CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. GIOVANNI PITRUZZELLA

presentadas el 20 de enero de 2022 ( 1 )

Asuntos acumulados C‑37/20 y C‑601/20

WM (C‑37/20)

Sovim SA (C‑601/20)

contra

Luxembourg Business Registers

[Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo)]

«Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo — Directiva (UE) 2015/849 — Artículo 30, apartados 5 y 9 — Registro de la Titularidad Real — Directiva (UE) 2018/843 — Artículo 1, apartado 15, letras c) y g) — Acceso de cualquier miembro del público en general a información sobre la titularidad real — Validez — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 8 — Principio de transparencia — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículo 5, apartado 1, letras a) a c) y f) — Exenciones al acceso a la información del Registro de la Titularidad Real — Requisitos — Conceptos de “circunstancias excepcionales”, “riesgo” y “riesgo desproporcionado” — Prueba»

1. ¿Dónde se halla el equilibrio entre, por una parte, el requisito de transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades, que desempeña una función crucial en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, por otra parte, el respeto de los derechos fundamentales de los interesados, a saber, los titulares reales y, en particular, su derecho al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal?

2. Esta es, en esencia, la cuestión fundamental que se plantea al Tribunal de Justicia en los dos asuntos objeto de las presentes conclusiones, que se refieren a dos peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo).

3. Ambas peticiones versan sobre la validez y la interpretación del artículo 30, apartados 5 y 9, de la Directiva (UE) 2015/849, ( 2 ) en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/843 ( 3 ) (en lo sucesivo, «Directiva 2015/849»). Esta Directiva estableció un régimen de acceso público a los registros de la titularidad real de las sociedades y de otras entidades jurídicas constituidas en el territorio de los Estados miembros que ofrece, en principio, a cualquier miembro del público en general la posibilidad de acceder a determinada información sobre la titularidad real inscrita en esos registros, sin que sea necesario demostrar interés alguno.

4. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la validez de este régimen a la luz de los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y familiar y a la protección de datos de carácter personal, consagrados respectivamente en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Asimismo, se pregunta sobre la validez y el alcance del régimen de exenciones a dicho acceso público establecido por las citadas Directivas.

5. En este contexto, el Tribunal de Justicia también debe pronunciarse sobre la interacción entre dicho régimen de acceso público y varias disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679. ( 4 )

I. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

1. Directivas 2015/849 y 2018/843

6. Con arreglo al considerando 2 de la Directiva 2015/849 «la solidez, integridad y estabilidad de las entidades financieras y de crédito, así como la confianza en el sistema financiero en su conjunto, podrían verse en grave peligro debido a los esfuerzos de los delincuentes y sus cómplices, ya sea por encubrir el origen de los productos del delito, ya por canalizar el producto de actividades lícitas o ilícitas a fines terroristas». Así, es necesario, con arreglo al considerando 12 de dicha Directiva, «identificar a toda persona física que ejerza el control mediante la propiedad u otros medios una persona jurídica».

7. A tenor del considerando 14 de la Directiva 2015/849 «la necesidad de información precisa y actualizada sobre el titular real es un factor clave para la localización de los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su identidad tras una estructura empresarial. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que las entidades constituidas en su territorio de conformidad con el Derecho nacional obtengan y conserven, además de información básica como el nombre y la dirección de la sociedad y la prueba de su constitución y titularidad formal, información adecuada, exacta y actualizada sobre la titularidad real. En aras de una mayor transparencia que permita combatir la utilización abusiva de las personas jurídicas, los Estados miembros deben garantizar que la información relativa a la titularidad real se conserve en un registro central situado fuera de la sociedad correspondiente, respetando plenamente el Derecho de la Unión. […]»

8. En este contexto, el artículo 3, punto 6), de la Directiva 2015/849 define el concepto de «titular real» a efectos de dicha Directiva como «la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad, con inclusión, como mínimo, de: a) en el caso de las personas jurídicas: i) la persona o personas físicas que en último término tengan la propiedad o el control de una persona jurídica a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha entidad […]». ( 5 )

9. A tenor del artículo 30 de la Directiva 2015/849: ( 6 ) «1. Los Estados miembros garantizarán que las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas en su territorio tengan la obligación de obtener y conservar información adecuada, exacta y actualizada sobre su titularidad real, incluidos los pormenores de los intereses reales ostentados. Los Estados miembros garantizarán que las infracciones del presente artículo estén sujetas a medidas o sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. […] 3. Los Estados miembros se asegurarán de que la información a que se refiere el apartado 1 sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro […] 4. Los Estados miembros exigirán que la información conservada en el registro central a que se refiere el apartado 3 sea adecuada, exacta y actualizada, y establecerán mecanismos para tal fin […] 5. Los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de: a) las autoridades competentes y las [Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)], sin restricción alguna; b) las entidades obligadas, en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente de conformidad con el capítulo II; c) cualquier miembro del público en general. Se permitirá a las personas a que se refiere la letra c) el acceso, como mínimo, al nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de nacionalidad del titular real, así como a la naturaleza y alcance del interés real ostentado. Los Estados miembros podrán, en las condiciones fijadas en el Derecho nacional, dar acceso a información adicional que permita la identificación del titular real. Dicha información adicional incluirá como mínimo la fecha de nacimiento o datos de contacto, de conformidad con las normas de protección de datos. 5 bis. Los Estados miembros podrán decidir que la información conservada en sus registros nacionales a que se refiere el apartado 3 esté disponible a condición de que se proceda a un registro en línea y al pago de una tasa, que no será superior a los costes administrativos de la puesta a disposición de la información, incluidos los costes de mantenimiento y desarrollo del registro. […] 9. Los Estados miembros podrán eximir de la obligación de autorizar el acceso a la totalidad o parte de la información sobre la titularidad real a que se refiere el apartado 5, párrafo primero, letras b) y c), en casos concretos y en circunstancias excepcionales que habrán de establecerse en Derecho nacional, si tal acceso puede exponer al titular real a un riesgo desproporcionado, un riesgo de fraude, secuestro, extorsión, acoso, violencia o intimidación, o si el titular real es un menor o tiene otro tipo de incapacidad jurídica. Los Estados miembros garantizarán que dichas exenciones se concedan previa evaluación detallada de la naturaleza excepcional de las circunstancias. Se garantizarán los derechos a revisión administrativa de la decisión relativa a la exención y a tutela judicial efectiva. Los Estados miembros que hayan concedido exenciones publicarán datos estadísticos anuales sobre el número de exenciones concedidas y las razones aducidas, y notificarán los datos a la Comisión [Europea]. Las exenciones concedidas de conformidad con el párrafo primero del presente apartado no se aplicarán a las entidades financieras y de crédito, o a las entidades obligadas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 3, letra b), que sean funcionarios públicos. […]»

10. A tenor del artículo 41, apartado 1, de la Directiva 2015/849 ( 7 )«al tratamiento de datos personales llevado a cabo en virtud de la presente Directiva ser[á] de aplicación [el RGPD]».

11. Con arreglo al artículo 43, apartado 1, de la Directiva 2015/849, «el tratamiento de datos personales en virtud de la presente Directiva a fines de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo según se contempla en el artículo 1 se considerará de interés público en virtud del [RGPD]».

2. RGPD

12. El artículo 5 del RGPD, titulado «Principios relativos al tratamiento», dispone en su apartado 1: «Los datos personales serán: a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado (“licitud, lealtad y transparencia”); b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; […] (“limitación de la finalidad”); c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (“minimización de datos”); […] f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (“integridad y confidencialidad”).»

13. El artículo 25 de dicho Reglamento, titulado «Protección de datos desde el diseño y por defecto», prevé en su apartado 2: «El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.»

14. El RGPD incluye un capítulo V, titulado «Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales», que comprende los artículos 44 a 50 del Reglamento. El artículo 44, bajo el título «Principio general de las transferencias», enuncia: «Solo se realizarán transferencias de datos personales que sean objeto de tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un tercer país u organización internacional si, a reserva de las demás disposiciones del presente Reglamento, el responsable y el encargado del tratamiento cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo, incluidas las relativas a las transferencias ulteriores de datos personales desde el tercer país u organización internacional a otro tercer país u otra organización internacional. Todas las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a fin de asegurar que el nivel de protección de las personas físicas garantizado por el presente Reglamento no se vea menoscabado.»

15. El artículo 49 de dicho Reglamento, titulado «Excepciones para situaciones específicas», establece: «1. En ausencia de una decisión de adecuación de conformidad con el artículo 45, apartado 3, o de garantías adecuadas de conformidad con el artículo 46, incluidas las normas corporativas vinculantes, una transferencia o un conjunto de transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional únicamente se realizará si se cumple alguna de las condiciones siguientes: […] g) la transferencia se realice desde un registro público que, con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, tenga por objeto facilitar información al público y esté abierto a la consulta del público en general o de cualquier persona que pueda acreditar un interés legítimo, pero solo en la medida en que se cumplan, en cada caso particular, las condiciones que establece el Derecho de la Unión o de los Estados miembros para la consulta. […]»

B. Derecho luxemburgués

16. La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (Ley de 13 de enero de 2019, por la que se crea un Registro de la Titularidad Real) (Mémorial A 15; en lo sucesivo, «Ley de 13 de enero de 2019») prevé, en su artículo 3, que toda una serie de datos sobre los titulares reales de las entidades matriculadas deberán estar inscritos y conservarse en el Registro de la Titularidad Real. Esta información incluirá el apellido, el/los nombre/s, la/s nacionalidad/es, el día, el mes y el año de nacimiento, el lugar de nacimiento, el país de residencia y la dirección privada concreta o la dirección profesional concreta.

