El Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir la apreciación de las calificaciones de los candidatos efectuada por esta última autoridad por la suya propia. El examen que debe realizar se limita a la cuestión de si, habida cuenta de las consideraciones que han podido inducir a la administración a realizar su apreciación, ésta se ha mantenido dentro de límites razonables y no ha ejercido su facultad de manera manifiestamente errónea.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos dispone de un margen de apreciación muy amplio respecto de la selección de los candidatos inscritos en una lista de aptitud, en el sentido de que, en particular, no tiene ninguna obligación de respetar el orden exacto de clasificación de los candidatos que figuren en dicha lista. Este mismo principio se aplica, a fortiori, a la contratación de agentes temporales, dado que la autoridad facultada para celebrar contratos de trabajo goza de una facultad de apreciación aún más amplia a la hora de elegir a los candidatos.

Sin embargo, el dictamen emitido por la delegación nacional del grupo político no puede sustituir al examen comparativo final que la presidencia del grupo político del Parlamento debe realizar en su condición de autoridad facultada para celebrar contratos de trabajo.

No cabe considerar que la referida autoridad haya excedido su amplio margen de apreciación por haber organizado entrevistas entre los candidatos que figuraban en una lista de aptitud y los miembros de una delegación nacional de un grupo político del Parlamento para el cual se realizaba la selección. La organización de dichas entrevistas en el marco del procedimiento de selección es, además, conforme con la necesidad de que exista una relación de confianza mutua que determine la contratación de un agente temporal por parte de un grupo político del Parlamento con arreglo al artículo 2, letra c), del regimen aplicable a otros agentes.

Los procedimientos y obligaciones relativos a la selección de los funcionarios no son aplicables a la provisión de un puesto de agente temporal. La autoridad competente para celebrar contratos de trabajo dispone de una facultad de apreciación muy amplia tanto a la hora de elegir las modalidades de organización del procedimiento de selección como al tramitar éste.

El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de empleo y, correlativamente, la inexistencia de cualquier discriminación, directa o indirecta, basada en el sexo, forman parte de los derechos fundamentales cuyo respeto garantiza el juez comunitario en virtud del artículo 220 CE.

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha reconocido la necesidad de garantizar la igualdad de trato entre trabajadores masculinos y femeninos empleados por la propia Comunidad, en el marco del Estatuto. Las exigencias que impone este principio en las relaciones entre las instituciones comunitarias y sus agentes no se limitan a las que se derivan del artículo 119 del Tratado (los artículos 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE), cuya redacción sigue siendo relevante, o de las directivas comunitarias adoptadas en este ámbito. Lo mismo se aplica, por analogía, en el marco de la selección de agentes temporales.

En este contexto, ha quedado reconocido, en particular, que la negativa a contratar a una mujer por causa de su embarazo constituye una discriminación directa basada en el sexo. No obstante, a tenor de lo establecido en el artículo 10 de la Directiva 2000/78 y en el artículo 4 de la Directiva 97/80, corresponde a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato sólo en el caso de que la parte demandante presente hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta.

Pues bien, el mero embarazo de una candidata no permite presumir la existencia de discriminación, ni siquiera en el supuesto de que la administración hubiese sido informada de su estado. En cualquier caso, no cabe considerar que la administración ha vulnerado el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres cuando no ha cometido un error manifiesto de apreciación al seleccionar a un candidato masculino.

(véanse los apartados 117 a 121 y 124)

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de junio de 1978, Defrenne (149/77, Rec. p. 1365), apartados 26 y 27; Tribunal de Justicia, 20 de marzo de 1984, Razzouk y Beydoun/Coraisión(asuntos acumulados 75/82 y 117/82, Rec. p. 1509), apartados 16 y 17; Tribunal de Justicia, 8 de noviembre de 1990, Dekker (C-177/88, Rec. p. I-3941), apartado 14; Speybrouck/Parlamento, antes citada, apartados 47 y 48; Tribunal de Primera Instancia, 6 de julio de 1999, Séché/Comisión (asuntos acumulados T-112/96 y T-115/96, RecFP pp. I-A-115 y II-623), apartado 116