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21

El Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Sala de Patentes y de lo Mercantil) se pregunta si una marca figurativa, como MANHATTAN, que consiste en la reproducción bidimensional de un producto bidimensional, como una tela, puede considerarse una forma en el sentido de la citada disposición. Señala a este respecto que se deriva claramente del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.o 207/2009 que el motivo de nulidad previsto en esta disposición se aplica a las marcas tridimensionales y a las marcas bidimensionales que representan formas tridimensionales como, por ejemplo, la representación de una escultura o un jarrón, como declaró el Tribunal de la AELC, en los apartados 110 a 115 de su sentencia de 6 de abril de 2017, Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights — appeal from the municipality of Oslo (E-05/16), o como ha hecho el Tribunal de Justicia en la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377).
«1)

No obstante las conclusiones del Tribunal de Justicia en la sentencia [de 5 de abril de 2016], Aranyosi y Căldăraru [(C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198)], si el órgano jurisdiccional nacional [constata] que existen pruebas sólidas de que las condiciones en el Estado miembro emisor son incompatibles con el derecho fundamental a un proceso equitativo porque el propio sistema judicial del Estado miembro emisor ya no está funcionando conforme al Estado de Derecho, ¿es preciso que la autoridad judicial de ejecución aún compruebe, concreta y precisamente, la exposición del afectado al riesgo de que su proceso no sea equitativo en caso de que dicho proceso se sustancie en un sistema que ha dejado de funcionar conforme al Estado de Derecho?
18

Afirma asimismo que esta interpretación no obsta a la posibilidad de ordenar la suspensión de la medida de detención a efectos de la entrega, que el órgano jurisdiccional remitente decide con carácter general, en particular cuando la definición de condiciones permita circunscribir a límites aceptables el riesgo de fuga. No obstante, en el presente caso considera que existe un riesgo muy serio de fuga que no puede ser reducido a límites aceptables.
36

El análisis de las distintas versiones lingüísticas del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83 no ofrece una respuesta a este interrogante. En efecto, si bien la mayor parte de estas versiones, en particular, las versiones en lengua inglesa («where available»), francesa («lorsqu’ils sont disponibles»), italiana («ove disponibili»), neerlandesa («indien beschikbaar»), polaca («o ile jest dostępny») y finesa («jos nämä ovat käytettävissä»), permiten pensar que, en virtud de esta disposición, la obligación impuesta al comerciante de informar al consumidor de sus números de teléfono y de fax únicamente es exigible si dicho comerciante dispone de tales medios de comunicación, algunas versiones lingüísticas de la referida disposición, en particular, la española («cuando proceda») y la alemana («gegebenenfalls»), no permiten determinar en qué circunstancias esta obligación no recibe aplicación.
45

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 2, y 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro, tal como la interpreta el órgano jurisdiccional supremo de dicho Estado miembro, en virtud de la cual no adolece de nulidad un contrato de préstamo denominado en divisas que, aunque precisa la cantidad expresada en moneda nacional que corresponde a la solicitud de financiación del consumidor, no indica el tipo de cambio que se aplica a dicha cantidad a efectos de determinar el importe definitivo del préstamo en divisas, al tiempo que, en una de sus cláusulas, establece que el prestamista fijará ese tipo de cambio tras la celebración del contrato en un documento separado, – siempre y cuando dicha cláusula haya sido redactada de manera clara y comprensible, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, y tanto el mecanismo de cálculo del importe total prestado como el tipo de cambio aplicable se expongan de modo transparente, de tal forma que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pueda evaluar sobre la base de criterios precisos e inteligibles las consecuencias económicas que se derivan para él de ese contrato, entre ellas el coste total de su préstamo; o, si resulta que dicha cláusula no está redactada de manera clara y comprensible, – siempre y cuando dicha cláusula no sea abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 o, en caso de que lo sea, el contrato de que se trate pueda subsistir sin ella de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva.
17

