7.

Queda, pues, por examinar si el requisito de residencia que se discute —haber sufrido «la incapacidad laboral durante cincuenta y dos semanas ininterrumpidas en el territorio nacional»— es compatible o no con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento no 1390/81, según el cual «toda prestación que no haya sido liquidada o que haya sido suspendida a causa de la nacionalidad o de la residencia de la persona interesada será, a petición de ésta, liquidada o restablecida a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento [...]»***, o sea, el 1 de julio de 1982 (artículo 4). Esta disposición tiene por objeto que, a partir de esta fecha, se permita a las personas incluidas en el ámbito de aplicación personal de los Reglamentos comunitarios en cuestión, que puedan gozar del beneficio de las prestaciones sociales cuya liquidación les haya sido denegada o, cuyo pago haya sido suspendido una vez liquidada, «a causa de la nacionalidad o de la residencia de la persona interesada». A este respecto, el órgano jurisdiccional neerlandés se pregunta si el mencionado requisito de residencia, al que se subordina la existencia misma del derecho a las prestaciones por invalidez, carece de efectos por el juego del artículo 2, apartado 4, cuando este último parece referirse sólo a la situación de que el asegurado se vea privado de la liquidación de su pensión o del pago de las prestaciones correspondientes, como consecuencia del traslado de su residencia a un Estado miembro diferente al de la institución deudora de la prestación. Esta cuestión, tal como surge de las observaciones de los Países Bajos y de la Comisión, plantea el problema del alcance del principio de «la supresión de las cláusulas de residencia» tal como lo enuncia el artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1408/71, del que el artículo 2, apartado 4, del Reglamento no 1390/81 no es más que la aplicación para un período transitorio. Más en concreto se trata de saber si esta disposición se refiere a un requisito impuesto para la adquisición de un derecho o simplemente para su realización o su mantenimiento. A este respecto, el artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1408/71, que recoge sustancialmente las anteriores disposiciones del Reglamento no 3, establece que, «a menos que el presente Reglamento disponga otra cosa, las prestaciones en metálico de invalidez [...] adquiridas en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros, no podrán ser objeto de ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora» (la cursiva es mía). Este Tribunal ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el sentido que se le da a la expresión «adquirida» que aparece en este artículo. Esta disposición, según se ha determinado en la sentencia Śmieja, tiene por objeto: «favorecer la libre circulación de los trabajadores protegiendo a los interesados de los perjuicios que podrían resultar del cambio de su residencia de un Estado miembro a otro» (51/73, Rec. 1973, p. 1213, apartado 20**). En consecuencia, se decidió en la sentencia Caracciolo que «deriva de este principio, no sólo que el interesado conserva el derecho a beneficiarse de las pensiones, rentas y subsidios adquiridos de conformidad con la legislación de uno o de varios Estados miembros, aún después de haber fijado su residencia en otro Estado miembro, sino que tampoco puede denegársele la adquisición de tal derecho por la única razón de que no reside en el territorio del Estado en que se encuentra la institución deudora» (92/81, Rec. 1982, p. 2213, apartado 14, la cursiva es mía**). Esta solución está determinada en las disposiciones del artículo 51 del Tratado CEE, que tienen por finalidad, tal como lo recuerda este Tribunal en la reciente sentencia Spruyt, «contribuir al establecimiento de la más amplia libertad posible en el ámbito de la libre circulación de los trabajadores migrantes, principio que se inscribe en los fundamentos de la Comunidad». También añade que «el objetivo de los artículos 48 a 51 no se alcanzaría si, como consecuencia del ejercicio de su derecho de libre circulación, los trabajadores tuvieran que perder los beneficios de la Seguridad Social que les concede la legislación de un Estado miembro» (284/84 Spruyt, sentencia de 28 de febrero de 1986, apartados 18 y 19). De esta forma, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia impone, en principio, la supresión de todas las cláusulas de residencia que condicionan no sólo el mantenimiento de las prestaciones ya adquiridas, sino también la constitución misma del derecho a estas prestaciones. Dentro de este marco se debe situar el artículo 2, apartado 4, del Reglamento no 1390/81. En efecto, éste permite que a los trabajadores por cuenta propia cuyos derechos habrían nacido antes del 1 de julio de 1982, si hubieran cumplido con la condición de residencia, no se les oponga la disposición del artículo 2, apartado 1, según la cual, este Reglamento «no originará ningún derecho por un período anterior a la fecha de su entrada en vigor», y de ampararse, a partir de esta fecha, en las disposiciones del artículo 10 del Reglamento no 1408/71, en la forma en que este Tribunal las ha interpretado. Sin embargo, hay que hacer dos observaciones: — Así comprendido, como lo prevé expresamente el propio apartado 1 del artículo 10, este principio puede sufrir algunos cambios. En este sentido, el Anexo VI del Reglamento no 1408/71, relativo a las «modalidades particulares de aplicación de las legislaciones de ciertos Estados miembros», prevé en lo que respecta a Alemania, (punto C, inciso 1) que, «las disposiciones del artículo 10 del Reglamento no afectarán a las disposiciones en virtud de las cuales los accidentes (y enfermedades profesionales) ocurridos fuera del territorio de la República Federal de Alemania, así como los períodos cubiertos fuera de este territorio, no originen o no den lugar, excepto en determinadas condiciones, al pago de prestaciones cuando los titulares residen fuera del territorio de la República Federal de Alemania». Por el contrario, no se ha previsto ninguna excepción de este tipo respecto a la «aplicación de la legislación neerlandesa sobre el seguro contra la incapacidad para el trabajo», contemplada en el Anexo VI, parte I, Países Bajos, punto 4. En ausencia de dicha excepción, conviene aplicar el principio general del artículo 10, apartado 1. — La solución que propongo no me parece contraria a la sugerida por el Abogado General Sir Gordon Slynn en sus conclusiones en el asunto 302/84, Ten Holder (Rec. 1986, p. 1821) a propósito de un requisito de residencia del mismo tipo previsto por una disposición transitoria de la AAW. En este caso, el actor ya estaba asegurado con carácter obligatorio en la República Federal de Alemania, cuando se afilió voluntariamente a la AAW. En dicha hipótesis, el seguro voluntario sólo reviste un carácter subsidiario y se encuentra, desde ese momento, excluido del ámbito de aplicación del Reglamento no 1408/71 por su artículo 13, que dice que «[...] las personas a las cuales sea aplicable el presente Reglamento sólo estarán sometidas a la legislación de un único Estado miembro [...]» (la cursiva es mía).