ES Diario Oficial de la Unión Europea C 123/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 7 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles — Bélgica) — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL

(Asunto C-577/11) (1)

(Libre prestación de servicios - Libertad de establecimiento - Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE - Seguro directo distinto del seguro de vida - Libre fijación de tarifas - Contratos de seguro de enfermedad no vinculados a la actividad profesional - Restricciones - Razones imperiosas de interés general)

2013/C 123/07

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandante: DKV Belgium

Demandada: Association belge des consommateurs test-achats ASBL

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Cour d’appel de Bruxelles — Interpretación de los artículos 49 y 56 TFUE, de los artículos 29, párrafo segundo, y 39, apartado 3, de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228, p. 1), así como del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (DO L 228, p 3; EE 06/01, p. 143) — Normativa nacional en materia de contratos de seguro de enfermedad no vinculados a la actividad profesional, en virtud de la cual la prima, la franquicia y la prestación únicamente pueden adaptarse anualmente y tan sólo con arreglo a criterios específicos — Régimen de aprobación previa de las tarifas — Restricción de los principios de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios — Razones imperiosas de interés general.

Fallo

Los artículos 29 y 39, apartados 2 y 3, de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) y el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio, en su versión modificada por la Directiva 92/49, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro que establece, en el marco de los contratos de seguro de enfermedad no vinculados a la actividad profesional, disposiciones en virtud de las cuales la prima, la franquicia y la prestación sólo pueden adaptarse anualmente:

— sobre la base del índice de precios al consumo, o

— sobre la base de un índice denominado «médico» siempre y en la medida en que la evolución de este índice supere la del índice de precios al consumo, o

— una vez obtenida la autorización de una autoridad administrativa, encargada del control de las compañías de seguros, a petición de la compañía de seguros interesada, cuando dicha autoridad compruebe que, pese a las adaptaciones de las tarifas calculadas sobre la base de esos dos tipos de índices, la aplicación de la tarifa de la citada compañía ocasiona o puede ocasionar pérdidas.

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de ese carácter, siempre que no exista una medida menos restrictiva que permita conseguir, en las mismas condiciones, el objetivo de proteger al consumidor frente a aumentos significativos e inesperados de las primas de seguro, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 32, de 4.2.2012.