SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA PRIMERA) DE 17 DE DICIEMBRE DE 1991. - DSM NV CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - COMPETENCIA - CONCEPTOS DE ACUERDO Y DE PRACTICA CONCERTADA - RESPONSABILIDAD COLECTIVA. - ASUNTO T-8/89.



Recopilación de Jurisprudencia 1991 página II-01833



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción - Elementos de prueba admisibles

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

2. Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

3. Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Prácticas colusorias que prolongan sus efectos después de haber cesado formalmente - Aplicación del artículo 85 del Tratado

(Tratado CEE, art. 85)

4. Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Coordinación y cooperación incompatibles con la obligación de que cada empresa determine de modo autónomo su comportamiento en el mercado - Reuniones entre competidores con el objeto de intercambiar informaciones decisivas para la elaboración de la estrategia comercial de los participantes

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

5. Competencia - Prácticas colusorias - Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada - Calificación única como "un acuerdo y práctica concertada" - Procedencia - Consecuencias respecto a los elementos de prueba necesarios

(Tratado CEE, art. 85, apartado 1)

6. Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Tratado CEE, art. 190)

7. Competencia - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Comportamiento pasado de la empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, apartado 2)

Índice

1. Una Decisión dirigida a una empresa por aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado sólo puede utilizar como medios de prueba contra ésta aquellos documentos de los que resultaba, desde la fase de comunicación del pliego de cargos y a través de la mención de los mismos en éste o en sus anexos, que la Comisión pretendía servirse de ellos, de modo que la empresa pudo, a su debido tiempo, cuestionar su fuerza probatoria.

2. Para que exista acuerdo, a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Tal es el caso cuando ha existido concurso de voluntades entre varias empresas para alcanzar unos objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas.

3. El artículo 85 del Tratado es aplicable a los acuerdos que han dejado de estar en vigor, pero que continúan produciendo efecto más allá de su terminación formal.

4. Los criterios de cooperación y de coordinación que permiten definir el concepto de práctica concertada deben interpretarse a la luz de la lógica inherente a las normas del Tratado relativas a la competencia, según la cual todo agente económico debe determinar de modo autónomo la política que desea aplicar en el mercado común. Dicho requisito de autonomía, si bien es cierto que no excluye el derecho de los agentes económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o prevén que seguirán sus competidores, se opone, sin embargo, de modo riguroso, a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos agentes que tenga por objeto o por efecto, bien influir sobre el comportamiento en el mercado de un competidor actual o potencial, bien revelar a dicho competidor el comportamiento que uno mismo ha decidido o se propone adoptar en el mercado.

Constituye una práctica concertada la participación en reuniones que tengan por objeto el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas, en las cuales los competidores intercambian informaciones sobre los precios que se proponen aplicar, sobre su umbral de rentabilidad, sobre las limitaciones de los volúmenes de venta que consideran necesarias y sobre sus cifras de ventas, pues las empresas participantes tienen necesariamente en cuenta la información así revelada para determinar su comportamiento en el mercado.

5. Como el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no prevé una calificación específica para una infracción compleja, pero sin embargo única, por estar constituida por un comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad e integrado a la vez por unos elementos que deben calificarse de "acuerdos" y por otros elementos que deben calificarse de "prácticas concertadas", tal infracción puede recibir la doble calificación de "acuerdo y práctica concertada", sin que se exija una prueba simultánea y cumulativa de que cada uno de los elementos de hecho presenta los rasgos constitutivos de un acuerdo y de una práctica concertada.

6. Aunque, en virtud del artículo 190 del Tratado, la Comisión está obligada a motivar sus Decisiones, indicando en ellas los antecedentes de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la medida y las consideraciones que la llevaron a adoptar su Decisión, no se le exige, en el caso de una Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia, que rebata todos los puntos de hecho y de Derecho que suscitó cada interesado en el curso del procedimiento administrativo.

7. A la hora de determinar el importe de la multa que se debe imponer por una infracción de las normas sobre la competencia, el hecho de que la Comisión hubiera comprobado ya, en el pasado, que una empresa había infringido las normas en materia de la competencia y, en su caso, la hubiera sancionado por este motivo, puede ser utilizado como circunstancia agravante contra dicha empresa, pero la inexistencia de infracción anterior constituye una circunstancia normal que la Comisión no está obligada a considerar como circunstancia atenuante.

Partes

En el asunto T-8/89,

DSM NV, sociedad neerlandesa, con domicilio social en Heerlen (Países Bajos), representada por el Sr. I.G.F. Cath, Abogado de 's-Gravenhage, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. McClellan, Consejero Jurídico Principal, en calidad de Agente, asistido por el Sr. T.R. Ottervanger, Abogado de Rotterdam, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Roberto Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149 - Polipropileno; DO L 230, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES

EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por los Sres.: J.L. Cruz Vilaça, Presidente; R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner y K. Lenaerts, Jueces;

Abogado General: Sr. B. Vesterdorf;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y después de celebrada la vista del 10 al 15 de diciembre de 1990;

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 1991;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el recurso

1 El presente asunto se refiere a una Decisión de la Comisión por la que se impuso a quince productores de polipropileno una multa por infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. El producto al que se refiere la Decisión impugnada (en lo sucesivo, "Decisión") es uno de los principales polímeros termoplásticos brutos. El polipropileno es vendido por los productores a los transformadores, que lo convierten en productos acabados o semiacabados. Los principales productores de polipropileno tienen una gama de más de cien calidades diferentes, que engloban un amplio abanico de utilizaciones finales. Los tipos básicos principales de polipropileno se denominan rafia, homopolímero para moldeo por inyección, copolímero para moldeo por inyección, copolímero "high impact" y laminer. Las empresas destinatarias de la Decisión son todas importantes fabricantes de productos petroquímicos.

2 El mercado del polipropileno en Europa occidental es abastecido casi exclusivamente a partir de centros de producción instalados en Europa. Antes de 1977, eran diez productores los que abastecían el mercado, a saber, Montedison (que se transformó en Montepolimeri SpA, la cual a su vez se transformó más tarde en Montedipe SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc y Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, "cuatro grandes"), que representaban en conjunto el 64 % del mercado, Enichem Anic SpA en Italia, Rhône-Poulenc SA en Francia, Alcudia en España, Chemische Werke Huels y BASF AG en Alemania, y Chemie Linz AG en Austria. Tras la expiración de las patentes de control propiedad de Montedison, en 1977 aparecieron siete nuevos productores en Europa occidental: Amoco y Hercules Chemicals NV en Bélgica, ATO Chimie SA y Solvay et Cie SA en Francia, SIR en Italia, DSM NV en los Países Bajos, y Taqsa en España. Saga Petrokjemi AS & Co., productor noruego, dio comienzo a sus actividades a mediados de 1978 y Petrofina SA en 1980. Esta llegada de nuevos productores con una capacidad nominal de alrededor de 480.000 toneladas supuso un aumento sustancial de la capacidad de producción en Europa occidental, que durante varios años no se vio acompañada por un aumento paralelo de la demanda, lo que produjo como resultado una escasa utilización de la capacidad de producción; sin embargo, la tasa de utilización fue aumentando progresivamente entre 1977 y 1983, pasando de un 60 a un 90 %. Según la Decisión, la oferta y la demanda volvieron a quedar más o menos equilibradas a partir de 1982. No obstante, durante la mayor parte del período de referencia (1977-1983), el mercado del polipropileno se caracterizó por su escasa rentabilidad o por sus grandes pérdidas, debido, sobre todo, a la importancia de los costes fijos y al aumento del precio de la materia prima, el propileno. Según la Decisión (apartado 8), en 1983 Montepolimeri cubría el 18 % del mercado europeo del polipropileno; Imperial Chemical Industries plc, Shell International Chemical Company Ltd y Hoechst AG un 11 % cada una; Hercules Chemicals NV un poco menos del 6 %; ATO Chimie SA, BASF AG, DSM NV, Chemische Werke Huels, Chemie Linz AG, Solvay et Cie SA y Saga Petrokjemi AS & Co., de un 3 a un 5 % cada una, y Petrofina SA alrededor de un 2 %. Existía una vasta corriente de intercambios de polipropileno entre los Estados miembros, porque cada uno de los productores establecidos en la Comunidad en aquella época vendía en todos los Estados miembros, o en casi todos.

3 DSM NV es uno de los siete nuevos productores que aparecieron en el mercado en 1977. Su posición en el mercado del polipropileno era la de un productor medio, con una cuota de mercado comprendida entre el 3,1 y el 4,8 %.

4 Los días 13 y 14 de octubre de 1983, funcionarios de la Comisión, que actuaban en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, "Reglamento nº 17"), procedieron a realizar visitas de inspección simultáneas en las siguientes empresas, todas ellas productoras de polipropileno y suministradoras del mercado comunitario:

- ATO Chimie SA, hoy Atochem (en lo sucesivo, "ATO");

- BASF AG (en lo sucesivo, "BASF");

- DSM NV (en lo sucesivo, "DSM");

- Hercules Chemicals NV (en lo sucesivo, "Hercules");

- Hoechst AG (en lo sucesivo, "Hoechst");

- Chemische Werke Huels (en lo sucesivo, "Huels");

- Imperial Chemical Industries plc (en lo sucesivo, "ICI");

- Montepolimeri SpA, hoy Montedipe (en lo sucesivo, "Monte");

- Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, "Shell");

- Solvay et Cie SA (en lo sucesivo, "Solvay");

- BP Chimie (en lo sucesivo, "BP").

No se efectuaron visitas de inspección en Rhône-Poulenc SA (en lo sucesivo, "Rhône-Poulenc") ni en Enichem Anic SpA.

5 Como consecuencia de estas visitas de inspección, la Comisión dirigió solicitudes de información, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17 (en lo sucesivo, "solicitudes de información"), no sólo a las empresas citadas, sino también a las siguientes empresas:

- Amoco;

- Chemie Linz AG (en lo sucesivo, "Linz");

- Saga Petrokjemi AS & Co., que hoy es parte de Statoil (en lo sucesivo, "Statoil");

- Petrofina SA (en lo sucesivo, "Petrofina");

- Enichem Anic SpA (en lo sucesivo, "Anic").

Linz, empresa con domicilio social en Austria, impugnó la competencia de la Comisión y se negó a responder a la solicitud. Con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento antes citado, los funcionarios de la Comisión procedieron a continuación a realizar investigaciones en Anic y en Saga Petrochemicals UK Ltd, filial inglesa de Saga, así como en agencias de ventas de Linz en la República Federal de Alemania y en el Reino Unido. No se envió ninguna solicitud de información a Rhône-Poulenc.

6 Los datos obtenidos en el marco de estas investigaciones y solicitudes de información llevaron a la Comisión a concluir que, entre 1977 y 1983, los productores de que se trata, infringiendo el artículo 85 del Tratado CEE, habían establecido con carácter regular, mediante una serie de iniciativas sobre precios, unos objetivos sobre precios y organizado un sistema de control anual del volumen de ventas con vistas a repartirse el mercado existente según unas cantidades de toneladas o porcentajes convenidos de antemano. Así pues, el 30 de abril de 1984 la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 y, a lo largo del mes de mayo de 1984, comunicó por escrito el pliego de cargos a las empresas antes citadas, con excepción de Anic y Rhône-Poulenc. Todos los destinatarios respondieron por escrito al pliego de cargos.

