Palabras clave

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Palabras clave

1 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Reglamentos - Inexistencia de mención expresa del principio de proporcionalidad - Incumplimiento de la obligación de motivación - Inexistencia

[Tratado CE, arts. 3 B y 190; Reglamento (CE) nº 519/94 del Consejo]

2 Procedimiento - Intervención - Demanda que tiene por objeto el apoyo de las pretensiones de una de las partes pero que desarrolla otra argumentación - Admisibilidad

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 4]

3 Política comercial común - Regulación por las Instituciones comunitarias - Facultad de apreciación - Control jurisdiccional - Límites - Reglamento (CE) nº 519/94 - Contingentes de importación sobre determinados juguetes originarios de la República Popular de China - Error de apreciación - Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 519/94 del Consejo]

4 Política comercial común - Regulación por las Instituciones comunitarias - Establecimiento a nivel comunitario de un nuevo régimen uniforme de importación - Papel del Consejo - Consideración del interés general de la Comunidad - Obligación de confirmar las opciones anteriores realizadas por los Estados miembros - Inexistencia

[Tratado CE, art. 4; Reglamento (CE) nº 519/94 del Consejo]

5 Política comercial común - Intercambios con países terceros - Contingentes cuantitativos a la importación - Procedencia - Requisitos

(Tratado CE, art. 110)

6 Derecho comunitario - Principios - Proporcionalidad - Reglamento (CE) nº 519/94, por el que se establecen contingentes de importación sobre determinados juguetes originarios de la República Popular de China - Facultad de apreciación del legislador comunitario en materia de Política comercial común - Control jurisdiccional - Límites

7 Derecho comunitario - Principios - Igualdad de trato - Violación - Situaciones no comparables - Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 519/94 del Consejo]

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1 El alcance de la obligación de motivación impuesta por el artículo 190 del Tratado depende de la naturaleza del acto de que se trate y, cuando se trata de actos destinados a una aplicación general, puede limitarse a indicar, por una parte, la situación de conjunto que ha conducido a su adopción y, por otra parte, los objetivos generales que se propone alcanzar. Si el acto impugnado pone de manifiesto la parte esencial del fin perseguido por la Institución, es excesivo pretender la motivación específica de cada una de las decisiones técnicas que ella adopta.

A este respecto, aunque el principio de proporcionalidad, tal y como se recoge en el párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado, constituye un principio general del ordenamiento jurídico comunitario, no puede exigirse del Consejo que, para atenerse a la obligación de motivación que le incumbe en virtud del artículo 190 del Tratado, mencione especialmente dicho principio en los considerandos del Reglamento puesto que del Reglamento controvertido se deduce que las medidas adoptadas son necesarias para alcanzar los objetivos perseguidos, con arreglo a dicho principio de proporcionalidad.

2 El párrafo cuarto del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia no se opone a que el coadyuvante formule alegaciones distintas a las de la parte que apoya, siempre y cuando pretenda apoyar las pretensiones de esta parte o fundamentar la desestimación de las pretensiones de la parte contraria.

En este concepto, la alegación de la parte coadyuvante relativa a la falta de motivación específica del principio de proporcionalidad, como se enuncia en el párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado, se refiere al motivo basado en la falta de motivación, invocado por el demandante, y su finalidad es apoyar las pretensiones formuladas por este último.

3 Las Instituciones comunitarias disponen de un margen de apreciación al elegir las medidas necesarias para llevar a cabo la política comercial común. En tal ámbito, que supone la apreciación de situaciones económicas complejas, el control jurisdiccional debe limitarse, especialmente cuando el acto de que se trata tiene alcance general, a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder.

Además, la facultad discrecional de que dispone el Consejo en la apreciación de una situación económica compleja no se aplica exclusivamente a la naturaleza y al alcance de las disposiciones que deban adoptarse sino también, en cierta medida, a la comprobación de los datos de base, especialmente en el sentido de que el Consejo puede basarse, en su caso, en comprobaciones globales. En efecto, aunque el Consejo está obligado a tener en cuenta todos los elementos de que dispone, no se puede exigir que, antes de adoptar un acto de alcance general, realice un estudio detallado de todos los sectores económicos afectados.

