Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Apreciación de validez — Imposibilidad de invocar los Acuerdos de la OMC para impugnar la legalidad de un acto comunitario

2. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, arts. 1, ap. 2, y 2, aps. 1 y 6, letra a)]

3. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping

[Reglamentos (CE) del Consejo nº 384/96, art. 2, aps. 10 y 11, y nº 2398/97]

4. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Perjuicio

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 3, ap. 5]

5. Cuestiones prejudiciales — Apreciación de validez — Declaración de invalidez de un reglamento comunitario por el que se establece un derecho antidumping definitivo — Efectos

[Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 236, ap. 1]

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1. Teniendo en cuenta su naturaleza y su espíritu, los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no forman parte, en principio, de las normas respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias. Tan sólo en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de los Acuerdos de la OMC, corresponderá al Tribunal de Justicia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC.

(véanse los apartados 29 y 30)

2. En cuanto respecta al establecimiento de derechos antidumping, el Consejo, en el marco de la determinación del valor normal «calculado» de un producto, no incurre en un error manifiesto de apreciación al considerar que, en el momento de determinar los importes correspondientes a los gastos de venta, generales y administrativos, así como a los beneficios, el artículo 2, apartado 6, letra a), del Reglamento antidumping de base nº 384/96, por una parte, no excluye que se tengan en cuenta los datos de una sola empresa que, entre otras empresas afectadas por la investigación, haya efectuado, en el mercado interno del Estado de origen, ventas representativas del producto similar durante el periodo de investigación, y, por otra parte, permite excluir de la determinación del margen de beneficio las ventas de otros exportadores o productores que no han tenido lugar en el curso de operaciones comerciales normales, conforme al principio establecido en los artículos 1, apartado 2, y 2, apartado 1, de dicho Reglamento, según el cual el valor normal debe, en principio, basarse en los datos relativos a las ventas realizadas en el curso de operaciones comerciales normales.

(véanse los apartados 46 a 48)

3. En la medida en que el margen de dumping debe determinarse comparando, de forma ecuánime, el valor normal del producto similar con el precio de exportación a la Comunidad, el Consejo incurre en un error manifiesto de apreciación al aplicar, a los efectos de la determinación del margen de dumping global de un producto que es objeto de una investigación antidumping, el método de la «reducción a cero» de los márgenes de dumping negativos, en tanto en cuanto la utilización de dicho método, al cual, el artículo 2 del Reglamento antidumping de base nº 384/96 no hace, por lo demás, ninguna referencia, se traduce, al llevarse a cabo la comparación entre el valor medio ponderado y la media ponderada de los precios de todas las exportaciones a la Comunidad, en una modificación de los precios de las transacciones de exportación y, por tanto, en comparaciones que no reflejan plenamente todos los precios de exportación comparables. Por consiguiente, es invalido el artículo 1 del Reglamento nº 2398/97, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originaria de Egipto, de la India y de Pakistán, en la medida en que el Consejo aplicó, a los efectos de la determinación del margen de dumping global relativo al producto objeto de la investigación que dio lugar a la adopción de dicho Reglamento, el método de la «reducción a cero» de los márgenes de dumping negativos para cada uno de los tipos de productos de los que se trata.

(véanse los apartados 55 a 57 y el punto 1 del fallo)

4. El artículo 3, apartado 5, del Reglamento antidumping de base nº 384/96, en el que se enumeran los factores de perjuicio pertinentes que pueden incidir en el estado de la industria comunitaria, concede a las autoridades comunitarias una facultad discrecional en lo que respecta al examen y la evaluación de los diferentes índices que hay que tener en cuenta en la determinación de la existencia de un perjuicio.

En particular, esta disposición sólo exige que se examinen los factores y los índices económicos pertinentes que influyan en el estado de la industria comunitaria, de los cuales hace, por lo demás, una lista no exhaustiva. Por consiguiente, las instituciones comunitarias no sobrepasan el margen de apreciación que se les reconoce en la evaluación de situaciones económicas complejas, al evaluar, a los efectos del examen de la incidencia de las importaciones objeto de dumping sobre el estado de la industria comunitaria, únicamente los factores pertinentes que afectan a dicho estado.

(véanse los apartados 61 a 63)

5. Un importador que ha interpuesto, ante un órgano jurisdiccional nacional, un recurso contra una resolución mediante la cual se le reclama el pago de derechos antidumping con arreglo a un reglamento comunitario por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones, declarado inválido por el juez comunitario en el marco de una remisión prejudicial sobre apreciación de validez, puede, en principio, invocar esta invalidez en el marco del litigio principal para obtener la devolución de estos derechos de conformidad con el artículo 236, apartado 1, del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario. A este respecto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si se cumplen los requisitos a los cuales está sujeta una devolución de este tipo.

(véanse los apartados 67 y 69 y el punto 2 del fallo)