ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2.

La demandante en el asunto principal es la filial alemana del grupo Unifert. La compra de fertilizantes en terceros países por parte de este grupo se efectúa habitualmente por intermedio de Ferdis SA, de Bruselas, que revende la mercancía sin despachar en aduana a las distintas filiales del grupo. En las declaraciones relativas al valor en aduana, la demandante señaló a Ferdis como vendedora y se remitió a las facturas que esta última le había presentado. Estas declaraciones incluían un precio «reconstruido», que se calculaba multiplicando el peso efectivo de la mercancía comprobado en el momento de la descarga, ya que este peso era inferior al convenido en el contrato, por el precio convenido por tonelada, con independencia de la suma efectivamente pagada. Por otra parte, la demandante no incluyó en su declaración los gastos de sobrestadía, ni una «comisión de compra» pagada a Ferdis, que ascendía al 6 % del importe facturado para cada partida específica. Como consecuencia de un control efectuado in loco, la Administración principal de aduanas reclamó el pago de 172099,60 DM en concepto de derechos de aduana. Unifert recurrió contra esta pretensión ante el Finanzgericht, que desestimó el recurso. Por consiguiente, la demandante sometió el asunto al Bundesfinanzhof, el cual planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) a) ¿Puede considerarse como valor de transacción, en el sentido del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento no 1224/80, también el precio de un contrato de compraventa entre personas establecidas en la Comunidad? b) Si se responde afirmativamente a la cuestión a): Si además existen precios de otros contratos de compraventa que satisfagan los requisitos del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento no 1224/80, ¿puede el interesado establecer el precio que ha de servir de base a la determinación del valor en aduana? ¿Queda vinculado el interesado por la opción que ya ha ejercido anteriormente? c) Si se responde afirmativamente a la cuestión a): ¿Comprende este precio también a una, así llamada, comisión de compra? 2) Los llamados gastos de «demurrage» (derechos de sobrestadía en caso de demora de la carga), ¿son gastos de transporte en el sentido de la letra e) del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento no 1224/80? 3) ¿Es valor de transacción, en el sentido del artículo 3 del Reglamento no 1224/80, el precio íntegro pagado o por pagar, cuando antes del momento a considerar se comprueba la existencia de mermas en comparación con las mercancías compradas, mermas que se hallan comprendidas en un margen de tolerancia de peso convenido y que no dan lugar a una reducción del precio de venta?
4.

Como es sabido, en opinión de la Comisión, semejantes transportes, en los que el lugar de salida y el de llegada se encuentran en territorio francés y que no afectan al territorio de otros Estados miembros, deben ser considerados como prestaciones de servicios realizadas en el interior del país (en el sentido del artículo 2 de; la Directiva 77/388) y deben ser gravados en su totalidad, con los correspondientes efectos sobre la puesta a disposición de recursos propios de las Comunidades, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 2892/77. ( 2 ) Puesto que la República Francesa (que está apoyada por el Reino de España) discrepaba de lo anterior, ello condujo a que se iniciara el procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado CEE, en el que la Comisión solicita que se declare «que, al no respetar la obligación de calcular los recursos propios no pagados por los años 1980 a 1985, así como por los ejercicios posteriores, al no respetar la obligación de enviar una copia de estos cálculos a la Comisión y al no respetar la obligación de poner a disposición de la Comisión el equivalente al importe de los recursos propios en cuestión, al considerar exenta del IVA la parte internacional de los transportes entre la Francia continental y el departamento de Córcega, infringiendo la Sexta Directiva IVA, y al no respetar la obligación de pagar los intereses de demora sobre las sumas hasta la fecha en la que estas sumas son puestas a disposición, conforme al artículo 11 del Reglamento n° 2891/77, ( 3 ) y con efecto a partir de las fechas indicadas por la Comisión, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE».
3.

La Comisión objeta que el Gobierno helénico no ha alegado esta excepción de inadmisibilidad durante el procedimiento precontencioso. Esta afirmación, que es exacta, no me parece, sin embargo, que tenga consecuencias, puesto que la eventual inadmisibilidad de un recurso debe examinarse en relación con el propio recurso. Ahora bien, éste sólo existe a partir de la presentación del escrito de demanda.
«1.

