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Auto del Tribunal General (Sala Segunda) de 14 de marzo de 2017 —

Karl Conzelmann/EUIPO (LIKE IT)

(Asunto T‑21/16)

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de registro de la marca denominativa LIKE IT — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Concepto—Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 16 y 17)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Marcas constituidas por eslóganes publicitarios—Carácter distintivo—Aplicación de criterios de apreciación específicos—Improcedencia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véase el apartado 18)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Marcas constituidas por eslóganes publicitarios—Fórmula promocional de carácter elogioso [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 19 a 22 y 34)

4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Marca denominativa LIKE IT [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 24, 25, 27, 31, 35, 36 y 44)

5. Marca de la Unión Europea—Resoluciones de la Oficina—Principio de igualdad de trato—Principio de buena administración—Práctica decisoria anterior de la Oficina—Principio de legalidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo] (véanse los apartados 40 a 42)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 11 de noviembre de 2015 (asunto R 223/2015‑1), relativa a una solicitud de registro del signo denominativo LIKE IT como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
3

El importe de estas multas se fijó tras conceder, como medida de clemencia, una reducción del 20 % del importe de la multa que debería haberse impuesto a las demandantes por la infracción cometida en Italia, y una reducción del 30 % del importe de las multas que deberían habérseles impuesto por las infracciones cometidas en el sudoeste de Europa y en Europa central y oriental, esto es, una reducción de alrededor de 14 millones de euros, concedida de conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO 2006, C 298, p. 17). Además, la Comisión aceptó parcialmente, en virtud del apartado 35 de sus Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006»), la solicitud de las demandantes de que se tomara en consideración su falta de capacidad contributiva y redujo en un [confidencial] ( 2 ) el importe final de las multas que debería haberles impuesto, lo que corresponde a cerca de [confidencial] euros.
Asunto T‑667/15

Bagni Delfino di Paperini Stefano & C. Sas

contra

Comisión Europea

«Recurso de anulación — Comunicación remitida por un miembro de la Comisión en respuesta a una pregunta parlamentaria — Acto no recurrible — Inadmisibilidad manifiesta»

Sumario — Auto del Tribunal General (Sala Segunda)

de 15 de septiembre de 2016 — Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Comunicación remitida por un miembro de la Comisión en respuesta a una pregunta parlamentaria — Exclusión

(Art. 263 TFUE)

No tiene por objeto producir efectos jurídicos obligatorios, en el sentido del artículo 263 TFUE, una comunicación de la Comisión consistente en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria cuya finalidad era obtener la interpretación del concepto de servicio a efectos de la Directiva 2006/123, relativa a los servicios en el mercado interior, a la vista de una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional. En dicha comunicación, la Comisión consideró que no estaba en condiciones de formular observaciones, dado que la sentencia nacional en cuestión no afectaba a la aplicación de la normativa de la Unión Europea y sólo se refería a la normativa nacional.

En efecto, habida cuenta tanto del contexto, configurado por la pregunta parlamentaria, como del contenido y del tenor de dicha comunicación, ésta constituye una respuesta a una pregunta parlamentaria y no refleja ninguna decisión adoptada por la Comisión ni tampoco recoge ningún tipo de posicionamiento con respecto a la interpretación de la Directiva 2006/123.

Por otro lado, no pueden ser objeto de recurso de anulación ni un acto de la Comisión que refleje la intención de dicha institución, o de uno de sus servicios, de seguir cierta línea de conducta ni una simple manifestación de opinión escrita, como una referencia a la interpretación efectuada por la Comisión de lo dispuesto en un acto de Derecho derivado, por cuanto dicha manifestación no puede producir efectos jurídicos y tampoco está destinada a producir tales efectos. En este contexto, aun suponiendo que dicha comunicación enunciara la interpretación por la Comisión de la Directiva 2006/123, tampoco estaría destinada a producir efectos jurídicos obligatorios.

(véanse los apartados 12, 13 y 16)
3.

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos reglamentarios — Actos que no incluyen medidas de ejecución y afectan directamente al demandante — Concepto de medidas de ejecución — Criterios — Reglamento de la Comisión que identifica una sustancia candidata a la sustitución, en aplicación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 — Producción de efectos a través de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales — Actos constitutivos de medidas de ejecución [Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 20, ap. 1, 24, ap. 1, 36, ap. 2, 41, ap. 2, letra b), 43, ap. 1, 44, ap. 3, 45, ap. 1, y 50, aps. 1 y 4; Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión] (véanse los apartados 37, 44, 47, 48, 50 y 51)
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)

de 21 de septiembre de 2015

Carlo De Nicola

contra

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

«Recurso de casación — Función pública — Personal del BEI — Evaluación anual — Normativa interna — Procedimiento de recurso — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»

Objeto:

Recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 18 de noviembre de 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, RecFP, EU:F:2014:248), en el que se solicita la anulación parcial de dicha sentencia.

