Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 14 de mayo de 1998. - BPB de Eendracht NV, anteriormente Kartonfabriek de Eendracht NV, contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE - Derechos de defensa - Prueba de la participación en colusiones - Intercambio de información - Orden conminatoria - Multa - Motivación - Determinación de la cuantía - Cooperación durante el procedimiento administrativo. - Asunto T-311/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-01129



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 Competencia - Procedimiento administrativo - Pliego de cargos - Contenido necesario

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 4)

2 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Motivo relativo a la falta o insuficiencia de motivación - Motivo relativo a la inexactitud de la motivación - Distinción

(Tratado CE, art. 190)

3 Competencia - Prácticas colusorias - Prueba - Indicios alegados por la Comisión - Apreciación

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

4 Competencia - Prácticas colusorias - Participación en reuniones de empresas cuyo objetivo es contrario a la competencia - Circunstancia que, al no haberse producido un distanciamiento con respecto a las decisiones adoptadas, permite afirmar la participación en las subsiguientes prácticas colusorias

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

5 Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos y prácticas concertadas que constituyen una infracción única - Empresas a quienes puede reprocharse la infracción consistente en la participación en un cartel global - Criterios

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

6 Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Obligaciones impuestas a las empresas - Proporcionalidad - Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

7 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Gravedad y duración de las infracciones - Elementos de apreciación - Posibilidad de elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

8 Competencia - Multas - Principio de igualdad de trato - Reducción de la cuantía de las multas - Diferencias en función de la actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo - Procedencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

9 Competencia - Multas - Cuantía - Determinación - Criterios - Actitud de la empresa durante el procedimiento administrativo

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

Índice

1 El pliego de cargos, cuyo objeto es facilitar a las empresas que son objeto de un procedimiento de Derecho de la competencia todos los elementos necesarios para que puedan defenderse de forma eficaz antes de que la Comisión adopte una Decisión definitiva, debe estar redactado en términos suficientemente claros, aunque sean resumidos, como para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que la Comisión les reprocha.

2 La motivación de una Decisión que contiene una imputación debe permitir al Juez comunitario ejercer su control de legalidad y al interesado conocer las justificaciones de la medida adoptada, para poder hacer valer sus derechos y comprobar si la Decisión está o no fundada.

De ello se deduce que la falta o insuficiencia de motivación constituye un vicio sustancial de forma, distinto, en cuanto tal, del motivo basado en la inexactitud de la fundamentación de la Decisión, cuyo control forma parte del examen del fondo de dicha Decisión.

3 Los indicios que la Comisión invoca en una Decisión para probar la existencia de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado por parte de una determinada empresa no deben valorarse de manera aislada, sino globalmente.

4 El hecho de que una empresa no se pliegue a los resultados de reuniones cuyo objeto sea manifiestamente contrario a las normas sobre la competencia y en las que dicha empresa ha participado no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su participación en el acuerdo, siempre que no se haya distanciado públicamente del contenido de las reuniones.

5 Para que la Comisión pueda imputar a cada una de las empresas destinatarias de una Decisión de aplicación de las normas sobre competencia responsabilidad, durante un período determinado, por un cartel global que abarca diversos comportamientos contrarios a la competencia, tiene que acreditar que cada una de dichas empresas, bien prestó su consentimiento para la adopción de un plan global que incluyera los elementos constitutivos del cartel, o bien participó directamente, durante dicho período, en todos los referidos elementos. También puede imputarse a una empresa la responsabilidad por un cartel global, aun cuando se haya acreditado que participó directamente sólo en uno o varios de los elementos constitutivos de dicho cartel, si sabía o necesariamente tenía que saber, por un lado, que la colusión en la que participaba formaba parte de un plan global y, por otro lado, que dicho plan global abarcaba la totalidad de los elementos constitutivos del cartel. De ser así, el hecho de que la empresa de que se trate no haya participado directamente en todos los elementos constitutivos del cartel global no puede disculparla de la responsabilidad por la infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Esa circunstancia puede, no obstante, tenerse en cuenta al evaluar la gravedad de la infracción apreciada en su contra.

6 La aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 puede suponer la prohibición de continuar determinadas actividades, prácticas o situaciones declaradas ilegales, pero también la de emprender en el futuro una conducta similar. Además, en la medida en que la aplicación de esta disposición debe efectuarse en función de la naturaleza de la infracción de las normas sobre competencia comprobada, la Comisión tiene la facultad de precisar el alcance de las obligaciones impuestas a las empresas para poner fin a dicha infracción. No obstante, tales obligaciones impuestas a las empresas no deben ir más allá de los límites de lo necesario y adecuado para alcanzar el fin perseguido, a saber, el restablecimiento de la legalidad en relación con las normas que se hayan infringido.

Una prohibición destinada a impedir el intercambio de datos puramente estadísticos que no tengan el carácter de información individual o individualizable no cumple los requisitos exigidos para la aplicación del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, toda vez que no se deduce de la Decisión que la Comisión considerase que dicho intercambio constituía en sí una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y puesto que el mero hecho de que un sistema de intercambio de datos estadísticos pueda utilizarse con fines contrarios a la competencia no lo hace contrario a dicha disposición, ya que, en tales circunstancias, procede comprobar in concreto sus efectos contrarios a la competencia.

7 En su apreciación del nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta la circunstancia de que las infracciones patentes a las normas comunitarias sobre competencia son aún relativamente frecuentes y, por lo tanto, está autorizada a elevar el nivel de las multas para reforzar su efecto disuasorio. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado unas multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria sobre la competencia.

Además, al fijar el nivel general de las multas, la Comisión puede tener en cuenta, en particular, la larga duración y el carácter patente de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado que se cometió pese a la advertencia que debería haber constituido la práctica de las Decisiones anteriores de la Comisión.

8 El principio general de igualdad de trato sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado. La Comisión no vulnera este principio al conceder, o no, una reducción de la cuantía de las multas en función de la colaboración de cada empresa con la Comisión durante el procedimiento administrativo.

9 Al determinar la cuantía de la multa que debe imponerse por infracción de las normas comunitarias sobre competencia, una reducción de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa investigada permitió a la Comisión apreciar una infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin.

A este respecto, una empresa que declara expresamente que no niega las alegaciones de hecho en las que la Comisión basa sus imputaciones ha contribuido a facilitar la labor de la Comisión consistente en la comprobación y represión de las infracciones a las normas comunitarias en materia de competencia.

No ocurre así cuando una empresa niega en su contestación al pliego de cargos la parte esencial o la totalidad de las alegaciones presentadas en él por la Comisión, se abstiene de contestar o declara únicamente no pronunciarse sobre las alegaciones de hecho formuladas por ésta. En efecto, al adoptar tal actitud durante el procedimiento administrativo, la empresa no contribuye a facilitar la labor de la Comisión.

Partes

En el asunto T-311/94,

BPB de Eendracht NV, anteriormente Kartonfabriek de Eendracht NV, sociedad neerlandesa, con domicilio social en Appingedam (Países Bajos), representada por Me Alexandre Vandencasteele, Abogado de Bruselas, y por el Sr. Gordon Boyd Buchanan Jeffrey, Solicitor de Liverpool, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Arendt y Medernach, 8-10, Rue Mathias Hardt,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por el Sr. Richard Lyal, miembro de su Servicio Jurídico, y la Sra. Rosemary Caudwell, funcionaria nacional adscrita a la Comisión, en calidad de Agentes, y posteriormente por el Sr. Lyal, asistido por Me James Flynn, Barrister en Inglaterra y País de Gales, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 - Cartoncillo) (DO L 243, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Tercera ampliada),

integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y por el Sr. C.P. Briët, la Sra. P. Lindh y los Sres. A. Potocki y J.D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista del 25 de junio de 1997 al 8 de julio de 1997;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Antecedentes de hecho del litigio

1 El presente asunto se refiere a la Decisión 94/601/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/C/33.833 - Cartoncillo) (DO L 243, p. 1), rectificada, antes de su publicación, por la Decisión de la Comisión de 26 de julio de 1994 [C(94) 2135 final] (en lo sucesivo, «Decisión»). La Decisión impuso multas a diecinueve fabricantes proveedores de cartoncillo de la Comunidad por haber infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

2 El producto que constituye el objeto de la Decisión es el cartoncillo. La Decisión menciona tres tipos de cartoncillo, correspondientes a las calidades «GC», «GD» y «SBS».

3 El cartoncillo de calidad GD (en lo sucesivo, «cartoncillo GD») es un cartoncillo de tercera (a base de papel reciclado) que normalmente se utiliza para el embalaje de productos no alimentarios.

4 El cartoncillo de calidad GC (en lo sucesivo, «cartoncillo GC») es un cartoncillo que lleva una capa exterior blanca y se suele utilizar para el embalaje de productos alimentarios. El cartoncillo GC es de calidad superior a la del cartoncillo GD. Durante el período contemplado por la Decisión existió generalmente entre estos dos productos una diferencia de precio próxima al 30 %. El cartoncillo GC se utiliza también, en menor medida, para las artes gráficas.

5 SBS es la sigla utilizada para designar el cartoncillo blanco homogéneo (en lo sucesivo, «cartoncillo SBS»). Se trata de un cartoncillo cuyo precio es superior al del cartoncillo GC en, aproximadamente, un 20 %. Se utiliza para el embalaje de productos alimentarios, cosméticos, medicamentos y cigarrillos, pero se destina principalmente a las artes gráficas.

6 Mediante escrito de 22 de noviembre de 1990, la British Printing Industries Federation, organización profesional que representa a la mayoría de los impresores de cartoncillo del Reino Unido (en lo sucesivo, «BPIF»), presentó una denuncia informal ante la Comisión. En ella afirmaba que los productores de cartoncillo proveedores del Reino Unido habían llevado a cabo una serie de aumentos de precios uniformes y simultáneos, por lo que pedía a la Comisión que investigara si se había producido una infracción de las normas comunitarias sobre competencia. Para asegurarse de que su iniciativa recibiera una publicidad suficiente, la BPIF publicó un comunicado de prensa. En diciembre de 1990, la prensa profesional especializada difundió el contenido de dicho comunicado.

7 El 12 de diciembre de 1990, la Fédération française du cartonnage presentó también una denuncia informal ante la Comisión, en la que formulaba observaciones relativas al mercado francés del cartoncillo en términos parecidos a los de la denuncia de la BPIF.

8 Los días 23 y 24 de abril de 1991, agentes de la Comisión llevaron a cabo, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento nº 17»), unas inspecciones efectuadas simultáneamente y sin previo aviso en los locales de una serie de empresas y asociaciones comerciales del sector del cartoncillo.

9 Una vez realizadas dichas investigaciones, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17, la Comisión dirigió varias solicitudes de información y de documentos a todos los destinatarios de la Decisión.

