COMISIÓN /FRANCIA 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. FRANCESCO CAPOTORTI 
presentadas el 25 de marzo de 1980 * 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
1. La demanda de medidas provisionales a 
la que se refieren las presentes conclusio­
nes fue presentada por la Comisión el 
pasado 12 de marzo, contra la República 
Francesa, en el marco de los asuntos 24/80 y 
97/80. Ambos asuntos, actualmente acumu­
lados, tienen por objeto que se declare que 
la República Francesa no ha ejecutado la 
sentencia de este Tribunal de Justicia de 25 
de septiembre de 1979, Comisión/Francia 
(232/78,- Rec. p. 2729), cuyo fallo decidía 
en el punto 1 : «Declarar que la República 
Francesa ha incumplido las obligaciones 
que le incumben en virtud de los artículos 
12 y 30 del Tratado CEE, al seguir aplican­
do, después del 1 de enero de 1978, su régi­
men nacional restrictivo de las importaciones 
de carne de ovino procedentes del Reino 
Unido». 
Considero innecesario recapitular los hechos 
anteriores a la sentencia de 25 de septiembre 
de 1979. Por el contrario, merece la pena 
recordar brevemente que al interponer el 
recurso registrado con el número 24/80, la 
Comisión reprochó a la República Francesa 
que no hubiera modificado su régimen de importaciones de carne de ovino proceden­
tes de Gran Bretaña, a pesar de los esfuer­
zos realizados por la propia Comisión -tan­
to mediante contactos directos con el Go­
bierno de dicho país, como ante el Conse­
jo-para encontrar una solución adecuada 
para garantizar el nivel de vida de los pro­
ductores franceses del sector de que se trata. 
Por consiguiente, el citado recurso 24/80 
termina solicitando al Tribunal de Justicia 
que declare que la República Francesa «ha 
incumplido las obligaciones que le incum­
ben en virtud del artículo 171 del Tratado 
CEE», al seguir aplicando, con posteriori­
dad al 25 de septiembre de 1979, su régi­
men nacional restrictivo de las importa­
ciones de carne de ovino procedentes del 
Reino Unido. 
El segundo de los recursos arriba menciona­
dos (el registrado con el número 97/80) trae 
causa del hecho de que, a partir del 7 de 
enero de 1980, el Gobierno francés, aun 
manteniendo su régimen nacional restricti­
vo, alteró en cierta medida la naturaleza de 
los obstáculos a la libre circulación de la 
carne de ovino, en el sentido de someter las 
importaciones de dicho producto proceden­
tes de Gran Bretaña a un régimen de licen­
cia y gravarlas con una exacción. Destaca la 
Comisión que ya en la sentencia de 25 de 
septiembre de 1979 se declaró la infracción 
Lengua original: italiano. 
473 
CONCLUSIONES DEL SR. CAPOTORTl - ASUNTOS ACUMULADOS 24/80 R Y 97/80 R 
por parte francesa del artículo 12 del Tratado 
CEE y afirma que al ser incompatible con 
dicho precepto la recaudación de una exac­
ción a la importación, es igualmente contra­
ria a la referida sentencia. En vista de 
ello y comprobado «el fracaso de las solucio­
nes políticas posibles», el recurso 97/80 
termina solicitando a este Tribunal de Justi­
cia que se declare que la República Francesa 
«ha incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud del artículo 171 del 
Tratado CEE»,, al aplicar una exacción a las 
importaciones de carne de ovino procedentes 
del Reino Unido. 
En cuanto a la demanda de medidas provi­
sionales interpuesta con arreglo al artículo 
186 del Tratado CEE y al artículo 83 del 
Reglamento de Procedimiento, se basa en la 
afirmación de que la conducta de la Repúbli­
ca Francesa entraña el riesgo de daños gra­
ves y de difícil reparación (de carácter mate­
rial para la economía británica, pero tam­
bién, de carácter moral para toda la Comuni­
dad), de que urge poner remedio a esta 
situación y de que en el presente asunto hay 
bastante más que unfumus boni iuris, habida 
cuenta de que la Comisión se apoya en la 
sentencia de 25 de septiembre de 1975, que 
permanece incumplida. Por ello, la recurren­
te solicita al Tribunal de Justicia que ordene 
a la República Francesa que cese de inme­
diato en la aplicación de cualquier restric­
ción y/o exacción a la importación en rela­
ción con la carne de ovino procedente del 
Reino Unido. 
