6.

Mediante la tercera cuestión del primer grupo, el órgano jurisdiccional alemán pregunta si «La infracción de un Reglamento comunitario, ¿confiere derechos directamente aplicables a aquellas personas cuyos derechos sean afectados por disposiciones legales o reglamentarias, o por las medidas adoptadas para su aplicación, incompatibles con el ámbito regulado por dicho Reglamento, en el sentido de que pueden ejercitar una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales para que se prohiban las medidas contrarias al Derecho comunitario o que se hagan respetar las normas de dicho Derecho?» La formulación de esta cuestión parece tautológica. En efecto, si se parte de la premisa de que los particulares son titulares de derechos subjetivos con arreglo a un reglamento comunitario y se supone que dichos derechos se ven lesionados por disposiciones legales o administrativas de algún Estado miembro contrarias al reglamento, no cabe duda de que los particulares pueden reclamar ante los órganos jurisdiccionales nacionales la protección de sus derechos, exigiendo la aplicación del reglamento (que debe prevalecer sobre las normas nacionales que no se ajusten al mismo). No obstante, debe tenerse en cuenta la situación sometida a la apreciación del Finanzgericht Hamburg y delimitarse partiendo de ella el sentido de la cuestión. Así pues, se trata, en esencia, de determinar si, en el supuesto de que un Estado miembro haya concedido exenciones aduaneras que según el Derecho comunitario no tenía la facultad de conceder, infringiendo, con ello, el Reglamento relativo al Arancel Aduanero Común, los establecimientos comerciales perjudicados por los efectos concretos de dicha exención pueden reclamar ante los órganos jurisdiccionales nacionales que las autoridades aduaneras no apliquen las normas internas en materia de exenciones o, en todo caso, que se atengan a las normas del Arancel Aduanero Común. El representante de la Comisión se refirió a la sentencia de 22 de enero de 1976, Russo (60/75, Rec. p. 45), deduciendo de ella el criterio de que las normas comunitarias sólo pueden ser invocadas por particulares cuando tengan por objeto proteger sus intereses. Ahora bien, dicha sentencia se refiere a un caso en el que un productor de trigo se quejaba ante el Juez nacional de la infracción del Derecho comunitario por parte del organismo público de intervención en el mercado agrícola para sustentar una demanda de indemnización por daños y perjuicios interpuesta contra dicho organismo. En la resolución de este asunto, el Tribunal reconoció la existencia de un derecho de cada productor derivado del régimen comunitario, afirmando que, en el supuesto de un perjuicio producido por la infracción de una norma comunitaria por parte del Estado, «corresponde al Estado asumir las consecuencias de dicha infracción ante la persona perjudicada con arreglo a las disposiciones de Derecho nacional en materia de responsabilidad del Estado». En el caso presente, las demandantes en el procedimiento principal no reclamaron una indemnización por los daños y perjuicios que les habían causado las franquicias concedidas a los importadores de productos vendidos durante los cruceros de la mantequilla, sino que se limitaron a solicitar que dichas importaciones se sometan al régimen ordinario del Arancel Aduanero Común, esto es, a reclamar la correcta aplicación del Derecho comunitario. Y, como ya he dicho, la cuestión que estamos examinando se refiere, a su vez, a la posibilidad de que los establecimientos comerciales perjudicados por los efectos prácticos de las franquicias soliciten al Juez que decrete la inaplicación de las mismas (o bien la aplicación del Arancel Aduanero Común) por parte de las autoridades aduaneras. En mi opinión, para resolver este problema debe partirse de dos consideraciones de orden general. La primera hace referencia a la relación entre norma jurídica, derecho subjetivo e interés en la aplicación de la norma; es sabido que toda norma jurídica contempla una situación típica y que todas las personas que se encuentren concretamente en esa situación se convierten en sujetos de una relación jurídica: una de ellas pasa a ser titular de un derecho subjetivo en el marco de las relaciones obligatorias. Evidentemente, el mismo principio se aplica a las normas comunitarias establecidas mediante reglamentos; así pues, si nos referimos al Arancel Aduanero Común, el derecho a invocarlo nace en relación con cada una de las operaciones concretas de importación o de exportación, y su titular es la persona que lleva a cabo dicha operación. En consecuencia, no cabe duda de que cada importador tiene derecho a que las autoridades aduaneras apliquen correctamente el Arancel con respecto a su persona, y que dicho derecho nace en la medida en que realiza una operación de importación. Cosa muy distinta son los derechos de los importadores, como categoría, a que se respete el Arancel: expresado en estos términos, permanecemos en el nivel general e hipotético de la norma, haciendo abstracción de la individuación del derecho, esto es, del nacimiento