ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Asunto C‑392/16

Dumitru Marcu

contra

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)

y

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti)

«Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 199, apartado 1, letra c) — No identificación a efectos del IVA — Autoliquidación — Carácter hipotético de la cuestión prejudicial — Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 6 de julio de 2017

Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Solicitud de interpretación de disposiciones del Derecho de la Unión manifiestamente inaplicables en el litigio principal — Inaplicabilidad del artículo 199, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE — Inadmisibilidad

[Art. 267 TFUE; Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 135, ap. 1, letras j) y k), 137, ap. 1, letras b) y c), y 199, ap. 1, letra c)]

La petición de decisión prejudicial formulada por la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía) es inadmisible.

Sólo cuando el Estado miembro en cuestión ha decidido conceder a sus sujetos pasivos la opción establecida en el artículo 137 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y uno de esos sujetos pasivos ha ejercido dicha opción para operaciones que entran en el ámbito del artículo 135, apartado 1, letras j) y k), de esta Directiva puede aplicarse el mecanismo de autoliquidación a tales operaciones, sobre la base del artículo 199, apartado 1, letra c), de la misma Directiva.

En consecuencia, aunque las operaciones controvertidas en el litigio principal, o algunas de ellas, se refieran a bienes inmuebles en el sentido del artículo 135, apartado 1, letras j) y k), de la Directiva 2006/112, al no haber hecho uso Rumanía, en su normativa, de la facultad —establecida por el artículo 137, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2006/112— de conceder a sus sujetos pasivos el derecho a optar por la tributación de tales operaciones o al no haber solicitado expresamente el Sr. Marcu, conforme al referido artículo 137, la aplicación del IVA a tales operaciones, no concurren los requisitos de aplicación del artículo 199, apartado 1, letra c), de dicha Directiva y, en consecuencia, no puede aplicarse el mecanismo de autoliquidación, tal como está previsto en la propia Directiva.

Suponiendo, en segundo lugar, que las operaciones controvertidas en el litigio principal se refieran a los bienes inmuebles del artículo 12, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2006/112, el mecanismo de autoliquidación tampoco puede aplicarse a tales operaciones, pues no figuran entre las operaciones contempladas taxativamente en el artículo 199, apartado 1, letras a) a g), de la Directiva 2006/112.

(véanse los apartados 47, 51, 52 y 54 y el fallo)
65

Por otro lado, es preciso observar que el legislador de la Unión subrayó igualmente, en ese mismo considerando 76, que, no obstante, deberían seguir examinándose otros métodos de verificación. El artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2009/28 establece, así, que la Comisión informará sobre el funcionamiento del método de verificación por balance de masa y sobre la posibilidad de prever otros métodos de verificación, en particular aquellos en los que no es preciso que la información sobre las características quede asociada físicamente a determinadas partidas o mezclas, teniendo en cuenta asimismo la necesidad de mantener la integridad y eficacia del sistema de verificación, evitando al mismo tiempo la imposición de una carga irrazonable a la industria. A este respecto, la Comisión concluyó que es oportuno mantener el método del balance de masa [véase, en particular, Commission Staff Working Document: Report on the operation of the mass balance verification method for the biofuels and bioliquids sustainability scheme in accordance with Article 18(2) of Directive 2009/28/EC (SEC/2010/0129 final)].
24

En apoyo de su recurso, dichas sociedades invocaron cinco motivos, refiriéndose el primero de ellos a las infracciones de las normas de prescripción. En el marco de la primera parte del primer motivo, basada en una infracción del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1/2003, sostenían que la Comisión ya no podía actuar contra Akzo Nobel Chemicals GmbH y Akzo Nobel Chemicals BV a partir del 28 de junio de 1998, puesto que éstas habían dejado de participar en las infracciones el 28 de junio de 1993. En consecuencia, estimaban que no podía imputárseles responsabilidad alguna, ni tampoco a Akzo Nobel en su calidad de sociedad matriz de las referidas sociedades, en lo que respecta al primer período de infracción.
12

