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1)

El artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que un conductor que efectúa transportes por carretera comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento está obligado a presentar, siempre que lo solicite un inspector, la tarjeta de conductor, las hojas de registro y cualquier registro correspondiente al período compuesto por la jornada del control y los veintiocho días anteriores, conforme al artículo 15, apartados 2, 3 y 7, del Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, en su versión modificada por el Reglamento n.o 561/2006, aun cuando, durante ese período, el referido conductor haya realizado también, con el mismo vehículo, transportes de viajeros en el marco de servicios regulares cuyo recorrido no supere los 50 km.
20

El órgano jurisdiccional remitente precisa que el examen efectuado por el Secretario de Estado no da pie a pensar en modo alguno que los documentos presentados por LH en apoyo de su solicitud posterior de protección internacional no sean auténticos, no provengan de una instancia competente, o sean falsos o inexactos en cuanto a su contenido. Así pues, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, el Secretario de Estado no albergaba dudas concretas en cuanto a la autenticidad de los documentos, sino que consideraba únicamente que no podía pronunciarse al respecto. Además, afirma que el Secretario de Estado rechazó mantener una entrevista personal con LH antes de declarar la inadmisibilidad de su solicitud posterior.
142

La Comisión sostiene que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43, en relación con el artículo 7 de dicha Directiva. Considera que las autoridades españolas no adoptaron las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies situados en las zonas protegidas de la comarca de Doñana, en particular en las zonas de Doñana (ZEPA/LIC ES0000024), de Doñana Norte y Oeste (ZEPA/LIC ES6150009) y de Dehesa del Estero y Montes de Moguer (ZEC ES6150012). Precisa que la sobreexplotación del acuífero de Almonte-Marismas ha provocado la desecación de las lagunas peridunales del parque nacional de Doñana y, en consecuencia, el deterioro de los espacios naturales protegidos que dependen de este acuífero, en particular de varios hábitats naturales y hábitats de especies protegidos por la Directiva 92/43.
13

Esa sociedad niega que las demandantes en el litigio principal tengan derecho alguno a compararse con los trabajadores de sexo masculino de los centros de distribución de su red, debido, en primer lugar, a que no existen condiciones laborales comunes, en el sentido del citado artículo 79, apartado 4. A continuación, alega que el artículo 157 TFUE no produce efecto directo en el marco de demandas basadas en un trabajo de igual valor, de modo que las demandantes en el litigio principal no pueden invocar esa disposición ante el órgano jurisdiccional remitente. Por último, Tesco Stores sostiene, en cualquier caso, que no puede ser calificada de «fuente única» a la que puedan atribuirse las condiciones de trabajo en las tiendas y los centros de distribución de su red.
35

Por su parte, el Gobierno eslovaco alega que la primera cuestión prejudicial es inadmisible porque no cumple los requisitos de motivación establecidos en el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Según el citado Gobierno, de ello se deduce que no procede examinar las tres cuestiones prejudiciales siguientes, planteadas como prolongación de la primera. En cualquier caso, a su entender, las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta no son competencia del Tribunal de Justicia, en la medida en que se refieren a la interpretación de normas de Derecho nacional. Por otra parte, considera que las cuestiones prejudiciales quinta y sexta no son necesarias para resolver el litigio principal, puesto que no corresponde al Tribunal de Justicia decidir si es posible o no una interpretación conforme con el Derecho de la Unión por lo que respecta a las normas de Derecho eslovaco mencionadas y, por añadidura, existe otro fundamento jurídico que permite estimar el recurso directamente.
114

