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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 56 TFUE, del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO 1998, L 204, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998 (DO 1998, L 217, p. 18) (en lo sucesivo, «Directiva 98/34»), del artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO 2000, L 178, p. 1), y de los artículos 2 y 9 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36).
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A este respecto, el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de Lituania) subrayó, en particular, que el enfoque funcional del concepto de «organismo de Derecho público» adoptado por el Tribunal de Justicia supone que han de tomarse en consideración varios elementos a la hora de determinar si una persona es un poder adjudicador o no, como la existencia de una situación de competencia en el mercado en el que opera, las circunstancias que hayan rodeado a la creación de la entidad en cuestión, la posibilidad de reemplazar o no a dicha entidad por otro operador o, también, la cuestión de si dicha entidad asume o no los riesgos derivados de su actividad.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 101 TFUE, en relación con el artículo 2 del Reglamento n.o 26 del Consejo, de 4 de abril de 1962, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas (DO 1962, 30, p. 993; EE 08/01, p. 29), con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (DO 1996, L 297, p. 1), con el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio de 2006, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de determinados productos agrícolas (DO 2006, L 214, p. 7), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007 (DO 2007, L 299, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1184/2006»), con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1182/2007 del Consejo, de 26 de septiembre de 2007, por el que se establecen disposiciones específicas con respecto al sector de las frutas y hortalizas, se modifican las Directivas 2001/112/CE y 2001/113/CE y los Reglamentos (CEE) n.o 827/68, (CE) n.o 2200/96, (CE) n.o 2201/96, (CE) n.o 2826/2000, (CE) n.o 1782/2003 y (CE) n.o 318/2006, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2202/96 (DO 2007, L 273, p. 1), y con los artículos 122, párrafo primero, y 176 del Reglamento n.o 1234/2007, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009 (DO 2009, L 154, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1234/2007»).
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Contrariamente a lo que ha alegado la República Federal de Alemania, de la sentencia de 16 de septiembre de 2008, Isle of Wight Council y otros (C‑288/07, EU:C:2008:505), no resulta que la apreciación del requisito relativo a la inexistencia de distorsiones de la competencia permita limitar de manera general en la legislación nacional la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia interpretó una disposición diferente a la controvertida en el caso de autos, a saber, el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, según el cual los organismos de Derecho público debían ser considerados sujetos pasivos cuando el hecho de no ser considerados sujetos pasivos produjera distorsiones graves de la competencia. En este contexto, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 40 de dicha sentencia, que la consideración de los organismos de Derecho público como sujetos pasivos del IVA, de conformidad con esa disposición, resulta de la realización de una determinada actividad como tal, con independencia de que los referidos organismos tengan que hacer frente o no a algún tipo de competencia en el mercado local en el que desarrollan esa actividad. Sin embargo, de dicha sentencia no se deduce que el requisito relativo a la inexistencia de distorsiones de la competencia previsto en el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112 permita limitar de manera general el ámbito de aplicación de dicha exención.
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El artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1; corrección de errores en DO 2007, L 136, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (DO 2008, L 353, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento REACH»), titulado «Objeto y ámbito de aplicación», dispone, en su apartado 1, lo siguiente: «La finalidad del presente Reglamento es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, incluido el fomento de métodos alternativos para evaluar los peligros que plantean las sustancias, así como la libre circulación de sustancias en el mercado interior, al tiempo que se potencia la competitividad y la innovación.»
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En efecto, pese al principio de aplicación del Reglamento n.o 44/2001 a las acciones judiciales relativas a marcas de la Unión, la aplicación de ciertas disposiciones de este Reglamento, y en particular de las reglas establecidas en su artículo 4 y en su artículo 5, apartado 1, a los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96 del Reglamento n.o 207/2009 queda excluida en virtud del artículo 94, apartado 2, de este último Reglamento. Habida cuenta de esta exclusión, la competencia de los tribunales de marcas de la Unión, instituidos por el artículo 95, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 para conocer de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96 de éste, resulta de las reglas establecidas directamente por dicho Reglamento, que tienen carácter de lex specialis con respecto a las reglas formuladas en el Reglamento n.o 44/2001 (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de junio de 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, apartados 26 y 27).
