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Palabras clave

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Palabras clave

1 Procedimiento - Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso - Requisitos - Ampliación de un motivo existente - Límites

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 48, ap. 2, párr. 1)

2 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión CECA

(Tratado CECA, art. 15, párr. 1)

3 Procedimiento - Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso - Motivación insuficiente - Motivo que puede ser invocado en cualquier fase del procedimiento

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1 Son admisibles los motivos que constituyan una ampliación de un motivo formulado con anterioridad, directa o implícitamente, en el escrito de interposición de recurso y que se encuentren estrechamente relacionados con aquél. En cambio, en el curso del proceso no pueden invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento, tal como establece el artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento. A este respeto procede afirmar que no basta con que un motivo se base en determinados elementos mencionados en apoyo de otro motivo para que pueda considerarse una ampliación del mismo. Finalmente, una sentencia que se limita a confirmar una situación jurídica que el demandante conocía, en principio, en el momento de interponer su recurso no puede ser considerada como una razón nueva que permita invocar un nuevo motivo.

(véanse los apartados 24, 34 y 36)

2 El artículo 15, párrafo primero, del Tratado CECA dispone que las decisiones de la Comisión deberán ser motivadas. La motivación debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos, y el Juez comunitario pueda ejercer su control. No obstante, no se exige que la motivación especifique todas las razones de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que debe ser apreciada en relación no sólo con el tenor literal del acto, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

(véase el apartado 44)

3 Los motivos relativos a una falta o una insuficiencia de motivación constituyen motivos de orden público y pueden ser invocados por las partes en cualquier fase del procedimiento. El derecho de la demandante a criticar una insuficiencia de motivación no ha caducado, pues, por la mera razón de no haberla invocado en su demanda.

(véase el apartado 46)
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 12 de agosto de 1998. - Maria Paola Sabbatucci contra Parlamento Europeo. - Demanda de medidas provisionales - Solución amistosa - Carácter imperativo - Archivo de oficio - Requisitos. - Asunto T-42/98 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-03043

página IA-00459

página II-01353



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Procedimiento - Solución en vía amistosa en el marco de una demanda de medidas provisionales - Carácter imperativo - Ejecución correcta - Archivo de oficio

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La solución amistosa convenida por las partes ante el Juez en el marco de una demanda de medidas provisionales reviste un carácter jurídicamente imperativo cuyo respeto debe garantizar este órgano jurisdiccional.

Cuando, al término del plazo establecido en el acta de la vista de medidas provisionales, en el que las partes están obligadas a comunicar al Tribunal que conoce del asunto los resultados del cumplimiento de la solución amistosa del litigio que hayan acordado, el Juez que conoce del procedimiento de medidas provisionales compruebe que la solución amistosa ha sido ejecutada correctamente, pero que la parte demandante no ha respetado el compromiso contraído de desistir de su demanda de medidas provisionales en tal supuesto, le corresponde pronunciar de oficio el archivo de dicha demanda.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 23 de octubre de 1998. - Regione Puglia contra Comisión de las Comunidades Europeas y Reino de España. - Agricultura - Régimen del alcance general - Recurso de una entidad regional - Inadmisibilidad. - Asunto T-609/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-04051



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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Reglamento que fija la cuantía a la ayuda a la producción que puede pagarse por adelantado a los productores de aceite de oliva - Recurso de una autoridad regional de un Estado miembro basado en las consecuencias del acto en su territorio - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 173, párrs. 2 y 4; Reglamento (CE) nº 1979/97 de la Comisión)

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Una autoridad regional de un Estado miembro no tiene legitimación activa para impugnar un Reglamento que fija, en el marco de la organización común de mercados de las materias grasas, la producción estimada del aceite de oliva y el importe de la ayuda unitaria a la producción que puede ser anticipada, en una campaña determinada, a los productores establecidos en la Comunidad, alegando que la reducción de la ayuda a que da lugar el Reglamento produce consecuencias socioeconómicas importantes en su territorio.

En efecto, por una parte, tal autoridad no puede invocar el párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, puesto que, del sistema general del Tratado, se desprende claramente que el concepto de Estado miembro, a los fines de las disposiciones relativas a los recursos jurisdiccionales, se refiere únicamente a las autoridades gubernativas de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, y no puede ampliarse a los Gobiernos de las regiones, sea cual fuere la amplitud de las competencias que les sean reconocidas.

