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2)

¿Es contraria la Decisión 2013/448/UE de la Comisión al artículo 10 bis, apartado 5, letra a), de la Directiva 2003/87, en la medida en que la Comisión, al establecer el límite máximo de las emisiones industriales, no consideró: i) una parte de las emisiones verificadas del período 2005-2007 de actividades e instalaciones que en el período 2008-2012 estaban incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 pero que en el período 2005-2007 no estaban sujetas a obligación de verificación y, por tanto, no se registraron en el sistema CITL; ii) las nuevas actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 para los años 2008 a 2012 y 2013 a 2020, cuando no habían estado incluidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva en los años 2005 a 2007 y se desarrollaron en instalaciones ya incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 en los años 2005 a 2007; iii) las emisiones de instalaciones clausuradas antes del 30 de junio de 2011, a pesar de la existencia efectiva de emisiones verificadas de dichas instalaciones en los años 2005 a 2007 y, en ocasiones, también en los años 2008 a 2012? En caso de respuesta afirmativa a alguno de los incisos i) a iii) de la segunda cuestión, ¿es nula la Decisión 2013/448/UE de la Comisión en cuanto a la aplicación del factor de corrección intersectorial, de modo que no es aplicable?
1)

¿Se opone el Derecho de la Unión Europea, y en particular, el artículo 45 de la Directiva 2004/18, (1) a una disposición como la del artículo 1, apartado 17, de la Ley no 190/2012, que permite a la entidad adjudicadora establecer como causa legal de exclusión de las empresas participantes en una licitación convocada para la adjudicación de un contrato público, la no aceptación o la falta de prueba documental de la aceptación, por las citadas empresas, de los compromisos contenidos en los denominados «protocolos de legalidad» y, de forma más general, en acuerdos entre las entidades adjudicadoras y las empresas participantes, dirigidos a luchar contra la infiltración del crimen organizado en el sector de la adjudicación de contratos públicos?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 448/8

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) el 26 de septiembre de 2014 — Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

(Asunto C-448/14)

(2014/C 448/10)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Partes personadas en el procedimiento principal

Demandante: Davitas GmbH

Demandada: Stadt Aschaffenburg

Interviniente: Landesanwaltschaft Bayern (Fiscalía del Estado Federal de Baviera)

Cuestiones prejudiciales

¿El producto «De Tox Forte», comercializado por la demandante, constituye un alimento o ingrediente alimentario de estructura molecular nueva a efectos del artículo 1, apartado 2, letra c), del Reglamento no 258/97 (1)?

Para que se pueda responder afirmativamente a esta cuestión prejudicial, ¿basta en particular con que dicho producto, que contiene la sustancia clinoptilolita en una estructura molecular primaria bien definida, no se utilizase como alimento antes del 15 de mayo de 1997, o es necesario, además, que del proceso de producción de dicho producto resulte una estructura molecular nueva o modificada intencionadamente, es decir, que se trate de una sustancia que no existiera hasta entonces como tal en la naturaleza

(1) Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (DO L 43, p. 1).
9.

Toma en consideración de un motivo no invocado y no consideración de un motivo invocado — Toma en consideración de un motivo no invocado por la recurrente (apartado 165) y no apreciación por el Tribunal General de los motivos contrarios invocados por ella (apartados 88, 89, 91 del recurso).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 421/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal du travail de Bruxelles (Bélgica) el 28 de agosto de 2014 — Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)

(Asunto C-408/14)

2014/C 421/27

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal du travail de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Aliny Wojciechowski

Demandada: Office national des pensions (ONP)

Cuestión prejudicial

¿Se oponen el principio de cooperación leal y el artículo 4 TUE, apartado 3, por un lado, y el artículo 34, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, por otro, a que un Estado miembro reduzca, o incluso deniegue, una pensión de jubilación devengada por un trabajador por cuenta ajena por prestaciones realizadas de conformidad con la legislación de dicho Estado miembro cuando el total de años de actividad laboral realizados en dicho Estado miembro y en las instituciones europeas sobrepasa la unidad de período de actividad laboral de 45 años establecida en el artículo 10 bis del arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Real Decreto no 50, de 24 de octubre de 1967, relativo a la pensión de jubilación y de supervivencia de los trabajadores por cuenta ajena)?
3)