10 Los elementos obtenidos en dichas verificaciones y solicitudes de información y de documentos llevaron a la Comisión a la conclusión de que las empresas de que se trataba habían participado, al menos entre mediados de 1986 y abril de 1991 (la mayoría de ellas), en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

11 Por ello, la Comisión decidió iniciar un procedimiento con arreglo a dicha disposición. Mediante escrito de 21 de diciembre de 1992, dirigió un pliego de cargos a cada una de las empresas afectadas. Todas las empresas destinatarias presentaron observaciones escritas. Nueve empresas solicitaron ser oídas. Entre el 7 y el 9 de junio de 1993 tuvo lugar la audiencia.

12 Al finalizar dicho procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión, que contiene las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard-the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek "De Eendracht" NV (cuyo nombre comercial es BPB De Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (antes Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbh, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [antes Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (antes Tampella Española SA) y Moritz J. Weig GmbH & Co KG han infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE al participar:

- en el caso de Buchmann y Rena, desde aproximadamente marzo de 1988 hasta, como mínimo, finales de 1990;

- en el caso de Enso Española desde, como mínimo, marzo de 1988 hasta, por lo menos, abril de 1991;

- en el caso de Gruber & Weber desde, como mínimo, 1988 hasta finales de 1990;

- en la mayor parte de los casos, desde mediados de 1986 hasta finales de abril de 1991,

en un acuerdo y una práctica concertada iniciados a mediados de 1986 por los cuales los proveedores de cartoncillo en la Comunidad:

- se reunían periódicamente con carácter secreto e institucionalizado con objeto de discutir y adoptar un plan industrial común para restringir la competencia;

- acordaban incrementos periódicos de precios para cada una de las calidades del producto en cada moneda nacional;

- planeaban y aplicaban incrementos de precios uniformes y simultáneos en toda la Comunidad;

- llegaban a un acuerdo para mantener las cuotas de mercado de los principales fabricantes a unos niveles constantes (sujetos a modificación de forma esporádica);

- aplicaban (progresivamente desde el comienzo de 1990) medidas concertadas para controlar el suministro del producto en la Comunidad con el fin de garantizar la efectividad de los mencionados incrementos de precios;

- intercambiaban información comercial (sobre entregas, precios, interrupciones de la producción, carteras de pedidos y porcentajes de utilización de la maquinaria) para reforzar las medidas antes citadas.

[...]

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas que se citan a continuación en relación con la infracción descrita en el artículo 1:

[...]

viii) BPB De Eendracht NV, una multa de 1.750.000 ECU;

[...]»

13 Según la Decisión, la infracción se produjo en el seno de un organismo denominado «Product Group (o PG) Paperboard» («Grupo de estudio del producto Cartoncillo»; en lo sucesivo, «GEP Cartoncillo»), compuesto por varios grupos o comités.

14 Este organismo fue provisto, a mediados de 1986, de un «Presidents Working Group» (en lo sucesivo, «PWG») compuesto por altos representantes de los principales fabricantes de cartoncillo de la Comunidad (ocho, aproximadamente).

15 Las actividades del PWG consistían, en particular, en los debates y concertación sobre los mercados, las cuotas de mercado, los precios y la capacidad de producción. En especial, el PWG tomaba decisiones de carácter general relativas al momento y la magnitud de los incrementos de precio que debían aplicar los productores de cartoncillo.

16 El PWG informaba a la «President Conference» (en lo sucesivo, «PC»), en la que participaba (con mayor o menor regularidad) la práctica totalidad de los directores generales de las empresas. La PC se reunió, durante el período de que se trata, dos veces al año.

17 A finales de 1987 se creó el «Joint Marketing Committee» (en lo sucesivo, «JMC»). El cometido principal del JMC consistía, por una parte, en determinar si se podían aplicar los incrementos de precio, y en caso afirmativo la manera en que se deberían efectuar y, por otra parte, en determinar los pormenores de las iniciativas de precios decididas por el PWG, país por país y para los principales clientes, con objeto de establecer un sistema equivalente de precios en Europa.

18 Por último, el «Economic Committee» (en lo sucesivo, «EC») debatía, entre otras materias, sobre las fluctuaciones de precios en los mercados nacionales y la cartera de pedidos, y comunicaba sus conclusiones al JMC o, hasta finales de 1987, al «Marketing Committee», predecesor del JMC. El EC estaba compuesto por los directores comerciales de la mayor parte de las empresas de que se trata y se reunía varias veces al año.

19 Se desprende asimismo de la Decisión que la Comisión consideró que las actividades del GEP Cartoncillo se apoyaban en un intercambio de información a través de la compañía fiduciaria FIDES, con domicilio social en Zúrich (Suiza). Según la Decisión, la mayor parte de los miembros del GEP Cartoncillo facilitaban a FIDES periódicamente informes sobre los pedidos, la producción, las ventas y la utilización de la capacidad. En el marco del sistema FIDES se cotejaban los informes y se enviaban a los participantes los datos considerados conformes.

20 La demandante, BPB de Eendracht NV, anteriormente denominada Kartonfabriek de Eendracht NV, es un fabricante de cartoncillo GD. Según la Comisión, la demandante participó en reuniones de la PC, del JMC y del EC durante el período comprendido entre mediados de 1986 y abril de 1991.

Procedimiento

21 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de octubre de 1994, la demandante interpuso el presente recurso.

22 Dieciséis de las restantes dieciocho empresas consideradas responsables de la infracción interpusieron asimismo recursos contra la Decisión (asuntos T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 y T-354/94).

23 La demandante en el asunto T-301/94, Laakmann Karton GmbH, desistió de su recurso mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de junio de 1996 y, mediante auto de 18 de junio de 1996, Laakmann Karton GmbH/Comisión (T-301/94, Rec. p. II-0000), el asunto fue archivado, haciéndose constar en el Registro del Tribunal de Primera Instancia.

24 Cuatro empresas finlandesas, miembros de la agrupación comercial Finnboard y consideradas, como tales, solidariamente responsables del pago de la multa impuesta a ésta, interpusieron igualmente recursos contra la Decisión (asuntos acumulados T-339/94, T-340/94, T-341/94 y T-342/94).

25 Por último, interpuso un recurso la asociación CEPI-Cartonboard, que no era destinataria de la Decisión. Sin embargo, desistió de él mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de enero de 1997, y el asunto fue archivado mediante auto de 6 de marzo de 1997, CEPI-Cartonboard/Comisión (T-312/94, Rec. p. II-0000), haciéndose constar en el Registro del Tribunal de Primera Instancia.

26 Mediante escrito de 5 de febrero de 1997, el Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a una reunión informal para que presentaran sus observaciones sobre la posible acumulación de los asuntos T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 y T-354/94 a efectos de la fase oral del procedimiento. En dicha reunión, que se celebró el 29 de abril de 1997, las partes aceptaron tal acumulación.

27 En respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión indicó, mediante fax de 20 de mayo de 1997, que los documentos relativos a la Association of Cartonboard Manufacturers (en lo sucesivo, «ACBM»), no comunicados a la demandante durante el procedimiento administrativo seguido ante la Comisión, podían serle transmitidos. Mediante escrito de 21 de mayo de 1997, la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia informó a la demandante de la posibilidad de consultar dichos documentos.

28 Mediante auto de 4 de junio de 1997, el Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los asuntos mencionados a efectos de la fase oral por razón de su conexión, con arreglo a lo previsto en el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento, y acogió una petición de tratamiento confidencial presentada por la demandante en el asunto T-334/94.

29 Mediante auto de 20 de junio de 1997, acogió una petición de tratamiento confidencial presentada por la demandante del asunto T-337/94 con respecto a un documento aportado en respuesta a una pregunta formulada por escrito por el Tribunal de Primera Instancia.

30 Visto el Informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral y acordó la práctica de diligencias de ordenación del procedimiento, pidiendo a las partes que respondieran a determinadas preguntas escritas y que aportaran ciertos documentos. Las partes así lo hicieron.

31 En la vista celebrada entre el 25 de junio y el 8 de julio de 1997 se oyeron los informes de las partes de los asuntos mencionados en el apartado 26 y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

32 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión.

- Con carácter subsidiario, anule el artículo 2 de la Decisión.

- Con carácter subsidiario de segundo grado, declare que el período de la infracción supuestamente cometida no se extiende desde mediados de 1986 a abril de 1991.

- Con carácter subsidiario de tercer grado, declare que el ámbito geográfico cubierto por la infracción supuestamente cometida es erróneo.

- Con carácter absolutamente subsidiario, reduzca el importe de la multa.

- Condene en costas a la Comisión.

33 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Sobre la pretensión de anulación de la Decisión

34 La demandante invoca cuatro motivos de anulación. El primer motivo se refiere a una vulneración de los derechos de defensa consistente en que la Comisión no precisó en el pliego de cargos ni en la Decisión la conducta de cada uno de los productores. El segundo motivo se refiere asimismo a una vulneración de los derechos de defensa, consistente en que la Comisión no comunicó la totalidad de los documentos. El tercer motivo se basa en la infracción del artículo 190 del Tratado. Por último, según el cuarto motivo, la Comisión infringió el artículo 85 del Tratado al cometer un error manifiesto de apreciación de hecho y de Derecho.

35 Procede examinar en primer lugar los motivos primero y tercero, a continuación el cuarto motivo y, por último, el segundo motivo.

A. Sobre el motivo relativo a la vulneración de los derechos de defensa consistente en que la Comisión no precisó en el pliego de cargos ni en la Decisión la conducta de cada uno de los productores

Alegaciones de las partes

36 La demandante no discute que la Comisión puede probar la participación en la infracción de cada uno de los destinatarios de la Decisión demostrando, en primer lugar, la existencia y el funcionamiento, así como los aspectos más destacados del cartel en su conjunto y, posteriormente, por una parte, la existencia de pruebas verosímiles y concluyentes del vínculo de cada uno de los fabricantes con el sistema común y, por otra, el período en el que participó cada productor en él (puntos 116 y 117 de la exposición de motivos de la Decisión).

37 Sin embargo, según la demandante, en primer lugar la Comisión no identificó correctamente el sistema censurado, al no haber determinado con exactitud su ámbito ni su alcance. A este respecto, la demandante considera erróneo suponer que todos los productores que eran miembros del GEP Cartoncillo e integraban sus diferentes órganos participaron en el cartel (párrafo primero del punto 119 de la exposición de motivos de la Decisión). Asimismo, considera erróneo suponer que las actividades del EC formaban parte del sistema ilegal (párrafo segundo del mismo punto de la exposición de motivos). Además, la conclusión de la Comisión según la cual todos los órganos del GEP Cartoncillo tenían fines predominantemente ilegales no tiene en cuenta el papel desempeñado por la PC ni por el EC. Por lo que respecta al JMC, la demandante estima que sólo cinco de las veintinueve reuniones celebradas durante el período de autos pudieron ocuparse de la fijación de precios.