En caso de situación anómala en el mercado de los forrajes desecados en la Comunidad, ėn particular cuando el volumen de las solicitudes de fijación anticipada de la ayuda no parezca estar en relación con la salida normal de dichos forrajes, podrá decidirse, en caso de que el certificado mencionado no haya sido expedido todavía, suspender la fijación anticipada por el período necesario para restablecer el equilibrio del mercado». ( 3 )
72.

Además, hay que afirmar que la Comisión hizo todo lo que pudo para tener en cuenta los intereses del demandante de permanecer en la región de Bruselas dándole la posibilidad de ocupar un puesto de trabajo en Zaventem. Sin embargo, el Sr. Hecq afirma que la elección no era «real» puesto que el puesto que se le ofrecía no tenía ninguna relación con su especialización. La «política de movilidad» de su personal que aplica la Comisión implica, en la medida de lo posible, cambios de funciones, lo cual es admitido por el demandante. Además, sus argumentos en la materia no son de los más coherentes: alega que la «política de movilidad» implica un cambio de funciones para criticar el hecho que el puesto que se le ofreció en Luxemburgo no suponía tal cambio, por lo cual tal mero destino no podía verse justificado por tal política, pero, al mismo tiempo, se niega a considerar como real la elección que se le dio, alegando que uno de los puestos que se le ofreció suponía un trabajo totalmente distinto del que había efectuado siempre.
10.

En cuanto al primer punto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, para comprobar si una norma comunitaria es conforme con el principio de proporcionalidad, hay que verificar si los medios que pone en práctica son adecuados para lograr el objetivo pretendido y si no van más allá de lo que es necesario para alcanzarlo. ( 6 ) Ahora bien, de cuanto he señalado, me parece que resulta con suficente claridad que, sancionar con la pedida del derecho a la ayuda el incumplimiento de las obligaciones previstas en las citadas normas, no representa para los administrados un sacrificio desproporcionado, ya que, como he mostrado, el cumplimiento riguroso de tales obligaciones es necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de ayudas previsto por las instituciones comunitarias. Debe considerarse, por otra parte, refiriéndose en particular a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento n° 2192/82, que la caducidad de un derecho como consecuencia de la presentación de una solicitud fuera de plazo es, por regla general, el efecto normal de la expiración de un plazo imperativo, y no una sanción. ( 7 )
La demandante, que es una sociedad francesa que importa fruta fresca, solicita la anulación de los Reglamentos (CEE) no 962/88, no 984/88 y no 1040/88 de la Comisión, de fechas 12, 14 y 20 de abril de 1988 ( 1 ) respectivamente. Estos Reglamentos fueron adoptados en el marco del régimen de vigilancia de las importaciones de manzanas de mesa de terceros países, establecido por la Comisión, mediante el Reglamento (CEE) no 346/88, de 3 de febrero de 1988. ( 2 ) Este régimen sujetó las importaciones a la presentación de un certificado que debe solicitarse a las autoridades nacionales y que se expide, a tenor del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento no 346/88, al quinto día laborable de haber presentado la solicitud, «siempre que no se hayan tomado medidas durante este plazo».

Mediante el Reglamento no 962/88, la Comisión suspendió, para el período comprendido entre el 15 y el 22 de abril, como medida de salvaguardia, la expedición de los certificados de importación para las manzanas de mesa originarias de Chile, denegando, de otro lado, las solicitudes que se hallaran pendientes al 18 de abril de 1988 (apartados 1 y 2 del artículo 1).

Mediante el Reglamento no 984/88, la Comisión modificó el artículo 1 del Reglamento no 962/88. El período de suspensión pasó a ser el comprendido entre el 18 y el 29 de abril; por lo demás, al haber sido derogado el apartado 2 del artículo 1, ya no estaba vigente ninguna disposición relativa a la denegación de las solicitudes afectadas por la suspensión.

