ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
19

En tercer lugar, según la Comisión, el artículo 7, letra a), del Decreto-ley, que limita el objeto social de las empresas de inspección de vehículos a esta actividad únicamente, tampoco es compatible con el artículo 43 CE. En efecto, los operadores que presten otros servicios en su Estado miembro de establecimiento se ven obligados, para poder ejercer su actividad en Portugal, a modificar el objeto de su empresa, e incluso su propia estructura interna. No cabe invocar el objetivo de seguridad vial, dado que la disposición en cuestión no resulta adecuada para alcanzar dicho objetivo y que la calidad de las inspecciones puede garantizarse mediante procedimientos de control de calidad. Finalmente, en lo que se refiere al objetivo de minimización de las inspecciones fraudulentas, la Comisión pone de manifiesto que no puede presumirse el carácter fraudulento de las inspecciones en caso de ejercicio de actividades asociadas y que el riesgo de tales inspecciones no existe en el caso de actividades no relacionadas con la inspección de vehículos. Además, puede recurrirse a medidas menos restrictivas.
Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01 p. 129), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32), en lo que atañe a las aguas residuales urbanas eliminadas a través de fosas sépticas — Residuos no cubiertos por otra legislación.
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital (DO L 310, p. 1).
51

En relación, en particular, con las disposiciones de la Directiva 2004/25 a las que se remite el órgano jurisdiccional remitente, debe señalarse que, si bien el octavo considerando de dicha Directiva alude a los principios generales de Derecho comunitario, no es menos cierto que tal considerando se refiere únicamente a las garantías procesales y no guarda relación alguna con ningún principio de igualdad de trato de los accionistas. Del mismo modo, no puede deducirse del uso de los términos «principios generales» en el artículo 3 de dicha Directiva que el legislador comunitario pretendiera de este modo asimilar los principios enunciados en dicho artículo a los principios generales de Derecho comunitario. Como se desprende de los términos «a efectos de la aplicación de la presente Directiva», se trata exclusivamente de principios rectores para la aplicación de la referida Directiva por los Estados miembros.
6

El artículo 7 de la Directiva dispone: «1. Debido a su nivel de población, a su distribución geográfica y a su índice de reproductividad en el conjunto de la Comunidad, las especies enumeradas en el Anexo II podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. Los Estados miembros velarán por que la caza de estas especies no comprometa los esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución. 2. Las especies enumeradas en la Parte 1 del Anexo II podrán cazarse dentro de la zona geográfica marítima y terrestre de aplicación de la presente Directiva. 3. Las especies enumeradas en la Parte 2 del Anexo II podrán cazarse solamente en los Estados miembros respecto a los que se las menciona. 4. Los Estados miembros se asegurarán de que la práctica de caza, incluyendo en su caso, la cetrería, tal como se desprende de la aplicación de las disposiciones nacionales en vigor, respete los principios de una utilización razonable y de una regulación equilibrada desde el punto de vista ecológico de las especies de aves afectadas, y que esta práctica sea compatible, en lo que se refiere a la población de las especies, en particular a las especies migratorias, con las disposiciones que se desprenden del artículo 2. Velarán, en particular, por que las especies a las que se aplica la legislación de caza no sean cazadas durante la época de anidar ni durante los distintos estados de reproducción y de crianza. Cuando se trate de especies migratorias, velarán en particular, por que las especies a las que se aplica la legislación de caza no sean cazadas durante su período de reproducción ni durante su trayecto de regreso hacia su lugar de nidificación. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión todas las informaciones oportunas relativas a la aplicación práctica de su legislación de caza.»
11

