CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. GERHARD REISCHL 
presentadas el 22 de noviembre de 1979 * 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
Los cuatro procedimientos prejudiciales 
sobre los que debe pronunciarse hoy este 
Tribunal de Justicia se refieren a los siste­
mas de distribución selectiva que practican 
cuatro fabricantes de perfumes franceses, 
implicados en procesos penales ante el 
tribunal de grande instance de Paris, al igual 
que, aparentemente, la mayoría de los fabri­
cantes prestigiosos del citado sector. 
En su estado actual, tales sistemas pueden 
describirse, brevemente, de la siguiente 
forma: 
La comercialización en Francia, país de 
fabricación, se realiza, en la medida en que 
no existen tiendas al por menor propiedad 
de los fabricantes, sin pasar por el comercio 
al por mayor, sino directamente a través de 
determinados detallistas que son elegidos 
por el fabricante de acuerdo con criterios 
cualitativos (situación y adecuación de la 
tienda, personal cualificado) y cuantitativos (para los cuales desempeña un papel funda­
mental el poder adquisitivo de la población 
en una región determinada). La comerciali­
zación en otros Estados miembros se efec­
túa, siempre que no existan filiales, a través 
de distribuidores exclusivos, cuya concesión 
se extiende, en cada caso, a un país. Al igual 
que los fabricantes en Francia, estos distri­
buidores exclusivos eligen a su vez, aparen­
temente, utilizando contratos tipo elabora­
dos por los fabricantes, un determinado 
número de detallistas, en función de crite­
rios cuantitativos y cualitativos, y suminis­
tran únicamente a estos últimos o a detallis­
tas que forman parte del sistema de distri­
bución en otros Estados miembros. Los 
detallistas autorizados sólo pueden abaste­
cer a los consumidores finales o a otros 
puntos de venta expresamente autorizados 
para la distribución. 
Estos sistemas de distribución, que incluían 
además, inicialmente, otros elementos que 
examinaré más adelante, se pusieron en 
conocimiento de la Comisión en distintas 
fechas y, en aquel momento, esta Institución 
trató de llegar a una solución global para 
todo el sector (véase su Cuarto Informe 
sobre la política de la competencia, n0! 35 y 
97, así como su Quinto Informe sobre la 
política de la competencia, N°S 57, 58 y 59). 
* Lengua original: alemán. 
768 
GIRY Y GUERLAIN 
En relación con el procedimiento ante la 
Comisión, es necesario señalar lo siguiente: 
El 31 de enero de 1963, Guerlain SA noti­
ficó a la Comisión un contrato tipo para la 
distribución en Francia, así como los contra­
tos celebrados con los agentes generales en 
los que entonces eran los demás Estados 
miembros y, además, el 20 de junio de 
1973, los contratos celebrados con los 
agentes generales en el Reino Unido y en 
Dinamarca. 
El 30 de enero de 1963, Rochas SA notificó 
a la Comisión dos contratos tipo, uno para 
la distribución en Francia y el otro para los 
agentes generales en los que entonces eran 
los demás Estados miembros, y después, el 
21 de junio de 1973, un contrato tipo desti­
nado a los agentes generales en Irlanda y en 
Dinamarca, al igual que varios contratos 
celebrados por la filial inglesa con detallis­
tas autorizados y, por último, el 14 de sep­
tiembre de 1973, un contrato tipo previsto 
por el agente general danés para la distribu­
ción al por menor en dicho país. 
El 30 de enero de 1963, Lanvin notificó a la 
Comisión los contratos celebrados con los 
agentes generales en los que entonces eran 
los demás Estados miembros y, el 31 de 
enero de 1963, un contrato tipo previsto 
para la distribución en Francia. 
Por último, Nina Ricci notificó a la Comi­
sión, el 31 de enero de 1963, un contrato 
tipo para la distribución en Francia, así 
como los contratos celebrados con los agen­tes generales belgas, neerlandeses y alema­
nes, después, el 12 de diciembre de 1972, 
un acuerdo suscrito con una empresa italia­
na y, finalmente, el 3 de agosto de 1973, los 
contratos celebrados con los agentes genera­
les en el Reino Unido, en Irlanda y en Dina­
marca. 
Durante el procedimiento administrativo 
iniciado por la Comisión, se comunicaron 
también a esta Institución varios acuerdos 
suscritos por los agentes generales o por 
filiales en los distintos Estados miembros, 
en la medida en que los mismos no se le 
habían notificado en debida forma. 
La mayoría de los sistemas de distribución 
practicados en la industria de la perfumería 
y, en particular, los de las empresas que 
están implicadas en los actuales litigios 
principales, contenían cláusulas que la 
Comisión consideró incompatibles con el 
apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. 
En primer lugar, existía la obligación im­
puesta a los detallistas de suministrar única­
mente a los consumidores finales, lo que, en 
opinión de la Comisión, representaba una 
prohibición directa de exportación; después, 
la obligación impuesta a los detallistas de 
abastecerse solamente del agente general de 
su país o, en Francia, solamente del fabri­
cante, lo que se consideró una prohibición 
indirecta de importación y, por ultimo, la 
obligación de los detallistas de respetar los 
precios impuestos, aun cuando se tratara de 
productos reimportados o reexportados. 
Por estas razones, el 27 de abril de 1972, la 
Comisión inició un procedimiento contra 
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CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
tres empresas que habían notificado tal 
sistema de distribución, a saber, Rochas, 
Dior y Lancôme. En el marco de dicho 
procedimiento, el 24 de julio de 1972, se 
emitió un pliego de cargos y posteriormente 
tuvo lugar una audiencia; el 25 de mayo de 
1973, se emitió un pliego de cargos adicio­
nal a la empresa Rochas y, a continuación, 
se celebró otra audiencia. En aquel momen­
to la Comisión llegó a la conclusión de que 
no debería intervenir, basándose en el apar­
tado 1 del artículo 85, si se suprimían del 
sistema de distribución todas las prohibicio­
nes directas o indirectas de exportación o de 
importación, así como la obligación impues­
ta a los detallistas de respetar los precios 
impuestos en caso de reimportación o de 
reexportación. El 17 de septiembre de 1974, 
el Comité de enlace de los sindicatos euro­
peos de la perfumería, que reúne a las aso­
ciaciones nacionales de fabricantes de per­
fume, aceptó, aparentemente, esta solución, 
partiendo de la idea de que sería válida para 
todas las empresas del sector. En conse­
cuencia, las tres empresas contra las que se 
había iniciado un procedimiento se declara­
ron dispuestas a modificar su sistema de 
distribución en el sentido indicado. Por esta 
razón, la Comisión les señaló que conside­
raba que ya no había motivo para intervenir 
con arreglo al apartado 1 del artículo 85. 
Con ocasión del cierre de los procedimien­
tos dirigidos contra los tres fabricantes antes 
mencionados, la Comisión difundió, el 24 
de diciembre de 1974, un comunicado de 
prensa en el que se declaraba que de la 
postura de la Comisión en los tres asuntos 
de que se trata podía deducirse qué princi­
pios y criterios regirían la valoración de 
sistemas de distribución similar en el sector. 
