Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento — Intervención — Procedimiento sobre medidas provisionales — Personas interesadas — Demanda de suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión por la que se desestima una solicitud de protección de la confidencialidad de documentos copiados con ocasión de una inspección basada en el artículo 14 del Reglamento nº 17 — Litigio relativo a la protección de la confidencialidad de la correspondencia con los abogados y abogados de empresa — Demanda de intervención de asociaciones de abogados y abogados de empresa — Admisibilidad — (Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 40, párr. 2)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Admisibilidad del recurso principal — Falta de pertinencia — Límites — (Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

3. Actos de las instituciones — Decisión — Validez — Decisión de efectuar una visita de inspección basada en el artículo 14 del Reglamento nº 17 — Circunstancias jurídicas y fácticas relativas al desarrollo del procedimiento de inspección — Circunstancias que no afectan a la validez de la decisión — (Art. 230 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 14, ap. 3)

4. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Vulneración prima facie del derecho de defensa con ocasión de una inspección efectuada en virtud del Reglamento nº 17 — Notas redactadas para consultar a un abogado o correspondencia con un abogado asalariado de la empresa — (Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 14)

5. Competencia — Procedimiento administrativo — Facultades de inspección de la Comisión — Negativa de la empresa a presentar la correspondencia mantenida con su abogado, invocando su confidencialidad — Facultades de la Comisión — (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 14)

6. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Perjuicio grave e irreparable — Concepto — Demanda de suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión por la que se desestima una solicitud de protección de la confidencialidad de documentos copiados con ocasión de una inspección basada en el artículo 14 del Reglamento nº 17 — (Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

7. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Ponderación de todos los intereses en conflicto — Concepto — Demanda de suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión por la que se desestima una solicitud de protección de la confidencialidad de documentos copiados con ocasión de una inspección basada en el artículo 14 del Reglamento nº 17 — Ponderación del interés de los demandantes en la no divulgación de las informaciones en ellos contenidas y del interés general de la Comisión en que se respeten las normas sobre competencia — (Arts. 242 CE y 243 CE)

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1. Con arreglo al artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, el derecho de intervención de un particular está sujeto al requisito de que este último pueda justificar un interés en la solución del litigio. Se admite la intervención de asociaciones representativas que tengan por objeto la protección de sus miembros en asuntos en los que se plantean cuestiones de principio que puedan afectar a éstos.

Por consiguiente, las asociaciones de abogados y de abogados de empresa que representan los intereses de sus miembros y que tienen por objeto la defensa de esos intereses tienen derecho a intervenir en un procedimiento sobre medidas provisionales en el que se planteen directamente cuestiones de principio relativas, por una parte, a la confidencialidad de la correspondencia intercambiada con abogados y abogados de empresas y, por otra, a las circunstancias en las cuales el juez de medidas provisionales puede ordenar medidas provisionales referidas a documentos a los que la Comisión pretende acceder basándose en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17, pero respecto a los cuales las empresas sostienen que están protegidos por el secreto profesional. En efecto, la definición de tales circunstancias puede afectar directamente a los intereses de dichos miembros en la medida en que pueden limitar o ampliar la protección jurisdiccional cautelar aplicable, en particular, a los documentos procedentes de los abogados y abogados de empresa, y que las referidas asociaciones consideran amparados por el secreto profesional.

véanse los apartados 43, 45, 46, 50, 52 y 53

2. La admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de prejuzgar el fondo del asunto. Sin embargo, cuando se plantee la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al que se une la demanda de medidas provisionales, puede resultar necesario demostrar la existencia de elementos que permitan, a primera vista, declarar la admisibilidad de dicho recurso.

véase el apartado 56

3. Según un principio general del Derecho comunitario, la legalidad de un acto debe apreciarse en función de las circunstancias de hecho y de Derecho existentes en el momento en que se adoptó dicha decisión, de modo que los actos posteriores a la adopción de una decisión no pueden afectar a la validez de ésta. Por consiguiente, en el marco de una investigación basada en el artículo 14 del Reglamento nº 17, una empresa no puede invocar la ilegalidad del desarrollo de los procedimientos de inspección en apoyo de las pretensiones de anulación dirigidas contra el acto sobre cuya base la Comisión realizó dicha inspección.

véanse los apartados 68 y 69

4. El Reglamento nº 17 debe interpretarse en el sentido de que protege la confidencialidad de la correspondencia entre abogados y clientes en la medida, por un lado, en que se trate de correspondencia intercambiada en el marco y a los efectos del derecho de defensa del cliente y, por otro, de que emane de abogados independientes, es decir, abogados no vinculados al cliente por una relación de empleo.

Este principio de la protección otorgada a las comunicaciones entre abogado y cliente se extiende también a las notas internas que se limitan a reproducir el texto o el contenido de dichas comunicaciones.

