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El artículo 22, número 4, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación que se refiere a una acción de violación, en el marco de la cual se planteó incidentalmente la invalidez de una patente europea como excepción a la adopción de una medida provisional que tenía por objeto la prohibición de violación transfronteriza, no se opone a la aplicación del artículo 31 de dicho Reglamento.

En efecto, en primer lugar, estos preceptos pretenden regular situaciones distintas y cuenta cada uno de ellos con un ámbito de aplicación diferente. Así, mientras el artículo 22, número 4, tiene por objeto atribuir la competencia para pronunciarse sobre el fondo en litigios relativos a un ámbito bien delimitado, el artículo 31, en cambio, se aplica con independencia de cualquier competencia en cuanto al fondo. Por otra parte, nada indica que uno de los preceptos controvertidos pueda ser considerado general o especial con respecto al otro. De ello se desprende que el artículo 31 del Reglamento no 44/2001 tiene un alcance autónomo con respecto al del artículo 22, número 4, de este Reglamento. Este artículo 31 se aplica si se presenta una demanda de medidas provisionales o cautelares ante un órgano jurisdiccional que no sea el competente en cuanto al fondo, de modo que dicho artículo 22, número 4, relativo a la competencia en cuanto al fondo, no puede, en principio, ser interpretado en el sentido de que pueda constituir una excepción a dicho artículo 31 y, consecuentemente, inaplicarlo.

En segundo lugar, el juez que conoce incidentalmente no adoptará una decisión definitiva sobre la validez de la patente invocada, sino que se limitará a valorar el sentido en que se pronunciaría sobre tal extremo el tribunal competente en virtud del artículo 22, número 4, del Reglamento no 44/2001, y se negará a adoptar la medida provisional solicitada si considera que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que la patente invocada sea anulada por el tribunal competente. En estas circunstancias, no existe el riesgo de contradicciones entre las resoluciones si la resolución provisional adoptada por el juez que conoce con carácter incidental no prejuzga en modo alguno la resolución que, con arreglo al artículo 22, número 4, del Reglamento no 44/2001, deberá adoptar en cuanto el fondo el órgano jurisdiccional competente.

(véanse los apartados 36, 39, 40 y 48 a 51 y el punto 2 del fallo)
El artículo 80, apartado 1, de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que los requisitos de aplicación que establece son exhaustivos y que, por tanto, una normativa nacional no puede determinar, apoyándose en dicha disposición, que la base imponible es el valor normal de mercado de una operación entre personas vinculadas en casos no comprendidos entre los contemplados en la citada disposición, en particular cuando el sujeto pasivo disfruta plenamente del derecho a deducción del impuesto sobre el valor añadido, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.

Conforme a la regla general establecida en el artículo 73 de la Directiva 2006/112, la base imponible en la entrega de un bien o la prestación de un servicio, realizadas a título oneroso, consiste en la contraprestación realmente obtenida al efecto por el sujeto pasivo. Dicha contraprestación es el valor subjetivo, es decir, el realmente percibido, y no un valor estimado según criterios objetivos. Al permitir que en determinados casos se considere que la base imponible es el valor normal de mercado de la operación, el artículo 80, apartado 1, de la Directiva 2006/112 establece una excepción a la regla general prevista en el artículo 73 de ésta que, debido precisamente a su carácter excepcional, debe interpretarse en sentido estricto.

(véanse los apartados 43, 45 y 52 y el punto 1 del fallo)
Al utilizar el término «único» en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva, el legislador de la Unión ha querido hacer hincapié en que los Estados miembros no están obligados a establecer que el usuario pague varias remuneraciones distintas por un mismo acto de comunicación al público, sino que esta remuneración única será repartida, como se desprende claramente de la segunda frase de esta disposición, entre los distintos beneficiarios de la remuneración equitativa que son los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas. En cuanto a la conjunción disyuntiva «o», que figura en la expresión «para la difusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público», debe ser interpretada en el sentido de que se adeuda una remuneración tanto en el caso de radiodifusión como en el de comunicación al público.

El establecimiento hotelero que no proporcione en las habitaciones de sus clientes aparatos de televisión o radio a los que distribuye una señal radiodifundida, sino otro equipo y fonogramas en formato físico o digital que pueden ser difundidos u oídos en dicho equipo es un «usuario» que lleva a cabo un acto de «comunicación al público» de un fonograma en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. Por consiguiente, está obligado a abonar una «remuneración equitativa», en el sentido de esta disposición, por la transmisión de dichos fonogramas.

