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1)

Si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (1), y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión: el fijar como criterio inequívoco el Tribunal Supremo en sus sentencias 44 a 49 de 23/01/2019 la determinación según la cual en los contratos de préstamo hipotecario concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija que todos los gastos de constitución de la operación de préstamo hipotecario deban repercutirse sobre la persona del prestatario, y con distribución de los diferentes conceptos que se integran en dicha cláusula abusiva y declarada nula, entre la entidad bancaria predisponente y el consumidor prestatario, con el fin de limitar la restitución de las cantidades indebidamente abonadas por aplicación de la legislación nacional. Y si de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión que por el Tribunal Supremo se lleve a cabo una interpretación integradora de una cláusula nula por abusiva cuando la supresión de la misma y los efectos dimanantes de ésta no afectan a la subsistencia del contrato de préstamo con garantía hipotecaria.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) el 25 de abril de 2019 — Telecom Italia SpA/Regione Sardegna

(Asunto C-338/19)

(2019/C 312/02)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Telecom Italia SpA

Recurrida: Regione Sardegna

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 659/1999/CE, (1) aplicable ratione temporis, a cuyo tenor «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, en los casos de ayuda abusiva, la Comisión podrá iniciar el procedimiento de investigación formal con arreglo al apartado 4 del artículo 4. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en los artículos 6, 7, 9, 10, el apartado 1 del artículo 11, y los artículos 12, 13, 14 y 15», en el sentido de que la Comisión Europea ha de adoptar una decisión preliminar de recuperación también en los casos de aplicación abusiva de la ayuda (sin perjuicio de la facultad que le asiste de someter directamente el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento n.o 659/1999/CE)? En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿debe declararse inválido el artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 659/1999/CE, de 22 de marzo de 1999, por infringir el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (anteriormente artículo 88, apartado 2, del Tratado CE)?

2) ¿Deben interpretarse los apartados 1 y 2 del artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004 (por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999), (2) en su versión modificada por el Reglamento (CE) de la Comisión, n.o 271/2008, de 30 de enero de 2008, (3) en el sentido de que el tipo de interés fijado en los mismos para la restitución de las ayudas estatales incompatibles e ilegales es también aplicable en el caso de recuperación de ayudas estatales aprobadas mediante decisión condicional y que se hayan aplicado de forma abusiva al verificarse la condición prevista?

(1) Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 1999, L 83, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento(CE) n.o 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 2004, L 140, p. 1).

(3) Reglamento (CE) n.o 271/2008 de la Comisión, de 30 de enero de 2008, que modifica el Reglamento (CE) no 794/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 2008, L 82, p. 1).
1)

¿Debe considerarse que, aun cuando no exista una obligación general de los Estados miembros de disponer la transformación de los contratos de trabajo de duración determinada en contratos por tiempo indefinido, la cláusula 5 del Acuerdo marco que figura en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, (1) cuyo título es «Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva», considerada a la luz del principio de equivalencia, es contraria a una normativa nacional, como la constituida por el artículo 29, apartado 2, letra d), y apartado 4, del Decreto Legislativo n.o 81 de 15 de junio de 2015 y el artículo 36, apartados 2 y 5, del Decreto Legislativo n.o 165 de 30 de marzo de 2001, que excluye la conversión de los contratos de duración trienal, prorrogables por dos años, conforme al artículo 24, apartado 3, letra a), de la Ley n.o 240 de 2010, de los investigadores universitarios en contratos por tiempo indefinido?
4.

