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4

El artículo 175 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1), dispone lo siguiente en sus apartados 2 y 3: «2. A reserva de las excepciones y condiciones determinadas en el anexo I del presente Reglamento, […] el órgano de contratación no firmará el contrato o el contrato marco con el adjudicatario hasta que haya transcurrido un período de espera. 3. En caso de que se utilice un medio electrónico de comunicación, el período de espera será de 10 días, y de 15 días cuando se utilicen otros medios.»
19

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7 del Reglamento n.o 261/2004 deben interpretarse en el sentido de que el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo está obligado a abonar la compensación establecida en dichas disposiciones en caso de cancelación de un vuelo de la que no se haya informado al pasajero con al menos dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista cuando el transportista aéreo haya remitido oportunamente la información a la única dirección electrónica que se le comunicó al hacerse la reserva, pero sin saber que dicha dirección solo permitía ponerse en contacto con la agencia de viajes a través de la cual se había efectuado dicha reserva y no directamente con el pasajero, y la agencia de viajes no haya transmitido oportunamente dicha información al pasajero.
254

El hecho de que el Parlamento haya estimado, mediante las Decisiones controvertidas, que podía suspenderse la inmunidad de los recurrentes no demuestra que la aplicación inmediata de estas no obstaculizaría el buen funcionamiento de esa institución, habida cuenta de que, por un lado, el recurso principal tiene como objeto apreciar la legalidad de dichas Decisiones y, por otro, dicho recurso se basa en al menos un motivo que, a primera vista, no carece de fundamento serio.
23

En segundo lugar, y por el mismo motivo, el elevado número de personas que pueden encontrarse en la misma inseguridad que las partes en el litigio principal o de situaciones jurídicas susceptibles de verse afectadas por la resolución que el órgano jurisdiccional remitente debe dictar tras haber obtenido las respuestas a las cuestiones prejudiciales que ha formulado al Tribunal de Justicia o por resoluciones que dicho órgano jurisdiccional u otros órganos jurisdiccionales nacionales puedan tener que dictar en litigios similares no constituye, en cuanto tal, una circunstancia excepcional capaz de justificar la aplicación del procedimiento acelerado [véanse, en este sentido, los autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2016, Banco Santander, C‑96/16, no publicado, EU:C:2016:566, apartado 18; de 20 de septiembre de 2018, Minister for Justice and Equality, C‑508/18 y C‑509/18, no publicado, EU:C:2018:766, apartado 14, y la sentencia de 8 de diciembre de 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Órdenes de transferencia falsificadas), C‑584/19, EU:C:2020:1002, apartado 36].
33

Puede deducirse claramente de esta jurisprudencia que, cuando un vehículo automóvil no es apto para circular debido a su estado técnico, no está matriculado y, además, ha sido retirado legalmente de la circulación de conformidad con el Derecho nacional aplicable, no está sometido a la obligación de aseguramiento prevista en el artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103. En efecto, esa retirada legal de la circulación establece, de manera objetiva, que dicho vehículo no pueda circular y, por tanto, no pueda ser utilizado como medio de transporte y no tenga, consecuentemente, la condición de «vehículo» en el sentido del artículo 1, punto 1, de la Directiva 2009/103 (véase, por analogía, la sentencia de 29 de abril de 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, apartados 58 y 59). El hecho de que esa retirada sea temporal es irrelevante a este respecto, ya que nada indica que tal circunstancia menoscabe la efectividad de la retirada de la circulación del vehículo de que se trate durante el tiempo que dure esta.
14

