Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos

(Reglamento de procedimiento del Tribunal General, art. 48, ap. 2)

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Examen de las denuncias

[Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003; Reglamentos de la Comisión (CE) n os 2842/98 y 773/2004]

3. Recurso de anulación — Decisión de la Comisión que implica una valoración económica compleja — Control jurisdiccional — Límites

(Arts. 81 CE y 230 CE)

4. Competencia — Prácticas colusorias — Apreciación de la compatibilidad con el mercado común — Observancia de las directrices adoptadas por la Comisión

(Art. 81 CE; Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Comunicación 2001/C 3/02 de la Comisión, apartados 162 y 163)

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1. En aplicación del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, no es admisible una imputación presentada por vez primera en la réplica, sin que se deduzca de elementos de Derecho o de hecho que hayan aparecido durante el procedimiento y sin que suponga ampliación de un motivo expuesto en la demanda.

(véanse los apartados 51, 83, 96, 99 a 100, 103 y 128)

2. Los Reglamentos n os 17, 2842/98, 1/2003 y 773/2004 no contienen disposiciones expresas sobre el curso que debe darse, en cuanto al fondo, a una denuncia ni sobre las eventuales obligaciones de investigar de la Comisión en lo que se refiere a la instrucción de dicha denuncia. La Comisión no está obligada a iniciar procedimientos que tengan como objeto probar posibles violaciones del Derecho comunitario y, entre los derechos conferidos a los denunciantes por tales Reglamentos, no figura el de obtener una decisión definitiva sobre la existencia o inexistencia de la infracción alegada.

Si la Comisión no tiene la obligación de pronunciarse sobre si existe o no una infracción, no puede verse obligada a llevar a cabo una investigación, que no podría tener más objeto que recabar los elementos de prueba de la existencia o inexistencia de una infracción que no está obligada a declarar.

No obstante, aunque la Comisión no esté obligada a llevar a cabo una investigación, está obligada, sin embargo, a examinar atentamente los elementos de hecho y de Derecho puestos en su conocimiento por el denunciante, con el fin de apreciar si dichos elementos ponen de manifiesto un comportamiento que pueda falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y afectar al comercio entre Estados miembros.

Por otra parte, al estar obligada la Comisión únicamente a examinar atentamente los elementos de hecho y de Derecho puestos en su conocimiento por el denunciante, no compete a esta institución acreditar que ha practicado medidas de investigación.

(véanse los apartados 57 a 59)

3. En un recurso de anulación dirigido contra una Decisión de la Comisión que desestima una denuncia por infracción de la normativa comunitaria de competencia, el Tribunal debe comprobar si la Decisión impugnada contiene un examen apropiado de los elementos de hecho y de Derecho sometidos a la apreciación de la Comisión en el marco del procedimiento administrativo. A este respecto, el control jurisdiccional de los actos de la Comisión que implican valoraciones económicas complejas, como en el caso de que se alegue la existencia de infracciones al artículo 81 CE, debe limitarse a comprobar si se han cumplido las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos y la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.

(véase el apartado 60)

4. La Comisión puede imponerse orientaciones para el ejercicio de su facultad de apreciación mediante actos como las Directrices, en la medida en que tales actos contengan normas indicativas acerca de la orientación que debe seguir la citada institución y no se aparten de las normas del Tratado.

De este modo, las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 CE a los acuerdos de cooperación horizontal tienen por objeto exponer los principios que rigen, en virtud del artículo 81 CE, la valoración por la Comisión de dichos acuerdos y, en particular, los acuerdos de estandarización. De conformidad con los apartados 162 y 163 de estas Directrices, las normas adoptadas por organismos de estandarización reconocidos en virtud de la Directiva 98/34, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y las normas relativas a los servicios de la sociedad de la información, con arreglo a un procedimiento no discriminatorio, abierto y transparente, cuyo respeto no sea obligado, no restringen, en principio, la competencia y no entran dentro del artículo 81 CE, apartado 1.

Cuando un denunciante no aporta elementos que cuestionen los criterios expuestos en los apartados 162 y 163 de dichas Directrices, la Comisión puede válidamente examinar una denuncia en consideración a estas disposiciones para apreciar si el procedimiento de adopción de una norma es no discriminatorio, abierto y transparente y si la norma es vinculante.

Cuando el juez comunitario conoce de un recurso de anulación frente a la Decisión que desestima tal denuncia presentada al amparo del Reglamento nº 17, el control jurisdiccional de esta Decisión debe circunscribirse forzosamente a las normas de competencia tal como resultan de los artículos 81 CE y 82 CE, y, por consiguiente, no puede extenderse a la observancia de otras disposiciones del Tratado.

(véanse los apartados 61 a 63, 65 a 66 y 137)