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4.

La aplicación de la excepción establecida en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, supone que se demuestre que el acceso al documento de que se trate elaborado por la institución para su uso interno puede perjudicar concreta y efectivamente la protección del proceso de toma de decisiones de la institución y que tal riesgo de perjuicio sea razonablemente previsible y no meramente hipotético. Además, para que resulte de aplicación la excepción establecida en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento no 1049/2001, el perjuicio al proceso de toma de decisiones debe ser grave. Es sobre todo así cuando la divulgación de los documentos pertinentes influya de una manera importante en el proceso de toma de decisiones. La apreciación de la gravedad depende de la totalidad de las circunstancias del caso, en particular, de los efectos negativos para el proceso de toma de decisiones alegados por la institución en relación con la divulgación de los documentos solicitados. No obstante, no exige que las instituciones aporten pruebas para acreditar la existencia de tal riesgo. Basta a este respecto que la decisión impugnada contenga elementos tangibles que permitan llegar a la conclusión de que el riesgo de perjuicio al proceso de toma de decisiones fuera, en la fecha de su adopción, razonablemente previsible y no meramente hipotético, en particular, alegando la existencia, en tal fecha, de razones objetivas que permitieran prever razonablemente que se producirían tales perjuicios en caso de divulgación de los documentos solicitados por el interesado. (véanse los apartados 60 a 62)
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava)

de 10 de septiembre de 2015 — Laverana/OAMI (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Asunto T‑609/14)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria figurativa ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Apreciación del carácter descriptivo de un signo — Criterios [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 14)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 15)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Marca figurativa ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 16 a 18, 20 y 24)

4. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Examen por separado de los motivos de denegación respecto de cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de registro — Obligación de motivación de la denegación de registro — Alcance [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, y 75] (véase el apartado 19)

5. Recurso de anulación — Motivos — Desviación de poder — Concepto (Art. 263 TFUE) (véase el apartado 26)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 2 de junio de 2014 (asunto R 123/2014-4) relativa a una solicitud de registro del signo figurativo ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION como marca comunitaria.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Laverana GmbH & Co. KG.
Las disposiciones del artículo 2, apartado 3, del Reglamento no 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, según las cuales dicho Reglamento se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones específicas de la Unión relativas a la comercialización de productos y, en particular, a la organización común de mercados única y al etiquetado alimentario, deben interpretarse en el sentido de que una denominación comercial sólo puede inscribirse en el registro de especialidades tradicionales garantizadas a condición de respetar las condiciones de comercialización establecidas en el Reglamento no 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM).

En este contexto, caracterizado por la importancia que el legislador europeo atribuye a la uniformización del uso de las denominaciones comerciales de los productos agrícolas a fin de preservar la competencia y proteger a los consumidores, no cabe aceptar una interpretación según la cual el Reglamento no 1234/2007 y el Reglamento no 1151/2012 constituyen fórmulas alternativas de registro de las denominaciones de productos agrícolas, dado que ello tendría como consecuencia permitir que un Estado miembro utilizara el régimen de las especialidades tradicionales garantizadas para eludir las disposiciones relativas a las normas de comercialización establecidas por el Reglamento no 1234/2007 y conferir al producto de que se trate, en el supuesto de que pudiera comercializarse, una ventaja competitiva injustificada y engañar al consumidor.

Del mismo modo, no cabe acoger la alegación de que este razonamiento tendría como consecuencia reducir el efecto útil del Reglamento no 1151/2012, al imponer un procedimiento adicional y restar atractivo a la calificación de especialidad tradicional garantizada. En efecto, estos dos Reglamentos persiguen objetivos parcialmente distintos y establecen condiciones diferentes. Resulta coherente que a las condiciones generales de comercialización de los productos agrícolas, reguladas en el Reglamento no 1234/2007, venga a sumarse un procedimiento específico y distinto establecido por el Reglamento no 1151/2012, destinado a garantizar a los consumidores que ciertos productos agrícolas pueden reivindicar, justificadamente, características que les añaden valor.

