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A efectos de la aplicación del artículo 10 del Protocolo de 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, a tenor del cual los miembros del Parlamento Europeo gozan, mientras la Asamblea esté en período de sesiones, «en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de un país», la duración de los períodos de sesiones del Parlamento Europeo sólo puede apreciarse a la luz del Derecho comunitario. En efecto, una remisión a una legislación nacional para interpretar el. concepto de período de sesiones del Parlamento Europeo sería incompatible, no solamente con el texto del Protocolo, sino también con el objeto mismo de esta disposición, cuyo fin no' es otro que el de garantizar la inmunidad durante un mismo período para todos los diputados europeos, independientemente de su nacionalidad.

Si a tenor de lo previsto en los artículos 22, párrafo 1, del Tratado CECA, 139, párrafo 1, del Tratado CEE y 109, párrafo 1, del Tratado CEEA, modificados por el artículo 27 del Tratado de fusión, el Parlamento Europeo «celebrará cada año un período de sesiones» y «se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo», no existe, ni tan siquiera indirectamente, ninguna indicación sobre la duración de este período de sesiones en el resto de las disposiciones del Tratado relativas al Parlamento Europeo. A falta de disposición expresa en los Tratados al respecto, le corresponde al Parlamento Europeo fijar la duración de los períodos de sesiones en virtud de la competencia para establecer su propio sistema de organización interna. Le corresponde, por lo tanto, a éste decidir de manera discrecional el momento en que deba clausurarse cada período anual de sesiones.

