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Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades

(Art. 63 TFUE; Acuerdo EEE, art. 40)

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Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo el Estado que reserve el beneficio de la exención del impuesto sobre sociedades únicamente a los fondos de pensiones residentes en su territorio.

En efecto, debido a tal normativa, la inversión que puede realizar en una sociedad residente un fondo de pensiones no residente es menos atractiva que la inversión que podría realizar un fondo de pensiones residente. Esta diferencia de trato tiene por efecto disuadir a los fondos de pensiones no residentes de invertir en sociedades residentes y a los ahorradores residentes de invertir en tales fondos de pensiones.

Tal restricción a la libre circulación de capitales no está justificada por el objetivo basado en la necesidad de preservar la coherencia del régimen fiscal nacional, puesto que no se ha demostrado de manera suficiente en Derecho que exista tal relación directa entre la ventaja fiscal de que se trate y la compensación de esa ventaja con un gravamen fiscal determinado, debiendo apreciarse el carácter directo de ese vínculo en relación con el objetivo de la normativa controvertida.

Pues bien, si bien la exoneración del impuesto de sociedades es una contrapartida del cumplimiento, por los fondos de pensiones, de las exigencias estrictas en materia de gestión, funcionamiento, capitalización y responsabilidad financiera previstas en la Directiva 2003/41, relativa a las actividades y la supervisi´n de fondos de pensiones de empleo, y por la legislación nacional, la restricción de que se trata no puede, sin embargo, justificarse por la necesidad de controlar el respeto de tales exigencias y, por lo tanto, garantizar la eficacia de los controles fiscales puesto que la normativa nacional impide totalmente que un fondo de pensiones aporte la prueba de que cumple tales exigencias que le permiten beneficiarse de la exención del impuesto de sociedades. En efecto, no puede descartarse, a priori, que los fondos de pensiones que residen en otro Estado miembro puedan proporcionar los documentos justificativos pertinentes que permitan a las autoridades fiscales nacionales comprobar, de forma clara y precisa, que cumplen las exigencias equivalentes a las establecidas en la normativa nacional, en su Estado de residencia.

En todo caso, la imposibilidad absoluta de que los fondos de pensiones no residentes gocen de la exención concedida a los fondos de pensiones residentes tampoco puede considerarse proporcionada en relación con las dificultades alegadas por el Estado miembro de que se trata en lo tocante a la recogida de información pertinente y la recaudación de las deudas fiscales.

En efecto, en primer lugar, en relación con los fondos residentes en otro Estado miembro, las Directivas 77/799, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos, y 2008/55, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas, ofrecen a las autoridades portuguesas un marco de cooperación y de asistencia que les permite obtener la información necesaria en virtud de la normativa nacional, así como los medios para recaudar, en su caso, deudas fiscales de los fondos de pensiones no residentes. En segundo lugar, en relación con los fondos de pensiones residentes en un Estado miembro del EEE, si bien es cierto que no pueden aplicarse los mecanismos referidos en el apartado anterior de la presente sentencia, debe señalarse que la normativa controvertida no puede considerarse proporcionada habida cuenta de que no hace que el beneficio de la exención del impuesto sobre sociedades dependa de que exista un acuerdo bilateral de asistencia entre el Estado miembro de que se trata y los Estados miembros del EEE que permita una cooperación y una asistencia equivalentes a las creadas entre los Estados miembros de la Unión. Además, podrían considerarse medidas menos restrictivas de la libre circulación de capitales que la normativa controvertida para garantizar la recaudación de las deudas fiscales, como la obligación de aportar, a priori, las garantías financieras necesarias para el pago de dichas deudas.

(véanse los apartados 30, 36, 37, 46, 48 a 50 y 52 y el fallo)