SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA PRIMERA) DE 17 DE DICIEMBRE DE 1991. - ENICHEM ANIC SPA CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - COMPETENCIA - CONCEPTOS DE ACUERDO Y DE PRACTICA CONCERTADA - RESPONSABILIDAD COLECTIVA - IMPUTABILIDAD DE UNA INFRACCION. - ASUNTO T-6/89.



Recopilación de Jurisprudencia 1991 página II-01623

Edición especial sueca página II-00001

Edición especial finesa página II-00001



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción - Cargos que pueden formularse

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

2. Competencia - Procedimiento administrativo - Audiencias - Carácter provisional del acta presentada al Comité Consultivo y a la Comisión - Vicio de procedimiento - Inexistencia

(Reglamento nº 99/63 de la Comisión)

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto del derecho de defensa - Derecho de las partes implicadas en un procedimiento a que se les dé traslado del informe del Consejero-Auditor y a comentarlo - Inexistencia

4. Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

5. Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Coordinación y cooperación incompatibles con la obligación de que cada empresa determine de modo autónomo su comportamiento en el mercado - Reuniones entre competidores con el objeto de intercambiar informaciones decisivas para la elaboración de la estrategia comercial de los participantes

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

6. Competencia - Prácticas colusorias - Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada - Calificación única como "un acuerdo y práctica concertada" - Procedencia - Consecuencias respecto a los elementos de prueba necesarios

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

7. Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Perjuicio del comercio entre Estados miembros - Valoración global y no respecto de cada uno de los participantes

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

8. Competencia - Normas comunitarias - Infracciones - Imputación - Cesión de una rama de actividad - Persona jurídica responsable de la explotación de la empresa en el momento de la infracción - Desaparición - Imputación a la persona jurídica que continúa la explotación

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

9. Actos de las Instituciones - Motivación - Vistos de los dictámenes que es preceptivo recabar - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia - Dictamen del Consejero-Auditor - Dictamen que no es preceptivo recabar

(Tratado CEE, art. 190)

10. Competencia - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Comportamiento pasado de la empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, apartado 2)

Índice

1. Una Decisión dirigida por la Comisión a empresas o asociaciones de empresas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no puede contener ninguna imputación nueva en relación con las contenidas en los pliegos de cargos.

2. El carácter provisional del acta de la audiencia presentada al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes y a la Comisión sólo puede constituir un vicio del procedimiento administrativo, capaz de acarrear la ilegalidad de la Decisión que pone fin al mismo, si el texto de que se trate estuviera redactado de manera tal que indujera a error a sus destinatarios sobre un punto esencial.

3. El derecho de defensa no exige que las empresas que intervienen en un procedimiento basado en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado puedan comentar el informe del Consejero-Auditor. En efecto, el respeto del derecho de defensa queda garantizado suficientemente con arreglo a Derecho cuando las diferentes instancias que participan en la elaboración de la Decisión final han sido correctamente informadas de los argumentos formulados por las empresas en respuesta a los cargos que les comunicó la Comisión y a las pruebas que presentó la Comisión en apoyo de estos cargos. Ahora bien, el informe del Consejero-Auditor es un documento puramente interno de la Comisión, sin otro valor que el de un dictamen, y que no tiene por objeto completar o corregir la argumentación de las empresas, ni formular nuevos cargos o aportar nuevas pruebas en contra de aquéllas.

4. Para que exista acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Tal es el caso cuando ha existido concurso de voluntades entre varias empresas para alcanzar unos objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas.

5. Los criterios de cooperación y de coordinación que permiten definir el concepto de práctica concertada deben interpretarse a la luz de la lógica inherente a las normas del Tratado relativas a la competencia, según la cual todo agente económico debe determinar de modo autónomo la política que desea aplicar en el mercado común. Dicho requisito de autonomía, si bien es cierto que no excluye el derecho de los agentes económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o prevén que seguirán sus competidores, se opone, sin embargo, de modo riguroso, a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos agentes que tenga por objeto o por efecto, bien influir sobre el comportamiento en el mercado de un competidor actual o potencial, bien revelar a dicho competidor el comportamiento que uno mismo ha decidido o se propone adoptar en el mercado.

Constituye una práctica concertada la participación en reuniones que tienen por objeto el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas, en las cuales los competidores intercambian informaciones sobre los precios que se proponen aplicar, sobre su umbral de rentabilidad, sobre las limitaciones de los volúmenes de venta que consideran necesarias y sobre sus cifras de ventas, pues las empresas participantes tienen necesariamente en cuenta la información así revelada para determinar su comportamiento en el mercado.

6. Como el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no prevé una calificación específica para una infracción compleja, pero sin embargo única, por estar constituida por un comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad e integrado a la vez por unos elementos que deben calificarse de "acuerdos" y por otros elementos que deben calificarse de "prácticas concertadas", tal infracción puede recibir la calificación de "acuerdo y práctica concertada", sin que se exija una prueba simultánea y cumulativa de que cada uno de los elementos de hecho presenta los rasgos constitutivos de un acuerdo y de una práctica concertada.

7. Debe considerarse que una empresa ha participado en un acuerdo o una práctica concertada que podía afectar al comercio entre Estados miembros e infringido, por tanto, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado cuando éste era el resultado potencial del comportamiento del conjunto de las empresas participantes, independientemente del efecto de la participación individual de aquélla.

8. El apartado 1 del artículo 85 del Tratado se dirige a unas entidades económicas constituidas por un conjunto de elementos materiales y humanos que pueden participar en la comisión de una infracción contemplada por dicha disposición. Cuando la existencia de una infracción de estas características ha quedado probada, se debe determinar la persona física o jurídica que era responsable de la explotación de la empresa en el momento en que se cometió la infracción, para que responda de ella. Sin embargo, cuando entre el momento en que se cometió la infracción y el momento en que la empresa en cuestión debe responder de la misma la persona responsable de la explotación de la empresa ha cesado de existir jurídicamente, es preciso localizar, en un primer tiempo, el conjunto de elementos materiales y humanos que participaron en la comisión de la infracción para, en un segundo tiempo, identificar a la persona que ha pasado a ser responsable de la explotación de dicho conjunto, con el fin de impedir que la empresa pueda evitar responder de la infracción a consecuencia de la desaparición de la persona responsable de la explotación de la misma en el momento en que se cometió la infracción.

9. El hecho de que una Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia no haga referencia alguna al informe del Consejero-Auditor no constituye una infracción del artículo 190 del Tratado, pues dicho informe, del cual ninguna disposición establece que deba darse traslado del mismo al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes o a la Comisión, no constituye un dictamen que esta última esté obligada a recabar en su calidad de órgano decisorio.

10. A la hora de determinar el importe de la multa que se impondrá por una infracción de las normas sobre la competencia, el hecho de que la Comisión hubiera comprobado ya, en el pasado, que una empresa había infringido las normas sobre la competencia y, en su caso, la hubiera sancionado por dicho motivo, puede considerarse una circunstancia agravante contra dicha empresa, pero la inexistencia de infracción anterior constituye una circunstancia normal que la Comisión no está obligada a tener en cuenta como circunstancia atenuante.

Partes

En el asunto T-6/89,

Enichem Anic SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Palermo (Italia), representada por los Sres. G. Guarino y M. Siragusa, Abogados de Roma, G. Arcidiacono, Abogado de Milán, y Giuseppe Scassellati Sforzolini, Abogado de Bolonia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Arendt y Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. A. McClellan, Consejero Jurídico Principal, y G. Marenco, Consejero Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Roberto Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149 - Polipropileno; DO L 230, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES

EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por los Sres.: J.L. Cruz Vilaça, Presidente; R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner y K. Lenaerts, Jueces;

Abogado General: Sr. B. Vesterdorf;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y después de celebrada la vista del 10 al 15 de diciembre de 1990;

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 1991;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el recurso

1 El presente asunto se refiere a una Decisión de la Comisión por la que se impuso a quince productores de polipropileno una multa por infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. El producto al que se refiere la Decisión impugnada (en lo sucesivo, "Decisión") es uno de los principales polímeros termoplásticos brutos. El polipropileno es vendido por los productores a los transformadores, que lo convierten en productos acabados o semiacabados. Los principales productores de polipropileno tienen una gama de más de cien calidades diferentes, que engloban un amplio abanico de utilizaciones finales. Los tipos básicos principales de polipropileno se denominan rafia, homopolímero para moldeo por inyección, copolímero para moldeo por inyección, copolímero "high impact" y laminer. Las empresas destinatarias de la Decisión son todas importantes fabricantes de productos petroquímicos.

2 El mercado del polipropileno en Europa occidental es abastecido casi exclusivamente a partir de centros de producción instalados en Europa. Antes de 1977, eran diez productores los que abastecían el mercado, a saber, Montedison (que se transformó en Montepolimeri SpA, la cual a su vez se transformó más tarde en Montedipe SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc y Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, "cuatro grandes"), que representaban en conjunto el 64 % del mercado, Enichem Anic SpA en Italia, Rhône-Poulenc SA en Francia, Alcudia en España, Chemische Werke Huels y BASF AG en Alemania, y Chemie Linz AG en Austria. Tras la expiración de las patentes de control propiedad de Montedison, en 1977 aparecieron siete nuevos productores en Europa occidental: Amoco y Hercules Chemicals NV en Bélgica, ATO Chimie SA y Solvay et Cie SA en Francia, SIR en Italia, DSM NV en los Países Bajos, y Taqsa en España. Saga Petrokjemi AS & Co., productor noruego, dio comienzo a sus actividades a mediados de 1978 y Petrofina SA en 1980. Esta llegada de nuevos productores con una capacidad nominal de alrededor de 480.000 toneladas supuso un aumento sustancial de la capacidad de producción en Europa occidental, que durante varios años no se vio acompañada por un aumento paralelo de la demanda, lo que produjo como resultado una escasa utilización de la capacidad de producción; sin embargo, la tasa de utilización fue aumentando progresivamente entre 1977 y 1983, pasando de un 60 a un 90 %. Según la Decisión, la oferta y la demanda volvieron a quedar más o menos equilibradas a partir de 1982. No obstante, durante la mayor parte del período de referencia (1977-1983), el mercado del polipropileno se caracterizó por su escasa rentabilidad o por sus grandes pérdidas, debido, sobre todo, a la importancia de los costes fijos y al aumento del precio de la materia prima, el propileno. Según la Decisión (apartado 8), en 1983 Montepolimeri SpA cubría el 18 % del mercado europeo del polipropileno; Imperial Chemical Industries plc, Shell International Chemical Company Ltd y Hoechst AG un 11 % cada una; Hercules Chemicals NV un poco menos del 6 %; ATO Chimie SA, BASF AG, DSM NV, Chemische Werke Huels, Chemie Linz AG, Solvay et Cie SA y Saga Petrokjemi AS & Co., de un 3 a un 5 % cada una, y Petrofina SA alrededor de un 2 %. Existía una vasta corriente de intercambios de polipropileno entre los Estados miembros, porque cada uno de los productores establecidos en la Comunidad en aquella época vendía en todos los Estados miembros, o en casi todos.