En consecuencia, la Associazione ha recurrido el auto por infracción del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine, por no haber tomado en consideración el objeto del litigio según constaba en la demanda. Se señala a este respecto que el Tribunal General no consideró que la afectación directa del Reglamento impugnado sobre la Associazione, y a través de ella sobre sus miembros, deriva del carácter potencialmente cancerígeno de la sustancia activa glifosato (véase el análisis del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer publicado el 20 de marzo de 2015, no tenido en cuenta en el Reglamento 2017/2324 impugnado) cuya aprobación compete exclusivamente a la Unión Europea y no es objeto de autorización que compete a los Estados miembros, y ello en la medida en que la autorización nacional del producto fitosanitario no supone ninguna evaluación respecto de la sustancia activa glifosato que la Unión Europea ya aprobó previamente, lo que excluye, por lo tanto, que el Estado italiano pueda autorizar o denegar la comercialización de productos fitosanitarios atendiendo a la sustancia activa glifosato. Así pues, la recurrente considera que, en el presente caso, el Tribunal General apreció los requisitos establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine, sin tener en cuenta lo alegado en el litigio, esto es, el hecho de que se encuentran residuos de glifosato en las aguas subterráneas, en los alimentos (pasta) y en el suelo, con el consiguiente daño que la comercialización de tal sustancia está ocasionando al territorio, a los ciudadanos de los Estados miembros y a los intereses de los que se hace portadora la Associazione y, a través de ella, sus miembros. Por lo tanto, considera que el Tribunal General debió haber evaluado la afectación a que se refiere el citado artículo 263 respecto de tal circunstancia y las disposiciones estatutarias de GranoSalus, así como la posición cualificada de sus miembros, lo que no hizo en su auto.
C 255/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf (Alemania) el 16 de abril de 2019 — EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Asunto C-345/19)

(2019/C 255/30)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: EUflight.de GmbH

Demandada: Eurowings GmbH

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Deben interpretarse los artículos 4, 5, 6 y 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) en el sentido de que los pasajeros que hayan sido transportados en el vuelo reservado al destino final con un adelanto superior a una hora respecto a la hora de salida prevista han de percibir el pago de una compensación, por aplicación analógica del artículo 7 del Reglamento?

2. ¿Puede reducirse dicha compensación, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de este Reglamento en función de la distancia del vuelo, cuando la hora de llegada sea anterior a los retrasos mencionados en esta disposición, e incluso anterior a la hora de llegada prevista?

3. ¿Queda excluida la posibilidad de reducción cuando la hora de salida se anticipa respecto a la hora de salida prevista en la misma medida del límite de los retrasos establecido en el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento (es decir, más de dos, tres o cuatro horas)?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht des Saarlandes (Alemania) el 9 de abril de 2019 — QM/Finanzamt Saarbrücken

(Asunto C-288/19)

(2019/C 206/43)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht des Saarlandes

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: QM

Recurrida: Finanzamt Saarbrücken

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 56, apartado 2, de la Directiva del IVA (1) en el sentido de que la «prestación de servicios de arrendamiento […] de un medio de transporte a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo» comprende también la cesión de un vehículo afectado a la empresa de un sujeto pasivo (vehículo de empresa) a un miembro de su personal cuando este no realiza por ello una contraprestación diferente a (una parte de) su prestación de trabajo, es decir, cuando no realiza ningún pago, no emplea por ello ninguna parte de su retribución en metálico y tampoco elige entre diversas ventajas ofrecidas por el sujeto pasivo conforme a un acuerdo entre las partes en virtud del cual el derecho al uso del vehículo de empresa está vinculado a la renuncia a otras ventajas?

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1), en la versión correspondiente a la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008 (DO 2008, L 44, p. 11).
1)

Primera cuestión prejudicial — Atendiendo a la normativa interna que configura el ordenamiento deportivo, ¿puede calificarse a la Federazione calcistica italiana de organismo de Derecho público, en la medida en que se ha creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tienen carácter industrial ni mercantil? — En particular ¿concurre en el caso de la Federazione calcistica italiana tal requisito teleológico, de forma que pueda ser considerada un organismo de Derecho público, aun cuando no haya sido constituida formalmente por una administración pública y tenga una base asociativa, en atención al hecho de que se rige por un ordenamiento sectorial (deportivo) estructurado según modelos de carácter público y por los principios y las normas del Comitato olimpico nazionale italiano y de los organismos deportivos internacionales, mediante el reconocimiento a efectos deportivos de la entidad pública nacional? — Asimismo, ¿concurre ese requisito en el caso de una federación deportiva como la Federazione italiana giuoco calcio, dotada de capacidad de autofinanciación, en relación con una actividad que no es de carácter público, como la controvertida en el litigio principal o, por el contrario, debe considerarse prevalente la exigencia de garantizar en todo caso la aplicación de las normas de Derecho público a la adjudicación a terceros de cualquier tipo de contrato que celebre dicha entidad?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, en el sentido de que excluye la aplicación de las disposiciones de la Directiva en lo relativo al examen del carácter abusivo de determinadas cláusulas relativas a gastos del crédito no correspondientes a intereses, cuando las disposiciones legales vigentes en un Estado miembro fijen un límite superior para estos gastos, al establecer que los gastos del crédito no correspondientes a intereses resultantes del contrato de crédito al consumo no se devengan en la parte que supera los gastos máximos del crédito no correspondientes a intereses, calculados con arreglo a la forma determinada en la Ley, o el importe total del crédito?
—

