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2)

¿Puede un nacional turco invocar la libre circulación como trabajador en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión no 1/80, aun cuando haya desaparecido la finalidad de la residencia existente en el momento de la entrada en el país (en este caso, el reagrupamiento conyugal), no existan otros intereses dignos de protección a favor de su permanencia en el Estado miembro, y la posibilidad de continuar con un empleo exiguo en el Estado miembro no puede considerarse que justifique su permanencia en el país, especialmente porque no hay un esfuerzo serio por lograr una integración económica estable sin recurrir a prestaciones sociales que garanticen su subsistencia?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 82/9

Recurso de casación interpuesto el 12 de noviembre de 2008 por Matthias Rath contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) el 8 de septiembre de 2008 en el asunto T-374/06, Matthias Rath/Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Asunto C-489/08 P)

(2009/C 82/17)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Matthias Rath (representantes: S. Ziegler, C. Kleiner y F. Dehn, Rechtsanwälte)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 8 de septiembre de 2008 en el asunto T-374/06.

— Que se estimen las pretensiones formuladas en primera instancia.

— Que se condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, así como a la parte interviniente.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia confirmó la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, según la cual existe riesgo de confusión, en relación con los suplementos nutritivos y productos dietéticos con fines no médicos, entre la marca denominativa solicitada «EPICAN» y la marca denominativa comunitaria anterior «EPIGRAN FORTE».

La recurrente funda su recurso en una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento no 40/94. Señala que al analizar la similitud de los productos y la semejanza de las marcas, el Tribunal de Primera Instancia se basó en hechos erróneos. Considera que si el referido Tribunal hubiera examinado correctamente los hechos, debería haber llegado a la conclusión de que no existe ningún riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. Afirma que es así, en particular, porque, como sostuvo el Tribunal de Primera Instancia, el grado de atención del usuario de las mercancías objeto de litigio es elevado.
1.

¿Debe interpretarse el artículo 71, apartado 2, inicio y letra b), párrafo segundo, del Reglamento no 44/2001 (1) en el sentido de que (i) la normativa en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales contenida en el Reglamento no 44/2001 únicamente cede frente al convenio específico si la normativa del convenio específico reclama exclusividad, o (ii) en caso de aplicación simultánea de los requisitos de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales contenidos en el convenio específico y en el Reglamento no 44/2001, siempre deben aplicarse los requisitos del convenio específico y procede dejar inaplicados los del Reglamento no 44/2001, aunque el convenio específico no reclame una eficacia exclusiva respecto a otras normas internacionales de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 6/12

Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Países Bajos) el 13 de octubre de 2008 — G. Elbertsen/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Asunto C-449/08)

(2009/C 6/19)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandante: G. Elbertsen

Demandada: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 42, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003 (1), en el sentido de que esta disposición permite que los Estados miembros fijen un importe de referencia de cero euros y no concedan derechos de ayuda procedentes de la reserva nacional a un agricultor que se encuentra en la situación especial descrita en el artículo 21 del Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004? (2)

2) En caso de respuesta afirmativa, ¿se opone el Derecho comunitario a la aplicación del artículo 17, apartado 1, letra b), del Regeling GLB-inkomenssteun 2006 (Reglamento de desarrollo de 2006 relativo a la ayuda a la renta en el marco de la Política Agrícola Común), según el cual, antes de establecer un importe de referencia que sirve de base para conceder derechos de ayuda procedentes de la reserva nacional, se deduce la cantidad de 500 euros del incremento del importe de los pagos adicionales producido como consecuencia de una inversión en capacidad de producción o la compra de tierras?

(1) Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).

(2) Reglamento que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 141, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 327/12

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin (Alemania) el 23 de septiembre de 2008 — Yasar Erdil/Land Berlin

(Asunto C-420/08)

(2008/C 327/20)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Berlin

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Yasar Erdil

Demandada: Land Berlin

Cuestión prejudicial

¿Puede invocar la protección especial contra la expulsión prevista en el artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE (1) […] un nacional turco que se encuentra en la posición jurídica definida en el artículo 7, primera frase, segundo guión, de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación, y que desde que nació en 1989 ha vivido siempre en territorio alemán?

