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Palabras clave

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Palabras clave

1. Transportes — Transportes por carretera — Permiso de conducción — Directiva 91/439/CEE — Condiciones para la expedición — Edad mínima — Conducción de motocicletas pesadas de la categoría A — Facultad de los Estados miembros para fijar una edad mínima más elevada — Alcance

[Directiva 91/439/CEE del Consejo, art. 6, aps. 1, letra b), y 2]

2. Transportes — Transportes por carretera — Permiso de conducción — Reglamento (CEE) nº 3820/85 y Directiva 91/439/CEE — Condiciones para la expedición — Edad mínima — Conducción de vehículos de las categorías C 1 y C 1 + E — Facultad de los Estados miembros para fijar una edad mínima menos elevada — Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo, art. 5, ap. 1, letra b); Directiva 91/439/CEE del Consejo, art. 6, aps. 1, letra b), y 2]

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1. Al establecer que los Estados miembros estarán facultados para autorizar el acceso directo a un permiso de conducción de motocicletas pesadas de la categoría A a los candidatos que tengan al menos 21 años, el artículo 6, apartado 1, letra b), primer guión, de la Directiva 91/439, sobre el permiso de conducción, lejos de restringir expresamente la facultad de los Estados miembros de prever una edad mínima más elevada, implica, por el contrario, que los Estados miembros pueden fijar una edad límite superior a los 21 años.

El hecho de fijar una edad mínima superior a la prevista en la última frase de dicho artículo para el acceso directo a la conducción de tales motocicletas permite contribuir a la mejora de la seguridad de la circulación vial, la cual, según se desprende de la exposición de motivos de la mencionada Directiva, constituye una finalidad primordial de ésta, por lo que no contraviene dicha disposición, siempre que se respete el principio de proporcionalidad.

(véanse los apartados 27 y 28)

2. Ni la Directiva 91/439, sobre el permiso de conducción, ni el Reglamento nº 3820/85, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, prevén la posibilidad de establecer excepciones a la edad mínima de 18 años para la expedición de los permisos de conducción de los vehículos de las categorías C 1 y C 1 + E. Por un lado, las excepciones que figuran en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/439 no mencionan los vehículos de las categorías C 1 y C 1 + E. Por otro lado, el hecho de que el artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 3820/85 no se oponga a que una persona que aún no haya cumplido la edad mínima exigida pueda adquirir una experiencia de conducción no puede interpretarse en el sentido de que esta disposición autoriza a los Estados miembros a expedir a dicha persona un permiso de conducir para los vehículos de las mencionadas categorías. En efecto, la posibilidad de adquirir tal experiencia en modo alguno implica la expedición, al candidato de que se trate, de un permiso que le autorice a conducir un vehículo de estas categorías sin ir acompañado de una persona encargada de su formación.

(véanse los apartados 38 a 41)
Palabras clave

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Palabras clave

Libre circulación de personas – Libertad de establecimiento – Libre prestación de servicios – Seguro directo – Directivas 73/239/CEE y 79/267/CEE – Obligación de las empresas de seguros de disponer de reservas técnicas y de un margen de solvencia suficientes para el conjunto de sus actividades – Normativa nacional que da prioridad a los créditos salariales sobre los activos representativos de las reservas técnicas que prevalecen sobre el privilegio de los créditos de seguro – Compatibilidad

(Directivas del Consejo 73/239/CEE, arts. 15 y 16, y 79/267/CEE, arts. 17 y 18)

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Los artículos 15 y 16 de la Directiva 73/239, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio, y los artículos 17 y 18 de la Directiva 79/267, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, referentes al acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su ejercicio, que prevén la obligación de que las empresas de seguros constituyan reservas técnicas y dispongan de un margen de solvencia suficientes para el conjunto de sus actividades, no se oponen a una legislación nacional en virtud de la cual, en caso de quiebra, liquidación o situación análoga de insolvencia de la empresa de seguros, los activos que cubren las reservas técnicas pueden destinarse al pago de los créditos salariales antes de satisfacer los créditos de seguro, en la medida en que esta legislación reconoce a estos últimos un privilegio sobre un capital que incluye, en cualquier caso, además de los activos que cubren las reservas técnicas, otros elementos del activo de la empresa y puede, en virtud de una decisión ministerial, haber sido extendido al conjunto de activos disponibles de dicha empresa.

