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Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Centros de procesamiento informatizado de datos encargados de la elaboración e impresión de nóminas - Normativa nacional que obliga a las empresas con menos de 250 empleados a recurrir a los centros constituidos y compuestos exclusivamente por personas pertenecientes a determinados colegios profesionales - Improcedencia - Justificación - Inexistencia

(Art. 43 CE)

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$$El artículo 43 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la legislación de un Estado miembro que obliga a las empresas con menos de 250 empleados, que deseen encargar la elaboración e impresión de sus nóminas a centros externos de procesamiento informatizado de datos, a recurrir solamente a los que estén constituidos y compuestos exclusivamente por personas pertenecientes a determinados colegios profesionales de dicho Estado miembro cuando, en virtud de la mencionada legislación, las empresas de más de 250 empleados pueden encargar tales actividades a los centros externos de procesamiento informatizado de datos con la única condición de que éstos estén asistidos por una o varias de dichas personas.

En efecto, aun cuando tal normativa no sea directamente discriminatoria, constituye para el agente económico establecido en otro Estado miembro un obstáculo para el ejercicio de sus actividades de elaboración e impresión de nóminas por medio de un establecimiento en el Estado miembro de que se trate, lo cual constituye una restricción en el sentido del artículo 43 CE.

Si bien, cuando se aplican a cualquier persona o empresa que ejerza una actividad en el territorio del Estado miembro de acogida, tales medidas pueden estar justificadas si responden a razones imperiosas de interés general, como la protección de los trabajadores, ello es así siempre que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo.

A este respecto, dado que los centros externos de procesamiento informatizado de datos que no estén constituidos y compuestos únicamente por personas pertenecientes a determinados colegios profesionales pueden ofrecer servicios de elaboración e impresión de nóminas a empresas de más de 250 empleados, los cuales no parece que deban gozar a este respecto de una protección menor que los que trabajan para empresas con menos empleados y dado que las actividades de que se trata no pueden ser menos complejas cuando aumenta el número de trabajadores por cuenta ajena, tal legislación va, en cualquier caso, más allá de lo necesario para alcanzar su objetivo de protección de los derechos de los trabajadores.

( véanse los apartados 27, 28, 36, 37 y 39 y el fallo )
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Aproximación de las legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Derecho del titular de una marca registrada a oponerse a la utilización ilícita de su marca - Signo idéntico a la marca - Signo que reproduce, sin modificación ni adición, todos los elementos que constituyen la marca o que, considerado en su conjunto, presenta diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio - Interpretación válida tanto para el artículo 5, apartado 1, letra a), como para el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva

[Directiva 89/104/CEE del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra a), y 5, ap. 1, letras a) y b)]

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$$El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, que determina los casos en los que el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero el uso de signos idénticos a su marca, debe interpretarse en el sentido de que un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

En efecto, a diferencia del artículo 5, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, que sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud entre signos y marcas y los productos o servicios designados, exista por parte del público un riesgo de confusión, dicho artículo 5, apartado 1, letra a), no exige la prueba de tal riesgo para conceder una protección absoluta en caso de identidad del signo y de la marca, así como de los productos o servicios. Por ello, el criterio de la identidad del signo y de la marca debe ser objeto de interpretación restrictiva. En efecto, la propia definición del concepto de identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos. Por otra parte, la protección absoluta en el caso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que ésta se registró, garantizada por el apartado 1, letra a), de dicho artículo, no puede extenderse más allá de las situaciones para las que se ha previsto, en particular, a las situaciones a las que protege más específicamente la letra b) del mismo apartado.

Además, dado que los requisitos de aplicación del referido artículo 5, apartado 1, letra a), corresponden básicamente a los del artículo 4, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, la interpretación que se ha hecho del artículo 5, apartado 1, letra a), es trasladable, mutatis mutandis, a dicho artículo 4, apartado 1, letra a), que prevé que podrá declararse la nulidad de una marca registrada cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior.

