SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)

de 8 de octubre de 2014

Asunto T‑530/12 P

Moisés Bermejo Garde

contra

Comité Económico y Social Europeo (CESE)

«Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Acoso psicológico — Actividades ilegales perjudiciales para los intereses de la Unión — Incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios — Artículos 12 bis y 22 bis del Estatuto — Denuncia por el demandante — Cambio de destino consecutivo a esa denuncia — Omisión por parte del superior jerárquico que recibe determinada información de ponerla en conocimiento de la OLAF — Actos lesivos — Buena fe — Derecho de defensa — Competencia del autor del acto»

Objeto: Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 25 de septiembre de 2012, Bermejo Garde/CESE (F‑41/10), por el que se solicita la anulación de dicha sentencia.

Resultado: Se anula la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 25 de septiembre de 2012, Bermejo Garde/CESE (F‑41/10), en la medida en que desestima las pretensiones del Sr. Moisés Bermejo Garde de que se anulen las decisiones del Comité Económico y Social Europeo (CESE) nº 133/10 A, de 24 de marzo de 2010, por la que se le cesa en sus anteriores funciones, y nº 184/10 A, de 13 de abril de 2010, relativa a su cambio de destino. Se desestima el recurso de casación en todo lo demás. Se devuelve el asunto al Tribunal de la Función Pública. Se reserva la decisión sobre las costas.

Sumario

1. Funcionarios — Derechos y obligaciones — Libertad de expresión — Divulgación de hechos que permitan presumir la existencia de una actividad ilegal o de un incumplimiento grave — Obligación — Excepción en el caso de un funcionario que estima haber sido víctima de acoso

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 12 bis y 22 bis)

2. Funcionarios — Acoso psicológico — Denuncia de hechos constitutivos de acoso, no sólo en el marco del artículo 12 bis, sino también en el del artículo 22 bis del Estatuto — Protección contra diligencias disciplinarias — Requisito — Buena fe del funcionario — Factores que hay que tener en cuenta — Observancia de los requisitos establecidos en las disposiciones citadas anteriormente — Observancia de otras obligaciones estatutarias

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 12 bis y 22 bis)

3. Funcionarios — Derechos y obligaciones — Libertad de expresión — Divulgación de hechos que permitan presumir la existencia de una actividad ilegal o de un incumplimiento grave — Protección contra diligencias disciplinarias — Requisito — Buena fe del funcionario — Factores que hay que tener en cuenta — Obligación de tomar en consideración el contexto en el que se inscribe la trasmisión de informaciones

(Estatuto de los Funcionarios, art. 22 bis)

1. El artículo 22 bis, apartado 1, del Estatuto, establece, en interés de la Unión, una obligación que se impone, en principio, a todos los funcionarios. En aquellos casos particulares en que los actos ilícitos o incumplimientos graves resultan de comportamientos que pueden calificarse igualmente de acoso en el sentido del artículo 12 bis, apartados 3 y 4, del Estatuto, el funcionario afectado goza de los Derechos conferidos por el artículo 12 bis del Estatuto y dispone, a este respecto, de la posibilidad de presentar una solicitud de asistencia sobre la base del artículo 24 del Estatuto. En consecuencia, la obligación general de información impuesta en el artículo 22 bis, apartado 1, del Estatuto puede ser incompatible con la protección especial que el artículo 12 bis, apartado 2, primera frase, del Estatuto pretende conferir explícitamente a la víctima de acoso. En consecuencia, procede considerar que el funcionario que estima ser víctima de acoso no está obligado a denunciar los hechos constitutivos de acoso. Sin embargo, no puede excluirse que pueda, si lo desea, denunciar los hechos constitutivos de acoso sobre la base del artículo 22 bis, en interés de la Unión, puesto que el acoso «puede constituir un incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios» en el sentido de dicho artículo.

(véase el apartado 106)

2. Tanto del artículo 12 bis, apartado 2, del Estatuto como del artículo 22 bis, apartado 3, de éste se desprende que el funcionario que aporta informaciones en el sentido de estas disposiciones no podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución, siempre que haya actuado de buena fe. Así, la buena fe es un requisito de aplicación de ambas disposiciones.

