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La Directiva 82/76 fue transpuesta al Derecho italiano mediante el Decreto Legislativo n. 257 — Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Decreto Legislativo n.o 257, por el que se transpone la Directiva 82/76/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982, que modifica las directivas anteriores en materia de formación de los médicos especialistas, sobre la base del artículo 6 de la Ley de Interés Comunitario, de 29 de diciembre de 1990, n.o 428), de 8 de agosto de 1991 (GURI n.o 191, de 16 de agosto de 1991). Este Decreto Legislativo entró en vigor quince días después de la fecha de su publicación y fue sustituido posteriormente por el Decreto Legislativo n. 368 — Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE (Decreto Legislativo n.o 368, por el que se trasponen la Directiva 93/16/CEE en materia de libre circulación de los médicos y de reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos y las Directivas 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE y 99/46/CE que modifican la Directiva 93/16/CEE), de 17 de agosto de 1999 (suplemento ordinario a la GURI n.o 250, de 23 de octubre de 1999).
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Galapagos es una sociedad holding con domicilio social en Luxemburgo. En junio de 2019, decidió trasladar su administración central a Fareham (Reino Unido). El 22 de agosto de 2019, sus administradores, designados el 13 de junio de 2019, solicitaron a la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Business and Property Courts, Insolvency and Companies list) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de Derecho de Sociedades y de Propiedad Industrial e Intelectual, Reino Unido; en lo sucesivo, «High Court»], la apertura de un procedimiento de insolvencia. Al día siguiente, a instancia de un grupo de acreedores pignoraticios estos administradores fueron cesados y sustituidos por un nuevo administrador. Este estableció una oficina en Düsseldorf (Alemania) para Galapagos y dio la instrucción a los abogados que la representaban de retirar la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia. Sin embargo, esto no se produjo al adherirse un grupo de acreedores a dicha solicitud. La High Court aún no se había pronunciado al respecto el 17 de diciembre de 2020, fecha en la que se presentó la petición de decisión prejudicial.
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Pues bien, estos elementos textuales no permiten, por sí mismos, responder a la primera cuestión prejudicial, mediante la cual el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si se debe considerar que una decisión como la decisión relativa a la excepción, aunque no constituya una «decisión de la autoridad o de las autoridades competentes que confiere al promotor el derecho a realizar el proyecto» de que aquella trata, es parte de la autorización de dicho proyecto, habida cuenta de la relación que tiene con esa decisión. Ciertamente, los elementos mencionados definen el concepto de «autorización» refiriéndose a una decisión de una naturaleza distinta a la decisión relativa a la excepción y excluyen, por consiguiente, que pueda considerarse que esta equivale, aisladamente y como tal, a una «autorización» del proyecto al que se refiere, en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva 2011/92. No obstante, no excluyen que pueda considerarse que una decisión de este tipo, en relación con la decisión posterior por la que se resuelve sobre el derecho del promotor a realizar el proyecto, es parte de la autorización o, en su caso, de la denegación de dicho proyecto.
(17)

La presente Directiva no obliga a contratar, ascender, mantener en un puesto de trabajo o facilitar formación a una persona que no sea competente o no esté capacitada o disponible para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate o para seguir una formación dada, sin perjuicio de la obligación de realizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad.
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Según reiterada jurisprudencia, cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia (véanse los autos de 17 de julio de 2014, Yumer, C‑505/13, no publicado, EU:C:2014:2129, apartado 26 y jurisprudencia citada, y de 6 de mayo de 2021, PONS Holding, C‑703/20, no publicado, EU:C:2021:365, apartado 16).
