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3.

Tercer motivo, basado en una infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la vulneración del derecho a ser oído de la parte demandante y en la inobservancia del deber de motivación y del artículo 296 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La parte demandante alega que su derecho a ser oída quedó menoscabado dado que la metodología adecuada para evaluar la existencia de un dumping no le fue comunicada y, en consecuencia, no pudo comentarla. La demandante alega asimismo que el Reglamento impugnado adolece de un vicio ya que su motivación es incompleta al no contener una explicación clara de la metodología utilizada para evaluar el dumping, o de las razones por las que la Comisión consideró como pruebas fiables las presentadas por el denunciante, las cuales a primera vista no resultan fiables manifiestamente.
—

En consecuencia, condene a la Unión Europea, representada por el Parlamento Europeo, con carácter principal, al pago de la cantidad de 100 000 euros, correspondiente a la indemnización contractual fijada, o, con carácter subsidiario, al pago de cualquier otra cantidad que se fije ex aequo et bono y que represente la reparación del perjuicio sufrido a raíz de las publicaciones denunciadas y, en particular, de la vulneración del derecho a la imagen de las dos sociedades demandantes. Esta cantidad deberá abonarse, con carácter solidario, a la sociedad por acciones simplificada EGIS Bâtiments International SAS y a la sociedad de responsabilidad limitada INCA Ingénieurs Conseils Associés SARL, las dos sociedades demandantes que actúan como miembros de la unión temporal de empresas EGIS Bâtiments International — Inca Ingénieurs Conseils Associés, representada esta última por las dos demandantes, más intereses contractuales o intereses legales vigentes a partir del 27 de junio de 2019, fecha de publicación de los artículos, o a partir del 16 de julio de 2019, fecha del primer requerimiento, o bien a partir del presente recurso;
C 390/50

Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2020 — Alessio y otros/BCE

(Asunto T-620/20)

(2020/C 390/67)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandantes: Roberto Alessio (Turín, Italia) y otros 56 demandantes (representantes: M. Condinanzi y L. Boggio, abogados)

Demandada: Banco Central Europeo

Pretensiones

Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Anule y declare nulas y sin efecto las decisiones impugnadas, previa determinación de su ilegalidad.

— Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso tiene por objeto la decisión de disolución de los órganos con funciones de administración y control de la entidad supervisada (Banca Carige S.p.A.) y su sustitución por tres comisarios extraordinarios y un comité de supervisión, con arreglo a los artículos 69 octodecies, 70 y 98 del Decreto Legislativo n.o 385, de 1 de septiembre de 1993, ECB-SSM-2019-ITCAR-11, de 1 de enero de 2019, y la decisión de prórroga de la administración extraordinaria de la entidad supervisada que se aprobó mediante la decisión ECB-SSM-2019-ITCAR-11 del BCE sobre la base de los artículos 69 octodecies, 70 y 98 del Decreto Legislativo italiano n.o 385, de 1 de septiembre de 1993, ECB-SSM-2019-ITCAR-13, así como todo acto consecuente y sucesivo y, en particular, las sucesivas decisiones de prórroga de la administración extraordinaria de la entidad supervisada.

Los motivos y las principales alegaciones son similares a los invocados en el asunto T-612/20, Malacalza Investimenti/BCE.
C 313/33

Recurso interpuesto el 24 de julio de 2020 — S. Tous/EUIPO — Zhejiang China-Best Import & Export (Lámpara)

(Asunto T-492/20)

(2020/C 313/47)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

Partes

Demandante: S. Tous, SL (Manresa, España) (representantes: D. Gómez Sánchez y J.L. Gracia Albero, abogados)

Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Zhejiang China-Best Import & Export Co. Ltd (Hangzhou, China)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Titular del dibujo o modelo controvertido: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Dibujo o modelo controvertido: Dibujo o modelo comunitario (Luces) — Dibujo o modelo comunitario no 4422343-0012

Resolución impugnada: Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO de 26 de mayo de 2020 en el asunto R 1553/2019-3

Pretensiones

La demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Ordene al titular del dibujo impugnado la imposición de las costas del presente procedimiento, incluidas las derivadas del procedimiento ante la División de Anulación y la Tercera Sala de Recurso.

Motivos invocados

Infracción del artículo 25, apartado 1, letra b) y letra c), del Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo (en relación con los artículos 6, 7 y 9, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo).
Recurso interpuesto el 16 de junio de 2020 — OC (*1)/Comisión

(Asunto T-384/20)

(2020/C 279/58)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: OC (*1) (representante: V. Christianos, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Condene a la Comisión Europea a abonar a la demandante la cantidad global de un millón cien mil euros (1 100 000 euros) como reparación por el daño moral sufrido hasta la fecha.

