Palabras clave

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Palabras clave

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Agricultura ° Aproximación de las legislaciones en materia de policía sanitaria ° Controles veterinarios y zootécnicos en los intercambios intracomunitarios de animales vivos y de productos de origen animal ° Directiva 90/425 ° Armonización completa ° Adopción por la Comisión de las medidas necesarias para obviar el peligro de que aparezca una nueva enfermedad porcina ° Decisión nacional por la que se prohíben las importaciones procedentes de otros Estados miembros ° Improcedencia ° Justificación por el artículo 36 del Tratado ° Improcedencia

(Tratado CEE, art. 36; Directivas 64/432, art. 9, y 90/425, del Consejo, art. 10; Decisión 91/237 de la Comisión)

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La entrada en vigor del artículo 10 de la Directiva 90/425, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos de origen animal con vistas a la realización del mercado interior, ha tenido por efecto impedir que un Estado miembro se funde en el artículo 9 de la Directiva 64/432, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina, para decidir, en concepto de medida de salvaguardia, cerrar sus fronteras a determinadas importaciones de cerdos.

Por una parte, en efecto, el mencionado artículo 10, que sustituye al artículo 9 también citado, confía a la Comisión la facultad de adoptar las medidas necesarias para hacer frente a todo peligro grave para los animales y la salud humana y no deja en adelante a los Estados miembros más que la posibilidad, si comprueban una enfermedad con ocasión de un control, de adoptar las medidas de prevención que contempla la normativa comunitaria o, por graves motivos de protección pública o de la salud animal, medidas cautelares estrictamente limitadas en espera de las medidas que debe tomar la Comisión. Por otra parte, el hecho de que el artículo 10 se refiera a las medidas de control previstas por otras disposiciones de la Directiva, para las que el plazo para adaptar a ellas el Derecho nacional sólo expira posteriormente, no tiene influencia en el presente caso, porque un Estado miembro que no haya realizado todavía la adaptación de su Derecho a la Directiva, puede establecer dichas medidas de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 64/432 que sigue en vigor hasta la adaptación completa del Derecho nacional a la Directiva 90/425.

Como las Directivas 64/432 y 90/425 han realizado, en los ámbitos en que se aplican, una completa armonización de las medidas de policía sanitaria que pueden adoptar los Estados miembros, estos últimos no pueden acogerse a las disposiciones del artículo 36 del Tratado para justificar, en los intercambios intracomunitarios, medidas de prohibición o de restricción de las importaciones.

Por consiguiente incumple sus obligaciones el Estado miembro que, cuando la Comisión, ante el peligro creado por la aparición de una nueva enfermedad porcina, haya tomado medidas, de acuerdo con el artículo 10 de la Directiva 90/425, que implican la obligación de los Estados miembros, en los que hace estragos dicha enfermedad, de destruir los productos originales de las explotaciones infectadas y de abstenerse de exportar animales procedentes de municipios de alto riesgo, decide cerrar hasta nueva orden sus fronteras a las importaciones procedentes de los Estados miembros afectados.