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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 83/8

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 11 de enero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16) / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Asuntos acumulados C-654/16, C-657/16 y C-658/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Derecho de sociedades - Directiva 2004/25/CE - Ofertas públicas de adquisición - Artículo 5, apartado 4, párrafo segundo - Posibilidad de modificar el precio de la oferta en circunstancias y según criterios claramente determinados - Normativa nacional que prevé la fijación del precio de la oferta en el precio constatado en caso de colusión entre el oferente o las personas que actúen de concierto con él y uno o varios vendedores - Concepto de «criterio claramente determinado»))

(2018/C 083/10)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16)

Demandada: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

con intervención de: Hitachi Railltaly Investments Sri, Hitachi Railltaly SpA, Ansaldo Sts SpA (C-654/16), Finmeccanica SpA

Fallo

El artículo 5, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el asunto principal, que permite a la autoridad nacional de control aumentar el precio de una oferta pública de adquisición en caso de colusión entre el oferente o las personas que actúan concertadamente con él y uno o varios vendedores, limitándose a prever, en relación con el precio que puede señalarse para esta oferta, que éste corresponde al precio constatado por dicha autoridad, siempre que dicho precio pueda deducirse de una forma suficientemente clara, precisa y previsible del conjunto de la normativa nacional, por medio de métodos de interpretación reconocidos por el Derecho interno.

(1) DO C 121 de 18.4.2017.
1)

Declarar que el artículo 161, apartado 5, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en relación con el artículo 788 del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 430/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de 2010, debe interpretarse en el sentido de que el vendedor establecido en el territorio aduanero de la Unión Europea es considerado como exportador, en el sentido de esta primera disposición, en el caso de que a raíz de la celebración de un contrato de venta de las mercancías de que se trate, la propiedad de éstas sea transferida a un comprador establecido fuera de dicho territorio aduanero.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 86/21

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de noviembre de 2016 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — The Queen, a instancia de: Prospector Offshore Drilling SA y otros/Her Majesty’s Treasury, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-72/16) (1)

(2017/C 086/25)

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

(1) DO C 136 de 18.4.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 213/11

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 22 de abril de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Galați — Rumanía) — Casa Judeţeană de Pensii Brăila/E.S.

(Asunto C-646/13) (1)

([Remisión prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Seguridad social de los trabajadores migrantes - Reglamento (CE) no 883/2004 - Artículo 8, apartado 1 - Aplicabilidad de los convenios de seguridad social entre Estados miembros - Refugiado repatriado originario de un Estado miembro - Cumplimiento de períodos de empleo en el territorio de otro Estado miembro - Solicitud de concesión de una prestación de vejez - Denegación])

(2015/C 213/16)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Galați

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Casa Judeţeană de Pensii Brăila

Demandada: E.S.

Fallo

El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo bilateral relativo a las prestaciones de seguridad social de los nacionales de uno de los Estados signatarios que tuvieron la condición de refugiados políticos en el territorio del otro Estado signatario, celebrado en una fecha en que uno de los dos Estados signatarios aún no se había adherido a la Unión Europea y que no figura en el anexo II de dicho Reglamento, ya no es aplicable a la situación de los refugiados políticos repatriados a su Estado de origen antes de la conclusión del acuerdo bilateral y de la entrada en vigor del citado Reglamento.

(1) DO C 39, de 8.2.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 108/8

Auto del Tribunal de Justicia de 29 de noviembre de 2012 — Václav Hrbek/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Blacks Outdoor Retail Ltd, anteriormente The Outdoor Group Ltd

(Asunto C-42/12 P) (1)

(Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 8, apartado 1, letra b) - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Oposición del titular de una marca anterior - Recurso de casación manifiestamente inadmisible y manifiestamente infundado)

2013/C 108/15

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Václav Hrbek (representante: M. Sabatier, Advocate)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente), Blacks Outdoor Retail Ltd, anteriormente The Outdoor Group Ltd (representante: M.S. Malynicz, Barrister)

Objeto

Recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 15 de noviembre de 2011, Hrbek/OAMI — Outdoor Group (Alpine Pro Sportswear & Equipement) (T-434/10), Václav Hrbek c/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), por la que el Tribunal General desestimó un recurso de anulación interpuesto contra el solicitante de la marca figurativa que incluye los elementos denominativos «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT», para productos de las clases 18, 24, 25 y 28, contra la resolución R 1441/2009-2 de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 8 de julio de 2010, por la que se desestima el recurso presentado contra la resolución de la División de Oposición por la que se deniega parcialmente el registro de la citada marca en el marco de la oposición formulada por el titular de la marca figurativa comunitaria que incluye el elemento denominativo «alpine», para productos pertenecientes a las clases 18 y 25 — Interpretación y aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 — Riesgo de confusión.

