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En el marco de un litigio entre Irish Grain Board (Trading) Ltd (en lo sucesivo, «Irish Grain») y el Ministro de Agricultura, el Tribunal Supremo de la República de Irlanda solicita la interpretación de dos normas comunitarias: el Reglamento (CEE) no 974/71 del Consejo, de 12 de mayo de 1971, relativo a determinadas medidas de política coyuntural que deben ser adoptadas en el sector agrícola como consecuencia de la ampliación temporal de los márgenes de fluctuación de las monedas de determinados Estados miembros (DO L 106, p. 1) y el Reglamento (CEE) no 1380/75 de la Comisión, de 29 de mayo de 1975, por el que se establecen reglas para la aplicación de los montantes compensatorios monetarios (en lo sucesivo, «MCM») (DO L 139, p. 37). Particularmente, el juez a quo desea saber si, y en qué condiciones, un operador comercial tiene derecho al pago de los MCM relativos a la importación de cereales cuando no se haya acreditado plenamente su introducción en el mercado del Estado importador. Entre diciembre de 1977 y julio de 1978, Irish Grain —una «Industrial and Provident Society» (sociedad cooperativa) que compra cereales a sus miembros y los comercializa por cuenta de ellos— exportó desde Irlanda mercancías destinadas a cinco compradores de Irlanda del Norte. Durante el mencionado período se cobraron MCM a la exportación desde la República al Reino Unido, y se concedieron MCM a la importación en este último Estado. Existía entonces entre los dos países el convenio previsto en el artículo 2 bis del Reglamento (CEE) no 974/71, en virtud del cual el Estado exportador paga los MCM que debe conceder el Estado importador; Irish Grain solicitó en consecuencia al Ministro de Agricultura (que, en Irlanda, es el órgano de intervención) el pago de los MCM a la importación de qua al Reino Unido. Es un hecho incontrovertido que el agente de aduanas de Irish Grain completó debidamente el expediente exigido por la normativa sobre los MCM y sobre las exportaciones de los cereales de que se trata. En él figuraba, entre otros, el ejemplar de control T5 y este documento precisaba que los cereales «se destinaban a la comercialización en Irlanda del Norte». El órgano de intervención pagó inmediatamente a la Irish Grain los MCM relativos a los cereales exportados en los camiones de dicha sociedad o por medio de transportistas que operaban por cuenta de ella; en cambio, consideró necesaria una investigación administrativa respecto de los cereales transportados por los transportistas que actuaban por cuenta de los adquirentes de Irlanda del Norte. Las autoridades aduaneras británicas, a quienes se encomendó la investigación, no pudieron comprobar con certeza si la mercancía entró en el Reino Unido para ser comercializada allí y, en consecuencia, el Ministro de Agricultura irlandés denegó el pago de los MCM. Ante esto, Irish Grain demandó al órgano de intervención ante la High Court de Irlanda solicitando que se le condenase al pago de los MCM debidos, cuyo importe era superior a 138000 IRL. Mediante sentencias de 9 de marzo de 1981 y de 19 de julio de 1982, la High Court resolvió que los compradores de Irlanda del Norte, o por lo menos algunos de ellos, eran culpables de maniobras fraudulentas y de irregularidades. Por otra parte, estimó que Irish Grain no estaba implicada de ninguna manera en dichas irregularidades y que no tenía conocimiento de las mismas; por lo tanto, le reconoció el derecho a percibir los MCM y ordenó al Ministro pagarlos, al tiempo que desestimaba la reclamación de la demandante relativa a los intereses correspondientes. Sin embargo, el Ministro recurrió contra la sentencia de 19 de julio de 1982 ante la Supreme Court, afirmando que la investigación efectuada por las autoridades británicas y el fallo de la High Court sobre los engaños y las irregularidades de los compradores justificaban su negativa a efectuar el pago de los MCM que pretendía Irish Grain, hasta que se probase que la mercancía había sido