Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Recurso contra una decisión confirmatoria de otra decisión no impugnada dentro de plazo — Inadmisibilidad — Concepto de decisión confirmatoria — Decisión relativa a una solicitud de cofinanciación comunitaria presentada por una organización no gubernamental que se ocupe de la cooperación al desarrollo — Exclusión — (Art. 230 CE)

2. Presupuesto de las Comunidades Europeas — Reglamento financiero — Cofinanciación comunitaria de acciones llevadas a cabo en los países en vías de desarrollo por las organizaciones no gubernamentales — Decisión de la Comisión por la que se declara que una organización no cumple los criterios para la cofinanciación comunitaria — Nuevos argumentos presentados por ésta para acreditar su carácter subvencionable — Obligación de la Comisión de volver a examinar el carácter subvencionable de la organización antes de rechazar proyectos presentados posteriormente por ésta

3. Procedimiento — Costas — Costas recuperables — Concepto — Gastos relativos al procedimiento ante el Defensor del Pueblo Europeo — Exclusión — [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

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1. Un recurso de anulación interpuesto contra una decisión meramente confirmatoria de una decisión anterior no impugnada dentro del plazo establecido al efecto es inadmisible. Una decisión es meramente confirmatoria de una decisión anterior si no introduce ningún elemento nuevo en relación con un acto anterior y no ha sido precedida de una reconsideración de la situación del destinatario de dicho acto anterior.

Por lo que se refiere a las solicitudes de cofinanciación comunitaria de acciones llevadas a cabo en países en vías de desarrollo por organizaciones no gubernamentales, cada solicitud tiene una existencia autónoma y debe ser examinada en su totalidad en función de su propio contenido. Por tanto, antes de decidir si una acción propuesta en el marco de una solicitud de cofinanciación será financiada, la Comisión debe examinar, para cada solicitud presentada, si el solicitante cumple los requisitos necesarios para optar a la cofinanciación. Si es cierto que la Comisión puede referirse a otras decisiones anteriores en la decisión impugnada, no es menos cierto que la decisión impugnada constituye una decisión autónoma que tiene existencia propia y que, por conseguiente, puede ser objeto de recurso judicial.

véanse los apartados 31 a 33

2. Se debe anular una decisión de la Comisión por la que se deniegan dos solicitudes de cofinanciación comunitaria presentadas por una organización no gubernamental (ONG) que se ocupa de la cooperación al desarrollo cuando, en presencia de nuevos argumentos avanzados por esta organización para acreditar su posible carácter subvencionable, la Comisión, en el momento de adoptar esta decisión, no ha examinado el carácter subvencionable de esta organización a la luz de esos nuevos datos.

A este respecto, la práctica de la Comisión según la cual, cuando sus servicios declaran que una ONG no cumple los criterios para la cofinanciación comunitaria, esta decisión implica la denegación automática de los proyectos presentados posteriormente por dicha ONG hasta que ésta cumpla tales criterios, solamente puede utilizarse en los casos en que, una vez que la Comisión haya declarado que una ONG no cumple los criterios para la cofinanciación comunitaria, ésta no presente nuevos argumentos que demuestren que los cumple. En efecto si, en particular en el momento de presentar una nueva solicitud de cofinanciación, la misma ONG presenta nuevos argumentos para acreditar su carácter subvencianable, la Comisión debe entonces volver a examinar el carácter subvencianable de la ONG a la luz de esos nuevos argumentos y no puede, por tanto, aplicar el procedimiento de denegación automática.

véanse los apartados 62, 64 y 70 a 71

3. Del artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se deduce que las costas recuperables se limitan a los gastos que, por una parte, se han realizado con motivo del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y, por otra, han sido necesarios a tal efecto. Además, si bien durante el procedimiento anterior a la fase jurisdiccional se realiza en general un trabajo jurídico fundamental, es necesario recordar que el artículo 91 del Reglamento de Procedimiento considera " procedimiento" únicamente el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, con exclusión de la fase previa. De lo anterior se desprende que los gastos relativos a los procedimientos ante el Defensor del Pueblo no pueden considerarse gastos necesarios en el sentido del artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento.

véanse los apartados 78 a 81