El plazo de prescripción establecido por el artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, es aplicable tanto a las irregularidades que dan lugar a la imposición de una sanción administrativa, en el sentido del artículo 5 de este Reglamento, como a aquellas irregularidades que son objeto de una medida administrativa consistente en la retirada de la ventaja indebidamente obtenida, conforme al artículo 4 de dicho Reglamento.

En este contexto, procede considerar que actos destinados a instruir una irregularidad o a ejecutar la acción contra la misma han sido puestos en conocimiento de la persona en cuestión, a efectos del citado artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, cuando un conjunto de elementos fácticos permite concluir que los actos de instrucción o de ejecución de la acción de que se trate han sido efectivamente puestos en conocimiento de la persona en cuestión. Tratándose de una persona jurídica, este requisito se cumple si el acto de que se trate ha sido efectivamente puesto en conocimiento de una persona cuyo comportamiento puede atribuirse, conforme al Derecho nacional, a esa persona jurídica, extremo que corresponde verificar al juez nacional. Además, un acto tiene que delimitar con la suficiente precisión las operaciones sobre las que recaen las sospechas de irregularidad para poder ser calificado de acto de instrucción o de ejecución de la acción, en el sentido de dicha disposición. Esta exigencia de precisión no requiere, sin embargo, que el acto mencione la posibilidad de imponer una sanción o una medida administrativa particular.

Con arreglo al artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento no 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, la prescripción de las diligencias quedará interrumpida por cualquier acto, puesto en conocimiento de la persona en cuestión, que emane de la autoridad competente y destinado a instruir la irregularidad o a ejecutar la acción contra la misma. Por lo que se refiere al concepto de «autoridad competente» a que se refiere dicha disposición ha de entenderse como la autoridad que tiene competencia, en virtud del Derecho nacional, para adoptar los actos de instrucción o de ejecución de la acción de que se trate, autoridad que puede ser distinta de la que concede o recupera las cantidades indebidamente percibidas en detrimento de los intereses financieros de la Unión.

Una irregularidad es «continua o reiterada», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento no 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, cuando sea cometida por un operador que obtenga beneficios económicos de un conjunto de operaciones similares que infrinjan la misma disposición del Derecho de la Unión. A este respecto, en cuanto a la relación cronológica por la que han de quedar vinculadas irregularidades determinadas para poder constituir una «irregularidad reiterada», en el sentido de la citada disposición, se requiere únicamente que el tiempo transcurrido entre cada irregularidad y la anterior sea inferior al plazo de prescripción previsto en el primer párrafo de ese mismo apartado. Irregularidades como las relativas al cálculo de las cantidades de azúcar almacenadas por el fabricante, que han tenido lugar en el curso de campañas de comercialización diferentes y que suponen declaraciones erróneas de dichas cantidades por parte de ese mismo fabricante y, por tal motivo, el abono de cantidades indebidas en virtud del reembolso de los gastos de almacenamiento en virtud del Reglamento no 1998/78, por el que se establecen las modalidades de aplicación del sistema de compensación de los gastos de almacenamiento en el sector del azúcar, constituyen, en principio, una irregularidad reiterada, en el sentido del citado artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento no 2988/95, extremo que corresponde verificar al juez nacional.

En cuanto al concepto de «irregularidad continua o reiterada», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento no 2988/95, se basa en criterios objetivos, propios de esta categoría de irregularidades e independientes de la conducta de la Administración nacional con respecto al operador de que se trate. Por tanto, la calificación de un conjunto de irregularidades de «irregularidad continua o reiterada», en el sentido de dicha disposición, no queda excluida en el supuesto en que las autoridades competentes no hayan sometido a la persona en cuestión a controles regulares y en profundidad.

(véanse los apartados 49, 56, 60 y 61 y los puntos 4 y 5 del fallo)