ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto, por una parte, la interpretación del artículo 67, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, modificado y actualizado por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en la redacción que le dio el Reglamento (CE) n.o 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (DO L 177, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»), y, por otra parte, la validez de dicha disposición a la luz de los artículos 45 TFUE y 48 TFUE y del artículo 15, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
14

Sin embargo, la NAV denegó a las demandantes en el litigio principal el derecho a deducción debido a que la actividad planeada no constituye una «actividad económica», en el sentido del artículo 6 de la Ley del IVA, ni en lo relativo a los tramos que forman parte de la red de carreteras, que como tales pueden ser utilizados por cualquiera, ni en lo relativo a los tramos ubicados en propiedad privada. Por consiguiente, la NAV consideró que las demandantes en el litigio principal no tienen la condición de «sujetos pasivos» con respecto a esta actividad. Señaló que no realizan ninguna actividad a favor de sus socios o de terceros que pueda calificarse de «prestación de servicios». La explotación habitual de las obras de ingeniería rural, que consiste en el mantenimiento de la pista de hormigón y sus alrededores y en garantizar el flujo de las aguas, forma parte de la conservación de las vías públicas y constituye una obligación normativa, no una prestación de servicios. A juicio de la NAV, los ingresos de reducido importe que las demandantes en el litigio principal prevén percibir por la explotación de dichas obras no responden al concepto de «contraprestación», en el sentido de la Ley del IVA.
18

El artículo 53 de la Ley sobre el derecho de asilo tiene el siguiente tenor: «1. La autoridad competente en materia de asilo denegará la solicitud mediante resolución si aprecia que se verifica alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 51, apartado 2, de la presente Ley. 2. Cabe la revisión en vía jurisdiccional de la decisión denegatoria que haya declarado inadmisible la solicitud o que haya sido dictada en procedimiento acelerado. La presentación de la demanda de revisión no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo en el caso de las decisiones adoptadas en virtud del artículo 51, apartados 2, letra e), y 7, letra h), de la presente Ley. [...] 5. El tribunal no podrá modificar la decisión de la autoridad competente en materia de asilo; dejará sin efectos la resolución administrativa contraria a Derecho —excepto en caso de una infracción de normas procedimentales que no afecte al fondo del asunto— y, en su caso, ordenará a la autoridad competente en materia de asilo la tramitación de un nuevo procedimiento. No cabe recurso contra la decisión del tribunal que ponga fin al procedimiento.»
Ciertamente, los principios de igualdad de trato y de transparencia de los procedimientos de adjudicación implican que los órganos de contratación deben atenerse a la misma interpretación de los criterios de adjudicación a lo largo de todo el procedimiento. Así, un órgano de contratación no puede aplicar reglas de ponderación o subcriterios relativos a los criterios de adjudicación que no haya puesto previamente en conocimiento de los licitadores.

No obstante, un órgano de contratación puede determinar, tras la expiración del plazo de presentación de las ofertas, coeficientes de ponderación para los subcriterios que correspondan sustancialmente a los criterios previamente dados a conocer a los licitadores. Esta determinación a posteriori debe, no obstante, cumplir tres requisitos, a saber, en primer lugar, no debe modificar los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de la licitación; en segundo lugar, no debe contener elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación y, en tercer lugar, no debe haber sido adoptada teniendo en cuenta elementos que pudieran tener un efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores.

(véanse los apartados 31 a 33)
Asunto C‑661/15

X BV

contra

Staatssecretaris van Financiën

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Procedimiento prejudicial — Unión aduanera — Código aduanero comunitario — Artículo 29 — Importación de vehículos — Determinación del valor en aduana — Artículo 78 — Revisión de la declaración — Artículo 236, apartado 2 — Devolución de los derechos de importación — Plazo de tres años — Reglamento (CEE) n.o 2454/93 — Artículo 145, apartados 2 y 3 — Riesgo de defecto — Plazo de doce meses — Validez»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de octubre de 2017

Unión aduanera—Arancel Aduanero Común—Valor en aduana—Valor de transacción—Determinación—Mercancías con defectos puestos de manifiesto con posterioridad a su puesta en libre práctica—Cómputo de las posteriores devoluciones por parte del vendedor con arreglo a una obligación contractual de garantía—Concepto de mercancías defectuosas—Interpretación—Consideración del contexto y del sentido habitual de los términos [Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, art. 29, aps. 1 y 3; Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 444/2002, art. 145, ap. 2]