38 En segundo lugar, la demandante afirma que la Comisión debe probar que la Decisión permite a todos y cada uno de los destinatarios identificar con precisión los cargos formulados en su contra (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Solvay/Comisión, T-12/89, Rec. p. II-907, apartado 276). Ahora bien, sostiene que, en su caso, no se atendió dicha exigencia. En efecto, asegura que, en contra de lo que declara la Comisión en el punto 118 de la exposición de motivos de la Decisión, no existen pruebas directas que permitan demostrar su participación en la infracción.

39 La demandante rechaza la afirmación de la Comisión según la cual «no existe indicación alguna de que cada fabricante pudiese elegir los aspectos del cartel a los que querían adherirse, excluyendo los restantes» (párrafo tercero del punto 116 de la exposición de motivos). Para llegar a esta conclusión, la Comisión debería haber demostrado que una empresa no podía participar en un aspecto de dicho sistema sin participar en todos ellos. Ahora bien, la propia Comisión reconoció que algunos de los elementos más importantes del supuesto sistema estaban reservados a los grandes productores (puntos 36, 51 y 71 de la exposición de motivos).

40 Además, la demandante asegura que la Comisión presumió la culpabilidad de empresas (último párrafo del punto 116 de la exposición de motivos) contra las que no existía ninguna prueba documental, violando así el principio de la presunción de inocencia.

41 Por lo que respecta a la demandante, sólo considera válidas las imputaciones precisadas en el informe individual que acompañaba al pliego de cargos, a saber, las relativas a una participación en incrementos de precio concertados en abril de 1989, abril de 1990 y enero de 1991 en el Reino Unido.

42 La demandante pretende que, en el pliego de cargos, no fue acusada de participar en el incremento de precios concertado de 1987 en el Reino Unido. En su opinión, la Comisión no podía subsanar esta situación limitándose a dejar constancia, en un escrito de 4 de mayo de 1993, de la existencia de un anexo técnico a los documentos relativos a las iniciativas de precios.

43 La Comisión recuerda el enfoque que siguió, expuesto en los puntos 116 y 117 de la exposición de motivos de la Decisión.

44 A su entender, no está obligada a subdividir la conducta continuada de las empresas en varias infracciones distintas, y la participación de cada uno de los productores en una u otra ocasión o aspecto concretos del cartel no queda desmentida por el mero hecho de que no se haya demostrado su implicación mediante pruebas directas (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1991, Rhône-Poulenc/Comisión, T-1/89, Rec. p. II-867, apartado 126).

45 En todo caso, en respuesta a las alegaciones de la demandante, afirma que se determinaron correctamente el alcance y la extensión exactos del sistema común (punto 119 de la exposición de motivos de la Decisión).

46 Además, asegura que las imputaciones formuladas en contra de la demandante fueron suficientemente identificadas en el pliego de cargos y la Decisión.

47 Por último, la Comisión afirma que la participación de la demandante en el cartel queda probada por el hecho de que fuera miembro del GEP Cartoncillo y de que, durante el período considerado, participara regularmente en reuniones de la PC, del JMC y del EC.

48 En relación con la afirmación de la demandante según la cual las únicas imputaciones identificadas en su contra de manera válida son las formuladas en el informe individual, a saber, su participación en incrementos de precio concertados en 1989, 1990 y 1991 en el Reino Unido, la Comisión alega que la demandante se negó deliberadamente a efectuar una lectura conjunta del pliego de cargos y del informe individual, pese a la advertencia expresa en dicho sentido que figuraba en un recuadro en el informe individual, en la página 75 del pliego de cargos y en el escrito de la Comisión de 4 de mayo de 1993. En consecuencia, considera infundadas las alegaciones de la demandante relativas al incremento de precios concertado de 1987.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

49 No puede acogerse la argumentación de la demandante según la cual se vulneraron sus derechos de defensa por el hecho de que la Comisión no precisara en la Decisión la conducta de cada uno de los productores.

50 En efecto, en la medida en que pretende demostrar que las imputaciones formuladas contra la demandante no están expuestas de una manera suficientemente clara en la Decisión, debe examinarse en el marco del motivo relativo a la vulneración de la obligación de motivación. Por lo demás, en la medida en que supone la negación, por parte de la demandante, de la existencia en la Decisión de una prueba de su participación en el cartel, forma parte del examen del fundamento de la Decisión, de modo que carece de pertinencia en el presente contexto.

51 Tampoco puede acogerse la argumentación de la demandante según la cual las únicas imputaciones válidamente formuladas en su contra son las expuestas en el informe individual que acompaña al pliego de cargos.

52 A este respecto, basta con señalar que en una nota introductoria a dicho informe individual dirigido a la demandante se indica expresamente que «el informe individual y el pliego de cargos general deben leerse conjuntamente».

53 Además, el informe individual contiene las siguientes precisiones:

«Los elementos mencionados bajo el título "Principales pruebas que demuestran la participación de [la empresa] en el cartel" no pretenden constituir una exposición exhaustiva de todas las infracciones del artículo 85 cometidas por su empresa. En el pliego de cargos general se recogen otros detalles sobre la infracción en la que se acusa a su empresa de haber participado. Los elementos recogidos en el presente informe constituyen las pruebas directas y/o indirectas más importantes de las que se deduce que su empresa formó parte del cartel.»

54 Por último, en el pliego de cargos (pp. 75 a 78) la Comisión expone las razones por las cuales se reprocha al conjunto de las empresas destinatarias de dicho documento haber participado en todas las actividades contrarias a la competencia alegadas. Por lo demás, dicha explicación es similar a la que figura en los puntos 116 a 119 de la exposición de motivos de la Decisión.

55 Así, se precisa (p. 76) que, en un caso como el presente, «una vez demostrada la existencia y el funcionamiento del cartel, en realidad basta con vincular a cada participante con la empresa común mediante pruebas verosímiles y convincentes y determinar la duración de su adhesión al sistema».

56 En estas circunstancias, procede considerar que la imputación según la cual la demandante participó en el cartel alegado en su conjunto fue expuesta en el pliego de cargos en términos suficientemente claros como para permitir a la demandante tener un conocimiento efectivo de ella. Por tanto, el pliego de cargos desempeñó, a este respecto, su función, que consiste en facilitar a las empresas todos los elementos necesarios para que puedan defenderse de forma eficaz antes de que la Comisión adopte una Decisión definitiva (véase, especialmente, la sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, asuntos acumulados C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 y C-125/85 a C-129/85, Rec. p. I-1307, apartado 42).

57 Por último, procede desestimar la alegación de la demandante según la cual se violaron sus derechos de defensa por el hecho de no haberle reprochado, en el pliego de cargos, su participación en la colusión relativa al incremento de los precios en el Reino Unido en enero de 1987. Basta con señalar, sin que sea necesario examinar si dicha imputación fue expuesta de manera suficientemente clara en el cuerpo del pliego de cargos propiamente dicho, que, tras haber recibido la contestación de la demandante al pliego de cargos, la Comisión subrayó, mediante su escrito de 4 de mayo de 1993, que reprochaba a la demandante haber participado en la colusión relativa al aumento de los precios en el Reino Unido en enero de 1987.

58 En dicho escrito, se indicaba que:

«Por lo demás, ni siquiera por lo que respecta a las "iniciativas de precios" propiamente dichas es correcto declarar (punto 52 de su respuesta) que "la Comisión no sugiere que [Kartonfabriek de Eendracht] participó en una iniciativa concertada en materia de precios en el Reino Unido en enero de 1987", y menos aún (punto 64) que "la Comisión no afirmó que el incremento de enero de 1987 fuera el resultado de una concertación entre los fabricantes". Tales comentarios se reiteran en el punto 150 de su respuesta.

Desde luego, la Comisión alega que la iniciativa de precios de 1987 era un acuerdo colusorio, y que su cliente participó en él.

A este respecto, me basta con referirme a la ficha A de los documentos relativos a las "iniciativas de precios" y, en particular, al párrafo tercero de la página 3 y a la página 4 en su totalidad.»

59 Dado que, en el escrito de 4 de mayo de 1993, se ofreció expresamente a la demandante la posibilidad de manifestar, durante el procedimiento administrativo y dentro del plazo de tres semanas, su opinión, en particular, sobre la imputación relativa a su participación en la colusión sobre el incremento de los precios en el Reino Unido en enero de 1987, la Comisión no le impidió manifestar dentro de plazo su opinión sobre esta imputación (véanse, en el mismo sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, apartado 11, y de 25 de octubre de 1983, AEG/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartado 27).

60 En consecuencia, procede desestimar el presente motivo.

B. Sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 190 del Tratado

Alegaciones de las partes

61 La demandante subraya que, en su contestación al pliego de cargos, expuso las razones por las cuales estima que ninguno de los documentos que pueden haber sido tenidos en cuenta por la Comisión sustentan las alegaciones de ésta. En particular, afirma haber instado expresamente a la Comisión a precisar sus imputaciones. Ahora bien, ésta no contestó a las alegaciones de la demandante.

62 La Comisión estima que identificó sus imputaciones en el pliego de cargos. A su entender, con arreglo al artículo 190 del Tratado sólo está obligada a presentar las pruebas y argumentos jurídicos y económicos que justifican su Decisión, tal y como hizo en el presente caso al identificar y aportar las pruebas que demuestran la participación de la demandante en la infracción única, al detallar en la Decisión las declaraciones de Stora y las pruebas escritas que demostraban la naturaleza de los comités del GEP Cartoncillo y al identificar asimismo las reuniones en las que había participado la demandante, así como los incrementos de precio que había aplicado de conformidad con las decisiones adoptadas en el marco del cartel.

63 Asegura que, en todo caso, la demandante pasa por alto el examen detallado que hizo de sus principales alegaciones y que, si se exceptúa su alegación relativa al incremento de precios de 1987, no ha podido indicar en relación con qué aspecto concreto la Comisión no identificó con precisión las imputaciones formuladas en su contra.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

64 Debe entenderse que la demandante alega que la Decisión contiene una motivación insuficiente por lo que respecta a su participación en la infracción.

65 A este respecto, conforme a jurisprudencia reiterada (sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 1963, Alemania/Comisión, 24/62, Rec. p. 129, especialmente p. 143, y de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, Rec. p. 19, apartado 22, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de enero de 1992, La Cinq/Comisión, T-44/90, Rec. p. II-1, apartado 42), la motivación de una Decisión que contiene una imputación debe permitir al Juez comunitario ejercer su control de legalidad y al interesado conocer las justificaciones de la medida adoptada, para poder hacer valer sus derechos y comprobar si la Decisión está o no fundada.

66 De ello se deduce que la falta o insuficiencia de motivación constituye un vicio sustancial de forma, distinto, en cuanto tal, del motivo basado en la inexactitud de la fundamentación de la Decisión, cuyo control forma parte del examen del fondo de dicha Decisión.

