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SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)

de 27 de octubre de 2010

Asunto T-65/09 P

Enzo Reali

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Función pública — Agentes contractuales — Contratación — Clasificación en grado — Experiencia profesional — Título — Equivalencia»

Objeto: Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 11 de diciembre de 2008, Reali/Comisión (F-136/06, RecFP pp. I-A-1-451 y II-A-1-2495), y mediante el que se solicita la anulación de esta sentencia.

Resultado: Se desestima el recurso de casación. El Sr. Enzo Reali cargará con sus propias costas así como con aquellas en las que haya incurrido la Comisión Europea en el marco del presente procedimiento.

Sumario

1. Recurso de anulación — Motivos — Falta de competencia de la institución autora del acto impugnado — Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional

(Art. 263 TFUE)

2. Funcionarios — Agentes contractuales — Clasificación

1. Los motivos basados en la legalidad externa de un acto o las causas de inadmisión pueden ser examinados de oficio por el juez, de manera que una constatación relativa a la competencia del autor del acto debe ser realizada de oficio por el juez, aun cuando ninguna de las partes le haya pedido que lo haga.

(véase el apartado 43)

Referencia: Tribunal de Justicia, 10 de mayo de 1960, Alemania/Alta Autoridad (C-19/58, Rec. pp. 469 y ss., especialmente p. 488); Tribunal de Justicia, 13 de julio de 2000, Salzgitter/Comisión (C-210/98 P, Rec. p. I-5843), apartado 56

2. El principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado.

A este respecto, en lo que atañe a la situación de un recurrente que obtuvo un título de «Laurea» tras cuatro años de estudios antes de la introducción de un nuevo sistema de títulos a raíz de la Declaración de Bolonia, pese a la concesión del título de «Dottore magistrale» a los titulares de dicho «Laurea», al igual que a los titulares de un «Master» obtenido tras la introducción de dicho sistema, no puede considerarse que la situación de dicho recurrente y la de una persona que haya obtenido un título de «Master» sean idénticas, puesto que los requisitos para la obtención de estos títulos son diferentes, en particular, el tiempo necesario para su obtención. Por tanto, a los efectos de la clasificación del recurrente como agente contractual, no puede considerarse que éste hubiese obtenido dos títulos, una «Licenciatura» y un «Master». Este último título debe considerarse como un año de experiencia profesional.

(véanse los apartados 62 y 64)

Referencia: Tribunal General, 12 de diciembre de 2006, Werners/Consejo y Comisión (T-373/94, Rec. p. II-4631), apartado 98 y la jurisprudencia citada
2)

Adolf Würth GmbH & Co. KG y Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd cargarán, además de con sus propias costas, con las costas en que hayan incurrido el Consejo de la Unión Europea y el European Industrial Fasteners Institute AISBL.
113

El hecho de que las demandantes, según su alegación, no ejecutaran algunos de los acuerdos adoptados en las reuniones anteriores al 2 de diciembre de 2004 y en la reunión de 11 de febrero de 2005 no basta para demostrar que tuvieran un comportamiento competitivo en el mercado. Efectivamente, el intercambio de información sensible que tuvo lugar en la reunión de 2 de diciembre de 2004 y en la conversación telefónica de 15 de junio de 2004 permite la conclusión contraria. De este modo, si bien en un primer momento las demandantes no respetaron determinados acuerdos relativos a los aumentos de precios, en particular relativos a los países bálticos, ha quedado demostrado que ejecutaron otros acuerdos y que colaboraron activamente con los otros tres miembros del cártel, en particular al facilitar información esencial para la adopción y aplicación de los acuerdos sobre precios (véanse los apartados 57, 59, 63, y 65 anteriores). Además, si no se ejecutaron los acuerdos adoptados en la reunión de 11 de febrero de 2005, no fue por el comportamiento competitivo de las demandantes, sino más probablemente porque comenzaron las inspecciones de la Comisión (véase el considerando 296 de la Decisión impugnada).
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 12 de septiembre de 2013 — Italia/Comisión

