Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 15 de octubre de 1998. - Industrie des Poudres Sphériques contra Consejo de la Unión Europea. - Antidumping - Reglamento (CEE) no 2423/88 - Calcio metal - Reanudación de una investigación antidumping - Derechos de defensa - Producto similar - Perjuicio - Interés de la Comunidad - Motivación - Desviación de poder - Inoponibilidad de un Reglamento antidumping a un importador. - Asunto T-2/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-03939



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Reglamento que establece derechos antidumping - Importador-usuario del producto de que se trata

(Tratado CE, art. 173, párr. 4)

2 Recurso de anulación - Sentencia de anulación - Efectos - Consecuencias de la anulación de un Reglamento que establece derechos antidumping - Nulidad de los actos del procedimiento administrativo no afectados por la sentencia de anulación - Inexistencia - Reanudación de la investigación - Procedencia - Período que debe tomarse en consideración - Facultad de apreciación de las Instituciones

(Tratado CE, art. 176)

3 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Procedimiento antidumping - Acceso al expediente - Comunicación de resúmenes no confidenciales - Irregularidades que no impidieron al interesado conocer el contenido de los documentos con el fin de presentar sus observaciones

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, arts. 7, ap. 4, letra a), y 8]

4 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Perjuicio - Producción comunitaria afectada - Productos similares - Facultad de apreciación de las Instituciones - Productos de base - Consideración de las preferencias de los usuarios finales - Consideración de la situación de competencia entre los productos que incorporan el producto de base - Inexistencia de error de apreciación

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, arts. 2, ap. 12, y 4, aps. 1 y 4]

5 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Apreciación de los intereses de la Comunidad por parte de las Instituciones - Control jurisdiccional - Límites - Elementos que deben considerarse - Situación posterior a la adopción del Reglamento que establece derechos antidumping - Exclusión - Competencia no falseada en el mercado común

[Tratado CE, art. 3, letra g); Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 12, ap. 1]

6 Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Reglamentos que establecen derechos antidumping

(Tratado CE, art. 190)

7 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Aplicación de la normativa comunitaria - Importador excluido del pago de los derechos antidumping - Requisitos - No discriminación

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo]

Índice

1 Si bien, con arreglo a los criterios del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, los Reglamentos que establecen derechos antidumping, por su naturaleza y alcance, tienen efectivamente carácter normativo, por cuanto se aplican a la generalidad de los operadores económicos interesados, no se excluye que sus disposiciones puedan afectar individualmente a determinados operadores económicos.

Debe considerarse individualmente afectado el operador que, siendo el mayor importador y, al mismo tiempo, el usuario final del producto objeto de la medida antidumping, demuestra además que sus actividades económicas dependen en gran medida de sus importaciones y quedan afectadas seriamente por el Reglamento en litigio, habida cuenta del número limitado de productores del producto de que se trata y de que encuentra dificultades de abastecimiento ante el único productor de la Comunidad, que es su principal competidor por lo que respecta al producto transformado.

Efectivamente, este conjunto de elementos constituye una situación particular que le caracteriza, con respecto a la medida de que se trata, frente a cualquier otro operador económico.

2 Según el artículo 176 del Tratado, corresponde a la Institución condenada extraer las adecuadas consecuencias de una sentencia de anulación. A este respecto, para ejecutar ésta plenamente, la Institución está obligada a respetar no sólo el fallo de la sentencia, sino también los motivos que han conducido a él y que constituyen su sustento necesario.

La anulación de un acto que pone fin a un procedimiento administrativo que consta de diferentes fases no implica necesariamente la anulación de todo el procedimiento que precedió a la adopción del acto impugnado, independientemente de los motivos, de fondo o de procedimiento, de la sentencia de anulación.

En el marco de un procedimiento antidumping, cuando la anulación de un Reglamento que establece los derechos impuestos se basa en la comprobación de que las Instituciones no han procedido correctamente en la determinación del perjuicio sufrido por el productor comunitario, las medidas previas preparatorias de la investigación, que condujeron a la adopción de dicho Reglamento, y, en particular, el inicio del procedimiento conforme al apartado 1 del artículo 7 del Reglamento antidumping de base nº 2423/88 no resultan afectados por la ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia.

En estas circunstancias, la Comisión puede válidamente retomar el procedimiento fundándose en todos los actos de éste no afectados por la sentencia de anulación y, si subsisten las prácticas antidumping, puede realizar al mismo tiempo una nueva investigación relativa a otro período de referencia. Al actuar así, la Comisión no rebasa el amplio margen de apreciación de que las Instituciones disponen para determinar el período que debe tomarse en consideración para apreciar el perjuicio en el marco de un procedimiento antidumping.

3 En el marco de un procedimiento antidumping, las irregularidades en la comunicación por parte de la Comisión de los resúmenes no confidenciales en el sentido del artículo 8 del Reglamento antidumping de base nº 2423/88 sólo pueden constituir una vulneración de los derechos procedimentales que justifique la anulación del Reglamento que establece los derechos antidumping si el interesado no ha tenido un conocimiento suficiente del contenido esencial del documento o de los documentos no comunicados y, por ello, no ha podido expresar válidamente su punto de vista sobre su realidad o su pertinencia.$

4 Las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación en la determinación de los productos similares con arreglo al apartado 12 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base nº 2423/88. Así, pueden considerar que un producto comunitario y un producto objeto de dumping son similares aunque existan diferencias físicas o técnicas, u otras, que limiten las posibilidades de utilización de los usuarios finales.

Por lo que respecta a los productos de base, su similitud, es decir, su intercambiabilidad, debe medirse teniendo en cuenta, en particular, las preferencias de los usuarios finales.

Por el contrario, no basta con examinar las preferencias de las empresas transformadoras, que, por razones técnicas o económicas, pueden preferir un producto de base en lugar de otro, sino que debe asimismo examinarse si los productos que incorporan este producto de base compiten, o no, entre sí.

En efecto, en tal supuesto, un aumento de la demanda del producto de base importado, resultante de una práctica de dumping, puede implicar una disminución del precio del producto transformado en el mercado comunitario. Esta situación puede provocar una disminución de la demanda del producto transformado a partir del producto de base de origen comunitario, disminución que, por su parte, puede provocar una disminución de la demanda de este producto, provocando un perjuicio al productor comunitario.

5 La cuestión de si, en el caso de la existencia de un perjuicio resultante de prácticas de dumping, los intereses de la Comunidad necesitan una actuación supone la apreciación de situaciones económicas complejas, y el control jurisdiccional de semejante apreciación debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder. Este control debe referirse únicamente a los elementos de que disponían las Instituciones al adoptar el Reglamento controvertido.

Cuando, ante prácticas de dumping que tienen por objeto un producto de base transformado en la Comunidad, las Instituciones han estimado, según los datos de que disponían, que, en sí, la imposición de derechos antidumping no tendría por efecto impedir las importaciones de este producto, no rebasan su margen de apreciación al considerar que los correspondientes derechos antidumping no permiten crear, en el mercado comunitario, una situación contraria al Derecho de la competencia.

Por lo demás, la imposición de tales derechos no puede impugnarse simplemente porque deba tener como consecuencia la eliminación de las empresas transformadoras competidoras del productor comunitario en el mercado de los productos transformados, puesto que la desventaja competitiva que sufren estas empresas se debe a que tienen unos costes de producción más elevados.

Por una parte, en efecto, el establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado común, previsto en la letra g) del artículo 3 del Tratado, tiene como objetivo esencial permitir una correcta distribución de los recursos económicos, por lo que no puede justificarse la eliminación de empresas económicamente viables con el fin de garantizar el mantenimiento de una empresa con unos costes de producción más elevados. Por otra parte, el objetivo de la normativa antidumping es mantener condiciones de competencia leal para los diferentes sectores de producción, cuando sufren un perjuicio debido a las importaciones con dumping.

6 La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos, y que el Juez comunitario pueda ejercer su control.

Sin embargo, no se exige que la motivación de los Reglamentos especifique los diferentes elementos de hecho y de Derecho, a veces muy numerosos y complejos, que son objeto de los Reglamentos, siempre que éstos estén dentro del marco sistemático del conjunto de normas del que forman parte.

Por lo que respecta, en particular, a la motivación de los Reglamentos que establecen derechos antidumping, las Instituciones no están, en principio, obligadas a responder a las denuncias presentadas, en virtud del artículo 3 del Reglamento nº 17, por importadores del producto objeto de los derechos antidumping y basadas en la posible infracción de las normas sobre competencia del Tratado por parte de productores comunitarios. Basta con que el razonamiento seguido por las Instituciones en los Reglamentos aparezca de manera clara e inequívoca.

7 Ninguna disposición del Reglamento antidumping de base nº 2423/88 prohíbe expresamente excluir a un importador determinado del pago de los derechos antidumping. Sin embargo, tanto el apartado 2 del artículo 8 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT, como los principios generales del Derecho comunitario se oponen a que los derechos antidumping se perciban de manera discriminatoria. La amplia facultad de apreciación de que disponen las Instituciones no puede dispensarlas de respetar este principio.

Partes

En el asunto T-2/95,

Industrie des poudres sphériques, sociedad francesa, establecida en Annemasse (Francia), representada por Me Chantal Momège, Abogada de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Alex Schmitt, 7, val Sainte-Croix,

parte demandante,

contra

Consejo de la Unión Europea, representado, inicialmente, por los Sres. Ramón Torrent y Jorge Monteiro, Consejeros Jurídicos; después, por el Sr. Torrent y el Sr. Yves Cretien, también Consejero Jurídico, y, posteriormente, por el Sr. Torrent y el Sr. Antonio Tanca, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, asistidos por el Sr. Philip Bentley, Barrister of Lincoln's Inn, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Alessandro Morbilli, Director General de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,

parte demandada,

apoyado por

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Nicholas Khan y Xavier Lewis, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

y por

Péchiney électrométallurgie, sociedad francesa, establecida en Courbevoie (Francia),

y

Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie, asociación francesa, con sede en París,

representadas, inicialmente, por Mes Jacques-Philippe Gunther y Hubert de Broca, Abogados de París, y posteriormente sólo por Me Gunther, que designan como domicilio en Luxemburgo el bufete de Mes Loesch y Wolter, 11, rue Goethe,

partes coadyuvantes,

que tiene por objeto un recurso de anulación del Reglamento (CE) nº 2557/94 del Consejo, de 19 de octubre de 1994, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de calcio metal originario de la República Popular de China y Rusia (DO L 270, p. 27), y, con carácter subsidiario, la declaración de inoponibilidad de dicho Reglamento frente a la parte demandante,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Quinta ampliada),

integrado por los Sres.: J. Azizi, Presidente; B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas, R.M. Moura Ramos y M. Jaeger, Jueces;

Secretarios: Sra. B. Pastor, administradora principal, y Sr. A. Mair, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 2 de diciembre de 1997;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el litigio

A. El asunto Extramet

1 En julio de 1987, la Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie (en lo sucesivo, «chambre syndicale»), asociación francesa que actuaba por cuenta de la sociedad Péchiney électrométallurgie (en lo sucesivo, «PEM»), sociedad francesa, dirigió a la Comisión una denuncia en la que pedía el establecimiento de medidas antidumping respecto a las importaciones de calcio metal originarias de la República Popular de China y de la Unión Soviética.