¿Cuál es el significado de «falta de cooperación» del nacional de un tercer país en el artículo 15, [apartado 6, letra a)], de la Directiva 2008/115 y, en particular, puede hacerse coincidir dicho concepto con las disposiciones del Derecho nacional [artículo 19, apartado 1, letras f) e i), de la Ley sobre extranjeros e inmigración (Capítulo 105)] que tipifican como acto punible negarse a «facilitar al Director cualquier documento que éste pueda solicitarles» y «resist[irse] u obstaculi[zar], de modo activo o pasivo, [a un] Director […] en el ejercicio de sus funciones» por la no presentación del pasaporte al tiempo que no se aportan datos relativos a las acciones llevadas a cabo por las autoridades ante las autoridades del Estado de procedencia para el alejamiento efectivo del nacional de un tercer país?
—

Primer motivo: Toshiba alega que el Tribunal General aplicó un criterio jurídico erróneo al considerar que los fabricantes japoneses de transformadores de potencia eran competidores potenciales en el mercado del EEE basándose (1) en que las barreras de entrada en el mercado del EEE no eran infranqueables y (2) en la existencia del «Gentlemen’s Agreement», en lugar de verificar si los productores japoneses tenían posibilidades reales y concretas de entrar en el mercado del EEE y si tal entrada era una estrategia económicamente viable. Según la recurrente en casación, de no existir una competencia potencial entre productores japoneses y europeos, el «Gentlemen’s Agreement» no podía infringir el artículo 81 CE y la Comisión carecía de competencia para intervenir. Por lo tanto, la sentencia recurrida y la Decisión impugnada deben anularse en lo que se refiere a Toshiba.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 184/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Rüsselsheim (Alemania) el 12 de marzo de 2014 — Peggy Kieck/Condor Flugdienst GmbH

(Asunto C-118/14)

2014/C 184/15

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Rüsselsheim

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Peggy Kieck

Demandada: Condor Flugdienst GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Cabe reclamar una compensación en virtud del artículo 7 del Reglamento (1) cuando la salida del vuelo reservado se retrasa más de tres horas y el pasajero hace una reserva con otra compañía aérea, reduciendo de este modo sensiblemente el retraso en la llegada del vuelo inicial, si se da la circunstancia de que tanto el vuelo inicial como el vuelo alternativo llegan al destino inicial con un retraso muy superior a tres horas?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es decisivo a este respecto que haya transcurrido el período de cinco horas indicado en el artículo 6, apartado 1, inciso iii), del Reglamento para que resulte de aplicación el artículo 8, apartado 1, del Reglamento?

3) ¿Es relevante que el pasajero haya realizado la nueva reserva por sí mismo o con la ayuda de la demandada?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 194/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 3 de abril de 2014 — Tamoil Italia/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(Asunto C-156/14)

2014/C 194/18

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Tamoil Italia SpA

Recurrida: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los principios de la Unión Europea en materia medioambiental establecidos en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Directiva 2004/35/CE de 21 de abril de 2004 (1) (artículos 1 y 8, apartado 3, y considerandos décimo tercero y vigésimo cuarto) —en particular, el principio de «quien contamina paga», el principio de cautela, el principio de acción preventiva y el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma— a una normativa nacional como la establecida en los artículos 244, 245 y 253 del Decreto Legislativo de 3 de abril de 2006, no 152, la cual, en caso de que se compruebe que un sitio ha sido contaminado y sea imposible identificar a la persona responsable de la contaminación o conseguir que esta última realice las actuaciones de reparación, no permite a la autoridad administrativa imponer la ejecución de las medidas de aseguramiento de emergencia y de saneamiento al propietario no responsable de la contaminación, al prever únicamente a cargo de este último una responsabilidad patrimonial limitada al valor del sitio tras la ejecución de las medidas de saneamiento?

(1) Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143, p. 56).
4)

