Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 234 CE — Juez de instrucción en materia penal — Magistrado competente para la instrucción penal — (Art. 234 CE)

2. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Interpretación de una directiva en el marco de un proceso penal por violación de la normativa nacional de adaptación del Derecho interno — Determinación de las consecuencias de la despenalización posterior de los hechos perseguidos — Exclusión — (Art. 234 CE)

3. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestiones que carecen manifiestamente de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil — Cuestiones sin relación con el objeto del procedimiento principal — (Art. 234 CE)

4. Medio ambiente — Residuos — Directiva 75/442/CEE, modificada por la Directiva 91/156/CEE — Concepto — Sustancia de la que se desprende su poseedor — Criterios de apreciación — [Directiva 75/442/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, art. 1, letra a)]

5. Medio ambiente — Residuos — Directiva 75/442/CEE, modificada por la Directiva 91/156/CEE — Concepto — Sustancia de la que se desprende su poseedor — Excepción — Coque de petróleo producido en una refinería de petróleo — Utilización efectiva de dicha sustancia para las necesidades energéticas de la refinería — (Directiva 75/442/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo)

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1. El juez de instrucción en materia penal o el magistrado competente para la instrucción penal son órganos jurisdiccionales en el sentido del artículo 234 CE, que juzgan con independencia y conforme a Derecho, en asuntos sobre los cuales la ley les confiere competencia, en el marco de un procedimiento destinado a dictar una resolución jurisdiccional.

(véase el apartado 23)

2. Si bien una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y, por consiguiente, no puede ser invocada, como tal, en su contra, ni producir el efecto, con independencia de una ley interna de un Estado miembro adoptada para su aplicación, de determinar o agravar la responsabilidad penal de quienes infringen sus disposiciones, no corresponde al Tribunal de Justicia, ante el que se haya presentado una solicitud de decisión prejudicial cuyo objetivo sea analizar una Directiva, interpretar o aplicar el Derecho nacional para determinar las consecuencias de la adopción de las normas nacionales ante el juez nacional, ya que consta que, en el momento en que se produjeron estos hechos, éstos podían constituir infracciones sancionadas penalmente por el Derecho nacional.

(véanse los apartados 25 y 26)

3. En el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales instituida por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. No obstante, en supuestos excepcionales, le corresponde al Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él con objeto de verificar su propia competencia. La negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas.

(véanse los apartados 28 y 29)

4. El ámbito de aplicación del concepto de residuo depende del significado de la expresión «se desprenda», contenida en el artículo 1, letra a), de la Directiva 75/442, relativa a los residuos. La ejecución de una operación mencionada en los anexos II A o II B de dicha Directiva tampoco permite, por sí sola, calificar una sustancia o un objeto como residuo y, viceversa, el concepto de residuo no excluye los objetos y sustancias que pudieran ser objeto de reutilización económica. En efecto, el sistema de vigilancia y de gestión establecido por dicha Directiva comprende todos los objetos y sustancias de los que se desprenda el propietario, aunque tengan valor comercial y se recojan con fines comerciales a efectos de reciclado, recuperación o reutilización.

Determinadas circunstancias pueden constituir indicios de la existencia de una acción, de una intención o de una obligación de desprenderse de una sustancia o de un objeto a efectos del artículo 1, letra a), de la Directiva 75/442. Éste será el caso, en particular, cuando la sustancia utilizada sea un residuo de producción, es decir, un producto que no ha sido buscado como tal. No obstante, una sustancia reutilizada de forma segura, sin transformación previa, y sin solución de continuidad del proceso de producción no puede calificarse como residuo. Otros indicios de la existencia de un residuo en el sentido de la mencionada disposición, se desprenden, en su caso, de que el método de tratamiento de la sustancia controvertida sea la forma habitual de tratamiento de residuos o de que la sociedad considere esa sustancia como residuo, así como de que, si se trata de un residuo de producción, no pueda dársele otro uso que la eliminación o de que su utilización deba hacerse con especiales medidas de precaución para el medio ambiente. Estos elementos no son necesariamente determinantes y la existencia real de un residuo debe verificarse a la vista del conjunto de circunstancias, teniendo en cuenta el objetivo de la Directiva y velando por que no se menoscabe su eficacia.

(véanse los apartados 33, 34, 36, 39 y 40)

5. El coque de petróleo producido en una refinería de petróleo de manera voluntaria o como resultado de la producción simultánea de otras sustancias combustibles petrolíferas, y que con toda certeza se utiliza como combustible para las necesidades energéticas de la refinería y las de otras industrias, no es un residuo a efectos de la Directiva 75/442, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156.

(véanse el apartado 47 y el fallo)