ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
7.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección del asesoramiento jurídico — Alcance — Denegación de divulgación de un dictamen jurídico de la Comisión relativo a la base jurídica utilizada para la adopción de un acto legislativo objeto de recurso ante el juez de la Unión — Procedencia — La Comisión no es parte en el litigio — Irrelevancia [Art. 17 TUE; Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2, segundo guion] (véanse los apartados 76 y 77)
1.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, Regla 22, ap. 3] (véase el apartado 36)
9.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véase el apartado 128)
Según la Regla 19, apartado 2, primera frase, del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria, la parte que presente oposición debe aportar «pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior». La Regla 19, apartado 2, segunda frase, del Reglamento no 2868/95 indica las pruebas que, «en concreto», debe facilitar la parte que presente oposición. A este respecto, de la primera parte de la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento no 2868/95 se desprende que la parte que presente oposición tiene que facilitar el certificado de registro «et» (y), en su caso, el último certificado de renovación de una marca anterior registrada que no sea una marca comunitaria. Según la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), in fine, del Reglamento no 2868/95, la parte que presente oposición cuenta asimismo con la posibilidad de aportar cualquier otro «documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca».

Debe interpretarse esta disposición en el sentido de que la posibilidad de aportar un documento equivalente no se refiere solamente al certificado de renovación, sino tanto al certificado de registro como al certificado de renovación. En efecto, la exigencia de presentar el certificado de registro no es un fin en sí misma, sino que tiene por objeto permitir a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) que pueda disponer de pruebas fiables de la existencia de la marca en la que se base la oposición. Así pues, es posible aportar un documento «equivalente» que sustituya tanto al certificado de registro como al certificado de renovación.

Además, es asimismo posible que el segundo elemento mencionado en la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento no 2868/95, a saber, el certificado de renovación, constituya al mismo tiempo un «documento equivalente» al primer elemento, esto es, al certificado de registro. En efecto, cuando el certificado de renovación contiene toda la información necesaria para evaluar la existencia, la validez y el ámbito de protección de la marca en la que se basa la oposición, la presentación de este documento constituye «prueba [...] de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior», en el sentido de la Regla 19, apartado 2, primera frase, del Reglamento no 2868/95. Cabe recordar que, según una interpretación teleológica de la Regla 19, apartado 2, del Reglamento no 2868/95, el contenido del documento es el elemento determinante, así como el hecho de que el documento es emitido por la autoridad competente.

De lo anterior resulta que la presentación de un certificado de renovación es suficiente para demostrar la existencia, validez y ámbito de protección de la marca en la que se basa la oposición, si contiene toda la información necesaria a tal efecto.

(véanse los apartados 57, 58, 60, 62, 64 y 65)
1)

Sobreseer el recurso en la medida en que tiene por objeto la anulación de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC; de la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, por la que se modifica la Decisión 2010/413; del Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007, y del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento no 961/2010, así como de los Reglamentos de Ejecución (UE) no 350/2012 del Consejo, de 23 de abril de 2012, (UE) no 709/2012 del Consejo, de 2 de agosto de 2012, (UE) no 945/2012 del Consejo, de 15 de octubre de 2012, (UE) no 1264/2012 del Consejo, de 21 de diciembre de 2012, (UE) no 522/2013 del Consejo, de 6 de junio de 2013, (UE) no 1203/2013 del Consejo, de 26 de noviembre de 2013, y (UE) no 397/2014 del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se aplica el Reglamento no 267/2012.
El interés de un demandante en ejercer la acción en un recurso de anulación debe perdurar hasta el pronunciamiento de la decisión jurisdiccional, so pena de sobreseimiento, lo que requiere que el resultado del recurso pueda aportar un beneficio a la parte recurrente.

En lo que atañe a una pretensión de anulación de actos del Consejo que inscriben el nombre del demandante en una lista de personas sujetas a medidas restrictivas tomadas a la vista de la situación en Ucrania, la circunstancia de que esos actos no estén ya en vigor cuando se dicte la resolución jurisdiccional, puesto que fueron modificados en cuanto afectan al demandante, no puede equivaler a la posible anulación por el Tribunal de los actos inicialmente adoptados, ya que esa modificación no supone un reconocimiento de la ilegalidad de éstos El demandante mantiene por tanto un interés en la acción derivado del hecho de que el reconocimiento de la ilegalidad de los actos impugnados podría sustentar una posterior acción para la reparación del perjuicio sufrido a causa de esos actos durante el período de su aplicación.