Asimismo, en los apartados 227 a 235 de la sentencia recurrida, el Tribunal General confirmó la conclusión de la Comisión según la cual los ajustes de optimización llevarían a calcular los LRAIC basándose no en sus propios activos, sino en los de un competidor hipotético. En particular, en el apartado 232 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, por una parte, que la sustitución de los activos existentes por sus equivalentes más modernos tenía como finalidad ajustar los costes de los activos tomando como referencia el valor de los activos «actuales», sin no obstante efectuar ajustes adecuados de las amortizaciones y, por otra parte, que la toma en consideración de la capacidad excedentaria de las redes sobre la base de la capacidad utilizada «actualmente» habría conducido a excluir los activos de la recurrente que no eran objeto de un uso productivo. El Tribunal General dedujo de ello, en el apartado 233 de la sentencia recurrida, que la Comisión no incurrió en error al considerar que la toma en consideración de los ajustes de optimización habría llevado a prescindir de los costes soportados por la recurrente entre el 12 de agosto de 2005 y el 31 de diciembre de 2010. Por último, en el apartado 234 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la Comisión no había vulnerado el principio según el cual el examen de un estrechamiento de márgenes debe basarse en el criterio del «operador igualmente eficiente» cuando señaló, en esencia, que era inevitable que algunas capacidades quedasen a veces sin utilizar. En efecto, el Tribunal General consideró que, si la Comisión hubiera aceptado los ajustes de optimización relacionados con las capacidades excedentarias de la recurrente, los cálculos de los LRAIC de la recurrente habrían reflejado los costes asociados a una red óptima correspondiente a la demanda y que no presentaba las ineficiencias de la red de este operador.
31

Esta apreciación no queda desvirtuada por el apartado 44 de la sentencia de 19 de noviembre de 2015, Hirvonen (C‑632/13, EU:C:2015:765), en la que el Tribunal de Justicia declaró que una diferencia de trato entre los contribuyentes no residentes y los contribuyentes residentes que consiste en que los ingresos brutos de los primeros están sujetos a una tributación definitiva a un tipo único mediante una retención en la fuente, mientras que los ingresos netos de los segundos están gravados conforme a un baremo progresivo acompañado de una reducción general, es compatible con el Derecho de la Unión, ya que tal constatación está supeditada, no obstante, al requisito de que el tipo único no sea superior al tipo que resulte de la aplicación efectiva para el interesado del baremo progresivo a los ingresos netos que superen la reducción general. Pues bien, en el caso de autos, como se desprende del apartado 29 de la presente sentencia, el régimen tributario diferenciado de que se trata da lugar a que los no residentes estén sistemáticamente sujetos a una carga fiscal superior a la aplicada a los residentes en caso de obtención de plusvalías por la venta de inmuebles.
107

Teniendo en cuenta todas las consideraciones que preceden, debe responderse a las cuestiones prejudiciales que: – el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2010/13 y el artículo 11 de la Carta deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que prohíbe a los organismos de radiodifusión televisiva incluir en sus programas emitidos en todo el territorio nacional publicidad televisiva cuya difusión esté limitada a escala regional; – el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a tal normativa nacional, siempre que esta sea adecuada para garantizar la consecución del objetivo de protección del pluralismo de los medios de comunicación a escala regional y local que persigue y no vaya más allá de lo que es necesario para alcanzarlo, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, y – el artículo 20 de la Carta debe interpretarse en el sentido de que no se opone a tal normativa nacional, siempre que no dé lugar a una desigualdad de trato, en lo que atañe a la difusión de publicidad a escala regional, entre los organismos de radiodifusión televisiva nacionales y los prestadores de servicios de publicidad en Internet, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
46

No obstante, como señaló el Abogado General en el punto 49 de sus conclusiones, si bien el establecimiento y la aplicación de estas normas son de la competencia de los Estados miembros, estos últimos deben ejercerla respetando el Derecho de la Unión y, en particular, el principio de efectividad. Así pues, no pueden hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil la ejecución del Derecho de la Unión y, específicamente, en el ámbito del Derecho de la competencia, deben velar por que las normas que establecen o aplican no menoscaben la aplicación efectiva de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de junio de 2011, Pfleiderer, C‑360/09, EU:C:2011:389, apartado 24). En efecto, las autoridades designadas con arreglo al artículo 35, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 deben garantizar la aplicación efectiva de dichos artículos en interés general (sentencia de 7 de diciembre de 2010, VEBIC, C‑439/08, EU:C:2010:739, apartado 56).
4

