Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Recurso de casación — Motivos — Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal General — Inadmisibilidad — Impugnación de la interpretación o de la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal General — Admisibilidad

[Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]

2. Recurso de casación — Motivos — Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación — Inadmisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 113, ap. 2)

3. Recurso por incumplimiento — Derecho de la Comisión a recurrir en vía jurisdiccional — Ejercicio discrecional

(Arts. 81 CE, 82 CE y 226 CE)

4. Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Servicios de acceso a la red de telecomunicaciones prestados por el operador propietario de la única infraestructura disponible — Decisión de la Comisión que declara que existe abuso a pesar de la aprobación de las tarifas por la autoridad reguladora nacional — Imputabilidad de la infracción

(Arts. 81 CE y 82 CE)

5. Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente — Admisibilidad

(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)

6. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Comisión deliberada o por negligencia — Concepto — Compresión de márgenes originada por las tarifas de una empresa en posición de monopolio en el mercado de los servicios mayoristas y en posición cuasi monopolística en el mercado de los servicios minoristas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, párr. 1)

7. Actos de las instituciones — Obligación de motivación — Objeto — Alcance

(Art. 253 CE)

8. Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Servicios de acceso a la red de telecomunicaciones prestados por el operador propietario de la única infraestructura disponible — Diferencia negativa o insuficiente entre las tarifas para los competidores y las tarifas minoristas

(Art. 82 CE)

9. Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Concepto

(Art. 82 CE)

10. Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Servicios de acceso a la red de telecomunicaciones prestados por el operador propietario de la única infraestructura disponible — Cálculo de la compresión de márgenes de los competidores

(Art. 82 CE)

11. Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Igualdad de oportunidades — Inexistencia — Toma en consideración de los ingresos procedentes de la prestación de otros servicios de telecomunicaciones — Exclusión

(Art. 82 CE)

12. Competencia — Posición dominante — Abuso — Concepto — Comportamientos que tienen un efecto restrictivo sobre la competencia

(Art. 82 CE)

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Infracción grave — Compresión de márgenes originada por las tarifas de una empresa en posición de monopolio — Circunstancias atenuantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1, parte A, párr. 2)

14. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Facultades de la Comisión — Modificación de la práctica anterior — Violación del principio de no discriminación — Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo)

Índice

1. De los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, aunque no incluya ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida, se limite a reproducir los motivos y alegaciones ya formulados ante el Tribunal General. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal General, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia.

No obstante, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal General, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido.

(véanse los apartados 24 y 25)

2. El recurso de casación no puede modificar el objeto del litigio ante el Tribunal General. La competencia del Tribunal de Justicia, en el marco del recurso de casación, está en efecto limitada a la apreciación de la solución jurídica que se haya dado a los motivos objeto de debate ante los jueces de primera instancia. Por tanto, una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General ya que ello equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General.

(véanse los apartados 34, 42, y 49)

3. Le corresponde a cada uno de los Estados miembros adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento por las autoridades reguladoras nacionales de las obligaciones que se les imponen de conformidad con el Derecho de la Unión. Los artículos 81 CE y 82 CE, en relación con el artículo 10 CE, obligan a los Estados miembros a no adoptar ni mantener en vigor medidas, ni siquiera legales o reglamentarias, que puedan anular el efecto útil de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas.

No obstante, respecto a la posibilidad de la Comisión de interponer un recurso por incumplimiento contra un Estado miembro, dado que la sentencia recurrida objeto de un recurso de casación se refiere únicamente a la legalidad de una decisión adoptada por la Comisión con arreglo al artículo 82 CE respecto a una empresa recurrente, el Tribunal de Justicia debe, en el marco del recurso de casación, limitarse a comprobar si las alegaciones formuladas en apoyo de éste muestran que el examen por el Tribunal General de la legalidad de tal decisión adolece de errores de Derecho, y ello con independencia de si la Comisión hubiera podido, paralela o alternativamente, adoptar una decisión de infracción del Derecho de la Unión frente al Estado miembro en cuestión.

Por ello, aunque no puede descartarse que las autoridades reguladoras nacionales hayan infringido el Derecho de la Unión y aunque la Comisión hubiera podido elegir interponer a ese respecto un recurso por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE contra el Estado miembro, tales eventualidades carecen de pertinencia en la fase del recurso de casación. En el sistema establecido por el artículo 226 CE, la Comisión dispone de una facultad discrecional para iniciar un recurso por incumplimiento y no corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Unión determinar si el ejercicio de dicha facultad es o no oportuno.

(véanse los apartados 45 a 47)

4. Únicamente si una legislación nacional impone a las empresas un comportamiento contrario a la competencia o si crea un marco jurídico que limita por sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplican los artículos 81 CE y 82 CE. En tal situación, la restricción de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones, a comportamientos autónomos de las empresas.

