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Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 16 de mayo de 2022 — Friends of the Irish Environment CLG / Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irlanda y Attorney General

(Asunto C-330/22)

(2022/C 284/22)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Friends of the Irish Environment CLG

Demandadas: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irlanda y Attorney General

Cuestiones prejudiciales

1) En una situación en la que son de aplicación otras normas en lugar del Reglamento (UE) 2020/123 del Consejo (1) y/o han expirado las medidas nacionales de aplicación, ¿es preciso remitir la petición de decisión prejudicial?

2) ¿Es inválido el anexo IA del Reglamento 2020/123, teniendo en cuenta los fines y objetivos del Reglamento (UE) 1380/2013 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento PPC») y, en concreto, el artículo 2, apartados 1 y 2, de este, incluidos el objetivo del artículo 2, apartado 2, segunda frase, y los principios de buena gobernanza expresados en su artículo 3, letras c) y d) (incluida la medida en que sea de aplicación a las poblaciones que requieren aplicar el criterio de precaución), considerados en relación con los artículos 9, 10, 15 y 16 del Reglamento PPC y sus considerandos y con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10 del Reglamento (UE) 2019/472 (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones pescadas en las aguas occidentales, en tanto en cuanto los totales admisibles de capturas (TAC) fijados en el Reglamento 2020/123 no sigan la recomendación de cero capturas para el rendimiento máximo sostenible (RMS) emitida por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en relación con ciertas especies?

(1) Reglamento (UE) 2020/123 del Consejo, de 27 de enero de 2020, por el que se establecen para 2020 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión (DO 2020, L 25, p. 1).

(2) Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO 2013, L 354, p. 22).

(3) Reglamento (UE) 2019/472 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones pescadas en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifican los Reglamentos (UE) 2016/1139 y (UE) 2018/973 y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007 y (CE) n.o 1300/2008 del Consejo (DO 2019, L 83, p. 1).
1)

¿Impone la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Motter la obligación de dejar de aplicar las normas nacionales en materia de cómputo de los servicios prestados por los docentes en otras áreas a efectos del reconocimiento de su categoría profesional cuando estas, «en concreto», no sean más favorables para el docente ex precario respecto de las reglas en esa misma materia establecidas con arreglo al artículo 485 del decreto legislativo n.o 297/1994 y de las normas conexas al mismo? ¿O, por el contrario, la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Motter ha declarado de modo general y abstracto y, en consecuencia, en relación con cualquier supuesto concreto, la compatibilidad con la cláusula 4 del cómputo de los servicios prestados por los docentes en otras áreas a efectos del reconocimiento de su categoría profesional con arreglo a las normas internas, de modo que, por consiguiente, el juez nacional no deberá dejar sin aplicar el artículo 485 del decreto legislativo n.o 297/1994 y las normas conexas al mismo por haber sido declaradas compatibles con el derecho de la [Unión Europea]?
1)

¿Se opone el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 18 y 45 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento UE 492/11, (1) el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva UE 2003/109, (2) el artículo 29 de la Directiva UE 2011/95, (3) el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los artículos 30 y 31 de la Carta Social del Consejo de Europa, a una normativa nacional como la recogida en el artículo 7, apartado 1, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.o 4, de 28 de enero de 2019, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.o 26, de 28 de marzo de 2019, en la medida en que esta normativa supedita el acceso a la renta garantizada de ciudadanía al requisito de la residencia en Italia al menos durante 10 años (los dos últimos inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud y mientras se esté percibiendo la prestación, de forma ininterrumpida), dispensando así a los nacionales italianos, a los nacionales de la Unión titulares de un permiso de residencia o de un permiso de residencia permanente o a los nacionales de terceros países residentes de larga duración que lleven residiendo en Italia menos de diez años o diez años, pero los dos últimos no de forma ininterrumpida, un trato menos favorable que el que dispensa a esas mismas categorías de personas que lleven residiendo diez años en su territorio, los dos últimos de forma ininterrumpida? En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial:
Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Alba Iulia (Rumanía) el 11 de octubre de 2021 — S.H. / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

(Asunto C-627/21)

(2022/C 191/08)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Alba Iulia

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: S.H.