2. La postura francesa frente al recurso de 
la Comisión del que trae origen el asunto 
24/80, se caracteriza por tres afirmaciones. En primer lugar, no se niega que la senten­
cia de 25 de septiembre de 1979 «es obliga­
toria en todos sus elementos» ni que el 
Gobierno francés esté «decidido a acatar» 
íntegramente la sentencia (escrito de con­
testación, pp. 1 y 5). En segundo lugar, se 
mantiene que el artículo 171 no excluye que 
la ejecución de una resolución del Tribunal 
de Justicia «soit étalée sur délai raisonna­
ble», tanto más cuanto que una ejecución 
«precipitada» tendría «las más graves conse­
cuencias políticas y económicas»; se expo­
ne, luego, la necesidad de un plazo dilatorio 
dentro del cual pueda ser completamente 
cumplida la referida sentencia, pero no se 
ofrece ninguna indicación precisa al efecto. 
En tercer lugar, se menciona una primera 
medida de ejecución de la sentencia que 
dice haber adoptado el Gobierno francés el 
22 de octubre de 1979 (régimen provisional 
de franquicia para la importación de 200 
toneladas semanales de carne de ovino 
procedente de Gran Bretaña) y se destacan 
otros pasos que ha dado el Gobierno en 
cumplimiento de la sentencia, a saber, la 
abolición de las restricciones cuantitativas 
(acompañada, por otra parte, por la intro­
ducción de la referida exacción sobre las 
mercancías importadas) y los contactos 
tenidos con la Comisión y las negociaciones 
desarrolladas en el seno del Congreso con 
vistas al establecimiento de una organiza­
ción común de mercado. 
Luego, al contestar en sus observaciones 
escritas y orales a la demanda de medidas 
provisionales, el Gobierno francés no sólo 
reiteró los argumentos que acabo de resu­
mir, insistiendo de manera especial en la 
tesis de la necesidad de un «délai raisonna­
ble», sino que además discutió ampliamente 
474 
COMISIÓN /FRANCIA 
la cuestión concreta de la concurrencia de los 
requisitos jurídicos para que puedan conce­
derse medidas provisionales. El Gobierno 
francés articuló al respecto las siguientes 
observaciones: 
a) La Comisión solicita al Tribunal de 
Justicia esencialmente, como medida 
provisional, que ordene a Francia la 
ejecución de la sentencia de 25 de sep­
tiembre de 1979. Ello, alega el Gobierno 
demandado, es contrario a la función 
transitoria y de conservación propia de 
las medidas previstas por el artículo 186 
del Tratado CEE y, por otra parte, es 
incompatible con los artículos 171 y 187 
del mismo Tratado, con arreglo a los 
cuales corresponde a los Estados miem­
bros adoptar las medidas necesarias para 
la ejecución de las sentencias del Tribu­
nal de Justicia que les afecten, las cuales 
carecen de fuerza ejecutiva. 
b) Francia no ignora el carácter obligatorio 
de la citada sentencia, sino que se limita 
a afirmar que su ejecución requiere 
todavía cierto lapso de tiempo; por ello, 
sostiene, no existe infracción del artículo 
171 y falta, pues, la presunción de ser 
fundada la demanda principal. 
c) Los perjuicios a los productores y ex­
portadores británicos de carne de ovino 
alegados sólo son hipotéticos, en opi­
nión del Gobierno fiancés, ya que la 
producción británica no cubre más que 
la mitad de la demanda interna de dicho 
país y las posibilidades de exportación 
sólo existen a causa de las cuantiosas compras realizadas en países terceros 
por operadores comerciales británicos. 
d) Según alega el Gobierno francés, el 
perjuicio que causaría a Francia la 
adopción de la medida provisional 
solicitada sería grave e irreversible. 
c) Si el Tribunal de Justicia acordase las 
medidas provisionales de que se trata, 
alega la demandada, desestimaría implí­
citamente la tesis francesa del «délai 
raisonnable» para la ejecución de la 
sentencia de 25 de septiembre pasado y, 
resolvería sobre el fondo del asunto de 
los recursos pendientes. 
