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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 89/2

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 25 de noviembre de 2011 — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Asunto C-595/11)

2012/C 89/03

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Steinel Vertrieb GmbH

Demandada: Hauptzollamt Bielefeld

Cuestión prejudicial

¿Se han de interpretar:

a) el Reglamento (CE) no 1470/2001 del Consejo, de 16 de julio de 2001, (1) por el que se establecen derechos antidumping definitivos y por el que se recaudan definitivamente los derechos provisionales impuestos a las importaciones de lámparas fluorescentes compactas electrónicas integradas originarias de la República Popular China, y

b) el Reglamento (CE) no 1205/2007 del Consejo, de 15 de octubre de 2007, (2) por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de lámparas fluorescentes compactas electrónicas integradas (CFL-i) originarias de la República Popular China tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96 y por el que se amplían las importaciones de los mismos productos procedentes de la República Socialista de Vietnam, de la República Islámica de Pakistán y de la República de Filipinas, en el sentido de que comprenden también las lámparas fluorescentes compactas con regulador de luz, importadas por la demandante y descritas con más detalle en la resolución?

(1) DO L 195, p. 8, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1322/2006 del Consejo, de 1 de septiembre de 2006 (DO L 244, p. 1).

(2) DO L 272, p. 1.
4)

¿Vulnera la no acumulabilidad del IVA y es contraria a los principios de seguridad jurídica, de igualdad de trato y de neutralidad fiscal una práctica fiscal como la del procedimiento principal (por la que se deniega al adquirente de una entrega o al destinatario de un servicio sujetos a IVA el derecho a deducción por «falta de prueba de haberse realizado la operación», sin tener en cuenta las comprobaciones ya efectuadas de que el impuesto es exigible al proveedor del bien o servicio y de que éste adeuda el impuesto, habida cuenta de que hasta el momento de la valoración del nacimiento del derecho a deducción no se ha modificado la correspondiente decisión de la inspección tributaria o no ha existido ni se ha observado ningún motivo para modificarla por la vía prevista por el Estado)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 65/6

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 19 de diciembre de 2011 — MA, BT, DA/Secretary of State for the Home Department

(Asunto C-648/11)

2012/C 65/12

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: MA, BT, DA

Recurrida: Secretary of State for the Home Department

Parte interesada: Aire Centre

Cuestión prejudicial

En el marco del Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO L 50, p. 1), cuando un solicitante de asilo, que es un menor no acompañado, ningún miembro de cuya familia se encuentra legalmente en otro Estado miembro, ha presentado solicitudes de asilo ante más de un Estado miembro, ¿cuál es el Estado miembro responsable de examinar la solicitud de asilo según el artículo 6, párrafo segundo?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 49/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) el 25 de noviembre de 2011 — Anssi Ketelä

(Asunto C-592/11)

2012/C 49/25

Lengua de procedimiento: finés

Órgano jurisdiccional remitente

Korkein hallinto-oikeus

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Anssi Ketelä

Otra parte: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Cómo deben interpretarse el artículo 22, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1698/2005 (1) del Consejo («se instalen por primera vez en una explotación agrícola como jefe de explotación») y el artículo 13, apartados 4 y 6, del Reglamento (CE) no 1974/2006 (2) de la Comisión cuando la actividad agrícola es parte de la actividad de una sociedad? Al examinar si una persona se ha instalado por primera vez en una explotación agrícola como jefe de explotación, ¿es determinante para la valoración de la actividad previa que el interesado tuviese, debido a su participación, una influencia dominante en una sociedad o cómo de elevados fueron sus beneficios procedentes de la agricultura o si su actividad en la sociedad supone dirigir una unidad productiva autónoma desde el punto de vista funcional y económico? ¿O debe valorarse globalmente la condición de jefe de explotación y tener en cuenta al mismo tiempo la posición del interesado en la sociedad y si efectivamente soportaba el riesgo vinculado a la explotación de la empresa?

