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18.

No considero que lo que se acaba de precisar sea suficiente para refutar las alegaciones de la Comisión. Como señala ésta, la disposición controvertida es innecesaria (en la medida en que repite una norma establecida más arriba en el mismo artículo) e inadecuada (en la medida en que no indica claramente su ámbito) como aclaración. Es falsa, según parece, la alegación del Gobierno español de que la disposición no es ambigua y que no deja margen alguno para la interpretación. La Comisión ha demostrado que en el pasado se ha interpretado de una forma bastante distinta a la que ahora propugna el Gobierno español, y afirma que realmente debe interpretarse. El hecho de que las anteriores interpretaciones no sean vinculantes y de que ya no puedan aplicarse (aunque ello no se base en prueba alguna concreta) no reduce la ambigüedad. A falta de toda indicación clara y obligatoria de que la disposición se refiere únicamente a supuestos en los que la agencia minorista no actúa en su propio nombre sino en nombre y representación de la agencia mayorista, es más que probable que los operadores apliquen la exclusión del sistema del margen de beneficio en todos los casos que engloban los términos explícitos de la disposición.
17.

La República Portuguesa estima que corresponde al Estado miembro determinar los criterios para establecer el importe al que tiene derecho el particular en razón de la infracción del Derecho de la Unión, siempre que éstos no supongan una reducción sustancial del importe al que el particular tiene derecho y que no puedan considerarse como un obstáculo al ejercicio de ese mismo derecho.
30.

El Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona plantea al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previstos en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos. 2) Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar contenido al concepto de desproporción en orden: a) A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectados en un largo lapso de tiempo –en este caso 33 años– por incumplimientos en un período muy limitado y concreto. b) [A] la fijación de unos intereses de demora –en este caso superiores al 18 %– que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro, aun en los casos en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado. c) [A] la fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables –tanto ordinarios como moratorios– realizados unilateralmente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria [y que] no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.»
48.

Según la Comisión, que se remite a la sentencia Pegler/Comisión, antes citada, la reducción de la responsabilidad de esta sociedad en cuanto a la infracción se basa en su condición de «sociedad durmiente» y no en el hecho de que el grupo Tomkins no había participado en la infracción. El hecho de que Pegler pudiera no haber sido la destinataria adecuada de la Decisión controvertida en el seno del grupo, respecto de un período determinado, sólo afecta a esta filial y no exime a toda la empresa de su responsabilidad por la infracción de las normas sobre competencia. Así pues, el Tribunal General no habría podido reducir legalmente la cuantía de la multa de Tomkins respecto del período comprendido entre el 20 de enero de 1989 y el 29 de octubre de 1993, afirmando que «la responsabilidad de Tomkins se hallaba estrictamente vinculada con la de Pegler», sobre la base de semejante vínculo, inexistente a juicio de la Comisión. En cualquier caso, el vínculo estricto de responsabilidad entre la sociedad matriz y la filial no constituye una regla absoluta.
5.

Tras la expiración del visado de estudios que le había sido concedido por las autoridades irlandesas, el Sr. M. presentó una solicitud de asilo ante el Office of the Refugee Applications Commissionner (Oficina del Comisario de Solicitudes de Asilo), ( 4 ) el 21 de mayo de 2008. Tras la denegación de dicha solicitud, el Sr. M. presentó una solicitud de protección subsidiaria el 31 de diciembre de 2008, que fue también denegada el 24 de septiembre de 2010. El Minister for Justice, Equality and Law Reform consideró que a la luz de las serias dudas sobre la credibilidad de sus alegaciones, no quedaba demostrado que se enfrentase a un riesgo de sufrir daños graves si regresaba a su país de origen que justificara la concesión de protección subsidiaria.
33.

No veo por qué razón el trabajador turco debería tener derecho a conservar sus vínculos familiares cuando su cónyuge tenga la misma nacionalidad y, en cambio, no debería tenerlo cuando su cónyuge tenga una nacionalidad distinta de la turca. En último término, esto llevaría a considerar que la presencia de un cónyuge de la misma nacionalidad al lado del trabajador turco es más importante para la integración de este último en el Estado miembro de acogida que la de un cónyuge que no tenga la nacionalidad turca. Por otra parte, de ello resultaría que, en una situación comparable, una esposa que no fuera de nacionalidad turca recibiría peor trato que una esposa de nacionalidad turca. Esto supondría una discriminación inaceptable.
66.