Como resulta de su artículo 1, apartado 1, la Directiva 2002/53 «trata de la admisión de las variedades de remolachas, de plantas forrajeras, de cereales, de patatas, así como de plantas oleaginosas y textiles en un catálogo común de variedades de las especies de plantas agrícolas cuyas semillas o plantas pueden comercializarse según las disposiciones de las Directivas referentes a la comercialización de las semillas de remolachas (2002/54/CE [del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de las semillas de remolacha (DO L 193, p. 12)]), de las semillas de plantas forrajeras (66/401/CEE [del Consejo, de , relativa a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras (DO 1966, 125, p. 2298; EE 03/01 p. 174)]), de las semillas de cereales (66/402/CEE [del Consejo, de , relativa a la comercialización de las semillas de cereales (DO 1966, 125, p. 2309; EE 03/01 p. 185)]), de las patatas de siembra (2002/56/CE [del Consejo, de , relativa a la comercialización de patatas de siembra (DO L 193, p. 60)]) y de las semillas de plantas oleaginosas y textiles (2002/57/CE [del Consejo, de , relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas y textiles (DO L 193, p. 74)])». A tenor del apartado 2 de este mismo artículo, el citado catálogo común se «establecerá sobre la base de los catálogos nacionales de los Estados miembros».
37

Efectivamente, basta con señalar que, en lo que respecta a los activos o rendimientos nacionales, como admitió el Gobierno neerlandés en la vista, el plazo para efectuar la liquidación complementaria no se amplía en caso de ocultación a la hacienda pública. Así ocurre con los activos o rendimientos nacionales que no se poseen en una cuenta bancaria o no proceden de tal cuenta y que, por tanto, al no existir obligación de informar sobre ellos a la hacienda pública, no se le han declarado. De ello resulta que, cuando un contribuyente no declara dichos activos o rendimientos nacionales a la hacienda pública, obtiene al cabo de cinco años la certeza de que ya no serán objeto de imposición, mientras que, en caso de no declarar los activos o rendimientos procedentes de otro Estado miembro, tal certeza sólo se produce al cabo de doce años.
37

En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 14, [apartado 3, del Reglamento no 6/2002] en el sentido de que sólo contempla los dibujos y modelos comunitarios realizados en el marco de una relación laboral en el que el creador-autor está ligado por un contrato sujeto al derecho laboral que reúna las notas de dependencia y ajenidad?, o 2) ¿Hay que interpretar las expresiones “empleado” y “empresario” del artículo 14, [apartado 3, del Reglamento no 6/2002] en sentido amplio para abarcar supuestos distintos a la relación laboral como aquellas en la que en virtud de un contrato civil/mercantil (y por tanto sin existir dependencia, ajenidad y habitualidad) una persona (autor) se obliga a ejecutar un dibujo/modelo (diseño) a otro por precio cierto, y en consecuencia, se entiende que pertenece a la persona que lo encarga, salvo que en el contrato se estipule lo contrario? 3) En caso de respuesta negativa a la segunda, por tratarse de realidades fácticas distintas los supuestos de dibujos/modelos creados en el seno de una relación laboral y los dibujos/modelos creados en el seno de una relación no laboral: a) ¿hay que aplicar la regla general del artículo 14, [apartado 1, del Reglamento no 6/2002], y en consecuencia, debe entenderse que pertenecen al autor, salvo que en el contrato las partes dispongan lo contrario?, o b) ¿El Tribunal de dibujos comunitarios debe acudir a la legislación nacional que regula los dibujos y modelos por remisión del [artículo 88, apartado 2, del Reglamento no 6/2002]? 4) En caso de que sea procedente la remisión a la legislación nacional, si ésta equipara (como ocurre en el derecho español) los dibujos/modelos creados en el seno de una relación laboral (pertenecen al empresario, salvo pacto contrario) a los dibujos/modelos creados por encargo (pertenecen a la parte que los encarga, salvo pacto contrario) ¿es posible la aplicación del derecho nacional en ese caso? 5) En caso afirmativo a la cuarta ¿no sería tal solución (pertenecen a la parte que lo encarga, salvo pacto contrario) contradictoria con la respuesta negativa a la pregunta segunda?»
8

