Por otra parte, el artículo 43 TFUE, apartado 2, y el artículo 43 TFUE, apartado 3, persiguen finalidades distintas y cada uno de ellos tiene un ámbito específico de aplicación, de tal modo que pueden usarse por separado como base para la adopción de medidas determinadas en el marco de la Política Agrícola Común, teniendo presente que, cuando el Consejo adopta actos basándose en el artículo 43 TFUE, apartado 3, debe actuar dentro de los límites de sus competencias y, en su caso, del marco jurídico ya establecido en aplicación del artículo 43 TFUE, apartado 2. A este respecto, no cabe afirmar que exista una jerarquía entre las dos disposiciones de que se trata. En efecto, el Consejo puede hacer uso de las competencias que se le reconocen en el artículo 43 TFUE, apartado 3, incluso cuando el legislador de la Unión no haya establecido un marco jurídico en ejercicio de las competencias que le reconoce el artículo 43 TFUE, apartado 2.

La elección de la base jurídica de un acto de la Unión debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control judicial, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido de ese acto. En lo que respecta a la fijación de los umbrales de referencia —que sirven exclusivamente de elementos de base para la fijación de los precios de intervención de los productos de que se trata— a través del artículo 7 del Reglamento n.o 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, se desprende del apartado 2 de este artículo que esos umbrales deben ser reexaminados atendiendo a criterios objetivos tales como la evolución de la producción, los costes de producción y la evolución del mercado. Tal reexamen requiere proceder a apreciaciones principalmente técnicas y científicas y debe distinguirse, pues, de las medidas que implican decisiones políticas, que están reservadas al legislador de la Unión. Pues bien, la apreciación de unos datos principalmente técnicos con vistas a la adopción de medidas relativas a la fijación de los precios es una prerrogativa que el artículo 43 TFUE, apartado 3, reserva al Consejo.

Dado que no existe ningún otro elemento en el Reglamento n.o 1308/2013 que permita establecer una distinción válida entre el reexamen de los umbrales de que se trata y la primera fijación de los mismos, y habida cuenta de la circunstancia de que los precios de intervención se derivan de los umbrales de referencia, procede concluir que la fijación de tales umbrales constituye una medida relativa a la fijación de los precios. Por consiguiente, el artículo 7 del Reglamento n.o 1308/2013 hubiera debido adaptarse tomando como base el artículo 43 TFUE, apartado 3. No desvirtúa esta conclusión la alegación según la cual el artículo 7 del Reglamento n.o 1308/2013 persigue objetivos mencionados tanto en el artículo 43 TFUE, apartado 2, como en el artículo 43 TFUE, apartado 3, de modo que, dada la preponderancia de los objetivos mencionados en el artículo 43 TFUE, apartado 2, el artículo 7 de este Reglamento no debe anularse. En efecto, el artículo 43 TFUE, apartado 2, y el artículo 43 TFUE, apartado 3, persiguen finalidades distintas y cada uno de ellos tiene un ámbito específico de aplicación. Por lo tanto, al igual que el Consejo debe respetar los límites de sus competencias cuando adopta medidas basadas en el artículo 43 TFUE, apartado 3, el legislador de la Unión está obligado a respetar los límites de las competencias que se le han atribuido cuando adopta medidas basadas en el artículo 43 TFUE, apartado 2.

(véanse los apartados 61, 65 y 70 a 74)