SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 5 de octubre de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado italiano de compra y primera transformación de tabaco crudo – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE – Fijación de precios y reparto del mercado – Participación en la infracción – Duración de la infracción – Multas – Circunstancias atenuantes – Límite máximo del 10 % del volumen de negocios – Igualdad de trato – Competencia jurisdiccional plena»

En el asunto T‑11/06,

Romana Tabacchi Srl, anteriormente Romana Tabacchi SpA, con domicilio social en Roma, representada por los Sres. M. Siragusa y G.C. Rizza, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. É. Gippini Fournier y F. Amato, posteriormente por los Sres. Gippini Fournier y V. Di Bucci, y por último por los Sres. Gippini Fournier y L. Malferrari, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto, por un lado, un recurso de anulación parcial de la Decisión C(2005) 4012 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/C.38.281/B.2 – Tabaco crudo – Italia), y, por otro lado, una petición de reducción del importe de la multa impuesta a la demandante,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y la Sra. E. Cremona (Ponente) y el Sr. S. Frimodt Nielsen, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 1 de diciembre de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 La demandante, Romana Tabacchi Srl, es una sociedad italiana, actualmente en liquidación, cuya actividad principal consiste en la primera transformación de tabaco crudo. Cuando ocurrieron los hechos objeto del presente asunto, los únicos accionistas de la sociedad demandante eran los esposos B., que poseían –y aún hoy poseen– conjuntamente la totalidad de las acciones.

1. Procedimiento administrativo

2 El 15 de enero de 2002, la Comisión de las Comunidades Europeas dirigió, con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), unas solicitudes de información, relativas al mercado italiano del tabaco crudo, a las asociaciones profesionales de transformadores y de productores italianos de tabaco, a saber, la Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) y la Unione Italiana Tabacco (UNITAB), respectivamente.

3 El 19 de febrero de 2002, la Comisión recibió una solicitud de dispensa del pago de las multas realizada por Deltafina SpA, transformador italiano miembro de la APTI, de conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»). El 6 de marzo de 2002, la Comisión concedió una dispensa condicional a Deltafina con arreglo al punto 15 de dicha Comunicación.

4 El 4 de abril de 2002, la Comisión recibió una solicitud de dispensa del pago de las multas, con arreglo al punto 8 de la Comunicación sobre la cooperación, y, con carácter subsidiario, una petición de reducción del importe de la multa, con arreglo a los puntos 20 a 27 de dicha Comunicación, realizada por Dimon Italia Srl (filial de Dimon Inc. y denominada posteriormente Mindo Srl), así como una petición de reducción del importe de la multa, sobre la misma base, realizada por Transcatab SpA (filial de Standard Commercial Corp., en lo sucesivo, «SCC»).

5 Los días 18 y 19 de abril de 2002, la Comisión efectuó verificaciones, con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 17, en los locales de Dimon Italia y de Transcatab, así como en los locales de Trestina Azienda Tabacchi SpA y de la demandante.

6 El 8 de octubre de 2002, la Comisión informó a Dimon Italia y a Transcatab de que, al haber sido la primera y la segunda empresa, respectivamente, que habían aportado elementos de prueba de la infracción en el sentido de la Comunicación sobre la cooperación, tenía intención de concederles, al término del procedimiento administrativo, una reducción del importe de la multa que se les habría impuesto por las infracciones eventualmente señaladas.

7 El 25 de febrero de 2004, la Comisión adoptó un pliego de cargos, que dirigió a diez empresas o asociaciones de empresas, entre ellas, Deltafina, Dimon Italia, Transcatab y la demandante (en lo sucesivo, «transformadores») y a las sociedades matrices de algunas de ellas, en concreto, Universal Corp., Dimon y SCC. Las destinatarias del pliego de cargos tuvieron acceso al expediente administrativo, cuya copia en forma de CD‑ROM les envió la Comisión, y remitieron observaciones escritas en respuesta a los cargos imputados por ésta. Posteriormente, el 22 de junio de 2004, se celebró una audiencia.

8 A raíz de la adopción, el 21 de diciembre de 2004, de una adenda al pliego de cargos de 25 de febrero de 2004, se celebró una segunda audiencia el 1 de marzo de 2005.

9 Tras consultar al Comité Consultivo de prácticas restrictivas y posiciones dominantes, y visto el informe final del consejero auditor, la Comisión adoptó la Decisión C(2005) 4012 final, de 20 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/C.38.281/B.2 − Tabaco crudo – Italia) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de la Unión Europea de 13 de febrero de 2006 (DO L 353, p. 45).

2. Decisión impugnada

10 La Decisión impugnada se refiere, en primer lugar, a una infracción horizontal llevada a cabo por los transformadores en el mercado italiano del tabaco crudo (considerando 1 de la Decisión impugnada).

11 La Comisión señaló, en la Decisión impugnada, que, en el marco de dicha infracción, desde 1995 hasta comienzos del año 2002 los transformadores habían fijado las condiciones comerciales de la compra de tabaco crudo en Italia, en lo que respecta tanto a las compras directas a los productores como a las compras a «terceros envasadores», incluidas la fijación de precios y el reparto del mercado (considerando 1 de la Decisión impugnada).

12 En segundo lugar, la Decisión impugnada se refiere a otras dos infracciones –distintas de la práctica colusoria llevada a cabo por los transformadores– que tuvieron lugar entre comienzos del año 1999 y finales del año 2001, consistentes en que la APTI fijaba los precios contractuales que negociaría, en nombre de sus miembros, para la celebración de acuerdos interprofesionales con la UNITAB, y en que ésta fijaba los precios que negociaría con la APTI, en nombre de sus miembros, para la celebración de esos mismos acuerdos.

13 En la Decisión impugnada, la Comisión consideró que las prácticas de los transformadores constituían una infracción única y continua del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse, en particular, los considerandos 264 a 269 de la Decisión impugnada).

14 En el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, la Comisión imputó la responsabilidad del cártel a los transformadores, así como a Universal, sociedad matriz de Deltafina, y a Alliance One International, Inc. (en lo sucesivo,«Alliance One»), como sociedad resultante de la fusión de Dimon y SCC. Asimismo, declaró, en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión impugnada, que la APTI y la UNITAB habían infringido el artículo 81 CE, apartado 1, al adoptar decisiones relativas a la fijación de los precios que negociarían, por cuenta de sus miembros, a fin de concluir acuerdos interprofesionales.

15 En el artículo 2 de la Decisión impugnada, la Comisión impuso multas a las empresas mencionadas en el anterior apartado 14, así como a la APTI y a la UNITAB (véase el posterior apartado 42).

16 En los considerandos 356 a 404 de la Decisión impugnada, la Comisión procedió a determinar las multas que se habían de imponer a las destinatarias de aquélla.

17 La Comisión determinó el importe de las multas en función de la gravedad y la duración de las infracciones de que se trataba, esto es, los dos criterios expresamente mencionados en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1) y en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 (considerandos 356 y 357 de la Decisión impugnada).

Determinación del importe inicial de las multas

Gravedad

18 Por lo que respecta a la gravedad de la infracción de que se trata, la Comisión recordó que, para evaluar este factor, debía tomar en consideración la naturaleza de la infracción, sus repercusiones concretas en el mercado cuando se puedan determinar y el tamaño del mercado geográfico de referencia (considerando 365 de la Decisión impugnada).

19 Acto seguido, la Comisión indicó que la producción de tabaco crudo en Italia correspondía al 38 % de la producción del contingente en la Unión Europea, lo que representaba 67,338 millones de euros en 2001, esto es, el último año completo de la infracción (considerando 366 de la Decisión impugnada).

20 En lo referente a la naturaleza de la infracción, la Comisión declaró que era de carácter muy grave, porque la infracción había consistido en la fijación de los precios de compra de variedades de tabaco crudo en Italia y en el reparto de las cantidades adquiridas. La Comisión añadió, refiriéndose a la parte de la Decisión impugnada relativa al examen de la restricción de la competencia (considerandos 272 y siguientes), que un cártel de compra puede falsear la disposición de los productores a generar un determinado rendimiento y limitar la competencia entre los transformadores en los mercados sucesivos. Asimismo afirmó que esto era particularmente cierto cuando, como en el presente caso, el producto afectado por el cártel de compra (tabaco crudo) constituía un «insumo» fundamental para las actividades ejercidas por los participantes posteriores, en el presente caso, la primera transformación y la venta de tabaco transformado (considerandos 367 y 368 de la Decisión impugnada).

21 En el considerando 369 de la Decisión impugnada, la Comisión llegó a la conclusión, a partir de las anteriores consideraciones, de que la infracción cometida por los transformadores debía ser calificada de muy grave.

Trato diferenciado

22 En los considerandos 370 a 376 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó los aspectos del «peso específico» y de la «disuasión». A este respecto, señaló que, a la hora de determinar el importe de la multa, era preciso tener en cuenta el «peso específico de cada una de las empresas y las repercusiones probables de su comportamiento ilícito» (considerando 370 de la Decisión impugnada).

23 De este modo, la Comisión estimó que las multas debían determinarse en función de la posición en el mercado de cada una de las partes implicadas (considerando 371 de la Decisión impugnada).

24 Sobre este particular, la Comisión consideró que, por lo que respectaba a Deltafina, el importe inicial de la multa debía ser el más elevado, ya que parecía ser el principal comprador con una cuota de mercado cercana al 25 % en 2001 (considerando 372 de la Decisión impugnada).

25 Dado que sus cuotas en el mercado de referencia eran menores, entre el 9 y el 11 % en 2001, la Comisión consideró que Transcatab, Dimon Italia y Romana Tabacchi «debían agruparse» y que el importe inicial de la multa debía ser menor para ellas (considerando 373 de la Decisión impugnada).

26 No obstante, la Comisión consideró que un importe inicial que sólo reflejase la posición en el mercado no tendría un efecto suficientemente disuasorio sobre Deltafina, Dimon Italia (Mindo) y Transcatab, porque, pese a su volumen de negocios relativamente limitado, cada una de ellas pertenecía –o, en el caso de Mindo, había pertenecido– a grupos multinacionales con una fuerza económica y financiera considerable, que eran los principales comerciantes mundiales de tabaco y operaban en distintos niveles de actividad en la industria del tabaco y en diferentes mercados geográficos (considerando 374 de la Decisión impugnada).

