Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Apreciación de validez — Cuestión que tiene por objeto la validez de una decisión que no fue impugnada sobre la base del artículo 230 CE

(Arts. 230 CE y 234 CE)

2. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestión que carece manifiestamente de pertinencia

(Art. 234 CE)

3. Competencia — Normas comunitarias — Destinatarios — Empresas — Concepto

(Art. 87 CE, ap. 1)

4. Competencia — Normas comunitarias — Destinatarios — Empresas — Concepto

(Art. 87 CE, ap. 1)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto

(Art. 87 CE, ap. 1)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Carácter selectivo de la medida

(Art. 87 CE, ap. 1)

7. Ayudas otorgadas por los Estados — Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación

(Art. 87 CE, ap. 1)

8. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto

(Art. 87 CE, ap. 1)

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1. Cuando una cuestión prejudicial que tenga por objeto la apreciación de validez de una decisión de la Comisión ha sido planteada de oficio por el órgano jurisdiccional remitente, y no a instancias de una parte que tuvo la posibilidad de interponer recurso de anulación contra dicha decisión y no lo hizo dentro del plazo establecido en el artículo 230 CE, tal cuestión prejudicial no puede ser declarada inadmisible por este último motivo.

(véanse los apartados 72 a 74)

2. El Tribunal de Justicia puede decidir no pronunciarse sobre una cuestión prejudicial que tenga por objeto la apreciación de la validez de un acto comunitario cuando resulta evidente que dicha apreciación, solicitada por el órgano jurisdiccional nacional, no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal.

(véase el apartado 75)

3. En el contexto del Derecho de la competencia, el concepto de «empresa» comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación.

Constituye una actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado. Si bien, habitualmente, la actividad económica se ejerce de forma directa en el mercado, no cabe excluir que ésta pueda ser ejercida de modo conjunto por un operador en contacto directo con el mercado e, indirectamente, por otra entidad que controla a dicho operador formando con él una unidad económica.

A este respecto, la mera tenencia de participaciones, aunque sean de control, no basta para caracterizar una actividad económica de la entidad que las posee cuando dicha circunstancia sólo implique el ejercicio de los derechos vinculados a la condición de accionista o socio, así como, en su caso, la percepción de dividendos, que no son más que los frutos que produce la propiedad de un bien. En cambio, debe estimarse que una entidad que posee el control de una sociedad y ejerce efectivamente dicho control interviniendo directa o indirectamente en la gestión de esta última, participa en la actividad económica desarrollada por la empresa controlada y constituye por tanto, en sí misma, una empresa en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.

De lo contrario, la simple escisión de una empresa en dos entidades distintas, la primera encargada de desarrollar directamente la actividad económica anterior y la segunda de controlar a la primera interviniendo en su gestión, bastaría para privar de su efecto útil a las normas comunitarias sobre ayudas de Estado. Dicha operación permitiría a la segunda entidad disfrutar de subvenciones u otras ventajas otorgadas por el Estado o con cargo a los recursos públicos y utilizarlas total o parcialmente en beneficio de la segunda, para favorecer también a la unidad económica formada por ambas entidades.

Por consiguiente, puede considerarse que constituye una «empresa» en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, y que, como tal, está sujeta a las normas comunitarias sobre ayudas de Estado, una entidad, como una fundación bancaria que controla el capital de una sociedad bancaria, cuyo régimen regulador contiene reglas que ponen de manifiesto una misión que va más allá de la simple colocación de capitales por parte de un inversor; hacen posible que la fundación no sólo desempeñe funciones de control, sino también de promoción y financiación, y revelan, de esta forma, la existencia de vínculos orgánicos y funcionales entre las fundaciones bancarias y las sociedades bancarias.

(véanse los apartados 107 a 118 y 125 y el punto 1 del fallo)

4. Una entidad, como una fundación bancaria, cuya actividad se limite a la aportación de fondos a entidades sin fines lucrativos no puede ser considerada una «empresa» en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. En efecto, dicha actividad de carácter exclusivamente social no se ejerce en el mercado en competencia con otros operadores. Al ejercer dicha actividad, una fundación bancaria actúa como una entidad de beneficencia o una organización caritativa y no como una empresa.

