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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 32/17

Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Asunto C-495/08)

(2009/C 32/27)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Oliver y J.- B. Laignelot, agentes)

Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Pretensiones de la parte demandante

1. Que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 85/337/CEE (1) del Consejo, en su versión modificada al no prever que las decisiones individuales de no llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva debe basarse en un razonamiento suficiente, y al haber hecho solicitudes ROMP, presentadas en Gales antes del 15 de noviembre de 2000 que están sujetas a los requisitos de la citada Directiva.

2. Que se condene en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Motivos y principales alegaciones

De conformidad con la legislación del Reino Unido han de darse razones únicamente si se considera necesaria una evaluación del impacto ambiental. Si, por cualquier razón, la autoridad de planificación competente o el Secretary of State llega a la conclusión de que no es necesaria una evaluación del impacto ambiental, las normas no requieren que se den razones que apoyen dicha conclusión. La Comisión alega que las decisiones individuales adoptadas por los Estados miembros de no llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartados 2 a 4, de la Directiva ha de basarse en un razonamiento adecuado.

Además, el Reino Unido no ha adoptado normativa alguna en Gales que imponga que las revisiones de planes minerales («ROMP») estén sujetas a los requisitos de la Directiva.

(1) Directiva 85/337/CEE del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40).
—

Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 8 de julio de 2008, en el asunto T-54/03 y, estimando las pretensiones formuladas en primera instancia, se anule por consiguiente, sobre la base del artículo 229 del Tratado CE, del artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 17 del Reglamento del Consejo no 17/62 (1), actualmente artículo 31 del Reglamento del Consejo no 1/2003 (2), la Decisión de la Comisión Europea no 2005/471/CE, de 27 de noviembre de 2002 (3), en la medida en que se impone una multa a la recurrente.
1)

¿Debe interpretarse [el Reglamento (EC) no 1/2003 del Consejo (1), de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, en particular los artículos 2, 15, apartado 3, y 35, apartado 1] […] en el sentido de que las autoridades nacionales de competencia infieren directamente de estas disposiciones la posibilidad de presentar observaciones escritas sobre los motivos formulados en el marco de un procedimiento de recurso interpuesto contra su resolución, y pueden formular ellas mismas motivos fácticos y jurídicos, con la consecuencia de que esta posibilidad no puede ser eliminada por un Estado miembro?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 301/17

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) el 27 de agosto de 2008 — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano

(Asunto C-384/08)

(2008/C 301/31)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Attanasio Group Srl

Demandada: Comune di Carbognano

Cuestión prejudicial

«¿Son compatibles con el Derecho comunitario, en particular con los artículos 43, 48, 49 y 56 del Tratado CE y con los principios comunitarios de competencia económica y de no discriminación jurídica sancionados por el Tratado, las normas regionales y nacionales italianas que imponen distancias mínimas obligatorias entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes, concretamente el artículo 13 de la Ley regional del Lazio, aplicable al caso de autos y relevante a efectos de la resolución del litigio, así como las normas legales nacionales de referencia (el Decreto legislativo no 32/1998 y sus modificaciones y desarrollos sucesivos, la Ley no 57/2001 y el Decreto Ministerial de 31 de octubre de 2001), en la medida en que han consentido o en cualquier caso no han impedido que, en ejercicio de las competencias normativas del Estado italiano, el mencionado artículo 13 imponga distancias mínimas entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes, según se expone en la motivación?»
3)

¿Cómo debe interpretarse el artículo 27, apartado 2, de la Decisión marco, según el cual, la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por una infracción distinta, en particular en relación con el procedimiento de consentimiento previsto en el apartado 4 del mismo artículo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 27, apartado 3, letra c), según el cual, la «regla de especialidad» no se aplicará cuando el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida restrictiva de la libertad individual de la persona? a) En los casos que son objeto del procedimiento de consentimiento, ¿deben interpretarse las disposiciones mencionadas en el sentido de que no se oponen a que se practiquen diligencias por la infracción de que se trate, que se inicie un proceso y que se dicte una sentencia antes de recibir el consentimiento, siempre que la persona sospechosa de haber cometido el delito no esté sujeta a medidas privativas o restrictivas de libertad? b) ¿Qué importancia debe darse a la circunstancia de que un procedimiento penal que implique una restricción de la libertad tenga por objeto varias infracciones, una de las cuales deba examinarse en el procedimiento de consentimiento? ¿Deben en tal caso interpretarse las disposiciones mencionadas en el sentido de que no se oponen a que esta última infracción dé lugar a actuaciones penales, a que se incoe un proceso y a que se dicte sentencia antes de recibir el consentimiento, y ello aunque durante el procedimiento se haya aplicado al sospechoso una medida restrictiva de libertad, siempre que tal restricción se funde legalmente en otras imputaciones?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 285/16

