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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Contingente arancelario para la importación de plátanos - Reglamento que fija un coeficiente de reducción para la determinación de la cantidad que debe asignarse a los operadores - Recurso de los operadores - Inadmisibilidad [Tratado CE, art. 173, párr. 4; Reglamento (CE) nº 3190/93 de la Comisión]

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Procede acordar la inadmisibilidad de un recurso de anulación interpuesto contra el Reglamento nº 3190/93, por el que se fija un coeficiente uniforme de reducción para determinar la cantidad de plátanos que debe asignarse a cada operador de las categorías A y B en el marco del contingente arancelario correspondiente a 1994, por los operadores de dichas categorías. El efecto inmediato y directo de este Reglamento no consiste en permitir a cada operador determinar la cantidad definitiva que le será atribuida con carácter individual, puesto que los datos que los operadores han comunicado a tal fin a las autoridades nacionales competentes pueden ser modificados por éstas o por la Comisión en varias ocasiones, sin que estas modificaciones se comuniquen a los operadores interesados, de forma que estos últimos no pueden determinar, a partir de los datos comunicados o a partir de las disposiciones del Reglamento nº 3190/93, la referencia cuantitativa a la que se aplica el coeficiente de reducción. Dada la imposibilidad de los operadores de determinar su cantidad definitiva realizando una simple multiplicación de una cantidad conocida por ellos por el coeficiente de reducción fijado por el Reglamento controvertido, éste no puede ser considerado un haz de decisiones individuales dirigidas a cada operador, informándole, en realidad, de las cantidades exactas que tendrá derecho a importar.
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Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Decisión de la Comisión que concede una exención a un sistema de distribución selectiva - Empresa competidora de los distribuidores autorizados que no ha solicitado ser admitida en la red de distribución selectiva ni ha participado en el procedimiento administrativo ante la Comisión, pero es miembro de una asociación que sí ha participado en él - Inadmisibilidad - Participación de la empresa en un litigio nacional sobre la legalidad del sistema de distribución - Irrelevancia

(Tratado CE, arts. 85, ap. 3, 173, párr. 4, y 177; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19 ap. 3)

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En el marco de una decisión de exención en favor de un sistema de distribución selectiva, una empresa competidora de los distribuidores autorizados, que no ha participado efectivamente en el procedimiento administrativo ni ha solicitado ser admitida en la red de distribución selectiva, se encuentra en una situación que no es distinta de la de los numerosos operadores económicos presentes en el mercado paralelo, y por consiguiente no puede considerarse individualmente afectada, a efectos del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, por la Decisión impugnada.

A este respecto, una empresa que se encuentre en tal situación no puede estar suficientemente individualizada, a efectos del artículo 173 del Tratado, por el mero hecho de que una asociación sectorial de la que es miembro haya participado en el procedimiento administrativo que terminó con la adopción de la Decisión impugnada. En efecto, si bien es cierto que extender el derecho a ejercitar acciones judiciales a las asociaciones que defienden los intereses de sus miembros puede presentar ventajas procesales, la participación de dichas asociaciones en el procedimiento administrativo no basta para dispensar a sus miembros de la necesidad de acreditar la existencia de una relación entre su situación individual y el comportamiento de la asociación.

Por otra parte, la protección jurisdiccional de la situación de las empresas interesadas a efectos del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento nº 17 no exige que se las considere individualmente afectadas por la Decisión, toda vez que no ejercieron su derecho a presentar sus observaciones a la Comisión.

Es irrelevante que la empresa sea parte en un procedimiento iniciado ante un órgano jurisdiccional nacional por un distribuidor autorizado por infracción de la legislación nacional en materia de competencia desleal y que la cuestión de la legalidad de la exención sea pertinente para la solución de dicho litigio. En efecto, el hecho de que ese procedimiento se haya iniciado antes de que expire el plazo para impugnar la Decisión de exención constituye una circunstancia puramente fortuita y sin relación directa con dicha Decisión.

