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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de junio de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «TEAM POWER EUROPE» EOOD / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna

(Asunto C-784/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Trabajadores migrantes - Seguridad social - Legislación aplicable - Reglamento (CE) n.o 883/2004 - Artículo 12, apartado 1 - Desplazamiento - Trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal - Reglamento (CE) n.o 987/2009 - Artículo 14, apartado 2 - Certificado A1 - Determinación del Estado miembro en el que el empleador ejerce normalmente sus actividades - Concepto de «actividades sustanciales distintas de la mera gestión interna» - Inexistencia de cesión de trabajadores en el territorio del Estado miembro de establecimiento del empleador)

(2021/C 289/11)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad — Varna

Partes en el procedimiento principal

Demandante:«TEAM POWER EUROPE» EOOD

Demandada: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna

Fallo

El artículo 14, apartado 2, del Reglamento n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que, para considerar que una empresa de trabajo temporal establecida en un Estado miembro «ejerce normalmente sus actividades», en el sentido del artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, en ese Estado miembro, debe realizar una parte sustancial de su actividad de cesión de trabajadores en favor de empresas usuarias que estén establecidas y ejerzan sus actividades en el territorio de dicho Estado miembro.

(1) DO C 27 de 27.1.2020.
2)

La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que una persona que en virtud de un contrato es titular de determinados derechos de propiedad intelectual que sin embargo no utiliza por sí misma, sino que se limita a reclamar una indemnización por daños y perjuicios a supuestos infractores, puede acogerse, en principio, a las medidas, procedimientos y recursos previstos en el capítulo II de dicha Directiva, salvo que se compruebe, con arreglo a la obligación general prevista en el artículo 3, apartado 2, de aquella y basándose en un análisis global y circunstanciado, que su pretensión resulta abusiva. En particular, tratándose de una petición de información basada en el artículo 8 de la referida Directiva, también habrá de desestimarse tal petición si es injustificada o no proporcionada, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de abril de 2021 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) — Irlanda] — Friends of the Irish Environment Ltd / Commissioner for Environmental Information

(Asunto C-470/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Convenio de Aarhus - Directiva 2003/4/CE - Derecho de acceso a información medioambiental en poder de las autoridades públicas - Artículo 2, punto 2 - Concepto de «autoridades públicas» - Entidades o instituciones que actúen en calidad de órgano jurisdiccional - Información contenida en los autos de un procedimiento judicial concluido)

(2021/C 217/06)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Friends of the Irish Environment Ltd

Demandada: Commissioner for Environmental Information

con intervención de: Courts Service of Ireland

Fallo

El artículo 2, punto 2, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no regula el acceso a la información medioambiental contenida en los autos judiciales, ya que ni los órganos jurisdiccionales ni las entidades o las instituciones que se hallan bajo su autoridad y mantienen así vínculos estrechos con estos constituyen «autoridades públicas» en el sentido de esa disposición, por lo que no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la referida Directiva.

(1) DO C 280 de 19.8.2019.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 24 de marzo de 2021 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze / MI (C-870/19), TB (C-871/19)

(Asuntos acumulados C-870/19 y C-871/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Aparato de control en el sector de los transportes por carretera - Reglamento (CEE) n.o 3821/85 - Artículo 15, apartado 7 - Reglamento (CE) n.o 561/2006 - Procedimiento de control - Sanción administrativa - Falta de presentación de las hojas de registro del tacógrafo relativas al día en curso y a los 28 días anteriores - Infracción única o múltiple)

(2021/C 189/03)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Recurridas: MI (C-870/19), TB (C-871/19)

Fallo

El artículo 15, apartado 7, del Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, y el artículo 19 del Reglamento n.o 561/2006 deben interpretarse en el sentido de que, en caso de que no se presenten, por parte del conductor de un vehículo de transporte por carretera sometido a control, las hojas de registro del aparato de control correspondientes a varios días de actividad durante el período que abarca el día del control y los 28 días anteriores, las autoridades competentes del Estado miembro del lugar del control estarán obligadas a constatar una única infracción con respecto a ese conductor y, en consecuencia, a imponerle una sola sanción por ella.

(1) DO C 54 de 17.2.2020.
C 182/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — X / Kuoni Travel Ltd

(Asunto C-578/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Directiva 90/314/CEE - Artículo 5, apartado 2, tercer guion - Viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados - Contrato relativo a un viaje combinado celebrado entre un organizador de viajes y un consumidor - Responsabilidad del organizador de viajes por la buena ejecución de las obligaciones derivadas del contrato por parte de otros prestadores de servicios - Daño resultante de los actos de un empleado de un prestador de servicios - Exención de responsabilidad - Acontecimiento que ni el organizador de viajes ni el prestador de servicios podían prever o superar - Concepto de «prestador de servicios»)

(2021/C 182/13)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Demandante: X

