Palabras clave

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Palabras clave

1. Actos de las instituciones - Elección de la base jurídica - Criterios - Acto con un doble objetivo - Posibilidad de identificar un objetivo preponderante - Recurso únicamente a la base jurídica correspondiente al objetivo principal

[Tratado CE, art. 42 (actualmente art. 36 CE) y arts. 43 y 130 S (actualmente arts 37 CE y 175 CE, tras su modificación)]

2. Agricultura - Política agrícola común - Promoción de métodos de producción compatibles con las exigencias medioambientales - Reglamento (CEE) nº 2078/92 - Aprobación por la Comisión de un programa nacional de ayudas cofinanciadas - Alcance

[Reglamento (CEE) nº 2078/92 del Consejo, art. 7, ap. 2]

3. Agricultura - Política agrícola común - Promoción de métodos de producción compatibles con las exigencias medioambientales - Reglamento (CEE) nº 2078/92 - Decisión de la Comisión por la que se aprueba un programa nacional de ayudas cofinanciadas - Decisión cuyo único destinatario es el Estado miembro afectado - Oponibilidad a los agentes económicos subordinada al respeto de las exigencias de publicidad que resultan del Derecho nacional

[Reglamento (CEE) nº 2078/92 del Consejo, arts. 3, ap. 3, letra f), y 7]

4. Recursos propios de las Comunidades Europeas - Ayudas cofinanciadas por la Comunidad pagadas indebidamente - No recuperación - Procedencia - Requisitos

5. Actos de las instituciones - Reglamentos - Ejecución por los Estados miembros - Programa nacional de ayudas cofinanciadas por la Comunidad con arreglo al Reglamento (CEE) nº 2078/92 - Inexistencia de normas comunes - Aplicación de las normas de forma y de procedimiento del Derecho nacional - Límites - Alcance y eficacia del Derecho comunitario

[Reglamento (CEE) nº 2078/92 del Consejo, art. 3, ap. 1]

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1. Si el examen de un acto comunitario muestra que éste persigue un doble objetivo o que tiene un componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras que el otro sólo es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante.

Por tanto, dado que el objetivo principal de las medidas de apoyo previstas por el Reglamento nº 2078/92, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural, era la orientación de la producción de productos agrícolas a efectos del anexo II del Tratado, con el fin de promover el paso de una explotación intensiva a una explotación más extensiva y de mayor valor cualitativo, pudiendo compensar las consecuencias financieras para los agricultores mediante la concesión de ayudas, su adopción debía efectuarse únicamente sobre la base jurídica de los artículos 42 del Tratado (actualmente artículo 36 CE) y 43 del Tratado (actualmente artículo 37 CE, tras su modificación), el hecho de que el Reglamento pudiera promover métodos de producción más respetuosos del medio ambiente, lo que constituye un objetivo ciertamente real, pero accesorio, de la política agrícola común, no podía justificar por sí mismo que el artículo 130 S del Tratado (actualmente artículo 175 CE, tras su modificación) constituyera también la base jurídica de dicho Reglamento.

( véanse los apartados 31, 35 y 36 )

2. El artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 2078/92, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural, debe interpretarse en el sentido de que una decisión de la Comisión por la que se aprueba un programa nacional de ayudas cofinanciada por la Comunidad comprende también el contenido de éste, sin conferir por ello a dicho programa la naturaleza de acto de Derecho comunitario.

En caso de incompatibilidad de un contrato de ayuda concertado entre un agricultor y la autoridad nacional competente con el programa aprobado, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales sacar las consecuencias a la luz del Derecho nacional, teniendo en cuenta el Derecho comunitario relevante al aplicar el Derecho nacional.

( véanse los apartados 40 y 41 y el punto 2 del fallo )

3. El Estado miembro de que se trata es el único destinatario de la decisión de la Comisión por la que se aprueba un programa nacional de ayudas cofinanciadas por la Comunidad, previsto en el artículo 7 del Reglamento nº 2078/92, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar, a la luz del Derecho nacional, si la publicidad que se dio a dicho programa permitió que éste pudiera invocarse frente a los agentes agrícolas y rurales, en particular, observando la exigencia de información adecuada prevista en el artículo 3, apartado 3, letra f), de dicho Reglamento.

( véanse el apartado 48 y el punto 3 del fallo )

4. Aunque el artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 729/70, sobre la financiación de la política agrícola común, prevé que los Estados miembros, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, deben adoptar las medidas necesarias para recuperar las sumas perdidas como consecuencia de irregularidades o de negligencias, el Derecho comunitario no se opone a que se apliquen los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica para excluir la recuperación de ayudas cofinanciadas por la Comunidad que fueron pagadas indebidamente, siempre que el interés de ésta también se tenga en cuenta. La aplicación del principio de protección de la confianza legítima supone que se demuestre la buena fe del beneficiario de la ayuda de que se trate.

( véanse los apartados 54 y 59 y el punto 4 del fallo )

5. Siempre que el Derecho comunitario, incluidos los principios generales de éste, carezca de normas comunes, la ejecución de una normativa comunitaria por las autoridades nacionales competentes deberá atenerse a las normas de procedimiento y de forma establecidas en el Derecho del Estado miembro de que se trate. No obstante, la utilización de las normas nacionales sólo es posible en la medida necesaria para la ejecución de las disposiciones de Derecho comunitario y siempre que la aplicación de dichas normas nacionales no menoscabe el alcance y la eficacia del referido Derecho comunitario, incluidos los principios generales de éste. Los Estados miembros pueden, por tanto, aplicar los programas nacionales de ayudas cofinanciadas por la Comunidad en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 2078/92, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural, mediante medidas de Derecho privado o mediante modalidades de actuación propias del ejercicio de la autoridad pública, siempre y cuando las medidas nacionales de que se trate no afecten al alcance ni a la eficacia del Derecho comunitario.

( véanse los apartados 61 y 64 y el punto 5 del fallo )