En segundo lugar, la Sala de Recurso, haciendo referencia en particular a la definición de causa justificativa que resulta de los términos del Acuerdo ADPIC, consideró que, en el presente caso, la realización de un ensayo clínico no era, por sí sola, una razón independiente de la voluntad de Viridis que pudiera justificar la falta de uso de la marca impugnada. La duración de un ensayo clínico depende de los recursos económicos que el titular de una marca decida utilizar, y este hecho no se incluye en la categoría de obstáculos independientes de su voluntad. La responsabilidad por la duración del procedimiento no puede considerarse transferida a una autoridad externa hasta que se presenta una solicitud formal de comercialización. La protección conferida a las marcas de la Unión por el Reglamento n.o 207/2009 no parece necesaria antes de dicha solicitud formal y, si, no obstante, una empresa farmacéutica decide registrar una marca de la Unión muchos años antes presentar la mencionada solicitud, los retrasos del ensayo clínico serán responsabilidad suya.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión n.o 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los miembros de sus familias (DO 1983, C 110, p. 60), en relación con el artículo 59 del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) n.o 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO 1972, L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213; en lo sucesivo, «Protocolo Adicional»). El Consejo de Asociación fue instituido mediante el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara, el 12 de septiembre de 1963, por la República de Turquía, por una parte, y los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de esta mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18; en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»).
10

La Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9; en lo sucesivo, «Directiva de reconocimiento»), dispone en su artículo 2: «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) “protección internacional”: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria [...]; [...] d) “refugiado”: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12; e) “estatuto de refugiado”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado; f) “persona con derecho a protección subsidiaria”: un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplica el artículo 17, apartados 1 y 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país; g) “estatuto de protección subsidiaria”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria; h) “solicitud de protección internacional”: petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado; [...]».
El artículo 105 del Reglamento n.o 1083/2006, titulado «Disposiciones transitorias», es del siguiente tenor:

«1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación, incluida la supresión total o parcial, de la ayuda cofinanciada por los Fondos Estructurales o de proyectos [cofinanciados] por el Fondo de Cohesión aprobados por la Comisión de conformidad con [el Reglamento (CEE) n.o 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO 1988, L 185, p. 9), el Reglamento (CEE) n.o 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de estas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO 1988, L 374, p. 1), el Reglamento (CE) n.o 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de cohesión (DO 1994, L 130, p. 1), y el Reglamento n.o 1260/1999], o de cualquier otra legislación que se aplique a dicha ayuda a 31 de diciembre de 2006, que, por ende, se aplicará a partir de esa fecha a dicha ayuda o proyectos hasta su cierre.

2. Al adoptar decisiones sobre programas operativos, la Comisión tendrá en cuenta cualquier ayuda cofinanciada por los Fondos Estructurales o cualquier proyecto cofinanciado por el Fondo de Cohesión aprobados por el Consejo o por la Comisión con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, que tenga repercusiones financieras durante el período cubierto por dichos programas operativos.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, el artículo 32, apartado 4, y el artículo 37, apartado 1, del [Reglamento n.o 1260/1999], los importes parciales comprometidos para ayudas cofinanciadas por el FEDER o el FSE, aprobadas por la Comisión entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2006, y con respecto a los cuales no se haya remitido a la Comisión, en el plazo de 15 meses después de la fecha final de subvencionabilidad del gasto establecida en la decisión por la que se concede una contribución con cargo a los Fondos, la declaración certificada de los gastos efectivamente pagados, el informe final de ejecución y la declaración a que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento, serán liberados automáticamente por la Comisión, a más tardar 6 meses después de este plazo, y darán lugar a la devolución de los importes indebidamente pagados.

Los importes referidos a operaciones o programas que hayan sido suspendidos como consecuencia de procedimientos judiciales o de recursos administrativos con efectos suspensivos no se tendrán en cuenta a la hora de calcular el importe que debe ser objeto de liberación automática.»
16

La Comisión de Derecho Fiscal elaboró un dictamen fiscal a solicitud de Srf en el que indicaba que estos cursos, aunque se impartan en Estados miembros distintos de Suecia, deben considerarse realizados en Suecia y que, por tanto, debe recaudarse el IVA en ese Estado miembro. Esta Comisión estimó, en particular, que la expresión «acceso a manifestaciones» fue incluida en el artículo 53 de la Directiva del IVA con el objeto de reducir el ámbito de aplicación de la excepción y, de modo correspondiente, ampliar el ámbito de aplicación de la norma general. En su opinión, el concepto de «acceso a manifestaciones» debe entenderse como el derecho a entrar en un lugar. Pues bien, los servicios controvertidos en el asunto principal no tienen principalmente el carácter de un derecho a entrar en un lugar, sino más bien el carácter de un derecho a participar en una determinada formación. La Comisión de Derecho Fiscal estimó que, puesto que los cursos de que se trata en el asunto principal no tienen como objeto principal conferir un derecho de acceso en el sentido del artículo 53 de la Directiva del IVA, el IVA correspondiente a esos cursos es exigible en Suecia en virtud del artículo 44 de la citada Directiva.
9

