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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 305/51

Recurso interpuesto el 7 de julio de 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava y otros/Comisión

(Asunto T-364/16)

(2016/C 305/69)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, República Checa) y otros 12 demandantes (representantes: G. Berrisch, abogado, y B. Byrne, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión de la Comisión Europea adoptada el 6 de junio de 2016, o con anterioridad a esta fecha, de excluir a Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd de la lista de empresas enumeradas con el código TARIC adicional A950 y, en su lugar, incluirla con un nuevo código TARIC adicional C129 en relación con todos los códigos TARIC mencionados en el artículo 1, apartado1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2272, de 7 de diciembre de 2015, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero originarios de la República Popular China tras una reconsideración por expiración en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo (DO 2015 L 322, p. 21), y, por lo tanto, de reducir el derecho antidumping aplicable a las importaciones de tubos sin soldadura fabricados por Hubei al 0 %.

— Condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las demandantes invocan un motivo único y alegan que la decisión impugnada carecía de base jurídica y que, por lo tanto, infringe el artículo 1, apartado 2, y el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2272 de la Comisión.

La Comisión Europea basó la decision impugnada en la sentencia del Tribunal de Juticia en los asuntos ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. y otros contra Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd y Consejo de la Unión Euroepa contra Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (asuntos acumulados C-186/14 P y C-193/14 P, EU:C:2016:209), en la que el Tribunal de Justicia confirmó la sentencia del Tribunal General en el asunto Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd contra Consejo de la Unión Europea (T-528/09, EU:T:2014:35), mediante la cual el Tribunal General había anulado el Reglamento (CE) n.o 926/2009 del Consejo, por el que se establece un derecho antidumping sobre determinados tubos sin soldadura originarios de la República Popular China, en la medida en que imponía un derecho antidumping sobre productos fabricados por Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. Según las demandantes, la Comisión Europea incurrió en un error al hacer extensiva la anulación del Reglamento (CE) n.o 926/2009 del Consejo al Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2272 de la Comisión, ya que este último Reglamento no formaba parte de la materia objeto de la controversia en los anteriores asuntos. Por lo tanto, la Comisión Europea sólo podía haber adoptado la decisión impugnada una vez hubiera derogado el Reglamento (UE) 2015/2272.
3.

Tercer motivo, basado en la violación del artículo 107 TFUE, apartado 1, y el incumplimiento de la obligación de motivación del artículo 296 TFUE, en la medida en que la Comisión no apreció correctamente el carácter selectivo de la medida impugnada. — El artículo 185, apartado 2, letra b), del WIB 92 y el régimen de exención de los beneficios excedentarios resultante están abiertos a todas las empresas que se encuentren en una situación de hecho y de Derecho análoga y que realicen las transacciones económicas que constituyen el objeto de la medida impugnada. Por lo tanto, la medida impugnada no se limita a determinadas empresas que reúnen características específicas y no tiene carácter selectivo en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. — Con carácter subsidiario, la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación al considerar que la exención de los beneficios excedentarios no forma parte del sistema de referencia. La exención de los beneficios excedentarios se basa en sinergias y economías de escala en aplicación del principio de la plena competencia es un pilar fundamental de las disposiciones que determinan la renta imponible total y, por lo tanto, no puede considerarse que constituye una excepción al sistema de referencia que lleva a la selectividad. — Con carácter subsidiario de segundo grado, la demandante alega que la Comisión no ha conseguido demostrar que el principio de la plena competencia haya sido erróneamente aplicado por la Belgische Rulingcommissie (órgano belga encargado de emitir un dictamen previo en cuestiones fiscales) en el contexto de la aplicación del artículo 185, apartado 2, letra b), del WIB 92. El razonamiento de la Comisión no es coherente y tiene en cuenta factores importantes que, sin embargo, son contradictorios entre sí o carecen de la coherencia necesaria.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 106 TFUE, apartado 2, error de apreciación sobre el cumplimiento de los requisitos del número 19 (apartado 2.6) del Marco [de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011)], violación de los principios de contratación pública que se recogen en el TFUE e interpretación errónea del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO 1998, L 15, p. 14; en lo sucesivo, «Directiva postal»). — Los métodos aplicados por los Estados miembros para financiar la prestación del servicio universal deben estar en consonancia tanto con los principios de no discriminación, transparencia e igualdad de trato (incluida la selección del prestatario del servicio postal universal en un marco de competencia) que se derivan de las disposiciones del TFUE en materia de libertades del mercado interior como con el artículo 106 TFUE, apartado 2, lo cual no ha sucedido en el presente asunto.
1.

