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Por último, en lo que se refiere al argumento de la Comisión según el cual el demandante no impugnó el artículo 6 y las DGE en el procedimiento administrativo previo, de manera que no procede admitir que lo haga ante el Tribunal de Primera Instancia, debe señalarse que la ausencia de referencia expresa a los artículos de las DGE antes citados en la reclamación del demandante no es determinante, en el presente caso, en lo tocante a la admisibilidad de las pretensiones y de los motivos del recurso. En efecto, si bien no hace referencia expresa a las disposiciones de las DGE antes mencionadas, la reclamación del demandante de 18 de marzo de 1993 remite implícitamente a éstas por cuanto que impugna la legalidad de la Decisión de la AFPN de 12 de febrero de 1993, que fue adoptada de conformidad con las disposiciones de las DGE, de las que forman parte el artículo 6 y las disposiciones concordantes. En consecuencia, el objeto de la reclamación y el objeto del recurso están necesariamente circunscritos por las mismas normas jurídicas, de manera que el demandante puede desarrollar ante el Tribunal de Primera Instancia sus motivos de impugnación mediante fundamentos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación pero que se relacionen con ella estrechamente (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de marzo de 1990, Alexandrakis/Comisión, T-57/89, Rec. p. II-143). Es preciso añadir que la Comisión invocó por primera vez de forma expresa la aplicación del artículo 6 de las DGE en su decisión de 2 de septiembre de 1993. En esta última, la Comisión se fundó efectivamente en esta disposición concreta de las DGE, cuya interpretación por parte de la citada Institución ha motivado la desestimación de la reclamación del demandante. Por consiguiente, no cabe censurar al demandante que no impugnara en la propia reclamación el artículo 6 y las DGE, tal como fueron aplicadas por la Comisión en su decisión desestimatoria de la reclamación. Se deduce de lo anterior que procede desestimar también este argumento de la Comisión y que, en consecuencia, debe declararse la admisibilidad del recurso.
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Agricultura - Organización común de mercados - Carnes de ovino y caprino - Prima variable por sacrificio - Importe equivalente percibido con motivo de la exportación a otro Estado miembro («clawback») - Devolución del «clawback» indebidamente percibido - Procedimientos establecidos en el Reglamento (CEE) nº 1922/92 - Violación del principio de protección de la confianza jurídica, del principio de seguridad jurídica o del principio de proporcionalidad - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 1922/92 de la Comisión, art. 2]

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El artículo 2 del Reglamento nº 1922/92, por el que se modifica el Reglamento nº 1633/84, sobre modalidades de aplicación de la prima variable por sacrificio de ovino y por el que se determinan las condiciones para el reembolso del importe indebidamente cobrado en concepto de recuperación de la prima, no viola ni el principio de protección de la confianza legítima ni el principio de seguridad jurídica al prever, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 1992, Lomas y otros, asuntos acumulados C-38/90 y C-151/90, únicamente la devolución de la diferencia entre el «clawback» pagado en virtud del artículo 4 del Reglamento modificado y el importe de la prima efectivamente percibida. En efecto, dado que los requerimientos de pago del «clawback» en virtud de esta última disposición no carecían absolutamente de base jurídica, que los operadores que habían disfrutado de una prima debían contar con que ésta fuera recuperada en caso de exportarse los productos y que el Derecho nacional aplicable en la fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia impedía la repetición íntegra de las cantidades ilegalmente percibidas por una autoridad pública, no resulta que los operadores afectados pudieran legítimamente albergar la menor esperanza, basada en hechos o en el Derecho nacional, de recuperar íntegramente el «clawback» pagado antes de publicarse la sentencia del Tribunal de Justicia antes citada.

La validez de la disposición tampoco se desvirtúa por el hecho de que, en su apartado 2, ofrezca un método alternativo de cálculo del importe que ha de devolverse, basado en el importe de la media de las primas durante un período de cuatro semanas, dado que esta alternativa se ofreció para hacer frente a las dificultades experimentadas por algunos operadores para aportar la prueba de las primas efectivamente concedidas.