El artículo 1, apartado primero, del obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her (Ordenanza n.o 3/2013 de la ciudad de Děčín, por la que se regula la explotación de juegos de apuestas, loterías y otros juegos similares; en lo sucesivo, «Ordenanza municipal n.o 3/2013»), adoptada por el Pleno municipal de la ciudad de Děčín sobre la base del artículo 50, apartado 4, de la Ley n.o 202/1990 de loterías y otros juegos similares, tiene el siguiente tenor: «En la totalidad del término municipal de Děčín, con exclusión de los casinos situados en los lugares que se enumeran en el anexo 1 de la presente ordenanza, queda prohibida la explotación de: a) los juegos de apuestas contemplados en el artículo 2, letras i), l), m) y n), de la Ley de loterías, b) las loterías y otros juegos similares contemplados en el artículo 2, letra j), de la Ley de loterías, c) las loterías y otros juegos similares contemplados en el artículo 50, apartado 3, de la Ley de loterías.»
(42)

Cuando el tratamiento se lleva a cabo con el consentimiento del interesado, el responsable del tratamiento debe ser capaz de demostrar que aquel ha dado su consentimiento a la operación de tratamiento. En particular en el contexto de una declaración por escrito efectuada sobre otro asunto, debe haber garantías de que el interesado es consciente del hecho de que da su consentimiento y de la medida en que lo hace. De acuerdo con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, [de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29),] debe proporcionarse un modelo de declaración de consentimiento elaborado previamente por el responsable del tratamiento con una formulación inteligible y de fácil acceso que emplee un lenguaje claro y sencillo, y que no contenga cláusulas abusivas. Para que el consentimiento sea informado, el interesado debe conocer como mínimo la identidad del responsable del tratamiento y los fines del tratamiento a los cuales están destinados los datos personales. El consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno.»
44

Por otra parte, suponiendo que se concluya que dichos profesores están contratados en virtud de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, es preciso comprobar si son trabajadores fijos «comparables», en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco. A este respecto, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, el principio de no discriminación, del que esta disposición es una expresión concreta, exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C‑619/17, EU:C:2018:936, apartado 60 y jurisprudencia citada).
26

Por otra parte, procede señalar que la cuestión prejudicial planteada tiene por objeto, en particular, determinar si el artículo 14 de la Directiva 2008/115 es aplicable a un nacional de un tercer país como el recurrente en el litigio principal, aun cuando no padezca una enfermedad grave. Por lo tanto, el examen de las alegaciones formuladas por el Gobierno belga, según las cuales la situación de LM no tiene relación alguna con el Derecho de la Unión, está indisociablemente vinculado a la respuesta que debe darse a la cuestión prejudicial planteada y, por consiguiente, no puede conllevar la inadmisibilidad de dicha cuestión (véanse, por analogía, las sentencias de 17 de enero de 2019, KPMG Baltics, C‑639/17, EU:C:2019:31, apartado 11, y de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, apartado 30).
18

Este título de cobro fue impugnado por la citada sociedad ante el tribunal administratif de Rennes (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Rennes, Francia), que lo anuló mediante sentencia de 25 de junio de 2015. El recurso de apelación interpuesto por el ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Ministro de Medio Ambiente, Energía y Mar, Francia), responsable de las relaciones internacionales sobre el clima, fue desestimado por la cour administrative d’appel de Nantes (Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de Nantes, Francia) mediante sentencia de 14 de abril de 2017. Esta última sentencia fue objeto de un recurso de casación, interpuesto el 14 de junio de 2017 por el ministre d’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro de Agricultura y Alimentación) ante el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia), en el que el Ministro sostuvo, en particular, que el órgano jurisdiccional de apelación había incurrido, por un lado, en un error de Derecho al considerar que las exenciones de las cuotas de los trabajadores controvertidas no habían beneficiado a las empresas de pesca, pese a haber sido calificadas por la Comisión de ayudas de Estado incompatibles con el mercado común, y, por otro lado, que había desnaturalizado los documentos del expediente que se le habían transmitido al considerar que de la instrucción se desprendía que la reducción de las cuotas de los trabajadores había tenido automáticamente como efecto aumentar el importe del salario neto pagado a los empleados en cuestión.
15

