ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
9

El Finanzgericht (Tribunal Tributario, Alemania) desestimó el recurso interpuesto por el Sr. Feilen contra esa resolución, debido a que el artículo 27, apartado 1, de la ErbStG exigía una adquisición mortis causa previa sometida al impuesto sobre sucesiones con arreglo a esta misma Ley. Pues bien, no ocurría así en el presente asunto, ya que la adquisición previa por la madre del patrimonio de su hija no había sido gravada en Alemania por el impuesto sobre sucesiones, toda vez que ni la madre ni la hija eran residentes en la fecha del fallecimiento de esta última, como prevé el artículo 2, apartado 1, punto 1, de la ErbStG, y por otro lado la herencia no comprendía bienes nacionales, a los que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 3, de la ErbStG.
32

El artículo L. 621-2 del Código de entrada y estancia de extranjeros y derecho de asilo (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; en lo sucesivo, «Ceseda»), en su versión modificada por la Ley n.o 2012/1560, de 31 de diciembre de 2012, relativa a la retención para la comprobación del derecho de residencia y por la que se modifica el delito de ayuda a la estancia irregular con el fin de excluir de tal consideración a las acciones humanitarias desinteresadas (loi n.o 2012‑1560, du 31 décembre 2012, relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées) (JORF de 1 de enero de 2013, p. 48; en lo sucesivo, «Ley de 31 de diciembre de 2012»), dispone: «Se castigará con pena de prisión de un año y multa de 3750 euros al extranjero que, sin ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea: 1.o Haya entrado en el territorio metropolitano sin cumplir los requisitos previstos en el artículo 5, apartado 1, letras a), b) o c), del [Código de fronteras Schengen], y sin haber sido admitido en el territorio en aplicación del artículo 5, apartado 4, letras a) y c), de este mismo Reglamento; se impondrán las mismas penas cuando el extranjero esté inscrito como no admisible en aplicación de una resolución ejecutiva adoptada por otro Estado parte en el [CAAS]; 2.o O haya entrado en el territorio metropolitano, procedente directamente del territorio de un Estado parte en el [CAAS], incumpliendo lo estipulado en sus artículos 19, apartados 1 o 2, 20, apartado 1, y 21, apartados 1 o 2, a excepción de los requisitos mencionados en la letra e) del apartado 1 del artículo 5 del [Código de fronteras Schengen] y en la letra d), cuando la inscripción como no admisible no resulte de una resolución ejecutiva adoptada por otro Estado parte del [CAAS]; [...] A efectos de aplicación del presente artículo, únicamente se podrá ejercer la acusación pública si se han acreditado los hechos en las circunstancias previstas en el artículo 53 del Código procesal penal.»
19