Recurridas en casación: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu y Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Cuestión prejudicial

¿Pueden interpretarse el principio de neutralidad fiscal en materia de IVA, [así como el considerando 30] y los artículos 16, 184, 186, 187, 188 y 192 de la Directiva 112/2006/CE, (1) en el sentido de que son compatibles con la normativa nacional sobre el ajuste del impuesto deducible por los bienes de inversión [en particular, el artículo 305, apartado 4, letra a), de la Ley n.o 227/2015, sobre el Código Tributario y el punto 79, apartado 14, letra b), del Reglamento de aplicación de la Ley n.o 227/2015, sobre el Código Tributario, aprobado mediante el Decreto del Gobierno n.o 1/2016, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 305, apartado 4, letra a), del Código Tributario, en relación con el artículo 316, apartado 11, letra e), de la Ley n.o 227/2015, sobre el Código Tributario] y con la práctica de la administración tributaria que socava la deducción inicial del IVA abonado por la adquisición de bienes de inversión, al obligar al contribuyente a un ajuste negativo del IVA deducible basándose en que el órgano tributario ha anulado de oficio su registro a efectos del IVA durante un determinado período como consecuencia de la no realización de actividades económicas, cuando los bienes de inversión no hayan sido objeto de prestación de servicios o de entrega de bienes durante el período comprendido entre la anulación de oficio y su nuevo registro a efectos del IVA?

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (JO 2006 L 347, p. l).
C 213/17

Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona (España) el 6 de agosto de 2021 — F C C y M A B / Caixabank S.A., anteriormente Bankia S.A.

(Asunto C-484/21)

(2022/C 213/21)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: F C C y M A B

Demandada: Caixabank S.A., anteriormente Bankia S.A.

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Es compatible con el artículo 38 [de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea], con el principio de efectividad del Derecho de la UE y con los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 13/93 (1) que la prescripción de la acción para reclamar las consecuencias económicas de una cláusula abusiva, como la de gastos, se inicie con anterioridad al momento en que dicha cláusula ha sido declarada nula por abusiva?

2) ¿Es compatible con el artículo 38 [de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea], con el principio de efectividad del Derecho de la UE y con los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 13/93 fijar como inicio del plazo de prescripción de una cláusula abusiva la fecha en que un tribunal con capacidad de crear jurisprudencia, como es el Tribunal Supremo, indique que una determinada cláusula es abusiva, con independencia de que el consumidor concreto conozca o no el contenido de esa sentencia?

3) ¿Es compatible con el artículo 38 [de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea], con el principio de efectividad del Derecho de la UE y con los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 13/93 fijar, en un contrato de larga duración, que el plazo de prescripción de una acción para reclamar unos gastos pagados para constituir la hipoteca se inicie en el momento en que se hace el pago, dado que la cláusula abusiva ha agotado sus efectos en ese momento y no hay riesgo de que la cláusula se vuelva a aplicar?

(1) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29)
4)

¿Puede objetarse el no haber acreditado un alojamiento adecuado a una nacional de un tercer país que dispone de un permiso de residencia de duración ilimitada para residentes de larga duración, que se ha desplazado a Alemania procedente de Italia y que dispone de ingresos fijos y regulares, a pesar de que Alemania no ha hecho uso de la facultad que confiere el artículo 15, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2003/109/CE y que su admisión en una vivienda social solo fue necesaria porque, mientras no disponga de un permiso de residencia con arreglo al artículo 38a de la AufenthG, no tiene derecho a percibir la asignación por hijo a cargo?
C 37/23

Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2021 por Graham R. Watson (T-245/20) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 15 de septiembre de 2021 en los asuntos acumulados T-240/20 a T-245/20, Arnaoutakis y otros / Parlamento

(Asunto C-716/21 P)

(2022/C 37/31)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Graham R. Watson (representantes: J. M. Martínez Gimeno, abogado, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat)

Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia recurrida en su totalidad.