3 Enichem Anic SpA (en lo sucesivo, "Anic") formaba parte de los productores que abastecían el mercado antes de 1977. Su posición en el mercado del polipropileno era la de un productor medio, con una cuota de mercado comprendida entre el 2,7 y el 4,2 %. Abandonó el mercado en la primavera de 1983, tras haber cedido su sección de polipropileno a Montepolimeri SpA a finales de octubre de 1982.

4 Los días 13 y 14 de octubre de 1983, funcionarios de la Comisión, que actuaban en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, "Reglamento nº 17"), procedieron a realizar visitas de inspección simultáneas en las siguientes empresas, todas ellas productoras de polipropileno y suministradoras del mercado comunitario;

- ATO Chimie SA, hoy Atochem (en lo sucesivo, "ATO");

- BASF AG (en lo sucesivo, "BASF");

- DSM NV (en lo sucesivo, "DSM");

- Hercules Chemicals NV (en lo sucesivo, "Hercules");

- Hoechst AG (en lo sucesivo, "Hoechst");

- Chemische Werke Huels (en lo sucesivo, "Huels");

- Imperial Chemical Industries plc (en lo sucesivo, "ICI");

- Montepolimeri SpA, hoy Montedipe (en lo sucesivo, "Monte");

- Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, "Shell");

- Solvay et Cie SA (en lo sucesivo, "Solvay");

- BP Chimie (en lo sucesivo, "BP").

No se efectuaron visitas de inspección en Rhône-Poulenc SA (en lo sucesivo, "Rhône-Poulenc") ni en Enichem Anic SpA.

5 Como consecuencia de estas visitas de inspección, la Comisión dirigió solicitudes de información, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17 (en lo sucesivo, "solicitudes de información"), no sólo a las empresas citadas, sino también a las siguientes empresas:

- Amoco;

- Chemie Linz AG (en lo sucesivo, "Linz");

- Saga Petrokjemi AS & Co., que hoy es parte de Statoil (en lo sucesivo, "Statoil");

- Petrofina SA (en lo sucesivo, "Petrofina");

- Enichem Anic SpA (en lo sucesivo, "Anic").

Linz, empresa con domicilio social en Austria, impugnó la competencia de la Comisión y se negó a responder a la solicitud. Con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento antes citado, los funcionarios de la Comisión procedieron a continuación a realizar investigaciones en Anic y en Saga Petrochemicals UK Ltd, filial inglesa de Saga, así como en agencias de ventas de Linz en la República Federal de Alemania y en el Reino Unido. No se envió ninguna solicitud de información a Rhône-Poulenc.

6 Los datos obtenidos en el marco de estas investigaciones y solicitudes de información llevaron a la Comisión a concluir que, entre 1977 y 1983, los productores de que se trata, infringiendo el artículo 85 del Tratado CEE, habían establecido con carácter regular, mediante una serie de iniciativas sobre precios, unos objetivos sobre precios y organizado un sistema de control anual del volumen de ventas con vistas a repartirse el mercado existente según unas cantidades de toneladas o porcentajes convenidos de antemano. Así pues, el 30 de abril de 1984 la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 y, a lo largo del mes de mayo de 1984, comunicó por escrito el pliego de cargos a las empresas antes citadas, con excepción de Anic y Rhône-Poulenc. Todos los destinatarios respondieron por escrito al pliego de cargos.

7 El 24 de octubre de 1984, el Consejero-Auditor designado por la Comisión reunió a los Abogados de los destinatarios del pliego de cargos para convenir determinadas medidas de procedimiento para la audiencia prevista en el marco del procedimiento administrativo, que debía comenzar el 12 de noviembre de 1984. En dicha reunión, la Comisión anunció, por su parte, que, ante los argumentos que presentaban las empresas en sus respuestas al pliego de cargos, enviaría de inmediato a éstas las pruebas que completaban las que ya obraban en su poder, en lo referente a la aplicación de las iniciativas sobre precios. Así pues, el 31 de octubre de 1984 la Comisión envió a los Abogados de las empresas una carpeta de documentos en la que figuraban copias de las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, así como cuadros sinópticos de dichos documentos. Con el fin de garantizar el respeto del secreto comercial, la Comisión estableció ciertas condiciones al enviar esta comunicación, especialmente la de no dar a conocer los documentos a los servicios comerciales de las empresas. Los Abogados de varias empresas se negaron a aceptar tales condiciones y devolvieron la documentación antes de la audiencia.

8 A la vista de la información contenida en las respuestas escritas al pliego de cargos, la Comisión decidió hacer extensivo el procedimiento a Anic y a Rhône-Poulenc. A estos efectos, el 25 de octubre de 1984 les envió un pliego de cargos semejante al dirigido a las otras quince empresas.

9 La primera serie de audiencias se celebró del 12 al 20 de noviembre de 1984. Durante la misma fueron oídas todas las empresas, con excepción de Shell (que se había negado a comparecer en audiencia alguna), Anic, ICI y Rhône-Poulenc (que alegaban no haber podido preparar su intervención).

10 En el curso de estas audiencias, varias empresas se negaron a abordar los puntos mencionados en la documentación que se les había enviado el 31 de octubre de 1984, alegando que la Comisión había cambiado radicalmente la orientación de sus argumentos y que se les debía permitir, como mínimo, presentar observaciones escritas. Otras empresas sostuvieron que no habían dispuesto de tiempo suficiente para estudiar los referidos documentos antes de la audiencia. El 28 de noviembre de 1984, los Abogados de BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina y Solvay enviaron a la Comisión un escrito conjunto en este sentido. Mediante escrito de 4 de diciembre de 1984, Huels declaró que compartía el punto de vista expresado por aquéllas.

11 Fue por estas razones por lo que el 29 de marzo de 1985 la Comisión transmitió a las empresas una nueva serie de documentos, que reproducían las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, acompañados de unos cuadros de precios, así como un resumen de las pruebas correspondientes a cada una de las iniciativas sobre precios sobre las que se disponía de documentos. En dicha comunicación la Comisión invitaba a las empresas a contestarle, tanto por escrito como durante una nueva serie de audiencias, y precisaba que había decidido suprimir las restricciones establecidas inicialmente sobre la transmisión de la información a los servicios comerciales.

12 Mediante otro escrito del mismo día, la Comisión respondió a los argumentos esbozados por los Abogados, según los cuales no había dado una definición jurídica precisa de la práctica colusoria de que les acusaba, con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, e instó a las empresas a presentarle sus observaciones escritas y orales.

13 La segunda serie de audiencias se celebró del 8 al 11 de julio de 1985, y el 25 de julio de 1985. Anic, ICI y Rhône-Poulenc expusieron en ellas sus observaciones, y las restantes empresas (con excepción de Shell) comentaron los puntos mencionados en los dos escritos de la Comisión de fecha 29 de marzo de 1985.

14 El borrador de acta de las audiencias, acompañado de la documentación oportuna, fue transmitido a los miembros del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes (en lo sucesivo, "Comité Consultivo") el 19 de noviembre de 1985 y fue enviado a las empresas el 25 de noviembre de 1985. El Comité Consultivo emitió su dictamen en el curso de su 170.ª reunión, celebrada los días 5 y 6 de diciembre de 1985.

15 Al término de este procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión de 23 de abril de 1986 objeto del litigio, cuya parte dispositiva está redactada así:

"Artículo 1

Anic SpA, ATO Chemie SA (actualmente Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (actualmente Huels AG), ICI plc, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (actualmente Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay et Cie y Saga Petrokjemi AG & Co. (actualmente fusionada con Statoil) han infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, al participar:

- en el caso de Anic, a partir de alrededor de noviembre de 1977 hasta finales de 1982 o principios de 1983;

- en el caso de Rhône-Poulenc, de aproximadamente noviembre de 1977 hasta finales de 1980;

- en el caso de Petrofina, de 1980 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hoechst, ICI, Montepolimeri y Shell, desde mediados del año 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hercules, Linz, Saga y Solvay, desde aproximadamente noviembre de 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de ATO, como mínimo desde 1978 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de BASF, DSM y Huels, desde una fecha indeterminada entre 1977 y 1979 hasta al menos noviembre de 1983;

en un acuerdo y práctica concertada, cuyo origen se sitúa a mediados de 1977, en virtud de los cuales los productores que abastecían de polipropileno el territorio del mercado común:

a) se contactaron mutuamente y se encontraron de forma regular (desde principios de 1981, dos veces al mes) en una serie de reuniones secretas para examinar y definir sus políticas comerciales;

b) fijaron de vez en cuando precios 'objetivo' (o mínimos) para la venta del producto en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad;

c) convinieron diversas medidas tendentes a facilitar la aplicación de tales objetivos de precios, incluidas (esencialmente) limitaciones temporales de la producción, el intercambio de informaciones detalladas sobre sus entregas, la celebración de reuniones locales y, a partir de finales de 1982, un sistema de 'account management' con el objetivo de aplicar las alzas de los precios a clientes particulares;

d) introdujeron aumentos simultáneos de precios para aplicar dichos objetivos;

e) se repartieron el mercado atribuyendo a cada productor un objetivo o una 'cuota' anual de ventas (1979, 1980 y durante una parte al menos de 1983) o, a falta de un acuerdo definitivo para todo el año, pidiendo los productores limitar sus ventas mensuales con referencia a un período anterior (1981, 1982).

Artículo 2

Las empresas mencionadas en el artículo 1 pondrán fin de forma inmediata a las infracciones antes citadas (si todavía no lo han hecho) y se abstendrán en el futuro, y con relación a sus actividades en el sector del polipropileno, de cualquier acuerdo o práctica concertada que pueda tener un objeto o efecto idéntico o similar, incluido cualquier intercambio de informaciones del tipo generalmente cubierto por el secreto comercial, mediante el que los participantes sean informados directa o indirectamente de la producción, de los suministros, del nivel de las existencias, de los precios de venta, de los costos, o de los planes de inversión de otros productores individualizados, o que les permita controlar la ejecución de cualquier acuerdo expreso o tácito o de cualquier práctica concertada en relación con los precios o el reparto de mercados en la Comunidad. Cualquier sistema de intercambio de datos generales al que los productores estuvieran suscritos (como el FIDES) se aplicará de forma que se excluya cualquier dato que permita identificar el comportamiento de productores determinados; las empresas se abstendrán en concreto de intercambiar entre ellas cualquier información suplementaria relativa a la competencia y no cubierta por un tal sistema.