En cualquier caso, en tales circunstancias, la empresa en cuestión, en la imposibilidad de solicitar la anulación de la Decisión, conserva la posibilidad de alegar su ilegalidad ante los Tribunales nacionales, que se pronunciarían respetando lo dispuesto en el artículo 177.
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Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales - Impuesto sobre la escritura notarial de cancelación de empréstitos con emisión de obligaciones - Improcedencia

[Directiva 69/335/CEE del Consejo, arts. 11, letra b), y 12, ap. 1, letra d)]

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El artículo 11, letra b), de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, debe interpretarse en el sentido de que la prohibición de someter a imposición los empréstitos con emisión de obligaciones se aplica igualmente a los impuestos que graven la cancelación de dichos empréstitos. Si bien es cierto que dicho artículo no se refiere expresamente a la cancelación de empréstitos con emisión de obligaciones, no es menos cierto que prohibir la percepción de un impuesto en el momento en que se emite un empréstito de obligaciones y autorizarla en el momento en que se cancela dicho empréstito tendría por consecuencia, en contra del objetivo que persigue la Directiva, someter a gravamen el empréstito en cuanto operación global de concentración de capitales. Por otra parte, el artículo 11, letra b), prohíbe someter a imposición no sólo los empréstitos con emisión de obligaciones, sino también todas las formalidades relacionadas con éstos.

Por lo tanto, el artículo 11, letra b), debe interpretarse en el sentido de que la prohibición de someter a imposición los empréstitos con emisión de obligaciones se aplica al impuesto que grava las escrituras notariales de cancelación de empréstitos. No cabe aplicar a dicho impuesto la excepción prevista en la letra d) del apartado 1 del artículo 12 de dicha Directiva, pues la cancelación de un empréstito con emisión de obligaciones constituye una operación financiera específica, distinta de la cancelación de una inscripción hipotecaria efectuada a fin de garantizar las obligaciones derivadas del empréstito.
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1 Recurso de anulación - Competencia del Tribunal de Justicia - Actos adoptados sobre la base del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea - Límites

(Tratado CE, arts. 100 C y 173; Tratado de la Unión Europea, arts. K.3, ap. 2, L y M)

2 Aproximación de las legislaciones - Artículo 100 C del Tratado CE - Ambito de aplicación - Régimen del visado de tránsito aeroportuario - Exclusión - Materia reservada a una Acción común en el sentido del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea

[Tratado CE, arts. 3, letra d) y 100 C, ap. 1; Tratado de la Unión Europea, art. K.3, ap. 2]

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1 Según el artículo M del Tratado de la Unión Europea, una disposición como el apartado 2 del artículo K.3, que prevé la adopción de Acciones comunes por parte del Consejo en las materias contempladas en el artículo K.1, no afecta a las disposiciones del Tratado CE. Ahora bien, según el artículo L del Tratado de la Unión Europea, las disposiciones relativas a la competencia del Tribunal de Justicia y al ejercicio de dicha competencia se aplican al artículo M. Por consiguiente, corresponde al Tribunal de Justicia velar por que los actos que, según el Consejo, están comprendidos en el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea no invadan las competencias que las disposiciones del Tratado CE atribuyen a la Comunidad.

De ello se deduce que, al conocer de un recurso cuyo objetivo es que se declare que, por su objeto, un acto adoptado por el Consejo sobre la base de la letra b) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 100 C del Tratado CE, por lo que debería haberse basado en esta disposición, el Tribunal de Justicia es competente para proceder al examen del contenido del acto a la luz de dicho artículo 100 C con el fin de comprobar si afecta a la competencia de la Comunidad en virtud de dicha disposición.

2 Interpretado a la luz de la letra d) del artículo 3 del Tratado CE que, entre las acciones de la Comunidad para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, menciona la que implica «medidas relativas a la entrada y circulación de personas en el mercado interior, conforme a las disposiciones del artículo 100 C», el concepto «cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros», que figura en el apartado 1 del artículo 100 C, se refiere, en un aeropuerto, al paso de tales fronteras por un puesto de control fronterizo, que permita al titular del visado entrar y circular en el mercado interior.