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Los considerandos 21 a 24 de la Directiva 2014/40 enuncian lo siguiente: «(21) En consonancia con la finalidad de la presente Directiva, que consiste en facilitar el buen funcionamiento del mercado interior para el tabaco y los productos relacionados, sobre la base de un nivel elevado de protección de la salud, especialmente de los jóvenes, y de acuerdo con la Recomendación 2003/54/CE del Consejo [de 2 de diciembre de 2002, relativa a la prevención del tabaquismo y a una serie de iniciativas destinadas a mejorar la lucha contra el tabaco (DO 2003, L 22, p. 31)], debe alentarse a los Estados miembros a impedir la venta de tales productos a niños y adolescentes, mediante la adopción de las disposiciones adecuadas que establezcan y obliguen a cumplir límites de edad. (22) Todavía existen divergencias en las disposiciones nacionales por lo que respecta al etiquetado de los productos del tabaco, en particular en relación con el uso de advertencias sanitarias combinadas que constan de una ilustración y un texto, información sobre servicios para el abandono del tabaquismo y elementos de publicidad en el interior y el exterior de las unidades de envasado. (23) Estas disparidades podrían constituir trabas a los intercambios comerciales e impedir el buen funcionamiento del mercado interior de los productos del tabaco y, por consiguiente, deberían ser eliminadas. Además, es posible que los consumidores de algunos Estados miembros estén mejor informados que los de otros sobre los riesgos para la salud que comportan los productos del tabaco. Si no se toman medidas a escala de la Unión, es probable que las diferencias existentes aumenten en los próximos años. (24) La adaptación de la normativa de etiquetado también es necesaria para ajustar la normativa que se aplica a escala de la Unión a los avances en el ámbito internacional. Por ejemplo, las directrices del CMCT [Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco] sobre empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco prevén grandes advertencias gráficas en las dos zonas de visualización principales, información obligatoria sobre el abandono del tabaco y normas estrictas en relación con la información engañosa. Las disposiciones relativas a la información engañosa complementarán la prohibición general de prácticas comerciales engañosas de las empresas en sus relaciones con los consumidores establecida en la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (“Directiva sobre las prácticas comerciales desleales”) (DO 2005, L 149, p. 22)].»
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El Amtsgericht Düsseldorf (Tribunal de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) desestimó el recurso de los pasajeros afectados. En su sentencia, dicho órgano jurisdiccional declaró, por una parte, que, si bien se había modificado la hora de salida del vuelo, no se había abandonado la programación inicial de dicho vuelo. Por otra parte, consideró que los pasajeros fueron informados, en cualquier caso, de la modificación de la hora de salida en el plazo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra c), inciso ii), del Reglamento n.o 261/2004, que es de dos semanas a siete días antes de la hora de salida prevista, de modo que no era necesario examinar si la modificación del horario del vuelo constituía una cancelación o un gran retraso de dicho vuelo. Además, ese órgano jurisdiccional señaló que carecía de pertinencia la cuestión de si Corendon Airlines había cumplido su obligación de información sobre los derechos de los pasajeros afectados en virtud del artículo 8 de dicho Reglamento, ya que un eventual incumplimiento de tal obligación de información no genera un derecho a compensación con arreglo al artículo 7, apartado 1, del citado Reglamento.
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Alpine BAU Eslovenia sostiene, en cambio, que, en virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 1346/2000, el Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se abre dicho procedimiento de insolvencia se aplica en todos los casos, salvo que el Reglamento n.o 1346/2000 disponga otra cosa. Indica que, sin embargo, este no contiene ninguna disposición que excluya la aplicación del Derecho nacional en lo que atañe al plazo fijado en un procedimiento secundario de insolvencia para la presentación de créditos por el síndico del procedimiento principal de insolvencia. Alpine BAU Eslovenia aduce, además, que el artículo 32, apartado 2, del Reglamento n.o 1346/2000 no establece ningún «derecho especial» en favor del síndico del procedimiento principal de insolvencia, ya que esta disposición se limita a permitir a dicho síndico presentar los créditos como representante legal de los acreedores de la masa. A su juicio, la interpretación según la cual los acreedores eslovenos estarían sujetos a un plazo estricto para la presentación de créditos en el procedimiento de insolvencia secundario, mientras que los acreedores de otros Estados miembros representados por un síndico no lo estarían, crea una desigualdad de trato entre estas dos categorías de acreedores. Por otra parte, Alpine BAU Eslovenia alega que el tenor del artículo 32, apartado 2, del Reglamento n.o 1346/2000 no exige que los créditos presentados por el síndico del procedimiento principal y los de los demás procedimientos secundarios sean previamente verificados y reconocidos en dichos procedimientos.
