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19

El Gobierno francés observa que, en este punto, la Comisión procede mediante afirmaciones no corroboradas por los hechos. En realidad, la Comisión actualmente no está en situación de valorar la incidencia, positiva o negativa, de cualquier régimen de ayudas en el sector considerado, lo que quedaría demostrado mediante un cuestionario relativo a las ayudas en favor de la industria del textil y de la confección dirigido por la Comisión a los Estados miembros en junio de 1983. Por su parte, el Gobierno francés puede demostrar que el régimen de ayudas establecido en 1982 no ha producido hasta ahora efectos desfavorables en el comercio exterior de los demás Estados miembros en el sector considerado. Como prueba de ello, presenta datos estadísticos sobre la evolución de los intercambios entre estos Estados y la República Francesa en los sectores textil y de la confección en 1982 y en los cuatro primeros meses de 1983. Además, el objetivo esencial del régimen de ayudas establecido en 1982 fue mantener el empleo y no invertir los flujos comerciales.
1

La demandante, Camera Care Ltd, cuyo domicilio social se encuentra en Belfast (Irlanda del Norte), explota en el Reino Unido una empresa de reparación, alquiler y venta de material fotográfico profesional. El 26 de junio de 1979, presentó ante la Comisión, con arreglo al artículo 3 del Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962 (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), una denuncia contra las empresas Hasselblad (GB) Ltd, con domicilio social en Wembley, Reino Unido, y Victor Hasselblad A/B, con domicilio social en Göteborg, Suécia (en lo sucesivo, «Hasselblad»), por infracción de lo dispuesto en los artículos 85 y 86 del Tratado CEE.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1 y 2, punto 11, del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] (DO 2014, L 187, p. 1), de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014‑2020 (DO 2013, C 209, p. 1; en lo sucesivo, «Directrices 2014‑2020») y del Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1184/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 104/2000 del Consejo (DO 2013, L 354, p. 1), en relación con el anexo I del Tratado FUE.
24

El órgano jurisdiccional remitente comparte las dudas expresadas ante él por el Ministerio Fiscal en cuanto a la compatibilidad, en particular con la Directiva 2006/123, de la adjudicación de cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de puntos del permiso de conducción mediante concesión de servicio público. No obstante, dicho órgano jurisdiccional considera que no carece de pertinencia la alegación de la Administración General de que no es posible comparar, de manera efectiva, la formación inicial propuesta por las autoescuelas y esos cursos de sensibilización y reeducación vial. Según la Administración General, existe una diferencia cualitativa entre estos dos tipos de cursos: a diferencia de los cursos de sensibilización y reeducación vial, la formación inicial no se dirige a personas que han infringido las normas de circulación. Además, la obtención del permiso de conducción exige superar un examen que no gestionan las propias autoescuelas.
18

De igual forma, el órgano jurisdiccional remitente observa que, por un lado, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia dimanante de las sentencias de 2 de junio de 2016, Polihim‑SS (C‑355/14, EU:C:2016:403) y de 7 de noviembre de 2019, Petrotel‑Lukoil (C‑68/18, EU:C:2019:933), es contrario al Derecho de la Unión y en particular al principio de proporcionalidad sancionar el incumplimiento de requisitos formales del Derecho nacional mediante la denegación de una ventaja fiscal prevista en la Directiva 2003/96 y que, por otro lado, según su propia jurisprudencia, la solicitud de exención del impuesto sobre la energía «no es un requisito esencial, sino una mera formalidad para el ejercicio del derecho a la exención tributaria». Según dicho órgano jurisdiccional, tales consideraciones permitirían deducir que una solicitud fuera de plazo no se opone a la imposición de un producto energético en función de su utilización real, en este caso como combustible destinado a fines profesionales. En tal caso, este órgano jurisdiccional se inclina por considerar que, mientras no haya expirado el plazo de liquidación previsto en el artículo 169 del Código tributario, la autoridad competente no puede denegar el derecho a la exención o a la reducción del impuesto sobre la energía si se cumplen los requisitos materiales establecidos a tal efecto.
28

