SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 18 de marzo de 1997

Asuntos acumulados T-178/95 y Ti 79/95

Santo Picciolo y Giuseppe Caló

contra

Comité de las Regiones de la Unión Europea

«Funcionarios — Puesto nuevo en el Comité de las Regiones — Convocatoria para proveer plaza vacante — Desestimación de candidaturas — Recurso de anulación — Retraso en la notificación de decisiones de desestimación — Falta de motivación — Igualdad de trato — Error manifiesto de apreciación»

Texto completo en lengua francesa II-155

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por una parte, que se anulen las decisiones del Comité de las Regiones de 5 de diciembre de 1994, pollas que se desestiman las candidaturas de los demandantes al puesto de Director de la Dirección de Administración y Secretaría del Comité de las Regiones, con posterioridad a la publicación de la convocatoria para proveer plaza vacante CdR/1/94, y, por otra parte, que se anule la decisión de ese mismo día por la que se nombra al Sr. M. para dicho puesto.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante en el asunto T-178/95, Santo Picciolo, funcionario de grado A 3, era el Jefe de la División de Contaduría de la Dirección General de Personal, Presupuesto y Finanzas del Parlamento Europeo.

El demandante en el asunto T-179/95, Giuseppe Caló, funcionario de grado A 3, era el Me de la Unidad «Contabilidad y estructuras agrarias» de la Dirección «Estadísticas sobre Agricultura, Pesca y Medio Ambiente» de la Oficina Estadística (Comisión de las Comunidades Europeas).

Mediante convocatoria para proveer plaza vacante CdR/1/94, adoptada por el Presidente del Comité de las Regiones (CdR) e! 17 de noviembre de 1994 y anunciada en los locales del CdR y del Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas (CES) a partir del 21 de noviembre de 1994, el CdR declaró vacante el puesto de Director de la Dirección de Administración y Secretaría del Comité de las Regiones, de grado A 2. La fecha límite para la presentación de candidaturas al puesto de referencia se fijó en el 1 de diciembre de 1994, a las 12 horas.

En respuesta a una pregunta del Secretario General de la Union syndical, uno de los principales sindicatos de la función pública europea, el Director de Personal, Administración y Finanzas del CES informó a aquél, el 29 de noviembre de 1994, de que la convocatoria para proveer plaza vacante CdR/1/94, que los servicios de la Dirección de Personal habían preparado a petición del CdR, fue sometida, en su ausencia, al Secretario General del CdR el 18 de noviembre de 1994 y colocada en los tablones de anuncios del CES el 21 de noviembre de 1994, concluido el fin de semana.

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1994, respectivamente, los demandantes, Sres. Caló y Picciolo, presentaron sus impresos de candidatura para el puesto declarado vacante.

El 5 de diciembre de 1994, el CdR nombró al Sr. M. para el puesto de referencia.

Mediante escritos de 10 de febrero de 1995, se comunicó a los demandantes la desestimación de sus candidaturas para el puesto solicitado.

Sobre el fondo

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto

El plazo para notificar las decisiones de desestimación de las candidaturas de los demandantes no debe apreciarse en relación con la decisión por la que se nombra a otro candidato, sino en relación con la decisión que materializa la elección determinante que haya dado lugar a su exclusión (apartado 28).

Referencia: Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1984, Picciolo/Parlamento (111/83, Rec. p. 2323), apartado 25

Aun suponiendo que se haya informado con retraso a los demandantes acerca de la desestimación de sus candidaturas, dicho retraso no puede dar lugar a la anulación de los actos impugnados. En efecto, la notificación al interesado de una decisión individual es un acto posterior a la decisión y, por consiguiente, no ejerce ninguna influencia en el contenido de ésta. Así pues, la comprobación de un retraso que afecte a dicha notificación al interesado de una decisión individual no puede, por sí sola, constituir una infracción de lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), de tal naturaleza que implique la anulación de la decisión impugnada (apartado 29).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 20 de marzo de 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Comisión (T-1/90, Rec. p. II-143), apartado 72

La obligación de motivar toda decisión lesiva, que formula el párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto, constituye un principio esencial del Derecho comunitario respecto al cual sólo pueden establecerse excepciones por consideraciones muy relevantes. Dicha obligación tiene por objeto, por una parte, permitir que el Juez comunitario ejerza su control sobre la legalidad de la decisión y, por otra, proporcionar al interesado una base suficiente para saber si la decisión es o no conforme a Derecho (apartado 33).

