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Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État (Francia) el 10 de marzo de 2022 — Saint-Louis Sucre / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny

(Asunto C-183/22)

(2022/C 213/41)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Saint-Louis Sucre

Demandadas: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse la norma establecida en el artículo 153, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, (1) según la cual los estatutos de una organización de productores obligarán a sus miembros a «pertenecer a una sola organización de productores con respecto a un producto determinado de la explotación», en el sentido de que se aplica únicamente a los miembros productores?

2) Para garantizar el respeto del principio previsto en el artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, según el cual los productores miembros de una organización de productores deben controlar de forma democrática su organización y las decisiones de esta, — con el fin de apreciar la independencia de cada uno de los miembros de la organización, ¿debe tenerse en cuenta exclusivamente la participación en su capital de una misma persona física o jurídica, o también otros vínculos tales como, respecto a miembros no productores, la afiliación a una misma confederación de asociaciones o, respecto a los miembros productores, el desempeño de responsabilidades de dirección dentro de tal confederación? — ¿basta, para concluir que existe un control efectivo sobre la organización de productores por sus miembros productores, que estos últimos dispongan de la mayoría de votos o bien ha de examinarse si, habida cuenta de la distribución de votos entre los miembros realmente independientes, la cuota de los derechos de voto de uno o varios miembros no productores les permite, incluso sin contar con mayoría, controlar las decisiones adoptadas por la organización?

(1) Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671).
1.

a ¿Resulta de la interpretación del artículo 6, apartado 1, letras b) y f), del Reglamento general de protección de datos (1) que, en el caso de una sociedad personalista con un elevado número de socios inversores, la participación en la sociedad como socio que no responde personalmente y solo lo hace por una cuantía reducida y que no es un socio administrador, es suficiente para afirmar un «interés legítimo» en obtener información relativa a todos los socios que participan indirectamente en ella a través de un fiduciario, a sus datos de contacto y a su participación en dicha sociedad personalista con un elevado número de socios inversores, y para deducir del contrato de sociedad la correspondiente obligación contractual? b ¿O, en esas condiciones, el interés legítimo se limita a recibir información de la sociedad sobre aquellos partícipes indirectos que no responden por una cuantía reducida, sino que son titulares de una participación mínima que al menos permite considerar que pueden tener la posibilidad de influir en el destino de la sociedad?
C 207/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 25 de febrero de 2022 — BM, NP / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(Asunto C-132/22)

(2022/C 207/25)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: BM, NP

Recurrida: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 45 TFUE, apartados 1 y 2, y el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 492/2011 (1) en el sentido de que se oponen a una norma como la prevista en el artículo 1, apartado 655, de la Ley n.o 205/2017, en virtud de la cual, para participar en el procedimiento de inclusión en las listas de aptitud destinadas a la celebración ulterior de contratos de enseñanza de duración indefinida y determinada en las instituciones de AFAM italianas, únicamente se toma en consideración la experiencia profesional adquirida por los candidatos en tales instituciones nacionales, sin computar la obtenida en instituciones del mismo nivel situadas en otros países europeos, habida cuenta de la finalidad específica del procedimiento en cuestión que consiste en luchar contra la precariedad en Italia, y, en caso de que el Tribunal de Justicia no estimara que la normativa italiana es contraria en abstracto al ordenamiento jurídico europeo, puede considerarse que las medidas previstas en dicha normativa son proporcionadas, en concreto, para lograr el objetivo de interés general antes mencionado?

(1) Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO 2011, L 141, p. 1).
1)

¿Puede la Decisión adoptada por el Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (Comité Nacional de Gestión de la Directiva 2003/87/CE (1) y de Apoyo a la Gestión de las Actividades derivadas de Proyectos del Protocolo de Kioto), habida cuenta de su procedimiento de adopción y, en particular, del mecanismo de diálogo con la Comisión Europea previsto en el Reglamento Delegado (UE) 2019/331 (2) en lo que respecta a la inclusión de instalaciones en la lista para la asignación de derechos de emisión de CO2, ser objeto de un recurso independiente ante el Tribunal General en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, cuando el acto impugnado produce efectos jurídicos vinculantes y afecta directamente al operador económico recurrente?
1)

¿Qué criterios deben aplicarse para decidir si un producto no ha sido objeto ya de un certificado complementario de protección a efectos del artículo 3, letra c), del Reglamento (CE) n.o 469/2009 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (Reglamento CCP)?
5.

