Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

1. Funcionarios - Condiciones de trabajo - Obligación de estar en todo momento a disposición de la Institución - Alcance - Obligación de los interesados de comunicar su dirección particular a petición de la administración - Inobservancia - Sanción disciplinaria

(Estatuto de los Funcionarios, art. 55, párr. 1)

2. Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas - Funcionarios y agentes de las Comunidades - Exención de las formalidades de registro de extranjeros - Comunicación a las autoridades nacionales del país de acogida de la dirección particular de los funcionarios - Transmisión a los municipios de residencia - Procedencia

[Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, arts. 12, letra b), 16, 18 y 19]

3. Funcionarios - Recursos - Recurso basado en el artículo 179 del Tratado - Interpretación por las autoridades de un Estado miembro de un acuerdo celebrado con las Instituciones comunitarias - Apreciación de validez - Incompetencia del Tribunal de Primera Instancia

(Tratado CEE, art. 179)

Índice

1. La aplicación efectiva del párrafo primero del artículo 55 del Estatuto, a cuyo tenor los funcionarios en activo estarán a disposición de su Institución en todo momento, supone que la autoridad administrativa disponga de la información que le permita en todo momento ponerse en contacto con sus funcionarios y agentes en sus respectivas direcciones particulares. Además, tanto los principios que informan las relaciones entre empresarios y trabajadores como el sencillo sentido común, exigen que el empresario conozca la dirección del trabajador por cuenta ajena. Por consiguiente, la negativa de un funcionario a comunicar su dirección particular a la Institución de la que depende constituye un incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 55 del Estatuto, que puede justificar la imposición de una sanción disciplinaria.

2. Los privilegios e inmunidades que el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas reconoce a sus funcionarios, en interés exclusivo de las Comunidades, sólo tienen un carácter funcional, al ser su finalidad evitar que se obstaculice el funcionamiento e independencia de las Comunidades. Así pues, el Protocolo no tiene por objeto ni efecto privar a los Estados miembros de la posibilidad de estar en condiciones de conocer en todo momento los movimientos de población que afecten a su territorio. Además, incumbe a los Estados miembros determinar a qué autoridades compete tal misión de servicio público. Por consiguiente, la letra b) del artículo 12 del Protocolo, en relación con los artículos 16, 18 y 19, no se opone a que las informaciones recabadas por las autoridades del Estado miembro de acogida basados en el Protocolo y en ejecución de un acuerdo entre el Gobierno de dicho Estado y las Instituciones comunitarias, y relativas a la dirección particular de un funcionario, sean transmitidas a otras entidades públicas, y especialmente al municipio donde el interesado tenga su residencia, en las condiciones previstas en el artículo 19 del Protocolo y a los solos efectos de permitir a las autoridades públicas nacionales conocer los movimientos de población que afecten a su territorio.

3. En el marco del control de la legalidad de una decisión de la Administración, control que lleva a cabo el Juez comunitario en las condiciones previstas en el artículo 179 del Tratado, no incumbe al Tribunal de Primera Instancia apreciar la validez de la interpretación que las autoridades nacionales hayan hecho de las estipulaciones de un acuerdo celebrado entre un Estado miembro y las Instituciones comunitarias.