CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PAOLO MENGOZI

presentadas el 22 de septiembre de 2016 ( 1 )

Asuntos acumulados C‑248/15 P, C‑254/15 P y C‑260/15 P

Maxcom Ltd (C‑248/15 P)

Comisión Europea (C‑254/15 P)

Consejo de la Unión Europea (C‑260/15 P)

contra

City Cycle Industries

«Recurso de casación — Política comercial — Dumping — Reglamento de Ejecución (UE) n.o 501/2013 — Importación de bicicletas procedentes en particular de Sri Lanka — Ampliación a dichas importaciones del derecho antidumping definitivo impuesto a las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China — Reglamento (CE) n.o 1225/2009 — Artículos 13 y 18 — Elusión — Falta de cooperación de una parte de los productores/exportadores afectados por la investigación — Prueba de la elusión — Conjunto de indicios concordantes — Falta de motivación»

Las presentes conclusiones versan sobre tres recursos de casación en virtud de los cuales Maxcom Ltd, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea sol

icitan al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2015, City Cycle Industries/Consejo

1. ( 2 )(en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual el Tribunal General anuló el artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 501/2013 del Consejo ( 3 ) (en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»), en la medida en la que afecta a la sociedad City Cycle Industries (en lo sucesivo, «City Cycle»), demandante ante el Tribunal General.

2. Estas conclusiones se presentan en paralelo a las conclusiones que he presentado en los asuntos C‑247/15 P, Maxcom/Chin Haur Indonesia, C‑253/15, Comisión/Chin Haur Indonesia, y C‑259/15 P, Consejo/Chin Haur Indonesia (en lo sucesivo, «conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur»), que versan sobre tres recursos interpuestos por las mismas demandantes contra la sentencia del Tribunal General Chin Haur Indonesia/Consejo, ( 4 ) dictada el mismo día que la sentencia recurrida y que tenía por objeto el mismo Reglamento controvertido. Las cuestiones suscitadas en esos tres recursos son análogas a las planteadas en los presentes asuntos. ( 5 )

3. En esencia, todos estos asuntos ofrecen al Tribunal de Justicia la ocasión de aclarar las exigencias relativas a las pruebas que han de aportar la Comisión y el Consejo (en lo sucesivo, conjuntamente, «instituciones») para acreditar la existencia de una elusión en el sentido del artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), ( 6 ) en una situación caracterizada por la falta de cooperación de una parte de los productores/exportadores interesados en la investigación antielusión.

I. Marco jurídico

4. Para una exposición detallada del marco jurídico, me remito a los puntos 5 a 10 de mis conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur. A efectos del presente procedimiento, me limitaré a señalar que el artículo 13 del Reglamento de base permite a las instituciones ampliar, en determinadas condiciones, los derechos antidumping establecidos a las importaciones de productos procedentes de terceros países a las importaciones de productos similares procedentes de otro tercer país para evitar que se eludan las medidas antidumping iniciales.

5. De la definición del concepto de elusión recogida en el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento de base se desprende que, para que exista elusión, deben cumplirse cuatro requisitos: i) debe existir un cambio de características del comercio entre los terceros países de que se trate y la Unión; ii) dicho cambio debe derivarse de una práctica, un proceso o un trabajo para el que no exista una causa o justificación económica adecuadas distintas del establecimiento del derecho; iii) debe acreditarse la existencia de un perjuicio, y iv) deben existir pruebas de dumping. En los presentes asuntos, solamente se impugna el segundo de esos elementos constitutivos. ( 7 )

6. A continuación, procede asimismo señalar que, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base, un productor/exportador del producto afectado procedente del país objeto de la investigación antielusión puede obtener una exención individual de los derechos antielusión establecidos si presenta, dentro de los plazos previstos, una solicitud de exención, debidamente sustentada por elementos de prueba y, cuando las prácticas de elusión se produzcan fuera de la Unión, si cumple dos requisitos: puede demostrar, en primer lugar, que no está vinculado con ningún productor sujeto a las medidas y, en segundo lugar, que no está implicado en prácticas de elusión.

7. Por último, según el artículo 18, apartados 1 y 6, del Reglamento de base, que lleva por título «Falta de cooperación», por un lado, «cuando una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos […] u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles» y, por otro lado, «en caso de que una parte interesada no coopere o sólo lo haga parcialmente y, en consecuencia, dejen de comunicarse informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado».

II. Antecedentes del litigio y Reglamento controvertido

8. Los antecedentes del litigio se exponen de forma detallada en los apartados 1 a 28 de la sentencia recurrida, a los que remito. A efectos del presente procedimiento, me limitaré a recordar que en 2012 la Comisión abrió, mediante Reglamento, ( 8 ) una investigación sobre la posible elusión de las medidas antidumping establecidas por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 990/2011, ( 9 ) a través de importaciones de bicicletas procedentes, entre otros países, de Sri Lanka.

9. En el marco de dicha investigación, City Cycle presentó una solicitud de exención al amparo del artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base. La Comisión llevó a cabo una visita de inspección de las instalaciones de City Cycle situadas en Sri Lanka y, en última instancia, denegó su solicitud de exención. ( 10 )

10. El 29 de mayo de 2013, el Consejo adoptó el Reglamento controvertido.

11. En dicho Reglamento, en los considerandos 35 a 42, el Consejo señaló en primer lugar que seis empresas de Sri Lanka, que representaban el 69 % del total de las importaciones de Sri Lanka a la Unión durante el período de referencia, habían presentado una solicitud de exención de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base. Una de esas sociedades dejó de fabricar bicicletas en Sri Lanka y retiró su solicitud de exención. Otras dos sociedades, entre ellas City Cycle, no cooperaron de forma satisfactoria. Por consiguiente, los datos que presentaron no fueron tenidos en cuenta y las conclusiones a su respecto se basaron en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base.

12. A continuación, el Consejo observó que se cumplían todas las condiciones para constatar la existencia de una elusión en virtud del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. ( 11 )

13. En lo que respecta, en particular, a las prácticas de elusión de Sri Lanka, el Consejo examinó en primer lugar, la existencia de operaciones de tránsito. A este respecto, los considerandos 77 a 79 del Reglamento controvertido establecen lo siguiente: «(77) Las exportaciones de las empresas de Sri Lanka que cooperaron inicialmente ascendían al 69 % del total de las exportaciones de Sri Lanka a la Unión durante el período de referencia. Para tres de las seis empresas que cooperaron inicialmente, la investigación no reveló ninguna práctica de tránsito. Para el resto de las exportaciones no hubo cooperación, como se explica en los considerandos 35 a 42. (78) Por consiguiente, teniendo en cuenta el cambio de las características del comercio entre Sri Lanka y la Unión a tenor del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base, como se indica en el considerando 58, y el hecho de que no todos los productores/exportadores de Sri Lanka se dieron a conocer o cooperaron, puede concluirse que las exportaciones de esos productores/exportadores obedecen a prácticas de tránsito. (79) Por consiguiente, se confirmó la existencia de tránsito a través de [Sri Lanka] de productos originarios de China.»

