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El recurso promovido ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), con arreglo al artículo 63 del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria. Por lo tanto, la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la admisión de dichas pruebas infringe el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

Sin embargo, no puede impedirse que las partes o el propio Tribunal de Primera Instancia, al interpretar el Derecho comunitario, se inspiren en elementos basados en la jurisprudencia comunitaria, nacional o internacional. La jurisprudencia recordada anteriormente no se refiere a tal posibilidad de remitirse a sentencias nacionales, puesto que no se trata de reprochar a la Sala de Recurso que no tuviera en cuenta hechos expuestos en una sentencia nacional concreta, sino de que infringiera una disposición del Reglamento no 40/94 y de que invocara la jurisprudencia en apoyo de este motivo.

(véanse los apartados 22 y 24)
1)

Anular las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 26 de septiembre de 2006 (asuntos R 353/2006-1, R 354/2006-1, R 355/2006-1 y R 356/2006-1), en la medida en que deniegan el registro de las marcas solicitadas por lo que se refiere a los productos y servicios de las clases 6, 7, 16, 20, 35, 39 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de , revisado y modificado, excepto en lo que respecta a los «palets de carga metálicos», a las «bandejas y palets de carga metálicos para embalaje y transporte» y a los «palets de transporte metálicos» de la clase 6, a los «palets de carga no metálicos», a las «bandejas y palets de carga no metálicos para embalaje y transporte» y a los «palets de transporte no metálicos» de la clase 20, y a los servicios de «alquiler de palets de carga» de la clase 39.
200

Esencialmente, la Comisión reprocha a la normativa francesa, en primer lugar, «que no contenga ninguna disposición que establezca expresamente que la compensación por el Estado del coste de las actividades de servicio público de una cadena que desempeña misiones de servicio público no debe exceder lo necesario para cubrir ese coste, teniendo en cuenta el beneficio neto de las actividades comerciales de dicha cadena» (apartado 61 de la Decisión impugnada); en segundo lugar, «que no indique nunca expresamente que esas actividades comerciales […] deban explotarse conforme a los usos de mercado» (apartado 62 de la Decisión impugnada), en tercer lugar, «que no disponga expresamente que toda explotación comercial de un programa de televisión que desempeña misiones de servicio público y la venta de espacios publicitarios por una cadena de televisión que desempeña misiones de servicio público deben realizarse a precios de mercado» (apartado 63 de la Decisión impugnada).
8

El 24 de febrero de 2006, la Sala de Recurso rectificó la resolución impugnada mediante una corrección de errores. Indicó que había incurrido en un error manifiesto al no haber examinado la solicitud de registro con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94. Consideró que tal error estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la regla 53 del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 (DO L 303, p. 1), y examinó, conforme a dicha regla, la referida solicitud. En consecuencia, la Sala de Recurso rectificó la resolución impugnada precisando que también se denegaba la solicitud de registro con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94, porque las pruebas aportadas por la solicitante no eran suficientes para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca solicitada.
213

Si bien la Comisión no responde a la alegación basada en que no tuvo en cuenta los análisis económicos 1995/1999, el Tribunal de Primera Instancia señala, no obstante, que la Comisión hace referencia al hecho de que TV2 A/S no participó en el procedimiento de investigación formal. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia observa que dichas referencias no entrañan ningún cuestionamiento del derecho de TV2 A/S a plantear, en la fase del recurso, una alegación basada en la vulneración de la obligación de examen por lo que respecta, entre otros aspectos, a los análisis económicos 1995/1999.
55

En primer lugar, procede señalar que la imputación basada en la condonación de una deuda tributaria por el Estado, que tiene por objeto demostrar la existencia de una transferencia de recursos estatales en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, sobre la que la Comisión no se pronunció en la Decisión impugnada, es inoperante, dado que dicha Decisión concluyó la inexistencia de una ayuda de Estado, basándose en que la medida criticada no otorgó ninguna ventaja a Orange y a SFR. Al concluir la Comisión que no existían elementos de ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, debido a la falta de uno de los elementos acumulativos que caracterizan el concepto de ayuda de Estado en el sentido de dicha disposición, no estaba obligada a motivar su desestimación de la denuncia de las demandantes respecto del resto de elementos que caracterizan dicho concepto. Esta imputación era en todo caso secundaria en el sentido de la jurisprudencia antes citada, en la medida en que los motivos preponderantes según la Comisión, a saber, el respeto de los requisitos establecidos en la Directiva, en particular el respeto del principio de no discriminación, se habían planteado para justificar la medida. En estas circunstancias, no puede reprocharse a la institución no haber respondido a esta imputación, inoperante y al mismo tiempo de carácter secundario.
Por otra parte, toda ayuda concedida a una empresa que ejerza sus actividades en el mercado comunitario puede ocasionar distorsiones de la competencia y afectar a los intercambios entre Estados miembros. No existe un umbral o porcentaje por debajo del cual pueda considerarse que los intercambios comerciales entre Estados miembros no se ven afectados. En efecto, la cuantía relativamente reducida de una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios entre Estados miembros.