Recurso interpuesto el 18 de julio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa

(Asunto C-333/08)

(2008/C 285/27)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: B. Stromsky, agente)

Demandada: República Francesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 del Tratado CE, al haber establecido un régimen de autorización previa que no respeta el principio de proporcionalidad para los aditivos utilizados con fines tecnológicos y los productos alimenticios en cuya fabricación se hayan empleado los aditivos con fines tecnológicos procedentes de otros Estados donde se fabrican y/o comercializan legalmente.

— Que se condene en costas a la República Francesa.

Motivos y principales alegaciones

En su recurso, la Comisión denuncia las restricciones impuestas a los intercambios por la normativa francesa que regula los aditivos utilizados con fines tecnológicos. Al establecer un régimen de autorización previa para los citados productos así como para dichos productos alimenticios en cuya fabricación se hayan utilizado ciertos aditivos con fines tecnológicos procedentes de otros Estados miembros donde se han fabricado y/o comercializado legalmente, la referida normativa hace efectivamente más difícil y más costosa la comercialización de tales productos y aditivos y, por lo tanto, obstaculiza los intercambios intracomunitarios.

Según la Comisión, un régimen de previa autorización podría estar justificado, en determinadas circunstancias, por razones de protección de la salud pública, si bien dicho régimen debería respetar, en cualquier caso, el criterio de proporcionalidad y atenerse a los criterios establecidos en la jurisprudencia, en particular, los sentados en la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 2004, Comisión/Francia (C-24/00). Pues bien, en el presente caso no concurren varios de dichos requisitos, ya que no cabe seguir fácilmente y con celeridad los procedimientos regulados en la referida normativa ni tampoco puede interponerse un recurso ante los tribunales cuando se haya denegado la autorización.
—

Que se declare que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 16 de la Directiva 2006/22/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CE del Consejo, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la citada Directiva y, en cualquier caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 236/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Ischia el 15 de julio de 2008 — Filomena Califano/Wind Telecomunicazioni S.p.A.

(Asunto C-318/08)

(2008/C 236/16)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Giudice di Pace di Ischia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Filomena Califano

Demandada: Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Cuestión prejudicial

¿Las normas comunitarias del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Directiva 2002/22/CE (1), la Directiva 1999/44/CE (2), la Recomendación 2001/310/CE (3) de la Comisión y la Directiva 1998/257/CE (4) tienen una eficacia directamente vinculante y deben interpretarse en el sentido de que los litigios «en materia de comunicaciones electrónicas entre usuarios finales y operadores, relativos a la infracción de las disposiciones relativas al servicio universal y a los derechos de los usuarios finales establecidas por las normas legislativas, por las decisiones de la Autoridad, por las condiciones contractuales y por la carta de servicios» (litigios contemplados en el artículo 2 de la Decisión del garante no 173/07/CONS) no deben someterse al intento de conciliación obligatorio previsto so pena de inadmisibilidad del recurso judicial, de modo que prevalecen sobre la norma derivada del artículo 3, párrafo primero, de la mencionada Decisión del garante de las comunicaciones?

(1) DO L 108, p. 51.

(2) DO L 171, p. 12.

(3) DO L 109, p. 56.

(4) DO L 115, p. 31 (Recomendación de la Comisión).
3.

En caso de respuesta negativa a las letras a), b) y c) de la primera cuestión: ¿Debe interpretarse el artículo 13, parte B, letra c), de la Sexta Directiva en el sentido de que: — la transmisión a título oneroso de contratos de reaseguro de vida constituye una entrega de bienes, y — en la aplicación del artículo 13, parte B, letra c), de la Sexta Directiva no debe diferenciarse entre si el lugar de las actividades exentas del impuesto se encuentra en el Estado miembro de la entrega o en otro Estado miembro?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 209/29

Recurso interpuesto el 3 de junio de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Finlandia

(Asunto C-246/08)

(2008/C 209/43)

Lengua de procedimiento: finés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Aalto y D. Triantafyllou, agentes)

Demandada: República de Finlandia

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 2, apartado 1, y 4, apartados 1, 2 y 5, de Directiva 77/388/CE (1), Sexta Directiva en materia de IVA, al no recaudar el impuesto sobre el valor añadido sobre los servicios de asesoría jurídica parcialmente retribuidos prestados por oficinas estatales de asistencia jurídica (por los asesores públicos empleados en ellas) con arreglo a las disposiciones sobre asistencia jurídica, mientras que siguen estando sometidas al impuesto sobre el valor añadido las prestaciones de servicios similares efectuadas por asesores jurídicos privados.

