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A la cuestión de este modo planteada procede dar una respuesta a la luz no sólo de los artículos del Tratado citados por el Tribunal remitente, sino también de las disposiciones adoptadas por las Instituciones de la Comunidad para garantizar su aplicación, a saber, el Reglamento (CEE) n° 1174/68 del Consejo, de 30 de julio de 1968, relativo al establecimiento de un sistema de tarifas de cuantía variable aplicables a los transportes de mercancías por carretera entre los Estados miembros (DO L 194, p. 1) y el Reglamento (CEE) n° 2831/77 del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, relativo a la formación de los precios para los transportes de mercancías por carretera entre los Estados miembros (DO L 344, p. 22).
Aun cuando, conforme al artículo 36 del Tratado, corresponde a cada Estado miembro definir y, llegado el caso, modificar su política en materia de salud de los animales, los efectos de una política sanitaria sobre las importaciones de otros Estados miembros no pueden exceder de los límites establecidos por el Derecho comunitario.

La segunda frase del artículo 36 del Tratado tiene por objeto impedir que las restricciones a los intercambios basadas en los motivos indicados en la primera frase de dicho artículo sean desviadas de su finalidad y se utilicen para introducir discriminaciones respecto a mercancías originarias de otros Estados miembros o para proteger indirectamente determinadas producciones nacionales.

En la medida en que determinados hechos induzcan a creer que la finalidad real de las medidas sanitarias adoptadas por un Estado miembro es bloquear, por razones comerciales y económicas, las importaciones procedentes de otros Estados miembros y siempre que no pueda probarse que, por razones relacionadas con la protección de la salud de los animales, el Estado miembro interesado no tenía otra alternativa que aplicar las medidas de que se trata y que, en consecuencia dichas medidas no eran más restrictivas de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido, las medidas de que se trata constituyen restricciones encubiertas en el sentido de la segunda frase del artículo 36.
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Esta Decisión se basa únicamente en el carácter no científico de los dos ordenadores. Los considerandos decisivos a este respecto están redactados en los siguientes términos:, «Considerando que de este examen se deduce que los aparatos de que se trata son ordenadores; Considerando que no poseen características objetivas que los hagan especialmente adecuados para la investigación científica; que, además, los aparatos de este tipo se utilizan principalmente para actividades no científicas; que la utilización que de dichos aparatos se hace en el caso de autos no basta por sí sola para concederles el carácter de aparato científico; que, en consecuencia, no pueden ser considerados aparatos científicos; que, en consecuencia, no está justificada la admisión en franquicia de los aparatos examinados».
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Como este Tribunal de Justicia ha indicado reiteradamente en otros contextos (véanse, en particular, las sentencias de 16 de febrero de 1982, Halyvourgiki/Comisión, asuntos acumulados 39/81, 43/81, 85/81 y 88/81, ↔ Rec. p. 593, y de 7 de julio de 1982, Klöckner-Werke/Comisión, 119/81, ↔ Rec. p. 2627), el sistema de cuotas de producción, establecido por la Decisión n° 2794/80/CECA, de 31 de octubre de 1980 (DO L 291, p. 1 ) y prorrogado por la Decisión n° 1831/81, no tiene por objeto garantizar a las empresas un mínimo de empleo o posibilidades de desarrollo, sino repartir equitativamente entre las empresas las consecuencias de la crisis de la siderurgia en función de su producción efectiva. El hecho de que el período de referencia tomado en consideración sea anterior a la adhesión de Grecia no puede crear una desigualdad en detrimento de las empresas de este Estado, pues, en la época considerada, dichas empresas pudieron desarrollar con toda libertad sus programas de inversión y producción. Por los motivos arriba indicados, tampoco forma parte del objeto de la Decisión general impugnada modificar las condiciones de la competencia resultantes de la estructura, del nivel de desarrollo y del índice de explotación de las empresas griegas, comparadas con las demás empresas de la Comunidad.
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Mediante resolución de 26 de noviembre de 1980, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de febrero de 1981, la Cour d'appel de Versailles planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25), relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 18 de dicho Convenio.
