operaciones similares en el Estado miembro que los perciba.»
3

La Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Decreto gubernamental con carácter de urgencia no 50/2008, por el que se establece el impuesto sobre la contaminación de vehículos automóviles), de 21 de abril de 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, no 327 de 25 de abril de 2008; en lo sucesivo, «OUG no 50/2008»), que entró en vigor el 1 de julio de 2008, introdujo un impuesto sobre la contaminación para los vehículos de las categorías M1 a M3 y N1 a N3. La obligación de satisfacer dicho impuesto surgía, en particular, con la primera matriculación de un vehículo automóvil en Rumanía.
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La madre sostiene que la prórroga de la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro al amparo del artículo 12, apartado 3, del Reglamento no 2201/2003 surte efectos hasta que recae una resolución firme en dicho procedimiento y que tales efectos no se mantienen más allá de dicha resolución. Estima, además, que el artículo 15 del Reglamento no 2201/2003 únicamente se aplica a procedimientos concretos pendientes ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro y no a la competencia de dicho órgano jurisdiccional en general, de forma que al no haber ningún procedimiento pendiente, no procede efectuar una remisión en virtud de dicha disposición.
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En segundo lugar, cabe señalar que, en el marco del Reglamento no 44/2001, la competencia internacional del órgano jurisdiccional que conoce del asunto sólo se somete a control judicial, de oficio o a instancia del demandado, según se desprende de los artículos 26 y 34, punto 2, del citado Reglamento, si puede considerarse al demandado en rebeldía. En estas circunstancias, el respeto del derecho de defensa exige que un representante legal sólo pueda comparecer válidamente en nombre del demandado a efectos del Reglamento no 44/2001 si está efectivamente en condiciones de garantizar la defensa de los derechos del demandado ausente. Pues bien, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 27, punto 2, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los sucesivos convenios relativos a la adhesión de los nuevos Estados miembros a ese Convenio, así como de la jurisprudencia relativa al artículo 34, punto 2, del Reglamento no 44/2001, un demandado que ignora la existencia de un procedimiento iniciado en su contra y por el que comparece un abogado o un «curador» a quien no le ha otorgado poderes se encuentra en una situación en la que le resulta imposible defenderse efectivamente y debe, por consiguiente, considerársele en rebeldía a efectos de esa disposición, aun cuando el procedimiento haya adquirido carácter contradictorio (véanse, en este sentido, con respecto a la interpretación del mencionado Convenio de 27 de septiembre de 1968, en su versión modificada, la sentencia Hendrikman y Feyen, C‑78/95, EU:C:1996:380, apartado 18, y la sentencia Hypoteční banka, EU:C:2011:745, apartados 53 y 54).
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Habiendo conocido, entretanto, de la ejecución de su sentencia no 4267/2007, el Consiglio di Stato, mediante la sentencia no 3817/208, comprobó la total inactividad del Comune di Bari y ordenó a éste que ejecutara íntegramente el fallo de la sentencia no 4267/2007 en un plazo de 30 días. Nombró al prefecto de Bari «commissario ad acta», con objeto de que, en caso de inactividad prolongada, éste adoptara, en caso necesario por medio de un delegado, todos los actos necesarios para la ejecución de esa sentencia.
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A tenor del artículo 81 del Reglamento (CE) no 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento no 73/2009 en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola (DO L 316, p. 65; corrección de errores DO 2013, L 246, p. 3): «1. Sin perjuicio del artículo 137 del Reglamento (CE) no 73/2009, si, tras su asignación a los agricultores de conformidad con el Reglamento (CE) no 1121/2009 o el Reglamento (CE) no [nuevo 795/2004], se demostrara que determinados derechos de pago han sido asignados indebidamente, el agricultor cederá dichos derechos a la reserva nacional contemplada en el artículo 41 del Reglamento (CE) no 73/2009. [...] 2. Sin perjuicio del artículo 137 del Reglamento (CE) no 73/2009, si, tras su asignación a los agricultores de conformidad con el Reglamento (CE) no 795/2004 o el Reglamento (CE) no 1121/2009, se demostrara que el valor de los derechos de pago es demasiado elevado, dicho valor se ajustará convenientemente. Se procederá igualmente a dicho ajuste respecto a los derechos de pago cedidos entretanto a otros agricultores. El valor de la reducción se asignará a la reserva nacional contemplada en el artículo 41 del Reglamento (CE) no 73/2009. Los derechos de pago se considerarán asignados ab initio al valor resultante del ajuste. 3. Cuando se determine, a los efectos de la aplicación de los apartados 1 y 2, que el número de derechos asignados al agricultor de conformidad con el Reglamento (CE) no 795/2004 o con el Reglamento (CE) no 1121/2009 es incorrecto y cuando la asignación indebida no tenga ninguna incidencia en el valor total de los derechos que reciba el agricultor, el Estado miembro volverá a calcular los derechos de pago y, si procede, corregirá el tipo de derechos asignados al agricultor. No obstante, no se aplicará el párrafo primero si el agricultor podía detectar razonablemente el error. [...]»
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El artículo 49 de la Directiva 2004/17, titulado «Información a los solicitantes de clasificación, los candidatos y los licitadores», establece en sus apartados 1 y 2: «1. Las entidades adjudicadoras informarán a los operadores económicos participantes en el menor plazo posible de las decisiones tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco, con la adjudicación del contrato o con la admisión a un sistema dinámico de adquisición, incluidos los motivos por los que hayan decidido no celebrar un acuerdo marco, no adjudicar un contrato para el que se hayan efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el procedimiento, o no aplicar un sistema dinámico de adquisición; esta información se facilitará por escrito en caso de que así se solicite a las entidades adjudicadoras. 2. A petición de la parte interesada, la entidad adjudicadora comunicará cuanto antes: — a todos los candidatos descartados, las razones por las que se haya desestimado su candidatura; — a todos los licitadores descartados, las razones por las que se haya desestimado su oferta, incluidos, en los casos contemplados en los apartados 4 y 5 del artículo 34, los motivos de su decisión de no equivalencia o de su decisión de que las obras, suministros o servicios no se ajustan a las prescripciones de rendimiento o a las exigencias funcionales requeridas; — a todo licitador que haya hecho una oferta admisible, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o las partes en el acuerdo marco. El plazo para llevar a cabo esta comunicación no podrá en ningún caso sobrepasar los quince días a partir de la recepción de una solicitud escrita. No obstante, las entidades adjudicadoras podrán decidir no dar a conocer determinada información relativa a la adjudicación del contrato, la celebración del acuerdo marco o la admisión a un sistema dinámico de adquisición de los mencionados en el apartado 1, cuando su divulgación dificulte la aplicación de la ley, sea contraria al interés público, perjudique los intereses comerciales legítimos de determinados operadores económicos, públicos o privados, incluidos los intereses del operador económico al que se haya adjudicado el contrato, o pueda perjudicar la competencia leal entre operadores económicos.»
24