El 5 de marzo de 2004, Tyson Parketthandel solicitó el despacho a libre práctica de un lote de lamas de madera de cerezo para entarimado comprendido en la subpartida 44092098 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003 (DO L 281, p. 1), lote procedente de Estados Unidos donde había sido cargado el 20 de febrero de 2004 para su expedición por vía marítima.
9

BIOS Naturprodukte interpuso un recurso contra dicha decisión, alegando que el producto objeto del litigio principal es un complemento alimenticio y no un medicamento. Ante el Verwaltungsgericht, alegó que el producto objeto de la causa no es ni un medicamento por su presentación, puesto que en el envase se indica expresamente que se trata de un complemento alimenticio y no existe ninguna indicación relativa a propiedades terapéuticas o de prevención de enfermedades, ni un medicamento por su función, dado que la dosis diaria recomendada de 400 mg carece de acción farmacológica tal como demuestran dos informes de expertos que presenta. Además, señaló que, según la utilización del extracto de incienso como aroma y como especia, la finalidad del producto en cuestión es nutritiva.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Pesca — Conservación de los recursos marinos — Medidas técnicas de conservación — Pesca en el Mediterráneo — Reglamento (CE) nº 1626/94

[Reglamento (CE) nº 1626/94, art. 1, aps. 2 y 3]

Índice

El artículo 1, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1626/94, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, en su versión modificada por el Reglamento nº 2550/2000, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, la entrada en vigor del citado Reglamento carece de efecto sobre la validez de una medida nacional complementaria de prohibición adoptada antes de dicha entrada en vigor y, por otro lado, no se opone a tal medida, siempre que la prohibición que ésta contenga sea conforme a la política pesquera común, que la medida en cuestión no vaya más allá de lo que es necesario para alcanzar el objetivo perseguido y que no vulnere el principio de igualdad de trato.

(véanse el apartado 58 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Facultad de los Estados miembros de aplicar un tipo reducido a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios

(Directiva 112/96/CEE del Consejo, arts. 1, ap. 98, y 2, y anexo I, ap. 15)

Índice

Un Estado miembro que aplica un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a los servicios prestados por los abogados, los abogados ante el Conseil d’État y la Cour de cassation y por los procuradores, por los que éstos perciben una compensación total o parcial del Estado en el marco de la asistencia jurídica gratuita, incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 96 y 98, apartado 2, de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

En efecto, el punto 15, del anexo III, de la Directiva 2006/112, al que se remite el artículo 98, apartado 2, de esa misma Directiva, faculta a los Estados miembros para aplicar un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido no a todos los servicios de carácter social sino únicamente a los prestados por organismos que cumplan la doble exigencia de tener ellos mismos un carácter social y de estar dedicados a la asistencia social y la seguridad social. Por lo tanto, para respetar el tenor del referido punto 15, un Estado miembro no puede aplicar un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a servicios prestados por entidades privadas con ánimo de lucro sobre la base de la mera apreciación del carácter de dichos servicios, sin tener en cuenta, en particular, los objetivos que persiguen dichas entidades consideradas globalmente ni la estabilidad de su compromiso social.

Habida cuenta de sus objetivos globales y de la falta de estabilidad de un posible compromiso social, no puede considerarse globalmente que la categoría profesional de los abogados y procuradores presenta un carácter social. Por consiguiente, aun suponiendo que los servicios prestados por los abogados y procuradores en el marco de la asistencia jurídica gratuita tengan carácter social y puedan calificarse de «servicios dedicados a la asistencia social y la seguridad social», esta circunstancia no basta para concluir que los abogados y procuradores pueden calificarse de «organizaciones caritativas dedicadas a la asistencia social y de seguridad social» en el sentido del punto 15 del anexo III de la Directiva 2006/112.

