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64.

Me parece, en consecuencia, que considerar que un funcionario presente en su lugar de trabajo, que ejecuta mal sus tareas, o incluso incurre en una insubordinación, está en una situación de «ausencia no autorizada» y, por lo tanto, que puedan practicarse deducciones de su remuneración o de sus días de vacaciones supone una desviación del procedimiento disciplinario. Esta calificación errónea de «ausencia no autorizada» tiene por efecto infligir a este funcionario una sanción pecuniaria no establecida en el Estatuto y sin que este haya podido disfrutar de las garantías de un procedimiento disciplinario regular.
35.

Aunque el Tribunal de Justicia aún no ha precisado cómo debe interpretarse la igualdad entre los Estados miembros, cabe suponer que la jurisprudencia relativa al principio de igualdad de trato también se aplica a favor de los Estados miembros. Dicho principio exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. ( 5 )
104.

No obstante, sí resulta problemática la imposición de costas a la demandante que acarrea la desestimación de la demanda. En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se reconoce que unas costas procesales desproporcionadas pueden afectar negativamente al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de acceso a los órganos judiciales. ( 71 ) Pero no solo se han de considerar desproporcionadas las costas cuando no guardan proporción con el interés económico de la parte demandante en una sentencia estimatoria, sino también cuando no están objetivamente justificadas.
36.

Más aún, en mi opinión, los dos períodos mínimos que se contemplan en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 98/59 son de naturaleza objetiva. La aplicación y el cómputo de ambos períodos no dependen de ninguna condición de conducta fraudulenta del empresario. El precepto citado no distingue entre los despidos realizados en fraude y los que no se hayan realizado en fraude. Así pues, aunque un posible fraude consistente en ocultar la verdadera naturaleza de los despidos posiblemente podría examinarse indirectamente a la luz del primer o del segundo requisito de aplicabilidad del artículo 1, apartado 1, letra a), ( 13 ) no repercute en la duración o en el cómputo del período de referencia en cuestión.
34.

El Oxford English Dictionary define ingredients [ingredientes] como «any of the foods or substances that are combined to make a particular dish» [cualquiera de los alimentos o sustancias que se combinan para elaborar un plato particular] e isolate [obtenido de] como «identifying something and dealing with it separately or, in chemistry biology, obtaining or extracting (for instance a compound) in a pure form» [identificar algo y tratarlo por separado o, en biología química, obtener o extraer (por ejemplo un compuesto) en forma pura]. La Comisión observa asimismo que el concepto de ingrediente se define en otro acto de la Unión como «cualquier sustancia o producto, incluidos los aromas, los aditivos alimentarios y las enzimas alimentarias y cualquier componente de un ingrediente compuesto que se utilice en la fabricación o la elaboración de un alimento y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea en una forma modificada». ( 6 )
16.

La primera cuestión prejudicial tiene por objeto la interpretación del concepto de «productos alimenticios para consumo humano». El órgano jurisdiccional remitente pretende, en particular, determinar si dicha interpretación debe basarse en la definición del concepto de «producto alimenticio» recogida en el artículo 2 del Reglamento n.o 178/2002. La respuesta a esta pregunta exige una interpretación literal y teleológica del punto 1 del anexo III de la Directiva 2006/112 en relación con el artículo 98, apartados 1 y 2, de dicha Directiva, y la interpretación del citado artículo 2 del Reglamento n.o 178/2002.
3.

Los considerandos 97 y 101 de la Directiva 2006/123 establecen: «(97) Es necesario establecer en esta Directiva algunas normas sobre la alta calidad de los servicios, que garanticen en particular los requisitos de información y transparencia. Estas normas deben aplicarse tanto en casos de prestación transfronteriza de servicios entre Estados miembros como en casos de servicios prestados en un Estado miembro por un prestador allí establecido, sin imponer cargas innecesarias a las pequeñas y medianas empresas. No deben impedir en ningún caso a los Estados miembros aplicar, de acuerdo con la presente Directiva y otras disposiciones del Derecho comunitario, requisitos de calidad adicionales o diferentes. […] (101) Es necesario garantizar, en interés de los destinatarios, en particular los consumidores, que los prestadores puedan ofrecer servicios multidisciplinares y que las restricciones a este respecto se limiten a lo estrictamente necesario para garantizar la imparcialidad, la independencia y la integridad de las profesiones reguladas. Esto no afecta a las restricciones o prohibiciones sobre el ejercicio de actividades concretas cuyo objetivo sea garantizar la independencia en casos en que un Estado miembro encomiende a un prestador una misión específica, en particular en el ámbito del desarrollo urbanístico, ni tampoco a la aplicación de las normas de competencia.»
5.

El artículo 3 de dicha Directiva prevé: «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
99.

