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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 235/2

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Alemania) el 26 de marzo de 2014 — TMK Europe GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Asunto C-143/14)

2014/C 235/02

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: TMK Europe GmbH

Demandada: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Cuestión prejudicial

El Reglamento (CE) no 2320/97 (1) del Consejo, de 17 de noviembre de 1997, por el que se establecen derechos antidumping definitivos con respecto a las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero sin alear, originarios de Hungría, Polonia, Rusia, la República Checa, Rumania y la República Eslovaca, por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1189/93 y por el que se da por concluido el procedimiento relativo a dichas importaciones originarias de la República de Croacia ¿es inválido en la medida en que infringiendo los requisitos aplicables a la determinación de un perjuicio, establecidos en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento (CE) no 384/96 (2) del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea la Comisión admitió la existencia de tal (perjuicio), sin tomar en consideración al respecto que la Comisión, en particular sobre la base del artículo 14, apartado 3, del Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE, acordó, mediante una decisión no publicada de 25 de noviembre de 1994 (asunto IV/35.304), abrir una investigación sobre la posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia relativas a los tubos de acero sin alear que pudieran infringir el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992 y el artículo 81 CE?

(1) DO L 322, p. 1.

(2) DO L 56, p. 1.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 223/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal du travail de Liège (Bélgica) el 14 de mayo de 2014 — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy (CPAS de Huy)

(Asunto C-239/14)

2014/C 223/14

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal du travail de Liège

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Abdoulaye Amadou Tall

Demandada: Centre public d’action sociale de Huy (CPAS de Huy)

Cuestión prejudicial

En virtud del artículo 39/1 de Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre la entrada en el territorio, residencia, establecimiento y expulsión de los extranjeros (loi du 15 décembre 1980 sur l’accès du territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), puesto en relación con los artículos 39/2, apartado l, párrafo tercero, 39/76, 39/82, apartado 4, párrafo segundo, letra d), y 57/6/2 de la misma Ley, contra la inadmisión a trámite de una solicitud múltiple de asilo sólo cabe interponer recurso de anulación y presentar una solicitud de medidas cautelarísimas de suspensión. En la medida en que no se trata de recursos de plena jurisdicción, ni de recursos suspensivos, y el solicitante de asilo no tiene derecho ni a la residencia ni a recibir la ayuda material durante su tramitación, ¿son estos procedimientos judiciales compatibles con las exigencias del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 39 de la Directiva 2005/85 del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (1), que establecen el derecho a la tutela judicial efectiva?

(1) DO L 326, p. 13.
1)

¿Son válidos, en su conjunto, el Reglamento (CE) no 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006, (1) por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam, y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1294/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, (2) por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y originario de la República Popular China, y ampliado a las importaciones del mismo producto procedentes de la RAE de Macao, independientemente de que el origen declarado sea o no la RAE de Macao, a raíz de una reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, (3) en la medida que no han sido anulados por las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 2012 y de 15 de noviembre de 2012, recaídas en los asuntos C-249/10 P y C-247/10 P?
—

en el código 0207 12 90 9190 de la nomenclatura de las restituciones a la exportación, correspondiente a los denominados «pollos 65 %» que no presenten la punta del esternón, el fémur y la tibia completamente osificados», y de que la empresa ha exportado efectivamente gallinas de desvieje (gallinas ponedoras sacrificadas al término de su período de puesta, momento en que su esqueleto se encuentra completamente osificado), ¿se integra o no el producto «gallinas de desvieje» en la designación de mercancías «Las demás», con los códigos de producto nos0207 12 10 9900 y 0207 12 90 9190, indicadas en el anexo I del Reglamento (CEE) no 3846/87, (1) modificado por el Reglamento (CE) no 2319/2002 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2002, (2) por el Reglamento (CE) no 2180/2003 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2003, (3) por el Reglamento (CE) no 2199/2004 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2004, (4) y por el Reglamento (CE) no 2091/2005 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2005, (5) por los que se publica la versión de 2003, 2004, 2005 y 2006, respectivamente, de la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones a la exportación?
2)