17. El artículo 15 de la Ley de 13 de enero de 2019 dispone: «(1) Las entidades registradas o los titulares reales podrán solicitar, en casos concretos y en las circunstancias excepcionales que se indican a continuación, mediante solicitud debidamente motivada dirigida a la autoridad gestora del Registro, que el acceso a la información a que se refiere el artículo 3 quede limitado exclusivamente a las autoridades nacionales, las entidades de crédito y entidades financieras, y a los gestores de notificaciones judiciales y embargos y notarios que actúen en calidad de funcionarios públicos, cuando tal acceso pueda exponer al titular real a un riesgo desproporcionado, un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación, o cuando el titular real sea un menor o tenga otro tipo de incapacidad jurídica. (2) La gestora limitará provisionalmente el acceso a la información a que se refiere el artículo 3 únicamente a las autoridades nacionales desde la recepción de la solicitud hasta la notificación de su decisión y, en caso de denegación de la solicitud, por un período adicional de quince días. En caso de recurso contra una decisión denegatoria, la limitación del acceso a la información se mantendrá hasta que la decisión denegatoria ya no sea susceptible de recurso. […]»

II. Antecedentes de hecho, procedimientos principales y cuestiones prejudiciales

A. Asunto C‑37/20

18. WM es titular real de un conjunto de 35 sociedades mercantiles y de la sociedad civil inmobiliaria YO. Cada una de estas sociedades presentó ante la Luxembourg Business Registers (en lo sucesivo, «LBR»), gestora del Registro de la Titularidad Real en Luxemburgo, una solicitud con arreglo al artículo 15, apartado 1, de la Ley de 13 de enero de 2019 para que el acceso a la información relativa a WM como titular real de dichas sociedades se limitara únicamente a las entidades y autoridades contempladas en dicha disposición, excluida cualquier otra persona. En sus solicitudes, WM alegó que la publicación de los datos contemplados en el artículo 3 de la Ley de 13 de enero de 2019 podía exponer a WM y a su familia de manera específica, real y actual a un riesgo desproporcionado, un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación.

19. La LBR denegó todas estas solicitudes. En particular, la relativa a la sociedad inmobiliaria YO fue denegada mediante decisión de 20 de noviembre de 2019.

20. WM ejercitó una acción judicial contra dicha decisión ante el órgano jurisdiccional remitente. ( 8 ) WM sostiene que, debido a las funciones que ejerce como administrador de las sociedades para las que se solicitó la limitación del acceso a la información, se ve obligado a desplazarse con regularidad a países con regímenes políticos inestables y caracterizados por un elevado índice de delincuencia. Ello lo expone a un riesgo significativo de secuestro, retención ilegal, violencia o incluso de muerte. Según él, este riesgo se vería incrementado si personas malintencionadas pudieran saber que él es el titular real de alguna de las entidades jurídicas de que se trata, puesto que tal titularidad llevaría a presumir que es propietario de esas entidades.

21. La LBR sostiene, en cambio, que la situación de WM no cumple los requisitos establecidos en la Ley de 13 de enero de 2019 para justificar que se limite el acceso a la información relativa a su condición de titular real de las sociedades de que se trata. La LBR alega, en particular, que la participación de WM en las actividades de dichas sociedades es de dominio público, ya que esta participación ha sido objeto de numerosas referencias en prensa y es fácilmente detectable a través de una simple búsqueda en Internet.

22. El órgano jurisdiccional remitente está llamado a determinar si WM cumple los requisitos establecidos en el artículo 15, apartado 1, de la Ley de 13 de enero de 2019 para que se limite el acceso a la información relativa a su condición de titular real de la sociedad civil inmobiliaria YO. Señala que esta disposición transpone el artículo 30, apartado 9, de la Directiva 2015/849 al Derecho luxemburgués y alberga dudas sobre la interpretación de esta disposición de la Directiva.

23. Estas dudas se refieren a los conceptos de «circunstancias excepcionales» y de «riesgo», previstos en el artículo 30, apartado 9, de la Directiva 2015/849. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta también sobre el criterio de la «desproporción» del riesgo que justifica que se limite el acceso a la información.

24. En este contexto, el Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) Sobre el concepto de “circunstancias excepcionales” a) ¿Puede interpretarse el artículo 30, apartado 9, de la [Directiva 2015/849], en la medida en que supedita la limitación del acceso a la información relativa a la titularidad real a “circunstancias excepcionales que habrán de establecerse en Derecho nacional”, en el sentido de que permite que el Derecho nacional defina el concepto de “circunstancias excepcionales” únicamente como referido a “a un riesgo desproporcionado, un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación”, conceptos que ya constituyen un requisito para la aplicación de la limitación del acceso a dicha información con arreglo a la redacción de esta misma disposición? b) En caso de respuesta negativa a la [primera] cuestión [letra] a), y en el supuesto de que la normativa nacional de transposición solo haya definido el concepto de “circunstancias excepcionales” mediante la remisión a los conceptos inoperantes de “un riesgo desproporcionado, un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación”, ¿debe interpretarse el artículo 30, apartado 9, [de la Directiva 2015/849] en el sentido de que permite al juez nacional obviar el requisito de las “circunstancias excepcionales”, o bien en el sentido de que lo obliga a subsanar la omisión del legislador nacional determinando por la vía pretoriana el alcance del concepto de “circunstancias excepcionales”? En este último supuesto, al tratarse, en virtud del artículo 30, apartado 9, [de dicha Directiva] de un requisito cuyo contenido ha de establecerse en Derecho nacional, ¿puede el Tribunal de Justicia […] proporcionar orientación al juez nacional para llevar a cabo esta tarea? En caso de respuesta afirmativa a esta última cuestión, ¿cuáles son las líneas directrices que han de guiar al juez nacional al determinar el contenido del concepto de “circunstancias excepcionales”? 2) Sobre el concepto de “riesgo” a) ¿Debe interpretarse el artículo 30, apartado 9, de la [Directiva 2015/849] en la medida en que supedita la limitación del acceso a la información relativa a los titulares reales “a un riesgo desproporcionado, un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación”, en el sentido de que se remite a un conjunto de ocho supuestos, siendo el primero de ellos un riesgo de carácter general sujeto al requisito de desproporción y los siete siguientes riesgos específicos exentos de dicho requisito, o bien en el sentido de que se remite a un conjunto de siete supuestos, cada uno de ellos referido a un riesgo específico sujeto al requisito de desproporción? b) ¿Debe interpretarse el artículo 30, apartado 9, de la [Directiva 2015/849], en la medida en que supedita la limitación del acceso a la información relativa a los titulares reales a la existencia de “un riesgo”, en el sentido de que limita la apreciación de la existencia y de la magnitud de dicho riesgo únicamente al vínculo existente entre el titular real y la entidad jurídica respecto a la cual este solicita específicamente que se limite el acceso a la información relativa a su condición de titular real, o bien en el sentido de que implica la toma en consideración de los vínculos del titular real de que se trata con otras entidades jurídicas? En caso de que deban tomarse en consideración los vínculos del titular real con otras entidades jurídicas, ¿debe tenerse en cuenta únicamente su condición de titular real respecto a otras entidades jurídicas, o bien cualquier tipo de vínculo con otras entidades jurídicas? En caso de que deba tenerse en consideración cualquier tipo de vínculo con otras entidades jurídicas, ¿incide la naturaleza de dicho vínculo en la apreciación de la existencia y de la magnitud del riesgo? c) ¿Debe interpretarse el artículo 30, apartado 9, de la [Directiva 2015/849], en la medida en que supedita la limitación del acceso a la información relativa a los titulares reales a la existencia de “un riesgo”, en el sentido de que excluye el derecho a la protección que se deriva de una limitación de acceso a la información cuando dicha información, teniendo en cuenta otros elementos aportados por el titular real para acreditar la existencia y la magnitud del “riesgo” al que está expuesto, es fácilmente accesible para terceras personas a través de otras vías de información? 3) Sobre el concepto de “desproporcionado” ¿Qué intereses en conflicto deben tomarse en consideración en el marco de la aplicación del artículo 30, apartado 9, de la [Directiva 2015/849], en la medida en que supedita la limitación del acceso a la información relativa a un titular real a la existencia de un riesgo “desproporcionado”?»

B. Asunto C‑601/20

25. Sovim SA es una sociedad anónima con domicilio social en Luxemburgo.

26. El 12 de agosto de 2019, Sovim presentó una solicitud ante la LBR, con arreglo al artículo 15 de la Ley de 13 de enero de 2019, para limitar el acceso a la información inscrita sobre su titular real.

27. El 6 de febrero de 2020, la LBR denegó dicha solicitud.

28. A continuación, el 24 de febrero de 2020, Sovim interpuso un recurso ante el Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo), en el que solicitaba, con carácter principal, que no se aplicaran el artículo 12 de la Ley de 13 de enero de 2019, según el cual toda persona puede acceder a determinada información inscrita en el Registro de la Titularidad Real, y el artículo 15 de dicha Ley, y que la información que había comunicado en ejecución del artículo 3 de dicha Ley no fuera públicamente accesible.

29. Sovim sostiene, en primer lugar, que el hecho de conceder acceso público a la identidad y a los datos personales del titular real vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos de carácter personal, consagrados respectivamente en los artículos 7 y 8 de la Carta. En efecto, a juicio de esta sociedad, la Directiva 2015/849, sobre cuya base se introdujo la Ley de 13 de enero de 2019 en la legislación luxemburguesa, tiene por objeto identificar a los titulares reales de sociedades utilizadas con fines de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, así como garantizar la seguridad de las relaciones comerciales y la confianza en los mercados. Ahora bien, no se ha demostrado de qué modo el acceso público sin el menor control de acceso a los datos que figuran en el Registro de la Titularidad Real permitiría alcanzar dichos objetivos. En segundo lugar, Sovim alega que el acceso público a los datos personales que figuran en el Registro de la Titularidad Real constituye una infracción de varias disposiciones del RGPD.

30. Con carácter subsidiario, Sovim solicita al órgano jurisdiccional remitente que declare que, en los presentes asuntos, existe un riesgo desproporcionado en el sentido del artículo 15, párrafo primero, de la Ley de 13 de enero de 2019 y, por lo tanto, que ordene a la LBR limitar el acceso a la información a que se refiere el artículo 3 de dicha Ley. Esta sociedad sostiene, al respecto, que su titular real se enfrenta a un riesgo desproporcionado caracterizado, real y actual, dado el riesgo existente de secuestro del titular real y de su familia, al desplazarse o residir en el continente africano.