Por otra parte, aunque la autoridad tenga la personalidad jurídica necesaria para poder interponer un recurso en virtud del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, y dado que el Reglamento de que se trata no tiene naturaleza de Decisión, el interés general que puede tener la autoridad, en su condición de entidad competente para las cuestiones de orden económico y social en su territorio, en obtener un resultado favorable para la prosperidad económica de este último no basta, por sí solo, para considerar que la demandante está afectada individualmente por las disposiciones del Reglamento.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 13 de abril de 2000. - GAL Penisola Sorrentina contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Cohesión económica y social - Intervenciones estructurales - Iniciativa comunitaria Leader II - Personas físicas o jurídicas - Actos que no las afectan individualmente - Inadmisibilidad. - Asunto T-263/97.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-02041



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1 Recurso de anulación - Plazos - Inicio del cómputo - Fecha del acontecimiento que marca el inicio del cómputo del plazo - Carga de la prueba

[Tratado CE, art. 173, párr. 5 (actualmente art. 230 CE, párr. 5, tras su modificación); Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 102, ap. 2]

2 Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro por la que se concede una ayuda económica a determinados proyectos presentados con arreglo al programa Leader II - Recurso de un grupo de acción local autor de un proyecto no seleccionado - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 173, párr. 4 (actualmente art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación)]

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1 Incumbe a la parte que alega que el recurso se ha presentado fuera de plazo, a la vista de los plazos que establecen el artículo 173, último párrafo, del Tratado (actualmente artículo 230 CE, último párrafo, tras su modificación) y el artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, aportar la prueba de la fecha en que se produjo el acontecimiento que marca el inicio del cómputo del plazo. (véase el apartado 47)

2 Los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión solamente pueden alegar que ésta los afecta individualmente, en el sentido del artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado (actualmente artículo 230 CE, párrafo cuarto, tras su modificación), cuando dicha decisión les concierne en razón de ciertas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, los individualiza de una manera análoga a la del destinatario.

No es éste el caso cuando, mediante su Decisión, la Comisión excluye el territorio de determinadas unidades administrativas de las zonas de intervención en las que los grupos de acción local o los agentes colectivos pueden obtener las ayudas financieras comunitarias previstas en la segunda fase del programa Leader II, en el ámbito de las intervenciones estructurales. En efecto, la Decisión impugnada no afecta a la demandante de modo distinto que a los demás grupos de acción local o agentes colectivos antes mencionados, sino que se presenta, en lo que a ella respecta, como una medida cuyos efectos pueden alcanzar a diversas categorías de particulares de forma objetiva, general y abstracta. (véanse los apartados 63 y 64)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) de 4 de mayo de 1998. - Bureau européen des unions des consommateurs (BEUC) contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Procedimiento antidumping - Parte interesada - Negativa - Recurso de anulación - Acto confirmatorio - Plazo - Inadmisibilidad. - Asunto T-84/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-00795



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1 Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Escrito de los servicios de la Comisión por el que se deniega acceso a una organización de defensa de los consumidores a los documentos no confidenciales de un procedimiento antidumping

(Tratado CE, art. 173)

2 Recurso de anulación - Recurso dirigido contra una decisión confirmatoria de una decisión no impugnada dentro de plazo - Inadmisibilidad - Concepto de decisión confirmatoria

(Tratado CE, art. 173)

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1 Sólo pueden ser objeto de recurso de anulación los actos o decisiones que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de forma caracterizada su situación jurídica.

Un escrito por el cual los servicios de la Comisión informan a una organización de defensa de los consumidores que no puede ser considerada como parte interesada en un procedimiento antidumping y que se le deniega el acceso al expediente no confidencial afecta desfavorablemente de manera directa e inmediata a los intereses de esta organización.

A este respecto, la forma en la que se adoptan los actos o decisiones es, en principio, indiferente por lo que se refiere a la posibilidad de impugnarlos mediante un recurso de anulación. En efecto, a la hora de determinar si constituyen actos con arreglo al artículo 173 del Tratado debe tenerse en cuenta su contenido. Cuando una decisión contiene una apreciación clara y definitiva de una solicitud presentada a la Comisión, la naturaleza de dicha decisión no puede ponerse de nuevo en tela de juicio por el mero hecho de que dicha apreciación proceda únicamente de los servicios de la Comisión.

2 Un recurso de anulación contra una decisión meramente confirmatoria de una decisión anterior no impugnada dentro del plazo establecido al efecto es inadmisible. Una decisión es meramente confirmatoria de una decisión anterior si no introduce ningún elemento nuevo en relación con un acto anterior y no ha sido precedida de una reconsideración de la situación del destinatario de dicho acto anterior.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 6 de julio de 1998. - Anthony Goldstein contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso por omisión - Obligación de actuar - Inexistencia - Recurso que carece manifiestamente de fundamento jurídico alguno. - Asunto T-286/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02629



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Recurso por omisión - Personas físicas o jurídicas - Omisiones recurribles - Falta de respuesta al denunciante de una violación de las normas de competencia - Inexistencia de omisión en caso de escrito de requerimiento prematuro

(Tratado CE, art. 175)

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El recurso por omisión previsto por el artículo 175 del Tratado está supeditado a la existencia de una obligación de actuar que recaiga sobre la Institución de que se trate, de suerte que la abstención alegada sea contraria al Tratado.