( véanse los apartados 40, 41, 43, 48 a 54 y el fallo )
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Deducción del impuesto soportado - Sujeto pasivo que realiza indistintamente operaciones sujetas al impuesto y operaciones exentas - Impuesto sobre los servicios recibidos para llevar a cabo la transmisión de una universalidad total o parcial de bienes - Estado miembro que no considera dicha transmisión una entrega de bienes - Derecho a deducción - Requisitos

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 5, párr. 8, y 17, párr. 5)

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$$Cuando un Estado miembro ha hecho uso de la facultad que concede el artículo 5, apartado 8, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, de modo que la transmisión de una universalidad total o parcial de bienes no es considerada una entrega de bienes, los gastos efectuados por el cedente correspondientes a los servicios recibidos para llevar a cabo esta transmisión forman parte de los gastos generales de este sujeto pasivo y, por lo tanto, están, en principio, directa e inmediatamente relacionados con el conjunto de su actividad económica. En consecuencia, si el cedente efectúa indistintamente operaciones con derecho a deducción y operaciones que no conllevan tal derecho, del artículo 17, apartado 5, de la Sexta Directiva 77/388 se desprende que únicamente puede deducir la parte de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido que sea proporcional a la cuantía de las operaciones primeramente enunciadas. No obstante, si los distintos servicios recibidos por el cedente para realizar la transmisión tienen una relación directa e inmediata con una parte claramente delimitada de sus actividades económicas, de manera que los costes de dichos servicios forman parte de los gastos generales correspondientes a dicha parte de la empresa, y si todas las operaciones que la integran están sujetas al impuesto sobre el valor añadido, este sujeto pasivo puede deducir la totalidad del impuesto sobre el valor añadido que haya gravado los gastos que haya efectuado para obtener dichos servicios.

( véanse el apartado 42 y el fallo )
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Política social - Trabajadores y trabajadoras - Igualdad de retribución - Concesión de una indemnización por extinción del contrato de trabajo a los trabajadores que presentan su dimisión tras el nacimiento de un hijo y debido a la falta de guarderías infantiles - Indemnización inferior a la que perciben los trabajadores que presentan su dimisión por una causa justa relacionada con la condiciones de trabajo en la empresa o con el comportamiento del empresario - Discriminación indirecta - Inexistencia - Carácter público o privado de las guarderías infantiles - Irrelevancia

[Tratado CE, art. 119 (los arts. 177 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los arts. 136 CE a 143 CE)]

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$$El artículo 119 del Tratado CE (los artículos 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE) no se opone a una normativa nacional que concede una indemnización por extinción del contrato a aquellos trabajadores que ponen fin antes de tiempo a su relación laboral para cuidar a sus hijos, debido a la falta de guarderías infantiles, indemnización que es inferior a la que perciben, respecto de una misma duración efectiva de la actividad laboral, los trabajadores que presentan su dimisión por una causa justa relacionada con las condiciones de trabajo en la empresa o con el comportamiento del empresario.

En efecto, excluir del beneficio de la indemnización íntegra a las trabajadoras que dimiten por razón de maternidad no constituye una medida indirectamente discriminatoria contra éstas, ya que no conduce a desfavorecerlas en relación con otros trabajadores que se encuentren en una situación idéntica o análoga a la suya. A este respecto, los grupos que deben compararse son, por un lado, las trabajadoras que presentan su dimisión por razón de maternidad y, por otro, los trabajadores de uno u otro sexo que presentan su dimisión sin causa justa, y no aquellos que presentan su dimisión por una causa justa relacionada con las condiciones de trabajo en la empresa o con el comportamiento del empresario, en la medida en que la situación de estos últimos, en la que se hace imposible la continuación del trabajo, tiene un objeto y una causa de naturaleza diferente de la que tiene la situación en la que se encuentran las trabajadoras que presentan su dimisión por razón de maternidad.

Por lo demás, el hecho de que, en el Estado miembro afectado, la mayoría de las guarderías infantiles dependan de las autoridades estatales u obtengan asistencia económica oficial no tiene incidencia alguna a este respecto.
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1 Competencia - Normas comunitarias - Obligaciones de los Estados miembros - Fijación por los poderes públicos de las tarifas de los transportes de mercancías por carretera - Compatibilidad - Requisitos - Conceptos de interés general y de interés público

[Tratado CE, arts. 3, letra g), 5, 85, 86 y 90]

2 Competencia - Normas comunitarias - Obligaciones de los Estados miembros - Fijación por los poderes públicos de las tarifas de los transportes de mercancías por carretera - Acuerdos colectivos, que permiten excepciones a las tarifas obligatorias, oponibles a operadores que no los han suscrito - Restricción de la competencia - Exclusión

(Tratado CE, art. 85)

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1 Las letras f) y g) del artículo 3 y los artículos 5, 85, 86 y 90 del Tratado no se oponen a una normativa de un Estado miembro que prevé que las tarifas de los transportes de mercancías por carretera sean aprobadas y dotadas de carácter ejecutivo por la Administración pública, sobre la base de propuestas de un Comité central compuesto por una mayoría de representantes de los operadores económicos interesados, y que amplía las tarifas obligatorias aplicables en el ámbito de los contratos de transporte de mercancías por carretera a otros tipos de contratos, relativos a servicios diferentes, como, en particular, los contratos resultantes de un procedimiento de licitación y los contratos de fletamento, siempre que la fijación de las tarifas respete criterios de interés público definidos por la Ley y que los poderes públicos no abandonen sus prerrogativas en manos de operadores económicos privados teniendo en cuenta, antes de aprobar las propuestas, las observaciones de otros organismos públicos y privados e incluso fijando las tarifas de oficio.