Cuando se adoptó la resolución de remisión, estaba en marcha un procedimiento legislativo dirigido a modificar este artículo añadiéndole un apartado 4, con el siguiente tenor: «La policía podrá decidir el internamiento de un extranjero para su traslado al Estado vinculado por una disposición directamente aplicable de la Unión únicamente si existe un riesgo considerable de fuga. Se entenderá por riesgo considerable de fuga, en particular, el hecho de que el extranjero haya permanecido ilegalmente en el territorio nacional, haya eludido en el pasado su traslado al Estado vinculado por una disposición directamente aplicable de la Unión o que haya intentado huir o expresado la intención de no respetar una resolución definitiva de traslado al Estado vinculado por una disposición directamente aplicable de la Unión o si tal intención se deduce claramente de su comportamiento. También se entenderá por riesgo considerable de fuga el hecho de que el extranjero que deba ser trasladado al Estado vinculado por una disposición directamente aplicable de la Unión y que no comparta fronteras con la República Checa no pueda viajar solo de forma legal a dicho Estado ni pueda proporcionar una dirección de residencia en el territorio nacional.»
El artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo, así como el artículo 2, punto 3, del Reglamento n.o 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006, deben interpretarse en el sentido de que el servicio de transporte de trabajadores entre el domicilio y el lugar de trabajo, organizado por su empleador y cuyo trayecto del servicio no supere 50 km, está comprendido en el ámbito de aplicación de la excepción establecida en el artículo 3, letra a), del Reglamento n.o 561/2006, según la cual este último Reglamento no se aplica a tal servicio de transporte.
27

Según el consejero auditor, la recurrente no demostró que la publicación de los datos que ella había entregado a la Comisión para acogerse al programa de clemencia regulado por la Comunicación sobre la clemencia de 2002 pudiera ocasionarle un perjuicio grave. A su entender, el interés de una empresa a la que la Comisión ha impuesto una multa por infracción de las normas sobre competencia en que no se divulguen entre el público los detalles de la conducta infractora que se le imputa no merece, en cualquier caso, protección particular alguna. En relación con este extremo, el consejero auditor recordó que las acciones de indemnización formaban parte de la política de la Unión Europea en materia de competencia y que, por lo tanto, la recurrente no podía alegar un interés legítimo en ser protegida contra el riesgo de ser objeto de tales demandas por haber participado en la infracción a que se refiere la Decisión PHP.
20

Según dicho órgano jurisdiccional, puesto que en el presente asunto no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 241, segunda frase, primer guion, del Código aduanero, la demandante sólo puede invocar como fundamento de su pretensión de pago de intereses la normativa nacional, de conformidad con el artículo 241, segunda frase, segundo guion, del Código aduanero. A este respecto, indica que de la lectura conjunta del artículo 37, apartado 2, primera frase, y del artículo 233, primera frase, de la Ley Tributaria se desprende que los derechos derivados de una obligación tributaria sólo devengarán intereses cuando así esté establecido legalmente. En consecuencia, conforme al Derecho alemán, sólo podría tomarse en consideración como base jurídica del pago de intereses el artículo 236 de la Ley Tributaria. No obstante, puesto que la demandante en el asunto principal no inició un procedimiento judicial con el objeto de que se le devolvieran los derechos antidumping abonados anteriormente a la Oficina principal de aduanas de Bielefeld, dicha disposición no es aplicable en el asunto principal.
37

En el litigio principal, dado que en la resolución de remisión se indica que las mercancías de que se trata en el litigio principal no se presentaron en la oficina de aduana de destino en Viena, el régimen de tránsito comunitario externo no pudo finalizar en la fecha fijada conforme a lo dispuesto en el artículo 92 del Código aduanero y no cabe excluir que siguieran estando bajo ese régimen cuando el Sr. Horváth se hizo nuevamente cargo de ellas el 18 de diciembre de 2008 para transportarlas hasta su destinatario final en Roma. Además, la información de que dispone el Tribunal de Justicia no permite determinar con certeza si el Sr. Horváth sabía que esas mercancías seguían estando bajo régimen de tránsito.
29

