IV.

Pero, ¿hay que «dividir» o «desmenuzar» todavía más el lugar de cumplimiento de la obligación, e investigar dónde debe realizarse el pago de un crédito resultante de una resolución de un contrato de compraventa por culpa del vendedor y dónde debe realizarse la devolución de la cosa vendida, en el supuesto de que sea éste el objeto del litigio planteado ante el Juez que conoce sobre el fondo? Esta es la verdadera cuestión que preocupa al Tribunal de Frankfurt. Como el cumplimiento de la obligación contractual se ha producido ya y como el litigio se refiere al carácter defectuoso de este cumplimiento, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la expresión «deba ser cumplida la obligación» puede referirse a la obligación de sustitución con que se resolvería, eventualmente, el incumplimiento de la obligación principal. Según una primera tesis, si bien es cierto que el lugar de la entrega, de la recepción y de la aceptación de la mercancía es donde se demostrará el incumplimiento o, por el contrario, el cumplimiento correcto de la obligación característica del contrato de compraventa desde el punto de vista del vendedor, podría ocurrir que los vicios ocultos de la cosa vendida sólo aparecieran más tarde, en un lugar diferente del lugar en que originariamente se efectuó la entrega. En ese lugar es donde deberían «deducirse» las condiciones, las modalidades de cumplimiento (modalidades de examen de la mercancía) o las consecuencias del incumplimiento: resolución por incumplimiento, demanda por responsabilidad del vendedor, etc. Por consiguiente, la obligación que por este motivo se deduciría en tal caso contra el vendedor, haciendo uso de las diferentes vías de recurso que ofrezca el Derecho nacional: resolución del contrato, pago de daños y perjuicios, obligación de garantía, podría y debería cumplirse en un lugar diferente de aquel en que la obligación característica originaria -la entrega en el supuesto de la compraventa- haya sido cumplida. Este podría ser bien el lugar en que se encuentre la mercancía, bien el lugar en que deba cobrarse el crédito del comprador, según que sea pagadero en el domicilio del deudor (como en Francia, en Bélgica y en la República Federal de Alemania) o pagadero en el domicilio del acreedor (como en Italia y los Países Bajos). El problema que se plantea en el presente caso consiste pues en saber si la obligación a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 es la obligación originaria o su sucedáneo, representado, según los usos o los Derechos nacionales, por una acción mediante la cual se exige el cumplimiento forzoso, parcial o total, del contrato o su resolución, o por una acción de reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento o cumplimiento defectuoso. En última instancia, esta tesis equivale a sostener que si el contrato contuviera varias obligaciones a cargo del demandado, el demandante podría elegir el Juez competente entre todos aquellos que, de uno u otro modo, resulten afectados por cualquiera de las obligaciones que el contrato implica, aunque no sean objeto de litigio. Esto explicaría por qué el apartado 1 del artículo 5 habla del lugar donde haya sido o deba ser cumplida la obligación. Yo no creo que se pueda ir tan lejos. La versión italiana del número 1 del artículo 5 supone que se trata al menos de una obligación controvertida, «dedotta ingiudizio». Sobre todo, esta tesis no sería compatible con las intenciones de los autores del Convenio. Bien es verdad que las normas planteadas por dicho texto tienden esencialmente a resolver los conflictos de competencia, no son fundamentalmente normas de derecho material, pero me parece que uno de los postulados del sistema elaborado por el Convenio es que, si bien cabe distinguir según los tipos de contratos y según las partes contratantes, en cambio el conjunto de un contrato determinado constituye una entidad jurídica y económica y todas las cuestiones ligadas al cumplimiento de la obligación característica de dicho contrato son competencia del Juez del lugar de cumplimiento de dicha obligación; todos los litigios presentes y futuros, nacidos de la «relación jurídica determinada» (artículo 17) que constituye la obligación de entregar deben someterse al Juez del lugar en que deba realizarse la entrega. Todo contrato viene caracterizado por una de las obligaciones que derivan de él, aun cuando dichas obligaciones