SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 5 DE OCTUBRE DE 1994. - SIMON J. M. VAN MUNSTER CONTRA RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL: ARBEIDSHOF ANTWERPEN - BELGICA. - SEGURIDAD SOCIAL - LIBRE CIRCULACION DE TRABAJADORES - IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES - PENSION DE JUBILACION - INCREMENTO POR CONYUGE A CARGO. - ASUNTO C-165/91.



Recopilación de Jurisprudencia 1994 página I-04661



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

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1. Política social ° Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social ° Directiva 79/7 ° Excepción admitida en materia de derecho a prestaciones por derechos derivados de la esposa ° Legislación nacional que, para fijar la cuantía de la pensión de vejez, tiene en cuenta la existencia de un derecho a tal pensión propio del cónyuge ° Procedencia

[Tratado CEE, arts. 48 a 51; Directiva 79/7 del Consejo, arts. 4, ap. 1, y 7, ap. 1, letra c)]

2. Seguridad Social de los trabajadores migrantes ° Disposiciones del Tratado ° Legislación nacional que, en el caso de los trabajadores migrantes, conduce a resultados contrarios a su objetivo ° Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales

(Tratado CEE, arts. 5, 48 y 51)

Índice

1. Ni el Derecho comunitario relativo a la libre circulación de trabajadores, en particular los artículos 48 y 51 del Tratado, ni el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, se oponen a una normativa nacional que, aplicándose independientemente de la nacionalidad, prevé el derecho a una pensión según el "porcentaje familiar" en el caso de que el cónyuge del trabajador haya cesado en toda actividad profesional y no perciba una pensión de jubilación ni una ventaja equivalente, pero que sólo aplica el "porcentaje de personas solas", menos ventajoso, en el caso de que el cónyuge del trabajador perciba una pensión o una ventaja equivalente.

2. Al calificar, a efectos de la aplicación de una disposición de su Derecho interno, una prestación de Seguridad Social concedida en virtud de la legislación de otro Estado miembro, el Juez nacional, que como autoridad nacional debe, en virtud del artículo 5 del Tratado, utilizar todos los medios de que disponga para lograr el objetivo del artículo 48 del Tratado, está obligado a interpretar su propia legislación a la luz de los objetivos de los artículos 48 a 51 del Tratado y a hacer todo lo posible para evitar que su interpretación pueda disuadir al trabajador migrante de ejercitar efectivamente su derecho a la libre circulación.

Esta obligación se presenta cuando un trabajador migrante puede perder una ventaja de Seguridad Social por el hecho de que, debido a su carrera profesional, está sometido, en un Estado miembro, a un régimen de pensiones que sólo le reconoce el derecho a una pensión calculada según un porcentaje superior cuando su cónyuge no perciba una pensión de vejez o una ventaja equivalente y, en otro Estado miembro, a un régimen de pensiones que, en atención a su cónyuge inactivo, le atribuye el derecho a un complemento de pensión hasta que dicho cónyuge cumpla la edad de jubilación, a partir de la cual éste adquiere un derecho propio a pensión, de carácter irrenunciable, sin que ello suponga aumento alguno de los ingresos globales de la pareja.

Partes

En el asunto C-165/91,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Arbeidshof te Antwerpen (Bélgica), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Simon J.M. van Munster

y

Rijksdienst voor Pensioenen,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de la letra c) del artículo 3 y de los artículos 48 y 51 del Tratado CEE; del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social (DO L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174), y de cualesquiera otras disposiciones que el Tribunal de Justicia considere aplicables,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco y D.A.O. Edward (Ponente), Presidentes de Sala; C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn y J.L. Murray, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Darmon;

Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

° En nombre del Rijksdienst voor Pensioenen, por el Sr. R. Masyn, administrateur-generaal, en calidad de Agente;

° en nombre del Gobierno belga, por los Sres. G. Mottard, Ministre des pensions, y P. Rietjens, conseiller del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agentes;

° en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. B.R. Bot, secretaris-generaal del Ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;

° en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks y el Sr. B.J. Drijber, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

habiendo considerado el informe para la vista,

oídas las observaciones orales del Sr. Van Munster; del Gobierno neerlandés, representado por el Sr. T. Heukels, adjunct juridisch adviseur del Ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente, y de la Comisión de las Comunidades Europeas, expuestas en la vista de 22 de octubre de 1992;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de enero de 1993;

vista la resolución de reapertura de la fase oral de 7 de febrero de 1994;

considerando las respuestas dadas a las preguntas escritas del Tribunal de Justicia:

