ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
32.

El Reino Unido reconoció expresamente en la vista que no era el caso de Aberthaw. Dicha central nunca había utilizado una mezcla de carbón con un CMV, en promedio anual, inferior al 10 %, ni en el período de doce meses anterior al 1 de enero de 2001 ni en los años posteriores. Por consiguiente, no cabe duda de que si la nota a pie de página 3 se interpreta conforme a lo arriba indicado, Aberthaw no podía beneficiarse de la excepción prevista en la nota a pie de página 3.
28.

Sin embargo, dichas apreciaciones no pueden trasladarse al presente asunto, por la ausencia misma de un contrato marco entre las partes. Además, en el procedimiento principal no se discute una «compraventa de mercaderías» en el sentido del artículo 5, punto 1, letra b), primer guion, del Reglamento no 44/2001, sino más bien la ruptura repentina de una relación comercial, sin que sea relevante su contenido contractual concreto. Por lo tanto, el artículo 5, punto 1, letra b), del Reglamento no 44/2001 no resulta pertinente.
6.

El artículo 6 de la Directiva tiene el siguiente tenor: «1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios. Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular: a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y recomendación, para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas; b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo; [...] 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que no constituirán discriminación por motivos de edad, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo.»
6.

El artículo 16, apartados 1 a 3, de la Directiva 2006/123 dispone: «1. Los Estados miembros respetarán el derecho de los prestadores a prestar servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos. El Estado miembro en que se preste el servicio asegurará la libertad de acceso y el libre ejercicio de la actividad de servicios dentro de su territorio. Los Estados miembros no supeditarán el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio en sus respectivos territorios a requisitos que no respeten los principios siguientes: a) no discriminación: el requisito no podrá ser directa o indirectamente discriminatorio por razón de la nacionalidad o, en el caso de las personas jurídicas, por razón del Estado miembro en que estén establecidas; b) necesidad: el requisito deberá estar justificado por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente; c) proporcionalidad: el requisito deberá ser el adecuado para conseguir el objetivo que se persigue y no ir más allá de lo necesario para conseguirlo. 2. Los Estados miembros no podrán restringir la libre prestación de servicios por parte de un prestador establecido en otro Estado miembro, mediante la imposición de los siguientes requisitos: a) obligación de que el prestador esté establecido en el territorio nacional; b) obligación de que el prestador obtenga una autorización concedida por las autoridades competentes nacionales, incluida la inscripción en un registro o en un colegio o asociación profesional que exista en el territorio nacional, salvo en los casos previstos en la presente Directiva o en otros instrumentos de Derecho comunitario; c) prohibición de que el prestador se procure en el territorio nacional cierta forma o tipo de infraestructura, incluida una oficina o un gabinete, necesaria para llevar a cabo las correspondientes prestaciones; d) aplicación de un régimen contractual particular entre el prestador y el destinatario que impida o limite la prestación de servicios con carácter independiente; e) obligación de que el prestador posea un documento de identidad específico para el ejercicio de una actividad de servicios, expedido por las autoridades competentes; f) requisitos sobre el uso de equipos y material que forman parte integrante de la prestación de servicios, con excepción de los necesarios para la salud y la seguridad en el trabajo; g) las restricciones de la libre circulación de servicios contempladas en el artículo 19. 3. Las presentes disposiciones no impedirán que el Estado miembro al que se desplace el prestador imponga, con respecto a la prestación de una actividad de servicios, requisitos que estén justificados por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente y en conformidad con el apartado 1. Tampoco impedirán que el Estado miembro aplique, de conformidad con el Derecho comunitario, sus disposiciones en materia de condiciones de empleo, incluidas las establecidas por convenios colectivos [...]»
83.

