ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 30 de junio de 2021 — Italia/Comisión

(Asunto T‑265/19)

«FEAGA y Feader — Gastos excluidos de la financiación — Gastos efectuados por Italia — Liquidación de cuentas — Liquidación de conformidad — Correcciones financieras — Reglamento (UE) n.o 1306/2013 — Riesgo de perjuicio financiero — Reglamento (CE) n.o 1290/2005 — Reglamento (CE) n.o 885/2006 — Primer acto de comprobación administrativa o judicial — Existencia de una irregularidad»

1. Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA, el FEAGA y el Feader — Liquidación de cuentas — Negativa a asumir gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Evaluación de las pérdidas sufridas por el Fondo — Obligación de la Comisión de demostrar la existencia de un perjuicio real sufrido por el Fondo — Inexistencia [Reglamento (CE) n.o 1290/2005 del Consejo, art. 31, ap. 2; Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 52, ap. 2] (véase el apartado 44)

2. Agricultura — Financiación por el Feader — Principios — Negativa a asumir gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Corrección financiera — Requisitos — Existencia de una omisión significativa que exponga al Feader a un verdadero riesgo de pérdida [Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 74, ap. 1] (véanse los apartados 47 y 100)

3. Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA, el FEAGA y el Feader — Liquidación de cuentas — Primer acto de comprobación administrativa o judicial — Concepto — Demostración sobre la base de una potencial irregularidad — Exclusión [Reglamento (CE) n.o 1290/2005 del Consejo, art. 35] (véanse los apartados 96 a 99 y 101)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE mediante el que se solicita la anulación parcial de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/265 de la Comisión, de 12 de febrero de 2019, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2019, L 44, p. 14) en la medida en que afecta a determinados gastos efectuados por la República Italiana.

Fallo

1) Anular la Decisión de Ejecución (UE) 2019/265 de la Comisión, de 12 de febrero de 2019, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en la medida en que excluye de la financiación de la Unión determinados gastos efectuados por la República Italiana por un importe de 305122,74 euros.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
2.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Vínculo entre las marcas — Renombre de la marca en el Estado miembro o en la Unión — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro — Requisitos acumulativos [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véanse los apartados 23 a 25)
1.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, considerando 10, art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3] (véase el apartado 29)
169

En segundo término, en relación con el derecho a acceder al expediente, el Tribunal de Justicia ha declarado que la existencia de una violación del derecho de defensa, incluido el mencionado derecho, debe apreciarse en función de las circunstancias específicas de cada asunto y, en particular, de la naturaleza del acto de que se trate, del contexto en que se adoptó y de las normas jurídicas que regulan la materia correspondiente (véase la sentencia de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, apartado 97 y jurisprudencia citada). En el presente asunto, basta señalar que la demandante no ha alegado ni demostrado que no pudo consultar los documentos pertinentes para el examen efectuado por el BCE, en particular en el marco del diálogo entre ella y esa institución en el contexto de dicho examen y los autos presentados ante el Tribunal no contienen ningún indicio en ese sentido. La demandante tampoco ha precisado los documentos a los que no tuvo acceso en el marco del examen efectuado por el BCE y a los que debería haber tenido acceso en el contexto del procedimiento ante la JUR, ni cómo estos le habrían permitido defenderse mejor. Además, es preciso señalar que la JUR no se basó en documentos distintos de aquellos en los que se fundamentó el examen efectuado por el BCE.
81

No obstante, procede recordar que, para respetar el derecho de defensa en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia, el artículo 27, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 prevé el envío a las partes de un pliego de cargos. Según reiterada jurisprudencia, este pliego debe exponer con claridad todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento. Esta indicación se puede hacer de manera resumida y no es necesario que la decisión sea una copia del pliego de cargos, ya que dicho pliego constituye un documento preparatorio cuyas apreciaciones de hecho y de Derecho son de carácter meramente provisional (véase la sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión, C‑448/11 P, no publicada, EU:C:2013:801, apartados 41 y 42 y jurisprudencia citada).
54

En el presente asunto, la recurrente solicita que se modifique la fecha de expiración de la protección comunitaria de obtención vegetal de la variedad Siberia. Pues bien, tal modificación afectaría al alcance y a la esencia de la resolución de concesión que fijó la duración de esa protección. En efecto, efectuar tal modificación supone determinar previamente cómo interpretar el Reglamento n.o 2100/94, en particular sus disposiciones pertinentes para el cálculo de la duración de la protección. Además, la recurrente y la OCVV no pudieron ponerse de acuerdo sobre esa interpretación, a pesar de la correspondencia mantenida a lo largo de varios años. De ello se deduce que la solicitud de modificación de la recurrente no puede considerarse como una solicitud de corrección de un error lingüístico, un error de transcripción o un error evidente, en el sentido del artículo 53, apartado 4, del Reglamento n.o 874/2009.
1

