SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 14 de mayo de 1998

Asunto T-165/95

Arnaldo Lucaccioni

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Recurso de indemnización — Enfermedad profesional — Perjuicio — Consideración de las prestaciones percibidas en virtud del artículo 73 del Estatuto — Duración del procedimiento de reconocimiento de una enfermedad profesional — Culpa»

Texto completo en lengua francesa II-627

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la reparación del perjuicio material y moral supuestamente sufrido por el demandante como consecuencia de la enfermedad que padece, y la concesión de intereses compensatorios sobre el capital abonado en virtud del artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

En 1962, el demandante entró al servicio de la Comisión y durante el período comprendido entre 1967 y 1987 trabajó aproximadamente dieciséis años en el edificio Berlaymont en Bruselas.

El 15 de enero de 1990, el demandante sufrió una hemoptisis. A raíz de los exámenes realizados en la clínica universitaria Saint-Luc en Bruselas, se advirtió que padecía un cáncer bronquial.

El 12 de marzo de 1990, el demandante sufrió una lobectomía superior izquierda de pulmón. El cirujano consideró que presentaba secuelas de una tuberculosis del lóbulo superior izquierdo. A pesar del diagnóstico inicial de cáncer, no se pudo detectar ningún tumor en el quirófano. A solicitud del cirujano, el laboratorio de mineralogía del hospital Erasme analizó una muestra tomada del tejido pulmonar. En un informe de 30 de agosto de 1990, firmado por el Profesor De Vuyst, se apreciaba un índice de 680 cuerpos asbestósicos por gramo de tejido seco.

El 26 de noviembre de 1990, el demandante remitió a la administración y a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) un escrito en el que declaraba, de conformidad con el artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto) y con el artículo 17 de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas (Reglamentación), que había contraído un cáncer de pulmón en forma de carcinoma epidermoide, que había ocasionado una lobectomía superior izquierda y una bronquitis crónica asmatiforme (asma). Solicitaba la adopción de una decisión en la que se reconociera la enfermedad profesional y se fijara el grado de invalidez permanente de conformidad con el artículo 19 de la Reglamentación.

Mediante escrito de 18 de enero de 1991, el director de la Dirección DO «Personal - derechos y obligaciones» de la Dirección General de Personal y Administración (DG IX) (director de personal) comunicò al demandante que, a la vista de su estado de salud, su caso sería sometido a la comisión de invalidez prevista en el artículo 78 del Estatuto.

A solicitud del demandante, el 12 de marzo de 1990, el Laboratorio di Ultrastrutture de l'Istituto Superiore di Sanità de Roma analizó una muestra de tejido extraído de su pulmón. En un informe del Dr. Donelli de 22 de abril de 1991, se comprobó la presencia de 6.000.000 de crisotilo (amianto bianco) por gramo de tejido seco.

En un informe de 6 de junio de 1991, el laboratorio de mineralogia del hospital Erasme comprobó la presencia de 595 cuerpos asbestósicos por gramo de tejido seco (así como la presencia, al parecer, de 34.600 fibras por gramo de tejido seco) y determinò la presencia de amosita (amianto bruto) y de tremolita en una muestra de tejido extraída del pulmón del demandante.

La comisión de invalidez se reunió el 10 de junio de 1991. Concluyó que el demandante padecía una invalidez permanente de carácter total que le impedía ejercer las funciones correspondientes a un puesto de su carrera y que, por tal motivo, estaba obligado a suspender la prestación de sus servicios a la Comisión.

El 16 de julio de 1991, el Director de personal adoptó, en calidad de AFPN, una decisión por la que se jubilaba al demandante de conformidad con el artículo 53 del Estatuto y se reconocía a éste una pensión de invalidez de conformidad con el párrafo tercero del artículo 78 del Estatuto, con efecto a partir del 1 de agosto de 1991. La pensión concedida era igual al 70 % del sueldo base del demandante.

Mediante escrito de 15 de octubre de 1991, el demandante presentó una reclamación, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, contra la decisión de jubilación de 16 de julio de 1991. Mediante escrito de 3 de marzo de 1992, la Comisión notificó al demandante la desestimación de su reclamación contra la decisión de jubilación. El demandante no inteipuso recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra dicha decisión desestimatoria.

En el marco del procedimiento que entonces se tramitaba de conformidad con el artículo 73 del Estatuto, la Comisión encargó al Dr. Dalem de la Universidad de Lieja el dictamen médico previsto en el artículo 19 de la Reglamentación. El Dr. Dalem solicitó la colaboración del Dr. Bartsch, especialista en neumología del instituto provincial Ernest Malvoz de Lieja.

