1.

La Sociale Verzekeringsbank de Amsterdam recuerda las disposiciones aplicables de la AOW, que constituye un régimen progresivo de pensiones. En efecto, el importe de la pensión depende directamente y es directamente proporcional a la duración de la carrera del seguro. Los aspectos discriminatorios del régimen, que excluía principalmente a la mujer casada del seguro durante los períodos en que su esposo estuviera también excluido, fueron derogados dentro de los plazos previstos por la Directiva 79/7, antes mencionada. La cuestión planteada presenta similitudes con la segunda cuestión planteada en los asuntos 48/88 y 107/88, y con la tercera cuestión suscitada en el asunto 106/88, a las que el Tribunal de Justicia no ha tenido que responder en la sentencia de 27 de junio de 1989, Achterberg-te Riele y otros (asuntos acumulados 48/88, 106/88 y 107/88, Rec. p. 1963). Se trata de determinar si el artículo 4 de la Directiva 79/7 exige que aquellos períodos durante los cuales una mujer casada no estuvo asegurada con arreglo a la AOW, antes de la fecha límite de adaptación del Derecho interno a la Directiva, deben ser considerados, no obstante, para el cálculo de la pensión de vejez, en un momento posterior a esta fecha, como períodos de seguro efectivos debido a que la mujer casada había sido excluida del seguro durante los períodos anteriores a dicha fecha en virtud de una normativa que no se aplicaba a los hombres casados. La Sociale Verzekeringsbank subraya que en la sentencia de 23 de septiembre de 1982, Koks (275/81, Rec. p. 3013), el Tribunal de Justicia reconoció que las disposiciones que excluían del seguro a la mujer casada por estar su marido excluido del mismo eran compatibles con el Derecho comunitario vigente en aquel momento. En un régimen progresivo de pensiones como el de la AOW, el hecho de no haber estado asegurado durante determinados períodos supone, inevitable y definitivamente, una reducción proporcional de la pensión. Interpretar la Directiva 79/7 en el sentido de que debería considerarse a la demandante del litigio principal como asegurada durante los períodos en que no lo estuvo, supondría atribuir un efecto retroactivo al principio de igualdad de trato. Esta solución generaría una desigualdad de trato frente a los hombres, en el sentido de que la mujer casada sería considerada como asegurada, a pesar de no haber estado obligada a cotizar, en tanto que un hombre casado cuya esposa haya ejercido una actividad en el extranjero sí tuvo que pagar cotizaciones. En las conclusiones presentadas en el asunto Achterberg-te Riele y otros, antes mencionado, el Abogado General invocó equivocadamente la sentencia de 8 de marzo de 1988, Dik y otros (80/87, Rec. p. 1601), para sostener que la Directiva 79/7 obliga a considerar como períodos de seguro, para el cálculo de la pensión concedida con posterioridad al plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva, los períodos anteriores en que el beneficiario no estuvo asegurado. En la sentencia Dik y otros, antes citada, el Tribunal de Justicia admitió, sin lugar a dudas, que un Estado miembro no puede mantener, una vez transcurrido el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva, discriminaciones en razón de que los requisitos exigidos para el nacimiento del derecho a prestaciones son anteriores a dicha fecha, y añade que el que estas discriminaciones sean consecuencia de disposiciones transitorias no puede modificar esta apreciación. Contrariamente al asunto Dik y otros, el presente asunto no suscita un problema de subsistencia de una discriminación después del plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva. Además, el Abogado General no tiene en cuenta que el asunto Dik y otros se refiere a requisitos para la atribución del derecho a prestaciones de desempleo, con arreglo a un régimen de riesgo que no presupone ni carrera de seguro ni obligación de cotizar. Además, el asunto Dik y otros se refería a la aplicación de determinados requisitos discriminatorios, que persistían tras la aplicación de la Directiva. En el presente caso, lo que se discute es el efecto que produce sobre el importe de una pensión de vejez un requisito discriminatorio en materia de afiliación aplicable antes del plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva. Tal efecto es inherente a un régimen progresivo de pensiones. El hecho de que la Directiva 79/7 no establezca una distinción clara entre los regímenes de riesgo y los regímenes progresivos de pensiones no permite ignorar la diferencia fundamental existente entre los diversos regímenes de seguro. Además, otras Directivas, como la Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de Seguridad Social (DO L 225, p. 40), precisa que los derechos y obligaciones correspondientes a un período de afiliación a un régimen profesional anterior a la revisión de dicho régimen continúan rigiéndose por las disposiciones del régimen en vigor durante dicho período. La interpretación de la Directiva 79/7 preconizada por el Abogado General supondría, además, que las mujeres casadas se beneficiarían del régimen de pensión a pesar de no haber tenido obligación de cotizar, en tanto que los hombres casados que se encontraran en una situación similar sólo podrían gozar de los mismos derechos si hubieran cumplido su obligación de cotizar. La circunstancia de que en el presente caso la demandante del procedimiento principal cotizara durante sus períodos de actividad se debe a un malentendido imputable a las autoridades encargadas de la percepción de estas cotizaciones y no puede modificar esta apreciación. Por ello, la Sociale Verzekeringsbank propone al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada de la siguiente forma: «Las disposiciones de los artículos 4 y 5 de la Directiva 79/7 del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, no exigen, para conceder una pensión de vejez a un beneficiario de sexo femenino, después del 24 de diciembre de 1984, con arreglo a un régimen de seguro que hace depender el importe de la pensión de la duración del seguro, que se considere a esta misma beneficiaría de pensión como asegurada por el citado régimen durante períodos anteriores al 23 de diciembre de 1984 en los que, de conformidad con la legislación vigente en la época, no estuvo sujeta al seguro obligatorio por un motivo de exclusión que se aplicaba únicamente a las mujeres casadas pero no a los hombres casados.»