Pues bien, por una parte, el órgano jurisdiccional remitente indica que, en virtud del Derecho procesal nacional, no está vinculado por la sentencia firme dictada por el tribunal civil que se ha pronunciado sobre el recurso interpuesto por BE sobre la base del artículo 79, apartado 1, del Reglamento 2016/679. Por otra parte, dado que BE no ha desistido de su recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, interpuesto sobre la base del artículo 78, apartado 1, del citado Reglamento y que tiene por objeto obtener la modificación o la anulación de la resolución de la autoridad de control a la que se refiere el apartado 13 de la presente sentencia, corresponde a ese último órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la legalidad de dicha resolución dictada antes de que se haya dictado la sentencia del tribunal civil.
48

El órgano jurisdiccional remitente considera que, a diferencia de la transmisión de un archivo único en formato PDF y paginado, un modo de transmisión como el utilizado por el BAMF no permite seguir las modificaciones del expediente administrativo del demandante en el litigio principal, ni garantizar que el expediente aportado corresponde al que obra en poder de la Administración. A su juicio, este modo de comunicación no es conforme con el derecho a un proceso equitativo consagrado en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta. En particular, señala que, debido a que la visualización de todos los documentos en formato PDF transmitidos por la Administración en orden cronológico requiere la descarga de un software específico, no puede excluirse que esa visualización sea diferente para el juez competente y para el representante del interesado, de forma que no se garantice que se pone a disposición de todas las partes del procedimiento de asilo controvertido un expediente de contenido y forma idénticos.
«1)

¿Debe interpretarse el artículo 39 de la Decisión [SIS II], en particular su apartado 3, en el sentido de que impone la obligación de prohibir la matriculación de objetos para los que se ha introducido una descripción en el [SIS II] aun cuando la descripción ya no sea pertinente (el vehículo ha sido encontrado; el proceso penal en el Estado miembro en el que se encontró el vehículo ha sido archivado por no haberse cometido un delito en ese Estado miembro; el Estado que introdujo la descripción ha sido informado pero no adopta medidas para suprimir la descripción del sistema)?
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 207/2009»), del artículo 15, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), y del artículo 15, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3, apartado 1, 8 y 8 bis de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 (DO 2011, L 304, p. 64) (en lo sucesivo, «Directiva 93/13»).
6

El artículo 6 del mismo Reglamento, titulado «Licitud del tratamiento», establece: «1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física; e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. […] 4. Cuando el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales no esté basado en el consentimiento del interesado o en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1, el responsable del tratamiento, con objeto de determinar si el tratamiento con otro fin es compatible con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales, tendrá en cuenta, entre otras cosas: a) cualquier relación entre los fines para los cuales se hayan recogido los datos personales y los fines del tratamiento ulterior previsto; b) el contexto en que se hayan recogido los datos personales, en particular por lo que respecta a la relación entre los interesados y el responsable del tratamiento; c) la naturaleza de los datos personales, en concreto cuando se traten categorías especiales de datos personales, de conformidad con el artículo 9, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales, de conformidad con el artículo 10; d) las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto; e) la existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la seudonimización.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 (DO 2011, L 304, p. 64) (en lo sucesivo, «Directiva 93/13»), y de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, 3 y 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1) y el artículo 2 y el anexo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2002/309/CE, Euratom del Consejo y de la Comisión respecto al Acuerdo de cooperación científica y tecnológica de 4 de abril de 2002 sobre la celebración de siete Acuerdos con la Confederación Suiza (DO 2002, L 114, p. 73), en su versión modificada por la Decisión n.o 1/2017 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Unión Europea/Suiza instituido por dicho Acuerdo, de 29 de noviembre de 2017 (DO 2017, L 348, p. 46) (en lo sucesivo, el «Acuerdo CE-Suiza»).
6

