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42.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de acciones de restitución tiene por objeto ante todo sobre acciones que el consumidor dirige contra el profesional. Ello puede explicarse por el tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, que impone a los Estados miembros la obligación de garantizar que las cláusulas abusivas «no [vinculen] al consumidor», pero no que tampoco vinculen al profesional. El Tribunal de Justicia subraya que la declaración del carácter abusivo de una cláusula de un contrato debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula (artículo 6, apartado 1, de la Directiva). ( 8 ) Se trata aquí no tanto de conseguir la equivalencia de las prestaciones del consumidor y del profesional, sino de garantizar que la declaración del carácter abusivo de la cláusula de un contrato no tenga solamente una significación simbólica y que el consumidor no siga soportando los efectos resultantes de haberse incluido en el contrato una cláusula que configura los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de los intereses del consumidor. El Tribunal de Justicia añade, además, que la ausencia del efecto restitutorio podría poner en cuestión el efecto disuasorio mediante el cual la Directiva 93/13 pretende garantizar que los profesionales no utilicen cláusulas contractuales abusivas (artículo 6, apartado 1, de la Directiva, en relación con el artículo 7, apartado 1, de esta). ( 9 )
42.

Por su parte la Comisión sostiene que solo puede establecerse una analogía con la situación de los funcionarios si el agente no firma un nuevo contrato que entraña el inicio de una nueva relación laboral. Añade que el recurrente no puede invocar válidamente la sentencia Torné toda vez que esa resolución no versaba sobre la interpretación de las disposiciones del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA, sino sobre las condiciones de aplicabilidad de las disposiciones de los artículos 21 y 22 del anexo XIII del Estatuto a un funcionario que únicamente permanecía en servicio sobre la base de su acto de nombramiento inicial. A este respecto, la citada institución destaca que la situación de un funcionario no es comparable a la de un agente contractual por cuanto este permanece en funciones en tanto el contrato produzca sus efectos. Señala que el Tribunal General llevó a cabo un análisis fáctico detallado del que dedujo que no había continuidad entre el contrato de 2008 y el contrato de 16 de mayo de 2008.
3.

No obstante, el Protocolo n.o 21 del TUE y del TFUE, ( 4 ) adoptado con motivo del Tratado de Lisboa de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, dispone que Irlanda no estará vinculada por las medidas de la Unión relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia a menos que expresamente se adhiera (opt-in) a la medida de que se trate. Irlanda no se adhirió a las disposiciones pertinentes de los dos Acuerdos citados. Por lo tanto, será preciso dilucidar si, a consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión, para que le sean aplicables las disposiciones relativas a la orden de detención europea, Irlanda debió haberse adherido a ellas. A su vez, esto depende de la aplicabilidad del Protocolo n.o 21 a estas disposiciones.
123.

En cuanto al principio de efectividad, ya he señalado anteriormente que no implica más exigencias que las que se derivan de los derechos fundamentales garantizados por la Carta, en particular del derecho a la tutela judicial efectiva. ( 66 )
62.

El segundo indicio del carácter no exhaustivo del propio texto para entender su significado es la traducción al inglés de la palabra «visées» utilizada en la versión francesa de las sentencias del Tribunal de Justicia. Baste mencionar la traducción de la sentencia de reexamen, donde se demuestra la dificultad de mantenerse fiel tanto al tenor como al intérprete. El apartado 33 del texto en inglés de la sentencia utiliza la expresión «any person referred to in these Regulations». ( 11 ) En los apartados 34 y 42, la versión inglesa habla de «persons covered by», ( 12 ) y en el apartado 50 utiliza la expresión «persons mentioned in the Staff Regulations». ( 13 ) En la versión en francés, los apartados citados solo utilizaban el término «visées».
16.

Este Decreto fue derogado por el Decreto n.o 8121h-592 de 25 de mayo de 2015 (DV n.o 40 de 2 de junio de 2015) y, posteriormente, por el Decreto n.o 8121h-776, de 29 de julio de 2016 (DV n.o 60 de 2 de agosto de 2016), que ya no recoge el mecanismo de valoración de las horas de trabajo nocturno previsto en el artículo 31, apartado 2, del Decreto de 2014.
12.

