ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Los artículos 7 a 9 de la Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, en su versión modificada por la Directiva 92/108, así como los artículos 1 y 4 del Reglamento no 3649/92, relativo a un documento simplificado de acompañamiento en la circulación intracomunitaria de productos sujetos a impuestos especiales, que hayan sido despachados a consumo en el Estado miembro de partida, deben interpretarse en el sentido de que no imponen a un agente económico la obligación de comprobar si los compradores procedentes de otros Estados miembros tienen la intención de importar los productos sujetos a impuestos especiales en otro Estado miembro y, en caso afirmativo, si tal importación se realiza con fines privados o con fines comerciales.

En efecto, a tenor del artículo 1 del Reglamento no 3649/92, en el supuesto de que productos sujetos a impuestos especiales, que hayan sido ya despachados a consumo en un Estado miembro, se destinen a ser utilizados en otro Estado miembro, a los fines contemplados en el artículo 7 de la Directiva 92/12, la persona responsable de la circulación intracomunitaria deberá extender un documento simplificado de acompañamiento. Sin embargo, nada en las citadas disposiciones autoriza a deducir que un proveedor concreto, siempre que él mismo no sea la «persona responsable de la circulación intracomunitaria» en virtud del artículo 1 del Reglamento no 3649/92, esté obligado a comprobar si concurren los requisitos para que la persona responsable emita y le entregue el mencionado documento simplificado de acompañamiento, a fin de que tal documento quede en su poder.

Por otro lado, a tenor del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 92/12, está obligada al pago del impuesto, según los casos, la persona que, en el interior de un Estado miembro distinto de aquel en que los productos hayan sido puestos a consumo, tenga los productos destinados a ser entregados o la persona que realice la entrega o efectúe la afectación, así como el operador profesional o el organismo de derecho público. De lo anterior se deduce, en primer lugar, que una empresa determinada, en su condición de proveedor que no se ocupa del envío de los productos vendidos, no puede ser considerada como la «persona que realice la entrega» a efectos del citado artículo 7, apartado 3. En segundo lugar, tal empresa no puede ser considerada como la persona que «tenga los productos destinados a ser entregados» en el sentido de ese mismo artículo 7, apartado 3, en la medida en que su actividad de comercio al por mayor en régimen de autoservicio no le permite garantizar ni el uso comercial de los productos vendidos a clientes de otro Estado miembro ni que tales productos sean entregados efectivamente en ese Estado.

(véanse los apartados 25, 28, 30, 32, 33 y 38 y el punto 1 del fallo)
El artículo 24, apartado 1, del Reglamento no 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que no está incluido en el ámbito de aplicación de dicho precepto un pago efectuado, por orden de un deudor sometido a un procedimiento concursal, a un acreedor de dicho deudor.

En efecto, las personas protegidas por dicha disposición son los deudores del deudor concursado que, bien directamente o bien por mediación, ejecutan de buena fe una obligación en favor de este último.

De este modo, un banco que efectúo un pago en nombre y por cuenta del deudor concursado, aun cuando cumpliera una obligación contraída con respecto al deudor concursado, no ejecutó esa obligación «a favor de» este último en el sentido del artículo 24 del Reglamento no 1346/2000, dado que dicho deudor no fue el beneficiario del referido pago.

(véanse los apartados 31, 32 y 38 y el fallo)
Los artículos 6, apartado 1, letras b) y c), y 7, letras c) y e), de la Directiva 95/46, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que impone al empleador la obligación de poner a disposición de la autoridad nacional competente para la supervisión de las condiciones de trabajo el registro del tiempo de trabajo, de forma que se permita su consulta inmediata, siempre que esta obligación sea necesaria para el ejercicio por esta autoridad de la misión de supervisión que le incumbe en relación con la normativa sobre condiciones de trabajo y, especialmente, de la relativa al tiempo de trabajo.

