ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
7

El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de cohesión (DO 1994, L 130, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1264/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 (DO 1999, L 161, p. 57), por el Reglamento (CE) n.o 1265/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 (DO 1999, L 161, p. 62), y por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO 2003, L 236, p. 33) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1164/94»), crea un Fondo de cohesión, denominado en el citado Reglamento «Fondo».
14

En estas circunstancias, el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo, Alemania), decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) a) ¿Se opone el artículo 3 de la Directiva [2001/23] a una normativa nacional que establece que, en caso de transmisión de una empresa o de un centro de actividad, todas las condiciones de trabajo acordadas individualmente y en virtud del principio de autonomía de la voluntad en el contrato de trabajo entre el cedente y el trabajador se transmitan en los mismos términos al cesionario, como si éste las hubiese acordado él mismo individualmente en el contrato con el trabajador, cuando el Derecho nacional prevé, en favor del cesionario, posibilidades de adaptación tanto de común acuerdo como unilaterales? b) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión[, letra a),] en su conjunto o respecto a un grupo concreto de condiciones laborales acordadas individualmente en el contrato de trabajo entre el cedente y el trabajador: ¿Se desprende de la aplicación del artículo 3 de la Directiva [2001/23] que determinadas condiciones del contrato de trabajo acordadas en virtud del principio de autonomía de la voluntad entre el cedente y el trabajador se han de excluir de la transmisión en los mismos términos al cesionario y se han de adaptar por el mero hecho de la transmisión de la empresa o del centro de actividad? c) Si, conforme a los criterios que aplique el Tribunal de Justicia para responder a [la primera cuestión, letras a) y b)], la remisión pactada en el contrato individual, por la que determinadas disposiciones de un convenio colectivo se incorporan de modo dinámico y en virtud del principio de autonomía de la voluntad al contrato de trabajo, no se transmite en los mismos términos al cesionario: i) ¿Sucede lo mismo cuando ni el cedente ni el cesionario son partes del convenio colectivo ni pertenecen a una de tales partes, es decir, cuando las disposiciones del convenio colectivo, antes de la transmisión de la empresa o del centro de actividad, no se habrían aplicado a la relación laboral con el cedente si no se hubiese acordado en virtud del principio de autonomía de la voluntad la cláusula contractual de remisión? ii) En caso de respuesta afirmativa a [la primera cuestión, letra c), inciso i)]: ¿Sucede lo mismo cuando cedente y cesionario son empresas del mismo grupo? 2) ¿Se opone el artículo 16 de la [Carta] a una normativa nacional, adoptada para transponer la Directiva [77/187] o la Directiva [2001/23], con arreglo a la cual, en caso de transmisión de una empresa o de un centro de actividad, el cesionario queda vinculado a las condiciones laborales acordadas individualmente y en virtud del principio de autonomía de la voluntad entre el cedente y el trabajador antes de la transmisión, como si las hubiese acordado él mismo, aunque dichas condiciones incorporen al contrato de trabajo, de modo dinámico, determinadas disposiciones de un convenio colectivo que en caso contrario no serían aplicables a la relación laboral, habida cuenta de que el Derecho nacional prevé posibilidades de adaptación tanto de común acuerdo como unilaterales?»
37

El órgano jurisdiccional remitente añade que, en todos los litigios principales, los consistorios municipales afectados, la SvB y el IND no han considerado pertinentes ni el hecho de que el cuidado diario y efectivo del menor recayera sobre la madre, nacional de un país tercero, y no sobre el padre, ciudadano de la Unión, ni la naturaleza de los contactos entre el menor y su padre, ni en qué medida éste contribuía a la manutención y a la educación del menor, ni tampoco si el padre estaba dispuesto a hacerse cargo del menor. Asimismo, el hecho de que el padre no tuviera la guarda y custodia del hijo no se ha considerado pertinente porque no se ha demostrado de forma convincente que ésta no se le pudiera atribuir. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la jurisprudencia del Tribunal de Justicia debe interpretarse de un modo tan restrictivo.
7

