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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 367/18

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH

(Asunto C-391/12) (1)

(Directiva 2005/29/CE - Prácticas comerciales desleales - Ámbito de aplicación ratione personae - Omisiones engañosas en los publirreportajes - Normativa de un Estado miembro que prohíbe cualquier publicación remunerada sin hacer constar la mención «publicidad» («Anzeige») - Armonización completa - Medidas más estrictas - Libertad de prensa)

2013/C 367/31

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: RLvS Verlagsgesellschaft mbH

Demandada: Stuttgarter Wochenblatt GmbH

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof — Interpretación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149, p. 22) y, en particular, de sus artículos 3, apartado 5, 4 y 7, apartado 2, y del número 11 de su anexo I — Omisiones engañosas en los publirreportajes — Normativa de un Estado miembro que prohíbe las publicaciones remuneradas sin la mención «publicidad» («Anzeige»).

Fallo

En circunstancias como las del litigio principal, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), no puede ser invocada frente a los editores de prensa, de modo que, en esas circunstancias, dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación de un precepto nacional en virtud del cual dichos editores están obligados a hacer constar una mención específica, en este caso el término «publicidad» («Anzeige»), en toda publicación de sus periódicos y revistas por la que perciban una retribución, salvo que la disposición o la configuración de la publicación permitan, de forma general, reconocer su carácter publicitario.

(1) DO C 343, de 10.11.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 367/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxemburgo) — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb

(Asunto C-177/12) (1)

(Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Prestación familiar - Prestación por hijo a cargo - Normativa nacional que establece la concesión de una prestación como bonificación de oficio por hijo - No acumulación de las prestaciones familiares)

2013/C 367/16

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Caisse nationale des prestations familiales

Demandadas: Salim Lachheb, Nadia Lachheb

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interpretación de los artículos 1, letra u), inciso i), 3, 4, apartado 1, letra h), y 76 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2) — Interpretación de los artículos 18 TFUE y 45 TFUE, 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 157, p. 2) y 10 del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 (DO L 74, p. 1) — Concepto de «prestación familiar» — Admisibilidad de una normativa nacional que prevé la concesión de una prestación por hijo a cargo en concepto de reducción del impuesto a los trabajadores que ejercen su actividad profesional en el territorio de otro Estado miembro — Igualdad de trato — Suspensión de la concesión de la prestación familiar en el Estado miembro de empleo hasta la cuantía del importe de la prestación prevista por la legislación del Estado de residencia — Reglas anti acumulación.

Fallo

Los artículos 1, letra u), inciso i), y 4, apartado 1, letra h), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) no 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, deben interpretarse en el sentido de que una prestación como la prestación por hijo a cargo establecida por la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant (Ley de 21 de diciembre de 2007 relativa a la prestación por hijo a cargo) es una prestación familiar a efectos de dicho Reglamento.

(1) DO C 200, de 7.7.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 18 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte di Appello di Roma — Italia) — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive

(Asunto C-211/12) (1)

(Agricultura - Régimen de certificados de importación - Reglamento (CE) no 1291/2000 - Artículo 35, apartado 4, letra c) - Garantías prestadas al solicitar la expedición de certificados - Certificado de importación - Presentación extemporánea de la prueba de su utilización - Sanción - Cálculo del importe ejecutado - Reglamento (CE) no 958/2003 - Contingentes arancelarios)

2013/C 260/24

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte di Appello di Roma

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Martini SpA

Recurrida: Ministero delle Attività Produttive

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Corte di Appello di Roma — Interpretación del artículo 35 del Reglamento (CE) no 1291/2000 de la Comisión, de 9 de junio de 2000, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas (DO L 152, p. 1) — Garantías prestadas al solicitar la expedición de certificados de importación — Determinación del importe que debe ejecutarse por las cantidades respecto de las cuales no se aportó en el plazo establecido la prueba correspondiente al certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución.

Fallo

1) El artículo 35 del Reglamento (CE) no 1291/2000 de la Comisión, de 9 de junio de 2000, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 325/2003 de la Comisión, de 20 de febrero de 2003, debe interpretarse en el sentido de que el objetivo de la garantía contemplada en dicha disposición consiste en garantizar no sólo la obligación de importación, sino también la presentación dentro de un determinado plazo de la prueba de la utilización del certificado.

2) El artículo 35, apartado 4, letra c), del Reglamento no 1291/2000, en su versión modificada por el Reglamento no 325/2003, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de presentación extemporánea de la prueba de una importación correctamente efectuada, el importe que debe ejecutarse –por las cantidades respecto de las cuales no se aportó la prueba en el plazo establecido en el artículo 35, apartado 4, letra a), de dicho Reglamento– ha de calcularse sobre la base del tipo de la garantía que se aplicó efectivamente cuando se solicitó la expedición del certificado o de los certificados relativos a dicha importación. A efectos de tal interpretación, es irrelevante que la garantía se haya constituido sobre la base de un tipo superior al aplicable a las demás importaciones de la misma clase de producto que el producto importado, habida cuenta de que éste estaba exento del pago de derechos de importación.