En lo que se refiere a la interpretación del concepto de «coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario», propuse al Tribunal de Justicia, en dichas conclusiones, que considerara que, habida cuenta de la imprecisión de la Directiva 2011/14, por una parte, y de la falta de definición precisa del concepto de «coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario», así como de una disposición del Derecho de la Unión que enumere con precisión los costes no comprendidos en dicho concepto, por otra parte, los Estados miembros disfrutan de un cierto margen de apreciación económica para la transposición y aplicación del concepto de que se trata. Sin embargo, aunque no me parece posible definir mediante una enumeración taxativa lo que está comprendido o no en el concepto de «coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario», no es menos cierto que los Estados miembros pueden, en ciertos casos, incluir costes que superan manifiestamente los límites del concepto utilizado por la Directiva 2001/14. Por tanto, en el marco de un recurso por incumplimiento es oportuno examinar si la normativa controvertida del Estado miembro permite incluir, en el cálculo de los cánones percibidos por utilización de acceso mínimo y acceso por la vía a instalaciones de servicio ferroviario, elementos que no son imputables manifiestamente de forma directa a la explotación del servicio ferroviario.
15.

Mediante escrito de 11 de diciembre de 2009, la Comisión confirmó que todo «ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros en virtud del artículo 21 TFUE y de la Directiva 2004/38». No obstante, precisó que, «sobre la base del Derecho internacional, los Estados miembros se reservan el derecho de controlar la entrada de un Jefe de Estado extranjero en su territorio, sea o no ciudadano de la Unión». En su opinión, los Estados miembros de la Unión Europea continúan organizando las visitas oficiales por los canales políticos bilaterales, de modo que dicha materia no está sujeta al Derecho de la Unión. Según la Comisión, es cierto que un Jefe de Estado puede decidir visitar otro Estado miembro como particular en virtud del artículo 21 TFUE y de la Directiva 2004/38, pero de los documentos anexos a la denuncia del Ministro de Asuntos Exteriores húngaro se desprende que Hungría y la República Eslovaca están en desacuerdo sobre la naturaleza privada u oficial de la visita prevista. La Comisión consideró, por lo tanto, que no podía concluir que se hubiera producido un incumplimiento por parte de la República Eslovaca de lo dispuesto en el Derecho de la Unión respecto de la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, aunque la República Eslovaca había invocado erróneamente, en su nota verbal de 21 de agosto de 2009, la Directiva 2004/38 y los actos adoptados para su aplicación en el Derecho interno.
24.

A este respecto, el Bundesverwaltungsgericht considera que, para que exista una declaración de propiedades saludables en el sentido del Reglamento no 1924/2006, no puede ser suficiente la afirmación de que se produce un mantenimiento meramente transitorio de las funciones orgánicas o una influencia de otro tipo en dichas funciones. Al contrario, a juicio de la Sala sólo ha de apreciarse que se hace referencia a la salud cuando se mencionen efectos duraderos y a largo plazo sobre el estado físico o el bienestar y no sólo una influencia pasajera sobre procesos metabólicos que no afectan a la constitución física y, por lo tanto, tampoco al estado de salud propiamente dicho.
29.

La Comisión señala acertadamente en sus observaciones escritas que el procedimiento de asilo, si se observa su estructura general, consta de dos fases: la determinación del Estado miembro responsable tras la primera presentación de una solicitud de asilo en virtud del Reglamento no 343/2003, y a continuación el examen propiamente dicho, que incumbe al Estado miembro responsable en cada caso y en el que se deben respetar las normas mínimas de la Directiva 2005/85. Por lo tanto, se trata de dos fases diferentes del procedimiento de asilo. Este razonamiento ya se utilizó como punto de partida en las primeras reflexiones dirigidas a la adopción de la Directiva 2005/85 ( 17 ) y se plasmó también en su vigésimo noveno considerando, que establece expresamente que la Directiva 2005/85 no se refiere a los procedimientos regulados por el Reglamento no 343/2003. Conforme a esto, el objetivo del Reglamento no 343/2003 no es la concesión de garantías procesales a los solicitantes de asilo mediante el establecimiento de los requisitos para el reconocimiento o la denegación de sus solicitudes, ( 18 ) sino que pretende regular primordialmente el reparto de obligaciones y funciones entre los Estados miembros. En este contexto, las disposiciones del Reglamento no 343/2003, relativas a las obligaciones de los Estados miembros frente a los solicitantes de asilo sujetos al procedimiento de Dublín, en principio, se refieren solamente al desarrollo del procedimiento entre los propios Estados miembros, o se dirigen a garantizar la conformidad con otros actos jurídicos en materia de asilo. ( 19 )
92.

De conformidad con la jurisprudencia, ( 42 ) la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia, pues dicho marco es únicamente el que establece el Reglamento (CE) no 1/2003. ( 43 ) Además, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel dentro de los límites indicados por el Reglamento no 1/2003, si ello resulta necesario para aplicar la política sobre la competencia de la UE. Una aplicación eficaz de las normas de la UE sobre la competencia exige, por el contrario, que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política. ( 44 ) Por otro lado, las multas constituyen un instrumento de la política de la Comisión en materia de competencia, por lo que dicha institución debe disponer de un margen de apreciación al fijar su importe, a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre la competencia. ( 45 )
27.