El Cuarto Informe sobre la política de la 
competencia, publicado por la Comisión en abril de 1975, contenía una declaración en 
el mismo sentido. Dicho informe indica que, 
teniendo en cuenta la estructura del mercado 
> -gran número de empresas competidoras y 
escasa cuota de mercado poseída por cada 
una de ellas- y con la condición de que se 
supriman las restricciones qué provocan una 
fragmentación del mercado, la Comisión no 
encuentra motivos para intervenir en rela­
ción con los sistemas de distribución selecti­
va de la perfumería con arreglo al apartado 
1 del artículo 85. 
Paralelamente la Comisión instó también a 
las demás empresas a suprimir las cláusulas 
que limitaban los intercambios y las que 
producían un efecto análogo. Tras realizar 
dicha supresión y notificarla a la Comisión, 
las empresas interesadas recibieron varios 
escritos en los que se expresaba la opinión 
de que sus sistemas de distribución estaban 
en regla desde el punto de vista del Derecho 
de la competencia y no había lugar a inter­
venir contra los mismos conforme al aparta­
do 1 del artículo 85. Tal escrito fue enviado 
a Guerlain el 28 de octubre de 1975. Tras 
haber comunicado a la Comisión un contra­
to conforme de fecha 1 de septiembre de 
1976, el 13 de septiembre de 1976 se infor­
mó también a dicha empresa de que la 
organización de venta existente en Bélgica, 
en los Países Bajos y en Luxemburgo podía 
considerarse satisfactoria respecto a las 
normas de competencia del Tratado CEE. 
Escritos como el dirigido a Guerlain el 28 
de octubre de 1975 se enviaron también a 
Rochas, el 26 de septiembre de 1976, y a 
Lanvin, el 23 de septiembre de 1976. Por lo 
que respecta a Nina Ricci, en un escrito de 
16 de marzo de 1976 se declaró, en primer 
lugar, que los contratos destinados a los 
770 
GIRY Y GUERLAIN 
detallistas alemanes podían considerarse 
satisfactorios respecto al Derecho comunita­
rio de la competencia. Esta misma informa­
ción se facilitó el 7 de febrero de 1977 para 
los contratos de detallistas italianos y neer­
landeses, el 6 de abril para el contrato de 
concesión exclusiva danés y para los contra­
tos de detallistas franceses y el 5 de agosto 
de 1977 para los contratos celebrados con 
los agentes generales en Bélgica, Luxem­
burgo, el Reino Unido e Irlanda. Por último, 
el 20 de enero de 1978, Nina Ricci recibió 
un escrito cuyo contenido se correspondía, 
en líneas generales, con el del escrito envia­
do a Guerlain el 28 de octubre de 1975. 
Los sistemas de distribución así valorados 
por la Comisión tienen importancia, respec­
to a los litigios principales, por los siguien­
tes motivos: 
- Los demandantes en el primer asunto, que 
dio lugar a la cuestión prejudicial 253/78, 
son propietarios de tres perfumerías en 
Aix-en-Provence. Desde hace tiempo, 
tratan de obtener también productos de 
Guerlain para la venta. El acusado en el 
litigio principal, es decir, el director comer­
cial de Guerlain, les denegó tal suministro y, 
en particular, la ejecución de un pedido 
efectuado en junio de 1975, debido a que 
existía ya un contrato de concesión con otro 
comerciante de Aix-en-Provence. Como 
este hecho puede constituir una «negativa a 
vender» punible de acuerdo con el artículo 
37 del Decreto Legislativo francés n° 1483 
de 30 de junio de 1945, en la versión del 
Decreto de 24 de junio de 1958, y con 
arreglo a lo dispuesto en el Decreto Legisla­
tivo n° 1484, de 30 de junio de 1945, se iniciaron actuaciones penales contra el 
director comercial antes mencionado, previa 
denuncia de los autores del pedido. En el 
marco de una acción civil acumulada, se 
pidió además que se condenara solidaria­
mente a Guerlain SA y a su director comer­
cial a pagar una indemnización. 
- Una de las demandantes en los dos asun­
tos acumulados que dieron lugar a la cues­
tión prejudicial 1/79 es gerente de una 
perfumería en Estrasburgo. Intentó vana­
mente ser autorizada como distribuidor de 
productos Rochas. Dado que, entre marzo 
de 1973 y febrero de 1976, se le denegó 
la ejecución de pedidos por causa de la 
existencia de contratos celebrados con 
otras seis perfumerías de Estrasburgo, 
presentó una demanda contra el director 
comercial de Rochas y, en el proceso penal 
que se inició a continuación, solicitó ade­
más que se condenara solidariamente a 
dicho director y a la empresa Rochas a 
pagar una indemnización. 
La demandante en el otro asunto relevante a 
este respecto es gerente de una perfumería 
de Toulon. Sus pedidos fueron igualmente 
rechazados debido a la existencia de un 
contrato de concesión celebrado por Rochas 
con otros cinco comerciantes de Toulon. No 
obstante, en este caso sólo se produjeron, 
finalmente, actuaciones penales, ya que la 
inicial constitución en parte civil para obte­
ner una condena al pago de una indemniza­
ción ñie posteriormente retirada. 
- En otros dos asuntos pendientes ante el 
tribunal de grande instance de Paris, la 
771 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
demandante es de nuevo la citada gerente de 
una perfumería en Estrasburgo. El primero 
de estos litigios tiene por objeto la negativa 
del director comercial de Lanvin, desde 
noviembre de 1972 hasta junio de 1975, a 
servir los pedidos realizados por la deman­
dante, debido a que se habían celebrado ya 
contratos de concesión con otras once per­
fumerías de Estrasburgo. El segundo asunto 
es consecuencia del rechazo de pedidos por 
parte del director comercial de Nina Ricci, 
desde febrero de 1973 hasta junio de 1975, 
debido a que existían ya contratos de con­
cesión con otras once perfumerías de Estras­
burgo, cuyas tiendas están situadas, en 
parte, cerca de la de la demandante. En 
ambos casos se iniciaron también actuacio­
nes penales y se presentaron peticiones de 
indemnización, como en los otros litigios. 
En todos estos asuntos, los acusados o 
demandados alegaron en su defensa que la 
Comisión de las Comunidades Europeas 
había dado su conformidad a los sistemas de 
distribución practicados por los perfumistas 
-en algunos casos, se emitieron incluso 
Decisiones con arreglo al apartado 3 del 
artículo 85 del Tratado CEE- y que esta 
situación no podía ponerse en entredicho 
por la aplicación de las disposiciones nacio­
nales contrarias, sobre las que prevalece el 
Derecho comunitario. En ciertas ocasiones 
se hizo referencia también a una supuesta 
autorización de los sistemas de distribución 
selectiva por la jurisprudencia de este Tri­
bunal de Justicia. Además, en algunos ca­
sos, se objetó incluso que las operaciones de 
los demandantes no respondían a las exigen­
cias requeridas y que, por lo tanto, éstos no 
habían sido admitidos, con razón, en las 
organizaciones de venta. Teniendo en cuen­
ta este razonamiento y dado que no se con­
sideraba suficientemente informado, el Tribunal suspendió los procedimientos 
mediante resoluciones de 5 de julio de 1978 
y decidió (a tenor de la resolución de remi­
sión del asunto 237/78): 
«Someter al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas los contratos de 
concesión exclusiva de Guerlain, que esta­
blecen una organización de venta basada en 
criterios de selección no sólo cualitativos 
sino también cuantitativos, para que dicho 
Tribunal precise si ciertos productos de 
lujo, cuya imagen de marca desempeña un 
papel importante, pueden acogerse a las 
disposiciones de exención del apartado 3 
del artículo 85 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Económica Europea y si, 
en el caso de autos, Guerlain puede 
acogerse a ellas en el ámbito del Derecho 
comunitario.» 
