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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 1 de octubre de 2009 — Comisión/Bélgica

(Asunto C-575/08)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/56/CE — Fusiones transfronterizas de las sociedades de capital — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 8)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital (DO L 310, p. 1).

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 1 de octubre de 2009 — Comisión/Bélgica

(Asunto C-575/08)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/56/CE — Fusiones transfronterizas de las sociedades de capital — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 8)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital (DO L 310, p. 1).

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
Asunto C-302/08

Zino Davidoff SA

contra

Bundesfinanzdirektion Südost

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht München)

«Marcas — Registro internacional — Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid — Reglamento (CE) no 40/94 — Artículo 146 — Identidad de efectos en la Comunidad de un registro internacional y de una marca comunitaria — Reglamento (CE) no 1383/2003 — Artículo 5, apartado 4 — Mercancías sospechosas de violar una marca — Intervención de las autoridades aduaneras — Titular de una marca comunitaria — Derecho a obtener la intervención también en Estados miembros distintos del de la solicitud de intervención — Extensión al titular de un registro internacional»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 2 de julio de 2009 I ‐ 5673

Sumario de la sentencia

Política comercial común — Medidas que tienen por objeto impedir la comercialización de mercancías con usurpación de marca y de mercancías piratas — Reglamento (CE) no 1383/2003 — Intervención de las autoridades aduaneras

[Reglamentos del Consejo (CE) no 40/94, art. 146, (CE) no 1383/2003, art. 5, ap. 4, y (CE) no 1992/2003]

El artículo 5, apartado 4, del Reglamento no 1383/2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, en relación con el artículo 146 del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento no 1992/2003, debe interpretarse en el sentido de que permite al titular de una marca que es objeto de un registro internacional obtener, como el titular de una marca comunitaria, la intervención de las autoridades aduaneras de uno o de varios Estados miembros distintos de aquél en el que presenta su solicitud.

En efecto, el artículo 146, apartado 2, del Reglamento no 40/94, introducido por el Reglamento no 1992/2003, establece que el registro internacional de una marca que designe a la Comunidad producirá el mismo efecto que el registro de una marca como marca comunitaria. De ello se deduce que el legislador comunitario quiso asimilar de este modo, en cuanto a sus efectos, las marcas objeto de un registro internacional y las marcas comunitarias. A raíz de esta asimilación, debe admitirse necesariamente que, conforme a la intención del legislador comunitario que presidió la adopción del Reglamento no 1992/2003, el titular de una marca objeto de un registro internacional también puede solicitar la aplicación del artículo 5, apartado 4, del Reglamento no 1383/2003.

(véanse los apartados 21, 22, 25 y 26 y el fallo)
El artículo 13 del Reglamento no 384/96, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, no es aplicable si no existe una decisión del Consejo, adoptada a propuesta de la Comisión, de extender la aplicación de los derechos antidumping a las importaciones procedentes de países terceros de productos similares o de partes de estos productos.

(véanse los apartados 17 a 20 y el punto 1 del fallo)
Asunto C-88/08

David Hütter

contra

Technische Universität Graz

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof)

«Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Discriminación por razón de edad — Determinación de la remuneración de los agentes contractuales del Estado — Exclusión de la experiencia profesional adquirida antes de los 18 años de edad»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de junio de 2009 I ‐ 5327

Sumario de la sentencia

Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE

(Directiva 2000/78/CE del Consejo, arts. 1, 2 y 6)

Los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, con la finalidad de no desfavorecer a la enseñanza general con relación a la formación profesional y de fomentar la inserción de los jóvenes aprendices en el mercado de trabajo, excluye el cómputo de los períodos de empleo cubiertos antes de los 18 años de edad a efectos de la determinación del escalón que corresponde a los agentes contractuales de la función pública de un Estado miembro.

En efecto, aun cuando debe considerarse, en principio, que los objetivos de esta naturaleza justifican objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, como prevé el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/78, una diferencia de trato por motivos de edad establecida por los Estados miembros, no puede considerarse, sin embargo, que la citada normativa sea adecuada para lograr estos objetivos, en el sentido del mismo precepto. En cuanto al objetivo de no desfavorecer a la enseñanza general con relación a la formación profesional, no cabe concluir que el criterio de la edad a la que se adquirió la experiencia profesional resulte adecuado para lograrlo, puesto que dicho criterio se aplica cualquiera que sea el tipo de enseñanza cursada. Por lo que respecta al objetivo dirigido a favorecer la inserción en el mercado de trabajo de los jóvenes que han cursado formación profesional, dicha normativa nacional, en la medida en que no toma en consideración la edad de las personas en el momento de su contratación, no es adecuada para favorecer la entrada en el mercado de trabajo de una categoría de trabajadores definida por su juventud.