de la relación jurídica individual. También es distinto, finalmente, referirse al interés en la aplicación de una norma, por ejemplo el interés de los operadores económicos en una correcta aplicación de los derechos de aduana a las mercancías importadas que compiten con las que ellos producen o distribuyen. En efecto, sabido es que toda norma jurídica, por su propia naturaleza, refleja intereses colectivos que van incluso más allá de los de las categorías de personas comprendidas dentro de su ámbito de aplicación; en consecuencia, las personas interesadas en el respeto de una determinada norma son mucho más numerosas que las que tienen o podrían llegar a invocar un derecho con arreglo a dicha norma. La segunda consideración se refiere al aspecto procesal de la cuestión. Para estar legitimado para ejercitar una acción judicial (por ejemplo, para solicitar que se obligue a otra persona a cumplir determinadas obligaciones), es preciso ser titular del derecho subjetivo que la acción va encaminada a garantizar en la práctica. En efecto, los procedimientos judiciales no sirven para validar de manera general e hipotética el contenido de una norma, sino para aplicarla en el marco de una relación determinada. Por consiguiente, quien no tenga más que un interés en la observancia de una norma o, más precisamente, quien no sea parte en una determinada relación jurídica originada, basándose en la norma, no está legitimado para invocarla ante los tribunales. Se trata ahora de aplicar estas reflexiones de orden general al problema planteado por el Finanzgericht Hamburg. Con carácter preliminar, debo observar que la concesión ilícita de exenciones aduaneras por parte de un Estado miembro constituye, al menos en apariencia, una doble infracción de las normas comunitarias: por un lado, se infringe la norma que prohibe al Estado legislar en una materia reservada al legislador comunitario; por otro, no se aplica el Arancel Aduanero Común. La primera infracción vulnera el reparto de las esferas de competencia entre la Comunidad y los Estados miembros; el derecho subjetivo de exigir el respeto de dicho reparto corresponde a la Comunidad y, en el plano procesal, a la Comisión. La segunda infracción es exclusivamente consecuencia de la primera: en realidad, no se comprobó ni un solo caso de aplicación incorrecta del Arancel a un importador (como sucede en los casos de imposición de un derecho distinto del establecido en el Arancel Aduanero Común), sino que, mediante una disposición legal, se restringió de manera ilícita el ámbito de aplicación del Arancel, en contra de la obligación de los Estados de someter los productos importados a los derechos fijados por la Comunidad. En mi opinión, también desde este punto de vista el derecho a invocar la aplicación íntegra del Arancel Aduanero Común corresponde a la Comunidad, y no a ningún sujeto privado que forme parte de alguna categoría interesada en el respeto del Arancel. En definitiva, puede decirse que basta con no confundir el derecho subjetivo inscrito en el marco de una relación determinada, que nace con arreglo a las condiciones previstas en la norma, con el interés de los terceros en que esta última sea respetada. Es el titular del derecho, y no quien posee un interés del segundo tipo, quien tiene la facultad de ejercitar una acción judicial destinada a que se le aplique la norma. Pensar de otro modo equivaldría a admitir la posibilidad de fundar en las normas comunitarias directamente aplicables una especie de acción popular, algo que sería contrario a la tradición jurídica común de los Estados miembros y que, por otra parte, entrañaría el riesgo de dar lugar a graves inconvenientes prácticos en el funcionamiento de la justicia (¡piénsese, si no, en el número de personas que podrían tener algún tipo de interés en la correcta aplicación de determinadas normas comunitarias!). La conclusión a la que he llegado no excluye, sin embargo, que determinadas personas interesadas en el cumplimiento de un reglamento puedan invocar derechos subjetivos con arreglo al ordenamiento interno que les sea aplicable, siempre que el comportamiento de la Administración contrario al Derecho comunitario se aprecie también a la luz de normas o principios jurídicos nacionales y que, con arreglo a éstos, se considere a las personas de que se trate titulares de pretensiones que pueden ser invocadas en vía judicial. El ejemplo más sencillo lo ofrece el supuesto de un derecho de indemnización por los daños resultantes de un acto ilícito de la Administración, supuesto al que se refiere la sentencia Russo, antes citada. Pero nada impide pensar que, ante medidas legislativas internas contrarias a las normas comunitarias o a derechos subjetivos constitucionalmente garantizados (en el supuesto, por ejemplo, de una constitución nacional que tutele el derecho a la igualdad de trato también entre operadores económicos), los particulares puedan invocar estos derechos ante los tribunales para conseguir la inaplicación de dichas medidas y, con ello, de manera indirecta, la observancia del Derecho comunitario.