Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 6 de marzo de 2002. - Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T-127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco y Gasteizko Industria Lurra, SA (T-129/99) y Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T-148/99) contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Ayudas de Estado - Concepto de ayudas de Estado - Medidas fiscales - Carácter selectivo - Justificación por la naturaleza o la economía del sistema fiscal - Compatibilidad de la ayuda con el mercado común. - Asuntos acumulados T-127/99, T-129/99 y T-148/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página II-01275



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Recurso de anulación Personas físicas o jurídicas Actos que les afectan directa e individualmente Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común Recurso de una empresa perteneciente al sector público y de una autoridad regional que concedió dicha ayuda Admisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4)

2. Ayudas otorgadas por los Estados Concepto Venta de bienes por una autoridad pública en condiciones preferenciales Inclusión

[Art. 92, ap. 1, del Tratado CE (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

3. Ayudas otorgadas por los Estados Concepto Venta de un terreno por una empresa perteneciente al sector público Ocupación gratuita del terreno por el comprador con anterioridad al pago del precio de venta Inclusión Criterio de apreciación Comportamiento normal de una empresa privada

[Art. 92, ap. 1, del Tratado CE (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

4. Ayudas otorgadas por los Estados Concepto Ayudas concedidas por entidades regionales o locales Inclusión

[Art. 92, ap. 1, del Tratado CE (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

5. Ayudas otorgadas por los Estados Concepto Carácter selectivo de la medida Normativa nacional por la que se establece un crédito fiscal Medida de carácter general que atribuye a la administración una facultad discrecional en la concesión de una ventaja fiscal Inclusión

[Art. 92, ap. 1, del Tratado CE (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

6. Ayudas otorgadas por los Estados Concepto Carácter selectivo de la medida Criterios de aplicación objetivos Irrelevancia

[Art. 92, ap. 1, del Tratado CE (actualmente art 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

7. Ayudas otorgadas por los Estados Concepto Medida fiscal específica Carácter selectivo de la medida Justificación basada en la naturaleza o la estructura del sistema fiscal Exclusión

[Art. 92, ap. 1, del Tratado CE (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

8. Ayudas otorgadas por los Estados Concepto Carácter selectivo de la medida Medida que persigue un objetivo de creación o mantenimiento del empleo Irrelevancia

[Art. 92, ap. 1, del Tratado CE (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

9. Ayudas otorgadas por los Estados Ayudas existentes y ayudas nuevas Concepto Medida por la que se modifican ayudas existentes o proyectos iniciales notificados a la Comisión Calificación de ayudas nuevas

[Art. 93, ap. 3, del Tratado CE (actualmente art. 88 CE, ap. 3)]

10. Ayudas otorgadas por los Estados Proyectos de ayudas Notificación a la Comisión Régimen general de ayudas Obligación

[Art. 93, ap. 3, del Tratado CE (actualmente art. 88 CE, ap. 3)]

11. Ayudas otorgadas por los Estados Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros Perjuicio para la competencia Criterios de apreciación

[Art. 92 del Tratado CE (actualmente art. 87 CE, tras su modificación)]

12. Ayudas otorgadas por los Estados Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda no notificada con el mercado común Obligación de motivación Alcance

[Arts. 92, ap. 1, del Tratado CE (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación), 93, ap. 3, y 190 (actualmente arts. 88 CE, ap. 3, y 253 CE)]

13. Ayudas otorgadas por los Estados Prohibición Excepciones Facultad de apreciación de la Comisión Examen de los motivos que puedan justificar una exención individual a lo establecido en un acuerdo Exclusión

[Arts. 85, ap. 3, del Tratado CE (actualmente art. 81 CE, ap. 3), y 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

14. Ayudas otorgadas por los Estados Régimen general de ayudas aprobado por la Comisión Ayuda individual presentada como incluida dentro del ámbito de la aprobación Examen por la Comisión Apreciación prioritaria con respecto a la decisión de aprobación y sólo subsidiaria en relación con el artículo 92 del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación)

[Arts. 92 del Tratado CE (actualmente art. 87 CE, tras su modificación), y 93 (actualmente art. 88 CE)]

15. Ayudas otorgadas por los Estados Ayuda otorgada cumpliendo las normas de procedimiento del artículo 93 del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE) Posible confianza legítima de los beneficiarios Protección Requisitos y límites

[Art. 93 del Tratado CE (actualmente art. 88 CE)]

Índice

1. La empresa perteneciente al sector público y la entidad intraestatal que ha concedido una ayuda de Estado resultan directa e individualmente afectadas por la Decisión por la que se declara la incompatibilidad de la ayuda con el mercado común. En efecto, dicha Decisión no sólo afecta a actos de los que las partes demandantes son las autoras, sino que, además, les impide ejercer como consideran oportuno sus competencias propias, de las que disfrutan directamente en virtud del Derecho español.

( véanse los apartados 50 y 51 )

2. La venta de bienes por parte de una autoridad pública en condiciones preferenciales puede constituir una ayuda de Estado. Para apreciar si una empresa recibió una ayuda de Estado con ocasión de la adquisición de un bien de una empresa perteneciente al sector público, debe examinarse si la primera empresa lo compró a un precio que no hubiera podido obtener en condiciones normales de mercado.

( véanse los apartados 72 y 73 )

3. En el caso de que una empresa perteneciente al sector público venda un terreno a una empresa privada que lo ocupa, está justificado que la Comisión señale que la empresa adquirente, dado que el pago del precio de venta de aquél tuvo lugar tras varios meses de ocupación.

Sin embargo, la Comisión no puede deducir automáticamente de dicha ocupación que la empresa perteneciente al sector público haya concedido una ayuda de Estado a la empresa adquirente. Cabría tal deducción únicamente en el supuesto de que el comportamiento de la primera empresa no fuese el normal de una empresa privada.

A este respecto, la Comisión debe examinar si un operador privado podría exigir el pago del precio de venta en una fecha anterior y, en el supuesto de que esto no fuera así, si podría exigir el pago de una remuneración por el período de ocupación del terreno anterior al pago del precio de venta de éste.

Al no haberse realizado dicho examen, la Comisión no demuestra de modo suficiente con arreglo a Derecho que la empresa adquirente había recibido una ayuda de Estado en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) como consecuencia de su ocupación gratuita del terreno antes de que se produjera el pago del precio de venta.

( véanse los apartados 97 a 100, 105 y 106 )

4. El hecho de que un crédito fiscal haya sido concedido con arreglo a una legislación adoptada por una entidad intraestatal y no por un Estado miembro resulta irrelevante para la aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación). En efecto, dicha disposición, al mencionar las ayudas concedidas por «los Estados o mediante fondos estatales bajo cualquier forma», se refiere a todas las ayudas financiadas por medio de recursos públicos. De ello se deduce que las medidas adoptadas por entidades intraestatales (descentralizadas, federadas, regionales o de otra índole) de los Estados miembros, cualesquiera que sean su naturaleza jurídica y denominación, están comprendidas, del mismo modo que las medidas adoptadas por el poder federal o central, en el ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado, si se cumplen los requisitos establecidos en dicha disposición.

( véase el apartado 142 )

5. Para que una medida pueda ser calificada de ayuda de Estado, el artículo 92, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación), exige que favorezca a «determinadas empresas o producciones». La especificidad o selectividad de una medida constituye, pues, una de las características del concepto de ayuda de Estado.

Las medidas de alcance puramente general no están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado. No obstante, intervenciones que, a primera vista, son aplicables a la generalidad de las empresas pueden caracterizarse por una cierta selectividad y, por consiguiente, ser consideradas como medidas destinadas a favorecer a determinadas empresas o producciones. Así sucede, en particular, cuando la Administración que debe aplicar la norma general disponga de una facultad discrecional en lo que respecta a la aplicación del acto.

A este respecto, para excluir la calificación de medida general de una normativa nacional por la que se establece un crédito fiscal para las inversiones, no es necesario verificar si el comportamiento de la Administración que concede la ventaja fiscal es arbitrario. Basta demostrar que la citada Administración dispone de una facultad de apreciación discrecional que le permite, en particular, modular el importe o los requisitos de concesión de la ventaja fiscal en función de las características de los proyectos de inversión sometidos a su apreciación.

( véanse los apartados 144, 149 y 154 )

6. Aun cuando una medida estatal de carácter selectivo determina su ámbito de aplicación con arreglo a criterios objetivos, no es menos cierto que tiene carácter selectivo y, por tanto, puede ser calificada de ayuda de Estado en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación).

( véase el apartado 163 )

7. En el marco de la apreciación de una medida estatal como ayuda de Estado, el carácter selectivo de ésta puede, en determinadas condiciones, estar justificado «por la naturaleza o la economía del sistema». En tal caso, la medida queda excluida del ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación). Así, una medida fiscal específica que esté justificada por la lógica interna del sistema fiscal como la progresividad del impuesto que esté justificada por la lógica redistributiva de éste quedará excluida del ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado.

En cualquier caso, la justificación basada en la naturaleza o la economía del sistema fiscal constituye una excepción al principio de prohibición de las ayudas de Estado y deberá interpretarse, por consiguiente, de manera estricta.

( véanse los apartados 163, 164 y 250 )

8. En el supuesto de que se considere que motivos relativos a la creación o al mantenimiento del empleo pueden hacer que el artículo 92, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) no se aplique a esta disposición determinadas medidas específicas, quedaría privada de eficacia. En efecto, las ayudas de Estado se conceden, en buena parte de los casos, con la finalidad de crear o mantener puestos de trabajo.

( véase el apartado 168 )

9. Constituyen ayudas existentes las ayudas que existieran antes de la fecha de entrada en vigor del Tratado o de la adhesión del Estado miembro de que se trate a las Comunidades Europeas y aquellas que se hayan ejecutado legalmente conforme a los requisitos previstos en el artículo 93, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE, apartado 3).

Por el contrario, deben considerarse ayudas nuevas, sometidas a la obligación de notificación prevista en el artículo 93, apartado 3, del Tratado, las medidas tendentes a la concesión o a la modificación de las ayudas, entendiéndose que las modificaciones pueden referirse bien a ayudas existentes, o bien a proyectos iniciales notificados a la Comisión.

( véase el apartado 173 )

10. El artículo 93, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE, apartado 3) no establece distinción alguna entre ayudas individuales y regímenes generales de ayuda.

De ello se desprende que, cuando un Estado miembro o una autoridad regional o local de un Estado miembro establece un mecanismo legislativo y/o administrativo que implique un régimen general de ayuda, éste deberá ser notificado imperativamente a la Comisión.

( véanse los apartados 184 y 185 )

11. Una ayuda de Estado concedida a una empresa con la finalidad de permitirle iniciar la producción de determinado producto en un Estado miembro tiene como consecuencia, en un mercado competitivo, una disminución de las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de exportar sus productos hacia el mercado de dicho Estado. Tal ayuda puede, por tanto, afectar al comercio entre Estados miembros y falsear la competencia.

( véase el apartado 219 )

12. Si bien de las propias circunstancias en las que se concedió la ayuda de Estado es posible deducir, en determinados casos, que puede afectar a los intercambios entre Estados miembros y falsear o amenazar con falsear la competencia, corresponde a la Comisión mencionar al menos dichas circunstancias en los motivos de la Decisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común.