3. En mi opinión, para tomar posición 
sobre los argumentos mantenidos por las 
partes, se ha de adoptar necesariamente 
como punto de partida el examen de las 
características y de la función de las «medi­
das provisionales» que este Tribunal de 
Justicia puede ordenar en virtud del artículo 
186 del Tratado CEE. Hay que subrayar al 
respecto tres elementos: la estrecha cone­
xión de toda medida provisional con una 
cuestión de fondo, el carácter típicamente 
provisional de las medidas y la necesidad de 
que no prejuzguen la decisión sobre el 
fondo. 
En cuanto al primero de dichos elementos 
bastaría llamar la atención sobre el tenor 
literal del artículo 186 del Tratado CEE y 
del apartado 1 del artículo 83 del Regla­
mento de Procedimiento: el primero estable­
ce que el Tribunal de Justicia podrá ordenar 
475 
CONCLUSIONES DEL SR. CAPOTORTI - ASUNTOS ACUMULADOS 24/80 R Y 97/80 R 
las medidas provisionales necesarias «en los 
asuntos de que esté conociendo», el segundo 
dispone en su párrafo segundo que las de­
mandas relativas a las medidas provisionales 
previstas en el artículo 186 «sólo serán 
admisibles si se formulan por una de las 
partes de un asunto sometido al Tribunal y 
guardan relación con el mismo». Pero me 
gustaría hacer la observación de que la 
conexión entre el asunto principal y la de­
manda de medidas provisionales no tiene 
simple valor de requisito formal de la de­
manda, sino que significa en realidad que la 
medida provisional se incorpora a un asun­
to determinado y tiene como finalidad evitar 
que la utilidad práctica de la resolución final 
sea puesta en peligro por una situación in­
compatible con la satisfacción del derecho 
de una parte. Implícitamente, este Tribunal 
de Justicia lo reconoció en su auto de 12 de 
diciembre de 1968, Renckens/Comisión 
(27/68 R, Rec. 1969, p. 274) al desestimar la 
demanda de suspensión provisional de la 
ejecución de una Decisión de la Comisión, 
afirmando que la suspensión no era indispen­
sable «para garantizar la plena eficacia de la 
sentencia que haya de pronunciarse». 
En cuanto al carácter provisional de las 
medidas de que se trata, procede citar —bien 
entendido, además del artículo 186- el 
apartado 3 del artículo 86 del Reglamento de 
Procedimiento, que tras disponer que «las 
medidas provisionales podrán adoptarse por 
un plazo determinado», establece que «en 
caso contrario quedarán sin efecto cuando se 
pronuncie la sentencia que ponga fin al proce­
so». Esto confirma a su vez la afirmación 
precedente de que la medida provisional se 
mantiene en el ámbito del proceso principal: 
concluida ésta, se agota el cometido de la medida y será la sentencia la que disponga 
de manera definitiva sobre los derechos y 
obligaciones de las partes, con autoridad y 
eficacia lógicamente superiores a las de las 
medidas provisionales. Naturalmente, el 
carácter provisional de este género de medi­
das implica que es susceptible, por su pro­
pia naturaleza, de ser modificada o revoca­
da -como prevé el artículo 87 del Regla­
mento de Procedimiento—y no produce una 
situación irreversible. A este respecto, la 
jurisprudencia de este Tribunal de Justicia 
proporciona criterios significativos, me­
diante los autos de 28 de mayo de 1975, 
Könecke/Comisión (44/75 R, Rec. p. 637) 
y de 23 de julio de 1976, Metro/Comisión 
(26/76 R, Rec. p. 1353): el auto citado en 
primer lugar afirmó, entre otras cosas, que 
no podía adoptarse una determinada medida 
«que, lejos de tener carácter provisional, 
sería en realidad irrevocable y situaría al 
órgano jurisdiccional competente para 
resolver en el asunto principal ante una 
situación irreversible», (apartado 4); el 
segundo auto denegó la suspensión de la 
ejecución de una Decisión de la Comisión 
porque dicha medida, al repercutir igual­
mente en las relaciones entre la empresa 
demandada y terceras personas, «excedería 
los límites de una medida provisional 
urgente, destinada a salvaguardar, con 
carácter provisional los intereses de la 
demandante» (apartado 2). 