Al considerar que el asunto planteaba dificultades de interpretación del Derecho de la Unión, el Pécsi Törvényszék (Tribunal General de Pécs, Hungría) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Es conforme con los principios de proporcionalidad, neutralidad fiscal y efectividad —tomando especialmente en consideración el punto 63 de las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Biosafe — Indústria de Reciclagens (C‑8/17, EU:C:2017:927), así como el apartado 27 de la sentencia de 23 de noviembre de 2017, Di Maura (C‑246/16, EU:C:2017:887), y el apartado 36 de la sentencia de 22 de febrero de 2018, T-2 (C‑396/16, EU:C:2018:109), y habida cuenta de que un Estado miembro no puede recaudar en concepto de IVA un importe superior al que haya percibido efectivamente quien entregó el bien o prestó el servicio a raíz de dicha entrega o prestación— una práctica de un Estado miembro según la cual, partiendo de que la reducción aplicable a la base imponible en caso de impago definitivo con arreglo al artículo 90, apartado 1, de la Directiva [del IVA] tiene efectos ex tunc, el plazo de prescripción de cinco años establecido con carácter general por ese Estado miembro, durante el cual puede procederse a la reducción de la base imponible, se computa a partir del momento de la entrega de bienes inicial, y no a partir del momento en que la deuda de que se trate se haya convertido en incobrable, y, al amparo de la expiración de dicho plazo de prescripción, se priva al sujeto pasivo de buena fe de su derecho a reducir la base imponible en caso de deudas que se hayan convertido en definitivamente incobrables, dándose las circunstancias de que entre el momento en que se efectúa la entrega de bienes y aquel en que la deuda se convierte en definitivamente incobrable pueden transcurrir varios años y de que, en el momento en que la deuda se convirtió en definitivamente incobrable, la normativa del Estado miembro no permitía, en contra del Derecho de la Unión, la reducción de la base imponible en caso de deudas que se convirtieran en definitivamente incobrables?»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3, apartado 5, 5, apartado 1, letras b) y c), y 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 7 de abril de 2022 — J.P.

(Asunto C‑521/20) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva 1999/62/CE — Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras — Peajes — Impago — Sanciones — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 50 — Principio non bis in idem — Artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento — Falta de precisiones suficientes — Inexistencia de relación entre la interpretación del Derecho de la Unión solicitada y la realidad o el objeto del litigio principal — Inadmisibilidad manifiesta»

Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestiones que carecen manifiestamente de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil — Imposición de una multa administrativa por impago del peaje correspondiente a la utilización de un tramo de autopista por un vehículo pesado de transporte de mercancías — Imposición ulterior de otras multas por infracciones idénticas que tuvieron lugar en fechas diferentes — Inexistencia de relación entre la interpretación del Derecho de la Unión solicitada y la realidad o el objeto del litigio principal — Inadmisibilidad manifiesta

(Art. 267 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 50; Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en la versión modificada por la Directiva 2011/76/UE)

(véanse los apartados 17 a 18 y 21 a 26 y el fallo)

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Alta Austria, Austria), mediante resolución de 15 de octubre de 2020, es manifiestamente inadmisible.

( 1 ) DO C 35, de 1.2.2021.
24

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión o el examen de la validez de este no tienen relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los datos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones que se le plantean y para comprender las razones por las que el órgano jurisdiccional remitente necesita que se responda a estas cuestiones a fin de resolver el litigio de que conoce (sentencia de 2 de febrero de 2021, Consob,C‑481/19, EU:C:2021:84, apartado 29 y jurisprudencia citada).
9

Procede recordar también que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una parte cuya intervención en un litigio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se admita con arreglo al artículo 40 de su Estatuto no puede modificar el objeto del litigio tal como quede delimitado por las pretensiones y los motivos de las partes principales. Por lo tanto, únicamente son admisibles las alegaciones de un coadyuvante que se inscriban en el marco definido por dichas pretensiones y motivos. Así pues, el interés en la solución de un litigio en casación de quien haya solicitado intervenir debe apreciarse teniendo en cuenta, en particular, el objeto de dicho litigio, en los términos resultantes de las pretensiones de las partes principales y de los motivos formulados en apoyo de esas pretensiones (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2020, Comisión/HSBC Holdings y otros, C‑806/19 P, no publicado, EU:C:2020:364, apartado 9 y jurisprudencia citada).
2.

Competencia — Procedimiento administrativo — Secreto profesional — Determinación de la información amparada por el secreto profesional — Ponderación del interés general en la transparencia de la acción de la Unión y de los intereses legítimos que se oponen a la divulgación — Interés de una empresa en que no se revele cierta información relativa a su comportamiento — Interés que no merece protección particular alguna tratándose de empresas que hayan participado en una infracción de las normas sobre competencia de la Unión [Arts. 101 TFUE y 102 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, arts. 28 y 30] (véanse los apartados 33 a 36)
28

Por otra parte, y en cualquier caso, la exposición de motivos de un acto de la Unión no tiene valor jurídico vinculante y no puede ser invocada ni para establecer excepciones a las propias disposiciones del acto de que se trate ni para interpretarlas en un sentido manifiestamente contrario a su tenor literal (sentencia de 13 de septiembre de 2018, Česká pojišťovna, C‑287/17, EU:C:2018:707, apartado 33). Pues bien, como señala, por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 6 de la Directiva 2011/7 no establece distinción alguna entre los costes de cobro internos y los demás costes de cobro.
26

