ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
5.

Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Procedimiento de caducidad — Hechos y pruebas no presentados dentro del plazo fijado para este fin — Consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 51, ap. 1, letra a), 57, ap. 1, y 76, ap. 2; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 40, ap. 5] (véanse los apartados 63 a 67 y 69)
Conforme al tenor del artículo 65, apartado 4, del Reglamento no 207/2009 sobre la marca comunitaria, podrán interponer ante el Tribunal un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) todas las partes en el procedimiento ante dicha Sala de Recurso en tanto en cuanto la resolución de esta no haya estimado sus pretensiones.

Además, el interés del demandante en el ejercicio de la acción es un requisito esencial de todo recurso judicial y debe existir, a la vista del objeto del recurso, en el momento de su interposición, bajo pena de inadmisibilidad. El interés en el ejercicio de la acción presupone que el resultado del recurso pueda proporcionar un beneficio a la parte que lo ha interpuesto.

Debe considerarse que una resolución de una Sala de Recurso ha estimado las pretensiones de una de las partes ante esa Sala cuando aquella haya acogido la pretensión de esa parte sobre la base de uno de los motivos de denegación de registro o de nulidad de una marca o, más generalmente, de una parte únicamente de las alegaciones formuladas por esa parte, aun cuando no examine o desestime los demás motivos invocados o alegaciones formuladas por esa misma parte.

A este respecto, cuando la Sala de Recurso considere que existe un riesgo de confusión entre los signos en conflicto y estime la oposición, aunque no reconozca que la marca anterior tuviera un mayor carácter distintivo debido a su uso, una eventual modificación de la resolución impugnada en relación con la cuestión de la apreciación de la Sala de Recurso sobre el grado de carácter distintivo y de notoriedad de la marca anterior no influiría en los derechos que corresponden a la coadyuvante en virtud de esa marca y a los que dicha resolución no ha afectado. En consecuencia, en tal supuesto, deberá declararse la inadmisibilidad de la pretensión de modificación de la coadyuvante.

(véanse los apartados 27, 28, 31 y 32)
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 16 de junio de 2015 — H.P. Gauff Ingenieure/OAMI — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

(Asunto T‑586/13)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW — Marcas nacionales y comunitarias denominativas y figurativas anteriores GAUFF — Motivos de denegación relativos — Denegación parcial de registro — Petición de restitutio in integrum — Artículo 81 del Reglamento (CE) no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Restitutio in integrum — Requisitos — Diligencia requerida por las circunstancias — Acontecimientos de carácter excepcional y, por lo tanto, imprevisibles [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 81, ap. 1] (véanse los apartados 23 a 25)

2. Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Restitutio in integrum — Requisitos para su aplicación — Interpretación estricta [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 81, ap. 1] (véase el apartado 26)

3. Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina — Principio de legalidad (véase el apartado 33)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 5 de septiembre de 2013 (asunto R 118/2013-1) relativa a una petición de restitutio in integrum.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG cargará, además de con sus propias costas, con las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).
En lo que respecta al procedimiento de reclamación establecido por el artículo 90 del Estatuto, debe reconocerse al reclamante el derecho a que el juez de la Unión verifique la legalidad de la decisión desestimatoria de la reclamación, y no sólo la del acto inicial objeto de la reclamación.

En efecto, el interés del reclamante en que el procedimiento de reclamación se desarrolle regularmente y, por tanto, en que la decisión desestimatoria de su reclamación sea anulada en caso de irregularidad, debe apreciarse de manera autónoma y no en relación con el eventual recurso interpuesto contra el acto inicial objeto de la reclamación. Si no fuera así, cada vez que el interesado interpusiera un recurso judicial contra el acto inicial objeto de la reclamación le sería imposible hacer valer las irregularidades del procedimiento de reclamación, que le habrían privado, no obstante, de los beneficios de un reexamen regular y previo al recurso de la decisión de la administración. De este modo, se vería privado de los beneficios de un procedimiento que tiene por objeto permitir y favorecer una solución amistosa del desacuerdo surgido entre el funcionario y la administración y obligar a la autoridad de la que depende el funcionario a que reexamine su decisión, respetando las reglas establecidas, a la vista de las eventuales objeciones del funcionario.