Cuando se formula una denuncia a la Comisión, con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, por infracción de las disposiciones de los artículos 85 y 86 del Tratado, dicha Institución está obligada a examinar atentamente los elementos de hecho y de Derecho comunicados por el denunciante, con objeto de decidir si debe iniciar el procedimiento de declaración de infracción, o si debe desestimar la denuncia o, por último, proceder al archivo de ésta. Por consiguiente, la Comisión puede estar obligada a pronunciarse sobre la denuncia de que se trata, como muy pronto, en el momento en que tuvo la posibilidad de examinar todos los elementos de hecho y de Derecho comunicados por el denunciante.

Incluso suponiendo que, en el momento del requerimiento, existiera la obligación de la Comisión de pronunciarse sobre la denuncia del demandante, la presentación por parte de éste, junto con el requerimiento y con posterioridad a éste, de nuevos elementos que pueden influir en la apreciación de la denuncia por parte de la Comisión hace desaparecer, en cualquier caso, esta eventual obligación de actuar, puesto que la Comisión no puede razonablemente pronunciarse sobre esta denuncia debido a la presentación de esos elementos nuevos.
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 27 de junio de 2000

Asunto T-608/97

Onno Plug

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Acto lesivo — Acto confirmatorio — Inadmisibilidad»

Texto completo en lengua francesa II-569

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una pretensión de anulación de la decisión contenida en el escrito de la Comisión de 14 de enero de 1997 y, en cuanto sea necesario, de la decisión de 12 de septiembre de 1997 por la que se denegó la reclamación de 16 de abril de 1997.

Resultado:

Desestimación del recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Recurso — Acto lesivo — Concepto — Acto puramente confirmatorio — Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90, ap. 2, y 91, ap. 1)

Tanto una reclamación administrativa como el recurso jurisdiccional a que da lugar deben ir dirigidos, ambos, contra un acto «lesivo» para el demandante en el sentido de los artículos 90, apartado 2, y 91, apartado 1, del Estatuto, siendo el acto lesivo aquel que afecte directamente y de forma inmediata a la situación jurídica del interesado. No puede reconocerse la calidad de acto lesivo a un acto puramente confirmatorio, como es el caso de un acto que no contiene ningún elemento nuevo con respecto a un acto lesivo anterior y que, por lo tanto, no puede sustituir a éste.

(véanse los apartados 22 y 23)

Referencia: Tribunal de Justicia, 10 de diciembre de 1980, Graselli/Comisión (23/80, Rec. p. 3709), apartado 18; Tribunal de Justicia, 21 de enero de 1987, Stroghili/Tribunalde Cuentas (204/85, Rec. p. 389), apartado 6; Tribunal de Primera Instancia, 7 de junio de 1991, Weyrich/Comisión(T-14/91, Rec. p. II-235), apartado 35; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1994, Cortés Jiménez y otros/Comisión (T-82/92, RecFP pp. I-A-69 y II-237), apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 9 de junio de 1998, Biedermann y otros/Tribunal de Cuentas (T-173/95, RecFP pp. I-A-273 y II-831), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 8 de julio de 1998, Aquilino/Consejo(T-130/96, RecFP pp. I-A-351 y II-1017), apartado 34
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 6 de diciembre de 1996. - Ciudad de Maguncia (Alemania) contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Ayuda de Estado - Urgencia. - Asunto T-155/96 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-01655



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Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de una Decisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda - Requisitos de concesión - Perjuicio grave e irreparable - Concepto - Carga de la prueba

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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La urgencia de la adopción de las medidas provisionales debe apreciarse examinando si la ejecución de los actos controvertidos, antes de que recaiga la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre el fondo, puede causar a la parte que ha solicitado dichas medidas daños graves e irreversibles, que no podrían ser reparados aunque se anulase la Decisión impugnada, o que, a pesar de su carácter provisional, sean desproporcionados en relación con el interés de la parte demandada en que se dé ejecución a dichos actos, aun cuando sean objeto de un recurso judicial. Incumbe a la parte demandante acreditar que concurren dichos requisitos.

