ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
3.

Cohesión económica, social y territorial — Intervenciones de carácter estructural — Financiación por la Unión — Reglamentos (CE) n.os 1260/1999 y 1083/2006 y (UE) n.o 1303/2013 — Correcciones financieras — Plazo de caducidad para la adopción de la decisión por la Comisión — Ámbito de aplicación — Aplicabilidad en el tiempo [Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 145, ap. 6, y 154, párr. 2; Reglamentos (CE) del Consejo n.o 1260/1999, art. 39, ap. 3, y n.o 1083/2006, arts. 100, ap. 5, 105 y 108, párr. 2; Reglamento (CE) n.o 448/2001 de la Comisión, art. 5, ap. 3] (véanse los apartados 59 a 64)
4.

Marca de la Unión Europea—Renuncia, caducidad y nulidad—Causas de nulidad absoluta—Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009—Marca denominativa BasenCitrate [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 25, 26, 30, 31 y 40 a 42)
8.

Presupuesto de la Unión Europea — Reglamento financiero — Ejecución del presupuesto — Ejecución en régimen de gestión indirecta — Procedimiento especial reservado a las organizaciones internacionales — Suspensión por la Comisión de la posibilidad de celebrar contratos de gestión indirecta ante las dudas existentes sobre el estatus de organización internacional de una entidad — Procedencia [Art. 310 TFUE, ap. 5; Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 58, ap. 1, letra c), inciso ii), y 60, ap. 2; Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, art. 43, ap. 1] (véanse los apartados 128 y 134 a 136)
3.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marcas denominativas WAVE 2 PAY y WAVE TO PAY [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 23, 25 a 27 y 34)
5.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Solapamiento de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 35)
45

No obstante, si bien los elementos de la cuenta de resultados que se refiere al período de investigación sobre el dumping correspondiente al año 2012, facilitada por las demandantes o RFAI en respuesta al cuestionario de la Comisión o elementos más precisos aportados posteriormente durante la investigación, evocados anteriormente […], se detallan efectivamente en el sentido de que identifican un determinado número de partidas (por ejemplo, volumen de negocios, coste de los productos, transporte de exportación, garantías de exportación, salarios y complementos) según la naturaleza de los productos (ferrosilicio sujeto a la investigación y otros productos) y según el destino de esos productos (clientes independientes en la Unión, clientes vinculados en la Unión, clientes independientes en la exportación fuera de la Unión, clientes vinculados en la exportación fuera de la Unión) no permiten, en lo que se refiere al ferrosilicio sujeto a la exportación vendido a clientes independientes en la Unión, excluir con certeza gastos que no obedezcan a operaciones realizadas entre el paso de la frontera de la Unión y la primera reventa a un comprador independiente en el territorio de sus Estados miembros. En particular para un determinado número de partidas de gastos mencionadas en la réplica, nada indica en qué proporción afectan también a operaciones realizadas antes de cruzar la citada frontera (por ejemplo, comisiones, salarios y complementos, gastos o rentas financieras). Como se ha indicado anteriormente […], las demandantes admiten además que los datos obtenidos a raíz de la investigación no revelan el desglose de los costes entre esas diferentes operaciones, y añaden que la propia Comisión debería haberles pedido pruebas de dicho desglose que ellas no estaban obligadas a facilitar espontáneamente. Pues bien, como se ha declarado en esencia en las sentencias de 4 de mayo de 2017, RFA International/Comisión (C‑239/15 P, no publicada, EU:C:2017:337), apartados 34 a 44, y de 17 de marzo de 2015, RFA International/Comisión (T‑466/12, EU:T:2015:151), apartados 44 y 57 a 64 y jurisprudencia citada, en una situación de asociación entre el exportador y el importador, como en el caso de autos, incumbe a la parte interesada que se propone impugnar el alcance de los ajustes realizados con arreglo al artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base, por considerar que los ajustes determinados por los gastos de venta, gastos administrativos y gastos generales de importación en la Unión son excesivos, presentar las pruebas y cálculos concretos que justifiquen sus alegaciones y, en particular, el porcentaje alternativo a la vista del volumen de negocios que proponga para representar la parte de esos gastos que estime adecuada. Ello es en particular pertinente cuando la parte interesada sostiene que la Comisión solo tiene en su poder datos globales que pueden cubrir no solo las operaciones efectuadas entre el paso de la frontera de la Unión y la primera reventa a un comprador independiente, sino también las operaciones realizadas antes de cruzar la citada frontera.
162

