Asunto C‑437/13

Unitrading Ltd

contra

Staatssecretaris van Financiën

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Procedimiento prejudicial — Código aduanero comunitario — Recaudación de derechos de importación — Origen de las mercancías — Medios de prueba — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho de defensa — Derecho a una tutela judicial efectiva — Autonomía procesal de los Estados miembros»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de octubre de 2014

Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho a la tutela judicial efectiva — Recaudación de derechos de importación — Prueba del origen de las mercancías importadas que se basa en los resultados de análisis realizados por un tercero que se niega a ofrecer ninguna explicación — Falta de comprobación de las conclusiones por las autoridades aduaneras — Procedencia — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional — Requisitos

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)

El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la prueba del origen de mercancías importadas aportada por las autoridades aduaneras con arreglo al Derecho procesal nacional se base en los resultados de análisis efectuados por un tercero respecto de los que ese tercero se niega a proporcionar explicaciones, ya sea a las autoridades aduaneras o al declarante en aduana, con lo que se dificulta o se hace imposible comprobar o rebatir la exactitud de las conclusiones utilizadas, siempre que se respeten los principios de efectividad y de equivalencia.

En efecto, en la medida en que la pertinencia de un medio de prueba no verificable plenamente por todas las partes del procedimiento ni por el tribunal que conoce del litigio pueda ser cuestionada válidamente por la parte afectada, en especial alegando que este medio de prueba sólo puede constituir una prueba indirecta de los hechos alegados y aportando otros datos que puedan corroborar sus afirmaciones divergentes, el derecho de esta persona a una tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 47 de la Carta no resulta, en principio, violado. Dado que el artículo 245 del Código aduanero establece, en este contexto, que las disposiciones relativas a la implantación del procedimiento de recurso previsto en el artículo 243 de dicho Código serán adoptadas por los Estados miembros, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la regulación procesal de esos recursos, siempre que dicha regulación no sea menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad). Con objeto de garantizar el cumplimiento del principio de efectividad, si el juez nacional constata que el hecho de hacer que recaiga sobre el deudor aduanero la carga de la prueba del origen de las mercancías declaradas —en la medida en que le incumbe refutar la pertinencia de un medio de prueba indirecto utilizado por las autoridades aduaneras— puede hacer imposible o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, debido, en particular, a que ésta versa sobre datos de los que el deudor no puede disponer, está obligado a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional, entre los que figura el de ordenar la práctica de las diligencias de prueba necesarias. Sin embargo, en la medida en que el juez nacional, después de haber hecho uso de todos los medios procesales que el Derecho nacional pone a su disposición, concluye que el verdadero origen de las mercancías es distinto del declarado y que, en consecuencia, está justificada la imposición al declarante de derechos de aduana adicionales, o incluso de una multa, el artículo 47 de la Carta no se opone a que dicho juez adopte una decisión en ese sentido.

En el supuesto de que las autoridades aduaneras no puedan facilitar explicaciones sobre los análisis de que se trate, la cuestión de si las autoridades aduaneras deben acceder a la solicitud de la interesada de que se realicen a sus expensas análisis en el país declarado como país de origen y la cuestión de si es relevante que se hayan conservado durante un cierto tiempo partes de las muestras de las mercancías de las que la interesada habría podido disponer con vistas a la realización de comprobaciones por otro laboratorio y, en caso de respuesta afirmativa, si las autoridades aduaneras deben informar a la interesada de la existencia de submuestras de mercancías conservadas y del hecho de que puede reclamarlas para realizar tales comprobaciones han de apreciarse sobre la base del Derecho procesal nacional.

(véanse los apartados 26 a 30 y 35 y los puntos 1 y 2 del fallo)

Asunto C‑437/13

Unitrading Ltd

contra

Staatssecretaris van Financiën

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Procedimiento prejudicial — Código aduanero comunitario — Recaudación de derechos de importación — Origen de las mercancías — Medios de prueba — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho de defensa — Derecho a una tutela judicial efectiva — Autonomía procesal de los Estados miembros»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de octubre de 2014

Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho a la tutela judicial efectiva — Recaudación de derechos de importación — Prueba del origen de las mercancías importadas que se basa en los resultados de análisis realizados por un tercero que se niega a ofrecer ninguna explicación — Falta de comprobación de las conclusiones por las autoridades aduaneras — Procedencia — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional — Requisitos

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)

El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la prueba del origen de mercancías importadas aportada por las autoridades aduaneras con arreglo al Derecho procesal nacional se base en los resultados de análisis efectuados por un tercero respecto de los que ese tercero se niega a proporcionar explicaciones, ya sea a las autoridades aduaneras o al declarante en aduana, con lo que se dificulta o se hace imposible comprobar o rebatir la exactitud de las conclusiones utilizadas, siempre que se respeten los principios de efectividad y de equivalencia.

En efecto, en la medida en que la pertinencia de un medio de prueba no verificable plenamente por todas las partes del procedimiento ni por el tribunal que conoce del litigio pueda ser cuestionada válidamente por la parte afectada, en especial alegando que este medio de prueba sólo puede constituir una prueba indirecta de los hechos alegados y aportando otros datos que puedan corroborar sus afirmaciones divergentes, el derecho de esta persona a una tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 47 de la Carta no resulta, en principio, violado. Dado que el artículo 245 del Código aduanero establece, en este contexto, que las disposiciones relativas a la implantación del procedimiento de recurso previsto en el artículo 243 de dicho Código serán adoptadas por los Estados miembros, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la regulación procesal de esos recursos, siempre que dicha regulación no sea menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad). Con objeto de garantizar el cumplimiento del principio de efectividad, si el juez nacional constata que el hecho de hacer que recaiga sobre el deudor aduanero la carga de la prueba del origen de las mercancías declaradas —en la medida en que le incumbe refutar la pertinencia de un medio de prueba indirecto utilizado por las autoridades aduaneras— puede hacer imposible o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, debido, en particular, a que ésta versa sobre datos de los que el deudor no puede disponer, está obligado a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional, entre los que figura el de ordenar la práctica de las diligencias de prueba necesarias. Sin embargo, en la medida en que el juez nacional, después de haber hecho uso de todos los medios procesales que el Derecho nacional pone a su disposición, concluye que el verdadero origen de las mercancías es distinto del declarado y que, en consecuencia, está justificada la imposición al declarante de derechos de aduana adicionales, o incluso de una multa, el artículo 47 de la Carta no se opone a que dicho juez adopte una decisión en ese sentido.

En el supuesto de que las autoridades aduaneras no puedan facilitar explicaciones sobre los análisis de que se trate, la cuestión de si las autoridades aduaneras deben acceder a la solicitud de la interesada de que se realicen a sus expensas análisis en el país declarado como país de origen y la cuestión de si es relevante que se hayan conservado durante un cierto tiempo partes de las muestras de las mercancías de las que la interesada habría podido disponer con vistas a la realización de comprobaciones por otro laboratorio y, en caso de respuesta afirmativa, si las autoridades aduaneras deben informar a la interesada de la existencia de submuestras de mercancías conservadas y del hecho de que puede reclamarlas para realizar tales comprobaciones han de apreciarse sobre la base del Derecho procesal nacional.

(véanse los apartados 26 a 30 y 35 y los puntos 1 y 2 del fallo)