Es cierto que los artículos 12 bis y 22 bis del Estatuto tienen ámbitos de aplicación diferentes. En efecto, el concepto de acoso se define explícitamente en los apartados 3 y 4 del artículo 12 bis y se diferencia de los conceptos de actividad ilegal perjudicial para los intereses de la Unión y de incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios de la Unión, a los que se hace referencia en el artículo 22 bis, apartado 1, del Estatuto.

No obstante, cuando un funcionario denuncia hechos constitutivos de acoso no sólo en el marco de una petición de asistencia basada en los artículos 12 bis y 24 del Estatuto, sino también sobre la base del artículo 22 bis del Estatuto, está obligado igualmente a cumplir los requisitos establecidos en este último artículo.

A este respecto, el artículo 22 bis, apartado 1, del Estatuto se refiere a actos ilícitos perjudiciales para los intereses de la Unión, lo que implica necesariamente que dichos actos presentan cierto grado de gravedad. Asimismo, los ejemplos dados en esta disposición, a saber, el fraude y la corrupción, son intrínsecamente graves. En estas circunstancias, de conformidad con su finalidad, el mecanismo de alerta establecido en el artículo 22 bis sólo debería desencadenarse en situaciones en las que las informaciones aportadas se refieran a comportamientos que revistan cierta gravedad. En efecto, esta disposición debe conciliarse con las obligaciones de objetividad e imparcialidad que se imponen a los funcionarios, con la obligación de salvaguardar la dignidad de su función y con su deber de lealtad, así como con la obligación de respetar el honor y la presunción de inocencia de las personas afectadas.

En consecuencia, cuando un funcionario comunica informaciones en virtud de los artículos 12 bis y 22 bis del Estatuto, no queda dispensado de sus otras obligaciones y deberes. Al contrario, debe observar cierta cautela para no perjudicar indebidamente a sus compañeros o al buen funcionamiento de su servicio. Pues bien, la comunicación de información inverosímil o de hechos carentes de todo fundamento pude tener tales efectos perjudiciales.

Asimismo, la elección de divulgar tales informaciones más allá de la esfera de las personas explícitamente mencionadas en el artículo 22 bis del Estatuto es pertinente para apreciar si el funcionario actuó de buena fe.

(véanse los apartados 114 a 116, 118, 123, 128, 129 y 135)

3. La cuestión de si un funcionario actuó de buena fe al comunicar informaciones con arreglo al artículo 22 bis del Estatuto no puede apreciarse en abstracto y requiere que se tomen en consideración todos los elementos del contexto en el que el funcionario transmitió la información en la que denunciaba ciertos hechos a sus superiores jerárquicos.

A este respecto, y en la medida en que el artículo 22 bis, apartado 1, del Estatuto establece en principio una obligación de información, y no un derecho o una facultad, la existencia de una obligación puede incidir en la repuesta que ha de darse a la cuestión de si un funcionario actuó de buena fe, en el sentido del artículo 22 bis, apartado 3, del Estatuto, al comunicar las informaciones a las que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo. En efecto, el margen de apreciación del funcionario que tiene conocimiento de hechos que pueden entrar dentro del ámbito de aplicación de dicho apartado 1, es menos amplio en una situación en la que pesa sobre él una obligación de comunicación que en una situación en la que puede decidir libremente. En el primer caso, se expone a una sanción en el sentido del artículo 86 del Estatuto, mientras que dicho riesgo no existe si decide no hacer uso de una facultad.

Por consiguiente, el funcionario que albergue dudas acerca de la aplicabilidad del artículo 22 bis, apartado 1, del Estatuto será más proclive a comunicar informaciones si está sujeto a una obligación que en el caso contrario.

Asimismo, el alto nivel de responsabilidad del funcionario afectado puede implicar que éste sea más consciente de sus obligaciones estatutarias.

(véanse los apartados 148 a 150 y 152)