New Valmar no niega que las facturas de que se trata no respetan la normativa controvertida en el litigio principal. No obstante, aduce que esa normativa es contraria, en particular, a las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la libre circulación de mercancías, en concreto, a los artículos 26 TFUE, apartado 2, 34 TFUE y 35 TFUE.
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El artículo 4 de esa Directiva establecía: «1. Estarán sujetas al impuesto sobre las aportaciones las siguientes operaciones: a) la constitución de una sociedad de capital; b) la transformación en una sociedad de capital de una sociedad, asociación o persona moral que no sea una sociedad de capital; c) el aumento del capital social de una sociedad de capital mediante la aportación de bienes de cualquier naturaleza; d) el incremento del patrimonio social de una sociedad de capital mediante la aportación de bienes de cualquier naturaleza, en contrapartida, no de partes representativas del capital o del patrimonio social, sino de derechos de la misma naturaleza que los [de los] socios, tales como el derecho de voto, o de participación en beneficios o en el remanente en caso de liquidación; e) el traslado de un tercer país a un Estado miembro de la sede de la dirección efectiva de una sociedad, asociación o persona moral cuyo domicilio social se encuentre en un tercer país y que sea considerada, a efectos de percepción del impuesto sobre las aportaciones, como sociedad de [capital] en tal Estado miembro; f) el traslado de un tercer país a un Estado miembro del domicilio social de una sociedad, asociación o persona moral que tenga la sede de su dirección efectiva en un país tercero y que esté considerada, a efectos de la percepción del impuesto sobre las aportaciones, como una sociedad de capital en tal Estado miembro; g) el traslado de un Estado miembro a otro Estado miembro de la sede de la dirección efectiva de una sociedad, asociación o persona moral que esté considerada, a efectos de la percepción del impuesto sobre las aportaciones, como sociedad de capital en este último Estado miembro, aunque no lo esté en el otro Estado miembro; h) el traslado de un Estado miembro a otro Estado miembro del domicilio social de una sociedad, asociación o persona moral que tenga la sede de su dirección efectiva en un tercer país, y que esté considerada, a efectos de la percepción del impuesto sobre las aportaciones, como sociedad de capital en este último Estado miembro, no estándolo en el otro Estado miembro. 2. Podrán continuar siendo sometidas al derecho de aportación las operaciones siguientes, siempre que el 1 de julio de 1984 estuviesen gravadas al tipo del 1 %: a) el aumento del capital social de una sociedad de capital mediante la capitalización de beneficios o reservas permanentes o provisionales; b) el incremento del patrimonio social de una sociedad de capital por medio de prestaciones efectuadas por un socio que no supongan un aumento del capital social, sino que o tengan como contrapartida una modificación de los derechos sociales o bien puedan aumentar el valor de las partes sociales; c) el empréstito que contrate una sociedad de capital, si el acreedor tuviere derecho a una cuota-parte de los beneficios de la sociedad; d) el empréstito que contrate una sociedad de capital con un socio, con el cónyuge o con un hijo de un socio así como el contratado con un tercero, cuando esté garantizado por un socio, a condición de que el empréstito cumpla la misma función que un aumento del capital social. [...]»
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A este respecto, en el artículo 2, punto 7, del Reglamento no 2201/2003 el concepto de «responsabilidad parental» es objeto de una definición amplia, en el sentido de que comprende todos los derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un menor (sentencias C, C‑435/06, EU:C:2007:714, apartado 49, y C., C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, apartado 59). Por otro lado, si bien el artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento contiene una enumeración de las materias que el citado Reglamento incluye en el concepto de la «responsabilidad parental», esa enumeración no es exhaustiva, sino meramente indicativa, como lo evidencia el empleo del término «en particular» (sentencias C, C‑435/06, EU:C:2007:714, apartado 30, y C., C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, apartado 63).
Cuando, tras la anulación de una Decisión adoptada tomando como base las disposiciones del Tratado CECA y por la que se declaraba la existencia de una infracción del artículo 65 CA, la Comisión readopta la Decisión anulada, después de que haya expirado ese Tratado, basándose en los artículos 7, apartado 1, y 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, es preciso que el procedimiento que desemboca en esa nueva Decisión respete las normas de procedimiento establecidas en ese Reglamento, aunque dicho procedimiento se haya iniciado antes de la entrada en vigor de este último.

Habida cuenta de que el procedimiento destinado a reemplazar el acto anulado puede en principio reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad, la Comisión no está obligada a formular un nuevo pliego de cargos antes de readoptar una Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 65 CA y que fue anulada porque la Comisión carecía de competencia para adoptarla tomando como base las disposiciones del Tratado CECA, que ya no estaba vigente en la fecha en que se adoptó esa Decisión.

Sin embargo, bajo el régimen del procedimiento establecido en el Reglamento n.o 1/2003, que se desarrolla en el Reglamento n.o 773/2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE], se prescribe que la Comisión invitará a las autoridades de competencia de los Estados miembros a participar en la audiencia que, a petición de los destinatarios de un pliego de cargos, siga a la notificación de este documento. De ello se deduce que la Comisión está obligada, con arreglo a los artículos 12 y 14 del Reglamento n.o 773/2004, a dar a las partes la oportunidad de exponer sus argumentos oralmente en una audiencia a la que haya invitado a las autoridades de competencia de los Estados miembros.

Como en el procedimiento establecido por los Reglamentos n.o 1/2003 y n.o 773/2004 reviste gran importancia la celebración de una audiencia a petición de las partes afectadas, a la que, con arreglo al artículo 14, apartado 3, de este segundo Reglamento, debe invitarse a las autoridades de competencia de los Estados miembros, la omisión de esta audiencia constituye un vicio sustancial de forma. Al no haberse respetado el derecho a la celebración de tal audiencia, establecido por el Reglamento n.o 773/2004, es innecesario que la empresa cuyos derechos fueron así violados demuestre que esa violación pudo influir, en perjuicio suyo, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la Decisión impugnada. Por lo tanto, dicho procedimiento está inevitablemente viciado, con independencia de las consecuencias eventualmente perjudiciales para la empresa afectada que esa violación pueda haber producido.

(véanse los apartados 25, 26, 29, 34, 35, 38, 40, 44, 45 y 47 a 49)
El artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que el plazo de prescripción de una irregularidad cometida en el marco de un «programa plurianual», como el proyecto examinado en el litigio principal, comienza a correr a partir del día de la realización de la irregularidad en cuestión, con arreglo al artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 2988/95, con la precisión de que, si se trata de una irregularidad «continua o reiterada», el plazo de prescripción comienza a correr a partir del día en que se haya puesto fin a la irregularidad, conforme al artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 2988/95.

