ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2010/13, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, que, para diferenciar el programa que se acaba de la secuencia de publicidad televisiva siguiente, permite que una pantalla dividida que muestre los créditos de cierre de un programa televisivo en una columna y un menú de presentación de los siguientes programas en la otra no vaya seguida necesariamente de una señal acústica u óptica o no se combine necesariamente con ella, siempre que tal medio de diferenciación cumpla por sí solo los requisitos establecidos en la primera frase de dicho artículo 19, apartado 1.

De los términos de dicha disposición, interpretada a la luz del considerando 83 de dicha Directiva, resulta que, aunque la publicidad televisiva y la televenta deben diferenciarse claramente de los programas televisivos recurriendo a los distintos medios relacionados en el artículo 19, apartado 1, segunda frase, de la Directiva, no cabe considerar que tales medios tengan que aplicarse cumulativamente. En efecto, si uno solo de ellos, sea óptico, acústico o espacial, puede garantizar que se cumplan íntegramente los requisitos establecidos en la primera frase del artículo 19, apartado 1, de esta Directiva, los Estados miembros están facultados a no imponer el uso conjunto de dichos medios.

(véanse los apartados 34, 37, 39 y 40 y el punto 1 del fallo)
No afecta a la validez del Reglamento de Ejecución no 260/2013, que amplía el derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento no 1458/2007, sobre las importaciones de encendedores de bolsillo no recargables, de gas y piedra, originarios de la República Popular China, a las importaciones de encendedores de bolsillo no recargables, de gas y piedra, procedentes de la República Socialista de Vietnam, hayan sido o no declarados como originarios de la República Socialista de Vietnam, el hecho de que ese Reglamento fuera adoptado cuando ya no estaba en vigor el Reglamento no 1458/2007.

Para determinar el alcance de una disposición de Derecho de la Unión Europea, en este caso el artículo 13 del Reglamento no 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, hay que tener en cuenta tanto sus términos como su contexto y sus finalidades.

El artículo 13 del Reglamento no 1225/2009 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la adopción de un Reglamento que conlleve la ampliación de las medidas antidumping cuando estas medidas ya no están en vigor, a condición de que, por un lado, la ampliación afecte únicamente al período anterior a la expiración de dichas medidas y, por otro lado, que el registro de las importaciones objeto de dumping se haya ordenado, conforme al artículo 13, apartado 3, y al artículo 14, apartado 5, del Reglamento no 1225/2009, o, en su caso, que se hayan exigido garantías, en el momento de apertura de la investigación sobre la elusión, con el fin de permitir la aplicación retroactiva de las medidas ampliadas a partir de la fecha de dicho registro.

(véanse los apartados 42, 55, 58 y 59)
El concepto de proyecto de interés común en el sentido de los artículos 171 TFUE, apartado 1, y 172 TFUE, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a un proyecto que se limita a prolongar un corredor ferroviario de mercancías existente. Este concepto se aplica a proyectos que sobrepasan el nivel de un mero mecanismo de coordinación del tráfico y conllevan una mejora cualitativa estructural del corredor ferroviario de mercancías inicial.

En efecto, el Tratado FUE no define el concepto de proyecto de interés común utilizado en dichos artículos. Así, el artículo 171 TFUE, apartado 1, primer y tercer guión, dispone que, a fin de alcanzar los objetivos mencionados en el artículo 170 TFUE, la Unión elaborará orientaciones y que estas orientaciones identificarán proyectos de interés común, y que la Unión podrá apoyar estos proyectos. En este marco jurídico, en lo que respecta a las infraestructuras de transporte, el Reglamento no 1315/2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, identifica los proyectos de interés común como instrumento principal para la realización de una red transeuropea de transporte. El considerando 8 de la exposición de motivos de este Reglamento indica que dicha red debe desarrollarse mediante la creación de nuevas infraestructuras de transporte, la rehabilitación y la mejora de las infraestructuras ya existentes y mediante medidas que promuevan una utilización de las mismas basada en el consumo eficiente de recursos. A este respecto, si bien es cierto que para reconocer una medida como proyecto de interés común no se exige la creación de una nueva infraestructura de transporte, un proyecto de este tipo debe no obstante incluir una inversión destinada, como mínimo, a rehabilitar o a mejorar una infraestructura existente para hacerla más eficaz y competitiva, tal y como se desprende, entre otros, del artículo 7 del Reglamento no 1315/2013.

