11.

La exposición del derecho nacional que la Supreme Court (Tribunal Supremo) refleja en el apartado 3 de su auto de reenvío es la siguiente: – «La Ley de 2011 fue aprobada con la finalidad expresa de incorporar la Directiva 2006/24. – El artículo 3 de la Ley de 2011 exige a todos los proveedores de servicios que conserven “los datos de la telefonía de red fija y móvil” durante un período de dos años. – Estos datos permiten identificar la fuente, el destino, la fecha y hora del comienzo y de la terminación de la comunicación, el tipo de comunicación, el tipo de los equipos utilizados y su ubicación geográfica. El contenido de las comunicaciones no entra en esta categoría de datos. – Estos datos pueden consultarse y transmitirse a raíz de una solicitud de transmisión. El artículo 6 de la Ley de 2011 establece las condiciones con arreglo a las cuales se puede presentar una solicitud de transmisión de datos, y, según su apartado 1, un miembro del An Garda Síochána (Policía nacional, Irlanda) cuyo rango no sea inferior al de “chief superintendent” (comisario jefe) podrá presentar una solicitud de transmisión de datos, si considera que son necesarios para, entre otros fines, prevenir, detectar, investigar o perseguir un delito grave, entendiéndose por tal aquel que sea punible, como mínimo, con pena de prisión de cinco años, así como los demás delitos que figuran en el anexo 1 de la Ley de 2011. – Entre los mecanismos de control previstos en la Ley de 2011 se incluyen el procedimiento de denuncia regulado en su artículo 10 y las funciones del “designated judge” (juez designado) del artículo 12, al que le corresponde la función de revisar la aplicación de las disposiciones de dicha Ley. – […] Por razones de política interna, el Commissioner of the Garda Síochána (Comisario de la Policía nacional) dispuso que las solicitudes de transmisión de datos de telefonía presentadas con arreglo a la Ley de 2011 debían tramitarse de forma centralizada por un único comisario jefe. En materia de transmisión de datos, el comisario jefe responsable era el jefe del departamento de inteligencia y seguridad del An Garda Síochána (Policía nacional), a quien corresponde decidir, en última instancia, si se presenta una solicitud de transmisión de datos a los proveedores de servicios de comunicaciones con arreglo a las disposiciones de la Ley de 2011. Se creó una pequeña unidad independiente, denominada Telecommunications Liaison Unit (en lo sucesivo, “TLU”), para dar apoyo al comisario jefe en sus tareas y actuar como único punto de contacto con los proveedores del servicio. – En el período relevante para el presente procedimiento, todas las solicitudes de transmisión de datos tenían que ser aprobadas en primera instancia por un “superintendent” (comisario) o por un “inspector” que actuase en calidad de comisario, para ser posteriormente enviadas a la TLU con vistas a su tramitación. Se ordenó a los investigadores que incluyeran la información suficiente en las solicitudes, para que se pudiera tomar una decisión bien informada, y se les dijo que tuvieran en cuenta que el comisario jefe podría tener que justificar posteriormente dicha decisión ante un órgano jurisdiccional o ante el juez designado de la High Court (Tribunal Superior, Irlanda). Tanto a la TLU como al detective comisario jefe se les exige que comprueben la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad de las solicitudes de transmisión de datos que presentan los miembros del An Garda Síochána (Policía nacional). Las solicitudes que se considerase que no cumplían los requisitos previstos en la ley o en los protocolos internos de la policía irlandesa eran devueltas para que se aportaran aclaraciones o informaciones complementarias. De acuerdo con lo previsto en un Memorando de Acuerdo de mayo de 2011, los operadores de servicios se comprometían a no tramitar solicitudes de datos relacionados con llamadas que no pasaran por dicho proceso. La TLU está sujeta, además, al control del Data Protection Commissioner (Comisario para la protección de datos)».