7 El 24 de octubre de 1984, el Consejero-Auditor designado por la Comisión reunió a los Abogados de los destinatarios del pliego de cargos para convenir determinadas medidas de procedimiento para la audiencia prevista en el marco del procedimiento administrativo, que debía comenzar el 12 de noviembre de 1984. En dicha reunión, la Comisión anunció, por su parte, que, ante los argumentos que presentaban las empresas en sus respuestas al pliego de cargos, enviaría de inmediato a éstas las pruebas que completaban las que ya obraban en su poder, en lo referente a la aplicación de las iniciativas sobre precios. Así pues, el 31 de octubre de 1984 la Comisión envió a los Abogados de las empresas una carpeta de documentos en la que figuraban copias de las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, así como cuadros sinópticos de dichos documentos. Con el fin de garantizar el respeto del secreto comercial, la Comisión estableció ciertas condiciones al enviar esta comunicación, especialmente la de no dar a conocer los documentos a los servicios comerciales de las empresas. Los Abogados de varias empresas se negaron a aceptar tales condiciones y devolvieron la documentación antes de la audiencia.

8 A la vista de la información contenida en las respuestas escritas al pliego de cargos, la Comisión decidió hacer extensivo el procedimiento a Anic y a Rhône-Poulenc. A estos efectos, el 25 de octubre de 1984 les envió un pliego de cargos semejante al dirigido a las otras quince empresas.

9 La primera serie de audiencias se celebró del 12 al 20 de noviembre de 1984. Durante la misma fueron oídas todas las empresas, con excepción de Shell (que se había negado a comparecer en audiencia alguna), Anic, ICI y Rhône-Poulenc (que alegaban no haber podido preparar su intervención).

10 En el curso de estas audiencias, varias empresas se negaron a abordar los puntos mencionados en la documentación que se les había enviado el 31 de octubre de 1984, alegando que la Comisión había cambiado radicalmente la orientación de sus argumentos y que se les debía permitir, como mínimo, presentar observaciones escritas. Otras empresas sostuvieron que no habían dispuesto de tiempo suficiente para estudiar los referidos documentos antes de la audiencia. El 28 de noviembre de 1984, los Abogados de BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina y Solvay enviaron a la Comisión un escrito conjunto en este sentido. Mediante escrito de 4 de diciembre de 1984, Huels declaró que compartía el punto de vista expresado por aquéllas.

11 Fue por estas razones por lo que el 29 de marzo de 1985 la Comisión transmitió a las empresas una nueva serie de documentos, que reproducían las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, acompañados de unos cuadros de precios, así como un resumen de las pruebas correspondientes a cada una de las iniciativas sobre precios sobre las que se disponía de documentos. En dicha comunicación la Comisión invitaba a las empresas a contestarle, tanto por escrito como durante una nueva serie de audiencias, y precisaba que había decidido suprimir las restricciones establecidas inicialmente sobre la transmisión de la información a los servicios comerciales.

12 Mediante otro escrito del mismo día, la Comisión respondió a los argumentos esbozados por los Abogados, según los cuales no había dado una definición jurídica precisa de la práctica colusoria de que les acusaba, con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, e instó a las empresas a presentarle sus observaciones escritas y orales.

13 La segunda serie de audiencias se celebró del 8 al 11 de julio de 1985, y el 25 de julio de 1985. Anic, ICI y Rhône-Poulenc expusieron en ellas sus observaciones, y las restantes empresas (con excepción de Shell) comentaron los puntos mencionados en los dos escritos de la Comisión de fecha 29 de marzo de 1985.

14 El borrador de acta de las audiencias, acompañado de la documentación oportuna, fue transmitido a los miembros del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes (en lo sucesivo, "Comité Consultivo") el 19 de noviembre de 1985 y fue enviado a las empresas el 25 de noviembre de 1985. El Comité Consultivo emitió su dictamen en el curso de su 170.ª reunión, celebrada los días 5 y 6 de diciembre de 1985.

15 Al término de este procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión de 23 de abril de 1986 objeto del litigio, cuya parte dispositiva está redactada así:

"Artículo 1

Anic SpA, ATO Chemie SA (actualmente Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (actualmente Huels AG), ICI plc, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (actualmente Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay et Cie y Saga Petrokjemi AG & Co. (actualmente fusionada con Statoil) han infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, al participar:

- en el caso de Anic, a partir de alrededor de noviembre de 1977 hasta finales de 1982 o principios de 1983;

- en el caso de Rhône-Poulenc, de aproximadamente noviembre de 1977 hasta finales de 1980;

- en el caso de Petrofina, de 1980 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hoechst, ICI, Montepolimeri y Shell, desde mediados del año 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hercules, Linz, Saga y Solvay, desde aproximadamente noviembre de 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de ATO, como mínimo desde 1978 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de BASF, DSM y Huels, desde una fecha indeterminada entre 1977 y 1979 hasta al menos noviembre de 1983;

en un acuerdo y práctica concertada, cuyo origen se sitúa a mediados de 1977, en virtud de los cuales los productores que abastecían de polipropileno el territorio del mercado común:

a) se contactaron mutuamente y se encontraron de forma regular (desde principios de 1981, dos veces al mes) en una serie de reuniones secretas para examinar y definir sus políticas comerciales;

b) fijaron de vez en cuando precios 'objetivo' (o mínimos) para la venta del producto en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad;

c) convinieron diversas medidas tendentes a facilitar la aplicación de tales objetivos de precios, incluidas (esencialmente) limitaciones temporales de la producción, el intercambio de informaciones detalladas sobre sus entregas, la celebración de reuniones locales y, a partir de finales de 1982, un sistema de 'account management' con el objetivo de aplicar las alzas de los precios a clientes particulares;

d) introdujeron aumentos simultáneos de precios para aplicar dichos objetivos;

e) se repartieron el mercado atribuyendo a cada productor un objetivo o una 'cuota' anual de ventas (1979, 1980 y durante una parte al menos de 1983) o, a falta de un acuerdo definitivo para todo el año, pidiendo los productores limitar sus ventas mensuales con referencia a un período anterior (1981, 1982).

Artículo 2

Las empresas mencionadas en el artículo 1 pondrán fin de forma inmediata a las infracciones antes citadas (si todavía no lo han hecho) y se abstendrán en el futuro, y con relación a sus actividades en el sector del polipropileno, de cualquier acuerdo o práctica concertada que pueda tener un objeto o efecto idéntico o similar, incluido cualquier intercambio de informaciones del tipo generalmente cubierto por el secreto comercial, mediante el que los participantes sean informados directa o indirectamente de la producción, de los suministros, del nivel de las existencias, de los precios de venta, de los costos, o de los planes de inversión de otros productores individualizados, o que les permita controlar la ejecución de cualquier acuerdo expreso o tácito o de cualquier práctica concertada en relación con los precios o el reparto de mercados en la Comunidad. Cualquier sistema de intercambio de datos generales al que los productores estuvieran suscritos (como el FIDES) se aplicará de forma que se excluya cualquier dato que permita identificar el comportamiento de productores determinados; las empresas se abstendrán en concreto de intercambiar entre ellas cualquier información suplementaria relativa a la competencia y no cubierta por un tal sistema.

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas mencionadas por la presente Decisión, debido a la infracción que se ha hecho constar en el artículo 1:

i) Anic SpA, una multa de 750.000 ECU, o sea 1.103.692.500 LIT;

ii) Atochem, una multa de 1.750.000 ECU, o sea 11.973.325 FF;

iii) BASF AG, una multa de 2.500.000 ECU, o sea 5.362.225 DM;

iv) DSM NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea 6.657.640 HFL;

v) Hercules Chemicals NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea 120.569.620 BFR;

vi) Hoechst AG, una multa de 9.000.000 ECU, o sea 19.304.010 DM;

vii) Huels AG, una multa de 2.750.000 ECU, o sea 5.898.447,50 DM;

viii) ICI plc, una multa de 10.000.000 ECU, o sea 6.447.970 UKL;

ix) Chemische Werke Linz, una multa de 1.000.000 ECU, o sea 1.471.590.000 LIT;

x) Montedipe, una multa de 11.000.000 ECU, o sea 16.187.490.000 LIT;

xi) Petrofina SA, una multa de 600.000 ECU, o sea 26.306.100 BFR;

xii) Rhône-Poulenc SA, una multa de 500.000 ECU, o sea 3.420.950 FF;

xiii) Shell International Chemical Co. Ltd, una multa de 9.000.000 ECU, o sea 5.803.173 UKL;

xiv) Solvay et Cie, una multa de 2.500.000 ECU, o sea 109.608.750 BFR;

xv) Statoil, Den Norske Stats Oljeselskap AS ((que engloba hoy a Saga Petrokjemi)), una multa de 1.000.000 ECU, o sea 644.797 UKL.

Artículos 4 y 5

(omissis)"

16 El 8 de julio de 1986 se envió a las empresas el acta definitiva de las audiencias, en la que se incluían las correcciones, añadidos y supresiones solicitados por éstas.

Procedimiento

17 En este contexto, la demandante, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 31 de julio de 1986, interpuso su recurso en el que solicitaba la anulación de la Decisión. Trece de los catorce destinatarios restantes de la Decisión interpusieron también recurso solicitando la anulación de la misma (asuntos T-1/89 a T-4/89, T-6/89, T-7/89 y T-9/89 a T-15/89).

18 La fase escrita del procedimiento se desarrolló en su totalidad ante el Tribunal de Justicia.

19 Mediante auto de 15 de noviembre de 1989, el Tribunal de Justicia atribuyó el presente asunto, así como los otros trece, al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988 por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988").

20 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia designó un Abogado General.

21 Mediante escrito de 3 de mayo de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a participar en una reunión informal para determinar el modo de organizar la fase oral del procedimiento. Dicha reunión tuvo lugar el 28 de junio de 1990.

22 Mediante escrito de 9 de julio de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia pidió a las partes que presentaran sus observaciones sobre una posible acumulación de los asuntos T-1/89 a T-4/89 y T-6/89 a T-15/89 a efectos de la fase oral del procedimiento. Ninguna de las partes formuló objeciones al respecto.

23 Mediante auto de 25 de septiembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los citados asuntos a efectos de la fase oral del procedimiento por razón de conexión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en aquel momento aplicable mutatis mutandis al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 11 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988.

24 Mediante auto de 15 de noviembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre las peticiones de tratamiento confidencial presentadas por las partes demandantes en los asuntos T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 y T-13/89, y las acogió en parte.

25 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 9 de octubre y el 29 de noviembre de 1990, las partes respondieron a las preguntas que el Tribunal de Primera Instancia les había dirigido mediante los correspondientes escritos del Secretario de fecha 19 de julio.

26 Habiendo considerado las respuestas dadas a sus preguntas y el informe del Juez Ponente, y oído el Abogado General, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral del procedimiento sin previo recibimiento a prueba.

