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5)

¿Constituye un acto regulatorio no autorizado considerar como práctica agresiva la mera vinculación de dos productos financieros y de seguro de manera que recaiga, en última instancia, en el profesional —y no en la AGCM, como debería ser— la carga (de difícil cumplimiento) de demostrar que no se trata de una práctica agresiva contraria a la Directiva 2005/29/CE (tanto más cuanto que la citada Directiva no permite a los Estados miembros adoptar medidas más restrictivas que las definidas en esa norma, ni siquiera con el fin de garantizar un nivel superior de protección de los consumidores)? ¿Debe entenderse en cambio, que no existe tal inversión de la carga de la prueba siempre que, sobre la base de elementos objetivos, se constate el riesgo concreto de que el consumidor que necesite obtener financiación se vea condicionado ante una oferta vinculada compleja?
1)

A la luz del artículo 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) y del principio de proporcionalidad del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿es conforme con la libertad de empresa consagrada en el artículo 16 de la Carta la normativa de un Estado miembro que establece que el número de identificación fiscal de una sociedad, o su número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido, puede ser revocado como consecuencia de no haber depositado la garantía del pago de tributos impuesta a esa sociedad también en el supuesto de que los socios no tengan directamente conocimiento de que se ha impuesto a la sociedad dicha garantía ni del hecho de que es la pertenencia, actual o pasada, de un administrador de la sociedad a otra persona jurídica con una deuda tributaria que todavía no ha sido saldada o de su condición, actual o pasada, de directivo de dicha persona jurídica la que ha motivado la imposición a la sociedad de la garantía del pago de tributos?
—

Declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 TUE, apartado 3 en relación con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 29/2009 de la Comisión, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que el proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATS) por esta designado se ajuste a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1 del Reglamento (CE) n.o 29/2009 de la Comisión. (1)
1.

¿Debe interpretarse el artículo 101 TFUE, apartado 1, leído en el sentido de la sentencia dictada en los asuntos acumulados C-427/16 y C-428/16, CHEZ Elektro Bulgaria, (1) en el sentido de que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden dejar inaplicada una disposición nacional con arreglo a la cual el órgano jurisdiccional no está facultado para imponer a la parte perdedora las costas correspondientes a los honorarios de abogado por un importe inferior al mínimo establecido en un reglamento adoptado únicamente por una organización profesional de abogados como el Alto Consejo de la Abogacía (Bulgaria), si la referida disposición no se limita a perseguir fines legítimos y no se aplica solo a las partes contractuales, sino también a los terceros que puedan ser condenados al pago de las costas del procedimiento?
1)

¿Deben interpretarse los artículos 195, 217 y 221 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, (1) en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1186/2009 del Consejo, de 16 de noviembre de 2009, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, (2) en el sentido de que la administración aduanera no puede exigir al fiador solidario el pago de una deuda aduanera mientras los derechos no se hayan comunicado regularmente al deudor?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 3, letra g), del Reglamento (CE) n.o 785/2004 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos, en el sentido de que una persona, — que, durante el vuelo, está fuera del helicóptero de un transportista aéreo [de la Unión], pero enganchada al cable del cabrestante como accesorio (componente) del helicóptero y que ha despegado con el helicóptero (enganchada al cable del cabrestante); — que fue transportada en el marco de una operación de transporte gratuito llevada a cabo por el Estado (utilización del helicóptero por los servicios de policía) como transportista en virtud de un «contrato de transporte» celebrado entre el transportista aéreo (escuadrón del Estado) y el empleador de la persona que realiza la tarea especial [a saber, sobre la base de la uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2006 Z.z., z 10. mája 2006 k návrhu zásad vykonávania letov lietadiel v policajných službách (Orden del Gobierno de la República Eslovaca n.o 411/2006, de 10 de mayo de 2006, sobre el proyecto de principios para la explotación de aeronaves en los servicios de policía) y de la nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 50/2012 zo dňa 14. marzo de 2012 o vyžadovaní a schvaľovaní letov (Orden del Ministerio del Interior de la República Eslovaca n.o 50/2012, de 14 de marzo de 2012, sobre la solicitud y la aprobación de los vuelos), que establecía que la aeronave de la compañía aérea realizará vuelos para garantizar el cumplimiento de las tareas del empleador de la persona de que se trata]; — siendo el objeto del transporte la realización de una tarea especial como la del litigio principal [realización de una misión profesional consistente en la formación especializada de los agentes de la Hasičský a záchranný zbor (cuerpo de bomberos y de rescate) mediante la utilización de una aeronave (helicóptero) en un ejercicio de elevación del cabrestante del rescatador y de la persona rescatada, y — que participaba en una tarea como miembro en prácticas del cuerpo de bomberos, unida al helicóptero mediante un cable del cabrestante como accesorio (componente) del helicóptero siguiendo instrucciones del piloto y del operador de a bordo, y que debía ser izada a bordo del helicóptero durante el vuelo, a) tiene la condición de pasajero o b) es un miembro de la tripulación o del personal de cabina?
—