En segundo lugar, lo que es más importante, en contra de la opinión sobre la que la Comisión y el Gobierno alemán parecen basar su argumento, no se ha acreditado en absoluto de modo concluyente que el término «personal» haga referencia a la relación entre el prestador del servicio y las personas cedidas y no a la relación entre esas personas y el destinatario del servicio. En otras palabras, las «prestaciones consistentes en cesiones de personal» del artículo 9, apartado 2, letra e), de la Sexta Directiva no describen necesariamente el servicio en el que un sujeto pasivo pone su propio personal a disposición de otra persona, sino que la característica principal de ese servicio puede consistir perfectamente en el hecho de que a esa otra persona se le proporcione personal o mano de obra, con independencia de la naturaleza de la relación contractual entre el prestador de ese servicio y las personas cedidas.
45.

La recurrente señala, en primer lugar, que las apreciaciones expuestas en los apartados 105 a 108 de la sentencia recurrida respaldan la postura defendida por ella en primera instancia y, según la cual, la solicitud de acceso presentada el 22 de diciembre de 2004 debía ser considerada como una primera solicitud en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 1049/2001, completamente nueva y, por otra parte, tratada como tal por la Comisión. No obstante, la recurrente no entiende cómo el Tribunal de Primera Instancia pudo llegar a la conclusión, en los apartados 109 y 110 de la sentencia recurrida, de que la respuesta contenida en el acto impugnado constituía una respuesta inicial contra la que la recurrente hubiera debido presentar una solicitud confirmatoria en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001 en lugar de presentar directamente un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia con arreglo al artículo 230 CE. A juicio de la recurrente, carecía de sentido, habida cuenta en particular de la respuesta clara y definitiva que contenía la carta de , obligarla a presentar ante la Comisión una nueva solicitud confirmatoria que no le hubiera supuesto más que una pérdida de tiempo y un nuevo desembolso de honorarios de abogados. Además, la recurrente sostiene que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001 establece una regla facultativa y que, habida cuenta de las circunstancias que concurrían en ese caso, no estaba obligada a presentar una nueva solicitud confirmatoria. La recurrente reprocha igualmente al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en un error procesal al rechazar su solicitud de completar el informe para la vista de con el fin de que figurara en el mismo la alegación basada en el carácter facultativo de las disposiciones del artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001.
13.

Según CoNISMa, demandante en el litigio principal, la legislación nacional, que excluye a las entidades que no sean «contratistas» con arreglo a una lista exhaustiva contenida en el artículo 34 del Decreto legislativo no 163/2006, debe interpretarse a la luz de la Directiva. El artículo 1, apartado 8, de la Directiva incluye expresamente a las «entidades públicas» entre los contratistas, proveedores o prestadores de servicios. El artículo 4 de la Directiva establece que no podrá rechazarse a candidatos que estén habilitados para realizar la prestación de que se trate, por el mero hecho de que, con arreglo a la legislación del Estado miembro donde se adjudique el contrato, deban ser personas físicas o personas jurídicas. A fortiori, no debe rechazarse un candidato por el hecho de que no sea «contratista». CoNISMa sostiene que dicho planteamiento es corroborado por el hecho de que, después de que la Comisión de las Comunidades Europeas hubiera intervenido mediante la incoación del procedimiento administrativo no 2007/2309 ( 10 ) contra la República Italiana por incumplimiento de obligaciones, el Gobierno italiano añadió al artículo 34, apartado 1, del Decreto legislativo no 163/2006 la nueva letra f bis) antes indicada. A juicio de CoNISMa, esta reforma derogó expresamente el requisito de que los operadores económicos establecidos en otros Estados miembros fueran «contratistas». Además, dicha reforma sustituyó el término «empresas» utilizado en el Decreto legislativo por el término «operadores económicos».
97.

Por último, puedo coincidir no obstante con las instituciones y los denunciantes en que no toda modificación de los hechos o de las consideraciones en los que se basa la propuesta de la Comisión al Consejo exigirá que se fije un plazo para la presentación de nuevas observaciones. Algunas modificaciones serán tan menores que no darán lugar a observaciones o bien éstas no podrían tener efecto alguno en el resultado. Sin embargo, en el último supuesto carecerá de relevancia en gran medida que se considere o no que existe una infracción formal del artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base, ya que la falta de cualquier efecto posible en el resultado significa que la validez de la medida final no es afectada.
42.

