ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
82.

El artículo 9, apartado 2, no identifica el ostracismo social como «acto de persecución» y, desde mi punto de vista, no tiene cabida en el artículo 9, apartado 2, letras b) y c). Dicho esto, es cierto que la enumeración del artículo 9, apartado 2, no es exhaustiva. La afirmación de que el ostracismo social es consecuencia de los actos de «agentes no estatales» [tal y como los define el artículo 6, letra c), de la Directiva] no impide por sí misma que pueda considerarse un acto más de persecución con arreglo al artículo 9, apartado 2.
54.

Queda por precisar qué se entiende por «operación que forma parte de un fraude» en el contexto del fraude del operador desaparecido. Este tipo de fraude consiste, recuérdese, en una serie de entregas de la que al menos una es una entrega intracomunitaria, a raíz de la cual se percibe el IVA (incluido en el precio) con ocasión de la entrega en una fase posterior, pero no se abona a las autoridades tributarias. Así pues, podría parecer a primera vista que sólo la entrega intracomunitaria en cuestión (y, bien entendido, su corolario, es decir, la adquisición intracomunitaria del mismo bien) forma parte del fraude. Sin embargo, ello supondría soslayar la naturaleza compleja del fraude en cuestión. En efecto, su modo de operar exige realizar varias entregas, tanto en fases anteriores como posteriores. Éste es el elemento más evidente en el caso de un fraude «de tipo carrusel», en el que la misma mercancía pasa varias veces por las manos de los mismos operadores. Por tanto, las entregas sucesivas no tienen más objetivo que el de generar las ocasiones de desviar el impuesto adeudado y de enmascarar a continuación el fraude. Si bien, como es evidente, las circunstancias de cada asunto deben apreciarse caso por caso, no se excluye a primera vista considerar que todas las operaciones de una cadena que entraña un fraude denominado «del operador desaparecido» forman parte de dicho fraude.
28.

Sobre esta cuestión, Skandia America Corporation considera que su sucursal sueca no dispone de autonomía suficiente para actuar por su cuenta, bajo su propia responsabilidad, y asumir sola los riesgos económicos de su actividad de manera que exista, a efectos del IVA, un volumen de negocios entre ella y el establecimiento principal. Por los motivos expuestos en los apartados 36 a 40 de la sentencia FCE Bank (EU:C:2006:196) y, en particular, por el hecho de que la sucursal no asume los riesgos económicos derivados del ejercicio de las actividades de la empresa y no dispone de un capital de dotación, Skandia America Corporation sostiene que su sucursal no puede considerarse sujeto pasivo del IVA en razón de los costes que se le imputen por la transformación de servicios informáticos adquiridos fuera del grupo de empresas.
2.

En estas conclusiones me centraré, por tanto, en los aspectos que diferencian a los dos recursos aquí acumulados del asunto C-611/12 P. Asimismo, y aunque los recursos del presente asunto hayan sido objeto de acumulación, es importante destacar desde este momento que los correspondientes escritos se fundamentan en argumentos diferentes que merecerán un tratamiento distinto a lo largo de estas conclusiones. Para añadir algo más de complejidad a todo lo anterior, uno de los recurrentes en el asunto C-13/13 P, el Syndicat des thoniers méditerranéens, sindicato profesional representativo de los intereses del sector de la pesca del atún, ataca la decisión del Tribunal General de no reconocerle legitimación para recurrir. Sobre este punto también me detendré con cierto detenimiento, pues suscita una particular problemática, la de la legitimación de personas jurídicas representativas de intereses en el marco de un recurso por responsabilidad extracontractual de la Unión.
38.

