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Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 16 de marzo de 1998. - Anthony Goldstein contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Medidas provisionales solicitadas a la Comisión - Competencias de la Comisión - Acto confirmatorio - Falta de interés para ejercitar la acción - Inadmisibilidad. - Asunto T-235/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-00523



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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Recurso interpuesto contra una decisión confirmatoria de una decisión no impugnada dentro de plazo - Inadmisibilidad - Concepto de decisión confirmatoria - Decisión idéntica adoptada después de examinar de nuevo la situación - Exclusión

(Tratado CE, art. 173)

2 Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos - Procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre la competencia - Decisión denegatoria de una solicitud de medidas provisionales

(Tratado CE, arts. 85, 86 y 173, párr. 4; Reglamento nº 17, art. 3. ap. 1)

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3 Debe declararse la inadmisibilidad de un recurso de anulación dirigido contra una decisión puramente confirmatoria de una decisión anterior no impugnada dentro de plazo. Una decisión es puramente confirmatoria de una decisión anterior si no contiene ningún elemento nuevo con respecto a un acto anterior y si no ha ido precedida de un nuevo examen de la situación del destinatario de dicho acto anterior.

4 Sólo constituyen actos susceptibles de recurso de anulación las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de modo caracterizado su situación jurídica.

Para que una decisión desestimatoria de una solicitud de medidas provisionales con arreglo al apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 pueda constituir un acto impugnable, es preciso, en primer lugar, que la Comisión sea competente para acordar las medidas solicitadas.

A este respecto, la Comisión carece manifiestamente de competencia, al ejercer la que le confiere el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, para dirigir órdenes conminatorias a órganos jurisdiccionales nacionales, para adoptar in abstracto, ni siquiera en su calidad de «guardiana de los Tratados», medidas que los afecten o para apreciar la validez de sus resoluciones. Por consiguiente, la negativa a adoptar dichas medidas no afecta a la esfera jurídica de quien las solicita, de tal manera que el mantenimiento o la anulación de dicha decisión no puede afectar en modo alguno a sus intereses.
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Palabras clave

Agricultura - Aproximación de las legislaciones en materia de policía sanitaria - Controles veterinarios de los productos procedentes de países terceros - Prohibición total de importar partidas de productos pesqueros procedentes de todo Japón - Violación de los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima, de proporcionalidad o de igualdad de trato - Insuficiencia de motivación - Desviación de poder - Inexistencia

(Decisión 95/119/CE de la Comisión)

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La Decisión 95/119 de la Comisión, relativa a ciertas medidas de protección respecto a los productos pesqueros originarios de Japón, en la medida en que impone, tras la comprobación por una misión de expertos de la Comisión de graves deficiencias en materia de higiene y de control de las condiciones de producción y almacenamiento de los productos pesqueros, una prohibición total de importar partidas de dichos productos procedentes de todo el territorio japonés, ni viola los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima, de proporcionalidad o de igualdad de trato, ni está viciada de insuficiencia de motivación o de desviación de poder.

En lo que respecta más concretamente al principio de seguridad jurídica, la Decisión no tiene efecto retroactivo, ya que no afecta a las importaciones en la Comunidad efectuadas antes de su entrada en vigor. A este respecto, la circunstancia de que la Decisión se aplique también a las mercancías que se encontraban en fase de transporte hacia la Comunidad en el momento de su publicación y sobre las que, por tanto, tiene efectos materiales, no la priva de su carácter de Decisión aplicable ex nunc, es decir, a toda mercancía importada a partir del día de su publicación.

