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40

No obstante, ante la falta de precisiones respecto a este último punto, el Tribunal de Justicia no está en condiciones de pronunciarse sobre la existencia o no de similitud entre el recurso de revisión establecido en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004 y el previsto en el artículo 509, apartado 1, punto 11, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ni, por consiguiente, sobre el cumplimiento en el presente asunto de los requisitos que se derivan del principio de equivalencia.
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Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el traslado a un país tercero de una partida de aparatos eléctricos y electrónicos como los controvertidos en el litigio principal, que inicialmente estaban destinados a la venta minorista, pero que fueron objeto de devolución por el consumidor, o que, por diversas razones fueron devueltos por el comerciante a su proveedor, debe considerarse un «traslado de residuos» en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.o 1013/2006, en relación con su artículo 2, apartado 1, y con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2008/98, si dicha partida contiene aparatos cuyo buen funcionamiento no ha sido comprobado previamente o que no están protegidos correctamente contra los daños vinculados al transporte. En cambio, a menos que existan indicios de lo contrario, no deben considerarse residuos los bienes que hayan dejado de formar parte de la gama de productos del vendedor y se encuentren en su embalaje original sin abrir.
19

No obstante, en el apartado 55 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia precisó que, aunque se trate de una restricción en principio justificada, no deja de ser desproporcionado que el Estado de residencia de la sociedad matriz excluya la posibilidad de que esta compute las pérdidas de una filial no residente, que se consideran definitivas, cuando: – la filial no residente ha agotado las posibilidades de tener en cuenta las pérdidas en que haya incurrido en su Estado de residencia en el período impositivo correspondiente a la solicitud de consolidación y en ejercicios anteriores, en su caso, mediante una transferencia de dichas pérdidas a un tercero o la imputación de estas a los beneficios obtenidos por la filial durante ejercicios anteriores, y – no existe la posibilidad de que las pérdidas de la filial extranjera puedan tenerse en cuenta en su Estado de residencia en ejercicios futuros respecto de ella misma o de un tercero, en especial, en caso de cesión de la filial a este.
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La Decisión 2009/430 expone en su considerando 4 lo siguiente: «A la vista del paralelismo entre los regímenes de competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la Competencia Judicial, Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (DO 1972, L 299, p. 32), en su versión consolidada (DO 1998, C 27, p. 1), y del Convenio relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988 (DO 1988, L 319, p. 9)], las normas del Convenio de Lugano deben ajustarse a las normas del Reglamento (CE) n.o 44/2001 [del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1)], a fin de lograr el mismo nivel de circulación de resoluciones judiciales entre los Estados miembros de la UE y los Estados de la AELC interesados.»
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La mancomunidad de municipios interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, el Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Voivodato de Breslavia, Polonia), con el objeto de obtener la anulación de la mencionada respuesta a la consulta tributaria, basado en la infracción del artículo 86, apartado 1, de la Ley del IVA. Se basó en particular en el hecho de que, por lo que respecta a los gastos mixtos, esa Ley no prevé ninguna norma de reparto del IVA soportado en función de que los gastos se refieran a las actividades económicas o a las actividades no económicas del sujeto pasivo. De este modo, la mancomunidad de municipios sostiene, por un lado, que no puede estar obligada a aplicar un método de reparto del IVA soportado por gastos mixtos. Por otro lado, arguye que el derecho a deducción relativo a los citados gastos no puede, en consecuencia, limitarse más allá de la prorrata prevista en el artículo 90 de la Ley del IVA, referente a las actividades económicas sujetas a ese impuesto o exentas del mismo.
(47)

Algunos consumidores ejercen su derecho de desistimiento después de haber utilizado los bienes más de lo que sería necesario para determinar su naturaleza, sus características o su funcionamiento. En este caso, el consumidor no debe perder el derecho de desistimiento pero debe ser responsable de cualquier depreciación de los bienes. Para determinar la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes, el consumidor solo debe realizar las mismas manipulaciones e inspecciones de los bienes que las que se admitirían en un establecimiento mercantil. Por ejemplo, el consumidor podría probarse una prenda, pero no estaría autorizado a llevarla puesta. Por consiguiente, durante el período de prueba el consumidor debe manipular e inspeccionar los bienes con el debido cuidado. Las obligaciones del consumidor en caso de desistimiento no deben desanimar al consumidor de ejercer su derecho de desistimiento.