(véanse los apartados 144 a 146)

Tribunal General: sentencia Mocová/Comisión, EU:T:2014:268, apartado 38
4.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA — Liquidación de cuentas — Elaboración de las decisiones — Comunicación escrita de la Comisión a los Estados miembros de los resultados de sus verificaciones — Contenido — Requisitos — Incumplimiento — Efecto [Reglamentos (CE) del Consejo no 1258/1999, art. 7, ap. 4, párr. 5, y no 1290/2005, art. 31; Reglamentos (CE) de la Comisión no 1663/95, art. 8, ap. 1, y no 885/2006, art. 11] (véanse los apartados 98 a 100, 103 a 106 y 109)
7.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Desarrollo de la investigación — Utilización de los datos disponibles en caso de falta de cooperación de la empresa — Requisitos — Recepción de una inspección in situ — Circunstancia que no constituye en sí una muestra de cooperación leal y diligente [Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, art. 18, ap. 1] (véanse los apartados 118 y 119)
El control judicial ejercido sobre una decisión de la Comisión, basada en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, tiene por objeto comprobar que su decisión no está basada en hechos materialmente inexactos y que la Comisión no ha incurrido en error de Derecho, error manifiesto de apreciación ni desviación de poder al considerar que una autoridad de competencia de un Estado miembro ya ha tramitado una denuncia. En cambio, el control de las decisiones de las autoridades de competencia de los Estados miembros únicamente corresponde a los tribunales nacionales, que cumplen una función esencial en la aplicación de las normas de la Unión en materia de competencia. Así pues, el control del Tribunal no debe llevar a realizar una apreciación de la fundamentación de la decisión de la autoridad nacional de competencia ni del procedimiento o la metodología que ésta utilizó, apreciación que corresponde a los tribunales nacionales.

(véanse los apartados 20 y 51)
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 19 de noviembre de 2014 — Out of the blue/OAMI — Dubois y otro (FUNNY BANDS)

(Asunto T‑344/13)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa FUNNY BANDS — Denominación comercial anterior FUNNY BANDS — Nombre de dominio de Internet nacional anterior “www.funny-bands.com” — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Utilización de un signo en el tráfico económico de alcance no únicamente local — Artículo 76, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 — Desestimación de la oposición»

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Alcance local del signo [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] (véanse los apartados 22 a 25)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] (véase el apartado 36)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Marca denominativa FUNNY BANDS — Denominación comercial FUNNY BANDS y nombre de dominio Internet www.funny-bands.com [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4] (véase el apartado 37)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 4 de abril de 2013 (asunto R 542/2012-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Out of the blue KG y el Sr. Frédéric Dubois y otro.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
110

Por otra parte, procede desestimar la alegación de la Comisión, basada en la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consejo (T‑199/04 RENV, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2016:740), de que las irregularidades reprochadas en el presente caso están estrechamente relacionadas con las circunstancias del asunto y no pueden reproducirse con independencia de este. Por un lado, la utilización de un método erróneo para calcular el valor normal puede volver a utilizarse en el futuro con independencia de las circunstancias del asunto. Por otro lado, el factor determinante mencionado en la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consejo (T‑199/04 RENV, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2016:740) es el hecho de que las irregularidades puedan reproducirse en el futuro, aun cuando el acto impugnado haya dejado de producir sus efectos, y no que dicha posibilidad exista con independencia de las circunstancias del asunto.
37