No obstante, en una decisión sobre ayudas no notificadas, la Comisión no está obligada a demostrar el efecto real de las medidas nacionales, ya que ello favorecería a los Estados miembros que conceden ayudas infringiendo el deber de notificación que impone el artículo 93, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), en detrimento de los que las notifican en fase de proyecto.

( véanse los apartados 201 y 225 )

13. La comprobación de la conformidad de una ayuda de Estado con el Tratado no implica la apreciación de los motivos que podrían justificar eventualmente una exención individual a lo establecido en un acuerdo, una práctica o una decisión contraria a las normas de la competencia, con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 3). Pues bien, dado que la Comisión ha demostrado suficientemente que las ayudas concedidas a una empresa falsean o amenazan falsear la competencia en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) y que dichas ayudas pueden afectar a los intercambios entre Estados miembros, éstas son incompatibles, salvo excepción, con el mercado común.

( véase el apartado 223 )

14. Cuando considera una ayuda individual de la cual se afirma que fue concedida en ejecución de un régimen previamente autorizado, la Comisión no puede de entrada examinarla directamente en relación con el Tratado. Debe limitarse, antes de iniciar cualquier procedimiento, a controlar, en primer lugar, si la ayuda se halla cubierta por el régimen general y respeta los requisitos impuestos en la Decisión por la que se aprueba éste. Si no actuara de esta forma, la Comisión podría, al examinar cada ayuda individual, revocar su Decisión por la que se aprueba el régimen de ayudas, la cual presuponía ya un examen con arreglo al artículo 92 del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación). Se pondrían en peligro con ello los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica tanto para los Estados miembros como para los operadores económicos, ya que la Comisión podría revisar en cualquier momento las ayudas individuales que se ajustaran rigurosamente a la Decisión por la que se aprueba el régimen de ayudas.

( véase el apartado 228 )

15. El reconocimiento de la confianza legítima de una empresa beneficiaria de una ayuda de Estado presupone, en principio, que la ayuda ha sido concedida observando el procedimiento previsto en el artículo 93 del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE). Se considera, en efecto, que todo operador económico y toda autoridad regional diligentes estarán normalmente en condiciones de comprobar si el referido procedimiento ha sido observado.

( véase el apartado 236 )

Partes

En los asuntos acumulados T-127/99, T-129/99 y T-148/99,

Territorio Histórico de Álava Diputación Foral de Álava, representado por los Sres. A. Creus Carreras y B. Uriarte Valiente, abogados,

parte demandante en el asunto T-127/99,

Comunidad Autónoma del País Vasco,

Gasteizko Industria Lurra, S.A., con domicilio social en Vitoria (España),

representadas por los Sres. F. Pombo García, E. Garayar Gutiérrez y J. Alonso Berberana, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo,

partes demandantes en el asunto T-129/99,

Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A., con domicilio social en Vitoria, representada por los Sres. A. Creus Carreras y B. Uriarte Valiente, abogados,

parte demandante en el asunto T-148/99,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. F. Santaolalla, G. Rozet y G. Valero Jordana, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

apoyada por

Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), con sede en Madrid (España), representada por los Sres. M. Muñiz y M. Cortés Muleiro, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte coadyuvante,

y por

Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), representado por el Sr. A. González Martínez, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte coadyuvante en el asunto T-148/99,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 1999/718/CE de la Comisión, de 24 de febrero de 1999, relativa a la ayuda estatal concedida por España en favor de Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A. (Demesa) (DO L 292, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera ampliada),

integrado por los Sres. J. Azizi, Presidente, y K. Lenaerts, la Sra. V. Tiili y los Sres. R.M. Moura Ramos y M. Jaeger, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de junio de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Marco jurídico

Intensidad de ayuda máxima admitida en el País Vasco

1 Según el mapa español de ayudas regionales, propuesto por la Comisión (DO 1996, C 25, p. 3), el límite máximo aplicable a éstas en el País Vasco es del 25 % en equivalente neto de subvención (en lo sucesivo, «ESN»).

El programa Ekimen de ayudas regionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco

2 Mediante Decisión de 12 de diciembre de 1996 [SG (96) D/11028 (ayuda de Estado N 529/96)] cuyo anuncio ha sido publicado (DO 1997, C 189, p. 7), la Comisión aprobó el programa Ekimen de ayudas regionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco que España le había notificado el 28 de junio de 1996 cuando se encontraba en fase de proyecto. Dicho programa está regulado en el Decreto 289/1996, de 17 de diciembre (en lo sucesivo, «Decreto Ekimen»), publicado en el Boletín Oficial del País Vasco nº 246, de 23 de diciembre de 1996, p. 20138.

3 El referido programa abarcaba el período comprendido entre 1996 y 1998. Tenía por objeto fomentar el desarrollo regional y la creación de empleo en la Comunidad Autónoma del País Vasco (artículo 1 del Decreto Ekimen). Las ayudas podían concederse en forma de subvención o de préstamo en condiciones preferentes para la creación de nuevas instalaciones o la extensión o la modernización de infraestructuras ya existentes (artículo 9 del Decreto Ekimen). Los costes subvencionables incluían los terrenos, los edificios y las instalaciones [artículo 7, letra a), del Decreto Ekimen].

4 Podían beneficiarse de las ayudas, en particular, las empresas industriales (artículo 3 del Decreto Ekimen). A tal efecto, el artículo 5 del Decreto Ekimen establecía que las inversiones debían cumplir los siguientes requisitos:

el proyecto de inversión ha de ser viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero, y llevarse a cabo en un período de tres años a partir de la fecha de concesión de la ayuda;

el importe de la inversión ha de ser superior a 360 millones de pesetas;

el proyecto debe suponer la creación de al menos 30 empleos;

tanto las inversiones como la creación de empleo a considerar deberán realizarse por una sola entidad jurídica y, aquellas empresas que dispongan de varios centros productivos, en un solo centro productivo, salvo que se justifique adecuadamente que se trata de un único proyecto de inversión;

el beneficiario de las ayudas debe financiar como mínimo el 30 % de la inversión con recursos propios.

5 A tenor del artículo 10 del Decreto Ekimen, las ayudas concedidas en el marco de dicho programa de ayudas no podían superar el 25 % de la inversión (véase el apartado 112 infra).

Beneficios fiscales vigentes en el Territorio Histórico de Álava

6 El marco tributario vigente en el País Vasco se regula por el Concierto Económico, establecido por la Ley española 12/1981, de 13 de mayo, cuya última modificación la constituye la Ley 38/1997, de 4 de agosto. En virtud de dicha legislación, la Diputación Foral de Álava puede, bajo determinadas condiciones, regular el régimen fiscal aplicable dentro de su territorio.

7 En virtud de las facultades que le confería la referida legislación, la Diputación Foral de Álava estableció diversas ayudas fiscales, que adoptaron la forma, en particular, de un crédito fiscal del 45 % y de una reducción en la base imponible del impuesto de sociedades.

Crédito fiscal del 45 %

8 La disposición adicional sexta de la Norma Foral 22/1994, de 20 de diciembre, de ejecución del presupuesto del Territorio Histórico de Álava para el año 1995 [Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (en lo sucesivo, «BOTHA») nº 5, de 13 de enero de 1995] está redactada en los siguientes términos:

«Las inversiones en activos fijos materiales nuevos, efectuadas entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1995, que excedan de 2.500 millones de pesetas según Acuerdo de la Diputación Foral de Álava, gozarán de crédito fiscal del 45 % del importe de la inversión que determine la Diputación Foral de Álava, aplicable a la cuota a pagar del impuesto personal.

La deducción no aplicada, por insuficiencia de cuota, podrá aplicarse dentro de los 9 años siguientes a aquel en que se haya dictado el Acuerdo de la Diputación Foral de Álava.

Este Acuerdo de la Diputación Foral de Álava fijará los plazos y limitaciones que, en cada caso, resulten de aplicación.

Los beneficios reconocidos al amparo de la presente disposición serán incompatibles con cualesquiera otros beneficios tributarios existentes en razón de las mismas inversiones.

Igualmente la Diputación Foral de Álava determinará la duración del proceso de inversión que podrá acoger a inversiones realizadas en la fase de preparación del proyecto origen de las inversiones.»

9 La validez de dicha disposición se prorrogó, para el año 1996, mediante la quinta disposición adicional de la Norma Foral 33/1995, de 20 de diciembre (BOTHA nº 4, de 10 de enero de 1996), en su versión modificada por el apartado 2.11 de la disposición derogatoria única de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio (BOTHA nº 90, de 9 de agosto de 1996). Para el año 1997, la medida fiscal se prorrogó mediante la séptima disposición adicional de la Norma Foral 31/1996, de 18 de diciembre (BOTHA nº 148, de 30 de diciembre de 1996). El crédito fiscal del 45 % del importe de las inversiones se mantuvo, con modificaciones, para los años 1998 y 1999, en virtud de la undécima disposición adicional de la Norma Foral 33/1997, de 19 de diciembre (BOTHA nº 150, de 31 de diciembre de 1997), y en virtud de la séptima disposición adicional de la Norma Foral 36/1998, de 17 de diciembre (BOTHA nº 149, de 30 de diciembre de 1998) respectivamente.

Reducción en la base imponible del impuesto sobre sociedades

10 El artículo 26 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, citada en el apartado precedente, dispone lo siguiente:

«1. Las sociedades que inicien su actividad empresarial gozarán de una reducción de un 99 %, 75 %, 50 % y 25 %, respectivamente, de la base imponible positiva derivada del ejercicio de sus explotaciones económicas, antes de la compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores, en los cuatro períodos impositivos consecutivos, a partir del primero en que dentro del plazo de cuatro años desde el inicio de su actividad empresarial, obtengan bases imponibles positivas.

[...]

2. Para el disfrute de la presente reducción, los sujetos pasivos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que inicien su actividad empresarial con un capital mínimo desembolsado de 20 millones de pesetas.

b) [...].

c) [...].

d) Que la nueva actividad no se haya ejercido anteriormente, de manera directa o indirecta, bajo otra titularidad.

e) Que la nueva actividad empresarial se ejerza en local o establecimiento donde no se realice ninguna otra actividad por cualquier persona física o jurídica.

f) Que realicen inversiones en activos fijos materiales en los dos primeros años de actividad por un importe mínimo de 80 millones de pesetas, debiendo realizarse todas las inversiones en bienes afectos a la actividad que no sean objeto de arrendamiento o cesión a terceros para su uso. A estos efectos también se entenderán como inversiones en activos fijos materiales los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero, siempre que se comprometan a ejercitar la opción de compra.

g) Que se generen un mínimo de 10 puestos de trabajo en los seis meses siguientes al inicio de su actividad empresarial y mantengan en ese número el promedio anual de plantilla desde dicho momento y hasta el ejercicio en que venza el derecho a aplicarse la reducción en la base imponible.

h) [...].

i) Que dispongan de un plan de actuación empresarial que abarque un período mínimo de cinco años.

3. [...]

4. El importe mínimo de las inversiones a que se refiere la letra f) y la creación mínima de empleo a que se refiere la letra g), ambas del punto 2 anterior, serán incompatibles con cualquier otro beneficio fiscal establecido para dichas inversiones o creación de empleo.

5. La reducción establecida en el presente artículo será solicitada a la Administración tributaria, la cual, tras la verificación del cumplimiento de los requisitos inicialmente exigidos, comunicará a la sociedad solicitante, en su caso, su autorización provisional que deberá ser adoptada por acuerdo de la Diputación Foral de Álava.