Resultado:

Se desestima el recurso de casación. El Sr. Carlo De Nicola cargará con sus propias costas y con las del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el presente procedimiento.

Sumario

Recurso de casación — Motivos — Motivo que persigue una rectificación de la sentencia del Tribunal de la Función Pública — Incompetencia del Tribunal General

(Art. 270 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 122, ap. 1)

El artículo 122, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, relativo a la rectificación de los errores de transcripción o de cálculo y de las inexactitudes evidentes, no es aplicable al procedimiento ante el Tribunal General, regulado exclusivamente por su propio Reglamento de Procedimiento. Por lo tanto, un recurrente que no ha actuado al amparo de dicho artículo no puede remediar su abstención solicitando al Tribunal General que corrija o rectifique supuestos errores de transcripción o inexactitudes evidentes contenidos en las resoluciones recurridas del Tribunal de la Función Pública.

(véase el apartado 30)

Referencia:

Tribunal General: auto de 13 de enero de 2014, Lebedef/Comisión, T‑116/13 P y T‑117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, apartados 44 y 45
Auto del Tribunal General (Sala Quinta) de 26 de noviembre de 2014 —

Léon Van Parys/Comisión

(Asunto T‑171/14)

«Recurso de anulación — Unión aduanera — Escrito de la Comisión por el que se informa del mantenimiento de la suspensión del plazo de tramitación de una solicitud de condonación de los derechos de aduana — Demanda declarativa — Incompetencia del Tribunal General — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad manifiesta»

1. Recurso de anulación — Competencia del juez de la Unión — Pretensiones que tienen por objeto obtener una sentencia declarativa — Inadmisibilidad (Art. 263 TFUE) (véase el apartado 15)

2. Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos de trámite — Exclusión — Escrito de la Comisión por el que se informa del mantenimiento de la suspensión del plazo de tramitación de una solicitud de condonación de los derechos de aduana — Exclusión (Art. 263 TFUE) (véanse los apartados 20 a 22, 27 y 28)

3. Recurso de anulación — Sentencia anulatoria — Efectos — Obligación de adoptar medidas de ejecución — Alcance — Decisión que no debe recoger necesariamente los mismos motivos que los que figuran en el acto anulado (Art. 266 TFUE) (véanse los apartados 32 a 34)

Objeto

Por una parte, pretensión de anulación del escrito de la Comisión de 24 de enero de 2014 por el que se informa a la demandante del mantenimiento de la suspensión del plazo de tramitación de la solicitud de condonación de los derechos de aduana establecido en el artículo 907 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1), y, por otra parte, pretensión que tiene por objeto que se declare que el artículo 909 del Reglamento no 2454/93 produjo sus efectos con respecto a la demandante a raíz de la sentencia de 19 de marzo de 2013, Firma Van Parys/Comisión (T‑324/10, Rec, EU:T:2013:136).

Fallo

1) Desestimar el recurso.
En el marco de un recurso interpuesto por personas físicas o jurídicas en virtud de los supuestos segundo y tercero previstos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, el requisito relativo a la afectación directa requiere que se cumplan dos criterios acumulativos, a saber, por una parte, que el acto cuya anulación pretenden las recurrentes surta efectos directamente en su situación jurídica y, por otra parte, que dicho acto no deje ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación por tener ésta un carácter puramente automático y derivar únicamente de la normativa de la Unión sin aplicación de otras normas intermedias. Estos requisitos no pueden quedar desvirtuados por el derecho de los particulares a una tutela judicial efectiva.

No produce efectos jurídicos que afecten directamente a la situación jurídica de los productores de la Unión una decisión de la Comisión, adoptada con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, mediante la que se acepta un compromiso propuesto por un exportador de productos que son objeto de derechos antidumping en virtud de los reglamentos de la Comisión y del Consejo por los que se imponen respectivamente derechos antidumping provisionales y definitivos. En efecto, resulta del sistema establecido por el Reglamento no 1225/2009 que las importaciones objeto de dichos compromisos no quedan exentas de derechos antidumping como consecuencia de la adopción de la decisión de aceptación de los compromisos. Por el contrario, la exención es el resultado de las normas adoptadas, bien por la Comisión mediante el Reglamento que establece los derechos antidumping provisionales, bien por el Consejo en el Reglamento que establece los derechos antidumping definitivos, para ejecutar los compromisos de que se trata.