Finalmente, en cuanto al requisito de que la 
medida provisional no prejuzgue en modo 
alguno la decisión sobre el fondo, se en­
cuentra expresado de manera clara e inequí­
voca tanto en el último párrafo del artículo 
36 del Estatuto del Tribunal de Justicia 
476 
COMISIÓN /FRANCIA 
(CEE) como en el apartado 4 del artículo 86 
del Reglamento de Procedimiento. Se trata, 
además, de un requisito que se justifica, al 
menos, por tres motivos: en primer lugar, la 
relación entre la medida provisional y la 
sentencia, que, como ya dije, se caracteriza 
por la función instrumental de la primera, se 
invertiría si la sentencia resultase influida o 
anticipada por la medida provisional; en 
segundo lugar, el procedimiento sumario, 
que se inicia con una demanda de medidas 
provisionales, no permite llegar a una deci­
sión capaz de incidir en el fondo del asunto 
sin grave lesión de los derechos de las par­
tes; en tercer lugar, la reactivación de los 
trámites ordinarios en el procedimiento 
principal quedaría sin sentido una vez que el 
problema central por zanjar ya hubiera sido 
resuelto mediante el auto de concesión de la 
medida provisional. A este respecto, la 
jurisprudencia de este Tribunal de Justicia es 
inconcusa: me remito a los autos de 15 de 
octubre de 1974, Fruit- en Groentenimport-
handel y Frubo/Comisión (71/74 R y RR, 
Rec. p. 1031); de 28 de mayo de 1975, 
Könecke, 44/75 R, antes citado); de 15 de 
octubre de 1976, De Lacroix/Tribunal de 
Justicia (91/76 R, Rec. p. 1563), y de 13 de 
enero de 1978, Salerno y otros/Comisión 
(4/78 R, Rec. p. 1). Todas estas resoluciones 
coinciden en afirmar que la medida de urgen­
cia no debe tener repercusión alguna en la 
sentencia de fondo y, por tanto, no debe 
tener como resultado la consecución, de 
hecho, del resultado perseguido por la acción 
principal; en otro caso, esta última se vería 
privada de contenido. 
4. Tomando como base las consideraciones 
expuestas, procede ahora examinar las carac­
terísticas de la demanda de medidas provi­sionales interpuesta por la Comisión contra 
el Gobierno francés. Efectivamente, dicha 
demanda está conectada a un asunto princi­
pal: se formuló en relación con los asuntos 
acumulados 24/80 y 97/80, como ya vimos. 
Pero, ¿podemos decir que se mantiene en el 
marco de dichos asuntos? Desde el punto de 
vista del objeto, la respuesta tiene que ser 
afirmativa: el objeto coincide prácticamente 
con el de los asuntos mencionados. Más 
concretamente, ambos asuntos tienen por 
objeto que el Tribunal de Justicia declare 
que la República Francesa ha infringido el 
artículo 171 del Tratado CEE y ha seguido 
incumpliendo las obligaciones que le in­
cumben en virtud de los artículos 12 y 30 
del Tratado CEE, al no ejecutar la sentencia 
de este Tribunal de 25 de septiembre de 
1979; la demanda de medidas provisionales 
pretende conseguir que el Tribunal de Justi­
cia ordene a la República Francesa que cese 
en la aplicación de cualquier régimen res­
trictivo de las importaciones de carne de 
ovino, es decir, que ponga fin a la infrac­
ción de los citados artículos 12 y 30. Desde 
el punto de vista del objetivo perseguido, 
por el contrario, la demanda de que se trata 
parece exceder el marco de los referidos 
asuntos. Realmente, la Comisión ha admiti­
do que se propone conseguir la ejecución de 
la sentencia de 25 de septiembre de 1979; 
pero un mandamiento de cumplir dicha 
sentencia, debería tener carácter definitivo 
y no provisional. El valor autónomo y vin­
culante de la sentencia ya pronunciada por 
este Tribunal de Justicia mal se concilia, por 
decirlo de otra forma, con la idea de que el 
propio Tribunal ordene que se le dé cumpli­
miento hasta la fecha en que recaiga la 
nueva sentencia, siendo así, sin embargo, 
que tal limitación temporal es connatural a 
las medidas provisionales. 