(véanse los apartados 43, 45 a 47 y 49 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Arancel Aduanero Común — Partida arancelaria — Adaptador que contiene un chip de memoria y está destinado a establecer una conexión entre una máquina programadora automática y los módulos electrónicos que ha de programar

[Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, anexo I; Reglamento (CE) nº 1810/2004 de la Comisión]

Índice

Un adaptador que realiza la función de conexión eléctrica entre el programador y los módulos que ha de programar y la función de registro del proceso de programación al que se puede acceder posteriormente cumple el requisito establecido en la nota 5, apartado B, letra c), del capítulo 84 de la Nomenclatura Combinada del anexo I del Reglamento nº 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento nº 1810/2004, y debe clasificarse en la partida 8471 de dicha Nomenclatura como «unidad» de máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos, si su función principal consiste en efectuar el tratamiento o el procesamiento de datos. Cuando no tenga esa función, un adaptador de ese tipo debe clasificarse en la partida 8473 de dicha Nomenclatura como «parte» o «accesorio» de una máquina si, respectivamente, es indispensable para el funcionamiento de ésta o constituye un órgano de equipamiento que permite adaptar la máquina a un trabajo concreto o un dispositivo capaz de realizar un servicio concreto en correlación con la función principal de dicha máquina, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. En la medida en que ese adaptador no pueda clasificarse en ninguna de las dos partidas mencionadas, deberá considerarse un «aparato para la conexión de circuitos eléctricos», incluido, por tanto, en la partida 8536 de la Nomenclatura Combinada.

(véanse los apartados 43 a 45 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales — Directiva 85/577/CEE

(Directiva 85/577/CEE del Consejo, arts. 1, ap. 1, segundo guión, y 2)

2. Aproximación de las legislaciones — Protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales — Directiva 85/577/CEE

(Directiva 85/577/CEE, art. 5, ap. 2)

Índice

1. La Directiva 85/577, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, se aplica a un contrato celebrado entre un comerciante y un consumidor en una operación no solicitada en el domicilio de este último, relativo a la incorporación de dicho consumidor a un fondo de inversión inmobiliaria de tipo cerrado con la forma jurídica de sociedad de Derecho civil cuando la finalidad de tal incorporación no consiste primordialmente en convertirse en socio de la referida sociedad, sino en realizar una inversión.

(véanse los apartados 28 y 34 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 85/577, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, no se opone a una norma nacional, según la cual, en caso de revocación de la incorporación a un fondo de inversión inmobiliaria de tipo cerrado con la forma jurídica de sociedad de Derecho civil, realizada en una operación no solicitada de un comerciante en el domicilio del consumidor, este último tiene frente a dicha sociedad un derecho a su cuota de liquidación calculado en función del valor de su participación en la fecha de su separación del antedicho fondo y, en consecuencia, pueda eventualmente obtener la restitución de un importe inferior a su aportación o verse obligado a participar en las pérdidas del referido fondo.

En efecto, si bien no hay ninguna duda de que la Directiva tiene por objeto proteger a los consumidores, ello no implica que esa protección sea absoluta. Por consiguiente, tanto de la lógica general como del tenor de distintas disposiciones de esta Directiva, se desprende que la protección citada está sometida a ciertos límites. Por lo que respecta, más concretamente, a las consecuencias del ejercicio del derecho de renuncia, la notificación de la revocación tiene por efecto, tanto para el consumidor como para el comerciante, el restablecimiento de la situación inicial. No obstante, no es menos cierto que nada en la Directiva excluye que el consumidor pueda tener, en determinados supuestos específicos, obligaciones con respecto al comerciante y deber, en su caso, hacer frente a determinadas consecuencias resultantes del ejercicio de su derecho de rescisión.

(véanse los apartados 44, 45 y 50 y el punto 2 del fallo)
La cesión a título oneroso, por una sociedad establecida en un Estado miembro a una compañía de seguros establecida en un tercer Estado, de una cartera de contratos de reaseguro de vida que implica que ésta se subrogue, con el consentimiento de los tomadores, en el conjunto de los derechos y obligaciones derivados de dichos contratos, constituye una prestación de servicios en el sentido del artículo 6 de la Directiva 77/388/CEE, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios. En efecto, los contratos de reaseguro de vida no pueden calificarse de bienes corporales en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Sexta Directiva. Por consiguiente, no puede considerarse que una operación que consiste en la cesión de esos contratos, sea una entrega de bienes a efectos de esta disposición.