(1) DO C 194, de 30.6.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 156/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de abril de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht München I — Alemania) — Karl Berger/Freistaat Bayern

(Asunto C-636/11) (1)

(Reglamento (CE) no 178/2002 - Protección de los consumidores - Seguridad alimentaria - Información al público - Comercialización de un alimento no apto para el consumo humano pero que no presenta riesgos para la salud)

2013/C 156/15

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht München I

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Karl Berger

Demandada: Freistaat Bayern

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Landgericht München I — Interpretación del artículo 10 del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31, p. 1) — Ámbito de aplicación ratione temporis — Normativa nacional que permite la información al público en caso de comercialización de un producto alimentario impropio para el consumo y de aspecto repugnante, pero que no presente riesgo para la salud.

Fallo

El artículo 10 del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite informar al público mencionando la denominación del alimento y la de la empresa bajo cuyo nombre o nombre comercial éste ha sido fabricado, tratado o distribuido, si tal alimento, sin ser nocivo para la salud, no es apto para el consumo humano. El artículo 17, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que permite que, en circunstancias como las del litigio principal, las autoridades nacionales proporcionen tal información a los ciudadanos, siempre que se respete lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.

(1) DO C 98, de 31.3.2012.
2)

Los principios de neutralidad fiscal, de proporcionalidad y de confianza legítima deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que se deniegue al destinatario de una factura el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado por no existir una operación real sujeta al impuesto, aun cuando, en la liquidación corregida remitida al expedidor de esa factura, el impuesto sobre el valor añadido declarado por este último no haya sido rectificado. No obstante, cuando, habida cuenta de los fraudes o irregularidades que haya cometido dicho expedidor o que precedan a la operación invocada para justificar el derecho a la deducción, se considere que esa operación no se ha realizado efectivamente, debe acreditarse, mediante datos objetivos y sin exigir al destinatario de la factura comprobaciones que no le incumben, que ese destinatario sabía o debería haber sabido que dicha operación formaba parte de un fraude del IVA, lo cual corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
3)

El artículo 27 del Reglamento no 1346/2000, según su modificación por el Reglamento no 788/2008, debe interpretarse en el sentido de que el tribunal que conoce de una solicitud de apertura de un procedimiento secundario de insolvencia no puede examinar la insolvencia del deudor contra el que se ha abierto un procedimiento principal en otro Estado miembro, aun si ese último procedimiento persigue una finalidad protectora.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 366/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de octubre de 2012 — Comisión Europea/República de Austria

(Asunto C-75/11) (1)

(Incumplimiento de Estado - Ciudadanía de la Unión - Derecho de circulación y de residencia - Artículos 20 TFUE y 21 TFUE - Discriminación por razón de nacionalidad - Artículo 18 TFUE - Directiva 2004/38/CE - Artículo 24 - Excepción - Alcance - Estado miembro en el que sólo los estudiantes cuyos padres perciben prestaciones familiares en este Estado se benefician de tarifas reducidas de transporte)

2012/C 366/16

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: V. Kreuschitz y D. Roussanov, agentes)

Demandada: República de Austria (representantes: C. Pesendorfer y M. Fruhmann, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 18, 20 y 21 TFUE, y del artículo 24 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77) — Contratos relativos a la venta de billetes de transporte a estudiantes celebrados entre distintas entidades de un Estado miembro y distintas empresas de transporte público — Exclusión de tales tarifas reducidas de los estudiantes cuyos padres no tienen derecho a las prestaciones familiares en dicho Estado.

Fallo

1) Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 18 TFUE en relación con los artículos 20 TFUE y 21 TFUE y al artículo 24 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, al permitir que, en principio, sólo los estudiantes cuyos padres perciben prestaciones familiares austriacas puedan beneficiarse de las tarifas de transporte reducidas.

2) Condenar en costas a la República de Austria.

(1) DO C 130, de 30.4.2011.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 295/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de julio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles — Bélgica) — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

(Asunto C-376/11) (1)

(Internet - Dominio de primer nivel.eu - Reglamento (CE) no 874/2004 - Nombres de dominio - Registro escalonado - Artículo 12, apartado 2 - Concepto de «licenciatarios de derechos anteriores» - Persona autorizada por el titular de una marca a registrar, en su propio nombre pero por cuenta de dicho titular, un nombre de dominio idéntico o similar a dicha marca - Falta de autorización para otros usos del signo en cuanto marca)

2012/C 295/24

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Pie Optiek

Recurridas: Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Cour d’appel de Bruxelles — Interpretación de los artículos 12, apartado 2, y 21, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro (DO L 162, p. 40) — Interpretación del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu» (DO L 113, p. 1) — Registros especulativos y abusivos — Concepto de «licenciatarios de derechos anteriores» — Persona autorizada por el titular de una marca a registrar, en su propio nombre pero por cuenta de dicho titular, un nombre de dominio idéntico o similar a dicha marca, sin que se contemplen otros usos del signo en cuanto marca — Nombre registrado sin que exista «derecho o interés legítimo».

