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27

La Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Ley n.o 304/2004 sobre la Organización Judicial), de 28 de junio de 2004 (publicada de nuevo en el Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 827 de 13 de septiembre de 2005), ha sido modificada, en particular, por: – La Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor (Ley n.o 202/2010 por la que se adoptan medidas para agilizar la resolución de los litigios), de 25 de octubre de 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 714 de 26 de octubre de 2010). – La Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale (Ley n.o 255/2013 por la que se aplica la Ley n.o 135/2010, mediante la que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se modifican y completan determinados actos normativos que incluyen disposiciones en materia procesal penal), de 19 de julio de 2013 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 515 de 14 de agosto de 2013). – La Legea nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Ley n.o 207/2018 por la que se modifica y completa la Ley n.o 304/2004 sobre la organización judicial), de 20 de julio de 2018 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 636 de 20 de julio de 2018).
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El artículo 253 del Código Civil, con el título «Medios de defensa», dispone: «(1) La persona física cuyos derechos no patrimoniales hayan sido vulnerados o amenacen con serlo podrá solicitar en cualquier momento ante la justicia: a) la prohibición de que se realicen los hechos ilícitos, si fueran inminentes; b) el cese de la infracción y su prohibición futura, si continuara produciéndose; c) la declaración de ilicitud de los hechos producidos, si la perturbación causada por ellos subsistiera. (2) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de menoscabo de los derechos no patrimoniales como consecuencia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el juez únicamente podrá adoptar las medidas previstas en el apartado 1, letras b) y c). (3) Por otra parte, la víctima del menoscabo de tales derechos podrá solicitar al juez que obligue al autor de los hechos a aplicar cualquier medida que el juez considere necesaria para permitir el restablecimiento del derecho menoscabado, tal como: a) la obligación del autor de publicar a sus expensas la sentencia condenatoria; b) cualquier otra medida necesaria para poner fin al hecho ilícito o para reparar el daño causado. (4) Asimismo, la víctima podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios o, según el caso, una reparación patrimonial, o incluso no patrimonial, del daño que se le haya causado si este fuera imputable al autor del hecho dañoso. En tales supuestos, el derecho de recurso estará sujeto a prescripción extintiva.»
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 20 de junio de 2019 — Schiaffini Travel

(Asunto C‑322/18) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Reglamento (CE) n.o 1370/2007 — Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera — Artículo 5 — Adjudicación de contratos de servicio público — Artículo 5, apartado 2 — Adjudicación directa — Concepto de “operador interno” — Artículo 8, apartado 2 — Régimen transitorio»

1. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Identificación de los elementos de Derecho de la Unión pertinentes — Reformulación de las cuestiones (Art. 267 TFUE) (véase el apartado 29)

2. Transportes — Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera — Reglamento (CE) n.o 1370/2007 — Artículo 5, apartado 2 — Adjudicación de contratos de servicio público — Procedimiento de adjudicación desarrollado antes del 3 de diciembre de 2019 — Inaplicabilidad [Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 5 y 8, ap. 2] (véase el apartado 37 y el fallo)

Fallo

Los artículos 5 y 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que el artículo 5, apartado 2, de este Reglamento no es aplicable a un procedimiento de adjudicación desarrollado antes del 3 de diciembre de 2019.

( 1 ) DO C 285 de 13.8.2018.
4

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de agosto de 2017, Xellia y Alpharma alegan que la demanda de intervención del Reino Unido debe desestimarse por ser extemporánea, dado que se presentó una vez finalizado el plazo previsto en el artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, y por carecer de justificación. Sostienen también que el hecho de que este Estado miembro no haya presentado su demanda de intervención dentro del plazo establecido ni la haya motivado no permite al Presidente del Tribunal de Justicia apreciar las razones que justificarían la admisión de tal intervención extemporánea y asegurarse de que el Estado miembro no se vale de ella para obtener una ventaja procesal. Señalan que tal demanda vulnera sus derechos procesales, debido a que no se les han comunicado las razones en las que se basa. Por consiguiente, no están en condiciones de rebatir ni tales razones ni las alegaciones que dicho Estado miembro pueda presentar en la vista.
4

En el marco de la delegación prevista por la Ley n.o 32, de 1 de marzo de 2005, el Gobierno italiano promulgó diversos decretos legislativos, entre ellos el Decreto Legislativo n.o 284, de 21 de noviembre de 2005 (suplemento ordinario de la GURI n.o 6, de 9 de enero de 2006), que instituyó la Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica (Órgano consultivo en materia de transporte por carretera y logística, Italia), entidad a la que se atribuyeron funciones de asesoramiento, en la que se integró el Osservatorio sulle attività di autotrasporto (Observatorio de las actividades de transporte por carretera, Italia; en lo sucesivo, «Observatorio»), compuesto por diez miembros designados por el presidente del Órgano consultivo en materia de transporte por carretera y logística, cuyo cometido consiste, en particular, en supervisar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad vial y social y en actualizar los usos y costumbres aplicables a los contratos verbales de transporte de mercancías por carretera.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 24 de octubre de 2017 — Belu Dienstleistung y Nikless

