ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 194/7

Auto del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 2012 — República Italiana/Comisión Europea

(Asunto C-200/11 P) (1)

(Recurso de casación - Artículo 119 del Reglamento de Procedimiento - Ayudas de Estado - Incompatibilidad con el mercado común - Decisión de la Comisión - Recurso de anulación - Reglamento (CE) no 659/1999 - Artículo 1, letra c) - Modificación de una ayuda existente - Reglamento (CE) no 794/2004 - Artículo 4, apartado 1 - Mecanismo de defensa temporal a favor de la construcción naval)

2012/C 194/11

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Recurrente: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, y P. Gentili, avvocato dello Stato)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci y C. Urraca Caviedes, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 3 de febrero de 2011, recaída en el asunto T-3/09 (Italia/Comisión), mediante la cual dicho Tribunal desestimó un recurso de anulación contra la Decisión 2010/38/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 2008, relativa a la ayuda estatal C 20/08 (ex N 62/08) que Italia tiene previsto ejecutar mediante una modificación del régimen de ayudas N 59/04 relativo al mecanismo de defensa temporal a favor de la construcción naval (DO 2010, L 17, p. 50).

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a la República Italiana.

(1) DO C 204, de 9.7.2011.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 232/10

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de mayo de 2011 [petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria)] — Tony Georgiev Semerdzhiev/ET Del-Pi-Krasimira Mancheva

(Asunto C-32/10) (1)

(Artículos 92, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento - Directiva 90/314/CEE - Viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados - Hechos anteriores a la adhesión de la República de Bulgaria a la Unión Europea - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia para responder a las cuestiones prejudiciales)

2011/C 232/16

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria)

Partes

Demandante: Tony Georgiev Semerdzhiev

Demandada: ET Del-Pi-Krasimira Mancheva

Coadyuvante: ZAD Bulstrad VIG

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Varhoven kasatsionen sad — Interpretación de los artículos 2, apartado 1, letra c), 4, apartado 1, letra b), inciso iv), y 5, apartado 2, párrafos tercero y cuarto, de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158, p. 59) — Concepto de «otros servicios turísticos» no accesorios al transporte o al alojamiento a cargo del organizador — Obligación para el organizador de suscribir un contrato de seguro individual para cada consumidor y de entregarle el original antes del inicio del viaje — Obligación del organizador de suscribir un contrato individual de seguro que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente — Concepto de «daños» al consumidor debidos a la no ejecución o mala ejecución del contrato — Inclusión de los daños morales.

Fallo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por el Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria).

(1) DO C 100, de17.4.2010.
C 15/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de noviembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — «TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Asunto C-243/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Telecomunicaciones - Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) - Artículo 8, apartado 3 - Directiva 2014/61/UE - Artículos 1, apartados 3 y 4, y 3, apartado 5 - Competencia de la autoridad nacional de reglamentación para imponer condiciones establecidas ex ante que regulan el acceso a la infraestructura física de un operador sin peso significativo en el mercado - Inexistencia de conflicto sobre el acceso)

(2023/C 15/14)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Okręgowy w Warszawie

Partes en el procedimiento principal

Demandante:«TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Demandada: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Con intervención de: Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Fallo

Los artículos 1, apartados 3 y 4, y 3, apartado 5, de la Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, en relación con los artículos 1, apartado 1, 5, apartado 1, y 8, apartado 3, de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2022, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, y con los artículos 8 y 12 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140,

deben interpretarse en el sentido de que

no se oponen a que una autoridad nacional de reglamentación competente en el ámbito de las comunicaciones electrónicas obligue a un operador de red, que no ha sido designado como operador con un peso significativo en el mercado, a aplicar las condiciones establecidas ex ante por dicha autoridad, que regulan las condiciones de acceso de empresas activas en este ámbito a la infraestructura física de ese operador, incluidas las normas y formas de celebración de contratos y las tarifas de acceso aplicables, con independencia de la existencia de un conflicto sobre dicho acceso y de una competencia efectiva.

(1) DO C 289 de 19.7.2021.
C 318/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 7 de julio de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën / X

(Asunto C-194/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículos 184 y 185 - Regularización de las deducciones - Sujeto pasivo que no ha ejercido el derecho a deducción antes de la expiración de un plazo de caducidad - Imposibilidad de practicar la deducción en el marco de la regularización)

(2022/C 318/18)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Staatssecretaris van Financiën

Demandada en el procedimiento principal: X

Fallo

Los artículos 184 y 185 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010,

deben interpretarse en el sentido de que

no se oponen a que a un sujeto pasivo que no haya ejercido, antes de la expiración del plazo de caducidad aplicable conforme a la normativa nacional, el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) correspondiente a la adquisición de un bien o de un servicio le sea denegada la posibilidad de practicar posteriormente esa deducción, en el marco de una regularización, con ocasión de la primera utilización para operaciones sujetas al impuesto de dicho bien o de dicho servicio, y ello aun cuando no se haya constatado ningún abuso de derecho, ningún fraude ni ninguna pérdida de ingresos fiscales.