¿Ha de interpretarse el artículo 15, apartado 1, letras a) y b), apartado 4 y apartado 6, de la Directiva 2008/115, en relación con los considerandos segundo y decimotercero de ésta acerca del respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad humana de los nacionales de terceros países y sobre la aplicación del principio de proporcionalidad, en una situación como la del procedimiento principal, en el sentido de que: a) el nacional de un tercer país incurre en falta de cooperación en la preparación de la ejecución de la decisión de retorno a su país de origen en el supuesto de que declare verbalmente ante un agente de la embajada de dicho país que no desea retornar a su país de origen, a pesar de que previamente cumplimentó una declaración de retorno voluntario a su país y facilitó datos correctos acerca de su identidad, y que se producen demoras en la entrega de documentación por parte de un tercer país pero sigue existiendo una perspectiva razonable de ejecución de la decisión de retorno en el supuesto de que, en estas circunstancias, la embajada de dicho país no expida el documento necesario para el traslado del interesado a su país de origen, a pesar de haber confirmado la identidad del interesado? b) en caso de que se ponga en libertad a un nacional de un tercer país porque ha desaparecido la perspectiva razonable de ejecución de la decisión de expulsión y que el interesado carezca de documentos de identidad, haya cruzado irregularmente la frontera del Estado y declare que no desea retornar a su país de origen, ha de considerarse que el Estado miembro está obligado a expedir un documento provisional sobre el estatuto del interesado en el supuesto de que, en estas circunstancias, la embajada del país de origen no expida el documento necesario para el traslado del interesado a su país de origen, a pesar de haber confirmado la identidad del interesado?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 159/11

Recurso interpuesto el 10 de enero de 2014 — Comisión Europea/República de Malta

(Asunto C-12/14)

2014/C 159/15

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: K. Mifsud-Bonnici y D. Martin, agentes)

Demandada: República de Malta

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Malta ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 ter del Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y en el artículo 54 del Reglamento (CE) no 883/2004 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, al haber reducido las pensiones maltesas de vejez por el importe de una pensión de funcionario con arreglo a, según los casos, el Principal Civil Service Pension Scheme, el National Health Service Pension Scheme o el Armed Forces Pension Scheme 1975 en relación con la Royal Air Force.

— Que se condene en costas a la República de Malta.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión considera que Malta ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los Reglamentos 1408/71 y 883/2004 al deducir de la pensión legal maltesa de vejez pensiones de funcionario adquiridas conforme a la legislación de otro Estado miembro. En opinión de la Comisión, los regímenes de pensión de funcionario del Reino Unido tienen una base legal y, por lo tanto, están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de los mencionados Reglamentos. El segundo de ellos prohíbe reducir una pensión maltesa de vejez por el importe de una pensión de funcionario del Reino Unido. No se ha celebrado ningún convenio de seguridad social relativo a las pensiones de funcionario entre el Reino Unido y Malta, por lo que no se cumplen los requisitos establecidos en dichos Reglamentos para mantener la aplicación de convenios de seguridad social.

Al estar los regímenes de pensiones de funcionario del Reino Unido comprendidos en el ámbito de aplicación de estos Reglamentos, los artículos 46 ter, apartado 1, del Reglamento no 1408/71 y 54, apartado 1, del Reglamento no 883/2004 prohíben la aplicación de una norma nacional sobre la no acumulación de prestaciones como la contenida en el artículo 56 de la Maltese Social Security Act.

(1) DO L 149, p. 2.

(2) DO L 166, p. 1.
1)

¿Es aplicable el principio de igualdad de trato del artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004 (1) —con excepción de la exclusión de la exportación de prestaciones del artículo 70, apartado 4, del Reglamento (CE) no 883/3004— también a las prestaciones especiales en metálico no contributivas en el sentido del artículo 70, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 883/2004?
3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, para apreciar si se neutraliza legalmente una eventual retención discriminatoria en la fuente en virtud de un convenio para evitar la doble imposición celebrado por el Estado de la fuente, ¿basta con que: i) el convenio contenga una disposición en este sentido, aunque esa posibilidad no sea incondicional, ii) en el caso concreto, ello dé lugar a que en los Países Bajos la presión fiscal soportada por un no residente no sea superior a la soportada por un residente? En el caso de que la compensación en el ejercicio en el que se percibieron los dividendos sea insuficiente, es relevante para apreciar la neutralización la posibilidad de trasladar la parte no compensada al ejercicio siguiente y de hacer uso de la compensación en ejercicios posteriores?
2)

a) En caso de respuesta negativa a la cuestión 1, ¿debe interpretarse el concepto de «materia contractual», contenido en el artículo 5, inicio y número 1, letra a), del Reglamento (CE) no 44/2001, en el sentido de que comprende también un caso como el de autos, en el que una sociedad demanda a una persona en su condición de administrador de dicha sociedad por incumplimiento de su obligación de desempeñar correctamente sus funciones societarias? b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2, letra a), ¿debe interpretarse el concepto de «lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda», contenido en el artículo 5, inicio y número 1, letra a), del Reglamento (CE) no 44/2001, en el sentido de que hace referencia al lugar en el que el administrador desempeñó o debió desempeñar sus funciones societarias, que será, por regla general, el lugar de la administración central o del centro de actividad principal de la sociedad en cuestión, en el sentido del artículo 60, apartado 1, inicio y letras b) y c), respectivamente, de dicho Reglamento?
1)

