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Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véanse los apartados 41 y 42)

2. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Escrito presentado sin intervención de un abogado (Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 19) (véanse los apartados 51 a 54)

Objeto del litigio

Objeto

Recursos de casación interpuestos contra los autos del Tribunal General (Sala Sexta) de 19 de noviembre de 2009 en los asuntos T‑94/07 y T‑40/08, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Comisión de las Comunidades Europeas, por los que dicho Tribunal declaró la inadmisibilidad manifiesta de un recurso que tenía por objeto la anulación de la Decisión C(2006) 4963 final de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, por la que se declara que algunas de las fuentes de financiación utilizadas por la sociedad TVO para construir un reactor nuclear en Finlandia («proyecto Olkiluoto 3») no constituyen ayudas de Estado (T‑94/07), así como de un recurso que tenía por objeto la anulación de la Decisión C(2007) 4323 final de la Comisión, de 25 de septiembre de 2007, por la que se declara que la garantía concedida por Francia, a través de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, mediante la cual se aseguraba un préstamo concedido a la sociedad Teollisuuden Voima Oy, para la construcción de un reactor nuclear en Finlandia («proyecto Olkiluoto 3»), no constituye ayuda de Estado (T‑40/08) — Representación mediante abogado que no tiene la condición de tercero.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar los recursos de casación.

2) Condenar en costas a European Renewable Energies Federation ASBL.
I-B-2  - 23AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 25 de octubre de 2007
Asunto C-495/06 P
Bart Nijs
contra
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas
«Recurso de casación — Promoción — Ejercicio de promoción 2003 — 
Informe de evaluación de carrera — Decisión por la que se aprobó con carácter  
definitivo el informe — Decisión de promover a otro funcionario al grado  
de traductor revisor — Solicitud de indemnización del perjuicio —  
Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte 
manifiestamente infundado»
Texto completo en lengua francesa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . II-B-2 - 221
Objeto:  Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal 
de Primera Instancia (Sala Segunda) de 3  de  octubre de 2006, 
Nijs/Tribunal de Cuentas (T-171/05, RecFP pp .  I-A-2-195 y 
II-A-2-999), por la que se desestima —en la medida en que se b
asa en motivos distintos de la falta de motivación— el recurso 
que tenía por objeto, por una parte, la anulación de la decisión 
por la que se aprobó con carácter definitivo el informe de 
calificación del demandante correspondiente al ejercicio 2003, de la decisión por la que se atribuyen al demandante los puntos de mérito correspondientes al ejercicio 2003 y de la decisión de no promoverlo en 2004, así como de la decisión por la que 
se desestima la reclamación presentada contra estas decisiones, 
y, por otra parte, una solicitud de indemnización del perjuicio sufrido
.
I-B-2  - 24SUMARIO — ASUNTO C-495/06 P
Resultado:  Se desestima el recurso de casación . Se condena en costas al 
Sr. Nijs .
Sumario
1. Recurso de casación  — Motivos  — Apreciación errónea de los hechos  — 
Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas — 
E
xclusión salvo en caso de desnaturalización
(
Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)
2. Recurso de casación  — Motivos  — Mera repetición de los motivos y alegaciones 
formulados ante el Tribunal de Primera Instancia — Inadmisibilidad
[
Art.  225  CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art.  58, párr.  1; Reglamento de 
Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]
5

El artículo 3 del mismo Real Decreto establece: «§ 1. Las personas residentes en Bélgica deberán matricular en el registro de vehículos al que se refiere el artículo 6 los vehículos que deseen poner en circulación en este país, aun cuando dichos vehículos ya estén matriculados en el extranjero. […] § 2. No obstante, en lo supuestos que se indican a continuación no será obligatoria la matriculación en Bélgica de vehículos matriculados en el extranjero y puestos en circulación por las personas contempladas en el apartado 1: 1o vehículo que una empresa de alquiler de automóviles extranjera, por un período no superior a 48 horas, ponga a disposición de una persona física o jurídica empadronada en un municipio belga o inscrita en un registro mercantil belga; […]»
Auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2002. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda. - Archivo. - Asunto C-120/01.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-06739



Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Palabras clave

Procedimiento - Desistimiento del demandante - Archivo

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 78)