(véanse los apartados 30, 35, 41 y 50)
357

Las conclusiones que los demandantes extraen de un artículo periodístico de 19 de febrero de 2015, titulado «Did the troika defraud billions at the expense of thousands of depositors in Cyprus?» («¿Estafó la troika miles de millones a miles de depositantes en Chipre?»), tampoco justifican su tesis. En efecto, en contra de las alegaciones de los demandantes, de dicho artículo no se desprende en modo alguno que el Eurogrupo «aceptara» que la venta de las sucursales griegas se realizase por un precio significativamente inferior a su valor. Tampoco se desprende que el BCE «concluyera y definiera» esta venta y, aún menos, que determinara su precio. Es cierto que dicho artículo afirma que «los funcionarios del BCE y de la Comisión concibieron un plan audaz» conforme al cual se obligaría a los bancos chipriotas a ceder «la totalidad de sus operaciones griegas para proteger a los griegos del shock chipriota». Para afirmar tal cosa, no obstante, el artículo en cuestión se apoya en el informe interno del BCE de 27 de enero de 2013, al que se alude en el anterior apartado 336, que examina distintas hipótesis para separar las sucursales griegas del Laïki y del BoC a la vista del riesgo de contagio del sistema financiero griego. Sin embargo, como señala pertinentemente el BCE, la circunstancia de que sus servicios examinaran tales hipótesis en un documento interno no significa que el BCE «concibiera y definiera» la venta de las sucursales griegas, ni que desempeñara papel alguno en la determinación del precio de venta. Por el contrario, este precio es resultado de un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, como se desprende de los anteriores apartados 351 a 356.
15

El 18 de febrero de 2013, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 157/2013 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bioetanol originario de los Estados Unidos de América (DO 2013, L 49, p. 10; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»), mediante el cual estableció un derecho antidumping sobre el bioetanol, denominado «combustible de etanol», es decir, alcohol etílico obtenido de productos agrícolas, desnaturalizado o sin desnaturalizar, excluidos los productos con un contenido de agua superior al 0,3 % (m/m) medido de conformidad con la norma EN 15376, pero incluido el alcohol etílico obtenido de productos agrícolas presente en mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10 % (v/v), originario de los Estados Unidos y clasificado actualmente en los códigos NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 y ex 3824 90 97 (códigos TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125111, 2710125911, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 y 3824909767), a un tipo del 9,5 % a escala nacional, definido bajo la forma de un importe fijo de 62,30 euros por tonelada neta, aplicable a prorrata del contenido total, en peso, del contenido en bioetanol, por un período de cinco años.
116

La Comisión afirma que el segundo motivo viene a confirmar que la demandante no ha interpretado correctamente el Reglamento impugnado, pues éste no prohíbe las comprobaciones con un colector «lleno de polvo», sino que se limita a exigir que se apliquen «métodos de medición y de cálculo fiables, exactos y reproducibles, que tengan en cuenta los métodos de medición reconocidos más avanzados». Dado que no existe ningún «método de medición y de cálculo fiable, exacto y reproducible» para efectuar las pruebas con un colector lleno de polvo, la Comisión aduce que no estaba obligada a precisar las razones por las que no previó la obligación de efectuar las mediciones en un colector de ese tipo.
38

Por lo que respecta a la primera parte del segundo motivo, basado en la vulneración de los principios de fuerza de cosa juzgada o non bis in idem y en el adagio venire contra factum proprium, debe recordarse la jurisprudencia consolidada que ha reconocido que el principio de fuerza de cosa juzgada, que impide cuestionar el carácter firme de una resolución judicial, no es aplicable a la relación entre una resolución final en materia de oposición y una solicitud de nulidad, en particular porque, por una parte, los procedimientos ante la OAMI tienen naturaleza administrativa, y no naturaleza judicial y, por otra parte, las disposiciones pertinentes del Reglamento no 207/2009, a saber, el artículo 53, apartado 4, y el artículo 100, apartado 2, no establecen regla alguna en este sentido [sentencias de 14 de octubre de 2009, Ferrero/OAMI — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T‑140/08, Rec, EU:T:2009:400, apartado 34; de 22 de noviembre de 2011, mPAY24/OAMI — Ultra (MPAY24), T‑275/10, EU:T:2011:683, apartado 15, y de 23 de septiembre de 2014, Tegometall International/OAMI — Irega (MEGO), T‑11/13, EU:T:2014:803, apartado 12]. Como señala la OAMI, lo mismo cabe decir de la situación inversa respecto a la relación entre el procedimiento que llevó a una resolución final en materia de caducidad o de nulidad y un procedimiento de oposición. No es menos cierto que las declaraciones hechas en una resolución final en materia de caducidad o de nulidad no pueden ignorarse totalmente por la OAMI a la hora de resolver la oposición entre las mismas partes, que tiene el mismo objeto y está basada en los mismos motivos, como en el caso de autos, la prueba del uso efectivo de una marca comunitaria, siempre y cuando no existan nuevos elementos fácticos, nuevas pruebas o nuevos motivos que afecten a dichas declaraciones o a los aspectos ya resueltos. En efecto, esta afirmación no es sino una expresión particular de la jurisprudencia según la cual la práctica decisoria anterior de la OAMI constituye un elemento que puede tomarse en consideración para apreciar si un signo es apropiado para ser registrado (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias TiMi KiNDERJOGHURT, antes citada, EU:T:2009:400, apartado 35, y MPAY24, antes citada, EU:T:2011:683, apartado 17).
15.

