ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(25)

[...] Los Estados miembros no están autorizados a imponer a los agentes del mercado contribuciones financieras referentes a medidas que no formen parte de las obligaciones de servicio universal. Cada Estado miembro es libre de imponer medidas especiales (ajenas al alcance de las obligaciones de servicio universal) y de financiarlas de conformidad con el Derecho comunitario, si bien no puede hacerlo mediante contribuciones procedentes de los agentes del mercado.
25

El Sąd Najwyższy indica que, en el asunto principal, la decisión del Presidente de la UKE de 19 de diciembre de 2008 podría parecer carente de tal incidencia, porque no tiene por objeto servicios de telecomunicaciones internacionales, no establece tarifas diferentes para las llamadas a números no geográficos ni modifica el método de cálculo en función de que utilice los servicios un usuario final de Polonia o el usuario de otro Estado miembro, no fija los precios que los usuarios finales de otros Estados miembros que disfrutan de la itinerancia en la red de T‑Mobile Polska pagan a ésta por el acceso a los servicios prestados a los usuarios de la red de Telefonia Dialog, tampoco fija las tarifas aplicadas entre T‑Mobile Polska y los operadores de usuarios de otros Estados miembro por la conexión en la red de T‑Mobile Polska y, por último, versa sobre servicios prestados en principio en polaco. No obstante, en relación, en esencia, con el artículo 28 de la Directiva servicio universal que exige a los Estados miembros velar por que los usuarios finales de otros Estados miembros puedan acceder a los números no geográficos dentro de su territorio, dicho tribunal expresa sus dudas sobre la respuesta que deba darse a la cuestión mencionada en el apartado 23 de la presente sentencia.
11

El artículo 28, apartado 3, letra c), de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE no 10, de 12 de enero de 2000, p. 1139), en redacción dada por el apartado 28 del artículo único de la Ley Orgánica 2/2009 (BOE no 299, de 12 de diciembre de 2009), vigente desde el 13 de diciembre de 2009 (en lo sucesivo, «Ley Orgánica de Extranjería»), dispone lo siguiente: «La salida [del territorio español] será obligatoria en los siguientes supuestos: [...] c) Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en España.»
30

Conviene recordar previamente que, conforme a reiterada jurisprudencia, una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y no puede, por consiguiente, ser invocada, como tal, contra dicha persona (véanse, en particular, las sentencias Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, apartado 20; Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, apartado 46, y Domínguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, apartado 37).
14

El Decreto‑ley no 16, por el que se establecen disposiciones urgentes en materia de simplificación tributaria, de eficacia y de refuerzo de los procedimientos de control (decreto‑legge n. 16 — Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), de 2 de marzo de 2012 (GURI no 52, de 2 de marzo de 2012; en lo sucesivo, «Decreto‑ley no 16/2012»), convalidado, con modificaciones, mediante la Ley no 44, de 26 de abril de 2012 (suplemento ordinario a la GURI no 99, de 28 de abril de 2012), adoptado con posterioridad a la interposición del recurso ante la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo italiano) en el litigio principal, dispone en su artículo 12: «Los créditos resultantes de la gestión del almacenamiento obligatorio y de la comercialización de los productos agrícolas nacionales llevadas a cabo por las cooperativas agrarias por cuenta y en interés del Estado, distintos de aquellos liquidados con arreglo al artículo 8, apartado 1, de la Ley no 410, de 28 de octubre de 1999, en su versión modificada por el artículo 130 de la Ley no 388, de 23 de diciembre de 2000, según resulten de los informes aprobados mediante Decretos definitivos y ejecutorios del Ministro de Agricultura y Bosques, que hayan sido registrados por la Corte dei conti y cuya liquidación se llevará a cabo respecto de aquellas personas que tengan derecho a ello, y los gastos e intereses devengados a partir de la fecha de cierre de las contabilidades respectivas, indicada en esos mismos Decretos, devengarán intereses calculados: hasta el 31 de diciembre de 1995, sobre la base de la tasa oficial de descuento incrementada en 4,4 puntos, con capitalización anual; y para el período ulterior, únicamente con arreglo al tipo de interés legal.»
El artículo 226 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que unas facturas en las que sólo se hace mención de unos «servicios jurídicos prestados desde [el día indicado] hasta la fecha» no cumplen, a priori, los requisitos exigidos en el punto 6 de dicho artículo, y de que unas facturas en las que sólo se hace mención de unos «servicios jurídicos prestados hasta la fecha» no cumplen, a priori, los requisitos exigidos en el punto 6 ni los exigidos en el punto 7 del mismo artículo, extremos que, no obstante, deberá verificar el órgano jurisdiccional remitente.