Que se anule el artículo 1, apartado 1 de la decisión impugnada en la medida en que la Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex. NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (2) estima que la medida tributaria cuestionada constituye una ayuda de Estado y
Recurso de casación interpuesto el 25 de enero de 2019 por Axa Mediterranean Holding, S.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 15 de noviembre de 2018 en el asunto T-405/11, Axa Mediterranean / Comisión

(Asunto C-54/19 P)

(2019/C 112/39)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Axa Mediterranean Holding, S.A. (representantes: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones

— Que se case la sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2018;

— Que se acoja el recurso de anulación y se anule definitivamente la decisión recurrida; y

— Que se condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

El 15 de noviembre de 2018 el Tribunal General dictó sentencia en el asunto T-405/11, Axa Mediterranean Holding, S.A. c. Comisión Europea (1), contra la que se dirige este recurso de casación. La sentencia desestima el recurso de la recurrente contra la decisión de la Comisión Europea, de 12 de enero de 2011 (2), sobre el «fondo de comercio financiero» regulado en el artículo 12.5 de la Ley española de Impuesto sobre Sociedades.

En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca un motivo único de casación, relativo a los errores de Derecho en los que incurrió la sentencia recurrida en la interpretación del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con la noción de «selectividad».

En particular, el recurso alega que la sentencia recurrida erró:

— en la determinación del sistema de referencia en la primera fase del análisis de selectividad;

— en la determinación del objetivo a partir del cual comparar las distintas situaciones de hecho y de derecho en la segunda fase del análisis de selectividad;

— en consecuencia, erró también en la atribución de la carga de la prueba y en la aplicación del principio de proporcionalidad;

— subsidiariamente, en su análisis en relación con la supuesta ausencia de prueba de la causalidad entre la imposibilidad de la empresas de fusionarse en el extranjero y la adquisición de participaciones en el extranjero; y

— subsidiariamente, al descartar la separabilidad de la medida en función del porcentaje de control.

— Además de mantener un razonamiento jurídicamente incorrecto, la sentencia sustituye en varios de dichos puntos el razonamiento de la decisión por uno distinto y propio, incurriendo así en errores de Derecho adicionales.

(1) Sentencia de 15 de noviembre de 2018, Axa Mediterranean/Comisión (T-405/11, no publicada, EU:T:2018:780).

(2) Decisión de la Comisión 2011/282/UE, de 12 de enero de 2011, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 135, p. 1).
5)

Los artículos 2 TUE, 3 TUE y 6 TUE; los artículos 126 TFUE y 151 TFUE, apartado 1; el artículo 15, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 6 del Pilar europeo de derechos sociales, ¿se oponen al artículo 1, apartado 489, de la Ley n.o 147/2013, en relación con el artículo 23 ter, apartado 1, del Decreto Ley n.o 201/2011, convertido en la Ley n.o 214/2011, en la medida en que tales normas permiten/obligan a una Administración pública italiana, incluso durante la vigencia de la relación laboral o de colaboración, a reducir el salario debido al trabajador en función de la variación del techo salarial al que se refiere el citado artículo 23 ter, apartado 1, del Decreto Ley n.o 201/2011, convertido en la Ley n.o 214/2011, por lo tanto, como consecuencia de un acontecimiento imprevisible y, cualquier caso, con arreglo a un mecanismo que no es inmediatamente comprensible y a pesar de la información proporcionada al trabajador al comienzo de la relación laboral?
C 93/33

Petición de decisión prejudicial planteada por el Helsingin Hovioikeus (Finlandia) el 21 de diciembre de 2018 — A y otros / Finnair Oyj

(Asunto C-832/18)

(2019/C 93/43)