Ayudas otorgadas por los Estados — Ayudas existentes y ayudas nuevas — Medida que modifica un régimen de ayudas existentes — Modificación que afecta a la sustancia del régimen — Calificación del régimen como ayuda nueva [Art. 108 TFUE, ap. 1; Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, art. 1, letra c); Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, art. 4, ap. 1] (véanse los apartados 128 a 132)
11.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Objetivo — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véanse los apartados 97 y 134)
5.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEADER — Concesión de ayudas y de primas — Obligación de los Estados miembros de organizar un sistema eficaz de controles administrativos y sobre el terreno — Exigencia de un recuento de los animales — Aplicación de los controles exclusivamente a las explotaciones beneficiarias de ayudas basadas en el número de animales declarados y no a las beneficiarias de ayudas por superficie — Improcedencia — Violación del principio de igualdad de trato [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 21; Reglamentos (CE) de la Comisión no 796/2004, art. 35, ap. 1, y no 1975/2006, arts. 10, ap. 4, y 14, ap. 2] (véanse los apartados 74, 83 y 84)
4.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 47)
7.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Examen por separado de los distintos motivos de denegación — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2007/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 52)
Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 29 de enero de 2015 — Blackrock/OAMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

(Asunto T‑609/13)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY — Marca consistente en un eslogan publicitario — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marcas constituidas por eslóganes publicitarios — Carácter distintivo — Aplicación de criterios de apreciación específicos — Improcedencia [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 19 a 21)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marcas constituidas por eslóganes publicitarios — Eslogan que presenta carácter de fantasía [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véase el apartado 22)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marcas constituidas por eslóganes publicitarios — Fórmula promocional de carácter elogioso [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 23 y 24)

4. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca denominativa SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 26 a 41)

5. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto ante las Salas de Recurso — Competencia de las Salas de Recurso — Nuevo examen completo del fondo [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 64, ap. 1] (véase el apartado 35)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 11 de septiembre de 2013 (asunto R 572/2013‑4) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY como marca comunitaria.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
164

En efecto, es preciso destacar que lo que se había seleccionado inicialmente al término de la segunda ronda de licitación, frente al proyecto del candidato no 4, fue el contenido global del proyecto del consorcio dirigido por el candidato no 5. Así lo indicaron claramente las autoridades francesas en su respuesta de 6 de enero de 2012 a las preguntas de la Comisión: «En cuanto la propuesta [del candidato no 5], se basaba en varios principios generales, a saber, en particular, que la [demandante] se haría cargo de las necesidades de tesorería de Sernam, estimadas por [el candidato no 5] en [un elevado importe], que no se asumirían las deudas financieras de Sernam ([...] de euros, que, sumados a la asunción [del elevado importe] de las necesidades de tesorería arrojaba como resultado un precio negativo de -56,4 millones de euros) y una asociación como socio capitalista con el equipo directivo de Sernam. Las perspectivas de una solicitud de recapitalización previa por parte [del candidato no 5] eran inferiores a las previsibles en una negociación con [el candidato no 4]. En efecto, [el candidato no 4] se había referido implícitamente a la necesidad de que la [demandante] recapitalizara previamente a Sernam en [un importe mayor que el del candidato no 5], lo que, sumado a la asunción de las deudas financieras, arrojaba como resultado un precio negativo de -65,2 millones de euros. Por consiguiente, la [demandante] adoptó la decisión de proseguir las discusiones únicamente con [el candidato no 5] y el equipo directivo de Sernam.»
42