Una intervención estatal que constituya una compensación como contrapartida por las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, de forma que estas empresas no gocen, en realidad, de una ventaja financiera y que, por tanto, dicha intervención no tenga por efecto situar a estas empresas en una posición competitiva más favorable respecto a las empresas competidoras no constituye, en principio, una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. No obstante, para que tal compensación no se califique como ayuda de Estado, deben cumplirse una serie de requisitos acumulativos, enumerados en la sentencia Altmark. Entre ellos figuran el de que la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público, obligaciones que han de estar claramente definidas, y el de que la compensación no supere el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes a éste y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.

El requisito de que la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público se aplica asimismo en el marco de la excepción establecida en el artículo 86 CE, apartado 2, que se refiere a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal. En ambos supuestos, una medida debe en cualquier caso responder a los principios de definición y de atribución del servicio público, por una parte, y de proporcionalidad por otra parte.

(véanse los apartados 108 a 112)
Cuando, ante una decisión de la Comisión por la que se declara una infracción de las reglas sobre la competencia y se impone una multa, el juez comunitario anuló parcialmente esta decisión, por lo que respecta a la multa impuesta, debido a un vicio de procedimiento y habiendo desestimado los motivos de fondo relativos a la declaración de la infracción, la Comisión puede adoptar una nueva decisión que tenga por objeto, por un lado, imponer una nueva multa sobre la base de las partes no anuladas de la primera decisión y, por otro lado, corregir los vicios de forma constatados por el juez. Esta nueva decisión se analiza entonces exclusivamente como una decisión por la que se impone una multa, y no como una decisión por la que se declara una infracción y debe, so pena de ser ilegal, adoptarse de conformidad con las reglas de prescripción establecidas en el Reglamento no 2988/74, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del Derecho de transportes y de la competencia. A este respecto, al tratarse más en particular de una infracción cometida en el sector de los transportes marítimos, ni el Reglamento no 4056/86, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] a los transportes marítimos, ni el Reglamento no 17 han excluido expresamente la adopción formalmente disociada, sobre dos bases jurídicas distintas, de dos actos distintos: aquel por el que se declara la infracción (en el caso del Reglamento no 4056/86, sobre la base de su artículo 11, apartado 1) y aquel por el que se impone la multa (sobre la base del artículo 19, apartado 2, del mismo Reglamento).

Después de haberse agotado las vías de recurso disponibles contra tal decisión jurisdiccional o una vez expirados los plazos previstos para dichos recursos, las partes no anuladas de la primera decisión de la Comisión adquieren fuerza de cosa juzgada, forman parte definitivamente del ordenamiento jurídico comunitario y producen todos sus efectos jurídicos. En consecuencia, en el marco de un recurso de anulación interpuesto contra la nueva decisión de la Comisión, la empresa sancionada no puede cuestionar de nuevo la realidad de la infracción, ya que ésta fue definitivamente declarada por la Comisión en su primera decisión. Por las mismas razones, esta empresa tampoco puede invocar con éxito ni una supuesta vulneración de su derecho de defensa durante el procedimiento administrativo previo a la adopción de la primera decisión, ni una falta de motivación por el hecho de que la nueva decisión por la que se impone una multa se haya remitido pura y simplemente a las partes no anuladas de la primera decisión por la que se declara la infracción. Por otra parte, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena en virtud del artículo 21 del Reglamento no 4056/86, en el sentido del artículo 229 CE, el Tribunal de Primera Instancia puede válidamente referirse a dichas partes para apreciar el importe de la multa impuesta.

