a)

Sobre todo, exige la Alta Autoridad injustificadamente, que se pongan al servicio del Derecho que regula los precios de la Comunidad (artículo 60) la publicación o la comunicación de los precios de transporte previstos en el apartado 3 del artículo 70. Este motivo de impugnación se refiere a la cuestión fundamental de este proceso. En primer lugar, desearía afirmar que, en mi opinión, las sentencias dictadas en los asuntos 20/59 y 25/59 no tomaron una postura sobre esta cuestión, contrariamente a lo que piensan los demandantes. Aquí debo cuidarme de sacar conclusiones demasiado forzadas de determinadas fórmulas de la sentencia privadas de su contexto. Ciertamente, los considerandos de la sentencia abordan el problema reproduciendo la tesis de la Alta Autoridad, según la cual las disposiciones del artículo 60 presuponen la publicación de las listas de los precios y de las disposiciones sobre las tarifas que se apliquen al transporte del carbón y del acero. En los siguientes considerandos, el Tribunal de Justicia se limita a declarar que no se puede obligar a un vendedor a que publique los costes de transporte en la medida en que son un elemento de su precio de coste; igualmente, en la práctica de las decisiones sobre el artículo 60 de la Alta Autoridad no se prevé la publicación de los gastos de transporte por parte de los productores. Desde el momento en que, finalmente, la sentencia señala que no existe vínculo orgánico y funcional entre la obligación de publicar los precios y la de publicar los costes de transporte, la única conclusión que se puede deducir es que: «sin embargo, de ello [del principio de discriminación] no puede deducirse una habilitación de ésta [la Alta Autoridad] que la faculte para introducir un control por anticipado». ( 1 ) Como la sentencia se dictó exclusivamente sobre la cuestión de si se puede deducir del Tratado un poder normativo de la Alta Autoridad en el ámbito del apartado 3 del artículo 70, el Tribunal de Justicia no tenía ninguna razón para ocuparse del problema de cómo deben delimitarse desde el punto de vista del Derecho que regula los precios las obligaciones en materia de transporte que el Tratado impone a los Estados. Es cierto que el Tratado delimitó estrechamente el ámbito de la interpretación de las economías nacionales. No es menos cierto que existía una necesidad, en determinadas materias, de actuar en la esfera de soberanía reservada a los Estados, de forma que, mediante facultades excepcionales de la Comunidad para actuar u obligaciones especiales de los Estados, se asegurase la integración parcial con sus reglas del juego particulares contra influencias exteriores; para todos los interesados estaba claro que el sector de los transportes, sobre todo, tenía una gran importancia para el mercado del carbón y del acero. Las disposiciones particulares del artículo 70 y, entre ellas, el párrafo tercero del artículo 70, que debe interpretarse aquí, son el resultado de esta consideración. Si es preciso intentar definir el significado del párrafo tercero del articulo 70, desde un punto de vista teórico es, naturalmente, posible, tomándolo en consideración únicamente en su contexto, es decir, el artículo 70, que constituye por sí solo un capítulo del Tratado. Esta tesis se puede apoyar en el principio según el cual, en las materias reservadas a la competencia nacional, toda disposición excepcional debe ser objeto de una interpretación estricta. Las repercusiones sobre el sistema del Tratado deben permitir ver si este sentido es obligatorio y correcto. En el texto de la disposición del articulo 70, la Alta Autoridad y las partes coadyuvantes se remiten al párrafo quinto que, respecto a la política nacional de transportes, contiene una reserva, no sólo a favor del artículo 70, sino también, de manera general, a favor de «las demás disposiciones del presente Tratado». Si el artículo 70 bastara por sí solo, si su párrafo tercero sólo tuviera funciones en el marco de la prohibición de discriminación, la mencionada reserva no sería comprensible. El párrafo quinto del artículo 70 abre, pues, una brecha importante en la argumentación de los demandantes. Así pues, de esto sin duda se desprende que, para interpretar el párrafo tercero del artículo 70, es preciso, al menos, respetar los principios fundamentales del Tratado que caracterizan a la Comunidad y sus funciones, y que son incluso esenciales, pues