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5.

En cuanto al contexto normativo comunitario, basta recordar aquí el tenor literal de los artículos 1 y 4 de la Directiva: «Artículo 1 1. Los Estados miembros suprimirán las restricciones a los movimientos de capitales que tienen lugar entre las personas residentes en los Estados miembros, sin perjuicio de las disposiciones que se indican más adelante. Para facilitar la aplicación de la presente Directiva, los movimientos de capitales se clasificarán con arreglo a la nomenclatura que se establece en el Anexo I. [...] Artículo 4 Las disposiciones de la presente Directiva no prejuzgarán el derecho de los Estados miembros a adoptar las medidas indispensables para impedir las infracciones a sus leyes y reglamentos, en particular, en materia fiscal o de control prudencial de las entidades financieras, y establecer procedimientos de declaración de los movimientos de capitales que tengan como objeto la información administrativa o estadística. La aplicación de estas medidas y procedimientos no podrá tener por efecto la obstaculización de los movimientos de capitales efectuados de conformidad con lo dispuesto en el Derecho comunitario.» Los Estados miembros estaban obligados a adaptar el Derecho interno a la Directiva antes del 1 de julio de 1990 (apartado 1 del artículo 6). No obstante, España disfrutó de una prórroga del plazo en relación con algunos movimientos de capitales. En particular, con arreglo a las disposiciones del apartado 2 del artículo 6 en relación con las del Anexo IV a la Directiva, fue precisamente autorizada a aplazar hasta el 31 de diciembre de 1992 la liberalizáción de la importación y la exportación material de, entre otros, los medios de pago de que se trata en el presente asunto. El Tratado de Maastricht reformulo toda la materia de los movimientos de capitales y de los pagos, sustituyendo, por lo que afecta al caso de autos, los artículos 67 a 73 del Tratado CEE por los artículos 73 B a 73 G. Sin embargo, estos últimos no introducen grandes novedades respecto a las disposiciones que ya contenía la Directiva, incluso reproducen los aspectos esenciales de ésta, reafirmando, en particular, el alcance general de la prohibición de restricciones a la libre circulación de capitales.
13.

No obstante, al examinar la compatibilidad de la legislación belga con el artículo 30 del Tratado en lo que se refería a los residuos no cubiertos por la Directiva 84/631, el Tribunal de Justicia fue claramente influido por la evolución de la política comunitaria en materia de residuos. Aun admitiendo que los residuos, reciclables o no, deben considerarse bienes cuya libre circulación, con arreglo al artículo 30, no debería en principio restringirse, reconoció que también constituían productos de una naturaleza especial en la medida en que su acumulación, antes incluso de ser peligrosa para la salud, era peligrosa para el medio ambiente, en particular, habida cuenta de la limitada capacidad de cada región o área para acogerlos. La legislación belga estaba, por tanto, justificada por requisitos imperativos relativos a la protección del medio ambiente. En respuesta al argumento de la Comisión de que Bélgica no podía basarse en un requisito imperativo para justificar una medida discriminatoria, el Tribunal de Justicia concluyó que la legislación belga no era discriminatoria a causa de la particular naturaleza de los residuos. El principio de corrección preferentemente en la fuente misma de los ataques al medio ambiente implicaba que correspondía a cada región, municipio o entidad local, adoptar las medidas apropiadas para garantizar la recepción, el tratamiento y la gestión de sus propios residuos, que deben gestionarse lo más cerca posible del lugar donde se producen con el fin de limitar su transporte.
49.

El hecho comprobado de que las respectivas negociaciones colectivas se desarrollaran sin discriminación y de que los convenios colectivos acordados no supongan discriminación alguna no basta tampoco, por sí solo, para justificar la diferencia de retribución por un trabajo del mismo valor para el mismo empleador. Dado que se trata de justificar el resultado discriminatorio, ( 30 ) la explicación de las causas de la discriminación no puede ser suficiente. En particular, la referencia a razones históricas y sociales no puede admitirse en un caso como el que es objeto del procedimiento principal como factores «objetivamente justificados y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo». ( 31 ) En efecto, es muy probable que el contexto histórico y social de una «profesión estrictamente femenina» esté relacionado con el sexo. Si se admitiera como justificación la mera explicación de la discriminación, ello tendría como consecuencia la perpetuación de los roles de cada sexo en la vida profesional. En lugar de la igualdad de trato perseguida, se daría un argumento jurídico para el mantenimiento del statu quo.
2.

