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El considerando 12 del Reglamento (CE) no 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 820/97 del Consejo (DO L 204, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (DO L 363, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1760/2000»), establece:

«Las normas vigentes relativas a la identificación y el registro de los animales de la especie bovina se recogen en la Directiva 92/102/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, relativa a la identificación y al registro de animales [(DO L 355, p. 32)] y en el Reglamento (CE) no 820/97 [del Consejo, de 21 de abril de 1997, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno (DO L 117, p. 1)]. La experiencia ha demostrado que, en el caso de los animales de la especie bovina, la aplicación de la Directiva 92/102/CEE no ha sido plenamente satisfactoria, necesitando ser perfeccionada. Por consiguiente, es necesario adoptar un Reglamento específico para dichos animales, con el fin de reforzar las disposiciones de la Directiva.»
30

En dichas circunstancias, debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, de la Directiva IVA en el sentido de que únicamente se refiere a las personas que no están ya sujetas al IVA por sus actividades económicas principales. Por el contrario, por lo que respecta a un sujeto pasivo del IVA como el Sr. Kostov, no se ajustaría, en particular, al objetivo de una percepción simple y lo más general posible del IVA, interpretar el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva IVA en el sentido de que el concepto de «actividad económica» que figura en dicha disposición no abarca una actividad que, pese a ser ejercida únicamente con carácter ocasional, está comprendida en la definición general de dicho concepto que figura en la primera frase de la citada disposición, y la desarrolla un sujeto pasivo que ejerce también, de modo permanente, otra actividad económica en el sentido de la Directiva IVA.
4

En 1995, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó una normativa relativa a las ayudas estatales a la inversión en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas (DO 1996, C 29, p. 4; en lo sucesivo, «normativa agrícola»). Mediante escrito no SG(95) D/13086, de 20 de octubre de 1995, comunicó dicha normativa a los Estados miembros.
17

En este contexto, el Tribunal do Trabalho de Viseu decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [95/46] en el sentido de que el registro del tiempo de trabajo, es decir, la indicación de las horas en que cada trabajador inicia y finaliza la jornada, así como de las pausas o períodos no incluidos en ésta, queda comprendido en el concepto de datos personales? 2) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿está obligado el Estado portugués, en virtud del artículo 17, apartado 1, de la Directiva [95/46], a prever medidas técnicas y de organización adecuadas para la protección de los datos personales contra la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida accidental y contra la alteración, la difusión o el acceso no autorizados, en particular cuando el tratamiento incluya la transmisión de datos dentro de una red? 3) Asimismo, en caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, cuando el Estado miembro no adopte ninguna medida en cumplimiento del artículo 17, apartado 1, de la Directiva [95/46] y cuando la entidad empleadora, responsable del tratamiento de esos datos, adopte un sistema de acceso restringido a tales datos que no permita el acceso automático de la autoridad nacional competente para la supervisión de las condiciones de trabajo, ¿debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión en el sentido de que el Estado miembro no puede sancionar a la entidad empleadora por dicho comportamiento?»
En virtud del artículo 300 CE, apartado 7 (actualmente artículo 216 TFUE, apartado 2), los acuerdos internacionales celebrados por la Unión vinculan a las instituciones de ésta y, por consiguiente, gozan de primacía frente a los actos que de ellas emanan. No obstante, las disposiciones de un acuerdo internacional del que sea Parte la Unión sólo pueden invocarse en apoyo de un recurso de anulación dirigido contra un acto de Derecho derivado de la Unión o de una excepción basada en la ilegalidad de tal acto si, por un lado, la naturaleza y el sistema de dicho acuerdo no se oponen a ello y, por otro lado, si esas disposiciones son, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas.

Por su parte, el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, no contiene ninguna obligación incondicional y suficientemente precisa que determine directamente la situación jurídica de los particulares y, por ello, no responde a esos requisitos. De ello resulta que esta disposición no puede ser invocada ante el juez de la Unión a efectos de apreciar la legalidad del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus.

Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha declarado que, cuando la Unión haya pretendido cumplir una obligación concreta asumida con ocasión de los acuerdos celebrados en el marco de la Organización Mundial del Comercio o cuando el acto del Derecho de la Unión de que se trate se remita expresamente a disposiciones precisas de esos acuerdos, corresponderá al Tribunal de Justicia controlar la legalidad del acto de que se trate y de los actos adoptados para su aplicación a la luz de las normas de tales acuerdos. No obstante, estas dos excepciones únicamente estaban justificadas por las particularidades de los acuerdos que dieron lugar a su aplicación y, a falta de tales peculiaridades, no pueden considerarse pertinentes para determinar si el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus puede ser invocado ante el juez de la Unión a efectos de apreciar la legalidad del artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 1367/2006.

