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21

Por otro lado, según el órgano jurisdiccional remitente, no es posible aplicar válidamente un criterio proporcional desde una perspectiva contributiva en relación con el mecanismo de cobertura de lagunas de cotización en la medida en que éste no obedece a una lógica contributiva —como lo demuestra el que las lagunas se cubren con bases de cotización fijas que no dependen de las cotizaciones realizadas—, sino que pretende corregir las disfunciones de tomar en consideración un período de cálculo de la base reguladora fijado con antelación. A su parecer, en el caso de autos, la Sra. Cachaldora Fernández se vio perjudicada por haber trabajado a tiempo parcial y haber pagado cotizaciones en lugar de permanecer inactiva y no cotizar, puesto que ello redujo el importe de su pensión de incapacidad permanente.
92

El Reino Unido alega que la opinión de una autoridad nacional competente no equivale a una afirmación del Consejo, que las afirmaciones invocadas por EIH estaban formuladas en términos generales y no constituían una garantía suficientemente concreta y específica que indicara que las operaciones realmente efectuadas por EIH eran legales, que un operador económico no puede invocar una confianza legítima basada en garantías que no sean conformes con las normas aplicables y, por último, que las disposiciones de los Reglamentos no 423/2007 y no 961/2010 no adolecían de ambigüedad.
102

Mediante la cuarta parte de su tercer motivo, las sociedades Dole alegan que el Tribunal General cometió un error de Derecho al no examinar su argumento conforme al cual los empleados de Chiquita y DFFE no podían intercambiar información importante sobre las tendencias de los precios de referencia, porque no tenían la facultad de fijar los precios en última instancia, extremo que la Comisión no puso en cuestión. Según las sociedades Dole, este hecho implica que todas estas conversaciones no podían reducir suficientemente la incertidumbre como para permitir una coordinación de los precios de referencia. Así, contrariamente a lo que consideró el Tribunal General, no se limitaron a alegar que el comportamiento de los empleados implicados en estos intercambios no podía ser imputado a su sociedad.
18

En estas circunstancias, el Centrale Raad van Beroep decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) a) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, y en particular el artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 1612/68, en el sentido de que se opone a que el Estado miembro de [la Unión Europea] (a saber, el Reino de los Países Bajos) ponga fin al derecho a la financiación de unos estudios cursados fuera de la Unión […] por un hijo mayor de edad a cargo de un trabajador fronterizo con nacionalidad neerlandesa que reside en Bélgica y que trabaja parcialmente en los Países Bajos y parcialmente en Bélgica en el momento en que se interrumpe el trabajo fronterizo y se desarrollan exclusivamente actividades en Bélgica, debido a que el hijo no cumple el requisito de haber residido en los Países Bajos cuando menos tres de los seis años anteriores a su inscripción en el centro de enseñanza de que se trate? b) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a), ¿se opone el Derecho de la Unión a que, suponiendo que se cumplen los demás requisitos de la financiación de estudios, se conceda tal financiación de estudios para un período más corto que la duración de los estudios para los que se ha concedido la financiación? Si, en la respuesta a la primera cuestión, letras a) y b), el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que la normativa relativa al derecho a la libre circulación de los trabajadores no se opone a que desde noviembre de 2008 a junio de 2011, o para una parte de dicho período, no se conceda una financiación de estudios a la Sra. Martens: 2) ¿Deben interpretarse los artículos 20 TFUE y 21 TFUE en el sentido de que se oponen a que el Estado miembro de la Unión (a saber, el Reino de los Países Bajos) no prorrogue la financiación de unos estudios cursados en un centro de enseñanza establecido en un país y territorio de ultramar [«PTU»] (en el presente caso, en Curaçao), a la cual tiene derecho porque el padre de la interesada trabajaba en los Países Bajos como trabajador fronterizo, debido a que la interesada no cumple el requisito aplicable a todos los ciudadanos de la Unión, incluidos sus propios nacionales, de haber residido en los Países Bajos durante al menos tres de los seis años anteriores a su inscripción para cursar tales estudios?»
38

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44 debe interpretarse en el sentido de que un óvulo humano no fecundado que ha sido estimulado mediante partenogénesis para dividirse y desarrollarse no constituye un «embrión humano» en el sentido de dicha disposición si, a la luz de los conocimientos científicos actuales, no dispone, como tal, de la capacidad intrínseca para convertirse en un ser humano, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 18 TFUE, 34 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE, así como del artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letras c) y d), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1177/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009 (DO L 314, p. 64) (en lo sucesivo, «Directiva 2004/18»).
8

