Palabras clave

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Palabras clave

1 CECA - Prácticas colusorias - Procedimiento administrativo - Principio de la investigación de oficio - Obligación de instrucción que incumbe a la Comisión - Límites

(Tratado CECA, art. 65)

2 CECA - Prácticas colusorias - Procedimiento administrativo - Respeto de los derechos de defensa - Obligación de reanudar los debates al término de una investigación interna posterior a la audiencia de los interesados - Inexistencia

(Tratado CECA, arts. 36, párr. 1, y 65)

3 CECA - Prácticas colusorias - Procedimiento administrativo - Paralelismo entre el pliego de cargos y la Decisión por la que se señala una infracción - Respeto de los derechos de defensa

(Tratado CECA, art. 15)

4 Actos de las Instituciones - Procedimiento de elaboración - Decisión de la Comisión - Obligación que incumbe a la Junta de Comisarios - Correspondencia entre la Decisión adoptada y la notificada

5 Actos de las Instituciones - Reglamento interno de la Comisión - Autenticación de los actos adoptados - Documentos «incorporados como anexo» al acta - Concepto

(Reglamento interno de la Comisión de 1993, art. 16, párr. 1)

6 CECA - Prácticas colusorias - Prohibición - Infracción - Prueba

(Tratado CECA, art. 65)

7 CECA - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1; Tratado CE, art. 85, ap. 1)

8 CECA - Prácticas colusorias - Prácticas concertadas - Concepto - Coordinación y cooperación incompatibles con la obligación de cada empresa de determinar de modo autónomo su comportamiento en el mercado - Sistema de intercambio de información

[Tratado CECA, arts. 4, letra d), y 65, ap. 1; Tratado CE, art. 85, ap. 1]

9 CECA - Prácticas colusorias - Perjuicio a la competencia - Objeto contrario a la competencia - Comprobación suficiente

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1; Tratado CE, art. 85, ap. 1)

10 CECA - Artículo 65 del Tratado - Interpretación - Protección de la competencia residual

(Tratado CECA, art. 65)

11 CECA - Precios - Listas de precios - Obligación de publicidad - Objeto - Compatibilidad con la prohibición de las prácticas colusorias

(Tratado CECA, arts. 60 y 65, ap. 1)

12 CECA - Prácticas colusorias - Prohibición - Sistema de intercambio de información - Influencia notable en el comportamiento de las empresas participantes - Carácter contrario a la libre competencia

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1)

13 CECA - Prácticas colusorias - Acuerdos de fijación de precios - Fomento por parte de la Comisión - Existencia de un malentendido sobre el alcance de ese fomento - Consecuencias

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1)

14 CECA - Prácticas colusorias - Prohibición - Justificación - Tolerancia o laxitud de la Comisión - Improcedencia

(Tratado CECA, art. 65, aps. 1 y 4)

15 Recurso de anulación - Motivos - Desviación de poder - Concepto - Decisión por la que se imponen multas por infracción de las normas sobre la competencia - Inexistencia salvo circunstancias excepcionales

(Tratado CECA, arts. 3, 4, 33 y 65, aps. 1 y 5)

16 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas por infracción de las normas sobre la competencia - Carácter deseable de la comunicación del método de cálculo de la multa

(Tratado CECA, arts. 15 y 65, ap. 1)

17 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Circunstancias agravantes - Reincidencia - Concepto

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

18 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Situación económica difícil de la empresa afectada - Consideración - Obligación - Inexistencia

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

19 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Consideración de los efectos de la infracción contrarios a la libre competencia - Límites

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

20 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Posibilidad de elevar el nivel de las multas

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

21 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Fijación de la multa por el Juez comunitario - Facultad jurisdiccional plena

(Tratado CECA, art. 36, párr. 2)

22 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Intereses debidos en caso de pago aplazado - Incidencia de un recurso jurisdiccional - Inexistencia

(Tratado CECA, art. 39)

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1 Habida cuenta del principio de la investigación de oficio, cuando la Comisión se ve ante alegaciones que son ciertamente importantes para la defensa de las empresas afectadas por un procedimiento de aplicación del artículo 65 del Tratado CECA, alegaciones según las cuales uno de sus servicios indujo a dichas empresas a aplicar las prácticas que les son imputadas, y de este modo se encuentra, en lo que se refiere al comportamiento de sus propios servicios, en una posición privilegiada, en comparación con dichas empresas, para demostrar si tales alegaciones eran ciertas o falsas, según los principios de buena administración y de igualdad procesal, la Comisión está obligada a instruir este aspecto del expediente de forma seria, con el fin de determinar hasta qué punto son o no fundadas las alegaciones de que se trate. No obstante, corresponde a la Comisión, y no a dichas empresas, decidir la manera de proceder a tal instrucción.

