ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
60.

El artículo 12, apartado 3 bis, establece las condiciones en las cuales las emisiones cuya captura esté comprobada y que se hayan transportado para su almacenamiento geológico permanente no están sujetas a la obligación de entregar derechos de emisión prevista en el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2003/87. Se introdujo en esa Directiva como incentivo a los titulares para utilizar esa tecnología, ( 46 ) en el mismo momento en el que el legislador de la Unión decidió incluir en la lista de actividades sujetas a la Directiva 2003/87 (anexo I) la «captura de gases de efecto invernadero de las instalaciones cubiertas por [dicha] Directiva con fines de transporte y almacenamiento geológico en un emplazamiento de almacenamiento autorizado de conformidad con la Directiva 2009/31/CE», el «transporte de gases de efecto invernadero a través de gasoductos con fines de almacenamiento geológico en un emplazamiento de almacenamiento autorizado de conformidad con la Directiva 2009/31» y el «almacenamiento geológico de gases de efecto invernadero en un emplazamiento de almacenamiento autorizado de conformidad con la Directiva 2009/31/CE». ( 47 ) El legislador de la Unión reconoció así que, aunque el fin principal de esas actividades es evitar las emisiones (lo cual justifica la exención condicionada prevista en el artículo 12, apartado 3 bis), su objetivo no es eliminar los gases de efecto invernadero. Sigue existiendo pues un claro riesgo de que esos gases acaben siendo liberados a la atmósfera. ( 48 ) Por el contrario, el legislador de la Unión no sometió las transferencias de dióxido de carbono para producir PCC, en cuanto tales, al régimen para el comercio de derechos de emisión. Es lógico dado que el dióxido de carbono (en su mayor parte) queda químicamente fijado en el PCC y, por consiguiente, no puede acabar siendo liberado a la atmósfera. Habida cuenta de su finalidad concreta, la excepción prevista en el artículo 12, apartado 3 bis, de la Directiva 2003/87 no ofrece pues ningún tipo de orientación general sobre el concepto de «emisión» recogido en el artículo 3, letra b), de dicha Directiva.
110.

Si bien es verdad que el artículo 60, apartado 2, del Reglamento REACH no se aplica a las sustancias para las cuales no puede determinarse ningún DNEL, lo que ocurre con el HHPA y el MHHPA, los apartados 61 y 68 de las sentencias recurridas no se refieren específicamente a las sustancias de que se trata, sino que van dirigidos a explicar, de manera general, la articulación entre la primera etapa, que consiste en identificar las sustancias, y la tercera, que se refiere a la concesión de las autorizaciones. Por lo tanto, con independencia de la aplicación concreta del artículo 60, apartado 2, del Reglamento REACH a las sustancias en cuestión en el presente asunto, es del todo correcto afirmar, como hace el Tribunal General, que la adopción de medidas de gestión de riesgos no impide identificar una sustancia como extremadamente preocupante en virtud del artículo 57, letra f), del Reglamento REACH. Por lo demás, es posible, en mi opinión, ser más categórico y afirmar que la etapa que consiste en identificar estas sustancias es un paso previo indispensable a la etapa de comprobación y evaluación de los riesgos de tales sustancias.
136.

Por ello, dejar la comprobación de si existen cláusulas abusivas o se han dado prácticas comerciales desleales para la fase de ejecución es algo que debe descartarse tanto por razones de economía procesal como por motivos ligados al cumplimiento efectivo de las normas en cuestión del Derecho de la Unión: merced a dicho retraso surgiría el riesgo, que no puede olvidarse, de que el deudor, por la autoridad natural desplegada por la resolución dictada en la jura de cuentas, procediera al pago nada más recibir dicha resolución, sin que fuera ya necesario el procedimiento de ejecución posterior, puesto que la existencia de una resolución ejecutiva ejerce de por sí en el consumidor una presión, que no debe subestimarse, para que cumpla con su obligación de pago, por presunta que ésta sea, y especialmente cuando el procedimiento en el que se emite el título ejecutivo está configurado, según sucede en el presente asunto, como expediente contradictorio que culminará en una resolución de carácter jurisdiccional. Además, tal como destacó acertadamente la Comisión en la vista, la formulación de oposición en el procedimiento de ejecución no puede asimilarse en ningún caso a la posibilidad de impugnar las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas. Con mayor motivo cuando, como se ha razonado anteriormente, ( 66 ) en el presente asunto dicha oposición no suspendería el curso de la ejecución.
«1)

¿Es compatible con las disposiciones del Derecho primario y/o derivado de la Unión Europea [en particular, el artículo 45 TFUE y el artículo 7 del Reglamento n.o 492/2011] que, en el caso de un trabajador inicialmente empleado en Alemania, que reside en otro Estado miembro, que no es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta en Alemania y que, conforme a las disposiciones que le son aplicables, no debe tributar por la indemnización por insolvencia, al incurrir su empresario en insolvencia, se deduzca de modo ficticio, del salario pertinente para el cálculo de la indemnización por insolvencia que le corresponde, el impuesto que habría sido recaudado sobre el salario si el trabajador hubiera sido sujeto pasivo del impuesto sobre la renta en Alemania, cuando ya no pueda invocar frente al empresario el crédito correspondiente al salario bruto restante?
49.

