Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Pretensiones — Modificación en el curso del proceso — Requisito

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal, arts. 44, ap. 1, letra d), y 48, ap. 2]

2. Agricultura — FEOGA — Liquidación de cuentas — Reglamento (CE) nº 1290/2005 — Ámbito de aplicación temporal — Casos comunicados en el ámbito del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 595/91 — Alcance

[Reglamentos (CEE) nº 595/91 del Consejo, arts. 3 y 5, ap. 2, y (CE) nº 1290/2005 del Consejo, arts. 32 y 49, párr. 3, segundo guión]

3. Derecho comunitario — Interpretación — Actos de las instituciones — Declaración inscrita en el acta — Consideración — Inadmisibilidad a falta de sustento en el propio acto

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1. A tenor del artículo 44, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, el demandante debe indicar sus pretensiones en su demanda. De este modo, sólo cabe tomar en consideración las pretensiones expuestas en el escrito de interposición del recurso y la fundamentación del recurso sólo debe examinarse en relación con las pretensiones contenidas en dicho escrito.

El artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento permite que se invoquen motivos nuevos a condición de que éstos se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. Esta condición se aplica a fortiori a cualquier modificación de las pretensiones y, a falta de razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante la fase escrita, sólo cabe tomar en consideración las pretensiones del escrito de demanda.

(véanse los apartados 27 y 28)

2. La expresión «para los casos comunicados en el ámbito del artículo 3 del Reglamento nº 595/91», que figura en el artículo 49, párrafo tercero, segundo guión, del Reglamento nº 1290/2005, sobre la financiación de la política agrícola común, tiene un alcance amplio en la medida en que comprende todos los casos que hayan sido objeto de una comunicación con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 595/91, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agraria común. Pues bien, entre éstos figuran necesariamente los casos que han sido objeto de una primera comunicación en virtud del artículo 3 y posteriormente de una comunicación especial en virtud del artículo 5, apartado 2.

En efecto, antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 1290/2005, el procedimiento relativo a las irregularidades se definía en particular en los artículos 3 y 5 del Reglamento nº 595/91. Así, conforme a dicho artículo 3, los Estados miembros estaban obligados a comunicar cada trimestre a la Comisión un estadillo con las irregularidades que hubieran sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial. El artículo 5, apartado 1, les imponía seguidamente la obligación de enviar a la Comisión, cada trimestre, información relativa a los procedimientos incoados a consecuencia de las irregularidades comunicadas en aplicación del artículo 3 y el apartado 2 de dicho artículo preveía el envío de una comunicación especial para los importes que los Estados miembros estimaran no poder recuperar. De este modo, el artículo 3 y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 595/91 no corresponden a casos diferentes, sino a etapas diferentes, pues el artículo 5, apartado 2, se refiere a las irregularidades comunicadas anteriormente en el ámbito del artículo 3 y consideradas irrecuperables por el Estado miembro.

Por lo demás, a tenor del artículo 49 del Reglamento nº 1290/2005, los artículos relativos a la liquidación contable (artículos 30 y 31) y a las irregularidades (artículo 32) son aplicables desde el 16 de octubre de 2006. Por tanto, no sería coherente, habida cuenta del objetivo de salvaguardia de los intereses financieros del presupuesto comunitario perseguido por el legislador, considerar que éste pretendió reservar de manera implícita un tratamiento específico a las irregularidades que hubieran sido objeto de una comunicación especial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 595/91, pese a haber previsto la aplicación del conjunto de disposiciones relativas a la liquidación contable y a las irregularidades a partir del 16 de octubre de 2006.

(véanse los apartados 46, 47 y 50)

3. Una declaración inscrita en el acta del Consejo con ocasión de la adopción de un acto no puede ser tenida en cuenta para interpretar una disposición de Derecho derivado cuando el contenido de la declaración no se plasme de algún modo en el texto de la disposición de que se trate, y no tiene, por tanto, ningún alcance jurídico. Lo mismo sucede con las declaraciones unilaterales de un Estado miembro.

(véase el apartado 65)