SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA PRIMERA) DE 10 DE MARZO DE 1992. - SHELL INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY LTD CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - COMPETENCIA - CONCEPTOS DE ACUERDO Y DE PRACTICA CONCERTADA - RESPONSABILIDAD COLECTIVA. - ASUNTO T-11/89.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página II-00757

Edición especial sueca página II-00047

Edición especial finesa página II-00049



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Inaplicabilidad del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

2. Derecho comunitario - Principios - Derecho de defensa - Respeto del mismo en el marco de los procedimientos administrativos - Competencia - Alcance

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63 de la Comisión, art. 4)

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción - Elementos de prueba admisibles

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

4. Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

5. Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Coordinación y cooperación incompatibles con la obligación de que cada empresa determine de modo autónomo su comportamiento en el mercado - Reuniones entre competidores con el objeto de intercambiar informaciones decisivas para la elaboración de la estrategia comercial de los participantes

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

6. Competencia - Prácticas colusorias - Empresa - Concepto - Unidad económica - Imputación de las infracciones

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

7. Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Tratado CEE, art. 190)

8. Competencia - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Comportamiento pasado de la empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

9. Actos de las Instituciones - Presunción de validez - Impugnación - Requisitos

Índice

1. Aunque la Comisión está obligada a respetar las garantías de procedimiento previstas por el Derecho de la competencia comunitario, sin embargo, cuando aplica las disposiciones de éste, no puede ser calificada de "Tribunal" en el sentido del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente por un Tribunal independiente e imparcial.

2. Las disposiciones relativas a las garantías de procedimiento previstas por el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17 y por el Reglamento nº 99/63 aplican un principio fundamental del Derecho comunitario que exige el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento, incluso de carácter administrativo, y que implica, en particular, que la empresa interesada, en el transcurso del procedimiento administrativo, tenga la oportunidad de dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias alegados, así como sobre los documentos en que se basa la Comisión para alegar la existencia de una infracción del Tratado.

Estas garantías de procedimiento previstas por el Derecho comunitario no obligan sin embargo a la Comisión a dotarse de una organización interna que impida que un solo y mismo funcionario pueda actuar en un mismo asunto en calidad de investigador y de ponente.

3. Una Decisión dirigida a una empresa en aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado sólo puede utilizar como medios de prueba contra ésta aquellos documentos de los que resultaba claro, desde la fase de comunicación del pliego de cargos y a través de la mención de los mismos en éste o en sus anexos, que la Comisión pretendía servirse de ellos, de modo que la empresa pudo, a su debido tiempo, cuestionar su fuerza probatoria.

4. Para que exista acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Tal es el caso cuando ha existido concurso de voluntades entre varias empresas para alcanzar unos objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas.

5. Los criterios de cooperación y de coordinación que permiten definir el concepto de práctica concertada deben interpretarse a la luz de la lógica inherente a las normas del Tratado relativas a la competencia, según la cual todo agente económico debe determinar de modo autónomo la política que desea aplicar en el mercado común. Dicho requisito de autonomía, si bien es cierto que no excluye el derecho de los agentes económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o prevén que seguirán sus competidores, se opone sin embargo de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos agentes que tenga por objeto o por efecto, bien influir sobre el comportamiento en el mercado de un competidor actual o potencial, bien revelar a dicho competidor el comportamiento que uno mismo ha decidido o se propone adoptar en el mercado.

Constituye una práctica concertada la participación en reuniones que tienen por objeto el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas, en las cuales los competidores intercambian informaciones sobre los precios que se proponen aplicar, sobre su umbral de rentabilidad, sobre las limitaciones de los volúmenes de venta que consideran necesarias y sobre sus cifras de ventas, pues las empresas participantes tienen necesariamente en cuenta la información así revelada para determinar su comportamiento en el mercado.

6. El concepto de empresa, a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, debe interpretarse en el sentido de que designa a una entidad económica consistente en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización capaz de participar en la comisión de una infracción de las que contempla dicha norma.

Por consiguiente, cuando un grupo de sociedades constituye una sola y misma empresa, la Comisión actúa con acierto al imputar la responsabilidad de una infracción cometida por dicha empresa y multar a la sociedad responsable de la acción del grupo en el marco de la infracción.

7. Aunque, en virtud del artículo 190 del Tratado, la Comisión está obligada a motivar sus Decisiones, indicando en ellas los antecedentes de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la medida y las consideraciones que la llevaron a adoptar su Decisión, no se le exige, en el caso de una Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia, que discuta todos los puntos de hecho y de Derecho que suscitó cada interesado en el curso del procedimiento administrativo.

8. A la hora de determinar el importe de la multa que se impondrá por una infracción de las normas sobre la competencia, el hecho de que la Comisión hubiera comprobado ya, en el pasado, que una empresa había infringido las normas de la competencia y, en su caso, la hubiera sancionado por dicho motivo puede considerarse una circunstancia agravante contra dicha empresa, pero la inexistencia de infracción anterior constituye una circunstancia normal, que la Comisión no está obligada a tener en cuenta como circunstancia atenuante.

9. Dado que un acto notificado y publicado debe presumirse válido, incumbe a aquel que invoca la invalidez formal o la inexistencia de un acto dar al Tribunal razones para ir más allá de la apariencia de validez del mismo.

Partes

En el asunto T-11/89,

Shell International Chemical Company Ltd, sociedad inglesa, con domicilio social en Londres, representada por los Sres. J.F. Lever, QC, K.B. Parker, Barrister, y J.W. Osborne, Solicitor, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me J. Hoss, 15, côte d' Eich,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. McClellan, Consejero Jurídico Principal, y la Sra. K. Banks, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. R. Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149-Polipropileno; DO L 230, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por los Sres.: J.L. Cruz Vilaça, Presidente; R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner y K. Lenaerts, Jueces;

Abogado General: Sr. B. Vesterdorf;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista del 10 al 15 de diciembre de 1990;

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 1991;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el recurso

1 El presente asunto se refiere a una Decisión de la Comisión por la que se impuso a quince productores de polipropileno una multa por infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. El producto al que se refiere la Decisión impugnada (en lo sucesivo, "Decisión") es uno de los principales polímeros termoplásticos brutos. El polipropileno es vendido por los productores a los transformadores, que lo convierten en productos acabados o semiacabados. Los principales productores de polipropileno tienen una gama de más de cien calidades diferentes, que engloban un amplio abanico de utilizaciones finales. Los tipos básicos principales de polipropileno se denominan rafia, homopolímero para moldeo por inyección, copolímero para moldeo por inyección, copolímero "high impact" y laminer. Las empresas destinatarias de la Decisión son todas importantes fabricantes de productos petroquímicos.

2 El mercado del polipropileno en Europa occidental es abastecido casi exclusivamente a partir de centros de producción instalados en Europa. Antes de 1977 eran diez productores los que abastecían el mercado, a saber, Montedison (que se transformó en Montepolimeri SpA, la cual a su vez se transformó más tarde en Montedipe SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc y Shell International Chemical Company Ltd (denominados los "cuatro grandes"), que representaban en conjunto el 64 % del mercado, Enichem Anic SpA en Italia, Rhône-Poulenc SA en Francia, Alcudia en España, Chemische Werke Huels y BASF AG en Alemania y Chemie Linz AG en Austria. Tras la expiración de las patentes de control propiedad de Montedison, en 1977 aparecieron siete nuevos productores en Europa occidental: Amoco y Hercules Chemicals NV en Bélgica, ATO Chimie SA y Solvay et Cie SA en Francia, SIR en Italia, DSM NV en los Países Bajos y Taqsa en España. Saga Petrokjemi AS & Co., productor noruego, dio comienzo a sus actividades a mediados de 1978 y Petrofina SA en 1980. Esta llegada de nuevos productores con una capacidad nominal de alrededor de 480.000 toneladas supuso un aumento sustancial de la capacidad de producción en Europa occidental, que durante varios años no se vio acompañada por un aumento paralelo de la demanda, lo que produjo como resultado una escasa utilización de la capacidad de producción; sin embargo, la tasa de utilización fue aumentando progresivamente entre 1977 y 1983, pasando de un 60 a un 90 %. Según la Decisión, la oferta y la demanda volvieron a quedar más o menos equilibradas a partir de 1982. No obstante, durante la mayor parte del período de referencia (1977-1983), el mercado del polipropileno se caracterizó por su escasa rentabilidad o por sus grandes pérdidas, debido, sobre todo, a la importancia de los costes fijos y al aumento del precio de la materia prima, el propileno. Según la Decisión (apartado 8), en 1983 Montepolimeri SpA cubría el 18 % del mercado europeo del polipropileno; Imperial Chemical Industries plc, Shell International Chemical Company Ltd y Hoechst AG un 11 % cada una; Hercules Chemicals NV un poco menos del 6 %; ATO Chimie SA, BASF AG, DSM NV, Chemische Werke Huels, Chemie Linz AG, Solvay et Cie SA y Saga Petrokjemi AS & Co., de un 3 a un 5 % cada una, y Petrofina SA alrededor de un 2 %. Existía una vasta corriente de intercambios de polipropileno entre los Estados miembros, porque cada uno de los productores establecidos en la Comunidad en aquella época vendía en todos los Estados miembros, o en casi todos.

3 El grupo Shell era uno de los productores que abastecían el mercado antes de 1977 y uno de los "cuatro grandes". Su cuota de mercado estaba comprendida entre el 10,7 y el 11,7 %, aproximadamente.

4 Los días 13 y 14 de octubre de 1983, funcionarios de la Comisión, que actuaban en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, "Reglamento nº 17"), procedieron a realizar visitas de inspección simultáneas en las siguientes empresas, todas ellas productoras de polipropileno y suministradoras del mercado comunitario:

- ATO Chimie SA, hoy Atochem (en lo sucesivo, "ATO");

- BASF AG (en lo sucesivo, "BASF");

- DSM NV (en lo sucesivo, "DSM");

- Hercules Chemicals NV (en lo sucesivo, "Hercules");

- Hoechst AG (en lo sucesivo, "Hoechst");

- Chemische Werke Huels (en lo sucesivo, "Huels");

- Imperial Chemical Industries plc (en lo sucesivo, "ICI");

- Montepolimeri SpA, hoy Montedipe (en lo sucesivo, "Monte");

- Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, "Shell");

- Solvay et Cie SA (en lo sucesivo, "Solvay");

- BP Chimie (en lo sucesivo, "BP").

No se efectuaron visitas de inspección en Rhône-Poulenc SA (en lo sucesivo, "Rhône-Poulenc") ni en Enichem Anic SpA.

5 Como consecuencia de estas visitas de inspección, la Comisión dirigió solicitudes de información, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17 (en lo sucesivo, "solicitudes de información"), no sólo a las empresas citadas, sino también a las siguientes empresas:

- Amoco;

- Chemie Linz AG (en lo sucesivo, "Linz");

- Saga Petrokjemi AS & Co., que hoy es parte de Statoil (en lo sucesivo, "Statoil");

- Petrofina SA (en lo sucesivo, "Petrofina");

- Enichem Anic SpA (en lo sucesivo, "Anic").