La parte dispositiva de las resoluciones por 
las que se interrumpieron los asuntos preju­
diciales 1/79 a 3/79 está redactada en térmi­
nos idénticos. 
He aquí mi parecer sobre estas cuestiones: 
I. Si este Tribunal de Justicia lo estima 
conveniente, comenzaré por algunas obser­
vaciones preliminares. 
1. Dado que la parte dispositiva de las 
peticiones de decisión perjudicial resuelven 
que se sometan al Tribunal de Justicia los 
contratos de concesión exclusiva de los 
distintos fabricantes de perfume interesados 
772 
GIRY Y GUERLAIN 
y como en ellas se pregunta si dichas empre­
sas pueden acogerse al apartado 3 del ar­
tículo 85 del Tratado CEE, procede obser­
var en primer lugar que, en el marco de un 
procedimiento de aplicación del artículo 
177 del Tratado CEE, el Tribunal de Justi­
cia no puede aplicar el Derecho comunita­
rio al caso de autos, contrariamente a lo que 
parece esperarse de él. Aparte de las cues­
tiones de validez de los actos comunitarios, 
sólo es competente para interpretar el Dere­
cho comunitario, es decir para explicar su 
contenido, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo, naturalmente, las particularidades 
del procedimiento a quo, para que la ayuda 
facilitada a efectos de la resolución que 
debe dictarse se refiera y limite a lo que sea 
necesario. En consecuencia, considero que 
las cuestiones planteadas deben ser reformu­
ladas, como el Tribunal de Justicia puede 
hacer y, por otra parte, ha hecho a menudo. 
Así, podrían quedar redactadas por ejemplo 
de la siguiente forma, conforme a la pro­
puesta de la Comisión: 
¿Debe interpretarse el apartado 3 del artícu­
lo 85 del Tratado CEE en el sentido de que 
los contratos que establecen una organiza­
ción de venta, basada en criterios de selec­
ción no sólo cualitativos sino también cuan­
titativos, en el sector de ciertos productos de 
lujo cuya imagen de marca desempeña un 
papel importante, pueden acogerse a una 
Decisión de exención? 
2. A continuación, es necesario destacar 
que nada impide la remisión de esta cues­
tión, aun cuando del artículo 9 del Regla­
mento n° 17 puede deducirse que los órga­
nos jurisdiccionales y las autoridades admi­nistrativas nacionales no son competentes 
para aplicar el apartado 3 del artículo 85 y 
que, en consecuencia, el Tribunal a quo no 
puede comprobar si, en los casos que se 
plantean, se cumplen los requisitos de 
aplicación del apartado 3 del artículo 85. 
A este respecto, puedo remitirme a la sen­
tencia de 6 de febrero de 1973, Brasserie de 
Haecht (48/72,« Rec. p. 77), en la que este 
Tribunal de Justicia declaró, por un lado, 
que cuando una de las partes invoca el 
apartado 1 del artículo 85, que es directa­
mente aplicable, en un litigio pendiente ante 
el Juez nacional, éste no queda dispensado 
de la obligación de declarar la nulidad de 
pleno derecho de un acuerdo y, por otro 
lado, que el Juez ante el que se plantea el 
asunto debe apreciar si procede suspender el 
procedimiento para permitir a las partes 
obtener una definición de postura de la 
Comisión sobre el apartado 3 del artículo 
85, a menos que una práctica colusoria no 
tenga efectos sensibles sobre el juego de la 
competencia o que su incompatibilidad con 
el artículo 85 sea indudable. No obstante, en 
este último caso, puede tener importancia 
una petición de interpretación relativa al 
apartado 3 del artículo 85. En efecto, ésta 
puede llevar a la declaración de que dicha 
disposición no es aplicable a determinados 
hechos, lo que permite entonces al Juez 
pronunciarse claramente respecto al aparta­
do 1 del artículo 85 y sobre la posibilidad 
de una declaración de nulidad de un acuerdo 
con arreglo al apartado 2 del artículo 85. 
En consecuencia, a pesar del artículo 9 del 
Reglamento n° 17, debe declararse proce­
dente que un Tribunal nacional formule 
773 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
también cuestiones de interpretación del 
apartado 3 del artículo 85. 
3. El hecho de que el tribunal de grande 
instance de Paris plantee dicha cuestión 
indica con seguridad -ya que se trata, efec­
tivamente, de un requisito lógico de aplica­
ción del apartado 3 del artículo 85- que 
parte de la idea de que el apartado 1 del 
artículo 85 se aplica en el caso de que cono­
ce. No obstante, debe analizarse este punto 
de partida. En efecto, durante el procedi­
miento prejudicial se ha puesto de manifies­
to que, en opinión de la Comisión, tras la 
supresión de algunas cláusulas aplicables 
inicialmente a los sistemas de distribución, 
es decir en la versión actualmente vigente 
de los contratos de que se trata, ya no es 
aplicable la prohibición del apartado 1 del 
artículo 85. Claramente debe llamarse la 
atención del Tribunal remitente sobre este 
aspecto y, seguramente, también es necesa­
rio, a este respecto, dar algunas explicacio­
nes sobre el apartado 1 del artículo 85. En 
este sentido, podría formularse por ejemplo, 
tal como ha propuesto la Comisión, la si­
guiente cuestión, que puede considerarse 
contenida de forma implícita en la petición 
de interpretación: 
¿Debe interpretarse el apartado 1 del artícu­
lo 85 del Tratado CEE en el sentido de que 
los contratos que establecen una organiza­
ción de venta, basada en criterios de selec­
ción no sólo cualitativos sino también cuan­
titativos, en el sector de ciertos productos de 
lujo cuya imagen de marca desempeña un 
papel importante, son incompatibles con el 
mercado común conforme a dicha disposi­
ción y, en consecuencia, están prohibidos? 4. Por último, sigo teniendo la impresión 
de que el problema central del litigio princi­
pal es si, tras la valoración de los sistemas 
de distribución por parte de la Comisión, 
sigue siendo posible la aplicación de las 
disposiciones francesas -más estrictas-
sobre la negativa a vender, que excluyen 
aparentemente la posibilidad de invocar 
tales sistemas de distribución selectiva. 