Al exceder con mucho la actividad del Parlamento Europeo y la de sus órganos, permanentes o temporales, la mera celebración de sesiones, y al abarcar ésta todo el año, una interpretación del concepto «período de sesiones», tal como se define en el artículo 10 del Protocolo de 8 de abril de 1965, que limitase la inmunidad únicamente a los períodos en los que el Parlamento estuviera reunido en sesión implicaría, por este solo hecho, riesgos para el desempeño de las actividades del Parlamento en su conjunto. Dado que la práctica constante del Parlamento, según la cual un período de sesiones abarca todo el año y no se clausura sino la víspera de la apertura de un nuevo período de sesiones, no es incompatible ni con las disposiciones de los Tratados relativos a los períodos de sesiones del Parlamento ni con las del Protocolo de 8 de abril de 1965, el artículo 10 de este Protocolo ha de interpretarse en el sentido de que se debe considerar que el Parlamento Europeo está en período de sesiones, aunque no se encuentre, de hecho, reunido en sesión, hasta el momento en que el propio Parlamento adopte la decisión por la que se clausuran los períodos de sesiones anuales o extraordinarios.
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Procede señalar que una cuestión prejudicial, relativa a la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, remitida por la Cour d'appel de Poitiers, en el marco de un litigio ocasionado por no haberse respetado el precio de venta fijado de conformidad con la ley de 10 de agosto de 1981, fue objeto de la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de enero de 1985 (Association des centres distributeurs Édouard Leclerc et Thouars Distribution et autres, 229/83, Rec. 1985, p. 1).
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La Comisión, parte demandada, alega en primer lugar la inadmisibilidad del recurso, poniendo de relieve que éste no fue interpuesto hasta el 10 de diciembre de 1984, cuando el plazo previsto en el apartado 3 del artículo 91 del Estatuto había empezado a correr en el mes de junio de 1984, momento en que los demandantes tuvieron conocimiento de la decisión de no admitirles a las pruebas, y no el 7 de septiembre de 1984, fecha en la que los demandantes recibieron la notificación de una segunda decisión que habría sido meramente confirmatoria de la primera. En su opinión, al haber sido interpuesto después del vencimiento del plazo de tres meses previsto en el Estatuto, el recurso es inadmisible.
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Para la Comisión, el hecho de que los demandantes hayan desempeñado un papel en la apertura del procedimiento administrativo tampoco les individualiza. El papel de los demandantes no es otro que el de contribuir a la información y no es comparable al de quienes instan un procedimiento con arreglo al Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962 (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22) o al Reglamento no 3017/79 del Consejo, de 20 de diciembre de 1979 (DO 1979, L 339, p. 1). En el sentido de los artículos 92 a 94, los demandantes no tienen una posición específica. Pero aun en el caso de reconocerse a los demandantes el derecho subjetivo a solicitar de la Comisión que suprima una ayuda juzgada incompatible con el mercado común, ello no demostraría por sí solo que tienen un interés suficiente para recurrir la decisión de que la ayuda no es incompatible. Como el Tribunal de Justicia ha reconocido efecto directo al artículo 93, apartado 3, en el sentido de que dicho precepto sienta criterios procesales que el juez nacional puede apreciar y engendra derechos en favor de los interesados que los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a salvaguardar, de ello se sigue que una infracción del artículo 93, apartado 3, puede ser directamente sancionada por los Tribunales nacionales. Los demandantes, pues, no se ven privados de toda clase de amparo.
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Con respecto a este último período, el Centrale Raad van Beroep se pregunta si la mujer casada no debe beneficiarse de que se tomen en consideración como períodos de seguro, conforme al punto 2, letra a), del Anexo antes citado del Reglamento n° 1408/71, todos los períodos de residencia en los Países Bajos, incluso anteriores al matrimonio. A este respecto se refiere, en particular, a una práctica general de la SVB que consiste en aplicar el punto 2, letra a), a las mujeres casadas que tienen la calidad de trabajador, práctica motivada por la razón de que, para las mujeres que están comprendidas ellas mismas en el ámbito de aplicación rationepersonae del Reglamento n° 1408/71, sería injusto que no se tomara en consideración aquellos períodos que, caso de que la mujer no hubiera estado casada, se habrían tomado en consideración conforme al punto 2, letra a). Por lo que se refiere a esta práctica, el Centrale Raad van Beroep se pregunta si la esposa del Sr. Spruyt no está comprendida también dentro del ámbito de aplicación ratione-personae del Reglamento n° 1408/71 en su condición de miembro de la familia de un trabajador y si es «beneficiaria» a los efectos del punto 2, letra a).
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Del expediente presentado por la Comisión, con cierto retraso debido a la adhesión de nuevos Estados miembros, el 10 de abril de 1975, deriva una propuesta de reglamento dirigida al Consejo (DO C 96, p. 4) en la que la Comisión preconizaba la generalización de la concesión de las prestaciones familiares del país de empleo, cualquiera que fuese el país de residencia de los miembros de la familia. Esta solución ha recibido el apoyo del Parlamento Europeo (dictamen de 14 de octubre de 1975, DO C 257) y del Comité Económico y Social (dictamen de 24 de septiembre de 1975, DO C 286). La cuestión ha sido debatida por el Consejo en sus sesiones de 18 de diciembre de 1975 y de 9 de diciembre de 1976 sin que se haya podido sin embargo llegar a una decisión.
Si tal no fuera el caso, la Comisión es competente, conforme al artículo 115, para autorizar a los Estados miembros a adoptar, para dichas mercancías, medidas de protección destinadas a hacer frente a los riesgos de desviación del tráfico o de dificultades económicas.

Si bien el Reglamento no 3589/82 constituye, en lo que respecta a los productos originarios de terceros países adheridos al Acuerdo Multifibras, un progreso cierto hacia el establecimiento de una política comercial común basada en principios uniformes, sin embargo, no se desprende del régimen establecido por el Reglamento que éste haya logrado una uniformidad completa en lo que se refiere a los requisitos de importación de dichos productos. Por ello, la Comisión sigue teniendo competencia para autorizar, conforme al artículo 115 del Tratado, a un Estado miembro a adoptar, en circunstancias justificadas, medidas de protección para los productos textiles sometidos al régimen del Reglamento no 3589/82 y despachados a libre práctica en otros Estados miembros. Con todo, la Comisión debe mostrar una gran prudencia y moderación en el ejercicio de estas competencias.
Asunto 5/84

Direct Cosmetics Ltd

contra

Commissioners of Customs and Excise

Petíción de decisión prejudicial planteada por el London Value Added Tax Tribunal