Por otra parte, y también a propósito de la demostración del carácter duradero de la limitación, el Gobierno francés observa que el juzgado remitente califica expresamente de «temporal» la situación de incapacidad laboral del Sr. Daouidi, lo que, a su juicio, parece demostrar que, cuando considera la situación de incapacidad en sí misma y no en relación con los motivos que justifican la decisión del empresario de despedirlo, dicha situación no tiene, según el órgano jurisdiccional remitente, carácter verdaderamente duradero. No obstante, considero que el hecho de que la incapacidad se calificara, en un primer momento, de «temporal», no impide que posteriormente pueda considerarse duradera sobre la base de pruebas médicas. Además, a mi juicio, la inclusión de una situación en el concepto de «discapacidad» en el sentido de la Directiva 2000/78 no debe depender de la calificación como «incapacidad temporal» en el sentido del Derecho nacional que se haya aplicado al demandante en el litigio principal. Procede señalar asimismo que del tenor literal de la quinta cuestión prejudicial se desprende que el Sr. Daouidi se halla en situación de incapacidad temporal «de duración incierta».
44.

Así pues, el legislador fue consciente de la situación particular de las empresas que necesitan efectuar operaciones sujetas y no sujetas, por lo que formuló normas específicas en este sentido. En particular, el artículo 169 de la Directiva IVA prevé en algunos casos la posibilidad de que el sujeto pasivo que debe abonar el IVA deduzca el IVA soportado por bienes o servicios utilizados para operaciones exentas. No obstante, fue una elección del legislador limitar la aplicabilidad de dichas normas únicamente a determinadas situaciones u operaciones.
11.

El órgano jurisdiccional remitente hace igualmente referencia al Reglamento (CE) n.o 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 218/92 (DO 2003, L 264, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 885/2004 del Consejo, de 26 de abril de 2004 (DO 2004, L 168, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1798/2003»).
23.

En efecto, ambos sistemas normativos pretenden evitar que un sujeto pasivo pueda utilizar bienes que no han sido gravados por el IVA, por haberse acogido a la deducción del impuesto soportado, a pesar de que el uso posterior no permite tal deducción. Conforme a la jurisprudencia, un sujeto pasivo no debe obtener una ventaja injustificada con relación a un consumidor final, y con ayuda de ambos sistemas normativos se pretende garantizar una correspondencia entre la deducción del impuesto soportado y la percepción del impuesto repercutido. ( 4 )
1.

El presente asunto tiene por objeto un recurso interpuesto contra el Reino de Bélgica con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, mediante el que la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 2 a 4 de la Decisión 2011/678/UE de la Comisión, de 27 de julio de 2011, relativa a la ayuda estatal en favor de la financiación para la detección de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en los animales de la especie bovina, aplicada por Bélgica [ayuda estatal C 44/08 (ex NN 45/04)] (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), ( 2 ) al no haber adoptado, dentro del plazo establecido a tal efecto, todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior por el artículo l, apartados 3 y 4, de dicha Decisión y al no haber informado a la Comisión, dentro del plazo señalado, de las medidas adoptadas para cumplir la citada Decisión.
38.

PGE sostiene que, cuando la Comisión ha apreciado la compatibilidad de una ayuda pública con el mercado común, la jurisdicción nacional no está habilitada para verificar si esa ayuda es acorde con los principios de la Metodología CTC. De no ser así, se atentaría contra la competencia exclusiva de la Comisión ex artículo 108 TFUE y, en el caso de autos, la jurisdicción nacional podría ignorar de facto la Decisión 2009/287, posibilidad expresamente excluida por los puntos 16, 17 y 20 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales. ( 6 ) Sin perjuicio de que, ante las dudas acerca de la interpretación de la Decisión 2009/87, la jurisdicción nacional pueda servirse de la Metodología CTC como instrumento hermenéutico para solventarlas, no le está permitido contradecir, en sus resoluciones, la propia Decisión.
131.

En la dúplica, el Gobierno alemán reitera que la Directiva 2012/34 ha alterado sustancialmente el ámbito de aplicación para las empresas de transporte regional, nuevo régimen que solo es exigible a los Estados miembros a partir del 17 de junio de 2015. En relación con la supuesta violación del artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 1370/2007, sostiene que el objetivo del punto 5 del anexo no es evitar subvenciones cruzadas entre los distintos tipos de contratos de servicio público, sino entre los contratos que dan lugar al pago de una compensación y los que no.
56.