¿Es contraria a la Directiva 93/13/CEE del Consejo en su conjunto y, en particular, al quinto considerando de esta (generalmente los consumidores no conocen las normas que regulan los contratos de venta de bienes o de prestación de servicios en los Estados miembros distintos del suyo; esta dificultad puede disuadirles de realizar transacciones de adquisición de bienes o servicios de modo directo en otro Estado miembro) una práctica judicial según la cual, en caso de supuesta falta de un requisito obligatorio del contrato de crédito al consumo, se presupone que el consumidor ya conocía esa circunstancia en el momento de celebrar el contrato de crédito, en particular cuando el consumidor haya confirmado por separado haber tomado conocimiento del contrato de crédito firmando otros documentos de crédito relacionados (por ejemplo, el formulario de información normalizada sobre el crédito al consumo, la lista de documentos recibidos, etc.)?
1)

¿Debe interpretarse la partida 9403 de la NC en el sentido de que los rascadores para gatos, compuestos de diversos materiales, destinados a ser colocados en el suelo de espacios (para viviendas) y a permanecer allí para que los gatos puedan trepar, sentarse y tumbarse en ellos y arañarlos, no quedan comprendidos en esta partida de la NC porque son de una naturaleza distinta de la contemplada en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1229/2013 (1) de la Comisión, de 28 de noviembre de 2013, y en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 350/2014 (2) de la Comisión, de 3 de abril de 2014? Si se trata de una naturaleza distinta que impide la clasificación en la partida 9403 de la NC, ¿en qué radica esta distinta naturaleza?
4.

¿Es pertinente en el presente asunto el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia C-349/17, (2) Eesti Pagar, apartados 61 y 68, declarase que no puede considerarse que la existencia o no de un efecto incentivador sea un criterio claro y simple de aplicar por las autoridades nacionales, dado que, en concreto, su verificación exige efectuar, en cada caso, apreciaciones económicas complejas, por lo que tal criterio no satisface la exigencia de que los criterios para la aplicación de una exención sean claros y simples de aplicar por las autoridades nacionales?
2.

En caso de respuesta afirmativa a la inclusión de los intereses legales en la restitución íntegra: 2.1. ¿Se oponen los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a los principios procesales civiles de Derecho nacional de justicia rogada y congruencia de la sentencia con el petitum cuando el petitum de la demanda no solicita una restitución íntegra de los intereses legales devengados por las cantidades objeto de restitución? 2.2. ¿Se oponen los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a que el juez nacional resuelva conforme a un petitum que no solicita la totalidad de los intereses legales de las cantidades objeto de restitución? 2.3. ¿Se opone el principio de eficacia recogido en el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a que el juez nacional deniegue otorgar parte de los intereses generados por las cantidades objeto de restitución cuando estos no han sido solicitados por la parte demandante? 2.4. ¿Permiten o exigen los principios de eficacia y de restitución íntegra del artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que el juez nacional resuelva ampliar cuantitativamente el petitum a aquellas cantidades no solicitadas por este para satisfacer una restitución íntegra incluyendo aquella parte de los intereses legales no reclamada en dicho petitum cuando ello se hace en beneficio del consumidor?
C 109/17

Petición de decisión prejudicial planteada por el Retten i Esbjerg (Dinamarca) el 17 de diciembre de 2021 — Skatteministeriet Departementet / Global Gravity ApS

(Asunto C-788/21)

(2022/C 109/24)

Lengua de procedimiento: danés

Órgano jurisdiccional remitente

Retten i Esbjerg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Skatteministeriet Departementet

Demandada: Global Gravity ApS

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Qué criterios deben aplicarse para determinar si un producto es un contenedor con arreglo a la subpartida 8609 00 90 00 de la nomenclatura combinada del Arancel Aduanero Común, que figura en el anexo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) n. o 1001/2013 ( 1 ) de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n. o 2658/87 ( 2 ) del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común? En particular, a) esos criterios, considerados de forma aislada, ¿pueden determinar que un producto sea clasificado como contenedor? b) ¿Debe realizarse una apreciación general de los criterios pertinentes para determinar si un artículo debe clasificarse como contenedor, de tal manera que el cumplimiento de algunos de ellos, pero no de todos, puede dar lugar a que ese producto se clasifique como contenedor? o c) ¿Es preciso que se cumplan todos los criterios de forma acumulativa para que un artículo pueda clasificarse como contenedor?

