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9

Por otra parte, en el supuesto de que la persona asegurada tuviera efectivamente derecho a la prestación de los servicios del seguro, Best Doctors se encargaba de gestionar todas las formalidades administrativas relativas a la asistencia sanitaria en el extranjero (servicio FindBestCare; en lo sucesivo, «servicio FBC»). Este servicio incluía, en particular, la concertación de citas con los prestadores de servicios médicos, la organización del tratamiento médico, del alojamiento en el hotel y del viaje, la prestación de un servicio de asistencia a la clientela y la comprobación del carácter adecuado del tratamiento médico. Además, Best Doctors también se encargaba de los pagos y del seguimiento de los créditos de naturaleza médica. En cambio, Best Doctors no se hacía responsable de la cobertura de los gastos de transporte y alojamiento, ni de los gastos de asistencia sanitaria.
37

Si bien dicha disposición no puede ser objeto de una interpretación restrictiva, como se ha señalado en el apartado 35 de la presente sentencia, para no privar al agente comercial de compensaciones por el fondo de comercio que, sin embargo, aportó al empresario, la indemnización prevista en la citada disposición no cubre, en cambio, los perjuicios que no estén directamente relacionados con la pérdida de clientela por parte del agente.
20

La Directiva del IVA no contiene ninguna definición del concepto de «derecho de utilizar instalaciones deportivas» y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112 (DO 2011, L 77, p. 1), no define este concepto. La Directiva del IVA y el Reglamento de Ejecución n.o 282/2011 tampoco contienen remisión alguna al respecto al Derecho de los Estados miembros, de modo que dicho concepto debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de octubre de 2015, Saudaçor, C‑174/14, EU:C:2015:733, apartados 53 y 54).
29

Por otra parte, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado que un operador que compra, asumiendo el riesgo, créditos de dudoso cobro por un precio inferior a su valor nominal no efectúa una prestación de servicios «a título oneroso», en el sentido de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), cuando la diferencia entre el valor nominal de dichos créditos y el precio de compra de estos refleja el valor económico efectivo de los citados créditos al tiempo de su cesión (sentencia de 27 de octubre de 2011, GFKL Financial Services, C‑93/10, EU:C:2011:700, apartado 26), no es menos cierto que, en el asunto principal, el subpartícipe no adquiere, por su cuenta y riesgo, créditos de dudoso cobro a un precio inferior a su valor nominal. Además, como precisa asimismo la autoridad tributaria en su respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia, habida cuenta de las características específicas del contrato de subparticipación, el importe de la aportación financiera puesta a disposición del emisor se determina generalmente de forma diferente al precio pagado por un cesionario por la cesión de un crédito.
15

Basándose, en el apartado 20 del auto recurrido, en particular, en las sentencias de 18 de mayo de 1982, AM & S Europa/Comisión (155/79, EU:C:1982:157), apartado 24, y de 14 de septiembre de 2010, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión y otros., (C‑550/07 P, EU:C:2010:512), apartado 42, según las cuales la concepción de la función del abogado en el ordenamiento jurídico de la Unión, que procede de las tradiciones jurídicas comunes a los Estados miembros, es la de un colaborador de la Justicia que debe proporcionar, con total independencia y en el interés superior de esta, la asistencia legal que el cliente necesita, el Tribunal General precisó, en el apartado 21 de dicho auto, citando el auto de 29 de septiembre de 2010, EREF/Comisión (C‑74/10 P y C‑75/10 P, no publicado, EU:C:2010:557), apartado 53 y jurisprudencia citada, que el requisito de independencia del abogado implica la ausencia de toda relación laboral entre este y su cliente, y recordó que el concepto de «independencia del abogado» no solo se determina de manera positiva, tomando como referencia la deontología de la profesión, sino también de forma negativa, es decir, por la inexistencia de una relación laboral entre el abogado y su cliente.
El Informe explicativo sobre este Convenio (DO 1997, C 261, p. 26), que es pertinente a efectos de la interpretación del Reglamento n.o 1393/2007 (véanse, en este sentido, la sentencia de 11 de noviembre de 2015, Tecom Mican y Arias Domínguez, C‑223/14, EU:C:2015:744, apartado 40, así como, por analogía, por lo que atañe al Reglamento n.o 1348/2000, la sentencia de 8 de mayo de 2008, Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, apartado 53), corrobora la interpretación del artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.o 1393/2007, según la cual los gastos de traducción de un documento no pueden dejarse a cargo del órgano jurisdiccional que conoce del asunto.
2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Phoenix Contact GmbH & Co. KG, por un lado, y HARTING Deutschland GmbH & Co. KG y Harting Electric GmbH & Co. KG, por otro, en relación con una supuesta violación de una patente europea de la que es titular Phoenix Contact.
El artículo 2, punto 11, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, debe interpretarse de modo que no puede constituir un traslado ilícito o una retención ilícita, en el sentido de esa disposición, la situación en la que uno de los progenitores, sin el consentimiento del otro progenitor, se ve obligado a trasladar a su hijo de su Estado de residencia habitual a otro Estado miembro en ejecución de una resolución de traslado adoptada por el primer Estado miembro sobre la base del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y, posteriormente, a permanecer en el segundo Estado miembro una vez que esa resolución de traslado ha sido anulada sin que, al mismo tiempo, las autoridades del primer Estado miembro hayan decidido readmitir a las personas trasladadas o autorizar la residencia de estas.
8