despachada a consumo en el territorio del Estado importador. El organismo de intervención fundó su argumentación en una serie de disposiciones comunitarias y, especialmente, en el artículo 8 del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, relativo a la financiación de la política agraria común (DO L 94, p. 13) y en los artículos 11 y 16 del Reglamento (CEE) no 1380/75. Por el contrario, Irish Grain sostuvo que el Ministro no podía denegarle el pago de los MCM. Especialmente observó que el convenio celebrado entre el Reino Unido e Irlanda, conforme al artículo 2 bis del Reglamento (CEE) no 974/71, modificado por el Reglamento no 1112/73 (DO L 114, p. 4), había hecho inaplicable al presente caso el artículo 8 del Reglamento (CEE) no 729/70; al actuar como agente del Estado importador, el órgano de intervención no podía sino pagar efectivamente las cantidades debidas. Además, Irish Grain también solicitó que se le pagaran los intereses de los MCM a partir de la fecha de su solicitud y afirmó que tenía derecho a recibir el pago en moneda británica y no irlandesa. A la luz de estas alegaciones y por entender que la solución de la controversia implica la interpretación de normas comunitarias, la Supreme Court puso en marcha el mecanismo del artículo 177 del Tratado CEE. Mediante resolución de 25 de junio de 1985, decidió suspender el procedimiendo y someter las siguientes cuestiones prejudiciales a este Tribunal de Justicia: a) ¿Tiene derecho un Estado miembro, en el caso en que le corresponda pagar los MCM respecto a mercancías exportadas a otro Estado miembro, en aplicación de los Reglamentos comunitarios correspondientes y del Derecho comunitario que regula el pago de tales MCM [en particular, los artículos 38 a 45 del Tratado CEE, el Reglamento (CEE) no 974/71, modificado, el Reglamento no 1380/75, modificado, y el Reglamento (CEE) no 3094/76], a denegar el pago, cuando las mercancías en cuestión no se hayan puesto en circulación en el interior del Estado miembro importador a causa de fraude u otra irregularidad cometida por los compradores de tales mercancías, por más que se hayan cumplido las formalidades aduaneras, se hayan extendido los formularios T5 adecuados y el «exportador» o el «interesado» en el sentido de los mismos Reglamentos, haya actuado en todo momento de buena fe en lo que se refiere a la mencionada transacción? b) ¿Tiene derecho un Estado miembro, no obstante la presentación de los formularios T5 adecuados o la buena fe del solicitante efectivo, a denegar el pago de MCM reclamados respecto de mercancías exportadas a otro Estado miembro hasta tanto el reclamante presente la prueba de que las correspondientes transacciones se han realizado efectivamente y se han ejecutado de forma regular, de acuerdo con los Reglamentos y el Derecho comunitario? c) En caso de que la autoridad competente, a quien incumbe el pago de MCM, no los haya pagado en plazo de dos meses desde que recibió el expediente completo, so pretexto de haber abierto una investigación administrativa por abrigar dudas sobre tal expediente, el artículo 16 del Reglamento (CEE) no 1380/75, ¿debe interpretarse en el sentido de que obliga a dicha autoridad competente a pagar intereses sobre los MCM y, en caso afirmativo, desde qué fecha y a qué tipo? d) Cuando un Estado miembro tiene obligación de realizar una exacción sobre las exportaciones en ejecución del Reglamento no 974/71, modificado, y cuando, en ejecución de un acuerdo con otro Estado miembro celebrado en el marco del artículo 2 bis del mismo Reglamento no 974/71, paga los MCM que se conceden a la importación por dicho Estado miembro importador y que son superiores a la exacción, de manera que la cantidad pagada al interesado es aquella en que los MCM exceden de la exacción, el artículo 2 bis del Reglamento no 974/71 y el artículo 8 del Reglamento no 1380/75, ise deben interpretar en el sentido de que conceden al interesado el derecho a ser pagado en la moneda del Estado miembro importador que concede los MCM?