27 En consecuencia, a fin de conferir un carácter disuasorio a la multa, la Comisión consideró que procedía aplicar un coeficiente multiplicador del 1,5 –es decir, un incremento del 50 %– al importe inicial establecido para Deltafina y un coeficiente multiplicador del 1,25 –esto es, un incremento del 25 %– al importe inicial establecido para Dimon Italia (Mindo) y Transcatab (considerando 375 de la Decisión impugnada).

28 Así pues, la Comisión fijó, en el considerando 376 de la Decisión impugnada, el importe inicial de las multas como sigue:

– Deltafina: 37,5 millones de euros

– Transcatab: 12,5 millones de euros

– Dimon Italia (Mindo): 12,5 millones de euros

– Romana Tabacchi: 10 millones de euros.

Determinación del importe de base de las multas

29 En los considerandos 377 y 378 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó el tema de la duración de la infracción.

30 Consideró que la práctica colusoria llevada a cabo por los transformadores había comenzado el 29 de septiembre de 1995 y había dejado de existir, según las declaraciones de éstos, el 19 de febrero de 2002. Por lo que respecta, en particular, a la demandante, la Comisión manifestó que se había unido al cártel en octubre de 1997 y que había suspendido su participación entre el 5 de noviembre de 1999 y el 29 de mayo de 2001, para adherirse de nuevo desde el 29 de mayo de 2001 hasta el 19 de febrero de 2002. Como su participación en la infracción sólo duró dos años y ocho meses, la Comisión estimó que era preciso aplicar un incremento del 25 % al importe inicial de su multa, mientras que se aplicaron incrementos del 60 % al importe inicial de las multas impuestas a los demás transformadores.

31 Por consiguiente, los importes de base de las multas impuestas a las destinatarias de la Decisión impugnada quedaron establecidos como sigue:

– Deltafina: 60 millones de euros

– Transcatab: 20 millones de euros

– Dimon Italia (Mindo): 20 millones de euros

– Romana Tabacchi: 12,5 millones de euros.

Circunstancias atenuantes

32 En los considerandos 380 a 398 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó si procedía aplicar circunstancias atenuantes.

33 Por lo que se refiere a la demandante, la Comisión precisó, en el considerando 380 de la Decisión impugnada, que Romana Tabacchi «no [había] participado en determinados aspectos del cártel (principalmente los inherentes a las compras directas a los productores, a los que sólo comenzó a comprar pequeñas cantidades en el 2000)». Además, consideró que, en 1997, cuando la demandante se unió al cártel, su cuota de mercado era modesta. Por último, precisó que el «comportamiento de la demandante [había] perturbado a menudo la finalidad del cártel hasta el punto de que los demás participantes [habían] tratado en común cómo reaccionar ante [dicha] conducta».

34 Habida cuenta de estos elementos, la Comisión decidió reducir un 30 % el importe de base de la multa impuesta a la demandante.

35 En lo referente a la situación de Dimon Italia y de Transcatab, la Comisión desestimó todas sus alegaciones dirigidas a poder beneficiarse de circunstancias atenuantes (considerandos 381 a 384 de la Decisión impugnada).

36 Por último, la Comisión tuvo en cuenta la situación particular de Deltafina y concluyó que procedía reducir su multa un 50 % debido a la cooperación que prestó (considerandos 385 a 398 de la Decisión impugnada).

37 La Comisión fijó como sigue el importe de la multas tras la aplicación de las circunstancias atenuantes (considerando 399 de la Decisión impugnada):

– Deltafina: 30 millones de euros

– Dimon Italia (Mindo): 20 millones de euros

– Transcatab: 20 millones de euros

– Romana Tabacchi: 8,75 millones de euros.

Límite máximo de la multa establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003

38 En los considerandos 400 a 404 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó si procedía adaptar los importes de base así calculados en relación con las distintas destinatarias a fin de que no superasen el límite del 10 % del volumen de negocios establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.

39 Por ello, manifestó que el importe de la multa impuesta a la demandante no debía exceder de 2,05 millones de euros y que no era necesario reducir las demás multas con arreglo a la citada disposición (considerandos 402 y 403 de la Decisión impugnada).

Aplicación de la Comunicación sobre la cooperación

40 En los considerandos 405 a 500 de la Decisión impugnada, la Comisión se pronunció sobre la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación.

41 Tras señalar que Dimon Italia y Transcatab habían cumplido las condiciones que se les habían impuesto con ocasión de sus solicitudes de reducción de la multa, la Comisión dedujo de la apreciación de los elementos de prueba facilitados y de su cooperación durante el procedimiento que disfrutarían del porcentaje de reducción más alto previsto dentro de las horquillas que se les habían indicado a raíz de sus solicitudes de reducción, esto es, un 50 % y un 30 %, respectivamente (considerandos 492 a 499 de la Decisión impugnada). En cambio, no se concedió a Deltafina ni la dispensa del pago de la multa ni reducción alguna de ésta.

Importe final de las multas

42 Conforme al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, la Comisión fijó, en el artículo 2 de la Decisión impugnada, los importes de las multas que habían de imponerse a las empresas y a las asociaciones de empresas destinatarias de la Decisión impugnada como sigue:

– Deltafina y Universal, solidariamente: 30 millones de euros.

– Dimon Italia (Mindo) y Alliance One: 10 millones de euros; siendo Alliance One responsable por la totalidad y Mindo responsable solidariamente sólo por 3,99 millones de euros.

– Transcatab y Alliance One, solidariamente: 14 millones de euros.

– Romana Tabacchi: 2,05 millones de euros.

– APTI: 1.000 euros.

– UNITAB: 1.000 euros.

Procedimiento y pretensiones de las partes

43 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 19 de enero de 2006, la demandante interpuso el presente recurso.

44 Mediante escrito separado, depositado en la Secretaría del Tribunal el mismo día (asunto T‑11/06 R), la demandante presentó, al amparo del artículo 242 CE y del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, una demanda de medidas provisionales en la que solicitaba, por un lado, que se suspendiera la ejecución de la Decisión impugnada y, por otro, que la dispensara de la obligación de constituir una garantía bancaria para que no se procediera al cobro inmediato del importe de la multa.

45 Mediante auto del Presidente del Tribunal de 13 de julio de 2006, Romana Tabacchi/Comisión (T‑11/06 R, Rec. p. II‑2491), se suspendió, bajo determinadas condiciones, la obligación de la demandante de constituir una garantía bancaria a favor de la Comisión para evitar el cobro inmediato de la multa que se le impuso en el artículo 2 de la Decisión impugnada y se reservó la decisión sobre las costas.

46 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, instó a las partes a presentar unos documentos. Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado dentro del plazo señalado.

47 En la vista celebrada el 1 de diciembre de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

48 Mediante escritos de fechas 7 y 10 de diciembre de 2010, la demandante y la Comisión, respectivamente, respondieron a una diligencia de ordenación del procedimiento del Tribunal acordada en la vista y presentaron unos documentos.

49 El 19 de enero de 2011, la Comisión, a requerimiento del Tribunal, presentó otros documentos.

50 El 8 de febrero de 2011, la demandante presentó sus observaciones sobre dichos documentos.

51 La demandante solicita al Tribunal que:

– Anule parcialmente la Decisión impugnada, en su parte relativa al cálculo de la multa que se le impuso.

– Reduzca sustancialmente el importe de la multa que se le impuso.

– Acuerde cualquier otra diligencia, incluso de prueba, que estime oportuna.

– Condene en costas a la Comisión.

52 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

53 En apoyo de su recurso, la demandante invoca cinco motivos. El primero se basa en un defecto de instrucción, en la falta de motivación o en el carácter ilógico de ésta, así como en la violación de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, en lo que se refiere al hecho de que la Comisión no tuvo en cuenta, a efectos del cálculo de importe inicial de la multa, la inexistencia de repercusiones concretas del cártel sobre el mercado. El segundo motivo se basa en el carácter ilógico de la motivación y en la violación del principio de igualdad de trato a la hora de graduar el importe inicial de la multa a fin de adecuarlo al peso específico de la demandante. El tercer motivo se basa en la falta de motivación y en un defecto de instrucción, así como en la vulneración de la carga de la prueba, en el momento de determinar la duración de la participación de la demandante en la infracción. El cuarto motivo se basa en la reducción insuficiente del importe de la multa en concepto de la función «perturbadora» desempeñada por la demandante y en la falta de consideración de otras circunstancias atenuantes. El quinto motivo se basa en el carácter inicuo y desproporcionado de la multa, en relación con la estructura patrimonial y la capacidad contributiva real de la demandante en un contexto social específico.

54 El Tribunal examinará en primer lugar el primer motivo, después el tercero y, por último, los motivos segundo, cuarto y quinto.

1. Sobre la solicitud de prueba testifical

55 Por lo que respecta a la valoración de las declaraciones que la demandante adjuntó en anexo al escrito de demanda, como medios de prueba, procede señalar, en primer lugar, que el Reglamento de Procedimiento no se opone a que las partes aporten tales declaraciones. No obstante, su valoración queda reservada al Tribunal que puede, si los hechos descritos en ellas son cruciales para la resolución del litigio, ordenar, como diligencia de prueba, la audiencia en calidad de testigo del autor del documento (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2007, BASF y UCB/Comisión, T‑101/05 y T‑111/05, Rec. p. II‑4949, apartado 97). Pues bien, en el presente caso, habida cuenta de los escritos de las partes, de los documentos obrantes en autos y de los resultados de la vista, el Tribunal se considera suficientemente informado para pronunciarse sobre el presente litigio (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, apartado 80).

