3.

Procede señalar inmediatamente que, en mi opinión, el artículo 21 no puede interpretarse como propone el Juez de remisión. En particular, excluyo que la mencionada norma defina un concepto de litispendencia válido para los sistemas jurídicos de los seis Estados contratantes y, con mayor motivo, habida cuenta de que dicha noción se basa en un concepto de inicio del proceso que coincide con la presentación del escrito de demanda. Dejemos a un lado, por un momento, el argumento obviamente marginal derivado del texto alemán del Convenio. Un problema como el que nos ocupa no puede solucionarse sino es: a) aclarando lo que el artículo 21 entiende por litispendencia; b) examinando los seis ordenamientos jurídicos para comprobar si contienen una normativa uniforme de la institución controvertida y si es posible, por consiguiente, considerar el artículo 21 como norma de Derecho uniforme. Comencemos pues por analizar la letra a). El concepto de litispendencia supone, por una parte, que se someta un mismo litigio a órganos jurisdiccionales diferentes y, por otra parte, que exista un criterio para establecer cual de los dos órganos jurisdiccionales debe seguir siendo dominus del litigio. Pues bien, tales criterios son muy variados. Así, por ejemplo, «los Tribunales [del Reino Unido] tienen la facultad [...] de no tener en cuenta la litispendencia de un procedimiento ante Tribunales de países extranjeros» e incluso, «excepcionalmente, también pueden negarse a entablar un procedimiento o a pronunciarse sobre el fondo si consideran preferible que el asunto se presente ante un órgano jurisdiccional también competente en otro Estado [...] debido a que [...] dicho órgano jurisdiccional estaría en mejores condiciones de conocer del asunto y, en particular, de garantizar mejor la igualdad de trato de las partes afectadas» (véase informe Schlosser; DO 1979, C 59, p. 97). No obstante, como vimos, el Convenio de Bruselas adopta el criterio de prioridad del «Tribunal ante el que se formulare la primera demanda», es decir que soluciona el conflicto de quo en detrimento del «Tribunal ante el que se formulare la segunda demanda». Tal es pues la norma a la que deben atenerse los órganos jurisdiccionales nacionales. Pero, ¿qué significa «el Tribunal ante el que se formulare la segunda demanda»? Tal cuestión requiere que se defina el momento inicial del procedimiento y, para efectuar esta tarea, en teoría es posible seguir dos vías: definir dicho momento sin tener en cuenta los numerosos efectos procesales y sobre el fondo que los distintos ordenamientos jurídicos hacen depender de él o determinar tal momento a efectos de litispendencia, es decir, para sustraer el litigio al Juez al que le fuere sometido con posterioridad. En mi opinión, seguir la primera vía no lleva a nada. Tiene por objeto instituir un concepto autónomo y neutro del inicio del procedimiento; pero, la búsqueda en el Convenio de elementos útiles a tal efecto resulta vana. Por el contrario, del concepto que recoge el artículo 21 al referirse al «Tribunal ante el que se formulare la segunda demanda», variable y susceptible de ser descompuesto en función de los efectos que se quieran obtener, los Derechos nacionales nos ofrecen numerosos ejemplos. Así, tomemos por ejemplo, el Derecho alemán. Cuando se trata de interrumpir la prescripción, el ordenamiento jurídico alemán se refiere a la simple presentación del escrito de demanda; cuando se trata de resolver la litispendencia, es decir, de determinar qué órgano jurisdiccional sigue siendo dominus del litigio, el Derecho alemán recurre a la notificación del mencionado escrito procesal. Dos efectos, dos maneras de definir el inicio del procedimiento. Como ya he señalado, en opinión del Oberlandesgericht, se puede inferir otra conclusión del texto alemán del artículo 21 del Convenio de Bruselas. Al definir el término «anhängig» (es decir, pendiente por haberse efectuado la presentación del escrito de demanda), lo que el artículo 22 denomina «erhoben» podría constituir un concepto autónomo de inicio del procedimiento. Por mi parte, no comparto esta opinión. Considero que los autores del Convenio no adoptaron los citados dos términos para referirse a realidades diferentes; no utilizaron el término «anhängig» para abonar la idea de que, para que se produzca la litispendencia, debe considerarse siempre y en cualquier caso que el procedimiento se inicia con la presentación del escrito de demanda. En efecto, tres observaciones militan contra las dudas del Juez a quo. La primera es que la distinción alemana no tiene equivalente en las versiones francesa, italiana y neerlandesa del Convenio. La segunda es que, en los otros cinco países, la litispendencia no está nunca vinculada a un momento previo a la iniciación del procedimiento contradictorio. La tercera es, como acabo de decir, que el Derecho alemán hace depender la litispendencia de la notificación del escrito de demanda y se basa en la anterioridad de la presentación del escrito de demanda con vistas a alcanzar objetivos diferentes (así, en algunos casos, para interrumpir la prescripción).