5.

Comencemos por la alegación mencionada en el n° 3 a). Según el demandante, los artículos 5 y 7 obligan a la administración a ocupar al funcionario en un puesto que corresponda a su grado y categoría. Como estas normas son de ius cogens, no puede excluirse su aplicación mediante acuerdo entre el funcionario y la institución. Por otra parte, al aceptar su puesta a disposición de la Oficina Estadística para hallar, en interés del servicio, una solución a sus dificultades profesionales, el Sr. Rasmussen no concluyó ningún acuerdo: tan es así que, apenas comprendió el carácter anormal de su situación administrativa, pidió que ésta fuese regularizada. En este contexto, el funcionario declaró que el traslado al servicio lingüístico no le habría satisfecho sino en el caso de que le fuera atribuida la calificación de revisor. El Sr. Rasmussen añade que las dos disposiciones del Estatuto especifican el principio del derecho al trabajo. Ahora bien, en los ordenamientos jurídicos de algunos Estados miembros, la infracción de este principio, sub specie de no destinar al asalariado a un empleo adecuado, constituye un incumplimiento que justifica el despido inmediato y que obliga al empresario a pagar una indemnización en sustitución del preaviso. En mi opinión, esta acusación carece de fundamento. No discutimos que los artículos 5 y 7 impongan a la administración asegurar al funcionario un empleo de su categoría y grado; no obstante, nos parece evidente que estas normas no garantizan al funcionario el derecho a obtener un puesto específico y de esto deducimos que la obligación que estas disposiciones imponen a la parte contraria no es una obligación de «resultado». Ahora bien, resulta del expediente que, en atención a la descalificación sufrida por el Sr. Rasmussen como consecuencia de la reorganización del servicio en el que estaba ocupado (véase la sentencia de 20 de mayo de 1976, asunto 66/75, Macevičius contra Parlamento, Rec. 1976, p. 593), la administración hizo, entre 1981 y 1984, todo cuanto le fue posible por asegurarle un empleo satisfactorio. ¿No lo ha conseguido? Es verdad. Pero este fracaso no le puede ser imputado de ningún modo. Se debe más bien a circunstancias objetivas y, sobre todo, a las múltiples negativas que el Sr. Rasmussen opuso a sus ofertas. Así, después de haber constatado la imposibilidad de trasladarlo con su partida presupuestaria a la Oficina Estadística, a causa del rendimiento insuficiente del que había dado pruebas el demandante, la administración intentó destinar al funcionario: a) a la Dirección General XIII (mercado de la información e innovación) y al Centro de información, investigación y documentación de la Comunidad; como estos servicios habían sido informatizados, el Sr. Rasmussen no fue considerado idóneo para ejercer en ellos su actividad; b) a la Secretaría del Comité consultivo CECA; este destino resultó imposible por el deseo del demandante de combinar el paso a otro cargo con un ascenso al grado A5; c) a la Dirección General V (empleo, asuntos sociales y educación). En este caso, el destino suponía el traslado a Bruselas, lo que el Sr. Rasmussen rehusó invocando para ello razones de carácter personal (compra de una propiedad y lazos sentimentales); d) a la Dirección de la traducción en Luxemburgo. Con este fin, la administración organizó un concurso interno que ella misma calificó como «de complacencia»; sin embargo, el Sr. Rasmussen decidió no presentar su candidatura y afirmó estar interesado en un puesto no de traductor (LA6) sino de revisor (LA5). No se infringió ningún principio del derecho al trabajo por el hecho de que el Sr. Rasmussen fuera trasladado al servicio «traducción» mediante el mecanismo de la puesta a disposición. En efecto, esta medida recibió el consentimiento del interesado y fue decidida en su interés. Se le siguió pagando su sueldo y, a pesar de las objeciones del recurrente, los trabajos que le fueron asignados parecieron sustancialmente compatibles con su grado y titulación (sentencia de 16 de junio de 1971, asunto 61/70, Vistosi contra Comisión, Rec. 1971, p. 535, apartados 14 y 15).