3.

Antes de entrar de lleno en los problemas planteados por el presente recurso, considero oportuno eliminar determinados argumentos que han alegado las demandantes y que parecen de importancia secundaria. a) En el primer motivo, las demandantes consideran como un defecto de motivación de la Decisión impugnada el hecho de que ésta no haya tomado en consideración argumentos que ellas han alegado en el curso del procedimiento administrativo. Como se desprende de la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, la Comisión no está obligada a pronunciarse, en los fundamentos jurídicos de sus Decisiones, ni siquiera en aquellas que se refieren a la imposición de multas por infracción de las normas sobre competencia, sobre todos los puntos de Derecho y de hecho que han sido tratados por los diferentes interesados durante el procedimiento administrativo (sentencia Chemiefarma, 41/69,- Rec. 1970, pp. 661 y ss., especialmente p. 692, apartados 76 y 77). Según el Tribunal de Justicia: «La motivación deberá considerar se satisfactoria cuando refleje de forma clara y coherente las consideraciones de hecho y de Derecho en que se apoya la condena de los interesados, de manera que permita conocer tanto a éstos como a este Tribunal de Justicia los elementos esenciales del razonamiento de la Comisión». En el presente caso, las demandantes no han presentado alegación alguna que pueda reflejar una insuficiencia, a este respecto, de la Decisión impugnada. Se han limitado, por el contrario, a afirmar que la Comisión no ha respondido a alegaciones que ellas estiman de un valor decisivo. No obstante, cuando comprueba si la motivación está completa, el Juez debe limitarse a discernir si ésta es suficiente para clarificar el razonamiento lógico seguido por la Comisión para la adopción de la Decisión impugnada, y si facilita en particular los datos fácticos esenciales y las consideraciones jurídicas que la han determinado. Si dicho razonamiento lógico ha ignorado consideraciones y alegaciones que pueden presentar bajo un prisma distinto el comportamiento de las demandantes dentro del marco de las normas de Derecho sustantivo aplicadas, podría producirse eventualmente una infracción de dichas normas y no un vicio de forma. La valoración emitida sobre el alcance de los argumentos que, ajuicio de las demandantes, no aparecen en la motivación de la Decisión, forma pues parte del examen sobre el fondo del recurso. Sólo en este contexto podría este Tribunal de Justicia apreciar en su justo valor la posición de la Comisión sobre aquellos puntos a los que se refieren las demandantes. b) En segundo lugar, al destacar que el régimen de precios impuestos no está prohibido en Bélgica por la legislación nacional, las demandantes ven una discriminación ilegal en el hecho de que la Comisión les haya impuesto multas por un comportamiento estrechamente ligado a la fijación de los precios, siendo así que, por otra parte, ésta nunca se ha dirigido al Estado belga para obligarle a modificar su legislación en este punto. La discriminación consiste en reprochar a unos particulares aquello que la demandada tolera a un Estado. El hecho de que una normativa interna permita, dentro de su ámbito de aplicación, comportamientos que, en otro contexto, pueden estar prohibidos por el Derecho comunitario no implica necesariamente su ilegalidad en relación con el Tratado. Como resulta de la sentencia dictada en el asunto 14/68 (Wilhelm,- Rec. 1969, pp. 1 y ss., especialmente pp. 14 y 15) el Derecho interno en materia de competencia se aplica de forma paralela al Derecho comunitario con una única excepción esencial que deriva, para el Derecho comunitario, del principio general de su primacía y de la necesidad -subrayada por este Tribunal de Justicia en la citada sentencia- de que, en la aplicación autónoma de su Derecho en materia de competencia, los Estados miembros no pueden adoptar o mantener en vigor medidas que puedan disminuir la eficacia del Tratado. De ello resulta en particular que, si aparecieran medidas nacionales incompatibles con la actitud adoptada por la Comisión tras un procedimiento iniciado contra una práctica colusoria, las