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1)

El artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 1998/78 de la Comisión, de 18 de agosto de 1978, por el que se establecen las modalidades de aplicación del sistema de compensación de los gastos de almacenamiento en el sector del azúcar, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 1714/88 de la Comisión, de 13 de junio de 1988, en relación con el artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 2670/81 de la Comisión, de 14 de septiembre de 1981, por el que se establecen las modalidades de aplicación para la producción fuera de cuota en el sector del azúcar, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 3892/88 de la Comisión, de 14 de diciembre de 1988, deben interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal en la que un fabricante desea sustituir en el momento de la exportación una cantidad de azúcar C por una cantidad equivalente de azúcar de cuota producida por otro fabricante, es necesario tener en cuenta los requisitos que figuran en esta última disposición en el marco del reembolso de los gastos de almacenamiento. Estos requisitos incluyen, en particular, la exigencia de que el azúcar de sustitución se hubiere producido por otro fabricante establecido en el territorio del mismo Estado miembro. El examen de las cuestiones planteadas no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez de esta misma disposición.
11

El artículo 11 del Reglamento, titulado «Restitución del menor», tiene la siguiente redacción: «1. Los apartados 2 a 8 será[n] de aplicación cuando una persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia solicite a las autoridades competentes de un Estado miembro que se dicte una resolución con arreglo al Convenio de La Haya [de 1980], con objeto de conseguir la restitución de un menor que hubiera sido trasladado o retenido de forma ilícita en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos. […] 3. El órgano jurisdiccional ante el que se interponga la demanda de restitución de un menor contemplada en el apartado 1 actuará con urgencia en el marco del proceso en el que se sustancie la demanda, utilizando los procedimientos más expeditivos que prevea la legislación nacional. Sin perjuicio del párrafo primero, y salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan imposible, el órgano jurisdiccional dictará su resolución como máximo seis semanas después de la interposición de la demanda. […] 6. En caso de que un órgano jurisdiccional haya dictado [una] resolución de no restitución con arreglo al artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, transmitirá de inmediato al órgano jurisdiccional competente o a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, bien directamente o bien por conducto de su autoridad central, copia de la resolución judicial de no restitución y de los documentos pertinentes, en particular el acta de la vista, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional. El órgano jurisdiccional deberá recibir todos los documentos mencionados en el plazo de un mes a partir de la fecha de la resolución de no restitución. 7. Salvo que alguna de las partes haya presentado ya una demanda ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, el órgano jurisdiccional o la autoridad central que reciba la información mencionada en el apartado 6 deberá notificarla a las partes e invitarlas a presentar sus [observaciones] ante el órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación, a fin de que el órgano jurisdiccional examine la cuestión de la custodia del menor. Sin perjuicio de las normas de competencia establecidas en el presente Reglamento, en caso de que el órgano jurisdiccional no recibiera [observación] alguna en el plazo previsto, declarará archivado el asunto. 8. Aun cuando se haya dictado una resolución de no restitución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, cualquier resolución judicial posterior que ordene la restitución del menor, dictada por un órgano jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento será ejecutiva de acuerdo con la sección 4 del capítulo III, con el fin de garantizar la restitución del menor.»
El examen de los artículos 1, apartado 2, y 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a la luz del derecho a la tutela efectiva y del principio de igualdad de armas garantizados en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez de esas disposiciones en tanto en cuanto éstas someten al impuesto sobre el valor añadido los servicios prestados por los abogados a los justiciables que no disponen de asistencia jurídica gratuita en el marco de un régimen nacional de asistencia nacional gratuita.

En efecto, por un lado, la protección otorgada por el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 47 de la Carta no se extiende a la sujeción al impuesto sobre el valor añadido de los servicios prestados por los abogados. Pues bien, en relación con los justiciables que no tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita y que disponen supuestamente, en virtud de las disposiciones pertinentes del Derecho nacional, de recursos suficientes para acceder a la justicia mediante representación letrada, el derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza, en principio, el derecho a que los servicios prestados por los abogados estén exentos del impuesto sobre el valor añadido. Además, la tributación de tales gastos sólo puede cuestionarse a la luz de dicho derecho si dichos gastos constituyen un obstáculo insuperable o si prácticamente imposibilitan o dificultan excesivamente el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. Sin embargo, no puede establecerse ninguna correlación estricta o automática entre la sujeción al impuesto sobre el valor añadido de los servicios prestados por los abogados y un aumento del precio de esos servicios. En cualquier caso, el importe del impuesto sobre el valor añadido de que se trata dista mucho de constituir la parte más importante de los gastos procesales. Por otro lado, el principio de igualdad de armas, que tiene como finalidad asegurar el equilibrio entre las partes de un proceso, implica la obligación de ofrecer a cada parte una oportunidad razonable de presentar su causa, incluidas sus pruebas, en condiciones que no la coloquen en una situación de clara desventaja con respecto a la parte contraria, garantizando la igualdad de los derechos y obligaciones de esas partes en lo referente, en particular, a las normas que rigen la práctica de la prueba y el debate contradictorio ante el juez. Este principio no entraña la obligación de equiparar a las partes en lo que a los gastos procesales se refiere.

