ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
En el marco de la interpretación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, para poder extraer consecuencias jurídicas correctas de la inexistencia de cláusulas que excluyan al Sáhara Occidental del ámbito de aplicación territorial del mencionado Acuerdo, el juez de la Unión está obligado a respetar no sólo las reglas de interpretación de buena fe enunciadas en el artículo 31, apartado 1, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de 23 de mayo de 1969, sino también la establecida en el apartado 3, letra c), de dicho artículo, con arreglo a la cual la interpretación de un tratado debe efectuarse teniendo en cuenta toda regla pertinente de Derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes de este tratado.

A este respecto, el principio consuetudinario de libre determinación de los pueblos, recordado, en particular, en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas es, como afirmó la Corte Internacional de Justicia en su dictamen consultivo sobre el Sáhara Occidental, es un principio de Derecho internacional aplicable a todos los territorios no autónomos y a todos los pueblos que no hayan accedido aún a la independencia. Además, es un derecho invocable erga omnes y uno de los principios esenciales del Derecho internacional aplicables a las relaciones entre la Unión y el Reino de Marruecos, cuya consideración se impone al juez de la Unión.

Habida cuenta del estatuto separado y distinto reconocido al territorio del Sáhara Occidental el Acuerdo antes mencionado no puede interpretarse de modo que el Sáhara Occidental esté incluido en su ámbito de aplicación.

(véanse los apartados 86, 88, 89 y 92)
El artículo 42, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), debe interpretarse en el sentido de que, cuando una zona forestal que puede optar a la ayuda Natura 2000 sea en parte propiedad del Estado y en parte propiedad de un particular, deberá tenerse en cuenta la relación entre la superficie de dicha zona que es propiedad del Estado y la que es propiedad del particular para calcular el importe de la ayuda que debe pagarse a este último.

Pues bien, el hecho de que una parte de la parcela de una explotación silvicultora Natura 2000 no esté comprendida en el ámbito de aplicación de la ayuda Natura 2000 debido a que es propiedad del Estado no supone que desaparezca la necesidad de compensar las restricciones de utilización que, como consecuencia de la aplicación de las exigencias establecidas en estas Directivas, afectan a las parcelas de dicha explotación que pertenecen a un particular.

Por consiguiente, excluir completamente del ámbito de aplicación del artículo 42, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 1698/2005 una zona forestal Natura 2000 que es propiedad tanto de un particular como del Estado eliminaría necesariamente la intención compensatoria del sistema de pagos Natura 2000.

(véanse los apartados 27, 28 y 36 y el fallo)
121

En efecto, tal como resulta de sus propios términos, el artículo 6 del Reglamento n.o 479/2009 no tiene por objeto conferir a los Estados miembros la facultad de informar a Eurostat en el caso específico de que revisen datos provisionales tras descubrir una tergiversación en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 1173/2011, sino obligarles de manera general a informar a dicho servicio de todos los casos de revisión importante de datos previamente comunicados. Por lo tanto, obliga a los Estados miembros a informar tanto de los casos de revisión de datos provisionales como de los de revisión de datos reales, con independencia de la facultad conferida al Consejo de imponerles una sanción si los datos controvertidos han sido tergiversados. Así pues, la inclusión de las declaraciones incorrectas de datos provisionales en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 1173/2011 no influye en modo alguno en el alcance del artículo 6 del Reglamento n.o 479/2009.
1

Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación de los artículos 1, punto 1, 7, apartado 1, y 8, apartado 3, de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO 1994, L 135, p. 5), en la redacción que le dio la Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009 (DO 2009, L 68, p. 3) (en lo sucesivo, «Directiva 94/19»), y de los artículos 1, puntos 1 y 4, y 2, apartado 2, de la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores (DO 1997, L 84, p. 22).
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El 20 de junio de 2012, el Presidente de la EUIPO adoptó la Comunicación n.o 2/12, relativa al uso de los títulos de clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y los registros de marcas comunitarias (en lo sucesivo, «Comunicación n.o 2/12»), que derogaba la Comunicación n.o 4/03. El punto V de esa Comunicación establece: «Por lo que respecta a las marcas [de la Unión] registradas antes de la entrada en vigor de la presente Comunicación que hayan utilizado todas las indicaciones generales incluidas en el título de clase de una clase en particular, la [EUIPO] considera que la voluntad del solicitante, a la luz de lo indicado en la anterior Comunicación n.o 4/03, fue comprender todos los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de dicha clase en la edición en vigor en el momento en que se llevó a cabo la presentación.»
4

Además de los entes públicos de radiodifusión, existen en el mercado danés de televisión empresas de radiodifusión. Se trata, en particular, por una parte, de Viasat Broadcasting UK Ltd (en lo sucesivo, «Viasat») y, por otra, del grupo formado por SBS TV A/S y SBS Danish Television Ltd (en lo sucesivo, «SBS»).
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En la medida en que el recurrente pretende impugnar, en este contexto, la constatación efectuada por el Tribunal General según la cual la adopción del principio del estado de necesidad, como se contempla en la propuesta de ICE de que se trata, no afectaría únicamente a la deuda de un Estado miembro frente a la Unión, procede señalar que, antes del presente procedimiento de casación, el recurrente no afirmó en ningún momento que esa propuesta se limitaba únicamente a la deuda del Estado miembro de que se trate frente a la Unión. Además, su alegación se contradice con otras afirmaciones, enunciadas en el recurso de casación, según las cuales mediante esa propuesta se pretende que los Estados miembros que se encuentran en un estado de necesidad puedan lograr la suspensión o la anulación de una parte de su deuda, no sólo frente a la Unión, sino también frente a los demás Estados miembros. En consecuencia, no puede prosperar dicha alegación.
1

Mediante sus recursos de casación, The Tea Board solicita que se anulen las sentencias del Tribunal General de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling) (T‑624/13, EU:T:2015:743), de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling, colección de lencería) (T‑625/13, no publicada, EU:T:2015:742), de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (DARJEELING, colección de lencería) (T‑626/13, no publicada, EU:T:2015:741), y de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling) (T‑627/13, no publicada, EU:T:2015:740) (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias recurridas»), en la medida en que, mediante dichas sentencias, el Tribunal General desestimó parcialmente sus recursos de anulación de las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de 11 y 17 de septiembre de 2013 (asuntos R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 y R 1504/2012-2; en lo sucesivo, «resoluciones controvertidas»), relativas a procedimientos de oposición entre The Tea Board y Delta Lingerie.
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A la vista de las consideraciones precedentes, debe responderse a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 97/67 debe interpretarse en el sentido de que un servicio de envíos postales como el controvertido en el litigio principal no está incluido en el servicio universal si no corresponde a una oferta de servicios postales de calidad determinada prestados de manera permanente en todos los puntos del territorio a precios asequibles para todos los usuarios. La prestación de servicios de envíos postales no incluidos en el servicio universal sólo puede estar sometida a la expedición de una autorización general.
15

