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Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1996. - Moccia Irme SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - CECA - Ayudas de Estado - Decisión individual por la que se deniega la autorización para conceder una ayuda de Estado a una empresa siderúrgica - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales necesarias - Interés en obtener las medidas provisionales solicitadas - Desestimación de la demanda. - Asunto T-164/96 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-02261



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Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos de concesión - Interés del demandante en obtener la medida solicitada - Medidas que no prejuzgan la decisión sobre el fondo del asunto - Suspensión de una decisión por la que se deniega la autorización para conceder una ayuda a una empresa siderúrgica y solicitud de reapertura del procedimiento de examen de dicha ayuda - Denegación - Demanda dirigida a que se ordene a la Comisión intimar a un Estado miembro a suspender el pago de unas ayudas que forman parte de un régimen autorizado - Desestimación

[Tratado CECA, arts. 4, letra c); 34, y 39; Decisión nº 3855/91/CECA de la Comisión]

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Una decisión de la Comisión por la que se deniega la autorización para conceder una ayuda de Estado a una empresa siderúrgica tiene un carácter negativo. Dicha empresa no justifica interés alguno en obtener, mediante un procedimiento sobre medidas provisionales, la suspensión de tal decisión, dado que, a falta de una decisión positiva de la Comisión autorizando la ayuda de que se trata, sería de aplicación la prohibición de las subvenciones y de las ayudas establecida en la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA.

La citada empresa tampoco justifica su interés en conseguir, en concepto de medida provisional, la reapertura del procedimiento de examen de la ayuda de que se trata, en la medida en que dicha reapertura no conduciría necesariamente a la adopción por parte de la Comisión de una decisión positiva, que es la única que permitiría al Estado interesado pagarle la ayuda. Además, una medida de esta índole no tendría carácter provisional, dado que produciría efectos idénticos a los que pretende conseguir el recurso interpuesto en el asunto principal y prejuzgaría la decisión sobre el fondo del asunto.

Finalmente, cuando la ayuda en cuestión forma parte de un régimen de ayudas para el cierre definitivo de instalaciones siderúrgicas ya aprobado por la Comisión, una medida provisional dirigida a conseguir que se ordene a la Comisión instar al Estado miembro interesado para que suspenda el pago de ayudas para el cierre de otras empresas candidatas sólo tendría una utilidad aparente, en la medida en que no evitaría el vencimiento del plazo, fijado en la Decisión nº 3855/91, después del cual ya no podría efectuarse el pago de las ayudas. Además, una medida de esta índole, consistente en dirigir a un Estado miembro la orden de suspender un régimen de ayudas ya reconocido compatible con el referido Tratado se halla manifiestamente fuera de las competencias conferidas a la Comisión.
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 21 de marzo de 1997. - Camar SRL contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Organización común de mercados - Plátanos - Demanda de medidas provisionales - Solicitud de expedición de certificados de importación. - Asunto T-79/96 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00403



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Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Medidas provisionales - Solicitud de asignación de certificados para la importación de plátanos sin sujeción al contingente arancelario establecido para la campaña en curso - Necesidad de observar los límites impuestos por el Reglamento (CEE) nº 404/93 - Desestimación de la solicitud de un importador de plátanos procedentes de Somalia que se considera en condiciones de reanudar sus importaciones tradicionales

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, art. 30]

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En el marco del examen de la fundamentación de una demanda de medidas provisionales, presentada por una empresa importadora de plátanos tradicionales ACP procedentes de Somalia y cuyo objeto es conseguir la asignación, sin sujeción al contingente arancelario establecido para la campaña en curso, de certificados para la importación de plátanos desde países terceros o no tradicionales ACP en una cantidad equivalente a la diferencia entre la cantidad de plátanos somalíes que logre importar durante la citada campaña y la cantidad importada por dicha sociedad antes de estallar la guerra civil en Somalia, el Juez de medidas provisionales está obligado a verificar no sólo si concurren los requisitos exigidos por el artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, sino también la observancia de los límites impuestos a la posibilidad de introducir excepciones al sistema general de asignación de certificados creado por el Reglamento nº 404/93, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano y, en particular, por su artículo 30, relativo a las medidas transitorias que se estimen oportunas para facilitar el paso de los regímenes nacionales a la organización común de mercados.

