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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 319/10

Recurso interpuesto el 1 de septiembre de 2011 — Comisión Europea/República Portuguesa

(Asunto C-450/11)

2011/C 319/18

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Afonso y L. Lozano Palacios, agentes)

Demandada: República Portuguesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 306 a 310 de la Directiva IVA, (1) al aplicar, como prevé el Decreto-ley 221/85, de 3 de julio, el régimen especial del IVA de las agencias de viajes a los servicios de viajes que se venden a personas que no tienen la condición de viajeros.

— Que se condene en costas a la República Portuguesa.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión considera que la aplicación del régimen especial por la República Portuguesa, que lo extiende a las operaciones prestadas por las agencias de viajes a otras agencias de viajes o a otros sujetos pasivos del IVA que no tienen la condición de viajeros, no es conforme con la normativa de la Unión sobre esta materia, puesto que l as disposiciones de la Directiva IVA exigen que la aplicación del régimen especial se limite a los servicios prestados a los viajeros.

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 298/16

Recurso interpuesto el 5 de agosto de 2011 — Comisión Europea/Gran Ducado de Luxemburgo

(Asunto C-412/11)

2011/C 298/29

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: J.-P. Keppenne y H. Støvlbæk, agentes)

Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE en su versión modificada (1) y del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE, (2) debido a la insuficiencia de las medidas adoptadas para desarrollar el primer paquete ferroviario.

— Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión denuncia las disposiciones nacionales controvertidas en la medida en que establecen que en caso de perturbaciones del tráfico, es la société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) y no una entidad independiente quien efectúa la asignación de las franjas ferroviarias. De ese modo, la CFL participa en el ejercicio de las funciones esenciales, extremo que no garantiza un acceso equitativo y no discriminatorio a la infraestructura al resto de operadores.

En respuesta a las objeciones planteadas por las autoridades luxemburguesas, la Comisión señala, en primer lugar, que es inexacta la afirmación de éstas en el sentido de que no existe reasignación de las franjas ferroviarias en caso de perturbación del tráfico. Cuando ya no se puede cumplir el horario, la CFL da paso a los trenes con retraso, lo que supone una reasignación de las franjas. En segundo lugar, la Comisión se opone a la alegación según la cual el artículo 29 de la Directiva 2001/14/CE constituye una lex specialis que introduce una excepción a la regla general y que permite justificar que la CFL asigne las franjas en caso de perturbaciones.

(1) Directiva 2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 75, p. 1).

(2) Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 75, p. 29).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 282/7

Recurso de casación interpuesto el 6 de julio de 2011 por Maurice Emram contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 10 de mayo de 2011 en el asunto T-187/10, Emram/OAMI

(Asunto C-354/11 P)

2011/C 282/13

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Maurice Emram (representante: M. Benavï, avocat)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Guccio Gucci Spa

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General con respecto a todas sus declaraciones por haber desestimado el recurso de anulación de la resolución de 11 de febrero de 2010 de la Primera Sala de Recurso de la OAMI.

— Que se anule la resolución de la Sala de Recurso, en virtud del artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

— Que se condene a la OAMI al pago de las costas causadas ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia, y a la sociedad Gucci al de las costas relativas al procedimiento ante la OAMI y el Tribunal General

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente alega infracción de los artículos 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, (1) y del artículo 17 del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. (2)

A este respecto, la recurrente señala, en primer lugar, que el Tribunal General decidió que existía un riesgo de confusión sin tener en cuenta todos los elementos pertinentes del caso de autos, en particular la no utilización de las marcas anteriores en el mercado, la consideración del carácter distintivo de las marcas anteriores, la presencia efectiva en el mercado de otros productos del mismo tipo revestidos con diversos signos «G» y el grado de importancia atribuido a este tipo de signos, para identificar una marca comercial, por el público al que se dirigen los productos o servicios correspondientes. Además, la recurrente alega que el Tribunal General apreció incorrectamente la semejanza entre las marcas en pugna, lo cual se debió, en particular, a una desnaturalización de los hechos, a una apreciación incorrecta del carácter distintivo y dominante de las marcas anteriores y a la apreciación errónea de la naturaleza de los productos pertinentes.

La recurrente alega, en segundo lugar, aplicación errónea de la jurisprudencia por el Tribunal General en la medida en que, a su juicio, no tuvo en cuenta las resoluciones nacionales anteriores, con infracción del artículo 17 del Reglamento no 207/2009 antes citado.

Por último, alega violación del principio de igualdad de trato por el Tribunal en la medida en que considera que apreció parcialmente la semejanza entre los signos, ignorando el contenido verbal de la marca solicitada y comparando los signos sobre la base de criterios excesivamente amplios.

(1) DO 1994, L 11, p. 1.

