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Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, por una parte, del artículo 26 CE, del artículo 20 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero comunitario»), y, por consiguiente, del Arancel Aduanero Común y, por otra parte, de los artículos 2, 9, 10 y 17, apartado 1, del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89, del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996 (DO L 175, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1552/89»), y de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1), al haber eximido unilateralmente de derechos de aduana la importación de material utilizable tanto para fines civiles como militares, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2002, y al haberse negado, debido a esta exención, a calcular y abonar los recursos propios no percibidos y los intereses de demora devengados por no haber puesto a disposición de la Comisión dichos recursos propios en los plazos establecidos.
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Sobre este particular, baste recordar que, según reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al finalizar el plazo fijado en el dictamen motivado y que los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 19 de junio de 2003, Comisión/Francia, C-161/02, Rec. p. I-6567, apartado 6, y de 18 de julio de 2007, Comisión/Grecia, C-26/07, no publicada en la Recopilación, apartado 6). Toda vez que ha quedado acreditado que dicha Ley por la que se suprime la subvención a la propiedad inmobiliaria fue adoptada con posterioridad a la expiración del referido plazo, no procede tomarla en consideración en el presente recurso.
Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 28 CE, 49 CE y 21 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Normativa nacional que establece la obligación de un sujeto pasivo que no está establecido en el interior del país, pero que realiza en él operaciones sujetas al impuesto, de designar un representante fiscal no directamente responsable del pago del impuesto.
En el ámbito de un recurso por incumplimiento interpuesto contra un Estado miembro, dicho Estado no puede oponer válidamente la fuerza de cosa juzgada basándose en una sentencia anterior, dado que el objeto del litigio en cuestión y el del asunto que dio lugar a la sentencia anterior son diferentes, y ello debido precisamente a las indicaciones proporcionadas por dicho Estado miembro a la Comisión en el marco del litigio en cuestión.

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 12 y 28 de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, un Estado miembro que mantiene en vigor un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido del 5 % aplicable a los peajes por atravesar por carretera un río, actividad explotada por un tercero independiente, habida cuenta de que dicho Estado aplicó a dichos servicios el tipo general del impuesto entre 1992 y 1994. En virtud del artículo 28, apartado 2, letra e), de dicha Directiva, el tipo reducido aplicable no podrá ser inferior al 12 %. Además, un Estado miembro que se adaptó, respecto de servicios distintos de los que figuran en el anexo H de la Sexta Directiva, a las disposiciones armonizadas de dicha Directiva, no puede eludir sus obligaciones basándose en el artículo 28, apartado 2, letra e), de esa Directiva, porque dicho precepto tiene precisamente el objetivo contrario, a saber, la adaptación progresiva de las disposiciones nacionales a las de la Sexta Directiva, por lo que no cabe volver a introducir un tipo reducido respecto de dichos servicios.

(véanse los apartados 49, 55, 56 y 59 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Sociedades — Directiva 2001/34/CE — Admisión de valores negociables a cotización oficial en una bolsa de valores

(Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 21)

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El artículo 21 de la Directiva 2001/34, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el legislador nacional establezca —para el caso en que los datos contenidos en el folleto publicado con objeto de la admisión de valores negociables a cotización oficial en una Bolsa de valores sean inexactos o engañosos— sanciones administrativas no sólo contra las personas que aparecen expresamente citadas en este folleto como responsables, sino también contra el emisor de dichos valores e, indistintamente, contra los miembros del consejo de administración del emisor, independientemente de si éstos figuran o no como responsables en dicho folleto.

En efecto, al no contemplar la Directiva expresamente un sistema de sanciones aplicables a las personas a las que incumbe la responsabilidad del folleto, los Estados miembros son competentes para establecer las sanciones que les parezcan adecuadas. No obstante, están obligados a ejercer esta competencia respetando el Derecho comunitario y sus principios generales y, por consiguiente, respetando el principio de proporcionalidad.

A este respecto, un sistema de sanciones civiles, penales o administrativas establecido a nivel nacional para las personas anteriormente mencionadas es compatible con el objetivo de dicha Directiva, que consiste en garantizar, en especial, que los inversores dispongan de una información adecuada, siempre que sea proporcionado con relación a la gravedad de la infracción consistente en haber facilitado informaciones inexactas o engañosas a través del folleto.

