SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 11 de junio de 1996

Asunto T-118/95

Miguel Anacoreta Correia

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Procedimiento de selección — Puesto de grado A 1»

Texto completo en lengua francesa II-835

Objeto:

Recurso en el que se solicita, de una parte, la anulación de la decisión por la que se desestima la candidatura del demandante para el cargo de Director General Adjunto de la Dirección General de Relaciones Políticas Exteriores y, de otra, la anulación del nombramiento del Sr. B. para dicho cargo.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante, funcionario de la Comisión de grado A 2, estaba destinado en la DG I (Dirección General de Relaciones Políticas Exteriores), donde desempeñaba las funciones de Director para América Latina.

Mediante la convocatoria para proveer plaza vacante COM/1/94, de 6 de enero de 1994, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos de la Comisión (AFPN) inició el procedimiento previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto) con objeto de proveer el puesto, de grado A 1, de Director General adjunto de la Dirección General de Relaciones Políticas Exteriores (DG IA).

El demandante fue el único funcionario que presentó su candidatura para el puesto controvertido dentro del plazo establecido en la convocatoria para proveer plaza vacante.

El 27 de abril de 1994, la AFPN decidió recurrir al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 29 del Estatuto. Sin embargo, no se publicó anuncio alguno acerca de la iniciación de dicho procedimiento.

En la misma fecha, el Sr. B., diplomático de nacionalidad portuguesa, presentó su candidatura para el puesto controvertido.

El 15 de junio de 1994, la AFPN decidió estimar la candidatura del Sr. B. y, el 20 de julio de 1994, le nombró funcionario de grado A 1.

Mediante escrito de 24 de junio de 1994, la AFPN informó al demandante de que su candidatura había sido desestimada.

El 14 de septiembre de 1994, el demandante presentó una reclamación contra dicha decisión, por una parte, y contra la decisión por la que la AFPN nombró al Sr. B. para el citado puesto, por otra. Mediante resolución de 30 de enero de 1995, la AFPN desestimó dicha reclamación.

Antes de que se publicara la convocatoria para proveer plaza vacante, había aparecido en un diario portugués de 10 de diciembre de 1993 un artículo en el que se señalaba que el cargo controvertido estaba reservado a un portugués, que el ministro portugués competente había nombrado al Sr. B. como el candidato más apto y que, después de mantener una larga conversación con éste, el miembro de la Comisión con competencia en la materia había dado su aprobación a dicha elección.

En otro diario portugués de 15 de enero de 1994, se afirmaba que, en un futuro, el Sr. B. sería nombrado para el cargo controvertido.

Sobre el primer motivo, fundado en una desviación de poder

El concepto de desviación de poder tiene un alcance bien preciso y se refiere al hecho de que una autoridad administrativa haya usado de sus atribuciones con una finalidad distinta de aquella para la cual le fueron conferidas. Una decisión sólo incurre en desviación de poder cuando se demuestra, de acuerdo con indicios objetivos, oportunos y concordantes, que fue adoptada para alcanzar unas finalidades distintas de las que se alegan (apartado 25).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 2 de febrero de 1995, Frederiksen/Parlamento (T-106/92, RecFPp. II-99), apartado 47; Tribunal de Primera Instancia, 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión (T-562/93, RecFP p. II-737). apartado 62

Las informaciones contenidas en los artículos de prensa no pueden considerarse indicios objetivos, oportunos y concordantes de que, la AFPN, antes de iniciar el procedimiento de selección, ya hubiera elegido a los candidatos o hubiera adoptado la decisión de nombrar al Sr. B. para el puesto controvertido (apartado 30).

En particular, cabe afirmar que las entrevistas celebradas entre el miembro de la Comisión con competencia en esta materia y los posibles candidatos al puesto controvertido tuvieran un carácter «exploratorio». Además, nada impide a un superior jerárquico directamente afectado mantener una entrevista con una persona que pudiera tener interés, llegado el momento, por un puesto vacante, siempre que, al término de dicha entrevista, no se llegue a ningún compromiso frente a dicha persona, tanto más si se considera que los puestos de trabajo que deben cubrirse son de grado A 1 y A 2 (apartado 31).

Por consiguiente, resulta prematura la conclusión que los autores de los artículos publicados en la prensa pretendieron deducir de las entrevistas que mantuvo el miembro de la Comisión con competencia en la materia con distintas personas que hubieran podido presentar sus candidaturas para el puesto controvertido, antes de publicarse la convocatoria para proveer plaza vacante, según la cual «se había nombrado» al Sr. B. para el puesto controvertido e «iba a ocuparlo» (apartado 32).

Además, la AFPN puede iniciar directamente el procedimiento regulado en el apartado 2 del artículo 29 del Estatuto con objeto de proveer el puesto vacante, después de haber valorado la posibilidad de proveer dicho puesto a través de uno de los procedimientos enumerados en el apartado 1 del citado artículo, cuando considere que ninguno de ellos puede conducir al nombramiento de la persona que posea el más alto grado de competencia, rendimiento e integridad. En el presente caso, la propia iniciación del procedimiento establecido en esta última disposición constituye una indicación de que, en el momento de aparecer los artículos en la prensa, aún no se había adoptado la decisión de nombrar al Sr. B. para el puesto controvertido (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 23 de febrero de 1994, Coussios/Comisión, (asuntos acumulados T-18/92 y T-68/92, RecFP p. II-171), apartado 98; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CES (T-586/93, RecFP p. II-203), apartado 94

Además, ninguna disposición del Estatuto reconoce a un candidato derecho alguno a mantener una entrevista con su posible superior jerárquico en el marco de un procedimiento de selección ni establece ninguna obligación a convocar de oficio al interesado a una entrevista de esta índole (apartado 36).