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En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que las actividades de recaudación y de inversión de las cotizaciones relativas a las indemnizaciones de partida deberían calificarse de operaciones bancarias y no como actividades de seguro por los tres motivos siguientes. Primero, la normativa nacional exige una autorización bancaria para el ejercicio de actividades en el sector de la previsión profesional. Segundo, en el marco de esas actividades, a diferencia de una empresa de seguros, la caja de previsión no asume ningún riesgo. Tercero, la única contraprestación del empresario se concretiza en la retención, por esa caja, de los gastos de administración, ya que las cotizaciones abonadas mensualmente a esta por el empresario no son una contraprestación, sino un capital que debe gestionarse. Por tanto, tomando como base para el cálculo los gastos de administración retenidos por la caja de previsión en concepto de remuneración, el órgano jurisdiccional remitente llega a la conclusión de que el valor del contrato asciende a 174000 euros y no alcanza, en consecuencia, el umbral fijado para los contratos públicos de servicios en el artículo 4, letra c), de la Directiva 2014/24.
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La Comisión también menciona, en apoyo de su alegación, la modificación n.o 20 del permiso integrado relativo a la instalación de Litvínov, en la que la mezcla en cuestión fue depositada antes de su traslado a Polonia. Señala que esa decisión designa como residuo al «Geobal 4». No obstante, la semejanza entre los nombres de esas sustancias no basta para establecer la identidad del «Geobal 4» y de la mezcla en cuestión. Además, como se ha recordado en el apartado 60 de la presente sentencia, la condición de residuo debe apreciarse in concreto, teniendo en cuenta las circunstancias de cada supuesto.
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letras b) y c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO 1999, L 182, p. 1), al no haber adoptado, todas las medidas necesarias para cerrar lo antes posible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, letra g), y en el artículo 13 de la Directiva 1999/31, aquellos vertederos que no han obtenido, de conformidad con el artículo 8 de dicha Directiva, una autorización para continuar sus actividades o al no haber adoptado las medidas necesarias para adaptar a la referida Directiva aquellos vertederos que habían obtenido una autorización para continuar sus actividades, con excepción de los requisitos que figuran en el punto 1 del anexo I de dicha Directiva, en lo que respecta a los vertederos de Avigliano (localidad de Serre Le Brecce), Ferrandina (localidad de Venita), Genzano di Lucania (localidad de Matinella), Latronico (localidad de Torre), Lauria (localidad de Carpineto), Maratea (localidad de Montescuro), Moliterno (localidad de Tempa La Guarella), los dos vertederos de Potenza (localidad de Montegrosso-Pallareta), los vertederos de Rapolla (localidad de Albero in Piano), Roccanova (localidad de Serre), Sant’Angelo Le Fratte (localidad de Farisi), Campotosto (localidad de Reperduso), Capistrello (localidad de Trasolero), Francavilla (Valle Anzuca), L’Aquila (localidad de Ponte delle Grotte), Andria (D’Oria G. & C. Snc), Canosa (CO.BE.MA), Bisceglie (CO.GE.SER), Andria (F.lli Acquaviva), Trani (BAT-Igea Srl), Torviscosa (sociedad Caffaro), Atella (localidad de Cafaro), Corleto Perticara (localidad de Tempa Masone), Marsico Nuovo (localidad de Galaino), Matera (localidad de La Martella), Pescopagano (localidad de Domacchia), Rionero in Volture (localidad de Ventaruolo), Salandra (localidad de Piano del Governo), San Mauro Forte (localidad de Priati), Senise (localidad de Palomabara), Tito (localidad de Aia dei Monaci), Tito (localidad de Valle del Forno), Capestrano (localidad de Tirassegno), Castellalto (localidad de Colle Coccu), Castelvecchio Calvisio (localidad de Termine), Corfinio (localidad de Cannucce), Corfinio (localidad de Case querceto), Mosciano S. Angelo (localidad de Santa Assunta), S. Omero (localidad de Ficcadenti), Montecorvino Pugliano (localidad de Parapoti), San Bartolomeo in Galdo (localidad de Serra Pastore), Trivigano (anteriormente Cava Zof) y Torviscosa (localidad de La Valletta).