Sin embargo, en caso de que el Tribunal de Justicia estime, en contra de lo que propongo, que las disposiciones rumanas no son contrarias a tales principios, procederá un análisis de las mismas a la luz de las disposiciones de la Carta mencionadas en las cuestiones prejudiciales. Dicho análisis deberá tener en cuenta motivos que puedan conducir, en su caso, a declarar la no conformidad de las disposiciones rumanas con el Derecho de la Unión y, en particular, con el principio de efectividad (la apreciación de la conformidad con el principio de equivalencia debe ser efectuada por los órganos jurisdiccionales nacionales). Ahora bien, dado que no consigo identificar tales motivos, no estoy en condiciones de efectuar ese análisis.
110.

En una segunda parte, Romonta considera, con carácter subsidiario, que el Tribunal General aplicó de forma inexacta el principio de proporcionalidad al efectuar el examen del carácter adecuado de la Decisión 2011/278. Esta parte tiene tres aspectos. En primer lugar, Romonta estima, contrariamente a lo que afirma el Tribunal General, que una cláusula relativa a los casos que presentan unas dificultades excesivas no prevalece sobre el principio de que quien contamina paga debido a dos motivos, siendo el primero que este último no prevalece sobre el principio de proporcionalidad y el segundo, que el régimen de asignación gratuita de derechos de emisión no funciona en virtud de la relación de causalidad característica del principio de que quien contamina paga sino en función del producto y de las elecciones de política industrial. En segundo lugar, Romonta considera que las medidas particulares en favor de la industria son insuficientes para compensar las cargas y justificar el carácter adecuado de la Decisión 2011/278. En tercer lugar, ésta expone que el Tribunal General incumplió el «alcance individual» del principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 52, apartado 1, de la Carta al no tener en cuenta los casos particulares de las empresas que padecían dificultades excesivas en el marco del análisis del carácter adecuado de la Decisión.
12.

Estas son las razones, tal y como figuran en la citada Ley, por las que el legislador introdujo dicha frase: «Esta disposición va dirigida a que se reparta equitativamente el IVA soportado en las entregas de bienes u otras prestaciones. Este nuevo régimen restringe el uso del criterio de reparto basado en el volumen de negocios como criterio único. Sólo se admite dicho criterio de reparto cuando no sea posible ninguna otra imputación económica. Esta modificación es necesaria por cuanto el Bundesfinanzhof consideró, en su sentencia de 17 de agosto de 2001 [...], que el reparto de cuotas soportadas basado en el volumen de negocios debía ser reconocido como una estimación razonable en el sentido del artículo 15, apartado 4, de la Ley del impuesto sobre el volumen de negocios. Sin embargo, la aplicación del criterio de reparto basado en el volumen de negocios como criterio general de reparto conduciría, en particular, en el caso de construcción de inmuebles de uso mixto, a repartos inexactos; [...] Pues bien, la aplicación de dicho criterio de reparto basado en el volumen de negocios como criterio general de reparto no está establecido con carácter imperativo en la Sexta Directiva. Un régimen de “prorrata” como éste [...] no es obligatorio para los Estados miembros, dado que éstos pueden, en virtud del artículo 17, apartado 5, párrafo tercero, establecer criterios de reparto que se aparten de ese régimen. Para la adquisición de inmuebles, sigue siendo también posible el reparto del IVA soportado en función de la relación entre los valores productivos y los valores venales [...]»
19.

La República Helénica invoca tres motivos en apoyo de esta pretensión. El primero, que consiste, en esencia, en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, en una falta de motivación y en una desnaturalización de las pruebas, se subdivide en dos partes. En la primera, la República Helénica reprocha al Tribunal General haber calificado de fondos estatales las contribuciones obligatorias pagadas en 2008 y 2009 por los agricultores que se beneficiaron de las ayudas compensatorias durante estos años. En la segunda, reprocha al Tribunal General no haber considerado que los importes correspondientes a estas contribuciones debían deducirse de las ayudas que deben recuperarse, puesto que estos importes no han podido suponer para los agricultores en cuestión ninguna ventaja económica que pudiera falsear la competencia. Mediante su segundo motivo, que consiste en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y en una falta de motivación, la República Helénica reprocha en esencia al Tribunal General haber estimado que los pagos compensatorios efectuados por el ELGA en 2009 habían supuesto para sus beneficiarios una ventaja económica selectiva que podía falsear la competencia y el comercio entre los Estados miembros y que constituían, por tanto, ayudas de Estado. Según la recurrente, la situación excepcional de crisis que atravesaba la economía griega en esta época impide llegar a esta conclusión. El tercer motivo consiste en un error en la interpretación y en la aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), así como en una falta de motivación. En una primera parte, la República Helénica reprocha al Tribunal General haber estimado que los pagos controvertidos efectuados en 2009 no podían declararse compatibles con el mercado interior conforme a esta disposición en la medida en que la flexibilización del régimen de las ayudas de Estado prevista por el MTC no se aplicaba a las ayudas concedidas a las empresas especializadas en la producción agrícola primaria. La recurrente afirma que, a este respecto, el Tribunal General debería haber tenido en cuenta la situación de crisis que se ha recordado anteriormente. En una segunda parte, la República Helénica acusa al Tribunal General de no haber examinado sus alegaciones según las cuales la Decisión controvertida era excesiva en la medida en que ordenaba en diciembre de 2011 la recuperación de pagos compensatorios pagados por el ELGA en 2008 y 2009, cuando, precisamente durante ese tiempo, esta crisis se había agravado.
41.