A este respecto, no parece que sean necesarias medidas correctoras del actual reparto de los certificados de importación, dado que la previsión de producción de una cantidad de plátanos somalíes suficiente para permitir a la empresa de que se trata reanudar sus importaciones tradicionales permite afirmar prima facie que el régimen de la organización común de mercados no parece limitar la posibilidad de dicha empresa de importar plátanos de Somalia en el marco del contingente arancelario establecido por el Reglamento nº 404/93 y que, para la campaña en curso, no parecen subsistir dificultades, debidas al paso de los sistemas nacionales existentes antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 404/93 al régimen actual de la organización común de mercados, que puedan poner en peligro la supervivencia de la empresa.
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Procedimiento sobre medidas provisionales ° Suspensión de la ejecución ° Medidas provisionales ° Pretensión dirigida a impedir el desarrollo de un procedimiento administrativo de control de una operación de concentración ° Pretensión cuya competencia, salvo circunstancias excepcionales, no corresponde al Juez que conoce de las medidas provisionales

[Tratado CE, arts. 185 y 186; Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo]

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Las competencias del órgano jurisdiccional comunitario consisten en ejercer un control jurisdiccional sobre los actos que la Comisión adopta en su condición de autoridad administrativa, pero no se extienden a la apreciación de las cuestiones sobre las que esta Institución todavía no se ha pronunciado. En efecto, tal facultad implicaría una anticipación de los debates sobre el fondo del asunto, una confusión de las distintas fases de los procedimientos administrativo y contencioso, incompatible con el sistema de reparto de competencias entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales comunitarios, así como con las exigencias de una buena administración de justicia y de un desarrollo regular del procedimiento administrativo.

Así, el Juez que conoce de las medidas provisionales no puede, en principio, acoger una demanda de medidas provisionales que tiene por objeto impedir que la Comisión ejerza sus facultades de investigación y de sanción inmediatamente después de la incoación, conforme al Reglamento nº 4064/89, de un procedimiento administrativo de examen de una operación de concentración e incluso antes de que haya adoptado los actos de trámite o definitivos cuya ejecución se quiere evitar. En efecto, al adoptar tales medidas, el Juez que conoce de las medidas provisionales no actuaría en el marco del control de la actividad de la Institución de que se trate, sino que, más bien, sustituiría a esta última en el ejercicio de competencias de carácter puramente administrativo. De ello resulta que una empresa no puede solicitar al Juez que conoce de las medidas provisionales, conforme a los artículos 185 y 186 del Tratado, que obligue a una Institución a suspender la ejecución de la decisión por la que se incoa un procedimiento administrativo y que le prohíba, aunque sea con carácter provisional, el ejercicio de sus competencias en el marco de dicho procedimiento.

Dicho derecho podría reconocérsele únicamente en caso de que la demanda aporte elementos que puedan permitir al Juez que conoce de las medidas provisionales comprobar la existencia de circunstancias excepcionales, que justificaran la adopción de las medidas solicitadas.
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Medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Admisibilidad del recurso principal - Falta de pertinencia - Límites - Recurso principal que tiene por objeto la anulación de una decisión supuestamente contenida en un escrito de la Comisión relativo a la interpretación de una disposición de un Reglamento - Inexistencia de facultad de decisión de la Comisión por razón de la competencia exclusiva de los Estados miembros para ejecutar la disposición controvertida - Improcedencia

[Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1; Reglamento (CE) nº 2991/94 del Consejo]

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La admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales. Debe reservarse para el análisis del recurso principal, salvo en el supuesto de que, a primera vista, éste sea manifiestamente inadmisible, so pena de que se prejuzgue la decisión del Juez que debe pronunciarse en el recurso principal.