(véanse los apartados 44, 46 a 50 y 60)
El artículo 22, apartado 1, del Reglamento no 1008/2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma que obliga a las compañías aéreas, en cualquier circunstancia, a transportar no sólo al pasajero, sino también el equipaje facturado de éste, siempre que el equipaje responda a determinados requisitos relativos en particular a su peso, por el precio del billete de avión, sin que pueda exigirse ningún suplemento de precio por el transporte de tal equipaje.

En efecto, una norma nacional que exige que el precio que debe pagarse por el transporte del equipaje facturado esté, en cualquier circunstancia, incluido en el precio base del billete de avión, prohíbe toda fijación de un precio distinto para un título de transporte que incluya el derecho a facturar equipaje y para un título de transporte que no prevea tal posibilidad. Por tanto, no sólo es contraria al derecho de los transportistas aéreos a fijar libremente el precio que debe pagarse por el transporte de pasajeros en los servicios aéreos y las condiciones de aplicación de dichos precios, conforme a los artículos 2, número 18, y 22, apartado 1, del Reglamento no 1008/2008, sino que igualmente puede menoscabar, en particular, el objetivo perseguido por este Reglamento, consistente en hacer posible la comparabilidad real de tales precios, por cuanto los transportistas aéreos a los que afecta la referida norma nacional no están autorizados a ofrecer una tarifa separada para el servicio de transporte del equipaje facturado, mientras que las compañías aéreas sujetas a la normativa de otro Estado miembro sí pueden hacerlo.

(véanse los apartados 45 y 49 y el fallo)
La Directiva 2004/83, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, así como el principio de efectividad y el derecho a una buena administración, no se oponen a una norma de procedimiento nacional que supedita el examen de una solicitud de protección subsidiaria a la previa denegación de una solicitud dirigida a obtener el estatuto de refugiado, siempre que, por un lado, la solicitud dirigida a obtener el estatuto de refugiado y la solicitud de protección subsidiaria puedan presentarse simultáneamente y, por otro lado, esta norma de procedimiento nacional no lleve a que el examen de la solicitud de protección subsidiaria se realice en un plazo irrazonable, circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

En efecto, por un lado, la protección subsidiaria constituye un complemento de la protección de los refugiados consagrada por la Convención de Ginebra.

Por otro lado, dado que el solicitante de una protección internacional no está necesariamente en condiciones de evaluar a qué tipo de protección corresponde su solicitud y que, asimismo, el estatuto de refugiado ofrece una protección más amplia que el de la protección subsidiaria, una solicitud de protección subsidiaria no debe, en principio, ser examinada antes de que la autoridad competente haya concluido que el solicitante de protección internacional no cumple los requisitos que justifican la concesión del estatuto de refugiado.

Por lo demás, una norma de esta índole debe garantizar un acceso efectivo de las personas que requieren una protección subsidiaria a los derechos que les confiere la Directiva.

(véanse los apartados 32, 34 a 36, 42 y 57 y el fallo)
2.

Transportes — Transporte aéreo — Reglamento (CE) no 847/2004 — Obligación de los Estados miembros de proceder a un reparto de los derechos de tráfico entre los transportistas aéreos de la Unión interesados con arreglo a un procedimiento no discriminatorio y transparente — Obligación de notificar el referido procedimiento sin retraso a la Comisión — No ejecución — Incumplimiento [Reglamento (CE) no 847/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 5 y 6) (véanse los apartados 20 a 24 y 27 y el punto 1 del fallo)
De reiterada jurisprudencia resulta que para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los que se ha registrado la marca anterior, y que se trata de requisitos acumulativos.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia está firmemente asentada en ese aspecto. En efecto, ha recordado en numerosas ocasiones que, cuando no existe similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, el carácter distintivo elevado de la marca anterior o bien la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata no bastan para apreciar un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Además, el Tribunal de Justicia ha desestimado por ser manifiestamente infundado el motivo basado en un supuesto error de Derecho cometido por el Tribunal General al considerar que una oposición fundada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 podía desestimarse en algunos casos en virtud tan sólo del examen de la similitud de las marcas consideradas y, por tanto, sin apreciar el carácter distintivo posiblemente elevado de la marca anterior. El Tribunal de Justicia juzgó, en sustancia, que el Tribunal General no había cometido un error al estimar que, dado que la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) había llegado a la conclusión de que las marcas en cuestión no podían ser consideradas similares en modo alguno por el público pertinente, esa Sala podía deducir válidamente que estaba excluido todo riesgo de confusión, sin que fuera necesario examinar previamente, en particular, el posible carácter distintivo elevado de la marca anterior en una apreciación global del riesgo de confusión.