(Asunto T‑142/08)

«Régimen lingüístico — Convocatoria de oposición general para la selección de administradores y de asistentes — Publicación íntegra en tres lenguas oficiales — Información relativa a la convocatoria de oposición general — Publicaciónen todas las lenguas oficiales — Lengua de las pruebas — Elección dela segunda lengua entre tres lenguas oficiales»

1. Funcionarios — Oposición — Convocatoria de oposición general — Publicación íntegra en el Diario Oficial únicamente en algunas lenguas oficiales y aviso sucinto en todas las lenguas — Improcedencia — Discriminación por razón de la lengua — Vulneración del principio de proporcionalidad (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 21; Estatuto de los Funcionarios, art. 1 quinquies, aps. 1 y 6; anexo III, art. 1, ap. 2; Reglamento no 1 del Consejo, art. 5) (véanse los apartados 24 a 30)

2. Funcionarios — Oposición — Celebración de una oposición general — Lenguas de participación en las pruebas — Igualdad de trato — Exigencia de conocimientos lingüísticos específicos — Motivación — Justificación habida cuenta del interés del servicio — Respeto del principio de proporcionalidad [Estatuto de los Funcionarios, arts. 1 quinquies, aps. 1 y 6, 27, párr. 1, y 28, letra f); anexo III, art. 1, ap. 1, letra f); Reglamento no 1 del Consejo, art. 1] (véanse los apartados 35 a 41)

3. Recursos de funcionarios — Sentencia anulatoria — Efectos — Anulación de una convocatoria de oposición general — Confianza legítima de los candidatos seleccionados — No cuestionamiento de los resultados de la oposición (Art. 266 TFUE; Estatuto de los Funcionarios, art. 91) (véanse los apartados 50 y 51)

Objeto

Recurso de anulación de las convocatorias de oposiciones generales EPSO/AD/116/08 y EPSO/AD/117/08, para la constitución de una lista de reserva para la contratación de administradores (AD 8) y de administradores principales (AD 11) en el ámbito de la lucha contra el fraude (DO 208, C 16 A, p. 1), por una parte, y EPSO/AST/45/08, para la constitución de una lista de reserva de asistentes (AST 4) en el mismo ámbito, por otra, publicadas en las versiones alemana, inglesa y francesa del Diario Oficial de la Unión Europea de 23 de enero de 2008 (DO C 16 A, pp. 1 y 16, respectivamente).

Fallo

1) Anular las convocatorias de oposiciones generales EPSO/AD/116/08 y EPSO/AD/117/08, para la constitución de una lista de reserva para la contratación de administradores (AD 8) y de administradores principales (AD 11) en el ámbito de la lucha contra el fraude, y EPSO/AST/45/08, para la constitución de una lista de reserva de asistentes (AST 4) en el mismo ámbito, publicadas en las versiones alemana, inglesa y francesa del Diario Oficial de la Unión Europea de 23 de enero de 2008.
2)

Slovenská pošta a.s. cargará, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea, así como con las de Cromwell a.s., Slovak Mail Services a.s., Prvá Doručovacia a.s. e ID Marketing Slovensko s.r.o.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común — Decisión relativa a las ayudas destinadas a compensar las pérdidas sufridas por una azucarera a raíz de la disminución de la producción de remolacha debido a un período de sequía — Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros — Perjuicio para la competencia — Obligación de motivación — Alcance (Arts. 87 CE, ap. 1, y 253 CE) (véanse los apartados 29 a 32)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros — Perjuicio para la competencia — Ayuda de importe reducido en un sector caracterizado por una fuerte competencia — Mercado de la producción de azúcar (Art. 87 CE, ap. 1) (véanse los apartados 37 a 39)

