Palabras clave

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Palabras clave

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1. Actos de las Instituciones ° Motivación ° Obligación ° Alcance ° Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Tratado CE, art. 190; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

2. Actos de las Instituciones ° Motivación ° Contradicción ° Efectos

(Tratado CE, art. 190)

3. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Examen de las denuncias ° Obligación de la Comisión de pronunciarse por medio de una Decisión sobre la existencia de una infracción ° Inexistencia

(Tratado CE, arts. 85 y 86)

4. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Examen de las denuncias ° Consideración del interés comunitario vinculado a la investigación de un asunto ° Criterios de apreciación

(Tratado CE, arts. 85 y 86)

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1. La motivación de una decisión lesiva debe, por una parte, permitir a su destinatario conocer la justificación de la medida adoptada, para que éste pueda, en su caso, defender sus derechos y comprobar si la decisión está o no fundada, y, por otra parte, debe permitir al Juez comunitario ejercer su control. No obstante, en la motivación de las decisiones que debe adoptar para garantizar la aplicación de las normas sobre la competencia, la Comisión no está obligada a definir su postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan en apoyo de su solicitud de que se declare la existencia de una infracción de dichas normas; basta con que exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión adoptada.

No responde a las exigencias del artículo 190 del Tratado la motivación de una decisión por la que la Comisión desestima una denuncia basada en tres imputaciones en la que se tratan dos de dichas imputaciones, sin dar a conocer la justificación de la desestimación de la denuncia en lo que respecta a la tercera.

2. Una contradicción en la motivación de una decisión constituye una infracción de la obligación derivada del artículo 190 del Tratado, que puede afectar a la validez del acto controvertido si se demuestra que, a causa de dicha contradicción, el destinatario del acto no tiene la posibilidad de conocer la fundamentación real de la decisión, en todo o en parte, y que, a raíz de ello, la parte dispositiva del acto se encuentra total o parcialmente privada de fundamento jurídico alguno.

3. Las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86 del Tratado producen efectos directos en las relaciones entre particulares y generan directamente para los justiciables derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar. Teniendo en cuenta esta competencia compartida entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales, y la protección de los justiciables ante los órganos jurisdiccionales nacionales que de ella se deriva, procede considerar que el artículo 3 del Reglamento nº 17 no confiere al autor de una solicitud presentada en virtud de dicho artículo el derecho a obtener una Decisión de la Comisión, en el sentido del artículo 189 del Tratado, sobre si existe o no una infracción de las disposiciones del Tratado antes citadas, y ello incluso en el caso de que la Comisión hubiera llegado al convencimiento de que existe tal infracción. Dicho principio deja de ser aplicable únicamente cuando el objeto de la denuncia está comprendido dentro de las competencias exclusivas de la Comisión, como ocurre con la revocación de una exención concedida con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

4. La Comisión tiene derecho a desestimar una denuncia cuando comprueba, bien antes de haber iniciado la investigación o bien tras haber adoptado diligencias de instrucción, que el asunto no presenta un interés comunitario suficiente para justificar que prosiga su examen. Para determinar dicho interés, la Comisión debe tener en cuenta las circunstancias del caso de que se trate, y, especialmente, los elementos fácticos y jurídicos que le son presentados. Le corresponde, en particular, sopesar la importancia de la supuesta infracción para el funcionamiento del mercado común, la probabilidad de llegar a demostrar su existencia y el alcance de las medidas de investigación necesarias para cumplir, en las mejores condiciones, su misión de velar por la observancia de los artículos 85 y 86 del Tratado. El hecho de que se haya sometido ya a un Juez nacional o a una autoridad nacional de defensa de la competencia la cuestión de si un acuerdo o una práctica es conforme a los artículos 85 y 86 del Tratado es un elemento que la Comisión puede tener en cuenta para valorar el interés comunitario del asunto.

En particular, cuando los efectos de las infracciones alegadas en una denuncia sólo se experimentan, esencialmente, en el territorio de un solo Estado miembro y el denunciante ha sometido a los órganos jurisdiccionales y a las autoridades administrativas competentes de dicho Estado miembro litigios relativos a dichas infracciones, la Comisión tiene derecho a desestimar la denuncia por inexistencia de interés comunitario, a condición sin embargo de que las autoridades nacionales puedan proteger de manera satisfactoria los derechos del denunciante, lo que supone que estas últimas estén en condiciones de reunir los elementos de hecho necesarios para determinar si las prácticas controvertidas constituyen una infracción de las disposiciones del Tratado antes citadas.