[...]»

Hechos que originaron el litigio

11 El 13 de marzo de 1996, las autoridades autonómicas vascas y Daewoo Electronics Co. Ltd (en lo sucesivo, «Daewoo Electronics») firmaron un contrato de colaboración en virtud del cual esta empresa se comprometió a instalar una fábrica de frigoríficos en el País Vasco. Como contrapartida, las autoridades autonómicas vascas se comprometieron a apoyar este proyecto concediendo una serie de subvenciones.

12 Con arreglo al referido contrato, el citado proyecto podía disfrutar de una subvención de hasta el 25 % de las inversiones en activos fijos y de los gastos de establecimiento, así como de cualesquiera otras ayudas públicas disponibles para todo operador que desee invertir en el País Vasco en los sectores de medio ambiente, investigación y desarrollo y ahorro energético.

13 La empresa creada por Daewoo Electronics estaba obligada a redactar un plan de empresa cuya aprobación por las autoridades autonómicas era condición sine qua non para la aplicación efectiva del contrato. Este plan, que abarcaba el período 1996-2001, fue presentado a las autoridades autonómicas en septiembre de 1996. Preveía una inversión de 11.835.600.000 pesetas y la creación de 745 puestos de trabajo. Las ventas debían iniciarse en 1997, principalmente en el mercado español, así como en Francia e Italia, para, a continuación, extenderse a los mercados alemán y británico en 1998. En principio, una parte fundamental del volumen de negocios debía realizarse en el mercado nacional. Las exportaciones debían aumentar año tras año hasta representar, transcurrido un período de tres a cuatro años, el 60 % del volumen total de negocios.

14 El 7 de octubre de 1996 se constituyó Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A. (en lo sucesivo, «Demesa»), sociedad española y filial al 100 % de Daewoo Electronics.

15 Mediante carta de 10 de octubre de 1996, la empresa Gasteizko Industria Lurra, S.A. (en lo sucesivo, «Gasteizko Industria»), perteneciente al sector público, comunicó a Demesa una oferta de venta, al precio de 4.125 pesetas/m2, de un terreno urbanizado de 100.000 m2 situado en Vitoria-Gasteiz, en el polígono industrial de Júndiz. Demesa aceptó dicha oferta en noviembre de 1996.

16 Hacia el mes de noviembre de 1996, Demesa comenzó los trabajos de construcción de su fábrica de refrigeradores.

17 El 24 de diciembre de 1996, el Consejo de Gobierno vasco decidió conceder a Demesa, sobre la base del Decreto Ekimen (véanse los apartados 2 a 5 supra), una subvención del 25 % en equivalente bruto de subvención (en lo sucesivo, «ESB») del importe total de la inversión prevista, es decir, 2.958.900.000 pesetas.

18 En virtud del Acuerdo 737/1997 de 21 de octubre, de la Diputación Foral de Álava, la demandante obtuvo el crédito fiscal del 45 % mencionado en los apartados 8 y 9 supra.

19 El 30 de diciembre de 1997, día en el que se firmó la escritura de compraventa, Demesa abonó a Gasteizko Industria el precio de compra del terreno, que se había fijado en la oferta de 10 de octubre de 1996 (véase el apartado 15 supra).

20 El 30 de diciembre de 1997 se formalizó también la escritura de compraventa de dicho terreno.

Procedimiento administrativo

21 Mediante escrito de 11 de junio de 1996, la Comisión recibió una denuncia de la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (en lo sucesivo, «ANFEL»), según la cual España había concedido una ayuda a Demesa, en forma de subvenciones y exenciones fiscales que superaban los límites máximos aplicables a las ayudas regionales al País Vasco. La Comisión recibió también otras denuncias relativas a la misma ayuda del Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (en lo sucesivo, «CECED») y de la Associazione Nazionale Industria Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE).

22 Mediante escrito de 26 de junio de 1996, la Comisión remitió una solicitud de información a las autoridades españolas.

23 Mediante escrito de 16 de septiembre de 1996, las autoridades españolas transmitieron algunas informaciones a la Comisión. Mediante carta de 11 de febrero de 1997, las autoridades autonómicas vascas transmitieron a la Comisión informaciones complementarias.

24 Mediante escrito de 16 de diciembre de 1997, la Comisión informó a las autoridades españolas de su decisión, en particular, de «iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 con relación a la posible superación del límite máximo de ayuda del 25 % en ESN aplicable en la región, por la concesión [...] de ayudas a Demesa en concepto de:

medidas fiscales dentro del régimen fiscal de la provincia de Álava (Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del impuesto de sociedades);

crédito fiscal aplicado en forma de reducción del 45 % en la cuota líquida del impuesto de sociedades (disposición adicional sexta de la Norma Foral 22/1994, de 20 de diciembre, sobre la ejecución del presupuesto del Territorio Histórico de Álava para el ejercicio de 1995, prorrogada por la Norma Foral 33/1995, de 20 de diciembre (disposición adicional quinta), por la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio (disposición derogatoria, punto 2.11), y por la Norma Foral 31/1996, de 18 de diciembre (disposición adicional séptima).

la utilización gratuita por parte de Demesa de una parcela de 500.000 metros cuadrados en la zona industrial de Júndiz desde 1996, así como un posible precio de venta que no está en línea con los precios del mercado».

25 La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las supuestas ayudas (DO 1998, C 103, p. 3). Las autoridades españolas presentaron sus observaciones mediante escritos de 23 de enero y 6 de marzo de 1998. La Comisión recibió las observaciones al respecto de los interesados y las remitió a las autoridades españolas, que le comunicaron los comentarios sobre dichas observaciones mediante escrito de 20 de octubre de 1998.

26 Mediante escrito de 4 de junio de 1998, la Comisión informó a las autoridades españolas de su decisión de ampliar el procedimiento en curso a la ayuda concedida a Demesa en el marco del programa Ekimen, por lo que respecta a la parte no cubierta por la regla general del artículo 10, apartado 1, del Decreto Ekimen que permite una intensidad de la ayuda del 10 % del coste real subvencionable (véase el apartado 112 infra).

27 La Comisión invitó a los interesados a que presentasen sus observaciones al respecto (DO 1998, C 266, p. 6). Las autoridades españolas presentaron sus observaciones mediante escritos de 22 y 24 de julio de 1998. La Comisión remitió las observaciones de los demás interesados a las autoridades españolas, que contestaron a éstas mediante escrito de 3 de diciembre de 1998.

28 Se celebraron dos reuniones en Bruselas y en Vitoria-Gasteiz entre los servicios de la Comisión y representantes de las autoridades autonómicas vascas, los días 29 de octubre y 15 de diciembre de 1998, respectivamente.

29 El 24 de febrero de 1999, la Comisión adoptó la Decisión 1999/718/CE relativa a la ayuda estatal concedida por España en favor de Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A. (Demesa) (DO L 292, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

30 Ésta consta, en particular, de las disposiciones siguientes:

«Artículo 1

Las ayudas estatales ejecutadas por España en favor de [Demesa] y consistentes en:

a) la ventaja equivalente al aplazamiento del pago del precio de terreno durante nueve meses a partir del momento en que [Demesa] ocupó un terreno en el polígono industrial de Júndiz (Vitoria-Gasteiz) a fin de realizar la construcción hasta el momento en que se abonó el precio, por importe de 184.075,79 euros;

b) la ventaja equivalente a la diferencia entre el precio de mercado y el precio abonado por [Demesa] por un terreno en el polígono industrial de Júndiz (Vitoria-Gasteiz), por importe de 213.960,31 euros;

c) el importe resultante del exceso en cinco puntos porcentuales con relación a la subvención máxima admisible del 20 % de los costes subvencionables amparados por el régimen de ayudas Ekimen, es decir, excluyendo de dichos costes los equipos valorados en 1.803.036,31 euros en el marco de la auditoría presentada por las autoridades autonómicas como anexo a la carta de España de 24 de julio de 1998;

d) la concesión de un crédito fiscal por importe correspondiente al 45 % del coste de la inversión determinada por la Diputación Foral de Álava en su Decisión nº 737/1997 de 21 de octubre de 1997;

e) la reducción en la base imponible para las empresas de nueva creación contemplada en el artículo 26 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio,

son incompatibles con el mercado común.

Artículo 2

1. España adoptará todas las medidas necesarias para:

a) exigir a su beneficiario el reembolso de las ayudas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 1, que han sido puestas a su disposición ilegalmente;

b) retirar los beneficios derivados de las ayudas a las que se refieren las letras d) y e) del artículo 1, que han sido puestas ilegalmente a disposición del beneficiario.

2. El reembolso de las ayudas se llevará a cabo con arreglo a los procedimientos previstos en la legislación nacional, e incluirá los intereses devengados desde la fecha en la que las ayudas fueron puestas a disposición del beneficiario hasta la de su recuperación efectiva, que se calculará sobre la base del tipo de referencia utilizado para el cálculo del equivalente de subvención de las ayudas regionales.

Artículo 3

España informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.»

Procedimiento

31 Mediante sendos escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 25 de mayo, 26 de mayo y 18 de junio de 1999, respectivamente, las partes demandantes en los asuntos T-127/99, T-129/99 y T-148/99 interpusieron los presentes recursos de anulación de la Decisión impugnada.

32 Mediante sendos escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de noviembre de 1999, ANFEL solicitó intervenir en los asuntos T-127/99 y T-129/99 en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

33 Mediante sendos escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de diciembre de 1999, ANFEL y CECED solicitaron intervenir en el asunto T-148/99 en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

34 Mediante autos del Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia de 25 de febrero de 2000, se admitieron dichas demandas de intervención.

35 ANFEL y CECED presentaron sus escritos de formalización de la intervención el 12 de abril de 2000, respecto a los cuales las partes principales interesadas formularon sus observaciones.

36 Mediante auto de 5 de junio de 2001, se acumularon los asuntos T-127/99, T-129/99 y T-148/99 a efectos de la fase oral y de la sentencia.

37 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral.

38 En la vista de 26 de junio de 2001, se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

39 La parte demandante en el asunto T-127/99 solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Declare que el recurso es admisible y fundado y anule los artículos 1, letras d) y e), y 2, apartado 1, letra b), y apartado 2, de la Decisión impugnada.

Condene en costas a la Comisión.

40 En el asunto T-129/99, las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

Anule la Decisión impugnada.

Condene en costas a la Comisión.

Condene a ANFEL al pago de las costas del procedimiento de intervención.

41 La parte demandante en el asunto T-148/99 solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Declare que el recurso es admisible y fundado.

Anule la Decisión impugnada.

Condene en costas a la Comisión.

42 Las partes demandantes en los asuntos T-127/99 y T-148/99 solicitan asimismo al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la Comisión que aporte sus documentos internos relativos a la adopción de la Decisión impugnada. En el asunto T-129/99, las partes demandantes solicitan la aportación de la totalidad del expediente administrativo relativo a la Decisión impugnada.

43 En el asunto T-127/99 y en el asunto T-148/99, la Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Desestime el recurso.

Condene en costas a la parte demandante.

44 En el asunto T-129/99, la Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Declare la inadmisibilidad del recurso en relación con el artículo 1, letras d) y e), de la Decisión impugnada y, con carácter subsidiario, desestime en este punto el recurso.

Desestime el recurso por lo que respecta al artículo 1, letras a), b) y c) de la Decisión impugnada.