El artículo 101 de la zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (Ley n.° 353/2003, sobre impuestos especiales), en su redacción aplicable a los hechos controvertidos en el litigio principal (en lo sucesivo, «Ley del impuesto especial»), titulado «Labores del tabaco sujetas al impuesto», preceptúa que: «1) Las labores del tabaco estarán sometidas al impuesto. 2) A los efectos de esta Ley, se entenderá por labores del tabaco los cigarrillos, los cigarros puros, los cigarritos y el tabaco para fumar. 3) A los efectos de esta Ley, se entenderá por: […] c) tabaco para fumar: 1. el tabaco cortado o fraccionado de otra forma, hilado o prensado en placas, que pueda fumarse sin transformación industrial ulterior; 2. los desechos de tabaco preparados para la venta al consumidor final no incluidos en las letras a) o b) que puedan fumarse; o 3. el tabaco de fumar en el que más del 25 % en peso de las partículas de tabaco presente una anchura de corte inferior a 1,5 milímetros; se trata de picadura fina de tabaco para liar cigarrillos. […] 6) A los efectos de esta Ley, se entenderá asimismo por tabaco para fumar los productos que estén compuestos, total o parcialmente, por otras sustancias distintas al tabaco que cumplan los demás requisitos enunciados en el apartado 3, letra c), excepto los productos a que se refiere el apartado 8, o los productos no mencionados en el apartado 3, letra c), que, sin estar destinados a fumarse, pueden sin embargo fumarse y han sido preparados para su venta al consumidor final. […]»
53

En segundo lugar, conviene recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal restricción puede no obstante admitirse en concepto de excepción, por razones de orden público, seguridad y salud públicas, expresamente contempladas en los artículos 51 TFUE y 52 TFUE y aplicables igualmente en materia de libre prestación de servicios a tenor del artículo 62 TFUE, o puede estar justificada, si no se aplica de forma discriminatoria, por razones imperiosas de interés general (véase la sentencia de 28 de enero de 2016, Laezza, C‑375/14, EU:C:2016:60, apartado 31 y jurisprudencia que allí se cita), siempre que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo (véase, en particular, la sentencia de 17 de marzo de 2011, Peñarroja Fa, C‑372/09 y C‑373/09, EU:C:2011:156, apartado 54 y jurisprudencia que allí se cita).
1)

Las disposiciones del anexo II de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, consideradas a la luz del artículo 11, apartados 1 y 10, y del artículo 16, apartado 6, de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que el organismo notificado no está obligado, con carácter general, a realizar inspecciones sin previo aviso, a examinar los productos ni a comprobar la documentación comercial del fabricante. Sin embargo, cuando existan indicios que sugieran que un producto sanitario puede no ajustarse a los requisitos derivados de la Directiva 93/42, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1882/2003, el organismo notificado deberá adoptar todas las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones con arreglo al artículo 16, apartado 6, de la misma Directiva y a los puntos 3.2, 3.3, 4.1 a 4.3 y 5.1 del anexo II de ésta.
13

Según el citado órgano jurisdiccional, el legislador alemán tenía como objetivo evitar que el comerciante obtuviera beneficios de la puesta a disposición de una línea de asistencia no geográfica. Esta interpretación del artículo 21 de la Directiva 2011/83 y, por ende, del artículo 312a, apartado 5, del Código Civil no excluye, según él, que el consumidor pague más por una llamada a una línea no geográfica que por una llamada estándar, siempre que los ingresos correspondientes no superen el coste de la puesta a disposición de tal línea.
41

En tercer lugar, las distorsiones significativas de la competencia a las que podría llevar el hecho de no considerar sujetos pasivos a los organismos de Derecho público que actúen como autoridades públicas deben evaluarse con respecto a la actividad de que se trate, en sí misma considerada, sin que dicha evaluación recaiga sobre un mercado específico, y con respecto, no sólo a la competencia actual, sino también a la competencia potencial, siempre y cuando la posibilidad de que un operador privado entre en el mercado de referencia sea real y no meramente hipotética (sentencias de 25 de marzo de 2010, Comisión/Países Bajos, C‑79/09, no publicada, EU:C:2010:171, apartado 91 y jurisprudencia citada, y de 29 de octubre de 2015, Saudaçor, C‑174/14, EU:C:2015:733, apartado 74).
47

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7 de la Directiva 93/13, en relación con los artículos 1 y 2 de la Directiva 2009/22, y a la luz del artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que la utilización de cláusulas de condiciones generales cuyo contenido sea equivalente al de cláusulas declaradas ilícitas mediante una resolución jurisdiccional firme e inscritas en un registro nacional de cláusulas de condiciones generales declaradas ilícitas se considere, en relación con un profesional que no participó en el procedimiento que desembocó en la inscripción de esas cláusulas en dicho registro, como un comportamiento ilícito, a condición, lo cual corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de que ese profesional goce de un derecho a la tutela judicial efectiva que le permita recurrir tanto contra la resolución que admita la equivalencia de las cláusulas comparadas en lo que atañe a la cuestión de si, habida cuenta del conjunto de circunstancias pertinentes propias de cada caso, tales cláusulas son materialmente idénticas, atendiendo en particular a sus efectos en detrimento de los consumidores, como contra la resolución que fije, en su caso, el importe de la multa impuesta.
13