Respecto al establecimiento de un nuevo régimen de importaciones de determinados juguetes originarios de la República Popular de China por el Reglamento nº 519/94, por el que se fijan contingentes de importación, la facultad de apreciación del Consejo no estaba en absoluto limitada por el hecho de que esta Institución hubiera decidido, ella misma, que el punto de partida del nuevo régimen debía ser la liberalización de las importaciones. En efecto, a diferencia del principio de libre circulación de las mercancías dentro de la Comunidad, la supresión de cualquier restricción cuantitativa a las importaciones procedentes de países terceros no constituye una norma jurídica a la que deba atenerse, en principio el Consejo, sino el resultado de una decisión tomada por esta Institución en el ejercicio de su facultad discrecional.

4 Por lo que se refiere a la adopción de un Reglamento que establece un nuevo régimen uniforme en la Comunidad, aplicable a las importaciones de determinados países terceros, destinado a sustituir el régimen preexistente resultante de opciones efectuadas por los distintos Estados miembros considerados por separado, el Consejo no tenía por qué tener en cuenta los intereses particulares de los distintos Estados miembros, sino el interés general del conjunto de la Comunidad, so pena de olvidar el papel que debe desempeñar esta Institución, con arreglo al artículo 4 del Tratado CE, en la realización de las misiones confiadas a la Comunidad. De ello se deduce que no se puede deducir un error de apreciación de la circunstancia de que el nuevo régimen se aparte sustancialmente del que se aplicaba anteriormente.

5 El artículo 110 del Tratado no puede interpretarse en el sentido de que prohíbe a la Comunidad adoptar cualquier medida que pueda afectar a los intercambios con países terceros. En efecto, como se deduce del propio tenor de esta disposición, el objetivo que consiste en contribuir a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales no puede obligar a las Instituciones a liberalizar las importaciones procedentes de los países terceros cuando tal proceder resulte contrario a los intereses de la Comunidad.

6 En el marco del control de proporcionalidad efectuado en el ámbito de la política comercial común, en el que las Instituciones comunitarias disponen de una amplia facultad de apreciación, únicamente el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, con respecto al objetivo perseguido, puede afectar a la legalidad de ésta. Más concretamente, cuando, en la adopción de una normativa, el legislador se ve obligado a valorar las consecuencias futuras de la misma, no pudiendo preverse dichas consecuencias con exactitud, su valoración únicamente puede ser censurada si se revela manifiestamente errónea a la vista de los elementos de que disponía al adoptar dicha normativa. Este límite del control del Tribunal de Justicia se aplica particularmente si el Consejo se ve obligado a actuar como árbitro entre intereses divergentes y a escoger, de este modo, determinadas alternativas en el marco de las opciones políticas de su propia responsabilidad. A este respecto, el Tribunal de Justicia no puede sustituir la apreciación del Consejo sobre el carácter más o menos adecuado de las medidas escogidas por el legislador comunitario, por su propia apreciación, en la medida en que no se ha aportado la prueba de que dichas medidas fueran manifiestamente inadecuadas para alcanzar el objetivo perseguido.

7 No viola el principio de igualdad, conforme al cual las situaciones comparables no deben recibir un trato diferente, a no ser que éste se justifique objetivamente, la diferencia de regulación procesal en la fijación de los contingentes a la importación dispensado en el Reglamento nº 519/94 del Consejo por el que se establecen contingentes de importaciones sobre determinados juguetes procedentes de China, dependiendo de que les sea aplicables el régimen uniforme general establecido por dicho Reglamento o las medidas de vigilancia y salvaguardia previstas por el mismo Reglamento, en la medida en que la situación de estos contingentes no es comparable. En efecto, no se puede exigir que la regulación procesal que el Reglamento impugnado prevé para las modificaciones futuras del régimen que establece se apliquen a la propia definición de este régimen por el Consejo.