Los seis motivos de recurso formulados por el Sr. Schräder pueden resumirse del siguiente modo. En primer lugar, afirma que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que la Sala no podía actuar por iniciativa propia en un procedimiento de anulación. Al hacerlo, el Tribunal General vulneró sus derechos en relación con la carga y la práctica de la prueba ante la Sala y, por consiguiente, incumplió su obligación de revisión y vulneró su derecho a un juicio imparcial, a la buena administración y a la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, sostiene que el Tribunal General incurrió en un error al considerar que una parte no tiene derecho a solicitar diligencia de prueba en un procedimiento ante la Sala a menos que haya aportado un principio de prueba en apoyo de su solicitud, por lo que infringió las normas en materia de carga y práctica de la prueba. Además, aun suponiendo que la carga de la prueba recayese sobre el solicitante en el procedimiento de anulación ante la Sala, el Tribunal General le negó su derecho a ser oído y desvirtuó los hechos y las pruebas. En tercer lugar, aduce que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al asumir que una circunstancia (la propagación de muestras mediante desqueje) era «notoria» cuando (en su opinión) ese hecho es incorrecto. Por lo tanto, incumplió su obligación de revisión y desvirtuó los hechos y las pruebas. En cuarto lugar, asevera que el Tribunal General declaró incorrectamente que no había aportado pruebas en apoyo de sus argumentos en relación con los efectos de los reguladores de crecimiento. Así pues, la sentencia es contradictoria y la motivación insuficiente. Asimismo, a su juicio, el Tribunal General no analizó la legalidad de la resolución de la Sala. En quinto lugar, arguye que la conclusión de que la característica del «aspecto de los tallos» de una variedad Osteospermum no está incluida en el examen del carácter distintivo vulnera los artículos 7 y 20 del Reglamento de base. Se trata de una ampliación no autorizada del objeto de la controversia y, al actuar de ese modo, el Tribunal General planteó, por iniciativa propia, una cuestión que no había sido formulada por las partes ante él y que no es un asunto de orden público. En sexto lugar, se opone a la conclusión de que el «aspecto de los tallos» de una variedad de Osteospermum puede determinarse en relación con otras plantas que forman parte del examen de que se trata. Dicha conclusión desvirtúa los hechos, infringe el Reglamento, constituye una ampliación no autorizada del objeto de la controversia y supone incumplir la obligación de efectuar un examen completo. Por consiguiente, la resolución es contradictoria.
28.

Sin embargo, a mi juicio no se puede pasar por alto el hecho de que los servicios fueron adquiridos para los fines del fondo de obtener un rendimiento de sus inversiones, por lo que estaban directa e inmediatamente relacionados con la actividad del fondo, y sólo indirecta y mediatamente con la de PPG. Aun en caso de que la actividad económica de PPG fuera la actividad gravada con la que más estrechamente (aun sólo indirectamente) estuvieran relacionados los servicios, ello no afectaría al hecho de que existe una relación directa e inmediata con la actividad (no gravada) del fondo, que se interpone entre los servicios adquiridos y la actividad económica de PPG. Y si el impuesto soportado puede deducirse o no, depende del carácter de la actividad con la que los bienes o servicios por los que se adeuda tienen una relación directa e inmediata. Lo determinante ha de ser la relación más cercana, no la relación gravada más cercana. De no ser así, podría eludirse fácilmente el principio de que el impuesto soportado no se puede deducir si las operaciones por las que se adeuda están exentas o no están comprendidas en el ámbito de aplicación del IVA.
28.

Según el órgano jurisdiccional remitente, dicha disposición se aplicaba a los contratos formalizados bajo lo que voy a llamar «modelo de póliza». Conforme a eso, la solicitud de seguro de vida del interesado constituía una oferta contractual, y la aceptación del asegurador de dicha solicitud se hacía efectiva mediante el envío al solicitante de la póliza del seguro, las condiciones generales del seguro y una nota informativa. Según parece, el contrato quedaba celebrado solamente pasado un plazo de catorce días desde la entrega de dichos documentos, y siempre que durante ese período el solicitante no expresase su intención de no quedar vinculado por el contrato. Durante el mencionado plazo, por lo tanto, y con arreglo a la legislación alemana, el contrato carecía provisionalmente de validez. Si el solicitante no se oponía durante ese plazo, el contrato se tenía por celebrado desde la fecha en que el solicitante recibió la póliza del seguro, las condiciones generales y la nota informativa. Si el asegurador no suministraba correctamente dichos documentos al futuro tomador, el período de catorce días no comenzaba a computar. Sin embargo, al cabo de un año desde el pago de la primera prima, el solicitante ya no estaba facultado para expresar su intención de no quedar vinculado por el contrato.
16.