— Condene a la Comisión Europea al pago de la totalidad de las costas de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los siguientes motivos.

1. Con el primer motivo, la demandante solicita, en virtud de los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo, la reparación del perjuicio ocasionado por las acciones y omisiones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), a raíz de la publicación por parte de esta del comunicado de prensa n.o 13/2020 en el que se vertieron ilegalmente datos personales e información falsa en relación con la demandante.

2. La demandante sostiene que OLAF a) al publicar (con el comunicado de prensa al público en general) datos de carácter personal de la demandante y b) al difundir datos inexactos y erróneos en el citado comunicado, menoscabó de modo evidente normas que conceden derechos a los particulares.

3. En particular, actuando de ese modo, infringió los artículos 4, apartado 1, letras a) y b), 5, 6 y 15, apartado 3, del Reglamento 2018/1725, (1) y los artículos 10, apartado 5, y 9, apartado 1, del Reglamento 883/2013, (2) quebrantó la presunción de inocencia, menoscabó el derecho a la buena administración y violó el principio de proporcionalidad.

(*1) Datos suprimidos o sustituidos en el marco de la protección de datos personales y/o confidenciales.

(1) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39).

(2) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO 2013, L 248, p. 1).
—

Modifique la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso confirmó en ella la resolución de la División de Anulación, mediante la cual esta desestimó la solicitud de nulidad de la marca controvertida para los productos litigiosos en el presente asunto pertenecientes a las siguientes clases: Clase 9 Pantallas de cine hinchables; pantallas grandes; pantallas de plata. Clase 17 Marcos de cloruro de polivinilo (pvc) que se llenan con aire; láminas de pvc que no sean rígidas. Clase 19 Construcción transportable, no metálica; marcos para pantallas grandes, no metálicos.
1.

Primer motivo, basado en falta de realidad de los hechos que se le imputan, la desnaturalización de las pruebas, la comisión de errores manifiestos de apreciación, el carácter insuficiente de la motivación y el incumplimiento de la obligación de motivación. El demandante sostiene, en particular, que la desnaturalización del único elemento probatorio invocado en su contra ha quedado demostrada, puesto que la AFPN alega una supuesta «negociación de precios no autorizada» basándose en un único correo electrónico, siendo así que el propio texto de dicho correo demuestra que el demandante se limitó a transmitir a la otra parte contratante, de manera plenamente conforme con el contrato marco, una instrucción clara e inequívoca, lo que no constituye en modo alguno una «negociación», la cual habría requerido, cuando menos, varias conversaciones para llegar a un acuerdo, renunciado, en su caso, una y otra parte, a algunas de sus pretensiones. El demandante añade que las comunicaciones que tuvieron lugar entre él y la otra parte contratante tan sólo muestran el proceso cooperativo y repetido de un trabajo que tenía como finalidad elaborar una versión final del cuestionario y de los servicios conexos, y que distaba mucho de ser una «negociación». Al actuar de este modo, la AFPN basó sus afirmaciones en hechos no demostrados e incurrió en error manifiesto de apreciación.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 85 del Estatuto, la violación del principio de seguridad jurídica y el incumplimiento del deber de asistencia y protección. Los demandantes alegan que no podían prever la caída excepcional del coeficiente corrector aplicado a su retribución, para el período de referencia, con carácter retroactivo. En su opinión, dado que no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 85 del Estatuto, la Comisión no puede reclamarles la devolución de varios meses de su retribución, debido a la modificación del coeficiente corrector con carácter retroactivo.
—

Anule la resolución de la Junta Única de Resolución de 19 de marzo de 2020 sobre el cálculo de las contribuciones ex ante al Fondo Único de Resolución para el año 2016 de Banco Cooperativo Español, S. A., Hypo Vorarlberg Bank AG (anteriormente, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG) y Portigon AG (SRB/ES/2020/16) [«Decision of the Single Resolution Board of 19 March 2020 on the calculation of the 2016 ex-ante contributions due by Banco Cooperativo Español S. A., Hypo Vorarlberg Bank AG (formerly: Vorarl-berger Landes- und Hypothekenbank AG), and Portigon AG to the Single Resolution Fund [SRB/ES/2020/16]»] incluidos sus anexos, al menos en la medida en que dicha resolución y sus anexos se refieren a la contribución de la demandante.
4.