Unión aduanera—Arancel Aduanero Común—Valor en aduana—Valor de transacción—Determinación—Mercancías con defectos puestos de manifiesto con posterioridad a su puesta en libre práctica—Cómputo de las posteriores devoluciones por parte del vendedor con arreglo a una obligación contractual de garantía—Concepto de mercancías defectuosas—Mercancía que presenta el riesgo de que, por motivos de fabricación, falle al utilizarse—Inclusión [Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, art. 29, aps. 1 y 3; Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 444/2002, art. 145, ap. 2]
El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, en su versión modificada por la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, debe interpretarse en el sentido de que un servicio de envíos postales como el controvertido en el litigio principal no está incluido en el servicio universal si no corresponde a una oferta de servicios postales de calidad determinada prestados de manera permanente en todos los puntos del territorio a precios asequibles para todos los usuarios. La prestación de servicios de envíos postales no incluidos en el servicio universal sólo puede estar sometida a la expedición de una autorización general.

Procede señalar que, aunque del considerando 33 de la Directiva 2008/6 se desprende que los Estados miembros deben estar facultados para aplicar un sistema de autorizaciones generales y de licencias individuales siempre que resulte justificado y proporcional al objetivo perseguido, no es menos cierto que el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 97/67, al contrario que el apartado 2 de este artículo, no contempla la posibilidad de someter la prestación de servicios postales a la expedición de una licencia individual.

(véanse los apartados 28 y 30 y el punto 1 del fallo)
La autorización global prevista en el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, va acompañada de un único período de protección reglamentaria de los datos aplicable tanto a los datos relativos al medicamento inicial como a los datos presentados en relación con sus innovaciones, como la dosificación, la forma farmacéutica, la vía de administración y la presentación complementarias, así como la modificación y la ampliación. Ese período comienza a contar desde el otorgamiento de la autorización de comercialización del medicamento inicial.

A este respecto, las modificaciones aportadas por el titular de una autorización de comercialización a la dosificación, así como a la indicación terapéutica de un medicamento, constituyen «modificaciones», en el sentido del Reglamento n.o 1085/2003, relativo al examen de las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios pertenecientes al ámbito de aplicación del Reglamento n.o 2309/93, o innovaciones de dicho medicamento, previstas en el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2001/83, de manera que la concesión de la autorización de comercialización para tales innovaciones no da lugar a un período de protección reglamentaria de los datos independiente. En este contexto, el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2001/83 no hace distinción alguna entre las innovaciones autorizadas mediante la obtención de una autorización de comercialización distinta y las innovaciones del medicamento inicial autorizadas por medio de la modificación de los términos de una autorización de comercialización inicial. De ello se desprende que el concepto de autorización global, en el sentido de dicha disposición, comprende todas las innovaciones ulteriores del medicamento inicial, sean cuales fueren sus procedimientos de autorización, a saber, por medio de la modificación de la autorización de comercialización inicial de dicho medicamento o mediante la obtención de una autorización de comercialización diferente.

(véanse los apartados 65, 69, 71 y 72)
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2011/62, debe interpretarse en el sentido de que un medicamento de uso humano que, en virtud de una normativa nacional, no está sujeto a una autorización de comercialización ya que lo prescriben médicos o dentistas con probada frecuencia, se elabora en farmacia en las fases esenciales de su producción, en una cantidad de hasta 100 envases diarios, en el contexto de la actividad normal de la farmacia y está destinado a ser dispensado conforme a la licencia de explotación de la que dispone la farmacia, no se puede considerar preparado industrialmente, o que en su fabricación haya intervenido un proceso industrial, en el sentido de dicha disposición y, por consiguiente, no está comprendido en el ámbito de aplicación de la citada Directiva, sin perjuicio de las apreciaciones de hecho que incumben al juez nacional.

(véanse el apartado 41 y el fallo)
El principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma procedimental nacional que somete la solicitud de concesión del estatuto de protección subsidiaria a un plazo de caducidad de quince días laborables a contar desde la notificación, por la autoridad competente, de la posibilidad de presentar tal solicitud al solicitante de asilo cuya solicitud de asilo ha sido denegada.