56 Por consiguiente, procede desestimar la solicitud de diligencia de prueba propuesta por la demandante.

2. Sobre el primer motivo, basado en un defecto de instrucción, en la falta de motivación o en el carácter ilógico de ésta, así como en la violación de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, en lo que se refiere al hecho de que la Comisión no tuvo en cuenta la inexistencia de repercusiones concretas del cártel sobre el mercado

Alegaciones de las partes

57 Mediante el primer motivo, la demandante sostiene, en primer lugar, que, para calcular el importe inicial de la multa que se le impuso, la Comisión debía haber tenido en cuenta «la inexistencia de repercusiones concretas sobre el mercado» del cártel. En particular, considera que la Comisión no extrajo consecuencias, por un lado, de las afirmaciones realizadas en la Decisión impugnada (considerandos 97 y 98), según las cuales los precios pagados a los productores por el tabaco crudo aumentaron en Italia en una medida muy superior a la media comunitaria, y, por otro, del hecho de que los participantes en el cártel, al no representar más del 55 % del mercado, quedaban inevitablemente expuestos a la intensa presión competitiva de los transformadores que no se habían adherido al acuerdo.

58 Según la demandante, al calcular la multa, la Comisión está obligada, conforme a su práctica decisoria aprobada por la jurisprudencia, a distinguir entre los cárteles que tienen repercusiones concretas considerables y los que carecen de efectos o cuyos efectos son limitados. Por lo tanto, la Comisión está sujeta a la «obligación positiva» de evaluar las repercusiones efectivas del cártel sobre el mercado cuando determina su gravedad para fijar el importe inicial de las multas. Añade que la obligación de tener en cuenta las «repercusiones concretas [de la infracción] sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar)» resulta expresamente del texto de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»), de las que la Comisión no puede apartarse.

59 Más en particular, considera que, para valorar las repercusiones concretas de una infracción sobre el mercado, la Comisión debe tomar como referencia la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la infracción. Así pues, por un lado, en el caso de acuerdos sobre los precios, es preciso demostrar que los acuerdos permitieron efectivamente a las empresas implicadas alcanzar un nivel de precios de transacción superior al que habría predominado de no existir los acuerdos. Por otro lado, la Comisión debe tener en cuenta, en el marco de su apreciación, todas las condiciones objetivas del mercado de referencia, tomando en consideración el contexto económico. Además, en su opinión, evaluar las repercusiones de un cártel en los precios no es imposible en absoluto y la Comisión puede efectuar tal análisis, como demuestra su práctica decisoria en materia de control de concentraciones.

60 Según la demandante, una concepción esquemática y mecánica del cálculo de las multas que no tenga en cuenta los efectos concretos de la infracción en el mercado es asimismo contraria a los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. En su opinión, el respeto del primer principio obliga a la Comisión a diferenciar las multas en función de las repercusiones concretas de los cárteles sobre el mercado, sancionadas caso por caso. El respeto del segundo principio obliga, al calcular la multa, a hacerlo de modo que mantenga un vínculo razonable con las repercusiones reales de la conducta infractora y, en particular, con el perjuicio causado a los clientes y a los consumidores finales, que en el presente caso no existe. En su opinión, el nivel de tal perjuicio constituye el primer criterio distintivo entre los cárteles. Considera que la multa impuesta por un cártel cuyas repercusiones reales sobre el mercado no son significativas y que no perjudica a los clientes de las empresas participantes ni a los consumidores debe corresponder al grado mínimo de la escala de multas, incluidas las infracciones «muy graves».

61 La demandante rebate, además, la alegación de la Comisión de que el importe de 20 millones de euros, citado en el número 1, sección A, de las Directrices, representa el importe mínimo de la sanción de base aplicable en principio a la empresa que ocupa la principal posición en el mercado afectado por la infracción y no a todas las empresas participantes en el cártel. Por otra parte, en el asunto que dio lugar a la Decisión C(2004) 4030 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo [81 CE], apartado 1 (asunto COMP/C.38.238/B.2 – Tabaco crudo – España), que presenta analogías evidentes con el asunto que ha dado lugar al presente recurso, la Comisión no aplicó el importe mínimo de 20 millones de euros.

62 Además, la caracterización formal basada en la distinción «grave/muy grave» no reviste la relevancia que le atribuye la Comisión, toda vez que el objeto de las alegaciones formuladas por la demandante es el resultado final del cálculo de la Comisión a la luz de sus Directrices. Por otra parte, de la jurisprudencia se desprende que, cuando los efectos en el mercado son reducidos, un cártel de precios también puede calificarse de infracción «grave», en vez de «muy grave». Por último, para tener en cuenta adecuadamente las repercusiones limitadas de la infracción sobre el mercado, la Comisión puede reducir asimismo el importe determinado en concepto de gravedad en correlación con el importe mínimo establecido habitualmente en el caso de una infracción «muy grave».

63 En definitiva, considera que, a falta de pruebas de las repercusiones concretas del cártel sobre el mercado, el importe inicial de la multa impuesta a la demandante debería haberse fijado en el nivel correspondiente al grado más bajo de la escala de las multas apropiadas para los cárteles.

64 La Comisión solicita que se desestime el motivo.

Apreciación del Tribunal

65 En el marco del primer motivo, la demandante formula varias alegaciones que cuestionan que la Comisión no hubiera tenido en cuenta, al determinar el importe inicial de la multa, el hecho de que el cártel no tuvo repercusiones concretas sobre el mercado.

66 A este respecto, antes de abordar las alegaciones formuladas por la demandante, el Tribunal estima necesario recordar los principios generales que rigen la determinación del importe de las multas en materia de prácticas colusorias contrarias al artículo 81 CE y, más en concreto, la apreciación de la gravedad de la infracción.

Consideraciones generales

67 El artículo 81 CE, apartado 1, letras a) y b), declara expresamente incompatibles con el mercado común los acuerdos y prácticas concertadas que consistan en fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción o en limitar o controlar la producción o el mercado. La jurisprudencia califica las infracciones de este tipo, en particular cuando se trata de prácticas colusorias horizontales, como especialmente graves en la medida en que tienen repercusiones directas en los parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que se trate (sentencia del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión, T‑141/94, Rec. p. II‑347, apartado 675) o como infracciones patentes de las normas sobre la competencia (sentencias del Tribunal de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión, T‑148/89, Rec. p. II‑1063, apartado 109, y de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, apartado 303).

68 A tenor del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, a fin determinar el importe de la multa que se ha de imponer por infringir el artículo 81 CE, apartado 1, procede tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.

69 Conforme a reiterada jurisprudencia, la gravedad de las infracciones del Derecho de la competencia debe determinarse en función de numerosos factores, como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 241; de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, apartado 54, y de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y otros/Comisión, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P y C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, apartado 91).

70 La Comisión adoptó las Directrices para asegurar la transparencia y el carácter objetivo de sus decisiones en las que fija multas por infringir las normas sobre la competencia (primer párrafo de las Directrices).

71 Las Directrices son un instrumento para establecer, respetando el Derecho de rango superior, los criterios que aplicará la Comisión cuando ejerza la facultad de apreciación al fijar las multas que le confiere el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. Las Directrices no constituyen el fundamento jurídico de una decisión mediante la que se imponen multas, la cual se basa en el Reglamento nº 1/2003, pero determinan, de un modo general y abstracto, la metodología que la Comisión se obligó a seguir para determinar el importe de las multas impuestas mediante aquella decisión y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica de las empresas (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartados 209 a 213, y sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02, Rec. p. II‑5169, apartados 219 y 223).

72 Por lo tanto, si bien las Directrices no pueden calificarse de norma jurídica a cuya observancia está obligada en cualquier caso la Administración, establecen sin embargo una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual la Administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin presentar justificaciones (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartados 209 y 210, y de 18 de mayo de 2006, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, apartado 91).

73 La autolimitación de la facultad de apreciación de la Comisión derivada de la adopción de las Directrices no es incompatible, sin embargo, con el mantenimiento de un margen de apreciación sustancial por la Comisión (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Mannesmannröhren‑Werke/Comisión, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, apartados 246, 274 y 275). En efecto, el hecho de que la Comisión haya precisado, mediante las Directrices, su modo de proceder en relación con la valoración de la gravedad de una infracción no se opone a que dicha institución examine la gravedad de manera global en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos elementos que no se mencionan expresamente en las Directrices (sentencia Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 71 supra, apartado 237).

74 Según el método establecido en las Directrices, la Comisión toma como punto de partida para el cálculo del importe de las multas que impone a las empresas afectadas un importe determinado en función de la gravedad «intrínseca» de la infracción. A la hora de valorar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado (número 1, sección A, párrafo primero, de las Directrices).

75 En dicho contexto, las infracciones se clasifican en tres categorías, a saber, «infracciones leves», para las cuales el importe de las multas previstas va desde 1.000 a 1 millón de euros, las «infracciones graves», para las cuales el importe de las multas previstas va desde 1 millón a 20 millones de euros, y las «infracciones muy graves» para las cuales el importe de las multas previstas es superior a 20 millones de euros (número 1, sección A, párrafo segundo, guiones primero a tercero, de las Directrices). Por lo que respecta a las infracciones muy graves, la Comisión puntualiza que se trata básicamente de restricciones horizontales como cárteles de precios y cuotas de reparto de los mercados u otras prácticas que menoscaben el correcto funcionamiento del mercado interior, como las destinadas a compartimentar los mercados nacionales, o los abusos característicos de posición dominante de empresas que prácticamente actúan como monopolios (número 1, sección A, párrafo segundo, tercer guión, de las Directrices).

76 Por otra parte, es preciso señalar que los tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción mencionados en el anterior apartado 74 no tienen el mismo peso en el marco del examen de conjunto. La naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones «muy graves» (sentencia Erste Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartado 101, y sentencia del Tribunal de 28 de abril de 2010, Gütermann y Zwicky/Comisión, T‑456/05 y T‑457/05, Rec. p. II‑1443, apartado 137).

77 En cambio, ni las repercusiones concretas sobre el mercado ni la dimensión del mercado geográfico afectado constituyen elementos necesarios para calificar la infracción de muy grave en el caso de prácticas colusorias horizontales que, como en el presente caso, tienen por objeto concretamente la fijación de los precios. En efecto, si bien estos dos criterios son elementos que deben tenerse en cuenta para evaluar la gravedad de la infracción, se trata de criterios entre otros, a efectos de la apreciación global de la gravedad (véanse, en este sentido, la sentencia Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartados 74 y 81, y las sentencias del Tribunal Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 71 supra, apartados 240 y 311, y de 8 de octubre de 2008, Carbone‑Lorraine/Comisión, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, apartado 91).