En el caso de autos, la cuestión planteada se distingue de la cuestión prejudicial a la que el Tribunal de Justicia respondió en la sentencia de 12 de junio de 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754), por la circunstancia de que en el presente asunto el impuesto sobre las aportaciones de capital en cuestión no se aplica a una ampliación del capital social de una sociedad de capital, sino a la constitución de una sociedad de este tipo, operaciones una y otra contempladas, respectivamente, en las letras c) y a) del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 69/335. Ahora bien, tal diferencia no puede llevar al Tribunal de Justicia a apartarse de la interpretación adoptada en la sentencia que acaba de citarse.
1.

Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véanse los apartados 4 y 5)
21

Ahora bien, al limitarse a indicar en su recurso que impugna los apartados pertinentes del auto recurrido y no desiste de los motivos invocados en primera instancia, así como a reiterar las alegaciones presentadas ante el Tribunal General, STC no formula ningún motivo o alegación que permita cuestionar la desestimación por parte del Presidente del Tribunal General de las alegaciones relativas al fumus boni iuris respecto de los motivos de anulación primero y tercero invocados ante él. De hecho, STC no expone en su recurso de casación las razones en las que se basa para argumentar que el Presidente del Tribunal General no actuó conforme a Derecho al considerar que la desestimación de las alegaciones formuladas en el motivo de anulación segundo era suficiente para fundamentar a su vez la de las alegaciones similares expuestas en los otros dos motivos mencionados.
7

Mediante su recurso de casación, Cap Actions reprocha al Tribunal General haber interpretado erróneamente el artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia. Cap Actions formula fundamentalmente cinco motivos, basados: — en primer lugar, en un error de Derecho cometido por el Tribunal General al aplicar el principio de igualdad de trato, por no tener en cuenta que, antes de la adopción de la Decisión controvertida, no hubo reapertura del procedimiento de investigación formal establecido en el artículo 108 TFUE, apartado 2, a raíz de la anulación por el Tribunal General, en su sentencia Corsica Ferries France/Comisión (T‑565/08, EU:T:2012:415), de la Decisión 2009/611/CE de la Comisión, de 8 de julio de 2008, sobre las medidas C 58/02 (ex N 118/02) ejecutadas por Francia en favor de la [SNCM] (DO 2009, L 225, p. 180); — en segundo lugar, en un error de Derecho cometido por el Tribunal General al declarar que el hecho de que Cap Actions represente el interés colectivo de los trabajadores accionistas de la SNCM no puede, por sí mismo, fundamentar un interés directo y actual de Cap Actions en la solución del litigio sometido a dicho órgano jurisdiccional, en el sentido del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia; — en tercer lugar, en un error de apreciación cometido por el Tribunal General al declarar que Cap Actions no había demostrado que el procedimiento de administración judicial en curso a escala nacional se suspendería en caso de anulación de la Decisión controvertida; — en cuarto lugar, en un error de Derecho por haber asimilado el Tribunal General los intereses del accionista principal, Transdev, que desea desvincularse del transporte marítimo, a los de los accionistas trabajadores, representados por Cap Actions, que pretenden salvaguardar tanto su patrimonio como su puesto de trabajo, y — en quinto lugar, en un error de apreciación cometido por el Tribunal General al declarar que el interés de Cap Actions en la solución del litigio pendiente ante él no era distinto del de la SNCM.
Los artículos 23 y 30, apartado 1, de la Directiva 2008/48, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a unas disposiciones nacionales, que imponen al prestamista, so pena de sanciones penales, el cumplimiento de obligaciones en materia de tipo de interés variable por lo que respecta a los contratos de crédito en curso en la fecha de entrada en vigor de esas disposiciones, ya que esos contratos de crédito no están comprendidos en el ámbito de aplicación material de esta Directiva y, además, tales obligaciones no constituyen una aplicación de dicha Directiva.

(véanse el apartado 35 y el fallo)
1.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Apreciación del carácter descriptivo de la marca — Criterios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 34)
2.