A este respecto es necesario analizar si, 
según el Derecho comunitario (apartado 3 
del artículo 85), se ha producido efectiva­
mente una exención, que en cuanto acto 
positivo del Derecho comunitario, no debe 
quedar privada de sus efectos por disposi­
ciones contrarias del Derecho nacional. 
Además debe examinarse si, aun cuando no 
se haya declarado tal exención, considera­
ciones de Derecho comunitario se oponen a 
la aplicación del Derecho nacional y desde 
este punto de vista hay que pensar, princi­
palmente pero no únicamente, en la aplica­
ción del Reglamento n° 67/67/CEE relativo 
a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 
del Tratado a determinadas categorías de 
acuerdos de exclusiva (DO 1967, 57, 
p. 849;EE 08/01, p. 94) y en los efectos 
jurídicos de los acuerdos que han sido 
notificados a la Comisión dentro del plazo 
señalado. 
II. Después de estas observaciones preli­
minares, vuelvo ahora a las diversas cues­
tiones que las peticiones de decisión preju­
dicial obligan a examinar. 
1. En primer lugar, existe lógicamente el 
problema de si el apartado 1 del artículo 85 
774 
GIRY Y GUERLAIN 
es aplicable a los sistemas de distribución 
en los que no todo detallista interesado es 
necesariamente abastecido, sino que se 
efectúa una selección de acuerdo con crite­
rios cualitativos y cuantitativos. 
Por lo que respecta a los criterios de selec­
ción cualitativos, puedo remitirme a la 
sentencia de 25 de octubre de 1977, Me­
tro/Comisión (26/76,» Rec. p. 1875), en la 
que el Tribunal de Justicia destacó, de 
forma general, que para la aplicación del 
artículo 85 era necesario tener en cuenta el 
hecho de que la naturaleza y la intensidad 
de la competencia pueden variar en función 
de los productos de que se trate y de la 
estructura de los mercados sectoriales afec­
tados y que, en consecuencia, determinados 
sistemas de distribución selectiva podían ser 
conformes con el apartado 1 del artículo 85, 
incluido lo referente a las medidas conexas 
de control, cuando la selección de los reven­
dedores se efectúa en función de criterios 
objetivos de carácter cualitativo. Podría 
pensarse perfectamente que esta considera­
ción puede ser aplicada también al sector de 
la perfumería, en el que los fabricantes son, 
por supuesto, libres a la hora de definir su 
clientela y en el que las marcas prestigiosas, 
a las que se vincula la idea de exclusividad, 
desempeñan un papel. El hecho de que se 
atribuya un alto valor a cierto nivel de los 
revendedores debe considerarse, sin duda 
alguna, justificado, debido a la naturaleza 
de los productos -cuya calidad y frescura 
deben garantizarse y para los que debe 
asegurarse un servicio perfecto al cliente-
por la misma razón que en el caso de los 
productos de alta tecnología de los que se 
trataba en el asunto Metro, antes citado, y para los que era igualmente importante la 
imagen de marca. 
En la medida en que a estos criterios de 
selección cualitativos se añadan además 
criterios cuantitativos —autorización de un 
número limitado de revendedores por zona, 
en función del poder adquisitivo, para ase­
gurar a cada uno de ellos una determinada 
rentabilidad— es indiscutible que en el grupo 
de comerciantes que responden a dichas 
exigencias cualitativas se produce, por este 
motivo, una restricción de competencia. Por 
otra parte, puede hablarse también de una 
restricción de competencia a efectos de la 
letra b) del apartado 1 del artículo 85, ya 
que la exclusión de todo suministro a distri­
buidores ajenos a la red produce el efecto 
de limitar las posibilidades de venta de los 
revendedores autorizados. 
No obstante, esto no significa todavía nece­
sariamente que el apartado 1 del artículo 85 
sea efectivamente aplicable. Según la juris­
prudencia (sentencias de 30 de junio de 
1966, Société technique minière, 56/65," 
Rec. p. 337, y de 25 de noviembre de 1971, 
Béguelin Import, 22/71,« Rec. p. 949), la 
cuestión decisiva es, en efecto, si el comer­
cio entre los Estados miembros y la compe­
tencia han quedado afectados de forma 
sensible. Para esta valoración, es importante 
tomar en consideración el conjunto del 
contexto económico y jurídico en el que se 
inscribe un acuerdo (sentencia de 12 de 
diciembre de 1967, Brasserie de Haecht, 
23/67," Rec. p. 525 y de 25 de noviembre 
de 1971, Béguelin, antes citada). Es necesa­
rio analizar el conjunto de circunstancias 
objetivas de hecho y de Derecho y tener en 
775 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
cuenta el contexto económico en el que 
debe ser aplicado un acuerdo (asunto 56/65, 
antes citado, y sentencia de 6 de mayo de 
1971, Cadillon, 1/71, Rec. p. 351). Un 
elemento decisivo desde este punto de vista 
es la existencia de acuerdos similares suscri­
tos por el mismo fabricante con concesiona­
rios en otros Estados miembros (asuntos 
23/67 y 22/71, antes citados). Debe anali­
zarse si existe una práctica comparable de 
otros fabricantes competidores. También es 
necesario tener en cuenta la posición de los 
interesados en el mercado (sentencia de 9 de 
julio de 1969, Volk, 5/69,» Rec. p. 295 y de 
6 de mayo de 1971, Cadillon, antes citada). 
Por ùltimo es importante saber si existen 
barreras comerciales para los productos de 
que se trata (asunto 56/65, antes citado). 
Teniendo en cuenta lo que se ha sabido en 
el curso del procedimiento, principalmente 
a través de las observaciones de la Comi­
sión, sobre el escaso tamaño de las cuotas 
de mercado de determinados perfumistas, 
sobre la extensión de la red de los distintos 
detallistas autorizados, sobre el gran número 
de fabricantes competidores, pero también 
sobre la posibilidad que tienen determina­
dos comerciantes autorizados de suministrar 
fuera de las fronteras de los Estados miem­
bros y de fijar libremente los precios de 
venta, puede pensarse perfectamente que los 
sistemas de distribución impugnados en los 
litigios principales no producen efectos 
sensibles a efectos de la jurisprudencia 
antes mencionada. Esta es, en cualquier 
caso, la valoración a la que llegaron, tal 
como se ha declarado expresamente, los 
servicios de la Comisión. No obstante la 
misma no vincula al Tribunal remitente. Al 
contrario, como el apartado 1 del artículo 85 es directamente aplicable y como los 
textos no han previsto, en esta materia, una 
competencia exclusiva de las Instituciones 
comunitarias, dicho Tribunal debe, formarse 
una opinión propia a este respecto, lo que 
impide, naturalmente, excluir, aunque sea 
poco probable, que un examen profundo de 
los hechos, que pueden haberse modificado 
en el intervalo, le conduzca a un análisis 
diferente. 