14. Posteriormente, el Consejo observó que no se había determinado la existencia de operaciones de montaje, a tenor del artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base, en Sri Lanka. ( 12 )

15. En tales circunstancias, por un lado, el Consejo concluyó que existía elusión mediante el tránsito por Sri Lanka y amplió el derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento de Ejecución n.o 990/2011 a las importaciones de bicicletas procedentes de Sri Lanka ( 13 ) y, por otro lado, denegó la exención, con arreglo al artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base, a las dos sociedades, entre ellas, City Cycle, que no habían cooperado. ( 14 )

III. Procedimiento seguido ante el Tribunal General y sentencia recurrida

16. El 9 de agosto de 2013, City Cycle interpuso recurso ante el Tribunal General, solicitando la anulación del artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento controvertido.

17. El 8 de octubre de 2013, el Tribunal General admitió la solicitud de City Cycle de que el asunto se sustanciara conforme al procedimiento acelerado. ( 15 )

18. Mediante auto de 11 de noviembre de 2013, el Presidente de la Sala Séptima del Tribunal General admitió la solicitud de la Comisión de intervenir en el procedimiento en apoyo de las pretensiones del Consejo. Sin embargo, no se autorizó a la Comisión a presentar un escrito de formalización de la intervención. ( 16 ) El 25 de junio de 2014, dado que el asunto se estaba sustanciando conforme al procedimiento acelerado, la Comisión solicitó que se le autorizase a presentar un escrito de formalización de la intervención como diligencia de ordenación del procedimiento. ( 17 ) El Tribunal General rechazó su solicitud.

19. Se autorizó a intervenir a Maxcom mediante auto de 16 de julio de 2014.

20. En apoyo de su recurso, City Cycle formuló cinco motivos. En particular, el primer motivo se basaba en la vulneración de los artículos 13, apartado 1, y 18, apartado 1, del Reglamento de base. En la primera parte de ese motivo, City Cycle rebatía la conclusión del Consejo relativa a la existencia de un cambio de las características del comercio. Mediante la segunda parte del citado motivo, City Cycle cuestionaba la apreciación del Consejo, formulada en particular en el considerando 78 del Reglamento controvertido, relativa a la realización de operaciones de tránsito. ( 18 )

21. Durante la vista, la Comisión cuestionó la admisibilidad del recurso en su conjunto, al alegar que City Cycle no era un productor/exportador de Sri Lanka, sino un mero prestador de servicios local que actuaba por cuenta de una empresa china.

22. En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la primera parte del primer motivo y los demás motivos por infundados. En cambio, estimó la segunda parte del primer motivo, en particular, su primera alegación, relativa a un error de apreciación en el considerando 78 del Reglamento controvertido.

23. A este respecto, el Tribunal General analizó, en primer lugar, en los apartados 82 a 97 de la sentencia recurrida, los elementos transmitidos por City Cycle en el marco de la investigación. Tras ese análisis, el Tribunal General concluyó que dichos elementos no demostraban que City Cycle fuera efectivamente un exportador procedente de Sri Lanka o que reuniese los requisitos previstos en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base.

24. En segundo lugar, en el apartado 98 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, a pesar de lo anterior, el Consejo no disponía de ningún indicio que le permitiera concluir expresamente, en el considerando 78 del Reglamento controvertido, que City Cycle había efectuado operaciones de tránsito.

25. En tercer lugar, en el apartado 99 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que era cierto que no cabía excluir que, entre todas las prácticas, procesos o trabajos para los que no existiera una causa o una justificación económica adecuadas distintas del establecimiento del derecho antidumping inicial, en el sentido del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento de base, City Cycle hubiera efectuado operaciones de tránsito. No obstante, según dicho órgano jurisdiccional, el hecho de que City Cycle no hubiera podido demostrar que era efectivamente un productor de Sri Lanka o que cumplía las condiciones del artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base no facultaba al Consejo para concluir, por defecto, que City Cycle había efectuado operaciones de tránsito, pues dicha posibilidad no se desprendía en modo alguno del Reglamento de base ni de la jurisprudencia.

26. Por consiguiente, el Tribunal General declaró que debía estimar la primera alegación de la segunda parte del primer motivo, sin necesidad de abordar las otras tres alegaciones formuladas por City Cycle en el marco de la misma parte de ese motivo. En consecuencia, el Tribunal General anuló el artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento controvertido. ( 19 )

IV. Pretensiones de las partes

27. Mediante sus recursos, Maxcom, la Comisión y el Consejo solicitan al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, desestime el recurso que se interpuso en primera instancia y condene en costas a City Cycle. Con carácter subsidiario, la Comisión y el Consejo solicitan que se devuelva el asunto al Tribunal General para que lo reexamine y que se reserve la decisión sobre las costas de ambas instancias.

28. City Cycle solicita al Tribunal de Justicia que desestime en su integridad los recursos de casación presentados contra la sentencia recurrida y que condene en costas a Maxcom, la Comisión y el Consejo. Con carácter subsidiario, en caso de que el Tribunal de Justicia anule la sentencia recurrida, City Cycle solicita al Tribunal de Justicia que resuelva sobre el recurso que interpuso en primera instancia, estime las tres alegaciones restantes de la segunda parte del primer motivo formulado ante el Tribunal General y anule parcialmente el artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento controvertido en la medida en que dichas disposiciones amplían a City Cycle el derecho antidumping establecido sobre las importaciones de bicicletas originarias de China y rechazan su solicitud de exención.

V. Análisis

29. Maxcom formula dos motivos contra la sentencia recurrida (el primero de ellos con carácter principal y el segundo con carácter subsidiario), la Comisión formula cuatro motivos y el Consejo, por su parte, formula dos. Los motivos invocados en los recursos de casación se solapan en amplia medida y, en esencia, pueden englobarse en tres grupos.