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas mencionadas por la presente Decisión, debido a la infracción que se ha hecho constar en el artículo 1:

i) Anic SpA, una multa de 750.000 ECU, o sea 1.103.692.500 LIT;

ii) Atochem, una multa de 1.750.000 ECU, o sea 11.973.325 FF;

iii) BASF AG, una multa de 2.500.000 ECU, o sea 5.362.225 DM;

iv) DSM NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea 6.657.640 HFL;

v) Hercules Chemicals NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea 120.569.620 BFR;

vi) Hoechst AG, una multa de 9.000.000 ECU, o sea 19.304.010 DM;

vii) Huels AG, una multa de 2.750.000 ECU, o sea 5.898.447,50 DM;

viii) ICI plc, una multa de 10.000.000 ECU, o sea 6.447.970 UKL;

ix) Chemische Werke Linz, una multa de 1.000.000 ECU, o sea 1.471.590.000 LIT;

x) Montedipe, una multa de 11.000.000 ECU, o sea 16.187.490.000 LIT;

xi) Petrofina SA, una multa de 600.000 ECU, o sea 26.306.100 BFR;

xii) Rhône-Poulenc SA, una multa de 500.000 ECU, o sea 3.420.950 FF;

xiii) Shell International Chemical Co. Ltd, una multa de 9.000.000 ECU, o sea 5.803.173 UKL;

xiv) Solvay et Cie, una multa de 2.500.000 ECU, o sea 109.608.750 BFR;

xv) Statoil Den Norske Stats Oljeselskap AS ((que engloba hoy a Saga Petrokjemi)), una multa de 1.000.000 ECU, o sea 644.797 UKL.

Artículos 4 y 5

(omissis)"

16 El 8 de julio de 1986 se envió a las empresas el acta definitiva de las audiencias, en la que se incluían las correcciones, añadidos y supresiones solicitados por éstas.

Procedimiento

17 En este contexto, la demandante, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 31 de julio de 1986, interpuso su recurso en el que solicitaba la anulación de la Decisión. Trece de los catorce destinatarios restantes de la Decisión interpusieron también recurso solicitando la anulación de la misma (asuntos T-1/89 a T-4/89 y T-7/89 a T-15/89).

18 La fase escrita del procedimiento se desarrolló en su totalidad ante el Tribunal de Justicia.

19 Mediante auto de 15 de noviembre de 1989, el Tribunal de Justicia atribuyó el presente asunto, así como los otros trece, al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988 por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988").

20 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia designó un Abogado General.

21 Mediante escrito de 3 de mayo de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a participar en una reunión informal para determinar el modo de organizar la fase oral del procedimiento. Dicha reunión tuvo lugar el 28 de junio de 1990.

22 Mediante escrito de 9 de julio de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia pidió a las partes que presentaran sus observaciones sobre una posible acumulación de los asuntos T-1/89 a T-4/89 y T-6/89 a T-15/89 a efectos de la fase oral del procedimiento. Ninguna de las partes formuló objeciones al respecto.

23 Mediante auto de 25 de septiembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los citados asuntos a efectos de la fase oral del procedimiento por razón de conexión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en aquel momento aplicable mutatis mutandis al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 11 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988.

24 Mediante auto de 15 de noviembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre las peticiones de tratamiento confidencial presentadas por las partes demandantes en los asuntos T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 y T-13/89, y las acogió en parte.

25 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 9 de octubre y el 29 de noviembre de 1990, las partes respondieron a las preguntas que el Tribunal de Primera Instancia les había dirigido mediante los correspondientes escritos del Secretario de fecha 19 de julio.

26 Habiendo considerado las respuestas dadas a sus preguntas y el informe del Juez Ponente, y oído el Abogado General, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral del procedimiento sin previo recibimiento a prueba.

27 En la vista celebrada del 10 al 15 de diciembre de 1990 se oyeron los informes orales de las partes así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

28 El Abogado General presentó sus conclusiones en audiencia pública el 10 de julio de 1991.

Pretensiones de las partes

29 La sociedad Enichem Anic solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

1) Anule total o parcialmente la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986 (IV/31.149-Polipropileno), en la medida en que afecta a la demandante.

2) Con carácter subsidiario, anule o reduzca la cuantía de la multa que se impuso a la demandante.

3) Condene a la Comsión al pago de las costas, gastos y honorarios.

La Comisión, por su parte, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fondo del asunto

30 Procede examinar, en primer lugar, las imputaciones de la demandante relativas a la violación del derecho de defensa cometida, a su juicio, por la Comisión al no haber formulado ésta en el pliego de cargos todos los cargos incluidos más tarde en la Decisión, y al haber imputado, de este modo, una responsabilidad colectiva a la demandante (1), al no haber dado traslado del acta definitiva de las audiencias ni a los miembros de la Comisión ni a los del Comité Consultivo (2), al no haber dado a conocer a la demandante el informe del Consejero-Auditor (3) y al no haber tenido en cuenta la especial situación de la demandante en el curso del procedimiento administrativo (4); en segundo lugar, sus imputaciones relativas a la prueba de la existencia de infracción, que se refieren, por una parte, a la determinación de los hechos efectuada por la Comisión (1) y, por otra parte, a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos (2), al efectuar la cual la Comisión, según la demandante, no calificó correctamente la infracción (A), no valoró correctamente el efecto restrictivo sobre la competencia (B) y no valoró correctamente la incidencia sobre el comercio entre los Estados miembros (C); en tercer lugar, las imputaciones relativas a la imputabilidad de la infracción a la demandante; en cuarto lugar, las imputaciones relativas a la motivación de la Decisión; en quinto lugar, las imputaciones relativas a la determinación del importe de la multa, que según la demandante ha prescrito en parte (1) y no se corresponde ni con la duración (2) ni con la gravedad (3) de la infracción que se le imputa.

El derecho de defensa

1. Nuevos cargos y responsabilidad colectiva

31 La demandante sostiene que la Comisión incluyó en la Decisión cargos en su contra que no habían sido formulados en el pliego de cargos específico, en particular los que se recogen en la letra c) del artículo 1 de la Decisión. Según ella, no es lícito atribuirle una responsabilidad genérica por haber participado en la práctica colusoria y, en consecuencia, extender indirectamente su responsabilidad a los comportamientos a través de los cuales se manifestó la práctica colusoria, pero que no son directamente imputables a la demandante, tal como pretende hacer la Comisión. Así pues, no puede ser considerada responsable de los comportamientos descritos en la letra c) del artículo 1 de la Decisión que, como reconoce la propia Comisión, no le son directamente imputables.

32 Precisamente por esta razón la responsabilidad que se atribuye a la demandante no se corresponde ni con los hechos probados por lo que a ella respecta ni con los cargos formulados en el pliego de cargos, ni siquiera teniendo en cuenta la parte general de dicho pliego de cargos, dado que esta parte, que pretende determinar el marco en el que se sitúa el comportamiento de cada una de las empresas, sólo puede considerarse especialmente dirigida a Anic cuando efectivamente se nombra a esta empresa, con exclusión de los pasajes en los que únicamente se hace referencia a otros productores.

33 La demandante añade que, aunque la Comisión lo niegue, la Decisión sugiere e implica que Anic participó en todas las acciones descritas en el artículo 1, del mismo modo que todas las demás empresas que en él se mencionan.

34 La Comisión señala que este argumento se basa en una lectura deliberadamente incorrecta del artículo 1 de la Decisión. En dicha disposición la Comisión no afirmó que la demandante participara en todas las acciones que en ella se indican, sino solamente que participó en una práctica colusoria entre productores de polipropileno que se concretó mediante tales acciones. Según la Comisión, la Decisión atribuye a la demandante, así como a las demás empresas, la responsabilidad no de un conjunto de infracciones distintas, sino de una única infracción, a saber, la participación en un acuerdo y una práctica concertada dirigida a sostener los precios del polipropileno, que se tradujo en una serie de medidas que, consideradas en conjunto, constituyen una sola infracción.

35 Según la Comisión, una vez comprobada la participación en la práctica colusoria, la responsabilidad que de ella se deriva sólo puede referirse a la práctica colusoria en su totalidad. La Comisión considera que la responsabilidad de una empresa comprometida en la práctica colusoria no depende de las pruebas de su participación material en cada acción aislada que se realizara para alcanzar el objetivo común. Precisamente por esta razón, la Comisión considera que resultaba inútil precisar en el artículo 1, además de la duración de la participación de cada empresa en la práctica colusoria, su grado de participación material en las diferentes iniciativas que se adoptaron en aplicación de la misma.

36 Este Tribunal hace constar que todos los cargos incluidos en la letra c) del artículo 1 de la Decisión fueron mencionados en los pliegos de cargos general o especial. Así, los apartados 67 y 79 del pliego general de cargos se refieren a las limitaciones temporales de la producción, los apartados 97 y 101 de éste al intercambio de informaciones detalladas sobre las ventas, la letra b) del apartado 2 del pliego de cargos especial a la participación en las reuniones locales y, por último, los apartados 85 a 89 del pliego de cargos general se refieren al sistema de "account management".

37 Se debe considerar que el contenido del pliego de cargos general es oponible individualmente a todos los destinatarios, entre los cuales figura la demandante, a menos que se indique expresamente lo contrario o en dicho pliego de cargos o en el pliego de cargos especial. Ahora bien, debe hacerse constar que no es éste el caso de la demandante en relación con los cargos que ahora se examinan.

38 Por lo demás, es lícito subrayar que el propio texto del pliego general de cargos -principalmente su apartados 1 y 5- indica que en él se reprochan todas las actuaciones que allí se describen a todas las empresas destinatarias de dicho pliego de cargos.

39 De ello se deduce que los cargos incluidos en la letra c) del artículo 1 de la Decisión fueron comunicados de modo apropiado a la demandante y que, por consiguiente, no se trata de nuevos cargos.

40 La cuestión de si la Comisión mantuvo estos cargos contra la demandante en la Decisión y, en caso de respuesta afirmativa, la de si demostró suficientemente con arreglo a Derecho los hechos en los que se basaban tales imputaciones, será tratada cuando este Tribunal examine la validez de la prueba de la existencia de infracción. Lo mismo puede decirse del motivo de recurso que la demandante extrae de la responsabilidad colectiva que, según ella, le imputa la Decisión.

2. Acta de las audiencias que no se dio a conocer

41 La demandante ve un vicio de procedimiento en el hecho de que ni los miembros del Comité Consultivo ni el miembro de la Comisión encargado de los asuntos de la competencia ni los demás miembros de la Comisión dispusieran del acta definitiva de las audiencias antes de pronunciarse.

42 La Comisión indica que los miembros del Comité Consultivo, así como los de la Comisión, disponían del acta provisional de las audiencias, y que el texto definitivo no se separa de manera sustancial de aquélla.

43 Añade que no está obligada a dirigir el acta a los miembros del Comité Consultivo y que, por otra parte, a las audiencias asistieron representantes de los Estados miembros, excepto en el caso de Grecia y de Luxemburgo, que no estaban representados en la segunda serie de audiencias organizada por la Comisión. Por consiguiente, según la Comisión, el acta sólo podía servir de recordatorio a los miembros del Comité Consultivo. En cuanto a los miembros de la Comisión, disponían no sólo del acta provisional sino también de las observaciones de las empresas sobre dicha acta.

