El artículo 16, apartado 6, y el artículo 17 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos n.o 1954/2003 y (CE) 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, y de los artículos 16 y 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual este adopta un método de asignación de las posibilidades de pesca que, aun basándose en un criterio transparente y objetivo, da lugar a un trato desigual entre los operadores que disponen de buques pesqueros que enarbolan su pabellón, siempre que dicho método persiga uno o varios intereses generales reconocidos por la Unión y respete el principio de proporcionalidad.

Habida cuenta de que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal persigue los objetivos de la política pesquera común, tal como los establece el Reglamento n.o 1380/2013, es preciso señalar que responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta. En cuanto a la aptitud de la normativa nacional controvertida en el litigio principal para alcanzar los objetivos de interés general que persigue, procede señalar que, en virtud del método de asignación de las posibilidades de pesca que establece, dicha normativa permite en particular evitar que los recursos biológicos marinos sean objeto de una explotación excesiva y que se perturbe o impida su renovación. En tales circunstancias, la citada legislación es adecuada para garantizar el carácter sostenible medioambientalmente de las actividades de pesca, al que se refiere el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 1380/2013.

En lo que atañe a la cuestión de si ese método conlleva o no restricciones a las libertades consagradas en los artículos 16 y 20 de la Carta que van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por la normativa nacional controvertida en el litigio principal, de la resolución de remisión resulta, en primer lugar, que la cuota histórica puede ser aumentada o disminuida en función de determinados criterios, en particular de carácter medioambiental o que contribuyan al desarrollo de la economía local. En este sentido, un operador histórico no puede disponer, él solo, de más del 40 % de las posibilidades de pesca asignadas a la República de Lituania para una especie de peces dada. Por último, como se ha señalado en el apartado 38 de la presente sentencia, la parte de las posibilidades de pesca que no haya sido asignada prioritariamente a los operadores históricos, que debe representar al menos el 5 % de las posibilidades de pesca concedidas a la República de Lituania, se asignará mediante subasta a los otros operadores que posean un buque que enarbole pabellón lituano. En tales circunstancias, el método de asignación de las posibilidades de pesca controvertido en el litigio principal no solo no conduce a reservar las posibilidades de pesca únicamente a los operadores históricos en función de sus cuotas históricas respectivas, sino que, además, permite ponderar esas cuotas sobre las base de una serie de elementos objetivos.

(véanse los apartados 44, 47, 48, 51 a 54 y 56 y el fallo)