(véanse el apartado 45 y el punto 2 del fallo)
59

Esta disposición confiere sobre el particular al Tribunal de Justicia una amplia facultad de apreciación para decidir si procede o no imponer tal sanción y determinar, en su caso, su importe. En particular, la condena de un Estado miembro a una suma a tanto alzado no puede revestir un carácter automático (sentencia Comisión/República Checa, antes citada, apartado 42).
15

El 1 de julio de 2011, el Comité Mixto del EEE adoptó la Decisión no 76/2011, que tiene por objeto, particularmente, actualizar las referencias a los Reglamentos nos 1408/71 y 574/72, hechas en el anexo VI del Acuerdo EEE, habida cuenta de que dichos Reglamentos han sido sustituidos respectivamente por el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (DO L 284, p. 43) (en lo sucesivo, «Reglamento no 883/2004»), y por el Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento no 883/2004 (DO L 284, p. 1). Además, de conformidad con su vigesimosegundo considerando, esta misma Decisión tiene por objeto modificar el Protocolo 37 del Acuerdo EEE para incluir en su lista de comités a la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social creada por el Reglamento no 883/2004.
7

El sexto considerando de la Segunda Directiva declaraba «que es necesario prever que un organismo garantice que la víctima no se quede sin indemnización en el caso en que el vehículo que haya causado el siniestro no estuviera asegurado o no fuera identificado; que, sin modificar las disposiciones aplicadas por los Estados miembros en lo referente al carácter subsidiario o no de la intervención de dicho organismo así como a las normas aplicables en materia de subrogación, es importante prever que la víctima de tal siniestro pueda dirigirse directamente a dicho organismo como primer punto de contacto» y «que, no obstante, conviene dar a los Estados miembros la posibilidad de aplicar determinadas exclusiones limitadas en lo que se refiere a la intervención de dicho organismo y que, en caso de daños materiales causados por un vehículo no identificado, vistos los riesgos de fraude, conviene prever que la indemnización de tales daños pueda ser limitada o excluida». El octavo considerando de la misma Directiva añadía que, «para aligerar la carga financiera que debe soportar dicho organismo, los Estados miembros pueden prever la aplicación de determinadas franquicias cuando intervenga para la indemnización de los daños materiales causados por vehículos no asegurados o, en su caso, robados u obtenidos por la fuerza».
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En esas circunstancias el Gerechtshof te Amsterdam decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Puede calificarse como vendedor [de bienes] o prestador de servicios en el sentido de la Directiva a un arrendador de viviendas profesional que alquila una vivienda a un particular? ¿Queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva un contrato de arrendamiento entre un arrendador profesional y un arrendatario que no tenga la condición de profesional? 2) La circunstancia de que el artículo 6 de la Directiva deba considerarse una norma equivalente a las normas nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen la naturaleza de normas de orden público ¿implica que, en un litigio entre particulares, la legislación nacional de transposición relativa a las cláusulas abusivas es de orden público, de suerte que el juez nacional, tanto en primera como en segunda instancia, está facultado y obligado a examinar de oficio (y, por tanto, también ultra petita) si una cláusula contractual se ajusta a la legislación nacional de transposición, y a declarar la nulidad de tal cláusula si llega a la conclusión de que es abusiva? 3) ¿Se ajusta al efecto útil del Derecho [de la Unión] el hecho de que el juez nacional no excluya la aplicación de una cláusula penal que deba considerarse una cláusula abusiva en el sentido de la Directiva, sino que se limite a moderar el importe de la pena contractual en aplicación de la legislación nacional, si un particular ha invocado la facultad de moderación del juez, pero no la anulabilidad de tal cláusula?»
103