(véanse los apartados 27 y 31 a 33)
Del artículo 118 vicies, apartado 1, del Reglamento no 491/2009, que modifica el Reglamento no 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), resulta que las denominaciones de vinos protegidas de conformidad con los artículos 51 y 54 del Reglamento no 1493/1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, quedarán protegidas automáticamente en virtud del [primer] Reglamento y que la Comisión las incorporará al registro previsto en el artículo 118 quindecies del Reglamento no 491/2009, a saber, en la base de datos E‑Bacchus. De ese carácter automático de la protección de vinos ya protegidos en virtud del Reglamento no 1493/1999 se deduce que la inscripción en la base de datos E-Bacchus no es necesaria para que esas denominaciones de vinos disfruten de una protección en la Unión, ya que esa inscripción sólo es una consecuencia de la transición automática de una protección ya existente de un régimen reglamentario a otro, y no una condición para esa protección.

Pues bien, esa protección «automática», aunque descansara directamente en la legislación nacional pertinente, no implicaba necesariamente que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) estuviera obligada en virtud del Reglamento no 491/2009 a respetar las disposiciones de esa legislación o las condiciones de la protección prevista por ésta. En efecto, las formulaciones «denominaciones de origen protegidas» e «indicaciones geográficas protegidas» enunciadas en el artículo 118 quaterdecies, apartados 1 y 2, del Reglamento no 491/2009 no son más que una repetición de las utilizadas en el artículo 118 quindecies del mismo Reglamento, que se limita a referirse a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas enumeradas en la base de datos E-Bacchus, incluidas las derivadas de la legislación nacional, sin ordenar no obstante la aplicación de las condiciones de protección establecidas por las reglas pertinentes de la referida legislación.

Por el contrario, conforme al espíritu y al sistema del marco reglamentario único de la política agrícola común (primer considerando del Reglamento no 491/2009), en lo que concierne al ámbito de aplicación del Reglamento no 491/2009, las condiciones precisas y el alcance de esa protección se establecen exclusivamente por el artículo 118 quaterdecies, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento. Ese artículo regula de manera uniforme y exclusiva tanto la autorización como los límites, y en su caso la prohibición de la utilización comercial de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas por el Derecho de la Unión, por lo que no ha lugar a que la Sala de Recurso aplique las condiciones de protección específicas establecidas por las reglas pertinentes del Derecho nacional que dieron lugar a la inscripción de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas en la base de datos E‑Bacchus.

(véanse los apartados 37, 38 y 41)
3.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Examen de la solicitud — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 57, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 22, ap. 3, y 40, ap. 6] (véanse los apartados 34 y 35)
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava)

de 10 de septiembre de 2015 — Laverana/OAMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Asunto T‑608/14)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria figurativa ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009»

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Apreciación del carácter descriptivo de un signo — Criterios [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 14)

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 15)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Marca figurativa ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 16 a 18, 20 y 24)

4. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Examen por separado de los motivos de denegación respecto de cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de registro — Obligación de motivación de la denegación de registro — Alcance [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, y 75] (véase el apartado 19)

5. Recurso de anulación — Motivos — Desviación de poder — Concepto (Art. 263 TFUE) (véase el apartado 26)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 2 de junio de 2014 (asunto R 121/2014-4) relativa a una solicitud de registro del signo figurativo ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION como marca comunitaria.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Laverana GmbH & Co. KG.
6.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Coincidencia entre los campos de aplicación de los motivos señalados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)] (véase el apartado 39)
4.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca denominativa INVESTING FOR A NEW WORLD [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 26 a 41)
1

El 15 de julio de 2013, la demandante, Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe, formada por los Sres. Hans Heinrich Hansen, Hunor Kelemen y Karl-Heinz Lambertz, la Sra. Jannewietske Annie De Vries, los Sres. Valentin Inzko y Alois Durnwalder y la Sra. Anke Spoorendonk, presentó ante la Comisión Europea la propuesta de iniciativa ciudadana europea denominada «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» (en lo sucesivo, «propuesta de ICE»), cuyo objeto era, a tenor de los datos mínimos facilitados en aplicación del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana (DO 2011, L 65, p. 1), en relación con el anexo II de ese mismo Reglamento (en lo sucesivo, «datos exigidos»), instar a «la Unión Europea a mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas y a fortalecer la diversidad cultural y lingüística dentro de la Unión». De esos mismos datos proporcionados para responder a los datos exigidos se desprende que el objetivo perseguido por la iniciativa ciudadana europea (ICE) es hacer un llamamiento a la Unión Europea «para que adopte una serie de actos jurídicos a fin de mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas y fortalezca la diversidad cultural y lingüística [en su territorio]» y que «esos actos deben incluir medidas relativas a las lenguas regionales y minoritarias, a la educación y a la cultura, a la política regional, a la participación, a la igualdad, al contenido de los medios de comunicación y al apoyo estatal acordado por las autoridades regionales».
28