Ahora bien, el visado de tránsito aeroportuario, establecido por la Acción Común adoptada por el Consejo sobre la base del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre el régimen del tránsito aeroportuario, no autoriza a su titular a cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros en el sentido del artículo 100 C del Tratado CE. En consecuencia, la citada Acción Común no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición.
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1 Aproximación de las legislaciones - Residuos - Directiva 75/442/CEE - Concepto - Sustancia integrada en un proceso de producción industrial

[Directiva 75/442/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 91/156/CEE, art. 1, letra a)]

2 Medio ambiente - Eliminación de residuos - Directiva 91/156/CEE - Obligaciones de los Estados miembros durante el plazo de adaptación del Derecho interno - Obligación de no adoptar disposiciones que puedan poner en peligro el resultado prescrito por la Directiva - Apreciación del órgano jurisdiccional nacional - Criterios

(Tratado CE, arts. 5, párr. 2, y 189, párr. 3; Directiva 91/156/CEE del Consejo)

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3 El mero hecho de que una sustancia esté integrada, directa o indirectamente, en un proceso de producción industrial no la excluye del concepto de residuo en el sentido de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442, relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156.

Esta conclusión no afecta a la distinción que debe realizarse entre la recuperación de residuos en el sentido de dicha Directiva y el tratamiento industrial normal de productos que no constituyen residuos.

4 El párrafo segundo del artículo 5 y el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, así como la Directiva 91/156, por la que se modifica la Directiva 75/442 relativa a los residuos, exigen que, durante el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva fijado por ésta, el Estado miembro destinatario se abstenga de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente la consecución, al expirar dicho plazo, del resultado prescrito por dicha Directiva. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si estas circunstancias concurren en el caso de las disposiciones nacionales cuya legalidad debe examinar.

En esta labor de apreciación, el órgano jurisdiccional nacional deberá, en particular, examinar si las disposiciones controvertidas se presentan como una adaptación completa del Derecho interno a la Directiva, así como los efectos concretos de la aplicación de las disposiciones que no se ajustan a ésta y su vigencia en el tiempo. Más concretamente, si las disposiciones controvertidas se presentan como la adaptación definitiva y completa del Derecho interno a la Directiva, su incompatibilidad con ésta podría hacer presumir que el resultado en ella prescrito no se alcanzará en los plazos señalados si, además, es imposible su modificación dentro del plazo. A la inversa, el órgano jurisdiccional nacional podría tener en cuenta la facultad de que dispone un Estado miembro para adoptar disposiciones provisionales o dar ejecución a la Directiva por etapas, en cuyo caso la incompatibilidad de las disposiciones transitorias del Derecho nacional con la Directiva o la no adaptación del ordenamiento jurídico interno a determinadas disposiciones de la Directiva no comprometería necesariamente el resultado prescrito por ésta.
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1 Competencia - Prácticas colusorias - Notificación - Acuerdos antiguos - Validez provisional - Finalización - Requisitos - Definición de posición de la Comisión

(Tratado CE, art. 85; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 5, ap. 1)

2 Competencia - Prácticas colusorias - Notificación - Acuerdos antiguos - Validez provisional - Alcance - Modificaciones que refuerzan o amplían los efectos restrictivos del acuerdo - Exclusión

(Tratado CE, art. 85; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 5, ap. 1)

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3 La validez provisional de una práctica colusoria acordada antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 17, notificada a la Comisión antes del 1 de noviembre de 1962, únicamente finaliza cuando la Comisión se haya pronunciado, en sentido afirmativo o negativo, sobre ella.

En efecto, dicha validez provisional está justificada por la protección, por un lado, de la seguridad jurídica en material contractual y, por otro lado, de los intereses de los participantes en la antigua práctica colusoria debidamente notificada. La circunstancia de que haya transcurrido un tiempo más o menos largo desde la notificación de una antigua práctica colusoria sin que la Comisión haya definido su posición no puede poner fin a la validez provisional de dicha práctica colusoria.

4 Una práctica colusoria debidamente notificada, acordada antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 17, únicamente disfruta de la validez provisional si se mantienen sin cambios los términos del acuerdo o, en caso de que hubiere modificaciones, si estas últimas no refuerzan o amplian los efectos restrictivos del acuerdo.