Sin embargo, es preciso señalar que Eni, en este contexto, no indica de manera precisa los fundamentos jurídicos que apoyan específicamente su pretensión de anulación de la sentencia recurrida. En efecto, se limita a afirmar, en el apartado 72 de su recurso de casación, que la Comisión no había apreciado «correctamente» los factores de cálculo «pertinentes», entre ellos el volumen de negocio, y que el Tribunal General no había apreciado «correctamente» tal aplicación supuestamente errónea. Del mismo modo, Eni no explica por qué la sentencia recurrida no estaba correctamente motivada a este respecto. En dichas circunstancias, el Tribunal de Justicia no puede ejercer su control de legalidad, so pena de resolver ultra petita (véase, por analogía, la sentencia Arkema/Comisión, antes citada, apartado 61 y la jurisprudencia citada). Por lo tanto, estas objeciones son inadmisibles.
38

Por otro lado, mientras que la formulación del artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Sexta Directiva se recogió en términos similares en la mayoría de las versiones lingüísticas del artículo 11 de la Directiva IVA, en la versión en lengua inglesa de ese artículo fue añadido el término «any» (todas), de manera que el pasaje pertinente de esa disposición está así redactado: «[...] each Member State may regard as a single taxable person any persons established in the territory of that Member State [...]» (cada Estado miembro quedará facultado para considerar como un solo sujeto pasivo a las personas establecidas en el interior del país).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312, p. 3), y del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1, y corrección de errores en DO 2007, L 136, p. 3), en su versión resultante del Reglamento (CE) no 552/2009 de la Comisión, de 22 de junio de 2009 (DO L 164, p. 7) (en lo sucesivo, «Reglamento REACH»).
56

