4.

Volvamos al tema. Despojado de los elementos accesorios, el problema que ha de resolver este Tribunal de Justicia se reduce esencialmente a esto: ¿puede el ciudadano de un Estado miembro, que haya obtenido en algún otro Estado miembro alguno de los títulos enumerados en la Directiva 78/1026, ejercitar automáticamente en su propio Estado la profesión de veterinario? El artículo 2 de dicha Directiva dispone que «cada Estado miembro reconocerá los diplomas, certificados y otros títulos expedidos [...] por los otros Estados miembros, con arreglo al artículo 1 de la Directiva 78/1027/CEEy enumerados en el artículo 3, les dará en su territorio, para el acceso a las actividades de los veterinarios y al ejercicio de las mismas, igual efecto que a los diplomas, certificados y otros títulos por él expedidos». El título obtenido por el Dr. Auer en Parma -«diploma di laurea di dottore accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria»-figura en la letra f) del artículo 3. Por consiguiente, si dicho diploma le ha sido expedido «con arreglo al artículo 1 de la Directiva 78/1027», Francia deberá reconocerle igual efecto que el que atribuye al diploma de «docteur vétérinaire d'Etat» que se menciona en la letra d) de la misma disposición. ¿En qué consiste, sin embargo, la «conformidad» a la que se ha aludido? Los requisitos mínimos de preparación profesional que el artículo 1 pretende de los titulares de los diplomas enumerados en la Directiva 78/1026 se describen de un modo extremadamente genérico [como sucede, por lo demás, con respecto a los requisitos relativos a la profesión médica que figuran en la Directiva 75/363/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975 (DO 1975, L 167, p. 14; EE 06/01, p. 197)]. No parece, pues, posible determinar en concreto, ni siquiera valiéndose de dictámenes periciales, si un título ha sido expedido «con arreglo al artículo 1 de la Directiva 78/1027». Pero no por ello es impotente el Tribunal de Justicia. En efecto, para los títulos expedidos después de la adopción de esta última Directiva debe presumirse la conformidad, puesto que los Estados miembros están obligados a exigir que el título sancione los conocimientos y experiencia indicados en el artículo 1. Y en cuanto a los títulos expedidos con anterioridad, sirve de base el párrafo segundo del artículo 2 de la Directiva 78/1026: en él se prevé que el diploma «deberá acompañarse de una certificación extendida por las autoridades competentes del país que lo expida, que acredite que se atiene al artículo 1 de la Directiva 78/1027/CEE». Ahora bien, el Abogado del Dr. Auer presentó en la vista un documento, expedido el 3 de diciembre de 1982 por el «Preside» (Decano) de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Parma, en el que se declara precisamente que el «diploma di laurea» y el «certificato di abilitazione» expedidos al Dr. Auer en 1956 y en 1980 se atienen al artículo 1 de la Directiva 78/1027. Las partes civiles, a las que se concedió cierto plazo para examinar el referido documento, no cuestionan la competencia de la autoridad que lo expidió. Sin embargo, mantienen que el Tribunal de Justicia debería ignorarlo, pues dicho certificado fue expedido en un momento posterior a las fechas (enero y junio de 1981) en las que se produjeron los hechos por los que el Dr. Auer fue procesado. Esta tesis no me convence. Parte de la base de que la expedición de la certificación que contempla el párrafo segundo del artículo 2 hace nacer ex mmc el derecho a ejercer la profesión de veterinario; sin embargo, no puede dudarse -y es lo que en cualquier caso se desprende del párrafo primero de ese mismo artículo- de que el hecho constitutivo de aquel derecho no es sino la expedición del título. La certificación se limita a probar que el título, expedido en un momento anterior, es conforme (y siempre lo ha sido) a la Directiva 78/1027; pero por ello mismo demuestra que el titular del diploma podía dedicarse conforme a Derecho al ejercicio de la profesión de veterinario a partir del día en que los Estados miembros habrían debido dictar las medidas para adaptar sus ordenamientos a las dos Directivas. Ahora bien, dicha obligación venció el 20 de diciembre de 1980, y por lo tanto antes de que se produjeran los hechos que dieron lugar al proceso penal contra el Dr. Auer. No es ésta la única objeción que las partes civiles basan en el artículo 1 de la Directiva 78/1027. Según sus Abogados, en efecto, una persona que se encuentre en la situación del Dr. Auer debería probar ante el Juez nacional que reúne todos los requisitos exigidos por aquella norma. Como fundamento de esta argumentación estaría el artículo 15 de la Directiva 78/1026, según el cual «el Estado miembro de acogida podrá, en caso de duda justificada, exigir a las autoridades competentes de otro Estado miembro una confirmación de la autenticidad de los diplomas [...] expedidos en este otro Estado miembro [...] y la confirmación de que el beneficiario ha cumplido todas las condiciones de formación previstas en la Directiva 78/1027/CEE». Una vez más, no estoy de acuerdo. Me parece que de la letra de la norma resultan claros dos puntos. En primer lugar, lo en ella dispuesto se aplica sólo en los casos en que un Estado miembro tenga dudas justificadas y ante el Tribunal de Justicia no ha sido acreditado que el Gobierno francés alimente sospechas sobre la autenticidad o el valor del título expedido al Dr. Auer (para la interpretación de una norma que contiene una fòrmula anàloga, véase la sentencia de 22 de marzo de 1983, Comisión/Francia, 42/82,↔ Rec. p. 1013, apartado 32). En segundo lugar, en el supuesto de que haya duda, es el Estado que alberga tal duda al que corresponde actuar con la debida diligencia. El artículo 15 le autoriza a exigir algunas confirmaciones, no obliga a los particulares a aportar pruebas ante los Jueces nacionales.