Pueden invocarse otros argumentos en apoyo de la tesis que acabo de desarrollar. Sabemos que la obligación de remisión establecida por el párrafo tercero del artículo 177 a los órganos jurisdiccionales que deciden en única o última instancia (claro está, cuando éstos deben resolver, para poder emitir sus decisiones, un problema de Derecho comunitario) tiene su razón de ser en la preocupación por evitar a este respecto, por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales, tomas de postura unilaterales cuya corrección no podrían solicitar las partes. Como ya he señalado, esta obligación desempeña un papel tanto más importante cuanto que la decisión, a parte de ser firme, reviste tal autoridad, por el hecho de emanar de un órgano jurisdiccional superior, que puede constituir un precedente para los demás órganos jurisdiccionales nacionales. Ahora bien, para que una decisión pueda «sentar jurisprudencia» es preciso que se base en un examen profundo del asunto, realizado en relación con la existencia del derecho invocado por el demandante. Pero, como he dicho anteriormente, el Juez del procedimiento de urgencia se limita a comprobar mediante un simple examen prima facie si las pretensiones del demandante ofrecen una apariencia razonable de ser fundadas; por consiguiente, la decisión de admisión o de inadmisión de la demanda no puede tener la autoridad de un precedente. Lo mismo ocurrirá también, concretamente, con la interpretación del Derecho comunitario que haya hecho este Juez, ya que corre el riesgo de fundarse, no en un examen a fondo del problema, sino únicamente en una apreciación prima facie suficiente para llegar a esa decisión rápida que impone el carácter de urgencia de la medida solicitada. Por ello, aun cuando tal decisión debía convertirse en definitiva a falta de una iniciativa de una de las partes dirigida al inicio de un procedimiento ordinario, no puede constituir, por su naturaleza, un precedente peligroso para la aplicación uniforme del Derecho comunitario, aunque contuviese una interpretación incorrecta de este Derecho.

Siempre teniendo en cuenta el carácter sumario de la comprobación que compete al Juez del procedimiento sobre medidas cautelares, puede asimismo pensarse en el riesgo de que dicho Juez no disponga de todos los elementos necesarios para identificar la cuestión prejudicial de Derecho comunitario o para apreciar exactamente su importancia a efectos de la decisión que ha de tomarse. No hay que olvidar a este respecto que la medida adoptada con arreglo a un procedimiento sumario como el de la «Verfügungsverfahren», aun cuando admita la petición de la parte demandante, no decide sobre la existencia del derecho en que se basaba la misma, sino que tiende más bien a proteger provisionalmente la situación del titular aparente del derecho, sin perjuicio de una futura decisión sobre el fondo del asunto.

En tales circunstancias, plantear en cualquier caso la cuestión al Tribunal de Justicia con arreglo al procedimiento sumario — como ocurriría si se considerase que el Juez del procedimiento sobre medidas cautelares está obligado a hacerlo — pudiera presentar inconvenientes que podrían evitarse, por el contrario, posponiendo la remisión a la fase del proceso ordinario.

El Gobierno alemán ha señalado, por último, que en muchos casos, el retraso que resultaría de imponer al Juez del procedimiento sumario la obligación de remisión al Tribunal de Justicia equivaldría a una especie de denegación de justicia, dado que esta obligación podría reducir sensiblemente la eficacia práctica de la medida solicitada. En realidad, el problema de la compatibilidad o no del carácter de urgencia del procedimiento sobre medidas cautelares con la remisión prejudicial ya ha sido discutido por este Tribunal de Justicia y resuelto en el sentido de que no procede hablar de incompatibilidad. Señalaré, sin embargo, que cuando se reconoce a los Jueces, en el marco del procedimiento sobre medidas cautelares, la facultad de remitir una cuestión al Tribunal de Justicia comunitario, lo es sin perjuicio de su facultad discrecional para apreciar la oportunidad o no de la remisión con respecto a la urgencia de la medida solicitada, mientras que si se considerase que dichos Jueces están obligados a la remisión, la posibilidad de tal apreciación discrecional resultaría reducida y no podría evitarse el riesgo de que la remisión al Tribunal de Justicia fuese incompatible con la urgencia de adoptar la citada medida.