En apoyo de su recurso, el Ayuntamiento de Ancona alegó los siguientes motivos: — en primer lugar, considera que la falta de licitación no constituye una causa de anulación de la contribución. En efecto, el Ayuntamiento de Ancona señala que la obligación de respetar el procedimiento de licitación de pública sólo se había previsto expresamente para la fase de adjudicación de las obras, y no para la fase de gestión del dique seco. Asimismo, señala que los otros presupuestos previstos en el artículo 30 del Reglamento no concurren, ya que la obra siempre ha sido propiedad del Ayuntamiento de Ancona y no se ha modificado su destino; — en segundo lugar, el Ayuntamiento de Ancona afirma que la adjudicación de la gestión de la infraestructura no requería la convocatoria de una licitación pública, en la medida en que no existía ningún otro operador interesado en esa concesión; — en tercer lugar, el Ayuntamiento de Ancona considera que el Decreto de 1 de julio de 2011 conculcó su confianza legítima, ya que la Regione Marche no formuló nunca ninguna crítica al Ayuntamiento de Ancona a pesar de tener conocimiento de la intención de este último de adjudicar la gestión del dique seco a un tercero; — en cuarto lugar, sostiene que la revocación parcial de 39.000 euros de los fondos concedidos al amparo de la convocatoria de proyectos de 2006 es ilegal, puesto que el porcentaje del 18 % fue fijado de manera arbitraria y la utilización del dique seco por embarcaciones de recreo no es contraria a la filosofía del FEDER, ya que el sector de la navegación de recreo es un sector económico afín al pesquero, y — en quinto lugar, el Ayuntamiento de Ancona considera que la Regione Marche no motivó el Decreto de 1 de julio de 2011 y, en particular, no consideró las consecuencias que podían derivarse de la revocación de dicha financiación, infringiendo de esta manera las normas relativas a la facultad de la Administración de revocar, suspender o modificar sus propios actos.
49.

En primer lugar, el hecho de que un organismo de Derecho público desempeñe una función de interés general no supone a fortiori que no ejerza ninguna actividad comercial o económica en su sector de mercado. Como ya he señalado antes, el análisis que realizó el Tribunal de Justicia en la sentencia AOK Bundesverband y otros, antes citada, es especialmente ilustrativo a este respecto, puesto que el asunto que dio lugar a dicha sentencia se refería a las funciones y actividades desempeñadas por las cajas alemanas del seguro de enfermedad. Debe recordarse que, en la citada sentencia, el Tribunal de Justicia reconoció expresamente que las cajas del seguro de enfermedad pueden efectuar operaciones con una finalidad que no sea social, sino económica. ( 27 ) Pues bien, es indispensable que esas operaciones de carácter económico estén sujetas al cumplimiento de las normas establecidas por la Directiva, al igual que todas las operaciones de la misma naturaleza que un operador privado puede realizar.
20.

A la vista de estas diferencias, analizaré, en primer lugar y de forma pormenorizada, el tenor literal de la Directiva 2001/23 y de la sentencia Werhof. A continuación me detendré en las diferencias fácticas y jurídicas entre los asuntos Werhof y el presente, y adelanto desde este momento mi inclinación en favor de la segunda interpretación de la Directiva propuesta por la Supreme Court, es decir, aquella en virtud de la cual los Estados miembros no se ven impedidos para facultar, con base en la Directiva 2001/23 y en el contexto de una transmisión de empresa, la transferencia de cláusulas dinámicas de remisión a convenios colectivos futuros. No obstante, y en línea con lo dispuesto en la sentencia Werhof, la actuación de los Estados no puede contravenir los derechos fundamentales protegidos por la Unión, aspecto sobre el que me detendré al dar respuesta a la tercera cuestión prejudicial.
25.

De ello se deriva que, en su toma de decisiones, la Comisión no puede, en modo alguno, limitarse a una mera comprobación mecánica de las listas nacionales. Está, al contrario, obligada, dentro de los límites de su poder discrecional, a respetar, en particular, el principio de buena administración, del que forma parte la obligación de la institución competente de examinar, detenida e imparcialmente, todos los elementos pertinentes del caso de que se trate. ( 20 ) No obstante, este control no excluye la repetición literal de las fórmulas que figuran en sus decisiones, siempre y cuando los criterios con arreglo a los cuales la Comisión comprueba si existe un error manifiesto de apreciación por parte de los Estados miembros no varíen.
54.

Sin embargo, con ese significado, el principio de neutralidad carece de fuerza supralegislativa. ( 25 ) Por eso, es posible recurrir a él en caso de dudas interpretativas, pero no puede ampliar ni limitar las disposiciones de la Directiva IVA que resulte aplicable en cada caso. ( 26 ) En particular, no puede compensar el hecho de que la Segunda Directiva no contenga ninguna disposición similar al artículo 11, parte C, apartado 1, de la Sexta Directiva.
29.

