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AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Segunda)

de 20 de julio de 2016

Luigi Marcuccio

contra

Comisión Europea

«Función pública — Procedimiento — Tasación de costas»

Objeto:

Solicitud de tasación de costas, presentada por la Comisión Europea a raíz del auto del Tribunal de la Función Pública de 14 de mayo de 2013, Marcuccio/Comisión (F‑4/12, EU:F:2013:61).

Resultado:

La cantidad total de los gastos que ha de reembolsar el Sr. Luigi Marcuccio a la Comisión Europea en concepto de costas recuperables en el asunto F‑4/12 se fija en 1500 euros. Dicha cantidad incluirá intereses de demora desde la fecha en que se comunicó el presente auto hasta la fecha del pago, al tipo calculado sobre la base del tipo fijado por el Banco Central Europeo para las operaciones principales de refinanciación, aplicable el primer día del mes de vencimiento del pago, incrementado en tres puntos y medio.

Sumario

Procedimiento judicial — Costas — Tasación — Tasación efectuada sobre la base de indicaciones precisas facilitadas por el demandante o, en su defecto, de una apreciación equitativa del juez de la Unión — Carácter global de la retribución de un abogado — Irrelevancia con respecto a la facultad de apreciación del juez

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 105, letra c)]

Para apreciar el carácter indispensable de los gastos efectivamente realizados con ocasión de un procedimiento judicial, el solicitante debe facilitar las indicaciones precisas. En este mismo sentido, el hecho de que la remuneración se haya fijado a tanto alzado no afecta a la apreciación por parte del Tribunal del importe recuperable en concepto de costas, ya que el juez se basa en criterios jurisprudenciales bien establecidos y en las indicaciones precisas que las partes deben aportarle. Si bien la falta de tal información no impide al Tribunal fijar, mediante una apreciación equitativa, el importe de las costas recuperables, lo coloca no obstante en una situación de apreciación obligadamente estricta con respecto a las peticiones del solicitante.

(véase el apartado 28)

Referencia:

Tribunal de Justicia: auto de 17 de febrero de 2004, DAI/ARAP y otros, C‑321/99 P-DEP, no publicado, EU:C:2004:103, apartado 23

Tribunal General: autos de 31 de marzo de 2011, Tetra Laval/Comisión, T‑5/02 DEP y T‑80/02 DEP, no publicado, EU:T:2011:129, apartado 68, y de 28 de mayo de 2013, Marcuccio/Comisión, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, apartado 16
1

Mediante demanda recibida en la Secretaría del Tribunal el 29 de diciembre de 2011, el Sr. Mateo Pérez interpuso el presente recurso, que tiene sustancialmente por objeto que se anule la corrección de errores de la convocatoria de oposición general EPSO/AST/111/10 (DO 2011, C 68A, p. 2; en lo sucesivo, «corrección de errores»), así como la decisión del tribunal de dicha oposición de no admitirle a participar en la segunda fase de la oposición (en lo sucesivo, «decisión de no admitirle a la segunda fase de la oposición»).
Se desprende del artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de la Función Pública en virtud del artículo 7, apartado 1, del anexo I de dicho Estatuto, que en lo que respecta al modo en que deseen estar representadas o asistidas ante el juez de la Unión, las instituciones de la Unión Europea pueden decidir recurrir a la asistencia de un abogado. A este respecto, la retribución de éste se incluye en el concepto de gastos necesarios efectuados con motivo del procedimiento, sin que la institución tenga que demostrar que la asistencia del abogado estaba objetivamente justificada. A efectos de aplicar dicha norma del Estatuto del Tribunal de Justicia, procede asimilar los organismos de la Unión a dichas instituciones.

Por otra parte, el hecho de que un organismo de la Unión haga intervenir a un agente y a un abogado externo no afecta al carácter posiblemente recuperable de las costas de que se trata, pues nada permite excluirlas, en principio. No obstante, puede tener repercusiones en la determinación del importe de las costas causadas con motivo del procedimiento que han de recuperarse in fine. Por lo tanto, no hay vulneración del principio de igualdad de trato entre los demandantes cuando una institución o un organismo de la Unión decide contratar los servicios de un abogado en determinados asuntos, mientras que, en otros, dicha institución o ese organismo están representados por sus agentes.

