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48.

Por consiguiente, la premisa básica conlleva que el titular introduzca sus bienes con el signo en el mercado correspondiente a los productos, ( 22 ) que en el litigio principal es el de las bebidas no alcohólicas; de no proceder de tal guisa, sus mercancías no se distinguirían de otras. Según llega el refresco WELLNESS-DRINK al consumidor, como obsequio por la compra de prendas de vestir, el adquirente no ejecuta ningún acto consciente de apropiación del líquido embotellado, comparándolo con otros similares y sustituibles, por lo que la marca no se afirma frente a las de los competidores gracias a la preferencia del cliente.
28.

Así, una sociedad matriz francesa que es titular de sus sociedades subfiliales mediante una filial no residente nunca podrá cumplir los requisitos para realizar una «consolidación fiscal». La filial no residente no puede participar en la «consolidación fiscal» al no estar sujeta al impuesto de sociedades en Francia. Con ello, ni la sociedad matriz ni las subfiliales cumplen de ninguna forma el primer requisito, pues, al interponer la sociedad no residente, no forman una «cadena ininterrumpida».
70.

En particular, en el supuesto de que los propios herederos fueran residentes en Bélgica, en el que aparentemente se les aplicaría la misma norma de no deducibilidad en caso de adquisición hereditaria de un bien inmueble de un no residente, cabe perfectamente preguntarse si sería realmente el Estado de residencia del causante quien se encontraría en mejores condiciones para tomar en consideración obligaciones tales como la que aquí se discute. Además, la Comisión ha puesto de relieve que la carga de la prueba de la existencia de la deuda en cuestión recae en cualquier caso en los herederos, con independencia de que el causante a cuyo caudal hereditario pertenecía la deuda fuera o no residente.
El Tribunal de Justicia declaró que la transferencia de los datos de carácter personal incluidos en el registro de nombres de los pasajeros (Passenger Name Records, en lo sucesivo «PNR») al Servicio de aduanas y protección de fronteras del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (United States Bureau of Customs and Border Protection, en lo sucesivo «CBP») constituye un tratamiento que tiene por objeto la seguridad pública y las actividades del Estado en materia penal. Subrayó que la Decisión sobre el carácter adecuado de la protección pretendía no un tratamiento de datos necesario para la realización de una prestación de servicios, sino un tratamiento de datos considerado necesario para proteger la seguridad pública y con fines policiales. Además, se desprende de la sentencia de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist, ( 26 ) que las actividades que se mencionan como ejemplos en el artículo 3, apartado 2, primer guión, de la Directiva 95/46 son, en todos los casos, actividades propias del Estado o de las autoridades estatales y ajenas a la esfera de actividades de los particulares. No obstante, de ello no se desprende, según el Tribunal de Justicia, que, debido al hecho de que los datos de los PNR sean recogidos por operadores privados con fines mercantiles y de que sean éstos quienes organizan su transferencia a un país tercero, dicha transferencia no esté incluida en el ámbito de aplicación de la citada disposición. En efecto, el Tribunal de Justicia señala que esta transferencia se inserta en un marco creado por los poderes públicos y cuyo objetivo es proteger la seguridad pública.
130.

La prohibición de principio establecida en el artículo 92 CE de conceder exoneraciones o reembolsos a las exportaciones en el caso de impuestos directos se justifica por cuanto los impuestos directos no se trasladan al coste de producción y por tanto no se repercuten inmediatamente en el precio del producto, razón por la cual resultaría difícil valorar si las exoneraciones o reembolsos eventualmente concedidos en caso de exportación son proporcionados a la tributación interna que grava ese producto o constituye una subvención fiscal a la exportación. Ese problema no se plantea, en cambio, en el caso de un impuesto que, como el AGL, se exige en el momento de la comercialización del producto. La circunstancia de que, como ha señalado el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 136 de la sentencia recurrida, la cuota del impuesto pueda corresponder al coste medioambiental de extracción de los productos gravados no me parece pertinente y no modifica el hecho de que dicha cuota, por cuanto se aplica sobre una cantidad unitaria del producto con ocasión de su comercialización, puede reflejarse inmediatamente en su precio.
39.