Condene en costas a las partes demandantes.

45 La Comisión considera, además, que deben desestimarse las pretensiones de las partes demandantes en los asuntos T-127/99, T-129/99 y T-148/99 relativas a la aportación de determinados documentos o de la totalidad del expediente.

46 En sus pretensiones, tal como éstas han sido precisadas en la vista, ANFEL, en los tres asuntos, y CECED, en el asunto T-148/99, solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

Desestime el recurso.

Condene en costas a las partes demandantes.

Sobre la inadmisibilidad parcial del recurso en el asunto T-129/99

47 La Comisión sostiene que debe declararse la inadmisibilidad del recurso en el asunto T-129/99, en la medida en que las partes demandantes pretenden obtener la anulación del artículo 1, letras d) y e), de la Decisión impugnada. En efecto, a su juicio, las partes demandantes no resultan directa e individualmente afectadas en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, por dichas disposiciones.

48 Las partes demandantes en el asunto T-129/99 replican que la Decisión impugnada debe considerarse un todo indivisible. Además, afirman que la Comisión acumuló las ayudas fiscales mencionadas en el artículo 1, letras d) y e), a las del artículo 1, letras a) a c), para llegar a la conclusión de que el importe total de las ayudas concedidas a Demesa supera ampliamente la intensidad máxima de ayuda admitida en el País Vasco. Por último, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene, con arreglo al Derecho español, competencias en las cuestiones de naturaleza tributaria a que se refiere el artículo 1, letras d) y e), de la Decisión impugnada. Por ello, ha de reconocerse su legitimación activa en lo referente a las citadas disposiciones de dicha Decisión.

49 El Tribunal de Primera Instancia constata, en primer lugar, que las partes demandantes en el asunto T-129/99, a saber, la Comunidad Autónoma del País Vasco y Gasteizko Industria, no son los destinatarios de la Decisión impugnada. Procede, pues, examinar si puede considerarse que dichas partes resultan directa e individualmente afectadas en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, por la Decisión impugnada.

50 A este respecto, hay que señalar, por una parte, que el artículo 1, letras a) y b), de la Decisión impugnada se refiere a ayudas que Gasteizko Industria concedió a Demesa y, por otra parte, que el artículo 1, letra c), de la Decisión impugnada se refiere a una ayuda que concedió la Comunidad Autónoma del País Vasco a esta misma empresa. Las disposiciones de que se trata de la Decisión impugnada no sólo afectan a actos de los que las partes demandantes son las autoras, sino que, además, les impiden ejercer como consideran oportuno sus competencias propias, de las que disfrutan directamente en virtud del Derecho español (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 1998, Vlaams Gewest/Comisión, T-214/95, Rec. p. II-717, apartados 29 y 30, y de 15 de junio de 1999, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia/Comisión, T-288/97, Rec. p. II-1871, apartado 31).

51 De ello se desprende que Gasteizko Industria resulta directa e individualmente afectada por el artículo 1, letras a) y b), de la Decisión impugnada y que la Comunidad Autónoma del País Vasco resulta directa e individualmente afectada por el artículo 1, letra c), de la Decisión impugnada.

52 Por tratarse de un solo recurso, puede, pues, declararse ya la admisibilidad del recurso en el asunto T-129/99, en la medida en que tiene por objeto la anulación del artículo 1, letras a) a c), de la Decisión impugnada (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión, C-313/90, Rec. p. I-1125, apartado 31).

53 Por lo que respecta a las medidas mencionadas en el artículo 1, letras d) y e), de la Decisión impugnada, a saber, el crédito fiscal y la reducción en la base imponible, es pacífico entre las partes que dichas medidas no fueron establecidas por ninguna de las partes demandantes en el asunto T-129/99.

54 Las partes demandantes en dicho asunto afirman, sin embargo, que resultan directa e individualmente afectadas también por las citadas disposiciones de la Decisión impugnada. A tal efecto, se refieren, en primer lugar, a las competencias fiscales propias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

55 No obstante, dicha argumentación no puede prosperar, puesto que la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha demostrado que el artículo 1, letras d) y e), de la Decisión impugnada le impida ejercer como considera oportuno sus competencias fiscales propias (sentencia Vlaams Gewest/Comisión, citada en el apartado 50 supra, apartado 29).

56 Las partes demandantes no pueden invocar tampoco la supuesta indivisibilidad de la Decisión impugnada. En efecto, la Decisión impugnada constituye un conjunto de decisiones relativas a diferentes ayudas concedidas a la misma empresa por organismos públicos distintos.

57 Además, contrariamente a lo que afirman las partes demandantes, la Comisión no ha tenido en cuenta, en la Decisión impugnada, las supuestas ayudas mencionadas en el artículo 1, letras d) y e), de la Decisión impugnada para apreciar si las ventajas concedidas a Demesa en el marco del programa Ekimen superaban el límite autorizado recogido en la Decisión de 12 de diciembre de 1996 (véase el apartado 2 supra). Por otra parte, en la Decisión impugnada, la Comisión no ha basado tampoco su apreciación según la cual las supuestas ayudas mencionadas por la Decisión impugnada son incompatibles con el mercado común en la consideración de que el conjunto de las diferentes ventajas de que disfrutó Demesa supera el límite del 25 % del ESN fijado por el País Vasco (véase el apartado 1 supra).

58 Hay que concluir, por tanto, que procede declarar la inadmisibilidad del recurso en el asunto T-129/99 en la medida en que tiene por objeto obtener la anulación del artículo 1, letras d) y e), de la Decisión impugnada y, en consecuencia, también en la medida en que tiene por objeto la anulación del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Decisión impugnada.

Sobre el fondo

59 En las demandas relativas a los presentes recursos pueden distinguirse tres motivos comunes. El primero se basa en la infracción del artículo 92, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación). El segundo se basa en la violación de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica y el tercero en la infracción del artículo 190 del Tratado CE (actualmente artículo 253 CE).

60 En los asuntos T-129/99 y T-148/99, las partes demandantes invocan, igualmente, un motivo basado en la violación del derecho de defensa. Por último, las partes demandantes en el asunto T-129/99 invocan, por otro lado, un motivo basado en la infracción del artículo 92, apartado 3, del Tratado.

I. Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 92, apartado 1, del Tratado

61 Este motivo consta de seis partes. Las cinco primeras se refieren a los diferentes supuestos elementos de ayuda identificados en la parte dispositiva de la Decisión impugnada [artículo 1, letras a) a e)]. La sexta parte se refiere a las eventuales distorsión de la competencia y afectación de los intercambios intracomunitarios en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado.

62 El Tribunal de Primera Instancia considera indicado examinar en primer lugar la parte relativa al supuesto elemento de ayuda mencionado por el artículo 1, letra b), de la Decisión impugnada antes de apreciar la legalidad de los demás puntos del artículo 1 de la Decisión impugnada.

Sobre la primera parte, relativa al precio de adquisición del terreno de 100.000 m2 mencionado en el artículo 1, letra b), de la Decisión impugnada

63 En la Decisión impugnada, la Comisión evaluó en 4.481 pesetas/m2 el precio de mercado del terreno de 100.000 m2 que Gasteizko Industria vendió a Demesa (Decisión impugnada, punto V.2.2, último párrafo). Se trataba de una parcela urbanizada, con acometidas de agua, gas, electricidad y alcantarillado.

64 El precio de 4.481 pesetas/m2 tenido en cuenta por la Comisión es el mencionado en un informe de Price Waterhouse de enero de 1997 (Decisión impugnada, punto V.2.2, párrafo séptimo). En efecto, «en este documento se indica un coste unitario por m2 urbanizado de 4.481 pesetas españolas/m2 para terrenos de 50.000 metros cuadrados situados en la misma zona que el ocupado por Demesa» (Decisión impugnada, punto III.2.1, párrafo cuarto).

65 De la Decisión impugnada se desprende que la Comisión verificó la fiabilidad de la estimación de Price Waterhouse basándose en otros tres informes.

66 La Comisión se refiere, en primer lugar, a las evaluaciones de dos expertos inmobiliarios de fechas 13 de enero y 6 de febrero de 1998, que fueron aportadas durante el procedimiento administrativo por las autoridades autonómicas vascas. La Decisión impugnada explica a este respecto:

«[E]n la primera evaluación se señala que el precio de venta de un terreno urbanizado de más de 10.000 m2 debería situarse entre 4.000 y 4.500 pesetas españolas/m2. La segunda evaluación, basada en datos reales, esto es, en los precios de venta de terrenos urbanizados de características similares vendidos en los meses anteriores, establece un precio de 5.000 pesetas españolas/m2 por dos terrenos de aproximadamente 33.000 y 50.000 m2, lo que supera, pues, ampliamente los 10.000 m2, y concluye que no hay en el mercado referencias de terrenos urbanizados de 100.000 m2, y que un precio situado entre 4.000 y 4.800 pesetas españolas/m2 parece justificarse en estas circunstancias, dados los costes de urbanización que pueden producirse en grandes terrenos, destacando al mismo tiempo el carácter político, esto es, necesariamente influido por consideraciones no económicas, de este tipo de venta» (Decisión impugnada, punto V.2.2, párrafo quinto).

67 La Comisión se basó asimismo en una auditoría de IDOM de julio de 1998. La Decisión impugnada explica que en dicha auditoría «se indica que el precio por metro cuadrado de un terreno no urbanizado en la misma zona se sitúa alrededor de 5.000 pesetas españolas/m2. El precio pagado por Demesa se justificaría por un descuento, ofrecido en razón del tamaño del terreno. Sin embargo, el auditor, en sus conclusiones, mantiene el precio de 5.000 pesetas españolas/m2 y señala la diferencia entre su estimación y el precio de 4.125 pesetas españolas/m2 fijado por las autoridades autonómicas» (Decisión impugnada, punto V.2.2, párrafo sexto).

68 La Comisión señala que la «media de [las] estimaciones [contenidas en los tres informes citados] no difiere considerablemente del coste unitario medio de 4.481 pesetas españolas/m2 urbanizado calculado en enero de 1997 por Price Waterhouse, que incluye los costes de urbanización» (Decisión impugnada, punto V.2.2, párrafo séptimo). Este precio constituye, pues, según la Comisión, el precio de mercado.

69 La Comisión añade:

«Dado que Demesa pagó 4.125 pesetas españolas/m2, esta sociedad disfrutó de una ventaja que cabe calcular como la diferencia entre ambas cifras (356 pesetas españolas/m2), lo que representa 213.960,31 euros (35.600.000 pesetas españolas)» (Decisión impugnada, punto V.2.2, último párrafo).

70 Por todo ello, la Comisión calificó, en el artículo 1, letra b), de la Decisión impugnada, de ayuda de Estado «la ventaja equivalente a la diferencia entre el precio de mercado y el precio abonado por [Demesa] por un terreno en el polígono industrial de Júndiz (Vitoria-Gasteiz), por importe de 213.960,31 euros».

71 Las partes demandantes en los asuntos T-129/99 y T-148/99 sostienen que la Comisión infringió el artículo 92, apartado 1, del Tratado al considerar que el precio de adquisición de 4.125 pesetas/m2 no correspondía al precio de mercado. Las referidas partes afirman que la Comisión fijó de manera arbitraria un precio de mercado en la Decisión impugnada. Alegan que la Comisión se basó en un precio de 4.481 pesetas/m2 fijado por la empresa auditora Price Waterhouse para un terreno de 50.000 m2, mientras que todos los informes de expertos independientes que le fueron aportados durante el procedimiento administrativo incluían el precio de venta real de 4.125 pesetas/m2 en la horquilla de precios de mercado.