2 El 26 de enero de 1988, la Comisión inició un procedimiento antidumping con arreglo al Reglamento (CEE) nº 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 201, p. 1; EE 11/21, P. 3).

3 Mediante Reglamento (CEE) nº 707/89 de la Comisión, de 17 de marzo de 1989, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de calcio metal originarias de la República Popular de China y de la Unión Soviética (DO L 78, p. 10), la Comisión impuso al producto controvertido un derecho antidumping provisional del 10,7 %.

4 Después de prorrogar el derecho provisional, el Consejo, mediante Reglamento (CEE) nº 2808/89, de 18 de septiembre de 1989, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de calcio metal originarias de la República Popular de China y de la Unión Soviética y se percibe definitivamente el derecho antidumping provisional establecido sobre dichas importaciones (DO L 271, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento nº 2808/89»), impuso al producto controvertido derechos del 21,8 y del 22 %.

5 El 27 de noviembre de 1989, la demandante, cuya razón social era entonces Extramet industrie SA, interpuso un recurso dirigido a la anulación de dicho Reglamento.

6 Mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 1991, Extramet industrie/Consejo (C-358/89, Rec. p. I-2501; en lo sucesivo, «sentencia Extramet I»), se declaró la admisibilidad del recurso. Mediante sentencia de 11 de junio de 1992, Extramet industrie/Consejo (C-358/89, Rec. p. I-3813; en lo sucesivo, «sentencia Extramet II»), el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento nº 2808/89, debido a que las Instituciones comunitarias, por un lado, no habían examinado efectivamente la cuestión de si, mediante su negativa de venta, el productor comunitario (PEM) había contribuido al perjuicio sufrido y, por otro lado, no habían probado que el perjuicio objeto de examen no derivase de los factores alegados por la demandante, de manera que no habían procedido correctamente en la determinación del perjuicio (apartados 19 y 20 de la sentencia).

7 Mediante resolución de 31 de marzo de 1992, el conseil de la concurrence francés condenó a PEM por abuso de posición dominante cometido entre octubre de 1982 y finales de 1984 por la Société électrométallurgique du Planet (SEMP), sociedad absorbida por PEM en diciembre de 1985.

8 Mediante sentencia de 14 de enero de 1993, la cour d'appel de Paris confirmó esta resolución, aunque estimó que los elementos sometidos a su apreciación no implicaban que, después de 1984, pudieran imputarse a PEM prácticas contrarias a la competencia.

B. El producto

9 El calcio metal primario es un elemento químico fabricado, bien con óxido de calcio (caliente), o bien con cloruro de calcio, y se presenta en forma de pequeños bloques y de guijas.

10 Es producido en cinco países, a saber, en Francia (por PEM), en China, en Rusia, en Canadá y en los Estados Unidos de América. Los productores utilizan dos procedimientos de fabricación diferentes: el procedimiento electrolítico y el procedimiento aluminotérmico.

11 El procedimiento electrolítico, utilizado en China y en Rusia, consta de dos fases: la electrólisis del cloruro de calcio, durante la cual el calcio se deposita en un cátodo de cobre, formando una aleación de cobre y calcio, y la destilación de la aleación de cobre y calcio, que permite separar estos dos metales.

12 El procedimiento aluminotérmico consta de una sola fase de reducción del óxido de calcio (de la cal) con aluminio, condensándose los vapores de calcio. Este procedimiento, de ejecución relativamente flexible, es utilizado por todos los productores occidentales, debido a sus reducidos costes de inversión y de explotación.

13 Mediante los dos procedimientos mencionados se obtiene un calcio metal primario utilizado como tal por las industrias del plomo, del plomo calcio y de las ferroaleaciones (40 % del consumo total de calcio metal) y como materia prima para la fabricación del calcio dividido en forma de granallas o de gránulos, utilizado por la industria siderúrgica (46 % del consumo total) y en las aplicaciones de tratamiento de calcio a alta temperatura (aproximadamente el 11 % del consumo total).

14 La división del calcio metal primario se realiza mediante dos procedimientos:

- la trituración mecánica en frío de las guijas o pequeños bloques de calcio metal primario, procedimiento adoptado por PEM y los demás transformadores comunitarios para producir el calcio metal granulado;

- el procedimiento consistente en un horno de fusión acoplado a una instalación de granulación por atomización del metal líquido, formando un conjunto que funciona bajo presión de un gas inerte (argón), procedimiento éste adoptado por la demandante para producir el calcio metal en polvo en forma de gránulos de metales reactivos.

C. Sociedad demandante, Industrie des poudres sphériques

15 La sociedad Industrie des poudres sphériques (en lo sucesivo, «IPS»), anteriormente denominada Extramet industrie, es una empresa situada en Annemasse (Francia), especializada en la producción de calcio metal dividido en forma de granulados de metales reactivos mediante calcio metal. Fue creada en 1982, a raíz del descubrimiento, en 1980, de un procedimiento de granulado.

16 Con vistas al abastecimiento de calcio metal, se dirigió, desde el principio, al productor comunitario, es decir, primero a la Société électrométallurgique du Planet y después, tras la fusión, en 1985, de esta empresa con PEM, a ésta.

D. Procedimiento administrativo

17 Después de dictarse la sentencia Extramet II, PEM dirigió a la Comisión, el 1 de julio de 1992, un escrito en apoyo de la reapertura de la investigación y una nota de carácter técnico sobre la apreciación del perjuicio sufrido por la industria comunitaria.

18 Por considerar que la investigación «se reanudaba de iure», la Comisión pidió a la demandante, mediante carta de 17 de julio de 1992, que formulara observaciones sobre la apreciación del perjuicio sufrido por la industria comunitaria. En esta carta, precisó que había pedido a PEM que presentara observaciones sobre la misma cuestión.

19 Mediante carta de 14 de agosto de 1992, la demandante negó que la interpretación seguida por la Comisión respecto a la posibilidad jurídica de reanudar la investigación estuviera fundada. Pidió que se le dirigiera en debida forma una decisión que pudiera ser recurrida.

20 Mediante carta de 21 de agosto de 1992, reiteró esta última petición.

21 El 14 de octubre de 1992, la demandante recibió de la Comisión la nota sobre el perjuicio dirigida a ésta por PEM el 1 de julio de 1992.

22 El 14 de noviembre de 1992, la Comisión publicó un Anuncio acerca del procedimiento antidumping relativo a las importaciones de calcio metal originario de la República Popular China y de Rusia (DO C 298, p. 3).

23 Mediante escrito de 18 de noviembre de 1992, la Comisión informó a la demandante de la publicación del anuncio y le pidió que le remitiera unos cuestionarios en el plazo de 30 días. Indicó que el nuevo período de investigación se extendía desde el 1 de julio de 1991 hasta el 31 de octubre de 1992.

24 Mediante carta de 23 de diciembre de 1992, la demandante presentó a la Comisión sus observaciones relativas a la nota sobre el perjuicio presentada por PEM el 1 de julio de 1992.

25 Mediante carta de 29 de julio de 1993, la Comisión pidió a la demandante que le comunicara todos los hechos que pudieran asistirla en su apreciación, en particular sobre la cuestión del perjuicio. Mediante carta de 12 de agosto de 1993, la demandante respondió que no podía aportar nuevos datos al respecto, puesto que la situación apenas había evolucionado desde su carta de 23 de diciembre de 1992.

26 El 21 de abril de 1994, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 892/94, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de calcio metal originario de la República Popular de China y de Rusia (DO L 104, p. 5; en lo sucesivo, «Reglamento provisional»). El importe del derecho impuesto se elevaba a 2.074 ECU por tonelada, para el calcio metal originario de China, y a 2.120 ECU por tonelada, para el originario de Rusia.

27 El 31 de mayo de 1994, la demandante presentó sus observaciones sobre el Reglamento provisional, manifestando numerosas reservas sobre él. La Comisión respondió a estas observaciones mediante carta de 14 de junio de 1994.

28 El 11 de agosto de 1994, la Comisión comunicó a la demandante los principales hechos y consideraciones por los que se proyectaba proponer la imposición de un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de calcio metal originario de China y de Rusia.

29 El 19 de octubre de 1994, a propuesta de la Comisión, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 2557/94, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de calcio metal originario de la República Popular de China y Rusia (DO L 270, p. 27; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»). El importe del derecho se mantenía en el nivel fijado por el Reglamento provisional. El Consejo asimismo confirmó los derechos antidumping impuestos por el Reglamento provisional.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia

30 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de enero de 1995, la demandante interpuso el presente recurso.

31 En la misma fecha, presentó una demanda de medidas provisionales con el fin de que se suspendiera la ejecución del Reglamento controvertido. Esta demanda fue desestimada mediante auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 24 de febrero de 1995, IPS/Consejo (T-2/95 R, Rec. p. II-485).

32 Mediante auto de 28 de abril de 1995, el Presidente de la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia admitió la intervención de la Comisión en apoyo de las pretensiones de la parte demandada.

33 Mediante auto de 28 de noviembre de 1995, el Presidente de la Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia admitió la intervención de PEM y de la chambre syndicale en apoyo de las pretensiones de la parte demandada y accedió a una petición de trato confidencial, respecto a estas partes coadyuvantes, de los datos indicados en los apartados 9, 10, 14 y 15 del mismo auto.

34 El 16 de abril de 1996, PEM y la chambre syndicale presentaron el escrito de formalización de la intervención. El 17 de junio de 1996, la demandante presentó observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención presentado por PEM y la chambre syndicale.

35 Mediante auto de 20 de noviembre de 1996, el Presidente de la Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia accedió a una segunda petición de trato confidencial, respecto a las mismas partes coadyuvantes, de los datos indicados en el apartado 4 del auto.

36 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) decidió iniciar la fase oral.

37 En la vista de 2 de diciembre de 1997 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal.

Pretensiones de las partes

38 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule el Reglamento controvertido.

- Con carácter subsidiario, lo declare inoponible a la demandante.

- Condene en costas al Consejo. 39 El Consejo solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la parte demandante.

40 La Comisión, parte coadyuvante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la parte demandante.

41 PEM y la chambre syndicale, partes coadyuvantes, solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene a la parte demandante al pago de las costas causadas por su intervención.

