Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Conformidad de la resolución de remisión con las normas procesales y de organización judicial del Derecho nacional, incluidas las relativas a la competencia internacional — Comprobación que no incumbe al Tribunal de Justicia

(Art. 234 CE; Convenio de 27 de septiembre de 1968)

2. Libre circulación de capitales — Restricciones a la adquisición de bienes inmuebles — Régimen de declaración de la adquisición de bienes inmuebles — Nulidad retroactiva del negocio jurídico en caso de declaración presentada fuera de plazo — Improcedencia — Justificación — Inexistencia — Violación del principio de proporcionalidad

(Art. 56 CE, ap. 1)

Índice

1. En el marco del procedimiento previsto en el artículo 234 CE, al Tribunal de Justicia no le corresponde verificar si la resolución de remisión ha sido adoptada de acuerdo con las normas procesales y de organización del Derecho nacional.

Tampoco tiene competencia el Tribunal de Justicia para examinar si el litigio principal se planteó ante el órgano jurisdiccional remitente con observancia de las normas para determinar la competencia judicial contenidas en el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, a no ser que las condiciones de aplicación de tales normas constituyan precisamente el objeto de la remisión prejudicial.

El Tribunal de Justicia debe atenerse a la resolución de remisión dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, siempre que dicha resolución no haya sido anulada en el marco de un recurso previsto, en su caso, por el Derecho nacional.

(véanse los apartados 30 a 32)

2. El artículo 56 CE, apartado 1, se opone a la aplicación de una normativa nacional en materia de adquisición de propiedad inmobiliaria que supedita la efectividad de los negocios jurídicos a la presentación de una declaración por el adquirente y en virtud de la cual la mera presentación fuera de plazo de la declaración obligatoria de la adquisición da lugar a la nulidad retroactiva del negocio jurídico sobre bienes inmuebles de que se trate.

Es verdad que un régimen de declaración previa, cuando se complementa con los instrumentos jurídicos adecuados, puede constituir efectivamente una medida proporcionada al fin de interés general perseguido, consistente en mantener, con un objetivo de ordenación del territorio, una población permanente y una actividad económica autónoma respecto del sector turístico, previendo para ello restricciones al establecimiento de residencias secundarias en una determinada zona geográfica. No obstante, la anulación retroactiva del negocio jurídico sobre bienes inmuebles no constituye una sanción proporcionada cuando se produce automáticamente, por el mero hecho de que haya finalizado el plazo para presentar la declaración obligatoria y con independencia de las razones a que obedezca el retraso en la presentación; dicha anulación afecta radicalmente a la validez de un contrato que expresa la voluntad de las partes, sin que exista razón alguna derivada de la infracción de las normas materiales aplicables, de manera que no puede corresponder a las exigencias de la seguridad jurídica, que son particularmente rigurosas en materia de adquisición de bienes inmuebles.

(véanse los apartados 46, 52 a 56 y 62 y el fallo)