Basándose en un examen del demandante, en los datos que obran en el expediente y en la correspondencia complementaria intercambiada con distintos médicos, el Dr. Bartsch elaboró un informe pericial en el que se concluyó que no existía enfermedad profesional. Basándose en el informe del Dr. Bartsch, el Dr. Dalem presentó su dictamen médico a la Comisión en el que concluyó que no existía enfermedad profesional. En efecto, el demandante no padecía cáncer bronquial y aunque sus pulmones contenían efectivamente fibras de amianto, no había ningún indicio de fibrosis reactiva al amianto, de modo que el demandante no padecía tampoco asbestosis.

Mediante escrito de 17 de febrero de 1992, el Jefe de la unidad «Seguro de accidentes y enfermedades profesionales» comunicó al demandante las conclusiones del Dr. Dalem y le notificó un proyecto de decisión denegatoria de su solicitud de reconocimiento de enfermedad profesional de conformidad con el artículo 21 de la Reglamentación de cobertura.

El demandante, continuando el procedimiento previsto en el artículo 73 del Estatuto, solicitó la convocatoria de la comisión médica establecida en el artículo 23 de la Reglamentación de cobertura.

En su primera reunión, la comisión médica no llegó a una opinión unánime, habida cuenta, en particular, de los resultados divergentes obtenidos por los distintos laboratorios. La comisión médica acordó, por tanto, encargar nuevos análisis a los Dres. De Vuyst y Donelli, y solicitar al Dr. Woitowitz un tercer análisis. El Dr. De Vuyst halló 235.000 fibras de crocidolita (amianto azul), amosita, antofilita y crisotilo por gramo de tejido seco. El Dr. Donelli confirmó la presencia de crisotilo. El Dr. Woitowitz halló 350.000 fibras de crocidolita y de amosita por gramo de tejido seco y 300.000 fibras de crisotilo por gramo de tejido seco.

Después de una segunda reunión celebrada el 25 de febrero de 1994, la comisión médica presentó su informe el 1 de marzo de 1994. Adoptó sus conclusiones por mayoría y el Dr. Brochard manifestó su disconformidad. Según la comisión médica, el carcinoma pulmonar del demandante se consideraba enfermedad profesional, y dicha comisión señaló que la invalidez permanente total del demandante era del 100 % y que se remontaba a la fecha del diagnóstico (enero de 1990). «En consideración de las secuelas permanentes (cicatrices, deformación del pecho izquierdo, reducción de la fuerza muscular del brazo izquierdo) y de las graves perturbaciones psicológicas que padece el Sr. Lucaccioni» se le concedió, además, una indemnización del 30 % basándose en el artículo 14 de la Reglamentación de cobertura.

Mediante escrito de 15 de abril de 1994, el Director general de la DG IX comunicó al demandante las conclusiones de la comisión médica en los siguientes términos: «Estoy en condiciones de reconocerle un grado de invalidez permanente total del 130 %, especificando que en esta fase es el arbitraje definitivo de las cuestiones de carácter médico planteadas por el reconocimiento de su enfermedad profesional.» El Director General comunicó que, de conformidad con el artículo 73 del Estatuto, se abonaría al demandante un capital de 25.794.194 BFR. El 28 de abril de 1994, se abonó al demandante dicho capital de 25.794.194 BFR.

El 15 de mayo de 1994, el demandante solicitó a la Comisión que comunicara las conclusiones de la comisión médica a la comisión de invalidez, para que esta última modificara su dictamen y declarara que su invalidez se derivaba de una enfermedad profesional, así como que le proporcionara una compensación de 25.794.194 BFR, le abonara los intereses devengados sobre ese capital y la diferencia entre su sueldo y su pensión desde agosto de 1991, y le abonara tres millones de ECU en concepto de indemnización del daño moral. Entre otras cosas, alegaba la culpa en que incurrió la Comisión al exponerle al polvo de amianto y al tramitar su expediente.

Mediante escrito de 22 de septiembre de 1994, el Director de la Dirección B «Derechos y obligaciones» de la DG IX proporcionó los importes solicitados, pero rechazó las demás peticiones del demandante.

El 15 de diciembre de 1994, el demandante presentó una reclamación, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, contra la decisión contenida en el escrito de 22 de septiembre de 1994. Mediante decisión de 3 de mayo de 1995, notificada al demandante el 29 de mayo de 1995, la Comisión desestimó la reclamación del demandante.

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de agosto de 1995, el demandante interpuso el presente recurso.

Sobre el fondo

1. Sobre la reparación de los perjuicios morales y materiales derivados de la enfermedad profesional del demandante

En el marco de una demanda por daños y perjuicios formulada por un funcionario, la responsabilidad de la Comunidad supone la concurrencia de una serie de requisitos relativos a la ilegalidad del comportamiento imputado a las Instituciones, la realidad del perjuicio alegado y la existencia de un nexo de causalidad entre el comportamiento y el perjuicio alegado (apartado 56).

