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En estas circunstancias, el Consiglio di Stato decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Se oponen los artículos 9 y [11] de la Directiva [92/43] a una disposición nacional (el artículo 3, apartado 4 bis, del DPR no 357/97) que atribuye a las regiones y a las provincias autónomas la facultad de proponer de oficio la revisión de los LIC, sin obligar a dichas administraciones a que ejerzan esa facultad cuando conozcan de una solicitud motivada presentada en ese sentido por particulares propietarios de lugares incluidos en los LIC, al menos en el caso de que esos particulares aleguen un deterioro medioambiental del lugar? 2) ¿Se oponen los artículos 9 y [11] de la Directiva [92/43] a una disposición nacional (el artículo 3, apartado 4 bis, del DPR no 357/97) que atribuye a las regiones y a las provincias autónomas la facultad de proponer de oficio la revisión de los LIC, tras una evaluación periódica, sin establecer plazos regulares para esta evaluación (por ejemplo, bienales o trienales) ni forma alguna de publicidad en cuanto al inicio de esa evaluación periódica que permita a los interesados presentar sus propuestas u observaciones? 3) ¿Se oponen los artículos 9 y [11] de la Directiva [92/43] a una disposición nacional (el artículo 3, apartado 4 bis, del DPR no 357/97) que atribuye a las regiones y a las provincias autónomas la facultad de proponer la revisión de los LIC, sin atribuir esa misma facultad al Estado, ni siquiera subsidiariamente en caso de omisión de actuación de las regiones o de las provincias autónomas? 4) ¿Se oponen los artículos 9 y [11] de la Directiva [92/43] a una disposición nacional (el artículo 3, apartado 4 bis, del DPR no 357/97) que atribuye a las regiones y a las provincias autónomas la facultad totalmente discrecional de proponer de oficio la revisión de los LIC sin obligarlas a ejercer esa facultad, ni siquiera en el supuesto de que se hayan producido —y comprobado formalmente— fenómenos de contaminación o de deterioro? 5) [...] [El] procedimiento previsto en el artículo 9 de la Directiva [92/43], regulado por el legislador nacional mediante el artículo 3, apartado 4 bis, del DPR no 357/97, ¿[debe] entenderse como un procedimiento que debe concluir necesariamente con un acto administrativo o como un procedimiento cuya finalización es meramente facultativa? ¿Por “procedimiento que debe concluir necesariamente con un acto administrativo” debe entenderse un procedimiento en virtud del cual “cuando se cumplan los requisitos, el Ministro de Medio Ambiente y de Protección del territorio debe remitir a la Comisión [...] la propuesta de la región”, con independencia de si dicho procedimiento sólo puede incoarse de oficio o de si puede iniciarse también a instancia de parte[?] 6) [...] ¿Se oponen el Derecho [de la Unión] y, en particular, la Directiva [92/43] a una legislación nacional que obliga a iniciar el procedimiento de desclasificación y no a adoptar nuevas medidas de seguimiento y protección cuando un particular haya denunciado el estado de deterioro del lugar? 7) ¿Se oponen el Derecho [de la Unión] y, en particular, la Directiva [92/43] a una legislación nacional que obliga a iniciar el procedimiento de desclasificación de un lugar perteneciente a la red Natura 2000 para proteger intereses exclusivamente privados de carácter económico? 8) ¿Se oponen el Derecho [de la Unión] y, en particular, la Directiva [92/43] a una legislación nacional que, ante proyectos de infraestructuras de interés público, social y económico, reconocidos incluso por la Unión [...], que puedan dañar un hábitat natural reconocido con arreglo a la Directiva, prevé el inicio de un procedimiento de desclasificación del lugar en vez de adoptar medidas compensatorias destinadas a garantizar la coherencia global de la red Natura 2000? 9) ¿Se oponen el Derecho [de la Unión] y, en particular, la Directiva [92/43] a una legislación nacional que, en materia de hábitats naturales, toma en consideración los intereses económicos de un particular propietario de un lugar permitiéndole obtener de los órganos jurisdiccionales nacionales una resolución que obligue a una nueva delimitación de dicho lugar? 10) ¿Se oponen el Derecho [de la Unión] y, en particular, la Directiva [92/43] a una legislación nacional que prevé la desclasificación de un lugar en caso de deterioro de origen antrópico y no natural?»