Asunto T-161/05

Hoechst GmbH

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del ácido monocloroacético — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado y fijación de precios — Imputabilidad de la conducta infractora — Multas — Proporcionalidad — Cooperación — Circunstancias agravantes — Reincidencia — Acceso al expediente — Informe del consejero auditor — Orden conminatoria de cesación»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 30 de septiembre de 2009 II ‐ 3563

Sumario de la sentencia

[Reglamento no 17 del Consejo, art. 3, ap. 1, y Reglamento (CE) no 1/2003 art. 7, ap. 1]

[Reglamento no 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, y Reglamento (CE) no 1/2003, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión]

[Reglamento no 17 del Consejo, art. 15, y Reglamento (CE) no 1/2003, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión]

[Reglamento no 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, y Reglamento (CE) no 1/2003, art. 23, ap. 2]

[Reglamento no 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, y Reglamento (CE) no 1/2003, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión]

[Reglamento no 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, y Reglamento (CE) no 1/2003, art. 23, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección D, ap. 2]

Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Necesidad de un comportamiento que haya facilitado a la Comisión la comprobación de la infracción

Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Empresa beneficiaria

En principio incumbe a la persona física o jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción a las normas comunitarias de competencia responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad de otra persona. Sin embargo, para la aplicación efectiva de las normas de la competencia puede resultar necesario imputar una práctica colusoria, de manera excepcional, no al anterior titular de la empresa implicada en esa conducta, sino al actual titular, en el supuesto de que pueda considerarse realmente a este último el sucesor del titular inicial, es decir, si continúa con la explotación de la empresa implicada en la práctica concertada. En efecto, si no existiese la posibilidad de imponer una sanción a una entidad distinta de la que cometió la infracción, las empresas podrían eludir las sanciones simplemente por el hecho de que su identidad se hubiese visto modificada como consecuencia de reestructuraciones, cesiones u otros cambios de carácter jurídico u organizativo. El criterio de la continuidad económica sólo es aplicable cuando la persona jurídica responsable de la explotación de la empresa deja de existir jurídicamente tras la comisión de la infracción o en supuestos de reestructuraciones internas de una empresa cuando el titular inicial no deja necesariamente de tener una existencia jurídica pero ha dejado de ejercer una actividad económica en el mercado de referencia y habida cuenta de los vínculos estructurales entre el titular inicial y el nuevo titular de la empresa. El principio de continuidad económica no puede cuestionar el principio de responsabilidad personal en supuestos en que una empresa implicada en una práctica concertada cedió una parte de sus actividades a un tercero independiente y no existen vínculos estructurales entre el titular anterior y el nuevo. La imputación al nuevo titular de una infracción cometida por el anterior es una posibilidad reconocida a la Comisión en algunas circunstancias, y no una obligación, particularmente en casos en que el titular inicial autor de la infracción sigue existiendo jurídica y económicamente. (véanse los apartados 50 a 52, 61 y 64)

En el caso particular de una sociedad matriz que posee el 100% del capital de su filial autora de una conducta infractora, existe una presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial y de que, por lo tanto, ambas constituyen una sola empresa con arreglo al artículo 81 CE. En consecuencia, corresponde a la sociedad matriz que impugna ante el juez comunitario una decisión de la Comisión de imponerle una multa por una conducta de su filial desvirtuar esta presunción aportando elementos de prueba que acrediten la autonomía de ésta. (véase el apartado 59)

En una situación en que la actividad de una empresa que es objeto de una práctica concertada ilícita ha sido cedida a otra empresa, una solicitud al amparo de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas presentada por la empresa cesionaria sólo puede beneficiar a esta última y no a la empresa cedente, aunque dicha solicitud se refiera al período en que la empresa cedente operaba en el mercado del producto que era objeto de la infracción. De la sección B de la Comunicación sobre la cooperación se desprende, en particular, que puede concederse una reducción del importe de la multa, que puede llegar hasta su supresión total, a la empresa que cumple los requisitos contemplados en dicha sección. (véanse los apartados 75 y 76)