En los casos particulares en los que considera que el requisito de residencia es incompatible con el Derecho de la Unión, el CSN acuerda una excepción exigiendo, en cambio, que la persona tenga un vínculo con la sociedad sueca. En este sentido, las Centrala studiestödsnämndens rättsliga ställningstaganden dnr 2013‑113‑9290 samt dnr 2014‑112‑8426 (Instrucciones internas del CSN n.o 2013‑113‑9290 y n.o 2014‑112‑8426) establecen que el requisito de residencia previsto en el artículo 23, párrafo primero, del capítulo 3 de la Ley sobre las ayudas económicas a los estudios no se exige, en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011, a las personas que se encuentren en Suecia y hayan sido reconocidas por el CSN como trabajadores migrantes o miembros de su familia. En cambio, estas personas, con excepción de los hijos, deben tener un vínculo con la sociedad sueca para que se conceda la ayuda económica a los estudios.
15

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE, y por el que se deroga el [Reglamento n.o 966/2012] (DO 2018, L 193, p. 1, en lo sucesivo, «Reglamento financiero de 2018»), entró en vigor el 2 de agosto de 2018 y es aplicable desde esa fecha, sin perjuicio de las fechas de aplicación específicas establecidas para algunas de sus disposiciones.
11

El artículo 269 del Nakazatelno protsesualen kodeks (Código de Enjuiciamiento Criminal), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «NPK»), tiene el siguiente tenor: «(1) En los asuntos en los que el acusado haya sido procesado por un delito grave, su comparecencia en el juicio será obligatoria. (2) El órgano jurisdiccional podrá ordenar que el acusado comparezca también en asuntos en los que su presencia no sea obligatoria cuando resulte necesario para el esclarecimiento de la verdad objetiva. (3) Siempre que ello no obstaculice el esclarecimiento de la verdad objetiva, el asunto podrá ser juzgado en ausencia del acusado si: 1. este no se encuentra en la dirección que ha indicado o ha cambiado de dirección sin informar de ello a la autoridad competente; 2. se desconoce su lugar de residencia en Bulgaria y no ha sido posible determinarlo mediante una investigación exhaustiva; 3. ha sido debidamente citado a comparecer, no ha indicado un motivo válido que justifique su incomparecencia y se ha observado el procedimiento previsto en el artículo 247b, apartado 1; 4. se encuentra fuera del territorio de la República de Bulgaria y: a) se desconoce su lugar de residencia; b) no puede ser citado a comparecer por otros motivos; c) ha sido debidamente citado a comparecer y no ha indicado un motivo válido que justifique su incomparecencia.»
19

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la aplicación de dicho artículo 25, apartado 2, por parte de la Autoridad Tributaria. Según la interpretación hecha por dicha Autoridad de la referida disposición, no se aplica ningún mecanismo corrector para tener en cuenta el hecho de que los bienes entregados han sido gravados en el Estado miembro de identificación, pero también en el Estado miembro de llegada del transporte de los bienes, cuando no fue la propia B. quien gravó la adquisición de bienes en este último Estado miembro, sino sus clientes. A este respecto, recuerda que el artículo 41, párrafo segundo, de la Directiva del IVA establece un mecanismo corrector para evitar las situaciones de doble imposición y que el objetivo de dicho artículo 41 consiste en luchar contra la evasión fiscal. Sin embargo, a su juicio, las actividades de B. y de sus otros contratantes no constituyen ni un fraude ni un abuso. La falta de competencia de las autoridades que tramitan el procedimiento para verificar la totalidad de la cadena de entregas produce —a su juicio— el efecto de vulnerar el principio de neutralidad del IVA, así como el principio de proporcionalidad.
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El 15 de enero de 2019, con ocasión del control de un vehículo conducido por WE y en el que también se encontraba RR, pareja de hecho de WE y propietaria de dicho vehículo, se constató la presencia de estupefacientes. Se investigó a WE y RR, pero, al considerar, al término de la instrucción, que RR no estaba informada de la presencia de los estupefacientes, el fiscal puso fin a las diligencias penales en su contra. Sin embargo, el vehículo, cuya investigación demostró que estaba permanentemente a disposición de WE, permaneció incautado como prueba material, con arreglo al artículo 111 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el marco del procedimiento contra WE.
43