(véanse los apartados 43 y 48 a 51 y el fallo)
26

En último lugar, respecto de las instalaciones enumeradas en el anexo 4 del escrito de contestación del Reino de Suecia, que este Estado miembro considera conformes con las exigencias de la Directiva 91/271, tampoco resulta necesario proceder a la eliminación del nitrógeno, debido a que el volumen de la retención natural hace que sus vertidos no contribuyan a la eutrofización de las aguas costeras. En su escrito de formalización de la intervención, la República de Finlandia añade al respecto que un proceso de saneamiento natural de ese tipo puede tenerse en cuenta al evaluar, con arreglo a dicha Directiva, la necesidad de eliminar el nitrógeno. La Comisión alega, por su parte, que los porcentajes de retención alegados por el Reino de Suecia no permiten una eliminación suficiente del nitrógeno y que sus cálculos se basan en la reducción media del nitrógeno, lo que no permite la Directiva 91/271. La retención no puede considerarse conforme con las exigencias establecidas en el anexo I, cuadro 2, de la mencionada Directiva relativas a un nivel de tratamiento suficiente y constante.
7

El artículo 355 del BGB, bajo el epígrafe «Derecho de rescisión de los contratos de consumidores», dispone: «1. Si la ley concede a un consumidor el derecho de rescisión conforme a la presente disposición, dicho consumidor dejará de estar vinculado por su declaración de voluntad dirigida a la celebración del contrato si ha revocado dicha declaración dentro de plazo. La rescisión no tendrá que estar necesariamente motivada y podrá manifestarse por escrito o mediante la devolución de la mercancía al proveedor en el plazo de dos semanas, dando fe de ello la fecha de envío. 2. El plazo comenzará a correr en la fecha en que se haya comunicado por escrito al consumidor una información claramente expuesta sobre su derecho de rescisión que precise cuáles son sus derechos conforme a las exigencias del medio de comunicación utilizado, que contenga el nombre y el domicilio de la persona respecto a la que ha de comunicarse la rescisión, y que indique el inicio del plazo de la disposición del apartado 1, segunda frase. Si la citada información se comunica tras la celebración del contrato, dicho plazo será de un mes, a diferencia de lo dispuesto en el apartado 1, segunda frase. Si el contrato requiere forma escrita, el plazo no comenzará a correr hasta que se ponga a disposición del consumidor un documento contractual, la solicitud por escrito del consumidor o bien una copia del documento de la solicitud. En caso de desacuerdo sobre la fecha de inicio del plazo, la carga de la prueba recaerá sobre el empresario. 3. El derecho de rescisión se extinguirá a más tardar seis meses después de la celebración del contrato. En el caso de entrega de bienes, el plazo no comenzará antes del día de la recepción de los bienes por el destinatario. El derecho de rescisión no se extinguirá cuando el consumidor no haya sido debidamente informado sobre su derecho de rescisión, en el caso de los contratos a distancia sobre servicios financieros, si el empresario no ha cumplido debidamente sus obligaciones de información establecidas en el artículo 312c, apartado 2, número 1.»
16

En el caso de que la competencia judicial no se base en el artículo 5, punto 1, letra b), segundo guión, del Reglamento no 44/2001, el órgano jurisdiccional remitente considera que, en virtud del artículo 5, punto 1, letra c), del citado Reglamento, procede aplicar la regla contenida en el punto 1, letra a), del referido artículo 5. Ahora bien, según el órgano jurisdiccional remitente, en el marco del artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento no 44/2001, el lugar de cumplimiento de la obligación controvertida es determinante, con arreglo a la sentencia de 6 de octubre de 1976, De Bloos (14/76, Rec. p. 1497), y debe establecerse conforme al Derecho aplicable al contrato controvertido en el procedimiento principal, de acuerdo con la sentencia de 6 de octubre de 1976, Tessili (12/76, Rec. p. 1473).
2

El marco normativo nacional está constituido por las siguientes disposiciones: la Ley no 971/79, relativa al ejercicio de la profesión de óptico y a los comercios de artículos de óptica (FEK A’ 223; en lo sucesivo, «Ley no 971/79»); la Ley no 2646/98, de desarrollo del sistema nacional de seguridad social y otras disposiciones (FEK A’ 236; en lo sucesivo, «Ley no 2646/98»); la Ley no 3204/03, por la que se modifica y completa la legislación sobre el sistema nacional de salud y se regulan otras cuestiones de competencia del Ministerio de Sanidad y Previsión (FEK A’ 296; en lo sucesivo, «Ley 3204/03»); así como la Ley no 3661/08, de 19 de mayo de 2008 (FEK A’ 89; en lo sucesivo, «Ley no 3661/08»).
9