En efecto, si bien la coordinación de las disposiciones nacionales relativas a las garantías financieras exigidas a las empresas de seguros, realizada, en particular, por las disposiciones comunitarias mencionadas anteriormente, pretende garantizar una protección adecuada de los asegurados y de los terceros beneficiarios en cualquier Estado miembro de la Comunidad, no es menos cierto que las disposiciones comunitarias controvertidas no pueden interpretarse en el sentido de que los activos que cubren las reservas técnicas deban destinarse, en la mente del legislador comunitario, en caso de liquidación de una empresa de seguros, al pago de los créditos de seguro con prioridad absoluta y en cualquier circunstancia.

(véanse los apartados 24 a 26 y 28 y el fallo)
Asunto C‑285/02

Edeltraud Elsner-Lakeberg

contra

Land Nordrhein-Westfalen

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Minden)

«Artículo 141 CE – Directiva 75/117/CEE – Medida nacional por la que los docentes a tiempo completo y los docentes a tiempo parcial están obligados a trabajar el mismo número de horas extraordinarias para tener derecho a una retribución – Discriminación indirecta de las trabajadoras empleadas a tiempo parcial»

Sumario de la sentencia

Política social – Trabajadores y trabajadoras – Igualdad de retribución – Normativa nacional que sólo prevé la retribución de las horas extraordinarias de los profesores a tiempo completo y a tiempo parcial en caso de superarse un número de horas idéntico para ambas categorías – Improcedencia – Requisitos – Discriminación indirecta de las trabajadoras a tiempo parcial

(Art. 141 CE; Directiva 75/117/CEE del Consejo, art. 1)

Los artículos 141 CE y 1 de la Directiva 75/117, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional por la que los profesores a tiempo parcial no perciben –ni tampoco los que trabajan a tiempo completo– ninguna retribución por las horas extraordinarias que realizan cuando éstas no superan tres horas al mes, si esta diferencia de trato afecta a un número mucho mayor de mujeres que de hombres y si tal diferencia de trato no puede justificarse por un objetivo ajeno a la pertenencia a un determinado sexo o no es necesaria para alcanzar el objetivo perseguido.

(véanse el apartado 19 y el fallo)
Asunto C‑144/02

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República Federal de Alemania

«Incumplimiento de Estado – Directiva 77/388/CEE – IVA – Artículo 11, parte A, apartado 1, letra a) – Base imponible – Subvención directamente vinculada al precio – Reglamento (CE) nº 603/95 – Ayudas otorgadas en el sector de los forrajes desecados»

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales – Armonización de las legislaciones – Impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común de impuesto sobre el valor añadido – Base imponible – Entregas de bienes y prestaciones de servicios – Subvenciones directamente vinculadas al precio – Concepto – Ayudas otorgadas en el sector de los forrajes desecados – Exclusión – Régimen nacional que no aplica el impuesto sobre el valor añadido al importe de dichas ayudas – Procedencia

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 11, parte A, ap. 1, letra a)]

El artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, pretende someter al impuesto sobre el valor añadido la totalidad del valor de los bienes o de las prestaciones de servicios, por lo que establece que la base imponible incluye las subvenciones pagadas a los sujetos pasivos que estén directamente vinculadas al precio de la operación en cuestión. No incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la citada disposición un Estado miembro que se abstiene de aplicar el impuesto al importe de las ayudas abonadas en aplicación del Reglamento nº 603/95, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los forrajes desecados.

En efecto, el concepto de «subvenciones directamente vinculadas al precio» incluye únicamente las subvenciones que constituyen la contraprestación total o parcial de una operación de entrega de bienes o de prestación de servicios y que son pagadas por un tercero al vendedor o al prestador.

Ahora bien, no se cumplen los requisitos para la sujeción de dichas ayudas al impuesto en la venta por una empresa transformadora, tras su secado, de forrajes comprados a los productores de forrajes verdes, ya que en este caso la ayuda no se abona a la empresa transformadora beneficiaria de la misma con el fin específico de que ésta entregue forraje desecado a un comprador a un precio inferior al vigente en el mercado mundial. Tampoco se cumplen tales requisitos en la subcontratación de dicha empresa por un productor de forrajes verdes, dado que en este supuesto la empresa transformadora no es la beneficiaria de la ayuda que percibe, sino que asume únicamente la función de un intermediario entre el organismo otorgante de las ayudas y el productor de forrajes.

