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En estas circunstancias, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, idénticas en los dos asuntos acumulados: «1) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular, el derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes), los principios de seguridad jurídica, no discriminación, transparencia, imparcialidad, libre competencia, proporcionalidad, protección de la confianza legítima y coherencia y, si se consideran aplicables, los artículos 3 y 43 de la Directiva [2014/23], en el sentido de que se opone a una normativa como la recogida en el artículo 20, apartado 1, del [Decreto-ley n.o 148/2017] y en las correspondientes normas de desarrollo, que dispone que “[…] en virtud del artículo 21, apartados 3 y 4, del [Decreto-ley n.o 78/2009], la [ADM] autorizará la continuación de la relación concesional existente, relativa a la gestión, incluso a distancia, de las loterías nacionales instantáneas, hasta la expiración del plazo máximo previsto en el artículo 4, apartado 1, del acto de concesión, a fin de garantizar nuevos y mayores ingresos para el presupuesto del Estado, de un importe de 50 millones de euros para 2017 y de 750 millones de euros para 2018”, teniendo en cuenta que: – el artículo 21, apartado 1, del [Decreto-ley n.o 78/2009] establece que, con carácter general, las concesiones de que se trata se adjudicarán a una pluralidad de personas seleccionados mediante procedimientos abiertos, competitivos y no discriminatorios; – el artículo 21, apartado 4, del citado Decreto-ley dispone que las concesiones a las que se refiere el apartado 1 podrán renovarse una sola vez; – las sociedades recurrentes [en el procedimiento principal] no participaron en la licitación convocada en 2010; – la actual relación contractual se concluyó inicialmente con un único concesionario, previa convocatoria de un procedimiento de licitación pública, a la que únicamente se presentó una oferta; – la continuidad de la concesión existente comportaría, en concreto, que la relación contractual se mantuviera exclusivamente con ese único concesionario, en lugar de renovarse con una convocatoria abierta a una pluralidad de operadores, sin que medie un procedimiento de licitación? 2) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular, el derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes), los principios de seguridad jurídica, no discriminación, transparencia, imparcialidad, libre competencia, proporcionalidad, protección de la confianza legítima y coherencia y, si se consideran aplicables, los artículos 3 y 43 de la Directiva [2014/23], en el sentido de que se opone a una normativa como la recogida en el artículo 20, apartado 1, del [Decreto-ley n.o 148/2017], que dispone que “la [ADM] autorizará la continuación de la relación concesional existente, relativa a la gestión, incluso a distancia, de las loterías nacionales instantáneas, hasta la expiración del plazo máximo previsto en el artículo 4, apartado 1, del acto de concesión, a fin de garantizar nuevos y mayores ingresos para el presupuesto del Estado, de un importe de 50 millones de euros para 2017 y de 750 millones de euros para 2018”, teniendo en cuenta que: – se dispone la continuidad de la única concesión existente, en lugar de proceder a una renovación mediante una convocatoria abierta a una pluralidad de operadores, con arreglo al artículo 21, apartado 4, del [Decreto-ley n.o 78/2009], sin que, por tanto, se convoque una nueva licitación; – con anterioridad a la expiración del plazo fijado para la concesión entró en vigor el Decreto-ley n.o 148/2017, en concreto el 16 de octubre de 2017, es decir, el mismo día de su publicación en la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (Diario Oficial de la República Italiana), pese a que la concesión no debía extinguirse hasta el 30 de septiembre de 2019; – a fin de garantizar nuevos y mayores ingresos para el presupuesto del Estado, de un importe de 50 millones de euros para 2017 y de 750 millones de euros para 2018, se modifican algunos aspectos relativos a las modalidades y al plazo de pago de la contraprestación debida por la concesión, así como, potencialmente, al importe total del pago adeudado atendiendo a su onerosidad, en particular mediante la modificación de los plazos de pago, que se anticipan respecto a lo previsto en la concesión inicial, en consideración —según alegan las recurrentes— del hecho objetivo y notorio del valor económico del tiempo? 3) ¿Debe interpretarse el derecho de la Unión, en particular, el derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes), los principios de seguridad jurídica, no discriminación, transparencia, imparcialidad, libre competencia, proporcionalidad, protección de la confianza legítima y coherencia y, si se consideran aplicables, los artículos 3 y 43 de la Directiva [2014/23], en el sentido de que se opone a una normativa, como la recogida en las normas de desarrollo del [Decreto-ley n.o 148/2017] y, en particular, en la circular n.o 0133677 de la [ADM], de 1 de diciembre de 2017, que, en ejecución de lo establecido en el artículo 20, apartado 1, [de este Decreto-ley] y sobre la base de lo dispuesto en el artículo 4, párrafo primero, [del contrato de concesión controvertido], conforme al cual esta podrá ser objeto de una única renovación, fija como nueva fecha límite de extinción de la concesión el 30 de septiembre de 2028 —y ello sin perjuicio de lo establecido en el citado artículo 4 sobre la división de la duración de la concesión en dos períodos, respectivamente, de 5 y 4 años (de modo que, una vez transcurrido el primer período de 5 años, cuyo inicio se fija el 1 de octubre de 2019, la continuidad de la concesión durante los cuatro años siguientes hasta su extinción el 30 de septiembre de 2028 queda supeditada a la evaluación positiva de la [ADM], que se comunicará a más tardar el 30 de marzo de 2024)— y dispone que la sociedad debe abonar un importe de 50 millones de euros a más tardar el 15 de diciembre de 2017, un importe de 300 millones de euros a más tardar el 30 de abril de 2018 y un importe de 450 millones de euros a más tardar el 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta que: – tales disposiciones se adoptaron antes de que expirara el plazo fijado originalmente para la concesión (la circular n.o 0133677 de la [ADM] fue dictada el 1 de diciembre de 2017, mientras que el contrato de concesión debía extinguirse el 30 de septiembre de 2019); – el fin perseguido es garantizar el pago anticipado de 800 millones de euros (50 millones de euros a más tardar el 15 de diciembre de 2017; 300 millones de euros a más tardar el 30 de abril de 2018 y 450 millones de euros a más tardar el 31 de octubre de 2018) respecto a la fecha de extinción (30 de septiembre de 2019); – ello implica la posible modificación del importe total del pago adeudado [por el concesionario], atendiendo a su onerosidad, en consideración —según alegan las recurrentes— del hecho objetivo y notorio del valor económico del tiempo? 4) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular, el derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes), los principios de seguridad jurídica, no discriminación, transparencia, imparcialidad, libre competencia, proporcionalidad, protección de la confianza legítima y coherencia y, si se consideran aplicables, los artículos 3 y 43 de la Directiva [2014/23], en el sentido de que se opone a esa normativa incluso en el supuesto de que los operadores del sector que actualmente están interesados en entrar en el mercado no participaran en la licitación inicialmente convocada para la adjudicación de la concesión que se extingue y cuya vigencia se ha extendido a favor del concesionario saliente, en las nuevas condiciones contractuales descritas, o ha de entenderse que únicamente existiría una eventual restricción del acceso al mercado en el supuesto de que esos operadores hubieran participado en la licitación inicial?»