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Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Italia) el 10 de junio de 2020 — Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta / Punto Nautica Srl

(Asunto C-255/20)

(2020/C 279/47)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta

Demandada: Punto Nautica Srl

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el asunto C-82/12 y el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo (1) en el sentido de que se oponen a la normativa italiana vigente, en particular, en el presente asunto, al artículo 17 del Decreto Legislativo n.o 398, de 21 de diciembre de 1990, y al artículo 3, apartado 1, de la Ley de la Región del Lacio […] n.o 19 de 2011, que parece introducir un impuesto regional a la gasolina para vehículos a motor que no tengan las «finalidades específicas» requeridas por la citada Directiva comunitaria?

(1) Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO 1992, L 76, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Alemania) el 4 de febrero de 2020 — AR / Stadt Pforzheim

(Asunto C-56/20)

(2020/C 209/06)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: AR

Demandada: Stadt Pforzheim

Cuestión prejudicial

¿Se opone el Derecho de la Unión, en particular la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción, (1) modificada por última vez mediante la Directiva (UE) 2018/933 de la Comisión, de 29 de junio de 2018, por la que se corrige la versión alemana de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de conducción (DO 2018, L 165, p. 35), a unas disposiciones de Derecho nacional con arreglo a las cuales, a raíz de una resolución denegatoria del reconocimiento en virtud del artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126/CE, se ha de presentar inmediatamente ante la autoridad nacional decisoria el permiso de conducción de la Unión expedido en otro Estado miembro de una persona que no tiene su residencia normal en el país para que dicha autoridad haga constar en él la calificación de documento no habilitante para conducir en el territorio nacional, nota inhabilitante que por lo general se inserta mediante la colocación de una «D» roja atravesada por una raya diagonal en el espacio 13 del documento (mediante una pegatina, por ejemplo)?

(1) DO 2006, L 403, p. 18.
1)

¿Debe interpretarse el concepto «domicilio del consumidor», en el sentido del artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (1) refundición, en vigor desde el 10 de enero de 2015, como el domicilio del consumidor en el día en que se interpuso la demanda o bien en el día en que nació la obligación entre el consumidor y la otra parte contratante (a saber, por ejemplo, el día en que se celebró el contrato), es decir, se trata de un contrato de consumo en el sentido del artículo 17, apartado 1, letra c), del citado Reglamento también en el supuesto en que en el día en que se interpuso la demanda el consumidor tuviera su domicilio en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado en el que la otra parte contractual ejerce su actividad profesional o económica?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 4 de junio de 2019 — OL y otros / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

(Asunto C-428/19)

(2020/C 95/04)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: OL, PM y RO

Demandada: Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe entenderse lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE, (1) en relación con los artículos 3 y 5 de esta y con los artículos 285 y 299 del Código del Trabajo, en el sentido de que la infracción de dicha Directiva y de la normativa francesa en materia de salario mínimo puede ser invocada por trabajadores húngaros frente a sus empleadores húngaros en un procedimiento incoado ante los tribunales húngaros?

2) ¿Deben considerarse parte del salario las dietas destinadas a cubrir los gastos ocasionados durante el desplazamiento de un trabajador al extranjero?

3) ¿Es contraria al artículo 10 del Reglamento 561/2006/CE (2) la práctica consistente en que, en caso de un ahorro determinado en proporción a la distancia recorrida y al consumo de combustible, el empleador, en función de una fórmula, paga al conductor de vehículo de transporte un complemento que no forma parte del salario establecido en su contrato de trabajo y por el que tampoco se pagan impuestos ni cotizaciones sociales? Sin embargo, el ahorro de combustible incita a los conductores de vehículos de transporte a conducir de un modo que podría poner en peligro la seguridad del tráfico (por ejemplo, usando durante el mayor tiempo posible el sistema de rueda libre en bajadas).

4) ¿Debe aplicarse la Directiva 96/71/CE al transporte internacional de mercancías, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento por infracción contra Francia y Alemania por aplicar la legislación relativa al salario mínimo al sector del transporte por carretera?

5) En caso de que no se haya transpuesto al Derecho nacional, ¿puede una directiva en sí misma crear obligaciones a cargo de un particular y, por tanto, constituir por sí misma la fundamentación de una demanda contra un particular en un litigio suscitado ante un tribunal nacional?

(1) Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO 1997, L 18, p. 1).

