Las actividades de representación del personal deben tomarse en consideración a la hora de elaborar el informe de calificación de los funcionarios de que se trate, de forma que no se penalice a éstos por el hecho de que ejerzan tales actividades. En estas circunstancias, aunque el calificador y el calificador de alzada estén autorizados solamente para hacer una apreciación de las prestaciones que efectúa el funcionario titular de un mandato de representación del personal en el marco del empleo al que está destinado, excluyendo las actividades vinculadas al referido mandato, que no corresponden a su autoridad, deberán tener en cuenta, no obstante, las obligaciones derivadas del ejercicio de sus funciones de representación. Más concretamente, han de tener en cuenta, en su caso, el hecho de que el interesado sólo pudo prestar, en su servicio, un número de días de trabajo inferior al número normal de días laborables durante el período de referencia, conforme a las disposiciones estatutarias. Las aptitudes y el trabajo de dicho funcionario deben apreciarse, por tanto, a efectos de calificación, en función de las prestaciones que por parte de la institución cabe esperar de un funcionario del mismo grado, durante un período correspondiente al tiempo que efectivamente haya dedicado a su actividad en su servicio de destino, previa deducción del tiempo dedicado, en las condiciones estatutarias, a su actividad de representación.

Si bien es cierto que, en el caso en que una institución no haya adoptado un sistema específico para la calificación de los funcionarios que ejercen actividades de representación del personal, los calificadores no pueden evaluar dichas actividades, no sucede lo mismo cuando se haya establecido un sistema de valoración ad hoc para estos funcionarios.

De este modo, en el sistema introducido en la Comisión, debe intervenir un grupo de calificación ad hoc y, en su caso, un comité paritario de alzada ad hoc.

El objetivo de la consulta al grupo de calificación ad hoc es proporcionar al calificador la información necesaria para la valoración de las funciones ejercidas por el calificado en su condición de representante de personal o sindical, dado que se considera que estas funciones forman parte de los servicios que dicho funcionario debe ejercer en su institución. Además, en virtud de los artículos 3, párrafo sexto, segundo guión, y 5 de las Disposiciones generales de ejecución del artículo 43 del Estatuto aprobadas por la Comisión, el calificador debe consultar al grupo de calificación ad hoc antes de elaborar el primer proyecto de informe.

En consecuencia, el calificador debe tener en cuenta el dictamen del grupo de calificación ad hoc al elaborar el informe de calificación de un funcionario que ejerce actividades de representación del personal o sindicales. No obstante, este dictamen no le vincula. Si no lo sigue, debe explicar las razones que le han llevado a apartarse del mismo. En efecto, a este respecto, no basta con adjuntar el dictamen al informe de calificación para considerar cumplida la exigencia de motivación de que se trata.

Estos principios pueden aplicarse, mutatis mutandis, al dictamen del comité paritario de alzada ad hoc. En efecto, según el anexo II de las Disposiciones generales de ejecución del artículo 43 del Estatuto, este dictamen «se tendrá en cuenta por el calificador de alzada al proceder a la calificación».

(véanse los apartados 51 a 56) Referencia: Maurissen/Tribunalde Cuentas, antes citada