31. En este contexto, según el órgano jurisdiccional remitente, se plantea la cuestión de si el acceso a determinados datos que figuran en el Registro de la Titularidad Real por el público en general es compatible con la Carta y con el RGPD.

32. En estas circunstancias, el Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Es válido el artículo 1, punto 15, letra c), de la [Directiva 2018/843], en la medida en que obliga a los Estados miembros a permitir el acceso a la información sobre los titulares reales en todo caso al público en general sin justificación de interés legítimo alguno, a) a la luz del derecho al respeto de la vida privada y familiar garantizado por el artículo 7 de la [Carta], interpretado de conformidad con el artículo 8 del [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, “CEDH”)], habida cuenta de los objetivos enunciados, en particular, en los considerandos 30 y 31 de la Directiva 2018/843 referidos a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y b) a la luz del derecho a la protección de datos de carácter personal garantizado por el artículo 8 de la Carta, en tanto en cuanto este derecho pretende, en particular, garantizar el tratamiento de datos personales de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado, la limitación de los fines de la recogida y del tratamiento y la minimización de los datos? 2) a) ¿Debe interpretarse el artículo 1, punto 15, letra g), de la Directiva 2018/843 en el sentido de que podrá concluirse que se dan las circunstancias excepcionales a las que hace referencia, como supuestos en los que los Estados miembros pueden establecer exenciones en cuanto al acceso a la totalidad o a parte de la información sobre los titulares reales si tal acceso del público en general expondría al titular real a un riesgo desproporcionado, a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación, únicamente cuando se aporte la prueba de que, efectivamente, existe un riesgo desproporcionado de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación (riesgo caracterizado, real y actual) sobre la persona del titular real? b) En caso de respuesta afirmativa, ¿es válido el artículo 1, punto 15, letra g), de la Directiva 2018/843, de tal modo interpretado, a la luz del derecho al respeto de la vida privada y familiar garantizado por el artículo 7 de la Carta y del derecho a la protección de datos de carácter personal garantizado en el artículo 8 de la Carta? 3) a) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra a), del [RGPD], por el que se impone el tratamiento de datos de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado, en el sentido de que no se opone – a que los datos personales de un titular real inscritos en un registro de titulares reales, creado con arreglo al artículo 30 de la Directiva 2015/849, sean accesibles al público en general sin control ni justificación por parte de persona alguna del público y sin que el interesado (titular real) pueda saber quién ha tenido acceso a esos datos personales que le conciernen; ni – a que [el] responsable [del] tratamiento de dicho registro de titulares reales dé acceso a los datos personales de los titulares reales a un número ilimitado y no determinable de personas? b) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), del RGPD, que impone la limitación de la finalidad, en el sentido de que no se opone a que los datos personales de un titular real inscritos en un registro de titulares reales, creado con arreglo al artículo 30 de la Directiva 2015/849, sean accesibles al público en general sin que el responsable del tratamiento de estos datos pueda garantizar que los mismos se utilizarán exclusivamente para la finalidad para la que fueron recogidos, a saber, en esencia, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, teniendo en cuenta que no es responsabilidad del público en general velar por que se respeten dichos fines? c) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra c), del RGPD, que impone la minimización de los datos, en el sentido de que no se opone a que, mediante un registro de titulares reales creado con arreglo al artículo 30 de la Directiva 2015/849, el público en general tenga acceso, además de al nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, nacionalidad y país de residencia de un titular real, así como a la naturaleza y alcance de los intereses efectivos de este, también a su fecha de nacimiento y a su lugar de nacimiento? d) ¿Se opone el artículo 5, apartado 1, letra f), del RGPD, que obliga a que el tratamiento de datos se realice de modo que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito, garantizando así la integridad y la confidencialidad de dichos datos, al acceso ilimitado y sin condiciones y sin compromiso de confidencialidad a los datos personales de titulares reales disponibles en el registro de titulares reales, creado con arreglo al artículo 30 de la Directiva 2015/849? e) Debe interpretarse el artículo 25, apartado 2, del RGPD, que garantiza la protección de los datos por defecto, y que establece, en particular, que los datos personales, por defecto, no deben ser accesibles a un número indeterminado de personas físicas sin la intervención de la persona física de que se trate, en el sentido de que no se opone: – a que un registro de titulares reales creado con arreglo al artículo 30 de la Directiva 2015/849, no requiera la inscripción en el sitio web de dicho registro de las personas del público en general que consulten los datos personales de un titular real; ni – a que no se informe en absoluto al titular real en caso de una consulta de datos personales inscritos en dicho registro; ni – a que no sea aplicable ninguna restricción en cuanto a la extensión y a la accesibilidad de los datos personales en cuestión según la finalidad de su tratamiento? f) ¿Deben interpretarse los artículos 44 a 50 del RGPD, que someten a estrictos requisitos la transferencia de datos personales a terceros países, en el sentido de que no se oponen a que tales datos de un titular real inscritos en un registro de titulares reales creado con arreglo al artículo 30 de la Directiva 2015/849, sean accesibles en todos los casos a cualquier miembro del público en general sin justificación de un interés legítimo y sin limitaciones en cuanto a la ubicación de ese público?».

III. Análisis

33. Las seis cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente en el marco de sus dos peticiones de decisión prejudicial pueden agruparse, en esencia, en tres grupos.

34. Un primer grupo de cuestiones [a saber, la primera cuestión prejudicial y la letra b) de la segunda cuestión prejudicial en el asunto C‑601/20] tiene por objeto comprobar la validez —a la luz del derecho al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal, consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta— del régimen de acceso público a la información sobre la titularidad real y de su régimen de exenciones, establecido por el artículo 30, apartados 5, letra c), y 9, de la Directiva 2015/849.

35. Un segundo grupo de cuestiones (a saber, la tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑601/20) tienen por objeto comprobar la compatibilidad de dicho régimen de acceso público a la información sobre la titularidad real con varias disposiciones del RGPD.

36. Un tercer grupo de cuestiones [a saber, todas las cuestiones planteadas en el asunto C‑37/20, así como la letra a) de la segunda cuestión prejudicial en el asunto C‑601/20] se refieren a la interpretación del artículo 30, apartado 9, de la Directiva 2015/849 relativo al régimen de exenciones a dicho acceso público a la información sobre la titularidad real.

37. Antes de responder a estas cuestiones prejudiciales, considero oportuno realizar algunas observaciones con carácter preliminar. En primer lugar, formularé observaciones de carácter general sobre el principio de transparencia en el Derecho de la Unión, principio que desempeña un papel fundamental en los presentes asuntos. En segundo lugar, expondré las características principales del régimen de acceso público a la información sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas, establecido por la Directiva 2015/849. En tercer lugar, formularé algunas consideraciones a la luz de las relaciones entre la Directiva 2015/849 y el RGPD.

A. Observaciones preliminares

1. Sobre el principio de transparencia

38. La democracia es «el gobierno del poder público en público». Esta definición de la democracia, formulada por el autorizado filósofo político Norberto Bobbio, ( 9 ) pone de manifiesto la interrelación entre democracia y transparencia. En las tradiciones constitucionales de los Estados miembros se ha ido imponiendo progresivamente la idea de que la actuación de los poderes públicos debe regirse por la transparencia y que los límites de esta deben ser absolutamente excepcionales (el gobierno como «casa de cristal»).

39. A la transparencia del poder público se opone el secreto de la esfera privada, protegido por el reconocimiento de un derecho fundamental que tiene por objeto el secreto de la vida privada, actualmente consagrado en el artículo 7 de la Carta. Este derecho, sobre todo tras la consolidación de las tecnologías digitales, se ha ampliado a través del derecho a la protección de datos de carácter personal, consagrado también en la Carta, en su artículo 8. La dicotomía conceptual entre público y privado se corresponde con la de la transparencia y la privacidad.

40. Sin embargo, en las complejas sociedades actuales, la línea divisoria entre la esfera pública y la privada no siempre está clara. De hecho, cada vez es más frecuente que se produzcan interferencias y solapamientos entre ambas. En particular, determinados comportamientos privados pueden tener, por su naturaleza, un impacto significativo en la dimensión pública o, por la función pública que desempeña la persona que las realiza, pueden ser relevantes para los ciudadanos de una sociedad democrática y sus articulaciones (medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil) que ejercen un amplio control sobre la acción de los poderes públicos.

41. Así, por razones de índole objetiva o subjetiva, puede existir un interés general en conocer determinados aspectos pertenecientes a la esfera privada de un individuo. En consecuencia, se multiplican los casos de conflicto entre la confidencialidad de la vida privada y la protección de los datos personales, por una parte, y la necesidad de transparencia, por otra, lo que exige delicadas operaciones de ponderación equilibrada.

42. En este contexto, procede señalar que el principio de transparencia desempeña un papel cada vez más importante en el Derecho de la Unión y que ya ha sido consagrado a nivel del Derecho primario, puesto que se recoge en los artículos 1 TUE y 10 TUE, así como en el artículo 15 TFUE. ( 10 ) En el marco de la Unión, este principio se concreta, en primer lugar, en los requisitos de transparencia institucional y procesal relativos a actividades de naturaleza pública, como la actividad legislativa o administrativa. Desde esta perspectiva, la apertura contribuye a reforzar los principios de democracia y respeto de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 6 TUE y en la Carta. ( 11 ) El propio Tribunal de Justicia ha reconocido la conexión entre transparencia y democracia, al describir en su jurisprudencia el objetivo del principio de transparencia como el de dar el mayor acceso posible a los ciudadanos a la información, con el fin de reforzar el carácter democrático de las instituciones y de la administración. ( 12 )

43. Sin embargo, la ampliación del ámbito de aplicación del principio de transparencia, en particular tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ( 13 ) ha extendido su importancia a ámbitos como el de la regulación de los mercados financieros, en los que dicho principio contribuye a luchar contra fenómenos como la corrupción o el terrorismo que, al ser capaces de corroer la democracia, pueden poner en peligro ese valor fundacional de la Unión, consagrado en el artículo 2 TUE.

44. Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia muestra ejemplos de situaciones en las que las dos dicotomías mencionadas, esfera pública/privada y requisitos de transparencia/privacidad, entran en conflicto.

45. Así, en la sentencia de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke y Eifert (C‑92/09 y C‑93/09, EU:C:2010:662), el Tribunal de Justicia declaró que la publicación en Internet de los datos nominales de los beneficiarios de ayudas agrícolas y de los importes específicos percibidos por ellos permitía aumentar la transparencia en lo que respecta a la utilización de tales ayudas. Señaló que poner a disposición del público esa información refuerza el control público sobre la utilización de las cantidades asignadas y contribuye a la utilización óptima de los fondos públicos. ( 14 )

46. Otra sentencia reciente, dictada por la Gran Sala del Tribunal de Justicia, ( 15 ) se refiere a una ley húngara que, entre otras cosas, obligaba a determinadas categorías de organizaciones de la sociedad civil, beneficiarias de ayudas extranjeras, a divulgar públicamente información acerca de las personas que concedían las ayudas desde el extranjero, así como datos de la propia ayuda económica. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la ley en cuestión introducía restricciones discriminatorias e injustificadas e infringía el artículo 63 TFUE, así como los artículos 7, 8 y 12 de la Carta.

47. En este contexto, el Tribunal de Justicia ha reconocido expresamente que, dado que determinadas organizaciones de la sociedad civil, a la vista de los fines que persiguen y de los medios de que disponen, pueden tener una influencia considerable en la vida y el debate públicos, el objetivo de aumentar la transparencia de la ayuda económica concedida a tales organizaciones puede constituir una razón imperiosa de interés general. ( 16 )

48. Como demuestran los ejemplos expuestos, la transparencia, propia del sector público, puede afectar, en determinadas condiciones, a ciertas actividades —y a los datos relacionados— de sujetos privados que, por diversas razones, comprometen intereses fundamentales de la sociedad. Esta evolución no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que la transparencia es un «medio» que se utiliza, fuera del ámbito de los poderes públicos, para alcanzar objetivos de interés general. La cuestión de carácter constitucional que se plantea en los presentes asuntos se refiere al modo en que es posible conciliar los requisitos de transparencia con la protección de los derechos fundamentales y, específicamente, de los derechos a la protección de la vida privada y a la protección de los datos personales.

2. Sobre el régimen de acceso público a la información relativa a la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas establecido en la Directiva 2015/849

49. Procede exponer brevemente los principales elementos del régimen de acceso público a la información sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas objeto de las cuestiones prejudiciales planteadas en los presentes asuntos.

50. Como se desprende de su artículo 1 y de su considerando 5, la Directiva 2015/849 tiene por objeto la prevención de las amenazas que pueden afectar a la integridad, al correcto funcionamiento, a la reputación y a la estabilidad del sistema financiero, como resultado de la utilización de dicho sistema para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. ( 17 ) A tal efecto, establece un marco jurídico general y eficaz para hacer frente a la recogida de fondos o bienes con fines terroristas, al exigir a los Estados miembros que identifiquen, comprendan y atenúen los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. ( 18 )

51. En este contexto, la necesidad de información precisa y actualizada sobre el titular real de las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas en el territorio de los Estados miembros —tal como se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/849— es un factor clave para la localización de los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su identidad tras una estructura empresarial. ( 19 )

52. Según el artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/849, los titulares reales son la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad.

53. De este modo, el artículo 30, apartados 1 y 3, de la Directiva 2015/849 exige a los Estados miembros, respectivamente, por una parte, que garanticen que las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas en su territorio ( 20 ) tengan la obligación de obtener y conservar información adecuada, exacta y actualizada sobre su titularidad real, y, por otra parte, que se aseguren de que dicha información se conserve en un registro central en cada Estado miembro. Estas disposiciones no especifican con exactitud qué información relativa al titular real debe comunicarse al mencionado registro central, dejando a cada Estado miembro la facultad de determinarla.

54. Por lo que se refiere al acceso a esta información, el artículo 30, apartado 5, de la Directiva 2015/849, en su versión original, disponía que los Estados miembros velaran por que toda la información sobre la titularidad real estuviera en todos los casos a disposición de las autoridades competentes y las unidades de inteligencia financiera, sin restricción alguna [letra a)]; a las entidades obligadas, en el marco de la aplicación de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente [letra b)], y a toda persona u organización que pudiera demostrar un interés legítimo [letra c)].

55. Del considerando 2 de la Directiva 2018/843 se desprende que, a la luz de «la aparición de nuevas tendencias, especialmente en lo que se refiere a la manera en que se financian y ejecutan las operaciones de los grupos terroristas», se ha considerado preciso adoptar «nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras, de las sociedades y otras entidades jurídicas». Con arreglo al considerando 5 de la Directiva 2018/843, dichas nuevas medidas que modifican la Directiva 2015/849 deben no obstante «hacerse dentro del respeto del derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal, así como del cumplimiento y la aplicación del principio de proporcionalidad».

56. Así, con el fin de fomentar un mayor grado de transparencia en cuanto a la titularidad real, la versión original del artículo 30, apartado 5, letra c), de la Directiva 2015/849 fue modificada por la Directiva 2018/843, en el sentido de que ahora «cualquier miembro del público en general» puede acceder a la información sobre la titularidad real, sin que sea necesario demostrar interés alguno.

57. Más concretamente, en virtud del artículo 30, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2015/849, se permitirá a cualquier miembro del público en general «el acceso, como mínimo, al nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de nacionalidad del titular real, así como a la naturaleza y alcance del interés real ostentado». Por otra parte, de conformidad con el párrafo tercero de dicho artículo 30, apartado 5, los Estados miembros podrán dar acceso «a información adicional que permita la identificación del titular real», información adicional que incluirá «como mínimo, la fecha de nacimiento o datos de contacto, de conformidad con las normas de protección de datos».

58. Por lo que respecta a las modalidades de acceso a esos datos, la Directiva 2018/843 introdujo en el artículo 30 de la Directiva 2015/849 un apartado 5 bis que faculta a los Estados miembros para decidir que la información conservada en sus registros nacionales esté disponible a condición de que se proceda a un registro en línea y al pago de una tasa, que no será superior a los costes administrativos de la puesta a disposición de la información.

59. No obstante, el acceso del público en general a la información sobre la titularidad real no es ilimitado. En efecto, la Directiva 2015/849, en su artículo 30, apartado 9, ofrece a los Estados miembros la posibilidad de eximir de la obligación de autorizar el acceso a la información sobre la titularidad real. En su versión modificada por la Directiva 2018/843, el apartado 9 de dicho artículo dispone que los Estados miembros podrán eximir de la obligación de autorizar el acceso a dicha información en circunstancias excepcionales que habrán de establecerse en Derecho nacional, si tal acceso por parte de las entidades obligadas o por el público en general puede exponer al titular real a un riesgo desproporcionado, un riesgo de fraude, secuestro, extorsión, acoso, violencia o intimidación, o si el titular real es un menor o tiene otro tipo de incapacidad jurídica.

60. Como se desprende de los considerandos 30, ( 21 ) 31, ( 22 ) 32 ( 23 ) y 33 ( 24 ) de la Directiva 2018/843, el objetivo de las modificaciones que esta introdujo en el artículo 30 de la Directiva 2015/849 —y, en particular la previsión de que «cualquier miembro del público en general» pueda acceder a la información sobre la titularidad real, sin que sea necesario demostrar interés alguno— era fomentar un mayor grado de transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades, con la finalidad principal de crear un entorno menos proclive a ser utilizado para los fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. ( 25 ) El objetivo de aumentar la transparencia persigue, asimismo, el efecto secundario positivo de mejorar la confianza en los mercados financieros. ( 26 )

61. Si bien las modificaciones introducidas en la Directiva 2015/849 por la Directiva 2018/843 persiguen el objetivo primario antes mencionado de fomento de un mayor grado de transparencia, el considerando 34 ( 27 ) de esta última Directiva reconoce expresamente que es necesario buscar un justo equilibrio entre, por una parte, el interés público por la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, por otra parte, los derechos fundamentales de los interesados.

62. De este modo, como se desprende del considerando 36 ( 28 ) de la Directiva 2018/843, con el propósito de garantizar un enfoque proporcionado y equilibrado y de garantizar, en particular, los derechos a la vida privada y a la protección de los datos personales, la Directiva 2015/849 preveía exenciones a la divulgación a través de registros de la información sobre la titularidad real y al acceso del público en general a dicha información, en las mencionadas condiciones previstas en el artículo 30, apartado 9, de dicha Directiva.

3. Sobre la relación entre las Directivas 2015/849 y 2018/843 y el RGPD

63. El segundo grupo de cuestiones prejudiciales, mencionado en el punto 35 de las presentes conclusiones, a saber, las planteadas en el marco de la tercera cuestión prejudicial presentada en el asunto C‑601/20, tienen por objeto solicitar al Tribunal de Justicia que analice la validez del régimen de acceso público a la información sobre la titularidad real, establecido por la Directiva 2015/849, a la luz de varias disposiciones del RGPD.

64. En estas circunstancias, parece oportuno realizar, con carácter preliminar, algunas consideraciones sobre la relación entre esos actos de Derecho de la Unión, a saber, por una parte, las Directivas 2015/849 y 2018/843, y, por otra parte, el RGPD.

65. A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que se trata de actos de Derecho derivado que, en la jerarquía de las fuentes del Derecho de la Unión, ostentan el mismo rango.

66. Pues bien, de la jurisprudencia se desprende que cuando dos actos de Derecho derivado de igual rango no contienen ninguna disposición que establezca expresamente la primacía de uno sobre el otro, procede garantizar que cada uno de los actos se aplique de un modo compatible con el otro y permita, por tanto, una aplicación coherente de ambos. ( 29 )

67. En los presentes asuntos, existen vínculos explícitos entre los actos de que se trata. El vínculo más directo se establece en el artículo 41, apartado 1, de la Directiva 2015/849, a tenor del cual, en la versión modificada por la Directiva 2019/2177, «al tratamiento de datos personales llevado a cabo en virtud de la presente Directiva ser[á] de aplicación [el RGPD]». El considerando 38 de la Directiva 2018/843 expone asimismo que el RGPD «se aplica al tratamiento de los datos personales con arreglo a la presente Directiva» y que «se debe informar a los beneficiarios de sus derechos con arreglo al vigente marco de protección de datos de la Unión, según establec[e] el [RGPD]». El artículo 43 de la Directiva 2015/849 contiene también una referencia al RGPD.