«Sexta Directiva en materia de armonización del IVA — Base imponible»

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido — Base imponible — Medidas nacionales que establecen excepciones — Modificación de una medida vigente — Obligación de notificación a la Comisión — Incumplimiento — Inoponibilidad de la modificación a particulares

[Directiva 77/388 del Consejo, art. 11, parte A, ap. 1, letra a), y arts, 27, aps. 1,2 y 5]

Cuando determinadas disposiciones nacionales, notificadas con arreglo al apartado 5 del artículo 27 de la Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, son modificadas de tal manera que en ellas se omite el elemento que las vincula con la Directiva, semejante modificación, que introduce un cambio sustancial en la legislación anterior, constituye una «medida especial» a los efectos del apartado 1 del artículo 27, que obliga al Estado miembro a informar de ella a la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 27.

Un Estado miembro que haya incumplido la obligación que le incumbe en virtud del apartado 2 del artículo 27 de la Sexta Directiva y no haya informado a la Comisión de la adopción de una medida especial que establece una excepción a las disposiciones de la letra a) del apartado 1 de la parte A) del artículo 11 relativo a la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y que requiere por tanto la autorización del Consejo con arreglo al apartado 1 del artículo 27, no puede oponer semejante medida a un particular que reclame ante los órganos jurisdiccionales nacionales la aplicación de las disposiciones de la ley tributaria adoptadas de conformidad con la letra a) del apartado 1 de la parte A del artículo 11 de la Directiva.
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A efectos de determinar el marco jurídico del recurso, procede recordar que el Reglamento (CEE) no 516/77 del Consejo, de 14 de marzo de 1977 (DO L 73, p. 1; EE 03/12 p. 46), codificó todas las disposiciones relativas a la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas y que, a tenor del artículo 20 de dicho Reglamento, la gestión de la organización de mercado se confió a la Comisión, que se pronuncia según el régimen denominado del «Comité de gestión». Mediante el Reglamento (CEE) no 1152/78, de 30 de mayo de 1978 (DO L 144 p. 1), el Consejo completó dicha organización introduciendo en el Reglamento (CEE) no 516/77 una serie de artículos nuevos, 3 bis a 3 quater, que establecen un régimen de ayuda a la producción de determinados productos, entre ellos los concentrados de tomate y los melocotones en almíbar. Según la exposición de motivos de dicho Reglamento, este régimen tiene como objetivo «hacer más competitivos los productos comunitarios, adoptando las medidas necesarias que permitan vender dichos productos a precios competitivos respecto a los practicados por los principales países terceros productores».
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En apoyo de su pretensión de que se anule la citada Decisión de la Comisión, la República Italiana alega, en primer lugar, que los reglamentos que se discuten no fueron objeto de valoración jurídica en relación con el artículo 86 del Tratado. A este respecto la demandante alega, por una parte, que la actividad reglamentaria de un organismo de Derecho público no puede enjuiciarse como una actividad empresarial a los efectos del artículo 86 del Tratado y, por otra parte, que, a causa del monopolio legal del que es titular, el artículo 222 del Tratado no permite aplicar las normas comunitarias sobre al competencia a BT.
5

