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3)

En el caso de que el órgano jurisdiccional supremo no examine una solicitud de planteamiento de una cuestión prejudicial, ¿ha de suponerse que se incurre en una violación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, a la luz de los artículos 47, párrafo segundo, y 52, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando dicho órgano jurisdiccional desestima la solicitud con el único razonamiento de que no se plantea la cuestión «puesto que los motivos no son admisibles por una causa propia del procedimiento ante el Hof»?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 59/7

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 2 de diciembre de 2015 — Minister for Justice and Equality/Tomas Vilkas

(Asunto C-640/15)

(2016/C 059/06)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal

Partes en el procedimiento principal

Apelante: Minister for Justice and Equality

Apelada: Tomas Vilkas

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Prevé o permite el artículo 23 de la Decisión Marco (1) que se acuerde una nueva fecha de entrega en más de una ocasión?

2) En caso de respuesta afirmativa, ¿lo hace en alguna o en todas de las siguientes situaciones: cuando la entrega de la persona buscada en el plazo establecido en el apartado 2 ya ha sido impedida por circunstancias ajenas al control de cualquiera de los Estados miembros, dando lugar a que se acuerde una nueva fecha de entrega, y i) tales circunstancias persisten, o ii) tras cesar, vuelven a producirse, o bien iii) tras cesar, surgen circunstancias diferentes que han impedido o pueden impedir la entrega de la persona buscada dentro del plazo exigido correspondiente a dicha nueva fecha de entrega?

(1) 2002/584/JAI: Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190, p. 1).
(2)

a la vista de las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 2) en el sentido de que las limitaciones que puedan legítimamente establecerse al artículo 6 no podrán sobrepasar las permitidas por el CEDH en la propia redacción del artículo 5, inicio y letra f), y de la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de esta última disposición realizada en, entre otras, la sentencia de 22 de septiembre de 2015, Nabil y otros contra Hungría, 62116/12, según la cual el internamiento de un solicitante de asilo es contrario al citado artículo 5, apartado 1, inicio y letra f), si dicho internamiento no se ha ordenado con vistas a la expulsión?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 7/11

Recurso interpuesto el 30 de octubre de 2015 — Comisión Europea/República de Malta

(Asunto C-557/15)

(2016/C 007/18)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: C. Hermes, K. Mifsud-Bonnici, agentes)

Demandada: República de Malta

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que, al aprobar un régimen excepcional que permite la captura con vida de siete especies de pinzones silvestres (pinzón vulgar, Fringilla coelebs; pardillo común, Carduelis cannabina; jilguero europeo, Carduelis carduelis; verderón común, Carduelis chloris; picogordo común, Coccothraustes coccothraustes; serín verdecillo, Serinus serinus y jilguero lúgano Carduelis spinus), la República de Malta ha incumplido sus obligaciones con arreglo a los artículo 5, letras a) y e), y 8, apartado 1, en relación con el anexo IV, letra a), interpretados conjuntamente con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (1).

— Que se condene en costas a la República de Malta.

Motivos y principales alegaciones

Malta introdujo un régimen excepcional para la autorización de captura de siete especies de pinzones silvestres en 2014, con arreglo al cual autorizó temporadas de captura en 2014 y 2015.

La Directiva 2009/147 obliga a los Estados miembros a prohibir la captura y retención de los pájaros silvestres no incluidos en el anexo II, como los pinzones de que se trata, y cualquier captura de pájaros silvestres por medios no selectivos como trampas o redes. Cualquier excepción a estas prohibiciones se supedita a los estrictos requisitos señalados en el artículo 9 de la Directiva.

La Comisión considera que el régimen de excepción de Malta por el que se permite la captura de las siete especies de pinzones es incompatible con lo establecido en los artículos 5, letras a) y e), y 8, apartado 1, en relación con el anexo IV, letra a), de la Directiva.

La Comisión considera que Malta no ha probado el cumplimiento de los requisitos para introducir la excepción señalados en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva. En primer lugar, Malta no ha podido demostrar que no haya otra solución satisfactoria, como se exige en el encabezamiento del artículo 9, apartado 1, de la Directiva. En segundo lugar, el régimen excepcional de Malta no proporciona una motivación respecto a la supuesta falta de otras soluciones satisfactorias. En tercer lugar, Malta no ha demostrado que la actividad autorizada consista en una «explotación prudente» en el sentido de lo expresado en el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva. En cuarto lugar, Malta no ha podido demostrar el cumplimiento de la exigencia del artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva de que la excepción sólo afecte a los pájaros «en pequeñas cantidades». En quinto lugar, Malta no ha probado que la autorización se produzca «en condiciones estrictamente controladas», como exige el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva.