Por consiguiente, la similitud de las marcas consideradas es una condición necesaria para apreciar la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009. Así pues, la falta de similitud entre las marcas en conflicto hace inaplicable ese artículo 8.

El carácter distintivo acrecentado por el uso de una marca debe tenerse en cuenta por tanto para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los servicios es suficiente para generar un riesgo de confusión.

(véanse los apartados 41 a 45)
Asunto C‑495/12

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contra

Bridport and West Dorset Golf Club Limited

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)]

«Fiscalidad — IVA — Directiva 2006/112/CE — Exenciones — Artículo 132, apartado 1, letra m) — Prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte — Acceso a un campo de golf — Visitantes que no son miembros de un club de golf y pagan un derecho de acceso al green (“green fee”) — Exclusión de la exención — Artículo 133, párrafo primero, letra d) — Artículo 134, letra b) — Ingresos suplementarios»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de diciembre de 2013

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones — Prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física — Ámbito de aplicación — organismo sin ánimo de lucro que propone un régimen de acceso temporal a los visitantes que no son miembros del referido organismo — Inclusión [Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 132, ap. 1, letra m), y 134, letra b)] Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Exenciones — Prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física — Exclusión de la exención — Improcedencia [Directiva 2006/112/CE del Consejo, art. 133, párr. 1, letra d)]
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, exige que los poderes adjudicadores respeten lo dispuesto en esa Directiva cuando subvencionan directamente en más del 50 % un contrato de obras adjudicado por una entidad distinta de éstos.

Por lo que respecta al concepto de subvención, en el sentido de esta disposición, al no estar definido en la Directiva 93/37, a falta de remisión al Derecho de los Estados miembros, ha de recibir una interpretación autónoma y uniforme que debe realizarse teniendo en cuenta el contexto de dicha disposición y el objetivo que la normativa en la que se inserta pretende alcanzar.

A este respecto, el término «subvencionar», en su acepción habitual, significa simplemente conceder una ventaja. Por tanto, este término no se limita, con carácter general, a prestaciones positivas. Por otro lado, tal interpretación no se ve menoscabada por una definición «tradicional» del concepto de subvención, a la que se refiere dicho Estado miembro y que es supuestamente de aplicación en el ámbito de las ayudas de Estado. Además, el uso del término «subvencionen» en esta disposición, y no del verbo «financien», empleado por la Comisión en su propuesta de artículo 1 bis de la Directiva 89/440, que corresponde al artículo 2 de la Directiva 93/37, no puede, a falta de otras indicaciones, bastar para deducir una voluntad del legislador de la Unión de restringir dicho término a las meras subvenciones positivas, excluyendo, en particular, las exenciones fiscales. Por último, se desprende claramente del tenor del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 93/37 que el concepto de subvención directa no se vincula con las personas, sino con la obra de que se trate. Además, una interpretación estricta de este concepto permitiría a una entidad adjudicadora eludir el artículo 2 de la Directiva 93/37 y, por ello, sustraerse de las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva.

En lo que atañe al concepto de equipamientos deportivos, recreativos y de ocio, en el sentido del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 93/37, la limitación a los equipamientos que tienen por objeto responder a las necesidades colectivas de los usuarios no se desprende ni del tenor de la Directiva 93/37 ni de los trabajos preparatorios de ésta. Tal limitación de este concepto tampoco puede basarse en una interpretación sistemática. En efecto, aun suponiendo que todas las categorías de contratos enunciadas en esta disposición tengan en común que versan sobre edificaciones que pueden, en su caso, responder a necesidades colectivas de los usuarios, que no se puede inferir de esta mera circunstancia que la aptitud para satisfacer tales necesidades constituya un requisito para aplicar dicha disposición.