Fallo

El artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (CE) no 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la que el derecho anterior del que se trata es un derecho de marca, los términos «licenciatarios de derechos anteriores» no se refieren a una persona que ha sido autorizada por el titular de la marca únicamente a registrar, en su propio nombre pero por cuenta de dicho titular, un nombre de dominio idéntico o similar a dicha marca, sin que esa persona esté no obstante autorizada a utilizarla comercialmente de conformidad con las funciones que le son propias.

(1) DO C 298, de 8.10.2011.
2)

Los artículos 167, 168, letra a), 178, letra a), y 273 de la Directiva 2006/112 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una práctica nacional en virtud de la cual la autoridad tributaria deniega el derecho a deducción por el motivo de que el sujeto pasivo no se ha cerciorado de que el emisor de la factura relativa a los bienes por los que se solicita el ejercicio del derecho a deducción tenía la condición de sujeto pasivo, que disponía de los bienes en cuestión y estaba en condiciones de suministrarlos y que cumplió con sus obligaciones en materia de declaración e ingreso del IVA, o por el motivo de que el sujeto pasivo no dispone, aparte de la citada factura, de otros documentos que puedan demostrar las anteriores circunstancias, a pesar de que se cumplen los requisitos materiales y formales previstos por la Directiva 2006/112 para el ejercicio del derecho a deducción y de que el sujeto pasivo no disponía de indicios que permitieran sospechar de la existencia de irregularidades o de un fraude en el ámbito de dicho emisor.
—

se opone a una normativa de un Estado miembro que reprime mediante sanciones penales la estancia irregular en la medida en que ésta permite el encarcelamiento de un nacional de un tercer país que, aunque se halle en situación irregular en el territorio de dicho Estado miembro y no esté dispuesto a abandonarlo voluntariamente, no está sujeto a medidas coercitivas como las que contempla el artículo 8 de la citada Directiva, no habiendo expirado, en el supuesto de internamiento con objeto de preparar y ejecutar su expulsión, el plazo máximo de duración de tal internamiento; y
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 252/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de julio de 2013 — Comisión Europea/República Checa

(Asunto C-545/10) (1)

(Incumplimiento de Estado - Transporte - Directiva 91/440/CEE - Desarrollo de los ferrocarriles comunitarios - Artículo 10, apartado 7 - Organismo reglamentario - Competencias - Directiva 2001/14/CE - Adjudicación de las capacidades de la infraestructura ferroviaria - Artículo 4, apartado 1 - Marco de tarificación - Artículo 6, apartado 2 - Medidas destinadas a incentivar al administrador de infraestructuras a reducir los costes de la puesta a disposición de la infraestructura y la cuantía de los cánones de acceso - Artículo 7, apartado 3 - Fijación de los cánones por utilización de acceso mínimo y acceso por la vía a instalaciones de servicio - Coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario - Artículo 11 - Sistema de incentivos - Artículo 30, apartado 5 - Organismo regulador - Competencias - Recurso administrativo contra las decisiones del organismo regulador)

2013/C 252/06

Lengua de procedimiento: checo

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Šimerdová y H. Støvlbæk, agentes)

Demandada: República Checa (representantes: M. Smolek y T. Müller, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Reino de España (representante: S. Centeno Huerta, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al artículo 10, apartado 7, de la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 237, p. 25), así como a los artículos 4, apartado 1, 6, apartado 2, 7, apartado 3, 11 y 30, apartado 5, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización (DO L 75, p. 29).

Fallo

1) Declarar que la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, apartado 1, 6, apartado 2, 11 y 30, apartado 5, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, en su versión modificada por la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, al no haber adoptado las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dichas disposiciones.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) La Comisión Europea, la República Checa y el Reino de España cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 38, de 5.2.2011.
1)

Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE al adoptar y mantener en vigor los artículos 76 A y 76 B del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (Código del impuesto sobre sociedades), aplicables en el supuesto de que una sociedad portuguesa traslade a otro Estado miembro su domicilio social y su dirección efectiva o de que una sociedad no residente en Portugal transfiera de Portugal a otro Estado miembro todo o parte de los activos vinculados a un establecimiento permanente portugués, que establecen el gravamen inmediato de las plusvalías latentes relativas a los activos en cuestión pero no de las plusvalías latentes derivadas de transacciones exclusivamente nacionales.