— Que se resuelva el litigio y se anule la decisión del Parlamento en lo que se refiere a la denegación de la solicitud del recurrente, por no haber alcanzado la edad requerida de 65 años, de concesión de un derecho de pensión complementaria voluntaria.

— Que se condene al Parlamento a cargar con las costas del procedimiento de casación y del procedimiento ante el Tribunal General en el asunto T-245/20.

Motivos y principales alegaciones

Los motivos de casación están basados: i) en la incompetencia de la Mesa para adoptar la decisión de la Mesa de 2018, en particular, en la medida en que estableció requisitos materiales para los derechos en curso de adquisición antes de la entrada en vigor del Estatuto; ii) en la infracción del artículo 27, apartado 2, primera frase, del Estatuto debido al no respeto de los derechos en curso de adquisición antes de la entrada en vigor de este último; iii) en la violación del principio de igualdad y de no discriminación y del principio de proporcionalidad; iv) en la violación del principio de seguridad jurídica (inexistencia de medidas transitorias) y del principio de confianza legítima.
C 462/30

Recurso de casación interpuesto el 17 de septiembre de 2021 por Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd, Greenoge Windfarm Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 7 de julio de 2021 en el asunto T-680/19, Irish Wind Farmers’ Association y otros / Comisión

(Asunto C-578/21 P)

(2021/C 462/35)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd, Greenoge Windfarm Ltd (representantes: M. Segura Catalán, abogada, y M. Clayton, avocate)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de las partes recurrentes

Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Condenar a la Comisión al pago de las costas del procedimiento de casación y del procedimiento en primera instancia.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las recurrentes invocan dos motivos.

Mediante su primer motivo, las recurrentes alegan que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 108 TFUE y el artículo 4 del Reglamento 2015/1589 (1) al considerar que la evaluación de la medida de ayuda controvertida no exigía la incoación de un procedimiento de investigación formal por la Comisión, dada la inexistencia de graves dificultades en cuanto a la clasificación de dicha medida como ayuda de Estado y en cuanto a su compatibilidad con el mercado interior.

Este primer motivo se divide en seis partes.

Primera parte: se alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho con respecto al alcance de la obligación de la Comisión de investigar las circunstancias fácticas y jurídicas en los casos de ayuda ilegal.

Segunda parte: el Tribunal General incurrió en error de Derecho al tratar de manera diferente la información aportada por los Estados miembros y la aportada por los denunciantes.

Tercera parte: el Tribunal General incurrió en error de Derecho en la apreciación de la duración del examen preliminar.

Cuarta parte: el Tribunal General incurrió en error de Derecho al imponer la carga de la prueba a los denunciantes.

Quinta parte: el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta la incidencia del sistema existente en el Reino Unido sobre el presente asunto.

Sexta parte: el Tribunal General llegó a una conclusión errónea en cuanto al aspecto técnico del método de determinación del valor neto anual (NAV) de las centrales generadoras de electricidad a base de combustibles fósiles.

Mediante su segundo motivo, las recurrentes aducen que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas presentadas.

(1) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9).
1)

¿Puede ser también farmacológica la acción principal que se desea obtener de una sustancia a efectos del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 93/42/CEE (1) cuando no se basa en una acción propiciada por receptores y la sustancia tampoco es absorbida por el organismo humano, sino que permanece en la superficie, por ejemplo, de las mucosas y allí reacciona? ¿Conforme a qué criterios debe diferenciarse en un caso así entre los medios farmacológicos y los no farmacológicos, en particular los fisicoquímicos?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Bremen (Alemania) el 15 de julio de 2021 — X GmbH & Co. KG / Finanzamt Bremen

(Asunto C-431/21)