Lengua de procedimiento: finés

Órgano jurisdiccional remitente

Helsingin Hovioikeus

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: A y otros

Demandada: Finnair Oyj

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el Reglamento n.o 261/2004 (1) en el sentido de que un pasajero aéreo tiene derecho a otra compensación a efectos del artículo 7, apartado 1, [de este Reglamento] si ya ha recibido una compensación como resultado de la cancelación de un vuelo, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo alternativo es el mismo que el encargado de efectuar el vuelo cancelado y el vuelo alternativo reservado tras la cancelación del vuelo original se retrasa hasta tal punto con respecto a la hora de llegada prevista que genera un derecho a compensación?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera pregunta, ¿puede aducir el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo la existencia de circunstancias extraordinarias en el sentido del artículo 5, apartado 3, [del Reglamento n.o 261/2004] si, tras un seguimiento técnico de los aparatos en servicio por parte del fabricante de estos, el componente examinado en el documento [de seguimiento] de que se trata se considera en realidad un componente «on condition», es decir, un componente que se utiliza hasta que se averíe, y el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo se ha preparado para sustituirlo teniendo siempre disponible un componente de recambio?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

¿Constituye un «contrato púbico» en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/24/UE, (1) o bien un contrato comprendido [al menos en principio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 4, letras a) a c)] en el ámbito de aplicación de la Directiva, con arreglo a su artículo 12, apartado 4, una cesión de software acordada por escrito entre dos organismos de la Administración pública y vinculada a un convenio de cooperación existente entre ambas, habida cuenta de que, aunque la entidad cesionaria no debe pagar ni precio ni compensación de costes por el software, el convenio de cooperación vinculado a la cesión del software dispone que cada una de las partes (y, por tanto, también la entidad cesionaria) debe poner a disposición de la otra parte gratuitamente cualesquiera nuevos desarrollos futuros, si bien no obligatorios, de dicho software?
1)

a) ¿Lleva a cabo un acto de comunicación en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE (1) el prestador de un servicio de sharehosting mediante el cual los usuarios ponen a disposición del público archivos con contenidos protegidos por derechos de autor sin el consentimiento del titular de los derechos, cuando: — la operación de subida de los archivos se produce automáticamente y sin previa visualización y control por parte del operador; — en las condiciones de uso, el operador advierte de que no deben alojarse contenidos que vulneren derechos de autor; — el operador obtiene ingresos con la prestación del servicio; — el servicio se utiliza para fines lícitos, pero el operador es consciente de que también hay disponibles un número considerable de contenidos que vulneran derechos de autor (más de 9 500 obras); — el operador no ofrece índices de contenidos ni funciones de búsqueda, pero los enlaces de descarga ilimitada que proporciona son utilizados por terceros en colecciones de enlaces de internet que contienen información sobre el contenido de los archivos y que permiten la búsqueda de determinados contenidos; — con el sistema de remuneración de descargas que ofrece, dependiente de la demanda, incentiva la subida de contenidos protegidos por derechos de autor que, de lo contrario, no estarían disponibles para los usuarios de forma gratuita, y — al ofrecer la posibilidad de subir archivos de forma anónima, se incrementa la probabilidad de que los usuarios no tengan que responder de sus infracciones de derechos de autor? b) ¿Cambia la respuesta a esta cuestión si mediante el servicio de sharehosting se ofrecen contenidos que infringen derechos de autor en un porcentaje de entre el 90 % y el 96 % del total?
2)

En circunstancias en las que el bien inmueble arrendado por una persona física a un tercero no se destina y utiliza para desarrollar el resto de la actividad económica del arrendador, por lo que no puede establecerse la relación entre el bien y el ejercicio de las distintas profesiones de esa persona ¿permite el artículo 288, apartado 1, punto 4 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo de la Unión Europea, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), serie L, n.o 347 de 11 de diciembre de 2006, calificar la operación de arrendamiento como «operación accesoria», con lo que quedaría excluida del cálculo del volumen de negocios que sirve como referencia para la aplicación del régimen especial de exención para las pequeñas empresas?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 261/2004»), en el sentido de que, para ampararse en las disposiciones del Reglamento, los pasajeros deben probar su presencia en la facturación?
1.

El Tribunal General pasó por alto los requisitos que establece el Reglamento (CE) n.o 1367/2006 (1) para la denegación del libre acceso a la información medioambiental. A la luz de las obligaciones fijadas por el Convenio de Aarhus, hizo una interpretación demasiado extensiva del motivo de denegación contemplado en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (2) en relación con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 1367/2006. El Tribunal General incurre en error de Derecho al basarse en la premisa de la confidencialidad comercial de la información relativa a la eficiencia en materia de emisiones de CO2 de una planta industrial.