Palabras clave

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Palabras clave

1 Política comercial común - Medidas que tienen por objeto impedir la comercialización de mercancías con usurpación de marca y de mercancías piratas - Reglamento (CE) nº 3295/94 - Ámbito de aplicación - Mercancías en tránsito externo - Inclusión

[Reglamentos del Consejo (CEE) nº 2913/92, art. 84, ap. 1, letra a), y (CE) nº 3295/94, art. 1]

2 Política comercial común - Medidas que tienen por objeto impedir la comercialización de mercancías con usurpación de marca y de mercancías piratas - Reglamento (CE) nº 3295/94 - Competencia de la Comunidad

[Tratado CE, art. 113 (actualmente art. 133 CE, tras su modificación); Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo]

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1 El artículo 1 del Reglamento nº 3295/94, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas, es aplicable cuando mercancías como las descritas en dicho Reglamento, importadas de un país tercero y que se encuentran en tránsito hacia otro país tercero, son retenidas provisionalmente en un Estado miembro por las autoridades aduaneras de éste en virtud de dicho Reglamento y a instancias de la sociedad titular de los derechos, cuyo domicilio social se encuentra en un país tercero y que invoca la vulneración de sus derechos.

En efecto, según el artículo 1, apartado 1, letra a), del citado Reglamento, este último se aplicará cuando las mercancías con usurpación de marca o piratas se descubran con motivo de un control efectuado sobre mercancías incluidas en un régimen de suspensión con arreglo al artículo 84, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario. En virtud de esta última disposición, la expresión «régimen de suspensión de las mercancías» designa, en particular, el tránsito externo, es decir un régimen aduanero que permite la circulación de uno a otro punto del territorio aduanero de la Comunidad de mercancías no comunitarias, sin que dichas mercancías estén sujetas a los derechos de importación y demás gravámenes del Código aduanero comunitario. Por tanto, el Reglamento está expresamente destinado a aplicarse a las mercancías que transitan por el territorio comunitario procedentes de un país tercero y con destino a otro país tercero. A este respecto es irrelevante que el titular del derecho tenga su domicilio social en un Estado miembro o fuera de la Comunidad. (véanse los apartados 26 a 28 y el punto 1 del fallo)

2 Puesto que el Tribunal de Justicia ha declarado que las medidas en frontera para garantizar la observancia de los derechos de la propiedad intelectual pueden ser adoptadas de manera autónoma por las Instituciones comunitarias con arreglo al artículo 113 del Tratado (actualmente artículo 133 CE, tras su modificación), de acuerdo con dicho artículo, la Comunidad estaba facultada para establecer una normativa común para el control de la usurpación de marca en un régimen aduanero de suspensión como el del tránsito externo. Por lo tanto, estaba facultada para adoptar el Reglamento nº 3295/94, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas.

Además, el tránsito externo de mercancías no comunitarias no es una actividad ajena al mercado interior. Se basa, de hecho, en una ficción jurídica. Las mercancías incluidas en dicho régimen no están sujetas a los derechos de importación ni a las demás medidas de política comercial, como si no hubieran entrado en territorio comunitario. En realidad, son importadas de un país tercero y transitan por uno o varios Estados miembros antes de ser exportadas hacia otro país tercero. Esta operación puede tener una incidencia directa sobre el mercado interior, máxime habida cuenta de que existe el riesgo de que mercancías con usurpación de marca incluidas en el régimen de tránsito externo sean introducidas de modo fraudulento en el mercado comunitario. (véanse los apartados 32 a 34 y el punto 2 del fallo)