Al igual que el artículo 91, apartado 2, del Estatuto, el artículo 42 de las Condiciones de contratación del Banco Central Europeo y el artículo 8.1 de las Normas aplicables al personal del Banco Central Europeo prevén que uno de sus agentes sólo puede interponer un recurso judicial tras agotar el procedimiento administrativo previo, que, en el caso del personal del Banco, comprende dos etapas, a saber, una solicitud de examen precontencioso y una reclamación previa.

La legalidad del acto definitivo que perjudica a la parte demandante se aprecia en función de los elementos de hecho y de Derecho de los que disponía la institución en el momento de adoptar explícita o implícitamente dicha respuesta, sin perjuicio de que la institución pueda, en las condiciones previstas en la jurisprudencia, aportar precisiones complementarias en la fase contenciosa. La regla de la concordancia entre la reclamación y el recurso exige, so pena de inadmisibilidad, que los motivos invocados ante el juez de la Unión ya lo hayan sido en el marco del procedimiento administrativo previo, para que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos esté en condiciones de conocer de forma suficientemente precisa las críticas que el interesado formula respecto a la decisión impugnada.

En los recursos de funcionarios, las pretensiones deducidas ante el juez de la Unión únicamente pueden contener motivos de impugnación que se basen en la misma causa en la que se fundan los motivos de impugnación invocados en la reclamación, teniendo presente que dichos motivos de impugnación pueden ser desarrollados, ante el juez de la Unión, mediante la presentación de motivos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación, pero que estén estrechamente relacionados con ella.

No obstante, por una parte, dado que el procedimiento administrativo previo tiene un carácter informal y que los interesados actúan en esta fase, en general, sin la asistencia de un abogado, la administración no debe interpretar las reclamaciones de forma restrictiva, sino que, por el contrario, debe examinarlas con un espíritu abierto. Por otra parte, el artículo 91 del Estatuto y las disposiciones correspondientes de las Condiciones de contratación y del artículo 8.1 de las Normas aplicables al personal no tienen como objetivo vincular, de modo riguroso y definitivo, a la eventual fase contenciosa, toda vez que el recurso contencioso no modifica ni la causa ni el objeto de la reclamación.

Si bien la inmutabilidad del objeto y de la causa del litigio en el período comprendido entre la reclamación y la interposición del recurso es necesaria a fin de permitir un arreglo amistoso del litigio, al informar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, desde la fase de la reclamación, de los reproches del interesado, la interpretación de estos conceptos no puede conducir a restringir las posibilidades del interesado de impugnar eficazmente una decisión que le perjudica.

Por consiguiente, los conceptos de objeto del litigio, que coincide con las pretensiones del interesado, y de causa del litigio, que coincide con la fundamentación de hecho y de Derecho de sus pretensiones, no deben ser interpretados de manera restrictiva. El mero cambio del fundamento jurídico de una impugnación no es suficiente para entender que la causa de esta impugnación es nueva. Varios fundamentos jurídicos pueden sustentar una sola y misma pretensión y, por tanto, una sola y misma causa. En otros términos, el hecho de invocar en el recurso la violación de una disposición específica que no se había invocado en la reclamación no implica necesariamente que la causa del litigio haya sido, por ello, modificada. En efecto, es preciso atenerse a la sustancia de dicha causa y no al mero tenor literal de sus fundamentos jurídicos, debiendo el órgano jurisdiccional de la Unión comprobar si existe un estrecho vínculo entre sus fundamentos y si se refieren esencialmente a las mismas pretensiones.

(véanse los apartados 32 a 40)