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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 3 de octubre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud České republiky República Checa) — Jana Petruchová/FIBO Group Holdings Limited

(Asunto C-208/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (UE) n.o 1215/2012 - Artículo 17, apartado 1 - Competencia en materia de contratos celebrados por consumidores - Concepto de «consumidor» - Persona física que efectúa operaciones en el mercado internacional de divisas a través de una sociedad de corretaje - Reglamento (CE) n.o 593/2008 (Roma I) - Directiva 2004/39/CE - Concepto de «cliente minorista»)

(2019/C 413/11)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Nejvyšší soud České republiky

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Jana Petruchová

Demandada: FIBO Group Holdings Limited

Fallo

El artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una persona física que, en virtud de un contrato CFD celebrado con una sociedad de corretaje, efectúa operaciones en el mercado internacional de divisas FOREX (Foreign Exchange) a través de dicha sociedad debe ser calificada de «consumidor» a los efectos de la citada disposición si ese contrato no se ha celebrado en el marco de la actividad profesional de la persona en cuestión, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. Para esta calificación, por un lado, en principio, carecen de pertinencia, por sí solos, factores tales como el valor de las operaciones efectuadas en virtud de contratos financieros por diferencias, la importancia de los riesgos de pérdidas económicas que implica suscribir tales contratos, los eventuales conocimientos o experiencia de dicha persona en el sector de los instrumentos financieros o su comportamiento activo en la realización de las referidas operaciones, y por otro lado, es por sí solo irrelevante, en principio, el hecho de que el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), no sea aplicable a los instrumentos financieros o que esa persona sea un «cliente minorista» en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo.

(1) DO C 200 de 11.6.2018.
1)

Por lo que respecta a la conversión monetaria de una prestación por hijo a cargo para determinar la cuantía de un eventual complemento diferencial derivado del artículo 68, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, la aplicación y la interpretación del artículo 90 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.o 883/2004, así como de la Decisión n.o H3 de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, de 15 de octubre de 2009, relativa a la fecha que debe tenerse en cuenta para determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento n.o 987/2009, no se ven afectadas por el hecho de que dicha prestación se pague en francos suizos por una institución suiza.
1)

En primer lugar, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que el importe previsto en esta disposición no tiene por objeto compensar un perjuicio, como el de la pérdida de salario, en segundo lugar, que ese perjuicio puede ser objeto de la compensación suplementaria prevista en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.o 261/2004 y, en tercer lugar, que incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar y apreciar los diferentes elementos constitutivos del citado perjuicio, así como la cuantía de la compensación de este, sobre la base jurídica pertinente.
C 230/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 8 de mayo de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Eslovenia) — Jadran Dodič/Banka Koper, Alta Invest

(Asunto C-194/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política social - Transmisiones de empresas - Directiva 2001/23/CE - Artículo 1, apartado 1 - Ámbito de aplicación - Criterios de apreciación de la transmisión - Cesión de la clientela - Transferencia de la totalidad de los servicios financieros de un banco a una sociedad de bolsa que excluye la cesión del personal)

(2019/C 230/16)

Lengua de procedimiento: esloveno

Órgano jurisdiccional remitente

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Jadran Dodič

Demandadas: Banka Koper, Alta Invest

Fallo

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una segunda empresa se haga cargo de los instrumentos financieros y de los demás activos de clientes de una primera empresa, a raíz del cese de actividad de esta, en virtud de un contrato que obliga a celebrar la normativa nacional, aun cuando los clientes de la primera empresa gozan de la libertad de no confiar la gestión de sus títulos en bolsa a la segunda empresa, puede constituir una transmisión de empresa o de parte de empresa si está demostrada la existencia de una cesión de clientela, extremo que debe apreciar el órgano jurisdiccional nacional. En ese contexto, el número, incluso muy elevado, de clientes efectivamente cedidos no es, por sí solo, determinante en lo que respecta a la calificación de «transmisión» y la circunstancia de que la primera empresa colabore, como sociedad de valores no independiente, con la segunda empresa carece en principio de incidencia.

(1) DO C 190 de 4.6.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Investigatory Powers Tribunal — Londres — Reino Unido) — Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service

(Asunto C-623/17) (1)

(Procedimiento prejudicial - Tratamiento de datos de carácter personal en el sector de las comunicaciones electrónicas - Proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas - Transmisión generalizada e indiferenciada de datos de tráfico y de localización - Protección de la seguridad nacional - Directiva 2002/58/CE - Ámbito de aplicación - Artículos 1, apartado 3, y 3 - Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas - Protección - Artículos 5 y 15, apartado 1 - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 7, 8, 11 y artículo 52, apartado 1 - Artículo 4 TUE, apartado 2)

(2020/C 433/02)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Investigatory Powers Tribunal — London

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Privacy International

Demandadas: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service

Fallo

1) Los artículos 1, apartado 3, 3 y 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, a la luz del artículo 4 TUE, apartado 2, deben interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva una normativa nacional que permite a una autoridad estatal obligar a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas a transmitir a las agencias de seguridad e inteligencia datos de tráfico y de localización con el fin de proteger la seguridad nacional.

