Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Entidades adjudicadoras - Organismo de Derecho público - Concepto - Entidad que no ha sido creada para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o mercantil, pero que las satisface posteriormente - Inclusión

[Directiva 93/37/CEE del Consejo, art. 1, letra b), párr. 2]

2. Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras - Directiva 89/665/CEE - Plazo para recurrir las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras y para impugnar, so pena de caducidad, las medidas supuestamente ilegales - Procedencia

(Directiva 89/665/CEE del Consejo)

3. Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Procedimiento restringido - Fijación previa de las reglas de ponderación de los criterios de selección de los candidatos admitidos - Obligación de publicación

(Directiva 93/37/CEE del Consejo)

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1. El artículo 1, letra b), párrafo segundo, primer guión, de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras dispone que se entiende por «organismo de derecho público» cualquier organismo creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.

Para comprobar si una entidad cumple este requisito procede tener en cuenta las actividades que efectivamente ejerce.

De ello se deduce que una entidad que no ha sido creada para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil pero que posteriormente se ha encargado de satisfacer dichas necesidades, cumple dicho requisito siempre que se pueda comprobar objetivamente que satisface tales necesidades.

( véanse los apartados 56 y 63 y el punto 1 del fallo )

2. La Directiva 89/665 relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, no se opone a una normativa nacional que establece que los recursos contra una decisión de la entidad adjudicadora deben formularse dentro de un plazo fijado a tal efecto y que cualquier irregularidad del procedimiento de adjudicación que se alegue en apoyo de dicho recurso debe invocarse dentro del mismo plazo, so pena de caducidad, de forma que una vez trascurrido éste, no es posible impugnar tal decisión o invocar dicha irregularidad, siempre que el plazo en cuestión sea razonable.

En efecto, por una parte, la completa consecución del objetivo que la Directiva 89/665 pretende alcanzar se vería comprometida si los candidatos y licitadores pudieran alegar en cualquier momento del procedimiento de adjudicación las infracciones de las normas de adjudicación de contratos públicos, obligando con ello a la entidad adjudicadora a iniciar de nuevo la totalidad del procedimiento a fin de corregir dichas infracciones. Por otra parte, la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir satisface, en principio, la exigencia de efectividad que se deriva de esta directiva, en la medida en que constituye la aplicación del principio fundamental de seguridad jurídica.

( véanse los apartados 75 y 76 y el punto 2 del fallo )

3. La Directiva 93/37 relativa a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios debe interpretarse en el sentido de que, si, en el marco de un procedimiento restringido, la entidad adjudicadora ha fijado previamente las reglas de ponderación de los criterios de selección de los candidatos que serán invitados a presentar una oferta, está obligada a indicarlos en el anuncio o en los documentos de la licitación.

Tal interpretación es, en efecto, la única que permite garantizar un nivel adecuado de transparencia y, por tanto, el respeto del principio de igualdad de trato en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a los que se aplica dicha directiva.

( véanse los apartados 99 y 100 y el punto 3 del fallo )