En caso de que se responda a la primera cuestión que el plazo de prescripción no empieza hasta que se produce el perjuicio: en el marco de la solicitud de devolución de una restitución a la exportación concedida con carácter definitivo, ¿existe ya un perjuicio en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Reglamento no 2988/95 cuando se paga al exportador el importe correspondiente a la restitución a la exportación en el sentido del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 565/80, sin que se haya liberado todavía la garantía del artículo 6 del Reglamento no 565/80, o el perjuicio no se produce hasta el momento en que se libera la garantía y se concede con carácter definitivo la restitución a la exportación?
Primer motivo: interpretación errónea de las cláusulas contractuales y de las normas jurídicas y error manifiesto de apreciación de los medios de prueba. EMA sostiene que la sentencia está viciada debido a una interpretación errónea de las cláusulas contractuales y de las normas jurídicas aplicables así como a un error manifiesto de interpretación de los medios de prueba, al haber declarado que la Comisión había deducido correctamente que determinados costes facturados, pero aún no pagados, no fueron soportados por EMA y no fueron registrados en las cuentas de la propia recurrente dentro de la fecha de la redacción del certificado de auditoría, en el sentido de las normas contables belgas.
1)

¿Establece la Ley notarial italiana no 89/1913 en sus artículos 51 y ss., en relación con los artículos 1350 y 2657 del Codice Civile, una auténtica situación de monopolio para la prestación de servicios a favor de los notarios en lo que respecta a la redacción y autenticación de los contratos de compraventa de inmuebles en Italia, infringiendo de forma clara las normas y principios de los Tratados de la Unión Europea (artículo 49 [TCE, actualmente artículo 56 TFUE]) que disponen la libre circulación de servicios en el territorio de los Estados miembros de la Unión y, en particular, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 (denominada «Directiva Bolkestein»), (1) transpuesta en Italia a través del Decreto Legislativo no 59, de 26 de marzo de 2010, publicado en la Gazzeta Ufficiale no 94, de 23 de abril de 2010?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 52/26

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 20 de noviembre de 2013 — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico/Ediltecnica SpA

(Asunto C-592/13)

2014/C 52/46

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico

Recurrida: Ediltecnica SpA

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los principios de la Unión Europea en materia medioambiental establecidos en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Directiva 2004/35/CE de 21 de abril de 2004 (1) (artículos 1 y 8, apartado 3, y considerandos décimo tercero y vigésimo cuarto) –en particular, el principio de «quien contamina paga», el principio de cautela, el principio de acción preventiva y el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma– a una normativa nacional como la establecida en los artículos 244, 245 y 253 del Decreto Legislativo de 3 de abril de 2006, no 152, la cual, en caso de que se compruebe que un sitio ha sido contaminado y sea imposible identificar a la persona responsable de la contaminación o conseguir que esta última realice las actuaciones de reparación, no permite a la autoridad administrativa imponer la ejecución de las medidas de aseguramiento de emergencia y de saneamiento al propietario no responsable de la contaminación, al prever únicamente a cargo de este último una responsabilidad patrimonial limitada al valor del sitio tras la ejecución de las medidas de saneamiento?

(1) Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143, p. 56).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 45/21

Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2013 por Issam Anbouba contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 13 de septiembre de 2013 en el asunto T-592/11, Anbouba/Consejo

(Asunto C-630/13 P)

2014/C 45/37

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Issam Anbouba (representantes: J.-M. Salva y A. Bastin, avocats)

Recurrida: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General T-592/11 (Sala Sexta), de 13 de septiembre de 2013, Issam Anbouba/Consejo de la Unión Europea.

— Que se declare ilegal la Decisión de incluir al recurrente en la lista de personas y entidades objeto de las sanciones económicas.

— Que se anulen las Decisiones y los Reglamentos impugnados en el asunto T-592/11.

— Que se condene al Consejo a cargar con las costas de ambas instancias.

Motivos y principales alegaciones

El recurrente alega dos motivos en apoyo de su recurso.

