3.

Los demandantes, en su réplica, presentan la siguiente argumentación: a) En cuanto a la interposición del recurso fuera de plazo, respecto de algunos demandantes, hacen en forma preliminar dos consideraciones. — La primera se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de donde resulta que el sólo hecho de sobrepasar el plazo no es siempre una causa suficiente para determinar la inadmisibilidad del recurso. Señalan que, en múltiples ocasiones, el Tribunal de Justicia ha aceptado la presentación tardía por justos motivos, como en un determinado número de asuntos en que consideró que determinados actos, como las decisiones de tribunales de concursos y los informes de calificación, pueden ser objeto directamente de un recurso ante el Tribunal de Justicia, por estar el procedimiento de reclamación previa, a su entender, desprovisto de todo efecto. Subrayan que la consecuencia de ello es que las reclamaciones erróneamente interpuestas por los demandantes contra tales actos hicieron que se sobrepasaran los plazos de presentación de recursos ante el Tribunal de Justicia, pero que se consideró en aquella ocasión que «puesto que el carácter definitivo de tales decisiones y la inutilidad respecto a ellas de una reclamación, en virtud del artículo 90 del Estatuto, no están formalmente reconocidas, bien por una disposición reglamentaria, bien por una advertencia explícita en las mismas decisiones, resulta injusto privar de su derecho de recurso a un justiciable que haya presentado su reclamación antes de la expiración del plazo contencioso abierto por la decisión propiamente dicha» (asunto 34/80, X. Authié, Rec. 1981, p. 665; traducción provisional; en lo sucesivo: **; véase también asunto 44/71, Marcato, Rec. 1972, p. 427; asunto 37/72, Marcato, Rec. 1973, p. 361; asunto 31/75, Costacurta, Rec. 1975, p. 1563; asuntos acumulados 6 y 97/79, Grassi, Rec. 1980, p. 2141; asuntos acumulados 122 y 123/79, Schiavo, Rec. 1981, p. 473). Añaden que el Tribunal de Justicia puede igualmente oponer a la pretensión de inadmisibilidad, por sobrepasar el plazo del recurso, el hecho de que el demandante se haya encontrado con ciertas dificultades, como, por ejemplo, la identificación de la autoridad competente para recibir su reclamación o una posible incertidumbre debida a la actitud de la parte contraria y que, en tales casos, el Tribunal de Justicia ha juzgado admisible el recurso (en particular, asunto 25/68, Schertzer, Rec. 1977, p. 1729, especialmente p. 1740 y conclusiones concordantes del Abogado General H. Mayras). — La segunda consideración se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual los plazos, tanto para presentar una reclamación como para interponer un recurso (al ser los dos tipos de plazos de la misma naturaleza, asuntos acumulados 122 y 123/79, Schiavo, Rec. 1981, p. 473), «tienen por finalidad garantizar en el seno de las instituciones comunitarias la seguridad jurídica indispensable para su buen funcionamiento» (asunto 24/69, Nebe, Rec. 1970, p. 151). Señalan que el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo falló que el hecho de haber sobrepasado el plazo de recurso no impide pronunciarse prioritariamente sobre el fondo del asunto (TAOIT, fallo n° 545, Beelen, 30 de marzo de 1983) y que el propio Tribunal de Justicia, en el asunto 189/73, Van Reenen (Rec. 1975, p. 455), prefirió examinar el fondo del recurso en lugar de declarar la inadmisibilidad ante la caducidad de los plazos, habiendo estimado el Abogado General «más conforme a una buena administración de justicia examinar el fondo del asunto» (ídem, p. 457). Los demandantes llegan a la conclusión de que la valoración del hecho de que se hayan sobrepasado los plazos debe tener en cuenta la finalidad de éstos y que, en la medida en que no se haya perjudicado esta finalidad, puede admitirse una superación del plazo por motivos justos. A la luz de estas consideraciones los demandantes exponen a continuación las circunstancias por las cuales algunos de ellos no respetaron aparentemente el plazo de tres meses exigido por el artículo 91, apartado 3, del Estatuto. Explican, en primer lugar, que el recurso se dirige contra una sola institución, la