SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 16 de octubre de 1996

Asunto T-378/94

Josephus Knijff

contra

Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Agentes temporales contratados mediante consulta a las instituciones nacionales de control — Aplicación de la normativa relativa a su clasificación en grado»

Texto completo en lengua francesa II-1341

Objeto:

Recurso que tiene por objeto que se anule la decisión de 9 de febrero de 1994 por la que se denegó la modificación de la clasificación del demandante, así como la decisión de 29 de agosto de 1994, por la que se desestimó la reclamación del demandante.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante estaba empleado en el Tribunal de Cuentas como agente temporal desde el 15 de julio de 1986. Su primer contrato se celebró en el marco de una normativa propia de dicha Institución que permitía contratar, con carácter temporal, a los funcionarios seleccionados mediante consulta con las instituciones nacionales de control (en lo sucesivo, «ICN»). Con arreglo a dicha normativa, se le clasificó en el grado A 4, escalón 4. Tal como se encontraba en vigor en el momento de los hechos controvertidos, la normativa limitaba la duración de los contratos así ofrecidos a cuatro años (un contrato de dos años con una renovación) y, por lo tanto, el contrato del demandante expiró el 14 de julio de 1990.

Desde el 15 de julio de 1990 hasta el 12 de octubre de 1990, el demandante ocupó un puesto de trabajo como agente auxiliar en el Tribunal de Cuentas.

El 17 de septiembre de 1990, el Tribunal de Cuentas contrató al sucesor del demandante como agente «ICN» neerlandés.

Al término de un procedimiento interno de selección del Tribunal de Cuentas para la contratación de un administrador principal temporal, el Tribunal de Cuentas seleccionó al demandante y, dado que éste se hallaba adscrito, solicitó el acuerdo del ICN neerlandés, antes de ofrecerle un contrato de cinco años. En su escrito, el Tribunal de Cuentas precisó que el referido puesto de trabajo no tenía relación alguna con la «plaza reservada a un neerlandés».

Tras haber obtenido el acuerdo del ICN neerlandés, el Tribunal de Cuentas, mediante escrito de 12 de octubre de 1990, ofreció al demandante un nuevo puesto de trabajo como agente temporal por un período de cinco años. Esta oferta señalaba que«[la] retribución [del demandante] se calculará en función de la clasificación A, grado 5, escalón 3». El mismo día, el demandante firmó el contrato a estos efectos.

La clasificación que resulta de dicho contrato no fue objeto de una reclamación presentada dentro del plazo señalado por el Estatuto. No obstante, después de expirar dicho plazo, el demandante invocó hechos nuevos sustanciales y presentó ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») peticiones que tenían por objeto un nuevo examen de esta clasificación y, posteriormente, una reclamación que tenía por objeto la anulación de la decisión desestimatoria de dichas peticiones. Adujo, esencialmente, que tenía derecho a la clasificación prevista por el régimen propio de los agentes «ICN» y no a la establecida por el régimen común. Al término de dicha fase administrativa previa, el demandante interpuso un primer recurso ante el Tribunal de Primera Instancia que tenía por objeto, en lo esencial, que se anulasen las diferentes decisiones por las que el Tribunal de Cuentas le había denegado su petición de nueva clasificación.

Mediante auto de 14 de julio de 1993, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad manifiesta del recurso, Knijff/Tribunal de Cuentas (T-55/92, Rec. p. II-823; en lo sucesivo, «Knijff I»).

En el escrito de réplica presentado en el asunto Knijff I, el demandante invocó, como segundo hecho nuevo que justificaba la presentación de una petición tendente al nuevo examen de su clasificación, la circunstancia de haber tenido conocimiento, durante el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, de la existencia de la decisión 85-5 del Tribunal de Cuentas, de 7 de febrero de 1985, relativa al nombramiento en grado y a la clasificación en escalón de los agentes temporales procedentes de los organismos nacionales de control y contratados en puestos de trabajo a los que las autoridades presupuestarias les habían conferido un carácter temporal (en lo sucesivo, «decisión 85-5»). Sin embargo, como afirmó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 25 de su auto dictado en el asunto Knijff I, el demandante no presentó una petición de nueva clasificación de acuerdo con dicho conocimiento.

Como consecuencia del auto dictado en el asunto Knijff I, el 12 de octubre de 1993, el demandante presentó otra petición de nueva clasificación, basándose en que había tenido conocimiento de la decisión 85-5, y solicitó a la AFPN que «reconsidere [su] clasificación en grado de conformidad con los criterios que derivan de la decisión 85-5».

Mediante decisión de 9 de febrero de 1994, se declaró la inadmisibilidad y la improcedencia de dicha petición. Esta decisión fue objeto de una reclamación cuya inadmisibilidad e improcedencia fueron a su vez declaradas por la decisión de 29 de agosto de 1994.

Sobre la admisibilidad

Sobre las exigencias deforma

Con arreglo al párrafo primero del artículo 19 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del párrafo primero del artículo 46 del mismo Estatuto, y a la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda habrá de contener la cuestión objeto del litigio y una exposición sumaria de los motivos invocados. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la Justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso conforme a las disposiciones citadas anteriormente, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa dicho recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de una forma coherente y comprensible, de la propia demanda (apartado 18).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 28 de abril de 1993, De Hoe/Comisión (T-85/92, Rec. p. II-523), apartado 20

En el caso de autos, la demanda indica, con suficiente claridad, que el presente recurso tiene por objeto la anulación de las decisiones por las que la AFPN se negó a modificar la clasificación del demandante. Se desprende de la demanda que el demandante invoca para ello dos motivos, de los cuales el primero está basado en una infracción de las normas de clasificación establecidas en la decisión 85-5 y, el segundo, en una violación del deber de asistencia y protección y del principio de buena administración. Por último, la argumentación desarrollada en apoyo de dichos motivos es suficientemente clara como para permitir a la parte demandada presentar su escrito de contestación y al Tribunal de Primera Instancia ejercen su control jurisdiccional (apartado 19).

