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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 45/16

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Riigikohus — Estonia) — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium

(Asunto C-561/12) (1)

(Contratos públicos - Procedimiento negociado con publicación de un anuncio de licitación - Posibilidad de que la entidad adjudicadora negocie ofertas no conformes a los requisitos imperativos de las especificaciones técnicas indicados en el pliego de condiciones del contrato)

2014/C 45/28

Lengua de procedimiento: estonio

Órgano jurisdiccional remitente

Riigikohus

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Demandada: Rahandusministeerium

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Riigikohus — Interpretación del artículo 30, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) — Procedimiento negociado con publicación de un anuncio de licitación — Posibilidad o no de que la entidad adjudicadora negocie ofertas que no cumplan los requisitos imperativos establecidos en las especificaciones técnicas indicadas en el pliego de cargos del contrato público — Especificaciones técnicas modificadas durante las negociaciones — Posibilidad de adjudicar el contrato público a licitadores que propongan una oferta que no cumpla dichas especificaciones técnicas.

Fallo

El artículo 30, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, no autoriza a la entidad adjudicadora a negociar con los licitadores ofertas que no cumplan los requisitos imperativos establecidos en las especificaciones técnicas del contrato.

(1) DO C 38, de 9.2.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/20

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de diciembre de 2013 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/The Bridport and West Dorset Golf Club Limited

(Asunto C-495/12) (1)

(Fiscalidad - IVA - Directiva 2006/112/CE - Exenciones - Artículo 132, apartado 1, letra m) - Prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte - Acceso a un campo de golf - Visitantes que no son miembros de un club de golf y pagan un derecho de acceso al green («green fee») - Exclusión de la exención - Artículo 133, párrafo primero, letra d) - Artículo 134, letra b) - Ingresos suplementarios)

2014/C 52/34

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Demandada: The Bridport and West Dorset Golf Club Limited

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) — Interpretación de los artículos 132, apartado 1, letra m), 133, letra d) y 134, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Exenciones — Prestaciones de servicios directamente relacionados con la práctica del deporte o con la educación física — Venta, por un organismo sin ánimo de lucro, de derechos a utilizar un terreno de golf durante un determinado período con el fin de practicar el golf

Fallo

1) El artículo 134, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no excluye del beneficio de la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra m), de dicha Directiva, la prestación de servicios consistente en que un organismo sin ánimo de lucro, que gestiona un campo de golf y propone un régimen de afiliación, conceda el derecho de utilizar dicho campo de golf a los visitantes que no son miembros de dicho organismo.

2) El artículo 133, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros, en circunstancias como las del litigio principal, excluir del beneficio de la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra m), de dicha Directiva la prestación de servicios consistente en conceder el derecho de utilizar el campo de golf gestionado por un organismo sin ánimo de lucro que propone un régimen de afiliación cuando dicho servicio se presta a visitantes que no son miembros del referido organismo.

(1) DO C 32, de 2.2.2013.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 9/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de noviembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Italia) — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

(Asunto C-313/12) (1)

(Procedimiento administrativo nacional - Situación puramente interna - Actos administrativos - Obligación de motivación - Posibilidad de subsanar la falta de motivación en el procedimiento judicial en el que se impugna un acto administrativo - Interpretación de los artículos 296 TFUE, párrafo segundo, y 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Incompetencia del Tribunal de Justicia)

2014/C 9/15

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Giuseppa Romeo

Demandada: Regione Siciliana

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana) — Interpretación del artículo 296 TFUE y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Normativa nacional que prevé la posibilidad de la Administración pública de no motivar sus actos en determinadas circunstancias o de subsanar la falta de motivación de un acto administrativo en un procedimiento judicial iniciado contra dicho acto — Derecho nacional que se remite al Derecho de la Unión para regular situaciones exclusivamente internas — Posibilidad del juez nacional de interpretar y de aplicar las disposiciones y los principios del Derecho nacional de manera diferente de la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia.

Fallo

1) La primera cuestión planteada por la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia), mediante resolución de 19 de junio de 2012, es inadmisible.

2) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera planteadas por la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, mediante resolución de 19 de junio de 2012.

