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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 389/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Općinski sud u Novom Zagrebu (Croacia) el 11 de septiembre de 2015 — Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

(Asunto C-484/15)

(2015/C 389/21)

Lengua de procedimiento: croata

Órgano jurisdiccional remitente

Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ibrica Zulfikarpašić

Demandada: Slaven Gajer

Cuestión prejudicial

Si las disposiciones de la Ley sobre ejecución forzosa relativas al título ejecutivo europeo son conformes al Reglamento (CE) no 805/2004, (1) es decir, si, en la República de Croacia, por lo que respecta a la expedición de un mandamiento de ejecución basado en un documento auténtico en el marco de un procedimiento de ejecución, el término «órgano jurisdiccional» comprende a los notarios, si los notarios pueden expedir certificados del título ejecutivo europeo para mandamientos de ejecución firmes y ejecutables basados en documentos auténticos, certificados que se expiden cuando los antedichos mandamientos no han sido impugnados, y en caso de respuesta negativa, si los órganos jurisdiccionales pueden expedir certificados del título ejecutivo europeo para mandamientos de ejecución basados en un documento auténtico realizados por un notario, cuando dichos mandamientos, conforme a su contenido, atañen a créditos no impugnados y, en ese caso, qué formulario debería utilizarse.

(1) Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO L 143, p. 15).
3.

Aplicó erróneamente la normativa en varios aspectos al evaluar la apreciación de la recurrida de las similitudes gráfica, auditiva y conceptual de las marcas en cuestión, en particular, basándose en la incorrecta ficción legal de que el consumidor medio lee cada palabra corta de izquierda a derecha; dando un peso indebido a la coincidencia de las letras S-K-Y al inicio de ambas marcas; no teniendo en cuenta el elemento gráfico de la marca impugnada; y no apreciando que la diferencia conceptual entre las marcas contrarresta cualquier similitud gráfica o auditiva.
1.

La Comisión se refiere con su recurso a las instalaciones de determinadas poblaciones de la República Helénica que no cumplen las exigencias de la Directiva, bien porque las instalaciones requeridas no han sido creadas o debidamente adaptadas (poblaciones de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia y Galatista), por lo que las aguas residuales de dichas poblaciones no se someten, antes de su vertido a un tratamiento de segundo grado o equivalente, bien porque las muestras recogidas (poblaciones de Desfina, Polychrono y Chaniotis) revelan que las instalaciones no funcionan de conformidad con las exigencias de la Directiva.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 337/4

Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Regionale di Roma (Italia) el 16 de julio de 2015 — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

(Asunto C-378/15)

(2015/C 337/05)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione Tributaria Regionale di Roma

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Mercedes Benz Italia SpA

Recurrida: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

Cuestión prejudicial

A efectos del ejercicio del derecho a deducción, ¿se oponen los artículos 168, 173, 174 y 175 de la Directiva 2006/112/CE (1), a la luz de los principios de proporcionalidad, efectividad y neutralidad, consagrados en el Derecho de la Unión, a una normativa nacional (en particular, los artículos 19, apartado 5, y 19-bis, del D.P.R. 633/1972) y a la práctica administrativa fiscal nacional que exigen tener en cuenta la composición del volumen de negocios del operador, en particular para identificar las llamadas operaciones accesorias, sin establecer un método de cálculo basado en la composición y el uso efectivo de los bienes y servicios adquiridos, que refleje objetivamente la cuota de imputación real de los gastos soportados a cada actividad —gravada y no gravada — desarrollada por el sujeto pasivo?

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).
2)

¿Deben entenderse las disposiciones de los artículos 10, 46 y 47 de la Directiva 2004/17, consideradas en su conjunto o individualmente (aunque no de forma aislada) en el sentido de que: a) no se produce una vulneración de los principios de igualdad de trato de los contratistas y de transparencia en el supuesto de que la entidad adjudicadora: — indica previamente en los documentos de la contratación la posibilidad, con carácter general, de la acumulación de las capacidades profesionales de los contratistas pero no especifica el régimen para la aplicación de dicha posibilidad; — posteriormente, durante el procedimiento de contratación, define más detalladamente los requisitos para valorar la clasificación de los contratistas e impone ciertas restricciones a la acumulación de las capacidades profesionales de éstos; y — debido a la introducción de una definición más detallada del contenido de las normas y criterios de clasificación, alarga el plazo para la presentación de ofertas y anuncia dicha prórroga en el Diario Oficial; b) no es necesario indicar de forma explícita y con carácter previo la restricción de la acumulación de las capacidades de los contratistas, si de la naturaleza concreta de las actividades de la entidad adjudicadora y de las características específicas del contrato público se deduce que tal restricción es previsible y está justificada?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 320/23