Sobre la admisibilidad

Alegaciones de las partes

42 El Consejo, en su escrito de contestación a la demanda, propone una excepción de inadmisibilidad. Señala que, según reiterada jurisprudencia, un importador generalmente no puede solicitar la anulación de un Reglamento que impone derechos antidumping. Aunque admite que, en algunos casos, el Tribunal de Justicia ha declarado que un Reglamento que establecía derechos antidumping afectaba individualmente a ciertos operadores económicos, que, por consiguiente, estaban legitimados para interponer un recurso de anulación, expresa sus dudas sobre la admisibilidad del presente recurso, ya que la demandante pide, con carácter subsidiario, que se declare que el Reglamento recurrido le es inoponible. Considera que, al formular esta pretensión subsidiaria, la demandante reconoce que los particulares sólo pueden invocar el artículo 173 del Tratado CE cuando el acto recurrido tiene el carácter de decisión frente a ellos.

43 Afirma que un Reglamento por el que se imponen derechos antidumping no constituye una decisión frente a un importador, pero puede serlo frente a un exportador en la medida en que el derecho antidumping grave las importaciones de su propio producto. Al formular su pretensión subsidiaria, la demandante supone que el Consejo habría podido adoptar una decisión que la excluyera del ámbito de aplicación del Reglamento controvertido.

44 Ahora bien, el Consejo asegura que, puesto que este Reglamento no podía crear un régimen excepcional en favor de la demandante, no tiene frente a ella el carácter de decisión. Reconocer la admisibilidad de la demanda principal equivaldría a afirmar, erróneamente, la posibilidad de anular una medida de alcance general a petición de un particular que sólo resultaba afectado en su calidad objetiva de importador. Estima que ello privaría a la industria comunitaria del restablecimiento de condiciones de competencia leal para todos los operadores, a causa de un único importador.

45 La Comisión alega que, tal como fueron descritos en la sentencia Extramet I, los elementos constitutivos de una situación particular que caracterice a la demandante respecto de cualquier otro operador económico no concurren en el presente caso. Estima que la demandante no ha demostrado la existencia de tal situación particular.

46 En su opinión, la legitimación activa de un importador independiente no es un derecho del que una persona o una sociedad sea titular, sino un derecho resultante de una situación específica, como señala la sentencia Extramet I. La demandante no puede, pues, limitarse a una simple remisión a esta sentencia. En efecto, la circunstancia de que en el asunto C-358/89 se declarase la admisibilidad del recurso interpuesto por la antigua sociedad Extramet contra el Reglamento nº 2808/89 no implica automáticamente, según la Comisión, que el recurso de IPS, que ha sucedido a Extramet, sea admisible en el presente asunto.

47 Considera que el elemento que distinguió la situación de Extramet frente a la de importadores independientes que eran partes demandantes en otros asuntos fue que Extramet, en términos de la citada sentencia (apartado 17), «[encontraba] dificultades de abastecimiento ante el único productor de la Comunidad [PEM] que, además, [era] su principal competidor por lo que respecta al producto transformado». Ahora bien, en el presente caso no concurre este elemento. En efecto, afirma que, según la resolución del conseil de la concurrence francés de 31 de marzo de 1992, después de 1984 no podía imputarse a PEM ningún comportamiento contrario a la competencia. La situación actual se presenta más como una negativa de compra por parte de IPS que como una negativa de venta por parte de PEM.

48 La demandante estima que la admisibilidad del recurso no puede cuestionarse tras la sentencia Extramet I, que, además, fue confirmada mediante el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 24 de febrero de 1995.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

49 El único criterio de admisibilidad aplicado por el Tribunal de Justicia en su sentencia Extramet I era la afectación directa e individual del demandante. El Tribunal de Justicia recordó (apartado 13 de la sentencia) que, si bien, con arreglo a los criterios del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, los Reglamentos que establecen derechos antidumping, por su naturaleza y alcance, tienen carácter normativo, por cuanto se aplican a la generalidad de los operadores económicos interesados, no se excluye que sus disposiciones puedan afectar individualmente a determinados operadores económicos. De ello se deriva que los actos por los que se establecen derechos antidumping, sin perder su carácter de Reglamento, pueden afectar individualmente, en determinadas circunstancias, a operadores económicos concretos que, por consiguiente, están legitimados para interponer un recurso de anulación de estos actos (apartado 14 de la sentencia). El Tribunal de Justicia estimó que la demandante había demostrado la existencia de un conjunto de elementos constitutivos de tal situación particular que la caracterizaba, con respecto a la medida que se trataba, frente a cualquier otro operador económico.

50 Por consiguiente, debe rechazarse el argumento del Consejo, fundado esencialmente en el carácter reglamentario que, frente a los importadores, reviste el acto impugnado y en la imposibilidad de crear un régimen excepcional, con carácter de decisión, en favor de un importador.

51 Los argumentos expuestos por la Comisión en apoyo de su excepción de inadmisibilidad no pueden acogerse.

52 En efecto, en contra de lo que sostiene la Comisión, el Tribunal de Justicia, en el asunto C-358/89, no fundó la admisibilidad del recurso exclusivamente en las dificultades encontradas por Extramet para abastecerse ante el único productor de la Comunidad. En realidad, el Tribunal de Justicia se fundó en los diferentes elementos siguientes, constitutivos de una situación particular que caracterizaba a la sociedad Extramet, respecto a la medida de que se trataba, frente a cualquier otro operador económico (apartado 17 de la sentencia Extramet I): Extramet era el mayor importador del producto objeto de la medida antidumping y, al mismo tiempo, el usuario final de este producto; además, sus actividades económicas dependían, en gran medida, de estas importaciones y quedaban afectadas seriamente por el Reglamento en litigio, habida cuenta del número limitado de productores del producto de que se trataba y de que encontraba dificultades de abastecimiento ante el único productor de la Comunidad que, además, era su principal competidor por lo que respecta al producto transformado.

53 Por lo demás, la Comisión no niega que PEM no está en condiciones de suministrar calcio metal primario de calidad estándar que presente las características deseadas por la demandante, lo cual muestra claramente que, efectivamente, ésta continúa encontrando dificultades para ser abastecida por PEM.

54 Puesto que las circunstancias que justificaron que la admisibilidad del recurso en el asunto C-358/89 (véase el apartado 52 supra) siguen siendo actuales, procede declarar la admisibilidad del presente recurso.

Sobre el fondo

I. Sobre la pretensión de anulación del Reglamento controvertido

55 En apoyo de su recurso, la demandante invoca siete motivos, relativos, primero, a la infracción del artículo 5 y del apartado 9 del artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988 (DO L 209, p. 1; en lo sucesivo «Reglamento de base»), y al no respeto de la autoridad de cosa juzgada y de los requisitos de convalidación de un acto administrativo; segundo, a la infracción de los artículos 7 y 8 del Reglamento de base y de los derechos de defensa; tercero, a la infracción del apartado 4 del artículo 4 y del apartado 12 del artículo 2 del Reglamento de base y a la existencia de un error de apreciación manifiesto respecto a la similitud de los productos; cuarto, a la infracción del artículo 4 del Reglamento de base y a la existencia de un error manifiesto de apreciación del perjuicio de la industria comunitaria; quinto, a la infracción del artículo 12 del Reglamento de base y a la existencia de un error de apreciación manifiesto; sexto, a la infracción del artículo 190 del Tratado y, séptimo, a la desviación de poder.

Sobre el primer motivo, relativo a la infracción del artículo 5 y del apartado 9 del artículo 7 del Reglamento de base y al no respeto de la autoridad de cosa juzgada y de los requisitos de convalidación de un acto administrativo

Alegaciones de las partes

56 Según la demandante, la sentencia Extramet II se oponía a una reanudación del procedimiento juzgado ilegal, máxime considerando que la Comisión se proponía modificar el período de investigación. Afirma que ningún precepto prohibía a la Comisión iniciar, a raíz de una nueva denuncia, un nuevo procedimiento de investigación, en el mercado del calcio metal estándar, relativo a un período más reciente. Sin embargo, ningún precepto autorizaba a la Comisión a reanudar la investigación, como hizo en el presente caso.

57 La demandante divide su primer motivo en tres partes. En primer lugar, afirma que la reanudación de la investigación no se apoya en ningún fundamento jurídico, puesto que no está prevista en el Reglamento de base. En segundo lugar, alega que tal actuación es contraria a la autoridad de cosa juzgada porque, en contra del principio de seguridad jurídica, conduce a la convalidación de un procedimiento anulado por el Tribunal de Justicia. En tercer lugar, suponiendo que en Derecho comunitario se admita un principio de convalidación, asegura que en el presente caso no se cumplen los requisitos para reanudar la investigación, es decir, para una convalidación.

- Primera parte: infracción del artículo 5 y del apartado 9 del artículo 7 del Reglamento de base

58 La demandante alega, por una parte, que las facultades de que dispone la Comisión en la tramitación del procedimiento antidumping sólo pueden ejercerse en el marco jurídico estrictamente definido por el Reglamento de base y, por otra parte, que la Comisión reanudó la investigación sin fundamento jurídico alguno. Señala que el Reglamento de base sólo contiene disposiciones relativas, por un lado, a la apertura de una investigación y, por otro lado, a la conclusión de ésta. Por lo que se refiere a la apertura de una investigación, considera que la Comisión nunca sostuvo que le hubiera sido presentada una nueva denuncia que justificara iniciar un nuevo procedimiento. Por el contrario, el anuncio publicado el 14 de noviembre de 1992 se refiere expresamente a la sentencia Extramet II. El documento presentado por PEM el 1 de julio de 1992 no es una denuncia, sino un escrito en apoyo de la «reapertura» de la investigación.

59 Según la demandante, la letra a) del apartado 9 del artículo 7 del Reglamento de base sólo se refiere a la conclusión de la investigación. En el presente caso, la investigación inicial finalizó, conforme a este precepto, mediante la adopción de la medida definitiva constituida por el Reglamento nº 2808/89, posteriormente anulado en la sentencia Extramet II.

60 Por último, la demandante afirma que la Comisión no puede invocar el artículo 14 del Reglamento de base, que prevé la reconsideración de los derechos antidumping definitivos en caso de que se dé un cambio de circunstancias suficiente. Alega que este procedimiento de reconsideración de las medidas adoptadas sólo se concibe en el marco de derechos antidumping definitivos legalmente establecidos.

61 Basándose en el artículo 176 del Tratado, el Consejo observa que la anulación del Reglamento nº 2808/89 sólo implicaba la obligación de devolver los derechos percibidos en virtud de este Reglamento.

62 Recuerda que la investigación fue reanudada a raíz de la sentencia Extramet II y del escrito de PEM de 1 de julio de 1992. Al practicar la investigación, la Comisión quiso respetar los derechos del productor comunitario que había presentado una denuncia que contenía suficientes elementos de prueba y que la había actualizado mediante un escrito en apoyo de la reapertura de la investigación, junto con una nota relativa al perjuicio. Afirma que, por lo demás, la Comisión quiso respetar los derechos de las demás partes interesadas, permitiendo a éstas, por un lado, aportar los datos relativos a las importaciones y a la venta de calcio metal en la Comunidad y, por otro lado, presentar sus observaciones.