El 5 de julio de 2017, la recurrente, Hickies, Inc., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
166

La demandante sostiene que la evaluación de las consecuencias del efecto retardado de la iloperidona, que es, en su opinión, intrínsecamente incoherente, adolece de falta de motivación y vulnera el principio de proporcionalidad. Alega que, al considerar que dicho efecto retardado constituía una «preocupación de primer orden» para el tratamiento de una exacerbación aguda de la esquizofrenia y, en consecuencia, un motivo adicional para denegar la autorización de comercialización de ese medicamento, el CHMP no tuvo en cuenta tres circunstancias esenciales. Primero, de las directrices relativas a la investigación clínica de medicamentos, incluidos los preparados depot en el tratamiento de la esquizofrenia (guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparations in the treatment of schizophrenia), publicadas por la EMA el 20 de septiembre de 2012 (EMA/CHMP/40072/2010 Rev. 1), que indican que la eficacia a corto plazo de un medicamento puede acreditarse mediante un ensayo clínico de seis semanas, se desprende que no es necesario demostrar necesariamente una eficacia inmediata para acreditar la eficacia de los productos destinados al tratamiento de esta enfermedad. Segundo, por lo que se refiere al tratamiento de una enfermedad crónica, el tiempo en que hace efecto el medicamento destinado a tratarla no debe desempeñar un papel determinante, sobre todo cuando este se prescribe en tratamientos de segunda línea, es decir, cuando la utilización de otros productos ha resultado ineficaz o no se ha tolerado. Tercero, el propio CHMP reconoció en su informe de evaluación que el efecto retardado «no se considera, en sí mismo, un obstáculo» para la aprobación de la iloperidona. Así, según afirma la demandante, el CHMP estimó que dicho efecto limitaba únicamente las situaciones clínicas en las que podría contemplarse la utilización de dicho medicamento.
56

Los demandantes niegan que, como afirmó Frontex en el escrito de 8 de septiembre de 2017 y en la decisión impugnada, sea posible seguir la ruta de las embarcaciones desplegadas en el ámbito de la operación Tritón a través de páginas web marítimas de acceso público, como marinetraffic.com. Las embarcaciones desplegadas en el ámbito de la operación Tritón están equipadas con un sistema de identificación automática (SIA) que les permite transmitir, en particular, su nombre, posición, velocidad y rumbo por radio a estaciones o a satélites. Sin embargo, cuando se encuentran en misión no transmiten sus datos SIA para evitar ser detectadas. Como consecuencia de esta práctica, la información sobre la identidad de las embarcaciones desplegadas no puede ayudar a terceros a conocer la posición o los hábitos de patrullaje de estas embarcaciones cuando se encuentran en misión, en particular cuando vigilan las fronteras. Por lo tanto, según los demandantes, el motivo expuesto por Frontex en la decisión impugnada no se corresponde con la realidad.
3.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Procedimiento antidumping — Sentencia por la que se declaran inválidos Reglamentos que establecen derechos antidumping — Adopción de un reglamento destinado a ejecutar la sentencia de declaración de invalidez — Devolución de los derechos antidumping impuestos por los Reglamentos invalidados — Competencia de las autoridades y tribunales nacionales [Reglamentos del Consejo (CEE) n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 217, ap. 1, y 221, ap. 1, (CE) n.o 1472/2006, art. 1, ap. 4, y Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009, art. 1, ap. 5; Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2232 de la Comisión, considerandos 43 a 46] (véanse los apartados 63 a 71, 89 y 159)
2.

Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Concepto — Método de clasificación de las mezclas peligrosas para el medio ambiente acuático — Exclusión [Art. 340 TFUE, párr. 2; Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) n.o 286/2011 y n.o 944/2013, anexo I, punto 4.1.3.5.5] (véanse los apartados 58 y 66 a 69)
3.

