Palabras clave

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Palabras clave

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1. Procedimiento ° Recurso interpuesto por una persona física o jurídica con objeto de que se dirijan órdenes conminatorias a Instituciones comunitarias, a Estados miembros o a personas físicas o jurídicas, que se condene a Estados miembros o a personas físicas o jurídicas o que se anulen acuerdos celebrados por estas últimas ° Incompetencia manifiesta del Juez comunitario

(Tratado CE, arts. 164 y ss.)

2. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Examen de las denuncias ° Obligación de la Comisión de pronunciarse mediante Decisión sobre la existencia de una infracción ° Inexistencia ° Motivación de las Decisiones de archivo de las actuaciones ° Alcance

(Tratado CE, arts. 85 y 189; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

3. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Examen de las denuncias ° Decisión de la Comisión que acuerda el archivo de las actuaciones ° Naturaleza jurídica ° Incidencia en la apreciación por los órganos jurisdiccionales nacionales del acuerdo controvertido

(Tratado CE, art. 85; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

4. Competencia ° Procedimiento administrativo ° Examen de las denuncias ° Decisión de archivo de las actuaciones ° Control jurisdiccional

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

5. Recurso de anulación ° Actos susceptibles de recurso ° Negativa de la Comisión a iniciar un procedimiento por incumplimiento ° Exclusión ° Negativa de la Comisión a dirigir a un Estado miembro una Directiva o una Decisión en materia de respeto de las normas sobre la competencia por parte de empresas públicas ° Exclusión

(Tratado CE, arts. 90, 169 y 173)

6. Responsabilidad extracontractual ° Requisitos ° Ilicitud ° Perjuicio ° Relación de causalidad ° Carga de la prueba del perjuicio

(Tratado CE, art. 215, párr. 2)

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1. El Juez comunitario carece manifiestamente de competencia tanto para dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones comunitarias, a los Estados miembros o a personas físicas o jurídicas como para pronunciarse, a instancias de una persona física o jurídica, sobre la compatibilidad con las disposiciones del Tratado del comportamiento de un Estado miembro o de una persona física o jurídica o para anular en todo o en parte acuerdos celebrados por estas últimas.

2. Cuando la Comisión recibe una denuncia presentada con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, está obligada a examinar atentamente los elementos de hecho y de Derecho puestos en su conocimiento por la parte denunciante, con el fin de apreciar si dichos elementos revelan una conducta que pueda falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y afectar al comercio entre Estados miembros. No obstante, el artículo 3 del Reglamento nº 17 no confiere al autor de una solicitud presentada con arreglo a dicho artículo el derecho a obtener una decisión de la Comisión, con arreglo al artículo 189 del Tratado, relativa a la existencia o inexistencia de una infracción del artículo 85 del Tratado.

De ello resulta que, al desestimar una denuncia, la Comisión debe indicar las razones por las que el atento examen de los elementos de hecho y de Derecho que la parte denunciante ha puesto en su conocimiento no la han llevado a iniciar un procedimiento de declaración de infracción del artículo 85 del Tratado. Al hacerlo, la Comisión puede examinar los acuerdos y prácticas denunciadas en relación con todo el artículo 85 y exponer las razones por las que considera que, aun suponiendo que dichos acuerdos y prácticas constituyan una infracción del apartado 1 del artículo 85, esta última disposición podría, en cualquier caso, declararse "inaplicable" a dichos acuerdos y prácticas con arreglo al apartado 3 del artículo 85, de modo que no considere que el examen atento de la denuncia deba llevarla a poner en práctica la acción solicitada por el denunciante. La Comisión está, pues, facultada para motivar su decisión de desestimar la denuncia indicando las razones por las que considera, basándose en los elementos de hecho y de Derecho puestos en su conocimiento por el denunciante, que los acuerdos cumplen los requisitos del apartado 3 del artículo 85, sin adoptar previamente una decisión de exención de dichos acuerdos dirigida a las partes contratantes, ni pronunciarse definitivamente sobre la compatibilidad de dichos acuerdos con el apartado 1 del artículo 85.

3. Una decisión de desestimación de una denuncia, que no se pronuncia definitivamente sobre la existencia o inexistencia de una infracción del apartado 1 del artículo 85 y que no concede una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85, implica únicamente, por parte de la Comisión, una apreciación de los acuerdos y prácticas de que se trata. Por este motivo, tiene el mismo valor jurídico que los "escritos de archivo de las actuaciones".

De ello se deduce que las apreciaciones que la Comisión efectúa en una decisión que desestima una denuncia como la que aquí se discute, no pueden impedir que el Juez nacional, cuando deba pronunciarse sobre la compatibilidad de los acuerdos y prácticas denunciados por el denunciante con el apartado 1 del artículo 85, declare estos últimos nulos de pleno derecho con arreglo al apartado 2 del artículo 85 del Tratado, habida cuenta de los datos de que dispone. El hecho de que las apreciaciones de la Comisión, a diferencia de un escrito de archivo de las actuaciones, estén contenidas en un acto impugnable no afecta a esta conclusión, en la medida en que dichas apreciaciones no implican un pronunciamiento definitivo sobre la existencia o inexistencia de una infracción del apartado 1 del artículo 85, ni la concesión de una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85, que se produzcan en las circunstancias fijadas al efecto en el Reglamento nº 17.

Al examinar la conformidad de los acuerdos o comportamientos de que se trate con las disposiciones antes citadas, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener en cuenta tales apreciaciones de la Comisión como elementos de hecho, recurriendo, en su caso, a los servicios de la Comisión.

4. Cuando la Comisión ha adoptado la decisión de archivar una denuncia presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 3 del Reglamento nº 17, sin llevar a cabo investigación alguna, el control de legalidad que debe efectuar el Tribunal tiene la finalidad de comprobar que la decisión controvertida no está basada en hechos materialmente inexactos, no está viciada de ningún error de Derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación ni de desviación de poder

5. Debe declararse la inadmisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica contra una decisión de la Comisión de no iniciar contra un Estado miembro el procedimiento por incumplimiento.

La Comisión no está obligada a iniciar un procedimiento a tenor del artículo 169 del Tratado, sino que dispone a tal efecto de una facultad de apreciación discrecional que excluye el derecho de los particulares a exigir que defina su posición en un sentido determinado.

Debe declararse asimismo la inadmisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica contra una decisión de la Comisión de dirigir a un Estado miembro una Directiva o una Decisión con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado. En efecto, el ejercicio de tales facultades no va acompañado de una obligación de intervención por parte de la Comisión.

6. La responsabilidad de la Comunidad sólo se genera sobre la base del párrafo segundo del artículo 215 del Tratado si se reúne un conjunto de requisitos relativos a la realidad del daño, a la existencia de una relación de causalidad entre el perjuicio invocado y la conducta que se imputa a las Instituciones y a la ilegalidad de dicha conducta.

Por lo que se refiere al perjuicio, corresponde a la parte demandante aportar los elementos de prueba al Juez comunitario con el fin de demostrar la realidad y el alcance del daño presuntamente sufrido.