Cualquier otra apreciación que supeditara el derecho de un organismo de la Unión a reclamar todos o parte de los honorarios abonados a un abogado a que se demuestre una necesidad «objetiva» de recurrir a sus servicios constituiría en realidad una limitación indirecta de la libertad garantizada por el artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y supondría que el juez de la Unión tiene el deber de sustituir la apreciación de las instituciones y órganos responsables de la organización de sus servicios por la suya propia. Ahora bien, semejante tarea no es compatible ni con el artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, ni con la competencia para dictar disposiciones de organización interna que ostentan las instituciones y órganos de la Unión en relación con la gestión de sus asuntos ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. De aquí se deriva que el hecho de que un organismo de la Unión disponga de un servicio jurídico no afecta al carácter recuperable de las costas constituidas por las retribuciones de ese organismo a un abogado que no pertenece a su personal.

(véanse los apartados 30 a 33)

Tribunal de Justicia: auto Internationaler Hilfsfonds/Comisión, C‑554/11 P‑DEP, EU:C:2013:706, apartado 17

Tribunal General: auto Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, apartados 24 a 26, y la jurisprudencia citada

Tribunal de la Función Pública: auto Chatzidoukakis/Comisión, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, apartado 21
El juez de la Unión no está facultado para tasar los honorarios que las partes adeudan a sus propios abogados, sino para determinar la cantidad máxima hasta la cual tales emolumentos pueden ser reclamados a la parte condenada en costas. Al resolver la solicitud de tasación de costas, el juez de la Unión no está obligado a tener en cuenta un arancel nacional que fije los honorarios de los abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus agentes o asesores.

Al no prever el Derecho de la Unión la aplicación de una disposición equiparable a un arancel profesional, el juez debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho de la Unión, así como sus dificultades, el volumen de trabajo que el procedimiento contencioso haya podido producir a los agentes o abogados que intervinieron y los intereses económicos que el litigio haya supuesto para las partes.

A este respecto, puede deducirse del hecho de que un abogado ha presentado una demanda, ha participado en la vista y presentado diferentes escritos que dicho abogado ha realizado efectivamente actos y prestaciones necesarios para el desarrollo del procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública.

Por lo que respecta a la determinación del importe de estas prestaciones necesarias, la prueba de haber satisfecho los gastos cuya recuperación se solicita no es un requisito previo para la tasación por el Tribunal de las costas recuperables.

(véanse los apartados 24, 25 y 33 a 35)

Tribunal de Justicia: auto de 4 de julio de 2013, Kronofrance/Alemania y otros, C-75/05 P-DEP y C-80/05 P-DEP, EU:C:2013:458, apartado 30

Tribunal de la Función Pública: autos de 10 de noviembre de 2009, X/Parlamento, F-14/08 DEP, EU:F:2009:149, apartado 22; de 26 de abril de 2010, Schönberger/Parlamento, F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, apartado 24; de 27 de septiembre de 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, apartados 40 y 41; de 2 de julio de 2013, Martinez Erades/SEAE, F-64/12 DEP, EU:F:2013:111, apartado 21; de 14 de noviembre de 2013, Cuallado Martorell/Comisión, F-96/09 DEP, EU:F:2013:186, apartado 28, y de 3 de julio de 2014, Bogusz/Frontex, F-5/12 DEP, EU:F:2014:179, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada
ES
RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:F:2011 :14 1AUTO D EL PR ESIDENTE DE LA SA LA SEGUND A
DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚ BLICA
de 15 de febrero de 2011
Asunto F-18/10
Georges Capidis
contra
Comisión Europea
«Solución a mistosa a i niciativa del Tribunal — Archivo»
Objeto: Recurso interpuesto al amparo de los artículos 236 CE y 152 EA me diante el que el 
Sr. Capidis solicita la anulación d e la decisión d e la autoridad f acultada p ara p roceder a 
los no mbramientos de 30 de abril de 2009 p or la que se le impone la sanción 
disciplinaria c onsistente en el descenso de grado.
Resultado:Se ar chiva el asunto F-18/10, Capidis/Comisión, haciéndolo constar e n el registro del 
Tribunal. Las partes se repartirán las costas con arr eglo a l o acordad o entre ellas.
Sumario
Funcionarios — Recursos — Solución amistosa de l litigio ante el Tribunal de l a Función Pública — 
Archivo
(Reglamento de P rocedimiento del Tribunal de l a Función Pública, art. 69)
AUTO DEL PRESIDENTE DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

de 18 de diciembre de 2008

Asunto F‑14/08

X

contra

Parlamento Europeo

«Archivo — Desistimiento — Costas — Admisibilidad»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA mediante el que X solicita, por una parte, que se anule el dictamen de la comisión de invalidez que se refiere a ella, emitido el 22 de junio de 2007, y la decisión del director de personal del Parlamento, de 27 de junio de 2007, conforme a la cual la demandante no sufre una invalidez permanente total que le impida ejercer sus funciones, y por otra parte, que se devuelvan los autos a la comisión de invalidez para que ésta se pronuncie de nuevo sobre su caso.

