ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.

Cuando tuvieron lugar las importaciones, en febrero de 1983, la normativa aplicable era, por una parte, el Reglamento (CEE) n° 3589/82 del Consejo, de 23 de diciembre de 1982, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de determinados productos textiles originarios de terceros países (DO L 374, p. 106; EE 11/17, p. 62), y, por otra, por el Reglamento (CEE) n° 3378/82 del Consejo, de 8 de diciembre de 1982, por el que se aplican preferencias arancelarias generalizadas para 1983 a productos textiles originarios de países en vías de desarrollo (DO L 363, p. 92). [El primero de los citados Reglamentos, el Reglamento (CEE) n° 3589/82, fue modificado por el Reglamento n° 3762/83, al que hace referencia el Tribunal nacional, pero, dado que dicho Reglamento no entró en vigor hasta 1984, no parece que haya sido aplicable en el momento que nos interesa. Parece que el segundo de los citados Reglamentos, el Reglamento n° 3378/82, era aplicable en el momento que nos interesa y no el Reglamento n° 2894/79, citado por el Tribunal nacional.]
61988C0046

Conclusiones del Abogado General Darmon presentadas el 11 de abril de 1989. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - FUSION Y ESCISION DE SOCIEDAD ANONIMAS - ADAPTACION DEL DERECHO NACIONAL A CIERTAS DIRECTIVAS. - ASUNTO 46/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01133

Pub.RJ página Pub somm
32.

Por las razones antes expuestas (en el apartado 13) estimo que el apartado 2 del artículo 20 de la Jachtwet no infringe la Directiva por el mero hecho de que mediante reglamento ministerial se pueda abrir la caza de especies protegidas. A este respecto tengo que decir que el Ministro competente nunca ha hecho uso de la facultad que le concede el apartado 2 del artículo 20 de la Jachtwet para levantar la veda en general de las especies que no figuran en el anexo II de la Directiva. En este extremo tampoco considero que la legislación neerlandesa infrinja la Directiva. Sin embargo, compruebo asimismo que en opinión del Ministro competente el apartado 2 del artículo 20 de la Jachtwet le atribuye competencia para autorizar excepciones específicas a las disposiciones normativas adoptadas por o en virtud de la Jachtwet. ( 16 ) El Reglamento de 24 de febrero de 1987, adoptado con arreglo a esta disposición, constituye en particular un régimen de autorizaciones. Sólo es válido, no obstante, para las especies que figuran en su anexo. Dado que hasta nueva orden debe considerarse que el Ministro tiene la mencionada competencia (véase el apartado 15) y que en consecuencia, en virtud del artículo 20 de la Jachtwet, dispone de la facultad de autorizar excepciones a las prohibiciones establecidas por la Directiva, se debe asegurar al mismo tiempo que dicha competencia se ejercite exclusivamente de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Directiva, no sólo en relación con las especies de aves mencionadas en el anexo del Reglamento de 24 de febrero de 1987 sino también con respecto a todas las especies protegidas por la Directiva. El Gobierno neerlandés afirma que así sucede. Sostiene en particular que de facto no se conceden autorizaciones para cazar especies de aves que no figuran en el anexo del Reglamento de 24 de febrero de 1987. Sin embargo, como ya Ke explicado antes (apartado 18), no basta con hacer referencia a una política de hecho. Los requisitos contenidos en el artículo 9 de la Directiva para autorizar excepciones o la decisión de no autorizar excepciones deben estar recogidos en disposiciones normativas. ( 17 )
Conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas el 28 de febrero de 1989. - PHILIPPE LAMBERT CONTRA DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ORNE. - PETICION DE DECISION CON CARACTER PREJUDICIAL PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARGENTAN. - IVA - MAQUINAS AUTOMATICAS DE JUEGO. - ASUNTOS ACUMULADOS 317/86, 48, 49, 285, 363 AL 367/87, 65 Y 78 AL 80/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00787

Pub.RJ página Pub somm



Conclusiones del abogado general

++++

El Abogado General Sr. Giuseppe Tesauro presentó sus conclusiones el 28 de febrero de 1989.(* )En ellas proponía lo siguiente:

- en cuanto al impuesto estatal, la respuesta está contenida de manera explícita en la sentencia Bergandi;

- en cuanto al impuesto municipal, corresponde al Juez nacional determinar si presenta las mismas características que el impuesto estatal, teniendo evidentemente en cuenta el hecho de que, según la sentencia Bergandi, no tiene importancia la clase de órgano que percibe el impuesto, Estado o municipio, dado que lo que cuenta es la estructura del impuesto.

