Para que pueda achacarse al legislador de la Unión haber vulnerado el principio de igualdad de trato, es necesario que este haya tratado de manera diferente situaciones comparables, dando lugar a una desventaja para determinadas personas respecto de otras.

Se puede imponer contra su voluntad a los funcionarios comprendidos en una franja de edad de entre 55 y 66 años, y por lo tanto potencialmente sujetos a la medida prevista en el artículo 42 quater del Estatuto de los Funcionarios, un cambio de su posición administrativa consistente en que dejan de estar en «servicio activo» en el sentido del artículo 36 del Estatuto y son declarados en «excedencia por interés del servicio». Además, estos funcionarios no pueden evolucionar en su carrera debido a que, en virtud del artículo 42 quater, párrafo sexto, letra b), del Estatuto, dejan de tener derecho a la subida de escalón o a la promoción de grado. En cambio, los funcionarios a los que el artículo 42 quater del Estatuto no resulta aplicable no padecen esas desventajas en lo que atañe a su carrera. Por otra parte, los funcionarios a los que se declara en situación de excedencia por interés del servicio sufren, sin duda, una reducción de sus ingresos profesionales comparados con los funcionarios no comprendidos en la franja de edad de que se trata y a los que, por tanto, no es aplicable el artículo 42 quater del Estatuto. Por consiguiente, el artículo 42 quater del Estatuto establece una diferencia de trato por razón de edad.

En lo que atañe a los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, procede señalar, por una parte, que esta diferencia de trato por razón de edad está establecida por la «ley» en el sentido de dicho artículo, puesto que esa disposición tiene su origen en el Reglamento n.o 1023/2013, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, y, por otro lado, se refiere a una cuestión de alcance limitado en el contexto de la función pública de la Unión: la de la declaración en situación de excedencia por interés del servicio de determinados funcionarios que cumplan una serie de requisitos, entre ellos el relativo a la edad. Por consiguiente, esta diferencia de trato «respeta el contenido esencial» del principio de no discriminación en el sentido de dicho artículo. Además, se ha acreditado la existencia del objetivo de optimizar la inversión dedicada a la formación profesional de los funcionarios, perseguido por el legislador de la Unión mediante la diferencia de trato por razón de edad establecida en el artículo 42 quater del Estatuto. Este objetivo constituye un objetivo «de interés general reconocido por la Unión» en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Por lo que respecta al carácter proporcional del trato, debe reconocerse al legislador de la Unión un amplio margen de apreciación al definir las medidas que puedan alcanzar un objetivo de interés general en el contexto de la política de personal. En este sentido, no parece irrazonable que el legislador de la Unión estimara necesario establecer la excedencia por interés del servicio solo para los funcionarios que se encuentren en la franja de edad de que se trata y no para los funcionarios no incluidos en dicha franja, con el fin de lograr el objetivo legítimo de optimizar la inversión en formación profesional.

(véanse los apartados 89 a 94, 96, 97, 106, 108, 114 y 126)