Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización — Motivos basado en la desnaturalización de las pruebas

[Arts. 81 CE, ap. 1, y 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, párr. 1, letra c)]

2. Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Prueba de la infracción — Carga de la prueba

(Art. 81 CE, ap. 1)

3. Recurso de casación — Motivos — Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación — Inadmisibilidad

4. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Reincidencia — Base jurídica

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 17/2003 del Consejo, art. 15, ap. 2]

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Reincidencia — Concepto

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03)

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Reincidencia — Concepto – Infracción declarada por una decisión sometida a control judicial — Inclusión — Decisión posteriormente anulada — Consecuencias

[Arts. 233 CA y 242 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, número 2)

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Facultad de apreciación conferida a la Comisión por el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 — Violación del principio de legalidad de las penas — Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03)

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio — Toma en consideración del tamaño y de los recursos globales de la empresa sancionada — — Pertinencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03, número 1, sección A)

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1. Cuando un recurrente alega, en el marco de un recurso de casación, la desnaturalización de elementos de prueba por parte del Tribunal General, debe, en aplicación del los artículos 225 CE, 51, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, y 112, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, indicar de manera precisa los elementos que en su opinión han sido desnaturalizados y demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado al Tribunal General a dicha desnaturalización.

Tal desnaturalización existe cuando, sin la práctica de nuevas pruebas, la apreciación de los elementos de prueba que constan en autos es manifiestamente errónea.

En un asunto relativo a la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la existencia de una desnaturalización de los elementos de prueba debe examinarse a la luz del hecho de que es habitual, habida cuenta de la prohibición de participar en prácticas y acuerdos contrarios a la competencia y de que las sanciones que pueden imponerse a los infractores son considerables, que las actividades que esas prácticas y acuerdos implican se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en secreto, con frecuencia en un país tercero, y que la documentación al respecto se reduzca a lo mínimo. Aunque la Comisión descubra documentos que acrediten explícitamente un contacto ilícito entre operadores, como las actas de una reunión, dichos documentos sólo tendrán carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por deducción. En la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción a las normas sobre competencia.

(véanse los apartados 16, 17 y 22)

2. Incumbe a la parte o autoridad que alegue una infracción de las normas sobre competencia probar su existencia e incumbe a la empresa o asociación de empresas que invoque una excepción frente a la constatación de una infracción probar que se reúnen los requisitos necesarios para acogerse a dicha defensa, de modo que la citada autoridad deba recurrir entonces a otros elementos de prueba.

Aun cuando la carga legal de la prueba recae, según estos principios, bien en la Comisión, bien en la empresa o en la asociación afectada, los elementos de hecho que invoca una parte pueden obligar a la otra a dar una explicación o una justificación sin la cual es posible concluir que se ha satisfecho la carga de la prueba.

(véanse los apartados 29 y 30)

3. Permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo y unas alegaciones que no ha invocado ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal de Primera Instancia. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está, pues, limitada a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos objeto de debate ante los primeros Jueces.

(véase el apartado 52)

4. El artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 habilita a la Comisión a imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas por infracciones de los artículos 81 CE y 82 CE. En virtud de esta disposición, para establecer la cuantía de la multa deben tenerse en cuenta la duración y la gravedad de la infracción de que se trata. La reincidencia figura entre los factores que deben tenerse en cuenta al analizar la gravedad de la infracción de que se trata. Resulta de lo anterior que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 constituye la base jurídica pertinente para tener en cuenta la reincidencia en el cálculo de la multa.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no violó el principio nulla poena sine lege cuando confirmó la constatación realizada por la Comisión de la existencia de una reincidencia por parte de una empresa y la calificación de dicha reincidencia como circunstancia agravante.

(véanse los apartados 62 a 65)

5. No se conculca el principio de seguridad jurídica por el hecho de que no exista un plazo de prescripción predeterminado para la consideración de la reincidencia. Si bien es cierto que ni el Reglamento nº 17 ni las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA prevén un plazo máximo transcurrido el cual no puede considerarse la reincidencia, la Comisión no puede incrementar la multa por reincidencia sin someterse a un plazo de prescripción.

La Comisión puede considerar en cada caso concreto los factores que confirmen la tendencia de una empresa a infringir las normas de competencia, incluido, por ejemplo, el tiempo transcurrido entre las infracciones en cuestión. Por otra parte, el principio de proporcionalidad exige que se tenga en cuenta el tiempo transcurrido entre la infracción de que se trata y un incumplimiento anterior de las normas sobre la competencia para apreciar la tendencia de la empresa a infringir esas normas.

En el marco del control judicial ejercido sobre los actos de la Comisión en materia de Derecho de la competencia, corresponde, por lo tanto, al Tribunal de Primera Instancia y, en su caso, al Tribunal de Justicia, comprobar si la Comisión ha respetado dicho principio al incrementar por reincidencia la multa impuesta y, en particular, si debía aplicarse tal incremento en vista del tiempo transcurrido entre la infracción de que se trata y el incumplimiento anterior de las normas de competencia.