Un motivo destinado a demostrar que documentos redactados para consultar a un abogado y a los fines del derecho de defensa, por una parte, y correspondencia intercambiada con un abogado empleado de forma permanente por una empresa, por otra, están igualmente amparados por el secreto profesional, plantea cuestiones de principio muy importantes y complejas. Tal motivo necesita, en consecuencia, un examen detallado en el procedimiento principal. En el marco del procedimiento sobre medidas provisionales, dicho motivo no parece ser, pues, manifiestamente infundado y cumple el requisito relativo al fumus boni iuris.

véanse los apartados 95 a 98, 114, 119, 120 y 130

5. Cuando una empresa sometida a una inspección con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 17 se niegue, invocando un derecho a la protección de la confidencialidad, a aportar, entre los documentos profesionales exigidos por la Comisión, la correspondencia intercambiada con su abogado, dicha empresa está obligada en todo caso a proporcionar a los agentes de la Comisión, aunque sin necesidad de desvelar el contenido de la correspondencia de que se trate, los elementos útiles para probar que dicha correspondencia cumple los requisitos que justifican su protección legal. Si la Comisión considera que no se ha aportado dicha prueba, es la Comisión la que debe ordenar, en aplicación del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17, la aportación de la correspondencia de que se trate. Posteriormente, la empresa inspeccionada puede interponer un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión, acompañado, en su caso, de una demanda de medidas provisionales al amparo de los artículos 242 CE y 243 CE.

véase el apartado 132

6. El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe ser apreciado en relación con la necesidad de pronunciarse con carácter provisional para evitar que se ocasione un daño grave e irreparable a la parte que solicita la medida provisional.

Debe considerarse urgente una demanda de medidas provisionales con objeto de que se suspenda la ejecución de una decisión de la Comisión, en la cual esta última indique que va a examinar documentos copiados con ocasión de una inspección basada en el artículo 14 del Reglamento nº 17, y guardados en un sobre lacrado, y acerca de los cuales, además, afirme una empresa que están amparados por el secreto profesional.

En efecto, si la Comisión tomara conocimiento de esos documentos y, posteriormente, el juez comunitario anulase dicha decisión, para la Comisión sería en la práctica imposible extraer todas las consecuencias de dicha sentencia, en la medida en que los funcionarios de la Comisión ya habrían tomado conocimiento del contenido de los documentos. En este sentido, el hecho de que la Comisión tome conocimiento de la información contenida en esos documentos constituiría, como tal, un menoscabo sustancial e irreversible del derecho de las demandantes a exigir que se respete el secreto que protege a dichos documentos.

Por otra parte, aun cuando, en caso de anulación de la decisión, las informaciones contenidas en los referidos documentos no pudiesen ser utilizadas contra la empresa, tal imposibilidad no tendría ninguna incidencia sobre el perjuicio grave e irreparable que se derivaría de su mera divulgación en la medida en que el objeto del secreto profesional no consiste únicamente en proteger el interés privado de los justiciables en que su derecho de defensa no se vea irremediablemente dañado, sino también proteger el principio de que todo justiciable debe tener la posibilidad de dirigirse con total libertad a su abogado. Este principio, establecido en aras del interés público en una buena administración de justicia y en el respeto de la legalidad, implica necesariamente que un cliente tenga la libertad de dirigirse a su abogado, sin temer que las confidencias que le haga puedan ser ulteriormente divulgadas a un tercero. Por consiguiente, la reducción del secreto profesional a la mera garantía de que la información confiada por un justiciable no será utilizada contra él desvirtúa la esencia de dicho derecho, en la medida en que es la divulgación, aunque sea provisional, de dicha información la que puede menoscabar de manera irremediable la confianza que dicho justiciable tenía, al hacer confidencias a su abogado, en el hecho de que éstas no serían jamás divulgadas.

véanse los apartados 159, 163, 164 y 167

7. Cuando, en el marco de una demanda de medidas provisionales, el juez de medidas provisionales ante el que se invoca el riesgo para el demandante de sufrir un perjuicio grave e irreparable pondera los diferentes intereses en juego, debe determinar si, en su caso, la anulación por el juez que conoce del fondo de la decisión controvertida permitiría invertir la situación provocada de no ser ordenadas dichas medidas y, al contrario, si la suspensión de la ejecución de dicha decisión podría entorpecer la plena eficacia de ésta en el supuesto de que se desestimara el recurso principal.

Por consiguiente, en el marco del examen de una demanda sobre medidas provisionales destinada a que se suspenda la ejecución de una decisión de la Comisión, en la cual ésta indique que va a examinar documentos copiados con ocasión de una inspección basada en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17, y guardados en un sobre lacrado, acerca de los cuales, además, afirme una empresa que están amparados por el secreto profesional, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, el interés de dicha empresa en que los documentos no sean divulgados y, en segundo lugar, el interés general y el interés de la Comisión en el respeto de las normas sobre la competencia del Tratado.

El interés de una empresa en que los documentos que considera amparados por el secreto profesional no sean divulgados debe ser apreciado en función de las circunstancias de cada asunto concreto y, en particular, de la naturaleza y del contenido de los documentos de que se trate. Por otra parte, desde el momento en que quede acreditado que el hecho de que la Comisión tome conocimiento de los documentos corre el riesgo de ocasionar un perjuicio grave e irreparable al secreto profesional y al derecho de defensa de una empresa, las consideraciones de eficacia administrativa y de asignación de los recursos, pese a su importancia, no pueden, en principio, prevalecer sobre el derecho de defensa, salvo que la Comisión demuestre que concurren circunstancias muy especiales que justifiquen dicho menoscabo.

véanse los apartados 180 a 182 y 186