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 5 de agosto de 2015 — Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland y the Attorney General

(Asunto C-429/15)

(2015/C 320/31)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Evelyn Danqua

Demandadas: The Minister for Justice and Equality Ireland y the Attorney General

Otra parte: The Refugee Legal Services

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Cabe estimar que una solicitud de asilo, regida por una normativa interna que refleja las obligaciones del Estado miembro derivadas de la [Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO L 304, p. 12)], constituye un elemento de comparación adecuado en relación con una solicitud de protección subsidiaria a efectos del principio de equivalencia?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 302/28

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative (Luxemburgo) el 24 de julio de 2015 — Maxime Lefort/Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche

(Asunto C-403/15)

(2015/C 302/37)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour administrative

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Maxime Lefort

Demandada: Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche

Cuestiones prejudiciales

A fin de satisfacer debidamente los requisitos de no discriminación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (1), en relación con el artículo 45 TFUE, apartado 2, a la luz del artículo 33, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, conjuntamente, en su caso, con su artículo 7, en el marco de la consideración del grado real de conexión de un estudiante no residente, que solicita una ayuda económica para estudios superiores, con la sociedad y el mercado de trabajo de Luxemburgo, Estado miembro donde un trabajador transfronterizo está empleado o ejerce su actividad en las condiciones previstas en el artículo 2 bis de la Ley de 22 de junio de 2000, sobre ayuda económica del Estado para estudios superiores, tal y como dicho artículo quedó redactado por la Ley de 19 de julio de 2013, promulgada como consecuencia directa de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2013 (asunto C-20/12) (2),

— ¿debe determinarse el requisito de que dicho estudiante sea «hijo» de dicho trabajador transfronterizo como equivalente para él de «descendiente en línea directa y en primer grado cuya filiación se presume legalmente con respecto a su autor», haciendo hincapié en el vínculo de filiación acreditado entre el estudiante y el trabajador transfronterizo, en el que se basaría el vínculo de conexión exigido?, o bien

— ¿debe insistirse en el hecho de que el trabajador transfronterizo «continúa proveyendo al mantenimiento del estudiante» sin que necesariamente un vínculo jurídico de filiación le una a él, forjándose así un vínculo de comunidad de vida suficiente para vincularlo a uno de los padres del estudiante con respecto al cual el vínculo de filiación sí está jurídicamente establecido?

— Desde este segundo punto de vista, la contribución, presuntamente no obligatoria del trabajador transfronterizo, en caso de no ser exclusiva, sino paralela a la del padre o de los padres unidos por un vínculo jurídico de filiación con el estudiante y por ende sujetos en principio a una obligación legal de alimentos respecto al mismo, ¿debe ajustarse a ciertos criterios de relevancia?

(1) DO L 141, p. 1.

(2) EU:C:2013:411.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 262/3

Recurso de casación interpuesto el 4 de mayo de 2015 por Nissan Jidosha KK contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 4 de marzo de 2015 en el asunto T-572/12, Nissan Jidosha KK/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-207/15 P)

(2015/C 262/04)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Nissan Jidosha KK (representantes: B. Brandreth, Barrister, D. Cañadas Arcas, abogada)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal General de 4 de marzo de 2015 (asunto T-572/12).

— Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de 6 de septiembre de 2012 (asunto R 2469/2011-1).

— Condene a la OAMI al pago de las costas.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar el artículo 47 del Reglamento (CE) no 207/2009, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «RMC») (1). En particular, el error consiste en considerar que el artículo 47 no permite solicitudes de renovación sucesivas. Con carácter incidental a la interpretación errónea del artículo 47 del RMC, el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 48 RMC al considerar que únicamente se aplicaba al signo contemplado por la marca comunitaria.

a. La interpretación del artículo 47, apartado 3, por parte del Tribunal General es contradictoria.

b. La interpretación del artículo 47, apartado 3, por parte del Tribunal General requiere de facto la renuncia parcial de la marca en términos contrarios a los establecidos en el artículo 50 RMC.

c. El requisito de seguridad jurídica que menciona el Tribunal General se desprende de las acciones emprendidas por la OAMI. No es inherente a la interpretación del artículo 47, apartado 3, realizada por el Tribunal General y la seguridad jurídica resulta también posible según la interpretación de la recurrente. En el presente asunto, la OAMI actuó sobre la base de que se había renunciado a la marca, extremo que constituye un error de Derecho por parte del Tribunal General.

d. La interpretación del artículo 47, apartado 3, efectuada por la recurrente no es contraria al tenor del artículo.

e. La interpretación del artículo 48 llega erróneamente a la conclusión de que dicho artículo trata únicamente del signo contemplado por la marca.