(1) DO C 228 de 14.6.2021.
1)

El artículo 30, apartado 6, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no excluye, en principio, las turberas de los pagos al amparo de Natura 2000, siempre que estas se hallen en zonas Natura 2000 designadas en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y estén comprendidas en los conceptos de «superficie agrícola» o de «bosque» en el sentido, respectivamente, de las letras f) y r) del artículo 2, apartado 1, o del artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento, pudiendo así beneficiarse de los pagos a que se refiere el artículo 30, apartado 1, de este como «zonas agrícolas y forestales de la red Natura 2000», en el sentido de dicho artículo 30, apartado 6, letra a).
2)

Los artículos 2, apartado 3, y 31 de la Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, Cuarta Directiva basada en la letra g) del apartado [2 del artículo 50 TFUE] y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, en su versión modificada por la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2003, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una práctica de la autoridad tributaria de un Estado miembro que impugna asientos contables de una sociedad debido a que estos no observan los principios de exhaustividad y de independencia de los ejercicios, contenidos en la normativa de dicho Estado miembro, a pesar de que se respetan todos los demás principios contables previstos por esa normativa, cuando tal inobservancia no constituya una excepción necesaria para garantizar el respeto del principio de imagen fiel que esté mencionada en la Memoria de las cuentas anuales y debidamente motivada, con indicación de su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados.
C 502/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de octubre de 2021 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesfinanzhof — Alemania) — E / Finanzamt N (C-45/20) y Z / Finanzamt G (C-46/20)

(Asuntos acumulados C-45/20 y C-46/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículos 167, 168, letra a), 250 y 252 - Deducción del impuesto soportado - Bien inmueble - Estancia dedicada a oficina - Instalación fotovoltaica - Decisión de afectación que da derecho a deducir - Comunicación de la decisión de afectación - Plazo de caducidad para el ejercicio del derecho a deducir - Presunción de afectación al patrimonio privado del sujeto pasivo a falta de comunicación de la decisión de afectación - Principio de neutralidad - Principio de seguridad jurídica - Principios de equivalencia y proporcionalidad)

(2021/C 502/10)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: E (C-45/20) y Z (C-46/20)

Demandada: Finanzamt N (C-45/20) y Finanzamt G (C-46/20)

Fallo

El artículo 168, letra a), de Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2009/162/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, en relación con el artículo 167 de la Directiva 2006/112, en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a disposiciones nacionales a las que un tribunal nacional les da la interpretación de que, cuando el sujeto pasivo tenga libertad para afectar un bien al patrimonio de su empresa y no haya hecho lo necesario mediante una decisión expresa o mediante suficientes indicios, a más tardar al vencer el plazo legal de presentación de la declaración anual del impuesto sobre el volumen de negocios, para que la Administración tributaria nacional competente esté en condiciones constatar que se ha producido dicha afectación, esa Administración tributaria podrá considerar que el mencionado bien se ha afectado al patrimonio privado del sujeto pasivo y denegar el derecho a deducir la cuota del impuesto sobre el valor añadido soportado por él, a menos que las normas jurídicas concretas de aplicación de la referida facultad revelen que no es conforme con el principio de proporcionalidad.

(1) DO C 191 de 8.6.2020.
2)

El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una orden conminatoria de hacer dirigida a un deudor adquiera fuerza ejecutiva y no obliga a revocar tal orden.
1)

Declarar que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, en relación con el artículo 10 de la Directiva 91/271, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1137/2008, al no haber velado por que las aguas residuales urbanas procedentes de las aglomeraciones urbanas de Lycksele, Malå y Pajala sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente, y el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 TUE, apartado 3, al no haber comunicado a la Comisión Europea en el procedimiento administrativo previo la información necesaria para que esta pudiera apreciar si las instalaciones de tratamiento de aguas residuales de las aglomeraciones urbanas de Habo y Töreboda cumplen lo exigido en la Directiva 91/271, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1137/2008.
1)

La República de Bulgaria, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 1, y del anexo XI de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, al no garantizar, por una parte, que el valor límite horario de dióxido de azufre (SO2) no se supere de forma sistemática y persistente en la zona BG0006 (sureste) desde el año 2007 hasta el año 2018 inclusive, y, por otra parte, que el valor límite diario de dicho contaminante no se supere desde el año 2007 hasta el año 2018 inclusive. con excepción de los años 2010 y 2012, el valor límite diario de ese contaminante, y al no haber adoptado, a partir del 11 de junio de 2010, las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los valores límite de SO2 en dicha zona y, en particular, al no haber velado por que los planes de calidad del aire prevean las medidas adecuadas para garantizar que el período de superación de dichos valores límite sea lo más breve posible, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23, apartado 1, en relación con la sección A del anexo XV de dicha Directiva.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de enero de 2022 — Rumanía / Comisión Europea, Hungría

(Asunto C-899/19 P) (1)