¿En cualquier caso, no infringe el artículo 127, apartado 1, letra b), del Acuerdo de Retirada no solo los artículos 18, 20 y 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sino también los artículos 39 y 40 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la medida en que priva a los ciudadanos de la Unión que ejercieron su derecho a la libre circulación y a la libre instalación en el Reino Unido del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales en ese país y, si el Tribunal General y el Tribunal de Justica realizan la misma interpretación que el Consejo de Estado francés, esa infracción no se extiende a los nacionales del Reino Unido que ejercieron su derecho a la libre circulación y libre instalación?
2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de elecciones libres y democráticas, en la medida en que la publicación por la mesa electoral del acuerdo de reparto de representatividad durante la votación pudo inducir a una parte del electorado a pensar que la lista n.o 3 había sido presentada por seis OSP representadas por las 20 parejas de candidatos de dicha lista en las proporciones indicadas en el acuerdo, mientras que dicha lista había sido presentada por tres OSP y una agrupación de otras tres, de las cuales una podía representar a las otras dos, no representadas por candidatos de la lista o al menos no en la proporción indicada.
1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de dar cumplimiento a las sentencias dictadas por el Tribunal General en ejecución del artículo 266 TFUE, y en violaciones de los principios de confianza legítima, legítima expectativa y de buena fe. El demandante subraya que, como reconoce la propia Comisión, esta no había procedido a la consolidación de su carrera, a lo que estaba obligada en ejecución de la sentencia de 13 de diciembre de 2018, CX/Comisión (T-743/16 RENV, no publicada, EU:T:2018:937). Añade que la Comisión no reexaminó en modo alguno su situación, ni efectuó ningún examen comparativo con los méritos de los demás funcionarios promovibles. Por último, el demandante considera que la mencionada sentencia del Tribunal General, que anulaba la decisión de revocación, constituía una garantía que podía generarle esperanzas fundadas acerca de que la AFPN procedería a consolidar su carrera de buena fe, lealtad y sinceridad y dentro del respeto de las disposiciones y principios aplicables.
C 87/24

Recurso interpuesto el 20 de enero de 2020 — West End Drinks/EUIPO — Pernod Ricard (The King of SOHO)

(Asunto T-31/20)

(2020/C 87/29)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: West End Drinks Ltd (Londres, Reino Unido) (representantes: C. Hawkes, Solicitor y C. Hall, Barrister)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Pernod Ricard SA (París, Francia)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente ante el Tribunal General

Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión The King of SOHO en colores dorado, amarillo oscuro, amarillo claro y crema — Solicitud de registro n.o 11539103

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 16 de octubre de 2019 en el asunto R 1543/2018-1

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Anule la resolución de la División de Oposición.

— Condene en costas a la EUIPO.

Motivos invocados

— Infracción del artículo 42, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.
—

Anule la resolución impugnada y confirme la resolución de la División de Anulación de la EUIPO de 10 de diciembre de 2018 en el procedimiento de nulidad n.o 14 618 C relativo a la marca de la Unión Paragon n.o 3 705 051.
2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de seguridad jurídica. La parte demandante sostiene que, aunque el Comité Económico y Social Europeo dispone de una facultad de apreciación para fijar los criterios y procedimientos de aplicación del artículo 10 del ROA, estos criterios y procedimientos deben garantizar el grado de previsibilidad requerido por el Derecho de la Unión, y, en particular, respetar el principio de seguridad jurídica. Ahora bien, este no es el caso, dado que no existen criterios que permitan a los agentes temporales saber cómo y en qué condiciones serán promovidos o reclasificados mediante una modificación de su contrato de trabajo.
9.