78 Así pues, conforme a una jurisprudencia también ya consolidada, de las Directrices se desprende que las prácticas colusorias horizontales que, como en el presente caso, tienen por objeto concretamente la fijación de los precios pueden ser calificadas de «muy graves» sobre la mera base de su propia naturaleza, sin que la Comisión esté obligada a demostrar las repercusiones concretas de la infracción en el mercado (sentencia Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartado 75; véanse asimismo, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 27 de julio de 2005, Brasserie nationale y otros/Comisión, T‑49/02 a T‑51/02, Rec. p. II‑3033, apartado 178, y de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 150).

79 Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien la descripción de las infracciones graves menciona expresamente las repercusiones sobre el mercado, la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia de repercusiones concretas sobre el mercado (sentencia Gütermann y Zwicky/Comisión, citada en el apartado 76 supra, apartado 137; véase asimismo, en este sentido, la sentencia Brasserie nationale y otros/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartado 178).

80 Por lo tanto, procede examinar las distintas alegaciones formuladas por la demandante a la luz de estos principios jurisprudenciales.

Sobre la no consideración de las repercusiones concretas del cártel sobre el mercado en la determinación de la multa

81 La demandante reprocha primero a la Comisión que, cuando calculó el importe inicial de la multa, no tuvo en cuenta la inexistencia de repercusiones concretas del cártel sobre el mercado.

82 Ahora bien, es necesario señalar, en primer lugar, que de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión determinó el importe de la multa impuesta a los distintos destinatarios sobre la base del método general que ella misma se impuso en las Directrices, y ello aun cuando no las mencione expresamente en la referida Decisión.

83 Por lo que respecta, específicamente, a la naturaleza de la infracción de que se trata, hay que señalar que el cártel entre los transformadores tenía por objeto, en concreto, la fijación en común de los precios que pagaban por el tabaco crudo, así como el reparto de los proveedores y de las cantidades de tabaco crudo. Tales prácticas constituyen restricciones horizontales del tipo «cárteles de precios» en el sentido de las Directrices y son, por su naturaleza, infracciones «muy graves». Como se ha recordado en el anterior apartado 67, la jurisprudencia califica los cárteles de este tipo de infracciones patentes de las normas sobre competencia o de infracciones especialmente graves en la medida en que tienen repercusiones directas en los parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que se trate.

84 De lo anterior se deduce que, en el presente caso, la Comisión podía calificar el cártel, sin incurrir en error, de infracción muy grave, basándose en la naturaleza propia de ésta, con independencia de sus repercusiones concretas sobre el mercado (véase la jurisprudencia mencionada en los anteriores apartados 76 y 77 y, en particular, la sentencia Erste Groupe Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartado 103).

85 No obstante, en la vista, la demandante afirmó, contrariamente a lo que había alegado en sus escritos, que no impugnaba la calificación de muy grave de la infracción como tal. De este modo, precisó el alcance de su alegación como sigue. En esencia, alegó que el umbral de 20 millones de euros establecido en las Directrices para las infracciones muy graves se aplicaba al valor de la sanción total para todas las empresas que hubieran participado en el cártel. En el presente caso, al fijar la Comisión un importe inicial total de 55 millones de euros para todas las empresas participantes en el cártel, había sobrepasado dicho umbral. Por ello, debería haber tomado en consideración la inexistencia de repercusiones de la infracción sobre el mercado y haber motivado por qué sobrepasó dicho umbral.

86 Sobre este particular, es preciso señalar, en primer lugar, que la alegación de la demandante se basa en una premisa errónea. De la jurisprudencia se desprende que el importe inicial mínimo de 20 millones de euros establecido en las Directrices por lo que atañe a las infracciones muy graves se refiere a una sola empresa y no a todas las empresas que cometieron la infracción (véanse, en este sentido, las sentencias Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartados 306 y 311; Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartado 81, y las sentencias del Tribunal de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff‑Technik/Comisión, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, apartado 187, y de 30 de abril de 2009, Nintendo y Nintendo of Europe/Comisión, T‑13/03, Rec. p. II‑947, apartado 44).

87 Además, la conclusión de que los «importes previstos» mencionados en las Directrices se refieren a la multa aplicable a una sola empresa y no a la suma de las multas aplicables a todas las empresas participantes en el cártel viene corroborada por una interpretación sistemática del texto de las Directrices. En efecto, el término «importe de base» se utiliza allí sistemáticamente para aplicarlo a la multa que se ha de imponer a una sola empresa y no a todos los miembros del cártel. Esto resulta, en particular, del segundo párrafo de las Directrices, según el cual la nueva metodología se basa en la fijación de un importe de base al que se aplican los incrementos y reducciones por razón de circunstancias agravantes o atenuantes. Pues bien, estas circunstancias se aplican a cada empresa y no a todos los miembros del cártel, de modo que el término «importe de base» sólo puede referirse a la multa aplicable a una sola empresa. Igualmente, el sexto párrafo del número 1, sección A, de las Directrices, en la medida en que indica que «en el caso de las infracciones en las que están implicadas varias empresas […], podrá resultar conveniente ponderar, en determinados casos, los importes fijados dentro de cada una de las tres categorías [expuestas en las Directrices]», confirma que dichos importes se refieren a los importes de las multas aplicables a cada empresa que participa en la infracción y no a la suma de sus importes. Por último, la Comisión expone fundadamente que, si en el número 1, sección A, de las Directrices hubiera querido referirse efectivamente, como alega la demandante, al importe total mínimo de las multas aplicables a todas las empresas, habría aclarado tal enfoque utilizando una expresión como el «importe mínimo de las multas aplicables a todas las empresas».

88 Por lo tanto, es necesario señalar que, en el presente caso, la Comisión determinó el importe inicial de la multa que debía imponerse a la demandante en 10 millones de euros, lo que corresponde a un importe netamente inferior al umbral de 20 millones de euros establecido en las Directrices.

89 A este respecto, es irrelevante la alegación de la demandante de que el razonamiento de la Comisión no explica por qué, en el asunto que dio lugar a la Decisión C(2004) 4030 final, los importes iniciales eran muy inferiores al importe de 20 millones de euros anteriormente mencionado. En efecto, como ha precisado la jurisprudencia, el importe de 20 millones de euros establecido en el número 1, sección A, tercer guión, párrafo segundo, de las Directrices para las infracciones muy graves no constituye un umbral mínimo por debajo del cual no es posible descender (véase, en este sentido, la sentencia Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartado 97; véase, asimismo, la sentencia del Tribunal de 29 de noviembre de 2005, SNCZ/Comisión, T‑52/02, Rec. p. II‑5005, apartado 42).

90 En segundo lugar, por lo que se refiere específicamente a la consideración de las repercusiones concretas sobre el mercado en la determinación del importe de la multa, es preciso recordar que, para dicha determinación, procede tener en cuenta la duración de las infracciones y de todos los elementos que pueden influir en la apreciación de la gravedad de éstas, como el comportamiento de cada una de las empresas, el papel de cada una de ellas en el establecimiento de las prácticas concertadas, el beneficio que han podido obtener de tales prácticas, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas así como el riesgo que representan las infracciones de ese tipo para los objetivos de la Unión (véanse, en este sentido. las sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 129, y Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartado 242). De ello resulta que el efecto de una práctica contraria a la competencia no es, en sí mismo, un criterio determinante para apreciar el importe adecuado de la multa. En particular, elementos que forman parte del aspecto intencional pueden tener más importancia que los relativos a dicho efecto, sobre todo cuando se trata de infracciones intrínsecamente graves, como el reparto de mercados, elemento presente en el caso de autos (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, apartado 118; Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartado 96, y de 12 de noviembre de 2009, Carbone‑Lorraine/Comisión, C‑554/08 P, no publicada en la Recopilación, apartado 44).

91 En el presente caso, hay que señalar que el análisis de la parte de la Decisión impugnada referente a los hechos imputados muestra que los transformadores llevaron a cabo conscientemente las conductas contrarias a la competencia por las que fueron sancionados (véanse, en particular, los considerandos 124, 132, 133 y 141 de la Decisión impugnada). Por otra parte, esta consideración queda confirmada por el hecho de que el cártel tenía carácter secreto, como se desprende de los considerandos 363 y 473 de la Decisión impugnada.

92 Además, de la Decisión impugnada resulta asimismo que los transformadores convinieron en repetidas ocasiones medidas destinadas a garantizar la puesta en práctica efectiva del cártel, tales como el envío recíproco de las facturas de sus proveedores respectivos (considerandos 122 y 129 de la Decisión impugnada), una obligación de consulta en caso de compras al margen de los acuerdos (considerando 139 de la Decisión impugnada), obligaciones de control de los empleados a fin de evitar que tomasen iniciativas sin la coordinación necesaria (considerando 140 de la Decisión impugnada). A este respecto, del considerando 383 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión también declaró que se habían aplicado los acuerdos del cártel.

93 Así pues, el caso de autos se caracteriza por la presencia no sólo de una infracción muy grave de las normas sobre la competencia, sino también de elementos que forman parte del aspecto intencional tales como los mencionados en los anteriores apartados 91 y 92.

94 Además, del considerando 376 de la Decisión impugnada resulta que el importe inicial de la multa impuesta a la demandante corresponde a un importe netamente inferior al que, en virtud de las Directrices, la Comisión podría haber previsto para infracciones muy graves.

95 En estas circunstancias, la demandante no puede alegar un error por parte de la Comisión en la determinación de la multa que se le aplicó en cuanto que la Comisión no consideró una presunta inexistencia de repercusiones de la infracción en el mercado, aun suponiendo que se pudieran determinar.

96 En tercer lugar, es necesario señalar que, en la determinación del importe inicial de la multa, la Comisión tuvo en cuenta los probables efectos del comportamiento ilícito de cada empresa en cuestión. En efecto, del considerando 370 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión consideró apropiado determinar las multas en función de la posición en el mercado de cada parte implicada a fin de tener en cuenta, además de su peso específico, las repercusiones probables del comportamiento ilícito de cada una de ellas.