Partes

En el asunto C-120/01,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. R.B. Wainwright, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Irlanda, representada por el Sr. D.J. O'Hagan y la Sra. C. O'Rourke, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. N. Hyland, BL, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT) (DO L 243, p. 31), al haberse abstenido de elaborar y comunicar a la Comisión, antes del 16 de septiembre de 1999, los planes, proyectos y resúmenes previstos en los artículos 11 y 4, apartado 1, de dicha Directiva,

EL PRESIDENTE DE LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

oído el Abogado General Sr. J. Mischo,

dicta el siguiente

Auto

Motivación de la sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de marzo de 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso, con arreglo al artículo 226 CE, un recurso que tiene por objeto que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT) (DO L 243, p. 31), al haberse abstenido de elaborar y comunicar a la Comisión, antes del 16 de septiembre de 1999, los planes, proyectos y resúmenes previstos en los artículos 11 y 4, apartado 1, de dicha Directiva.

2 Mediante escrito de 15 de julio de 2002, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de julio siguiente, la demandante informó al Tribunal de Justicia de que, con arreglo al artículo 78 del Reglamento de Procedimiento, desistía de su recurso.

3 Irlanda no presentó observaciones en relación con dicho desistimiento dentro del plazo establecido.

4 Con arreglo al artículo 69, apartado 5, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, procede resolver que cada parte pagará sus propias costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

1) Archivar el asunto C-120/01, haciéndolo constar en el Registro del Tribunal de Justicia.

2) La Comisión de las Comunidades Europeas e Irlanda cargarán con sus propias costas.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Retraso excesivo - Consecuencias

2. Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas sometidas al Tribunal de Primera Instancia - Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

3. Recurso de casación - Motivos - Admisibilidad - Requisitos

(Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1)

Índice

1. Un eventual retraso excesivo en dar curso a una denuncia presentada por infracción de las normas sobre la competencia no puede, en principio, afectar al propio contenido de la decisión final adoptada por la Comisión. En efecto, salvo en situaciones excepcionales, este retraso no puede modificar los elementos sustanciales que, dependiendo de los casos, acreditan la existencia o no de una infracción de las normas sobre la competencia o que justifican que la Comisión no inicie una investigación.

( véase el apartado 34 )

2. El Tribunal de Primera Instancia es el único competente, por una parte, para comprobar los hechos, salvo en caso de que una inexactitud material de sus observaciones resulte de los documentos obrantes en autos que se le hayan sometido y, por otra parte, para apreciar dichos hechos. Por consiguiente, salvo en el supuesto de desnaturalización de los medios de prueba que le fueron sometidos, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

( véase el apartado 41 )

3. Un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión.

( véase el apartado 44 )
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de octubre de 2002. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica. - Archivo. - Asunto C-374/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-09133



Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Partes

En el asunto C-374/00,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por los Sres. R. Wainwright y P. Panayotopoulos y posteriormente por el Sr. Konstantinidis, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

República Helénica, representada por la Sra. P. Skandalou, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, al no haber adoptado y, con carácter subsidiario, al no haber comunicado a la Comisión, dentro del plazo establecido, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercursiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 73, p. 5),

EL PRESIDENTE DE LA SALA SEXTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

oído el Abogado General, Sr. S. Alber,

dicta el siguiente

Auto

Motivación de la sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de julio de 2002, la Comisión de las Comunidades Europeas, conforme al artículo 78 del Reglamento de Procedimiento, informó al Tribunal de Justicia de que desistía de su recurso y solicitó que, con arreglo al artículo 69, apartado 5, párrafo primero, del mismo Reglamento, se condenara en costas a la República Helénica.

2 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de agosto de 2002, la República Helénica tomó conocimiento de dicho desistimiento, sin presentar petición alguna en lo relativo a las costas.

3 A tenor del artículo 69, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, la parte que desista será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte en sus observaciones sobre el desistimiento. No obstante, a petición de la parte que desista, la otra parte soportará las costas si la actitud de esta última lo justificase.

4 En el presente caso, el recurso y el posterior desistimiento de la Comisión fueron el resultado de la actitud de la República Helénica, al no haber comunicado ésta las medidas adoptadas para cumplir sus obligaciones sino después de que hubiera sido interpuesto el recurso.

5 Procede, pues, condenar en costas a la República Helénica.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA SALA SEXTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

1) Archivar el asunto C-374/00, haciéndolo constar en el Registro del Tribunal de Justicia.