En este contexto, corresponde a los Estados miembros determinar los criterios concretos de interés público, entendido como la primacía de los intereses de la comunidad sobre los intereses particulares, que mejor permitan respetar las normas comunitarias en materia de competencia.

A los órganos jurisdiccionales nacionales incumbe, en el marco de su competencia, controlar que en la práctica la fijación de las tarifas respeta los criterios de interés público definidos por la Ley y que los poderes públicos no abandonan sus prerrogativas en manos de operadores económicos privados.

2 En el marco de un sistema nacional de tarifas obligatorias aplicables a los transportes de mercancías por carretera, la posibilidad de celebrar acuerdos colectivos que permiten ciertas excepciones a dichas tarifas no tiene por efecto restringir la competencia en el sentido del artículo 85 del Tratado, aun siendo oponibles con arreglo al Derecho nacional a operadores que no los han suscrito.
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Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Seguro de vejez y de defunción - Cálculo de prestaciones - Determinación de la cuantía teórica - Toma en consideración de un complemento destinado a alcanzar la pensión mínima prevista por la legislación de un Estado miembro

[Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, arts. 10 bis, 46, ap. 2, letra a), y 50]

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La letra a) del apartado 2 del artículo 46 del Reglamento nº 1408/71 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar la cuantía teórica de la pensión que sirve de base para el cálculo de la pensión prorrateada, la Institución competente ha de tomar en consideración un complemento destinado a alcanzar la pensión mínima prevista por la legislación nacional.

Una prestación como la constituida por un complemento de dicha naturaleza no puede considerarse como excluida del ámbito de aplicación del artículo 46 en razón de la adopción del artículo 10 bis del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada por el Reglamento nº 1247/92, que prevé que los trabajadores a los que se aplica aquel Reglamento se beneficiarán de las prestaciones especiales de carácter no contributivo mencionadas en el Anexo II bis exclusivamente en el territorio del Estado miembro en que residen. En cuanto supone una excepción a una normativa encaminada a mejorar la situación de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia, así como de los miembros de su familia que se desplazan dentro de la Comunidad, el artículo 10 bis debe interpretarse de manera restrictiva. Ahora bien, la posibilidad de exportar una prestación como la constituida por un complemento destinado a alcanzar la pensión mínima prevista por la legislación de un Estado miembro no guarda ninguna relación con la cuestión de la determinación de la cuantía teórica de una pensión.

Por otra parte, la operación contemplada en la letra a) del apartado 2 del artículo 46, que versa sobre la determinación de la cuantía teórica de una pensión, es distinta de la problemática referida en el artículo 50 del Reglamento nº 1408/71, que atañe a la asignación de una prestación complementaria superior al mínimo que corresponda en virtud de la aplicación de las normas ordinarias de una legislación nacional determinada.
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Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Litigio pendiente ante el Juez a quo que queda sin objeto - Sobreseimiento

(Tratado CE, art. 177)

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Se desprende tanto del tenor como del sistema del artículo 177 del Tratado que, los órganos jurisdiccionales nacionales sólo están habilitados para plantear cuestiones prejudiciales en la medida en que ante ellos penda un litigio en el que proceda adoptar una decisión que puede tener en cuenta la sentencia prejudicial. La justificación de la remisión prejudicial no es formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino la necesidad inherente a la solución efectiva de un litigio.

Por lo tanto, no procede responder a la cuestión prejudicial, dado que las pretensiones de la demandante en el litigio principal han sido íntegramente satisfechas, de modo que el asunto pendiente ante el tribunal a quo ya no tiene objeto y una respuesta a la cuestión prejudicial planteada no sería de ninguna utilidad para este órgano jurisdiccional.
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1 Actos de las Instituciones - Directivas - Ejecución por los Estados miembros - Necesidad de una adaptación clara y precisa del Derecho interno

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

2 Estados miembros - Obligaciones - Ejecución de las Directivas - Incumplimiento - Justificación - Improcedencia

(Tratado CE. art. 169)

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3 No puede considerarse que una legislación nacional que no contiene ninguna disposición material de adaptación a una Directiva, sino que se limita a habilitar a una autoridad para que la adopte posteriormente, haya efectuado su adaptación plena y precisa a dicha Directiva.