A continuación, debe señalarse que el examen de los informes finales de auditoría revela que los costes controvertidos declarados por la demandante habían sido rechazados porque no cumplían los requisitos de subvencionabilidad establecidos, en particular, en el artículo II.14.1 de los acuerdos de subvención. Por otra parte, ello se desprende igualmente de las consideraciones anteriores relativas a los demás motivos invocados por la demandante. Tal como alega la Comisión fundadamente, las normas de auditoría, que, según la argumentación de la demandante, no habían sido objeto de acuerdo entre las partes, se refieren únicamente a los estándares profesionales y éticos que los auditores deben seguir en el ejercicio de sus funciones y no guardan ninguna relación con los requisitos de subvencionabilidad de los costes declarados por la demandante. Además, ésta no demuestra cuál sería el nexo entre tales normas de auditoría y las conclusiones de los auditores relativas al carácter subvencionable de los costes; expresado en otros términos, no demuestra de qué manera una norma de auditoría puede hacer que los gastos sean subvencionables o no.
8

Mediante su respuesta inicial de 15 de mayo de 2014, la DG «Salud y protección de los consumidores» concedió, en lo que respecta a los documentos incluidos en el lote n.o 1 (39 documentos en total), en el lote n.o 3 (24 documentos en total) y en el lote n.o 5 (5 documentos en total), un acceso total a la mayoría de dichos documentos (desprovistos de datos personales). Señaló que no había acabado de realizar el examen de los documentos comprendidos en los lotes n.os 2 y 4, y de una parte de los documentos comprendidos en el lote n.o 3. La Comisión concedió un acceso parcial a 13 documentos comprendidos en el lote n.o 1 o en el lote n.o 3. La denegación del acceso completo se basaba en la protección del proceso de toma de decisiones (prevista en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001), del asesoramiento jurídico (prevista en el artículo 4, apartado 2, segundo guion, del Reglamento n.o 1049/2001), de las relaciones internacionales [prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a), tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001], de los intereses comerciales de una persona física o jurídica (prevista en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001), y en la protección de la intimidad y la integridad de las personas [prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001].
60

En lo que respecta a la tesis de la Sala de Recurso expresada en el punto 25 de la resolución impugnada y defendida por la EUIPO ante el Tribunal, según la cual la cita de las disposiciones del ordenamiento jurídico búlgaro que introdujo la demandante, sin añadir ninguna indicación precisa sobre su fuente, sin reproducir el texto oficial y sin aportar pruebas de la existencia de tales normas, no podía constituir una prueba o un hecho en el sentido del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, ha de ser calificada de manifiestamente errónea, además de infundada. El artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 dispone que la EUIPO podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hayan alegado o las pruebas que no hayan presentado dentro de plazo. Pues bien, es indudable que la referencia a las normas del ordenamiento jurídico búlgaro tienen cabida en dicha disposición, que fue invocada por la demandante ante la Sala de Recurso. Aun suponiendo que tal referencia fuera insuficiente para cumplir la obligación de probar el Derecho nacional que recae sobre la demandante, la Sala de Recurso debía ejercer su facultad de apreciación.
27

En particular, en lo que se refiere, en primer lugar, a la comparación entre el CCCMR y los productos «colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes», la EUIPO sostiene que, aunque el primero puede ser un componente de los segundos, dado que el uno es una materia prima y que los otros son productos acabados, el vínculo entre ellos no es lo suficientemente estrecho para poder considerarlos similares. La EUIPO rebate las alegaciones de la demandante según las cuales, por una parte, el CCCMR no es una materia prima y, por otra parte, los productos designados por la marca controvertida no siempre se comercializan como productos acabados. Alega que, debido a su diferente naturaleza, los productos en cuestión no pueden considerarse ni intercambiables ni competidores. Añade que su destino también es diferente, en la medida en que uno se utiliza normalmente para la producción de otros productos, mientras que los otros son adquiridos normalmente por los usuarios finales para utilizarlos en decoración. La EUIPO alega que, según la jurisprudencia, las materias primas sometidas a un proceso de transformación son esencialmente diferentes de los productos acabados que incorporan o están revestidos de estas materias primas, tanto por su naturaleza como por su finalidad y destino, y que, cuando los productos presentan este tipo de relación, no pueden considerarse complementarios. Afirma también que la demandante no ha probado la existencia de empresas que producen materias primas como el producto designado por la marca anterior y que comercialicen productos acabados como los designados por la marca controvertida. La EUIPO discute la alegación de la demandante de que existe un solapamiento entre los compradores de CCCMR y los de los productos designados por la marca solicitada y alega que, en cualquier caso, los posibles compradores industriales percibirían las diferencias entre los productos en cuestión.
En lo que respecta a la alegación de que el método de determinación de los derechos utilizado por las autoridades italianas no supuso diferencias en el valor total de los derechos de ayuda asignados a los agricultores de que se trata y de que, en lo que respecta a los derechos especiales, se tuvo en cuenta la obligación de mantener las unidades de ganado mayor con arreglo al artículo 49 del Reglamento n.o 1782/2003, tal alegación no puede prosperar. Dado que este Reglamento estableció un método específico de cálculo de los derechos de ayuda a estos efectos, con objeto de garantizar la regularidad de los derechos asignados en todos los Estados miembros, la República Italiana estaba obligada a aplicarlo. Se deduce del análisis precedente que el artículo 48 del Reglamento n.o 1782/2003 tiene carácter obligatorio y no otorga ningún margen de discrecionalidad al Estado miembro. Por consiguiente, la República Italiana no puede sostener que su método alternativo es igualmente eficaz y capaz de prevenir los fraudes o, incluso, más favorable para el agricultor (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de marzo de 2002, España/Comisión, C‑130/99, EU:C:2002:192, apartado 87 y jurisprudencia que allí se cita, y de 28 de marzo de 2007, España/Comisión, T‑220/04, no publicada, EU:T:2007:97, apartado 89 y jurisprudencia que allí se cita).
24