Finalmente, con fecha 20 de abril de 1988, la Comisión adoptó el Reglamento no 1040/88, que persigue una doble finalidad. Por un lado (véase el artículo 2), modifica el artículo 1 del Reglamento no 962/88 haciendo pasar del 29 de abril de 1988 al 31 de agosto del mismo año la fecha de terminación del período de suspensión de la expedición de los certificados de importación relativos a las manzanas chilenas; por otro lado (véase el artículo 1), fija las cantidades máximas —aplicables hasta finales de la campaña 1988— para la importación de las manzanas de mesa originarias de determinados terceros países (en especial África del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Chile).
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 26 de abril de 1989. - REWE HANDELSGESELLSCHAFT NORD MBH CONTRA UEBERWACHUNGSSTELLE FUER MILCHERZEUGNISSE UND HANDELSKLASSEN. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL: BUNDESVERWALTUNGSGERICHT - ALEMANIA. - AGRICULTURA - CONTENIDO DE AGUA DE LAS AVES DE CORRAL CONGELADAS - MODALIDADES DE CONTROL. - ASUNTO 88/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01959

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Conclusiones del abogado general

++++

El Abogado General Sr. F.G. Jacobs presentó sus conclusiones el 26 de abril de 1989. (* )En ellas solicitaba al Tribunal de Justicia que declarase:

"El apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 2967/76 del Consejo no se opone a una normativa nacional según la cual debe prohibirse la comercialización de todo lote del que se haya tomado una muestra hasta que se conozca el resultado del procedimiento de control. No es preciso que dicha normativa especifique un límite temporal con respecto a la suspensión de la comercialización; no obstante, esta suspensión no deberá sobrepasar la duración necesaria a los fines de un sistema de inspección eficaz."

(*) Lengua original: inglés.
Conclusiones del Abogado General Van Gerven presentadas el 14 de febrero de 1989. - MARIETTE TURNER CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - FUNCIONARIO - INFORME DE CALIFICACION - EXCEPCION DE INADMISIBILIDAD. - ASUNTO 192/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01017

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Conclusiones del abogado general

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El Abogado General Sr. Walter Van Gerven presentó sus conclusiones el 14 de febrero de 1989.(* )En ellas proponía al Tribunal de Justicia que:

1) declarara la inadmisibilidad del primer motivo del recurso;

2) declarara que no procede resolver sobre el segundo motivo;

3) declarara que la Comisión cargará con sus propias costas y con la cuarta parte de las de la demandante.

(*) Lengua original: neerlandés.
Conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas el 14 de diciembre de 1988. - MALCOLM BEVAN CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - FUNCIONARIO - CALIFICACION - PROMOCION - SOLICITUD DE INDEMNIZACION. - ASUNTO 140/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00701

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Conclusiones del abogado general

++++

El Abogado General Sr. Giuseppe Tesauro presentó sus conclusiones el 14 de diciembre de 1988.(* )En ellas proponía al Tribunal de Justicia que:

- anulara el informe de calificación del demandante correspondiente al período entre el 1 de julio de 1983 y el 30 de junio de 1985 por incompetencia de las personas que lo redactaron;

- desestimara el recurso en todo lo demás;

- condenara a la Comisión a cargar con un tercio de las costas del demandante.

(*) Lengua original: italiano.

TCDA/Sentencia de 15.3.1989 - Asunto 140/87

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda)

15 de marzo de 1989(*)

En el asunto 140/87,

Malcolm Bevan, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, representado y asistido por el Sr. Ch. Vajda, barrister of Gray' s Inn, y por el Sr. G. Vandersanden, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. J. Biver, 8, rue Zithe, L-1011,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. P. Kalbe, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. G. Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, Centro Wagner,

parte demandada,

que tiene por objeto, por una parte, la anulación del informe de calificación del demandante correspondiente al período 1983-1985 y de las decisiones de la Comisión relativas a la promoción de funcionarios del grado A 5 al grado A 4 para el ejercicio de 1986 en las que no se incluyó al demandante y, por otra parte, la concesión de una indemnización por daños y perjuicios,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por los Sres. T.F. O' Higgins, Presidente de Sala; G.F. Mancini y F.A. Schockweiler, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Cada parte cargará con sus propias costas.

(*) Lengua de procedimiento: inglés.
4.