La normativa italiana en vigor contenida en el artículo 3, apartados 1 y 4, del Decreto-ley no 95, de 6 de julio de 2012, en su versión parcialmente modificada por la Ley de conversión no 135, de 7 de agosto de 2012, en la parte en que prevé que «en consideración del carácter excepcional de la situación económica y habida cuenta de las exigencias prioritarias de consecución de los objetivos de contención del gasto público, a partir de la entrada en vigor de la presente decisión respecto a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 la actualización por la variación de los índices Istat, prevista en la normativa vigente, no se aplicará a la renta de arrendamiento adeudada por las administraciones incluidas en las cuentas económicas consolidadas de la administración pública y determinadas por el Istituto nazionale di Statistica de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Ley no 196 de 31 de diciembre de 2009, así como por las Autoridades independientes, incluida la Commissione nazionale per le società e la borsa (“Consob”) por la utilización en régimen de arrendamiento de inmuebles para fines institucionales», y además, en el apartado 4, que «a los fines de la contención del gasto público, con referencia a los contratos de arrendamiento pasivo que tengan por objeto inmuebles de uso institucional celebrados por las Administraciones centrales determinadas por el Istituto nazionale di Statistica de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Ley no 196 de 31 de diciembre de 2009, así como por las Autoridades independientes, incluida la Commissione nazionale per le società e la borsa (“Consob”), las rentas de arrendamiento se reducirán a partir del 1 de enero de 2015 en un 15 % del importe actualmente abonado», mientras que «a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de conversión del presente Decreto, la reducción prevista en el período precedente se aplicará a los contratos de arrendamiento expirados o prorrogados después de tal fecha», ¿se opone a lo dispuesto en el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, apartados 1 y 2, en la medida en que puede conceder a entidades que operan en régimen de competencia una ventaja injustificada y discriminatoria respecto a la posición de otras entidades que desarrollan la misma actividad si bien no son beneficiarias de dicha normativa?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 85/12

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 16 de diciembre de 2013 — Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld

(Asunto C-666/13)

2014/C 85/22

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Rohm Semiconductor GmbH

Demandada: Hauptzollamt Krefeld

Cuestiones prejudiciales (1)

1) El hecho de que una mercancía tenga una función propia en el sentido de la partida 8543 de la Nomenclatura Combinada, ¿supone que esa mercancía ya no puede ser clasificada en la partida 8541, a pesar de su composición?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿en qué circunstancias debe considerarse que los módulos transmisores/receptores [para la transmisión de datos desde un teléfono móvil a otro teléfono móvil o a otro aparato electrónico provisto de luz infrarroja como un ordenador portátil, una impresora o una cámara digital], que tienen una función propia en el sentido de la partida 8543, son partes de máquinas o aparatos de la partida 8543?

(1) Relativas al Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 290, p. 1).
C 71/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polonia) el 2 de diciembre de 2013 — Adarco Invest Sp. z o.o. (sociedad con domicilio social en Petroșani, Rumanía, y sucursal polaca establecida en Tarnowskie Góry)

(Asunto C-629/13)

(2014/C 71/10)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Adarco Invest Sp. z o.o. (sociedad con domicilio social en Petroșani, Rumanía, y sucursal polaca establecida en Tarnowskie Góry)

Cuestión prejudicial

Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE y el artículo 1 de la Directiva 89/666/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado (Undécima Directiva del Consejo en materia de sociedades), (1) ¿se oponen a una normativa en virtud de la cual en un Estado miembro se deniega la eliminación del registro mercantil de la sucursal de una sociedad cuyo domicilio social está en otro Estado miembro cuando dicha sucursal no se ha disuelto y liquidado siguiendo el procedimiento previsto para la disolución y liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada residentes, mientras que no resulta obligatorio seguir el citado procedimiento para eliminar del registro las sucursales de las sociedades residentes? En el caso de las sociedades residentes, las sucursales sólo se inscriben en el registro de la sociedad residente respectiva, la cual es responsable de la presentación de cuentas anuales consolidadas que incluirán tanto a la matriz como a sus sucursales; por el contrario, las sucursales de sociedades no residentes se inscriben en el registro mercantil y presentan ante dicho registro sólo las cuentas anuales de la propia sucursal.

(1) DO L 395, p. 36.