72 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que la venta de bienes por parte de una autoridad pública, como la realizada a través de Gasteizko Industria, en condiciones preferenciales puede constituir una ayuda de Estado (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996, SFEI y otros, C-39/94, Rec. p. I-3547, apartado 59).

73 Para apreciar si, en el caso de autos, Demesa recibió una ayuda de Estado con ocasión de la adquisición del terreno de 100.000 m2, debe examinarse si dicha empresa compró el terreno de que se trata a un precio que no hubiera podido obtener en condiciones normales de mercado (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 1999, España/Comisión, C-342/96, Rec. p. I-2459, apartado 41, y de 29 de junio de 1999, DM Transport, C-256/97, Rec. p. I-3913, apartado 22).

74 De la Decisión impugnada se desprende (véanse los apartados 63 a 70 supra), que la Comisión atribuyó una importancia decisiva al precio de 4.481 pesetas/m2 indicado en el informe de Price Waterhouse. En efecto, para apreciar si el precio efectivamente pagado por Demesa por el terreno de 100.000 m2 contenía un elemento de ayuda, la Comisión comparó el precio de venta únicamente con el precio que resulta del informe de Price Waterhouse. Los precios fijados en los otros tres informes mencionados en la Decisión impugnada, a saber, los informes de fechas 13 de enero y 6 de febrero de 1998 y el informe de IDOM de julio de 1998, solamente se utilizaron con el fin de comprobar la fiabilidad del precio indicado por Price Waterhouse.

75 Para apreciar la legalidad del artículo 1, letra b), de la Decisión impugnada, procede, pues, examinar si la Comisión pudo atribuir razonablemente tal importancia decisiva al informe de Price Waterhouse.

76 A este respecto, debe señalarse que, en la Decisión impugnada, la Comisión explica «que el valor de dos evaluaciones [a saber, las de 13 de enero y 6 de febrero de 1998] y de una auditoría [de IDOM] realizadas a posteriori no puede ser el mismo que el de una evaluación ex ante» (Decisión impugnada, punto V.2.2, párrafo tercero).

77 Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que, mediante escrito de 10 de octubre de 1996, Gasteizko Industria dirigió a Demesa una oferta de venta de un terreno de 100.000 m2 en el polígono industrial de Júndiz al precio de 4.125 pesetas/m2. De los autos se desprende, además, que, en noviembre de 1996, Demesa aceptó verbalmente dicha oferta. Es preciso señalar, por tanto, que las cuatro evaluaciones mencionadas en la Decisión impugnada, incluida la de Price Waterhouse, son posteriores al compromiso de venta. Por consiguiente, aun cuando se desprenda de la Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos (DO 1997, C 209, p. 3) que un precio de venta que corresponda a un precio tasado por un perito independiente antes de la venta no incluye elementos de ayuda, la Comisión no pudo basarse razonablemente en la fecha de elaboración del informe Price Waterhouse (enero de 1997) para conceder una importancia decisiva a éste.

78 En respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión explicó que la estimación de Price Waterhouse, empresa auditora de la sociedad inmobiliaria vendedora, es la única estimación aceptable, ya que se realizó con el fin de determinar el valor pecuniario de la cartera de valores inmobiliarios de esta última. En su opinión, se trata, además, de la única estimación que se realizó antes de la decisión de iniciación del procedimiento con arreglo al artículo 93, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE, apartado 2). Además, la Comisión pone en duda la fiabilidad de los informes de 13 de enero y 6 de febrero de 1998, dado que el primer informe no se basa en datos reales del mercado y el segundo efectuó la revisión del precio a la baja basándose en criterios políticos.

79 El Tribunal de Primera Instancia considera, en primer lugar, que el hecho de que las evaluaciones de 13 de enero y 6 de febrero de 1998 y el informe de IDOM sean posteriores a la iniciación del procedimiento no permite, en el presente caso, conceder una importancia preponderante al informe de Price Waterhouse de enero de 1997. En efecto, los cuatro informes, incluido el de Price Waterhouse, se elaboraron en un momento en el que la Comisión ya había comenzado una investigación sobre las supuestas ayudas concedidas a Demesa. La primera solicitud de información en este expediente data, en efecto, de junio de 1996.

80 En segundo lugar, debe señalarse que ninguno de los cuatro informes mencionados en la Decisión impugnada se basa directamente en ventas de terrenos de una superficie de 100.000 m2. Como se indica en la Decisión impugnada, no hay, en efecto, «en el mercado referencias de terrenos urbanizados de 100.000 m2» (punto V.2.2, párrafo quinto).

81 No obstante, los peritos que elaboraron el informe de 6 de febrero de 1998 y la auditoría de IDOM intentaron realizar, tomando como base los datos disponibles, una estimación del precio de venta de un terreno de dicha superficie. El informe de 13 de enero de 1998 contiene, de manera general, una estimación para cualquier terreno superior a 10.000 m2.

82 En cambio, el informe de Price Waterhouse indica una estimación del precio de un terreno de 55.481 m2 y no toma en consideración la superficie real del terreno comprado por Demesa.

83 En estas circunstancias, debe considerarse que la Comisión, al tener en cuenta en la Decisión impugnada el precio indicado en el informe de Price Waterhouse como precio de referencia decisivo, actuó de manera arbitraria.

84 El hecho de que la Comisión haya verificado el precio indicado por Price Waterhouse, comparándolo con la media de los precios indicados en los otros tres informes, a saber, los informes de 13 de enero y 6 de febrero de 1998 y la auditoría de IDOM, no puede desvirtuar dicha consideración.

85 Por una parte, la Comisión debía examinar si el precio de venta pagado por Demesa era un precio de mercado. Debería haber comparado, pues, el precio de venta pagado efectivamente por Demesa, y no el precio determinado por Price Waterhouse, con los precios indicados en los diferentes informes de los peritos de que disponía en el transcurso del procedimiento administrativo, con el fin de apreciar si el precio pagado por Demesa difería hasta tal punto de los precios indicados en dichos informes que hubiera que apreciar la existencia de una ayuda de Estado.

86 Por otra parte, debe señalarse que, en la Decisión impugnada (punto V.2.2, párrafo séptimo), el cálculo de la media de los valores incluidos en los informes de 13 de enero y 6 de febrero de 1998 y en la auditoría de IDOM, se basa en una interpretación errónea de éstos.

87 A este respecto, debe señalarse que la Comisión explicó, en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, que calculó la media de las estimaciones mencionadas en la Decisión impugnada (punto V.2.2, párrafo séptimo) de la siguiente forma:

«Los valores mínimos eran [...]: 4.000 pesetas/m2 [Agente D. Luis Perales (informe de 13 de enero de 1998)], 4.000 pesetas/m2 [Agente D. Juan Calvo (informe de 6 de febrero de 1998)] y 5.000 pesetas españolas/m2 (IDOM). El valor mínimo medio resultante es, por tanto, 4.333 pesetas/m2. Los valores máximos eran: 4.500 pesetas/m2 [Agente D. Luis Perales (informe de 13 de enero de 1998)] y 4.800 pesetas/m2 [Agente D. Juan Calvo (informe de 6 de febrero de 1998)]. El valor máximo medio resultante es, por tanto, 4.650 pesetas/m2. Consiguientemente, el valor medio resultante de las tres estimaciones es de 4.491 pesetas/m2.»

88 Es preciso señalar, en primer lugar, que la Comisión incurrió en un error de hecho al considerar que de la auditoría de IDOM resultaba un valor mínimo del terreno comprado por Demesa de 5.000 pesetas/m2. En efecto, la auditoría de IDOM indica una cifra «en torno a las 5.000 pesetas» para un terreno no urbanizado. No obstante, la auditoría confirma también que el precio final obtenido por Demesa, a saber, 4.125 pesetas/m2, es un precio de mercado con un descuento normal, teniendo en cuenta el tamaño de la superficie comprada. Además, aunque las conclusiones finales se refieran una vez más a un precio de 5.000 pesetas/m2, confirman también que la inversión realizada por Demesa se ajusta a los precios de mercado actuales, tras las comprobaciones efectuadas por IDOM. Por tanto, de la auditoría de IDOM se desprende que, aunque pueda considerarse que el precio normal es 5.000 pesetas/m2, el precio pagado por Demesa es un precio de mercado si se tiene en cuenta la superficie del terreno.

89 Debe señalarse, en segundo lugar, que de los informes de 13 de enero y 6 de febrero de 1998 se desprende igualmente que el precio de 4.125 pesetas/m2 es un precio de mercado. En efecto, en el primer informe se afirma que el precio de mercado de un terreno de más de 10.000 m2 se sitúa en una horquilla comprendida entre 4.000 y 4.500 pesetas/m2. El segundo informe hace referencia a un precio de mercado situado entre 4.000 y 4.800 pesetas/m2. La Comisión, al calcular una media única de los valores indicados en los diferentes informes, ha interpretado, sin embargo, erróneamente los informes de 13 de enero y 6 de febrero de 1998. En efecto, dado que el precio pagado por Demesa, a saber, 4.125 pesetas/m2, se aproxima en cada caso al valor mínimo de la horquilla indicada en los informes de 13 de enero y 6 de febrero de 1998, la Comisión, al calcular una media única de los valores, ha tenido en cuenta necesariamente, tomando como base los informes de 13 de enero y 6 de febrero de 1998, un supuesto precio de mercado superior al precio pagado por Demesa, siendo así que esos mismos informes confirman que un precio de 4.125 pesetas/m2 es un precio de mercado.

90 Sobre la base de todo lo antedicho, procede concluir que el método seguido por la Comisión en la Decisión impugnada para apreciar si el precio de 4.125 pesetas/m2 pagado por Demesa por el terreno de 100.000 m2 contiene un elemento de ayuda de Estado es arbitrario. Además, en la realización de sus cálculos, la Comisión incurrió en errores de hecho.

91 En estas circunstancias, la Comisión ha infringido el artículo 92, apartado 1, del Tratado al considerar en la Decisión impugnada que la diferencia entre el precio de 4.481 pesetas/m2 indicado por Price Waterhouse y el precio de 4.125 pesetas/m2 constituía una ayuda de Estado.

92 La primera parte del presente motivo es, pues, fundada. Por tanto, debe anularse el artículo 1, letra b), de la Decisión impugnada en los asuntos T-129/99 y T-148/99. Procede también, en los mismos asuntos, anular el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Decisión impugnada en la medida en que ordena al Reino de España que exija a Demesa el reembolso de la supuesta ayuda a que se refiere el artículo 1, letra b), de la Decisión impugnada.

Sobre la segunda parte, relativa al aplazamiento del pago del precio de adquisición del terreno, a que se refiere el artículo 1, letra a), de la Decisión impugnada

93 En el artículo 1, letra a), de la Decisión impugnada, la Comisión califica de ayuda de Estado «la ventaja equivalente al aplazamiento del pago del precio del terreno durante nueve meses a partir del momento en que [Demesa] ocupó [el] terreno [de 100.000 m2 que le vendió la empresa pública Gasteizko Industria] en el polígono industrial de Júndiz (Vitoria-Gasteiz) a fin de realizar la construcción hasta el momento en que se abonó el precio, por importe de 184.075,79 euros».