El predecesor del Reglamento de la OCM única, el Reglamento n.o 1234/2007, arroja luz sobre la naturaleza de los umbrales de referencia, antes denominados precios de referencia. En primer lugar, el considerando 11 del Reglamento n.o 1234/2007 afirmaba ya la coexistencia de los precios de referencia y de los precios de intervención, como hace actualmente el considerando 12 del Reglamento de la OCM única. A continuación, los considerandos 16 y 28 del Reglamento n.o 1234/2007, que ya no figuran en el Reglamento de la OCM única, describían de forma abstracta la relación entre ambos conceptos, sin dejar ninguna duda de que los precios de referencia eran muy similares a los precios en el sentido estricto del término. A la vista de los antecedentes del litigio y de las sentencias Venezuela ( 43 ) y bacalao, ( 44 ) opino que este planteamiento debe interpretarse en el sentido de que los tres considerandos del Reglamento n.o 1234/2007 antes citados contenían consideraciones políticas sobre la consecución de los objetivos de la PAC, mientras que los artículos 8 y 18 de ese mismo Reglamento, que recogían los precios de referencia y de intervención, servían para fijar los precios, por lo que constituían una medida relativa a la fijación de los precios. Por añadidura, en el régimen anterior, era el artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1234/2007 el que definía los precios de intervención, y el artículo 18 de este mismo Reglamento el que los fijaba.
37.

Así pues, en la sentencia Pannon Gép Centrum (C‑368/09, EU:C:2010:441), se trataba de determinar si las disposiciones de la Directiva IVA debían interpretarse en el sentido de que se oponían a una normativa o a una práctica nacional que denegaba el derecho a deducir el IVA si la factura relativa a los bienes entregados o a los servicios prestados al sujeto pasivo contenía inicialmente una mención errónea cuya rectificación posterior no respetaba todos los requisitos establecidos por las normas nacionales aplicables. ( 12 ) Por tanto, el Tribunal de Justicia debía declarar si la rectificación de una factura a efectos del ejercicio del derecho a deducción era posible y si los Estados miembros podían establecer requisitos adicionales a los requisitos materiales y formales establecidos por la Directiva IVA, en concreto, que la factura rectificada llevara un número correlativo. ( 13 ) En su sentencia Petroma Transports y otros (C‑271/12, EU:C:2013:297), el Tribunal de Justicia recordó que el sistema común del IVA no prohíbe rectificar las facturas erróneas, pero declaró que, por lo que respecta al litigio controvertido en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, la información necesaria para completar y regularizar las facturas fue presentada después de que la administración tributaria hubiese adoptado su resolución denegatoria del derecho a la deducción del IVA, de modo que, antes de que se adoptara esa resolución, las facturas presentadas a dicha administración no habían sido rectificadas aún para permitirle garantizar la correcta recaudación del IVA y su control. ( 14 ) Por tanto, debe señalarse que las sentencias Pannon Gép Centrum (C‑368/09, EU:C:2010:441) y Petroma Transports y otros (C‑271/12, EU:C:2013:297) no se pronuncian sobre el efecto retroactivo o no de la rectificación de una factura sobre el ejercicio del derecho a deducir.
119.

En efecto, a semejanza de aquel asunto, este versa sobre un supuesto de mercancías reexportadas sin haber abandonado un régimen de suspensión (en el presente caso, el tránsito externo). Siendo así, las razones recogidas en los puntos 98 a 115 de estas conclusiones me llevan a sostener que no ha habido realmente importación y, por eso, no se ha devengado el IVA a la importación.
65.

No es convincente, en cambio, la pretensión de la Administración tributaria danesa esgrimida en el procedimiento principal de deducir del artículo 2, letra c), de la Decisión 2004/228/CE ( 30 ) que barras como las aquí controvertidas están comprendidas en el concepto de «productos semielaborados». En virtud de dicha Decisión se autorizó al Reino de España a atribuir la condición de deudor fiscal al destinatario de la prestación en el caso de «entregas de productos semiacabados (por ejemplo: lingotes [...]) resultantes de la transformación, la elaboración o la fundición de los metales no férreos [...]». Pero de ahí no se puede deducir que las barras resultantes de la fundición de oro se deban incluir en la categoría de «productos semielaborados» también a efectos del aquí examinado artículo 198, apartado 2, de la Directiva del IVA. Al margen del hecho de que, al menos, algunas versiones lingüísticas de ambas disposiciones (entre ellas, la alemana) utilicen diferentes términos en una y otra, el artículo 2, letra c), de la Decisión 2004/228, a diferencia de la aquí controvertida disposición del artículo 198, apartado 2, de la Directiva del IVA, no obliga a establecer diferencia alguna entre los conceptos de «[material] sin elaborar» y «producto semielaborado». Por lo tanto, a la expresión «productos semiacabados» que utiliza la mencionada Decisión ha de dársele en todo caso un significado diferente del concepto de «producto semielaborado» de la disposición aquí examinada.
33.