La Directiva 97/13 se enmarca en el esfuerzo de la Comunidad por liberalizar el mercado de las comunicaciones electrónicas, favoreciendo la competencia mediante el expediente de no exigir a los operadores más limitaciones ni más cargas que las imprescindibles, ( 26 ) restringiendo la potestad tributaria de los Estados miembros, constreñidos a no imponer otras exacciones que las previstas por el legislador comunitario. ( 27 ) Intentando implantar, con los principios de transparencia, de no discriminación y de proporcionalidad, la igualdad de todos los concurrentes en la fase más sensible, la de incorporación al sector, para superar el statu quo heredado del pasado, ( 28 ) sólo se podría reclamar a Telecom Italia durante 1998 el canon correspondiente a la antigua concesión, si esta empresa disfrutara de una ventaja que debiera ser contrarrestada y ese pago fuera el único medio capaz de compensarla.
20.

Según mi parecer, en efecto, los datos de los que se discute no se refieren a actividades o medidas que puedan afectar de modo negativo al medio ambiente y, por consiguiente, no están comprendidos tampoco en la segunda categoría de información sobre medio ambiente prevista en la Directiva. No es necesario pronunciarse sobre la cuestión de si la actividad de comercialización de productos alimenticios que contienen organismos modificados genéticamente es idónea para perjudicar el medio ambiente, sino que basta observar que la información solicitada por la Dra. Glawischnig no se refiere directamente a esa actividad, sino a los controles relativos a la misma. En particular, dicha información versa sobre la actividad de control efectuada por las autoridades austríacas con objeto de comprobar el cumplimiento del Reglamento n° 1139/98, actividad que evidentemente no es idónea, en sí, para afectar de modo negativo al medio ambiente.
Conclusiones del Abogado General La Pergola presentadas el 18 de junio de 1998. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica. - Incumplimiento de Estado - Directiva 95/23/CE - No adaptación del Derecho interno en el plazo señalado. - Asunto C-386/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-06127



Conclusiones del abogado general

1. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de noviembre de 1997, la Comisión de las Comunidades Europeas solicitó al Tribunal de Justicia que declarase que la República Helénica había incumplido las obligaciones que le incumbían, al no adoptar dentro del plazo señalado las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 95/23/CE del Consejo, de 22 de junio de 1995, por la que se modifica la Directiva 64/433/CEE relativa a las condiciones sanitarias en producción y comercialización de carnes frescas. (1)

2. El Estado miembro demandado no ha negado las imputaciones formuladas contra ella por la demandante, limitándose a señalar que un Decreto Presidencial que procedía a la adaptación de su ordenamiento interno a la Directiva se hallaba en vías de adopción. Según una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (2) esta última circunstancia no justifica, sin embargo, el incumplimiento.

3. Propongo, en consecuencia, al Tribunal de Justicia que declare fundado el recurso de la Comisión y condene en costas a la República Helénica, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento.

(1) - DO L 243, p. 7.

(2) - Véanse, entre otras, las sentencias de 6 de abril de 1995, Comisión/España (C-147/94, Rec. p. I-1015), y de 20 de marzo de 1997, Comisión/Bélgica (C-294/96, Rec. p. I-1781).
7.

Pronunciándose en última instancia sobre el recurso de que se trata, el Bundesgerichtshof afirmó que la aplicación de la jurisprudencia nacional antes citada habría dado lugar, en el caso de autos, a la anulación del acuerdo impugnado, por no cumplirse los requisitos exigidos. En efecto, según dicho órgano jurisdiccional, los requisitos necesarios para la supresión del derecho de suscripción preferente no tenían aún un carácter lo suficientemente cierto el día en que se celebró la junta general, de forma que ésta no pudo realizar la necesaria ponderación de los intereses en juego. No obstante, el órgano jurisdiccional nacional expresó sus dudas sobre la compatibilidad de esta jurisprudencia con las citadas disposiciones de la Segunda Directiva, en la medida en que impone requisitos más severos que esta última en relación con la legalidad de la supresión del derecho de suscripción preferente (si bien refiriéndose únicamente al supuesto expresamente regulado por la Directiva, es decir, el aumento de capital por aportaciones dinerarias). Por consiguiente, por considerar que el fundamento del recurso dependía de la interpretación de la normativa comunitaria, el Bundesgcrichtshof suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión: «¿Es compatible con la Segunda Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 13 de diciembre de 1976 (77/91/CEE; DO L 26, de 31 de enero de 1977, p. 1; EE 17/01, p. 44), en particular, con los apartados 1 y 4 del artículo 29, basarse en los principios formulados por el Bundesgerichtshof en sus sentencias de 13 de marzo de 1978 (BGHZ 71, 40) y de 19 de abril de 1982 (BGHZ 83, 319) para controlar, desde el punto de vista de su contenido, la legalidad de un acuerdo de la junta general que tiene por objeto un aumento de capital por aportaciones no dinerarias suprimiendo al mismo tiempo el derecho de suscripción preferente de los accionistas?» ( 9 )
97.