Este es el caso de un recurso dirigido a obtener la anulación de una «decisión» contenida en un escrito de la Comisión dirigido a un Estado miembro que versa sobre la interpretación de una disposición del Reglamento nº 2991/94, por el que se aprueban las normas aplicables a las materias grasas para untar, disposición cuya ejecución incumbe exclusivamente a los Estados miembros. En efecto, en la medida en que dicho escrito no parece ser por su contenido, ni por su forma ni por su contexto, una decisión adoptada por la Comisión en el ejercicio de su competencia para definir las normas de desarrollo de dicho Reglamento, sólo constituye un punto de vista que no vincula a las autoridades nacionales y, por lo tanto, no puede ser considerado como una decisión que pueda afectar a la situación jurídica del demandante. Corresponde al demandante utilizar, en su momento, si las autoridades nacionales comparten la interpretación no vinculante propuesta por la Comisión, las acciones establecidas por el Derecho interno para impugnar ante los órganos jurisdiccionales nacionales las medidas que se hayan adoptado a su respecto y el Juez nacional podrá plantear, en su caso, al Tribunal de Justicia la cuestión de la interpretación o de la validez del Reglamento.

Al añadirse a un recurso principal, prima facie, inadmisible, debe desestimarse la demanda de suspensión de la ejecución de la «decisión» contenida en dicho escrito.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 10 de diciembre de 1996. - Atlanta Handelsgesellschaft Harder & Co. GmbH y Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Organización común de mercados - Plátanos - Recurso de anulación - Inadmisibilidad. - Asunto T-18/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-01669



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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Reglamento por el que se incrementa el contingente arancelario de importación de plátanos en favor de los operadores víctimas de una catástrofe natural

[Tratado CE, art. 173, párr. 4; Reglamento (CE) nº 2791/94 de la Comisión]

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Debe declararse la inadmisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por operadores económicos que ejercen sus actividades en el sector del plátano contra el Reglamento nº 2791/94, relativo a la asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para 1994, como consecuencia de la tormenta Debbie.

En efecto, por una parte, dicho Reglamento constituye un acto normativo de alcance general. Pretende remediar las consecuencias de una catástrofe natural y responde a los objetivos de la Política Agrícola Común relativos a la estabilización del mercado y al mantenimiento de precios razonables en los suministros de plátanos a los consumidores de la Comunidad, puesto que los operadores entre los que se reparte la cantidad adicional añadida al contingente arancelario global se definen de modo objetivo en función de los daños causados por la tormenta de la que han sido víctimas.

Por otra parte, si bien el carácter normativo de un Reglamento no excluye que pueda afectar individualmente, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, a algunos de los operadores económicos interesados, no es éste el caso del Reglamento impugnado. A este respecto, la circunstancia de que las demandantes pertenezcan a una categoría cerrada de operadores que no ha podido acogerse al contingente adicional, debido al tipo de suministros que efectúan en el mercado comunitario, no basta para caracterizarlas en relación con cualesquiera otras personas, puesto que se encuentran en la misma situación que todos los demás operadores, con independencia de la categoría a la que pertenezcan, que tampoco se han beneficiado de él, porque no fueron afectados por la tormenta, y que, además, el Reglamento no ha incidido sobre las cantidades de plátanos que les fueron atribuidas, ni ha vulnerado los derechos específicos de los que eran titulares.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 15 de julio de 1998. - LPN - Liga para Protecção da Natureza y GEOTA - Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e do Ambiente contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Inadmisibilidad. - Asunto T-155/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02751



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Recurso de anulación - Plazo - Inicio del cómputo - Acto no notificado al demandante - Obligación de solicitar el texto íntegro del acto en un plazo razonable una vez conocida su existencia