2 En el marco de un procedimiento de aplicación del artículo 65 del Tratado CECA, la garantía de los derechos de defensa que ofrece el párrafo primero del artículo 36 del Tratado no exige que la Comisión responda a todos los motivos de las empresas interesadas, efectúe investigaciones suplementarias o proceda al examen de testigos indicados por los interesados, cuando considera que la instrucción del asunto ha sido suficiente.

Cuando la audiencia de las empresas afectadas les haya proporcionado la ocasión de exponer detalladamente su postura, el mero hecho de que dichas empresas hayan presentado ciertos documentos después de esa audiencia y de que la Comisión decida después abrir una investigación interna no puede, por sí mismo, obligarla a reanudar los debates al término de dicha investigación.

En tal supuesto, los derechos de defensa de las empresas afectadas son suficientemente respetados cuando la Comisión les informa de los resultados de dicha investigación indicando que los documentos facilitados por ellas no justifican que se celebre una segunda audiencia, y sus derechos procedimentales están suficientemente garantizados por la facultad de dichas empresas de interponer recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.

3 La reproducción textual, en una Decisión en la que se señala una infracción de las normas sobre la competencia, de algunos pasajes del pliego de cargos significa, en sí, únicamente que la Comisión mantuvo su punto de vista. Si no existen elementos de prueba pertinentes, tal paralelismo de textos no demuestra que la Comisión, en su apreciación del asunto, no tuviera debidamente en cuenta los argumentos presentados por el interesado para su defensa.

4 La parte dispositiva y la motivación de una decisión notificada a su destinatario o destinatarios deben corresponder a las de la decisión adoptada por la Junta de Comisarios, con excepción de las adaptaciones puramente ortográficas o gramaticales que aún pueden ser introducidas en el texto de un acto tras su adopción final por la Junta de Comisarios.

A este respecto, el hecho de que una decisión de este tipo haya sido adoptada en forma de dos documentos, el segundo de los cuales aporta algunas modificaciones al primero, algunas de ellas manuscritas, carece de pertinencia en la medida en que no ha podido detectarse ninguna diferencia material entre la versión de la decisión adoptada por la Junta de Comisarios y la notificada a sus destinatarios. Asimismo, el hecho de que en algunas versiones lingüísticas ambos documentos tengan una paginación incoherente o familias de caracteres distintos es irrelevante, dado que el elemento intelectual y el elemento formal de dichos documentos leídos conjuntamente corresponden a la versión de la decisión notificada a sus destinatarios.

5 La finalidad del párrafo primero del artículo 16 del Reglamento interno de la Comisión de 1993, según el cual «los actos adoptados en reunión o mediante procedimiento escrito se incorporarán, en la lengua o lenguas en las que sean auténticos, como anexos al acta de la reunión de la Comisión durante la que se hayan adoptado o durante la que se haya tomado nota de su adopción», es garantizar que la Comisión ha adoptado debidamente el acto tal como éste ha sido notificado al destinatario.

Dado que dicho artículo no define de qué manera los actos adoptados en reunión deben «incorporarse como anexo» al acta, a diferencia del mismo artículo 16 que, en una redacción posterior, prevé que los actos de que se trata se adjunten «de manera indisociable» al acta, debe presumirse que, cuando ésta ha sido recibida por el Tribunal de Primera Instancia acompañada de los documentos que constituyen el acto adoptado en un mismo receptáculo, tal como los agentes de la Comisión afirmaron haberla recibido del Secretario General, dichos documentos fueron «incorporados como anexo» al acta en el sentido de que fueron colocados junto a ésta, sin unirlos físicamente.

En tales circunstancias, y habida cuenta de la presunción de validez que corresponde a los actos comunitarios, dichos documentos deben considerarse, por tanto, autenticados por las firmas del Presidente y del Secretario General estampadas en la primera página de dicha acta.

6 La participación de una empresa en reuniones en las que se hayan llevado a cabo actividades anticompetitivas basta para demostrar su participación en dichas actividades, a falta de indicios que puedan demostrar lo contrario.