El Consejo, a quien se ha adherido la Comisión, parte coadyuvante, opina que el Reglamento impugnado constituye un «verdadero» Reglamento, de alcance general y de carácter normativo, de manera que no se puede admitir legitimación a un particular, en virtud del párrafo 2 del artículo 173 del Tratado, para solicitar su anulación. En apoyo de su alegación, el Consejo se basa sobre todo en el hecho de que el Reglamento no 3781/85 no contempla únicamente la situación de los pescadores españoles, sino que se aplica de manera idéntica a los pescadores portugueses y a los de los Estados miembros de la antigua Comunidad de los Diez.
7.

El télex de 16 de noviembre de 1984 no puede ser calificado de petición explícita dirigida por el demandante a la Comisión, emplazando a ésta, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 35 CECA, a que actúe con arreglo a determinadas obligaciones originarias o derivadas. Como hemos señalado, para que el silencio de la Comisión pueda ser considerado una decisión implícita de denegación, es necesario, en efecto, que se pueda deducir claramente de la petición previa no sólo la decisión que se espera que se adopte, sino también el tipo de procedimiento emprendido por el demandante. Ahora bien, el télex se limita a describir las dificultades de abastecimiento de chatarra a las que se enfrentan las acerías eléctricas italianas. A este respecto, la sola mención de una «escasez de chatarra» no puede ser considerada seriamente como suficiente para poder presumir la naturaleza y el contenido de las medidas que la Comisión está «obligada» o «autorizada» a adoptar sobre la base del artículo 35. En particular, debe rechazarse el argumento de la demandante, que quiere extraer de esta simple referencia una remisión automática a lo dispuesto en el artículo 59 del Tratado CECA y, de rebote, a las disposiciones a las que se remite este mismo artículo. En semejante interpretación, lo implícito se confunde con lo impreciso, en detrimento de la seguridad jurídica. El télex no puede tampoco ser interpretado como un emplazamiento. Ciertamente, la falta de mención del artículo 35 no puede, por sí sola, ser considerada decisiva. En efecto, la referencia a la omisión o a la inactividad eventual de la Comisión habría podido bastar, si hubiera indicado el demandante que estaba dispuesto a recurrir a la vía jurisdiccional en caso de que la Comisión se negara a actuar. Pero el télex no incluye ningún indicio que pudiera permitir a la Comisión entenderlo como una petición previa al recurso por omisión regulado por el artículo 35. Su redacción no exige a la Comisión pronunciarse en un plazo determinado sobre la legalidad de su inactividad, sino que tan solo llama su atención sobre la situación del mercado de la chatarra y le invita a «que tome seriamente en consideración la necesidad en este momento muy urgente de adoptar medidas apropiadas para regular el mercado de la chatarra». De este modo, nose desprende de la redacción misma del telex que la demandante quisiera provocar una decisión de la Comisión a falta de la cual pretendiese someter el asunto al Tribunal de Justicia. En cuanto a la mención de la urgencia de las medidas a adoptar, ello no puede seriamente, por sí solo, paliar la ausencia de cualquier otra referencia que hubiera indicado claramente a la Comisión que debía considerar el télex como el punto de partida de los plazos previstos en el párrafo 3 del artículo 35 del Tratado CECA.
5.

Dicho esto, entrar en los detalles de la disciplina relativa a la «contribución social de solidaridad» y al «tributo de ayuda mutua», no me parece necesario. Efectivamente, ya resulta de la resolución de remisión que: a) tales impuestos no gravan ni las cesiones de bienes ni las prestaciones de servicios efectuadas en el interior del país, ni los productos importados, sino el conjunto de la actividad económica de las empresas comerciales; b) que su base no está constituida por la contraprestación de cada operación imponible, sino por el volumen de negocios alcanzado por la empresa durante el anterior ejercicio financiero; c) que el ámbito de sus sujetos pasivos se circunscribe a algunas personas jurídicas y, por ello, no incluye a las personas físicas por más que lleven a cabo una actividad económica. Esto es suficiente, a mi parecer, para llegar a una conclusión que no debería dejar dudas: los dos tributos no presentan las características de generalidad, neutralidad y transparencia que, como antes se ha visto, califican el Impuesto común y, por consiguiente, los gravámenes prohibidos por el artículo 33 de la Directiva.
80