(Tratado CE, art. 173, párr. 5)

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A efectos del procedimiento del artículo 173 del Tratado, corresponde a quien tiene conocimiento de la existencia de un acto que le afecta, pero que no le ha sido notificado, y cuya anulación pretende, solicitar el texto íntegro del mismo en un plazo razonable. Debe considerarse formulada fuera de todo plazo razonable la solicitud que el interesado presenta más de cuatro meses después de haber tenido conocimiento de la existencia del acto, de forma que el recurso interpuesto a continuación es manifiestamente extemporáneo.
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1 Procedimiento - Costas - Tasación - Objeto

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 91, letra b), y 92, ap. 1]

2 Procedimiento - Costas - Tasación - Elementos que han de tomarse en consideración

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 91, letra b), y 92, ap. 1]

3 Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Parte coadyuvante

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 91, letra b), y 92, ap. 1]

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1 En un procedimiento de tasación de costas, el Juez comunitario no está facultado para tasar los honorarios que las partes adeudan a sus propios Abogados, sino para determinar la cantidad máxima hasta la cual tales retribuciones pueden ser reclamadas a la parte que es condenada en costas. (véase el apartado 21)

2 Puesto que el Derecho comunitario no contiene disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Juez comunitario debe apreciar libremente los datos cuestionados, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario así como las dificultades del asunto, la amplitud del trabajo que el proceso contencioso pudo causar a los Agentes o Asesores que intervinieron y los intereses económicos que el litigio representó para las partes. A este respecto, dicho Juez no está obligado a tener en cuenta un arancel nacional que fije los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus Agentes o Asesores. (véase el apartado 22)

3 En el caso de una demanda de tasación de costas presentada por una parte coadyuvante, es preciso tener en cuenta que, dado que la intervención está subordinada, por definición, a la acción principal, únicamente en casos excepcionales podrá presentar tantas dificultades como ésta. Así, los honorarios del Abogado de la parte coadyuvante no pueden, en principio, ser más elevados que los de la parte principal.

No obstante, cuando la parte principal es una Institución, cuya defensa ha sido encomendada a miembros de su Servicio Jurídico asistidos por un Abogado y el importe de las costas reclamado por dicha Institución incluye únicamente los honorarios del Abogado, sin tener en cuenta las horas de trabajo dedicadas al asunto por sus Agentes, tal importe no es suficientemente representativo de la carga de trabajo ni de las dificultades que el asunto le ha planteado. Por lo tanto, dicho importe no puede servir de referencia para ponderar qué parte de los honorarios de los Abogados de la parte coadyuvante puede considerarse como gastos indispensables. (véanse los apartados 23 y 25)
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Recurso de anulación ° Recurso interpuesto contra un Reglamento por el que se declara el incumplimiento de un compromiso de precios y por el que se establece un derecho antidumping provisional ° Posterior adopción de un Reglamento antidumping definitivo ° Consecuencias sobre el interés para ejercitar la acción

[Tratado CE, art. 173; Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 10, ap. 6]

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Cuando las cantidades cubiertas por el derecho antidumping provisional se han percibido íntegramente en virtud del Reglamento por el que se establece un derecho antidumping definitivo, un importador que haya tenido que abonar dichos derechos no puede invocar ningún efecto jurídico derivado del Reglamento provisional, de manera que, en principio, tal importador ya no tiene interés en impugnar el Reglamento provisional.

El hecho de que el Reglamento provisional de que se trate declare el incumplimiento por el importador de su compromiso de precios y lo denuncie no determina que tal importador tenga un interés en impugnar dicho Reglamento.

