SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 9 de julio de 1997

Asunto T-156/95

Diego Echauz Brigaldi y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Decisiones de la Comisión que deniegan permisos especiales por elecciones y permisos por tiempo de viaje — Admisibilidad»

Texto completo en lengua española II-509

Objeto:

Recurso por el que se solicita, por un lado, la anulación de las decisiones de la Comisión de 2 de mayo de 1995 mediante las que la Comisión denegó a los demandantes los permisos especiales por elecciones y los correspondientes permisos por tiempo de viaje para poder ejercer el derecho de voto en España, donde mantienen su residencia oficial y donde se desplazaron con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994, y, por otro lado, que se condene a la Comisión a compensar a cada funcionario los días de viaje empleados por cada uno de ellos para ir a votar a España o a pagarles el importe correspondiente a los días utilizados.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El artículo 57 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), establece que pueden otorgarse a los funcionarios a título excepcional y a petición del interesado permisos especiales. El Anexo V del Estatuto establece los criterios de concesión de dichos permisos. La conclusión 201/92 de la Junta de Jefes de Administración (conclusión 201/92) aplicada mediante la circular interna de la Comisión de 24 de enero de 1992, relativa al permiso especial y al permiso por tiempo de viaje para participar en elecciones, dispone que el permiso especial y el permiso por tiempo de viaje no se concederán si fuere posible votar por correo o en la representación diplomática o consular sin perjuicio de la posibilidad de que los funcionarios y agentes ejerzan su derecho de voto en otras elecciones. El Reino de España prevé la posibilidad de que sus ciudadanos residentes en el extranjero se inscriban en el Consulado correspondiente y voten después por correo. El registro de inscripción existente a tal efecto en los Consulados se denomina Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Los demandantes, todos ellos funcionarios de la Comisión Europea de nacionalidad española, siempre mantuvieron, desde su incorporación, su residencia oficial en España. Solicitaron un permiso especial y un permiso por tiempo de viaje para poder desplazarse a votar en España con motivo de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 12 de junio de 1994. Se habían venido beneficiando de esta posibilidad en anteriores elecciones en España desde que se incorporaron como funcionarios a la Comisión. A finales del mes de septiembre de 1994, los demandantes tuvieron conocimiento de que los días que se habían ausentado para ir a votar a España no habían sido considerados como permiso especial por elecciones ni como permiso por tiempo de viaje.

Algunos de los demandantes (funcionarios de la lista A) presentaron las correspondientes reclamaciones con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto entre el 15 y el 19 de diciembre de 1994.

Mediante escrito de 8 de mayo de 1995, notificado corno muy pronto el 10 de mayo, la Comisión contestò negativamente a todos estos demandantes, comunicándoles la decisión adoptada por la Comisión el 2 de mayo respecto de cada demandante.

Otros demandantes (funcionarios de la lista B) presentaron sus reclamaciones con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto el 14 o el 15 de diciembre de 1994. Al no haber recibido respuesta alguna de la Comisión, estos demandantes alegaron en su recurso, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de agosto de 1995, que sus reclamaciones habían sido objeto de decisiones denegatorias presuntas.

Sin embargo, en su escrito de réplica los demandantes señalaron que todos los funcionarios de la lista B habían recibido una decisión denegatoria expresa notificada fuera de plazo, con posterioridad a la interposición del presente recurso.

Sobre la admisibilidad

Las partes están de acuerdo en que los funcionarios de la lista B presentaron su reclamación el 14 o el 15 de diciembre de 1994. Con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, si no fuera adoptada una decisión respecto a la reclamación en un plazo de cuatro meses a partir del día en que fue presentada la reclamación, se considerará que se ha producido una decisión denegatoria contra la que podrá interponerse recurso. De conformidad con el apartado 3 del artículo 91 del Estatuto, el recurso contra dicha decisión denegatoria presunta deberá interponerse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que ésta se produjo. Sin embargo, el recurso no se interpuso hasta el 9 de agosto de 1995, es decir, fuera del plazo señalado por el Estatuto, incluido el plazo por razón de la distancia. Los demandantes invocan únicamente razones de economía procesal para justificar la presentación de la demanda fuera de plazo. Pues bien, los plazos fijados por los artículos 90 y 91 del Estatuto son de orden público y no constituyen un dato discrecional para las partes o para el Juez, sino que se establecen para garantizar la claridad y seguridad de las situaciones jurídicas (apartado 19).