(véanse los apartados 28, 31, 35, 36, 38, 40 a 42 y 47 y el punto 1 del fallo)
No pueden ser objeto de una delegación las disposiciones cuya adopción hace necesarias elecciones políticas comprendidas en las responsabilidades propias del legislador de la Unión. De ello se desprende que las medidas de ejecución adoptadas por la Comisión no pueden ni modificar elementos esenciales de una normativa de base ni completar ésta mediante nuevos elementos esenciales.

En el régimen para el comercio de derechos de emisión establecido por la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, en su versión modificada por la Directiva 2009/29, el objetivo secundario relativo a la preservación de las condiciones de competencia en el mercado interior tiene carácter esencial.

Así, en el artículo 10 bis, apartado 1, de la referida Directiva, el legislador, por un lado, insistió en la necesidad de llevar a cabo una armonización completa y, por otro lado, indicó a la Comisión los criterios que debían seguirse para la armonización, la cual debía llevarse a cabo, esencialmente, sobre la base de parámetros de referencia para cada sector o subsector en cuestión.

Al establecer un método para la asignación gratuita de derechos de emisión de estas características, completamente armonizado sobre una base sectorial, el legislador concretó la exigencia esencial de minimizar las distorsiones de la competencia en el mercado interior. En consecuencia, la Comisión no puede establecer normas de asignación gratuita de derechos de emisión que no estén completamente armonizadas y que no sean sectoriales —como es el caso de una disposición que permite asignar de forma gratuita derechos de emisión a determinadas empresas que se vieran enfrentadas a dificultades excesivas—, puesto que ello iría en contra de dicha exigencia y, en consecuencia, modificaría un elemento esencial de la Directiva 2003/87.

(véanse los apartados 50 y 52 a 55)
Asunto C‑294/14

ADM Hamburg AG

contra

Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg)

«Procedimiento prejudicial — Unión aduanera y Arancel Aduanero Común — Código aduanero comunitario — Preferencias arancelarias — Reglamento (CEE) n.o 2454/93 — Artículo 74, apartado 1 — Productos originarios de un país beneficiario — Transporte — Envío compuesto por una mezcla de partidas de aceite de palma crudo originarias de diversos países beneficiarios del mismo trato preferencial»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 7 de abril de 2016

Unión aduanera — Arancel Aduanero Común — Sistema de preferencias arancelarias generalizadas a favor de países en vías de desarrollo — Origen de las mercancías — Determinación — Importación en forma de una mezcla de partidas de aceite de palma crudo originarias de diversos países beneficiarios del mismo trato preferencial — Acuerdo de trato preferencial — Requisitos

[Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1063/2010 de la Comisión, art. 74, ap. 1]

El artículo 74, apartado 1, del Reglamento n.o 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1063/2010, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que se han presentado certificados de origen válidos, puede reconocerse el origen preferencial —a los efectos del sistema de preferencias arancelarias generalizadas establecido por el Reglamento n.o 732/2008— de partidas de aceite de palma crudo, pese a que esta mercancía haya sido mezclada en la cisterna de un buque para su transporte hacia la Unión Europea, en circunstancias que permitan descartar que se hayan introducido en esa cisterna otros productos, en particular productos sin preferencia.

En efecto, el hecho de mezclar —para el transporte— varios productos originarios de países en vías de desarrollo beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas concedido por la Unión dentro de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas establecido por el Reglamento n.o 732/2008, sin alterar sustancialmente esos productos y sin crear incertidumbre en cuanto a su origen, no puede calificarse de alteración, transformación u operación que se oponga a que el origen de tales productos sea reconocido dentro del marco establecido, en particular, por el artículo 74, apartado 1, del Reglamento n.o 2454/93.

(véanse los apartados 30 y 35 y el fallo)
El artículo 18, apartado 3, del Reglamento n.o 1/2003 define los aspectos esenciales de la motivación de una decisión de requerimiento de información. Esta obligación de motivación específica constituye una exigencia fundamental no sólo para poner de manifiesto el carácter justificado del requerimiento de información, sino también para que las empresas interesadas estén en condiciones de comprender el alcance de su deber de colaboración, preservando al mismo tiempo su derecho de defensa.

