SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 13 de julio de 1995

Asunto T-545/93

Heinz Kschwendt

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Asignación por hijo a cargo — Asignación por escolaridad — Gastos médicos — Devolución de cantidades indebidamente pagadas»

Texto completo en lengua francesa II-565

Objeto:

Anulación de las decisiones de la Comisión de 3 de febrero de 1993, de 29 de marzo de 1993 y de 21 de junio de 1993, que establecen que el demandante no tiene derecho a percibir determinadas prestaciones por su hija y que ordenan la devolución de las cantidades indebidamente pagadas.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante, funcionario de grado A 4, percibió por su hija Karin, desde 1986 hasta 1992, la asignación por hijo a cargo, la asignación por escolaridad y el pago global de los gastos de viaje anual, desde su lugar de destino hasta su lugar de origen. Como hija a cargo, Karin Kschwendt estuvo afiliada al Régimen de Seguro de Enfermedad común a las Instituciones de las Comunidades Europeas (Régimen Común de Seguro de Enfermedad).

Karin Kschwendt estaba matriculada en la Facultad de Química de la Universidad de Kaiserslautern desde el 1 de octubre de 1986. La interesada también practicaba el tenis profesional de alto nivel.

Al no presentar el demandante los documentos relativos a los ingresos y a los estudios de su hija, la Comisión suspendió el pago de dos asignaciones y la devolución de los gastos médicos de Karin Kschwendt.

Mediante una primera decisión de 3 de febrero de 1993, la Comisión suprimió la asignación por escolaridad, con efectos a partir de 1 de agosto de 1986, y la asignación por hijo a cargo, con efectos a partir de 1 de octubre de 1986, debido a que la interesada nunca cumplió las exigencias para su concesión.

Mediante una segunda decisión de 3 de febrero de 1993, se reclamó al demandante la devolución de las cantidades indebidamente pagadas en concepto de ambas asignaciones desde 1986 hasta 1992. Se informó igualmente al demandante de que su hija ya no estaba cubierta por el Régimen Común de Seguro de Enfermedad y, mediante una decisión de 29 de marzo, se exigió la devolución de los reembolsos de los gastos de enfermedad a partir del 1 de octubre de 1987.

Finalmente, mediante una decisión de 21 de junio de 1993, se exigió al demandante la devolución de las cantidades pagadas desde 1987 hasta 1991 en concepto de reembolso de los gastos de viaje anual de su hija.

Se desestimó la reclamación presentada por el demandante el 21 de abril de 1993.

Sobre la admisibUidad de las pretensiones formuladas contra la decisión de 21 de junio de 1993

Al ser de orden público los requisitos de admisibilidad de un recurso, el Tribunal de Primera Instancia examina de oficio la inadmisibilidad de pretensiones que no hayan sido formuladas previamente a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), en infracción del apartado 2 del artículo 91 del Estatuto (apartado 26).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 6 de diciembre de 1990, B/Comisión (T-130/89, Rec. p. II-761), apartado 13; Tribunal de Primera Instancia, 16 de julio de 1992, Della Pietra/Comisión (T-1/91, Rec. p. II-2145); Tribunal de Primera Instancia, 30 de marzo de 1993, Vardakas/Comisión (T-4/92, Rec. p. II-357)

La citada decisión de 21 de junio de 1993 se adoptó después de la presentación de la reclamación y, en consecuencia, no fue objeto de un procedimiento administrativo previo. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia estima que procede examinar si puede considerarse que las pretensiones de anulación formuladas contra dicha decisión tienen el mismo objeto que las expuestas en la reclamación (apartado 27).

En efecto, si bien las pretensiones formuladas por un funcionario ante el Juez comunitario sólo deben contener motivos de impugnación basados en la misma causa que los aducidos en la reclamación, éstos pueden, no obstante, desarrollarse ante el Juez comunitario mediante la formulación de motivos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación pero que estén estrechamente relacionados con ella. De ello se deduce que, si bien las disposiciones de los artículos 90 y 91 del Estatuto tienen por finalidad permitir, mediante la presentación de una reclamación administrativa previa, una solución amistosa del litigio entre un funcionario y su administración, no tienen por objeto limitar de manera rigurosa y definitiva el proceso contencioso, siempre que el recurso no modifique ni la causa ni el objeto de la reclamación. Por consiguiente, el recurso puede incluir pretensiones diferentes de las contenidas en la reclamación (apartados 29 y 30).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de enero de 1989, Koutchoumoff/Comisión (224/87, Rec. p. 99), apartado 10; Tribunal de Justicia, 10 de marzo de 1989, Del Plato/Comisión (126/87, Rec. p. 643), apartado 12; Vardakas/Comisión, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 30 de noviembre de 1993, Vienne/Parlamento (T-15/93, Rec. p. II-1327)

