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1)

Las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), y del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, de 20 de diciembre de 1996, son aplicables en el ordenamiento jurídico de la Unión. Puesto que la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961, no forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión, no es aplicable en ésta, pero produce en ella efectos indirectos. Los particulares no pueden invocar directamente ni dicha Convención ni dicho Acuerdo, así como tampoco el citado Tratado. El concepto de «comunicación al público», que figura en las Directivas 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, y 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse a la luz de los conceptos equivalentes contenidos en la Convención, el Acuerdo y el Tratado mencionados y de manera que sea compatible con estos últimos, teniendo en cuenta asimismo el contexto en el que se inscriben tales conceptos y la finalidad perseguida por las disposiciones pertinentes en materia de propiedad intelectual contenidos en dichos convenios.
2)

Incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno, especialmente el artículo L. 223-4 del code du travail, y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por ese Derecho a fin de garantizar la plena efectividad del artículo 7 de la Directiva 2003/88 y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta, si puede efectuar una interpretación del Derecho interno que permita asimilar la baja del trabajador a causa de un accidente in itinere a alguno de los supuestos mencionados en el citado artículo del code du travail. Si tal interpretación no fuese posible, incumbe al tribunal nacional comprobar si, habida cuenta de la naturaleza jurídica de las partes demandadas en el procedimiento principal, puede invocarse frente a ellas el efecto directo del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88. En caso de que el órgano jurisdiccional nacional no pueda alcanzar el resultado previsto en el artículo 7 de la Directiva 2003/88, la parte perjudicada por la no conformidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión podrá invocar, no obstante, la sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C-6/90 y C-9/90), para obtener, en su caso, reparación del daño sufrido.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de noviembre de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Rechtbank Haarlem — Países Bajos) — X/Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10) y X BV/Inspecteur van de Belastingdienst/P (C-320/10)

(Asuntos acumulados C-319/10 y C-320/10) (1)

(Arancel aduanero común - Nomenclatura Combinada - Clasificación arancelaria - Carne de pollo deshuesada, congelada e impregnada de sal - Validez e interpretación de los Reglamentos no 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 y 1810/2004 - Nota complementaria 7 del capítulo 2 de la Nomenclatura Combinada - Decisión del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC - Efectos jurídicos)

(2012/C 25/16)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Haarlem

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: X (C-319/10), X BV (C-320/10)

Demandadas: Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10), Inspecteur van de Belastingdienst/P (C-320/10)

Objeto

Peticiones de decisión prejudicial — Rechtbank Haarlem — Interpretación y validez de los Reglamentos (CE) no 535/94 de la Comisión, de 9 de marzo de 1994, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 68, p. 15), no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 290, p. 1), no 1871/2003 de la Comisión, de 23 de octubre de 2003, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 275, p. 5) y no 2344/2003 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2003, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 346, p. 38) — Trozos de pollo deshuesados, congelados e impregnados de sal — Clasificación arancelaria.

Fallo

En circunstancias como las del litigio principal, en las que las declaraciones en el régimen aduanero de despacho a libre práctica se realizaron antes del 27 de septiembre de 2005, no puede invocarse la decisión del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 27 de septiembre de 2005, por la que se aprueban un informe del órgano de apelación de la OMC (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) y dos informes de un grupo especial de la OMC (WT/DS269/R y WT/DS286/R), en su versión modificada por el informe del órgano de apelación, ni en el marco de la interpretación de la nota complementaria 7 del capítulo 2 de la nomenclatura combinada que figura en el Reglamento (CE) no 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, ni en el marco de la apreciación de la validez de dicha nota complementaria.

(1) DO C 246, de 11.09.2010.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de noviembre de 2011 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Reino Unido] — Deo Antoine Homawoo/GMF Assurances SA

(Asunto C-412/10) (1)

(Cooperación judicial en materia civil - Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales - Reglamento (CE) no 864/2007 - Ámbito de aplicación ratione temporis)

(2012/C 25/23)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Queen’s Bench Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Deo Antoine Homawoo

Demandada: GMF Assurances SA

Objeto

Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (Queen’s Bench Division) (Reino Unido) — Interpretación de los artículos 15, letra c), 31 y 32 del Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO L 199, p. 40), así como del artículo 297 TFUE — Ámbitos de aplicación ratione temporis — Alcance de la ley aplicable a los hechos generadores de daño.

Fallo

Los artículos 31 y 32 del Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), puestos en relación con el artículo 297 TFUE, deben interpretarse en el sentido que un órgano jurisdiccional nacional está obligado a aplicar este Reglamento únicamente a los hechos, generadores de daño, que se produzcan a partir del 11 de enero de 2009 y que no influyen en la delimitación del ámbito de aplicación temporal de este Reglamento la fecha en que se inicie el procedimiento de reclamación de indemnización ni la fecha en que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto determine la ley aplicable.