No resulta necesario aquí llevar a cabo una demostración detallada, de manera que, en lo que atañe a sus argumentos relativos: — a la condición de trabajador de un trabajador en prácticas (cuya situación jurídica en relación con el Derecho de la Seguridad Social constituye el objeto del litigio principal) ; — a la prohibición, que figura en el artículo 48 del Tratado CEE y en el Reglamento n° 1612/68, de desfavorecer a los nacionales de otros Estados miembros (que incluye la prohibición de las discriminaciones encubiertas); — y a la circunstancia de que el ámbito de la libre circulación de los trabajadores por cuenta ajena no depende de acuerdos entre los Estados miembros; así como también a las consideraciones, presentadas con carácter subsidiario, sobre la aplicabilidad del artículo 7 del Tratado CEE en el ámbito de la formación profesional, me tomo la libertad de remitirme al informe para la vista, así como a los alegatos que acaban de pronunciarse.
55.

La ilegalidad resulta del hecho de que los análisis efectuados con ocasión del control son contrarios a la normativa comunitaria. Basta destacar a este respecto que, como se ha demostrado, al no ser contrario al Derecho comunitario el control de que fue objeto la clasificación inicialmente realizada a instancias del organismo de almacenamiento, de ello no puede deducirse la irregularidad de las «decisiones» por las que se acordó que no podían beneficiarse de la intervención los gastos de que se trata.
12.

Como señala la Comisión, el impuesto controvertido difiere del IVA en numerosos aspectos. En primer lugar, no es de aplicación general: únicamente se aplica a un área geográfica limitada y a una clase limitada de bienes y servicios (véase la sentencia Wisselink, apartado 20). Por otra parte, al gravar el conjunto de los ingresos brutos obtenidos y no el valor añadido en cada transacción, no es posible determinar con precisión qué fracción del impuesto en cada venta o prestación de servicios debe considerarse repercutida en el consumidor.
14.

No obstante, suponiendo que sean ciertas las alegaciones de la Comisión, no sólo estaríamos en presencia de una infracción del artículo 34, sino también del Reglamento n° 2727/75. Efectivamente, el Tribunal de Justicia ha declarado en repetidas ocasiones que una vez que la Comunidad adopta una normativa, conforme al artículo 40 del Tratado CEE, que establece una organización común de mercados en un sector determinado, lps Estados miembros están obligados a abstenerse de adoptar cualquier medida que pudiera significar una excepción o una infracción a dicha normativa. ( 9 ) Con arreglo a esta jurisprudencia hay que partir de que las organizaciones comunes de mercado se basan en el principio de un mercado abierto al que tienen libre acceso todos los productores y en cuyo funcionamiento sólo se puede intervenir utilizando los instrumentos previstos en la organización de mercado. ( 10 ) Puesto que las limitaciones a la exportación impugnadas en el presente asunto son unilaterales e intervienen en el mercado en una forma no prevista en el Reglamento n° 2727/75, la Comisión considera, acertadamente, que el comportamiento censurado a la demandada no sólo constituye una infracción del artículo 34 del Tratado CEE, sino también una infracción de dicho Reglamento. ( 11 )
22.

