Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Actos que las afectan directa e individualmente ° Destino atribuido a un préstamo concedido por la Comunidad a la Unión Soviética y a sus Repúblicas ° Decisión de la Comisión dirigida al prestatario por la que se niega a reconocer la conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables de las modificaciones efectuadas en los contratos celebrados entre el agente designado por el prestatario y una empresa adjudicataria del contrato ° Recurso de la empresa ° Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 173, párr. 4)

2. Recurso de indemnización ° Autonomía respecto al recurso de anulación ° Recurso que tenga por objeto la revocación de una decisión individual convertida en definitiva ° Inadmisibilidad ° Carga de la prueba ° Petición de responsabilidad a la Comunidad ° Procedencia

(Tratado CE, arts. 178, y 215, párr. 2)

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1. En el marco de la ejecución de un préstamo concedido por la Comunidad a la Unión Soviética y a sus Repúblicas para permitir la importación de productos agrícolas y alimentarios y de suministros médicos, una decisión de la Comisión dirigida al agente financiero de la República prestataria por la que se niega a reconocer la conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables de las modificaciones efectuadas en los contratos celebrados entre una empresa adjudicataria de un contrato de suministro de trigo y el agente designado a tal fin por la República prestataria, no afecta directamente, a efectos del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, a la empresa adjudicataria, en la medida en que la empresa adjudicataria sólo mantiene relaciones jurídicas con la otra parte contratante, es decir, el agente designado para celebrar los contratos de compra, mientras que la Comisión sólo mantiene relaciones jurídicas con la parte con la que contrató, a saber el agente financiero de la República prestataria, y, por consiguiente, la intervención de la Comisión, cuyo papel consiste únicamente en verificar que se cumplen los requisitos establecidos por la normativa comunitaria, no afecta a la validez jurídica de los mencionados contratos.

De ello se deduce que la empresa adjudicataria carece de legitimación para interponer recurso de anulación contra dicha decisión, por lo que procede declarar la inadmisibilidad del mismo.

2. El recurso de indemnización basado en el artículo 178 y en el párrafo segundo del artículo 215 del Tratado se estableció como una vía jurisdiccional autónoma que tiene su función específica dentro del sistema de recursos, de modo que, en principio, la inadmisibilidad de un recurso de anulación no puede implicar la de un recurso por el que se solicita la reparación del perjuicio supuestamente sufrido a causa del acto cuya anulación se ha solicitado. La conclusión es diferente, sin embargo, en el supuesto de que el recurso de indemnización tenga por objeto en realidad la revocación de una decisión individual convertida en definitiva y constituya pues una desviación procesal. La carga de la prueba de dicha desviación procesal recae sobre la parte que la alega.

No cumple dicha obligación una excepción de inadmisibilidad que se limita a afirmar que el demandante sólo pretende obtener a través de la indemnización de daños y perjuicios el mismo precio que habría obtenido si, en el marco de la ejecución de un préstamo concedido por la Comunidad, la Comisión hubiera reconocido la conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables de ciertas modificaciones en un contrato mercantil celebrado por el demandante. Por lo demás, dado que no cabe excluir la posibilidad de que se produzcan actos o comportamientos de la Comisión, de sus servicios o de agentes concretos que causen un perjuicio a terceros, toda persona que afirme haber sido perjudicada por tales actos o comportamientos debe disponer de la posibilidad de interponer un recurso, recayendo en ella la carga de probar la existencia de un perjuicio causado por un acto o comportamiento ilegal, imputable a la Comunidad. De ello se deduce que procede declarar la admisibilidad de una pretensión que tiene por objeto la indemnización del perjuicio material supuestamente sufrido por el demandante a causa de la decisión de la Comisión de no reconocer la conformidad de las modificaciones del contrato con dichas disposiciones.