(1) DO L 20, p. 7.
2.

Violación del artículo 15 de la Directiva: El apartado primero del artículo 15 de la Directiva 2008/98 obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que cualquier productor inicial de residuos u otro poseedor realice el tratamiento de residuos por sí mismo o encargue su realización a un negociante o a una entidad o empresa que lleve a cabo operaciones de tratamiento de residuos, o su organización a un recolector de residuos público o privado, con arreglo a los artículos 4 y 13 de la misma Directiva. La persistencia hasta la fecha de 61 vertederos ilegales que siguen sin sellar y regenerar permite concluir a la Comisión que las autoridades españolas no han adoptado todas las medidas requeridas por esta disposición, en la medida que durante un prolongado plazo de tiempo dichas autoridades no han impedido el vertido ilegal de residuos en dichos vertederos y no han asegurado por lo tanto que dichos residuos sean tratados conforme a lo allí dispuesto.
2)

El Tribunal General infringió el artículo 108 TFUE y el artículo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, (1) en lo que respecta a los conceptos de nueva ayuda y de ayuda existente. En particular, consideró erróneamente que podía considerarse que existía una ayuda aunque se incumpliera uno de los requisitos impuestos por la Decisión que la declaraba compatible. De esta forma, el Tribunal General ignoró una consolidada jurisprudencia conforme a la cual el mero incumplimiento de tales requisitos determina la existencia de una nueva ayuda y, ante la falta de nuevos hechos que puedan ser objeto de un examen diferente, justifica que se adopte una nueva decisión de incompatibilidad. Por otra parte, tras desestimar acertadamente las alegaciones relativas a una supuesta falta de motivación, el Tribunal General incurrió en contradicción, al reprochar a la Comisión que no hubiera demostrado que el incumplimiento de dicho requisito afectaba a la esencia misma del régimen autorizado por el Consejo, y basándose en ello estimó erróneamente que podía declararse la anulación parcial de la Decisión a causa de un error de Derecho. El Tribunal General no apreció debidamente el equilibrio institucional establecido por el artículo 108 TFUE entre el Consejo y la Comisión. Cuando el Consejo, por unanimidad, hace uso de la facultad de declarar una ayuda excepcionalmente compatible con el mercado interior, pero subordina tal declaración al cumplimiento de determinados requisitos, no corresponde a la Comisión determinar si tales requisitos son efectivamente esenciales o si, por el contrario, se puede exonerar de la infracción.
2)

En los apartados 38 y 39 del auto recurrido, el Tribunal General no aplicó las Reglas 15, apartado 2, letra h), inciso iii), y 17, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) no 2868/1995 de la Comisión, (2) ni los artículos 75 y 78, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento 207/2009. En los apartados 41 y 42 del auto recurrido, el Tribunal General no aplicó el artículo 80, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento 207/2009, las Reglas 53 y 53 bis del Reglamento 2868/1995 ni tuvo en cuenta la página 4, apartado 5, de la Comunicación no 11/98 del Presidente de la Oficina del Manual relativo a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Parte A, Disposiciones Generales, Sección 6, Revocación de resoluciones, anulación de inscripciones en el Registro y corrección de errores. En los apartados 43, 44 y 45 del auto recurrido, el Tribunal General no aplicó los artículos 63, apartado 2, y 64 del Reglamento no 207/2009, y, por tanto, no reconoció que la Sala de Recurso violó los principios de seguridad jurídica y de economía procesal e infringió la finalidad del procedimiento de oposición al incumplir su obligación de permitir litigios entre marcas antes del registro y, contrariamente a las reglas, no considerar los hechos, la circunstancia ni la prueba facilitada por Real Express Srl, que eran relevantes para el resultado del procedimiento de oposición.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 381/24

Recurso de casación interpuesto el 23 de septiembre de 2015 por el Reino de España contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 15 de julio de 2015 en el asunto T-561/13, España/Comisión

(Asunto C-506/15 P)

(2015/C 381/26)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Reino de España (representante: M. A. Sampol Pucurull, agente)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones

— En todo caso, se estime el recurso de casación y se anule parcialmente la sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2015, en el asunto T-561/13.

— Se anule parcialmente la Decisión impugnada en la medida en que excluye los gastos efectuados por el Reino de España en el marco de la ayuda por ICDN del Programa de Desarrollo Rural 207-2013 de Galicia en la cantidad de 7 57 968,97 euros correspondientes al concepto «desventajas naturales (medidas 211 y 212)».