(Asunto C‑474/16) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Cuestiones prejudiciales idénticas — Coordinación de los sistemas de seguridad social — Reglamento (CE) n.o 883/2004 — Legislación aplicable — Certificado A 1 — Fuerza probatoria»

1. Cuestiones prejudiciales—Cuestiones idénticas a otras ya resueltas por la jurisprudencia—Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento (Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99) (véanse los apartados 14 a 16)

2. Seguridad social—Trabajadores migrantes—Legislación aplicable—Trabajadores desplazados a un Estado miembro distinto del de establecimiento del empresario—Certificado A 1 emitido por la institución competente del Estado de establecimiento—Fuerza probatoria ante las instituciones de seguridad social de los demás Estados miembros y los órganos jurisdiccionales de los mismos—Condiciones en que se desarrolla la actividad de los trabajadores que quedan fuera del ámbito de aplicación material del Reglamento (CEE) n.o 1408/71—Irrelevancia [Reglamentos (CE) del Parlamento Europeo y el Consejo n.o 883/2004, art. 12, aps. 1 y 2, y n.o 987/2009, art. 19] (véanse los apartados 17 a 20 y el fallo)

Fallo

El artículo 19 del Reglamento n.o 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que los certificados A 1 emitidos por las instituciones competentes de los Estados miembros al amparo del artículo 12, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, vinculan tanto a los organismos de seguridad social del Estado miembro en que se realice el trabajo como a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro, incluso cuando dichos órganos jurisdiccionales aprecien que las condiciones de la actividad del trabajador en cuestión no entran de forma manifiesta en el ámbito de aplicación material de la disposición del Reglamento n.o 883/2004 que se ha mencionado.

( 1 ) DO C 441 de 28.11.2016.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 22 de abril de 2020 — Bilbaína de Alquitranes y otros/Comisión

(Asunto C‑691/15 P‑DEP)

«Tasación de costas»

1. Procedimiento judicial — Costas — Tasación — Costas recuperables — Circunstancias que deben considerarse — Gastos necesarios correspondientes al procedimiento de tasación — Procedimiento normalizado que se caracteriza por la falta total de complejidad [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 144, letra b)] (véanse los apartados 40 y 60)

2. Procedimiento judicial — Costas — Tasación — Costas recuperables — Circunstancias que deben considerarse — Gastos efectuados en el marco de un recurso de casación — Motivos que exigen un análisis en profundidad [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 144, letra b)] (véanse los apartados 44 a 50)

3. Procedimiento judicial — Costas — Tasación — Costas recuperables — Intervención de varios abogados — Irrelevancia — Apreciación en función principalmente del número total de horas de trabajo objetivamente indispensables a efectos del procedimiento — Criterios [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 144, letra b)] (véanse los apartados 51 a 55)

4. Procedimiento judicial — Costas — Tasación — Costas recuperables — Circunstancias que deben considerarse — Gastos necesarios correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 144, letra b)] (véanse los apartados 56 y 57)

Fallo

Fijar en 50000 euros el importe total de las costas que la Comisión debe reembolsar a Bilbaína de Alquitranes S.A., Deza a.s., Industrial Química del Nalón S.A., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers Germany GmbH, Rain Carbon BVBA, Rütgers Poland sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica S.A., Showa Denko Carbon Products Germany GmbH & Co. KG, Showa Denko Carbon Austria GmbH, SGL Carbon SAS, Showa Denko Carbon Spain S.A., COBEX Polska sp. z o.o., ThyssenKrupp Steel Europe AG y Tokai erftcarbon GmbH en relación con los asuntos C‑691/15 P y C‑691/15 P R, cantidad a la que se añadirán intereses de demora a contar desde el día en que se notifique el presente auto hasta la fecha de pago del importe total adeudado, al tipo aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a sus operaciones principales de refinanciación vigente el primer día del mes de vencimiento del pago, incrementado en tres puntos porcentuales y medio.
El artículo 14 de la Directiva 98/71, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, y el artículo 110 del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, deben interpretarse en el sentido de que no autorizan, como excepción a las disposiciones de la Directiva 2008/95, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, a un fabricante de piezas sueltas y de accesorios para vehículos automóviles, como unos tapacubos, a poner en dichos productos un signo idéntico a una marca registrada, entre otros, para tales productos por un fabricante de vehículos automóviles, sin el consentimiento de este último, por considerar que este uso de dicha marca constituye el único medio de reparar el vehículo, restableciendo, como producto complejo, su apariencia inicial.