autoridades nacionales estarían obligadas a no adoptar medidas que pudieran obstaculizar la plena eficacia de las Decisiones de la Comisión. La posibilidad de conflictos con ocasión de la aplicación paralela del Derecho interno y del Derecho comunitario de la competencia, a la que se ha referido este Tribunal de Justicia al enunciar criterios, es pues concebible esencialmente en el caso de que el Derecho interno sea más severo que el Derecho comunitario. En esta hipótesis, en efecto, una prohibición pronunciada por el servicio nacional de defensa de la competencia podría oponerse a la plena eficacia de una Decisión comunitaria por la que se autorizara, sobre la base del apartado 3 del artículo 85, una práctica colusoria que, si bien limitara la competencia, debiera considerarse conforme con los intereses comunitarios predominantes. Por el contrario, la hipótesis inversa, que podría corresponder a la situación ante la que nos encontramos en el presente asunto -es decir, cuando el Derecho interno contra las prácticas colusorias tolera restricciones de la competencia que son inadmisibles con arreglo al Derecho comunitario- no parece que pueda dar lugar a conflictos ya que la permisividad de la ley interna no puede en modo alguno obstaculizar la plena eficacia de la prohibición comunitaria, que es por sí misma aplicable en todos los Estados miembros. Por otra parte, las autoridades internas son libres de adoptar frente a las empresas sometidas a su jurisdicción exclusiva, es decir aquéllas que son irrelevantes para el funcionamiento del mercado común, una posición diferente en un sentido o en otro de la del Derecho comunitario. Nada demuestra pues, que en el presente caso, la Comisión haya incumplido sus deberes al no intervenir ante las autoridades belgas a propósito de la legislación interna a la que se refieren las demandantes. Por consiguiente, el motivo relativo a la discriminación que han alegado carece de objeto. c) Las demandantes acusan a la Comisión de no haber tenido en cuenta sus propuestas formuladas en el escrito de 24 de abril de 1973. A su juicio, este escrito, enviada en el curso del procedimiento administrativo, dio en lo fundamental plena satisfacción a la Comisión. Por su parte, la Comisión sostiene que dicha escrito no precisaba si los acuerdos censurados en el pliego de cargos habían sido suprimidos. Sea como fuere, la cuestión tiene poca importancia en el contexto actual, ya que, aun admitiendo que las demandantes expusieran en dicho escrito una posición que pudiera satisfacer plenamente a la Comisión en cuanto a la eliminación de las cláusulas de sus acuerdos de base, esta circunstancia no habría podido en modo alguno eliminar el único hecho sobre el que se basan las multas, es decir el boicot ya realizado de la empresa Pex, en aplicación de un acuerdo ilegal. En consecuencia, este motivo de anulación es infundado. d) Las demandantes afirman asimismo, que al limitarse a declarar que el cese de los suministros a la empresa GB se debió a que ésta practicaba precios no conformes con las decisiones del grupo, la Decisión olvidó otras prácticas seguidas por la GB, a saber el anuncio de rebajas que, en realidad no lo eran, ya que esta empresa había tomado como base de estas supuestas rebajas, precios correspondientes a tipos de papeles pintados distintos de aquéllos a los que debían corresponder efectivamente los productos vendidos por la GB. Aparte de la consideración alegada por la Comisión, según la cual al estar el sistema de categorías de calidad, cuya infracción por la GB alegan las demandantes, estrechamente ligado a la fijación de los precios, aquél forma parte integrante de la reglamentación del sector establecida por el grupo, y, en el caso de que a esta le sea aplicable la prohibición del artículo 85, aquél sería como tal ilegal, se puede decir igualmente que -como resulta claramente de los autos- la razón esencial del boicot es indudablemente no un cambio esporádico y, según las afirmaciones de la GB, totalmente accidental de categoría de un artículo, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de no practicar, o cuando menos de no anunciar, rebajas.