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas al Sr. Václav Hrbek.

(1) DO C 98, de 31.3.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 366/27

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 2012 — Comisión Europea/Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-195/11 P) (1)

2012/C 366/51

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

(1) DO C 179, de 18.6.2011.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 73/8

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de noviembre de 2011 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido] — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Asunto C-518/10) (1)

(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Medicamentos para uso humano - Certificado complementario de protección - Reglamento (CE) no 469/2009 - Artículo 3 - Condiciones de obtención del certificado - Concepto de «producto protegido por una patente de base en vigor» - Criterios - Autorización de comercialización - Medicamento comercializado que únicamente contiene un principio activo mientras que la patente reivindica una composición de principios activos)

2012/C 73/13

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes

Demandantes: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc

Demandada: Comptroller–General of Patents, Designs and Trade Mark

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretación del artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 152, p. 1) — Condiciones de obtención del certificado — Concepto de «producto protegido por una patente de base en vigor» — Criterios — Repercusión del Acuerdo 89/695/CEE sobre patentes comunitarias en la evaluación de dichos criterios en la hipótesis de una violación indirecta o instrumental en el sentido del artículo 26 del mencionado Acuerdo.

Fallo

El artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los servicios competentes de propiedad industrial de un Estado miembro concedan un certificado complementario de protección cuando el principio activo mencionado en la solicitud, pese a figurar en el texto de las reivindicaciones de la patente de base como principio activo comprendido en una composición con otro principio activo, no es objeto de reivindicación alguna referente únicamente a dicho principio activo.

(1) DO C 13, de 15.1.2011.
1)

La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, sobre el Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el Estado miembro adopte una normativa nacional como el Decreto Presidencial 164/2004, que contiene disposiciones relativas a los trabajadores contratados mediante contratos de duración determinada en el sector público, que, con el fin de adaptar específicamente el Derecho interno a la Directiva 1999/70 para aplicar sus disposiciones al sector público, prevé la aplicación de medidas preventivas frente a la utilización abusiva de contratos de trabajo o de relaciones laborales de duración determinada sucesivos, enumerados en el apartado 1, letras a) a c), de dicha cláusula, cuando en el ordenamiento jurídico nacional ya existe (extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente) una medida legal equivalente en el sentido de la citada cláusula –como el artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920, relativa a la resolución obligatoria del contrato de trabajo de los empleados del sector privado–, siempre que, no obstante, esta normativa, por una parte, no afecte a la eficacia de la prevención de la utilización abusiva de contratos de trabajo o de relaciones laborales de duración determinada, como se desprende de dicha medida legal equivalente y, por otra parte, respete el Derecho comunitario, concretamente la cláusula 8, apartado 3, del mencionado Acuerdo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 141/20

Auto del Tribunal de Justicia de 20 de enero de 2009 — Mebrom NV/Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-374/07 P) (1)

(Recurso de casación - Responsabilidad extracontractual de la Comisión - Perjuicio cierto y real - Desnaturalización de los hechos y de las pruebas - Carga de la prueba)

2009/C 141/35

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Mebrom NV (representantes: K. Van Maldegem y C. Mereu, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: X. Lewis, agente)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) el 22 de mayo de 2007 en el asunto T-198/05, Mebrom/Comisión, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó por infundado un recurso, que tenía por objeto la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por la demandante por el hecho de no haber establecido la Comisión un sistema que le autorizara a importar en la Unión Europea en enero y en febrero de 2005 bromuro de metilo, de conformidad con los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DO L 244, p. 1).

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Mebrom NV.

(1) DO C 247, de 20.10.2007.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 17 de noviembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Piteşti — Rumania) — SC Avicarvil Farms SRL / Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură — Centrul Judeţean Vâlcea

(Asunto C-443/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política agrícola común (PAC) - Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) - Reglamento (CE) n.o 1698/2005 - Artículo 40 - Programa Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 - Ayudas relativas al bienestar de los animales - Errores de cálculo - Reducción de las ayudas por parte de las autoridades nacionales - Principio de protección de la confianza legítima - Principio de seguridad jurídica)

(2023/C 15/17)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Piteşti

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SC Avicarvil Farms SRL

Demandadas: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură — Centrul Judeţean Vâlcea

Fallo

El artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, y el artículo 58, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo, en relación con el artículo 310 TFUE, apartado 5, y con los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica,

deben interpretarse en el sentido de que

no se oponen a que las autoridades nacionales que participan en la aplicación de una medida de ayuda financiera no reembolsable adopten, como consecuencia de un error de cálculo declarado por el Tribunal de Cuentas Europeo, actos que impongan la reducción del importe de la ayuda financiera reconocida por el Programa de desarrollo rural del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para Rumanía en el período de programación 2007-2013, tal como fue aprobado por la Comisión Europea, sin esperar a que esta adopte una decisión que excluya de la financiación de la Unión los importes resultantes de dicho error de cálculo.