En este marco, el fin que se persigue con las menciones que deben figurar obligatoriamente en una factura es el de permitir a las administraciones tributarias verificar tanto el pago del impuesto devengado como la existencia, en su caso, del derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido. Así pues, el examen de la conformidad de las facturas con las exigencias del artículo 226, puntos 6 y 7, de la Directiva 2006/112 debe efectuarse a la luz del mencionado fin.

Así, en lo que concierne al requisito relativo al dato del alcance y la naturaleza de los servicios prestados, no parece que la mención «servicios jurídicos» indique con suficiente detalle cuál es la naturaleza de los servicios en cuestión. Además, tal mención es tan genérica que no parece que ponga de manifiesto cuál es el alcance de los servicios prestados. Por tanto, la referida mención no satisface, a priori, los requisitos del artículo 226, punto 6, de la Directiva 2006/112.

En cuanto al requisito relativo a la fecha en la que se ha efectuado o concluido la prestación de servicios, esa fecha permite controlar cuándo se produce el devengo del impuesto y, con ello, determinar cuáles son las normas fiscales aplicables a dicha operación por razón del tiempo en el que la misma se realizó. Por consiguiente, una factura en la que únicamente figura la mención «servicios jurídicos prestados hasta la fecha», sin precisar ninguna fecha de inicio del período de liquidación de la cantidad exigible, no cumple los requisitos establecidos en el artículo 226, punto 7, de la Directiva 2006/112.

(véanse los apartados 27 a 30, 33 y 35 y el fallo)
Una interpretación del artículo 10 bis, apartados 1 y 12, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61, que excluyese la aplicación del factor de corrección sería no sólo contraria al tenor de esas disposiciones, sino también al sistema general de dicha Directiva.

En efecto, al igual que el apartado 12 de ese artículo, su apartado 11, que establece que, en principio, el volumen de derechos de emisión gratuitos se reduzca gradualmente, se refiere también a la cantidad de derechos de emisión determinada de acuerdo con las medidas a que se refiere el apartado 1 de ese mismo artículo. Por ello, si esas medidas no incluyesen el factor de corrección, éste no podría aplicarse ni a las instalaciones de los sectores y subsectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono ni a las instalaciones de los sectores que no están expuestos a tal riesgo.

(véase el apartado 54)
El principio general que garantiza que todo justiciable disponga, con ocasión de un recurso interpuesto contra una medida nacional lesiva para él, de la facultad de alegar la invalidez del acto de la Unión que sirva de fundamento para esa medida no se opone a que esa facultad se someta a la condición de que el interesado no haya tenido la posibilidad de solicitar directamente la anulación al juez de la Unión en virtud del artículo 263 TFUE. No obstante, sólo cuando se pueda considerar que una persona habría estado legitimada sin duda alguna para solicitar la anulación del acto discutido en las condiciones previstas en dicho artículo no será admisible la alegación de su invalidez por esa misma persona ante el tribunal nacional competente.

A falta de precisión del alcance del concepto de «producto considerado como objeto de dumping» en el Reglamento antidumping de base n.o 1225/2009, se ha de interpretar ese concepto a la luz del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo antidumping), y, en especial, de su artículo 2. Sin embargo, este artículo tampoco define el alcance del concepto referido y, en particular, su texto no contiene término alguno que pueda confirmar una exigencia específica de homogeneidad y de similitud de los productos en cuestión. No obstante, atendiendo a la interpretación que los principales socios comerciales de la Unión dan a las normas detalladas contenidas en ese Acuerdo, como puntualiza el considerando 4 del Reglamento antidumping de base n.o 1225/2009, algunos de esos socios han mantenido que el producto considerado como objeto de dumping debía tener carácter homogéneo y estar integrado por productos similares. Por tanto, la condición de homogeneidad del producto considerado no debería excluirse totalmente en la interpretación del referido Reglamento.

(véanse los apartados 40, 41, 44 y 45)
El artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debe interpretarse en el sentido de que un plan o proyecto que no tenga relación directa con la gestión del lugar o no sea necesario para la misma y que, tras un estudio que no se ajusta a lo exigido por el artículo 6, apartado 3, de la citada Directiva, haya sido aprobado antes de que el lugar de que se trata fuera incluido en la lista de los lugares de importancia comunitaria debe someterse, por las autoridades competentes, a una evaluación a posteriori de sus repercusiones sobre ese lugar si tal evaluación constituye la única medida apropiada para evitar que la ejecución de dicho plan o proyecto ocasione un deterioro o alteraciones que puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la citada Directiva. Corresponde al juez nacional verificar si concurren tales circunstancias.