(*) Lengua original: italiano.
Conclusiones del Abogado General Darmon presentadas el 26 de febrero de 1987. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - INCUMPLIMIENTO DE UNA DECISION RELATIVA A UNA MEDIDA DE AYUDA A UN PRODUCTOR DE FIBRAS Y DE HILO DE POLIPROPILENO. - ASUNTO 5/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 01773



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

I. 1. El presente recurso incrimina al Reino de Bélgica no haber ejecutado la Decisión no impugnada, de fecha 27 de junio de 1984, (1) mediante la cual la Comisión de las Comunidades Europeas declaró que la ayuda concedida en forma de participación en el capital de una empresa privada era incompatible con el mercado común, con arreglo al artículo 92 del Tratado CEE.

II. 2. El litigio trata pues de las modalidades de reembolso de esta participación. Durante la fase escrita, se planteó el problema de determinar si la necesidad de proceder a la liquidación de la empresa afectada implicaba la imposibilidad de cumplir la Decisión de la Comisión.

3. A este respecto el Tribunal de Justicia ha precisado, en un asunto similar, que:

"El hecho de que, debido a la situación financiera de la empresa, las autoridades belgas no pudieran recuperar la suma desembolsada, no constituye una imposibilidad de cumplimiento, puesto que el objetivo perseguido por la Comisión era la supresión de la ayuda, objetivo que, como admite el Gobierno belga, podía conseguirse mediante la liquidación de la sociedad, que las autoridades belgas podían provocar como accionistas o acreedores." (2)

4. El Gobierno belga ha tenido en cuenta la jurisprudencia de este Tribunal. Había iniciado un proceso de liquidación, pero su representante acaba de indicarnos en la vista que está a punto de conseguirse una solución mejor (que la empresa recupere la participación del Estado belga).

5. A pesar de ello hay que hacer constar que, hasta este momento, la ayuda en cuestión aún no se ha restituido. En consecuencia, subsiste el incumplimiento.

III. 6. Por consiguiente, propongo al Tribunal que:

- declare que, al no haber dado cumplimiento a la Decisión por la que se ordenaba la supresión de una ayuda concedida a una empresa, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5, 92, 93 y 189, párrafo 4, del Tratado;

- condene en costas al Estado demandado.

(*) Traducido del francés.

(1) DO L 283 de 27.10.1984, p. 42.

(2) Sentencia de 15 de enero de 1986, Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica, 52/84, Rec. 1986, p. 89 apartado 14 (traducción provisional).
46.

Aun cuando la presencia de elementos subjetivos (intención e infracción) no se expresa como condición necesaria para la aplicación del artículo 11, no es posible rechazar el argumento del Reino Unido (análogo al concepto penal de error de derecho) por cuanto el artículo 11 no está pensado solamente para impedir que el Estado miembro se beneficie del retraso en pagar el importe debido sino que puede constituir algo más, puesto que el tipo de interés es igual al tipo de descuento más alto aplicable en los Estados miembros. Sin embargo, considero que no puede prevalecer este argumento. No hay razones para sugerir que existe una auténtica ambigüedad en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 2891/77, que tan sólo puede ser suprimida mediante una sentencia del Tribunal. Si se considera, en primer lugar, el significado y la intención así como el sistema general de la disposición tal y como se deriva de todas las versiones lingüísticas —por ser éste el método más apropiado para interpretar la legislación comunitaria-— no podía haber serias dudas ni verdaderas razones para apoyar el criterio asumido por el Reino Unido (que se basaba principalmente en el verbo «to invite»). Es significativo después de todo que ningún otro Estado miembro haya dejado de responder a la invitación de la Comisión. También debe recordarse que, en el Reino Unido, lo único que justificaba la falta de respuesta a la invitación de la Comisión fue la idea de que había que obtener la aprobación del Parlamento nacional, que, en el contexto de la inscripción anticipada de los recursos propios de la Comunidad, carecía de fundamento alguno.
5.