Los actores sostienen que frente a la calificación de la ayuda como remuneración no puede oponerse el hecho de que su régimen se fije por ley, pues el legislador no actúa en este caso sino en tanto que empleador y no como poder público. Tampoco cabría oponer que los funcionarios constituyen una categoría general de trabajadores, invocando los demandantes a este respecto la sentencia de 17 de mayo de 1990, Barber. ( 8 ) O, en fin, que la ayuda no depende de la duración de la relación de empleo y su montante no se calcula en función de los últimos salarios percibidos. En definitiva, los actores sostienen que esas circunstancias pueden ser relevantes a la hora de determinar la naturaleza de las pensiones de jubilación, pero no para precisar si la ayuda litigiosa es o no una remuneración.
22.

No es la primera vez que el Tribunal de Justicia tiene la oportunidad de enjuiciar los requisitos de los subsidios de espera belgas a la luz de las libertades fundamentales. Ya en los años ochenta nuestra jurisprudencia analizó estas prestaciones, a las que calificó como «ventajas sociales» en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 1612/68. ( 9 ) Las sentencia D’Hoop confirmó la sujeción de estas prestaciones no sólo al Reglamento no 1612/68, sino también al principio de no discriminación por razón de nacionalidad previsto en el artículo 12 CE. ( 10 ) Más tarde, en la sentencia Collins, el Tribunal de Justicia declaró que la denegación de un subsidio de acceso al mercado laboral a un demandante de empleo, nacional de otro Estado miembro, podía enjuiciarse a la luz del artículo 39 CE, relativo a la libre circulación de trabajadores. ( 11 ) Así, y en el específico caso de los subsidios de espera belgas, el Tribunal de Justicia declaró en el asunto Ioannidis que «no es posible excluir del ámbito de aplicación del artículo 39 CE, apartado 2, una prestación de naturaleza financiera destinada a facilitar el acceso al empleo en el mercado laboral de un Estado miembro». ( 12 ) Por tanto, y en la medida en que la Sra. Prete solicita una prestación en su calidad de demandante de empleo, la disposición prima facie relevante es el artículo 39 CE, apartado 2.
28.

En cambio, la Comisión considera que no está justificada una restricción a la libre circulación de capitales. En cuanto al objetivo del legislador nacional de no gravar excesivamente a los herederos de patrimonios vinculados a empresas y evitar la enajenación o la constitución de cargas sobre la empresa para poder satisfacer el impuesto sobre sucesiones, la Comisión alega que no hay razones para creer que los efectos deseados sólo se puedan conseguir si se restringe la ventaja a las participaciones en sociedades nacionales. En cuanto a la imposibilidad de una comparación, la Comisión considera que nada parece indicar que las situaciones en que una sociedad tiene su domicilio social o su centro de dirección en el territorio nacional se diferencien de las relativas a sociedades cuyos elementos de referencia estén situados en el extranjero, ya sea en otro Estado miembro o en un tercer Estado. Por último, señala que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que los Estados miembros no pueden argumentar la eventual falta de reciprocidad para restringir la libre circulación de capitales en casos referidos a terceros Estados.
1.

A partir de una única pregunta, que el Bundesfinanzhof formula en términos prima facie muy precisos, la presente cuestión prejudicial ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de avanzar en la interpretación, no exenta de dificultades, de la concepción y del alcance del sistema establecido en el artículo 17, apartado 5, de la Sexta Directiva, ( 2 ) y muy en particular de la letra c) de su párrafo tercero. La cuestión, en efecto, y como veremos, se proyecta sobre el alcance de esta letra c), en la medida en que, como es sabido, permite a los Estados miembros, en el contexto de los bienes y servicios utilizados de manera indistinta para operaciones que conllevan derecho de deducción y para operaciones que no lo implican («uso mixto»), autorizar u obligar a los sujetos pasivos a calcular el impuesto sobre el valor añadido (IVA) deducible por referencia a la «afectación real» ( 3 ) de dichos bienes y servicios.
49.

Pero, si se condicionase la deducción del impuesto soportado por cualquier tipo de adaptaciones posteriores a la afectación del edificio, también se debería permitir en caso de adaptaciones posteriores que se destinasen de forma duradera a fines meramente privados. Y, a mi parecer, así no se estaría respetando la mencionada jurisprudencia, pues la adquisición de un bien o servicio utilizado de forma exclusiva y duradera para fines privados no puede considerarse como actuación de un sujeto pasivo. De lo contrario, ya no sería posible la delimitación que el régimen del IVA exige entre la actuación de una persona como sujeto pasivo y como particular.
47.