(2) DO L 78, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 269/32

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Lyon (Francia) el 1 de julio de 2011 — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

(Asunto C-336/11)

2011/C 269/62

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Lyon

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects

Demandadas: Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse la Nomenclatura Combinada [que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al arancel aduanero común, (1) en su versión modificada por los Reglamentos CE no 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006, (2) y 1214/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2007] (3) en el sentido de que las almohadillas para pulido destinadas a una máquina de pulir para trabajar materiales semiconductores –incluida, en cuanto tal, en la partida arancelaria 8460– importadas separadamente de la máquina, que se presentan en forma de discos perforados en el centro, compuestos por una capa dura de poliuretano, una capa de espuma de poliuretano, una capa de cola y una película de protección de plástico, que no incluyen ninguna parte de metal, ni ninguna sustancia abrasiva y se utilizan para el pulido de wafers, en combinación con un líquido abrasivo, y han de sustituirse con una frecuencia determinada por el grado de desgaste, pertenecen a la partida 8466 91 15, como partes o accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas clasificadas en las partidas 8456 a 8465, o, en función de su materia constitutiva, a la partida arancelaria 3939 90 10, como formas planas autoadhesivas de plástico?

(1) DO L 256, p. 1.

(2) DO L 301, p. 1.

(3) DO L 286, p. 1.
—

Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 13, apartados 1, 2, 3 y 6, y 15, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, al no haber elaborado los planes hidrológicos de cuenca (ni para las demarcaciones hidrológicas situadas totalmente en su territorio ni para las demarcaciones hidrográficas internacionales) a más tardar el 22 de diciembre de 2009, y al no haber enviado a la Comisión un ejemplar de los planes hidrológicos de cuenca a más tardar el 22 de marzo de 2010. Asimismo, la República Helénica incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 1, letra c), de la misma Directiva, al no haber incoado el procedimiento de información y consulta públicas respecto de los proyectos de planes hidrológicos de cuenca a más tardar el 22 de diciembre de 2008.
1)

En una situación en la que, en los ejercicios 2005 y 2006, en un depósito aduanero público ubicado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea fueron [importados], por un importador de dicho Estado miembro, bienes procedentes del territorio de un Estado no perteneciente a la Unión Europea (Ucrania), bienes que posteriormente, durante dicho depósito aduanero, pasaron al régimen de perfeccionamiento activo en el marco del régimen de suspensión, cuando el producto final, en lugar de ser exportado inmediatamente, de conformidad con el artículo 114 del Reglamento CEE no 2913/92, fue entregado, en ese mismo depósito, por la persona que lo ha transformado, a otra sociedad de dicho Estado miembro, la cual, desde el citado depositado aduanero, no los ha despachado a libre práctica, sino que ha vuelto a incluirlos acto seguido en un régimen de depósito aduanero, ¿es aplicable a la mencionada venta de bienes en dicho depósito aduanero siempre y únicamente la normativa aduanera comunitaria o bien la situación jurídica, a raíz de la venta de que se trata, sufrió una modificación por la que dicha operación quedó sujeta al régimen de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977? (1) Es decir, ¿es posible, a efectos del régimen del impuesto sobre el valor añadido previsto en la Sexta Directiva, considerar un depósito aduanero público, ubicado en el territorio de un Estado miembro, como parte del territorio de la Comunidad, en particular del territorio de dicho Estado miembro, según la definición prevista en el artículo 3 de la Sexta Directiva?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 346/25

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) el 5 de julio de 2010 — ENI SpA/Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

(Asunto C-329/10)

()

2010/C 346/40

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Partes en el procedimiento principal

Demandante: ENI SpA

Demandada: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los artículos 23, 43, 49 y 56 del Tratado CE, el artículo 11, apartados 2 y 6, y el artículo 24 de la Directiva 2003/54/CE (1) a una normativa nacional que, sin notificación a la Comisión, obliga con carácter permanente a determinados productores de energía eléctrica que, en determinadas circunstancias, sean esenciales para satisfacer la demanda para los servicios de ordenación, a presentar ofertas en los mercados de la bolsa de electricidad con arreglo a programas establecidos por el gestor de la red de forma obligatoria y que sustraiga la remuneración de tales ofertas a la libre determinación del productor, vinculándola a parámetros no prefijados con arreglo a procedimientos transparentes, no discriminatorios y basados en el mercado?

(1) DO L 176, p. 37.
1)

En un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un modelo comunitario registrado, ¿el derecho a prohibir su utilización por terceros previsto en el art. 19.1 del Reglamento (CE) no 6/2002 (1) del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, se extiende a cualquier tercero que utilice otro modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión distinta, o por el contrario, queda excluido aquel tercero que usa un modelo comunitario posterior registrado a su favor en tanto éste no se anule?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 328/26

Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República Helénica

(Asunto C-485/10)

()

2010/C 328/44

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: B. Stromsky y M. Kostantinidis, agentes)

Demandada: República Helénica

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 11 a 18 de la Decisión C(2008) 3118 de la Comisión, de 2 de julio de 2008, en su versión modificada por la Decisión de la Comisión de 13 de agosto de 2008, aplicadas por Grecia a favor de Ellenika Nafpigeia AE, y en virtud del TFUE, al no haber adoptado todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a dicha Decisión o, en todo caso, al no haber informado suficientemente a la Comisión de las medidas adoptadas con arreglo al artículo 19 de la Decisión.

— Que se condene en costas a la República Helénica.