Por el contrario, cabe aplicar los artículos 81 CE y 82 CE si la legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una competencia que puede ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas. El Tribunal de Justicia sólo ha admitido con carácter restrictivo la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE, un determinado comportamiento contrario a la competencia porque la normativa nacional vigente lo exigía a las empresas implicadas o porque dicha normativa eliminaba cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por su parte. Si una ley nacional se limita a fomentar o a facilitar comportamientos autónomos de las empresas contrarios a la competencia, éstas siguen sometidas a los artículos 81 CE y 82 CE. Incumbe, en efecto, a las empresas dominantes una responsabilidad especial de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común

A este respecto, el mero hecho de que se hubiese incitado a una empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones, mediante las intervenciones de una autoridad reguladora nacional como la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Correos, a seguir aplicando sus prácticas tarifarias que conducen a la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella no puede, como tal, eliminar en absoluto su responsabilidad con arreglo al articulo 82 CE.

En efecto, dado que, pese a tales intervenciones, la empresa disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados, la compresión de márgenes le resulta imputable. El carácter culposo o no del comportamiento consistente en no utilizar dicho margen de maniobra no desvirtúa la apreciación de que la recurrente disponía de margen de maniobra para adoptarla, sino que únicamente puede tenerse en cuenta al determinar el carácter ilícito de dicho comportamiento así como en la fase de la fijación del importe de las multas.

(véanse los apartados 80 a 85, 88 y 89)

5. La cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal General es insuficiente constituye una cuestión de Derecho que como tal puede ser alegada en el marco de un recurso de casación.

(véase el apartado 123)

6. Respecto a la cuestión de si las infracciones a las reglas de competencia se cometieron deliberadamente o por negligencia y, por tanto, pueden sancionarse con una multa de conformidad con el párrafo primero del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, esta condición se cumple cuando una empresa no podía ignorar que su comportamiento era contrario a la competencia, tuviera o no conciencia de infringir las reglas de competencia del Tratado.

Éste es el caso de una empresa en el sector de las telecomunicaciones que no podía ignorar, por una parte, que, a pesar de las decisiones de autorización de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Correos, disponía de un margen real de maniobra para fijar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados y que, por otra parte, la compresión de márgenes provocaba graves restricciones de la competencia, habida cuenta de su posición monopolística en el mercado mayorista de los servicios de acceso al bucle local y de su posición cuasi monopolística en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados.

(véanse los apartados 124 y 125)

7. La obligación de motivación establecida en el artículo 253 CE constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. Desde este punto de vista, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.

La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular, del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por éste puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del citado artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

(véanse los apartados 130 y 131)

8. El artículo 82 CE, párrafo segundo, letra a), prohíbe expresamente a una empresa en posición dominante imponer directa o indirectamente precios no equitativos y, en particular, llevar a cabo prácticas tarifarias que provoquen la expulsión de sus competidores igual de eficientes que ella, actuales o potenciales, es decir prácticas que pueden, tanto dificultar o imposibilitar el acceso al mercado de éstos, como dificultar o imposibilitar la elección, para sus otras partes contratantes, entre varias fuentes de aprovisionamiento o socios comerciales, reforzando de ese modo su posición dominante, recurriendo a medios distintos de los que rigen una competencia basada en los méritos. En esta perspectiva, toda competencia en los precios no puede considerarse, por tanto, legítima.

En la medida en que una empresa en posición dominante en el sector de las telecomunicaciones dispone de margen de maniobra para reducir o eliminar una compresión de los márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella, mediante la modificación de sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados, esta compresión de márgenes, habida cuenta del efecto de expulsión que puede provocar para los citados competidores, puede constituir, en sí misma, un abuso en el sentido del artículo 82 CE.

El citado artículo 82 CE pretende, en particular, la protección de los consumidores mediante una competencia no falseada. A este respecto, carece de pertinencia que la empresa dominante deba aumentar sus precios para eliminar el abuso.

Tal compresión de márgenes, al reducir aún más el grado de competencia existente en un mercado, el de los servicios de acceso para abonados, ya debilitado debido precisamente a la presencia de la citada empresa, y reforzando así la posición dominante que ésta tiene en dicho mercado, provoca también que los consumidores sufran un perjuicio como consecuencia de la limitación de sus posibilidades de elección y, por tanto, de la perspectiva de una reducción, a más largo plazo, de los precios minoristas debido a la competencia ejercida por competidores al menos igual de eficientes que ella en el citado mercado.

El Tribunal no necesita acreditar que los precios mayori stas de los servicios de acceso al bucle local o de los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados fueran en sí mismos abusivos debido, según los casos, a su carácter excesivo o predatorio.