En primer lugar, el recurrente considera que el Tribunal General ha incurrido en error de Derecho al estimar que el Consejo, al no poder aportar la prueba del apoyo del recurrente al régimen sirio, aplicó de forma justa la presunción de apoyo de los directores de las principales empresas de Siria al régimen sirio. La primera parte del motivo se basa en la falta de fundamento jurídico de tal presunción. A su entender, el carácter sumamente grave e imperativo de las medidas restrictivas no permite que éstas se apliquen con arreglo a una presunción que, de ordinario, no se invoca en ningún acto reglamentario. La segunda parte del motivo se basa en el carácter desproporcionado de esta presunción en relación con el objetivo perseguido, concretamente por su carácter sumamente genérico. La tercera parte del motivo se basa en el carácter irrefragable de esta presunción. La prueba negativa de que no existe apoyo al régimen sirio es materialmente imposible de aportar y la entrega de una prueba positiva de oposición al régimen no puede considerarse razonablemente como el único medio de demostrar la inexistencia de vínculos con el régimen.

En segundo lugar, el recurrente reprocha al Tribunal General que resolviera sin que el Consejo proporcionara pruebas. En la primera parte de su segundo motivo, el recurrente considera que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, por una parte, al no realizar un control normal de las Decisiones impugnadas, y, por otra parte, al resolver sin que el Consejo le hubiera proporcionado una prueba. En la segunda parte de su segundo motivo, el recurrente censura que el Tribunal General no sancionara, en la sentencia impugnada, la vulneración manifiesta del principio de contradicción y del derecho de defensa del recurrente. El Tribunal General, en su opinión, dispensó al Consejo de aportar las pruebas o los motivos que justificaban la no divulgación de dichos datos, y admitió que el Consejo pudiera basar su decisión únicamente en una presunción que, sin embargo, no podía invocar habitualmente.
5)

Las medidas adoptadas no permiten alcanzar un objetivo esencial de la Directiva, cual es la mayor claridad de los estados financieros y la mejora de la comparabilidad de éstos, porque en la elaboración del proyecto de Directiva no se tuvo en cuenta de manera adecuada la estructura empresarial de los distintos Estados miembros. La transposición de la Directiva a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros tendría por resultado que 97,9 % de las empresas, que son responsables de más de la mitad del PIB, se vieran liberadas de una parte importante de sus obligaciones contables, lo cual no contribuye a alcanzar el objetivo de aumentar la claridad y mejorar la comparabilidad de los estados financieros en la Unión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 274/10

Recurso de casación interpuesto el 11 de julio de 2013 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 30 de abril de 2013 en el asunto T-304/11, Alumina d.o.o./Consejo y Comisión

(Asunto C-393/13 P)

2013/C 274/17

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: J.-P. Hix, agente, y G. Berrisch, Retchtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Alumina d.o.o., Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia recurrida.

— Que se desestime el recurso interpuesto ante el Tribunal General.

— Que se condene a la demandante en primera instancia al pago de las costas correspondientes al recurso de casación y al procedimiento ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

El Consejo invoca un único motivo en apoyo de su recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General dictada el 30 de abril de 2013, en el asunto T-304/11, mediante la cual éste anuló el Reglamento de Ejecución (UE) no 464/2011 del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de zeolita A en forma de polvo originaria de Bosnia y Herzegovina. (1)

El Consejo alega que el Tribunal General incurrió en un error de interpretación del concepto de «ventas realizadas en el curso de operaciones comerciales normales», en el sentido del artículo 2, apartados 1 y 6, del Reglamento de base. (2) Más concretamente, el Consejo sostiene que pueden tener lugar ventas «en el curso de operaciones comerciales normales» aunque el vendedor haya incrementado su precio de venta con una prima para cubrir el riesgo de impago o de pago tardío.

Según el Consejo, la interpretación contraria realizada por el Tribunal General es, además, incompatible con el principio de seguridad jurídica.

(1) DO L 125, p. 1.

(2) Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51).
—

Que se anule la Decisión de la Comisión C(2011)1023 final, de 18 de febrero de 2011, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a las fases de proyectos: «Suministro y montaje de materiales de vía en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Madrid-Lleida» (CCI no 1999.ES.16.C.PT.001); «Línea de Alta Velocidad ferroviaria Madrid-Barcelona. Tramo Lleida Martorell (Plataforma, 1a fase)» (CCI no 2000.ES.16.C.PT. 001); «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Accesos a Zaragoza» (CCI no 2000.ES.16.C.PT.003); Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell. Subtramo X-A (Olérdola — Avinyonet del Penedés (CCI no 2001.ES.16.C.PT.007) y «Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Subtramo La Gineta-Albacete (Plataforma)» (CCI no 2004.ES.16.C.PT.014).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 171/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerische Verwaltungsgericht München (Alemania) el 18 de marzo de 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern

(Asunto C-137/13)

2013/C 171/27

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bayerisches Verwaltungsgericht München (Alemania)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Herbaria Kräuterparadies GmbH

Demandada: Freistaat Bayern

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 27, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) no 889/2008 (1) en el sentido de que el empleo de las sustancias citadas únicamente es obligatorio según la normativa si una disposición del Derecho de la Unión o una disposición nacional compatible con el Derecho de la Unión exige directamente, para los alimentos a los que han de incorporarse las citadas sustancias, la adición de éstas o establece al menos un contenido mínimo de las citadas sustancias que han de incorporarse?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿debe interpretarse el artículo 27, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) no 889/2008 en el sentido de que el empleo de las sustancias citadas es obligatorio según la normativa también en los casos en los que la comercialización de un alimento como complemento alimenticio o utilizando declaraciones de propiedades saludables sería engañosa y constituiría un fraude a los consumidores sin la adición de al menos una de las citadas sustancias, debido a que el alimento, por su concentración demasiado baja de una de las sustancias citadas, no puede cumplir su finalidad como producto alimenticio o la finalidad manifestada en la declaración de propiedades saludables?

3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿debe interpretarse el artículo 27, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) no 889/2008 en el sentido de que el empleo de las sustancias citadas es obligatorio según la normativa también en los casos en los que una determinada declaración de propiedades saludables sólo puede utilizarse para alimentos que contengan una cantidad específica, denominada cantidad significativa, de al menos una de las sustancias citadas?

(1) Reglamento (CE) no 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control (DO L 250, p. 1).
—

Que se declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (1) al no haber adoptado todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para transponer el artículo 3, apartado 7, y el anexo I, punto 1, letra a), párrafo segundo, y letras b), c), d), f), h) e i), de dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado a la Comisión la adopción de tales disposiciones.
1)

En las circunstancias del presente asunto, en el que parece darse una violación manifiesta del Derecho de la Unión, que seguirá teniendo efectos en el futuro y en el que las partes han intercambiado en la fase administrativa opiniones sobre la aplicación del artículo 14 del Reglamento no 343/2003, (1) opiniones a las que no han vuelto en el procedimiento judicial pero que el demandante tampoco ha invocado expresamente en el procedimiento judicial, ¿resulta contrario al Derecho de la Unión que el Juez no tenga en cuenta este aspecto litigioso, como consecuencia de la prohibición de examinar de oficio?
En primer lugar, la sentencia viola el principio de igualdad de trato por cuanto confirmó la Decisión en la parte en que ésta excluía las ventas cautivas al calcular las multas impuestas a los demás destinatarios de la misma y no corrigió la discriminación contra Guardian que ello suponía. Tal actuación no tuvo en cuenta la reiterada jurisprudencia que exige que al calcular las multas las ventas cautivas se traten de la misma manera que las ventas externas para evitar que los fabricantes que tienen una estructura integrada obtengan una ventaja indebida. La motivación desarrollada por el Tribunal General en el sentido de que la Decisión se refería exclusivamente a «las ventas de vidrio plano realizadas a clientes no vinculados» no justifica la discriminación de que es víctima Guardian.
2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede admitirse la extensión de los resultados del examen parcial de mercancías establecido en el artículo 70, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento no 2913/92 a las declaraciones en relación con las cuales, por razones objetivas, el declarante no puede solicitar un examen adicional con arreglo al artículo 70, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento no 2913/92 al no ser posible presentar las mercancías para el examen de conformidad con el artículo 78, apartado 2, del Reglamento no 2913/92?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 26/34

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 15 de noviembre de 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

(Asunto C-516/12)

2013/C 26/63

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Recurridas: Regione Campania, Provincia di Napoli

Cuestión prejudicial

¿A tenor del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1191/69, (1) el derecho a la compensación únicamente nace si, tras haber sido presentada la correspondiente solicitud, las autoridades competentes no suprimen la obligación de servicio que provoca una desventaja económica a la empresa de transporte solicitante, o bien dicha norma sólo se aplica a las obligaciones de servicio respecto de las cuales el Reglamento prevé la supresión y no permite el mantenimiento?

(1) Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 156; p. 1; EE 08/01, p. 131).