Linz, empresa con domicilio social en Austria, impugnó la competencia de la Comisión y se negó a responder a la solicitud. Con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento antes citado, los funcionarios de la Comisión procedieron a continuación a realizar investigaciones en Anic y en Saga Petrochemicals UK Ltd, filial inglesa de Saga, así como en agencias de ventas de Linz en la República Federal de Alemania y en el Reino Unido. No se envió ninguna solicitud de información a Rhône-Poulenc.

6 Los datos obtenidos en el marco de estas investigaciones y solicitudes de información llevaron a la Comisión a concluir que, entre 1977 y 1983, los productores de que se trata, infringiendo el artículo 85 del Tratado CEE, habían establecido con carácter regular, mediante una serie de iniciativas sobre precios, unos objetivos sobre precios y organizado un sistema de control anual del volumen de ventas para repartirse el mercado existente según unas cantidades de toneladas o porcentajes convenidos de antemano. Así pues, el 30 de abril de 1984 la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 y, a lo largo del mes de mayo de 1984, comunicó por escrito el pliego de cargos a las empresas antes citadas, con excepción de Anic y Rhône-Poulenc. Todos los destinatarios respondieron por escrito al pliego de cargos.

7 El 24 de octubre de 1984, el Consejero-Auditor designado por la Comisión reunió a los Abogados de los destinatarios del pliego de cargos para convenir determinadas medidas de procedimiento para la audiencia prevista en el marco del procedimiento administrativo, que debía comenzar el 12 de noviembre de 1984. En dicha reunión, la Comisión anunció, por su parte, que, ante los argumentos que presentaban las empresas en sus respuestas al pliego de cargos, enviaría de inmediato a éstas las pruebas que completaban las que ya obraban en su poder, en lo referente a la aplicación de las iniciativas sobre precios. Así pues, el 31 de octubre de 1984 la Comisión envió a los Abogados de las empresas una carpeta de documentos en la que figuraban copias de las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, así como cuadros sinópticos de dichos documentos. Con el fin de garantizar el respeto del secreto comercial, la Comisión estableció ciertas condiciones al enviar esta comunicación, especialmente la de no dar a conocer los documentos a los servicios comerciales de las empresas. Los Abogados de varias empresas se negaron a aceptar tales condiciones y devolvieron la documentación antes de la audiencia.

8 A la vista de la información contenida en las respuestas escritas al pliego de cargos, la Comisión decidió hacer extensivo el procedimiento a Anic y a Rhône-Poulenc. A estos efectos, el 25 de octubre de 1984 les envió un pliego de cargos semejante al dirigido a las otras quince empresas.

9 La primera serie de audiencias se celebró del 12 al 20 de noviembre de 1984. Durante la misma fueron oídas todas las empresas, con excepción de Shell (que se había negado a comparecer en audiencia alguna), Anic, ICI y Rhône-Poulenc (que alegaban no haber podido preparar su intervención).

10 En el curso de estas audiencias, varias empresas se negaron a abordar los puntos mencionados en la documentación que se les había enviado el 31 de octubre de 1984, alegando que la Comisión había cambiado radicalmente la orientación de sus argumentos y que se les debía permitir, como mínimo, presentar observaciones escritas. Otras empresas sostuvieron que no habían dispuesto de tiempo suficiente para estudiar los referidos documentos antes de la audiencia. El 28 de noviembre de 1984, los Abogados de BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina y Solvay enviaron a la Comisión un escrito conjunto en este sentido. Mediante escrito de 4 de diciembre de 1984, Huels declaró que compartía el punto de vista expresado por aquéllas.

11 Fue por estas razones por lo que el 29 de marzo de 1985 la Comisión transmitió a las empresas una nueva serie de documentos, que reproducían las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, acompañados de unos cuadros de precios, así como un resumen de las pruebas correspondientes a cada una de las iniciativas de precios sobre las que se disponía de documentos. En dicha comunicación la Comisión invitaba a las empresas a contestarle, tanto por escrito como durante una nueva serie de audiencias, y precisaba que había decidido suprimir las restricciones establecidas inicialmente sobre la transmisión de la información a los servicios comerciales.

12 Mediante otro escrito del mismo día, la Comisión respondió a los argumentos esbozados por los Abogados, según los cuales no había dado una definición jurídica precisa de la práctica colusoria de que les acusaba, con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, e instó a las empresas a presentarle sus observaciones escritas y orales.

13 La segunda serie de audiencias se celebró del 8 al 11 de julio de 1985, y el 25 de julio de 1985. Anic, ICI y Rhône-Poulenc expusieron en ellas sus observaciones, y las restantes empresas (con excepción de Shell) comentaron los puntos mencionados en los dos escritos de la Comisión de fecha 29 de marzo de 1985.

14 El borrador de acta de las audiencias, acompañado de la documentación oportuna, fue transmitido a los miembros del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes (en lo sucesivo, "Comité Consultivo") el 19 de noviembre de 1985 y fue enviado a las empresas el 25 de noviembre de 1985. El Comité Consultivo emitió su dictamen en el curso de su 170.ª reunión, celebrada los días 5 y 6 de diciembre de 1985.

15 Al término de este procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión de 23 de abril de 1986 objeto del litigio, cuya parte dispositiva está redactada así:

"Artículo 1

Anic SpA, ATO Chemie SA (actualmente Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (actualmente Huels AG), ICI plc, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (actualmente Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay et Cie y Saga Petrokjemi AG & Co. (actualmente fusionada con Statoil) han infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, al participar:

- en el caso de Anic, a partir de alrededor de noviembre de 1977 hasta finales de 1982 o principios de 1983;

- en el caso de Rhône-Poulenc, de aproximadamente noviembre de 1977 hasta finales de 1980;

- en el caso de Petrofina, de 1980 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hoechst, ICI, Montepolimeri y Shell, desde mediados del año 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hercules, Linz, Saga y Solvay, desde aproximadamente noviembre de 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de ATO, como mínimo desde 1978 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de BASF, DSM y Huels, desde una fecha indeterminada entre 1977 y 1979 hasta al menos noviembre de 1983;

en un acuerdo y práctica concertada, cuyo origen se sitúa a mediados de 1977, en virtud de los cuales los productores que abastecían de polipropileno el territorio del mercado común:

a) se contactaron mutuamente y se encontraron de forma regular (desde principios de 1981, dos veces al mes) en una serie de reuniones secretas para examinar y definir sus políticas comerciales;

b) fijaron de vez en cuando precios 'objetivo' (o mínimos) para la venta del producto en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad;

c) convinieron diversas medidas tendentes a facilitar la aplicación de tales objetivos de precios, incluidas (esencialmente) limitaciones temporales de la producción, el intercambio de informaciones detalladas sobre sus entregas, la celebración de reuniones locales y, a partir de finales de 1982, un sistema de 'account management' con el objetivo de aplicar las alzas de los precios a clientes particulares;

d) introdujeron aumentos simultáneos de precios para aplicar dichos objetivos;

e) se repartieron el mercado atribuyendo a cada productor un objetivo o una 'cuota' anual de ventas (1979, 1980 y durante una parte al menos de 1983) o, a falta de un acuerdo definitivo para todo el año, pidiendo los productores limitar sus ventas mensuales con referencia a un período anterior (1981, 1982).

Artículo 2

Las empresas mencionadas en el artículo 1 pondrán fin de forma inmediata a las infracciones antes citadas (si todavía no lo han hecho) y se abstendrán en el futuro, y con relación a sus actividades en el sector del polipropileno, de cualquier acuerdo o práctica concertada que pueda tener un objeto o efecto idéntico o similar, incluido cualquier intercambio de informaciones del tipo generalmente cubierto por el secreto comercial, mediante el que los participantes sean informados directa o indirectamente de la producción, de los suministros, del nivel de las existencias, de los precios de venta, de los costos, o de los planes de inversión de otros productores individualizados, o que les permita controlar la ejecución de cualquier acuerdo expreso o tácito o de cualquier práctica concertada en relación con los precios o el reparto de mercados en la Comunidad. Cualquier sistema de intercambio de datos generales al que los productores estuvieran suscritos (como el FIDES) se aplicará de forma que se excluya cualquier dato que permita identificar el comportamiento de productores determinados; las empresas se abstendrán en concreto de intercambiar entre ellas cualquier información suplementaria relativa a la competencia y no cubierta por un tal sistema.

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas mencionadas por la presente Decisión, debido a la infracción que se ha hecho constar en el artículo 1:

i) Anic SpA, una multa de 750.000 ECU, o sea, 1.103.692.500 LIT;

ii) Atochem, una multa de 1.750.000 ECU, o sea, 11.973.325 FF;

iii) BASF AG, una multa de 2.500.000 ECU, o sea, 5.362.225 DM;

iv) DSM NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea, 6.657.640 HFL;

v) Hercules Chemicals NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea, 120.569.620 BFR;

vi) Hoechst AG, una multa de 9.000.000 ECU, o sea, 19.304.010 DM;

vii) Huels AG, una multa de 2.750.000 ECU, o sea, 5.898.447,50 DM;

viii) ICI plc, una multa de 10.000.000 ECU, o sea, 6.447.970 UKL;

ix) Chemische Werke Linz, una multa de 1.000.000 ECU, o sea, 1.471.590.000 LIT;

x) Montedipe, una multa de 11.000.000 ECU, o sea, 16.187.490.000 LIT;

xi) Petrofina SA, una multa de 600.000 ECU, o sea, 26.306.100 BFR;

xii) Rhône-Poulenc SA, una multa de 500.000 ECU, o sea, 3.420.950 FF;

xiii) Shell International Chemical Co. Ltd, una multa de 9.000.000 ECU, o sea, 5.803.173 UKL;

xiv) Solvay et Cie, una multa de 2.500.000 ECU, o sea, 109.608.750 BFR;

xv) Statoil Den Norske Stats Oljeselskap AS [que engloba hoy a Saga Petrokjemi], una multa de 1.000.000 ECU, o sea, 644.797 UKL.

Artículos 4 y 5

(omissis)"

16 El 8 de julio de 1986 se envió a las empresas el acta definitiva de las audiencias, en la que se incluían las correcciones, añadidos y supresiones solicitados por éstas.

Procedimiento

17 En este contexto, la demandante, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de agosto de 1986, interpuso el presente recurso, en el que solicitaba la anulación de la Decisión. Trece de los catorce destinatarios restantes de la Decisión interpusieron también recurso solicitando la anulación de la misma (asuntos T-1/89 a T-4/89, T-6/89 a T-10/89 y T-12/89 a T-15/89).

18 La fase escrita del procedimiento se desarrolló en su totalidad ante el Tribunal de Justicia.

19 Mediante auto de 15 de noviembre de 1989, el Tribunal de Justicia atribuyó el presente asunto, así como los otros trece, al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988"; DO L 319, p. 1).

20 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia designó un Abogado General.

