Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Actos de trámite — Exclusión

(Art. 230 CE)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Proyectos de ayudas — Examen por la Comisión — Fase preliminar y fase contradictoria — Compatibilidad de una ayuda con el mercado común — Dificultades de apreciación — Obligación de la Comisión de iniciar el procedimiento contradictorio — Posibilidad de iniciar en la fase preliminar un diálogo con el Estado miembro para resolver las dificultades — Invitación a modificar el proyecto notificado — Acto de trámite

(Art. 88 CE, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, arts. 4 y 6)

3. Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo — Fecha de publicación — Fecha en que se tiene conocimiento del acto — Carácter subsidiario — Actos que, conforme a una práctica constante de la institución, son publicados en el Diario Oficial — Publicación — Concepto

(Art. 230 CE, párr. 5)

4. Procedimiento — Plazo para recurrir — Caducidad — Caso fortuito o de fuerza mayor — Error excusable

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 45, párr. 2)

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1. Constituyen actos o decisiones susceptibles de ser objeto de un recurso de anulación, únicamente las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a los intereses del demandante, modificando sensiblemente su situación jurídica. Cuando se trata de actos o de decisiones cuya elaboración se lleva a cabo en varias fases, especialmente al final de un procedimiento interno, únicamente constituyen actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la posición de la institución al término de dicho procedimiento, con exclusión de los trámites intermedios, cuyo objetivo es preparar la decisión final.

(véase el apartado 25)

2. El examen previo establecido por el artículo 88 CE, apartado 3, y regulado por el artículo 4 del Reglamento nº 659/1999, tiene por objeto ofrecer a la Comisión un plazo de reflexión y de investigación suficiente para que pueda formarse una primera opinión sobre los proyectos de ayuda notificados, que le permita concluir, sin necesidad de un examen en profundidad, que son compatibles con el Tratado o, por el contrario, hacer constar que su contenido suscita dudas al respecto.

El procedimiento de investigación formal, contemplado en el artículo 88 CE, apartado 2, y en el artículo 6 del Reglamento nº 659/1999, que permite a la Comisión contar con un pleno esclarecimiento del conjunto de los datos del asunto antes de adoptar su decisión, es indispensable cuando la Comisión tiene serias dificultades para apreciar si una ayuda es compatible con el mercado común.

Si bien para decidir iniciar el procedimiento de investigación formal dispone de una potestad reglada, la Comisión disfruta de cierto margen de apreciación en la investigación y el examen de las circunstancias del caso de autos para determinar si éstas suscitan dificultades serias. Conforme a la finalidad del artículo 88 CE, apartado 3, y al deber de buena administración que le incumbe, la Comisión puede, en particular, iniciar un diálogo con el Estado notificante o con terceros con objeto de superar, en el transcurso del procedimiento previo, las dificultades que en su caso hayan surgido.

El examen de las disposiciones del Reglamento nº 659/1999 revela que, si bien la Comisión tiene la facultad, en el marco del procedimiento de investigación formal, de obligar a un Estado miembro a modificar en un sentido determinado su proyecto de ayuda, so pena de declarar su incompatibilidad con el mercado común, no dispone de tal facultad durante la fase de examen previo y no tiene otra posibilidad, salvo iniciar el procedimiento formal, que adoptar la decisión de no formular objeciones.

De ello se desprende que un escrito dirigido por la Comisión a las autoridades nacionales durante el procedimiento previo, en el que deja constancia de una dificultad que suscita el examen de la compatibilidad del proyecto propuesto y solamente «invita» a las autoridades nacionales a que renuncien a su propuesta, en el marco de su libertad de elección, se inscribe en el contexto del diálogo antes mencionado y no constituye un acto que produzca efectos jurídicos obligatorios, sino un acto meramente preparatorio de la decisión final de la Comisión.

(véanse los apartados 27 a 29 y 30 a 36)

3. Del tenor literal del artículo 230 CE, párrafo quinto, se desprende que el criterio de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto impugnado como inicio del plazo de interposición del recurso tiene carácter subsidiario respecto a los de publicación o notificación del acto.

A falta de publicación o de notificación, corresponde a quien tiene conocimiento de un acto que le afecta, solicitar su texto íntegro en un plazo razonable, pero, salvo esta reserva, el plazo para recurrir sólo puede empezar a correr a partir del momento en que el tercero interesado tenga un conocimiento exacto del contenido y de la motivación del acto de que se trata, de manera que pueda ejercitar una acción en vía judicial No obstante, en cuanto a los actos que, conforme a una práctica constante de la institución comunitaria afectada, son publicados en el Diario Oficial, a pesar de que tal publicación no sea una condición para su aplicabilidad, no están sujetos al criterio de la fecha en que se tuvo conocimiento y que es a partir de la fecha de la publicación cuando comienza a correr el plazo de interposición del recurso. En tales circunstancias, en efecto, el tercero interesado puede legítimamente confiar en que el acto en cuestión será publicado.

Debe considerarse una publicación en el sentido del artículo 230 CE, párrafo quinto, el hecho de que la Comisión proporcione a los terceros acceso íntegro al texto de una decisión a través de su página de Internet, unido a la publicación de una comunicación sucinta en el Diario Oficial que permite a los interesados identificar la decisión de que se trata y les advierte de la posibilidad de consultarla en Internet.

(véanse los apartados 48, 49 y 53)

4. No pueden admitirse excepciones a la aplicación de las normativas comunitarias relativas a los plazos de procedimiento más que en circunstancias totalmente excepcionales, de caso fortuito o de fuerza mayor, de conformidad con el artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, o de error excusable, dado que la aplicación estricta de estas normas responde a la exigencia de la seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de justicia.

(véase el apartado 60)