Sin embargo, dicha jurisprudencia no autoriza al demandante a modificar el objeto de su pretensión en la fase del recurso. Ahora bien, es evidente que, al solicitar en su recurso la anulación de la decisión de 21 de junio de 1993, por la que se ordena la devolución de las cantidades que se consideran indebidamente pagadas en concepto de pago de los gastos de viaje anual de su hija, el demandante amplió el objeto de la pretensión formulada en la reclamación. De ello se deduce que los motivos dirigidos a la anulación de dicha decisión no pueden ser considerados como lógica y directamente relacionados con las pretensiones y motivos de impugnación presentados por el demandante, en su reclamación, a la AFPN. Por consiguiente, no pueden admitirse dichas pretensiones por no haber estado precedidas de un procedimiento administrativo previo (apartados 31 y 32).

Sobre el fondo

Sobre las pretensiones dirigidas a la anulación de la primera decisión de 3 de febrero de 1993, relativa a la supresión de las asignaciones por escolaridad y por hijo a cargo

a) Sobre la legalidad de la primera decisión de 3 de febrero de 1993, en la medida en que suprime la asignación por escolaridad

— Sobre el motivo basado en que se cumplió el requisito relativo a la asistencia regular y en jornada completa a un centro de enseñanza en el sentido del artículo 3 del Anexo VII

Con carácter preliminar, el Tribunal de Primera Instancia destaca que, para tener derecho a la asignación por escolaridad, el hijo no sólo debe recibir una formación en un centro de enseñanza, sino que también debe asistir regularmente y en jornada completa a dicho centro. Además, dicho estudiante está obligado a seguir efectivamente el programa de enseñanza que establezcan las disposiciones rectoras del centro de enseñanza al que asista (apartado 49).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de noviembre de 1991, Costacurta/Comisión (C-145/90 P, Rec. p. I-5449), apartado 6; Tribunal de Primera Instancia, 13 de marzo de 1990, Costacurta/Comisión (asuntos acumulados T-34/89 y T-67/89, Rec. p. II-93), apartado 26; Tribunal de Primera Instancia. 29 de enero de 1993, Wery/Parlamento (T-86/91, Rec. p. II-45), apartado 50

Pues bien, se desprende de autos que, a partir del 1 de octubre de 1986, la carrera de tenista profesional de Karin Kschwendt no le permitió asistir regularmente y en jornada completa a los cursos impartidos por la Facultad de Química de la Universidad de Kaiserslautern. El mero hecho de que dicho establecimiento imparta una enseñanza cuya duración es superior a la requerida por la conclusión 166/87, adoptada por la Junta de Jefes de administración para la inteipretación del artículo 3 del Anexo VII del Estatuto, a saber, como mínimo, dieciséis horas de clase y/o de trabajos prácticos semanales, no puede cuestionar las conclusiones de este Tribunal de Primera Instancia, puesto que el demandante tampoco ha demostrado que su hija haya asistido regularmente a la Facultad en los años controvertidos, ni siquiera dentro de los límites temporales mínimos fijados por la conclusión 166/87 (apartados 50 y 57).

b) Sobre la legalidad de la primera decisión de 3 de febrero de 1993, por cuanto suprime la asignación por hijo a cargo

— Sobre el motivo basado en que se cumplió el requisito de educación escolar o profesional, en el sentido del apartado 3 del artículo 2 del Anexo VII

El Tribunal de Primera Instancia destaca con carácter preliminar que la conclusión 176/87 de la Junta de Jefes de administración considera cumplido de oficio el requisito de que el hijo «reciba una educación escolar», siempre que el establecimiento al que se asista imparta, como mínimo, diez horas de clase y/o de trabajos prácticos por semana al alumno o al estudiante de que se trate (apartado 67).

Si bien el Tribunal de Primera Instancia no está vinculado por este requisito exigido por dicha conclusión, estima que, en las circunstancias de este caso, ésta ha aplicado exacta y razonablemente las controvertidas disposiciones del Estatuto (apartado 68).

