Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Derecho comunitario - Principios generales del Derecho - Derecho a una buena administración - Tramitación diligente e imparcial de las denuncias - Referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 1)

2. Competencia - Procedimiento administrativo - Obligaciones de la Comisión - Obligación de examen diligente e imparcial de las denuncias - Derechos procesales de los interesados - Irrelevancia

[Tratado CE, arts. 85, 86, 90 y 93 (actualmente arts. 81 CE, 82 CE, 86 CE y 88 CE), y 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación)]

3. Competencia - Empresas públicas y empresas a las que los Estados miembros conceden derechos especiales o exclusivos - Competencias de la Comisión en virtud de su deber de vigilancia - Facultad de apreciación - Diferencia con respecto a la facultad discrecional reconocida a la Comisión para interponer recurso por incumplimiento

[Tratado CE, arts. 90, ap. 3, y 169 (actualmente arts. 86 CE, ap. 3, y 226 CE)]

4. Recurso de anulación - Actos recurribles - Negativa de la Comisión a tramitar una denuncia por la que se le insta a actuar con arreglo al artículo 90, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 86 CE, apartado 3) - Admisibilidad

[Tratado CE, art. 90, ap. 3 (actualmente art. 86 CE, ap. 3)]

5. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE)]

Índice

1. La tramitación diligente e imparcial de una denuncia se refleja en el derecho a la buena administración, que forma parte de los principios generales del Estado de Derecho comunes a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. En efecto, el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza confirma que «toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable».

( véase el apartado 48 )

2. La obligación general de vigilancia de la Comisión, y su corolario, el deber de diligencia e imparcialidad en el examen de las denuncias que se someten a la misma, deben aplicarse, en cuanto a su principio, indistintamente en virtud de los artículos 85, 86, 90 y 93 del Tratado (actualmente artículos 81 CE, 82 CE, 86 CE y 88 CE), y del artículo 92 del Tratado (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación), aun cuando los métodos para cumplir tales obligaciones varíen en función de sus ámbitos de aplicación específicos y, en particular, de los derechos de procedimiento atribuidos expresamente por el Tratado o el Derecho comunitario derivado a los interesados en tales ámbitos.

( véase el apartado 53 )

3. Los artículos 90, apartado 3, y 169 del Tratado (actualmente artículos 86 CE, apartado 3, y 226 CE) dan lugar ambos a procedimientos en los que participan la Comisión y un Estado miembro, en el marco de los cuales la Comisión ejerce su misión general de vigilancia, en virtud del artículo 155 del Tratado (actualmente artículo 211 CE). No obstante, mientras que en virtud del artículo 169 del Tratado, la Comisión «puede» interponer un recurso por incumplimiento contra un Estado miembro, el artículo 90, apartado 3, del mismo Tratado establece que ésta adoptará las medidas adecuadas «en tanto fuere necesario». Esta expresión constituye una precisión de la facultad reconocida a la Comisión por el artículo 90, apartado 3, del Tratado, e indica, de este modo, que la Comisión debe poder pronunciarse sobre la «necesidad» de su intervención, lo cual, a su vez, implica el deber de diligencia e imparcialidad en el examen de las denuncias, al término del cual dispone de la facultad de apreciación en cuanto a la cuestión de si procede proseguir la tramitación o no y, en su caso, de adoptar medidas con respecto al Estado miembro o Estados miembros afectados. Contrariamente a lo que sucede con sus decisiones de interponer un recurso por incumplimiento sobre la base del artículo 169 del Tratado, la facultad de la Comisión en cuanto a la aplicación del artículo 90, apartado 3, del Tratado no es totalmente discrecional.

( véase el apartado 54 )

4. La existencia de una amplia facultad de apreciación de la que está investida dicha Institución, en lo tocante a la aplicación del artículo 90, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 86 CE, apartado 3), no se opone, como tal, a la posibilidad de entablar un recurso de anulación contra una decisión por la que se deniega la tramitación de una denuncia cuyo objetivo consiste en una intervención basada en dicho artículo del Tratado, especialmente cuando tal decisión se dirige contra el autor de la denuncia. Por lo tanto, procede admitir el recurso de anulación interpuesto por un denunciante contra el acto mediante el que la Comisión decide no adoptar ninguna medida contra un Estado miembro sobre la base del artículo 90, apartado 3, del Tratado.

( véanse los apartados 64 y 71 )

5. La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE), debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y que el juez comunitario pueda ejercer su control.

( véase el apartado 78 )