44 La Comisión señala, además, que, dado que los miembros de la Comisión y los del Comité Consultivo pudieron pronunciarse con pleno conocimiento de causa, la Decisión no habría sido diferente si no se hubiera producido la pretendida irregularidad y que, por consiguiente, ésta es de importancia secundaria (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1980, Distillers Company/Comisión, 30/78, Rec. p. 2229, apartado 26, y conclusiones, p. 2290).

45 Este Tribunal hace constar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que el carácter provisional del acta de la audiencia presentada al Comité Consultivo y a la Comisión sólo puede constituir un vicio del procedimiento administrativo, capaz de acarrear la ilegalidad de la Decisión que pone fin al mismo, si el texto de que se trate estuviera redactado de manera tal que indujera a error a sus destinatarios sobre un punto esencial (sentencia de 15 de julio de 1970, Buchler/Comisión, 44/69, Rec. p. 733, apartado 17).

46 En lo que respecta al acta transmitida a la Comisión, se debe indicar que esta última recibió, junto con el acta provisional, los comentarios y observaciones sobre dicha acta realizados por las empresas, y que se debe considerar, por tanto, que los miembros de la Comisión fueron informados de todos los datos pertinentes antes de adoptar la Decisión.

47 Por lo que se refiere al acta provisional transmitida al Comité Consultivo, es preciso subrayar que la demandante no ha indicado en qué dicha acta no reproducía de manera leal y exacta el contenido de las audiencias y que, en consecuencia, no ha aportado pruebas de que el texto de que se trate estuviera redactado de manera que indujera a error sobre un punto esencial a los miembros del Comité Consultivo.

48 De ello se sigue que debe desestimarse este motivo.

3. Informe del Consejero-Auditor que no se dio a conocer

49 La demandante sostiene que el respeto del derecho de defensa exigía que se le hubiera dado a conocer el dictamen que, en virtud de su mandato, el Consejero-Auditor debe presentar al Director General de la Competencia.

50 La Comisión considera que el informe que el Consejero-Auditor presenta al Director General de la Competencia, informe que procede de un funcionario de la Comisión, y que por lo general se efectúa verbalmente, pertenece al proceso de toma de decisión interno de la Comisión y que no puede por consiguiente ser comunicado a las empresas.

51 La Comisión indica, además, que el mandato del Consejero-Auditor no prevé publicidad alguna para el informe de éste.

52 Subraya por último que la franqueza y la independencia del Consejero-Auditor se verían en peligro si sus intervenciones no conservaran el carácter de confidenciales. A su juicio, el auto del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 1986 (ICI/Comisión, 212/86 R, no publicado en la Recopilación, apartados 5 a 8), según el cual el informe del Consejero-Auditor no debe ser tomado en cuenta por el Tribunal a efectos de realizar su control jurisdiccional, confirma este punto de vista.

53 Este Tribunal señala que el derecho de defensa no exige que las empresas que intervienen en un procedimiento basado en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE puedan comentar el informe del Consejero-Auditor, que constituye un documento puramente interno de la Comisión. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que este informe tiene el valor de un dictamen para la Comisión, que ésta no está en absoluto obligada a ceñirse al mismo y que, en consecuencia, el informe no presenta ningún aspecto decisivo que el juez comunitario esté obligado a tener en cuenta para ejercitar su control (auto de 11 de diciembre de 1986, 212/86 R, antes citado, apartados 5 a 8). En efecto, el respeto del derecho de defensa queda garantizado suficientemente con arreglo a Derecho cuando las diferentes instancias que participan en la elaboración de la Decisión final han sido correctamente informadas de los argumentos formulados por las empresas, en respuesta a los cargos que les comunicó la Comisión y a las pruebas que presentó la Comisión en apoyo de estos cargos (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 7).

54 A este respecto, es importante subrayar que el informe del Consejero-Auditor no tiene por objeto completar o corregir la argumentación de las empresas, ni formular nuevos cargos o aportar nuevas pruebas en contra de aquéllas.

55 De ello se sigue que las empresas no tienen derecho a exigir, invocando el respeto del derecho de defensa, que se les dé a conocer el informe del Consejero-Auditor para poder comentarlo (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, Rec. p. 19, apartado 25).

56 Por consiguiente, debe desestimarse este motivo.

4. La especial posición de la demandante en el procedimiento administrativo

57 La demandante subraya que se vio implicada en el procedimiento administrativo después de que éste hubiera comenzado a tramitarse. Se encontró así en una situación especial, lo que produjo como consecuencia que no tuviera un conocimiento completo del debate contradictorio que se había ido desarrollando hasta ese momento.

58 Este Tribunal hace constar que la demandante no ha indicado de qué manera su posición especial en el procedimiento administrativo le privó de la posibilidad de alegar del modo que le pareciera más conveniente su punto de vista sobre la totalidad de los cargos formulados en su contra por la Comisión en los pliegos de cargos que se le dirigieron, así como sobre las pruebas destinadas a fundamentar dichos cargos y que la Comisión mencionó en sus pliegos de cargos o adjuntó a éstos.

59 El hecho de que la demandante no participara en la primera serie de audiencias no le impidió pronunciarse de manera pertinente sobre los cargos que se dirigían contra ella y no puede, por tanto, prevalerse del hecho de que no se le informara del debate contradictorio entre la Comisión y otras empresas que ya había tenido lugar.

60 De ello se deduce que la especial posición de la demandante en el procedimiento administrativo no condujo a una violación del derecho de defensa y que debe, por tanto, desestimarse este motivo.

Prueba de la existencia de infracción

61 Según la Decisión (párrafo primero del apartado 80), a partir de 1977, los productores de polipropileno que abastecían a la Comunidad participaron en todo un conjunto de planes, dispositivos y medidas adoptados en el marco de un sistema de reuniones periódicas y de contactos permanentes. La Decisión (párrafo segundo del apartado 80) añade que el plan de conjunto de los productores estaba dirigido a organizar encuentros para alcanzar acuerdos expresos sobre algunos puntos específicos.

62 Procede pues verificar, en primer lugar, si la Comisión demostró de forma suficiente con arreglo a Derecho su determinación de los hechos relativa, por una parte, al período comprendido entre noviembre de 1977 y finales de 1978 o principios de 1979 (I) y, por otra, al período comprendido entre finales de 1978 o principios de 1979 y finales de 1982 o principios de 1983 (II), en lo referente al sistema de reuniones periódicas (A), a las iniciativas sobre precios (B), a las medidas destinadas a facilitar la aplicación de las iniciativas sobre precios (C) y a la determinación de las cantidades de toneladas "objetivo" y de las cuotas (D), dando cuenta del acto que se impugna (a) y de las alegaciones de las partes (b), antes de pasar a valorarlas (c); a continuación, procede someter a examen la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos.

1. Determinación de los hechos

I. Período comprendido entre noviembre de 1977 y finales de 1978 o principios de 1979

A. Acto que se impugna

63 La Decisión (párrafo cuarto del apartado 78) afirma que el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno comenzó aproximadamente a finales de 1977, pero que no es posible precisar la fecha en la que cada productor comenzó a asistir a las reuniones. E indica que Anic, que figura entre los productores cuyo "apoyo" a la iniciativa de diciembre de 1977 no ha quedado demostrado, admite haber participado en las reuniones desde el principio.

64 Sin embargo, la Decisión (párrafos primero y segundo del apartado 105) indica que la fecha precisa en la que cada productor comenzó a asistir a las sesiones plenarias periódicas no puede establecerse con certeza. Según ella, la fecha en la que Anic, ATO, BASF, DSM y Huels comenzaron a participar en los acuerdos no puede haber sido posterior a 1979, ya que se ha demostrado que estos cinco productores participaron todos en el reparto del mercado o en el sistema de cuotas que se estableció por vez primera vez en dicho año.

B. Alegaciones de las partes

65 La demandante alega que la Decisión yerra al hacer remontar su participación en las reuniones a noviembre de 1977. En efecto, según ella, la Comisión interpretó mal la respuesta de Anic a la solicitud de información ((anexo 27 al pliego de cargos especial dirigido a Monte (en lo sucesivo, "p.c. Monte") al que se hace referencia en el pliego de cargos especial dirigido a Anic (en lo sucesivo, "p.c. Anic") )) en la que ésta había declarado, por una parte, que las reuniones comenzaron "en los años setenta, hacia finales de este período" y, por otra parte, que "la participación de Anic puede situarse en una época cercana al comienzo de las reuniones de que se trata". Al no disponer ya de documentos relativos a este período, la demandante estimó de buena fe que el inicio de su participación, que ella sitúa en 1979, estaba próximo al comienzo de las reuniones de productores, que ella situaba hacia 1979, es decir, a finales de los años setenta.

66 Anic indica, además, que la Decisión es contradictoria en cuanto al comienzo de su participación. En efecto, en su apartado 105, ésta coloca a Anic al mismo nivel que ATO, BASF, DSM y Huels, reconociendo, al mismo tiempo, que no tiene pruebas de la participación de Anic antes de 1979. En cambio, la parte dispositiva de la Decisión acusa a Anic de haber participado en la infracción desde noviembre de 1977, mientras que acusa a ATO de haber tomado parte en la misma desde 1978, y a BASF, DSM y Huels desde una fecha indeterminada comprendida entre 1977 y 1979.

67 Por su parte, la Comisión indica que se deduce de la clara confesión contenida en la respuesta de Anic a la solicitud de información que ésta comenzó a participar en las reuniones de productores aproximadamente en noviembre de 1977.

68 La Comisión afirma que Anic no puede modificar ahora dicha confesión, tanto más cuanto que, en su réplica, Anic justifica este viraje por el hecho de que, en el momento en que respondió a la solicitud de información, los documentos de la Comisión no obraban en su poder, lo que revela que la demandante adaptó sus respuestas a las pruebas con las que contaba la Comisión.

C. Apreciación del Tribunal

69 Este Tribunal hace constar que, tal como lo reconoció en la vista la Comisión, la única prueba con la que ésta cuenta para demostrar la participación de la demandante en las reuniones durante el período que se discute es la respuesta de ésta a la solicitud de información (p.c. Monte, anexo 27), en la que se puede leer lo siguiente:

"Incontri fra i produttori europei di polipropilene sono iniziati negli anni 70 intorno al termine di quel periodo. Non siamo in grado di stabilire con precisione la data in cui è iniziata la partecipazione dell' Anic, ma riteniamo si collochi in un momento prossimo all' inizio degli incontri stessi."

("Los encuentros entre los productores europeos de polipropileno comenzaron en los años setenta, hacia finales de aquel período. No estamos en condiciones de determinar con precisión la fecha en la que comenzó la participación de Anic, pero creemos que se sitúa en un momento cercano al comienzo de dichos encuentros.")

