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6.

Con carácter preliminar, la parte demandada afirma que la naturaleza y el alcance del deber de asistencia, establecido en el artículo 24 del Estatuto, hacen que ésta sea una obligación de medios y no una obligación de resultado. En el caso de autos, el resultado perseguido, que consiste en la adopción de una ley en sentido formal que transfiera a las Comunidades Europeas los derechos a pensión devengados con anterioridad, no entra, con toda evidencia, en las competencias de la Comisión. La parte demandada distingue el concepto de asistencia y el concepto civil de solidaridad para deducir de ahí que la obligación que incumbe a la Comisión no es equivalente a la que recae sobre Bélgica. Además, es enteramente discrecional para la Comisión la elección de las medidas «útiles» que hayan de adoptarse para el cumplimiento del deber de asistencia, a tenor de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 18 de octubre de 1976, M.N. contra Comisión, 128/75, Rec. 1976, p. 1567; sentencia de 11 de julio de 1974, Guillot contra Comisión, 53/72, Rec. 1974, p. 791).
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

10 de enero de 1990 ( *1 )

En el asunto C-101/88,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Finanzgericht Hamburg, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Gebrüder Gausepohl

y

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del párrafo 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 1964/82 de la Comisión, de 20 de julio de 1982, por el que se establecen las condiciones de concesión de restituciones especiales a la exportación para determinadas carnes de vacuno deshuesadas (DO L 212, p. 48; EE 03/25, p. 306),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por los Sres. F. A. Schockweiler, Presidente de Sala; G. F. Mancini y T. F. O'Higgins, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Finanzgericht de Hamburgo, mediante resolución de 14 de diciembre de 1987,

decide:

Declarar que el párrafo 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 1964/82 debe interpretarse en el sentido de que la concesión de la restitución especial está subordinada a la exportación de la totalidad de los trozos procedentes de los cuartos traseros sometidos a control. Sin embargo, el hecho de que falte una parte ínfima de dicha cantidad total no basta, siempre que no exista mala fe, para considerar que no se cumple la condición relativa a la exportación por lo que se refiere al resto de la carne.

( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA) DE 28 DE JUNIO DE 1989. - MINISTERE PUBLIC CONTRA J. P. RISPAL Y OTROS. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - FRANCIA. - ARANCEL ADUANERO COMUN - CUBOS MAGICOS. - ASUNTO 164/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 02041

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Índice

Partes

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

Arancel Aduanero Común - Partidas arancelarias - "Los demás juguetes" en el sentido de la partida 97.03 - Artículos denominados "cubos mágicos" - Inclusión

Índice

La subpartida 97.03 del arancel aduanero común relativa a "los demás juguetes" debe interpretarse en el sentido de que incluye a los artículos denominados "cubos mágicos" que están compuestos de seis caras, cada una de ellas formada por nueve cuadrados, que a su vez tienen seis colores diferentes y en los que cada cubo se articula en sus tres dimensiones, siendo su objetivo configurar el cubo de tal manera que coincidan seis caras unidas de diferente color.

Esta clasificación resulta de la aplicación del criterio determinante en materia de clasificación de mercancías que, según la jurisprudencia reiterada (véase sentencia de 8 de diciembre de 1977, Carlsen-Verlag, 62/77, Rec. 1977, p. 2343), debe buscarse de manera general en sus características y propiedades objetivas tal como se definen en la redacción de la partida del arancel aduanero común y de las notas de las secciones o de los capítulos. Por otra parte, dicha clasificación es conforme a las notas explicativas del Consejo de Cooperación Aduanera que constituyen, según jurisprudencia reiterada, un elemento importante de interpretación del arancel aduanero común (véase sentencia de 28 de febrero de 1989, Blaupunkt, 245/87, Rec. 1989, p. 573).

Partes

En el asunto 164/88,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Tribunal de grande instance de París (trente et unième chambre correctionnelle), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Ministère public

y

1) J.-P.M. Rispal,

2) G.M.R. Vairon,

3) J.N.A. Cresson,

4) R. Bizot,

5) SA Sodetair, sociedad francesa, con domicilio social en París,

6) SA frêt et transit aérien, sociedad francesa, con domicilio social en Orly,

7) SA Frecom, sociedad francesa, con domicilio social en París,

una decisión prejudicial sobre la clasificación arancelaria de mercancías denominadas "cubos mágicos" o "magicubos",

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por los Sres. R. Joliet, Presidente de Sala; Sir Gordon Slynn y G.C. Rodríguez Iglesias, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunal de grande instance de París (Sala Correccional 31ª), mediante resolución de 15 de enero de 1988, decide:

