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Palabras clave

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Palabras clave

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Procedimiento ° Escrito de interposición del recurso ° Requisitos de forma ° Exposición sumaria de los motivos invocados ° Fundamentos jurídicos no expuestos en la demanda ° Remisión al conjunto de los anexos ° Inadmisibilidad

[Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia, art. 19, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

Índice

Con arreglo al párrafo primero del artículo 19 del Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia y a la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda de interposición del recurso deberá contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Con independencia de cualquier cuestión terminológica, esta exposición debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal ejercer su control jurisdiccional. Tanto la seguridad jurídica como una buena administración de la Justicia exigen que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se base el recurso resulten, en esencia, con la suficiente claridad, de la demanda misma. Aunque el cuerpo de esta última puede apoyarse y completarse, en aspectos específicos, mediante remisiones a partes de los documentos que se le adjuntan, una remisión global al conjunto de los anexos de la demanda, con el fin de exponer los elementos esenciales de la argumentación jurídica, no cumple los requisitos del Estatuto del Tribunal de Justicia ni los del Reglamento de Procedimiento. En efecto, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir su propia apreciación a la del demandante e intentar buscar e identificar en los anexos, que tienen una mera función probatoria e instrumental, los motivos que este último podría considerar que constituyen el fundamento del recurso.

En el escrito de réplica no se pueden indicar válidamente motivos que no se hayan expuestos, aunque sumariamente, en la demanda.
El funcionario que pretende solicitar la anulación, la modificación o la revocación de una decisión de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos que constituye, respecto a él, un acto lesivo, no puede iniciar la fase administrativa previa durante la tramitación de la petición, sino que debe presentar directamente una reclamación contra dicho acto, conforme al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto.

El hecho de que una Institución, por razones relacionadas con su política de personal, responda sobre la cuestión de fondo a una reclamación administrativa extemporánea, no excluye la aplicación del sistema de plazos imperativos establecidos por los artículos 90 y 91 del Estatuto, ni priva a la Administración de la facultad de proponer, en el curso del proceso jurisdiccional, una excepción de inadmisibilidad por extemporaneidad de la reclamación.

Los plazos para interponer un recurso son de orden público y no constituyen un instrumento dejado al libre arbitrio de las partes o del juzgador. También ello es válido para los plazos de reclamación que, desde un punto de vista procesal, les preceden y son de la misma naturaleza ya que concurren a regular la misma vía de recurso que tiene por finalidad garantizar la certidumbre y la seguridad jurídicas.

Dicha decisión, carente de cualquier elemento nuevo en relación con la precedente situación de hecho o de Derecho, no puede hacer que renazca, en beneficio del interesado, un derecho a recurrir ya extinguido.

Toda decisión denegatoria, sea expresa o presunta, si es pura y simple, no hace sino confirmar el acto o la abstención que denuncia el demandante, y no constituye, por sí sola, un acto impugnable.

En el marco del recurso establecido en el artículo 91 del Estatuto y en el supuesto de un acto de carácter general destinado a ser aplicado mediante una serie de decisiones individuales que afectan a todos o a la mayor parte de los funcionarios de una Institución, no puede privarse al funcionario, considerado individualmente, del derecho a invocar la no conformidad a Derecho de este acto para atacar la decisión individual que le permita saber con certeza cómo y en qué medida están afectados sus intereses particulares. Sin embargo, con arreglo al apartado 2 del artículo 91 del Estatuto, los recursos de funcionarios, interpuestos en el marco del artículo 179 del Tratado, deben dirigirse contra la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos y contra los actos u omisiones que emanen de esta Autoridad y que sean lesivos para el demandante. No pueden ser objeto de anulación total o parcial del acto que tenga carácter de Reglamento; su conformidad a Derecho sólo puede ser impugnada mediante la excepción de ilegalidad en el marco del recurso interpuesto contra la decisión individual que lo aplique.
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En primer lugar, los demandantes imputan al Parlamento Europeo no haber respetado la igualdad de los candidatos del concurso por cuanto las máquinas de escribir que se pusieron a su disposición eran de distintos modelos. También afirman los demandantes que, a diferencia de lo que ocurrió con las pruebas que tuvieron lugar en Roma, donde personas peritas explicaron el funcionamiento y el modo de empleo de las máquinas, los candidatos de Luxemburgo no recibieron ninguna explicación acerca del funcionamiento de las máquinas de escribir y tuvieron que servirse de los manuales de instrucciones redactados en neerlandés y alemán, lenguas éstas que algunos de ellos no conocían. Temiendo ser eliminados por un ejercicio de mecanografía en el cual no se respetó el principio de igualdad, sufriendo, de esta forma, un perjuicio irreparable, consideran los demandantes que se dan reunidos los requisitos legales para la concesión de las medidas provisionales.
Si bien es cierto que, antes de la jubilación, suceso futuro e incierto, los derechos a pensión son derechos virtuales en curso de formación diaria, no es menos evidente que un acto administrativo que decide que un período de actividad no puede tenerse en cuenta a la hora de calcular las anualidades de pensión o que una decisión denegatoria de la solicitud de bonificación prevista en el artículo 5 del anexo VIII del Estatuto afecta de forma inmediata y directa a la situación jurídica del interesado, aun cuando tal acto sólo se lleve a efecto con posterioridad. Por consiguiente, el funcionario tiene, por principio, un interés legítimo, existente y actual para recurrir contra tal acto.