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La parte demandada en el procedimiento principal no negó que, en otros Estados miembros, se cobre una comisión del mismo importe por operaciones de transferencia de este tipo. Sin embargo, precisó que tal paralelismo de comportamiento no es resultado de un acuerdo ni de una práctica concertada entre esos bancos, que tengan por objeto o efecto un resultado prohibido por el artículo 85 del Tratado. Explicó que el cobro de la referida comisión se justifica por los costes inherentes a dichas transferencias, debido especialmente a la complejidad de las operaciones de cambio que implican, y señaló, por otra parte, que la comisión cobrada de manera uniforme por todas las transferencias que superen una cantidad determinada no es más que una contribución parcial al coste total de las operaciones de transferencia normalmente efectuadas.
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A este respecto, las. eventuales dificultades que deba afrontar un Estado miembro para adoptar las medidas necesarias para permitir la aplicación del apartado 2 del artículo 11 del Anexo VIII del Estatuto, y en particular las de carácter técnico, como la supuesta imposibilidad de cuantificar el derecho causado por el funcionario en los servicios nacionales antes de su jubilación definitiva o el hecho de que el derecho a pensión dependa de los aumentos o reducciones de su importe que decida el legislador, no pueden subsanar el incumplimiento reprochado. Según una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones actuales de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones resultantes de un Reglamento comunitario.
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Mediante resolución de 8 de julio de 1980, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de julio de 1980, el Hoge Raad de los Países Bajos planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25), relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de setiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), cinco cuestiones prejudiciales, de las que las cuatro primeras se refieren a la interpretación del número 2 del artículo 27 de dicho Convenio, mientras que la quinta se refiere a su artículo 52.
El artículo 177 del Tratado CEE, basado en una neta separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, no permite a este último controlar los fundamentos de Derecho de la resolución de remisión. En consecuencia, el Tribunal de Justicia sólo puede abstenerse de pronunciarse sobre una petición formulada por un órgano jurisdiccional nacional si se pone claramente de manifiesto que la interpretación del Derecho comunitario o el examen de la validez de una norma comunitaria, solicitados por dicho órgano jurisdiccional, no tienen ninguna relación con la realidad o el objeto del litigio principal.

Un acuerdo relativo a la distribución exclusiva en el territorio de un Estado miembro de productos nacionales y que suponga la aplicación de una cláusula de distribución selectiva, en virtud de la cual únicamente los vendedores autorizados tienen acceso a los suministros, puede, por su propia naturaleza, producir el efecto de consolidar una compartimentación de carácter nacional, obstaculizando la interpenetración económica que el Tratado pretende y brindando protección a la producción nacional.

Aun en el caso de que el acuerdo de que se trate tenga únicamente por objeto la distribución de productos nacionales y no se refiera a la de productos similares procedentes de otros Estados miembros, un sistema de distribución en circuito cerrado, aplicado a la mayor parte de los puntos de venta de los productos nacionales en el territorio nacional, cuando al mismo tiempo es en dichos puntos donde normalmente se comercializan los productos procedentes de otros Estados miembros, puede tener también repercusiones en la distribución de estos últimos productos.

Semejante acuerdo puede por ello afectar, respecto a los productos de que se trata, el comercio entre los Estados miembros. No obstante, no cae bajo la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE cuando no afecta a este comercio de una manera sensible.