En cambio, cuando una fundación bancaria actúa por sí misma en los sectores de interés público y de utilidad social y hace uso de la facultad que le ha otorgado el legislador nacional de realizar las operaciones financieras, comerciales, inmobiliarias y mobiliarias necesarias u oportunas para la consecución de sus objetivos, puede ofrecer bienes o servicios en el mercado en competencia con otros operadores, en sectores como los de la investigación científica, la educación, el arte o la sanidad, por ejemplo.

En este último supuesto, debe considerarse que tal fundación bancaria es una empresa, puesto que ejerce una actividad económica, y ello a pesar de que la oferta de bienes o servicios se realice sin ánimo de lucro, ya que dicha oferta compite con la de operadores que sí lo tienen, por lo que han de aplicarse a dicha fundación las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

(véanse los apartados 119 a 125 y el punto 1 del fallo)

5. El concepto de ayuda es más general que el de subvención, ya que comprende no sólo las prestaciones positivas, como las propias subvenciones, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos.

De ello se deduce que una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas una exención tributaria que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que a los restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. Igualmente, una medida que otorgue a determinadas empresas una reducción impositiva o un aplazamiento del pago del impuesto normalmente debido puede constituir una ayuda de Estado.

(véanse los apartados 131 y 132)

6. Un beneficio fiscal que se otorga a determinadas empresas en función de su forma jurídica, que ha de ser la de una persona jurídica de Derecho público o una fundación, y de los sectores en los que dichas empresas ejercen su actividad, no se aplica a todos los operadores económicos y no puede, por ello, ser considerado como una medida general de política fiscal o económica, por lo que es un beneficio selectivo.

(véanse los apartados 135, 136 y 138)

7. El artículo 87 CE, apartado 1, prohíbe las ayudas que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falseen o amenacen falsear la competencia. A efectos de la calificación de una medida nacional como ayuda de Estado prohibida, no es necesario acreditar la incidencia real de la ayuda sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia, sino únicamente examinar si tal ayuda puede afectar a dichos intercambios y falsear la competencia. En particular, cuando una ayuda otorgada por un Estado miembro sirve para reforzar la posición de una empresa frente a otras empresas que compiten con ésta en los intercambios intracomunitarios, dichos intercambios deben considerarse afectados por la ayuda. A este respecto, el hecho de que un sector económico haya sido objeto de una liberalización a nivel comunitario puede caracterizar una repercusión real o potencial de las ayudas sobre la competencia, así como su efecto sobre los intercambios entre Estados miembros.

Por otra parte, no es necesario que la empresa beneficiaria participe en los intercambios intracomunitarios. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la actividad interior puede mantenerse o aumentar, con la consecuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de penetrar en el mercado del Estado miembro en cuestión. Además, el fortalecimiento de una empresa que, hasta entonces, no participaba en los intercambios intracomunitarios puede colocarla en una situación que le permita penetrar en el mercado de otro Estado miembro.

(véanse los apartados 139 a 143)

8. Una exención de retención sobre los dividendos percibidos por las fundaciones bancarias, que participen en el capital de sociedades bancarias y que persigan exclusivamente objetivos de beneficencia, educación, enseñanza, estudio e investigación científica, puede ser considerado una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. En efecto, tal medida nacional cumple el requisito de financiación por el Estado. Además, es selectiva. Por último, dicha ventaja afecta al sector de los servicios financieros, que fue objeto de un importante proceso de liberalización a escala comunitaria —proceso que intensificó la competencia que podía resultar ya de la libre circulación de capitales prevista en el Tratado—, y puede fortalecer, por una parte, en términos de recursos financieros y de tesorería, la posición de la unidad económica, activa en el sector bancario, constituida por la fundación bancaria y la sociedad bancaria y, por otra, la posición de la fundación bancaria en la actividad que ésta ejerza en un ámbito social, científico o cultural, entre otros.

(véanse los apartados 133, 138, 145 y 146 y el punto 2 del fallo)