ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
21.

Al considerar que la solución del litigio del que conoce depende, en particular, de la interpretación de los artículos 3 y 14 del Reglamento CCP, el Rechtbank ’s‑Gravenhage resolvió, mediante auto de 12 de octubre de 2012, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 31 de octubre de 2012, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Se opone [el Reglamento CCP] y, en particular, su artículo 3, ab initio y letra c), a que, en el caso de que una patente de base proteja varios productos, el titular de la patente de base obtenga un [CCP] para cada producto protegido? 2) Si se responde afirmativamente a la primera cuestión, ¿cómo ha de interpretarse el artículo 3, ab initio y letra c), del [Reglamento CCP] en una situación en la que una patente de base vigente protege varios productos y, en la fecha de presentación de la solicitud de un [CCP] para uno de los productos protegidos (A), no se había expedido aún ningún [CCP] para otros productos protegidos por la misma patente de base (B y C), pero se han expedido [CCP] para dichos productos (B y C) antes de que se resuelva sobre la solicitud de [CCP] para el primero de los productos citados (A)? 3) ¿Influye en la respuesta a las cuestiones anteriores el hecho de que la solicitud de [CCP] relativa a uno de los productos (A) protegidos por la patente de base se haya presentado el mismo día que las solicitudes relativas a otros productos (B y C) protegidos por la misma patente de base? 4) Si se responde afirmativamente a la primera cuestión, ¿puede concederse un [CCP] para un producto protegido por una patente de base vigente, si anteriormente ya se había concedido un [CCP] para otro producto protegido por la misma patente de base, pero el solicitante renuncia al primer [CCP] con vistas a obtener un nuevo [CCP] invocando la misma patente de base? 5) En el caso de que en la respuesta a la cuestión anterior influya el hecho de que la renuncia tenga efecto retroactivo, ¿la cuestión de la retroactividad de una renuncia se rige conforme a lo dispuesto en el artículo 14, ab initio y letra b), del [Reglamento CCP] o con arreglo a la normativa nacional? Si la cuestión del efecto retroactivo de la renuncia se rige por el artículo 14, letra b), del [Reglamento CCP], ¿ha de interpretarse esta disposición en el sentido de que la renuncia tiene efecto retroactivo?»
29.

En esas circunstancias, habiendo acumulado los diferentes litigios promovidos ante el tribunal remitente por los demandantes en el contencioso principal, dicho tribunal, mediante resolución de 31 de mayo de 2012, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de junio de 2012, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Se opone el artículo 39 [CE] [(actualmente artículo 45 TFUE)] a la normativa fiscal belga, en particular al artículo 155 del [CIR 1992] y al [artículo 134, apartado 1, párrafo segundo, del CIR 1992], al margen de que se aplique o no la [circular de 2008], que tiene como consecuencia que los rendimientos profesionales alemanes del demandante, exentos conforme al artículo [14] del [Convenio bilateral de 1967], se incluyan en el cálculo de la cuota del impuesto belga, sirvan de base para la concesión de las ventajas fiscales previstas en el [CIR 1992] y que las ventajas atribuidas, como la de la fracción exenta por la situación familiar del demandante, se reduzca o reconozca en menor medida que si ambos demandantes hubieran obtenido rendimientos de origen belga y si la demandante, y no el demandante, hubiera obtenido rendimientos más elevados, cuando en Alemania el demandante tributa en régimen individual por sus rendimientos profesionales y no puede obtener todos los beneficios fiscales derivados de su situación personal y familiar, que las autoridades tributarias alemanas sólo tienen en cuenta en parte?»
38.

