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Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria — Impuestos sobre la renta

(Art. 56 CE)

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El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro mediante la cual el beneficio obtenido de la cesión de participaciones de una sociedad de capitales con domicilio social en otro Estado miembro está inmediatamente sujeto a tributación en un año determinado, cuando en los cinco años anteriores el cedente haya tenido directa o indirectamente una participación de al menos un 1 % del capital social, mientras que el beneficio obtenido por la cesión, en las mismas condiciones, de participaciones de una sociedad de capitales con domicilio social en el primer Estado miembro y plenamente sujeta al impuesto de sociedades se sometía a tributación en ese año determinado únicamente en caso de participación significativa de al menos un 10 %.

En efecto, tal diferencia de trato en función del lugar de la inversión de los capitales tiene el efecto de disuadir al accionista de invertir su capital en una sociedad establecida en otro Estado y produce asimismo un efecto restrictivo para las sociedades establecidas en otros Estados en cuanto que constituye para ellas un obstáculo a la captación de capitales en el Estado miembro de que se trate. A este respecto, poco importa que la diferencia de trato sólo existiera durante un período limitado, puesto que esta circunstancia no impide por sí sola que la diferencia de trato produzca efectos importantes y que, por tanto, el obstáculo a la libre circulación de capitales sea real.

Tal diferencia de trato no puede justificarse por la necesidad de garantizar una tributación integral, que se asemeja a la de mantener la coherencia del régimen fiscal, puesto que no existe, para un accionista, una relación directa entre la ventaja fiscal de que se trata y la compensación de dicha ventaja mediante un gravamen fiscal determinado. Por otra parte, dicha diferencia de trato no resulta justificada por el margen de maniobra del que supuestamente gozan los Estados miembros en el establecimiento de un régimen transitorio con objeto de instaurar, a largo plazo, la compatibilidad del régimen del impuesto de sociedades nacional con el Derecho comunitario y suprimir eventuales discriminaciones. En efecto, tal margen de maniobra está siempre limitado por el respeto de las libertades fundamentales y, en particular, por el de la libre circulación de capitales. Aunque un régimen transitorio pueda entenderse, en lo que se refiere a la tributación de los beneficios obtenidos por la cesión de participaciones en sociedades residentes, como una pretensión legítima de garantizar una transición sin ruptura del régimen anterior al nuevo régimen, tal circunstancia no permite, por sí sola, justificar dicha diferencia de trato, en detrimento de la tributación de los beneficios obtenidos por la cesión de participaciones en sociedades no residentes.

(véanse los apartados 14, 15, 26, 27, 32, 33 y 35 y el fallo)
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1. Recurso por incumplimiento — Incumplimiento de una decisión de la Comisión relativa a una ayuda de Estado — Motivos de defensa

(Arts. 88 CE, ap. 2, párr. 2, 226 CE, 227 CE, 230 CE y 232 CE)

2. Recurso por incumplimiento — Incumplimiento de una decisión de la Comisión relativa a una ayuda de Estado — Motivos de defensa

(Art. 88 CE, ap. 2)

3. Recurso por incumplimiento — Incumplimiento de una decisión de la Comisión relativa a una ayuda de Estado — No ejecución de la decisión

(Art. 88 CE, ap. 2)

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1. El sistema de recursos que establece el Tratado distingue los recursos a los que se refieren los artículos 226 CE y 227 CE, encaminados a que se declare que un Estado miembro incumplió las obligaciones que le incumben, y los recursos contemplados en los artículos 230 CE y 232 CE, orientados a controlar la conformidad a Derecho de los actos o de las omisiones de las instituciones comunitarias. Estos recursos persiguen objetivos distintos y están sujetos a normas concretas diferentes. Por consiguiente, un Estado miembro no puede, si una disposición del Tratado no le autoriza expresamente, alegar que es contraria a Derecho una decisión de la que es destinatario como medio de defensa frente a un recurso por incumplimiento fundado en el incumplimiento de dicha decisión. Sólo podría ser de otro modo si el acto de que se trata adoleciera de vicios especialmente graves y evidentes hasta el extremo de poder ser calificado de acto inexistente. Esta consideración es de aplicación igualmente en el marco de un recurso por incumplimiento basado en el artículo 88 CE, apartado 2, párrafo segundo.