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Como corolario de estas obligaciones que recaen sobre el autor de una solicitud de devolución, procede indicar que, si bien la Directiva 2008/9 no contiene disposiciones relativas a la posibilidad de que este rectifique su solicitud de devolución, salvo en el supuesto particular de modificación de la prorrata, previsto en el artículo 13 de dicha Directiva y no pertinente en el caso de autos, o a la de presentación de una nueva solicitud de devolución después de la retirada de la primera, es preciso recordar que, cuando un Estado miembro aplica el Derecho de la Unión, las exigencias derivadas del derecho a una buena administración, que refleja un principio general del Derecho de la Unión, y, en particular, el derecho de toda persona a que sus asuntos sean tratados imparcialmente y dentro de un plazo razonable son aplicables en el marco de un procedimiento de inspección tributaria. Dicho principio de buena administración exige que una autoridad administrativa como la Administración tributaria de que se trata en el litigio principal proceda, en el marco de las obligaciones de comprobación que le incumben, a un examen diligente e imparcial de todos los aspectos pertinentes, de modo que se asegure de que dispone, al adoptar su decisión, de los datos más completos y fiables posibles para ello (sentencia de 14 de mayo de 2020, Agrobet CZ, C‑446/18, EU:C:2020:369, apartados 43 y 44).
e)

las disposiciones del Derecho nacional relativas a las ramas de la seguridad social definidas en el Reglamento (CEE) n.o 1408/71 [del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 1971, L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98)]. Se aplicarán en consecuencia las disposiciones especiales del anexo del Reglamento (CE) n.o 859/2003 [del Consejo, de 14 de mayo de 2003, por el que se amplían las disposiciones del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 y del Reglamento (CEE) n.o 574/72 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas (DO 2003, L 124, p. 1)].
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 65, apartados 2 y 5, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4; en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»).
2)

El derecho de los ciudadanos de la Unión a la libre circulación, previsto en el artículo 21 TFUE, apartado 1, debe interpretarse, habida cuenta de las disposiciones sobre el cruce de fronteras que figuran en el Reglamento n.o 562/2006, en su versión modificada por el Reglamento n.o 610/2013, en el sentido de que no se opone a una normativa nacional por la que un Estado miembro impone a sus nacionales la obligación, sujeta a sanción penal en caso de inobservancia, de ir provistos de un documento de identidad o de un pasaporte válidos cuando entran en su territorio procedentes de otro Estado miembro, con tal de que esta obligación no condicione el derecho de entrada y de que el régimen sancionador previsto para el caso de inobservancia de la mencionada obligación sea compatible con los principios generales del Derecho de la Unión y, entre ellos, con los principios de proporcionalidad y de no discriminación. Un viaje al Estado miembro en cuestión procedente de otro Estado miembro efectuado a bordo de una embarcación de recreo surcando aguas internacionales se incluye, en las condiciones previstas en el punto 3.5.2, segundo párrafo, del anexo VI del Reglamento citado, entre los supuestos en los que puede requerirse la presentación de tal documento.
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El Finanzgericht (Tribunal de lo Tributario, Alemania) desestimó el recurso de XY por el que solicitaba el pago de dichos intereses de demora, basándose en que XY no tenía derecho a ello ni con arreglo al Derecho de la Unión ni en virtud del Derecho alemán. Más concretamente, según dicho órgano jurisdiccional, el Derecho de la Unión no obliga a incrementar el importe reembolsado en los intereses de demora. En efecto, entendía, por un lado, que la adquisición de electricidad para cargar acumuladores no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/96. Por otro lado, y, en cualquier caso, consideraba que la aplicación de la reducción impositiva, objeto del procedimiento principal, es facultativa, de modo que el Derecho de la Unión no exige el pago de intereses de demora en caso de devolución.