La impetuosidad de la Comisión es censurable, habida cuenta en particular de su deber de cooperación leal con los Estados miembros. ( 12 ) No obstante, esto no basta para concluir que las observaciones presentadas posteriormente por la República Federal de Alemania en respuesta al escrito de requerimiento y al dictamen motivado no fueran debidamente tomadas en consideración por la Comisión. En consecuencia, el presente recurso es admisible.
«1)

El artículo 19, apartado 1, letra a), del Reglamento no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que resida en el territorio de un Estado miembro que no sea el Estado competente no tiene derecho a prestación alguna en especie servida, por cuenta de la institución competente, por la institución del lugar de residencia, cuando la legislación del Estado de residencia no prevea el suministro de prestaciones en especie para la cobertura del riesgo para el que se invocan dichas prestaciones. El artículo 19, apartado 1, letra a), del Reglamento no 1408/71 no se opone a que el referido trabajador o un familiar suyo pueda obtener el suministro de esas prestaciones, en forma de reembolso de gastos, por parte de la institución competente, en virtud de la legislación aplicada por esta institución.
41.

En mi opinión, de todo lo anterior se desprende claramente que el artículo 10, apartado 1 bis, de la Ley no 109/94 no se refiere ni a la honradez profesional, ni a la solvencia ni a la fiabilidad de los candidatos. A pesar de algunas observaciones formuladas por la Comisión en la vista celebrada el 4 de diciembre de 2008, no considero que la finalidad del artículo 10, apartado 1 bis, de la Ley no 109/94 sea excluir a aquellos candidatos que, conforme al artículo 29 de la Directiva 92/50, hayan «cometido una falta profesional grave comprobada por cualquier medio que las entidades adjudicadoras puedan justificar». El artículo 10, apartado 1 bis, de la Ley no 109/94 no se refiere al comportamiento de los candidatos, sino que pretende hacer frente a algunas situaciones en las que la verdadera relación entre algunas sociedades que participan en los procedimientos de licitación puede falsear el procedimiento. ( 20 )
43.

Aun cuando el Tribunal de Justicia declarara en el presente asunto que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben, ello no significaría que, definitivamente, los productos en cuestión no son medicamentos. Sólo significaría que el método de clasificación de un producto dentro del grupo de los medicamentos basado en el hecho de que dicho producto contiene especies vegetales no incluidas en el anexo de la Orden Ministerial de 3 de octubre de 1973 no respeta las exigencias del Derecho comunitario.
39.

El Reglamento controvertido, por el que se exime de la obligación de notificación del artículo 88 CE, apartado 3, a una serie de ayudas de Estado al empleo, ha permanecido en vigor desde los primeros días de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2006 (artículo 11). No hay duda, pues, de que no era aplicable a las desgravaciones sociales ahora discutidas, entre 1998 y 2001, por lo que las autoridades italianas depositaron las Leyes no 448/98 y no 448/01 en la Comisión para que apreciara su contenido.
34.

No me convence ese argumento. Significaría que las consecuencias fiscales de cualquier operación concreta dependerían de a) el régimen fiscal del Estado miembro de la sociedad dominante, y b) del acuerdo específico entre las partes (que probablemente reflejaría su respectiva fuerza negociadora en esa ocasión). Esto no sólo sería contrario al tenor de la Directiva sino que minaría la seguridad jurídica que ésta confiere. Además, la redacción del artículo 8, apartado 1, es exhaustiva e incondicional. No somete el aplazamiento de la imposición a las particularidades del régimen fiscal del Estado miembro en el que está situada la sociedad dominante ni al acuerdo entre las partes en la operación.
1.

Mediante sus recursos de casación, la Coop de France bétail et viande, anteriormente denominada Fédération nationale de la coopération bétail et viande (C-101/07 P) y la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la Fédération nationale bovine, la Fédération nationale des producteurs de lait y los Jeunes agriculteurs (C-110/07 P) solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 13 de diciembre de 2006, FNCBV y otros/Comisión (T-217/03 y T-245/03, Rec. p. II-4987), mediante la cual éste, por un lado, redujo la multa que les había impuesto la Comisión de las Comunidades Europeas mediante la Decisión 2003/600/CE, de 2 de abril de 2003, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE (Asunto COMP/C.38.279/F3 — Carnes de vacuno francesas) (DO L 209, p. 12) y, por otro lado, desestimó en lo fundamental los recursos encaminados a la anulación de esta Decisión.
40.

Si el legislador pudiera basar en el artículo 181 A CE las medidas de cooperación con países en desarrollo cuando éstas no persiguen los objetivos del artículo 177 CE, ello llevaría, en definitiva, a eludir las obligaciones de favorecer los objetivos establecidos en el artículo 177 CE. El legislador podría configurar la cooperación económica con países en desarrollo sin tener en cuenta los objetivos que le impone el artículo 177 CE. ( 12 ) Sin embargo, sería contrario al sistema del Tratado al que antes me he referido. Así pues, para evitar una elusión del artículo 177 CE, existen numerosas razones en favor de la tesis de que las medidas relativas a países en desarrollo no puedan basarse en el artículo 181 A CE. ( 13 )