Resultado: Se archiva el asunto F‑14/08, X/Parlamento. El Parlamento cargará con sus propias costas y con tres cuartas partes de las costas de la demandante. La demandante cargará con una cuarta parte de sus costas.

Sumario

1. Procedimiento — Costas — Desistimiento justificado por la actitud de la otra parte

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 89, ap. 5)

2. Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Decisión mediante la que se declara la capacidad laboral del funcionario y se le ordena reintegrarse a su puesto de trabajo — Admisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 59, ap. 4, 90 y 91)

1. Como establece el artículo 89, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, la parte que desista será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte en sus observaciones sobre el desistimiento. No obstante, a petición de la parte que desista, la otra parte soportará las costas si la actitud de esta última lo justificase. En el caso de un recurso interpuesto por un funcionario contra una decisión que no le reconoce el estado de invalidez, procede considerar que la institución que no ha respondido a una reclamación previa en el plazo de cuatro meses para adoptar una decisión tácita desestimatoria y ha adoptado una actitud ambigua respecto a la situación del interesado tras la interposición del recurso ha contribuido, por su comportamiento a que el asunto sea sometido a un tribunal y puede ser condenada a pagar una parte de las costas del funcionario demandante.

(véanse los apartados 6 a 10)

2. Cuando una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, resultante de un dictamen de la comisión de invalidez, contiene, además de una estimación sobre la capacidad laboral de un funcionario, que no modifica por sí sola la situación jurídica precedente del interesado, una orden de reintegrarse al puesto de trabajo, ésta constituye un acto lesivo que el funcionario está legitimado para impugnar.

(véanse los apartados 14, 17 y 19)
ES
RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:F:2010 :108 1AUTO D EL PR ESIDENTE DE LA SA LA SEGUND A
DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚ BLICA
de 23 de septiembre de 2010
Asunto F-51/07 RENV
Philippe Bui Van
contra
Comisión Europea
«Solución a mistosa a i niciativa del Tribunal de la Función P ública — Archivo»
Objeto: Recurso en virtud de los artículos 236 CE y 152 EA, por el que el Sr. Bui Van solicita la 
anulación d e la decisión d el Director General del Centro Común de Investigación d e la 
Comisión, de 4 de octubre de 2006 , por la que se le reclasifica en el grado AS T 3, 
escalón 2, cuando inicialmente había sido clasificado en el grado AS T 4, escalón 2, y d e 
la decisión d e la Au toridad f acultada p ara p roceder a l os no mbramientos, de 5 de marzo 
de 2007 , por la que se desestima su reclamación, así como la concesión d e un euro 
simbólico como reparación p or el daño m oral supuestamente sufrido.
Resultado:Se archiva el asunto F-51/07 RENV, Bui Van/Comisión, haciéndolo constar en el Registro 
del Tribunal de la Función P ública. Se hace constar q ue la Comisión a cepta que el 
demandante conserve e l importe de 1.500 euros, recibido en cumplimiento de la 
sentencia d el Tribunal de la Función P ública de 11 de septiembre de 2008 , Bui 
Van/Comisión, F-51/07. Se hace constar q ue el demandante acepta que, para d evolver 
una parte del importe recibido en concepto de gastos de ejecución d e la sentencia de 
11 de septiembre de 2008 , la Comisión r ecupere el importe de 1.500 euros me diante 
retenciones me nsuales de 500 euros en su remuneración d urante tres me ses a p artir de 
octubre de 2010 . Cada p arte cargará c on s us propias costas correspondientes al presente 
procedimiento y a l procedimiento ante el Tribunal de la Función P ública de la Unión 
Europea.
Sumario
Funcionarios — Recursos — Solución amistosa de l litigio ante el Tribunal de l a Función Pública — 
Archivo
(Reglamento de P rocedimiento del Tribunal de l a Función Pública, art. 69)
En caso de anulación por el juez de un acto de una institución o una agencia, corresponde a ésta, en virtud del artículo 266 TFUE, adoptar las medidas oportunas que implique la ejecución de la sentencia. Para adecuarse a la sentencia de anulación y darle plena ejecución, la institución de la que emane el acto anulado está obligada a respetar no sólo el fallo de la sentencia, sino también los motivos que han conducido a aquél y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo. Son dichos motivos, en efecto, los que, por una parte, identifican la disposición que se considera ilegal y, por otra parte, revelan las causas de la ilegalidad que se declara en el fallo y que la institución afectada debe tomar en consideración al sustituir el acto anulado. En cuanto a los efectos de la anulación de un acto declarada por el juez, ésta opera ex tunc y tiene pues como efecto eliminar retroactivamente el acto anulado del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la institución demandada está obligada, en virtud del artículo 266 TFUE, a adoptar las medidas necesarias para suprimir los efectos de las ilegalidades declaradas, lo que, en el supuesto de un acto que haya sido ya ejecutado, implica volver a situar al demandante en la situación jurídica en la que se encontraba con anterioridad a dicho acto.

