Por otra parte, se desprende del artículo 1, apartado 6, de la Posición común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, al que se remite también el artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2580/2001, que, si bien es cierto que las decisiones subsiguientes de congelación de fondos deben ir precedidas de una revisión de la situación del interesado, no lo es menos que esta revisión no tiene como única finalidad la de comprobar si el interesado continúa dedicándose a actividades terroristas, sino también la de asegurarse de que la permanencia del interesado en la lista que figura como anexo a dicho Reglamento está justificada, en su caso sobre la base de nuevos datos o nuevas pruebas. A este respecto, cuando los motivos de una decisión subsiguiente de congelación de fondos son esencialmente idénticos a los que ya se invocaron para una decisión anterior, una mera declaración a tal efecto podrá ser suficiente, en particular cuando el interesado es un grupo o una entidad.

Tanto la motivación de una decisión inicial de congelación de fondos como la motivación de las decisiones subsiguientes no solamente deben referirse a los requisitos legales de aplicación del Reglamento no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, en particular, la existencia de una decisión nacional adoptada por una autoridad competente, sino también a las razones específicas y concretas por las que el Consejo considera, en el ejercicio de su facultad discrecional de apreciación, que es preciso aplicar al interesado una medida de congelación de fondos.

Ni el artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, ni el artículo 1, apartados 2, 3 y 6, de la Posición común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, prohíben la imposición de medidas restrictivas a personas o entidades que en el pasado cometieron actos terroristas, a pesar de que no existan pruebas de que actualmente cometan tales actos o que participen en ellos, si las circunstancias lo justifican.

En primer lugar, si bien es cierto que el artículo 1, apartado 2, de la referida Posición común recurre al presente de subjuntivo («las personas que cometan») para definir lo que debe entenderse por «personas, grupos y entidades que intervengan en actos terroristas», no lo es menos que lo hace por el sentido gnómico propio de las definiciones e incriminaciones legales, y no por referirse a un determinado período en el tiempo. Lo mismo ocurre con el participio presente utilizado en las versiones francesa («les personnes […] commettant») e inglesa («persons committing») del artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2580/2001, lo que viene confirmado por el empleo del presente de indicativo en la formulación equivalente en otras versiones lingüísticas. Por otra parte, el artículo 1, apartado 4, de esta Posición común permite la adopción de medidas restrictivas dirigidas, en particular, a personas que hayan sido objeto de una condena por actos terroristas, lo que normalmente implica una actividad terrorista en el pasado, que ha cesado en el momento en que se hace la constatación correspondiente en la decisión de condena. Por último, el apartado 6 del mismo artículo prevé que los nombres de las personas y entidades que figuran en la lista litigiosa se revisarán periódicamente, al menos una vez por semestre, con el fin de asegurar que su permanencia en la lista esté justificada. So pena de privar esta disposición de su efecto útil, debe considerarse que dicha disposición permite mantener en la lista litigiosa personas y entidades que no cometieron ningún nuevo acto terrorista durante el semestre o los semestres anteriores a la revisión si dicha permanencia sigue justificada a la luz del conjunto de las circunstancias pertinentes.

En segundo lugar, el Reglamento no 2580/2001 y la Posición común 2001/931, por los que se aplica la Resolución 1373(2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como dicha Resolución tienen por objeto la lucha contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales representadas por los actos de terrorismo. La consecución de este objetivo, de una importancia fundamental para la comunidad internacional, podría verse comprometida si las medidas de congelación de fondos establecidas en dicha normativa sólo pudieran aplicarse a personas, grupos y entidades que cometan actos de terrorismo en la actualidad o los hayan cometido en un pasado muy reciente.

Por otra parte, dado que estas medidas tienen esencialmente por objeto evitar que se cometan o se repitan tales actos, se basan más en una valoración de amenazas actuales o futuras que en una apreciación de comportamientos pasados. A este respecto, la experiencia ha enseñado que el hecho de que una organización con pasado terrorista interrumpa temporalmente sus actividades no constituye en sí mismo una garantía de que no las reinicie en cualquier momento y que no necesariamente debe confiarse en una supuesta renuncia a la violencia expresada en ese contexto. En consecuencia, la amplia facultad de apreciación de que dispone el Consejo, en cuanto a los datos a tomar en consideración para adoptar o mantener una medida de congelación de fondos, se extiende a la evaluación de la amenaza que una organización puede seguir representando si en el pasado cometió actos terroristas, aunque haya suspendido sus actividades terroristas durante un tiempo más o menos largo o incluso haya puesto aparentemente fin a dichas actividades.

(véanse los apartados 107 a 112)