27 En la vista celebrada del 10 al 15 de diciembre de 1990 se oyeron los informes orales de las partes así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

28 El Abogado General presentó sus conclusiones en audiencia pública el 10 de julio de 1991.

Pretensiones de las partes

29 DSM NV solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

1) Anule o declare nula, total o parcialmente, la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986 (IV/31.149-Polipropileno) contra la que se dirige el presente recurso.

2) Anule o reduzca la cuantía de la multa impuesta a la demandante por dicha Decisión.

3) Adopte cualquier otra disposición o medida que el Tribunal de Justicia (el Tribunal de Primera Instancia) considere adecuada.

4) Condene en costas a la Comisión.

La Comisión, por su parte, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fondo del asunto

30 Este Tribunal considera que procede examinar, en primer lugar, las imputaciones de la demandante relativas a la violación del derecho de defensa cometida, a su juicio, por la Comisión, al no haberle comunicado los documentos sobre los que basó su Decisión (1) y al dar lugar, al basarse en pruebas insuficientes, a una inversión de la carga de la prueba (2); en segundo lugar, sus imputaciones relativas a la prueba de la existencia de infracción que se refieren, por una parte, a la determinación de los hechos efectuada por la Comisión (1) y, por otra parte, a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos (2), al efectuar la cual la Comisión, según la demandante, no calificó correctamente la infracción (A), no valoró correctamente el efecto restrictivo sobre la competencia (B) y no valoró correctamente la incidencia sobre el comercio entre los Estados miembros (C); en tercer lugar, las imputaciones relativas a la motivación de la Decisión; en cuarto lugar, las imputaciones relativas a la determinación del importe de la multa que, según la demandante, no es adecuada a la duración (1) ni a la gravedad (2) de la infracción que se le imputa.

El derecho de defensa

1. Falta de comunicación de ciertos documentos con el pliego de cargos

31 La demandante alega que, al enviarle el pliego de cargos, la Comisión no le transmitió ciertos documentos que se citan en catorce apartados de la Decisión y que al actuar así le impidió dar explicaciones sobre el contenido de los mismos. Los documentos a que se refiere la demandante son un informe redactado por un ejecutivo de Hercules sobre la reunión de 13 de mayo de 1982 ((letra b) del apartado 15 de la Decisión; véase también el apartado 37)); un documento de fecha 6 de septiembre de 1977 que se dice descubierto en los locales de Solvay (último párrafo del apartado 16 de la Decisión); la respuesta de Shell al pliego de cargos (apartado 17 de la Decisión); dos informes de reuniones internas de Shell que tuvieron lugar respectivamente el 5 de julio de 1979 (párrafo segundo del apartado 29 de la Decisión) y el 12 de septiembre de 1979 (apartado 31 de la Decisión); un documento interno de Solvay (apartado 32 de la Decisión); una nota recordatoria de Solvay a sus oficinas de ventas de 17 de julio de 1981 (apartado 35 de la Decisión); unos artículos publicados en la prensa especializada a finales de 1981 (apartado 36 de la Decisión); una nota interna de ICI en la que se hablaba de un "clima de firmeza" (apartado 46 de la Decisión); unos documentos de Shell relativos al Reino Unido y a Francia así como de un documento de Shell con el título "PP W. Europe-Pricing" y "Market quality report" (apartado 49 de la Decisión); diversos documentos de ATO, sobre todo una nota interna de 28 de septiembre de 1983 (apartado 51 de la Decisión); unos cuadros numéricos descubiertos en los locales de ICI y relativos a los objetivos revisados para 1979 (apartado 54 de la Decisión); el informe sobre la reunión de 10 de marzo de 1982 redactado por un ejecutivo de ICI (apartado 58 de la Decisión); una nota sin fecha de ICI para preparar una reunión con Shell prevista para mayo de 1983, y, por último, un documento de trabajo relativo al primer trimestre de 1983 descubierto en los locales de Shell (apartado 63 de la Decisión).

32 A este respecto, la demandante alega que se ha infringido el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62; en lo sucesivo, "Reglamento nº 99/63"), según el cual la Comisión debe comunicar por escrito a las empresas las quejas presentadas contra ellas. A juicio de la demandante, estas quejas o cargos deben ir acompañados de los documentos en los que la Comisión basa sus alegaciones. Aunque no resulte necesario comunicar el expediente en su conjunto a las empresas afectadas, dichas empresas deben ser informadas al menos de los elementos de hecho en que se basan los cargos de la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1966, Consten-Grundig/Comisión, asuntos acumulados 56/64 y 58/64, Rec. p. 429). Si dichos elementos de hecho consisten en unos documentos específicos, la Comisión debe transmitir dichos documentos a las empresas o bien, si se trata de documentos que pueden ser conocidos, indicar a cuáles se hace referencia. Además, señala la demandante, la valoración de la importancia de un documento o del sentido en que reaccionará una empresa ante un documento debe dejarse en manos de dicha empresa.

33 La Comisión replica que todos los documentos que se referían a la demandante y probaban su participación en la práctica colusoria le fueron transmitidos con el pliego de cargos de un modo que permitía identificarlos perfectamente, si se exceptúa el informe sobre la reunión de 10 de marzo de 1982 redactado por un ejecutivo de ICI (apartado 58 de la Decisión). Pero dicho informe, indica la Comisión, se limitaba a precisar el contenido de un plan descubierto en los locales de ICI y de Hercules (pliego de cargos general, anexo 71; en lo sucesivo, "p.c.g., anexo") que sí le fue transmitido y, además, se refería al año 1982, y la demandante ha reconocido en su recurso haber participado en la práctica colusoria en dicho año.

34 Por otra parte, la Comisión sostiene que, durante la fase de puesta de manifiesto del expediente, la demandante tuvo ocasión de informarse sobre algunos de los documentos de los que afirma que no se le dieron a conocer.

35 La Comisión subraya además que los documentos a que se hacía referencia en los apartados 46 y 54 de la Decisión fueron transmitidos a la demandante como anexos 35 y 55 al pliego de cargos general.

36 Por último, esta Institución admite que algunos de los documentos que se citan en la Decisión no fueron transmitidos a la demandante porque no se referían a ella en absoluto y no sirvieron por tanto de fundamento a la parte de la Decisión que afecta a esta última. Por esta razón, alega, carecían por completo de interés a la hora de valorar la posición que ocupaba la demandante entre las empresas que participaban en la práctica colusoria.

37 Este Tribunal hace constar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que lo que importa no son los documentos en sí mismos, sino las conclusiones que de ellos extrajo la Comisión, y que, si en el pliego de cargos no se han mencionado ciertos documentos, la empresa afectada pudo acertadamente concluir de ello que éstos no tenían importancia para el asunto. Al no informar a una empresa de que en su Decisión se utilizarían ciertos documentos, la Comisión le impidió expresar dentro de plazo su opinión sobre la fuerza probatoria de tales documentos. De ello se sigue que tales documentos no pueden considerarse medios de prueba válidos por lo que a aquélla respecta (sentencias de 25 de octubre de 1983, AEG-Telefunken/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartado 27, y, más recientemente, de 3 de julio de 1991, AKZO Chemie/Comisión, C-62/86, Rec. p. I-3359, apartado 21).

38 En el caso de autos procede subrayar que sólo pueden considerarse medios de prueba oponibles a la demandante en el marco del presente asunto los documentos que se mencionaban en el pliego de cargos general o específico o en los escritos de 8 de octubre de 1984 y 29 de marzo de 1985, o que figuraban como anexos de éstos sin ser mencionados específicamente en ellos. Por lo que respecta a los documentos adjuntados como anexos a los pliegos de cargos, pero no mencionados en ellos, sólo pueden utilizarse en la Decisión en contra de la demandante si ésta pudo razonablemente deducir de los pliegos de cargos las conclusiones que la Comisión pretendía extraer de ellos.

39 De las consideraciones precedentes se deduce que, entre los documentos citados por la demandante sólo pueden utilizarse como pruebas contra ella la nota interna de ICI en la que se hablaba de un "clima de firmeza" (apartado 46 de la Decisión) y los cuadros numéricos descubiertos en los locales de ICI relativos a los objetivos revisados para 1979 (apartado 54 de la Decisión), puesto que fueron mencionados respectivamente en los apartados 71 y 93 del pliego general de cargos dirigido a la demandante, en el que además figuran como anexos 35 y 55. Los demás documentos citados por la demandante no pueden considerarse medios de prueba oponibles a la demandante en el marco del presente asunto.

40 La cuestión de si estos últimos documentos constituyen una base indispensable para la determinación de los hechos que efectuó la Comisión en contra de la demandante corresponde tratarla cuando el Tribunal examine la fundamentación de dicha determinación de los hechos.

2. Insuficiencia de las pruebas que presentó la Comisión

41 La demandante sostiene que los documentos presentados por la Comisión no son dignos de confianza y, en particular, que las notas de ICI son intenciones o interpretaciones subjetivas de sus autores, guiadas por sus objetivos políticos personales en el seno de su empresa.

42 La demandante añade que la Comisión no debe intentar dar a un asunto una trascendencia mayor que la que los hechos probados justifican objetivamente. Además, indica, dicha Institución debe aplicar la presunción de inocencia y el principio de in dubio pro reo. Sin embargo, la Comisión extrajo conclusiones generales de acontecimientos o circunstancias que, situados en su auténtico contexto, pueden proporcionar una imagen diferente del comportamiento o de la posición de la demandante en el mercado; la Comisión mantuvo que estos acontecimientos y circunstancias constituían una prueba de culpabilidad, y al actuar así se basó, por tanto, en unas pruebas insuficientes, dudosas o no concluyentes. Según la demandante, este modo de actuar condujo a invertir la carga de la prueba al obligar a DSM a demostrar, en general, que su comportamiento en el mercado ha sido totalmente distinto del que la Comisión le atribuye o a dar una interpretación diferente de los hechos, mientras que es a la Comisión a quien corresponde justificar su versión de los hechos frente a la interpretación de los mismos que hacen las empresas.

43 La Comisión replica que DSM no da razones para dudar de la fiabilidad de los documentos aportados por la Comisión.

44 La Comisión considera que la trascendencia que atribuyó a los distintos hechos expuestos por ella no sobrepasa la que éstos tienen realmente. Llama la atención sobre el hecho de que la prueba de una infracción del artículo 85 del Tratado CEE debe aportarse necesariamente refiriéndose al comportamiento de varias empresas. Añade, además, que, al contrario de lo que sugiere DSM, si se tiene en cuenta el conjunto de pruebas que aporta la Comisión, es a la demandante a quien corresponde demostrar que los hechos de la causa pueden recibir una interpretación diferente.

45 Por último, según entiende la Comisión, el motivo basado en la violación del principio in dubio pro reo carece de pertinencia, habida cuenta de la importancia de las pruebas que se recogen en el expediente.

46 Este Tribunal subraya que el contenido de los informes de las reuniones procedentes de ICI viene confirmado por diversos documentos, como un determinado número de cuadros numéricos relativos a los volúmenes de ventas de los diferentes productores y unas instrucciones sobre precios que se ajustan, en la cuantía y en la fecha de entrada en vigor de los mismos, a los objetivos sobre precios mencionados en los informes de las reuniones a los que se ha aludido. Igualmente, las respuestas de los diferentes productores a las solicitudes de información que les envió la Comisión corroboran, globalmente, el contenido de dichos informes.

