En virtud del artículo 73, primera frase, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, las resoluciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) deben motivarse. Esta obligación tiene el mismo alcance que la establecida en el artículo 253 CE y su objetivo es permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el juez comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión. Para apreciar si la motivación de una decisión cumple dichos requisitos se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

En relación con las normas jurídicas aplicables en materia de marca comunitaria, la posibilidad de registrar un signo debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento no 40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario. Las decisiones de las autoridades y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales, así como la práctica decisoria de la propia Oficina, constituyen meros elementos que, sin ser determinantes, pueden tomarse en consideración para apreciar si un signo es apropiado para ser registrado como marca comunitaria. Así pues, cuando la Oficina deniega el registro de un signo como marca comunitaria, para motivar su decisión, debe indicar el motivo de denegación, absoluto o relativo, que se opone a ese registro, así como la disposición en la que se basa ese motivo, y exponer las circunstancias fácticas que haya considerado probadas y que, a su juicio, justifican la aplicación de la disposición invocada. En principio, tal motivación es suficiente para cumplir dichas exigencias.

Ciertamente, el contexto en el que se adopta una decisión, que se caracteriza, en particular, por el intercambio entre el autor de la decisión y la parte interesada, en circunstancias particulares puede endurecer las exigencias de motivación. Por lo tanto, no puede excluirse que, en ciertos casos, las alegaciones formuladas por una de las partes en el procedimiento ante la Oficina, incluidas las relativas a la existencia de una decisión, nacional o de la Oficina, en un asunto similar, exijan una respuesta específica, que trasciende de tales exigencias. No obstante, no puede exigirse a las Salas de Recurso que hagan una exposición que siga de manera exhaustiva y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes ante ellas. Por lo tanto, la motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptó la resolución de la Sala de Recurso y al órgano jurisdiccional competente disponer de los elementos suficientes para ejercer su control. De ello se deduce que, por regla general, la Oficina no está obligada a dar, en su resolución, una respuesta específica a cada alegación basada en que, en otros asuntos similares, existen resoluciones de sus propios órganos o decisiones de órganos y tribunales nacionales que van en un sentido determinado, si de la motivación de la resolución adoptada por la Oficina en un asunto concreto que se tramite ante sus órganos resultan, al menos implícitamente pero de forma clara e inequívoca, las razones por las que esas otras decisiones no son pertinentes o no se toman en consideración para su apreciación.

(véanse los apartados 43 a 46 y 53 a 56)