30. En primer lugar, la Comisión sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al negarse a apreciar de oficio la inadmisibilidad del recurso de City Cycle. ( 20 ) En segundo lugar, Maxcom, la Comisión y el Consejo aducen que el Tribunal General incurrió en diversos errores de Derecho al aplicar el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. ( 21 ) En tercer lugar, la Comisión y el Consejo alegan que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación y de motivación contradictoria. En el mismo contexto, el Consejo arguye además que el Tribunal General desnaturalizó los hechos. ( 22 ) En cuarto lugar, la Comisión considera que el Tribunal General vulneró sus derechos procesales. ( 23 )

31. El cuarto motivo del recurso de casación de la Comisión, basado en la vulneración de sus derechos procesales, es idéntico, tanto desde el punto de vista fáctico como desde el jurídico, al tercer motivo formulado por dicha institución en el asunto C‑253/15 P, Comisión/Chin Haur Indonesia, cuyas conclusiones se presentan de forma paralela a las conclusiones referidas a los presentes asuntos. Por consiguiente, para la exposición de las alegaciones de la Comisión y por motivos por los que considero que dicho motivo debe rechazarse, me remito a los puntos 102 a 111 de mis conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur.

A. Sobre el primer motivo planteado por la Comisión en el asunto C‑254/15 P, basado en un error en la medida en que el Tribunal General no examinó de oficio la admisibilidad del recurso de City Cycle

1. Alegaciones de las partes

32. La Comisión critica el análisis efectuado en los apartados 42 a 44 de la sentencia recurrida, en virtud del cual el Tribunal General no acogió la excepción de inadmisibilidad que la Comisión propuso durante la vista contra el recurso de City Cycle. En particular, la Comisión reprocha al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho al negarse a apreciar de oficio la inadmisibilidad de dicho recurso.

33. En primer lugar, según la Comisión, la decisión del Tribunal General de no examinar la admisibilidad del recurso contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual la inadmisibilidad debe ser planteada de oficio por el juez de la Unión. En segundo lugar, para esa institución, el hecho de que la Comisión no pudiera proponer una excepción de inadmisibilidad hasta la vista fue el resultado de la decisión del Tribunal General de no autorizarla a presentar un escrito de formalización de la intervención. En tercer lugar, la Comisión sostiene que los autos contenían elementos suficientes que permitían determinar la existencia de dudas serias, y no únicamente conjeturas, sobre la admisibilidad del recurso de City Cycle. De hecho, el propio Tribunal General observó que City Cycle no había demostrado ser productor o exportador de bicicletas.

34. City Cycle rebate las alegaciones de la Comisión.

2. Apreciación

35. En los apartados 41 a 45 de la sentencia recurrida, el Tribunal General rechazó la causa de inadmisión planteada por la Comisión durante la vista. En primer lugar, el Tribunal General señaló que, en la medida en que el Consejo no había propuesto una excepción de inadmisibilidad, según la jurisprudencia, la Comisión, como parte coadyuvante, no estaba legitimada para hacerlo. A continuación, el Tribunal General observó que, en cualquier caso, durante la vista la Comisión expuso meras conjeturas, en una fase particularmente avanzada del procedimiento judicial, sin aportar nuevos elementos de prueba en apoyo de su alegación relativa a la inadmisibilidad del recurso.

36. A este respecto, procede señalar que, conforme a una jurisprudencia consolidada, una parte coadyuvante no está legitimada para proponer una excepción de inadmisibilidad que no se haya formulado en las pretensiones de la parte demandada ( 24 ) y que, por lo tanto, el juez de la Unión no está obligado a examinar esa excepción.

37. Sin embargo, la inadmisibilidad de un recurso de anulación resultante de la falta de legitimación activa del demandante constituye un motivo de orden público ( 25 ) que, como tal, debe ser examinado de oficio por el juez de la Unión. ( 26 )

38. En los presentes asuntos, es preciso observar que a diferencia de lo que sostiene la Comisión, el Tribunal General sí examinó la admisibilidad del recurso a la luz de las alegaciones que la Comisión formuló durante la vista. En el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que dichas alegaciones, relativas a las relaciones existentes entre City Cycle y la empresa china que la Comisión había cuestionado, no estaban respaldadas por nuevos elementos de prueba que pudieran poner en entredicho la admisibilidad del recurso presentado por City Cycle.

39. En cualquier caso, como pone de manifiesto City Cycle, ésta participó en la investigación antielusión en cuestión, se la menciona de forma individual en el Reglamento controvertido como exportadora de bicicletas procedentes de Sri Lanka a la Unión y se le denegó individualmente el beneficio de la cooperación y la exención de los derechos en el Reglamento de Ejecución. En esas circunstancias, considero que no cabe dudar de que el Reglamento controvertido la afecta de forma directa e individual. ( 27 )

40. De ello se desprende que la Comisión no puede afirmar que el Tribunal General ha cometido un error al rechazar la causa de inadmisión que la Comisión invocó durante la vista. Por lo tanto, en mi opinión, procede desestimar el primer motivo formulado por dicha institución en el asunto C‑254/15 P.

B. Sobre los motivos basados en la aplicación incorrecta del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base

1. Alegaciones de las partes

41. Maxcom, la Comisión y el Consejo sostienen que el razonamiento contenido en los apartados 98 y 99 de la sentencia recurrida, sobre cuya base el Tribunal General anuló el Reglamento controvertido, adolece de distintos errores jurídicos relativos a la aplicación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base.

42. En un primer momento, Maxcom reprocha al Tribunal General haber aplicado de forma manifiestamente errónea el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base, al entender que el Consejo no podía concluir que City Cycle había realizado operaciones de tránsito sobre la base de la apreciación de que no era un auténtico productor de Sri Lanka y que no efectuaba operaciones de montaje que rebasaran los umbrales previstos en el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento. Por tanto, Maxcom considera que el Tribunal de Justicia debería anular las conclusiones del Tribunal General relativas a la segunda parte del primer motivo.

43. En primer lugar, Maxcom aduce que la apreciación que consta en los apartados 98 y 99 de la sentencia recurrida se basa en una interpretación sustancialmente incorrecta del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base y, en esencia, recompensa a City Cycle por haber facilitado en el marco de la investigación información incompleta, contradictoria y que no puede verificarse. Para Maxcom, según el tenor de dicho artículo, puede concluirse que se han producido operaciones de tránsito en circunstancias como las controvertidas en el presente asunto, en las cuales City Cycle importó partes de origen chino y exportó bicicletas a la Unión sin acreditar ser productor o que sus operaciones de montaje rebasaran los umbrales previstos en el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento. Por otra parte, Maxcom estima que la apreciación del Tribunal General no es conforme ni con la finalidad del Reglamento de base, a saber, defender la industria de la Unión contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de terceros países, ni con la reiterada jurisprudencia según la cual las instituciones de la Unión disponen de un amplio margen de discrecionalidad en el marco de las investigaciones antidumping.