2) El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, en su versión modificada por la Directiva 2009/136, a la luz del artículo 4 TUE, apartado 2, y de los artículos 7, 8 y 11 y del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite a una autoridad estatal obligar a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas a realizar una transmisión generalizada e indiferenciada de datos de tráfico y de datos de localización a las agencias de seguridad e inteligencia con el fin de proteger la seguridad nacional.

(1) DO C 22 de 22.1.2018.
2)

Para apreciar el carácter definitivo de las pérdidas de una filial no residente, en el sentido del apartado 55 de la sentencia Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), la circunstancia de que el Estado miembro de la filial no permita transferir pérdidas de una sociedad a otro sujeto pasivo el año de liquidación no es determinante, a menos que la sociedad matriz demuestre que le es imposible materializar el valor de dichas pérdidas, en particular mediante una cesión, de modo que un tercero pueda computarlas fiscalmente en ejercicios futuros.
C 206/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de abril de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal — Irlanda) — Neculai Tarola/Minister for Social Protection

(Asunto C-483/17) (1)

(Procedimiento prejudicial - Ciudadanía de la Unión - Libre circulación de personas - Directiva 2004/38/CE - Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros - Artículo 7, apartado 1, letra a) - Trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia - Artículo 7, apartado 3, letra c) - Derecho de residencia por más de tres meses - Nacional de un Estado miembro que ha ejercido una actividad por cuenta ajena en otro Estado miembro durante un período de quince días - Paro involuntario - Mantenimiento de la condición de trabajador durante un período no inferior a seis meses - Derecho al subsidio para solicitantes de empleo (jobseeker’s allowance))

(2019/C 206/03)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Neculai Tarola

Demandada: Minister for Social Protection

Fallo

El artículo 7, apartados 1, letra a), y 3, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un Estado miembro que ha ejercido su derecho de libre circulación y ha adquirido en otro Estado miembro la condición de trabajador en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de esta Directiva gracias a la actividad que ha ejercido en el mismo durante un período de dos semanas —en virtud de un contrato que no es de duración determinada— antes de quedar en paro involuntario mantiene la condición de trabajador durante un período adicional de al menos seis meses en el sentido de estas disposiciones, siempre que se haya inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo.

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, de conformidad con el principio de igualdad de trato reconocido en el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2004/38, dicho nacional tiene, en consecuencia, derecho a percibir prestaciones de asistencia social o, en su caso, de seguridad social en las mismas condiciones que si fuera nacional del Estado miembro de acogida.

(1) DO C 347 de 16.10.2017.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de diciembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht — Alemania) — S / EA, EB, EC

(Asunto C-367/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Agricultura - Reglamento (CE) n.o 510/2006 - Artículo 4, apartado 2, letra e) - Reglamento (UE) n.o 1151/2012 - Artículo 7, apartado 1, letra e) - Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen - Solicitud de modificación del pliego de condiciones - Jamón procedente de la región de la Selva Negra, Alemania («Schwarzwälder Schinken») - Cláusulas de envasado en la región de producción - Aplicabilidad del Reglamento n.o 510/2006 o del Reglamento n.o 1151/2012])

(2019/C 65/08)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundespatentgericht

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: S

Recurridas: EA, EB, EC

Fallo

El artículo 4, apartado 2, letra e), del Reglamento (CE) n.o 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en relación con el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, que establece las disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 510/2006, y el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, deben interpretarse en el sentido de que la exigencia de que el envasado de un producto certificado por una indicación geográfica protegida se lleve a cabo en la zona geográfica de producción del mismo estará justificada, de conformidad con el citado artículo 4, apartado 2, letra e), si constituye un medio necesario y proporcionado para salvaguardar la calidad del producto, garantizar su origen o asegurar el control del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida. Corresponde al juez nacional determinar si tal exigencia está debidamente justificada por alguno de los objetivos antes mencionados en lo que atañe a la indicación geográfica protegida «Schwarzwälder Schinken».