El 14 de marzo de 2017, la Representación permanente de la República Federal de Alemania ante la Unión Europea formuló la siguiente declaración, en relación con las OEI emitidas por autoridades administrativas alemanas: «De conformidad con el artículo 2, letra c), de la Directiva [2014/41], las solicitudes procedentes de las autoridades administrativas alemanas tienen que ser validadas, con carácter general, por la fiscalía ante el Tribunal Regional de la circunscripción en la que esté ubicada dicha autoridad administrativa. No obstante, los Estados federados son libres de atribuir la competencia para su validación a un tribunal o de regular de otro modo a nivel local la competencia para la validación por parte de la fiscalía. Las solicitudes procedentes de las autoridades tributarias alemanas que están facultadas para llevar a cabo una investigación en procesos penales de forma independiente en virtud del artículo 386, apartado 2, del Código tributario no precisan de validación por una autoridad judicial o un tribunal. En ese caso, las autoridades fiscales ejercitarán los derechos y las responsabilidades del Ministerio Fiscal en virtud del artículo 399, apartado 1, del Código tributario […] y actuarán como autoridad judicial, en el sentido del artículo 2, letra c), de la Directiva [2014/41]».
94.

En segundo lugar, en cuanto a la crítica de la Comisión según la cual el Tribunal General se pronunció ultra petita puesto que realizó una interpretación del artículo 2, apartado 7, letra c), tercer guion, del Reglamento de base que no había sido invocada en primera instancia por Xinyi, considero que no se debe estimar. En efecto, según la jurisprudencia, aunque solo deba pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, a las cuales corresponde delimitar el marco del litigio, el juez no puede atenerse únicamente a las alegaciones formuladas por estas en apoyo de sus pretensiones, so pena de verse obligado, en su caso, a fundar su decisión en consideraciones jurídicas erróneas. ( 36 ) La facultad de interpretar la disposición que procede aplicar al caso de autos es inherente a la función jurisdiccional y no puede constituir un pronunciamiento ultra petita.
24.

El tribunal remitente estima que el requisito relativo a la manguera de llenado no vulnera el Derecho de la Unión y, por lo tanto, no ha solicitado aclaraciones sobre dicho requisito. No obstante, no estoy convencido de que esa tesis sea correcta, de modo que, a efectos de ofrecer al tribunal remitente respuestas que resulten útiles para la resolución del procedimiento principal, ofreceré al Tribunal de Justicia mi consejo sobre cómo orientar al tribunal remitente en su petición.
14.

La legge regionale n. 14, norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo (Ley Regional n.o 14, por la que se establecen las normas relativas a la ayuda a la compra de carburante con fines de transporte para particulares residentes en la Región y al fomento de la movilidad ecológica individual y de su desarrollo), ( 4 ) de 11 de agosto de 2010, en su versión modificada (en lo sucesivo, «Ley Regional n.o 14/2010»), establece en su artículo 1, cuyo epígrafe es «Objetivos», lo siguiente: «1. Con el fin de hacer frente a la grave crisis económica, la Región de Friul-Venecia Julia establece mediante la presente Ley medidas excepcionales adicionales dirigidas a fomentar la movilidad en carretera y reducir la contaminación medioambiental. En particular: a) establece medidas de ayuda a la compra de carburantes para la movilidad en carretera de los particulares; b) establece medidas de fomento de la utilización de motores que prescindan total o parcialmente de carburantes combustibles para la movilidad en carretera; c) apoya la investigación y el desarrollo de tecnologías dirigidas a la fabricación de motores que prescindan total o parcialmente de carburantes combustibles; d) fomenta la ampliación de la red de distribución de carburantes de escaso impacto medioambiental.»
23.

El demandante interpuso un recurso contra dicha resolución ante el Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Voivodato, con sede en Breslavia, Polonia). Considera que el canon de transformación no está sujeto al IVA. Afirma que, en virtud del usufructo perpetuo, el usufructuario perpetuo ya había adquirido una condición similar a la de propietario y, por lo tanto, el poder de disponer económicamente del bien. Entiende que, si el usufructo perpetuo se consolida ahora como propiedad, el mismo bien no puede ser objeto de otra entrega. Aduce que, además, actuó en el contexto de una actividad soberana, no sujeta al impuesto.
17.