Mediante su primer motivo, el demandante alega que el Consejo de la Unión Europea (el Consejo) no tenía base jurídica válida para adoptar las medidas impugnadas. En primer lugar, dichas medidas no cumplen los requisitos para que el Consejo pueda invocar el artículo 29 TUE. Las razones son varias: (i) los objetivos expresamente invocados por el Consejo (consolidar el Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos en Ucrania) no son más que afirmaciones vagas que no pueden razonablemente constituir un fundamento válido para la adopción de tales medidas; (ii) el fundamento jurídico en que el Consejo quiere basarse no guarda relación suficiente con el nivel adecuado de control jurisdiccional que las circunstancias del presente asunto requieren; y (iii) el hecho de imponer medidas restrictivas al demandante constituye, de hecho, un apoyo al, y la legitimación de, la política adoptada por el nuevo régimen de Ucrania, que él mismo vulnera la seguridad jurídica y el Estado de Derecho y que vulnera, y está dispuesto a vulnerar sistemáticamente, los derechos humanos. En segundo lugar, no se cumplen los requisitos para invocar el artículo 215 TFUE, puesto que no existe una decisión válida con arreglo al capítulo 2 del título V del TFUE. En tercer lugar, no existe un vínculo suficiente para poder invocar el artículo 215 TFUE contra el demandante.
1.

Las demandantes sostienen que, cuando adoptó el Reglamento de ejecución impugnado, la demandada no tuvo en cuenta su oposición a pesar de que ésta fue comunicada en el plazo establecido a la autoridad nacional competente en virtud del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 (1), la cual no la transmitió a la Comisión a su debido tiempo.
—

Subsidiariamente para el caso de que no se estimasen las pretensiones anteriores, suspenda la resolución relativa al recurso con arreglo al artículo 69, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal vigente desde el 1 de julio de 2015 (en lo sucesivo, «Reglamento de Procedimiento»), hasta que en el procedimiento previsto en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento 2100/94 se haya adoptado una resolución definitiva en relación con la nulidad de la obtención vegetal para la variedad de referencia «Royal Braeburn» (solicitud n.o 1998/1082; variedad n.o 11960). Lo anterior es necesario según resulte que la variedad de referencia desaparece o que Angers-Beaucouzé no es o no fue adecuado como lugar de examen (véase el apartado 12) y, por tanto, en función de que fuera o no preciso un examen complementario.
—

La Decisión de la Sala de Recurso, al no suspender el procedimiento, incurre en un error manifiesto de apreciación y en una desviación de poder, infringe la Regla 20, apartado 7, en relación con la Regla 50, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, la Regla 52, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2868/95 y el artículo 75, el artículo 76, apartado 1, y el artículo 99, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo y viola los principios de igualdad ante la Ley, de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de buena administración.
—

En el procedimiento administrativo ante la Comisión las demandantes presentaron una solicitud a ésta para una reducción de la multa a la luz de las «características específicas» a las que se refiere el punto 37 de la Directrices sobre las multas. Los servicios de la Comisión no respondieron a esa solicitud y la Comisión no la examinó en su Decisión. Las demandantes tienen que suponer que los servicios de la Comisión no examinaron su solicitud o bien que no dieron a conocer su apreciación al Comité consultivo y al colegio de Comisarios para su revisión. Como consecuencia no cabe excluir que, si lo hubieran hecho, la multa finalmente impuesta a las demandantes podría haber sido menor. La Comisión infringió así el principio de buena administración y su deber de motivación.
1.

