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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 30/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 5 de octubre de 2016 — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter y Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

(Asunto C-521/16)

(2017/C 030/18)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter y Carolin Marie Vetter

Demandada: Germanwings GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) en el sentido de que la inevitabilidad se refiere sólo a la aparición de las circunstancias extraordinarias o en el sentido de que se refiere también a las consecuencias de éstas, concretamente la cancelación o el gran retraso?

2) En caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión en el sentido de que la inevitabilidad se refiere al retraso: si las circunstancias extraordinarias afectan a la aeronave utilizada en el vuelo anterior, ¿debe entonces el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, ya desde el momento en que aparecen las circunstancias extraordinarias en el vuelo anterior, procurar una aeronave sustitutoria o puede esperar al momento en que sea seguro que las circunstancias extraordinarias van a causar un retraso significativo en el vuelo posterior?

3) En caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión en el sentido de que la inevitabilidad se refiere al retraso: ¿no es razonable exigir que se subcontrate el vuelo con otra compañía cuando el coste triplica aproximadamente el coste de un vuelo propio?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

Pese a corresponder a los Estados miembros la facultad decisoria acerca del carácter oneroso de la subsanación de defectos de tramitación, ¿se opone al Derecho de la Unión el artículo 38, apartado 2 bis, del Decreto Legislativo n.o 163 de 2006, en su versión en vigor en la fecha del anuncio de licitación de que se trata […], por cuanto prevé el pago de una «sanción pecuniaria», de una cuantía que será fijada por el poder adjudicador («no inferior al uno por mil ni superior al uno por ciento del valor de la licitación y que, en cualquier caso, no excederá de 50 000 euros, cuyo pago estará garantizado por el depósito provisional»), habida cuenta del importe excesivamente elevado y del carácter predeterminado de la propia sanción, que no es posible graduar en función de la situación concreta a la que se aplica o de la gravedad de la irregularidad subsanable?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 6/29

Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) el 25 de octubre de 2016 — UAB «Spika», AB «Senoji Baltija», UAB «Stekutis», UAB «Prekybos namai Aistra»/Žuvininkystės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

(Asunto C-540/16)

(2017/C 006/36)

Lengua de procedimiento: lituano

Órgano jurisdiccional remitente

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: UAB «Spika», AB «Senoji Baltija», UAB «Stekutis», UAB «Prekybos namai Aistra»

Recurrida: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Otras partes: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, BUAB «Sedija», UAB «Starkis», UAB «Baltijos šprotai», UAB «Ramsun», AB «Laivitė», UAB «Baltlanta», UAB «Strimelė», V. Malinausko gamybinė-komercinė firma «Stilma», UAB «Banginis», UAB «Monistico», UAB «Rikneda», UAB «Baltijos jūra», UAB «Grinvita», BUAB «Baltijos žuvys»

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 17 y 2, apartado 5, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, a la luz de los artículos 16 y 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, cuando un Estado miembro ejerce el margen de apreciación previsto en el artículo 16, apartado 6, con respecto a la asignación de las cuotas pesqueras que tiene atribuidas, no puede adoptar un método que origine condiciones desiguales de competencia para los operadores económicos de este sector debido al volumen superior de las posibilidades de pesca asignadas, aun cuando este método se base en un criterio transparente y objetivo?

(1) DO 2013, L 354, p. 22.
2)

¿Se opone el artículo 49, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento (CEE) n.o 1408/1971 del Consejo, de 14 de junio de 1971, a una normativa nacional como la norma italiana recogida en el artículo 71 de la Ley n.o 388, de 23 de diciembre de 2000 según la cual la solicitud de totalización de los períodos de seguro cubiertos por distintos entes de previsión social, en particular, por uno del Estado del que es nacional y otro de otro país de la Unión Europea, sólo puede ser presentada por personas que aún no han obtenido el derecho a percibir una pensión de ninguna entidad de previsión social?
C 441/8

Petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Colmar (Francia) el 29 de agosto de 2016 — Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG y Stefan Nikless

(Asunto C-474/16)

(2016/C 441/11)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Colmar

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG y Stefan Nikless

Cuestión prejudicial

El certificado Al expedido a una empresa de trabajo temporal con arreglo al artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, (1) por la institución designada por la autoridad del Estado miembro cuya legislación de seguridad social sigue siendo aplicable a la situación del trabajador por cuenta ajena, ¿tiene efectos vinculantes, por una parte, para las instituciones y autoridades del Estado de acogida, y por otra parte, para los órganos jurisdiccionales del mismo Estado miembro, cuando se acredite que las condiciones de la actividad del trabajador por cuenta ajena quedan de forma manifiesta fuera del ámbito material de aplicación de las normas particulares del artículo 12, apartados l y 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004?