Comisión, que posee diversas sedes (Bruselas, Luxemburgo, Petten, Karlsruhe, Geel, Ispra, Fontenay-aux-Roses), de modo que en el caso de una solicitud única formulada contra un mismo acto por varios centenares de funcionarios y agentes que pertenecen a la misma institución, pero dependientes de distintos centros de trabajo, es natural que se produzca un escalonamiento temporal en las respuestas proporcionadas por la institución demandada en función de los distintos lugares de trabajo. Subrayan que éste fue el caso en el presente asunto, ya que los demandantes dependientes de las sedes de Bruselas, Luxemburgo, Geel y Petten recibieron respuesta a su reclamación entre el 6 y el 8 de julio de 1983, mientras que en Ispra no se acusó recibo de la respuesta sino entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre de 1983 y que, por tratarse de un recurso en cierto modo colectivo, y que debía ser apreciado globalmente, los demandantes que no eran de Ispra tuvieron conocimiento prematuramente de la denegación de sus reclamaciones, y este hecho, por ser anterior al acto final, no era susceptible de hacer correr los plazos de recurso. Los demandantes explican a continuación que aquellos que no pertenecen a la sede de Ispra prefirieron interponer con éstos una sola demanda ante el Tribunal de Justicia, por la razón: — de que todos los demandantes recibieron, aunque con diferentes fechas, la misma respuesta de la Comisión denegando sus reclamaciones, por los mismos motivos; esta respuesta tiene fecha de 29 de junio de 1983, pero sólo fue conocida en Ispra a partir del 25 de agosto de 1983 (Anexo 4 de la demanda); — de que los demandantes presentaron, desde la apertura del procedimiento contencioso, reclamaciones tipo fundadas en las mismas razones, por lo que voluntariamente prefirieron mantener la unidad del procedimiento, entablado mediante la interposición de una sola y única demanda, para respetar la economía del procedimiento permitiendo a la vez simplificar y sintetizar el conjunto de sus alegaciones en una sola y única demanda, de manera adecuada a una buena administración de la justicia. Señalan que la demandada comparte además con ellos esta preocupación por un procedimiento sintético y globalizado ya que respondió, mediante una misma carta tipo fechada el 29 de junio de 1983, al conjunto de las reclamaciones que le fueron presentadas entre diciembre de 1982 y mediados de marzo de 1983, es decir, más allá del plazo de cuatro meses prescrito para responder a las reclamaciones presentadas en diciembre de 1982, pero dentro del mismo plazo para responder a las presentadas a mediados de marzo de 1983; — de que los demandantes que no eran de Ispra sólo son 29 sobre un total de 302, elemento éste que igualmente influyó sobre la decisión de esperar a que sus colegas de Ispra estuvieran preparados para interponer sus recursos y de tal modo presentar una sola y única demanda; — de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia tradicionalmente es favorable a una interpretación amplia de la admisibilidad de los recursos colectivos en cuanto contemplen actos de un contenido idéntico o actos que afecten del mismo modo a los demandantes (asuntos acumulados 18 y 19/64, Alvino, Rec. 1965, p. 971 y siguientes, especialmente pp. 982 y 983). En consecuencia, los demandantes estiman que debe considerarse que el dies a quo que hace correr el plazo del recurso ante el Tribunal de Justicia es el correspondiente a la fecha de la recepción de la última respuesta a la reclamación, así como que el carácter colectivo del recurso exige que se considere que las anteriores respuestas denegatorias de las reclamaciones de los demandantes, que no sean de Ispra, no constituyen la adopción de una posición definitiva de la autoridad administrativa que haga correr los plazos de recurso. En caso de que el Tribunal de Justicia estimara que el plazo fue efectivamente sobrepasado, al poderse «fraccionar» el dies a quo según los diferentes lugares de destino de la demandada, los demandantes consideran que es conveniente aceptar que esta superación del plazo se explica por motivos justos y no perjudica la función racionalizadora de los plazos en