21 Mediante escrito de 3 de mayo de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a participar en una reunión informal para determinar el modo de organizar la fase oral del procedimiento. Dicha reunión tuvo lugar el 28 de junio de 1990.

22 Mediante escrito de 9 de julio de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia pidió a las partes que presentaran sus observaciones sobre una posible acumulación de los asuntos T-1/89 a T-4/89 y T-6/89 a T-15/89 a efectos de la fase oral del procedimiento. Ninguna de las partes formuló objeciones al respecto.

23 Mediante auto de 25 de septiembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los citados asuntos a efectos de la fase oral del procedimiento por razón de conexión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en aquel momento aplicable mutatis mutandis al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 11 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988.

24 Mediante auto de 15 de noviembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre las peticiones de tratamiento confidencial presentadas por las partes demandantes en los asuntos T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 y T-13/89, y las acogió en parte.

25 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 9 de octubre y el 29 de noviembre de 1990, las partes respondieron a las preguntas que el Tribunal de Primera Instancia les había dirigido mediante los correspondientes escritos del Secretario de fecha 19 de julio.

26 Habiendo considerado las respuestas dadas a sus preguntas y el informe del Juez Ponente, y oído el Abogado General, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral del procedimiento sin previo recibimiento a prueba.

27 En la vista celebrada del 10 al 15 de diciembre de 1990 se oyeron los informes de las partes así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

28 El Abogado General presentó sus conclusiones en audiencia pública el 10 de julio de 1991.

Pretensiones de las partes

29 La sociedad Shell International Chemical Company Ltd solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

1) Anule la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986 (IV/31.149-Polipropileno), en la medida en que afecte a la demandante.

2) O anule la multa o reduzca considerablemente su importe.

3) Condene a la Comisión a cargar con las costas de la demandante.

La Comisión, por su parte, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fondo del asunto

30 Este Tribunal considera que procede examinar, en primer lugar, las imputaciones de la demandante relativas a la violación del derecho de defensa que se cometieron, según ella, al faltar la Comisión a su deber de imparcialidad en la elaboración de la Decisión (1), al no comunicarle la Comisión algunos de los documentos sobre los que basó su Decisión (2) y al no mencionar en el pliego de cargos todos los cargos en su contra que se recogieron más tarde en la Decisión (3); en segundo lugar, sus imputaciones relativas a la prueba de la existencia de infracción, que se refieren, por una parte, a la determinación de los hechos efectuada por la Comisión (1) y, por otra parte, a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos (2); en tercer lugar, las imputaciones relativas a la imputabilidad de la infracción a la demandante; en cuarto lugar, las imputaciones relativas a la motivación; en quinto lugar, las imputaciones relativas a la determinación del importe de la multa que, según la demandante, está parcialmente cubierta por la prescripción (1) y no es adecuada a la duración (2) ni a la gravedad (3) de la infracción que se le imputa.

El derecho de defensa

1. Falta de imparcialidad en la elaboración de la decisión

31 La demandante alega que, hasta 1985, la organización interna de la Comisión reducía el riesgo de parcialidad y de falta de equidad en las deliberaciones de ésta, puesto que, desde la fase preliminar del procedimiento, la función de investigación era distinta de la función de instrucción. Sin embargo, mientras se desarrollaba en el caso de autos el procedimiento administrativo correspondiente, se produjo una reorganización en la Dirección General de la Competencia, pasándose a encomendar a un mismo funcionario la actuación en calidad de investigador/inspector y de instructor/ponente. De este modo desaparecieron, en opinión de Shell, las garantías de imparcialidad y de equidad.

32 Shell añade en su réplica que, en contra de lo que afirma la Comisión, el nuevo sistema que se estableció no ofrece necesariamente todas las garantías deseables, que, al haber sido establecido en 1985, es posible que no se aplicara en el caso de autos y que, en cualquier caso, no pudo poner remedio a la falta de separación de funciones desde la fase preliminar. La demandante cita varios ejemplos extraídos de la Decisión, de los que se deduce, según ella, que los inconvenientes de esta reorganización no son puramente hipotéticos, ya que muestran que la Comisión interpretó ciertos documentos en especial de una manera parcial o incompleta. Indica, por último, que la Comisión no sostiene haber aplicado el nuevo sistema al presente procedimiento en su totalidad.

33 La demandante sostiene que, ante esta reorganización de la Dirección General de la Competencia, ella otorgaba una especial importancia a la posibilidad de ser oída de manera adecuada en el marco del procedimiento administrativo. Pero el Consejero-Auditor encargado de garantizar la buena marcha de las audiencias advirtió a las empresas, según Shell, que, según las instrucciones que había recibido, él no podría intervenir de manera eficaz tras las audiencias si consideraba que el proyecto de Decisión adolecía de errores o iba demasiado lejos y que sus posibilidades de intervención tras las audiencias estaban limitadas a las cuestiones de procedimiento. Aunque había pedido precisiones sobre su papel, no había obtenido ninguna; según sus palabras, se encontraba en "una posición lamentable". Shell dedujo de estas declaraciones que el Consejero-Auditor no podría proteger eficazmente el derecho de defensa ni desempeñar su papel de mediador imparcial, es decir, ejercer efectivamente las funciones que le confiere su mandato, cuyo contenido exacto se recoge en el Decimotercer Informe de la Comisión sobre la Política de la Competencia. Es por esta razón por lo que, a pesar de todos los preparativos que había realizado con este fin, la demandante se vio obligada a renunciar a participar en las audiencias, por temor a exponerse al grave riesgo de que sus declaraciones fueran mal interpretadas o utilizadas en su contra por una administración cuya objetividad estaba en entredicho. Señala, por último, que la Comisión no discute la exactitud de su versión de la declaración realizada por el Consejero-Auditor.

34 Por su parte, la Comisión explica que la reorganización de la Dirección General de la Competencia realizada en 1985 tenía por objetivo unir del mejor modo posible eficacia e imparcialidad. Así, las garantías de objetividad, imparcialidad y coherencia resultaron reforzadas al crear una nueva Dirección encargada de coordinar la toma de decisiones y de velar porque las Decisiones recaídas sobre comportamientos contrarios a la competencia del mismo tipo en diferentes sectores resultaran compatibles entre sí. Esta reorganización fue descrita en el Decimocuarto y Decimoquinto Informes de la Comisión sobre la Política de la Competencia.

35 En su dúplica, la Comisión señala que no es cierto que los funcionarios que se ocuparon del presente asunto fueran los mismos de principio a fin del procedimiento administrativo, puesto que más de veinte personas se ocuparon de instruirlo. Tras analizar a su vez los ejemplos que cita la demandante para ilustrar la pretendida falta de imparcialidad de la Comisión, esta última alega que dichos ejemplos se refieren a una fase del procedimiento posterior a la comunicación del pliego de cargos y que, por consiguiente, no pueden servir para apoyar la tesis de que la falta de separación entre las funciones de investigador y de ponente resulta nociva. Añade que dichos ejemplos tampoco permiten concluir que la Comisión hubiera realizado un análisis erróneo de los hechos o de los documentos, y menos aún que semejante análisis se debiera a la organización interna del trabajo de la Comisión.

36 La Comisión recuerda el objetivo que se perseguía al crear la figura del Consejero-Auditor y cita en detalle los términos del mandato conferido a éste. A la luz de estas consideraciones, la Comisión llama la atención sobre el hecho de que la demandante no aporta dato alguno que permita demostrar que el procedimiento seguido en el caso de autos no fue correcto. Señala que la afirmación de la demandante en el sentido de que todo lo que ella hubiera podido decir en la audiencia habría sido "utilizado en su contra" y que las informaciones orales que hubieran podido darse en dicha ocasión no habrían sido utilizadas con objetividad constituye un puro juicio de intención gratuito e injusto. La Comisión añade que la demandante, que no quiso aprovechar la oportunidad de las audiencias, mal puede alegar ahora que la intervención del Consejero-Auditor habría permitido evitar los pretendidos errores que existen en la Decisión.

37 Este Tribunal hace constar, con carácter preliminar, que la demandante sostiene en su recurso que su derecho de defensa resultó perjudicado por la modificación de la organización interna de los servicios de la Comisión y el abandono de las garantías de imparcialidad que ofrecía el antiguo procedimiento ligado a dicha organización. En su réplica, la demandante alega que no es cierto que la nueva organización y el nuevo procedimiento ofrezcan las garantías de imparcialidad que la Comisión les atribuye en su escrito de contestación, pero más adelante afirma que no pudo beneficiarse de las garantías que ofrecía el nuevo procedimiento al no haberse aplicado este último en el caso de autos.

38 Para superar la aparente contradicción que existe en la alegación de la demandante, al quejarse sucesivamente de que no se le haya aplicado el antiguo procedimiento y de no haberse beneficiado tampoco del nuevo, procede llegar a la conclusión de que la demandante considera que su derecho de defensa resultó violado porque, al tener lugar la reorganización de los servicios de la Comisión mientras se estaba desarrollando el procedimiento administrativo que condujo a la adopción del acto que se impugna, a ella se le aplicaron sucesivamente el procedimiento antiguo y el nuevo, y que esto significó privar a cada uno de ambos procedimientos de las garantías que ofrecen por separado.

39 Este Tribunal considera que el hecho de que ciertos funcionarios de la Comisión hayan intervenido en el procedimiento administrativo a la vez como investigadores y como ponentes no vicia de ilegalidad la Decisión. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión no puede ser calificada de "Tribunal" en el sentido del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, en el transcurso del procedimiento administrativo ante la Comisión, esta última está obligada a respetar las garantías de procedimiento previstas por el Derecho comunitario. Así, el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento nº 17 obliga a la Comisión, antes de adoptar una Decisión, a dar a los interesados la oportunidad de exponer su punto de vista en relación con los cargos que les imputen. Igualmente, la Comisión, en su Reglamento nº 99/63/CEE, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en el artículo 19 del Reglamento nº 17 (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62), estableció un procedimiento de carácter contradictorio que incluye la presentación de un pliego de cargos por parte de la Comisión, la posibilidad de que las empresas respondan por escrito a dicho pliego de cargos en un plazo determinado y, en su caso, y sobre todo en los asuntos en los que la Comisión pretende imponer multas, una audiencia. Con arreglo al artículo 4 de dicho Reglamento de la Comisión, ésta en sus Decisiones solamente mantendrá contra las empresas y las asociaciones de empresas destinatarias los cargos respecto de los cuales aquéllas hayan podido manifestar sus puntos de vista. Estas disposiciones aplican un principio fundamental del Derecho comunitario que exige el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento, incluso de carácter administrativo, y que implica, en particular, que la empresa interesada, en el transcurso del procedimiento administrativo, tenga la oportunidad de dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias alegados, así como sobre los documentos en que se basa la Comisión para alegar la existencia de una infracción del Tratado CEE (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 1983, Musique Diffusion française/Comisión, asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartados 7 a 10).

