Palabras clave

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Palabras clave

1. Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE

[Directiva 2000/78/CE del Consejo, 14º considerando, arts. 1, 2, aps. 1 y 2, letra a), y 3, ap. 1, letra c)]

2. Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE

(Directiva 2000/78/CE del Consejo, arts. 2, ap. 1, y 6)

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1. Conforme se desprende tanto de su título y exposición de motivos como de su contenido y finalidad, la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, tiene por objeto el establecimiento de un marco general para garantizar la igualdad de trato de todas las personas en el empleo y la ocupación, ofreciendo una protección eficaz contra las discriminaciones basadas en las razones indicadas en su artículo 1, entre las que se encuentra la edad.

Con arreglo a su decimocuarto considerando, la citada Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales que establecen la edad de jubilación. Sin embargo, este considerando se limita a precisar que la competencia de los Estados miembros para determinar la edad de acceso a la jubilación no se ve afectada por esta Directiva, sin excluir de modo alguno que ésta pueda aplicarse a las medidas nacionales que establecen los requisitos para la extinción de un contrato de trabajo por alcanzarse la edad de jubilación así determinada.

Así, una normativa nacional que prevé la extinción automática del contrato de trabajo cuando el trabajador cumpla la edad de jubilación establecida en dicha normativa, afecta a la duración de dicha relación entre las partes y, en general, al ejercicio por el trabajador de su actividad profesional, impidiendo su participación futura en la vida activa. En consecuencia, debe considerarse que una normativa de estas características establece normas relativas a las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, y dispensa, de manera directa, un trato menos favorable a los trabajadores que hayan alcanzado esa edad en comparación con las demás personas activas en el mercado laboral. Una normativa de este tipo supone, por lo tanto, una diferencia de trato directamente basada en la edad, en el sentido del artículo 2, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva.

(véanse los apartados 42, 44 a 46 y 51)

2. La prohibición de toda discriminación por razón de la edad, tal como se aplica en la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que considera válidas las cláusulas de jubilación forzosa establecidas en los convenios colectivos que exijan, como únicos requisitos, que el trabajador haya alcanzado el límite de edad a efectos de jubilación, fijado en 65 años por la normativa nacional, y que cumpla con las demás condiciones en materia de seguridad social para acceder a la prestación de jubilación en su modalidad contributiva, siempre que

— dicha medida, pese a basarse en la edad, esté justificada objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima relativa a la política de empleo y al mercado de trabajo, y

— los medios empleados para lograr este objetivo de interés general no resulten inadecuados e innecesarios a este respecto.

En efecto, por una parte, la referida normativa se adoptó en el marco de una política nacional destinada a favorecer el acceso al empleo mediante su mejor distribución intergeneracional, así como a regular el mercado nacional de trabajo con el fin, en particular, de reducir el desempleo.

Ahora bien, la legitimidad de este objetivo de interés general no puede cuestionarse razonablemente, habida cuenta de que los objetivos relativos a la política de empleo y a la situación del mercado de trabajo figuran entre los expresamente enumerados en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/78 y de que, con arreglo a los artículos 2 UE, párrafo primero, primer guión, y 2 CE, la promoción de un alto nivel de empleo se cuenta entre las finalidades de la Unión Europea y de la Comunidad.

A este respecto, la mera circunstancia de que la disposición nacional de que se trata no se refiera formalmente a ningún objetivo de esta naturaleza no excluye automáticamente la posibilidad de que esté justificada a la luz del artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva, siempre que otros elementos, propios del contexto general de la medida en cuestión, permitan la identificación del objetivo que subyace a esta medida, a fin de posibilitar el ejercicio del control jurisdiccional sobre la justificación objetiva.

Por otra parte, si bien, en el estado actual del Derecho comunitario, los Estados miembros y, en su caso, los agentes sociales a nivel nacional disponen de una amplia facultad de apreciación no sólo al primar un objetivo sobre otros en materia social y laboral, sino también al definir las medidas que les permitan lograrlo, incumbe a las autoridades competentes conseguir el justo equilibrio entre los distintos intereses en juego, velando por que las medidas nacionales previstas en este contexto no excedan de lo adecuado y necesario para alcanzar el objetivo legítimo que pretenda conseguir el Estado miembro en cuestión.

Pues bien, parece razonable que las autoridades de un Estado miembro estimen que la jubilación forzosa por haber alcanzado el límite de edad puede ser adecuada y necesaria para alcanzar el objetivo legítimo invocado en el marco de la política nacional de empleo, que consiste en favorecer el pleno empleo facilitando el acceso al mercado de trabajo. Además, no puede estimarse que con dicha medida se vean excesivamente menoscabadas las expectativas legítimas del trabajador que hayan sido objeto de una medida de jubilación forzosa, puesto que la normativa pertinente no se basa sólo en una edad determinada, sino que tiene también en cuenta la circunstancia de que, al término de su carrera profesional, el interesado obtiene una compensación financiera consistente en una pensión de jubilación, que se fija en un nivel que no puede considerarse inadecuado.

(véanse los apartados 53 a 57, 62, 64, 68, 71 a 73 y 77 y el fallo)