477 
CONCLUSIONES DEL SR. CAPOTORTI - ASUNTOS ACUMULADOS 24/80 R Y 97/80 R 
Podría alegarse en contra que la Comisión 
está convencida de que obtendrá de este 
Tribunal de Justicia, al término de los recur­
sos 24/80 y 97/80, una sentencia que, decla­
rando el incumplimiento por Francia de las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
artículo 171 del Tratado CEE, obligue nue­
vamente a dicho Estado miembro a desman­
telar su régimen nacional del mercado de la 
carne de ovino. Pero, si bien es forzoso 
reconocer la necesidad de una segunda 
sentencia basada en el artículo 171 cuando 
un Estado miembro no haya cumplido una 
sentencia anterior del Tribunal de Justicia-y 
ello, a causa de la conocida falta de medidas 
de ejecución que pudieran llevarse a cabo 
por las Instituciones comunitarias-, no se 
conseguiría, por el contrario, justificar de 
una manera lógica el hecho de que entre las 
dos sentencias, ambas definitivas, se inserta­
se un auto tendente al mismo objetivo y con 
naturaleza provisional. 
Una segunda clase de dificultad se presenta 
si se reflexiona sobre la relación existente, en 
el caso que nos ocupa, entre la demanda de 
medidas provisionales y la resolución sobre 
el fondo. Ya tuve ocasión de recordar que la 
controversia, habida cuenta de las posiciones 
adoptadas por las partes, no se refiere a la 
obligación de cumplir la sentencia de 25 de 
septiembre de 1979, que reconoció la Repú­
blica Francesa, sino al aspecto temporal de 
dicha obligación, esto es, si puede aceptarse 
que el Estado miembro dispone de cierto 
plazo, y, en ese caso, de cuánto tiempo, a los 
efectos de la ejecución de la citada sentencia. 
Ahora bien, es evidente que la adopción de 
las medidas provisionales solicitada por la 
Comisión resolvería inmediatamente la 
cuestión: implícitamente se estaría rechazan­do la tesis mantenida en el asunto principal 
por la República Francesa, al ordenar que se 
adoptasen «sans délai» todas las medidas . 
internas de adecuación a la sentencia, mien­
tras que según la demandada, el artículo 171 
del Tratado no se opone a la adopción de 
dichas medidas dentro de un «délai raison­
nable». Por consiguiente, en el presente 
supuesto, opino que el principio de que 
una medida provisional no puede prejuzgar 
la resolución definitiva del asunto, obstacu­
liza la estimación de la demanda de la 
Comisión. 
De nada valdría contestar a lo que antecede 
que la sentencia de 25 de septiembre de 
1979 ya rechazó la pretensión francesa de 
mantener su organización nacional del 
mercado de la carne de ovino hasta que se 
establezca una organización común de 
mercado en este sector (segunda frase del 
apartado 8). En realidad, la adopción de 
esta posición por este Tribunal de Justicia 
fue una de las premisas fundamentales en 
que se basó para declarar que Francia había 
incumplido las obligaciones que le incum­
ben en virtud de los artículos 12 y 30 del 
Tratado CEE a partir del 1 de enero de 
1978; pero no creo que la misma toma de 
posición resolviera también la cuestión de 
los plazos de ejecución de la sentencia. Tal 
cuestión, como han reconocido las dos 
partes del litigio, presenta aspectos de inte­
rés general y de cualquier forma podría 
resolverse, en el caso que nos ocupa, tam­
bién en base a criterios distintos tanto de la 
ejecución automática e inmediata como de 
la dilación hasta la creación de una organi­
zación común del mercado. A este respecto, 
hago la observación de que durante la vista 
oral, la Comisión no negó la necesidad de 
478 
COMISIÓN /FRANCIA 
que los Estados miembros gocen de cierto 
lapso de tiempo para cumplir las sentencias 
que les obligan a adoptar medidas internas; 
la Comisión prefirió afirmar que los seis 
meses transcurridos desde la fecha de la 
sentencia hasta hoy representan ya un perío­
do de tiempo suficiente para la ejecución. La 
propia Comisión solicito al Tribunal de 
Justicia que resuelva la cuestión del «délai 
raisonnable» al afirmar en su demanda de 
medidas provisionales (p. 8, in fine) que 
tiene «sumo interés en pedir al Tribunal de 
Justicia que ponga fin a esta incertidumbre 
precisando el ùltimo punto que dejó abierto 
en la sentencia dictada en el asunto 232/78». 
No obstante, me parece claro que una «preci­
sión» de esta índole sólo puede hacerse por 
este Tribunal de Justicia en la resolución 
sobre el fondo y que la pretensión de que 
esta cuestión fundamental del litigio quede 
zanjada en un procedimiento sumario 
entraría en abierta contradicción con las 
características de este último, que he aclara­
do más arriba. 
