En segundo término, del artículo 4, apartado 4, del Reglamento n.o 659/1999 se desprende, en particular, que, cuando la Comisión no logra disipar todas las dudas existentes en el sentido de esta disposición, tiene la obligación de incoar el procedimiento formal. No dispone, a este respecto, de ninguna facultad discrecional.

En primer término, este concepto tiene carácter exclusivo. De este modo, la Comisión no puede negarse a incoar el procedimiento de investigación formal invocando otras circunstancias, tales como el interés de terceros, consideraciones de economía procesal o cualquier otro motivo de conveniencia administrativa o política.

En lo que atañe al concepto de «dudas» acerca de compatibilidad de la medida notificada con el mercado interior, contenido en el artículo 4, apartados 3 y 4, del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, la jurisprudencia ha definido tres requisitos para delimitar la apreciación de la Comisión.

Para proceder a un examen suficiente a la luz de las normas aplicables en materia de ayudas de Estado, la Comisión no ha de limitar su análisis a los elementos contenidos en la notificación de la medida controvertida. Puede, y, en su caso, debe, recabar información pertinente que le permita disponer, en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, de elementos de evaluación que puedan razonablemente considerarse suficientes y claros a los efectos de la apreciación a la que ha de proceder.

Para probar la existencia de dudas en el sentido del artículo 4, apartado 4, del Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE, basta con que la parte interesada demuestre que la Comisión no ha investigado ni examinado, de manera diligente e imparcial, todos los elementos pertinentes para dicho análisis, o que no los ha tenido debidamente en cuenta a efectos de eliminar toda duda en cuanto a la compatibilidad de la medida notificada con el mercado interior.

La duración, las circunstancias que rodearon a la fase previa a la notificación —que ponen de manifiesto la existencia de dificultades ocasionadas por la necesidad de recabar información pertinente para permitir a la Comisión examinar una medida significativa, compleja y nueva— y la variedad de observaciones presentadas en relación con la medida notificada por varios tipos de operadores distintos, no permiten considerar que la corta duración del procedimiento de examen previo sea un indicio de la inexistencia de dudas en cuanto a la compatibilidad de esa medida con el mercado interior, sino que parece ser, más bien, un indicio de la existencia de tales dudas.

Ello es así máxime cuando durante el mes dedicado al examen previo de la notificación, la Comisión no lleva a cabo una instrucción particular del expediente en lo que respecta al papel de la gestión de la demanda en el mercado de capacidad y ello pese a que no se halla en una situación en la que pueda limitarse a basarse en la información aportada por el Estado miembro de que se trata, sin llevar a cabo su propia valoración a fin de examinar y, en caso necesario, solicitar a las demás partes interesadas información pertinente a efectos de su apreciación.

(véanse los apartados 69, 70, 85, 109, 110, 113 y 188)