(véanse los apartados 42, 44, 46, 48, 52 y 75 a 77)
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A este respecto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los apartados 49 y 50 de la presente sentencia, basta con señalar que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al declarar, en el apartado 200 de la sentencia recurrida, que no podía reprocharse a la Comisión que no hubiera motivado de manera específica la multa que debía pagarse solidariamente, impuesta a Alstom y a Areva T&D SA, por el hecho de que esas empresas ya no formaran una sola entidad económica en la fecha de adopción de la Decisión controvertida y, en el apartado 206 de la sentencia, que de la jurisprudencia no resulta que únicamente se puede imponer una multa con carácter solidario a sociedades que formen una unidad económica en la fecha de adopción de la decisión que impone la multa.
14

Según K, la deducción de la pérdida resultante de la transmisión de un inmueble situado en Francia de la ganancia obtenida por la transmisión de acciones en Finlandia no cuestiona el ejercicio de una competencia tributaria paralela. Añade que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular de las sentencias de 13 de diciembre de 2005, Marks & Spencer (C-446/03, Rec. p. I-10837, apartado 40) y de 29 de marzo de 2007, Rewe Zentralfinanz (C-347/04, Rec. p. I-2647, apartado 69), se desprende que el hecho de que la República de Finlandia no grave las ganancias derivadas de la transmisión de un inmueble situado en Francia no basta, per se, para justificar una norma según la cual sólo son deducibles las pérdidas relativas a los bienes inmuebles situados en Finlandia.
1

Mediante su recurso de casación, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (en lo sucesivo, «PPG») y SNF SAS (en lo sucesivo, «SNF») solicitan la anulación del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2011, PPG y SNF/ECHA (T-268/10, Rec. p. II-6595; en lo sucesivo, «auto recurrido»), por el que dicho Tribunal declaró la inadmisibilidad de su recurso de anulación de la decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) que identifica la acrilamida (CE no 201-173-7) como una sustancia que reúne los criterios mencionados en el artículo 57 del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1, y –corrección de errores– DO 2007, L 136, p. 3; en lo sucesivo, «Reglamento REACH»), y que introduce la acrilamida en la lista de sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV de dicho Reglamento, con arreglo su artículo 59 (en lo sucesivo, «decisión controvertida»).
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De este modo, dicho Gobierno considera que, aun teniendo en cuenta los activos del establecimiento permanente situado en un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica, los beneficios sujetos a gravamen de la sociedad principal residente no se reducirían. En efecto, según el mencionado Gobierno, en relación con los establecimientos permanentes extranjeros no exentos en virtud de un convenio para evitar la doble imposición, la deducción por capital riesgo se calcula separadamente, en relación con los activos atribuidos al establecimiento permanente y se aplica con carácter prioritario a los beneficios de dicho establecimiento. A partir de ello, el Gobierno belga concluye por analogía que, si fuera preciso tener en cuenta los activos del establecimiento permanente situados en un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica y cuyas rentas están exentas en virtud de un convenio, la deducción por capital riesgo debería imputarse a los beneficios atribuidos a dicho establecimiento; ahora bien, éstos no están sujetos a gravamen en Bélgica.
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Al respecto, la referida institución recrimina a la República de Polonia que no aluda a la moralidad pública con carácter autónomo y que la confunda con la justificación basada en la protección de la salud y del medio ambiente. Agrega que, además, dicho Estado miembro no ha demostrado que exista un vínculo entre la prohibición controvertida y la moralidad pública, y el hecho de que no se haya presentado ningún estudio sobre el particular, según la Comisión, va en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, los Estados miembros no pueden basarse en el punto de vista de una parte de la opinión pública para impugnar unilateralmente una medida de armonización.
2

El considerando 13 de la Directiva sobre fusiones está redactado del siguiente modo: «Si los trabajadores ejercen derechos de participación en una de las sociedades que se fusionan, con arreglo a los supuestos contemplados en la presente Directiva, y si la legislación nacional del Estado miembro en que tenga su domicilio social la sociedad resultante de la fusión transfronteriza no prevé el mismo nivel de participación que el aplicado en las correspondientes sociedades que se fusionan –también en los comités del órgano de control con poderes decisorios–, o no prevé la misma facultad para ejercer derechos a trabajadores de sociedades resultantes de la fusión transfronteriza, la participación de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusión transfronteriza así como su implicación en la definición de tales derechos debe regularse. A tal fin, deben tomarse como base los principios y procedimientos del Reglamento (CE) no 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, relativo al estatuto de la sociedad anónima europea (SE) [(DO 294, p. 1)] y de la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el estatuto de la sociedad anónima europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores [(DO L 294, p. 22; en lo sucesivo, “Directiva SE”)], supeditados no obstante a las modificaciones que resulten necesarias al estar sujeta entonces la sociedad resultante a las legislaciones nacionales de los Estados miembros en que tengan su domicilio social. De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva [SE], los Estados miembros pueden velar por el inicio inmediato de las negociaciones con arreglo al artículo 16 de la presente Directiva con objeto de no retrasar innecesariamente las fusiones.»