(véanse los apartados 50, 52, 53, 55 y 56 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Legislación tributaria

[Tratado CE, art. 52 (actualmente art. 43 CE, tras su modificación)]

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El artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) se opone a que el Estado miembro en el que reside un contribuyente le deniegue el régimen de tributación conjunta con su cónyuge, del que no está separado y que reside en otro Estado miembro, por el hecho de que este cónyuge haya obtenido en ese otro Estado miembro más del 10 % de los ingresos de la unidad familiar y más de una determinada cantidad límite, cuando los ingresos obtenidos por dicho cónyuge en ese otro Estado miembro están en él exentos del impuesto sobre la renta.

En efecto, un contribuyente residente cuyo cónyuge reside en el mismo Estado miembro y obtiene en él únicamente rentas que no están sujetas al impuesto se encuentra objetivamente en la misma situación que un contribuyente residente cuyo cónyuge reside en otro Estado miembro y obtiene en él únicamente rentas no sujetas al impuesto, ya que, en ambos casos, los ingresos imponibles de la unidad familiar provienen de la actividad de uno solo de los cónyuges y, en ambos casos, se trata del contribuyente residente. El Estado de residencia de tal contribuyente es el único Estado que puede tomar en consideración la situación personal y familiar de ese contribuyente, ya que éste no sólo reside en dicho Estado sino que, además, obtiene en él la totalidad de las rentas imponibles de la unidad familiar.

(véanse los apartados 26, 29, 31, 32 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Disposiciones fiscales

—

Armonización de las legislaciones

—

Impuestos sobre el volumen de negocios

—

Sistema común del impuesto sobre el valor añadido

—

Deudores del impuesto (Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 21 y 22) (véanse el apartado 56 y el fallo)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 28 CE, 49 CE y 21 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Normativa nacional que establece la obligación de un sujeto pasivo que no está establecido en el interior del país, pero que realiza en él operaciones sujetas al impuesto, de designar un representante fiscal no directamente responsable del pago del impuesto.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República de Finlandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 21 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, al obligar a designar a un representante fiscal a los sujetos pasivos no establecidos en Finlandia, pero que realizan en el territorio de dicho país operaciones sujetas al impuesto y se hallan establecidos en otro Estado miembro o en un Estado tercero con el que se haya celebrado un convenio en materia de asistencia mutua de las autoridades competentes en lo tocante a impuestos indirectos cuyo ámbito de aplicación se corresponde con el definido en la Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos relacionados con determinadas cotizaciones, derechos, impuestos y otras medidas, en su versión modificada por la Directiva 2001/44/CE del Consejo, de 15 de junio de 2001, y en el Reglamento (CE) nº 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 218/92.

2) Condenar en costas a la República de Finlandia.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia

—

Situación que debe considerarse

—

Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véanse los apartados 9, 14 y 18)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 16, apartados 5 y 6, y 17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DO L 244, p. 1) — Recuperación, reciclado, regeneración y destrucción de las sustancias reguladas — Omisión de la definición de los requisitos mínimos de cualificación exigidos al personal responsable — Omisión de la comunicación a la Comisión de los programas relativos al nivel de cualificación exigido.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 16, apartados 5 y 6, y 17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, al no haber adoptado las medidas necesarias para definir los requisitos mínimos de cualificación exigidos al personal responsable de garantizar la recuperación, reciclado, regeneración y destrucción de las sustancias que agotan la capa de ozono; al no haber comunicado a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2001, la información relativa a las instalaciones disponibles y a las cantidades de sustancias reguladas utilizadas que han sido recuperadas, recicladas, regeneradas o destruidas, y al no haber adoptado todas las medidas preventivas necesarias para que los equipos fijos con una carga de fluido refrigerante superior a 3 kg sean controlados anualmente para determinar la presencia o no de fugas.

