La Comisión recuerda que la concesión de la ayuda se subordina a la obligación, a cargo del productor, de presentar al organismo de intervención competente, para su autorización, el contrato de suministro celebrado con la destilería y una declaración de entrega, así como de probar que la cantidad total de vino que figure en el contrato o en la declaración ha sido efectivamente destilada. Bien es verdad que el apartado 2 del artículo 2 del ya citado Reglamento no 2373/83 no exige expresamente la indicación del tipo de vino entregado para la destilación; sin embargo, el hecho de que la indicación del tipo de vino se utilice para fijar el importe de la ayuda (artículo 5 del Reglamento no 2373/83, ya citado), determinando, de esta manera, la amplitud de los derechos, no excluye el que, por otra parte, la referida indicación se sujete al procedimiento de autorización, pasando a convertirse, con ello, en un requisito para la generación del derecho a la ayuda. El organismo de intervención sólo podrá efectuar el necesario control de las operaciones cuando disponga de todos los elementos necesarios para la identificación de los vinos, entre los que figuran, no sólo los datos recogidos en el apartado 2 del artículo 2 del ya citado Reglamento no 2373/83, sino también la indicación del tipo de vino, dado que esta última es indispensable para determinar el importe de la ayuda. El hecho de que en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento no 2373/83, ya citado, no se haga referencia alguna a limitación del tipo de vino se explica por el hecho de que el legislador comunitario consideró que, vista la importancia que reviste la indicación del tipo de vino para la determinación del importe de la ayuda, la misma sería exigida por el organismo de intervención sin duda alguna.

De esta manera, la Comisión propone que se responda a la primera cuestión de la manera siguiente:

«la indicación exacta del tipo de vino en la declaración de destilación a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento no 2373/83 es un requisito para la generación del derecho a la ayuda».

El objeto del ya citado Reglamento no 340/79 es la determinación de los tipos de vino de mesa. En la República Federal de Alemania se distingue entre «Weinarten» (tipos de vino) y «Weinsorten» (clases de vino), mientras que el término «Art» se utiliza como denominación genérica capaz de englobar diferentes variedades de cepa. Por lo tanto, es perfectamente posible que otras variedades distintas de las expresamente contempladas en las letras b) y c) del artículo 2 de dicho Reglamento puedan encajar en los tipos A II o A III. Por otra parte y en la misma línea, el artículo 3 del Reglamento prevé la elaboración de listas con las distintas variedades de cepa de los tipos A II y A III. Este precepto, que reserva una competencia exclusiva a la Comunidad, no implica necesariamente que la clasificación de las variedades de cepas para vino de mesa efectuada por el Bundesamt infrinja el Derecho comunitario. En efecto, el Tribunal de Justicia ha entendido que, en su caso, los organismos nacionales pueden adoptar por sí mismos determinadas disposiciones en el ámbito considerado, cuando la Comunidad no ejercite una competencia propia, a condición de que las disposiciones adoptadas no sean sino la expresión del deber de cooperación que incumbe a los Estados miembros en virtud del artículo 5 del Tratado, que las medidas se adecúen a los principios reguladores de la organización común de mercados y que revistan un carácter meramente temporal y provisional (véanse sentencia de 5 de mayo de 1981, Comisión contra Reino Unido, 804/79, Rec. 1981, p. 1045, y de 28 de marzo de 1984, Van Miert, asuntos acumulados 47/83 y 48/83, Rec. 1984, p. 1721).

Ahora bien, del análisis de la resolución de clasificación adoptada por el Bundesamt se desprende que éste es un acto interpretativo de los requisitos generales del ordenamiento comunitario, cuyo período de validez se extiende sólo hasta la fecha de adopción de la correspondiente disposición comunitaria que consagre unos criterios de clasificación definitivos.

Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que

«la inclusión en los tipos A II o A III de variedades de cepa distintas de las contempladas en el artículo 2 del Reglamento no 340/79 es teóricamente posible. Mientras, a efectos de esta clasificación, no se haya elaborado la lista comunitaria prevista en el artículo 3 del Reglamento no 340/79, podrán utilizarse, para la interpretación del ordenamiento comunitario, clasificaciones adoptadas a escala nacional, siempre y cuando se adecúen a la finalidad de la normativa cuya adopción corresponde a la Comunidad.»

El problema relativo a la clasificación de un vino de mezcla no se resuelve aplicando la normativa correspondiente a las denominaciones, puesto que, en efecto, las disposiciones relativas a la denominación y Jas reguladoras de Ja destilación persiguen objetivos completamente distintos.

La ayuda concedida a un vino de mezcla en cuya elaboración hayan sido utilizados distintos tipos de vino se determina en función de las proporciones respectivas y según el porcentaje previsto para cada tipo de vino. Sin embargo, un cálculo proporcional de este tipo queda excluido cuando la existencia de la mezcla sólo se ponga de manifiesto tras la práctica de un control. En este caso, en efecto, el productor ha desconocido la obligación que le incumbe de indicar con exactitud, en el contrato o en la declaración, el tipo de vino y, por consiguiente, ha dejado de reunir uno de los requisitos exigidos para la generación del derecho a la ayuda. Dado que la concesión de una ayuda está sujeta al requisito de la indicación exacta, tampoco sería posible, en semejante supuesto, otorgar una ayuda eventualmente reducida, puesto que con ello podría incitarse a los productores a efectuar declaraciones inexactas, aparte del hecho de que semejante proceder no se justificaría a los ojos de aquellos productores que hubiesen respetado todos los requisitos exigidos para la concesión de la ayuda. La imposibilidad de practicar un control sistemático supone el riesgo de un enriquecimiento sin causa de determinados productores. La denegación de la ayuda no puede depender de la existencia de un hecho doloso, dada la imposibilidad de su comprobación.

Tampoco cabría conceder una ayuda, determinada en función del porcentaje fijado para el tipo A I, a aquellos productores que hubieran efectuado una declaración inexacta. En la medida, en efecto, en que la concesión de la ayuda depende del acceso al régimen de destilación preventiva, la exclusión del mismo por causa de indicaciones falsas supone necesariamente la denegación de la ayuda.

Por consiguiente, la Comisión propone que se responda a la tercera cuestión de la manera siguiente:

«a) no cabe invocar una normativa en materia de denominaciones que autorice la comercialización de un vino de mesa bajo la denominación de una única variedad de cepa, para clasificar vinos de mezcla dentro de un determinado tipo de vino;

b) tratándose de una mezcla de vino correspondiente a los tipos A II y A III el cálculo del importe de la ayuda se determina a prorrata de los tipos de vino contenidos en la cantidad total destilada, a condición de que se haya indicado correctamente en los contratos de entrega y/o las declaraciones de destilación la proporción de la mezcla;