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El principio general de no discriminación por razón de la edad, tal como lo concreta la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que, también en un litigio entre particulares, se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un trabajador no puede percibir una indemnización por despido si tiene derecho a una pensión de jubilación pagada por su empresario con arreglo a un plan de pensiones al que se ha incorporado antes de cumplir 50 años, con independencia de si opta por permanecer en el mercado de trabajo o por jubilarse.

A este respecto, puesto que la Directiva 2000/78 no consagra por sí misma el principio general de no discriminación por razón de la edad, sino que se limita a concretarlo en materia de empleo y de trabajo, el alcance de la protección concedida por esa Directiva no rebasa el concedido por dicho principio.

Por otra parte, habida cuenta de que los artículos 2 y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 se oponen a una normativa nacional en cuya virtud los trabajadores que tienen derecho a percibir una pensión de jubilación pagada por su empresario con arreglo a un plan de pensiones al que se han incorporado antes de cumplir 50 años no pueden, por ese mero hecho, percibir una indemnización especial por despido destinada a favorecer la reinserción laboral de los trabajadores con una antigüedad en la empresa superior a doce años, lo mismo cabe decir del principio fundamental de igualdad de trato, del cual se deriva, como simple expresión concreta, el principio general de no discriminación por razón de la edad.

(véanse los apartados 23, 26 y 27 y el punto 1 del fallo)
El artículo 23 del Reglamento no 1122/2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento no 73/2009 en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento no 1234/2007 en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola, en relación con los Reglamentos no 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en su versión modificada por el Reglamento no 473/2009, y no 1975/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 1698/2005 en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural, en su versión modificada por el Reglamento no 484/2009, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una normativa nacional exija que el solicitante de una ayuda agroambiental presente al organismo pagador, al mismo tiempo que su solicitud de ayuda, un certificado relativo a la especie vegetal rara que le da derecho al pago de esta ayuda, siempre que esa normativa haya permitido a los operadores afectados cumplir sus requisitos en condiciones razonables, lo que corresponde comprobar al juez nacional.

En efecto, tal normativa nacional se inscribe en el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros en virtud de los artículos 5, 10 y 11 del Reglamento no 1975/2006 y participa del objetivo perseguido por esas disposiciones, que es garantizar la eficacia de los controles. No obstante, las medidas adoptadas por los Estados miembros en el marco de su margen de apreciación no pueden atentar contra el efecto útil de las disposiciones de los Reglamentos nos 1698/2005, 1975/2006 y 1122/2009 ni contra los principios generales del Derecho de la Unión, concretamente, los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica. A este respecto, corresponde al juez nacional apreciar si las disposiciones de entrada en vigor de la normativa nacional permiten a los operadores afectados cumplir, en condiciones razonables, sus requisitos y, concretamente, a los peticionarios de ayuda solicitar, obtener y presentar el certificado controvertido en el plazo fijado por esa normativa nacional. Además, corresponde a dicho juez comprobar si la exigencia de un certificado para las especies vegetales raras no es nueva y si la normativa no establece una fecha límite obligatoria para solicitar el certificado a las autoridades competentes y tener en cuenta, en su caso, esos datos en su apreciación.

(véanse los apartados 41, 42 y 49 a 51 y el punto 1 del fallo)
El artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, establecido por el Reglamento no 259/68, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento no 1080/2010, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que puede dar lugar a la reducción o a la denegación de la pensión de jubilación devengada por un trabajador por cuenta ajena, nacional de dicho Estado miembro, por prestaciones realizadas de conformidad con la legislación de ese mismo Estado miembro, cuando el total de años de actividad laboral que ha completado como trabajador por cuenta ajena en dicho Estado miembro y como funcionario de la Unión Europea destinado en ese mismo Estado miembro sobrepasa la unidad de período de actividad laboral de 45 años establecida en la referida normativa, por cuanto, debido al método de cálculo de la fracción que expresa la cuantía de la pensión a cargo de la Unión, esa reducción es superior a la que se habría aplicado si el período total de actividad laboral de dicho trabajador se hubiera completado como trabajador por cuenta ajena en el Estado miembro en cuestión.