67 En el caso de autos, la Decisión contiene referencias directas a la demandante en el contexto de la descripción de los aumentos de precio concertados (punto 79 de la exposición de motivos y cuadros A, D, F y G del Anexo de la Decisión). Además, los puntos de la Decisión donde se describen los debates con objeto contrario a la competencia que se desarrollaron en el seno del JMC (en especial, los puntos 44 a 46, 58, 71, 73, 84, 85 y 87 de la exposición de motivos) afectan necesariamente a la demandante, que no niega haber participado en dos reuniones de dicho órgano. Por último, la Decisión expone en términos claros el razonamiento que llevó a la Comisión a considerar que la demandante participó en un cartel global (puntos 116 a 119 de la exposición de motivos).

68 Por consiguiente, la motivación de la Decisión proporcionó a la demandante una indicación suficiente para conocer los principales elementos de hecho y de Derecho en que se sustentaba el razonamiento que llevó a la Comisión a considerarla responsable de una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

69 De ello se deduce que procede desestimar, por infundado, el motivo relativo a la falta de motivación de la Decisión.

C. Sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 85 del Tratado consistente en que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación de hecho y de Derecho

Alegaciones de las partes

Sobre los órganos del GEP Cartoncillo

- En relación con las funciones de la PC y la participación de la demandante

70 La demandante afirma que, durante el período comprendido entre mediados de 1986 y abril de 1991, asistió a dos de las nueve reuniones de la PC enumeradas por la Comisión, a saber, las de 4 de diciembre de 1987 y 17 de noviembre de 1988. En cambio, no participó en la reunión de 20 de mayo de 1987, en contra de lo que se desprende del cuadro 3 del Anexo de la Decisión.

71 Niega que la PC tuviera la función de transmitir a los productores los precios supuestamente convenidos en el seno del PWG. En efecto, la afirmación según la cual la PC recibía informes del PWG en los que se informaba a sus miembros del precio que debían aplicar presupone que dicha comunicación se producía en una PC celebrada inmediatamente después de una reunión del PWG en la que se hubiera decidido un incremento de precios. Ahora bien, no sólo su participación en las reuniones de la PC fue esporádica, sino que, además, las fechas en las que participó demuestran que ignoraba las supuestas iniciativas de precios.

72 La demandante alega asimismo que la descripción del mecanismo de comunicación de las decisiones del PWG a la PC (punto 38 de la exposición de motivos de la Decisión) se basa en las explicaciones contradictorias de Stora y del Sr. Roos, antiguo directivo de Feldmühle, del grupo Stora (véase el apartado 127 infra).

73 Niega que la nota interna hallada en las oficinas del agente de ventas de Mayr-Melnhof en el Reino Unido, referente a una reunión celebrada el 10 de noviembre de 1986 (punto 41 de la exposición de motivos de la Decisión, anexo 61 del pliego de cargos), contenga elementos que revelen la existencia de una política colusoria de fijación de los precios en el seno de la PC. Según la demandante, no se ha probado que dicha nota tuviera su origen en una reunión del PWG o de la PC y no en otra reunión privada distinta. Además, la demandante considera que dicha nota no sustenta la conclusión de la Comisión según la cual los miembros de la PC eran informados de los precios que debían aplicarse.

74 Por último, la demandante sostiene que la afirmación de la Comisión según la cual la PC tenía asimismo la función de efectuar un seguimiento de la aplicación de las iniciativas de precios no figura en la Decisión y carece de fundamento. A este respecto, afirma que Stora nunca declaró que la PC tuviera semejante objetivo.

75 Más en general, la demandante niega que la PC participara en debates relacionados con un plan industrial común para restringir la competencia (artículo 1 de la Decisión).

76 En su dúplica, la Comisión admite que la demandante no participó en la PC de 20 de mayo de 1987, señalando que la indicación contenida en el cuadro 3 del Anexo de la Decisión es un error. No obstante, reitera que la demandante participó en las reuniones de la PC de 26 de junio de 1986 y 17 de noviembre de 1988. Según la Comisión, no se ha probado que la demandante participara en dichas reuniones con otro fin que no fuera el de participar en un cartel (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1991, Atochem/Comisión, T-3/89, Rec. p. II-1177, apartados 53 y 54), ni que se retirara de la iniciativa común.

77 La Comisión considera que la alegación relativa a las fechas de las reuniones, según la cual las iniciativas de precios no pudieron ser objeto de debate en las reuniones de la PC, es falaz por dos razones. En primer lugar, la demandante no reveló el número y las fechas de todas las reuniones a las que asistió. En segundo lugar, la función de la PC fue descrita de manera suficiente por Stora (anexo 39 del pliego de cargos, páginas 4 y 5), de modo que queda claro que las reuniones de la PC tenían un fin predominantemente ilegal. En todo caso, las fechas en las que la demandante asistió a las reuniones de la PC coinciden, según la Comisión, con iniciativas de precios conocidas.

78 Por último, la Comisión no acepta la alegación de la demandante según la cual no existe ninguna prueba de que la nota incluida en el anexo 61 del pliego de cargos se refiera a una reunión de la PC (la de 10 de noviembre de 1986). La Comisión subraya que Weig no comenzó a asistir al PWG hasta 1988, mientras que la nota menciona a un representante de dicho fabricante. Además, lo cierto es que la nota pone de relieve las relaciones entre el PWG y la PC, tal como las describió Stora. En consecuencia, la Comisión considera que, efectivamente, la nota se refiere a una reunión de la PC.

- En relación con las funciones del JMC y la participación de la demandante

79 La demandante subraya, en primer lugar, que sólo asistió a dos reuniones del JMC, las celebradas el 4 de abril de 1989 y el 29 de noviembre de 1990, de las veintinueve enumeradas por la Comisión respecto al período comprendido entre mediados de 1986 y abril de 1991.

80 A continuación, discute las conclusiones de la Comisión con respecto a las funciones del JMC. Teniendo en cuenta la cronología de las reuniones a las que asistió, cuestiona la descripción de la finalidad principal del JMC que se hace en el punto 44 de la exposición de motivos de la Decisión. En particular, niega que la reunión del JMC de 4 de abril de 1989 pudiera tener por objeto determinar la posibilidad de aplicar un incremento de precios o definir los pormenores de la supuesta iniciativa de precios de marzo-abril de 1989 decidida por la PWG, ya que los productores habían acordado a finales de 1988 (punto 79 de la exposición de motivos de la Decisión) un incremento de los precios que debía entrar en vigor en marzo de 1989, y que dicha iniciativa de precios fue anunciada por los productores en enero de 1989. Niega también que la reunión del JMC de noviembre de 1990 pudiera tener por objeto aplicar la supuesta iniciativa de precios de enero de 1991 y definir sus pormenores. En efecto, según la Comisión, esta iniciativa de precios fue acordada en junio de 1990 y anunciada en septiembre-octubre de 1990, es decir, con anterioridad a la reunión del JMC de noviembre. Además, la demandante afirma que de los puntos 87 y 88 de la exposición de motivos de la Decisión se desprende que los detalles relativos al incremento de precios se habían definido en la reunión del JMC de 6 de septiembre de 1990.

81 Más en general, la demandante niega que el JMC participara en debates relacionados con un plan industrial común para restringir la competencia (artículo 1 de la Decisión).

82 Admite que la Comisión ha demostrado que el anexo 117 del pliego de cargos, unas notas manuscritas tomadas por el director de ventas de Rena, y el anexo 109, un informe confidencial del director comercial de Mayr-Melnhof dirigido al Sr. Katzner (el director comercial responsable de las ventas del grupo Mayr-Melnhof en Alemania), son documentos relativos a reuniones del JMC. No obstante, asegura que dichas reuniones estuvieron consagradas a las calidades de cartoncillo GC, que la demandante no fabrica. Además, considera que el anexo 117 del pliego de cargos contiene una gran variedad de información que sólo en parte se obtuvo en una reunión del JMC (véase el escrito de acompañamiento de Rena, anexo 116 del pliego de cargos).

83 Según la demandante, no se ha demostrado que los demás documentos invocados por la Comisión se refieran al JMC. Así, afirma que no se ha demostrado que el anexo 111 del pliego de cargos, una lista de precios mecanografiada en sueco obtenida en los locales de Rena que «reflejaba la fecha y el importe de los incrementos aplicables a cada calidad en cada una de las monedas nacionales» (punto 80 de la exposición de motivos de la Decisión) se refiera a una reunión del JMC, ni siquiera a una reunión de alguno de los órganos del GEP Cartoncillo.

84 La demandante observa que, según la Comisión, la nota fechada el 11 de enero de 1990, escrita por el jefe de ventas de FS-Karton (anexo 113 del pliego de cargos) y mencionada en el punto 84 de la exposición de motivos de la Decisión, se refería a una reunión del JMC en el marco de la aplicación de la iniciativa de marzo/abril de 1990. No obstante, subraya que, según las declaraciones de Mayr-Melnhof, se trataba de una nota de uso interno elaborada para una reunión, y que no existe ningún otro elemento de prueba a este respecto.

85 Por lo demás, el grupo de notas manuscritas detalladas obtenidas en Rena, referentes a la reunión del JMC de 6 de septiembre de 1990 (anexo 118 del pliego de cargos) y mencionado en el punto 87 de la exposición de motivos de la Decisión, no constituía, según Rena, más que «un documento preparatorio para una reunión sobre el presupuesto». En la medida en que este documento se refería a las calidades GD, su autor concluyó equivocadamente que todos los productores iban a anunciar un aumento de precio para el 8 de octubre. A este respecto, la demandante afirma que no notificó un aumento de precio hasta el 31 de octubre, y niega haber participado en el acuerdo supuestamente destinado a aumentar los precios de las calidades GD.

86 La demandante rechaza, además, la conclusión de la Comisión según la cual, si bien todas las notas relativas a reuniones del JMC obtenidas por la Comisión se refieren a las calidades GC, pueden considerase, a falta de cualquier otro documento, típicas de las reuniones correspondientes a las calidades GD, así como de los asuntos que se trataban en las reuniones del JMC en general (punto 113 de la exposición de motivos de la Decisión). Sostiene que Stora, en sus declaraciones invocadas por la Comisión en su escrito de contestación, no hizo ninguna distinción entre las reuniones a las que asistían productores de cartoncillo GC y las reuniones en las que participaban productores de cartoncillo GD.

87 Según la demandante, la Comisión enumeró veintinueve reuniones del JMC durante el período de que se trata, pero sólo cinco iniciativas de precios. La demandante deduce de ello que el JMC sólo pudo desempeñar sus supuestas funciones ilegales en un pequeño número de estas reuniones, es decir, las que seguían inmediatamente a las supuestas iniciativas de precios del PWG.

88 Por último, estima que la afirmación según la cual «partiendo de los trabajos preparatorios efectuados en el JMC, el PWG tomaba las decisiones sobre cuándo y cuánto debían incrementarse los precios» (punto 72 de la exposición de motivos de la Decisión) no se basa en ninguna prueba.

