Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso por incumplimiento - Procedimiento administrativo previo - Objeto - Dictamen motivado - Contenido

[Tratado CE, art. 169 (actualmente art. 226 CE)]

2 Recurso por incumplimiento - Procedimiento administrativo previo - Objeto - Plazos señalados al Estado miembro - Obligación de señalar plazos razonables - Criterios de apreciación

[Tratado CE, art. 169 (actualmente art. 226 CE)]

3 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras - Directiva 89/665/CEE - Procedimiento que permite a la Comisión intervenir con carácter preventivo en caso de infracción clara y manifiesta de las disposiciones comunitarias en materia de adjudicación de contratos - Procedimiento que no guarda relación con el procedimiento por incumplimiento del artículo 169 del Tratado (actualmente artículo 226 CE)

[Tratado CE, art. 169 (actualmente art. 226 CE); Directiva 89/665/CEE del Consejo]

4 Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Infracción de disposiciones comunitarias por un poder adjudicador controlado y financiado por una entidad federada de un Estado de estructura federal - Infracción imputable al Estado

[Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 1, letra b)]

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1 Puesto que el objeto de un recurso interpuesto al amparo del artículo 169 del Tratado (actualmente artículo 226 CE) está delimitado por el procedimiento administrativo previo previsto en dicha disposición, el recurso no podrá fundarse en imputaciones distintas de las indicadas en el dictamen motivado de la Comisión. Por lo que se refiere a estos últimos, la Comisión no esté obligada a indicar las medidas que permiten eliminar el incumplimiento imputado; sin embargo, debe indicar específicamente al Estado miembro interesado la necesidad de adoptar una determinada medida si se propone convertir la falta de adopción de dicha medida en el objeto de su recurso por incumplimiento.

2 En el marco del recurso por incumplimiento, la finalidad del procedimiento administrativo previo es dar al Estado miembro interesado la ocasión, por una parte, de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario y, por otra, de formular adecuadamente las alegaciones que, en su defensa, estime pertinentes frente a las imputaciones de la Comisión.

Este doble objetivo obliga a la Comisión a señalar un plazo razonable para que los Estados miembros puedan contestar al escrito de requerimiento y atenerse al dictamen motivado o, en su caso, preparar su defensa. Para determinar si un plazo señalado es razonable, es preciso tener en cuenta todas las circunstancias que caracterizan la situación de que se trate. Por tanto, unos plazos muy cortos pueden estar justificados en situaciones especiales, sobre todo cuando sea urgente remediar un incumplimiento o cuando el Estado miembro interesado tenga pleno conocimiento del punto de vista de la Comisión mucho antes del comienzo del procedimiento.

3 El procedimiento a través del cual la Comisión podrá, con arreglo a la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministro y de obras, dirigirse contra un Estado miembro si considera que se ha cometido una infracción clara y manifiesta de las disposiciones comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos, constituye una medida preventiva que no puede contravenir ni sustituir las competencias que corresponden a la Comisión en virtud del artículo 169 del Tratado (actualmente artículo 226 CE). De lo anterior resulta que el régimen aplicable a dicho procedimiento particular no puede afectar a la admisibilidad de un recurso presentado sobre la base de dicho artículo.

4 Puede considerarse a un Estado miembro de estructura federal responsable del comportamiento de un poder adjudicador en el sentido del artículo 1, letra b), de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, poder adjudicador cuyas actividades controla y financia en su totalidad una entidad federada de dicho Estado. En efecto, las disposiciones comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos quedarían privadas de efecto útil si el comportamiento de tal poder adjudicador no fuera imputable al Estado miembro de que se trate.