Asunto T‑272/12

Energetický a průmyslový holding a.s.

y

EP Investment Advisors s.r.o.

contra

Comisión Europea

«Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión por la que se declara una negativa a someterse a una inspección e impone una multa — Artículo 23, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1/2003 — Presunción de inocencia — Derecho de defensa — Proporcionalidad — Obligación de motivación»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 26 de noviembre de 2014

[Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 23, aps. 1, letra c), y 3]

[Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 1, letra c)]

[Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 1, letra c)]

[Arts. 101 TFUE y 102 TFUE; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, arts. 20 y 23, ap. 1, letra c)]

[Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 1, letra c)]

En materia de competencia, como se desprende del tenor literal del artículo 23, apartado 1, letra c), del Reglamento no 1/2003, la Comisión podrá imponer multas cuando, de forma deliberada o por negligencia, las empresas se nieguen a someterse a una inspección. Se trata de uno de los dos supuestos en los que, con arreglo a esta disposición, puede imponerse una multa. La Comisión tiene la carga de probar tal negativa. Por consiguiente, de conformidad con esa disposición, la Comisión tiene la carga de probar el acceso concedido a los datos contenidos en una cuenta de correo bloqueada, pero no le incumbe demostrar que esos datos hayan sido manipulados o suprimidos. (véanse los apartados 37 y 39)

El hecho de que la Comisión no imputara a una empresa una infracción del Derecho material con arreglo al artículo 101 TFUE tras una inspección, al amparo del artículo 20 del Reglamento no 1/2003, es irrelevante para calificar la infracción procedimental consistente en la negativa de dicha empresa a someterse a esa inspección. Teniendo en cuenta que las decisiones de inspección se adoptan al principio de la investigación, no puede tratarse en esa fase de evaluar de manera definitiva si los actos o las decisiones de las entidades destinatarias o de otras entidades pueden calificarse de acuerdos entre empresas, de decisiones de asociaciones de empresas o de prácticas concertadas contrarias al artículo 101 TFUE, apartado 1, o bien de las prácticas contempladas en el artículo 102 TFUE. (véase el apartado 55)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 66 y 67)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 68, 69, 72, 73 y 75)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 85)

En materia de competencia, dado que la Comisión no ha adoptado Directrices en las que se establezca el método de cálculo que se impone a sí misma en el marco de la fijación del importe de las multas en virtud del artículo 23, apartado 1, letra c), del Reglamento no 1/2003, no tiene la obligación de cuantificar, como valor absoluto o como porcentaje, el importe de base de la multa y las eventuales circunstancias agravantes o atenuantes, puesto que el razonamiento de la Comisión en cuanto a la fijación del importe de la multa se muestra de manera clara e inequívoca en la resolución que impone la multa. (véase el apartado 101)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 104 a 113)