6.

En algunos Estados miembros, con independencia de la aplicación del Derecho comunitario, se había buscado un compromiso entre el interés del titular de la patente en obtener el máximo beneficio comercial y el interés público en la libertad de comercio, mediante la doctrina del «agotamiento» del derecho exclusivo a la primera comercialización del producto patentado una vez que dicho producto ha sido vendido por el titular o con su consentimiento, incluso cuando dicha venta se haya efectuado fuera del territorio para el que se concedió la correspondiente patente. Me parece oportuno recordar que, al tratarse de patentes nacionales, dicha doctrina no se refiere directamente al sistema comunitario. En efecto, únicamente puede revestir importancia en el ámbito del ordenamiento jurídico en cuyo seno ha surgido el derecho de patente, cuyo contenido y evolución regula. En el caso que nos ocupa, para reconocer la incompatibilidad con el Derecho comunitario de la prohibición de importar y de vender en un Estado miembro unos productos que ya hayan sido comercializados en otro Estado miembro por el único titular de la patente en ambos Estados o con su consentimiento (con mayor razón si se trata de una sociedad controlada por dicho titular), es suficiente basarse en la mera consideración de que, en tal supuesto, al no existir una actividad de producción independiente en el país de importación, el derecho exclusivo a la primera comercialización no serviría para proteger el contenido esencial de la patente -el cual, al referirse a un producto industrial, no puede separarse de una actividad de producción-, sino que tendría como única función restringir el comercio entre los Estados miembros. Así pues, en ese caso no podrá aplicarse la excepción del artículo 36. De un modo análogo a cuanto ya tuve ocasión de observar en mis conclusiones en el citado asunto 8/74 <-> (Dassonville), en tal caso no se daría aquel interés sustancial, incluido en el ámbito reservado al Estado de importación, en función del cual la referida norma autoriza algunas excepciones al principio fundamental de la libre circulación de las mercancías dentro de la Comunidad. Naturalmente, nada impide que el jurista, teniendo en cuenta el Derecho interno y a fin de situar lógicamente el fenómeno dentro del sistema del Derecho de la propiedad industrial, recurra a la teoría del agotamiento del derecho. Pero esta teoría es ajena a la aplicación de la prohibición comunitaria y a la exclusión de la excepción prevista por el artículo 36 en relación con la propiedad industrial. Tal excepción tan sólo se autoriza para proteger facultades que constituyen el objeto específico del derecho de propiedad. Si la patente se utilizase para proteger a un productor nacional jurídica y económicamente independiente de la empresa que fabrica, en otro Estado miembro, la misma mercancía que es objeto de la patente y de cuya importación se trata, y ajeno por completo a la comercialización en otro Estado de tales mercancías, la cuestión presentaría aspectos bastante delicados; pero en el caso de autos la patente se utiliza sencillamente para proteger un monopolio comercial de un grupo que constituye una unidad económica, a la que pertenecen tanto el único titular de la patente en los diversos Estados miembros considerados, como el fabricante y primer vendedor del producto de que se trata. En tal caso la función que se pretende que desempeñe la patente no se diferencia sustancialmente de aquella que ya se declaró inadmisible en relación con la marca. Por esta razón, las diferencias, incluso considerables, que existen en principio entre los dos derechos no pueden revestir aquí importancia suficiente para justificar una protección de la patente distinta de la relativa a la marca, ni tampoco para justificar un ejercicio de dicho derecho que conduzca a cerrar los mercados nacionales a la libre circulación de un producto que haya sido introducido legalmente en el comercio en un Estado miembro. Esta consideración jurídica no queda sustancialmente desvirtuada por el argumento según el cual lo eventualmente incompatible con las normas relativas a la libre circulación no sería la conducta de Sterling Drug sino la legislación de un Estado miembro en la que dicha conducta se basa. En cualquier caso, no cabe ninguna duda de que el Juez nacional no podrá declarar válida una exigencia contraria al Derecho comunitario, tanto si la exigencia ilícita se reconduce al abuso por parte del particular del derecho que le reconoce el ordenamiento jurídico interno, como si, en la perspectiva de la prohibición de medidas de efecto equivalente a los contingentes, se puede atribuir a una incompatibilidad objetiva con el Derecho comunitario de la norma interna que lo autorice. En esta cuestión, tan sólo es necesario afirmar que, en el supuesto considerado, el artículo 36 del Tratado no autoriza a los Estados miembros a permitir que el titular de una patente se oponga válidamente a las importaciones paralelas llevadas a cabo por terceros.