(véanse los apartados 172, 177 y 180 a 183)

9. Para evaluar si las prácticas tarifarias de una empresa dominante pueden eliminar a un competidor infringiendo el artículo 82 CE, hay que utilizar un criterio basado en los costes y la estrategia de la empresa dominante. A este respecto, una empresa dominante no puede eliminar del mercado a empresas que quizás sean tan eficientes como ellas, pero que, debido a su inferior capacidad económica, son incapaces de resistir la competencia que se les hace.

En una situación en la que el carácter abusivo de las prácticas tarifarias de una empresa dominante resulta de su efecto de expulsión de los competidores de ésta, procede fundamentar el análisis relativo al citado carácter abusivo únicamente por referencia a las tarifas y a los costes de la empresa dominante. En efecto, tal criterio permite comprobar si una empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones habría podido ella misma ofrecer sus servicios minoristas a los abonados sin pérdidas, si se le hubiera obligado previamente a pagar sus propios precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local. Este criterio es por consiguiente adecuado para determinar si las prácticas tarifarias de una empresa dominante provocan la expulsión de los competidores por la compresión de sus márgenes.

Dicho enfoque se justifica aún más, en tanto en cuanto se ajusta también al principio general de seguridad jurídica, dado que la toma en consideración de los costes de la empresa dominante permite a ésta, habida cuenta de la responsabilidad particular que le incumbe con arreglo al artículo 82 CE, apreciar la legalidad de sus propios comportamientos. En efecto, si bien una empresa dominante conoce sus propios costes y tarifas, no conoce en principio los de sus competidores.

Dichas afirmaciones no pueden refutarse por la circunstancia de que los competidores de la empresa dominante estén sometidos a condiciones jurídicas y materiales menos gravosas para prestar sus servicios de telecomunicaciones a los abonados. En efecto, tal circunstancia, aun suponiéndola acreditada, no afecta ni al hecho de que una empresa dominante, no puede llevar a cabo prácticas tarifarias que expulsen del mercado de referencia a competidores al menos igual de eficientes que ella, ni al hecho de que tal empresa deba, habida cuenta de su responsabilidad particular con arreglo al artículo 82 CE, poder determinar ella misma si sus prácticas tarifarias son conformes a dicha disposición.

(véanse los apartados 198 a 203)

10. Aun cuando desde el punto de vista del abonado, los servicios de acceso y de comunicaciones puedan efectivamente constituir un conjunto, la Comisión está legitimada para examinar la existencia de una compresión de márgenes únicamente a nivel de los servicios de acceso sin incluir los servicios de comunicaciones a la luz de los principios del reajuste tarifario y de la igualdad de oportunidades.

A este respecto, el Tribunal General no incurre en un error de Derecho al tener en cuenta el principio del reajuste tarifario, que se desprende de la normativa relativa al sector de las telecomunicaciones, para examinar la procedencia de la aplicación, por la Comisión, del artículo 82 CE a las prácticas tarifarias abusivas de una empresa dominante. En efecto, dado que la normativa relativa al sector de las telecomunicaciones define el marco jurídico aplicable a éste y que, de este modo, contribuye a determinar las condiciones de competencia en las que una empresa dominante ejerce sus actividades en los mercados de referencia, constituye un elemento pertinente para la aplicación del artículo 82 CE a los comportamientos adoptados por dicha empresa, ya sea para definir los mercados de referencia, para apreciar el carácter abusivo de tales comportamientos o incluso para fijar el importe de las multas.

Dicha consideración no se desvirtúa por el hecho de que el principio del reajuste tarifario únicamente se le aplique a la empresa dominante y no a sus competidores. Dado que el Tribunal, para determinar el carácter abusivo, a la luz del artículo 82 CE, de las prácticas tarifarias de la citada empresa dominante, se basó en la situación y los costes de ésta, de conformidad con el criterio del competidor igual de eficiente.

En consecuencia, al haber declarado el Tribunal General que el reajuste tarifario pretendido por la normativa de la Unión relativa al sector de las telecomunicaciones debía traducirse, en una bajada de las tarifas de las comunicaciones nacionales e internacionales y en un subida del abono mensual y del precio de las comunicaciones locales, de ello podía deducir legalmente, que la toma en consideración diferenciada de los precios minoristas por los servicios de acceso y de los precios minoristas por los servicios de comunicaciones para la determinación del carácter abusivo de las prácticas tarifarias de la empresa dominante se contiene en el principio del reajuste tarifario.

(véanse los apartados 221, y 223 a 226)

11. Un sistema de competencia no falseada, tan sólo será posible si se garantiza la igualdad de oportunidades entre los diferentes agentes económicos.

