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En estas circunstancias, el Landgericht Köln (Tribunal Regional Civil y Penal de Colonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿La cuestión de si existe una “comunicación al público”, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE y/o del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE, se determina siempre en función de los mismos criterios, a saber: — un usuario actúa con pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos para hacer accesible a terceros una obra protegida, los cuales, de otro modo, no habrían accedido a la misma; — se entiende por “público” un número indeterminado de destinatarios potenciales de una prestación, número que, además, debe ser considerable, existiendo indeterminación cuando se trata de “personas en general” y no de personas que forman parte de un grupo privado, mientras que un “número considerable de personas” supone que se supere un umbral mínimo, no cumpliendo este criterio un número demasiado pequeño o insignificante de personas afectadas. En este contexto, lo relevante no es solamente el número de personas que acceden simultáneamente a la misma obra, sino también el número de personas que acceden sucesivamente a esa obra; — se trata de un público nuevo, al que se comunica la obra, y por tanto de un público al que el autor de la obra no tuvo en cuenta cuando autorizó su uso en forma de comunicación al público, salvo que la comunicación posterior se realice por un procedimiento técnico específico, diferente al de la comunicación inicial, y — no es irrelevante que el uso en cuestión tenga una finalidad lucrativa y, además, que el público sea receptivo a esa comunicación, y no «captado» únicamente por azar, pero ello no constituye una condición necesaria para una comunicación al público? 2) En casos como el del procedimiento principal, en los que aquel que explota un centro de rehabilitación instala en sus dependencias aparatos de televisión a los que envía una señal que permite la recepción de emisiones de televisión, ¿debe apreciarse la cuestión de si existe una comunicación al público según el concepto de “comunicación al público” que figura en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE o en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE, cuando las emisiones cuya recepción se hace posible afectan a los derechos de autor y a los derechos protegidos de un gran número de interesados, en particular compositores, letristas y editores musicales, pero también artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y autores de textos y sus editores? 3) En casos como el del procedimiento principal, en los que aquel que explota un centro de rehabilitación instala en sus dependencias aparatos de televisión a los que envía una señal, permitiendo así a sus pacientes ver emisiones de televisión, ¿existe una “comunicación al público”, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE y/o del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE? 4) Cuando, en casos como el del procedimiento principal, se admite la existencia de una comunicación al público en este sentido, ¿mantiene el Tribunal de Justicia su jurisprudencia según la cual, en caso de comunicación de fonogramas protegidos en el marco de emisiones de radiodifusión destinadas a pacientes de una consulta odontológica [véase la sentencia de 15 de marzo de 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140)] o de otros establecimientos similares, no existe comunicación al público?»