En la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno alemán precisó que la negativa recibida por el Sr. Koushkaki no se basaba en un motivo distinto de los previstos en el artículo 32, apartado 1, del Código de visados, y mantuvo que fueron efectivamente las dudas sobre si el demandante en el litigio principal tenía verdaderamente intención de abandonar Alemania antes de la expiración del visado solicitado las que llevaron a las autoridades consulares alemanas a adoptar una decisión denegatoria. Por su parte, el órgano jurisdiccional remitente estima que el Sr. Koushkaki cumple las condiciones de entrada del artículo 21 del Código de visados y que no puede oponérsele ninguno de los motivos de denegación del artículo 32, apartado 1, de dicho Código. Sin embargo, he destacado anteriormente ( 20 ) que la apreciación del órgano jurisdiccional remitente no está exenta de errores. Por lo tanto, no cabe excluir que, una vez corregido el error de interpretación del juez a quo, éste concluya que las autoridades consulares alemanas podían oponer al demandante en el litigio principal su decisión denegatoria con arreglo a Derecho debido a que no tenía intención de abandonar el territorio. Por consiguiente, procede precisar que únicamente seguirá siendo útil dar respuesta a las cuestiones segunda y tercera en caso de que, tras haber tomado nota de que el hecho de que el solicitante no tenga intención de abandonar el territorio constituye efectivamente, con arreglo al Código de visados, un motivo de denegación autónomo respecto de la amenaza para el orden público, el órgano jurisdiccional remitente mantenga que dicho solicitante cumple las condiciones de entrada establecidas en el artículo 21 del citado Código y que no puede oponérsele ninguno de los motivos de denegación previstos en el artículo 32, apartado 1, del Código de visados.
24.

En cuanto a la jurisprudencia según la cual la demandante puede conservar un interés en solicitar la anulación de una decisión derogada y sustituida por la que se le imponen medidas restrictivas, ( 14 ) el Tribunal General indicó en el apartado 35 del auto recurrido, que dicha jurisprudencia fue desarrollada en un contexto particular, distinto del caso de autos. En efecto, a diferencia de lo que sucede con el Reglamento no 1330/2008, los actos controvertidos en dichos asuntos no sólo habían sido derogados, sino también sustituidos por nuevos actos, manteniéndose las medidas restrictivas dirigidas contra las entidades correspondientes. En consecuencia, los efectos iniciales de los actos derogados permanecían en vigor frente a las entidades afectadas, en virtud de los actos que los sustituyeron. Ahora bien, en el presente asunto, el Reglamento no 36/2011 suprime pura y simplemente los datos del recurrente de la lista controvertida, derogando así el Reglamento no 1330/2008 en lo que a él respecta, sin sustituirlo. Por consiguiente, los efectos derivados de dicho Reglamento no perduran. Asimismo, la citada jurisprudencia se basa en la diferencia que existe entre los efectos de la derogación y los de la anulación de un acto, circunstancia que no es pertinente en el caso de autos, como se desprende del apartado 32 del auto recurrido.
4.

El artículo 6 de la Directiva 2000/78 que regula la «justificación de diferencias de trato por motivos de edad» dispone: «1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios. Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular: a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y [remuneración], para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas; b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo; […] 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que no constituirán discriminación por motivos de edad, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo.»
52.

En efecto, según Aalberts y sus filiales, la práctica colusoria anterior a las inspecciones y las actuaciones posteriores a las inspecciones no perseguían un objetivo único. En el primero de estos casos se perseguía aplicar una práctica colusoria paneuropea destinada a eliminar prácticamente todas las fuentes de competencia potenciales, centrándose no sólo en la fijación de precios, sino también en el reparto de mercados nacionales y de clientes, así como en la coordinación en contra de los fabricantes y de los distribuidores que no participaban en la práctica colusoria. En cambio, alegan, las actuaciones posteriores a 2001 se referían simplemente al intercambio de información sobre precios y no incluían formas de colusión que persiguieran suprimir otros aspectos de la competencia, como en particular el reparto de clientes, mientras que ello formaba parte de la práctica colusoria anterior a las inspecciones.
78.

El Gobierno alemán añade que el error sobre la existencia del requisito cualitativo, previsto en el artículo 13 bis, apartado 1, del BauGB, debe ser «manifiesto y grave», que no existe un «perjuicio notable» para los intereses medioambientales o una elusión de los requisitos del artículo 13 bis, ( 31 ) y «que es preciso compensar la vulnerabilidad de los planes marco urbanísticos al riesgo de error». ( 32 ) El Gobierno alemán sostiene que el artículo 214, apartado 2 bis, número 1, del BauGB no cubre todas las infracciones posibles. Así, no se aplica: a) en caso de inexistencia total de una situación concreta de desarrollo interno; ( 33 ) b) cuando no se haya realizado al menos una apreciación de la situación de hecho desde el punto de vista del desarrollo interno; ( 34 ) c) si se rebasan las incertidumbres y dudas comprensibles; ( 35 ) d) si se supera la superficie de la zona interna de una forma que no sea insignificante en términos de superficie, ( 36 ) o e) cuando se trate de áreas no situadas en el límite entre el sector exterior y el sector interior. ( 37 )
(32)