Además, se considera que un «programa plurianual» queda «definitivamente cerrado», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase, del Reglamento n.o 2988/95, en la fecha de fin fijada para ese programa por las normas que lo rigen. En particular, procede considerar que un programa plurianual regido por el Reglamento n.o 1164/94, por el que se crea el Fondo de cohesión, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1264/1999, por el Reglamento n.o 1265/1999 y por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, queda «definitivamente cerrado», en el sentido de la citada disposición, en la fecha fijada en la decisión de la Comisión Europea por la que se apruebe ese proyecto como fecha límite para la terminación de los trabajos y para la ejecución de los pagos correspondientes a los gastos subvencionables de dicho proyecto, sin perjuicio de una eventual prórroga mediante una nueva decisión de la Comisión en ese sentido.

(véanse el apartado70 y el punto 2 del fallo)
Asunto C‑496/15

Alphonse Eschenbrenner

contra

Bundesagentur für Arbeit

(Petición de decisión prejudicial

planteada por el Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz)

«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Artículo 45 TFUE — Reglamento (UE) n.o 492/2011 — Artículo 7 — Igualdad de trato — Trabajador fronterizo que es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta en el Estado miembro de residencia — Indemnización abonada por el Estado miembro de empleo en caso de insolvencia del empresario — Métodos de cálculo de la indemnización por insolvencia — Toma en consideración ficticia del impuesto sobre la renta del Estado miembro de empleo — Indemnización por insolvencia inferior a la retribución neta anterior — Convenio bilateral para la prevención de la doble imposición»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 2 de marzo de 2017

Libre circulación de personas — Trabajadores — Igualdad de trato — Trabajador fronterizo que es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta en el Estado miembro de residencia — Indemnización abonada por el Estado miembro de empleo en caso de insolvencia del empresario — Métodos de cálculo de la indemnización por insolvencia — Toma en consideración ficticia del impuesto sobre la renta del Estado miembro de empleo — Procedencia

[Art. 45 TFUE; Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7]

El artículo 45 TFUE y el artículo 7 del Reglamento n.o 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en circunstancias como las del litigio principal, el importe de la indemnización por insolvencia, concedida por un Estado miembro a un trabajador fronterizo que no es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta en dicho Estado ni debe tributar por dicha indemnización por insolvencia, se determine deduciendo de la remuneración que sirve de base para calcular dicha indemnización el impuesto sobre la renta, tal como se aplica en dicho Estado, con el resultado de que ese trabajador fronterizo no reciba, contrariamente a las personas que residen y trabajan en ese mismo Estado, una indemnización que corresponda a su remuneración neta anterior. El hecho de que ese trabajador no posea frente al empresario un crédito correspondiente a la parte de su salario bruto anterior que no ha cobrado debido a esa deducción carece de relevancia a este respecto.

(Véanse el apartado 59 y el fallo)
El artículo 28 del Reglamento n.o 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), debe interpretarse en el sentido de que una relación contractual nacida antes del 17 de diciembre de 2009 únicamente estará comprendida en el ámbito de aplicación del citado Reglamento si dicha relación ha sido objeto, como consecuencia del consentimiento mutuo de las partes contratantes manifestado con posterioridad a la referida fecha, de una modificación de tal envergadura que deba considerarse que se ha celebrado un nuevo contrato después de esa fecha, extremo que habrá de dilucidar el órgano jurisdiccional nacional.

En efecto, el legislador de la Unión excluyó que el Reglamento Roma I se aplicara de manera inmediata, lo que habría tenido como consecuencia que se incluyeran en su ámbito de aplicación los efectos futuros de los contratos celebrados antes del 17 de diciembre de 2009. De ello se sigue todo consentimiento de las partes contratantes posterior al 16 de diciembre de 2009 con el que manifiesten su intención de proseguir con la ejecución de un contrato celebrado anteriormente no puede dar lugar a la aplicación del Reglamento Roma I a dicha relación contractual, puesto que de lo contrario se vulneraría la voluntad claramente expresada por el legislador de la Unión. Esta elección quedaría desvirtuada si toda modificación, incluso mínima, introducida por las partes a partir del 17 de diciembre de 2009 en un contrato celebrado antes de esa fecha bastase para que dicho contrato entrase en el ámbito de aplicación del referido Reglamento, lo que menoscabaría la seguridad jurídica. En cambio, no puede excluirse que un contrato celebrado antes del 17 de diciembre de 2009 sea objeto, con posterioridad a dicha fecha, de una modificación, acordada entre las partes contratantes, de tal envergadura que no pueda considerarse que se trate de una mera actualización o adaptación de dicho contrato, sino de la creación de una nueva relación jurídica entre las partes contratantes, de modo que deba considerarse que el contrato inicial queda sustituido por un nuevo contrato celebrado a partir de dicha fecha, en el sentido del artículo 28 del Reglamento Roma I.