en primer lugar, en los apartados 55 a 61 y 83 de la sentencia impugnada, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), ya que, contrariamente a lo afirmado por el Tribunal General en los citados apartados, por un lado, la recurrente no fue objeto de un examen imparcial por el Cedefop y, por otro, la decisión de la comisión de recurso del Cedefop no subsanó el vicio del que adolecía la decisión de 3 julio de 2019. Al mismo tiempo, por las razones antes mencionadas, el Tribunal General no motivó adecuadamente las referidas consideraciones.
2)

De entender que no se produce una situación de «bis in ídem», por no existir plena identidad de hechos, de acuerdo con los criterios avanzados en esta resolución: A. Sí, a la vista de las circunstancias que se dan en el presente caso, las limitaciones de efectos de las sentencias de otros Estados de la UE expresamente previstas en el art. 14.2 de la Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, de transposición de la normativa europea, son compatibles con la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo (1), de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, así como con los arts. 45 y 49.3 de la CDFUE y el principio de mutuo reconocimiento de resoluciones judiciales dentro del ámbito de la UE. B. Sí, la inexistencia de un procedimiento en derecho español que permita el reconocimiento de sentencias extranjeras europeas, refundición y adaptación o limitación de penas, de tal manera que garantice la proporcionalidad de éstas, cuando se da la situación de una sentencia extranjera deba cumplirse en España, referida a hechos que se encuentren en una relación de continuidad o conexidad delictiva con otros juzgados en España y respecto de los que también exista una sentencia de condena, es contraria a los arts. 45 y 49.3 de la CDFUE , en relación con el art 4.6 de la Decisión Marco 2002/584/JAI (2) de 13 de junio de 2002, y arts. 8.1 y 2 de la Decisión Marco 2008/909/JAI (3) del Consejo de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea y en general al principio de mutuo reconocimiento de resoluciones judiciales dentro del ámbito de la UE.
C 191/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgerichts Frankfurt am Main (Alemania) el 25 de febrero de 2022 — flightright GmbH / Swiss International Air Lines AG

(Asunto C-131/22)

(2022/C 191/25)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Demandante: flightright GmbH

Demandada: Swiss International Air Lines AG

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Existe una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) cuando las condiciones meteorológicas son incompatibles con la realización del vuelo, independientemente del modo en que se concreten dichas condiciones?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿el carácter extraordinario de las condiciones meteorológicas puede determinarse atendiendo a su frecuencia regional y estacional en el lugar y el tiempo en que se producen?

3) ¿Constituye una circunstancia extraordinaria a efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento el hecho de que una decisión de gestión del tránsito aéreo sobre una aeronave concreta en un día determinado tenga como consecuencia que uno o más vuelos de dicha aeronave sufran un gran retraso, un retraso hasta el día siguiente o una cancelación, con independencia de cuál fuera el motivo de tal decisión?