7 La voluntad común, expresada por unas empresas, de comportarse en un mercado de determinada manera en materia de precios constituye un acuerdo en el sentido del apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA. A este respecto, no hay ninguna razón para interpretar el concepto de «acuerdo», en el sentido del apartado 1 del artículo 65 del Tratado, de manera diferente al de «acuerdo» en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE.

8 El concepto de práctica concertada debe interpretarse teniendo en cuenta la finalidad del apartado 1 del artículo 65 y el marco jurídico del Tratado CECA. A este respecto, si bien el mercado del acero es un mercado oligopolístico, caracterizado por el régimen del artículo 60 del Tratado que garantiza, mediante la publicación obligatoria de las listas de precios y de las tarifas de transporte, la transparencia de los precios practicados por las diferentes empresas, la inmovilidad o el paralelismo de los precios resultantes no son, en sí, contrarios al Tratado cuando son el resultado no de un acuerdo, incluso tácito, entre los asociados, sino del juego en el mercado de las fuerzas y estrategias de unidades económicas independientes y opuestas. De ello se desprende que el concepto de que toda empresa debe determinar de manera autónoma la política que pretende seguir en el mercado, sin colusión con sus competidores, es inherente al Tratado CECA y especialmente a lo dispuesto en la letra d) del artículo 4 y en el apartado 1 del artículo 65.

La prohibición de las «prácticas concertadas» establecida en el apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA persigue, en principio, la misma finalidad que la prohibición paralela de las «prácticas concertadas» dispuesta en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. Su finalidad es, más concretamente, garantizar el efecto útil de la prohibición establecida en la letra d) del artículo 4 del Tratado comprendiendo, bajo sus prohibiciones, una forma de coordinación entre empresas que, sin llegar hasta la conclusión de un acuerdo propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia normal contemplada por el Tratado por una cooperación práctica entre ellas.

A este respecto, cuando una empresa revela a sus competidores, en una reunión en la que participan la mayor parte de ellos y que se sitúa en el marco de una concertación regular, cuál será su comportamiento futuro en el mercado en materia de precios, exhortándolos a adoptar el mismo comportamiento, y, por tanto, actúa con la intención expresa de influir en sus futuras actividades en el ámbito de la competencia y, cuando dicha empresa puede razonablemente contar con que sus competidores cumplirán en gran medida su petición o, por lo menos, con que la tendrán en cuenta al adoptar su propia política comercial, las empresas de que se trata sustituyen los riesgos de la competencia normal contemplada por el Tratado por una cooperación práctica entre ellas que debe calificarse de «práctica concertada» en el sentido del apartado 1 de su artículo 65.

Por otra parte, unas empresas se dedican a una práctica concertada, en el sentido de dicha disposición, cuando participan realmente en un mecanismo que tiende a eliminar la incertidumbre sobre su comportamiento futuro en el mercado y que implica, necesariamente, que cada una de ellas tenga en cuenta la información obtenida de sus competidores. Por tanto, no es necesario demostrar que los intercambios de información de que se trata hayan llevado a un resultado específico o a una puesta en práctica en el mercado de que se trate.

9 En la medida en que el apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA se refiere a prácticas colusorias que «tiendan a» falsear el juego normal de la competencia, esta expresión abarca la fórmula «tengan por objeto» que figura en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. Por tanto, no es necesario demostrar la existencia de un efecto negativo sobre la competencia para probar una infracción del apartado 1 del artículo 65 del Tratado.

10 Si bien es cierto que el carácter oligopolístico de los mercados contemplados por el Tratado CECA puede, en cierta medida, atenuar los efectos de la competencia, esta consideración no justifica una interpretación del artículo 65 que autorice comportamientos de empresas que reducen aún más la competencia, especialmente mediante actividades de fijación de precios. Habida cuenta de las consecuencias que puede tener la estructura oligopolística del mercado, es tanto más necesario proteger la competencia residual.

11 La publicidad obligatoria de las listas de precios prevista por el apartado 2 del artículo 60 del Tratado CECA tiene por objeto, en primer lugar, impedir, en la medida de lo posible, las prácticas prohibidas, en segundo lugar, permitir que los compradores se informen exactamente acerca de los precios y que participen también en el control de las discriminaciones y, en tercer lugar, permitir que las empresas conozcan exactamente los precios de sus competidores para que puedan ajustar su oferta a ellos.

