Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Fijación de prioridades por la Comisión - Consideración del interés comunitario vinculado a la investigación de un asunto - Facultad de apreciación de la Comisión - Obligación de motivar la decisión de archivo - Control jurisdiccional

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3]

2. Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Exención por categorías - Reglamento (CEE) nº 123/85 - Revocación de la exención - Competencia exclusiva de la Comisión - Alcance - Revocación retroactiva de la exención - Exclusión

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 8; Reglamentos de la Comisión (CEE) nº 123/85, art. 10, y (CE) nº 1475/95, art. 8]

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Apreciación del interés comunitario vinculado a la investigación de un asunto - Consideración del cese de las prácticas denunciadas - Requisitos

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

4. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Apreciación del interés comunitario vinculado a la investigación de un asunto - Consideración de la existencia de numerosas denuncias que imputan comportamientos similares - Valoración de todas las pruebas - Acumulación de procedimientos administrativos - Facultad de apreciación de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

5. Procedimiento - Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso - Requisitos - Ampliación de un motivo existente - Límites

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 48, ap. 2)

6. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Obligaciones de la Comisión - Observancia de un plazo razonable - Incumplimiento - Consecuencias - Anulación de la decisión de desestimación - Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

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1. Cuando la Comisión decide conceder diferentes grados de prioridad a las denuncias que le son sometidas, puede no sólo establecer el orden en que se examinarán las denuncias, sino también desestimar una denuncia por inexistencia de interés comunitario suficiente para proseguir el examen del asunto, salvo cuando el objeto de la denuncia forma parte de sus competencias exclusivas.

No obstante, la facultad discrecional de que dispone la Comisión a este respecto no está exenta de límites. Por un lado, la Comisión está sujeta al deber de motivación cuando se niega a proseguir el examen de una denuncia, y esa motivación debe ser suficientemente precisa y detallada para permitir al Tribunal de Primera Instancia ejercer un control efectivo sobre el ejercicio por la Comisión de su facultad discrecional de definir prioridades.

El control que ejerce sobre el ejercicio de la facultad discrecional de la Comisión no debe llevar al juez comunitario a sustituir la apreciación del interés comunitario efectuada por la Comisión por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que la decisión controvertida no esta basada en hechos materialmente inexactos, no está viciada de ningún error de Derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación, ni de desviación de poder.

( véanse los apartados 36 y 42 )

2. La Comisión no dispone de una competencia exclusiva para determinar que un contrato de concesión no cumple los requisitos de la exención por categoría establecidos por el Reglamento nº 123/85 y que, por tanto, dicho Reglamento no es aplicable al contrato en cuestión. Ciertamente, la situación es distinta en lo que respecta a la competencia para revocar la mencionada exención por categoría, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de Reglamento nº 123/85. Sin embargo, dicha disposición no prevé una revocación retroactiva de la exención por categoría. Lo mismo puede decirse del artículo 8 del Reglamento nº 1475/95, Reglamento que sustituyó, con efectos a 1 de octubre de 1995, al Reglamento nº 123/85. En cuanto al artículo 8 del Reglamento nº 17, que permite, en determinadas condiciones, la revocación retroactiva de una exención, no se aplica a la revocación de las exenciones por categoría, sino a la revocación de las exenciones individuales.

( véase el apartado 38 )

3. Por lo que respecta a la apreciación de la Comisión sobre el interés comunitario en investigar una denuncia en materia de competencia, corresponde al Tribunal de Primera Instancia comprobar si de la decisión de archivo de la denuncia se desprende que la Comisión sopesó la importancia del perjuicio que la supuesta infracción puede ocasionar al funcionamiento del mercado común, la probabilidad de llegar a acreditar su existencia y el alcance de las medidas de investigación necesarias para cumplir en las mejores condiciones su misión de velar por la observancia de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (actualmente artículos 81 CE y 82 CE).

