La disposición del artículo 351 TFUE, párrafo primero, tiene por objeto precisar, conforme a los principios del Derecho internacional, que la aplicación del Tratado no afecta al compromiso del Estado miembro de que se trate de respetar los derechos de países terceros que resultan de un convenio anterior a su adhesión y de cumplir sus obligaciones correspondientes. No obstante, cuando un convenio internacional permite a un Estado miembro adoptar una medida que resulta contraria al Derecho de la Unión, pero sin obligarle a ello, el Estado miembro debe abstenerse de adoptar tal medida. Esa jurisprudencia debe aplicarse también, mutatis mutandis, cuando, a raíz de la evolución del Derecho de la Unión, una medida legislativa adoptada por un Estado miembro conforme a una facultad ofrecida por un convenio internacional anterior deviene contraria al Derecho de la Unión. En tal situación el Estado miembro interesado no puede invocar dicho convenio para liberarse de las obligaciones nacidas posteriormente del Derecho de la Unión.

Las disposiciones de los artículos 1 y 2 de la Directiva 93/83, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, por una parte, y de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en relación con los artículos 2 y 3 de la Directiva 2006/115, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, y con el artículo 2 de la Directiva 2006/116, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, por otra parte, deben interpretarse en el sentido de que los derechos de explotación de la obra cinematográfica (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición) corresponden de pleno derecho, directa y originariamente, al director principal. Por consiguiente, esas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que atribuya esos derechos de explotación, de pleno derecho y con carácter exclusivo, al productor de la referida obra.

A este respecto, el artículo 2 de la Directiva 93/83 y los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29 no pueden interpretarse, atendiendo al artículo 1, apartado 4, del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el derecho de autor, en el sentido de que en su legislación nacional un Estado miembro pueda, con fundamento en el artículo 14 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas e invocando la facultad que ese artículo convencional le confiere, denegar al director principal de una obra cinematográfica los derechos de explotación de dicha obra, ya que esa interpretación, en primer lugar, no respetaría las competencias de la Unión en la materia, en segundo lugar, no sería compatible con el objetivo perseguido por la Directiva 2001/29, y por último no se ajustaría a las exigencias derivadas del artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza la protección de la propiedad intelectual.

(véanse los apartados 71 y 72 y el punto 1 del fallo)