4.

No me parecen decisivos los precedentes jurisprudenciales invocados por las sociedades Harlequin y Simons. El Convenio de Yaounde de 1963, objeto del asunto Bresciani, no estaba basado en la reciprocidad: por el contrario, mediante dicho Convenio la Comunidad asumía unilateralmente un cierto número de obligaciones con los Estados africanos y malgache. Este «desequilibrio» no era óbice para que se reconociera «efecto directo» a determinadas disposiciones del Convenio. Además, aquel asunto se refería a la interpretación de los términos «exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana» empleados en el apartado 1 del artículo 2 del Convenio, próximos a los del apartado 2 del artículo 13 del Tratado, y no al concepto de «medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas». Ahora bien, en este punto dicha norma del Convenio se remitía expresamente al artículo 13 del Tratado de Roma. En otras palabras: el propósito de los Estados miembros fue asumir para con los Estados africanos y malgache las mismas obligaciones que habían asumido entre ellos, siendo dicha remisión lo que permitió al Tribunal de Justicia declarar que aquella disposición creaba derechos subjetivos en favor de los particulares. Por el contrario, en la sentencia International Fruit de 12 de diciembre de 1972, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo —XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio —disposición que se refiere asimismo a la supresión de las restricciones cuantitativas— no es apto para conceder a los justiciables comunitarios el derecho de invocarlo ante los Tribunales. A diferencia de lo que ocurría en aquel asunto, en el caso presente no se trata de determinar si, al igual que el Derecho comunitario prevalece en principio sobre el Derecho nacional, las obligaciones internacionales contraídas por la Comunidad se anteponen a los actos de sus Instituciones (un Reglamento del Consejo, por ejemplo), sino si las obligaciones contraídas por la Comunidad con Estados terceros tienen la misma naturaleza y el mismo alcance para los órganos jurisdiccionales nacionales que las que vinculan a los Estados miembros entre sí, es decir, si el ordenamiento jurídico internacional clásico es idéntico al ordenamiento jurídico comunitario. La práctica diaria muestra que por desgracia no es así. En el ámbito próximo de la protección del derecho de marca, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ofrece indicaciones nada ambiguas. En la sentencia dictada el 15 de junio de 1976 tras remisión de la High Court of Justice, Emi Records (51/75, ↔ Rec. pp. 811 y ss., especialmente pp. 845 y 846), apartados 8 y 11, el Tribunal de Justicia declaró que las reglas de los artículos 30 y siguientes del Tratado se aplican en el interior del mercado común, pero no deben extenderse a las relaciones con Estados terceros. El ejercicio del derecho de marca para limitar la comercialización de productos de dichos Estados es irrelevante pues para la libre circulación de mercancías entre Estados miembros, y no está sometido por tanto a las prohibiciones de los artículos 30 y siguientes, ya que no pone en peligro la unidad del mercado común. No es contrario al Tratado que el titular de una marca en un Estado de la Comunidad ejercite una acción judicial contra la importación paralela de productos portadores de la misma marca procedentes de un Estado tercero. En la sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm BV (15/74, ↔ Rec. p. 1147), el Tribunal de Justicia declaró que «el objeto específico de la propiedad industrial en materia de patentes es garantizar al titular, a fin de recompensar el esfuerzo creador del inventor, el derecho exclusivo a utilizar una invención al fin de fabricar y poner en circulación por primera vez productos industriales, directamente o por medio de licencias concedidas a terceros, así como el derecho a oponerse a cualquier violación del derecho» (apartado 9, p. 1162). La finalidad de esta jurisprudencia es impedir que crease un obstáculo a la libre circulación de mercancías la existencia de disposiciones nacionales en cuya virtud la comercialización del producto protegido «no agota» el derecho del titular del derecho de propiedad industrial, de modo que dicho titular podría oponerse a la importación del producto comercializado en otro país. Aplicado al caso de autos, este razonamiento podría hacer pensar que, si efectivamente las grabaciones importadas al Reino Unido se fabricaron y comercializaron lícitamente en Portugal con el consentimiento de sus compositores y de los licenciatarios de éstos, el canon pagado como precio de la cesión del derecho a poner en circulación por primera vez las grabaciones constituye la «recompensa» adecuada que merece el esfuerzo creador de los autores, y la contrapartida de la exclusividad concedida. Así, el ejercicio legítimo del derecho de propiedad intelectual se habría «agotado» con la comercialización en Portugal, y la comercialización en el Reino Unido no afectaría a «la substancia» del derecho. Pero este punto de vista destruiría por completo el equilibrio de los contratos de licencia exclusiva del derecho de propiedad industrial o comercial. El canon pagado por Phonogram y Polygram Discos a RSO corresponde a la explotación de los derechos de reproducción en el mercado portugués. Si RSO hubiera sabido, con pleno conocimiento de causa, que las grabaciones comercializadas con su consentimiento en Portugal serían importadas libremente al Reino Unido y a los demás Estados miembros, esta sociedad habría exigido sin duda una contrapartida más elevada. Asimismo, si el licenciatario inglés Polydor hubiera podido prever que la comercialización de la obra musical en Portugal habría «agotado» el derecho exclusivo de explotarla comercialmente en el Reino Unido, nunca hubiera aceptado dicha sociedad pagar un nuevo canon para poder fabricar y vender la grabación en el Reino Unido. Por consiguiente, la valoración de un dere-. cho de propiedad industrial o comercial y la magnitud de la «recompensa» de los esfuerzos del «inventor» y de quien por primera vez comercializa el producto fabricado a partir de la invención (recompensa y valoración que forma parte del «objeto específico» o de la «substancia» del derecho) dependen de las dimensiones y de la naturaleza del mercado en que puede venderse el producto. La teoría del «agotamiento» sólo se ha desarrollado en las relaciones entre Estados miembros para completar la libre circulación. Presupone, entre otras cosas, que se logren simultáneamente la libre prestación de servicios (apartado 25 de la sentencia Musik-Vertrieb membran de 20 de enero de 1981 ) y, añadiría por mi parte, la libertad de establecimiento. Es obvio que la liberalizáción de los intercambios prevista en el Acuerdo entre la CEE y Portugal no implica que deban lograrse estas otras libertades, exigidas por el establecimiento de un mercado común. Aunque la comercialización o la fabricación de las grabaciones controvertidas fuera fruto, tanto en el mercado común como en los países terceros de la actividad de empresas que fueran todas filiales de una empresa única, aun establecida en un Estado miembro, este común origen sólo sería significativo si los derechos de propiedad intelectual debatidos coexistieran en el territorio del mercado común, ya que, en tal caso, el ejercicio de esos derechos podría dividir el mercado. Si bien en el ámbito de cada Estado miembro no existe ya el principio de la territorialidad del derecho de propiedad intelectual, subsiste aún en las relaciones entre la Comunidad y los Estados terceros.