Asimismo, corresponde únicamente al tribunal remitente definir el marco fáctico en el que se integran las cuestiones que plantea o, cuando menos, explicar las hipótesis de hecho en las que se basan esas cuestiones. Por tanto, cuando un tribunal remitente no señala ciertos elementos de hecho en su decisión de remisión, una parte no puede alegar que algunas de las premisas de hecho en las que se sustenta el análisis del Abogado General son erróneas, o incompletas, para justificar la reapertura de la fase oral, habida cuenta de las exigencias del artículo 61 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

En efecto, no corresponde al Tribunal de Justicia, en un procedimiento promovido en virtud del artículo 234 CE, precisar las disposiciones nacionales pertinentes aplicables en el litigio principal. Es ésa una competencia exclusiva del tribunal remitente, el cual, a la vez que describe el marco jurídico interno, reserva al Tribunal de Justicia la función de proporcionar todos los elementos de interpretación propios del Derecho comunitario que permitan al tribunal remitente apreciar la compatibilidad de una legislación nacional con la normativa comunitaria. Además, el Estatuto del Tribunal de Justicia y el Reglamento de Procedimiento no prevén la posibilidad de que las partes presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General.

El Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, o a propuesta del Abogado General, o también a instancia de las partes, la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes. No obstante, la alegación de que el Abogado General no ha tomado en consideración en sus conclusiones ciertas disposiciones del Derecho nacional no mencionadas por el tribunal remitente en su resolución prejudicial no puede justificar la reapertura de la fase oral a la vista de las exigencias de dicho artículo.

En efecto, constituye una retención en origen todo tributo sobre las rentas percibidas en el Estado en que se reparten los dividendos y cuyo hecho imponible es el pago de dividendos o de cualquier otro rendimiento de los títulos, cuando la base imponible de dicho tributo es el rendimiento de éstos y el sujeto pasivo es el titular de los mismos títulos. En consecuencia, para la aplicación de la disposición antes citada, deben concurrir cumulativamente tres requisitos. Dado que no se cumple el tercer requisito, que consiste en que el sujeto pasivo sea el titular de los títulos, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 90/435 no se opone a un mecanismo de corrección contable como el previsto en la disposición de Derecho nacional antes mencionada.

Una disposición de Derecho nacional que establece, en caso de distribución de beneficios por una filial a su sociedad matriz, la imposición de los rendimientos y los incrementos patrimoniales de la filial, que no habrían sido gravados si esta última los hubiera conservado en vez de distribuirlos a la sociedad matriz, no constituye una retención en origen en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 90/435, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.

El artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación de una medida nacional en virtud de la cual la imposición de los beneficios distribuidos por una filial residente de un Estado miembro a su sociedad matriz se somete a un mismo mecanismo corrector, ya resida la sociedad matriz en el mismo Estado miembro o en otro Estado miembro, en tanto que, a diferencia de una sociedad matriz residente, una sociedad matriz no residente no recibe un crédito fiscal del Estado miembro de residencia de su filial.

En efecto, dado que la aplicación del mecanismo corrector de que se trata no puede modificar la carga fiscal de la filial residente según que su sociedad matriz resida en el mismo Estado miembro o en otro Estado miembro, de modo que dicha filial no está en una posición diferente en relación con la legislación de su Estado de residencia, según distribuya beneficios a una sociedad matriz no residente o a una sociedad matriz residente, la aplicación de dicho mecanismo no conduce, respecto a la filial, a un trato idéntico de situaciones diferentes que constituya un trato fiscal discriminatorio prohibido en principio por el artículo 52 del Tratado CE.

Esta apreciación no puede ser desvirtuada por el hecho de que para los socios no residentes la imposición de la empresa que distribuye beneficios tenga carácter definitivo, en el sentido de que el aumento de la carga fiscal de la sociedad que los distribuye no se compensa con la concesión de un crédito fiscal correspondiente. Al no existir medidas de unificación o de armonización comunitaria, los Estados miembros siguen siendo competentes para fijar, mediante convenio o de forma unilateral, los criterios de reparto de su poder tributario con el fin, en particular, de suprimir la doble imposición. En virtud de ello, el crédito fiscal concedido, conforme a tal legislación nacional, a la sociedad matriz residente trata de evitar la doble imposición económica de los beneficios distribuidos por una filial residente y gravados ya por primera vez a cargo de esta última. Ahora bien, en el marco de una distribución de beneficios transfronteriza, no incumbe en principio al Estado miembro de residencia de la filial prevenir una doble imposición económica, sino al Estado miembro en cuyo territorio reside la sociedad matriz, como se deduce del artículo 4 de la Directiva 90/435, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes. Por tanto, el Estado miembro de residencia de la sociedad matriz está obligado a conceder un trato fiscal que persiga el mismo objetivo que el crédito fiscal concedido por el Estado miembro de residencia de la filial a las sociedades matrices residentes en ese último Estado, de forma que se evite también la doble imposición económica de los beneficios distribuidos en forma de dividendos. De tal forma, al igual que la sociedad matriz residente de una sociedad filial residente obtiene un crédito fiscal de su Estado de residencia, que también actúa como Estado de residencia de la filial, la sociedad matriz no residente de una filial residente está protegida del riesgo de doble imposición económica de los beneficios distribuidos en forma de dividendos, pero por el Estado miembro de su residencia. En consecuencia, la falta de concesión de un crédito fiscal por el Estado miembro de la filial a favor de una sociedad matriz no residente no puede diferenciar la situación de la filial residente de una sociedad matriz residente respecto a la de la filial residente de una sociedad matriz no residente.

(véanse los apartados 82 a 85, 87 a 92 y 94 a 96, y el punto 2 del fallo)