Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de capitales — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación — Fondos de pensiones abiertos

(Art. 56 CE; Directiva 88/361/CEE del Consejo, anexo I)

2. Libre circulación de capitales — Restricciones — Fondos de pensiones abiertos — Normativa nacional que limita las inversiones de dichos fondos en el extranjero

[Arts. 56 y 58 CE, ap. 1, letra b)]

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1. Los fondos de pensiones profesionales que funcionan según el principio de capitalización ejercen una actividad económica a pesar de su finalidad social y del carácter obligatorio de la afiliación al sistema de jubilación al que pertenecen. Así sucede con los fondos de pensiones abiertos, cuyos activos son gestionados e invertidos por sociedades distintas que actúan a título oneroso bajo la forma de una sociedad anónima. La supervisión prudencial que ejercen las autoridades públicas sobre estos fondos y estas sociedades así como la garantía estatal de la cobertura de los eventuales déficits de dichos fondos, no ponen en entredicho el carácter económico de las actividades controvertidas.

Asimismo, incluso si se admite el carácter público de los recursos destinados a estos fondos a pesar de que provienen de las cotizaciones para la contingencia de jubilación retenidas a los empresarios de los trabajadores beneficiarios, este hecho no basta en modo alguno para excluir la aplicabilidad del artículo 56 CE a las operaciones relativas a dichos recursos, según se desprende del anexo I de la Directiva 88/361, para la aplicación del artículo 67 del Tratado [artículo derogado por el Tratado de Ámsterdam], a cuyo tenor el concepto de movimientos de capital engloba, en particular, las operaciones relativas a los haberes o compromisos de los Estados miembros y de las demás administraciones y organismos públicos.

(véanse los apartados 40 y 41)

2. Una normativa nacional que impone a los fondos de pensiones abiertos limitaciones tanto cuantitativas como cualitativas respecto de las inversiones realizadas fuera del territorio nacional, produce, asimismo, efectos restrictivos con respecto a las sociedades establecidas en otros Estados miembros, dado que supone un obstáculo para la captación de capitales en el Estado miembro en cuestión, en la medida en que dicha normativa limita la adquisición, en particular, de acciones o de participaciones de organismos de inversión colectiva.

Tales restricciones no pueden justificarse en virtud del artículo 58 CE, apartado 1, letra b), puesto que que, si bien es cierto que la referida normativa nacional establece el contenido material de las normas prudenciales aplicables a esos fondos de pensión, no tiene, sin embargo, como finalidad impedir las infracciones a su Derecho y normativas nacionales en materia de supervisión prudencial de entidades financieras y no puede, en consecuencia, inscribirse en la excepción prevista en dicho artículo.

Las restricciones de que se trata no pueden tampoco justificarse mediante razones imperiosas de interés general. En efecto, si bien es cierto que el interés de garantizar la estabilidad y la seguridad de los activos administrados por un fondo de pensiones, en particular, mediante la adopción de normas prudenciales, constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar las restricciones a la libre circulación de capitales, tales restricciones deben ser apropiadas para alcanzar el objetivo perseguido y no deben ir más allá de lo necesario para alcanzarlo. Pues bien, las dificultades de dichos fondos para evaluar los riesgos vinculados a las inversiones en el extranjero no pueden justificar las restricciones cuantitativas y cualitativas relativas a las inversiones en valores emitidos en los Estados miembros. En efecto, las normativas de los Estados miembros en materia de publicidad de la información relativa a productos financieros y de protección de los inversores y consumidores, han sido armonizadas en gran medida a nivel de la Unión, lo que facilita la creación de un mercado común europeo de capitales. Asimismo, tales medidas no se pueden justificar por constituir el método más fácil que pueden aplicar las autoridades de control nacionales, y ello ni siquiera en el marco de un régimen de seguridad social emergente, ni porque algunas de estas medidas tengan la finalidad de proteger dichos fondos del riego de soportar costes adicionales o excesivos, dado que, en todo caso, el inversor debe tomar en consideración tales costes al elegir sus inversiones independientemente del lugar donde se realicen.

En consecuencia, un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE al mantener en vigor disposiciones legislativas que imponen a los fondos de pensiones abiertos limitaciones tanto cuantitativas como cualitativas respecto de las inversiones realizadas fuera del territorio nacional, limitando así las inversiones de dichos fondos en los demás Estados miembros.

(véanse los apartados 51, 52, 56 a 58, 65 a 67, 69 a 71 y 73 y el fallo)