Demandada: Kuoni Travel Ltd

con intervención de: ABTA Ltd

Fallo

El artículo 5, apartado 2, tercer guion, de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, en la medida en que establece una causa de exención de la responsabilidad del organizador de un viaje combinado por la buena ejecución de las obligaciones derivadas de un contrato relativo a un viaje de ese tipo, celebrado entre ese organizador y un consumidor y regulado por dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de no ejecución o de mala ejecución de esas obligaciones que resulte de actos de un empleado de un prestador de servicios que ejecuta el citado contrato:

— ese empleado no puede considerarse como prestador de servicios a efectos de la aplicación de esa disposición y

— el organizador no puede eximirse de su responsabilidad derivada de tal no ejecución o mala ejecución, en aplicación de la mencionada disposición.

(1) DO C 328 de 30.9.2019.
C 182/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Darmstadt — Alemania) — RJ / Stadt Offenbach am Main

(Asunto C-580/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores - Ordenación del tiempo de trabajo - Directiva 2003/88/CE - Artículo 2 - Concepto de «tiempo de trabajo» - Período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial - Bomberos profesionales - Directiva 89/391/CEE - Artículos 5 y 6 - Riesgos psicosociales - Deber de prevención)

(2021/C 182/14)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Darmstadt

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: RJ

Recurrida: Stadt Offenbach am Main

Fallo

El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que un período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial durante el cual un trabajador debe poder presentarse en el término municipal de la ciudad en la que está destinado en un plazo de veinte minutos, con su uniforme de intervención y el vehículo de servicio puesto a su disposición por su empresario, haciendo uso de las excepciones a las normas de tráfico de aplicación general y de los derechos de preferencia vinculados a ese vehículo, solo constituye, en su totalidad, «tiempo de trabajo» en el sentido de esta disposición si de una apreciación global de todas las circunstancias del caso de autos, en particular, de las consecuencias de dicho plazo y, en su caso, de la frecuencia media de intervención en el transcurso de ese período, se desprende que las limitaciones impuestas a dicho trabajador durante ese período son de tal naturaleza que afectan objetivamente y de manera considerable a su capacidad para administrar libremente, en ese mismo período, el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales y para dedicarlo a sus propios intereses.

(1) DO C 372 de 4.11.2019.
C 53/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 17 de diciembre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — Bundeszentralamt für Steuern / Y-GmbH

(Asunto C-346/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Devolución del IVA - Directiva 2008/9/CE - Artículo 8, apartado 2, letra d) - Artículo 15 - Indicación del número de la factura - Solicitud de devolución)

(2021/C 53/09)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Bundeszentralamt für Steuern

Demandada: Y-GmbH

Fallo

Los artículos 8, apartado 2, letra d), y 15, apartado 1, de la Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro, en su versión modificada por la Directiva 2010/66/UE del Consejo, de 14 de octubre de 2010, deben interpretarse en el sentido de que, cuando una solicitud de devolución del impuesto sobre el valor añadido no contenga un número secuencial de la factura, pero contenga otro número que permita identificar dicha factura y, de este modo, el bien o el servicio de que se trate, la Administración tributaria del Estado miembro de devolución estará obligada a considerar dicha solicitud como «presentada», en el sentido del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/9, en su versión modificada por la Directiva 2010/66, y a proceder a su examen. En el marco de este examen, y exceptuando los casos en los que el original de la factura o una copia de ella ya obre en poder de la Administración, esta podrá instar al solicitante a que comunique un número secuencial que identifique la factura de forma única y, si esta petición no es atendida en el plazo de un mes previsto en el artículo 20, apartado 2, de dicha Directiva, en su versión modificada por la Directiva 2010/66, tendrá derecho a denegar la solicitud de devolución.

(1) DO C 263 de 5.8.2019.
—

las remuneraciones adeudadas por los derechos de autor se calculan sobre la base de una tarifa aplicada a los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas, sin que se puedan deducir de esos ingresos todos los gastos correspondientes a la organización del festival que no guarden relación alguna con las obras musicales que en él se ejecutan, siempre que, habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes del caso de autos, las remuneraciones efectivamente exigidas por la sociedad de gestión con arreglo al citado baremo no presenten carácter excesivo en relación con, en particular, la naturaleza y ámbito de uso de las obras, el valor económico generado por dicho uso y el valor económico de las prestaciones de esa sociedad de gestión, lo que corresponde verificar al juez nacional, y
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de octubre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal — Reino Unido) — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-235/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 135, apartado 1, letra a) - Exención de las operaciones de seguro - Prestación de servicios de gestión de fondos de pensiones al trustee por los gestores de inversiones - Exclusión de toda indemnización por riesgo - Régimen profesional de pensiones - Práctica tributaria nacional - Ejercicio de una actividad de seguro - Entidades que disponen de autorización - Entidades que no disponen de dicha autorización - Concepto de «operaciones de seguro»)

(2020/C 414/05)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Demandante: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Fallo

El artículo 135, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que los servicios de gestión de inversiones prestados con cargo a un régimen profesional de jubilación, con exclusión de toda indemnización por riesgo, no pueden calificarse de «operaciones de seguro» en el sentido de esta disposición y, por tanto, no pueden estar comprendidos en la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) prevista por dicha disposición para tales operaciones.

