2.

En el curso del procedimiento la demandada ha presentado una declaración del director del Centro de formación para adultos cuyos cursos siguió en Gran Bretaña, según la cual las jóvenes «au pair» que participan en sus cursos son consideradas estudiantes y no están obligadas a pagar los «sellos en concepto del Seguro Nacional». Esto induce a admitir —permítanme que haga ahora esta vaga indicación-que la demandada no debe ser considerada como trabajadora migrante a los efectos del Reglamento no 1408/71. A decir verdad, este certificado no da una completa seguridad. Además, esto atañe al ámbito de aplicación del Derecho que, en un procedimiento con arreglo al artículo 177, no incumbe a este Tribunal de Justicia sino a los órganos jurisdiccionales nacionales. Por esta razón, en el caso de que la demandada cumpliera con los requisitos del Reglamento no 1408/71, querría aún presentar como complemento las siguientes observaciones: La Comisión ha señalado con razón que un elemento esencial para apreciar la situación jurídica de la demandada es el de que a su regreso a Francia —y esto vale en particular para el período de su tratamiento médico-no estaba vinculada por una relación laboral sino que se había inscrito como solicitante de empleo. En el caso en que hubiera de ser considerada trabajadora migrante sería importante, pues, saber cómo ha sido indemnizada por el desempleo. Se podría pensar en principio que habría que aplicarle el apartado 1 del artículo 69 del Reglamento no 1408/71, según el cual un trabajador en paro total que reúna los requisitos exigidos por la legislación de un Estado miembro para tener derecho a las prestaciones y que se desplace a uno o a varios Estados miembros con el fin de buscar allí un empleo, conservará el derecho a estas prestaciones, en las condiciones y dentro de los límites indicados. En este caso la demandada tendría derechos conforme a la letra a) del apartado 1 del artículo 25 del Reglamento no 1408/71 que declara: «Un trabajador en paro al cual se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 69, […] y que satisfaga las condiciones requeridas por el legislador del Estado competente para tener derecho a las prestaciones en especie y en metálico, teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el artículo 18, disfrutará, durante el período previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 69: a) de las prestaciones en especie servidas, por cuenta de la institución competente, por la institución del Estado miembro en el cual busca un empleo, según las disposiciones de la legislación que esta última institución aplique, como si estuviera afiliado a la misma; […]» Por otra parte se podría suponer que sería necesario aplicar a la demandada el inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 del Reglamento no 1408/71, que declara: «El trabajador en situación de desempleo que residiera, mientras ocupaba su último empleo, en el territorio de un Estado miem bro distinto del Estado competente, disfrutará de las prestaciones conforme a las normas siguientes: b) […] ii) el trabajador que no sea fronterizo,. que se halle en paro total y que se ponga a disposición de los servicios de empleo en el territorio del Estado miembro donde resida, o que regrese a dicho territorio, disfrutará de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en la legislación de ese Estado, como si hubiese ocupado allí su último empleo; estas prestaciones serán abonadas y sufragadas por la institución del lugar de residencia […]» En este caso habría que tomar en cuenta a favor de la demandada el apartado 2 del artículo 25. Tiene el siguiente tenor: «Un trabajador en paro total al cual se apliquen las disposiciones del inciso ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 71 o de la primera frase del inciso ii) de la letra b), disfrutará de las prestaciones en especie y en metálico según las disposiciones de la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, como si hubiera estado sujeto a esta legislación durante su último empleo, teniendo en cuenta, cuando proceda, las disposiciones del artículo 18; estas prestaciones correrán a cargo de la institución del país de residencia.» De acuerdo con los hechos conocidos, valorados desde el punto de vista del Derecho comunitario, es difícil decir más sobre este asunto. Las restantes aclaraciones incumben al órgano jurisdiccional nacional que formuló la resolución de remisión o a otros órganos nacionales.