Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento — Sometimiento del asunto al Tribunal de Justicia en virtud de una cláusula compromisoria — Competencia del Tribunal de Justicia como institución que comprende el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia — Necesidad de que en la cláusula compromisoria se indique el órgano jurisdiccional comunitario competente — Inexistencia

(Art. 238 CE)

2. Procedimiento — Sometimiento del asunto al Tribunal de Justicia en virtud de una cláusula compromisoria — Recurso interpuesto por una institución comunitaria contra una empresa que es objeto de un procedimiento concursal — Inexistencia de disposiciones comunitarias sobre la materia — Remisión a los principios comunes de los Derechos procesales de los Estados miembros — Principios que prevén la inadmisibilidad de tal recurso

[Art. 238 CE; Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, arts. 4, ap. 2, letra f), 16 y 17]

3. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Objeto del litigio — Delimitación — Modificación en el curso del proceso — Prohibición

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 38 y 42)

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1. Puesto que con los términos «Tribunal de Justicia», empleados en el Tratado, no se hace referencia a ninguno de los órganos jurisdiccionales comunitarios en concreto, sino a la institución comunitaria que comprende el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, debe entenderse que la referencia del artículo 238 CE al «Tribunal de Justicia» remite a esta institución, que es la que debe mencionarse en los contratos para que pueda atribuirse la competencia a uno de los órganos jurisdiccionales comunitarios.

El Tratado no prevé que se utilice ninguna fórmula específica en una cláusula compromisoria, de tal modo que cualquier fórmula que indique que las partes tienen la intención de excluir que sus eventuales diferencias puedan ser objeto de recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales para someterlas a los órganos jurisdiccionales comunitarios debe considerarse suficiente para atribuir competencia a estos últimos con arreglo al artículo 238 CE.

(véanse los apartados 49 y 50)

2. Han de considerarse inadmisibles los recursos que interponga la Comisión antes los órganos jurisdiccionales comunitarios en contra de empresas incursas en procedimientos concursales en un Estado miembro.

De los principios comunes a los Derechos procesales de los Estados miembros, de los que han de deducirse las normas aplicables dado que no hay disposiciones de Derecho comunitario sobre esta materia, se deriva que los acreedores no pueden alegar aisladamente sus créditos en vía jurisdiccional en contra de una persona que sea objeto de un procedimiento concursal, sino que deben seguir las normas del procedimiento aplicable.

Se desprende, además, del Reglamento nº 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, que los Estados miembros están obligados a respetar mutuamente los procedimientos incoados en alguno de ellos y que toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia en un Estado miembro será reconocida en todos los demás y producirá en ellos los efectos que le atribuya la ley del Estado en que se haya abierto el procedimiento.

Por lo tanto, las instituciones comunitarias se beneficiarían de una ventaja injustificada en comparación con los demás acreedores, si les fuera posible reclamar sus créditos en los procedimientos sustanciados ante los órganos jurisdiccionales comunitarios, cuando esté excluido el ejercicio de toda acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

(véanse los apartados 68 a 70)

3. A tenor del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento, las partes tienen la obligación de definir el objeto del litigio en la demanda. Por consiguiente, aun cuando el artículo 42 del mismo Reglamento permita, en ciertas circunstancias, la presentación de motivos nuevos, las partes no pueden modificar durante el procedimiento el propio objeto del litigio. No puede admitirse la presentación de nuevas pretensiones por primera vez durante la vista so pena de que se prive a las demandadas de la posibilidad de preparar su respuesta y de que, de este modo, se vulnere el derecho de defensa.

(véase el apartado 75)