63 En estas circunstancias, considera que la Comisión retomó válidamente la investigación desde el principio, puesto que la anulación del Reglamento nº 2808/89 no puso fin a dicha investigación. Frente a las partes interesadas, tal reanudación se desarrolló como una nueva investigación, basada en una denuncia actualizada mediante el escrito de 1 de julio de 1992 y la nota que lo acompañaba.

64 Invocando la letra a) del apartado 9 del artículo 7 del Reglamento de base, el Consejo añade que una investigación finaliza, bien sea con su conclusión, o bien con la adopción de medidas definitivas. Pues bien, estima que, en el presente caso, no se dio un acto de conclusión expreso. En cuanto a la primera medida definitiva, puesto que fue anulada por el Tribunal de Justicia, se considera que nunca existió. Por consiguiente, la investigación pudo reanudarse válidamente.

- Segunda parte: no respeto de la autoridad de cosa juzgada

65 La demandante alega que, al reanudar la investigación, la Comisión no respetó la autoridad de cosa juzgada y desnaturalizó el alcance de la sentencia Extramet II.

66 Afirma que, al anular el Reglamento nº 2808/89, el Tribunal de Justicia no sólo redujo a la nada, retroactivamente, la fase final del procedimiento antidumping, es decir, el Reglamento por el que se establecieron derechos definitivos. En realidad, anuló todo el procedimiento sustanciado por la Comisión en el mercado del calcio metal estándar, en relación con el período comprendido entre el 1 de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1987, incluidas las fases que precedieron a la adopción del Reglamento definitivo. Puesto que la anulación tuvo un alcance general, la investigación no fue suspendida, sino que se consideró que nunca existió. Por consiguiente, si la Comisión deseaba volver a ocuparse del expediente, debería haber iniciado un nuevo procedimiento ajustándose a las formas requeridas. En el caso de que las prácticas de dumping hubieran subsistido después de adoptarse el Reglamento anulado que puso fin a la primera investigación, la apertura de otra investigación, basada en una nueva denuncia, habría sido la única solución procedimental válida.

67 Según la demandante, si la Comisión pudiera subsanar sobre la marcha sus irregularidades, los procedimientos podrían durar años sin ninguna seguridad jurídica para las empresas.

68 El Consejo señala que la Comisión permitió a todas las partes interesadas ejercer sus derechos en las mismas condiciones que si se hubiera iniciado un nuevo procedimiento. Subraya que se publicó un anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, que se enviaron cuestionarios a las partes afectadas y que se utilizó un nuevo período de referencia. Asegura que la Comisión procedió a verificaciones en las dependencias de las partes que colaboraron en la investigación, que las partes afectadas pudieron consultar el expediente no confidencial y que la Comisión oyó a las partes que así lo habían solicitado.

69 Indica que los nuevos derechos definitivos impuestos a partir del 22 de octubre de 1994, es decir, el día siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial del Reglamento controvertido, se basan en una nueva investigación relativa a un período posterior a la fecha del Reglamento anulado. No se trata de una convalidación, sino de la corrección de prácticas de dumping que continuaron después de la adopción del Reglamento anulado.

70 El Consejo observa, con carácter subsidiario, que toda la argumentación de la demandante se funda en el hecho de que se hable de una «reanudación», supuestamente falsa, de la investigación, siendo así que se trata, según la Comisión, de la «apertura» de un nueva investigación. Además, considera que la demandante no ha probado en qué medida el desarrollo de la investigación habría cambiado respecto a ella si se hubiera calificado de «apertura» de investigación (sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1980, Distillers Company/Comisión, 30/78, Rec. p. 2229, apartado 26, y de 27 de junio de 1991, Al-Jubail Fertilizer y Saudi Arabian Fertilizer/Consejo, C-49/88, Rec. p. I-3187, apartados 23 y 24).

71 PEM y la chambre syndicale sostienen que, en un procedimiento administrativo antidumping, la mayoría de los actos que deben conducir a una decisión en la que finalice formalmente el procedimiento no producen efectos jurídicos y no pueden, por ello, ser objeto de un recurso de anulación. Así ocurre, por ejemplo, en el caso del acto de apertura del procedimiento. Puesto que no pueden ser objeto de un recurso de anulación, tales actos no pueden ser anulados.

72 PEM y la chambre syndicale observan, con carácter subsidiario, que, debido al efecto retroactivo propio de las sentencias de anulación, la declaración de ilegalidad se remonta a la fecha en la que surte efectos el texto anulado. En el presente caso, puesto que la fecha en la que comenzó a surtir efectos el Reglamento nº 2808/89 fue el 22 de marzo de 1989, fecha de entrada en vigor del Reglamento nº 707/89, de 17 de marzo de 1989, antes citado, ningún acto anterior al 22 de marzo de 1989 resultó afectado por la sentencia Extramet II. Es el caso, en particular, del anuncio de apertura del procedimiento antidumping de 26 de enero de 1988. Estiman, por ello, que la sentencia del Tribunal de Justicia no anuló el procedimiento iniciado mediante este anuncio. Por consiguiente, la Comisión podía retomar la investigación en el marco de este procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 1988, Asteris y otros/Comisión, asuntos acumulados 97/86, 99/86, 193/86 y 215/86, Rec. p. 2181, apartado 30).

73 La demandante considera que PEM se equivoca totalmente respecto a las consecuencias de la inadmisibilidad del recurso interpuesto contra actos de trámite. Afirma que la jurisprudencia nunca impidió a una empresa impugnar la legalidad de actos de trámite en el marco de recursos de anulación dirigidos contra las decisiones definitivas (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, asuntos acumulados C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 y C-125/85 a C-129/85, Rec. p. I-1307, y del Tribunal de Primera Instancia de 23 de febrero de 1994, CB y Europay/Comisión, asuntos acumulados T-39/92 y T-40/92, Rec. p. II-49). La demandante niega, por lo demás, la afirmación de PEM de que el procedimiento anterior al acto anulado continúa produciendo efectos debido a que la anulación sólo surte efectos a partir del día de adopción del acto impugnado. Estima que esta solución equivaldría a admitir convalidaciones en cualquier circunstancia y vaciaría de contenido los recursos de anulación.

- Tercera parte: incumplimiento de los requisitos para la convalidación de un acto administrativo

74 En opinión de la demandante, la Comisión pasó por alto los requisitos necesarios para que un acto nulo pueda ser convalidado. Suponiendo que los principios del Derecho comunitario no prohíban la posibilidad de convalidar actos, era necesario que concurrieran los requisitos de la convalidación. Pues bien, no fue así en el presente caso. Por una parte, no es un ámbito en el que la convalidación sea admisible. Por otra parte, se pasaron por alto las exigencias de la convalidación.

75 Asegura que, en el presente asunto, la convalidación no era posible, ya que el Tribunal de Justicia no anuló el Reglamento nº 2808/89 por razones de forma y procedimiento, sino debido a errores cometidos en la apreciación del perjuicio sufrido por la industria comunitaria. Se trató, pues, de una anulación motivada por un error de fondo en la apreciación de uno de los requisitos fundamentales que justifican la adopción de derechos antidumping.

76 La demandante indica que, ciertamente, podría pensarse en una subsanación de errores de procedimiento o de forma. Sin embargo, la convalidación a raíz de una infracción de normas materiales es difícilmente admisible. Pues bien, en el presente caso, el Tribunal de Justicia no examinó en su sentencia los demás motivos invocados por la demandante, a pesar de que se referían a los demás requisitos materiales del Reglamento, entre otros, a la inexistencia de similitud entre los productos. Por consiguiente, nadie, ni siquiera la Comisión, está autorizado para decir cómo se habría pronunciado el Tribunal de Justicia sobre los demás motivos invocados.

77 Afirma que la Comisión asimismo pasó por alto las exigencias de la convalidación, ya que modificó el período de investigación, que, al reanudarse ésta, se extendió del 1 de julio de 1991 al 31 de octubre de 1992, siendo así que inicialmente cubría el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1987.

78 La demandante estima que, si el objetivo era imponer nuevos derechos tomando otro período de referencia, era necesario iniciar un nuevo procedimiento.

79 Discute la argumentación del Consejo, de PEM y de la chambre syndicale según la cual la irregularidad procedimental no tuvo ninguna consecuencia, de manera que no justifica la anulación. Asegura que el hecho de que la Comisión reanudara la investigación, en lugar de iniciar una nueva, sí afectó a la situación de la demandante. No es posible escudarse en la circunstancia de que la Comisión procedió de la misma manera que si se hubiera iniciado un nuevo procedimiento.

80 Considera, pues, erróneo sostener que el hecho de haber optado por reanudar la investigación no lesionó a la demandante. En efecto, la apertura de un nuevo procedimiento habría estado subordinada a la presentación de una denuncia. Sólo PEM, único productor comunitario, podía presentar tal denuncia. Ahora bien, PEM no la habría presentado. En el momento de los hechos, el conseil de la concurrence francés acababa de condenar a PEM, el 31 de marzo de 1992, por abuso de posición dominante, encontrándose aún sub iudice diversos recursos interpuestos contra esta resolución en los que la demandante sostenía que PEM había abusado de su posición dominante al presentar una denuncia antidumping.

81 Habría sido, pues, particularmente inoportuno, cuando el primer procedimiento antidumping había culminado en una sentencia del Tribunal de Justicia que anulaba el Reglamento definitivo, que Péchiney presentara inmediatamente una nueva denuncia, proporcionando así a la cour d'appel de Paris elementos a favor de la tesis de IPS.

82 El Consejo observa que no se trató de una convalidación de los derechos anulados, sino de la imposición de nuevos derechos a partir de la entrada en vigor del Reglamento controvertido. No comparte la tesis de la demandante según la cual el Tribunal de Justicia no anuló el Reglamento nº 2808/89 por razones de forma y procedimiento. En su opinión, los apartados 20 y 21 de la sentencia Extramet II muestran claramente que se trataba de un error de forma, y no de fondo. Aun cuando se hubiera tratado de la infracción de una norma material, la Comisión retomó la investigación desde el principio, por lo que podía imponer nuevos derechos antidumping.

83 A este respecto, el Consejo recuerda que el Tribunal de Justicia no anuló ni el inicio del procedimiento ni la apertura de la investigación, sino sólo el Reglamento adoptado por el Consejo en el marco del procedimiento.

84 PEM y la chambre syndicale explican que, en virtud del artículo 176 del Tratado, la Institución condenada está obligada a hacer desaparecer los efectos jurídicos del acto anulado. Consideran que, en el presente caso, esta exigencia fue satisfecha en la medida en que, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia, los derechos antidumping definitivos y provisionales que habían sido percibidos fueron devueltos, conforme al artículo 16 del Reglamento de base.

85 Invocando la sentencia Asteris y otros/Comisión, antes citada, PEM y la chambre syndicale consideran que la Institución de la que emane el acto anulado no debe limitarse a suprimir las consecuencias pasadas producidas por el acto ilegal, sino que debe tener en cuenta la sentencia de anulación en su conducta venidera, velando por que la ilegalidad declarada por el Juez comunitario no se produzca en el acto destinado a sustituir al acto anulado. Pues bien, estiman que, en el presente asunto, al examinar en profundidad la cuestión de la relación de causalidad entre la existencia del dumping y la del perjuicio, las Instituciones competentes garantizaron la plena ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.