47 En consecuencia, la Comisión pudo considerar que los informes de las reuniones descubiertos en los locales de ICI reflejaban con bastante objetividad el contenido de unas reuniones en las que ocupaban la presidencia distintos miembros del personal de ICI, lo que hacía aun más necesario que éstos informaran correctamente del contenido de las reuniones a los miembros del personal de ICI que no participaban en alguna de ellas, elaborando informes sobre las mismas.

48 En estas circunstancias, corresponde precisamente a la demandante proporcionar una explicación diferente sobre el contenido de las reuniones en las que participó, aportando datos precisos, como las notas tomadas por los miembros de su personal en las reuniones en las que participaron o el testimonio de estas personas. Se debe hacer constar que la demandante no ha aportado ni se ha ofrecido a aportar datos de este tipo ante el Tribunal.

49 Por otra parte, es preciso subrayar que la cuestión de si la Comisión extrajo conclusiones demasiado generales de las pruebas disponibles, violando de este modo la presunción de inocencia y el principio de in dubio pro reo, se confunde con la cuestión de si la determinación de los hechos que realizó la Comisión en su Decisión viene apoyada por las pruebas que ésta aportó. Al tratarse aquí de una cuestión de fondo relativa a la prueba de la existencia de infracción, procede examinarla más tarde junto con las demás cuestiones relativas a la prueba de la existencia de infracción.

La prueba de la existencia de infracción

50 Según la Decisión (párrafo primero del apartado 80), a partir de 1977, los productores de polipropileno que abastecían a la Comunidad participaron en todo un conjunto de planes, dispositivos y medidas adoptados en el marco de un sistema de reuniones periódicas y de contactos permanentes. La Decisión (párrafo segundo del apartado 80) añade que el plan de conjunto de los productores estaba dirigido a organizar encuentros para alcanzar acuerdos expresos sobre algunos puntos específicos.

51 Procede pues verificar, en primer lugar, si la Comisión demostró de forma suficiente con arreglo a Derecho su determinación de los hechos relativa al sistema de reuniones periódicas (A), a las iniciativas sobre precios (B), a las medidas destinadas a facilitar la aplicación de las iniciativas sobre precios (C) y a la determinación de las cantidades de toneladas "objetivo" y de las cuotas (D), dando cuenta del acto que se impugna (a) y de las alegaciones de las partes (b), antes de pasar a valorarlos (c); a continuación, procede someter a examen la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos.

1. Determinación de los hechos

A. El sistema de reuniones periódicas

a) Acto que se impugna

52 La Decisión afirma (párrafo cuarto del apartado 78 y párrafo tercero del apartado 104) que el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno comenzó aproximadamente a finales de 1977 y que durante 1978 se celebraron seis reuniones (párrafo primero del apartado 18), pero que no es posible precisar la fecha a partir de la cual cada productor comenzó a asistir a ellas. Subraya que DSM, que figura entre los productores de los que no se ha probado que "apoyaran" la iniciativa de diciembre de 1977, alega no saber cuándo comenzaron las reuniones y reconoce haber asistido a ellas únicamente a partir de 1980.

53 Sin embargo, la Decisión indica (párrafos primero y segundo del apartado 105) que la fecha precisa en que cada productor comenzó a asistir a las sesiones plenarias periódicas no puede acreditarse con certeza. Según ella, la fecha en que Anic, ATO, BASF, DSM y Huels comenzaron a participar en los acuerdos no puede haber sido posterior a 1979, ya que se ha demostrado que estos cinco productores participaron todos en el reparto del mercado o en el sistema de cuotas que comenzó a aplicarse por primera vez en ese año.

54 La Decisión afirma (párrafo tercero del apartado 104 y párrafos segundo y cuarto del apartado 105), por un lado, que ICI declaró que DSM era uno de los participantes regulares en las reuniones y, por otro, que el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno estuvo funcionando al menos hasta finales de septiembre de 1983. Y acusa a DSM de haber participado en dicho sistema (párrafos primero y tercero del apartado 18).

55 Según la Decisión (apartado 21) estas reuniones periódicas de productores de polipropileno tenían por objeto, en particular, establecer objetivos sobre precios y volúmenes de ventas y controlar que los productores respetaban los objetivos.

b) Alegaciones de las partes

56 La demandante subraya que, según la Decisión, ella participó en la práctica colusoria a partir "de una fecha indeterminada entre 1977 y 1979". Sostiene que en cualquier caso la Comisión no podía introducir un margen de incertidumbre tan grande en cuanto al comienzo de la infracción. La Comisión estaba obligada a determinar con exactitud dicho comienzo y, si no le resultaba posible hacerlo, a reconocer a la demandante el beneficio de la duda.

57 La demandante alega que, aunque ha reconocido haber participado regularmente en las reuniones de productores de polipropileno a partir del 1 de enero de 1981, siempre ha negado enérgicamente el haber participado en las mismas con una cierta regularidad o de manera sistemática antes de esa fecha.

58 DSM sostiene que, aunque la Comisión afirma, sin embargo, que la fecha en que ella comenzó a participar en los acuerdos no puede haber sido posterior a 1979, se basa para ello en unos documentos procedentes de ICI que carecen de fuerza probatoria o que se interpretan de manera incorrecta y que consisten simplemente, según la demandante, en unos cuadros en los que se mencionan cifras de producción de los diferentes productores.

59 La demandante añade en su escrito de réplica que el valor probatorio de dichos documentos en lo referente a su participación en las reuniones resulta desmentido por el hecho de que en ellos se mencione a Amoco, empresa de la que la Comisión admite que no participó en las reuniones. Cierta nota de 27 de febrero de 1978 ((anexo III al escrito de contestación (en lo sucesivo, "C., anexo") )) no tiene, según ella, más fuerza probatoria.

60 La Comisión subraya, por su parte, que DSM reconoce haber estado presente en las reuniones con cierta regularidad después del 1 de enero de 1981 y que, aunque niega haber participado en las mismas con una cierta regularidad o de manera sistemática antes de 1981, no desmiente haber tomado parte en ellas de manera irregular u ocasional.

61 La Comisión afirma que numerosos documentos demuestran la participación de la demandante en las reuniones antes de 1981. Son, según ella, los siguientes: el apartado 23 de la respuesta de DSM al pliego de cargos, en el que reconocía en términos velados haber estado representada en las reuniones antes de 1981; la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8), según la cual DSM asistía a las reuniones como "regular participant" ("participante regular"); unas declaraciones efectuadas en la Asamblea General de la "European Association of Textile Polyolefines" (en lo sucesivo, "EATP") de 26 de mayo de 1978, que indicaban que DSM "will support the movement to get prices at a reasonable level" ("apoyará las acciones encaminadas a que los precios alcancen un nivel razonable") (p.c.g., anexo 7); los anexos 55 y siguientes del pliego de cargos general, que contienen datos precisos que sólo DSM podía suministrar, y, por último, una nota procedente de DSM, de fecha 27 de febrero de 1978, de la que se deduce que, a partir de ese momento, DSM respetaba los acuerdos y se preocupaba por el hecho de que algunos de sus competidores fueran menos escrupulosos en la observancia de los mismos.

c) Apreciación del Tribunal

62 Este Tribunal hace constar, con carácter preliminar, que la afirmación relativa al comienzo de la participación de la demandante en la infracción, que el artículo 1 de la Decisión sitúa en una fecha indeterminada entre 1977 y 1979, debe entenderse, a la luz de los fundamentos de Derecho de la Decisión, en el sentido de que el comienzo de esta participación se sitúa entre principios y finales del año 1978. En efecto, es preciso subrayar, por una parte, que ni los pliegos de cargos general y específico dirigidos a la demandante ni la Decisión formulan cargos contra la demandante antes del año 1978 -la Decisión llega incluso a excluirla explícitamente de la iniciativa de precios de diciembre de 1977 (apartado 78)- y, por otra parte, que el párrafo segundo del apartado 105 de la Decisión señala que la fecha en que comenzó esta participación no puede haber sido posterior al comienzo del año 1979.

63 Basándose en los indicios constituidos, por un lado, por la nota interna de DSM de fecha 27 de febrero de 1978 (C. anexo III), elaborada para preparar una reunión de 28 de febrero de 1978 y que destaca, entre los errores cometidos por DSM en su política de precios, "clinging to agreements even when heavy violations of our partners become obvious" ("continuar respetando los acuerdos incluso cuando resulta evidente que nuestros interlocutores los violan gravemente"), mientras que el contexto de la cita indica que estos "partners" no pueden ser ni los clientes ni los proveedores, que son designados como tales en otras partes del documento, y, por otra parte, las declaraciones de la demandante en la reunión de la EATP de 26 de mayo de 1978 (p.c.g., anexo 7), según las cuales:

"It is our conviction that stability in supply and in pricing is most important ((...)) Therefore we will support the move to get prices at a reasonable level. This morning we have heard some comments indicating the November initiative has not been fully carried through, nevertheless we are of the opinion that it is absolutely necessary to pursue this goal further",

("Estamos firmemente convencidos de que la estabilidad de la oferta y de los precios tiene una enorme importancia ((...)) Por consiguiente, apoyaremos las acciones encaminadas a que los precios alcancen un nivel razonable. Esta mañana hemos oído algunos comentarios que señalaban que la iniciativa de noviembre no se había aplicado en su totalidad, pero nosotros opinamos sin embargo que es absolutamente necesario continuar persiguiendo este objetivo"),

se debe llegar a la conclusión de que la demandante participó, desde una fecha que puede situarse en 1978, en las reuniones de "Senior Managers" ("jefes") organizadas por los productores de polipropileno, en el curso de las cuales cobró forma la idea de establecer unos precios objetivo, como revela la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8), en la que se lee: "Generally speaking however, the concept of recommending 'Target prices' was developed during the early meetings which took place in 1978" ("Sin embargo, hablando en términos generales, la idea de recomendar unos 'precios objetivo' fue tomando forma durante las primeras reuniones, celebradas en 1978").

64 Por lo que respecta al período posterior, este Tribunal hace constar que de la respuesta de ICI a la solicitud de información se deduce que DSM participó con regularidad en las reuniones periódicas de "jefes" y de "expertos" a partir de finales de 1978 o comienzos de 1979. En efecto, esta respuesta sitúa a la demandante, a diferencia de otros dos productores, entre los participantes regulares en dichas reuniones, y señala, por otra parte:

"By late 1978/early 1979 it was determined that the ad hoc meetings of Senior Managers should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing knowledge. This two-tier level of representatives became identified as (a) 'Bosses' and (b) 'Experts' ".

(("A finales de 1978 o comienzos de 1979 se decidió que las reuniones ad hoc de altos cargos directivos se completarían mediante reuniones de directivos de categoría inferior con mayores conocimientos de marketing. Este sistema de representación a dos niveles acabó por denominarse de (a) 'jefes' y (b) 'expertos' ")).