97 Pues bien, de la jurisprudencia se desprende que la cuota de mercado de cada una de las empresas implicadas en el mercado que ha sido objeto de una práctica restrictiva constituye –aun cuando no existan pruebas de una repercusión concreta de la infracción sobre el mercado– un criterio objetivo que ofrece una justa medida de la responsabilidad de cada una de ellas en cuanto a la potencial nocividad de dicha práctica para el juego normal de la competencia (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01, Rec. p. II‑1181, apartados 196 a 198). Por lo tanto, según la jurisprudencia, para calcular el importe de la multa, la cuota de mercado que posee una empresa es pertinente para determinar la influencia que ésta haya podido ejercer en el mercado (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 139, y Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 69 supra, apartado 62).

98 Conforme a estos principios, en el presente caso, al calcular el importe inicial de la multa en función de las cuotas de mercado que posee cada una de las partes del cártel, la Comisión utilizó un criterio pertinente, según la jurisprudencia, para determinar la influencia que el comportamiento de la demandante podía haber tenido en el mercado.

99 En cuarto lugar, por lo que respecta a los datos mencionados en la Decisión impugnada que, según la demandante, probarían la inexistencia de efectos del cártel en el mercado, de la jurisprudencia se desprende que, para valorar la gravedad de la infracción, es decisivo saber que los miembros del cártel hicieron todo lo que estaba en sus manos para dar un efecto concreto a sus intenciones. Lo que ocurrió posteriormente, respecto a los precios de mercado efectivamente practicados, podía verse influido por otros factores, fuera del control de los miembros del cártel, y éstos no pueden apuntarse en beneficio propio factores externos que entorpecieron sus esfuerzos, invocándolos como elementos que justifiquen una reducción de la multa (véanse las sentencias Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 71 supra, apartado 287, y Gütermann y Zwicky/Comisión, citada en el apartado 76 supra, apartado 130, y la jurisprudencia citada).

100 Por lo tanto, en el presente caso, toda vez que los miembros del cártel adoptaron medidas para dar un efecto concreto a sus objetivos contrarios a la competencia (véanse los anteriores apartados 91 y 92), una evolución de los precios en el mercado como el aumento de los precios del tabaco mencionado por la demandante no basta per se para justificar una reducción de la multa. En efecto, no cabe excluir que, de no haber existido el cártel, el aumento de los precios hubiera sido mayor que el aumento anteriormente mencionado.

101 Por último, en lo referente a la alegación de que la actividad y la estabilidad del cártel fueron perturbadas a menudo por la demandante, lo que reforzaría, según ella, la hipótesis de la inexistencia de efectos de la infracción en el mercado, basta con observar que el comportamiento «perturbador» de la demandante respecto del cártel fue apreciado por la Comisión como circunstancia atenuante (considerando 380 de la Decisión impugnada).

Sobre la violación de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad

102 Por lo que respecta, en primer lugar, a la supuesta violación del principio de igualdad de trato, es preciso recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, dicho principio sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, apartado 28, y sentencia del Tribunal General de 30 de septiembre de 2009, Hoechst/Comisión, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, apartado 79).

103 Pues bien, es necesario señalar que, en el presente caso, la demandante se limita a alegar que el respeto del principio de igualdad de trato obliga a la Comisión a diferenciar las multas en función de las repercusiones concretas de los cárteles sobre el mercado, sancionadas caso por caso. Sin embargo, no explica de qué modo violó dicho principio la Comisión, en el presente caso, respecto de ella. Por otra parte, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, las decisiones relativas a otros asuntos, que la demandante ni siquiera menciona, tienen un mero carácter indicativo en lo que respecta a la eventual existencia de discriminaciones, dado que es poco probable que las circunstancias específicas de esos asuntos, tales como los mercados, los productos, las empresas y los períodos considerados, sean idénticas (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2006, JCB Service/Comisión, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, apartados 201 y 205; de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, apartado 60, y la sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2009, Itochu/Comisión, T‑12/03, Rec. p. II‑883, apartado 124).

104 En segundo lugar, por lo que respecta a la supuesta violación del principio de proporcionalidad, procede recordar que este principio exige que los actos de las instituciones no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C‑331/88, Rec. p. I‑4023, apartado 13, y de 5 de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, apartado 96; sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión, T‑30/05, no publicada en la Recopilación, apartado 223).

105 En el marco de los procedimientos incoados por la Comisión para sancionar las infracciones de las normas sobre competencia, la aplicación de dicho principio implica que las multas no deben ser desmesuradas respecto de los objetivos perseguidos, es decir, respecto del respeto de dichas normas, y que el importe de la multa impuesta a una empresa por una infracción en materia de competencia debe ser proporcionada a la infracción, apreciada en su conjunto, habida cuenta, en particular, de la gravedad de ésta (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartado 532, y de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 104 supra, apartados 223 y 224, y la jurisprudencia citada). En particular, el principio de proporcionalidad implica que la Comisión debe fijar la multa en proporción a los elementos tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción y, a este respecto, debe aplicar dichos elementos de forma coherente y justificada objetivamente (sentencias del Tribunal, de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, apartados 226 a 228, y de 28 de abril de 2010, Amann & Söhne y Cousin Filterie/Comisión, T‑446/05, Rec. p. II‑1255, apartado 171).

106 Pues bien, sobre este particular, es preciso señalar que la demandante no demostró la inexistencia de perjuicio a los clientes y a los consumidores finales, sobre la que pretende basar su alegación relativa a la violación del principio de proporcionalidad. En efecto, los datos que invocó en el marco del presente motivo no permiten probar tal inexistencia de efectos, en la medida en que pueden haberse visto influidos por otros factores (véanse los anteriores apartados 99 y 100).

107 Además, la demandante no puede alegar que la Comisión violó el principio de proporcionalidad al establecer el importe inicial de la multa en 10 millones de euros toda vez que dicha infracción constituye una infracción muy grave y deliberada de las normas sobre la competencia. El carácter proporcionado del importe inicial impuesto en el presente caso viene confirmado por el hecho de que se fijó en un nivel netamente inferior al umbral mínimo establecido en las Directrices para este tipo de cártel.

Sobre la falta de motivación y el carácter ilógico de ésta

108 Por lo que respecta a esta alegación, es necesario observar que la demandante invocó la falta de motivación o el carácter ilógico de ésta en el título del motivo, sin desarrollar, no obstante, argumento alguno en apoyo de tal alegación en el cuerpo del motivo. En respuesta a una pregunta del Tribunal, en la vista, la demandante precisó que alegaba la existencia de una motivación ilógica en la medida en que la Comisión había impuesto una sanción superior al mínimo previsto en las Directrices sin haber analizado las repercusiones del cártel sobre el mercado.

109 A este respecto, procede recordar que de la jurisprudencia se desprende que, en el marco de la fijación de multas por infringir el Derecho de la competencia, la obligación de motivación se cumple cuando la Comisión indica, en su decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad y la duración de la infracción. Por lo que respecta a una decisión mediante la que se imponen multas a varias empresas, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse, en particular, a la luz del hecho de que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartados 463 y 465).

110 En el presente caso, la Comisión indicó, en los considerandos 365 a 376 de la Decisión impugnada, los factores que tuvo en cuenta a la hora determinar los importes iniciales de las multas impuestas a las distintas empresas de que se trata. En concreto, la Comisión señaló en ellos los criterios sobre cuya base, por un lado, valoró la gravedad de la infracción y, por otro, estableció después el importe inicial clasificando las empresas en función de su importancia en el mercado determinada por su cuota de mercado, teniendo en cuenta el peso específico de cada una de las empresas y las repercusiones probables de su comportamiento ilícito. Por lo tanto, se cumplieron los requisitos impuestos por la jurisprudencia en lo referente a la obligación de motivación.

111 Por último, no puede prosperar la alegación relativa a la motivación ilógica en la medida en que se ha señalado (véase el anterior apartado 88) que la Comisión fijó el importe inicial de la multa que se debía imponer a la demandante en un importe netamente inferior al umbral mínimo establecido en las Directrices para las infracciones muy graves.

112 A la luz de las anteriores consideraciones, procede desestimar el primer motivo.

3. Sobre el tercer motivo, basado en la falta de motivación y en un defecto de instrucción, así como en la vulneración de la carga de la prueba, por lo que se refiere a la duración de la participación de la demandante en la supuesta infracción

Alegaciones de las partes

113 La demandante considera que, al establecer en dos años y ocho meses –a saber, desde octubre de 1997 hasta el 19 de febrero de 2002, con una interrupción desde el 5 de noviembre de 1999 hasta el 29 de mayo de 2001– la duración de su participación en el cártel, la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación de los hechos. A este respecto, recuerda que, en el procedimiento administrativo, alegó que su participación en el cártel se interrumpió en febrero de 1999 sin que nunca más volviera a participar. Por consiguiente, la duración de su participación en el cártel fue de algo más de un año. Asimismo, reprocha a la Comisión haber basado sus conclusiones en pruebas inapropiadas y no haber proporcionado una motivación suficiente sobre el particular.

114 En primer lugar, por lo que respecta a la fase final del primer período de su participación en el cártel, la demandante estima que es preciso considerar lo siguiente:

– Contrariamente a una jurisprudencia ya consolidada, los considerandos 157 a 201 de la Decisión impugnada no mencionan ninguna prueba relativa a su participación en reuniones u otras actividades durante el año 1999.

– De las pruebas aportadas por la Comisión se desprende que la última reunión en la que participó la demandante fue la del 14 de diciembre de 1998 (considerando 155 de la Decisión impugnada); además, un memorándum interno de Dimon Italia, fechado el 20 de octubre de 1998 (considerando 145 de la Decisión impugnada) y no considerado por la Comisión, indica que, desde el 16 de octubre de 1998, las «multinacionales» se quejaban de que la demandante ignoraba las reglas de conducta impuestas por el cártel.

– Pese a que en 1999 el cártel estuvo muy activo, de la Decisión impugnada no se desprende que la demandante tomara parte en él; según la Decisión impugnada: (i) los demás transformadores, a saber, Deltafina, Transcatab, Dimon Italia y Trestina Azienda Tabacchi, ejercieron presiones continuas sobre la APTI para influir en las negociaciones dirigidas a la conclusión de acuerdos interprofesionales (considerando 165 de la Decisión impugnada); (ii) se celebraron diversas reuniones del cártel en 1999 entre Deltafina, Transcatab y Dimon Italia, algunas de ellas particularmente importantes durante el mes de octubre, sin que la demandante participara en ellas ni hubiera sido invitada (considerando 184 de la Decisión impugnada); (iii) únicamente algunos transformadores aprobaron un memorándum relativo a las variedades de tabaco crudo Bright y Burley (considerando 186 de la Decisión impugnada).