4) En caso de respuesta negativa a la tercera cuestión, ¿el motivo de la decisión debe ser, a su vez, extraordinario, de manera que no pueda preverse su posible aparición?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
2)

¿Deben interpretarse el artículo 2, apartados 1 y 2, así como el artículo 3, apartado 1, letra c), in fine, de la Directiva 2000/78/C[E] del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la contenida en el artículo 1, apartado 2, de la Legea-cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Ley marco n.o 330, de 5 de noviembre 2009, relativa a la retribución unitaria del personal remunerado con fondos públicos), tal como fue interpretada por la sentencia n.o 7/2019 (publicada en el Monitorul Oficial al României n.o 343 de 06/05/2019) dictada por la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía) en un recurso de casación para la unificación de doctrina, habida cuenta de que los demandantes no han tenido la posibilidad legal de solicitar el incremento del complemento de destino en el momento en que accedieron a la Magistratura, con posterioridad a la entrada en vigor de la Legea [nr.] 330 din 2009 (Ley n.o 330 de 2009), que preveía expresamente que los derechos retributivos son y siguen siendo exclusivamente los que se establecen en ella, existiendo por lo tanto una discriminación retributiva en comparación con sus compañeros, incluso por razón de edad, lo que de hecho implica que solo los magistrados de mayor edad que fueron nombrados para sus cargos con anterioridad al mes de enero de 2010 (que habían obtenido resoluciones judiciales en su favor en el período comprendido entre 2006 y 2009, cuyos fallos fueron aclarados durante el año 2019 en virtud de la sentencia n.o 7/2019 [de la Înalta Curte de Casație și Justiție]), percibieron, durante los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, el pago retroactivo de los derechos retributivos (similares a los solicitados mediante la demanda objeto del presente procedimiento) correspondientes al período transcurrido entre 2010 y 2015, aunque durante dicho período el demandantes también ostentaron el cargo de juez y desempeñaron el mismo trabajo, en las mismas condiciones y en la misma institución?
C 37/22

Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2021 por Françoise Grossetête (T-722/19) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 15 de septiembre de 2021 en los asuntos acumulados T-720/19 a T-725/19, Ashworth y otros / Parlamento

(Asunto C-714/21 P)

(2022/C 37/29)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Françoise Grossetête (representantes: J. M. Martínez Gimeno, abogado, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat)

Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia recurrida en su totalidad.

— Que se resuelva y anule la decisión del Parlamento contenida en su comunicación de determinación de los derechos de pensión complementaria debidos a la recurrente en la medida en que instaura una aportación especial del 5 % del importe nominal de su pensión, ingresada directamente en el fondo de pensión complementaria voluntaria.

— Que se condene al Parlamento a cargar con las costas del procedimiento de casación y del procedimiento ante el Tribunal General en el asunto T-722/19.

Motivos y principales alegaciones

Los motivos de casación están basados: i) en la incompetencia de la Mesa para adoptar la decisión de la Mesa de 2018, en particular, en la medida en que estableció requisitos materiales para los derechos en curso de adquisición antes de la entrada en vigor del Estatuto; ii) en la infracción del artículo 27, apartado 2, primera frase, del Estatuto debido al no respeto de los derechos en curso de adquisición antes de la entrada en vigor de este último; iii) en la violación del principio de igualdad y de no discriminación y del principio de proporcionalidad; iv) en la violación del principio de seguridad jurídica (inexistencia de medidas transitorias) y del principio de confianza legítima.
1.

¿Deben interpretarse los artículos 2 y 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE») y el artículo 6 TUE, apartados 1 a 3, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en el sentido de que, a los efectos del Derecho de la Unión, no es un órgano jurisdiccional establecido por la ley aquel del que forma parte una persona nombrada para ocupar una plaza de juez en él mediante un procedimiento, en el que: a) la elección de la persona cuyo nombramiento judicial se propone al Presidente de la República de Polonia ha sido efectuada por la actual Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia), que ha sido designada de forma incompatible con las disposiciones constitucionales y legales polacas, no es un órgano independiente y no está integrada por representantes del colectivo judicial nombrados con independencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y, por tanto, no se ha presentado válidamente una propuesta para la provisión de la plaza de juez de conformidad con el Derecho nacional; b) los participantes en el concurso de nombramiento no tuvieron acceso a las vías de recurso en el sentido de los artículos 2 TUE, 19 TUE, apartado 1, y 6 TUE, apartados 1 a 3, en relación con el artículo 47 de la Carta?
C 481/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen (Suecia) el 16 de septiembre de 2021 — CC / VO

