Asuntos acumulados T-116/01 y T-118/01

P&O European Fernes (Vizcaya), S.A., y Diputación Foral de Vizcaya

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado — Recurso de anulación — Decisión por la que se archiva un procedimiento de examen incoado en virtud del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE — Concepto de ayuda de Estado — Compra de servicios por el Estado a precio de mercado — Ayudas de carácter social otorgadas sin discriminaciones basadas en el origen de los productos — Falta de requerimiento al Estado miembro para que comunique la información necesaria — Obligación de devolver las ayudas — Confianza legítima de los beneficiarios — Motivación»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 5 de agosto de 2003 II-2963

Sumario de la sentencia

Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Incoación de un procedimiento de investigación formal — Plazo máximo de dos meses — Inaplicabilidad en caso de ayuda no notificada

Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda no notificada con el mercado común — Obligación de motivación — Alcance

Ayudas otorgadas por los Estados — Ayuda no notificada — Aceptación por la Comisión de la comunicación de un nuevo acuerdo entre el beneficiario y la entidad que distribuye la ayuda — Falta de incidencia en el carácter ilegal de la ayuda

La circunstancia de que la Comisión aceptase la comunicación de un nuevo acuerdo entre la empresa beneficiaria y la entidad territorial que distribuye la ayuda relativo a una ayuda no notificada, sin emitir objeción alguna respecto a la validez jurídica de esta comunicación, no puede en modo alguno modificar el carácter ilegal de la ayuda controvertida. En efecto, la Comisión no puede en ningún caso autorizar la inaplicación del procedimiento de notificación previsto en el artículo 88 CE, apartado 3, y modificar, mediante su conducta, el carácter ilegal de una ayuda. (véase el apartado 70)

La fuerza de cosa juzgada de una sentencia puede suponer un obstáculo para la admisibilidad de un recurso si el recurso que dio lugar a la sentencia de que se trata enfrentaba a las mismas partes, se refería al mismo objeto y se fundaba en la misma causa, requisitos que tienen necesariamente carácter acumulativo. No puede invocarse la fuerza de cosa juzgada cuando los recursos de que se trata no se refieren al mismo acto, habida cuenta de que el acto cuya anulación se solicita constituye un elemento esencial que permite caracterizar el objeto de un recurso. (véanse los apartados 77 y 78)

Una medida estatal en favor de una empresa no puede, por el simple hecho de que las partes se comprometan a realizar prestaciones recíprocas, ser excluida a priori del concepto de ayuda de Estado contemplado en el artículo 87 CE. Además, el mero hecho de que un Estado miembro compre bienes y servicios en las condiciones habituales de mercado no basta para que esta operación constituya una transacción comercial realizada en unas condiciones que un inversor privado hubiera aceptado o, en otras palabras, una transacción comercial normal, si resulta que el Estado no tenía necesidad real de tales bienes y servicios. La necesidad de que un Estado miembro demuestre que una adquisición de bienes o servicios efectuada por él constituye una transacción comercial normal es tanto más imperiosa en el caso de que la elección del operador no haya ido precedida por un procedimiento abierto de licitación que haya sido objeto de suficiente publicidad, ya que el hecho de que haya existido dicho procedimiento se considera normalmente suficiente para excluir que el Estado miembro pretendiese otorgar una ventaja a la empresa con la que contrata. (véanse los apartados 114, 117 y 118)

La motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución autora del acto a fin de que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. (véanse los apartados 139 y 170)

En el caso de ayudas de Estado concedidas ilegalmente, la Comisión no está obligada a demostrar el efecto real que estas ayudas hayan tenido sobre la competencia y sobre los intercambios comerciales entre Estados miembros para declararlas incompatibles. En efecto, con esta obligación se favorecería a los Estados miembros que conceden ayudas incumpliendo el deber de notificación que impone el artículo 88 CE, apartado 3, en detrimento de los que las notifican en la fase de proyecto. (véase el apartado 142)

Si bien el régimen de la propiedad es competencia de cada uno de los Estados miembros en virtud del artículo 295 CE, este artículo no sustrae los regímenes de la propiedad existentes en los Estados miembros a la aplicación de las normas fundamentales del Tratado. Por tanto, no cabe considerar que el artículo 295 CE limite el alcance del concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. (véanse los apartados 151 y 152)

Para verificar si las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales se otorgan sin discriminaciones basadas en el origen de los productos, de forma que puedan, con arreglo al artículo 87 CE, apartado 2, letra a), ser consideradas compatibles con el mercado común, procede comprobar si los consumidores se benefician de la ayuda de que se trate sea cual sea el operador económico que entregue el bien o preste el servicio que debe cumplir el objetivo social invocado por el Estado miembro interesado. (véanse los apartados 162 y 163)

Si bien no puede excluirse, desde luego, la posibilidad de que el beneficiario de una ayuda ilegal invoque circunstancias excepcionales que hayan podido legítimamente fundamentar su confianza en la legalidad de dicha ayuda, y de que se oponga, por consiguiente, a su devolución, un Estado miembro cuyas autoridades hayan concedido una ayuda infringiendo las normas de procedimiento previstas en el artículo 88 CE no podrá invocar la confianza legítima de los beneficiarios para eludir la obligación de adoptar las medidas necesarias al objeto de ejecutar la decisión de la Comisión mediante la cual se le ordene recuperar la ayuda. Admitir semejante posibilidad equivaldría, en efecto, a privar de toda eficacia a lo dispuesto en los artículos 87 CE y 88 CE, en la medida en que, de ese modo, las autoridades nacionales podrían basarse en su propio comportamiento ilegal para desvirtuar la eficacia de las decisiones adoptadas por la Comisión con arreglo a dichas disposiciones. Así pues, no incumbe al Estado miembro de que se trate, sino a la empresa beneficiaria, invocar la existencia de circunstancias excepcionales en las que haya podido fundar su confianza legítima con el fin de oponerse a la restitución de tal ayuda. El hecho de que la Comisión adoptase inicialmente una decisión positiva que aprobaba la ayuda controvertida no pudo generar en la empresa beneficiaria una confianza legítima, ya que esta decisión se impugnó dentro de los plazos señalados para la interposición de un recurso contencioso y fue posteriormente anulada por el órgano jurisdiccional comunitario. (véanse los apartados 201, 202 y 205)

Aunque es necesario velar por el respeto de las exigencias de la seguridad jurídica que protegen los intereses privados, también es importante contrapesarlas con las exigencias de la protección de los intereses públicos, que persiguen, en el ámbito de las ayudas de Estado, evitar que el funcionamiento del mercado sea falseado por ayudas de Estado perjudiciales para la competencia, lo que exige que las ayudas ilegales se restituyan y que los competidores del beneficiario de la ayuda puedan impugnar los actos de la Comisión que les sean lesivos, so pena de privar de eficacia al control de la legalidad de los actos adoptados por las instituciones comunitarias que realiza el órgano jurisdiccional comunitario en virtud de los artículos 220 CE, 230 CE, párrafo primero, y 233 CE. Pues bien, la exigencia de un control jurisdiccional constituye un principio general de Derecho comunitario, que deriva de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y que está consagrado en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. El derecho a la tutela judicial efectiva ha sido reafirmado por el artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. (véanse los apartados 207 a 209)

El principio según el cual el plazo de que dispone la Comisión para incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, no puede ser superior a dos meses, recogido en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento n° 659/1999, puede invocarse únicamente en relación con una ayuda notificada con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 3. No es aplicable en el marco de un procedimiento incoado por la Comisión respecto a una ayuda no notificada. (véase el apartado 217)