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En el apartado 61 de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), el Tribunal de Justicia consideró así que, para respetar las exigencias de claridad y de precisión, impuestas por la Directiva 2008/95, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, el solicitante de una marca nacional que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación de Niza a fin de identificar los productos o servicios para los que insta la protección de la marca debe precisar si su solicitud de registro comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de la clase específica designada o sólo algunos de esos productos o servicios. En caso de que la solicitud sólo tenga por objeto algunos de esos productos o servicios, el solicitante está obligado a precisar los productos o servicios comprendidos en esa clase que quiere designar.

No obstante, en primer lugar, el apartado 61 de esa sentencia se refiere, no a los titulares de una marca ya registrada, sino únicamente a los solicitantes de marcas.

En segundo lugar, en el citado apartado 61 de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, el Tribunal de Justicia se limita a precisar las exigencias a las que siguen estando sometidos los nuevos solicitantes de marcas nacionales que utilicen las indicaciones generales del título de una clase a fin de identificar los productos y los servicios para los que solicitan la protección de la marca. Esas exigencias, como señaló el Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, permiten prevenir situaciones en las que no resulte posible determinar con certeza la extensión de la protección conferida por una marca al haber utilizado el solicitante todas las indicaciones que figuran en el título de una clase.

No cabe considerar, por tanto, que con su sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), el Tribunal de Justicia haya pretendido poner en entredicho el enfoque expuesto en la Comunicación n.o 4/03 del Presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 16 de junio de 2003, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas comunitarias, con arreglo a la cual el uso de todas las indicaciones generales enumeradas en el título de una clase determinada constituye una reivindicación de todos los productos o servicios incluidos en esta clase en particular. Por consiguiente, la regla enunciada en el apartado 61 de la citada sentencia no es aplicable al registro de una marca que tuvo lugar antes de que se dictara aquélla.

(véanse los apartados 28 a 31)
El artículo 7, apartado 3, de la Sexta Directiva 77/388, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 2004/66, debe interpretarse en el sentido de que el impuesto sobre el valor añadido sobre las mercancías reexportadas como mercancías no comunitarias no se devenga cuando esas mercancías no han abandonado los regímenes aduaneros establecidos en ese precepto en la fecha de su reexportación, sino que han abandonado esos regímenes con motivo de dicha reexportación, y ello aun cuando se haya originado una deuda aduanera exclusivamente con arreglo al artículo 204 del Reglamento n.o 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005.

El artículo 236, apartado 1, del Reglamento n.o 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, en relación con lo dispuesto en la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no existe ningún deudor del impuesto sobre el valor añadido en una situación en que las mercancías de que se trata han permanecido en régimen de tránsito externo hasta la fecha de su reexportación, dado que no se devenga el impuesto sobre el valor añadido sobre las mercancías reexportadas como mercancías no comunitarias cuando estas mercancías no han abandonado los regímenes aduaneros establecidos en el artículo 61 de dicha Directiva, y ello aun cuando se haya generado una deuda aduanera exclusivamente con arreglo al artículo 204 del Reglamento n.o 2913/1992, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005. El artículo 236 del citado Reglamento debe interpretarse en el sentido de que no puede aplicarse en situaciones relacionadas con la devolución del impuesto sobre el valor añadido.

(véanse el apartado 83 y el punto 2 del fallo)
Por consiguiente, aunque un proyecto no estaba sujeto en la fecha de adopción de la resolución de autorización al artículo 4 de la Directiva 2000/60, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, el Estado miembro interesado no dejaba de estar obligado, antes incluso de terminar el plazo concedido a los Estados miembros por el artículo 13, apartado 6, de esa Directiva para publicar los planes hidrológicos de cuenca, a abstenerse de adoptar disposiciones que pudieran comprometer gravemente la consecución del resultado previsto por el artículo 4.

Del texto del artículo 4, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 2000/60, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que dispone que los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial, se deduce que la adopción de esas medidas por los Estados miembros es obligatoria. Debe entenderse que la autorización de un proyecto determinado, como el de la construcción de una central hidroeléctrica en un río cuyo curso discurre por un Estado miembro, constituye esa aplicación.

El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/60 no se limita a enunciar con una formulación programática meros objetivos de planificación de gestión, sino que tiene efectos obligatorios, una vez determinado el estado ecológico de la masa de agua de que se trate, en cada etapa del procedimiento prescrito por esa Directiva. Además, la estructura de las categorías de excepciones previstas en el artículo 4, apartado 7, de esa Directiva permite considerar que ese artículo 4 no contiene sólo obligaciones de principio, sino que se refiere también a proyectos concretos. En efecto, los motivos de excepción se aplican, en particular, cuando el incumplimiento de los objetivos de ese artículo 4 se deba a nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial, de las que resulten efectos negativos, o a nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible. Pues bien, así puede ocurrir a raíz de nuevas autorizaciones de proyectos. En efecto, es imposible concebir de manera separada un proyecto y la aplicación de los planes hidrológicos.