Del mismo modo, en la sentencia SCA Group Holding y otros el Tribunal de Justicia determinó que la autorización para excluir sociedades no residentes del régimen de tributación en grupo no justifica automáticamente también la exclusión de sociedades residentes, cuyo vínculo con el grupo se produce sólo a través de una sociedad no residente. ( 17 ) A modo de ejemplo, no se le puede denegar a la sociedad matriz el beneficio de incluir también a filiales de ulterior nivel en el régimen de tributación en grupo, sólo por el hecho de que no estaba autorizada a integrar su filial extranjera en dicha fiscalidad. ( 18 )
65.

En mi opinión, no es necesario examinar si la Ley no 8/2013 es compatible con las normas para la determinación del origen de los productos con arreglo al Código aduanero modernizado (cuestiones prejudiciales quinta y sexta). El artículo 35 del Reglamento no 450/2008 se refiere a la determinación del origen no preferencial de las mercancías en determinadas circunstancias previstas en el artículo 35. ( 52 ) Estas normas no parecen permitir ni prohibir la aplicación del artículo 3, apartado 2, de la Ley no 8/2013. Por otra parte, es indiscutible que la piel utilizada para la fabricación de los artículos de piel en cuestión no tiene origen italiano. Por consiguiente, considero que las cuestiones quinta y sexta son irrelevantes, por lo que no es necesario darles respuesta.
114.

Si bien es cierto que se puede lamentar cierta confusión en el razonamiento adoptado por el Tribunal General, que mezcla consideraciones preliminares y examen sobre el fondo de la selectividad del convenio de 2005, se evidencia que estas dos cuestiones no se refieren stricto sensu al examen de la selectividad del convenio de 2005, sino que se pretende, como resulta del razonamiento expuesto en los apartados 66 y 67 de la sentencia recurrida, abordar la cuestión aparte de los vínculos existentes entre el convenio de 2005 y las modificaciones legislativas posteriores. Me parece que fue teniendo en cuenta esta última problemática por lo que el Tribunal General consideró útil indicar, en el apartado 64 de la sentencia recurrida, que «cuando un Estado celebra con un operador económico un convenio que no implica un elemento de ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, el hecho de que, posteriormente, las condiciones ajenas a tal convenio cambien de modo que el operador en cuestión se encuentre en una posición ventajosa en relación con otros operadores que no hayan celebrado un convenio similar no es suficiente para que, considerados globalmente, el convenio y la modificación posterior de las condiciones ajenas a éste puedan considerarse como constitutivos de una ayuda estatal».
17.

En el presente asunto, el artículo 99, apartado 3, del Código de procedimiento contencioso-administrativo no obliga a remitir el asunto a otro órgano jurisdiccional sino a otra formación del mismo órgano jurisdiccional. No obstante, el elemento determinante no reside, en mi opinión, en esa diferencia, sino en el hecho de que, si el Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (o cualquier sala del Consiglio di Stato) decide, con arreglo al artículo 99, apartado 3, del Código de procedimiento contencioso-administrativo, remitir el asunto al Pleno, deja, en principio, de conocer del litigio y, por lo tanto, ya no podrá plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, ni simultánea ni posteriormente. ( 11 )
70.

En segundo lugar, y en todo caso, como ya he afirmado en el punto 48 supra, al margen del Korrespondenzprinzip, ( 52 ) el tratamiento fiscal aplicado al beneficiario de las rentas no puede justificar la discriminación del contribuyente no residente. La normativa controvertida, en concreto, el artículo 50 de la EStG, impide con carácter general toda deducción en concepto de «gasto extraordinario» en el caso de que el deudor sea un sujeto pasivo por obligación real. Por lo tanto, la posibilidad de deducir las rentas alimenticias privadas es negada al contribuyente no residente en todo caso, y con independencia tanto del lugar de residencia del acreedor como del hecho de que dichas rentas estén sujetas a imposición al ser percibidas por su beneficiario. Esta normativa no está destinada en absoluto a mantener un reparto equilibrado de la potestad tributaria y, de todos modos, no puede considerarse en ningún caso una medida proporcionada para alcanzar dicho objetivo.
30.