(1) DO C 295, de 29.9.2012.
2)

El artículo 32 de la Directiva 2001/24 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una disposición nacional, como el artículo 98 de la Ley no 161/2002 relativa a los establecimientos financieros, de 20 de diciembre de 2002, en su versión modificada por la Ley no 129/2008, de 13 de noviembre de 2008, que prohibía o suspendía toda actuación judicial en contra de un establecimiento financiero desde el momento en que éste gozaba de una moratoria, surta efectos sobre medidas cautelares como las controvertidas en el litigio principal adoptadas por otro Estado miembro antes de concederse tal moratoria.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 344/24

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de octubre de 2013 — Bernhard Rintisch/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Bariatrix Europe Inc. SAS

(Asunto C-120/12 P) (1)

(Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículo 74, apartado 2 - Reglamento (CE) no 2868/95 - Regla 50, apartado 1, párrafos primero y tercero - Oposición del titular de una marca anterior - Existencia de la marca - Pruebas presentadas en apoyo de la oposición una vez finalizado el plazo fijado al efecto - No consideración - Facultad de apreciación de la Sala de Recurso - Disposición contraria - Circunstancias que se oponen a que se tengan en cuenta pruebas nuevas o adicionales)

2013/C 344/40

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Bernhard Rintisch (representante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: G. Schneider, agente), Bariatrix Europe Inc. SAS

Objeto

Recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 16 de diciembre de 2011, Rintisch/OAMI (T-62/09), mediante la que el Tribunal General desestimó un recurso de anulación interpuesto por el titular de las marcas denominativas y figurativas nacionales «PROTI», «PROTIPOWER» y «PROTIPLUS», para productos de las clases 29 y 32, y del nombre comercial nacional «PROTITOP», para productos de las clases 29, 30 y 32, contra la resolución R 740/2008-4 de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 15 de diciembre de 2008, por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición que desestima la oposición formulada por el recurrente contra el registro de la marca denominativa «PROTI SNACK», para productos de las clases 5, 29, 30 y 32 — Presentación extemporánea de documentos — Facultad de apreciación conferida por el artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente, artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009].

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas al Sr. Bernhard Rintisch.

(1) DO C 165, de 9.6.2012.
1)

El artículo 40, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1009/2008 del Consejo, de 9 de octubre de 2008, debe interpretarse en el sentido de que todo agricultor, por el mero hecho de haber estado sometido, durante el período de referencia, a compromisos agroambientales con arreglo a los Reglamentos (CEE) no 2078/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural, y (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos, en su versión resultante del Reglamento (CE) no 2223/2004 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, puede solicitar que su importe de referencia se calcule sobre la base del año o de los años naturales del período de referencia no sujetos a tales compromisos.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 225/34

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 20 de junio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Plovdiv — Bulgaria) — Teritorialna direktsia na NAP — Plovdiv/RODOPI-M 91 OOD

(Asunto C-259/12) (1)

(Fiscalidad - IVA - Directiva 2006/112/CE - Principios de neutralidad fiscal y de proporcionalidad - Contabilización y declaración extemporáneas de la anulación de una factura - Regularización del incumplimiento - Pago del impuesto - Presupuesto del Estado - Inexistencia de perjuicio - Sanción administrativa)

2013/C 225/58

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad Plovdiv

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Teritorialna direktsia na NAP — Plovdiv

Demandada: RODOPI-M 91 OOD

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Administrativen sad Plovdiv — Interpretación de los artículos 242 y 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Sanción administrativa infligida por la declaración tardía de la anulación de una factura aunque la anulación fue consignada posteriormente y el interesado ingresó el impuesto resultante de la factura anulada no inscrita en el libro de compras y en la declaración fiscal relativa al período fiscal — Sanción pecuniaria por importe igual al importe total del impuesto no abonado en su debido momento — Principio de neutralidad fiscal.

Fallo

El principio de neutralidad fiscal no se opone a que la Administración tributaria de un Estado miembro imponga a un sujeto pasivo que no ha cumplido en el plazo previsto por la legislación nacional su obligación de contabilizar y de declarar circunstancias que afectan al cálculo del impuesto sobre el valor añadido por él devengado una multa igual a la cuota tributaria no satisfecha en dicho plazo, cuando el sujeto pasivo ha regularizado posteriormente el incumplimiento y ha abonado la totalidad de la cuota adeudada más los intereses correspondientes. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, a la luz de los artículos 242 y 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, si la cuantía de la sanción impuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de garantizar la recaudación exacta del impuesto y prevenir el fraude, teniendo en cuenta las circunstancias del litigio principal y, en particular, el plazo en el que se ha rectificado la irregularidad, la gravedad de la irregularidad y la posible existencia de un fraude o de una elusión de la normativa aplicable imputable al sujeto pasivo.

