ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Para realizar esta apreciación, es preciso examinar la cuestión de si, basándose en datos fácticos, que deben facilitarse por la parte que impugna la divulgación, procede considerar que estos círculos no podían realmente tener conocimiento de los hechos constitutivos de la divulgación, teniendo en cuenta todo aquello que pueda razonablemente exigirse a estos círculos para conocer el estado de la técnica anterior. Estos datos fácticos pueden referirse, por ejemplo, a la composición de los círculos especializados, sus calificaciones, usos y comportamientos, el alcance de sus actividades, su presencia en actos en los que se presentan dibujos o modelos, las características del dibujo o modelo de que se trate, como su interdependencia con otros productos o sectores, y las características de los productos en los que se ha integrado el dibujo o modelo de que se trate, en particular el grado de tecnicidad del producto en cuestión. En cualquier caso, no puede considerarse que un dibujo o modelo se conoce en el tráfico comercial normal si los círculos especializados del sector de que se trata sólo podían descubrirlo de manera fortuita.

La presunción prevista en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 6/2002 se aplica, además, independientemente del lugar en el que se produzcan los hechos constitutivos de la divulgación, puesto que de la primera frase de este artículo se desprende que para considerar que un dibujo o modelo se ha divulgado al público a efectos de la aplicación de los artículos 5 y 6 de ese Reglamento, no se exige que los actos constitutivos de la divulgación hayan tenido lugar en el territorio de la Unión.

El artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, no exige en absoluto que el dibujo o modelo anterior haya sido utilizado para la producción o la comercialización de un producto.

Sin embargo, el hecho de que un dibujo o modelo no haya sido nunca incorporado a un producto sólo tendría importancia en el supuesto de que se hubiera demostrado que los círculos especializados del sector de que se trata no consultan en general los registros de patentes o que los círculos especializados de dicho sector no prestan generalmente ninguna importancia a las patentes. En estos supuestos, la alegación de que no existen en el mercado productos protegidos por la patente anterior podría hacer en cierto modo plausible el hecho de que los círculos especializados del sector en cuestión hayan podido conocer la patente anterior a través de otros medios de información.

(véanse los apartados 36 y 37)
4.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Marca denominativa BE HAPPY [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra b), y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 27 a 30, 34, 35, 47 y 48)
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 9 de marzo de 2015 — ultra air/OAMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)

(Asunto T‑377/13)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa ultra.air ultrafilter — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009»

1. 1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 14)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 15 y 16)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa ultra.air ultrafilter [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 17 a 25 y 27)

4. Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Respeto del derecho de defensa — Alcance del principio [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 75, ap. 1] (véase el apartado 32)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 6 de mayo de 2013 (asunto R 1100/2011-4) relativa a un procedimiento de nulidad entre Donaldson Filtration Deutschland GmbH y ultra air GmbH.

Fallo

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 6 de mayo de 2013 (asunto R 1100/2011-4) en la medida en que se refiere a los dispositivos temporizadores.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
Es cierto que el principio ne bis in idem debe ser respetado en los procedimientos para la imposición de multas en el ámbito del Derecho de la competencia. Dicho principio prohíbe, en materia de competencia, que se sancione o se inicie de nuevo un procedimiento sancionador contra una empresa por un comportamiento contrario a la competencia a causa del cual ya haya sido sancionada o del que se la haya declarado no responsable mediante una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso.