Habida cuenta de cuanto antecede debe responderse a la primera cuestión planteada que los artículos 49 TFUE y 54 TFUE no se oponen, en las circunstancias del asunto principal, a una normativa nacional que excluye la posibilidad de que una sociedad matriz que se fusiona con una filial establecida en otro Estado miembro, y que ha cesado su actividad, deduzca de sus ingresos imponibles las pérdidas sufridas por esa filial en ejercicios anteriores a la fusión, mientras que dicha normativa nacional otorga tal posibilidad cuando la fusión se lleva a cabo con una filial residente. No obstante, tal normativa nacional es incompatible con el Derecho de la Unión si no ofrece a la sociedad matriz la posibilidad de demostrar que su filial no residente ha agotado las posibilidades de tener en cuenta tales pérdidas y que no existen posibilidades de que sean tenidas en cuenta en su Estado de residencia en ejercicios futuros, ya sea por ella misma o bien por un tercero.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 16 del Reglamento (CE) no 111/1999 de la Comisión, de 18 de enero de 1999, por el que se establecen las disposiciones generales de aplicación del Reglamento (CE) no 2802/98 del Consejo relativo a un programa de suministro de productos agrícolas destinados a la Federación de Rusia (DO L 14, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1125/1999 de la Comisión, de 28 de mayo de 1999 (DO L 135, p. 41) (en lo sucesivo, «Reglamento no 111/1999»).
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Por ello, en el presente caso, aun cuando la Comisión admite que no aportó pruebas de la participación activa de Coppens en el acuerdo sobre los presupuestos de favor en los años 1994 y 1995, no es menos cierto que, al tener en cuenta, por una parte, la inexistencia de elementos que indiquen que Coppens, durante ese período, se distanciase públicamente del contenido de dicho acuerdo, en particular, informando por escrito a sus competidores de su voluntad de dejar de participar en éste, y, por otra parte, las numerosas pruebas de la participación activa de Coppens en el citado acuerdo tras el referido período, recapituladas especialmente en el considerando 280 de la Decisión controvertida y no discutidas por Coppens, la Comisión podía considerar fundadamente a dicha sociedad responsable de haber participado en el citado acuerdo de manera ininterrumpida en la totalidad del período comprendido del 13 de octubre de 1992 al 29 de julio de 2003.
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El artículo 66 del decreto del Presidente della Repubblica no 382 – Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica [Decreto del Presidente de la República no 382/1980, sobre reorganización de la enseñanza universitaria en relación con la formación y la experimentación organizativa y didáctica], de 11 de julio de 1980 (Supplemento Ordinario de la GURI no 209, de 31 de julio de 1980), dispone: «Las universidades podrán llevar a cabo actividades de investigación y consultoría en virtud de contratos o convenios celebrados con entidades públicas y privadas, siempre que dichas actividades no obstaculicen el desarrollo de su función científico-didáctica. La ejecución de tales contratos y convenios se encomendará, por norma general, a los departamentos [universitarios] o, cuando no se hubieran constituido, a los institutos universitarios o a las clínicas universitarias o a determinados profesores a tiempo completo. Los ingresos derivados de las prestaciones realizadas en virtud de los contratos y convenios mencionados en el párrafo anterior se distribuirán con arreglo a lo previsto en un reglamento aprobado por el consejo de administración de la universidad sobre la base de un modelo […] facilitado por el Ministro de Enseñanza Pública. El personal docente y no docente que colabore en dichas prestaciones podrá ser remunerado con un importe anual total no superior al 30 % de su retribución total. En cualquier caso, las cantidades así abonadas al personal no podrán superar el 50 % de los ingresos totales derivados de [dichas] prestaciones. El reglamento mencionado en el párrafo segundo establecerá la cantidad que se destinará a compensar los gastos generales soportados por la universidad y los criterios de reparto entre el personal del importe previsto en el párrafo tercero. El resto de los ingresos será destinado a la adquisición de material didáctico y científico así como a los gastos de funcionamiento de los departamentos, los institutos o las clínicas que hayan ejecutado los contratos y convenios. De los ingresos totales derivados de cada prestación, que se repartirán según los criterios establecidos en el párrafo segundo, se deducirán en todo caso previamente los gastos soportados por la universidad para la ejecución de dichas prestaciones. Los ingresos derivados de la actividad mencionada en el párrafo anterior constituyen ingresos del presupuesto de la universidad.»
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En efecto, con arreglo al artículo 221, apartado 1, del Código aduanero, la comunicación del importe de los derechos que han de ser recaudados debe haberse visto precedida de la contracción de este importe por las autoridades aduaneras del Estado miembro interesado, no pudiendo estas autoridades recaudar dicho importe cuando no haya sido objeto de contracción con arreglo al artículo 217, apartado 1, del Código aduanero. No obstante, dichas autoridades conservan la facultad de proceder a una nueva comunicación del mismo importe, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 221, apartado 1, del Código aduanero y las normas de prescripción vigentes en la fecha en que nació la deuda aduanera (véanse, en particular, el auto de 9 de julio de 2008, Gerlach & Co., C-477/07, apartado 30, y la sentencia Direct Parcel Distribution Belgium, antes citada, apartado 39).
53