Además, se deduce del artículo 48, apartado 1, del Reglamento no 1315/2013, que sólo se refiere a una adecuada coordinación entre los corredores de la red básica y los corredores ferroviarios de mercancías, que el Parlamento y el Consejo estimaron, al ejercer la competencia que les confieren les artículos 171 TFUE, apartado 1, y 172 TFUE, párrafo primero, que los corredores ferroviarios de mercancías no forman parte de los proyectos de interés común identificados en dicho Reglamento. Por otra parte, el Reglamento no 913/2010, sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo, no dispone que los corredores ferroviarios de mercancías, ni siquiera los ya existentes, deban desarrollarse como proyectos de infraestructura.

(véanse los apartados 43, 44, 46, 51 a 53, 55, 58 y 60)
Asunto C‑8/14

BBVA, S.A.,

contra

Pedro Peñalva López y otros

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell)

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contrato de préstamo hipotecario — Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución — Incidente de oposición — Plazos de caducidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de octubre de 2015

Protección de los consumidores — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Procedimiento de ejecución hipotecaria en curso en la fecha en que se aprueba una disposición transitoria nacional que establece un plazo preclusivo para formular oposición a la ejecución forzosa — Plazo que comienza a correr a partir del día siguiente al de la publicación de la norma — No conformidad con el principio de efectividad

(Directiva 93/13/CEE del Consejo, arts. 6 y 7)

Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición transitoria nacional que impone a los consumidores, respecto de los que se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley de la que forma parte esa disposición y que a esa fecha no ha concluido, un plazo preclusivo de un mes, calculado a partir del día siguiente al de la publicación de esa Ley, para formular oposición a la ejecución forzosa sobre la base del carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales.

En efecto, aunque no cabe considerar que dicha disposición transitoria sea contraria al principio de efectividad, habida cuenta de la duración del plazo de oposición concedido a los consumidores, la circunstancia de que ese plazo preclusivo comience a correr sin que los consumidores afectados sean informados personalmente de la posibilidad de alegar un nuevo motivo de oposición en el marco de un procedimiento de ejecución ya iniciado antes de entrar en vigor la ley de la que forma parte esa disposición transitoria, no garantiza que se pueda aprovechar plenamente ese plazo y, en consecuencia, no garantiza el ejercicio efectivo del nuevo derecho reconocido por la modificación legislativa en cuestión.

En consecuencia, tal disposición transitoria nacional vulnera el principio de efectividad.

(véanse los apartados 32, 39, 41 y 42 y el fallo)
1.

Recurso de casación — Motivos — Error de Derecho — No aplicación de los criterios identificados como jurídicamente pertinentes por el juez de la Unión en el marco de su interpretación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véase el apartado 31)
Las Directivas 1999/5, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, en particular su artículo 8, 2002/19, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, 2002/20, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, 2002/21, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, y 2002/22, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, en su versión modificada por la Directiva 2009/136, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a la aplicación de un impuesto en cuya virtud la utilización de equipos terminales de radiocomunicación móvil terrestre, en el marco de un contrato de abono, está sujeta a una autorización general o a una licencia así como al pago de un impuesto de ese tipo, ya que el contrato de abono hace funciones por sí mismo de licencia o de autorización general y, por tanto, no se requiere ninguna intervención de la administración al respecto.

(véanse el apartado 46 y el punto 1 del fallo)
El artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 98/59, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa o práctica nacional que no tiene en cuenta, en el cálculo del número de trabajadores empleados previsto en esa disposición, a un miembro de la dirección de una sociedad de capital que ejerce su actividad bajo la dirección y el control de otro órgano de la sociedad, que percibe una retribución a cambio de su actividad y que no posee él mismo ninguna participación en dicha sociedad.

A este respecto, el hecho de que una persona tenga la condición de miembro de un órgano de dirección de una sociedad de capital no puede excluir por sí solo que esa persona se halle en una relación de subordinación respecto a dicha sociedad. En efecto, procede examinar las condiciones en las que ese miembro fue contratado, la naturaleza de las funciones que se le encomendaron, el marco en que se ejercen estas últimas, el alcance de las facultades del interesado y el control de que es objeto en el seno de la sociedad, así como las circunstancias en que puede ser destituido. Si bien un miembro de la dirección de una sociedad de capital dispone de un margen de apreciación en el ejercicio de sus funciones que excede, en particular, el de un trabajador en el sentido del Derecho nacional, al que el empresario puede ordenarle en concreto las tareas que debe realizar y la manera en que debe realizarlas, no es menos cierto que aquél se halla en una relación de subordinación con respecto a dicha sociedad.