La Comisión rechaza la admisibilidad «de la demanda presentada por [la demandante] en lo que respecta al primer motivo de recurso». A este respecto, en primer lugar, la Comisión alega esencialmente, para comenzar, que en el asunto que dio lugar a la sentencia Uralita, citada en el apartado 23 supra (EU:T:2011:622), la demandante no había ni invocado un motivo basado en la infracción del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1/2003 ni impugnado la duración de la participación de Aragonesas en la infracción de que se trataba y que, en segundo lugar, tras la sentencia Uralita, citada en el apartado 23 supra (EU:T:2011:622), al no haberse interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia, la Decisión de 2008 ha adquirido firmeza respecto a la demandante, en lo que respecta a la imposición de una multa de 9900000 euros. La Comisión añade que, con arreglo a la jurisprudencia, no estaba obligada a hacer que la demandante se beneficiase de la anulación parcial de la Decisión de 2008 dictada en la sentencia Aragonesas, citada en el apartado 17 supra (EU:T:2011:621). Por lo tanto, a su juicio, en la medida en que la Decisión impugnada no remplaza la Decisión de 2008 sino que únicamente la modifica, por una parte, el motivo basado en la infracción del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1/2003 se ha presentado extemporáneamente y es por tanto inadmisible y, por otra parte, incluso suponiendo que la Decisión impugnada sea anulada, la demandante no obtendría ningún beneficio de su anulación, dado que se restablecería la Decisión de 2008, de forma que se le impondría una multa de un importe superior al que le impone la Decisión impugnada. Por ello, según la Comisión, la demandante no tiene interés en el ejercicio de la acción contra la Decisión impugnada.
241

Ahora bien, habida cuenta, concretamente, del hecho de que la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no es reconocida ni por la Unión y sus Estados miembros ni, más en general, por la ONU, así como de la falta de mandato internacional que pueda justificar la presencia marroquí en dicho territorio, el Consejo, en el marco del examen de todos los elementos pertinentes del presente asunto con vistas al ejercicio de su amplia facultad de apreciación referente a la celebración o no de un acuerdo con el Reino de Marruecos que pudiera aplicarse también al Sáhara Occidental, debía asegurarse directamente de que no existieran indicios de una explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental bajo control marroquí que pudiera realizarse en detrimento de sus habitantes y menoscabar sus derechos fundamentales. No podía limitarse a considerar que le corresponde al Reino de Marruecos asegurarse de que no se produzca una explotación de esa naturaleza.
El artículo 76, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, no se opone a que la Oficina examine de oficio la anterioridad de la marca en la que se basa la oposición.

La inscripción, por el examinador, de una fecha de prioridad en el registro no se opone a que, en el marco de un procedimiento de oposición, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) examine si se cumplen los requisitos para la reivindicación de prioridad.

La jurisprudencia conforme a la cual el solicitante de una marca que desea impugnar la validez de la marca comunitaria en la que se basa una oposición está obligado a hacerlo a través de un procedimiento de nulidad no puede extrapolarse a la reivindicación de prioridad para tal marca. En efecto, en primer lugar, la inscripción en el registro de una fecha de prioridad de una marca comunitaria no puede impugnarse, o, al menos, no puede hacerse válidamente, en un procedimiento de nulidad. En segundo lugar, no existe otro procedimiento específico que permita a un tercero impugnar la fecha de prioridad en el registro en relación con una marca comunitaria que pueda compararse al procedimiento de nulidad, una de cuyas particularidades consiste en que no puede iniciarse de oficio por la Oficina.

(véanse los apartados 47 a 51, 54 y 55)
La ratio legis de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado. En cambio, el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009 sobre la marca comunitaria y la regla 22, apartado 3, del Reglamento no 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria no pretenden evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes.

(véase el apartado 26)
El artículo 3, letra a), del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, define el «dibujo o modelo» como «la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación». De lo anterior se deriva que la «protección de un dibujo o modelo» prevista en el artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento consiste en la protección de la apariencia de un producto, es decir, con arreglo al artículo 3, letra b), del mismo Reglamento, de todo artículo industrial o artesanal, o de una parte de un artículo de este tipo. Por otro lado, de los considerandos 7, 12 y 14 del mismo Reglamento, que se refieren a la protección de la estética industrial, a la limitación de la protección a los elementos visibles y a la impresión producida en el usuario informado que contempla la apariencia del producto, se deriva que dicho Reglamento confiere exclusivamente una protección a las partes visibles de productos o de partes de productos, que pueden en consecuencia ser registrados como dibujos o modelos. Por tanto, las características no visibles del producto que no se refieran a su apariencia no pueden tomarse en consideración para determinar si el dibujo o modelo puede ser objeto de protección.