° En nombre del Rijksdienst voor Pensioenen, por el Sr. W. De Meyer, adjunct-administrateur-generaal, en calidad de Agente;

° en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. A. Bos, juridisch adviseur del Ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;

° en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. E. Roeder, Ministerialrat del Bundesministerium fuer Wirtschaft, en calidad de Agente;

° en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. S.L. Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. N. Paines, Barrister;

° en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks y el Sr. B.J. Drijber;

oídas las observaciones orales del Rijksdienst voor Pensioenen, representado por el Sr. J.C.A. De Clerck, adjunct-adviseur, en calidad de Agente; del Gobierno neerlandés, representado por el Sr. J.W. de Zwaan, adjunct juridisch adviseur del Ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. E. Sharpston, Barrister, y de la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. K. Banks y los Sres. B.J. Drijber y P. Altmaier, administrador, en calidad de experto, expuestas en la vista de 12 de abril de 1994;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 28 de junio de 1994;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante resolución de 19 de junio de 1991, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de junio siguiente, el Arbeidshof te Antwerpen planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la letra c) del artículo 3 y de los artículos 48 y 51 del Tratado CEE; del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social (DO L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174), y de cualesquiera otras disposiciones que el Tribunal de Justicia considere aplicables.

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. M. Van Munster y el Rijksdienst voor Pensioenen, organismo de Seguridad Social belga, sobre la determinación de la pensión de jubilación del primero.

3 El Sr. Van Munster, de nacionalidad neerlandesa, trabajó por cuenta ajena en los Países Bajos durante treinta y siete años y en Bélgica durante ocho años, y, en cada uno de ambos Estados miembros, obtuvo una pensión de jubilación calculada sólo conforme a las normas del Estado correspondiente. La esposa del interesado nunca ejerció una actividad por cuenta ajena durante ambos períodos.

4 En los Países Bajos, el Soziale Verzekeringsbank concedió al Sr. Van Munster, con efectos a partir del 1 de octubre de 1985, una pensión de vejez conforme a lo dispuesto en la Algemene Ouderdomswet (Ley general sobre el Seguro de Vejez; en lo sucesivo, "AOW").

5 En virtud de la AOW, en su versión vigente a partir del 1 de abril de 1985, cualquier persona casada adquiere, al cumplir la edad de sesenta y cinco años, el derecho a una pensión personal correspondiente al 50 % del salario mínimo neto. Cuando su cónyuge no esté en activo y aún no haya cumplido la edad de sesenta y cinco años, se añade a dicha pensión un complemento que asimismo puede alcanzar el 50 % del salario mínimo neto. Si la persona no está casada, su pensión se eleva al 70 % del salario mínimo neto. El beneficiario no puede renunciar a estas prestaciones.

6 Por consiguiente, el Soziale Verzekeringsbank concedió al Sr. Van Munster una pensión de vejez por importe del 100 % del salario mínimo neto: el 50 % en su calidad de persona casada y el 50 % debido a que su esposa aún no había cumplido la edad de sesenta y cinco años en la fecha de su concesión.

7 En Bélgica, el Rijksdienst voor Pensioenen concedió asimismo al Sr. Van Munster, con efectos a partir del 1 de noviembre de 1985, una pensión de jubilación.

8 Según el apartado 1 del artículo 10 del Real Decreto belga nº 50, de 24 de octubre de 1967, modificado, el derecho a una pensión se adquiere, por año civil, según un importe equivalente a una fracción de las retribuciones brutas reales, presuntas y globales, consideradas hasta una cuantía de 75 %, si el cónyuge del trabajador ha cesado en toda actividad profesional y no percibe ninguna pensión de jubilación ni ventaja equivalente ("porcentaje familiar"), y hasta una cuantía del 60 % en los demás casos ("porcentaje de personas solas"). Según este régimen, el cónyuge inactivo puede renunciar a cualquier "pensión de jubilación o ventaja equivalente" para que al trabajador jubilado pueda aplicársele el "porcentaje familiar".

9 Puesto que la Sra. Van Munster no percibía a título personal ninguna prestación, la cuantía de la pensión belga del Sr. Van Munster se calculó en función del "porcentaje familiar", teniendo en cuenta el período de ocho años durante el cual había ejercido una actividad por cuenta ajena en Bélgica.

10 El 10 de octubre de 1987, fecha en la que la Sra. Van Munster cumplió la edad de sesenta y cinco años, el Soziale Verzekeringsbank neerlandés le concedió, conforme a lo dispuesto en la AOW, una pensión de vejez autónoma, calculada en un 50 % del salario mínimo neto. Correlativamente, dicho organismo neerlandés retiró al Sr. Van Munster el incremento de pensión que hasta entonces percibía. Por consiguiente, los ingresos globales del matrimonio no se vieron aumentados como consecuencia de tal pensión concedida a la Sra. Van Munster.