(1) DO L 284, p. 1.
1)

a) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión aplicable, en particular la cláusula 4, puntos 1 y 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE (1) del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, en su versión modificada por la Directiva 98/23, (2) así como el artículo 4 de la Directiva 2006/54/CE (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, en relación con la Directiva 2000/78/CE (4) del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en el sentido de que se opone a la legislación y las prácticas nacionales que al determinar la cuantía de una prestación por previsión profesional para la jubilación diferencian entre el salario inferior a la base de cotización máxima del seguro legal de pensiones y el salario superior a la base de cotización máxima (la denominada «fórmula de pensión dividida»), y a tal efecto no tratan los ingresos a raíz de un empleo a tiempo parcial de modo que en primer lugar se determinen los ingresos a pagar por un empleo a tiempo completo, en función de ellos se determina la cuota superior e inferior a la base de cotización máxima y a continuación trasladan dicha proporción a los menores ingresos resultantes de la actividad a tiempo parcial? En caso de respuesta negativa a la letra a) de la primera cuestión: b) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión aplicable, en particular la cláusula 4, puntos 1 y 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, en su versión modificada por la Directiva 98/23, así como el artículo 4 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, en relación con la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en el sentido de que se opone a la legislación y las prácticas nacionales que al determinar la cuantía de una prestación por previsión profesional para la jubilación diferencian entre el salario inferior a la base de cotización máxima del seguro legal de pensiones y el salario superior a la base de cotización máxima (la denominada «fórmula de pensión dividida»), y en el caso de una trabajadora que en parte trabajó a tiempo completo y en parte a tiempo parcial, no efectúa una consideración dividiendo por periodos de tiempo (p. ej., por años naturales), sino que determinan un grado de ocupación uniforme para la duración total de la relación laboral y aplican la fórmula de pensión dividida sólo a la retribución media resultante de ella?
3)

¿Deben interpretarse los artículos 5 y 7 del Reglamento n.o 817/2010, en relación con el artículo 4 de dicho Reglamento, en el sentido de que debe procederse a la recuperación de las restituciones a la exportación si el exportador no puede probar que ha cumplido lo dispuesto en el Reglamento n.o 1/2005, en una situación en la que el veterinario, en el marco de los controles que debe realizar en el tercer país en virtud del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 817/2010, no puede comprobar si los datos del plan de viaje (el cuaderno de a bordo u hoja de ruta) son o no satisfactorios, es decir, conformes con lo dispuesto en el Reglamento n.o 1/2005 (y, por consiguiente, tampoco puede declarar que el resultado de dichos controles sea satisfactorio), porque el transportista ha entregado el cuaderno de a bordo u hoja de ruta al veterinario oficial en el lugar de salida?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 (1) en el sentido de que, al publicar sus tarifas, las compañías aéreas deben precisar el importe efectivo de los impuestos, las tasas de aeropuerto y otros cánones, recargos y derechos, mencionados en las letras b), c) y d), y que, por tanto, no pueden incluirlos parcialmente en las tarifas mencionadas en la letra a) de dicha disposición?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 335/33

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Austria) el 31 de mayo de 2016 — Corbin Opportunity Fund, L.P., y otros

(Asunto C-309/16)

(2016/C 335/44)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Corbin Opportunity Fund, L.P., Corbin Capital Partners, Redwood Drawdown Master Fund, L.P., Redwood Opportunity Master Fund Ltd, Redwood Capital Management LLC, Pontus Holdings Ltd, RMF Financial Holdings Sàrl

Autoridad demandada: Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

Cuestiones prejudiciales

1) La Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) en especial sus artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, número 2, ¿es aplicable desde el punto de vista temporal y material al supuesto de una sociedad objeto de resolución como la del procedimiento principal, cuya liquidación comenzó antes de que expirase el plazo de transposición de la Directiva con arreglo a los mecanismos previstos por el Derecho interno y prosiguió, una vez expirado dicho plazo, con arreglo a las disposiciones nacionales de transposición de la referida Directiva?

