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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 141/36

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Liège — Bélgica) — Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV, Juventus Football Club SPA/Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd, Global Entertainment Ltd

(Asunto C-584/08) (1)

2009/C 141/73

Lengua de procedimiento: francés

El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

(1) DO C 55, de 7.3.2009.
5)

El artículo 50 del Reglamento no 1493/1999 debe interpretarse en el sentido de que, al aplicar las disposiciones de los artículos 23 y 24 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), y en particular, lo previsto en el artículo 24, apartado 6, de dicho Acuerdo, esas disposiciones no se oponen a la adopción de medidas, como las previstas por el Reglamento no 753/2002, recogidas en el Reglamento no 1429/2004, cuyo efecto es prohibir la utilización del término «Tocai» para la designación y la presentación de ciertos vinos italianos de calidad producidos en una región determinada al término del período transitorio que finalizó el 31 de marzo de 2007.
1)

El artículo 42, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, en relación con el artículo 197, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112, en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una operación triangular, el adquirente final no ha sido válidamente designado como deudor del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en caso de que la factura emitida por el adquirente intermedio no contenga la mención «inversión del sujeto pasivo», prevista en el artículo 226, punto 11 bis, de la Directiva 2006/112, en su versión modificada.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de julio de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países Bajos) — Sense Visuele Communicatie en Handel vof (que también actúa bajo el nombre De Scharrelderij) / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Asunto C-36/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política agrícola común - Reglamento (UE) n.o 1307/2013 - Regímenes de ayuda directa - Normas comunes - Artículos 30, apartado 6, y 50, apartado 2 - Solicitud de asignación de derechos de pago con cargo a la Reserva Nacional para Jóvenes Agricultores - Autoridad administrativa nacional que ha facilitado información errónea en relación con la calificación de una persona como «joven agricultor» - Principio de protección de la confianza legítima - Acción de indemnización de un perjuicio basada en la vulneración del principio de Derecho nacional de protección de la confianza legítima)

(2022/C 340/12)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Sense Visuele Communicatie en Handel vof (que también actúa bajo el nombre De Scharrelderij)

Demandadas: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Fallo

El Derecho de la Unión y, en particular, el principio de protección de la confianza legítima deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un justiciable obtenga, en virtud del principio de protección de la confianza legítima reconocido por el Derecho nacional y únicamente sobre la base de ese Derecho, la indemnización de un perjuicio resultante de una interpretación errónea facilitada por una autoridad nacional de una disposición precisa del Derecho de la Unión, siempre que dicha indemnización no implique la concesión de una ventaja contraria al Derecho de la Unión, no vaya en detrimento del presupuesto de la Unión Europea y no ocasione distorsiones de la competencia entre los Estados miembros.

(1) DO C 128 de 12.4.2021.
2)

El artículo 5, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 715/2007 debe interpretarse en el sentido de que un dispositivo de desactivación que garantiza el cumplimiento de los valores límite de emisiones establecidos en dicho Reglamento únicamente cuando la temperatura exterior se sitúa entre 15 y 33 grados Celsius y se circula a menos de 1 000 metros de altitud no puede estar comprendido en la excepción a la prohibición de utilizar tales dispositivos, establecida en esa disposición, por el mero hecho de que el referido dispositivo contribuya a preservar componentes como la válvula de recirculación de los gases de escape (EGR), el intercambiador térmico EGR y el filtro de partículas diésel, a no ser que se demuestre que dicho dispositivo responde estrictamente a la necesidad de evitar los riesgos inmediatos de averías o accidentes en el motor, causados por un mal funcionamiento de uno de esos componentes, de tal gravedad que generarían un peligro concreto durante la conducción del vehículo equipado con el mismo dispositivo. En cualquier caso, no puede estar comprendido en la excepción del artículo 5, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 715/2007 un dispositivo de desactivación diseñado para funcionar, en condiciones normales de circulación, la mayor parte del año con el fin de que el motor esté protegido contra averías o accidentes y se garantice el manejo seguro del vehículo.
1)

El artículo 2, letra e), del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «obligación de servicio público» a que se refiere dicha disposición incluye la obligación impuesta a las empresas que presten en el territorio del Estado miembro de que se trate un servicio público de transporte por carretera y por ferrocarril, establecida en una disposición legislativa nacional, de transportar gratuitamente y sin recibir una compensación del Estado a determinadas categorías de viajeros, en particular, niños en edad preescolar y determinadas categorías de personas discapacitadas.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de marzo de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles — Bélgica) — bpost SA / Autorité belge de la concurrence

(Asunto C-117/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Competencia - Servicios postales - Sistema de tarificación adoptado por un proveedor de servicio universal - Multa impuesta por una autoridad nacional de reglamentación del sector postal - Multa impuesta por una autoridad nacional de competencia - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 50 - Principio non bis in idem - Existencia de la misma infracción - Artículo 52, apartado 1 - Limitaciones del principio non bis in idem - Acumulación de procedimientos y sanciones - Requisitos - Persecución de un objetivo de interés general - Proporcionalidad)