— Que se condene en costas a la República de Finlandia.

Motivos y principales alegaciones

En Finlandia, para ser asistido en un procedimiento judicial, el destinatario de asistencia jurídica puede elegir entre asistencia jurídica pública y privada. En ese supuesto, las prestaciones realizadas por el servicio público de asistencia jurídica parcialmente retribuidas están exentas del impuesto sobre el valor añadido, mientras que están sometidos a dicho impuesto los servicios privados de asistencia jurídica parcialmente retribuidos. En opinión de la Comisión, ello constituye una diferencia de trato, desde el punto de vista del impuesto sobre el valor añadido, de prestaciones idénticas, que tiene repercusiones sobre los fondos propios de la Comunidad.

Las prestaciones de las oficinas estatales de asistencia jurídica en procedimientos judiciales no están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Sexta Directiva IVA. Indudablemente, dichas prestaciones están exentas del impuesto sobre el valor añadido cuando no se prestan con carácter oneroso. Pero cuando su destinatario abona por ellas una retribución, no puede considerarse que dichas prestaciones de las oficinas estatales de asistencia jurídica sean prestaciones exentas del impuesto sobre el valor añadido.

Conforme al artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva IVA, cuando los organismos públicos efectúen determinadas actividades u operaciones deben ser considerados sujetos pasivos en cuanto a dichas actividades u operaciones, en la medida en que el hecho de no considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones graves de la competencia. Aunque se afirmara que las oficinas estatales de asistencia jurídica desarrollan dicha actividad en el ejercicio de sus funciones públicas, no considerarlas como sujetos pasivos llevaría a distorsiones graves de la competencia. Por ese motivo, deben ser consideradas sujetos pasivos.

(1) DO L 145, p. 1, EE 09/01, p. 54.
3)

En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté facultado para prohibir, en aplicación de la Directiva y del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (2), ¿puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de remisión a sitios web suministra un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31, de 8 de junio de 2000 (3), de modo que no podría incurrir en responsabilidad antes de que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso ilícito de dicha marca?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 197/12

Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'Etat (Francia) el 21 de mayo de 2008 — Sociedad Zeturf Ltd/Primer Ministro, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi — Partie intervenante: G.I.E. Pari Mutuel Urbain (PMU)

(Asunto C-212/08)

(2008/C 197/20)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d'Etat

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Sociedad Zeturf Ltd

Demandantes: Primer Ministro, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi — Partie intervenante: G.I.E. Pari Mutuel Urbain (PMU)

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Los artículos 49 CE y 50 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece un régimen de exclusividad de las apuestas hípicas fuera de hipódromos en favor de un operador único sin ánimo de lucro, la cual, si bien parece apropiada para garantizar el objetivo de combatir la delincuencia y de proteger de esta forma el orden público de una manera más eficaz que otras medidas menos restrictivas, va acompañada, para neutralizar el riesgo de que aparezcan circuitos de juego no autorizados y orientar a los jugadores hacia la oferta legal, de una política comercial dinámica del operador que no alcanza por completo, en consecuencia, el objetivo de reducir las oportunidades de juego?
b)

aun suponiendo que los notarios pudieran ser considerados funcionarios públicos ordinarios, cosa que no ocurre, puesto que no hay relación de dependencia y no son remunerados como tales funcionarios públicos, no estarían excluidos de la aplicación de dicha Directiva, ya que, en principio, ésta se aplica también a los servicios públicos.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 37/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el/la Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 22 de noviembre de 2007 — Dinter GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Asunto C-522/07)

(2008/C 37/13)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Dinter GmbH

Demandada: Hauptzollamt Düsseldorf

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse la nota complementaria 5, letra b), del capítulo 20 de la Nomenclatura Combinada (1) en el sentido de que el término «jugos de frutas con azúcar añadido» también hace referencia a los jugos de frutas a los que no se ha añadido realmente azúcar pero cuyo contenido de azúcar añadido ha sido calculado aritméticamente con arreglo a la nota complementaria 5, letra a), del capítulo 20 de la Nomenclatura Combinada?

