En lo que se refiere al documento no VI/5330/97, adoptado por la Comisión, que define las directrices para la aplicación de las correcciones financieras en el marco del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), aunque éste fue adoptado por la Comisión en el contexto del FEOGA y contiene, según indica su título, las directrices para el cálculo de las repercusiones financieras al preparar la decisión de liquidación de cuentas de la Sección de Garantía del FEOGA, nada impide a la Comisión aplicar este documento también en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 31, apartado 1, del Reglamento no 1290/2005, sobre la financiación de la política agrícola común, para la liquidación de cuentas de los Fondos que garantizan la financiación de la política agrícola común.

En materia de liquidación de cuentas de los fondos que garantizan la financiación de la política agrícola común, cuando no sea posible evaluar con precisión las pérdidas sufridas por la Unión, la Comisión puede prever una corrección a tanto alzado. A este respecto, para calcular los gastos no subvencionables, el documento no VI/5330/97, adoptado por la Comisión, que define las directrices para la aplicación de las correcciones financieras, establece una corrección a tanto alzado del 5 %, cuando se efectúan todos los controles fundamentales pero, especialmente, sin el rigor requerido en los Reglamentos aplicables, ya que puede concluirse razonablemente que estos controles no ofrecen el nivel suficiente de garantía de la regularidad de las solicitudes y que existe un riesgo significativo para los fondos.

Así, cuando las deficiencias de un control fundamental afectan al control de la superficie a la que puede otorgarse la ayuda financiera, como las insuficiencias relativas a la información contenida en los sistema de información geográfica y de identificación de parcelas agrícolas (SIPA‑SIG), la Comisión puede válidamente aplicar la corrección a tanto alzado al total de los pagos efectuados y potencialmente afectados por la insuficiencia de dicho control fundamental. En efecto, del artículo 36, apartado 1, del Reglamento no 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, se desprende que la ayuda derivada del régimen de pago único se abonará con referencia a los derechos de ayuda acompañados de un número igual de hectáreas admisibles. Del mismo modo, conforme al artículo 44, apartado 1, de dicho Reglamento, todo derecho de ayuda unido a una hectárea admisible permite cobrar el importe que determine dicho derecho. Por tanto, el importe de la ayuda concedida en virtud del régimen de pago único se corresponde con la suma de los valores unitarios de los derechos de ayuda «activados», es decir, acompañados de hectáreas subvencionables. De ello resulta que un error en la determinación de las superficies subvencionables afecta en cualquier caso al importe de la ayuda. Por consiguiente, una irregularidad del SIPA-SIG que afecta a los controles de la subvencionabilidad de las superficies declaradas puede afectar, potencialmente, a todos los pagos efectuados.

Además, del documento no VI/5330/97 se desprende que la corrección debe aplicarse a la parte de los gastos a los que afectaba el riesgo. Cuando la deficiencia proceda de la no adopción de un sistema de control apropiado por parte de los Estados miembros, la corrección, debido a su carácter de corrección a tanto alzado, debe aplicarse a todos los gastos a los que era de aplicación la medida en cuestión. De igual modo, según este mismo documento, cuando haya razones que dejen suponer que la deficiencia se limita a la aplicación del sistema de control adoptado por el Estado miembro en un departamento o una región, la corrección deberá limitarse a los gastos correspondientes a ese departamento o esa región.

Además, la procedencia de un tipo de corrección a tanto alzado del 5 % aplicado a la totalidad de los gastos efectuados en una región de un Estado miembro resulta especialmente adecuada a la vista de la importancia que tiene la correcta gestión del SIPA-SIG. En efecto, la identificación de las parcelas agrícolas y el control de la subvencionabilidad de las superficies constituyen un elemento clave para la correcta aplicación de un régimen vinculado a la superficie. Las insuficiencias del SIPA-SIG, como la insuficiente precisión de la información que en él se contiene que afecta a la realización de los controles administrativos y de los controles in situ efectuados para controlar la subvencionabilidad de las superficies declaradas, implican en sí mismas un elevado riesgo de perjuicio para el presupuesto de la Unión.

(véanse los apartados 55 a 57, 66, 67 y 72)