CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

Sr. F.G. JACOBS

presentadas el 22 de mayo de 2003

Asuntos acumulados C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 y C‑305/01



1. AOK Bundesverband

2. Bundesverband der Betriebskrankenkassen

3. Bunbesverband der Innungskrankenkassen

4. Bundesverband der landwirschaftlichen Krankenkassen

5. Verband der Angestelltenkrankenkassen e.V.

6. Verband der Arbeiter-Ersatzkassen

7. Bundesknappschaft

8. See-Krankenkasse

contra

Ichthyol-Gesellschaft Cordes (C‑264/01)

Mundipharma GmbH (C‑306/01)

Gödecke Aktiengesellschaft (C‑354/01)

Intersan (C‑355/01)





«»

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 81 CE, apartado 1, en el sentido de que las federaciones nacionales de las cajas del seguro obligatorio de enfermedad de un Estado miembro han de considerarse asociaciones de empresas o, en la medida en que una federación nacional sea simultáneamente gestora directa del seguro obligatorio de enfermedad, empresas a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, cuando establecen conjuntamente los importes máximos fijos de los medicamentos, que deben aplicarse de modo uniforme en dicho Estado miembro y que constituyen el precio máximo al que las cajas del seguro obligatorio de enfermedad, a quienes se exige proporcionar a sus asegurados la prestación en especie, compran y pagan los medicamentos, limitando de este modo la cuantía de su prestación obligatoria en relación con sus asegurados?

2) En el caso de que la primera cuestión reciba una respuesta afirmativa:

a) ¿Debe considerarse que el establecimiento de importes fijos como los descritos en la primera cuestión constituye un acuerdo (o decisión) de las federaciones nacionales de las cajas del seguro obligatorio de enfermedad comprendido en el ámbito de aplicación de la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1, por tratarse de una restricción de la competencia, en particular, en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, letra a)?

b) ¿Debe responderse en todo caso de manera afirmativa la cuestión formulada en la letra a) si el objetivo de la normativa por la que se establecen importes fijos consiste, entre otros, en aprovechar al máximo las posibilidades de mejora de la eficiencia de los laboratorios farmacéuticos para que se reflejen en el precio de venta y si la aplicación de tal normativa en el Estado miembro ha dado lugar hasta ahora a que aproximadamente el 93 % de los paquetes de medicamentos listos para su consumo, sujetos a la mencionada normativa, se vendan a un precio que no supera (ya) el importe fijo establecido en cada caso?

3) En el caso de que la segunda cuestión (o alguna de las preguntas formuladas en la segunda cuestión) reciba también una respuesta afirmativa:

¿Puede un sistema de importes fijos como el descrito en las cuestiones primera y segunda estar exento de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, con arreglo al artículo 86 CE, apartado 2, primera frase, aunque las federaciones nacionales de las cajas del seguro obligatorio de enfermedad constituyan, cuando establecen los importes fijos, los mayores compradores en el mercado de medicamentos, en el que ocupan, consideradas en su conjunto, una posición dominante, y, como solución al problema de la reducción de los costes en el sector sanitario, se plantee también la posibilidad de transferir la facultad de determinar dichos importes fijos a una institución que no participe en el mercado de medicamentos, en particular al Gobierno federal o un ministro federal?

4) En el caso de que la tercera cuestión reciba también una respuesta afirmativa:

a) ¿Qué requisitos deberían cumplir y acreditar las federaciones nacionales de las cajas del seguro obligatorio de enfermedad para que pudiera aplicárseles la excepción contemplada en el artículo 86 CE, apartado 2, primera frase, en relación con el establecimiento de importes fijos?

b) O, por el contrario, ¿está excluido en cualquier caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 CE, apartado 2, segunda frase, el reconocimiento de la excepción del artículo 86 CE, apartado 2, primera frase, debido a los efectos que produce el sistema de importes fijos en los intercambios?

«1) ¿Deben interpretarse los artículos 81 CE y 82 CE en el sentido de que se oponen a una normativa nacional conforme a la cual las federaciones nacionales de las cajas del seguro obligatorio de enfermedad fijan importes máximos, vinculantes para todas las cajas del seguro obligatorio de enfermedad y todas las cajas compensatorias («Ersatzkassen»), que corresponden a la parte del coste de los medicamentos que deben asumir dichas cajas, en la medida en que el legislador nacional determina los criterios que deben emplearse para calcular los importes máximos y para ello establece, en especial, que con los importes fijados se ofrece a los asegurados una atención global y de calidad garantizada, así como la existencia de alternativas terapéuticas suficientes, y precisa que la determinación de dichos importes está sometida a un control jurisdiccional completo, tanto a instancia de los asegurados como a instancia de los fabricantes de medicamentos?

2) En el caso de que la primera cuestión reciba una respuesta afirmativa:

¿Este establecimiento [de los importes máximos fijos] está exento, conforme al artículo 86 CE, apartado 2, de la aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE en la medida en que el objetivo de dicho establecimiento consiste en mantener, en la forma establecida en el artículo 35 del libro V del Sozialgesetzbuch, un sistema de seguro de enfermedad cuya existencia peligraba a consecuencia del fuerte aumento de los costes?

3) En el caso de que la primera cuestión reciba una respuesta afirmativa y la segunda cuestión, una respuesta negativa:

«1) Las asociaciones representativas de las cajas del seguro de enfermedad de un Estado miembro como las controvertidas en los litigios principales, han de considerarse asociaciones de empresas en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, cuando determinan conjuntamente el precio máximo al que dichas cajas compran y pagan los medicamentos, limitando de este modo la cuantía de su prestación obligatoria en relación con sus asegurados.