Agricultura — Organización común de mercados — Frutas y hortalizas —Agrupaciones de productores —Estatuto de los miembros fundadores — Requisito — Condición de productor [Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, art. 125 sexies, ap. 1; Reglamentos de la Comisión (CE) n.o 1580/2007, arts. 32 y 38, ap. 2, letra a), y (UE) n.o 543/2011, arts. 30 y 36, ap. 2, letra a)] (véanse los apartados 107, 110 y 111)
375

A este respecto, el Tribunal ya ha subrayado, en el apartado 282 de la sentencia de 13 de julio de 2018, K. Chrysostomides & Co. y otros/Consejo y otros (T‑680/13, EU:T:2018:486), que los procedimientos aplicables deben ofrecer a la persona afectada una oportunidad adecuada para exponer su caso a las autoridades competentes. Para asegurarse del cumplimiento de esta exigencia, que constituye una exigencia inherente al artículo 1 del Protocolo n.o 1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, procede examinar en términos generales los procedimientos aplicables (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C‑402/05 P y C‑415/05 P, EU:C:2008:461, apartado 368 y jurisprudencia citada, y de 25 de abril de 2013, Gbagbo/Consejo, T‑119/11, no publicada, EU:T:2013:216, apartado 119, y TEDH, sentencia de 20 de julio de 2004, Bäck c. Finlandia, CE:ECHR:2004:0720JUD003759897, § 56). Así pues, dicha exigencia no puede interpretarse en el sentido de que la persona interesada debe poder defender su postura, en cualquier circunstancia, ante las autoridades competentes con anterioridad a la adopción de las medidas que afecten a su derecho de propiedad (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 19 de septiembre de 2006, Maupas y otros c. Francia, CE:ECHR:2006:0919JUD001384402, §§ 20 y 21).
125

En último lugar, el demandante ha argumentado que, en el momento de la tercera inclusión, el Consejo ignoró el hecho de que, mediante la sentencia de 16 de septiembre de 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo (T‑489/10, EU:T:2013:453), el Tribunal General había anulado la inclusión de IRISL y de otras sociedades a las que se había referido, en particular SAPID y HDSL, y que, por ello, las «pruebas» aportadas carecían desde el principio de pertinencia alguna. A este respecto, como puso de manifiesto el Tribunal de Justicia en el apartado 48 de la sentencia de 31 de enero de 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo (C‑225/17 P, EU:C:2019:82), la sentencia de 16 de septiembre de 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo (T‑489/10, EU:T:2013:453), no puso en duda la realidad material de las tres violaciones del embargo reconocido por la Resolución 1747 (2007). En el apartado 66 de esta sentencia, el Tribunal General estimó que «pare[cía] justificado considerar que el hecho de que IRISL [hubiese] estado involucrada en tres incidentes relativos al transporte de material militar infringiendo la prohibición establecida en el apartado 5 de la Resolución 1747 (2007) aumenta[ba] el riesgo de que [estuviese] igualmente implicada en supuestos que [tuviesen] por objeto el transporte de material vinculado a la proliferación nuclear».
139

En tercer lugar, aunque el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 exige que las aportaciones ex ante recaudadas por el año en cuestión no excedan del 12,5 % de ese nivel fijado como objetivo, tal circunstancia no determina una necesidad absoluta de fijar para cada año un importe preciso que deba repartirse a continuación entre todas las entidades afectadas al efectuar el cálculo de las aportaciones ex ante. En efecto, aparte del hecho de que la propia tasa del 12,5 % se refiere al nivel fijado como objetivo definido a modo de nivel mínimo y por referencia a un importe que no podrá cifrarse hasta finales de 2023, esta disposición no prohíbe una acumulación de aportaciones ex ante, en su caso, para el año en cuestión, inferior al 12,5 % del expresado nivel fijado como objetivo.
195

En cambio, tal solución no es aplicable si la negativa a presentar una propuesta o una modificación de un acto constituye la culminación de un procedimiento específico iniciado y tramitado por la demandante sobre la base de un acto que prevé tal procedimiento y si, como tal, expresaba una posición definitiva de la Comisión, y si, por otra parte, esta no disponía de facultad discrecional para decidir sobre la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud que se le había presentado, sino que estaba obligada a pronunciarse sobre esta (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de junio de 1998, Lilly Industries/Comisión, T‑120/96, EU:T:1998:141, apartados 50 a 56, 59 y 61 a 63, y de 23 de abril de 2018, One of Us y otros/Comisión, T‑561/14, EU:T:2018:210, apartados 76, 77 y 86).
73