Además, esta interpretación se ve corroborada por la finalidad de la Directiva 98/59, que pretende concretamente, tal como se desprende de su considerando 2, reforzar la protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos. De acuerdo con este objetivo, no puede darse una definición restringida a los conceptos que determinan el ámbito de aplicación de dicha Directiva, incluido el concepto de «trabajador» que figura en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la propia Directiva.

Por último, una normativa o práctica nacional que no tiene en cuenta a los miembros de la dirección de una sociedad de capital en el cálculo del número de trabajadores empleados previsto en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 98/59, puede no sólo afectar a la protección que esta Directiva concede a tales miembros, sino sobre todo privar al conjunto de trabajadores empleados por determinadas empresas, que cuentan normalmente con más de 20 trabajadores, de los derechos que les confiere dicha Directiva y menoscabar por ello el efecto útil de ésta.

(véanse los apartados 38, 41, 44, 47 y 48 y el punto 1 del fallo)
Tratándose de una remisión prejudicial para la interpretación del Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento no 1347/2000, el Tribunal de Justicia puede decidir tramitarla por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 107 de su Reglamento de Procedimiento ya que afecta a un menor de tres años, que está separado de su padre desde hace más de un año. Por tanto, la prolongación de la situación de separación, caracterizada además por la importante distancia que separa la residencia del padre de la del menor, podría dañar gravemente la futura relación de éste con su padre.

El artículo 11, apartados 7 y 8, del Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a que un Estado miembro atribuya a un tribunal especializado la competencia para examinar las cuestiones de restitución o de custodia del menor en el marco del procedimiento previsto por esas disposiciones incluso cuando un órgano jurisdiccional ya conozca por otra parte de un procedimiento sobre el fondo acerca de la responsabilidad parental en relación con el menor.

En efecto, corresponde a los Estados miembros la designación del órgano jurisdiccional competente para examinar las cuestiones de la restitución o de la custodia del menor en el marco del procedimiento previsto en el artículo 11, apartados 6 a 8, del citado Reglamento. El hecho de que un Estado miembro atribuya a un tribunal especializado esa competencia no puede en sí menoscabar la eficacia del Reglamento referido.

No obstante, es preciso procurar que esa atribución de competencia se acomode a los derechos fundamentales del menor enunciados en el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en especial al objetivo de celeridad de los procedimientos. En lo referente al objetivo de celeridad, al aplicar las disposiciones del Derecho interno pertinentes, el tribunal nacional que debe interpretarlas está obligado a hacerlo a la luz del Derecho de la Unión y en especial del citado Reglamento.

(véanse los apartados 49 y 51 a 54 y el fallo)
55

Así es también en lo concerniente al argumento de que el Tribunal General estimó que la recurrente había alegado los aspectos característicos del mercado español en concepto de circunstancias atenuantes y no como factores ilustrativos de la menor gravedad de la infracción discutida. En efecto, toda vez que el Tribunal General examinó las alegaciones de la recurrente acerca de las características del mercado español al apreciar las circunstancias atenuantes, no cabe en ningún caso reprocharle no haberlas examinado al apreciar la gravedad de la infracción (véase la sentencia de 5 de diciembre de 2013, Solvay Solexis/Comisión, C‑449/11 P, no publicada, EU:C:2013:802, apartados 78 y 79).
28

En segundo lugar, la recurrente sostiene, con carácter subsidiario, que el Tribunal General infringió el artículo 101 TFUE al considerar que la recurrente había participado en una infracción que afectaba a los productos cerámicos en Bélgica, siendo así que ya no estaba activa en dicho mercado desde finales de 2002, y que no se demostró que tuviera voluntad de contribuir a la consecución de los objetivos de los miembros del cártel. En particular, la recurrente señala que el Tribunal General no indicó qué «actuaciones» pudo coordinar dicha sociedad, tras su retirada del mercado, con los demás participantes en el cártel para restringir la competencia en dicho mercado. La recurrente considera que, a la luz de la motivación adoptada por el Tribunal General en las sentencias de 16 de septiembre de 2013, Wabco Europe y otros/Comisión (T‑380/10, EU:T:2013:449, apartados 79 y siguientes), y Keramag Keramische Werke y otros/Comisión (T‑379/10 y T‑381/10, no publicada, EU:T:2013:457, apartados 222 y siguientes), no se le puede imputar la responsabilidad por los hechos cometidos por terceros tras la fecha en que se retiró de ese mercado, ni imponérsele una multa por ello. La recurrente subraya que, en cualquier caso, la apreciación contradictoria de los hechos en la sentencia recurrida y en la sentencia de 16 de septiembre de 2013, Wabco Europe y otros/Comisión (T‑380/10, EU:T:2013:449), supone una vulneración del principio de igualdad de trato en su detrimento.
4