En efecto, del tenor del artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 216/96 se desprende claramente que la posibilidad de formular pretensiones de anulación o modificación de la resolución impugnada sobre un punto no planteado en el recurso se limita a los procedimientos inter partes. Estas pretensiones deben formularse en el escrito de contestación presentado en el marco de dichos procedimientos. Éste es el motivo por el cual, como ha señalado con razón la demandante, la citada disposición prevé que dichas pretensiones quedarán sin objeto en caso de desistimiento del demandante ante la Sala de Recurso. Por tanto, para impugnar una resolución de la División de Oposición, el recurso autónomo establecido en el artículo 60 del Reglamento no 207/2009 es la única vía de recurso que permite hacer valer con seguridad las propias alegaciones. De esto se deriva que las pretensiones de anulación o de modificación de la resolución impugnada sobre un punto no planteado en el recurso, con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento no 216/96, son distintas del recurso previsto en el artículo 60 del Reglamento no 207/2009. Por tanto, como ha alegado fundadamente la demandante, los requisitos establecidos en ese último artículo no son aplicables a las mencionadas pretensiones.
33

El resto de los argumentos de la OAMI no puede invalidar esta conclusión. En particular, en lo que respecta a la afirmación realizada por la OAMI en sus escritos de que las pruebas presentadas en los debates no permitieron en cualquier caso a la Sala de Recurso concluir que el signo BASMATI hubiera adquirido una «reputación manifiesta» en el territorio en cuestión, ni que la demandante sea titular de un «goodwill» o que soporte un perjuicio a este respecto, ha quedado acreditado que estas cuestiones no fueron examinadas por la Sala de Recurso. Pues bien, ha de recordarse que, conforme al artículo 65, apartado 2, del Reglamento no 2007/2009, el Tribunal lleva a cabo un control de la legalidad de las resoluciones de la OAMI (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, apartado 52). Si concluye que una de esas resoluciones, cuestionada en un recurso interpuesto ante él, adolece de una ilegalidad, debe anularla. Sin embargo, no puede desestimar el recurso sustituyendo la motivación del órgano competente de la OAMI, que es la autora del acto impugnado, por la suya propia [sentencias de 25 de marzo de 2009, Kaul/OAMI — Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec, EU:T:2009:85, apartado 49, y de 9 de septiembre de 2010, Axis/OHMI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, Rec, EU:T:2010:375, apartado 29]. De ello resulta que las alegaciones formuladas por la OAMI en sus escritos no pueden dar lugar a la desestimación del recurso.
9.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Solicitud de acceso a informaciones medioambientales — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1367/2006 que tiene carácter especial con respecto al Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Presunción iuris et de iure de que existe un interés público superior que obliga a la divulgación de información relativa a emisiones al medio ambiente [Reglamentos (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2, y (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 6] (véase el apartado 94)
La realización de una copia imagen de un disco duro de ordenadores de la empresa que es objeto de una inspección en virtud del artículo 20, apartado 4, del Reglamento n.o 1/2003 y de copias de series de correos electrónicos está comprendida en las facultades que el artículo 20, apartado 2, letras b) y c), de ese Reglamento confiere a la Comisión, siempre que se enmarque en la aplicación por parte de esa institución de la tecnología de las herramientas para el análisis forense, cuyo objeto consista en buscar información pertinente para la investigación en el disco duro de un ordenador con ayuda de un programa específico.

A este respecto, el artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, prevé que, para la realización de las tareas que le asigna dicho Reglamento, la Comisión podrá proceder a cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresas. Por lo que se refiere a las facultades de que dispone la Comisión para llevar a cabo una inspección, el artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003 dispone, en particular, que los agentes y demás personas acreditadas por la Comisión para proceder a una inspección estarán facultados para examinar los libros y cualquier otra documentación profesional, cualquiera que sea su soporte material, y hacer u obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos libros o de la documentación.