68. A pesar de la utilización de la expresión «ser[á] de aplicación» en el citado artículo 41, apartado 1, ( 30 ) estos vínculos no parecen, en mi opinión, prever una primacía del RGPD sobre las Directivas 2015/849 y 2018/843 ( 31 ) de modo que el RGPD deba, como tal, constituir un parámetro de legalidad para analizar la validez de las disposiciones de dichas Directivas.

69. En cambio, estos vínculos son la expresión de una exigencia de coordinación entre, por una parte, el tratamiento de datos personales que resulta de la aplicación de dichas Directivas y, por otra parte, el marco jurídico general del Derecho de la Unión relativo a la protección de datos establecido por el RGPD.

70. Por otra parte, este marco jurídico general creado por el RGPD aplica —en particular (pero no exclusivamente) a los artículos 5 y 6 de dicho Reglamento— los requisitos derivados del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal protegido por el artículo 8 de la Carta y, en concreto, los expresamente previstos en el apartado 2 de dicho artículo. ( 32 )

71. De ello se desprende que, para cumplir los requisitos que se derivan del artículo 8 de la Carta, el régimen de tratamiento de los datos relativos a la titularidad real, establecido por la Directiva 2015/849, debe interpretarse de manera coherente con las disposiciones del RGPD, de conformidad con lo expresamente previsto en el artículo 41, apartado 1, de dicha Directiva.

72. Por otra parte, las autoridades de los Estados miembros y, en particular, el legislador nacional deben también tomar en consideración los requisitos que se derivan de las normas del RGPD cuando regulan y aplican el régimen de prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo establecido por las Directivas antes citadas y, específicamente, el régimen de tratamiento de datos relativos a la titularidad real que estas dos Directivas prevén.

73. Por lo tanto, las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente deben analizarse a la luz de estos principios.

B. Sobre la validez del artículo 30, apartados 5, letra c), y 9, de la Directiva 2015/849 [primera cuestión prejudicial y letra b) de la segunda cuestión prejudicial en el asunto C‑601/20]

74. Mediante la primera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑601/20, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si es válido el artículo 30, apartado 5, letra c), de la Directiva 2015/849, en la medida en que obliga a los Estados miembros a permitir el acceso a la información sobre los titulares reales al público en general sin justificación de interés legítimo alguno, a la luz del derecho al respeto de la vida privada y familiar y del derecho a la protección de datos de carácter personal garantizados, respectivamente, por los artículos 7 y 8 de la Carta.

75. Mediante la letra b) de su segunda cuestión prejudicial en el mismo asunto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 30, apartado 9, de la Directiva 2015/849, que ofrece a los Estados miembros la posibilidad de eximir de la obligación de autorizar el acceso a la información sobre la titularidad real, en particular, al público en general, es válido a la luz de dichos derechos fundamentales consagrados en la Carta.

76. En mi opinión, procede analizar conjuntamente estas dos cuestiones, que se refieren a la validez de dos apartados del mismo artículo de la Directiva 2015/849. En efecto, estas dos cuestiones se refieren a dos aspectos del mismo régimen de acceso público a la información sobre la titularidad real, tal como lo establece esta Directiva, cuya validez, a mi entender, debe apreciarse en su conjunto. De hecho, considero que, para poder responder a la primera cuestión planteada en el asunto C‑601/20, relativa a permitir el acceso a dicha información al público en general sin justificación de interés alguno, hay que tener en cuenta el régimen de exenciones previsto en el artículo 30, apartado 9, de dicha Directiva. Por lo tanto, las dos cuestiones están relacionadas.

77. Con carácter preliminar, cabe observar, además, que de la resolución de remisión se desprende que la primera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑601/20 no pretende cuestionar la comunicación y la conservación de los datos relativos a la titularidad real en un registro central, ni el régimen de acceso como tal a dicha información, tal como está previsto en el artículo 30, apartado 5, de la Directiva 2015/849. Dicha cuestión se refiere únicamente a la modificación del artículo 30, apartado 5, letra c), de la Directiva 2015/849, resultante de la Directiva 2018/843. Por lo tanto, se refiere únicamente a la supresión del requisito, previsto en la versión original de dicha disposición, de que toda persona u organización demuestre un «interés legítimo» para poder acceder a dichos datos relativos a la titularidad real y, de este modo, a la introducción de la posibilidad de acceder a tal información para «cualquier miembro del público en general», sin que sea necesario demostrar interés alguno.

1. Derechos protegidos por los artículos 7 y 8 de la Carta y requisitos que deben reunir las injerencias en esos derechos

78. Por lo que respecta a los derechos fundamentales a que se refieren las dos cuestiones prejudiciales relativas al análisis de validez antes mencionadas, procede recordar que el artículo 7 de la Carta garantiza a toda persona el derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. Por su parte, el artículo 8, apartado 1, de la Carta reconoce expresamente a toda persona el derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. Según reiterada jurisprudencia, estos derechos, que atañen a toda información relativa a una persona física identificada o identificable, están estrechamente vinculados, ya que el acceso a los datos personales de una persona física para su conservación o su utilización afecta al derecho de dicha persona al respeto de la vida privada. ( 33 )

79. Los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta no constituyen, sin embargo, prerrogativas absolutas, sino que deben considerarse según su función en la sociedad. ( 34 ) El artículo 8, apartado 2, de la Carta autoriza así el tratamiento de los datos de carácter personal si concurren ciertos requisitos. Esta disposición establece que los datos de carácter personal se tratarán «de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley».

80. Además, cualquier limitación del derecho a la protección de los datos personales y del derecho a la vida privada debe respetar lo dispuesto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta. Así, tal limitación deberá ser establecida por la ley, respetar el contenido esencial de estos derechos, responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

81. La apreciación de una medida limitativa de dichos derechos debe tener en cuenta asimismo la importancia de los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Carta y de la que presentan los objetivos de protección de la seguridad nacional y de lucha contra la delincuencia grave al contribuir a la protección de los derechos y de las libertades de terceros. ( 35 )

82. Además, el artículo 52, apartado 3, de la Carta pretende garantizar la coherencia necesaria entre los derechos que esta contiene y los derechos correspondientes garantizados por el CEDH, que procede tener en cuenta como nivel mínimo de protección. ( 36 ) El derecho al respeto de la vida privada y familiar, consagrado en el artículo 7 de la Carta, se corresponde con el garantizado en el artículo 8 del CEDH y, por consiguiente, debe atribuírsele el mismo sentido y el mismo alcance. ( 37 )

83. Las dos cuestiones prejudiciales relativas al análisis de validez deben examinarse a la luz de estos principios.

2. Existencia de injerencias en los derechos enunciados en los artículos 7 y 8 de la Carta y su gravedad

84. Para analizar la validez de las disposiciones de la Directiva 2015/849 que el órgano jurisdiccional cuestiona, procede de entrada comprobar si operaciones como las previstas en dichas disposiciones pueden vulnerar los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta y constituir injerencias en esos derechos. Si así fuera, procederá también determinar el nivel de gravedad de estas injerencias. ( 38 )

85. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la existencia de injerencias, es preciso señalar, en primer término, que el respeto del derecho a la vida privada respecto del tratamiento de los datos personales, reconocido por los artículos 7 y 8 de la Carta, se refiere a toda información relativa a una persona física identificada o identificable, ( 39 ) como ocurre en los presentes asuntos, ya que los titulares reales de sociedades y otras entidades jurídicas, tal como se definen en el artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/849, son personas físicas identificables.

86. En segundo término, procede asimismo señalar que la información relativa a la titularidad real a la que tiene acceso el público en general, que se enumera en el artículo 30, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2015/849, y que se ha mencionado en el punto 57 de las presentes conclusiones, son datos personales. ( 40 ) Sobre este particular, de la jurisprudencia se desprende que la circunstancia de que esa información se integre en el contexto de una actividad profesional no puede privarla de su calificación como datos personales. ( 41 )

87. Además, de la jurisprudencia se desprende que, para determinar si los datos personales deben estar amparados por la protección establecida por el Derecho de la Unión, es indiferente si la información de que se trata tiene o no carácter sensible. A mayor abundamiento, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, para caracterizar la existencia de una injerencia en el derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta, carece de relevancia que la información relativa a la vida privada de que se trate tenga o no carácter sensible o que los interesados hayan sufrido o no inconvenientes en razón de tal injerencia. ( 42 )

88. En tercer lugar, como han señalado todas las partes que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, operaciones como las previstas en el artículo 30, apartado 5, letra c), de la Directiva 2015/849 —a saber, la puesta a disposición y la divulgación pública, por parte del organismo responsable de la llevanza de un registro, de datos personales de los titulares reales como los mencionados en el punto 57 de las presentes conclusiones— son operaciones que pueden menoscabar los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta. Estas operaciones constituyen así una injerencia en los derechos garantizados en el artículo 7 de la Carta. ( 43 ) Estas son asimismo constitutivas de una injerencia en el derecho a la protección de datos de carácter personal garantizado en el artículo 8 de la Carta, puesto que constituyen tratamientos de datos de carácter personal, ( 44 ) comprendidos en el ámbito de aplicación del apartado 2 del ese apartado 8, ( 45 ) de los que dicho organismo es el responsable. ( 46 )

89. Además, en los presentes asuntos, una vez habilitado el acceso a dichos datos, estos pueden ser consultados por los miembros del público en general que acceden a la información inscrita y accesible en el registro y, en su caso, son conservados o difundidos por esas personas. ( 47 ) Este acceso constituye una injerencia adicional en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta. ( 48 ) Una vez accede a los datos inscritos en el registro, el miembro del público en general también puede ser considerado responsable de dicho tratamiento, así como de los eventuales tratamientos sucesivos. ( 49 )

90. Por lo tanto, procede concluir que operaciones como las resultantes de la aplicación del artículo 30, apartado 5, letra c), de la Directiva 2015/849 constituyen una injerencia en los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta.