En tercer lugar, a la vista de esta conclusión no me convence la interpretación del artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2012 conforme a la cual la naturaleza (jurisdiccional o administrativa) de las funciones desempeñadas por el órgano que expide el certificado depende en cada caso del tipo de cuestiones de las que se ha de ocupar durante ese procedimiento concreto. La naturaleza de las mencionadas funciones, que se establecen en el Reglamento n.o 1215/2012, debe ser la misma de principio a fin del procedimiento, con independencia de si las cuestiones de las que se ha de ocupar el órgano jurisdiccional de origen resultan más o menos complicadas o implican valoraciones que, en alguna medida, pueden ir más allá de lo que contiene expresamente la resolución cuya ejecución se solicita. En otras palabras, tengo dificultades para acoger una postura conforme a la cual las peculiaridades y vicisitudes de cada caso concreto pueden convertir el artículo 53 del Reglamento n.o 1215/2015 en un procedimiento de geometría variable, que en unas ocasiones será jurisdiccional y en otras no.
64.

Ciertamente, si, atendiendo a los hechos de un caso concreto, queda acreditado que efectivamente existía ese conocimiento, tal circunstancia debería ser tomada en consideración. No obstante, me parece desaconsejable tal presunción de conocimiento. En la práctica, puede no resultar inmediatamente obvio cómo los candidatos seleccionados, en particular, de nuevo, en el caso de concursos más amplios y generales, podrían realmente conocer la existencia de un recurso pendiente, si no son partes en el procedimiento jurisdiccional y si la institución u órgano de la Unión de que se trate no tiene la obligación de informarles de tal recurso. Una cosa es haber oído meros rumores de pasillo sobre la existencia de un recurso de anulación. Otra distinta es haber recibido la notificación de que tal recurso existe y podría tener repercusiones también para los candidatos seleccionados.
39.

El órgano jurisdiccional remitente afirma que ante él se ha invocado el considerando 42 del Reglamento n.o 883/2004 para justificar la tesis de la limitación del alcance del artículo 11, apartado 3, letra e), de dicho Reglamento a las personas no activas. Del texto de dicho considerando ( 19 ) —el cual, por otro lado, se refiere a la situación particular del Reino de Dinamarca— se deduce sin más que se ha extendido el Reglamento n.o 883/2004 a la nueva categoría de personas no activas. No obstante, no se entiende cómo el reconocimiento explícito de tal ampliación contenida en dicho considerando puede dar lugar, de suyo, a justificar una limitación del ámbito de aplicación de la disposición del artículo 11, apartado 3, letra e), del Reglamento n.o 883/2004 exclusivamente a tal categoría de personas.
a)

si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;
198.

Propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria) de la siguiente manera: «1) El artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con los artículos 1 y 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual el Viernes Santo solo es festivo, con un período de descanso continuado de al menos 24 horas, para los pertenecientes a las Iglesias Evangélicas de la Confesión de Augsburgo y de la Confesión Helvética, de la Iglesia Católica Antigua y de la Iglesia Evangélica Metodista, y en caso de que, pese a ser festivo, el trabajador trabaje en dicha fecha, además del derecho a la compensación por trabajar en festivo, tiene derecho a la retribución por el trabajo realizado, mientras que no sucede lo mismo con los trabajadores que no pertenecen a dichas Iglesias. 2) En circunstancias como las del presente asunto, una normativa nacional que concede una compensación como la descrita en la primera cuestión solamente a los miembros de ciertas Iglesias que trabajen en Viernes Santo no constituye una medida necesaria en una sociedad democrática para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, en el sentido de la Directiva 2000/78. 3) Una normativa nacional que concede una compensación como la descrita en la primera cuestión no constituye una acción positiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2000/78. 4) En circunstancias como las del presente asunto, que versa sobre un litigio entre particulares: – mientras el legislador no haya adoptado una legislación no discriminatoria, las disposiciones del Derecho nacional que se consideren incompatibles con el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales en relación con los artículos 1, 2, apartado 2, letra a), y 7, apartado 1, de la Directiva 2000/78 deben dejarse inaplicados; – el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales en relación con los artículos 1, 2, apartado 2, letra a), y 7, apartado 1, de la Directiva 2000/78 no puede, de por sí, imponer obligaciones al empresario; – no obstante, la parte perjudicada por tal aplicación del Derecho nacional podrá invocar la jurisprudencia dimanante de la sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428), para obtener, en su caso, indemnización por el daño sufrido.»
161.