Por consiguiente, la cuestión que se plantea es la de si este objetivo ha sido alcanzado conforme a Derecho. No existiría ninguna dificultad si el Reglamento n° 170/83 hubiese sido aprobado y entrado en vigor antes del 1 de enero de 1983. No es éste el caso. El Reglamento tiene fecha de 25 de enero y, con arreglo a su artículo 16, entró en vigor el 27 de enero, día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Se ha entablado un debate sobre el alcance retroactivo del Reglamento o, más concretamente, de su artículo 6 que, recordémoslo, autoriza el mantenimiento del régimen anterior «a partir del 1 de eneró de 1983». En este debate se han discutido en particular las consecuencias penales de tal retroactividad. La retroactividad no puede ser admitida en materia penal. Sin embargo, no parece que en el presente caso la cuestión se plantee en estos términos. ¿Cuál era, en efecto, la situación poco antes del 1 de enero de 1983? El Reglamento en preparación no se podía aplicar todavía. El Tribunal de Justicia ya había sentado que «el hecho de que el Consejo no haya podido llegar a una decisión [...] no da lugar [...] a privar a la Comunidad de su competencia» en materia de conservación de los recursos haliéuticos. El Tribunal de Justicia ha declarado que «en tal situación» corresponde «a los Estados miembros, en lo que se refiere a las zonas marítimas sujetas a su jurisdicción, adoptar las medidas de conservación necesarias en interés común y respetando las reglas tanto de fondo como de procedimiento que se deriven del Derecho comunitario». ( 9 ) Esta doctrina jurisprudencial, que ha llegado a ser constante, está desarrollada en la sentencia del Tribunal de Justicia sobre otro asunto, Comisión/Reino Unido, ( 10 ) en la cual se afirma que el artículo 5 del Tratado «impone a los Estados miembros deberes particulares de acción y de abstención en una situación en la que la Comisión, para atender a necesidades urgentes de conservación, ha sometido al Consejo propuestas que, aunque no hayan sido adoptadas por éste, constituyan el punto de partida de una acción comunitaria concertada», recordando además que, los Estados miembros, como «gestores del interés común», tienen «la obligación de consultar a la Comisión de manera circunstanciada y de buscar de buena fe su aprobación». Estos principios, elaborados en materia de conservación de los recursos haliéuticos, pueden ser aplicados al acceso a la zona de 12 millas de mar territorial — no sólo porque el régimen de acceso es una de las condiciones de la conservación, — sino también debido a la exigencia de «preservar las necesidades particulares de las regiones cuyas poblaciones locales dependen especialmente de la pesca y de las industrias afines». ( 11 ) La declaración de la Comisión al Consejo, de fecha 21 de diciembre de 1982, se remite expresamente a la citada jurisprudencia de este Tribunal. En el marco de estos principios, el Reino Unido, accediendo a la petición expresada por la Comisión, sometió a la aprobación de esta última la medida discutida y ésta la autorizó, con carácter provisional, el 5 de enero de 1983.
A.

Mediante una argumentación extremadamente sutil, la Comisión sostiene con carácter principal que a la empresa Bock no le afectaba en modo alguno la disposición impugnada, por lo que no podía invocar lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 173 del Tratado. El razonamiento de la Comisión es el siguiente. Cuando sus Servicios hicieron referencia, en la disposición impugnada, a las solicitudes que en ese momento se encontrasen regularmente en vías de tramitación, no pretendieron, mediante la expresión «regularmente», referirse a la regularidad en la presentación de la demanda, es decir, de la forma, los documentos acreditativos etc. […], sino a la regularidad del comportamiento de la Administración nacional que no hubiera resuelto dicha solicitud. Según la Comisión, mediante la referida disposición se había querido evitar que quedasen legitimados los retrasos en la concesión de las licencias, retrasos que, por ser contrarios a la normativa comunitaria, tenían un carácter ilícito. Ahora bien, prosigue la Comisión, si se interpreta en este sentido la Decisión impugnada, resulta evidente que no afecta a la demandante. El Reglamento no 865/68, aplicable a los productos de que se trata, prohibe toda restricción cuantitativa en el comercio entre los Estados miembros y una Directiva de la Comisión de 22 de diciembre de 1969 equipara a una restricción cuantitativa el hecho de conceder las licencias solicitadas únicamente transcurridos plazos anormalmente largos. Ahora bien: en el caso de autos, añade la Comisión, la Administración alemana ha incumplido la referida obligación de celeridad, puesto que, habiéndosele presentado a más tardar el 7 de septiembre una solicitud cuya urgencia se le había indicado, todavía no había dictado una resolución al respecto el día 11, cuando el Gobierno alemán se dirigió a la Comisión. De este modo, para la demandada, la solicitud de la empresa Bock estaba irregularmente pendiente ante el Servicio alemán cuando se adoptó la Decisión de 15 de septiembre, por lo que la disposición de dicha Decisión relativa a las solicitudes que se encontrasen regularmente en vías de tramitación no le era aplicable y, por consiguiente, no le afectaba. Esta argumentación resulta sugestiva en muchos aspectos. En cierto sentido, resulta fortalecida incluso por el hecho de que un tribunal alemán ya haya censurado expresamente el comportamiento del Servicio, declarando que éste había cometido una ilegalidad al no haber concedido la licencia solicitada en una fecha claramente anterior a la adopción de la Decisión de la Comisión. No obstante, siento algunos escrúpulos en proponer al Tribunal de Justicia que estime una excepción de inadmisibilidad basada en la referida interpretación de la disposición impugnada, y ello por diversas razones.
2)

