SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 15 de mayo de 1977

Asunto T-273/94

N

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Deber de lealtad — Sospecha de actos contrarios a la dignidad de la función — Cooperación leal del funcionario en la investigación — Inexistencia — Procedimiento disciplinario — Separación del servicio»

Texto completo en lengua francesa II-289

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por una parte, una pretensión de anulación de la decisión de la Comisión de 4 de octubre de 1993 por la que se separa del servicio al demandante y, por otra, una demanda de indemnización.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante entró al servicio de la Comisión el 31 de enero de 1983, en calidad de funcionario de grado A 4 en la Dirección General de Transportes (DG VII). En junio de 1991, fue nombrado Jefe adjunto encargado de los expedientes de la seguridad aérea de la Unidad 3 («Seguridad aérea — Control del tráfico aéreo — Política industrial — Aspectos sociales») de la Dirección C («Transportes aéreos») de la DG VIL

Antes de su entrada al servicio de la Comisión, trabajó en el mismo ámbito como asesor al servicio de la sociedad griega Doxiadis associates (Doxiadis), en particular, en Nigeria.

Desde el 26 de junio hasta el 3 de julio de 1992, tomó vacaciones indicando en su hoja de vacaciones que viajaba a Grecia. Sin embargo, durante dicho período, viajó igualmente a Nigeria.

Mediante un escrito de 6 de julio de 1992, la Oficina de Seguridad de la Comisión (Oficina de Seguridad) declaró que, según una fuente de información fidedigna, que deseaba mantener el anonimato, el demandante, que se hallaba en Nigeria, había recibido una importante cantidad de dinero — 45 millones de USD- en su cuenta personal. Se suponía que dicha transferencia representaba el saldo de un contrato celebrado entre el Gobierno nigeriano y el demandante y se refería a trabajos realizados en 12. Según la misma fuente, podía tratarse de una vía de blanqueo de dinero.

A la vista de los documentos que se le presentaron, la Société genérale de banque, establecida en Bruselas, en la que estaba abierta la cuenta personal del demandante, se negó a efectuar la transferencia solicitada.

Tras las informaciones recogidas, la Oficina de Seguridad inició investigaciones y decidió oír al demandante.

Mediante escrito de 8 de octubre de 1992, la Comisión informó al demandante de su decisión de incoar contra él un procedimiento disciplinario y de oírlo con arreglo a las disposiciones del artículo 87 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto). Con arreglo al artículo 87 del Estatuto, la audiencia del demandante tuvo lugar el 16 de octubre de 1992.

En el marco de dicho procedimiento, la Dirección B de la DG IX solicitó informaciones a Doxiadis en lo que respecta a sus relaciones con el demandante. Doxiadis respondió por escrito el 5 de enero de 1993.

Mediante informe de 24 de marzo de 1993, el Director General de Personal y de la Administración, actuando en su calidad de Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), sometió el caso del demandante al Consejo de disciplina. Los cargos imputados al demandante consistían en el incumplimiento de los deberes de lealtad y de confianza de todo funcionario para con la Institución.

El 6 de julio de 1993, tuvo lugar la audiencia del demandante ante el Consejo de disciplina. El mismo día, el Consejo de disciplina emitió un dictamen motivado. Tras haber examinado las informaciones recogidas, llegó a la conclusión de que «opina que el Sr. [N] ha incumplido gravemente los deberes de lealtad y de confianza de todo funcionario para con la Institución y de una manera que puede dañar gravemente su reputación» y recomendó a la AFPN imponer al demandante el descenso de grado. El 10 de septiembre y el 4 de octubre de 1993, el demandante fue oído por la AFPN. Mediante decisión de 4 de octubre de 1993, la AFPN se apartó de la recomendación del Consejo de disciplina e impuso al demandante la sanción de separación del servicio (decisión impugnada).

La decisión de separación del servicio tuvo efecto el 1 de diciembre de 1993.