2) ¿Concede la Directiva 2014/59/UE a los acreedores de tal sociedad objeto de resolución que hayan solicitado a la autoridad de resolución que «examine y prohíba» la celebración con otros acreedores de determinados negocios jurídicos (por ejemplo, transacciones judiciales) que dicha sociedad pretende celebrar o ya ha celebrado, derechos para cuya defensa tengan acceso a un procedimiento administrativo y judicial?

(1) DO 2014, L 173, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 326/17

Recurso de casación interpuesto el 7 de julio de 2016 por Inclusion Alliance for Europe GEIE contra el auto del Tribunal General (Sala Novena) dictado el 21 de abril de 2016 en el asunto T-539/13, Inclusion Alliance for Europe/Comisión

(Asunto C-378/16 P)

(2016/C 326/29)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Recurrente: Inclusion Alliance for Europe GEIE (representante: S. Famiani, avvocato)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule el auto impugnado.

— Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Mediante Decisión de julio de 2013, la Comisión Europea solicitó a Inclusion Alliance for Europe el pago de la suma total de 212 411,89 EUR por los proyectos n.o 224482 (MARE), n.o 216820 (SENIOR) y n.o 225010 (ECRN). Inclusion Alliance for Europe interpuso un recurso dirigido a la anulación de dicha decisión ante el Tribunal General, que resolvió mediante auto, conforme a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

Inclusion Alliance for Europe solicita la anulación total del auto recurrido por los motivos que se indican a continuación.

En el auto recurrido no se han tenido en cuenta y, en consecuencia, no se han aplicado los principios generales del Derecho de la Unión al evaluar el recurso interpuesto contra la Decisión de la Comisión.

El Tribunal General consideró erróneamente que las alegaciones formuladas en el escrito de réplica constituían motivos presentados por primera vez, cuando, sin embargo, se trata de aclaraciones de motivos y alegaciones que ya se habían expuesto en el recurso originario, por lo que no se ha infringido el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

En cuanto respecta a las alegaciones formuladas sobre los principios de la Unión aplicables al procedimiento de auditoría, el Tribunal General incurrió en una motivación defectuosa, incluso en una falta de motivación, al persistir erróneamente en la reconducción del caso de autos a un supuesto de interpretación o incumplimiento contractuales, en lugar de tener en cuenta la violación de los principios generales del Derecho de la Unión.

El auto recurrido no tiene en cuenta y no aplica los principios generales del Derecho de la Unión en lo referente a las pretensiones de enriquecimiento sin causa y de indemnización por daños y perjuicios frente a la UE.
2)

En el caso de que se considere que el Reglamento n.o 800/2008 hace referencia a todos los procedimientos concursales, y en especial a la institución del convenio concursal preventivo con continuidad de la empresa con arreglo al artículo 186 bis del R.D. n.o 267/1942, si el artículo 1, apartado 7, letra c), del Reglamento n.o 800/2008 debe interpretarse en el sentido de que el mero hecho de que concurran los requisitos para la apertura de un procedimiento de insolvencia contra el empresario que pretende obtener una ayuda con cargo a fondos estructurales impide que se le conceda la financiación u obliga a la autoridad nacional de gestión a revocar la financiación ya concedida o si, por el contrario, la situación de crisis debe apreciarse en concreto, teniendo en cuenta, por ejemplo, el momento de apertura del procedimiento, el cumplimiento por parte del empresario de los compromisos asumidos o cualquier otra circunstancia pertinente.
—