El 3 de abril de 2012, la Comisión, en respuesta a la solicitud confirmatoria del [Sr. Breyer] de 13 de julio de 2011, adoptó la decisión con referencia Ares (2012) 399467 (en lo sucesivo, “decisión de 3 de abril de 2012”). Mediante esta decisión, la Comisión resolvió sobre el acceso del [Sr. Breyer], por una parte, a los documentos del expediente administrativo relativo al procedimiento por incumplimiento, citado en el apartado 7 anterior, incoado contra la República de Austria y, por otra parte, a los documentos relativos al procedimiento judicial en el asunto que dio lugar a la sentencia [de 29 de julio de 2010,] Comisión/Austria, […] (EU:C:2010:455). En relación con este último, la Comisión, en particular, denegó el acceso a los escritos presentados por la República de Austria en el citado procedimiento judicial (en lo sucesivo, “escritos controvertidos”), debido a que estos escritos no entraban en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1049/2001. En efecto, en primer lugar, según la Comisión, en virtud del artículo 15 TFUE, apartado 3, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su condición de institución sólo está sujeto a las normas sobre el acceso a los documentos cuando actúa en el ejercicio de sus funciones administrativas. En segundo lugar, la Comisión precisa que los escritos controvertidos estaban dirigidos al Tribunal de Justicia, mientras que la Comisión, como parte en el asunto que dio lugar a la sentencia [de 29 de julio de 2010,] Comisión/Austria […] (EU:C:2010:455), sólo recibió copias. En tercer lugar, la Comisión estima que el artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sólo prevé la comunicación de los escritos relativos a un procedimiento judicial a las partes de ese procedimiento y a las instituciones cuyas decisiones se impugnan. En cuarto lugar, según la Comisión, en su sentencia de 21 de septiembre de 2010, Suecia y otros/API y Comisión (C‑514/07 P, C‑528/07 P y C‑532/07 P, […] EU:C:2010:541), el Tribunal de Justicia no abordó la cuestión de si las instituciones debían conceder el acceso a los escritos de otra parte en un procedimiento judicial. Por ello, respecto a los escritos presentados en el marco de un procedimiento judicial, sólo los escritos de las instituciones, con excepción de los presentados por otras partes, están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1049/2001, precisándose que, si se diera otra interpretación, se eludirían las disposiciones del artículo 15 TFUE y de las normas específicas del Estatuto del Tribunal de Justicia [de la Unión Europea] y del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.»
12