40 Sin embargo, este Tribunal declara que las garantías de procedimiento previstas por el Derecho comunitario no obligan a la Comisión a dotarse de una organización interna que impida que un solo y mismo funcionario pueda actuar en un mismo asunto en calidad de investigador y de ponente.

41 De ello se sigue que, aunque no puede acogerse en tanto que tal el motivo basado en la organización interna de la Comisión, el Derecho comunitario contiene todos los elementos necesarios para examinar los motivos extraídos de violaciones del derecho de defensa de la demandante y acogerlos en su caso.

42 Por otra parte, es preciso señalar que la demandante no ha podido precisar en qué las violaciones de su derecho de defensa y los errores de hecho cuya existencia alega deben imputarse a la reorganización de la Dirección General de la Competencia que ella critica.

43 Este Tribunal señala, además, que las disposiciones pertinentes del mandato conferido al Consejero-Auditor, que se publicaron como anexo al Decimotercer Informe sobre la Política de la Competencia, son las siguientes:

"Artículo 2

El Consejero-Auditor tendrá por misión garantizar la buena marcha de la audiencia y contribuir de este modo a la objetividad de la propia audiencia y de la eventual Decisión ulterior. Velará especialmente por que, en la elaboración de los proyectos de Decisión de la Comisión en materia de competencia, se tomen debidamente en cuenta todos los datos pertinentes, ya sean favorables o desfavorables a los interesados. En el ejercicio de sus funciones, velará por el respeto del derecho de defensa, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de aplicar eficazmente las normas en materia de competencia, de conformidad con la normativa en vigor y con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia.

[...]

Artículo 5

El Consejero-Auditor informará al Director General de Competencia sobre el desarrollo de la audiencia y sobre las conclusiones que extraiga de ella. Formulará sus observaciones sobre el curso que debe seguir el procedimiento. Dichas observaciones pueden referirse, entre otras cosas, a la necesidad de información adicional, al abandono de determinados cargos o a la comunicación de nuevos cargos.

Artículo 6

En el ejercicio de sus funciones, definidas en el artículo 2 anterior, el Consejero-Auditor podrá, si lo estima necesario, comunicar directamente sus observaciones al miembro de la Comisión encargado de los asuntos de la competencia, cuando se someta a este último el anteproyecto de Decisión destinado al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes.

Artículo 7

Llegado el caso, el miembro de la Comisión encargado de los asuntos de la competencia podrá decidir, a petición del Consejero-Auditor, adjuntar el dictamen final emitido por éste al proyecto de Decisión sometido a la Comisión, con el fin de garantizar que esta última, cuando se pronuncie sobre un asunto individual en su calidad de órgano decisorio, esté plenamente informada de todos los elementos del asunto" (traducción no oficial).

44 Las declaraciones que la demandante atribuye al Consejero-Auditor constituían, por parte de este último, un juicio de intención contra la Comisión y, por tanto, sobrepasaban el marco de su mandato. La demandante no puede justificar su negativa a participar en las audiencias apoyándose en este juicio de intención y pretender a continuación que su derecho de defensa ha sido violado.

45 Por consiguiente, procede desestimar este motivo.

2. Falta de comunicación de ciertos documentos con el pliego de cargos

46 A lo largo de sus escritos procesales, la demandante enumera cierto número de documentos o de series de documentos sobre los cuales la Comisión omitió atraer su atención en el pliego de cargos y sobre los cuales esta última ha basado la Decisión. La demandante considera que, al actuar así, la Comisión ha hecho que le resultara imposible explicarse sobre el contenido de dichos documentos y ha violado por tanto el derecho de defensa.

47 Entre estos documentos, la demandante indica que no se mencionan en los pliegos de cargos que se dirigieron ni figuran como anexos a los mismos un documento pretendidamente descubierto en los locales de Solvay de fecha de 6 de septiembre de 1977 y que se refiere a una reunión entre un empleado de Solvay y un empleado de la demandante (penúltimo párrafo del apartado 16 de la Decisión), y una serie de documentos recogidos en los locales de ATO, relativos a intercambios de información sobre las ventas efectuadas por los productores franceses y a la aplicación de cuotas en el mercado francés en 1979 [letra h) del apartado 15 de la Decisión].

48 Indica además que otros dos documentos que Shell proporcionó a la Comisión en anexo a su respuesta al pliego de cargos han sido utilizados en su contra en la Decisión sin que ella haya podido explicarse sobre el contenido de los mismos, puesto que no sabía que podrían ser utilizados en su contra. Dichos documentos son dos informes de reuniones internas de Shell celebradas respectivamente el 5 de julio y el 12 de septiembre de 1979 (apartados 29 y 31 de la Decisión).

49 La demandante concluye que la Comisión, al no haberle permitido formular observaciones sobre el valor probatorio de estos documentos, extrajo de ellos conclusiones erróneas, en particular al omitir tomar en consideración los elementos de descargo que dichos documentos podían contener. Señala, a este respecto, que los documentos descubiertos en los locales de ATO no mencionan a Shell Chimie (Francia) y sostiene que este silencio prueba que las sociedades Shell no participaron en los compromisos en materia de cuotas. Afirma a continuación que el documento descubierto en los locales de Solvay no contiene referencia alguna a acuerdos sobre precios y que esto desmiente que se hubieran celebrado tales acuerdos en 1977.

50 Shell alega, por otra parte, que en la Decisión la Comisión utiliza dos documentos en apoyo de cargos diferentes de aquéllos en cuyo apoyo se utilizaron en el pliego de cargos. El primero de estos documentos es una nota interna de Shell, de fecha 20 de octubre de 1982, que informa sobre una reunión interna de Shell de 7 de septiembre de 1982, el cual fue utilizado en el pliego de cargos especial dirigida a la demandante, donde figura recogido como anexo 30, para demostrar la existencia de un acuerdo sobre precios a finales del año 1982, mientras que la Decisión menciona este documento en el párrafo segundo de su apartado 68 para afirmar que la demandante era uno de los "líderes" de la práctica colusoria y que celebró un acuerdo sobre precios y/o sobre cuotas con los otros tres pretendidos "líderes" a finales del año 1982. El segundo documento es un documento interno de Shell con el título "PP W. Europe Pricing" (pliego de cargos especial dirigido a Shell, anexo 49, en lo sucesivo, "p.c. SC, anexo"), al que la Comisión se refirió en el pliego de cargos especial dirigido a la demandante con vistas a demostrar la participación de ésta en un acuerdo sobre cuotas para 1983, mientras que, en el apartado 49 de la Decisión, aquélla utilizó dicho documento para demostrar la participación de Shell en un acuerdo sobre precios en julio de 1983. La demandante alega que, dado que a una empresa a la que la Comisión acusa de infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE le resulta imposible recorrer uno a uno todos los documentos adjuntos al pliego de cargos y exponer todas las conclusiones que, a su juicio, no pueden extraerse de cada uno de ellos, la Comisión no puede utilizar en la Decisión los documentos mencionados en el pliego de cargos en apoyo de cargos diferentes de aquéllos en apoyo de los cuales fueron invocados en dicho pliego de cargos.

51 Por su parte, la Comisión afirma que permitió a la demandante pronunciarse de manera pertinente sobre todos los documentos que le concernían y que podían ser utilizados en su contra. Indica así que los documentos descubiertos en los locales de ATO, o bien se limitaban a confirmar unos documentos descubiertos en los locales de ICI y que le fueron comunicados, o bien no se referían a Shell y no debían por tanto serle comunicados.

52 La Comisión alega que la demandante pudo examinar el documento de Solvay mencionado en el párrafo quinto del apartado 16 de la Decisión en la fase de puesta de manifiesto del expediente y que hizo una copia del mismo en dicha ocasión. Añade que en la Decisión se utiliza dicho documento principalmente para demostrar la fecha en la que Solvay comenzó a participar en las conversaciones sobre precios y que confirma accesoriamente que en aquel momento se desarrollaban conversaciones sobre este tema.

53 Por lo que respecta a los dos documentos internos de Shell de 5 de julio y de 12 de septiembre de 1979, la Comisión señala que el primero se limita a confirmar un detalle sobre el calendario de las iniciativas sobre precios de 1979 y que, al haber sido presentado por la propia demandante, ésta debía darse cuenta de la importancia de dicho documento y por tanto comentarlo espontáneamente; lo mismo puede decirse del segundo de estos documentos.

54 La Comisión indica por último, a propósito de la utilización del documento denominado "PP W. Europe Pricing" en apoyo de unos cargos diferentes de aquéllos en apoyo de los cuales fue invocado en el pliego de cargos, que es cierto que en los pliegos de cargos dirigidos a la demandante sólo se hacía una referencia específica a dicho documento en relación con la determinación de las cuotas para 1983, mientras que en la Decisión se utiliza el documento para probar la participación de la demandante en la iniciativa sobre precios de julio de 1983. La Comisión considera sin embargo que, habida cuenta de la estrecha relación que existe entre ambos elementos, la demandante habría debido darse cuenta de que la mención en el documento de un "objetivo para julio" podría ser utilizada en su contra.

55 Este Tribunal hace constar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que lo que importa no son los documentos en sí mismos, sino las conclusiones que de ellos extrajo la Comisión, y que, si en el pliego de cargos no se han mencionado ciertos documentos, la empresa afectada pudo acertadamente concluir de ello que éstos no tenían importancia para el asunto. Al no informar a una empresa de que en su Decisión se utilizarían ciertos documentos, la Comisión le impidió expresar dentro de plazo su opinión sobre la fuerza probatoria de tales documentos. De ello se sigue que tales documentos no pueden considerarse medios de prueba válidos por lo que a aquélla respecta (sentencia de 25 de octubre de 1983, AEG-Telefunken/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartado 27, y, más recientemente, sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO Chemie/Comisión, C-62/86, Rec. p. I-3359, apartado 21).

56 En el caso de autos, procede subrayar que sólo pueden considerarse medios de prueba oponibles a la demandante en el marco del presente asunto los documentos que se mencionaban en el pliego de cargos general o en el especial o en el escrito de 8 de octubre de 1984, o que figuraban como anexos de éstos sin ser mencionados específicamente en ellos. Por lo que respecta a los documentos adjuntados como anexos a los pliegos de cargos, pero no mencionados en ellos, sólo pueden utilizarse en la Decisión en contra de la demandante si ésta pudo razonablemente deducir de los pliegos de cargos las conclusiones que la Comisión pretendía extraer de ellos.

57 Por consiguiente, este Tribunal considera que no pueden utilizarse como medios de prueba contra la demandante el documento descubierto en los locales de Solvay de fecha 6 de septiembre de 1977, mencionado en el penúltimo párrafo del apartado 16 de la Decisión, ni los documentos recogidos en los locales de ATO, mencionados en la letra h) del apartado 15 de la Decisión. Sin embargo, esto no impide a la demandante utilizarlos como pruebas de descargo.

58 La cuestión de si estos últimos documentos constituyen una base indispensable para la determinación de los hechos que efectuó la Comisión en contra de la demandante corresponde tratarla cuando el Tribunal examine la corrección de dicha determinación de los hechos.

