Palabras clave

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Palabras clave

1 Comisión - Derecho de acceso del público a los documentos de la Comisión - Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom - Excepciones al principio de acceso a los documentos - Protección del interés público - Procedimientos judiciales - Alcance

(Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisión)

2 Comisión - Derecho de acceso del público a los documentos de la Comisión - Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom - Limitaciones del principio de acceso a los documentos - Regla del autor - Alcance - Interpretación restrictiva - Denegación del acceso a documentos que emanan de los Estados miembros o de Estados terceros

(Acta final del Tratado sobre la Unión Europea, anexo 17; Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisión)

3 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión por la que se deniega el acceso a documentos que emanan de Estados miembros o de Estados terceros

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisión]

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1 Aunque según lo dispuesto en el Código de conducta adoptado mediante la Decisión 94/90, sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión el derecho de acceso a los documentos está supeditado a dos grupos de excepciones, éstas deben interpretarse restrictivamente, de modo que no se frustre la aplicación del principio general consistente en otorgar al público el mayor acceso posible a dichos documentos.

Por lo que respecta a la excepción basada en el interés público procede entender la expresión «procedimientos judiciales» en el sentido de que la protección del interés público se opone a la divulgación del contenido de los documentos redactados por la Comisión a los únicos efectos de un procedimiento judicial concreto, es decir, no sólo los escritos presentados, los documentos internos relativos a la instrucción del asunto pendiente de resolución, sino también las comunicaciones relativas al asunto entre la Dirección General interesada y el Servicio Jurídico o un bufete de Abogados.

En cambio, la excepción basada en la protección del interés público (procedimientos judiciales) prevista en el Código de conducta no puede permitir a la Comisión eludir la obligación de facilitar los documentos que hayan sido elaborados en el marco de un expediente puramente administrativo, aunque la aportación de esos documentos en un procedimiento seguido ante el Juez comunitario pudiera perjudicar a la Comisión. Es irrelevante al respecto el hecho de que se haya interpuesto un recurso de anulación contra la decisión adoptada al término del procedimiento administrativo.

La Decisión 94/90 se aplica de una manera general a las solicitudes de acceso a los documentos formuladas por el público. Aunque, en el marco de un asunto sometido al Tribunal de Primera Instancia, una empresa haya podido, en su condición de parte demandante, invocar las disposiciones del Reglamento de Procedimiento relativas a las diligencias de ordenación del procedimiento o sus derechos de defensa para obtener una parte de los documentos que había pedido en su solicitud inicial dirigida a la Comisión, no es menos cierto que conserva la facultad de solicitar paralelamente el acceso a estos mismos documentos, con arreglo a la Decisión 94/90.

2 La Decisión 94/90, sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión, establece que, cuando el autor del documento que posea la Institución sea una persona física o jurídica, un Estado miembro, una Institución u órgano comunitario, o cualquier otro organismo nacional o internacional, la solicitud deberá dirigirse directamente al mismo. Mientras no exista un principio de Derecho de rango superior que prevea que, en la Decisión 94/90, la Comisión no estaba facultada para excluir del ámbito de aplicación del Código de conducta los documentos de los que ella no sea el autor, puede aplicarse la regla del autor. El hecho de que la Decisión 94/90 se refiera a declaraciones de política general, a saber, la Declaración relativa al derecho de acceso a la información, que figura en el Anexo nº 17 del Acta final del Tratado sobre la Unión Europea y las conclusiones de varios Consejos Europeos, en nada modifica esta afirmación, por cuanto tales declaraciones no tienen valor de principio de Derecho de rango superior.

Al establecer una limitación de un principio general, la regla del autor debe interpretarse y aplicarse restrictivamente, de modo que no se frustre la aplicación del principio general de transparencia establecido en la Decisión 94/90.

La Comisión ha aplicado correctamente la regla del autor, al considerar que no estaba obligada a autorizar el acceso a determinados documentos que poseía y que emanaban de los Estados miembros o de las autoridades de un Estado tercero, por consiguiente, no pudo cometer ningún abuso de Derecho.

3 La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe revelar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad comunitaria autora del acto impugnado, de modo que, por una parte, los interesados puedan conocer la justificación de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos y, por otra, el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control de la legalidad.

A este respecto, una Decisión de la Comisión por la que se niega a dar traslado de determinados documentos que emanan de los Estados miembros o de las autoridades de un Estado tercero está suficientemente motivada cuando hace referencia a la regla del autor enunciada en el Código de conducta adoptado mediante la Decisión 94/90 sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión, e indica a la demandante que solicite una copia de los documentos controvertidos a los Estados miembros o a las autoridades de los Estados terceros afectados.