Respecto a los derechos que se derivan del contrato de Derecho privado: — Recalifique su relación contractual como contrato de trabajo de duración determinada. — Declare el incumplimiento por las partes demandadas de sus obligaciones contractuales y, en particular, de la notificación de un preaviso en caso de rescisión de un contrato de duración determinada. Por consiguiente, en compensación por el perjuicio sufrido por la utilización abusiva de contratos de trabajo sucesivos de duración determinada, que supone una incertidumbre prolongada del demandante y el incumplimiento de la obligación de notificación de un preaviso de rescisión del contrato: — Condene a las demandadas a pagar al demandante una indemnización compensatoria por preaviso de 176 601,55 euros, calculada de acuerdo con su antigüedad en el servicio en las misiones creadas por la Unión Europea. — Con carácter subsidiario, condene a las demandadas a pagar al demandante una indemnización compensatoria por preaviso de 45 985,15 euros, calculada teniendo en cuenta la duración de los servicios que prestó a la cuarta demandada. — Declare con arreglo a Derecho que el despido del demandante es improcedente y, en consecuencia, condene a las demandadas a pagarle una indemnización valorada ex aequo et bono, en 50 000 euros. — Declare que las demandadas no han emitido los documentos de fin de contrato con arreglo a la legislación social y: — Condenarlas a pagar al demandante la suma de 100 000 euros por día de retraso, desde el día de la interposición del presente recurso. — Condenarlas a remitir los citados documentos de fin de contrato al demandante. — Condene a las demandadas a pagar los intereses sobre las citadas sumas, calculados con arreglo al tipo legal belga.
—

Primero, la Decisión no demuestra la existencia de ventaja económica alguna, pues califica la ejecución o aplicación del laudo de ayuda incompatible. En el presente caso concurren los requisitos del asunto Asteris (sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros, 106/87 a 120/87). Cualquier ventaja (quod non) precede a la adhesión de Rumanía a la Unión Europea, por lo que excede del ámbito de aplicación de las normas de la Unión sobre ayudas de Estado. Segundo, la Decisión no demuestra la existencia de selectividad. El Tratado bilateral de inversión Rumanía-Suecia («TIB» — base jurídica del laudo) establece un sistema de responsabilidad general que se aplica por igual a todos los inversores. Tercero, la Decisión no demuestra que la medida en cuestión sea imputable al Estado Rumano. Rumanía carece de margen de apreciación en la ejecución del laudo.
4.

Cuarto motivo, en el que se alega que la decisión impugnada vulnera la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (en lo sucesivo, «Recomendación PYME») en la medida en que su conclusión de que la demandante no es una empresa se basa en criterios no previstos en la Recomendación PYME sino, en cambio, en el apartado 1.1.3.1, punto 6, letra c), de la Decisión 2012/838/UE de la Comisión. (2)
—

Anule el acto impugnado: Results of the evaluation- Ineligible proposal. Proposal: A4A, 699442- Decisión ref. Ares (2015)3187639, notificada el 29 de julio de 2015, adoptada por la Comisión Europea, Easme Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, en la medida en que es contraria a Derecho por los motivos indicados.
—

anule la resolución impugnada, considerando acreditado el uso de la marca española no 2 569 089 «MODAS CRISTAL», clase 35 así como que la nueva solicitud es incompatible con las marcas españolas no 2 569 089 «MODAS CRISTAL», clase 35 y no 2 763 821 «home CRISTAL», clase 24;
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 294/81

Recurso interpuesto el 3 de julio de 2015 — Arrom Conseil/OAMI — Nina Ricci (Roméo has a gun by Romano Ricci)

(Asunto T-359/15)

(2015/C 294/97)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Arrom Conseil (París, Francia) (representantes: C. Herissay Ducamp y J. Blanchard, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Nina Ricci SARL (París, Francia)

Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

Solicitante: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca controvertida: Marca comunitaria figurativa que incluye los elementos «Roméo has a gun by Romano Ricci» — Solicitud de marca comunitaria no 11 193 604

Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 13 de abril de 2015 en el asunto R 1021/2014-1

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

Motivo invocado
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 262/28

Recurso interpuesto el 13 de abril de 2015 — Sopra Steria Group/Parlamento

(Asunto T-181/15)

(2015/C 262/38)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, Francia) (representantes: A. Verlinden, R. Martens y J. Joossen, abogados)

Demandada: Parlamento Europeo

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión del Parlamento Europeo de fecha desconocida por la que se inicia el procedimiento negociado sin publicación de un anuncio de contrato para el procedimiento NPE-15.8.

— Anule cualquier decisión que el Parlamento Europeo pueda haber adoptado respecto al desarrollo de este procedimiento negociado sin aviso de publicación NPE-15.8.

— Declare que el (los) contrato(s) que se celebren potencialmente sobre la base del procedimiento negociado sin publicación de un anuncio de contrato en el procedimiento NPE-15.8 es (son) nulos de pleno Derecho.

— Condene al Parlamento Europeo a cargar con las costas del procedimiento, incluidos los gastos de asesoramiento jurídico de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un motivo, alegando la infracción del artículo 102 del Reglamento Financiero, del artículo 103 del Reglamento Financiero, del artículo 104, apartado 2, del Reglamento Financiero y del artículo 134, apartado 1, letra c), de las Normas de desarrollo, que hacen nula la Decisión de fecha desconocida por la que se inicia el procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de contrato.

Según las demandantes, el Parlamento Europeo empleó el procedimiento negociado de forma indebida e ilegal, sin publicar previamente un anuncio de contrato, cuando debería haberse afirmado que este procedimiento era un procedimiento excepcional cuyo uso debe ser justificado legalmente (dado también que el Parlamento Europeo tiene la obligación de garantizar que todos los procedimientos de contratación pública deben basarse en la mayor concurrencia posible, véase el artículo 102, apartado 2, del Reglamento Financiero). Dicha justificación, según las demandantes, no fue aportada por el Parlamento Europeo, como tampoco existían razones de urgencia imperiosa por acontecimientos imprevisibles no imputables al Parlamento Europeo [como se exige para la aplicación del artículo 134, apartado 1, letra c), de las Normas de desarrollo].
—

La parte demandante plantea en relación con ello que, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión vulneró el artículo 17, apartados 1 y 2, del Reglamento no 1150/2000 del Consejo, en la medida en que llegó erróneamente a la conclusión de que la República Checa no había adoptado todas las medidas necesarias para poner a disposición de la Comisión un importe de los recursos propios de la Unión, y en la medida en que ello exige la puesta a disposición de un importe que no cabía excluir basándose en criterios que no eran imputables a la República Checa.
1.

Primer motivo, basado en que la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, en su versión modificada (en lo sucesivo, «Decisión»), en la medida en que impone medidas restrictivas contra la parte demandante, no es conforme con los objetivos de la Decisión invocados expresamente (a saber, la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos), y no se incardina en los principios y objetivos de la Política exterior y de seguridad común (PESC) que prevé el artículo 21 TUE. Por lo tanto, la Decisión no cumple los requisitos para basarse en el artículo 29 TUE. Dado que la Decisión carecía de validez, el Consejo no podía basarse en el artículo 215 TFUE, apartado 2, para adoptar el Reglamento (UE) no 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento»). Hechos recientes han puesto de manifiesto claramente que la parte demandante no será tratada de manera justa, independiente e imparcial por las autoridades ucranianas judiciales o encargadas de la investigación.
—

La demandante alega que la Comisión infringió el artículo 107 TFUE, apartado 3, letras a) y c), al considerar que la inversión no está justificada desde el punto de vista del desarrollo de determinadas regiones y no es proporcionada con las desventajas que se supone debe compensar y al considerar que la ayuda concedida a Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo sp. z o.o. no es compatible con el mercado interior.
1.