En tercer lugar, si bien las autoridades polacas alegan que han realizado una evaluación adecuada de las repercusiones del anexo de 2016 en la integridad del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska, conforme a las disposiciones del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, de los documentos obrantes en autos se desprende que esta evaluación tuvo efectivamente lugar durante el año 2015, pero que solo se refirió a las medidas previstas en el anexo de 2016, que versan únicamente sobre el distrito forestal de Białowieża y no, por consiguiente, sobre las contenidas en la decisión n.o 51 adoptada el 17 de febrero de 2017 con el fin de extender, geográfica y cuantitativamente, las medidas de tala y de retirada de árboles al conjunto de los tres distritos forestales del bosque de Białowieża. Por consiguiente, ha de hacerse constar que las repercusiones de las medidas de gestión forestal, adoptadas en la decisión n.o 51, en la conservación y la integridad del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska en su conjunto no fueron objeto de evaluación alguna. De igual modo, de los documentos obrantes en autos no se desprende en modo alguno que los eventuales efectos cumulativos del anexo de 2016 y de la decisión n.o 51 fueran abordados y evaluados por las autoridades polacas. ( 43 )
12.

A tenor del artículo 395: «1. Ninguna entidad podrá asumir frente a un cliente o grupo de clientes vinculados entre sí una exposición cuyo valor exceda del 25 % de su capital admisible, después de tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 403. Cuando ese cliente sea una entidad o cuando el grupo de clientes vinculados entre sí incluya una o varias entidades, dicho valor no deberá rebasar el 25 % del capital admisible de la entidad o 150 millones EUR, si esta cantidad fuera más elevada, siempre que la suma de los valores de las exposiciones frente a todos los clientes vinculados entre sí que no sean entidades, después de tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 403, no rebase el 25 % del capital admisible de la entidad. Cuando la cantidad de 150 millones EUR sea más elevada que el 25 % del capital admisible de la entidad, el valor de la exposición, después de tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 403, no deberá rebasar un límite razonable en términos de capital admisible de la entidad. Este límite será determinado por las entidades, de conformidad con las políticas y los procedimientos mencionados en el artículo 81 de la Directiva 36/2013/UE, para afrontar y controlar el riesgo de concentración. Este límite no rebasará el 100 % del capital admisible de la entidad. Las autoridades competentes podrán fijar un límite inferior a 150 millones EUR, en cuyo caso informarán de ello a la ABE [Agencia Bancaria Europea] y a la Comisión. [...] 5. Los límites fijados en el presente artículo podrán superarse en las exposiciones de la cartera de negociación de la entidad si se cumplen las condiciones siguientes: a) que las exposiciones en la cartera ajena a la cartera de negociación frente al cliente o grupo de clientes vinculados entre sí de que se trate no supere los límites establecidos en el apartado 1, calculados con referencia al capital admisible, de forma que el exceso corresponda en su totalidad a la cartera de negociación; b) que la entidad satisfaga un requisito adicional de fondos propios sobre el exceso con respecto al límite fijado en el apartado 1, que se calculará de conformidad con los artículos 397 y 398; c) que, en caso de que hayan transcurrido diez días o menos desde que se produjo el exceso, la exposición de cartera de negociación frente al cliente o grupo de clientes vinculados entre sí no supere el 500 % del capital admisible de la entidad; d) que la suma de todos los excesos que hayan persistido durante más de 10 días no supere el 600 % del capital admisible de la entidad. En cada uno de los casos en que se haya superado el límite, la entidad comunicará sin demora a las autoridades competentes el importe del exceso y el nombre del cliente en cuestión, y, en su caso, el nombre del grupo de clientes vinculados entre sí. [...]»
17.

La comunidad, por su parte, sostiene que la actividad de predicación, en el curso de la cual el miembro realiza anotaciones, en su caso, forma parte de la práctica religiosa personal. Las anotaciones realizadas son meramente personales. La toma de notas y el eventual tratamiento posterior de los datos recabados se llevan a cabo con independencia de la existencia de la comunidad, la cual no ejerce control alguno, si bien reconoce que formula recomendaciones y proporciona orientación espiritual en cuanto al deber de cada uno de los miembros de participar en la actividad de evangelización. Sin embargo, las anotaciones de los miembros no se transmiten a la comunidad, que no tiene acceso a ellas. No existe ningún sistema de agrupación de datos que permita realizar búsquedas. La comunidad desconoce cuáles de sus miembros realizan anotaciones tras sus visitas. La recogida de datos sólo se lleva a cabo en relación con información a la que se puede acceder en repertorios públicos, tales como la guía telefónica, y son destruidos cuando ya no se necesitan. El conjunto de los datos recogidos a iniciativa propia, individual y personal de los miembros no constituye un fichero y la comunidad no puede ser considerada responsable del tratamiento de los datos personales. De hecho, ésta es la apreciación de las autoridades neerlandesas, danesas y noruegas, según las cuales la actividad controvertida en el procedimiento principal no está comprendida en el ámbito de aplicación de la ley nacional que regula la recogida y el tratamiento de datos personales o no es contraria a dicha ley.
35.