En consecuencia, NM interpuso recurso de casación ante el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria) con el objeto de que se declarara que NIKI Luftfahrt había cumplido la obligación que le imponía el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 261/2004 al ofrecer alojamiento gratuito a ON, dado que el transportista aéreo no está obligado, en particular, a comprobar las instalaciones del hotel que propone para evitar incurrir en responsabilidad.
12

El 23 de marzo de 2017, NG y OH interpusieron una demanda ante el Tribunalul Specializat Cluj (Tribunal Especializado de Cluj, Rumanía) con el objeto de que se declarara, en particular, el carácter abusivo de la cláusula 4, apartado 1, de las condiciones generales del contrato de refinanciación. NG y OH sostenían asimismo que Banca Transilvania había incumplido su obligación de información al no haberles advertido, durante la negociación y celebración de dicho contrato, del riesgo que implicaba la conversión del contrato inicial a una moneda extranjera. En particular, dado que los prestatarios solo disponían de ingresos percibidos en lei rumanos, Banca Transilvania debería haber llamado su atención sobre los efectos de una devaluación de dicha moneda con respecto a la moneda extranjera en la que debía devolverse el préstamo. Además, según NG y OH, la cláusula de devolución en moneda extranjera crea un desequilibrio en detrimento de los prestatarios, al ser estos los únicos que soportan el riesgo del tipo de cambio. Por tanto, NG y OH solicitaron al Tribunalul Specializat Cluj (Tribunal Especializado de Cluj) el bloqueo del tipo de cambio CHF/RON vigente en la fecha de celebración del contrato de refinanciación, así como el reembolso de los importes abonados sobre la base de un tipo de cambio menos favorable.
18

El artículo 49, apartado 1, de las Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Reglamento de aplicación del Código Tributario) dispone lo siguiente: «De conformidad con el artículo 147 ter, apartado 1, letra a), del Código Tributario, todo sujeto pasivo que no esté establecido en Rumanía, sino en otro Estado miembro, podrá beneficiarse de la devolución del IVA pagado por las importaciones y las adquisiciones de bienes o servicios efectuadas en Rumanía. El [IVA] será devuelto por Rumanía, siempre que el sujeto pasivo en cuestión cumpla las siguientes condiciones: a) durante el período de devolución, el sujeto pasivo no haya tenido en Rumanía la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se hayan realizado operaciones económicas o, a falta de tal establecimiento permanente, su domicilio o residencia habitual; b) durante el período de devolución, el sujeto pasivo no estuviera identificado a efectos del IVA en Rumanía ni tuviera obligación de contar con tal identificación, de conformidad con el artículo 153 del Código Tributario; c) durante el período de devolución, el sujeto pasivo no haya entregado bienes o prestado servicios que se consideren entregados o prestados en territorio rumano, excepto cuando se trate de las siguientes operaciones: 1. la prestación de servicios de transporte y operaciones accesorias exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 143, apartado 1, letras c) a m), 144, apartado 1, letra c), y 144 bis del Código Tributario; 2. la entrega de bienes y la prestación de servicios cuyo destinatario sea deudor del IVA, conforme a lo previsto en el artículo 150, apartados 2 a 6, del Código Tributario.»
22