El Reglamento n.o 1393/2007 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece la nulidad de la notificación de un documento judicial en otro Estado miembro en el caso de que esta se haya efectuado sin que el destinatario de dicho documento haya sido informado, mediante el formulario normalizado que figura en el anexo II de dicho Reglamento, de su derecho a negarse a aceptar ese documento cuando este no esté redactado en una de las lenguas indicadas en el artículo 8, apartado 1, del mencionado Reglamento o no vaya acompañado de una traducción a dichas lenguas, y ello con independencia de si esa normativa nacional fija o no un plazo determinado para que el destinatario pueda invocar tal nulidad.
15

El tribunal remitente estima, por tanto, que, en un supuesto como el del litigio del que conoce, en el que no ha habido ocultación de las relaciones de suministro ni de los proveedores, en el que el fraude cometido con anterioridad está completamente finalizado y ya no puede ser fomentado ni favorecido y en el que no existe ningún plan global que establezca que las entregas formen parte de un fraude que abarque varias operaciones, no debe denegarse el derecho a deducción. En tales circunstancias, la operación que vincula a P y a HR podría considerarse la continuación de la relación de suministro, independiente de la operación que formaba parte del fraude anterior, de modo que la cadena de entregas concluyó con P. La cuestión de si el esposo de HR facilitó o no a P la lista de clientes y la lista de mercancías de que se trata es irrelevante, ya que esta circunstancia no influye en el hecho de que las entregas efectuadas por P a HR no han tenido repercusión alguna en el fraude cometido con anterioridad por dicha sociedad. Además, las operaciones controvertidas no causaron perjuicio alguno en materia de IVA, puesto que P adeudaba el IVA facturado, ni generaron ninguna ventaja fiscal que pudiera ser contraria a los objetivos de la Directiva 2006/112.
32

Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva no se ve afectado en absoluto por la aplicación estricta de las normas de la Unión relativas a los plazos de procedimiento (véanse, en particular, los autos de 17 de mayo de 2002, Alemania/Parlamento y Consejo, C‑406/01, EU:C:2002:304, apartado 20 y jurisprudencia citada, y de 22 de octubre de 2010, Seacid/Parlamento y Consejo, C‑266/10 P, no publicado, EU:C:2010:629, apartado 30). En efecto, estos plazos de procedimiento constituyen, por las razones de seguridad jurídica recordadas en el apartado 28 del presente auto, una limitación inherente al derecho de acceso a la justicia (véanse, en este sentido, los autos de 12 de septiembre de 2013, Ellinika Nafpigeia y 2. Hoern/Comisión, C‑616/12 P, no publicado, EU:C:2013:884, apartado 31, y de 11 de junio de 2020, GMPO/Comisión, C-575/19 P, no publicado, EU:C:2020:448, apartado 40).
1)