No procede seguir este argumento. La Directiva impone a los Estados miembros velar por que los organismos de radiodifusión televisiva que dependan de su competencia se ajusten a la legislación del Estado miembro de origen y a las disposiciones de la Directiva. Según se enuncia en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva, los Estados miembros deben cumplir tal obligación «con los medios adecuados» a tal fin, el Estado miembro de origen no está obligado a someter a autorización la actividad del organismo de radiodifusión de que se trate (aunque puede hacerlo). Puede renunciar a ello cuando pueda garantizar, por otra vía, la observancia de la normativa nacional y de la Directiva. Así se deduce del decimotercer considerando de la Directiva, según el cual, se deja a los Estados miembros la tarea de regular la cuestión de los «sistemas de concesión o de autorización administrativa». Del contexto se infiere claramente que en este punto se trata en todo caso del Estado miembro de origen y no del Estado miembro de recepción. Al exigir que el Estado miembro de origen dé su autorización, el apartado 2 del artículo 10 del Decreto de 4 de mayo de 1994 no es, por consiguiente, compatible con la Directiva. Las normas adoptadas por el legislador comunitario en el sector bancario carecen de incidencia en el sector que aquí nos ocupa. Las consideraciones que, con carácter manifiestamente subsidiario, formula la parte demandada al exponer que, en este punto, el concepto de «aprobación» no debe entenderse en su acepción estricta no me parecen convincentes, dado el tenor de la disposición. Carecen asimismo de pertinencia los motivos de la parte demandada cuando mantiene que, en todo caso, las disposiciones de la Directiva no se infringen, por cuanto el marco jurídico no era claro al respecto. Aun cuando, en contra de la opinión que mantengo hubiera sido así, ello no alteraría en nada el hecho del incumplimiento. En efecto, basta que el Estado miembro de que se trate haya incumplido objetivamente sus obligaciones; el comportamiento culposo carece aquí de toda transcendencia.
20.

Es evidente que el Tribunal de Justicia, cuya competencia en el marco del presente procedimiento prejudicial se limita a la interpretación de las disposiciones comunitarias pertinentes, no puede, además, proceder a aplicar las disposiciones de la Sexta Directiva que debe interpretar al litigio concreto pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente. ( 11 ) En consecuencia, no procede responder a la tercera cuestión prejudicial, mediante la que se plantea al Tribunal de Justicia lo anterior, máxime cuando, como antes he mencionado, sólo se puede establecer si una actividad determinada se ejerce o no con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo después de haber apreciado los hechos del asunto en su conjunto. ( 12 ) No obstante, para facilitar la tarea del Juez nacional, el Tribunal de Justicia deberá indicar en su respuesta a la segunda cuestión prejudicial que los elementos de hecho mencionados en la tercera cuestión, debido a su carácter objetivo, deben clasificarse entre aquellos que dicho Juez puede apreciar conjuntamente con otros (como, por ejemplo, la falta de publicidad), con el fin de verificar si la actividad controvertida constituye una «actividad económica» en el sentido de la Sexta Directiva. Sin embargo, deberá indicar paralelamente que la clientela reducida o los ingresos módicos o insignificantes no pueden, por sí solos, llevar a la conclusión de que no existe el objetivo de la obtención de ingresos continuados en el tiempo. Estos hechos pueden significar simplemente que el objetivo existía, pero que no pudo realizarse, lo que es indiferente para la aplicación de las disposiciones pertinentes en este asunto; como resulta sin ambigüedades del apartado 1 del artículo 4 de la Sexta Directiva, para definir el concepto de «actividad económica» no hay que tener en cuenta los resultados de dicha actividad.
9.

La demandada alega además que los gastos administrativos superan el beneficio fiscal que puede obtener. Sin embargo, semejante argumentación no constituye una razón válida para no aplicar correctamente las disposiciones contenidas en la Sexta Directiva del IVA. En realidad, las normas de que se trata no pueden ser objeto de aplicación discrecional por parte de los Estados miembros. Se trata de disposiciones que, a efectos del artículo 189 del Tratado, imponen la obligación de adaptar a las mismas el ordenamiento jurídico interno. Según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, los Estados miembros deben cumplirlas puntualmente incorporando sus normas, cuando sea necesario, en su propio ordenamiento jurídico. En cuanto a la alegación que formula la demandada en relación con la propuesta de modificación de la Sexta Directiva del IVA, no puede, por lo demás, tener ninguna trascendencia en el presente contexto dado que se trata de consideraciones cuya validez, en su caso, sólo es de iure condendo. No es posible admitir que los inconvenientes que para algún Estado miembro o particular, en su caso, se deriven de las disposiciones de Derecho comunitario autoricen a la Comisión y a los Estados miembros a inaplicar dichas disposiciones sin utilizar los procedimientos previstos para derogar por vía normativa o revisar por la vía jurisdiccional las normas vigentes.
30.