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En particular, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) alberga dudas, en primer lugar, en cuanto a la validez de una copia auténtica que no contiene fecha de expiración. Señala que este supuesto no está previsto en el Reglamento n.o 650/2012 y que no existe jurisprudencia alguna del Tribunal de Justicia a este respecto. El órgano jurisdiccional remitente menciona, por una parte, la posibilidad de que dicho documento no surta efectos debido a dicha irregularidad y, por otra parte, el hecho de que la mención «por tiempo indefinido» podría constituir una prolongación del plazo de validez si pudiera considerarse un «caso excepcional», en el sentido del artículo 70, apartado 3, de dicho Reglamento. Sin embargo, el tenor de esta disposición también podría interpretarse en el sentido de que dicho documento tiene un período de validez limitado a seis meses y, en tal caso, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la fecha a partir de la cual debe calcularse ese período.
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Los considerandos 15, 16 y 34 del Reglamento n.o 1215/2012 tienen el siguiente tenor: «(15) Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción. (16) El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación. […] (34) Procede garantizar la continuidad entre el Convenio [de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1)], el Reglamento (CE) n.o 44/2001 [del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1),] y el presente Reglamento; a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación del [citado Convenio de 1968] y de los Reglamentos que lo sustituyen por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la validez del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1357/2013 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, que modifica el Reglamento (CEE) n.o 2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario (DO 2013, L 341, p. 47), y la interpretación del artículo 24 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000 (DO 2000, L 311, p. 17) (en lo sucesivo, «código aduanero comunitario»).
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Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre BE, empresa declarada en quiebra, y DT, socio y administrador de esta empresa, por una parte, y la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava (Administración Provincial de Hacienda de Suceava, Rumanía), la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi (Dirección General Regional de Hacienda de Iași, Rumanía) (en lo sucesivo, conjuntamente, «autoridades tributarias»), y Accer Ipurl Suceava, que actúa en calidad de liquidador judicial de BE, y EP, por otra parte, en relación con la decisión de las autoridades tributarias, adoptada a raíz de la declaración de quiebra de BE, de regularizar determinadas deducciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) realizadas por BE antes de ser declarada en quiebra.
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No obstante, recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para garantizar la neutralidad del IVA, quien expide una factura habiendo actuado de buena fe debe tener la posibilidad de regularizar el impuesto indebidamente mencionado en la factura, conforme a un procedimiento establecido por el Estado miembro de que se trate. Pues bien, dado que el Derecho polaco no prevé tal procedimiento cuando se ha iniciado un procedimiento tributario contra el interesado, el órgano jurisdiccional remitente señala que P. no tuvo la posibilidad de corregir el impuesto indebidamente mencionado en las facturas remitidas a las empresas de transporte lituanas.
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En apoyo de su recurso, AR alega, en esencia, que, con arreglo a la Directiva 2006/126, la expedición y cualquier modificación posterior del permiso de conducción son competencia exclusiva del Estado miembro en el que el titular de ese permiso tenga su residencia normal, en el sentido del artículo 12, párrafo primero, de dicha Directiva. Aduce que, a este respecto, no se atribuye competencia alguna al Estado miembro en el que el titular se encuentra temporalmente, por lo que este Estado miembro no puede, en particular, colocar sobre el permiso de conducción indicaciones como una mención que prohíba conducir. En efecto, AR considera que tal competencia es contraria al principio de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción y al objetivo de la referida Directiva, consistente en crear un modelo de permiso de conducción único en la Unión Europea.
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El órgano jurisdiccional remitente estima, sobre la base, en particular, de estos nuevos elementos, que no se garantiza la independencia de los órganos jurisdiccionales polacos, incluida la del que emitió la orden de detención europea controvertida en el litigio principal. En efecto, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, los jueces polacos corren el riesgo de quedar sujetos a un procedimiento disciplinario ante una instancia cuya independencia no está garantizada, en particular en el supuesto de que dichos jueces comprueben si un juez o un tribunal ofrece las garantías de independencia exigidas por el Derecho de la Unión.