91. A continuación, por lo que respecta a la apreciación de la gravedad de estas injerencias, procede señalar, en primer lugar, que en los presentes asuntos el número de personas a las que puede afectar la injerencia no es ilimitado, indefinido e indiferenciado, sino que, por el contrario, es limitado. ( 50 ) En efecto, las personas físicas identificables como titulares reales de las sociedades u otras entidades jurídicas, en el sentido de la definición mencionada en el punto 85 de las presentes conclusiones, constituyen un grupo de individuos específicos. La pertenencia de estos individuos a dicho grupo viene determinada por su papel en las sociedades y otras entidades jurídicas, a saber, su condición de titulares reales de dichas entidades. Además, esta determinación se realiza en función de los objetivos perseguidos ( 51 ) por la obligación de comunicación al Registro de la Titularidad Real de los datos en cuestión. Por lo tanto, existe una relación entre las personas afectadas (a saber, los titulares reales) y la finalidad del tratamiento.

92. Sin embargo, también hay que señalar, en segundo lugar, que las modalidades de tratamiento de los datos en cuestión, que dan lugar a las injerencias, a saber, la puesta a disposición del público de estos datos sin establecer, en principio, ninguna barrera al acceso, pueden permitir una difusión a gran escala de estos datos.

93. Pues bien, las disposiciones del artículo 30 de la Directiva 2015/849 dejan al legislador nacional cierto margen de maniobra para determinar las modalidades de acceso público a los datos relativos a la titularidad real y los procedimientos que deben seguirse a tal efecto. En tal contexto, el alcance de las repercusiones sobre los derechos fundamentales de que se trata puede variar en función del modo en que se garantice el acceso público a esos datos.

94. Así, en algunos Estados miembros, como Luxemburgo, país de que se trata en los presentes asuntos, este acceso puede efectuarse mediante procedimientos automatizados, ya que los datos relativos a la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas están disponibles en Internet. Pues bien, es evidente que tal modalidad de acceso, a saber, la posibilidad de acceder libremente a esos datos a través de Internet, puede dar lugar a una máxima difusión de esos datos. En consecuencia, tal modalidad de tratamiento de datos puede hacer posible una difusión a gran escala de estos datos. ( 52 )

95. En tercer lugar, por lo que respecta a los datos a los que se refieren las injerencias, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que cuanto más numerosas sean las categorías de datos para los que se solicita acceso, más puede calificarse de «grave» la injerencia. ( 53 )

96. Pues bien, del artículo 30, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2015/849 se desprende que, en los presentes asuntos —sin perjuicio de la cuestión del margen de maniobra que se deja a los Estados miembros, que se examina más adelante en los puntos 105 a 107—, esos datos se enmarcan en dos categorías: por un lado, un conjunto de datos relativos a la identidad civil de los titulares reales (nombre y apellidos, mes y año de nacimiento y nacionalidad) y su país de residencia, sin más especificaciones; y, por otro lado, los datos relativos a la naturaleza y alcance del interés real ostentado. El resto de la información inscrita en el Registro de la Titularidad Real no se ve afectado por los tratamientos que constituyen las injerencias mencionadas en los puntos 88 y 89 de las presentes conclusiones, sobre las que versan las cuestiones prejudiciales planteadas en los presentes asuntos.

97. En cuanto a la primera categoría de datos, se trata de un conjunto limitado de datos que permiten individualizar sin duda a una persona, pero que constituyen datos que pueden llamarse «de contacto» ( 54 ) y de identificación, y no datos, por así decirlo, «cualificados», referidos esencialmente a la vida privada e íntima o que permiten elaborar un perfil fiel, preciso y exhaustivo de la identidad privada de la persona de que se trata. ( 55 ) Si bien dichos datos permiten identificar con un cierto grado de precisión a la persona en cuestión, a saber, el titular real, no permiten, en mi opinión, extraer conclusiones especialmente precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se ven afectados. ( 56 )

98. En cuanto a la segunda categoría de datos, se trata de datos de carácter económico que ponen de manifiesto la naturaleza del interés real ostentado en la sociedad o entidad —como, por ejemplo, la tenencia de participaciones sociales o acciones— y al alcance de dicho interés, que puede expresarse, por ejemplo, en términos del porcentaje de participación en la entidad. Pues bien, aunque tales datos permiten ciertamente determinar el alcance del interés del titular real en la sociedad o la entidad jurídica de que se trate, y tienen, por lo tanto, una cierta significación económica, no permiten, en mi opinión, al igual que los de la primera categoría, extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de las personas afectadas. ( 57 )

99. Por lo tanto, los datos relativos a la titularidad real accesibles a cualquier miembro del público en general parecen revestir un carácter menos sensible que otras categorías de datos personales. ( 58 )

100. No obstante, Sovim alegó en sus observaciones que el libre acceso del público a los datos mencionados en el artículo 30, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2015/849 permitiría conocer el patrimonio de la persona interesada e identificar sus preferencias en cuanto a la naturaleza y alcance de sus inversiones. En la vista, Sovim alegó también que el acceso a estos datos permitiría llevar a cabo operaciones de inteligencia económica con fines de elaboración de perfiles.

101. A este respecto, cabe observar que, si bien es cierto que el acceso a los datos relativos a la naturaleza y alcance del interés real ostentado en una sociedad permite obtener determinada información sobre el patrimonio de una persona, resulta pertinente hacer dos consideraciones. Por una parte, las inversiones en sociedades constituyen, por lo general, solo una parte del patrimonio de una persona, que normalmente se compone de un conjunto diversificado de inversiones que comprenden otro tipo de inversiones, como los instrumentos financieros o las inversiones inmobiliarias. De este modo, el mero acceso a los datos relativos a las inversiones en sociedades generalmente permite obtener una visión limitada del patrimonio de una persona. Por otra parte, a menos que el interés real cuya naturaleza y alcance se divulgan se refiera a sociedades cuyo valor sea, de alguna manera, público, no parece en absoluto evidente, sin más información, cómo determinar el valor preciso de una sociedad y, por ende, de una inversión constituida por la tenencia de participaciones en dicha sociedad. De ello se desprende que, aunque teniendo acceso a dichos datos se pueda obtener la mencionada visión limitada del patrimonio de una persona, ello no permite, por lo general, extraer conclusiones precisas en cuanto a la cuantificación de dicho patrimonio.

102. Consideraciones similares se aplican, en mi opinión, al riesgo de que el acceso a dicha información permita elaborar el perfil económico de una persona. Si bien es cierto que el acceso a los datos mencionados en el punto 98 de las presentes conclusiones permite identificar los ámbitos (o, al menos, algunos de esos ámbitos) en los que invierte una persona, tal acceso no permite necesariamente extraer conclusiones precisas sobre su perfil de inversión. Sobre este particular, ha de señalarse también que las modalidades concretas de acceso público al Registro tienen incidencia a este respecto y pueden limitar aún más este riesgo. Así, observo que, en Luxemburgo, la búsqueda en Internet de los datos en cuestión puede realizarse exclusivamente por referencia a la persona jurídica y no al titular real. La imposibilidad de efectuar búsquedas en el registro a partir del nombre de la persona física limita aún más el eventual riesgo de elaboración de perfiles económicos de la persona afectada.

103. Dicho esto, también observo que los datos precisos relativos a la naturaleza y al alcance del interés real ostentado en una sociedad u otra entidad jurídica pueden tener una significación económica y comercial independiente, ya que en algunos casos permiten comprender la estructura de control efectivo de determinadas sociedades, que puede no estar clara a partir de otras fuentes de información.

104. En conclusión, de todo lo anterior se desprende que la puesta a disposición y la divulgación al público, por parte del organismo responsable de la llevanza del registro de datos como los mencionados en el punto 57 de las presentes conclusiones, relativos a la titularidad real, así como el acceso público a dichos datos, constituyen sin duda una injerencia en los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta. No obstante, considero que, a pesar de que, dentro del margen de maniobra que la Directiva 2015/849 deja a los Estados miembros en cuanto a las modalidades de tratamiento de los datos personales de que se trata, no cabe excluir que se produzca una difusión a gran escala de estos datos, lo cierto es que debido al alcance más bien limitado de los datos personales objeto de las injerencias y a su carácter no especialmente sensible, los efectos potencialmente perjudiciales para las personas afectadas por las injerencias en cuestión pueden considerarse moderados. Por lo tanto, las mencionadas injerencias en los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta que entrañan las operaciones mencionadas en los puntos 88 y 89 de las presentes conclusiones no revisten, a mi juicio, un carácter particularmente grave, puesto que los datos de tal alcance y naturaleza no permiten, por sí mismos, obtener información precisa sobre las personas de que se trata y, por lo tanto, no afectan directamente y en gran medida a su vida privada.

105. Dicho esto, procede señalar, no obstante, que los párrafos segundo y tercero del artículo 30, apartado 5, de la Directiva 2015/849 dejan margen de maniobra a los Estados miembros en cuanto a los datos que pueden hacerse accesibles al público en general. En efecto, por una parte, dicho párrafo segundo dispone que cualquier miembro del público en general tendrá acceso «como mínimo» a los datos que en él se indican, lo que sugiere que los Estados miembros pueden permitir el acceso a datos adicionales. Por otra parte, dicho párrafo tercero prevé que los Estados miembros podrán, en las condiciones fijadas en el Derecho nacional, dar acceso a «información adicional» que permita la identificación del titular real, que incluirá como mínimo la fecha de nacimiento o datos de contacto, de conformidad con las normas de protección de datos.

106. Por lo tanto, el legislador de la Unión ha dejado margen de maniobra a los Estados miembros para ampliar la cantidad de datos relativos a la titularidad real a los que puede tener acceso el público en general, lo que va más allá de los datos indicados en la lista prevista en el artículo 30, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2015/849, y que se han recordado en el punto 96 de las presentes conclusiones.