(1) DO C 243, de 11.8.2012.
2)

Los artículos 6, apartado 1, letras b) y c), y 7, letras c) y e), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que impone al empleador la obligación de poner a disposición de la autoridad nacional competente para la supervisión de las condiciones de trabajo el registro del tiempo de trabajo, de forma que se permita su consulta inmediata, siempre que esta obligación sea necesaria para el ejercicio por esta autoridad de la misión de supervisión que le incumbe en relación con la normativa sobre condiciones de trabajo y, especialmente, de la relativa al tiempo de trabajo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 325/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de septiembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf — Alemania) — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe

(Asunto C-526/11) (1)

(Contratos públicos - Directiva 2004/18/CE - Artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c) - Concepto de «organismo de Derecho público» - Requisito relativo bien a la financiación de la actividad, bien al control de la gestión, o bien al control de la actividad por parte del Estado, entes territoriales u otros organismos de Derecho público - Colegio profesional de médicos - Financiación establecida por ley a través de cuotas abonadas por los miembros de dicho Colegio - Importe de las cuotas fijado por la asamblea del mencionado Colegio - Autonomía del mismo Colegio para determinar el alcance y las modalidades de ejecución de sus funciones legales)

2013/C 325/05

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: IVD GmbH & Co. KG

Demandada: Ärztekammer Westfalen-Lippe

En el que participa: WWF Druck + Medien GmbH

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretación del artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) — Concepto de «organismo de Derecho público» — Requisitos de financiación mayoritaria y de control de la gestión por parte del Estado — Colegio profesional facultado por ley para cobrar cuotas a sus miembros, debiendo fijarse el importe y la atribución de dichas cuotas mediante un reglamento que precisa de la aprobación del Estado.

Fallo

El artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que un organismo como un colegio profesional de Derecho público no cumple ni el criterio relativo a la financiación mayoritaria por parte de los poderes públicos cuando dicho organismo está mayoritariamente financiado por las cuotas abonadas por sus colegiados, estando facultado por la ley para fijar las cuotas y cobrar su importe, en el caso de que dicha ley no determine el alcance ni las modalidades de las acciones que el mencionado organismo lleva a cabo en el marco del cumplimiento de sus funciones legales, que las mencionadas cuotas deben financiar, ni el criterio relativo al control de la gestión por parte de los poderes públicos por el mero hecho de que la resolución en cuya virtud el mismo organismo fija el importe de las citadas cuotas deba ser aprobada por una autoridad de supervisión.

(1) DO C 25, de 28.1.2012.
1)

Las actividades como las controvertidas en el litigio principal, siempre que no conduzcan a una modificación del medicamento de que se trate y se efectúen únicamente sobre la base de prescripciones individuales que dispongan estas operaciones, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente, no precisan de la obtención de una autorización de comercialización con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, pero, en todo caso, siguen estando reguladas por lo dispuesto en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2010/84/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010.
1)

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE al adoptar el artículo 17, apartado 1, letras a) y c), del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, establecido por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba dicho texto refundido, y en virtud del cual, en los casos de traslado, a otro Estado miembro, de la residencia de una sociedad establecida en España y de transferencia, a otro Estado miembro, de activos de un establecimiento permanente situados en España, las plusvalías no realizadas se integran en la base imponible del ejercicio fiscal, mientras que tales plusvalías no tienen consecuencias fiscales inmediatas si esas operaciones tienen lugar dentro del territorio español.
1)

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.
1)

El artículo 5 del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, debe interpretarse en el sentido de que circunstancias como el cierre de una parte del espacio aéreo europeo a raíz de la erupción del volcán Eyjafjallajökull constituyen «circunstancias extraordinarias» en el sentido de dicho Reglamento que no exoneran a los transportistas aéreos de su obligación de asistencia establecida en los artículos 5, apartado 1, letra b), y 9 del Reglamento no 261/2004.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 63/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de enero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

(Asunto C-206/11) (1)

(Protección de los consumidores - Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior - Normativa de un Estado miembro conforme a la cual los anuncios de rebajas requieren de autorización previa)

2013/C 63/03

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Georg Köck

Demandada: Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberster Gerichtshof — Interpretación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) (DO L 149, p. 22) y, en particular, sus artículos 3, apartado 1, y 5, apartado 5 — Normativa de un Estado miembro que prevé una autorización previa para el anuncio de liquidaciones.

Fallo

La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales), debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional nacional ordene el cese de una práctica comercial no comprendida en el anexo I de dicha Directiva por el único motivo de que la citada práctica no ha sido objeto de una autorización previa de la administración competente, sin haber procedido no obstante él mismo a una apreciación del carácter desleal de la práctica de que se trata a la luz de los criterios establecidos en los artículos 5 a 9 de dicha Directiva.

(1) DO C 226, de 30.7.2011.
2)

Los artículos 4 y 7, apartado 2, letra c), del Reglamento no 1896/2006 deben ser interpretados en el sentido de que no se oponen a que el demandante reclame, en el marco de una petición de requerimiento europeo de pago, los intereses correspondientes al período desde la fecha en que devienen exigibles hasta la fecha de pago del principal.