70 A este respecto, es preciso indicar que la respuesta de la demandante no puede considerarse una confesión clara de participación en las reuniones desde noviembre de 1977. En efecto, la demandante ofrece una interpretación literal y contextual de su respuesta perfectamente plausible, que resulta corroborada por la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8), la cual, tras indicar que las reuniones de "jefes" y de "expertos" comenzaron a finales de 1978 o a principios de 1979, señala que Anic participó regularmente en estas reuniones durante el período en el que estaba presente en el mercado del polipropileno entre 1979 y 1983, es decir, después del período que se examina.

71 Por otra parte, es importante subrayar que también vienen a apoyar la interpretación que la demandante hace de su respuesta a la solicitud de información las dudas que la propia Comisión expresó en la Decisión (párrafo segundo del apartado 105) al afirmar que la fecha en la que Anic, ATO, BASF, DSM y Huels comenzaron a participar en los acuerdos no puede haber sido posterior a 1979.

72 Es oportuno señalar que las mismas dudas pueden descubrirse también en el pliego de cargos especial dirigido a la demandante, en el que la Comisión se limitó a reproducir la respuesta de Anic a la solicitud de información sin indicar la interpretación que pretendía darle en cuanto a la determinación exacta del comienzo de la participación de Anic en las reuniones, así como en el pliego de cargos general, en el cual la Comisión no mencionó el nombre de la demandante al referirse a las reuniones celebradas antes de 1979.

73 De lo anterior se deduce que, al no poder presentar ninguna prueba capaz de demostrar la existencia de una participación de cualquier tipo de Anic en la infracción antes de finales de 1978 o de principios de 1979, la Comisión no ha demostrado suficientemente con arreglo a Derecho dicha participación.

II. Período comprendido entre finales de 1978 o principios de 1979 y finales de 1982 o principios de 1983

A. El sistema de reuniones periódicas

a) Acto que se impugna

74 La Decisión (párrafo tercero del apartado 18, párrafo cuarto del apartado 78 y párrafo segundo del apartado 105) imputa a la demandante haber participado en el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno al haber asistido regularmente a las reuniones hasta mediados o finales de 1982 (párrafo primero del apartado 19 y párrafo séptimo del apartado 78), momento en el que dejó de participar en ellas, a raíz de la reorganización de la industria petroquímica italiana y del traspaso a Monte de su sección de polipropileno.

75 La Decisión (apartado 21) afirma que estas reuniones periódicas tenían por objeto, principalmente, establecer objetivos sobre precios y volúmenes de ventas y controlar el respeto de los objetivos por parte de los productores.

b) Alegaciones de las partes

76 Aunque admite haber comenzado a participar en las reuniones hacia 1979, la demandante indica que la única reunión en la que la Comisión ha probado que participara es una reunión de enero de 1981 (p.c.g., anexo 17) y que su participación en las reuniones cesó seguramente a principios del año 1982 debido a la situación de la industria química italiana, como lo prueban diversos informes de reuniones celebradas en 1982. A este respecto, se puede leer en el informe de una reunión de 13 de mayo 1982 (p.c.g., anexo 24) que Anic/SIR no vienen ya, mientras que de otros productores se dice simplemente que están ausentes. El informe de una reunión de 2 de septiembre de 1982 (p.c.g., anexo 30) indica también, según la demandante, que Anic no estaba ya presente y que era considerada como un elemento perturbador, cosa que también confirma el informe de una reunión de 2 de noviembre de 1982 (p.c.g., anexo 32). En su respuesta a la solicitud de información (p.c. Monte, anexo 27), Anic había creído poder afirmar que había participado en una reunión en octubre de 1982, pero se trataba de un error. Por otra parte, en el cuerpo de la Decisión, la propia Comisión reconoce que Anic no participó más en las reuniones "a partir de mediados o finales de 1982" (apartado 19 de la Decisión).

77 La demandante afirma que el hecho de que se mencione su nombre en unos cuadros y listas adjuntos a los informes de las reuniones no constituye una prueba concluyente de su presencia en las mismas. En efecto, al comparar todas estas referencias incluidas en los cuadros resulta claro, según la demandante, que dichas referencias son las mismas tanto para el período en el que Anic parece haber estado presente en las reuniones como para el período en el cual Anic ciertamente no estuvo presente.

78 Añade que en muchos de estos cuadros se hace una referencia conjunta a Anic y a SIR, como si formaran una sola empresa, cuando en realidad existía una competencia encarnizada entre ambas empresas y Anic no habría aceptado nunca que se diera la impresión de que ambas formaban una sola empresa.

79 Por otra parte, la demandante sostiene que su participación en las reuniones durante el período de que se trata fue puramente pasiva y recuerda que los documentos presentados por la Comisión para probar lo contrario, a saber, unos cuadros y listas adjuntos a los informes de las reuniones de productores y que mencionan conjuntamente a Anic y a SIR, no tienen fuerza probatoria.

80 Alega, además, que, en los informes de la reuniones, como los correspondientes a las reuniones de 21 de septiembre o de 2 de noviembre de 1982 (p.c.g., anexos 30 y 32), se presentaba a Anic como un problema o un elemento perturbador sobre el que era preciso ejercer presiones. Ello prueba, en su opinión, que tuvo un comportamiento competitivo e independiente en el mercado.

81 La demandante afirma que su participación en las reuniones fue puramente esporádica, mientras que la imputación que formula la Comisión exigiría probar una presencia regular en las reuniones como elemento constitutivo de la infracción. Señala a este respecto que la Decisión es doblemente contradictoria, por una parte, al afirmar en su apartado 18 que Anic participaba regularmente en las reuniones, mientras en el párrafo segundo del apartado 37 la excluye de la lista de participantes regulares en las reuniones, y, por otra parte, al mencionar la presencia de Anic solamente en dos reuniones de enero de 1981 (párrafo tercero del apartado 33), mientras afirma que entre septiembre de 1979 y septiembre de 1983 se celebraron 55 reuniones (cuadro nº 3 de la Decisión).

82 La Comisión, por su parte, considera que Anic cesó de participar en las reuniones a mediados o a finales de 1982. Esta afirmación se basa en la respuesta de Anic a la solicitud de información, en la que se puede leer:

"Ci risulta che l' ultima partecipazione dell' Anic a una riunione di quel tipo dati al mese di ottobre 1982 a Zurigo."

("De ello se deduce que la última participación de Anic en una reunión de este tipo data del mes de octubre de 1982, en Zúrich.")

Esta confesión resulta corroborada, según la Comisión, por el hecho de que Anic participara en septiembre de 1982 en el establecimiento de las cuotas para 1983, tal como indican dos documentos encontrados en los locales de ICI (p.c.g., anexos 73 y 76).

83 La Comisión añade que los informes de las reuniones de 13 de mayo, 21 de septiembre y 2 de noviembre de 1982 (p.c.g., anexos 24, 30 y 32), citados por la demandante, en los que puede leerse "Anic/SIR no longer come" ("Anic/SIR no vienen ya"), que "Anic were seen as a problem" ("se consideraba que Anic era un problema"), "pressure was needed" ("era necesario presionar") a Anic y "Anic were alleged to be a nuisance" ("se decía que Anic era una fuente de problemas"), no pueden exculpar a la demandante, en la medida en que no se debe confundir el participar en una práctica colusoria y el respetar lo acordado en ella y en que estos informes se refieren a un período en el cual la demandante comenzó a dejar de participar en las reuniones.

84 La Comisión afirma que quien participa en unas reuniones que tienen por objeto el establecimiento de objetivos sobre precios o de cuotas no puede defenderse sosteniendo haber adoptado una actitud puramente pasiva en las reuniones. Según ella, no resulta pertinente distinguir entre la simple presencia en las reuniones y la aceptación de las decisiones adoptadas en dichas reuniones. En efecto, la participación, incluso pasiva, en las reuniones es suficiente para hacer creer a los competidores que el participante se ha comprometido a seguir la línea decidida en común y para exponerlo a las críticas de éstos cuando se desvía de dicha línea común.

85 La Comisión alega, además, que el carácter esporádico de la participación de Anic en las reuniones resulta desmentido por la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8) en la cual se incluye a la demandante entre los participantes regulares en las reuniones. La Comisión considera que la presencia material de Anic en las reuniones no perdió su carácter de regularidad sino a partir de mediados de 1982 y no a principios de ese año. Señala que, si no pudo establecer con precisión la lista de las reuniones en las que participó Anic, ello se debió a que, a diferencia de otros productores, ésta no conservaba ya las órdenes de misión de los empleados que enviaba a las reuniones.

86 La Comisión precisa, además, en aras de la exhaustividad, que, en contra de lo que afirma la demandante, en numerosos documentos los nombres de Anic y de SIR no están unidos.

c) Apreciación del Tribunal

87 Este Tribunal hace constar que de la respuesta de la demandante a la solicitud de información (p.c. Monte, anexo 27), puesta en relación con la respuesta de ICI a la misma solicitud (p.c.g., anexo 8), se deduce que la Comisión ha demostrado de forma suficiente con arreglo a Derecho que Anic participó en las reuniones periódicas de productores de polipropileno a partir de finales del año 1978 o de principios del año 1979. LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC : 689A0006.1

88 Por lo que respecta al comienzo de la participación de Anic en las reuniones, procede subrayar que la respuesta de ICI a la solicitud de información sitúa a la demandante, a diferencia de otros dos productores, entre los participantes regulares en las reuniones de "jefes" y de "expertos" a partir de 1979. Esta respuesta debe interpretarse en el sentido de que la participación de la demandante se remonta a la época en que comenzó el sistema de reuniones de "jefes" y de "expertos", creado a finales de 1978 o a comienzos de 1979.

89 La respuesta de ICI a la solicitud de información se ve confirmada en este punto por la interpretación que la demandante ha dado, en los escritos de alegaciones que presentó ante el Tribunal, de su propia respuesta a la solicitud de información, remitiéndose al párrafo segundo del apartado 105 de la Decisión. En efecto, la demandante ha indicado que la única fecha segura relativa al comienzo de su presunta participación en las reuniones continúa siendo el año 1979.

90 Por lo que se refiere al final de la participación de Anic en las reuniones, este Tribunal hace constar que la Comisión reconoció en la Decisión (párrafo primero del apartado 19 y párrafo séptimo del apartado 78) que continúa existiendo una duda sobre la fecha exacta y que admitió en los escritos de alegaciones que presentó ante el Tribunal que la presencia de la demandante en las reuniones dejó de ser regular a partir de mayo de 1982. Asimismo, reconoció en la vista que en el mes de septiembre de 1982 no se daba ya una participación efectiva de Anic en las reuniones.

91 Por otra parte, del informe de la reunión de 13 de mayo de 1982 (p.c.g., anexo 24) se deduce que en dicha reunión se afirmó que Anic no venía ya. Esta afirmación resulta corroborada por los informes de las reuniones posteriores, en los cuales no figura ya el nombre de Anic en calidad de participante, si se exceptúa el informe de la reunión de 9 de junio de 1982 (p.c.g., anexo 25), del que se deduce que la demandante proporcionó al autor de dicho informe cifras concretas sobre las ventas realizadas por ella en los meses de abril y de mayo de 1982.