En efecto, en aplicación del principio de efectividad, una norma procedimental nacional de este tipo debe permitir que las personas que soliciten protección subsidiaria puedan ejercer de modo efectivo los derechos que les confiere la Directiva 2004/83, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida. A este respecto, el procedimiento de examen de las solicitudes de protección subsidiaria reviste una especial importancia porque permite garantizar a los solicitantes de protección internacional la preservación de sus derechos más esenciales mediante la concesión de tal protección.

En este contexto, teniendo en cuenta las dificultades a las que pueden enfrentarse dichos solicitantes, debido, en particular, a la difícil situación humana y material en la que pueden encontrarse, tal plazo de caducidad resulta particularmente corto y no garantiza, en la práctica, a todos los solicitantes una posibilidad efectiva de presentar una solicitud de protección subsidiaria y, en su caso, de que se les conceda el estatuto de dicha protección. Por tanto, no es razonable establecer tal plazo para garantizar el buen desarrollo del procedimiento de examen de una solicitud de concesión del mencionado estatuto.

Por tanto, la norma procedimental nacional controvertida puede comprometer el ejercicio efectivo de los derechos conferidos por la Directiva 2004/83 a los solicitantes de protección subsidiaria.

(véanse los apartados 39, 45, 46, 48 y 49 y el fallo)
La Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, y, en particular, su artículo 47 deben interpretarse en el sentido de que una normativa nacional que regula la adjudicación de concesiones en materia de juegos de azar no está comprendida dentro de su ámbito de aplicación.

En efecto, la Directiva 2004/18 versa sobre los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y no sobre aquellos que tienen por objeto concesiones de servicios, que están excluidas del ámbito de aplicación de esta Directiva en virtud de su artículo 17. A este respecto, cuando se trata de distinguir un contrato público de servicios y una concesión de servicios, si bien el modo de remuneración es uno de los elementos determinantes para la calificación de una concesión de servicios, tal calificación implica que el concesionario asume el riesgo de explotación de los servicios de que se trate y que la inexistencia de transmisión al prestador del riesgo relacionado con la prestación de servicios indica que la operación en cuestión constituye un contrato público de servicios y no una concesión de servicios. Así pues, cuando el prestador de servicios no recibe remuneración alguna por parte del poder adjudicatario y soporta íntegramente el riesgo vinculado al ejercicio de la actividad de recogida y transmisión de las apuestas, tal concesión no puede ser calificada de contrato público de servicios en el sentido del artículo 1, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2004/18.

(véanse los apartados 29 y 31 a 34 y el punto 1 del fallo)
Las disposiciones del anexo II de la Directiva 93/42, relativa a los productos sanitarios, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1882/2003, consideradas a la luz del artículo 11, apartados 1 y 10, y del artículo 16, apartado 6, de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que el organismo notificado no está obligado, con carácter general, a realizar inspecciones sin previo aviso, a examinar los productos ni a comprobar la documentación comercial del fabricante. Sin embargo, cuando existan indicios que sugieran que un producto sanitario puede no ajustarse a los requisitos derivados de la Directiva 93/42, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1882/2003, el organismo notificado deberá adoptar todas las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones con arreglo al artículo 16, apartado 6, de la misma Directiva y a los puntos 3.2, 3.3, 4.1 a 4.3 y 5.1 del anexo II de ésta.

(véanse el apartado 48 y el punto 1 del fallo)
El artículo 14 de la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que disponga que la parte vencida será condenada a abonar las costas procesales en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio, que atribuya al juez encargado de pronunciar la condena en costas la facultad de tener en cuenta las características específicas del asunto del que esté conociendo y que establezca un sistema de tarifas a tanto alzado en materia de reembolso de los gastos correspondientes a asistencia de letrado, a condición de que tales tarifas garanticen que las costas que haya de soportar la parte vencida sean razonables, extremo éste que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.

Habida cuenta del considerando 17 y de los artículos 3, apartado 1, y 14 de la citada Directiva, tal normativa puede estar justificada, en particular, cuando su finalidad sea excluir del reembolso gastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente elevados que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado o en razón de la prestación por este último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate. En cambio, el imperativo de que la parte vencida debe correr con las costas procesales que sean razonables priva de justificación a una normativa que imponga tarifas a tanto alzado muy inferiores a las tarifas medias que se apliquen efectivamente a los servicios de los abogados en el Estado miembro de que se trate. En efecto, una normativa de este tipo no podría conciliarse con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, que dispone que los procedimientos y recursos contemplados en dicha Directiva serán disuasorios, y menoscabaría el objetivo principal que persigue la Directiva 2004/48, consistente en garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior.

