La problemática de la que es preciso ocuparse en el presente litigio encuentra una vez más su origen en el monopolio alemán del alcohol destilado. En primer lugar, procede recordar que, tras las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia el 17 de febrero de 1976, Rewe (45/75,↔ Rec. p. 181), y Miritz (91/75, Rec. p. 217), la República Federal, mediante Ley de 2 de mayo de 1976, modificó el régimen del alcohol y, entre otras cosas, liberó sus importaciones, eliminando a este respecto el derecho exclusivo del monopolio. Ello dio lugar a un aumento inmediato de las importaciones y a una disminución sensible de los precios de venta del alcohol en el mercado alemán. En efecto, el monopolio nacional, sometido, a partir de dicha Ley, a la competencia de productos libremente importados, se vio obligado a reducir sus precios de venta de 333 DM por hectolitro de alcohol etílico a 183 DM, a partir del 23 de febrero de 1977, y a 115 DM, a partir de 15 de junio del mismo afto. Sin embargo, los elevados precios de compra aplicados por el monopolio a los aguardientes no fueron modificados, lo que habría provocado una grave crisis presupuestaria al monopolio si la citada Ley de 2 de mayo de 1976 no hubiera previsto un aumento del impuesto sobre el consumo de los aguardientes, de 1.500 a 1.650 DM por hectolitro. No obstante, los consumidores del alcohol del monopolio y del aguardiente de cereales no comercializados directamente por el productor, no se vieron afectados por el referido aumento. Mediante Ley de 5 de julio de 1976, el tipo del impuesto sobre el consumo experimentó un nuevo aumento, fijándose en 1.950 DM por hectolitro a partir del 1 de enero de 1977.

Procede recordar que este tributo presenta tres formas distintas, a saber:

a) la forma del impuesto sobre el alcohol propiamente dicho (Branntweinsteuer), que grava los alcoholes de producción nacional comercializados por el monopolio federal;

b) la forma dé una sobretasa sobre el alcohol (Branntweinaufschlag), a la que está sujeto el alcohol de producción nacional exento de la obligación de entrega obligatoria al monopolio federal y, por lo tanto, igualmente al alcohol que no se ponga a disposición del mismo en incumplimiento de la obligación de que se trata;

c) la forma de un derecho compensatorio en beneficio del monopolio (Monopolausgleichsteuer), que afecta al alcohol importado.

Ert virtud de la normativa alemana citada, el tipo del derecho compensatorio en beneficio del monopolio es igual al del impuesto sobre el alcohol y al de la sobretasa aplicable a los alcoholes no puestos a disposición del monopolio o exentos de la obligación de entrega al mismo. Sin embargo, por lo que respecta a los alcoholes de producción nacional, el tipo de la sobretasa no es siempre el mismo. De hecho, siempre que se trate de alcohol producido en Alemania por destilerías sujetas a un régimen de estimación global o por destilerías «selladas» , cuya producción anual no supere los cuatro hectolitros de alcohol etílico, o por destilerías de cooperativas fruteras o, por último (y dentro de ciertos límites), por quien también sea propietario de la materia prima, se prevé una reducción del 21 % como mínimo y del 30,5 % como máximo en función de la materia prima empleada. Por el contrario, por lo que respecta al alcohol importado, sólo podrán beneficiarse de la reducción del derecho compensatorio los alcoholes elaborados a base de frutas, procedentes de destilerías cuya producción anual no rebase los 4 hectolitros de alcohol etílico.

Una vez expuesto esto último, pasaré a examinar el caso de autos. La parte demandante en el litigio pendiente ante el Finanzgericht de Hamburgo es la empresa Hansen, con domicilio social en Flensburg, que es propietaria de una destilería de alcohol, así como importadora de alcohol de otros Estados miembros y de países terceros. La Administración alemana de aduanas le requirió el pago del derecho compensatorio en beneficio del monopolio, por determinadas cantidades de alcohol importadas por la parte demandante y despachadas a libre práctica en la República Federal de Alemania. La sociedad Hansen impugnó el cálculo del tributo efectuado por el Servicio de aduanas de Flensburg, estimando que el régimen fiscal establecido por la Ley de 2 de mayo de 1976 infringía los artículos 37 y 95 del Tratado CEE. Esta infracción deriva del hecho de que, como consecuencia del sistema anteriormente expuesto de disminución de la sobretasa sobre el alcohol, el impuesto sobre el consumo al que está sujeto el alcohol importado es superior al que grava una parte de los alcoholes elaborados en la República Federal de Alemania.