86 Afirman que una irregularidad procedimental sólo es un motivo de anulación cuando, de no haber existido tal irregularidad, la decisión impugnada hubiera podido tener un contenido diferente (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 47, y de 23 de abril de 1986, Bernardi/Parlamento, 150/84, Rec. p. 1375, apartado 28). En el presente caso, el hecho de que la Comisión reanudara la investigación en el marco del procedimiento iniciado el 26 de enero de 1988, sin iniciar un nuevo procedimiento, no tuvo influencia alguna sobre el contenido de la decisión final de las Instituciones competentes, puesto que se colocó a la demandante en la misma e, incluso, en mejor situación que si la Comisión hubiera iniciado un nuevo procedimiento.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

87 Según el Reglamento de base, el procedimiento antidumping consta de varias fases, entre las que figura la investigación. En el curso de un procedimiento pueden practicarse una o varias investigaciones.

88 Conforme a la letra b) del apartado 9 del artículo 7 del Reglamento de base, el procedimiento finalizará, bien sea con la conclusión de la investigación sin imposición de derechos y sin aceptación de compromisos, según dispone el artículo 9 del mismo Reglamento, bien por expiración de los derechos, o bien, por último, por la caducidad de los compromisos con arreglo a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del propio Reglamento.

89 La investigación abierta sólo finaliza si se adoptan medidas definitivas o si se concluye la investigación, conforme a la letra a) del apartado 9 del artículo 7 del Reglamento de base, sin que, por ello, el procedimiento llegue a su fin.

90 Mientras subsiste el procedimiento, pueden presentarse solicitudes de devolución, conforme al artículo 16 del Reglamento de base, y puede abrirse nuevamente la investigación con el fin de volver a examinar las medidas definitivas.

91 En contra de lo que sostiene la demandante, el hecho de que el Reglamento de base no contenga disposiciones específicas sobre las consecuencias jurídicas de una sentencia de anulación no significa que esté totalmente excluido que las Instituciones puedan retomar tanto la investigación como el procedimiento en el curso del cual se adoptaron las medidas definitivas anuladas. En efecto, según el artículo 176 del Tratado, corresponde a la Institución condenada extraer las adecuadas consecuencias de una sentencia de anulación. Por consiguiente, la anulación de un acto que pone fin a un procedimiento administrativo que consta de diferentes fases no implica necesariamente la anulación de todo el procedimiento que precedió a la adopción del acto impugnado, independientemente de los motivos, de fondo o de procedimiento, de la sentencia de anulación (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia Asteris y otros/Comisión, antes citada, apartado 30, y de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C-331/88, Rec. p. I-4023, apartado 34; las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de febrero de 1990, Hochbaum/Comisión, T-38/89, Rec. p. II-43, apartado 13, y de 15 de julio de 1993, Camara Alloisio y otros/Comisión, asuntos acumulados T-17/90, T-28/91 y T-17/92, Rec. p. II-841, apartado 79).

92 En vista de estos principios, es jurídicamente errónea la solución consistente en deducir, de la anulación de un Reglamento por el que se establecen derechos antidumping, la anulación, como consecuencia necesaria, de todo el procedimiento administrativo que lo precedió, solución ésta defendida con carácter principal por la demandante.

93 Para apreciar el fundamento del motivo invocado por la demandante, deben determinarse las consecuencias de la ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia en su sentencia Extramet II. A este respecto, procede recordar que, para adecuarse a la sentencia de anulación y darle plena ejecución, la Institución está obligada a respetar, conforme al artículo 176 del Tratado, no sólo el fallo de la sentencia, sino también los motivos que han conducido a él y que constituyen su sustento necesario (sentencia Asteris y otros/Comisión, antes citada, apartado 27).

94 En el asunto Extramet II, el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento nº 2808/89 porque las Instituciones comunitarias no habían examinado efectivamente la cuestión de si, mediante su negativa de venta, el productor comunitario, es decir, PEM, contribuyó al perjuicio sufrido y no habían probado que el perjuicio objeto de examen no derivaba de los factores alegados por la sociedad Extramet. El Tribunal de Justicia dedujo de sus comprobaciones que las Instituciones no habían procedido correctamente en la determinación del perjuicio (apartado 19 de la sentencia). Por consiguiente, las medidas previas preparatorias de la investigación y, en particular, el inicio del procedimiento conforme al apartado 1 del artículo 7 del Reglamento de base no resultaron afectados por la ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia.

95 De ello se deduce que la Comisión podía válidamente retomar el procedimiento, fundándose en todos los actos de éste no afectados por la nulidad pronunciada por el Tribunal de Justicia -a saber, la denuncia de PEM de julio de 1987, la consulta al Comité consultivo y la decisión de apertura del procedimiento- para llevar a cabo una investigación sobre el mismo período de referencia considerado en el Reglamento nº 2808/89 (anulado por la sentencia Extramet II), investigación limitada a la cuestión de si, mediante su negativa de venta, PEM había contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria. Sin embargo, puesto que la Comisión decidió realizar una nueva investigación relativa a otro período de referencia, se plantea la cuestión de si los requisitos impuestos por el Reglamento de base fueron respetados en el presente caso.

96 Con carácter preliminar, debe recordarse que las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para determinar el período que debe tomarse en consideración para apreciar el perjuicio en el marco de un procedimiento antidumping (sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de noviembre de 1989, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon y otros/Consejo, C-121/86, Rec. p. 3919, apartado 20, y de 7 de mayo de 1991, Nakajiima/Consejo, C-69/89, Rec. p. I-2069, apartado 86).

97 Según el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento de base, la existencia de elementos probatorios de prácticas de dumping que causen un perjuicio a la industria comunitaria es el requisito material necesario y suficiente para que la Comunidad actúe en materia de dumping y, en particular, para la apertura de una investigación.

98 En el presente caso, ningún elemento permitía a la Comisión suponer que las prácticas de dumping hubieran cesado ni que la industria comunitaria ya no sufriera perjuicios. Por el contrario, la Comisión recibió un escrito de PEM en apoyo de la reapertura de la investigación y una nota sobre la apreciación del perjuicio sufrido por la industria comunitaria. En su nota de 1 de julio de 1992, PEM actualizó los datos contenidos en su denuncia del mes de julio de 1987, proporcionando un análisis detallado de los diferentes elementos que justificaban la imposición de medidas antidumping, a saber, el valor normal, el precio de exportación, la comparación de precios, el margen de dumping y el perjuicio, respecto al período comprendido entre 1987 y diciembre de 1991, es decir, para el período más reciente sobre el que se disponía de datos cifrados.

99 En estas circunstancias, puesto que el procedimiento inicial no había sido anulado por la sentencia Extramet II, y dado que las prácticas de dumping persistían, la Comisión no rebasó su margen de apreciación al decidir continuar el procedimiento ya iniciado en 1989 y al practicar una nueva investigación basada en otro período de referencia.

100 Por consiguiente, el motivo de la demandante según el cual la Comisión, al retomar la investigación, actuó sin base jurídica, no respetó la autoridad de cosa juzgada, desnaturalizó el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia y, en todo caso, incumplió los requisitos de convalidación de los actos administrativos, carece de fundamento.

101 A mayor abundamiento, procede señalar que la modificación del período de investigación no vulneró los derechos atribuidos a IPS por la apertura del procedimiento en 1989. En efecto, la Comisión informó a IPS de su intención de reanudar la investigación y le pidió, el 17 de julio de 1992, que le transmitiera sus observaciones sobre la cuestión del perjuicio. A continuación, la Comisión comunicó a IPS, el 14 de octubre de 1992, la nota sobre el perjuicio presentada por PEM y, tras consultar al Comité consultivo, anunció la continuación del procedimiento en el anuncio publicado en el Diario Oficial el 14 de noviembre de 1992, en el que indicó el producto y los países investigados, proporcionó un resumen de la información recibida y precisó que cualquier información útil debía serle comunicada. Informó oficialmente a los exportadores e importadores notoriamente afectados y fijó asimismo el plazo en el que las partes interesadas podían dar a conocer sus puntos de vista por escrito y podían pedir ser oídos. Por último, los puntos 4 a 7 de la exposición de motivos del Reglamento provisional muestran claramente que la investigación se centró tanto en el dumping como en el perjuicio y que el período de investigación cubrió el período comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 31 de octubre de 1992.

102 Por consiguiente, el primer motivo de anulación debe ser desestimado.

Sobre el segundo motivo, relativo a la infracción de los artículos 7 y 8 del Reglamento de base

103 La demandante divide el segundo motivo en tres partes. La primera se refiere a la vulneración de los derechos de defensa: la nota sobre el perjuicio presentada por PEM el 1 de julio de 1992 no fue comunicada a la demandante hasta el 14 de octubre de 1992. La segunda parte se refiere a la infracción del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de base y a la inobservancia del artículo 8 del mismo Reglamento: la Comisión no transmitió a la demandante ciertos documentos presentados por PEM. La tercera parte del motivo se refiere a la infracción del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de base y a la vulneración de los derechos de defensa: la Comisión se negó a comunicar a la demandante ciertas indicaciones esenciales, necesarias para que pudiera presentar observaciones eficaces.

Sobre la primera parte, que se refiere a la infracción de los derechos de defensa, en relación con el retraso en comunicar la nota presentada por PEM el 1 de julio de 1992

- Alegaciones de las partes

104 La demandante señala que, entre el 10 de julio, fecha en la que fue informada de la reanudación de la investigación, y el 18 de noviembre de 1992, fecha en la que esta información le fue confirmada a raíz de la publicación del correspondiente anuncio en el Diario Oficial, transcurrieron tres meses, durante los cuales la Comisión no respetó sus derechos de defensa. Asegura haber tenido conocimiento de forma casual, el 10 de julio de 1992, de la existencia de la nota sobre el perjuicio presentada por PEM el 1 de julio de 1992. Sin embargo, se le pidió que formulara observaciones acerca de la cuestión del perjuicio antes del 17 de agosto de 1992, sin que se le comunicara dicha nota. Por último, afirma no haber sido destinataria de este documento hasta el 14 de octubre de 1992, es decir, después de que hubiera presentado sus observaciones.

105 Estima que la cuestión que se plantea no es si la «reanudación» de una investigación precisaba de un debate contradictorio. En opinión de la demandante, si la tesis del Consejo, de PEM y de la chambre syndicale según la cual la investigación iniciada en 1989 no había concluido fuese correcta, el resultado lógico de tal circunstancia sería que la fase que precedió a la apertura de la investigación ya no tendría razón de ser. Se trataría, entonces, de la segunda fase contemplada por el artículo 7 del Reglamento de base. En tales circunstancias, el procedimiento debería haber sido contradictorio desde la reanudación de la investigación.