59 Por el contrario, los dos informes de reuniones internas de Shell que ésta había adjuntado a su respuesta al pliego de cargos y que se mencionan en los apartados 29 y 31 de la Decisión deben considerarse medios de prueba oponibles a la demandante en el marco del presente asunto. La demandante no podía ignorar que, al presentar dichos documentos en el marco del procedimiento administrativo, corría el riesgo de ver a la Comisión utilizarlos como pruebas en su contra. En efecto, se deduce de la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia (sentencia de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck/Comisión, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 68) que no es preciso que la Decisión sea necesariamente una copia del pliego de cargos. En efecto, la Comisión debe tener en cuenta los datos que resultan del procedimiento administrativo, bien para retirar los cargos que se hayan revelado mal fundados, bien para adaptar y completar, tanto en lo relativo a los hechos como a los fundamentos de Derecho, sus alegaciones en apoyo de los cargos que mantiene. Esta última posibilidad no se encuentra en contradicción con el principio del derecho de defensa sancionado por el artículo 4 del Reglamento nº 99/63.

60 Por consiguiente, la Comisión podía perfectamente utilizar, en apoyo de los cargos que ya habían sido comunicados a la demandante, documentos que esta última había aportado en el marco del procedimiento administrativo.

61 Por lo que respecta a la utilización en la Decisión del anexo 30 al pliego de cargos especial dirigido a la demandante en apoyo de unos cargos distintos de los que aparentemente apoyaba en dicho pliego de cargos, es importante subrayar que el primero de estos documentos figura como anexo 100 en el pliego de cargos general (en lo sucesivo, "p.c.g., anexo") y que dicho anexo es utilizado en él (apartado 124) en apoyo de cargos relacionados con el papel especial que desempeñaron los "cuatro grandes", tal como ocurre en el párrafo segundo del apartado 68 de la Decisión.

62 El anexo 49 al pliego de cargos especial, que es mencionado en el apartado 49 de la Decisión en apoyo del cargo relativo a la celebración de un acuerdo sobre precios en julio de 1983, mientras que en el pliego de cargos especial se utilizaba para demostrar la participación de Shell en un acuerdo sobre cuotas, sólo puede ser utilizado en la Decisión en contra de la demandante si ésta pudo razonablemente deducir, a partir de los pliegos de cargos y del contenido de los documentos, las conclusiones que la Comisión pretendía deducir de ellos. Ahora bien, en el caso de autos, procede hacer constar, por una parte, que el pliego de cargos especial dirigido a la demandante menciona la participación de Shell en la iniciativa sobre precios de los meses de junio y de julio de 1983 [letra h) del apartado 8] y que el pliego de cargos general la menciona en su apartado 74 y, por otra parte, que las dos primeras frases de dicho documento permitían a la demandante deducir razonablemente las conclusiones que la Comisión pretendía obtener de él en apoyo de los cargos que había formulado. En efecto, se puede leer en dicho documento lo siguiente:

"Despite 100 % loading of W. European PP effective industrial production capacity, prices have generally fallen from 1.85/1.95 DM/kg (' marker' grade - tape, raffia) in December 1982 to approx. 1.70 DM (gross) in May, June 1983.

This paper provides data on PP supply, demand and pricing to show the cost to the Group of failing to use the present opportunity for a general increase of prices."

["A pesar de un porcentaje de utilización del 100 % de la capacidad efectiva de producción industrial de polipropileno de Europa occidental, los precios han caído de manera generalizada de 1,85/1,95 DM/kg (banda de calidad 'marker' , rafia) en diciembre de 1982 a aproximadamente 1,70 DM (bruto) en mayo-junio de 1983.

El presente informe contiene datos sobre la oferta, la demanda y la formación de precios del polipropileno, a fin de mostrar el coste que supondría para el grupo desaprovechar la actual oportunidad para conseguir un aumento generalizado de precios."]

63 De ello se sigue que la Comisión podía utilizar este documento en apoyo del cargo relativo a la celebración de un acuerdo sobre precios en julio de 1983.

3. Nuevos cargos

64 La demandante alega, en la parte de su alegación relativa a la determinación de los hechos, que la Comisión formuló en la Decisión un cierto número de cargos que no habían sido recogidos en los pliegos de cargos que se le enviaron. Se encuentran en este caso, según ella, la pretendida participación de Shell en una iniciativa sobre precios en julio de 1979 (apartado 30 de la Decisión) y su participación en unas reuniones en 1981, participación que la Comisión menciona para apoyar el cargo que formula en relación con el papel desempeñado por los cuatro grandes productores, uno de los cuales era la demandante (apartados 19, 57, 67, 68, 78 y 109 de la Decisión).

65 La Comisión, por su parte, alega que todos los cargos incluidos en la Decisión habían sido formulados o bien en el pliego de cargos general o bien en el pliego de cargos especial dirigido a la demandante o bien, por último, en el escrito de 29 de marzo de 1985.

66 Ese Tribunal hace constar que el cargo a que se refiere el apartado 30 de la Decisión fue mencionado en el anexo A al escrito de 29 de marzo de 1985 que la Comisión envió a la demandante (en lo sucesivo, "escrito de 29 de marzo de 1985, anexo A") para precisar y completar los pliegos de cargos anteriores.

67 Por lo que respecta a la referencia a la participación de Shell en unas reuniones en 1981 con ICI y Monte en los apartados 19, 57, 67, 68, 78 y 109 de la Decisión, referencia que la Comisión utiliza para demostrar el especial papel que desempeñó la demandante en la dirección de la práctica colusoria, procede indicar que no es en absoluto nueva, puesto que ya se hacía expresamente mención de la misma, bajo el título "Papel especial de los cuatro grandes", en el apartado 118 del pliego de cargos general, que es individualmente oponible a la demandante, así como en la letra a) del apartado 2 del pliego de cargos especial que se le dirigió.

68 De ello se sigue que debe desestimarse este motivo.

Prueba de la existencia de infracción

69 Según la Decisión (párrafo primero del apartado 80), a partir de 1977, los productores de polipropileno que abastecían a la Comunidad participaron en todo un conjunto de planes, dispositivos y medidas adoptados en el marco de un sistema de reuniones periódicas y de contactos permanentes. La Decisión (párrafo segundo del apartado 80) añade que el plan de conjunto de los productores estaba dirigido a organizar encuentros para alcanzar acuerdos expresos sobre algunos puntos específicos. Añade que a un comportamiento como éste se le puede aplicar la prohibición del apartado 1 del artículo 85 en tanto que "práctica concertada", incluso en el caso de que las partes no se pongan previamente de acuerdo sobre un plan común que regule su actuación en el mercado, sino que adopten o se sumen a unos mecanismos colusorios que faciliten la coordinación del comportamiento comercial de las mismas. Desde ciertos puntos de vista, la cooperación y la colusión continuadas de los productores a lo largo de la ejecución de un acuerdo global pueden por tanto presentar algunas de las características propias de una práctica concertada (párrafo tercero del apartado 87). LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC : 689A0011.1

70 En estas circunstancias, procede pues verificar, en primer lugar, si la Comisión demostró de forma suficiente con arreglo a Derecho su determinación de los hechos relativa al acuerdo sobre precios mínimos de 1977 (A), a los contactos de la demandante con los participantes en las reuniones de "jefes" y de "expertos" (B), a las iniciativas sobre precios, a las medidas destinadas a facilitar la aplicación de las iniciativas sobre precios y a la determinación de las cantidades de toneladas "objetivo" y de las cuotas (C) para los años 1979 y 1980 (C.1), para el año 1981 (C.2), para el año 1982 (C.3) y para el año 1983 (C.4), dando cuenta del acto que se impugna (a) y de las alegaciones de las partes (b), antes de pasar a valorarlas (c); a continuación procede apreciar la fundamentación de los argumentos generales relativos a la determinación de los hechos presentados por la demandante (D) y, por último, procede someter a examen la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos.

1. Determinación de los hechos

A. El acuerdo sobre precios mínimos

a) Acto que se impugna

71 La Decisión (párrafos primero, segundo y tercero del apartado 16; véase también el párrafo primero del apartado 67) indica que, en el año 1977, tras la aparición de siete nuevos productores de polipropileno en Europa occidental, los productores existentes iniciaron conversaciones para intentar evitar una caída brutal de precios y las pérdidas que ésta produciría. En el marco de estas conversaciones, los principales productores, Monte, Hoechst, ICI y Shell, tomaron la iniciativa de un "acuerdo sobre precios mínimos", que debía entrar en vigor el 1 de agosto de 1977. El acuerdo inicial no conllevaba ninguna regulación de volúmenes de ventas, pero, en caso de éxito, se preveían algunas restricciones en cantidades de toneladas para 1978. Este acuerdo debía aplicarse durante un período inicial de cuatro meses, y los detalles del mismo fueron comunicados a los demás productores, y especialmente a Hercules, cuyo director comercial señaló que los precios mínimos para las principales calidades del polipropileno por Estado miembro se basaban en un precio orientativo de 1,25 DM/kg para la calidad rafia.

72 Según la Decisión (párrafo quinto del apartado 16), ICI y Shell admiten haber mantenido contactos con otros productores para estudiar los medios de cortar la caída de precios. Según ICI, es posible que se realizara alguna sugerencia sobre un nivel de precios por debajo del cual se prohibía descender. ICI y Shell confirman que las conversaciones no estaban limitadas a los "cuatro grandes". Un documento de fecha 6 de septiembre de 1977, descubierto en los locales de Solvay, indica que el 30 de agosto de 1977 Solvay y Shell mantuvieron una reunión. La Decisión indica que, aunque Hercules estaba bien informado de los resultados de las discusiones sobre precios, no ha resultado posible sin embargo establecer la identidad de los demás productores implicados en dichas conversaciones. Añade no obstante (párrafo tercero del apartado 78) que la iniciativa adoptada el 1 de diciembre de 1977 por Monte, Hoechst, ICI y Shell recibió el apoyo expreso de al menos cinco otros productores. Según la Decisión, no ha podido obtenerse ningún detalle preciso sobre el funcionamiento del acuerdo sobre precios mínimos. Sin embargo, en noviembre de 1977, en un momento en que el precio de la rafia había caído, al parecer, a unos 1,00 DM/kg, Monte anunció su intención de elevarlo a 1,30 DM/kg a partir del 1 de diciembre y, el 25 de noviembre, la prensa especializada daba cuenta del apoyo de los otros tres grandes a esta iniciativa y de su intención de proceder a alzas similares en la misma fecha o en diciembre.