2) ¿Debe interpretarse el término «contenedor» que figura en la subpartida 8609 00 90 00 de la nomenclatura combinada del Arancel Aduanero Común, en su versión resultante del anexo I del Reglamento n.o 1001/2013, en el sentido de que comprende un producto que es un sistema para el transporte de tubos consistente en un conjunto de perfiles de aluminio superpuestos, dos mástiles verticales de acero por cada nivel y dos bulones de acero M20 por nivel para fijar los perfiles? Los tubos se colocan encima de los perfiles. A continuación, se coloca un nuevo nivel de perfiles y los tubos se colocan encima de ellos, hasta incluir la cantidad deseada de tubos. Para completar el sistema se usa siempre una serie de perfiles. Una vez finalizada la colocación de los tubos en los perfiles, se fijan cadenas de acero a los mástiles verticales en sus cuatro esquinas (mediante ojales situados en los mástiles verticales) y el artículo está listo para ser cargado mediante grúa o carretilla elevadora, en caso de que el transporte se realice por carretera.

(1) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 2013, L 290, p. 1).

(2) DO 1987, L 256, p. 1.
2)

¿Deben interpretarse el artículo 2, apartados 1 y 2, así como el artículo 3, apartado 1, letra c), in fine, de la Directiva 2000/78/C[E] del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la contenida en el artículo 1, apartado 2, de la Legea-cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Ley marco n.o 330, de 5 de noviembre 2009, relativa a la retribución unitaria del personal remunerado con fondos públicos), tal como fue interpretada por la sentencia n.o 7/2019 (publicada en el Monitorul Oficial al României n.o 343 de 06/05/2019) dictada por la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía) en un recurso de casación para la unificación de doctrina, habida cuenta de que el demandante no ha tenido la posibilidad legal de solicitar el incremento del complemento de destino en el momento en que accedió a la Magistratura, con posterioridad a la entrada en vigor de la Legea [nr.] 330 din 2009 (Ley n.o 330 de 2009), que preveía expresamente que los derechos retributivos son y siguen siendo exclusivamente los que se establecen en ella, existiendo por lo tanto una discriminación retributiva en comparación con sus compañeros, incluso por razón de edad, lo que de hecho implica que solo los magistrados de mayor edad que fueron nombrados para sus cargos con anterioridad al mes de enero de 2010 (que habían obtenido resoluciones judiciales en su favor en el período comprendido entre 2006 y 2009, cuyos fallos fueron aclarados durante el año 2019 en virtud de la sentencia n.o 7/2019 [de la Înalta Curte de Casație și Justiție]), percibieron, durante los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, el pago retroactivo de los derechos retributivos (similares a los solicitados mediante la demanda objeto del presente procedimiento) correspondientes al período transcurrido entre 2010 y 2015, aunque durante dicho período el demandante también ostentó el cargo de juez y desempeñó el mismo trabajo, en las mismas condiciones y en la misma institución?
—

el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 339/93 (DO 2008, L 218, p. 30), en particular sus artículos 20 y 22, así como
1)

¿Se oponen el artículo 1, apartado 1, y el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2008/94, (1) en relación con el concepto autónomo de «estado de insolvencia», a una normativa nacional de transposición de esta Directiva, a saber, el artículo 15, apartados 1 y 2, de la Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (Ley n.o 200/2006, sobre la creación y utilización del Fondo de Garantía Salarial), en relación con el artículo 7 del Reglamento de aplicación de la Ley n.o 200/2006, en la interpretación dada por la sentencia n.o 16/2018 de la Sala de recursos en interés de Ley de la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía), según la cual el período de tres meses por el que el Fondo de Garantía Salarial puede asumir y abonar los créditos salariales adeudados por el empresario insolvente tomará exclusivamente como referencia la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia?
Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Piteşti (Rumanía) el 19 de julio de 2021 — SC Avicarvil Farms SRL / Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură — Centrul Judeţean Vâlcea

