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El principio de libre circulación de artículos pirotécnicos, tal como está establecido en particular en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe la tenencia o el uso por parte de los consumidores y la venta a estos de artificios de pirotecnia que contengan más de 1 kg de composición pirotécnica, en la medida en que tal normativa sea apta para garantizar el orden y la seguridad públicos y no vaya más allá de lo que es necesario para proteger esos intereses fundamentales, extremo este que corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

En el presente asunto, debe señalarse, como hizo el Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, que los artículos pirotécnicos son intrínsecamente peligrosos y pueden, en particular aquellos que contengan más de 1 kg de composición pirotécnica, poner en peligro la seguridad de las personas. También indicó acertadamente que dichos artículos, debido a su propia naturaleza y en función de las circunstancias en las que se utilicen, pueden alterar el orden público. Por lo tanto, el hecho de supeditar la venta a particulares de artículos pirotécnicos que contengan más de 1 kg de composición pirotécnica a la obtención de una autorización por parte de esos particulares puede prevenir que se vulneren el orden y la seguridad públicos, puesto que la normativa nacional de que se trata permite controlar y, en su caso, limitar la cantidad de composición pirotécnica que una persona tiene en su posesión. Por consiguiente, dicha normativa nacional resulta apta para proteger el orden y la seguridad públicos.

Por otra parte, como señaló el Abogado General en el punto 97 de sus conclusiones, algunas medidas menos restrictivas, como el registro tras la compra de productos que contengan una determinada carga de composición pirotécnica, no parecen ser tan eficaces para proteger los intereses fundamentales invocados por el Gobierno belga. No cabe duda de que tal registro permite determinar la cantidad de composición pirotécnica adquirida por un consumidor, pero no permite influir en la cantidad que puede adquirirse ni, en consecuencia, luchar tan eficazmente contra las vulneraciones de los intereses fundamentales de que se trata. Por consiguiente, la normativa nacional controvertida en el litigio principal no parece ir más allá de lo que es necesario para proteger el orden y la seguridad públicos.

(véanse los apartados 59, 60, 64 y 65 y el punto 1 del fallo)
La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional como la controvertida en el litigio principal, según la cual, cuando el despido disciplinario de un trabajador fijo al servicio de una Administración pública es declarado improcedente, el trabajador debe ser readmitido obligatoriamente, mientras que, en el mismo supuesto, un trabajador temporal o un trabajador indefinido no fijo que realicen las mismas tareas que el trabajador fijo pueden no ser readmitidos y recibir como contrapartida una indemnización.

Procede considerar que, aunque el interés público, vinculado, en sí mismo, a las modalidades de contratación de los trabajadores fijos, no justifica la diferencia de trato controvertida, no es menos cierto que consideraciones derivadas de las características del Derecho de la función pública nacional, como las recordadas en los apartados 42 a 44 de la presente sentencia, pueden justificar tal diferencia de trato. A este respecto, las consideraciones de imparcialidad, eficacia e independencia de la Administración implican una cierta permanencia y estabilidad en el empleo. Estas consideraciones, que no tienen equivalente en el Derecho laboral común, explican y justifican los límites a la facultad de extinción unilateral de los contratos impuestos a los empleadores públicos y, en consecuencia, la decisión del legislador nacional de no concederles la facultad de elegir entre readmisión e indemnización del perjuicio sufrido a causa de un despido improcedente.

Por consiguiente, es necesario considerar que la readmisión automática de los trabajadores fijos forma parte de un contexto muy diferente, desde un punto de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que se encuentran los trabajadores que no son fijos (véase, por analogía, la sentencia de 5 de junio de 2018, Grupo Norte Facility,C‑574/16, EU:C:2018:390, apartado 56).

En estas circunstancias, cabe afirmar que la desigualdad de trato observada está justificada por la existencia de elementos precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 39 de la presente sentencia.

(véanse los apartados 46 a 49 y el fallo)
Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que establece que el incumplimiento de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren en el territorio de ese Estado o salgan de él se sancionará con una multa que podrá ascender hasta el doble del importe no declarado.