115 En segundo lugar, por lo que respecta al período comprendido entre el 29 de mayo de 2001 y el 19 de febrero de 2002, la demandante manifiesta lo siguiente:

– La prueba determinante de que volvió a participar en el cártel fue la recepción de un fax, que le envió Deltafina el 29 de mayo de 2001, en el que se indicaba el precio al que esta última firmaría los contratos para la variedad Bright con las asociaciones de productores; esta comunicación no tenía, sin embargo, un carácter contrario a la competencia, se trataba de un contacto aislado, con el objetivo de que superara la dificultad de comprensión de los valores de mercado que primaban en los contratos entre agricultores y transformadores, cuyo proceso de firma se regulaba por las normas de la política agrícola común que había sido objeto de importantes modificaciones.

– Las iniciativas comerciales emprendidas por la demandante se seguían atentamente en las reuniones del cártel, en las que no participaba (considerando 209 de la Decisión impugnada); además, las relaciones del cártel con la demandante figuraban incluso en un orden del día, que Dimon Italia dirigió a Deltafina y a Transcatab, propuesto para una reunión que debía celebrarse el 18 de septiembre de 2001, esto es, después de la fecha de recepción del mencionado fax (considerando 212 de la Decisión impugnada).

– La supuesta participación de la demandante en el cártel se limitó, como resulta de las declaraciones de Transcatab durante la verificación realizada el 18 de abril de 2002, a dos reuniones de 16 de noviembre de 2001 y de 8 de enero de 2002; la demandante participó en ellas porque Deltafina, Dimon Italia y Transcatab la habían invitado a actuar como «mediador» a fin de eliminar la oposición del «consorcio de protección y valoración del tabaco Burley Campano» (en lo sucesivo, «consorcio Burley») a la introducción de un sistema de subasta para la venta del tabaco, del que la UNITAB y la APTI se habían convertido en promotores, gestionado por el Comité de gestión nacional del tabaco Burley (en lo sucesivo, «COGENTAB»); por su parte, la demandante invitó a las partes interesadas a la reunión de 8 de enero de 2002 (considerando 222 de la Decisión impugnada), que fue precedida la víspera por otra reunión, en la que Deltafina, Dimon Italia y Transcatab probablemente debatieron entre ellas, en ausencia de la demandante y de los proveedores adheridos al consorcio Burley, sobre la actitud común que se debía adoptar en las negociaciones, al día siguiente.

116 La Comisión expone, en primer lugar, que consideró la fecha del 5 de noviembre de 1999 como aquella en la que la demandante interrumpió su participación en el cártel, porque una nota manuscrita del responsable de compras de Deltafina, relativa a una reunión de ese mismo día, mostraba que la demandante estaba inscrita en el orden del día como una entidad externa al cártel en lo sucesivo.

117 A este respecto, desestima la alegación de la demandante de que la fecha que debe tomarse en consideración para la interrupción de su participación en el cártel es el 14 de diciembre de 1998 (fecha de la última reunión del cártel en la que aquélla había participado) o que debía determinarse sobre la base del memorándum interno de Dimon Italia de 20 de octubre de 1998, mencionado en el considerando 145 de la Decisión impugnada. Según la Comisión, por un lado, la propia demandante, en su respuesta al pliego de cargos, reconoció haber participado en el cártel al menos hasta febrero de 1999 y, por otro, el citado memorándum de Dimon Italia no constituye una prueba de la interrupción de la participación de la demandante en el cártel en 1998, dado que, según reiterada jurisprudencia, hasta que una empresa no se distancie públicamente del contenido de las reuniones, sigue siendo plenamente responsable por su participación en el cártel. Por lo tanto, a falta de pruebas en tal sentido, la Decisión impugnada estableció correctamente que la participación de la demandante en el cártel había continuado al menos hasta el 5 de noviembre de 1999.

118 En segundo lugar, la Comisión expone haber considerado el 29 de mayo de 2001 como fecha de la reanudación de la participación de la demandante en el cártel, porque ésta, ese día, recibió un fax comunicándole el precio al que Deltafina iba a firmar los contratos con las asociaciones de productores.

119 En su opinión, tal comunicación entre competidores constituye una prueba de la reanudación de la participación de la demandante en el cártel, habida cuenta de que ya había participado en él hasta 1999 y de que, poco tiempo después, es decir, el 16 de noviembre de 2001, iba también a reanudar su participación en las reuniones del cártel.

120 Además, la Comisión rechaza, en la dúplica, la tesis de la demandante de que la demanda pone claramente de manifiesto su intención de impugnar no sólo la duración de la adhesión al cártel, sino también la propia existencia de la reanudación de dicha adhesión, en el período comprendido entre mayo de 2001 y principios del año 2002. La Comisión considera, en primer término, que la demandante impugna en la réplica por primera vez la ilicitud de dichas reuniones, negando que se incorporó al cártel en 2001. Esta alegación es inadmisible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. En segundo término, la Comisión estima que, de todas formas, la alegación carece de fundamento. En su opinión, la declaración de Transcatab de 18 de abril de 2002 (documento nº 38281/–03488) contiene una lista de las diversas reuniones mantenidas entre los miembros del cártel, en la que la reunión de 16 de noviembre de 2001 viene designada como una reunión «restringida» (tipo de reunión en la que participan los administradores delegados) y la de 8 de enero de 2002 como una reunión «de trabajo» (tipo de reunión en la que participan los responsables de compras). Según la Comisión, ambas reuniones tenían, por lo tanto, un carácter y un objeto contrarios a la competencia y correspondían, en consecuencia, a actividades del cártel. El hecho de que, durante dichas reuniones, se discutiera también de la posibilidad de crear un sistema de subasta de venta de tabaco no implica necesariamente que no se discutiera sobre cuestiones relativas al cártel ni que la demandante no estuviera implicada en dichas discusiones. Además, la demandante no proporcionó prueba alguna de que se hubiera distanciado públicamente, en dichas reuniones, de las discusiones que tenían un objeto contrario a la competencia.

121 En tercer lugar, la Comisión considera que, en cualquier caso, el presente motivo es ineficaz. En su opinión, aun cuando este motivo debiera acogerse, esto únicamente significaría que el importe inicial de la multa establecido para la demandante debería haberse incrementado un 15 % y no un 25 %, lo que no tendría incidencia alguna en el importe final de la multa, dada su reducción a 2,05 millones de euros, conforme al límite máximo del 10 % establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.

Apreciación del Tribunal

122 Por lo que se refiere a la duración de la participación de la demandante en la infracción (considerandos 302 y 378 de la Decisión impugnada), procede señalar, en primer lugar, que es pacífico entre las partes que la demandante se incorporó al cártel en octubre de 1997. En cambio, las partes discrepan sustancialmente por un lado, sobre si la Comisión determinó correctamente que la participación de la demandante había finalizado el 5 de noviembre de 1999 y, por otro, sobre si la Comisión determinó correctamente que la demandante se había incorporado de nuevo al cártel a partir del 29 de mayo de 2001 hasta el fin de la infracción, a saber, el 19 de febrero de 2002.

123 En segundo lugar, es preciso destacar que, según la Comisión, la alegación de la demandante dirigida a rebatir la ilegalidad de las reuniones de 16 de noviembre de 2001 y de 8 de enero de 2002 constituye un motivo nuevo, planteado en la fase de la réplica, que, en consecuencia, es inadmisible.

124 A este respecto, el Tribunal recuerda que, según el artículo 48, apartado 2, párrafo primero, de su Reglamento de Procedimiento, en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. En este sentido, procederá declarar la admisibilidad de todo motivo que constituya la ampliación de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, y que presente un estrecho vínculo con éste (sentencias del Tribunal de 10 de abril de 2003, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Comisión, T‑195/00, Rec. p. II‑1677, apartados 33 y 34, y de 24 de mayo de 2007, Duales System Deutschland/Comisión, T‑151/01, Rec. p. II‑1607, apartado 71).

125 En el presente caso, hay que señalar que el motivo que la Comisión considera nuevo constituye una ampliación de las alegaciones desarrolladas por la demandante en respuesta a la argumentación presentada por la Comisión en su escrito de contestación a la demanda en relación con el tercer motivo, referente a la duración de la participación de la demandante en el cártel. Por lo tanto, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión.

126 Además, es necesario señalar que la demandante no solicita expresamente la anulación del artículo 1, letra b), de la Decisión impugnada, que establece la duración de su participación en el cártel.

127 Sin embargo, en el caso de autos, de sus escritos se deduce que la demandante cuestiona, en esencia, la legalidad de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión declara, como se indica en el artículo 1, letra b), de dicha Decisión, que la infracción se extendió, por lo que a ella se refiere, a lo largo del período comprendido entre octubre de 1997 y el 5 de noviembre de 1999 y desde el 29 de mayo de 2001 hasta el 19 de febrero de 2002. De este modo, la demandante señaló, en sus escritos, que la duración de su participación en el cártel debía establecerse en algo más de un año, a saber, de octubre de 1997 a febrero de 1999 y que la Comisión, al manifestar que la infracción que había cometido tenía una duración mucho mayor, «[…] incurrió en un error en la comprobación de los hechos y en la apreciación de los elementos de prueba aportados por [la demandante]». Por otra parte, ha quedado acreditado que la demandante impugnó la duración de su participación en el cártel durante el procedimiento administrativo, en particular, en su respuesta al pliego de cargos (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartado 212).

128 Habida cuenta de lo anterior, procede considerar, por lo tanto, que, mediante el presente motivo, la demandante pretende no sólo la reducción de la multa, sino también la anulación parcial de la Decisión impugnada y, en concreto, de su artículo 1, letra b), en la medida en que la Comisión declara erróneamente en éste que la infracción se extendió desde octubre de 1997 hasta el 19 de febrero de 2002, con una interrupción del 5 de noviembre de 1999 al 29 de mayo de 2001 (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartado 213).