El hecho de que las disposiciones del artículo 60 tiendan a restringir la competencia no impide que se aplique la prohibición de las prácticas colusorias prevista por el apartado 1 del artículo 65 del Tratado. En efecto, los precios que figuran en las listas deben ser fijados por cada empresa de manera independiente, sin acuerdo, ni siquiera tácito, entre ellas.

12 El apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA se basa en el concepto de que todo operador debe determinar de manera autónoma la política que quiera seguir en el mercado común.

Un sistema de intercambio de datos relativos a los pedidos y a las entregas efectuadas por los participantes en dicho sistema en los principales mercados de la Comunidad, desglosados por empresas y por Estados miembros, teniendo en cuenta la actualidad de esos datos, destinados únicamente a los productores participantes, con exclusión de los consumidores y de los demás competidores, el carácter homogéneo de los productos de que se trata y el grado de concentración del mercado, puede influir notablemente en el comportamiento de las empresas participantes y sustituye los riesgos normales de la competencia por una cooperación práctica entre ellas.

13 Ninguna disposición del Tratado CECA autoriza acuerdos anticompetitivos en materia de precios, y ni el Consejo, ni la Comisión, ni las empresas pueden ignorar las disposiciones del apartado 1 del artículo 65 del Tratado o eximirse de su obligación de observarlas.

De ello resulta que, aun suponiendo que los acuerdos sobre precios celebrados en la agrupación profesional Eurofer/Escandinavia se celebrasen en el marco de los actos que limitan los flujos comerciales celebrados entre, por un lado, la Comunidad y, por otro, Suecia, Noruega y Finlandia, y que la Comisión y/o las autoridades de dichos países los hubiesen fomentado o tolerado, por lo menos indirectamente, no por ello dichos acuerdos dejaban de infringir el apartado 1 del artículo 65 del Tratado en la medida en que fijaban precios en el mercado danés.

14 Las disposiciones del apartado 4 del artículo 65 del Tratado CECA, que declaran «nulos de pleno derecho» los acuerdos o decisiones prohibidos en virtud del apartado 1, tienen un contenido objetivo y se imponen tanto a las empresas como a la Comisión, que no puede eximir de ellas a estas últimas. En tales circunstancias, una tolerancia o un laxismo administrativo no puede afectar al carácter de infracción de un comportamiento contrario a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 65 del Tratado.

Esto es así especialmente cuando la tolerancia en cuestión, suponiendo que haya sido demostrada, emana de la Dirección General de la Comisión encargada de los asuntos industriales, y no de la encargada de los asuntos de competencia. Si unas empresas tienen la menor duda sobre la legalidad de sus comportamientos, les incumbe ponerse en contacto con los servicios encargados de la competencia para aclarar la situación.

15 Una Decisión sólo está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada con el fin exclusivo o, al menos, determinante de conseguir otros fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso.

En materia de competencia, la investigación y la represión de las infracciones constituyen un objetivo legítimo de la acción de la Comisión, de conformidad con las disposiciones fundamentales de los artículos 3 y 4 del Tratado CECA. Siempre que la prueba de tales infracciones sea efectivamente aportada y que se demuestre que las multas han sido calculadas de manera objetiva y proporcionada, la Decisión por la que se imponen tales multas, con arreglo al apartado 5 del artículo 65 del Tratado, sólo puede considerarse viciada de desviación de poder en circunstancias excepcionales.

A este respecto, ni la coexistencia de negociaciones paralelas entre la Comisión y la industria sobre la reestructuración de la siderurgia europea, ni la «coincidencia» entre el fracaso de esas negociaciones y la adopción de una Decisión que señala infracciones de las normas sobre la competencia por parte de las principales empresas del sector constituyen, por sí solas, un indicio de desviación de poder.

16 La motivación prescrita por el artículo 15 del Tratado CECA debe, por una parte, permitir al interesado conocer la justificación de la medida adoptada para, en su caso, hacer valer sus derechos y comprobar si la decisión está o no fundada y, por otra parte, permitir al órgano jurisdiccional comunitario ejercer su control de legalidad. En lo que respecta a una Decisión por la que se imponen multas a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias de la competencia, el alcance de esa obligación de motivación debe apreciarse especialmente a la luz del hecho de que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Además, al fijar el importe de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación y no puede considerarse obligada a aplicar, a este efecto, una fórmula matemática precisa.