En el marco de un recurso por incumplimiento basado en el artículo 88 CE, apartado 2, párrafo segundo, y exceptuando la hipótesis de inexistencia del acto, no es admisible que un Estado miembro oponga la ilegalidad de una decisión negativa de la Comisión cuando está pendiente ante el juez comunitario un recurso de anulación contra dicha decisión.

(véanse los apartados 30 a 32 y 37)

2. El único motivo que un Estado miembro puede invocar en su defensa contra un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2, es la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente la decisión.

(véase el apartado 46)

3. En el marco de un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión al amparo del artículo 88 CE, apartado 2, el Tribunal de Justicia no ha de examinar la pretensión que tenga por objeto que se condene a un Estado miembro por no haber comunicado a la Comisión las medidas de ejecución de una decisión por la que un régimen de ayudas es declarado incompatible con el mercado común y por la que se ordena su supresión, la suspensión de las ayudas pendientes de pago y la recuperación de las ayudas ya otorgadas, cuando precisamente dicho Estado miembro no ha procedido al cumplimiento de esas obligaciones dentro de los plazos señalados.

(véanse los apartados 53 y 54)
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La Comisión, por su parte, propuso una excepción de inadmisibilidad del recurso, basada en la supuesta falta de legitimación activa de la demandante. Según la institución demandada, Kronofrance no podía considerarse una empresa competidora de la beneficiaria de la ayuda y, por consiguiente, no podía prevalerse del estatus de «parte interesada» en el sentido del Reglamento no 659/1999. Por tal motivo, según la Comisión, no estaba legitimada para impugnar la Decisión controvertida.
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Dicho Estado miembro comparte el criterio de la Comisión según el cual las estadísticas de las ventas muestran que, en términos absolutos, el consumidor es sensible a la tributación, ya que ésta influye en el precio del producto al que se aplica, pero considera que el instrumento de los precios es importante para alcanzar los objetivos de su política de lucha contra el alcoholismo. No obstante, el hecho de que el consumidor reaccione ante una rebaja de los precios con un mayor consumo no demuestra, a su juicio, que por ello modifique su comportamiento al elegir entre las diferentes clases de bebidas alcohólicas. Por el contrario, la sensibilidad a los precios se opone a que un ajuste del precio del vino a la baja, que resultase de una tributación completamente similar del vino y de la cerveza fuerte, pueda implicar un aumento del consumo de vino en detrimento del consumo de cerveza, ya que, si el vino cuesta el doble que la cerveza fuerte, a pesar de una disminución de la tributación que lo grava, el consumidor, que es sensible al precio, no se orientará hacia el vino.
Incumplimiento de Estado — Adaptación incompleta del Derecho interno a los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos (DO L 281, p. 47; EE 15/02, p. 156) — No declaración de determinadas aguas para cría de moluscos, no establecimiento de programas para reducir la contaminación y no fijación de los parámetros de control.
Incumplimiento de Estado — Incumplimiento de la obligación de comunicar, antes del 1 de julio de 2001 y, a más tardar, el 30 de junio de 2002, los informes anuales sobre todos los regímenes de ayudas de Estado vigentes en el sector agrario durante los años 2000 y 2001 — Artículo 88 CE, apartado 1, y artículo 21 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE [actualmente artículo 88 CE] (DO L 83, p. 1) — Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (2000/C/28/02) (DO C 28, p. 2; versión corregida DO C 232, p. 19)
En la fase administrativa previa del procedimiento por incumplimiento, si bien el dictamen motivado al que se refiere el artículo 226 CE debe contener una exposición coherente y detallada de las razones que han llevado a la Comisión al convencimiento de que el Estado miembro interesado ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, el escrito de requerimiento no está sujeto a exigencias de precisión tan estrictas como las que debe cumplir el dictamen motivado, ya que aquél no puede consistir necesariamente más que en un primer resumen sucinto de las imputaciones.