A continuación, en los considerandos 188 a 191 de la Decisión impugnada, la Comisión indicó lo siguiente: «(188) A primera vista, el análisis de este caso concreto sugiere un desfase cronológico entre las ventajas para la empresa, que parecen haber sido especialmente importantes en el mes de julio [de 2002], y el compromiso potencial de recursos estatales, que parece más claramente establecido en el mes de diciembre [de 2002]. En efecto, las declaraciones del Ministro de Economía […] podrían calificarse como ayuda, en la medida en que tales declaraciones ejercieron manifiestamente un efecto en los mercados y otorgaron una ventaja a [FT]. Con todo, no sería fácil determinar sin lugar a dudas si l[a] declaración [de 12] de julio de 2002 pud[o] comprometer recursos oficiales, al menos potencialmente. […] (189) No obstante, en este caso concreto la Comisión no dispone de elementos suficientes para probar de modo irrefutable la existencia de ayuda basándose en esta tesis innovadora. En cambio, siguiendo un enfoque más tradicional considera poder establecer la existencia de elementos de ayuda a partir de las medidas de diciembre [de 2002] que habían sido notificadas. (190) En efecto, por una parte, en el mes de diciembre [de 2002] está clara la existencia de un compromiso de recursos oficiales. Y, por otra parte, también resulta evidente la existencia de una ventaja para [FT] en el mes de diciembre [de 2002] en cuanto se tiene en cuenta la repercusión en los mercados de las declaraciones y de las medidas previas. (191) A este respecto, no es posible alegar el “principio del inversor privado en una economía de mercado” para justificar esta intervención de diciembre [de 2002], como pretenden las autoridades francesas, ya que en diciembre el comportamiento de los agentes económicos estaba claramente influenciado por la actuación y por las declaraciones del Gobierno desde el mes de julio [de 2002]. Si no está totalmente claro que [la declaración] [de 12] de julio [de 2002] fuera […] lo bastante concret[a] como para ser constitutiv[a] de ayuda en sí mism[a], apenas caben dudas en cuanto a que [tal declaración] fuer[a] más que suficiente […] para “contaminar” la percepción de los mercados e influir en el posterior comportamiento de los agentes económicos. Si tal es el caso, este comportamiento de los agentes económicos no se puede tomar como punto de comparación neutro para juzgar el comportamiento del Estado [francés]. La presunción basada en el “principio del inversor privado en una economía de mercado” no puede, por consiguiente, basarse en la situación del mercado tal como ésta se presentaba en diciembre [de 2002] sino que lógicamente debería basarse en una situación del mercado no contaminada por la repercusión de unas declaraciones anteriores.»
11

Mediante sentencia de 7 de octubre de 2014, ese tribunal declaró que el desarrollo y promoción del plan Lucky 4 All constituyen, efectivamente, una práctica comercial engañosa. En cambio, declaró que no se cumplía uno de los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 3 de abril de 2014, 4finance (C‑515/12, EU:C:2014:211), que permiten calificar una práctica comercial de «plan de venta piramidal» con arreglo al anexo I, punto 14, de la Directiva 2005/29. Más concretamente, dicho tribunal estimó que no quedaba acreditado que la financiación de la compensación abonada a los participantes existentes en el plan Lucky 4 All dependiese «fundamentalmente» o «principalmente» de la contraprestación económica de los nuevos participantes.
27

En estas circunstancias, la Vergabekammer Südbayern (Cámara de contratos públicos del Sur de Baviera) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿En un procedimiento de adjudicación con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.o 1370/2007, en relación con la Directiva 2004/18 [modificada] o con la Directiva 2014/24, sólo son de aplicación las disposiciones de dichas directivas, de manera que no deben aplicarse las disposiciones del Reglamento n.o 1370/2007 que diverjan de ellas? 2) ¿La legalidad de la adjudicación de subcontratos en un procedimiento de licitación con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.o 1370/2007, en relación con la Directiva 2004/18 [modificada] o con la Directiva 2014/24, se rige, en consecuencia, exclusivamente por las normas desarrolladas por el Tribunal de Justicia en relación con la Directiva 2004/18 [modificada] y por lo dispuesto en el artículo 63, apartado 2, de la Directiva 2014/24, o, como excepción a lo anterior, un poder adjudicador puede imponer igualmente a los licitadores en un procedimiento de licitación de este tipo un porcentaje mínimo de prestación propia (en función de los kilómetros del itinerario) con arreglo al artículo 4, apartado 7, del Reglamento n.o 1370/2007? 3) En caso de que el artículo 4, apartado 7, del Reglamento n.o 1370/2007 sea aplicable a los procedimientos de licitación con arreglo al artículo 5, apartado 1, de dicho Reglamento, en relación con la Directiva 2004/18 [modificada] o con la Directiva 2014/24, ¿el poder adjudicador tiene libertad para establecer la cuota de prestación propia, en vista de lo dispuesto en el decimonoveno considerando del Reglamento n.o 1370/2007, de manera que puede estar justificada la imposición por el poder adjudicador de una cuota de prestación propia del 70 % en función de los kilómetros del itinerario?»
5