3. Recurso de anulación — Recurso dirigido contra una decisión de la Comisión por la que se declara una ayuda de Estado incompatible con el mercado común — Motivo basado en un error de base jurídica irrelevante en la legalidad de la decisión impugnada — Motivo inoperante (véanse los apartados 49 a 53)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Desventajas económicas causadas directamente por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional — Directrices sobre ayudas estatales en el sector agrario — Ayudas destinadas a compensar daños en la producción agrícola o en los medios de producción agrícola — Ámbito de aplicación [Art. 87 CE, ap. 2, letra b); Comunicación 2000/C 28/02 de la Comisión] (véanse los apartados 58 y 61 a 71)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Procedimiento administrativo — Obligación de la Comisión de emplazar a los interesados para que presenten sus observaciones — Exclusión del derecho de defensa en relación con los interesados (Art. 88 CE, ap. 2) (véanse los apartados 79 a 81)

Objeto del litigio

Objeto

Anulación de la Decisión 2009/704/CE de la Comisión, de 16 de julio de 2008, relativa a la ayuda de Estado C 29/04 (ex N 328/03) que Italia prevé conceder en favor de la refinería azucarera de Villasor, propiedad de la sociedad Sadam ISZ (DO 2009, L 244, p. 10).

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar a Eridania Sadam SpA a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 9 de julio de 2009 — Biotronik/OAMI (BioMonitor)

(Asunto T-257/08)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa BioMonitor — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009]»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 22 y 30)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 24 de abril de 2008 (asunto R 466/2007-4) relativa a la solicitud de registro del signo denominativo BioMonitor como marca comunitaria.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: Biotronik GmbH & Co. KG Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa BioMonitor para productos y servicios de las clases 9, 10 y 38, restringiéndose la lista de productos posteriormente a los productos de la clase 10 — Solicitud no 4.556.023 Resolución del examinador: Denegación del registro Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Biotronik GmbH & Co. KG.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 9 de julio de 2009 — Biotronik/OAMI (BioMonitor)

(Asunto T-257/08)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa BioMonitor — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009]»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 22 y 30)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 24 de abril de 2008 (asunto R 466/2007-4) relativa a la solicitud de registro del signo denominativo BioMonitor como marca comunitaria.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: Biotronik GmbH & Co. KG Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa BioMonitor para productos y servicios de las clases 9, 10 y 38, restringiéndose la lista de productos posteriormente a los productos de la clase 10 — Solicitud no 4.556.023 Resolución del examinador: Denegación del registro Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

1) Desestimar el recurso.
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

1. Funcionarios — Calificación — Informe de evolución de carrera — Ausencias justificadas

(Estatuto de los Funcionarios, art. 43)

2. Funcionarios — Recursos — Recurso de indemnización — Anulación del acto ilegal impugnado — Reparación adecuada del perjuicio moral

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

1. Si bien las ausencias justificadas de un funcionario no pueden penalizarle en el marco de su evaluación, su nota en relación con el rendimiento puede ser aumentada de modo que se tengan en cuenta las condiciones en que ejerció sus funciones a pesar de que, debido a su ausencia, dispuso de menos tiempo efectivo de trabajo. Sin embargo, esa consideración en el elemento de la nota global relativa al rendimiento no es automática, ya que sólo constituye una facultad para los redactores del informe de evolución de carrera, a los que incumbe contemplar esa posibilidad cuando las circunstancias lo puedan justificar.

En los casos en que el evaluador y el ratificador no tengan ninguna razón para considerar que las ausencias justificadas de un funcionario hayan podido tener una incidencia en su rendimiento durante el período cubierto por un informe de evolución de carrera, no se le puede reprochar que no haya mencionado ni tomado en consideración dicha circunstancia en los comentarios realizados en el informe de evolución de carrera en relación con el rendimiento.

(véanse los apartados 29, 39 y 40)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 8 de marzo de 2005, Vlachaki/Comisión (T‑277/03, RecFP pp. I‑A‑57 y II‑243), apartado 83, y la jurisprudencia citada

2. La anulación de un acto de la Administración impugnado por un funcionario constituye, en sí misma, una reparación adecuada y, en principio, suficiente de cualquier perjuicio moral, siempre que dicho acto no suponga una apreciación explícitamente negativa acerca de las capacidades del demandante susceptible de perjudicarle.