Sin embargo, las autoridades de la competencia de los Estados miembros no están habilitadas para adoptar decisiones declarativas de que una empresa no es responsable de una infracción del artículo 101 TFUE o del artículo 102 TFUE, es decir, que constaten la inexistencia de infracción de uno de esos artículos, toda vez que se deduce del texto, del sistema y del objetivo del Reglamento no 1/2003 que las declaraciones de inexistencia de vulneración del artículo 101 TFUE o del artículo 102 TFUE están reservadas a la Comisión, aun cuando uno u otro de esos artículos se aplique en un procedimiento instruido por una autoridad nacional de la competencia. En ese sentido la adopción de esa decisión «negativa» sobre el fondo por una autoridad nacional de la competencia podría perjudicar la aplicación uniforme de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, que es uno de los objetivos que el Reglamento pone de relieve en su primer considerando, ya que podría impedir a la Comisión apreciar posteriormente que la práctica considerada es una infracción de esas normas del Derecho de la Unión. Por consiguiente, cuando en virtud del artículo 5 del Reglamento no 1/2003 una autoridad de la competencia de un Estado miembro acepta compromisos o declara que no ha lugar a intervenir, no puede considerarse que haya adoptado una decisión declarativa de la inexistencia de una infracción de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE. Así pues, una empresa no puede alegar eficazmente la decisión adoptada por una autoridad nacional de la competencia en relación con esa empresa a efectos de aplicar el principio ne bis in idem.

(véanse los apartados 29 a 31)
1.

Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Plazo y forma del recurso — Presentación dentro de plazo de un escrito en el que se expongan los motivos — Requisito de admisibilidad [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 60; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 48, aps. 1, letra c), y 2, y 49] (véanse los apartados 16 a 18)
4

Por consiguiente, en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012 , por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO L 282, p. 16), se incluyó el nombre del demandante en la lista que figura en el anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1).
3

Entre junio de 2009 y junio de 2010 y de conformidad con las disposiciones del artículo 11, apartado 8, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en la versión entonces vigente [sustituido luego por el Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51; en lo sucesivo, «Reglamento de base»)], las demandantes presentaron varias solicitudes de devolución de los derechos antidumping definitivos establecidos por el Reglamento no 261/2008 que habían pagado cada una de ellas por las importaciones de compresores fabricados por Nu Air Shanghai, por un importe total de 1067158,66 euros. Dichas solicitudes fueron presentadas ante la Comisión Europea a través de las autoridades nacionales competentes, situadas en Alemania, los Países Bajos, Francia y Austria, respectivamente.
61

Suponiendo que la Sala de Recurso hubiese estimado estas consideraciones pertinentes para llegar a la conclusión de que no existe similitud entre los signos, habría que estimar la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso cometió, por tanto, un error. En efecto, tales consideraciones sólo pueden ser pertinentes a los efectos del análisis global de un riesgo de confusión o de un vínculo por parte del consumidor de referencia con arreglo al apartado 1, letra b), o al apartado 5 del artículo 8 del Reglamento no 207/2009, pero no a los efectos del análisis objetivo de la similitud entre los signos. Así pues, procede considerar que el interés público en que todos puedan utilizar libremente la escritura spenceriana, como cualquier otro tipo de caracteres, no puede oponerse por sí solo a que se invoque la escritura spenceriana como elemento de similitud entre los signos en conflicto en la percepción del consumidor pertinente.
5

El 16 de abril de 2009 la parte coadyuvante, Wenf International Advisers Ltd., presentó ante la OAMI una solicitud de declaración de nulidad del dibujo o modelo impugnado. La solicitud se basaba en la causa de nulidad contemplada en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento no 6/2002, en virtud de la cual el dibujo o modelo comunitario será declarado nulo si no cumple los requisitos previstos en los artículos 4 a 9 de dicho Reglamento. En su solicitud, la coadyuvante alegó que el dibujo o modelo impugnado no es nuevo y carece de carácter singular, en el sentido del artículo 4 del Reglamento no 6/2002 en relación con los artículos 5 y 6 del mismo Reglamento.
6.