Por lo que se refiere al principio de proporcionalidad, la Comisión no estaba obligada a prever un régimen especial para los operadores que tuviesen mercancías en fase de transporte, dado que, por una parte, la utilización de controles veterinarios efectuados en el momento de la importación, menos eficaces y menos fiables, ya está prevista cuando se cumplen en origen las condiciones de higiene y salubridad, y que, por otra parte, la importancia del objetivo perseguido, a saber, la protección de la salud pública, puede justificar restricciones que tengan consecuencias negativas para algunos operadores económicos. Por otra parte, dado que la medida adoptada no era más restrictiva para el comercio que lo que era necesario para obtener el nivel de protección sanitaria o fitosanitaria adecuado y que la Comisión se basó en conclusiones fiables de expertos, la Decisión no infringe las disposiciones aplicables del GATT.
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Recurso de anulación ° Actos susceptibles de recurso ° Concepto ° Actos que producen efectos jurídicos vinculantes ° Decisión de la Comisión de iniciar un procedimiento antidumping ° Acto de trámite

[Tratado CE, art. 173; Reglamento (CE) nº 3283/94 del Consejo]

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Constituyen actos o Decisiones que pueden ser objeto de recurso de anulación, a efectos del artículo 173 del Tratado, las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a los intereses de los demandantes, modificando de forma caracterizada su situación jurídica. Cuando se trata de actos o de Decisiones cuya elaboración se lleva a cabo en varias fases, únicamente constituyen, en principio, actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la postura de la Institución al término del procedimiento, con exclusión de los trámites intermedios cuyo objeto es preparar la Decisión final.

A este respecto, ni por su naturaleza ni por sus efectos, una Decisión de la Comisión de iniciar un procedimiento antidumping puede considerarse un acto susceptible de recurso.

En efecto, de lo dispuesto en el Reglamento antidumping de base nº 3283/94 se deriva que la Comisión tiene la misión de llevar a cabo investigaciones antidumping y de decidir, sobre la base de éstas, archivar el procedimiento o, por el contrario, proseguirlo, adoptando medidas provisionales y proponiendo al Consejo la adopción de medidas definitivas. Corresponde al Consejo pronunciarse con carácter definitivo, pudiendo no adoptar ninguna Decisión si está en desacuerdo con la Comisión o, por el contrario, adoptar una Decisión que recoja las propuestas de ésta. Por lo tanto, el papel de la Comisión se integra en el proceso de decisión del Consejo y su Decisión de iniciar un procedimiento antidumping, en la medida en que no conduce automáticamente a la imposición de un derecho antidumping ni obliga a las empresas afectadas a cooperar en la investigación ni a modificar sus prácticas comerciales, es un mero acto de trámite que no puede afectar inmediatamente y de manera irreversible a la situación jurídica de dichas empresas.
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Procedimiento sobre medidas provisionales ° Presentación de las demandas ° Requisitos formales

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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No cumple los requisitos del apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, relativo a la suspensión de la ejecución y a las demás medidas provisionales, una demanda de medidas provisionales que no especifique ninguna circunstancia que dé lugar a la urgencia de las medidas solicitadas, no contenga indicación precisa alguna de los antecedentes de hecho del litigio y en la que los fundamentos de Derecho invocados no se sustenten en absoluto con argumentos concretos
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 15 de julio de 1998. - Opel Austria GmbH contra Consejo de la Unión Europea. - Tasación de costas. - Asunto T-115/94 (92).



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02739



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1 Procedimiento - Costas - Tasación - Elementos que deben tomarse en consideración

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91)

2 Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Concepto - Elementos que deben tomarse en consideración

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91)

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1 El Juez comunitario no es competente para tasar los honorarios que las partes deben a sus propios Abogados sino para determinar la cantidad por cuya cuantía se pueden reclamar tales retribuciones a la parte condenada en costas. De lo anterior se deduce que el Juez no está obligado a tener en cuenta normas nacionales que fijen los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular.

Al no prever el Derecho comunitario disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Juez debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario, así como sus dificultades, el volumen de trabajo que el procedimiento contencioso haya podido producir al Abogado y los intereses económicos que el litigio haya representado para las partes.