Pues bien, en la medida en que se realiza una copia de los datos almacenados en un soporte de datos digitales de la empresa inspeccionada para permitir la búsqueda, en los locales de la Comisión, de los documentos pertinentes para la investigación, la realización de tal copia está comprendida en las facultades que el artículo 20, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento n.o 1/2003 confiere a la Comisión.

En efecto, el artículo 20, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1/2003 no exige que el control de los libros o de la documentación profesional de las empresas inspeccionadas se efectúe exclusivamente en sus locales cuando tal inspección no pudo concluirse en el plazo de tiempo inicialmente previsto. Únicamente obliga a la Comisión a respetar, cuando realiza el control de los documentos en sus locales, las mismas garantías a favor de las empresas inspeccionadas que las que debe observar cuando realiza un control in situ.

(véanse los apartados 50, 51, 53, 56 y 60)
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima)

de 9 de septiembre de 2016 — Tri‑Ocean Trading/Consejo

(Asunto T‑709/14)

«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Siria — Congelación de fondos — Error de apreciación»

1. Procedimiento judicial — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos — Ampliación de un motivo existente — Admisibilidad (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 84, ap. 1) (véase el apartado 34)

2. Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Medidas restrictivas contra Siria — Alcance del control — Exclusión de los elementos puestos en conocimiento de la institución después de la adopción de la decisión impugnada [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Decisión 2013/255/PESC del Consejo; Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo] (véanse los apartados 39 a 41 y 43)

3. Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Siria — Congelación de fondos y recursos económicos — Recurso de anulación de una persona que se beneficia del régimen sirio afectada por una Decisión de congelación de fondos — Reparto de la carga de la prueba — Decisión fundada en un conjunto de indicios — Procedencia — Requisitos [Decisión 2013/255/PESC del Consejo; Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo] (véase el apartado 42)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE que tiene por objeto la anulación de la Decisión de Ejecución 2014/488/PESC del Consejo, de 22 de julio de 2014, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2014, L 217, p. 49), y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 793/2014 del Consejo, de 22 de julio de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2014, L 217, p. 10), en la medida en que estos actos afectan a la demandante.

Fallo

1) Anular la Decisión de Ejecución 2014/488/PESC del Consejo, de 22 de julio de 2014, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 793/2014 del Consejo, de 22 de julio de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en la medida en que afectan a Tri-Ocean Trading.
2.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Utilización del valor calculado — Cálculo de los costes de producción con arreglo a los registros contables — Excepción — Gastos relacionados con la fabricación y venta del producto objeto de la investigación que no se consignaron correctamente en dichos registros — Carga de la prueba que corresponde a las instituciones — Control jurisdiccional — Alcance [Reglamentos (CE) del Consejo n.o 1972/2002, considerando 4, y n.o 1225/2009, arts. 2, ap. 3, párr. 2, y 5, párrs. 1 y 2] (véanse los apartados 40 a 44 y 48 a 71)
Carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 sobre la marca comunitaria una marca tridimensional que se presenta en forma de una botella curvada sin estrías cuya parte central es ligeramente curvada y cuya parte superior está compuesta de un embudo levemente abombado en el cuello, cuyo registro se solicita para «metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; productos metálicos no comprendidos en otras clases; botellas metálicas», de la clase 6 del Arreglo de Niza, para «utensilios y recipientes para el menaje o la cocina; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases; botellas de vidrio y de plástico», de la clase 21 del mismo Arreglo, y para «cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otros preparados para hacer bebidas», de la clase 32 del citado Arreglo. La marca solicitada se caracteriza por su forma y su envase, que presentan una silueta curvada. Sin embargo, esa forma y ese envase no representan algo más que la suma de los elementos que componen la marca solicitada, a saber, una botella, al igual que la mayoría de las botellas en el mercado. En efecto, esa forma y ese envase pueden ser comúnmente utilizados en el comercio de los productos a los que se refiere la solicitud de registro. De ello se deduce que la manera en la que se combinan los elementos de la marca compleja considerada tampoco puede conferirle un carácter distintivo. La marca solicitada sólo constituye una variante de la forma y del envase de los productos referidos que no permitirá que el consumidor medio distinga esos productos de los de otras empresas.

(véanse los apartados 46, 47, 50 y 51)
3.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa Slim legs by airpressure bodyforming [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 23, 35, 40, 48 y 49)
1)

Anular el artículo 1 de la Decisión 2014/222/PESC del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) no 397/2014 del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán, en la medida en que afectan a North Drilling Co.