Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Obligaciones de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo)

2. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)

3. Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente o contradictoria

4. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Prueba

5. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Prueba

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Acuerdos y prácticas concertadas que pueden considerarse constitutivos de una infracción única

(Art. 81 CE, ap. 1)

7. Recurso de casación — Competencia del Tribunal de Justicia

(Art. 81 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

8. Recurso de casación — Competencia del Tribunal de Justicia

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1. El respeto de un plazo razonable en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia constituye un principio general del Derecho comunitario cuyo respeto garantiza el órgano jurisdiccional comunitario.

No obstante, la declaración de la excesiva duración del procedimiento, no imputable a las empresas afectadas, sólo puede conllevar la anulación, a causa de una vulneración de dicho principio, de una decisión en la que se declare la existencia de una infracción si, al vulnerar el derecho de defensa de las empresas, dicha duración pudo influir en el resultado del procedimiento.

El juez comunitario debe tomar en consideración, en su análisis, el conjunto del procedimiento, desde el inicio de las investigaciones de la Comisión hasta la adopción de la decisión final.

Debe evitarse, en efecto, que el derecho de defensa pueda quedar irremediablemente afectado a causa de la excesiva duración de la fase de instrucción que precede al envío del pliego de cargos, y que esta duración pueda obstaculizar que se aporten pruebas para refutar la existencia de comportamiento que puedan generar la responsabilidad de las empresas afectadas. Por este motivo, el examen de la posible traba al ejercicio del derecho de defensa a causa de la excesiva duración del procedimiento administrativo no debe limitarse a la segunda fase de éste, sino que debe también extenderse a la fase anterior al envío del pliego de cargos y determinar, en particular, si su duración excesiva pudo afectar a las posibilidades futuras de defensa de las empresas afectadas.

(véanse los apartados 40, 47, 48 y 54 a 56)

2. Según resulta del artículo 225 CE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia, por una parte, es el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos. Cuando el Tribunal de Primera Instancia ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, con arreglo al artículo 225 CE, un control sobre la calificación jurídica de éstos y las consecuencias en Derecho que de ella haya deducido el Tribunal de Primera Instancia.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal de Primera Instancia haya admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, esta apreciación no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 82 y 83)

3. La cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia es contradictoria o insuficiente constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casación.

En relación con esto, la obligación de motivación no exige al Tribunal de Primera Instancia que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio. La motivación puede ser, pues, implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptaron las medidas controvertidas y al órgano jurisdiccional competente disponer de los elementos suficientes para ejercer su control.

(véanse los apartados 84 y 85)

4. Para probar de modo jurídicamente suficiente la participación de una empresa en un acuerdo de naturaleza anticompetitiva es suficiente con que la Comisión demuestre que dicha empresa participó en reuniones en las cuales se adoptaron tales acuerdos sin haberse opuesto a éstos de manera clara. Cuando se comprueba que una empresa participó en tales reuniones, le corresponde a ésta aportar indicios apropiados para demostrar que su participación en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las suyas.

(véase el apartado 114)

5. En la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción a las normas sobre competencia.

Tales indicios y coincidencias no sólo pueden arrojar luz sobre la existencia de prácticas o acuerdos contrarios a la competencia, sino también sobre la duración de prácticas colusorias continuadas o sobre el período de aplicación de un acuerdo que vulnera las normas en materia de competencia.

Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia puede, sin incurrir en un error de Derecho, fundamentar su apreciación de la existencia y duración de una práctica o de un acuerdo anticompetitivo en una evaluación global de todas las pruebas e indicios pertinentes. No obstante, la cuestión de cuál es la fuerza probatoria que dicho Tribunal atribuyó a cada elemento de esas pruebas e indicios aportados por la Comisión constituye una apreciación fáctica que, en sí mismo, escapa al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

El hecho de que no se haya aportado la prueba para determinados períodos concretos no impide considerar que la infracción se prolonga durante un período global más amplio que aquéllos siempre que dicha constatación se base en indicios objetivos y concordantes. En el marco de una infracción de estas características que se prolonga a lo largo de varios años, el hecho de que las manifestaciones del acuerdo se produzcan en períodos diferentes, que pueden estar separados por lapsos de tiempo más o menos largos, no incide en la existencia de dicho acuerdo si las diferentes acciones que constituyen la infracción persiguen un único fin y se encuadran en el marco de una infracción de carácter único y continuado.

(véanse los apartados 165 a 167 y 169)

6. Una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado también puedan constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto.

La toma en consideración de los efectos concretos de un acuerdo es, a este respecto, superflua, cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el interior del mercado común.

(véanse los apartados 178 y 183)

7. El Tribunal de Primera Instancia es el único competente para controlar el modo en que la Comisión aprecia en cada caso concreto la gravedad de los comportamientos ilícitos a la luz de las normas de la competencia del Tratado. En el marco del recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia tiene por objeto, por un lado, examinar en qué medida el Tribunal de Primera Instancia ha tomado en consideración, de manera jurídicamente correcta, todos los factores esenciales para apreciar la gravedad de un determinado comportamiento a la luz de los artículos 81 CE y 15 del Reglamento nº 17 y, por otro lado, examinar si el Tribunal de Primera Instancia ha contestado de modo suficiente con arreglo a Derecho a todas las alegaciones formuladas por la recurrente sobre la supresión o la reducción de la multa.

(véase el apartado 196)

8. No corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia, cuando éste resuelve, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a empresas por haber infringido, éstas, el Derecho comunitario.

(véase el apartado 210)