No obstante, el tribunal remitente pone de manifiesto que la Sala V del Bundesfinanzhof no comparte esta interpretación y considera que la motivación defendida por el Tribunal de Justicia en su sentencia Polski Trawertyn, antes citada, no es trasladable al caso de autos. Así, considera, en particular, que la operación controvertida no es una «operación de inversión» como la controvertida en el litigio que dio lugar a la sentencia Polski Trawertyn, antes citada. En efecto, a juicio de dicha Sala, en el caso de autos no se trata de una adquisición de un bien de inversión por la nueva sociedad, sino únicamente de un traspaso de dicho bien a esa sociedad. Además, estima que la «operación por la que se repercute el IVA» realizada por el Sr. Malburg no consiste en una operación gravada, como en el litigio que dio lugar a la sentencia Polski Trawertyn, antes citada, sino en una operación, en principio, no gravada.
35

La obligación de respetar el derecho de defensa de los destinatarios de decisiones que afectan de manera considerable a sus intereses recae así, en principio, sobre las administraciones de los Estados miembros cuando adoptan decisiones que entran en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Cuando, como ocurre en el presente asunto, el Derecho de la Unión no regula las condiciones conforme a las que debe garantizarse el respeto del derecho de defensa de los nacionales de terceros países en situación irregular ni las consecuencias de la vulneración de ese derecho, la regulación de dichas condiciones y de dichas consecuencias corresponde al Derecho nacional, siempre que las reglas adoptadas en ese sentido sean equivalentes a las que protegen a los particulares en situaciones de Derecho nacional comparables (principio de equivalencia) y no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véanse en particular en ese sentido las sentencias de 18 de diciembre de 2008, Sopropé, C-349/07, Rec. p. I-10369, apartado 38, y de 19 de mayo de 2011, Iaia y otros, C-452/09, Rec. p. I-4043, apartado 16).
La competencia para resolver un litigio puede estar regulada por las disposiciones del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, incluso si ese litigio enfrenta a los liquidadores de dos procedimientos de insolvencia, uno principal y otro secundario, regidos ambos por el Reglamento no 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia. En ese sentido ya se ha juzgado que los Reglamentos no 44/2001 y no 1346/2000 deben interpretarse de tal manera que se evite todo solapamiento entre las normas jurídicas que ambos instrumentos establecen, así como todo vacío jurídico, que el ámbito de aplicación del Reglamento no 1346/2000 no debe ser objeto de interpretación amplia, y que únicamente entran en el ámbito de aplicación del referido Reglamento las acciones que emanan directamente de un procedimiento de insolvencia y que están estrechamente relacionadas con él. Además, se ha fijado como criterio decisivo para determinar el ámbito al que corresponde una acción, no el contexto procesal en el que ésta se inserta, sino el fundamento jurídico de la propia acción. Según este criterio, se ha de determinar si la fuente del derecho o de la obligación que sustenta la acción son las normas comunes del Derecho civil y mercantil o las normas especiales propias de los procedimientos de insolvencia.

Cuando se trata del reparto del producto de la venta de los activos de una sociedad en liquidación entre el procedimiento principal y el procedimiento secundario, dado que ese reparto deberá producirse en sustancia aplicando las disposiciones del Reglamento no 1346/2000, éste es aplicable.

(véanse los apartados 25 a 28 y 30)
El concepto de centro de trabajo que figura en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), inciso ii), de la Directiva 98/59, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse del mismo modo que el concepto que figura en la letra a), inciso i), de ese mismo párrafo.

En efecto, nada en la redacción del artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59 sugiere que haya de darse un significado distinto a los términos «centro de trabajo» y «centros de trabajo» que figuran en el mismo párrafo de dicha disposición. El hecho de que el legislador dé a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre las opciones alternativas y esencialmente equivalentes que figuran respectivamente en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), inciso i) y letra a), inciso ii), de la Directiva 98/59 pone de manifiesto que el concepto centro de trabajo no puede tener un alcance completamente diferente según la elección del Estado miembro de que se trate y que una diferencia de tal envergadura sería contraria a la necesidad de promover la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los despidos colectivos, sobre la que hace hincapié el considerando 7 de la Directiva 98/59. El concepto de centro de trabajo, cuya definición no se halla en la Directiva 98/59, es un concepto de Derecho de la Unión y no puede definirse por referencia a las legislaciones de los Estados miembros. Por tanto, debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en el ordenamiento jurídico de la Unión.

(véanse los apartados 26, 38, 40, 41 y 53 y el fallo)