Además de las tasas administrativas, se pueden imponer cánones por el uso de radiofrecuencias y números como instrumento que garantice la utilización óptima de tales recursos. Estos cánones no deben obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el mercado. La presente Directiva no afecta a los fines a los que se destinan los cánones de derecho de uso. Dichos cánones podrán utilizarse, por ejemplo, para financiar actividades de las autoridades nacionales de reglamentación que no puedan cubrirse mediante tasas administrativas. Cuando, en caso de procedimientos de selección comparativa o competitiva, los cánones por el ejercicio de derechos de uso de radiofrecuencias consistan entera o parcialmente en un importe a tanto alzado, las modalidades de pago deben asegurar que en la práctica dichos cánones no conducen a una selección sobre la base de criterios no relacionados con el objetivo de garantizar el uso óptimo de las radiofrecuencias. [...]
89.

Ante estas consideraciones, no convence el argumento de la ASL de Lecce ( 71 ) de que la adjudicación del contrato a la Universidad le permitió un ahorro sustancial de costes, dado que, al no recurrir a una licitación pública, no tuvo ocasión de estudiar las ofertas de otros potenciales competidores. La ASL de Lecce no sólo no ha aportado pruebas que respalden tal afirmación, sino que tampoco ha sido capaz de exponer de forma concluyente cómo ha calculado un importe previsible de 800.000 euros que, a su parecer, habrían exigido otros competidores (si hubiesen estado en condiciones de realizar el estudio). La suposición, no acreditada con datos, de que sólo la Universidad era capaz de realizar el estudio controvertido a un precio tan ventajoso indica que no se tuvieron en cuenta los objetivos de la normativa sobre contratos públicos.
18.

La Commission for Aviation Regulation in Ireland declaró que la erupción del volcán Eyjafjallajökull y el consiguiente cierre de los espacios aéreos constituían circunstancias extraordinarias a efectos del Reglamento no 261/2004. Por ello, los pasajeros cuyo vuelo había sido cancelado no podían solicitar, con arreglo al artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento, una compensación al amparo de su artículo 7.
35.

Interesa aquí la segunda de estas dos facetas o acepciones del principio, que no es sino la traducción, en materia de IVA, del principio de igualdad de trato. ( 14 ) Ahora bien, si el principio de igualdad supone, con carácter general, que situaciones comparables no se traten de forma diferente a no ser que exista una justificación objetiva para ello, ( 15 ) su manifestación en el ámbito del IVA «se opone, en particular, a que prestaciones de servicios similares, que por tanto compiten entre sí, sean tratadas de forma distinta desde el punto de vista del IVA». ( 16 ) Se trata, en definitiva, de una «neutralidad en la competencia» cuya vulneración «sólo puede contemplarse entre operadores económicos competidores», mientras que la vulneración del principio general de igualdad de trato «puede caracterizarse, en materia fiscal, por otros tipos de discriminaciones, que afecten a operadores económicos que no son forzosamente competidores, pero que se encuentran, no obstante, en una situación comparable en otros aspectos». ( 17 )
«1)

La Directiva del Consejo 2004/114/CE, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado, no es aplicable a un estudiante búlgaro después de la adhesión de la República de Bulgaria a la Unión Europea. No obstante, en virtud del principio de preferencia de la Unión establecido en el punto 14, párrafo segundo, de la sección 1 del anexo VI, del Protocolo relativo a las condiciones y al procedimiento de admisión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea, las disposiciones de la Directiva 2004/114 constituyen, durante el período transitorio dispuesto en el punto 2, párrafo primero, de la sección 1, del anexo VI del citado Protocolo, el umbral mínimo a efectos de determinar las condiciones de acceso de los estudiantes búlgaros al mercado laboral austriaco. Este principio exige, en particular, que un estudiante búlgaro pueda disfrutar de dicho acceso, no sólo en condiciones igual de favorables que las aplicables a un nacional de un tercer país, sino además con preferencia sobre éste.
94.