El artículo 2 de dicha Directiva establece: «1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “productos energéticos” los productos especificados a continuación: a) los productos de los códigos NC 1507 a 1518, cuando se destinen al consumo como combustible para calefacción o como carburante de automoción; [...] h) los productos del código NC 3824 90 99, cuando se destinen al consumo como combustible para calefacción o como carburante de automoción. 2. La presente Directiva se aplicará también a: la electricidad incluida en el código NC 2716. 3. Cuando estén destinados a ser utilizados, puestos a la venta o utilizados como carburante de automoción o combustible para calefacción, los productos energéticos para los que la presente Directiva no especifique ningún nivel de imposición se gravarán, en función de su utilización, con el mismo tipo impositivo aplicable al combustible para calefacción o al carburante de locomoción equivalente. [...] 4. La presente Directiva no se aplicará a: [...] b) los siguientes usos de los productos energéticos y de la electricidad: — productos energéticos utilizados para fines que no sean el de carburante de automoción ni el de combustible para calefacción, [...]»
26

En relación con la tasa controvertida, que recae sobre la persona física o jurídica titular de un derecho real o de un derecho de explotación sobre una antena de telefonía móvil, sea o no titular de una autorización concedida en aplicación de la Directiva sobre autorización, de las observaciones formuladas ante el Tribunal de Justicia resulta que el hecho imponible de dicha tasa no está vinculado al procedimiento de autorización general que habilita a las empresas para suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicos, extremo que, no obstante, corresponde determinar al tribunal remitente.
6

A tenor del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, p. 13): «Por lo que respecta al artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento (CE) no 1049/2001, con excepción de las investigaciones, en particular aquellas relativas a posibles incumplimientos del Derecho comunitario, se considerará que la divulgación reviste un interés público superior cuando la información solicitada se refiera a emisiones al medio ambiente. Por lo que respecta a las demás excepciones contempladas en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001, los motivos de denegación serán interpretados de manera [estricta], teniendo en cuenta el interés público que reviste la divulgación y si la información solicitada se refiere a emisiones al medio ambiente.»
8

Entre los años 2003 y 2009, Y Ltd recibió aportaciones de capital mediante emisiones reservadas a X AB. A continuación, ésta vendió participaciones de Y Ltd a su propia matriz en dos ocasiones. Tras dichas ventas, X AB poseía alrededor de un 45 % de las participaciones de Y Ltd, tanto por lo que se refiere al capital como a los derechos de voto.
196

En efecto, no facilitar dentro del plazo establecido una información solicitada sobre la base de la antedicha disposición no puede dar lugar a la imposición de una multa o de una multa coercitiva en virtud de los artículos 23 y 24 del Reglamento no 1/2003, respectivamente. La simple solicitud de información se distingue de este modo de la decisión formal adoptada sobre la base del artículo 18, apartado 3, del Reglamento no 1/2003, con respecto a la cual dicho Reglamento prevé la imposición de sanciones pecuniarias en caso de que no haya respuesta.
36

Ahora bien, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo está justificada cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder útilmente a las cuestiones planteadas (véase, en particular, la sentencia Fish Legal y Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, apartado 30 y jurisprudencia citada).
33

Esa interpretación se ajusta a las intenciones del legislador de la Unión según resultan de los trabajos preparatorios de la Directiva 2005/36. Así, respecto al artículo 10 de esa Directiva, la propuesta inicial de la Comisión Europea, contenida en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales [COM(2002) 119 final] (DO 2002, C 181 E, p. 183), no hacía mención alguna del concepto «razón particular y excepcional» ni del artículo 10, letras a) a g), de la Directiva 2005/36. Ese concepto y esas disposiciones fueron añadidas a iniciativa del Consejo de la Unión Europea en la Posición Común (CE) no 10/2005, aprobada por el Consejo el 21 de diciembre de 2004, con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO 2005, C 58 E, p. 1). De la exposición de motivos del Consejo (DO 2005, C 58 E, p. 119) resulta que éste estimaba que la propuesta inicial de la Comisión sobre el artículo 10 de esa Directiva era demasiado amplia. El Consejo precisaba además que «el régimen general debería aplicarse únicamente a las profesiones no reguladas por los capítulos II y III del título III, así como a los casos particulares enumerados en las letras a) a g) del artículo 10 de la Posición Común, en los cuales el solicitante, si bien pertenece a una de las profesiones contempladas en los citados capítulos, no reúne, por razones específicas y excepcionales, las condiciones previstas en ellos».