107. Pues bien, es evidente que esta posibilidad de ampliar la cantidad de datos relativos a la titularidad real accesibles al público en general puede dar lugar a más injerencias en los derechos fundamentales, que los artículos 7 y 8 de la Carta garantizan a esas personas. Aparte de la cuestión del carácter indeterminado de los datos adicionales que los Estados miembros pueden añadir a la lista de datos accesibles por el público en general a la que se refiere dicho párrafo segundo mencionada en el punto 96 de las presentes conclusiones, ( 59 ) cabe señalar que permitir el acceso público a los datos de contacto precisos de una persona (entendidos como la dirección de residencia o del domicilio), tal como se prevé en el artículo 30, apartado 5, párrafo tercero, de la Directiva 2015/849, puede implicar, en mi opinión, a diferencia de lo que he concluido en el punto 104 de las presentes conclusiones, una injerencia grave en la vida privada de una persona. Así, la posibilidad de que los Estados miembros pongan a disposición del público datos adicionales debe ser objeto de un análisis propio.

3. Justificación de las injerencias

108. Dado que el régimen de acceso público establecido por la Directiva 2015/849 da lugar a una injerencia en los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta, procede comprobar si tales limitaciones de esos derechos pueden justificarse de conformidad con las disposiciones y los principios mencionados en los puntos 79 y 80 de las presentes conclusiones.

a) Cumplimiento del requisito según el cual cualquier limitación al ejercicio de los derechos enunciados en los artículos 7 y 8 de la Carta deberá ser establecida por la ley

109. El primero de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta, al que se refiere tanto su artículo 8, apartado 2, como, con carácter general, su artículo 52, apartado 1, exige que tales limitaciones sean «establecidas por la ley».

110. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( 60 ) basada en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ( 61 ) el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de un derecho fundamental deba ser «establecida por la ley» no solo se refiere al origen «legal» de la injerencia, sino que implica también que la propia base legal que permita dicha injerencia debe definir, de manera clara y precisa, el alcance de tal limitación. Dado que se refiere a la «calidad de la ley» y, por lo tanto, a la accesibilidad y a la previsibilidad de la medida controvertida, este segundo aspecto que abarca la expresión «establecida por la ley», en el sentido tanto del artículo 52, apartado 1, de la Carta como de su artículo 8, apartado 2, y del artículo 8 del CEDH, no tiene únicamente por objeto garantizar el respeto del principio de legalidad y una protección adecuada frente a la arbitrariedad, ( 62 ) sino que responde también a un imperativo de seguridad jurídica.

111. En los presentes asuntos, cabe observar, en primer lugar, que la obligación del organismo que gestiona el Registro de la Titularidad Real de poner a disposición del público algunos de los datos relativos a la titularidad real que ha recogido y almacenado, así como la posibilidad que se da al público en general de acceder libremente a esos datos, se basan en el artículo 30, apartado 5, letra c), de la Directiva 2015/849, y en la disposición de la legislación nacional que transpuso dicha norma.

112. En segundo lugar, tanto las Directivas de que se trata, a saber, las Directivas 2015/849 y 2018/843, como la ley nacional de transposición se publicaron en diarios oficiales de acceso público. En estas circunstancias, puede considerarse que se cumplen los requisitos de transparencia de la base legal que justifica las limitaciones en cuestión. ( 63 )

113. En tercer lugar, ha de señalarse que el artículo 30, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2015/849 establece de manera clara y precisa una lista de los datos recogidos y almacenados que el organismo responsable de la llevanza del registro debe poner a disposición del público de modo que este puede acceder a ellos.

114. No obstante, ello es sin perjuicio de la posibilidad que se deja a los Estados miembros de poner a disposición del público en general datos adicionales en virtud de la utilización de los términos «como mínimo» en el párrafo segundo y en virtud del párrafo tercero del artículo 30, apartado 5, de la Directiva 2015/849. En efecto, si bien es cierto que el acceso público a «información adicional» que los Estados miembros pueden prever en virtud de la citada disposición del párrafo tercero también debe estar previsto por el Derecho nacional, debe ser conforme con las normas de protección de datos y debe tener como finalidad exclusiva permitir la identificación del titular real, no es menos cierto que esta disposición es comparable a una disposición denominada «de texto libre», ( 64 ) que pretende incluir, además de los datos enumerados con precisión en la lista que figura en dicho párrafo segundo, una serie de información adicional que no se define con exactitud ni es determinable.

115. Pues bien, cuando las injerencias en los derechos fundamentales establecidos por la Carta emanan de un acto legislativo de la Unión, incumbe al legislador de la Unión, respetando los criterios de claridad y de precisión indicados en la jurisprudencia recordada en el punto 110 de las presentes conclusiones, ( 65 ) fijar el alcance exacto de tales injerencias. De ello se deduce que, cuando el instrumento elegido por ese legislador es una directiva, no creo que pueda delegarse en los Estados miembros, en la transposición de esta a sus Derecho nacional, la determinación de elementos esenciales que definen el alcance de la injerencia, como son, tratándose de limitaciones a los derechos fundamentales enunciados en los artículos 7 y 8 de la Carta, la naturaleza y el alcance de los datos personales sujetos a tratamiento.

116. En el caso de autos, al adoptar las Directivas 2015/849 y 2018/843, el propio legislador de la Unión procedió a una limitación de los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta. Por lo tanto, las injerencias que esta Directiva permite en dichos derechos no pueden considerarse consecuencia de la elección de los Estados miembros, ( 66 ) a pesar del margen de apreciación de que disponen en la transposición al Derecho nacional, sino que tienen su base legal en las propias Directivas. En estas circunstancias, incumbe al legislador de la Unión, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el punto 110 de las presentes conclusiones y los elevados niveles de protección de los derechos fundamentales consagrados, en particular, en la Carta, identificar de manera clara y precisa el alcance y la naturaleza de los datos personales que constituyen el objeto del tratamiento. Tal identificación constituye, en efecto, una operación esencial, a la que cualquier base legal que introduzca una medida que limite el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta debe proceder de la manera más clara y precisa posible. ( 67 )

117. Por consiguiente, procede concluir que, en los presentes asuntos, la base legal que permite las injerencias, a saber, la Directiva 2015/849, define por sí misma, de manera clara y precisa, el alcance de la limitación de los derechos fundamentales de que se trata únicamente en lo que atañe a los datos accesibles al público en general establecidos con precisión en la lista que figura en el párrafo segundo del artículo 30, apartado 5, de la Directiva 2015/849. En cambio, la previsión, en ese párrafo segundo y en el párrafo tercero de este apartado 5, de la posibilidad de que los Estados miembros pongan a disposición del público en general datos adicionales, que no están determinados con precisión, no cumple este requisito.

118. De lo anterior se desprende que las limitaciones al ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de que se trata únicamente están establecidas por la ley de conformidad con el artículo 52 de la Carta en relación con la lista de datos que figura en el artículo 30, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2015/849.

119. En lo que atañe específicamente a los requisitos previstos en el artículo 8, apartado 2, de la Carta, se ha señalado, en el punto 70 de las presentes conclusiones, que estos se concretan, en particular, en el artículo 5 y en el artículo 6 del RGPD.

120. La exigencia relativa a la licitud del tratamiento, a saber, el requisito de que los datos en cuestión se tratarán sobre la base del consentimiento del interesado o en virtud de otra base legítima establecida conforme a Derecho, ( 68 ) está prevista en el artículo 5, apartado 1, letra a), del RGPD ( 69 ) y se concreta en el artículo 6 de ese Reglamento, que prevé una lista exhaustiva y taxativa de los casos en los que un tratamiento de datos personales puede considerarse lícito. Así pues, para poder ser considerado legítimo, el tratamiento de datos personales debe estar comprendido en uno de los seis casos contemplados en dicho artículo 6. ( 70 )

121. Resulta pertinente, a mi juicio, hacer dos consideraciones al respecto.

122. En primer lugar, debe señalarse que el tratamiento de datos personales que lleva a cabo el organismo responsable del Registro de la Titularidad Real en la aplicación del artículo 30, apartado 5, letra c), de la Directiva 2015/849 responde a varias causas de legitimación previstas en el artículo 6 del RGPD. ( 71 )

123. En efecto, este tratamiento responde, en primer término, al motivo previsto en el artículo 6, letra c), del RGPD, relativo al cumplimiento de una obligación legal, dado que dicho organismo está sujeto a la obligación de efectuar tal tratamiento derivada de la ley, como se indica en el punto 111 de las presentes conclusiones.

124. En segundo término, dicho tratamiento responde, asimismo, al motivo previsto en el artículo 6, letra e), del RGPD, relativo al cumplimiento de una misión realizada en interés público conferida al organismo. ( 72 ) En efecto, al gestionar el Registro de la Titularidad Real y desempeñar todas las funciones previstas en el artículo 30 de la Directiva 2015/849 en relación con dicho registro, este organismo contribuye a la consecución del objetivo de interés general perseguido por dicha Directiva, a saber, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y la prevención en estos ámbitos. ( 73 ) Por otra parte, del artículo 43, apartado 1, de la Directiva 2015/849 se desprende expresamente que el tratamiento de datos personales en virtud de dicha Directiva con fines de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, según tal prevención se contempla en esa Directiva, se considerará de interés público en virtud del RGPD.

125. En tercer término, el mismo tratamiento responde al motivo previsto en el artículo 6, letra f), del RGPD, relativo a la satisfacción de un interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por terceros que tengan acceso a los datos. En efecto, al permitir acceder a esos datos, dicho organismo permite a esos terceros contribuir al objetivo antes mencionado.