En el Derecho de la República de Bulgaria, la protección jurídica de las bases de datos está regulada por la Ley de derechos de autor y derechos afines (Zakon za avtorskoto pravo i srodnite mu prava, Darzhaven vestnik no 56, de 29 de junio de 1993), en su versión modificada publicada en el Darzhaven vestnik no 73, de (en lo sucesivo, «ZAPSP»). Las disposiciones del artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 96/9 fueron adoptadas en el Derecho interno mediante el artículo 2, apartado 13, de las disposiciones adicionales de la ZAPSP, y las del artículo 7, apartados 1 y 2, de dicha Directiva, mediante los artículos 93 b y 93 c, apartado 1, de la mencionada Ley.
48

Por consiguiente, no se puede descartar que el público interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca anterior sea completamente distinto del interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca posterior, ni que el público al que se dirige la marca posterior no conozca la marca anterior, aun cuando ésta tenga renombre. En tal caso, el público destinatario de cada una de las dos marcas podría no encontrarse nunca frente a la otra, de modo que no establecería ningún vínculo entre ambas.
3

El artículo 2, apartado 1, del anexo XIII del Estatuto establece los criterios de correspondencia entre los grados de los funcionarios previstos en el antiguo Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas en su versión aplicable hasta el 30 de abril de 2004 (en lo sucesivo, «antiguo Estatuto») y los previstos en el Estatuto. Estos criterios se indican en el siguiente cuadro: Antiguo grado Nuevo grado (intermedio) Antiguo grado Nuevo grado (intermedio) Antiguo grado Nuevo grado (intermedio) Antiguo grado Nuevo grado (intermedio) A 1 A *16 A 2 A *15 A 3/LA 3 A *14 A 4/LA 4 A *12 A 5/LA 5 A *11 A 6/LA 6 A *10 B 1 B *10 A 7/LA 7 A *8 B 2 B *8 A 8/LA 8 A *7 B 3 B *7 C 1 C *6 B 4 B *6 C 2 C *5 B 5 B *5 C 3 C *4 D 1 D *4 C 4 C *3 D 2 D *3 C 5 C *2 D 3 D *2 D 4 D *1
9

El artículo 2, apartado 1, de la Ley de medidas fiscales aplicables a las inversiones de las empresas alemanas en el extranjero [Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei Auslandsinvestitionen der deutschen Wirtschaft (Auslandsinvestitionsgesetz)] de 18 de agosto de 1969 (BGBl 1969 I, p. 1211, en lo sucesivo, «AIG»), vigente cuando tuvieron lugar los hechos del litigio principal, era del siguiente tenor: «Cuando en virtud de un Convenio para evitar la doble imposición proceda para un sujeto pasivo por obligación personal la exención del impuesto sobre los rendimientos en lo que se refiere a los resultados derivados de una explotación industrial o comercial establecida en un Estado extranjero, deberá deducirse, a instancias del sujeto pasivo, al determinar el importe total de los rendimientos, la pérdida que derivaría de esos resultados según lo dispuesto por el Derecho fiscal nacional, en el caso de que tal pérdida pudiera ser compensada o deducida por el sujeto pasivo si esos rendimientos no tuvieran que estar exentos, y de que dicha pérdida sea superior a los rendimientos positivos de una actividad industrial o comercial, procedentes de otras explotaciones establecidas en ese mismo Estado extranjero, que estén exentos en virtud de dicho Convenio. En el caso de que ello no dé lugar a la compensación de la pérdida, la deducción de ésta se permitirá cuando concurran los requisitos establecidos por el artículo 10d de la [EstG]. El importe deducido, conforme a las frases primera y segunda, deberá computarse de nuevo al determinar el importe total de los rendimientos, durante el período impositivo del que se trate, cuando en alguno de los períodos impositivos siguientes se origine, en conjunto, un rendimiento positivo de los resultados derivados de una actividad industrial o comercial procedentes de explotaciones establecidas en ese Estado extranjero, rendimiento positivo que esté exento conforme al Convenio del que se trate. No se aplicará la tercera frase si el sujeto pasivo demuestra que, en virtud de las disposiciones establecidas por el Estado extranjero que le sean aplicables, no está autorizado para deducir esas pérdidas de resultados distintos a los del año durante el que la pérdida se originó.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, apartado 1, y 10, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»), así como del artículo 39 CE.
20

