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El decreto legislativo del 6 de agosto de 2015, n. 130, Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE [Decreto Legislativo n.o 130, de 4 de agosto de 2015, por el que se transpone la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE] (GURI n.o 191, de 19 de agosto de 2015) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 130/2015») introdujo en el decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo (Decreto Legislativo n.o 206, de 6 de septiembre de 2005, por el que se establece el Código de Consumo) (GURI n.o 235, de 8 de octubre de 2005) (en lo sucesivo, «Código de Consumo»), el título II bis, con el epígrafe «Resolución alternativa de litigios». El artículo 141 de este Código, en su versión modificada por el Decreto Legislativo n.o 130/2015, que figura en este nuevo título, establece lo siguiente: «[…] 4. Las disposiciones del presente título se aplicarán a los procedimientos voluntarios de acuerdo extrajudicial para la resolución, incluso por vía telemática, de litigios nacionales y transfronterizos entre consumidores y comerciantes residentes y establecidos en la Unión Europea, en cuyo ámbito la entidad de resolución alternativa de litigios proponga una solución o reúna a las partes con el fin de facilitar una solución amistosa y, en particular, a las entidades de mediación para la resolución de asuntos en materia de consumo inscritas en la sección especial conforme al artículo 16, apartados 2 y 4, del [Decreto Legislativo n.o 28/2010] y a las demás entidades de resolución alternativa de litigios constituidas o inscritas en las listas llevadas y supervisadas por las autoridades que se mencionan en el apartado 1, letra i), previa verificación de que cumplen los requisitos establecidos y de que su organización y sus procedimientos son conformes a las prescripciones del presente título. […] […] 6. Todo ello se entenderá sin perjuicio de las siguientes disposiciones, que establecen la obligatoriedad de los procedimientos de resolución alternativa de litigios: a) artículo 5, apartado 1 bis, del [Decreto Legislativo n.o 28/2010], que contempla los supuestos en los que el recurso a la mediación en asuntos civiles y mercantiles constituye un requisito de admisibilidad; […]»
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A raíz de una inspección de la contabilidad de The Shirtmakers tras la importación de los productos textiles, el inspector de la oficina tributaria neerlandesa consideró que se había fijado el valor en aduana en un importe demasiado reducido. A su juicio, el precio de compra debería haberse incrementado, de conformidad con el artículo 32, apartado 1, letra e), inciso i), del Código aduanero, con los importes facturados por la propia Fracht a The Shirtmakers. Por este motivo, el inspector reclamó a The Shirtmakers que pagara los derechos de aduana adicionales que, a su juicio, adeudaba.
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Asimismo, de ese expediente resulta también que el procedimiento de aprobación de los planes, con arreglo a la legislación de aguas, no habría podido iniciarse en tanto Vattenfall Europe, como titular del derecho de uso del agua y de los terrenos a la altura de la presa de Geesthacht, y la Administración federal del agua y de la navegación no indicasen que ese proyecto no violara otros derechos. Pues bien, Vattenfall Europe había declarado, a raíz de todo esto, que no daría su aprobación necesaria para la construcción de la central hidroeléctrica de agua fluyente.
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En el presente asunto, del Informe de evaluación del Consejo de 14 de diciembre de 2007, mencionado en el apartado 12 de la presente sentencia, se desprende en particular que el Consejo criticó en el pasado la emisión de órdenes de detención europeas por el Ministerio de Justicia lituano indicando que era incompatible con la exigencia de designación de una «autoridad judicial». En estas circunstancias, no puede considerarse que la República de Lituania haya sido incitada a adoptar un comportamiento no conforme con el Derecho de la Unión debido a una incertidumbre objetiva y considerable en cuanto al alcance de las disposiciones del Derecho de la Unión.
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En cuanto a la primera parte del segundo motivo de casación, el Tribunal General confirmó, en el apartado 126 de la sentencia recurrida, el enfoque de la Comisión que tuvo en cuenta el valor intrínseco de los terrenos correspondientes a las minas de Casandra. Sentado este punto, la recurrente no indica en qué medida ese enfoque adolece de un error manifiesto de apreciación debido a que no se tuvo en cuenta que las minas de que se trata no se encontraban en activo y que dichos terrenos no podían tener otro destino que el que se eligió. En efecto, aun suponiendo que esa situación de hecho pudiera influir en el valor intrínseco de los terrenos en cuestión, el Tribunal General señaló, en el citado apartado 126, que la situación y la especialidad de tales terrenos habían sido tomadas en consideración en la evaluación realizada por la Comisión. Así pues, no puede reprochársele al Tribunal General incumplimiento alguno de la obligación de motivación que le incumbe.
El interés de un demandante en el ejercicio de la acción debe existir, habida cuenta del objeto del recurso, en el momento de la interposición de este, so pena de que se declare su inadmisibilidad. Este objeto del litigio debe perdurar, al igual que el interés en ejercitar la acción, hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento, lo cual supone que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto.