Sin embargo, aunque no me parece posible definir mediante una enumeración taxativa lo que está comprendido o no en el concepto de «coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario», no es menos cierto que las definiciones utilizadas para ello por los Estados miembros pueden, en ciertos casos, incluir costes que superan manifiestamente los límites del concepto utilizado por la Directiva 2001/14. Por tanto, en el marco de un recurso por incumplimiento es oportuno examinar si la normativa controvertida del Estado miembro permite incluir, en el cálculo de los cánones percibidos por utilización de acceso mínimo y acceso por la vía a instalaciones de servicio ferroviario, elementos que no son imputables manifiestamente de forma directa a la explotación del servicio ferroviario.
4.

La materia de recopilación de información sobre los proyectos de inversión en los diversos sectores energéticos estaba regulada por el Reglamento (CEE) no 1056/72, ( 3 ) de 18 de mayo de 1972, modificado por el Reglamento (CEE) no 1215/76, ( 4 ) de 4 de mayo de 1976, posteriormente sustituido por el Reglamento no 736/96, de 22 de abril de 1996. ( 5 )
3.

En particular, de la información comunicada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que la decisión de cerrar la base militar a partir de finales del mes de septiembre de 2006 fue adoptada por el Secretary of the US Army, y aprobada por el Secretary of Defence, a más tardar el 13 de marzo de 2006. Dicha decisión fue comunicada a las autoridades militares británicas informalmente en abril de 2006 y hecha pública por los medios de comunicación el 21 de abril de 2006. El 24 de abril de 2006, el oficial al mando de la base convocó una reunión con los trabajadores en parte para explicarles la decisión de cerrar la base y en parte para disculparse por la forma en que se había hecho pública la noticia del cierre.
24.

Como ya he señalado, conforme a la jurisprudencia, los ámbitos de aplicación del artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra a), y del artículo 20 de la Sexta Directiva pueden solaparse. Ése será el caso, en particular, cuando el bien atribuido a la empresa haya permitido la deducción inmediata e íntegra del impuesto soportado y a continuación se haya utilizado no sólo con fines profesionales, sino también para fines privados. ( 22 ) Según parece, de la jurisprudencia hasta la fecha no se desprende en qué circunstancias debe examinarse preferentemente, en su caso, alguna de estas dos disposiciones de la Directiva, en una situación así.
42.

A continuación, ha de desestimarse el razonamiento de la Comisión de que los Estados miembros no pueden ampararse en un margen de maniobra, por no ser aplicable el artículo 249 CE, párrafo tercero, por razón de la naturaleza «reglamentaria» del artículo 9, apartado 3, de la Directiva. La Comisión considera que una disposición de una directiva destinada a aplicarse únicamente entre las instituciones y los Estados miembros, cuyo carácter aplicable no depende de una transposición previa al ordenamiento jurídico nacional, tiene carácter «reglamentario». Este razonamiento no resulta convincente. El artículo 249 CE, párrafo tercero, se aplica a todas las disposiciones de una directiva y, por lo tanto, también a las disposiciones que estén destinadas a aplicarse únicamente entre las instituciones y los Estados miembros. Por otra parte, la Comisión no alega ninguna razón convincente que justifique que una disposición como la del artículo 9, apartado 3, de la Directiva no deba dejar un margen de maniobra a los Estados miembros en cuanto a la forma y los medios, cuando dichos elementos no han sido armonizados en la Directiva. En cualquier caso, el enfoque del Tribunal de Primera Instancia está justificado habida cuenta de que la Directiva ha sido adoptada en un ámbito de competencia compartida en el que los Estados miembros permanecen siendo competentes en la medida en que no se haya armonizado un aspecto en la Directiva.
19.

