A la luz de todas las consideraciones que preceden, en mi opinión el Tribunal de Justicia debe responder a la petición de decisión prejudicial del Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en los términos siguientes:

«En circunstancias en las que un comprador ha interpuesto una reclamación de indemnización por daños y perjuicios contra un vendedor basada en disposiciones de Derecho nacional que se aplican, entre otros, a los contratos con consumidores pero no ha invocado específicamente ser consumidor, una norma de Derecho procesal nacional no puede impedir a un órgano jurisdiccional nacional examinar si dicha persona es efectivamente un consumidor en el sentido de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de las ventas y las garantías de los bienes de consumo, y, por consiguiente, aplicar la normativa nacional en materia de protección de los consumidores interpretada de conformidad con la Directiva 1999/44. Ahora bien, esta exigencia está sujeta a la condición de que el tribunal nacional debe disponer de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para desempeñar tal tarea, bien porque dichos elementos ya forman parte de los autos o porque el tribunal nacional podrá tenerlos de conformidad con la normativa nacional procesal. El tribunal nacional no puede ir más allá del ámbito del litigio definido por las partes. Se aplican la misma obligación de examen de oficio y los mismos requisitos a un recurso cuando i) al menos una parte ha invocado disposiciones de Derecho nacional que (cuando menos parcialmente) transponen al Derecho interno la Directiva 1999/44 y ii) en función de si una parte es (o no) consumidor, podrá (o no) disfrutar de la mayor protección que dispensan estas disposiciones. El hecho de que un consumidor estuviera asistido por un abogado no modifica esta conclusión.

El principio de efectividad exige la aplicación de oficio del artículo 5, apartado 3, siempre que el tribunal nacional disponga de los elementos fácticos y de Derecho necesarios y no modifique el marco del litigio definido por las partes. En la medida en que el artículo 5, apartado 3, contiene elementos similares a los que caracterizan a una norma de orden público de Derecho nacional, el principio de equivalencia puede exigir que un tribunal nacional como el que conoce del asunto principal aplique de oficio cualquier disposición de Derecho nacional que transponga el artículo 5, apartado 3, al Derecho interno.

La Directiva 1999/44 no limita la competencia de los Estados miembros para establecer y aplicar normas en materia de prueba relativas al requisito, en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 1999/44, de que el consumidor informe al vendedor de la falta de conformidad en tanto el Derecho nacional i) establezca un período no inferior a dos meses, ii) no establezcan normas que modifiquen el contenido de las obligaciones previstas en el artículo 5 de la Directiva 1999/44 y iii) las normas aplicables no sean, de cualquier otro modo, menos favorables que las que regulan las acciones nacionales y no estén redactadas de forma tal que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión.

El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 1999/44 invierte parcialmente la carga de la prueba a favor del consumidor, el cual, sujeto a un plazo, no necesita demostrar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del bien. Así pues, sigue correspondiendo al consumidor alegar y, de ser necesario, probar que el bien entregado no se ajusta a los niveles de calidad, rendimiento y adecuación del bien que podía fundadamente esperar recibir en virtud del contrato y de la información enumerada en el artículo 2, apartado 2. Sin embargo, el consumidor no tiene que probar que la falta de conformidad es atribuible al vendedor.»