En virtud del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General puede examinar de oficio los requisitos de admisibilidad de la demanda que sean de orden público. No obstante, en principio, el juez de la Unión no puede fundamentar su decisión en un motivo de Derecho examinado de oficio, aunque sea de orden público, sin haber instado previamente a las partes a formular sus observaciones sobre dicho motivo.

En el marco de un recurso por responsabilidad extracontractual, incumbe a la parte demandante aportar las pruebas al juez de la Unión con el fin de acreditar la realidad y la extensión del daño que alega haber sufrido. No obstante, en algunos casos particulares, concretamente cuando resulta difícil cuantificar el perjuicio alegado, no es indispensable precisar en la demanda su alcance exacto ni cuantificar el importe de la reparación reclamada.

Por consiguiente, es ilegal la activación en el sistema de alerta rápida (SAR) de la alerta W3b en relación con una sociedad de conformidad con las disposiciones de la Decisión 2008/969, relativa al SAR para uso de los ordenadores de la Comisión y de las agencias ejecutivas, dado que ninguna base jurídica existente facultaba a la Comisión para adoptar tales disposiciones, que podían entrañar consecuencias negativas para la situación jurídica de las personas afectadas por este tipo de alerta. Además, en la medida en que el registro en el SAR de un alerta W3b en relación con dicha sociedad tuvo consecuencias innegables para su situación jurídica, la Comisión carece de fundamento para sostener que las disposiciones de la Decisión 2008/969 que regulaban este tipo de alerta son meras normas internas de ejecución del presupuesto general de la Unión. Asimismo, la Comisión carece de fundamento para alegar que la inexistencia de base jurídica en el caso de la Decisión 2008/969 todavía no había sido declarada formalmente en el momento en que registró a la sociedad en el SAR. En efecto, la inexistencia de tal declaración no se opone en modo alguno a que, en el marco de un recurso de indemnización, la referida sociedad invoque la ilegalidad de dicha Decisión para que se le indemnice por el perjuicio que estima haber sufrido debido a su registro en el SAR.

La obligación de motivar un acto lesivo tiene la finalidad, por una parte, de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si el acto está bien fundado o si adolece eventualmente de algún vicio que permita impugnar su validez ante el juez de la Unión y, por otra parte, de permitir a este el ejercicio de su control sobre la legalidad de ese acto. De ello se deduce que, en principio, la motivación debe ser comunicada al interesado al mismo tiempo que la decisión lesiva y que la falta de motivación no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado descubra los motivos de la decisión en el procedimiento ante el juez de la Unión.

Lo mismo cabe afirmar de un escrito mediante el cual la Comisión comunica informalmente a una sociedad que es objeto de una alerta W3b en el sistema de alerta rápida (SAR), sin oírla con carácter previo, limitándose a recordar las circunstancias generales y abstractas que figuran en el artículo 12, apartado 2, de la Decisión 2008/969, relativa al SAR para uso de los ordenadores de la Comisión y de las agencias ejecutivas. De este modo, la Comisión no comunica a la referida sociedad los motivos de la activación en el SAR de una alerta W3b contra ella en el momento en el que esta se efectúa. Pues bien, tal motivación es tanto más necesaria cuanto que ningún procedimiento judicial concierne personalmente a la sociedad y que los procedimientos nacionales iniciados contra las personas a las que está vinculada únicamente se encuentran en fase de instrucción, y no en fase de juicio, esto es, la única fase del procedimiento que, en los Estados miembros de que se trata, puede finalizar con la emisión de una sentencia con fuerza de cosa juzgada. Además, el alcance exacto del artículo 12 de la Decisión SAR es incierto. En particular, no es evidente, a la luz del artículo 12, apartado 3, de dicha Decisión, que las alertas W3b puedan aplicarse, en un sistema inquisitivo, desde la fase de instrucción.

(véanse los apartados 134 y 137)