92 Por lo que respecta a la participación de la demandante en una reunión en octubre de 1982, este Tribunal hace constar que, tras haber indicado en su respuesta a la solicitud de información que creía haber participado en dicha reunión, la demandante afirma ahora que esta información es seguramente errónea, afirmación que ya había formulado en su respuesta al pliego de cargos.

93 A este respecto, el propio texto del informe de la reunión de que se trata (p.c.g., anexo 31) muestra que, del mismo modo que los productores españoles, Hercules, Amoco y BP, tampoco Anic proporcionó en dicha reunión los datos relativos a sus ventas del mes de septiembre de 1982, al contrario de lo que había hecho en la reunión de 9 de junio de 1982, puesto que al lado de sus cifras y de las de los productores antes mencionados figura la indicación "est." que significa, evidentemente, "estimación".

94 Por consiguiente, procede hacer constar que la demandante se equivocó al indicar en su respuesta a la solicitud de información que había participado en la reunión de 6 de octubre de 1982.

95 Por lo que respecta a la regularidad de la participación de la demandante en el sistema de reuniones periódicas, este Tribunal considera que la Comisión dedujo acertadamente de la respuesta de ICI a la solicitud de información que la participación de Anic tuvo un carácter regular entre finales de 1978 o principios de 1979 y mediados de 1982.

96 También obró con acierto la Comisión al estimar, basándose en los datos proporcionados por ICI en su respuesta a la solicitud de información y confirmados por numerosos informes de reuniones, que en la época en que la demandante estaba presente en el mercado las reuniones tenían por objeto, principalmente, establecer los objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas. En efecto, se lee en esta respuesta que "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ((...))", y también que "A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings" ("Los 'precios objetivo' propuestos periódicamente por los productores desde el 1 de enero de 1979 para las calidades de base de cada una de las principales categorías de polipropileno figuran en el anexo ((...))", y "Durante las reuniones se discutieron cierto número de propuestas relativas al volumen de ventas de los distintos productores").

97 Además, al informar sobre la organización, junto a las reuniones de "jefes", de reuniones de "expertos" en marketing a partir de finales de 1978 o de principios de 1979, la respuesta de ICI a la solicitud de información revela que las discusiones relativas al establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas se hacían cada vez más concretas y precisas, mientras que en 1978 los "jefes" se habían limitado a desarrollar el concepto mismo de precios "objetivo".

98 Es preciso añadir que la Comisión obró una vez más con acierto al deducir de la respuesta de ICI a la solicitud de información, en la que se lee:

"Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis ((...)) By late 1978/early 1979 it was determined that the ad hoc meetings of Senior Managers should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing knowledge"

("Sólo las reuniones de 'jefes' y de 'expertos' llegaron a celebrarse con carácter mensual ((...)) A finales de 1978 o comienzos de 1979 se decidió que las reuniones ad hoc de altos cargos directivos se completarían mediante reuniones de directivos de categoría inferior con mayores conocimientos de marketing"),

así como del hecho de que las reuniones tuvieran una naturaleza y un objeto idénticos, que éstas se inscribían en el marco de un sistema de reuniones periódicas.

99 Resulta importante subrayar, por otra parte, que el carácter pasivo de la participación de Anic en las reuniones resulta desmentido por el hecho de que ésta suministrara información sobre la cantidad de toneladas que vendía cada mes, como por ejemplo en la reunión de 9 de junio de 1982 (p.c.g., anexo 25), y por la mención de su nombre en diferentes cuadros (p.c.g., anexos 55 a 62), cuyo contenido debió suministrar entre otros la demandante, en el marco de las reuniones en las que participaba. En efecto, la mayoría de los demandantes han reconocido en sus respuestas a una pregunta por escrito que les dirigió este Tribunal que habría resultado imposible elaborar los cuadros descubiertos en los locales de ICI, ATO y Hercules basándose en las estadísticas del sistema Fides de intercambio de datos, e ICI declaró en su respuesta a la solicitud de información a propósito de uno de estos cuadros: "The source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" ("La fuente de información para las cifras reales correspondientes al pasado que figuran en el cuadro debieron ser los propios productores").

100 De las consideraciones precedentes se deduce que la Comisión demostró suficientemente con arreglo a Derecho que la demandante participó de manera regular en las reuniones periódicas de productores de polipropileno celebradas entre finales de 1978 o principios de 1979 y mediados de 1982; que dichas reuniones tenían por objeto, principalmente, el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas, que se inscribían en el marco de un sistema, y que la participación de la demandante en las mismas no fue meramente pasiva. Sin embargo, la Comisión no ha demostrado suficientemente con arreglo a Derecho que dicha participación prosiguiera más allá de mediados de 1982.

B. Las iniciativas sobre precios

a) Acto que se impugna

101 Según la Decisión (apartados 28 a 46), el sistema de establecimiento de objetivos sobre precios se aplicó a través de unas iniciativas sobre precios, de las cuales en el período que se examina se han podido identificar cinco. La primera se extendió de julio a diciembre de 1979, la segunda de enero a mayo de 1981, la tercera de agosto a diciembre de 1981, la cuarta de junio a julio de 1982 y la quinta de septiembre a noviembre de 1982.

102 A este respecto, la Decisión (apartado 33) sólo cita por su nombre a la demandante para afirmar que ésta participó en enero de 1981 en dos reuniones, en las cuales se reconoció la necesidad de proceder a un aumento de precios acordado en diciembre de 1980, centrado en un precio de 1,75 DM/kg para la rafia para el 1 de febrero de 1981. El aumento se aplicaría en dos etapas: para el 1 de febrero continuaría vigente el aumento inicialmente previsto y a partir del 1 de marzo se establecería un nuevo aumento, "sin excepciones".

103 La Decisión (párrafo segundo del apartado 77) reconoce que la demandante no presentó ninguna instrucción sobre precios, pero afirma que los informes de las reuniones y otros documentos demuestran, sin embargo, que Anic participó regularmente en las reuniones en las que se discutieron y acordaron las iniciativas sobre precios.

b) Alegaciones de las partes

104 Sin negar toda participación en las iniciativas sobre precios, la demandante sostiene que la Comisión no ha aportado la prueba de que ella participara en tales iniciativas. Indica que la Comisión no ha logrado probar su participación en reuniones concretas y que no ha podido descubrir ninguna instrucción de precios que la demandante hubiera enviado a sus oficinas de ventas.

105 Alega que los precios que aplicó fueron siempre diferentes de los precios objetivo, que nunca tuvo un baremo de precios para el polipropileno y que los precios aplicados por sus oficinas de ventas eran el resultado de una valoración autónoma de la situación del mercado, que respetaba las normas sobre la competencia.

106 La Comisión, por su parte, deduce la participación de la demandante en las iniciativas sobre precios de su participación en reuniones en las que se trataba sobre todo del establecimiento de objetivos sobre precios.

107 Añade que, si no ha podido conseguir más pruebas, ello se debe a que Anic no ha conservado documento alguno relativo a dicho período. La Comisión considera que Anic no puede eludir sus responsabilidades simplemente negando que exista huella escrita alguna de instrucciones sobre precios, mientras que no niega haber participado en las reuniones de productores.

108 La Comisión sostiene que el hecho de que estas reuniones fueran seguidas de instrucciones sobre precios análogas procedentes de los diversos productores demuestra que no se trataba de reuniones meramente informativas, sino, que por el contrario, tenían por objeto coordinar el comportamiento en el mercado de los productores en materia de precios.

c) Apreciación del Tribunal

109 Este Tribunal hace constar que los informes de las reuniones periódicas de productores de polipropileno muestran que los productores que participaron en dichas reuniones acordaron en ellas las iniciativas sobre precios que la Decisión menciona. Así, se puede leer lo siguiente en el informe de dos reuniones de enero de 1981 (p.c.g., anexo 17):

"Whilst all the evidence pointed to actual prices not reaching the previous target levels in February it was agreed that the DM 1.75 target should remain and that DM 2.00 should be introduced without exception in March"

("A pesar de que todos los indicios indicaban que los precios reales no alcanzarían en febrero los objetivos previamente marcados, se acordó mantener el objetivo de 1,75 DM y adoptar el de 2,00 DM sin excepciones en marzo").

110 Una vez que se ha demostrado de manera jurídicamente satisfactoria que la demandante participó con regularidad en dichas reuniones a partir de finales de 1978 o principios de 1979 y hasta mediados de 1982, ésta no puede afirmar que no se adhirió a las iniciativas sobre precios que en ellas se decidieron, organizaron y controlaron, sin proporcionar indicios, que puedan corroborar esa afirmación. En efecto, a falta de tales indicios no hay razón alguna para creer que la demandante no se adhirió a dichas iniciativas, a diferencia de los demás participantes en las reuniones.

111 A este respecto, procede señalar que la demandante presenta dos argumentos para demostrar que no suscribió las iniciativas sobre precios acordadas. Indica, en primer lugar, que su participación en las reuniones fue meramente pasiva y, en segundo lugar, que no tuvo en cuenta en lo más mínimo los resultados de las reuniones para determinar su comportamiento en el mercado en materia de precios y que, si se ha podido detectar cierto paralelismo de reacciones en el comportamiento de Anic comparado con el de otros productores, ello se debió a la evolución de los precios de la materia prima y a que ése es el comportamiento que cabe esperar de un pequeño productor en un mercado dominado por los "cuatro grandes".

112 Ninguno de ambos argumentos puede aceptarse como indicio que corrobore la afirmación de la demandante según la cual ella no se adhirió a las iniciativas sobre precios acordadas. En efecto, este Tribunal recuerda que la Comisión demostró de manera jurídicamente suficiente que la participación de la demandante en las reuniones no fue meramente pasiva, de modo que el primer argumento de la demandante no encuentra apoyo en los hechos del caso. Por lo que respecta al segundo argumento, es preciso señalar, de entrada, que, incluso si contara con hechos en su apoyo, no serviría para desmentir la participación de la demandante en el establecimiento de objetivos sobre precios en estas reuniones, sino que, como máximo, contribuiría a demostrar que la demandante no aplicó los resultados de las reuniones. Por otra parte, la Decisión no afirma, en absoluto, que la demandante aplicara precios que se ajustaban siempre a los objetivos sobre precios establecidos en las reuniones, y esto revela que el acto que se impugna, para demostrar la participación de la demandante en el establecimiento de dichos objetivos sobre precios, no se basa tampoco en el hehco de que la demandante aplicara los resultados de las reuniones.

113 Procede señalar, además, que, aunque la Comisión no haya podido obtener instrucciones sobre precios procedentes de la demandante y no contara, por tanto, con la prueba de que ésta aplicase las iniciativas sobre precios de que se trata o de un comportamiento paralelo, ello no desvirtúa en absoluto el reconocimiento de la participación de la demandante en dichas iniciativas.