2) Al valorar qué relevancia se atribuye a una actividad previa al conceder la ayuda para otra actividad, ¿debe interpretarse del mismo modo la condición de jefe de explotación respecto a la actividad previa y respecto a la actividad para la que se solicita la ayuda? La denegación de la ayuda para la instalación de jóvenes agricultores en el sentido del artículo 22 del Reglamento del Consejo, ¿establece como requisito previo que dicha actividad anterior fuese, en principio, susceptible de ayudas con arreglo a las disposiciones vigentes?

3) El artículo 13, apartado 4, del Reglamento de la Comisión, ¿debe interpretarse en el sentido de que pueden precisarse o definirse con mayor detalle en Derecho nacional los criterios ya mencionados en la primera cuestión, en virtud de los cuales se considera jefe de explotación a alguien que se ha instalado en una explotación agrícola, o permite dicha disposición que se defina únicamente el momento de la instalación?

(1) Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 277, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 1974/2006 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 368, p. 15).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 58/5

Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2011 — Comisión Europea/República Italiana

(Asunto C-641/11)

2012/C 58/06

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Comisión Europea (representante: G. Rozet y L. Pignataro, agentes)

Demandada: República Italiana

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 45 TFUE y 3, apartado 1, del Reglamento (UE) no 492/2011 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, al mantener la inclusión de un criterio prioritario de selección de los candidatos basado en la residencia en la provincia de Bolzano durante al menos dos años, como establece el artículo 12 del DPR 752/1976.

— Que se condene en costas a la República Italiana.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, la Comisión critica la inclusión de un criterio prioritario de selección de los candidatos basado en la residencia durante al menos dos años en la provincia de Bolzano (Trentino Alto Adige), criterio contrario a las obligaciones que imponen los artículos 45 TFUE y 3, apartado 1, del Reglamento (UE) no 492/2011. En efecto, la Comisión recuerda que, con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 45 TFUE en materia de igualdad de trato prohíbe no sólo las discriminaciones manifiestas basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de mayo de 1996, asunto C-237/94, O’Flynn, Rec. 1996, p. 2617, apartado 17). En particular, es el caso de una discriminación basada en la residencia.

En su respuesta al dictamen motivado de 6 de agosto de 2010, las autoridades italianas admitieron que «la cláusula de residencia incluida en el artículo 12 del DPR 752/1976 puede contener elementos de discriminación indirecta y, por tanto, ser contraria al artículo 45 TFUE» y que «para solucionar dicho problema, resulta necesario modificar el texto del artículo». No obstante, a día de hoy, la Comisión aún no ha recibido ninguna información relativa a la modificación en cuestión y considera, en consecuencia, que el requisito de la residencia que contempla el artículo 12 del DPR 752/1976 continúa en vigor.

(1) DO L 141, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 39/8

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 9 de noviembre de 2011 — Société d’Exportation de Produits Agricoles S.A. (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Asunto C-562/11)

2012/C 39/12

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Société d’Exportation de Produits Agricoles S.A. (SEPA)

Demandada: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Cuestión prejudicial

¿Debe imponerse una sanción a un exportador que, habiendo expuesto acertadamente los hechos pertinentes a efectos de la concesión de una restitución por exportación, presenta una solicitud de restitución aunque no exista en realidad tal derecho a la restitución para la exportación de la que se trata? (1)

(1) Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (DO L 351, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 459/97 de la Comisión, de 18 de marzo de 1997 (DO L 77, p. 12).
1)

¿Sigue siendo aplicable, con arreglo al Reglamento no 883/2004, (1) el efecto adicional de la sentencia Miethe, (2) dictada durante el período de vigencia del Reglamento no 1408/71, (3) a saber, conceder un derecho a elección al trabajador fronterizo atípico frente al Estado miembro en el que se pone a disposición del servicio de empleo y del cual percibe una prestación de desempleo sobre la base de que en el Estado miembro de su elección las oportunidades de reincorporación a la vida laboral activa son mayores? ¿O el artículo 65 del Reglamento no 883/2004, considerado en su conjunto, ya garantiza en suficiente medida que el trabajador en situación de desempleo total perciba una prestación en unas condiciones que para él sean las más favorables para buscar trabajo, y ha perdido la sentencia Miethe su valor añadido?
1)