(2) Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO 2006, L 102, p. 1).
C 27/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 24 de octubre de 2019 — B-GmbH/Finanzamt D

(Asunto C-797/19)

(2020/C 27/27)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: B-GmbH

Demandada: Finanzamt D

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 107 TFUE, apartado 1, en el sentido de que existe una ayuda de Estado comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición cuando, con arreglo a la normativa de un Estado miembro, las pérdidas (constantes) sufridas por una sociedad de capital como consecuencia de una actividad económica realizada sin una remuneración que cubra los costes en principio deben considerarse como una distribución encubierta de beneficios y, por consiguiente, no pueden reducir los beneficios de una sociedad de capital, pero, no obstante, en el caso de las sociedades de capital en las que la mayoría de los derechos de voto corresponde directa o indirectamente a personas jurídicas de Derecho público no procede aplicar dichas consecuencias jurídicas de las operaciones con pérdidas constantes si mantienen los negocios en cuestión por razones de política de transporte, medioambiental, social, cultural, educativa o sanitaria?
C 19/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) el 18 de octubre de 2019 — QE, RD/SATA International —- Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

(Asunto C-766/19)

(2020/C 19/20)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Partes en el procedimiento principal

Demandante: QE, RD

Demandada: SATA International — Serviços de Transportes Aéreos, S. A.

Interviniente: ANA — Aeroportos de Portugal, S. A.

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Cabe considerar que un hecho como el que tuvo lugar el día 10 de mayo de 2017 en el aeropuerto de Lisboa, en el que se produjo un fallo generalizado y relevante en el suministro de combustible, que imposibilitó el reabastecimiento de las aeronaves como consecuencia de una avería en el sistema de bombeo que impidió el trasiego de combustible al sistema de suministro, sistema que es responsabilidad de las entidades gestoras de la infraestructura aeroportuaria, y la avería afectó al funcionamiento continuado y a las operaciones de dicho aeropuerto generando retrasos y cancelaciones de 473 vuelos, de los cuales 12 fueron redirigidos, 98 cancelados y 363 sufrieron retrasos, resultando afectados más de 41 000 pasajeros, constituye una «circunstancia extraordinaria» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004 (1) que dispensa al transportista aéreo de la obligación de pagar una compensación?

2) ¿Cabe considerar que una compañía aérea que, ante la imposibilidad de abastecerse de combustible en el aeropuerto de Lisboa en las circunstancias arriba indicadas, decide realizar el abastecimiento de combustible en otro aeropuerto cercano (Oporto) y que, a raíz del retraso derivado de la salida tardía del aeropuerto de Lisboa y de las operaciones de abastecimiento en el otro aeropuerto que entrañan que la tripulación de dicha aeronave ya no disponga del tiempo de servicio de vuelo que, con arreglo a la ley, le permita realizar el vuelo que ha sufrido el retraso, celebra con otra compañía aérea un contrato de arrendamiento operativo (ACMI) para efectuar el citado vuelo, ha tomado todas las medidas razonables para limitar el retraso del vuelo?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
1)

¿Deben interpretarse los artículos [55, apartado 1], 56 a 58 y 60 a 66 del Reglamento n.o 2016/679, (1) de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo, «RGPD»), en relación con los artículos 7, 8 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que una autoridad de control que, en virtud de la legislación nacional adoptada en ejecución del artículo [58, apartado 5], de dicho Reglamento, está facultada para iniciar acciones judiciales contra infracciones de este Reglamento ante un tribunal de su Estado miembro, no puede ejercitar tal facultad en relación con un tratamiento transfronterizo si no es la autoridad de control principal en materia de tratamiento transfronterizo?
4)

¿Es inválido el Reglamento (CE) n.o 91/2009 por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China, por vulneración de los artículos 19, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, o bien del Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, porque la Comisión no garantizó que los dos productores nacionales (italianos) proporcionasen información adecuadas sobre los motivos por los que no era posible aportar un resumen de información confidencial?
C 337/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) el 26 de junio de 2019 — Kancelaria Medius SA/RN

(Asunto C-495/19)

(2019/C 337/06)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Kancelaria Medius SA

Demandada: RN

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (1) (DO 1993, L 95, p. 29; en lo sucesivo, «Directiva 93/13/CEE del Consejo»), en el sentido de que se opone a disposiciones procesales con arreglo a las cuales un órgano jurisdiccional puede dictar una sentencia en rebeldía basándose únicamente en las alegaciones del demandante invocadas en la demanda y que debe tener por ciertas cuando el demandado-consumidor, habiendo sido correctamente notificado sobre la fecha de la vista, no comparece a la citación y no plantea una defensa?

(1) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
C 328/27

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht München I (Alemania) el 15 de julio de 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Telefonica Germany GmbH & Co. OHG

(Asunto C-539/19)

(2019/C 328/30)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht München I

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Demandada: Telefonica Germany GmbH & Co. OHG

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 6 bis y 6 sexies, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 531/2012 (1) en el sentido de que el 15 de junio de 2017 los proveedores de comunicaciones móviles debían con arreglo al artículo 6 bis de dicho Reglamento transferir automáticamente a todos los clientes a la tarifa regulada, con independencia de si hasta esa fecha los clientes disponían de una tarifa regulada o de una tarifa especial, llamada «tarifa de itinerancia alternativa»?