(véanse los apartados 53, 54 y 56)
El artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 565/2002, por el que se fija el modo de gestión de los contingentes arancelarios y se instaura un régimen de certificados de origen para los ajos importados de terceros países, y el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, deben interpretarse en el sentido de que, en principio, no se oponen a un mecanismo mediante el cual, a raíz de un pedido realizado por un operador, importador tradicional a efectos del primer Reglamento, que ha agotado los certificados que le permitían aplicar un arancel preferencial a sus importaciones, a un segundo operador, también importador tradicional, que no dispone de tales certificados,

— en un primer momento, una sociedad vinculada al segundo operador vende fuera de la Unión la mercancía a un tercer operador, nuevo importador conforme a dicho Reglamento, que es titular de tales certificados,

— a continuación, el tercer operador despacha la mercancía a libre práctica en la Unión, beneficiándose del arancel aduanero preferencial, y posteriormente la revende al segundo operador, y

— finalmente, el segundo operador cede la mercancía al primer operador, que de este modo adquiere mercancía importada al amparo del contingente tarifario establecido por el primer Reglamento, aun cuando no disponga de un certificado necesario a tales efectos.

No obstante, a fin de que este mecanismo de venta y reventa de mercancía entre operadores no tenga como consecuencia ni la influencia indebida de un operador en el mercado y, en particular, la elusión por parte de los importadores tradicionales del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 565/2002, ni el incumplimiento del objetivo de que las solicitudes de certificados estén vinculadas a una actividad comercial real, es necesario que, en las sucesivas etapas de dicho mecanismo, se aplique un precio correspondiente al precio de mercado y que la importación con un arancel preferencial se efectúe mediante certificados que el titular de éstos haya obtenido legalmente. En particular, incumbe al órgano jurisdiccional nacional verificar si todos los operadores reciben una compensación adecuada por la importación, la venta o la reventa de la mercancía de que se trate, que les permita conservar la posición que se les había asignado en el marco de la gestión del contingente.

Por otra parte, a efectos de determinar si tal mecanismo se puso en práctica con el fin esencial de crear artificialmente las condiciones exigidas para la obtención del arancel preferencial, entre los elementos que harían posible deducir el carácter artificial de tal mecanismo figuran, en particular, la circunstancia de que el importador titular de los certificados no asumiera ningún riesgo comercial o de que el margen de beneficio del importador fuera insignificante o de que el precio de venta de la mercancía aplicado por el importador al primer comprador en la Unión, y posteriormente por este último al segundo comprador en la Unión, fuera inferior al precio de mercado.

(véanse los apartados 43, 51 y 53 y el fallo)
El artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, se aplica también a instalaciones cuyo proyecto ha sido autorizado por la autoridad competente antes de que la protección prevista por la citada Directiva sea de aplicación a la zona de protección de que se trata. En efecto, si bien tales proyectos no se hallan sujetos a las disposiciones reguladoras del procedimiento de evaluación previa de las repercusiones del proyecto sobre el lugar de que se trata, contenidas en la Directiva 92/43, su ejecución queda no obstante comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva.

Una actividad es conforme con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, únicamente si se garantiza que no genera ninguna perturbación que pueda afectar significativamente a los objetivos de la citada Directiva, en particular, sus objetivos de conservación. No obstante, para determinar la existencia de un incumplimiento de esa disposición, la Comisión no tiene que probar la relación de causalidad entre la explotación de las instalaciones de un proyecto y una perturbación significativa para las especies de que se trata. En efecto, basta que esa institución demuestre la existencia de una probabilidad o un riesgo de que dicha explotación ocasione esas perturbaciones.

(véanse los apartados 56 y 58)
El artículo 1 del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una denuncia con personación como actor civil presentada ante un juez de instrucción está incluida en el ámbito de aplicación de ese Reglamento en la medida en que tiene por objeto la indemnización pecuniaria del perjuicio alegado por el denunciante.

En efecto, para determinar si una materia está o no incluida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, es preciso examinar los rasgos que caracterizan la naturaleza de las relaciones jurídicas entre las partes del litigio o el objeto de éste. A este respecto, debe determinarse si, aun cuando se ejercite en un proceso penal, la acción civil ejercitada para obtener la reparación del perjuicio causado a un particular como consecuencia de un ilícito penal reviste carácter civil. Por ello, si bien la denuncia con personación como actor civil pretende desencadenar la acción penal y pese a que la instrucción llevada a cabo por el órgano jurisdiccional que conoce del asunto reviste carácter penal, no es menos cierto que también tiene por objeto resolver un litigio que enfrenta a particulares respecto a la indemnización del perjuicio del que uno de ellos se considera víctima por el comportamiento fraudulento de otros. Por tanto, la relación jurídica entre las partes en el litigio principal debe calificarse de «relación jurídica de Derecho privado», por lo que está comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil» en el sentido del Reglamento no 44/2001.