En cuanto a la cuestión de si los gastos derivados de un requerimiento constituyen «costas procesales» o «demás gastos», en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2004/48, es preciso señalar que, si bien es cierto que los gastos derivados de un requerimiento no pueden calificarse de «costas procesales», en el sentido de esta disposición, dado que, en esa fase, no existe todavía ningún litigio pendiente ante un órgano jurisdiccional, nada en la Directiva 2004/48 se opone a que tales gastos se califiquen de «demás gastos», a pesar de que, en esa fase anterior a la vía judicial, no haya aún certeza de que el titular del derecho de propiedad intelectual afectado va a iniciar o no, posteriormente, un procedimiento judicial o de que su propuesta de solución amistosa va a ser aceptada o no por el supuesto infractor.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008 (DO 2008, L 44, p. 11) (en lo sucesivo, «Directiva sobre el IVA»), y del artículo 11 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112 (DO 2011, L 77, p. 1).
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El artículo 1 del Reglamento (CEE) n.o 2719/92 de la Comisión, de 11 de septiembre de 1992, relativo al documento administrativo de acompañamiento de los productos sujetos a impuestos especiales que circulen en régimen de suspensión (DO 1992, L 276, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n.o 2225/93 de la Comisión, de 27 de julio de 1993 (DO 1993, L 198, p. 5) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2719/92»), establece: «El modelo que figura en el Anexo I será el documento administrativo de acompañamiento de los productos sujetos a impuestos especiales que circulen en régimen de suspensión, a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 92/12/CEE, con sujeción a las instrucciones sobre cumplimentación y procedimiento previstas en el reverso del ejemplar número 1 de dicho documento.»
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La nomenclatura combinada (en lo sucesivo, «NC») se incluye en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1101/2014 de la Comisión, de 16 de octubre de 2014 (DO 2014, L 312, p. 1).
9

El artículo 6 de la legge n. 9, Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (Ley n.o 9 por la que se establecen normas para la ejecución del nuevo plan energético nacional: aspectos institucionales, centrales hidroeléctricas y líneas eléctricas, hidrocarburos y energía geotérmica, autogeneración y disposiciones tributarias), de 9 de enero de 1991, en su redacción aplicable al litigio principal (suplemento ordinario al GURI n.o 13, de 16 de enero de 1991, en lo sucesivo, «Ley n.o 9/1991»), establece: «1. El permiso de exploración se concederá mediante decreto del Ministro de Industria, Comercio e Industrias Artesanales, oídos el Comité técnico para los hidrocarburos y la geotermia […], de común acuerdo, dentro de sus respectivas competencias, con el Ministro de Medio Ambiente y con el Ministro de la Marina Mercante en lo que se refiere a las exigencias relativas a la actividad que debe ejercerse en el dominio público marítimo, las aguas territoriales y la plataforma continental. 2. El área del permiso de exploración deberá ser tal que permita el desarrollo racional del programa de exploración y, en cualquier caso, no podrá superar la extensión de 750 km2; el área del permiso podrá incluir zonas adyacentes de tierra y mar. 3. Si el Ministro de Industria, Comercio e Industrias Artesanales considera que el área solicitada no tiene las dimensiones suficientes ni una configuración racional en relación con la óptima finalidad de la exploración, estará facultado para denegar el permiso de exploración en tanto no se posibilite la unificación de esa misma área con áreas limítrofes. 4. La duración del permiso será de seis años. 5. El titular del permiso tendrá derecho a dos prórrogas sucesivas de tres años cada una, si ha cumplido con las obligaciones derivadas del permiso. 6. Al titular del permiso se le podrá conceder una prórroga adicional en caso de que, al expirar definitivamente el permiso, todavía sigan realizándose trabajos de perforación o pruebas de producción por motivos no imputables a su inacción, negligencia o falta de pericia. La prórroga se concederá por el tiempo necesario para la conclusión de los trabajos y, en todo caso, por una duración que no excederá de un año. La programación técnica y financiera detallada del nuevo período de trabajos se aprobará junto con la decisión de prórroga.»
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Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación de Apcoa de que dicho importe está predeterminado y no guarda una relación económica concreta con el valor del servicio de estacionamiento prestado, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, es irrelevante, en lo que respecta a la calificación de una operación como operación realizada a título oneroso en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA, el importe de la contraprestación, en particular el hecho de que sea igual, superior o inferior a los costes en que haya incurrido el sujeto pasivo en el marco de la realización de su prestación. En efecto, esa circunstancia no afecta al vínculo directo entre la prestación de servicios efectuada y la contraprestación recibida (sentencia de 11 de marzo de 2020, San Domenico Vetraria, C‑94/19, EU:C:2020:193, apartado 29 y jurisprudencia citada).
35