¿Debe considerarse de otro modo cuando las mercancías se importan en la Comunidad conforme al régimen de perfeccionamiento activo? En mi opinión no es este el caso. Los objetivos del régimen de perfeccionamiento activo sustentan la conclusión de que el interés de demora no es una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana. La finalidad que subyace a dicho régimen, tanto si está establecido a escala nacional como a escala comunitaria es garantizar que los obstáculos arancelarios concebidos para proteger un mercado nacional no surtan el efecto de crear dificultades a la industria exportadora. En particular, el objetivo del régimen de perfeccionamiento activo estriba en garantizar que un exportador que utilice productos procedentes de terceros países con el fin de fabricar productos destinados a la exportación no resulte discriminado internacionalmente, dándole la posibilidad de adquirir tales productos en las mismas condiciones que las empresas de terceros países. ( 30 ) Resulta patente que el objetivo del régimen de perfeccionamiento activo no es permitir que un exportador despache a libre práctica en la Comunidad productos procedentes de terceros países sin pagar en su totalidad las exacciones reguladoras de la importación establecidas por el Reglamento, cuya finalidad es proteger los mercados agrícolas comunitarios.
15.

Sin embargo, los hechos del presente caso no son comparables con los del caso Lohmann. El caso de autos no versa sobre las consecuencias de un derecho en virtud de un régimen especial de funcionarios o de personal asimilado a efectos de aplicabilidad del Reglamento no 1408/71. Por el contrario, consta que la Sra. Olivieri-Coenen no tiene derecho a tales prestaciones en virtud de la Pensioenwet de 1922 ni en virtud de la ABPW. Aquí sólo se trata de saber si un período en el que la demandante en el litigio principal estaba sometida a la Pensioenwet de 1922 debe ser considerado como período de empleo con arreglo a la disposición controvertida y si, por tanto, puede ser computado para calcular la pensión proporcional de invalidez de conformidad con el Derecho neerlandés. Una respuesta afirmativa a esta cuestión no es, en absoluto, contraria al apartado 4 del artículo 4 del Reglamento no 1408/71. Procede señalar una vez más que la Sra. Olivieri-Coenen, al final del período transitorio de la ABPW, en 1971, ya no tenía tal derecho en virtud de un régimen especial para funcionarios y personal asimilado. La demandante en el litigio principal se encuentra, pues, en una situación como si nunca hubiera estado sometida a las disposiciones de la Pensioenwet de 1922. Dado que de las disposiciones existentes se puede deducir esta conclusión, no es preciso, pues, que el legislador modifique previamente el apartado 4 del artículo 4, tal como opina la parte demandada en el litigio principal.
17.

La inserción, por medio de la Directiva modificadora, del apartado 5 del artículo 4 hubiera sido superflua por lo demás, como subraya la Comisión, si del principio mismo de la Directiva no se derivara que los medicamentos veterinarios no homologados no pueden ser importados ni administrados en las situaciones contempladas en el apartado 5. Esta disposición se muestra expresamente, en efecto, como una (nueva) excepción al principio definido en el apartado 3, como lo muestra el empleo de los términos «no obstante lo dispuesto en el apartado 3». El hecho de que, como excepción al apartado 3, el apartado 5 prevea expresamente los requisitos para que un médico veterinario que ejerza fuera de las fronteras de su país de establecimiento pueda llevar y administrar los medicamentos veterinarios homologados en su país de establecimiento, pero no en el Estado miembro anfitrión, implica —y precisa— por ello mismo que semejante importación de medicamentos no homologados está por otra parte prohibida, de acuerdo con el principio que establecen el párrafo primero del apartado 1 y el párrafo primero del apartado 3 del artículo 4 de la Directiva, en su versión resultante de la Directiva modificadora, que, por lo demás, corresponde exactamente al texto de la formulación anterior de los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Directiva.
21.