(véanse los apartados 30 a 32 y 36 y el punto 1 del fallo)
Los artículos 4, apartado 1, y 5 de la Directiva 98/70, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, en la redacción que le da el Reglamento no 1882/2003, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que en su Derecho nacional los Estados miembros establezcan para la comercialización de combustible diésel requisitos de calidad que sean adicionales a los dispuestos en dicha Directiva, como puede ser una especificación relativa al punto de inflamación del combustible diésel, teniendo en cuenta que no se trata de una especificación técnica del combustible diésel que, a efectos de dicha Directiva, tenga relación con la protección de la salud y el medio ambiente.

Ello es así porque el objetivo de la Directiva 98/70 no es armonizar todos los requisitos de calidad o especificaciones técnicas que pudieran aplicarse al combustible del que se trata y, por consiguiente, prohibir que los Estados miembros establezcan restricciones o excepciones al respecto, sino que se refiere sólo a las especificaciones técnicas relativas a combustible que, a efectos de la propia Directiva, tengan trascendencia para el medio ambiente, es decir, las que se basen en consideraciones relacionadas con la salud y el medio ambiente. Pues bien, por lo que se refiere a la especificación del punto de inflamación del combustible diésel, resulta obligado declarar que dicha especificación sirve principalmente para garantizar la seguridad del combustible diésel como producto, revistiendo asimismo importancia para el funcionamiento y la protección de los motores de automóvil. Así pues, el establecimiento de un punto de inflamación tiene por objeto además proteger a los consumidores de los daños que puedan sufrir sus vehículos.

(véanse los apartados 38, 39 y 44 y el punto 1 del fallo)
La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión resultante del Reglamento no 1214/2007, debe interpretarse en el sentido de que unas mezclas de aminoácidos, que son utilizadas para preparar alimentos destinados a lactantes y niños de corta edad alérgicos a las proteínas de la leche de vaca, deben clasificarse en la partida 2106 de dicha nomenclatura, como «preparaciones alimenticias», en la medida en que, debido a sus características y propiedades objetivas, estos productos no presenten un perfil terapéutico o profiláctico claramente definido, cuyo efecto se concentre en funciones concretas del organismo humano, y, por tanto, no puedan aplicarse en la prevención o el tratamiento de una enfermedad o de una afección y tampoco estén naturalmente destinados a fines médicos, extremo que corresponde verificar al juez nacional.

A este respecto, resulta de la propia redacción de la nota 1, letra a), del capítulo 30 de la Nomenclatura Combinada que están excluidos de ese capítulo los alimentos o las bebidas dietéticos, excepto las preparaciones nutritivas para administración por vía intravenosa que se usan con fines meramente alimentarios. De ello resulta que los productos fabricados exclusivamente para preparados nutricionales que forman parte de la dieta habitual no pueden clasificarse como «medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos» en el sentido de la partida 3003 de esta nomenclatura.

De las notas explicativas del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, elaborado por el Consejo de Cooperación Aduanera, se desprende además que las preparaciones alimenticias que sólo contienen sustancias nutritivas no pueden clasificarse como «medicamentos», con arreglo a la partida 30.03 de ese sistema, que corresponde a la partida 3003 de la Nomenclatura Combinada. Tal es el caso en particular de unos productos que son meros alimentos sustitutivos y no contienen ninguna sustancia medicinal activa frente a las alergias.

(véanse los apartados 35 a 37 y el fallo)
Transportes — Transportes aéreos — Reglamento (CE) no 2027/97 — Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional — Responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente — Ámbito de aplicación — Compañías aéreas — Concepto — Persona física que no posee una licencia de explotación válida — Exclusión

[Reglamentos del Consejo (CE) no 2407/92 y (CEE) no 2027/97, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 889/2002, art. 2, ap. 1, letras a) a c); Decisión 2001/539/CE del Consejo; Convenio de Montreal de 1999, arts. 1, ap. 1, y 17]
El artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un tercer país, divorciado de un ciudadano de la Unión, cuyo matrimonio haya durado por lo menos tres años antes del inicio del procedimiento judicial de divorcio, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, no podrá mantener su derecho de residencia en ese Estado miembro, sobre la base de dicha disposición, cuando el inicio del procedimiento judicial de divorcio haya sido posterior a la partida de ese Estado miembro del cónyuge ciudadano de la Unión.