No obstante, tal atribución de competencia no puede basarse en el artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, tal como se ha interpretado en el apartado 32 de la presente sentencia, puesto que, a diferencia de una demanda de rectificación de información y de supresión de contenidos, que es única e indivisible, una demanda relativa a la reparación del daño puede tener por objeto una indemnización íntegra o una indemnización parcial. Pues bien, aunque el hecho de no poder presentar una demanda de rectificación de información y de supresión de contenidos publicados en línea ante un tribunal distinto del competente para conocer de la totalidad de una demanda de reparación del daño está justificado por el hecho de que aquella demanda es única e indivisible, no estaría justificado, en cambio, excluir, por el mismo motivo, la facultad del demandante de presentar una demanda de indemnización parcial ante cualquier otro tribunal en cuya circunscripción territorial considere haber sufrido un daño.
15

En apoyo de su resolución, la Administración tributaria invocó dictámenes de peritos judiciales en materia fiscal y publicitaria. Según estos, dichos servicios publicitarios eran demasiado costosos y, en realidad, no tenían ninguna utilidad para Amper Metal, habida cuenta, en particular, de la naturaleza de la clientela de esta sociedad, a saber, fábricas de papel, talleres de laminación en caliente y otras instalaciones industriales, que no podían ver sus decisiones comerciales influidas por adhesivos colocados en coches de carreras. Esa misma Administración tributaria precisó, a este respecto, que el contrato de servicios de publicidad no cumplía los requisitos de una «gestión razonable», en el sentido del punto 4 del anexo n.o 3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
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De este modo, dado que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión disfrutan de una presunción de pertinencia, la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional solamente está justificada cuando resulte evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una norma del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones que se le hayan planteado (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 25 y jurisprudencia citada, y de 15 de julio de 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, apartado 55 y jurisprudencia citada).
33

En segundo término, según reiterada jurisprudencia, para las disposiciones del Convenio de Lugano II que son, en esencia, idénticas a las del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), y, antes de este, a las del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), así como, con anterioridad, a las del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación de estas disposiciones de Derecho de la Unión sigue siendo pertinente (auto de 15 de mayo de 2019, MC, C‑827/18, no publicado, EU:C:2019:416, apartado 19 y jurisprudencia citada).
60

Por lo que respecta al derecho del prestatario a resolver el contrato por causa justificada, el contrato celebrado por JL con BMW Bank el 4 de mayo de 2017 no contenía una remisión al artículo 314 del BGB y no indicaba que la resolución en virtud de este precepto debiera tener lugar dentro de un plazo razonable. El contrato celebrado por DT con Audi Bank el 23 de marzo de 2016 no incluía mención alguna del derecho de resolución del prestatario por causa justificada de conformidad con el artículo 314 del BGB. Es cierto que este preveía el derecho de resolución del prestamista por causa justificada, sin precisar, no obstante, la forma de dicha resolución ni el plazo para efectuarla. En particular, dicho contrato no contenía mención alguna de que tal resolución deba efectuarse en un soporte duradero, de conformidad con el artículo 492, apartado 5, del BGB.
4

El Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2013, L 269, p. 1; corrección de errores en DO 2013, L 287, p. 90), que entró en vigor el 30 de octubre de 2013 de conformidad con su artículo 287, derogó el código aduanero comunitario. Sin embargo, gran parte de sus disposiciones, en particular el artículo 57, que corresponde, en esencia, al artículo 20 del código aduanero comunitario, no fueron aplicables, en virtud de su artículo 288, apartado 2, hasta el 1 de mayo de 2016.
5

La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO 2009, L 302, p. 32; en lo sucesivo, «Directiva OICVM»), refundió y derogó la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO 1985, L 375, p. 3; EE 06/03, p. 38), en su versión modificada, en particular, por la Directiva 2001/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de enero de 2002 (DO 2002, L 41, p. 20) (en lo sucesivo, «Directiva 85/611»).