1) Declarar que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE: a) En relación con la Mourne Fishery, al haber incumplido las obligaciones de consulta que impone el Derecho comunitario en relación con las medidas de conservación adoptadas en septiembre de 1978 en virtud de las Herring (Restriction of Fishing) Regulations (Northern Ireland) 1978, No. 277, al haber incluido en estas medidas una excepción contraria a una necesidad de conservación reconocida, y, además, al haber concedido dicha excepción en unas condiciones que favorecían unilateralmente a determinados pescadores del Reino Unido. b) En relación con las aguas de la isla de Man y del mar de Irlanda, al haber aplicado en 1977, para la ejecución del Reglamento (CEE) no 1779/77 del Consejo, de 2 de agosto de 1977, en virtud del Herring (Irish Sea) Licensing Order 1977, No. 1388, y del Herring (Isle of Man) Licensing Order 1977, No. 1389, un régimen de licencias de pesca que no había sido objeto de consulta adecuada y cuyas modalidades de aplicación se reservaron a la entera discrecionalidad de las autoridades del Reino Unido, sin posibilidad de que Ias autoridades comunitarias, los demás Estados miembros y las personas interesadas tuvieran seguridad jurídica sobre el régimen realmente aplicado; al haber mantenido en 1978 la situación de inseguridad de los pescadores de los demás Estados miembros; al haber modificado unilateralmente durante el mismo año las medidas de protección existentes, en perjuicio de los pescadores de otros Estados miembros, mediante el Irish Sea Herring (Prohibition of Fishing) Order 1978, No. 1374, sin haber efectuado consultas de conformidad con las normas del Derecho comunitario y sin haber demostrado que, de esa manera, la aplicación de la medida adoptada responde a una necesidad de conservación real y urgente. c) En relación con la «reserva de la faneca noruega», al haber extendido hacia el este, hasta 2o de longitud este, o incluso hasta los límites de la zona de pesca del Reino Unido, el ámbito de aplicación de una prohibición estacional de pesca de la faneca noruega, mediante el Norway Pout (Prohibition of Fishing) (No. 3) (Variation) Order 1978, No. 1379, causando, de este modo, un considerable daño a la pesca de otro Estado miembro, sin haber solicitado la correspondiente aprobación de la Comisión en condiciones satisfactorias y sin demostrar que la medida adoptada estuviera justificada por una medida de conservación estrictamente necesaria.
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Ninguna disposición del Convenio vincula, por lo que respecta a su ámbito de aplicación, el resultado de las pretensiones accesorias con el de las principales. Más bien al contrario, diversas disposiciones confirman que el Convenio no vincula el resultado de las pretensiones calificadas de «accesorias» con el de la pretensión principal. Este es en particular el caso del artículo 42 según el cual, cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones de la demanda y la ejecución no pudiera otorgarse para la totalidad, el Tribunal concederá la ejecución para una ó varias de las mismas, y del artículo 24, según el cual se podrán solicitar medidas provisionales y cautelares —accesorias por definición- previstas por la ley de un Estado contratante a las autoridades judiciales de ese Estado, «incluso si, en virtud del presente Convenio, fueran competentes para conocer del fondo los Tribunales de otro Estado contratante».
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La sujeción de dichos productos a la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos no excluye necesariamente que se les aplique el Reglamento (CEE) no 990/72 de la Comisión, de 15 de mayo de 1972 (DO L 115, p. 1). En efecto, dicho Reglamento no es más que una medida de aplicación del Reglamento (CEE) no 986/68 del Consejo (DO 1968, L 169, p. 4; EE 03/02, p. 194). Dado que este último Reglamento «por el que se establecen las normas generales relativas a la concesión de ayudas para la leche desnatada y la lecha desnatada en polvo destinadas a la alimentación animal» se sitúa, como también se desprende de su exposición de motivos, en el marco del Reglamento no 804/68 y regula un mecanismo particular de la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, de ello se deduce que el Reglamento no 990/72, como medida de aplicación del Reglamento no 986/68, también se inscribe entre las normas de la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos. Por consiguiente, su aplicación a productos lácteos no excluye la del Reglamento no 804/68 por el que se establece dicha organización común, sino que, por el contrario, se supone que dichos productos están sujetos a este último Reglamento.
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La Decisión impugnada declara -y el Gobierno francés no lo ha discutido- que la misión específica que, según la legislación francesa está encomendada al INRA, es organizar, ejecutar y publicar trabajos de investigación científica relativos a la agricultura, esencialmente dirigidos a la mejora y al desarrollo de la producción vegetal, así como a la conservación y a la transformación de los productos agrícolas. El cumplimiento de semejante misión no se ve obstaculizado por la aplicación de las normas sobre competencia del Tratado a un conjunto de contratos cuyo objeto principal no es la obtención, es decir, la creación o el desarrollo de nuevas variedades, sino la comercialización de semillas de maíz conseguidas de líneas de base obtenidas ya anteriormente y desarrolladas por el INRA a raíz de una actividad de investigación, semillas que, después de su comercialización, se entregarán a los agricultores. Por consiguiente, el apartado 2 del artículo 90 del Tratado no es aplicable en el presente caso.