¿Se oponen en principio el ordenamiento comunitario y, en particular, el artículo 6 de la Directiva 93/37/CEE (1) (en lo sucesivo, el artículo 4 de la Directiva 2004/18/CE) a una norma nacional [como el artículo 10, apartado 1, letra a), de la Ley no 109 de 1994; en lo sucesivo, artículo 34, apartado 1, letra a), del Decreto Legislativo no 163 de 2006], que reserva únicamente a las sociedades que ejercen actividades mercantiles la posibilidad de participar en procedimientos de adjudicación de contratos públicos, excluyendo así a algunos empresarios (como las sociedades civiles) que no desarrollan de forma habitual y predominante ese tipo de actividades? ¿o bien dicha prohibición resulta ser razonable y no discriminatoria habida cuenta de la regulación particular y del peculiar régimen patrimonial de las sociedades civiles?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 311/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 28 de julio de 2011 — Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH

(Asunto C-400/11)

2011/C 311/30

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Josef Egbringhoff

Demandada: Stadtwerke Ahaus GmbH

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 5, en relación con el anexo A, letras b) y/o c), de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, (1) sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE, en el sentido de que una normativa legal nacional sobre modificación de precios en contratos de suministro de electricidad con clientes domésticos a los que se suministra electricidad en el contexto de la obligación general de suministro (clientes sujetos a tarifa) cumple el grado de transparencia requerido, si en ella no se recogen la causa, los requisitos y el alcance de una modificación de precios, pero se garantiza que la empresa suministradora de electricidad informará a sus clientes acerca de cualquier incremento de precios con un plazo razonable y que el cliente tendrá derecho a resolver el contrato si no desea aceptar las condiciones modificadas que se le comunican?

(1) Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE — Declaraciones sobre las actividades de desmantelamiento y de gestión de residuos (DO L 176, p. 37).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 290/4

Recurso de casación interpuesto el 22 de julio de 2011 por la Région Nord-Pas-de-Calais contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 12 de mayo de 2011 en los asuntos acumulados T-267/08 y T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais y Communauté d’Agglomération du Douaisis/Comisión

(Asunto C-389/11 P)

2011/C 290/06

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Région Nord-Pas-de-Calais (representantes: M. Cliquennois y F. Cavedon, abogados)

Otras partes en el procedimiento: Communauté d’Agglomération du Douaisis, Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia dictada el 12 de mayo de 2011 por el Tribunal General de la Unión Europea en los asuntos acumulados T-267/08 y T-279/08.

— Que se estimen las pretensiones formuladas en primera instancia por la Région Nord-Pas-de-Calais.

— Que se condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación.

Mediante su primer motivo, la Région Nord-Pas-de-Calais censura al Tribunal por haber decidido no examinar los motivos formulados contra la Decisión C(2008) 1089 final de la Comisión, de 2 de abril de 2008, revocada y sustituida por la Decisión C(2010) 4112 final de la Comisión, de 23 de junio de 2010, ambas relativas a la misma ayuda de Estado, C 38/2007 (ex NN 45/2007). Según afirma la recurrente, la nueva Decisión responde en realidad a los escritos que presentó en el marco de su recurso inicial ante el Tribunal, sin que se le haya dado la oportunidad de ser oída en un nuevo procedimiento administrativo previo.

Mediante su segundo motivo, la parte recurrente afirma que el derecho de defensa y el principio de contradicción se han visto vulnerados durante el procedimiento administrativo, dado que, en la adopción de la nueva Decisión, la Comisión incumplió la obligación de respetar los requisitos sustanciales de forma que resultaban preceptivos. De este modo, modificó su análisis sobre la naturaleza de la medida estatal controvertida y revisó el método de cálculo de los tipos de referencia aplicables en el momento de la concesión de la ayuda de Estado en favor de Arbel Fauvet Rails SA.
2)