Por lo que respecta, por otra parte, a las mencionadas dificultades, imponer la carga de la prueba a los exportadores no era manifiestamente inapropiado ni, por consiguiente, viola el principio de proporcionalidad, ya que un comerciante diligente, que supiera que debía pagar el «clawback», habría tenido que adoptar las disposiciones necesarias para procurarse las pruebas que le serían requeridas en determinado momento para demostrar las cantidades de que se trata.
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Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Comportamiento ilegal de las instituciones - Productores de leche privados de cantidades de referencia en el marco del régimen de la tasa suplementaria tras haber suspendido sus entregas con arreglo al régimen de primas por no comercialización - Necesidad de acreditar la intención de reanudar la producción de leche al término del compromiso de no comercialización - Obtención posterior de una cantidad de referencia provisional - Irrelevancia

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2); Reglamentos (CEE) del Consejo nos 1078/77 y 857/84]

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$$La responsabilidad de la Comunidad por los daños causados a determinados productores de leche como consecuencia de la aplicación del Reglamento nº 857/84, por el que se establece, en el marco del régimen de la tasa suplementaria sobre la leche, la cantidad de referencia para cada productor tomando como base la producción entregada durante un año de referencia, está supeditada al requisito de que tales productores hayan manifestado claramente su intención de reanudar la producción de leche al término de su compromiso de no comercialización suscrito con arreglo al Reglamento nº 1078/77. En efecto, para que la ilegalidad que llevó a la declaración de invalidez de los reglamentos que dieron lugar a la situación de dichos productores pueda originar una indemnización en beneficio de estos últimos, los productores deben haberse visto en la imposibilidad de reanudar la producción de leche. Ello implica que los productores cuyo compromiso finalizó antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 857/84 hayan reanudado dicha producción o, al menos, hayan tomado medidas al efecto, tales como la realización de inversiones o de reparaciones o el mantenimiento de los equipos necesarios para la producción.

En este sentido, el hecho de que se hubiera denegado una cuota a un productor porque, en el momento en que la solicitó, no reunía los requisitos previstos en la legislación comunitaria destinada a reparar la invalidez del Reglamento nº 857/84 no excluye que, en el momento en que terminó su compromiso, confiara legítimamente en la posibilidad de reanudar la producción de leche y, por consiguiente, tuviera derecho a recibir una indemnización. Por el contrario, también es posible que una serie de productores no quisieran reanudar la producción de leche cuando finalizó su compromiso y se les atribuyera una cantidad de referencia años después, en la medida en que reunieran los requisitos exigidos en ese momento. En consecuencia, el hecho de haber obtenido posteriormente una cantidad de referencia provisional no prueba, por sí solo, que, al finalizar su compromiso de no comercialización, un productor tuviera intención de reanudar la producción de leche.

( véanse los apartados 46, 52 y 53 )
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Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Actos que las afectan directa e individualmente ° Reglamento por el que se establece el valor de los importes de referencia regionales definitivos para ciertas semillas oleaginosas ° Recurso de productores de colza ° Inadmisibilidad

[Tratado CEE, art. 173, párr. 2; Reglamento (CEE) nº 525/93 de la Comisión]

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Procede declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto por los productores de colza bávaros contra el Reglamento nº 525/93, por el que se establece el valor de los importes de referencia regionales definitivos correspondientes a la campaña de comercialización 1992/1993 para los productores de semillas de soja, colza, nabina y girasol.

En efecto, hay que considerar al citado Reglamento como un acto de alcance general que contempla a los productores afectados de manera general y abstracta, pues cada uno de los tres elementos en función de los cuales se determinan los citados importes se calcula a partir de datos de carácter general y abstracto, sin considerar en modo alguno la situación de los productores individuales. Lo mismo puede decirse en lo que atañe al importe de referencia regional definitivo establecido para Baviera.

Si bien es cierto que estos productores formaban parte efectivamente de un número fijo de productores en el momento de la adopción del Reglamento impugnado, es decir, aquellos que habían sembrado semillas para la cosecha en cuestión, que habían presentado una solicitud en que constaran los datos y declaraciones necesarios, que habían presentado una declaración de cosecha y que habían recibido un anticipo, este "círculo cerrado" es intrínseco al sistema establecido por el Reglamento nº 3766/91, por el que se establece un régimen de apoyo para los productores de las semillas de que se trata, y afecta a los demandantes en igual medida que a todos los demás productores de semillas oleaginosas que se encuentran en la misma situación.

