3.

Abordamos ahora la primera cuestión remitida al Tribunal de Justicia por el Tribunal francés. Como ya he dicho, esta cuestión fue formulada en consideración a un supuesto preciso, a saber, que existen mercancías importadas en un Estado miembro en libre práctica y acompañadas del certificado de circulación comunitario, y que el Estado miembro de importación exige que se indique el país de origen en la declaración de aduana. ¿Es compatible esta exigencia con la prohibición de que trata el artículo 30 del Tratado? Debo recordar aquí ante todo que, según el apartado 2 del artículo 9 del Tratado, las disposiciones de los artículos 30 a 37 se aplican no sólo a los productos originarios de los Estados miembros, sino también a los «productos procedentes de terceros países que se encuentren en libre práctica en los Estados miembros». El artículo 10 del Tratado precisa lo que se debe entender por productos en libre práctica en los Estados miembros, pero en el presente caso, no existe controversia respecto a este punto. Otro problema que no se plantea en el caso que nos ocupa es el de la posibilidad de justificar, sobre la base del citado artículo 36, la disposición nacional que exige la indicación del país de origen de la mercancía. Se podría teóricamente concebir, por ejemplo, que se establezca o mantenga una medida de este tipo, para categorías determinadas de mercancías, por razones de carácter sanitario, que puedan ser referidas al fin de protección de la salud y de la vida de las personas y de los animales. Pero en el presente caso no se da un supuesto de este género, siendo el caso considerado por la cour d'appel de Douai el de una norma de Derecho interno de aplicación general que no se limita a determinadas categorías concretas de mercancías y no se basa en una justificación especial. Se podrá suponer también, basándonos en la cláusula de salvaguardia del artículo 115 del Tratado, que la Comisión autorice a un Estado miembro a prever una excepción al principio de la libre circulación de mercancías excluyendo de dicho tratamiento ciertos productos procedentes de determinados países. En un caso semejante, se podría comprender que dicho Estado obligue a los importadores a declarar el origen de los productos importados, y se podría también reconocer la gravedad de una eventual infracción de esta obligación, así como la aplicación de sanciones, incluso rigurosas, a fin de asegurar su observancia. De hecho, esta hipótesis es ajena al caso que no ocupa, en el sentido de que la disposición francesa relativa a la declaración del origen no fue adoptada en el marco de una situación concreta de aplicación del artículo 115. Sin embargo, en su segunda cuestión, la cour d'appel de Douai, refiriéndose a la obligación impuesta a los importadores de solicitar una licencia, supuso que esta obligación se había establecido «con vistas a la posible aplicación del artículo 115». Esto se explica probablemente por la actitud adoptada por la Administración francesa de aduanas, expresada en una serie de comunicaciones publicadas en el Diario Oficial de 14 de junio de 1959 y que justificaban la obligación de los importadores de solicitar una licencia para las mercancías en libre práctica y de indicar el país de origen por el hecho de que las autoridades francesas podían eventualmente adoptar medidas de salvaguardia respecto a dichas mercancías. Así pues, conviene precisar a este respecto que la simple posibilidad de que se adopten en un futuro medidas de salvaguardia no puede constituir el fundamento legal, ni de una obligación general y permanente de los importadores de solicitar una licencia, ni de una obligación, también general y permanente, de indicar el país de origen de los productos importados. En efecto, las medidas de salvaguardia deben, en principio, ser autorizadas caso por caso por la Comisión cuando se dan aquellas situaciones de naturaleza excepcional previstas en el artículo 115. En cuanto a la facultad de los Estados miembros, reconocida por el párrafo segundo de este artículo, de adoptar directamente medidas de salvaguardia en caso de urgencia y durante el período transitorio, hay que decir no sólo que su ejercicio está sujeto a la obligación de notificarlas a los demás Estados miembros y a la Comisión, y a la aprobación de ésta, sino también que se trata en todo caso de una posibilidad ligada a circunstancias excepcionales; no podía admitirse que un Estado miembro mantuviera o adoptara medidas normales que obstaculizaran la importación, en vista de un acontecimiento puramente hipotético y excepcional. Parece pues que no se puede invocar el artículo 36 ni el artículo 115 del Tratado con vistas a justificar la disposición de que se trata en el presente caso. Las mercancías importadas iban acompañadas, como ha recordado la cour d'appel de Douai en su primera cuestión, de un certificado de circulación comunitario. Mi análisis no me permite hasta el momento determinar una razón válida a los ojos del Derecho comunitario, que permita a los Estados miembros exigir una declaración de origen distinta del certificado para las mercancías que se encuentran en libre práctica.