El artículo 10, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, que prevé una limitación del derecho a una remuneración equitativa conferido en el artículo 8, apartado 2, de esta Directiva cuando se trata del «uso para fines privados», no permite a los Estados miembros exonerar al establecimiento hotelero que lleva a cabo un acto de «comunicación al público» de un fonograma, en el sentido del artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, de la obligación de abonar tal remuneración.

A este respecto, para determinar si el establecimiento hotelero puede ampararse en la limitación «por uso privado» en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, lo relevante no es el carácter privado o no del uso de la obra por parte de los clientes de dicho establecimiento, sino el carácter privado o no del uso que hace de la obra el propio establecimiento hotelero.

(véanse los apartados 71 y 77 y el punto 4 del fallo)
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Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación Comunidades-Bulgaria — Circulación de trabajadores — Acceso a las profesiones reguladas

(Acuerdo de Asociación Comunidades-Bulgaria, arts. 38, ap. 1, y 47)

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El principio de no discriminación enunciado en el artículo 38, apartado 1, primer guión, del Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra parte, debe interpretarse en el sentido de que no se oponía, antes de la adhesión de la República de Bulgaria a la Unión Europea, a una norma de un Estado miembro en virtud de la cual un nacional búlgaro, debido a la existencia de un requisito vinculado a la nacionalidad impuesto por dicha norma, no podía obtener su inscripción en la lista de los abogados en prácticas, ni, en consecuencia, un título de habilitación.

En efecto, dicho Acuerdo de Asociación no contiene ningún elemento que permita deducir de su artículo 38, apartado 1, primer guión, o de otras disposiciones de éste, la voluntad de las partes contratantes de eliminar cualquier discriminación basada en la nacionalidad por lo que se refiere al acceso de los nacionales búlgaros a las profesiones reguladas. A este respecto, procede tener en cuenta que esta disposición se inserta en el título IV, capítulo I de dicho Acuerdo, titulado «Circulación de los trabajadores», mientras que este mismo Acuerdo menciona las profesiones reguladas en su artículo 47, el cual figura en el capítulo II de dicho Acuerdo, consagrado al establecimiento, y que aborda el acceso a las profesiones reguladas sin imponer a este respecto una obligación de no discriminación basada en la nacionalidad.

No puede considerarse que la inscripción en la lista de abogados en prácticas, que constituye un requisito de acceso a la profesión regulada de abogado, sea una condición de trabajo, en el sentido de dicho artículo 38, apartado 1, primer guión.

(véanse los apartados 27, 28 y 30 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 258 TFUE; Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) (véanse los apartados 9 a 12)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, por la que se modifican las Directivas del Consejo 78/660/CEE relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas, 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras y 91/674/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros (DO L 224, p. 1).

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, por la que se modifican las Directivas del Consejo 78/660/CEE relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas, 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras y 91/674/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.
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No obstante, en una serie de escritos, de 18 de octubre de 2006, 27 de enero de 2007 y 26 de septiembre de 2008, la Comisión puso de manifiesto que no se había producido el cese real de la actividad de Indosa y que no se habían liquidado sus activos. Según la Comisión, la información proporcionada por el Reino de España mostraba que las actividades de Indosa continuaban por medio de su filial al 100 %, a saber, la Compañía de Menaje Doméstico, S.L. (en lo sucesivo, «CMD»), que había sido creada por el síndico de la quiebra de Indosa para comercializar los productos de esta empresa y a la que se habían transferido todos los activos de Indosa, así como su personal. Considerando que los activos de Indosa no habían sido transferidos mediante un procedimiento abierto y transparente, la Comisión concluyó que CMD continuaba la actividad subvencionada y que, por consiguiente, se debían recuperar de CMD las ayudas en cuestión.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (DO L 297, p. 29), y del Reglamento (CE) no 1535/2003 de la Comisión, de , por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo en lo relativo al régimen de ayuda en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (DO L 218, p. 14), en sus versiones modificadas por el Reglamento (CE) no 386/2004 de la Comisión, de (DO L 64, p. 25) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2201/96» y «Reglamento no 1535/2003», respectivamente), así como del Reglamento (CE) no 2320/89 de la Comisión, de , por el que se establecen los requisitos de calidad mínimos para los melocotones en almíbar y/o en zumo natural de fruta en el marco del régimen de ayuda a la producción (DO L 220, p. 54), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 996/2001 de la Comisión, de (DO L 139, p. 9) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2320/89»).
El artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/7, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un derecho que ha de abonar anualmente toda empresa debido a su inscripción en el registro de empresas gestionado por las cámaras de comercio, industria, artesanía y agricultura, aun cuando dicha inscripción tenga un efecto constitutivo para las sociedades de capital y tal derecho deba ser igualmente abonado por estas sociedades respecto del período de tiempo durante el cual únicamente ejercen actividades preparatorias de la explotación de una empresa.

