2.

Segundo motivo, basado en que, en caso de que fuera de aplicación la excepción alegada por la Comisión, esta incurrió en error al no reconocer que la solicitud presentada por el demandante se produjo en circunstancias excepcionales y al considerar que no existía un interés público superior en la divulgación de la información solicitada. De ese modo, el demandante alega que la decisión de la Comisión infringe el artículo 4, apartado 2, tercer guion, última frase, del Reglamento n.o 1049/2001. — Las medidas extremas aplicadas por Irlanda en relación con los viajes entre países de la Unión vulneraron las libertades civiles y los derechos fundamentales de un modo sin precedentes en la historia de la Unión. Como consecuencia de ello, varias libertades fundamentales se vieron gravemente afectadas, entre ellas el derecho a la libre circulación de personas, el derecho a trabajar y el derecho a la tutela judicial. Habida cuenta del carácter inédito de las restricciones aplicadas, así como de las graves violaciones de los derechos fundamentales, el demandante alega que su solicitud se produce claramente en circunstancias excepcionales, que la Comisión no tuvo en cuenta al adoptar su decisión de denegar la divulgación. Además, el demandante alega que la Comisión, al optar por la confidencialidad en el contexto del presente asunto, incumplió el deber de garantizar el derecho de los miembros relevantes del público a la tutela judicial efectiva y a ser oídos dentro de un plazo razonable. — Al negarse a difundir la documentación en cuestión, los ciudadanos afectados se encuentran en una situación de gran desventaja y dicha negativa ha obstaculizado gravemente su capacidad para impugnar eficazmente los supuestos motivos de suspensión de los derechos fundamentales relacionados con los viajes dentro de la Unión. Además, el demandante alega que, al no divulgar la documentación solicitada, la Comisión ha mermado de un modo injustificado la capacidad de los ciudadanos de la Unión afectados para exigir responsabilidades a su Gobierno por los graves menoscabos a sus derechos garantizados por el Derecho de la Unión, y como tal, esa circunstancia debería haber pesado a favor del respeto del principio de transparencia previsto en los Tratados y en el Reglamento n.o 1049/2001. — El demandante afirma, por último, que es opinión general que el derecho de acceso a la información resulta esencial para defender los derechos fundamentales y las libertades civiles en la Unión, para garantizar la tutela judicial efectiva en general y en asuntos medioambientales como en el presente caso y para exigir responsabilidades a los gobiernos. En este caso, la documentación en cuestión revelará o no beneficios concretos para la salud pública (tal como prevén las Recomendaciones del Consejo pertinentes), que justifican las medidas aplicadas para hacer frente al COVID-19. A la luz del hecho de que las medidas impugnadas carecen de precedentes y resultan extremas y onerosas para los ciudadanos de la Unión que desean ejercer su derecho a la libertad de circulación o trabajar dentro de la Unión, el acceso a la documentación solicitada es una cuestión de interés público apremiante que facilitará a los miembros del público pertinente tomar medidas para defender y proteger sus derechos fundamentales y hacer que el Gobierno de Irlanda rinda cuentas por las medidas extremas que ha aplicado.