44. En segundo lugar, Maxcom aduce que las conclusiones expuestas en los apartados 98 y 99 de la sentencia recurrida quedan contradichas por las conclusiones del Tribunal General relativas al segundo motivo del recurso de City Cycle, en las que el Tribunal General, por un lado, señaló que la información facilitada por City Cycle era deficiente y, por otro, desestimó la alegación basada en que el Consejo infringiera el artículo 18 del Reglamento de base, violara el principio de proporcionalidad e incumpliera la obligación de motivación en lo que respecta a la declaración de que City Cycle no había cooperado.

45. En un segundo momento, la Comisión y el Consejo arguyen que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General partió del postulado implícito de que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base exige a las instituciones demostrar que cada productor/exportador del país objeto de la investigación efectúa operaciones de tránsito. Para la Comisión y el Consejo, esta interpretación es incorrecta. En primer lugar, por ser contraria a la obligación de apreciar las condiciones previstas en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base con respecto al país, y no con respecto a los exportadores individuales. En segundo lugar, por privar de sentido al artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base. En tercer lugar, por confundir el concepto de «práctica de elusión» con una de sus manifestaciones, a saber, las operaciones de tránsito. Pues bien, la Comisión y el Consejo entienden que las instituciones no están obligadas a demostrar específicamente la existencia de prácticas concretas de elusión. En cuarto lugar, porque el Tribunal General adoptó interpretaciones contradictoras del concepto de práctica de elusión al apreciar los distintos motivos.

46. En un tercer momento, Maxcom, la Comisión y el Consejo alegan que las apreciaciones efectuadas por el Tribunal General en los apartados 98 y 99 no son suficientes, desde el punto de vista jurídico, para concluir que se haya infringido el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base: aun cuando el Consejo hubiera cometido un error de Derecho al concluir, como se indica en la sentencia recurrida, que City Cycle estaba involucrada en operaciones de tránsito, la citada institución podría haber concluido no obstante, conforme a Derecho y sobre la base de los elementos de pruebas referentes a otros productores/exportadores de Sri Lanka y del cambio de las características del comercio, que se habían producido tránsitos a través de Sri Lanka. Y ello, según dichos recurrentes, porque la circunstancia de que el Consejo comprobara que varios productores/exportadores que no había cooperado en Sri Lanka efectuaban operaciones de tránsito seguiría siendo jurídicamente válida aunque esa afirmación fuera incorrecta para uno de ellos. Según Maxcom, la Comisión y el Consejo, al considerar que la apreciación de la existencia de tránsito para un productor anulaba todo el conjunto de indicios sobre los que se basó la conclusión relativa a la existencia de prácticas de tránsito con respecto al país, el Tribunal General sesgó el sentido del considerando 78 del Reglamento controvertido e infringió el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base.

47. City Cycle se opone a las alegaciones de Maxcom, de la Comisión y del Consejo.

2. Apreciación

a) Recordatorio de los principios jurisprudenciales vigentes sobre la normativa de la Unión en materia de elusión

48. En los puntos 42 a 54 de las conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur, he llevado a cabo un análisis detallado de la normativa de la Unión en materia de elusión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al que me remito. A efectos del presente procedimiento, me limitaré a recordar, en primer lugar, que de la jurisprudencia se desprende que la carga de probar la existencia de una elusión y, más concretamente, sus cuatro elementos constitutivos indicados en el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento de base y mencionados en el punto 5 de las presentes conclusiones incumbe a las instituciones. ( 28 )

49. A continuación, en las citadas conclusiones, he señalado que de la lógica y de la sistemática de la normativa de la Unión en materia de elusión se deriva que el análisis para comprobar que concurren las cuatro condiciones establecidas en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base tiene por objeto acreditar la existencia de elusión de los derechos antidumping con respecto al país objeto de la investigación antielusión. En cambio, la situación concreta de los productores/exportadores individuales se tiene en cuenta en el marco del análisis que ha de efectuarse de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base. ( 29 )

50. En esas mismas conclusiones, subrayo que de las sentencias Simon, Evers & Co. ( 30 ) y APEX ( 31 ) se desprende que, a falta de cooperación por parte de todas las partes interesadas en la investigación antielusión, el nivel de prueba de la elusión que deben aportar las instituciones se flexibiliza claramente. El Tribunal de Justicia ha reconocido dicha flexibilidad habida cuenta de la posibilidad, prevista en el artículo 18, apartados 1 y 6, del Reglamento de base, de formular conclusiones, incluso definitivas, sobre la base de los datos disponibles y de tratar a la parte que no coopera o que únicamente lo hace de forma parcial de forma menos favorable que si hubiera cooperado. Así pues, en esos casos, las instituciones están facultadas para basarse en un conjunto de indicios concordantes que permitan concluir que se ha producido elusión, en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. ( 32 )

51. Sin embargo, en esas mismas sentencias el Tribunal de Justicia precisó asimismo que el legislador de la Unión no pretendía establecer una presunción legal que permitiera deducir directamente de la falta de cooperación de las partes interesadas o afectadas la existencia de una elusión y que, por tanto, dispensara a las instituciones de cualquier requisito de prueba. ( 33 )

52. En el punto 69 de las conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur, he considerado, asimismo, que el fundamento de la interpretación adoptada por el Tribunal de Justicia en las sentencias Simon, Evers & Co. y APEX en caso de falta completa de cooperación, a saber, la necesidad de no comprometer la eficacia de las medidas de defensa comercial de la Unión, ( 34 ) sigue siendo válido cuando las empresas interesadas que no han cooperado en la investigación representan un porcentaje mayoritario de las importaciones del producto afectado a la Unión.

