Como lo hicieron el Gobierno alemán, la Comisión y también, en lo esencial, la empresa Bollmann, examinaré conjuntamente las dos primeras cuestiones.

El Tribunal de Justicia recuerda las tesis divergentes que fueron defendidas a este respecto. El Gobierno federal opina esencialmente que los Estados miembros están facultados para interpretar y precisar las disposiciones del arancel de exacciones aplicado en el caso presente, porque los Reglamentos comunitarios que se refieren a las mismas no contienen precisiones suficientes y la Comunidad, por lo tanto, no ha hecho evidentemente uso exhaustivo de su

poder legislativo para la clasificación arancelaria de dichas mercancías. Aparte de esto, es claro para el Gobierno federal que las designaciones de las mercancías del Reglamento no 22 nos remiten al Arancel Aduanero Común y a sus principios de aplicación y, por lo tanto, también a las normas nacionales de interpretación necesarias para este fin. Por el contrario, la empresa Bollmann afirma que, a partir del período transitorio, la Comunidad tiene facultades exclusivas en materia arancelaria en relación con las mercancías reguladas por las organizaciones de mercados. En su opinión no cabe la menor duda de que le están reservadas a la misma las facultades de interpretación en materia de clasificación arancelaria. Por lo demás, siempre según la empresa Bollmann, las disposiciones del Derecho comunitario sobre esta materia son ampliamente suficientes y, más en particular, el artículo 1 del Reglamento no 22 no necesita ninguna interpretación. Se deduce de lo mismo que los Estados miembros no pueden arrogarse el derecho de promulgar nuevas normas de clasificación arancelaria que podrían poner en peligro la un iformidad del Derecho. A lo sumo, las notas explicativas nacionales que existían antes de la entrada en vigor de la organización común de mercados siguen siendo aplicables en la medida en que sean compatibles con el Derecho de la CEE. Finalmente, la tesis de la Comisión está más cerca de la interpretación de la empresa Bollmann, sin coincidir, no obstante, completamente con ella. La Comisión admite, en efecto, la validez de las medidas aprobadas por el legislador nacional para facilitar la aplicación del Derecho comunitario y, por lo tanto, de las normas de interpretación nacionales que precisan y delimitan las designaciones generales del Derecho comunitario, sin que por ello los Estados miembros tengan la facultad o el poder discrecional para clasificar ciertos productos en determinadas partidas arancelarias.

Antes de intentar responder a las cuestiones planteadas por estas diferentes interpretaciones, hemos de señalar previamente un principio esencial. No hay duda, en efecto, de que las organizaciones comunes de mercados sólo pueden cumplir sus funciones si se asegura su aplicación uniforme en toda la Comunidad. No se podrían admitir excepciones al principio según el cual los mismos productos deben estar sujetos en todas partes a los mismos tipos de exacción, sin lo cual el mecanismo de las organizaciones de mercado produciría graves perturbaciones y se podría temer en particular que se produjeran desviaciones del tráfico comercial en las relaciones con países terceros y es ciertamente de éstas de las que se trata en el litigio principal. Por lo tanto, no se podría seguramente dudar de que son acertadas las ideas de la empresa Bollmann y de la Comisión, y por esto la tesis según la cual los Estados miembros transfirieron su soberanía en materia arancelaria a la Comunidad por lo que respecta a las mercancías integradas en las organizaciones de mercados. Si esta interpretación es correcta, también es cierto que los Estados miembros ya no tienen en principio facultades propias para dictar normas jurídicas imperativas en este campo. Los problemas de clasificación arancelaria deben ser solucionados por la Comunidad, como lo fueron efectivamente en diversos casos por disposiciones adoptadas a partir de 1962; la empresa Bollmann lo ha indicado en su escrito.

Por otra parte, nos enfrentamos también con el hecho de que los aranceles, incluidos los aranceles de las exacciones, contienen ordinariamente designaciones generales de las mercancías que son una fuente permanente de dudas y de dificultades de aplicación. Este parece igualmente ser el caso de la nomenclatura de las mercancías de las que tratamos aquí, como lo muestran los hechos que han dado lugar al litigio principal. También se podría preguntar con razón si la propia naturaleza de las cosas no implica que los Estados miembros poseen facultades para explicar y delimitar la materia pese a la soberanía arancelaria de principio de la Comunidad, por lo menos en tanto que no exista una normativa comunitaria precisa y detallada, ésta es, como hemos visto, la tesis del Gobierno federal. Es, sin embargo, fácil probar que esta tesis puede imponerse. En efecto, del conjunto del sistema que es decisivo en el caso presente se deduce que, pese a las designaciones generales de mercancías del Reglamento no 77, es el propio Derecho comunitario el que determina en última instancia la clasificación exacta de dichas mercancías. Es decisivo a este respecto que la nomenclatura de las mercancías que aparecen en los Reglamentos n os 22 y 77 repita la nomenclatura del Arancel Aduanero Común y nos remita, por lo tanto, a dicho Arancel, el cual a su vez se refiere a la Nomenclatura de Bruselas. Como afirmó la Comisión, las notas explicativas de la Nomenclatura de Bruselas pueden ser, por lo tanto, una ayuda preciosa en el trabajo de interpretación de las citadas disposiciones. Por otra parte, en su Decisión de 13 de febrero de 1960, el Consejo aprobó normas de interpretación del Arancel Aduanero Común. Finalmente, el artículo 8 del Reglamento no 17 constituye por sí mismo una disposición particular de la clasificación arancelaria de cuyo tenor me ocuparé más tarde. Todo ello nos autoriza efectivamente para decir que, en el caso presente, el Derecho comunitario es efectivamente completo, sin lagunas y, como declaró la empresa Bollmann «self executing». Aunque el Derecho comunitario carezca de un conjunto de normas detalladas para la clasificación arancelaria de las mercancías, hay que negar claramente a los Estados miembros cualquier facultad discrecional en la materia, contrariamente a la tesis del Gobierno federal que presenta la imagen de una red rudimentaria de normas de Derecho comunitario, es decir, creando así un margen para la aprobación de disposiciones nacionales con fuerza obligatoria en el campo que nos ocupa.