(1) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 158, p. 77; versión corregida en DO L 229, p. 35).
ii)

El medicamento denominado «Grasalva» no se menciona en el apéndice A del Anexo IX del Acta de Adhesión de 2003, por lo que las disposiciones relativas al período transitorio no le resultan aplicables y, a partir del 1 de mayo de 2004, ese medicamento únicamente podía comercializarse si cumplía la totalidad de los requisitos del Derecho comunitario vigentes para los medicamentos biológicos similares en cuanto a calidad, seguridad y eficacia, en particular los enunciados en la sección 4 de la Parte II del Anexo I de la Directiva 2001/83/CE, en su versión modificada por la Directiva 2003/63/CE.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 236/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Ischia el 15 de julio de 2008 — Rosalba Alassini/Telecom Italia S.p.A.

(Asunto C-317/08)

(2008/C 236/15)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Giudice di Pace di Ischia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Rosalba Alassini

Demandada: Telecom Italia S.p.A.

Cuestión prejudicial

¿Las normas comunitarias del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Directiva 2002/22/CE (1), la Directiva 1999/44/CE (2), la Recomendación 2001/310/CE (3) de la Comisión y la Directiva 1998/257/CE (4) tienen una eficacia directamente vinculante y deben interpretarse en el sentido de que los litigios «en materia de comunicaciones electrónicas entre usuarios finales y operadores, relativos a la infracción de las disposiciones relativas al servicio universal y a los derechos de los usuarios finales establecidas por las normas legislativas, por las decisiones de la Autoridad, por las condiciones contractuales y por la carta de servicios» (litigios contemplados en el artículo 2 de la Decisión del garante no 173/07/CONS) no deben someterse al intento de conciliación obligatorio previsto so pena de inadmisibilidad del recurso judicial, de modo que prevalecen sobre la norma derivada del artículo 3, párrafo primero, de la mencionada Decisión del garante de las comunicaciones?

(1) DO L 108, p. 51.

(2) DO L 171, p. 12.

(3) DO L 109, p. 56.

(4) DO L 115, p. 31 (Recomendación de la Comisión).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 209/23

Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda

(Asunto C-221/08)

(2008/C 209/34)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Lyal, W. Mölls, agentes)

Demandada: Irlanda

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco (1), al establecer precios máximos y mínimos de venta al por menor de cigarrillos.

— Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 CE al no facilitar la información necesaria sobre la normativa irlandesa aplicable a fin de permitir a la Comisión ejercer su actividad de control en lo que atañe al cumplimiento de la Directiva 95/59.

— Que se condene en costas a Irlanda.

Motivos y principales alegaciones

Con arreglo al Tobacco Products (Control of Advertising, Sponsorship and Sales Promotion) (No 2) Regulations 1986 y a los acuerdos celebrados para la ejecución de dicho reglamento con los fabricantes e importadores de tabaco, Irlanda impone un precio mínimo para cigarrillos, cuyo importe no puede ser inferior en más de un 3 % al precio medio ponderado para cigarrillos de la categoría de que se trate. Además, dado que los fabricantes e importadores no pueden fijar precios que superen el precio medio ponderado en más de un 3 %, Irlanda impone asimismo un precio máximo para los cigarrillos. Este sistema va en contra de lo establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59, según el cual, los fabricantes de tabaco «determinarán libremente los precios máximos de venta al por menor de cada uno de sus productos».

Con arreglo al artículo 10 CE, los Estados miembros están obligados a facilitar a la Comisión el cumplimiento de su misión, en particular, atendiendo a las peticiones de información formuladas durante la tramitación de los recursos por incumplimiento. La Comisión alega que, al no dar ninguna información sobre la normativa irlandesa aplicable, a pesar de los múltiples requerimientos de dicha institución, Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 10 CE.

(1) DO L 291, p. 40.
—

No ha adaptado su Derecho interno a lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva; Irlanda no ha afirmado haber adaptado su Derecho interno a lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva, ni a los efectos del artículo 11, apartado 3, ni a los de ninguna otra norma, pero, en la medida en que pueda afirmar que lo ha hecho, la Comisión aduce que las citadas medidas que Irlanda ha adoptado para las fosas sépticas y otros sistemas individuales de tratamiento no constituyen una adaptación del Derecho interno a lo dispuesto en el artículo 11, apartados 1 y 2 de la Directiva. En particular, las normas aplicables en Irlanda no garantizan que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Directiva. Además, no existe ningún sistema de registro de las fosas sépticas y de otros sistemas.
6)

¿Significa la prohibición de controlar la competencia del órgano jurisdiccional de origen, establecida en el artículo 24 del Reglamento no 2201/2003, que el órgano jurisdiccional ante el que se presenta la solicitud de reconocimiento o de no reconocimiento de la resolución de un órgano jurisdiccional extranjero, que no puede controlar la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen y que no ha constatado que existan otros motivos de no reconocimiento de las resoluciones, definidos en el artículo 23 del Reglamento no 2201/2003, debe reconocer la resolución de restitución del menor dictada por el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen si este órgano no ha respetado el procedimiento regulado en el Reglamento para resolver la cuestión relativa a la restitución del menor?
—

Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes (1), al no haber establecido sanciones en aplicación del artículo 18 del antedicho Reglamento o, en todo caso, al no haber informado de ello a la Comisión.
2)

¿Es conforme, en particular, la titulación obligatoria que se deriva del artículo 109, apartado 1, letra e), de la KFG de 1967, con los valores expuestos en los artículos 16 y 20 de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2007, C 303, p. 1) sobre la libertad de empresa y actividad profesional, así como con la libre competencia y la igualdad de todos los ciudadanos?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 116/15

Recurso interpuesto el 6 de marzo de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

(Asunto C-105/08)

(2008/C 116/26)

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Lyal y M. Afonso, agentes)

Demandada: República Portuguesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que, al tributar los pagos de intereses al exterior en mayor medida que el pago de intereses efectuado a entidades residentes en territorio portugués, la República Portuguesa impone restricciones a la prestación de servicios de crédito hipotecario y de otro tipo de crédito por parte de instituciones financieras residentes en otros Estados miembros y en Estados parte del acuerdo EEE, por lo que incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE y 56 CE y de los artículos 36 y 40 del Acuerdo EEE.

— Que se condene en costas a la República Portuguesa.

Motivos y principales alegaciones

El Código del Impuesto de Sociedades (CIS) prevé una diferencia de trato fiscal de los rendimientos relativos a intereses pagados a instituciones financieras, según que éstas tengan o no residencia en territorio portugués.

El gravamen aplicable en Portugal a los intereses pagados a instituciones financieras no residentes constituye una carga fiscal efectiva muy superior a la soportada por los contribuyentes residentes con respecto a rendimientos semejantes. De este modo, la legislación nacional disuade a las instituciones financieras no residentes de ofrecer en el mercado portugués sus servicios de, en particular, crédito hipotecario, e impide a los residentes en Portugal acceder a los servicios de crédito que podrían proponerles aquellas instituciones. Dicha legislación constituye, por ello, una restricción de las libertades fundamentales previstas en los artículos 49 CE y 56 CE y en los artículos correspondientes del Acuerdo EEE.
2)

¿Deben interpretarse los artículos 3, apartado 1, y 13, apartado 3, del Reglamento no 2081/92 (actualmente artículos 3, apartado 1, y 13, apartado 2, del Reglamento no 510/06) en relación con el artículo 2 del Decreto Legislativo no 109/92 (artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE) (3), en el sentido de que la denominación de un producto alimenticio que evoca un lugar no registrado como DOP o IGP a efectos de los citados Reglamentos puede ser utilizada lícitamente en el mercado europeo por productores que han hecho uso de ella de buena fe y de forma ininterrumpida durante mucho tiempo antes de la entrada en vigor del Reglamento no 2081/92 (actualmente Reglamento no 510/06) y en el período posterior a tal entrada en vigor?
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas - Petición de autorización para practicar un embargo de bienes en poder de una institución por deuda de tercero - Necesidad de la autorización del Tribunal de Justicia - Alcance de la competencia del Tribunal de Justicia - Medidas de apremio que afecten a la financiación de las políticas comunes o a la aplicación de programas de acción de las Comunidades - Riesgo de obstaculización del buen funcionamiento de las Comunidades

(Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, art. 1)

Índice

$$El artículo 1 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, en el que se establece que los bienes y activos de la Comunidades no podrán ser objeto de ninguna medida de apremio administrativo o judicial sin autorización del Tribunal de Justicia, tiene como finalidad evitar que se obstaculicen el buen funcionamiento y la independencia de las Comunidades. No tiene como fin o efecto que el control del Tribunal de Justicia sustituya al control efectuado por el órgano jurisdiccional nacional competente para determinar si se cumplen efectivamente todos los requisitos de un embargo de bienes en poder de las Comunidades Europeas por deuda de tercero. Así, la apreciación de la realidad del crédito del deudor ejecutado contra el tercero ejecutado no depende del Tribunal de Justicia sino del órgano jurisdiccional nacional competente

En consecuencia, la competencia del Tribunal de Justicia en el caso de una petición de retención de bienes se limita al examen de si, teniendo en cuenta sus efectos conforme al Derecho nacional aplicable, esta medida puede obstaculizar el buen funcionamiento y la independencia de las Comunidades. A este respecto, el funcionamiento de las Comunidades puede verse obstaculizado por medidas de apremio que afecten a la financiación de las políticas comunes o a la aplicación de programas de acción de las Comunidades.