Contratos públicos de la Unión Europea — Celebración de un contrato mediante licitación — Criterios de selección — Obligación del órgano de contratación de prever la eliminación de los licitadores que no alcancen las notas mínimas en el plano cualitativo — Inexistencia [Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión] (véase el apartado 123)
114

A este respecto, debe recordarse que el artículo 24, párrafo segundo, del Estatuto precisa que las Comunidades repararán solidariamente los daños sufridos si el funcionario no ha podido obtener resarcimiento por parte del autor. El Tribunal General ha interpretado esta disposición en el sentido de que la admisibilidad del recurso de indemnización interpuesto por un funcionario queda supeditada al agotamiento de las vías de recurso nacionales, siempre y cuando éstas garanticen de forma eficaz la protección de las personas interesadas y puedan conducir a la reparación del daño alegado (sentencia de 12 de julio de 2011, Comisión/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, apartado 67). Ahora bien, este criterio jurisprudencial no puede aplicarse analógicamente en el presente asunto, ya que esta interpretación fue elaborada en relación con el supuesto de que la institución no hubiera incurrido en culpa, mientras que, en el presente asunto, la Comisión cometió una falta que contribuyó a la producción del perjuicio. Así, si bien, en el supuesto de que la institución no haya cometido una falta, el Tribunal General supeditó la posibilidad de que el funcionario solicitara a esta institución la reparación del daño causado por un tercero al hecho de que el funcionario hubiera hecho lo necesario ante un juez nacional para obtener la reparación debida, con el fin de evitar que ese funcionario se dirija inmediatamente contra la institución sin haber intentado obtener la reparación debida por el tercero, la aplicación de este principio a las circunstancias del presente asunto sería enormemente insatisfactoria y no equitativa, dado que la Comisión es coautora, con el tercero, del hecho que causó el perjuicio sufrido. Por otra parte, resulta de los autos que, en el marco del proceso penal contra el tercero que cometió el asesinato, la Cour d’appel de Rabat (Tribunal de Apelación de Rabat) declaró que éste era insolvente y le condeno a pagar un dírham (MAD) simbólico a la Unión, quien intervino como parte civil en el procedimiento. De este modo, dado que el tercero es insolvente, se manifiesta aún más insatisfactoria la conclusión de que el recurso de los recurrentes no es admisible por no haber agotado éstos las vías de recurso previstas por el ordenamiento jurídico marroquí.
1) Anular, en la medida en que se refieren a Safa Nicu Sepahan Co.: — El punto 19 de la parte I, letra B, del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) no 503/2011 del Consejo, de 23 de mayo de 2011, por el que se ejecuta el Reglamento (UE) no 961/2010 relativo a medidas restrictivas contra Irán. — El punto 61 de la parte I, letra B, del anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010.
86

En cuanto a los efectos en el tiempo de la anulación de los actos por los que se incluye y mantiene al demandante en las listas de personas que son objeto de medidas de congelación de fondos, en primer lugar, procede señalar que el anexo VIII del Reglamento no 961/2010, en particular en su versión resultante del Reglamento de Ejecución no 1245/2011, ya no produce efectos jurídicos tras la derogación de este último Reglamento, efectuada por el Reglamento no 267/2012. Por lo tanto, la anulación de la inclusión del demandante en el anexo VIII del Reglamento no 961/2010, en particular en su versión resultante del Reglamento de Ejecución no 1245/2011, en la medida en que afecta al demandante, sólo atañe a los efectos de la mencionada inclusión, producidos respecto del demandante, entre su entrada en vigor y su derogación.
12

Mediante resolución de 8 de marzo de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En primer lugar, consideró, en esencia, que los preceptos del artículo 81, apartado 1, del Reglamento no 207/2009 debían ser interpretados de modo estricto, puesto que la observancia de un plazo era una cuestión de orden público. En segundo lugar, estimó que, cuando una parte optaba por contratar a un mandatario autorizado, el deber de diligencia exigida se extendía a este mandatario autorizado debidamente habilitado. En tercer lugar, las circunstancias invocadas por la demandante no podían ser consideradas anormales ni inevitables. En primer término, el gestor de las renovaciones del despacho B. olvidó dar las instrucciones necesarias a su personal administrativo. En segundo término, el representante americano de la demandante no reaccionó hasta ocho meses después, el 13 de abril de 2009, al descubrir en el sitio de Internet de la OAMI que el registro no había sido renovado. En tercer término, el despacho B. se basó en un único sistema, en el presente asunto, «Inprotech». En último término, el despacho B. no tuvo en cuenta el escrito de la OAMI de 28 de enero de 2008 que le fijaba dos fechas límite para presentar la solicitud y pagar las tasas. En cuarto lugar, la demandante no demostró que hubiese acreditado «toda la diligencia requerida por las circunstancias».
1)