89 La Comisión señala que la demandante participó en las reuniones del JMC de los días 3 y 4 de abril de 1989 y 19 y 20 de noviembre de 1990. Por lo demás, según reconoce la propia demandante, ésta mantuvo conversaciones concretas con otros fabricantes en relación con reuniones a las que no había asistido. Además, la Comisión sostiene que existen elementos de prueba (anexos 109, 113, 117 y 118 del pliego de cargos) que contradicen la alegaciones de la demandante, en la medida en que demuestran que el cometido principal del JMC consistía, en primer lugar, en determinar si se podían aplicar los incrementos de precio y, en caso afirmativo, la manera en que se podían efectuar y trasladar sus conclusiones al PWG y, en segundo lugar, en determinar los pormenores de las iniciativas de precios decididas por el PWG, país por país y para los principales clientes, con objeto de establecer un sistema equivalente de precios en Europa (punto 44 de la exposición de motivos de la Decisión). Por último, la Comisión afirma que de la segunda declaración de Stora (anexo 39 del pliego de cargos, p. 9) se desprende que el papel del JMC consistía asimismo en debatir las dificultades encontradas en la aplicación de dichos incrementos, tanto para las calidades GC como para las calidades GD.

90 Por lo que respecta, en particular, al incremento de precios de abril de 1989, la Comisión sostiene que la demandante participó en la reunión de la PC del 17 de noviembre de 1988, en la que se decidieron los aspectos fundamentales del incremento. Según la Comisión, el incremento aplicado por la demandante, a saber, 25 UKL en el Reino Unido, fue notificado a sus clientes el 16 de febrero y aplicado el 10 de mayo de 1989. A su entender, existen dos documentos que demuestran que la conducta de la demandante estaba relacionada con el cartel, a saber, una lista de precios no fechada obtenida en los locales de Finnboard (UK) Ltd, que lleva como título «Incremento de precios del segundo trimestre de 1989» y en la que figuran los incrementos de precio en cada uno de los mercados nacionales, incluido el Reino Unido para las calidades GD, y un documento de Fiskeby de 14 de febrero de 1989 (documento D-G-1) que confirma esta información. En este contexto, la Comisión recuerda la participación de la demandante en una reunión del JMC celebrada los días 3 y 4 de abril de 1989, y el hecho de que el agente de la demandante en el Reino Unido participara el 4 de abril de 1989 en una reunión de la Paper Agents Association (en lo sucesivo, «PAA») para discutir la aplicación del acuerdo alcanzado en el marco del cartel.

91 Por lo que respecta al incremento de precios de enero de 1991, afirma que de los documentos relativos a la reunión del JMC de 6 de septiembre de 1990 (notas de Rena) se desprende que el incremento debía anunciarse para todas las calidades, que su importe sería de 40 UKL en el Reino Unido y que entraría en vigor el 31 de enero de 1991. La Comisión ignora si la demandante participó en dicha reunión, pero observa que estuvo representada en la reunión de la PAA de 18 de septiembre de 1990, reunión en la que se debatió dicho incremento, tal como se desprende de una nota obtenida de Iggesund Board Sales (anexo 132 del pliego de cargos). Según la Comisión, la reunión del JMC de 19 y 20 de noviembre de 1990 estuvo dedicada a efectuar un seguimiento del avance de la aplicación del incremento que, en el caso concreto de la demandante, fue notificado el 31 de octubre de 1990. Según la Comisión, la demandante incrementó sus precios en 40 UKL a partir del 28 de enero de 1991.

92 A continuación, la Comisión rechaza la alegación de la demandante según la cual las reuniones del JMC únicamente trataban del cartoncillo GC. En efecto, sostiene que la nota de Rena relativa a la reunión del JMC de 6 de septiembre de 1990 (anexo 118 del pliego de cargos) se refiere a un incremento de precios para todas las calidades, circunstancia que, a su entender, sustenta las declaraciones de Stora sobre este particular (anexo 39 del pliego de cargos, pp. 6 y 8).

93 Por último, según la Comisión, la nota de Rena relativa a la reunión del JMC de 6 de septiembre de 1989 (anexo 117 del pliego de cargos) pone de manifiesto los detalles de los incrementos de precios que se habían anunciado en cada una de las monedas nacionales y evalúa las reacciones de los clientes y los avances conseguidos en la aplicación en cada mercado nacional.

- En relación con las funciones del EC y la participación de la demandante

94 La demandante, que declara haber asistido a siete reuniones durante el período contemplado por la Decisión, sostiene que el EC debatía cuestiones que revisten un interés legítimo para el sector.

95 Niega que el tema central de los debates fuera el análisis y valoración de la situación del mercado del cartoncillo en los distintos países (punto 50 de la exposición de motivos de la Decisión).

96 Según la demandante, la alegación de la Comisión según la cual las «discusiones sobre las condiciones de mercado no carecían de objetivo: los debates sobre la situación de cada mercado nacional deben tenerse en cuenta en el contexto de las iniciativas de precios programadas, incluyendo la prevista necesidad de cerrar temporalmente las instalaciones y de prestar apoyo a los incrementos de precios» (párrafo primero del punto 50 de la exposición de motivos de la Decisión) no ha sido probada. En efecto, la nota redactada por el representante de FS-Karton (anexo 70 del pliego de cargos), referida, según la Comisión, a los «aspectos más importantes» del EC celebrado el 3 de octubre de 1989, pone de manifiesto, en realidad, que el EC llevó a cabo un análisis general de la situación del mercado país por país, en particular por lo que respecta a la situación de las carteras de pedidos. La única alusión a un incremento de los precios supuestamente concertado se refiere, siempre según la demandante, al mercado francés, y la nota se limita a indicar la política que debía seguir la empresa de la que procede la nota.

97 La demandante discute la afirmación de la Comisión, contenida en el punto 119 de la exposición de motivos de la Decisión, según la cual no es verosímil que quienes asistían al EC no conociesen los propósitos ilícitos para los que se utilizaba la información que facilitaban conscientemente al JMC. En su opinión, por un lado, la Comisión confunde opiniones con hechos y, por otro, dicha alegación no está sustentada en ningún elemento de prueba.

98 La Comisión precisa, en primer lugar, que la conducta del EC debe situarse en el contexto de la infracción en su conjunto y de las funciones del JMC, en cuyas reuniones estaba representada la demandante y al que informaba el EC. Según afirma, los temas tratados en el seno del EC fueron descritos por Stora. El hecho de que el EC no se ocupaba únicamente de intercambiar estadísticas globales lo demuestra, a su entender, una nota de un representante de FS-Karton relativa a la reunión del EC de 3 de octubre de 1989 (véase el apartado 115 infra), que describe los debates que tuvieron lugar sobre las carteras de pedidos de los productores de cartoncillo GC y GD y sobre la situación de cada uno de ellos.

99 Por último, la Comisión rechaza la afirmación de la demandante según la cual el intercambio de información en el seno del EC puede explicarse de manera inocente. Señala que dicha afirmación se ve contradicha no sólo por los debates consignados en la nota sobre la reunión de 3 de octubre de 1989, sino también por los debates celebrados durante la reunión del JMC del 16 de octubre siguiente, que demuestran que la situación de las carteras de pedidos fue uno de los elementos determinantes de la entrada en vigor de un incremento de precios.

Sobre las iniciativas de precios

100 En primer lugar, la demandante sostiene que adoptó con total independencia su decisión de alinear o no sus precios con los de las empresas dominantes en el mercado.

101 Según explica, su práctica normal consistía en revisar sus precios en el Reino Unido semestralmente, habitualmente en abril y en octubre.

102 Por lo que respecta al incremento de precios de abril de 1989, la demandante declara haber notificado en el Reino Unido, el 16 de febrero de 1989, un incremento de precios de 25 UKL, que entró en vigor el 10 de mayo siguiente, con el fin de alinear sus precios con los de las empresas dominantes en el mercado tras haber considerado los siguientes elementos:

- la situación de la economía británica;

- la solidez de la demanda a finales de 1988;

- los indicios de consolidación de los precios de las materias primas;

- la información, divulgada el 1 de febrero de 1989 por la publicación especializada «EUWID Pulp & Paper» (anexo G de su contestación al pliego de cargos), según la cual se habían anunciado incrementos de los precios alemanes, con un aumento de 8 a 10 DM para las calidades GD a partir del 1 de mayo de 1989;

- la notificación, por parte de Mayr-Melnhof, el 6 de febrero de 1989, de un incremento de los precios en el Reino Unido con efecto a partir de abril de 1989 y la notificación de SCA Colthrop, dos días más tarde, de un aumento similar que también debía entrar en vigor en el mes de abril.

103 La demandante señala que, según la documentación invocada por la Comisión, el acuerdo de incremento de los precios en el Reino Unido para las calidades GD establecía la entrada en vigor del mismo para el 1 de mayo. Ahora bien, la propia demandante no aumentó sus precios hasta el 10 de mayo.

104 Además, sostiene que su presencia en la reunión del JMC de 4 de abril de 1989 no cambia las cosas, ya que el objeto de dicha reunión no pudo ser ni determinar si podía aplicarse un incremento (ya que el aumento se decidió a finales de 1988) ni regular los detalles de la supuesta iniciativa de precios decidida por el PWG. Dado que el incremento de precios aún no se había aplicado en el mercado, la reunión tampoco pudo tener por objeto efectuar un seguimiento de su aplicación efectiva tras su entrada en vigor.

105 Por último, la demandante sostiene que no puede reprochársele, como hace la Comisión en su escrito de contestación, la presencia de su agente en las reuniones de la PAA, en la medida en que dicho agente es totalmente independiente.

106 Por lo que se refiere al incremento de precios de abril de 1990, la demandante sostiene que diversas ediciones de la revista especializada EUWID Pulp & Paper informaron de la inminencia del aumento de precio. En particular, dicha revista anunció que estaba previsto un incremento de los precios del 8 % para marzo, pero que, debido a la debilidad de la libra esterlina, el incremento sería mayor en el Reino Unido (número de 20 de diciembre de 1989). En su número de 17 de enero, se informó de que Mayr-Melnhof había enviado una circular a sus clientes en la que les notificaba un incremento de los precios. En el siguiente número se confirmó que estaba previsto aplicar incrementos de precio del 8 % en marzo. La demandante afirma haber confirmado posteriormente en el mercado el incremento en el Reino Unido notificado por Mayr-Melnhof, con efecto a partir de marzo.

107 Habida cuenta de la caída de los tipos de cambio registrada a finales de 1989 y de la caída de los precios del mercado, la demandante afirma haber considerado que debía alinearse con los agentes económicos que dictaban los precios.

108 Por lo que respecta al incremento de precios de enero de 1991, la demandante asegura haber sabido que sus costes de explotación iban a aumentar considerablemente en 1991, debido, sobre todo, a un incremento de los precios del gas y al aumento de su personal.