Pero aún hay más. Si bien es verdad, como se ha indicado, que el funcionamiento del régimen está sujeto al control de la autoridad pública, no es menos verdad que dicho control no es total, al menos en lo que atañe al modo de cálculo de las cotizaciones. En efecto, la cuantía de las cotizaciones, y, por ende, de las prestaciones, depende también de la elección del asegurado (si bien limitada a dos únicas opciones). No me parece que tal posibilidad corresponda exactamente al rígido marco normativo que el Tribunal de Justicia puso de relieve en los regímenes de previsión social sobre los que versaba el asunto Poucet y Pistre.
3.

El Gobierno helénico admite su obligación de adaptar el Derecho griego a la Directiva de que se trata y no haber procedido a ello dentro del plazo fijado por la Directiva. En cambio, en el escrito que presentó ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno señaló que, a partir de su escrito de 7 de abril de 1994 dirigido a la Comisión, le había señalado una serie de dificultades en el marco de la adaptación de su ordenamiento jurídico a la Directiva, debidas, por una parte, a la naturaleza de la Directiva y por otra parte, a la inexistencia de un marco jurídico en Derecho griego que organice el sector de las telecomunicaciones, razón por la que el Ministro competente había creado un grupo de trabajo especial encargado de examinar todos los aspectos de esta problemática. Por otra parte, el Gobierno helénico indicó que el grupo de trabajo especial había transmitido a la Comisión, en mayo de 1994, un proyecto de Orden Ministerial destinado a adaptar el Derecho griego a la Directiva. La razón por la que el proyecto de Orden Ministerial aún no se hubiera publicado en el Boletín Oficial de la República Helénica era que aún no se había aplicado ninguna ley que estableciera el marco jurídico necesario para regular el sector de las telecomunicaciones. No obstante, el Parlamento griego adoptó entre tanto dicha ley y se encuentra en fase de publicación. Inmediatamente después de la publicación de la Ley-marco, el Ministro competente establecería las normas antes citadas con el fin de aplicar la Directiva 92/44.
3.

La Comisión alega que de las citadas disposiciones se deduce que éstas imponen a los nacionales extranjeros (incluyendo a los nacionales de otros Estados miembros), unos requisitos más rigurosos que a los nacionales griegos para su contratación por parte de las escuelas privadas de lenguas extranjeras. Para contestar a una cuestión formulada por el Tribunal de Justicia, la Comisión señaló además que el artículo 70 del Decreto-ley no 2545/1940 obliga al personal docente de las escuelas privadas a tener las mismas calificaciones específicas que las exigidas para ocupar un puesto equivalente en la enseñanza pública. Conforme al apartado 1 del artículo 18 del Decreto Presidencial no 611/27/6-15/7/1977, relativo, entre otras materias, a la selección de los funcionarios del Estado y de otros organismos públicos, incluyendo las escuelas, nadie puede ser nombrado funcionario si no posee la nacionalidad griega. La Comisión se remite a este respecto a la respuesta del Gobierno helénico a la pregunta formulada por el Tribunal de Justicia en el asunto 147/86, ( 2 ) en la que el Gobierno confirma la exigencia —conforme a las normas antes citadas— de la nacionalidad griega para el personal docente de las escuelas privadas.
35.

Aunque el Parlamento solicitó al Tribunal de Justicia que anulara el Reglamento en su totalidad, y tan sólo con carácter subsidiario que anulara el considerando quinto, el inciso ii) del punto 4 de la Parte A y el inciso ii) de la Parte B del Anexo VI, todas las alegaciones del Parlamento se refieren a los MOMG y ninguna de ellas a ninguna otra de las sustancias relacionadas en el Anexo. Puesto que el Parlamento no esgrimió argumentación alguna para fundamentar su pretensión de que se anulara el Reglamento en su integridad, no es necesario considerar tal extremo. ( 15 ) Así pues, el contenido del recurso se circunscribe a la anulación del Reglamento en la medida en que regula los MOMG. Además, el Parlamento hizo constar claramente en su recurso que pretende la anulación del Reglamento en la medida en que incluye a los MOMG en la lista de sustancias permitidas en la producción ecológica. Tan sólo en la réplica sugirió el Parlamento que violaba sus prerrogativas el procedimiento mediante el que la Comisión decidió si los MOMG se podían admitir o no en la producción ecológica. Como se verá más adelante, no resulta necesario considerar cualesquiera consecuencias procesales prácticas de esa ampliación de los motivos del Parlamento, ya que, en mi opinión, no afectan al resultado del proceso.