B.

1. a) En su primer motivo, el demandante acusa a la parte demandada de haber adoptado el 27 de julio de 1979, aplicándolas con efecto retroactivo al período que va desde el 1 de julio de 1977 al 30 de junio de 1979, las nuevas disposiciones generales de ejecución relativas al artículo 43 del Estatuto, en las que se funda la «guía de calificación». En opinión del demandante es contrario a derecho aplicar una disposición reglamentaria con efectos retroactivos. Replica la parte demandada que en la decisión de 27 de julio de 1979 se preveía expresamente que las nuevas disposiciones se aplicarían al periodo de calificación 1977-1979. Por lo demás, las nuevas disposiciones de ejecución no estarían llamadas a regular con efectos retroactivos hechos anteriores a su promulgación, sino que tenderían sencillamente a servir de punto de referencia para los calificadores, por lo que respecta a la manera en que estos últimos deben tomar en consideración en el futuro el rendimiento pasado de los funcionarios. b) Debe reconocerse que la parte demandada tiene razón cuando afirma que las disposiciones generales de ejecución adoptadas en julio de 1979 no constituyen propiamente medidas con efecto retroactivo. Estas disposiciones no modifican con efecto retroactivo derechos preexistentes reconocidos a los funcionarios, sino que se limitan a proporcionar a los calificadores un esquema más elaborado de cara a la valoración que estos últimos deben efectuar del rendimiento de los funcionarios durante el período transcurrido. Por lo demás, debe observarse que por lo que respecta a la promulgación de actos jurídicos con efecto retroactivo, el Derecho administrativo no conoce una prohibición tan categórica como la existente, por ejemplo, en el caso del Derecho penal. Aunque hubiese sido más atinado que los calificadores conociesen, durante el periodo de referencia, es decir, para el periodo de calificación que va desde el 1 de julio de 1977 al 30 de junio de 1979, los criterios de calificación en función de los cuales dichos calificadores deberían apreciar los méritos de sus subordinados, no hay lugar, sin embargo, para considerar irregular la adopción, por la parte demandada, de nuevas disposiciones de ejecución reguladoras de los informes de calificación a elaborar inmediatamente después de la adopción de estas disposiciones de ejecución. Entendemos que, por todo lo dicho, debe desestimarse el primer motivo. 2. a) En su segundo motivo, el demandante señala que el informe de calificación no menciona todas las consultas que hubiesen debido tener lugar, teniendo en cuenta los distintos destinos del demandante. De esta manera, el informe de calificación fue elaborado por el Director General Adjunto, Sr. Pizzuti, en una fecha, el 19 de febrero de 1981, en la que ya no prestaba servicio en la Dirección VI A «Asuntos internacionales relativos a la agricultura». Por lo demás, su anterior jefe de división, el Sr. Marinucci, no pudo ya confiarle, en opinión del demandante, ninguna tarea a partir del 1 de enero de 1979. La Comisión se remite a la circunstancia de que, puesto que el cambio de destino no tuvo lugar antes del 15 de enero de 1979, el calificador no había podido consultar a otros funcionarios distintos de los integrantes de la Dirección «Asuntos internacionales en el ámbito de la agricultura». b) Se desprende del informe de calificación impugnado (puntos 12 y 13) que la calificación establecida por el Director General Adjunto, Sr. Pizzuti, que asumía al mismo tiempo la Dirección de los Asuntos Internacionales en el ámbito de la agricultura, se efectuó tras consultar al funcionario entonces encargado de la División VIA 3 «Organizaciones internacionales para la agricultura». El calificador consultó, pues, al funcionario que era el superior jerárquico directo del demandante por lo menos hasta el 1 de enero de 1979 y que, por otra parte, también lo había sido por lo que respecta a los periodos de calificación que habían dado lugar a la elaboración de los dos informes de calificación precedentes. La alegación según la cual el Sr. Marinucci no perteneció a la división arriba citada entre el 1 de enero de 1979 y el 20 de febrero de 1979, día en el que el demandante sufrió un accidente del que resultó una incapacidad laboral, en nada afectaría la regularidad del informe, incluyendo la de las consultas que conllevaba —teniendo en cuenta que esta misma persona, a pesar de todo, fue su superior jerárquico durante dieciocho meses, y aun antes, durante varios años. Aparte de esto, el demandante no ha aclarado la identidad de las personas que el calificador hubiera debido consultar. Entendemos que, por todo lo dicho, debe también desestimarse el segundo motivo. 