— En todo caso, se condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

Primer motivo: Mediante su primer motivo, el Reino de España sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de derecho por no haber apreciado de oficio un vicio sustancial de forma ya que la Comisión Europea adoptó su decisión controvertida más allá de un plazo razonable.

Segundo motivo: Mediante su segundo motivo, el recurso de casación considera que el Tribunal General cometió un error de derecho por infracción de los artículos 10 y 14 del Reglamento (CE) no 1975/2006 (1) de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural y del artículo 35 del Reglamento (CE) no 796/2004 (2) de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores al considerar que estos artículos obligaban a las autoridades españolas a proceder a un recuento de los animales durante los controles sobre el terreno.

(1) DO L 368, p. 74.

(2) DO L 141, p. 18.
—

Resuelva definitivamente el litigio, estimando las pretensiones de PT Musim Mas formuladas ante el Tribunal General y, consecuentemente, anule el derecho antidumping impuesto a la recurrente en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 1138/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados alcoholes grasos y sus mezclas originarios de la India, Indonesia y Malasia (1), y del Reglamento de Ejecución (UE) no 1241/2012, de 11 de diciembre de 2012, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 1138/2011 (2).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 337/2

Petición de decisión prejudicial planteada por la Judecătoria Balş (Rumanía) el 28 de mayo de 2015 — SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

(Asunto C-245/15)

(2015/C 337/03)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Judecătoria Balş

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SC Casa Noastră SA

Demandado: Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

Cuestiones prejudiciales

1) ¿En qué medida la expresión «quienquiera que sea su organizador», que figura en el artículo 2, punto 3, del Reglamento (CE) no 1073/2009 (1) puede interpretarse en el sentido de que un agente económico puede organizar el servicio regular de transporte para trasladar a sus propios trabajadores al lugar del trabajo y desde el lugar de trabajo?

2) ¿En qué medida la expresión «transporte de viajeros en servicios regulares cuando el trayecto del servicio de que se trate no supere los 50 kilómetros», que figura en el artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) no 561/2006 (2) puede interpretarse en el sentido de que es aplicable a los trabajadores en sus desplazamientos al lugar de trabajo o desde el lugar de trabajo?

(1) Reglamento (CE) no 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 561/2006 (DO L 300, p. 88).

(2) Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo (DO L 102, p. 1).
a)

No tomó en consideración las emisiones que no figuraban en el Registro independiente de Transacciones de la Comunidad, aun cuando se tratara de emisiones cuyo registro no era obligatorio en el periodo considerado.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 302/21

Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 6 de julio de 2015 — María Pilar Planes Bresco/Comunidad Autónoma de Aragón

(Asunto C-333/15)

(2015/C 302/26)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: María Pilar Planes Bresco

Recurrido: Comunidad Autónoma de Aragón

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Deben interpretarse los artículos 43 y 44 del Reglamento (CE) no 1782/2003 (1), del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, en el sentido de que se oponen a una regulación nacional que excluye de la condición de hectáreas admisibles todas aquellas superficies de pastos permanentes declaradas por un agricultor que excedan de las que en su día se tuvieron en cuenta para determinar los derechos normales que le correspondían, condicionando la inclusión de dichas superficies, y por tanto la sustitución de tierras de cultivo por pastos, a que estos últimos se dediquen de manera efectiva a la cría de ganados en el concreto ejercicio anual para el que pretende activar los derechos de ayuda? Y en el caso de que la respuesta a la anterior pregunta fuera negativa,

2) ¿Debe interpretarse el artículo 29 del Reglamento (CE) no 1782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, al excluir los pagos derivados de los regímenes de ayuda a aquellos beneficiarios de los mismos «cuando se demuestre que éstos han creado artificialmente las condiciones requeridas para la concesión de tales pagos, con vistas a obtener una ventaja contraria a los objetivos del régimen de ayuda», en el sentido de que no permite a los Estados nacionales aprobar disposiciones generales que reduzcan el número de «hectáreas admisibles» (de pastos permanentes), objetivando supuestos generales en los que se presume la artificiosidad del beneficiario en la creación de condiciones para obtener el pago sin demostrar de manera concreta y en relación con un agricultor específico, la actividad efectuada por dicho agricultor y el comportamiento desarrollado por el mismo”?