Ciertamente, no cabe excluir totalmente que, en determinados casos, en particular cuando el Tribunal de Justicia se haya pronunciado definitivamente sobre determinados aspectos de un asunto antes de devolverlo al Tribunal General, un coadyuvante en casación ya no tenga interés en la solución del litigio planteado ante el Tribunal General. No obstante, esta circunstancia no puede justificar, por sí sola, que no pueda reconocerse a un coadyuvante en casación la condición de coadyuvante en un asunto que ha sido devuelto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia, dado que corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Unión comprobar, en el curso del procedimiento, que persiste el interés que justificó la intervención (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, EU:C:1999:358, apartados 52 a 55).
34

La recurrente se basa, en particular, en la necesidad de controlar las posibles infracciones del Derecho de la Unión que cometan los Estados miembros si estos no pueden ser partes demandadas en tales procedimientos y considera que, aunque el Consejo no sea el autor del acto impugnado, debería, no obstante, poder ser considerado responsable ante los tribunales de la Unión.
2)

El Sr. Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, el Sr. Hasso Krull, 2 Celsius, los Sres. Bernard Auric, Tony Lowes y Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de nuisance et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil — Gardanne) y Friends of the Irish Environment CLG cargarán con sus propias costas.
12

En su defensa, Credit Europe Ipotecar invocó, en primer lugar, la inadmisibilidad de las pretensiones relativas al artículo 6.1 del contrato de préstamo de que se trata, debido a que la Directiva 93/13 no era aplicable y a que el Derecho rumano no otorgaba al órgano jurisdiccional que conocía del asunto la posibilidad de completar un contrato con una cláusula adicional. A continuación, dicha sociedad alegó que no tenía ninguna obligación de informar a los prestatarios sobre el riesgo de tipo de cambio, ya que la evolución del tipo de cambio de una moneda no podía conocerse de antemano con certeza y formaba parte de las incertidumbres perceptibles por cualquier consumidor medio. Por último, sostuvo que no podía admitirse la existencia de un desequilibrio contractual, dado que la regla del «nominalismo monetario» fue establecida por el legislador nacional, recogida en el artículo 1578 del Código Civil, y que la demanda en el procedimiento principal es contraria a esta disposición, en la medida en que pretende eliminar el riesgo de tipo de cambio.
31

En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional pone de manifiesto la jurisprudencia del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria), de la que se desprende, en particular, que, por un lado, en el proceso monitorio regulado por el artículo 410 GPK, el tribunal no recaba pruebas, ya que la finalidad del proceso no es acreditar la existencia misma del crédito, sino únicamente comprobar si se impugna dicho crédito, y, por otro lado, en el proceso regulado por el artículo 417 GPK, en el que el tribunal se pronuncia sobre la base del documento presentado por el solicitante, dicho tribunal no puede examinar más documentos que los mencionados en ese artículo.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 8 de octubre de 2020 — Weindel Logistik Service

(Asunto C‑621/19) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 168, letra e) — Deducción del impuesto soportado — Utilización de los bienes únicamente en las operaciones gravadas del sujeto pasivo — Existencia de un vínculo directo entre los bienes importados y la operación por la que se repercute el impuesto»

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Nacimiento y alcance del derecho a deducir — Servicios de reenvasado de productos importados de países terceros que posteriormente se exportan — Importador que reenvasa los productos sin ser su propietario — Denegación del derecho a deducción — Procedencia — Requisitos — Costes de importación no soportados o no incluidos en el precio de las operaciones específicas por las que se repercute el impuesto o en el precio de la entrega de bienes o de la prestación de servicios efectuadas por el sujeto pasivo en el marco de sus actividades económicas

[Directiva 2006/112/CE del Consejo, art. 168, letra e)]

(véanse los apartados 45,46 y 49 y el fallo)

Fallo

El artículo 168, letra e), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la concesión del derecho a deducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a un importador cuando no disponga de los bienes como propietario y cuando no se hayan soportado costes de importación o los costes no se hayan incluido en el precio de las operaciones específicas por las que se repercute el impuesto o en el precio de la entrega de bienes o de la prestación de servicios efectuadas por el sujeto pasivo en el marco de sus actividades económicas

( 1 ) DO C 363 de 28.10.2019.