Por otro lado, se ha de señalar que, como resulta en sustancia de la lectura conjunta de los considerandos decimotercero y decimoquinto del Reglamento no 432/2012, sólo las declaraciones enviadas a la Comisión, y no retiradas posteriormente por los Estados miembros, que seguidamente hayan sido examinadas por la EFSA y sobre las que la Comisión se haya pronunciado finalmente, autorizándolas o denegándolas, están comprendidas en ese Reglamento. Pues bien, si se acreditara que las declaraciones enviadas por las demandantes a las autoridades alemanas no fueron transmitidas por éstas a la Comisión, o que fueron retiradas por esas autoridades, en ese supuesto sería preciso apreciar que esas declaraciones no pudieron ser examinadas por la EFSA y por la Comisión, y que por tanto no están comprendidas en el Reglamento no 432/2012.
34

En apoyo de su recurso, el demandante invoca tres motivos. El primer motivo se basa en la existencia de errores de Derecho y de errores manifiestos de apreciación en lo que concierne a la aplicación del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento no 1049/2001 y del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, p. 13). El segundo motivo se basa en la existencia de un error de Derecho y de un error manifiesto de apreciación así como en la falta de motivación en lo que respecta a la aplicación del criterio del interés público superior exigido por el artículo 4, apartado 2 in fine, del Reglamento no 1049/2001 y por el artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006. El tercer motivo se basa en la existencia de un error de Derecho y de un error manifiesto de apreciación así como en la falta de motivación en lo que respecta a la aplicación del artículo 4, apartado 6, del Reglamento no 1049/2001.
237

En el presente caso, de todas formas, uno de esos dos requisitos acumulativos no se cumple: el carácter anormal del perjuicio invocado no queda demostrado. En efecto, el hecho de que las reglas de confidencialidad se hayan establecido en el artículo 10 del Reglamento no 2216/2004 y aplicado posteriormente a la demandante por la Comisión no constituye un riesgo anormal en el sector: si no existieran tales reglas, no podría garantizarse el secreto comercial, lo que destruiría la propia existencia de un mercado de derechos de emisión.
La Comisión, al examinar la aplicación del criterio del inversor privado, siempre debe examinar todos los datos pertinentes de la operación controvertida y su contexto y, en la aplicación de este criterio a varias intervenciones consecutivas del Estado, debe examinar si existen entre estas intervenciones vínculos tan estrechos que resulte imposible disociarlas y que deban considerarse, por tanto, una única intervención a los efectos de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1.

El examen del carácter disociable de varias intervenciones consecutivas del Estado debe efectuarse teniendo en cuenta criterios tales como, en particular, la cronología de estas intervenciones, su finalidad y la situación de la empresa en el momento de estas intervenciones.

A este respecto, en una situación en la que una empresa pública concede a su filial en crisis consecutivamente una ayuda de salvamento, una recapitalización y préstamos —préstamos que, según el Estado miembro de que se trata, no constituyen ayudas sino una inversión autónoma con respecto al criterio del inversor privado—, la Comisión puede tener en cuenta, entre los elementos de contexto, en particular, la evolución del plan de reestructuración, el desdoblamiento de dicha empresa pública que actúa no sólo como entidad que otorga la ayuda sino también como proveedora de los fondos destinados a formar parte de la contribución propia y la falta de participación en la operación de reestructuración de un inversor privado independiente del Estado.

(véanse los apartados 32 a 34, 47, 50 y 55)
1.

Cohesión económica, social y territorial — Intervenciones de carácter estructural — Financiación por la Unión — Suspensión o reducción de una ayuda financiera a raíz de la detección de irregularidades — Plazo de caducidad para la adopción de la decisión de la Comisión — Inicio del cómputo [Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 145, ap. 6; Reglamentos (CE) del Consejo no 1164/94, anexo II, art. H, ap. 2, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) no 1264/1999 y no 1265/1999, y no 1083/2006, art. 100, ap. 5; Reglamento (CE) no 1386/2002 de la Comisión, art. 18, ap. 3] (véanse los apartados 22 a 27)
5.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Obligación de conceder un acceso parcial a los datos no cubiertos por las excepciones [Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 6] (véase el apartado 45)