Como la independencia del Ministerio Fiscal belga no ha sido objeto de debate en este caso, no se ha aportado la información imprescindible para apreciar si, conforme a su estatuto constitucional y a su estructura orgánica y funcional, los miembros de esta institución ofrecen el perfil exigido por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 27 de mayo de 2019, PF (Fiscal General de Lituania). ( 11 ) No puedo, pues, pronunciarme a este respecto.
34.

Esta conclusión (varias entregas tienen también como consecuencia lógica varias transmisiones del poder de disposición) tampoco cambia si el Derecho civil nacional permite una adquisición directa de la propiedad del primer operador (A) al último de una cadena de entregas (en este caso: Herst). Precisamente el artículo 14, apartado 1, de la Directiva del IVA no se refiere, al menos en algunas versiones lingüísticas, ( 16 ) a que alguien haya adquirido el derecho de propiedad, sino al hecho de que se haya producido «la transmisión del poder de disposición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario». Disponer sobre algo «con las facultades atribuidas a su propietario» no es necesariamente lo mismo que adquirir la propiedad. Por un lado, uno no dispondría de un bien «con las facultades atribuidas a» sino «como propietario». Por otra parte, en caso contrario el concepto de entrega en la normativa del IVA dependería de la correspondiente noción nacional de propiedad, cuando precisamente el concepto de «entrega de bienes» no se refiere a la transmisión de la propiedad en las formas establecidas por el Derecho nacional aplicable. ( 17 )
34.

Algunas versiones lingüísticas del artículo 30, apartado 1, de la Directiva sobre residuos parecen ciertamente relacionar el plazo de seis años solo con la evaluación, sin que la revisión esté necesariamente sujeta a dicho plazo. Así se desprende desde el punto de vista gramatical del orden de los términos por ejemplo en francés («que les programmes de prévention des déchets soient évalués au moins tous les six ans et révisés, s’il y a lieu»), en inglés («the waste management plans and waste prevention programmes are evaluated at least every sixth year and revised as appropriate»), en italiano («i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati») y en español («los planes de gestión de residuos y los programas de prevención de residuos se evalúen, como mínimo, cada seis años y se revisen en la forma apropiada»).
97.

La pregunta séptima tiene una sub-pregunta en la que el tribunal de reenvío alude al artículo 21 de la Carta, inquiriendo si el principio de no discriminación se opone a que las facultades de un tribunal diverjan en función de si las personas objeto del proceso están mentalmente sanas o no. Como, a mi juicio, las situaciones de esas personas aquejadas de una enajenación mental no son comparables con las de quienes están en pleno uso de sus facultades, no cabe hablar de discriminación por la circunstancia de que, para las primeras, se prevean normas procesales específicas. Eso no obsta a que las garantías que, según las Directivas ya citadas han de respetarse, se hayan de aplicar a unas personas y a otras, como ya he explicado.
54.

En virtud de todas las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) del siguiente modo: «1) El artículo 3, apartados 2 a 5, del Reglamento (CE) n.o 1484/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de derechos adicionales de importación y se fijan los derechos adicionales de importación en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina y se deroga el Reglamento n.o 163/67/CEE, es nulo a la luz del artículo 141, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), y del artículo 5, apartado 1, letra b), del Acuerdo sobre la Agricultura, incluido en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. 2) Cuando las autoridades aduaneras alberguen dudas sobre la exactitud del precio CIF de importación declarado por el importador, deberán determinar el criterio para el cálculo del importe de los derechos adicionales de importación mencionados en el artículo 141 del Reglamento n.o 1234/2007, con arreglo a los artículos 29 a 31 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario.»
60.