En tercer lugar, el recurso interpuesto por la demandante se basa en cuatro motivos. El primer motivo lleva por título: «En relación en particular con: la Decisión ECHA n.o SME(2013) 1328, de 17 de mayo de 2013, confirmada en último lugar por la medida ECHA con fecha 24 de julio de 2013, con referencia SME(2013) 2950; las facturas ECHA n.o 10040807, de 21 de mayo de 2013, n.o 10040817, de 21 de mayo de 2013, y n.o 10040824, de 21 de mayo de 2013, así como, por lo que respecta en particular a la comunicación ECHA por [correo electrónico] de 23 de mayo de 2013: ilegalidad por falta de poder/desviación de poder y extralimitación de poder de la ECHA en la adopción de la Decisión ECHA n.o SME(2013) 1328, de 17 de mayo de 2013.» El segundo motivo es del siguiente tenor: «Por lo que respecta en particular a la Decisión ECHA n.o SME(2013) 1328, de 17 de mayo de 2013, confirmada en último lugar por la Decisión ECHA, de 24 de julio de 2013, con referencia n.o SME(2013) 2950; las facturas ECHA n.o 10040807, de 21 de mayo de 2013, n.o 10040817, de 21 de mayo de 2013, y n.o 10040824[,] de 21 de mayo de 2013, así como, en particular, la comunicación ECHA por [correo electrónico] de 23 de mayo de 2013: ilegalidad debido a la aplicación incorrecta y errónea de los criterios de determinación del tamaño de las PYME contenidos en la Recomendación de la Comisión (2003/361/CE), vulneración del principio de proporcionalidad.» El tercer motivo está redactado en los siguientes términos: «Por lo que respecta en particular a la Decisión ECHA n.o SME(2013) 1328, de 17 de mayo de 2003, confirmada en último lugar por la medida ECHA, de 24 de julio de 2013, con referencia n.o SME(2013) 2950; las facturas ECHA n.o 10040807, de 21 de mayo de 2013, y n.o 10040824, de 21 de mayo de 2013, así como, en particular, la comunicación ECHA por [correo electrónico] de 23 de mayo de 2013: ilegalidad por falta y abuso de poder del Director Ejecutivo al firmar la Decisión ECHA n.o SME(2013) 1328, de 17 de mayo de 2013.» El cuarto motivo lleva por título: «Por lo que respecta, en particular, a la Decisión MB/D/29/2010 y a la Decisión MB/21/2012/D: ilegalidad por extralimitación, falta y desviación de poder por parte de la ECHA al adoptar las citadas Decisiones, y [...] vulneración del principio de atribución de competencias del artículo 5 TUE, al adoptar la ECHA la Decisión MB/D/29/2010 y la Decisión MB/21/2012/D cuyo importe se indica en las facturas ECHA n.o 10040824, de 21 de mayo de 2013.»
52

En primer lugar, la demandante señala que la NMa no definió el mercado de referencia, elemento indispensable en su opinión en cualquier examen de la observancia del artículo 102 TFUE, y que la Comisión no podía considerar, por consiguiente, que la denuncia había sido tramitada por la NMa basándose en dicha disposición. Tal alegación debe rechazarse, no obstante, por inoperante, dados el alcance y el objeto del control ejercido por el Tribunal recordados en el anterior apartado 51. En efecto, esta alegación se refiere a la metodología y a la fundamentación del análisis realizado por la NMa para tramitar la denuncia de la demandante.
11

En primer lugar, la Sala de Recurso estimó que, al haber presentado la demandante únicamente un extracto de la base de datos de la OAMI, no había demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de la marca internacional de conformidad con la regla 19, apartados 1 y 2, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1), en su versión modificada. Por lo tanto, la Sala de Recurso desestimó la oposición en la medida en que se basaba en la referida marca (apartados 10 a 13 de la resolución impugnada). [omissis]
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 41, ap. 2, y 47; Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2013/270/PESC; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 267/2012 y de Ejecución (UE) n.o 1154/2013]

[Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2013/270/PESC; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 267/2012 y de Ejecución (UE) n.o 522/2013]

[Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2013/270/PESC; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 267/2012 y de Ejecución (UE) n.o 522/2013]

[Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2013/270/PESC; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 267/2012 y de Ejecución (UE) n.o 522/2013]

[Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2013/270/PESC; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 267/2012 y de Ejecución (UE) n.o 522/2013]

[Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2013/661/PESC; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 267/2012 y de Ejecución (UE) n.o 1154/2013]

Recurso de anulación — Sentencia anulatoria — Efectos — Limitación por el Tribunal de Justicia — Medidas restrictivas contra Irán — Anulación parcial en dos momentos diferentes de dos actos que contienen medidas restrictivas idénticas — Riesgo de grave menoscabo de la seguridad jurídica — Mantenimiento de los efectos del primero de dichos actos hasta que surta efecto la anulación del segundo

[Arts. 264 TFUE, párr. 2, y 266 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 56, párr. 1, y 60, párr. 2; Decisiones del Consejo 2010/413/PESC, 2013/270/PESC y 2013/661/PESC; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 267/2012, de Ejecución (UE) n.o 522/2013 y de Ejecución (UE) n.o 1154/2013]
10.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA, el FEAGA y el Feader — Liquidación de cuentas — Negativa a asumir gastos derivados de irregularidades en la aplicación de la normativa de la Unión — Comprobación de deficiencias en el sistema de control establecido por un Estado miembro — Corrección a tanto alzado del 50 % de los gastos — Importe que incluye cantidades relativas a irregularidades que ya han sido sometidas a una corrección financiera, pero que todavía no han sido totalmente recuperadas — Violación del principio non bis in idem — Inexistencia [Reglamentos (CE) del Consejo no 1258/1999, art. 7, ap. 4, y no 1290/2005, arts. 31 y 32] (véanse los apartados 187, 189 y 191)
4.

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Marca figurativa cushe — Marcas denominativa SHE y marcas figurativas she [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 53, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 44, 48, 69 y 72)
9.

Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Irán — Medidas restrictivas contra Irán — Congelación de los fondos de personas, entidades u organismos que participan en la proliferación nuclear o prestan apoyo a la misma — Obligación de extender la aplicación de esta medida a las entidades que sean propiedad o estén bajo control de entidades de ese tipo — Condición de entidad que sea propiedad o esté bajo control de otra entidad — Apreciación caso por caso por el Consejo — Aplicación de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión — Falta de poder de apreciación del Consejo [Decisiones del Consejo 2010/413/PESC, art. 20, ap. 1, letra c), y 2012/829/PESC; Reglamentos del Consejo (UE) no 267/2012, art. 23, ap. 2, letra d), y de Ejecución (UE) no 1264/2012] (véanse los apartados 122 a 125 y 127)
7.

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Apreciación del carácter registrable de un signo — Consideración únicamente de la normativa de la Unión — Registro anterior de la marca en determinados Estados miembros o países terceros — Decisiones que no vinculan a las instancias de la Unión [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c); Directiva 89/104/CEE del Consejo] (véase el apartado 31)
125

En realidad, esa jurisprudencia establece que la última frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base se opone a que las instituciones, después de haber adoptado una decisión sobre el trato de economía de mercado, modifiquen posteriormente esa decisión inicial en función de su efecto sobre el cálculo del margen de dumping. Sin embargo, las instituciones pueden modificar esa decisión inicial si se aportan nuevos datos o, incluso sin que existan nuevos datos, en determinadas situaciones en las que se tomen en consideración los principios de legalidad y de buena administración (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de marzo de 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise y Shanghai Adeptech Precision/Consejo, T‑299/05, EU:T:2009:72, apartado 127, y de 8 de noviembre de 2011,Zhejiang Harmonic Hardware Products/Consejo, T‑274/07, no publicada, EU:T:2011:639, apartados 37 a 39). En cualquier caso, basta con hacer constar que, en el presente asunto, las instituciones no modificaron su decisión sobre el trato de economía de mercado, porque en ningún momento se concedió el citado trato durante la investigación de la reconsideración provisional parcial.