El Bundesgerichtshof, que conoce de la Rechtsbeschwerde, mantiene que el Oberlandesgericht no se había pronunciado sobre el recurso contra la decisión que otorgaba la ejecución, sino que, siguiendo una sugerencia de Wendel, había decidido con carácter preliminar sobre la constitución de una garantía. Al tratarse de una resolución provisional del Oberlandesgericht, no es seguro que pueda admitirse una Rechtsbeschwerde contra ella. En efecto, según el Derecho procesal civil alemán, un recurso de este tipo no es admisible si está dirigido contra una resolución interlocutoria de un Oberlandesgericht; por lo tanto, sólo puede ser examinado pör el Bundesgerichtshof si el Convenio prevé un recurso de esta clase.
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El Verwaltungsgericht, ante el cual se había interpuesto un recurso contra las resoluciones que acordaban declarar la pérdida de las fianzas, estimó que el citado Reglamento n° 1071/68 no contenía base alguna que permitiera la revocación de las resoluciones relativas a la liberación de responsabilidad de las fianzas y que tal base tampoco existía en otras disposiciones comunitarias, en particular, en el artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, relativo a la financiación de la Política Agrícola Común (DO L 94, p. 13; EE 03/03, p. 220).
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Es igualmente cierto que, en la época de los hechos sometidos al examen del òrgano jurisdiccional nacional, podía considerarse que los textos de Derecho comunitario relativos a la organización común del mercado vitivinícola [principalmente el Reglamento (CEE) n° 337/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, DO L 54, p. 1 ; EE 03/15, p. 160]; el Reglamento (CEE) n° 355/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1971, por el que se establecen las normas generales para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva (DO L 54, p. 99; EE 03/16, p. 3); el Reglamento (CEE) n° 2164/80 de la Comisión, de 8 de agosto de 1980, por el que se modifica por séptima vez el Reglamento (CEE) n° 1608/76, sobre las modalidades de aplicación para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva (DO L 214 p. 1), y el Reglamento (CEE) n° 997/81 de la Comisión, de 26 de marzo de 1981, sobre modalidades de aplicación para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva (DO L 106, p. 1; EE 03/21, p. 89) constituían ya un sistema completo, especialmente en materia de precios y de intervención, de régimen de intercambios con países terceros, de normas relativas a la producción y a determinadas prácticas enológicas así como en lo relativo a los requisitos de designación de los vinos y de etiquetado.
No obstante, no obstaculizan la aplicación de disposiciones sobre tarifas de los contratos de seguro del automóvil que deniegan la bonificación de falta de siniestralidad en caso de vehículos matriculados con placas de aduana, y están fundadas en datos objetivos relativos a la propia técnica del seguro.

El principio general de no discriminación, enunciado por el artículo 7 del Tratado, y las normas contenidas en los artículos 48, 59 y 65, que lo aplican, están destinados a suprimir todas las medidas que, en los respectivos ámbitos de la libre circulación de trabajadores y de la libre prestación de servicios, imponen a un nacional de otro Estado miembro un trato más riguroso o le colocan en una situación de Derecho o de hecho más desfavorable, respecto a la situación de un nacional en las mismas circunstancias.

El artículo 34 del Tratado se refiere únicamente a las medidas nacionales que tengan por objeto o como efecto restringir específicamente las corrientes de exportación y establecer, de este modo, una diferencia de trato entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio de exportación, proporcionando una ventaja particular a la producción nacional o al mercado interior del Estado miembro interesado.

No es este el caso de una normativa nacional que se limita a autorizar a las compañías aseguradoras a tener en cuenta en sus cláusulas sobre tarifas las condiciones especiales de utilización de los vehículos que aumenten o disminuyan el riesgo de seguro, como es, en particular, el caso de los vehículos matriculados con placas de aduana, para los que el artículo 34 no prohibe denegar la bonificación por falta de siniestralidad.
Asunto 72/83

Campus Oil Limited y otros

contra

The Minister for Industry and Energy y otros

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court de Irlanda

«Libre circulación de mercancías — Abastecimiento de productos petrolíferos»