el sistema contencioso. b) En lo que se refiere a la existencia de una decisión lesiva, los demandantes señalan que un acto puede lesionar tanto por lo que establece como por lo que deja de establecer, y ésta sería la razón por la cual el Estatuto de los funcionarios entiende el silencio, es decir, la abstención de adoptar un acto o de responder en el plazo requerido, como una toma de posición equivalente a una denegación implícita, susceptible de causar un perjuicio. Consideran que las hojas de haberes de diciembre de 1982 no incluyen la compensación que se les hubiera debido pagar tanto por la depreciación monetaria corno por la disminución del poder adquisitivo y como resarcimiento por el retraso en el pago, y que por ello lesionan sus derechos e intereses. Agregan que la cuestión de si la ficha mensual de haberes, en caso de litigio respecto a uno de los elementos enumerados u omitidos por aquélla, puede constituir un acto lesivo, fue resuelta afirmativamente en el asunto R. Kortner-Schots (Rec. 1974, p. 177; véase también asunto 1/76, Wack, Rec. 1976, p. 1017). Señalan que, aunque el Tribunal de Justicia dio la impresión de volver sobre su posición anterior en una sentencia de 2 de julio de 1981, relativa a la indemnización por expatriación, al afirmar que «el silencio de la ficha mensual de haberes con referencia a la indemnización litigiosa no puede ser asimilado a una decisión en el sentido del Estatuto, susceptible de abrir el plazo de recurso de los artículos 90 y 91 de dicho texto»** (asunto 185/80, Garganese, Rec. 1981, p. 1785), la prosecución de la lectura de dicha sentencia lleva no obstante a pensar que no se trata de un caso que cuestione la anterior jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por cuanto, en dicho asunto, las indicaciones proporcionadas por la ficha de haberes (o resultante de su silencio) no podían ser lesivas, ya que no reflejaban ninguna decisión existente en el momento de la transmisión de dicha ficha. Hacen notar que no se trata aquí de la misma situación por cuanto la falta de compensación resultante de las hojas de haberes es la consecuencia de la adopción y de la aplicación del Reglamento n° 3139/82 del Consejo cuya legalidad impugnan. c) En lo que se refiere al objeto del recurso, los demandantes señalan que éste pretende a la vez obtener la anulación de los actos individuales lesivos representados por las hojas de haberes, debido a la ilegalidad del Reglamento n° 3139/82 del Consejo, y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las faltas cometidas por el Consejo con la adopción de dichos actos. Recuerdan que el Tribunal de Justicia falló que «según el artículo 91 [del Estatuto], el Tribunal de Justicia es competente para resolver sobre los litigios que tengan por objeto la legalidad de un acto que le sea lesivo al demandante, cualquiera que sea la naturaleza del recurso»** (asunto 9/75, Meyer-Burckhardt, Rec. 1975, p. 1171, especialmente p. 1182), de modo que existen fundamentos para solicitar en la misma demanda a la vez la anulación y la indemnización. Precisan que no pretenden en modo alguno obtener por medio de un recurso por responsabilidad los mismos efectos que puedan resultar de un recurso de anulación, por cuanto, justamente, en la misma demanda, pretenden a la vez la anulación de los actos lesivos y la reparación del daño resultante de dichos actos y no la anulación del Reglamento incriminado, que chocaría con el obstáculo de la admisibilidad que requiere justamente el interés directo e individual (asuntos 48/79, Ooms, Rec. 1979, p. 3121, y 64/80, Giuffrida y Campogrande, Rec. 1981, p. 693). Concluyen que, en consecuencia, han respetado las vías de recurso que les ofrece el Estatuto y han utilizado adecuadamente, en apoyo de sus pretensiones, la excepción de ilegalidad que permite a cualquier parte, con ocasión de un litigio, que cuestione un reglamento del Consejo (o de la Comisión), «aunque haya expirado el plazo previsto en el párrafo 3 del artículo 173 [...] para acudir ante el Tribunal de Justicia alegando la inaplicabilidad de dicho reglamento por los motivos previstos en el párrafo 1 del artículo 173», según el artículo 184 del Tratado CEE.