Si, no obstante, el Tribunal de Justicia hubiese de considerar que es competente para responder a la cuestión prejudicial, estimo que procedería responder a la cuestión planteada de manera negativa, toda vez que no concurre uno de los requisitos de aplicación del artículo 5, apartado 1, del Reglamento, a saber, el relativo a la situación de un bien del deudor en el territorio de otro Estado miembro en el momento de la apertura del procedimiento de insolvencia. En efecto, a mi juicio, no puede considerarse que concurre dicho requisito si el bien de que se trata se encontraba en el momento en cuestión en el territorio de un Estado que se convirtió en miembro de la Unión en un momento posterior.
33.

El riesgo de que la actividad económica no llegara a realizarse no supondría un obstáculo a esta solución, y así lo reconoció el Tribunal de Justicia en el asunto INZO. ( 6 ) En la sentencia dictada en dicho caso se confirmó la existencia del derecho a la devolución «aun cuando, posteriormente, se haya decidido […] no pasar a la fase operativa y liquidar la sociedad, de modo que la actividad económica prevista no haya dado lugar a operaciones gravadas». ( 7 ) En la medida en que el sujeto no actúe como consumidor final, si la actividad económica no llega a término por razones ajenas a aquél, seguirá existiendo un derecho a recuperar el IVA soportado.
38.

Hecha esta precisión, el Tribunal de Justicia ha concluido que la Directiva 91/533, en sí misma, no se opone a una norma nacional que establece que el hecho de que un trabajador no esté afiliado a ninguna de las organizaciones sindicales que suscribieron un convenio colectivo destinado a adaptar el Derecho nacional a las prescripciones de dicha Directiva no impedirá, por este único motivo, que el trabajador se acoja, en aplicación de ese convenio colectivo, a la protección establecida por la Directiva en toda su extensión. ( 8 ) El Tribunal de Justicia además ha indicado, en el marco del examen de la segunda cuestión, que dado que el grupo de personas cubiertas por un convenio colectivo puede ser totalmente independiente del hecho de que dichas personas estén o no afiliadas a una organización sindical que suscribió ese convenio, como sucede particularmente en el caso de un convenio colectivo declarado de aplicación general, la circunstancia de que una persona no esté afiliada a una de tales organizaciones sindicales no implica, en sí misma, que dicha persona quede excluida de la cobertura jurídica que confiere el convenio colectivo en cuestión. ( 9 )
57.

En consecuencia, considero que la primera interpretación apuntada por el tribunal remitente en su primera cuestión prejudicial, relativa a la situación en la que el empresario toma medidas que harán necesario un despido colectivo de trabajadores, se asemeja al caso en el que el empresario debería tal vez prever despidos colectivos, pero aún no tiene la intención de realizarlos. Teniendo en cuenta la sentencia Dansk Metalarbejderforbund y Specialarbejderforbundet i Danmark, antes citada, y el significado que debe darse a la expresión «tener la intención» a la luz de la función de la obligación de consulta, opino que la Directiva 98/59 no puede aplicarse aún a dicha situación. En efecto, me parece que la expresión «hacer necesario» que utiliza el tribunal remitente hace referencia a una fase prematura en la que el empresario aún no ha proyectado o previsto despidos colectivos.
240.

Considero que este análisis del Tribunal de Primera Instancia es coherente con lo indicado en la sentencia recurrida. He señalado, en el punto 48 de estas conclusiones, que el recorrido de un envase no puede determinarse de antemano. Una botella de plástico puede perfectamente adquirirse en el mercado alemán para desecharse a continuación en un contenedor en Francia perteneciente a un competidor de DSD. Tal como señaló la Comisión, el comportamiento del consumidor no puede determinarse de antemano. Por tanto, una mención explicativa en los envases que llevan el distintivo Der Grüne Punkt y cuya recogida se lleva a cabo mediante un sistema competidor de DSD no puede tener el efecto perseguido, ya que es imposible la separación entre los productos que llevan dicho distintivo y se recogen mediante el sistema DSD y los que llevan el mismo distintivo y se recogen mediante un sistema competidor.
112.

Así pues, me pregunto si un régimen como el definido por la legislación que se analiza en el procedimiento principal es adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos, en la medida en que está permitido el establecimiento en el mercado de las consultas conjuntas sin que sea necesario realizar una evaluación de las necesidades sanitarias de la población. Me parece, pues, que este régimen presenta una incoherencia. No obstante, no puedo deducir de la información aportada en el procedimiento escrito y en la vista la justificación de tal distinción entre estos dos tipos de estructura.