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58.

El artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.o 2252/2004, traído a colación por Austria, tampoco lleva a otra conclusión. Si bien es cierto que dicha disposición obliga a los Estados miembros a designar un organismo responsable de la impresión de pasaportes y documentos de viaje, nada dice dicha disposición sobre la forma de elección de ese organismo responsable por los Estados miembros. En particular, no se opone en absoluto a la previa tramitación de un procedimiento de adjudicación en que se observen las exigencias del Derecho de la Unión. Así lo confirma también una mirada al contexto general en que se inserta la citada disposición. En efecto, según se desprende de su cuarto considerando, el Reglamento n.o 2252/2004 se limita a la armonización de las medidas de seguridad de pasaportes y documentos de viaje de los Estados miembros, mientras que la designación de las autoridades y organismos responsables por los Estados miembros queda expresamente bajo la reserva de las correspondientes disposiciones del Derecho de la Unión. Entre esas disposiciones del Derecho de la Unión a cuya observancia no se opone el Reglamento n.o 2252/2004 figuran, en particular, las relativas a la contratación pública, derivadas tanto de las libertades fundamentales como de las Directivas 92/50 y 2004/18.
Así pues, los particulares que deseen sustraerse a la aplicación de una norma pueden alegar el hecho de que no ha sido notificada, sin que sea necesario determinar si dicha norma es materialmente contraria a las libertades del mercado interior. Esta inoponibilidad puede beneficiar incluso a los operadores cuya actividad, a pesar de entrar en el ámbito de aplicación de la norma en cuestión, no constituye un servicio de la sociedad de la información, en particular por el hecho de que su papel no se limita a los servicios prestados por vía electrónica. ( 23 ) Estoy pensando, en particular, en el caso que nos interesa en el presente asunto, el de Uber. Como expuse en mis conclusiones presentadas en el asunto Asociación Profesional Elite Taxi, su actividad no entra dentro del concepto de servicio de la sociedad de la información, ( 24 ) aunque pueda ser objeto de un procedimiento judicial con arreglo al artículo L. 3124‑13 del Código de Transportes. No obstante, esa consecuencia es propia del carácter de vicio de procedimiento de la falta de notificación, que invalida la norma no notificada respecto de todos los justiciables.
29.

En cambio, el ámbito de aplicación del derecho fundamental a la protección de datos que confiere el artículo 8 de la Carta no se ve afectado por el artículo 3, apartado 2, de la Directiva de protección de datos. Así se desprende, en particular, del artículo 51, apartado 1, de la Carta, con arreglo al cual los derechos fundamentales garantizados por el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión. ( 8 ) Tal y como se desprende ya, en particular, de la sentencia Åkerberg Fransson, la Carta también es aplicable, en consecuencia, a las sanciones en materia tributaria, siempre que se trate de disposiciones de ese ámbito jurídico que se deriven del Derecho de la Unión. ( 9 ) A este respecto cabe pensar, sobre todo, en el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales. Pero también están sujetos al Derecho de la Unión determinados aspectos de los impuestos directos, como por ejemplo en el ámbito de aplicación de medidas de armonización concretas, ( 10 ) o cuando se limitan las libertades fundamentales. ( 11 ) Por lo tanto, en el caso concreto muchas veces el órgano jurisdiccional nacional deberá comprobar si es de aplicación la Carta. Por otro lado, cuando no sean aplicables el Derecho de la Unión ni la Carta, con frecuencia se deducirán exigencias similares del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
3.

En las presentes conclusiones explicaré las razones por las que considero que el artículo 8 del Reglamento n.o 2201/2003 y el artículo 3, letra d), del Reglamento n.o 4/2009 deben interpretarse en el sentido de que, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro haya dictado una resolución, que ha adquirido firmeza, sobre el derecho de custodia, el derecho de visita y las obligaciones de alimentos en lo que respecta a un hijo menor de edad, ese órgano jurisdiccional no es ya competente para pronunciarse sobre una demanda de modificación de dicha resolución en la medida en que ese menor no tenga su residencia habitual en el territorio de ese Estado miembro. Precisaré igualmente por qué razón, conforme a las mencionadas disposiciones y al principio de protección del interés superior del menor, el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre esa demanda será, a mi juicio, el órgano jurisdiccional del Estado miembro en cuyo territorio tenga el menor su residencia habitual.
6.