73 La Decisión señala (párrafos primero y segundo del apartado 17) que es aproximadamente en ese momento cuando comenzó el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno, y que ICI sostiene que no se celebró reunión alguna antes de diciembre de 1977, pero admite que los productores mantenían ya contactos entre ellos con anterioridad, probablemente por teléfono y cuando la ocasión lo requería. Shell declaró que "era posible que sus directivos hubieran mantenido conversaciones relativas a los precios con Montepolimeri en noviembre de 1977 o alrededor de esa fecha y que Montepolimeri hubiera sugerido la posibilidad de aumentar los precios y hubiera preguntado a Shell sobre su reacción ante un aumento de precios". La Decisión deduce de ello que Shell forma parte de los productores que adoptaron una iniciativa para el 1 de diciembre de 1977, prolongación del acuerdo sobre precios mínimos (párrafo tercero del apartado 78). La Decisión indica (párrafo tercero del apartado 17) que, aunque no existe ninguna prueba directa de que tuvieran lugar reuniones de grupo para fijar los precios antes de diciembre de 1977, los productores informaron a una asociación profesional de clientes, la "European Association for Textile Polyolefins" (en lo sucesivo, "EATP"), ya en las reuniones de ésta de mayo y noviembre de 1977, de que consideraban necesario organizar una acción común para mejorar el nivel de precios. En mayo de 1977, Hercules había subrayado que la iniciativa debería venir de los "líderes tradicionales" del sector, mientras que Hoechst daba a entender que, a su juicio, los precios debían aumentarse entre un 30 y un 40 %.

74 Y precisamente dentro de este contexto, la Decisión (párrafo cuarto del apartado 17, párrafo tercero del apartado 78 y párrafo segundo del apartado 104) acusa a cierto número de productores, entre los cuales no figura la demandante, de haber declarado que apoyarían el anuncio que hizo Monte, en un artículo aparecido el 18 de noviembre de 1977 en la prensa especializada (European Chemical News; en lo sucesivo, "ECN"), de su intención de subir el precio de la rafia a 1,30 DM/kg a partir del 1 de diciembre. Las diferentes declaraciones que se hicieron a este respecto durante la reunión de la EATP celebrada el 22 de noviembre de 1977, tal como se recogieron en el informe correspondiente, indican, según la Comisión, que los demás productores habían adoptado el precio de 1,30 DM/kg fijado por Monte como "objetivo" para la totalidad del sector.

b) Alegaciones de las partes

75 La demandante indica que, para demostrar la existencia de este pretendido acuerdo sobre precios mínimos, la Comisión se basa en una única nota manuscrita redactada por el Director de marketing de Hercules, en la primera mitad de 1977 (p.c.g., anexo 2). Dicha nota -que la demandante calificó en el transcurso de la vista de "scrappy handwritten note" ("un conjunto de garabatos")- no puede utilizarse como prueba, según ella, en razón de las circunstancias en que se elaboró, de la ambigueedad de su contenido y de las dificultades que plantea su interpretación. En efecto, en su respuesta a la solicitud de información (p.c. Hercules, anexo 1), Hercules dio a entender que el autor de dicha nota no se acordaba ya de las circunstancias en las que preparó dicho documento, pero que cree que se trata de una nota tomada durante una llamada telefónica de otro productor, "quizá ICI". Además, las afirmaciones que contiene dicha nota son simples testimonios de segunda mano, sin que resulte posible identificar a los intermediarios, que podrían haberse equivocado totalmente o haber repetido lo que no era sino un rumor que corría por el mercado o incluso haber inventado la existencia de este acuerdo entre los "cuatro grandes" con la intención de persuadir a Hercules, empresa recién llegada deseosa de asegurarse una cuota de mercado, de no aplicar precios inferiores a los que estaban en vigor en el mercado.

76 En cualquier caso, la demandante sostiene que los informes de las reuniones internas de Shell muestran que las sociedades del grupo Shell practicaban en aquel momento una política comercial de "key accounts" ("clientes clave") totalmente incompatible con la celebración o la ejecución de un acuerdo en materia de precios. Además, no ha quedado probado que los productores intentaran aplicar el pretendido precio mínimo.

77 La demandante recuerda que el documento descubierto en los locales de Solvay, que indica que Solvay y Shell SA, la sociedad de explotación belga del grupo, se reunieron el 30 de agosto de 1977 para hablar del precio del polipropileno, no puede ser utilizado en su contra en el marco del presente procedimiento y que, además, no demuestra en absoluto que existieran acuerdos ilícitos sobre los precios. El contenido del mismo prueba incluso lo contrario, ya que no contiene referencia alguna a acuerdos de este tipo. Shell alega, además, que la Comisión pretende deducir de su respuesta al pliego de cargos que ella participó en el pretendido acuerdo sobre precios mínimos recurriendo a citas seleccionadas y tendenciosas de dicha respuesta.

78 Shell subraya, además, que, al contrario que el pliego de cargos, la Decisión no se apoya en las declaraciones realizadas por Shell en las reuniones de la EATP, sino solamente en las conversaciones sobre precios que, según ella, tuvieron lugar entre Shell y Monte, y en una declaración de Shell aparecida en ECN (p.c.g., anexo 3), en la que esta última se declaraba favorable a un alza de precios tras el anuncio de un alza de precios en noviembre de 1977. Según la demandante, estos dos últimos elementos resultan claramente insuficientes para llegar a la conclusión de que las sociedades Shell infringieron el apartado 1 del artículo 85 en noviembre de 1977.

79 La demandante alega, por último, en su réplica, que la Comisión no puede pretender ante este Tribunal que el acuerdo de noviembre de 1977 no era en realidad sino la aplicación tardía del pretendido acuerdo sobre precios mínimos celebrado a mediados del año 1977. En efecto, tal alegación no se formuló en ningún momento ni en el transcurso del procedimiento administrativo ni en la Decisión, y resulta en cualquier caso injustificada, puesto que el pretendido acuerdo de mediados del año 1977, que establecía unos precios de 1,25 DM/kg, hablaba de "contener las pérdidas" y debía ser aplicado el 1 de agosto, mientras que el acuerdo de noviembre pretendía llevar a los precios a 1,30 DM/kg para el 1 de diciembre. Señala, a este respecto, que la Comisión no ha logrado aportar la prueba de un vínculo entre estos dos pretendidos acuerdos.

80 Por su parte, la Comisión indica que la nota del Director de marketing de Hercules (p.c.g., anexo 2) no es el único documento en el que ella se basa para demostrar la existencia del acuerdo sobre precios mínimos y que es preciso volver a situar esta nota en su contexto, caracterizado por los contactos entre Shell y otros productores sobre el tema de la fijación de precios, contactos cuya existencia reconoció Shell en su respuesta al pliego de cargos (apartados 3.10 a 3.15). Habida cuenta de dicho contexto, la Comisión habría podido considerar que dicha nota probaba de manera fiable, precisa y detallada la existencia de un acuerdo sobre precios mínimos aunque no hubiera sido ICI sino otro productor quien hubiera informado a Hercules. En cuanto al documento descubierto en los locales de Solvay, la Comisión recuerda que fue utilizado en la Decisión principalmente para demostrar la fecha en la que Solvay comenzó a participar en las conversaciones sobre precios y que confirma que efectivamente tenían lugar conversaciones sobre ese tema, cosa que por lo demás la propia demandante ha reconocido.

81 La Comisión indica que los documentos que supuestamente prueban un comportamiento competitivo por parte de Shell no son pertinentes, porque considera que ella tiene derecho a utilizar unos documentos que dan cuenta de una práctica colusoria aunque vengan acompañados de denegaciones y de otros documentos que revelen la existencia de una competencia importante.

82 Por otra parte, en lo relativo al acuerdo de noviembre de 1977, la Comisión sostiene que la Decisión, tras demostrar que Shell había participado en el acuerdo sobre precios mínimos, no pasa a afirmar que existiera una iniciativa sobre precios separada en noviembre de 1977, sino que afirma simplemente que el acuerdo sobre precios mínimos se aplicó en varias etapas. Y señala como prueba de lo anterior que la Decisión (apartados 16 y 17) se refiere globalmente al acuerdo inicial sobre precios mínimos y a la iniciativa de noviembre de 1977 en un mismo epígrafe con el título "el primer acuerdo sobre los precios mínimos" y que por tanto no los separó.

83 Por último, la Comisión explica la diferencia entre los objetivos (1,25 DM/kg para el verano y 1,30 DM/kg para noviembre) por el hecho de que Monte, al comprobar que los precios habían caído a 1,00 DM/kg, se dio cuenta en este intervalo de que serían necesarios considerables esfuerzos para alcanzar el nivel deseado. Por esta razón esta última estableció un objetivo algo superior al precio que esperaba que se alcanzase.

c) Apreciación del Tribunal

84 Este Tribunal hace constar que, en su respuesta al pliego de cargos, la demandante indicó lo siguiente:

"SICC/SCITCO has made enquiry of executives concerned with polypropylene in 1977. There is no record or recollection of such agreement (the alleged 'floor price' agreement in June 1977). On the basis of these enquiries, it appears likely that views were exchanged in 1977 with other producers, including Montepolimeri (then Montedison), Hoechst and ICI as to how the sharp fall in prices might be checked. SICC may have urged operating companies not to sell below a price level corresponding with variable cost. Shell operating companies however, were not prepared to lose market share to give effect to any such recommendation, for at that time they were following a policy of 'Key Accounts' [...] SICC does not accept that any discussions between producers in mid-1977 were limited to the 'Big Four' [...] (el p.c.g., anexo 2) itself makes clear that other companies were involved. Any such discussions were not in any way connected with subsequent multilateral meetings in the period 1978-1982, which SICC/SCITCO did not attend. With the flood of new capacity in 1977, market conditions were chaotic and producers were incurring serious financial losses. SICC does not know what level of prices may have been considered in any discussions in mid-1977, but the price of 1.25 DM/kg referred to in the Hercules note cited [...] would have barely covered variable production costs. In any event, as the Commission fairly acknowledges (paragraph 34 of the Statement of Objections), any attempt by producers to implement any such 'stop-loss' floor price agreement wholly failed in the face of the continuation of unbridled price competition [...] (Concerning) the alleged price initiative of November 1977, again, the same difficulties in reconstructing events many years ago arise as in the case of the alleged floor price agreement. However, SICC' s researches indicate that executives from the service company many have had discussions concerning price with Montepolimeri in or about November 1977 and Montepolimeri may have suggested the possibility of increasing prices and may have sought SICC' s views on its reactions to any increase. Shell companies continued to lose heavily on their polypropylene businesses; SICC' s policy was to recommend the operating companies to support any moves towards increasing prices that would enable losses to be reduced but it recognised that other producers, particularly new entrants, would be likely to hold prices at uneconomic levels to win market share. In that event, Shell operating companies were obliged to meet competitors' offers to retain their market share and to ensure a minimum acceptable loading of the Shell polypropylene plants in Western Europe. For that reason and because of the Shell Group structure SICC could not give Montepolimeri or any producer a commitment that operating companies would sell at increased prices."