(1) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).
1)

¿Debe dictar un tribunal de marcas comunitarias la providencia prevista en el artículo 102, apartado 1, aunque el demandante no lo haya solicitado en sus pretensiones y las partes no hayan alegado que el demandado violara o intentara violar una marca comunitaria a partir de una determinada fecha en el pasado, o bien la circunstancia de que no se haya formulado la correspondiente pretensión ni se haya alegado ese hecho constituye una «razón especial» a efectos de la primera frase de dicha disposición?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 254/12

Recurso de casación interpuesto el 1 de junio de 2015 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 19 de marzo de 2015 en el asunto T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-259/15 P)

(2015/C 254/16)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: S. Boelaert, agente, R. Bierwagen, C. Hipp, Rechtsanwälte)

Otras partes en el procedimiento: Chin Haur Indonesia, PT, Comisión Europea, Maxcom Ltd

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2015, notificada al Consejo el 23 de marzo de 2015, en el asunto T-412/13 Chin Haur, PT/Consejo de la Unión Europea.

— Que se desestime la demanda de anulación del Reglamento impugnado presentada en primera instancia por Chin Haur, PT (1).

— Que se condene en costas a Chin Haur, PT en primera instancia y en casación.

Con carácter subsidiario:

— Que se devuelva el asunto al Tribunal General para un nuevo examen.

— Que se reserve la decisión sobre las costas en primera instancia y en casación.

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal General ha interpretado incorrectamente el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base (2) al concluir que el Consejo no disponía de indicios suficientes para decidir que la demandante se dedicaba a operaciones de tránsito. La interpretación del Tribunal General acerca de las condiciones que deben cumplir las empresas individuales para quedar exentas de las medidas ampliadas es contraria a la estructura del artículo 13 del Reglamento de base (primer motivo).

La apreciación del Tribunal General, según la cual, habida cuenta de los autos, el Consejo no disponía de indicios suficientes para concluir expresamente en el Reglamento impugnado que la demandante estaba implicada en operaciones de tránsito, carece de adecuada motivación. Además, contrariamente a lo que se sostiene en la sentencia recurrida, dado que se demostró debidamente el tránsito en la esfera nacional y que la solicitud de exención de la demandante no estaba justificada, la única conclusión que el Consejo y, por consiguiente, el Tribunal General, podía sacar de los hechos era que la demandante había participado en operaciones de tránsito. Al llegar a una conclusión diferente, el Tribunal General ha distorsionado los hechos (segundo motivo).

(1) Reglamento de Ejecución (UE) no 501/2013 del Consejo, de 29 de mayo de 2013, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo impuesto mediante el Reglamento de Ejecución (UE) no 990/2011 a las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China a las importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez, hayan sido o no declaradas originarias de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez (DO L 153, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).
4)

En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión y si, como en el presente caso, los cánones y derechos de licencia se refieren en parte a las mercancías importadas y en parte a servicios posteriores a la importación: ¿el reparto adecuado que se ha de efectuar sólo sobre la base de datos objetivos y cuantificables con arreglo al artículo 158, apartado 3 del Reglamento (CEE) no 2454/93 (2) de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (en lo sucesivo «Disposiciones de Aplicación») y de acuerdo con la nota interpretativa referente al apartado 2 del artículo 32 del Código, como se indica en el Anexo 23, tiene como consecuencia que un valor en aduana tan sólo puede ser corregido de acuerdo con el artículo 29 del Código, o también, puede efectuarse el reparto previsto en el artículo 158, apartado 3 de las Disposiciones de Aplicación cuando un valor en aduana no puede determinarse con arreglo al artículo 29 del Código y se determina conforme al artículo 31 del Código, siempre y cuando estos costes no hayan sido ya contemplados?
—

El Tribunal General cometió un error al resolver que la recurrente no se ve afectada directamente por la Decisión de la Comisión 2013/423/UE, porque esta Decisión fue ejecutada por el Reglamento (UE) no 748/2013 (2). El Reglamento (UE) no 748/2013 es un acto confirmatorio respecto a la Decisión 2013/423/EU. Por ello, la recurrente estaba legitimada para recurrir la Decisión 2013/423/UE directamente.
2)