2) Condenar en costas a la República Helénica.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros

(Art. 249 CE, párr. 3)

2. Medio ambiente — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Directiva 85/337/CEE

(Directiva 85/337/CEE del Consejo, art. 6, aps. 2 y 3)

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1. En virtud del artículo 249 CE, párrafo tercero, al adaptar el Derecho interno a las disposiciones de una directiva, los Estados miembros están obligados a garantizar la plena eficacia de la misma, a la vez que disponen de un amplio margen de apreciación respecto de la elección de los medios. El hecho de que otra Directiva autorice expresamente el cobro de una tasa no permite justificar una presunción general de que el legislador comunitario sólo permite el cobro de tasas cuando así lo prevé expresamente. Una tesis según la cual un Estado miembro no puede exigir el pago de tasas porque la directiva en cuestión no contiene ninguna disposición expresa que lo autorice es incompatible con la libertad de decisión que se deriva del artículo 249 CE, párrafo tercero.

(véanse los apartados 26 a 28)

2. La percepción de una tasa administrativa no es, en sí misma, incompatible con la finalidad de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. En efecto, resulta, tanto del sexto considerando como del artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva, que uno de los objetivos de la misma es dar al público interesado la posibilidad de expresar su opinión en el marco de los procedimientos de autorización de proyectos que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente. A este respecto, dicho artículo 6, apartado 3, permite que los Estados miembros sujeten la participación del público interesado en el proyecto a determinados requisitos. Así, según dicha disposición, los Estados miembros pueden definir las modalidades de información y de consulta y, en particular, determinar el público interesado así como especificar la manera en la que dicho público puede ser informado y consultado.

Sin embargo, no puede fijarse una tasa en una cuantía que impida la plena eficacia de dicha Directiva, conforme al objetivo por ella perseguido. Éste sería el caso si, a causa de su importe, una tasa pudiera constituir un obstáculo para el ejercicio de los derechos de participación que se derivan del artículo 6 de la Directiva 85/337.

(véanse los apartados 37, 38 y 42 a 44)
Asunto C‑125/04

Guy Denuit y Betty Cordenier

contra

Transorient – Mosaïque Voyages et Culture SA

(Petición de decisión prejudicial planteada por el collège d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages)

«Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 234 CE — Tribunal arbitral»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2005

Sumario de la sentencia

Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 234 CE — Concepto — Tribunal arbitral — Exclusión

(Art. 234 CE)

Un tribunal arbitral convencional, como el collège d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (Bélgica), que resuelve litigios que opongan a particulares a intermediarios de viajes, no constituye un órgano jurisdiccional de un Estado miembro en el sentido del artículo 234 CE dado que las partes contratantes no están obligadas, de hecho o de Derecho, a dirimir sus diferencias a través del arbitraje y que las autoridades públicas belgas no están implicadas en la elección de la vía arbitral.

(véanse los apartados 13, 15 y 16 y el fallo)
La excepción de ilegalidad de un reglamento propuesta por un Estado miembro no entra en conflicto con la fuerza de cosa juzgada vinculada a una sentencia anterior si el Tribunal de Justicia no se pronunció en ésta sobre la legalidad de las disposiciones de dicho reglamento sobre las que versa la excepción de ilegalidad, sino que declaró la inadmisibilidad de la pretensión de que se anularan dichas disposiciones. En efecto, la fuerza de cosa juzgada sólo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjados por la resolución judicial de que se trate.

El principio de no discriminación, tal como ha sido consagrado en el artículo 34 CE, apartado 2, exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente y que las situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado.

Las disposiciones de los artículos 3, 4 y 6 del Reglamento no 1954/2003, sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios, son aplicables de manera idéntica a todos los Estados miembros. En particular, el período de referencia comprendido entre 1998 y 2002 y que, en virtud de las citadas disposiciones, sirve para calcular y, posteriormente, asignar los niveles de esfuerzo pesquero correspondientes a las pesquerías y a las zonas contempladas en tales disposiciones es el mismo para toda la Comunidad Europea. Así pues, la limitación del esfuerzo pesquero determinada en función del esfuerzo efectivamente realizado durante dicho período por cada flota nacional en las mencionadas zonas y pesquerías se aplica a todos los buques pesqueros comunitarios, cualquiera que sea su nacionalidad. Por consiguiente, tan sólo podrá considerarse que las medidas contenidas en las citadas disposiciones son discriminatorias para un Estado miembro en el supuesto de que, por un lado, éste se encontrara en una situación diferente a la de los demás Estados miembros en el momento en que tales medidas fueron adoptadas y de que, por otro lado, no esté objetivamente justificado que dicho Estado esté sujeto al mismo régimen de gestión del esfuerzo pesquero que el aplicable a los demás Estados miembros.