129 Pues bien, de la jurisprudencia se desprende que corresponde a la Comisión probar no sólo la existencia del cártel, sino también su duración (véase la sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 2802, y la jurisprudencia citada). Más concretamente, por lo que respecta a la aportación de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, incumbe a la Comisión probar las infracciones que constate y aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia Baustahlgewebe/Comisión, citada en el apartado 97 supra, apartado 58; de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 86, y la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartado 215). La existencia de una duda en el juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción. El juez no puede, pues, concluir que la Comisión ha acreditado la existencia de la infracción de que se trata de modo suficiente en Derecho si sigue albergando dudas sobre esta cuestión, en particular en el marco de un recurso por el que se solicita la anulación y/o modificación de una decisión mediante la que se impone una multa. En efecto, en esta última situación, es necesario tener en cuenta el principio de la presunción de inocencia, que forma parte de los derechos fundamentales que están protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión y que se recoge en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2007, C 303, p. 1). Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones contempladas, así como la naturaleza y grado de severidad de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica a los procedimientos relativos a violaciones de las normas sobre competencia aplicables a las empresas susceptibles de conducir a la imposición de multas o multas coercitivas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartados 149 y 150; véase también, en este sentido, la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartados 215 y 216). De este modo, es necesario que la Comisión aporte pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se cometió la supuesta infracción (véase la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 78 supra, apartado 217, y la jurisprudencia citada).

130 Conforme a reiterada jurisprudencia, no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que el conjunto de indicios invocado por la institución, apreciado globalmente, responda a dicha exigencia (véase la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 105 supra, apartado 180, y la jurisprudencia citada).

131 Por otra parte, es habitual que las actividades que implican los acuerdos contrarios a la competencia se desarrollen de forma clandestina, que las reuniones se celebren en secreto y que la documentación relativa a aquéllas se reduzca al mínimo. De ello se deduce que, aunque la Comisión descubra algunos documentos que demuestren de manera explícita una toma de contacto ilícita entre operadores, tales como informes de reuniones, normalmente éstos serán fragmentarios y dispersos, por lo que a menudo se hace necesario reconstituir algunos detalles mediante deducciones. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la libre competencia debe inferirse de un determinado número de coincidencias y de indicios que, considerados conjuntamente, a falta de otra explicación congruente, pueden constituir la prueba de una infracción de las normas sobre competencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartados 55 a 57, y de 25 de enero de 2007, Sumitomo Metal Industries y Nippon Steel/Comisión, C‑403/04 P y C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, apartado 51).

132 Además, la jurisprudencia exige que, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas (sentencia del Tribunal de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T‑43/92, Rec. p. II‑441, apartado 79; véase la sentencia Peróxidos Orgánicos/Comisión, citada en el apartado 55 supra, apartado 51, y la jurisprudencia citada).

133 En el presente caso, habida cuenta de las alegaciones formuladas, se plantea la cuestión de si la Comisión disponía de pruebas suficientes para concluir que la demandante participó en el cártel durante el período comprendido entre octubre de 1997 y el 5 de noviembre de 1999 y que reanudó su participación durante el período comprendido entre el 29 de mayo de 2001 y el 19 de febrero de 2002.

Sobre la fecha del cese de la participación de la demandante en el cártel en 1999

134 Con carácter preliminar, procede señalar que no se discute que la demandante interrumpió su participación en el cártel en 1999. En cambio, las partes discrepan sobre la fecha exacta de esta interrupción. La demandante niega haber participado en el cártel más allá del 19 de febrero de 1999, fecha de la última reunión en la que afirma haber participado, mientras que la Comisión estableció como fecha de dicha retirada el 5 de noviembre de 1999. Esta fecha se determinó sobre la base de las indicaciones contenidas en las notas manuscritas redactadas el 5 de noviembre de 1999 por un empleado de Deltafina y relativas a una reunión del cártel de ese mismo día (véase la nota 263 de la Decisión impugnada). De tales notas se desprende que entre los puntos a tratar en dicha reunión se incluían las relaciones entre los miembros del cártel y la demandante, lo que demuestra que ésta era considerada como una entidad externa al cártel.

135 Ahora bien, es preciso destacar que dichas notas manuscritas, sobre cuya base estableció la Comisión la fecha en la que la demandante interrumpió su participación en el cártel en 1999, no contienen en realidad referencia alguna a la fecha del cese de dicha participación. La única fecha cierta que puede deducirse de tales notas es la de su elaboración por su autor.

136 Por lo tanto, es necesario señalar que los hechos de los que trata implícitamente el autor de dichas notas, a saber, que la demandante se había convertido en una entidad externa al cártel, preceden necesariamente –como reconoce, por otra parte, la propia Comisión en la nota 263 de la Decisión impugnada– a la fecha en la que se redactaron las referidas notas.

137 En consecuencia, contrariamente a lo que sostiene la Comisión en la Decisión impugnada, las citadas notas no permiten considerar el 5 de noviembre de 1999 como fecha en la que la demandante interrumpió su participación en el cártel.

138 A este respecto, procede manifestar, en primer lugar, que, en el considerando 157 de la Decisión impugnada, situado al inicio de la parte dedicada al examen de los hechos imputados durante el año 1999, la Comisión afirma que «Deltafina, Dimon [Italia] y Transcatab mantuvieron regularmente contactos informales para discutir sobre las previsiones y la evolución de los precios de compra en Italia», sin mencionar a la demandante [lo que resulta además claramente del punto 2.3 de la solicitud de clemencia de Dimon Italia de 4 de abril de 2002 (documento nº 38281/–04998), mencionada en el considerando 7 de la Decisión impugnada]. En segundo lugar, en los considerandos 165, 184 y 185 de la Decisión impugnada, la Comisión menciona diversos contactos entre esos tres transformadores durante el año 1999, pero ninguno de dichos contactos concierne a la demandante. Por otra parte, como se indica en el considerando 186 de la Decisión impugnada, en octubre de 1999, Deltafina, Dimon Italia y Transcatab «celebraron un [acuerdo] sobre las variedades Bright y Burley, cuyos fondo y forma son muy parecidos al acuerdo de Villa Grazioli». Según la Comisión, dicho acuerdo «tenía por objeto principalmente la fijación de los precios de compra del tabaco crudo […] a terceros envasadores, la atribución de terceros envasadores con cantidades determinadas a cada transformador y el boicot de los terceros envasadores que no se hubieran adherido al COGENTAB». Pues bien, como señala la propia Comisión en la nota 263 de la Decisión impugnada, de las declaraciones escritas de Transcatab de 18 de abril de 2002, facilitadas por ésta durante la verificación efectuada en sus locales (véase también el posterior apartado 159), se deriva que la demandante dejó el cártel «porque no estaba de acuerdo con la creación del COGENTAB», que era una asociación creada por la APTI y la UNITAB en octubre de 1999, con arreglo al acuerdo interprofesional en relación con la cosecha 1999 de Burley (considerando 182 de la Decisión impugnada). Además, del considerando 159 de la Decisión impugnada resulta que las dos reuniones de los transformadores celebradas en Roma (Italia) en febrero de 1999, en cuyo marco la demandante no figura entre los participantes, «constituyeron también una ocasión para discutir […] de la creación de un comité mixto de compra […], que posteriormente se denominó COGENTAB».

139 En definitiva, en la Decisión impugnada, la Comisión no aportó ningún elemento de prueba por lo que respecta a la participación de la demandante en el cártel hasta el 5 de noviembre de 1999.

140 Es únicamente en la vista cuando la Comisión alude por primera vez a la supuesta participación de la demandante en una reunión «operativa» de 22 de julio de 1999, que no había mencionado ni en el pliego de cargos ni en la Decisión impugnada.

141 En cambio, de la Decisión impugnada sólo se desprende que la demandante «dejó el cártel» en 1999 «porque no estaba de acuerdo con la creación del COGENTAB» (considerando 302 y nota 263 de la Decisión impugnada) y que la discusión sobre su creación se había iniciado en dos reuniones de febrero de 1999 (véase el considerando 159 de la Decisión impugnada), sin que la Comisión haya demostrado en esta Decisión que la demandante participó en dichas reuniones.

142 Por consiguiente, la Comisión incurrió en un error de apreciación de los hechos al considerar, en la Decisión impugnada, que la demandante había cesado su participación en el cártel el 5 de noviembre de 1999.

143 Así pues, habida cuenta de las consideraciones que preceden, al no haber demostrado una fecha concreta del cese de la participación de la demandante en el cártel, la Comisión no podía considerar la fecha de 5 de noviembre de 1999 y, por lo tanto, conforme al principio in dubio pro reo (véase el anterior apartado 129), es preciso considerar el mes de febrero de 1999 como último mes de participación de la demandante en el cártel.

144 Esta apreciación no queda desvirtuada por la alegación de la Comisión de que, conforme a la jurisprudencia, a falta de pruebas que demuestren que la demandante se distanció públicamente de los demás miembros del cártel desde 1998 o, en todo caso, desde febrero de 1999, ella determinó legítimamente que la participación de la demandante en el cártel había continuado hasta el 5 de noviembre de 1999, habida cuenta de los elementos de prueba reveladores de que, en tal fecha, los demás miembros del cártel consideraban que la demandante había puesto fin a su participación.

145 Sobre este particular, basta con recordar que, en la Decisión impugnada, la Comisión no demostró que, durante el año 1999 y precisamente hasta el 5 de noviembre de dicho año, la demandante participara en reuniones en las que se concluyeron o aplicaron acuerdos contrarios a la competencia (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 131 supra, apartado 81). Al contrario, por lo que respecta a las reuniones de febrero de 1999, en el considerando 159 de la Decisión impugnada se puntualiza que, aparte de Deltafina, Dimon Italia y Transcatab, la presencia de otros transformadores, incluida la demandante, no podía «confirmarse claramente».

146 Además, la alegación de la Comisión contradice la afirmación recogida en la Decisión impugnada, basada en las declaraciones escritas de Transcatab de 18 de abril de 2002 (véase la nota 263 de la Decisión impugnada), según la cual, el 5 de noviembre de 1999, la demandante «ya había abandonado el cártel» debido a que no aprobaba la creación del COGENTAB. Pues bien, de las afirmaciones realizadas en la Decisión impugnada (véase el considerando 159 de dicha Decisión) se desprende asimismo que las primeras discusiones sobre la creación del COGENTAB ya se habían iniciado en las reuniones de febrero de 1999 (véanse también los anteriores apartados 138 y 141).