Para tener derecho a una reducción del importe de la multa en atención al reconocimiento de los hechos, conforme a lo dispuesto en la sección D, apartado 2, segundo guión, de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas una empresa debe informar expresamente a la Comisión, tras haberle sido notificado el pliego de cargos, de que no tiene intención de impugnar la realidad de los hechos. A este respecto, la impugnación de la apreciación jurídica de algunos hechos realizada por la Comisión no puede asimilarse a la negación de la propia veracidad de dichos hechos. Si bien no es suficiente que una empresa afirme de modo general que no niega los hechos alegados, cuando, en las circunstancias del asunto de que se trate, dicha afirmación no es de la más mínima utilidad para la Comisión, una declaración de admisión de los hechos expuestos en el pliego de cargos, formulada de forma expresa e inequívoca en la respuesta al pliego de cargos que permite a la Comisión referirse, en su decisión final, a todos los hechos expuestos en el pliego de cargos, sin estar obligada a dar más pruebas de su veracidad, sólo puede facilitar la tarea de la Comisión. Por otra parte, si bien es cierto que la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de valorar la relevancia y utilidad de la cooperación prestada por una empresa, no puede, sin embargo, sin dar las razones para ello, apartarse de las reglas de conducta indicativas de la práctica que debe seguirse que ella misma se ha impuesto. En particular, la apreciación de la Comisión relativa a la admisión de los hechos por parte de una empresa debe figurar en la Decisión. (véanse los apartados 91, 95 y 97 a 99)

El método para fijar el importe de la multas impuestas en caso de infracción de las normas comunitarias de competencia, que se basa esencialmente en una tarificación de las multas, aunque relativo y flexible, no impone en modo alguno –ni tampoco prohíbe– que se tome en consideración, a efectos de la determinación del importe de partida general, el tamaño del mercado afectado y, por tanto, aún menos obliga a la Comisión a fijar este importe en un porcentaje fijo del volumen de negocios conjunto del mercado. (véase el apartado 109)

En el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción a las reglas comunitarias de competencia, la Comisión no está obligada a velar, en la fase de determinación de la gravedad de la infracción, por que los importes definitivos de las multas reflejen cualquier diferencia entre las empresas afectadas en cuanto a su volumen de negocios global. La Comisión puede proceder a distribuir a las empresas en grupos. El método consistente en agrupar a los participantes en una práctica concertada en categorías para dispensarles un trato diferenciado a la hora de fijar los importes de partida de las multas, cuyo fundamento ha sido confirmado por la jurisprudencia pese a que equivale a ignorar las diferencias de tamaño entre empresas de una misma categoría, da lugar a que se fije un importe de partida idéntico para las empresas pertenecientes a una misma categoría. No es menos cierto que tal distribución por categorías debe respetar el principio de igualdad de trato y el importe de las multas debe, al menos, ser proporcionado en relación con los elementos tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción. En efecto, la Comisión debe adoptar un método de reparto coherente y objetivamente justificado, sobre todo a la vista de la diferencia entre las cuotas de mercado alcanzadas por cada una de las empresas pertenecientes a esas diferentes categorías. (véanse los apartados 123, 124 y 128)

El método de cálculo de las multas impuestas por infracción de las normas comunitarias de competencia, circunscrito por las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, no es un método de cálculo aritmético que impida ajustar individualmente la multa de cada empresa implicada en función de la gravedad relativa de su participación en la infracción. En efecto, las Directrices contienen varios rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión ejerza su facultad de apreciación discrecional respetando lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento no 17 y en el artículo 23 del Reglamento no 1/2003. (véase el apartado 129)