Agricultura — Organización común de mercados — Restituciones a la exportación — Pago anticipado — Liberación de la garantía constituida a fin de asegurar la devolución del anticipo — Requisitos [Reglamentos (CEE) de la Comisión no 2220/85, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 3403/93, art. 19, ap. 1, letra a), y no 3665/87, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1829/94, art. 13] (véanse los apartados 16 a 19 y el fallo)
25

Procede considerar, pues, que Enercon no participó en el procedimiento ante el Tribunal General en el sentido del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de dicho órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta, especialmente, que no dedujo pretensiones propias ni indicó que apoyase las de una u otra parte. En consecuencia, no adquirió el estatus de parte coadyuvante ante el Tribunal General y por tanto no puede, con arreglo al artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, interponer un recurso de casación contra la sentencia recurrida. A este respecto, interesa subrayar que un intercambio de correspondencia entre los servicios del Tribunal de Justicia y un recurrente no puede en modo alguno prejuzgar la admisibilidad del recurso interpuesto por éste.
1

La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de octubre de 2015 — Tamoil Italia

(Asunto C‑156/14) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Artículo 191 TFUE, apartado 2 — Directiva 2004/35/CE — Responsabilidad medioambiental — Normativa nacional que no contempla ni la posibilidad de que la Administración imponga a los propietarios de terrenos contaminados que no hayan contribuido a su contaminación la aplicación de medidas preventivas y reparadoras ni la obligación de reembolsar los gastos originados por las intervenciones de la Administración — Compatibilidad con los principios de “quien contamina paga”, de cautela, de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma»

1. Cuestiones prejudiciales — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véanse los apartados 9 y 10)

2. Medio ambiente — Prevención y reparación de daños medioambientales — Responsabilidad medioambiental — Directiva 2004/35/CE — Principio de «quien contamina paga» — Imposibilidad de identificar al responsable de la contaminación de un terreno o de conseguir que adopte medidas reparadoras — Normativa nacional que establece la obligación de reembolso de los gastos relativos a las intervenciones de la autoridad competente por parte de los propietarios de terrenos contaminados que no hayan contribuido a su contaminación — Procedencia (Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) (véanse el apartado 11 y el fallo)

Fallo

La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que en los supuestos en que resulte imposible identificar al responsable de la contaminación de un terreno o conseguir que este adopte medidas reparadoras no permite que la autoridad competente imponga la obligación de adoptar medidas preventivas y reparadoras al propietario del terreno que no sea responsable de su contaminación, quien únicamente estará obligado a reembolsar los gastos relativos a las intervenciones llevadas a cabo por la autoridad competente por un importe no superior al valor de mercado del terreno, que se determinará una vez concluidas dichas intervenciones.

( 1 ) DO C 194 de 24.6.2014.
25

Como el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones, un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (véanse, en particular, las sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Rec. p. I-5425, apartado 426; de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión, C‑501/11 P, apartado 43; de 3 de octubre de 2013, Rintisch/OAMI, C‑120/12 P, apartado 49, y de 7 de noviembre de 2013, Wam Industriale/Comisión, C‑560/12 P, apartado 42). No responde a esta exigencia el recurso de casación que no incluye ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho en el que se haya incurrido en la sentencia de que se trate (véanse, en particular, el auto de 27 de junio de 2013, Baleanu/Comisión, C‑566/12 P, apartado 13, y la sentencia Wam Industriale/Comisión, antes citada, apartado 42).
5

La Ley no 34/2004, de 29 de julio de 2004, en su versión modificada por la Ley no 47/2007, de 28 de agosto de 2007 (en lo sucesivo, «Ley no 34/2004»), establece el régimen de acceso al Derecho y a los órganos jurisdiccionales y transpone también en el Derecho portugués la Directiva 2003/8.
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El artículo 5, apartados 1 y 2, de la misma Directiva es del siguiente tenor literal: «1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que la responsabilidad respecto al consumidor por la buena ejecución de las obligaciones derivadas del contrato recaiga en el organizador y/o en el detallista que sean parte de dicho contrato, con independencia de que dichas obligaciones las deban ejecutar él mismo u otros prestadores de servicios, y ello sin perjuicio del derecho del organizador y/o del detallista a actuar contra esos otros prestadores de servicios. 2. Por lo que respecta a los daños sufridos por el consumidor a causa de la no ejecución o mala ejecución del contrato, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que la responsabilidad recaiga en el organizador y/o el detallista a menos que dicha no ejecución o mala ejecución no sean imputables ni a éstos ni a otro prestador de servicios [...] [...]