109 En este contexto, afirma haber tenido conocimiento por las publicaciones especializadas, y, en particular, por la revista EUWID Pulp & Paper, de que los productores tenían previsto aplicar un incremento de los precios a partir de principios de 1991. Dicha información fue recogida ya a principios de agosto y fue confirmada en el número de 12 de septiembre de 1990. Según el número de EUWID Pulp & Paper de 25 de septiembre de 1990, Mayr-Melnhof iba a incrementar sus precios en 40 UKL por tonelada a partir del 7 de enero. El número de 24 de octubre de 1990 confirmó que también Feldmühle había anunciado incrementos similares. Según la demandante, los informes sobre la situación del mercado que obtuvo de su clientela y de fuentes diversas confirmaron que SCA Colthrop había anunciado un incremento de precios el 29 de octubre. En estas circunstancias, la demandante afirma haber decidido el 31 de octubre de 1990 incrementar sus precios en una cuantía similar en el mercado del Reino Unido, con el fin de alinear sus precios con los de sus competidores.

110 En segundo lugar, la demandante afirma que la Comisión no dispone de pruebas directas de colusión por lo que a ella respecta.

111 Asegura que, puesto que no ha demostrado su participación regular en las reuniones del GEP Cartoncillo o en reuniones en las que se debatieran prácticas contrarias a la competencia, la Comisión no puede invocar la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia según la cual, una vez demostradas tales circunstancias, incumbe a la empresa demostrar que no se adhirió a la iniciativa acordada en tales reuniones.

112 La Comisión recuerda, en primer lugar, que no acepta el intento de fraccionar la infracción de la demandante. Estima que es engañoso, por parte de la demandante, pretender que se la acuse de prácticas contrarias a la competencia sólo en el Reino Unido, cuando el sistema consistía en fijar precios concertados en toda la Comunidad, posteriormente aplicados en cada uno de los mercados nacionales.

113 Niega que la demandante alineara sus precios con los de sus competidores con total independencia. Insiste en afirmar que el agente de la demandante participó en reuniones en las que se debatió la aplicación del cartel a nivel nacional y que la demandante estaba al corriente de ello, ya que los agentes actuaron siguiendo instrucciones de sus comitentes. La Comisión subraya asimismo que la demandante participó regularmente en las reuniones de los comités del GEP Cartoncillo en las que se debatieron las iniciativas de precios, que reconoce haber mantenido contactos telefónicos con otros productores en relación con las reuniones a las que no asistió, que no ha demostrado que no compartiera el consenso alcanzado entre los participantes del cartel, y que siguió participando en las reuniones después incluso de las inspecciones de la Comisión.

114 Según la Comisión, una vez que se ha demostrado que una empresa ha participado regularmente en reuniones en las que se debatieron, por ejemplo, iniciativas de precios, incumbe a dicha empresa demostrar que no se adhirió a la iniciativa acordada en dichas reuniones y, para ello, probar que sus competidores sabían que se mantenía al margen del consenso alcanzado en las reuniones (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1991, Petrofina/Comisión, T-2/89, Rec. p. II-1087, y Atochem/Comisión, antes citada, y de 10 de marzo de 1992, Hüls/Comisión, T-9/89, Rec. p. II-499, e ICI/Comisión, T-13/89, Rec. p. II-1021).

Sobre la política de «prioridad del precio sobre el tonelaje»

115 La demandante niega haber participado en una práctica colusoria que tuviera por objeto «mantener las cuotas de mercado de los principales fabricantes a unos niveles constantes (sujetos a modificación de forma esporádica)» (octavo guión del artículo 1) y haber aplicado «medidas concertadas para controlar el suministro del [cartoncillo] en la Comunidad con el fin de garantizar la efectividad de los mencionados incrementos de precios» (noveno guión del artículo 1).

116 Según la demandante, los elementos de prueba de que dispone la Comisión no permiten concluir que los pequeños productores de cartoncillo se adhirieran a la supuesta política de «prioridad del precio sobre el tonelaje». Además, al declarar que, en vista de la existencia de un cartel general entre los grandes productores, los pequeños productores eran conscientes de la necesidad de adaptar su propia conducta, la Comisión no hace sino formular una mera hipótesis.

117 Por el contrario, la demandante afirma haber utilizado plenamente su capacidad durante la mayor parte del período de que se trata. Según asegura, las tasas de utilización de la maquinaria ponen de manifiesto una reducción de los períodos de interrupción entre 1987 y 1990.

118 Por lo que respecta a la nota elaborada por el director gerente de Rena en relación con una reunión especial del Nordic Paperboard Institute (en lo sucesivo, «NPI») (anexo 102 del pliego de cargos), invocada por la Comisión, la demandante alega que no es miembro de dicho órgano, que dicha reunión no era una reunión del GEP Cartoncillo y que, en consecuencia, dicha nota no sustenta la conclusión de la Comisión según la cual todos los pequeños productores se habían adherido a la política de prioridad del precio sobre el tonelaje.

119 Asimismo, niega haber formado parte de la supuesta práctica colusoria para el mantenimiento de las cuotas de mercado, y señala que su cuota de mercado disminuyó durante el período contemplado en la Decisión.

120 Por último, discute la alegación de la Comisión (véase el punto 53 de la exposición de motivos de la Decisión) según la cual la documentación hallada en FS-Karton confirma «que, a finales de 1987, se había llegado a un acuerdo en los dos PWG en cuanto a los aspectos, relacionados entre sí, del control del volumen de producción y de la disciplina de precios». A este respecto, recuerda que la nota en que se funda la Comisión (anexo 73 del pliego de cargos) no menciona los «two Presidents groups» («la President Conference» y el PWG), sino el «Presidents grouping». Así pues, es muy probable que la Comisión aludiera al PWG y no a la «President Conference», y nada indica que dicha alusión haga referencia a más «de un grupo». Ahora bien, la demandante asegura no haber formado parte del PWG.

121 La Comisión estima que la demandante presenta de modo engañoso su razonamiento. Según la Comisión, se acusó a la demandante de haber participado en un objetivo común, dos de cuyas manifestaciones consistían en controlar la oferta del producto en la Comunidad para garantizar la aplicación de los incrementos de precio concertados y en intercambiar información, en particular, sobre las interrupciones de la producción, las carteras de pedidos y las tasas de utilización de la maquinaria. La Comisión señala que la demandante participó en las reuniones del JMC, en las que se informó a los pequeños fabricantes, en el marco de la política de prioridad del precio sobre el tonelaje a la que se adherían todos los productores, del acuerdo celebrado entre los principales fabricantes para mantener el suministro a unos niveles constantes, así como de la necesidad de adaptar su propia conducta en consecuencia.

122 Según la Comisión, el hecho de que la demandante no fuera miembro del NPI no priva de su valor probatorio a la nota de Rena relativa a la reunión especial celebrada por éste (véase el apartado 118 supra). A juicio de la Comisión, esta nota no sólo proporciona pruebas complementarias sobre el sistema implantado para controlar la producción, sino que, además, sustenta la declaración de Stora según la cual los productores que no eran miembros del PWG fueron informados del acuerdo general alcanzado entre los principales productores para mantener el suministro a unos niveles constantes. Tal interpretación no implica, según la Comisión, que dicha nota mencione directamente a la demandante.

Sobre el sistema de transmisión de la información

123 La demandante estima que las declaraciones de Stora no son fidedignas.

124 En primer lugar, una vez que reconoció que sus filiales Feldmühle, Kopparfors y CBC habían participado en determinadas políticas y prácticas que posiblemente constituían una infracción de las normas sobre la competencia (punto 34 de la exposición de motivos de la Decisión), Stora tenía interés en demostrar la existencia de un vínculo entre el supuesto cartel y el mayor número posible de productores de cartoncillo y, en particular, de pequeños productores, con el fin de minimizar su papel.

125 En segundo lugar, las declaraciones de Stora adolecen de contradicciones por lo que respecta al sistema de comunicación de las decisiones del PWG a la PC.

126 Según la demandante, en su segunda declaración Stora declaró que el papel del PWG consistía sobre todo en «valorar y explicar a la «President Conference» el estado exacto de la oferta y la demanda en el mercado y las medidas eventuales para su reordenación» (punto 38 de la exposición de motivos de la Decisión), mientras que en una declaración posterior (escrito de 17 de septiembre de 1991, anexo 38 del pliego de cargos) aportó precisiones sobre las modalidades de comunicación a título individual del resultado de las reuniones del PWG en el marco de contactos privados con diversas empresas. En relación con este último punto, la demandante considera que Stora se refiere a los sistemas de difusión de la información que existían en Alemania, en Francia y en Escandinavia, pero no menciona la existencia de un sistema similar en los Países Bajos, ni de ningún otro sistema que implique a la demandante.

127 Según la demandante, ambas declaraciones contradicen asimismo la declaración del Sr. Roos, antiguo directivo de Feldmühle. En efecto, esta última declaración no resulta demasiado clara, pues indica que los debates del PWG eran puestos en conocimiento de la PC y del JMC sobre todo a través de personas que habían participado en los trabajos de ambos grupos.

128 La Comisión estima que la alegación de la demandante relativa al carácter supuestamente interesado de las declaraciones de Stora es engañosa, ya que otros fabricantes también identificaron a la demandante como uno de los participantes en el JMC.

129 Asimismo, niega el carácter contradictorio de las declaraciones relativas a las vías de comunicación entre el PWG y el JMC. A su entender, el Sr. Roos no incurrió en contradicción al afirmar que no existían vías de comunicación formales y que la información circulaba de manera informal entre personas, incluidas las que asistían a las reuniones de ambos grupos. La Comisión recuerda que el Sr. Roos era el presidente del JMC.

130 Además, el PWG se reunía antes de cada una de las reuniones programadas de la PC. Dado que la misma persona presidía ambas reuniones, no existe ninguna duda de que comunicaba el resultado del PWG a los fabricantes que no habían asistido a éste. Cuando no se celebraba una reunión de la PC inmediatamente después de la reunión del PWG, los participantes en esta última informaban a los pequeños productores de su agrupación nacional de las decisiones que se habían tomado. Tampoco en este caso se formalizaron las vías de comunicación.

Sobre la duración de la participación

131 La demandante estima que la Comisión no puede probar su participación en el cartel salvo por lo que se refiere a los períodos durante los que participó en iniciativas de precios, a saber, las iniciativas de abril de 1989, abril de 1990 y enero de 1991. Niega cualquier participación en el incremento de precios de 1987. Además, sostiene que no existe ninguna prueba de su participación en dicho incremento. En consecuencia, considera que debe admitirse que su participación en la supuesta infracción no comenzó hasta 1989.

132 La Comisión rechaza el enfoque de la demandante. En efecto, el aumento de enero de 1987 estaba programado desde finales de 1986. La demandante participó en reuniones de comités del GEP Cartoncillo durante todo el período que duró la infracción, y participó en una reunión de la PC celebrada el 29 de mayo de 1986.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

133 Procede examinar, en primer lugar, si la Comisión ha probado la participación de la demandante en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado durante el período comprendido entre mediados de 1986 y abril de 1989, fecha a partir de la cual la demandante admite haber participado en reuniones del JMC. En segundo lugar, se examinará si la Comisión ha probado la participación de la demandante en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado durante el resto del período, que va desde abril de 1989 hasta abril de 1991.