4 Para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos señalados en una Directiva un Estado miembro no puede alegar situaciones de su ordenamiento jurídico interno, ni la falta de ejecución de una Directiva a nivel comunitario, ni que el hecho de no tomar medidas para adaptar su ordenamiento a una Directiva no produzca ninguna consecuencia negativa sobre el funcionamiento del mercado interior.
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Los criterios de apreciación que aplicó para llegar a esta conclusión provisional son, básicamente, los siguientes: — Para apreciar el riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta la impresión global producida por uno y otro signo. No es posible extraer un elemento de la totalidad del distintivo y limitar a este único elemento el examen del riesgo de confusión. Sin embargo, puede asignarse a determinado elemento un carácter distintivo particular característico del signo en su conjunto, pudiéndose, por consiguiente, admitir la existencia de un riesgo de confusión en caso de concordancia entre otro signo y el conjunto de dicho signo así caracterizado. Sin embargo, incluso en ese caso, deben compararse ambos signos considerados globalmente, y no sólo sus diferentes elementos (característicos). — Un signo puede tener un carácter distintivo particular, bien intrínsecamente, o bien gracias al prestigio alcanzado por la marca entre el público. El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo del signo. Sin embargo, en el presente caso, puesto que no se ha presentado ninguna alegación a este respecto, para examinar la similitud entre ambas marcas oponentes, puede partirse de que la marca anterior tiene, a lo sumo, un carácter distintivo normal. — La apreciación necesaria para determinar si un elemento presenta una importancia que caracterice el signo en su totalidad corresponde, esencialmente, a la competencia del Juez que conoce del fondo, debiéndose respetar, sin embargo, las pautas que dicta la lógica o la experiencia. No puede censurarse, desde el punto de vista jurídico, que el Bundespatentgericht subrayara la importancia del elemento figurativo de la marca de SABEL y atribuyera un carácter secundario al vocablo contenido en ella. — Deben fijarse requisitos estrictos para afirmar el riesgo de confusión entre elementos figurativos que se apoyen en un contenido descriptivo y presenten pocos rasgos imaginarios. La representación de un felino saltando constituye un elemento figurativo, fiel a unos rasgos naturales y reproducción del salto típico de los felinos. Las peculiaridades propias de la representación del felino saltando contenida en la marca de Puma, por ejemplo, el hecho de que se represente en forma de silueta recortada, no se encuentran en la marca de SABEL. La concordancia entre el elemento figurativo de uno y otro signo no puede, pues, invocarse para motivar la existencia de un riesgo de confusión.
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Agricultura - Organización común de mercados - Restituciones a la exportación - Productos que originan derecho a restitución - Productos originarios de la Comunidad o productos importados despachados en libre práctica - Ganado vacuno originario de la antigua República Democrática Alemana importado en régimen de tránsito en la República Federal de Alemania antes de la reunificación para su reexportación hacia un país tercero - Exclusión

[Tratado CE, art. 9, ap. 2; Reglamento (CEE) nº 3665/87 de la Comisión, art. 8, ap. 1]

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Las disposiciones del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento nº 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en relación con el apartado 2 del artículo 9 del Tratado deben ser interpretadas en el sentido que no son de origen comunitario ni están en libre práctica en el territorio de la Comunidad, y, por tanto, no pueden recibir restituciones a la exportación los productos resultantes del sacrificio de cabezas de ganado vacuno que, antes del 3 de octubre de 1990, fecha de la reunificación alemana, fueron exportadas de la antigua RDA, después de cumplir las formalidades aduaneras de exportación y de que se abonaran las restituciones a la exportación en este país, y luego importadas en la República Federal de Alemania en régimen de tránsito y de almacenamiento aduanero para ser reexportadas hacia un país tercero.

A este respecto, la reunificación alemana no ha producido ningún efecto en la calificación de las mercancías controvertidas que, en el momento de su importación en régimen de tránsito, eran originarias de un país tercero en relación con la Comunidad y que no han sido puestas en libre práctica en ésta. Las mercancías que se encontraban en libre práctica en la antigua República Democrática Alemana no adquirieron origen comunitario sino a partir de la adhesión de este país a la República Federal de Alemania y únicamente para el futuro, por lo cual, las que abandonaron ese territorio antes de la adhesión, no pudieron adquirir retroactivamente tal origen.