Como se desprende de la redacción del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, establecido por el Reglamento no 259/68, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento no 1080/2010, esta disposición establece una mera facultad, que cada funcionario puede o no ejercer. Por consiguiente, el hecho de no ejercerla no puede dar lugar a una pérdida de los derechos que el funcionario ha adquirido en virtud de las cotizaciones que abonó al régimen nacional de seguridad social al que pertenecía antes de su entrada al servicio de la Unión, a menos que se transforme esa facultad en obligación, contraviniendo así la redacción inequívoca de esa disposición, lo que no sería aceptable.

(véase el apartado 52)
El artículo 24 de la Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, y el artículo 4 del Reglamento no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, según su modificación por el Reglamento no 1244/2010, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que excluye de ciertas prestaciones especiales en metálico no contributivas, en el sentido del artículo 70, apartado 2, del Reglamento no 883/2004, y que constituyen también una «prestación de asistencia social», en el sentido del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38, a los nacionales de otros Estados miembros que se encuentren en la situación prevista en el artículo 14, apartado 4, letra b), de esa Directiva, mientras que esas prestaciones se conceden a los nacionales de ese Estado miembro que se hallan en la misma situación.

En efecto, resulta expresamente de la remisión que hace el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38 al artículo 14, apartado 4, letra b), de ésta, que el Estado miembro de acogida puede denegar toda prestación de asistencia social a un ciudadano de la Unión que disfrute de un derecho de residencia exclusivamente fundado en esa última disposición.

Si bien la Directiva 2004/38 exige que el Estado miembro considere la situación individual de una persona interesada cuando se disponga a adoptar una medida de expulsión, o a constatar que esa persona se ha convertido en una carga excesiva para la asistencia social a lo largo de su residencia, ese examen individual no es exigible sin embargo en el caso de un ciudadano de la Unión que entre en el territorio del Estado miembro de acogida para buscar trabajo, ya que la Directiva 2004/38, que establece un sistema gradual de mantenimiento de la condición de trabajador que pretende asegurar el derecho de residencia y el acceso a las prestaciones sociales, toma en consideración, ella misma, los diferentes factores que caracterizan la situación individual de cada solicitante de una prestación social, y en especial la duración del ejercicio de una actividad económica.

Además, ya que el examen individual está dirigido a una apreciación global de la carga concreta que representaría la concesión de una prestación en el conjunto del sistema nacional de asistencia social, la ayuda concedida a un solo solicitante difícilmente puede calificarse de carga excesiva para un Estado miembro, en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2004/38, carga que podría pesar sobre el Estado miembro interesado, no cuando se le hubiera presentado una solicitud individual, sino necesariamente una vez sumadas todas las solicitudes individuales que se le hubieran presentado.

(véanse los apartados 58 a 60, 62 y 63 y el fallo)
1)

Declarar que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber adoptado las medidas necesarias para que los vertederos para residuos no peligrosos existentes en su territorio únicamente puedan seguir funcionando después del 16 de julio de 2009 si reúnen los requisitos previstos en dicha Directiva.
A este respecto, en relación con la eventual aparición, tras la liquidación de una empresa de la que deben recuperarse ayudas ilegales, de desórdenes sociales capaces de alterar el orden público, incumbe al Estado miembro de que se trate adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión, con el fin de garantizar la aplicación correcta de este Derecho en interés de todos los operadores económicos, a no ser que se demuestre que una acción por parte de dicho Estado produciría tales consecuencias sobre el orden público que éste no podría hacerles frente con los medios de que dispone, lo que corresponde demostrar al Estado miembro afectado.

Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 3 a 5 de la Decisión 2013/435 por la que se declararon ilegales e incompatibles con el mercado interior ayudas de Estado en favor de determinadas compañías navieras, al no haber adoptado, dentro de los plazos establecidos, todas las medidas necesarias para recuperar estas ayudas de su beneficiario, al no haber cancelado, dentro de los plazos establecidos, todos los pagos de las ayudas mencionadas en dicha Decisión y al no haber informado a la Comisión, dentro del plazo fijado, de las medidas adoptadas para atenerse a la referida Decisión.

(véanse los apartados 61 a 64 y el fallo)
La Directiva 96/9, sobre la protección jurídica de las bases de datos, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a una base de datos que no está protegida por los derechos de autor ni por el derecho sui generis en virtud de la propia Directiva, por lo que los artículos 6, apartado 1, 8 y 15 de ésta no se oponen a que el creador de dicha base de datos establezca limitaciones contractuales a su utilización por terceros, sin perjuicio del Derecho nacional aplicable.

En efecto, la circunstancia de que una base de datos se ajuste a los elementos de la definición contenida en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 96/9 no permite considerar que sean aplicables a esa base de datos las disposiciones de dicha Directiva que regulan los derechos de autor y/o el derecho sui generis, si no concurre la condición de aplicación de la protección por los derechos de autor enunciada en su artículo 3, apartado 1, ni la condición de aplicación de la protección por el derecho sui generis prevista en su artículo 7, apartado 1. Así pues, del objeto y de la estructura de la Directiva 96/9 resulta que sus artículos 6, apartado 1, 8 y 15, que establecen derechos de carácter indisponible a favor de los usuarios legítimos de una base de datos, no son aplicables a una base de datos que no esté protegida por los derechos de autor ni por el derecho sui generis en virtud de la propia Directiva, por lo que ésta no se opone a la estipulación de cláusulas contractuales cuyo objeto sean las condiciones de utilización de esa base de datos.

(véanse los apartados 35, 39 y 45 y el fallo)
4

Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006») indican, en su punto 2, que, en lo relativo a la determinación de las multas, «la Comisión debe tener en cuenta la duración y la gravedad de la infracción» y que «la multa impuesta no debe superar los límites que se indican en el artículo 23, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del [Reglamento n.o 1/2003]».
32

Esta facultad de definición reconocida a los Estados miembros tiene su límite, no obstante, en la prohibición de infringir los propios términos de la exención utilizados por el legislador de la Unión. Un Estado miembro no puede, en particular, sin negar los propios términos de «fondos comunes de inversión», seleccionar entre los fondos comunes de inversión aquellos que disfrutarán de la exención y aquellos que no. La citada disposición únicamente le atribuye la facultad de definir, en su Derecho interno, los fondos que responden al concepto de «fondos comunes de inversión» (véanse, en este sentido, las sentencias JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust y The Association of Investment Trust Companies, C‑363/05, EU:C:2007:391, apartados 41 a 43; Wheels Common Investment Fund Trustees y otros, C‑424/11, EU:C:2013:144, apartado 17, y ATP PensionService, C‑464/12, EU:C:2014:139, apartado 41).
1

Las peticiones de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 1, y 3, puntos 1 y 2, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67), según su modificación por la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 (DO L 136, p. 34) (en lo sucesivo, «Directiva 2001/83»), de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149, p. 22), y de la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 376, p. 21).
31

Dicho órgano jurisdiccional observa que, sobre la base del artículo 27, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y correcciones de errores DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2005, L 197, p. 34), del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DO 2004, L 16, p. 44), y del artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO L 251, p. 12), un Estado miembro puede, por razones [o motivos] de orden público, limitar la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, denegar el estatuto de residente de larga duración, denegar una solicitud de entrada y de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión y retirar un permiso de residencia de un miembro de la familia o denegar su renovación. Señala, no obstante, que el concepto de «razones [o motivos] de orden público» se interpreta de manera diferente en cada una de esas Directivas, puesto que los elementos que un Estado miembro ha de tener en cuenta en su apreciación son distintos.
2)

El artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, modificado por el Reglamento no 1992/2006, puesto en relación con el apartado 1 del mismo artículo, debe interpretarse en el sentido de que, en las circunstancias de los litigios principales, no se opone a que un trabajador migrante, sometido a la legislación del Estado miembro de empleo, perciba en virtud de una legislación nacional del Estado de residencia las prestaciones correspondientes al régimen de seguro de vejez y las prestaciones familiares de ese último Estado.
1

Con su recurso de casación el Sr. Anbouba solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2013, Anbouba/Consejo (T‑563/11, EU:T:2013:429; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), que desestimó su recurso de anulación contra: — la Decisión 2011/522/PESC del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 228, p. 16); — la Decisión 2011/628/PESC del Consejo, de 23 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 247, p. 17); — la Decisión 2011/782/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria y por la que se deroga la Decisión 2011/273/PESC (DO L 319, p. 56); — el Reglamento (UE) no 878/2011 del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 442/2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 228, p. 1), y — el Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 442/2011 (DO L 16, p. 1), en cuanto el nombre del Sr. Anbouba figura en las listas de las personas a las que se aplican las medidas restrictivas impuestas por esos actos (en lo sucesivo, «actos controvertidos»).
37

En este contexto, es preciso asimismo indicar que de los trabajos preparatorios de la Directiva 2003/124 se desprende que una referencia a la posibilidad de llegar a una conclusión respecto a la «dirección» del efecto de la información sobre el precio de los instrumentos financieros correspondientes, que figuraba en la versión sometida a consulta pública del dictamen técnico CESR/02-089d emitido en diciembre de 2002 por el Comité de responsables europeos de reglamentación de valores (CESR), destinado a la Comisión Europea y titulado «Dictamen del CESR sobre las medidas de ejecución del nivel 2 para la propuesta de Directiva sobre abuso del mercado» («CESR’s Advice on Level 2 Implementing Measures for the proposed Market Abuse Directive»), fue suprimida posteriormente, precisamente para evitar que tal referencia pudiera servir de pretexto para no hacer pública la información.
6

El artículo 6 de la misma Directiva está redactado como sigue: «1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios. Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular: a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y recomendación, para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas; b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo; […] 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que no constituirán discriminación por motivos de edad, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo.»
16

El Gobierno portugués afirma, con carácter principal, que la petición de decisión prejudicial es manifiestamente inadmisible, dado que el órgano jurisdiccional remitente, en primer lugar, no ha indicado las disposiciones o normas del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita; en segundo lugar, no explica las razones que le hacen albergar dudas sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la norma de Derecho nacional controvertida en el litigio principal, y, en tercer lugar, presenta dos versiones diferentes del artículo 63 del CPPT, ninguna de las dos pertinente para la apreciación de las circunstancias fácticas controvertidas en el asunto principal. Señala, además, que el artículo 63 del CPPT es una disposición de carácter meramente interno que no pretende ni reproducir ni transponer ninguna norma del Derecho de la Unión, de tal modo que el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse, en el marco de un procedimiento prejudicial, sobre el tenor, el contenido o el alcance de esta disposición de Derecho nacional.
37

De ello se sigue que, en primer término, el prestamista debe apreciar en cada caso y atendiendo a las circunstancias específicas de éste si la referida información es adecuada y suficiente para evaluar la solvencia del consumidor. En ese sentido, la suficiencia de esa información puede variar en función de las circunstancias en las que se concluye el contrato de crédito, de la situación personal del consumidor o del importe previsto por ese contrato. Esa evaluación puede realizarse mediante documentos justificativos de la situación económica del consumidor, pero no cabe excluir que el prestamista pueda servirse del conocimiento previo de la situación económica del solicitante del préstamo de la que disponga, en su caso. No obstante, las simples declaraciones no sustentadas de un consumidor no pueden por sí mismas calificarse como suficientes si no las acompañan documentos acreditativos.