En efecto, la referencia en la citada disposición, por una parte, al «Estado miembro de acogida», que sólo se define, en el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2004/38, en relación con el ejercicio del derecho de libre circulación y residencia del ciudadano de la Unión, y, por otra parte, al inicio del «procedimiento judicial de divorcio», implica necesariamente que sólo podrá mantenerse, sobre la base del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva, el derecho de residencia del cónyuge, nacional de un tercer país, del ciudadano de la Unión si el Estado miembro en el que reside dicho nacional es el «Estado miembro de acogida», en el sentido del artículo 2, punto 3, de la citada Directiva, en la fecha en la que se inicia el procedimiento judicial de divorcio. No obstante, no es éste el caso cuando, antes del inicio de dicho procedimiento, el ciudadano de la Unión abandona el Estado miembro en el que reside su cónyuge para establecerse en otro Estado miembro o en un tercer país. En efecto, en dicha hipótesis, el derecho de residencia derivado del que disfruta el nacional de un tercer país, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38, finaliza en el momento de la partida del ciudadano de la Unión y, por tanto, no puede mantenerse sobre la base del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva. Por tanto, el cónyuge ciudadano de la Unión de un nacional de un tercer país debe haber residido en el Estado miembro de acogida, conforme al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/38, hasta la fecha del inicio del procedimiento judicial de divorcio para que ese nacional de un tercer país pueda invocar el mantenimiento de su derecho de residencia en dicho Estado miembro con arreglo al artículo 13, apartado 2, de la citada Directiva.

(véanse los apartados 61, 62, 66 y 70 y el punto 1 del fallo)
43

Tal apreciación exige la verificación, en particular, del contenido concreto del acuerdo no vinculante resultante de negociaciones llevadas a cabo con un país tercero, como la Adenda de 2013, contenido que no puede ser ni preestablecido ni previsto al tomarse la decisión de entablar las negociaciones. Así, el mero hecho de que el contenido de un acuerdo no vinculante negociado por la Comisión con un país tercero corresponda al mandato de negociación otorgado por el Consejo no es suficiente para conferir a la Comisión la facultad de firmar ese acto no vinculante sin autorización previa del Consejo, por considerarse que aquélla está amparada por una posición preestablecida por este último.
90

En tercer término, en lo que atañe a la duodécima parte del tercer motivo de casación, procede comenzar por señalar que, como se desprende del apartado 69 de la presente sentencia, el Tribunal General no examinó las reuniones de IFS de 14 de noviembre de 2001 y de FSKI de 23 de enero y 5 de julio de 2002 ni basó sus conclusiones sobre la infracción imputada en estas reuniones; además, por lo que respecta a la alegación relativa a la solución escogida en las sentencias de 16 de septiembre de 2013, Villeroy & Boch y otros/Comisión (T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 y T‑402/10, no publicada, EU:T:2013:455), y Keramag Keramische Werke y otros/Comisión (T‑379/10 y T‑381/10, no publicada, EU:T:2013:457), a que se alude también en la séptima parte del tercer motivo de casación, es jurisprudencia reiterada que la obligación del Tribunal General de motivar las sentencias no supone, en principio, que justifique la solución adoptada en un asunto con respecto a la adoptada en otro asunto sobre el que se haya pronunciado, aun cuando éste se refiera a la misma decisión (véase la sentencia de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión, C‑444/11 P, no publicada, EU:C:2013:464, apartado 66 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, resultan infundadas tanto la duodécima parte del tercer motivo de casación en su totalidad como la séptima parte de este mismo motivo, en la medida en que se basan en la alegación relativa a la solución escogida por el Tribunal General en las sentencias de 16 de septiembre de 2013, Villeroy & Boch y otros/Comisión (T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 y T‑402/10, no publicada, EU:T:2013:455), y Keramag Keramische Werke y otros/Comisión (T‑379/10 y T‑381/10, no publicada, EU:T:2013:457).
101

En lo que atañe al reconocimiento de Bank Mellat de que éste prestó servicios bancarios a Novin, designado por la resolución 1747 (2007) del Consejo de Seguridad, el Consejo estima que el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando hizo suya la apreciación del Consejo al declarar que el hecho de que Bank Mellat hubiera prestado en el pasado servicios bancarios a Novin no justificaba los actos controvertidos porque Bank Mellat había progresivamente limitado, y posteriormente cesado totalmente, sus relaciones con Novin después de haber sabido que ésta había sido designada por el Consejo de Seguridad. Según el Consejo, la prestación de servicios bancarios antes de la designación de Novin, es decir, durante el período en que ésta estaba implicada en el desarrollo de actividades de Irán que plantean un riesgo de proliferación, demuestra que Bank Mellat puede prestar tales servicios en el futuro a otras entidades que desarrollan las mismas actividades. Así pues, el Consejo impuso acertadamente una inmovilización de activos contra Bank Mellat como medida cautelar. El hecho de que Bank Mellat estuviera o no al corriente de la implicación de dichas entidades en esas actividades, o de que los servicios bancarios fueran o no utilizados en el marco de tales actividades, no es un factor decisivo al respecto.