Si bien es cierto que, en su segunda frase, el artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 1225/2009 prevé que, cuando la Comisión acepte dicho ofrecimiento y durante todo el período en el que los compromisos permanezcan en vigor, los derechos provisionales o definitivos establecidos no se aplicarán a las importaciones del producto en cuestión fabricado por las sociedades a las que se refiere la Decisión de la Comisión mediante la que se aceptan los compromisos, dicha norma exige, sin embargo, durante el período en el que esté en vigor un compromiso, la exención de los derechos antidumping que resulte de las normas que se hayan adoptado, ya sea por la Comisión en el Reglamento provisional antidumping, ya sea por el Consejo en el Reglamento antidumping definitivo.

(véanse los apartados 40, 48, 51, 52 y 54)
40

En segundo lugar, en lo que respecta al interés que defiende la Comisión, debe recordarse que, en sus observaciones de 10 de mayo de 2012, la Comisión considera que no tiene más interés que el de proteger la competencia de los órganos jurisdiccionales para aplicar las disposiciones del Derecho de la Unión garantizando sus plenos efectos y protegiendo los derechos que confieren a los particulares. A este respecto precisa que los intereses en juego no son sólo los de las entidades que solicitan una indemnización por los daños que les ha causado un comportamiento susceptible de restringir o falsear el juego de la competencia, sino también el interés general en la aplicación eficaz de las normas de la Unión en materia de competencia, pues las demandas de indemnización de daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales nacionales pueden contribuir sustancialmente al mantenimiento de una competencia efectiva. La coadyuvante añade al respecto que tanto la Comisión como los órganos jurisdiccionales de la Unión han reconocido la importancia de garantizar a las víctimas de infracciones del Derecho de competencia la posibilidad de presentar demandas de indemnización y de invocar los derechos que les confiere el Derecho de la Unión. En este contexto, la Comisión señala que, en la sentencia de 12 de junio de 2009, que se pronuncia, en particular, sobre la solicitud de suspensión del procedimiento presentada por la demandante y las demás partes demandadas ante la High Court a la luz del recurso de anulación contra la decisión AIG, dicho órgano jurisdiccional ha insistido expresamente en la necesidad de no postergar la fase precontenciosa, aunque los recursos aún estén pendientes ante el Tribunal General.
29

Además, a diferencia de lo que sostiene la demandante, del apartado 56 de la sentencia Comitato «Venezia vuole vivere» y otros/Comisión, antes citada, no cabe deducir que el Tribunal de Justicia confirma de manera inequívoca que la recuperación de la ventaja no es un requisito sine qua non para considerar que un demandante resulta individualmente afectado. En efecto, en dicho apartado, el Tribunal de Justicia declara que la orden de recuperación afecta ya individualmente a todos los beneficiarios del régimen de que se trata en la medida en que, desde el momento de la adopción de la decisión controvertida, se hallan expuestos al riesgo de que las ventajas que han percibido sean recuperadas, lo cual afecta a su situación jurídica, sin que sea necesario examinar requisitos adicionales relativos a situaciones en las que la decisión de la Comisión no viene acompañada de una orden de recuperación. Además, señala también, en el mismo apartado, que la posibilidad de que, posteriormente, las ventajas declaradas ilegales no sean recuperadas de sus beneficiarios no excluye que se les pueda considerar individualmente afectados. En consecuencia, el Tribunal de Justicia se limita a indicar que la orden de recuperación que figura en la decisión controvertida basta para individualizar a los beneficiarios afectados, sin que sea necesario examinar si esa orden tendrá consecuencias en el ámbito nacional.
Una asociación sólo está legitimada, en principio, para interponer un recurso de anulación si puede invocar determinadas circunstancias especiales, en particular de carácter procesal, o si los miembros que ésta representa o alguno de ellos hubieran podido interponer válidamente un recurso por sí mismos. Pues bien, el recurso debe poder procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto. Asimismo, el requisito establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, implica, en particular, que la medida impugnada surta efectos directamente en la situación jurídica del particular.

Esto no es lo que ocurre en el caso de un recurso de una agrupación profesional de fabricantes y de distribuidores de edam contra el Reglamento no 1121/2010, por el que se inscribe una denominación en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Edam Holland (IGP)]. En efecto, puesto que dicho Reglamento establece claramente que la denominación«edam» puede seguir utilizándose, una posible anulación no proporcionaría ningún beneficio a los miembros de la agrupación a este respecto. Además, dado que el Reglamento no 1121/2010 prevé que el término «edam» pueda seguir utilizándose para la comercialización de quesos, este Reglamento no afecta directamente a la situación jurídica de los miembros de la referida agrupación.

Asimismo, por lo que respecta a la circunstancia de que el antedicho Reglamento generaría el riesgo de que determinados embalajes que contienen el término «edam», utilizados con ilustraciones que hacen alusión al Reino de los Países Bajos, puedan considerarse contrarios al Reglamento no 510/2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, la anulación del Reglamento no 1121/2010 no proporcionaría ningún beneficio a los miembros de la agrupación, pues dicha anulación no eliminaría la obligación que impone el Derecho de la Unión de no inducir a error al consumidor en lo que se refiere al origen o a la procedencia de los alimentos.