Es deseable que las empresas -para poder decidir con pleno conocimiento de causa qué postura adoptar- puedan conocer detalladamente, del modo que la Comisión considere oportuno, el método de cálculo de la multa que les haya sido impuesta, sin verse obligadas a presentar un recurso jurisdiccional contra dicha Decisión para conseguirlo.

Esto es así máxime cuando la Comisión ha utilizado fórmulas aritméticas detalladas a efectos del cálculo de las multas. En tal caso, es deseable que las empresas afectadas y, si fuere necesario, el Tribunal de Primera Instancia puedan controlar que el método utilizado y las etapas seguidas por la Comisión están exentos de errores y son compatibles con las disposiciones y principios aplicables en materia de multas, y especialmente con el principio de no discriminación.

No obstante, la presentación por la Comisión durante el procedimiento, a petición del Tribunal de Primera Instancia, de los datos numéricos relativos al cálculo de las multas no constituye una motivación suplementaria y a posteriori de la Decisión por la que se imponen dichas multas, sino la expresión en cifras de los criterios enunciados en dicha Decisión cuando éstos, en sí mismos, pueden cuantificarse.

17 El concepto de «reincidencia», tal como se entiende en varios ordenamientos jurídicos nacionales, implica que una persona ha cometido nuevas infracciones después de haber sido sancionada por otras similares.

No puede tenerse en cuenta como circunstancia agravante, que justifique el incremento de una multa, la consideración de que la empresa de que se trate ha sido ya sancionada por infracciones similares en una Decisión anterior, siempre y cuando dicha consideración se refiera a infracciones cometidas antes de la adopción de dicha Decisión.

18 A la hora de determinar el importe de las multas que han de imponerse a empresas siderúrgicas por infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión tiene derecho, en principio, a tener en cuenta la difícil situación económica de dichas empresas, sin dejar de mantener las multas a un nivel que le parezca adecuado. No obstante, el reconocimiento de una obligación que exige a la Comisión tener en cuenta la situación económica deficitaria de una empresa equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado.

19 En la medida en que, para constatar una infracción del apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA, no es necesario demostrar que el comportamiento de que se trate ha tenido un efecto anticompetitivo, el efecto que un acuerdo o una práctica concertada haya podido tener sobre el juego normal de la competencia no es un criterio determinante para la apreciación del importe adecuado de la multa. Unos factores que forman parte del aspecto intencional, y, por tanto, del objeto de un comportamiento, pueden, efectivamente, ser más importantes que los relativos a sus efectos, sobre todo cuando se trata de infracciones intrínsecamente graves, tales como la fijación de los precios y el reparto de los mercados.

No obstante, la apreciación de los efectos de una infracción puede ser pertinente, en materia de multas, cuando la Comisión se base expresamente en un efecto y no llegue a demostrarlo o a dar buenas razones para tenerlo en cuenta.

Cuando la Comisión hace que unas empresas intercambien sus puntos de vista sobre la situación económica del mercado y las tendencia futuras, especialmente en materia de precios, los efectos de las infracciones no pueden determinarse comparando la situación resultante de los acuerdos restrictivos de la competencia celebrados por dichas empresas con la que habría existido si no se hubiesen puesto en contacto entre ellas, sino comparando dicha situación con la prevista y aceptada por la Comisión.

20 El hecho de que la Comisión haya sancionado, en el pasado, con multas de cierto nivel determinados tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar ese nivel dentro de los límites indicados en el apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA si ello es necesario para garantizar la eficacia de la política comunitaria de la competencia.

21 Por su naturaleza, la fijación de una multa por el Tribunal de Primera Instancia, en el marco del ejercicio de su facultad de plena jurisdicción, no es una operación aritmética precisa. Por otra parte, este Tribunal no está vinculado por los cálculos de la Comisión, sino que debe efectuar su propia apreciación, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.

22 Según el artículo 39 del Tratado CECA, los recursos interpuestos ante el Tribunal no tienen efecto suspensivo. De ello se deduce que la Comisión no puede estar obligada a tratar de la misma manera a una empresa que, haya o no interpuesto recurso, cumpla con el plago de la multa en su fecha normal de exigibilidad, si fuera necesario utilizando los modos de pago por tramos al tipo de interés preferencial que puede haberle ofrecido la Comisión, y a una empresa que prefiera aplazar dicho pago hasta el pronunciamiento de una sentencia definitiva. Salvo circunstancias excepcionales, la aplicación de intereses de demora al tipo normal debe considerarse justificada en este último caso.