Anular, en la medida en que se refieren al Sr. Tarif Akhras, la Decisión 2011/522/PESC del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, el Reglamento (UE) no 878/2011 del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 442/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, la Decisión 2011/628/PESC del Consejo, de 23 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, el Reglamento (UE) no 1011/2011 del Consejo, de 13 de octubre de 2011, por el que se modifica el Reglamento no 442/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, la Decisión 2011/782/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria y por la que se deroga la Decisión 2011/273, y el Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento no 442/2011.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión que concluye un procedimiento en materia de ayudas — Empresa competidora de la empresa beneficiaria de la ayuda — Legitimación activa — Requisitos (Arts. 108 TFUE, ap. 2, y 263 TFUE, párr. 4) (véanse los apartados 26 a 28, 33 y 34)

2. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión por la que se declara la compatibilidad de una ayuda con el mercado interior — Recurso de una asociación que actúa en defensa de los intereses colectivos de sus miembros — Afectación individual de los miembros de la asociación — Necesidad de que la asociación demuestre que sus miembros se ven sustancialmente afectados — Inexistencia — Inadmisibilidad (Arts. 108 TFUE, aps. 2 y 3, y 263 TFUE, párr. 4) (véanse los apartados 32 y 44)

3. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos reglamentarios que conllevan o no medidas de ejecución — Concepto — Recursos judiciales existentes contra esos actos (Arts. 263 TFUE, párr. 4, 267 TFUE y 277 TFUE) (véanse los apartados 46 a 49)

4. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos reglamentarios que conllevan medidas de ejecución — Decisión de la Comisión que declara la compatibilidad de una ayuda con el mercado interior — Inadmisibilidad del recurso interpuesto ante el juez de la Unión — Derecho a la tutela judicial efectiva — Obligación de utilizar los recursos internos para impugnar dichas medidas (Arts. 263 TFUE, párr. 4, y 267 TFUE) (véanse los apartados 50 a 52)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión 2012/140/UE de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, relativa a la medida C 35/10 (ex N 302/10) que Dinamarca tiene previsto aplicar en forma de tasas sobre los juegos en línea establecidas en la Ley danesa de tasas sobre los juegos (DO 2012, L 68, p. 3).

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Royal Scandinavian Casino Århus I/S cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, Betfair Group plc, Betfair International Ltd y European Gaming and Betting Association (EGBA).

3) El Reino de Dinamarca y la República de Malta cargarán con sus propias costas.
3)

Anular, en la medida en que afecten a Iran Insurance Company, el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010; el anexo VIII del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007; la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413; el Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento no 961/2010; el anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 961/2010.
Procedimiento judicial — Sometimiento del asunto al Tribunal General en virtud de una cláusula compromisoria — Contrato que concede una ayuda financiera de la Unión para la realización de un proyecto en el ámbito de las acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración — Incumplimiento grave por parte del beneficiario de la ayuda de sus obligaciones profesionales — Exclusión de los procedimientos para la concesión de una subvención

[Art. 272 TFUE; Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, arts. 93, ap. 1, letras a) y c), 96, ap. 2, letra a), y 114, ap. 3; Reglamento (CE, Euratom) no 1302/2008 de la Comisión, art. 3]
7.

Agricultura — Organización común de mercados — Frutas y hortalizas — Organizaciones de productores — Financiación por el FEOGA — Reconocimiento de dichas organizaciones por las autoridades nacionales — Requisitos — Previsión en la normativa de una obligación de venta de la producción por intermediación de dicha organización — Alcance de la obligación — Control de los requisitos de venta por parte de la organización [Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, art. 11, ap. 1, letra c), número 3; Reglamento (CE) no 1432/2003 de la Comisión, art. 6] (véanse los apartados 121 a 124 y 151)