El artículo 2, apartado 1, letra d), así como los artículos 138 y 201 de la Directiva del IVA modificada están redactados en los mismos términos que los artículos correspondientes de la Directiva del IVA. Por el contrario, el artículo 143 de la Directiva del IVA modificada dispone: «1. Los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes: […] d) las importaciones de bienes expedidos o transportados a partir de un territorio tercero o de un país tercero en un Estado miembro distinto del de llegada de la expedición o del transporte, en el caso en que la entrega de dichos bienes, efectuada por el importador designado o reconocido como deudor del impuesto en virtud del artículo 201, estuviese exenta de acuerdo con las disposiciones previstas en el artículo 138; […] 2. La exención prevista en el apartado 1, letra d), se aplicará en los casos en que la importación de bienes está seguida de las entregas de bienes eximidas con arreglo al artículo 138, apartado 1 y apartado 2, letra c), únicamente si en el momento de la importación el importador ha facilitado a las autoridades competentes del Estado miembro de importación como mínimo la información siguiente: a) su número de identificación a efectos del IVA asignado en el Estado miembro de importación o el de su representante fiscal, deudor del impuesto, asignado en el Estado miembro de importación; b) el número de identificación a efectos del IVA del adquirente, al que se entreguen los bienes de conformidad con el artículo 138, apartado 1, asignado en otro Estado miembro, o su propio número de identificación a efectos del IVA asignado en el Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte de los bienes cuando los bienes sean transferidos de conformidad con el artículo 138, apartado 2, letra c); c) la prueba de que los bienes importados están destinados a ser transportados o expedidos desde el Estado miembro de importación a otro Estado miembro. No obstante, los Estados miembros podrán disponer que la prueba a que se refiere la letra c), se indique a las autoridades competentes únicamente a solicitud de [estas].»
Las normas de litispendencia que figuran en el artículo 27 del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y en el artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, deben interpretarse en el sentido de que, cuando, en el marco de un litigio en materia matrimonial, de responsabilidad parental o de obligaciones alimentarias, el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la segunda demanda ha adoptado, en violación de dichas normas, una resolución que ha adquirido firmeza, estas se oponen a que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del que forma parte el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la primera demanda denieguen, por esta sola razón, el reconocimiento de dicha resolución. En particular, esta violación no puede justificar, por sí sola, la denegación del reconocimiento de dicha resolución por ser manifiestamente contraria al orden público de este Estado miembro.
17

En particular, la Unión Europea estima que el Tribunal General se basó en la premisa errónea de que la elección de constituir una garantía bancaria se realiza en un solo y único instante temporal, a saber, en el momento de la «decisión inicial» de constituir dicha garantía. Sin embargo, dado que la obligación de pagar la multa existía durante todo el procedimiento ante los tribunales de la Unión, e incluso más allá de ese período, puesto que la multa no fue anulada, las demandantes en primera instancia tenían la posibilidad de pagar la multa y cumplir así la obligación que les incumbía a este respecto. Según la Unión Europea, al tener en todo momento la posibilidad de pagar la multa, la propia elección realizada por dichas demandantes de sustituir ese pago por una garantía bancaria es una elección continua, que realizan a lo largo de todo el procedimiento. Por lo tanto, la causa determinante del pago de los gastos de garantía bancaria es su propia elección de no pagar la multa y de sustituir ese pago por una garantía bancaria y no la inobservancia del plazo razonable de enjuiciamiento.
24