126. En segundo lugar, ha de señalarse que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que ni el artículo 5, ni el artículo 6 del RGPD prohíben de manera general y absoluta que, en virtud de una normativa nacional, una autoridad pública o un organismo responsable por ley de la llevanza de un registro como el Registro de la Titularidad Real esté facultado, o incluso obligado, a comunicar datos personales al público cuando dicha comunicación sea necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. ( 74 )

127. De ello se desprende que los artículos 5 y 6 del RGPD no se oponen per se a la llevanza de un registro que contenga datos personales y que sea accesible al público en general, es decir, a un número ilimitado e indeterminado de personas, sin control y justificación y sin que el interesado pueda saber quién tiene acceso a esos datos. La cuestión que se plantea es más bien la de la proporcionalidad de tal enfoque, a la luz del objetivo de interés general perseguido y teniendo en cuenta el nivel de gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales de los interesados.

128. De lo anterior se desprende que los tratamientos resultantes del artículo 30, apartado 5, letra c), de la Directiva 2015/849 son lícitos con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Carta y a los artículos 5, apartado 1, letra a), y apartado 6 del RGPD.

b) Respeto del contenido esencial de los derechos enunciados en los artículos 7 y 8 de la Carta

129. Cualquier restricción del ejercicio de los derechos fundamentales no solo debe tener una base legal suficientemente precisa, sino que también debe respetar el contenido esencial de esos derechos. El requisito, establecido en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, según el cual cualquier limitación de los derechos y libertades garantizados por la Carta debe respetar el contenido esencial de estos implica que, cuando una injerencia atente contra tales derechos y libertades, ningún objetivo legítimo podrá justificarla. En ese caso, la injerencia se considera contraria a la Carta sin que deba examinarse si es adecuada para alcanzar el objetivo perseguido. ( 75 )

130. A este respecto, tanto del tenor del artículo 52, apartado 1, de la Carta como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la apreciación relativa a la existencia de una injerencia en el contenido esencial del derecho fundamental de que se trate debe llevarse a cabo con carácter previo a —e independientemente de— la evaluación de la proporcionalidad de la medida controvertida, y que, por lo tanto, se trata de un criterio dotado de autonomía propia. ( 76 )

131. Dicho esto, en mi opinión, en los presentes asuntos, las limitaciones al ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de que se trata, resultantes de los tratamientos de datos mencionados en la lista que figura en el artículo 30, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2015/849, no vulneran el contenido esencial de estos derechos.

132. En efecto, por lo que respecta al derecho al respeto de la vida privada y familiar, y como se desprende de los puntos 96 a 104 de las presentes conclusiones, las injerencias derivadas de los tratamientos mencionados en el punto anterior no permiten obtener información precisa sobre las personas de que se trata y, por lo tanto, no afectan directa y radicalmente a su vida privada. De ello se deduce que no puede considerarse que las limitaciones de ese derecho resultantes del régimen de acceso público a la información sobre la titularidad real establecido por la Directiva 2015/849 afecten al contenido esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta. ( 77 )

133. Por lo que respecta al derecho a la protección de datos de carácter personal, consagrado en el artículo 8 de la Carta, el Tribunal de Justicia considera en su jurisprudencia que el contenido esencial de este derecho se preserva cuando las finalidades del tratamiento están circunscritas y el tratamiento va acompañado de normas destinadas a garantizar, entre otros aspectos, la seguridad, la confidencialidad y la integridad de los datos, y a protegerlos contra los accesos y los tratamientos ilegales. ( 78 )

134. Sobre este particular, procede señalar, de entrada, que las finalidades que justifican el tratamiento de los datos relativos a la titularidad real de las sociedades en el marco del régimen establecido por el artículo 30 de la Directiva 2015/849 están circunscritas. En efecto, el tratamiento de esta información se justifica exclusivamente para alcanzar los objetivos de interés general consagrados en dicha Directiva y, por lo que respecta al acceso público a esos datos, mencionados en los puntos 138 y siguientes y, en particular, el de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y la prevención en estos ámbitos.

135. A continuación, del artículo 41 de la Directiva 2015/849, así como del considerando 38 de la Directiva 2018/843, se desprende que el RGPD se aplica a los tratamientos de datos personales efectuados en el marco del régimen de acceso público a la información sobre la titularidad real establecido por las dos Directivas. Estas, como se ha señalado en los puntos 65 y 72 de las presentes conclusiones, deben interpretarse de manera coherente con el RGPD. Pues bien, el RGPD establece normas destinadas a garantizar, entre otros aspectos, la seguridad, la confidencialidad y la integridad de los datos, y a proteger esos datos contra los accesos y los tratamientos ilegales.

136. En estas circunstancias, tampoco puede considerarse que las limitaciones del derecho a la protección de datos de carácter personal, garantizado en el artículo 8 de la Carta, resultantes del régimen de acceso público a la información sobre la titularidad real establecido por la Directiva 2015/849, afecten al contenido esencial de este derecho fundamental.

137. En cambio, por lo que respecta a la «información adicional» mencionada en los puntos 105 a 107, así como 114 a 116 de las presentes conclusiones, al no estar definida con precisión, no es posible determinar si las limitaciones de los derechos fundamentales en cuestión resultantes del régimen de acceso público a esos datos pueden afectar o no al contenido esencial de los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta.

c) Objetivos de interés general perseguidos por el régimen de acceso público a la información relativa a la titularidad real

138. Para estar justificadas de acuerdo con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, las limitaciones a los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta deben responder a objetivos de interés general.

139. A este respecto, cabe señalar que la Directiva 2018/843 expone con cierto detalle, en los considerandos 4 y 30 a 38, ( 79 ) las razones que llevaron al legislador de la Unión a modificar el régimen de acceso público a la información relativa a la titularidad real, tal como se estableció inicialmente en la Directiva 2015/849.

140. Como ya se ha mencionado en los puntos 50 y 60 de las presentes conclusiones, de estos considerandos se desprende que dicho régimen se inscribe en el objetivo principal de la Directiva 2015/849, recogido en su artículo 1, apartado 1, a saber, la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este contexto, el objetivo de las modificaciones introducidas por la Directiva 2018/843 era fomentar un mayor grado de transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades, con la finalidad principal de crear un entorno menos proclive a ser utilizado para los fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. ( 80 ) En estas circunstancias, dado que la Directiva 2018/843 no solo tiene por objeto detectar e investigar el blanqueo de capitales, sino también prevenirlo, el incremento de la transparencia pretende ser un potente factor disuasorio. ( 81 )

141. En este contexto, el considerando 30 de la Directiva 2018/843 menciona una serie de fines específicos que persigue el régimen de acceso público a la información relativa a la titularidad real. De este modo, tal acceso tiene por objeto, en primer lugar, posibilitar además un mayor control de la información por parte de la sociedad civil, incluidas la prensa o las organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, contribuye a mantener la confianza en la integridad de las transacciones empresariales y del sistema financiero. En tercer lugar, contribuye a luchar contra el uso indebido de las sociedades y otras entidades jurídicas e instrumentos jurídicos con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, tanto al facilitar las investigaciones como al surtir efectos sobre su reputación, dado que cualquier persona que emprenda transacciones conoce la identidad de los titulares reales. En cuarto lugar, tiene por objeto permitir que las entidades financieras y las autoridades que participan en la lucha contra este tipo de delitos, incluidas las de terceros países, dispongan de información en tiempo oportuno y de manera eficiente. En quinto lugar, tiene por objeto ayudar a las investigaciones sobre el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo.

142. El objetivo material fundamental de la medida de que se trata, a saber, la modificación del artículo 30, apartado 5, letra c), de la Directiva 2015/849, resultante de la Directiva 2018/843, que suprimió el requisito de que toda persona u organización demuestre un «interés legítimo» para poder acceder a los datos que afectan a los titulares reales, es, por tanto, incrementar la transparencia para contribuir a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

143. A este respecto, ha de señalarse, en primer lugar, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye un objetivo legítimo que los Estados miembros han asumido tanto a nivel internacional ( 82 ) como a nivel de la Unión y que puede justificar una restricción de los derechos protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. ( 83 )

144. En segundo lugar, el objetivo de la medida mencionada en el anterior punto 142 está vinculado al principio de transparencia, que, como se ha señalado en los puntos 38 a 48 de las presentes conclusiones, tiene alcance de Derecho primario.

145. En tercer lugar, en su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha reconocido que el objetivo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo está vinculado a la finalidad de la protección del orden público. ( 84 ) En consonancia con esta jurisprudencia, procede considerar que la medida controvertida tiene por objeto perseguir el objetivo de prevención de delitos graves (blanqueo de capitales) y de prevención de las amenazas graves contra la seguridad pública (terrorismo), objetivos que, según la jurisprudencia, pueden justificar injerencias, incluso graves, en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta. ( 85 )

d) Cumplimiento del principio de proporcionalidad

146. Según el artículo 52, apartado 1, segunda frase, de la Carta, solo podrán introducirse limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental reconocido por esta si tales limitaciones respetan el principio de proporcionalidad.

147. A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones de la Unión sean adecuados para lograr los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate y no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de dichos objetivos. ( 86 )

1) Idoneidad de la medida para alcanzar el objetivo perseguido

148. Se plantea de entrada la cuestión de si la medida controvertida mencionada en el anterior punto 142 es adecuada para alcanzar los objetivos perseguidos mencionados en los puntos 140 a 142.

149. Sobre este particular, no se discute que un acceso ampliado a la información sobre la titularidad real, como el establecido por dicha medida, puede aumentar el riesgo de un eventual uso indebido de las sociedades u otras entidades e instrumentos jurídicos con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo y que tal acceso constituye un medio apto para crear un entorno menos proclive a ser utilizado para tales actividades.

150. De ello se desprende que dicho acceso ampliado constituye un factor disuasorio adicional de tales conductas que es idóneo para contribuir a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. ( 87 )

2) Carácter estrictamente necesario de las injerencias

151. Con arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la protección del derecho fundamental al respeto de la vida privada en el ámbito de la Unión exige que las excepciones a la protección de los datos personales y las limitaciones de esa protección no excedan de lo estrictamente necesario. ( 88 )

152. Este requisito de la necesidad no se cumple cuando el objetivo de interés general perseguido puede alcanzarse razonablemente de manera tan eficaz por otros medios menos atentatorios respecto de los derechos fundamentales de los interesados, en particular respecto de los dere