El hecho de que el Sr. B. presentara su candidatura el mismo día en que comenzó el procedimiento regulado en el apartado 2 del artículo 29 tampoco constituye la prueba, ni un indicio objetivo y determinante de que dicho candidato fuera seleccionado o nombrado para el puesto controvertido antes de que diera comienzo el procedimiento de selección. Efectivamente, no puede excluirse que, a raíz de su entrevista con el miembro de la Comisión con competencia en esta materia, el Sr. B. siguiera desde muy cerca el procedimiento de selección y fuera informado, en su debido momento, de la iniciación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 29, de forma que, en la citada fecha, tuviera la posibilidad de presentar su candidatura (apartado 37).

Sobre el segundo motivo, fundado en una infracción de los artículos 7 y 27 del Estatuto

La reclamación no se refiere ni a una infracción de los artículos 7 y 27 del Estatuto, ni a una violación del principio de no discriminación. Tampoco contiene elemento alguno del que la demandada pudiera deducir, incluso esforzándose en interpretar la reclamación con un espíritu abierto, que el demandante pretendía invocar una infracción de los artículos 7 y 27 del Estatuto o una violación del principio de no discriminación (apartado 44).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 29 de marzo de 1990, Alexandrakis/Comisión (T-57/89, Rec. p. II-143), apartado 9

En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad de este motivo (apartado 45).

Sobre el tercer motivo, fundado en una infracción del artículo 29 del Estatuto

Cuando se presenta una única candidatura después de iniciarse el procedimiento regulado en la letra a) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto, como ocurre en el presente caso, la AFPN no se halla obligada a valorar previamente los méritos del interesado. Efectivamente, esta disposición del Estatuto no confiere un derecho subjetivo a la promoción a los funcionarios con posibilidades de ser ascendidos. Por el contrario, la AFPN puede utilizar directamente el procedimiento regulado en el apartado 2 del artículo 29 con el fin de recibir una o varias candidaturas distintas, de forma que pueda elegir efectivamente a la persona más apta para ocupar el puesto de trabajo que debe proveerse y efectuar, de hecho, un examen comparativo de los méritos (apartados 54 y 55).

Referencia: Tribunal de Justicia, 25 de noviembre de 1976, Küster/Parlamento (123/75, Rec. p. 1701), apartados 10 y 17

Además, aun cuando la convocatoria para proveer plaza vacante era indiscutiblemente sucinta, esta circunstancia, por sí sola, no hubiera impedido al demandante presentar su candidatura en la debida forma, en la medida en que, al ser funcionario de la Comisión desde julio de 1987 y ocupar un puesto importante en la propia DG I desde enero de 1992, no podía ignorar la índole del puesto controvertido ni los requisitos generales que se exigían para poder ocuparlo (apartado 58).

Sobre el cuarto motivo, fundado en el incumplimiento de la obligación de proceder a un examen comparativo de las candidaturas

Tanto la decisión por la que se desestimó la reclamación presentada por el demandante como los escritos de contestación y de duplica señalan claramente las razones por las que la AFPN decidió estimar la candidatura del Sr. B. para el puesto controvertido. En estas circunstancias, no hay motivos para dudar de que la AFPN efectuara realmente un examen comparativo de las candidaturas (apartado 65).

Por otra parte, la convocatoria para proveer plaza vacante, si bien se hallaba redactada en términos sucintos, permitía a todos los interesados presentar su candidatura con pleno conocimiento de causa, y la AFPN no se hallaba obligada a convocar al demandante a una entrevista con objeto de que pudiera presentar debidamente su candidatura (apartado 66).

Sobre el quinto motivo, fundado en un manifiesto error de apreciación

La AFPN dispone, en particular por lo que se refiere a los puestos de grados A 1 y A 2 que deben proveerse, de una amplia facultad de apreciación para comparar los méritos de los candidatos y dicha apreciación únicamente puede cuestionarse en caso de error manifiesto. Además, la AFPN tiene reconocida legalmente la facultad de dar preferencia a un candidato capacitado frente a otro candidato igualmente cualificado por motivos relativos al interés del servicio. En el presente caso, tanto la decisión por la que se desestimó la reclamación como los escritos de contestación y de duplica, así como la vista, pusieron claramente de relieve los conocimientos y la experiencia del Sr. B., los cuales llevaron a la AFPN a dar preferencia a su candidatura frente a la del demandante. Ninguno de los elementos que aduce el demandante permiten afirmar que la AFPN, al proceder a un examen comparativo de las candidaturas, incurriera en un manifiesto error de apreciación (apartados 75 y 76).

Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de diciembre de 1981, De Hoe/Comisión (151/80, Rec. p. 3161), apartado 16; Tribunalde Primera Instancia, 13 de diciembrede 1990, Moritz/Comisión (T-20/89, Rec. p. II-769), apartado 29; Kotzonis/CES, antes citada, apartado 81

Sobre el sexto motivo, fundado en la falta de motivación

La AFPN no está obligada a motivar las decisiones de promoción frente a los candidatos no ascendidos, pero, en cambio, está obligada a motivar una decisión por la que se deniega la reclamación presentada por un candidato no promovido, entendiéndose que la motivación de esta última decisión desestimatoria debe coincidir con la motivación de la decisión contra la que se interpuso la reclamación. Esta solución es igualmente aplicable a una decisión de nombramiento que se adopte al término de un procedimiento incoado con arreglo al apartado 2 del artículo 29 del Estatuto (apartado 82).

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión (C-343/87, Rec. p. I-225), apartado 13; Kotzonis/CES, antes citada, apartado 105

Fallo:

Se desestima el recurso.