106 El Consejo señala que, mediante carta de 17 de julio de 1992, es decir, dos meses antes de la publicación del anuncio en el Diario Oficial, la Comisión había pedido a la demandante que diera a conocer, en su caso, sus observaciones sobre el perjuicio causado por las importaciones del producto considerado, a lo cual respondió la demandante mediante carta de 14 de agosto de 1992. Señala, por lo demás, que la demandante no sostiene que no pudiera formular observaciones sobre la nota de PEM de 1 de julio de 1992. Recuerda que la demandante presentó sus observaciones mediante escrito dirigido a la Comisión el 23 de diciembre de 1992.

107 Considera que la cuestión de si la Comisión debe continuar con una investigación no es una cuestión sujeta a debate contradictorio, puesto que la finalidad de una investigación es determinar si concurren los requisitos para la adopción de medidas antidumping. De la jurisprudencia resulta (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, Rec. p. 2639) que la reanudación de una investigación no es un acto recurrible, puesto que no afecta a la situación de las partes investigadas.

108 PEM y la chambre syndicale alegan que la demandante habría podido, en su caso, pensar que evitaría la reanudación de la investigación si hubiera expuesto su propia interpretación, especialmente sobre la relación de causalidad. A pesar de que se le pidió expresamente en la carta de la Comisión de 17 de julio de 1992, la demandante se negó siempre a dar a conocer sus observaciones sobre el perjuicio antes de la publicación, el 14 de noviembre de 1992, del anuncio de reapertura de la investigación. Estiman que, por consiguiente, renunció a oponerse a esta reapertura. Por ello, el hecho de que no se le comunicara la nota de PEM de 1 de julio de 1992 no puede constituir una vulneración de los derechos de defensa de la demandante.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

109 La carta de la Comisión de 17 de julio de 1992 constaba de dos partes. Por un lado, comunicaba a la demandante que, después de la sentencia Extramet II, que anuló el Reglamento definitivo nº 2808/89, la investigación se reanudaba de iure y, por otro lado, le pedía que presentara observaciones sobre la cuestión del perjuicio sufrido por la industria comunitaria.

110 Por lo que se refiere a la primera parte, la demandante pudo discutir, en sus cartas de 14 y 21 de agosto de 1992, el fundamento de la tesis de la Comisión. A este respecto, como reconoció la demandante durante la vista al responder a una pregunta formulada por el Tribunal de Primera Instancia, el conocimiento del contenido de la nota de PEM de 1 de julio de 1992, de carácter eminentemente técnico, no era indispensable y no le impidió alegar su punto de vista sobre si la Comisión podía reanudar la investigación. Por consiguiente, la transmisión de la nota de PEM el 14 de octubre de 1992 no constituyó una violación de sus derechos procedimentales.

111 Respecto a la segunda parte del escrito de 17 de julio de 1992, la demandante, al menos desde esa fecha, y en todo caso a partir del 14 de octubre del mismo año, fecha en la que recibió la nota de PEM de 1 de julio de 1992, es decir, un mes antes de publicarse, el 14 de noviembre de 1992, el anuncio relativo a un procedimiento antidumping, estuvo en condiciones de hacer valer su punto de vista sobre la existencia de los requisitos materiales que justificaban reanudar la investigación, lo cual, por lo demás, hizo por primera vez el 23 de diciembre de 1992 y, posteriormente, a lo largo del procedimiento administrativo, hasta la consulta al Comité consultivo.

112 Por consiguiente, los derechos procedimentales de la demandante no resultaron vulnerados por la transmisión, el 14 de octubre de 1992, de la nota presentada por PEM el 1 de julio de 1992.

113 A mayor abundamiento, de los autos no resulta que la demandante solicitara por escrito a la Comisión tener acceso a la carta de PEM de 1 de julio de 1992, a pesar de que conocía su existencia desde el 10 de julio de 1992. Al no mediar tal solicitud, presentada con arreglo a la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de base, la Comisión no tenía, en virtud de esta disposición, ninguna obligación de comunicar a la demandante el contenido de la carta.

114 Por consiguiente, procede desestimar la primera parte del motivo.

Sobre la segunda parte, que se refiere a la infracción, por un lado, del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de base, por no haber transmitido la Comisión a la demandante ciertos documentos presentados por PEM, y, por otro lado, del artículo 8 del Reglamento de base

- Alegaciones de las partes

115 La demandante sostiene que la Comisión efectuó una apreciación errónea del carácter confidencial de ciertos documentos.

116 Debido a este error, se negó posteriormente, de forma injustificada, a comunicar los documentos siguientes:

- una carta de PEM dirigida a la Comisión el 19 de agosto de 1993, a la que se adjuntaban una carta de 19 de agosto de 1993 dirigida por PEM a su Abogado, Me Rambaud, el informe de la visita de 17 de agosto de 1993 del representante de PEM, Sr. Plasse, a la fábrica de la demandante, que incluía el visto bueno del presidente de ésta, y cinco cartas intercambiadas entre PEM y la demandante entre el 10 y el 17 de agosto de 1993;

- una carta dirigida por PEM a la Comisión el 11 de agosto de 1993, a la que se adjuntaba una carta de la demandante a PEM de 4 de agosto de 1993;

- una carta dirigida por PEM a la Comisión el 5 de agosto de 1993, a la que se adjuntaban trece cartas intercambiadas entre PEM y la demandante entre el 26 de abril y el 4 de agosto de 1993;

- la nota relativa al trabajo técnico efectuado en la fábrica de PEM de la Roche de Rame, anexa a la carta de PEM a la Comisión de 5 de agosto de 1993.

117 La demandante asegura que todos estos documentos fueron presentados por PEM a medida que avanzaba la investigación, sin que, en ningún momento, se informara de ello a la demandante, y sin que se cumplieran los requisitos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 8 del Reglamento de base. Fue el 29 de septiembre de 1993 cuando, finalmente, supo que se habían incorporado al expediente diversos documentos confidenciales, momento a partir del cual solicitó, en varias ocasiones, que le fueran comunicados.

118 Subraya que, en contra de lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento de base, ningún resumen no confidencial acompañaba a dichos documentos y, especialmente, a la carta dirigida por PEM a la Comisión el 5 de agosto de 1993 en relación con el trabajo técnico efectuado en su fábrica de La Roche de Rame, a las notas internas de PEM y a la carta enviada el 19 de agosto de 1993 por PEM a Me Rambaud.

119 Por lo que respecta, en particular, a la carta de 5 de agosto de 1993, la demandante estima que no podía considerarse que sus cinco líneas introductorias constituyeran un resumen no confidencial en el sentido del Reglamento de base, cuando el documento de que se trataba era una nota técnica de dieciocho páginas.

120 Sea como fuere, aun suponiendo que esta nota técnica o algunos de sus elementos no pudieran ser resumidos de forma no confidencial, el respeto de los derechos de defensa imponía que se hubiera adjuntado a dicha carta la lista de anexos proporcionados por PEM a la Comisión, junto con la mención «confidencial, no transmitido».

121 Por lo demás, afirma que la comunicación de esta nota técnica a la demandante fue el resultado de la obstinación de ésta y no cumple ninguno de los criterios requeridos, tanto por lo que se refiere a la fecha, como al autor o al alcance.

122 La demandante asegura que sólo después de numerosas reclamaciones, tanto ante la Comisión como ante PEM y su Abogado, recibió finalmente la nota técnica el 21 de mayo de 1994, es decir, el día que expiraba el plazo para presentar sus observaciones sobre el Reglamento provisional, y que tuvo entonces que protestar enérgicamente para obtener de la Comisión un plazo adicional de algunos días, lo que explica que su escrito fuera presentado el 27 de mayo de 1994.

123 Por lo que respecta al autor de la transmisión, la demandante señala que, aunque la obligación de comunicación correspondía a la Comisión, fue finalmente PEM quien, en contra de la opinión de su Abogado, aceptó enviarle el documento. Por consiguiente, la Comisión en modo alguno cumplió la obligación que le incumbía de apreciar con total objetividad el carácter confidencial, o no, de los documentos.

124 Por último, respecto al contenido de la transmisión, la demandante sostiene que tres elementos muy confidenciales no le fueron comunicados: el plano del horno de la fábrica, una correspondencia relativa al cable con núcleo y una factura de un artesano local.

125 La demandante estima que la comunicación de la nota técnica era esencial en el contexto del asunto, ya que permitía apreciar la realidad de los esfuerzos hechos por PEM para abastecerla.

126 El Consejo observa que la demandante conocía la existencia de los documentos, puesto que proporcionó la lista de éstos en el anexo 53 de su recurso, lista que la Comisión le había comunicado.

127 Gracias al expediente no confidencial, la demandante estuvo suficientemente informada del contenido de los documentos para ejercer sus derechos de defensa. Afirma que la nota técnica de 5 de agosto de 1993 fue comunicada a la demandante el 21 de mayo de 1994, a excepción de tres elementos muy confidenciales, a saber, el plano del horno de la fábrica de La Roche de Rame, la correspondencia relativa al cable con núcleo y una factura de un artesano local, elementos que no podían resumirse de forma no confidencial. Por otro lado, la demandante presentó sus observaciones sobre la nota técnica en su escrito de 27 de mayo de 1994, al formular sus observaciones sobre el Reglamento por el que se impusieron derechos provisionales.

128 Por lo demás, afirma que la demandante no niega el carácter confidencial de los documentos frente a los exportadores y a los demás importadores.

129 PEM y la chambre syndicale se adhieren a los argumentos del Consejo.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

130 La demandante reprocha a la Comisión, en primer lugar, que calificara erróneamente de confidenciales, al menos respecto a ella, diversos documentos; en segundo lugar, que no le comunicara diversos documentos que figuraban en el expediente, y, en relación con las circunstancias del acceso al expediente, que le comunicara con retraso ciertos documentos del expediente confidencial y no le transmitiera una versión o un resumen no confidencial de algunos de dichos documentos.

131 Estos tres motivos se refieren esencialmente a los cuatro documentos recogidos en la lista de documentos confidenciales enviada por la Comisión a la demandante y mencionados en el apartado 116 supra.

132 Procede señalar que la demandante no afirma que tales documentos no fueran confidenciales frente a terceros. Se limita a subrayar que no lo eran respecto a ella.

133 Por lo que se refiere a la no comunicación o al retraso en la comunicación de ciertos documentos, así como a la inexistencia de una versión no confidencial de los documentos clasificados como confidenciales, procede distinguir, por una parte, aquellos que se indicaban en la lista facilitada por la Comisión a la demandante y que ésta conocía y, por otra parte, aquellos que, aunque se indicaban en las listas que le fueron comunicadas, IPS no conocía.