(1) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94,/(CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 DO L 270, p. 1
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 302/17

Recurso de casación interpuesto el 12 de junio de 2015 por Matratzen Concord GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 16 de abril de 2015 en el asunto T-258/13, Matratzen Concord/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-295/15 P)

(2015/C 302/22)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Matratzen Concord GmbH (representante: I. Selting, Rechtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà in accomandita

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 16 de abril de 2015 en el asunto T-258/13 por la que se cancela la marca comunitaria 281 86 80 «Arktis» por falta de uso efectivo.

— Que se condene a la recurrida a abonar las costas procesales incluidas las de la presente instancia.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente sostiene que la sentencia del Tribunal General adolece de los siguientes errores de Derecho:

El Tribunal General ha incurrido en error al tomar en consideración las cifras de ventas de la sociedad Breiding en favor de la marca controvertida. El número de unidades vendidas por la sociedad Breiding durante el período controvertido entre 2006 y 2009 no debería haberse tenido en cuenta.

Al valorar el uso efectivo, el Tribunal General ha incurrido en error al no tomar en consideración los productos provistos con la marca «Arktis» sino los provistos con la marca «Arktis Line» y considerar que el añadido «Line» era exclusivamente descriptivo.

Además, el Tribunal General ha incurrido en error al llegar a la conclusión de que existía un uso efectivo de la marca controvertida, aunque el volumen de ventas del titular de la marca era extremadamente bajo.

Por último, el Tribunal General no atribuyó ninguna importancia al hecho de que se cuestionaba el uso efectivo para «ropa de cama» y para «mantas». No obstante, el titular de la marca únicamente ha aportado pruebas acerca del uso de la marca para «mantas», pero no para otras ropas de cama como almohadas y colchones. Por ello, debe cancelarse la marca al menos para la «ropa de cama».
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 294/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf (Alemania) el 29 de mayo de 2015 — Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland

(Asunto C-255/15)

(2015/C 294/26)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Steef Mennens

Demandada: Emirates Direktion für Deutschland

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Se ha de interpretar el artículo 10, apartado 2, en relación con el artículo 2, letra f), del Reglamento (CE) no 261/2004 (1) en el sentido de que constituye un «billete» el documento que confiere al pasajero el derecho al transporte en el propio vuelo en el que se le cambió a una clase inferior, independientemente de si en ese documento constan, además, otros vuelos, tales como vuelos de conexión o vuelos de vuelta?

2) a. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Se ha de interpretar también el artículo 10, apartado 2, en relación con el artículo 2, letra f), del Reglamento no 261/2004 en el sentido de que el «precio del billete» es el importe pagado por el pasajero por todos los vuelos que constan en el billete, aunque el cambio a una clase inferior sólo afectase a uno de los vuelos? b. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: Para determinar el importe que sirva de base para el reembolso previsto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 261/2004, ¿se ha de atender al precio anunciado por la compañía aérea para el transporte en el trayecto parcial afectado por el cambio de clase y en la clase reservada, o se ha de multiplicar por el precio total del vuelo el cociente resultante de dividir la distancia del trayecto parcial afectado por el cambio de clase entre la distancia total?

3) ¿Se ha de interpretar también el artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 261/2004 en el sentido de que el «precio del billete» es sólo el precio del vuelo, sin impuestos ni tasas?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 294/32

Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht München (Alemania) el 15 de junio de 2015 — Medical Imaging Systems GmbH (MIS)/Hauptzollamt München

(Asunto C-288/15)

(2015/C 294/39)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht München

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Medical Imaging Systems GmbH (MIS)

Demandada: Hauptzollamt München

Cuestión prejudicial

Para clasificar una mercancía en la subpartida 6211 33 10 00 0 de la nomenclatura combinada («Prendas de trabajo») (1), ¿lo determinante es exclusivamente su apariencia exterior o su uso, o, por el contrario, debe tenerse en cuenta, en aplicación de la regla general 3 b), cuáles son los artículos que confieren a esa mercancía su carácter esencial?

(1) Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en la redacción que le da el Reglamento de Ejecución (UE) no 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012 (DO L 304, p. 1).
—

El Tribunal General realizó incorrectamente su valoración jurídica de la postura de la Comisión respecto a la relevancia de una entidad económica única (un departamento de ventas integrado del fabricante exportador, situado fuera del país de exportación) a efectos de la aplicación del artículo 2, apartado 9, del Reglamento del Consejo (CE) no 1225/2009 ( 1 ) (en lo sucesivo, «Reglamento antidumping básico») e incurrió en error de Derecho al no resolver sobre las alegaciones de la recurrente basadas en la jurisprudencia recaída en el asunto Interpipe and Nikopolsky, lo cual afectó al derecho de la recurrente al control jurisdiccional.