De acuerdo con la idea de la Comisión y contrariamente a la de la empresa Bollmann, la tesis expuesta hasta aquí podría como mucho sufrir una sola restricción. Las necesidades de la Administración hacen, en efecto, que sea imposible prescindir de regulaciones particulares precisas y detalladas, que garanticen la uniformidad de la administración y la faciliten. Parece, pues, justificado reconocer a los Estados miembros la facultad de dictar para uso interno notas explicativas sobre el arancel de exacciones, yendo más allá del contenido formal de los textos comunitarios. Pero no puede evidentemente tratarse de actos definitivamente obligatorios (y esto es fundamental), y poco importa la época en la que fueron o serán aprobados: deben ser compatibles con los principios de la clasificación arancelaria del Derecho comunitario, que tienen primacía. A salvo de esta reserva esencial, se les puede reconocer a los Estados miembros la facultad de interpretación porque no pone en peligro la uniformidad de las prácticas administrativas en la Comunidad y no da ninguna posibilidad de manipulación a nivel nacional, como se podría temer si el cuidado de regular los problemas referentes a la clasificación arancelaria de las mercancías quedara dentro de las facultades de apreciación discrecional de los Estados miembros. Podemos apoyar tanto más esta interpretación por cuanto que antes de aprobar estas notas explicativas parece que los Estados miembros celebran consultas entre ellos y con los expertos de la Comisión. Creo, sin embargo, dudoso que al formular sus cuestiones, el Bundesfinanzhof haya pensado que estas notas explicativas tuvieran efectos puramente indicativos.

Si he podido deducir mi interpretación de las facultades de la Comunidad en materia de clasificación arancelaria del régimen instaurado por los Reglamentos n os 22 y 77 o, si se quiere, de la manera en la que el artículo 1 del Reglamento no 22 presenta la nomenclatura de las mercancías a las que se aplica, ahora debo demostrar que no se puede justificar otro resultado teniendo en cuenta el artículo 14 del Reglamento no 22 (mencionado igualmente por el Bundesfinanzhof).El Tribunal de Justicia sabe que el artículo 14 del Reglamento no 22 dispone que «los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para adaptar sus disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de manera que las disposiciones del presente Reglamento, salvo disposición en contrario prevista por el mismo, puedan ser efectivamente aplicadas a partir del 1 de julio de 1962». La interpretación que la Comisión da a este artículo parece, en efecto, la más acertada. Según la misma, el fin del artículo 14 y otras disposiciones análogas que ordinariamente están previstas en todas las organizaciones de mercados es ante todo reemplazar otros regímenes anteriores, y por lo tanto señalar a los Estados miembros la necesidad de derogar el Derecho interno contrario. Además, siempre según la Comisión, el interés del artículo 14 se sitúa en la perspectiva de la colaboración entre Estados miembros e Instituciones de la Comunidad, que es necesaria en el marco del régimen de las organizaciones comunes de mercados, o en la perspectiva de la división del trabajo que es indispensable para las organizaciones de mercados. Efectivamente, según el régimen creado por estas organizaciones de mercados, las decisiones centrales necesarias son tomadas a nivel de las autoridades comunitarias, en tanto que su ejecución en el ámbito administrativo de estas medidas corresponde a los Estados miembros. Visto así, el artículo 14 del Reglamento no 22 y las disposiciones análogas tienen por objeto fundamentalmente crear las condiciones administrativas necesarias para el establecimiento de las organizaciones de mercado. Entre estas medidas, citaremos las que tienen por objeto la designación de las autoridades competentes, la fijación y el cálculo de algunos precios, la concesión de licencias, la conversión de los tipos de exacción indicados en unidades de cuenta, su cálculo por aplicación de determinados coeficientes, etc. En ningún caso se puede considerar por el contrario que el artículo 14 entraña un mandato que autorice a los Estados miembros a aprobar medidas arancelarias, por lo tanto, medidas que contengan algo más que una enumeración de las partidas arancelarias o comentarios sobre las mismas, para facilitar su aplicación por las autoridades administrativas como se indicó anteriormente.

En resumidas cuentas podemos decir en relación con las dos primeras cuestiones del Bundesfinanzhof que la facultad de clasificación arancelaria de las mercancías definidas por el Reglamento no 22 fue transferida a la Comunidad cuando dicho Reglamento entró en vigor. Tan sólo el Derecho comunitario determina la partida arancelaria en la que se deben clasificar las mercancías. No hay lugar para la aprobación de normas de aplicación nacionales que tengan carácter obligatorio. Con esta reserva, los Estados pueden, sin embargo, publicar comentarios para uso interno a fin de facilitar el trabajo de sus administraciones.