8.

En la tercera cuestión se pregunta si, teniendo en cuenta los efectos resultantes de la reducción del precio de mercado del papel subvencionado a través de la contribución anteriormente considerada, dicha contribución no es contraria al Derecho comunitario, por el hecho de que también permite a las papeleras nacionales repartirse la casi totalidad del mercado italiano de papel de periódico, excluyendo a los competidores comunitarios y creando así una situación contraria a los artículos 85 y 86 del Tratado. La demandante en el litigio principal ve un consorcio obligatorio en la relación entre las empresas productoras de celulosa y de papel y las demás empresas consumidoras de celulosa que, en virtud de la Ley no 1435, de 13 de junio de 1935, creadora del Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, forman obligatoriamente parte de este organismo, y estima que este consorcio da lugar a situaciones contrarias a los artículos 85 y 86 del Tratado, debido a que: a) Las papeleras nacionales y el Ente se reparten el mercado italiano del papel de periódico según cuotas de afectación que se determinan por medio de acuerdos adoptados entre el Ente y las papeleras italianas; b) Las papeleras y el Ente acuerdan esencialmente el precio de venta del papel a las empresas editoriales italianas aunque, es cierto, con intervención del CIP; otros acuerdos vincularían a las empresas editoriales agrupadas en el seno de la federación de prensa, por un lado, y a las papeleras y al Ente, por otro. La demandante observa, además, que, en la medida en que dicho Ente compra papel en el extranjero, o dentro del país, para revenderlo a continuación a los usuarios nacionales, ejerce una actividad típicamente mercantil y puede, por tanto, ser considerado como una empresa sometida a las normas sobre la competencia y, en concreto, a la prohibición de acuerdos y abuso de posición dominante. El hecho de que el Ente no ejerza su actividad con fines lucrativos no impide su configuración como empresa en el sentido de los artículos 85 y 86 del Tratado. El Ente podría considerarse, en relación con el resto de sus actividades, como una asociación de empresas, en base al citado artículo 1 de la Ley de 13 de junio de 1935: sus decisiones constituirían decisiones de asociación de empresas, en la medida en que son vinculantes para las empresas que obligatoriamente agrupa. En lo que respecta a los artículos 85 y 86 del Tratado, observamos, en primer lugar, que la cuestión no se refiere al uso concreto que el Ente haga de sus facultades en el marco de su poder discrecional, sino simplemente a la aplicación normal de las normas legales que le son impuestas. Recordando lo que ya señalé en el asunto Geddo (2/73, Rec. 1973, pp. 865 y ss., especialmente p. 892), responderemos pues, a este respecto, que no se puede reprochar al Ente Nazionale Cellulosa e Carta, en su condición de organismo creado y regulado por las leyes estatales, la observancia de dichas leyes, hasta que no se declaren contrarias al Derecho comunitario. En la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el citado asunto, se negó, en términos generales, que el artículo 86 del Tratado pudiera aplicarse a una contribución exigida por un organismo público de un Estado y destinada a financiar ayudas nacionales (ibidem, p. 879, apartado 9). El mismo criterio debería aplicarse, con mayor razón, al artículo 85, al no existir ninguna posibilidad de elección para las empresas obligatoriamente agrupadas en un organismo estatal que actúa frente a ellas, no como su órgano común, sino de manera autoritaria, para la consecución del interés público fijado por la ley del Estado. Establecer, pues, si en el caso concreto es posible detectar la existencia de medidas estatales adoptadas, o mantenidas, con relación al Ente, en contradicción con los artículos 85 y 86, según lo establecido en el artículo 90 del Tratado, exigiría un análisis concreto de los hechos, comportamientos y circunstancias que el Tribunal de Justicia no puede efectuar al pronunciarse con carácter prejudicial en virtud del artículo 177 del Tratado; el Juez nacional tampoco podría hacerlo adecuadamente, teniendo en cuenta el hecho de que, en general, el artículo 90 se presta mal a una aplicación directa, en tanto la Comisión no ejerza las facultades que el citado artículo 90 le confiere, de conformidad con lo que el Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de observar respecto del apartado 2 de dicho artículo (sentencia «Porto de Mertert», 10/71, Rec. 1971, pp. 723 y ss., especialmente p. 730).