1. Período comprendido entre mediados de 1986 y abril de 1989

134 Para probar la participación de la demandante en una infracción a las normas comunitarias sobre competencia durante este período, la Comisión se basa en la participación de dicha empresa en varias reuniones de la PC (cuadro 3 del Anexo de la Decisión) y del EC (cuadro 6 del Anexo de la Decisión), así como en su conducta efectiva en materia de precios.

135 Procede examinar cada uno de estos elementos probatorios en el orden en el que se han enumerado.

a) Participación de la demandante en determinadas reuniones de la PC

136 La Comisión admite que la indicación, contenida en el cuadro 3 del Anexo de la Decisión, de una participación de la demandante en la reunión de la PC de 20 de mayo de 1987 es un error.

137 Además, en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, declaró que la referencia que se hace en sus escritos a una supuesta participación de la demandante en una reunión de la PC de 26 de junio de 1986 debía entenderse como una referencia a la participación de la empresa en la reunión de la PC de 29 de mayo de 1986.

138 De ello se desprende que, según la Comisión, la demandante participó en tres reuniones específicas de la PC durante el período examinado, a saber, las de 29 de mayo de 1986, 4 de diciembre de 1987 y 17 de noviembre de 1988. La Comisión no invoca ningún elemento probatorio del objeto de estas tres reuniones. Por consiguiente, cuando se refiere a esa participación como elemento probatorio de la participación de la empresa en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, se basa necesariamente en la descripción general, contenida en la Decisión, del objeto de las reuniones de dicho órgano, así como en los elementos probatorios invocados en la Decisión para sustentar dicha descripción.

139 A este respecto, la Decisión dice lo siguiente: «Tal y como ha explicado Stora, una de las funciones del PWG consistía en explicar a la President Conference las medidas necesarias para ordenar el mercado [...] Así, se informaba a los directores gerentes que asistían a las "President Conferences" sobre las decisiones tomadas por el PWG y las instrucciones que debían dar a sus departamentos de ventas con vistas a aplicar las iniciativas de precios concertadas» (párrafo primero del punto 41 de la exposición de motivos). La Comisión señala asimismo lo siguiente: «El PWG se reunía invariablemente antes de cada "President Conference" y, dado que ambas reuniones estaban presididas por la misma persona, era ésta quien, sin duda alguna, comunicaba los resultados de las deliberaciones del PWG a aquellos de los denominados "presidentes" que no eran miembros del círculo restringido» (párrafo segundo del punto 38 de la exposición de motivos).

140 Stora indica que los participantes en las reuniones de la PC fueron informados de las decisiones adoptadas por el PWG (punto 8 del anexo 39 del pliego de cargos). Sin embargo, varias de las empresas que participaron en las reuniones de la PC, entre ellas, la parte demandante, niegan la exactitud de esta afirmación. Por consiguiente, no puede considerarse, sin sustento en otros elementos probatorios, que las declaraciones de Stora sobre la misión de la PC constituyan una prueba suficiente del objeto de las reuniones de dicho órgano.

141 Es cierto que obra en autos un documento, a saber, una declaración de 22 de marzo de 1993 de un antiguo directivo de Feldmühle (Sr. Roos), que corrobora a primera vista las afirmaciones de Stora. El Sr. Roos indica, en particular, lo siguiente: «En la conferencia de presidentes inmediatamente posterior, o bien, de no celebrarse inmediatamente una conferencia de presidentes, en el JMC, se comunicaba el contenido de los debates celebrados en el seno del PWG a la empresas no representadas en dicho grupo». Sin embargo, aun cuando dicho documento no se invoque expresamente en la Decisión para apoyar las alegaciones de la Comisión relativas al objeto de las reuniones de la PC, tal documento no puede, en cualquier caso, considerarse una prueba complementaria que venga a añadirse a las declaraciones de Stora. En efecto, dado que estas declaraciones constituyen un resumen de las respuestas ofrecidas por cada una de las tres empresas propiedad de Stora durante el período de infracción, Feldmühle entre ellas, el antiguo directivo de esta última empresa constituye necesariamente una de las fuentes de las declaraciones de la propia Stora.

LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC: 694A0311.1

142 La Comisión afirma en la Decisión que el anexo 61 del pliego de cargos, una nota hallada en poder del agente de ventas de Mayr-Melnhof en el Reino Unido que se refiere a una reunión mantenida en Viena los días 12 y 13 de diciembre de 1986, corrobora «el reconocimiento por parte de Stora de que la "President Conference" discutía de hecho la fijación colusoria de precios» (párrafo tercero del punto 41 y párrafo segundo del punto 75 de la exposición de motivos de la Decisión).Dicho documento contiene la siguiente información:

«Precios en el Reino Unido

En una reciente reunión de FIDES estaba presente el representante de Weig, quien declaró que, a su juicio, un 9 % era un aumento excesivo para el Reino Unido, por lo que ellos lo iban a fijar en un 7 %. Gran decepción, puesto que dicha cifra pasaría a constituir una "base de negociación" para todos los demás. La política de precios en el Reino Unido será confiada a RHU con el apoyo de [Mayr-Melnhof] aun cuando ello entrañe una disminución temporal del tonelaje, mientras que nosotros nos esforzamos (como se verá) en mantener el objetivo del 9 %. [Mayr-Melnhof/FS] siguen una política de crecimiento en el Reino Unido pero la disminución de los beneficios es seria y tendremos que luchar por recuperar el control sobre los precios. [Mayr-Melnhof] no niega que el hecho de que se conozca que ellos han incrementado en 6.000 toneladas su producción en Alemania no remedia nada.»

143 La reunión de FIDES a la que se hace referencia al inicio del pasaje citado es probablemente, según Mayr-Melnhof (respuesta a una petición de información, anexo 62 del pliego de cargos), la reunión de la PC de 10 de noviembre de 1986. Ahora bien, el cuadro 3 del Anexo de la Decisión pone de manifiesto que la demandante no estuvo presente en dicha reunión.

144 Ha de estimarse que el documento analizado da testimonio de que Weig reaccionó dando indicaciones sobre su futura política de precios en el Reino Unido con referencia a un nivel inicial de incremento de los precios.

145 Sin embargo, el referido documento no puede considerarse prueba de que Weig reaccionara con referencia a un determinado nivel de incremento de precios concertado entre las empresas reunidas en el seno del GEP Cartoncillo en una fecha anterior al 10 de noviembre de 1986.

146 En efecto, la Comisión no alega ningún otro elemento probatorio en este sentido. Además, la referencia de Weig a un incremento de precios del «9 %» puede explicarse por el anuncio de un incremento de precios en el Reino Unido aplicado por Thames Board Ltd el 5 de noviembre de 1986 (anexo A-12-1). Dicho anuncio se hizo público poco después, según resulta de un recorte de prensa (anexo A-12-3). Por último, la Comisión no ha aportado ningún otro documento que pueda constituir una prueba directa de que, en las reuniones de la PC, hubieran tenido lugar los debates sobre los incrementos de precios. Por consiguiente, no puede excluirse que las manifestaciones de Weig, según se relatan en el anexo 61 del pliego de cargos, tuvieran lugar al margen de la reunión de la PC de 10 de noviembre de 1986, como mantuvo reiteradamente Weig durante la vista.

147 La Comisión mantiene asimismo en la Decisión que «la documentación hallada por la Comisión en FS-Karton (integrante del grupo M-M) confirma que, a finales de 1987, se había llegado a un acuerdo en los dos PWG en cuanto a los aspectos, relacionados entre sí, del control del volumen de producción y de la disciplina de precios» (párrafo primero del punto 53 de la exposición de motivos). A este respecto, se remite al anexo 73 del pliego de cargos, una nota confidencial de 28 de diciembre de 1988 enviada por el director comercial responsable de las ventas del grupo Mayr-Melnhof en Alemania (Sr. Katzner) al gerente de Mayr-Melnhof en Austria (Sr. Gröller) y que trataba sobre la situación del mercado.

148 Como introducción, el autor del documento evoca la estrecha cooperación a escala europea en el seno del «círculo de presidentes» («Präsidentenkreis»), expresión interpretada por Mayr-Melnhof como referida a la vez al PWG y a la PC en un contexto general, esto es, sin relación con un acontecimiento o con una reunión concreta (punto 2.a del anexo 75 del pliego de cargos).

149 Si bien en el marco del presente asunto no se discute que el anexo 73 del pliego de cargos constituye una prueba que corrobora las declaraciones de Stora sobre la existencia de una colusión sobre las cuotas de mercado entre las empresas integradas en el «círculo de presidentes», por una parte, y de una colusión sobre las interrupciones de la producción entre esas mismas empresas, por otra, la Comisión no aporta ningún otro elemento probatorio que confirme que la PC tuvo por objeto, en particular, discutir la colusión sobre las cuotas de mercado y el control de los volúmenes de producción. Por consiguiente, pese a las explicaciones ofrecidas por Mayr-Melnhof, no puede interpretarse que la expresión «círculo de presidentes» («Präsidentenkreis») utilizada en el anexo 73 del pliego de cargos contenga una referencia a órganos distintos del PWG.

150 En vista de lo expuesto, la Comisión no ha probado que, al margen de las actividades lícitas, las reuniones de la PC sirvieran a fines contrarios a la competencia. Por consiguiente, la Comisión no podía inferir de los elementos probatorios invocados que las empresas que habían asistido a las reuniones de dicho órgano hubieran participado en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

151 Por consiguiente, hay que concluir que la participación de la demandante en una infracción de las normas sobre la competencia durante el período comprendido entre mediados de 1986 y abril de 1989 no ha podido acreditarse tomando como base su participación en las reuniones de la PC.

b) Participación de la demandante en tres reuniones del EC

152 Consta que la demandante participó, durante el período comprendido entre mediados de 1986 y abril de 1989, en tres reuniones del EC, a saber, las celebradas el 15 de octubre de 1986, el 4 de febrero de 1987 y el 3 de febrero de 1989. Dado que la Comisión no ha invocado ningún elemento de prueba referido específicamente a dichas reuniones, procede examinar, de manera más general, si las reuniones del EC tenían un objeto contrario a la competencia.

153 Según la Decisión, «el "tema central" de los debates del "Economic Committee" era el análisis y valoración del mercado del cartoncillo en los distintos países» (párrafo primero del punto 50 de la exposición de motivos). El EC «debatía, entre otros temas, la evolución de precios en los mercados nacionales y las carteras de pedidos, y comunicaba sus resultados al JMC (o a su antecesor, el Marketing Committee antes de finales de 1987)» (párrafo primero del punto 49 de la exposición de motivos).