Ello implica que una empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones y sus competidores al menos igual de eficientes que ella se sitúen en pié de igualdad en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados. Esta condición no se cumple si los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local pagados a la empresa dominante sólo pueden repercutirse en sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados ofreciendo éstos incurriendo en pérdidas.

En efecto, dado que, por una parte, el mercado minorista por los servicios de acceso para abonados constituye un mercado distinto y que, por otra parte, los servicios de acceso al bucle local son indispensables para los competidores al menos igual de eficientes que ella misma para entrar a competir en dicho mercado con una empresa que, tiene en el mismo una posición dominante resultante ampliamente del monopolio legal del que disfrutaba antes de la liberalización del sector de las telecomunicaciones, el establecimiento de un sistema de competencia no falseada exige que dicha empresa dominante no pueda, mediante sus prácticas tarifarias en el referido mercado minorista, infligir, de entrada, a sus competidores al menos igual de eficientes que ella una desventaja competitiva en éste que pueda impedir o restringir su acceso a tal mercado o el desarrollo de sus actividades en éste.

Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, la eventual prestación por dichos competidores de otros servicios de telecomunicaciones a los abonados a través de la red fija de la empresa dominante exige además la adquisición de servicios mayoristas de acceso al bucle local a ésta, esta desventaja competitiva en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados se repercute necesariamente, en los mercados de esos otros servicios de telecomunicaciones. No obstante, esta última circunstancia no implica que los ingresos procedentes de esos otros servicios de telecomunicaciones deban tenerse en cuenta para examinar si los competidores al menos igual de eficientes que la empresa dominante se encuentran en una situación de desigualdad en las condiciones de competencia en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados. En efecto, esos otros servicios de telecomunicaciones están comprendidos en mercados distintos a este último mercado.

Por ello, procede observar que las prácticas tarifarias de la empresa dominante en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados colocan de entrada a sus competidores al menos igual de eficientes en una posición desigual en relación con ella misma en ese mismo mercado, lo que provoca una compresión de los márgenes de los citados competidores por lo que respecta a los servicios de acceso.

(véanse los apartados 230, 233 a 236 y 240)

12. Al prohibir la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, el artículo 82 CE tiene por objeto los comportamientos de una empresa en posición dominante que, tienen por efecto impedir, por medios distintos de los que rigen una normal competencia entre productos o servicios sobre la base de las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del grado de competencia que aún existe en el mercado o su desarrollo. De ello se deduce que la existencia de una práctica tarifaria de una empresa dominante que provoca la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella constituye una práctica abusiva en el sentido del artículo 82 CE, únicamente si se aporta la prueba de un efecto contrario a la competencia.

Respecto a las prácticas tarifarias de una empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones que provoquen la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella, el efecto contrario a la competencia que la Comisión está obligada a demostrar se refiere a los eventuales obstáculos que las citadas prácticas tarifarias hayan podido ocasionar en el desarrollo de la oferta en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados y, por tanto, en el grado de competencia en dicho mercado. Tal práctica es abusiva en el sentido del artículo 82 CE, dado que, provocando la expulsión de competidores de la empresa dominante al menos igual de eficientes que ella, la citada práctica puede dificultar o imposibilitar el acceso al mercado de referencia a dichos competidores y reforzar de ese modo su posición dominante en éste, en detrimento de los intereses de los consumidores.

Cuando una empresa dominante aplica una práctica tarifaria que provoca la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella y cuyo objeto es expulsar a éstos del mercado de referencia, la circunstancia de que el resultado buscado no se alcance, en definitiva, no descarta la calificación de abuso en el sentido del artículo 82 CE. No obstante, a falta del menor efecto sobre la situación competitiva de los competidores, una práctica tarifaria de este tipo no puede calificarse de práctica de expulsión cuando la entrada de éstos al mercado no se dificulta en absoluto por dicha práctica.

(véanse los apartados 251 a 254)

13. La Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta al método de cálculo de las multas. Este método, delimitado por las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del artículo 65 del Tratado CECA, contiene varios rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión ejerza su facultad de apreciación respetando las citadas disposiciones. Corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si el Tribunal General ha apreciado correctamente el ejercicio, por la Comisión, de dicha facultad de apreciación.

La gravedad de las infracciones al Derecho de la Unión relativo a la competencia debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de la empresa de que se trate, el papel desempeñado por ella en el establecimiento de la práctica en cuestión, el beneficio que ha podido obtener de dicha práctica, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Unión.

(véanse los apartados 271 a 274)

14. El hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política de la Unión relativa a la competencia. La aplicación eficaz de las normas de la Unión sobre la competencia exige, en efecto, que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política.

(véase el apartado 294)