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de mayo de 1986, Barcella y otros/Comisión (191/84, Rec. p. 1541), apartado 12; Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1987, Pressler-Hoeft/Tribunalde Cuentas (302/85, Rec. p. 513), apartado 5; Tribunal de Primera Instancia, 14 de julio de 1993, Knijff/Tribunal de Cuentas (T-55/92, Rec. p. II-823), apartado 27; Tribunal de Primera Instancia, 22 de septiembre de 1994, Carrer y otros/Tribunal de Justicia (T-495/93, RecFP p. II-651), apartado 20

El Tribunal de Primera Instancia no puede declarar la admisibilidad del recurso en la medida en que ha sido interpuesto por los funcionarios de la lista B, dado que las partes coinciden en que, por lo que a dichos funcionarios se refiere, el recurso fue presentado fuera del plazo establecido (apartado 20).

Además, el hecho de que los funcionarios de la lista B hayan recibido una decisión denegatoria expresa de su reclamación después de la interposición del recurso no justifica ninguna ampliación del plazo señalado para la interposición de su recurso. Del apartado 3 del artículo 91 del Estatuto se desprende claramente que una decisión denegatoria expresa de una reclamación que se produce después de una decisión denegatoria presunta únicamente hace que comience a computarse de nuevo el plazo de tres meses para la interposición del recurso si se hubiera producido dentro de este plazo. En el caso de autos, las decisiones denegatorias expresas llegaron a los funcionarios de la lista B después de que hubiese expirado el plazo para la interposición del recurso, por lo que no hacen que comience a computarse un nuevo plazo por lo que a ellos respecta (apartado 21).

De lo antedicho se desprende que procede declarar la inadmisibilidad del recurso en la medida en que ha sido interpuesto por los funcionarios de la lista B (apartado 22).

La decisión denegatoria expresa de la reclamación muy bien puede constituir un acto impugnable, dado que el recurso de un funcionario dirigido formalmente contra la denegación expresa o presunta de una reclamación administrativa previa presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, da lugar a que se someta al Tribunal el acto lesivo contra el que se ha presentado la reclamación (apartado 23).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de octubre de 1996, Capitanio/Comisión (T-36/94, RecFP p. II-1279), apartado 33, y las sentencias que allí se citan

Respecto a la pretensión de los demandantes que tiene por objeto que el Tribunal de Primera Instancia ordene a la Comisión que les conceda los días de tiempo de viaje empleados o su equivalente económico, debe declararse la inadmisibilidad de dicha pretensión, ya que el Tribunal de Primera Instancia no puede, sin invadir sus prerrogativas, dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones o sustituir a estas últimas (apartado 24).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, Pérez-Mínguez Casariego/Comisión (T-1/90, Rec. p. II-143), apartado 91; Tribunal de Primera Instancia, 27 de junio de 1991, Valverde Mordt/Tribunalde Justicia (T-156/89, Rec. p. II-407), apartado 150

Unicamente procede declarar la admisibilidad de la pretensión que tiene por objeto la anulación de las decisiones de la Comisión de 2 de mayo de 1995, mediante las que ésta denegó a los funcionarios de la lista A los permisos especiales por elecciones y los correspondientes permisos por tiempo de viaje (apartado 25).

Sobre el fondo

Los demandantes invocan cuatro motivos en apoyo de sus pretensiones, basados en: un error manifiesto de apreciación sobre los elementos de hecho y de Derecho; una violación del principio de no discriminación; la inobservancia del procedimiento de «concertación» para la modificación del sistema de permisos especiales por elecciones, y la vulneración del principio de protección de la confianza legítima (apartado 26).

Sobre el primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación sobre los elementos de hecho y de Derecho

Los demandantes invocan la letra b) del artículo 12 del Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de las Comunidades Europeas, en anexo al Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965 (Protocolo), que establece que, en el territorio de cada uno de los Estados miembros e independientemente de su nacionalidad, ni los funcionarios y otros agentes de las Comunidades ni sus cónyuges ni los familiares que de ellos dependan estarán sujetos a las disposiciones que limitan la inmigración ni a las formalidades de registro de extranjeros. Dicha disposición permite a los funcionarios comunitarios conservar su residencia oficial en su país de origen. No debe obligarse, pues, a los demandantes a establecer su residencia en Bélgica con el fin de obtener el derecho a votar por correo (apartado 28).