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En efecto, un origen étnico no puede determinarse basándose un único criterio, sino que, por el contrario, debe basarse en un conjunto de circunstancias, algunas de los cuales son de naturaleza objetiva y otras de naturaleza subjetiva. Por otra parte, no se discute que el país de nacimiento no puede sustituir, de modo general y absoluto, a todos los criterios recordados en el apartado 17 de la presente sentencia.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22) y de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO 2000, L 178, p. 1).
2)

El análisis de la segunda cuestión prejudicial no ha arrojado ningún dato que pueda afectar a la validez del artículo 1, apartados 2, letras b) a d), y 3, del artículo 7 y del anexo III de la Decisión 2014/512, en la redacción que le dio la Decisión 2014/872, o de los artículos 3 y 3 bis, del artículo 4, apartados 3 y 4, del artículo 5, apartados 2, letras b) a d), y 3, del artículo 11 y de los anexos II y VI del Reglamento (UE) n.o 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, en la redacción que le dio el Reglamento (UE) n.o 1290/2014 del Consejo, de 4 de diciembre de 2014. Los principios de seguridad jurídica y de nulla poena sine lege certa deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 833/2014, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 1290/2014, los Estados miembros impongan sanciones penales que hayan de aplicarse en caso de infracción de lo dispuesto en el propio Reglamento n.o 833/2014 aun antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya aclarado el alcance de esas disposiciones y, por lo tanto, de las sanciones penales correspondientes.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO 2003, L 275, p. 32), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009 (DO 2009, L 87, p. 109) (en lo sucesivo, «Directiva 2003/87»).
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En materia de impuestos directos, los residentes y los no residentes no se hallan, por lo general, en situaciones comparables, ya que los rendimientos percibidos en el territorio de un Estado miembro por un no residente sólo constituyen, habitualmente, una parte de sus ingresos globales, centralizados en el lugar de su residencia, y el lugar en que más fácilmente puede apreciarse la capacidad contributiva personal de un no residente, resultante de computar el conjunto de sus ingresos y de tener en cuenta su situación personal y familiar, es el lugar en que se sitúa el centro de sus intereses personales y patrimoniales, que coincide, en general, con su residencia habitual (véanse, en particular, las sentencias de 14 de febrero de 1995, Schumacker, C‑279/93, EU:C:1995:31, apartados 31 y 32, y de 18 de junio de 2015, Kieback, C‑9/14, EU:C:2015:406, apartado 22).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1), del artículo 11 del Reglamento (CEE) n.o 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (DO 1987, L 351, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 495/97 de la Comisión, de 18 de marzo de 1997 (DO 1997, L 77, p. 12) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 3665/87»), y del artículo 5 bis del Reglamento (CEE) n.o 3002/92 de la Comisión, de 16 de octubre de 1992, por el que se establecen las disposiciones comunes de control de la utilización o el destino de los productos procedentes de la intervención (DO 1992, L 301, p. 17), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 770/96 de la Comisión, de 26 de abril de 1996 (DO 1996, L 104, p. 13) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 3002/92»).
