SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 19 de febrero de 1998

Asunto T-196/97

Donato Continolo

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Cura termal — Artículo 59 del Estatuto — Licencia por enfermedad — Licencia especial»

Texto completo en lengua francesa II-261

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una pretensión de anulación de la decisión de la Comisión de 24 de junio de 1996, confirmada por la decisión de denegación de la reclamación del demandante de 30 de enero de 1997, de no conceder al demandante un permiso suplementario para una cura termal.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

Durante su reunión no 205, de 8 de diciembre de 1994, el Consejo de Jefes de Administración de las Comunidades Europeas aprobó la conclusión no 207/94, relativa a la licencia especial para curas termales no postoperatorias ni de convalecencia (conclusión de 8 de diciembre de 1994).

El 28 de diciembre de 1994, la Comisión reprodujo, en la instrucción interna no 8927 publicada en las Informaciones administrativas de 9 de enero de 1995 (instrucción interna de 28 de diciembre de 1994), las condiciones de concesión de una licencia especial establecidas en la conclusión antes citada. Aplicable a las curas termales no postoperatorias ni de convalecencia a partir del 1 de enero de 1995, dicha instrucción interna establece que «en caso de cura termal juzgada estrictamente necesaria por razones médicas y debidamente autorizada por el médico asesor del régimen común de seguro de enfermedad (RCSE), la [autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN)] puede conceder una licencia especial de duración igual a la mitad del tiempo de estancia necesario para dicha cura —con el límite de siete días y medio laborables — y a condición de que la cura se efectúe en establecimientos autorizados por las autoridades nacionales competentes. A la luz del informe de fin de la cura, y a propuesta del médico asesor de la Institución, la AFPN puede conceder hasta siete días y medio de permiso suplementario».

El 23 de mayo de 1995 la Comisión publicó las Informaciones administrativas no 894 tituladas «Procedimiento que debe seguirse para obtener el reembolso de los gastos por curas termales y la concesión de una licencia especial».

El 1 de febrero de 1996, los Jefes de Administración de todas las Instituciones confirmaron el criterio propuesto por el Consejo médico interinstitucional para la concesión del segundo tramo de la licencia especial para cura termal. Esta únicamente deberá concederse si se trata de una cura termal relacionada con una enfermedad grave reembolsable al 100 % (conclusión de 1 de febrero de 1996).

El 10 de marzo de 1995, el demandante presentó ante el despacho de liquidaciones del RCSE de Ispra (en lo sucesivo, «despacho de liquidaciones») una petición de autorización previa para una cura termal de veinte días que deseaba efectuar en dos períodos, en los meses de mayo y septiembre del mismo año. Esta petición se justificaba por un certificado médico de 9 de marzo de 1995, que acreditaba que el demandante sufría una ciática lumbar y una hernia de disco.

El 21 de marzo de 1995, el médico asesor del despacho de liquidaciones de Ispra concedió la autorización solicitada por el demandante.

El demandante realizó una cura termal del 8 al 20 de mayo de 1995 y del 25 de septiembre al 6 de octubre de 1995, de una duración total de diecinueve días laborables. Con arreglo a la instrucción interna de 28 de diciembre de 1994, el demandante obtuvo una licencia especial para cura termal de siete días y medio.

El 20 de diciembre de 1995, el demandante presentó, sobre la base de la instrucción interna de 28 de diciembre de 1994, una petición al médico asesor tendente a obtener la reatribución de la totalidad de los días de permiso que se tomó con ocasión de su cura termal.

Mediante escrito de 2 de abril de 1996, el Dr. Orth, Jefe del Servicio Médico de Ispra, comunicó al demandante que «sobre la base de la conclusión de 8 de diciembre de 1994, el médico asesor de la Institución no puede proponer a la AFPN la concesión de un permiso suplementario».

Mediante escrito de 10 de junio de 1996, el demandante comunicò al Jefe de la Unidad 3 («Gestión de los derechos individuales») de la Dirección B («Derechos y Obligaciones») de la Dirección General IX (Personal y Administración) (Unidad IX.B.3), en su calidad de AFPN, la negativa del Servicio Médico y solicitó disfrutar de siete días y medio de permiso suplementario para curas termales.