94 La parte dispositiva de un acto no puede disociarse de su motivación, por lo que debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1997, TWD/Comisión, C-355/95 P, Rec. p. I-2549, apartado 21).

95 Pues bien, de la motivación de la Decisión impugnada se desprende que el elemento de ayuda a que se refiere el artículo 1, letra a), de la Decisión impugnada es la ventaja de que disfrutó Demesa derivada de la autorización gratuita de un terreno de 100.000 m2 durante al menos nueve meses como consecuencia del aplazamiento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa y, por ende, del pago del precio de venta del terreno.

96 En efecto, el punto V.2.1 de la Decisión impugnada, relacionado con el artículo 1, letra a), de la parte dispositiva se titula «Utilización gratuita de un terreno de 100.000 m2». En dicho punto, la Comisión explica que «no se han aportado pruebas de que Demesa haya asumido coste alguno durante el período transcurrido desde que [...] esta empresa ocupó el terreno para construir su fábrica hasta el momento en que se abonó efectivamente el precio de venta» (punto V.2.1, párrafo segundo). La Comisión añade que Demesa ocupó, «al menos durante el período comprendido entre febrero y octubre de 1997, [el] terreno [de 100.000 m2 que le vendió la empresa pública Gasteizko Industria] con el objetivo de construir o encargar la construcción de una fábrica, sin haber pagado el precio del terreno y sin haber sufragado coste alguno relacionado con esta utilización» (punto V.2.1, párrafo quinto). Dicha Institución explica asimismo que «Demesa utilizó un terreno sin verse obligada a abonar la contrapartida económica que la sociedad vendedora del mismo hubiera podido exigir» (punto V.2.1, párrafo séptimo).

97 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, mediante carta de 10 de octubre de 1996, Gasteizko Industria dirigió a Demesa una oferta de venta de un terreno de 100.000 m2 en el polígono industrial de Júndiz al precio de 4.125 pesetas/m2 y que dicha oferta fue aceptada verbalmente por Demesa en noviembre de 1996. El precio de venta del terreno convenido se abonó el 30 de diciembre de 1997, día en que se firmó la escritura pública de compraventa.

98 En respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, Demesa reconoció que había iniciado las obras de construcción de una fábrica en el terreno de que se trata alrededor del mes de noviembre de 1996.

99 Dado que el pago del precio de venta no tuvo lugar hasta el 30 de diciembre de 1997, estaba justificado que la Comisión señalase en la Decisión impugnada que, al menos durante nueve meses, Demesa ocupó gratuitamente un terreno de 100.000 m2.

100 Sin embargo, la Comisión no puede deducir automáticamente de dicha ocupación que Gasteizko Industria haya concedido una ayuda de Estado a Demesa. Cabría tal deducción únicamente en el supuesto de que el comportamiento de Gasteizko Industria no fuese el normal de una empresa privada (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 1991, Italia/Comisión, C-261/89, Rec. p. I-4437, apartado 8).

101 Pues bien, a este respecto, las partes demandantes en los asuntos T-129/99 y T-148/99 citan el artículo 1502 del Código Civil español para justificar el aplazamiento del otorgamiento de la escritura pública y, en consecuencia, del pago del precio de venta. Dicha disposición establece:

«Si el comprador fuere perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida, o tuviere fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria, podrá suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro [...].»

102 Las partes demandantes afirman que en el presente caso se reunían los requisitos de aplicación del artículo 1502 del Código Civil español. Por una parte, Gasteizko Industria tuvo que proceder a una segregación de una parcela de 100.000 m2 de dos fincas de mayor extensión. Por otra parte, un grupo de agricultores alegaban la vigencia de un acuerdo verbal con Gasteizko Industria del que se derivaba su derecho a cultivarlo. Dichos agricultores entablaron un procedimiento ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vitoria-Gasteiz, que no finalizó hasta el 4 de noviembre de 1997. Sostienen que la ventaja derivada de la ocupación del terreno antes del pago del precio de venta no puede calificarse de ayuda de Estado, dado que resulta de la aplicación de normas generales del sistema de Derecho civil español.

103 En respuesta a esta argumentación, expuesta también por las autoridades autonómicas vascas durante el procedimiento administrativo, la Comisión explica en la Decisión impugnada que «no se han aportado pruebas de que Demesa haya asumido coste alguno durante el período transcurrido desde que [...] esta empresa ocupó el terreno para construir la fábrica hasta el momento en que se abonó efectivamente el precio de venta» (punto V.2.1, párrafo segundo; véase también el punto V.2.1, párrafo séptimo).

104 Así, de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión dedujo directamente la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado de su constatación según la cual Demesa ocupó gratuitamente el terreno de 100.000 m2 durante al menos nueve meses, sin haber examinado la cuestión de si el comportamiento de Gasteizko Industria podría equipararse al de un operador privado.

105 Pues bien, a raíz de las explicaciones dadas durante el procedimiento administrativo exponiendo los motivos del aplazamiento del otorgamiento de la escritura pública y del pago de precio de venta hasta el 30 de diciembre de 1997, la Comisión hubiera debido examinar si un operador privado habría podido exigir el pago del precio de venta antes de dicha fecha y, en el supuesto de que no fuera así, si habría podido exigir el pago de una remuneración por el período de ocupación del terreno anterior al pago del precio de venta de éste.

106 Al no haberse realizado dicho examen, procede señalar que la Comisión no ha demostrado de modo suficiente con arreglo a Derecho que Demesa había recibido una ayuda de Estado en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado como consecuencia de su ocupación gratuita del terreno de 100.000 m2 antes de que se produjera el pago del precio de venta el 30 de diciembre de 1997.

107 De lo antedicho se deduce que la segunda parte del presente motivo es fundada.

108 En estas circunstancias, procede anular, en los asuntos T-129/99 y T-148/99, el artículo 1, letra a), de la Decisión impugnada. Procede también, en los mismos asuntos, anular el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Decisión impugnada en la medida en que ordena al Reino de España que exija a Demesa el reembolso de la ayuda a que se refiere el artículo 1, letra a), de la Decisión impugnada.

Sobre la tercera parte, relativa a la supuesta superación del límite fijado por el Decreto Ekimen, a que se refiere el artículo 1, letra c), de la Decisión impugnada

109 En el artículo 1, letra c), de la Decisión impugnada, la Comisión califica de ayuda de Estado incompatible con el mercado común «el importe resultante del exceso en cinco puntos porcentuales con relación a la subvención máxima admisible del 20 % de los costes subvencionables amparados por el régimen de ayudas Ekimen, es decir, excluyendo de dichos costes los equipos valorados en 1.803.036,31 euros en el marco de la auditoría presentada por las autoridades autonómicas como anexo al escrito de España de 24 de julio de 1998».

110 Las alegaciones formuladas por las partes demandantes en los asuntos T-129/99 y T-148/99 se refieren, por un lado, al porcentaje de subvención máximo permitido por el programa Ekimen y, por otro lado, a la exclusión del coste de determinados equipos de los costes subvencionables con arreglo al régimen de ayudas Ekimen.

Porcentaje máximo de subvención permitido por el programa Ekimen

111 Mediante Decisión del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 24 de diciembre de 1996, se concedió a Demesa en el marco del programa Ekimen una subvención equivalente al 25 % de las inversiones en inmovilizado material.

112 En aquel momento, el artículo 10 del Decreto Ekimen estaba redactado en los siguientes términos:

«Las ayudas a conceder en concepto de subvenciones no reintegrables, que podrán ascender hasta el 25 % de la inversión subvencionable, se regirán por los criterios siguientes:

1. Se concederá, con carácter general, una subvención del 10 % sobre la inversión considerada subvencionable.

2. Además, en los Proyectos Estratégicos y en los Proyectos de Inversión con Generación Significativa de Empleo, que, como mínimo, creen 50 empleos y realicen inversión por importe de 750 millones de pesetas, el porcentaje anterior se incrementará en 5 puntos.

3. Asimismo, las empresas cuyo proyecto se realice en una zona de interés preferente en virtud de lo establecido en el artículo 4 del presente Decreto, recibirán una subvención adicional del 5 % sobre la inversión considerada subvencionable.

4. Por último, el porcentaje podrá tener un incremento complementario de hasta otros 5 puntos en función de los siguientes criterios:

Nivel de integración del proyecto en el tejido industrial vasco.

La ubicación en un sector estratégico del País Vasco.

Grado de creación de empleo del proyecto».

113 En la Decisión de 12 de diciembre de 1996, por la que se autorizan los elementos de ayuda contenidos en el programa Ekimen (véase el apartado 2 supra), la Comisión indicó lo siguiente:

«La Comisión constata que la subvención a fondo perdido, que no deberá superar el importe máximo correspondiente al 25 % del ESB, se concederá de acuerdo con los siguientes tramos: a) un tramo del 10 % de carácter general; b) un tramo del 5 % para proyectos estratégicos o proyectos generadores de empleo; c) un tramo del 5 % para proyectos localizados en zonas prioritarias, y d) un tramo del 5 % para proyectos que contribuyan significativamente al desarrollo regional o a la creación de empleo.»

114 En la Decisión impugnada, la Comisión sostiene que la subvención correspondiente al 25 % del coste de las inversiones en inmovilizado material concedida a Demesa con arreglo al Decreto Ekimen no respeta las condiciones del programa Ekimen tal como ella lo aprobó. Dicha Institución explica que «la correcta aplicación del programa Ekimen hubiera debido dar lugar a la concesión de una subvención máxima no reintegrable del 20 % del ESB, calculada sobre el total de costes subvencionables» (Decisión impugnada, punto V.2.3, párrafo tercero). En efecto, «la Comisión considera que el proyecto de inversión de Demesa cumple el criterio del apartado 1 del artículo 10 del Decreto (10 % general) así como el del apartado 4 del artículo 10 (aumento adicional del 5 %)» (Decisión impugnada, punto V.2.3, párrafo octavo). Por el contrario, no se cumple, a su juicio, el criterio del artículo 10, punto 3, del Decreto Ekimen, ya que «Vitoria-Gasteiz, municipio en que se localiza la inversión de Demesa, no es una "zona de interés preferente" con arreglo a lo dispuesto en el programa Ekimen» (Decisión impugnada, punto V.2.3, párrafo noveno). Por último, «en lo que se refiere al criterio del apartado 2 del artículo 10 del Decreto, la Comisión considera que la concesión de dos tramos del 5 % en virtud del mismo constituye una aplicación incorrecta del régimen Ekimen en los términos autorizados por la Comisión en [la Decisión de 12 de diciembre de 1996]» (Decisión impugnada, punto V.2.3, párrafo décimo). Un proyecto no puede, pues, recibir, a su juicio, dos tramos del 5 % adicionales en concepto de «proyecto estratégico» y de «proyecto que contribuya significativamente a la creación de empleo». Según la Comisión, la aplicación del artículo 10, punto 2, del Decreto Ekimen únicamente puede dar lugar, en efecto, a un solo incremento del 5 %.