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El artículo 16, apartados 4 y 5, de la citada Ley tiene la siguiente redacción: «4) Si la High Court [(Tribunal Superior)] adopta una resolución de conformidad con los apartados 1 o 2, a menos que ordene el aplazamiento de la entrega de conformidad con el artículo 18, […] b) ordenará que la persona sea detenida en prisión […] por un período no superior a 25 días a la espera de la ejecución de la resolución, y c) ordenará que la persona sea llevada de nuevo ante la High Court [(Tribunal Superior)]: i) si no ha sido entregada antes de la expiración del plazo de entrega previsto en el apartado 3A, tan pronto como sea posible tras la extinción de tal plazo, o bien ii) si, en opinión de la Autoridad Central del Estado, como consecuencia de circunstancias ajenas al control del Estado o del Estado emisor en cuestión, la persona no será entregada dentro del plazo indicado en el inciso i), antes de la expiración de dicho plazo. 5) Si una persona es llevada ante la High Court [(Tribunal Superior)] en virtud del apartado 4, letra c), la High Court [(Tribunal Superior)], a) si comprueba que, como consecuencia de circunstancias ajenas al control del Estado o del Estado emisor en cuestión, la persona no ha sido entregada en el plazo de entrega previsto en el apartado 3A o, según el caso, no será entregada en tal plazo, deberá i) con el acuerdo de la autoridad judicial emisora, fijar una nueva fecha para la entrega de la persona, y ii) ordenar que dicha persona permanezca en prisión […] durante un período no superior a 10 días contados a partir de la fecha fijada conforme al inciso i), en tanto esté pendiente la entrega, y, b) en cualquier otro caso, ordenará la liberación de la persona.»
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A este respecto, es verdad que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta. En este sentido ha declarado, en particular, que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 37). De ello se deduce que el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada.
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Undis, sociedad interesada en el contrato de servicios de que se trata en el litigio principal, interpuso un recurso ante el Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Los Abruzos, Italia) contra la resolución de adjudicación de ese contrato de servicios y contra la resolución de aprobación del proyecto de convenio intermunicipal mencionado en el apartado 12 de la presente sentencia. Alegando la infracción del artículo 2 del decreto legislativo n.o 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto Legislativo n.o 163, por el que se establece el código de contratos públicos de obras, de servicios y de suministros en aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE), de 12 de abril de 2006 (suplemento ordinario a la GURI n.o 100, de 2 de mayo de 2006), y de los artículos 43 TFUE, 49 TFUE y 86 TFUE, Undis sostenía que no se cumplían los dos requisitos exigidos para que el citado contrato de servicio fuera objeto de una adjudicación «in house».
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En particular, es preciso señalar, en primer lugar, que el titular de una marca no puede oponerse al reenvasado del producto cuando el embalaje, en el tamaño utilizado por el titular en el Estado parte del Acuerdo EEE en el que el importador ha comprado el producto, no puede ser comercializado en el Estado de importación debido, concretamente, a la existencia de una normativa que sólo autoriza los embalajes de cierto tamaño o de un práctica nacional en este sentido, de normas en materia de seguro de enfermedad que subordinan el reembolso de los gastos médicos al tamaño del embalaje o de prácticas de prescripción médica consolidadas que se basen, entre otras, en las normas sobre dimensión recomendadas por agrupaciones profesionales y por las entidades del seguro de enfermedad (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C‑427/93, C‑429/93 y C‑436/93, EU:C:1996:282, apartado 53).
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Los considerandos 3, 5 y 6 de la Directiva 98/79 están redactados en los siguientes términos: «(3) Considerando que la aproximación de las legislaciones nacionales es el único medio de eliminar estos obstáculos al libre comercio y de evitar la creación de nuevos obstáculos; que este objetivo no puede alcanzarse de forma satisfactoria a nivel de los distintos Estados miembros; que la presente Directiva se limita a establecer los requisitos necesarios y suficientes para la libre circulación de los productos sanitarios de diagnóstico in vitro a los que sea aplicable, en las mejores condiciones de seguridad; [...] (5) Considerando que los productos sanitarios para diagnóstico in vitro deben ofrecer a pacientes, usuarios y otras personas un nivel elevado de protección sanitaria y presentar las cualidades de funcionamiento que les haya asignado inicialmente el fabricante; que, en consecuencia, el mantenimiento o la mejora del nivel de protección alcanzado en los Estados miembros constituye uno de los principales objetivos de la presente Directiva; (6) Considerando que, según los principios establecidos en la Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva aproximación en materia de armonización y de normalización [(DO 1985, C 136, p. 1)], las reglamentaciones sobre el diseño y la fabricación, así como el envasado de los productos pertinentes deben limitarse a las disposiciones necesarias para cumplir los requisitos esenciales; que, puesto que son esenciales, estos requisitos deben sustituir a las correspondientes disposiciones nacionales; que los requisitos esenciales, con inclusión de los requisitos para reducir al mínimo los riesgos, deben aplicarse con discernimiento, teniendo en cuenta el nivel tecnológico y práctico en el momento del diseño, así como las consideraciones técnicas y económicas compatibles con una elevada protección de la salud y la seguridad».