En resumen, de dichos principios reconocidos en reiterada jurisprudencia se deduce que la nueva normativa no se ha de aplicar a las situaciones definitivas, a no ser que excepcionalmente se disponga otra cosa. En cambio, las situaciones abiertas, en que aún no se han producido situaciones jurídicas surgidas con arreglo a la antigua normativa y que hayan adquirido carácter definitivo, se han de valorar conforme a la nueva normativa, desde que ésta entre en vigor. ( 21 )
11.

Al igual que el Rechtbank ’s‑Hertogenbosch, el órgano jurisdiccional remitente considera que de la sentencia Vicoplus y otros (EU:C:2011:64) puede deducirse que los artículos 56 TFUE y 57 TFUE no se oponen a que un Estado miembro supedite el desplazamiento, en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra c), de la Directiva 96/71, a su territorio de trabajadores procedentes de un tercer país a la obtención de un permiso de trabajo. Dado que, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, la cuestión de la compatibilidad de la exigencia de tal permiso de trabajo con los artículos 56 TFUE y 57 TFUE se desprende claramente de la sentencia Vicoplus y otros (EU:C:2011:64), éste no ha considerado necesario interrogar al Tribunal de Justicia sobre este particular.
48.

En otras palabras, se trata de saber si un producto energético determinado, no mencionado en el anexo I de la Directiva 2003/96, se utiliza para los mismos fines específicos que un producto citado en él, y si entra por ello en competencia con dicho producto. En consecuencia, considero, al igual que la Comisión, que el concepto de «equivalencia de producto» debe interpretarse desde la perspectiva de la sustituibilidad o intercambiabilidad de los productos energéticos de que se trate. Además, este enfoque también permitirá evitar, entre los fabricantes de productos que compiten, distorsiones de la competencia derivadas de la utilización como combustible, por motivos industriales o económicos, de un producto energético «para el que la presente Directiva no especifica ningún nivel de imposición», y no de un producto energético que figura en el cuadro C del anexo I de la Directiva 2003/96.
49.

Partiendo de este razonamiento (y pendiente de su verificación por el órgano jurisdiccional remitente), yo afirmaría que las circunstancias subyacentes a la resolución de remisión, es decir, en que una mujer en la situación de la Sra. Saint Prix no puede trabajar debido al embarazo y solicita una prestación especial no contributiva en metálico como el subsidio asistencial, no ha de perder automáticamente su derecho de residencia a causa de sus dificultades económicas temporales. Teniendo en cuenta lo declarado por el Tribunal de Justicia a este respecto en la sentencia Brey, también llego a la conclusión de que del simple hecho de que una mujer embarazada haya solicitado una prestación como el subsidio asistencial no significa que ya no posea recursos suficientes para residir en el Estado miembro de acogida. Y esto es así, sobre todo, porque los problemas de subsistencia sufridos por ella son de carácter temporal y porque, en consecuencia, sólo requiere asistencia social durante un período limitado de tiempo, período que resulta coincidir con la duración del permiso de maternidad ordinario para los nacionales del Reino Unido, durante el cual no se les exige que estén disponibles para el trabajo ni que busquen activamente trabajo.
50.

No obstante, no todo grave deterioro de un LIC justifica el cambio de categoría, pues el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats obliga a los Estados miembros a proteger los LIC frente al deterioro. Si un Estado miembro incumple dicha obligación respecto de una zona, ello no puede justificar el cambio del estatuto de protección, ( 22 ) sino que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para restablecer la zona. En particular, ante cualquier indicio de deterioro no pueden permanecer inactivos, sino que a partir de esos indicios deben velar por dotar a la zona de la protección necesaria para que no se siga deteriorando su estado.
10.

