Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

1. Procedimiento ° Intervención ° Demanda que tiene por objeto apoyar las pretensiones de una de las partes pero en la que se formula otra alegación ° Admisibilidad

[Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 3; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 116, ap. 3]

2. Actos de las Instituciones ° Motivación ° Obligación ° Alcance ° Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Tratado CEE, art. 190)

3. Ayudas concedidas por los Estados ° Prohibición ° Excepciones ° Ayudas a las que puede aplicarse la excepción establecida en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado ° Ayuda de funcionamiento ° Exclusión

[Tratado CEE, art. 92, ap. 3, letra c)]

4. Ayudas concedidas por los Estados ° Recuperación de una ayuda ilegal ° Aplicación del Derecho nacional ° Requisitos y límites ° Deducción de los impuestos pagados del importe que debe recuperarse ° Procedencia

(Tratado CEE, art. 93, ap. 2, párr. 1)

5. Ayudas concedidas por los Estados ° Recuperación de una ayuda ilegal ° Violación del principio de proporcionalidad ° Inexistencia ° Pago de intereses justificado por la necesidad de restablecer la situación anterior ° Momento en que empiezan a devengarse intereses ° Fijación por parte de la Comisión en la fecha del pago de la ayuda

(Tratado CEE, art. 93, ap. 2, párr. 1)

6. Ayudas concedidas por los Estados ° Recuperación de una ayuda ilegal ° Aplicación del Derecho nacional ° Posible confianza legítima por parte de los beneficiarios ° Protección ° Requisitos y límites ° Consideración del interés de la Comunidad

(Tratado CEE, art. 93, ap. 2, párr. 1)

Índice

1. El párrafo tercero del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, en la medida en que establece que las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes, y el apartado 3 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que obliga al coadyuvante a aceptar el litigio en el estado en que se encuentra en el momento de su intervención, no impiden que el coadyuvante formule alegaciones distintas de las de la parte a la que apoya, puesto que la intervención tiene siempre por objeto el apoyo de las pretensiones deducidas por esta última.

2. En la motivación de las Decisiones que debe adoptar para garantizar la aplicación de las normas en materia de competencia, la Comisión no está obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan en apoyo de su solicitud. Le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la Decisión.

3. Las ayudas de funcionamiento, a saber, las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes que normalmente hubiera debido soportar en el marco de su gestión corriente o de sus actividades normales, no pueden considerarse incompatibles con el mercado común, con arreglo a la letra c) apartado 3 del artículo 92 del Tratado, en la medida en que, por su propia naturaleza, falsean las condiciones de competencia en los sectores en los que se conceden y pueden alterar las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común, sin que por otra parte sean capaces de alcanzar uno de los objetivos fijados por las mencionadas disposiciones que establecen excepciones.

La calificación de una ayuda como ayuda de funcionamiento o, por el contrario, como ayuda a la inversión debe hacerse en un contexto comunitario, con independencia de su calificación con arreglo a la normativa contable o fiscal del Estado miembro a la que esté sujeta la empresa beneficiaria.

4. A falta de disposiciones comunitarias relativas al procedimiento de devolución de las cantidades indebidamente abonadas, la recuperación de las ayudas concedidas irregularmente debe efectuarse según los procedimientos establecidos en el Derecho nacional. No obstante, la aplicación del Derecho nacional no debe menoscabar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario, es decir, por un lado, no debe hacer prácticamente imposible la recuperación de las cantidades irregularmente concedidas y, por otro, no debe ser discriminatoria respecto de casos comparables regulados únicamente por la legislación nacional.

De ello se deduce que la Comisión, en sus Decisiones por las que se ordena la devolución de ayudas de Estado, no debe calcular los efectos del impuesto sobre el importe de las ayudas que deben recuperarse, ya que este cálculo está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho nacional, sino que debe limitarse a indicar el importe bruto que debe devolverse. Ello no impide que, en su caso, en el momento de la devolución, las autoridades nacionales deduzcan, con arreglo a sus normas internas pero respetando el Derecho comunitario, determinadas cantidades.

5. Cuando, con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado, la Comisión ordena la supresión o la modificación de una ayuda de Estado concedida infringiendo el Tratado, puede exigir su devolución. En la medida en que esta recuperación tiene por finalidad restablecer la situación anterior al pago de la ayuda, no puede en principio considerarse desproporcionada en relación con los objetivos de las disposiciones del Tratado en materia de ayudas de Estado.

Dado que el restablecimiento de la situación anterior al pago de la ayuda ilegal supone que se hayan eliminado todas las ventajas financieras derivadas de la ayuda, que tienen efectos contrarios a la competencia en el mercado común, la Decisión de la Comisión puede imponer el pago de intereses sobre las cantidades concedidas, a fin de evitar que la empresa conserve el beneficio de una ayuda al haber dispuesto de un préstamo sin intereses. El pago de los intereses sólo puede tener por objeto compensar las ventajas financieras derivadas de la concesión efectiva de las ayudas y debe ser proporcional a dichas ventajas.

Por ello, dichos intereses, que no son intereses de demora debidos al retraso en el cumplimiento de la obligación de restitución, sólo pueden empezar a devengarse a partir de la fecha, que en principio corresponde fijar a la Comisión y no a las autoridades nacionales, en que el beneficiario de la ayuda dispuso efectivamente del capital.

6. El Derecho comunitario no se opone a que la legislación nacional tome en consideración la protección de la confianza legítima en la devolución de las ayudas indebidamente abonadas, sin perjuicio, no obstante, de que se efectúe en las mismas condiciones que las aplicadas a la recuperación de las prestaciones financieras puramente nacionales y que se tenga plenamente en cuenta el interés de la Comunidad. Por consiguiente, por un lado, los beneficiarios de ayudas de Estado indebidamente percibidas sólo pueden invocar, en el momento de la restitución, circunstancias excepcionales que hayan podido legítimamente fundamentar su confianza en el carácter válido de la ayuda y, por otro, corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales valorar las referidas circunstancias, en su caso después de haber planteado al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales de interpretación.