11 Sin embargo, habiendo sido informado de que el Soziale Verzekeringsbank neerlandés había concedido a la Sra. Van Munster una pensión personal de vejez, el Rijksdienst voor Pensioenen belga, mediante decisión de 2 de febrero de 1988, redujo, con efectos a partir del 1 de octubre de 1987, la cuantía de la pensión de jubilación concedida a su esposo, aplicándole el "porcentaje de personas solas" y no el "porcentaje familiar", debido a que, conforme a la legislación belga, la Sra. Van Munster percibía "una pensión de jubilación o ventaja equivalente".

12 Al conocer del recurso interpuesto por el Sr. Van Munster contra la decisión del Rijksdienst voor Pensioenen por la que se redujo la pensión de jubilación, el Arbeidshof te Antwerpen acordó suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre las cuestiones prejudiciales siguientes:

"1) Una disposición de Derecho nacional (como el apartado 1 del artículo 10 del Real Decreto nº 50, de 24 de octubre de 1967, relativo a las pensiones de jubilación y de supervivencia de los trabajadores por cuenta ajena), que atribuye diferentes efectos a la concesión de una pensión pagada a una persona en su calidad de cónyuge inactivo según dicha pensión se conceda en forma de un incremento de la pensión correspondiente al cónyuge activo o en forma de una pensión personal concedida al cónyuge inactivo (como la pensión concedida desde el 1 de abril de 1985 en virtud de la Algemene Ouderdomswet neerlandesa a la mujer casada), ¿es compatible con el Derecho comunitario y, en particular, con el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, de 25 de marzo de 1957, con el principio de libre circulación de los trabajadores, enunciado en la letra c) del artículo 3, en los apartados 1 y siguientes del artículo 48, y en el artículo 51 de dicho Tratado, y con el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, enunciado en particular en la Directiva 79/7 del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, y, en especial, en el apartado 1 de su artículo 4?

2) Una pensión concedida al cónyuge inactivo (como la prevista en la Algemene Ouderdomswet neerlandesa, especialmente a partir del 1 de abril de 1985), ¿presenta tales características específicas que, a la luz del Derecho comunitario y, en particular, de las normas citadas en la primera cuestión, está justificado otorgarle un trato diferente del de la pensión concedida en forma de un incremento de pensión por cónyuge a cargo (pensión calculada según el porcentaje familiar, como la prevista en la legislación belga en materia de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena)?"

13 Mediante ambas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario, por una parte, de una disposición legal de Derecho nacional como el apartado 1 del artículo 10 del Real Decreto belga nº 50 y, por otra parte, de su aplicación concreta a una situación como la de los esposos Van Munster.

Primera cuestión

14 Mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pregunta, básicamente, si el Derecho comunitario y, en particular, los artículos 48 y 51 del Tratado, así como el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7, se oponen a una normativa nacional que prevé el derecho a una pensión según el "porcentaje familiar" en el caso de que el cónyuge del trabajador haya cesado en toda actividad profesional y no perciba una pensión de jubilación ni una ventaja equivalente, pero que aplica solamente el "porcentaje de personas solas", menos ventajoso, en los casos en que el cónyuge del trabajador perciba una pensión o una ventaja equivalente.

15 Procede señalar, en primer lugar, que el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7 introduce el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres en el ámbito del cálculo de las prestaciones de Seguridad Social, incluidos los incrementos debidos por cónyuge. La AOW fue modificada con el fin de ajustarla a esta disposición y de dar la aplicación más amplia posible al principio de igualdad. Por su parte, la legislación belga no ha sido modificada en este sentido.

16 No obstante, debe observarse que la Directiva 79/7 no obligaba a adaptar la AOW. En efecto, de la propia redacción de la letra c) del apartado 1 del artículo 7 resulta que se autoriza a los Estados miembros a excluir del ámbito de aplicación de esta Directiva la concesión de derechos a prestaciones de vejez o invalidez en razón de los derechos derivados de la esposa.

17 Por consiguiente, el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, tal como se enuncia en la Directiva 79/7, no se opone a que un Estado miembro no aplique a la pensión de un trabajador jubilado el "porcentaje familiar", previsto en su legislación para las personas que tengan a su cónyuge a cargo, en el caso de que este cónyuge tenga derecho, en nombre propio, a una pensión de jubilación.