Finalmente, hay que señalar que al tener por 
objeto la demanda de la Comisión que se 
ordene el cese de la aplicación de cualquier 
restricción a las importaciones de carne de 
ovino, su estimación daría lugar a una situa­
ción difícilmente modificable (también por 
motivos económicos y sociales), y no mera­
mente transitoria. Ciertamente, un desmante-
lamiento definitivo de la organización del 
mercado de que se trata sería plenamente 
conforme con la citada sentencia dictada en 
el asunto 232/78 y pondría fin al litigio entre 
la Comisión y la República Francesa; pero, 
precisamente por eso, no cabe admitir que el 
mecanismo judicial requerido para alcanzar tal resultado sea el instrumento de las 
medidas provisionales. No es necesario que 
insista sobre este punto; está claro que los 
inconvenientes hasta aquí indicados son 
aspectos diversos que en su conjunto confi­
guran un fenómeno único que calificaré de 
utilización inadecuada del instrumento 
procesal de las medidas provisionales. 
5. La Comisión y el Gobierno francés se 
refirieron en sus respectivas observaciones 
a los precedentes constituidos por el auto 
de 21 de mayo de 1977, Comisión/Reino 
Unido (31/77 R y 53/77 R,» Rec. p. 921) y 
por el auto de 13 de julio de 1977, 
Comisión/Irlanda (61/77 R, Rec. p. 1411). 
La Comisión, en particular, llamó la aten­
ción sobre la primera de estas dos resolucio­
nes y, sobre todo, sobre el apartado 20 de su 
motivación en el que este Tribunal declaró 
que «la inobservancia de lo prescrito en la 
última fiase del artículo 93, que constituye 
la salvaguardia del mecanismo de control 
establecido por esta disposición, de tal 
forma hace peligrar dicho mecanismo que 
puede, por sí misma, dar lugar a la aplica­
ción del artículo 186». El razonamiento que 
siguió la Comisión en la vista oral fue, 
esencialmente, el siguiente: si el Tribunal de 
Justicia declaró la aplicabilidad del artículo 
186 en un asunto en el que un Estado miem­
bro había infringido la obligación de no 
ejecutar determinadas ayudas hasta que la 
Comisión no adoptara su Decisión definiti­
va (última frase del artículo 93), a fortiori, 
el artículo 186 tiene que ser de aplicación 
en un supuesto en el que la obligación 
incumplida es la contenida en el artículo 
171 y en el que se ha incumplido una sen­
tencia del Tribunal de Justicia. 
479 
CONCLUSIONES DEL SR. CAPOTORTI - ASUNTOS ACUMULADOS 24/80 R Y 97/80 R 
Esta alegación olvida considerar un factor 
diferencial muy importante entre el supuesto 
de hecho al que se refería el auto de 21 de 
mayo de 1977 y el supuesto de hecho que 
estamos examinando. Me refiero al hecho de 
que la medida provisional solicitada en el 
marco del litigio entre la Comisión y el 
Reino Unido se traducía en el mantenimiento 
del status quo ante, mientras que la presente 
petición pretende una alteración, de gran 
alcance, de una situación de hecho existente 
desde hace tiempo. Ello significa que en los 
asuntos 31/77 R y 53/77 se obligaba, esen­
cialmente, a Gran Bretaña a suspender la 
eficacia de una medida interna que se habría 
podido restablecer, incluso con efecto ex 
tune, mientras que ahora se pide que se 
ordenen a Francia medidas prácticamente 
irreversibles. El propio apartado 10 de la 
motivación del auto de 21 de mayo de 1977 
declara, entre otras cosas, que «la medida 
provisional solicitada no tendrá necesaria­
mente consecuencias irreversibles, ya que el 
Reino Unido tiene la facultad de conceder la 
ayuda controvertida con efecto retroactivo, si 
la Decisión resulta anulada». Este pasaje 
demuestra el cuidado con que el Tribunal de 
Justicia consideró la naturaleza provisional 
de las medidas de urgencia antes de conceder 
las solicitadas en los asuntos 31/77 R y 
53/77 R. Puede añadirse a esto que la valo­
ración jurídica de la tesis que mantenía el 
Reino Unido no se anticipaba ni se prejuzga­
ba por el auto del Tribunal de Justicia. 