65 Procede señalar, además, que la respuesta de ICI a la solicitud de información resulta confirmada, en primer lugar, por la respuesta de la demandante al pliego de cargos, en la que afirma, en efecto, no haber participado en las reuniones con una cierta regularidad sino a partir de enero de 1981, pero no niega haber participado en las mismas antes de esa fecha, y, en segundo lugar, por la mención de las cifras de ventas de la demandante de distintos meses y años, al lado de su nombre, en los distintos cuadros que se encontraron en los locales de ICI y de ATO (p.c.g., anexo 55 a 61). Ahora bien, la mayoría de los demandantes han reconocido en sus respuestas a una pregunta por escrito que les dirigió este Tribunal que habría resultado imposible elaborar los cuadros descubiertos en los locales de ICI, ATO y Hercules basándose en las estadísticas del sistema Fides de intercambio de datos, e ICI declaró en su respuesta a la solicitud de información a propósito de uno de estos cuadros que "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" ("la fuente de información para las cifras reales correspondientes al pasado que figuran en el cuadro debieron ser los propios productores"). Hay que precisar, no obstante, que este último documento no constituye en sí mismo una prueba de la participación de la demandante en las reuniones, como tampoco lo ha sido en el caso de Amoco, sino que viene solamente a corroborar el tenor de otros elementos de prueba con arreglo a los cuales dicha participación debe considerarse probada, elementos de prueba que faltan en el caso de Amoco.

66 Por último, se deduce de los cuadros anexos a la respuesta de la demandante a la solicitud de información que ésta participó en casi todas las reuniones de productores que, según se alegaba, habían tenido lugar durante los años 1982 y 1983.

67 Este Tribunal considera que la Comisión estimó acertadamente, basándose en los datos que ICI aportó en su respuesta a la solicitud de información y que han sido confirmados por numerosos informes sobre las reuniones, que el objeto de las reuniones era, principalmente, establecer los objetivos sobre precios, por una parte, y sobre volúmenes de ventas, por otra. En efecto, se lee en esta respuesta que "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ((...))", y también que "A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings" ("Los 'precios objetivo' propuestos periódicamente por los productores desde el 1 de enero de 1979 para las calidades de base de cada una de las principales categorías de polipropileno figuran en el anexo ((...))", y "Durante las reuniones se discutieron cierto número de propuestas relativas al volumen de ventas de los distintos productores").

68 Además, al informar sobre la organización, junto a las reuniones de "jefes", de reuniones de "expertos" en marketing a partir de finales de 1978 o de principios de 1979, la respuesta de ICI a la solicitud de información revela que las discusiones relativas al establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas se hacían cada vez más concretas y precisas, mientras que en 1978 los "jefes" se habían limitado a desarrollar el concepto mismo de precios "objetivo".

69 Además de los pasajes antes citados, en la respuesta de ICI a la solicitud de información se lee la frase siguiente: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" ("Sólo las reuniones de 'jefes' y de 'expertos' llegaron a celebrarse con carácter mensual"). La Comisión dedujo acertadamente de esta respuesta, así como del hecho de que las reuniones tuvieran una naturaleza y un objeto idénticos, que éstas se inscribían en el marco de un sistema de reuniones periódicas.

70 De las consideraciones precedentes se deduce que la Comisión ha demostrado de forma suficiente con arreglo a Derecho que la demandante participó de manera regular en las reuniones periódicas de productores de polipropileno a partir de una fecha indeterminada comprendida entre 1977 y 1979 y hasta septiembre de 1983, y que dichas reuniones tenían por objeto, principalmente, el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas y que se inscribían en el marco de un sistema.

B. Las iniciativas sobre precios

a) Acto que se impugna

71 Según la Decisión (apartados 28 a 51), se han podido identificar seis iniciativas sobre precios, que se inscribían en el marco de un sistema de establecimiento de objetivos sobre precios. La primera se extendió de julio a diciembre de 1979, la segunda de enero a mayo de 1981, la tercera de agosto a diciembre de 1981, la cuarta de junio a julio de 1982, la quinta de septiembre a noviembre de 1982 y la sexta de julio a noviembre de 1983.

72 A propósito de la primera de estas iniciativas sobre precios, la Comisión subraya que no dispone de detalles sobre las reuniones celebradas o las iniciativas previstas durante la primera parte de 1979 (apartado 29 de la Decisión). El informe correspondiente a una reunión celebrada los días 26 y 27 de septiembre de 1979 indica, no obstante, según ella, que se había previsto una iniciativa centrada en un precio para la clase "rafia" de 1,90 DM/kg a partir del 1 de julio y de 2,05 DM/kg a partir del 1 de septiembre. La Comisión dispone de las instrucciones sobre precios de algunos productores, entre los cuales no figura la demandante, de las que se deduce, según ella, que estos productores habían ordenado a sus oficinas de ventas aplicar dicho precio o su equivalente en moneda nacional a partir del 1 de septiembre, y esto, en la mayoría de los casos, antes de que la prensa especializada hubiera anunciado la subida prevista (apartado 30 de la Decisión).

73 Sin embargo, a causa de las dificultades que suponía el aumento de precios, los productores decidieron, en la reunión de 26 y 27 de septiembre de 1979, retrasar varios meses la fecha prevista para alcanzar el objetivo, hasta el 1 de diciembre, mediante un nuevo plan que consistía en "mantener" durante todo el mes de octubre los niveles ya alcanzados, con una posible subida intermedia en noviembre, que elevaría el precio a 1,90 ó 1,95 DM/kg (párrafos primero y segundo del apartado 31 de la Decisión). LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC : 689A0008.1

74 En cuanto a la segunda iniciativa sobre precios, la Decisión (apartado 32), aunque reconoce que no se ha descubierto informe alguno sobre las reuniones de 1980, afirma que los productores se reunieron al menos siete veces durante ese año, (remitiéndose al cuadro nº 3 de la Decisión). A comienzos de ese año, continúa la Decisión, la prensa especializada anunció que los productores eran partidarios de una fuerte subida de precios durante el año 1980. Se pudo comprobar, sin embargo, que los precios de mercado experimentaron una importante baja, cayendo a un nivel de 1,20 DM/kg, e incluso inferior, antes de estabilizarse aproximadamente a partir del mes de septiembre. Las instrucciones de precios enviadas por la demandante, así como por Hoechst, Linz, Monte, Saga e ICI, revelan que para restablecer el nivel de precios se fijaron como objetivos para diciembre de 1980-enero de 1981 unos precios basados en 1,50 DM/kg para la rafia, 1,70 DM/kg para el homopolímero y 1,95 a 2,00 DM/kg para el copolímero. Un documento interno de Solvay contiene un cuadro en el que se comparan los "precios alcanzados" en octubre y noviembre de 1980 con los "precios de catálogo" para enero de 1981, que serían de 1,50, 1,70 y 2,00 DM. La Decisión termina afirmando que inicialmente se había previsto aplicar estos importes a partir de 1 de diciembre de 1980 -una reunión al respecto tuvo lugar en Zúrich del 13 al 15 de octubre-, pero que esta iniciativa se aplazó hasta el 1 de enero de 1981.

75 A continuación la Decisión subraya (apartado 33) que DSM participó en enero de 1981 en dos reuniones, en las cuales se reconoció la necesidad de proceder, tras el aumento de precios acordado en diciembre de 1980, centrado en un precio de 1,75 DM/kg para la rafia para el 1 de febrero de 1981, a un aumento en dos etapas: el objetivo continuaría siendo 1,75 DM/kg para febrero y a partir del 1 de marzo se fijaría un nuevo objetivo de 2,00 DM/kg, "sin excepciones". Según la Decisión, se estableció un cuadro de precios objetivo de las seis principales calidades en seis monedas nacionales, que había de entrar en vigor el 1 de febrero y el 1 de marzo de 1981. Los documentos hallados en DSM revelan concretamente que ésta adoptó determinadas medidas para aplicar los precios objetivo fijados para febrero.

76 El apartado 34 de la Decisión indica que parece, sin embargo, que el proyecto de subir los precios a 2,00 DM/kg para el 1 de marzo no tuvo éxito. Los productores modificaron sus expectativas, esperando alcanzar el nivel de 1,75 DM/kg en marzo. Según la Decisión, el 25 de marzo de 1981 se celebró en Amsterdam una reunión de "expertos" de la que no queda ningún informe, pero inmediatamente después, al menos BASF, DSM, ICI, Monte y Shell dieron instrucciones de elevar los objetivos sobre precios (o precios "de catálogo") a un nivel equivalente a 2,15 DM/kg para la rafia a partir del 1 de mayo. Con un retraso de cuatro semanas respecto a los otros, Hoechst dio instrucciones idénticas para el 1 de mayo. Algunos de los productores dieron cierto margen de maniobra a sus oficinas de ventas, permitiéndoles aplicar unos precios "mínimos" o "mínimos absolutos" algo inferiores a los objetivos acordados. Durante la primera parte del año 1981, los precios aumentaron sensiblemente, pero, aunque los productores apoyaron decididamente la subida del 1 de mayo, el ritmo se hizo más lento. Hacia mediados del año, los productores contemplaban la posibilidad de estabilizar los precios o incluso de reducirlos un poco, pues la demanda había caído durante el verano.

77 Por lo que respecta a la tercera iniciativa de precios, la Decisión (apartado 35) afirma que ya en junio de 1981 Shell e ICI habían previsto una nueva iniciativa sobre precios para septiembre/octubre de 1981, en un momento en que la subida de precios del primer trimestre comenzaba a perder impulso. Según la Decisión, Shell, ICI y Monte se reunieron el 15 de junio de 1981 a fin de discutir los métodos que se usarían para aumentar los precios en el mercado. Pocos días después de la reunión, ICI y Shell dieron ambas a sus oficinas de ventas instrucciones de preparar al mercado para una subida sustancial en septiembre, centrada en un nuevo precio de 2,30 DM/kg para la rafia. Igualmente, Solvay recordó a su oficina de ventas del Benelux, el 17 de julio de 1981, que era necesario avisar a los clientes de que el 1 de septiembre se produciría una subida sustancial, cuyo importe se decidiría en la última semana de julio; en ese momento estaba prevista una reunión de expertos para el 28 de julio de 1981. El proyecto inicial centrado en un precio de 2,30 DM/kg en septiembre de 1981 fue revisado probablemente en esta reunión; el nivel para agosto se redujo a 2,00 DM/kg para la rafia. El de septiembre debía ser de 2,20 DM/kg. Una nota manuscrita encontrada en los locales de Hercules de fecha 29 de julio de 1981 (es decir, el día siguiente a la reunión, a la que seguramente Hercules no asistió) cita estos precios, calificándolos de "oficiales" para agosto y septiembre, y se refiere en términos velados a la fuente de la información. El 4 de agosto de 1981 en Ginebra y el 21 de agosto del mismo año en Viena tuvieron lugar nuevas reuniones. Tras éstas, los productores enviaron unas nuevas instrucciones, que establecían como objetivo 2,30 DM/kg para el 1 de octubre. BASF, DSM, Hoechst, ICI, Monte y Shell dieron unas instrucciones prácticamente idénticas de aplicar estos precios en septiembre y en octubre.