Los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que la calificación como agresiva de una práctica comercial, en el sentido de esas disposiciones, requiere que se lleve a cabo una evaluación concreta y específica, a la luz de los criterios enunciados por las citadas disposiciones, de la totalidad de las circunstancias que caracterizan esa práctica. En el supuesto en que el contrato ha sido celebrado por una persona de avanzada edad, que sufre una minusvalía grave y dispone de ingresos limitados que no le permiten reembolsar las deudas que ha acumulado, la circunstancia de que el contrato celebrado de ese modo produce el efecto de permitir eludir una disposición nacional de protección de los consumidores es un indicio de que el profesional de que se trata ha tenido la intención de explotar con conocimiento de causa la gravedad particular de la situación en la que se encontraba la citada persona, con el fin de influir en su decisión, extremo que debe apreciar el órgano jurisdiccional remitente.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de abril de 2019 — Ryanair

(Asunto C‑646/18) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Determinación del órgano jurisdiccional competente para conocer de una demanda de indemnización por el retraso de un vuelo — Artículo 26 — Prórroga tácita de la competencia — Necesidad de que el demandado comparezca»

Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Prórroga de competencia — Comparecencia del demandado sin que este impugne la competencia del tribunal al que se ha sometido el litigio — Concepto — Demandado que no ha presentado observaciones ni ha comparecido — Exclusión

[Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 26, ap. 1]

(véanse los apartados 21 a 24 y el fallo)

Fallo

El artículo 26, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable en un caso, como el que se plantea en el litigio principal, en el que el demandado no ha presentado observaciones ni ha comparecido.

( 1 ) DO C 25 de 21.1.2019.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de mayo de 2017 — Bericap

(Asunto C‑53/17) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Ayudas concedidas por los Estados miembros — Excepciones a la prohibición de las ayudas — Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado interior — Reglamento (CE) n.o 800/2008 — Definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas — Empresas vinculadas — Empresas que ejercen sus actividades en el mismo mercado y forman parte de un grupo de empresas global propiedad de los miembros de una misma familia — Concepto de “grupo de personas físicas que actúan de común acuerdo”»

1. Cuestiones prejudiciales—Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia—Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véanse los apartados 15 y 16)

2. Ayudas otorgadas por los Estados—Prohibición—Excepciones—Reglamento (CE) n.o 800/2008—Definición del concepto de «pequeñas y medianas empresas»—Concepto de «empresas vinculadas»—Concepto de «grupo de personas físicas que actúan de común acuerdo»—Alcance [Reglamento (CE) n.o 800/2008 de la Comisión, anexo I, art. 3, ap. 3, párrs. 1 y 4] (véanse los apartados 17 a 19 y el fallo)

Fallo

El artículo 3, apartado 3, del anexo I del Reglamento (CE) n.o 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos [107 TFUE y 108 TFUE] (Reglamento general de exención por categorías) debe interpretarse en el sentido de que unas empresas pueden considerarse «vinculadas», en el sentido de dicho artículo, cuando del análisis de las relaciones tanto jurídicas como económicas entabladas entre ellas se desprenda que constituyen, a través de una persona física o de un grupo de personas físicas que actúen de común acuerdo, una única entidad económica, incluso aunque no mantengan formalmente alguna de las relaciones contempladas en el artículo 3, apartado 3, párrafo primero, de dicho anexo. Procede considerar que actúan de común acuerdo, en el sentido del artículo 3, apartado 3, párrafo cuarto, de dicho anexo, las personas físicas que se coordinan al objeto de ejercer una influencia en las decisiones comerciales de las empresas afectadas, que impide que éstas puedan considerarse económicamente independientes entre sí. El cumplimiento de este requisito depende de las circunstancias del caso concreto y no está necesariamente supeditado a la existencia de relaciones contractuales entre tales personas, ni siquiera a la constatación de que tengan la intención de eludir la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas en el sentido del anexo I del Reglamento n.o 800/2008.

( 1 ) DO C 144 de 8.5.2017.
22

Además, en los apartados 50 a 52 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, en particular, que la estrategia de reforma y el plan de acción citados en el anexo VII del Acta de adhesión no se referían únicamente a la estrategia de reforma judicial 2011-2015 y al plan de acción para la reforma judicial, ya que este plan establecía esencialmente objetivos a corto plazo que debían realizarse en 2010 y que a dicho plan, por tanto, debía sucederle necesariamente un nuevo plan hasta la fecha de adhesión efectiva, y, por tanto, que del compromiso n.o 1 no se desprende que las autoridades croatas estuvieran obligadas a crear la función de agente público de ejecución.