(véanse los apartados 22, 23, 55, 57, 60, 62, 63, 76, 83 y 110)
Constituyen actos o resoluciones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, en el sentido del artículo 230 CE, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante.

A este respecto, una petición de un Estado miembro para que la Comisión adopte una decisión sobre el alcance de la armonización efectuada por una directiva comunitaria y/o sobre la compatibilidad de una normativa nacional con dicha directiva no puede basarse en el artículo 95 CE, apartado 4. Dado que, según la mencionada disposición, la decisión de efectuar una notificación para obtener una autorización con carácter excepcional corresponde únicamente al Estado miembro de que se trate y que, por otra parte, ninguna disposición de la Directiva 2002/45, por la que se modifica por vigésima vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo respecto a la limitación de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (parafinas cloradas de cadena corta), confiere a la Comisión la competencia para decidir su interpretación, la definición de la postura de dicha institución sobre el ámbito de aplicación de la medida de armonización en cuestión no es más que una mera opinión, que no vincula a las autoridades nacionales competentes.

Efectivamente, en tales circunstancias, no es la interpretación de la directiva propuesta por la Comisión lo que puede producir efectos jurídicos, sino más bien su aplicación a una situación determinada. Pues bien, de cuanto precede resulta que la aplicación de la Directiva 2002/45, incluidos los aspectos relacionados con la necesidad de obtener una autorización con carácter excepcional para mantener en vigor una normativa nacional, no deriva de la interpretación propuesta por la Comisión, sino que es responsabilidad del Estado miembro de que se trate, que es el único que, si lo estima necesario, puede incoar el procedimiento de notificación previsto en el artículo 95 CE.

La eventual obligación para el Estado miembro de suprimir o de modificar sus disposiciones nacionales deriva directamente de la Directiva 2002/45 y no de la interpretación que hace la Comisión del alcance de la armonización efectuada por dicha Directiva, por lo que esa interpretación no produce ningún efecto jurídico.

(véanse los apartados 47 y 61 a 63)
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Palabras clave

1. Marca comunitaria — Normas de procedimiento

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 81, ap. 4]

2. Marca comunitaria — Normas de procedimiento

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 81, ap. 4]

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1. Del tenor del artículo 81, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, se desprende que la sala de recurso goza de una amplia facultad de apreciación a la hora de repartir los gastos de procedimiento en el marco de una resolución de sobreseimiento. En estas circunstancias, la apreciación de la sala de recurso no puede ser reemplazada por la del juez comunitario. No obstante, a éste le corresponde comprobar si, teniendo en cuenta las consideraciones que pudieron guiar su valoración, la sala de recurso no se ha extralimitado en el ejercicio de su facultad de apreciación y no ha hecho uso de ella de modo manifiestamente incorrecto.

(véase el apartado 18)

2. Dado que procedimientos de oposición paralelos se basan en elementos de hecho distintos, la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en cada uno de estos procedimientos implica tener en cuenta el conjunto de los elementos de hecho y de Derecho invocados por las partes en cada caso. En estas circunstancias, el hecho de que se haya estimado una oposición, si bien priva de objeto a los procedimientos paralelos, no permite en absoluto determinar cuál de las partes habría resultado vencida en dichos procedimientos. En efecto, la determinación de la parte vencida en un procedimiento concreto sólo puede basarse en el objeto y en el marco fáctico y jurídico de ese procedimiento, tal y como éstos hayan sido definidos por las pretensiones de las partes. Asimismo, la condena del solicitante de una marca cuyo registro ha sido denegado al pago de las costas derivadas de cualquier eventual procedimiento paralelo con arreglo al artículo 81, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, no puede seguirse automáticamente de la resolución que estima una de las oposiciones formuladas contra dicha solicitud.

(véanse los apartados 21 a 23)
81

En tercer lugar, al sostener que el término «grana» no designa una zona geográfica como tal, Biraghi pretende demostrar, en esencia, que la denominación «grana» no puede disfrutar en ningún caso de la protección concedida por el Reglamento no 2081/92, dado que no responde a la definición de denominación de origen establecida en el artículo 2 de dicho Reglamento. Pues bien, carece de pertinencia que el origen de la denominación «grana» se deba a que el queso que designa tenga una estructura granulosa o a que, inicialmente, se produjera en el Valle Grana, dado que con arreglo al artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2081/92, una DOP puede también estar compuesta por una denominación tradicional no geográfica que designe un producto alimenticio originario de una región o de un lugar determinado que presente factores naturales homogéneos que la delimitan respecto de las zonas limítrofes (sentencia Alemania y Dinamarca/Comisión, antes citada, apartados 46 a 50). A este respecto, no se discute que el queso grana es originario de la región de la llanura del Po. Por tanto, cumple los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 2081/92.
Recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 18 de septiembre de 2003 (asunto R 191/2002‑2) relativa a un procedimiento de oposición entre Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG y Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd.
Palabras clave