2) Condenar en costas a la República Helénica.
Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 2002. - Anklagemyndigheden contra Tonny Haugsted Hansen. - Petición de decisión prejudicial: Københavns Byret - Dinamarca. - Archivo. - Asunto C-233/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-03107



Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Palabras clave

Cuestiones prejudiciales - Retirada, por parte del órgano jurisdiccional remitente, de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia - Archivo

(Art. 234 CE)

Partes

En el asunto C-233/99,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Københavns Byret (Dinamarca), destinada a obtener, en el proceso penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra

Tonny Haugsted Hansen,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 5, 7, 9 y 18 de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (DO L 365, p. 10), y del artículo 30 del Tratado CE (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación),

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

oído el Abogado General, Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

dicta el siguiente

Auto

Motivación de la sentencia

1 Mediante auto de 17 de junio de 1999, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de junio siguiente, el Københavns Byret planteó, con arreglo al artículo 234 CE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 5, 7, 9 y 18 de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (DO L 365, p. 10), y del artículo 30 del Tratado CE (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación).

2 Mediante escrito de 14 de febrero de 2002, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de febrero siguiente, el Københavns Byret informó al Tribunal de Justicia de que retiraba su petición.

3 En estas circunstancias, procede archivar el presente asunto.

4 Los gastos efectuados por los Gobiernos danés, neerlandés y del Reino Unido, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han planteado observaciones al Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

Archivar el asunto C-233/99, haciéndolo constar en el Registro del Tribunal de Justicia.
Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 1999. - Claude Willeme contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de casación - Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia dictado en un procedimiento sobre medidas provisionales. - Asunto C-65/99 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-01857



Índice



Palabras clave

1 Procedimiento sobre medidas provisionales - Procedimiento - Oportunidad de oír a las partes - Facultad de apreciación del Juez de medidas provisionales

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, arts. 36, párr. 1, y 46, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 105)

2 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Urgencia - Perjuicio moral que no puede repararse en mayor medida en un procedimiento sobre medidas provisionales que en el procedimiento principal - Inexistencia

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

Índice

1 La oportunidad de oír las explicaciones de las partes forma parte de la facultad de apreciación de que dispone el Juez de medidas provisionales en el marco del examen de una demanda de medidas provisionales.

2 Si la suspensión solicitada no puede reparar el perjuicio moral invocado en mayor medida que la sentencia en el procedimiento principal, falta el requisito relativo a la urgencia. En efecto, el procedimiento sobre medidas provisionales no tiene por finalidad asegurar la reparación de un perjuicio, sino garantizar la plena eficacia de la sentencia en cuanto al fondo.
Auto del Tribunal de Justicia de 3 de abril de 2000. - República Federal de Alemania contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. - Retirada de documentos. - Asunto C-376/98.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página I-02247



Índice



Palabras clave

Procedimiento - Divulgación por las partes de sus propios escritos - Procedencia - Límites

Índice

$$En el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales comunitarios, ninguna norma o disposición autoriza o impide a las partes de un procedimiento proporcionar sus propios escritos a terceros. Salvo en casos excepcionales en los que la divulgación de un documento podría menoscabar la buena administración de justicia, por principio, las partes son libres de divulgar sus propios escritos sin que ello viole el principio de confidencialidad. (véase el apartado 10)
Auto del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1998. - Ermanno Agostini y Emanuele Agostini contra Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL y Ligue belge de judo ASBL. - Petición de decisión prejudicial: Tribunal de première instance de Namur - Bélgica. - Remisión prejudicial - Inadmisibilidad. - Asunto C-9/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-04261



Índice



Palabras clave

Cuestiones prejudiciales - Admisibilidad - Cuestiones planteadas sin precisar suficientemente el contexto fáctico y el régimen normativo - Cuestiones planteadas en un contexto que no permite proporcionar una respuesta útil

[Tratado CE, art. 177; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 20]