Sumario de la sentencia

Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Momento procesal en que procede la remisión — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional (Tratado CEE, art. 177) Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Concepto (Tratado CEE, art. 30) Competencia — Empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general — Sumisión a las normas del Tratado — Protección asegurada mediante medidas que obstaculizan las importaciones procedentes de otros Estados miembros — Improcedencia (Tratado CEE, arts. 30 y 90, ap. 2) Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Abastecimiento de productos petroleros — Obligación de compra a tina refinería nacional (Tratado CEE, art. 30) Libre circulación de mercancías — Excepciones — Artículo 36 del Tratado — Normativa comunitaria cuyo objetivo consiste en la protección de los mismos intereses — Efectos (Tratado CEE, art. 36) Libre circulación de mercancías — Excepciones — Artículo 36 del Tratado — Objeto — Alcance — Medidas innecesarias o desproporcionadas — Improcedencia (Tratado CEE, art. 36) Libre circulación de mercancías — Excepciones — Seguridadpública — Abastecimiento de productos petroleros — Objetivo incluido en el concepto de seguridad pública — Adopción de una normativa apropiada — Normativa idónea para alcanzar objetivos económicos diferentes — Procedencia (Tratado CEE, art. 36) Libre circulación de mercancías — Excepciones — Seguridadpública — Abastecimiento deproductos petroleros — Obligación de compra a una refinería nacional — Procedencia — Requisitos y límites (Tratado CEE, art. 36)
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En efecto, por lo que respecta al transporte intracomunitário, el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 69/169, en su versión resultante de la Tercera Directiva 78/1032/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 (DO L 366, p. 28; EE 09/01, p. 103), dispone que cuando el viaje de un país miembro a otro se efectúe en tránsito por el territorio de un país tercero, o en proveniencia de una parte del territorio de otro Estado miembro en la que los impuestos a que se refiere la Directiva no se apliquen a las mercancías consumidas en dicho territorio, el viajero deberá poder justificar que las mercancías transportadas en su equipaje fueron adquiridas en las condiciones generales de imposición del mercado interior de uno de los Estados miembros y no se benefician de ninguna devolución de impuestos sobre el volumen de negocios o de impuestos sobre consumos específicos. Aunque el viajero no pueda proporcionar dicha prueba, podrá sin embargo disfrutar de la franquicia más limitada (expresada por referencia al valor) prevista para el tráfico de viajeros entre países terceros y la Comunidad.
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La demandante contesta que, si bien la autoridad de cosa juzgada de la citada sentencia impide que la empresa discuta la legalidad de la Decisión que establece la cuota controvertida, no obstante, ello no afecta al problema de si la Comisión puede, mediante una multa, sancionar un exceso de dicha cuota que se haya producido en una situación de estado de necesidad. En cuanto al artículo 42 del Reglamento de Procedimiento, dice que no es aplicable en el caso de autos, habida cuenta de que el problema del exceso de cuota y de su posible justificación no se plantearon de modo alguno en el asunto 119/81.
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El Tratado no define qué debe entenderse por movimiento de capitales. No obstante, las dos Directivas antes citadas contienen en sus Anexos una enumeración de los diferentes movimientos de capitales acompañada de una nomenclatura. Si bien la transferencia material de valores, en particular de billetes de banco, forma parte de dicha enumeración, de ello no resulta, sin embargo, que dicha transferencia deba ser considerada en cualesquiera circunstancias como un movimiento de capital.
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Aunque es verdad que a partir de su sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe (120/78, ↔ Rec. p. 649), el Tribunal/de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que la protección de los consumidores puede justificar los obstáculos a la libre circulación de mercancías derivados de las disparidades existentes entre las normativas nacionales, el carácter discriminatorio de la normativa que se discute excluye la aplicación de este criterio, que no se refiere sino a las disposiciones de las legislaciones que regulan de una manera uniforme la comercialización de los productos nacionales y de los productos importados. En el caso de autos, por consiguiente, la justificación basada en la protección de los consumidores no puede admitirse en el marco del artículo 30, ya que la misma protección no se garantiza con respecto a la producción nacional.
Aun cuando no exista compartimentación de los mercados, un acuerdo entre empresas establecidas en un Estado miembro referido únicamente al mercado de dicho Estado afecta a los intercambios entre los Estados miembros a efectos del artículo 85 del Tratado, siempre que tenga por objeto, aunque sólo sea en parte, un producto procedente de otro Estado miembro, incluso si los participantes adquieren el producto a una sociedad de su propio grupo.

La prohibición de imponer multas que se establece en la letra a) del apartado 5 del artículo 15 del Reglamento no 17 sólo se aplica a los acuerdos efectivamente notificados. De ello se desprende que, aun cuando un acuerdo esté amparado por el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento no 17, según el cual determinados acuerdos que reúnen los requisitos establecidos en dicha disposición pueden beneficiarse de una exención sin necesidad de haber sido notificados, la Comisión puede imponer multas a las empresas que haya participado en él, siempre que dicho acuerdo no fuera notificado.