( véanse los apartados 12 a 15 )
7.

El artículo 15 de la Directiva de servicios, titulado «Requisitos por evaluar», dispone: «1. Los Estados miembros examinarán si en su ordenamiento jurídico están previstos los requisitos contemplados en el apartado 2 y harán lo necesario para que dichos requisitos sean compatibles con las condiciones contempladas en el apartado 3. Los Estados miembros adaptarán sus disposiciones legales, reglamentarias o administrativas con el fin de lograr que sean compatibles con dichas condiciones. 2. Los Estados miembros examinarán si sus respectivos ordenamientos jurídicos supeditan el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio al cumplimiento de los siguientes requisitos no discriminatorios: a) límites cuantitativos o territoriales y, concretamente, límites fijados en función de la población o de una distancia geográfica mínima entre prestadores; […] d) requisitos distintos de los relativos a las materias contempladas en la Directiva 2005/36/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO 2005, L 255, p. 22),] o de los previstos en otros instrumentos comunitarios y que sirven para reservar el acceso a la correspondiente actividad de servicios a una serie de prestadores concretos debido a la índole específica de la actividad; […] 3. Los Estados miembros comprobarán que los requisitos contemplados en el apartado 2 cumplan las condiciones siguientes: a) no discriminación: que los requisitos no sean discriminatorios, ni directa ni indirectamente, en función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a las sociedades, del domicilio social; b) necesidad: que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general; c) proporcionalidad: que los requisitos sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no vayan más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo y que no se puedan sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado. 4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán únicamente a la legislación en el ámbito de los servicios de interés económico general en la medida en que la aplicación de esos apartados no perjudique la realización, de hecho o de derecho, de las tareas particulares que se les han confiado. […]»
79.

Ese argumento no me convence. Desde el punto de vista fiscal, los no residentes no se encuentran siempre en la misma situación que los residentes, lo cual puede justificar una diferencia de trato que no da lugar a una discriminación. ( 31 )
A este respecto, y con carácter reiterativo, he de recordar que el artículo 63 de la Directiva 2006/112 ( 37 ) prevé, en particular, que el impuesto se hace exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o la prestación de servicios. Sin embargo, el artículo 66 de esta Directiva permite a los Estados miembros establecer excepciones a la norma principal del artículo 63 y diferir la exigibilidad del IVA, en particular, al momento en el que el cliente efectúa el pago. En este supuesto, el acreedor no debe abonar el IVA a la Hacienda Pública, puesto que, como el deudor no ha efectuado el pago, el impuesto no es «exigible». En esta situación, el interés de demora no debe calcularse sobre el importe del IVA porque no se ha devengado «impuesto» alguno, en el sentido del artículo 2, punto 8, de la Directiva 2011/7.
80.

Aunque, en principio, el Derecho de la Unión no se opone a que los legisladores nacionales introduzcan, a través de mecanismos de gestión individual y colectiva bien definidos que no generen distorsiones en el mercado, derechos adicionales a los previstos, lo que está claro que no puede hacer el Derecho nacional es atribuir un significado distinto a conceptos definidos por el Derecho de la Unión.
—

No han justificado su decisión de acuerdo con las exigencias derivadas del derecho de la Unión, al no haberse cerciorado de que la carga resultante del conjunto de sanciones impuestas no fuera excesiva, a la vista de la gravedad de la infracción.
64.

Al igual que el análisis realizado en el marco de las cuestiones prejudiciales primera y segunda, el tenor del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 debe elucidarse mediante una interpretación teleológica de estas disposiciones. Pues bien, si la caducidad por tolerancia es un mecanismo previsto para garantizar la ponderación de los intereses en presencia para preservar la exigencia de seguridad jurídica, me parecería contrario a esta última que, tras cinco años de tolerancia, el titular de la marca anterior ya no pudiera solicitar la nulidad de la marca posterior ni oponerse a su uso, pero pudiera seguir obteniendo una indemnización por un uso al que no se opuso cuando estaba en condiciones de hacerlo y al que ya no puede oponerse de resultas de la caducidad. En efecto, se pondría en riesgo la deseada seguridad jurídica si el titular de la marca anterior pudiera seguir obteniendo indefinidamente una indemnización a lo largo del uso paralelo tolerado de las dos marcas. Además, precisamente en razón de esta tolerancia, sería un absurdo jurídico obtener la destrucción de productos que no pueden calificarse de falsificados.