Como los funcionarios están obligados, con arreglo al artículo 20 del Estatuto, a residir en la localidad de su destino o a una distancia adecuada, la letra b) del artículo 12 del Protocolo establece que no están sujetos a las disposiciones que limitan la inmigración ni a las formalidades de registro de extranjeros, con el fin de facilitar su instalación en cualquiera de los Estados miembros. La letra b) del artículo 12 se refiere, pues, fundamentalmente a las relaciones entre los funcionarios y el Estado de destino. No se refiere, en cambio, a las relaciones entre los funcionarios y su Estado de origen (apartado 35).

Sobre el segundo motivo basado, en una violación del principio de no discriminación

La discriminación consiste en tratar de manera diferente situaciones que son idénticas, a menos que esté justificada objetivamente una diferenciación (apartado 47).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1982, Buyl y otros/Comisión (817/79, Rec. p. 245), apañado 29; Tribunal de Justicia, 2 de diciembre de 1982, Micheli y otros/Comisión (asuntos acumulados 198/81 a 202/81, Rec. p. 4145), apañado 6; Tribunal de Primera Instancia, 26 de octubre de 1993, Reinarz/Comisión (asuntos acumulados T-6/92 y T-52/92, Rec. p. II-1047), apartado 103

Si bien es cierto que algunas Instituciones conceden permisos especiales por elecciones, se trata, a falta de obligación jurídica alguna derivada del Estatuto, de ventajas concedidas con carácter facultativo. De ello se deduce que, al menos en el caso de autos, la Comisión no tiene ninguna obligación de otorgar a sus funcionarios y agentes un trato idéntico al concedido a los funcionarios del Consejo y del Comité Económico y Social. El hecho de que funcionarios de otras Instituciones hayan podido disfrutar de los días de permiso de que se trata no constituye, pues, una violación del principio de no discriminación (apartado 48).

Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de enero de 1990, Maurisseny Union syndicale/Tribunal de Cuentas (asuntos acumulados C-193/87 y C-194/87, Rec. p. I-95), apartados 26 y 27

La Comisión no ha tratado de manera diferente situaciones que son idénticas, sin justificación objetiva. Los demandantes no han fundamentado su alegación de que la decisión de la Comisión constituye una discriminación por razón de la nacionalidad, al no ser imputable la denegación de su petición a su nacionalidad, sino a la circunstancia de que no cumplían los requisitos establecidos en la conclusión 201/92 para disfrutar de permisos especiales por elecciones y de los correspondientes permisos por tiempo de viaje (apartado 49).

Sobre el tercer motivo, basado en la inobservancia del procedimiento de «concertación» para la modificación del sistema de permisos especiales por elecciones

La expresión «disposiciones generales de ejecución» que figura en el artículo 110 del Estatuto se refiere, en primer lugar, a las medidas de aplicación previstas expresamente por determinadas disposiciones especiales del Estatuto. A falta de disposición expresa, la obligación de adoptar medidas de ejecución sujetas a los requisitos formales del citado artículo sólo puede admitirse con carácter excepcional, a saber, cuando las disposiciones del Estatuto carezcan hasta tal punto de claridad y precisión que pueden ser objeto de aplicación arbitraria. El artículo 57 del Estatuto y el artículo 6 de su Anexo V no son tales disposiciones especiales (apartado 53).

Referencia: Tribunal de Justicia, 8 de julio de 1965, Willame/Comisión (110/63, Rec. p. 803)

Sobre el cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima

Un funcionario solamente puede invocar el principio de protección de la confianza legítima cuando la administración le haya hecho concebir esperanzas fundadas. El hecho de que hayan podido concederse en el pasado a los demandantes permisos especiales y permisos por tiempo de viaje no constituye un comportamiento de la administración que haga concebir tales esperanzas (apartado 57).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de diciembre de 1992, Holtbecker/Comisión (T-20/91, Rec. p. II-2599), apartado 53; Tribunal de Primera Instancia, 18 de febrero de 1993, McAvoy/Parlamento (T-45/91, Rec. p. II-83), apartado 56

Fallo:

Se desestima el recurso.

Funcionarios — Decisiones de la Comisión mediante las que se deniegan permisos especiales por elecciones y permisos por tiempo de viaje — Admisibilidad (SENTENCIA DE 9.7.1997 — ASUNTO T-156/95 - ECHAUZ BRIGALDI Y OTROS / COMISIÓN) II-509