La tercera objeción de la Comisión se refiere al hecho de que las pretensiones relativas a obtener una indemnización, es decir, la exposición pertinente de los requisitos de hecho y de Derecho de la petición presentada, son poco consistentes. Esta exposición debe hacerse en el escrito de interposición, como está previsto en el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia y en el apartado 1 del artículo 38 de su Reglamento de Procedimiento.

En sus escritos, la demandante alega esencialmente el hecho de que la Decisión de la Comisión es contraria al Tratado y a su facultad discrecional, y expone que el perjuicio se calcula a partir de la carga suplementaria de los derechos de aduana, incluido el Impuesto sobre el Volumen de Negocios, que aquélla no puede repercutir sobre su clientela. Durante la vista ha expuesto además que la Comisión ha incumplido su deber de atención, que ha cometido una violación patente del Tratado y que ha incurrido gravemente en desviación de poder.

Ciertamente, el procedimiento ante el Tribunal de Justicia sólo exige una exposición sumaria de los motivos y no una disertación completa sobre todas las cuestiones. Sin embargo, no veo cómo las escasas observaciones de la demandante podrían responder a las exigencias establecidas. Tengo objeciones, en particular, por lo que respecta a las condiciones del ejercicio de su derecho relativas a la existencia de un acto lesivo. Tampoco se las puede descartar objetando que la evolución del Derecho de la responsabilidad administrativa de la CEE no está más que en sus comienzos. La demandante debería saber que, para que exista responsabilidad administrativa, no puede bastar la simple ilegalidad de un acto, ya que, de lo contrario, un recurso de anulación o un recurso por responsabilidad administrativa deberían motivarse del mismo modo, a pesar de las diferencias de efectos jurídicos, lo que el Tratado no puede haber querido, dado que delimita la legitimación activa de manera diferente. Aunque no era de esperar que la demandante procediese a un detenido examen del Derecho comparado para determinar los principios generales del Derecho de la responsabilidad administrativa, el conocimiento del Derecho alemán, y tal vez también del Derecho francés, le habrían Ilevado a la conclusion de que sólo se puede invocar un derecho resultante de la responsabilidad administrativa si se ha demostrado la existencia de una lesión o de un comportamiento lesivo en el sentido de «faute de service». Pero su exposición sumaria no contiene ninguna indicación sobre este elemento necesario del recurso por responsabilidad administrativa.

Además, la demandante debería haber indicado, al menos en grandes líneas, cómo ha realizado el cálculo de los daños y perjuicios. Habría debido dar, en particular, explicaciones sobre la cuestión de cómo se habrían desenvuelto sus negocios en caso de reducción de los derechos de aduana, pues no es evidente que en ese caso le hubiera quedado como beneficio la totalidad del incremento de dichos derechos.

Así pues, habría debido exponer cuál era la estructura de su margen de beneficio durante los años anteriores y cuál era la situación del mercado en 1962, que no permitía repercutir el aumento de los derechos de aduana. La determinación de estos hechos esenciales no puede reservarse a una eventual práctica de la prueba, cuya utilidad, además, no se puede valorar, ya que las propuestas de prueba que han sido realizadas no permiten ver con certeza qué esclarecimientos podrían aportar estos medios de prueba.

En resumidas cuentas, la exposición tanto escrita como oral de la demandante no responde a las exigencias vigentes de una demanda bien desarrollada, lo que obliga al Tribunal de Justicia a declarar igualmente la inadmisibilidad del recurso de indemnización.