Parte dispositiva

Declarar que durante los meses de marzo, abril y mayo de 1981, la subpartida 97.03 del arancel aduanero común había de interpretarse en el sentido de que incluía los artículos denominados "cubos mágicos".
Asunto C-331/88

The Queen

contra

The Minister of Agriculture, Fisheries and Food and the Secretary of State for Health, ex parte: Fedesa y otros

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice, Queen's Bench Division

«Sustancias de efecto hormonal — Validez de la Directiva 88/146/CEE»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mischo, presentadas el 8 de marzo de 1990 4042

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de noviembre de 1990 4057

Sumario de la sentencia

Derecho comunitario — Principios — Seguridad jurídica — Confianza legítima — Prohibición del empleo de ciertas sustancias de efecto hormonal por parte de los ganaderos, a falta de unanimidad sobre sus efectos nocivos — Violación — Inexistencia (Directiva 88/146 del Consejo) Derecho comunitario — Principios — Proporcionalidad — Prohibición de una actividad económica — Carácter proporcionado — Criterios de apreciación — Facultad discrecional del legislador comunitario en materia de política agraria común — Control jurisdiccional — Límites (Tratado CEĶ arts. 40 y 43) Derecho comunitario — Principios — Igualdad de trato — Medida de armonización aplicada por igual a todos los Estados miembros — Efectos diferentes según L situación anterior de las legislaciones nacionales — Discriminación — Inexistencia Agricultura — Aproximación de las legisLciones — Prohibición del empleo de ciertas sustancias de efecto hormonal por parte de los ganaderos — Objetivos perseguidos — Elección de la base jurídica — Artículo 43 del Tratado — Desviación de poder — Inexistencia (Tratado CEE, arts. 39 y 43; Directiva 88/146 del Consejo) Actos de Us instituciones — Procedimiento de elaboración — Actos preparatorios no afectados por un vicio de procedimiento producido en L fase de h decisión final del Consejo y reconocido por una sentencia de anulación — Adopción de un nuevo acto sobre el fundamento de los actos preparatorios anteriores — Legalidad Actos de hs instituciones — Aplicación temporal — PUzo de ejecución de una directiva por los Estados miembros que expira antes de su adopción — Retroactividad — Procedencia en relación con el objetivo que se persigue y siempre que no se viole el principio de protección de la confianza legítima — Límites — Principio de irretroactividad de las disposiciones penales (Directiva 88/146 del Consejo, art. 10)
Asunto C-333/88

Peter John Krier Tither

contra

Commissioners of Inland Revenue

Petición de decisión prejudicial planteada por el Office of the Special Commissioners of Income Tax

«Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades — Desgravación de intereses hipotecarios»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. F. G. Jacobs, presentadas el 8 de febrero de 1990 1144

Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 1990 1154

Sumario de la sentencia

Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas — Funcionarios y agentes de las Comunidades — Exclusión de un régimen nacional de subvención de los intereses pagados por préstamos hipotecarios — Procedencia

(Tratado CEE, arts. 5 y 7; Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, art. 13)

Los artículos 5 y 7 del Tratado CEE y el artículo 13 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro que subvenciona los intereses pagados por los particulares por los préstamos destinados a la adquisición o mejora de su residencia principal, situada en dicho Estado, cuando, en este último, la renta imponible de los interesados sea inferior al importe de los intereses satisfechos, excluya de este régimen a quienes tengan la condición de funcionario o agente de las Comunidades Europeas, cuando la renta imponible de éstos en el referido Estado sea inferior al importe de los intereses pagados por ellos.
WITTMANN 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
28 de marzo de 1990* 
En el asunto C-344/88, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, por el Finanzgericht München (República Federal 
de Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano juris­
diccional entre 
Erich Wittmann GmbH & Co KG, 
y 
Hauptzollamt (Administración Principal de Aduanas) Nürnberg-Fürth, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de las partidas y subpartidas aran­
celarias 84.59 E, «Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos», 82.04, «Los demás 
utensilios y herramientas de mano», 90.17, «Instrumentos y aparatos de medicina», 
y de las partidas y subpartidas 71.16 A, «Bisutería de fantasía», y 73.31 B «Puntas, 
clavos, escarpias puntiagudas» del anexo del Reglamento n° 3000/79 del Consejo, 
de 30 de diciembre de 1979, que modifica el Reglamento n° 2800/78, por el que 
se modifica el Reglamento n° 950/68 relativo al arancel aduanero común (DO 
L 342, p. 1), 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por Sir Gordon Slynn, Presidente de Sala, y los Sres. R. Joliét y 
G. C. Rodríguez Iglesias, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: alemán. 
I- 1507 
SENTENCIA DE 28. 3.1990 — ASUNTO C-344/88 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Finanzgericht München, 
mediante resolución de 27 de junio de 1988, declara: 
1) Debe interpretarse que la subpartida 71.16 A del arancel aduanero común com­
prendía, desde antes de la adopción del Reglamento n° 3558/81 de la Comisión, 
de 8 de diciembre de 1981, relativo a la clasificación de mercancías en la subpar­
tida 71.16 A del arancel aduanero común, los vastagos para las orejas del tipo 
indicado en este Reglamento. 
2) Debe interpretarse que la subpartida 84.59 E II del arancel aduanero común 
comprende los aparatos para perforar las orejas. 
I-1508
La prohibición de discriminación enunciada por el apartado 3 del artículo 40 del Tratado no es sino el reflejo concreto del principio general de igualdad que forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario y en virtud del cual las situaciones comparables no deben recibir un trato diferente, a no ser que éste se justifique objetivamente.