En el marco de una controversia entre una institución y un funcionario, este ultimo tiene derecho a no considerar un intercambio de puntos de vista corno una definición de postura definitiva de la Administración más que en el momento de recibir la primera carta de ésta exponiendo la motivación de la citada postura. Solamente entonces tiene que interponer una reclamación dentro de los plazos previstos por el Estatuto.

No puede admitirse un recurso cuando se interpone contra un acto de trámite, en particular, contra un acto que entra en la categoría de información administrativa, puesto que se remite a un acto decisorio ulterior o que no proceda de una autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

Una carta dirigida a un funcionario no tiene, en modo alguno, carácter decisorio, sobre todo cuando su autor tuvo especial cuidado en llamar la atención del demandante acerca del hecho que los cálculos de sus derechos a pensión que le son comunicados lo son con carácter indicativo, debiendo ser objeto de confirmación ulterior.
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En primer lugar, la demandante subrayó que había percibido una subvención no reintegrable (de minimis) del presupuesto de la Unión, con base en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, adoptado en ejecución del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2005, L 277, p. 1). Indicó que esta subvención se había concedido con el propósito de conseguir los objetivos de la política de desarrollo rural de la Unión de crear de nuevos puestos de trabajo en microempresas no agrícolas en las zonas rurales y promover el espíritu empresarial en esas mismas zonas, que no era una ayuda a la inversión y que perseguía un objetivo diferente. La demandante alegó que no es adecuado que fondos destinados al objetivo de la política de desarrollo rural de la Unión, consistente en «crear oportunidades de empleo y condiciones propicias para el crecimiento» en el marco de la política agrícola común (PAC), sean tratados como fondos destinados a la consecución de la cuota indicativa de energías renovables en el consumo final bruto de energía en el marco de la política medioambiental de la Unión. Recordó que el apartado 190 de las Directrices de la Unión sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente de 2008 permite acumular las ayudas a la inversión y de funcionamiento cuando se conceden para alcanzar objetivos diferentes en relación con distintas políticas de la Unión, siempre que el total no supere los límites máximos impuestos por la normativa. Además, alegó que, aunque pudiera tratarse de una ayuda a la inversión, las autoridades búlgaras no habían cumplido las normas relativas a la acumulación de las ayudas, en concreto, porque no habían deducido la ayuda a la inversión de la ayuda de funcionamiento, sino que, sin justificación, habían dividido por cuatro la ayuda de funcionamiento antes de deducir de ella la ayuda a la inversión. Además, los precios impuestos por el artículo 18 de la Ley modificativa no eran acordes, a su juicio, a lo que se indicaba en los apartados 16 a 19 de la Decisión en el asunto SA.44840.
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 10 de noviembre de 2021 — PIK-KO/EUIPO — Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

(Asunto T‑73/21)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión P.I.C. Co. — Marca figurativa nacional anterior PIK — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001] — Declaración de nulidad parcial»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 53, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 19 a 21 y 53)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Apreciación del riesgo de confusión — Determinación del público pertinente — Nivel de atención del público [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 53, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 23)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre los productos o servicios de que se trata — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 53, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 25)

4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación — Marca compuesta [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 53, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 27, 28 y 30)

5. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas figurativas P.I.C. Co. y PIK [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 53, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 38, 47, 51, 52 y 61 a 65)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de noviembre de 2020 (asunto R 1847/2019‑5), relativa a un procedimiento de nulidad entre Haribo Ricqles Zan y PIK‑KO.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
1

La loi n.o 2000‑108, du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (Ley n.o 2000‑108, de 10 de febrero de 2000, relativa a la modernización y al desarrollo del servicio público de electricidad) (JORF de 11 de febrero de 2000, p. 2143) tiene por objeto fomentar el desarrollo de energías renovables en el territorio francés. A tal efecto, introdujo una obligación de compra, recogida en los artículos L.314‑1 y siguientes del code de l’énergie (Código de la energía), según la cual Électricité de France (EDF) y los distribuidores no nacionalizados mencionados en el artículo 23 de la loi n.o 46‑628, du 8 avril 1946, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (Ley n.o 46‑628, de 8 de abril de 1946, sobre la nacionalización de la electricidad y del gas) tienen la obligación de celebrar, cuando los productores interesados lo soliciten, un contrato para la compra de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, incluida la energía fotovoltaica, de una duración de 20 años a un precio fijado mediante orden ministerial de fijación de tarifas. Hasta el 31 de diciembre de 2015, los costes soportados por EDF y los distribuidores no nacionalizados mencionados en el artículo 23 de la Ley n.o 46‑628 debido a la obligación de compra fueron objeto, en virtud del décret n.o 2004‑90, du 28 janvier 2004, relatif à la compensation de charges de service public d’électricité (Decreto n.o 2004‑90, de 28 de enero de 2004, relativo a la compensación de cargas de servicio público de electricidad), de un mecanismo de compensación íntegra financiado mediante una contribución al servicio público de electricidad abonada por los consumidores de electricidad. Desde el 1 de enero de 2016, estos costes se compensan mediante una cuenta de afectación especial para la transición energética financiada mediante impuestos sobre el consumo de productos energéticos.
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Pues bien, de lo anterior resulta que los abogados del demandante no identificaron ningún elemento en la versión confidencial de los anexos del informe de la OLAF cuyo contenido esencial no se encontrara ya en la versión no confidencial del informe de la OLAF. Esta actuación podía realizarse sin comunicar al demandante la versión confidencial de los anexos del informe de la OLAF. Dado que no se identificaron estos elementos, no es necesario, en cualquier caso, examinar las observaciones adicionales susceptibles de incidir en el resultado del procedimiento administrativo que el demandante habría podido presentar él mismo en esa fase del procedimiento si hubiera tenido conocimiento de esos documentos.
3

El 10 de junio de 2020, la Comisión adoptó la Decisión C(2020) 3989 final, relativa a la ayuda estatal SA.57369 (2020/N) — COVID‑19 — Portugal — Ayuda otorgada a TAP (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), mediante la cual, tras concluir que la medida controvertida constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, valoró la compatibilidad de esta con el mercado interior, en particular a la luz del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), y de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO 2014, C 249, p. 1; en lo sucesivo, «Directrices»). La Comisión declaró la medida controvertida compatible con el mercado interior.
73

En los apartados 188 y 189 de la sentencia de 10 de abril de 2019, Jindal Saw y Jindal Saw Italia/Comisión (T‑301/16, EU:T:2019:234), el Tribunal añadió: «188 […] como la Comisión tuvo en cuenta, para determinar el precio del producto similar de la industria de la Unión, los precios de las ventas efectuadas por las entidades de comercialización vinculadas al principal productor de la Unión, mientras que, para determinar el precio del producto analizado producido por Jindal Saw, no tuvo en cuenta los precios de las ventas efectuadas por las entidades de comercialización del grupo Jindal Saw, no cabe considerar que el cálculo de la subcotización se efectuara comparando los precios en la misma fase de comercialización. 189 Ahora bien, […] la comparación de los precios en una misma fase de comercialización constituye un requisito para la legalidad del cálculo de la subcotización del precio del producto analizado. Por lo tanto, procede considerar contrario al artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base el cálculo de la subcotización llevado a cabo por la Comisión en el Reglamento impugnado.»
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Al haber sido derogado el Reglamento n.o 2454/93, estas disposiciones deberán entenderse referidas, en la actualidad, al Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2013, L 269, p. 1), en relación con el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del código aduanero de la Unión (DO 2015, L 343, p. 1), y con el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento n.o 952/2013 (DO 2015, L 343, p. 558). Estos últimos definen, en particular, lo que debe entenderse por un producto «originario» de un país.
2