En efecto, a diferencia de las modificaciones que flexibilizan el efecto restrictivo de las prácticas colusorias, todo reforzamiento o ampliación de las restricciones, por mínimo que sea, y a fortiori cualquier introducción de nuevas restricciones, deberá, en principio, considerarse que ponen fin a la antigua práctica colusoria, a la cual se había reconocido la validez provisional, y que constituyen un nuevo acuerdo carente de la validez provisional.

No obstante, en el supuesto de que la modificación de la antigua práctica colusoria tuviera como efecto introducir una nueva restricción, separable del acuerdo, y que no afecte a su lógica interna, no se cuestionaría la validez provisional de la antigua práctica colusoria, tal como se presentaba antes de la modificación; únicamente la nueva restricción carecería de validez provisional.
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1 Agricultura - Organización común de mercados - Plátanos - Régimen de importaciones - Contingente arancelario - Competencia para realizar adaptaciones otorgada a la Comisión por el apartado 3 del artículo 16 del Reglamento (CEE) nº 404/93 - Infracción del cuarto guión del artículo 155 del Tratado - Inexistencia - Utilización para incrementar, sin aplicar la clave de reparto del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento, la cantidad atribuida a operadores víctimas de una catástrofe natural - Procedencia

[Tratado CE, art. 155; Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, arts. 16, ap. 3; 19, ap. 1, y 27; Reglamentos (CEE) de la Comisión nos 2791/94 y 510/95]

2 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance

(Tratado CE, art. 190)

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3 Al adoptar los Reglamentos nos 2791/94 y 510/95, relativos a la asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para 1994 y para el primer trimestre de 1995, respectivamente, como consecuencia de la tormenta Debbie, la Comisión se basó acertadamente en el apartado 3 del artículo 16 del Reglamento nº 404/93, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, que le otorga, de modo general, la facultad de adaptar, con arreglo al procedimiento del Comité de gestión previsto en el artículo 27, el contingente arancelario durante la campaña por razones de necesidad y, especialmente, para tener en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales que afecten a las condiciones de producción o de importación. Más concretamente, la disposición de que se trata le permitía no aplicar a la parte adaptada la clave de reparto del contingente arancelario mencionada en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 404/93, dado que la aplicación de dicha clave de reparto habría conducido a conceder derechos de importación suplementarios a operadores económicos que no habían sido víctimas de circunstancias excepcionales y no habría atendido a la situación particular de los operadores víctimas de dichos acontecimientos.

Por otra parte, las facultades que, de este modo, confiere a la Comisión el apartado 3 del artículo 16 del citado Reglamento no exceden las que le pueden ser atribuidas conforme al cuarto guión del artículo 155 del Tratado. A este respecto, en materia agrícola, la Comisión puede aprobar todas las normas de desarrollo necesarias o útiles para la ejecución de la normativa de base, siempre que no sean contrarias a ésta o a la normativa de desarrollo del Consejo, lo que no sucede en el presente asunto.

4 La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate. Ha de reflejar clara e inequívocamente el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Tribunal de Justicia pueda ejercer su control. No obstante, no se puede exigir que la motivación de un acto especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, cuando dicho acto se inscriba en el marco sistemático del conjunto del que forme parte.
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CEEA - Régimen de abastecimiento - Obligación de la Agencia de abastecimiento de garantizar la comercialización de la producción comunitaria - Inexistencia - Inexistencia de distinción entre la producción comunitaria y los productos importados tanto en lo relativo al procedimiento ordinario de confrontación de las ofertas y las demandas como en lo que atañe al procedimiento simplificado

(Tratado CEEA, arts. 52 a 76; Reglamento de la Agencia de abastecimiento de la CEEA por el que se determinan las modalidades de confrontación de las ofertas y las demandas de minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales, art. 5 bis)

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La Agencia de abastecimiento de la Euratom fue creada con la finalidad de garantizar, en las condiciones previstas en el Capítulo 6 del Tratado CEEA, el abastecimiento regular y equitativo de todos los usuarios en minerales y en combustibles nucleares.