78 Según la Decisión (apartado 36), el nuevo proyecto preveía para los meses de septiembre y de octubre de 1981 la subida de los precios a un "precio de base" de 2,20 a 2,30 DM/kg para la rafia. Un documento de Shell indica que se habló de una segunda etapa en la que el precio subiría a 2,50 DM/kg para el 1 de noviembre, pero que más tarde se renunció a ello. Los informes de los diversos productores indican que los precios aumentaron en septiembre y que la iniciativa prosiguió en octubre de 1981, llegándose a conseguir en el mercado unos precios de alrededor de 2,00 a 2,10 DM/kg para la rafia. Una nota de Hercules muestra que en diciembre de 1981 el objetivo de 2,30 DM/kg fue revisado a la baja y que se fijó un nuevo valor más realista de 2,15 DM/kg, pero esta nota añade: "Gracias a la determinación de todos, los precios han alcanzado los 2,05 DM/kg, es decir, el importe más próximo a los objetivos publicados al que se ha llegado nunca ((sic))". A finales de 1981, la prensa especializada registraba unos precios en el mercado del polipropileno de 1,95 a 2,10 DM/kg para la rafia, es decir, unos 20 pfennigs menos que los objetivos sobre precios de los productores. En cuanto a las capacidades, informaba de una utilización que llegaba hasta el 80 %, porcentaje que se consideraba "sano".

79 La cuarta iniciativa sobre precios de junio-julio de 1982 se inscribía en el contexto de un retorno del mercado a la situación de equilibrio entre la oferta y la demanda. Según la Comisión, esta iniciativa se decidió en la reunión de productores de 13 de mayo de 1982, en la que participó DSM y en la cual se elaboró un cuadro detallado de los objetivos sobre precios a 1 de junio para las diferentes calidades de polipropileno, en diferentes monedas nacionales (2,00 DM/kg para la rafia; apartados 37 a 39, párrafo primero, de la Decisión).

80 Tras la reunión de 13 de mayo de 1982, ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte y Shell dieron instrucciones sobre precios que se ajustaban, sin perjuicio de algunas excepciones de escasa importancia, a los precios objetivo establecidos en la reunión (párrafo segundo del apartado 39 de la Decisión). La Decisión reconoce (párrafo tercero del apartado 39) que, aunque no se dispone de instrucciones sobre precios para el mes de junio en el caso de DSM, un informe sobre sus ventas elaborado por la demandante alude a un proyecto de subida de precios para junio y expresa su confianza en el éxito del mismo. En la reunión de 9 de junio de 1982, los productores sólo habían podido anunciar unos modestos aumentos de precios.

81 Según la Decisión (apartado 40), la demandante participó también en la quinta iniciativa sobre precios de septiembre a noviembre de 1982, que había sido decidida en la reunión de 20 y 21 de julio de 1982 y que pretendía alcanzar un precio de 2,00 DM/kg el 1 de septiembre y de 2,10 DM/kg el 1 de octubre, en la medida en que aquélla estuvo presente en la mayoría de las reuniones, si no en todas las celebradas entre julio y noviembre de 1982, en las cuales dicha iniciativa se organizó y se controló (apartado 45 de la Decisión). En la reunión de 20 de agosto de 1982, el alza de precios prevista para el 1 de septiembre fue aplazada hasta el 1 de octubre, y esta decisión fue confirmada más tarde en la reunión de 2 de septiembre de 1982 (apartado 41 de la Decisión).

82 Tras las reuniones de 20 de agosto y de 2 de septiembre de 1982, ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte y Shell dieron unas instrucciones sobre precios ajustadas al precio objetivo establecido en dichas reuniones (apartado 43 de la Decisión).

83 Según la Decisión (apartado 44), en la reunión de 21 de septiembre de 1982, a la que asistió la demandante, se examinaron las medidas adoptadas para alcanzar el objetivo previamente fijado, y las empresas en su conjunto expresaron su apoyo a una propuesta de elevar el precio a 2,10 DM/kg para noviembre o diciembre de 1982. Esta subida se confirmó en la reunión de 6 de octubre de 1982.

84 Tras la reunión de 6 de octubre de 1982, BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell y Saga dieron unas instrucciones sobre precios que aplicaban la subida aprobada (párrafo segundo del apartado 44 de la Decisión).

85 Como hicieron también ATO, BASF, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte y Saga, la demandante proporcionó a la Comisión unas instrucciones sobre precios dirigidas a sus oficinas de ventas locales, que no sólo se corresponden entre sí en cuanto a importes y plazos, sino que se ajustan también al cuadro de precios objetivo adjunto al informe de ICI sobre la reunión de "expertos" de 2 de septiembre de 1982 (párrafo segundo del apartado 45 de la Decisión).

86 Según la Decisión (párrafo segundo del apartado 46), la reunión de diciembre de 1982 desembocó en un acuerdo con arreglo al cual el nivel previsto para noviembre o diciembre comenzaría a aplicarse a finales de enero de 1983.

87 Según la Decisión (apartado 47), la demandante participó, por último, en la sexta iniciativa sobre precios de julio a noviembre de 1983. En efecto, en la reunión de 3 de mayo de 1983, según la Comisión, se llegó al acuerdo de que los productores se esforzarían por aplicar un precio objetivo de 2,00 DM/kg en junio de 1983. Sin embargo, en la reunión de 20 de mayo de 1983, el objetivo previamente fijado se aplazó hasta septiembre y se fijó un objetivo intermedio para el 1 de julio (1,85 DM/kg). Más tarde, en la reunión de 1 de junio de 1983, los productores presentes, entre ellos DSM, reafirmaron estar totalmente decididos a aplicar la subida de 1,85 DM/kg. En esta ocasión, se acordó que Shell tomaría públicamente la iniciativa en una revista profesional especializada, European Chemical News (en lo sucesivo, "ECN").

88 La Decisión (apartado 49) subraya que, tras la reunión de 20 de mayo de 1983, ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina y Solvay dieron instrucciones a sus oficinas de ventas para aplicar para el 1 de julio un precio de 1,85 DM/kg para la rafia. Y añade que las instrucciones sobre precios halladas en los locales de ATO y Petrofina sólo son parciales, pero confirman que estas sociedades elevaron sus precios, con un cierto retraso en los casos de Petrofina y de Solvay. La Decisión llega a la conclusión de que así queda demostrado que -exceptuando a Huels, al no haber encontrado la Comisión indicios de instrucciones para julio de 1983 procedentes de aquélla- todos los productores que habían participado en las reuniones, o se habían comprometido a apoyar el nuevo objetivo de 1,85 DM/kg, dieron instrucciones para que se aplicara el nuevo precio.

89 La Decisión (apartado 50) señala, por otra parte, que los días 16 de junio, 6 y 21 de julio, 10 y 23 de agosto y 5, 15 y 29 de septiembre de 1983 se celebraron otras reuniones en las que tomaron parte todos los participantes habituales. Según la Comisión, a finales de julio y a principios de agosto de 1983, BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte y Saga enviaron a sus distintas oficinas nacionales de ventas unas instrucciones aplicables el 1 de septiembre, centradas en un precio de 2,00 DM/kg para la rafia, mientras que una nota interna de Shell de 11 de agosto, referida a sus precios en el Reino Unido, indicaba que la filial del Reino Unido se esforzaba en "promover" unos precios de base aplicables el 1 de septiembre que se ajustaban a los objetivos fijados por los demás productores. No obstante, a partir de finales de mes Shell ordenó a su oficina de ventas en el Reino Unido que aplazara la subida completa hasta que los demás productores hubieran alcanzado el nivel de base deseado. La Decisión precisa que, salvo algunas excepciones de escasa importancia, las instrucciones a que se ha hecho referencia son idénticas para las mismas calidades y divisas.

90 Según la Decisión (último párrafo del apartado 50), las instrucciones obtenidas de los productores revelan que posteriormente se decidió aprovechar el impulso del mes de septiembre para nuevas etapas, centradas en un precio de 2,10 DM/kg para el 1 de octubre para la rafia y una subida a 2,25 DM/kg para el 1 de noviembre. La Decisión (párrafo primero del apartado 51) continúa indicando que BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte y Solvay enviaron a sus oficinas de ventas unas instrucciones en las que se fijaban unos precios idénticos para los meses de octubre y noviembre, y que Hercules fijó inicialmente unos precios ligeramente inferiores. La Decisión subraya que DSM afirma no haber enviado ninguna instrucción sobre precios para octubre o noviembre, pero hace constar que los "precios de catálogo" de ésta no dejan de ser idénticos, para las mismas calidades y divisas, a los precios de todos los demás productores.

91 La Decisión afirma (párrafo tercero del apartado 51) que una nota interna hallada en los locales de ATO y fechada a 28 de septiembre de 1983 incluye un cuadro con el encabezamiento "Rappel du prix de cota ((sic))" ("Recordatorio de los precios de cuota"), que recoge para diferentes países los precios aplicables en septiembre y en octubre a las tres principales calidades de polipropileno, precios idénticos a los de BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte y Solvay. Según la Decisión, durante la visita de inspección que se efectuó en ATO en octubre de 1983, los representantes de la empresa confirmaron que estos precios habían sido comunicados a las oficinas de ventas.

92 Según la Decisión (párrafo cuarto del apartado 105), sea cual sea la fecha de la última reunión, la infracción duró hasta noviembre de 1983, en la medida en que el acuerdo continuó surtiendo efecto al menos hasta ese momento, pues se sabe que noviembre fue el último mes para el que se establecieron objetivos sobre precios y se dieron instrucciones sobre precios.

93 La Decisión concluye afirmando (último párrafo del apartado 51) que, según la prensa especializada, a finales de 1983 los precios del polipropileno se consolidaron, con un precio de mercado para la rafia que llegó a alcanzar de los 2,08 DM a los 2,15 DM/kg (el objetivo citado antes era de 2,25 DM/kg).

b) Alegaciones de las partes

94 La demandante sostiene que la imputación esencial que formula la Comisión contra las empresas destinatarias de la Decisión es la de haber celebrado en 1977 un acuerdo sobre precios mínimos, que debían ser revisados periódicamente, acuerdo que se concretó a continuación en seis períodos diferentes a través de unas "iniciativas sobre precios". La Comisión emplea los términos "acuerdo-marco" y "subacuerdos" para referirse a este conjunto. En consecuencia, la demandante considera que si el Tribunal llegara a desestimar esta imputación fundamental, ello debería traer como consecuencia la anulación total o parcial de la Decisión y de las multas que impone.

95 La demandante, que reconoce haber participado en las reuniones con cierta regularidad desde enero de 1981, niega formalmente que estas reuniones se celebraran en el marco de un compromiso estructurado o, a fortiori, en el marco de un acuerdo sobre precios mínimos.

96 Afirma que nunca suscribió compromiso alguno y que nunca se sintió ligada, jurídica o moralmente, por las discusiones que mantuvo en el curso de las reuniones. A fortiori, nunca se dejó guiar por el resultado de dichas reuniones para determinar su política comercial. Antes al contrario, su política se caracterizó por la adopción de una postura sistemáticamente agresiva, como lo demuestra el aumento de su cuota de mercado. Frente a estos datos, señala la demandante, la Comisión se limita, a pesar de que sobre ella recae la carga de la prueba, a unas observaciones generales que no demuestran en absoluto que DSM hubiera llegado a un concurso de voluntades con las demás empresas. Además, la demandante afirma no entender el razonamiento que utiliza la Comisión para tratar de demostrar la existencia de un compromiso de facto. Así pues, según la demandante, la Comisión falta a su obligación de probar la participación de DSM en un acuerdo sobre precios.