2 La importancia de un litigio desde el punto de vista del Derecho comunitario, en razón de las nuevas e importantes cuestiones de Derecho y complejas cuestiones de hecho que suscite, puede justificar, por una parte, honorarios elevados y, por otra, la circunstancia de que una de las partes sea representada por varios Abogados. Dado que el Tribunal de Primera Instancia, al fijar las costas recuperables, tiene en cuenta todas las circunstancias del caso hasta el momento en que falla, no procede pronunciarse sobre los gastos efectuados con motivo del presente procedimiento de tasación de costas.
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1. Procedimiento sobre medidas provisionales ° Suspensión de la ejecución ° Medidas provisionales ° Demanda destinada a obtener medidas que rebasan el ámbito del litigio principal ° Inadmisibilidad

(Tratado CEE, arts. 185 y 186; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales ° Suspensión de la ejecución ° Suspensión total o parcial de la ejecución de una Decisión por la que se autoriza, bajo determinadas condiciones, una concentración de empresas ° Tribunal insuficientemente informado ° Petición a las partes de que suministren información ° Suspensión acordada hasta que el Juez competente para la adopción de las medidas provisionales se pronuncie, a la luz de la información suministrada, sobre el alcance de las condiciones fijadas en la Decisión

(Tratado CEE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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1. No procede admitir una demanda de medidas provisionales si el acto en relación con el cual se solicita la suspensión no es aquél contra el cual se interpuso el recurso principal. Lo mismo sucede con las demandas relativas a las demás medidas provisionales si no guardan relación con el asunto objeto del citado recurso.

Por esta razón, procede declarar la inadmisibilidad de una demanda de suspensión de un procedimiento de aplicación de las normas sobre la competencia, iniciado con arreglo al Reglamento nº 17, en la medida en que el recurso principal se dirige contra una Decisión adoptada al término de un procedimiento en virtud del Reglamento nº 4064/89, relativo al control de concentraciones, y que el demandante únicamente basa sus pretensiones en supuestas contradicciones en la actitud de la Comisión en ambos procedimientos.

2. En una situación en la que el Juez competente para adoptar las medidas provisionales no dispone de elementos suficientes para poder apreciar el riesgo de perjuicio grave e irreparable, invocado por la demandante para solicitar que se suspenda la ejecución de una Decisión de la Comisión por la que se exige, como condición para autorizar una concentración entre terceras empresas, la retirada de éstas de una sociedad en la que es partícipe la demandante, procede que el Juez ordene a las partes que le transmitan la información necesaria.