(véanse los apartados 18 a 20 y 29)
Un escrito dirigido al órgano de contratación en el que un licitador solicita la suspensión del procedimiento de licitación y el reexamen de las ofertas seleccionadas está comprendido en las disposiciones del artículo 158 bis, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento no 2342/2002, que establece las normas de desarrollo del Reglamento financiero, y debe recibirse por lo tanto en el plazo de catorce días fijado por dicho Reglamento. Pues bien, la realización del objetivo de un procedimiento de licitación se vería afectado si se permitiese que los licitadores dirigieran al órgano de contratación sus peticiones, comentarios o informaciones en cualquier momento del procedimiento, obligando de esta manera al órgano de contratación a responderlos y, en su caso, a suspender o reanudar el procedimiento para corregir eventuales irregularidades.

Incumple la obligación de transparencia e infringe el procedimiento previsto en el Reglamento no 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, y en el Reglamento no 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero, la convocatoria por el órgano de contratación de una nueva reunión del comité de evaluación de las ofertas para reexaminar, tras la adopción de la decisión de adjudicación del contrato, la oferta de uno solo de los licitadores, sin suspender la tramitación del procedimiento o hacérselo saber a ninguno de los licitadores a los que se había notificado dicha decisión. Pues bien, al no proceder a una nueva evaluación de todas las ofertas que habían sido presentadas, dicha institución ocasionó un trato desigual de la oferta de uno de los licitadores que participó en el procedimiento de licitación, violando el principio de igualdad de trato.

En efecto, la institución adjudicadora debe respetar, en cada fase de un procedimiento de licitación, tanto el principio de igualdad de trato de los licitadores como el de transparencia. Este último implica la obligación del órgano de contratación de hacer pública toda la información precisa referente al desarrollo de todo el procedimiento. Los objetivos de publicidad que el órgano de contratación debe respetar en el marco de la obligación de transparencia son, por un lado, garantizar que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades y, por otro lado, proteger las legítimas expectativas de los licitadores seleccionados. A este respecto, en virtud del artículo 103, párrafos primer y segundo, del Reglamento no 1605/2002, la institución adjudicadora, si constata un error sustancial tras la adjudicación del contrato, puede suspender el procedimiento de contratación y, en su caso, proceder a una nueva evaluación de las ofertas de los licitadores.

(véanse los apartados 58 a 61)
La mala fe del solicitante, a efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/09, sobre la marca comunitaria, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso concreto, y en particular:

— el hecho de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa, en un Estado miembro al menos, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar, que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

— la intención del solicitante de impedir que el tercero continúe usando dicho signo;

— el grado de protección del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

Por otra parte, la intención de impedir la comercialización de un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Así sucede concretamente cuando resulta posteriormente que el solicitante ha registrado como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, con el único fin de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

Dicho esto, los tres factores mencionados anteriormente no son más que ejemplos ilustrativos de un conjunto de elementos susceptibles de ser tomados en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la supuesta mala fe de un solicitante de marca al presentar la solicitud. En efecto, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, cabe asimismo tener en cuenta el origen de la palabra o de la sigla que constituyen la marca objeto de litigio y el uso anterior de ésta como marca en el comercio, en particular por empresas competidoras, así como la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria constituida por esa palabra o esa sigla.

Por otra parte, la intención del solicitante de impedir que un tercero continuara utilizando el signo cuyo registro se solicitó es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso concreto.

(véanse los apartados 36 a 39 y 55)
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 6 de diciembre de 2013 — Premiere Polish/OAMI — Donau Kanol (ECOFORCE)

(Asunto T‑361/12)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa ECOFORCE — Marca comunitaria figurativa anterior ECO FORTE — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Orden conminatoria dirigida a la Oficina — Exclusión [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 6] (véanse el apartado 17)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 19, 20 y 50)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca denominativa ECOFORCE y marca figurativa ECO FORTE [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 21, 30, 36, 41, 47 y 51)

4. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación — Marca compuesta [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 24, 25 y 32)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 8 de junio de 2012 (asunto R 851/2011-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Donau Kanol GmbH & Co. KG y Premiere Polish Co. Ltd.

Fallo

1) Desestimar el recurso.