Por otra parte, el mero hecho de que los demandantes hayan presentado las solicitudes y declaraciones exigidas, y de que hayan recibido ya un anticipo, no acredita que sus derechos específicos hayan sido lesionados en tal medida que deba considerárseles como individualmente afectados, dado, por una parte, que, antes de la adopción del Reglamento nº 525/93, no tenían un derecho adquirido al pago directo de un importe global preciso y, por otra, que su situación jurídica no difería de la de todos los demás productores comunitarios a que el citado Reglamento se refiere.
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1. Procedimiento ° Plazos de recurso ° Caducidad ° Error excusable ° Concepto

2. Recurso de anulación ° Recurso dirigido contra una Decisión confirmatoria de una Decisión no impugnada dentro de plazo ° Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 173)

3. Recurso de indemnización ° Autonomía con respecto al recurso de anulación ° Recurso que tiene por objeto la revocación de una Decisión individual convertida en definitiva ° Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 178 y 215, párr. 2)

4. Responsabilidad extracontractual ° Requisitos ° Comportamiento lesivo ° Falta de diligencia en la corrección de un error conocido por el servicio competente

(Tratado CE, art. 215, párr. 2)

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1. El concepto de error excusable debe interpretarse °en relación con los plazos para recurrir, que no tienen el carácter de dispositivos ni para el Juez ni para las partes y que son de orden público° de forma restrictiva y sólo puede referirse a circunstancias excepcionales en las que, en particular, la Institución de que se trate haya tenido un comportamiento de tal naturaleza que pueda provocar, por sí solo o de manera determinante, una confusión comprensible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que acredita haber prestado toda la diligencia exigible a un operador medio cuidadoso. Las promesas verbales presuntamente hechas por funcionarios de la Comisión, aun suponiendo que se hubieran probado, no pueden constituir, habida cuenta de las obligaciones que recaen sobre todo operador medio diligente, una circunstancia excepcional que justifique que el destinatario de una Decisión que desestima sus pretensiones no interponga contra ésta un recurso dentro de plazo.

2. Cuando un demandante deja que expire el plazo para actuar contra una Decisión que ha adoptado de manera inequívoca una medida que produce efectos jurídicos que afectan a sus intereses y que es vinculante para él, no puede obtener que empiece a contar de nuevo dicho plazo solicitando a la Institución que modifique su Decisión e interponiendo un recurso contra la Decisión denegatoria que confirma la Decisión adoptada anteriormente.

3. La inadmisibilidad de una pretensión de anulación no implica, por sí sola, la de una petición de indemnización, al constituir la acción prevista en los artículos 178 y 215 del Tratado una vía autónoma, en el marco de las vías de recurso con arreglo al Derecho comunitario. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de que el recurso de indemnización tiene por objeto, en realidad, la revocación de una Decisión individual convertida en definitiva, y tuviere como efecto, si fuere acogido, anular los efectos jurídicos de dicha Decisión.

4. La falta de diligencia manifiesta por parte de la Comisión, que resulta del hecho de que, aunque ésta sea plenamente consciente del error que había cometido al calcular el importe de una inversión subvencionable mediante una ayuda comunitaria, haya tardado quince meses en rectificarlo, retrasando durante ese tiempo el pago de la ayuda a su beneficiario, constituye un comportamiento lesivo que genera la responsabilidad extracontractual de la Comunidad.
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1. Recurso de anulación ° Competencia del Juez comunitario ° Orden conminatoria dirigida a una Institución ° Improcedencia

(Tratado CE, art. 173)

2. Competencia ° Prácticas colusorias ° Acuerdos entre empresas ° Concepto ° Acuerdos entre sociedad matriz y filiales sin autonomía ° Exclusión

(Tratado CE, art. 85, ap. 1)

3. Procedimiento ° Escrito de interposición del recurso ° Exigencias de forma ° Exposición sumaria de los motivos invocados

[Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia, art. 19, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1]

4. Actos de las Instituciones ° Motivación ° Obligación ° Alcance ° Decisión de aplicar las normas sobre la competencia

(Tratado CE, art. 190)

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1. El Juez comunitario no es competente para, en el marco de un recurso de anulación basado en el artículo 173 del Tratado, dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones comunitarias.