Se desprende, en particular, del duodécimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva 93/36, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, que el procedimiento negociado deberá considerarse excepcional y, por lo tanto, sólo deberá aplicarse en casos taxativamente enumerados. A tal fin, en el artículo 6, apartados 2 y 3, de la citada Directiva se enumeran limitativa y expresamente las únicas excepciones en las que está autorizada la utilización del procedimiento negociado. En efecto, las excepciones a las normas que tienen como finalidad garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por el Tratado en el sector de los contratos públicos deben ser objeto de una interpretación restrictiva. Los Estados miembros no pueden, so pena de privar a la Directiva 93/36 de su efecto útil, prever supuestos de utilización del procedimiento negociado no previstos en la citada Directiva, como tampoco establecer para los supuestos expresamente previstos por la Directiva nuevas condiciones que tengan por efecto hacer más cómoda la utilización del citado procedimiento Además, la carga de la prueba de que se dan efectivamente las circunstancias excepcionales que justifican tal excepción incumbe a quien pretenda alegarla.

(véanse los apartados 56 a 58)
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1. Medio ambiente — Residuos — Reglamento (CEE) nº 259/93, relativo a los traslados de residuos

[Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, anexo II]

2. Medio ambiente — Residuos — Reglamento (CEE) nº 259/93, relativo a los traslados de residuos

[Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, anexo II]

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1. El código GC 020, relativo a los desechos de equipos electrónicos, de la lista verde de residuos que figura en el anexo II del Reglamento nº 259/93, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, en su versión modificada por el Reglamento nº 2557/2001, debe interpretarse en el sentido de que únicamente incluye los hilos de cableado si éstos proceden de equipos electrónicos.

(véase el apartado 23, el punto 1 del fallo)

2. El régimen más flexible aplicable a los residuos incluidos en la lista verde de residuos del anexo II del Reglamento nº 259/93, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, en su versión modificada por el Reglamento nº 2557/2001, a saber, su no sumisión en lo esencial a los procedimientos de control y vigilancia establecidos por dicho Reglamento, no puede, en principio, extenderse a residuos no incluidos en la citada lista.

En particular, la circunstancia de que un residuo esté compuesto por dos elementos que, considerados aisladamente, pueden constituir residuos incluidos en la lista verde de residuos, no puede tener como consecuencia automáticamente que ese residuo compuesto esté comprendido en dicha lista. En efecto, las condiciones en que puede llevarse a cabo el tratamiento de residuos y los eventuales riesgos medioambientales vinculados a la manipulación de éstos no tienen por qué ser necesariamente idénticos tanto cuando el residuo de que se trate consista en un conjunto compuesto constituido por varios elementos como cuando cada uno de estos elementos constituya un residuo distinto.

(véanse los apartados 32, 33 y 42 y punto 2 del fallo)
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Marca comunitaria — Procedimiento de recurso

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 59 y 74, ap. 2]

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Cuando conoce de un recurso contra una resolución por la que se desestima una oposición al registro de un signo como marca comunitaria, la Sala de Recurso dispone de un margen de apreciación, siempre y cuando motive su decisión al respecto, a la hora de decidir si procede o no tener en cuenta, a efectos de la adopción de su resolución, hechos o pruebas que la parte que formuló oposición aduzca por primera vez en el escrito presentado en apoyo de su recurso, de manera que, por un lado, no está necesariamente obligada a tomar en consideración tales hechos y pruebas y, por otro, la toma en consideración de dichos hechos y pruebas no puede descartarse de oficio.