115 Las partes demandantes en los asuntos T-129/99 y T-148/99 alegan que Demesa tenía derecho a recibir la subvención del 25 % del ESB que le concedió el Gobierno Vasco: 10 % con arreglo al artículo 10, punto 1, del Decreto Ekimen; 5 % como proyecto estratégico, y 5 % como proyecto generador de empleo, con arreglo al artículo 10, punto 2; 5 % conforme a los criterios fijados en el artículo 10, punto 4. En opinión de dichas partes, Demesa tiene, pues, derecho, al amparo del artículo 10, punto 2, del Decreto Ekimen, a dos incrementos del 5 % de la subvención, uno porque la inversión es un proyecto estratégico y otro por el hecho de que se trata de un proyecto que contribuye significativamente a la creación de empleo, a saber, un proyecto que implica al menos la creación de 50 empleos y una inversión de 750 millones de pesetas. Afirman que, en la Decisión de 12 de diciembre de 1996 por la que se autoriza el programa Ekimen, la Comisión señala erróneamente que el artículo 10, punto 2, del Decreto Ekimen autoriza una subvención del 5 % para proyectos estratégicos «o» generadores de empleo.

116 Las partes demandantes sostienen que la Comisión incurrió en un lapsus calami en su Decisión de 12 de diciembre de 1996, por la que se autoriza el régimen Ekimen. Procede, a su juicio, considerar que la Comisión aprobó el régimen tal como le fue notificado. En cualquier caso, la Comisión no tiene competencia para modificar unilateralmente un régimen de ayuda notificado. Si el programa Ekimen le hubiera planteado problemas, podría haber iniciado el procedimiento de examen previsto en el artículo 93, apartado 2, del Tratado, y condicionar su decisión de autorización, algo que, sin embargo, no ha hecho.

117 El Tribunal de Primera Instancia constata, en primer lugar, que es pacífico entre las partes que Demesa recibió una subvención del 25 % del ESB al amparo del programa Ekimen, a saber, 10 % con arreglo al artículo 10, punto 1, del Decreto, dos veces el 5 % con arreglo al artículo 10, punto 2, del Decreto, y un 5 % con arreglo al artículo 10, punto 4, del Decreto. En la Decisión impugnada, la Comisión niega, sin embargo, la doble aplicación del artículo 10, punto 2, del Decreto.

118 El Tribunal de Primera Instancia constata, en segundo lugar, que el artículo 10, punto 2, del Decreto Ekimen únicamente permite un solo incremento del 5 % de la subvención a la que puede acogerse un proyecto de inversión al amparo del régimen de ayuda de que se trata.

119 A este respecto, debe señalarse que el artículo 10 del Decreto Ekimen, que preconiza el principio de una subvención máxima del 25 %, consta de cuatro puntos, el primero se refiere a una subvención del 10 %, y los otros tres, cada uno de ellos, a un incremento del 5 % (véase el apartado 112 supra). Para no superar el importe máximo de la subvención, los puntos 2 a 4 del artículo 10 del Decreto únicamente pueden otorgar derecho, cada uno de ellos, a un solo incremento del 5 %.

120 Además, debe señalarse que el Gobierno Vasco explicó, en las observaciones presentadas a la Comisión por la Representación Permanente de España el 23 de enero de 1998, que un proyecto de inversión que cumple todos los criterios mencionados en el artículo 10, puntos 1, 2 y 3, del Decreto Ekimen debe recibir imperativamente una subvención bruta del 20 %. Si la interpretación del artículo 10, punto 2, del Decreto Ekimen dada por las partes demandantes fuera correcta, un proyecto que cumpliese todos los criterios del artículo 10, puntos 1 a 3, debería recibir una subvención bruta del 25 %, lo cual queda refutado por lo que se acaba de decir.

121 Dado que el artículo 10, punto 2, del Decreto Ekimen únicamente permite un incremento del 5 % de la subvención, procede concluir que la lectura que hace la Comisión de dicha disposición, en la Decisión de 12 de diciembre de 1996 [«un tramo del 5 % [adicional] para los proyectos estratégicos o generadores de empleo» (el subrayado ha sido añadido)] y en la Decisión impugnada, se basa en una interpretación correcta de la citada disposición.

122 En consecuencia, el proyecto de inversión de Demesa únicamente podía otorgar derecho a un solo tramo de ayuda adicional del 5 % con arreglo al artículo 10, punto 2, del Decreto Ekimen, tal como fue autorizado por la Comisión en la Decisión de 12 de diciembre de 1996.

123 Las partes demandantes en los asuntos T-129/99 y T-148/99 alegan asimismo que la Comunidad Autónoma del País Vasco es la única autoridad que puede dar una interpretación auténtica a sus propias normas.

124 Debe desestimarse esta alegación. En efecto, la Comisión es la única competente para autorizar ayudas de Estado comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado. Dado que las ayudas de Estado están prohibidas, en principio, en virtud de dicha disposición, una normativa nacional que contenga elementos de ayuda únicamente será legal en la medida en que los elementos de ayuda hayan sido autorizados por la Comisión. Pues bien, de la Decisión de 12 de diciembre de 1996 (véase el apartado 113 supra), se desprende que la interpretación que hace la Comunidad Autónoma del País Vasco del artículo 10, punto 2, del Decreto Ekimen no está amparada por la autorización dada en dicha Decisión. Además, del análisis hecho anteriormente se deduce que la interpretación que hace la Comisión del Decreto Ekimen en la Decisión de 12 de diciembre de 1996 y en la Decisión impugnada es perfectamente compatible con la letra y el espíritu del Decreto Ekimen.

125 Por último, las partes demandantes en los asuntos T-129/99 y T-148/99 señalan que la Comisión autorizó, en julio de 1999, el nuevo Decreto Ekimen (Decreto 241/1999, de 8 de junio, de modificación del programa Ekimen, de ayudas económicas a las inversiones productivas industriales generadoras de empleo), que establece que «en los Proyectos Estratégicos y en los Proyectos de Inversión con Generación Significativa de Empleo, que, como mínimo, creen 50 empleos y realicen inversiones por importe de 750 millones de pesetas, el porcentaje anterior se incrementará en 5 puntos en cada caso».

126 Sin embargo, dicha alegación carece de relevancia para la apreciación de la legalidad de la Decisión impugnada, ya que la autorización de la Comisión de julio de 1999 se produjo después de la adopción de la Decisión impugnada y se refiere, además, a un nuevo texto legislativo (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2000, Alitalia/Comisión, T-296/97, Rec. p. II-3871, apartado 86).

127 De todo lo antedicho se desprende que la Comisión consideró justificadamente en la Decisión impugnada que la subvención máxima autorizada en el marco del régimen Ekimen tal como lo había aprobado en la Decisión de 12 de diciembre de 1996 es del 20 % del ESB. En consecuencia, dicha Institución calificó correctamente la subvención de la que disfrutó Demesa, que superaba en cinco puntos dicho límite máximo, como una ayuda nueva en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado (Decisión impugnada, punto V.2.3, párrafo decimocuarto).

128 Procede, pues, desestimar la parte del motivo relativa al porcentaje máximo de subvención permitido por el programa Ekimen.

Costes subvencionables en el marco del programa Ekimen

129 En la Decisión impugnada, la Comisión observa que, «según el artículo 7 del [Decreto Ekimen], no son subvencionables los activos fijos cedidos a terceros. Ahora bien, según la auditoría [presentada por el Gobierno Vasco], una parte de los equipos productivos adquiridos por Demesa (por un importe de 300 millones de pesetas españolas = 1.803.036,31 euros) se ha instalado en terceras empresas. En consecuencia, estos equipos no son subvencionables con arreglo a Ekimen, y su financiación constituye igualmente una ayuda a efectos del apartado 1 del artículo 92 del Tratado» (punto V.2.3, último párrafo).

130 Las partes demandantes en los asuntos T-129/99 y T-148/99 afirman que el artículo 7 del Decreto Ekimen no prohíbe la subvención por activos cedidos a terceros, sino que se limita a indicar «que, con carácter general, [solamente pueden ser subvencionados los activos que] no se hallen cedidos a terceros, con o sin contraprestación». En cualquier caso, los equipos productivos (moldes y troqueles), valorados por la Comisión en 300 millones de pesetas (1.803.036,31 euros) en el punto V.2.3, último párrafo, de la Decisión impugnada, están en depósito, por razones de eficiencia, en cuatro empresas encargadas por la demandante de fabricar parte del producto final. Sin embargo, la propiedad de dichos activos corresponde exclusivamente a Demesa y el uso de los mismos está exclusivamente reservado a ésta. Por tanto, dichos activos no fueron «cedidos».

131 El Tribunal de Primera Instancia señala, en primer lugar, que la Decisión de 12 de diciembre de 1996, por la que se aprueba el programa Ekimen (véase el apartado 2 supra), no contiene ninguna referencia específica al artículo 7, letra d), del Decreto Ekimen.

132 Es pacífico entre las partes que dicha disposición, que no excluye automáticamente las subvenciones por activos cedidos a terceros, debe interpretarse en el sentido de que va dirigida a evitar abusos. En efecto, el artículo 7, letra d), del Decreto Ekimen tiene por objeto impedir que ayudas que han sido concedidas a empresas en el marco del Decreto Ekimen sean transmitidas a empresas que no cumplan los requisitos establecidos en el citado Decreto. Tal riesgo de abuso puede existir no solamente cuando una empresa que ha disfrutado de una subvención en el marco del Decreto Ekimen ceda la propiedad de un bien cuyo coste de adquisición ha sido tomado en consideración para determinar el importe total de la ayuda, sino también cuando el activo de que se trata se pone a disposición de otra empresa en condiciones ventajosas. En efecto, desde el punto de vista económico, el régimen jurídico de la transmisión no resulta decisivo para apreciar si un elemento de ayuda ha sido transmitido de una empresa a otra.

133 Habida cuenta de la finalidad del artículo 7, letra d), del Decreto Ekimen, debe considerarse, no obstante, que, de no existir un riesgo de abuso en lo que atañe a la transmisión de la ayuda de que se trata, los costes de adquisición de bienes, aunque sean «cedidos» posteriormente, siguen siendo subvencionables en el marco del programa de ayudas con finalidad regional Ekimen, tal como ha sido aprobado por la Comisión en la Decisión de 12 de diciembre de 1996 (véase el apartado 2 supra).

134 Debe examinarse, por tanto, si la Comisión ha demostrado suficientemente en la Decisión impugnada que, en el presente caso, la transmisión no impugnada de determinados bienes a cuatro sociedades implicaba un riesgo de abuso relacionado con la transmisión de elementos de ayuda.

135 A este respecto, es preciso señalar que la Comisión no ha realizado en la Decisión impugnada ningún análisis para determinar si la transmisión de determinados bienes, por los cuales Demesa ha disfrutado de ayudas en el marco del programa Ekimen, ha conferido una ventaja a las cuatro sociedades de que se trata que no habrían obtenido en condiciones normales de mercado (véanse, en este sentido, las sentencias SFEI y otros, citada en el apartado 72 supra, apartado 60, y España/Comisión, citada en el apartado 73 supra, apartado 41).

136 Además, debe señalarse que, durante el procedimiento administrativo, la Comisión nunca examinó este extremo. En efecto, en la Comunicación relativa al presente asunto, publicada en el Diario Oficial de 25 de agosto de 1998 (C 266, p. 6), la Comisión ni siquiera sugirió que tenía intención de no tomar en consideración como costes subvencionables determinados costes relativos a bienes que habían sido cedidos a terceros.

