Como destinatario de una decisión que deniega el acceso a documentos con arreglo a la Decisión 2004/258, relativa al acceso público a los documentos del Banco Central Europeo, en su versión modificada por la Decisión 2011/342, el interesado tiene, por ello, derecho a interponer un recurso contra ésta. A este respecto, el derecho del demandante a recurrir contra la citada decisión no puede verse afectado por la eventual inadmisibilidad de su solicitud ante el Banco Central Europeo (BCE).

A este respecto, el Banco no está obligado a dar explicaciones sobre el uso en la motivación de expresiones como «mal funcionamiento de segmentos pertinentes del mercado» y «mecanismo de transmisión». En efecto, se sabe públicamente que, desde principios del año 2010, la Unión ha sufrido la crisis de la deuda soberana y que han aparecido tensiones en algunos mercados de deuda soberana de la zona euro, en particular, debido a una creciente inquietud del mercado sobre la viabilidad de las finanzas públicas a la luz de los déficits presupuestarios muy elevados, especialmente en Grecia. Asimismo, se sabe que estas tensiones se han extendido a otros segmentos de los mercados financieros y que el Banco ha anunciado el programa para mercados de valores a fin de mejorar la eficacia del mecanismo de transmisión de la política monetaria. Además, en cuanto atañe a una decisión dirigida a un solicitante que ha adquirido obligaciones de Estado griegas en su condición de inversor institucional, éste debe ser considerado conocedor del significado del término «mecanismo de transmisión» o capaz de encontrarlo fácilmente, por ejemplo, consultando la página web del Banco.

En materia de acceso del público a los documentos, el Banco Central Europeo dispone de un amplio margen de apreciación respecto a si se puede perjudicar el interés público relativo a la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro, la situación financiera del Banco o de los bancos centrales nacionales del Eurosistema y la estabilidad del sistema financiero de la Unión o de un Estado miembro en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), guiones segundo, tercero y séptimo, de la Decisión 2004/258, relativa al acceso público a los documentos del citado Banco, en su versión modificada por la Decisión 2011/342, por la divulgación de información contenida en documentos cuyo acceso se ha solicitado y, por tanto, el control de legalidad ejercido por el juez de la Unión a este respecto debe limitarse a comprobar el cumplimiento de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos así como la falta de error manifiesto de apreciación y la inexistencia de desviación de poder.

A este respecto, debido al control limitado del juez de la Unión, el cumplimiento de la obligación del Banco de motivar de forma suficiente sus decisiones reviste una importancia aún más fundamental. En efecto, sólo de este modo el juez de la Unión puede comprobar si concurren los elementos de hecho y de Derecho de los que depende el ejercicio de la facultad de apreciación. No obstante, por lo que se refiere a una solicitud de acceso a anexos de un acuerdo de canje entre la República Helénica y el Banco y los bancos centrales nacionales del Eurosistema a tenor del cual obligaciones de Estado griegas, de los que estos últimos eran titulares, se canjearon por nuevas obligaciones de Estado griegas, la obligación de motivación no se opone en modo alguno a que el Banco se base en consideraciones que tuviesen en cuenta el comportamiento hipotético que los participantes en el mercado pudiesen adoptar a raíz de la divulgación de la información contenida en los citados anexos y en los efectos que tal comportamiento pudiese tener para futuras intervenciones. En estas condiciones, el uso por el Banco de una motivación de carácter general está justificado por la preocupación de no desvelar información cuya protección contemplan las excepciones previstas en la Decisión 2004/258.

(véanse los apartados 53 a 55)