Ante el órgano jurisdiccional alemán, la empresa Hansen alegó igualmente que la percepción del impuesto sobre el consumo tenía por único objetivo financiar determinadas actividades tendentes a favorecer a los productores nacionales del sector, infringiéndose, de esta manera, la prohibición de exacciones de efecto equivalente. En la adopción de la Ley de 2 de mayo de 1976, la misma empresa ve, por último, una violación del apartado 3 de! artículo 93 del Tratado en la medida en que la República Federal informó tardíamente a la Comisión del aumento de la carga fiscal que pesa sobre el alcohol.

En el marco de este litigio y mediante resolución de 22 de marzo de 1978, el Finanzgericht de Hamburgo planteó al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) En relación con los artículos 92 y 93 del Tratado CEE, ¿constituye el artículo 37 del Tratado una lex specialis, en el sentido de que las medidas estatales que afecten a la circulación de mercancías entre Estados miembros y, en su caso, entre Estados miembros y países terceros, deben apreciarse igualmente a la luz del artículo 37 del Tratado cuando, entre otras cosas, dichas medidas estatales contengan una ayuda?

2) En caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión: a) El apartado 2 del artículo 37 del Tratado CEE, en relación con el párrafo primero de su apartado 1, que prohibe toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado, ¿ha de interpretarse en el sentido de que entran dentro de su ámbito de aplicación aquellas medidas estatales que, tanto para los productos importados como para los autóctonos, prevean un aumento uniforme del impuesto sobre el consumo, cuyos ingresos, consignados en los Presupuestos Generales, se destinen indirectamente a compensar las pérdidas de un monopolio de Estado de carácter comercial, derivados del pago a determinados productores de un precio excesivo en relación con las condiciones de mercado existentes dentro de la Comunidad y de la disminución simultánea de los precios de venta de los productos de que se trata, comprados a precios excesivos? b) El apartado 2 del artículo 37 del Tratado CEE, que prohibe la adopción de medidas que restrinjan el alcance de los artículos relativos a la supresión de los derechos de aduana, ¿debe interpretarse en el sentido de que se aplica igualmente a medidas como las descritas en la primera parte de la segunda cuestión? c) El artículo 37 del Tratado CEE, ¿confiere directamente derechos, que los Tribunales nacionales han de salvaguardar, a quienes se vean afectados por un aumento del impuesto sobre el consumo que grave de idéntica manera a los productos importados y a los autóctonos, cuando, aisladamente considerado, este aumento de la carga fiscal no infrinja el Tratado CEE, pero sí lo infrinja en relación con otras medidas? d) ¿Entran igualmente dentro del ámbito de aplicación del artículo 37 del Tratado CEE las medidas que afectan a la importación de mercancías procedentes de países terceros y, en su caso, en qué circunstancias?

3) En caso de que la percepción del impuesto sobre el consumo constituya una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana y que las importaciones procedentes de países terceros no estén comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 37 del Tratado CEE, ¿el apartado 1 del artículo 2 de la Decisión del Consejo de 29 de septiembre de 1970, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (DO L 282, p. 83) genera directamente derechos que los Tribunales nacionales deban salvaguardar?»

Las dudas que alberga el órgano jurisdiccional remitente, por lo que respecta a la adecuación del régimen del alcohol vigente en Alemania al Tratado están motivadas no sólo por el trato fiscal más favorable del que se benefician determinados alcoholes nacionales frente a los alcoholes importados, sino también y con carácter más general, por el propio funcionamiento del monopolio alemán del alcohol destilado. Según el órgano jurisdiccional remitente, dicho monopolio aún no se ha transformado hasta tal punto que presente únicamente las características propias de una organización nacional de mercado, lo que incide negativamente en el tráfico comercial y en la competencia, como consecuencia de la influencia conjunta de los factores siguientes: Obligación de venta al monopolio de determinados alcoholes y posibilidad de venta de otros alcoholes, con precios de compra garantizados a los productores en ambos casos; fijación de los precios de venta al público por debajo de los costes. El efecto de todo ello es sostener artificialmente la capacidad competitiva de los productos nacionales respecto de los productos de los demás Estados miembros, cuando cabría suponer que, si no existiera el monopolio, una parte de la producción nacional estaría condenada a desaparecer del mercado.