3. a) En su tercer motivo, el demandante se remite a la circunstancia de que las valoraciones individuales se modificaron sensiblemente en comparación con la calificación anterior, sin que dicha modificación haya sido motivada. La parte demandada rechaza este motivo, y en su defensa alega que en 1979 se introdujo un nuevo sistema de calificación, de manera que le resulta imposible, o cuanto menos muy difícil, proceder razonablemente a una comparación con calificaciones anteriores. Precisamente por esto, la Comisión llamó expresamente la atención de los calificadores para que no establecieran ninguna comparación con calificaciones anteriores. Aun admitiendo que el calificador debe justificar cualquier modificación de las apreciaciones analíticas, en relación con la anterior calificación, a tenor del artículo 5 de las disposiciones generales de ejecución, esta obligación solo afectaría a las calificaciones efectuadas con los mismos criterios. Por esta razón la guía de la calificación en la página 46 indica que se exime a los calificadores de la obligación de motivar las variaciones en las valoraciones individuales para el periodo de referencia comprendido entre 1977 y 1979. Una conclusión análoga se desprende de una carta del miembro de la Comisión responsable del personal y de la administración. ( 44 ) b) Llegados a este punto, se constata un contraste manifiesto entre el informe de calificación del demandante correspondiente al periodo que va desde julio de 1977 a junio de 1979 con relación a calificaciones anteriores. Mientras que en los años que van de 1973 a 1977, su competencia, su rendimiento y su conducta en el servicio habían obtenido en todo momento la más alta calificación, en una escala de calificación con tres niveles, en el periodo comprendido entre julio de 1977 y junio de 1979 obtuvo en todo momento la calificación media, es decir, la tercera calificación («bien»), con la excepción de la subrúbrica que figura en el punto 4 de la rúbrica II «rendimiento», denominada «adaptación a las exigencias del servicio», en la que el demandante tan solo obtuvo la calificación «aceptable», es decir, el cuarto nivel a partir del más alto o el segundo nivel a partir del más bajo, dentro de una escala con cinco niveles. Es preciso observar, además, que el informe de calificación objeto del litigio, así como los otros dos informes de calificación anteriores, fueron elaborados por el mismo calificador tras consultar al mismo jefe de división. Consideramos acertada la postura de la Comisión cuando afirma que, según la jurisprudencia del Tribunal, no es aplicable a los informes de calificación lo dispuesto en el artículo 25, párrafo segundo del Estatuto, que prevé la necesidad de que se motive cualquier acto lesivo, teniendo en cuenta que en su tercer y último párrafo, dicha disposición explicita los tipos de decisiones a que hace referencia. ( 45 ) En cualquier caso, el artículo 25, párrafo tercero del Estatuto contempla únicamente las decisiones individuales que deben fijarse de inmediato en los paneles del edificio de la institución en donde el funcionario presta sus servicios y deben asimismo, publicarse o, por lo tanto, pueden albergarse ciertas dudas de que el artículo 25, párrafo tercero contenga una enumeración exhaustiva de todas las medidas que puedan resultar lesivas para un funcionario. Podemos, sin embargo, pasar por alto esta cuestión si tenemos en cuenta que el calificador tiene la obligación expresa de justificar las eventuales diferencias que puedan apreciarse en las valoraciones individuales, a tenor de lo previsto en el artículo 5, apartado 2, de las disposiciones generales de ejecución adoptadas por la Comisión el 27 de julio de 1979. Tampoco los calificadores pueden considerarse excluidos de la obligación de motivar como consecuencia de una mera