En cuanto a la medida provisional adoptada 
mediante el auto de 13 de julio de 1977 en 
relación con Irlanda, su naturaleza de orden 
de suspensión pura y simple resulta de su 
redacción misma («Irlanda debe suspender 
[...])». El Tribunal de Justicia prefirió confir­mar a continuación de forma expresa la 
norma relativa al cese de los efectos de la 
medida provisional en el momento en que se 
dicta la sentencia (la suspensión se aeordó 
«hasta que recaiga sentencia en el procedi­
miento principal»). También en este asunto 
se trataba de evitar temporalmente los efec­
tos de medidas nacionales introducidas ex 
novo, y también aquí la resolución del 
fondo del asunto se mantuvo imprejuzgada. 
Por otra parte, en el auto previamente dicta­
do el 22 de mayo de 1977, por el que, en 
esencia, el Tribunal de Justicia había conce­
dido a las partes un plazo para concertar, si 
ello era posible, una solución alternativa, se 
reconoció que la idoneidad (al igual que la 
utilidad) de los Decretos irlandeses sólo 
podía ser valorada definitivamente en el 
marco del procedimiento principal (aparta­
dos 30/35). 
6. La convicción que he expresado e 
intentado motivar acerca de la inadmisibili-
dad de la demanda de medidas provisiona­
les en el presente caso hace superfluo exa­
minar si se dan los requisitos de base para 
acordar medidas provisionales («fumus 
boni juris», perjuicio grave, urgencia). No 
obstante, para el caso de que el Tribunal 
de Justicia decida examinar estos aspec­
tos de la cuestión, estimo conveniente for­
mular algunas breves observaciones 
sobre el requisito del perjuicio al que la 
medida cautelar pretendería poner remedio 
provisionalmente. 
El Tribunal de Justicia ha insistido reitera­
damente en la necesidad de que la parte 
demandante se encuentre expuesta a un 
480 
COMISIÓN /FRANCIA 
perjuicio grave, en el sentido de que éste ha 
de ser «irreparable»; en concreto me remito 
a los autos de 29 de mayo de 1964, Suss/AIta 
Autoridad (17/64 R, Rec. p. 1201); de 17 de 
septiembre de 1974, Vellozzi/Comisión 
(62/74 R, Rec. p. 895); de 13 de enero de 
1978, Salerno y otros/Comisión (4/78 R, 
antes citado); de 28 de agosto de 1978, 
Italia/Consejo ( 166/78 R, Rec. p. 1745), y de 
6 de abril de 1979, Ooms/Comisión 
(48/79 R, Rec. p. 1703). Este carácter irrepa­
rable puede ser entendido en dos sentidos: 
bien en el sentido de que la naturaleza del 
perjuicio excluya cualquier posibilidad de 
reparación, bien en el sentido —más exacto a 
mi parecer- de que el perjuicio pueda vaciar 
de sentido la sentencia definitiva, hasta el 
punto de que a falta de la medida provisional 
dicha sentencia podría dictarse en vano 
(véase, por ejemplo, en este sentido, el auto 
de 12 de mayo de 1959, Geitling 
Ruhrkohlen- Verkaufsgessellschaft y 
otros/Alta Autoridad, 19/59 R, Rec. 1960, 
p. 85). En el presente asunto, por otra parte, 
la Comisión -o más bien, la Comunidad que 
ésta representa- sufre, según se dijo, el 
perjuicio «moral» del incumplimiento persis­
tente de una sentencia del Tribunal de 
Justicia; pero opino que no es esta clase de 
perjuicio la idónea para justificar una medi­
da provisional. La opinión contraria obliga­
ría incluso a admitir que cualquier acción 
promovida por la Comisión por infracción 
del artículo 171 justificaría automáticamente 
la concesión de una medida cautelar contra 
el Estado demandado. Pero, en mi opinión, 
de esa forma se vulneraría el espíritu del 
Tratado, tanto en lo referente a la finalidad 
de las medidas provisionales, como en cuan­
to a la posición de los Estados miembros 
responsables de un incumplimiento frente a 
la Comunidad. Además del «perjuicio moral», han de anali­
zarse los perjuicios económicos para los 
criadores de ovejas británicos y para los 
exportadores británicos de carne de ovino. 