53. Por tanto, en mi opinión, dicha jurisprudencia resulta aplicable en un supuesto como el de autos, en el que los productores/exportadores que cooperaron realmente en la investigación antielusión no representaban más que el 25 % de las importaciones totales desde Sri Lanka a la Unión del producto afectado. ( 35 ) Así pues, cuando la falta de cooperación es tan elevada, considero que las instituciones pueden basarse en un conjunto de indicios concordantes para acreditar de modo suficiente en Derecho la existencia de los elementos constitutivos de una elusión y, más concretamente, para demostrar que el cambio de las características del comercio se deriva de prácticas de elusión. ( 36 )

b) Sobre la vulneración del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base

54. En el presente caso, en la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó la segunda parte del primer motivo del recurso de City Cycle, basado en la vulneración del artículo 13, apartado 1, y del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base. Así pues, aunque en los apartados pertinentes de la sentencia recurrida el Tribunal General no especificó expresamente las disposiciones que, en su opinión, el Consejo había infringido en el Reglamento controvertido, el Tribunal General fundamentó necesariamente la anulación de dicho Reglamento en la infracción de esas disposiciones.

55. Más concretamente, en el apartado 98 de la citada sentencia, el Tribunal General declaró que el Consejo no disponía de ningún indicio que le permitiera concluir expresamente, en el considerando 78 del Reglamento controvertido, que City Cycle hubiera estado involucrada en operaciones de tránsito.

56. Ahora bien, del punto 13 de las presentes conclusiones se desprende que el Consejo concluyó, en el considerando 78 del Reglamento controvertido, que las exportaciones de los productores/exportadores que no habían cooperado en la investigación podían imputarse a prácticas de tránsito sobre la base de dos elementos: por un lado, la conclusión de la existencia de un cambio de las características del comercio entre Sri Lanka y la Unión y por otro lado, «el hecho de que no todos los productores/exportadores de Sri Lanka se dieron a conocer o cooperaron». Basándose únicamente en la conclusión expuesta en el considerando 78 del Reglamento controvertido, en el considerando 79 del mismo Reglamento el Consejo concluyó que «por consiguiente, se [había confirmado] la existencia de tránsito a través de [Sri Lanka] de productos originarios de China».

57. A la luz de los considerandos 78 y 79 procede formular dos observaciones.

58. En primer lugar, ha de señalarse que, a diferencia de lo que hizo en el mismo Reglamento en relación con Indonesia (país controvertido en los asuntos Chin Haur), el Consejo no se basó, en lo que respecta a Sri Lanka, en una conclusión referida a un productor individual para concluir que existían prácticas de tránsito con respecto al país en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. ( 37 )

59. Ello es así puesto que el considerando 78 del Reglamento controvertido no contiene ninguna conclusión explícita como la que se refleja en el considerando 62 del mismo Reglamento y según la cual, sobre la base de un análisis individual, el Consejo concluyera que una sociedad concreta estaba involucrada en prácticas de elusión mediante operaciones de tránsito. ( 38 ) El citado considerando 78 se limita a imputar tales operaciones a las empresas que no cooperaron, deduciendo su existencia de los dos elementos mencionados en el punto 56 de la presentes conclusiones: por un lado, la conclusión de la existencia de un cambio de las características del comercio y, por otro, la falta de cooperación de la mayor parte de los productores/exportadores de Sri Lanka.

60. No obstante, en segundo lugar, es preciso observar que esos dos elementos en los que el Consejo basó su conclusión no permiten concluir, tomados individualmente o de forma conjunta, ni la implicación de un operador individual en las prácticas de elusión, concretamente en operaciones de tránsito, ni la existencia de dichas prácticas con respecto al país. Por lo tanto, exclusivamente sobre la base de esos dos elementos, el Consejo no podía concluir que concurriera la segunda condición para la existencia de una elusión, a saber, que el cambio de las características del comercio se derivara de una práctica, proceso o trabajo para el que no existiera una causa o una justificación económica suficiente adecuadas distintas del establecimiento del derecho. ( 39 )

61. Ello es así puesto que el primero de esos dos elementos, es decir, la existencia de un cambio de las características del comercio, no es más que el primer requisito para que exista elusión. Por consiguiente, como tal, no puede considerarse indicio de la existencia del segundo de estos requisitos y las instituciones deben demostrar que concurren todas las condiciones para la existencia de una elusión. ( 40 )

62. En lo que respecta al segundo de estos elementos, es decir, la falta de cooperación de productores/exportadores que representen el 75 % de las exportaciones a la Unión, de la jurisprudencia citada en el punto 51 de las presentes conclusiones se deriva que la falta de cooperación, como tal, a falta de cualquier otro elemento, no permite presuponer la existencia de una elusión. Por consiguiente, el Consejo no puede deducir exclusivamente de la falta de cooperación de una parte, incluso mayoritaria, de los productores/exportadores interesados que éstos hayan estado involucrados en prácticas de elusión.

63. Es cierto que, como consta en los puntos 50, 52 y 53 de las presentes conclusiones, en un supuesto como el de autos, en el que los interesados que no han cooperado en la investigación representan un porcentaje mayoritario de las importaciones del producto afectado a la Unión, la carga de la prueba de una elusión que incumbe aportar a las instituciones se flexibiliza en gran medida. Sin embargo, si bien en esas circunstancias no es necesario que las instituciones demuestren la existencia de prácticas de elusión concretas, deben disponer al menos de algunos elementos que parezcan indicar la existencia de tales prácticas. ( 41 )

64. Pues bien, en el presente asunto no se desprende ni del Reglamento controvertido ni del expediente que, al margen de los elementos mencionados en el considerando 78 del Reglamento controvertido (el cambio de las características del comercio y la falta de cooperación), las instituciones dispusieran de otros elementos que apuntaran a la existencia de prácticas de elusión y, en particular, de operaciones de tránsito. Por el contrario, a raíz de una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia en la vista, la Comisión confirmó expresamente que las instituciones se basaron exclusivamente en esos dos elementos para concluir que existían prácticas de elusión con respecto a Sri Lanka.

65. En estas circunstancias, Maxcom, la Comisión y el Consejo no pueden, en mi opinión, reprochar legítimamente al Tribunal General haber cometido un error al concluir que el Consejo había infringido el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base y, por tal motivo, anular el Reglamento controvertido.

66. Esta conclusión no queda rebatida por las distintas alegaciones formuladas en los recursos de casación.

67. En primer lugar, Maxcom sostiene que, en circunstancias como las controvertidas en el presente asunto, cabe concluir que City Cycle estaba involucrada en operaciones de tránsito. No obstante, a este respecto, en los puntos 58 y 59 de las presentes conclusiones he observado que, a diferencia de lo que hizo con respecto a Indonesia, en lo que atañe a Sri Lanka, el Consejo no basó su conclusión sobre la existencia de prácticas de elusión con respecto al país en el sentido del artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento de base (en concreto, la existencia de operaciones de tránsito en Sri Lanka) en la apreciación individual efectuada sobre un productor/exportador concreto (en concreto, City Cycle). El Consejo se limitó a deducir la existencia de dichas prácticas de dos elementos, mencionados en los puntos 56 y 59 de las presentes conclusiones, que, como se ha señalado, no justificaban por sí solos tal conclusión. De ello se deriva que, aun suponiendo que, sobre la base de los elementos del expediente, hubiera sido posible en teoría concluir que City Cycle estaba involucrada en operaciones de tránsito, el Consejo no basó su conclusión de que se habían producido prácticas de elusión con respecto al país en esa constatación. En estas circunstancias, dado que la conclusión del Consejo no se basó en elementos suficientes que la respaldasen, no cabe reprochar al Tribunal General haber considerado que dicha institución había infringido el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base.