no se puede admitir que las partes firmantes del Tratado reconozcan estos principios y admitan, al mismo tiempo, medidas gubernamentales que puedan contradecirlos. Los principios del Tratado están enunciados en los artículos 2 a 5, de entre los cuales merecen una atención particular el párrafo segundo del artículo 2, las letras a), b) y c) del artículo 3, las letras b) y c) del artículo 4 y el artículo 5. Sobre todo merece ser destacado el artículo 5, pues obliga a la Comunidad a crear, a mantener y a observar las condiciones normales de competencia. El artículo 60 constituye una base esencial del sistema de competencia del Tratado. Prohibe en materia de precios las prácticas contrarias a los artículos 2, 3 y 4, y en especial la competencia desleal y las prácticas discriminatorias; además prescribe en interés de esta prohibición la publicación y la observancia exacta de las listas de precios y las condiciones de venta aplicadas en el mercado común, dejando, en cierta medida, a las empresas libertad para escoger el punto de paridad, y sólo permite una excepción a los precios publicados cuando se cumplan las condiciones de ajuste de precios. Este sistema supone, es innegable, un cierto conocimiento de los costes de transporte para el cálculo de los precios de coste en el punto de paridad y en el lugar de entrega, así como para el cálculo de los precios de coste de las empresas competidoras. Si se desconocen, el artículo 60 es impracticable, el sistema de precios del Tratado no está en situación de funcionar, y, sobre todo, los ajustes de precios, que tras la sentencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 21 de diciembre de 1954, Francia/Alta Autoridad, 1/54, Rec. 1954-1955, p. 7) son «un derecho otorgado a las empresas por el Tratado, y no sólo una facultad», sólo pueden ejecutarse de manera precisa y, por consiguiente, correcta si se conocen los costes del transporte. Pero, si se ha demostrado la necesidad de una publicidad de los fletes para el buen funcionamiento del mercado común, debe admitirse también que los autores del Tratado tuvieron en cuenta este objetivo al enunciar en el párrafo tercero del artículo 70 la obligación de los Estados de publicar o de comunicar a la Alta Autoridad las listas, precios y disposiciones relativas a las tarifas aplicables a los transportes interiores de carbón y de acero dentro de cada Estado miembro y entre los Estados miembros. Su voluntad era la de asegurar la transparencia del mercado de los transportes imponiendo obligaciones jurídicas a los Estados. En todo caso, el secreto de las tarifas especiales, que defiende el Gobierno neerlandés, es incompatible con esta interpretación. La Recomendación de la Alta Autoridad, que sólo indica los fines, no permite deducir cómo debe asegurarse en particular la publicidad de los precios. El Tribunal de Justicia tampoco se ha ocupado de ello. En concreto queda abierta la cuestión de si el Tratado prevé que se comunique de manera individual cada contrato de transporte y que se comuniquen sus datos a los interesados, es decir, los usuarios del tráfico. No se puede negar que un procedimiento de este tipo podría situar a los Gobiernos y a la Alta Autoridad ante dificultades insalvables y, además, sólo tendría escaso valor para los usuarios de los transportes. Así pues, para su ejecución práctica es perfectamente posible agrupar ciertos datos en forma de listas de precios publicadas bien por los Gobiernos, bien por la Alta Autoridad. En todo caso, es inexacto admitir que la Alta Autoridad pretendiera imponer un sistema general de tarifas. Aun cuando las partes coadyuvantes lo estimen útil o incluso necesario, sin embargo, es preciso observar que la Recomendación por sí sola no permite deducir un objetivo semejante. En este sentido, los argumentos del Gobierno italiano, que se apoyan en determinadas publicaciones de un Consejero de la Alta Autoridad ajenas a la Recomendación impugnada, están infundados. Tras estas observaciones de principio, deben examinarse aún algunos argumentos particulares. Se plantea la cuestión de si existe una publicidad de los precios suficiente sin colaboración del Estado. En el transcurso del proceso, las partes coadyuvantes han dicho de manera persuasiva que éste no es el caso, al menos en determinadas partes del mercado común, porque únicamente se dan las informaciones en el supuesto de solicitud de transporte concreta