La petición del demandante fue denegada mediante escrito de 24 de junio de 1996 debido a que la concesión de dicho permiso suplementario estaba supeditada a un dictamen positivo del médico asesor que, en el presente caso, no se había emitido.

El 16 de septiembre de 1996, el demandante presentó una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») contra dicha decisión. La decisión denegatoria presunta de la reclamación se adoptó el 30 de enero de 1997. Esta decisión fue notificada al demandante el 19 de marzo de 1997.

Fondo

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 59 del Estatuto así como en la ilegalidad de la conclusión de 8 de diciembre de 1994, de la instrucción interna de 28 de diciembre de 1994 y de la conclusión de 1 de febrero de 1996

Dado que, según el apartado 1 del artículo 59 del Estatuto, una licencia por enfermedad únicamente se concede al funcionario si sufre la «imposibilidad para ejercer sus funciones como consecuencia de enfermedad o accidente», el criterio de aplicación de esta disposición estriba en la incapacidad para el trabajo del funcionario, en el momento de su ausencia, por causa de enfermedad o de accidente. Por tanto, el certificado médico que el funcionario ausente está obligado a presentar en virtud del apartado 1 del artículo 59 del Estatuto debe poner de manifiesto, «con una precisión suficiente y de forma concluyeme, la incapacidad» para el trabajo (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 20 de noviembre de 1996, Z/Comisión (T-135/95, RecFPp. II-1413), apartado 34

Por consiguiente, las disposiciones del artículo 59 del Estatuto deben interpretarse en el sentido de que un funcionario que realiza una cura termal únicamente puede disfrutar de una licencia por enfermedad si está en condiciones de justificar que, en el momento de dicha cura, es incapaz de trabajar, debido a una enfermedad o accidente (apartado 35).

El certificado médico presentado por un funcionario para obtener una autorización previa con arreglo al punto XI del Anexo I de la Reglamentación de cobertura únicamente acredita la necesidad de un tratamiento mediante cura termal a efectos de dicha Reglamentación. La necesidad de realizar una cura, que justifica la concesión de la autorización previa, no demuestra, sin embargo, en sí, una incapacidad para el trabajo del funcionario en el momento de su cura (apartado 36).

La cura termal se distingue de un tratamiento médico que afecta al paciente en su integridad física y, de ese modo, le incapacita para trabajar, tal como una operación, diálisis o quimioterapia. En este último caso, el funcionario que recibe dicho tratamiento padece una imposibilidad para ejercer sus funciones como consecuencia de enfermedad a efectos del artículo 59 del Estatuto mientras dure dicho tratamiento, aun cuando este último, al igual que una cura termal, pueda ser programado por anticipado (apartado 37).

Un certificado médico que justifica la concesión de una autorización previa para cura termal en el marco de la Reglamentación de cobertura no da derecho, ipso facto, a una licencia por enfermedad con arreglo al artículo 59 del Estatuto. No obstante, el hecho de someterse a una cura termal tampoco excluye, en sí, que el funcionario pueda disfrutar de una licencia por enfermedad a efectos del artículo 59 del Estatuto. En efecto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 59 del Estatuto, el funcionario tiene derecho a una licencia por enfermedad aun cuando esté realizando una cura (apartados 38 y 39).

Así, los requisitos del artículo 59 del Estatuto se cumplen cuando un funcionario prueba, mediante un certificado médico, que, durante su cura, sufría una enfermedad que le hubiera impedido prestar su servicio de no haber estado realizando la cura. Al igual que un funcionario que contrae una enfermedad durante sus vacaciones anuales tiene derecho a la recuperación de los días de vacaciones durante los cuales estuvo enfermo, un funcionario que realice una cura termal tiene derecho a una licencia por enfermedad por los días de su cura durante los cuales hubiera sido incapaz de trabajar, como consecuencia de enfermedad, de no haber estado realizando la cura (apartado 40).