154 Según la Comisión, las «discusiones sobre las condiciones de mercado no carecían de objetivo: los debates sobre la situación de cada mercado nacional deben tenerse en cuenta en el contexto de las iniciativas de precios programadas, incluyendo la prevista necesidad de cerrar temporalmente las instalaciones y de prestar apoyo a los incrementos de precios» (párrafo primero del punto 50 de la exposición de motivos). Además, la Comisión estima: «El "Economic Committee" pudiera haber estado relacionado menos directamente con la determinación de los precios como tal, pero no es verosímil que quienes asistían al mismo no conociesen los propósitos ilícitos para los que se utilizaba la información que facilitaban conscientemente al JMC» (párrafo segundo del punto 119 de la exposición de motivos).

155 En apoyo de las alegaciones según las cuales las discusiones mantenidas en el seno del EC tenían un objeto contrario a la competencia, la Comisión se remite a un único documento, una nota confidencial redactada por un representante de FS-Karton (del grupo Mayr-Melnhof) relativa a los puntos esenciales de la reunión del EC de 3 de octubre de 1989 (anexo 70 del pliego de cargos).

156 En la Decisión, la Comisión resume el contenido de dicho documento de la siguiente manera:

«[...] además de efectuar un seguimiento detallado de la demanda, la producción y la cartera de pedidos en cada mercado nacional, se examinaron los puntos siguientes:

- la comprobación de una fuerte resistencia por parte de los clientes ante el último incremento de precios de las calidades GC, efectivo desde el 1 de octubre;

- la situación respectiva de la cartera de pedidos de los fabricantes de GC y GD, incluyendo las situaciones individuales;

- los informes sobre la interrupción de la actividad efectuada y programada;

- los problemas concretos a la hora de aplicar el incremento de precios en el Reino Unido y su efecto sobre la necesaria diferencia de precios entre las calidades GC y GD;

- la comparación entre el presupuesto de pedidos de cada grupo nacional» (párrafo segundo del punto 50 de la exposición de motivos).

157 Debe admitirse que esta descripción del contenido del documento es, en lo esencial, correcta. Sin embargo, la Comisión no invoca ningún elemento probatorio en apoyo de su afirmación de que la nota incluida en el anexo 70 del pliego de cargos puede considerarse «indicativa en cuanto a la verdadera naturaleza de las deliberaciones de este organismo» (último párrafo del punto 113 de la exposición de motivos de la Decisión).

158 Por otra parte, las declaraciones de Stora por lo que respecta al EC tienen un alcance muy limitado. En efecto, esta empresa declara lo siguiente: «Antes de 1987, el Comité Económico acumulaba las funciones del JMC y del Comité de Estadísticas. A sus reuniones asistían los directores comerciales o directores de ventas. Entre otros asuntos, los debates giraban en torno a la evolución de los precios en los mercados nacionales, las sobrecargas de pequeña magnitud, el recuento de las hojas, las condiciones de facturación y las materias primas. También se examinaban los informes estadísticos» (punto 12 del anexo 39 del pliego de cargos). Tal como se indica, dicha afirmación sólo se refiere al período anterior a 1987. Además, si bien es cierto que Stora afirma que los debates mantenidos en las reuniones del EC giraban en torno a la evolución de los precios en los mercados nacionales, no precisa el contenido de dichos debates. En consecuencia, no puede concluirse que se tratara de debates que tuvieran un objeto contrario a la competencia.

159 Por lo que respecta al período iniciado a principios de 1988, Stora explica lo siguiente: «El JMC fue creado a finales de 1987 y mantuvo su primera reunión a comienzos de 1988, haciéndose cargo, a partir de dicha fecha, de una parte de las funciones conferidas al Economic Committee. Las restantes funciones del Economic Committee fueron asumidas por el Statistical Committee» (punto 13 del anexo 39 del pliego de cargos).

160 Las declaraciones de Stora no contienen, por consiguiente, ningún elemento que sustente la alegación de la Comisión en cuanto al supuesto objeto contrario a la competencia de las deliberaciones de dicho órgano por lo que respecta al período posterior al inicio de 1987.

161 Por último, la Comisión tampoco invoca elementos probatorios que autoricen a considerar que los participantes en las reuniones del EC estaban informados de la naturaleza precisa de las reuniones del JMC, órgano al que el EC comunicaba sus conclusiones. Por consiguiente, no cabe excluir que determinados participantes en las reuniones del EC que no participaran al mismo tiempo en las reuniones del JMC no tuvieran conocimiento del uso preciso que el JMC hacía de los informes preparados por el EC.

162 Por consiguiente, no puede considerarse que el anexo 70 del pliego de cargos demuestre la verdadera naturaleza de los debates mantenidos en las reuniones del EC.

163 Por lo demás, la propia Comisión parece considerar que la participación en las reuniones del EC no constituye una prueba suficiente de infracción alguna, ya que no consideró que la empresa Enso Española, que había asistido a reuniones del EC en 1987 (cuadro 6 del Anexo de la Decisión), hubiera cometido una infracción de las normas sobre la competencia con anterioridad a marzo de 1988 (artículo 1 de la Decisión).

164 Habida cuenta de las consideraciones expuestas, el hecho de que la demandante participara en tres reuniones del EC durante el período de que se trata no demuestra su participación en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

c) Conducta efectiva de la demandante en materia de precios

165 Por lo que respecta al período examinado, del cuadro A del Anexo de la Decisión se desprende que, según la Comisión, la demandante anunció el 14 de noviembre de 1987 un aumento de sus precios en el Reino Unido del 8 %, y lo aplicó el 12 de enero de 1988.

166 En cambio, según los cuadros B y C del Anexo de la Decisión, la Comisión no dispone de ninguna información relativa a eventuales aumentos de los precios del cartoncillo de la demandante a raíz de las iniciativas de incremento de los precios de marzo/abril de 1988 y de octubre de 1988.

167 En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia estima que la conducta efectiva de la demandante en materia de precios descrita por la Comisión, consistente en una sola iniciativa de incremento de precios en el Reino Unido que parece coincidir con la aplicada por el resto de los productores, no basta para sustentar de manera suficiente conforme a Derecho la afirmación de la Comisión según la cual la demandante participó en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado durante el período de que se trata.

d) Conclusión relativa al período considerado

168 Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, los elementos probatorios invocados por la Comisión no demuestran, ni siquiera tomados en su conjunto, la participación de la demandante en una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado durante el período comprendido entre mediados de 1986 y abril de 1989.

2. Período comprendido entre abril de 1989 y abril de 1991

169 A tenor del artículo 1 de la Decisión, las empresas en él enumeradas infringieron el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al participar, en el caso de la demandante desde mediados de 1986 hasta abril de 1991, en un acuerdo y una práctica concertada iniciados a mediados de 1986 por los cuales los proveedores de cartoncillo en la Comunidad, entre otras medidas, «acordaban incrementos periódicos de precios para cada una de las calidades del producto en cada moneda nacional» y «planeaban y aplicaban incrementos de precios uniformes y simultáneos en toda la Comunidad», «llegaban a un acuerdo para mantener las cuotas de mercado de los principales fabricantes a unos niveles constantes (sujetos a modificación de forma esporádica)» y «aplicaban (progresivamente desde el comienzo de 1990) medidas concertadas para controlar el suministro del producto en la Comunidad con el fin de garantizar la efectividad de los mencionados incrementos de precios».

170 De ahí se deduce que, según la Decisión, cada una de las empresas mencionadas en su artículo 1 infringió el apartado 1 del artículo 85 del Tratado al participar en una única infracción constituida por colusiones relativas a tres materias diferentes, pero orientadas a un objetivo común. Debe considerarse que estas colusiones son los elementos constitutivos del cartel global.

171 En estas circunstancias, procede examinar por separado si la demandante participó en cada una de las referidas colusiones durante el período comprendido entre abril de 1989 y abril de 1991.

a) Sobre la participación de la demandante en una colusión sobre los precios

- Participación de la demandante en dos reuniones del JMC

172 Consta que la demandante participó en dos reuniones del JMC, a saber, las celebradas el 4 de abril de 1989 y el 20 de noviembre de 1990.

173 Según la Comisión, la misión principal del JMC era, desde el principio:

«- determinar si se podían aplicar los incrementos de precio, y en caso afirmativo la manera en que se debería efectuar, y comunicar sus conclusiones al PWG;

- determinar los pormenores de las iniciativas de precios decididas por el PWG, país por país para los principales clientes, con objeto de establecer un sistema equivalente (es decir, uniforme) de precios en Europa [...]» (último párrafo del punto 44 de la exposición de motivos de la Decisión).

174 Más concretamente, la Comisión mantiene, en los párrafos primero y segundo del punto 45 de la exposición de motivos de la Decisión, lo siguiente:

«[...] Este comité discutía mercado por mercado cómo podían ser aplicados por cada productor los incrementos de precios aprobados por el PWG. Los detalles prácticos de la puesta en práctica de los incrementos de precios propuestos se discutían en una "mesa redonda" en la que cada participante podía expresar su opinión en cuanto a los incrementos propuestos.

En caso de que aparecieran dificultades a la hora de aplicar los incrementos de precios aprobados por el PWG, o de que se produjeran negativas a cooperar, se informaba de ello al PWG el cual (según afirma Stora) "procuraba alcanzar el nivel de cooperación considerado necesario". El JMC elaboraba informes separados para las calidades GC y GD. Si el PWG modificaba una decisión de precios en virtud de la información recibida del JMC, en la siguiente reunión de este último se discutían las medidas necesarias para su aplicación.»

175 Debe señalarse que la Comisión obra correctamente al remitirse, en apoyo de tales indicaciones acerca del objeto de las reuniones del JMC, a las declaraciones de Stora (anexos 35 y 39 del pliego de cargos).

176 Además, aun cuando no dispone de ningún acta oficial de la reunión del JMC, la Comisión obtuvo de Mayr-Melnhof y Rena ciertas notas internas fechadas, respectivamente, el 6 de septiembre de 1989, el 16 de octubre de 1989 y el 6 de septiembre de 1990 (anexos 117, 109 y 118 del pliego de cargos). El Tribunal de Primera Instancia considera que dichas notas, cuyo contenido se describe en los puntos 80, 82 y 87 de la exposición de motivos de la Decisión, se refieren efectivamente a debates mantenidos en reuniones del JMC.

177 Por lo que respecta a los anexos 117 y 109, la demandante no niega que se refieren, respectivamente, a las reuniones del JMC de 6 de septiembre de 1989 y de 16 de octubre de 1989. Por otra parte, procede desestimar, en este contexto, la alegación de la demandante según la cual no se ha demostrado que el anexo 118 del pliego de cargos, una nota obtenida de Rena fechada el 6 de septiembre de 1990, se refiera a una reunión del JMC. Dicho documento figura en hojas de papel con el membrete de «Schweizerischer Bankverein» («Sociedad de Banca Suiza») y está fechado el 6 de septiembre de 1990, es decir, el día en que se celebró en Zúrich una reunión del JMC. En él se descr