El artículo 1 del Reglamento (CE) no 1255/96 del Consejo, de 27 de junio de 1996, por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del Arancel Aduanero Común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca (DO L 158, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2264/2002 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002 (DO L 350, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1255/96»), establecía que los derechos autónomos del Arancel Aduanero Común relativos a los productos enumerados en su anexo quedaban suspendidos al tipo de derechos de aduana indicado respecto a cada uno de ellos. Según dicho anexo, los productos correspondientes a la subpartida 8543 90 80 no eran objeto de derechos de aduana. Se mencionaban, en especial, los ensamblados de productos del no 8541 o del no 8542 montados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula. El Reglamento no 1255/96 fue derogado por el Reglamento (UE) no 1344/2011 del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, por el que se suspenden los derechos autónomos del Arancel Aduanero Común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1255/96 (DO L 349, p. 1). Sin embargo, el Reglamento no 1255/96 sigue siendo aplicable a circunstancias como las del asunto principal.
24

La admisibilidad de un medio de prueba de este tipo, incluso en el supuesto de que éste sea relevante o incluso determinante para la resolución del litigio de que se trate, no puede cuestionarse por el mero hecho de que dicho medio de prueba no sea plenamente verificable ni por la parte afectada ni por el tribunal que conoce del asunto, como parece suceder en lo que respecta a los resultados de análisis del laboratorio estadounidense en el litigio principal. En efecto, aunque en tal supuesto la parte afectada no pueda verificar plenamente la exactitud de dichos resultados de análisis, no se encuentra en una situación similar a la del asunto que dio lugar a la sentencia ZZ (EU:C:2013:363), en la que tanto la autoridad nacional interesada como el tribunal ante el que se interpuso recurso contra la resolución adoptada por esta última se negaban, aplicando la normativa nacional controvertida en ese asunto, a comunicar al interesado, con precisión y por extenso, los motivos que constituían el fundamento de la resolución adoptada con respecto a él.
6

El artículo 40, apartado 1, letra b), del anexo del Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 (anexo de la Orden no 592/2008 del Presidente de la Caja nacional del seguro de enfermedad), de 26 de agosto de 2008, por el que se aprueban las condiciones de utilización, en el marco del régimen del seguro de enfermedad rumano, de los formularios emitidos en aplicación del Reglamento no 1408/71, así como del Reglamento no 574/72 (Monitorul Oficial al României, parte I, no 648, de 11 de septiembre de 2008), modificado por la Orden no 575/2009 (Monitorul Oficial al României, parte I, no 312, de 12 de mayo de 2009, con rectificación publicada en el Monitorul Oficial al României, parte I, no 461, de 3 de julio de 2009), establece: «El formulario E 112 está destinado a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y a los miembros de sus familias autorizados por la institución competente para acudir a otro Estado miembro con el fin de recibir asistencia médica.»
6

Los considerandos duodécimo a decimocuarto y vigesimocuarto de la Directiva 93/13 están así redactados: «Considerando no obstante que en el estado actual de las legislaciones nacionales sólo se puede plantear una armonización parcial; que, en particular, las cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, dentro del respeto del [Tratado CE], de garantizar una protección más elevada al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la presente Directiva; Considerando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo; Considerando, sin embargo, que los Estados miembros deben velar por que en ellas no figuren dichas cláusulas abusivas […]; […] Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores».
11

El hof van beroep te Antwerpen señala asimismo que el rendimiento de los bienes no arrendados, situados en Bélgica, se determina sobre la base de la renta catastral y que un hipotético rendimiento inmobiliario se determina de manera similar en Francia. No obstante, de conformidad con el artículo 7 del CIR 92, el rendimiento de los bienes inmuebles no arrendados, pero situados en un Estado distinto a Bélgica, se determinará en función de su valor arrendaticio. La renta catastral belga y la renta catastral francesa son comparables, pero la renta catastral es, por regla general, inferior al valor arrendaticio.
15

