b)

El Gobierno francés subraya que, en el estado actual del derecho, la fiscalidad directa es competencia de los Estados miembros, los cuales, sin perjuicio de las disposiciones del Tratado, pueden organizaría como mejor les parezca y obligarse mediante convenios internacionales en cuanto lo consideren pertinente. El no reconocimiento de un crédito fiscal imputable a las agencias y sucursales de compañías de seguros domiciliadas en el extranjero habría que situarlo en el conjunto de las disposiciones del Código general de los impuestos y de los convenios relativos a la doble imposición. El principio de no discriminación no está implicado, ya que la situación del establecimiento permanente difiere de la de una entidad con personalidad jurídica propia, pues cada una de estas formas tiene sus ventajas e inconvenientes en lo que respecta a las compañías de seguros que deseen operar en Francia. Estas diferencias, conforme a los principios admitidos de Derecho internacional y a la práctica de la mayoría de los Estados miembros, han hecho que Francia aplique el régimen fiscal de los no residentes a los establecimientos permanentes. La mayor parte de los Estados haría la diferencia entre residentes y no residentes; ésta sería considerada necesaria y no discriminatoria en todos estos Estados. El Gobierno francés subraya la importancia que, en el sistema jurídico francés de la fiscalidad directa, tienen el criterio de la residencia para las personas físicas y el del domicilio para las personas jurídicas. Respecto a las sociedades, el criterio de la residencia, en el Derecho francés, al igual que en la mayoría de los demás derechos fiscales, se funda en el lugar en que se encuentra el domicilio social o la sede de la dirección efectiva de la entidad jurídica. Se trate de personas físicas o jurídicas, la distinción entre residentes y no residentes no está fundada en la nacionalidad. La Comisión misma admite la posibilidad de tal distinción para las personas físicas. Como el Derecho internacional no reconoce personalidad jurídica al establecimiento permanente, éste sólo puede estar sujeto al régimen de la sociedad a la que pertenece, que es el correspondiente al del domicilio social. Así, dado que los territorios franceses de ultramar tienen un sistema fiscal propio, una sociedad que tenga su domicilio social en esta parte del territorio francés no se beneficiará del crédito fiscal imputable, mientras que una filial que tenga su domicilio social en Francia estará sujeta a la fiscalidad de los residentes, aunque pertenezca por entero a intereses extranjeros o domiciliados en los territorios de ultramar. El domicilio social como criterio de Derecho fiscal internacional ha sido recogido igualmente en el modelo de convenio para evitar la doble imposición, adoptado por la OCDE. Todos los convenios para evitar la doble imposición, celebrados por Francia con numerosos países —y, entre éstos, todos los Estados miembros—, hacen la distinción entre residentes y no residentes, a pesar de las particularidades resultantes de las características de los diferentes sistemas nacionales de imposición de que se trata, y clasifican las sucursales y agencias de empresas con domicilio social en el extranjero dentro de los establecimientos permanentes sujetos a disposiciones específicas. Estos convenios se basan igualmente en el principio de la no discriminación. Ciertamente, el régimen fiscal aplicado a los establecimientos permanentes en materia de crédito fiscal imputable es diferente, pero no discriminatorio, ya que esta diferencia corresponde a diferentes situaciones objetivas. Esta diferencia se basa en el criterio de la residencia y no en el de la nacionalidad. La falta de personalidad jurídica, propia del establecimiento permanente, le permite operar en condiciones más ventajosas que las filiales, por cuanto puede utilizar capitales y ciertos elementos de explotación de la sociedad no residente, y porque se beneficia del prestigio de esta sociedad y de sus garantías de solvencia. Si el régimen aplicado a los establecimientos permanentes no implica atribución del activo fiscal imputable, por el contrario, en otros aspectos, es más favorable que el de las filiales. Los establecimientos permanentes no están sujetos a los impuestos de transmisiones que gravan la sociedad de derecho francés, la filial inclusive, en caso de constitución, aumento de capital, transformación, etc. En aplicación de los convenios celebrados por Francia con los demás Estados miembros, los beneficios obtenidos en Francia por el establecimiento permanente no están sujetos al impuesto que la sociedad no residente debe pagar en su país de residencia. Por último, en el marco de los convenios para evitar la doble imposición y conforme a la doctrina elaborada por la OCDE, Francia ha renunciado a aplicar una retención en la fuente sobre los beneficios repartidos en el extranjero. La solución preconizada por la Comisión plantea igualmente el problema de la retención, que es la contrapartida del crédito fiscal imputable: en efecto, el crédito fiscal imputable es concedido únicamente si el impuesto sobre sociedades, del que procede, ha sido pagado al tipo del 50 o/o, mientras que, en el caso contrario, como es el del gravamen tributario de las plusvalías al tipo del 15 %, la sociedad que reparta dividendos deberá pagar un complemento del impuesto denominado retención. Según la Comisión, en la realidad no son comprobables las desventajas que tiene el régimen fiscal de los establecimientos permanentes. Los principios de cobertura de los compromisos técnicos y de congruencia establecidos por la Directiva 73/239 del Consejo, de 24 de julio de 1973, y por el «Code français des assurances» (Código Francés de Seguros) no imponen en absoluto la obligación de poseer acciones en la cartera de valores de un seguro, sino que se limitan a prever un porcentaje máximo autorizado de acciones, además de las obligaciones. Por otra parte, una sucursal puede poseer, abstracción hecha de las obligaciones, acciones extranjeras cotizadas en Francia. De todos modos, la limitación del volumen de acciones que puede poseer una sociedad y el rendimiento más bajo de este tipo de inversión limitan el impacto financiero —suponiendo que lo haya— de la falta de concesión del crédito fiscal imputable a los establecimientos permanentes. El interés esencial de una inversión en acciones reside en la posibilidad de obtener eventuales plusvalías en capital, del que las sucursales disponen tanto como las sociedades que tengan su domicilio social en Francia. Además, algunas compañías de seguros, que aplican las tarifas más bajas del mercado francés, sólo tienen obligaciones. Asimismo, la experiencia demuestra que las compañías de seguros, que no operan bajo la forma de sucursales o agencias, no aplican tarifas más elevadas, lo cual no puede sorprender, pues la competitividad y el nivel de las tarifas dependen mucho más del nivel de los gastos generales, del tipo de distribución y de la política de suscripción que del beneficio del crédito fiscal imputable sobre una parte, en todo caso limitada, de los activos existentes en cartera. La solución preconizada por la Comisión conduce a que Francia perturbe unilateralmente el equilibrio establecido por los convenios relativos a la doble imposición celebrados con los demás Estados miembros. Para apreciar el carácter discriminatorio o no discriminatorio del régimen francés no se puede hacer caso omiso de la existencia de convenios para evitar la doble imposición. Estos convenios se fundamentan en el principio de no discriminación y tienen por objeto excluir la principal causa de discriminación, que es la doble imposición. Una acción unilateral sería inadecuada para conseguir estos objetivos, por el contrario el marco bilateral de estos convenios permitiría encontrar soluciones ponderadas.