La obligación de indicar el objeto de su requerimiento significa que la Comisión debe indicar en su requerimiento el objeto de su investigación y especificar por tanto la presunta infracción de las reglas de la competencia. En ese sentido la Comisión no está obligada a comunicar al destinatario de una decisión de requerimiento de información toda la información de la que ya dispone acerca de supuestas infracciones ni a efectuar una calificación jurídica rigurosa de tales infracciones, siempre que indique con claridad las sospechas que pretende comprobar. Ahora bien, puesto que la necesidad de la información debe apreciarse en relación con la finalidad mencionada en el requerimiento de información, esa finalidad se debe indicar con suficiente precisión, en defecto de lo cual sería imposible determinar si la información es necesaria y el Tribunal de Justicia no podría ejercer su control.

Es cierto que un requerimiento de información es una medida de investigación que se utiliza generalmente en una fase de instrucción que precede al pliego de cargos y sólo tiene por objeto permitir que la Comisión obtenga la información y la documentación necesarias para comprobar la realidad y el alcance de una situación de hecho y de Derecho determinada. Además, aunque se haya juzgado acerca de decisiones de inspección que, si bien corresponde a la Comisión indicar con la mayor precisión posible qué es lo que se busca y los elementos objeto de la verificación, no es en cambio indispensable exponer en una decisión de inspección una delimitación precisa del mercado relevante, la calificación jurídica exacta de las supuestas infracciones ni la indicación del período durante el que se cometieran éstas, esa consideración se sustentaba en el hecho de que las inspecciones tienen lugar al principio de la investigación, cuando la Comisión no dispone aún de información precisa. Sin embargo, una motivación excesivamente sucinta, vaga y genérica y en algunos aspectos ambigua no puede cumplir las exigencias de motivación establecidas por el artículo 18, apartado 3, del Reglamento n.o 1/2003, para justificar un requerimiento de información que tuvo lugar más de dos años después de las primeras inspecciones, cuando la Comisión ya había enviado varias solicitudes de información a las empresas sospechosas de haber participado en una infracción, y varios meses después de la decisión de iniciación del procedimiento.

(véanse los apartados 17, 19 a 21, 24 y 37 a 39)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) no 2201/2003 — Ámbito de aplicación — Concepto de «materias civiles» — Medidas relativas al ejercicio de la responsabilidad parental — Aprobación de un acuerdo de reparto sucesorio concluido por el tutor de menores por cuenta de éstos — Inclusión — No aplicabilidad del Reglamento (UE) no 650/2012

[Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, art. 1, aps. 1, letra b), y 3, letra f)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 11 de junio de 2015 — Baby Dan

(Asunto C‑272/14) 1 ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Unión aduanera y Arancel Aduanero Común — Nomenclatura Combinada — Clasificación arancelaria — Partidas 7318 y 8302 — Artículo especialmente concebido para fijar barreras de seguridad destinadas a la protección de los niños»

Unión aduanera — Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Artículo que permite fijar en la pared o en el marco de puertas o ventanas barreras móviles de seguridad para niños — Clasificación en la partida 7318 de la Nomenclatura Combinada [Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, anexo I] (véanse los apartados 30, 34, 35 y 40 y el fallo)

Fallo

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en las versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento (CE) no 1214/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre 2007, y del Reglamento (CE) no 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, debe interpretarse en el sentido de que un artículo como el controvertido en el litigio principal, que permite fijar en la pared o en el marco de puertas o ventanas barreras móviles de seguridad para niños, debe clasificarse en la partida arancelaria 7318 de la Nomenclatura Combinada.

( 1 ) DO C 253, de 4.8.2014.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 11 de junio de 2015 — Baby Dan

(Asunto C‑272/14) 1 ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Unión aduanera y Arancel Aduanero Común — Nomenclatura Combinada — Clasificación arancelaria — Partidas 7318 y 8302 — Artículo especialmente concebido para fijar barreras de seguridad destinadas a la protección de los niños»

Unión aduanera — Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Artículo que permite fijar en la pared o en el marco de puertas o ventanas barreras móviles de seguridad para niños — Clasificación en la partida 7318 de la Nomenclatura Combinada [Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, anexo I] (véanse los apartados 30, 34, 35 y 40 y el fallo)

Fallo

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en las versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento (CE) no 1214/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre 2007, y del Reglamento (CE) no 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, debe interpretarse en el sentido de que un artículo como el controvertido en el litigio principal, que permite fijar en la pared o en el marco de puertas o ventanas barreras móviles de seguridad para niños, debe clasificarse en la partida arancelaria 7318 de la Nomenclatura Combinada.