Procede desestimar una demanda de medidas provisionales que tiene por objeto la suspensión de la ejecución de una Decisión mediante la cual la Comisión, al declarar que la venta de un terreno a un precio inferior a su valor comercial, celebrada entre el municipio demandante y una empresa, constituía una ayuda contraria al Tratado, ordenaba su recuperación por el Estado de referencia, dado que la demandante no aportó argumentos convincentes para demostrar la fundamentación de su tesis, según la cual se deriva un riesgo de perjuicio grave e irreparable, en primer lugar, de la obligación en la que pudiera encontrarse de entablar acciones judiciales, con el fin de recuperar la supuesta ayuda de Estado, contra la parte que contrató con ella y, en segundo lugar, de una posible modificación fundamental de las condiciones contractuales de la venta, o incluso de la anulación del contrato, por dicha parte.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 18 de marzo de 1997. - Union Européenne de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME) contra Consejo de la Unión Europea. - Intervención. - Asunto T-135/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00373



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Procedimiento - Intervención - Personas interesadas - Litigio relativo a la validez de una Directiva en materia de política social - Recurso interpuesto por una organización patronal representativa a nivel comunitario pero que no pudo participar en la concertación que precedió a la adopción de la Directiva - Demanda de intervención de unas organizaciones nacionales, miembros de la organización demandante, que alegan un interés propio, derivado del papel que les corresponde en la fase de adopción de medidas nacionales de adaptación del Derecho interno a la Directiva - Admisibilidad

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 2; Directiva 96/34/CE del Consejo]

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A tenor del párrafo segundo del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el derecho a intervenir está sujeto a un único requisito, a saber, que la parte coadyuvante demuestre un interés en la solución del litigio sometido al Tribunal.

En el caso de un recurso de anulación de la Directiva 96/34, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental, interpuesto por una organización que representa a nivel europeo los intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los artesanos, pero que no pudo participar en la concertación que precedió a la adopción de la Directiva, demuestran el interés requerido unas asociaciones nacionales, miembros de la demandante y representantes de los mismos intereses a nivel nacional, que pueden invocar un interés propio, distinto del de la demandante, derivado de la limitación que la Directiva supone para su libertad de negociación en la fase de adopción de medidas nacionales de adaptación del Derecho interno a la Directiva.
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1 Recurso por omisión - Personas físicas o jurídicas - Omisiones susceptibles de recurso - Omisión de iniciar un procedimiento por incumplimiento - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 169, 173, párrs. 4 y 175)

2 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Ilegalidad - Hecho de no iniciar la Comisión un procedimiento por incumplimiento - Hecho que no constituye una ilegalidad - Pretensiones de indemnización - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 169 y 215, párrs. 2)

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3 No procede admitir el recurso por omisión interpuesto por una persona física o jurídica y que tiene por objeto que se declare que, al no iniciar un procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro, la Comisión se ha abstenido de pronunciarse, en violación del Tratado, y ello cualquiera que sea la índole de la infracción del Derecho comunitario que se imputa al Estado miembro interesado

Efectivamente, del sistema del artículo 169 del Tratado se desprende, por una parte, que la Comisión no está obligada a iniciar un procedimiento con arreglo a esta disposición, sino que, por el contrario, dispone, a este respecto, de una amplia facultad de apreciación que excluye el derecho de los particulares a exigir de esta Institución que defina su postura en un sentido determinado. Por otra parte, la persona física o jurídica que solicita a la Comisión que inicie un procedimiento con arreglo al artículo 169, solicita en realidad la adopción de actos que no la afectan directa e individualmente, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 y que, en cualquier caso, no podría impugnar mediante un recurso de anulación.

4 En la medida en que la Comisión no está obligada a iniciar un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 169 del Tratado, su decisión de no iniciar un procedimiento de esta índole no constituye una ilegalidad, de forma que no puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad y el único comportamiento que podría considerarse causa de perjuicio es el del Estado miembro afectado. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones de indemnización encaminadas en realidad a denunciar la omisión por parte de la Comisión de iniciar un procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 26 de noviembre de 1996. - Hedwig Kuchlenz-Winter contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso por omisión - Antiguos funcionarios - Seguridad Social - Admisibilidad. - Asunto T-226/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-01619



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Recurso por omisión - Finalización de la omisión antes de la interposición del recurso - Inadmisibilidad

(Tratado CE, art. 175)

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No se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso por omisión, previstos en el artículo 175 del Tratado, cuando la Institución demandada, a la que se ha requerido para actuar, define su posición, después de haber expirado el plazo de dos meses establecido en el párrafo segundo de dicho artículo, si bien antes de la interposición del recurso.

En este sentido, es indiferente el hecho de que dicha definición de posición de la Institución no satisfaga a la demandante, ya que el artículo 175 se refiere a la omisión que consiste en abstenerse de pronunciarse o no definir su posición y no a la adopción de un acto diferente del que los interesados hubieran deseado o considerado necesario.