SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 30 de noviembre de 1994

Asunto T-568/93

Helena Correia

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Agentes temporales en período de prácticas — Incompetencia profesional — Separación del servicio»

Texto completo en lengua francesa II-857

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión adoptada por la Comisión el 25 de febrero de 1993 de separar del servicio a la demandante al final de su período de prácticas.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

La demandante, después de aprobar el concurso general COM/C/655, presentó su candidatura para un puesto de secretaria de la conferencia «ESPRIT». Después de una entrevista de dos horas con el Jefe de la Unidad A2 de la DG XIII, fue seleccionada, el 11 de mayo de 1992, en calidad de agente temporal en período de prácticas en el grado C 5, escalón 1, «para ejercer funciones de mecanógrafa». Comenzó su período de prácticas el 1 de junio de 1992.

El 16 de octubre de 1992, el Jefe de su Unidad redactó un proyecto de informe con numerosas críticas acerca del trabajo de la demandante, informe que no se comunicó a esta última ni se unió a su expediente personal.

Mediante nota de 9 de noviembre de 1992, el Jefe de la Unidad «personal y asuntos administrativos» de la DG XIII comunicó a la demandante que el proyecto de informe que había emitido su superior jerárquico resultaba negativo y no permitía proponer su permanencia en el servicio como agente temporal. Sin embargo, la nota proponía que se prorrogara el período de prácticas durante tres meses y que se destinara a la demandante a otra unidad, la A6.

Mediante nota de 2 de febrero de 1993 en que se hacía alusión al informe negativo que redactó el Jefe de la Unidad A2, el nuevo superior jerárquico de la demandante señaló un determinado número de aspectos negativos en su trabajo, indicándole que, si no mejoraba en dichos aspectos, lamentaba no poder dar un informe favorable al término de su período de prácticas.

El 16 de febrero de 1993, la demandante recibió un informe definitivo de su período de prácticas que contenía estimaciones negativas. Dicho informe indicó sin embargo que, después de la advertencia de 2 de febrero de 1993, se había apreciado un esfuerzo de mejora, pero que tal esfuerzo, al no referirse más que a un período limitado de los ocho meses del período de prácticas, no modificaba la impresión de conjunto.

El 22 de febrero de 1993, la demandante presentó sus observaciones acerca del informe sobre su período de prácticas y, en tal ocasión, formuló críticas detalladas sobre las circunstancias en que tuvo que realizar su período de prácticas.

Mediante escrito de 25 de febrero de 1993, fue separada del servicio, con arreglo al apartado 2 del artículo 14 del RAA.

Sobre el fondo

El Tribunal de Primera Instancia considera que los tres motivos — existencia de un error manifiesto de apreciación, violación de los principios de confianza legítima, de buena gestión y del derecho de defensa e infracción de los artículos 25 y 26 del Estatuto y del artículo 14 del RAA- que alegó la demandante deben examinarse conjuntamente (apartados 18 y 33).

Recuerda que una decisión de separación del servicio después del período de prácticas debe anularse si la demandante no ha estado en condiciones de realizar su período de prácticas en circunstancias normales (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de mayo de 1985, Patrinos/CES (3/84, Rec. p. 1421), apartados 20 a 24

A partir del examen del contrato de agente temporal de la demandante, por una parte, y de la «Job description» correspondiente al puesto que ocupó, por otra, el Tribunal de Primera Instancia llega a la conclusión de que se le encomendaron funciones que no correspondían al grado y escalón que le habían sido atribuidos. Se contrató a la demandante para «ejercer funciones de mecanógrafa», mientras que se le confió un puesto que conllevaba un elevado grado de responsabilidad. A la vista de este hecho, la Comisión tenía que proporcionar a la demandante un marco especial en el que realizara su período de prácticas, para cuidar de que estuviera en condiciones de asumir las funciones que se le confiaban (apartados 36 a 38).

Ahora bien, consta que la demandante no disfrutó durante la primera parte de su período de prácticas de un marco adecuado a las exigencias de las funciones que se le confiaron ni a sus conocimientos, que sus superiores jerárquicos conocían o debían conocer después de la entrevista de dos horas que se celebró antes de contratarla (apartado 39).

En efecto, los superiores jerárquicos de la demandante sabían que para el ejercicio de las funciones eran precisos profundos conocimientos de inglés y de informática. Por otra parte, sabían que la demandante había superado un concurso de mecanógrafa y debían saber que sus conocimientos de inglés y de informática eran limitados, extremos que debían haber advertido en las entrevistas que precedieron a su contratación (apartado 40).

