Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Recurso de anulación - Acto impugnado - Apreciación de legalidad - Criterios

(Tratado CE, art. 173)

2 Derecho internacional público - Principios - Buena fe - Derecho comunitario - Protección de la confianza legítima - Adopción de un acto comunitario contrario a un acuerdo internacional que todavía no ha entrado en vigor, pero cuyo instrumento de aprobación ha sido depositado por la Comunidad

3 Acuerdos internacionales - Acuerdos de la Comunidad - Efecto directo - Requisitos - Artículo 10 del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo

(Tratado CE, art. 228; Acuerdo EEE, art. 10)

4 Acuerdos internacionales - Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo - Interpretación conforme a la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia - Requisitos - Interpretación del artículo 10

(Tratado CE, arts. 12, 13, 16 y 17; Acuerdo EEE, arts. 6 y 10)

5 Libre circulación de mercancías - Derechos de aduana - Exacciones de efecto equivalente - Concepto

(Tratado CE, arts. 9 y 12; Acuerdo EEE, art. 10)

6 Derecho comunitario - Principios - Seguridad jurídica - Normativa comunitaria - Exigencias de claridad y de previsibilidad

7 Derecho comunitario - Principios - Seguridad jurídica - Normativa comunitaria - Exigencias de claridad y de previsibilidad - Coexistencia de dos normas jurídicas contradictorias

8 Derecho comunitario - Principios - Seguridad jurídica - Normativa comunitaria - Exigencias de claridad y de previsibilidad - Actos de las Instituciones - Publicación - Fecha

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9 En el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 173 del Tratado, la legalidad del acto impugnado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto, y no en el momento de su entrada en vigor.

10 El principio de buena fe, codificado por el artículo 18 del Convenio de Viena I, es un principio del Derecho internacional consuetudinario cuya existencia ha sido reconocida por el Tribunal Internacional de Justicia y que, en consecuencia, vincula a la Comunidad. Dicho principio es, en el Derecho internacional público, corolario del principio de protección de la confianza legítima, el cual forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, de modo que tiene derecho a invocarlo cualquier operador económico al que una Institución haya hecho concebir esperanzas fundadas.

En una situación en la que la Comunidad ha depositado su instrumento de aprobación de un acuerdo internacional y en la que se conoce la fecha de entrada en vigor de dicho acuerdo, los agentes económicos pueden invocar el principio de protección de la confianza legítima para oponerse a que las Instituciones adopten, en el período que precede a la entrada en vigor de dicho acuerdo internacional, cualquier acto contrario a aquellas disposiciones del acuerdo que, después de su entrada en vigor, producirán efecto directo en los agentes económicos.

11 Los acuerdos celebrados en las condiciones previstas en el artículo 228 del Tratado CE son vinculantes para las Instituciones y para los Estados miembros, forman parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario a partir de su entrada en vigor y pueden producir un efecto directo si son incondicionales y suficientemente precisos.

El artículo 10 del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo, que dispone que quedarán prohibidos entre las Partes Contratantes los derechos de aduana sobre las importaciones y exportaciones, así como cualquier exacción de efecto equivalente, y que precisa que, sin perjuicio de los arreglos establecidos en el Protocolo 5, dicha prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal, establece una norma incondicional y precisa, acompañada de una sola excepción, asimismo incondicional y precisa, de modo que produce efecto directo.

12 El artículo 6 del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo debe interpretarse en el sentido de que, cuando una disposición del Acuerdo sea idéntica en sustancia a las normas correspondientes de los Tratados CE y CECA y de los actos adaptados en aplicación de estos dos Tratados, deberá ser interpretada de conformidad con las resoluciones pertinentes del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia dictadas con anterioridad a la fecha de la firma del Acuerdo.

Así sucede en el caso del artículo 10 del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo, que es idéntico en sustancia a los artículos 12, 13, 16 y 17 del Tratado CE.

13 Una carga pecuniaria, aunque sea mínima, impuesta unilateralmente, cualesquiera sean su denominación y su técnica, que grave las mercancías nacionales o extranjeras a su paso por la frontera, cuando no sea un derecho de aduana propiamente dicho, constituye una exacción de efecto equivalente, en el sentido de los artículos 9 y 12 del Tratado y del artículo 10 del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo, aunque no sea percibida en beneficio del Estado, no ejerza ningún efecto discriminatorio o protector ni el producto gravado haga competencia a una producción nacional.

14 El principio de seguridad jurídica exige que la legislación comunitaria sea precisa y su aplicación previsible para los justiciables y que todo acto de las Instituciones que produzca efectos jurídicos sea claro y preciso y sea notificado al interesado de forma que éste pueda conocer con certeza el momento a partir del cual el citado acto existe y comienza a surtir efectos jurídicos. Este imperativo se impone con rigor especial cuando se trata de un acto que puede implicar consecuencias financieras, a fin de permitir que los interesados conozcan con exactitud el alcance de las obligaciones que se les imponen.

15 A un Reglamento que crea una situación en la que coexisten dos normas jurídicas contradictorias en lo relativo a los derechos de aduana que gravan la importación de determinados productos en la Comunidad, no cabe calificarlo de legislación comunitaria precisa cuya aplicación sea previsible para los justiciables y, por ello, viola el principio de seguridad jurídica.

16 Si bien existe una presunción de que la fecha de publicación de un acto comunitario es efectivamente la que figura en cada número del Diario Oficial, en caso de prueba en contrario deberá tenerse en cuenta la fecha de publicación efectiva.

El Consejo, cuando antedata el número del Diario Oficial en el que se publica un acto comunitario, viola el principio de seguridad jurídica, puesto que, al actuar de esta manera, no pone al interesado en condiciones de conocer con certeza el momento a partir del cual el citado acto existe y comienza a surtir efectos jurídicos.