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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 347/8

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg (Alemania) el 26 de agosto de 2011 — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Asunto C-438/11)

2011/C 347/12

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Hamburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Lagura Vermögensverwaltung GmbH

Demandada: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Cuestión prejudicial

En las circunstancias del procedimiento principal, en que la autoridad del país tercero ya no puede comprobar si el certificado por ella expedido se basa en una versión correcta de los hechos, ¿se ha de denegar al deudor la protección de la confianza legítima con arreglo al artículo 220, apartado 2, letra b), párrafos segundo y tercero, (1) del Código Aduanero, cuando las circunstancias que impiden dilucidar la veracidad material del certificado de origen se sitúan en el ámbito del exportador, o bien el traslado de la carga de la prueba de la autoridad aduanera al deudor en virtud del artículo 220, apartado 2, letra b), párrafo tercero, primera parte, del Código Aduanero requiere única o específicamente que la imposibilidad tenga su origen fuera del ámbito de la autoridad del país de exportación o se deba a una negligencia imputable exclusivamente al exportador?

(1) Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000 (DO L 311, p. 17).
2)

Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar contenido al concepto de desproporción en orden: a) A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectado[s] en un largo lapso de tiempo — en este caso 33 años — por incumplimientos en un período muy limitado y concreto b) La fijación de unos intereses de demora — en este caso superiores al 18 % — que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro aún en los caso[s] en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado c) La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables -tanto ordinarios como moratorios — realizados unilateralmente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 331/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 26 de agosto de 2011 — Ekkerhard Schauß/Transportes Aéreos Portugueses SA

(Asunto C-437/11)

2011/C 331/16

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ekkerhard Schauß

Demandada: Transportes Aéreos Portugueses SA

Cuestión prejudicial

Tiene el pasajero aéreo derecho a compensación con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 261/2004 (1) cuando el retraso de la salida no excede los límites establecidos en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento, pero la llegada al último destino tiene lugar como mínimo tres horas después de la hora de llegada prevista?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 319/9

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 5 de agosto de 2011 — Germanwings GmbH/Amend

(Asunto C-413/11)

2011/C 319/16

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Germanwings GmbH

Demandada: Amend

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con el principio de separación de poderes en la Unión Europea que el Tribunal de Justicia, al objeto de eliminar lo que de otro modo sería un trato desigual, interprete el Reglamento (CE) no 261/2004 (1) en el sentido de que un pasajero afectado por un mero retraso de más de tres horas tiene derecho a una compensación con arreglo al artículo 7 de dicho Reglamento, aunque el Reglamento sólo la prevé en el caso de denegación de embarque o de anulación de vuelo reservado, pero limite los derechos del pasajero en caso de retraso a una asistencia conforme al artículo 9 del Reglamento y –si el retraso es superior a cinco horas– a la asistencia prevista en el artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
6)

Dependiendo de la respuesta que se dé a la quinta cuestión: 6.1. En caso de que deba interpretarse que, con arreglo al artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2000/43, es necesaria una suposición o sospecha para que exista discriminación, y en caso de que los citados hechos conduzcan al traslado de la carga de la prueba a la parte demandada, ¿qué tipo de discriminación se desprende de tales hechos, directa o indirecta? ¿o se trata de una molestia? 6.2. ¿Permiten las disposiciones de la Directiva 2000/43 que la discriminación directa o la molestia esté justificada conforme a un objetivo legal por medios exigibles y adecuados? 6.3. ¿Es posible que en ambos barrios se justifiquen las medidas aplicadas, teniendo en cuenta la situación y los objetivos legales que se consignan a continuación, invocados por la empresa de distribución? a) Las medidas se aplican a causa de las facturas impagadas, que se han acumulado en ambos distritos, debido a las cada vez más reiteradas infracciones de los usuarios, que perjudican o ponen en peligro la seguridad, la calidad y el funcionamiento continuado y sin peligro de las instalaciones eléctricas; y las medidas se aplican de forma colectiva, con independencia de que un usuario concreto pague o no su factura de distribución y suministro de electricidad, y con independencia de que conste que el usuario concreto ha cometido alguna infracción (una manipulación de los indicadores del contador, una conexión no reglamentaria o una captación o utilización irregular de electricidad no computada ni pagada, o alguna otra intromisión en la red eléctrica que perjudique o ponga en peligro su funcionamiento seguro, con calidad, de forma continuada y sin peligro). b) Por cada infracción comparable, se prevén responsabilidades en las disposiciones vigentes y en las cláusulas generales del contrato de distribución, concretamente de carácter civil, administrativo y penal. c) La cláusula prevista en el artículo 27, apartado 2, de las condiciones generales del contrato de distribución, consistente en que la empresa de distribución, a requerimiento expreso y por escrito del usuario, le garantice la posibilidad de realizar una inspección visual del contador, no permite realmente al usuario comprobar personal y regularmente los datos que le afectan. d) Existe la posibilidad, previa petición expresa por escrito, de instalar un contador de corriente en la vivienda del usuario, que para ello debe satisfacer una tarifa. e) La medida es un signo distintivo particular y visible contra los comportamientos ilícitos del usuario en una u otra forma, a causa del carácter generalmente conocido, según la empresa de distribución, del motivo de su aplicación. f) Existen otros métodos y medios técnicos para proteger los contadores de las manipulaciones. g) El representante de la empresa de distribución ha señalado que, en un barrio gitano de otra ciudad, las medidas similares allí aplicadas no han podido, de hecho, impedir las manipulaciones. h) No cabe suponer que la instalación eléctrica situada en uno de estos barrios, un transformador, se someta a medidas de seguridad similares, como los contadores.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 282/8

Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven el 6 de julio de 2011 — G. Brouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Asunto C-355/11)

2011/C 282/14

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandante: G. Brouwer

Demandado: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse la Directiva 91/629/CEE (1) en el sentido de que los requisitos de gestión derivados de la misma, en el sentido del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1782/2003, (2) son también aplicables a los terneros confinados por un agricultor en el marco de una explotación lechera?

2) En caso de respuesta negativa a la anterior cuestión, la circunstancia de que en un Estado miembro esta Directiva se haya transpuesto mediante una normativa que declara aplicables los citados requisitos a estos terneros, ¿constituye un motivo para, en caso de vulneración de las mismas, considerar necesario establecer en dicho Estado miembro una reducción o una exclusión en virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1782/2003?

(1) Directiva del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, relativa a las normas mínimas para la protección de terneros (DO L 340, p. 28)

(2) Reglamento del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1)
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 269/29

Petición de decisión prejudicial planteada por el Förvaltningsrätten i Falun (Suecia) el 27 de junio de 2011 — Widex A/S/Skatteverket

(Asunto C-319/11)

2011/C 269/55

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Förvaltningsrätten i Falun

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Widex A/S

Demandada: Skatteverket

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Cómo debe interpretarse la expresión «establecimiento permanente desde el que se realizan operaciones económicas» a la luz de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión Europea en este asunto? (1)

2) ¿Debe considerarse que un sujeto pasivo, que tiene la sede de su actividad económica en otro Estado miembro, cuya actividad consiste, entre otras cosas, en la fabricación y venta de audífonos, al haber llevado a cabo actividades de investigación en el ámbito de la audiología en una división de investigación situada en Suecia, tiene un establecimiento permanente en Suecia desde el que se han realizado operaciones económicas, cuando ese sujeto pasivo ha adquirido bienes y servicios, que se recibieron y utilizaron en la división de investigación en cuestión situada en Suecia?

(1) Artículos 170 y 171 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) y artículos 1 y 2 de la Octava Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país (DO L 331, p. 11; EE 09/01, p. 116).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 269/35

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Montreuil (Francia) el 4 de julio de 2011 — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co./Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

(Asunto C-345/11)

2011/C 269/71

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal administratif de Montreuil

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co.

Demandada: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe tenerse en cuenta la situación de los partícipes, además de la de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)?
1)

¿Las disposiciones del Acuerdo europeo y especialmente las decisiones del Consejo de Asociación UE-Bulgaria son aplicables a las ayudas públicas concedidas con arreglo a las disposiciones del Acuerdo europeo y especialmente con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2, antes de la adhesión de la República de Bulgaria a la Unión Europea, cuando la apreciación de la incompatibilidad de las ayudas públicas así concedidas se efectúa después de la adhesión de la República de Bulgaria a la Unión Europea? En caso de respuesta afirmativa, es necesaria la siguiente interpretación: a) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del Protocolo adicional al Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, en lo referente a una prórroga del período previsto en el artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2 del Acuerdo europeo, en el sentido de que sólo la Comisión Europea puede declarar si el programa de reestructuración y los planes con arreglo al artículo 2 del Protocolo Adicional se han aplicado íntegramente y se cumplen los requisitos del artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2 del Acuerdo europeo? En caso de respuesta negativa, es necesaria la siguiente interpretación: b) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, del Protocolo adicional al Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, en lo referente a una prórroga del período previsto en el artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2 al Acuerdo europeo, en el sentido de que la autoridad nacional competente de la República de Bulgaria tiene derecho a dictar una decisión sobre la recuperación de una ayuda pública que no cumple los requisitos del artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2 del Acuerdo europeo? En caso de respuesta negativa por parte del Tribunal de Justicia, se solicita la interpretación de la siguiente cuestión:
2)