En el supuesto de una petición de anulación de un reglamento que instituye medidas restrictivas sectoriales que restringen las transferencias de fondos en las que intervienen entidades financieras iraníes, la derogación de esas medidas tras la interposición del recurso hace desaparecer el interés en ejercitar la acción de un banco comercial iraní para interponer un recurso para obtener la anulación del citado reglamento, ya que ese recurso no puede, por su resultado, procurarle un beneficio que justifique el mantenimiento de un interés en ejercitar la acción. Más en concreto, no puede sostenerse que las medidas restrictivas de alcance general, consistentes en sustancia en prohibir operaciones entre los bancos y las entidades financieras de la Unión y de la República Islámica de Irán, pueden causar, a un operador particular, un perjuicio moral cierto, consistente en el menoscabo de la reputación, comparable al causado por el oprobio y la desconfianza que lleva consigo la designación pública de las personas a las que se refieren como asociadas, por ejemplo, a una organización terrorista o que la posible anulación de esas medidas pueda procurar un beneficio al banco de que se trata, en forma de su rehabilitación, y, de ese modo, ofrecerle una cierta forma de reparación de ese perjuicio moral. En efecto, esas medidas restrictivas sectoriales revisten una naturaleza muy distinta de la de las medidas individuales de congelación de fondos y de haberes, toda vez que no van dirigidas a personas físicas o jurídicas identificadas, ya que su ámbito de aplicación viene determinado en función de criterios objetivos. La circunstancia de que las actividades de un banco o de una institución financiera puedan haber sido afectadas por las medidas restrictivas sectoriales de que se trata no significa que esas medidas constituyeran una sanción de un comportamiento específico imputable a esa entidad, ya que esas medidas de alcance general se aplicaban con independencia de la eventual participación de esta en la proliferación nuclear iraní.

Por otro lado, incluso suponiendo que exista un perjuicio reparable, la adopción de medidas restrictivas sectoriales no tiene un impacto distinto y efectivo sobre un banco cuando este está sujeto, durante todo el período de aplicación de las medidas restrictivas sectoriales, a medidas restrictivas individuales que preveían restricciones más severas.

(véanse los apartados 50, 55 a 59, 61, 62 y 68)
No incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, punto 6, y del artículo 8, del Reglamento n.o 1072/2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera, un Estado miembro que adopta medidas nacionales de aplicación dirigidas a aclarar la interpretación del concepto de «transporte de cabotaje» a efectos del mencionado Reglamento.

En efecto, en primer lugar, la redacción respectiva de los artículos 2, punto 6, y del artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 1072/2009 no permite responder a la cuestión de si el concepto de transporte de cabotaje previsto en dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que un transporte de cabotaje puede incluir varios puntos de carga y varios puntos de descarga. Ahora bien, el hecho de que una disposición esté redactada en términos generales o imprecisos es un indicio de la necesidad de medidas nacionales de aplicación. En segundo lugar, para decidir en qué momento debe considerarse cumplido el límite de tres transportes previsto en el artículo 8, apartado 2, es importante determinar si un transporte que incluye varios puntos de carga y varios puntos de descarga constituye un único transporte de cabotaje o varios transportes de cabotaje. En tercer lugar, el concepto de transporte de cabotaje, a efectos del Reglamento n.o 1072/2009, es objeto de una interpretación diferente por los Estados miembros.