2. Cuando la filial, aun poseyendo distinta personalidad jurídica, no determina de forma autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplica las instrucciones que le dirige, directa o indirectamente, la sociedad matriz que la controla en su totalidad, las prohibiciones impuestas por el apartado 1 del artículo 85 no son aplicables a las relaciones entre la filial y la sociedad matriz con la que forma una unidad económica. El comportamiento adoptado unilateralmente en el mercado por tal unidad económica, aun cuando consista en prohibir que sus filiales suministren productos a clientes establecidos en Estados miembros distintos del de la filial, no puede analizarse y sancionarse a través del artículo 85 sin desviar este precepto de su función.

3. El escrito de interposición del recurso debe contener una exposición sumaria de los motivos invocados. Debe, por ello, concretar en qué consiste el motivo sobre el que se apoya el recurso, de tal manera que su simple mención abstracta no cumple los requisitos exigidos por el Estatuto del Tribunal de Justicia y por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

4. La motivación de una Decisión lesiva debe permitir a su destinatario conocer la justificación de la medida adoptada para, en su caso, hacer valer sus derechos y comprobar si la Decisión está o no fundada y al Juez comunitario, ejercer su control.

En la motivación de las Decisiones que haya de tomar para garantizar la aplicación de las normas sobre la competencia, la Comisión no está obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones invocadas ante ella por los interesados. Le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la Decisión.
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1. Funcionarios ° Destino ° Cambio de destino en el marco de un procedimiento de rotación del personal ° Distinción con respecto a la provisión de una plaza vacante ° Obligación de la administración de respetar el principio de igualdad de trato y de protección de la confianza legítima

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 4, 29 y 45)

2. Funcionarios ° Destino ° Cambio de destino en el marco de un procedimiento de rotación del personal ° Obligación para la administración de admitir a alguno de los funcionarios que hayan presentado su candidatura ° Inexistencia

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1. La existencia de una vacante, en el sentido de los artículos 4 y 29 del Estatuto, presupone que falte por cubrir un puesto de trabajo entre el número total de puestos de trabajo permanentes incluidos en la relación de puestos de trabajo anexa, según dispone el artículo 6 del Estatuto, a la sección de presupuesto correspondiente a la Institución de que se trate y que ha de fijar, para cada categoría y cada servicio, el número de puestos de trabajo por grado correspondiente a cada carrera. Un procedimiento destinado a garantizar en el seno de una Institución la rotación del personal y en cuya virtud los funcionarios cambian de destino conservando su plaza no constituye un procedimiento para proveer plazas vacantes. Por lo tanto, los artículos 4, 29 y 45 del Estatuto no resultan aplicables a tal procedimiento.

No obstante, la organización de la función pública comunitaria se rige por determinados principios generales del Derecho, concretamente el de igualdad de trato y el de protección de la confianza legítima, que no pueden pasarse por alto en el marco de un procedimiento que el Estatuto no prevé explícitamente, tal como el procedimiento de rotación del personal. La aplicación de tales principios implica, por una parte, que la administración está obligada a efectuar un examen comparativo regular de los méritos de los candidatos y, por otra parte, que una vez que haya decidido cubrir una función precisa mediante dicho procedimiento, deberá llevarlo a su término de manera regular, respetando los términos de la convocatoria que haya publicado, antes de recurrir a candidaturas externas en el marco de un procedimiento diferente.

2. La decisión de poner término a un procedimiento de rotación sin haber cubierto la función de que se trata mediante el nombramiento de un candidato interno forma parte del margen de discrecionalidad de que en esta materia disfruta la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos. En efecto, si la administración no está obligada a continuar un procedimiento de selección iniciado con arreglo al artículo 29 del Estatuto para proveer una vacante, ese principio debe, a fortiori, aplicarse por analogía en el supuesto de que la administración haya convocado candidaturas internas en el marco de un procedimiento de rotación del personal.
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1. Funcionarios - Pensiones - Adquisición de derechos a pensión - Agente auxiliar contratado posteriormente en calidad de agente temporal - Cómputo de los períodos de servicio cumplidos en calidad de agente auxiliar - Requisitos