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Palabras clave

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo y falta de carácter distintivo de un signo — Relaciones entre las disposiciones correspondientes

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)]

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Signo denominativo CELLTECH

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)]

Índice

1. Una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

Pues bien, para demostrar que una marca que no incurre en el motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento carece, no obstante, de carácter distintivo con arreglo a lo dispuesto en la letra b) de dicho apartado, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) debe exponer las razones por las que considera que esa marca carece de carácter distintivo.

(véanse los apartados 23 y 24)

2. Desde el punto de vista del consumidor medio anglófono y del conjunto de especialistas del sector médico, independientemente de cuál sea su lengua materna, no está desprovisto de carácter distintivo, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, el signo denominativo CELLTECH, cuyo registro como marca comunitaria se solicitó para «preparaciones, compuestos y sustancias farmacéuticos, veterinarios e higiénicos», «aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios» y «servicios de investigación y desarrollo; servicios de consultoría; todos ellos relacionados con las ciencias biológica, médica y química», correspondientes, respectivamente, a las clases 5, 10 y 42 en el sentido del Arreglo de Niza, habida cuenta de que, por una parte, no se ha demostrado que la marca solicitada incurra en el motivo de denegación contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, por ser descriptiva de los productos y servicios para los que se solicitó el registro, y, por otra parte, no se han señalado otras razones por las que entienda que dicha marca carece, no obstante, de carácter distintivo en el sentido de la misma disposición, letra b), en la medida en que, considerada en su conjunto, no permita al público interesado distinguir los servicios en cuestión de los que tienen otro origen comercial.

(véanse los apartados 31, 41, 44 y 45)
Asunto T-292/02

Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi)

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado — Régimen de ayudas otorgadas por las autoridades italianas a determinadas empresas de servicios públicos en forma de exenciones fiscales y de préstamos privilegiados — Decisión por la que se declara la incompatibilidad de las ayudas con el mercado común — Recurso de anulación — Asociación de empresas — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava ampliada) de 11 de junio de 2009 II ‐ 1661

Sumario de la sentencia

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de un régimen de ayudas con el mercado común

[Artículo 230 CE, párr. 4; Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, arts. 1, letra h), y 20]

Los recursos interpuestos por una asociación son admisibles en ciertas situaciones, a saber, cuando dicha asociación representa los intereses de empresas que por sí mismas estarían legitimadas activamente, o cuando queda individualizada por la afectación de sus propios intereses como asociación, en particular, porque su posición de negociadora se ha visto afectada por el acto cuya anulación se solicita, o también cuando una disposición legal le reconoce expresamente una serie de derechos de carácter procedimental.

Por lo que respecta al recurso de una asociación de empresas contra una decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de un régimen de ayudas con el mercado común, en relación con la primera situación, la posibilidad de determinar, con mayor o menor precisión, el número e incluso la identidad de los sujetos de derecho a los que se aplica una medida no implica en absoluto que se deba considerar a estos sujetos individualmente afectados por dicha medida, siempre que conste que esta aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de Derecho o de hecho definida por el acto de que se trate.

En relación con la segunda situación, el hecho de que la asociación haya participado en la fase administrativa en virtud del artículo 1, letra h), y del artículo 20 del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, no permite considerarla afectada en su posición de negociadora por el acto cuya anulación se solicita. En efecto, las citadas disposiciones no reconocen a las asociaciones representativas ningún estatus especial frente al de cualquier otra parte interesada.

En relación con la tercera situación, si bien es cierto que el artículo 1, letra h), y el artículo 20 del Reglamento no 659/1999 confieren derechos procesales a las partes interesadas, el mero hecho de una asociación haya podido formular observaciones en el marco del procedimiento del artículo 88 CE, apartado 2, y que pueda ser considerada interesada no basta para reconocer la admisibilidad del recurso.

(véanse los apartados 52, 53, 58 y 59)