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En estas circunstancias, el Tallinna Ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tallin, Estonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 2, del [Reglamento n.o 800/2008] en el sentido de que, en el contexto de dicha disposición, se comenzó a “trabajar en el proyecto o actividad” cuando la actividad que ha de incentivarse consiste, [en particular], en la adquisición de equipos y se ha celebrado el contrato de compraventa de esos equipos? ¿Están facultadas las autoridades de los Estados miembros para apreciar una infracción del criterio establecido en la citada disposición teniendo en cuenta los costes de resolución unilateral del contrato, que no cumple el requisito para tener un efecto incentivador? Si las autoridades de un Estado miembro tienen dicha facultad, ¿de qué magnitud han de ser los costes (en puntos porcentuales) generados por la resolución del contrato para considerar, desde el punto de vista del cumplimiento del requisito de incentivo, que son suficientemente marginales? 2) ¿Está obligada una autoridad de un Estado miembro a recuperar una ayuda concedida de manera ilegal aunque la Comisión […] no haya adoptado resolución alguna en este sentido? 3) ¿Puede una autoridad de un Estado miembro que decide conceder una ayuda —considerando erróneamente que se trata de una ayuda que reúne los requisitos [del Reglamento n.o 800/2008], cuando, en realidad, está concediendo una ayuda ilegal— generar confianza legítima en los beneficiarios de la ayuda? ¿Basta para que exista confianza legítima de los beneficiarios, en particular, que la autoridad de un Estado miembro, al conceder la ayuda ilegal, conozca las circunstancias que hacen que la ayuda no esté comprendida en la exención por categorías? En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, habrán de ponderarse el interés público y el interés del particular. ¿Resulta determinante al realizar tal ponderación que la Comisión […] haya adoptado una decisión en relación con la ayuda controvertida por la que la declara incompatible con el mercado [interior]? 4) ¿Cuál es el plazo de prescripción aplicable a la recuperación de una ayuda ilegal por una autoridad de un Estado miembro? ¿Es dicho plazo de 10 años, transcurrido el cual la ayuda se convierte en ayuda existente de conformidad con los artículos 1 y 15 del [Reglamento n.o 659/1999], por lo que ya no puede ser recuperada, o es de 4 años, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del [Reglamento n.o 2988/95]? ¿Cuál es la base legal para tal recuperación si la ayuda se concedió de un fondo estructural: el artículo 108 [TFUE], apartado 3, […] o el [Reglamento n.o 2988/95]? 5) Si una autoridad de un Estado miembro recupera una ayuda ilegal, ¿está obligada a [reclamar] al beneficiario intereses sobre la ayuda ilegal? En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles son las disposiciones aplicables al cálculo de los intereses —entre otros, en lo que atañe al tipo de interés y al período de cálculo—?»
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Habida cuenta de la importancia del derecho de desistimiento para la protección del consumidor, la información precontractual sobre este derecho reviste, para dicho consumidor, una importancia capital y le permite tomar, con conocimiento de causa, la decisión de celebrar o no el contrato a distancia con el comerciante. Para poder aprovechar plenamente esta información, el consumidor debe conocer previamente las condiciones, el plazo y el procedimiento para el ejercicio del derecho de desistimiento. Cuando el contrato se celebre de acuerdo con una técnica de comunicación a distancia en la que el espacio o el tiempo para facilitar información sean limitados, el comerciante no está obligado a facilitar al consumidor, al mismo tiempo que utiliza esta técnica, el modelo de formulario de desistimiento que figura en el anexo I, parte B, de dicha Directiva. En efecto, por una parte, el hecho de disponer, a través de esta técnica, antes de la celebración del contrato, de tal modelo no es una circunstancia que pueda influir en la decisión del consumidor de celebrar o no un contrato a distancia y, por otro lado, una obligación de facilitar al consumidor ese modelo en cualesquiera circunstancias podría hacer recaer sobre el comerciante una carga desproporcionada e, incluso, en algunos casos, como en los contratos celebrados por teléfono, una carga insoportable. A este respecto, es suficiente la comunicación del referido modelo a través de otro medio, en términos claros y comprensibles.