["SICC/SCITCO ha efectuado una investigación entre los directivos que se ocupaban del polipropileno en 1977. Nadie se acuerda ni existen testimonios escritos de tal acuerdo (el pretendido acuerdo sobre los 'precios mínimos' de junio de 1977). Los resultados de esta investigación indican que parece probable que en 1977 existiera un intercambio de opiniones con otros productores, entre ellos Montepolimeri (en aquella época Montedison), Hoechst e ICI, sobre el modo de detener la brutal caída de precios. Es posible que SICC instara a las sociedades de explotación a no vender por debajo de un nivel de precios que cubriera los costes variables. Sin embargo, las sociedades de explotación de Shell no estaban dispuestas a perder cuota de mercado por aplicar recomendaciones de este tipo, pues en aquella época seguían una estrategia de 'clientes clave' [...] SICC niega que conversación alguna entre los productores a mediados de 1977 estuviera limitada a los 'cuatro grandes' [...] el propio [documento] (p.c.g., anexo 2) deja claro que otras sociedades estaban implicadas. Ninguna de estas conversaciones estuvo relacionada del modo que fuera con las reuniones multilaterales que tuvieron lugar más tarde, en el período 1978-1982, a las cuales SICC/SCITCO no asistió. Con la afluencia de nuevas capacidades en 1977, las condiciones del mercado eran caóticas y los productores estaban sufriendo graves pérdidas económicas. SICC ignora cuál fue el nivel de precios que pudo haberse contemplado en las conversaciones de mediados de 1977, pero el precio de 1,25 DM/kg al que se refiere la nota de Hercules citada [...] apenas habría cubierto los costes variables de producción. En cualquier caso, como la Comisión tiene la elegancia de reconocer (apartado 34 del pliego de cargos), toda tentativa de los productores de aplicar algún tipo de acuerdo de precios mínimos de 'contención de las pérdidas' fracasó completamente frente a la descontrolada competencia de precios que continuó produciéndose [...] (En lo referente a) la pretendida iniciativa sobre precios de noviembre de 1977, vuelven a plantearse en este caso las mismas dificultades de reconstrucción de acontecimientos de hace varios años que se dan en el caso del supuesto acuerdo sobre precios mínimos. Sin embargo, la investigación de SICC indica que es posible que directivos de la sociedad de servicios mantuvieran conversaciones relativas a los precios con Montepolimeri en noviembre de 1977 o alrededor de esta fecha y que Montepolimeri planteara la posibilidad de aumentar los precios y preguntara a SICC sobre su reacción ante un aumento. Las sociedades de Shell continuaban sufriendo graves pérdidas en el sector del polipropileno; la estrategia de SICC era la de recomendar a las sociedades de explotación que apoyasen todo movimiento de elevación de precios que les permitiera reducir sus pérdidas, pero reconocía que los demás productores, especialmente los recién llegados, probablemente mantendrían los precios a unos niveles no rentables para ganar cuota de mercado. En estas circunstancias, las sociedades de explotación de Shell estaban obligadas a seguir las ofertas de sus competidores para conservar su cuota de mercado y para garantizar una utilización mínima aceptable de las fábricas de polipropileno de Shell en Europa occidental. Por esta razón, y a causa de la estructura del grupo Shell, SICC no podía asumir ante Montepolimeri o cualquier otro productor el compromiso de que las sociedades de explotación venderían a precios más elevados."]

85 El examen de la nota redactada por el Director de marketing de Hercules (p.c.g., anexo 2), en la cual la Comisión ve la expresión de un concurso de voluntades entre los "cuatro grandes", debe realizarse a la luz de los datos que se acaban de exponer. Según dicha nota:

"Major producers have made agreement (Mont., Hoechst, Shell, ICI) 1. No tonnage control; 2. System floor prices - DOM less for importers; 3. Floor prices from July 1. definitely Aug. 1st when present contracts expire; 4. Importers restrict to 20 % for 1 000 tonnes; 5. Floor prices for 4 month period only - alternative is for existing; 6. Com.(panies) to meet Oct. to review progress; 7. Subject (of the) scheme working - Tonnage restrictions would operate next year."

["Los principales productores (Mont., Hoechst, Shell, ICI) llegaron a los siguientes acuerdos: 1. No al control de la cantidad de toneladas; 2. Sistema de precios mínimos para los DOM [productores nacionales] sin incluir a los importadores; 3. Precios mínimos a partir del 1 de julio o como muy tarde del 1 de agosto cuando los actuales contratos expiren; 4. Los importadores se limitarán a un 20 % por 1.000 toneladas; 5. Precios mínimos para un período de cuatro meses solamente -la alternativa es la situación actual; 6. Las sociedades se reunirán en octubre para examinar los progresos; 7. El tema del plan avanza -El año próximo podrían aplicarse restricciones sobre la cantidad de toneladas."]

(A continuación aparece una lista de precios para tres calidades de polipropileno en cuatro monedas nacionales, con un precio de 1,25 DM/kg para la rafia.)

86 Este Tribunal declara que los indicios que presenta la demandante para desvirtuar la fuerza probatoria de esta nota del Director de marketing de Hercules no permiten contradecir las conclusiones que de ella extrajo la Comisión. En efecto, el texto de dicha nota carece de ambigueedad, y el hecho de que esté mal escrita, sin firma y sin fecha es normal, por tratarse de una nota tomada durante una conversación, seguramente telefónica, cuyo objeto contrario a la competencia justificaba que el autor de la nota intentase reducir al mínimo las huellas de ésta. La falta de precisión de los recuerdos del autor de la nota sobre las circunstancias en que se elaboró ésta no priva a la nota de fuerza probatoria, dado que el contenido de la misma indica que las informaciones que contiene proceden de uno de los "cuatro grandes", sin que resulte necesario precisar cuál de ellos. Por otra parte, el hecho de que estas informaciones sean un testimonio de segunda mano no tiene importancia, puesto que la Comisión utiliza explícitamente esta nota como un testimonio escrito y contemporáneo de los hechos, que prueba que unos productores distintos del autor de la nota habían llegado a un acuerdo. Por último, la precisión de estas informaciones hace totalmente inverosímil la hipótesis de que se tratase únicamente de rumores que corrían por el mercado o de informaciones completamente erróneas o enteramente inventadas.

87 Dado además que la demandante ha admitido que en aquella época los productores mantenían conversaciones sobre los precios, este Tribunal considera que la Comisión actuó con acierto al afirmar que se había producido un concurso de voluntades sobre el establecimiento de precios mínimos entre varios productores, entre los cuales figura la demandante, sin que sea necesario establecer si otros productores distintos de los "cuatro grandes" se habían adherido a estos precios.

88 El hecho de que no se pudieran alcanzar los precios mínimos acordados no sirve tampoco para desmentir la adhesión de la demandante a dichos precios, en la medida en que este Tribunal considera que, incluso suponiendo que tal hecho estuviera probado, tendería a demostrar como mucho que los precios mínimos no fueron aplicados. Ahora bien, la Decisión, lejos de afirmar que se alcanzaran los precios mínimos, indica en cambio (último párrafo del apartado 16) que el precio de la rafia cayó hasta aproximadamente 1,00 DM/kg en noviembre de 1977.

89 En cuanto a la cuestión de si la Decisión mantiene que existe un vínculo entre el acuerdo sobre precios mínimos y la iniciativa sobre precios de diciembre de 1977, procede señalar que, al poner relación, por una parte, los apartados 16 y 17 de la Decisión y, por otra parte, su apartado 78, se llega a la conclusión de que ésta considera que el acuerdo sobre precios mínimos y la iniciativa sobre precios de finales de 1977 constituían un todo. En este punto, la Decisión se basa en el hecho de que Shell había admitido que era posible que sus directivos "hubieran mantenido conversaciones relativas a los precios con Montedison en noviembre de 1977 o alrededor de esta fecha y que Montepolimeri hubiera planteado la posibilidad de aumentar los precios y hubiera preguntado (a Shell) sobre su reacción ante un aumento de precios", hecho del que deduce (párrafo tercero del apartado 78) que Shell se encontraba entre los productores que adoptaron una iniciativa para el 1 de diciembre de 1977, prolongación del acuerdo sobre los precios mínimos.

90 A este respecto, este Tribunal declara que la Comisión actuó acertadamente al deducir de la respuesta de Shell al pliego de cargos, puesta en relación con su participación en el acuerdo de precios mínimos, que esta última había adoptado dicha iniciativa con Monte, ICI y Hoechst, como prolongación de dicho acuerdo. En efecto, resulta lícito deducir de la respuesta de Shell que, entre la celebración del acuerdo de precios mínimos y el anuncio efectuado por Monte en ECN de su intención de aumentar sus precios a partir del 1 de diciembre de 1977, Shell mantuvo con Monte contactos relativos a los aumentos de precios, puesto que se puede leer en dicha respuesta lo siguiente:

"However, SICC' s researches indicate that executives from the service company many have had discussions concerning price with Montepolimeri in or about November 1977 and Montepolimeri may have suggested the possibility of increasing prices and may have sought SICC' s views on its reactions to any increase."

("Sin embargo, la investigación de SICC indica que es posible que directivos de la sociedad de servicios mantuvieran conversaciones relativas a los precios con Montepolimeri en noviembre de 1977 o alrededor de esta fecha y que Montepolimeri planteara la posibilidad de aumentar los precios y preguntara a SICC sobre su reacción ante un aumento.")

91 Frente a estos datos, la demandante no ha demostrado que, en el marco de dichos contactos, ella hubiera indicado a sus competidores que se negaba a participar en cualquier concertación de este tipo.

92 Se deduce de lo anterior que la Comisión ha demostrado de manera suficiente con arreglo a Derecho que la demandante forma parte de los productores entre los cuales se produjeron unos concursos de voluntades relativos a los precios mínimos a mediados de 1977 y, como prolongación de éstos, a un objetivo sobre precios de 1,30 DM/kg para el 1 de diciembre de 1977.

B. Los contactos de la demandante con los participantes en las reuniones de "jefes" y de "expertos"

a) Acto que se impugna

93 La Decisión reconoce (apartado 18, párrafo tercero del apartado 19 y párrafos primero a tercero del apartado 78) que Shell no asistía a las reuniones plenarias de productores de polipropileno que reunían, por una parte, a altos cargos directivos responsables del sector del polipropileno de ciertos productores ("jefes") y, por otra parte, a directivos de inferior nivel, con mayores conocimientos de marketing ("expertos"), reuniones que tenían por objeto, principalmente, el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de venta y el control del cumplimiento de los mismos por parte de los productores. No obstante, la Decisión indica que Shell participó tanto en el acuerdo inicial sobre precios mínimos como en las conversaciones que acompañaron a éste y que tomó parte en reuniones "ad hoc" con los otros grandes productores. Según la Decisión, la propia Shell reconoce que a veces se le pedía que diera su opinión sobre un eventual aumento de precios antes de las reuniones de "jefes" y de "expertos", y que tras dichas reuniones Monte e ICI la informaban de los objetivos propuestos y que ella transmitía esta información a sus sociedades de explotación. Los documentos internos de Shell confirman que ésta tenía conocimiento de las "iniciativas" sobre precios y que participaba en las mismas, a veces incluso como líder reconocido. Además, a partir de finales de 1982, el representante de Shell asistía con regularidad a las "prerreuniones" de los cuatro principales productores, que se celebraba la víspera de cada reunión de "jefes".