La sujeción de un Estado que, en el momento de la adopción del Reglamento no 1954/2003, se encontraba en una situación diferente a la de los demás Estados miembros, al mismo régimen de gestión del esfuerzo pesquero que el aplicable a los demás Estados miembros, establecido por el citado Reglamento, está objetivamente justificada, en la medida en que, por una parte, dicho régimen prevé un método de cálculo del esfuerzo pesquero basado en datos objetivos, a saber, el esfuerzo pesquero efectivamente realizado por cada Estado miembro en las zonas y pesquerías de que se trata en el curso de un período de cinco años próximo en el tiempo, y en que, por otra parte, dicho régimen tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad de los recursos pesqueros con vistas a evitar, según el cuarto considerando del mismo Reglamento, todo aumento del esfuerzo pesquero global realizado.

(véanse los apartados 35, 36, 40 y 41)
Palabras clave

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Palabras clave

Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 93/104/CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo

(Directiva 93/104/CE del Consejo, arts. 3, 5 y 17, ap. 1)

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Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 17, apartado 1, 3 y 5 de la Directiva 93/104, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, en su versión modificada por la Directiva 2000/34, un Estado miembro que aplica la excepción prevista en el citado artículo 17, apartado 1, a aquellos trabajadores cuya jornada no tiene en parte una duración medida o determinada previamente o que pueda ser determinada por el propio trabajador y que no adopta las medidas necesarias para el ejercicio del derecho al descanso diario y semanal de los trabajadores.

A este respecto, el efecto útil de los derechos conferidos a los trabajadores por la Directiva 93/104 implica necesariamente que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar el respeto del derecho a disfrutar de un descanso efectivo. Un Estado miembro que, en la medida nacional por la que se adapta el Derecho interno a dicha Directiva, establece que los trabajadores pueden disfrutar de tal derecho al descanso y que, sin embargo, en las directrices dirigidas a empresarios y trabajadores para el ejercicio de dicho derecho, señala que el empresario no tiene obligación de velar por que los trabajadores disfruten efectivamente de éste, no garantiza el cumplimiento ni de las disposiciones mínimas reguladas en los artículos 3 y 5 de la citada Directiva ni del objetivo esencial de ésta. Al dar a entender que los empresarios, si bien no pueden impedir que los trabajadores utilicen los períodos mínimos de descanso, no tienen ninguna obligación de hacer lo necesario para que los trabajadores se encuentren efectivamente en condiciones de ejercer tal derecho, queda patente que las directrices pueden vaciar de contenido los derechos consagrados por los artículos 3 y 5 de dicha Directiva y que no son conformes con el objetivo de ésta, según el cual los períodos mínimos de descanso se consideran indispensables para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

(véanse los apartados 40, 42, 44 y 47 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

Recursos propios de las Comunidades Europeas — Recaudación a posteriori o condonación de derechos de importación o de exportación

[Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 220, ap. 2, letra b); Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 871]

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El artículo 871 del Reglamento nº 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92 por el que se establece el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento nº 1677/98, debe interpretarse en el sentido de que, en un procedimiento de recaudación o en un procedimiento de condonación de derechos de aduana no percibidos, las autoridades aduaneras nacionales no están obligadas a remitir el asunto a la Comisión para que ésta resuelva cuando se hayan disipado las dudas que hubieran albergado en cuanto al alcance de los criterios establecidos en el artículo 220, apartado 2, letra b), del Código aduanero comunitario, en relación con el caso de que se trate, incluso después de haber manifestado su intención de acudir a la Comisión, ni tampoco cuando las dudas albergadas recaigan sobre la contracción a posteriori de derechos de aduana no percibidos resultantes de que el importador de buena fe no hubiera declarado algunos cánones que deberían haberse incluido en el valor en aduana de las mercancías importadas.

(véanse el apartado 46 y el fallo)