SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 9 de julio de 1997

Asunto T-92/96

Roberto Monaco

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Nombramiento — Clasificación en grado — Infracción de la convocatoria de concurso y de la convocatoria para proveer plaza vacante — Principio de protección de la confianza legítima — Apartado 2 del artículo 31 del Estatuto — Principio de igualdad de trato y de no discriminación»

Texto completo en lengua francesa II-573

Objeto:

Recurso que tiene por objeto que se anule la decisión del Parlamento Europeo de 22 de agosto de 1995 por la que se nombra al demandante en un puesto de trabajo de oficial adjunto, en la medida en que lo nombra en el grado C 5.

Resultado:

Anulación.

Resumen de la sentencia

El demandante, Sr. Monaco, entró en funciones en el Parlamento Europeo el 20 de febrero de 1980 como agente cualificado. Fue nombrado en el grado D 3. Mediante decisión de 1 de abril de 1982, fue promovido al grado D 2 y, mediante decisión de 1 de mayo de 1991, fue nombrado en un puesto de trabajo de agente principal en el grado D 1.

En noviembre de 1993, presentó su candidatura en el concurso general PE/115/C, organizado por la Secretaría General del Parlamento en Luxemburgo para constituir una lista de reserva para la selección de oficiales adjuntos (ayudantes técnicos) (convocatoria publicada en el DO 1993, C 291 A, p. 8, convocatoria de oposición general PE/115/C o convocatoria de oposición general).

En el punto «IV. Condiciones de empleo» dicha convocatoria precisa en particular:

«El reclutamiento se efectuará en el grado C 5 o, en su caso, en el grado C 4, en función de la experiencia profesional específica del candidato.»

Mediante escrito de 21 de diciembre de 1994, se informó al demandante de que el tribunal de concurso había decidido inscribirlo en la lista de reserva, en tercera posición.

El 1 de mayo de 1995, entraron en vigor las nuevas decisiones internas del Parlamento relativas a la clasificación, adoptadas por el Secretario General el 25 de abril de 1995 (nuevas decisiones internas), que modifican las decisiones internas de 28 de octubre de 1986, relativas a la clasificación en el momento de la selección (antiguas decisiones internas).

El artículo 1 de las nuevas decisiones internas dispone:

«El funcionario o el agente temporal recientemente seleccionado estará clasificado en el grado de base de su carrera de conformidad con el [apartado 1 del] artículo 31 del Estatuto.

Con arreglo al [apartado 2 del] artículo 31, la AFPN, por excepción al [apartado 1 del] artículo 31 del Estatuto, con caracter excepcional y dentro de los límites establecidos por las disposiciones antes citadas, en virtud de su facultad discrecional, tras haber apreciado la experiencia profesional de interesado, podrá clasificarlo en el grado superior de la carrera.»

Mediante decisión de 22 de agosto de 1995, el demandante fue nombrado en un puesto de oficial adjunto en el grado C 5, escalón 4 (decisión impugnada), a contar del 1 de septiembre de 1995.

Fue nombrado en dicho puesto tras la convocatoria para proveer plaza vacante no 7752 — puesto no VI/C/0985 (convocatoria para proveer plaza vacante no 7752). Dicha convocatoria, relativa a un puesto de trabajo de «oficial adjunto/oficial/oficial principal (técnico)», indica que se refiere a la categoría C.

En el epígrafe «Aptitudes y conocimientos requeridos», precisa:

«— Conocimientos de nivel de enseñanza media (general o técnica) o experiencia profesional que garantice un nivel equivalente;

— título técnico en materia de radioelectricidad;

— experiencia acreditada en ámbitos análogos a los enumerados en el epígrafe “Naturaleza de las funciones”;

— profundo conocimiento de una de las lenguas oficiales de la Unión Europea; buen conocimiento de otra de estas lenguas».

En el epígrafe «Naturaleza de las funciones», la convocatoria indica que los trabajos de ejecución de carácter técnico exigen por parte del agente experiencia y buen criterio.