Las dudas que el órgano jurisdiccional remitente alberga sobre la interpretación correcta del artículo 7 de la Directiva 2003/88 cuando la remuneración está compuesta por una parte fija y otra variable parecen tener su origen, en particular, en la sentencia de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) de 27 de noviembre de 2002, Evans c. Malley Organisation Ltd (T/A First Business Support). ( 4 ) En efecto, en una situación análoga a la controvertida en el presente asunto, el empleado demandante alegó que la remuneración de sus vacaciones debía haberse basado en sus ingresos medios, computando tanto su salario base como sus ganancias medias por comisiones. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) rechazó el argumento del trabajador. Consideró que su remuneración no variaba en función de la cantidad de trabajo realizado y que, por consiguiente, era de aplicación el artículo 221, apartado 2, de la Ley de 1996 sobre derechos de los trabajadores (Employment Rights Act 1996). ( 5 ) En consecuencia, la Court of Appeal declaró que el empleado tenía derecho a percibir sólo el salario base durante su período de vacaciones, por lo que en dichos períodos no tenía derecho a percibir una suma equivalente a sus ingresos medios por comisiones.
37.

Si no es posible tal responsabilidad mutua por las contribuciones porque un participante en el cartel, como en el presente caso, no conocía la existencia del cartel global y no podía conocerlo razonablemente, ello no significa, en modo alguno, que ese participante tuviera que ser absuelto automáticamente de todas las sanciones. Por el contrario, nada se opone a que se siga responsabilizándolo por los acuerdos individuales en los que se ha acreditado que participó de forma activa ( 26 ) y en los cuales se pretendió el mismo objeto contrario a la competencia.
2)

Para determinar, a efectos de la expedición del certificado E 101, si la situación de una persona está incluida en el ámbito de aplicación de los incisos i) y ii) del artículo 14, apartado 2, letra b), del Reglamento no 1408/71, debe realizarse una adecuada apreciación de los hechos pertinentes para la aplicación de dichas normas con el fin de cerciorarse de que la situación del trabajador cumple realmente los requisitos establecidos en ellas. Dicha apreciación deberá llevarse a cabo atendiendo principalmente al contrato de trabajo, si bien deberán tenerse asimismo en cuenta otros factores pertinentes, tales como el modo en que se han aplicado anteriormente en la práctica contratos similares entre la empresa y el interesado y, con carácter más general, las características de las actividades a las que se dedica la empresa en cuestión. Si, como consecuencia de esta apreciación, se pone claramente de manifiesto que, pese a la redacción del contrato de trabajo, la situación del trabajador no cumple, de hecho, alguno de los requisitos establecidos en una norma del Reglamento no 1408/71 –como la norma del inciso i) o la del inciso ii) del artículo 14, apartado 2, letra b)–, dicha norma no podrá aplicarse.»
67.

Por lo tanto, una tasa o canon están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva autorización si gravan el acceso al mercado de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas o a los recursos como números, radiofrecuencias y «derechos de paso». Si es así, los Estados miembros únicamente pueden imponer cánones y tasas a los fines y con los requisitos enunciados en los artículos 12 y 13. ( 59 ) No pueden imponer otros cánones o tasas. Esta conclusión concuerda con la resolución del Tribunal de Justicia según la cual los Estados miembros no pueden percibir, en relación con los procedimientos de autorización, cánones ni gravámenes distintos de los previstos en la Directiva 97/13, ( 60 ) que fue derogada por la Directiva marco. ( 61 ) Así pues, a diferencia del Ayuntamiento de Tudela, considero que un Estado miembro no está autorizado a imponer una tasa que no se halle comprendida en el artículo 12 o el artículo 13 de la Directiva autorización.
48.

Finlandia y los Estados miembros intervinientes invocan la sentencia Gerritse ( 38 ) para alegar que los dividendos abonados que se transfieren a las reservas no constituyen gastos directamente relacionados con la actividad económica (inversión de capital en Finlandia) que generó dichos dividendos. Con respecto a los fondos de pensiones no residentes, estas transferencias no pueden tratarse como gastos deducibles, puesto que se deriva del principio de territorialidad que los fondos de pensiones no residentes únicamente están sujetos a una imposición limitada en Finlandia. Por consiguiente, está permitido tratar los fondos de pensiones residentes de forma diferente al estar sujetos a una imposición íntegra en Finlandia.