Los plazos de entrega se regulan en los apartados 3 a 5A del artículo 16 de la European Arrest Warrant Act (Ley sobre la orden de detención europea) de 2003, que, según el órgano jurisdiccional remitente, transponen el artículo 23 de la Decisión Marco. Las disposiciones pertinentes establecen lo siguiente: «Artículo 16 […] 3) Una resolución adoptada conforme a los apartados 1 o 2 producirá efectos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, tras la expiración de un plazo de 15 días contado a partir de la fecha en que se dicte la resolución o en una fecha anterior que indique la High Court, previa solicitud de la Autoridad Central del Estado y con el consentimiento de la persona a quien se aplique tal resolución. 3A) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 5 y 6, la persona a quien se aplique una resolución oportunamente en vigor conforme a los apartados 1 o 2 será entregada al Estado emisor en cuestión a más tardar 10 días después de la fecha en que la resolución produzca efectos de conformidad con el apartado 3. 4) Si la High Court adopta una resolución de conformidad con los apartados 1 o 2, a menos que ordene el aplazamiento de la entrega de conformidad con el artículo 18: […] b) ordenará que la persona sea detenida en prisión […] por un período no superior a 25 días a la espera de la ejecución de los términos de la resolución, y c) ordenará que la persona sea llevada de nuevo ante la High Court: i) si no ha sido entregada antes de la expiración del plazo de entrega previsto en el apartado 3A, tan pronto como sea posible tras la extinción de tal plazo, o bien ii) si, en opinión de la Autoridad Central del Estado, como consecuencia de circunstancias ajenas al control del Estado o del Estado emisor en cuestión, la persona no será entregada dentro del plazo indicado en el inciso i), antes de la expiración de dicho plazo. 5) Si una persona es llevada ante la High Court en virtud del apartado 4, letra c), la High Court: a) si comprueba que, como consecuencia de circunstancias ajenas al control del Estado o del Estado emisor en cuestión, la persona no ha sido entregada en el plazo de entrega previsto en el apartado 3A o, según el caso, no será entregada en tal plazo, deberá i) con el acuerdo de la autoridad judicial emisora, fijar una nueva fecha para la entrega de la persona, y ii) ordenar que dicha persona permanezca en prisión […] durante un periodo no superior a 10 días contados a partir de la fecha fijada conforme al inciso i), en tanto esté pendiente la entrega, y b) en cualquier otro caso, ordenará la liberación de la persona. 5A) La persona a quien se aplique una resolución en vigor conforme al apartado 5, letra a): a) será entregada al Estado emisor en cuestión a más tardar 10 días después de la fecha en que tal resolución produzca efectos, o b) si no se ha procedido a la entrega conforme a la letra a), será liberada. […]»
16.

La ciudad de Wiener Neustadt recurrió dicha resolución. Tras haber sido desestimado dicho recurso en primera instancia, ahora está pendiente ante el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria), quien plantea al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión: ¿Se opone el Derecho de la Unión, en particular la refundida Directiva EIA, concretamente su artículo 1, apartado 4, o la versión anterior de dicha Directiva, concretamente su artículo 1, apartado 5, a una disposición nacional con arreglo a la cual los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental pero que no disponían de una autorización con arreglo a la ley nacional de evaluación de impacto ambiental, sino únicamente de autorizaciones en virtud de leyes específicas (por ejemplo, la Ley de gestión de residuos), que desde el 19 de agosto de 2009 (fecha de entrada en vigor de la reforma de la UVP‑G 2009) ya no pueden ser anuladas por haber expirado el plazo de tres años establecido en el Derecho nacional (artículo 3, apartado 6, de la UVP‑G 2000), se consideran autorizados en virtud de la UVP‑G 2000, o dicha normativa es conforme con los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, consagrados por el Derecho de la Unión?
5.