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, el artículo 21, apartado 1, letra a) del Reglamento (CE) no 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, ¿debe interpretarse en el sentido de que existe un «derecho o interés legítimo» incluso en el caso de que el «licenciatario de derechos anteriores» haya registrado el nombre de dominio.eu a su nombre, pero por cuenta del titular de la marca, y este último no cumpla el requisito establecido en el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu (2)»?
5)

¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1, de la Decisión no 1/80, asimismo, en el sentido de que el principio de no discriminación (sólo) prohíbe a las autoridades nacionales del Estado miembro de acogida adoptar, tras expirar el último permiso de residencia concedido, medidas para poner fin a la residencia frente a un nacional turco integrado en el mercado legal de trabajo a quien inicialmente le fueron concedidos unos derechos más amplios para el ejercicio de un empleo que en relación con su residencia, siempre que dichas medidas no vayan dirigidas a proteger un interés legítimo del Estado, pero que no las obliga a conceder un permiso de residencia?
4)

¿Son inválidos el Reglamento (CE) no 710/95 del Consejo, de 27 de marzo de 1995, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de receptores de televisión en color originarios de Malasia, la República Popular de China, la República de Corea, Singapur y Tailandia (2) y por el que se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto, y el Reglamento (CE) no 2584/98 del Consejo de 27 de noviembre de 1998 (3) que lo modifica, porque la aplicación de la reducción a cero en el cálculo del margen de dumping medio ponderado no se menciona ni en sus considerandos ni en los considerandos del Reglamento anterior, el Reglamento (CE) no 2376/94 de la Comisión, de 27 de septiembre de 1994, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de receptores de televisión en color originarios de Malasia, la República Popular China, la República de Corea, Singapur y Tailandia (4)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 252/20

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 17 de junio de 2011 — ZZ/Secretary of State for the Home Department

(Asunto C-300/11)

2011/C 252/37

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: ZZ

Recurrida: Secretary of State for the Home Department

Cuestión prejudicial

¿Exige el principio de tutela judicial efectiva, enunciado en el artículo 30, apartado 2, de la Directiva 2004/38 (1) e interpretado a la luz del artículo 346, apartado 1, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que un órgano judicial, que deba decidir sobre un recurso contra una decisión que prohíbe la entrada en un Estado miembro a un ciudadano de la Unión Europea por razones de orden público y seguridad pública conforme al capítulo IV de la Directiva 2004/38, garantice que el ciudadano de la UE afectado sea informado de las razones esenciales por las que se le prohíbe la entrada, a pesar del hecho de que las autoridades del Estado miembro y el correspondiente órgano jurisdiccional nacional, una vez consideradas todas las pruebas contra ese ciudadano de la Unión Europea en las que se apoyan las autoridades del Estado miembro, concluyan que la divulgación de esas razones esenciales sería contraria a los intereses de la seguridad nacional del Estado?

(1) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77).
El tercer motivo de casación se plantea igualmente con carácter subsidiario para el supuesto de que el Tribunal de Justicia desestime los motivos primero y segundo, ya que se refiere al cálculo de la multa correspondiente a Simplex y Aquatis en el primer período en caso de que se rechace por completo la apreciación de la existencia de una infracción en el segundo período. La Comisión sostiene que la anulación del artículo 2, letra b), punto 2, de la Decisión no se encuentra motivada y que, en el caso de que el Tribunal General hubiera tomado en consideración el tope del 10 % con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, (1) el Tribunal General resolvió ultra petita y vulneró el principio de contradicción y, por consiguiente, el derecho de defensa, ya que esta cuestión no fue debatida en el procedimiento en primera instancia.
3)

En la normativa italiana no existen medidas para la transposición de dicha obligación. Cierto es que cuenta con las disposiciones de la Ley no 68/1999 que, desde algunos puntos de vista, ofrece garantías y facilidades incluso superiores a las que establece el artículo 5 de la Directiva. No obstante, dichas garantías y facilidades no se aplican a todas las personas con discapacidad, no obligan a todos los empresarios, no se refieren a todos los distintos aspectos de la relación laboral o tienen un contenido meramente programático.