Palabras clave

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Palabras clave

1 Procedimiento - Presentación de motivos nuevos en el curso del proceso - Motivo basado en elementos que han aparecido durante el procedimiento - Confirmación por una sentencia del Tribunal de Justicia de la validez de un acto de las Instituciones comunitarias - Inexistencia de elemento nuevo

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 42, ap. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 48, ap. 2)

2 Agricultura - Organización común de mercados - Plátano - Régimen de las importaciones - Contingente arancelario - Establecimiento y reparto - Principios de no discriminación, de protección de la confianza legítima, del derecho al libre ejercicio de actividades profesionales y del derecho de defensa - Violación - Inexistencia - Desviación de poder - Inexistencia - Existencia de responsabilidad extracontractual de la Comunidad - Inexistencia

[Tratado CE, art. 215, párr. 2; Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo]

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3 Tanto del apartado 2 del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, como del apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se deduce que en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. A este respecto, una sentencia del Tribunal de Justicia que confirma la validez de un acto de las Instituciones comunitarias no puede considerarse un elemento que permita invocar un motivo nuevo, dado que dichos actos gozan, en cualquier caso, de una presunción de validez y que una sentencia que tenga dicho tenor no hace sino confirmar una situación jurídica que el demandante conocía cuando interpuso su recurso.

4 El régimen de los intercambios con los países terceros de la organización común de mercados en el sector del plátano establecido por el Reglamento nº 404/93, y en particular el contingente arancelario previsto para la importaciones y su reparto, no constituye una violación de los principios generales del Derecho comunitario ni una desviación de poder y, por lo tanto, no está viciado por ninguna ilegalidad que pueda generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad respecto de los operadores cuya actividad consiste en la importación de plátanos de países terceros en la Comunidad.

En efecto, en lo referente al principio de no discriminación, aunque el Reglamento no tenía por objeto establecer un trato idéntico entre las distintas categorías de operadores económicos entre las que se efectúa el reparto del contingente arancelario, el trato diferenciado de aquéllas era inherente al objetivo de una integración de mercados hasta entonces fragmentados y al de garantizar la salida al mercado de la producción comunitaria y de la producción tradicional ACP.

En lo referente al principio de la protección de la confianza legítima, un operador económico no puede invocar un derecho adquirido, ni siquiera una confianza legítima en que se mantenga una situación existente que puede verse modificada por decisiones adoptadas por las Instituciones comunitarias en el marco de su facultad de apreciación. Además, nadie puede invocar una violación del principio de confianza legítima si la Administración no le ha dado unas seguridades concretas.

En cuanto al derecho fundamental al libre ejercicio de una actividad económica, el perjuicio irrogado a los operadores tradicionales de plátanos de países terceros responde a objetivos de interés general comunitario y no afecta a la propia esencia de este derecho.

En lo relativo al derecho de defensa en el marco en un procedimiento de adopción de un acto comunitario basado en un artículo del Tratado, las únicas obligaciones de consulta que se imponen al legislador comunitario son las establecidas en el artículo de que se trate, y el derecho a ser oído en un procedimiento administrativo que se refiere a una persona específica no puede trasladarse al contexto de un procedimiento legislativo que da lugar a la adopción de medidas de carácter general.

Finalmente, y en lo referente a una posible desviación de poder, no se ha probado que el Reglamento tenga por objeto alcanzar fines distintos de los que menciona, dado que una política de desarrollo en favor de los Estados ACP, tal y como la que persigue el Reglamento, es plenamente conforme con los objetivos de la Política Agrícola Común y que, además, en el marco de la aplicación de las políticas internas, en particular en materia agrícola, las Instituciones comunitarias no pueden prescindir de los compromisos internacionales asumidos por la Comunidad en virtud del Convenio de Lomé.