No obstante, lo que se discute en los presentes asuntos no es el acceso de los buques de los Estados miembros a las actividades de pesca en la Comunidad, sino el acceso de los nacionales de los Estados miembros a los buques y a su explotación. Ahora bien, la tesis de los Gobiernos mencionados viene a querer incorporar a la excepción al principio de no discriminación por razón de la nacionalidad en lo que respecta a los buques de pesca una segunda excepción, esta vez por razón de la nacionalidad de los propietarios o de quienes explotan esos buques. Dicha tesis se basa en una confusión entre la «nacionalidad» de los buques y los requisitos de nacionalidad aplicables a los nacionales de los Estados miembros y llevaría a introducir nuevamente, mediante normas aplicables a la matriculación de los buques, discriminaciones por razón de la nacionalidad de las personas, cuya prohibición constituye una de las normas fundamentales del Tratado CEE. La consideración de que los buques son fundamentalmente diferentes de las sociedades —véase el punto 90 del informe para la vista en el asunto C-246/89— no justifica que en materia de «nacionalidad» de los buques se discrimine entre las sociedades y los nacionales de los Estados miembros. Al contrario, en este contexto me parece importante señalar que cuando el Tratado, en su artículo 58, ha definido las sociedades a las que es aplicable el capítulo relativo al derecho de establecimiento, ha tenido en cuenta, además del criterio de la constitución de conformidad con la legislación de un Estado miembro, el de la sede social, administración central o centro de actividad principal, y no el de la nacionalidad de los fundadores, administradores o accionistas. ( 3 ) El Gobierno del Reino Unido no puede, por tanto, utilizar como pretexto el hecho de que el artículo 7 sólo puede aplicarse a discriminaciones entre buques si son de «nacionalidad» distinta para justificar diferencias de trato entre personas, físicas o jurídicas, de nacionalidad diferente. En cuanto a los artículos 52 y 221, en la medida en que se refieren al establecimiento y a la participación en él capital, sólo podrían, en cualquier caso, aplicarse a personas y no a buques.
11.

Por último, no pienso que el hecho de que Francia sea signataria del Convenio n° 89 de la OIT pueda modificar la conclusión a la que he llegado. En efecto, si bien es cierto que, con arreglo al artículo 234 del Tratado CEE, las disposiciones del Tratado no afectan a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra, es igualmente cierto que el tenor de la Directiva no puede determinar por sí sólo la incompatibilidad de su cumplimiento con las obligaciones que resultan del Convenio. En efecto, la norma comunitaria no obliga necesariamente a los Estados miembros a autorizar el trabajo nocturno del personal femenino, lo que sería incompatible con el Convenio, sino que se limita a establecer una obligación de no discriminación entre los sexos en lo que se refiere a las condiciones de trabajo. En otros términos, en una situación como la que nos ocupa, un Estado miembro no puede invocar el artículo 234 para eludir la obligación de no discriminación impuesta por la Directiva 76/207, ya que podría cumplir de todas formas las obligaciones previstas por el Derecho comunitario sin vulnerar el Convenio, por ejemplo mediante la ampliación de la prohibición del trabajo nocturno a los trabajadores de uno y otro sexo. Es evidente, por otra parte que, en el supuesto de que las dificultades de orden práctico hicieran tal hipótesis de difícil realización, el Estado interesado estaría obligado a denunciar el Convenio liberándose así de los vínculos correspondientes. A este respecto, el hecho de que algunos Estados miembros signatarios del Convenio, como los Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo, lo hayan denunciado ya ( 10 ) y que el Tribunal Constitucional italiano haya declarado parcialmente inconstitucional su Ley de ejecución, ( 11 ) es significativo.
44.