68. Maxcom invoca además alegaciones relativas a presuntas contradicciones de la sentencia recurrida. ( 42 ) A este respecto procede señalar, no obstante, que el hecho de que la información facilitada por City Cycle durante la investigación fuera insuficiente y no reflejara un auténtico ánimo de colaboración, razón por la cual el Tribunal General ratificó la negativa del Consejo a acoger la solicitud de exención de City Cycle en virtud del artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base, no contradice en modo alguno la conclusión alcanzada en los puntos 60 a 65 de las presentes conclusiones de que el Tribunal General no incurrió en error alguno al concluir que el Consejo había infringido el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. ( 43 )

69. En segundo lugar, en cuanto a las alegaciones de la Comisión y del Consejo resumidas en el punto 45 de las presentes conclusiones, baste señalar, para rechazarlas, que se basan en una interpretación incorrecta de la sentencia recurrida y, por tanto, en un postulado erróneo: el Tribunal General no consideró en ningún apartado de dicha sentencia que las instituciones deban acreditar de forma efectiva que todos los productores/exportadores individuales hayan efectuado operaciones de tránsito.

70. En tercer lugar, en lo que respecta a las alegaciones resumidas en el punto 46 de las presentes conclusiones, en virtud de las cuales se cuestiona la suficiencia de las conclusiones del Tribunal General para anular el Reglamento controvertido, de las consideraciones efectuadas en los puntos 60 a 65 de las presentes conclusiones se desprende que deben ser rechazadas.

71. A la luz de las consideraciones anteriores, considero que los motivos invocados por Maxcom, la Comisión y el Consejo en relación con la aplicación incorrecta por parte del Tribunal General del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base deben ser desestimados.

C. Sobre los motivos basados en la falta de motivación, motivación contradictoria y desnaturalización de los hechos

1. Alegaciones de las partes

72. En sus motivos tercero y segundo, respectivamente, la Comisión y el Consejo cuestionan la motivación de la sentencia recurrida. El Consejo también sostiene que se han desnaturalizado los hechos.

73. En primer lugar, las instituciones aducen que la sentencia recurrida no explica los motivos por los que el Consejo ha vulnerado el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. Afirman, para empezar, que la sentencia recurrida no indica si el error en que incurrió el Consejo es un mero error de apreciación o un error manifiesto de apreciación. A continuación afirman que el Tribunal General no explica por qué los elementos de prueba que se han aportado ante él, incluidos los datos disponibles, no permiten concluir que City Cycle haya efectuado actividades de tránsito.

74. En segundo lugar, la Comisión estima que la motivación de la sentencia recurrida es contradictoria. En ese sentido, dicha institución señala que del apartado 97 de la sentencia recurrida se deriva que los elementos de prueba presentados por City Cycle no permiten demostrar que sea efectivamente un exportador de Sri Lanka o que responda a los requisitos previstos en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base. La Comisión se pregunta a este respecto cómo es posible que tales elementos, que ponen de manifiesto que City Cycle lleva a cabo una elusión mediante prácticas de montaje, no demuestren que también está involucrada en operaciones de tránsito.

75. El Consejo arguye, con carácter subsidiario, que el Tribunal General desnaturalizó los hechos probados. En primer lugar, dado que el tránsito quedó debidamente demostrado con respecto al país y que la solicitud de exención de City Cycle carecía de fundamento, el Consejo considera que la única conclusión que el Tribunal General podía extraer de los hechos es que City Cycle efectuaba operaciones de tránsito. El Consejo entiende que, al concluir otra cosa, el Tribunal General distorsionó los hechos. En segundo lugar, para el Consejo esa desnaturalización se deriva asimismo de las conclusiones de la sentencia recurrida relativas a la solicitud de exención de City Cycle, que excluyen que ésta cumpliera las condiciones necesarias para que el montaje en el país objeto de la investigación confiriera a los productos origen local.

2. Apreciación

76. En lo que respecta, en primer lugar, a las alegaciones relativas a la falta de motivación, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la motivación de una sentencia debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. La obligación de motivación que incumbe al Tribunal General de conformidad con los artículos 36 y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cumple cuando, aun siendo implícita, la motivación adoptada permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control. ( 44 )

77. Pues bien, de los puntos 54 y 55 de las presentes conclusiones se desprende que, aun cuando el Tribunal General no expuso de manera detallada en la sentencia recurrida el razonamiento que le llevó a anular parcialmente el Reglamento controvertido en la medida en que afectaba a City Cycle, dicho razonamiento puede deducirse de forma inequívoca de esa sentencia, lo cual permite al Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en mi opinión no cabe considerar que la sentencia recurrida adolezca de falta de motivación.

78. En lo tocante a las demás alegaciones, en primer lugar, aquélla según la cual la sentencia recurrida adolece de falta de motivación al no explicar si el error en que incurrió el Consejo es un simple error de apreciación o un error manifiesto de apreciación, en mi opinión, no puede prosperar: si bien es desde luego deseable que, en sus sentencias, el Tribunal General indique el criterio de control jurisdiccional que aplica, no cabe considerar que una sentencia adolece de falta de motivación por el mero hecho de que el Tribunal General no indique expresamente el criterio de control jurisdiccional que ha aplicado. Pues bien, dado que las instituciones no han aducido en cuanto al fondo que se haya aplicado un criterio de control jurisdiccional incorrecto, sino que se han limitado a invocar la falta de motivación, ( 45 ) la cuestión de si el criterio aplicado concretamente en la sentencia recurrida es correcto o no no está comprendida en el objeto de los presentes recursos de casación.