97 La demandante considera que su política interna en materia de precios no justifica las conclusiones de la Comisión sobre este punto y, a propósito de esto, hace referencia a los precios de venta que ella aplicó en el mercado.

98 Subraya al respecto que, por lo que a ella se refiere, es preciso distinguir cuatro tipos de precios: los precios objetivo, que son los precios a los que la sociedad aspira; los "precios de catálogo", que son los precios que se indican a las oficinas de venta, en principio cada mes y para cada producto; los precios mínimos, que se comunican a las oficinas de venta al mismo tiempo que los precios de catálogo y que determinan el margen de negociación independiente de dichas oficinas, y, por último, los precios de venta reales.

99 La demandante aporta unos gráficos relativos a diferentes calidades de polipropileno y a distintos mercados, de los que resulta, según ella, en primer lugar, que los precios de catálogo no han coincidido nunca con los precios objetivo; en segundo lugar, que siempre ha habido diferencias sustanciales (de más de un 20 %, por término medio) entre los precios de catálogo y los precios mínimos; en tercer lugar, que durante las negociaciones sobre precios, eran los precios mínimos y no los precios objetivo los que servían de referencia; y, por último, que las oficinas de ventas han contado siempre con un margen bastante amplio para establecer excepciones a los precios mínimos a la hora de fijar los precios de venta. De este modo queda refutada, en su opinión, en el plano de los hechos, la tesis básica de la Comisión, según la cual las reuniones tenían una influencia real sobre el comportamiento comercial de DSM, pues no se ha podido demostrar vinculación alguna entre el objeto de las reuniones y los precios que se aplicaban en el mercado, ni paralelismo alguno entre los diferentes precios que las empresas aplicaban en el mercado. La demandante subraya que la propia Comisión reconoció en el apartado 73 de la Decisión que "es posible también que el precio fuera determinado en gran medida por las condiciones de la oferta y de la demanda".

100 A continuación, la demandante se esfuerza por demostrar que no participó en las diferentes iniciativas sobre precios.

101 Por lo que respecta a la iniciativa de julio a diciembre de 1979, la demandante, según señala, no es mencionada en la Decisión, puesto que niega cualquier participación en las infracciones antes del 1 de enero de 1981.

102 En cuanto a la iniciativa de enero a mayo de 1981, la demandante indica que las instrucciones sobre precios de DSM (anexos 6 y 7 al escrito de recurso; en lo sucesivo, "R., anexo") en las que se basa la Comisión no demuestran la voluntad de DSM de alinearse con los precios objetivo ya que, en realidad, eran los precios de mercado los que se tomaban como base para negociar los precios con los clientes. Dichas instrucciones muestran, según ella, que los precios a los que alude la Comisión se utilizaban simplemente como "líneas directrices" para los productos correspondientes, pero que no eran precios mínimos, los cuales también venían recogidos en sus instrucciones de precios y eran, además, claramente inferiores. La Comisión, por lo tanto, no interpretó correctamente las instrucciones sobre precios de DSM.

103 En cuanto a la iniciativa sobre precios de agosto a diciembre de 1981, la demandante alega que los precios recogidos en sus instrucciones sobre precios se alejan claramente de los precios objetivo que, según se dice, se establecieron, y de las instrucciones que dieron otros productores. Además, lo que se ha señalado a propósito del período anterior continúa siendo válido para éste.

104 Por lo que respecta a la iniciativa sobre precios de junio-julio de 1982, la demandante afirma que, en contra de lo que afirma la Comisión en la Decisión (apartado 39) y en sus actuaciones ante este Tribunal, la instrucción sobre precios para junio de 1982 de DSM era la nota transmitida por DSM a la Comisión como anexo número 43 a su respuesta al pliego de cargos. Dicha instrucción sobre precios, que había sido dada antes de la reunión en la que pretendidamente se fijó un precio objetivo y que ha sido ignorada por la Comisión, muestra también una desviación respecto a los pretendidos precios objetivo a los que se refiere la Comisión. En su escrito de réplica, la demandante alega además que el documento de 13 de julio de 1982 procedente de DSM, que constituye el anexo 9 al pliego de cargos específico que le fue enviado (en lo sucesivo, "p. c. DSM, anexo") y que la Comisión considera la instrucción sobre precios impartida por la demandante para junio de 1982, no puede ser dicha instrucción en razón de su fecha, pues evidentemente un proyecto de subida para el mes de junio no pudo ser redactado en julio.

105 En cuanto a la iniciativa sobre precios de septiembre a noviembre de 1982, la demandante se remite a las explicaciones que dio para el período comprendido entre enero y mayo de 1981. Y añade que, si bien es cierto que advirtió a sus oficinas de ventas que los precios mínimos debían ser aplicados con cuidado, lo hizo únicamente para contrarrestar la tendencia de sus oficinas a descender incluso por debajo de dichos precios mínimos.

106 Por lo que respecta, por último, a la iniciativa sobre precios de julio a noviembre de 1983, la demandante marca una diferencia entre el comienzo y el final de dicho período. Por lo que respecta al comienzo de este período, ésta sostiene que la instrucción sobre precios de fecha 25 de mayo de 1983, a la que la Comisión hace referencia (R., anexo 11) y que parece concordar con otras instrucciones sobre precios, debe valorarse en el contexto de un mercado en alza, en el que la demandante no podía quedarse atrás. Por lo que respecta al final del período, la demandante sostiene que no hubo instrucciones escritas relativas a los precios mínimos, como lo demuestra un télex enviado a las oficinas de ventas el 2 de agosto de 1983 (R., anexo 12) que indica que las instrucciones complementarias sobre los precios mínimos se enviarán más adelante.

107 La demandante concluye que la Comisión se limita a denunciar unas intenciones internas de la empresa, mientras que lo que las normas sobre la competencia pretenden es proteger la estructura de la competencia y no sancionar unas intenciones internas que no hayan producido efecto sobre dicha estructura de la competencia mediante unas actitudes comerciales concretas. En realidad, sostiene la demandante, la Comisión está innovando al decir que la intención común de adoptar un comportamiento paralelo es sancionable en sí misma.

108 La Comisión, por su parte, subraya que diversos datos, como las instrucciones sobre precios de la demandante, que concuerdan con las que dictaron otros productores tanto por el importe de las mismas como por sus fechas de entrada en vigor (anexo al escrito de la Comisión de 29 de marzo de 1985, en lo sucesivo, "escrito 29-3-85, anexo"), permiten llegar a la conclusión innegable de que DSM tomó parte en la ejecución de un plan acordado con estos otros productores. La Comisión está convencida de que, de facto, DSM se sintió realmente obligada a ejecutar los acuerdos celebrados en el marco de la práctica colusoria, como lo atestiguan sus instrucciones sobre precios. Dada esta participación concreta en la práctica colusoria, no merece tomarse en consideración ni la idea que la demandante se hacía de su grado de compromiso ni su comportamiento agresivo en el mercado. También carece de importancia, según la Comisión, el saber si las "decisiones" adoptadas en el marco de la práctica colusoria fueron sometidas a control o si DSM sólo imitó la conducta de los demás en materia de precios de un modo limitado.

109 La Comisión indica además que, en contra de lo que sostiene DSM, existen datos que muestran que las empresas implicadas en la práctica colusoria, entre ellas DSM, establecieron unos precios objetivo para cada Estado miembro de la Comunidad.

110 Según la Comisión, DSM pretende demostrar que es falsa la suposición de que las discusiones mantenidas durante las reuniones habrían podido tener alguna incidencia sobre el funcionamiento del mercado o sobre la política comercial interna de la empresa. A juicio de la Comisión, esta imputación carece de pertinencia, puesto que el dato esencial estriba en el hecho de que, tras haber acordado unos precios objetivo en las reuniones, todos los productores, DSM incluida, indicaron a sus servicios de ventas que aplicaran los niveles de precios acordados, de modo que los precios objetivo sirvieran de base para la negociación de los precios con los clientes. A este respecto, el cuadro nº 9 de la Decisión muestra que existía una vinculación innegable entre los precios alcanzados en el mercado y el objeto de los acuerdos.

111 Por otra parte, la Comisión sostiene que existe colusión incluso en el caso de que en el mercado no se hayan alcanzado siempre los precios objetivo. Además, la Comisión llama la atención sobre el hecho de que ha habido un paralelismo indudable entre las instrucciones sobre precios impartidas por los diferentes productores, como muestra el cuadro nº 7 de la Decisión.

112 Según la Comisión, no pueden tomarse en serio las afirmaciones de DSM en las que ésta pretende que las discusiones sobre precios se referían únicamente a los precios de mercado y que los precios mínimos se utilizaban como una especie de "trampa", puesto que lo que estas afirmaciones implicarían es que, durante años y años, se estuvieron estableciendo precios objetivo inútilmente, que los servicios de ventas no debían prestar atención a los mismos y que los compradores no tenían por qué preocuparse por ellos.

113 Por lo que respecta a la participación de la demandante en las diversas iniciativas sobre precios, la Comisión indica, en relación con la iniciativa sobre precios de julio a diciembre de 1979, que, si bien es cierto que en la Decisión no aparece citado a este respecto el nombre de DSM, su participación en la conducta colusoria durante este período resulta probada por otros documentos que demuestran que ésta participó en las reuniones, como la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8), los cuadros relativos a las cuotas (p.c.g., anexos 55 a 60), la nota interior de la demandante de 27 de febrero de 1978 (C., anexo III) o sus declaraciones en la asamblea de la EATP de 26 de mayo de 1978 (p.c.g., anexo 7).

114 En cuanto a la iniciativa sobre precios de enero a mayo de 1981, la Comisión subraya que los documentos que aporta la propia DSM muestran que los precios objetivo se tomaban como base para negociar los precios con los clientes y confirman la simultaneidad y la uniformidad de los mismos en comparación con los de otros productores. La alusión a los precios mínimos que hace DSM no tiene objeto, a juicio de la Comisión, como ya se ha indicado anteriormente.

115 En cuanto a la iniciativa sobre precios de agosto a diciembre de 1981, la Comisión afirma que los precios de catálogo que se recogen en las instrucciones sobre precios de DSM son idénticos a los precios objetivo convenidos que menciona la Decisión. Para el resto, la Comisión se remite a lo que dijo sobre el período precedente.

116 En cuanto a la iniciativa sobre precios de junio-julio de 1982, la Comisión subraya que el documento que DSM presenta como su instrucción sobre precios para junio de 1982 es de fecha 18 de marzo de 1982 y no menciona precio alguno para junio (respuesta de DSM al pliego de cargos, anexo 43). La Comisión entiende que podía, por tanto, descartarlo y tener en cuenta en cambio, a efectos de probar la participación de la demandante en dicha iniciativa sobre precios, un informe sobre ventas elaborado por la sociedad el 13 de julio de 1982 tras la reunión de expertos de 13 de mayo de 1982 (p.c. DSM, anexo 9).

