Por otra parte, una sentencia sólo adquirirá fuerza de cosa juzgada material en la medida en que se haya pronunciado sobre la pretensión formulada en la demanda o en la reconvención. Por lo tanto, corresponde al juez remitente comprobar si dicho límite, expresamente mencionado en su Derecho nacional, no le autoriza a interpretar éste en el sentido de que cuando se alega una infracción del artículo 108 TFUE, apartado 3, tercera frase, la fuerza de cosa juzgada únicamente se extiende a las pretensiones jurídicas sobre las que se haya pronunciado el tribunal y, por lo tanto, no obsta a que un juez se pronuncie, en el marco de un litigio posterior, sobre cuestiones jurídicas respecto a las que la sentencia firme no se haya pronunciado. En efecto, una suspensión temporal de los contratos controvertidos o una interpretación del Derecho nacional de forma que puedan recibir una aplicación que contribuya a la ejecución del Derecho de la Unión no tendrían como consecuencia que se desvirtúe la fuerza de cosa juzgada de la resolución.

A falta de normativa de la Unión en la materia, el sistema de aplicación del principio de fuerza de cosa juzgada corresponde al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal de los mismos. No obstante, este sistema no puede ser menos favorable que el correspondiente a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no debe estar articulado de tal manera que haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad).

Por lo que respecta, en particular, al principio de efectividad, siempre que una interpretación del Derecho nacional pueda tener como consecuencia que se atribuyan efectos a una resolución de un tribunal nacional que impedirían la aplicación del Derecho de la Unión en la medida en que harían imposible la obligación que tienen los tribunales nacionales de garantizar el respecto del artículo 108 TFUE, apartado 3, tercera frase, y que implicaría que tanto las autoridades estatales como los beneficiarios de una ayuda de Estado podrían eludir la prohibición establecida en esta disposición, obteniendo, sin invocar el Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado, una sentencia declarativa cuyos efectos les permitirían, en definitiva, continuar ejecutando la ayuda controvertida durante varios años, debe declararse que una norma de Derecho nacional que impida al juez nacional extraer todas las consecuencias de la infracción del artículo 108 TFUE, apartado 3, tercera frase, debido a la existencia una resolución judicial nacional, revestida de fuerza de cosa juzgada, que se ha dictado con ocasión de un litigio que no tiene el mismo objeto y en el que no se ha hecho referencia al carácter de ayuda de Estado de las medidas controvertidas, ha de considerarse incompatible con el principio de efectividad. En efecto, un obstáculo de tal magnitud a la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, concretamente de las normas en materia de control de las ayudas de Estado, no puede estar justificado razonablemente por el principio de seguridad jurídica.

Así pues, en tales circunstancias, el Derecho de la Unión se opone a que la aplicación de una norma de Derecho nacional que tiene la finalidad de consagrar el principio de cosa juzgada impida al juez nacional que haya comprobado que los contratos objeto del litigio de que conoce, celebrados entre una autoridad pública y una empresa privada, constituyen una ayuda de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, ejecutada infringiendo el artículo 108 TFUE, apartado 3, tercera frase, extraer todas las consecuencias de esa infracción debido a la existencia de una resolución judicial nacional firme que, sin examinar si dichos contratos establecen una ayuda de Estado, declaró que éstos siguen en vigor.

(véanse los apartados 40, 42, 43, 45 y 46 y el fallo)