El artículo 16, apartado 1, letra b), de la Ley n.o 549/2001, que corresponde al artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909, establece que «el juez denegará el reconocimiento y la ejecución de la resolución cuando ésta se refiera a hechos que no constituyan una infracción en virtud del ordenamiento jurídico de la República de Eslovaca y no se trate de un procedimiento de los contemplados en el artículo 4, apartados 2 y 3, de esta ley». No obstante, «en materia tributaria, aduanera o de control de cambios, no podrá denegarse la ejecución de la sentencia aduciendo únicamente que el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca no establece el mismo tipo de tributos o no contiene el mismo tipo de normativa tributaria, aduanera o de control de cambios que la legislación del Estado de emisión».
27

No obstante, en determinadas circunstancias, varias prestaciones formalmente distintas, que podrían realizarse separadamente dando lugar, en cada caso, a gravamen o a exención, deben considerarse como una operación única cuando no son independientes. Se trata de una operación única, en particular, cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente conforman una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial. Así ocurre también cuando una o varias prestaciones constituyen una prestación principal y la otra o las otras prestaciones constituyen una o varias prestaciones accesorias que comparten por tanto el tratamiento fiscal de la prestación principal. Una prestación debe, en particular, considerarse accesoria de una prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del prestador (sentencia de 16 de abril de 2015, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, C‑42/14, EU:C:2015:229, apartado 31 y jurisprudencia citada).
54

En efecto, el principio ne ultra alterum tantum no conlleva una limitación del importe de los intereses de demora tal que vacíe de contenido el derecho del acreedor, previsto en el artículo 3, apartado 1, letras a) a c), de esta Directiva, de reclamar esos intereses en caso de mora o que prive a dichos intereses de cualquier función disuasoria frente al deudor. Además, dicho principio no tiene consecuencias sobre el tipo de interés de demora aplicable, tipo que corresponde al previsto en el artículo 3, apartado 1, letra d), de la mencionada Directiva.
2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Patrice D’Oultremont y otros y la Région walonne (Región Valona, Bélgica) en relación con la validez de la arrêté du gouvernement wallon, du 13 février 2014, portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées (Orden del Gobierno valón, de 13 de febrero de 2014, sobre condiciones sectoriales relativas a parques eólicos con una potencia total igual o superior a 0,5 MW, por la que se modifica la Orden del Gobierno valón, de 4 de julio de 2002, relativa al procedimiento y a diversas medidas de ejecución del Decreto de 11 de marzo de 1999, sobre la licencia ambiental, y por la que se modifica la Orden del Gobierno valón, de 4 de julio de 2002, por la que se establece la lista de proyectos sometidos a evaluación de repercusiones y de instalaciones y actividades clasificadas; Moniteur belge de 7 de marzo de 2014, p. 20263; en lo sucesivo, «Orden de 13 de febrero de 2014»).
22

Según reiterada jurisprudencia, las cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo está justificada cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder útilmente a las cuestiones planteadas (sentencia de 12 de octubre de 2010, Rosenbladt, C‑45/09, EU:C:2010:601, apartado 33 y jurisprudencia citada).
51

Sin embargo, el tribunal remitente se refiere al apartado 58 de la sentencia de 27 de septiembre de 2012, VSTR (C‑587/10, EU:C:2012:592), en el que el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 28 quater, parte A, letra a), párrafo primero, de la Sexta Directiva no se opone a que la Administración tributaria de un Estado miembro supedite la exención del IVA de una entrega intracomunitaria a que el proveedor transmita el número de identificación a efectos del IVA del adquirente, siempre que, no obstante, no se deniegue tal exención por el mero hecho de que no se ha cumplido dicha obligación cuando el proveedor no puede, de buena fe, y tras haber adoptado todas las medidas que se le pueden exigir razonablemente, transmitir dicho número de identificación y transmite, por otro lado, indicaciones que sirven para demostrar de modo suficiente que el adquirente es un sujeto pasivo que actúa como tal en la operación en cuestión. El tribunal remitente se pregunta si de ello deriva que cabe denegar la exención del IVA a un sujeto pasivo que, en una transferencia intracomunitaria, no ha adoptado todas las medidas que se le pueden exigir razonablemente para transmitir a la Administración el número de identificación a efectos del IVA asignado por el Estado miembro de destino.
(5)

De conformidad con el principio de subsidiariedad al que se refiere el artículo 5 del Tratado, el objetivo de reducir las emisiones acidificantes procedentes de grandes instalaciones de combustión no puede alcanzarse suficientemente mediante la actuación individual de los Estados miembros y una intervención no concertada no ofrece garantías de consecución del objetivo perseguido; a la vista de la necesidad de reducir las emisiones acidificantes en la Comunidad, es más eficaz la acción a escala comunitaria.
19