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De lo que antecede se deduce que, en la medida en que el Decreto objeto de litigio se adoptó en una materia que es competencia de la Comunidad, su entrada en vigor estaba sujeta a todas las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario. A este respecto, debe hacerse referencia, más concretamente, por una parte, a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Reglamento no 101/76, a cuyo tenor se comunicarán a los demás Estados miembros y a la Comisión las disposiciones de orden legislativo, reglamentario y administrativo que determinen el régimen aplicado por cada uno de los Estados miembros al ejercicio de la pesca en las aguas marítimas sujetas a su soberanía o su jurisdicción, así como las modificaciones que se propongan aportar al régimen de pesca así definido. Por otra parte, deben recordarse los términos del Anexo VI de la Resolución de La Haya, redactado de la siguiente manera: «En espera de la aplicación de las medidas comunitarias en materia de conservación de los recursos, actualmente en trámite de elaboración, los Estados miembros no adoptarán medidas unilaterales de conservación de los recursos. No obstante, en el supuesto de que en el seno de las comisiones internacionales de pesca no se alcanzase un acuerdo para 1977 y de que, por ello, no pudiesen adoptarse medidas comunitarias autónomas inmediatamente, los Estados miembros podrán adoptar, con carácter cautelar y de un modo no discriminatorio, las medidas adecuadas para garantizar la protección de los recursos situados en las zonas de pesca colindantes con sus costas. Antes de adoptar dichas medidas, el Estado miembro de que se trate solicitará la aprobación de la Comisión, la cual deberá ser consultada en todas las fases de tales procedimientos. Estas posibles medidas no prejuzgarán las orientaciones que se adopten para aplicar las disposiciones de carácter comunitario en materia de conservación de los recursos.»
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Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 1978 (117/77, Rec. p. 829), en la que se respondía a esas cuestiones, el órgano jurisdiccional nacional estimó que no podía considerar aclarados, en virtud de dicha sentencia, todos los problemas jurídicos relativos al litigio principal. Al proseguirse el procedimiento principal, el citado órgano jurisdiccional señaló, en concreto, que la solución de dicho litigio dependía todavía, por lo que se refiere al Reglamento no 1408/71, de que se resolviera sobre las siguientes cuestiones: «a) ¿El concepto de trabajador utilizado en el artículo 22 del Reglamento (CEE) no 1408/71 es tan restringido en comparación con el concepto de trabajador a efectos de la letra a) del artículo 1 de dicho Reglamento que pueda considerarse que el artículo 22 se refiere solamente a los trabajadores activos, de forma que a aquellos que, no siendo o habiendo dejado de ser activos, tengan derecho a una prestación de invalidez en virtud de la legislación de un Estado miembro y que, en virtud de la legislación de este Estado miembro a la que el Reglamento le sea aplicable, tengan derecho a prestaciones en materia de asistencia médica y de gastos especiales de enfermedad, sólo les son aplicables las disposiciones del artículo 31 ? b) La obligación prevista en el apartado 2 del artículo 22 del Reglamento no 1408/71 de otorgar la autorización requerida en virtud de la letra c) del apartado 1 de dicho artículo, ¿significa también que esta autorización no puede ser denegada por la institución competente fundándose en que el tratamiento de que se trata ha sido deliberadamente excluido de la lista de prestaciones previstas por la normativa legal en materia de enfermedad y de maternidad que aplica esta institución, debido, por ejemplo, a razones sanitarias, de ética médica o económicas, o incluso a que en el Estado miembro donde está establecida la institución competente la naturaleza de ese tratamiento no está considerada positivamente en su conjunto o a que el tratamiento no se considera incluido en el ámbito de la asistencia sanitaria y a que, de manera deliberada, tampoco es concedido en virtud de otra normativa legal del Estado miembro a la cual le sea aplicable el Reglamento? c) Los propios términos “prestaciones en especie servidas por cuenta de la institución competente, por la institución del lugar de estancia o de residencia” recogidos en el inciso i) de la letra c) del apartado 1 del artículo 22, ¿se refieren sin más al caso en que la institución del Estado miembro al que el interesado desea desplazarse para seguir un tratamiento, tiene sin duda la facultad de conceder ese tratamiento en calidad de prestación pero normalmente no está obligada a usar esta facultad?, o bien, ¿debe la institución competente, en una situación semejante, verificar, antes de otorgar la autorización solicitada, si la institución del Estado miembro al que el interesado desea desplazarse para seguir el tratamiento concedería este tratamiento al interesado en calidad de prestación en caso de que el interesado estuviera asegurado en virtud de la normativa legal que aplica esta institución?»