No obstante, el artículo 14 de la misma Directiva se opone a una normativa nacional que establezca tarifas a tanto alzado que, debido a los importes máximos muy poco elevados que figuren en ellas, no garanticen que corra a cargo de la parte vencida, cuando menos, una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio. En efecto, esta cuestión no puede dilucidarse con independencia de los gastos en que la parte vencedora haya incurrido efectivamente en concepto de asistencia de letrado, siempre que tales gastos sean razonables. Aunque la exigencia de proporcionalidad no implica que la parte vencida deba reembolsar necesariamente la totalidad de los gastos en que haya incurrido la otra parte, sí requiere, empero, que la parte que haya ganado el juicio tenga derecho, cuando menos, al reembolso de una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido efectivamente.

(véanse los apartados 25 a 27, 29 y 32 y el punto 1 del fallo)
El artículo 67, apartado 3, del Reglamento n.o 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, modificado y actualizado por el Reglamento n.o 118/97, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 592/2008, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro se niegue a totalizar los períodos de empleo necesarios para que se reconozca el derecho a una prestación por desempleo destinada a complementar los ingresos obtenidos por un trabajo a tiempo parcial, si el desempeño de dicho trabajo no ha venido precedido de ningún período de seguro o de empleo en ese Estado miembro.

No existe dato alguno que pueda afectar a la validez del artículo 67, apartado 3, del Reglamento n.o 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, modificado y actualizado por el Reglamento n.o 118/97, tal como éste fue modificado, en última ocasión, por el Reglamento n.o 592/2008.

A ese respecto, en primer lugar, el artículo 48 TFUE no impide al legislador de la Unión ni sujetar a requisitos las facilidades que concede para garantizar la libre circulación de los trabajadores que garantiza el artículo 45 TFUE ni señalar los límites de éstas y, en segundo lugar, el Consejo de la Unión Europea hizo un uso correcto de su facultad de apreciación al fijar, en particular en el apartado 3 del artículo 67 del Reglamento n.o 1408/71, requisitos dirigidos a promover la búsqueda de empleo en el Estado miembro en que la persona abonó cotizaciones sociales en último lugar y a hacer soportar por este Estado la carga de las prestaciones por desempleo.

Además, el artículo 52, apartado 2, de la Carta dispone que los derechos reconocidos por ese texto legal que constituyen disposiciones de los Tratados se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos. Tal es el caso del artículo 15, apartado 2, de la Carta, que retoma en particular, tal como confirman las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales relativas a dicha disposición, la libre circulación de los trabajadores garantizada por el artículo 45 TFUE.

(véanse los apartados 31, 33 y 35 y el punto 2 del fallo)
El artículo 56 TFUE ha de interpretarse en el sentido de que el control de la proporcionalidad de una normativa nacional restrictiva en materia de juegos de azar debe basarse, no sólo en el objetivo perseguido por esa normativa, tal como se presentaba en el momento en que fue adoptada, sino también en los efectos de dicha normativa, apreciados con posterioridad a su adopción.

En efecto, se desprende de la sentencia de 30 de abril de 2014, Pfleger y otros (C‑390/12), que el artículo 56 TFUE se opone a una normativa nacional que no responda verdaderamente al afán de reducir las oportunidades de juego o de luchar contra la criminalidad vinculada al juego de forma coherente y sistemática. Pues bien, el propio empleo de los términos «de forma coherente y sistemática» muestra que la normativa de que se trate debe responder al afán de reducir las oportunidades de juego o de luchar contra la criminalidad vinculada al juego, no sólo en el momento de su adopción, sino también después de ser adoptada. Por otra parte, en el marco del análisis de la proporcionalidad, corresponde al órgano jurisdiccional nacional efectuar verificaciones sobre, en particular, la evolución de la política comercial de las empresas autorizadas y el estado en que se hallen, en el momento de los hechos, las actividades delictivas y fraudulentas vinculadas al juego. De ello se deduce que procede considerar que, al realizar el control de la proporcionalidad, el enfoque adoptado por el tribunal nacional debe ser, no estático, sino dinámico, en el sentido de que debe tener en cuenta la evolución de las circunstancias con posterioridad a la adopción de dicha normativa.

(véanse los apartados 33 a 37 y el fallo)