comunicación del miembro de la Comisión responsable del personal y de la administración (suponiendo que se quiera inferir una conclusión semejante del contenido, más bien vago, de la Comunicación sin fecha IX/2418/69-F ( 46 ) dirigida a los funcionarios de la Comisión). Para poder discrepar de las decisiones que la Comisión pueda adoptar, en tanto que órgano colegiado, hubiese sido necesaria una habilitación particular que no existía, como expuso la parte demandada durante la fase oral. Por lo que respecta a la nota a pie de página que figura en las páginas amarillas de la «guía de calificación» de 1979, dicha nota tampoco bastaría para eximir al calificador de la obligación de dar una motivación. Esta «guía de la calificación», publicada por la Dirección General de Personal y de la Administración de la parte demandada comprende, aparte de una página inicial y de un índice, un prólogo del miembro de la Comisión responsable del personal y de la administración, así como las disposiciones de ejecución adoptadas por la Comisión el 27 de julio de 1979 y finalmente, a partir de la página 13, en páginas amarillas, diversos consejos prácticos de cara a la elaboración de los informes de calificación. De esta manera, la guía de la calificación contiene una sucesión de textos con distinto valor jurídico, sin que conste claramente el autor de «las páginas amarillas»; es decir, el autor de las páginas 13 y siguientes. La propia parte demandada no ha sido muy explícita durante la fase oral a la hora de explicar quién era el autor de dichas páginas, pero puede suponerse, por la forma de la encuademación, que a partir de la página 13 se trata de un texto elaborado por la administración de la Comisión. Es obvio, de todas formas, que las páginas amarillas publicadas como complemento de la decisión de la Comisión de 27 de julio de 1979 no forman parte de ladecisión de la Comisión, puesto que no es posible encontrar en esta última ninguna remisión a ninguna nota explicativa. Por lo tanto, no es presumible que la administración de la parte demandada, por medio de una nota insertada al pie de la página 46 de la «guía de la calificación», haya podido eximir al calificador de la obligación de motivación que le incumbe en virtud del artículo 5, apartado 2 de las disposiciones generales de ejecución. Puesto que el Tribunal de Justicia, en la ya citada sentencia de 25 de noviembre de 1976, admitió la necesidad de motivar las valoraciones contenidas en los informes de calificación a partir del momento en que tal obligación recae —como en el presente caso— sobre la institución comunitaria en cuestión, no procede examinar si una calificación menos favorable debería motivarse a tenor de lo previsto en el artículo 25 del Estatuto de los funcionarios. En el caso concreto de las valoraciones correspondientes al periodo de calificación 1977-1979, procede, sin embargo, observar algunas particularidades determinadas por el paso de un sistema de calificación sencillo a otro más elaborado. De esta manera, se puede llegar a sostener que una detallada motivación puede no ser necesaria cuando las variaciones observadas en las calificaciones no sean sino el producto de un sistema de calificación más refinado, lo que, por ejemplo, puede ocurrir cuando un funcionario que ha obtenido la más alta de las tres calificaciones correspondientes al antiguo sistema, solo obtiene una valoración correspondiente a la segunda de las cinco posibles en función del nuevo sistema. En tal caso hubiera bastado con motivar la variación en la calificación en base a la introducción del nuevo sistema. Por el contrario, cuando más allá de una notificación de las calificaciones determinada por un sistema de calificación más refinado, se observa una valoración de la que resulta una calificación sensiblemente más baja de los méritos del funcionario, en ese caso se hace absolutamente necesario justificar tal empeoramiento en la calificación. Puesto que el informe de calificación litigioso no aprecia ninguna justificación del empeoramiento de la calificación, aun siendo ésta considerable, —incluso por lo que respecta a la subrúbrica «adaptación a las exigencias del servicio»— debe aceptarse este motivo, de manera que procede anular el informe de calificación del