puedan ser distintas según las circunstancias. Las previsiones de las partes se orientan hacia el cumplimiento de esa obligación, normalmente es en el lugar de cumplimiento donde se comprobará el incumplimiento y donde se deducirán sus consecuencias. La tesis contraria pecaría de perfeccionismo y supondría volver al criterio del lugar en que se encuentra la cosa (lex rei sitae) o al criterio del forum conveniens. Un enfoque como el del Juez del lugar que presente un vínculo más estrecho con el cumplimiento de la obligación o que parezca el más apropiado para el cumplimiento de la obligación «el Juez que tenga un vínculo más estrecho», sin ninguna otra precisión (por analogía con el artículo 4 del anteproyecto del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y no contractuales) sería demasiado vago y demasiado general y no permitiría promover los valores fundamentales en materia de contratos, a saber la seguridad jurídica y la posibilidad de prever el Derecho aplicable. Siempre de acuerdo con comentarios autorizados (Droz: Compétence judiciaire et effects des jugements dans le marché commun, 1972, p. 128) «el Convenio rechaza la teoría del forum conveniens; en efecto, pueden surgir graves dificultades prácticas para determinar el vínculo existente entre el asunto y el Tribunal designado». El mismo autor dice después (pp. 45 y 46): «Estas reglas de competencia (de los artículos 5 y 6) forman un todo y se bastan a sí mismas […] Hay que señalar que, en principio, el silencio del Tratado sobre un criterio de atribución de competencia equivale a la exclusión de dicho criterio: así ocurre, por ejemplo, con el fuero del lugar de celebración del contrato, pero también con el fuero de la conexidad que no ha sido admitido en el Tratado como criterio de atribución de competencia directa.» Como destaca el Sr. Bourel (Les conflits de lois en matière d'obligations extracontractuelles, 1961, p. 145) «si las obligaciones que derivan del contrato son determinadas por la voluntad de las partes, las que resultan del incumplimiento del contrato vienen determinadas por ley y están sometidas, como las obligaciones procedentes de hechos ilícitos, al estatuto territorial». De ello resultaría que, debido a la disparidad del estatuto territorial, las obligaciones resultantes del incumplimiento del contrato podrían variar de forma sustancial según se tratara de normas dispositivas, sometidas a la ley elegida por las partes, o de normas imperativas, que se rigen por la ley del cumplimiento del contrato: este resultado comprometería el objetivo de acumulación y de «concentración» de los litigios ante el Juez al que se hubiere sometido la demanda originaria que tenían en mente los autores del Convenio al redactar el artículo 6 (demanda sobre obligación de garantía, demanda de reconvención). En realidad, los autores del Convenio, a diferencia de los autores del Tratado Benelux de 1961, relativo a la competencia judicial -que todavía no está en vigoradoptaron el criterio del lugar de cumplimiento de la obligación y no el del lugar de su nacimiento. El artículo 4 de dicho texto dispone: «En materia personal o mobiliaria, civil o mercantil, el demandante puede plantear el litigio ante el Juez del lugar de nacimiento de la obligación o, donde ésta haya sido o deba ser cumplida.» El apartado 2 del artículo 1 del protocolo dice: «Luxemburgo no está obligado a reconocer ni a declarar ejecutivas las resoluciones dictadas en materia contractual por un Juez belga o neerlandés cuando éste base su competencia en el lugar de nacimiento o de cumplimiento de la obligación, si el demandado tuviera, en el momento de la interposición de la demanda, su domicilio en Luxemburgo o su residencia, a falta de domicilio en uno de los tres países.» Si los autores del Convenio no se han limitado a hablar del «lugar de cumplimiento del contrato» es que el Convenio se aplica tanto al ámbito mercantil como al civil. Si han empleado la expresión «lugar donde deba ser cumplida la obligación», se refieren siempre a la obligación originaria, principal o característica. Sólo sería útil recurrir de forma totalmente subsidiaria al criterio de la competencia del Juez del lugar con el que el cumplimiento de la obligación presenta vínculos más estrechos si la prestación característica no pudiera determinarse. Pero éste no es el caso en el supuesto de una venta de un objeto mueble corporal.