La pérdida de una oportunidad constituye un perjuicio indemnizable, siempre que tenga fundamento suficiente. Para determinar la cuantía de la indemnización que ha de abonarse por la pérdida de una oportunidad, debe determinarse, una vez identificada la naturaleza de la oportunidad de que se ha privado al funcionario, la fecha a partir de la cual éste se habría podido beneficiar de tal oportunidad, para cuantificar posteriormente la oportunidad y precisar, por último, qué consecuencias económicas ha tenido para el funcionario dicha pérdida de oportunidad. Además, siempre que ello sea posible, la oportunidad de que se haya privado a un funcionario debe determinarse objetivamente, mediante un coeficiente matemático resultante de un análisis preciso. No obstante, cuando tal oportunidad no pueda cuantificarse de esta manera, se admite que el perjuicio sufrido pueda fijarse ex æquo et bono.

(véanse los apartados 68 y 79)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 10 de noviembre de 2010, OAMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461, apartado 104

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 13 de marzo de 2013, AK/Comisión, F‑91/10, EU:F:2013:34, apartados 69, 91 y 92 y jurisprudencia citada
Del artículo 52, párrafo segundo, del Estatuto se desprende claramente que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede autorizar la permanencia en activo después de la edad de jubilación de oficio a los funcionarios que la soliciten, si considera que el interés del servicio lo justifica.

Por tanto, sin que siquiera sea necesario referirse a los objetivos de dicha disposición, la interpretación literal del artículo 52, párrafo segundo, del Estatuto se opone al argumento de que la autorización para permanecer en activo hasta los 67 años de edad debe concederse a cualquier funcionario que la solicite, siempre que ello no sea contrario al interés del servicio.

Por otra parte, es cierto que, según el artículo 52, párrafo segundo, del Estatuto, la permanencia en activo entre las edades de 67 años y 70 años puede decidirse «con carácter excepcional», mientras que tal indicación no existe para la permanencia en activo hasta la edad de 67 años. Sin embargo, la introducción de esta restricción para autorizar la permanencia en activo después de los 67 años de edad no justifica la interpretación de que, para permanecer en activo hasta los 67 años de edad, la administración no debe demostrar la existencia efectiva de un interés del servicio. En efecto, dicha expresión simplemente indica que, para respetar el carácter excepcional de tal excepción, debe limitarse el número de funcionarios autorizados a permanecer en activo después de los 67 años de edad, pero no afecta al contenido del examen del interés del servicio, que debe llevar a cabo, en todo caso, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

(véanse los apartados 33 a 35)

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 7 de octubre de 2009, Pappas/Comisión,F‑101/08, EU:F:2009:137, apartados 62 a 64
La decisión de no renovar un contrato de duración determinada es un acto lesivo, a efectos del artículo 25 del Estatuto, siempre que sea distinta del contrato en cuestión, lo que sucederá, en particular, si se basa en elementos nuevos o si constituye una toma de posición de la administración producida a raíz de una petición del agente interesado relativa a una posibilidad de renovar el contrato que se inscriba en el propio contrato.