137 A falta de cualquier prueba de la existencia de un riesgo de abuso relacionado con la transmisión de elementos de ayuda, hay que concluir que la Comisión no ha demostrado que los bienes «cedidos» a terceros y valorados en 1.803.036,31 euros no podían dar lugar a una subvención en el marco del Decreto Ekimen. En consecuencia, al considerar que la subvención recibida por Demesa para la financiación de los bienes de que se trata constituye una ayuda nueva no amparada por la Decisión de 12 de diciembre de 1996 por la que se aprueba el Decreto Ekimen, la Comisión ha infringido el artículo 92, apartado 1, del Tratado.

138 Procede, pues, anular, en los asuntos T-129/99 y T-148/99, el artículo 1, letra c), de la Decisión impugnada, en la medida en que excluye de los costes subvencionables en el marco del régimen de ayudas Ekimen los equipos valorados en 1.803.036,31 euros. Procede también, en los mismos asuntos, anular el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Decisión impugnada, en la medida en que ordena al Reino de España que exija a Demesa el reembolso de determinadas ayudas recibidas en el marco del Decreto Ekimen para la financiación de los bienes valorados en 1.803.036,31 euros, que han sido «cedidos» a terceros.

Sobre la cuarta parte, relativa al crédito fiscal a que se refiere el artículo 1, letra d), de la Decisión impugnada

139 En el artículo 1, letra d), de la Decisión impugnada, la Comisión califica de ayuda de Estado «la concesión de un crédito fiscal por importe correspondiente al 45 % del coste de la inversión determinada por la Diputación Foral de Álava en su Decisión [Acuerdo] nº 737/1997 de 21 de octubre de 1997».

140 En el marco de esta parte, las demandantes en los asuntos T-127/99 y T-148/99 hacen referencia, en primer lugar, a los derechos históricos del Territorio Histórico de Álava en materia fiscal. En segundo lugar, niegan la especificidad de la medida fiscal de que se trata. Afirman que la disposición adicional sexta de la Norma Foral 22/1994, de 20 de diciembre, aplicada por la Diputación Foral, constituye una medida fiscal general que beneficia de la misma forma a todos los contribuyentes que realizan inversiones por valor de 2.500 millones de pesetas. Las mismas partes demandantes señalan asimismo que la medida fiscal, aun cuando tuviera carácter específico, está justificada por la naturaleza y la economía del sistema fiscal de referencia. Por último, subrayan que la medida fiscal, si fuera calificada como ayuda de Estado en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado, debería ser considerada una ayuda existente.

Sobre los derechos históricos del Territorio Histórico de Álava en materia fiscal

141 Las partes demandantes en los asuntos T-127/99 y T-148/99 alegan que la Comisión no tuvo en cuenta, en su apreciación del crédito fiscal a la luz del artículo 92, apartado 1, del Tratado, los derechos históricos del Territorio Histórico de Álava en materia fiscal. Recuerdan a este respecto que el Territorio Histórico de Álava dispone desde hace cientos de años de una autonomía fiscal reconocida y protegida por la Constitución del Estado español.

142 El Tribunal de Primera Instancia destaca que, en el presente caso, el hecho de que el crédito fiscal haya sido concedido con arreglo a una legislación adoptada por el Territorio Histórico de Álava, y no por el Estado español, resulta irrelevante para la aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado. En efecto, dicha disposición, al mencionar las ayudas concedidas por «los Estados o mediante fondos estatales bajo cualquier forma», se refiere a todas las ayudas financiadas por medio de recursos públicos. De ello se deduce que las medidas adoptadas por entidades intraestatales (descentralizadas, federadas, regionales o de otra índole) de los Estados miembros, cualesquiera que sean su naturaleza jurídica y denominación, están comprendidas, del mismo modo que las medidas adoptadas por el poder federal o central, en el ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado, si se cumplen los requisitos establecidos en dicha disposición (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1987, Alemania/Comisión, 248/84, Rec. p. 4013, apartado 17).

143 Las alegaciones de las partes demandantes basadas en los derechos históricos del Territorio Histórico de Álava en materia fiscal no pueden afectar, por tanto, a la legalidad de la Decisión impugnada.

Sobre la especificidad del crédito fiscal

Observaciones preliminares

144 Debe recordarse que para que una medida pueda ser calificada de ayuda de Estado, el artículo 92, apartado 1, del Tratado exige que favorezca a «determinadas empresas o producciones». La especificidad o selectividad de una medida constituye, pues, una de las características del concepto de ayuda de Estado (sentencias del Tribunal de Justicia de 1 de diciembre de 1998, Ecotrade, C-200/97, Rec. p. I-7907, apartado 40, y del Tribunal de Primera Instancia, de 29 de septiembre de 2000, CETM/Comisión, T-55/99, Rec. p. II-3207, apartado 39).

145 Pues bien, en la Decisión impugnada (punto V.2.4.1), la Comisión explica que el carácter específico de la Norma Foral 22/1994, por la que se establece un crédito fiscal del 45 % del importe de la inversión, resulta de cuatro elementos, a saber, el poder discrecional del que dispone la Diputación Foral «para determinar qué inversiones en inmovilizado material, por importe superior a 2.500 millones de pesetas españolas, podían disfrutar del crédito fiscal, para decidir a qué parte de las inversiones podía aplicarse la reducción del 45 % y para establecer los plazos y límites máximos aplicables en cada caso» (punto V.2.4.1, párrafo decimocuarto); el importe mínimo de inversión (2.500 millones de pesetas) que limita de hecho la aplicabilidad del crédito fiscal a los grandes inversores, sin que esta limitación esté justificada por la naturaleza o la economía del sistema fiscal objeto de excepción (punto V.2.4.1, párrafo decimosexto); el carácter temporal del crédito fiscal, que deja «a la merced de las autoridades su concesión a determinadas empresas» (punto V.2.4.1, párrafo decimoséptimo) y el «paralelismo total entre [la] medida [fiscal] y el régimen Ekimen, tanto en lo que se refiere a los objetivos respectivos (la financiación de nuevas inversiones) como al ámbito geográfico (autonómico en un caso, provincial en el otro), régimen que sin embargo ha sido considerado como una ayuda regional por las autoridades españolas y que ha sido notificado como tal» (punto V.2.4.1, párrafo decimoctavo).

146 Contrariamente a lo que afirman las partes demandantes, la Comisión no se basó, pues, en la Decisión impugnada, en la consideración de que la medida fiscal de que se trata se aplica tan sólo en una parte del territorio español, a saber, Álava, para apreciar la selectividad de la medida. Por tanto, las partes demandantes no pueden afirmar que la Decisión impugnada cuestiona la competencia normativa del Territorio Histórico de Álava para adoptar medidas fiscales de carácter general.

147 Procede examinar, a la luz de las alegaciones formuladas por las partes demandantes, si los elementos en los que la Comisión se basó efectivamente en la Decisión impugnada permiten llegar a la conclusión de que el crédito fiscal establecido por la Norma Foral 22/1994 constituye una medida específica que favorece a «determinadas empresas o producciones» en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado.

Sobre el supuesto poder discrecional de la Diputación Foral

148 Las partes demandantes en los asuntos T-127/99 y T-148/99 alegan que la Diputación Foral de Álava no dispone de discrecionalidad alguna, tanto por lo que respecta a la elección de las empresas beneficiarias del crédito fiscal, a la modulación de la intensidad de la ayuda o al período de aplicación de la medida fiscal. La Diputación Foral está obligada a aplicar el crédito fiscal de manera uniforme y automática, después de asegurarse de que la empresa beneficiaria reúne los requisitos reglamentarios. Remitiéndose a un certificado del Director General de la Hacienda Foral de Álava, las referidas partes señalan que no existe ninguna empresa que cumpla dichos requisitos reglamentarios a la que se haya denegado la posibilidad de beneficiarse del referido crédito fiscal.

149 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que las medidas de alcance puramente general no están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado. No obstante, la jurisprudencia ya ha precisado que incluso intervenciones que, a primera vista, son aplicables a la generalidad de las empresas pueden caracterizarse por una cierta selectividad y, por consiguiente, ser consideradas como medidas destinadas a favorecer a determinadas empresas o producciones. Así sucede, en particular, cuando la Administración que debe aplicar la norma general disponga de una facultad discrecional en lo que respecta a la aplicación del acto (sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de septiembre de 1996, Francia/Comisión, C-241/94, Rec. p. I-4551, apartados 23 y 24; Ecotrade, citada en el apartado 144 supra, apartado 40, y de 17 de junio de 1999, Piaggio, C-295/97, Rec. p. I-3735, apartado 39; conclusiones del Abogado General Sr. La Pergola en el asunto sobre el que recayó la sentencia España/Comisión, citada en el apartado 73 supra, Rec. p. I-2641, punto 8). Así, en su sentencia Francia/Comisión, antes citada, apartados 23 y 24, el Tribunal de Justicia consideró que el sistema de participación del Fonds national de l'emploi francés en el acompañamiento de los planes sociales a empresas en dificultades podía «colocar a determinadas empresas en una situación más favorable que a otras y reunir así los requisitos de una ayuda» en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado, ya que dicho fondo «dispon[ía] [en virtud de las normas reglamentarias relativas a la participación del Estado en el acompañamiento de los planes sociales] de una facultad discrecional que le permit[ía] modular la intervención financiera en función de diversas consideraciones tales como, en especial, la elección de los beneficiarios, el importe y las condiciones de la intervención».

150 Ahora bien, debe señalarse que, en virtud de las disposiciones de la Norma Foral 22/1994, la Diputación Foral de Álava dispone de una cierta facultad discrecional por lo que se refiere a la aplicación del crédito fiscal. De la Norma Foral 22/1994 (véase el apartado 8 supra), se desprende, en efecto, que el crédito fiscal es igual al 45 % «del importe de la inversión que determine la Diputación Foral de Álava». Pues bien, la Norma Foral 22/1994, que permite a la Diputación Foral fijar el importe de la inversión admisible, le permite, al mismo tiempo, modular el importe de la intervención financiera. Además, hay que precisar que, a tenor de la Norma Foral 22/1994, la Diputación Foral está facultada para fijar «los plazos y limitaciones que, en cada caso, resulten de aplicación».

151 Al otorgar a la Diputación Foral de Álava una facultad discrecional, las disposiciones de la Norma Foral 22/1994 relativas al crédito fiscal pueden colocar a determinadas empresas en una situación más favorable que a otras. En consecuencia, debe considerarse que la medida fiscal controvertida cumple el requisito de especificidad.

152 Las partes demandantes en los asuntos T-127/99 y T-148/99 no pueden invocar el hecho de que a ninguna empresa que cumpla los requisitos reglamentarios establecidos le ha sido denegado el crédito fiscal. En efecto, tal afirmación no demuestra que todas las solicitudes hayan sido aprobadas por la Diputación Foral en las mismas condiciones.

153 Las partes demandantes afectadas añaden asimismo que la facultad discrecional de que dispone la Diputación Foral de Álava no puede entenderse, en cualquier caso, como una facultad de adoptar decisiones arbitrarias. En efecto, el artículo 9 de la Constitución española condena la arbitrariedad de los poderes públicos.

154 Sin embargo, como señala la Comisión, para excluir la calificación de medida general, no es necesario verificar si el comportamiento de la Administración tributaria es arbitrario. Basta demostrar, como se ha hecho en el caso de autos, que la citada Administración dispone de una facultad de ap