Sin entrar en el fondo de las objeciones 
formuladas por el Gobierno francés sobre el 
carácter hipotético de tales perjuicios, esti­
mo que éstos, aun cuando sean actuales y 
cuantificables, no son totalmente irrepara­
bles. Se puede concebir, en efecto, que 
quien, al exportar carne de ovino a Francia, 
haya tenido que pagar la exacción estableci­
da al efecto, ejerza ante los órganos juris­
diccionales de la República Francesa una 
acción por la infracción de los artículos 12 
y 30 del Tratado CEE, que tienen carácter 
de normas con efecto directo. 
Finalmente, si se comparte el punto de vista 
de que sólo es «irreparable» un perjuicio 
que prive a la sentencia de cualquier utili­
dad práctica, me parece que en el presente 
caso el significado y el alcance de la deci­
sión sobre el fondo no se alteran por la 
persistencia medio tempore de la organiza­
ción francesa del mercado de la carne de 
ovino. Dicho en otros términos, la sentencia 
que se dicte en los asuntos principales ten­
drá el mismo valor, sea o no precedida de 
un auto basado en el artículo 186; probable­
mente, su repercusión sea incluso mayor en 
el caso de que no se haya adoptado una 
medida de este índole. 
En mi opinión, pues, no se cumple el requi­
sito de existencia de un perjuicio irrepara­
ble, en la situación que nos ocupa. Se ha de 
decir lo mismo en relación con el requisito 
de la urgencia, que, por otra parte, tiende a 
confundirse con el que se acaba de exami-
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CONCLUSIONES DEL SR. CAPOTORTI - ASUNTOS ACUMULADOS 24/80 R Y 97/80 R 
nar. En realidad, la Comisión no ha creído 
tener que formular en su demanda ninguna 
consideración específica sobre este aspecto; 
en la vista, habló de la urgencia «por princi­
pio» de respetar la sentencia de este Tribu­
nal. Estimo que no se dan circunstancias que 
impidan a la Comisión esperar la resolución 
de los asuntos principales para obtener de 
este Tribunal de Justicia un pronunciamiento 
sobre el cumplimiento de las obligaciones 
resultantes de la sentencia de 25 de septiem­
bre de 1979. Una reafirmación de tales 
obligaciones por medio de una medida pro­
visional, lejos de ser urgente, es en definitiva 
superflua. 
Obviamente, cuanto he expuesto no significa 
en absoluto que la inobservancia prolongada 
de una sentencia de este Tribunal de Justicia 
por parte de un Estado miembro pueda con­
siderarse como un fenómeno inofensivo y 
que el Gobierno interesado pueda, por consi­
guiente, esperar para cumplir la sentencia el 
tiempo que estime oportuno en interés pro­
pio. Por el contrario, la Comunidad sufre un 
perjuicio que se incrementa al transcurrir el 
tiempo sin que se respete el Derecho co­
munitario con prontitud y buena fe; y, por 
tanto, interesa a cada Estado miembro no contribuir a deteriorar el valor de las nor­
mas que se dictaron en interés de todos. 
Pero precisamente para salvaguardar todos 
los equilibrios del sistema jurídico comuni­
tario, creo que hay que evitar también la 
utilización impropia de los instrumentos 
procesales y que hay que ser tan riguroso en 
la comprobación de los requisitos estableci­
dos al respecto como en exigir que los 
Estados miembros observen las normas de 
derecho material que regulan su conducta 
en el seno de la Comunidad. 
7. Otros temas abordados por las partes en 
el seno de este procedimiento se refieren al 
fondo del asunto y, por tanto, no deben 
discutirse en la presente fase. Así es, en 
particular, respecto del examen de los com­
portamientos seguidos, respectivamente, por 
la Comisión y por el Gobierno francés a 
partir de la sentencia del pasado mes de 
septiembre. Dicho examen podrá servir, 
entre otras cosas, para resolver en concreto 
la cuestión del incumplimiento de tal sen­
tencia y del valor que haya de reconocerse 
a la «omisión» del Consejo en lo que se 
refiere al establecimiento de una organiza­
ción común del mercado de la carne de 
ovino. 
Por todo ello, sugiero al Tribunal de Justicia que desestime -por las razones 
procesales que he expuesto— la demanda de medidas provisionales interpuesta por 
la Comisión contra la República Francesa en el marco de los asuntos 24/80 y 97/80. 
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