demandante correspondiente al periodo 1977-1979. Durante la fase oral, la parte demandada intentó justificar a posteriori el empeoramiento de la calificación del demandante, exponiendo que la Dirección General de Agricultura, a la que pertenecía a la sazón el demandante, atravesaba una situación difícil a finales de 1978 y principios de 1979, puesto que las orientaciones fundamentales de la política agrícola estaban siendo muy discutidas en el seno del Consejo de Ministros y que, al mismo tiempo, había sido necesario reestructurar dicha Dirección General de Agricultura. Además había sido nombrado un nuevo Director General que, necesariamente, hubo de imponer sus criterios en un principio en el seno de su nueva unidad. En esta misma época el demandante se opuso a un cambio de destino a otra división de su Dirección General, causando dificultades suplementarias al nuevo Director General de la Dirección General de Agricultura, en una fase ya marcada por serias dificultades para esta misma Dirección General. Estas observaciones no carecen de importancia. Puede deducirse de dos cartas del demandante, con fecha, respectivamente, de 10 y 19 de enero de 1979, que este último había tenido conocimiento, como consecuencia de diversos contactos, de que se le iba a asignar otro destino dentro de la Dirección General. Es preciso constatar, sin embargo, que la medida de traslado propiamente dicha adoptada por la Dirección General del Personal y de la Administración aparece con fecha de 13 de marzo de 1979, cuando el demandante ya adolecía de una incapacidad laboral, como consecuencia de su accidente de 20 de febrero de 1979. Por lo demás, el demandante afirma no haber recibido ninguna notificación de esta medida y desde luego —al contrario de lo que ocurre con otros documentos—, no aparece en el expediente personal del demandante ningún acuse de recibo de éste relativo a dicha medida. En estas condiciones, esta medida no podría invocarse en su contra, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26, punto b del Estatuto de los funcionarios. A esto debe añadirse que la carta del Director General de la Dirección General de Agricultura de 12 de marzo de 1980 ( 7 ) por la que se requería al demandante a entrar en funciones en su nueva división, para nada se refiere a una comunicación anterior relativa a su traslado dentro de la Dirección General de Agricultura. No pueden, por lo tanto, tomarse en cuenta en el presente asunto las alegaciones de la parte demandada centradas en una eventual carencia en la «adaptación a las exigencias del servicio». Estas alegaciones deben también desestimarse por tardías, al no haber sido presentadas ni en el procedimiento previo de reclamación ni durante la fase escrita ante el Tribunal. 4. a) El cuarto motivo se basa en que el calificador y el calificador en vía de apelación, habrían fundado su valoración en acontecimientos sobrevenidos una vez concluido el periodo en cuestión, es decir, después del 30 de junio de 1979, lo cual constituye sólo una presunción, al no disponer el demandante de la posibilidad de examinar el expediente. Contra estas presunciones, la parte demandada aduce que no consta en el expediente nada que permita suponer lo acertado de esta afirmación del demandante. b) Considerando que el demandante no ha presentado ninguna prueba en apoyo de su cuarto motivo, éste debe desestimarse. 5. a) En su quinto motivo, el demandante alega que tanto el calificador como la instancia calificadora en vía de apelación han incurrido en desviación de poder al redactar o aprobar un informe de calificación que le excluía de toda posibilidad de ser promovido del grado A5 al grado A4. En apoyo de esta afirmación, el demandante se ha remitido a las mismas presunciones ya aludidas en el cuarto motivo. La parte demandada no acepta esta argumentación y alega que el demandante en ningún momento ha aportado elementos de prueba suficientes en apoyo de la alegación de desviación de poder. b) Considerando que también este quinto motivo no se basa sino en presunciones en apoyo de las cuales el demandante no ha aportado ningún elemento concreto, procede, igualmente, desestimar este motivo. 