(1) DO C 172 de 20.5.2019.
C 297/16

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de julio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Bucureşti — Rumanía) — JE / KF

(Asunto C-249/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Reglamento (UE) n.o 1259/2010 - Cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial - Normas uniformes - Artículo 10 - Aplicación de la ley del foro)

(2020/C 297/20)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Bucureşti

Partes en el procedimiento principal

Demandante: JE

Demandada: KF

Fallo

El artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, debe interpretarse en el sentido de que la expresión «cuando la ley aplicable con arreglo a los artículos 5 u 8 no contemple el divorcio» se refiere únicamente a los casos en que la ley extranjera aplicable no contemple el divorcio en forma alguna.

(1) DO C 206 de 17.6.2019.
2.

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, debe interpretarse en el sentido de que no queda excluida del ámbito de aplicación de esa Directiva una cláusula contractual que establece el coste del crédito no correspondiente a intereses con arreglo al límite máximo contemplado por una normativa nacional relativa al crédito al consumo cuando esa normativa prevé que los costes del crédito no correspondientes a intereses no son adeudados por la parte que excede de ese límite máximo o del importe total del crédito.
C 287/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 9 de julio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Cluj — Rumanía) — NG, OH / SC Banca Transilvania SA

(Asunto C-81/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Protección de los consumidores - Directiva 93/13/CEE - Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores - Ámbito de aplicación - Artículo 1, apartado 2 - Concepto de «disposiciones legales o reglamentarias imperativas» - Disposiciones supletorias - Contrato de crédito denominado en moneda extranjera - Cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio)

(2020/C 287/09)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Cluj

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: NG, OH

Demandada: SC Banca Transilvania SA

Fallo

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que una cláusula contractual que no ha sido objeto de negociación individual, pero que refleja una norma que, con arreglo al Derecho nacional, se aplica entre las partes contratantes cuando estas no hayan pactado otra cosa, no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

(1) DO C 187 de 3.6.2019.
C 279/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de junio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf — Alemania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

(Asunto C-380/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Protección de los consumidores - Directiva 2013/11/UE - Resolución alternativa de litigios - Artículo 13, apartados 1 y 2 - Información obligatoria - Accesibilidad de la información)

(2020/C 279/16)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Recurrida: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Fallo

El artículo 13, apartados 1 y 2, de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo), debe interpretarse en el sentido de que un comerciante que pone a disposición de los consumidores en su sitio web las condiciones generales de los contratos de compraventa o de servicios, pero que no celebra contratos con consumidores a través de dicho sitio, está obligado a hacer constar en esas condiciones generales la información relativa a la entidad o entidades de resolución alternativa de litigios que den cobertura a ese comerciante, cuando este se comprometa a recurrir a dicha entidad o entidades o esté obligado a recurrir a ellas para resolver los litigios con consumidores. A este respecto no basta que dicho comerciante presente esa información en otros documentos accesibles en el referido sitio o en otros desplegables de este o facilite al consumidor tal información en el momento de la celebración del contrato sujeto a las referidas condiciones generales a través de un documento distinto de estas.

(1) DO C 288 de 26.8.2019.
2)

El Reglamento n.o 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.o 465/2012, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una situación en la que a una persona que ha dejado de estar afiliada a la seguridad social de su Estado miembro de origen después de haber cesado en él su actividad profesional y de haber trasladado su residencia a otro Estado miembro, en el cual ha trabajado y ha cubierto la mayor parte de su períodos de seguro, la institución competente de su Estado miembro de origen le deniega la percepción de una prestación como el subsidio de rehabilitación controvertido en el litigio principal, puesto que dicha persona no se rige por la legislación del mencionado Estado de origen, sino por la del Estado miembro en el que se encuentra su residencia.
1)

El artículo 26 del Reglamento n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión, debe interpretarse en el sentido de que la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de la leche o de la leche utilizada como ingrediente ha de considerarse como una «materia específicamente armonizada» por el propio Reglamento, a efectos del apartado 1 de su artículo 38, cuando la omisión de tal indicación pudiera inducir a error a los consumidores, y de que no se opone a que los Estados miembros adopten medidas que impongan menciones obligatorias adicionales, sobre la base del artículo 39 del mismo Reglamento, siempre que sean compatibles con el objetivo perseguido por el legislador de la Unión por medio de la armonización específica de la materia de la indicación obligatoria del país de origen o de lugar de procedencia y que formen un conjunto coherente con esa indicación.