Asunto C‑239/03

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República Francesa

«Incumplimiento de Estado – Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación – Artículos 4, apartado 1, y 8 – Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre – Artículo 6, apartados 1 y 3 – No adopción de las medidas adecuadas para prevenir, reducir y combatir la contaminación masiva y prolongada de la laguna de Berre – Autorización de descarga»

Sumario de la sentencia

1. Recurso por incumplimiento – Recurso dirigido a que se declare la infracción de un acuerdo mixto celebrado por la Comunidad y los Estados miembros – Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre – Competencia del Tribunal de Justicia – Admisibilidad

(Art. 226 CE; Convenio de Barcelona, art. 4, ap. 1, y 8; Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, art. 6, aps. 1 y 3)

2. Acuerdos internacionales – Acuerdos de la Comunidad – Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre – Obligación de los Estados miembros de reducir dicha contaminación – Alcance

(Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, art. 6, aps. 1 y 3)

1. La aplicación de los artículos 4, apartado 1, y 8, del Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación así como de los artículos 6, apartados 1 y 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, a descargas de agua dulce y limo en una laguna de agua salada, a pesar de no haber sido reguladas estas descargas por una normativa comunitaria específica, se inscribe en el marco comunitario, puesto que tales artículos figuran en acuerdos mixtos celebrados por la Comunidad y por sus Estados miembros y se refieren a un ámbito ampliamente cubierto por el Derecho comunitario. El Tribunal de Justicia, al que se acude al amparo del artículo 226 CE, es, por lo tanto, competente para apreciar su respeto por un Estado miembro.

En efecto, los acuerdos mixtos celebrados por la Comunidad, sus Estados miembros y países terceros tienen el mismo estatuto en el ordenamiento jurídico comunitario que los acuerdos puramente comunitarios, ya que se trata de disposiciones que son de la competencia de la Comunidad. Por lo tanto, al garantizar el respeto de los compromisos que se derivan de un acuerdo celebrado por las instituciones comunitarias, los Estados miembros cumplen, en el ordenamiento comunitario, una obligación que tienen para con la Comunidad, que es quien ha asumido la responsabilidad de la correcta ejecución del acuerdo.

(véanse los apartados 25, 26 y 31)

2. El artículo 6, apartado 1, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre en relación con su artículo 1, establece una obligación particularmente estricta que recae sobre las partes contratantes, a saber la de «reducir estrictamente», adoptando las medidas apropiadas, la contaminación de origen terrestre en la Zona, causada por las descargas, en particular, de las sustancias que, «aun sin tener carácter tóxico», puedan resultar nocivas para el medio marino. El rigor de esta obligación responde a la naturaleza de este instrumento, destinado, en particular, a evitar la contaminación causada por la falta de actuación de los poderes públicos. El alcance de esta obligación debe entenderse en relación con el artículo 6, apartado 3, de dicho Protocolo que, al instaurar un régimen de autorización previa por las autoridades nacionales competentes para la descarga de las sustancias mencionadas en su anexo II, exige que los Estados miembros controlen la contaminación de origen terrestre de la zona de aplicación del Protocolo.

Por lo tanto, el Estado miembro que no adopte todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y combatir la contaminación masiva y prolongada de la zona del Mediterráneo y que no tenga en cuenta las disposiciones del anexo III del Protocolo sobre el régimen de autorización de las descargas de tales sustancias incumple las obligaciones que le incumben especialmente en virtud del citado artículo 6, apartados 1 y 3, al no modificar su régimen nacional con posterioridad a la celebración de dicho Protocolo.

(véanse los apartados 50 y 51 y el fallo)