SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Segunda)

de 21 de marzo de 2013

Asunto F‑93/11

Jamal Taghani

contra

Comisión Europea

«Función pública — Oposición general — Decisión del tribunal de la oposición de inadmisión a las pruebas de evaluación — Medios de impugnación judicial — Recurso jurisdiccional interpuesto sin esperar la decisión sobre la reclamación — Admisibilidad — Modificación de la convocatoria de oposición después de realizarse los test de acceso — Principio de protección de la confianza legítima — Seguridad jurídica»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, por el que el Sr. Taghani solicita la anulación de la decisión del tribunal de la oposición EPSO/AST/111/10 de no admitirle a las pruebas de evaluación, y la condena de la Comisión Europea a reparar el perjuicio que alega haber sufrido a causa de dicha decisión.

Resultado: Se anula la decisión del tribunal de la oposición EPSO/AST/111/10, de 15 de junio de 2011, de no admitir al Sr. Taghani a las pruebas de evaluación. Se condena a la Comisión a pagar 1 000 euros al Sr. Taghani. Se desestima en lo demás el recurso. Cada parte cargará con sus costas.

Sumario

1. Recursos de funcionarios — Interés en ejercitar la acción — Recurso contra una decisión de un tribunal de oposición — Modificación de la convocatoria de oposición después de realizarse los test de acceso — Candidato que no sería admitido a la fase ulterior de la oposición aun sin la modificación — Inadmisibilidad — Excepción

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)

2. Recursos de funcionarios — Recurso contra una decisión de inadmisión a las pruebas de una oposición — Posibilidad de invocar la irregularidad de la convocatoria

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90, ap. 2, y 91)

3. Recursos de funcionarios — Decisión de un tribunal de oposición — Reclamación administrativa previa — Carácter facultativo — Decisión basada en una convocatoria modificada después de realizarse los test de acceso — Irrelevancia

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90, ap. 2, y 91, ap. 2)

4. Recursos de funcionarios — Decisión de un tribunal calificador de un concurso — Reclamación administrativa previa — Carácter facultativo — Presentación — Consecuencias — Preservación del derecho a recurrir directamente ante el juez de la Unión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90, ap. 2, y 91, ap. 2)

5. Funcionarios — Concurso-oposición — Requisitos de superación — Fijación por la convocatoria de concurso — Modificación de la convocatoria después de realizarse los test de acceso con el efecto de reducir las posibilidades de éxito de los candidatos — Violación del principio de protección de la confianza legítima

[Estatuto de los Funcionarios, anexo III, art. 1, ap. 1, letra e)]

6. Funcionarios — Concurso-oposición — Requisitos de superación — Fijación por la convocatoria de concurso — Modificación de la convocatoria después de realizarse los test de acceso con el efecto de reducir las posibilidades de éxito de los candidatos — Violación del principio de seguridad jurídica

[Estatuto de los Funcionarios, anexo III, art. 1, ap. 1, letra e)]

7. Funcionarios — Principios — Proporcionalidad — Alcance — Invocación como justificación de una medida contraria al principio de protección de la confianza legítima — Exclusión

1. En el marco de un recurso de anulación contra la decisión de un tribunal de oposición, basada en una convocatoria modificada mediante una corrección de errores tras realizarse los test de acceso, de inadmisión del demandante a las pruebas de evaluación, éste carece de interés en ejercitar la acción si incluso en defecto de la corrección de errores no habría sido admitido a la fase ulterior de la oposición.

Sin embargo, no es así cuando no se ha demostrado de forma suficiente en Derecho que el demandante no habría sido admitido a la etapa siguiente de la oposición y por tanto no se ha demostrado con certeza la falta de interés del demandante en el ejercicio de la acción.

(véanse los apartados 29, 31 y 32)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 9 de noviembre de 2004, Vega Rodríguez/Comisión, T‑285/02 y T‑395/02, apartados 25 y 27

2. Habida cuenta de la naturaleza compleja del procedimiento de selección, compuesto por una sucesión de decisiones muy estrechamente vinculadas, un demandante puede alegar irregularidades en el desarrollo de la oposición, incluidas las que tengan su origen en el propio texto de la convocatoria de oposición, en un recurso dirigido contra una decisión individual posterior, como la decisión de no admitirle a las pruebas de evaluación.

(véase el apartado 38)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 16 de septiembre de 1993, Noonan/Comisión, T‑60/92, apartado 23

Tribunal de la Función Pública: 14 de abril de 2011, Clarke y otros/OAMI, F‑82/08, apartado 79, y la jurisprudencia citada

3. La presentación de una reclamación previa es obligatoria cuando el autor del acto impugnado es la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, pero es facultativa cuando el acto procede del tribunal de la oposición.

Si se trata de un recurso contra la decisión de un tribunal de oposición de no incluir al demandante en la lista de los candidatos que han obtenido las mejores puntuaciones en los test de acceso, el demandante está facultado para recurrir directamente ante el juez sin una reclamación previa y ello incluso si impugna un aspecto definido en la convocatoria o en la corrección de errores de ésta.

Además, el hecho de que una decisión de un tribunal de oposición se base en una convocatoria que ha sido modificada por una corrección de errores tras realizarse los test de acceso no tiene el efecto de privar al candidato excluido de su derecho a interponer un recurso directo contra la decisión del tribunal de oposición.