79. En segundo lugar, por lo que atañe a la alegación de que el Tribunal General no explicó las razones por las que los elementos de prueba presentados ante él, incluidos los datos disponibles, no permitían concluir que City Cycle hubiera efectuado actividades de tránsito, tampoco puede prosperar: de la jurisprudencia se desprende que no corresponde al Tribunal de Justicia exigir que el Tribunal General motive cada elección cuando tiene en cuenta, para fundamentar su decisión, una prueba en vez de otra. Decidir en sentido contrario supondría para el Tribunal de Justicia sustituir la apreciación de esas pruebas realizada por el Tribunal General por la suya propia, lo que no es facultad suya. ( 46 )

80. En lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación relativa a motivación contradictoria, en mi opinión se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida: en el apartado 97 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no indicó en modo alguno que las pruebas presentadas por [City Cycle] indicasen que ésta había efectuado una elusión mediante prácticas de montaje.

81. En lo que respecta, en tercer lugar, a las alegaciones del Consejo basadas en la desnaturalización de los hechos, conviene recordar que, según la jurisprudencia, tal desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. ( 47 )

82. Pues bien, toda la argumentación del Consejo se basa en el postulado de que ha quedado acreditada la existencia de operaciones de tránsito con respecto al país a tenor del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. No obstante, de los puntos 60 a 65 de las presentes conclusiones se desprende que, en mi opinión, el Tribunal General estimó acertadamente que no era así. Por tanto, el postulado del que parte el Consejo es erróneo. En consecuencia, el Tribunal General no desnaturalizó los hechos, a diferencia de lo que sostiene el Consejo.

83. Habida cuenta de lo anterior, en mi opinión, tanto el tercer motivo del recurso de casación interpuesto por la Comisión en el asunto C‑254/15 P como el segundo motivo del recurso de casación interpuesto por el Consejo en el asunto C‑260/15 P deben desestimarse.

84. En tales circunstancias, estimo que procede desestimar en su integridad los recursos de casación interpuestos por Maxcom, la Comisión y el Consejo.

VI. Costas

85. A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

86. En caso de que el Tribunal de Justicia haga suyas mis conclusiones sobre los tres recursos de casación acumulados, los recursos de casación formulados por Maxcom, la Comisión y el Consejo serán desestimados. Dado que City Cycle ha solicitado que se condene en costas a Maxcom, la Comisión y el Consejo, propongo al Tribunal de Justicia que los condene a cargar con las costas soportadas por City Cycle tanto en primera instancia como en los presentes procedimientos.

VII. Conclusión

87. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que: 1) Desestime los recursos de casación. 2) Condene a Maxcom Ltd, a la Comisión Europea y al Consejo de la Unión Europea a cargar con las costas de City Cycle Industries en primera instancia y en los presentes procedimientos.

( 1 ) Lengua original: francés.

( 2 ) T‑413/13, EU:T:2015:164.

( 3 ) Reglamento de 29 de mayo de 2013 por el que se amplía el derecho antidumping definitivo impuesto mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 990/2011 a las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China a las importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez, hayan sido o no declaradas originarias de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez (DO 2013, L 153, p. 1).

( 4 ) T-412/13, EU:T:2015:163.

( 5 ) En aras de la concreción, en las presentes conclusiones me referiré en varias ocasiones al análisis más detallado realizado en las conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur.

( 6 ) Reglamento de 30 de noviembre de 2009 relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51; corrección de errores en DO 2010, L 7, p. 22, y en DO 2016, L 44, p. 20), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1168/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 (DO 2012, L 344, p. 1).

( 7 ) En los presentes asuntos, la sentencia recurrida consideró probados con carácter definitivo los otros tres elementos, extremo que no se rebate en los presentes procedimientos.

( 8 ) Reglamento (UE) n.o 875/2012 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2012, por el que se abre una investigación sobre la posible elusión de las medidas antidumping establecidas por el Reglamento (UE) n.o 990/2011 del Consejo sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China por parte de importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez, hayan sido o no declaradas originarias de esos países, y por el que se someten dichas importaciones a registro (DO 2012, L 258, p. 21).

( 9 ) Reglamento del Consejo, de 3 de octubre de 2011, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China tras una reconsideración por expiración en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 (DO 2011, DO L 261, p. 2). Véanse los apartados 2 a 6 de la sentencia recurrida para una referencia a los reglamentos anteriores.

( 10 ) A este respecto, véanse los apartados 8 a 18 de la sentencia recurrida, más exhaustivos.

( 11 ) Véanse, respectivamente, los considerandos 45 a 58 y 77 a 79 del Reglamento controvertido, y los considerandos 92 (sobre la inexistencia de causa o justificación económica suficiente salvo la elusión de las medidas antidumping en vigor), 93 a 96 (sobre la neutralización de los efectos correctores de dichas medidas) y 107 a 110 (sobre la existencia de dumping con respecto al valor normal establecido previamente) del Reglamento controvertido.

( 12 ) Véanse los considerandos 80 a 82 del Reglamento controvertido.

( 13 ) Véanse los considerandos 115 a 117 y el artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento controvertido.

( 14 ) Véase el considerando 126 y el artículo 1, apartado 1, del Reglamento controvertido.

( 15 ) Véase el artículo 76 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en vigor en el momento en que se tramitó el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional.

( 16 ) Esa decisión se adoptó al amparo del artículo 76 bis, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en vigor en el momento en que se desarrolló el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional.

( 17 ) De conformidad con el artículo 76 bis, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en vigor en el momento en que se desarrolló el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional, en un procedimiento acelerado, el coadyuvante sólo puede presentar un escrito de formalización de la intervención si el Tribunal General así lo autorizara en el marco de diligencias de ordenación del procedimiento practicadas conforme al artículo 64. La solicitud de la Comisión se basaba en esa disposición.

( 18 ) El segundo motivo se basaba en la vulneración del artículo 18 del Reglamento de base, del principio de proporcionalidad y de la obligación de motivación. Se dirigía contra la apreciación del Consejo de la falta de cooperación de City Cycle. El tercer motivo se fundamentaba en la violación de los principios de diligencia y de buena administración, la infracción del artículo 18, apartado 4, del Reglamento de base y la vulneración del derecho de defensa de City Cycle. Tenía por objeto demostrar que el Consejo, por un lado, no la había informado de forma adecuada de su propósito de denegar su solicitud de exención y, por otro, no le había concedido completo acceso al expediente. El cuarto motivo se basaba en la violación del principio de igualdad de trato. El quinto motivo se basaba en la infracción del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base y del principio de igualdad de trato y se dirigía contra la apreciación del Consejo de la existencia de dumping.

( 19 ) Véanse los apartados 100 y 185 de la sentencia recurrida.

( 20 ) Primer motivo del recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑254/15 P.