La constatación y la apreciación de las características específicas de una reincidencia forman parte de la facultad de apreciación de la Comisión que no puede quedar vinculada por un eventual plazo de prescripción para tal constatación. En efecto, la reincidencia constituye un elemento importante que la Comisión debe apreciar, ya que la finalidad de tenerla en cuenta es inducir a las empresas que hayan demostrado tendencia a infringir las reglas sobre la competencia a rectificar su conducta. De ello se deduce que la Comisión puede, en cada caso, tomar en consideración los elementos que tienden a confirmar tal propensión. Además, basta con que la empresa haya sido considerada previamente autora de una infracción del mismo tipo, aun cuando la decisión esté aún en vía de recurso. En efecto, la apreciación de las características específicas de una reincidencia depende de una evaluación de las circunstancias del caso de autos por la Comisión, en el marco de su facultad de apreciación. Además, las decisiones de la Comisión gozan de presunción de validez, en tanto no hayan sido anuladas o revocadas. Por otra parte, las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA contemplan la reincidencia de una misma empresa para una infracción del mismo tipo y el concepto de reincidencia, tal como se entiende en cierto número de ordenamientos jurídicos nacionales, implica que una persona ha cometido nuevas infracciones tras haber sido sancionada por infracciones similares. Por tanto, la Comisión puede declarar una situación de reincidencia cuando una empresa ha sido condenada por el mismo tipo de infracción pese a que las infracciones de que se trata conciernen a filiales o a mercados diferentes. En efecto, a pesar de haberse declarado una infracción del Derecho comunitario de la competencia, la empresa, en el sentido del artículo 81 CE, continuó infringiendo dicha disposición. (véanse los apartados 141 a 143, 146 y 147)

En el marco del procedimiento iniciado por infracción de las normas comunitarias de competencia, sólo al inicio de la fase contradictoria administrativa se informa a la empresa afectada, mediante el pliego de cargos, de todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento, y sólo entonces dicha empresa disfruta del derecho de acceso al expediente para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. En consecuencia, la respuesta al pliego de cargos de las demás partes no está comprendida, en principio, en el conjunto de documentos del expediente de instrucción que las partes pueden consultar. Sin embargo, si la Comisión se propone basarse en un pasaje de una contestación a un pliego de cargos o en un documento adjuntado como anexo a dicha contestación para acreditar la existencia de una infracción en un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe darse a las demás partes implicadas en dicho procedimiento la oportunidad de pronunciarse sobre esta prueba. En tales circunstancias, el referido pasaje de una contestación al pliego de cargos o el documento unido como anexo a dicha contestación constituye efectivamente una prueba de cargo frente a las diversas empresas que hayan participado en la infracción. La Comisión no está obligada a comunicar a una empresa la respuesta al pliego de cargos de su antigua filial y no invalida esta conclusión el hecho de que haya dejado de disponer de los documentos comerciales pertinentes desde la venta de sus actividades y su antigua filial se niegue a comunicárselos. En efecto, el deber general de prudencia, al que toda empresa está sujeta, obliga a la empresa cedente a velar por una buena conservación en sus libros y archivos de los datos necesarios para reconstruir su actividad, principalmente a fin de disponer de las pruebas necesarias en caso de actuaciones judiciales o administrativas. (véanse los apartados 163, 164, 170 y 171)

En virtud del artículo 15 de la Decisión 2001/462 relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia, el consejero auditor elabora un informe final escrito sobre el respeto del derecho a ser oído, es decir, en particular, sobre la divulgación de documentos, el acceso al expediente, sobre los plazos de respuesta a los pliegos de cargos y sobre el desarrollo de la audiencia. Examina en dicho informe si el proyecto de decisión sólo recoge los cargos respecto de los cuales se haya brindado a las partes la oportunidad de exponer su punto de vista y si las investigaciones tuvieron un carácter objetivo. En el artículo 16 de dicha Decisión se precisa que el informe final del consejero auditor se adjuntará al proyecto de decisión presentado a la Comisión con objeto de garantizar que la Comisión, a la hora de adoptar una decisión sobre un asunto determinado, tenga pleno conocimiento de toda la información pertinente en lo relativo al desarrollo del procedimiento y al respeto del derecho a ser oído. De estas disposiciones se desprende que no le corresponde al consejero auditor reunir todos los motivos de orden procesal invocados por los interesados durante el procedimiento administrativo. Únicamente está obligado a informar a la junta de Comisarios de los motivos pertinentes para apreciar si el procedimiento administrativo se desarrolló legalmente. (véanse los apartados 177 a 179)