(véanse los apartados 26, 27, 31, 32, 36, 38, 42 y 45)
Asunto C‑111/02 P

Parlamento Europeo

contra

Patrick Reynolds

«Recurso de casación – Funcionarios – Comisión de servicios en un grupo político del Parlamento – Decisión de poner fin a la comisión de servicio – Derecho de defensa»

Sumario de la sentencia

Funcionarios – Comisión en interés del servicio – Comisión de servicios en un grupo político del Parlamento – Decisión de poner fin a la comisión de servicios – Facultad discrecional del grupo político y competencia reglada de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos – Inexistencia de necesidad de oír al interesado antes de adoptar la decisión

[Estatuto de los Funcionarios, arts. 37, párr. 1, letra a), segundo guión, y 90]

Conforme al artículo 37, párrafo primero, letra a), segundo guión, del Estatuto, se podrá encargar a un funcionario una comisión en interés del servicio, para que ejerza temporalmente funciones en un grupo político del Parlamento. Si bien incumbe a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) tomar la decisión de designar en comisión de servicios a un funcionario en un grupo político así como la de poner fin a dicha comisión, la AFPN está obligada a respetar la elección realizada a este respecto por el grupo político que solicita tal medida. En efecto, el grupo político de que se trate dispone de una facultad discrecional para elegir a los colaboradores que desea contratar para ejercer funciones temporales en dicho grupo así como para prescindir de los servicios de éstos. Esta facultad discrecional se justifica, en especial, por la naturaleza específica de las funciones ejercidas en un grupo político y por la necesidad de mantener, en este medio político, relaciones de confianza mutua entre dicho grupo y los funcionarios en comisión de servicios en el mismo. Al aceptar ejercer tales funciones temporales para un grupo político, los funcionarios afectados deben ser conscientes de que éste puede desear prescindir de sus servicios antes del término inicialmente previsto para dicha comisión de servicios. En efecto, cuando se rompe la confianza mutua, por la razón que sea, el funcionario de que se trate ya no está en condiciones de desempeñar correctamente sus funciones. En tal situación, por tanto, es de buena administración que la institución afectada adopte con respecto al funcionario, a la mayor brevedad posible, una decisión que ponga fin a la comisión de servicios. Tal decisión constituye, desde el punto de vista procedimental, un acto lesivo para el funcionario, que, por ello, tiene un interés personal en solicitar su anulación. No obstante, no puede deducirse automáticamente, sin tener en cuenta la naturaleza del procedimiento incoado respecto al interesado, que la AFPN estuviera obligada a dar audiencia al funcionario de que se trata antes de adoptar una decisión de este tipo.

Cuando la AFPN recibe una solicitud para que ponga fin a la comisión de servicios de un funcionario de un grupo político, está obligada en principio a darle curso a la mayor brevedad posible tras comprobar que la solicitud provenga realmente de la persona o del servicio competente para presentarla.

(véanse los apartados 48 a 52, 56, 57, 59 y 60)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Artículos 28 CE a 30 CE - Ámbito de aplicación - Mercancías en tránsito a través de un Estado miembro y destinadas a un país tercero - Inclusión

(Arts. 28 CE a 30 CE)

2. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Normativa nacional que establece un mecanismo de retención por las autoridades aduaneras, durante el tránsito intracomunitario, de mercancías sospechosas de usurpación de marca, legalmente fabricadas en un Estado miembro y destinadas a un país tercero - Justificación - Protección de la propiedad industrial y comercial - Inexistencia - Tránsito no comprendido en el objeto específico del derecho de marca

(Arts. 28 CE a 30 CE)

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$$1. Unas mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro en tránsito hacia otro Estado miembro, están comprendidas, aun cuando vayan destinadas a un país tercero, en el ámbito de aplicación de los artículos 28 CE a 30 CE. En efecto, la unión aduanera establecida por el Tratado implica necesariamente que se garantice la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. Esta libertad no sería completa si los Estados miembros tuvieran la posibilidad de poner trabas o entorpecer, de alguna manera, la circulación de las mercancías en tránsito, por lo que hay que reconocer, como consecuencia de la unión aduanera y en interés recíproco de los Estados miembros, la existencia de un principio general de libertad de tránsito de las mercancías en el interior de la Comunidad.

( véanse los apartados 18 y 20 )

2. El artículo 28 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación por las autoridades aduaneras de un Estado miembro, con arreglo a una legislación de dicho Estado miembro en materia de propiedad intelectual y debido a sospechas de usurpación de marcas, de unos procedimientos de retención dirigidos contra mercancías legalmente fabricadas en otro Estado miembro y destinadas, después de haber transitado por el territorio del primer Estado miembro, a ser comercializadas en un país tercero.

En efecto, una medida de retención en la aduana, que retrasa la circulación de las mercancías y puede conducir a su bloqueo completo, tiene por efecto restringir la libre circulación de mercancías y constituye, por lo tanto, un obstáculo a dicha libertad.