147 Igualmente, es irrelevante la alegación de la Comisión –expuesta, por primera vez, en la vista– de que había sido «generosa» con la demandante al tener en cuenta la fecha del 5 de noviembre de 1999, puesto que, a tenor del considerando 199 de la Decisión impugnada, la demandante había participado, el 22 de noviembre de 1999, en una reunión de los transformadores que tuvo un contenido «probablemente» contrario a la competencia. En efecto, tanto en el pliego de cargos como en la Decisión impugnada, la Comisión renunció a atribuir a la eventual participación de la demandante en tal reunión un valor probatorio que le permitía calificarla de elemento inculpatorio, razón por la que no consideró esta afirmación en el marco del cálculo de la duración de la participación de la demandante en el cártel, para concluir finalmente que, a fecha 5 de noviembre de 1999, la demandante «ya había abandonado el cártel» (nota 263 de la Decisión impugnada). Además, esta apreciación queda confirmada, por un lado, por la solicitud de clemencia de Dimon Italia de 4 de abril de 2002 y, por otro, por las declaraciones de Transcatab de 18 de abril de 2002 (véase el anterior apartado 138).

148 Por último, la Comisión tampoco demostró que, durante el año 1999, la demandante participara en la aplicación de los acuerdos interprofesionales relativos a las diferentes variedades de tabaco o en las reuniones de los transformadores dirigidas a definir una posición común que defenderían posteriormente en el seno de la APTI a fin de condicionar su posición en las negociaciones con la UNITAB relativas a dichos acuerdos (véase el considerando 165 de la Decisión impugnada).

149 A la luz de las anteriores consideraciones, procede estimar la alegación de que la Comisión declaró, erróneamente, que la demandante cesó su participación en el cártel el 5 de noviembre de 1999, toda vez que las pruebas apreciadas al respecto en la Decisión impugnada y los demás elementos del expediente únicamente le permitían considerar que dicha participación quedaba acreditada sólo hasta febrero de 1999 (considerando 159 de la Decisión impugnada y nota 263).

Sobre la participación de la demandante en el cártel entre el 29 de mayo de 2001 y el 19 de febrero de 2002

150 Por lo que respecta al período de la supuesta reanudación de la participación de la demandante en el cártel, a saber, del 29 de mayo de 2001 al 19 de febrero de 2002, es preciso señalar que la Comisión basó su apreciación en tres elementos fácticos. En cuanto a la fecha en la que la demandante habría reanudado su participación, la Comisión consideró que fue el 29 de mayo de 2001, porque ese día un empleado de Deltafina envió a un empleado de la demandante un fax que contenía información sobre el precio, por kilo, al que Deltafina firmaría los contratos de cultivo para la variedad Bright (considerandos 211 y 302 de la Decisión impugnada). Esto, junto con la participación de la demandante en dos reuniones celebradas el 16 de noviembre de 2001 (considerando 213 de la Decisión impugnada) y el 8 de enero de 2002 (considerando 222 de la Decisión impugnada), indujo a la Comisión a considerar que la participación de la demandante en el cártel había perdurado, a semejanza de Deltafina, Transcatab y Dimon Italia, hasta el 19 de febrero de 2002.

– Sobre el fax enviado por Deltafina el 29 de mayo de 2001

151 Por lo que respecta, en primer lugar, al fax del 29 de mayo de 2001, es preciso destacar que sólo indicaba los precios que Deltafina iba a incluir en los contratos de cultivo con las asociaciones de productores para la variedad de tabaco Bright, según el grado cualitativo de éste.

152 Sobre este particular, hay que señalar, en primer término, que de la Decisión impugnada no se desprende que dichos precios fueran los determinados en el marco del cártel, ni que el cártel hubiera encargado a Deltafina que comunicara tales precios. Por lo tanto, el citado fax constituye un contacto aislado entre Deltafina y la demandante referente a una información comercial sensible, pero limitada a los precios que se iban a incluir en los contratos de cultivo en relación con una única variedad de las mencionadas en el considerando 87 de la Decisión impugnada. Además, dicho fax no puntualizaba qué regiones resultaban afectadas por tales precios, aun cuando la propia Comisión haya señalado, en el considerando 99 de la Decisión impugnada, que «los precios del tabaco crudo difieren considerablemente según las regiones en función de la variedad».

153 En segundo término, hay que señalar que el precio mencionado en el fax de Deltafina, que se refería expresamente a contratos de cultivo, únicamente puede ser un «precio contractual». En efecto, de la Decisión impugnada se desprende que dicho precio se menciona en los contratos de este tipo –que generalmente se celebran, entre los productores o asociaciones de productores y los transformadores, entre el mes de marzo y el mes de mayo del año de la cosecha– y representa el «precio que los transformadores se comprometen a pagar en función de la calidad del tabaco» (considerandos 90 y 91 de la Decisión impugnada).

154 Como se explica en el considerando 92 de la Decisión impugnada, dicho precio difiere del precio que se «paga efectivamente al recibir el tabaco y que es directamente proporcional a los grados cualitativos y a otros factores». Este precio, denominado «precio de entrega», se «determina generalmente entre los meses de diciembre y febrero». Por otra parte, del considerando 279, letra a), de la Decisión impugnada se desprende que la infracción única y continua cometida por los transformadores comprendía, entre otras, la práctica de «la fijación de los precios comunes de compra que los transformadores pagarían en el momento de la entrega del tabaco».

155 En tercer término, hay que señalar, por un lado, que la recepción del mencionado fax por la demandante fue precedida del establecimiento por parte de Dimon Italia, el 10 de mayo de 2001, de un orden del día discutido en su seno y relativo a una reunión que debía tener lugar en sus oficinas dos semanas después, en el que se preveía, entre los distintos puntos a tratar, una discusión relativa a «Romana Tabacchi/ATI» (considerando 209 de la Decisión impugnada). Por otro lado, después de que la demandante recibiera dicho fax, Dimon Italia envió un orden del día a Deltafina y a Transcatab el 14 de septiembre de 2001, relativo a una reunión, que se celebró efectivamente el 18 de septiembre de 2001, en la que no participó la demandante. En este orden del día figura un punto redactado como sigue: «Ns. rapporti Versus ATI, ETI, ROM TAB» («Nuestras relaciones con ATI/ETI y Romana Tabacchi») (véase el considerando 212 de la Decisión impugnada). Toda vez que el propio orden del día incluye un primer punto titulado «Ribadire ns. rapporti» («Reforzar nuestras relaciones»), la afirmación que contiene sólo puede considerarse que tiene como objeto confirmar, al igual que alega la demandante, que ésta era ajena al cártel. En efecto, la utilización de la palabra «versus», por un lado, y la incitación a reforzar las relaciones entre miembros del cártel, por otro, no suscitan dudas en cuanto a la posición de la demandante respecto de Dimon Italia, Transcatab y Deltafina. Además, del considerando 204 de la Decisión impugnada se desprende también que tuvo lugar otra reunión operativa del cártel en Caserta (Italia) el 5 de junio de 2001, esto es, entre la fecha de recepción del fax de Deltafina y la reunión del 18 de septiembre de 2001, sin que la demandante participara en ella.

156 Ahora bien, aun cuando el fax de Deltafina puede considerarse un elemento probatorio de que la demandante había entrado de nuevo en contacto con un miembro del cártel a fin de obtener una información puntual sobre el «precio contractual» de una variedad de tabaco concreta que debía incluirse en los contratos de cultivo que iba a concluir con las asociaciones de productores, dicho elemento, por sí solo, no ofrece una indicación suficiente de que la demandante estuviera de nuevo implicada en el cártel, sobre todo a la luz del contexto que se ha expuesto en los anteriores apartados 152 a 155.

– Sobre las reuniones de 16 de noviembre de 2001 y de 8 de enero de 2002

157 Procede señalar que la demandante admite haber participado en las reuniones de 16 de noviembre de 2001 y de 8 de enero de 2002. Sostiene, sin embargo, haber sido «convocada» por Dimon Italia a una reunión, que se celebró en los locales de la APTI el 16 de noviembre de 2001, en la que se le pidió que actuara como «mediador» para eliminar la oposición del consorcio Burley al sistema de subasta para la venta de tabaco –cuyos promotores eran la UNITAB y la APTI– que debería gestionar el COGENTAB. Por esta razón, la demandante invitó posteriormente en sus locales a las partes interesadas a la reunión de 8 de enero de 2002.

158 A este respecto, es necesario recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, basta con que la Comisión demuestre que la empresa afectada ha participado en reuniones en las que se han concluido acuerdos contrarios a la competencia, sin haberse opuesto expresamente, para probar satisfactoriamente la participación de dicha empresa en el cártel. Cuando la participación en tales reuniones ha quedado acreditada, incumbe a esta empresa aportar los indicios apropiados para demostrar que su participación en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las suyas. La razón que subyace en este principio jurídico es que, al haber participado en la reunión sin distanciarse públicamente de su contenido, la empresa ha dado a entender a los demás participantes que suscribía su resultado y que se atendría a éste (véase la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 131 supra, apartados 81 y 82, y la jurisprudencia citada).

159 Pues bien, en primer lugar, es preciso destacar que, en sus declaraciones de 18 de abril de 2002, Transcatab afirma que la demandante abandonó el cártel en 1999, cuando se introdujo el «sistema de compras COGENTAB», a fin de ganar, según ella, cuotas de mercado en otros transformadores, que mientras tanto habían creado el consorcio Burley con el objetivo, en esencia, de contrarrestar el sistema COGENTAB y la introducción del «sistema de subasta». Transcatab precisa, además, lo siguiente:

«Después de unos dos años, Romana Tabacchi, dados –entre otras cosas– los acuerdos de comercialización obtenidos con la ATI [que era la división “hojas” del antiguo monopolio italiano (véase el considerando 39 de la Decisión impugnada) y se había convertido en miembro del COGENTAB en 2001 (véase el considerando 183 de la Decisión impugnada)], considera necesario solicitar la admi