Con carácter previo los Sres. Torresi mantienen que el Consiglio Nazionale Forense no es un órgano jurisdiccional y por tanto no está facultado para plantear una petición de decisión prejudicial en virtud del artículo 267 TFUE. En particular, el Consiglio Nazionale Forense sólo ejerce funciones jurisdiccionales cuando actúa en asuntos disciplinarios, pero no en materia de inscripción en el registro de un colegio de abogados, materia en la que sólo ejerce una función meramente administrativa. Así pues, cuando el Consiglio Nazionale Forense conoce de un asunto en virtud del artículo 6, apartado 8, del Decreto Legislativo no 96/2001, debe resolver sobre la inscripción en su calidad de órgano administrativo jerárquicamente superior al colegio de abogados local que no se haya pronunciado en el plazo previsto por el apartado 6 del mismo artículo.
21

La capacidad general de un signo para constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva no 40/94 no implica, sin embargo, que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo, con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado el registro [véanse, en lo que atañe a los artículos 4 y 7 del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), cuyo contenido corresponde al de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95, las sentencias Henkel/OAMI, C‑456/01 P y C‑457/01 P, EU:C:2004:258, apartado 32, y OAMI/BORCO‑Marken‑Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, apartado 29].
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO L 134, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) no 84/2011 del Consejo, de 31 de enero de 2011 (DO L 28, p. 17), y por el Reglamento (UE) n ° 588/2011 del Consejo, de 20 de junio de 2011 (DO L 161, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 765/2006»).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), según su modificación por la Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo de 1996 (DO L 135, p. 32; en lo sucesivo, «Directiva 75/442»), y de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197, p. 30).
14

El artículo 450 del referido Código, en su versión modificada por la loi no 96-314, du 12 abril 1996, portant divers dispositions d’ordre économique et financier (Ley no 96-314, de 12 de abril de 1996, por la que se adoptan distintas disposiciones en materia económica y financiera) (JORF de 13 de abril de 1996, p. 5707), dispone lo siguiente: «1. Cuando, después del despacho en aduana de las mercancías, surjan controversias relativas a la naturaleza, el origen o el valor de las mercancías con motivo de inspecciones e investigaciones efectuadas en las condiciones previstas en los artículos 63 ter, 65 y 334 supra: a) cualquiera de las partes podrá, en los dos meses siguientes a la notificación del acto administrativo por el que se declare la infracción, solicitar el dictamen de la commission de conciliation et d’expertise douanière […]; […] d) en caso de que se inste un procedimiento judicial, las conclusiones emitidas por la commission de conciliation et expertise douanière en el marco de la consulta indicada en las letras a y b del presente artículo serán aportadas a los autos por el presidente de dicha Comisión. 2. En todos los supuestos en que se inste un procedimiento judicial, con independencia de que se haya formulado o no una consulta previa a la commission de conciliation et d’expertise douanière, el peritaje judicial que el órgano jurisdiccional competente ordene, en su caso, para pronunciarse sobre el litigio aduanero se encargará a dicha Comisión.»
26

En estas circunstancias, el Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) .¿Se oponen los artículos 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 y 8.2, de la [Ley 10/2012] al artículo 47 de la [Carta] en cuanto no permiten al órgano jurisdiccional interno la posibilidad: a) de modulación de las tasas judiciales o de apreciación de razones de proporcionalidad (en la justificación del Estado en imponer las tasas y en la cuantía establecida de las mismas como obstáculo de acceso a la tutela judicial efectiva) para su exención; b) de tener en cuenta el principio de efectividad de aplicación de normas del Derecho de la Unión; c) de apreciar la importancia del proceso para las partes atendidas las circunstancias; y sin cuyo abono no se da trámite al recurso de suplicación presentado? 2) ¿Se oponen los artículos 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 y 8.2, apartado 2, de la [Ley 10/2012] al artículo 47 de la [Carta] en cuanto es de aplicación a un procedimiento especial como es el ámbito social de la jurisdicción, donde es habitual la aplicación del Derecho de la Unión, como elemento fundamental de un desarrollo económico y social equilibrado en la [Unión Europea]? 3) Y en el sentido de las cuestiones anteriores, ¿podría un órgano jurisdiccional como el que remite la cuestión inaplicar una normativa como la cuestionada que no permitiera al órgano jurisdiccional interno la posibilidad: a) de modulación de las tasas judiciales o de apreciación de razones de proporcionalidad (en la justificación del Estado en imponer las tasas y en la cuantía establecida de las mismas como obstáculo de acceso a la tutela judicial efectiva) para su exención; b) de tener en cuenta el principio de efectividad de aplicación de normas del Derecho de la Unión; c) de apreciar la importancia del proceso para las partes atendidas las circunstancias; y sin cuyo abono no se da trámite al recurso de suplicación presentado?»
14