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El artículo 21 del mencionado Acuerdo, que lleva como epígrafe «Relación con los acuerdos bilaterales en materia de doble imposición», dispone lo siguiente: «1. Las disposiciones de los acuerdos bilaterales entre Suiza y los Estados miembros de la Comunidad Europea en materia de doble imposición no se verán afectadas por las disposiciones del presente Acuerdo. En particular, las disposiciones del presente Acuerdo no deberán afectar a la definición de trabajador fronterizo con arreglo a los acuerdos de doble imposición. 2. Ninguna disposición del presente Acuerdo podrá interpretarse de manera que impida a las Partes Contratantes establecer una distinción, en la aplicación de las disposiciones pertinentes de su legislación fiscal, entre los contribuyentes que no se encuentran en situaciones comparables, particularmente por lo que respecta a su lugar de residencia. [...]»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los Reglamentos (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO 2007, L 199, p. 40; en lo sucesivo, «Reglamento Roma II»), y (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6; en lo sucesivo, «Reglamento Roma I»), y de las Directivas 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), y 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31).
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Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General anuló la resolución controvertida porque esta última no había tenido en cuenta la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012 y no había apreciado las posibles repercusiones de dicha sentencia en la solución del procedimiento de oposición. El Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por Apple and Pear Australia y Star fruits Diffusion en todo lo demás. En lo que atañe a las pretensiones de las recurrentes de modificación de la resolución controvertida, el Tribunal General consideró, en esencia, en los apartados 68, 70 y 71 de la sentencia recurrida, que las recurrentes no podían invocar la fuerza de cosa juzgada de la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012 y que, dado que la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO no había tenido en cuenta la referida sentencia ni apreciado las posibles repercusiones de dicha sentencia en la solución del litigio, el Tribunal General no podía determinar la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar y, en consecuencia, no podía ejercer su facultad de modificación.
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Con su recurso de casación el Reino de Bélgica solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de marzo de 2015, Bélgica/Comisión (T‑538/11, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:188), que desestimó su recurso para la anulación parcial de la Decisión 2011/678/UE de la Comisión, de 27 de julio de 2011, relativa a la ayuda estatal en favor de la financiación para la detección de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en los animales de la especie bovina aplicada por Bélgica [ayuda estatal C 44/08 (ex NN 45/04)] (DO 2011, L 274, p. 36); en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
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La nota explicativa de la NC que se refiere al capítulo 62, en la versión de aplicación en la fecha de los hechos del asunto principal (DO 2011, C 137, p. 1), señala en particular lo siguiente: «Consideraciones generales [...] 4. En este capítulo se incluyen las prendas de trabajo citadas particularmente en algunas subpartidas que, en razón de su aspecto general (corte o concepción simple o especial en relación con la función de estas prendas) y de la naturaleza de su tejido, generalmente resistente e inencogible, ponen de manifiesto que están concebidas para ser llevadas exclusiva o esencialmente con el fin de asegurar una protección (física o higiénica) a otras prendas y/o personas cuando se lleve a cabo una actividad industrial, profesional o doméstica. [...] Entre las prendas de trabajo hay que citar las prendas utilizadas por los mecánicos, obreros industriales, albañiles, agricultores, etc., y que generalmente se presentan en forma de conjuntos de dos piezas, monos pantalones con peto y pantalones. En el caso de otras actividades se puede tratar de blusones de trabajo, delantales, guardapolvos, etc. (para médicos, enfermeros, trabajadores domésticos, peluqueros, panaderos, carniceros, etc.). [...]»