2. Si, basándose en este tipo de considera­
ciones, el Tribunal a quo llegara a la con­
clusión de que los sistemas de distribución 
están incluidos en el apartado 1 del artículo 
85, deberá entonces preguntarse si, por 
ejemplo, es aplicable el Reglamento 
n° 67/67 relativo a las exenciones por cate­
gorías; si, en realidad, no debe partirse de la 
idea de que la Comisión ha adoptado una 
Decisión de exención con arreglo al aparta­
do 3 del artículo 85 y, por último, si la 
aplicación del apartado 3 del artículo 85 
debe, de hecho, tenerse en cuenta o si, en 
tales casos, puede quedar indudablemente 
excluida. 
a) La primera de estas cuestiones es la que 
presenta menos dificultades. En efecto, la 
aplicación del Reglamento relativo a las 
exenciones por categorías podría tenerse en 
cuenta, a lo sumo, para los contratos cele­
brados entre los fabricantes y los agentes 
generales en los distintos Estados miem­
bros, pero, manifiestamente, no es de dichos 
contratos de los que se trata en los litigios 
principales. Por el contrario, los acuerdos 
suscritos con detallistas autorizados no 
cumplen, en primer lugar, el requisito enun­
ciado en el artículo 1 del Reglamento 67/67, 
776 
GIRY Y GUERLAIN 
que prevé que una parte del acuerdo se 
comprometa, respecto a la otra, a no sumi­
nistrar ciertos productos más que a ésta, al 
objeto de revenderlos en una parte determi­
nada del territorio del mercado común; por 
otra parte, la prohibición impuesta a los 
detallistas de vender a revendedores ajenos 
a la red de distribución parece dudosa a la 
luz de los artículos 2 y 3 del Reglamento 
67/67. En consecuencia, el Reglamento 
relativo a las exenciones por categorías será 
probablemente de poca ayuda en los litigios 
principales. 
b) Fuertemente controvertida - ya que 
incluso durante la fase oral del procedi­
miento las opiniones fueron claramente 
divergentes sobre este punto - es la cues­
tión de si debe admitirse que la Comisión 
concedió para los sistemas de distribución 
una exención con arreglo al apartado 3 del 
artículo 85. 
En opinión de los perfumistas, dicha exen­
ción se refleja en los escritos antes mencio­
nados, que ponen fin al procedimiento 
administrativo que les envió la Comisión, 
aun cuando esta Institución no quiera admi­
tirlo ahora. En efecto, para los perfumistas 
tales escritos deben interpretarse teniendo 
en cuenta el conjunto del procedimiento 
desarrollado respecto a sus sistemas de 
distribución. En particular, los cargos, que 
fueron comunicados a tres de ellos pero 
que, de hecho, iban destinados a todo el 
sector, declararon expresamente que los 
contratos de concesión en exclusiva para 
productos de lujo, que prevén una selección de acuerdo con criterios no sólo cualitativos 
sino también cuantitativos, podían —como 
en el caso de la Decisión Omega (DO 1970, 
L 242, p. 22), en el que dicho sistema era 
aplicado para otros productos- quedar 
cubiertos por el apartado 3 del artículo 85, 
siempre que se efectuaran determinadas 
modificaciones, cosa que se hizo efectiva­
mente. Además, el último párrafo de dichos 
escritos precisaba, según dicen los fabrican­
tes, que la Comisión velaría por que la 
admisión de detallistas cualificados en la 
red de distribución no se haga de forma 
arbitraria y «no constituya un medio encu­
bierto para eliminar la libertad de intercam­
bio entre distribuidores autorizados». Con­
diciones y cargas similares se establecen en 
el artículo 8 del Reglamento n° 17 para las 
declaraciones con arreglo al apartado 3 del 
artículo 85, pero carecen de sentido para las 
declaraciones negativas. Por otra parte, la 
idea del abuso de un derecho que difícil­
mente entraría en este último párrafo de los 
escritos, supone, en casos como el de autos, 
que el derecho de que se trata fue reconocí-
do con anterioridad por los servicios com­
petentes. Por el contrario, no sería posible 
alegar el incumplimiento de determinadas 
formalidades aplicables a las Decisiones de 
exención (publicación del contenido de la 
solicitud conforme al artículo 19 del Regla­
mento n° 17, instando a los terceros intere­
sados a transmitir sus observaciones a la 
Comisión y publicación de la propia Deci­
sión conforme al artículo 21 del Reglamento 
n° 17). La solución prevista por la Comi­
sión, en principio para Dior y Lancôme, se 
hizo pública en efecto en comunicados de 
prensa, en el boletín mensual de la Comuni­
dad y en su Informe sobre la política de la 
competencia, de forma que desde antes de 
que finalizara el procedimiento dirigido 
777 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
contra los perfumistas de que aquí se trata, 
cualquier tercero interesado pudo presentar 
observaciones a la Comisión. 
De entrada, hay que decir que no puede 
compartirse esta postura, pero debe suscri­
birse la opinión que sostuvo la Comisión 
durante el procedimiento. A este respecto, 
no es necesario comprobar si los escritos, 
que fueron firmados únicamente bien por un 
Director General, bien por un Director, 
pueden o no ser analizados como Decisio­
nes de la Comisión. En efecto, dichos escri­
tos se distinguen muy claramente de las 
Decisiones que se adoptaron efectivamen­
te de conformidad con el apartado 3 del 
artículo 85. Por otra parte, aun cuando se 
quisiera considerar cumplida, respecto a los 
actos invocados por los perfumistas, la 
obligación de publicación prevista en el 
artículo 19 del Reglamento n° 17, procede 
señalar que, en cualquier caso, no se han 
publicado los actos que éstos califican de 
Decisiones de exención y que tales actos 
tampoco indican, en contra de lo dispuesto 
en el artículo 6 del Reglamento n° 17, una 
fecha a partir de la cual la declaración surte 
efectos. Pero el elemento decisivo es el 
hecho de que el contenido de los escritos 
que se enviaron a los fabricantes no permite 
afirmar que se aplica el apartado 3 del 
artículo 85. En efecto, en dichos escritos se 
declara claramente: 
«La Comisión considera que ya no ha 
lugar, por su parte, en función de los ele­
mentos de que tiene conocimiento, a inter­
venir en relación con los contratos antes 
mencionados con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del Tratado 85 del Tratado de 
Roma. En consecuencia, este asunto puede 
ser archivado». 