El artículo 4 del Reglamento n.o 659/1999 («Examen previo de la notificación y decisiones de la Comisión») prevé: «1. La Comisión procederá al examen de la notificación desde el momento de su recepción. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, la Comisión adoptará una decisión con arreglo a lo establecido en los apartados 2, 3 o 4. 2. Cuando, tras un examen previo, la Comisión compruebe que la medida notificada no constituye una ayuda, lo declarará mediante decisión. 3. Si, tras un examen previo, la Comisión comprueba que la medida notificada, en tanto en cuanto esté comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo [107 TFUE], no plantea dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común, decidirá que la medida es compatible con el mercado común (denominada en lo sucesivo “decisión de no formular objeciones”). La decisión especificará la excepción del Tratado [FUE] que haya sido aplicada. 4. Si, tras un examen previo, la Comisión comprueba que la medida notificada plantea dudas sobre su compatibilidad con el mercado común, decidirá incoar el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo [108 TFUE] del Tratado (denominada en lo sucesivo “decisión de incoar el procedimiento de investigación formal”). 5. Las decisiones a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 se adoptarán en el plazo de dos meses. Este plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a la recepción de la notificación completa. La notificación se considerará completa si, en el plazo de dos meses a partir de su recepción, o de la recepción de cualquier información adicional solicitada, la Comisión no solicita más información. El plazo podrá prorrogarse con el consentimiento tanto de la Comisión como del Estado miembro interesado. Cuando proceda, la Comisión podrá fijar un plazo más breve. […]»
33.

Tampoco invalida esta conclusión el hecho de que, en algunas versiones lingüísticas, el artículo 66 del Reglamento n.o 44/2001 no utilice el concepto de «acción judicial», sino el de «procedimiento», ( 13 ) puesto que del uso del concepto «procedimiento» no se deriva sin más que la acción judicial y la demanda reconvencional, a efectos del artículo 66, deban constituir un procedimiento único y continuado. Aunque los ordenamientos jurídicos de determinados Estados miembros fueran en esa dirección, esto no se opondría a la interpretación autónoma del artículo 66 aquí propuesta.
23.

Asimismo, conforme al principio de autonomía, la consideración transfronteriza de las pérdidas no puede depender de si el otro Estado miembro dispone en su legislación tributaria que la filial no residente no puede imputar las pérdidas ( 12 ) o de si no permite en general tener en cuenta unas pérdidas derivadas de la enajenación de un inmueble allí situado. ( 13 )
28.

Tanto Grüne Liga Sachsen como el Freistaat Sachsen coinciden en que, en la evaluación llevada a cabo antes de la aprobación del proyecto, la autoridad competente se basó en la legislación nacional que transpone el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los hábitats, a pesar de que aún no se había incluido el lugar en la lista de lugares de importancia comunitaria. En ese momento, se concluyó que el proyecto no tendría efectos apreciables en el sentido del artículo 6, apartado 3. La decisión de 2008 de llevar a cabo una revisión después de recabarse nuevos dictámenes que concluían lo contrario debía cumplir los requisitos del artículo 6, apartado 4. No obstante, como se expuso claramente en la vista, Grüne Liga Sachsen considera (y el órgano jurisdiccional remitente ha partido del mismo postulado) que la evaluación inicial y la revisión de 2008 no se ajustaron completamente a estas disposiciones, mientras que el Freistaat Sachsen alega que fueron totalmente conformes.
41.

Ya a principios de los años ochenta la Comisión pretendió presentar una propuesta de Directiva del Consejo sobre el permiso parental y el permiso por motivos familiares, ( 24 ) propuesta que, sin embargo, no fue aceptada. Y tampoco el borrador revisado del año 1984 ( 25 ) contó con el apoyo suficiente. Pero, aunque estas propuestas no fueran finalmente promulgadas, sí tienen interés desde el punto de vista teleológico e histórico. La propuesta de 24 de noviembre de 1983 preveía expresamente, en su artículo 4, la concesión del permiso parental para que un progenitor se pudiera quedar en casa a fin de poder asumir «solo o principalmente» el cuidado del hijo. La propuesta modificada de 1984 preveía además, en su artículo 4, apartado 2, que el permiso parental no podía ser concedido «al mismo tiempo a ambos progenitores». El Acuerdo marco de que se trata no contiene tales limitaciones. En él se prohíbe a los Estados miembros, aunque no de forma expresa, regular el derecho al permiso parental de dos progenitores que trabajan de tal forma que no puedan disfrutar al mismo tiempo de la totalidad de sus permisos parentales. Carece de importancia que la Directiva 96/34 se oponga a una normativa nacional en ese sentido, dado que el artículo 53, apartado 3, párrafo tercero, del Código griego no regula la distribución temporal de dos derechos de dos progenitores que trabajan, sino que deniega con carácter general al único cónyuge que trabaja su derecho de permiso parental, debido a la falta de trabajo del otro cónyuge. Una norma de este tipo contraviene el objetivo perseguido por el legislador de la Unión y plasmado en el Acuerdo marco, como es conceder a los progenitores un derecho individual de permiso parental.
145.