Dicho Capítulo no contiene, en cambio, ninguna disposición que obligue a la Agencia a garantizar la comercialización de la producción comunitaria de minerales. Al contrario, teniendo en cuenta que el artículo 60 del Tratado, relativo al procedimiento de confrontación de las ofertas y las demandas, no sólo es aplicable a los suministros procedentes de la Comunidad, sino que, de conformidad con la remisión del artículo 65, también es aplicable a las solicitudes de los usuarios y a los contratos entre los usuarios y la Agencia relativos al suministro de minerales procedentes del exterior de la Comunidad, no cabe hacer distinción alguna, en el marco del sistema de centralización en la Agencia de las ofertas y las demandas, según el origen de los productos.

Del mismo modo, el procedimiento simplificado de confrontación de las ofertas y las demandas, tal como se regula en el artículo 5 bis del Reglamento de la Agencia, adoptado con arreglo al párrafo sexto del artículo 60 del Tratado, es aplicable también a los suministros importados de terceros países, ya que el artículo 65 del Tratado remite al artículo 60 en su totalidad. Por otra parte, este procedimiento no resulta contrario al artículo 66 del Tratado, puesto que no vulnera el derecho exclusivo de la Agencia a celebrar directamente los contratos, habida cuenta de que, a tenor de las letras d) a g) del artículo 5 bis del Reglamento, incumbe a la Agencia celebrar los contratos, a lo que puede negarse.
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Agricultura - Organización común de mercados - Leche y productos lácteos - Tasa suplementaria sobre la leche - Cuestionario anual sobre la aplicación del régimen dirigido a los Estados miembros - Comunicación a la Comisión - Reducción a tanto alzado de los anticipos a cuenta de imputación de los gastos agrarios en caso de inobservancia del plazo señalado - Decisión 93/673/CE - Base jurídica - Infracción del Reglamento (CEE) nº 729/70 o del principio de proporcionalidad - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 729/70 del Consejo; Reglamento (CEE) nº 536/93 de la Comisión, art. 8, cuarto guión; Decisión 93/673/CE de la Comisión]

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Al adoptar la Decisión 93/673, que fija la reducción a tanto alzado de los anticipos a cuenta de imputación de los gastos agrarios en caso de que no se respete el plazo de comunicación del cuestionario anual sobre la aplicación del régimen de la tasa suplementaria sobre la leche y que prevé, más concretamente, un porcentaje de reducción del 1 % del importe global pagado al Estado miembro con cargo al ejercicio presupuestario anterior en caso de comunicación extemporánea, un porcentaje del 0,5 % del mismo importe global en caso de cálculo inexacto de la tasa de más del 10 % y un porcentaje del 0,04 % por cada dato que falte, la Comisión se basó válidamente en el cuarto guión del artículo 8 del Reglamento nº 536/93, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la tasa suplementaria, que impone a los Estados miembros la obligación de comunicar el referido cuestionario, debidamente cumplimentado, antes de la fecha señalada y que autoriza a la Comisión a reducir los anticipos no sólo cuando el cuestionario se comunica fuera de plazo, sino también cuando es incompleto o inexacto.

La mencionada Decisión no es contraria al Reglamento nº 729/70, sobre la financiación de la Política Agrícola Común, ya que la reducción de los anticipos, que no puede tener carácter definitivo, no excluye el control de su conformidad a Derecho en el marco de la liquidación de cuentas prevista por dicho Reglamento, en cuyo momento el Estado miembro interesado podrá exponer su punto de vista sobre la legalidad de la reducción, de modo que se respetará el derecho de defensa.

Por último, la Decisión no vulnera el principio de proporcionalidad, en la medida en que quiere precisar, por razones de aplicación uniforme y de seguridad jurídica, la manera en que se aplica la reducción de los anticipos y, para ello, define los diferentes casos de inobservancia que dan lugar al porcentaje de reducción correspondiente. A este respecto, las características que resultan de la naturaleza a tanto alzado de las modalidades de la reducción no pueden hacer que ésta sea desproporcionada respecto a su objetivo, dado que dichas modalidades no parecen en sí desmesuradas respecto a la importancia que tiene una comunicación en buena y debida forma para la gestión del régimen de la tasa.