El control judicial que garantiza su respeto debe, no obstante, tener en cuenta el hecho de que, en materia de política agraria común, el legislador comunitario dispone de una amplia facultad de apreciación que se corresponde con las responsabilidades políticas que le atribuyen los artículos 40 y 43 del Tratado.

Más en concreto, cuando, en la adopción de una normativa, el legislador se ve obligado a valorar las consecuencias futuras de la misma, no pudiendo preverse dichas consecuencias con exactitud, su valoración únicamente puede ser censurada si se revela como manifiestamente errónea, a la vista de los elementos de que disponía al adoptar dicha normativa.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión relativa a la liquidación de cuentas en concepto de gastos financiados por el FEOGA

(Tratado CEE, art. 190)

Agricultura - Organización común de mercado - Frutas y hortalizas - Organizaciones de productores - Ayudas de puesta en marcha - Fijación por parte de la Comisión de un plazo de pago - Requisitos - Obligaciones de los Estados miembros

(Tratado CEE, art. 5; Reglamentos nº 729/70 del Consejo, arts. 7 y 11, y nº 1035/72 del Consejo, art. 14, apartado 1, y art. 36)

Agricultura - Organización común de mercado - Frutas y hortalizas - Organizaciones de productores - Financiación por el FEOGA - Requisitos establecidos por el Derecho comunitario - Reconocimiento de las organizaciones por las autoridades nacionales - Irrelevancia

(Reglamento nº 1035/72 del Consejo)

Estados miembros - Obligaciones - Incumplimiento - Justificación - Improcedencia

Índice

Una decisión de liquidación de cuentas en concepto de gastos financiados por el FEOGA no requiere una motivación detallada siempre que el Gobierno de que se trata haya estado estrechamente vinculado al proceso de elaboración de la decisión y conozca por tanto la razón por la que la Comisión no imputó con cargo al FEOGA la cantidad debatida.

El hecho de que el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento nº 1035/72 no establezca ningún plazo para el pago de las ayudas de puesta en marcha que pueden concederse a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas no prohíbe a la Comisión, siempre que actúe en el marco de instrucciones generales establecidas previa concertación con los interesados y comunicadas a éstos en tiempo hábil, hacer uso de las facultades que se le atribuyen como administradora del FEOGA para establecer dicho plazo, de manera que dichas ayudas no pierdan el carácter de ayuda de puesta en marcha que se les ha asignado.

Una vez establecido el plazo, corto pero razonable y no arbitrario, que permita alcanzar el objetivo previsto por la normativa comunitaria, las Administraciones nacionales deben respetarlo, en virtud del principio de colaboración leal entre éstas y la Administración comunitaria que contempla el artículo 5 del Tratado, para asegurar la correcta aplicación del Derecho comunitario en interés de los operadores económicos afectados.

En el marco de la financiación por el FEOGA de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, en virtud del Reglamento nº 1035/72, el hecho de que un Estado miembro decida proceder a un reconocimiento nacional formal de las organizaciones de que se trata por parte de las autoridades nacionales, inscribiendo a las organizaciones reconocidas en una lista, no constituye una decisión que pueda afectar a la aplicación del Derecho comunitario.