Sobre la pretensión de anulación

Sobre el motivo basado en una irregularidad del procedimiento disciplinario

Sobre las condiciones de obtención de las informaciones que dieron lugar al procedimiento disciplinario

Al tener conocimiento de la existencia de elementos que podían afectar a sus intereses, la Comisión, con arreglo a las disposiciones del Título VI del Estatuto, relativo al régimen disciplinario, debía iniciar una investigación con la finalidad de adoptar, en su caso, las medidas necesarias para la salvaguardia o la protección de dichos intereses (apartado 69).

La circunstancia de que las informaciones hayan podido ser comunicadas únicamente por un banco, en infracción de las disposiciones nacionales relativas a la protección del secreto bancario, no puede impedir la incoación del procedimiento disciplinario (apartado 70).

Por otra parte, la incoación del procedimiento disciplinario no constituye una violación del derecho al respeto de la vida privada (apartado 71).

Este derecho fundamental, enunciado igualmente en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), es parte integrante de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Juez comunitario, de conformidad con las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, así como con los instrumentos internacionales con los que han cooperado o a los que se han adherido los Estados (apartado 72).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de junio de 1980, National Panasonic/Comisión (136/79, Rec. p 2033), apartados 17 y 18; Tribunal de Justicia, 8 de abril de 1992, Comisión/Alemania (C-62/90, Rec. p. I-2575), apartado 23

Sin embargo, dichos principios no son considerados como prerrogativas absolutas, sino que pueden implicar restricciones, siempre y cuando éstas respondan efectivamente a los objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, en lo que respecta al fin perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos garantizados (apartado 73).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1989, Scliräder (265/87, Rec. p. 2237), apartado 15; Comisión/Alemania, antes citada, apartado 23; Tribunal de Justicia, 5 de octubre de 1994, X/Comisión (C-404/92 P, Rec. p. I-4737), apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1995, K/Comisión (T-176/94, RecFP p. II-621), apartado 33

Ahora bien, al iniciar una investigación y, posteriormente, al incoar un procedimiento disciplinario como consecuencia de informaciones que podían referirse a actos ilegales del demandante y, por lo tanto, a incumplimientos graves de las obligaciones resultantes del Estatuto, la Comisión no ha efectuado, en absoluto, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho al respeto de la vida privada (apartado 74).

Sobre el desarrollo del procedimiento disciplinario

Si bien el artículo 1 del Anexo IX del Estatuto, relativo al procedimiento disciplinario, establece que en el informe elevado al Consejo de disciplina deben constar claramente los hechos imputados, ninguna otra disposición del Estatuto impone tal obligación en la fase de las entrevistas previas destinadas a verificar la exactitud de los datos recogidos por la Institución. En efecto, en dicha fase, la Institución no puede formular acusaciones contra el funcionario hasta que las verificaciones no le permitan apreciar si procede incoar un procedimiento disciplinario (apartado 79).

La Comisión tiene la obligación de proteger el anonimato del informante en determinados casos. El artículo 214 del Tratado — que obliga a los miembros y a los agentes de las Instituciones de la Comunidad a no divulgar las informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional- constituye un principio general que se aplica incluso a las informaciones proporcionadas por personas físicas, cuando dichas informaciones sean, por su naturaleza, confidenciales. En el caso de informaciones proporcionadas con carácter puramente voluntario, pero acompañadas de una petición de tratamiento confidencial para proteger el anonimato del informador, la Institución que acepte recibirlas está obligada a respetar dicha condición. Un procedimiento incoado posteriormente, sobre la base de informaciones cuyo origen no se ha revelado, es regular, puesto que no afecta a la posibilidad de que la persona interesada dé a conocer su punto de vista sobre la realidad o el alcance de los hechos o documentos comunicados o incluso sobre las conclusiones que la Comisión deduzca de ellos (apartado 81).