A la espera de dicha información, y en la medida en que no puede descartarse la posibilidad de que, de no acordarse la suspensión, pueda peligrar la existencia de la sociedad de la que es accionista la demandante y que no parece que la citada suspensión pueda tener una incidencia grave en los derechos de terceros ajenos al procedimiento, o implicar un perjuicio para el interés público o para el derivado de la ejecución inmediata de las Decisiones de la Comisión, procede ordenar, con carácter preventivo, la suspensión de la Decisión, en tanto en cuanto podría implicar la disolución de la sociedad de la que la demandante es accionista.
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Procede recordar, con carácter preliminar, que el Juez comunitario no está facultado para tasar los honorarios que las partes deben abonar a sus propios Abogados, sino para determinar la cantidad por cuya cuantía se pueden reclamar tales retribuciones a la parte que es condenada en costas. De acuerdo con este criterio el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a tener en consideración un arancel nacional que fije los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus Agentes o Abogados. Puesto que el Derecho comunitario no contiene disposiciones que tengan el carácter de un arancel profesional, el Tribunal de Primera Instancia debe apreciar libremente los datos concurrentes, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario así como las dificultades del asunto, el volumen de trabajo que el proceso contencioso pudo producir a los Agentes o Abogados, que intervinieron y los intereses económicos que el litigio representó para las partes [autos del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 1993, PPG Industries Glass/Comisión, T-78/89 DEP, Rec. p. II-573, apartado 36, y de 8 de marzo de 1995, Air France/Comisión, T-2/93 (92), Rec. p. II-533, apartado 16].
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A este respecto, en primer lugar, invocando la sentencia de 16 de diciembre de 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, no publicada, EU:T:2020:613), el demandante alega que Europol podía referirse a reorganizaciones futuras para apreciar su interés en renovar o no el contrato de uno de sus agentes únicamente en el supuesto de que dichas reorganizaciones fueran previsibles. De este modo, a su juicio, la directora ejecutiva cometió un error al decidir no renovar el contrato del demandante por tiempo indefinido basándose en que se requerían otras aptitudes para desempeñar las tareas atribuidas al futuro jefe del departamento [confidencial], pese a que la descripción de las funciones correspondientes a dicho puesto aún no había sido modificada.
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En segundo lugar, procede señalar que, en la Decisión de 14 de septiembre de 2020, en respuesta a la solicitud inicial de la demandante, el Parlamento indicó que, tras examinar su contenido, dicho escrito se refería a una investigación sobre los intereses económicos en el sentido del artículo 61, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1), que contiene una definición del conflicto de intereses.
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La Comisión, apoyada por la República Helénica, rebate las alegaciones de la demandante. En particular, no fue informada por la FTC de su investigación antes de la recepción de la denuncia el 7 de diciembre de 2020 ni por la CMA de su examen de la concentración controvertida. En cualquier caso, actuó en un plazo razonable tras recibir la denuncia en cuestión. El plazo de quince días laborables únicamente se aplica tras la comunicación de la concentración al Estado miembro en cuestión, mientras que, con arreglo al artículo 22, apartado 5, del Reglamento n.o 139/2004, es posible emitir una carta de invitación cuando no se haya efectuado dicha comunicación. La demandante no cuestiona la evolución de los hechos expuesta en los puntos 5 a 7 de la decisión impugnada que demuestra que, después de que el denunciante se pusiera en contacto con ella, la Comisión actuó con diligencia y sin incurrir en un retraso injustificado, en particular para comprobar sus alegaciones y examinar exhaustivamente las posibles consecuencias de la concentración controvertida. Además, también inició un diálogo con las autoridades nacionales a fin de determinar si alguna de ellas era competente para apreciar dicha concentración, por lo que la duración de su evaluación resultaba apropiada habida cuenta de la efectuada por la CMA para apreciar el posible impacto de la concentración controvertida en el Reino Unido. La Comisión rebate asimismo las alegaciones de la demandante basadas en el principio de seguridad jurídica. En particular, la demandante no explica los motivos por los que el retraso alegado habría afectado al contenido de la decisión impugnada o a la situación jurídica de las empresas afectadas. En la vista, señaló que la demandante y Grail no han alegado que su derecho de defensa se haya visto vulnerado como consecuencia de la supuesta falta de razonabilidad del plazo y del retraso en que incurrió, como exige la jurisprudencia, ni tampoco han precisado las razones por las que supuestamente se cometió tal vulneración.
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Además, de la jurisprudencia se desprende que, cuanto más corto sea un signo, más fácilmente podrá percibir el público cada uno de sus distintos elementos. Así, en el caso de palabras breves, es frecuente que diferencias, incluso leves, puedan producir una impresión de conjunto diferente [véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI — Herederos de Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, EU:T:2004:208, apartado 48, y de 28 de septiembre de 2016, The Art Company B & S/EUIPO — G-Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, no publicada, EU:T:2016:572, apartado 28 y jurisprudencia citada].
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Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación del Consejo basada en el asunto que dio lugar a la sentencia de 5 de octubre de 2017, Mabrouk/Consejo (T‑175/15, EU:T:2017:694), en la que la instrucción del procedimiento penal había sido suspendida durante varios años. A este respecto, en primer lugar, es preciso señalar que la sentencia de 5 de octubre de 2017, Mabrouk/Consejo (T‑175/15, EU:T:2017:694), fue dictada antes de que recayera la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), que aportó aclaraciones significativas en cuanto a la obligación del Consejo de comprobar, en particular, si el derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable, el cual, como se ha señalado en el anterior apartado 101, constituye un componente del derecho a la tutela judicial efectiva, se ha respetado en el marco del procedimiento penal que sirve de base para la adopción de medidas restrictivas. En segundo lugar, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 5 de octubre de 2017, Mabrouk/Consejo (T‑175/15, EU:T:2017:694), la situación era diferente de la del presente asunto, en la medida en que los documentos de que disponía el Consejo acreditaban la existencia tanto de una actividad procesal efectiva en el marco de la instrucción del asunto relativo a la parte demandante como, en particular, de actos procesales llevados a cabo por las autoridades interesadas en el marco de comisiones rogatorias internacionales (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de junio de 2021, Yanukovych/Consejo, T‑303/19, no publicada, EU:T:2021:334, apartado 130 y jurisprudencia citada).
5.