134 La demandante conocía los siguientes documentos: el informe de la visita efectuada por el Sr. Plasse a IPS el 17 de agosto de 1993; las cinco cartas intercambiadas entre PEM e IPS entre el 10 y el 17 de agosto de 1993 y anexas a la carta de PEM a la Comisión de fecha 19 de agosto de 1993; la carta de IPS a PEM de 4 de agosto de 1993, anexa a la carta enviada por PEM a la Comisión el 11 de agosto de 1993; las trece cartas anexas a la carta enviada por PEM a la Comisión el 5 de agosto de 1993, y la carta enviada por IPS a PEM el 19 de noviembre de 1992.

135 Puesto que la Comisión había calificado de confidenciales estos escritos y había enviado una lista de ellos a la demandante, y considerando el hecho de que ésta disponía de los originales o de una copia de las cartas, la Comisión no estaba obligada ni a comunicar una copia de estos documentos ni a proceder a elaborar una versión no confidencial, al menos respecto de la demandante. En efecto, al proporcionar la lista de la correspondencia cruzada entre PEM y la demandante, facilitada por PEM a la Comisión, ésta permitió a la demandante alegar eficazmente su punto de vista y ejercer plenamente sus derechos procedimentales.

136 Por lo que se refiere a los documentos que la demandante no conocía, a saber, la carta enviada el 19 de agosto de 1993 por PEM a su Abogado, Me Rambaud, las cartas de transmisión dirigidas por PEM a la Comisión los días 5, 11 y 19 de agosto de 1993 y la carta de PEM, de 5 de agosto de 1993, relativa al trabajo técnico efectuado en su fábrica de La Roche de Rame, la Comisión, conforme al apartado 4 del artículo 8 del Reglamento de base, estaba obligada a pedir a PEM una versión no confidencial, a menos que no fuera posible elaborar tal resumen.

137 Sin embargo, el hecho de no comunicar resúmenes no confidenciales sólo podía constituir una vulneración de los derechos procedimentales que justificase la anulación del Reglamento impugnado si la demandante no había tenido un conocimiento suficiente del contenido esencial del documento o de los documentos no comunicados y, por ello, no había podido expresar válidamente su punto de vista sobre su realidad o su pertinencia.

138 Pues bien, no ocurrió así en el presente caso.

139 Por lo que se refiere, en particular, a las cartas dirigidas por PEM a la Comisión los días 5, 11 y 19 de agosto de 1993, la demandante no solicitó por escrito que se le comunicaran, conforme a la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de base. Por consiguiente, la Comisión no estaba obligada a transmitirlas. En efecto, en su carta de 5 de octubre de 1993, la demandante había indicado que había tenido conocimiento de la lista de los documentos dirigidos por PEM a la Comisión y que ya conocía algunos de estos documentos, ya que se trataba de correspondencia intercambiada entre ella y PEM. Por consiguiente, su solicitud de acceso al expediente confidencial de la Comisión, la había limitado a los siguientes documentos: la carta de PEM a Me Rambaud de 19 de agosto de 1993, el informe de la visita del Sr. Plasse a la demandante, de 17 de agosto de 1993, y la carta de 5 de agosto de 1993, de PEM a la Comisión, relativa al trabajo técnico efectuado por PEM en su fábrica de La Roche de Rame.

140 Además, la Comisión confirmó durante la vista, en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, que las cartas dirigidas los días 5, 11 y 19 de agosto por PEM a la Comisión constituían meras cartas de transmisión de la correspondencia cruzada entre la demandante y PEM. Por consiguiente, aun suponiendo que la Comisión hubiera estado obligada a comunicar estos documentos sin mediar la correspondiente solicitud expresa presentada por escrito, el hecho de no haberlos comunicado no implicó, en el presente caso, una vulneración de los derechos procedimentales de la demandante.

141 Por lo que se refiere a la carta dirigida por PEM a su Abogado el 19 de agosto de 1993, la propia demandante reconoció en la vista que la carta era manifiestamente confidencial, refiriéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1982, AM & S Europe/Comisión (155/79, Rec. p. 1575), apartados 21 a 23, 25 y 28, relativa a la protección de las comunicaciones entre un cliente y su Abogado.

142 En cuanto a la nota de PEM de 5 de agosto de 1993, sobre el trabajo técnico efectuado en la fábrica de PEM de La Roche de Rame, era correcto calificarla de documento confidencial en el sentido del artículo 8 del Reglamento de base, puesto que contenía información confidencial sobre los procedimientos de fabricación de PEM. Sin embargo, respecto a dicha nota, debe señalarse que la Comisión no cumplió sus obligaciones en materia de acceso al expediente. En efecto, en primer lugar, respondió a las solicitudes legítimas de la demandante con un retraso considerable. A continuación, no proporcionó un verdadero resumen no confidencial de dicha carta. Por último, no justifica haber hecho los esfuerzos necesarios para conseguir que se comunicara una versión no confidencial del citado documento. En efecto, si PEM decidió transmitir a IPS el documento controvertido, el 21 de mayo de 1994, ello se debió a que la propia IPS, y no la Comisión, así se lo había pedido.

143 Sin embargo, a pesar de todas estas irregularidades, la demandante pudo presentar sus observaciones al respecto, dentro de plazo, el 27 de mayo de 1994, es decir, antes de adoptarse el Reglamento controvertido. Por consiguiente, dichas irregularidades no impidieron a la demandante hacer valer su punto de vista sobre la realidad o la pertinencia del documento.

144 Por lo que se refiere a los tres elementos confidenciales que, contenidos en la nota técnica de PEM de 5 de agosto de 1993, no fueron comunicados a la demandante ni resumidos respecto a ella, es decir, el plano del horno de la fábrica de PEM, una correspondencia relativa al cable con núcleo y una factura de un artesano local, debe observarse, por una parte, que la demandante no niega el carácter confidencial de tales elementos y, por otra parte, que tampoco discute la imposibilidad, invocada por la Comisión, de proceder a la elaboración de un resumen no confidencial. Por último, la demandante no alega no haber estado en condiciones de expresar su punto de vista sobre la nota técnica a causa de la no comunicación de estos tres elementos confidenciales.

145 Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del motivo.

Sobre la tercera parte, que se refiere a la infracción del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de base y a la vulneración de los derechos de defensa, por negarse la Comisión a comunicar a la demandante ciertas indicaciones esenciales para que pudiera presentar observaciones eficaces

- Alegaciones de las partes

146 La demandante alega que no estuvo en condiciones de discutir ciertos elementos necesarios para justificar el establecimiento de los derechos controvertidos. Afirma que, a lo largo de la investigación, discutió diversos elementos considerados por la Comisión para adoptar derechos antidumping, en particular, la elección de Estados Unidos como país de referencia y la infrautilización de las capacidades de producción de PEM, sin que dispusiera en ningún momento de los elementos en los que se había basado la Comisión. La demandante estima que, aunque hubiera podido formalmente expresar su punto de vista sobre los puntos del expediente controvertidos, esta vulneración de sus derechos procedimentales habría existido.

147 Asegura haber pedido a la Comisión, en varias ocasiones, que justificara en qué documentos se había basado para considerar que Estados Unidos constituía el país de referencia, ya que no figuraba en el expediente ningún elemento. A este respecto, reprocha a la Comisión, no que le denegara el acceso al expediente, sino que no le proporcionara indicaciones que justificaran haber elegido Estados Unidos como país de referencia. Estas justificaciones eran, en su opinión, tanto más importantes cuanto que, al tomar como base de cálculo los precios americanos, la Comisión había llegado a unos márgenes exorbitantes y a unos derechos antidumping que no podían sino reforzar la posición de monopolio del productor comunitario. Ya durante la primera investigación la demandante se opuso a la elección de este país y pidió que se tuviera en cuenta el valor calculado del precio del calcio metal.

LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC: 695A0002.1

148 La demandante alega que la Comisión habría podido, bien comunicarle la lista de los clientes del productor americano, para que pudiera verificar qué tipo de producto revendía éste, o bien comunicarle el volumen de sus ventas de producto sin transformar en comparación con las ventas de cable con núcleo. Considera que, por sí solo, este último elemento no habría planteado ningún problema de confidencialidad y habría permitido a IPS verificar si, como pretendía la Comisión, el mercado americano podía escogerse como mercado de referencia.

149 Asimismo, la demandante afirma haber discutido durante la investigación el nivel de utilización de las capacidades de producción de PEM, que, según esta empresa, se ha estabilizado ligeramente por encima del 50 %. A este respecto, asegura haberse enterado durante la investigación de que, en realidad, algunos clientes no podían ser abastecidos por PEM.

150 Estima que el Consejo no puede reprocharle el no haber presentado cifras en contra del porcentaje del 50 % determinado por la Comisión. En efecto, considera que correspondía a la Comisión comunicarle información que le permitiera verificar que había evaluado correctamente los hechos considerados.

151 Indica que la Comisión no proporcionó la menor información sobre los supuestos esfuerzos desplegados por PEM y sobre las inversiones efectuadas por ésta para intentar suministrar a la demandante. Esta se pregunta, pues, cómo pudo la Comisión verificar, por sí sola, que PEM había aportado suficientes elementos probatorios de las inversiones efectuadas en instalaciones, dado el carácter técnico de estos datos, que escapa, pues, a su competencia.

152 El Consejo alega que la correspondencia mantenida por el Abogado de la demandante y la Comisión, entre el 12 de agosto de 1993 y el 22 de agosto de 1994, muestra que la demandante efectivamente discutió los elementos que cita.

153 Añade que la Comisión sólo debe comunicar los elementos solicitados por una parte afectada, y sólo si son relevantes para su defensa y si es posible acceder a la solicitud sin violar el principio de confidencialidad. Sea como fuere, la demandante efectivamente participó en un debate contradictorio sobre los elementos relevantes para su defensa.

154 Respecto a la cuestión del país de referencia, PEM y la chambre syndicale recuerdan que el artículo 8 del Reglamento de base, relativo al tratamiento confidencial de la información, se aplica asimismo a la información proporcionada por las empresas del país de referencia. Por lo que se refiere a los datos utilizados para determinar el valor normal, consideran evidente que estos datos son esencialmente de naturaleza confidencial.

- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

155 Procede verificar si la demandante fue informada con suficiente precisión sobre los hechos y consideraciones por los que se proyectaba proponer la imposición de medidas definitivas a las importaciones de calcio metal originario de China y de Rusia.

156 El expediente no confidencial de la Comisión fue consultado por la demandante en cinco ocasiones, los días 27 de abril de 1993, 4 de octubre de 1993, 17 de mayo de 1994, 8 de julio de 1994 y 26 de julio de 1994.

157 A continuación, mediante escrito de 11 de agosto de 1994, enviado conforme a las letras b) y c) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de base, la Comisión comunicó al Abogado de la demandante los principales hechos y consideraciones por los que se proyectaba proponer la imposición de medidas antidumping definitivas a las importaciones de calcio metal originario de China y de Rusia.

158 Por lo que se refiere a la elección de Estados Unidos como país de referencia, procede señalar que, en el Reglamento provisional, la Comisión indicó de manera detallada, en los puntos 12 a 18 de la exposición de motivos, las razones por las que estimaba que Estados Unidos eran una elección apropiada y razonable con arreglo al apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base.