2) ¿Debe interpretarse la nota complementaria 5, letra b), del capítulo 20 de la Nomenclatura Combinada en el sentido de que la fórmula «obtenido a partir de frutas o por dilución de jugo concentrado» sólo constituye una explicación del concepto de «jugo de frutas en su estado natural» que allí aparece, pero éste último se aplica en realidad a todos los tipos de jugos de frutas (sin fermentar y sin adición de alcohol), cualquiera que sea la forma de su presentación?

3) En caso de respuesta afirmativa a las dos cuestiones anteriores, ¿debe considerarse en vigor la nota complementaria 5, letra b), del capítulo 20 de la Nomenclatura Combinada?

(1) Reglamento (CE) no 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 (DO L 327, p. 1).
2)

El hecho de que una denominación no fuera notificada o solicitada dentro del plazo de seis meses previsto en el Reglamento (CE) no 918/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones transitorias de protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimentos con motivo de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia (1) o en el marco del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (2), ¿supone que una protección nacional vigente o, en cualquier caso, una protección bilateralmente extendida a otro Estado miembro, pierden su validez si la denominación constituye una indicación geográfica cualificada con arreglo al Derecho interno del Estado de origen?
2) El reexamen se referirá a las cuestiones de si, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al derecho a vacaciones anuales retribuidas como principio del Derecho social de la Unión, consagrado asimismo expresamente en el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y recogido, en particular, en la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299, p. 9), la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Strack (T‑268/11 P), vulnera la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión, en la medida en que dicho Tribunal, como órgano jurisdiccional de casación, ha interpretado: — que el artículo 1 sexto, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea no cubre las disposiciones relativas a la ordenación del tiempo de trabajo establecidas por la Directiva 2003/88 ni, en particular, las vacaciones anuales retribuidas, y — que, en consecuencia, el artículo 4 del anexo V de dicho Estatuto entraña que el derecho a transferir al año siguiente un número de días de vacaciones superior al límite que establece dicha disposición sólo podrá concederse cuando se trate de un impedimento relacionado con la actividad del funcionario derivada del ejercicio de sus funciones.
258.

A la luz del conjunto de las consideraciones anteriores, procede declarar que el acuerdo previsto no es compatible con el artículo 6 TUE, apartado 2, ni con el Protocolo no 8 UE, por cuanto: — puede afectar a las características específicas y a la autonomía del Derecho de la Unión, en la medida en que no garantiza la coordinación entre el artículo 53 del CEDH y el artículo 53 de la Carta, no previene el riesgo de que se vulnere el principio de confianza mutua entre los Estados miembros en el Derecho de la Unión y no contempla articulación alguna entre el mecanismo instituido por el Protocolo no 16 y el procedimiento de remisión prejudicial establecido en el artículo 267 TFUE; — puede afectar al artículo 344 TFUE, en la medida en que no excluye la posibilidad de que se planteen ante el TEDH litigios entre Estados miembros o entre éstos y la Unión, relativos a la aplicación del CEDH en el ámbito de aplicación material del Derecho de la Unión; — no prevé modos de funcionamiento del mecanismo del codemandado y del procedimiento de intervención previa del Tribunal de Justicia que permitan preservar las características específicas de la Unión y de su Derecho, y — no tiene en cuenta las características específicas del Derecho de la Unión en lo que respecta al control jurisdiccional de los actos, acciones u omisiones de la Unión en materia de PESC, en la medida en que encomienda el control jurisdiccional de algunos de esos actos, acciones u omisiones en exclusiva a un órgano externo a la Unión.
13.

TO trabajó para LB como especialista fiscal y contable desde el 1 de noviembre de 1996 hasta el 31 de julio de 2017. Tenía derecho a 24 días laborables de vacaciones por año civil. Mediante escrito de 1 de marzo de 2012, LB emitió a favor de TO un certificado conforme al cual esta no perdía su derecho a las vacaciones remanentes de 76 días correspondientes al año civil de 2011 y a años anteriores el 31 de marzo de 2012, ya que no había podido disfrutar de las vacaciones debido a la elevada carga de trabajo en su despacho de abogados. De 2012 a 2017, LB concedió a TO vacaciones por un total de 95 días laborables. TO no disfrutó íntegramente de sus vacaciones mínimas anuales. LB no le había advertido para que disfrutase de más vacaciones ni tampoco le había informado de que las vacaciones no disfrutadas podrían perderse al concluir el año civil o el período de aplazamiento.