En efecto, además de los ejemplos mencionados por la demandante, en los que la Comisión se refirió bien directamente al artículo 5, apartado 7, del Reglamento de base, indicando que «el volumen de las importaciones de cada país no es insignificante en el sentido de [esa disposición]», bien al umbral del 1 % del consumo de la Unión, indicando que «el volumen de las importaciones de los dos productores mencionados era mínimo durante el período de investigación: sensiblemente inferior al 1 % del consumo comunitario», la Comisión se refirió también a esa disposición, del mismo modo, en una serie de otros asuntos [véanse, por ejemplo, por lo que respecta al primer supuesto, el considerando 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/763 de la Comisión, de 12 de mayo de 2015, por el que se establece un derecho antidumping provisional relativo a las importaciones de determinados productos laminados planos de acero magnético al silicio, de grano orientado, originarios de la República Popular China, Japón, la República de Corea, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América (DO 2015, L 120, p. 10), y el considerando 217 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y originario de la República Popular China, y ampliado a las importaciones del mismo producto procedentes de la RAE de Macao, independientemente de que el origen declarado sea o no la RAE de Macao, a raíz de una reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo (DO 2009, L 352, p. 1); por lo que respecta al segundo supuesto, el considerando 76 de la Decisión 2006/781/CE de la Comisión, de 15 de noviembre de 2006, por la que se da por concluido un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de tubos catódicos para televisores en color originarios de la República Popular China, la República de Corea, Malasia y Tailandia (DO 2006, L 316, p. 18); y, por lo que respecta al tercer supuesto, el considerando 115 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/576 de la Comisión, de 10 de abril de 2019, que impone un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de mezclas de urea con nitrato de amonio originarias de Rusia, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos (DO 2019, L 100, p. 7), el considerando 168 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/141 de la Comisión, de 26 de enero de 2017, por el que se establecen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de determinados accesorios de tubería de acero inoxidable para soldadura a tope, acabados o no, originarios de la República Popular China y de Taiwán (DO 2017, L 22, p. 14), y el considerando 109 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/181 de la Comisión, de 10 de febrero de 2016, que impone un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinados productos planos de acero laminados en frío originarios de la República Popular China y de la Federación de Rusia (DO 2016, L 37, p. 1)].
130

Por lo que se refiere al segundo motivo de rechazo de los datos aportados por la CCCMC expresado en el considerando 118 del Reglamento impugnado, a saber, el hecho de que procediesen de un país sin economía de mercado, la demandante estima que esta consideración no puede justificar un rechazo sistemático. La demandante manifiesta que en su informe relativo a la diferencia Comunidades Europeas — Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China, adoptado el 15 de julio de 2011 (WT/DS 397/AB/R, apartado 289), el Órgano de Apelación de la OMC consideró que la Comisión no podía rechazar las pruebas chinas aportadas para ajustar el valor normal y se limitó a alegar que China no es un país con economía de mercado. La demandante añade que, aunque el informe del Órgano de Apelación de la OMC relativo a la diferencia Comunidades Europeas — Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China, adoptado el 15 de julio de 2011 (WT/DS 397/AB/R, apartado 289) tuviese por objeto la comparación ecuánime entre el valor normal y el precio de exportación en el sentido del artículo 2, apartado 10, del Reglamento n.o 1225/2009 (sustituido por el artículo 2, apartado 10, del Reglamento 2016/1036), y no los ajustes del valor normal, las conclusiones contenidas en dicho informe son aplicables al caso de autos, puesto que la Comisión no tuvo en cuenta los datos aportados por la CCCMC únicamente porque proceden de una economía que no es de mercado. La demandante también alega que, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 1 de junio de 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consejo (T‑442/12, EU:T:2017:372), la Comisión utilizó precios chinos para calcular el valor normal de uno de los productos afectados que no se producía en el país análogo, como ocurre en el caso de autos.
88

No puede considerarse contrario a la obligación de motivación el hecho de que, en la fase del registro de la propuesta de ICE, que implica una primera apreciación de esta desde el punto de vista jurídico y no prejuzga la apreciación efectuada por la Comisión en el marco de la comunicación que adopte, en su caso, sobre la base del artículo 10, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 211/2011 (sentencia de 23 de abril de 2018, One of Us y otros/Comisión, T‑561/14, recurrida en casación, EU:T:2018:210, apartado 117), dicha institución se limite a exponer de manera genérica, como hizo en el considerando 5 de la Decisión impugnada, los ámbitos en los que pueden adoptarse actos jurídicos de la Unión y que corresponden a los ámbitos en los que los organizadores de la ICE solicitan la adopción de actos jurídicos, para deducir de ello que la propuesta de ICE no está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión, sin señalar que las medidas a las que se refiere la propuesta de ICE tienen por objeto mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas y reforzar la diversidad cultural y lingüística de la Unión.