Sobre la concordancia entre la reclamación y el recurso

Si bien las pretensiones formuladas en el recurso no pueden contener más que los motivos de impugnación que se apoyen en la misma causa que los invocados en la reclamación, los motivos de impugnación pueden desarrollarse ante el Juez comunitario mediante la presentación de motivos y argumentos que no han de figurar necesariamente en la reclamación, pero que se relacionan estrechamente con ella (apartado 21).

Referencia: Tribunal de Justicia, 20 de mayo de 1987, Geist/Comisión (242/85, Rec. p. 2181), apartado 9

En la fase administrativa previa, la administración no debe interpretar las reclamaciones de forma restrictiva, sino que, por el contrario, debe examinarlas con un espíritu abierto (apartado 21).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de marzo de 1989, Del Amo Martínez/Parlamento(133/88, Rec. p. 689); Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1995, Alio/Comisión (T-496/93, RecFP p. II-405); Tribunal de Primera Instancia, 21 de marzo de 1996, Otten/Comisión (T-376/94, RecFP p. II-401), apartado 30

El Tribunal de Primera Instancia considera que, leída la reclamación del demandante con el espíritu abierto requerido por la jurisprudencia antes citada, y a la luz de la petición que la había precedido, procede señalar que se ha cumplido la norma de concordancia entre la reclamación y el recurso (apartado 22).

Sobre el fondo

Sobre el primer motivo basado en la infracción de la decisión 85-5

El demandante alega esencialmente que tiene derecho a la clasificación prevista para una persona de su experiencia por la decisión 85-5 y que la AFPN infringió dicha decisión al clasificarlo de conformidad con el régimen común.

La decisión 85-5 se refiere exclusivamente al régimen particular de los agentes temporales contratados mediante consulta con una ICN (agentes ICN), como indica el tercer visto de dicha decisión que remite expresamente a la decisión del Tribunal de Cuentas de 27 de enero de 1983 por la que se establecen los principios que regulan la selección y la contratación de los agentes ICN (anexo 27 del escrito de contestación) (apartado 34).

Dicho régimen, propio de los agentes ICN, se distingue del régimen común de clasificación en grado de los agentes temporales, en primer lugar, por las características del procedimiento de contratación y, en segundo lugar, por la duración de los contratos que prevé. Además, de varios documentos presentados põiel Tribunal de Cuentas, se deduce que éste estaba dispuesto a contratar a un único agente ICN por Estado miembro en las condiciones particulares precisadas en la decisión 85-5 (apartados 35 y 36).

Dadas las características propias del régimen aplicable a los agentes ICN, la decisión 85-5 no se aplica a la decisión controvertida, puesto que el contrato celebrado el 12 de octubre de 1990 entre la AFPN y el demandante no posee ninguna de dichas características. En efecto, en primer lugar, ha quedado acreditado que el contrato de que se trata fue ofrecido al demandante como consecuencia de un procedimiento de selección interna y no de conformidad con el procedimiento establecido por el régimen aplicable a los agentes ICN. En segundo lugar, dicho contrato fue celebrado por una duración de cinco años, mientras que los contratos amparados por el régimen aplicable a los agentes ICN se limitan a dos años. En tercer lugar, también consta que la plaza reservada al agente del ICN neerlandés ya estaba ocupada por otro agente desde el 17 de septiembre de 1990. En cuarto lugar, al haber sido renovado su contrato en calidad de agente ICN en 1988, el demandante ya no podía, el 12 de octubre de 1990, beneficiarse de una nueva renovación de contrato, habida cuenta de la normativa en vigor en esa época (apartado 37).

No obsta a dicha apreciación el hecho de que el Tribunal de Cuentas solicitara y obtuviera la autorización del ICN neerlandés antes de ofrecer el contrato de 12 de octubre de 1990 al demandante. Debido a que el contrato controvertido no posee ninguna de las características de un contrato amparado por el régimen aplicable a los agentes ICN, la mera obtención del acuerdo del ICN no puede conferir al demandante el carácter de agente ICN. Por otra parte, del apartado 2 del escrito de 18 de septiembre de 1990 se deduce que el puesto de trabajo ofrecido al demandante era independiente del reservado a un agente ICN neerlandés (apartado 38).

Sobre el segundo motivo basado en una violación del deber de asistencia y protección y del principio de buena administración

En la medida en que el demandante alega que la violación del deber de asistencia y protección y del principio de buena administración resulta de la infracción de la decisión 85-5, se deduce del examen del primer motivo que dicho argumento debe ser igualmente desestimado. En la medida en que su argumento implica que dicha violación es el resultado de una clasificación errónea de la decisión 85-5, basta observar que el demandante no ha probado la existencia de un error de clasificación. En todo caso, este argumento es igualmente inoperante, puesto que la decisión 85-5 no se aplica a la situación del demandante (apartado 42).

Fallo:

Se desestima el recurso.