En cambio, desde el punto de vista del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, no cabe imputar a la persona que encarga la publicación del anuncio actos autónomos de otros agentes económicos, como los realizados por los mencionados operadores de sitios de Internet de referenciación, con los cuales el anunciante no guarda ninguna relación directa ni indirecta y que no actúan por encargo ni por cuenta de aquel, sino por su propia iniciativa y en su propio nombre (sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, apartados 36 y 37).
16

La Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal (Ley n.o 571/2003, por la que se establece el Código tributario), de 22 de diciembre de 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 927 de 23 de diciembre de 2003), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código tributario»), dispone, en su artículo 206 undecies, relativo a los «vinos»: «1. A efectos del presente capítulo, se entenderá por “vinos”: a) los vinos tranquilos, incluidos todos los productos de los códigos NC 2204 y 2205, con la excepción de los vinos espumosos tal como se definen en la letra b), y que: 1. tengan un grado alcohólico volumétrico adquirido superior al 1,2 % vol y que no exceda de 15 % vol, siempre que el alcohol contenido en el producto acabado proceda en su totalidad de fermentación; o 2. tengan un grado alcohólico volumétrico adquirido superior al 15 % vol y que no exceda de 18 %, siempre que no se haya obtenido por enriquecimiento y que el alcohol contenido en el producto acabado proceda en su totalidad de fermentación; b) los vinos espumosos, incluidos todos los productos de los códigos NC 220410, 22042110, 22042910 y 2205, y que: 1. se presenten en botellas con tapones en forma de champiñón sujetos por ataduras o ligaduras, o que tengan una sobrepresión debida al anhídrido carbónico disuelto igual o superior a 3 bares; 2. tengan un grado alcohólico volumétrico adquirido superior al 1,2 % vol y que no exceda de 15 %, siempre que el alcohol contenido en el producto acabado proceda en su totalidad de fermentación. […]»
13

La Directiva 97/13 fue transpuesta en particular en virtud del decreto del Presidente della Repubblica n. 318, Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (Decreto del Presidente de la República n.o 318, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de las directivas comunitarias en el sector de las telecomunicaciones), de 19 de septiembre de 1997 (suplemento ordinario de la GURI n.o 221, de 22 de septiembre de 1997; en lo sucesivo, «Decreto n.o 318/1997»).
(11)

Al igual que la Directiva 95/46/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31)], la presente Directiva no aborda la protección de los derechos y las libertades fundamentales en relación con las actividades no regidas por el Derecho [de la Unión]. Por lo tanto, no altera el equilibrio actual entre el derecho de las personas a la intimidad y la posibilidad de que disponen los Estados miembros, según se indica en el apartado 1 del artículo 15 de la presente Directiva, de tomar las medidas necesarias para la protección de la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando las actividades tengan relación con asuntos de seguridad del Estado) y la aplicación del Derecho penal. En consecuencia, la presente Directiva no afecta a la capacidad de los Estados miembros para interceptar legalmente las comunicaciones electrónicas o tomar otras medidas, cuando sea necesario, para cualquiera de estos fines y de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950], según la interpretación que se hace de este en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dichas medidas deberán ser necesarias en una sociedad democrática y rigurosamente proporcionales al fin que se pretende alcanzar y deben estar sujetas, además, a salvaguardias adecuadas, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.»
110

Pues bien, como señaló el Abogado General en el punto 166 de sus conclusiones, una decisión como la Decisión impugnada, que ha sido adoptada por los Estados miembros en un ámbito en que los Tratados no prevén la actuación de estos, carece de todo efecto jurídico obligatorio en el Derecho de la Unión. La circunstancia de que una o varias instituciones de la Unión hayan desempeñado un determinado papel en el marco del procedimiento que ha dado lugar a la adopción de esa Decisión no altera la naturaleza de esta, que no pertenece al ordenamiento jurídico de la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 20 de septiembre de 2016, Ledra Advertising y otros/Comisión y BCE, C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, apartado 54).