A este respecto, cuando la Comisión establece un orden de prioridad en la tramitación de las denuncias que se presentan ante ella, no puede considerar excluidas a priori de su campo de acción determinadas situaciones encuadradas dentro de la misión que le ha confiado el Tratado. La Comisión tiene, en particular, el deber de apreciar en cada caso concreto la gravedad de las distorsiones de la competencia que se hayan alegado.

La Comisión, al valorar el interés comunitario en tramitar una denuncia, puede tener en cuenta legítimamente la necesidad de aclarar la situación jurídica relativa al comportamiento a que se refiere la denuncia y de definir los derechos y obligaciones de los distintos operadores económicos afectados por ese comportamiento a la luz del Derecho comunitario de la competencia.

El interés comunitario en investigar una denuncia por infracción de las normas comunitarias sobre competencia no desaparece necesariamente cuando cesan las prácticas denunciadas. Corresponde, en particular, a la Comisión verificar si persisten los efectos contrarios a la competencia de alguna de esas prácticas y si la gravedad de las distorsiones de la competencia alegadas o la persistencia de sus efectos puede conferir a la denuncia un interés comunitario.

( véanse los apartados 46, 47, 50 y 52 )

4. Cuando se trata de apreciar el interés comunitario en investigar una denuncia, la Comisión no debe examinarla aisladamente, sino en el contexto de la situación general del mercado de que se trate. La existencia de numerosas denuncias que acusan de comportamientos similares a los mismos operadores económicos es uno de los factores que la Comisión debe tener en cuenta al apreciar el interés comunitario.

Así mismo, cuando la Comisión valora la probabilidad de llegar a acreditar la existencia de una infracción y el alcance de las medidas de investigación necesarias para ello, debe tener en cuenta todas las pruebas que obran en su poder y no puede limitarse a valorar separadamente los indicios aportados por cada denunciante para llegar a la conclusión de que cada una de las denuncias, considerada aisladamente, no está respaldada por elementos de prueba suficientes.

Sin embargo, la Comisión no está obligada a acumular los procedimientos de examen de diferentes denuncias contra el comportamiento de la misma empresa, pues el modo de llevar a cabo la investigación forma parte de la facultad de apreciación de la Institución. En particular, la existencia de numerosos denuncias de operadores que pertenecen a categorías diferentes, tales como, en el contexto venta de automóviles, los revendedores independientes, los intermediarios con poderes y los concesionarios, no puede impedir que se desestimen aquellas denuncias que se revelen infundadas o carentes de interés comunitario. En tales casos, el hecho de que la Comisión haya tratado por separado las diferentes denuncias no puede considerarse, como tal, irregular.

( véanse los apartados 55 a 57 )

5. En un litigio entre el autor de una denuncia y la Comisión a raíz del archivo de la denuncia por infracción de las normas sobre competencia presentada por aquél, no cabe considerar que la aportación de las observaciones de la empresa denunciada en anexo al escrito de contestación de la Comisión constituya una nueva razón que pueda justificar la invocación de un motivo nuevo, con arreglo al artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, dado que la Comisión mencionó anteriormente la existencia de dichas observaciones en una comunicación dirigida al autor de la denuncia.

( véase el apartado 67 )

6. Si bien es cierto que la Comisión está obligada a pronunciarse en un plazo razonable sobre una denuncia presentada con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, el hecho de que se sobrepase dicho plazo, suponiendo que se haya probado, no justifica necesariamente por sí mismo que se anule la decisión impugnada.

En lo que atañe a la aplicación de las normas de competencia, un plazo cuya duración exceda de lo razonable sólo puede constituir un motivo de anulación de una decisión en la que se declare la existencia de infracciones, si se demuestra que la violación de este principio ha vulnerado los derechos de defensa de las empresas de que se trate. Aparte de este supuesto concreto, el incumplimiento de la obligación de pronunciarse en un plazo razonable no influye en la validez del procedimiento administrativo con arreglo al Reglamento nº 17.

( véanse los apartados 93 y 94 )