Palabras clave

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Palabras clave

Cuestiones prejudiciales — Apreciación de validez — Imposibilidad de invocar los Acuerdos de la OMC para impugnar la legalidad de un acto comunitario — Excepciones — Acto comunitario dirigido a garantizar la ejecución de dichos Acuerdos o que se remita a ellos expresa y precisamente — Resolución del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC — Compromisos asumidos por la Comunidad — Derecho a invocar los Acuerdos de la OMC — Inexistencia

(Art. 234 CE)

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Teniendo en cuenta su naturaleza y su espíritu, los Acuerdos OMC no forman parte en principio de las normas respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias. Tan sólo en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de los Acuerdos OMC, corresponderá al Tribunal de Justicia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC.

Al asumir, después de la adopción de una resolución del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (OSD), el compromiso de atenerse a las normas de esta Organización y, en particular, a los artículos I, apartado 1, y XIII del GATT de 1994, la Comunidad no tenía el propósito de asumir una obligación particular en el marco de la OMC, que pueda justificar una excepción a la imposibilidad de invocar normas de la OMC ante el órgano jurisdiccional comunitario y permitir que éste controle la legalidad de las disposiciones comunitarias controvertidas en relación con las citadas normas.

En efecto, por una parte, aunque exista una resolución del OSD que declare la incompatibilidad con las normas de la OMC de medidas adoptadas por un Miembro, no es menos cierto que el sistema de solución de diferencias en el marco de la OMC reserva un importante papel a la negociación entre las Partes. En tales circunstancias, imponer a los órganos jurisdiccionales la obligación de abstenerse de aplicar las normas jurídicas internas que sean incompatibles con los Acuerdos OMC tendría como consecuencia privar a los órganos legislativos o ejecutivos de las Partes contratantes de la posibilidad de alcanzar, siquiera fuera con carácter temporal, una solución negociada, posibilidad que les confiere en particular el artículo 22 del Memorándum de entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias.

Por otra parte, admitir que incumbe directamente al juez comunitario la tarea de garantizar la conformidad del Derecho comunitario con las normas de la OMC equivaldría a privar a los órganos legislativos o ejecutivos de la Comunidad del margen de maniobra del que disfrutan los órganos similares de los terceros que han celebrado acuerdos comerciales con la Comunidad.

En consecuencia, un operador económico no puede invocar ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que una normativa comunitaria es incompatible con determinadas normas de la OMC, aun cuando el OSD haya declarado la incompatibilidad de dicha normativa con éstas.

(véanse los apartados 39 a 42, 48, 53 y 54 y el fallo)