SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 2 de julio de 1998

Asunto T-236/97

Giovanni Ouzounoff Popoff

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Transferencia de una parte de la retribución en la moneda de un Estado miembro distinto del país en el que tiene su sede la Institución»

Texto completo en lengua española II-905

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, en primer lugar, una pretensión de anulación de las decisiones de la Comisión de 23 de septiembre de 1996, por la que ésta se niega a proceder al aumento del importe transferido a la cuenta de ahorro-vivienda del demandante, y de 28 de abril de 1997, por la que se desestima su reclamación; en segundo lugar, una pretensión de que se reconozca el derecho del demandante a la transferencia de 20.000 DKR, y, en tercer lugar, una pretensión de indemnización de daños y perjuicios.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante, funcionario de la Comisión destinado en Bruselas, abrió el 22 de enero de 1992 una cuenta de ahorro-vivienda en el Banco Español de Crédito (en lo sucesivo, «Banesto») de Bruselas para que la Comisión le ingresara en ella 5.000 DKR mensuales. Según el punto 5 de las condiciones generales del contrato, las retiradas y/o el cierre de las cuentas pueden tener lugar sin perjuicio de que se presente la documentación que acredite que la cantidad se utiliza para alguna de las operaciones siguientes:

a) la adquisición de un solar para la construcción de una vivienda familiar en un país miembro de las Comunidades Europeas,

b) la adquisición o la transformación de la vivienda principal o secundaria en un país miembro de las Comunidades Europeas.

Las retiradas con otros fines deberán ser autorizadas previamente por la Administración de Personal de la Institución en la que preste sus servicios el funcionario.

Según el punto 9 del contrato, éste podrá ser resuelto en cualquier momento por el titular de la cuenta.

El demandante entregó una copia de dicho contrato a la Dirección General «Personal y Administración» de la Comisión (en lo sucesivo, «DG IX»). La parte demandada ingresó en la cuenta del demandante, a partir de febrero de 1992 la cantidad de 5.000 DKR al mes, con el coeficiente corrector aplicable a Dinamarca.

El 13 de octubre de 1992 y el 21 de enero de 1993, el demandante hizo modificar su contrato con Banesto aumentando la cantidad que debería transferirse de 5.000 a 9.800 DKR y luego de 9.800 a 20.000 DKR, respectivamente. Especificó que habia comunicado dichas modificaciones a la DG IX enviándole una copia de las modificaciones del contrato.

Al no haberse efectuado ningún aumento, el demandante presentó el 20 de agosto de 1993 una reclamación, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»), contra la denegación de sus dos «solicitudes» de aumento del importe que se debía transferir.

Dado que no recibió respuesta a su reclamación en el plazo señalado, el demandante interpuso recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia el 18 de marzo de 1994. El 11 de junio de 1996, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad de dicho recurso porque el demandante no había seguido el procedimiento administrativo previo en dos etapas (sentencia Ouzounoff Popoff/Comisión, T-111/94, RecFP p. II-819).

En consecuencia, el 28 de agosto de 1996, el demandante presentó ante la DG IX una solicitud de aumento del importe transferido de 5.000 DKR a 20.000 DKR.

El 23 de septiembre de 1996, dicha solicitud fue denegada. Tras examinar dicha solicitud en el marco de la directiva interna por la que se establecen las modalidades de aplicación de la Reglamentación por la que se fijan las modalidades relativas a las transferencias de parte de los emolumentos de los funcionarios de las Comunidades Europeas previstos por la letra b) del apartado 2 del artículo 17 del Estatuto, la DG IX consideró que de dicha directiva, que había entrado en vigor el 1 de agosto de 1993, se deducía que cualquier aumento de la cantidad de 5.000 DKR transferida antes del 1.8.1993 puede admitirse únicamente si es conforme a la Reglamentación, es decir, si la localización de las cargas y de los costes proyectados en el marco de su contrato de ahorro-vivienda se sitúan en Dinamarca, cosa que no sucede en el presente asunto.

El 20 de diciembre de 1996, el demandante presentó una reclamación contra esa decisión. El 28 de abril de 1997, la Comisión desestimó dicha reclamación mediante decisión notificada al demandante el 15 de mayo de 1997.