¿Resulta relevante para responder a esta cuestión el hecho de que la carga legal, económica y/o afectiva no recaiga por completo en este progenitor y, además, no se excluya que el otro progenitor, nacional del referido Estado miembro, pueda estar efectivamente en condiciones de hacerse cargo del menor? En este supuesto, ¿deberá acreditar el progenitor/nacional de un Estado tercero que el otro progenitor no puede asumir la custodia del hijo, de suerte que éste se vería obligado a abandonar territorio de la Unión si se denegara el derecho de residencia al progenitor/nacional de un Estado tercero?
2)

¿Se oponen, o no, los principios del Derecho de la Unión Europea, y en particular los de protección de la confianza legítima, seguridad jurídica y proporcionalidad, a una norma del ordenamiento de un Estado miembro que permite excluir de un procedimiento de contratación pública a una empresa que no haya entendido, al no estar expresamente indicado en los documentos relativos a la licitación, que tenía la obligación de abonar una cantidad para participar en dicho procedimiento —obligación cuyo incumplimiento se sancionaba con la exclusión—, y ello aunque la existencia de tal obligación no se deduzca claramente del tenor literal de la ley vigente en el Estado miembro, pero pueda reconstituirse sin embargo mediante una doble operación jurídica, consistente, primero, en la interpretación extensiva de ciertas disposiciones del ordenamiento positivo del mismo Estado miembro y, posteriormente, en la integración —conforme a los resultados de tal interpretación extensiva— del contenido preceptivo de los documentos relativos a la licitación?
1)

¿Es de aplicación la legislación alemana en materia de insolvencia, en el sentido del artículo 4, apartado 1, del Reglamento no 1346/2000 (1), a una demanda presentada ante un órgano jurisdiccional alemán, por la cual el administrador concursal reclama el reembolso de los pagos realizados, antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, pero después de producida la situación de insolvencia, por el director de una private company limited by shares de Derecho inglés o galés, sobre cuyo patrimonio se ha abierto un procedimiento de insolvencia en Alemania con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 1346/2000?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 89/5

Recurso de casación interpuesto el 22 de diciembre de 2014 por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 24 de octubre de 2014 en el asunto T-543/12, Grau Ferrer/OAMI — Rubio Ferrer (Bugui Va)

(Asunto C-597/14 P)

(2015/C 089/06)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representantes: S. Palmero Cabezas y A. Folliard-Monguiral, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer y Alberto Rubio Ferrer

Pretensiones

— Que se anule la sentencia recurrida.

— Que se dicte una nueva sentencia sobre el fondo del asunto, desestimando el recurso contra la resolución impugnada, o se devuelva el asunto al Tribunal General.

— Que se condene en costas a la demandante ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

1. El Tribunal ha infringido el artículo 76, apartado 2, del RMC (1) y la Regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del REMC (2) al considerarlos de aplicación en el presente caso sobre la base de criterios de apreciación incorrectos.

2. El Tribunal ha infringido el artículo 76, apartado 2, del RMC y la Regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del REMC al basarse en una interpretación incorrecta del alcance de la facultad de apreciación que se deriva de tales disposiciones. En concreto, al considerar que la Sala de Recurso goza de tal facultad con independencia de si los documentos presentados por primera vez ante ella son adicionales o no. La cuestión de saber si la facultad de apreciación que reconoce a las Salas el artículo 76, apartado 2, del RMC y la Regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del REMC existe en cualquier caso, esto es, incluso cuando los documentos presentados extemporáneamente ante la Sala son nuevos, es una cuestión de Derecho que debe ser aclarada por el Tribunal de Justicia.

3. El Tribunal ha hecho una aplicación incorrecta del artículo 15, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del RMC al concluir que la marca comunitaria anterior ha sido utilizada bajo una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca tal como se halla registrada.

(1) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en se versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1]

(2) Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 (JO L 303, p. 1)
2)

¿Puede el hecho de no informar a la autoridad en caso de cambio sustancial que afecte a los pormenores o condiciones de un traslado autorizado, según se establece en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1013/2006, dar lugar a que se declare que el traslado de residuos se efectúa «de un modo que no [aparece] especificado materialmente en [el documento] de notificación», con arreglo al artículo 2, punto 35, letra d), de dicho Reglamento, y que, en consecuencia, se trata de un traslado de residuos ilícito?