(1) DO C 301, de 6.11.2010.
2)

El Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que, en circunstancias como las del asunto principal, concede a un particular un plazo más largo para recuperar los tributos de otro particular que ha intervenido en concepto de intermediario, a quien los ha abonado indebidamente y que los ha satisfecho por cuenta del primero en beneficio del Estado, mientras que, si hubiera abonado dichos tributos directamente al Estado, la acción de dicho particular estaría sujeta a un plazo para solicitar la devolución más corto, con carácter de excepción respecto del régimen de Derecho común de la acción de devolución de lo indebido, ya que los particulares que actúan como intermediarios pueden efectivamente reclamar al Estado los importes eventualmente satisfechos en beneficio de otros particulares.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 269/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de julio de 2011 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department

(Asunto C-186/10) (1)

(Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional - Cláusula de «standstill» - Libertad de establecimiento - Denegación de la renovación del permiso de residencia de un nacional turco que creó una empresa infringiendo las condiciones establecidas por dicho permiso - Abuso de derecho)

2011/C 269/22

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Tural Oguz

Demandada: Secretary of State for the Home Department

En el que participa: Centre for Advice on Individual Rights in Europe

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretación del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970, anejo al Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía y relativo a las medidas que deben adoptarse para su entrada en vigor (DO L 293, p. 4; EE 11/01, p. 213) — Cláusula de standstill — Alcance — Prohibición de que los Estados miembros establezcan nuevas restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios — Nacional turco que creó una empresa en el Reino Unido después de haber obtenido un permiso de residencia sujeto a la condición de no iniciar ninguna actividad empresarial o profesional sin el consentimiento del Secretary of State — Negativa a prorrogar el referido permiso por haberse infringido sus términos.

Fallo

El artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional, firmado en Bruselas el 23 de noviembre de 1970 y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad en virtud del Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, debe interpretarse en el sentido de que puede ser invocado por un nacional turco, cuyo permiso de residencia en un Estado miembro está sujeto a la condición de que no emprenda ninguna actividad mercantil o profesional, que sin embargo emprende una actividad por cuenta propia infringiendo esta condición y solicita posteriormente una prórroga de su permiso de residencia valiéndose de la empresa que creó en el ínterin.

(1) DO C 179, de 3.7.2010.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 226/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de junio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL», Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis, Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

(Asunto C-52/10) (1)

(Directiva 89/552/CEE - Actividades de radiodifusión televisiva - Artículo 1, letra d) - Concepto de «publicidad encubierta» - Carácter intencional - Presentación de un tratamiento dental estético durante una emisión televisiva)

2011/C 226/08

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoulio tis Epikrateias

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Eleftheri tileorasi AE ‘ALTER CHANNEL’, Konstantinos Giannikos

Demandadas: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis, Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretación del artículo 1, letra d), de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 298, p. 23), en su versión modificada por el artículo 1, letra c), de la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997 (DO L 202, p. 60) — Emisión televisiva que consiste en la presentación de un tratamiento dental estético — Concepto de «publicidad encubierta»

Fallo

El artículo 1, letra d), de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, en su versión modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una remuneración o de un pago similar no constituye un elemento necesario para poder determinar el carácter intencional de una publicidad encubierta.

(1) DO C 100, de 17.4.2010.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 269/16

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 21 de julio de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Telefónica de España, S.A./Administración del Estado

(Asunto C-284/10) (1)

(Directiva 97/13/CE - Marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones - Cánones y gravámenes aplicables a las empresas titulares de autorizaciones generales - Artículo 6 - Interpretación - Legislación nacional que impone el pago de una tasa anual calculada sobre la base de un porcentaje de los ingresos brutos de explotación)

2011/C 269/26

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Telefónica de España, S.A.

Demandada: Administración del Estado

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunal Supremo — Interpretación de la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones (en particular, su artículo 6) (DO L 117, p. 15) — Impuestos y tasas aplicables a las empresas titulares de autorizaciones generales — Imposición de cargas pecuniarias que exceden lo autorizado por la Directiva y se destinan a un fin no previsto por ésta.