Los considerandos 2, 14 y 26 de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO 2014, L 84, p. 72), tienen el siguiente tenor: «(2) […] La gestión de los derechos de autor y derechos afines comprende la concesión de licencias a los usuarios, la auditoría de los usuarios, el seguimiento del ejercicio de los derechos, la protección de los derechos de autor y derechos afines, el cobro de los ingresos derivados de la explotación de los derechos y el reparto de las cantidades que deben abonarse a los titulares de derechos. Las entidades de gestión colectiva permiten que los titulares de derechos sean remunerados por usos que los propios titulares no podrían controlar o hacer respetar, en particular en mercados no nacionales. […] (14) La presente Directiva no requiere que las entidades de gestión colectiva adopten una forma jurídica específica. En la práctica, esas organizaciones operan bajo distintas formas jurídicas, como asociaciones, cooperativas o sociedades con responsabilidad limitada, controladas por titulares de derechos de autor y derechos afines o por entidades que representan a dichos titulares, o propiedad de estos. No obstante, en algunos casos excepcionales, debido a la forma jurídica de la entidad de gestión colectiva, no está presente el elemento de propiedad o control. Este es, por ejemplo, el caso de las fundaciones, que no tienen miembros. No obstante, también deben aplicarse a dichas entidades las disposiciones de la presente Directiva. […] […] (26) Las entidades de gestión colectiva de derechos recaudan, gestionan y reparten los ingresos procedentes de la explotación de los derechos que les son confiados por sus titulares. Dichos ingresos han de abonarse en última instancia a los titulares de derechos, que pueden tener una relación jurídica directa con la entidad, o estar representados a través de una entidad que sea miembro de la entidad de gestión colectiva o a través de un acuerdo de representación. […]»
13

El artículo 14 de este Reglamento, titulado «Restricciones para las sustancias enumeradas en los anexos», establece en su apartado 1: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, los productos cosméticos no contendrán: a) sustancias prohibidas – sustancias prohibidas enumeradas en el anexo II; b) sustancias sujetas a restricción – sustancias sujetas a restricción que no se utilicen con arreglo a las restricciones establecidas en el anexo III; c) colorantes i) colorantes distintos de los enumerados en el anexo IV y colorantes enumerados en el mismo pero que no se usen con arreglo a las condiciones establecidas en dicho anexo, salvo los productos para teñir el pelo mencionados en el apartado 2; ii) sin perjuicio de la letra b), la letra d), inciso i), y la letra e), inciso i), sustancias enumeradas en el anexo IV pero que no estén destinadas a usarse como colorantes, y que no se usen con arreglo a las condiciones establecidas en dicho anexo; d) conservantes i) conservantes distintos de los enumerados en el anexo V y conservantes enumerados en el mismo pero que no se usen con arreglo a las condiciones establecidas en dicho anexo; ii) sin perjuicio de la letra b), la letra c), inciso i), y la letra e), inciso i), sustancias enumeradas en el anexo V pero que no estén destinadas a usarse como conservantes, y que no se usen con arreglo a las condiciones establecidas en dicho anexo; e) filtros ultravioletas i) filtros ultravioletas distintos de los enumerados en el anexo VI ni filtros ultravioletas enumerados en el mismo pero que no se usen con arreglo a las condiciones establecidas en dicho anexo; ii) sin perjuicio de la letra b), la letra c), inciso i), y la letra d), inciso i), sustancias enumeradas en el anexo VI pero que no estén destinadas a usarse como filtros ultravioletas, y que no se usen con arreglo a las condiciones establecidas en dicho anexo.»
30

El órgano jurisdiccional remitente observa, asimismo, que tal interpretación no parece conciliable con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal como resulta, en particular, de la sentencia de 12 de abril de 2018, Biosafe — Indústria de Reciclagens (C‑8/17, EU:C:2018:249), apartado 36, y de la sentencia de 30 de abril de 2020, CTT — Correios de Portugal (C‑661/18, EU:C:2020:335), apartado 59, según la cual, por una parte, conforme al principio de seguridad jurídica, un plazo de caducidad no puede considerarse incompatible con el régimen establecido en la Directiva del IVA, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad, y, por otra parte, la posibilidad de ejercer el derecho a deducir el IVA sin limitación temporal sería contraria a este principio, que exige que no pueda cuestionarse indefinidamente la situación fiscal del sujeto pasivo, en lo que se refiere a sus derechos y obligaciones en relación con la Administración tributaria.
c)