117 En cuanto a la iniciativa sobre precios de septiembre a noviembre de 1982, la Comisión utiliza argumentos análogos a los expuestos a propósito de la iniciativa sobre precios de enero a mayo de 1981.

118 En cuanto a la iniciativa sobre precios de julio a noviembre de 1983, la Comisión, habida cuenta de las pruebas de que dispone, considera que el argumento de DSM, en el que se habla de sacar el máximo partido a las posibilidades que ofrece un mercado en alza, no es convincente. La Comisión recuerda, entre otras cosas, que está probado que los precios de DSM para septiembre de 1983 eran idénticos, para todas las calidades y monedas, a los de todos los demás productores (escrito 29-3-85, anexo I).

119 La Comisión concluye que la intención común de adoptar un comportamiento paralelo fue aplicada, sin duda alguna, a través de las iniciativas sobre precios que ha ido identificando, y que éstas tuvieron una influencia en el mercado, como muestra el cuadro nº 9 de la Decisión.

c) Apreciación del Tribunal

120 Este Tribunal recuerda, con carácter preliminar, que, como no se acogió imputación alguna contra la demandante antes del año 1978, la Decisión no le imputa el haber participado en el acuerdo sobre precios mínimos celebrado a mediados de 1977 ni tampoco haber tomado parte en la iniciativa sobre precios de diciembre de 1977 (nota 1 al párrafo cuarto del apartado 78).

121 Este Tribunal hace constar que los informes de las reuniones periódicas de productores de polipropileno muestran que los productores que participaron en dichas reuniones acordaron en ellas las iniciativas sobre precios que la Decisión menciona. Así, se puede leer lo siguiente en el informe de la reunión de 13 de mayo de 1982 (p.c.g., anexo 24):

"Everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table."

(("Todo el mundo pensaba que había una oportunidad muy buena para conseguir un aumento de precios antes de las vacaciones + tras discutir un poco, se fijó un precio de 2,00 DM a partir del 1 de junio (del 14 de junio para el Reino Unido). Las cifras para cada país se recogen en el cuadro adjunto."))

122 Una vez que se ha demostrado de manera jurídicamente satisfactoria que la demandante participó en dichas reuniones, ésta no puede afirmar que no ha suscrito las iniciativas sobre precios que en ellas se decidieron, se organizaron y se controlaron, sin proporcionar indicios que puedan corroborar esa afirmación. En efecto, a falta de tales indicios no hay razón alguna para creer que la demandante no suscribió dichas iniciativas, a diferencia de los demás participantes en las reuniones.

123 A este respecto, procede señalar que la demandante, para demostrar que no suscribió, en el curso de las reuniones periódicas de productores de polipropileno, las iniciativas sobre precios acordadas en ellas, ha alegado que no tuvo en cuenta en lo más mínimo los resultados de las reuniones para determinar su comportamiento en el mercado en materia de precios, como lo prueba su agresiva política de precios en éste. Subraya, por otra parte, que la Comisión interpretó erróneamente sus instrucciones sobre precios al no prestar atención a la existencia de cuatro tipos de precios que concurren en el proceso de determinación de los precios de DSM.

124 No puede aceptarse esta argumentación como indicio que corrobore la afirmación de la demandante según la cual ella no suscribió las iniciativas sobre precios acordadas. En efecto, este Tribunal considera que, incluso en el caso de que dicha argumentación contara con hechos en su apoyo, el contenido de la misma no bastaría para desmentir la participación de la demandante en el establecimiento de objetivos sobre precios en estas reuniones, sino que como máximo contribuiría a demostrar que la demandante no puso en práctica los resultados de las reuniones. Por otra parte, la Decisión no afirma, en absoluto, que la demandante aplicara precios que se ajustaban siempre a los objetivos sobre precios establecidos en las reuniones, y esto revela que el acto que se impugna, para demostrar la participación de la demandante en el establecimiento de dichos objetivos sobre precios, no se basa tampoco en que la demandante pusiera en práctica los resultados de las reuniones.

125 En este mismo contexto, procede señalar que la Comisión no impugna un informe elaborado por una empresa de auditoría independiente, Coopers & Lybrand (en lo sucesivo, "informe Coopers & Lybrand"), destinado a demostrar que existían considerables divergencias entre los precios realmente aplicados y los precios objetivo. No obstante, es importante subrayar que los análisis que realizaron los propios productores en sus reuniones de 21 de septiembre, 6 de octubre, 2 de noviembre y 2 de diciembre de 1982, para controlar el efecto de sus iniciativas sobre precios en los precios aplicados en el mercado, parecen indicar que ellos consideraban que los resultados eran en conjunto positivos (p.c.g., anexos 30 a 33).

126 En cualquier caso, este Tribunal hace constar que la aplicación por la demandante de los resultados de las reuniones ha sido más real de lo que ella pretende. En efecto, la existencia de cuatro tipos de precios en la empresa demandante supone que todos ellos concurren en el proceso de determinación de los precios que se piden a los clientes. A este respecto, es importante subrayar, por una parte, que la lectura de las instrucciones sobre precios que la demandante envió a sus oficinas de ventas muestra que el "target price" ("precio objetivo") coincide casi siempre con el "list price" ("precio de catálogo") y que unos y otros son un poco más altos que los "Rock bottoms" ("precios mínimos"), los cuales "have to be used with care by each product manager or area sales manager at certain specific accounts (for instance certain key customers)" (("tienen que utilizarse con cuidado, por decisión del responsable de producto o del responsable territorial de ventas, en ciertas cuentas concretas (por ejemplo, para ciertos clientes esenciales)")), y, por otra parte, que, en las instrucciones sobre precios de DSM, los objetivos sobre precios fijados en las reuniones aparecían recogidos como precios objetivo y precios de catálogo, aunque las oficinas de ventas pudieran excepcionalmente alejarse de ellos y recurrir a los precios mínimos. A este respecto, es preciso señalar que la demandante no resulta convincente cuando explica por qué había indicado a sus oficinas de ventas que los precios mínimos debían utilizarse con moderación, pues al acudir al propio texto de las instrucciones sobre precios se ve que lo que éstas indican no es que sólo se pueda descender por debajo de estos precios si se hace con cuidado, sino, en realidad, que sólo se pueden utilizar con moderación.

127 Así, a pesar de los diferentes tipos de precios de la demandante, ésta se esforzó, en la medida de lo posible y siguiendo su propio método de determinación de precios, en hacer repercutir sobre sus oficinas de ventas, y por tanto sobre sus clientes, los objetivos sobre precios marcados en las reuniones.

128 A continuación procede examinar los indicios concretos que presenta la demandante para demostrar que no participó en las diferentes iniciativas sobre precios.

129 En lo referente a la participación de la demandante en la iniciativa sobre precios de julio a diciembre de 1979, es preciso, por una parte, subrayar que la Decisión (apartado 29) sostiene que, aunque no logró determinar los lugares y fechas de las mismas, durante la primera mitad del año 1979 se celebraron varias reuniones de productores, y, por otra parte, recordar que este Tribunal ha declarado ya que la Comisión ha demostrado de forma suficiente con arreglo a Derecho la participación de la demandante en dichas reuniones. Además, de las instrucciones sobre precios dadas por ATO, BASF, Hoechst, ICI, Linz y Shell se deduce que la iniciativa que pretendía alcanzar un precio de 2,05 DM/kg para el 1 de septiembre de 1979 había sido decidida y anunciada a finales de julio. La existencia de esta iniciativa y el aplazamiento de su aplicación hasta el 1 de diciembre de 1979 vienen probados por el informe sobre la reunión de 26 y 27 de septiembre de 1979 (p.c.g., anexo 12), en el cual se lee "2.05 remains the target. Clearly 2.05 not achievable in Oct., not in Nov. Plan now is 2.05 on 1/12" ("2,05 sigue siendo el objetivo. Claramente imposible llegar a 2,05 en octubre, ni en noviembre. Plan actual: 2,05 el 1 de diciembre").

130 De lo anterior se deduce que la Comisión demostró de forma suficiente con arreglo a Derecho que la subida de precios de septiembre de 1979 fue el resultado del establecimiento de objetivos sobre precios realizado por la demandante y otros productores en el período que va de julio a diciembre de 1979.

131 Por otra parte, este Tribunal hace constar que, al participar en las reuniones del año 1980 y en las de enero de 1981, en las cuales se decidió, organizó y controló la iniciativa sobre precios de comienzos del año 1981, y al dar instrucciones sobre precios que se ajustaban a los objetivos sobre precios marcados en dichas reuniones, la demandante tomó parte en dicha iniciativa sobre precios, y que no puede alegar en su favor el hecho de que los objetivos sobre precios marcados en las reuniones se incluyeran en sus instrucciones sobre precios como precios de catálogo y no como precios mínimos.

132 Del mismo modo, este Tribunal hace constar que, al participar en las reuniones en las que se decidió, organizó y controló la iniciativa sobre precios de agosto a diciembre de 1981 y al dar instrucciones sobre precios que se ajustaban a las que impartieron en el mismo período otros productores, la demandante participó en dicha iniciativa sobre precios.

133 En cuanto a la iniciativa sobre precios de junio a julio de 1982, este Tribunal hace constar que del informe de la reunión de 13 de mayo de 1982 (p.c.g., anexo 24) se deduce que dicha iniciativa se decidió en esta reunión, en la que la demandante participaba. En cuanto al tema de si la demandante entregó a la Comisión su instrucción sobre precios para junio de 1982, como alega aquélla, debe hacerse constar que, del examen del documento aportado por la demandante (respuesta de DSM al pliego de cargos, anexo 43), titulado "Price list Stamylan P./April/May/June" ("Lista de precios del Stamylan P./abril/mayo/junio"), de 18 de marzo de 1982, se deduce que, a pesar de su título, no se incluyen en él precios objetivo para junio de 1982, en la medida en que, al lado de la columna correspondiente al mes de junio, está escrito lo siguiente: "In case of need to be discussed with marketing Stamylan P." ("En caso de necesidad, discutirlo al mismo tiempo que la comercialización del Stamylan P."). Por lo tanto, no se trata de la instrucción sobre precios para junio de 1982 de la demandante, la cual no se dio antes de la reunión de 13 de mayo de 1982, en la que se acordó un objetivo sobre precios para junio.

134 En cuanto a las iniciativas sobre precios de septiembre a noviembre de 1982 y de julio a noviembre de 1983, este Tribunal subraya que la participación de la demandante en dichas iniciativas se deduce de su participación en las reuniones en que se decidieron, organizaron y controlaron estas iniciativas, así como del hecho de que las instrucciones sobre precios dadas por la demandante se ajustaban a los objetivos sobre precios marcados en dichas reuniones y se correspondían con las que impartieron otros productores.

135 Por lo que respecta a la última iniciativa sobre precios, se debe subrayar que la demandante no niega que sus instrucciones sobre precios concuerden con las de los demás productores y que no puede explicar esta concordancia recurriendo al hecho de que el mercado estaba en alza, en la medida en que, si bien este contexto puede explicar que ella dictara instrucciones sobre precios al alza, esto no puede explicar el que las subidas de precios previstas por los diferentes productores fueran de la