Asimismo, la obligación de motivación no exige al Tribunal de Primera Instancia que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio. La motivación puede ser, pues, implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal de Primera Instancia no acogió sus argumentos, y al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control.

En ese aspecto, la obligación del Tribunal de Primera Instancia de motivar sus resoluciones no supone que deba responder con detalle a cada uno de los argumentos presentados por el demandante, sobre todo si no son suficientemente claros y precisos.

Los efectos en la Comunidad de las disposiciones de un acuerdo celebrado por ella con Estados terceros no pueden determinarse con abstracción del origen internacional de las disposiciones de las que se trate. Con arreglo a los principios del Derecho internacional, las instituciones comunitarias competentes para negociar y concluir tal acuerdo gozan de libertad para concertar con los Estados terceros interesados los efectos que las disposiciones del acuerdo deben surtir en el ordenamiento jurídico interno de las Partes contratantes. Cuando dicha cuestión no haya sido expresamente regulada en el acuerdo, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes y en especial al Tribunal de Justicia, en el marco de sus competencias con arreglo al Tratado, dirimirla, al igual que cualquier otra cuestión de interpretación referida a la aplicación del acuerdo del que se trata en la Comunidad, basándose en particular en el espíritu, el sistema o en la letra de dicho acuerdo.

Una resolución del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, cuyo objeto exclusivo es pronunciarse sobre la conformidad del comportamiento de un Estado miembro de la OMC con las obligaciones contraídas por ese Estado en dicho marco, no puede, en principio, diferenciarse fundamentalmente de las reglas materiales que incorporan tales obligaciones y respecto a las cuales se lleva a cabo ese control, al menos cuando se trata de determinar si una vulneración de las citadas reglas o de la resolución puede o no ser invocada ante el juez comunitario a los efectos del control de legalidad del comportamiento de las instituciones comunitarias.

Al igual que las reglas materiales contenidas en los acuerdos OMC, una recomendación o una resolución del OSD que aprecien la inobservancia de dichas reglas materiales tampoco pueden, sea cual sea el alcance jurídico preciso propio de dicha recomendación o resolución, crear a favor de los particulares el derecho a invocarlas ante el juez comunitario para obtener un control de legalidad del comportamiento de las instituciones comunitarias, independientemente de que este control se efectúe en el marco de un recurso de anulación o a fin de resolver un recurso de indemnización.

Por una parte, en efecto, la naturaleza de los acuerdos OMC y la reciprocidad y la flexibilidad que los caracterizan siguen siendo válidas una vez adoptadas tales resoluciones o recomendaciones y una vez agotado el plazo prudencial concedido para su cumplimiento. Las instituciones comunitarias conservan en particular un margen de apreciación y de negociación frente a sus socios comerciales, con la perspectiva de la adopción de medidas destinadas a la aplicación de esas resoluciones o recomendaciones, y dicho margen debe ser preservado.

Por otra parte, como se desprende del artículo 3, apartado 2, del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, que constituye el anexo 2 del Acuerdo por el que se establece la OMC, las recomendaciones y las resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados. De ello resulta en especial que una resolución del OSD que declare el incumplimiento de una de esas obligaciones no puede tener la consecuencia de obligar a una parte en los acuerdos OMC a reconocer a los particulares un derecho que esos acuerdos no les conceden, exista o no tal resolución.

(véanse los apartados 120 y 128 a 131)