Noveno motivo, basado en que la demandada no ha fundamentado sus afirmaciones relativas a la exención del interés equivalente y no llevó a cabo un análisis competo de todos los factores relevantes. La demandante sostiene que la demandada no estableció distinciones entre las tres exenciones diferentes contenidas en el capítulo 9 de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010, que operan de manera independiente, y no entendió que la exención del interés equivalente no es un indicador del criterio de las funciones que ejercen las personas influyentes y, además, que la existencia de la exención del interés equivalente en el capítulo 9 de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 demuestra que la demandada incurrió en error al definir el sistema de referencia de manera estricta, como las normas contenidas en la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010, en lugar del sistema, más amplio, del impuesto de sociedades del Reino Unido.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo. (1) — La ACER no está facultada para establecer un mecanismo a través del cual se excluyan en el marco de una preselección elementos de red internos del cálculo de capacidad. — La ACER en su Decisión, a) ha definido los elementos de red críticos, b) ha previsto una aplicación diferenciada del valor PTDF entre elementos de red internos y elementos de red interzonales, y c) ha introducido un criterio de eficiencia para elementos de red internos. Ello infringe el artículo 16, apartados 4 y 8, del Reglamento (UE) 2019/943. — La ACER ha determinado en la Decisión impugnada que la configuración de las zonas de oferta deberá revisarse de conformidad con un método determinado y dentro de plazos concretos. Ello va contra el Reglamento (UE) 2019/943. — Los gestores de red de transporte están obligados de facto a mantener disponible en sus elementos de red internos el 100 % de su capacidad comercial mínima y más para el comercio transfronterizo. Ello va contra el Reglamento (UE) 2019/943. — La ACER pretende excluir a largo plazo del cálculo de la capacidad a las líneas internas con un valor PTDF inferior al 10 %. Ello va contra el Reglamento (UE) 2019/943. — Con la introducción del criterio de eficiencia se eludió la disposición transitoria contenida en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (UE) 2019/943. — La Decisión de la ACER infringe el artículo 14, apartado 5, del Reglamento (UE) 2019/943 ya que no toma en consideración las nuevas inversiones en la infraestructura de la red. — La ACER exige un recurso ampliado a las acciones correctoras. Ello es contrario a lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/943. — La ACER elude las disposiciones del Reglamento (UE) 2019/943 sobre la nueva configuración de las zonas de oferta. — La ACER se otorga una competencia relativa a la reorganización de las zonas de oferta, infringiendo de ese modo el artículo 14, apartados 3, 6, 7 y 8, del Reglamento (UE) 2019/943, y el artículo 15, apartados 5 y 7, de ese Reglamento.
—

Anule la Decisión C(2019) 4559 final de la Comisión, de 27 de junio de 2019, por la que se imponen multas por no notificar una concentración en violación del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1) y por ejecutar una concentración en violación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (asunto M.8179 — Canon/Toshiba Medical Systems Corporation, procedimiento del artículo 14, apartado 2), la cual le fue notificada el 1 de julio de 2019.
1.

Primer motivo, basado en error de Derecho y en error manifiesto de apreciación en la aplicación de determinadas excepciones a la regla general que autoriza el acceso a documentos, a la luz de los hechos en cuestión: — La demanda no se refiere a ningún documento que figure en el expediente o diligencia de instrucción, por lo que no se refiere o afecta al objetivo de las actividades de inspección [artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001] o al proceso de toma de decisiones de la Comisión [artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001]. — La demanda no debe desestimarse sobre la base de la protección del objetivo de las actividades de inspección [artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001] o al proceso de toma de decisiones de la Comisión [artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001]. — La demanda no se refiere a ninguna información o dato de interés comercial que precise de protección [artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001]. — La decisión impugnada aplica excepciones a la divulgación de modo discriminatorio pues son sustituidas por la actuación y conducta de la Comisión en situaciones similares, lo que el ordenamiento de la Unión prohíbe. — Se sustituye la aplicación de cualquier excepción a la divulgación por un interés público superior a la divulgación para garantizar el control judicial efectivo (artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales).
1.

Primer motivo, basado en un error de apreciación y en la existencia de una desviación de poder y de actos de acoso realizados en su contra. En particular, la parte demandante critica la justificación que se dio a la no renovación de su contrato, basada en la supresión de su puesto a raíz de una reorganización de su departamento. A su entender, esa motivación adolece de un error en la medida en que el plan de reorganización no preveía la supresión de un puesto de las características del ocupado por la parte demandante. Asimismo, considera que fue víctima de acoso psicológico y que las consecuencias de dicho acoso permitieron fundamentar la decisión de no renovación de su contrato.
2.

Segundo motivo, basado en que la Decisión impugnada es contraria a Derecho al basarse en el artículo 20 del Reglamento n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO 2003, L 1, p. 1), disposición a su vez contraria a Derecho y que, por tanto, no es de aplicación al caso de autos, con arreglo al artículo 277 TFUE. En efecto, dicha disposición vulnera el derecho fundamental a la tutela efectiva, en la medida en que no permite a las empresas destinatarias de una decisión de inspección de la Comisión impugnar efectivamente el desarrollo de la inspección.
8.

Infracción del artículo 107 TFUE por no existir distorsión de la competencia ni perjuicio para el comercio. Falta de motivación. — A este respecto, se alega que la Decisión no puede presumir la existencia de ambos requisitos, que son distintos entre sí y acumulativos, y — que la Decisión debería haber excluido la concurrencia de ambos requisitos, puesto que la APN no opera en mercado alguno y carece de competidores y CAMED no ha obtenido ninguna ventaja de una medida que es solo una de las innumerables medidas de actuación de un plan de alcance general que ha afectado a todas las empresas que operan en puertos italianos (incluido Nápoles), y no solo en el sector de la construcción naval.