En efecto, en primer lugar, del tenor literal del artículo 14 de la Directiva 98/71 y del artículo 110 del Reglamento no 6/2002 resulta que estas disposiciones únicamente establecen determinadas limitaciones a la protección relativa a los dibujos o modelos, sin hacer en modo alguno referencia a la protección relativa a las marcas.

En segundo lugar, con arreglo a su artículo 2, la Directiva 98/71 sólo se aplica a los registros de dibujos o modelos registrados en determinados servicios nacionales e internacionales, así como a las solicitudes de registro de dibujos o de modelos a tal fin. Además, del artículo 1 del Reglamento no 6/2002, examinado a la luz del considerando 5 de dicho Reglamento, se desprende que éste pretende crear únicamente un dibujo y modelo comunitario que sea directamente aplicable en todos los Estados miembros.

Por último, en tercer lugar, resulta, por un lado, del considerando 7 y del artículo 16 de la Directiva 98/71 y, por otro lado, del considerando 31 y del artículo 96, apartado 1, del Reglamento no 6/2002, que estos actos del Derecho de la Unión se aplican sin perjuicio de las disposiciones de dicho Derecho o del Derecho del Estado miembro de que se trate relativas, en particular, a las marcas.

De ello se desprende que el artículo 14 de la Directiva 98/71 y el artículo 110 del Reglamento no 6/2002 no contienen ninguna excepción a las disposiciones de la Directiva 2008/95 y del Reglamento no 207/2009.

(véanse los apartados 39 a 42, 45 y el fallo)
3.

Recurso de anulación — Objeto — Anulación parcial — Requisito — Posibilidad de disociar las disposiciones impugnadas — Disposiciones de una decisión del Consejo relativa a las ayudas destinadas a facilitar el cierre de las minas de carbón que no sean competitivas — Anulación que implique una modificación de la esencia de la decisión — Requisito no cumplido — Inadmisibilidad [Art. 263 TFUE; Reglamento (CE) no 1407/2002 del Consejo; Decisión 2010/787/UE del Consejo] (véanse los apartados 26 a 32, 41 y 42)
17

El órgano jurisdiccional remitente, ante el que Pohotovosť interpuso un recurso el 7 de junio de 2012 contra la resolución de suspensión de la ejecución, señala en su resolución de remisión, por una parte, que en un asunto en que el demandado carece de domicilio fijo, como al parecer le sucede al Sr. Soroka, es conveniente que se admita la intervención de Združenie HOOS, especialmente teniendo en cuenta que, en este caso, dicha asociación está dispuesta a hacerlo en defensa de los intereses de aquél. Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional indica que el 10 de octubre de 2012, el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca) declaró, en una resolución dictada en otro asunto, que la intervención de terceros solo era admisible en los procedimientos contradictorios y no en los procedimientos ejecutivos que, por su propia naturaleza, no tienen tal carácter. Añade, no obstante, que, en esa resolución, un miembro de la Sala correspondiente del Najvyšší súd Slovenskej republiky emitió un voto particular según el cual no cabe concebir la intervención de terceros en el conjunto del procedimiento ejecutivo, pero sí debería admitirse sin embargo en determinadas partes del mismo.
Palabras clave

Parte dispositiva



Palabras clave

Derecho de la Unión Europea

—

Efecto directo

—

Impuestos nacionales incompatibles con el Derecho de la Unión

—

Devolución

—

Regulación

—

Aplicación del Derecho nacional

—

Límites

—

Respeto de los principios de equivalencia y de efectividad

—

Comprobación que incumbe al órgano jurisdiccional nacional (Directiva 2006/112/CE del Consejo, art. 183) (véanse los apartados 29 a 39 y el fallo)

