El Consejo de disciplina dispone, en virtud del artículo 6 del Anexo IX del Estatuto, de una facultad de apreciación en cuanto a la necesidad de ordenar determinadas medidas de investigación complementarias. En este contexto, está facultado, en particular, para presentar de oficio un testigo que no haya sido presentado por las partes.

La transmisión fuera de plazo de los informes de las audiencias de los testigos no atenta ni contra el carácter contradictorio del procedimiento ni contra los derechos de defensa, cuando los citados informes versen únicamente sobre las audiencias a las que hayan asistido el demandante y sus asesores y cuando no se haya privado al funcionario inculpado de la posibilidad de presentar sus observaciones útiles encaminadas a la comprobación de los hechos con ocasión del procedimiento disciplinario.

La motivación de una decisión lesiva debe permitir al Juez comunitario ejercer su control sobre su legalidad y proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la decisión está bien fundada. La cuestión de si la motivación del dictamen de un Consejo de disciplina o de la decisión de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos cumple las exigencias del Estatuto debe apreciarse a la vista no sólo de su tenor literal, sino también de su contexto, así como del conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trata. A este respecto, si bien el Consejo de disciplina y la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos están obligados a exponer los elementos de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de sus decisiones y las consideraciones que les hayan llevado a adoptarlas, sin embargo, no se exige que discutan todos los puntos de hecho y de Derecho que hayan sido planteados por el interesado en el transcurso del procedimiento.

El ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho de propiedad, puede estar sujeto a restricciones, siempre y cuando éstas respondan a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan una intervención desmesurada e intolerable que atente contra la propia esencia de los derechos garantizados. Ahora bien, las disposiciones del artículo 11 del Estatuto, de las que se desprende que el funcionario deberá regir su conducta teniendo como única guía el interés de las Comunidades, responden a la preocupación legítima de garantizar no solamente la independencia, sino también la lealtad del funcionario para con su Institución, objetivo éste cuya consecución justifica el inconveniente menor de obtener una autorización de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos para aceptar cantidades de dinero procedentes de fuentes ajenas a la Institución a la que pertenece.

Las obligaciones derivadas del artículo 12 del Estatuto y del deber de lealtad siguen siendo aplicables durante un período de excedencia voluntaria. Puesto que el artículo 12 del Estatuto contempla a todos los funcionarios, sin distinguir según su posición administrativa, el hecho de hallarse en situación de excedencia voluntaria no puede eximir a un funcionario de las obligaciones que le impone dicho artículo. Además, el respeto debido por el funcionario a la dignidad de su función no se limita al momento particular en el que ejerce uno u otro cometido específico, sino que se impone en toda circunstancia, de la misma forma que la obligación de lealtad no sólo se impone en la realización de cometidos específicos, sino que se extiende asimismo a toda la esfera de las relaciones existentes entre el funcionario y la Institución.

El artículo 12, párrafo primero, del Estatuto de los Funcionarios, según el cual «el funcionario se abstendrá de todo acto y, en particular, de toda expresión pública de opinión que pudiera atentar a la dignidad de su función», pretende garantizar que los funcionarios comunitarios presenten, en su comportamiento, una imagen de dignidad conforme con la conducta especialmente correcta y respetable que cabe esperar de los miembros de una función pública internacional. De ello se desprende, en particular, que unas injurias proferidas públicamente por un funcionario y que atenían contra el honor de aquellas personas a las que se refieren, constituyen en sí mismas un atentado contra la dignidad de la función en el sentido de dicha disposición.

El derecho a la libertad de expresión, consagrado por el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, constituye un derecho fundamental cuyo respeto garantiza el Juez comunitario y del que disfrutan, en particular, los funcionarios comunitarios. Sin embargo, los derechos fundamentales no tienen el carácter de prerrogativas absolutas, sino que pueden estar sujetos a restricciones, siempre que éstas respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, a la vista de su finalidad perseguida, una intervención desmesurada e intolerable que atente contra la propia esencia de los derechos así garantizados. Examinado a la luz de estos principios, no puede considerarse que el artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto, relativo a la publicación por los funcionarios de textos cuyo objeto tenga relación con la actividad de las Comunidades, imponga una restricción injustificada a la libertad de expresión de los funcionarios.

En primer lugar, la exigencia prevista en este artículo de una autorización previa para la publicación responde al objetivo legítimo de que un texto, cuyo objeto tenga relación con la actividad de las Comunidades, no pueda perjudicar sus intereses y, en particular, la reputación y la imagen de las Instituciones. En segundo lugar, el artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto no constituye una medida desproporcionada con relación al objetivo de interés general que dicho artículo pretende salvaguardar. Por una parte, sólo se exige la autorización previa para publicar cuando el texto que el funcionario interesado pretende publicar, o hacer publicar, «tenga relación con la actividad de las Comunidades». Por otra parte, no hay ninguna prohibición absoluta de publicación. Antes bien, el artículo 17, párrafo segundo, segunda frase, del Estatuto sienta claramente el principio de concesión de la autorización para la publicación, no pudiendo denegarse la autorización más que cuando la publicación en cuestión sea susceptible de comprometer los intereses de las Comunidades.

(véanse los apartados 148 a 152)

Referencia: Schröder HS Kraftfutter, antes citada, apartado 15; Tribunal de Justicia, 13 dediciembre de 1989, Oyowey Traore/Comisión (C-100/88, Rec. p. 4285), apartado 16; Tribunal de Justicia, 5 de octubre de 1994, X/Comisión (C-404/92 P, Rec. p. I-4737), apartado 18; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1995, K/Comisión (T-176/94, RecFP p. II-621), apartado 33; N/Comisión, antes citada, apartado 73; E/CES, antes citada, apartado 41