114 Se debe añadir, también, que la Comisión dedujo acertadamente de la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8), en la que se lee lo siguiente:

"' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ((...))"

("Los 'precios objetivo' propuestos periódicamente por los productores desde el 1 de enero de 1979 para las calidades de base de cada una de las principales categorías de polipropileno figuran en el anexo ((...))"),

que estas iniciativas se inscribían en el marco de un sistema de establecimiento de objetivos sobre precios.

115 Se deduce, pues, de las consideraciones precedentes que la Comisión ha demostrado de forma suficiente con arreglo a Derecho que la demandante formaba parte del grupo de productores de polipropileno entre los cuales se produjeron unos concursos de voluntades relativos a las iniciativas sobre precios mencionadas en los apartados 29 a 39 de la Decisión y que dichas iniciativas se enmarcaban dentro de un sistema. Sin embargo, al no haber demostrado de forma suficiente con arreglo a Derecho la participación de la demandante en las reuniones periódicas durante la segunda mitad del año 1982, la Comisión no ha demostrado de manera suficiente con arreglo a Derecho la participación de la demandante en la iniciativa sobre precios mencionada en los apartados 40 a 46 de la Decisión.

C. Las medidas destinadas a facilitar la aplicación de las iniciativas sobre precios

a) Acto que se impugna

116 La Decisión ((letra c) del artículo 1 y apartado 27; véase también el apartado 42)) imputa a la demandante el haber convenido con los demás productores diversas medidas tendentes a facilitar la aplicación de los objetivos sobre precios, como limitaciones temporales de la producción, intercambio de informaciones detalladas sobre sus ventas, celebración de reuniones locales y, a partir de septiembre de 1982, un sistema de "account management" destinado a aplicar las subidas de precios a algunos clientes concretos.

117 Por lo que respecta al sistema de "account management" -cuya forma final y más elaborada, que se remonta a diciembre de 1982, es conocida bajo el nombre de "account leadership"-, la demandante, como todos los productores, indica la Decisión, fue nombrada coordinadora o "leader" de como mínimo un gran cliente, recibiendo el encargo de coordinar en secreto las relaciones de éste con sus proveedores. En aplicación de este sistema, se seleccionaron varios clientes en Bélgica, en Italia, en Alemania y en el Reino Unido y se nombró a un "coordinador" para cada uno de ellos. En diciembre de 1982 se propuso una versión más generalizada de dicho sistema, que preveía el nombramiento de un jefe de grupo ("leader") encargado de orientar, negociar y organizar los movimientos de precios. A los demás productores que trataban regularmente con el cliente se les denominaba "contenders" y cooperaban con el "account leader" al hacer sus ofertas al cliente de referencia. Para "proteger" al "account leader" y a los "contenders", cualquier otro productor al que se dirigiera el cliente estaba obligado, según la Decisión, a hacer ofertas a precios superiores al objetivo marcado. A pesar de las afirmaciones de ICI, en el sentido de que el plan se hundió tras solamente unos pocos meses de aplicación parcial e ineficaz, la Decisión sostiene que el informe de la reunión celebrada el 3 de mayo de 1983 indica que en aquella época se examinaron minuciosamente los casos de diversos clientes, así como los precios ofrecidos o que ofrecería cada productor a dichos clientes y las cantidades entregadas o encargadas.

b) Alegaciones de las partes

118 La demandante sostiene que resulta difícil comprender a qué se refiere la Comisión cuando le reprocha haber participado en limitaciones temporales de la producción, en intercambios de informaciones detalladas sobre sus ventas y en la organización de reuniones locales. Afirma que la Comisión no cuenta con prueba alguna de su participación en estas diferentes actividades. En efecto, ella produjo siempre al máximo de su capacidad efectiva, sin perjuicio de las reducciones causadas por unas huelgas en 1980 y 1981 y por unas averías en sus instalaciones en 1980 y 1981; en los informes de las reuniones redactados por un empleado de ICI no se hace ninguna referencia a informaciones relativas a las ventas de Anic, pues la única referencia existente es la relativa a las cuotas de mercado, que casi siempre era una referencia conjunta a Anic y a SIR; por último, la Decisión no menciona en ningún momento que ella participara en reuniones locales, ni siquiera que existieran unas reuniones locales relativas a Italia.

119 Por lo que se refiere a su participación en el sistema de "account management", la demandante alega que este sistema fue elaborado en un período en el que ella ya no participaba en las reuniones.

120 Por su parte, la Comisión alega que las imputaciones de limitación temporal de la producción y de celebración de reuniones locales se mencionan en los apartados 71 y 43 del pliego de cargos general y que se alude a los intercambios de información detallada sobre las ventas en los apartados 56 a 59 de la Decisión, referidos a las medidas temporales de limitación de los volúmenes de ventas en 1981 y 1982. En cuanto al sistema de "account management", la Comisión declara que nunca ha pretendido afirmar la responsabilidad de la demandante y que ésta es la razón por la cual el pliego general de cargos no lo menciona.

c) Apreciación del Tribunal

121 Este Tribunal considera que el apartado 27 de la Decisión debe ser interpretado a la luz del párrafo segundo del apartado 26, en el sentido de que no imputa a cada uno de los productores el haber asumido un compromiso individual de adoptar todas las medidas que en él se mencionan, sino que lo que en realidad imputa a cada uno de estos productores es el haber adoptado con los demás productores en diversos momentos durante las reuniones un conjunto de medidas, que la Decisión menciona, destinadas a crear unas condiciones favorables a un aumento de precios, en particular mediante la reducción artificial de la oferta de polipropileno; la ejecución de dicho conjunto, en las diferentes medidas que lo integraban, se repartía de común acuerdo entre los diferentes productores en función de su situación específica.

122 Debe hacerse constar que la Comisión no ha podido demostrar de manera suficiente con arreglo a Derecho que la demandante participara en las reuniones en las cuales se adoptó este conjunto de medidas ((principalmente las de 13 de mayo, 2 y 21 de septiembre y 2 de diciembre de 1982 (p.c.g., anexos 24, 29, 30 y 33) )) y que, por consiguiente, no ha demostrado tampoco de manera suficiente con arreglo a Derecho que la demandante se adhiriera a este conjunto de medidas.

123 De ello se deduce, en primer lugar, que no se ha demostrado de manera suficiente con arreglo a Derecho la participación de la demandante en el sistema de "account management". A este respecto, la Comisión afirmó en su escrito de contestación que nunca pretendió afirmar la existencia de una responsabilidad de Anic en este tema. Este Tribunal hace constar, sin embargo, que ni de la Decisión ni de los pliegos de cargos se deduce la existencia de tal limitación de las imputaciones formuladas contra la demandante. En efecto, en la Decisión (párrafo primero del apartado 19 y párrafo séptimo del apartado 78), la Comisión dejó abierta la posibilidad de que la demandante hubiera participado en las reuniones durante la segunda mitad del año 1982, lo que implica que debió considerar también que, si ese fuera el caso, Anic habría participado en las medidas descritas en el apartado 27, que se habían adoptado en dichas reuniones y que se reprochaban, sin excepción alguna, a todos los productores que participaron en las reuniones periódicas. En particular, el apartado 85 del pliego de cargos general indica que "los productores prepararon un sistema destinado a aplicar cliente por cliente los aumentos de precios previstos" sin que dicho pliego de cargos ni el pliego de cargos especial dirigido a la demandante contenga la menor limitación de esta imputación por lo que a ella respecta.

124 En segundo lugar, de ello se deduce que tampoco se ha demostrado de manera suficiente con arreglo a Derecho la participación de la demandante en unas medidas de limitación de la producción. En su escrito de contestación, la Comisión mantuvo esta imputación contra la demandante remitiéndose al apartado 71 del pliego de cargos general (en realidad, se trata de los apartados 67 y 79), mientras que en la vista indicó que nunca había reprochado a la demandante el haber participado de una manera directa en dicho comportamiento en el mercado.

125 Por otra parte, la Comisión afirmó que su imputación relativa a los intercambios de información sobre las ventas, mencionada también en el apartado 27 de la Decisión, se confundía en realidad con su imputación relativa a las cuotas para los años 1981 y 1982 ((letra e) del artículo 1 de la Decisión)), por lo cual ambas deben examinarse conjuntamente.

126 Por lo que respecta a la participación de la demandante en reuniones locales, la Comisión afirmó en la vista que no había reprochado esto a la demandante. En efecto, el apartado 20 de la Decisión enumera los productores contra los cuales se formuló esta imputación y la demandante no figura entre ellos. Por consiguiente, se debe hacer constar que en el acto impugnado no se formula esta imputación contra la demandante.

127 Se deduce, pues, de las consideraciones precedentes que la Comisión no ha demostrado de forma suficiente con arreglo a Derecho que la demandante formara parte del grupo de productores de polipropileno entre los cuales se produjeron unos concursos de voluntades sobre las medidas destinadas a facilitar la aplicación de las iniciativas sobre precios, en la medida en que la Decisión le reprochara haber participado en ellas.

D. Cantidades de toneladas "objetivo" y cuotas

a) Acto que se impugna

128 Según la Decisión (párrafo tercero del apartado 31), "se reconoció que era esencial un estricto sistema de cuotas" en la reunión de 26 y 27 de septiembre de 1979, en cuyo informe correspondiente se menciona un proyecto presentado o acordado en Zúrich con vistas a limitar las ventas mensuales a un 80 % de la media alcanzada en los ocho primeros meses del año.

129 La Decisión (apartado 52) destaca, además, que antes de agosto de 1982 se habían aplicado ya varios proyectos de reparto del mercado. Aunque a cada productor se le había asignado un porcentaje del volumen global estimado de pedidos, no existía, sin embargo, ninguna limitación sistemática preestablecida de la producción global. Por esta razón, señala la Decisión, se revisaban regularmente las estimaciones sobre el volumen global del mercado y se ajustaban las ventas de cada productor, medidas en toneladas, para que correspondieran al porcentaje autorizado.

130 Según la Decisión (apartado 54), para el año 1979 se fijaron unos objetivos sobre volúmenes de ventas (expresados en toneladas), que se basaban, al menos en parte, en las ventas realizadas a lo largo de los tres años anteriores. Unos cuadros numéricos descubiertos en los locales de ICI indicaban el "objetivo revisado" por productor para 1979, comparándolo con la cantidad de toneladas realmente vendida en ese período en Europa occidental.

131 A finales de febrero de 1980, los productores acordaron unos objetivos sobre volúmenes de ventas para 1980, expresados de nuevo en toneladas, partiendo de la base de un mercado anual total estimado en 1.390.000 toneladas. En los locales de ATO y de ICI se descubrieron unos cuadros que indicaban los "objetivos concertados" que correspondían a cada productor para 1980 (apartado 55 de la Decisión). Al revelarse excesivamente optimista esta primera estimación del mercado en su conjunto, fue preciso revisar a la baja la cuota de cada productor para que correspondiera a un consumo total para aquel año de sólo 1.200.000 toneladas. Las ventas que realizaron los diferentes productores correspondieron grosso modo a sus objetivos, excepto en los casos de ICI y DSM.

