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Las competencias de la Región de Bruselas‑Capital en materia de productos fitosanitarios se describieron en los apartados 9 a 17 del auto recurrido. Esos apartados, no impugnados en el marco del presente recurso de casación, tienen el siguiente tenor: «9 La demandante, la Región de Bruselas‑Capital, es una de las tres regiones a las que, según el artículo 39 de la Constitución belga, la ley atribuye determinadas competencias. 10 Entre esas competencias figura, conforme al artículo 6, apartado 1, punto II, párrafo primero, de la Loi spéciale de réformes institutionnelles (Ley Especial de Reformas Institucionales) de 8 de agosto de 1980 (Moniteur belge de 15 de agosto de 1980, p. 9434; en lo sucesivo, “Ley especial”), “la protección del medio ambiente, en particular, del suelo, del subsuelo, del agua y del aire, contra la contaminación y las agresiones […]”. Conforme a esa disposición, la recurrente es competente para regular la utilización de los productos fitosanitarios en su territorio. 11 No obstante, con arreglo al artículo 6, apartado 1, punto II, párrafo primero, de la Ley especial, la autoridad federal es competente para “establecer normas de producto”. Es, por tanto, la autoridad federal quien examina las solicitudes de autorización de comercialización de productos fitosanitarios y concede tales autorizaciones en Bélgica, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009. Según el artículo 6, apartado 4, [párrafo primero], de la Ley especial, las regiones participarán, no obstante, en el ejercicio de dicha competencia. 12 El artículo 7 del arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole (Real Decreto de 28 de febrero de 1994, relativo a la conservación, comercialización y utilización de plaguicidas para uso agrícola) (Moniteur belge de 11 de mayo de 1994, p. 12504) establece que está prohibido comercializar, preparar, transportar, importar, ofrecer, exponer, poner a la venta, poseer, adquirir o utilizar plaguicidas de uso agrícola que no hayan sido previamente homologados por el ministro. Según el artículo 8 de ese Decreto, “el ministro o el funcionario designado al efecto por el ministro concederá la autorización previo dictamen del Comité de Autorización a que se refiere el artículo 9”. Conforme al artículo 9 del citado Decreto, el Comité de Autorización estará compuesto por doce miembros nombrados por el ministro (en lo sucesivo, “Comité de Autorización”), entre los cuales se encuentra “un experto de la Región de Bruselas, propuesto por el ministro presidente del Gobierno de la Región de Bruselas‑Capital”. 13 El 20 de junio de 2013, la demandante adoptó la ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles‑Capitale (Orden sobre el Uso Sostenible de Plaguicidas en la Región de Bruselas‑Capital) (Moniteur belge de 21 de junio de 2013, p. 40062; en lo sucesivo, “Orden de 20 de junio de 2013”). Con arreglo a su artículo 1, párrafo primero, dicha Orden adapta el Derecho interno a la Directiva [2009/128]. 14 Según el artículo 1, párrafo tercero, de la Orden de 20 de junio de 2013, la demandante “podrá determinar los plaguicidas cuyo uso esté prohibido por los riesgos que supongan para la salud humana o el medio ambiente”. 15 El 10 de noviembre de 2016, la demandante adoptó, sobre la base de la Orden de 20 de junio de 2013, el arrêté interdisant l’utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles‑Capitale (Decreto por el que se prohíbe el uso de plaguicidas que contengan glifosato en la Región de Bruselas‑Capital) (Moniteur belge de 2 de diciembre de 2016, p. 79492; en lo sucesivo, “Decreto de 10 de noviembre de 2016”). 16 De la demanda se desprende que el Decreto de 10 de noviembre de 2016 es objeto de un recurso de anulación interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica). El recurso se refiere esencialmente a la supuesta infracción de determinadas disposiciones del Reglamento n.o 1107/2009 y de los artículos 34 TFUE, 35 TFUE y 36 TFUE. En ese asunto, la demandante considera que la aprobación del glifosato a escala de la Unión y la autorización de determinados productos fitosanitarios que contengan esta sustancia por la autoridad federal belga no pueden verse comprometidos por una prohibición total de utilización de dichos productos en el territorio de la Región de Bruselas‑Capital. 17 Por último, procede señalar que la demandante forma parte de los trabajos de los comités de comitología a escala de la Unión y representa al Reino de Bélgica de modo rotatorio. En el marco de esas atribuciones, participó en una consulta con las demás regiones belgas con carácter previo a los trabajos sobre la sustancia activa “glifosato” llevados a cabo por el Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos […]) a través del Comité de Coordinación de la Política Internacional del Medio Ambiente, creado por el Acuerdo de Cooperación, de 5 de abril de 1995, entre el Estado federal, la Región Flamenca, la Región Valona y la [demandante], relativo a la política Internacional del Medio Ambiente (Moniteur belge de 13 de diciembre de 1995, p. 33436).»