Por lo tanto, se utilizó una fórmula que, a lo 
sumo, podría ser adecuada, conforme al 
artículo 2 del Reglamento n° 17, para las 
declaraciones negativas. En estas circuns­
tancias, no me cabe duda de que se trataba 
únicamente de una definición de postura 
sobre la aplicación del apartado 1 del artícu­
lo 85, cosa que podría parecer oportuna tras 
la eliminación de determinadas cláusulas de 
los contratos de distribución, pero de ningu­
na manera constituía una Decisión de exen­
ción. La remisión que hacen los perfumistas 
al contenido de los cargos que se comunica­
ron a tres empresas, así como el último 
párrafo de los escritos, no cambia en abso­
luto esta afirmación. En primer lugar, está el 
hecho de que dichos cargos se refieren a los 
acuerdos antes de la supresión de determi­
nadas cláusulas restrictivas de los intercam­
bios interestatales y representan solamente 
una valoración personal realizada por el 
Comisario competente para los asuntos de la 
competencia, la cual no puede, naturalmen­
te, prejuzgar la decisión final que debe 
adoptar la Comisión respecto al apartado 3 
del artículo 85. A continuación, es necesario 
indicar que dicho párrafo final puede inter­
pretarse también en el sentido de que la 
Comisión, que, en su momento, consideró 
que no había motivos para intervenir con 
arreglo al apartado 1 del artículo 85, se 
reservó la posibilidad de seguir la situación 
y, en caso de que ésta sufriera una modifi­
cación, consistente por ejemplo en un cierto 
mantenimiento del sistema por parte de los 
perfumistas, intervenir no obstante, llegado 
778 
GIRY Y GUERLAIN 
el caso, de conformidad con el apartado 1 
del artículo 85. 
c) Aunque, en consecuencia, el Tribunal 
remitente no podrá partir, seguramente, de 
una aplicación del Reglamento relativo a las 
exenciones por categorías, ni de la existen­
cia de Decisiones individuales de exención, 
no obstante, antes de deducir de una posible 
aplicación del apartado 1 del artículo 85, la 
nulidad de pleno derecho de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 85, deberá 
todavía contemplar dos aspectos de que se 
ha tratado también en el procedimiento. 
aa) El primero se refiere a los efectos jurí­
dicos de las notificaciones de los contratos 
de distribución a la Comisión. 
En la medida en que, en el caso de autos, se 
trata de lo que se ha decidido denominar 
acuerdos antiguos, que existían ya en el 
momento de la entrada en vigor del Regla­
mento n° 17 (13 de marzo de 1962), y en la 
medida en que su notificación se efectuó 
dentro del plazo señalado, salvo que se les 
hubiera dispensado de la obligación de 
notificación - como ocurría seguramente, 
de acuerdo con los artículos 4 y 5 del Regla­
mento n° 17, con los contratos celebrados 
con los detallistas, es necesario remitirse, en 
primer lugar, a la sentencia de 14 de diciem­
bre de 1977, Bloos (59/77, Rec. p. 2359), 
en la que el Tribunal de Justicia declaró que 
dichos acuerdos surten plenos efectos, de 
forma que las consecuencias jurídicas pre­
vistas por el Derecho nacional que les es 
aplicable desaparecen; un Tribunal nacional 
sólo puede pronunciarse sobre su nulidad, de conformidad con el apartado 1 del artícu­
lo 85, una vez que la Comisión ha adoptado 
una Decisión basándose en el Reglamento 
n° 17. Aparentemente esto no ocurrió en el 
caso de autos, ni siquiera en la medida en 
que se emitió un pliego de cargos. Asimis­
mo, seguramente carece de importancia, a 
este respecto, que los acuerdos fueran modi­
ficados durante el procedimiento adminis­
trativo ante la Comisión, ya que esta modi­
ficación se produjo a petición de dicha 
Institución y se limitó a una neutralización 
de determinadas cláusulas. 
Por otra parte, es necesario recordar que, de 
acuerdo con la sentencia de 30 de junio de 
1970, Rochas (1/70,- Rec. p. 515), es 
suficiente la notificación de un contrato tipo 
para contratos de contenido idéntico, cele­
brados por la misma empresa. Aun cuando, 
en tal caso, el contrato tipo sea anterior a la 
entrada en vigor del Reglamento n° 17, a 
pesar de que los acuerdos de igual conteni­
do se suscribieron después de la entrada en 
vigor del Reglamento, estos últimos se 
acogen también, en caso de notificación 
correcta del contrato tipo, tal como se ha 
destacado de forma expresa, a los efectos 
jurídicos de la notificación, es decir que 
deben considerarse válidos lo mismo que el 
propio contrato tipo. 
bb) El segundo aspecto hace referencia a la 
posible aplicación del apartado 3 del ar­
tículo 85. Sin duda, dicha aplicación se 
prohibe, como ya he dicho, a los Tribunales 
nacionales, ya que, según el artículo 9 del 
Reglamento n° 17, sólo la Comisión es 
competente para hacerlo. Ello no impide 
que, en relación con la posibilidad de sus-
779 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
pender el procedimiento para obtener, llega­
do el caso, una definición de postura de la 
Comisión sobre el apartado 3 del artículo 
85, los Tribunales nacionales puedan com­
probar, como señala la jurisprudencia que 
he citado, si queda manifiestamente exclui­
da una exención de acuerdo con el apartado 
3 del artículo 85, lo que les permite enton­
ces aplicar el apartado 1 del artículo 85 y 
declarar la nulidad del acuerdo. 
En relación con la aplicación del apartado 3 
del artículo 85 a sistemas de distribución 
selectiva del tipo de los que se practican en 
el sector de la perfumería, seguramente no 
es necesario insistir sobre la cuestión de la 
posible existencia de los requisitos del 
apartado 3 del artículo 85, que fue amplia­
mente expuesta por los perfumistas, en la 
medida en que se trata de una mejora de la 
producción y de la distribución realizada de 
forma que beneficia a los compradores. En 
efecto, la discusión no se refiere ya a este 
punto, sino sólo a la cuestión de si las res­
tricciones que se producen en el sistema de 
distribución selectiva por la aplicación de 
criterios cuantitativos pueden efectivamente 
considerarse indispensables. 
A este respecto, los perfumistas opinan que 
es absolutamente imposible renunciar a una 
selección cuantitativa, no sólo por la necesi­
dad de garantizar la rentabilidad de los 
puntos de venta autorizados, que tienen 
obligaciones de promoción y deben asegu­
rar un servicio de asesoramiento al cliente, 
sino también porque, de lo contrario, au­
mentarían los costes de distribución y, por lo tanto, los precios de venta, como conse­
cuencia de la necesidad de dotar de material 
de publicidad a todos los puntos de venta, 
sin hacer ninguna discriminación, y porque 
en caso de una extensión demasiado fuerte 
del grupo de los comerciantes autorizados, 
que entonces no podrían estar ya suficiente­
mente controlados, la imagen de la marca 
sufriría un perjuicio. Por el contrario, la 
Comisión, que, no obstante, no es insensi­
ble, en principio, a este tipo de considera­
ciones, considera que una selección cuanti­
tativa sólo puede quedar exenta excepcio­
nalmente, por ejemplo cuando la naturaleza 
del producto exige una estrecha colabora­
ción entre el fabricante y el detallista. Desde 
esta perspectiva, no le parece suficiente la 
remisión al carácter de lujo de los productos 
del sector de la perfumería ni la obligación 
de recompra que pesa sobre los fabricantes. 