Motivos y principales alegaciones

El recurso de la Comisión tiene por objeto la no ejecución por parte de la República Helénica de la Decisión de la Comisión sobre las ayudas de Estado ilegales que se concedieron a la empresa Ellenika Nafpigeia AE y que deben ser recuperadas a través del departamento no militar de dicha empresa

La Comisión sostiene que Grecia debía garantizar la ejecución de la Decisión en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de su notificación. La Decisión se le notificó el 13 de agosto de 2008 y la Comisión no prorrogó el plazo previsto para la ejecución de dicha Decisión. Por consiguiente, el plazo que se señaló a Grecia para dar cumplimiento a la Decisión finalizó, desde el punto de vista formal, el 13 de diciembre de 2008.

La Comisión recuerda que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el único motivo que puede justificar que un Estado miembro puede invocar ante un recurso por incumplimiento presentado por la Comisión con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, es la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente la Decisión.

Sin embargo, en el presente caso, las autoridades helénicas no invocaron nunca el argumento basado en la imposibilidad absoluta de ejecución. Por el contrario, expresaron, de entrada, su voluntad de ejecutar la decisión cuanto antes. No obstante, la Comisión señala que en el momento en que presentó este recurso, las autoridades helénicas no habían adoptado ninguna medida dirigida a ejecutar ni siquiera parcialmente la Decisión.

La Comisión estima que Grecia no ha adoptado las medidas necesarias para ejecutar la Decisión con arreglo a la solución que acordaron sus servicios y las autoridades helénicas o bien de cualquier otro modo que resulte adecuado.
—

Grain Millers, Inc. solicita que la resolución del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Séptima), asunto no T-430/08, de 9 de julio de 2010, que confirma la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 23 de julio de 2008 (asunto R 478/2007-2), relativa al procedimiento de oposición entre Grain Millers GmbH & Co. KG y Grain Millers, Inc se anule íntegramente y que se condene a la OAMI a las costas de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante el Tribunal General de la Unión Europea y que se condene a las demandadas a pagar las costas generadas en la Sala de Recurso y en la División de Oposición de la OAMI.
2)

Unas normas nacionales, tales como los artículos 8 a 13 del Real Decreto mencionado de 2 de junio de 2008, ¿son medidas, a los efectos del artículo 1, in fine, de dicha Directiva 98/34/CE, que los Estados miembros consideran necesarias para garantizar la protección de las personas, y en particular de los trabajadores, durante la utilización de productos, y que no afectan a éstos?
1)

¿Se oponen el artículo 15 de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (1) y el artículo 17 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación –introducidas en el Derecho rumano mediante la O.G. [Ordonanța Guvernului (Decreto del Gobierno)] no 137/2000, refundida y modificada– (2) a una normativa interna o a una sentencia de la Curte Constituțională (Tribunal Constitucional rumano) que prohíbe que los órganos jurisdiccionales nacionales concedan a demandantes discriminados las indemnizaciones materiales y/o morales que estimen adecuadas cuando la reparación del daño causado por los hechos discriminatorios afecte a derechos salariales previstos por la ley y reconocidos a otra categoría socio-profesional distinta de la de los demandantes? Véanse, en este sentido, las sentencias de la Curte Constituțională no 1325, de 4 de diciembre de 2008, y no 146, de 25 de febrero de 2010.
—

Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 126 del Reglamento (CE) no 1907/2006 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para aplicar las sanciones por incumplimiento de dicho Reglamento, o al no haberlas comunicado a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 113/19

Recurso de casación interpuesto el 2 de febrero de 2010 por Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 19 de noviembre de 2009 en los asuntos acumulados T-425/07 y T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./OAMI (100)

(Asunto C-56/10 P)

2010/C 113/29

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Recurrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (representante: D. Rzążewska)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de noviembre de 2009 en los asuntos acumulados T-425/07 y T-426/07.

— Que se devuelva el asunto al Tribunal General para su nuevo examen.

— Que se condene a la Oficina al pago de las costas en las que se incurra ante el Tribunal de Justicia.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente invoca que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 38, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria (1) al haber aplicado criterios jurídicos erróneos al declarar que la Sala de Recurso había exigido acertadamente una declaración sobre la no invocación de derechos exclusivos sobre las componentes consistentes en cifras 100 y 300.

Además, alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria, al haber aplicado criterios jurídicos inadecuados al declarar que las componentes para las que se exigió una declaración sobre la no invocación de derechos son descriptivas.

Por otro lado, alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letra c), el artículo 38, apartado 2, o el artículo 76 del Reglamento sobre la marca comunitaria o todas estas disposiciones, al no haber tenido en cuenta de manera adecuada la práctica de la Oficina en lo relativo al registro de signos compuestos por cifras o que se remiten al contenido de una publicación.

(1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1).
—

Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, en particular, de los artículos 6, 8, 9, 13, 15, 16 y 17 de la Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio, en su versión modificada, y de los artículos 22 y 23 de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE, al no haber aplicado la normativa de la Unión Europea en materia de seguros en su integridad a todas las compañías de seguros de manera no discriminatoria.