(véanse los apartados 66 a 70, 72 y 73)

6. Las decisiones de la Comisión gozan de presunción de validez, en tanto no hayan sido anuladas o revocadas. Además, como prevé expresamente el artículo 242 CE, el recurso ante el Tribunal de Justicia no tiene efectos suspensivos. De lo antedicho se desprende que, si una decisión de la Comisión está todavía sujeta a control judicial, continúa produciendo todos sus efectos, a no ser que el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Justicia decidan en otro sentido.

Por consiguiente, la tesis de la recurrente según la cual la interposición de un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión en materia de competencia implica la suspensión de la aplicación de dicha decisión durante el procedimiento judicial, al menos por lo que se refiere a las consecuencias que de ello se derivan para la declaración, en una decisión posterior, de una posible reincidencia, no se apoya en ninguna base jurídica, sino que, al contrario, se opone al tenor del artículo 242 CE.

Además, de acogerse esta tesis, se estaría incitando a los autores de infracciones a interponer recursos meramente dilatorios, con la única finalidad de evitar las consecuencias de la reincidencia durante los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.

Por lo tanto, resulta conforme a Derecho la conclusión según la cual basta con que la empresa haya sido considerada previamente culpable de una infracción del mismo tipo, aunque la decisión esté aún sometida a control judicial, para que la Comisión pueda tener en cuenta la reincidencia.

Esta conclusión no queda desvirtuada en el supuesto de que la decisión sobre cuya base se ha incrementado la multa relativa a otra infracción en una decisión posterior sea anulada por el juez de la Unión Europea tras la adopción de esta última. En efecto, en ese supuesto, la Comisión estaría obligada, en aplicación del artículo 233 CE, a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia, modificando, en su caso, la decisión posterior en la medida en que comprenda un incremento de la multa como consecuencia de la reincidencia.

Dicho sistema es conforme con los principios de recta administración de la justicia y de economía procesal, en la media en que, por una parte, obliga a la institución de la que emana el acto de que se trata a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia incluso cuando la empresa afectada no haya presentado una solicitud en ese sentido y, por otra, impide que logren sus fines los recursos puramente dilatorios.

(véanse los apartados 81 a 89)

7. Aunque el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 deja a la Comisión una amplia facultad de apreciación, no obstante, limita su ejercicio estableciendo criterios objetivos que la Comisión debe respetar. Así, por una parte, el importe de la multa que puede imponerse está sujeta a un límite cuantificable y absoluto, de modo que cabe establecer de antemano el importe máximo de la multa que puede imponerse a una empresa determinada. Por otra parte, el ejercicio de esa facultad de apreciación está limitado también por las normas de conducta que la propia Comisión se impuso en la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas y en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 65, apartado 5, del Tratado CECA. Además, la práctica administrativa conocida y accesible de la Comisión está sometida al pleno control del juez de la Unión, cuya jurisprudencia reiterada y publicada ha permitido precisar los conceptos indeterminados que podía contener el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17. De este modo, un agente económico atento y perspicaz puede, recurriendo si fuera preciso a asesoramiento jurídico, prever de modo suficientemente preciso el método de cálculo y la magnitud aproximada de las multas a que se expone por actuar de un modo determinado, y el hecho de que dicho agente económico no pueda conocer de antemano con precisión la cuantía de las multas que la Comisión impondrá en cada caso no constituye una vulneración del principio de legalidad de las penas.

(véase el apartado 95)

8. El concepto de disuasión constituye uno de los elementos que ha de tomarse en consideración a la hora de calcular el importe de la multa que se impone por infracción de las normas de competencia. No puede cuestionarse la relación entre, por una parte, el tamaño y los recursos globales de las empresas y, por otra, la necesidad de garantizar que la multa tenga un efecto disuasorio. Por lo tanto, la Comisión, al calcular el importe de la multa, puede tomar en consideración, en concreto, el tamaño y el poder económico de la empresa de que se trata. Así, por ejemplo, por su «enorme» volumen de negocios global en comparación con el de los demás miembros del cártel, una empresa movilizaría más fácilmente los fondos necesarios para el pago de la multa. lo que justifica, para lograr un efecto disuasorio suficiente de ésta, la aplicación de un elemento multiplicador.

El factor de disuasión que el cálculo de la multa impuesta a una empresa puede incluir se valora tomando en consideración una multitud de elementos y no sólo la situación particular de la empresa de que se trata. Por lo tanto, no se excluye que el momento del cálculo en que se toma en consideración un factor disuasorio pueda resultar pertinente en vista de los elementos, distintos del tamaño y los recursos globales de la empresa afectada, que se han tenido en cuenta en la valoración de dicho factor.

(véanse los apartados 102 a 105 y 109)