Me limitaré a observar que, en la configuración muy particular del mercado en cuestión, que se reparten cuatro productores comunitarios que llevan a cabo, en paralelo con su actividad de producción en la Unión, actividades de importación, no me parece contrario a la lógica de la normativa antidumping que las instituciones de la Unión tuvieran en cuenta el perjuicio causado al productor que más producía en la Unión y que menos importaba en porcentaje de las ventas que realizaba.
63.

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus: «El artículo 98, apartado 2, párrafo primero, y el anexo III, número 6, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión resultante de la Directiva 2009/47/CE del Consejo, de 5 de mayo de 2009, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional con arreglo a la cual a los libros impresos se les aplica un tipo reducido del IVA, mientras que a los libros contenidos en otros soportes físicos como los CD, los CD-ROM o las memorias USB se les aplica el tipo general, siempre que, desde el punto de vista del consumidor medio del Estado miembro de que se trate, los segundos no sean similares a los primeros en la medida en que no responden a las mismas necesidades del citado consumidor, extremo que corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional remitente. Esta respuesta no varía en función de que el libro esté destinado a ser leído o a ser escuchado (audiolibro), de que exista un libro impreso de idéntico contenido al del libro o audiolibro en forma de CD, CD-ROM, memoria USB o contenido en otro soporte físico similar, o de que puedan utilizarse las propiedades técnicas que confiere ese soporte distinto del papel, como las funciones de búsqueda.»
71.

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones planteadas por el Oberster Gerichtshof: «1) El artículo 24 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en conexión con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que la comparecencia del representante judicial por ausencia, nombrado conforme al Derecho nacional, no constituye una comparecencia en el sentido del artículo 24 de este Reglamento. 2) Dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el principio de equivalencia, en circunstancias como las que concurren en el procedimiento principal, no impone a los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de solicitar al Tribunal constitucional que se pronuncie sobre la conformidad de una ley nacional que consideran contraria a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con vistas a la anulación general de dicha ley. Una disposición de Derecho interno que establezca esa obligación no será contraria al Derecho de la Unión siempre que no dé lugar a la eliminación, suspensión, disminución o aplazamiento de la obligación del juez nacional de aplicar las disposiciones de este Derecho y de garantizar su plena eficacia, en caso necesario inaplicando de oficio cualquier disposición contraria de la legislación nacional, ni de su facultad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.»
76.

En todo caso, en este último supuesto, si la Comisión y los Estados miembros que han seguido su recomendación no han considerado que el control de la duración de la estancia se vea dificultado por la presentación de documentos de viaje distintos, me cuesta comprender por qué debería ser ése el caso en las presentes circunstancias. En efecto, y como ya he resaltado, la continuidad cronológica garantizada entre los dos documentos de viaje presentados por el nacional indio permitía a los guardias de fronteras asegurarse de que no se había sobrepasado el número de días de presencia autorizada en el territorio de la Unión. Por último, quiero precisar que tal posibilidad es sin perjuicio de la aplicación del artículo 11 del Código de fronteras Schengen, que dispone que «cuando el documento de viaje de un nacional de un tercer país no lleve sello de entrada, las autoridades nacionales competentes podrán presumir que el portador no reúne o dejó de reunir las condiciones de duración de la estancia aplicables en el Estado miembro de que se trate», siendo ésta una presunción iuris tantum.
6.