18 Por lo que se refiere a la libre circulación de trabajadores, debe recordarse que el artículo 51 del Tratado permite que subsistan las diferencias entre los regímenes de Seguridad Social de los diversos Estados miembros y, por consiguiente, en los derechos de las personas que trabajan en ellos. Así pues, el artículo 51 del Tratado no afecta a las diferencias de fondo y de procedimiento entre los regímenes de Seguridad Social de los Estados miembros (véase la sentencia de 7 de febrero de 1991, Roenfeldt, C-227/89, Rec. p. I-323, apartado 12).

19 En el presente caso, la disposición controvertida de la legislación belga se aplica indistintamente a los nacionales belgas y a los de los demás Estados miembros. No puede, pues, considerarse que constituya, en sí misma, un obstáculo a la libre circulación de trabajadores.

20 Por consiguiente, ni el Derecho comunitario relativo a la libre circulación de trabajadores, en particular los artículos 48 y 51 del Tratado, ni el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7 se oponen a una normativa nacional que prevé el derecho a una pensión según el "porcentaje familiar" en el caso de que el cónyuge del trabajador haya cesado en toda actividad profesional y no perciba una pensión de jubilación ni una ventaja equivalente, pero que sólo aplica el "porcentaje de personas solas", menos ventajoso, en el caso de que el cónyuge del trabajador perciba una pensión o una ventaja equivalente.

Segunda cuestión

21 Mediante su segunda cuestión, el Juez nacional desea saber, básicamente, si al calificar una prestación de Seguridad Social concedida en virtud de la legislación de otro Estado miembro, como es la prestación concedida a la Sra. Van Munster, a efectos de la aplicación de una disposición de su Derecho interno, como es el apartado 1 del artículo 10 del Real Decreto nº 50, el Juez nacional está obligado a interpretar su propia legislación a la luz de las normas del Derecho comunitario que cita.

22 Para delimitar mejor la naturaleza del problema planteado mediante esta segunda cuestión, deben señalarse diversos aspectos específicos de la situación de que se trata.

23 En primer lugar, el nacional comunitario afectado adquirió el derecho a una pensión de jubilación en dos Estados miembros, después de haber desarrollado la mayor parte (aproximadamente un 37/45) de su carrera profesional en uno de ambos Estados. Por su parte, el cónyuge de este trabajador jubilado nunca ejerció una actividad profesional y, por consiguiente, no adquirió, como trabajador, el derecho a una pensión.

24 En segundo lugar, en uno de los dos Estados miembros afectados, la pensión del trabajador se calcula en función de la retribuciones reales, presuntas o globales conforme a un porcentaje más elevado cuando su cónyuge está inactivo y no tiene derecho en nombre propio a "una pensión de jubilación o una ventaja equivalente".

25 En tercer lugar, como resulta del propio apartado 15 de la presente sentencia, el otro Estado miembro afectado modificó el método de pago de sus pensiones, para ser congruente con el espíritu de la Directiva 79/7, y concede a cada cónyuge, al cumplir la edad de jubilación, una pensión por el mismo importe. Esta pensión se subordina al requisito de que el interesado haya residido en este Estado, pero no se exige que haya ejercido en éste una actividad profesional. El interesado no puede renunciar a esta pensión.

26 En cuarto lugar, la concesión, en este segundo Estado, de una pensión personal a cada uno de ambos cónyuges que haya cumplido la edad de sesenta y cinco años no modifica el importe total de los ingresos percibidos por la pareja con respecto a los ingresos que dos cónyuges de más de sesenta y cinco años percibían antes de que, el 1 de abril de 1985, se reformara el régimen de la AOW.

27 Si bien es cierto que, como ya se ha indicado en el apartado 18, el artículo 51 del Tratado permite que subsistan diferencias entre los regímenes de Seguridad Social de los diversos Estados miembros y, por consiguiente, en los derechos de las personas que trabajan en ellos, también se ha reiterado que el objetivo de los artículos 48 a 51 del Tratado no se alcanzaría si, como consecuencia del ejercicio de su derecho a la libre circulación, los trabajadores migrantes perdieran las ventajas de Seguridad Social que les otorga la legislación de un Estado miembro. Tal consecuencia podría disuadir al trabajador comunitario de ejercitar su derecho a la libre circulación y constituiría, por lo tanto, un obstáculo a dicha libertad (véase la sentencia de 4 de octubre de 1991, Paraschi, C-349/87, Rec. p. I-4501, apartado 22).