Por lo tanto, el artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Sexta Directiva presupone necesariamente que, cuando un Estado miembro aplique esta disposición, la normativa nacional que adapte el Derecho interno a ella lo haga de tal forma que el sujeto pasivo sea único y que se conceda tan sólo un número de IVA para el grupo. Sobre este particular, debe indicarse que la circunstancia de no haberse hecho referencia en la Sexta Directiva expresamente al número individual de identificación en el IVA, más que con motivo de la introducción de su artículo 28 nonies [del cual ha surgido el nuevo artículo 22, apartado 1, letras c) a e)] por la Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991 (DO L 376, p. 1), es decir, con posterioridad a los ejercicios fiscales que se discuten en el asunto principal, no puede dejar de tener una cierta incidencia sobre la consideración precedente, ya que la utilización de un número semejante deriva de la necesidad, tanto para los operadores económicos como para los servicios fiscales de los Estados miembros, de identificar con certeza a los autores de las operaciones sujetas al IVA. De esta forma, las precisiones establecidas en el citado artículo 28 nonies no hacen sino confirmar una norma existente con anterioridad, inherente al correcto funcionamiento del sistema común del IVA.
El procedimiento por incumplimiento se basa en la comprobación objetiva del incumplimiento por parte de un Estado miembro de las obligaciones que le imponen el Derecho comunitario y el principio del respeto de la confianza legítima que un Estado miembro no puede invocar para oponerse a esa declaración objetiva, ya que la admisión de dicha justificación sería contraria al objetivo del procedimiento previsto en el artículo 226 CE.

En efecto, el hecho de que la Comisión no emprenda ninguna actuación tras un dictamen motivado, inmediatamente o en un plazo breve, no puede originar en el Estado miembro de que se trata la confianza legítima en que el procedimiento haya sido archivado. Máxime cuando consta que durante el período de inactividad alegado se realizaron esfuerzos para encontrar una solución que pusiera fin al incumplimiento alegado. Por otra parte, dado que la Comisión no indicó en ningún momento que fuera a archivar el procedimiento por incumplimiento incoado, el Estado miembro de que se trate no puede alegar válidamente que dicha institución vulneró el principio de confianza legítima al no archivar el citado procedimiento.

(véanse los apartados 25 a 27)
El concepto de ventaja social, contemplado por el artículo 7, apartado 2, del Reglamento no 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, comprende todas las ventajas que, vinculadas o no a un contrato de trabajo, se reconocen generalmente a los trabajadores nacionales por razón, principalmente, de su condición objetiva de trabajadores o por el mero hecho de que tienen su residencia habitual en territorio nacional, por lo que su extensión a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros permite facilitar la movilidad de éstos en el interior de la Comunidad.

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 39 CE y 7, apartado 2, del Reglamento no 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, un Estado miembro que adopta y mantiene disposiciones en materia de pensión de jubilación complementaria que niegan a los trabajadores fronterizos y a sus cónyuges la ayuda para ahorro-pensión porque no son sujetos pasivos del impuesto por obligación personal en este Estado miembro.

En efecto, a menos que esté justificada objetivamente y sea proporcionada al objetivo perseguido, una disposición de Derecho nacional debe considerarse indirectamente discriminatoria cuando, por su propia naturaleza, pueda afectar más a los trabajadores migrantes que a los trabajadores nacionales e implique por consiguiente el riesgo de perjudicar, en particular, a los primeros. Respecto de los trabajadores fronterizos cuyos ingresos están sujetos exclusivamente a tributación en su Estado de residencia en virtud de convenios bilaterales para evitar la doble imposición, éstos no tienen la posibilidad, en el Estado miembro de empleo, de ser asimilados a los contribuyentes por obligación personal. En estas circunstancias, el requisito de sujeción al impuesto por obligación personal en el Estado miembro de empleo equivale a un requisito de residencia. En consecuencia, los trabajadores fronterizos de que se trata, que, por definición, tienen su residencia en otro Estado miembro, están excluidos del beneficio de la ayuda para ahorro-pensión. Por ello, el que el reconocimiento de la ayuda para ahorro-pensión dependa de un requisito equivalente a un requisito de residencia constituye una infracción de los artículos 39 CE y 7, apartado 2, del Reglamento no 1612/68. Lo mismo se aplica cuando la normativa nacional de que se trata supedita el reconocimiento de la ayuda para ahorro-pensión para los cónyuges al requisito de que estén sujetos al impuesto por obligación personal en el Estado miembro de empleo.

Una medida nacional de este tipo no puede justificarse por la coherencia del sistema fiscal del Estado miembro de que se trata en la medida en que esta última está garantizada mediante convenios bilaterales para evitar la doble imposición celebrados por este Estado miembro con otros Estados miembros.

(véanse los apartados 54, 56, 57, 59, 63 y 65 a 69 y el fallo)