Sobre la admisibilidad del tercer punto de las pretensiones

El tercer punto de las pretensiones del demandante, en el que éste solicita al Tribunal que reconozca su derecho a la transferencia de un importe de 20.000 DKR es manifiestamente inadmisible, ya que no corresponde al Juez comunitario, en el marco del control de legalidad que ejerce, dirigir órdenes conminatorias a una Institución comunitaria ni sustituir a ésta (apartado 27).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de junio de 1991, Valverde Mordt/Tribunal de Justicia (T-156/89, Rec. p. II-407), apartado 150; Ouzounoff Popoff/Comisión, antes citada, apartados 40 y 41

Sobre el fondo

Sobre la pretensión de anulación

Sobre el primer motivo, referente a un error de apreciación de los requisitos necesarios para obtener el aumento del importe transferido

La letra b) del apartado 2 del artículo 17 del Anexo VII del Estatuto, que permite la transferencia de una parte de la retribución del funcionario, por conducto de la Institución en la que éste preste sus servicios, a otro lugar y en la moneda de otro Estado miembro, debe interpretarse en el sentido de que, para poder aplicarse a un funcionario, éste ha de probar que debe hacer frente a obligaciones regulares en el país en cuya moneda solicita la transferencia, dado que ésta se efectúa a un tipo de cambio especial y que se aplica a su importe un coeficiente corrector. De no ser así, el hecho de que se aplique al importe de la transferencia un coeficiente corrector carecería de toda justificación y daría lugar a aplicaciones contrarias al principio de igualdad de trato de los funcionarios (apartados 31 a 35).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1985, Brautigam/Consejo(236/82, Rec. p. 2401 ), apañados 29 y 30; Tribunal de Justicia, 20 de octubre de 1994, Scaramuzza/Comisión (C-76/93 P, Rec. p. I-5173), apartado 24; Tribunal de Primera Instancia, 7 de diciembre de 1995, Abello y otros/Comisión (asuntos acumulados T-544/93 y T-566/93, RecFP p. II-815), apartado 40

Dado que el demandante no ha demostrado, ni siquiera ha afirmado en ningún momento, que estuviera sujeto a obligaciones por valor de 20.000 DKR mensuales fuera de Bélgica y más concretamente en Dinamarca, la Comisión no incurrió en ningún error de apreciación al considerar que no se cumplían los requisitos necesarios para poder efectuar una transferencia en DKR y al denegar, en consecuencia, la solicitud «de aumento» formulada por el demandante (apartado 38).

Sobre el segundo motivo, referente a un error en la apreciación de los términos de la directiva interna

Habida cuenta de la jerarquía de las normas, la directiva interna no puede legalmente conceder al funcionario un derecho que sea contrario al Estatuto y/o a la Reglamentación adoptada para la aplicación de éste (apartado 44).

Habida cuenta el resultado del análisis de las disposiciones de la directiva interna, este motivo debe desestimarse por infundado (apartados 45 a 47).

Sobre el tercer motivo, referente a la ilegalidad de la directiva interna

La directiva interna no limita en absoluto la posibilidad de transferencia de una parte de la retribución con respecto a lo que prevé el Estatuto. Suponiendo que la práctica anterior de la Comisión haya sido más favorable para los funcionarios, hasta el punto de ser ilegal según las disposiciones estatutarias, no puede reprocharse a la Comisión el hecho de volver a establecer, mediante la adaptación de la directiva interna, una práctica conforme con las referidas disposiciones del Estatuto. Además, un funcionario tampoco puede invocar en su beneficio una ilegalidad cometida en el pasado a favor de otra persona. De ello se desprende que la directiva interna no es ilegal en absoluto y que este motivo no puede acogerse (apartados 50 a 52).

Referencia: Tribunal de Justicia, 24 de junio de 1976, Elz/Comisión, (56/75, Rec. p. 1097), apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 14 de mayo de 1991, Zoder/Parlamento(T-30/90, Rec. p. II-207), apartado 26

Sobre el cuarto motivo, referente al incumplimiento de la obligación de motivación

Este motivo debe ser desestimado de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Primera Instancia relativa a la obligación de motivación (apartados 55 a 57).

Sobre la pretensión de indemnización

Aunque proceda acordar la admisibilidad de la pretensión de indemnización, dicha pretensión carece de fundamento en la medida en que se refiere a un supuesto perjuicio resultante de una «calificación errónea» y el Tribunal ha considerado que la Comisión no había incurrido en ningún error de Derecho o de apreciación en el presente asunto (apartados 62 a 64).

Fallo:

Se desestima el recurso.

Funcionarios — Transferencias de una parte de la retribución en la moneda de un Estado miembro distinto del país en el que tiene su sede la Institución (SENTENCIA DE 2.7.1998 — ASUNTO T-236/97 - OUZOUNOFF POPOFF / COMISIÓN) II-905