1.

Considerando que el demandante formula en relación con el artículo 1 de la Recomendación dos motivos de impugnación diferentes: a) Considerando, por una parte, que le reprocha que en su apartado 1, y en contra del Tratado, asignara a los Gobiernos, basándose en el párrafo tercero del artículo 70, el deber de adoptar todas las medidas generales o particulares que permitan que los productores y consumidores del carbón y de acero puedan ejercer un «control previo» para comprobar si se respetan en materia de transportes de carbón y de acero las prescripciones de los párrafos primero y segundo de dicho artículo. Considerando que este motivo es infundado, ya que la Recomendación adoptada se limita a requerir que los Estados miembros prescriban, según el citado párrafo tercero, que las listas, precios y disposiciones relativas a las tarifas de cualquier clase aplicados a los transportes de carbón y de acero dentro de cada Estado miembro y entre los Estados miembros serán publicados o comunicados a la Alta Autoridad. b) Considerando, por otra parte, que el demandante sostiene que los objetivos atribuidos por la Recomendación a las prescripciones del párrafo tercero del artículo 70 del Tratado, desbordan los objetivos que los párrafos primero y segundo formulan de manera expresa y, según el demandante, limitativa; que, en especial, la inclusión de los fines enumerados en el párrafo tercero del artículo 10 del Convenio relativo a las disposiciones transitorias y de los fijados en los artículos 2 a 5 y en el artículo 60 del Tratado sobrepasa, por su naturaleza y alcance, el marco de aplicación del artículo 70. Considerando que es preciso examinar por separado los motivos que se refieren a los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Recomendación, respectivamente. i) Considerando, en lo que se refiere al apartado 1 del artículo 1 de la Recomendación y, más en particular, a la letra a) de esta disposición, que la letra b) del artículo 4, que prohibe generalizar toda discriminación, y menciona, de manera expresa, los transportes, constituye el principio de base de los párrafos primero y segundo del artículo 70; que, así pues, la remisión a esta disposición de principio está perfectamente justificada. Considerando que la Recomendación pudo, válidamente, mencionar los objetivos trazados en el párrafo tercero del artículo 10 del Convenio relativo a las disposiciones transitorias; que, efectivamente, este texto sólo es temporal en lo que se refiere al procedimiento de su realización; que, no obstante, es permanente en lo que se refiere a los principios que en el mismo se establecen. ii) Considerando, en relación con la remisión que el apartado 2 del artículo 1 de la Recomendación hace a los artículos 2 a 5 del Tratado, que no procede ver en el párrafo tercero del artículo 70 del Tratado un régimen autónomo que sirva únicamente a los objetivos previstos en los párrafos primero y segundo, en concreto, a la aplicación a los transportes de carbón y de acero de precios comparables a los usuarios que se hallen en situaciones comparables, con el fin de evitar las discriminaciones en la materia; que en el texto del párrafo tercero del artículo 70 no hay nada que denote que esta disposición sólo esté dirigida a controlar las obligaciones establecidas en los párrafos primero y segundo de dicho artículo; que los tres primeros párrafos de este artículo establecen tres obligaciones complementarias que tienen por objeto, cada una bajo un aspecto diferente, eliminar algunos obstáculos en el mercado común, y a garantizar un funcionamiento de éste según los principios establecidos por el Tratado; que según el Derecho y la Jurisprudencia, las disposiciones del Tratado forman un todo, completándose y sustituyéndose recíprocamente; que de estas observaciones debe deducirse que el párrafo tercero del artículo 70, lejos de tener una aplicación restringida y limitada, ha de producir sus efectos respecto a los transportes en el marco del sistema general del Tratado y del funcionamiento del mercado común del carbón y el acero, tal como se definen, en especial, en los artículos 2 a 5 del Tratado. Considerando que el demandante reprocha más en particular al apartado 2 del artículo 1 de la Recomendación el haberle atribuido una misión en la aplicación, especialmente, del artículo 60 del Tratado, habiéndole impuesto, así, una obligación de cooperar que no encuentra fundamento en el texto del Tratado; que este motivo no puede acogerse; que, en efecto, la disposición impugnada se inspira en el párrafo primero del artículo 86 del Tratado, que obliga a que los Estados miembros faciliten a la Comunidad el cumplimiento de su misión; que, lejos de imponer a los Estados miembros deberes nuevos, el apartado 2 del artículo 1 de la Recomendación sólo tiene por objeto el de facilitar a la Comunidad el cumplimiento de su misión y, de manera más particular, el de facilitar a la Alta Autoridad el cumplimiento de su misión en el marco del artículo 60 del Tratado; que los Estados miembros no pueden obstaculizar el cumplimiento de esta misión por la forma en que adopten las medidas previstas en el apartado 1 del artículo 1 de la Recomendación; que, por otra parte, del párrafo quinto del artículo 70 se desprende que, si bien la política comercial de transportes continúa estando sometida al poder legislativo o reglamentario de cada uno de los Estados miembros, esta competencia general experimenta las restricciones que se derivan no sólo de las obligaciones especificadas en el artículo 70, sino también de las «demás disposiciones» del Tratado; que, si bien es cierto que las listas sujetas a publicación según la letra a) del apartado 2 del artículo 60 del Tratado no engloban los costes de transporte como elemento constitutivo del precio, el conocimiento de estos costes se revela como necesario para el ejercicio del derecho que la letra b) de este apartado reserva a las empresas, de adaptar el precio que han expresado al precio expresado por otras empresas que sea menos elevado; que, en efecto, el carácter secreto de las excepciones a las tarifas publicadas, concedidas a determinadas empresas, despoja a aquéllas de toda utilidad y amenaza con falsear los cálculos establecidos por los competidores sobre la base de tarifas que, normalmente, podrían considerar como efectivas y aplicadas. Considerando, por tanto, que la Alta Autoridad tiene fundamentos para estimar que la obligación de garantizar una publicidad adecuada de los precios de transporte está comprendida en su misión general de asegurar la realización de los objetivos establecidos por el Tratado y que tiene derecho a exigir que los Estados miembros respeten esta misión, adoptando las medidas previstas en el apartado 1 del artículo 1 de la Recomendación. Considerando, pues, que la Alta Autoridad estaba facultada al asignar como fin de la Recomendación impugnada la realización de los objetivos del artículo 60. Considerando que de esta afirmación se deduce el corolario de que lo mismo debe ocurrir respecto a las Decisiones de aplicación adoptadas por la Alta Autoridad basándose en este artículo.