La afirmación de que estos argumentos son nuevos sólo me parece exacta en parte. En el escrito de contestación el Gobierno alemán ha expuesto formalmente que la parte sur de Rysumer Nacken no había sido declarada zona de protección. En cambio, este Gobierno tan sólo en la duplica ha objetado que la parte norte no sea una zona de protección especial (en el escrito de contestación había sostenido lo contrario) y que tampoco se realicen ya obras de levantamiento. El hecho de que el Gobierno alemán sólo haya objetado en la duplica que la parte norte no sea una zona de protección no constituye en mi opinión motivo alguno para condenar a la República Federal a pagar la parte de las costas relativas a Rysumer Nacken. Deseo señalar primeramente que no he podido encontrar jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la que el hecho de alegar nuevos argumentos se haya admitido como razón para no condenar en costas a la parte demandante que desista. En segundo lugar, me sorprende sobre todo que la Comisión haya adoptado con respecto a Rysumer Nacken una postura distinta que la adoptada respecto a Leybucht, a pesar de que disponía de los mismos datos para ambas zonas. Ya he puesto de relieve en la nota 21 que la Comisión, de la mención del «Ostfriesisches Wattenmeer mit Dollart» contenida en la notificación del Gobierno alemán de 26 de septiembre de 1983, dedujo que la República Federal había clasificado Rysumer Nacken como zona de protección, pero Leybucht no, a pesar de que desde el punto de vista geográfico ambas zonas forman parte del «Ostfriesisches Wattenmeer». Además, antes de presentar el escrito de interposición del recurso ya obraba en poder de la Comisión el Reglamento de protección de 13 de diciembre de 1985 y los mapas anexos en los que se indican los límites exactos de la zona protegida. Por lo que respecta a Leybucht, la Comisión desistió, basándose en estos mapas, de la imputación formulada en el dictamen motivado de que la República Federal no había clasificado esta zona como zona de protección, infringiendo así la Directiva (véase el punto 17). Aunque según los mapas anexos Rysumer Nacken no forma pane de la zona protegida por el Reglamento de 13 de diciembre de 1985, sin embargo la Comisión no ha desistido de su motivo, formulado en el mencionado dictamen, de que las obras realizadas en dicha zona infringían lo dispuesto en la Directiva relativa a la protección de los lugares clasificados como zona de protección especial. En tales circunstancias la Comisión no puede alegar que la actitud del Gobierno alemán justifique el desistimiento de esta parte de su recurso. Los datos que obraban en su poder en el momento de depositar el escrito de interposición del recurso no le autorizaban en efecto a suponer que Rysumer Nacke formara parte de una zona declarada zona de protección especial.
49.

Si no se comparte la tesis según la cual, con arreglo a los textos existentes, los productores de azúcar no podían esperar legítimamente que la Comunidad se hiciese cargo de las pérdidas que ellos habían ocasionado o que, en todo caso, no pudieran continuar creyéndolo, procede examinar las consideraciones expuestas por el Reino Unido, el Consejo y la Comisión. Según éstas, la Comisión había publicado el 9 de septiembre de 1986 un balance que permitía prever un déficit probable para la campaña 1986/1987. En el mes de febrero, la Comisión propuso el establecimiento de la cotización de reabsorción especial. El 7 de marzo, el representante de la Comisión explicó la propuesta al Comité consultivo para el azúcar y esta última fue finalmente publicada el 3 de abril de 1987 en el Diario Oficial. Todas estas indicaciones fueron conocidas por los productores de azúcar a través de la prensa especializada, de manera que no pudieran sorprenderse por el establecimiento de la cotización de reabsorción especial. Estos argumentos inducen también a concluir que el Consejo actuó correctamente al adoptar el Reglamento n° 1914/87 y que no ha vulnerado el principio de la protección de la confianza legítima.
3.

La jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se basa en la posibilidad de que los Estados miembros adopten normas relativas a la fabricación y a la comercialización de productos (queseros) en su territorio cuando no exista ninguna norma comunitaria en la materia. ( 2 )«Sin embargo, tales normas no podrían crear una discriminación en perjuicio de productos importados, ni obstaculizar la importación de productos procedentes de otros Estados miembros» ( 3 )(traducción provisional). En su sentencia Kelderman, ( 4 ) el Tribunal de Justicia hizo constar: «El hecho de extender a los productos importados una obligación de contener una cantidad determinada de materia seca puede excluir la comercialización, en el Estado de que se trate, de pan originario de otros Estados miembros. Puede requerir una fabricación diferente según el destino del pan y, por tanto, obstaculizar la circulación de éste tal y como se produce legalmente en el Estado miembro de origen si, en ese Estado, no se prescriben unos criterios de fabricación idénticos»(traducción provisional). Este apartado es totalmente aplicable al caso de autos; basta con cambiar las palabras «materia seca» por las palabras «materias grasas», y la palabra «pan» por la palabra «queso». La sentencia dictada en el asunto Kelderman se refería a una prohibición absoluta de comercialización, la cual implica que los productos que no se fabricaban con arreglo a las disposiciones nacionales en materia de composición no podían, en absoluto, ser vendidos en el Estado miembro de que se trate. Según la interpretación que da Italia a su propia normativa, principalmente en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Justicia, dicha normativa sólo contiene una prohibición relativa de comercialización. Esta prohibición implica que unos productos que no han sido fabricados de conformidad con la disposición italiana en materia de composición del queso, por ejemplo, porque no contienen suficientes materias grasas, no puedan venderse con denominaciones genéricas como, en este caso,«queso» (formaggio) o «producto quesero» (prodotto caseario). ( 5 ) De cualquier modo —la interpretación propuesta por el Gobierno italiano no me parece la única posible sobre la base del texto del artículo 1 de la Ley n° 396—, ni siquiera una prohibición relativa de comercialización puede aplicarse a productos importados de otros Estados miembros en los que pueden llevar las mismas denominaciones o denominaciones correspondientes. Aún recientemente, el Tribunal de Justicia ha motivado este punto de vista de manera clara y detallada en los apartados 6 y 24 a 37 de la sentencia dictada acerca de la cerveza alemana. ( 6 )
8.