En cualquier caso, considera que puede 
pensarse en la aplicación de criterios menos 
restrictivos que los practicados actualmente, 
como por ejemplo el establecimiento de un 
determinado volumen mínimo de ventas, al 
que quedará subordinada la admisión en la 
red de distribución. Los perfumistas respon­
den a este argumento invocando nuevamen­
te los riesgos que del mismo se derivarían 
para su empresa. En efecto, debería esperar­
se que, al final de un período de prueba, la 
mayor parte de los distribuidores recién 
admitidos según dicho criterio deberían 
abandonar de nuevo la red, lo que perturba­
ría y desorganizaría el sistema de distribu­
ción. Seguramente estos no devolverían al 
fabricante los productos no vendidos, sino 
que intentarían darles salida, en detrimento 
de la marca, a pesar de una calidad proba­
blemente disminuida y únicamente con una 
gama limitada de productos, fuera de la red 
de distribución. Para permanecer en la red, 
780 
GIRY Y GUERLAIN 
podrían también verse tentados de intentar 
alcanzar el volumen mínimo de ventas 
impuesto, cediendo productos a detallistas 
no autorizados, lo que conduciría necesaria­
mente a la destrucción del sistema de distri­
bución selectiva. Por lo demás, los criterios 
contemplados por la Comisión plantean 
también, para los perfumistas, la cuestión de 
la valoración, cuya realización debería, sin 
duda, encomendarse al fabricante y para la 
cual debería efectuarse, razonablemente, 
como ocurre ya en la actualidad, una distin­
ción en función de las posibilidades reales 
de venta de cada comerciante. 
En relación con esta controversia, pienso 
que difícilmente puede afirmarse, de forma 
en cierto modo abstracta, que el apartado 3 
del artículo 85 no entra en absoluto enjuego 
respecto a un sistema de distribución selec­
tiva como el practicado por los perfumistas. 
Además, la propia Comisión se ha limitado 
a declarar que los argumentos alegados pol­
las empresas hasta el momento no bastan 
para una exención y, por otra parte, ha 
destacado acertadamente que una aprecia­
ción precisa sólo era posible tras un análisis 
profundo de las circunstancias de cada caso 
de autos, a semejanza del que realizó en los 
asuntos Omega y Junghans mencionados en 
el procedimiento. Por esta razón, en los 
presentes asuntos prejudiciales, difícilmente 
puede responderse al Tribunal a quo que 
-suponiendo que sea aplicable el apartado 
1 del artículo 85— no debe pensarse induda­
blemente en una aplicación del apartado 3 
del artículo 85 y que, en consecuencia, no 
existe, con seguridad, ningún motivo para 
suspender, en su caso, el procedimiento y 
plantear el problema a la Comisión. 3. Llego así a un último grupo de cuestio­
nes planteadas, por las peticiones de deci­
sión prejudicial, que es, probablemente, el 
más importante desde el punto de vista del 
Tribunal a quo. Se trata de la aplicabilidad 
de las disposiciones francesas sobre la «ne­
gativa a venden), que se contempla -con 
sanciones penales- cuando los sistemas de 
distribución selectiva que supuestamente 
justifican la negativa a vender han sido 
valorados por la Comisión a la luz del Dere­
cho comunitario. 
Teniendo en cuenta todo lo que he dicho, la 
cuestión central a este respecto es saber si 
puede pensarse en una aplicación del Dere­
cho nacional más estricto cuando no se 
aplica el Derecho comunitario debido a que 
no se cumplen los requisitos del apartado 1 
del artículo 85. En segundo lugar, podrá 
examinarse también lo que sucede cuando, 
por el contrario, es aplicable el apartado 1 
del artículo 85. En segundo lugar, podrá 
examinarse también lo que sucede cuando, 
por el contrario, es aplicable el apartado 1 
del artículo 85. A este respecto, se debe 
pensar no sólo en la consecuencia de la 
nulidad con arreglo al apartado 2 del artícu­
lo 85 en Derecho comunitario, sino también 
en los efectos jurídicos de las prácticas 
colusorias antiguas que fueron notificadas 
dentro del plazo señalado, al igual que en la 
posible necesidad de suspender un procedi­
miento nacional cuando parece que existe 
una posibilidad de obtener una Decisión de 
exención de la Comisión. 
a) Es necesario partir de lo que declaró el 
Tribunal de Justicia en la sentencia de 13 de 
febrero de 1969, Wilhelm (14/68,« Rec. 
781 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
p. 1) sobre la relación entre el Derecho 
comunitario y el Derecho nacional. Consi­
deró que la ejecución del Derecho nacional 
de la competencia sólo era lícita bajo reser­
va de «no puede menoscabar la aplicación 
plena y uniforme del Derecho comunitario 
y los efectos de los actos de ejecución de 
éste» y que sería contrario a la naturaleza 
del Derecho comunitario «que los Estados 
miembros pudieran adoptar o mantener en 
vigor medidas que menoscabaran la eficacia 
del Tratado». Cuando, en el curso de un 
procedimiento nacional, parezca posible que 
la Decisión por la que la Comisión resolverá 
un procedimiento entablado relativo al 
mismo acuerdo pudiera oponerse a los 
efectos de la resolución de las autoridades 
nacionales, corresponde a éstas adoptar «las 
oportunas medidas». Esto es válido* natural­
mente, prescindiendo de que el Derecho 
nacional sea aplicado por Tribunales o por 
autoridades administrativas, ya que la nor­
ma de competencia del artículo 9 del Regla­
mento n° 17, respecto a la que se plantea el 
problema de si también los Tribunales son 
«autoridades», se refiere solamente a la 
aplicación del Derecho comunitario y no a 
la del Derecho nacional. 
b) Si, como parece ser el caso en los liti­
gios principales, resulta que el apartado 1 
del artículo 85 no debe aplicarse a los siste­
mas de distribución de que se trata porque 
no se cumplen los requisitos de una prohi­
bición con arreglo al apartado 1 (restriccio­
nes sensibles del juego de la competencia y 
obstáculo sensible del comercio interesta­
tal), en principio no hay ningún obstáculo, 
tal como ha observado acertadamente la 
Comisión, para que se apliquen a dicha organización de venta disposiciones nacio­
nales más severas. 
Una solución distinta, ya que, en mi opi­
nión, la Comisión tiene también razón sobre 
este punto, podría contemplarse, a lo sumo, 
si semejante comportamiento empresarial, 
es decir, el practicar un sistema de distribu­
ción selectiva, contribuyera a realizar los 
objetivos del Tratado, ya que entonces 
estarían enjuego, con toda claridad, intere­
ses comunitarios. Pero este carácter difícil­
mente puede ser invocado por las organiza­
ciones de venta de las que aquí se trata. 
No es posible oponer a esto, tal como inten­
tan hacer los perfumistas, que los servicios 
de la Comisión han querido llegar, a través 
de un amplio procedimiento, como lo de­
muestran los Informes sobre la política de 
competencia, a una solución global para 
todo el sector económico y que, en conse­
cuencia, esta solución vincula también a las 
autoridades nacionales. Precisamente, a este 
respecto, no hay que dudar que en dicho 
procedimiento la Comisión fue capaz de 
obtener que se modificaran los sistemas de 
distribución de forma que ya no hubiera 
lugar para la aplicación de la norma de 
prohibición del apartado 1 del artículo 85. 