Se aconsejó a la demandante que siguiera cursos de inglés y de informática. Sin embargo, no se discute que, por una parte, no pudo frecuentar los cursos de inglés hasta finales de septiembre y que, por otra, no siempre le fue posible seguirlos a la vista de las necesidades del servicio. Es falso pues que las carencias lingüísticas de la demandante fueran tenidas en cuenta a la hora de motivar la incompetencia apreciada en su período de prácticas (apartados 42 a 44).

Por otra parte, la Comisión no puede afirmar que las frecuentes faltas de asistencia de la demandante le hayan impedido alcanzar una formación en informática, toda vez que la primera falta de la demandante se produjo el 19 de noviembre de 1992, es decir, más de cinco meses y medio después de su entrada en funciones, siendo así que, por lo menos durante el primer mes que siguió al principio de su trabajo, la demandante tema el tiempo necesario para que sus superiores le procurasen una formación adecuada (apartado 45).

A partir de estos datos, el Tribunal de Primera Instancia llega a la conclusión de que, durante la primera parte de su período de prácticas, entre el 1 de junio y noviembre de 1992, la demandante no estuvo en condiciones de efectuar su período de prácticas en las condiciones normales que correspondían a las circunstancias de su contratación (apartado 46).

En lo que se refiere a la segunda parte del periodo de prácticas, el Tribunal de Primera Instancia señala que, teniendo en cuenta las numerosas faltas de asistencia de la demandante por vacaciones anuales o por enfermedad en diciembre y enero, la nota de 2 de febrero, redactada por el superior jerárquico de la demandante y en la que éste le notificaba su incompetencia, se basaba en un número de días de trabajo en condiciones normales que era insuficiente para justificar una decisión de separación del servicio al término del período de prácticas. El informe definitivo sobre el período de prácticas reconoce una mejora posterior a esta nota, por más que considera que esta mejora respecto a un período limitado no modifica la impresión de conjunto (apartados 48 y 49).

El Tribunal de Primera Instancia confirma que la segunda parte del período de prácticas no podría bastar para justificar la decisión de separación del servicio y llega a la conclusión de que la demandante no tuvo la posibilidad de efectuar su período de prácticas en condiciones normales (apartados 50 y 51).

El Tribunal de Primera Instancia entiende que, a esta primera causa de anulación de la decisión de separar del servicio a la demandante, se añade otra: que la decisión se tomó infringiendo el derecho de defensa (apartado 52).

En efecto, la decisión impugnada está motivada en base al informe definitivo sobre el período de prácticas de 16 de febrero de 1993, que se refiere al primer período de prácticas efectuado por la demandante. Allora bien, respecto a este primer período, el único informe que existe es el proyecto de informe negativo de fecha 16 de octubre de 1992, informe que, según comprueba el Tribunal de Primera Instancia, nunca fue comunicado directa ni indirectamente a la demandante ni incorporado a su expediente personal. En su deposición como testigo, el autor del informe definitivo sobre el período de prácticas reconoció por otra parte que su estimación sobre la primera parte del período de prácticas se basaba esencialmente en el escrito de 9 de noviembre de 1992, que se fundaba exclusivamente en el proyecto de informe negativo (apartados 53 y 54).

El Tribunal de Primera Instancia considera que este proyecto de informe se hubiera debido comunicar a la demandante lo más tarde en el momento en que se le transmitió su informe definitivo sobre el período de prácticas, ya que este último sólo podía comprenderse a la luz del primero (apartado 56).

Precisa el mismo Tribunal que esta violación del derecho de defensa de la demandante cobra un especial relieve teniendo en cuenta que su informe definitivo sobre el período de prácticas señala una mejora en su trabajo, pero que ésta se considera insuficiente precisamente por el hecho de que se refiere a un período no significativo en relación con la totalidad del período de prácticas, al que en lo esencial se refiere (junio a noviembre) el proyecto de informe negativo no comunicado a la demandante (apartado 57).

A esta primera violación del derecho de defensa se añade una segunda, que consiste en que la Comisión presentó por primera vez, a lo largo del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, una serie de imputaciones contra la demandante que no figuraban en el informe sobre su período de prácticas anterior a la decisión impugnada (apartados 58 a 60).

A partir de todo lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia llega a la conclusión de que la decisión de separar del servicio a la demandante debe anularse a causa, por una parte, de las circunstancias anormales en que se desarrolló su período de prácticas y, por otra parte, de la violación de su derecho de defensa consecuente a la falta de comunicación del proyecto de informe negativo de 16 de octubre de 1992 y de las alegaciones formuladas contra ella por la Comisión fuera del tiempo oportuno (apartado 62).

Fallo:

Se anula la decisión de la Comisión de 25 de febrero de 1993 por la que se separó del servicio a la demandante.