(2021/C 401/06)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Bremen

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: X GmbH & Co. KG

Recurrida: Finanzamt Bremen

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 49 TFUE, que garantizan la libertad de establecimiento (o los artículos 49 CE y 56 TFUE, que garantizan la libre prestación de servicios), en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que, en relación con hechos referentes a operaciones que presentan elementos internacionales, el contribuyente está obligado a generar registros relativos a la naturaleza y al contenido de sus relaciones comerciales con personas vinculadas, que incluyan también las bases económicas y jurídicas de los acuerdos sobre precios y otras condiciones comerciales con las personas vinculadas, acuerdos que deben respetar el principio de plena competencia, y conforme a la cual, en caso de que un contribuyente, habiendo sido requerido por la Administración tributaria, no presente los registros o cuando los registros presentados sean en esencia inservibles, no solo se presumirá iuris tantum que sus ingresos imponibles en territorio nacional, para cuya determinación sirven los registros, son superiores a los ingresos que declaró y, en caso de que en esos supuestos la autoridad tributaria deba realizar una estimación de los ingresos y estos solo puedan determinarse dentro de un marco concreto —en particular, únicamente con base en horquillas de precios—, se podrá agotar dicho marco en perjuicio del contribuyente, sino que además deberá liquidarse un recargo que equivaldrá como mínimo al 5 por ciento y como máximo al 10 por ciento de la cuantía adicional determinada de los ingresos, pero que ascenderá como mínimo a 5 000 euros, y, en caso de presentación extemporánea de registros no inservibles, hasta a 1 000 000 euros, pero al menos 100 euros por cada día completo que se exceda del plazo, debiendo omitirse la liquidación del recargo solo si el incumplimiento de las obligaciones de registro parece excusable o si la culpa es leve?
C 382/19

Recurso de casación interpuesto el 15 de julio de 2021 por ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 5 de mayo de 2021 en el asunto T-561/18, ITD y Danske Fragtmænd / Comisión

(Asunto C-442/21 P)

(2021/C 382/25)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S (representante: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Jørgen Jensen Distribution A/S, Dansk Distribution A/S, Reino de Dinamarca

Pretensiones de las partes recurrentes

Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia de 5 de mayo de 2021 del Tribunal General dictada en el asunto T-561/18, en la medida en que desestimó las alegaciones de las recurrentes de que la Comisión encontró graves dificultades al concluir que la compensación por la obligación de servicio postal universal (OSU) es una ayuda compatible, de que la Comisión encontró grandes dificultades al considerar que la garantía del Estado era una ayuda existente, y de que la Comisión también encontró graves dificultades respecto a su valoración de la asignación incorrecta de gastos.

— Condene a la parte recurrida a cargar con sus propias costas y con las de las recurrentes.

Motivos y principales alegaciones

1. En primer lugar, el Tribunal General incurrió en error de Derecho y tergiversó los hechos al declarar que la Comisión no encontró graves dificultades respecto a la exclusión del NAC o de los beneficios inmateriales (concretamente, la reputación empresarial y la ubicuidad) de que disfrutaba Post Danmark debido a la OSU.

2. En segundo lugar, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión no encontró graves dificultades cuando declaró la ayuda compatible basándose en el Marco SGEI para dispensar la obligación de proporcionar la OSU, siendo así que entonces autorizó la ayuda para los gastos de despido de empleados en el contexto de la transformación o reestructuración de Post Danmark.
C 349/23

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 18 de enero de 2021 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC

(Asunto C-380/21)

(2021/C 349/29)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Recurrida: Ryanair DAC

Cuestión prejudicial

¿Puede interpretarse el concepto de «persona ocupada de forma preponderante en el territorio del Estado miembro en que resida», recogido en el artículo 14, punto 2, letra a), inciso ii), [del Reglamento n.o 1408/71, en su versión modificada] (1) de modo análogo al que —en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, jurisdiccional y de contratos individuales de trabajo [Reglamento (CE) n.o 44/2001]— (2) el artículo 19, punto 2, letra a), [de este último Reglamento] define como el «lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo», en el sector de la aviación y del personal de vuelo [Reglamento (CEE) n.o 3922/91], (3) de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que figura en la motivación de la presente resolución?

(1) Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 1971, L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).

(2) Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).

(3) Reglamento (CEE) n.o 3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil (DO 1991, L 373, p. 4).