El respeto del derecho de defensa y, en particular, del de ser oído sobre elementos susceptibles de ser utilizados contra el funcionario para fundamentar una decisión que le sea lesiva, constituye una forma sustancial cuya violación puede ser examinada de oficio.

A este respecto, la decisión de no renovar el contrato del agente contractual afecta desfavorablemente a la situación del agente de que se trata, ya que tiene como resultado privarlo de la posibilidad de proseguir su relación de trabajo. Ahora bien, el derecho de defensa, tal como lo consagra actualmente el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es de aplicación general, comprende, pese a ser más amplio, el derecho procedimental establecido en el apartado 2, letra a), de dicho artículo, según el cual toda persona tiene derecho a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente.

Por otra parte, en lo que atañe en concreto a las condiciones que permiten limitar un derecho fundamental, basta considerar que, si el interesado hubiera sido debidamente oído, la autoridad facultada para celebrar los contratos habría podido obtener más información para examinar si la decisión de no renovar el contrato podía estar vinculada o no con la situación del interesado en su lugar de trabajo y para entender mejor las condiciones en las que éste ejercía su trabajo. No cabe excluir, por tanto, que la conclusión de dicha autoridad de no renovar el contrato del interesado hubiese podido ser diferente si se hubiera dado a este último la posibilidad de dar a conocer adecuadamente su punto de vista.

(véanse los apartados 35, 37 y 40)

Tribunal de Justicia: sentencias de 21 de diciembre de 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, apartado 65; de 22 de noviembre de 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, apartados 81 a 83, y de 18 de julio de 2013, Comisión/Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P y C-595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 98 y 99

Tribunal General: sentencia de 11 de septiembre de 2013, L/Parlamento, T-317/10 P, EU:T:2013:413, apartado 81

Tribunal de la Función Pública: sentencias de 11 de septiembre de 2008, Bui Van/Comisión, F-51/07, EU:F:2008:112, apartado 77, y de 17 de septiembre de 2014, Wahlström/Frontex, F-117/13, EU:F:2014:215, apartado 27
Por otra parte, el artículo 45 del Estatuto no exige que la fecha en la que debe cumplirse el requisito de antigüedad coincida necesariamente con el fin del período de evaluación que abarca el informe de evaluación anual.

Del artículo 45 del Estatuto resulta con claridad que sólo optan a la promoción los funcionarios con una antigüedad mínima en su grado de dos años. Esta disposición no establece, como requisito adicional, que los dos años de antigüedad exigidos deban coincidir también exactamente con el período de dos años que abarcan dos informes de evaluación anuales, informes a los que, en principio, se somete todo funcionario durante el período correspondiente al año natural.

Por lo que respecta a las responsabilidades del interesado en sus distintas funciones, no ha demostrado que la consideración de la administración de que esas responsabilidades están a la altura de las que suele ejercer un funcionario del mismo grado y, por tanto, no pueden apreciarse como particularmente meritorias para una promoción esté viciada por un error manifiesto de apreciación.

En este sentido, la administración, basándose en los informes de evaluación de los funcionarios promovidos y estimando que los méritos de esos funcionarios fuesen mayores que los del interesado, no incurrió en un error manifiesto de apreciación, es decir, un error fácilmente perceptible y que puede detectarse de manera evidente.

El hecho de que un funcionario posea méritos evidentes y reconocidos no excluye, en el ámbito del examen comparativo de los méritos de los candidatos a la promoción, que otros funcionarios reúnan mayores méritos.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de promoción respecto a los candidatos no promocionados. En cambio, está obligada a motivar la decisión por la que desestima una reclamación presentada, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, por un candidato no promocionado, debiendo suponerse que la motivación de esta decisión de desestimación coincide con la motivación de la decisión contra la que se dirigía la reclamación.

Dado que las promociones se efectúan «mediante libre designación», según el tenor del artículo 45 del Estatuto, la motivación sólo puede referirse a la existencia de los requisitos legales a los que el Estatuto supedita la regularidad de la promoción. En particular, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a revelar al candidato rechazado la evaluación comparativa que ha llevado a cabo de éste y de los candidatos seleccionados para la promoción.

(véanse los apartados 50 y 51)

Tribunal de Primera Instancia: sentencia Contargyris/Consejo, T-6/96, EU:T:1997:76, apartados 147 y 148

Tribunal de la Función Pública: sentencia Merhzaoui/Consejo, F-18/09, EU:F:2011:180, apartado 71, y la jurisprudencia citada