En lo que atañe, en primer lugar, al supuesto error de Derecho cometido por el Tribunal General al comparar la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido, debe destacarse, en primer término, que el Reglamento no 6/2002 no contiene una definición del concepto de «usuario informado» que utiliza dicho Tribunal. Sin embargo, debe entenderse como un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de «usuario informado» puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate (véase la sentencia PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, antes citada, apartado 53).
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En este contexto, es preciso indicar la existencia del Documento de orientación elaborado conjuntamente por los servicios de la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros para la delimitación entre la Directiva 76/768 sobre los productos cosméticos y la Directiva 2001/83 sobre los medicamentos («Guidance Document on the demarcation between the Cosmetic Products Directive 76/768 and the Medicinal Products Directive 2001/83 as agreed between the Commission Services and the competent authorities of Member States»; en lo sucesivo, «Documento de orientación para la delimitación entre la Directiva sobre los productos cosméticos y la Directiva sobre los medicamentos»), en la que el concepto de «acción farmacológica» se define de manera idéntica a la de «medios farmacológicos» que figura en el Documento de orientación sobre productos sanitarios.
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En la versión resultante del artículo 28 séptimo de la Sexta Directiva, el artículo 17, apartados 2, letra a), y 5, de ésta tiene la siguiente redacción: «2. En la medida en que los bienes y servicios se utilicen para las necesidades de sus propias operaciones gravadas, el sujeto pasivo estará autorizado para deducir de las cuotas impositivas por él devengadas: a) el [IVA] debido o pagado dentro del país por los bienes que le hayan sido o le vayan a ser entregados y por los servicios que le hayan sido o le vayan a ser prestados por otro sujeto pasivo; […] 5. En lo concerniente a bienes y servicios utilizados por un sujeto pasivo para efectuar indistintamente operaciones con derecho a deducción, enunciadas en los apartados 2 y 3, y operaciones que no conlleven tal derecho, solo se admitirá la deducción por la parte de las cuotas del [IVA] que sea proporcional a la cuantía de las operaciones primeramente enunciadas. Esta prorrata se aplicará en función del conjunto de las operaciones efectuadas por el sujeto pasivo, conforme a las disposiciones del artículo 19. Esto no obstante, los Estados miembros podrán: a) autorizar a los sujetos pasivos para determinar una prorrata por cada uno de los sectores de su actividad, siempre que se lleven contabilidades separadas para cada uno de estos sectores; b) obligar a los sujetos pasivos a determinar una prorrata por cada sector de su actividad, llevando obligatoriamente contabilidades separadas para cada uno de estos sectores; c) autorizar u obligar a los sujetos pasivos a efectuar la deducción por el procedimiento de afectación real de la totalidad o de parte de los bienes y servicios; d) autorizar u obligar a los sujetos pasivos a efectuar la deducción, conforme a la regla prevista en el párrafo primero, por todos los bienes y servicios utilizados para todas las operaciones allí enunciadas; e) disponer que no se tenga en cuenta la cuota del IVA que no pueda ser objeto de deducción por el sujeto pasivo, cuando dicha cuota sea insignificante.»
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El principio de no discriminación no sólo exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables sino también que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica (véase en especial la sentencia Merida, antes citada, apartado 22).
Cuando una institución aplica una de las excepciones al derecho de acceso previstas en el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, le corresponde ponderar el interés específico que debe protegerse no divulgando el documento de que se trate y, en particular, el interés general en que dicho documento sea accesible, habida cuenta de las ventajas que se derivan, como señala el segundo considerando del Reglamento no 1049/2001, de una mayor apertura, a saber, una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la Administración para con los ciudadanos en un sistema democrático.

A este respecto, si bien para justificar la denegación de acceso a un documento no basta, en principio, que dicho documento guarde relación con una actividad o un interés mencionados en el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001, sino que la institución de que se trate debe explicar también la razón por la que el acceso al citado documento puede menoscabar concreta y efectivamente el interés protegido por una excepción prevista en dicho artículo, esa institución puede basarse, a este respecto, en presunciones generales que se apliquen a determinadas categorías de documentos, toda vez que consideraciones de carácter general similares puedan aplicarse a solicitudes de divulgación relativas a documentos de igual naturaleza. En tal caso corresponde a la institución de que se trate precisar en qué consideraciones de orden general basa la presunción de que la divulgación de esos documentos perjudica a uno de los intereses protegidos por las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001, y ello sin estar obligada a apreciar en concreto el contenido de cada uno de esos documentos.

(véanse los apartados 32, 72 y 73)
Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Establecimiento de derechos antidumping definitivos — Reglamentos (CE) no 1470/2001 y no 1205/2007 — Ámbito de aplicación — Producto de que se trata — Lámparas fluorescentes compactas alimentadas por corriente alterna clasificadas en la subpartida ex 8539 31 90 de la Nomenclatura Combinada — Adición de un interruptor solar — Inclusión — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional

[Reglamentos del Consejo (CEE) no 2658/87, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 254/2000, anexo I, subpartida ex 8539 31 90, (CE) no 384/96, art. 11, ap. 2, (CE) no 1470/2001, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1322/2006, y (CE) no 1205/2007]