(Recurso de casación - Derecho institucional - Iniciativa ciudadana - Reglamento (UE) n.o 211/2011 - Artículo 4, apartado 2, letra b) - Registro de una propuesta de iniciativa ciudadana - Requisito que exige que dicha propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión Europea para presentar una propuesta relativa a un acto jurídico para los fines de aplicación de los Tratados - Decisión (UE) 2017/652 - Iniciativa ciudadana «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» - Registro parcial - Artículo 5 TUE, apartado 2 - Principio de atribución - Artículo 296 TFUE - Obligación de motivación - Principio de contradicción)

(2022/C 119/06)

Lengua de procedimiento: rumano

Partes

Recurrente: Rumanía (representantes: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu y L.-E. Baţagoi)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: inicialmente I. Martínez del Peral, H. Stancu y H. Krämer, posteriormente I. Martínez del Peral y H. Stancu, agentes), Hungría (representantes: M. Z. Fehér y K. Szíjjártó, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar a Rumanía a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3) Hungría cargará con sus propias costas.

(1) DO C 54, de 17.2.2020.
C 431/18

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 2 de septiembre de 2021 — NeXovation, Inc. / Comisión Europea

(Asunto C-665/19 P) (1)

(Recurso de casación - Ayudas de Estado - Ayudas en favor del complejo del Nürburgring (Alemania) - Decisión por la que se declaran las ayudas en parte incompatibles con el mercado interior - Venta de los activos de los beneficiarios de las ayudas de Estado declaradas incompatibles - Licitación abierta, transparente, no discriminatoria e incondicional - Decisión por la que se declara que el reembolso de las ayudas declaradas incompatibles no concierne al nuevo propietario del complejo del Nürburgring y que este no recibió una nueva ayuda para la adquisición de dicho complejo - Admisibilidad - Condición de parte interesada - Persona afectada individualmente - Vulneración de los derechos de procedimiento de las partes interesadas - Dificultades que exigen la incoación de un procedimiento de investigación formal - Motivación)

(2021/C 431/17)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: NeXovation, Inc. (representantes: inicialmente A. von Bergwelt, M. Nordmann y L. Hettstedt, posteriormente A. von Bergwelt y M. Nordmann, Rechtsanwälte)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: L. Flynn, T. Maxian Rusche y B. Stromsky, agentes)

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal General de 19 de junio de 2019, NeXovation/Comisión (T-353/15, EU:T:2019:434), en la medida en que el Tribunal General, mediante dicha resolución, desestimó la pretensión de anulación del artículo 1, último guion, de la Decisión (UE) 2016/151 de la Comisión, de 1 de octubre de 2014, sobre la ayuda estatal de Alemania SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) en beneficio del Nürburgring.

2) Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

3) Anular el artículo 1, último guion, de la Decisión 2016/151.

4) NeXovation Inc. y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 372 de 4.11.2019.
C 338/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 8 de julio de 2021 [petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — Rádio Popular — Electrodomésticos, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asunto C-695/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Directiva 2006/112/CE - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Exenciones - Artículo 135, apartado 1, letra a) - Conceptos de «operaciones de seguro» y de «prestaciones de servicios relativas a las mismas efectuadas por corredores y agentes de seguros» - Artículo 174, apartado 2 - Derecho a deducción - Prorrata de deducción - Ampliación de la garantía sobre los electrodomésticos y sobre otros artículos en el sector de la informática y las telecomunicaciones - Concepto de «operaciones financieras»)

(2021/C 338/03)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Rádio Popular — Electrodomésticos, SA

Demandada: Autoridade Tributária e Aduaneira

Fallo

El artículo 174, apartado 2, letras b) y c), en relación con el artículo 135, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a las operaciones de intermediación en la venta de ampliaciones de garantía efectuadas por un sujeto pasivo en el marco de su actividad principal consistente en la venta al consumidor de electrodomésticos y de otros artículos en el sector de la informática y las telecomunicaciones, de modo que la cuantía del volumen de negocios relativa a tales operaciones no ha de excluirse del denominador de la fracción utilizada para el cálculo de la prorrata de deducción contemplada en el artículo 174, apartado 1, de dicha Directiva.

(1) DO C 406 de 2.12.2019.
1)

Los artículos 1, apartado 1, y 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, deben interpretarse en el sentido de que puede dictarse una orden de detención europea sobre la base de una resolución judicial del Estado miembro emisor que ordena la ejecución, en ese Estado miembro, de una pena impuesta por un órgano jurisdiccional de un tercer Estado cuando, en aplicación de un acuerdo bilateral entre esos Estados, la sentencia en cuestión ha sido reconocida por una resolución de un órgano jurisdiccional del Estado miembro emisor. No obstante, la emisión de la orden de detención europea está sujeta a la condición, por una parte, de que la persona buscada haya sido condenada a una pena privativa de libertad de al menos cuatro meses y, por otra parte, que el procedimiento que condujo a la adopción en el tercer Estado de la sentencia posteriormente reconocida en el Estado miembro emisor haya respetado los derechos fundamentales y, en particular, las obligaciones derivadas de los artículos 47 y 48 de la Carta.