La legea nr. 203/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Ley n.o 203/2012 por la que se modifica y completa el Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 195/2002, sobre la circulación por la vía pública, Monitorul Oficial al României, n.o 760, de 12 de noviembre de 2012), que traspuso al Derecho rumano determinadas disposiciones de la Directiva 2006/126, es aplicable desde el 19 de enero de 2013. Dicha Ley modificó la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 195/2002, sobre la circulación por la vía pública, Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 670, de 3 de agosto de 2006; en lo sucesivo, «OUG n.o 195/2002»), así como el Reglamento de aplicación de dicho Decreto-ley con carácter de urgencia, aprobado mediante la Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 (Decreto del Gobierno n.o 1391/2006, Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 876, de 26 de octubre de 2006).
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En este contexto, la parte demandada en el litigio principal alega que la importante participación de la SUT en el ámbito de la investigación con fines militares en Irán es conocida en la comunidad internacional. A este respecto, señala que la naturaleza de dicha participación llevó al legislador de la Unión a incluir una primera vez, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1264/2012 del Consejo, de 21 de diciembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento n.o 267/2012 (DO 2012, L 356, p. 55), esa Universidad en la lista de las entidades sometidas a medidas restrictivas que figura en el anexo IX del Reglamento n.o 267/2012. Esta inclusión fue anulada por el Tribunal General de la Unión Europea, en su sentencia de 3 de julio de 2014, Sharif University of Technology/Consejo (T‑181/13, no publicada, EU:T:2014:607). El legislador de la Unión ha vuelto a incluir dicha Universidad en la referida lista, mediante el Reglamento de Ejecución n.o 1202/2014. La parte demandada indica que esta nueva inserción está motivada por el vínculo estrecho y acreditado de esa Universidad con el régimen iraní en ámbitos militares o relacionados con éstos.
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El artículo 19 del Reglamento n.o 1393/2007, cuyo epígrafe es «Incomparecencia del demandado», tiene la siguiente redacción: «1. Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido a otro Estado miembro a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones del presente Reglamento, y el demandado no comparece, se aguardará para proveer hasta que se establezca que: a) el documento ha sido notificado o se ha dado traslado del mismo según una forma prescrita por el Derecho interno del Estado miembro requerido para la notificación o traslado de los documentos en causas internas y que están destinados a personas que se encuentran en su territorio, o bien [que] b) el documento ha sido efectivamente entregado al demandado o a su residencia según otro procedimiento previsto por el presente Reglamento, y, en cualquiera de estos casos, sea notificación o traslado, sea entrega, [que] la misma haya tenido lugar en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse. 2. Cada Estado miembro tendrá la facultad de comunicar, de conformidad con el artículo 23, apartado 1, que sus jueces, no obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrán proveer a pesar de no haberse recibido comunicación alguna acreditativa, bien de la notificación o traslado, bien de la entrega, si se dan los requisitos siguientes: a) el documento ha sido remitido según alguno de los modos previstos por el presente Reglamento; b) ha transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el juez apreciará en cada caso particular y que será, al menos, de seis meses, y c) no obstante las diligencias oportunas ante las autoridades competentes o entidades del Estado miembro requerido, no se ha podido obtener certificación alguna. 3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no impedirá que, en caso de urgencia, el juez ordene cualesquiera medidas provisionales o cautelares. 4. Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente debió remitirse a otro Estado miembro a efectos de notificación o traslado según las disposiciones del presente Reglamento y se ha dictado resolución contra el demandado que no haya comparecido, el juez tendrá la facultad de eximir a dicho demandado de la preclusión resultante de la expiración de los plazos del recurso, si se reúnen las condiciones siguientes: a) el demandado, sin mediar culpa de su parte, no tuvo conocimiento en tiempo oportuno de dicho documento para defenderse o de la resolución para interponer recurso, y que b) las alegaciones del demandado aparecen provistas, en principio, de algún fundamento. La demanda tendente a la exención de la preclusión sólo será admisible si se formula dentro de un plazo razonable a partir del momento en que el demandado tuvo conocimiento de la resolución. Cada Estado miembro tendrá la facultad de especificar, de conformidad con el artículo 23, apartado 1, que tal demanda no será admisible si se formula después de la expiración de un plazo de tiempo que habrá de precisar en su comunicación, siempre que dicho plazo no sea inferior a un año, que se computará desde la fecha de la resolución. […]»
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El considerando 27 de la Directiva 2000/78 establece: «El Consejo, en su Recomendación 86/379/CEE, de 24 de julio de 1986, sobre el empleo de los minusválidos en la Comunidad [(DO 1986, L 225, p. 43)], estableció un marco de orientación que enumera ejemplos de acciones positivas para el fomento del empleo y de la formación profesional de los minusválidos, y en su Resolución de 17 de junio de 1999 […] relativa a la igualdad de oportunidades laborales de las personas con minusvalías [(DO 1999, C 186, p. 3)] afirmó la importancia de prestar una atención específica, en particular, a la contratación, al mantenimiento de los trabajadores en el empleo y a la formación y formación permanente de los minusválidos.»