6. a) El sexto motivo se basa en que el calificador en vía de apelación tampoco justificó, en su decisión definitiva de 7 de julio de 1983, ( 47 ) el empeoramiento de las calificaciones individuales. En ello ve el demandante una infracción del artículo 25 del Estatuto de los funcionarios. Aunque, el dictamen del Comité paritario de calificaciones no vincula al calificador en vía de apelación, sin embargo, por lo que respecta a la obligación de dar una motivación, éste debería haberse mostrado especialmente predispuesto a tener presentes las observaciones del Comité paritario. La parte demandada no acepta esta tesis y alega, que según la jurisprudencia, ya citada, del Tribunal de Justicia, no sería necesario motivar los informes de calificación profesional. b) Es preciso constatar a este respecto que las disposiciones generales de ejecución adoptadas por la parte demandada, de 27 de julio de 1979, no prevén expresamente que el calificador en vía de apelación esté de alguna manera obligado a motivar su decisión. Puede deducirse, sin embargo, de la «guía de la calificación» (punto C 2.2. p. 67), que en aquellos casos en que el comité paritario de calificaciones estimara justificadas las observaciones del calificado, el calificador en vía de apelación debe revisar cada uno de los documentos que componen el expediente de calificación. Ahora bien, semejante hipótesis se ajusta perfectamente al caso de autos, puesto que el comité paritario de calificaciones había puesto en evidencia numerosos puntos débiles en el informe de calificación del demandante. Como ya hemos visto, y contra lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de las disposiciones generales de ejecución adoptadas por la parte demandada el 27 de julio de 1979, no se motivó el empeoramiento de la calificación individual relativo al demandante. Incluso si admitimos que, meramente en virtud del artículo 25 del Estatuto de los funcionarios, una calificación menos favorable no exige por regla general una motivación, y que para que exista tal obligación, se requiere primero que conste de forma específica —como en el caso de autos—, hay que tener en cuenta, por lo que respecta a las obligaciones del calificador en vía de apelación, que éste, en principio, no está obligado a motivar su decisión cuando ésta se limite a confirmar en su contenido una valoración correcta en sí misma. Sin embargo, cuando la calificación a confirmar adolece de un vicio de forma —como pudiera ser el caso de la ausencia de motivación de un empeoramiento de la calificación individual— el calificador en vía de apelación está obligado, tratándose de una decisión meramente confirmativa, a aportar posteriormente /a motivación de que carecía. Considerando que el calificador en vía de apelación no lo ha hecho así, procede admitir igualmente el sexto motivo del demandante. 7. a) En un séptimo motivo, invocado a título subsidiario, el demandante reclama la reparación de los daños y perjuicios causados como consecuencia de que su informe de calificación correspondiente al periodo que va desde julio de 1977 a junio de 1979 se elaboró con considerable retraso; es decir, tan solo se formuló, el 7 de julio de 1983 en su forma definitiva. El demandante deja a criterio del Tribunal la valoración del importe de la indemnización, considerando, no obstante, apropiada la suma de 100000 BFR. La parte demandada admite la existencia de un retraso considerable en la elaboración del informe de calificación; no obstante, deja igualmente a criterio del Tribunal la cuestión de si procede conceder una indemnización simbólica por daños y perjuicios. En cualquier caso la parte demandada cuestiona que el retraso en la formulación del informe de calificación haya ocasionado un perjuicio «calculable» al demandante. b) Como ya hemos visto, constituye una falta grave de servicio el retraso en la elaboración del informe de calificación, que en ningún momento ha justificado la parte demandada. Desde luego que el demandante no ha probado que esta falta haya impedido o retrasado una eventual promoción; sí se ha probado, no obstante, la existencia de un daño moral que reside en que su informe personal fuera al mismo tiempo inexacto e incompleto. Por este motivo el demandante puede exigir la reparación de daños y perjuicios que se añadan a la indemnización que pueda corresponderle en el asunto 157/83.