Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de anulación ° Actos susceptibles de recurso ° Concepto ° Actos que producen efectos jurídicos vinculantes ° Actos de trámite ° Exclusión

(Tratado CEE, art. 173)

2. Funcionarios ° Recurso ° Acto lesivo ° Acto de trámite ° Reapertura de un procedimiento de concurso como consecuencia de la anulación de determinadas decisiones del tribunal ° Inadmisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

3. Funcionarios ° Recurso ° Recurso de indemnización interpuesto sin haber seguido el procedimiento administrativo previo de conformidad con el Estatuto ° Inadmisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

4. Funcionarios ° Recurso ° Sentencia anulatoria ° Efectos ° Anulación de una decisión del tribunal calificador ° Obligaciones de la administración ° Modificación de la composición del tribunal ° Procedencia ° Requisitos

(Tratado CEE, art. 176; Estatuto de los Funcionarios, Anexo III)

5. Funcionarios ° Concurso ° Evaluación de las aptitudes de los aspirantes ° Facultad de apreciación del tribunal calificador ° Control jurisdiccional ° Límites

(Estatuto de los Funcionarios, Anexo III)

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1. Sólo las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, al modificar, de modo caracterizado, la situación jurídica del mismo, constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación. Cuando se trata de actos o de decisiones cuya elaboración se efectúa en varias fases, en particular, al término de un procedimiento interno, en principio sólo constituyen un acto impugnable las medidas que fijan definitivamente la postura de la Institución al final de dicho procedimiento, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo es preparar la decisión final.

2. Los actos de trámite de una decisión no constituyen actos lesivos en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto y por lo tanto sólo pueden ser impugnados de modo incidental, en un recurso contra un acto anulable. Este es el caso de la decisión de la administración de reanudar el procedimiento de un concurso como consecuencia de la anulación por parte del Tribunal de Justicia de determinadas decisiones del tribunal calificador. En efecto, de las disposiciones del artículo 176 del Tratado en relación con las del Anexo III del Estatuto se deduce directamente que esta decisión, que no contiene ningún elemento decisorio separable del procedimiento del concurso, es la consecuencia necesaria que se impone para que pueda continuar el procedimiento tras la sentencia anulatoria. Los efectos de esta medida no exceden los efectos correspondientes a un acto intermedio de procedimiento y no afectan a la situación jurídica ni a la situación estatutaria de los aspirantes. Por lo tanto, constituye un acto de trámite cuya irregularidad sólo puede discutirse con ocasión de un recurso dirigido contra la decisión adoptada al finalizar el procedimiento del concurso.

3. Cuando no existe un acto lesivo, el procedimiento administrativo previo, cuya finalidad es permitir y favorecer el arreglo amistoso de las controversias entre los funcionarios y la administración, se divide, en principio, en dos fases. Conforme al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, todos los funcionarios podrán presentar ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos peticiones de que se adopte una determinada decisión con respecto a ellos. En caso de respuesta desfavorable, o a falta de respuesta, el interesado podrá formular una reclamación contra la decisión expresa o presunta denegatoria de su petición, con sujeción a los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, con objeto de obligar a la administración a volver a examinar su decisión a la luz de las objeciones formuladas en la reclamación.

Por lo que se refiere a la admisibilidad de una pretensión de indemnización, únicamente cuando exista una conexión directa entre el recurso de anulación y dicha pretensión podrá admitirse esta última como accesoria del recurso de anulación, sin que obligatoriamente deba ir precedida de una petición a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos para que repare los perjuicios presuntamente sufridos ni de una reclamación en la que se cuestione el fundamento de la denegación expresa o presunta de la petición. Por el contrario, cuando el perjuicio alegado no es consecuencia de un acto cuya anulación se solicita, sino de varias faltas y omisiones supuestamente cometidas por la administración, el procedimiento administrativo previo debe iniciarse imperativamente con una petición a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos para que repare este perjuicio y continuar, en su caso, con una reclamación dirigida contra la decisión denegatoria de la petición.

4. En caso de anulación por el Juez comunitario de un acto de una Institución, corresponde a esta última, conforme al artículo 176 del Tratado, adoptar las medidas apropiadas que implica la ejecución de la sentencia. Cuando una decisión de un tribunal de concurso ha sido anulada por falta de motivación e irregularidad del procedimiento, la ejecución de la sentencia comprende el restablecimiento de la situación tal como era con anterioridad a que se produjeran las circunstancias censuradas por el Juez. No obstante, cuando a la administración le es imposible, por razones ajenas a su voluntad, constituir de nuevo el tribunal en su composición inicial, puede, con el único fin de garantizar la continuidad del servicio público comunitario, proceder a la sustitución de determinados miembros, siempre que mantenga, al hacerlo, una situación lo más parecida posible a la situación inicial.

5. Las apreciaciones que realiza el tribunal de un concurso cuando evalúa las aptitudes de los candidatos sólo pueden estar sujetas al control del Juez comunitario en caso de flagrante incumplimiento de las normas que presiden los trabajos del tribunal.