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C-136/92P, Rec. p. I-1981), apartado 42; Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión (T-36/93, RecFP p. II-497), apartado 13

Sobre el perjuicio material constituido por la diferencia entre la pensión de invalidez del demandante y su sueldo de fiíncionario

El régimen establecido por el artículo 73 del Estatuto persigue conceder una compensación de carácter global al funcionario que sea víctima de un accidente o padezca una enfermedad profesional, sin que el interesado esté obligado a demostrar la existencia de una culpa que pueda originar la responsabilidad de la Institución de que se trata. Por ello, el Tribunal de Primera Instancia considera que el funcionario sólo tiene derecho a solicitar una compensación suplementaria en los supuestos en que se acredite que el régimen estatutario no permite obtener una indemnización adecuada. De no ser así, el objetivo estatutario del artículo 73 se falsearía y el beneficiario disfrutaría de un enriquecimiento indebido.

A este respecto, las prestaciones percibidas con arreglo al artículo 73 del Estatuto a raíz de un accidente o de una enfermedad profesional deben tenerse en cuenta para valorar el perjuicio que ha de indemnizarse en el marco de una demanda por daños y perjuicios presentada por un funcionario basándose en la existencia de una culpa que pueda originar la responsabilidad de la Institución empleadora.

Este principio se aplica no sólo a las consecuencias físicas y psicológicas de un accidente, sino también a las consecuencias económicas de un accidente o de una enfermedad profesional (apartados 72 a 74).

Referencia: Tribunal de Justicia, 2 de octubre de 1979, Mile. B./Comisión (152/77, Rec. p. 2819), apartado 14; Tribunal de Justicia, 8 de octubre de 1986, Leussink y otros/Comisión (asuntos acumulados 169/83 y 136/84, Rec. p. 2801), apartados 13 y 14

Aun suponiendo que se acreditara que el perjuicio material sufrido hasta la edad de jubilación por el demandante a causa de la diferencia existente entre su pensión de invalidez y su sueldo de funcionario sea de 8.400.000 BFR, y no de 5.780.000 BFR O'ubilación a los 60 años) o de 8.050.000 BFR (jubilación a los 65 años), debe considerarse que dicho perjuicio ha sido indemnizado efectivamente por el capital de 25.800.000 BFR ya abonado al demandante con arreglo al artículo 73 del Estatuto. De ello se deduce que la petición del demandante por la que solicita la indemnización de los perjuicios derivados de la diferencia existente entre su pensión de invalidez y su sueldo de funcionario debe desestimarse (apartados 76 y 78).

Sobre el perjuicio moral

El perjuicio moral del demandante, valorado ex aequo et bono, no puede fijarse en un importe superior a 5.950.000 BFR. El Tribunal de Primera Instancia señala en particular que el demandante no ha alegado una reducción de su esperanza de vida y que no ha aportado ningún dato que acredite que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden conceder un importe de este orden en concepto de indemnización de un perjuicio moral comparable. Teniendo en cuenta el hecho de que el demandante ya ha percibido ese importe de 5.950.000 BFR, que se le ha abonado en virtud del artículo 14 de la Reglamentación, debe considerarse que el perjuicio moral ha sido indemnizado de modo efectivo (apartados 83 a 89).

Sobre el perjuicio material derivado de determinadas ventas inmobiliarias

La petición de indemnización del perjuicio material derivado de la venta de determinados inmuebles del demandante debe rechazarse puesto que ni el perjuicio alegado ni el nexo de causalidad entre dicho supuesto perjuicio y su enfermedad profesional han sido demostrados de modo suficiente con arreglo a Derecho, sin que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión de dilucidar si el perjuicio de que se trata figura entre las secuelas de las que debe responder la Comisión en calidad de empleador (apartado 104).

Referencia: Leussink y otros/Comisión, antes citada, apartado 22

2. Sobre la concesión de intereses compensatorios sobre el capital abonado al demandante en virtud del artículo 73 del Estatuto, en compensación de la demora producida en la tramitación de su expediente

Sobre las demoras producidas en la tramitación del expediente y las irregularidades que vician el procedimiento

Sobre el motivo del demandante basado en la falta de motivación del dictamen de la comisión de invalidez