(1) DO C 452 de 8.11.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 1 de agosto de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxemburgo) — État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines y de la TVA / Navitours Sàrl

(Asunto C-294/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Impuestos - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 77/388/CEE - Artículo 2, apartado 1 - Ámbito de aplicación - Operaciones imponibles - Artículo 9, apartado 2, letra b) - Lugar de prestación del servicio de transporte - Cruceros por el río Mosela - Río sujeto al régimen de condominio)

(2022/C 408/21)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines y de la TVA

Demandada: Navitours Sàrl

Fallo

Los artículos 2, apartado 1, y 9, apartado 2, letra b), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991,

debe interpretarse en el sentido de que

un Estado miembro debe someter a tributación los servicios de navegación turística prestados por un proveedor establecido en dicho Estado miembro en el interior de un territorio que, en virtud de un tratado internacional celebrado entre ese Estado miembro y otro Estado miembro, constituye un territorio común sujeto a la soberanía compartida de esos dos Estados miembros y que no está incluido en ninguna excepción establecida por el Derecho de la Unión, siempre que dichos servicios no hayan sido ya gravados por ese otro Estado miembro. El gravamen de esos servicios por parte de uno de los Estados miembros impide al otro Estado miembro gravarlos a su vez, sin perjuicio de la posibilidad de que ambos Estados miembros regulen de otro modo la tributación de los servicios prestados en el interior de ese territorio, en particular mediante un convenio, siempre que se eviten la no tributación de ingresos y la doble imposición.

(1) DO C 191 de 10.5.2022.
C 284/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 2 de junio de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Ilfov — Rumanía) — SR / EW

(Asunto C-196/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales - Reglamento (CE) n.o 1393/2007 - Artículo 5 - Traducción del documento - Asunción de los gastos de traducción por el requirente - Concepto de «requirente» - Traslado, a iniciativa del tribunal que conoce del asunto, de documentos judiciales a las partes coadyuvantes en el procedimiento)

(2022/C 284/10)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Ilfov

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SR

Demandada: EW

con intervención de: FB, CX, IK

Fallo

El artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo debe interpretarse en el sentido de que, cuando un órgano jurisdiccional ordena la transmisión de documentos judiciales a terceros que solicitan intervenir en el procedimiento, dicho órgano jurisdiccional no puede ser considerado como «requirente» en el sentido de dicha disposición.

(1) DO C 263 de 5.7.2021.
C 257/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 5 de mayo de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud — República Checa) — HJ / Ministerstvo práce a sociálních věcí

(Asunto C-101/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 2008/94/CE - Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario - Artículo 2, apartado 2 - Concepto de «trabajador asalariado» - Artículo 12, letras a) y c) - Límites a la responsabilidad de las instituciones de garantía - Persona que ejerce, en virtud de un contrato de trabajo celebrado con una sociedad mercantil, las funciones de miembro del consejo de administración y de director de dicha sociedad - Acumulación de funciones - Jurisprudencia nacional que deniega a esa persona el disfrute de las garantías previstas por la citada Directiva)

(2022/C 257/14)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Nejvyšší správní soud

Partes en el procedimiento principal

Demandante: HJ

Demandada: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Fallo

Los artículos 2, apartado 2, y 12, letras a) y c), de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2015/1794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una jurisprudencia nacional según la cual una persona que ejerce, en virtud de un contrato de trabajo válido con arreglo al Derecho nacional, de forma acumulativa las funciones de director y de miembro del órgano estatutario de una sociedad mercantil no puede ser calificada de trabajador asalariado, en el sentido de dicha Directiva, y, por lo tanto, no puede disfrutar de las garantías previstas por esa Directiva.

(1) DO C 148 de 26.4.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de noviembre de 2022 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — GE Aircraft Engine Services Ltd / The Commissioners for His Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-607/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 26, apartado 1, letra b) - Prestaciones de servicios a título gratuito - Entrega gratuita de vales de compra al personal de la empresa del sujeto pasivo en el marco de un plan de reconocimiento y gratificación - Operaciones asimiladas a prestaciones de servicios a título oneroso - Alcance - Principio de neutralidad fiscal)

(2023/C 15/08)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: GE Aircraft Engine Services Ltd

Demandada: The Commissioners for His Majesty’s Revenue & Customs

Fallo

El artículo 26, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no está comprendida en su ámbito de aplicación una prestación de servicios, realizada por una empresa, consistente en la entrega por esta última de vales de compra a sus empleados de manera gratuita en el marco de un plan instaurado por ella para gratificar y premiar a los empleados con más méritos y mayor rendimiento.

(1) DO C 28 de 25.1.2021.