3.

En cambio, la segunda parte de la cuestión planteada -que, además, es la que a todas luces se refiere al verdadero problema de este asunto- plantea dificultades mucho más considerables. Se suscita en ella la cuestión de si, además del impuesto, también puede considerarse tributo la parte del precio de venta fijado por el monopolio destinada a hacer frente a los costes de administración del monopolio. Se trata aquí de la cantidad de 80 DM ya mencionada al principio, denominada en ocasiones «recargo del precio». a) En principio, cabe señalar al respecto que la condición de tributo de este componente del precio no puede negarse por el fin al que se destina: la cobertura de los costes de administración del monopolio. No es preciso, para ello, analizar la tesis de la recurrida en el procedimiento principal, según la cual, en realidad, esta parte del precio de venta no es sino un componente del precio calculado aplicando criterios comerciales, al igual que hacen también los proveedores privados. Basta, en cambio, remitirse a la sentencia de 17 de febrero de 1976, Rewe-Zentrale (45/75,↔ Rec. p. 181 ), cuyas apreciaciones de principio no hay motivo para poner en duda por las alegaciones formuladas en el presente asunto. En aquel caso se trataba también del pago del impuesto especial sobre el alcohol importado, cuyo «recargo» estaba destinado a contribuir a la cobertura de los costes de administración del monopolio. A este respecto, el Tribunal señaló que no se vulnera el artículo 95 en los casos en que se gravan productos nacionales con un tributo que se destina en parte a engrosar los recursos de un monopolio y los productos importados similares son sometidos a un tributo equivalente cuyos ingresos, en cambio, los percibe el Tesoro Público. En la práctica, la única conclusión que cabe sacar de ello es que no puede negarse la condición de tributo al «recargo» incluido en el precio de venta del monopolio por el solo hecho de que dicho componente del precio esté destinado a la cobertura de los costes de administración del monopolio. b) Lo que sigue siendo dudoso, sin embargo, es si está justificado considerar tributo a efectos del artículo 95 la totalidad del «recargo del precio» y considerar admisible, en consecuencia, que también el alcohol importado sea gravado con el importe total del recargo del derecho compensatorio del monopolio. Para disipar estas dudas, no basta, desde luego, con referirse a la coincidencia de las fórmulas de cálculo, que pone de manifiesto que tanto el recargo del precio como el recargo del derecho compensatorio del monopolio vienen determinados por una relación específica entre magnitudes fijadas por los poderes públicos. Para ello, más bien es preciso remitirse de nuevo a la sentencia en el asunto 45/75, en la que se subrayó que el artículo 95 se aplica únicamente a los tributos que hayan sido establecidos y cuyo importe haya sido determinado por un acto soberano, y en la que también se señalaba que el artículo 95 no permite compensar con cargas tributarias sobre los productos importados las cargas de otro tipo, por ejemplo de carácter económico, soportadas por los productos nacionales. Por otra parte, también tienen importancia las siguientes consideraciones: — El recargo del precio se obtiene al deducir del precio de venta del monopolio no sólo el impuesto, sino también el precio de compra. Esto último es sin duda indispensable en el marco del artículo 95, pues lógicamente no cabe calificar de tributo el importe que representa el valor de la mercancía, que constituye una contraprestación por el precio de venta. Sin embargo, según hemos escuchado, el precio de base del aguardiente que debe deducirse con arreglo a la fórmula de cálculo no es sino una magnitud global. Ello se debe a que el monopolio del alcohol compra a muy diversos precios -por razones de política agrícola- en función del tamaño de las destilerías y de las materias primas utilizadas para la elaboración del aguardiente, de tal manera que, por aquel entonces, los precios de adquisición efectivos variaban entre 27,39 DM, 176,38 DM, 231,12 DM, 257,48 DM y 629,32 DM. Si se considerase adecuado aplicar correctamente el valor de la mercancía, esto es, emplear el precio medio de adquisición efectivamente pagado por el monopolio, para el ejercicio 1975/1976 debería tomarse -como ha mostrado la Comisión- un precio medio de adquisición de 257,10 DM, reduciendo en consecuencia el importe del recargo del precio en una cuantía equivalente a la diferencia entre este precio de adquisición efectivamente pagado y el precio de base del aguardiente, a no ser que se estime —basándose en consideraciones como las formuladas en diversas sentencias, como por ejemplo la sentencia de 30 de octubre de 1980, Schneider-Import (26/80, Rec. p. 3469)- que la utilización del precio de base como un precio de compra medio representativo constituye una generalización admisible por inevitable. — La Comisión observó, asimismo, que los costes de administración del monopolio comprenden también costes de transporte, almacenamiento y, en su caso, purificación o desnaturalización del alcohol. Es evidente que, si se trata de determinar el carácter de tributos de los costes de administración del monopolio, tales costes han de excluirse del cálculo mencionado, pues se trata de factores que corresponden a auténticas prestaciones económicas del monopolio y que, por lo tanto, sólo pueden repercutirse legítimamente a los beneficiarios de las mismas, esto es, a los compradores de alcohol de monopolio. — Dado que los precios de venta del monopolio varían considerablemente en función del uso al que se destine el alcohol, podría plantearse por último la cuestión de si no debe prescindirse también de la parte de los costes de administración del monopolio destinada a compensar las pérdidas «en que incurre la administración del monopolio por la venta de determinados tipos de aguardientes destinados a otros usos a un precio inferior a su coste» (apartado 2 de la sentencia en el asunto 45/75). Todas estas consideraciones nos llevan, en efecto, a la conclusión de que en modo alguno puede considerarse tributo el importe total del recargo del precio a la hora de comparar la carga tributaria con arreglo al artículo 95. Además, por lo que respecta al importe residual, parece lógico negar que se trate de un tributo cuyo importe haya sido determinado, lo que implicaría que, para calcular el tributo, debe prescindirse de la totalidad del recargo del precio. Efectivamente, la cuantía de las deducciones correspondientes en función de las consideraciones precedentes es variable, y sólo, en todo caso, al final de cada ejercicio económico, pero no en el momento concreto en que se produce una importación -como parece necesario desde el punto de vista del artículo 95- puede determinarse con precisión qué parte de lös costes de administración constituye un verdadero tributo y qué parte debe deducirse desde las diferentes perspectivas señaladas.