En efecto, el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43 contiene una obligación de protección general, con el fin de que se adopten medidas de protección adecuadas para evitar deterioros y alteraciones que puedan tener efectos apreciables en relación con los objetivos de la referida Directiva. Se trata de una obligación de carácter permanente. A este respecto, cuando la probabilidad o el riesgo de tal deterioro o de tales alteraciones puedan manifestarse porque no se haya efectuado, como medida apropiada en el sentido del artículo 6, apartado 2, una evaluación a posteriori de las repercusiones de un plan o proyecto sobre el lugar de que se trate, basada en los mejores conocimientos científicos, la obligación de protección general se traduce en un deber de efectuar esa evaluación.

(véanse los apartados 37 y 44 a 46 y el punto 1 del fallo)
El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades sancionadoras de un Estado miembro sancionen la intermediación, sin autorización, en apuestas deportivas por un operador privado por cuenta de otro operador privado que no dispone de autorización para organizar apuestas deportivas en dicho Estado miembro pero que es titular de una licencia en otro Estado miembro, cuando la obligación de poseer una autorización para organizar apuestas deportivas o intermediar en ellas se inscribe en el marco de un régimen de monopolio público que los tribunales nacionales declararon contrario al Derecho de la Unión. El artículo 56 TFUE se opone a tal sanción incluso cuando un operador privado puede obtener, en teoría, una autorización para organizar apuestas deportivas o intermediar en ellas en la medida en que no está garantizado el conocimiento del procedimiento de concesión de tal autorización y que el régimen de monopolio público en materia de apuestas deportivas, que los tribunales nacionales declararon contrario al Derecho de la Unión, ha seguido existiendo pese a la adopción de tal procedimiento.

En efecto, en circunstancias en las que las autoridades competentes de un Estado miembro no aplican un procedimiento de autorización ficticia de un modo unánime y uniforme y en las que los órganos jurisdiccionales nacionales están divididos por lo que respecta a la legalidad de un procedimiento de ese tipo, no cabe excluir que algunos operadores privados no puedan conocer ni el procedimiento que se ha de seguir para solicitar una autorización para organizar apuestas deportivas e intermediar en ellas ni las condiciones en las que se les concederá o denegará una autorización. Tal indeterminación no permite que los operadores de que se trata conozcan el alcance de sus derechos y obligaciones que se derivan del artículo 56 TFUE, de modo que dicho régimen debe considerarse contrario al principio de seguridad jurídica. Por tanto, no cabe considerar que una práctica como el procedimiento de autorización ficticia de que se trata en el litigio principal haya subsanado la incompatibilidad con el Derecho de la Unión, declarada por los tribunales nacionales, de disposiciones de Derecho interno que crean un régimen de monopolio público en materia de organización de apuestas deportivas e intermediación en ellas.

(véanse los apartados 58, 59, 62 y 65 y el punto 1 del fallo)
1)

Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 6 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, al no haber previsto una duración semanal media de trabajo que no exceda de 48 horas y al no haber asegurado un período mínimo de descanso diario ni un período de descanso compensatorio que debe hacerse efectivo inmediatamente después del tiempo adicional de trabajo que se supone que debe compensar.
En Derecho de la competencia de la Unión, aunque el artículo 2 del Reglamento no 1/2003 regula expresamente la atribución de la carga de la prueba, dicho Reglamento no contiene disposiciones sobre aspectos procesales más específicos. Así, el citado Reglamento no incluye, en particular, una disposición relativa a los principios que regulan la valoración de las pruebas y el nivel de prueba requerido en el marco de un procedimiento nacional de aplicación del artículo 101 TFUE. Esta conclusión se ve corroborada por el considerando 5 del Reglamento no 1/2003, que dispone expresamente que ese Reglamento no afecta a las normas nacionales en materia de valoración de la prueba.

Ahora bien, de no existir normas de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer esas normas en virtud del principio de autonomía de procedimiento.

En este contexto, la respuesta a la cuestión de si el envío de un único mensaje advirtiendo de que los descuentos de los productos vendidos a través de un sistema de información, destinado a permitir a agencias de viajes vender viajes en su sitio de Internet, estarán limitados en adelante y, tras su difusión, el sistema en cuestión sufre las modificaciones técnicas necesarias para aplicar dicha medida, puede, a la vista de todas las circunstancias del caso de autos, constituir una prueba suficiente para acreditar que sus destinatarios tenían o debían tener necesariamente conocimiento de su contenido, no se deriva del concepto de «práctica concertada» y tampoco está intrínsecamente vinculada a éste. En efecto, tal cuestión debe considerarse una cuestión relativa a la valoración de las pruebas y al nivel de prueba requerido, de modo que depende, en virtud del principio de autonomía de procedimiento y sin perjuicio de los principios de equivalencia y de efectividad, del Derecho nacional. A este respecto, el principio de efectividad exige que la prueba de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión pueda aportarse no sólo mediante pruebas directas, sino también mediante indicios, siempre que éstos sean objetivos y concordantes.