( 1 ) DO C 253, de 4.8.2014.
38

En lo que se refiere al fondo del primer motivo de casación, basado en que el Tribunal General no respetó los principios de responsabilidad personal, proporcionalidad, e igualdad de trato en el cálculo de la multa, en primer lugar, es preciso recordar, primero, que el principio de igualdad de trato constituye un principio general del Derecho de la Unión, recogido en los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Conforme a reiterada jurisprudencia, dicho principio exige que situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente y que situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, salvo que este trato esté objetivamente justificado. Segundo, también se desprende de reiterada jurisprudencia que, al determinar la cuantía de la multa, la aplicación de métodos de cálculo diferentes no debe dar lugar a una discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo o en una práctica concertada contrarios al artículo 101 TFUE, apartado 1. Tercero, el Tribunal de Justicia, no obstante, ha declarado reiteradamente que la práctica decisoria anterior de la Comisión no sirve de marco jurídico para las multas en materia de competencia y que las decisiones relativas a otros asuntos tienen carácter puramente indicativo en lo referente a la existencia de discriminaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2013, Ziegler/Comisión, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, apartados 132 a 134).
45

La Comisión señala que la situación relativa a la concesión de una ayuda, notificada o no, no puede considerarse definitiva mientras la Comisión no haya adoptado su decisión sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior y esa decisión no haya adquirido firmeza. En primer lugar, la recuperación de dicha ayuda puede ordenarse en todo momento, bien por la Comisión, bien por el juez nacional, mientras la Comisión no la haya aprobado y la decisión de aprobación no haya adquirido firmeza. En segundo lugar, un Estado miembro que incumpla las obligaciones de notificación y suspensión que exige el artículo 108 TFUE, apartado 3, no puede ser tratado de manera más favorable que un Estado miembro que las haya cumplido. Por último, no debe protegerse al beneficiario de una ayuda ilegal frente a una modificación de las normas sustantivas aplicables a la apreciación de la compatibilidad de esa ayuda por la Comisión.
92

En cuanto al tercer motivo, relativo a la gestión, en el mes de marzo de 2009, de créditos documentarios de la OID, a la que se refiere la resolución 1737 (2006), y de la IEI, a la que se refiere la Decisión 2008/475, el Consejo declara que Bank Saderat Iran no discutió su existencia pero sostuvo que se trataba de servicios bancarios corrientes, en el marco de créditos a la exportación. Apoyado por el Reino Unido, alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el Consejo debería haber comunicado información detallada sobre dichos créditos documentarios. El Consejo considera que el modo en que se gestionaron tales créditos era suficiente en sí mismo para justificar las medidas restrictivas contra Bank Saderat Iran. A este respecto, recuerda que varias disposiciones, como los artículos 1, apartado 4, y 15, apartado 1, de la Decisión 2010/413, el artículo 4 del Reglamento n.o 267/2012, el punto 7 de la resolución 1737 (2006) del Consejo de Seguridad y el punto 5 de la resolución 1747 (2007) del Consejo de Seguridad, prohíben la exportación desde Irán y, más concretamente la compra a Irán o el transporte, desde Irán, de materiales relacionados con la proliferación nuclear, incluida la exportación que se efectúe a otros países, así como la de armas y armamento, de modo que es erróneo suponer que los créditos documentarios que permiten exportaciones por la OID y la IEI no tienen ninguna relación con las actividades nucleares de la República Islámica de Irán. El Consejo considera que el Tribunal General sustituyó equivocadamente su propia apreciación por la del Consejo por lo que se refiere a los hechos que justifican la imposición de una inmovilización de los fondos como medida cautelar, pronunciándose de este modo contrariamente a su propia jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia People’s Mojahedin Organization of Iran/Consejo, T‑256/07, EU:T:2008:461, apartado 138).
—

la circunstancia de que, al realizar la notificación o el traslado de un documento a su destinatario, el organismo receptor no haya adjuntado el formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento no 1393/2007 no constituye una causa de nulidad del procedimiento, sino una omisión que debe ser subsanada conforme a las disposiciones de ese Reglamento.
17

Basta recordar en ese sentido que, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad disfrutan de una presunción de pertinencia (véase, en especial, la sentencia X, C‑651/11, EU:C:2013:346, apartado 20 y la jurisprudencia citada). La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando es evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o, también, cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, apartado 32 y jurisprudencia citada).