Funcionarios — Calificación — Informe de evaluación — Determinación de los objetivos que deben alcanzarse — No exigencia en las normas internas de la institución — No determinación — Consecuencias — Irregularidad que no justifica la anulación del informe (Estatuto de los funcionarios, art. 43) (véanse los apartados 68 a 70)
1.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación — Exigencia de elementos de prueba concretos y objetivos [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 47, ap. 2; Reglamentos del Consejo (CE) n.o 40/94, art. 76, ap. 1, letra f), y (CE) n.o 207/2009, art. 51, ap. 1, letra a); Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 22 y 40, ap. 5] (véanse los apartados 21 a 25, 34 a 36, 41 y 65)
5.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Examen de la solicitud — Prueba del uso de la marca anterior — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1 y 57, aps. 2 y 3] (véase el apartado 89)
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Es cierto que, para demostrar la eficacia de la zeolita plateada, la demandante también se había referido a otros ensayos, relativos a la zeolita de plata y cobre, así como a la zeolita de plata y zinc. No obstante, la autoridad competente de evaluación explicó que no era posible una referencia cruzada a este respecto, extremo que la demandante no ha rebatido. Además, el primero de esos dos ensayos tampoco había mostrado un crecimiento fúngico en una muestra no tratada en lo que respecta a la zeolita de plata y zinc. En cuanto al segundo ensayo, la demandante no había facilitado los protocolos de ensayos, pese a ser indispensables, limitándose a proporcionar resúmenes de los resultados, extremo que tampoco ha negado la demandante.
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En cuanto al fondo, la Comisión responde, además de lo que el tribunal calificador indicó en su decisión de 3 de septiembre de 2020 y en la decisión impugnada, que, a la vista de las necesidades de las funciones de jurista lingüista de lengua croata en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la convocatoria de oposición indicaba claramente y con precisión las condiciones relativas a los títulos para presentarse a la oposición: un nivel de estudios universitarios, el contenido de los estudios —a saber, el Derecho croata— y los títulos —a saber, uno de los títulos de Derecho croata mencionados—. En la dúplica, la Comisión precisa que la convocatoria de oposición no exigía que todos los estudios se hubieran cursado en Croacia y que el demandante no cumplía las condiciones segunda y tercera anteriormente mencionadas. Añade que, como se ha declarado de forma reiterada, el tribunal calificador de una oposición está obligado a atenerse al texto de la convocatoria de oposición. El reconocimiento en Croacia del título de máster francés del demandante, a efectos del ejercicio de una actividad laboral en Croacia, incluso para incorporarse como abogado en prácticas a la profesión de abogado, no lo convierte en uno de los títulos de Derecho croata requeridos para presentarse a la oposición a la que se presentó el demandante para ejercer las funciones de jurista lingüista objeto de este procedimiento y no para ejercer funciones en Croacia. A este respecto, según la Comisión, el tribunal calificador no invadió las competencias de las autoridades croatas. En cuanto a la experiencia profesional del demandante, la Comisión afirma que no es pertinente, puesto que la convocatoria de oposición indicaba que no se requería ninguna experiencia profesional; de haberla tenido en cuenta, el tribunal calificador no habría respetado la convocatoria de oposición.