Palabras clave

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Palabras clave

1 Comisión - Derecho de acceso del público a los documentos de la Comisión - Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom - Excepciones al principio de acceso a los documentos - Protección del interés público - Procedimientos jurisdiccionales - Alcance - Cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales basada en la Comunicación 93/C 39/05 relativa a la aplicación de las normas sobre la competencia

(Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisión; Comunicación 93/C 39/05 de la Comisión)

2 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se confirma una decisión inicial

(Tratado CE, art. 190)

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3 La Decisión 94/90 sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión prevé, como excepción del principio general del derecho de acceso a los documentos, que las Instituciones denieguen el acceso a todo documento cuya divulgación pueda suponer un perjuicio, entre otros, a «la protección del interés público ([...] procedimientos judiciales [...])». Esta excepción trata de garantizar el respeto general del derecho fundamental de todas las personas a ser oídas equitativamente por un tribunal independiente, que implica que los órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como comunitarios, deben tener libertad para aplicar sus propias normas procesales en lo que se refiere a las facultades del Juez, al desarrollo del proceso, en general, y a la confidencialidad de los documentos que obran en autos, en particular. El alcance de esta excepción, por tanto, no puede limitarse únicamente a la protección de los intereses de las partes en el marco de un procedimiento judicial específico, sino que también abarca la autonomía procesal de los órganos jurisdiccionales mencionada anteriormente, de forma que debe permitir a la Comisión invocarla aun cuando no sea parte en un procedimiento judicial que justifique la protección del interés público.

No obstante, la aplicación de esta excepción sólo puede estar justificada respecto de los documentos redactados por la Comisión a los únicos efectos de un procedimiento judicial concreto, con exclusión de otros documentos que existen independientemente de tal procedimiento, ya que la decisión de conceder o no el acceso a los documentos de la primera categoría incumbe únicamente al órgano jurisdiccional nacional, con arreglo a la justificación intrínseca de la referida excepción.

En consecuencia, en el supuesto de documentos que la Comisión ha dirigido a un órgano jurisdiccional nacional en respuesta a una solicitud de información de éste en el marco de la cooperación basada en la Comunicación 93/C 39/05 relativa a la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, la protección del interés público exige a la Comisión que deniegue el acceso a la información y, por tanto, a los documentos que la contienen, ya que únicamente al órgano jurisdiccional nacional incumbe decidir sobre el acceso a dicha información, aplicando su derecho procesal nacional, mientras siga pendiente el procedimiento judicial que dio lugar a la inclusión de tal información en un documento de la Comisión.

4 La obligación de motivar las decisiones individuales, consagrada en el artículo 190 del Tratado, tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión. Para apreciar si la motivación de una decisión cumple dichos requisitos se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

Cuando la Institución deniega, indicando los motivos, una solicitud de acceso a documentos, y el interesado formula una solicitud confirmativa para que se revise dicha denegación y la respuesta de la Institución confirma la denegación fundándose en los mismos motivos, procede examinar la suficiencia de la motivación a la luz del intercambio de correspondencia entre la Institución y el solicitante en su totalidad, teniendo en cuenta igualmente la información de que ya disponía el solicitante.