Puesto que la asignación por hijo a cargo, en los casos en que el hijo recibe una formación escolar o profesional, se concede, según los propios términos de la citada disposición del Estatuto, mediante petición motivada del funcionario interesado, de ello se deduce necesariamente que incumbe a este último aportar los medios de prueba necesarios para ello. Ahora bien, el demandante no ha demostrado que su hija haya seguido efectivamente, aunque sea de forma intermitente, los cursos impartidos por la Facultad de Química de la Universidad de Kaiserslautern, ni siquiera dentro de los límites mínimos de tiempo exigidos por la citada conclusión 176/87. En consecuencia, tampoco puede considerarse que la interesada haya recibido una formación escolar o profesional en el sentido del apartado 3 del artículo 2 del mencionado Anexo (apartados 69 y 70).

— Sobre los motivos relativos a los ingresos de la hija del demandante, invocados contra la primera decisión de 3 de febrero de 1993, por cuanto ésta suprime la asignación por hijo a cargo

Con carácter preliminar, el Tribunal de Primera Instancia destaca que el funcionario sólo tiene derecho a la asignación por hijo a cargo cuando el hijo esté mantenido efectivamente por él y, por otra parte, que incumbe al interesado aportar la prueba de la calidad de hijo a cargo (apartado 81).

Si bien el Tribunal de Primera Instancia no está vinculado por la conclusión 188/89, por la que se interpreta el apartado 2 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto, este Tribunal de Primera Instancia señala que, para determinar el concepto de hijo a cargo, es decir, efectivamente mantenido por el funcionario, la citada conclusión 188/89 se refiere, correctamente, a los ingresos probados del hijo, después de deducir las cargas sociales y antes de deducir el impuesto, sin tener en cuenta el concepto de gastos profesionales invocados por el demandante (apartado 83).

A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia ha comprobado que los importes totales de los ingresos percibidos por Karin Kschwendt en el ejercicio de sus actividades deportivas, desde 1989 hasta 1993, son muy superiores a los límites de ingresos fijados por la conclusión 188/89. En todo caso, resulta de los autos que el demandante nunca aportó la prueba de los gastos profesionales que, según sus alegaciones, pudo soportar su hija por su actividad de tenista (apartados 84 y 85).

De ello se deduce que no puede considerarse que Karin Kschwendt, al menos a partir del año 1989, fuera mantenida efectivamente por el demandante y que, por tanto, en todo caso, éste no podía tener derecho a la correspondiente asignación por hijo a cargo a partir de dicha fecha (apartado 87).

— Sobre el motivo relativo a la inexistencia de afiliación de la hija del demandante a un Régimen de Seguro de Enfermedad

El Tribunal de Primera Instancia desestima la alegación del demandante según la cual, aun admitiendo que los ingresos de su hija excedieran de los límites de ingresos fijados por el Estatuto, tiene derecho a invocar las disposiciones de la conclusión 188/89, según las cuales, «se considerará que el hijo sigue estando a cargo del funcionario cuando no esté cubierto por un Régimen nacional de Seguro de Enfermedad», lo que fue el caso de Karin Kschwendt hasta el 1 de septiembre de 1993 (apartado 95).

A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia se limita a observar que Karin Kschwendt, por no poder ser considerada como hija a cargo del funcionario a partiidel 1 de octubre de 1986, ya no tenía derecho a estar cubierta contra los riesgos de enfermedad por el Régimen Común de Seguro de Enfermedad, cuya cobertura se reserva precisamente a los hijos a cargo del funcionario (apartado 92).

Por ello, la inexistencia de afiliación de Karin Kschwendt a un Régimen nacional de Seguro de Enfermedad, suponiendo que esta circunstancia esté probada, resultaría directamente del hecho de que continuó afiliada al Régimen Común de Seguro de Enfermedad por error, debido al propio comportamiento del demandante. Por consiguiente, éste no puede prevalerse de sus propios incumplimientos de los deberes estatutarios (apartado 94).

Sobre las pretensiones dirigidas a la anulación de la decisión de 3 de febrero y de la decisión de 29 de marzo de 1993, por las que se exige la devolución de las asignaciones y prestaciones que se consideran indebidamente pagadas al demandante

Sobre la parte del motivo basada en que la irregularidad que vició los pagos controvertidos no era lo suficientemente evidente como para que el demandante tuviera que conocerla.