(véase el apartado 47)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 2005, Cwik/Comisión (T‑155/03, T‑157/03 y T‑331/03, RecFP pp. I‑A‑411 y II‑1865), apartado 205, y la jurisprudencia citada
93

Habida cuenta de que la Sala de Recurso no basó las resoluciones impugnadas en el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado l, letra c), del Reglamento no 40/94, relativo al carácter descriptivo de las marcas solicitadas (véase el apartado 40 de dichas resoluciones), y que la demandante se refiere únicamente a la anulación de las resoluciones impugnadas (véase el apartado 14 supra), la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94 no es objeto del presente litigio, conforme al artículo 63 de dicho Reglamento, y, por lo tanto, del control de legalidad que el juez comunitario está obligado a realizar en el caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia SURFCARD, citada en el apartado 44 supra, apartado 85, y la jurisprudencia allí citada).
54

Por tanto, la Sala de Recurso dedujo, en sustancia, la falta de carácter distintivo del signo FUN de su carácter descriptivo. Ya se ha declarado anteriormente que la Sala de Recurso erró al considerar que al signo FUN se le aplicaba la prohibición prevista en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94. En consecuencia, no puede acogerse el razonamiento de la Sala de Recurso respecto del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, dado que se basa en el error anteriormente constatado.
169

A este respecto, la POAC resumió en los puntos 347 a 349 de su decisión, en los términos que luego se dirá, sus principales apreciaciones de hecho y las conclusiones jurídicas que había sacado de ellas: «347. […] Debemos examinar todos los datos que el [Home Secretary] tuvo o razonablemente pudo tener a su disposición para determinar si consideró o pudo considerar imparcialmente que la PMOI estaba implicada en actos de terrorismo. Hemos sometido todo el material a un examen minucioso que, a nuestro juicio, cumple los estándares apropiados para nuestra evaluación. 348. Ya hemos expuesto en detalle nuestras conclusiones con respecto al material analizado. En nuestra opinión, un examen detenido del material lleva a la conclusión siguiente: 348.1. Con la posible excepción del incidente aislado de mayo de 2002, la PMOI no ha estado involucrada en actos de terrorismo en Irán ni en ningún otro lugar desde agosto de 2001. 348.2. Pese a que la PMOI pudo tener en un momento dado una estructura de comando militar en Irán, el material demuestra que tal estructura dejó de existir (a más tardar) antes de finales de 2002. 348.3. Aun suponiendo que los tres informes de 2002 pudieran considerarse una glorificación [del terrorismo] en el sentido del artículo 3, apartado 5, letra c), [de la Terrorism Act 2000], tal actividad había cesado antes de agosto de 2002. 348.4. En mayo de 2003, la PMOI fue desarmada. 348.5. No hay elementos que indiquen que la PMOI obtuviera o hubiera intentado obtener armas o reconstruir de otro modo cualquier capacidad militar, a pesar de su capacidad de hacerlo después de mayo de 2003. 348.6. Además, no hay elementos que sugieran que la PMOI intentara reclutar miembros o entrenar a sus integrantes para actos militares o terroristas. En resumen, no hay ninguna prueba de que, en cualquier momento desde 2003, la PMOI hubiera intentado volver a crear alguna forma de estructura capaz de perpetrar o apoyar actos de terrorismo. No hay prueba de que se hiciera intento alguno de “prepararse” para el terrorismo. No hay prueba de que incitara a otras personas a cometer actos de terrorismo. Tampoco hay datos que permitan creer que la PMOI estuviera “implicada de otro modo en actos de terrorismo” en la fecha de adopción de la decisión en septiembre de 2006. En lo que se refiere al período posterior a mayo de 2003, no puede ser propiamente descrito como una “simple inactividad” como sugirió el [Home Secretary] en su escrito de decisión. Los autos han revelado que el conjunto del dispositivo militar ya no existía, ni en Irak, ni en Irán, ni en ningún otro sitio, y que no hubo ningún intento por parte de la PMOI de restablecerlo. 349. En estas circunstancias, un órgano decisorio sólo podía considerar razonablemente, ya sea en septiembre de 2006 o después, que la PMOI ya no cumplía ninguno de los criterios necesarios para que se mantuviera su prohibición. En otras palabras, sobre la base de los autos, la PMOI no estaba implicada en actos de terrorismo en septiembre de 2006 y sigue sin estarlo.»
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Aun cuando el artículo 63, apartado 3, del Reglamento no 40/94 faculta al Tribunal de Primera Instancia para modificar las resoluciones de las Salas de Recurso, esta posibilidad está limitada, en principio, a aquellas situaciones en las que el asunto se halle en condiciones de ser juzgado. En el presente caso, el hecho de que la Sala de Recurso no se pronunciara sobre una de las pretensiones excluye que el asunto se halle en tales condiciones. Efectivamente, la modificación de la resolución impugnada implica que el Tribunal de Primera Instancia aprecie por primera vez en cuanto al fondo las pretensiones sobre las que no se haya pronunciado la Sala de Recurso. Ahora bien, tal apreciación no se halla comprendida entre las competencias del Tribunal de Primera Instancia, tal como se definen en el artículo 63, apartados 2 y 3, del Reglamento no 40/94 (véase el apartado 17 supra).
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos que producen efectos jurídicos — Decisión de la Comisión de incoar un procedimiento de investigación formal de una medida estatal en fase de ejecución provisionalmente calificada de ayuda nueva — Acto recurrible — Decisión de la Comisión de incoar un procedimiento de investigación formal que se refiere a las mismas medidas que son objeto de una decisión de incoación anterior — Inadmisibilidad en caso de que no se haya dado por concluido el primer procedimiento

