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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 89/2

Auto del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2010 — Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG/Comisión Europea

(Asunto C-73/10 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Decisión de la Comisión relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE - Recurso de anulación - Plazo - Recurso extemporáneo - Razones que pueden justificar una excepción del plazo de recurso - Derecho de acceso a un tribunal - Principios de legalidad y de proporcionalidad - Recurso de casación manifiestamente infundado)

2011/C 89/03

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH Co. KG (representantes: A. Rinne, Rechtsanwalt, S. Kon y C. Humpe, Solicitors, C. Vajda, QC)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: M. Kellerbauer y A. Biolan, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) de 30 de noviembre de 2009 en el asunto T-2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert Co. KG/Comisión de las Comunidades Europeas mediante la que el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad manifiesta del recurso dirigido a la anulación parcial de la Decisión C(2008) 5955 final de la Comisión, de 15 de octubre de 2008, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE (asunto COMP/39.188 — Plátanos), en relación con un cartel en una parte del mercado europeo de los plátanos, o con carácter subsidiario, la anulación o la reducción de la multa impuesta a la recurrente — Plazo de recurso — Extemporaneidad.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG.

(1) DO C 80, de 27.3.2010.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 134/14

Auto del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2010 — Iride SpA, Iride Energia SpA/Comisión Europea

(Asunto C-150/09 P) (1)

(Recurso de casación - Ayudas de Estado - Ayuda declarada compatible con el mercado común a condición de que su beneficiario reembolse una ayuda anterior declarada ilegal - Compatibilidad con el artículo 87 CE, apartado 1 - Errores de Derecho - Desnaturalización de las alegaciones de las recurrentes - Falta de motivación - Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado)

2010/C 134/21

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Recurrentes: Iride SpA, Iride Energia SpA (representantes: L. Radicati di Brozolo, M. Merola y T. Ubaldi, avvocati)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: E. Righini y G. Conte, agentes)

Objeto

Recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 11 de febrero de 2009, Iride SpA e Iride Energia SpA (T-25/07), mediante la cual dicho Tribunal desestimó la solicitud de anulación de la Decisión 2006/941/CE de la Comisión, de 8 de noviembre de 2006, relativa a la ayuda de Estado C 11/06 (ex N 127/05) que la República Italiana se propone conceder a AEM Torino (DO L 366, p. 62), en forma de subvenciones destinadas a compensar los costes irrecuperables en el sector de la energía, en la medida en que, por un lado, dicha Decisión declara que se trata de una ayuda de Estado y en que, por otro, supedita la compatibilidad de la ayuda con el mercado común al requisito de que AEM Torino reembolse las ayudas ilegales anteriores concedidas en el marco del régimen en favor de las denominadas empresas «municipales».

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Iride SpA y a Iride Energia SpA.

(1) DO C 153, de 4.7.2009.
1)

El Derecho comunitario, en particular el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en relación con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), no se opone a que los Estados miembros establezcan una obligación de transmitir a terceros particulares datos de tráfico personales para permitir ejercer acciones ante la jurisdicción civil contra las infracciones al Derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, el Derecho comunitario exige que dichos Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a las Directivas 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, 2002/58 y 2004/48, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales de que se trate. Asimismo, en el momento de aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a dichas Directivas, las autoridades y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con estas mismas Directivas, sino también no basarse en una interpretación de éstas que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad.
1)

Un contrato, como el controvertido en el litigio principal, por el que se establece la constitución, a favor de un proveedor de productos petrolíferos, de un derecho de superficie por un período de veinticinco años y por el que se autoriza a dicho proveedor a construir una estación de servicio y a arrendarla al propietario del suelo por un período de tiempo equivalente al de la duración de ese derecho, en el caso de que contenga cláusulas de fijación del precio de venta al público de los productos, de imposición de una obligación de compra en exclusiva o de prohibición de competencia con un período de aplicación superior a los límites temporales previstos en el Reglamento (CEE) no 1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1582/97 de la Comisión, de 30 de julio de 1997, y en el Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, no incurre en la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, siempre que no pueda afectar al comercio entre los Estados miembros y que no tenga por objeto o por efecto restringir apreciablemente la competencia, lo que debe determinar el órgano jurisdiccional remitente teniendo en cuenta, en particular, el contexto económico y jurídico en el que se inscribe dicho contrato.
2)

La excepción prevista en el artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social no es de aplicación a una medida fiscal, como la establecida en el artículo 17, apartado 4 bis, del Decreto no 197 del Presidente de la República, de 22 de diciembre de 1986, en su versión modificada por el Decreto legislativo no 314, de 2 de septiembre de 1997.
1)

El artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2002/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por la que se modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo relativa a la circulación de los piensos compuestos y por la que se deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comisión, que establece la obligación de indicar, en la etiqueta de los piensos compuestos, los porcentajes del peso de las materias primas contenidas en la composición del pienso con una tolerancia respecto de estos porcentajes de ± 15 % del valor declarado, debe interpretarse en el sentido de que no contradice los artículos 8 y 16 del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, que tienen por objeto, en particular, evitar que el etiquetado y la presentación de los piensos induzcan a engaño al consumidor.
C 35/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 8 de diciembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzgericht — Austria) — P GmbH / Finanzamt Österreich

(Asunto C-378/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Armonización de las legislaciones fiscales - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 203 - Regularización de la declaración del IVA - Beneficiarios de servicios que no pueden invocar un derecho a la deducción - Ausencia de riesgo de pérdida de ingresos fiscales)

(2023/C 35/11)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: P GmbH

Demandada: Finanzamt Österreich

Fallo

El artículo 203 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2016/1065 del Consejo, de 27 de junio de 2016,

debe interpretarse en el sentido de que

un sujeto pasivo que ha prestado un servicio y que ha mencionado en su factura un importe de impuesto sobre el valor añadido (IVA) calculado según un tipo impositivo erróneo no es deudor, en virtud de dicha disposición, de la parte del IVA facturada erróneamente si no existe riesgo alguno de pérdida de ingresos fiscales por cuanto los beneficiarios de ese servicio son exclusivamente consumidores finales que no gozan de un derecho a la deducción del IVA soportado.

(1) DO C 349 de 30.8.2021.
C 15/18

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 17 de noviembre de 2022 — Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd, Greenoge Windfarm Ltd / Comisión Europea

(Asunto C-578/21 P) (1)

(Recurso de casación - Ayudas de Estado - Artículo 107 TFUE, apartado 1 - Artículo 108 TFUE, apartados 2 y 3 - Reglamento (UE) 2015/1589 - Artículo 4 - Legislación de un Estado miembro relativa a la fiscalidad inmobiliaria de las empresas - Métodos de valoración de los bienes inmuebles utilizados a efectos del cálculo de la base imponible del impuesto devengado - Denuncia de empresas que explotan parques eólicos - Alegación de infravaloración de la base imponible del gravamen sobre bienes inmuebles adeudado por los productores de electricidad a partir de combustibles fósiles y de un consiguiente nivel impositivo en la tributación de dichos productores de electricidad por tal concepto inferior al de los otros productores de electricidad en razón de la elección del método de valoración utilizado - Procedimiento de examen preliminar - Decisión por la que se declara la inexistencia de ayuda de Estado - Inexistencia de ventaja económica y selectiva - No incoación del procedimiento de investigación formal - Concepto de «serias dificultades» - Alcance de las obligaciones de investigación de la Comisión Europea - Principio de buena administración - Obligación de tramitar el procedimiento de examen de manera diligente e imparcial - Alcance del control del Tribunal General de la Unión Europea)

(2023/C 15/18)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd, Greenoge Windfarm Ltd (representantes: M. Segura Catalán, abogada, y M. Clayton, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: Georgiopoulos, S. Noë y K. Herrmann, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar a Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd y Greenoge Windfarm Ltd a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

(1) DO C 462 de 15.11.2021.
C 7/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 10 de noviembre de 2022 — Laboratoire Pareva / Biotech3D Ltd & Co. KG, Comisión Europea, República Francesa, Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

(Asunto C-702/21 P) (1)

(Recurso de casación - Biocidas - Reglamento (UE) n.o 528/2012 - Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2014 - Sustancia activa PHMB (1415; 4.7) - Denegación de aprobación como sustancia activa existente destinada a ser utilizada en biocidas de tipo 1, 5 y 6 - Aprobación como sustancia activa existente destinada a ser utilizada en biocidas de tipo 2 y 4 - Efecto teratógeno - Evaluación de los riesgos para la salud humana)

(2023/C 7/15)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Laboratoire Pareva (representantes: S. Englebert, M. Grunchard y M. Ombredane, avocats, P. Sellar, advocaat, y K. Van Maldegem, avocat)

Otras partes en el procedimiento: Biotech3D Ltd & Co. KG, Comisión Europea (representantes: R. Lindenthal y K. Mifsud-Bonnici, agentes), República Francesa (representantes: G. Bain y J.-L. Carré, agentes), Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (representantes: C. Buchanan, M. Heikkilä y T. Zbihlej, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Laboratoire Pareva.

3) La República Francesa cargará con sus propias costas.