Por otra parte, dado que el hecho de permitir a los transportistas por carretera no residentes realizar transportes de cabotaje con un número ilimitado de puntos de carga y de puntos de descarga podría hacer inoperante el límite de tres transportes previsto en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 1072/2009 y, por ello, ir en contra del carácter temporal del cabotaje y del objetivo perseguido por este Reglamento respecto a este tipo de transporte, una prohibición en este sentido prevista por las medidas nacionales de aplicación es adecuada para alcanzar el objetivo perseguido por el citado Reglamento en lo que respecta al cabotaje. A este respecto, en la medida en que únicamente están prohibidos los transportes de cabotaje que conllevan varios puntos de carga y varios puntos de descarga, estas medidas no van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido por el Reglamento n.o 1072/2009.

(véanse los apartados 38, 39, 41, 42, 53, 55, 59, 60 y 62)
El artículo 35, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE, debe interpretarse en el sentido de que un régimen de tarjetas de pago tripartito que haya celebrado un acuerdo para la utilización de marcas combinadas con un socio puede acogerse a la excepción prevista en dicha disposición y, por lo tanto, no está sujeto a las exigencias enunciadas en el artículo 35, apartado 1, de la referida Directiva en caso de que ese socio de marca combinada no sea un proveedor de servicios de pago y no preste servicios de pago en ese régimen en lo que concierne a los productos ofrecidos con las marcas combinadas. En cambio, un régimen de tarjetas de pago tripartito que se sirva de un agente para la prestación de servicios de pago no puede acogerse a la susodicha excepción y, por lo tanto, está sujeto a las exigencias enunciadas en el citado artículo 35, apartado 1.

(véanse el apartado 69 y el punto 1 del fallo)
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, debe interpretarse en el sentido de que el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero establecido por dicha Directiva no es aplicable a una instalación de fabricación de polímeros, en particular de policarbonato, como la controvertida en el litigio principal, que se provee del calor necesario para esa fabricación adquiriéndolo a otra instalación, toda vez que no genera emisiones directas de CO2.

(Véanse el apartado 74 y el fallo)
A estos efectos, para interpretar la Norma EN 1090‑1:2009+A1:2011, es necesario, en primer lugar, referirse al contenido de la referida Norma, incluidos sus anexos, relativo a su ámbito de aplicación.

En segundo lugar, debe interpretarse una norma armonizada a la luz del mandato que se encuentra en su origen. En efecto, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.o 305/2011, las normas armonizadas serán establecidas por los organismos europeos de normalización enumerados en el anexo I de la Directiva 98/34, sobre la base de solicitudes emitidas por la Comisión. Ahora bien, en virtud del artículo 17, apartado 5, del referido Reglamento, la Comisión evaluará la conformidad de las normas armonizadas establecidas por esos organismos europeos de normalización con los correspondientes mandatos. Por lo tanto, el ámbito de aplicación de una norma armonizada no puede interpretarse de manera más amplia que el mandato en el que se basa.

En tercer lugar, cuando, como sucede en el marco del procedimiento principal, un producto puede estar comprendido dentro del ámbito de aplicación de varias especificaciones técnicas armonizadas, es necesario, ante todo, examinar si la norma más reciente no deroga la más antigua. De este modo, puesto que una norma armonizada no indica expresamente que tiene por objeto sustituir otra norma armonizada o una o varias evaluaciones técnicas europeas, las referidas especificaciones técnicas armonizadas permanecen en vigor y constituyen una normativa especial de exención.