Mediante sentencia de 26 de enero de 2015, el referido órgano jurisdiccional desestimó los recursos, señalando, entre otras cosas, que en las resoluciones de toma de posesión de los interesados no aparecía ninguna fecha de cese; que, al tener que basarse el nombramiento de los funcionarios interinos en razones justificadas de necesidad y urgencia, la desaparición de tales razones supone causa legal de extinción de la relación de servicio de estos interinos, aun cuando en sus nóminas figure una fecha de cese, y que la finalización del período lectivo podía suponer la desaparición de la necesidad y de la urgencia que habían motivado el nombramiento de los funcionarios interinos. Además, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 2 de Toledo consideró que no se había vulnerado el principio de igualdad de trato ya que la situación de los funcionarios interinos, cuya relación de servicio con la Administración es esencialmente temporal, no es comparable con la de los funcionarios de carrera, cuya relación es permanente.
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Tras esta sentencia, la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido), mediante sentencia de 6 de febrero de 2013, declaró que el Sr. O’Brien, durante el período de tiempo controvertido en el litigio principal, debía considerarse un trabajador a tiempo parcial en el sentido de la cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo Marco, y que no se había presentado ninguna justificación objetiva para no aplicar el principio de que los jueces a tiempo parcial retribuidos sobre la base de honorarios diarios han de ser remunerados en las mismas condiciones que los jueces a tiempo completo, sin perjuicio de los ajustes pro rata temporis. De este modo, la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido) reconoció al Sr. O’Brien el derecho a una pensión de jubilación en las mismas condiciones que un circuit judge (juez de un tribunal de segunda instancia).
44

No obstante, la aplicación de esta jurisprudencia se limita al supuesto de que el sujeto pasivo haya actuado de buena fe y haya adoptado todas las medidas que podían exigírsele razonablemente para evitar cualquier participación en un fraude fiscal. De ello resulta que dicha jurisprudencia no puede entenderse en el sentido de que el principio de seguridad jurídica se opone a que las autoridades nacionales competentes procedan, observando los plazos aplicables, a un nuevo control destinado a verificar si el sujeto pasivo no tenía y no podía tener conocimiento de un eventual fraude fiscal (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de junio de 2018, Enteco Baltic, C‑108/17, EU:C:2018:473, apartados 97 y 98).
38

Como señaló el Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, en el marco de dicho examen, el órgano jurisdiccional remitente deberá, en particular, comprobar si la venta en la plataforma en línea se ha efectuado de forma planificada y si dicha venta tiene fines lucrativos, si el vendedor dispone de información y competencias técnicas relativas a los productos que propone a la venta de las que el consumidor no dispone necesariamente, de manera que lo coloca en una situación más ventajosa con respecto a dicho consumidor, si el vendedor tiene un estatuto jurídico que le permite realizar actos de comercio y en qué medida la venta en línea está vinculada a la actividad comercial o profesional del vendedor, si el vendedor está sujeto a IVA, si el vendedor, que actúa en nombre de un comerciante determinado o por su cuenta o por medio de otra persona que actúa en su nombre y por su cuenta, ha recibido una retribución o una participación, si el vendedor compra bienes nuevos o usados con intención de revenderlos, confiriendo de este modo a dicha actividad un carácter regular, una frecuencia o una simultaneidad con respecto a su actividad comercial o profesional, si los productos en venta son todos del mismo tipo o del mismo valor, en particular, si la oferta se concentra en un número limitado de productos.
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No obstante, el tribunal remitente estima que, aunque todos los elementos del litigio principal se circunscriban al interior de Bélgica, este no carece de toda vinculación con una situación a la que resulte aplicable el Derecho de la Unión. En particular, el régimen que incluye la regla de prioridad impugnada por Fremoluc presenta al mismo tiempo numerosas similitudes y diferencias notables con la situación que fue objeto del asunto en el que se dictó la sentencia de 8 de mayo de 2013, Libert y otros (C‑197/11 y C‑203/11, EU:C:2013:288). El tribunal remitente indica, refiriéndose a los apartados 33 a 35 de dicha sentencia, que la mencionada regla parece afectar a los nacionales y a las empresas de otros Estados miembros y que, en caso de anulación de los contratos de 14 y 31 de julio de 2015, se evitaría la aplicación de dicha regla en el momento de la venta o el arrendamiento posteriores de las parcelas y viviendas realizadas. Sin embargo, el tribunal remitente no excluye que el Tribunal de Justicia resuelva, en el presente asunto, que el Derecho de la Unión no es aplicable al litigio principal.