(1) DO C 64 de 7.2.2022.
C 318/16

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 7 de julio de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Asunto C-261/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo - Obligación de los Estados miembros de establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión - Artículo 267 TFUE - Obligación del órgano jurisdiccional remitente de dar plena eficacia a la interpretación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal de Justicia - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 47 - Acceso a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley - Sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia tras la resolución prejudicial del Tribunal de Justicia - Supuesta falta de conformidad de dicha sentencia con la interpretación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal de Justicia - Normativa nacional que impide la interposición de un recurso de revisión de dicha sentencia)

(2022/C 318/21)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG y Novartis Farma SpA, Roche SpA

Recurrida: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

con intervención de: Società Oftalmologica Italiana (SOI) — Associazione Medici Oculisti Italiani (AMOI), Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Altroconsumo, Novartis Farma SpA, Roche SpA, Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds), Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) y Ministero della Salute — Agenzia Italiana del Farmaco

Fallo

Los artículos 4 TUE, apartado 3, y 19 TUE, apartado 1, así como el artículo 267 TFUE, deben interpretarse, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que no se oponen a disposiciones de Derecho procesal de un Estado miembro que, respetando el principio de equivalencia, tienen como efecto que, cuando el órgano jurisdiccional de última instancia de la jurisdicción contencioso-administrativa de ese Estado miembro dicte una resolución que resuelva un litigio en cuyo marco haya sometido al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial con arreglo al citado artículo 267 TFUE, las partes en ese litigio no pueden solicitar la revisión de dicha resolución del órgano jurisdiccional nacional por considerar que este no ha tenido en cuenta la interpretación del Derecho de la Unión dada por el Tribunal de Justicia en respuesta a dicha petición de decisión prejudicial.

(1) DO C 263 de 5.7.2021.
2)

El artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, en relación con el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio del principio de proporcionalidad, no se opone a que las autoridades nacionales que protegen los intereses financieros de la Unión Europea valoren de manera diferente los mismos hechos en un procedimiento de adjudicación de un contrato público.
1)

El artículo 18, apartados 1 y 3, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, en relación con el artículo 5 y el anexo III, punto 3, letra b), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no exige que las entidades obligadas atribuyan automáticamente un alto nivel de riesgo a un cliente ni que, por consiguiente, tomen medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a ese cliente, por el mero hecho de que este sea una organización no gubernamental, que uno de los empleados del citado cliente sea nacional de un tercer país con un alto riesgo de corrupción o que un socio comercial de ese mismo cliente, pero no el propio cliente, esté vinculado a tal tercer país. No obstante, un Estado miembro puede identificar en su Derecho nacional tales circunstancias como factores para la identificación de un riesgo potencialmente mayor de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que las entidades obligadas han tener en cuenta en el marco de la evaluación de los riesgos que deben llevar a cabo con respecto a sus clientes, siempre que dichos factores sean conformes con el Derecho de la Unión y, en particular, con los principios de proporcionalidad y de no discriminación.
2)

El artículo 5, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 715/2007 debe interpretarse en el sentido de que un dispositivo de desactivación que garantiza el respeto de los valores límite de emisiones establecidos en dicho Reglamento únicamente cuando la temperatura exterior se sitúa entre 15 grados Celsius y 33 grados Celsius y se circula a menos de 1 000 metros de altitud no puede estar comprendido en la excepción a la prohibición de uso de tales dispositivos, establecida en esa disposición, por el mero hecho de que el referido dispositivo tenga por objeto proteger la válvula de recirculación de los gases de escape, a no ser que se demuestre que dicho dispositivo responde estrictamente a la necesidad de evitar los riesgos inmediatos de averías o accidentes en el motor, causados por un mal funcionamiento del mencionado componente, de tal gravedad que generarían un peligro concreto durante la conducción del vehículo equipado con el mismo dispositivo. En cualquier caso, no puede estar comprendido en la excepción del artículo 5, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 715/2007 un dispositivo de desactivación diseñado para funcionar, en condiciones normales de circulación, la mayor parte del año con el fin de que el motor esté protegido contra averías o accidentes y se garantice el manejo seguro del vehículo.
2)

El artículo 16, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que, para considerar que existe una vida familiar efectiva, a los efectos de esta disposición, en el caso de reagrupación familiar de un hijo menor de edad con un progenitor que ha obtenido el estatuto de refugiado, cuando aquel ha alcanzado la mayoría de edad antes de que se concediera a este el estatuto de refugiado y antes de que se presentara la solicitud de reagrupación familiar, no basta con la mera relación jurídica de filiación. No obstante, no es necesario que el progenitor reagrupante y el hijo de que se trate convivan en el mismo hogar o bajo el mismo techo para que este último pueda disfrutar de la reagrupación familiar. Las visitas ocasionales, siempre que sean posibles, y los contactos regulares de cualquier naturaleza pueden ser suficientes para considerar que estas personas están reconstruyendo relaciones personales y afectivas y para acreditar la existencia de una vida familiar efectiva. Por otra parte, tampoco puede exigirse que el progenitor reagrupante y su hijo se presten asistencia económica mutua.