Palabras clave

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Palabras clave

1 Procedimiento - Fase oral del procedimiento - Informe para la vista del Juez Ponente - Objeto

2 CEEA - Régimen de abastecimiento - Confrontación de las ofertas y las demandas - Procedimiento simplificado - Presentación de un contrato de suministro desprovisto de la indicación del origen geográfico de las materias - Derecho de la Agencia de pedir a las partes que completen el expediente - Obligación de la Agencia de pronunciarse sobre la celebración del contrato en el plazo previsto - Comienzo del plazo

[Tratado CEEA, arts. 2, letra d), y 60; Reglamento de la Agencia de abastecimiento de la CEEA por el que se determinan las modalidades relativas a la confrontación de las ofertas y las demandas de minerales, materiales básicos y materias fisionables especiales, art. 5 bis, letra f)]

3 Recurso de casación - Motivos - Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia - Inadmisibilidad

4 CEEA - Régimen de abastecimiento - Confrontación de las ofertas y las demandas - Derecho exclusivo a celebrar contratos de suministro - Obligación de la Agencia de satisfacer todos los pedidos - Suministro de materias primas procedentes del exterior de la Comunidad - Inclusión - Límites - Observancia del objetivo de abastecimiento regular y equitativo de los usuarios de la Comunidad - Procedimiento simplificado - Facultad decisoria de la Agencia - Alcance del control jurisdiccional

[Tratado CEEA, arts. 2, letra d), 52 y 61; Reglamento de la Agencia de abastecimiento de la CEEA que determina las modalidades relativas a la confrontación de las ofertas y las demandas de minerales, materiales básicos y materias fisionables especiales, art. 5 bis]

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1 El informe del Juez Ponente tiene por objeto presentar de forma resumida los elementos de hecho y de Derecho del asunto y los motivos y alegaciones de las partes. En su caso, las partes pueden solicitar, antes o durante la vista, que se realicen rectificaciones o formular reservas.

2 Al aplicar el artículo 5 bis del Reglamento de la Agencia de abastecimiento de la Euratom por el que se determinan las modalidades de confrontación de las ofertas y las demandas de minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales, que, en el marco de un «procedimiento simplificado», establece que, para su celebración, todo contrato de suministro deberá someterse a la Agencia para firma y que la Agencia dispone, a continuación, de un plazo de diez días hábiles para pronunciarse, bien celebrándolo, bien denegando la celebración, el origen geográfico de los materiales que deben entregarse ocupa un lugar central entre los elementos que deben comunicarse, dado que el conocimiento de este origen por parte de la Agencia es indispensable para garantizar la seguridad de los abastecimientos perseguida.

En efecto, según la letra d) del artículo 2 del Tratado CEEA, la Comunidad deberá velar por el abastecimiento regular y equitativo en minerales y combustibles nucleares de todos los usuarios de la Comunidad. Pues bien, la regularidad de los suministros está estrechamente vinculada a la diversificación geográfica de las fuentes de abastecimiento. El artículo 60 del mismo Tratado, al precisar que los usuarios de materias primas pondrán periódicamente en conocimiento de la Agencia los lugares de procedencia de los suministros, confirma la importancia que reviste conocer el origen geográfico de los suministros para ejecutar la política común de abastecimientos por parte de la Agencia.

En consecuencia, la Agencia tiene derecho, por una parte, a pedir a las partes que completen el expediente comunicándole el origen de las materias que deben entregarse. Aunque es cierto que la letra f) del artículo 5 bis del Reglamento obliga a la Agencia a pronunciarse en el plazo de diez días, esta disposición no le prohíbe recurrir a una medida de investigación como la controvertida cuando el contrato que se le ha sometido es incompleto y, en particular, cuando en él no figura la información de que disponen las partes sobre el origen de los materiales que debían entregarse, puesto que la petición de información se presentó dentro del mencionado plazo.

Por otra parte, dado que la obligación de la Agencia de pronunciarse rápidamente sobre la celebración de un contrato sólo existe cuando éste contiene todas las informaciones necesarias para el ejercicio de su misión de control de las fuentes de abastecimiento, el plazo a que se refiere la letra f) del artículo 5 bis del Reglamento no empieza a transcurrir sino a partir de la recepción del expediente completo. Cualquier otra interpretación daría lugar a que, a falta de información suficiente, la Agencia denegara de entrada la celebración del contrato, actitud que, en determinadas circunstancias, podría ser excesiva, especialmente cuando la información que se espera no justificara tal consecuencia.

3 Un recurso de casación que se limite a reproducir los motivos y las alegaciones ya formulados en primera instancia o a remitirse pura y simplemente a los motivos y alegaciones formulados en primera instancia es, en realidad, un recurso destinado a obtener un nuevo examen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia e implica la inadmisibilidad de estos motivos y alegaciones.

4 A tenor del párrafo primero del artículo 61 del Tratado CEEA, la Agencia de abastecimiento de la Euratom está obligada a satisfacer todos los pedidos formalizados por los usuarios, siempre que no se opongan a ello obstáculos jurídicos o materiales, cuya existencia deberá apreciarse teniendo en cuenta los objetivos de la política común de abastecimientos, tal como se enuncian en la letra d) del artículo 2 y en el artículo 52 del Tratado. Aunque es cierto que dicho artículo 61 figura en la Sección 2, titulada «minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales procedentes de la Comunidad» incluida en el Capítulo 6, relativo al abastecimiento, y que en el Tratado no hay ninguna referencia a este texto a propósito del suministro de materias primas procedentes de países terceros, la acción de la Agencia respecto a estos últimos sigue estando sometida a exigencias comparables a las impuestas por este artículo y la Agencia está, por tanto, obligada a satisfacer los pedidos formalizados por los usuarios, sin dejar de velar por la observancia de determinados límites.

Entre estos límites, cuya inobservancia constituiría un obstáculo jurídico en el sentido del artículo 61 del Tratado, figura indiscutiblemente el cumplimiento del objetivo de abastecimiento regular y equitativo de los usuarios de la Comunidad, perseguido por el Tratado, lo que obliga a la Agencia, titular por este concepto del derecho exclusivo a celebrar los contratos de suministros, a velar, bajo el control de la Comisión, por que determinados pedidos no menoscaben la diversificación del abastecimiento o el principio de no discriminación, independientemente del origen, comunitario o no, de los suministros. Esta misión de la Agencia la convierte en un elemento esencial de la política común de abastecimiento.

Por otra parte, el procedimiento simplificado establecido por el artículo 5 bis del Reglamento de la Agencia de abastecimiento de la Euratom por el que se determinan las modalidades de confrontación de las ofertas y las demandas de minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales, no priva a la Agencia de sus derechos exclusivos aunque, incluso en el marco del procedimiento simplificado, la Agencia tiene derecho a oponerse a un contrato que pudiera obstaculizar la realización de los objetivos del Tratado. En particular, no es conforme con dichos objetivos limitar la facultad de decisión de la Agencia cuando ésta ignora la procedencia de los suministros o cuando tiene razones legítimas para pensar que el origen de los productos puede menoscabar la seguridad de abastecimiento de los Estados miembros de la Comunidad. A este respecto y tratándose de decisiones en materia de política económica y comercial, así como de política nuclear, la Agencia dispone de un amplio margen de apreciación y el control jurisdiccional debe limitarse al error manifiesto de apreciación o a la desviación de poder.