A este respecto, ha de recordarse que el Tribunal de Justicia ha declarado que, aunque los Estados miembros disponen, en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1889/2005, de un margen de discrecionalidad al elegir las sanciones que consideren oportuno establecer a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación de declarar prevista en el artículo 3 del mismo Reglamento, no parece proporcionada una multa impuesta por incumplimiento de esa obligación cuya cuantía equivale al 60 % de la suma de dinero en efectivo no declarada cuando dicha suma sea superior a 50000 euros, dada la naturaleza de la infracción de que se trata. En efecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que una multa de esa cuantía rebasa los límites de lo que resulta necesario para garantizar el cumplimiento de la referida obligación y conseguir los objetivos del citado Reglamento, puesto que la finalidad de la sanción establecida en dicho artículo 9 consiste en castigar, no eventuales actividades fraudulentas o ilícitas, sino el mero incumplimiento de la obligación de declarar (sentencia de 16 de julio de 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, apartados 29 a 31).

Además, aun cuando dicha multa se calcule teniendo en cuenta determinadas circunstancias agravantes, siempre que estas respeten el principio de proporcionalidad, el hecho de que su importe máximo pueda ascender hasta el doble de la cuantía de dinero efectivo no declarada y de que, en cualquier caso, como sucede en el presente asunto, la multa pueda fijarse en un importe equivalente a casi el 100 % de esa cuantía excede de lo que resulta necesario para garantizar el cumplimiento de una obligación de declaración.

(véanse los apartados 43, 45 y 46 y el fallo)
6

El artículo 1, sección A, de dicha Convención dispone: «A los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” se aplicará a toda persona: […] 2) Que, […] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá que la expresión “del país de su nacionalidad” se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean; y no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea.»
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Declare que la República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de abril de 2013, Comisión/Eslovaquia (C‑331/11, no publicada; en lo sucesivo, «sentencia C‑331/11», EU:C:2013:271), en la que el Tribunal de Justicia declaró que la República Eslovaca había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO 1999, L 182, p. 1).
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El artículo 2 de la citada Directiva dispone: «A los efectos de la presente Directiva se entenderá por: a) “protección internacional”: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g); […] c) “Convención de Ginebra”: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967; d) “refugiado”: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12; e) “estatuto de refugiado”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado; f) “persona con derecho a protección subsidiaria”: un nacional de un tercer país o apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplica el artículo 17, apartados 1 y 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país; g) “estatuto de protección subsidiaria”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria; […]».
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El artículo 88 del Código OTB preceptúa lo siguiente: «El Gobierno podrá aprobar uno o varios reglamentos regionales de urbanismo que contengan disposiciones que garanticen en concreto: 1.o la salubridad, la conservación, la solidez y el atractivo de las construcciones, de las instalaciones y de sus inmediaciones, así como su seguridad, en particular su protección contra incendios e inundaciones; 2.o la calidad térmica y acústica de las construcciones, el ahorro de energía y la recuperación de energía; 3.o la conservación, la salubridad, la seguridad, la viabilidad y el atractivo de las vías públicas, de sus accesos y de sus inmediaciones; 4.o el servicio a los inmuebles mediante equipamientos de interés general relativos en particular a la distribución de agua, de gas, de electricidad, de calefacción, de telecomunicaciones y la retirada de basuras; 5.o las normas mínimas de habitabilidad de las viviendas; 6.o la calidad residencial y la comodidad de la circulación lenta, especialmente evitándose el ruido, el polvo y las emanaciones que acompañan a la ejecución de obras, y la prohibición de estas durante determinadas horas y determinados días; 7.o el acceso de las personas con movilidad reducida a los inmuebles, edificados o no, o partes de estos inmuebles accesibles al público, a las instalaciones y a las vías públicas; 8.o la seguridad del uso de un bien accesible al público. Estos reglamentos podrán referirse en particular a las construcciones y las instalaciones por encima del suelo y subterráneas, los letreros, los dispositivos de publicidad y de cartelería, las antenas, las canalizaciones, las cercas, los depósitos, los terrenos no edificados, las plantaciones, las modificaciones al relieve del suelo y el acondicionamiento de lugares destinados a la circulación y al aparcamiento de vehículos fuera de las vías públicas. Los reglamentos de urbanismo no podrán establecer excepciones a las prescripciones impuestas en materia de grandes redes viarias. Tales reglamentos serán aplicables en todo el territorio regional, o en una parte de este territorio cuyos límites se fijarán en ellos.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los mecanismos específicos establecidos en el capítulo 2 del anexo IV del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, de la República de Estonia, de la República de Chipre, de la República de Letonia, de la República de Lituania, de la República de Hungría, de la República de Malta, de la República de Polonia, de la República de Eslovenia y de la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (DO 2003, L 236, p. 33, corrección de errores en DO 2004, L 126, p. 3; en lo sucesivo, «Acta de Adhesión de 2003»), en el capítulo 1 del anexo V del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (DO 2005, L 157, p. 203; en lo sucesivo, «Acta de Adhesión de 2005») y en el capítulo 1 del anexo IV del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia y a las adaptaciones del Tratado de la Unión Europea, [del] Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y [del] Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2012, L 112, p. 21; en lo sucesivo, «Acta de Adhesión de 2012»), y la interpretación del Reglamento (CE) n.o 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO 2009, L 152, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento CCP»), y del Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 (DO 2006, L 378, p. 1).
35