y bien definida, en un caso particular. Pero incluso haciendo abstracción de tales dificultades objetivas, y admitiendo que mediante un servicio de información eficaz incluso empresas particulares pueden obtener de fuente fidedigna informaciones sobre los precios y las condiciones del transporte, lo que seguramente supondría dificultades y gastos sensibles, esta posibilidad desaparece seguramente para la pequeña y mediana empresa. La renuncia a una colaboración del Estado para garantizar la transparencia de los mercados entrañaría entonces necesariamente una discriminación en el mercado entre empresas que tienen su domicilio en Estados a favor de la publicidad y aquéllas que ejercen su actividad en Estados sin publicidad de precios, por una parte, y, por otra, según las posibilidades de información mencionadas entre grandes y pequeñas empresas. Ahora bien, este resultado no es, de ninguna manera, conciliable con los principios del Tratado. En la discusión jurídica, la única que ahora nos interesa, la alegación de que, hasta este momento y aún sin publicidad completa del mercado de transportes, el funcionamiento del mercado común apenas ha sido perturbado, no puede dar lugar a falsas conclusiones. En una notable formulación, el representante de las partes coadyuvantes insistió en que la existencia de una obligación jurídica no puede depender del grado en que ésta es respetada. En efecto, si se niega la existencia de una obligación por parte de los Estados miembros de garantizar la publicidad de los precios del transporte, es de prever una evolución al final de la cual el secreto domine el mercado de transportes. Independientemente del hecho de que esta evolución se opondría diametralmente a los esfuerzos realizados en el marco de la política de transportes de la CEE, nadie podrá negar que haría irrealizables algunos principios importantes de la Comunidad del Carbón y del Acero. Así, nos parece que está demostrado que, precisamente en lo que respecta a la norma de los artículos 5 y 60 -que es importante y fundamental para el mercado común-, la colaboración nacional que la Alta Autoridad exige es indispensable en materia de transportes. La misión del párrafo tercero del artículo 70 es, especialmente, la de garantizarla. Después de todo lo anterior, aún se debe reflexionar sobre dos objeciones del Gobierno neerlandés. Éste estima que la interpretación que sostiene la Alta Autoridad en el fondo elimina la alternativa del párrafo tercero del artículo 70 porque se prevé, en cada caso, la comunicación de los precios del transporte a las empresas. Ahora bien, en realidad el párrafo tercero del artículo 70 dejaría a los Estados miembros la elección entre la publicación de las tarifas y la comunicación de los precios para uso exclusivo de la Alta Autoridad. A mi parecer, este razonamiento no es pertinente. Sólo existe una verdadera alternativa cuando las posibilidades que se ofrecen tienen efectos aproximadamente equivalentes pero, por el contrario, no existe en el caso de una confrontación entre datos extremos, tales como la publicación de las tarifas y el secreto de los precios comunicados. Según la interpretación de la Alta Autoridad, existe una verdadera alternativa, pues para los interesados (empresas del transporte y usuarios de los transportes) hay una diferencia real entre un sistema administrativo o privado de tarifas, por una parte, y, por otra, la posibilidad de discutir los precios en un caso particular con la obligación de comunicarlos a la Alta Autoridad. En su segunda objeción, el Gobierno neerlandés expone que las medidas reclamadas por la Alta Autoridad entrañarían una modificación fundamental de la economía de los transportes holandesa, cuyo elemento característico es el principio de la competencia. Esta crítica es, igualmente, falsa. En el fondo, constituye una crítica al Tratado y al espíritu de éste. Independientemente del párrafo quinto del artículo 70, según el cual la política de transportes nacional debe admitir limitaciones en interés de la Comunidad, además no se ve en qué medida la publicidad de los precios eliminaría la competencia en el sector de los transportes. Para el Tratado y también para la Comunidad, la competencia constituye uno de los elementos más importantes. Como muestra el artículo 60, la obligación de crear la transparencia del mercado no excluye, sin embargo, que se practique una verdadera competencia.