(véanse los apartados 39 a 41)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: Noonan/Comisión, antes citada, apartado 23

Tribunal de la Función Pública: 28 de octubre de 2010, Vicente Carbajosa y otros/Comisión, F‑77/08, apartados 27 a 31 y 35 a 37

4. El procedimiento de reclamación administrativa carece de sentido cuando los motivos de impugnación se dirigen contra las decisiones de un tribunal de oposición, ya que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos carece de la facultad de reformar esas decisiones, por lo que el medio de impugnación contra una decisión de un tribunal de oposición consiste normalmente en el recurso directo ante el juez de la Unión.

Sin embargo, no resulta del Estatuto ni de la jurisprudencia que un candidato a una oposición que, no obstante, haya presentado ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos una reclamación contra una decisión del tribunal de esa oposición no pueda recurrir directamente ante el juez sin esperar la decisión sobre la reclamación. Por el contrario, cuando un candidato a una oposición presenta ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos una reclamación administrativa, esa actuación, sea cual fuere su significación jurídica, no puede tener la consecuencia de privarle de su derecho a recurrir ante el juez. Por tanto, si en las circunstancias descritas un candidato a una oposición decide recurrir directamente ante el juez, éste debe determinar si el recurso ha sido presentado dentro del plazo de tres meses y diez días a partir de la notificación al demandante de la decisión lesiva para él.

(véanse los apartados 44 y 46 a 48)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: 20 de junio de 2012, Cristina/Comisión, F‑66/11, apartados 37, 40 y 41, y la jurisprudencia citada

5. La modificación de las reglas de puntuación de los test previstas en la convocatoria puede afectar a las posibilidades de un interesado de ser inscrito en la lista de candidatos admitidos a las pruebas de evaluación, ya que tal modificación puede tener por efecto un incremento del número de candidatos que han obtenido la puntuación mínima en los test, reduciendo, por consiguiente, sus posibilidades de encontrarse entre los mejores candidatos. En ese sentido, la aplicación de la corrección de errores de la convocatoria después de realizarse los test de acceso no respeta las garantías que le dio la convocatoria y vulnera por tanto el principio de protección de la confianza legítima.

En efecto, las pruebas de naturaleza comparativa son, por definición, pruebas en las que las prestaciones de cada candidato se aprecian en función de las del resto, de modo que el número de candidatos admitidos a estas pruebas puede incidir en las apreciaciones que el tribunal calificador realiza sobre los candidatos. Éstas reflejan el juicio de valor realizado sobre la prestación de un candidato en relación con las del resto de los candidatos. De ello se deduce que, cuanto mayor sea el número de candidatos en este tipo de pruebas, mayor será el nivel de exigencia del tribunal calificador respecto de ellas.

(véanse los apartados 71, 72, 75 y 89)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 5 de marzo de 2003, Staelen/Parlamento, T‑24/01, apartado 57

6. El objetivo del principio de seguridad jurídica es garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas que entran dentro del ámbito del Derecho de la Unión. En efecto, si bien, por regla general, el principio de la seguridad jurídica se opone a que el punto de partida del ámbito de aplicación temporal de un acto de las instituciones de la Unión se fije en una fecha anterior a su publicación, puede ocurrir de otro modo, con carácter excepcional, siempre que lo exija el fin perseguido y se respete debidamente la confianza legítima de los interesados. Esas condiciones no concurren cuando una corrección de errores de una convocatoria modifica la puntuación de los test de acceso a la oposición después de realizarse éstos.

Es cierto que cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos descubre, tras la publicación de una convocatoria, que los requisitos exigidos eran más severos de lo que requerían las necesidades del servicio, ésta puede, bien continuar con el procedimiento seleccionando en su caso un número de candidatos inferior al inicialmente previsto, bien volver a iniciar el proceso selectivo retirando la convocatoria original y sustituyéndola por una convocatoria corregida. Sin embargo, la adopción de una corrección de errores de la convocatoria después de la celebración de determinadas pruebas no puede considerarse equivalente a una o a otra de esas soluciones.

(véanse los apartados 76 a 78, 81 y 82)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 15 de septiembre de 2005, Irlanda/Comisión, C‑199/03, apartado 69

Tribunal de Primera Instancia: 2 de octubre de 1996, Vecchi/Comisión, T‑356/94, apartado 56

Tribunal General: 10 de noviembre de 2010, OAMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, apartado 48, y la jurisprudencia citada

7. En virtud del principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, la legalidad de una medida adoptada por una institución de la Unión está sometida el requisito según el cual, cuando puede optarse entre varias medidas apropiadas, es necesario acudir a la menos restrictiva, y los inconvenientes causados no pueden ser desmedidos en relación con el objetivo pretendido. Sin embargo, las consideraciones vinculadas a la proporcionalidad de una medida no pueden justificar la adopción de un acto que vulnera el principio de confianza legítima, como la modificación de la convocatoria después de la celebración de los test de acceso, dado que el principio de proporcionalidad sólo es de aplicación cuando existe una elección entre varias medidas apropiadas.

(véase el apartado 88)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 21 de octubre de 2004, Schumann/Comisión, T‑49/03, apartado 52

Tribunal de la Función Pública: 30 de septiembre de 2010, Torijano Montero/Consejo, F‑76/05, apartado 81, y la jurisprudencia citada