La Ley no 537/1993 reclasificó los medicamentos, dividiéndolos en las siguientes categorías: categoría A, para los medicamentos esenciales y medicamentos para enfermedades crónicas; categoría B, para los medicamentos de interés terapéutico significativo (no incluidos en la categoría A), y categoría C, para los medicamentos no incluidos en las categorías A o B. Con arreglo al artículo 8, apartado 14, de la Ley no 537/1993, el Servizio Sanitario Nazionale (Sistema de Salud Nacional; en lo sucesivo, «SSN») debe sufragar íntegramente los medicamentos de categoría A y B mientras que los medicamentos de categoría C deben ser sufragados íntegramente por el paciente.
74.

Aunque ciertas formas de control pueden ser desproporcionadas, no se aprecia que suceda así tan sólo con la competencia de las autoridades del Estado miembro de acogida de controlar el servicio controvertido. Tal competencia es, en principio, un medio idóneo para salvaguardar la protección de los consumidores. Además, dado que no parece que existan controles comparables en el Estado de origen, también se puede considerar necesaria desde el punto de vista del margen de apreciación que corresponde al Estado miembro de acogida. Y, por último, no se puede decir que la atribución de una competencia así no guarde proporción con los perjuicios que acarrea.
10.

Según la petición de decisión prejudicial, hasta ahora no se ha analizado suficientemente la similitud entre uno y otro signo. Por lo tanto, no cabe suponer en el presente procedimiento que exista un riesgo de confusión. Además, en la petición de decisión prejudicial no se responde a la cuestión de si el Sr. de Vries pretendía hacerse con una parte del millonario volumen de negocios que Red Bull obtiene con las bebidas energéticas y, al socaire de su marca notoria, obtuvo una ventaja desleal de la reputación de la misma. ( 4 )
78.

Estoy de acuerdo con que en algunos casos podría ser importante (aunque en otros casos lo será menos) no dejar que la aplicación de las medidas tecnológicas de protección de derechos exclusivos interfiera con los derechos de los usuarios a llevar a cabo actos que no requieren autorización. En cualquier caso, en la medida en que los segundos no constituyan derechos fundamentales, también procede reconocer debidamente la importancia de la protección de los derechos de autor y los derechos afines. No obstante, deben examinarse tales criterios cualitativos a la luz de los criterios cuantitativos explicados anteriormente, concretamente, el alcance y la frecuencia, en comparación, de los usos que infringen los derechos exclusivos y los usos que no infringen derechos exclusivos.
55.

En cuarto lugar, Kala Naft recuerda el considerando vigésimo quinto de la Decisión 2010/413, según el cual «[ésta] respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta […] y, en especial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, el derecho de propiedad y el derecho de protección de los datos personales. La presente Decisión se aplicará con arreglo a dichos derechos», así como el párrafo del escrito del Consejo de 29 de julio de 2010 en el que se informaba a Kala Naft de su inclusión en la lista, que señalaba: «[…] your attention is also drawn to the possibility of challenging the Council’s decision before the General Court of the European Union, in accordance with the conditions laid down in Article 275, 2nd paragraph, and Article 263, 4th and 6th paragraphs, of the Treaty on the Functioning of the European Union.»
39.

Por último, en relación con la tercera cuestión prejudicial, el Sr. Brady sostiene que merece una respuesta positiva, pues Irlanda no podría invocar un incumplimiento de sus obligaciones para hacer inaplicable las disposiciones en vigor del Derecho de la Unión, asistiendo así a un particular el derecho a oponer a APMA la exclusión de los purines del ámbito de aplicación de la Directiva 75/442. Para APMA, a falta de transposición, la Directiva 91/676 no podía desplegar efectos jurídicos; y, de haber sido transpuesta, sólo cubriría el empleo de los purines como fertilizante, pero no su tratamiento por el productor, pues los objetivos de prevención y valoración de los residuos se encuentran en la Directiva 96/61. La Comisión, por su lado, considera que una sustancia no puede considerarse cubierta por otra legislación cuando el Estado miembro no ha establecido esa legislación y, por tanto, no asegura un nivel de protección equivalente al perseguido por la Directiva 75/442; e incluso si la Directiva 91/676 hubiera sido transpuesta, no sería seguro que pueda entenderse que asegura ese nivel equivalente de protección, toda vez que las zonas vulnerables a las que se aplican sus reglas pueden no cubrir enteramente el territorio de un Estado miembro.