En el marco de una cesión de este tipo, el hecho de que no sea el cesionario, sino el cedente, quien pague una contraprestación –a través de la fijación de un valor negativo por la transmisión de algunos de los contratos cedidos– no influye en absoluto sobre cuanto se ha expuesto anteriormente.

Por otra parte, la cesión de una cartera de contratos de reaseguro de vida no constituye, por su naturaleza, una operación financiera en el sentido del artículo 13, parte B, letra d), de la Sexta Directiva. Además, se trata de una prestación única que no puede desglosarse artificialmente en dos prestaciones consistentes, por una parte, en una prestación de fianzas en el sentido del artículo 13, parte B, letra d), número 2, de la Sexta Directiva y, por otra, en una operación relativa a los créditos en el sentido del artículo 13, parte B, letra d), número 3.

El artículo 13, parte B, letra c), de la Sexta Directiva, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a una cesión a título oneroso de una cartera de contratos de reaseguro de vida, cuando no puede considerarse que dicha cesión sea una entrega de bienes en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Sexta Directiva, sino que debe considerarse que constituye una prestación de servicios en el sentido del artículo 6 de dicha Directiva. Además, aun suponiendo que pueda considerarse que la citada operación es una entrega de bienes en el sentido de la Sexta Directiva, dicha operación no puede beneficiarse de la exención prevista en el artículo 13, parte B, letra c), de la Directiva, dado que su exención es incompatible con el objetivo perseguido por la citada disposición, que es evitar una doble imposición contraria al principio de neutralidad fiscal inherente al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

(véanse los apartados 61 y 63 y el punto 3 del fallo)
El artículo 14, apartado 3, del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, según el cual el derecho al dibujo o modelo comunitario corresponderá al empresario cuando el dibujo o modelo sea realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, salvo pacto en contrario o salvo disposición en contrario de la legislación nacional aplicable, no es aplicable al dibujo o modelo comunitario realizado por encargo.

En un supuesto en el que, por un lado, se trata de dibujos o modelos comunitarios no registrados que han sido creados por encargo y en el que, por otro, la ley nacional no equipara tales dibujos o modelos con los elaborados en el marco de una relación laboral, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que el derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor, a no ser que éste lo haya transmitido a su causahabiente por medio de un contrato.

En efecto, la posibilidad de que el autor transmita a su causahabiente el derecho al dibujo o modelo comunitario por medio de un contrato, a efectos del artículo 14, apartado 1, del Reglamento, se desprende, por un lado, del propio tenor literal de dicho artículo y, por otro lado, resulta conforme con los objetivos que persigue el Reglamento. A este respecto, la adaptación de la protección de los dibujos o modelos comunitarios a las necesidades de todos los sectores económicos de la Comunidad, a través de la transmisión contractual del derecho al dibujo o modelo comunitario, puede contribuir al objetivo imprescindible de que los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario se apliquen de forma eficaz en todo el territorio de la Comunidad. Por lo demás, una mejor protección de los dibujos y modelos industriales no sólo estimulará las aportaciones de los creadores a la brillante trayectoria comunitaria en este ámbito, sino que fomentará también la innovación y la creación de nuevos productos y las inversiones en su fabricación.

Incumbe, sin embargo, al órgano jurisdiccional nacional verificar el contenido de tal contrato y, a este respecto, determinar, en su caso, si el derecho al dibujo o modelo comunitario no registrado ha sido efectivamente transmitido del autor a su causahabiente, aplicando, en el marco del referido examen, la legislación en materia de contratos a fin de determinar a quién pertenece, en virtud del artículo 14, apartado 1, del Reglamento, el derecho al dibujo o modelo comunitario no registrado.

(véanse los apartados 62 y 77 a 82 y el punto 2 del fallo)