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El artículo 7 de la Directiva 2005/29, titulado «Omisiones engañosas», establece: «1. Se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación, omita información sustancial que necesite el consumidor medio, según el contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa y que, en consecuencia, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. 2. Se considerará también que hay omisión engañosa cuando un comerciante oculte la información sustancial contemplada en el apartado 1, teniendo en cuenta las cuestiones contempladas en dicho apartado, o la ofrezca de manera poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea el adecuado, o no dé a conocer el propósito comercial de la práctica comercial en cuestión en caso de que no resulte evidente por el contexto, siempre que, en cualquiera de estos casos, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. 3. Cuando el medio utilizado para comunicar la práctica comercial imponga limitaciones de espacio o de tiempo, a la hora de decidir si se ha omitido información deberán tenerse en cuenta esas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el comerciante para poner la información a disposición del consumidor por otros medios. […]»
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En particular, el artículo 34 de la LEC, que regula la «cuenta del procurador», dispone, en los apartados 1 y 2, lo siguiente: «1. Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto, podrá presentar ante el Secretario judicial del lugar en que éste radicare cuenta detallada y justificada, manifestando que le son debidas y no satisfechas las cantidades que de ella resulten y reclame. [...] 2. Presentada la cuenta, el Secretario judicial requerirá al poderdante para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación. Si, dentro de dicho plazo, se opusiere el poderdante, el Secretario judicial examinará la cuenta y las actuaciones procesales, así como la documentación aportada y dictará, en el plazo de diez días, decreto determinando la cantidad que haya de satisfacerse al procurador, bajo apercibimiento de apremio si el pago no se efectuase dentro de los cinco días siguientes a la notificación. El decreto a que se refiere el párrafo anterior no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.»
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A tenor del artículo 28 de dicha Decisión Marco, titulado «Disposición transitoria»: «1. Las solicitudes recibidas antes del 5 de diciembre de 2011 seguirán rigiéndose por lo dispuesto en los instrumentos jurídicos vigentes sobre el traslado de condenados. A las solicitudes recibidas después de dicha fecha se les aplicará la normativa adoptada por los Estados miembros en virtud de la presente Decisión Marco. 2. No obstante, cualquier Estado miembro podrá formular, en el momento de la adopción de la presente Decisión marco, una declaración en la que indique que en los casos en los que la sentencia firme haya sido dictada antes de la fecha que especificará, seguirá aplicando, en su calidad de Estado de emisión y de ejecución, los instrumentos jurídicos vigentes sobre el traslado de condenados aplicables antes del 5 de diciembre de 2011. En caso de efectuarse tal declaración, dichos instrumentos se aplicarán en dichos casos por lo que respecta a todos los demás Estados miembros, con independencia de que hayan formulado o no la misma declaración. La fecha de que se trate no podrá ser posterior al 5 de diciembre de 2011. Dicha declaración se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Podrá ser retirada en cualquier momento.»
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La Directiva 2001/42 fue transpuesta al Derecho nacional italiano mediante el decreto legislativo n.o 152 — Norme in materia ambientale (Decreto Legislativo n.o 152, relativo a la normativa medioambiental), de 3 de abril de 2006 (suplemento ordinario de la GURI n.o 88, de 14 de abril de 2006).
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En este contexto, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) a) ¿Se opone el derecho de la Unión, y en particular el artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2004/18 […], a que el derecho nacional obligue a un poder adjudicador a examinar, mediante la aplicación del principio de proporcionalidad, si debe procederse efectivamente a la exclusión de un licitador que ha cometido una falta grave en materia profesional? …b) ¿ Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que el poder adjudicador haya indicado, en las condiciones de la licitación, que la oferta a la que sea aplicable una causa de exclusión será eliminada y no se tendrá en cuenta en el ulterior examen material? 2) Para el caso de que se respondiese negativamente a la primera cuestión[, letra a)]: ¿se opone el Derecho de la Unión a que el órgano jurisdiccional nacional no realice “en su integridad” su examen sobre la base del principio de proporcionalidad, tal como es realizado por un poder adjudicador en el caso concreto, sino que se conforme con un examen (“marginal”) de si el poder adjudicador pudo adoptar razonablemente la decisión de no excluir, no obstante, a un licitador que ha cometido una falta grave en materia profesional en el sentido del artículo 45, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva [2004/18]?»
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El decreto legislativo n.o 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto Legislativo n.o 163, por el que se aprueba el Código de los contratos públicos de obras, servicios y suministros en aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE), de 12 de abril de 2006 (Suplemento Ordinario de la GURI n.o 100, de 2 de mayo de 2006), en su versión modificada por el Decreto‑Ley n.o 70, de 13 de mayo de 2011 (GURI n.o 110, de 13 de mayo de 2011, p. 1), convalidado mediante la Ley n.o 106, de 12 de julio de 2011 (GURI n.o 160, de 12 de julio de 2011, p. 1) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 163/2006»), regula en Italia, en su totalidad, los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos en los sectores de las obras, los servicios y los suministros.