Finalmente, no puede deducirse la existencia de ningún efecto adverso del Reglamento no 1121/2010 sobre la situación jurídica de los miembros de la agrupación de la circunstancia de que los productores que tienen derecho a utilizar la etiqueta de calidad relativa a la indicación geográfica protegida «Edam Holland» tengan una ventaja competitiva. En efecto, el antedicho Reglamento no pretende eliminar un derecho propio de los miembros de la agrupación, sino conceder un derecho nuevo a todos los operadores, incluidos los mencionados miembros si así lo desean, cuyos productos sean conformes a lo dispuesto en el pliego de condiciones recogido en el referido Reglamento.

(véanse los apartados 18, 22, 24, 29 a 31, 38, 43 y 45)
La apreciación de la oportunidad de adoptar una diligencia de ordenación del procedimiento o una diligencia de prueba, a efectos de la resolución que deba dictar el órgano jurisdiccional, corresponde al juez, y no a las partes. Si bien es cierto que las partes no tienen derecho a exigir del juez de la Unión que adopte una diligencia de ordenación del procedimiento o una diligencia de prueba, el juez no podrá sacar consecuencias de la falta, en el expediente, de determinados elementos mientras no haya agotado los medios previstos por el Reglamento de procedimiento pertinente para conseguir que los aporte la parte de que se trate.

(véanse los apartados 39 y 40)

Referencia:

Tribunal General: 12 de mayo de 2010, Comisión/Meierhofer (T-560/08 P, Rec. p. II-1739), apartados 61 y 62
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Una única sentencia, la sentencia del Tribunal de 4 de marzo de 2009, Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset Management/Comisión (T-445/05, Rec. p. II-289), se pronuncia expresamente sobre la admisibilidad de un recurso interpuesto por una asociación tras haberse pronunciado acerca de la del recurso interpuesto por uno de sus miembros para deducir la admisibilidad del primero de la admisibilidad del segundo (apartado 56 de la sentencia). No obstante, la anterior consideración no permite formular, en relación con la admisibilidad de los recursos interpuestos únicamente por las asociaciones, la regla general de que las asociaciones están legitimadas activamente si lo están sus miembros, con independencia de que éstos interpongan o no su propio recurso. En efecto, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, el miembro de la asociación demandante no había interpuesto un recurso distinto, sino que había interpuesto un único recurso con la asociación, de modo que no se diluía la ventaja de orden procesal mencionada en el apartado 24 supra.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Actos que les afectan directamente — Criterios — Decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) por la que se identifican los boratos como sustancias extremadamente preocupantes

[Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 7, aps. 2 y 3, 31, ap.9, letra a), 33, 34, letra a), y 59 y anexo XIV]

Índice

La afectación directa del demandante, como requisito de la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica contra una decisión de la que no es destinataria, requiere que la medida impugnada surta efectos directamente en la situación jurídica del particular y que no deje ninguna facultad de apreciación a los destinatarios de dicha medida encargados de su aplicación, por tener ésta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias.

A este respecto, cabe considerar que la decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) por la que se identifican los boratos como sustancias extremadamente preocupantes, para ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento nº 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, en su versión modificada, no surte efecto directamente en la situación jurídica de una parte demandante, importadora de boratos, a la luz de las obligaciones establecidas por dicho Reglamento, toda vez que está demostrado, por un lado, que la identificación de los boratos como sustancias extremadamente preocupantes, resultante del procedimiento establecido en el artículo 59 del Reglamento nº 1907/2006, no constituye una nueva información que pueda afectar a las medidas de gestión de riesgos o sobre peligros, en el sentido del artículo 31, apartado 9, letra a), de dicho Reglamento, de modo que la parte demandante no está obligada a actualizar la ficha de datos de seguridad, y, por otro, que la parte demandante no está afectada por las obligaciones de información derivadas del artículo 7, apartado 2, del artículo 33 y del artículo 34, letra a), del mismo Reglamento.

Además, el mero hecho de que un acto pueda influir en la situación material de una parte demandante no basta para que pueda considerarse que le afecta directamente. Únicamente la existencia de circunstancias específicas puede habilitar a un justiciable, que afirma que el acto afecta a su posición en el mercado, a interponer recurso con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Una parte demandante que sólo alega que sus clientes serán reticentes a continuar adquiriendo productos que figuran en la lista de sustancias candidatas no demuestra la existencia de tales circunstancias específicas.

(véanse los apartados 22, 38 y 44 a 46)