4.

Como se sabe, el artículo 179 del Tratado CEE legitima al Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Comunidad y sus funcionarios «en los límites y con las condiciones determinados por el Estatuto». El artículo 91 de este último establece que el Tribunal de Justicia sólo es competente en el caso de que el recurso del funcionario esté precedido de una reclamación administrativa que haya sido denegada. A falta de una excepción expresa, se debe, pues, entender que esta norma se aplica en cualquier controversia y por ello también en los asuntos relativos a la decisión de un tribunal de oposiciones. Admito que, al no poder la AFPN modificar dicha decisión, plantear previamente una reclamación y esperar su resultado (sin lo cual el recurso no puede plantearse) pueda resultar superfluo e, incluso, paralizante. Sin embargo, no siempre las cosas se producen en estos términos y no siempre es verdad que la reclamación no tenga utilidad. A continuación observo que, entre los procedimientos que puede adoptar un tribunal de oposiciones, se deben distinguir las decisiones de carácter puramente administrativo y aquellas en las que se valoran los méritos de los candidatos. Tan sólo estas últimas quedan por su naturaleza sustraídas al control de la AFPN y, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pueden ser impugnadas directamente ante el Tribunal. Las demás quedan sujetas a la regla del artículo 91. Supongamos, por ejemplo, que el tribunal de oposiciones decida organizar una prueba no prevista en la convocatoria: resulta obvio que, para impugnar tal decisión, se deberá presentar primero una reclamación y que el recurso sólo podrá sustanciarse si se rechaza la reclamación. Por otra parte, aunque clara en teoría, la distinción que acabo de plantear no siempre se puede establecer en el plano práctico, tanto es así que en la mayor parte de los casos los candidatos se atienen a las normas del Estatuto y presentan una reclamación. Por otra parte, dicha reclamación puede ser útil aunque se dirija contra una resolución que no puede reformarse en el plano administrativo. Es costumbre que la AFPN comunique su contenido al tribunal de oposiciones; este último podrá encontrarla fundada y revocar su propia decisión, evitando así que la controversia llegue al Tribunal. Viceversa, si la reclamación se rechaza, los motivos en que la AFPN lo fundamenta podrían convencer al interesado (que, a menudo, ignora las particularidades de las oposiciones comunitarias) e inducirle a no sustanciar el recurso. En ambos casos, me parece que la reclamación ha beneficiado a su autor y alcanzado en todo caso el fin para el que se formuló. Precisado lo anterior, admito, como ya lo hice en las conclusiones del caso Detti, que, contra la decisión de un tribunal de oposición, el interesado pueda escoger entre presentar una reclamación y recurrir de inmediato al Tribunal de Justicia. Esta facultad, añado hoy, no implica que sea libre para disponer acerca de las reglas procesales. En efecto, si formula una reclamación, el candidato se sujeta a la normativa que para la misma ha dado el Estatuto; por esto, queda obligado a observarla y, en particular, a aguardar la decisión de la AFPN. Pero un vínculo semejante ata igualmente al Juez comunitario, cuya competencia —recuérdese el artículo 179 del Tratado— queda encerrada en los límites que le impone la propia fuente. Así pues, la actitud del sujeto que se dirige a la AFPN constituye también en este caso el ejercicio de un derecho garantizado por el Estatuto: no se puede, pues, afirmar como lo hace la sentencia Salerno que ello «se sale del ámbito de las disposiciones estatutarias». Además, lejos de no tener influencia, tal comportamiento se ajusta, tal y como se ha visto, a las finalidades de oportunidad y de claridad que son objeto de todo procedimiento precontencioso. Presentar la reclamación, por último, no tiene como efecto «prorrogar» el plazo en que se puede interponer el recurso: se puede interponer el recurso, pero en las condiciones previstas en el artículo 91 (véase en este sentido la sentencia Detti, antes citada, punto 17). Esta interpretación del artículo 91 es correcta y ello se apoya también en una reciente sentencia de este Tribunal probablemente innovadora, en el asunto 259/84, Strack contra Parlamento. En octubre de 1984, el Sr. Strack recurrió contra una disposición del tribunal de oposiciones PE/27/A, mediante la cual se le denegaba un nuevo plazo para someterse a pruebas que no había superado. Algunos días después, presentó también una reclamación. Pues bien, sin entrar en el tema de si tal resolución se podía reformar por vía administrativa, el Tribunal de Justicia declaró, mediante resolución de 31 de enero de 1985 (Rec. 1985, p. 453), que, por no haber recaído resolución sobre la reclamación con anterioridad al recurso, el Tribunal de Justicia era manifiestamente incompetente para conocer de la controversia. ¿Puede afirmarse que esta decisión marca el comienzo de una orientación distinta por parte del Tribunal de Justicia? Así lo espero. Pero, en todo caso, mantengo mi opinión. En las impugnaciones que tengan por objeto las resoluciones de un tribunal de oposiciones, el interesado que elija la vía de la reclamación administrativa tiene que observar puntualmente las reglas de procedimiento previstas por el Estatuto.