1.

La República Italiana precisa en primer lugar que no se trata de analizar si Italia incurrió en omisión en relación con la recaudación de la tasa lechera, sino solamente de dilucidar si la Comisión tiene la facultad de reducir los anticipos mensuales que ingresa a los Estados miembros. Según ella no son pertinentes los precedentes de reducción de anticipos mensuales invocados por la Comisión, dado que no constituyen una práctica administrativa usual ni, menos aún, una práctica vinculante. La República Italiana pasa revista a los mecanismos de financiación del FEOGA instaurados por el Reglamento n° 729/70 que, en concreto, junto a la liquidación de cuentas definitiva regulada por el Reglamento n° 1723/72, establece un sistema de financiación anticipada regido por los Reglamentos n° 3183/87 y n° 2776/88. Del análisis en particular de los referidos Reglamentos resulta que la Comisión ha de ingresar anticipos mensuales a los Estados miembros, en función de simples comunicaciones mensuales cursadas por dichos Estados, sin poder valorar si los gastos declarados son conformes a la normativa comunitaria; su única facultad consiste en retrasar el pago del anticipo por razones de orden formal. Seguir las tesis de la Comisión significaría bien constituirla en juez que determine unilateralmente la existencia de omisiones por parte de los Estados miembros, sin que éstos tengan derecho a defenderse, o bien provocar continuas impugnaciones, que durarían varios años, con el riesgo de un incremente injustificado del número de litigios. La Comisión no puede interpretar el Reglamento n° 729/70, modificado, y en especial sus artículos del 1 al 5, que establecen que los gastos efectuados tienen que haberlo sido con arreglo a las normas comunitarias, en el sentido de que le confieren la facultad de examinar tal conformidad en el marco del pago de los anticipos mensuales. En efecto, razona la República Italiana, del examen de los Reglamentos n° 729/70, n° 1723/72 y n° 2776/88 resulta claramente que, en relación con los anticipos mensuales, la comprobación por parte de la Comisión de la comunicación efectuada por el Estado miembro es una comprobación de la mera correspondencia formal, mientras que la comprobación de la recapitulación anual de cuentas, que tendrá lugar más adelante, será una comprobación de fondo, sujeta ál principio de contradicción. Según la República Italiana, las justificaciones alegadas por la Comisión en su nota informativa de 12 de octubre de 1989, antes citada, no son pertinentes. La comunicación de 1983, además de carecer de todo valor jurídico, se refiere a una materia diferente, a saber: la de las ayudas de Estado. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de impugnación de gastos del FEOGA sólo es aplicable ä la liquidación anual de cuentas. El sistema de alerta establecido por la Decisión 88/377 no es aplicable, ya que no se cumplen los requisitos necesarios al efecto. El artículo 97 del Reglamento Financiero sólo establece, según la República Italiana, en relación con los gastos efectuados en aplicación del artículo 4 del Reglamento n° 729/70, un examen de los documentos transmitidos por los Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento n° 2776/88. La Comisión no puede alegar que el no reconocerle la facultad de reducir los anticipos que ha de ingresar a los Estados miembros que hayan efectuado gastos no acordes con la normativa comunitaria depararía indirectamente consecuencias perjudiciales para los demás. Estados miembros. En efecto, explica la República Italiana, el hecho de que la conformidad de un gasto con el Derecho comunitario no sea comprobada sino con ocasión de la liquidación anual no bastará ciertamente para alterar los equilibrios entre los Estados miembros en la distribución de los fondos para la ejecución de la política agrícola común y procurar ventajas a un Estado en detrimento de otro.