En primer lugar, del tenor del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, según el cual la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo, se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento nº 40/94 y que no se prohíbe en modo alguno a la Oficina que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente. Sin embargo, se deduce igualmente del citado tenor que tal alegación o presentación extemporánea de hechos y pruebas no puede conferir a la parte que la lleve a cabo un derecho incondicional a que dichos hechos o pruebas sean tomados en consideración por la Oficina.

En segundo lugar, ninguna razón de principio vinculada a la naturaleza del procedimiento que se sigue ante la Sala de Recurso o a la competencia de este órgano excluye que, a efectos de pronunciarse sobre el recurso del que conoce, dicha Sala tenga en cuenta hechos o pruebas presentados por primera vez en la fase de dicho recurso.

En tercer lugar, el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, que establece los requisitos para la interposición de un recurso ante la Sala de Recurso, no puede interpretarse en el sentido de que concede a quien interpuso dicho recurso un nuevo plazo para presentar hechos y pruebas en apoyo de su oposición, de forma que no puede considerarse que tales hechos y pruebas se hayan presentado «dentro de plazo» en el sentido del artículo 74, apartado 2, del Reglamento.

(véanse los apartados 41 a 43, 49, 60 a 62, 64, 67 y 68)
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1. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de pruebas debidamente presentadas — Inadmisibilidad salvo en caso de desnaturalización

(Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)

2. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

3. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 63 y 74, ap. 1]

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1. Corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que ha de atribuirse a las pruebas presentadas ante él. Aunque el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a motivar expresamente sus apreciaciones sobre el valor de cada una de las pruebas aportadas, está obligado a ofrecer una motivación que permita al Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional, y ello, en particular, sobre una posible desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia.

Además, en su apreciación soberana de los hechos, el Tribunal de Primera Instancia puede tener en cuenta el hecho de que una parte se abstenga de alegar determinadas circunstancias.

(véanse los apartados 22 y 23)

2. El Tribunal de Primera Instancia está obligado a declarar la inadmisibilidad de una pretensión del recurso que se interponga ante él siempre que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que se base esa pretensión no se deriven de forma coherente y comprensible del texto del propio escrito de interposición. De ello se desprende que la falta de tales elementos en dicho escrito no puede paliarse mediante su presentación en el acto de la vista.

(véase el apartado 37)

3. Se desprende, por una parte, del artículo 63 del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria que la anulación, así como la reforma, de una resolución de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) sólo son posibles en caso de incompetencia, quebrantamiento sustancial de forma, violación del Tratado CE, del Reglamento nº 40/94 o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en el caso de desviación de poder. Por lo tanto, el control ejercido por el juez comunitario con respecto a esa resolución no trasciende al control de su legalidad y, en consecuencia, su objeto no es un nuevo examen de las circunstancias de hecho que hayan apreciado los órganos de la Oficina.

Se deduce, por otra parte, del artículo 74, apartado 1, del mismo Reglamento que, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen al que procede la Oficina debe limitarse a los motivos alegados y a las pretensiones formuladas por las partes.

Dado que la Oficina no puede tomar en consideración hechos que las partes no hayan expuesto ante ella, no puede impugnarse la legalidad de sus resoluciones sobre la base de tales hechos. Por lo tanto, del mismo modo, el Tribunal de Primera Instancia no puede tener en cuenta las pruebas cuyo objeto sea demostrar tales hechos.

(véanse los apartados 50 a 52)
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1. Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo

(Art. 226 CE)

2. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 38, ap.1, letra c)]

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1. Si bien es cierto que el objeto de un recurso interpuesto al amparo del artículo 226 CE está circunscrito por el procedimiento administrativo previsto por dicha disposición y, en consecuencia, el dictamen motivado de la Comisión y el recurso han de fundarse en idénticas imputaciones, esta exigencia, no obstante, no puede llegar a imponer en todos los supuestos una coincidencia perfecta en su formulación, cuando el objeto del litigio no se ha ampliado ni se ha modificado, sino que, por el contrario, solamente se ha restringido. De esta forma, la Comisión puede precisar sus imputaciones iniciales en el recurso, siempre que no modifique el objeto del litigio.