(1) DO C 293 de 4.9.2017.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Silvio Berlusconi, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) / Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

(Asunto C-219/17) (1)

([Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Supervisión prudencial de las entidades de crédito - Adquisición cualificada en una entidad de crédito - Procedimiento regulado por la Directiva 2013/36/UE y por los Reglamentos (UE) n.o 1024/2013 y n.o 468/2014 - Procedimiento administrativo compuesto - Facultad exclusiva de toma de decisión del Banco Central Europeo (BCE) - Recurso interpuesto contra actos de trámite adoptados por la autoridad nacional competente - Alegación de la vulneración de la autoridad de cosa juzgada de una decisión nacional])

(2019/C 65/06)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Silvio Berlusconi, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest)

Demandadas: Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

con intervención de: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca Mediolanum SpA, Holding Italiana Quarta SpA, Fin. Prog. Italia di E. Doris & C. s.a.p.a., Sirefid SpA, Ennio Doris

Fallo

El artículo 263 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los órganos jurisdiccionales nacionales ejerzan el control de la legalidad sobre los actos de apertura, de instrucción y de propuesta no vinculante adoptados por las autoridades nacionales competentes en el marco del procedimiento establecido en los artículos 22 y 23 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, en el artículo 4, apartado 1, letra c), y en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito, así como en los artículos 85 a 87 del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS). A este respecto carece de relevancia que un órgano jurisdiccional nacional conozca del asunto a raíz de una acción específica de nulidad por presunta vulneración de la autoridad de cosa juzgada de una resolución judicial nacional.

(1) DO C 283 de 28.8.2017.
4)

El artículo 143, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por la Directiva 2009/69, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una práctica administrativa en virtud de la cual, en circunstancias como las del litigio principal, el derecho a la exención del impuesto sobre el valor añadido a la importación se deniega al importador de buena fe cuando no se cumplen los requisitos para la exención de la entrega intracomunitaria ulterior a causa de un fraude fiscal cometido por el adquirente, salvo que se acredite que el importador sabía o hubiera debido saber que la operación estaba implicada en un fraude cometido por el adquirente y que no adoptó todas las medidas razonables a su alcance para evitar su participación en el fraude. El mero hecho de que el importador y el adquirente se comunicaran a través de medios de comunicación electrónicos no permite presumir que el importador sabía o podía saber que participaba en tal fraude.
2)

En el caso de que el incumplimiento declarado en el punto 1 persista en la fecha en que se dicte la presente sentencia, se condena a la República Italiana a pagar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 30112500 euros por semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 19 de julio de 2012, Comisión/Italia (C-565/10, no publicada, EU:C:2012:476), desde la fecha en que se dicta la presente sentencia hasta que se ejecute íntegramente la sentencia de 19 de julio de 2012, Comisión/Italia (C-565/10, no publicada, EU:C:2012:476), cuyo importe efectivo deberá calcularse al finalizar cada periodo semestral reduciendo el importe total de cada uno de esos periodos en el porcentaje que coincida con la proporción que represente el número de unidades equivalentes habitante de las aglomeraciones urbanas cuyos sistemas colectores y de tratamiento de aguas residuales urbanas se hayan adecuado a lo establecido en la sentencia de 19 de julio de 2012, Comisión/Italia (C-565/10, no publicada, EU:C:2012:476), al final del periodo considerado, en relación con el número de unidades de equivalentes habitante de las aglomeraciones urbanas que no dispongan de tales sistemas el día en que se dicte la presente sentencia.
6)

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no cabe afirmar que un Estado miembro no ha cumplido su obligación de justificar una medida restrictiva por el hecho de que no haya aportado un análisis de los efectos de tal medida ni en el momento en que esta se incorporó a la normativa nacional ni en el momento en que el órgano jurisdiccional nacional ha examinado dicha medida.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 123/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de febrero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie — Bélgica) — Proceso penal contra Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA

(Asunto C-359/16) (1)

([«Procedimiento prejudicial - Trabajadores migrantes - Seguridad social - Legislación aplicable - Reglamento (CEE) n.o 1408/71 - Artículo 14, punto 1, letra a) - Trabajadores desplazados - Reglamento (CEE) n.o 574/72 - Artículo 11, apartado 1, letra a) - Certificado E 101 - Fuerza probatoria - Certificado obtenido o invocado fraudulentamente»])

(2018/C 123/03)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Cassatie

Partes en el proceso principal

Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA.

con la intervención de: Openbaar Ministerie

Fallo

El artículo 14, punto 1, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, y con las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) n.o 631/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, y el artículo 11, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.o 118/97, deben interpretarse en el sentido de que, cuando la institución del Estado miembro al que han sido desplazados los trabajadores presenta ante la institución expedidora de los certificados E 101 una solicitud de revisión de oficio y de retirada de éstos a la luz de información obtenida en una investigación judicial que le ha permitido constatar que los mencionados certificados se han obtenido o invocado fraudulentamente y la institución expedidora no ha tenido en cuenta esa información para revisar la fundamentación de su expedición, el juez nacional puede, en un procedimiento incoado contra las personas sospechosas de haber recurrido a trabajadores desplazados al amparo de dichos certificados, no tenerlos en cuenta si, sobre la base de esa información, y siempre que se respeten las garantías inherentes al derecho a un proceso equitativo que deben concederse a estas personas, comprueba la existencia de tal fraude.

(1) DO C 335 de 12.9.2016.