2) Dicha determinación conjunta constituye una decisión de una asociación de empresas que tiene por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1.

No obstante, cuando toman dicha decisión, las asociaciones representativas no incumplen el artículo 81 CE en la medida en que la restricción de la competencia que se deriva no es atribuible a un comportamiento autónomo por su parte, sino exigido por el Derecho nacional, con independencia de si existe alguna sanción por incumplir el Derecho nacional de que se trate.

3) Dicha determinación conjunta no está sujeta, en virtud del artículo 86 CE, apartado 2, a las normas comunitarias sobre la competencia a menos que pueda demostrarse que es manifiestamente desproporcionada como método en orden a garantizar la capacidad de las cajas del seguro de enfermedad para realizar su misión de interés económico general en condiciones de estabilidad financiera. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar si se cumple dicho requisito.»

– Lengua original: inglés.

– Respecto al principio de solidaridad, véase el punto 32 infra.

– Sentencia del Bundesverfassungsgericht de 17 de diciembre de 2002, 1 BvL 28/95, 1 BvL 29/95 y 1 BvL 30/95.

– Véanse, por ejemplo, las sentencias de 23 de abril de 1991, Höfner y Elser (C‑41/90, Rec. p. I‑1979, apartado 21; de 17 de febrero de 1993, Poucet y Pistre (asuntos acumulados C‑159/91 y C‑160/91, Rec. p. I‑637), apartado 17; y de 22 de enero de 2002, Cisal (C‑218/00, Rec. p. I‑691), apartado 22.

– Véase la sentencia de 21 de septiembre de 1999, Albany (C‑67/96, Rec. p. I‑5751), apartados 85 y 86

– Véase sentencia Höfner y Elser, citada en la nota 4, apartados 22 y 23. Véase también el apartado 311 de mis conclusiones en el asunto Albany, citado en la nota 5.

– Véase la sentencia de 16 de noviembre de 1995, Fédération Française des Sociétés d’Assurance, «FFSA» (C‑244/94, Rec. p. I‑4013), apartado 21.

– Citada en la nota 4.

– Citada en la nota 4.

– En relación con el principio de solidaridad en regímenes de seguros sociales, véase la sentencia Poucet y Pistre, citada en la nota 4, apartados 10 y siguientes.

– Citado en la nota 5, punto 338 de las conclusiones.

– Citado en la nota 4, punto 62 de las conclusiones.

– Citada en la nota 7.

– Citada en la nota 5.

– Ambas citadas en la nota 4.

– En el punto 73.

– Véase, por ejemplo, la Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato en la sentencia de 16 de junio de 1987, Comisión/República Italiana (118/85, Rec. p. 2599), apartado 7 y el Bundesanstalt für Arbeit en la sentencia Höfner y Elser, citada en la nota 4.

– Ese factor distingue la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de marzo de 2003, FENIN (T‑319/99); véanse sus apartados 38 y 40.

– Véanse los puntos 11 a 14 supra.

– Véase, por ejemplo, la sentencia de 17 de noviembre de 1993, Reiff (C‑185/91, Rec. p. I‑5801), apartado 16.

– Véase la sentencia de 18 de junio de 1998, Comisión/República Italiana (C‑35/96, Rec. p. I‑3851), apartado 44.

– Véase el punto 11 supra.

– Véase el punto 12 supra.

– Sentencia de 30 de enero de 1985, BNIC/Clair (123/83, Rec. p. 391; EE 1985, p. 169), apartado 22.

– Sentencia de 11 de noviembre de 1997, Ladbroke (Asuntos acumulados C‑359/95 P y C−379/95 P, Rec. p. I‑6265), apartado 33.

– Sentencia Ladbroke, citada en la nota 25, apartado 34.

– Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 2000, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (T‑513/93, Rec. p. II‑1807), y la jurisprudencia allí citada.

– Citada en la nota 25.

– Sentencia de 13 de diciembre de 1991 (C‑18/88, Rec. p. I‑5941).

– Véanse los puntos 48 a 50 de mis conclusiones presentadas el 30 de enero de 2003, en el asunto C.I.F. (C‑198/01).

– En el punto 54.

– Véase el punto 69 de mis conclusiones en el asunto C.I.F., citadas en la nota 30.

– Véase el punto 51 de mis conclusiones en el asunto C.I.F., citadas en la nota 30.

– Véase el apartado 54 de la sentencia Comisión/Italia, citada en la nota 21 y la jurisprudencia allí mencionada.

– Sentencia de 19 de mayo de 1993, Corbeau (C‑320/91, Rec. p. I‑2533), apartado 14.

– Sentencia de 23 de octubre de 1997, Comisión/Países Bajos (C‑157/94, Rec. p. I‑5699), apartado 43.

– Sentencia Corbeau, citada en la nota 35, apartado 16.

– .Ibid., apartado 17 del fallo.

– Sentencia de 27 de abril de 1994, Almelo (C‑393/92, Rec. p. I‑1477).

– Apartados 49 a 51 de la sentencia.

– Véase el punto 108 de las conclusiones del Abogado General Sr. Darmon.

– Sentencia citada en la nota 36, apartado 58.

– Véase la sentencia de 7 de febrero de 1984, Duphar (C‑238/82, Rec. p. 523; EE 1984, p. 175), apartado 16.

– Véase la sentencia Albany, citada en la nota 5, apartado 122.

– Citada en la nota 43.

– Sentencia citada en la nota 5, apartados 116 a 122.