(véase el apartado 18)

2. Se deduce del artículo 38, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y de la jurisprudencia al respecto que la demanda debe contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados, y que esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Justicia ejercer su control. De ello se desprende que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa un recurso deben deducirse de modo coherente y comprensible del propio texto del escrito de interposición del recurso, y que las pretensiones de éste deben ser formuladas de manera inequívoca para que el Tribunal de Justicia no resuelva ultra petita o bien omita pronunciarse sobre una imputación.

(véase el apartado 22)
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Libre prestación de servicios — Restricciones — Legislación tributaria

(Arts. 49 CE y 50 CE)

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Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE y 50 CE un Estado miembro que impone a los comitentes y empresarios que recurren a contratar con extranjeros no registrados en Bélgica la obligación de retener el 15 % de las cantidades adeudadas por las obras realizadas y que impone a esos mismos comitentes y empresarios la responsabilidad solidaria por las deudas tributarias de tales contratantes extranjeros.

En efecto, la obligación de retención y la responsabilidad solidaria, aunque en caso de recurrir a un prestador de servicios no registrado se apliquen indistintamente se encuentre éste establecido en el Estado miembro en cuestion o en otro Estado miembro, constituyen restricciones a la libre prestación de servicios, ya que pueden disuadir a los prestadores de servicios no registrados en aquel Estado miembro de acceder al mercado del mismo a fin de prestar en él servicios, así como disuadir a los comitentes y a los empresarios de contratar con tales prestadores de servicios.

La necesidad de combatir el fraude fiscal no es suficiente para justificar que la obligación de retención y la responsabilidad solidaria se apliquen, con carácter general y preventivo, a todos los prestadores de servicios no establecidos ni registrados en el Estado miembro en cuestión, cuando se dé la circunstancia de que una parte de ellos no esté, en principio, sujeta a los impuestos, impuestos a cuenta y tasas cuya recaudación se pretenda garantizar mediante tales medidas y cuando existan medios menos restrictivos para garantizar la recaudación de los impuestos, impuestos a cuenta y tasas a los que tales prestadores de servicios puedan estar sujetos en determinados supuestos.

(véanse los apartados 30 a 32, 36, 37 y 42 y el punto 1 del fallo)
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1. Actos de las instituciones — Directivas — Efecto directo — Alcance

(Art. 249 CE, párr. 3)

2. Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Sujetos pasivos

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 4, ap. 5, párr. 2)

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1. Los particulares están legitimados para invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales, contra el Estado miembro de que se trate, las disposiciones de una directiva que parezcan, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas en todos aquellos casos en que no se garantice la aplicación plena de ésta, es decir, no sólo en los casos en que no se haya adaptado el Derecho nacional a la directiva o tal adaptación haya sido incorrecta, sino también en aquellos casos en que las medidas nacionales por las que el Derecho interno se ha adaptado correctamente a la referida directiva no se apliquen de manera que se alcance el resultado que ésta persigue.

(véase el apartado 29)

2. Un particular que se encuentre en situación de competencia con un organismo de Derecho público y alegue la no sujeción al impuesto sobre el valor añadido de dicho organismo o la tributación excesivamente baja a que está sometido, respecto a las actividades que ejerce en calidad de autoridad pública, está legitimado para invocar el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en el marco de un litigio entre un particular y la administración tributaria nacional. En efecto, en la medida en que el artículo 4, apartado 5, de la Sexta Directiva determina claramente los organismos y las actividades a los que se aplica la regla de la no sujeción, dicha disposición responde a los criterios del efecto directo.

(véanse los apartados 30 y 32 y el fallo)