(1) Reglamento (UE) n.o 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (DO 2012, L 172, p. 10), en la versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2120 (DO 2015, L 310, p. 1).
3)

¿Es correcta la interpretación que realiza esta juzgadora de la Cláusula 5.a, sus objetivos puntos 6 y 8 y de los propios parámetros que fija la sentencia EU:C:2016:679 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016, que se fijan en el presente auto y llevan a considerar que la Orden 406/2017, de 8 de mayo, del Consejero de Sanidad, no se adecúa al artículo 2, párrafo primero de la Directiva 1999/70 en cuanto no garantiza el Estado Español los resultados fijados en la Directiva ya que supone que producido el abuso en la contratación de duración determinada, no ofrece garantías de protección a los trabajadores efectivas y equivalentes con objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, deja sin sanción el abuso, y por ello permite que en el sector sanitario la Directiva Comunitaria no sea aplicada?
1)

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, (1) en el sentido de que esta disposición regula no solo el alcance de la obligación de pago de una compensación, sino también la forma de cumplimiento de esa obligación?
Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 27 de mayo de 2019 — The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd

(Asunto C-410/19)

(2019/C 255/36)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: The Software Incubator Ltd

Recurrida: Computer Associates (UK) Ltd

Cuestiones prejudiciales

1) Cuando se suministra una copia de software informático a un cliente del empresario de forma electrónica y no en un soporte físico, ¿constituye dicho software una «mercancía» en el sentido en que aparece en la definición de agente comercial del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (1) (en lo sucesivo, «Directiva»)?

2) Si el software informático se suministra a los clientes del empresario mediante la concesión a dichos clientes de una licencia perpetua de uso de una copia del software, ¿constituye ello una «venta de mercancías» en el sentido en que aparece en la definición de agente comercial del artículo 1, apartado 2, de la Directiva?

(1) DO 1986, L 382, p. 17.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Suecia) el 3 de mayo de 2019 — Novartis AG/Patent-och registreringsverket

(Asunto C-354/19)

(2019/C 230/28)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Novartis AG

Otra parte: Patent-och registreringsverket

Cuestión prejudicial

Habida cuenta de que el certificado complementario de protección para los medicamentos tiene por objeto fundamental incentivar la investigación farmacéutica en la Unión Europea, ¿se opone el artículo 3, letra c), del Reglamento n.o 469/2009, (1) a la luz del artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.o 1610/96, a que se conceda a un solicitante al que ya se le había expedido un certificado complementario de protección para un producto protegido por una patente de base en vigor referida al producto per se, un certificado complementario de protección para un uso nuevo del producto en un asunto como el controvertido en el litigio principal, en el que el nuevo uso constituye una nueva indicación terapéutica que está específicamente protegida por una nueva patente de base?

(1) Reglamento (CE) n.o 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO 2009, L 152, p. 1).
1)

¿Deben interpretarse los artículos 13 ter y 31 bis del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, (1) por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (2) en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 (3) en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios, en el sentido de que constituyen un caso de arrendamiento de bien inmueble los servicios prestados en un centro de datos como los controvertidos en el procedimiento principal, mediante los que un empresario ofrece a sus clientes armarios rack situados en un centro de datos para el alojamiento de servidores, junto con otros servicios accesorios?
Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2019 — Comisión Europea/República de Finlandia

(Asunto C-217/19)

(2019/C 172/23)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: C. Hermes y E. Ljung Rasmussen, agentes)

Demandada: República de Finlandia

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare que, al haber concedido desde 2011 licencias para la caza en primavera de los eider comunes macho (Somateria mollissima) en la provincia de Åland, la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 7, apartado 4, y 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/147/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

— Condene en costas a la República de Finlandia.

Motivos y principales alegaciones

Desde 2011, la autoridad regional de las islas Åland, una región autónoma de Finlandia, ha venido concediendo anualmente licencias para «caza excepcional en primavera» de los ánades macho de la especie eider común, hasta un número total de entre 2 000 y 3 800 aves durante dos o tres semanas del mes de mayo. Dicho período coincide con la época de reproducción de los eider comunes.

El artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2009/147/CE prohíbe la caza durante la época de reproducción.

Finlandia alega que la caza de primavera de los eider comunes en las islas Åland está justificada por la excepción del artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/147/CE. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde a los Estados miembros probar que se dan las condiciones previstas en dicha disposición.

La Comisión considera que Finlandia, en primer lugar, no ha demostrado que el régimen excepcional constituya una «explotación prudente» en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/147/CE. En particular, sostiene que Finlandia no ha acreditado con pruebas científicas irrefutables que esté garantizado el mantenimiento de la población de ánades de la especie eider común en un nivel satisfactorio.

En segundo lugar, la Comisión sostiene que Finlandia no ha demostrado que la caza en primavera autorizada represente únicamente una explotación de aves «en pequeñas cantidades» en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/147/CE.

(1) Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 2010, L 20, p. 7).