Parte dispositiva

Fallo

El Derecho de la Unión, y en particular el artículo 183 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa y una práctica de un Estado miembro, como las que constituyen el objeto del litigio principal, que excluyen el pago de intereses de demora sobre las cuotas del impuesto sobre el valor añadido no susceptible de recuperación en un plazo razonable como consecuencia de una disposición nacional declarada contraria al Derecho de la Unión. En ausencia de legislación de la Unión Europea en la materia, corresponde al Derecho nacional determinar, respetando los principios de equivalencia y de efectividad, las condiciones del pago de tales intereses, las cuales no deben ser menos favorables que las aplicables a los recursos basados en el incumplimiento del Derecho interno que tengan un objeto y una causa similares a los basados en la infracción del Derecho de la Unión, ni articularse de tal manera que en la práctica haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, extremo éste cuya comprobación incumbe al órgano jurisdiccional remitente en el asunto del que conoce. Los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a no aplicar, cuando ello sea necesario, toda disposición de la legislación nacional contraria al Derecho de la Unión.
Las disposiciones del Reglamento no 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en particular sus artículos 61 y 62, deben interpretarse en el sentido de que no exigen, ni, en principio, prohíben la adopción de disposiciones nacionales que prevean que un grupo de acción local que reúne todos los requisitos enumerados en el artículo 62, apartado 1, de dicho Reglamento únicamente pueda ejercer su actividad revistiendo una forma jurídica determinada. No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitente asegurarse de que, habida cuenta del conjunto de sus características pertinentes, tal normativa no obstaculiza la aplicabilidad directa del referido Reglamento y que regula el ejercicio del margen de apreciación que ese Reglamento les confiere manteniéndose en todo caso dentro de los límites de sus disposiciones. Asimismo, le incumbe asegurarse de que dicha normativa nacional observa las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los principios generales del Derecho de la Unión.

(véanse el apartado 29 y el punto 1 del fallo)
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de mayo de 2012 — Ciampaglia

(Asunto C-185/12)

«Procedimiento prejudicial — Inadmisibilidad manifiesta»

Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Petición que no contiene cuestiones precisas y que no proporciona suficientes precisiones sobre el contexto fáctico y normativo — Inadmisibilidad manifiesta (Art. 267 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 23; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 92 y 103, ap. 1) (véanse los apartados 4 a 9)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Torre Annunziata — Interpretación de los artículos 8 y 12 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1) — Competencia judicial — Competencia del órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre una demanda de separación en relación con cualquier cuestión referente a la responsabilidad parental.

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Torre Annunziata mediante resolución de 14 de marzo de 2012 es manifiestamente inadmisible.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de mayo de 2012 — Ciampaglia

(Asunto C-185/12)

«Procedimiento prejudicial — Inadmisibilidad manifiesta»

Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Petición que no contiene cuestiones precisas y que no proporciona suficientes precisiones sobre el contexto fáctico y normativo — Inadmisibilidad manifiesta (Art. 267 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 23; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 92 y 103, ap. 1) (véanse los apartados 4 a 9)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Torre Annunziata — Interpretación de los artículos 8 y 12 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1) — Competencia judicial — Competencia del órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre una demanda de separación en relación con cualquier cuestión referente a la responsabilidad parental.

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Torre Annunziata mediante resolución de 14 de marzo de 2012 es manifiestamente inadmisible.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Principio del Derecho social de la Unión de especial importancia

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 31, ap. 2; Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7)

2. Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo a tiempo parcial — Directiva 97/81/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Normativa o práctica nacional que establece, al modificarse la jornada de trabajo de tiempo completo a tiempo parcial, una disminución del derecho a las vacaciones anuales retribuidas que el trabajador ha adquirido durante el período de trabajo a tiempo completo — Cálculo ex post del derecho a vacaciones anuales retribuidas según el principio pro rata temporis — Improcedencia

(Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7, ap. 1; Directiva 97/81/CE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, anexo, cláusula 4, ap. 2)

Índice

1. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 27 y 29)

2. El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y la cláusula 4, número 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada por la Directiva 98/23/CE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a unas disposiciones o a una práctica nacionales, con arreglo a las cuales el número de días de vacaciones anuales retribuidas que un trabajador empleado a tiempo completo no pudo disfrutar durante el período de referencia sufre una reducción por haber pasado ese trabajador a un régimen de trabajo a tiempo parcial, reducción que es proporcional a la diferencia existente entre el número de días de trabajo a la semana efectuados por ese trabajador antes y después de su paso al régimen de tiempo parcial.

En efecto, al modificarse la jornada de trabajo de tiempo completo a tiempo parcial, el principio de pro rata temporis enunciado en la cláusula 4, número 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial no puede aplicarse ex post a un derecho de vacaciones anuales adquirido por un período de trabajo a jornada completa, al no concurrir ninguna razón objetiva que pueda justificar esa pérdida.

(véanse los apartados 31 a 36 y 42 y el fallo)
Recurso de casación interpuesto contra el auto del Presidente del Tribunal General de 9 de julio de 2010, Alcoa Transformazioni/Comisión (T‑177/10 R) — Suspensión de la ejecución de la Decisión C(2009) 8112 final de la Comisión, de 19 de noviembre de 2009, relativa a las ayudas estatales C 38/A/04 (ex NN 58/04) y C 36/B/06 (ex NN 38/06) ejecutadas por la República Italiana en favor de Alcoa Trasformazioni srl.