Un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y de los plazos que resultan de las normas comunitarias.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

1. Agricultura - Organización común de mercados - Productos transformados a base de frutas y hortalizas - Ayuda a la producción - Asociaciones de productores - Concepto - Integración de no productores - Procedencia - Requisitos

(Reglamento nº 516/77 del Consejo, art. 3 bis)

2. Agricultura - Organización común de mercados - Productos transformados a base de frutas y hortalizas - Ayuda a la producción - Requisitos para su concesión - Contrato de suministro celebrado con una asociación de productores en el sentido del Reglamento nº 516/77 - Agrupación reconocida con arreglo a otras disposiciones - Exclusión

(Reglamento nº 516/77 del Consejo, art. 3 bis)

Índice

1. El artículo 3 bis del Reglamento nº 516/77, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, que establece un régimen de ayuda a la producción, debe interpretarse en el sentido de que una asociación de productores se caracteriza por el hecho de haberse constituido a iniciativa de los productores y estar fundamentalmente compuesta por productores. Estas exigencias no excluyen la integración de no productores en la asociación a condición, sin embargo, de que éstos no dispongan de la mayoría de los votos en la asociación o de otras posibilidades de controlar las decisiones de ésta.

2. El artículo 3 bis del Reglamento nº 516/77 debe interpretarse en el sentido de que una empresa de transformación no tiene derecho a la ayuda a la producción que éste establece cuando la sociedad con la que celebró un contrato de suministro de frutas frescas no es una asociación de productores reconocida con arreglo a esta disposición. Lo mismo ocurre cuando la empresa de transformación pudo considerar que la sociedad en cuestión había sido reconocida como agrupación de productores con arreglo a otras disposiciones de Derecho comunitario.
89.

La Comisión replica a este respecto que el artículo 112 no constituye una excepción a la regla general prohibitiva del apartado 1 del artículo 92 y no puede por tanto autorizar a los Estados miembros a establecer o a mantener ayudas incompatibles con el mercado común. Por otra parte, sigue la Comisión, su ámbito de aplicación no coincide con el del artículo 92 y será aplicable a las ayudas que afecten no a los intercambios entre los Estados miembros, sino únicamente al mercado de terceros países. No es tal el caso de autos, por la razón adicional de que, después del período transitorio, Ia política comercial está regulada por ei artículo 113 dei Tratado.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL (SALA PRIMERA) DE 27 DE ABRIL DE 1989. - ANNA-MARIA FEDELI CONTRA PARLAMENTO EUROPEO. - FUNCIONARIO - RETENCION DE SALARIO. - ASUNTO 271/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00993

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Índice

Partes

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

Funcionarios - Licencia por enfermedad - Control médico - Comprobación del carácter irregular de la ausencia - Utilización de las conclusiones de una comisión médica consultada para pronunciarse sobre la declaración de invalidez del funcionario - Exclusión

(Estatuto de los funcionarios, arts. 59 y 60)

Índice

El informe elaborado por la comisión médica en el marco de un procedimiento para declarar la invalidez tiene por objeto establecer si un funcionario es o no es apto para ejercer permanentemente un empleo de su carrera y no para apreciar si la ausencia temporal de este funcionario puede ser considerada como justificada desde un punto de vista médico. Las conclusiones de esta comisión que considera que no se reúnen los requisitos para declarar la invalidez del funcionario, no pueden servir como prueba de la aptitud física de este último para desempeñar sus funciones en un momento determinado, vista la diferente índole de las apreciaciones que deben efectuarse en cada uno de ambos supuestos. En efecto, una enfermedad insuficiente para justificar la declaración de invalidez puede, por el contrario, justificar la ausencia temporal de un funcionario.

La irregularidad de tal ausencia puede comprobarse debidamente en el sentido del artículo 60 del Estatuto y, en su caso, conducir a la pérdida de la retribución para el correspondiente período, mediante el control médico establecido en el artículo 59 del Estatuto.

Partes

En el asunto 271/87,

Anna-Maria Fedeli, funcionaria del Parlamento Europeo, domiciliada en Luxemburgo, representada por los Sres. Victor Biel y Aloyse May, Abogados de Luxemburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Biel, 18 A, rue de Glacis,

parte demandante,

contra

Parlamento Europeo, representado por el Sr. Francesco Pasetti Bombardella, Jurisconsulto, y por el Sr. Manfred Peter, Jefe de División, asistidos por el Sr. Alex Bonn, Abogado de Luxemburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Bonn, 22, Côte d' Eich,

parte demandada,

que tiene por objeto la condena del Parlamento Europeo al pago de las deducciones realizadas sobre la retribución de la demandante en virtud del artículo 60 del Estatuto, más un interés anual del 8 %, y al pago de una indemnización por daños y perjuicios por falta disciplinaria,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por los Sres. R. Joliet, Presidente de Sala; Sir Gordon Slynn y G.C. Rodríguez Iglesias, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

Parte dispositiva

1) Condenar al Parlamento Europeo al reembolso de las deducciones realizadas sobre la retribución de la demandante durante el período comprendido entre el 3 de julio de 1985 y el 13 de marzo de 1986, más un 8 % en concepto de intereses de demora.

2) Condenar en costas al Parlamento Europeo.