94 Según la Decisión (párrafos segundo y tercero del apartado 68), estas "prerreuniones" ofrecían a los cuatro grandes productores un marco apropiado para acordar una posición común antes de la reunión plenaria, a fin de impulsar el movimiento de estabilización de precios presentando un frente común. ICI reconoció que los temas discutidos en estas prerreuniones eran idénticos a los que se trataban en las reuniones de "jefes" que se celebraban a continuación; en cambio, Shell negó que las reuniones de los "cuatro grandes" prepararan, del modo que fuera, la reuniones plenarias o sirvieran para alcanzar una posición común antes de la siguiente reunión. La Decisión afirma sin embargo que los informes de algunas de estas reuniones (octubre de 1982 y mayo de 1983) contradicen esta afirmación de Shell.

95 Le Decisión indica, por último (párrafo segundo del apartado 78), que las sociedades de explotación del grupo Shell tomaban parte en las reuniones locales que se consagraban a la aplicación a nivel nacional de las medidas acordadas en las reuniones plenarias (apartado 20 de la Decisión). Incluso antes de que comenzara a participar en las "reuniones preparatorias" de los "cuatro grandes" en octubre de 1982, Shell se reunía con los otros grandes productores para discutir en detalle las cuestiones abordadas en las reuniones periódicas de "jefes" y de "expertos" (párrafo cuarto del apartado 109 de la Decisión).

96 La Decisión, en sus apartados 16, 17, 19, 30, 31, 35, 45, 47, 48, 57, 62, 63, 67 y 109, da cuenta además de diversos contactos entre Shell y otros productores que participaban en las reuniones de "jefes" y de "expertos".

b) Alegaciones de las partes

97 La demandante subraya que la Decisión hace hincapié en la existencia de reuniones de productores en las cuales se acordaban, según ella, las diversas medidas colusorias, considerándola determinante. Ahora bien, la Comisión no niega que las sociedades Shell no participaron en ninguna de estas reuniones. Por tanto, dichas sociedades no tomaron parte en las conversaciones que condujeron, principalmente, a la determinación de precios o de volúmenes objetivo o a la adopción de medidas de acompañamiento. Así pues, según la demandante, la situación de Shell es idéntica a las de Amoco y de BP, en cuyo caso la Comisión no ha estimado que existiera infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE (último párrafo del apartado 78 de la Decisión).

98 Shell indica que su situación era en realidad la siguiente: ella conocía la existencia de las reuniones; a veces se le pedía su opinión sobre la situación general del mercado; se la mantenía informada a veces, pero no de manera sistemática, de que se habían propuesto unos objetivos concretos; ella transmitía esta información a las sociedades de explotación, dándoles ocasionalmente su opinión sobre las acciones que convenía realizar, pero estas sociedades continuaban siendo enteramente libres para adoptar sus propias decisiones.

99 La demandante reconoce que, en efecto, un representante de Shell participó en algunas de las reuniones que se celebraban la víspera de las reuniones de "jefes" y a las que asistían representantes de ICI, Monte y Hoechst. Pero, según la demandante, dichas reuniones preliminares se celebraron solamente durante los últimos diez meses del período sobre el que recae la acusación y Shell sólo asistió a la mitad de ellas aproximadamente. Por consiguiente, este dato no resulta una prueba válida para demostrar que las sociedades de Shell participaron en prácticas colusorias ilícitas.

100 Shell añade que, en 1981, sólo hubo dos reuniones aisladas en las que participaron sólo ICI, Shell y Monte, pero no Hoechst, que es sin embargo uno de los "cuatro grandes". Al término de dichas reuniones no se convino acuerdo, compromiso o práctica colusoria alguna, tal como demuestra el informe de la reunión de 15 de junio de 1981 (p.c.g., anexo 64b). La Comisión ha dado una impresión engañosa de dichas reuniones en lo relativo a la frecuencia y a la naturaleza de las mismas, y les ha otorgado, en el marco de los pretendidos compromisos ilícitos, una importancia que no tenían. Por otra parte, aunque, en los escritos procesales que ha presentado ante el Tribunal, la Comisión alega que la demandante mantuvo contactos regulares con los otros "grandes" desde 1977 y a lo largo de todo el período, esto es una nueva alegación que, en cualquier caso, describe de manera exagerada algunos contactos muy esporádicos que no habrían podido modificar la situación periférica en que Shell se encontraba en relación con cualquier pretendida práctica colusoria ilícita.

101 En cuanto a su participación en cierto número de prerreuniones celebradas desde finales del año 1982 hasta mediados del año 1983, la demandante señala que dichas reuniones comenzaron solamente diez meses antes de que acabara el período de siete años que duró la pretendida práctica colusoria, que ella sólo asistió a prerreuniones para, aproximadamente, la mitad de las reuniones de "jefes" que tuvieron lugar durante este período, que los intercambios de opiniones no llevaron a la demandante a participar en una práctica colusoria ilícita del tipo que fuera y que, por último, tales reuniones no estaban destinadas a permitir a un pretendido "directorio" preparar las reuniones ulteriores de "jefes".

102 Por su parte, la Comisión considera que no se debe exagerar la importancia que tienen en la Decisión las reuniones calificadas de "institucionalizadas". Por lo demás, no comprende por qué la demandante no cuenta, entre las reuniones "institucionalizadas", las que tuvieron lugar entre los "cuatro grandes". Ahora bien, la demandante participó, ella misma o a través de SCITCO (división de Shell), en dichas reuniones preliminares, cuya importancia y objeto revelan varios informes de conversaciones telefónicas entre la demandante e ICI (p.c.g., anexos 95 y 96) o el informe de una de esas reuniones (p.c.g., anexo 101).

103 La Comisión indica que, incluso antes de que comenzaran a celebrarse con regularidad las prerreuniones hacia finales de 1982, la demandante mantenía contactos regulares con los otros "grandes", tal como lo reconoció Shell en su respuesta al pliego de cargos (apartado 3.19). Añade que dichos contactos regulares fueron denunciados tanto en el pliego de cargos como en la Decisión (párrafo cuarto del apartado 109). Más concretamente, la Comisión alega que una nota relativa a una reunión de los "cuatro grandes" de 15 de junio de 1981 (p.c.g., anexo 64b) muestra claramente que éstos eran conscientes de su responsabilidad compartida sobre la evolución del mercado que compartían y que consideraban que les correspondía ponerse al frente de las iniciativas.

104 La Comisión añade que, como la propia Shell reconoce (p.c.g., anexo 9, anexo 2), las sociedades de explotación del grupo Shell en los Estados miembros asistieron a las reuniones llamadas "locales", consagradas a las modalidades de aplicación de los acuerdos alcanzados en las reuniones de "jefes" y de "expertos". Por todas estas razones, la situación de Shell no puede compararse a la de Amoco o BP.

105 La Comisión sostiene que la demandante participó en todas las prerreuniones de las que la Comisión ha tenido conocimiento y que la actitud común adoptada por los "cuatro grandes" a fin de elevar los precios estaba relacionada con estas reuniones, cuyo contenido era absolutamente concreto. A este respecto, los dos documentos en los que se basa la Decisión, a saber, el documento de ICI denominado "Polypropylene Framework" ("Plan para el polipropileno"; p.c.g., anexo 87) y la nota de Shell de 20 de octubre de 1982 (p.c.g., anexo 100, y p.c. SC, anexo 30), son, según la Comisión, totalmente pertinentes, en la medida en que se interpreten en el contexto de las reuniones y en que no se proceda a aislarlos, considerándolos separadamente el uno del otro. La Comisión señala de paso que en la reunión de octubre de 1982 estaban presentes los "cuatro grandes" y constituía una reunión preliminar, y que el pliego de cargos general (apartado 124) hacía referencia a la nota de 20 de octubre de 1982 mencionada en el apartado 68 de la Decisión.

106 La Comisión considera, por consiguiente, que el hecho de que la demandante no asistiera a las reuniones de "jefes" y de "expertos" no resulta decisivo, y que resulta lícito concluir que la demandante aportó su contribución a la determinación de precios y los aplicó de concierto con las sociedades del grupo Shell y que colaboró en el sistema de cuotas.

c) Apreciación del Tribunal

107 Este Tribunal declara que la Comisión actuó acertadamente al deducir de las diferentes pruebas mencionadas en la Decisión -en particular, de la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8), de los diversos informes de reuniones y de los cuadros que recogían para diversos productores sus cifras de ventas y sus cuotas- que a partir del mes de diciembre de 1977 se desarrolló un sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno; que a partir de finales del año 1978 o de principios de 1979 se celebraron reuniones de "jefes" y de "expertos"; que dichas reuniones, presididas primero por Monte y después por ICI, tenían por objeto, principalmente, el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de venta, así como la adopción de diversas medidas destinadas a facilitar la aplicación de los objetivos sobre precios, y que en dichas reuniones se produjeron concursos de voluntades sobre dichos objetivos y dichas medidas.

108 Por otra parte, procede dejar constancia del hecho de que la Decisión no reprocha a la demandante haber participado en las reuniones de "jefes" y de "expertos", sino que lo que le reprocha es haberse mantenido en estrecho contacto con varios participantes en dichas reuniones, proporcionando datos relativos a su política comercial, enviando a sus sociedades nacionales a reuniones locales consagradas a la aplicación a nivel nacional de las medidas acordadas en las reuniones de "jefes" y de "expertos", celebrando reuniones con algunos de los participantes en dichas reuniones y manteniendo contactos bilaterales con éstos.

109 Por consiguiente, es preciso examinar si la Comisión ha demostrado de manera suficiente con arreglo a Derecho la existencia de contactos entre la demandante y los participantes en las reuniones de "jefes" y de "expertos" entre finales de 1977 y septiembre de 1983.

110 Por lo que respecta concretamente al período comprendido entre final de 1977 y el año 1978, la demandante, como continuación de los concursos de voluntades alcanzados en 1977, participó en dos reuniones de la EATP, y en el informe correspondiente a la primera de estas reuniones, celebrada el 22 de noviembre de 1977 (p.c.g., anexo 6), se puede leer que diferentes productores dieron su apoyo al anuncio público realizado por Monte de un aumento de sus precios, y que por su parte la demandante declaró que:

"any opportunity to achieve more realistic polypropylene prices will have the full support of Shell. We also noticed the moves in Italy and I feel certain that these are going to spread across Europe".

("Cualquier oportunidad de conseguir precios más realistas para el polipropileno tendrá todo el apoyo de Shell. Hemos sabido también de los movimientos en Italia y estoy seguro de que éstos van a extenderse por toda Europa").

En el informe de la segunda de dichas reuniones, celebrada el 26 de mayo de 1978 (p.c.g., anexo 7), se pueden leer las valoraciones que realizaron los distintos productores sobre los resultados obtenidos en el mercado tras la reunión de 22 de noviembre de 1977. En la reunión de 26 de mayo de 1978, la demandante declaró lo siguiente:

"We have heard most people, both in the informal discussions and around the table this morning plead for stability and cooperation in the