Según el artículo 5 del lovbekendtgørelse nr. 1047 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (Texto Refundido no 1047, para la aplicación del Reglamento europeo relativo a las mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos), de 20 de octubre de 2005: «[1.] En caso de adopción de una medida en virtud del artículo 9 del [Reglamento aduanero], el destinatario de las mercancías podrá solicitar al tribunal que determine si se cumplen los requisitos previstos en ese artículo para la suspensión del levante de las mercancías previstas en ese artículo. El tribunal podrá ordenar el levante de las mercancías. 2. El destinatario de las mercancías no podrá recurrir ante una autoridad administrativa superior la decisión adoptada por la administración aduanera y tributaria de suspender la concesión del levante de las mercancías.»
En un procedimiento administrativo en materia de competencia, la utilización de la lengua prevista en el artículo 3 del Reglamento n.o 1 no es una forma sustancial en el sentido del artículo 263 TFUE, cuya inobservancia afecte necesariamente a la regularidad de cualquier documento dirigido a una persona en otra lengua. En efecto, si una institución dirige a una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro un texto que no está redactado en la lengua de ese Estado, esa forma de actuar sólo vicia el procedimiento si de ella se derivan consecuencias perjudiciales para esa persona en el marco del procedimiento administrativo.

(véase el apartado 36)
La distinción entre prestaciones excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y prestaciones incluidas en él no se basa en el hecho de que una prestación sea o no calificada como prestación de seguridad social por una legislación nacional, sino esencialmente en los elementos constitutivos de cada prestación, y principalmente en su finalidad y en los requisitos para obtenerla.

Una prestación podrá considerarse como prestación de seguridad social en la medida en que, al margen de cualquier apreciación individual y discrecional de las necesidades personales de sus beneficiarios, se conceda a éstos en función de una situación legalmente definida, y en la medida en que esté en relación con alguna de las contingencias expresamente enumeradas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento mencionado.

(véanse los apartados 46 y 47)
La Directiva 1999/44, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional que conoce de un litigio relativo a un contrato que puede entrar dentro del ámbito de aplicación de esta Directiva tiene la obligación, siempre que disponga de los datos jurídicos y fácticos necesarios a estos efectos o pueda disponer de ellos a simple requerimiento de aclaración, de comprobar si el comprador puede tener la condición de consumidor en el sentido de dicha Directiva, aunque este último no la haya alegado expresamente.

En efecto, las modalidades procesales que no permitieran ni al juez de primera instancia ni al de apelación, cuando conocen de una demanda sobre obligaciones de garantía basada en un contrato de compraventa, calificar, conforme a los datos jurídicos y fácticos de los que disponen o de los que pueden disponer mediante un simple requerimiento de aclaración, la relación contractual de que se trate de venta al consumidor, cuando este último no se haya atribuido expresamente esta condición, equivaldrían a imponer al consumidor la obligación de efectuar él mismo, si no quiere verse privado de los derechos que el legislador de la Unión ha querido conferirle a través de la Directiva 1999/44, una calificación jurídica completa de su situación.

De ello resulta que modalidades de este tipo no serían conformes con el principio de efectividad en la medida en que, en el ejercicio de acciones sobre obligaciones de garantía basadas en una falta de conformidad en las que son partes los consumidores, podrían hacer excesivamente difícil la aplicación de la protección que la Directiva 1999/44 pretende conferir dichos consumidores.

(véanse los apartados 44, 45 y 48 y el punto 1 del fallo)
Los criterios de apreciación del carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, de las marcas tridimensionales, constituidas por la forma del propio producto, no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. No obstante, en el ámbito de la aplicación de dichos criterios, la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa.

En estas circunstancias, cuanto más se acerque la forma cuyo registro se solicita a la forma más probable que tendrá el producto de que se trata, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo. Sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos de la citada disposición.

De lo anterior se deduce que, cuando la marca tridimensional es la forma del producto para el que se ha solicitado el registro, el mero hecho de que esa forma sea una «variante» de una de las formas habituales de este tipo de productos no basta para demostrar que dicha marca no carece de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009. Es preciso verificar siempre si una marca de esta índole permite que el consumidor medio de dicho producto, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinga el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar especial atención.

(véanse los apartados 90 a 92)