Esta interpretación no resulta contraria al derecho de la empresa de acceso a la justicia o al principio de buena administración. Al contrario, la delimitación del conjunto de los habilitados a interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en un asunto determinado, como aparece prevista en el artículo 56 del citado Estatuto, tiene precisamente por objeto garantizar la buena administración de la justicia, especialmente por cuanto garantiza cierta previsibilidad sobre los recursos que pueden interponerse contra las resoluciones del Tribunal General, evitando que puedan soslayarse los plazos y los requisitos de admisibilidad que se aplican a otros recursos previstos por el Derecho de la Unión.

Conforme al artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, podrá interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas. El hecho de que una empresa que no haya formulado pretensiones en primera instancia pertenezca al mismo grupo de otra empresa que sí haya sido parte del procedimiento en primera instancia no basta para conferirle la condición de parte, en el sentido de la disposición citada.

Por otro lado, no puede imputarse al Tribunal General no haber motivado la consideración de dicha medida como ayuda nueva por el mero hecho de que haya partido para ello de la hipótesis de la existencia de una ayuda de Estado, cuando a continuación haya procedido a un examen exhaustivo de los argumentos formulados acerca de la existencia de una ayuda de Estado.

El juez de la Unión tiene libertad para no examinar si una medida constituye una ayuda de Estado hasta haber analizado si, en la hipótesis de que así fuera, la ayuda resultante de tal medida debería calificarse de ayuda existente.

El juez de la Unión tiene libertad para estructurar y desarrollar su razonamiento en la forma que considere procedente para dar respuesta a los motivos que se le hayan alegado. Por lo tanto, la estructura y el desarrollo de la respuesta que haya escogido el Tribunal General no pueden ponerse en tela de juicio en el marco de un recurso de casación mediante la formulación de pretensiones al objeto de demostrar que el Tribunal General debería haber guiado su razonamiento ateniéndose a las expectativas de una parte demandante.

Las normas de la Unión en materia de ayudas de Estado pasaron a ser obligatorias en los nuevos Estados miembros en la fecha de su adhesión. La determinación de la fecha pertinente para apreciar, a efectos del artículo 87 CE, apartado 1, una medida estatal adoptada por un nuevo Estado miembro antes de la fecha de su adhesión a la Unión, pero aún vigente tras esa fecha, debe efectuarse a la luz del Acta de Adhesión de dicho Estado miembro.

Los Estados que tenían la condición de miembros de la Unión antes de dicha fecha deseaban proteger el mercado interior contra las medidas que contuvieran una ayuda de Estado, que hubieran sido adoptadas en los países candidatos antes de su adhesión a la Unión y que pudieran eventualmente falsear la competencia, sometiendo estas medidas, a partir de la fecha de adhesión, al régimen previsto para las ayudas nuevas, si no pudieran acogerse a las excepciones enumeradas detalladamente en el anexo IV, punto 3, del Acta de Adhesión. Por otro lado, del tenor del artículo 1, letra b), inciso v), del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, y, en concreto, de la primera frase de esta disposición se desprende que una medida de apoyo estatal que no constituya una ayuda de Estado en el momento de su ejecución puede adquirir esta condición posteriormente.

Cualquier otra conclusión privaría de sentido el objetivo perseguido por los autores del Tratado de Adhesión. De este modo, considerar pertinente la fecha de adopción de una medida tendría por efecto sustraer al control de la Comisión, en el caso de un Estado miembro que se haya adherido a la Unión el 1 de mayo de 2004, cualquier medida adoptada antes de esa fecha que no constituyera una ayuda de Estado en el momento de su adopción, pero que sí hubiera adquirido posteriormente esta condición y la mantuviera después de dicha fecha.

(véanse los apartados 58, 60 a 62 y 65)