Un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones adoptado sobre la base del artículo 336 TFUE, conforme al procedimiento legislativo ordinario, forma parte de la categoría de actos de alcance general, de naturaleza legislativa, con respecto a los cuales el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, supedita la admisibilidad de los recursos de anulación, interpuestos por personas físicas o jurídicas, al cumplimiento de los requisitos de afectación directa e individual.

Por lo que se refiere a un recurso interpuesto por organizaciones sindicales o profesionales, el hecho de que éstas disfrutaran del derecho a la información y consulta en relación con la propuesta de adaptación de las retribuciones y pensiones presentada al Parlamento y al Consejo por la Comisión, que ha dado lugar a la adopción de dicho Reglamento, no demuestra que se vean directamente afectadas por este Reglamento. En efecto, el hecho de que una persona intervenga de un modo u otro en el procedimiento que culmina en la adopción de un acto de la Unión sólo permite individualizar a esta persona en relación con el acto en cuestión cuando la normativa de la Unión aplicable le concede ciertas garantías de procedimiento. Pues bien, salvo disposición expresa en contrario, ni el proceso de elaboración de los actos de alcance general ni estos actos en sí mismos exigen, con arreglo a principios generales del Derecho de la Unión, como el derecho a ser oído e informado, la participación de las personas afectadas, ya que se supone que los intereses de éstas los representan los órganos políticos a los que corresponde adoptar dichos actos.

A este respecto, el artículo 10 del anexo XI del Estatuto, que permite establecer excepciones, en determinadas condiciones, al método normal de adaptación anual de las retribuciones y pensiones previsto en el artículo 3 de dicho anexo, no es aplicable en el marco del procedimiento que ha dado lugar a la adopción del Reglamento en cuestión. Por tanto, los demandantes no pueden invocar derechos procesales derivados de esta disposición para acreditar su legitimación. Lo mismo sucede con el artículo 10 bis del Estatuto, con el artículo 9, apartado 3, del Estatuto, con el artículo 1 del anexo II del Estatuto, con el artículo 24 ter del Estatuto y con el artículo 55 del Estatuto. No obstante, el hecho de que las organizaciones sindicales o profesionales no puedan deducir derechos procesales de estas disposiciones no excluye que puedan disfrutar de tales derechos sobre la base de otras disposiciones del Derecho de la Unión, incluido el Estatuto. Así, los artículos 10 ter y 10 quater del Estatuto ofrecen respectivamente la posibilidad a la Comisión de consultar a dichas organizaciones representativas sobre las propuestas de revisión del Estatuto y la facultad a cada institución de celebrar acuerdos relativos a su personal con estas organizaciones. La circunstancia de que tales acuerdos no puedan suponer una modificación del Estatuto ni compromiso presupuestario alguno ni afectar al funcionamiento de la institución y de que las organizaciones sindicales o profesionales signatarias deban actuar en cada institución con sujeción a las competencias estatutarias del Comité de personal no se opone, en sí misma, a que esos acuerdos tengan por objeto conferir garantías procesales a dichas organizaciones.

(véanse los apartados 52 a 54, 69, 89, 95, 97 a 99 y 101)