El artículo 9 del Protocolo (n.o 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 266; en lo sucesivo, «Protocolo n.o 7») presenta el siguiente tenor: «Mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán: a) en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país; b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial. Gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento […] o regresen de este. […]»
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Además, en caso de que la Comisión sostenga que el artículo 12 del Reglamento de Ejecución n.o 725/2011 debe interpretarse de tal manera que se ajuste al Reglamento n.o 443/2009, procede recordar que, si bien, según jurisprudencia reiterada, un reglamento de ejecución debe asimismo ser objeto, si es posible, de una interpretación conforme con las disposiciones del reglamento de base, esta jurisprudencia no es aplicable cuando se trate de una disposición de un reglamento de ejecución cuyo sentido sea claro y carente de ambigüedad y que, por lo tanto, no requiera interpretación alguna (véase la sentencia de 28 de febrero de 2017, Canadian Solar Emea y otros/Consejo, T‑162/14, no publicada, EU:T:2017:124, apartado 150 y jurisprudencia citada). En caso contrario, el principio de interpretación conforme de los actos de Derecho derivado de la Unión serviría de fundamento para una interpretación contra legem, lo que no cabe admitir (véase, en este sentido, el auto de 17 de julio de 2015, EEB/Comisión, T‑685/14, no publicado, EU:T:2015:560, apartado 31 y jurisprudencia citada).
6.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enunciados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 79)
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Sin embargo, consta que las demandantes no participaron en el procedimiento de control de la concentración entre UPS y TNT, a pesar de que el artículo 18, apartado 4, del Reglamento n.o 139/2004 y el artículo 11, letras b) y c), del Reglamento n.o 802/2004 les permitían ser oídas durante dicho procedimiento. En respuesta a las preguntas que el Tribunal formuló sobre este punto en la vista, las demandantes confirmaron que no habían participado en el procedimiento a pesar de tener la posibilidad de hacerlo utilizando esa vía. En estas circunstancias, las demandantes no pueden invocar fundadamente la vulneración por parte de la Comisión de sus derechos procedimentales, incluidos los mencionados en el artículo 41 de la Carta, con ocasión de un procedimiento en el que decidieron no participar.
329

No obstante, en el presente asunto, las alegaciones de la demandante basadas en una descripción insuficiente del plan conjunto en el marco del pliego de cargos son inoperantes. En efecto, el acto objeto del presente recurso es la Decisión impugnada y no el pliego de cargos, que, además, es un acto de carácter meramente provisional. Aunque el pliego de cargos debe enunciar todos los elementos esenciales en los que se basa la Comisión en esa fase del procedimiento, esta indicación puede hacerse de manera resumida y la Decisión no tiene por qué ser necesariamente una copia del pliego de cargos, ya que dicho pliego de cargos constituye un documento preparatorio cuyas apreciaciones de hecho y de Derecho son de carácter meramente provisional (véase la sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión, C‑448/11 P, no publicada, EU:C:2013:801, apartados 41 y 42 y jurisprudencia citada).
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Por otro lado, no conciernen a las demandantes las medidas nacionales de ejecución eventualmente pertinentes en el caso de autos, concretamente la celebración de un convenio de subvención o la adopción de una orden ministerial relativa, en particular, al reparto de la ayuda económica entre las asociaciones de cabecera miembros de la LAG. En efecto, la situación de las demandantes se distingue de la de los beneficiarios, directos o indirectos, del apoyo financiero, en la medida en que ellas no pueden convertirse en miembros de tal asociación, ni de la LAG, habida cuenta de que no cumplen los requisitos establecidos a tal efecto, en particular el vinculado a la naturaleza caritativa de sus actividades. En estas circunstancias, resultaría artificial esperar que las demandantes tuvieran que impugnar ante un tribunal nacional un convenio de subvención, una orden ministerial o cualquier otra medida nacional relativa al reparto del apoyo financiero, a fin de inducirlo a consultar al Tribunal de Justicia sobre la validez de la Decisión impugnada relativa a la apoyo financiero de que se trata (véanse, por analogía, las sentencias de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci, C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, apartados 65 a 67, y de 28 de octubre de 2020, Associazione GranoSalus/Comisión, C‑313/19 P, no publicada, EU:C:2020:869, apartados 38 a 42).