A este respecto, quiero recordar que, al no existir armonización de los mecanismos nacionales de cobro de créditos no impugnados, las normas de aplicación de los procesos monitorios nacionales corresponden al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de estos últimos, pero siempre que tales normas no sean menos favorables que las que regulan situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los consumidores (principio de efectividad). ( 11 )
44.

El hecho de que, como ha sostenido la Comisión durante la vista pública, la experiencia pueda demostrar que no son infrecuentes los casos de instalaciones depuradoras que comienzan su funcionamiento en condiciones que no permiten asegurar los niveles de calidad exigidos por la Directiva 91/271 no puede justificar la práctica de que se considere que las instalaciones construidas en los plazos del artículo 3 de la Directiva únicamente se han puesto en marcha cuando se haya constatado que las muestras examinadas a lo largo de un año con arreglo al procedimiento establecido en la letra D del Anexo I satisfacen los niveles consignados en la letra B del mismo Anexo. Ante esa eventualidad, la solución que debe imponerse es más bien la de constatar desde un principio si la instalación reúne las condiciones necesarias para ponerse en funcionamiento, es decir, si cumple en ese momento los requisitos de la letra B del Anexo I. Circunstancia para cuya acreditación no es preciso completar el procedimiento de muestreos de la letra D del Anexo I, cuya razón de ser, como ya he dicho, es asegurar que la calidad de las aguas tratadas sea siempre la que ha debido garantizarse desde el momento mismo en que la instalación se puso por primera vez en funcionamiento.
2.

El marco jurídico del presente asunto lo conforman las disposiciones del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario ( 2 ) en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (en lo sucesivo, «Código aduanero»), así como el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92, ( 3 ) en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 214/2007 de la Comisión, de 28 de febrero de 2007 (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), en sus versiones aplicables hasta el 30 de junio de 2008. ( 4 )
10.

Durante dicho procedimiento administrativo previo, las autoridades de Estiria modificaron la autorización mediante resolución de 4 de septiembre de 2013. Además de modificar las condiciones, que en el presente procedimiento no son relevantes, en dicha resolución se constata que el estado del Schwarze Sulm no es «muy bueno», sino que, debido a la extracción de agua potable aguas arriba del proyecto, sólo es «bueno». En consecuencia, la categoría de estado de las aguas ya no se veía rebajada por el proyecto, por lo que se excluía el deterioro.
«1)

El artículo 23 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que: — una cláusula de prórroga de competencia incluida en el folleto de emisión de unos títulos, como las “credit linked notes” objeto del litigio principal, únicamente cumple el requisito de forma escrita establecido en el apartado 1, letra a), de dicho artículo, si en el contrato firmado por las partes se indica la aceptación de dicha cláusula o se hace remisión expresa a dicho folleto, y — una cláusula de prórroga de competencia recogida en el folleto de emisión de unos títulos, como las “credit linked notes” objeto del litigio principal, redactado unilateralmente por la entidad emisora de dichos títulos sólo podrá invocarse frente a un tercero que los haya adquirido a través de un intermediario financiero si queda acreditado que dicho tercero ha prestado su consentimiento efectivo a dicha cláusula en las condiciones enunciadas en dicho artículo. No obstante, la inclusión de una cláusula de prórroga de competencia en el folleto de emisión de unos títulos, como las “credit linked notes” objeto del litigio principal, puede considerarse una forma conforme a los usos del comercio internacional, en el sentido del artículo 23, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001, que permite presumir el consentimiento de aquel frente a quien se invoca, siempre que quede acreditado —extremo que corresponde apreciar al Juez nacional— por un lado, que el comportamiento de que se trata es un comportamiento seguido de modo general y regular por los operadores del sector considerado al celebrar contratos de este tipo y, por otro lado, bien que las partes habían entablado con anterioridad relaciones comerciales entre ellas o con otras partes que operaban en el sector considerado, o bien que el comportamiento de que se trata es lo bastante conocido como para poder considerarlo una práctica consolidada.