(2022/C 198/04)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandante: bpost SA

demandada: Autorité belge de la concurrence

con intervención de: Publimail SA, Comisión Europea

Fallo

El artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con el artículo 52, apartado 1, de esta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una persona jurídica sea sancionada con una multa por haber cometido una infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia cuando esa persona ya ha sido objeto, por los mismos hechos, de una resolución, que ha adquirido firmeza, como resultado de un procedimiento relativo a la infracción de una normativa sectorial que tiene por finalidad la liberalización del mercado de que se trate, siempre que existan normas claras y precisas que permitan prever qué actos y omisiones pueden ser objeto de una acumulación de procedimientos y sanciones, así como la coordinación entre las dos autoridades competentes, que los dos procedimientos se hayan tramitado de manera suficientemente coordinada y próxima en el tiempo, y que el conjunto de las sanciones impuestas corresponda a la gravedad de las infracciones cometidas.

(1) DO C 161 de 11.5.2020.
C 171/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de marzo de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf — Alemania) — Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke AG

(Asunto C-421/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Propiedad intelectual - Dibujos y modelos comunitarios - Reglamento (CE) n.o 6/2002 - Artículo 82, apartado 5 - Acción entablada ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción - Pretensiones conexas a una acción por infracción - Derecho aplicable - Artículo 88, apartado 2 - Artículo 89, apartado 1, letra d) - Reglamento (CE) n.o 864/2007 - Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») - Artículo 8, apartado 2 - País en el que se haya cometido la infracción del derecho de propiedad intelectual)

(2022/C 171/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Acacia Srl

Demandada: Bayerische Motoren Werke AG

Fallo

El artículo 88, apartado 2, y el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, así como el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), deben interpretarse en el sentido de que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios que conocen de una acción por infracción en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, que tienen por objeto actos de infracción cometidos o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, deben examinar las pretensiones conexas de dicha acción, por las que se solicitan una indemnización por daños y perjuicios, la presentación de información, documentos y cuentas así como la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción, sobre la base del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se hayan cometido o pudieren cometerse los actos que supuestamente violen el dibujo o modelo comunitario invocado, lo que coincide, en las circunstancias de una acción ejercitada con arreglo al citado artículo 82, apartado 5, con el Derecho del Estado miembro en el que se sitúan esos tribunales.

(1) DO C 433 de 14.12.2020.
C 165/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de febrero de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — XXXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Asunto C-483/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política común en materia de asilo - Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional - Directiva 2013/32/UE - Artículo 33, apartado 2, letra a) - Inadmisibilidad de una solicitud de protección internacional presentada en un Estado miembro por un nacional de un tercer país que ha obtenido el estatuto de refugiado en otro Estado miembro cuando su hijo menor de edad, beneficiario de protección subsidiaria, reside en el primer Estado miembro - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 7 - Derecho al respeto de la vida familiar - Artículo 24 - Interés superior del menor - Inexistencia de infracción de los artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales como consecuencia de la inadmisibilidad de la solicitud de protección internacional - Directiva 2011/95/UE - Artículo 23, apartado 2 - Obligación de los Estados miembros de velar por el mantenimiento de la unidad familiar de los beneficiarios de protección internacional)

(2022/C 165/16)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandante: XXXX

Demandada: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Fallo

El artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con los artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro ejerza la facultad que ofrece dicha disposición de denegar, por considerarla inadmisible, una solicitud de protección internacional por el hecho de que otro Estado ya haya concedido el estatuto de refugiado al solicitante, cuando este es padre de un menor no acompañado que ha obtenido protección subsidiaria en el primer Estado miembro, sin perjuicio, no obstante, de que se aplique el artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida.

(1) DO C 9 de 11.1.2021.
C 73/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 9 de diciembre de 2021 — Agrochem-Maks d.o.o. / Comisión Europea, Reino de Suecia

(Asunto C-374/20 P) (1)

(Recurso de casación - Productos fitosanitarios - Sustancia activa - Reglamento (CE) n.o 1107/2009 - Artículo 6, letra f) - Anexo II, punto 2.2 - Concepto de «información confirmatoria complementaria» - Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 - Artículo 13, apartado 3 - No renovación de la aprobación de la sustancia activa «oxasulfuron» con el fin de su comercialización - Alcance de la decisión del Estado miembro ponente por la que se declara admisible la solicitud de renovación - Derecho de este Estado miembro y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), a exigir al solicitante que facilite información complementaria - Derecho del Estado miembro ponente de modificar su proyecto de informe de evaluación de la renovación - Principio de cautela)

(2022/C 73/06)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Agrochem-Maks d.o.o. (representantes: S. Pappas y A. Pappas, avocats)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: inicialmente X. Lewis, I. Naglis y G. Koleva, posteriormente G. Koleva, agentes), Reino de Suecia (representantes: J. Lundberg, O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, A. M. Runeskjöld, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson y M. Salborn Hodgson, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Codenar a Agrochems-Maks d.o.o. a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

3) El Reino de Suecia cargará con sus propias costas.