1

En su recurso de casación, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (en lo sucesivo, «IRISL»), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Shipping Lines, IRISL Europe GmbH, Qeshm Marine Services & Engineering Co. (anteriormente IRISL Marine Services and Engineering Co.), Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Marine Information Technology Development Co. (anteriormente Shipping Computer Services Co.), Rahbaran Omid Darya Ship Management Co. (también conocida como Soroush Sarzamin Asatir), Hoopad Darya Shipping Agency (anteriormente South Way Shipping Agency Co. Ltd) y Valfajr 8th Shipping Line Co. solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 17 de febrero de 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo (T‑14/14 y T‑87/14, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2017:102), en la que el Tribunal General desestimó sus pretensiones, en las que solicitaban: – en el asunto T‑14/14, la anulación de la Decisión 2013/497/PESC del Consejo, de 10 de octubre de 2013, que modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 272, p. 46), y del Reglamento (UE) n.o 971/2013 del Consejo, de 10 de octubre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 272, p. 1), en la medida en que dichos actos las concernían (en lo sucesivo, «actos impugnados de octubre de 2013»); – en el asunto T‑87/14, por una parte, que se declarase la inaplicabilidad de la Decisión 2013/497 y del Reglamento n.o 971/2013 y, por otra, que se anularan la Decisión 2013/685/PESC del Consejo, de 26 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 316, p. 46), y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1203/2013 del Consejo, de 26 de noviembre de 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 267/2012 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 316, p. 1), en la medida en que dichos actos las concernían (en lo sucesivo, «actos impugnados de noviembre de 2013»).
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En su sentencia de 9 de diciembre de 2010, Minerva Kulturreisen (C‑31/10, EU:C:2010:762), apartado 21, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien cualquier prestación proporcionada por una agencia de viajes sin conexión con un viaje no está incluida en el régimen especial del artículo 26 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios ‑ Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), artículo cuyas disposiciones se recogen en el artículo 306 de la Directiva del IVA, la prestación por una agencia de viajes de un alojamiento vacacional entra en el ámbito de aplicación del referido artículo 26, aunque tal prestación solo comprenda el alojamiento y no el transporte.
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La regla 5, apartado 1, letra c), de la Garda Síochána (Admissions and Appointments) Regulations 1988 [Decreto relativo a la policía nacional (selección, nombramientos y destinos del personal) de 1988], tal como resultó modificada por la Garda Síochána (Admissions and Appointments) (Amendment) Regulations 2004 [Decreto relativo a la policía nacional (selección, nombramientos y destinos del personal) (modificaciones de 2004)] (en lo sucesivo, «Decreto sobre “selección, nombramientos y destinos del personal”»), prevé lo siguiente: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Decreto, el Comisario no podrá admitir a ninguna persona al período de prácticas. […] c) sin haber verificado que el interesado tenga como mínimo 18 años de edad y como máximo 35 el primer día del mes en el que se haya publicado por primera vez, en un periódico nacional, la correspondiente convocatoria de plaza vacante; […]»
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El considerando 5 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO 2002, L 108, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 37) (en lo sucesivo, «Directiva marco»), es del siguiente tenor: «La convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información supone que todos los servicios y las redes de transmisión deben estar sometidos a un único marco regulador. Dicho marco regulador se compone de la presente Directiva y de cuatro Directivas específicas: Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) [(DO 2002, L 108, p. 21)], Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) [(DO 2002, L 108, p. 7)], Directiva [servicio universal] y Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones electrónicas [(DO 1998, L 24, p. 1)] (en lo sucesivo denominadas las directivas específicas). Es necesario separar la regulación de la transmisión de la regulación de los contenidos. Por consiguiente, este marco no cubre el contenido de los servicios prestados a través de las redes de comunicaciones electrónicas utilizando servicios de comunicaciones electrónicas, tales como los contenidos de radiodifusión, los servicios financieros y determinados servicios de la sociedad de la información y, por tanto, se entiende sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel comunitario o nacional en relación con dichos servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho comunitario, con el fin de promover la diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del pluralismo de los medios de comunicación. Los contenidos de los programas de televisión están cubiertos por la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva [(DO 1989, L 298, p. 23)]. La separación entre la regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular, con el fin de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los consumidores.»
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La Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO 2009, L 263, p. 11), derogó, entre otras, la Primera Directiva y la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles (DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244; en lo sucesivo, «Segunda Directiva»). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, este último sigue rigiéndose por las Directivas derogadas.