El artículo 31, apartado 2, del Estatuto confiere a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o a la autoridad facultada para firmar los contratos, la facultad de nombrar a un candidato en el grado superior de su carrera. Dicha facultad ha de entenderse como una excepción a las normas generales de clasificación. El artículo 31 del Estatuto no supedita a ningún requisito específico la facultad discrecional de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos para aplicar la excepción a la clasificación en el grado inicial de la carrera. No obstante, la facultad discrecional que el artículo 31, apartado 2, del Estatuto confiere a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y, en el caso de los agentes temporales, a la autoridad facultada para celebrar los contratos, puede regularse mediante circulares internas adoptadas por las instituciones. Sin embargo, las circulares internas adoptadas por las instituciones comunitarias no pueden establecer excepciones a las disposiciones del Estatuto.

El artículo 31, apartado 2, del Estatuto obliga a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o a la autoridad facultada para celebrar los contratos a examinar la posibilidad de su aplicación, en particular cuando las circunstancias específicas del servicio exijan la contratación de un titular particularmente cualificado o cuando la persona seleccionada posea aptitudes excepcionales. Sin embargo, dichas autoridades no están obligadas a aplicar el artículo 31, apartado 2, del Estatuto, aun en presencia de un candidato que posea aptitudes excepcionales. En efecto, cuando han llevado efectivamente a cabo la valoración concreta de las aptitudes y de la experiencia profesional de una persona con arreglo a los criterios del artículo 31 del Estatuto, y respetando los requisitos de clasificación que se hayan podido imponer a sí mismas en la convocatoria para proveer plaza vacante, las referidas autoridades pueden decidir libremente, teniendo en cuenta el interés del servicio, si procede conceder o no una clasificación en el grado superior. De lo anterior se deduce que aunque los funcionarios y agentes recién seleccionados cumplan los requisitos para poder ser clasificados en el grado superior de la carrera, no tienen, sin embargo, un derecho subjetivo a dicha clasificación.

En estas circunstancias, el control jurisdiccional de una decisión relativa a la clasificación en grado no puede sustituir a la apreciación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o de la autoridad facultada para celebrar los contratos. El juez comunitario debe limitarse a verificar que no se ha incurrido en vicios sustanciales de forma, que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad facultada para celebrar los contratos no ha basado su decisión en hechos materiales inexactos o incompletos y que la decisión no adolece de desviación de poder, de un error de Derecho o de insuficiencia de motivación. Le corresponde verificar, además, que el autor de la decisión no ha hecho uso de su facultad de forma manifiestamente errónea.

(véanse los apartados 44 y 45)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia. 5 de octubre de 1995, Alexopoulou/Comisión, antes citada, apartado 21; Tribunal de Primera Instancia. 13 de febrero de 1998. Alexopoulou/Comisión (T-195/96. RecFP pp. I-A-51 y II-117). apartados 36, 38 y 43; Tribunal de Primera Instancia. 11 de julio de 2002, Wasmeier/Comisión (T-381/00, RecFP pp. I-A- 125 y II-677). apartado 56