(Estatuto de los Funcionarios, art. 83, ap. 2; Régimen aplicable a otros agentes, art. 70)

2. Funcionarios - Obligación de asistencia que incumbe a la administración - Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, art. 24)

3. Funcionarios - Agentes temporales - Asignación por cese en el servicio - Cálculo - Agente auxiliar contratado posteriormente en calidad de agente temporal - Deducción de la cotización adeudada por el interesado al régimen comunitario de pensiones y de las cotizaciones empresariales abonadas al régimen nacional de pensiones

(Estatuto de los Funcionarios, art. 83, ap.2; Régimen aplicable a otros agentes, art. 39)

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1. Ninguna disposición se opone a que, para calcular los derechos a pensión causados por un agente auxiliar, posteriormente contratado en calidad de agente temporal, que cese en el servicio de las Comunidades en esta última calidad, una Institución supedite la asimilación del período de actividad cumplido en calidad de agente auxiliar a un período de actividad cumplido en calidad de agente temporal al doble requisito de que, por una parte, el interesado abone a la Institución las cantidades que hubiera debido pagar al régimen comunitario de pensiones en concepto de la contribución contemplada en el apartado 2 del artículo 83 del Estatuto y, por otra, de que el interesado reembolse a la Institución la parte empresarial de las cotizaciones sociales pagadas al régimen nacional de pensiones con arreglo al artículo 70 del Régimen aplicable a otros agentes.

2. La obligación de asistencia y protección, enunciada por el artículo 24 del Estatuto, tiene por objeto la defensa de los funcionarios por parte de la Institución contra actos de terceros y no contra los actos de la propia Institución, cuyo control está regulado por otras disposiciones del Estatuto.

3. El artículo 39 del Régimen aplicable a otros agentes, relativo a la asignación por cese en el servicio, no puede interpretarse en el sentido de que, con excepción de los pagos efectuados con arreglo al artículo 42 de dicho Régimen, no pueda practicarse ninguna otra deducción de la asignación de que se trata. Por consiguiente, esta disposición no se opone a que la asignación pagada a un agente auxiliar posteriormente contratado en calidad de agente temporal que cese en el servicio de las Comunidades en esta última calidad, se disminuya, por una parte, por el importe de las contribuciones que el interesado debería haber pagado al régimen de pensiones de las Comunidades si hubiese sido contratado directamente como agente temporal y, por otra, por el importe de las cuotas empresariales pagadas por la Institución al régimen nacional de pensiones.
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En primer lugar, Bayer afirma que el plazo de dos meses, previsto en el párrafo tercero del artículo 173 del Tratado CEE para interponer un recurso de anulación, no empezó a correr hasta el 3 de enero de 1990 y no concluyó hasta el 9 de marzo de 1990, teniendo en cuenta la ampliación de seis días por razón de la distancia prevista en el artículo 1 del Anexo II del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. El hecho de que la Decisión impugnada, dirigida simplemente a «BAYER AKTIENGESELLSCHAFT — D-5090 LEVERKUSEN», llegara a su departamento de correspondencia el 28 de diciembre de 1989 no significa que aquélla le hubiera sido notificada ni que hubiera tenido conocimiento de la misma en dicha fecha. Bayer recuerda que, de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento n° 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento n° 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62; en lo sucesivo, «Reglamento n° 99/63»), tal Decisión será enviada a su destinatario por carta certificada con acuse de recibo o le será remitida contra recibo. Al incluir en la carta certificada el impreso denominado «Acknowledgement of receipt/Accusé de reception» («Acuse de recibo»), la Comisión utilizó ambas formas de notificación. En el presente caso, la utilización simultánea de ambas modalidades hizo que la notificación fuera contraria a Derecho. Por lo tanto, el plazo de recurso no empezó a correr hasta el día en que Bayer tuvo efectivamente conocimiento de la Decisión, es decir, el 3 de enero de 1990, tal como, por otra parte, cree haberlo demostrado. Bayer añade que, desde el momento en que la Comisión aceptó el acuse de recibo que llevaba fecha de 3 de enero de 1990, sin formular la menor observación, los principios de protección de la confianza legítima y de la seguridad jurídica se oponen a que la Comisión se acoja después a la existencia de un acuse de recibo postal, firmado con fecha anterior.