En cuarto lugar, en lo que respecta a los documentos de orientación publicados por organismos nacionales o internacionales de normalización, ha de señalarse que, si bien en tales documentos se pretende precisar el ámbito de aplicación de las normas armonizadas cuyas referencias ha publicado la Comisión, no es menos cierto que no pueden constituir actos jurídicamente obligatorios en el ordenamiento jurídico de la Unión. Por lo tanto, dichos documentos no tienen incidencia sobre la interpretación de una norma armonizada y no vinculan a los órganos jurisdiccionales nacionales, aunque puedan constituir una guía útil para la aplicación de dicha norma.

(véanse los apartados 34 a 36, 38, 40 y 44)
Asunto C‑383/16

Vion Livestock BV

contra

Staatssecretaris van Economische Zaken

(Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Procedimiento prejudicial — Organización común de mercados — Protección de los animales durante el transporte — Restituciones a la exportación — Reglamento (UE) n.o 817/2010 — Reglamento (CE) n.o 1/2005 — Obligación de actualizar una copia del cuaderno de a bordo u hoja de ruta hasta la llegada de los animales al primer lugar de descarga en el tercer país de destino final — Recuperación de los importes pagados indebidamente»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de octubre de 2017

Agricultura — Organización común de mercados — Restituciones a la exportación — Requisitos para su concesión — Cumplimiento de la normativa de la Unión relativa al bienestar de los animales vivos durante su transporte — Obligación de actualizar una copia del cuaderno de a bordo u hoja de ruta hasta la llegada de los animales al primer lugar de descarga en el tercer país de destino final — Consecuencias — Devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

[Reglamento (CE) n.o 1/2005, anexo II, puntos 3, 7 y 8; Reglamento (UE) n.o 817/2010, artículos 2, ap. 2, 3, aps. 1 y 2, y 7]

El artículo 7 del Reglamento n.o 817/2010, por el que se establecen disposiciones específicas de conformidad con el Reglamento no 1234/2007 por lo que respecta a los requisitos para la concesión de restituciones por exportación en relación con el bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte, junto con el artículo 3, apartados 1 y 2, y con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.o 817/2010, así como con los puntos 3, 7 y 8 del anexo II del Reglamento n.o 1/2005, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432 y 93/119 y el Reglamento n.o 1255/97, debe interpretarse en el sentido de que puede exigirse la devolución de las restituciones a la exportación en virtud del Reglamento n.o 817/2010 cuando el transportista de animales de la especie bovina no ha ido actualizando una copia del cuaderno de a bordo u hoja de ruta previsto en el anexo II del Reglamento n.o 1/2005 hasta el primer lugar de descarga en el tercer país de destino final.

(véanse el apartado 49 y el fallo)
Por lo que respecta al concepto de «despido» contemplado en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59, el Tribunal de Justicia ha declarado que esta Directiva debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un empresario proceda, unilateralmente y en perjuicio del trabajador, a una modificación sustancial de elementos esenciales del contrato de trabajo por motivos no inherentes a la persona del trabajador queda comprendido en ese concepto (sentencia de 11 de noviembre de 2015, Pujante Rivera, C‑422/14, EU:C:2015:743, apartado 55).

De ello se desprende que el hecho de que un empresario lleve a cabo, de modo unilateral y en perjuicio del trabajador, una modificación no sustancial de un elemento esencial del contrato de trabajo por motivos no inherentes a la persona de ese trabajador o a una modificación sustancial de un elemento no esencial del citado contrato por motivos no inherentes a la persona de ese trabajador no puede calificarse de «despido» en el sentido de la mencionada Directiva.

Por lo que atañe a la rescisión modificativa de que se trata en el litigio principal, procede señalar que ésta se limita a prever que en lo sucesivo únicamente los períodos de trabajo efectuados para el empresario se tendrán en cuenta para determinar la fecha de exigibilidad de la prima de antigüedad de modo que la rescisión modificativa se refiere sólo al momento de adquisición del derecho a la prima de antigüedad. En esas circunstancias, y sin que resulte necesario examinar si la prima de antigüedad de que se trata en el litigio principal constituye un elemento esencial del contrato de trabajo de los interesados, basta señalar que no puede considerarse que la rescisión modificativa de que se trata en el litigio principal implica una modificación sustancial de ese contrato y que esa rescisión no está comprendida en el concepto de «despido» en el sentido del artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59.