En la medida en que el envasado del dispositivo médico de que se trata no ha sido modificado y en que la presentación original del embalaje no se ha visto afectada excepto por la colocación de una etiqueta de pequeño tamaño que no tapa la marca y que menciona al importador paralelo como responsable de la comercialización indicando sus datos de contacto, un código de barras y un número farmacológico centralizado, no puede considerarse que la colocación de tal etiqueta constituya un reenvasado en el sentido de las sentencias de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros (C‑143/00, EU:C:2002:246), y de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C‑348/04, EU:C:2007:249).
33

En cuanto al IVA indebidamente facturado debido a la inexistencia de una operación gravada, afirma que de la Directiva 2006/112 se desprende que los dos operadores económicos implicados no tienen por qué recibir necesariamente un mismo tratamiento. Por un lado, considera que, de conformidad con el artículo 203 de dicha Directiva, transpuesto en Derecho nacional mediante el artículo 14c de la UStG, el emisor de una factura es deudor del IVA allí mencionado aunque no exista una operación gravada si, como en los presente asuntos, no se llega a producir la entrega. Por otro lado, asevera que, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 167 de la referida Directiva, el ejercicio del derecho a deducción por parte del destinatario de una factura se limita únicamente a los impuestos correspondientes a una operación sujeta al IVA. En consecuencia, afirma que el adquirente no puede deducir el impuesto correspondiente al pago anticipado a cuenta aunque el proveedor no le haya restituido dicho pago.
43

De lo anterior se desprende que el mecanismo de regularización de las deducciones del IVA indebidamente practicadas previsto en los artículos 187 y 188 de la Directiva del IVA no se aplica cuando la deducción se llevó a cabo inicialmente sin que existiera derecho a deducir. Por tanto, este mecanismo no es aplicable, en particular, a una operación de entrega de terrenos, como la controvertida en el litigio principal, que, según las indicaciones del tribunal remitente, estaba exenta del IVA y, en consecuencia, no debería haber dado lugar ni a la percepción de dicho impuesto ni a su deducción.
31

En primer lugar, en cuanto al contexto del artículo 17 de dicha Directiva, procede señalar, por una parte, que el artículo 18 de esta misma Directiva enumera de modo taxativo los casos en los que no habrá lugar a la indemnización o la reparación del perjuicio. La no superación del período de prueba no se menciona en este artículo. Además, puesto que dicho artículo 18 constituye una excepción al derecho a indemnización y reparación, procede interpretarlo de manera estricta. De ello se deduce que dicho artículo no puede interpretarse en un sentido que suponga añadir una causa de exclusión de la indemnización o de la reparación que no esté expresamente prevista en él (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de octubre de 2010, Volvo Car Germany, C‑203/09, EU:C:2010:647, apartado 42). Pues bien, considerar que no habrá lugar a ninguna indemnización o reparación cuando la terminación de las relaciones contractuales se produce durante el período de prueba equivaldría precisamente a admitir una causa de exclusión no prevista en el artículo 18 de dicha Directiva.
123