28 Por lo que se refiere a pensiones de jubilación como las que son objeto del litigio principal, procede señalar que tanto el trabajador migrante como el trabajador que ha desarrollado la totalidad de su carrera profesional en un único Estado miembro (en lo sucesivo, "trabajador sedentario") adquieren sus derechos a pensión progresivamente a lo largo de su carrera.

29 La única diferencia entre uno y otro es que el trabajador sedentario adquiere la totalidad de sus derechos a pensión en virtud de una única legislación, mientras que el trabajador migrante los adquiere por tramos que corresponden a los sucesivos períodos de trabajo que ha cubierto en diversos Estados miembros en virtud de regímenes legales diferentes. En tales situaciones, el artículo 51 del Tratado pretende conseguir, a través de la coordinación más que de la armonización, la unidad de carrera, en materia de Seguridad Social, del trabajador migrante.

30 En el presente caso, la aplicación de una legislación nacional al trabajador migrante, realizada en los mismos términos que al trabajador sedentario, produce unas repercusiones imprevistas y poco compatibles con el objetivo de los artículos 48 a 51 del Tratado, ligadas precisamente al hecho de que los derechos a pensión del trabajador migrante se rigen por dos legislaciones diferentes.

31 Estas diferencias residen en la circunstancia de que uno de los dos regímenes de jubilación prevé un porcentaje de pensión más elevado para los trabajadores cuyo cónyuge no percibe una pensión de jubilación ni una ventaja equivalente, debiéndose tener en cuenta que esta pensión o ventaja aumenta los ingresos globales de la pareja y es, en todo caso, renunciable, mientras que el otro régimen, en la misma situación, concede a cada cónyuge, al cumplir la edad de jubilación, una pensión, a la que no se puede renunciar, por la misma cuantía, sin que ello suponga aumento alguno de los ingresos globales de la pareja.

32 Frente a esta divergencia de legislaciones, el principio de leal cooperación enunciado en el artículo 5 del Tratado CEE obliga a las autoridades competentes de los Estados miembros a utilizar todos los medios de que dispongan para lograr el objetivo del artículo 48 del Tratado.

33 Esta obligación implica que dichas autoridades verifiquen si su legislación puede ser aplicada al trabajador migrante literalmente y en los mismos términos que a un trabajador sedentario sin que esta aplicación conduzca a la pérdida de una ventaja de Seguridad Social por parte de dicho trabajador migrante y sin que, por consiguiente, pueda disuadir a éste de ejercitar efectivamente su derecho a la libre circulación.

34 A este respecto, procede recordar que corresponde al órgano jurisdiccional nacional hacer todo lo posible para dar a la Ley interna que debe aplicar una interpretación conforme con las exigencias del Derecho comunitario (véase la sentencia de 4 de febrero de 1988, Murphy y otros, 157/86, Rec. p. 673, apartado 11, y, en ese mismo sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, apartado 8, y de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-0000, apartado 26).

35 Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión que, al calificar, a efectos de la aplicación de una disposición de su Derecho interno, una prestación de Seguridad Social concedida en virtud de la legislación de otro Estado miembro, el Juez nacional está obligado a interpretar su propia legislación a la luz de los objetivos de los artículos 48 a 51 del Tratado y a hacer todo lo posible para evitar que su interpretación pueda disuadir al trabajador migrante de ejercitar efectivamente su derecho a la libre circulación

Decisión sobre las costas

Costas

36 Los gastos efectuados por los Gobiernos belga, alemán, neerlandés y del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Arbeidshof te Antwerpen mediante resolución de 19 de junio de 1991, declara:

1) El Derecho comunitario, en particular los artículos 48 y 51 del Tratado CEE y el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, no se opone a una normativa nacional que prevé el derecho a una pensión según el "porcentaje familiar" en el caso de que el cónyuge del trabajador haya cesado en toda actividad profesional y no perciba una pensión de jubilación ni una ventaja equivalente, pero que sólo aplica el "porcentaje de personas solas", menos ventajoso, en el caso de que el cónyuge del trabajador perciba una pensión o una ventaja equivalente, como la pensión concedida a la Sra. Van Munster por la Algemene Ouderdomswet.

2) Al calificar, a efectos de la aplicación de una disposición de su Derecho interno, una prestación de Seguridad Social concedida en virtud de la legislación de otro Estado miembro, el Juez nacional está obligado a interpretar su propia legislación a la luz de los objetivos de los artículos 48 a 51 del Tratado CEE y a hacer todo lo posible para evitar que su interpretación pueda disuadir al trabajador migrante de ejercitar efectivamente su derecho a la libre circulación