labores del tabaco reguladas por las Directivas 95/59/CE [del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco (DO 1995, L 291, p. 40)], 92/79/CEE [del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los impuestos sobre los cigarrillos (DO 1992, L 316, p. 8),] y 92/80/CEE [del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los impuestos sobre el tabaco elaborado, excluidos los cigarrillos (DO 1992, L 316, p. 10)].»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la subpartida arancelaria 441820 y de las partidas arancelarias 4411 y 4412 de la nomenclatura combinada (en lo sucesivo, «NC»), así como la primera parte de la regla general 2, letra a), para la interpretación de dicha nomenclatura, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión resultante del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013 (DO 2013, L 290, p. 1).
19

DSR interpuso recurso contra las liquidaciones complementarias practicadas a raíz de dicha inspección ante el Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario de Oporto, Portugal), que lo estimó mediante sentencia de 16 de octubre de 2017. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional consideró, en particular, que los ascensores forman parte integrante de los edificios en los que están instalados y que, en consecuencia, no cabe excluir la aplicación del tipo reducido del IVA a los servicios de reparación y mantenimiento de tales ascensores, siempre que dichos servicios se presten en el marco de un contrato de arrendamiento de obra y que ese tipo se aplique únicamente a la mano de obra.
65

Pues bien, de esta jurisprudencia se desprende que el artículo 6, apartado 1, de dicho Convenio no resulta aplicable a los procedimientos de extradición, de los que forma parte, en particular, el procedimiento de ejecución de la orden de detención europea, en la medida en que dichos procedimientos no se oponen a los derechos y obligaciones de carácter civil de un demandante ni se refieren al fundamento de una acusación en materia penal (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de octubre de 2008, Monedero Angora c. España, CE:ECHR:2008:1007DEC004113805, § 2, y de 4 de septiembre de 2014, Trabelsi c. Bélgica, CE:ECHR:2014:0904JUD000014010, § 160 y jurisprudencia citada).
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En la medida en que, por las razones expuestas en los apartados 31 a 38 de la presente sentencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar inadmisible el recurso debido a que la Comisión había definido su posición sobre el requerimiento para actuar de 30 de enero de 2020 antes de la interposición de dicho recurso, no procede examinar la alegación del recurrente basada en la apreciación errónea de su legitimación activa y de su interés en ejercitar la acción. En efecto, en las referidas circunstancias, un eventual error de este tipo carecería de incidencia en la resolución del litigio y no afectaría al fallo del auto recurrido en la medida en que declara la inadmisibilidad de dicho recurso (véanse, por analogía, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, apartado 74, y el auto de 25 de octubre de 2016, VSM Geneesmiddelen/Comisión, C‑637/15 P, no publicado, EU:C:2016:812, apartados 54 y 55).
64

La República Italiana objeta de entrada que el primer motivo carece de fundamento, ya que el artículo 293 TFUE, apartado 1, no es aplicable al procedimiento regulado por el artículo 218 TFUE. En efecto, de este último artículo se desprende que el procedimiento que establece se funda en una decisión del Consejo adoptada sobre la base de una «recomendación» de la Comisión, que, de conformidad con el artículo 288 TFUE, es un acto no vinculante. Por lo tanto, prosigue, el Consejo dispone de una amplia facultad para aceptar, rechazar o modificar una recomendación de la Comisión relativa a la negociación y, posteriormente, a la celebración de un acuerdo. En particular, a su modo de ver, una decisión de celebración de un acuerdo está regulada por el artículo 218 TFUE, apartado 6, que prevé que el Consejo adoptará dicha decisión «a propuesta del negociador». La Comisión no interviene en este procedimiento de celebración como tal, sino únicamente como negociadora del acuerdo. Así pues, según la República Italiana, una propuesta de la Comisión en el marco de tal procedimiento, que está adaptado a la naturaleza particular de los acuerdos internacionales, no es asimilable a la prevista en el artículo 293 TFUE, apartado 1.