159 Por su parte, el punto 15 de la exposición de motivos del Reglamento controvertido señala que las Instituciones examinaron las críticas formuladas por IPS sobre la elección del país de referencia en cuanto a la representatividad de las ventas del productor de Estados Unidos considerado y a la similitud de los productos.

160 Por consiguiente, la demandante recibió de la Comisión indicaciones suficientes respecto a los criterios seguidos en la elección de Estados Unidos como país de referencia.

161 El único reproche que podría hacerse a la Comisión sería el no haber proporcionado a la demandante elementos de prueba que justificasen el carácter representativo de las ventas de calcio metal del productor de Estados Unidos considerado a efectos del cálculo del valor normal en su mercado nacional.

162 Sin embargo, el volumen de las ventas realizadas por este productor en su mercado constituye un dato confidencial, lo cual no niega la demandante. Por tanto, la Comisión no estaba obligada a comunicárselo.

163 La Comisión tampoco podía proceder a comunicar los otros dos datos invocados por la demandante (véase el apartado 148 supra), puesto que anteriormente ésta no lo había solicitado.

164 Además, procede declarar, por una parte, que la comunicación a la demandante de la lista de los clientes del productor de Estados Unidos, para permitirle verificar qué tipo de productos revende éste, implicaría comunicar datos confidenciales, lo cual reconoce la propia demandante.

165 Por otra parte, la demandante no ha demostrado que la comunicación del volumen de ventas del producto sin transformar realizadas por el productor americano, en comparación con las ventas de cable con núcleo, no le habría permitido, indirectamente, conocer el volumen de las ventas de calcio metal de dicho productor en su mercado nacional.

166 Por último, no ha demostrado de qué modo la no divulgación de estos datos pudo afectar a sus posibilidades de defensa o al resultado del procedimiento, teniendo en cuenta que, como acertadamente señala el Consejo, la demandante en ningún momento formuló una propuesta alternativa a la elección de Estados Unidos como país de referencia.

167 Por consiguiente, el motivo relativo a la elección de Estados Unidos como país de referencia debe ser desestimado.

168 Por lo que se refiere al hecho de que la Comisión no proporcionara información que permitiera a la demandante apreciar el fundamento de la evaluación relativa al nivel de utilización de las capacidades de producción de PEM, el Reglamento provisional refleja los siguientes datos (puntos 29 a 31 de la exposición de motivos):

- a partir de 1989, el fabricante comunitario invirtió en nuevos hornos e incrementó ligeramente su capacidad de producción (índice de 103 en 1990, 107 en 1991 y 111 en 1992, frente a 100 en 1989);

- la producción fue estable: índice de 88 en 1990, 94 en 1991 y 101 en 1992, frente a 100 en 1989;

- la tasa de utilización de la capacidad reflejó los beneficios del establecimiento de derechos antidumping en 1989, para estabilizarse luego a un nivel inferior, ligeramente por encima del 50 %.

169 En el Reglamento controvertido (punto 20), el Consejo precisa haber examinado las dudas manifestadas por IPS y las verificaciones efectuadas por la Comisión antes de llegar a la conclusión de que la utilización de la capacidad había permanecido a un nivel bajo, fluctuando entre, aproximadamente, el 50 y el 60 % durante dicho período.

170 De lo anterior resulta que la Comisión explicó los parámetros por ella utilizados para llegar a la conclusión de que el porcentaje de utilización de la capacidad de PEM durante el período de la investigación, es decir, la relación entre la producción efectiva y la capacidad de producción de PEM, fluctuaba entre el 50 y el 60 %. Además procedió a un nuevo examen de la cuestión cuando, tras la adopción del Reglamento provisional, se afirmó, sin existir prueba alguna, que ciertos clientes no podían ser abastecidos por PEM.

171 Por consiguiente, el motivo de la demandante según el cual la Comisión no le proporcionó ninguna información que le permitiera apreciar el fundamento de la evaluación que había efectuado del nivel de utilización de la capacidad de PEM debe ser desestimado.

172 Por lo que respecta a los documentos que sirvieron de base para los citados cálculos, en virtud del artículo 8 del Reglamento de base la Comisión no estaba obligada a permitir que la demandante accediera a ellos, ya que presentaban un carácter confidencial, no discutido por la demandante, y no era posible realizar un resumen no confidencial de la información.

173 Además, la demandante no ha demostrado de qué modo la no divulgación de estos documentos pudo afectar a sus posibilidades de defensa o al resultado del procedimiento, teniendo en cuenta que en ningún momento ha presentado pruebas de que los cálculos de la Comisión fueran erróneos.

174 Por lo que respecta al motivo relativo a la supuesta falta de comunicación de los datos referentes a los esfuerzos desplegados por PEM y a las inversiones efectuadas por ésta para intentar abastecer a la demandante, este motivo también debe ser desestimado por las razones expuestas en los puntos 142 a 144 en relación con la segunda parte del motivo.

175 Respecto a la cuestión de si la demandante pudo pronunciarse sobre los hechos y consideraciones por los que se proyectaba proponer la imposición de medidas definitivas a las importaciones de calcio metal originario de China y de Rusia, procede recordar que la demandante pidió ser oída, conforme al apartado 5 del artículo 7 del Reglamento de base. Esta audiencia tuvo lugar el 4 de mayo de 1993.

176 Además, la demandante comunicó a la Comisión su punto de vista a lo largo de toda la investigación, como resulta de la cronología de la correspondencia mantenida entre el Abogado de la demandante y la Comisión, resumida así por el Consejo:

- carta de 31 de mayo de 1994 (anexo 40 de la demanda): la demandante comunica sus observaciones no confidenciales sobre el Reglamento provisional; en este documento, discute la elección de Estados Unidos como país de referencia, el nivel de utilización del 50 % de la capacidad del productor comunitario, la utilidad de las inversiones realizadas por PEM y el criterio de pureza del 96 % considerado por la Comisión; la Comisión le dirigió su respuesta mediante carta de 14 de junio de 1994;

- carta de 11 de julio de 1994 (anexo 42 de la demanda): la demandante responde a la carta de la Comisión de 14 de junio de 1994, confirmando las críticas formuladas en su carta de 31 de mayo de 1994;

- carta de 22 de agosto de 1994 (anexo 62 de la demanda): la demandante transmite sus comentarios sobre la carta de 11 de agosto de 1994 en la que la Comisión expuso los principales hechos y consideraciones por los que se proyectaba proponer la imposición de medidas definitivas; las manifestaciones de la Comisión se refieren, en particular, a la elección del país de referencia, al porcentaje de utilización de la capacidad de PEM, al grado de pureza del calcio y a los esfuerzos desplegados por PEM para intentar suministrar un producto conforme.

177 Es, pues, manifiesto que la demandante tuvo claramente ocasión de pronunciarse sobre la elección del país de referencia, sobre la determinación del porcentaje de utilización de la capacidad de producción de la fábrica de PEM y sobre la información relativa a las inversiones efectuadas por PEM para suministrar a IPS.

178 Así pues, la tercera parte del motivo asimismo debe ser desestimada.

179 Por consiguiente, el motivo debe ser desestimado en su totalidad.

Sobre el tercer motivo, relativo a la infracción del apartado 4 del artículo 4 y del apartado 12 del artículo 2 del Reglamento de base y a la existencia de un error de apreciación manifiesto

Alegaciones de las partes

180 La demandante sostiene que el Consejo y la Comisión concluyeron erróneamente que el calcio metal originario de China y de Rusia, por una parte, y el fabricado por PEM, por otra, eran sustituibles en cuanto a sus usos y, por consiguiente, eran similares en el sentido del apartado 12 del artículo 2 del Reglamento de base. El concepto de similitud es equivalente al de sustituibilidad. Por consiguiente, la similitud entre los productos de que se trata debe analizarse en relación con sus características físicas y técnicas y con sus usos.

181 Según la demandante, el calcio estándar originario de China o de Rusia y el producido por PEM no poseen las mismas características físicas. Afirma que el primero se presenta en forma de ángulos (guijas) brillantes y homogéneos, mientras que el segundo es un calcio en pequeños bloques heteróclitos, de aspecto fibroso y poroso, de superficie siempre mate.

182 Asegura que las características técnicas de los productos son radicalmente diferentes. Los análisis químicos que determinan el contenido de aluminio y de magnesio muestran que no se trata de los mismos productos. Indica que el calcio comunitario presenta un contenido de oxígeno mucho mayor que el calcio de origen chino o ruso. En efecto, según los diferentes contenidos de oxígeno, el nivel de oxidación del calcio de PEM es entre cuatro y cinco veces superior.

183 Pues bien, la demandante afirma no poder utilizar el calcio de PEM debido a su fuerte oxidación en comparación con el calcio de los demás productores del mundo. Indica que el excesivo porcentaje de oxígeno provoca un depósito de cal en los hornos, lo que obstruye sus instalaciones. Por lo demás, PEM reconoce que su calcio contiene un porcentaje de oxígeno mucho más elevado.

184 Para la demandante, esta característica del calcio de PEM es fundamental. Lo es tanto más cuanto que, por tratarse de un producto industrial destinado a la fabricación de un producto derivado, y no de un producto destinado al consumidor final, determina las condiciones de utilización del producto y tiene una considerable incidencia sobre el proceso y sobre los costes de producción. El impacto económico de la diferencia física en el contenido de oxígeno es elevado.

185 Estima que, tanto por razones de Derecho como por razones de hecho, no puede admitirse el argumento de PEM según el cual la diferencia entre los dos productos procede, no del propio calcio, sino del procedimiento específico empleado por la demandante.

186 La circunstancia de que otros usuarios puedan utilizar el calcio metal de PEM prueba, en su opinión, solamente que un mismo producto puede ser utilizado con diversos fines y en condiciones diferentes. El calcio metal estándar puede pertenecer a diferentes mercados. Puede ser utilizado por las industrias del plomo de las ferroaleaciones o como materia prima para la fabricación del calcio dividido. En el primer caso, las diferencias de pureza son indiferentes, al igual que el porcentaje de oxígeno. Por el contrario, el porcentaje de oxígeno es fundamental en el segundo caso, que representa una parte considerable de los usos del calcio.

187 Explica que el calcio metal es una materia prima transformada para ser utilizada en los tres sectores mencionados, a saber, las industrias del plomo (340 toneladas, es decir, el 40 % de las aplicaciones del calcio), el tratamiento de los aceros (570 toneladas, es decir, el 46 % de las aplicaciones del calcio) y los tratamientos de calcio a alta temperatura (100 toneladas, es decir, el 11 % de las aplicaciones del calcio). El calcio estándar de PEM puede ser utilizado sin dificultad en las industrias del plomo, pero, en cambio, es inutilizable para todos los tratamientos de calcio a alta temperatura y para casi la mitad de los productos que sirven para el tratamiento de los aceros.

188 Considera que el razonamiento de PEM está falseado, ya que no puede pasarse del calcio metal-materia prima a los usos finales del producto de