Referencia: Pérez-Mínguez Casariego/Comisión, antes citada, apartado 73

La Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) no está obligada, sin embargo, a motivar las decisiones de promoción respecto a los candidatos no promocionados. Sí está obligada, en cambio, a motivar la decisión por la que desestima una reclamación presentada con arreglo al apartado 2 del articulo 90 del Estatuto por un candidato no promovido, debiendo suponerse que la motivación de esta decisión coincide con la motivación de la decisión contra la que se dirige la reclamación. Es suficiente con que la motivación se base en la existencia de los presupuestos legales a los que el Estatuto supedita la regularidad del procedimiento (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 23 de febrero de 1994, Coussios/Comisión(asuntos acumulados T-18/92 y T-68/92, RecFP p. II-171), apartado 69; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 1994, Caló/Comisión (T-108/92, RecFP p. II-213), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 16 de octubre de 1996, Benecos/Comisión (T-37/94, RecFP p. II-1301), apartado 39

Debe considerarse que constituyen motivación suficiente de la desestimación de las candidaturas las detalladas explicaciones que la AFPN facilita en sus respuestas a las referidas reclamaciones.

Sobre el segundo motivo, basado en la violación del principio de igualdad de trato y no discriminación entre fimcionarios

El principio de igualdad de trato y no discriminación implica que las situaciones comparables no se traten de manera distinta, salvo si una diferencia está objetivamente justificada (apartado 54).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Lacruz Bassols/Tribunal de Justicia (T-109/92, RecFP p. II-105), apartado 87

Los demandantes no demuestran que el plazo concedido para la presentación de candidaturas haya sido anormalmente breve. Debe considerarse como suficiente para informar eficazmente a los potenciales candidatos el lapso de tiempo de trece días comprendido entre el envío de la convocatoria de vacante a las diferentes Instituciones en la mañana del 18 de noviembre de 1994 y la fecha límite para la presentación de candidaturas, el 1 de diciembre de 1994 a mediodía. Suponiendo que las diferentes Instituciones destinatárias de la convocatoria de vacante no hayan dado muestras de toda la diligencia necesaria para poner inmediatamente en conocimiento de su respectivo personal la convocatoria de vacante, esta falta de diligencia no sería, en cualquier caso, imputable al CdR (apartado 57).

Sólo cabe declarar la admisibilidad de una pretensión si ésta figura en el texto de la reclamación o, cuando menos, si en ella se contempla, aunque sea por implicación necesaria. Por otra parte, si bien las pretensiones deducidas ante el Juez comunitario pueden contener sólo motivos de impugnación que se apoyen en la misma causa que los invocados en la reclamación, estos motivos de impugnación pueden desarrollarse ante el Juez comunitario mediante la presentación de motivos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación, pero que se relacionan estrechamente con ella (apartado 60).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de julio de 1981, Van Zaanen/Tribunalde Cuentas (184/80, Rec. p. 1951), apartado 13; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Booss y Fischer/Comisión (T-58/91, Rec. p. II-147), apartado 83; Tribunal de Primera Instancia, 16 de octubre de 1996, Knijff/Tribunalde Cuentas (T-378/94, RecFPp. II-1341), apartado 21

Debe declararse la admisibilidad del argumento relativo a la necesidad de una selección según una base geográfica lo más amplia posible, en tanto que transcripción del artículo 27 del Estatuto, habida cuenta de que tal argumento se recoge, al menos de un modo rudimentario, en las reclamaciones de los demandantes (apartado 64).

En la vista, los demandantes precisaron que el artículo 27 del Estatuto constituye una disposición fundamental de éste, pero sin especificar de qué manera fue infringido en el caso de autos. Esta disposición implica que, en el marco de un procedimiento de selección, las aptitudes exigidas a los candidatos deben definirse no en función del perfil de la persona que eventualmente se quiera seleccionar siguiendo consideraciones de orden geográfico sino con vistas a garantizar la aptitud profesional del candidato que será seleccionado (apartado 65).

La norma prevista en el párrafo tercero del artículo 27 del Estatuto, según la cual ningún puesto de trabajo podrá estar reservado a nacionales de un Estado miembro determinado, debe respetarse en todos los procedimientos de selección previstos por el artículo 29 del Estatuto, incluso cuando se procede a seleccionar funcionarios de grados A 1 y A 2 según el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 29 (apartado 66).

Referencia: Booss y Fischer/Comisión, antes citada, apartado 85

Sin embargo, en el nombramiento para un puesto, la AFPN puede hacer que la nacionalidad juegue el papel de criterio preferente para mantener o restablecer el equilibrio geográfico, a condición de que un examen comparativo ponga de manifiesto que los títulos de dos o más candidatos son sensiblemente equivalentes (apartado 67).