( 21 ) Motivos primero y segundo del recurso de casación de Maxcom en el asunto C‑248/15 P, segundo motivo del recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑254/15 P y primer motivo del recurso de casación del Consejo en el asunto C‑260/15 P.

( 22 ) Tercer motivo del recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑254/15 P y segundo motivo del recurso de casación del Consejo en el asunto C‑260/15 P.

( 23 ) Cuarto motivo del recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑254/15 P.

( 24 ) Sentencia de 1 de julio de 2008, Chronopost y La Poste/UFEX y otros (C‑341/06 P y C‑342/06 P, EU:C:2008:375), apartado 67 y jurisprudencia citada.

( 25 ) Véanse, en particular, la sentencia de 29 de abril de 2004, Italia/Comisión (C‑298/00 P, EU:C:2004:240), apartado 35, y el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 2009, Cheminova y otros/Comisión [C‑60/08 P(R), no publicado, EU:C:2009:181], apartado 31.

( 26 ) Véase la sentencia de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión (C‑313/90, EU:C:1993:111), apartado 23 y jurisprudencia citada. A este respecto, ha de recordarse que el artículo 150 del Reglamento de Procedimiento establece que el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, de oficio, resolver sobre las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público. Por otro lado, conforme a una jurisprudencia consolidada, el Tribunal de Justicia ha considerado que incumbe al juez de la Unión examinar de oficio los motivos de orden público (véanse, en particular, las sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, apartado 67; de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión, C‑272/09 P, EU:C:2011:810, y de 19 de diciembre de 2013, Siemens/Comisión, C‑239/11 P, C‑489/11 P y C‑498/11 P, no publicada, EU:C:2013:866, apartado 321). A este respecto, véanse asimismo las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto Philips Lighting Poland y Philips Lighting/Consejo (C‑511/13 P, EU:C:2015:206), punto 56.

( 27 ) A este respecto, véase la sentencia de 18 de septiembre de 2014, Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231), apartado 30 y jurisprudencia citada. Para una reseña de la jurisprudencia sobre la legitimidad para actuar contra las decisiones adoptadas en materia de medidas antidumping en general, véanse los puntos 92 y ss. de las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto Philips Lighting Poland y Philips Lighting/Consejo (C‑511/13 P, EU:C:2015:206).

( 28 ) Véanse la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154), apartado 35, y el punto 45 de mis conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur.

( 29 ) Véanse los puntos 46 a 48 de mis conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur.

( 30 ) Sentencia de 4 de septiembre de 2014, C‑21/13, EU:C:2014:2154.

( 31 ) Sentencia de 17 de diciembre de 2015, C‑371/14, EU:C:2015:828.

( 32 ) Véanse las sentencias de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154), apartados 30 a 37, y de 17 de diciembre de 2015, APEX (C‑371/14, EU:C:2015:828), apartados 62 a 69, y los puntos 49, 50 y 52 de las conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur.

( 33 ) Véanse las sentencias de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154), apartado 36, y de 17 de diciembre de 2015, APEX (C‑371/14, EU:C:2015:828), apartado 68; véase el punto 51 de las conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur.

( 34 ) Véanse las sentencias de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154), apartado 37, y de 17 de diciembre de 2015, APEX (C‑371/14, EU:C:2015:828), apartado 69.

( 35 ) Ese dato no consta en el Reglamento controvertido, sino que fue facilitado por la Comisión durante la vista.

( 36 ) Véase el punto 69 de las conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur

( 37 ) Véase el punto 49 de las presentes conclusiones.

( 38 ) Véanse los considerandos 62 y 64 del Reglamento controvertido y los puntos 56, 57 y 75 de las conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur.

( 39 ) A este respecto, véase asimismo el examen llevado a cabo en el punto 87 de las conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur.

( 40 ) Véase el punto 48 de las presentes conclusiones y las citas que figuran en la nota 28.

( 41 ) Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154), apartado 53, y, con mayor detalle, los puntos 70 y 71 de las conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur.

( 42 ) Véase el punto 44 de las presentes conclusiones.

( 43 ) Sobre la relación que existe entre los apartados 1 y 4 del artículo 13 del Reglamento de base, véase el punto 49 de las presentes conclusiones. Véanse, asimismo, el punto 48 y la nota 36 de las conclusiones presentadas en los asuntos Chin Haur.

( 44 ) Véase, en particular, en ese sentido, la sentencia de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión (C‑247/11 P y C‑253/11 P, EU:C:2014:257), apartados 54 y 55.

( 45 ) En el marco de su segundo motivo, basado en la aplicación incorrecta del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base, la Comisión, tras afirmar que la sentencia recurrida no está suficientemente motivada en lo que respecta a las razones por las que el Reglamento impugnado vulnera dicha disposición, califica como error jurídico el hecho de que «la sentencia recurrida ni siquiera haga mención a una norma de control jurisdiccional y, en particular, no precise si el Consejo incurrió en un mero error de apreciación o en un error manifiesto de apreciación». Sin embargo, en ese contexto, la Comisión no desarrolla ningún tipo de argumentación relativa a esa alegación y se limita a remitir expresamente a su segundo motivo de recurso, basado en la falta de motivación, «donde figura un análisis más detallado». Pues bien, resulta obligado observar que la mera calificación como error jurídico de la falta de mención del criterio de control jurisdiccional aplicado por el Tribunal General, sin que dicha calificación se vea respaldada por alegación o explicación alguna, salvo por una remisión genérica al motivo basado en la falta de motivación, no puede interpretarse como una imputación autónoma de que el Tribunal General rebasara el límite del control jurisdiccional requerido que le reconoce la jurisprudencia, infringiendo así pues la facultad discrecional que la jurisprudencia reconoce a las instituciones (sentencia de 4 de septiembre de 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, apartado 29 y jurisprudencia citada). En tales condiciones, esa alegación de la Comisión coincide, en esencia, con la relativa a la falta de motivación que se analiza en el presente punto. A este respecto, procede señalar que, según el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, incumbe a los recurrentes en casación exponer de forma suficiente los fundamentos jurídicos invocados en apoyo de sus recursos de casación.

( 46 ) Véase la sentencia de 16 de febrero de 2012, Consejo y Comisión/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P y C‑200/09 P, EU:C:2012:78), apartado 161.

( 47 ) Véase la sentencia de 2 de junio de 2016, Photo USA Electronic Graphic/Consejo (C‑31/15 P, EU:C:2016:390), apartado 52 y jurisprudencia citada.