En efecto, el papel de la Comisión se integra en el marco del proceso de decisión del Consejo. Según las disposiciones del Reglamento antidumping de base nº 2423/88, la Comisión está encargada de realizar las investigaciones y decidir, a partir de ellas, si pone fin al procedimiento o, por el contrario, si lo prosigue adoptando medidas provisionales y proponiendo al Consejo la adopción de medidas definitivas. No obstante, corresponde al Consejo pronunciarse definitivamente, pudiendo abstenerse de adoptar cualquier decisión si no está de acuerdo con la Comisión o, por el contrario, adoptar una según las propuestas de ésta.

Por consiguiente, la negativa de la Comisión a aceptar una propuesta de compromiso no es una medida que produzca efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del importador de que se trate, dado que la Comisión puede volver sobre su decisión y el Consejo puede decidir no establecer un derecho antidumping, sino que constituye una medida intermedia cuyo objeto es preparar la decisión final y no un acto impugnable.

Asimismo, la circunstancia de que, al menos de forma explícita, el apartado 6 del artículo 10 del Reglamento nº 2423/88 sólo confiera a la Comisión la facultad de decidir si se ha incumplido un compromiso no puede conferir el carácter de acto impugnable a una decisión de denuncia de compromiso.

En cualquier caso, una decisión de denuncia de compromiso tiene, en principio, para los operadores económicos afectados las mismas consecuencias que una decisión de no aceptar una propuesta de compromiso, a saber, el establecimiento de un derecho antidumping provisional. En ambos supuestos sólo se trata de una medida intermedia cuyo objeto es preparar la decisión final que adoptará el Consejo.
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1. Medidas provisionales ° Requisitos de admisibilidad ° Admisibilidad del recurso principal ° Falta de pertinencia ° Límites

(Tratado CE, arts. 185 y 186; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

2. Medidas provisionales ° Modificación de la demanda durante el procedimiento ° Ampliación del alcance de la medida solicitada ° Improcedencia

3. Medidas provisionales ° Requisitos de admisibilidad ° Suspensión de la ejecución ° Demanda de aplazamiento de una medida de prórroga cuya anulación se solicita con carácter principal

(Tratado CE, art. 185)

4. Medidas provisionales ° Suspensión de la ejecución ° Requisitos para su concesión ° Perjuicio grave e irreparable ° Perjuicio económico

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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1. Si bien es cierto que el problema de la admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de que se prejuzgue el fondo del asunto, no es menos cierto que si lo que se plantea es la inadmisibilidad manifiesta del recurso, corresponde al Juez que entiende del procedimiento sobre medidas provisionales comprobar que, a primera vista, el recurso presenta elementos que permiten declarar con cierta probabilidad su admisibilidad.

2. El Juez que entiende del procedimiento sobre medidas provisionales no puede acoger una demanda del demandante formulada durante el procedimiento que, aunque presentada como si tuviera el efecto de reducir el objeto de la demanda, en realidad, corresponde a una ampliación del alcance de la medida inicialmente solicitada.

3. En principio, sólo puede declararse la admisibilidad de una demanda de medidas provisionales si se integra en el marco de la decisión que se pueda adoptar al término del procedimiento principal. No es éste el caso de una demanda de suspensión de la ejecución encaminada a obtener el aplazamiento de una medida de prórroga cuya anulación se solicita en el recurso principal.

4. No se cumple con el requisito para el otorgamiento de la suspensión de la ejecución consistente en la existencia de un riesgo de perjuicio grave e irreparable puesto que la empresa demandante sólo alega un mero perjuicio económico, sin aportar elementos que permitan demostrar que dicho perjuicio puede amenazar su supervivencia y que, en consecuencia, no puede ser íntegramente reparado en el supuesto de que se estime el recurso sobre el fondo del asunto.
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Mediante escrito de 3 de octubre de 1994, la Comisión observó, fundamentalmente, que British Coal no podía exigirle que adoptara una decisión en un sentido determinado y que el hecho de no desestimar una denuncia en el plazo fijado por la empresa objeto de la denuncia no permitía iniciar un procedimiento con arreglo al artículo 35 del Tratado.