En el presente caso, el certificado del médico de cabecera del demandante de 9 de marzo de 1995 no constituye un certificado médico que acredite su incapacidad para el trabajo por causa de enfermedad o accidente. El demandante no ha demostrado que sufriera una imposibilidad para ejercer sus funciones como consecuencia de enfermedad o accidente a efectos del artículo 59 del Estatuto en el momento de su cura. En consecuencia, no satisface los requisitos exigidos para disfrutar de una licencia por enfermedad durante el período de su cura termal (apartados 41 y 42).

De conformidad con el párrafo segundo del artículo 57 del Estatuto, aparte de las vacaciones anuales, «podrán otorgarse [a un funcionario], a título excepcional y a petición del interesado, licencias especiales. Las normas de concesión de estas licencias se establecen en el Anexo V». Del artículo 6 del Anexo V del Estatuto se desprende que los casos mencionados en dicho artículo constituyen una enumeración no taxativa de las situaciones que pueden conferir derecho a una licencia especial. En consecuencia, el Anexo V, al que remite el párrafo segundo del artículo 57 del Estatuto, constituye la base jurídica apropiada para la concesión de un licencia especial, incluso con respecto a ausencias como las relacionadas con curas termales, que no están previstas en el artículo 6 del Anexo V del Estatuto. Por tanto, la instrucción interna de 28 de diciembre de 1994 se basó correctamente en el Anexo V del Estatuto (apartado 43).

De ello se sigue que las disposiciones reglamentarias cuya legalidad impugna el demandante, con carácter subsidiario, regulan la «licencia especial» que puede concederse para una cura termal. No se basan en absoluto en el artículo 51 del Estatuto ni pretenden regular determinados casos de licencias por enfermedad o limitar el alcance del artículo 59 del Estatuto. En efecto, un funcionario que debe realizar una cura termal disfrutará, de pleno derecho, de una licencia por enfermedad si demuestra que satisface los requisitos del artículo 59 (apartado 44).

Debe, por tanto, desestimarse la alegación basada en la ilegalidad de las conclusiones de los Jefes de Administración de 8 de diciembre de 1994 y 1 de febrero de 1996, así como de la instrucción interna de 28 de diciembre de 1994 (apartado 45).

Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del deber de motivación así como de los principios de seguridad jurídica, de confianza legítima, de respeto de los derechos adquiridos y de irretroactividad

La obligación de motivar una decisión tiene por objeto, por un lado, proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la decisión es o no fundada y, por otro, permitir al Juez comunitario ejercer su control sobre la legalidad de la decisión. Para juzgar el carácter suficiente de la motivación de un acto, procede situarlo en el contexto en que se inscribió su adopción (apartado 52).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión (C-350/88, Rec. p. I-395), apartado 16; Tribunal de Primera Instancia, 5 de junio de 1992, Finsider/Comisión (T-26/90, Rec. p. II-1789), apartado 72; Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión (T-16/94, RecFP p. II-335), apartado 33; Tribunal de Primera Instancia, 19 de septiembre de 1996, Brunagel/Parlamento (T-158/94, RecFP p. II-1131), apartado 106; Tribunal de Primera Instancia, 18 de marzo de 1997, Picciolo y Caló/Comité de las Regiones (asuntos acumulados T-178/95 y T-179/95, RecFP p. II-155), apartado 33

El Tribunal de Primera Instancia considera que tanto la decisión de denegación de la petición como la de denegación de la reclamación están suficientemente motivadas. Debe, por tanto, desestimarse la alegación basada en la infracción del párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto (apartados 53 a 58).

En lo que respecta a la supuesta violación de los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad, de ninguno de los documentos obrantes en los autos se desprende que, en el presente caso, la AFPN haya aplicado los criterios de la conclusión de los Jefes de Administración de 1 de febrero de 1996 en el marco del examen de la petición del demandante relativa al segundo tramo de su licencia especial (apartado 59).

Fallo:

Se desestima el recurso.