[Arts. 87 CE, ap. 1, 88 CE, aps. 2 y 3, y 203 CE; Reglamento (CEE) nº 659/1999 del Consejo, art. 7]

Índice

Sólo constituyen actos o decisiones susceptibles de ser objeto de un recurso de anulación, con arreglo al artículo 230 CE, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de forma caracterizada su situación jurídica. Así sucede en el caso de una decisión de incoación del procedimiento de investigación formal de una ayuda de Estado, cuando la Comisión califica una medida que está aplicándose de ayuda nueva. Esta conclusión es válida no solamente en el caso de que la medida sea considerada una ayuda existente por las autoridades del Estado miembro correspondiente sino también en el caso de que estimen que no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1.

En efecto, una decisión de incoación del procedimiento de investigación formal en relación con una medida que está aplicándose y que la Comisión califica como ayuda nueva, modifica necesariamente el alcance jurídico de la medida considerada y la situación jurídica de las empresas que son beneficiarias de la misma, especialmente en lo que respecta a la continuación de su ejecución. Tal decisión también podría invocarse ante un juez nacional que debería deducir todas las consecuencias derivadas de la infracción del artículo 88 CE, apartado 3, última frase. Finalmente, la decisión mencionada puede llevar a las empresas beneficiarias de la medida a rechazar en cualquier caso nuevos pagos o nuevas ventajas, o a hacer provisión de las cantidades necesarias para eventuales devoluciones posteriores. Los operadores comerciales también tendrían en cuenta, en sus relaciones con los citados beneficiarios, el debilitamiento de la situación jurídica y financiera de éstos.

En cambio, esa decisión no puede producir efectos jurídicos autónomos y, por lo tanto, no puede constituir una decisión recurrible en anulación, dado que se refiere a las mismas medidas que son objeto de una decisión de incoación anterior, en la medida en que no se haya dado por concluido el procedimiento de investigación formal de tales medidas, y que, en el marco de dicho procedimiento, la Comisión ya haya mencionado que las medidas controvertidas podían estar comprendidas en el ámbito de aplicación de la prohibición del artículo 87 CE, apartado 1.

En efecto, en ese caso los efectos jurídicos autónomos vinculados a un procedimiento de investigación formal ya se produjeron a raíz de la primera decisión de incoación.

(véanse los apartados 49 a 51, 61 y 63)