Según el Gobierno alemán, el punto de vista de la Comisión según el cual una empresa de seguros, autorizada en otro Estado miembro, puede ejercer su actividad en la República Federal con arreglo a la libre prestación de servicios supone lógicamente que la autorización soberana concedida por otro Estado miembro produce sus efectos en la República Federal y, por consiguiente, respecto a los órganos jurisdiccionales, administraciones y ciudadanos. Ahora bien, falta para ello una base jurídica, por lo menos hasta que no exista coordinación en la Comunidad.

Por otra parte, ni las disposiciones controvertidas de la VAG, a saber, los artículos 105 y 106, ni su aplicación constituyen infracción de la libre prestación de servicios. Además, resultan conformes a las disposiciones de las Directivas 73/239 y 79/267, ya citadas.

A este respecto, el Gobierno alemán se basa en el hecho de que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente la sentencia ya citada de 17 de diciembre de 1981 en el asunto 279/80, los Estados miembros son libres para establecer regulaciones jurídicas en sectores particularmente sensibles, en interés general y para salvaguardar los intereses de las personas afectadas. Ahora bien, en la República Federal los seguros constituyen uno de tales sectores especialmente sensibles, habida cuenta en particular de la importancia económica del seguro, así como de la extensión y el número de asegurados, la cuantía de las percepciones de primas, las múltiples inversiones de las empresas de seguros y la necesidad de protección de los asegurados y de los intereses de terceros. Estas consideraciones conducen, a su vez, a la necesidad de un control eficaz e intensivo y, por ello, en la República Federal las empresas de seguros están sujetas a control desde 1901, conforme a un sistema de control material ejercido por el Estado. Con este fin, añade el Gobierno alemán, la actividad de cada empresa de seguros es vigilada desde su comienzo hasta su fin por una autoridad de control que concede la autorización para la explotación, examina y aprueba las condiciones generales de los seguros y, en parte, también las tarifas. Dicha autoridad examina además, en particular, los formularios de solicitud, las pólizas y los recibos de indemnización; vela por el cumplimiento de las leyes y de los planes de explotación de las diferentes empresas de seguros; controla, por medio de la rendición de cuentas, la situación financiera de las empresas; efectúa, en caso necesario, controles in situ, e intendente en caso de anomalía.

En opinion del Gobierno alemán, las exigencias de autorización y de establecimiento, previstas por la VAG, resultan necesarias, no son desproporcionadas en relación con el objetivo que se pretende alcanzar y no producen efectos discriminatorios.

De este modo, la exigencia de obtener una autorización en la República Federal resulta indispensable porque, por una parte, el Derecho material de control de los seguros no puede concretarse en numerosos sectores y porque, por otra parte, el control de los seguros debe ser suficientemente flexible para permitir al mundo del seguro adaptarse continuamente a una situación en plena evolución. En efecto, la autorización y su fundamento fáctico, el establecimiento, constituyen precisamente las condiciones que permiten a la autoridad de control efectuar la continua vigilancia que le incumbe.

El Gobierno alemán subraya que los aseguradores de otros países de la Comunidad, que recurren sin desplazarse a la libre prestación de servicios entre Estados, pueden prestar servicios tanto de corta como de larga duración y también servicios permanentes. No obstante, existe una limitación en el caso de que los servicios de seguro requieran la actividad colaboradora de mediadores o de otros agentes que residan en la República Federal. En este caso, los aseguradores sólo podrán utilizar la libre prestación de servicios entre Estados si la actividad colaboradora del agente no excede de una cierta duración. Esta restricción se impone en virtud de la obligación de tratar de la misma manera a estos aseguradores y a aquéllos entre los aseguradores de otros países de la Comunidad que no basan su actividad en el extranjero en la colaboración de mediadores residentes, sino en agentes delegados quienes, si prolongan su residencia, caen bajo las normas del derecho de establecimiento.

Por lo que se refiere al control de los seguros ejercido en los demás Estados miembros, el Gobierno alemán subraya que las autoridades de control alemanas reconocen todos los exámenes equivalentes a los previstos por la legislación alemana que sean requeridos en el procedimiento de examen en el país del domicilio de la empresa de seguros. No obstante, el Gobierno recuerda que el control que se ejerce sobre las empresas de seguros en la Comunidad no presenta ni la misma intensidad ni la misma amplitud, y que no se ejerce según los mismos principios. Por otra parte, añade el Gobierno alemán, las dos Directivas de coordinación, a saber, las Directivas 73/239 y 79/267, que establecen, como primera medida de armonización, condiciones mínimas uniformes para la autorización de las empresas de seguros, no tienen como efecto, a partir de su contenido y sus antecedentes, derogar las partes del Derecho de los Estados miembros en la materia que no han sido reguladas por ellas; en efecto, si ésa hubiese sido la intención del legislador comunitario, habría expresado dicha intención y, sobre todo, habría debido expresarla claramente. Por último, ambas Directivas precisan que, en lo que se refiere al activo financiero del asegurador y a la consiguiente necesidad de que éste constituya reservas técnicas suficientes, las exigencias, aún no armonizadas, impuestas por las legislaciones nacionales sobre control continúan aplicándose, y que, a este respecto, la responsabilidad corresponde al país de la actividad (véase el artículo 15 de la Directiva 73/239 y el artículo 17 de la Directiva 79/267). En lo que se refiere al margen de solvencia, es decir, al activo necesario en fondos propios, su existencia también se examina en el curso del procedimiento de autorización. No obstante, este requisito para la autorización es de los que han sido unificados por las Directivas de coordinación (véase el artículo 16 de la Directiva 73/239 y el artículo 18 de la Directiva 79/267). Por consiguiente, la autoridad alemana de control reconoce el certificado de solvencia emitido por el Estado del domicilio de la empresa de seguros de que se trate.

Los objetivos perseguidos mediante la aprobación previa de las condiciones generales del seguro no pueden tampoco alcanzarse mediante un control continuo y a posteriori ni, por tanto, mediante el control judicial previsto por la Ley de 9 de diciembre de 1976 sobre régimen jurídico de las condiciones generales de los contratos. Semejante control a posteriori no puede, en efecto, alcanzar la transparencia de las condiciones que constituye la base de la libre competencia en materia de primas.

El Gobierno alemán sostiene además que, sin el requisito de establecimiento, la autoridad de control no podría cumplir el cometido que le ha sido encomendado; que no resulta posible, en concreto, sustituir dicha exigencia por otro sistema que obstaculice menos la libre prestación de servicios. En efecto, el requisito de establecimiento debe funcionar de manera que la autoridad de control esté en condiciones de controlar continuamente y sobre el terreno la actividad aseguradora efectivamente ejercida por el asegurador autorizado. Ahora bien, si la empresa extrajera carece de establecimiento en el país, la autoridad de control, en el estado actual de la cooperación institucionalizada entre los Estados miembros, será prácticamente incapaz de obtener la ejecución de una decisión. Además, la exigencia del establecimiento no trae consigo gastos excesivos, pues un establecimiento no supone la creación de una red de distribución con servicios exteriores.

Por último, el Gobierno alemán subraya que las empresas de seguros extranjeras pertenecientes a la Comunidad no son tratadas de distinta manera que las empresas nacionales.