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que se considera cumplida la exigencia relativa a la evidencia de la irregularidad de los pagos cuando, la irregularidad controvertida no debería haber escapado a la atención de un funcionario normalmente diligente. Para ello, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia tienen en cuenta, en cada caso concreto, la capacidad del funcionario de que se trate para efectuar las comprobaciones necesarias. A este respecto, los elementos tomados en consideración por el Juez comunitario se refieren al nivel de responsabilidad del funcionario, su grado y antigüedad, al grado de claridad de las disposiciones del Estatuto que definen los requisitos para conceder asignaciones, así como a la importancia de las modificaciones producidas en su situación personal o familiar, cuando el pago de la cantidad controvertida esté vinculado a la apreciación que la administración haga de tal situación (apartados 103 y 104).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1979, Broe/Comisión (251/78, Rec. p. 2393); Tribunal de Justicia, 17 de enero de 1989, Stempels/Comisión (310/87, Rec. p. 43); Tribunal de Primera Instancia, 13 de marzo de 1990, Costacurta/Comisión, antes citada; Tribunal de Primera Instancia, 10 de mayo de 1990, Sens/Comisión (T-117/90, Rec. p. II-185); Tribunal de Primera Instancia, 28 de febrero de 1991, Kormeier/Comisión (T-124/89, Rec. p. II-125); Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 1994, Stahlschmidt/Parlamento (T-38/93, RecFPp. II-227)

En el asunto presente, el Tribunal de Primera Instancia considera que el demandante no ha dado pruebas de la diligencia normal exigida. No podía ignorar que las actividades deportivas de su hija eran manifiestamente incompatibles con la asistencia regular y en jornada completa a la Facultad de Química. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia señala que, por otra parte, el propio demandante conoció el carácter irregular de los pagos de las asignaciones y prestaciones controvertidas desde el mes de septiembre de 1991, sin por ello advertir a la administración, y que no pudo ignorar que ése era el caso desde el 1 de octubre de 1986. El demandante tampoco pudo ignorar que, con arreglo a las disposiciones claras del apartado 1 del artículo 72 del Estatuto, que su hija ya no podía estar cubierta por el Régimen Común de Seguro de Enfermedad a partir de esta última fecha (apartados 105, 106 y 107).

Además, consta que Karin Kschwendt percibió cantidades de las cuales la menor era muy superior al límite fijado por el Estatuto. Por añadidura, el demandante no discute el hecho de que nunca informó a su Institución acerca de los cambios producidos en la situación de su hija, cuando dichas modificaciones, manifiestamente, podían afectar a su derecho a percibir las asignaciones y prestaciones controvertidas (apartados 108 y 109).

Finalmente, aun suponiendo que, por un lado, las disposiciones del Estatuto tuviesen un carácter ambiguo y que, por otro, el demandante no hubiera tenido conocimiento de las conclusiones de la Junta de Jefes de administración que las interpretan, el demandante no podía ignorar, desde el principio, que no tenía derecho a las asignaciones y prestaciones controvertidas, puesto que, por una parte, su hija no asistía regularmente y en jornada completa a un centro de enseñanza y, por otra, no recibía una formación escolar o profesional (apartado 110).

De forma más general, resulta de las pruebas materiales aportadas en autos por la demandada, la veracidad de las cuales no ha sido discutida por el demandante, que las irregularidades que afectaban a los pagos controvertidos eran tan evidentes que el demandante no podía ignorarlas (apartado 111).

Costas

El Tribunal de Primera Instancia condena al demandante a soportar la totalidad de las costas en razón del carácter manifiestamente abusivo del recurso. En efecto, el demandante, que no discute que deba soportar la carga de la prueba, no aportó ni durante el procedimiento administrativo previo ni en el procedimiento contencioso el más mínimo elemento de hecho que permitiera fundar sus alegaciones, aun cuando algunas de dichas pruebas se encontraban en su poder o podían haber sido presentadas por él. El interesado ni siquiera intentó negar la validez de muchos datos numéricos, precisos y concordantes, recabados por los Servicios de la Comisión a costa de un trabajo considerable, relativos a la actividad de tenista profesional ejercida por su hija y a sus ingresos (apartado 119).

Además, el Tribunal de Primera Instancia comprueba que el demandante reconoció expresamente que no podía considerarse que su hija asistiera regularmente y en jornada completa a un centro de enseñanza, ni que recibiera una formación escolar o profesional para el período posterior al mes de septiembre de 1991. No obstante, el 23 de septiembre de 1991, el demandante presentó en los Servicios de la Comisión una solicitud de asignaciones por escolaridad y por hijo a cargo para el año 1991/1992, siendo así que, mediante nota de 29 de agosto de 1991, la Comisión le había preguntado acerca de los ingresos de su hija y le había advertido que las dos asignaciones de que se trata se le abonarían, en lo sucesivo, con carácter provisional (apartado 121).

Fallo:

1) Se desestima el recurso.