132 Según la Decisión (apartado 56), el reparto del mercado para 1981 exigió unas negociaciones largas y complejas. En unas reuniones de enero de 1981 se había acordado, como medida provisional, que para ayudar a hacer realidad la iniciativa sobre precios de febrero/marzo, cada productor reduciría sus ventas mensuales a 1/12 del 85 % de su "objetivo" en 1980. Mientras se esperaba la puesta a punto de un plan más permanente, cada productor comunicó en la reunión la cantidad de toneladas que esperaba vender en 1981. Sin embargo, la suma de estas "aspiraciones" superaba en mucho las previsiones sobre la demanda total. A pesar de que ICI y Shell propusieron varias fórmulas de compromiso, no pudo alcanzarse ningún acuerdo definitivo sobre cuotas para 1981. Como medida provisional, los productores se asignaron, para cada uno, la misma cuota teórica que el año anterior y comunicaron cada mes en la reunión las ventas realizadas. En consecuencia, según la Decisión, las ventas realizadas se controlaban partiendo de un reparto teórico del mercado disponible basado en la cuota de 1980 (apartado 57 de la Decisión).

133 La Decisión (apartado 58) indica que para 1982 los productores presentaron unas propuestas de cuotas complejas, en las que trataban de conciliar varios factores divergentes, como sus resultados anteriores, sus aspiraciones en el mercado y las capacidades disponibles. Se calculó que el mercado total que se debían repartir era de 1.450.000 toneladas. Algunos productores propusieron planes detallados de reparto del mercado, otros se contentaron con comunicar la cantidad de toneladas que aspiraban a vender. En la reunión de 10 de marzo de 1982, Monte e ICI intentaron que se llegara a un acuerdo. La Decisión (último párrafo del apartado 58) subraya que, sin embargo, como en 1981, no se pudo alcanzar un acuerdo definitivo, y que durante el primer semestre del año las ventas mensuales de cada productor se comunicaban en las reuniones y se comparaban con el porcentaje alcanzado el año anterior. Según la Decisión (apartado 59), en la reunión de agosto de 1982 prosiguieron las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre las cuotas para 1983 e ICI mantuvo discusiones bilaterales sobre el nuevo sistema con cada uno de los productores. Sin embargo, mientras se esperaba el establecimiento de este sistema de cuotas, se pidió a los productores que limitaran sus ventas mensuales durante el segundo semestre de 1982 al porcentaje del mercado global que hubiera alcanzado cada uno de ellos durante los seis primeros meses de 1982. De este modo, señala la Decisión, en 1982 las cuotas de mercado alcanzaron un cierto equilibrio y permanecieron estables, en comparación con los años precedentes, para la mayor parte de los productores.

134 Según la Decisión (apartado 60), para 1983 ICI pidió a cada productor que comunicara sus aspiraciones individuales y sus opiniones sobre el porcentaje del mercado que se debería atribuir a cada uno de los otros. Así, Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga, Solvay, y los tres productores alemanes a través de BASF, presentaron varias propuestas detalladas. A continuación, las diferentes propuestas fueron procesadas por ordenador para obtener una media, que se comparó con las aspiraciones de cada productor. Estas operaciones permitieron a ICI proponer las líneas esenciales de un nuevo acuerdo-marco para 1983. Dichas propuestas se discutieron en las reuniones de noviembre y diciembre de 1982. En la reunión de 2 de diciembre de 1982 se discutió una propuesta limitada, en un primer momento, al primer trimestre del año. El informe de esta reunión elaborado por ICI indica que ATO, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Monte, Solvay, así como Hercules, consideraron "aceptable" la cuota que se les asignaba (apartado 63 de la Decisión). Estas informaciones se ven corroboradas, según la Comisión, por el resumen de una conversación telefónica de ICI con Hercules de fecha 3 de diciembre de 1982.

135 La Decisión (párrafo segundo del apartado 77, in fine) concluye afirmando que los documentos relativos a los compromisos en materia de cuotas indican que la demandante participó plenamente en estos proyectos durante todo el tiempo que estuvo presente en el mercado del polipropileno y que continuó implicada en los acuerdos de cuotas que cubrían, por lo menos, el primer trimestre de 1983 (párrafo séptimo del apartado 78).

b) Alegaciones de las partes

136 Para los años 1979 a 1982, la demandante alega que los cuadros que la Comisión menciona (p.c.g., anexos 55 a 62) fueron redactados por terceras personas y no por ella misma y que, como tales, sólo pueden reflejar el pensamiento de quien los redactó, sin constituir, en absoluto, una prueba concluyente ni de la participación de Anic en su redacción ni de que el escrito se ajuste efectivamente a la realidad de los hechos.

137 Anic considera que la mención de su nombre en estos distintos cuadros no tiene valor probatorio por dos razones: por una parte, porque nada prueba que dichos cuadros fueran el resultado de discusiones entre los productores y, por otra parte, porque en ellos se menciona a Anic conjuntamente con SIR, tanto en lo relativo a sus cifras de ventas como a su cuota, cosa que Anic nunca habría podido aceptar, dadas las relaciones de competencia encarnizada que existían entre las dos empresas.

138 La demandante indica, además, que su participación en el sistema de cuotas resulta desmentida por el hecho de que sus instalaciones productivas se utilizaron siempre al máximo de su capacidad, con la salvedad de las huelgas y las averías de 1980 y 1981.

139 Para 1983, la demandante sostiene que no resulta plausible que ella hubiera podido participar en unos acuerdos sobre cuotas comunicando sus aspiraciones a ICI, puesto que no asistía ya a las reuniones en las cuales se dice que se celebraron estos acuerdos, y que no está en absoluto demostrado que hubiera contactos al respecto entre ella y otros productores fuera de las reuniones. Para afirmar lo contrario, la Comisión se basa, según ella, en suposiciones que no encuentran ningún apoyo en la realidad de los hechos, y contribuye, de este modo, a invertir la carga de la prueba.

140 Además, la supuesta comunicación de sus aspiraciones contenida en un documento de fecha 28 de octubre de 1982 (p.c.g., anexo 76) no puede considerarse una prueba, puesto que se refiere al año 1983 y Anic había cedido sus actividades en el sector del polipropileno a Monte desde mediados de 1982. En efecto, ella había dejado de participar en las reuniones desde mediados de 1982 y resulta ilógico que participase a finales de 1982 en la negociación de un acuerdo sobre cuotas para 1983 en un mercado que había abandonado. Esta es la razón por la que niega todo valor probatorio al documento de que se trata, del que afirma que no puede proceder de ella.

141 Por su parte, la Comisión considera que la participación de Anic en los acuerdos sobre cuotas se deduce de la mención de su nombre en diferentes cuadros (p.c.g., anexos 55 a 62) que recogen las cifras de ventas de cada uno de los productores de polipropileno de Europa occidental en diferentes años, así como unos "revised targets" ("objetivos revisados") o unas "quotas" ("cuotas"), unas "aspirations" ("aspiraciones") o incluso unos "agreed targets" ("objetivos concertados"). Dichos cuadros se elaboraron en su mayoría entre 1979 y 1982 y se refieren a los volúmenes de ventas en esos años. Fueron descubiertos en los locales de ICI y de ATO principalmente y proceden, según la Comisión, de diferentes productores. La Comisión añade a estos diferentes cuadros el informe de dos reuniones de enero de 1981 (p.c.g., anexo 17) que contiene como anexo un cuadro en el que se comparan los "targets" y las cifras que reflejan las ventas "actual" (ventas "reales").

142 La Comisión indica que, en contra de lo que afirma Anic, no todos estos documentos proceden de ICI y que, en la mayoría de ellos, se mencionan separadamente las cifras relativas a Anic y las relativas a SIR.

143 La Comisión alega, además, que estos diversos documentos contienen cifras que debieron ser comunicadas necesariamente por la propia Anic.

144 Sostiene, además, que Anic participó en los acuerdos sobre cuotas relativos al año 1983. La Comisión basa su convicción en dos documentos puestos en relación (p.c.g., anexos 73 y 76). El primero, que describe esquemáticamente el sistema de cuotas para el año 1983, fue descubierto en los locales de ICI y muestra que esta última pidió a los productores que formularan individualmente sus propias aspiraciones en materia de cuotas, y así lo hicieron, como lo muestran diferentes documentos (p.c.g., anexos 74 a 77). Según la Comisión, el segundo documento recoge las aspiraciones de Anic. Todas las aspiraciones fueron recogidas en un documento de síntesis informático elaborado por ICI (p.c.g., anexo 85).

145 La Comisión señala a este respecto que, aunque Anic no asistiera ya a las reuniones que se celebraban en aquella época, continuaba participando en los acuerdos sobre cuotas. Según ella, la práctica colusoria no se reducía a la presencia en las reuniones y no es posible deducir de la ausencia de la demandante en una o varias reuniones que ésta hubiera cesado de adherirse a la práctica colusoria, pues dicha ausencia no implicaba en sí misma ni desconocimiento de los resultados de las reuniones ni falta de adhesión a dichos resultados, como lo muestran, por una parte, el documento de fecha 28 de octubre de 1982 que contiene las aspiraciones de Anic (p.c.g, anexos 76) y, por otra parte, la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8), que indica que se mantenían contactos con los productores ausentes de las reuniones.

146 La Comisión añade que, en contra de lo que afirma la demandante, resulta perfectamente plausible que ésta continuara participando en tales acuerdos en 1983, en la medida en que continuó presente en el mercado hasta abril de 1983, aunque hubiera cedido sus actividades a Monte a finales de 1982. La Comisión basa esta afirmación en los anexos a la respuesta de Anic a la solicitud de información, en los que figuran las cifras de producción de Anic en el sector del polipropileno. Ahora bien, Anic proporcionó unas cifras que iban hasta finales de abril de 1983. La Comisión considera, por consiguiente, que no era totalmente ilógico que Anic participara en octubre de 1982 en unas negociaciones para celebrar un acuerdo sobre cuotas para 1983.

c) Apreciación del Tribunal

147 Procede recordar que la demandante participó regularmente, a partir de finales de 1978 o principios de 1979 y hasta mediados de 1982, en las reuniones periódicas de productores de polipropileno en las que los distintos productores discutieron sobre volúmenes de ventas e intercambiaron información a este respecto.

148 Se debe subrayar que, paralelamente a la participación de Anic en las reuniones, su nombre figura en diferentes cuadros (p.c.g., anexos 55 y ss.) cuyo contenido indica claramente que estaban destinados a determinar los objetivos sobre volúmenes de ventas. Ahora bien, la mayor parte de los demandantes han reconocido en sus respuestas a una pregunta por escrito que les dirigió este Tribunal que no habría sido posible elaborar los cuadros descubiertos en los locales de ICI, ATO y Hercules basándose en las estadísticas del sistema Fides. Por otra parte, IC