Referencia:Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CES (T-586/93, Rec. p. II-665), apartado 86

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 45 del Estatuto y en un presunto error manifiesto de apreciación

La Oficina procedió a efectuar «un examen comparativo de las candidaturas en relación con los puestos vacantes. A resultas de este procedimiento, la Oficina, a propuesta del Secretario General, decidió nombrar al Sr. M. Director de Secretaría, Administración y Presupuesto». Los impresos de candidatura y los curriculum vitae adjuntados a los mismos fueron objeto de un examen comparativo en profundidad (apartados 82 y 83).

Por consiguiente, incumbe al Tribunal de Primera Instancia examinar si la AFPN incurrió en error manifiesto al estimar que, a diferencia del candidato seleccionado, los demandantes no reunían todos los requisitos particulares exigidos en la convocatoria para proveer plaza vacante (apartado 84).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 2 de octubre de 1996, Vecchi/Comisión (T-356/94, RecFPp. II-1251), apartado 54

La apreciación de un eventual error en la elección de un funcionario de grado A 2 debe ser manifiesta y debe rebasar la amplia facultad de apreciación de que la AFPN dispone en la comparación de los méritos de los candidatos y en la valoración del interés del servicio. El control del Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a si, habida cuenta de los elementos sobre los que se apoya dicha Autoridad para formular su apreciación, ésta se ha movido dentro de unos límites razonables y no ha ejercido sus facultades de forma manifiestamente errónea o para fines distintos de aquellos para los que le fueron otorgadas. El ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone la Administración en materia de nombramiento o de promoción supone que examine con atención e imparcialidad todos los elementos pertinentes de cada candidatura y que observe a conciencia las exigencias enunciadas en la convocatoria para proveer plaza vacante, de modo que está obligada a excluir a todo candidato que no responda a tales exigencias (apartado 85).

Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de marzo de 1993, Parlamento/Frederiksen (C-35/92 P, Rec. p. I-991), apartado 15; Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, Moritz/Comisión (T-20/89, Rec. p. II-769), apartado 29

Si bien la descripción de las aptitudes requeridas en la convocatoria CdR/1/94 refleja efectivamente cierto margen de inteipretación, esta imprecisión debe relacionarse con la importancia de la función por cubrir. Pues bien, habida cuenta de que la convocatoria de vacante se refiere a un puesto de grado A 2 de nueva creación, debe considerarse que las «aptitudes requeridas» son objeto de una razonable precisión y que, de este modo, pudieron servir de criterio útil para la selección del mejor candidato entre los aspirantes al puesto de Director, y ello en interés del servicio (apartado 87).

La convocatoria para proveer la plaza vacante desempeñó su papel, que era el de informar a los interesados, de la manera más exacta posible, acerca de la naturaleza de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de referencia, a fin de colocar a tales interesados en condiciones de apreciar si cabía que presentaran su candidatura, y los términos en los que está redactada dicha convocatoria no impiden al Tribunal de Primera Instancia verificar si la AFPN ha incurrido en error manifiesto de apreciación. El control del examen de las aptitudes de los demandantes al que procedió la AFPN no ha puesto de relieve que esta Autoridad haya incurrido en tal error manifiesto (apartado 95).

Referencia: Vecchi/Comisión, antes citada, apartado 50

Sobre el cuarto motivo, basado en una presunta utilización de procedimiento inadecuado

El concepto de desviación de poder se refiere al hecho de que una autoridad administrativa haya hecho uso de sus poderes con una finalidad distinta de aquella para la que le fueron conferidos. Por consiguiente, una decisión sólo incurre en desviación de poder si, basándose en indicios objetivos, pertinentes y concordantes, resulta que fue adoptada para alcanzar fines distintos de los confesados (apartado 100).

Referencia: Kotzonis/CES, antes citada, apartado 73; Tribunal de Primera Instancia, 19 de septiembre de 1996, Brunagel/Parlamento(T-158/94, RecFP p. II-1131), apartado 86; Tribunal de Primera Instancia, 16 de octubre de 1996, de Santis/Comisión (T-56/94, RecFP p. II-1325), apartado 37

Por lo tanto, el mero hecho de que las especulaciones relativas al nombramiento del Sr. M. se hayan visto confirmadas posteriormente, no puede constituir por sí solo la expresión de una desviación de poder, cuando no ha surgido ningún otro elemento que induzca a pensar que el candidato seleccionado no reunía los requisitos y aptitudes previstos en la convocatoria CdR/1/94 (apartado 104).

Referencia: de Santis/Comisión, antes citada, apartado 41

Fallo:

Se desestiman los recursos.