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Considerando que, en cuanto a las relaciones de esta prohibición con la Política Agrícola Común, el apartado 2 del artículo 38 del Tratado dispone que las normas previstas para el establecimiento del mercado común y, en consecuencia, aquellas relativas a la supresión de las restricciones cuantitativas, serán aplicables a los productos agrícolas, salvo que se disponga lo contrario en el Título sobre agricultura; que, dado que el artículo 40 señala el final del período transitorio como fecha límite para el establecimiento de la Política Agrícola Común, los artículos 43 a 46 permiten que los Estados miembros conserven, con carácter provisional, las organizaciones nacionales de mercado existentes; que el apartado 4 del artículo 38, según el cual, «el funcionamiento y desarrollo del mercado común para los productos agrícolas deberán ir acompañados del establecimiento de una Política Agrícola Común entre los Estados miembros», muestra claramente la intención de dar prioridad al funcionamiento y desarrollo del mercado común, obligando a las Instituciones y a los Estados miembros a establecer una Política Agrícola Común a un ritmo adecuado; que, como los artículos 40 y 41 del Tratado determinan formas diferentes para el establecimiento de una organización común de los mercados agrícolas y dado que estas disposiciones no se oponen a modificaciones incluso fundamentales de dicha organización después de la expiración del período transitorio, la persistencia de supuestas deficiencias en el establecimiento de la Política Agrícola Común no puede, una vez expirado el período transitorio, obstaculizar la aplicación de las normas adoptadas para el establecimiento del mercado común y, en particular, la aplicación de la norma que prohibe las restricciones cuantitativas;
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Considerando, sin embargo, que de las disposiciones de los artículos 54 y 57 del Tratado resulta que la libertad de establecimiento no queda completamente asegurada por la mera aplicación de la norma de trato nacional, pues esta aplicación no evita todos los demás obstáculos que no se derivan de la no posesión de la nacionalidad del Estado miembro de acogida y, en especial, los que resultan de la disparidad de condiciones a que está sometida en las diferentes legislaciones nacionales la adquisición de una capacitación profesional adecuada;
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que en apoyo de su recurso, la demandante invoca el artículo 184 del Tratado para alegar la inaplicabilidad de los siguientes actos, que constituyen la base jurídica de la Decisión impugnada: — el Reglamento (CEE) no 585/77 de la Comisión, de 18 de marzo de 1977, relativo al régimen de certificados de importación y de exportación en el sector de la carne de bovino (DO L 75, p. 5); — el Reglamento (CEE) no 2900/77 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1977, por el que se establecen las modalidades de venta de carne de bovino en poder de los organismos de intervención, a fin de autorizar la importación, con suspensión total de la exacción reguladora, de carnes de bovino congeladas destinadas a su transformación (DO L 338, p. 6); — el Reglamento (CEE) no 2901/77 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1977, que modificó los Reglamentos (CEE) no 585/77 y (CEE) no 597/77, principalmente en lo relativo a la suspensión total de la exacción reguladora en el marco del régimen especial de importación de carne de bovino congelada (DO L 338, p. 9); — el anuncio general de licitaciones periódicas relativo a la venta de carnes de bovino congeladas en poder de los organismos de intervención, a fin de autorizar la importación, con suspensión total de la exacción reguladora, de carnes de bovino congeladas destinadas a su transformación, publicado por la Comisión el 13 de enero de 1978 (DO C 11, p. 16), así como — el anuncio de licitación ItP1 -Reglamento no 2900/77— relativo a la venta de determinadas carnes de bovino con huesos, congeladas y almacenadas por el organismo de intervención italiano, publicado por la Comisión el 13 de enero de 1978 (DO C 11, p. 34).