(véanse los apartados 33 a 37 y 39 y el punto 1 del fallo)
Debe interpretarse que el artículo 9 del Protocolo (n.o 36) sobre las disposiciones transitorias, anejo a los Tratados UE y FUE, implica que una disposición de un acto adoptado debidamente sobre la base del Tratado UE antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que establece formas de adopción de otras medidas sigue produciendo efectos jurídicos mientras no haya sido derogada, anulada o modificada, y permite la adopción de tales medidas con arreglo al procedimiento que instaure. De ello se desprende que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no excluye, como tal, la adopción de actos del antiguo «tercer pilar», como las decisiones adoptadas en el marco del procedimiento definido en el artículo 25 de la Decisión 2008/615, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza. Por consiguiente, no puede prosperar la alegación de que tales actos deben basarse necesariamente en los artículos 82 TFUE, apartado 1, letra d), y 87 TFUE, apartado 2, letra a).

(véanse los apartados 43 y 44)
En consecuencia, no cabe excluir que la aplicación de la prohibición de doble contabilización de las emisiones pueda llevar a la autoridad nacional competente para la asignación de los derechos de emisión a no asignar derechos de emisión por el calor exportado hacia los hogares privados.

Esta interpretación resulta de la prohibición de doble contabilización de las emisiones y de doble asignación de derechos de emisión, que se opone a que las emisiones relacionadas con la producción de calor se tomen en consideración dos veces, a saber, en el momento de la asignación de los derechos de emisión gratuitos, por una parte, a la instalación que las produce y, por otra parte, a la instalación que las consume o las exporta. Así, cuando el calor exportado por una subinstalación con referencia de combustible no forme parte de la actividad histórica de la subinstalación con referencia de calor, la mediana de las emisiones históricas de esta última subinstalación no podrá determinarse a partir de las emisiones ligadas a la producción de dicho calor.

El artículo 3, letra c), de la Decisión 2011/278, por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «subinstalación con referencia de calor» incluye la actividad de exportación de calor medible, procedente de una instalación sujeta al régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, a una red de vapor cuando ésta pueda calificarse de «instalación u otra entidad no incluida en el régimen de la Unión».

En este marco, un distribuidor de calor que no consume el calor que importa, sino que lo distribuye a otras instalaciones o entidades, ya estén o no sometidas al régimen para el comercio de derechos de emisión, debe ser calificada de «instalación u otra entidad no incluida en el régimen de la Unión».

No obstante, cuando una red de distribución constituye, en realidad, una parte integrante de una instalación, en el sentido del artículo 3, letra e), de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, sometida al régimen para el comercio de derechos de emisión, esa red no puede calificarse de «instalación u otra entidad no incluida en el régimen de la Unión» a efectos del artículo 3, letra c), de la Decisión 2011/278. Cabe afirmar lo mismo cuando existe un contrato de distribución de calor entre el productor y el consumidor de dicho calor.

(véanse los apartados 118 a 120 y 122 y el punto 10 del fallo)
Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, apartado 1, letra c), y 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45, un Estado miembro que establece un régimen del impuesto sobre el valor añadido (IVA) relativo a las agrupaciones autónomas de personas (AAP) según el cual las prestaciones de servicios realizadas por una AAP a sus miembros están exentas del IVA siempre que los miembros de esa agrupación que realicen también actividades gravadas tengan un volumen de negocios (impuestos excluidos) procedentes de estas actividades de hasta un 30 % como máximo —o incluso de un 45 % como máximo en determinados casos— de su volumen de negocios total (impuestos excluidos).

En efecto, el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112 no prevé exenciones para prestaciones de servicios que no sean directamente necesarias para el ejercicio de las actividades exentas de los miembros de una AAP o para las cuales no tengan la condición de sujeto pasivo. Dado que tales prestaciones de servicios no entran en el ámbito de aplicación de la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112, el artículo 2, apartado 1, letra c), de dicha Directiva exige que las referidas prestaciones de servicios, realizadas con carácter oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal, estén sujetas al IVA.

Tal interpretación del artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112 no priva de efectos a la exención prevista en esa disposición. En particular, la aplicación de la referida exención no se limita a las agrupaciones cuyos miembros ejercen exclusivamente una actividad exenta o para la cual no tienen la condición de sujeto pasivo. Así, los servicios prestados por una AAP cuyos miembros llevan a cabo también operaciones gravadas pueden disfrutar de esa exención, pero sólo en la medida en que esos servicios sean directamente necesarios para las actividades exentas de los referidos miembros o para las que no tienen la condición de sujeto pasivo.

(véanse los apartados 43, 51 a 53, 55 y 92, y el punto 1 del fallo)