El decreto legislativo n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto Legislativo n.° 163/2006, por el que se crea el Código de los contratos públicos de obras, de servicios y de suministros, en aplicación de la Directiva 2004/18), de 12 de abril de 2006 (suplemento ordinario de la GURI n.o 100, de 2 de mayo de 2006), dispone en su artículo 122, apartado 9, que lleva por título «Régimen específico para los contratos de obras públicas cuyo valor es inferior al umbral»: «Para las obras por un importe inferior o igual a 1 millón de euros cuando el criterio de adjudicación sea el del precio más bajo, el poder adjudicador podrá prever en el anuncio la exclusión automática de las ofertas que presenten un porcentaje de rebaja igual o superior al umbral de anomalía determinado de conformidad con el artículo 86, en cuyo caso no se aplicará el artículo 87, apartado 1. No obstante, no podrá hacerse uso de esa facultad de exclusión automática cuando el número de ofertas admitidas sea inferior a diez, en cuyo caso se aplicará el artículo 86, apartado 3».
27

Por último, el tribunal remitente añade que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha elaborado el concepto de trabajadores indefinidos no fijos para los supuestos de contratos temporales en fraude de ley suscritos por las Administraciones públicas; la duración indefinida del contrato implica que éste no está sometido a plazo. Sin embargo, dado que tal trabajador sólo puede adquirir una condición de fijeza en plantilla tras haber superado los procedimientos selectivos con arreglo a lo dispuesto en las normas sobre selección de personal laboral fijo en las Administraciones públicas, existe por tanto una causa lícita para extinguir la relación laboral indefinida no fija cuando el procedimiento de provisión o amortización de dicha plaza haya tenido lugar en la forma legalmente procedente. No obstante, dado que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo sólo se pronuncia en litigios relativos a funcionarios de carrera, no existe una jurisprudencia uniforme en relación con el personal estatutario temporal o con los funcionarios interinos. En efecto, aunque algunos tribunales niegan con carácter general la posibilidad de asimilar el personal estatutario temporal o los funcionarios interinos a los trabajadores indefinidos no fijos, existen otros supuestos en los que los efectos de la extinción de tal relación de servicio temporal han podido asimilarse a los resultantes de la extinción de una relación laboral indefinida no fija, en particular respecto de la obligación de reincorporación.
6

La Directiva 2001/29 se transpuso en el ordenamiento jurídico italiano por el decreto legislativo n.o 68 — Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (Decreto Legislativo n.o 68, para la aplicación de la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información), de 9 de abril de 2003 (suplemento ordinario de la GURI n.o 87, de 14 de abril de 2003), que modificó la legge n.o 633 — Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Ley n.o 633, para la protección del derecho de autor y de los otros derechos conexos a su ejercicio), de 22 de abril de 1941 (en lo sucesivo, «LDA»), introduciendo en esa Ley los artículos 71 sexies, 71 septies y 71 octies, relativos a la «reproducción privada para uso personal».
39

No es posible desvirtuar esta apreciación con las explicaciones dadas en el documento titulado «Guidance Document n.o 7 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 New Entrants and Closures», que la Comisión ha publicado en su sitio Internet. En efecto, según indica expresamente ese documento, éste no es jurídicamente vinculante y no refleja la posición oficial de la Comisión.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Nomenclatura Combinada (en lo sucesivo, «NC») que se establece en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO 1987, L 256, p. 1), en sus versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento (CE) n.o 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006 (DO 2006, L 301, p. 1), y del Reglamento (CE) n.o 1214/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2007 (DO 2007, L 286, p. 1), y, más concretamente, la interpretación de las partidas 8471 y 8521 de la NC.
5

El artículo 6 de esta misma Directiva está redactado así: «1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios. Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular: a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y [remuneración], para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas; b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo; [...] 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que no constituirán discriminación por motivos de edad, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Nomenclatura Combinada (en lo sucesivo, «NC») que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO 1987, L 256, p. 1), en las versiones resultantes, sucesivamente, del Reglamento (CE) n.o 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008 (DO 2008, L 291, p. 1), y del Reglamento (CE) n.o 948/2009 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009 (DO 2009, L 287, p. 1), y, en particular, la interpretación de la partida 2711 de dicho anexo y del artículo 218, apartado 1, letra d), del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario (DO 1993, L 253, p. 1).