El Consejo, apoyado por la Comisión, alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta el requisito relativo a la afectación directa que establece el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, pues no comprobó que el Reglamento impugnado produjera directamente efectos en la situación jurídica de Marquis Energy, sino que se limitó a poner de relieve, a lo sumo, un efecto indirecto en la situación económica de esta sociedad, que no exporta sus productos al mercado de la Unión. Pues bien, según estas instituciones, en su sentencia de 28 de abril de 2015, T & L Sugars y Sidul Açúcares/Comisión (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), el Tribunal de Justicia ya rechazó la tesis de que para cumplir el requisito de la afectación directa basta con demostrar que la medida controvertida implica consecuencias puramente económicas o una desventaja competitiva. En el presente asunto, los errores de Derecho cometidos por el Tribunal General se desprenden, en particular, de los apartados 72, 73, 76, 78 y 79 de la sentencia recurrida. La Comisión añade que, al aplicar la jurisprudencia relativa al requisito de la afectación directa, el Tribunal General incurrió en un error en los apartados 56 a 67 de la sentencia recurrida al considerar que, para demostrar tal afectación, bastaba con que Marquis Energy hubiera fabricado un producto que, en caso de ser exportado por un tercero a la Unión, estuviera sujeto a un derecho antidumping. En su opinión, este planteamiento confunde lo que es directo con lo que es indirecto y lo que es jurídico con lo que es económico. Según la Comisión, el intento de Marquis Energy, en sus escritos presentados ante el Tribunal de Justicia, de alterar el contenido fáctico de la sentencia recurrida no modifica en absoluto este análisis.
II.

En el asunto C‑94/17, por el Tribunal Supremo: «1) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se oponen a un criterio jurisprudencial nacional que fija como criterio inequívoco que, en los contratos de préstamo celebrados con consumidores, es abusiva una cláusula no negociada que fije un tipo de intereses de demora que suponga un incremento superior a dos puntos porcentuales respecto del tipo de los intereses ordinarios fijado, siempre que: – no limite la facultad de apreciación del juez nacional en lo referente a la constatación del carácter abusivo de las cláusulas que no se ajusten a ese criterio incluidas en un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y un profesional, y – no impida que el juez deje sin aplicar dicha cláusula en caso de que aprecie que es “abusiva” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva. 2) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se oponen a que, a raíz de la apreciación del carácter abusivo de una cláusula de un contrato de préstamo que fija un tipo de los intereses de demora que excede en más de dos puntos porcentuales del tipo de los intereses ordinarios pactado, en aplicación de la jurisprudencia antes mencionada, la cláusula que fija el tipo de los intereses ordinarios siga aplicándose hasta el pago íntegro de la deuda. 3) No procede responder a la tercera cuestión prejudicial.»
40.

A la luz de las anteriores consideraciones, procede responder a las primeras cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C‑660/16 y C‑661/16 que el artículo 65 de la Directiva IVA debe interpretarse en el sentido de que no se puede denegar el derecho a deducir a un sujeto pasivo que ha efectuado un pago a cuenta de bienes o servicios finalmente no entregados o prestados si el sujeto pasivo no sabía ni podía saber que el proveedor no tenía intención de cumplir el contrato. El mero hecho de que la fecha de entrega o suministro no aparecía indicada en el contrato no genera incertidumbre sobre el cumplimiento del contrato a los efectos de esta disposición.
12.

El artículo 39, apartados 3 y 4, de la Zakon o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, n.o13/11 (Ley del IVA; en lo sucesivo, «ZDDV‑1») establece: «3. El sujeto pasivo también podrá regularizar (reducir) el importe del IVA declarado cuando, sobre la base de una resolución judicial firme dictada en relación con un procedimiento concursal concluido mediante liquidación o mediante convenio, dicho IVA no vaya a ser pagado o no vaya a ser pagado en su totalidad. Podrá actuar del mismo modo el sujeto pasivo que obtenga una resolución judicial firme sobre la suspensión de un procedimiento ejecutivo u otro documento del que se desprenda que, tras la conclusión de un procedimiento ejecutivo, no ha recibido el pago o no lo ha recibido en su totalidad, así como el sujeto pasivo que no haya recibido el pago o no lo haya recibido en su totalidad porque se ha procedido a la cancelación del deudor en el Registro Mercantil o en otros registros o documentos pertinentes. Si el sujeto pasivo recibiera posteriormente un pago total o parcial correspondiente a un suministro de bienes o servicios cuya base imponible haya regularizado con arreglo al presente apartado, abonará el IVA sobre el importe recibido. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado precedente, el sujeto pasivo podrá regularizar (reducir) el importe del IVA declarado y no pagado correspondiente a todos los créditos reconocidos que haya comunicado en un procedimiento concursal, tanto en fase de convenio como en fase de liquidación.»