Por último el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la cuestión de si esos depósitos podían calificarse como «operaciones accesorias financieras» en el sentido del artículo 19, apartado 2, de la Sexta Directiva. El Tribunal afirmó en los apartados 21 y 22: «A este respecto, hay que indicar que la no inclusión de las operaciones accesorias financieras en el denominador de la fracción que se utiliza para el cálculo de la prorrata, conforme al artículo 19 de la Sexta Directiva, tiene por objeto asegurar el respeto del objetivo de perfecta neutralidad que garantiza el sistema común de IVA. […] si todos los resultados de las operaciones financieras del sujeto pasivo que tienen relación con una actividad imponible tuvieran que incluirse en dicho denominador, aun cuando la obtención de tales resultados no implique ningún empleo de bienes o de servicios por los que debe pagarse el IVA o, por lo menos, sólo implique una utilización muy limitada de estos bienes o servicios, se falsearía el cálculo de la deducción. No obstante, procede recordar que los depósitos de las empresas de administración de fincas tienen su origen en las provisiones de fondos que les confían los copropietarios y arrendatarios cuyas fincas administran. De acuerdo con sus clientes, estas empresas pueden depositar tales cantidades, por su propia cuenta, en entidades financieras. De esta manera, como ha señalado el Tribunal de Justicia en el apartado 18 de la presente sentencia, la percepción de los intereses producidos por dichos depósitos constituye la prolongación directa, permanente y necesaria de la actividad imponible de las empresas de administración de fincas. Por consiguiente, estos depósitos no pueden calificarse de “operaciones accesorias” en el sentido del apartado 2 del artículo 19 de la Sexta Directiva y su cómputo en el cálculo de la prorrata de deducción no puede afectar a la neutralidad del sistema del [IVA].»
61.

En segundo lugar, el lenguaje utilizado en el siguiente apartado (artículo 31, apartado 2) apunta claramente que los criterios de exclusión que en él se mencionan –incluso para procedimientos restringidos y negociados– no tienen carácter exhaustivo. Para explicarlo: la versión inglesa es del siguiente tenor «The criteria used may include the criteria specified in Article 23 of Directive 71/305/EEC and in Article 20 of Directive 77/62/EEC.» La versión francesa afirma «Les critères utilisés peuvent inclure ceux d’exclusion énumérés à l’article 23 de la directive 71/305/CEE et à l’article 20 de la directive 77/62/CEE», y la alemana «Die angewandten Kriterien können die in Artikel 23 der Richtlinie 71/305/EWG und Artikel 20 der Richtlinie 77/62/EWG angegebenen Ausschließungsgründe einschließen.» ( 22 ) Las palabras «may include» en las distintas versiones lingüísticas del texto indican (por lo que parece, de un modo bastante consecuente) que los referidos criterios de selección tienen carácter indicativo, no exhaustivo.
9.

En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia señaló que existía discrepancia entre las partes en cuanto a los registros que debían tenerse en cuenta para determinar si existía o no el derecho de oposición reivindicado por Koipe. La OAMI y la recurrente alegan que, al ser la fecha de presentación del registro comunitario no 338681 (en lo sucesivo, «marca comunitaria de Koipe») posterior a la de la marca comunitaria solicitada, la Sala de Recurso no debería haberlo tomado en consideración. El Tribunal de Primera Instancia consideró, no obstante, que esta cuestión carecía de pertinencia y señaló que «la resolución impugnada se basa esencialmente en la inexistencia de similitud entre el elemento figurativo de la marca Carbonell y el de la marca solicitada. Ahora bien, el elemento figurativo de la marca Carbonell es idéntico en todos los registros invocados por [Koipe], tanto en los que tuvo en cuenta la Sala de Recurso como en aquellos que la misma excluyó.» ( 6 )
66.

En el apartado 46 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia declaró que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento no 659/1999 no permite a la Comisión imponer a una empresa una obligación de devolución cuando la transferencia de recursos estatales de los que podría haberse beneficiado no es sino una hipótesis. En sus consideraciones a mayor abundamiento, contenidas en los apartados 49 y 50 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que las autoridades nacionales no pueden poner en entredicho una decisión de recuperación, aunque se base en meras hipótesis y, por ese motivo, en caso de insolvencia de SKL-M, deben reclamársela a la parte recurrida. Añadió que las normas de Derecho primario en materia de ayudas de Estado no exigen forzosamente que en la propia decisión de recuperación siempre se mencione expresamente a los beneficiarios o se precisen los importes que corresponde devolver a cada beneficiario.