Por el contrario, la resolución del contrato de trabajo subsiguiente a la negativa del trabajador a aceptar una modificación como la propuesta en la rescisión modificativa debe considerarse que constituye una extinción del contrato de trabajo producida a iniciativa del empresario por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, en el sentido del artículo 1, apartado 1, párrafo segundo, de la citada Directiva, de modo que debe tenerse en cuenta para calcular el número total de despidos llevados a cabo.

(véanse los apartados 25 a 28)
–

corresponde a las autoridades del Estado miembro que debe proceder al traslado, y en su caso a sus órganos jurisdiccionales, disipar toda duda seria sobre la repercusión del traslado en el estado de salud del interesado, adoptando las precauciones necesarias para que su traslado se produzca en condiciones que permitan proteger de manera adecuada y suficiente el estado de salud de esa persona. En el supuesto de que, habida cuenta de la especial gravedad de la enfermedad del solicitante de asilo de que se trate, la adopción de dichas precauciones no bastase para garantizar que su traslado no implicará un peligro real de agravación significativa e irremediable de su estado de salud, incumbe a las autoridades del Estado miembro afectado suspender la ejecución del traslado de esa persona, y ello durante todo el tiempo en que su estado de salud no permita trasladarla, y
El artículo 1 del Reglamento n.o 810/2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), en su versión modificada por el Reglamento n.o 610/2013, debe interpretarse en el sentido de que una solicitud de visado de validez territorial limitada presentada por un nacional de un tercer país por razones humanitarias, sobre el fundamento del artículo 25 de este Código, en la representación del Estado miembro de destino situada en el territorio de un tercer país con la intención de presentar, en cuanto llegue a este Estado miembro, una solicitud de protección internacional y de permanecer, por tanto, en dicho Estado miembro más de 90 días en un período de 180 días, no está comprendida dentro del ámbito de aplicación de dicho Código, sino que, en el estado actual del Derecho de la Unión Europea, sólo está sujeta al Derecho nacional.

Es preciso añadir que la conclusión contraria equivaldría a permitir a los nacionales de terceros países, habida cuenta de que el Código de visados fue concebido para la expedición de visados para estancias previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a 90 días por período de 180 días, que presenten solicitudes de visado, basándose en dicho Código, con la finalidad de obtener la protección internacional en el Estado miembro de su elección, lo cual iría en contra de la estructura general del sistema establecido por el Reglamento n.o 604/2013.

Debe observarse también que tal conclusión contraria equivaldría a obligar a los Estados miembros, en virtud del Código de visados, a permitir, en la práctica, a los nacionales de terceros países que presenten una solicitud de protección internacional en las representaciones de los Estados miembros situadas en el territorio de un tercer país. Pues bien, teniendo en cuenta que el Código de visados no tiene como finalidad armonizar la normativa de los Estados miembros relativa a la protección internacional, es preciso hacer constar que los actos de la Unión adoptados sobre la base del artículo 78 TFUE por los que se regulan los procedimientos aplicables a las solicitudes de protección internacional no prevén tal obligación y, al contrario, excluyen de su ámbito de aplicación las solicitudes presentadas en las representaciones de los Estados miembros. Así, resulta del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2013/32 que esta Directiva es aplicable a las solicitudes de protección internacional presentadas en el territorio, incluida la frontera, en las aguas territoriales o en las zonas de tránsito de los Estados miembros, pero no a las solicitudes de asilo diplomático o territorial presentadas en las representaciones de los Estados miembros. Asimismo, de los artículos 1 y 3 del Reglamento n.o 604/2013 se desprende que este Reglamento sólo obliga a los Estados miembros a examinar cualquier solicitud de protección internacional presentada en el territorio de un Estado miembro, incluida la frontera, o en las zonas de tránsito, y que los procedimientos establecidos en ese Reglamento se aplican únicamente a tales solicitudes de protección internacional.

(véanse los apartados 48, 49 y 51 y el fallo)