Sobre el fondo

Sobre el motivo basado en la infracción de la convocatoria de oposición general PE/115/C, de la convocatoria para proveer plaza vacante no 7752 y del principio de protección de la confianza legítima

La convocatoria para proveer plaza vacante no determinaba el grado en que se iba a proveer el puesto de trabajo y la convocatoria de oposición general no indicaba que un determinado nivel de experiencia profesional diera derecho a una clasificación en el grado C 4. Por lo tanto, estas dos convocatorias dejaban intacta la amplia facultad discrecional de que dispone la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), en virtud del apartado 2 del artículo 31 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), en lo que respecta a la decisión de clasificación en grado. Cuando ejerce dicha facultad, la administración puede tener en cuenta las necesidades específicas del servicio que exijan eventualmente la selección de un candidato particularmente cualificado. En la descripción de las tareas que deben efectuarse, que figura en la convocatoria para proveer plaza vacante, nada permite llegar a la conclusión de que las necesidades específicas del servicio exijan la selección de un candidato particularmente cualificado. De ello resulta que la decisión impugnada no vulnera las convocatorias de que se trata (apartados 28 y 29).

Referencia: Tribunal de Justicia, 6 de junio de 1985, De Santis/Tribunal de Cuentas (146/84, Rec. p. 1723), apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 5 de octubre de 1995, Alexopoulou/Comisión (T-17/95, RecFP p. II-683), apartados 19 y 21

De ello resulta asimismo que las mencionadas convocatorias no pudieron generar en el demandante la seguridad concreta de ser nombrado en el grado C 4 (apartado 30).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de marzo de 1990, Chomel/Comisión (T-123/89, Rec. p. II-131), apañado 26

Sobre el motivo basado en la infracción del apartado 2 del artículo 31 del Estatuto y la violación del principio de igualdad de trato y de no discriminación

El ejercicio de la facultad discrecional conferida a la AFPN por el apartado 2 del artículo 31 del Estatuto puede ser reglamentado mediante decisiones internas. En efecto, nada prohibe, en principio, a la AFPN establecer, mediante una decisión interna de carácter general, normas para el ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el Estatuto. Dicha decisión interna debe ser considerada como una norma de conducta indicativa que la administración se impone a sí misma y de la que no puede apartarse sin indicar las razones que la hayan conducido a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad de trato (apartado 46).

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de diciembre de 1983, Blomefield/Comisión(190/82, Rec. p. 3981), apartado 20; De Santis/Tribunal de Cuentas, antes citada, apartado 11; Tribunal de Primera Instancia, 7 de febrero de 1991, Ferreira de Freitas/Comisión(T-2/90, Rec. p. II-103), apartado 61; Alexopoulou/Comisión, antes citada, apartado 23

Dicha decisión interna no puede, en ningún caso, establecer normas que introduzcan excepciones a lo dispuesto en el Estatuto o, a fortiori, de los principios generales del Derecho (apartado 47).

Referencia: Blomefield/Comisión, antes citada, apartado 21; Alexopoulou/Comisión, antes citada, apartado 24

Ninguna disposición del Estatuto prohibe a las Instituciones adoptar una nueva decisión interna que refuerce el rigor de la aplicación del apartado 2 del artículo 31 del Estatuto, siempre que no renuncien totalmente al ejercicio de la facultad discrecional que les confiere este artículo (apartado 48).

Referencia: Alexopoulou/Comisión, antes citada, apartado 24

Sin embargo, incurre en una violación del principio de igualdad de trato y de no discriminación la Institución que, por una parte, aplica a un funcionario seleccionado a partir de un concurso las disposiciones de nuevas decisiones internas, reforzando el rigor de la aplicación del apartado 2 del artículo 31 del Estatuto, cuando a otros funcionarios que han sido nombrados por la Institución a partir del mismo concurso, pero antes de la entrada en vigor de las nuevas decisiones internas, se les han aplicado las antiguas decisiones internas y la antigua práctica a éstas vinculada, y, por otra parte, no demuestra que la diferencia de trato esté justificada (apartados 55 y 58).

Referencia:Tribunalde Justicia, 23 de octubrede 1986, Hamai/Tribunalde Justicia (92/85, Rec. p. 3157), apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Lacruz Bassols/Tribunalde Justicia (T-109/92, RecFP p. II-105), apartado 87

Fallo:

Se anula la decisión del Parlamento de 22 de agosto de 1995, en la medida en que tiene por objeto la clasificación en grado del demandante.