(Asunto C-443/21)

(2021/C 452/07)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Piteşti

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: SC Avicarvil Farms SRL

Recurridas: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură y Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură — Centrul Judeţean Vâlcea

Cuestión prejudicial

¿Se opone el artículo 143 del Reglamento n.o 1303/2013, (1) en combinación con el artículo 310 TFUE (principio de buena gestión financiera) y con el artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 (2) [retomado en el artículo 33, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 (3)], y en relación con los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, a una práctica administrativa de las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de una medida de ayuda financiera no reembolsable consistente en que, como consecuencia de un error de cálculo declarado por el Tribunal de Cuentas Europeo, emitieron actos por los que ordenan reducir el importe de la ayuda financiera reconocida por el Programa de Desarrollo Rural (PDR) aprobado por la Decisión C(2012) 3529 de la Comisión Europea, de 25 de mayo de 2012, antes de la adopción de una nueva Decisión de la Comisión Europea que excluye de la financiación los importes que superan los gastos adicionales y las pérdidas de ingresos ocasionados por los compromisos adquiridos, importes que se pusieron de manifiesto a raíz de los errores de cálculo?

(1) Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320).

(2) Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2005, L 277, p. 1).

(3) Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487).
Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 16 de julio de 2021 — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA

(Asunto C-433/21)

(2021/C 422/05)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Agenzia delle Entrate

Recurrida: Contship Italia SpA

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los artículos 18 TFUE (anteriormente artículo 12 TCE) y 49 TFUE (anteriormente artículo 43 TCE) a una normativa nacional que, como el artículo 30, apartado 1, punto 5, de la Ley n.o 724, de 23 de diciembre de 1994, en su versión, aplicable ratione temporis, anterior a las modificaciones introducidas por la Ley n.o 296, de 27 de diciembre de 2006, excluya del régimen dirigido a combatir las prácticas de elusión fiscal de las sociedades pantalla —basado en la fijación de estándares mínimos de ingresos y beneficios, en función del valor de determinados activos empresariales, cuyo incumplimiento constituye un indicio sintomático del carácter no operativo de la sociedad y conlleva la determinación de las rentas imponibles por vía de presunción— únicamente a las sociedades y entidades cuyos valores se negocian en mercados regulados italianos y no excluya de dicho régimen a las sociedades y entidades cuyos valores se negocian en mercados regulados extranjeros ni a las sociedades que, aun cuando sea indirectamente, controlan tales sociedades y entidades cotizadas o son controladas por estas?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 31 de mayo de 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S.S., N.Z. y S.S.

(Asunto C-338/21)

(2021/C 431/04)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad van State

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Otras partes: S.S, N.Z. y S.S

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 27, apartado 3, y 29 del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180), (1) en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el presente asunto, en la que un Estado miembro ha optado por ejecutar el artículo 27, apartado 3, inicio y letra c), pero el carácter suspensivo de la ejecución de una decisión de traslado también lo ha otorgado a un recurso o revisión interpuesto contra una decisión adoptada en un procedimiento sobre una solicitud de permiso de residencia en relación con una situación de trata de seres humanos, que no es una decisión de traslado, aunque sí impide temporalmente proceder al traslado efectivo?

(1) P. 31.
—

Tercer motivo de casación: el Tribunal General incurrió en error de Derecho al basar la sentencia en el hecho de que la Comisión, al valorar la zona de atracción, supuestamente no tuvo en cuenta los aeropuertos de destino ni otras particularidades. Como DLH no había impugnado estos extremos en su demanda, el citado Tribunal no debería haber estimado la demanda por este motivo.
1)

¿Tienen los artículos 18, apartado 1, 26, apartado 1, y 46 de la Directiva 2007/46/CE, (1) en relación con los artículos 4, 5 y 13, del Reglamento (UE) n.o 715/2007, (2) también el objeto y la finalidad de proteger los intereses y el patrimonio de los adquirentes individuales de vehículos de motor? ¿Incluye esto también la protección del interés de un adquirente individual en no adquirir un vehículo que no cumpla con las exigencias del Derecho de la Unión, en particular en no adquirir un vehículo que esté equipado con un dispositivo de desactivación prohibido por el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 715/2007?