(1) DO C 329 de 5.10.2020.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — LW / Bundesrepublik Deutschland

(Asunto C-91/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política común en materia de asilo y de protección subsidiaria - Normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional - Directiva 2011/95/UE - Artículos 3 y 23 - Normas más favorables que los Estados miembros pueden introducir o mantener para extender el derecho de asilo o la protección subsidiaria a los miembros de la familia del beneficiario de protección internacional - Concesión, con carácter derivado, del estatuto de refugiado de un progenitor a su hijo menor de edad - Mantenimiento de la unidad familiar - Interés superior del niño)

(2022/C 11/07)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: LW

Demandada: Bundesrepublik Deutschland

Fallo

Los artículos 3 y 23, apartado 2, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro, en virtud de disposiciones nacionales más favorables, conceda, con carácter derivado y con el fin de mantener la unidad familiar, el estatuto de refugiado a un menor soltero, hijo de un nacional de un tercer país al que se ha reconocido ese estatuto en virtud del régimen establecido por esta Directiva, incluso en el caso de que el menor haya nacido en el territorio de ese Estado miembro y posea, a través de su otro progenitor, la nacionalidad de otro tercer país en cuyo territorio no correría el riesgo de sufrir persecución, siempre que ese menor no esté comprendido en alguna de las causas de exclusión a las que se refiere el artículo 12, apartado 2, de dicha Directiva y no tenga derecho, por su nacionalidad o por cualquier otro elemento que caracterice su condición jurídica personal, a un mejor trato en dicho Estado miembro que el resultante de la obtención del estatuto de refugiado. A este respecto, resulta irrelevante saber si es posible y razonable que el menor y sus progenitores se instalen en ese otro tercer país.

(1) DO C 209 de 22.6.2020.
C 2/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 28 de octubre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep — Países Bajos) — Y / CAK

(Asunto C-636/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Asistencia sanitaria transfronteriza - Concepto de «persona asegurada» - Reglamento (CE) n.o 883/2004 - Artículo 1, letra c) - Artículo 2 - Artículo 24 - Derecho a las prestaciones en especie proporcionadas por el Estado miembro de residencia por cuenta del Estado miembro responsable del pago de la pensión - Directiva 2011/24/UE - Artículo 3, letra b), inciso i) - Artículo 7 - Reembolso de los costes de la asistencia sanitaria recibida en un Estado miembro distinto del Estado miembro de residencia y del Estado miembro responsable del pago de la pensión - Requisitos)

(2022/C 2/03)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Centrale Raad van Beroep

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Y

Demandada: CAK

Fallo

Los artículos 3, letra b), inciso i), y 7, apartado 1, de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, en relación con los artículos 1, letra c), y 2 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una pensión conforme a la legislación de un Estado miembro, que tiene derecho, en virtud del artículo 24 de dicho Reglamento, en su versión modificada, a las prestaciones en especie proporcionadas por el Estado miembro de su residencia por cuenta del Estado miembro responsable del pago de su pensión, debe tener la consideración de «asegurado», en el sentido del artículo 7, aparatado 1, de esta Directiva, y puede obtener el reembolso de los costes de la asistencia sanitaria transfronteriza que ha recibido en un tercer Estado miembro, sin estar afiliado al régimen obligatorio del seguro de enfermedad del Estado miembro responsable del pago de la pensión.

(1) DO C 383 de 11.11.2019.
C 481/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Asunto C-561/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 267 TFUE - Alcance de la obligación de remisión de los órganos jurisdiccionales nacionales que resuelven en última instancia - Excepciones a dicha obligación - Criterios - Cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión planteada por las partes del procedimiento nacional después de que el Tribunal de Justicia haya dictado una sentencia prejudicial en ese procedimiento - Falta de indicación de las razones que justifican la necesidad de una respuesta a las cuestiones prejudiciales - Inadmisibilidad parcial de la petición de decisión prejudicial)

(2021/C 481/15)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Demandada: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Fallo

El artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno debe cumplir con la obligación de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión que se le haya sometido, salvo que constate que dicha cuestión no es pertinente, que la disposición del Derecho de la Unión de que se trate ya ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia o que la interpretación correcta del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable.

La concurrencia de tal eventualidad debe apreciarse en función de las características propias del Derecho de la Unión, de las dificultades particulares que presenta su interpretación y del riesgo de divergencias jurisprudenciales dentro de la Unión.

Tal órgano jurisdiccional no puede quedar dispensado de dicha obligación por la única razón de que ya ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia en el marco del mismo asunto nacional. No obstante, puede abstenerse de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia por motivos de inadmisibilidad propios del procedimiento de que conoce, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.

(1) DO C 357 de 21.10.2019.
3)

Condenar en las costas relativas al recurso de casación a FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Kněžmost s. r. o., Hutira FVE — Omice a.s., Exit 90 SPV s. r. o., Onyx Energy s. r. o., Onyx Energy projekt II s. r. o., Photon SPV 1 s. r. o., Photon SPV 3 s. r. o., Photon SPV 4 s. r. o., Photon SPV 6 s. r. o., Photon SPV 8 s. r. o., Photon SPV 10 s. r. o., Photon SPV 11 s. r. o., Antaris GmbH, M. Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbHet y WA Investments-Europa Nova Ltd.