Primer motivo, basado en el ejercicio irregular por parte de la Comisión Europea de su facultad de excluir importes de la financiación de la Unión Europea — Al aplicar las correcciones a tanto alzado establecidas por la Decisión de Ejecución (UE) 2015/103, la Comisión ejercitó sus facultades irregularmente, infringiendo con ello el artículo 52 del Reglamento (UE) 1306/2013, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo, y las Directrices de la Comisión para la aplicación de las correcciones financieras definidas en el Documento no VI/5330/97 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1997, titulado «Directrices para el cálculo de las repercusiones financieras al preparar la decisión de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA». — La Comisión debió establecer correcciones basándose en la identificación de los importes pagados indebidamente por Rumanía, y no aplicando un porcentaje a tanto alzado, habida cuenta, en particular, de que la situación no lo exigía y, por otra parte, de que el Estado Rumano había puesto a disposición de la Comisión la información necesaria para calcular las correcciones. En tales circunstancias no puede considerarse que la Comisión tuviera que realizar esfuerzos desproporcionados para calcular unas correcciones basadas en la pérdida real de fondos.
1.

Primer motivo, basado en una infracción del artículo 15 del Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343, p. 1). — A este respecto, se alega que la entrada en vigor del Reglamento impugnado no ha previsto ni prevé ningún tipo de período transitorio para permitir el agotamiento de las existencias y de los envoltorios.
1.

Primer motivo, basado en que, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión infringió el Reglamento (CE) no 1367/2006 y que, erróneamente, no lo aplicó o lo hizo únicamente de modo parcial, porque: — La Comisión infringió el artículo 2, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) no 1367/2006 al no tener en cuenta el hecho de la que información solicitada se califica de información medioambiental. — La Comisión infringió los artículos 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006 y 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001 al no interpretar el motivo de denegación del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001 de conformidad con el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Convenio de Aarhus y/o de modo suficientemente restrictivo, al no ponderar el concreto interés de protección del proceso de toma de decisiones invocado por la Comisión contra los intereses generales de la divulgación de información medioambiental y al no motivar suficientemente la denegación; — La Comisión infringió los artículos 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006 y 4 del Reglamento 1049/2001 al no analizar concreta e individualmente los documentos a los que se hace referencia en la solicitud de acceso y al no justificar para cada documento concreto las razones para su no divulgación.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del principio de no discriminación y del artículo 19 TUE ya que, debido a la aplicación de legislación nacional y de la UE divergente e incompatible en materia de enriquecimiento injusto, se discrimina al recurrente con respecto a una situación en la que sólo se aplique el ordenamiento jurídico nacional, ya que no está autorizado a alegar frente a la Comisión el hecho de que el enriquecimiento ya no existe.
—

Modifique la resolución impugnada en el sentido de que se anule la resolución de la División de Anulación de 14 de octubre de 2013, no 6912 C, y se desestime la pretensión de nulidad de la marca comunitaria no 9 5 02 551.
—

Las demandantes alegan igualmente que según la definición de límite máximo de residuos contenida en el artículo 3, apartado 2, letra d) del Reglamento relativo a los LMR éstos deben basarse en «la menor exposición del consumidor necesaria para proteger a todos los consumidores vulnerables» y en «las buenas prácticas agrícolas». De los artículos 3, apartado 2, y 4, apartado 1, párrafo segundo y del artículo 14, apartado 2, letras a) y d), se desprende que, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión debería haber tenido en cuenta los conocimientos científicos y técnicos disponibles sobre los efectos del imidacloprid en las abejas y en las colonias de abejas. También se desprende de estas disposiciones —y, en particular, del artículo 14, apartado 2, letra d), del Reglamento relativo a los LMR— que la Comisión, de manera contraria a Derecho, no tuvo en cuenta en la Decisión impugnada el Reglamento de Ejecución (UE) no 485/2013 de la Comisión (2), en tanto que decisión dirigida «a modificar los usos de los productos fitosanitarios».