En efecto, el hecho imponible de ese derecho anual no es la inscripción de la sociedad o persona jurídica propietaria de la empresa, sino la inscripción de la propia empresa. Se trata de un derecho que grava, sobre la base de su volumen de negocios, a todas las entidades con ánimo de lucro. Tal derecho es independiente de la forma jurídica que adopte la entidad propietaria de la empresa, pues grava tanto a las empresas que tienen la forma de sociedades de capital en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2008/7 como a las que adoptan otra forma jurídica y, en particular, a las controladas o gestionadas individualmente por las personas físicas. Además, que el derecho anual sea proporcional al volumen de negocios de la empresa de que se trate excluye que el pago de tal derecho constituya una formalidad más onerosa para una empresa que haya adoptado la forma jurídica de una sociedad de capital que para una empresa constituida con arreglo a una forma jurídica diferente. Por tanto, un derecho anual como éste no está relacionado con las formalidades a las que pueden estar sometidas las sociedades de capital debido a su forma jurídica.

(véanse los apartados 34 a 37 y 43 y el fallo)
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Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 267 TFUE — Concepto

(Art. 267 TFUE)

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Para apreciar si un órgano remitente posee el carácter de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, cuestión que está sometida únicamente al Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia debe tomar en consideración un conjunto de criterios, como son el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación de normas jurídicas por parte de dicho órgano y su independencia.

En lo que respecta, concretamente, a la independencia del órgano remitente, son dos los aspectos que integran este concepto. El primer aspecto, externo, requiere que el órgano esté protegido de injerencias o presiones externas que puedan poner en peligro la independencia de juicio de sus miembros en cuanto a los litigios que se les sometan. El segundo aspecto, interno, se aproxima al concepto de imparcialidad y hace referencia a la equidistancia del órgano con respecto a las partes litigantes y a sus respectivos intereses en relación con el objeto del litigio.

La Comisión de autorización y control del Consejo Superior de lo Audiovisual (Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel), encargada de comprobar que los editores de servicios de comunicación respetan las normas del sector audiovisual y de sancionar las eventuales infracciones, no cumple este criterio de independencia y, por lo tanto, no constituye un órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 267 TFUE. En efecto, ni la estructura orgánica del Consejo Superior de lo Audiovisual y de los órganos que lo integran ni las misiones encomendadas a éstos permiten afirmar que dicha Comisión interviene como un tercero imparcial entre, por una parte, el presunto infractor y, por otra parte, la autoridad administrativa responsable de la vigilancia del sector audiovisual. En particular, la Comisión de autorización y control del Consejo Superior de lo Audiovisual, órgano decisorio, presenta una vinculación funcional, a través de la Mesa del Consejo Superior de lo Audiovisual, con el Consejo en su conjunto y con la Secretaría de Instrucción, a propuesta de la cual decide. De ello se deduce que, cuando adopta una resolución, la Comisión de autorización y control del Consejo Superior de lo Audiovisual no se distingue del órgano administrativo de control, que a su vez puede compararse a una parte en los procedimientos en materia audiovisual. Viene a corroborar esta conclusión el hecho de que la Mesa del Consejo representa al Consejo Superior de lo Audiovisual frente a terceros y ante los tribunales.

(véanse los apartados 36, 39 a 42 y 44 a 46)
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Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministro y de servicios — Directiva 2004/18/CE — Ámbito de aplicación

(Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

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La Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una entidad adjudicadora celebra con una sociedad privada, independiente de ella, un contrato que prevé la constitución de una empresa común en forma de sociedad anónima, cuyo objeto es la prestación de servicios de salud y de bienestar en el trabajo, la adjudicación, por la referida entidad adjudicadora, del contrato relativo a los servicios destinados a sus propios empleados, cuyo valor exceda del umbral previsto en dicha Directiva, y que es separable del contrato por el que se constituye la citada sociedad, debe hacerse respetando las disposiciones de la citada Directiva que sean aplicables a los servicios comprendidos dentro del anexo II B de ésta.