El demandante ya interpuso una reclamación contra la decisión de jubilación de 16 de julio de 1991, basándose en el referido informe de la comisión de invalidez de 10 de junio de 1991. Mediante decisión de la AFPN de 3 de marzo de 1992, se desestimó dicha reclamación, sin que el demandante haya interpuesto recurso contra dicha decisión. Por tanto, este motivo debe desestimarse por ser extemporáneo y, por consiguiente, no procede admitirlo (apartados 129 y 130).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 29 de febrero de 1996, Lopes/Tribunal de Justicia (T-547/93, RecFP p. II-185), apartado 174; Tribunalde Primera Instancia, 12 de marzo de 1996, Weir/Comisión (T-361/94, RecFP p. II-381), apartado 48

Sobre los motivos basados en la vulneración del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto

El demandante alega fundamentalmente que la Comisión ha vulnerado el párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, al supeditar el inicio del procedimiento previsto en dicho artículo a que terminara previamente el procedimiento establecido en el artículo 73 del Estatuto. En efecto, si la comisión de invalidez hubiera conocido de la cuestión del origen profesional de su enfermedad, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, y no sólo de la cuestión de su incapacidad laboral, con arreglo al párrafo tercero del artículo 78 del Estatuto, habría reconocido probablemente desde 1991 el origen profesional de su enfermedad (apartado 133).

La comparación entre los artículos 73 y 78 pone de manifiesto que las prestaciones previstas en esos dos preceptos son distintas e independientes entre sí, aunque pueden acumularse. Del mismo modo, dichos preceptos prevén dos procedimientos distintos que pueden originar decisiones diferentes, independientes entre sí.

Si bien es deseable que ambos procedimientos sean tramitados, en su caso, de modo concertado y que se solicite a las mismas autoridades médicas que se pronuncien sobre los distintos aspectos de la invalidez que padece el funcionario, no se trata, sin embargo, de una circunstancia que condicione la legalidad de ninguno de los procedimientos y, a este respecto, la AFPN disfruta de una facultad de apreciación en función de las circunstancias (apartados 136 y 137).

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de enero de 1981, B./Parlamento (731/79, Rec. p. 107), apartados 8 y 10; Tribunal de Justicia, 12 de enero de 1983, K./Consejo (257/81, Rec. p. 1), apartado 10

La Comisión no ha utilizado de modo reprochable su facultad de apreciación en la materia al no solicitar a la comisión de invalidez, constituida basándose en el artículo 78 del Estatuto, que se pronuncie sobre el origen profesional de la enfermedad del demandante en el procedimiento previsto en el artículo 73 del Estatuto.

A raíz de la petición del demandante de 26 de noviembre de 1990, la Comisión estaba obligada a iniciar el procedimiento previsto en el artículo 73 del Estatuto. Por el contrario, no existía ningún motivo que la obligara a plantear esta misma cuestión a la comisión de invalidez en el marco del segundo párrafo del artículo 78 del Estatuto, puesto que la cuantía de la pensión del demandante, a saber, el 70 % de su sueldo base, era idéntica con independencia de que se calculara basándose en el párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto o en el párrafo tercero del mismo artículo. Además, el procedimiento seguido en el presente asunto ha permitido a la comisión de invalidez resolver lo más rápidamente posible la cuestión de determinar si el demandante padece una invalidez permanente de carácter total que le impida ejercer las funciones correspondientes a un puesto de su carrera, con el fin de concederle sin demora una pensión de invalidez (apartados 144 y 145).

Sobre los motivos relativos a los peritos externos

Por tratarse de una apreciación médica compleja, es procedente que la Comisión designara peritos externos. El demandante no ha acreditado que, después de recibir el informe de la comisión de invalidez de 10 de junio de 1991, la Comisión disponía de todos los elementos necesarios para verificar el origen profesional de su enfermedad (apartados 153 y 154).

La designación del Dr. Dalem no es irregular por el mero hecho de que ya haya emitido un dictamen en el procedimiento previo a la convocatoria de la comisión médica (apartado 56).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de julio de 1981, Suss/Comisión (186/80, Rec. p. 2041), apartado 10; Tribunal de Justicia, 19 de enero de 1988, Biedermann/Tribunalde Cuentas (2/87, Rec. p. 143), apartado 11; Tribunal de Primera Instancia, 18 de febrero de 1993, Tallarico/Parlamento(T-l/92, Rec. p. II-107), apartado 32

Sobre la alegación de desviación de poder

El concepto de desviación de poder tiene un alcance preciso y se refiere al hecho de que una autoridad administrativa utilice sus potestades con un fin distinto de aquel en consideración al cual le fueron atribuidas. Una decisión sólo está viciada de desviación de poder si, basándose en indicios objetivos, pertinentes y concordantes, se desprende que dicha decisión śe adoptó para perseguir fines distintos de los expuestos (apartado 166).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de junio de 1997, Krämer/Comisión (T-104/96, RecFP p. II-463), apartado 67

Fallo:

Se desestima el recurso.