El órgano jurisdiccional remitente opina que las resoluciones sobre la pérdida de la fianza están amparadas por el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no 1932/81 y que, por tanto, en circunstancias normales no dudaría en desestimar el recurso. Sin embargo, en el presente asunto se creó una situación especial por el hecho de que, al adoptarse el Reglamento no 2661/85, se había eliminado prácticamente el riesgo que corre todo participante en un procedimiento de licitación, para una parte de los operadores de mercado de las licitaciones particulares nos 76 a 81. Sin embargo, dado que esto no afectaba en la misma medida a todos los adjudicatarios de las licitaciones nos 76 a 81, la pérdida de la fianza constituía para la demandante una violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato, que se debe tener en cuenta, en su caso, en el marco de la aplicación del artículo 12 del Reglamento no 1932/81. Por ello, el órgano jurisdiccional remitente planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones: «a) ¿ Es inválido el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) no 1932/81 de la Comisión, de 13 de julio de 1981 porque no excluye la pérdida de la fianza de licitación en el caso de una empresa que fue declarada adjudicatária en el año 1985 en el marco de las licitaciones particulares n.os 76 a 81, pero que no prestó la fianza de transformación y, en su lugar, compró y transformó legalmente mantequilla de intervención conforme al Reglamento (CEE) no 262/79 de la Comisión, de 12 de febrero de 1979 en la cantidad adjudicada y antes de la entrada en vigor del Reglamento (CEE) no 2661/85 de la Comisión, de 20 de septiembre de 1985? Si la respuesta es negativa: b) ¿Queda en suspenso, en este caso particular, la aplicación del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) no 1932/81 si se dan las condiciones descritas en la cuestión a)?»
16.

Por lo que se refiere a la proporcionalidad, la demandante alega, en gran medida con carácter subsidiario, que una retención del 5,9 °/o (59/1.000) del valor total de la oferta debe considerarse como desproporcionada, porque la demora en la entrega no le era imputable (o no enteramente imputable) a ella ni a sus agentes, quienes habían hecho todo lo posible por respetar la fecha establecida, y porque dicha demora no había causado ningún perjuicio real ni a la Comisión ni al beneficiario de la ayuda alimentaria. En mi opinión, el referido argumento debe también desestimarse. El Reglamento ya tiene en cuenta, en numerosas disposiciones, la situación de un adjudicatario que, sin culpa por su parte, no llegue a cumplir sus obligaciones de entrega. La última frase de la letra b) del apartado 2 del artículo 22 prevé expresamente que no se aplicará ninguna retención cuando el incumplimiento producido no sea imputable al adjudicatario y no dé lugar a una indemnización por vía de seguro. A ello se añade que el artículo 21 obliga a la Comisión a tener en cuenta los casos de fuerza mayor. Desde mi punto de vista, las citadas disposiciones, no alegadas por la demandante, tienen suficientemente en cuenta las exigencias de proporcionalidad. Añadiré que no hay nada en el Reglamento que lleve a pensar que un daño causado a la Comisión o al beneficiario de la ayuda constituya un factor a tener en cuenta en relación con las retenciones de penalizaciones por demora aplicadas en virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 22.