De entrada, es preciso desestimar la alegación mediante la que la recurrente reprocha al Tribunal General no haber sancionado la motivación contradictoria en la que supuestamente se basa la Decisión Sernam 3. En efecto, tal argumentación, que la recurrente formula únicamente en la fase del escrito de réplica, no se expuso ante el Tribunal General. Pues bien, no cabe reprochar al Tribunal General no haber examinado una alegación que no se le presentó.
33

En primer término, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si el Reglamento controvertido debería haberse basado no en el Reglamento n.o 1225/2009, sino en el Reglamento n.o 384/96, y si, por consiguiente, la facultad de establecer derechos antidumping debería haberse conferido no a la Comisión, sino al Consejo, al que el artículo 9, apartado 4, del Reglamento n.o 384/96 atribuye dicha facultad.
5

A tenor de su artículo 1, apartado 1, la lei n.o 75/2014 — Estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as condições da sua reversão (Ley n.o 75/2014, por la que se establecen los mecanismos para la reducción temporal de las retribuciones y los requisitos para su reversión), de 12 de septiembre de 2014 (Diário da República, 1.a serie, n.o 176, de 12 de septiembre de 2014, p. 4896; en lo sucesivo, «Ley n.o 75/2014»), determina la aplicación, con carácter transitorio, del mecanismo de reducción de las retribuciones en el sector de la función pública.
4

El artículo 1 del Reglamento n.o 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (DO 2013, L 158, p. 1), establece lo siguiente: «Las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión serán el alemán, el búlgaro, el castellano, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco.»
42

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencias de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, apartado 65 y jurisprudencia citada, y de 14 de septiembre de 2016, De Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, apartado 35).
23

El órgano jurisdiccional remitente señala que le han surgido dudas acerca de la interpretación de la Directiva 2000/78 debido a la interpretación de dicha Directiva efectuada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de abril de 2013, HK Danmark (C‑335/11 y C‑337/11, EU:C:2013:222). Subraya que, en el asunto que dio lugar a aquella sentencia, la normativa danesa se encuadraba en una política de integración de los trabajadores discapacitados que incentivaba la contratación de trabajadores con un riesgo particular de incurrir en bajas por enfermedad de manera repetida. El órgano jurisdiccional remitente considera que no sucede así en el litigio principal, en el que no existe ningún objetivo legislativo de integración de los trabajadores discapacitados. Por lo tanto, concluye que el artículo 52, letra d), del Estatuto de los Trabajadores no es conforme con la Directiva 2000/78 y que, en consecuencia, dicho precepto ha de modificarse para tener en cuenta la situación de discapacidad.
43

En segundo lugar, las recurrentes alegan que, al no haber tenido en cuenta en la sentencia recurrida el hecho de que la red de que se trata no es objeto de explotación comercial ni está diseñada para ello, el Tribunal General no ejerció un control completo sobre la cuestión de si la medida controvertida estaba incluida o no en el ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1. En efecto, según la normativa nacional, los ayuntamientos, en colaboración con las Comunidades Autónomas, únicamente prestan el servicio portador de la señal de la televisión digital terrestre, y la prestación de este servicio sólo puede realizarse en zonas donde no exista cobertura de la televisión digital terrestre y sin contraprestación económica alguna. En opinión de las recurrentes, tal servicio no supone distorsión alguna de la competencia y ha sido calificado de servicio público en el Derecho nacional.
13

El artículo 9 del Decreto n.o 2014-328 modificó el Decreto n.o 2006-1034 al prever, en particular, que las obligaciones de almacenamiento que incumben a los suministradores se calcularían en función de «derechos de almacenamiento», los cuales ya no se corresponden solamente con el consumo anual de sus clientes domésticos y de sus clientes que realicen funciones de interés general, tal como preveía el Decreto n.o 2006-1034, en su versión inicial, sino también con el consumo de los clientes conectados a la red de distribución que no hayan aceptado contractualmente un suministro que pueda interrumpirse. En contrapartida, el Decreto n.o 2014-328 redujo el porcentaje de las obligaciones de almacenamiento del 85 % al 80 % de los derechos de almacenamiento.