Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación — Admisibilidad — Decisiones que pueden ser objeto de un recurso de casación — Parte de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestima expresamente una excepción de inadmisibilidad antes de desestimar el recurso por infundado

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 49, párr. 1)

2. Recurso de anulación — Actos recurribles — Negativa de la Comisión a proseguir el examen de una denuncia por la que se insta su actuación en virtud del artículo 90, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 86 CE, apartado 3) — Exclusión

[Tratado CE, art. 90, aps. 1 y 3 (actualmente artículo 86 CE, aps. 1 y 3), y art. 173, párr. 4 (actualmente art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación)]

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1. Las decisiones que ponen fin a un incidente procesal relativo a una excepción de inadmisibilidad, en el sentido del artículo 49, párrafo primero, del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, resultan lesivas para una de las partes al estimar o desestimar esta excepción de inadmisibilidad. Por tanto, debe admitirse el recurso de casación formulado por la Comisión contra la parte de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestima expresamente la excepción de inadmisibilidad propuesta por ella frente a un recurso contra la desestimación de una denuncia que se le había dirigido, aun cuando, finalmente, el Tribunal de Primera Instancia haya desestimado dicho recurso por infundado.

(véase el apartado 50)

2. El artículo 90, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 86 CE, apartado 3) encomienda a la Comisión velar por que los Estados miembros cumplan las obligaciones que les incumben en lo relativo a las empresas a que se refiere el artículo 90, apartado 1, del mismo Tratado, y atribuye expresamente a dicha institución la competencia para intervenir al efecto mediante directivas y decisiones. La Comisión tiene la facultad de declarar que una medida estatal determinada es incompatible con las normas del Tratado y de indicar las medidas que el Estado destinatario habrá de adoptar para cumplir las obligaciones derivadas del Derecho comunitario.

Un particular puede, en su caso, tener derecho a interponer un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro adoptada sobre la base del artículo 90, apartado 3, del Tratado, si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, párrafo cuarto, tras su modificación). No obstante, del tenor literal del artículo 90, apartado 3, del Tratado y del sistema del conjunto de las disposiciones de este artículo se desprende que la Comisión no está obligada a actuar en el sentido de dichas disposiciones y los particulares no pueden exigir que esta institución se pronuncie de un modo determinado. La circunstancia de que el demandante tenga un interés directo e individual en la anulación de la decisión por la que la Comisión se niega a dar curso a su denuncia no le da derecho a impugnar esta decisión. El demandante no puede tampoco invocar un derecho a interponer un recurso basándose en el Reglamento nº 17, que no se aplica al artículo 90 del Tratado. Esta apreciación no es contraria al principio de buena administración ni a ningún otro principio general del Derecho comunitario. En efecto, ningún principio general del Derecho comunitario establece que una empresa está legitimada para impugnar ante el juez comunitario la negativa de la Comisión a actuar contra un Estado miembro, sobre la base del artículo 90, apartado 3, del Tratado.

(véanse los apartados 66 y 68 a 72)