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El artículo 23 del CIVA, en la versión vigente para el ejercicio de que se trata (año 2000), disponía lo siguiente: «1. Cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su actividad, efectúe entregas de bienes o prestaciones de servicios, de las que una parte no genere derecho a deducción, el impuesto soportado en las adquisiciones se deducirá sólo con arreglo al porcentaje correspondiente al importe anual de las operaciones que den lugar a deducción. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el sujeto pasivo podrá efectuar la deducción en función de la afectación real de la totalidad o de una parte de los bienes y servicios utilizados, siempre que informe previamente de ello a la Dirección General de Impuestos Directos e Indirectos, sin perjuicio de la facultad que asiste a esta última de imponer condiciones especiales al sujeto pasivo o poner fin a dicho procedimiento en caso de que se produzcan distorsiones importantes en la aplicación del impuesto. 3. La Administración tributaria podrá obligar al contribuyente a proceder con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior: a) cuando el sujeto pasivo realice actividades económicas diferenciadas; b) cuando de la aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 1 se deriven distorsiones importantes en la aplicación del impuesto. 4. El porcentaje de deducción específico a que se refiere el apartado 1 es el resultante de una fracción en la que figuran, en el numerador, el importe anual, impuesto excluido, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción conforme a los artículos 19 y 20, apartado 1, y, en el denominador, el importe anual, impuesto excluido, de todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo, incluidas las exentas y las no sujetas al impuesto, especialmente las subvenciones no gravadas que no sean subsidios para la adquisición de bienes de equipo. 5. No obstante, en el cálculo mencionado en el apartado anterior no se incluirán las entregas de bienes del activo inmovilizado que hayan sido utilizadas en la actividad de la empresa, ni las operaciones inmobiliarias o financieras que tengan carácter accesorio en relación con la actividad ejercida por el sujeto pasivo. 6. La prorrata de deducción, calculada provisionalmente sobre la base del importe de las operaciones efectuadas el año precedente, será rectificada para atenerse a los valores del año al que corresponda, lo que dará lugar a la regularización de las deducciones ya practicadas que resulte procedente, regularización que habrá de figurar en la declaración del último período del año de que se trate. 7. Los sujetos pasivos que den comienzo a su actividad o la modifiquen sustancialmente podrán efectuar la deducción del impuesto aplicando una prorrata estimada provisionalmente, la cual deberá incluirse en las declaraciones a que se refieren los artículos 30 y 31. 8. Para determinar la prorrata de deducción, el cociente de la fracción se redondeará a la centésima superior. 9. En el caso de determinadas actividades, para aplicar las disposiciones del presente artículo, el Ministro de Hacienda y del Plan podrá considerar inexistentes tanto las operaciones con derecho a deducción como aquellas que no conlleven tal derecho, siempre que unas u otras constituyan una parte insignificante de la cuantía total del volumen de negocios y que el procedimiento previsto en los apartados 2 y 3 resulte impracticable.»