apartados 48 a 52, dado que el artículo 36 y el anexo VII, punto 1, del Acta de Adhesión de la RC a la UE entraron en vigor el 9 de diciembre de 2011, cuando estaban en vigor y eran aplicables la Estrategia de Reforma Judicial de la República de Croacia para el período 2011-2015, desde el 15 de diciembre de 2010, y el Plan de Acción Revisado del Gobierno de la República de Croacia para la Reforma Judicial, desde el 20 de mayo de 2010, y, en consecuencia, tras la derogación de tales actos jurídicos por parte de la RC, que previamente había sido expresamente autorizada por la Comisión en el apartado 3 de su Informe comprehensivo de control de la RC de 10 de octubre de 2012 en el cual se insta a la RC a que adopte una nueva legislación sobre ejecución, contrariamente a los principios generales del Derecho de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, ya que con respecto al recurrente la derogación de los referidos actos jurídicos tuvo un evidente efecto retroactivo, puesto que después del 9 de diciembre de 2012 la RC no adoptó ninguna nueva estrategia de reforma judicial, sino únicamente una Estrategia para el Desarrollo del Sistema Judicial durante el período 2013-2018, y, por consiguiente, la última Estrategia de Reforma Judicial adoptada, en realidad, por la República de Croacia era la que estaba en vigor el 9 de diciembre de 2011 (véanse la sentencia del Tribunal de Justica de 30 de enero de 1974, Louwage/Comisión, 148/73, apartados 12 y 28, la sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T-203/96, apartados 74 a 88, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de mayo de 1975, CNTA/Comisión, 74/74, apartados 41 a 44), debiendo precisarse que en el apartado 53 de la sentencia recurrida al declarar que «no debe deducirse que las autoridades croatas […] pudieran libremente modificar la Estrategia de Reforma Judicial 2011-2015 y el Plan de Acción de 2010. Habida cuenta de las disposiciones del Acta de Adhesión y, en particular, de su artículo 36 y de su anexo VII, dichas autoridades estaban obligadas a respetar no sólo el compromiso no 1, sino todos los demás compromisos previstos en dicho anexo», el Tribunal General reconoce la pertinencia de la pretensión de indemnización por daños y perjuicios que se formula en la demanda;
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 243/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Varna (Bulgaria) el 20 de abril de 2016 — «MIP-TS» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

(Asunto C-222/16)

(2016/C 243/22)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad Varna

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación:«MIP-TS» OOD

Recurrida en casación: Nachalnik na Mitnitsa Varna

Cuestión prejudicial

¿Queda comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 791/2011 del Consejo, de 3 de agosto de 2011, la importación de determinados tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio, con unas celdas de un tamaño superior a 1,8 mm, tanto de largo como de ancho, y un peso superior a 35 g/m2, actualmente clasificados con los códigos NC ex 7019 51 00 y ex 7019 59 00 (códigos TARIC 7019510010 y 7019590010), salvo los discos de fibra de vidrio, y que, el 10 de abril de 2012, fueron declarados para el régimen aduanero de «despacho a libre práctica y consumo final», con indicación de que eran originarios de Tailandia y de que habían sido enviados desde dicho país, pero que, en realidad, son originarios de la República Popular China, habiéndose comprobado tal origen mediante una investigación y un informe realizados por la OLAF en aplicación del Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo?
2)

En caso de que se responda negativamente a la primera cuestión y de que, considerando la contaminación del aire, no sea necesario reparar el daño medioambiental, ¿puede justificarse la imposición de una multa en materia de protección de la calidad del aire invocando la normativa de los Estados miembros más rigurosa prevista en el artículo 16 de la Directiva 2004/35/EC y en el artículo 193 TFUE o esta normativa más rigurosa no puede originar tampoco la imposición de una multa de carácter únicamente sancionador al propietario que no es responsable de la contaminación?
3)

¿Deben interpretarse el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/54 y el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, en relación con los artículos 30, 47 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el sentido de que la separación de un funcionario del servicio público es injustificada y, por tanto, es incompatible con las citadas disposiciones únicamente porque la autoridad administrativa no ha realizado ninguna selección y no ha aplicado criterios objetivos o, en su caso, no ha expuesto los motivos de su decisión de separar a la persona concreta, en la medida en que esta persona ocupaba un puesto idéntico al de otras personas, hombres y mujeres, y se ha procedido a la separación en virtud de una disposición neutral?
2)

a la vista de las Explicaciones [sobre la Carta de los Derechos Fundamentales] (DO 2007, C 303, p. 2) en el sentido de que las limitaciones que puedan legítimamente establecerse al artículo 6 no podrán sobrepasar las permitidas por el CEDH en la propia redacción del artículo 5, inicio y letra f), y de la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de esta última disposición realizada en, entre otras, la sentencia de 22 de septiembre de 2015, Nabil y otros contra Hungría, 62116/12, según la cual el internamiento de un solicitante de asilo es contrario al citado artículo 5, apartado 1, inicio y letra f), si dicho internamiento no se ha ordenado con vistas a la expulsión?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 270/13

Recurso de casación interpuesto el 4 de junio de 2015 por Royal County of Berkshire Polo Club Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 26 de marzo de 2015 en el asunto T-581/13, Royal County of Berkshire Polo Club/OAMI

(Asunto C-278/15 P)

(2016/C 270/17)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (representante: J. Maitland-Walker, Solicitor)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

Mediante auto de 14 de enero de 2016, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declaró la inadmisibilidad del recurso.