Más concretamente, la verificación de la capacidad técnica y financiera de las empresas sujetas a certificación, de la veracidad y del contenido de las declaraciones, certificados y documentos presentados por las personas a las que se expide la certificación, así como del cumplimiento continuado de los requisitos relativos a la situación personal del candidato o del licitador, no puede considerarse una actividad que se inscriba en la autonomía decisoria propia del ejercicio de las prerrogativas de poder público, ya que esta verificación está plenamente determinada por el marco normativo nacional. Además, dicha verificación se lleva a cabo bajo la supervisión estatal directa y tiene como objetivo facilitar la labor de las entidades adjudicadoras en el ámbito de los contratos de obras públicas, puesto que su finalidad es permitir a estas últimas realizar su misión con un conocimiento preciso y detallado de la capacidad tanto técnica como financiera de los licitadores.

En efecto, habida cuenta de que dichas sociedades son empresas con ánimo de lucro que ejercen sus actividades en condiciones de competencia y no disponen de ninguna capacidad decisoria vinculada al ejercicio de prerrogativas del poder público, las actividades de certificación de dichas sociedades no están directa y específicamente relacionadas con el ejercicio del poder público en el sentido del artículo 51 TFUE.

El artículo 51 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que la excepción al derecho de establecimiento prevista en esa disposición no se aplica a las actividades de certificación ejercidas por las sociedades que tienen la condición de organismos de certificación.

El artículo 14 de la Directiva 2006/123, relativa a los servicios en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que las sociedades que tienen la condición de organismos de certificación deben tener su domicilio social en el territorio nacional.

En efecto, dicho artículo 14 prohíbe a los Estados miembros supeditar el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio en sus respectivos territorios al cumplimiento de los requisitos enumerados en los puntos 1 a 8 de éste, obligándolos por tanto a suprimir, con carácter prioritario y de manera sistemática, tales requisitos. Dichos requisitos no pueden ser objeto de justificación. Así, por un lado, del título de dicho artículo se desprende que los requisitos enumerados en los puntos 1 a 8 de éste están «prohibidos». Además, ningún elemento de la redacción de este artículo indica que los Estados miembros dispongan de la facultad de justificar el mantenimiento de tales requisitos en sus legislaciones nacionales. Por otro lado, la estructura general de la Directiva 2006/123 se basa, en lo que atañe a la libertad de establecimiento, en una distinción clara entre los requisitos prohibidos y los que están supeditados a evaluación. Mientras que los primeros se rigen por el artículo 14 de la Directiva, los segundos son objeto de las normas previstas en el artículo 15 de ésta.

Además, una interpretación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2006/123 según la cual los Estados miembros pudieran justificar sobre la base del Derecho primario un requisito prohibido por el artículo 14 de esta Directiva privaría a esta última disposición de todo efecto útil al desautorizar, en definitiva, la armonización selectiva efectuada por ella. Asimismo, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2006/123 no se opone a que el artículo 14 de ésta se interprete en el sentido de que los requisitos prohibidos enumerados en esta última disposición no pueden ser objeto de justificación. En efecto, tal prohibición sin posibilidad de justificación pretende garantizar la supresión sistemática y rápida de determinadas restricciones de la libertad de establecimiento que el legislador de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia consideran que afectan gravemente al buen funcionamiento del mercado interior. Tal objetivo es conforme con el Tratado.

Así, aunque el artículo 52 TFUE, apartado 1, permite a los Estados miembros justificar, por alguna de las razones que en él se enuncian, medidas nacionales que constituyan una restricción de la libertad de establecimiento, ello no significa que el legislador de la Unión, al adoptar un acto de Derecho secundario, tal como la Directiva 2006/123, que materializa una libertad fundamental consagrada por el Tratado FUE, no pueda limitar determinadas excepciones, especialmente cuando, como ocurre en el presente caso, la disposición de Derecho secundario de que se trata no hace sino plasmar una jurisprudencia reiterada en virtud de la cual un requisito como el controvertido en los litigios principales es incompatible con las libertades fundamentales a las que pueden acogerse los operadores económicos.

(véanse los apartados 26, 28, 30, 31, 37, 39 a 41 y el punto 2 del fallo)