De la misma manera, pienso que no es 
oportuna la afirmación de los perfumistas 
según la cual sólo el Derecho francés cono­
ce disposiciones tan estrictas sobre la nega­
tiva ilegal a vender, mientras que en Dere­
cho alemán, neerlandés, británico y luxem­
burgués dicha prohibición se aplica única­
mente en determinadas circunstancias. Si se 
782 
GIRY Y GUERLAIN 
autorizara la aplicación de las disposiciones 
francesas, se producirían, en opinión de los 
perfumistas, distorsiones de competencia en 
las relaciones con los fabricantes de otros 
Estados, ya que se impediría solamente a los 
fabricantes franceses, como consecuencia 
del aumento de los costes de distribución 
provocado por la supresión de la selección, 
desarrollar su actividad de forma armoniosa. 
Sobre este punto, la Comisión ha recordado 
acertadamente que no pueden descartarse 
tales consecuencias acogiéndose al principio 
enunciado por la letra f) del artículo 3 del 
Tratado CEE, sino que, más bien, debe 
buscarse una solución a este problema a 
través de la armonización de las disposicio­
nes nacionales afectadas. Igualmente, consi­
dero que carece de interés señalar que en la 
sentencia, dictada en el asunto 14/68, antes 
citada, el Tribunal de Justicia declaró, 
respecto a un problema similar (incumpli­
miento de la prohibición de discriminación 
establecida por el artículo 7 del Tratado 
CEE), que la disposición de que se trataba 
no contemplaba las posibles desigualdades 
de trato y las distorsiones que pueden resul­
tar, para las personas y las empresas someti­
das a la jurisdicción de la Comunidad, de 
las divergencias que existen entre las legis­
laciones de los distintos Estados miembros, 
en la medida en que éstas afectan a todas las 
personas incluidas en su ámbito de aplica­
ción, de acuerdo con criterios objetivos y 
sin tener en cuenta su nacionalidad. 
c) Si, por el contrario, el Tribunal nacional 
llega a la conclusión de que, no obstante, se 
aplica el apartado 1 del artículo 85, es nece­
sario recordar, en primer lugar, lo que ha 
declarado la jurisprudencia sobre los efectos 
de los acuerdos notificados dentro del plazo señalado. Estas observaciones pueden obli­
gar a considerar eficaces los acuerdos de 
que se trata, con la consecuencia de que una 
aplicación del Derecho nacional, que con­
duciría a un resultado opuesto, no se corres­
pondería con la exigencia de que el Derecho 
nacional se aplique únicamente de forma 
que no se vean obstaculizados los efectos 
del Derecho comunitario. 
Además, procede considerar que, incluso 
fuera de dicha situación de hecho, es nece­
sario tener en cuenta la posibilidad de que la 
Comisión, si comparte posteriormente, en su 
caso, la opinión del Tribunal nacional sobre 
la aplicabilidad del apartado 1 del artículo 
85, adopte una Decisión con arreglo al 
apartado 3 del artículo 85. En ese caso, las 
autoridades nacionales tendrían que tomar, 
como destacó el Tribunal de Justicia en la 
sentencia 14/68, las «oportunas medidas», 
consistentes por ejemplo en una suspensión 
del procedimiento, para evitar de esta mane­
ra que su propia resolución entre en conflic­
to con la posible Decisión de la Comisión. 
Por último, para el caso de que el Juez 
nacional declarase la nulidad de conformi­
dad con el apartado 2 del artículo 85, la 
Comisión ha señalado además, acertada­
mente, la necesidad de velar porque no se 
vean obstaculizados los efectos derivados 
de dicha prescripción. Efectivamente, tal 
obstáculo no debe excluirse en caso de 
aplicación de las disposiciones nacionales 
sobre la «negativa a vender», si la ineficacia 
derivada de las disposiciones nacionales 
supera los efectos jurídicos del Derecho 
783 
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTOS ACUMULADOS 253/78 Y 1/79 A 3/79 
comunitario que, para los productos del 
sector de la perfumería, no excluye práctica­
mente, como he señalado, una selección 
cualitativa. En consecuencia, los imperati­
vos del Derecho comunitario y de su apli­
cación uniforme obligarán, en cualquier 
caso, a renunciar a aplicar sistemáticamente 
las disposiciones sobre la «negativa a ven­
der» si, a diferencia de las exigencias del Derecho comunitario, esta aplicación impli­
ca un abandono total de la selección. 
No debe decirse nada más, desde el punto 
de vista del Derecho comunitario, sobre el 
problema de la relación entre este último y 
el Derecho nacional, que deberá ser exami­
nado de nuevo por el Tribunal remitente. 
III. En conclusión, propongo, en consecuencia, que, respondiendo a las cuestiones 
prejudiciales del tribunal de grande instance de Paris, se declare lo siguiente: 
1) Los escritos que fueron dirigidos, con fecha 28 de octubre de 1975, 26 de 
marzo de 1976, 22 de septiembre de 1976 y 20 de enero de 1978, a los 
fabricantes de perfume implicados en procesos penales ante el tribunal de 
grande instance de Paris y que estaban firmados por el Director General de la 
Competencia o por un Director de dicha Dirección General, no contienen 
Decisiones de exención a efectos del apartado 3 del artículo 85 del Tratado 
CEE, sino que expresan únicamente la opinión de que, de acuerdo con los 
elementos que se conocían en aquel momento, no había lugar a intervenir con 
arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. 
2) La cuestión de si el apartado 1 del artículo 85 debe aplicarse a una organiza­
ción de venta que se basa en criterios de selección no sólo cualitativos, sino 
también cuantitativos, debe analizarse en función del conjunto de circunstan­
cias jurídicas y económicas (naturaleza de los productos, cuota de mercado del 
fabricante, número y posición de los competidores en el mercado, existencia 
de contratos de distribución similares, presencia de cláusulas que obstaculicen 
los intercambios interestatales y que excluyen el libre establecimiento del 
precio), ya que es necesario examinar si puede hablarse de una restricción 
sensible del juego de la competencia y de un obstáculo sensible al comercio 
interestatal. 
3) Cuando se cumplen los requisitos de aplicación del apartado 1 del artículo 85, 
dicha organización de venta solamente puede ser considerada ineficaz por los 
Tribunales nacionales, sobre la base del Derecho comunitario, cuando no se 
aplica el Reglamento n° 67/67/CEE, de 22 de marzo de 1967, cuando no se 
784 
GIRY Y GUERLAIN 
trata de acuerdos antiguos provisionalmente válidos y cuando no cabe duda de 
que no puede aplicarse el apartado 3 del artículo 85, es decir, cuando no exista 
ningún motivo que pueda provocar, a este respecto, una definición de postura 
de la Comisión. > 
4) Cuando no se cumplen los requisitos de aplicación del apartado 1 del artículo 
85 a una organización de distribución selectiva, nada impide la aplicación del 
Derecho nacional en tal caso. 
Cuando se cumplen los requisitos de aplicación del apartado 1 del artículo 85, 
el Derecho nacional puede ser aplicado a dichos acuerdos únicamente con la 
condición y siempre que de ello no resulte obstáculo alguno para la aplicación 
uniforme del Derecho comunitario y no se ponga en peligro la eficacia de las 
medidas adoptadas, en su caso, para su ejecución. 
785