En virtud del artículo 122, apartado 1, del Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (Código de procedimiento tributario y de seguros sociales), de 1 de enero de 2006 (DV n.o 105, de 29 de diciembre de 2005; en lo sucesivo, «DOPK»), el servicio de recaudación podrá aplicar el tipo impositivo previsto por la ley pertinente a la base imponible que hubiese determinado de conformidad con el apartado 2 de este artículo, en particular cuando los datos demuestren la existencia de productos o ingresos ocultos, cuando no exista contabilidad conforme a la zakon za schetovodsvoto (ley contable), cuando la contabilidad no se hubiese presentado o cuando la contabilidad presentada no permita determinar la base imponible, así como cuando se hubiesen destruido indebidamente los documentos necesarios para determinar la base imponible o la base de cálculo de las cotizaciones sociales devengadas.
9

El artículo 7 de la misma Directiva, que lleva como epígrafe «Omisiones engañosas», dispone lo siguiente: «1. Se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación, omita información sustancial que necesite el consumidor medio, según el contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa y que, en consecuencia, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. 2. Se considerará también que hay omisión engañosa cuando un comerciante oculte la información sustancial contemplada en el apartado 1, teniendo en cuenta las cuestiones contempladas en dicho apartado, o la ofrezca de manera poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea el adecuado, o no dé a conocer el propósito comercial de la práctica comercial en cuestión en caso de que no resulte evidente por el contexto, siempre que, en cualquiera de estos casos, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. [...] 4. En los casos en que haya una invitación a comprar se considerará sustancial la información que figura a continuación, si no se desprende ya claramente del contexto: a) las características principales del producto, en la medida adecuada al medio utilizado y al producto; [...] c) el precio, incluidos los impuestos, o, en caso de que éste no pueda calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza del producto, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, cuando tales gastos no puedan ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que pueden existir dichos gastos adicionales; [...]»
68

Pues bien, en la medida en que ningún elemento de los autos en poder del Tribunal de Justicia deja ver que en el litigio principal exista una diferencia de trato entre el personal estatutario temporal eventual y el personal estatutario fijo, la diferencia de trato objeto de la cuarta cuestión prejudicial planteada por el juzgado remitente no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión (autos de 11 de noviembre de 2010, Vino, C‑20/10, no publicado, EU:C:2010:677, apartado 64; de 22 de junio de 2011, Vino, C‑161/11, no publicado, EU:C:2011:420, apartado 30, y de 7 de marzo de 2013, Rivas Montes, C‑178/12, no publicado, EU:C:2013:150, apartado 52). Por tanto, esta diferencia de trato está incluida únicamente en el ámbito de aplicación del Derecho nacional, cuya interpretación corresponde exclusivamente al juzgado remitente (autos de 22 de junio de 2011, Vino, C‑161/11, no publicado, EU:C:2011:420, apartado 35, y de 7 de marzo de 2013, Rivas Montes, C‑178/12, no publicado, EU:C:2013:150, apartado 53).
52

En este marco, procede recordar que el artículo 71 del Reglamento n.o 44/2001 sustituyó al artículo 57 del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), el cual, en relación con los convenios relativos a materias particulares, se refería a convenios en los que los Estados contratantes «fueren o llegaren a ser» partes. Mediante el empleo de los términos «o llegaren a ser», el mencionado artículo 57 precisaba que las reglas contenidas en el Convenio de Bruselas no se oponían a la aplicación de reglas diferentes que los Estados contratantes pudieran pactar en el futuro a través de la celebración de convenios especiales. Estos términos no fueron reproducidos en el artículo 71 del Reglamento n.o 44/2001 (sentencia de 4 de mayo de 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, apartados 37 y 38).
29

En cuarto lugar, no obstante, es preciso hacer constar que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 dispone que las costas procesales que han de correr a cargo de la parte vencida deben ser «proporcionadas». Pues bien, la cuestión de si tales costas son proporcionadas no puede dilucidarse con independencia de los gastos en que la parte vencedora haya incurrido efectivamente en concepto de asistencia de letrado, siempre que tales gastos sean razonables en el sentido del apartado 25 de la presente sentencia. Aunque la exigencia de proporcionalidad no implica que la parte vencida deba reembolsar necesariamente la totalidad de los gastos en que haya incurrido la otra parte, sí requiere, empero, que esta última tenga derecho, cuando menos, al reembolso de una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido efectivamente.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35), y del artículo 12 del Reglamento (CEE) n.o 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO 1968, L 257, p. 2).