Índice

La necesidad de ofrecer una interpretación del Derecho comunitario eficaz para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho sobre los que se basan tales cuestiones. A este respecto, la información que proporcionan las resoluciones de remisión sirve no sólo para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas puedan tener la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Procede, en consecuencia, declarar la inadmisibilidad manifiesta, por cuanto no permite al Tribunal de Justicia proporcionar una interpretación útil del Derecho comunitario, de una petición de un Juez nacional que no describe ni el contexto fáctico del litigio ni los supuestos de hecho sobre los que se funda, ni el régimen normativo nacional, ni las razones precisas que le llevan a albergar dudas sobre la interpretación del Derecho comunitario y a considerar necesario plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 8 de octubre de 1998. - Hedwig Kuchlenz-Winter contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Funcionarios - Cobertura por el régimen común del seguro de enfermedad - Cónyuge divorciado de un antiguo funcionario - Recurso de casación manifiestamente inadmisible e infundado. - Asunto C-228/97 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-06047



Palabras clave

Recurso de casación - Motivos - Mera repetición de los motivos y alegaciones invocados ante el Tribunal de Primera Instancia - Recurso de casación manifiestamente infundado o inadmisible

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, arts. 49 y 51, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]
10

Por lo que se refiere a la carta de 15 de noviembre de 1989, no pudo tener por efecto iniciar un nuevo plazo de recurso, ya que, como resulta de una jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase, en concreto, la sentencia de 15 de diciembre de 1988, Irish Cement Limited, asuntos acumulados 166/86 y 220/86, Rec. 1988, p. 6473), no cabe admitir un recurso de anulación interpuesto contra una decisión puramente confirmativa de una decisión anterior no impugnada dentro del plazo. Por otra parte, la carta del DAFSE, de 9 de marzo de 1990, no pudo tener efectos sobre la Decisión adoptada por la Comisión el 14 de septiembre de 1989. Por último, los plazos para recurrir ante este Tribunal de Justicia sólo se rigen por el Derecho comunitario (véase la sentencia de 12 de julio de 1984, Ferriera Valsabbia, 209/83, Rec. 1984, p. 3089), de manera que no es aplicable la ampliación a la que la demandante puede pretender conforme al Derecho portugués.
10

Procede señalar que, en el presente asunto, el recurso cuestiona la validez del procedimiento de designación del Presidente de una delegación interparlamentaria. Según la mencionada Decisión del Parlamento Europeo de 22 de abril de 1982, confirmada por la Decisión de 11 de octubre de 1984 (DO C 300, p. 50), «las delegaciones interparlamentarias para las relaciones con terceros países son los órganos de los contactos exteriores y de la cooperación interparlamentaria del Parlamento; tienen una misión de diálogo interparlamentario, de información recíproca sobre las cuestiones de actualidad y de estudios de interés especial, de acompañamiento parlamentario de las políticas exteriores de la Comunidad»(traducción no oficial).
Palabras clave

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable para la parte demandante

(Tratado CEE, art. 185; Reglamento de Procedimiento, art. 83, apartado 2)

Es jurisprudencia reiterada que el carácter urgente de una demanda de suspensión de la ejecución de un acto debe ser apreciado en relación con la necesidad de ordenar, con carácter provisional, dicha suspensión para evitar un daño grave e irreparable a la parte que solicita la suspensión, debiendo ésta aportar la prueba de que el hecho de esperar la resolución del procedimiento principal le causaría personalmente un perjuicio que llevaría consigo consecuencias graves e irreparables.

No se cumplen estos requisitos en el caso de un Estado miembro que solicita la suspensión de la ejecución de una Decisión de la Comisión adoptada sobre la base del párrafo 1 del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, que le impone la recuperación de las ayudas entregadas a determinadas empresas. En efecto, suponiendo que dicha recuperación pusiera en peligro la existencia de dichas empresas, por una parte se trataría de un perjuicio causado a las propias empresas y no al Estado miembro demandante y, por otra parte, si el Estado miembro pretendía invocar el riesgo de un perjuicio para la economía nacional en su conjunto, le correspondía demostrar, lo que no ha hecho, cómo la desaparición de empresas que, en el sector en el que desarrollan sus actividades, representan en total el 2,5 % de la producción nacional, podría provocar tal perjuicio.

Por otra parte, aun cuando fueran las empresas las que invocaran el riesgo de un perjuicio propio, les correspondería demostrar que dicho riesgo se derivaba de las medidas de recuperación efectivamente adoptadas por las autoridades estatales en ejecución de la Decisión de la Comisión, y que los medios de impugnación de que disponen con arreglo al Derecho nacional contra dichas medidas no les permitirían evitar dicho perjuicio.

Parte dispositiva

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2) Reservar la decisión sobre las costas.