Fallo

El articulo 6 de la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que impone a los titulares de una autorización general una tasa que se calcula con periodicidad anual sobre la base de los ingresos brutos de explotación de los operadores sujetos a ella y que se destina a sufragar los gastos administrativos relacionados con los procedimientos de expedición, gestión, control y ejecución de dichas autorizaciones, siempre que el total de los ingresos obtenidos por el Estado miembro en virtud de dicha tasa no exceda del total de los gastos administrativos mencionados, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 246, de 11.9.2010.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 204/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de mayo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Alemania) — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern

(Asunto C-184/10) (1)

(Directiva 91/439/CEE - Reconocimiento mutuo de los permisos de conducción - Permiso de conducción expedido por un Estado miembro infringiendo el requisito de residencia - Denegación de reconocimiento por el Estado miembro de acogida basada únicamente en la infracción del requisito de residencia)

2011/C 204/18

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Mathilde Grasser

Demandada: Freistaat Bayern

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretación de los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237, p. 1) — Permiso de conducción expedido por un Estado miembro a un nacional de otro Estado miembro que tenga su residencia habitual, en el momento de la expedición del permiso, en el territorio de este otro Estado miembro y que no haya sido nunca objeto de una medida de retirada del permiso nacional — Posibilidad de los Estados miembros de denegar el reconocimiento de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro basándose exclusivamente en el incumplimiento del requisito de residencia.

Fallo

Los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, letra b), y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, en su redacción dada por la Directiva 2008/65/CE de la Comisión, de 27 de junio de 2008, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro de acogida se niegue a reconocer en su territorio el permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, cuando, sobre la base de las indicaciones que figuran en ese permiso, resulte acreditado que no se ha cumplido el requisito de residencia normal, establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva. No influye a este respecto el hecho de que el titular de ese permiso no haya sido objeto, por parte del Estado miembro de acogida, de alguna medida prevista en el artículo 8, apartado 2, de la referida Directiva.

(1) DO C 179, de 3.7.2010.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 246/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 29 de julio de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica

(Asunto C-6/10) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2006/46/CE - Derecho de sociedades - Cuentas anuales y cuentas consolidadas de sociedades - No adaptación del Derecho interno o no comunicación de las medidas nacionales de adaptación)

2010/C 246/24

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Braun y L. de Schietere de Lophem, agentes)

Demandada: Reino de Bélgica (representantes: M. Jacobs y J.-C. Halleux, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No haber adoptado o no haber comunicado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, por la que se modifican las Directivas del Consejo 78/660/CEE relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas, 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras y 91/674/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros (DO L 224, p. 1).

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, por la que se modifican las Directivas del Consejo 78/660/CEE relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas, 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras y 91/674/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

(1) DO C 80, de 27.3.2010.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 204/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de mayo de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte di Appello di Firenze — Italia) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa

(Asunto C-452/09) (1)

(Directiva 82/76/CEE - Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios - Médicos - Obtención del título de especialista - Remuneración durante el período de formación - Prescripción quinquenal del derecho al pago de remuneraciones periódicas)

2011/C 204/15

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte di Appello di Firenze

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle

Demandadas: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Corte di Appello di Firenze — Interpretación de la Directiva 82/76/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982, por la que se modifica la Directiva 75/362/CEE referente al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de médico, y en la que se establecen medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, así como la Directiva 75/363/CEE referente a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de los médicos (DO L 43, p. 21) — Formación de los médicos especialistas — Derecho a obtener una remuneración adecuada durante el período de formación — Efecto directo sin que se haya adaptado el Derecho interno a la Directiva — Posibilidad del Estado de proponer la excepción de prescripción quinquenal o decenal del derecho nacido de la citada Directiva, en lo que atañe al período anterior a la primera Ley de adaptación del Derecho interno a la misma

Fallo

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro alegue el transcurso de un plazo de prescripción razonable frente a una acción judicial de un particular dirigida a la salvaguarda de los derechos conferidos por una Directiva, aun cuando la autoridad nacional no la haya transpuesto de manera correcta, a condición de que por su comportamiento no haya provocado la extemporaneidad del recurso. La declaración por el Tribunal de Justicia de la infracción del Derecho de la Unión no afecta al inicio del cómputo del plazo de prescripción.

(1) DO C 24, de 30.1.2010.
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 3 de la Decisión 2006/261/CE de la Comisión, de 16 de marzo de 2005, relativa al régimen de ayudas no C 8/2004 (ex NN 164/2003) que Italia ha ejecutado en favor de las sociedades de reciente cotización en Bolsa, al no haber adoptado dentro de los plazos señalados todas las medidas necesarias para suprimir el régimen de ayudas declarado ilegal e incompatible con el mercado común mediante dicha Decisión y obtener de sus beneficiarios la recuperación de las ayudas concedidas con arreglo a dicho régimen.