En efecto, si bien la constitución, por una entidad adjudicadora y un operador económico privado, de una empresa común no está comprendida, como tal, en el ámbito de la Directiva 2004/18, una operación de capital no puede ocultar, en realidad, la adjudicación a un socio privado de contratos que pueden ser calificados de contratos públicos o de concesiones. Además, el hecho de que una entidad privada y una entidad adjudicadora cooperen en el marco de una entidad de capital mixto no puede justificar que la autoridad contratante no cumpla las disposiciones sobre contratos públicos o concesiones en la adjudicación de contratos públicos o concesiones a esa entidad privada o a la entidad de capital mixto. De este modo, cuando la necesidad de celebrar tal contrato mixto con un socio único no queda demostrada objetivamente, la estipulación del contrato mixto que consiste en el compromiso del poder adjudicador de adquirir de la empresa común los servicios de salud destinados a sus empleados es separable de dicho contrato, las disposiciones pertinentes de la Directiva 2004/18 son aplicables a la atribución de dicha estipulación.

(véanse los apartados 33, 34 y 45 a 47 y el fallo)
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Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por razón de la edad — Profesores universitarios

(Directiva 2000/78/CE del Consejo, art. 6, ap. 1)

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La Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en particular, su artículo 6, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, que establece la jubilación forzosa de los catedráticos universitarios al cumplir 68 años de edad y la continuación de su actividad más allá de los 65 años únicamente mediante contratos de duración determinada de un año prorrogables dos veces como máximo, por cuanto dicha normativa persigue un objetivo legítimo vinculado, en particular, con la política de empleo y del mercado de trabajo, como el establecimiento de una enseñanza de calidad y el reparto óptimo de las plazas de catedráticos entre generaciones, y permite alcanzar dicho objetivo por medios adecuados y necesarios. Corresponde al juez nacional comprobar si se cumplen estos requisitos.

Tratándose de un litigio entre un establecimiento público y un particular, en el supuesto en que una normativa nacional no cumpla los requisitos enunciados en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, el juez nacional no debe aplicar dicha norma.

(véanse los apartados 68 y 73 y el fallo)
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Pues bien, de varias versiones lingüísticas, distintas de la alemana, del artículo 13, parte A, apartado 1, letra j), de la Sexta Directiva, se desprende que la interpretación de dicha disposición mencionada en el apartado 49 de la presente sentencia no encuentra verdadero apoyo en el tenor de la misma [véanse, en particular, además de la versión francesa, las versiones inglesa («tuition given privately by teachers and covering school or university education»), italiana («le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario»), polaca («nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące edukację szkolna i uniwersytecką»), portuguesa («As lições dadas, a título pessoal, por docentes, relativas ao ensino escolar ou universitário»), finesa («opettajan koulu- tai yliopisto-opetuksen tueksi antamat yksityisoppitunnit»), y sueca («Undervisning som ges privat av lärare och omfattar skolundervisning eller universitetsutbildning»)].
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 12 CE, 14 CE, 43 CE y 46 CE, del artículo 10 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de (DO L 284, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 1999/31»), y de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 200, p. 35).
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Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de las partidas 1515, 1517, 2106 y 3004, así como de la regla general 5 de las notas de la Nomenclatura Combinada que figuran en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 279, p. 1), en su versión modificada en último lugar por el Reglamento (CE) no 2388/2000 de la Comisión, de 13 de octubre de 2000 (DO L 264, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»). Mediante una corrección de errores de dicho Reglamento (L 276, p. 92), se sustituyó el número inicial 2263/2000 por el no 2388/2000.
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Sobre este particular, conviene recordar que el Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, o a propuesta del Abogado General, o a instancia de las partes, la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes (véanse, en particular, las sentencias de 26 de junio de 2008, Burda, C-284/06, Rec. p. I-4571, apartado 37, así como de , Liga Portuguesa de Futebol Profissional y Bwin International, C-42/07, Rec. p. I-7633, apartado 31).