¿Debe interpretarse el artículo 81 CE (= artículo 101 TFUE) en el sentido de que la actividad desarrollada por un organismo de Derecho privado descrito de forma pormenorizada en el apartado 1 en el ámbito de la elaboración de normas técnicas y la certificación de productos mediante dichas normas técnicas ha de considerarse como «económica» si el organismo está controlado por empresas? En caso de responderse de forma afirmativa la anterior cuestión parcial: ¿Debe interpretarse el artículo 81 CE en el sentido de que la elaboración de normas técnicas y la certificación mediante dichas normas por parte de una asociación de empresas puede afectar al comercio entre los Estados miembros si un producto fabricado y comercializado lícitamente en otro Estado miembro no puede comercializarse, o sólo con dificultades considerables, en el Estado miembro de importación por el hecho de no cumplir los requisitos de la norma técnica, y sin tal certificado es prácticamente imposible la comercialización, debido a la considerable penetración en el mercado de la norma técnica y a una disposición del legislador nacional según la cual un certificado de la asociación de empresas da testimonio del cumplimiento de los requisitos legales, y si la norma técnica, de haber sido promulgada directamente por el legislador nacional, no se aplicaría al ser contraria a los principios relativos a la libre circulación de mercancías?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 450 quater, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) no 2454/93 (1) de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, introducido por el artículo 1, punto 53, del Reglamento (CE) no 2787/2000 (2) de la Comisión, de 15 de diciembre de 2000, en el sentido de que la notificación mencionada en dicha disposición es jurídicamente válida sólo si se indican los importes exactos que posiblemente se reclamen al fiador?
1)

¿Son aplicables las normas de determinación de la legislación aplicable establecida en el título II del Reglamento (CEE) no 1408/71, (1) con la consecuencia de que resulta aplicable la legislación neerlandesa y, por consiguiente, pueden percibirse las cotizaciones al régimen de seguridad social neerlandés en un caso como el de autos, en el que un trabajador de nacionalidad neerlandesa residente en España trabaja como marinero para una empresa establecida en los Países Bajos, en virtud de la aplicación de la legislación laboral neerlandesa, y realiza su trabajo a bordo de buques que navegan fuera del territorio de la Comunidad bajo pabellón de las Antillas Neerlandesas, aunque, únicamente desde la perspectiva de la legislación nacional neerlandesa, no está afiliado al régimen general de seguridad social neerlandés por no residir en los Países Bajos?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 152/10

Recurso de casación interpuesto el 25 de febrero de 2011 por Fidelio KG contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 16 de diciembre de 2010 en el asunto T-286/08, Fidelio KG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

(Asunto C-87/11 P)

2011/C 152/19

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Fidelio KG (representante: M. Gail, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010 en el asunto T-286/08.

— Que se estimen las pretensiones formuladas en primera instancia.

— Que se condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal General consideró indebidamente que el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94 se oponía a la solicitud de registro del signo «Hallux» para «artículos ortopédicos» y «calzado». No se entiende por qué el Tribunal General, a pesar de las explicaciones de la demandante, sigue las alegaciones de la OAMI y considera que «hallux», la denominación en latín del dedo gordo del pie, constituye la abreviatura usual de «hallux valgus», una patología del dedo gordo. Esta manera de proceder del Tribunal General ignora el significado del principio del examen de oficio y, además, vulnera la obligación de motivación.

Asimismo, el Tribunal General efectuó una determinación errónea de los productos y de las categorías de productos. Habida cuenta de que el término «artículos ortopédicos» está redactado de manera muy amplia, y de que es suficiente que el motivo de denegación absoluto de registro se aplique a una parte de los productos, la OAMI puede, con carácter discrecional, concebir muchos tipos de productos para denegar el registro de un determinado tipo de producto. El Tribunal General no tuvo en cuenta esta posibilidad.

Por lo que respecta al calzado, el Tribunal General consideró equivocadamente que existía una categoría de producto «calzado cómodo». No obstante, no existe en realidad ninguna diferencia entre el calzado en general y el denominado calzado cómodo.

Por otro lado, el Tribunal General, al determinar, respectivamente, el público pertinente para los «artículos ortopédicos» y el «calzado» se había dejado guiar por consideraciones inapropiadas. A juicio de la demandante, debe atenerse, a este respecto, al consumidor medio. Pero el consumidor medio no dispone de conocimientos de la lengua alemana ni está familiarizado con la patología del pie hallux valgus. Por consiguiente, no puede entenderse que la marca «Hallux» tenga carácter descriptivo.

Por último, el Tribunal General infringió también el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, al no haber efectuado el examen del signo «Hallux» con arreglo a esta disposición.
2)

¿Debe interpretarse el artículo 80, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2006/112 en el sentido de que si el proveedor ha ejercido el derecho a deducción plena del impuesto que grava los bienes y servicios, que son objeto de posteriores entregas entre personas vinculadas con un valor inferior al valor normal de mercado, y este derecho a deducción no ha sido regularizado conforme a los artículos 173 a 177 de la Directiva y la entrega no está sujeta a ninguna de las exenciones previstas en los artículos 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377; 378, apartado 2; 379, apartado 2, y 380 a 390 de la Directiva, el Estado miembro no puede prever medidas en virtud de las cuales se establezca como base imponible exclusivamente el valor normal de mercado?