Asunto C-345/06

Gottfried Heinrich

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich)

«Artículo 254 CE, apartado 2 — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Artículo 2, apartado 3 — Reglamento (CE) no 622/2003 — Seguridad aérea — Anexo — Lista de artículos prohibidos a bordo de aeronaves — No publicación — Fuerza vinculante»

Conclusiones de la Abogado General Sra. E. Sharpston, presentadas el 10 de abril de 2008 I ‐ 1661

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de marzo de 2009 I ‐ 1697

Sumario de la sentencia

Transportes — Transportes aéreos — Establecimiento de normas comunes para la seguridad de la aviación civil — Reglamento (CE) no 622/2003 — Anexo

[Art. 254 CE, ap. 2; Reglamento (CE) no 2320/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4, ap. 2, y 8; Reglamento (CE) no 622/2003 de la Comisión, Anexo]

El anexo, no publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, del Reglamento no 622/2003, por el que se establecen las medidas para la aplicación de las normas comunes de seguridad aérea, en su versión modificada por el Reglamento no 68/2004, carece de fuerza vinculante en la medida en que pretende imponer obligaciones a los particulares. En particular, las medidas de adaptación de la lista de artículos prohibidos en las zonas restringidas de seguridad o a bordo de las aeronaves, aneja al Reglamento no 2320/2002, por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil, no pueden imponerse a los particulares, ya que figuran en el anexo al Reglamento no 622/2003.

A este respecto, del tenor de las disposiciones del artículo 254 CE, apartado 2, se deduce que un reglamento comunitario sólo puede producir efectos jurídicos si ha sido publicado en el mencionado Diario Oficial.

Además, un acto que emana de una institución comunitaria no se puede imponer a las personas físicas y jurídicas en un Estado miembro antes de que éstas tengan la posibilidad de conocerlo mediante su debida publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. En particular, el principio de seguridad jurídica exige que una normativa comunitaria permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone. En efecto, los justiciables deben poder conocer, sin ambigüedad, sus derechos y obligaciones, y adoptar las medidas oportunas en consecuencia.

Puesto que las medidas de adaptación de la lista de artículos prohibidos aneja al Reglamento no 2320/2002 pretenden imponer obligaciones a los particulares, deberán publicarse en cualquier caso en el Diario Oficial de la Unión Europea. La cuestión de si dichas medidas y las normas a las que se refieren imponen directamente obligaciones a los particulares u obligan a los Estados miembros a hacerlo carece de pertinencia a este respecto. En efecto, en ambos casos han de publicarse en el mencionado Diario Oficial.

Asimismo, el Reglamento no 2320/2002 y, más concretamente, su artículo 4, apartado 2, no proporcionan ningún fundamento jurídico que permita a la Comisión, en ejercicio de su competencia de ejecución con arreglo a dicha disposición, aplicar el régimen de confidencialidad previsto en el artículo 8 de ese Reglamento a medidas de adaptación de la lista de artículos prohibidos aneja al Reglamento no 2320/2002. De ello se deriva que, en caso de que el Reglamento no 622/2003 realice efectivamente adaptaciones de la mencionada lista de artículos prohibidos, dicho Reglamento será, en esa medida, necesariamente inválido.

(véanse los apartados 42 a 44 y 59 a 63 y el fallo)