Referencia: Tribunal de Justicia, 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión(85/76, Rec. p. 461), apartado 14; Tribunal de Justicia, 7 de noviembre de 1985, Adams/Comisión (145/83, Rec. p. 3539), apartado 34

El carácter contradictorio de un procedimiento como el que se ventila ante el Consejo de disciplina y el derecho de defensa en dicho procedimiento exigen que el demandante y, en su caso, su abogado, puedan conocer todas las circunstancias de hecho sobre las que se funda la decisión y ello con la debida antelación para permitirles presentar sus observaciones. Sin embargo, si no hay una petición del interesado, ninguna norma del Estatuto obliga a la AFPN a dar traslado de la totalidad del expediente del funcionario que sea objeto de un procedimiento disciplinario (apartado 88).

Referencia: Tribunal de Justicia, 29 de enero de 1985, F./Comisión (228/83, Rec. p. 275), apartado 23; Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1985, R./Comisión (asuntos acumulados 255/83 y 256/83, Rec. p. 2473), apartado 17; Tribunal de Primera Instancia, 17 de octubre de 1991, De Compte/Parlamento(T-26/89, Rec. p. II-781), apartado 122

De ello se deduce que la Comisión está obligada a comunicar a la persona que sea objeto de una investigación los documentos que revelen hechos importantes para el ejercicio de su derecho de defensa, pero no forzosamente otros documentos cuando no existe una petición en este sentido (apartado 89).

Referencia: F./Comisión, antes citada, apartado 24; Tribunal de Primera Instancia, 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión(T-7/89, Rec. p. II-1711), apartados51 y 52

Por último, por lo que se refiere a la alegación del demandante según la cual la Comisión no respetó su derecho a un proceso equitativo establecido por el artículo 6 del CEDH, basta destacar que el procedimiento ante la Comisión no es judicial, sino administrativo y que la Comisión no puede ser calificada de «tribunal» en el sentido del artículo 6 del CEDH. Por consiguiente, un derecho a un proceso equitativo, como al que se refiere esta última disposición, no puede ser invocado en el marco de un procedimiento disciplinario (apartado 95).

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de junio de 1983, Musique difussion française y otros/Comisión (asuntos acumulados 100/80, 101/80, 102/80 y 103/80, Rec. p. 1825), apartado 7; De Compte/Parlamento, antes citada, apartado 94

Sobre los motivos basados en errores manifiestos de apreciación de los hechos y en una violación del principio de proporcionalidad

Una decisión que impone una sanción de separación del servicio implica necesariamente delicadas consideraciones por parte de la Institución, habida cuenta de las consecuencias serias e irrevocables que de ella derivan. A este respecto, la Institución dispone de una amplia facultad de apreciación y el control jurisdiccional se limita a una verificación de la exactitud material de los hechos considerados, de la inexistencia de error manifiesto en la apreciación de los hechos y de la inexistencia de desviación de poder (apartado 125).

La obligación del demandante especialmente cuestionada en el caso de autos es la que figura en el párrafo primero del artículo 12 del Estatuto en estos términos: «El funcionario se abstendrá de todo acto y, en particular, de toda expresión pública de opinión que pudiera atentar a la dignidad de su función» (apartado 126).

Dicha disposición pretende garantizar que los funcionarios comunitarios observen, en su comportamiento, una imagen de dignidad que se ajuste a la conducta especialmente correcta y respetable que cabe esperar de los miembros de una función pública internacional (apartado 127).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 7 de marzo de 1996, Williams/Tribunal de Cuentas (T-146/94, RecFP p. II-329), apartado 65

La mencionada disposición puede vincularse con el párrafo primero del artículo 11 del Estatuto, según el cual, el funcionario deberá regir su conducta teniendo como única guía el interés de las Comunidades, y con el párrafo primero del artículo 21 del Estatuto, según el cual, el funcionario está obligado a asistir y aconsejar a sus superiores (apartado 128).