(Asunto C-572/21)

(2021/C 481/24)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Högsta domstolen

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CC

Demandada: VO

Cuestión prejudicial

¿Conserva un tribunal de un Estado miembro su competencia con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento (1) Bruselas II si el menor al que se refiere el asunto traslada, durante la tramitación del procedimiento, su residencia habitual de un Estado miembro a un tercer Estado que sea Parte del Convenio de La Haya de 1996 (véase el artículo 16 del Reglamento)?

(1) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
C 391/3

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 22 de febrero de 2021 — Deutsche Lufthansa AG / NB

(Asunto C-108/21)

(2021/C 391/04)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Deutsche Lufthansa AG

Demandada: NB

Cuestión prejudicial

¿Constituye una huelga de los propios trabajadores de un transportista aéreo convocada por un sindicato una circunstancia extraordinaria en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1)?

Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 2021 se ordenó el archivo del asunto, haciéndose constar así en el Registro del Tribunal de Justicia.

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1.

Teniendo en cuenta los objetivos del Reglamento n.o 805/2004, (1) entre otros el de acelerar y simplificar la ejecución de las resoluciones judiciales de los Estados miembros y la salvaguarda efectiva del derecho a un juicio justo, ¿cómo debe interpretarse la expresión «circunstancias excepcionales» del artículo 23, letra c), del Reglamento n.o 805/2004? ¿Cuál es el margen de apreciación que tienen las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución para interpretar la expresión «circunstancias excepcionales»?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) en el sentido de que un transportista aéreo no está obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 de dicho Reglamento si el vuelo llega al destino final de los pasajeros con un retraso de 7 horas y 41 minutos porque, en el segundo vuelo anterior, la aeronave resultó dañada por el impacto de un rayo; tras el aterrizaje, se consultó al técnico de una empresa de mantenimiento contratada por el transportista aéreo, quien solo encontró daños menores («some minor findings») que no afectaban a la funcionalidad de la aeronave; se realizó el vuelo inmediatamente anterior; sin embargo, en el marco de un chequeo prevuelo realizado antes de que se efectuase el vuelo inmediatamente anterior, se constató que la aeronave no podía continuar utilizándose de momento; y, por consiguiente, en lugar de la aeronave inicialmente prevista y dañada, el transportista aéreo utilizó una aeronave de sustitución que realizó el vuelo con un retraso en la salida de 7 horas y 40 minutos?
C 320/26

Recurso de casación interpuesto el 17 de mayo de 2021 por Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS contra el auto del Tribunal General (Sala Segunda) dictado el 5 de marzo de 2021 en el asunto T-885/19, Aquind y otros/Comisión

(Asunto C-310/21 P)

(2021/C 320/25)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS (representantes: S. Goldberg, E. White, C. Davis, Solicitors)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, República Federal de Alemania, Reino de España, República Francesa

Pretensiones de las partes recurrentes

Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule el auto recurrido.

— Declare fundada la demanda en primera instancia y anule el Reglamento Delegado (UE) 2020/389 de la Comisión (1) en la medida en que afecta a las recurrentes.

— Condene a la Comisión a cargar con las costas tanto del recurso de casación como del procedimiento ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

Las recurrentes alegan que el Reglamento Delegado (UE) 2020/389 de la Comisión debería haber sido considerado un acto definitivo el día en que se adoptó y no el día en que entró en vigor, que estaba sujeto a que el Parlamento o el Consejo no formulasen objeciones. Como tal, ese Reglamento podía ser recurrido incluso antes de su publicación. Por ello, las recurrentes consideran que el Tribunal General aplicó incorrectamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los actos que no son impugnables.

(1) Reglamento Delegado (UE) 2020/389 de la Comisión, de 31 de octubre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto a la lista de la Unión de proyectos de interés común (DO 2020, L 74, p. 1).