Una medida así no puede justificarse por razones de protección de la propiedad industrial y comercial en el sentido del artículo 30 CE, cuando dicho tránsito no implica en modo alguno la comercialización de las mercancías de que se trata y, por consiguiente, no hay posibilidad de que atente contra el objeto específico del derecho de marca.

( véanse los apartados 21, 24, 27, 29 y 30 y el fallo )
Asunto C‑381/01

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República Italiana

«Incumplimiento de Estado – Directiva 77/388/CEE – IVA – Artículo 11, parte A, apartado 1, letra a) – Base imponible – Subvención directamente vinculada al precio – Reglamento (CE) nº 603/95 – Ayudas otorgadas en el sector de los forrajes desecados»

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales – Armonización de las legislaciones – Impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común de impuesto sobre el valor añadido – Base imponible – Entregas de bienes y prestaciones de servicios – Subvenciones directamente vinculadas al precio – Concepto – Ayudas otorgadas en el sector de los forrajes desecados – Exclusión – Régimen nacional que no aplica el impuesto sobre el valor añadido al importe de dichas ayudas – Procedencia

[Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 11, parte A, ap. 1, letra a)]

El artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, pretende someter al impuesto sobre el valor añadido la totalidad del valor de los bienes o de las prestaciones de servicios, por lo que establece que la base imponible incluye las subvenciones pagadas a los sujetos pasivos que estén directamente vinculadas al precio de la operación en cuestión. No incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la citada disposición un Estado miembro que se abstiene de aplicar el impuesto al importe de las ayudas abonadas en aplicación del Reglamento nº 603/95, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los forrajes desecados.

En efecto, el concepto de «subvenciones directamente vinculadas al precio» incluye únicamente las subvenciones que constituyen la contraprestación total o parcial de una operación de entrega de bienes o de prestación de servicios y que son pagadas por un tercero al vendedor o al prestador.

Ahora bien, no se cumplen los requisitos para la sujeción de dichas ayudas al impuesto en la venta por una empresa transformadora, tras su secado, de forrajes comprados a los productores de forrajes verdes, ya que en este caso la ayuda no se abona a la empresa transformadora beneficiaria de la misma con el fin específico de que ésta entregue forraje desecado a un comprador a un precio inferior al vigente en el mercado mundial. Tampoco se cumplen tales requisitos en la subcontratación de dicha empresa por un productor de forrajes verdes, dado que en este supuesto la empresa transformadora no es la beneficiaria de la ayuda que percibe, sino que asume únicamente la función de un intermediario entre el organismo otorgante de las ayudas y el productor de forrajes.

(véanse los apartados 27, 28, 32, 33, 37, 39, 43 y 46)
Asunto C‑159/01

Reino de los Países Bajos

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado – Exención parcial del impuesto sobre los minerales a favor de los cultivos en invernadero o en sustrato»

Sumario de la sentencia

1. Ayudas otorgadas por los Estados – Concepto – Trato diferenciado de las empresas en materia de cargas – Exclusión – Requisito – Trato diferenciado inherente al sistema de cargas de que se trate – Carga de la prueba que recae sobre el Estado miembro en cuestión

(Art. 87 CE, ap. 1)

2. Ayudas otorgadas por los Estados – Concepto – Exención permitida en el marco de un régimen que prevé el pago de impuestos, pero no pretende generar ingresos fiscales – Irrelevancia para la calificación de ayuda

(Art. 87 CE, ap. 1)

3. Actos de las instituciones – Motivación – Obligación – Alcance

(Art. 253 CE)

1. Dado que el concepto de ayuda de Estado no comprende las medidas que introducen una diferenciación entre empresas en materia de cargas cuando dicha diferenciación resulte de la naturaleza y la estructura del sistema de cargas en el que se enmarcan, corresponde al Estado miembro que ha introducido tal diferenciación demostrar que éste es efectivamente el caso.

(véanse los apartados 42 y 43)

2. El hecho de que una medida estatal que prevea el pago de impuestos por una categoría de empresas no pretenda generar ingresos fiscales no basta para excluir automáticamente que la exención que establezca en favor de algunas empresas pueda recibir la calificación de ayuda en el sentido del artículo 87 CE. En efecto, el apartado 1 de dicho artículo no establece una distinción según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos

(véase el apartado 51)

3. La obligación de motivación constituye un requisito sustancial de forma que ha de distinguirse de la fundamentación de la motivación, puesto que esta última afecta a la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. La motivación que el artículo 253 CE exige debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.

(véase el apartado 65)