Del conjunto de dichas disposiciones se deduce una obligación de lealtad del funcionario para con su Institución, que debe conducirle, más aún cuando tiene un grado elevado, a dar pruebas de un comportamiento libre de cualquier sospecha, a fin de que siempre se preserven los vínculos de confianza que existen entre dicha Institución y él mismo (apartado 129).

Se desprende de los autos que el demandante no ha realizado un serio esfuerzo para permitir que la Comisión aclare la situación de hecho que dio lugar a la investigación, sino que, por el contrario, agravó las legítimas dudas de la Institución a la que pertenecía dándole explicaciones insuficientes, diferentes en cada momento y contradictorias (apartado 141).

A la vista del examen de los hechos, no puede sostenerse que la Comisión ha cometido un error manifiesto de apreciación al llegar a la conclusión de que el demandante ha incumplido gravemente sus obligaciones estatutarias (apartado 145).

Una vez acreditada la realidad de los hechos que se imputan al funcionario, la elección de la sanción apropiada corresponde a la AFPN, y el Juez comunitario no puede censurar la elección de dicha sanción, salvo en caso de error manifiesto o de desviación de poder (apartado 147).

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1973, De Greef/Comisión (46/72, Rec. p. 543), apartado 45; F./Comisión, antes citada, apartado 34; De Compte/Parlamento, antes citada, apartados 220 y 222; Tribunal de Primera Instancia, 26 de enero de 1995, D/Comisión (T-549/93, RecFP p. II-43), apartado 96

En el presente asunto, ningún elemento de los autos permite llegar a la conclusión de que la sanción impuesta sea manifiestamente desproporcionada en relación con los incumplimientos imputados o que la Comisión haya hecho uso de sus facultades con una finalidad distinta a aquella para la que le fueron conferidas.

Sobre la demanda de indemnización

Cuando existe una relación directa entre un recurso de anulación y una acción de indemnización, puede admitirse esta última como accesoria de un recurso de anulación, sin tener que ir precedida de una petición procedente del interesado en la que se requiera a la AFPN que repare los perjuicios que alega haber sufrido, ni tampoco de una reclamación en la cual el demandante impugne la fundamentación de la denegación presunta o expresa de su petición. Sin embargo, las pretensiones que tienden a la reparación de los perjuicios moral y material deben ser desestimadas en la medida en que presentan una relación estrecha con las pretensiones de anulación que, estas mismas, han sido desestimadas bien por no ser admisibles, bien por no estar fundadas (apartado 159).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 6 de febrero de 1992, Castelletti y otros/Comisión (T-29/91, Rec. p. II-77), apartado 29; Tribunal de Primera Instancia, 5 de febrero de 1997, Ibarra Gil/Comisión (T-207/95, RecPP p. II-31), apartado 88; Tribunal de Primera Instancia, 5 de febrero de 1997, Petit-Laurent/Comisión(T-211/95, RecFP p. II-57), apartado 88

En el caso de autos, existe una relación estrecha entre el recurso de indemnización y el recurso de anulación. En estas circunstancias, debe admitirse el recurso de indemnización pese a la inexistencia de petición y de reclamación previas, pero debe ser desestimado en cuanto al fondo, en la medida en que el examen de los motivos presentados en apoyo de las pretensiones de anulación no ha revelado ninguna ilegalidad cometida por la Comisión y, por lo tanto, ninguna falta que pueda comprometer su responsabilidad (apartado 160).

Por otra parte, aun cuando se considere que no existe una relación estrecha entre cada parte de la demanda de indemnización y el recurso de anulación, debe desestimarse esta parte de la demanda, puesto que fue presentada por primera vez en el escrito de recurso sin haber sido precedida de un procedimiento administrativo previo conforme a Derecho (apartado 161).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 28 de enero de 1993. Piette de Stachelski/Comisión (T-53/92, Rec. p. II-35), apartado 18

Fallo:

Se desestima el recurso.