(véanse los apartados 26 y 30 a 37)
El artículo 78, apartado 3, del Reglamento no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, según su modificación por el Reglamento no 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la discutida en el litigio principal, que restringe la posibilidad de que las autoridades aduaneras reiteren una revisión o un control a posteriori y determinen sus consecuencias, liquidando una nueva deuda aduanera, en cuanto esa restricción se refiere a un período de tres años a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera inicial, lo que incumbe comprobar al tribunal nacional.

Como sea que, una vez transcurrido el plazo de tres años a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera, ya no es posible comunicar una nueva deuda aduanera y determinar así las consecuencias de una revisión o un control a posteriori, a los que se refiere el artículo 78, apartado 3, del Código aduanero, no se puede impedir a los Estados miembros, a la luz del principio de seguridad jurídica, que restrinjan el recurso al procedimiento de revisión que prevé, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera inicial, en particular sometiendo esa revisión a tal plazo de prescripción. En cambio, durante ese plazo de tres años la normativa nacional de un Estado miembro debe permitir que las autoridades aduaneras tomen una nueva medida para restablecer la situación, como consecuencia de una revisión o de un control a posteriori conforme al artículo 78, apartado 3, del Código aduanero, en especial modificando la deuda aduanera. Además, la adopción de tal medida debe ser posible incluso después de vencer ese plazo, en el supuesto de que una deuda aduanera haya nacido como resultado de un acto perseguible judicialmente en la fecha en que se cometió, como prevé el artículo 221, apartado 4, de ese Código, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente.

El principio de protección de la confianza legítima no se opone a que las autoridades aduaneras practiquen nuevas revisiones o controles a posteriori y determinen sus consecuencias, según prevé el artículo 78, apartado 3, del Código aduanero. En efecto, durante el período de tres años a partir del nacimiento de la deuda aduanera inicial al que se refiere el apartado 34 de esta sentencia, un sujeto pasivo, en cuanto operador económico, debe aceptar el riesgo, y tomar las medidas necesarias para prevenirlo, de que las autoridades aduaneras revisen su decisión sobre la deuda aduanera, al tener en cuenta los nuevos datos de los que en su caso dispongan a raíz de controles.

(véanse los apartados 36, 37, 41, 42 y 46 y el fallo)
La cuestión de si no procede interpretar el artículo 34 TFUE porque la Directiva 2007/46, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, llevó a cabo una armonización completa no constituye un motivo de inadmisibilidad y debe apreciarse en el marco de la respuesta que ha de darse a las cuestiones prejudiciales.

Los artículos 34 TFUE y 31, apartados 1 y 12, de la Directiva 2007/46, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que supedita la comercialización en un Estado miembro de piezas de recambio nuevas para vehículos de motor que no figuran en la lista del anexo XIII de dicha Directiva a la aplicación de un procedimiento de certificación u homologación en dicho Estado miembro, siempre que esa normativa establezca también excepciones para garantizar que las piezas legalmente fabricadas y comercializadas en los otros Estados miembros estén exentas de dicho procedimiento o, en su defecto, que las piezas de que se trate puedan suponer un riesgo importante para el funcionamiento correcto de sistemas esenciales para la seguridad del vehículo o su eficacia medioambiental y que ese procedimiento de homologación o de certificación sea estrictamente necesario y proporcionado para el respeto de los objetivos de protección de la seguridad vial o de protección del medio ambiente. En efecto, en el supuesto de que una parte o pieza de equipo no esté incluida todavía en la lista que figura en el anexo XIII de la Directiva 2007/46, y hasta que se adopte una decisión de la Comisión a este respecto, los Estados miembros podrán mantener sus disposiciones nacionales para las piezas o equipos que pueden suponer un riesgo importante para el funcionamiento correcto de sistemas esenciales de seguridad del vehículo o su eficacia medioambiental, disposiciones nacionales que dejarán de ser aplicables una vez que se haya adoptado dicha decisión.

Las condiciones en las que debe aportarse la prueba de que tales piezas han sido ya homologadas o certificadas o constituyen piezas originales o de calidad equivalente debe determinarlas, a falta de normativa del Derecho de la Unión, el Derecho de los Estados miembros, sin perjuicio de los principios de equivalencia y de efectividad.

(véanse los apartados 36, 41 a 44 y 46 y el fallo)