En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo al College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Tribunal de Apelación en materia económica, Países Bajos): «1) La modificación del período de validez de un permiso de comercio paralelo concedido sobre la base del artículo 52 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, no constituye una consecuencia automática de una decisión de nuevo registro del producto de referencia. Por el contrario, dicha prórroga deberá ser objeto de una decisión adoptada por la autoridad competente mediante un procedimiento en el que verifique que el producto para el que se concedió un permiso de comercio paralelo sigue siendo idéntico al producto de referencia, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 3, del Reglamento n.o 1107/2009. Esta decisión podrá adoptarse a iniciativa de la autoridad competente o a petición del titular del permiso de comercio paralelo. 2) Si el producto de referencia —esto es, el producto en su totalidad— es fabricado por una empresa usando el mismo proceso de fabricación que el producto fitosanitario importado, con el consentimiento del fabricante de ese producto como parte de una relación empresarial estable, debe considerarse que ambos productos tienen el mismo origen en el sentido del artículo 52, apartado 3, letra a), del Reglamento n.o 1107/2009. De este modo, la mera modificación del lugar de fabricación del producto de referencia o una modificación en el nombre del producto o una ligera modificación en su composición, sin consecuencias apreciables con respecto a sus efectos, es irrelevante si el producto en su totalidad se sigue fabricando con el consentimiento del fabricante del producto fitosanitario importado. 3) Corresponde al solicitante de un permiso de comercio paralelo proporcionar los datos a que se refiere al artículo 52, apartado 4, del Reglamento n.o 1107/2009 a fin de demostrar que el producto fitosanitario cumple los requisitos del artículo 52, apartado 3, del Reglamento n.o 1107/2009, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que la autoridad competente recabe del Estado miembro de origen la información necesaria para evaluar si los productos en cuestión son idénticos y comprobar si se cumplen esos requisitos. En cambio, en caso de reclamación o recurso contra la decisión de expedir un permiso de comercio paralelo, corresponde al titular de la autorización del producto de referencia demostrar que los motivos son fundados, de conformidad con el principio de autonomía procedimental.»
9.

Los apartados 18 a 21 de la sentencia recurrida establecen lo siguiente: «18. La Comisión recordó de forma preliminar que, en virtud de las Directrices para el cálculo de las multas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «las Directrices de 2006»), el importe de base de la multa debe determinarse teniendo en cuenta el contexto en el que se cometió la infracción y, en particular, la gravedad y la duración de la infracción y que el papel desempeñado por cada uno de los participantes debe ser objeto de una evaluación individual que refleje también eventuales circunstancias agravantes o atenuantes (considerando 284 de la Decisión [controvertida]). 19. La Comisión observó que las Directrices de 2006 proporcionaban pocas orientaciones acerca del método de cálculo de la multa que ha de imponerse a los facilitadores. Dado que [NEX] era un operador activo en los mercados de servicio de corretaje, y no en el de derivados sobre tipos de interés, la Comisión estimó que no podía sustituir los precios de los derivados sobre tipos de interés en yenes japoneses por los gastos de corretaje para determinar el volumen de negocios y fijar el importe de la multa, ya que esa sustitución no reflejaría ni la gravedad ni la naturaleza de la infracción. De ello dedujo, en esencia, que era preciso aplicar el apartado 37 de las Directrices de 2006, que permite apartarse de dichas Directrices por lo que respecta a la determinación del importe de base de la multa (considerando 287 de la Decisión [controvertida]). 20. Habida cuenta la gravedad de los comportamientos en cuestión y de la duración de la participación de [NEX] en cada una de las seis infracciones de que se trata, la Comisión fijó para cada una de ellas un importe de base de la multa, a saber, 1040000 euros por la infracción de UBS/RBS de 2007, 1950000 euros por la infracción de UBS/RBS de 2008, 8170000 euros por la infracción de UBS/DB, 1930000 euros por la infracción de Citi/RBS, 1150000 euros por la infracción de Citi/DB y 720000 euros por la infracción de Citi/UBS (considerando 296 de la Decisión [controvertida]). 21. Por lo que respecta a la fijación del importe definitivo de la multa, la Comisión no ha considerado que existiese ninguna circunstancia agravante o atenuante y ha tomado nota del hecho de que no se había superado el límite máximo del 10 % del volumen de negocios anual (considerando 299 de la Decisión [controvertida]). Por tanto, el artículo 2 de la parte dispositiva de la Decisión [controvertida] impone a las demandantes multas cuyo importe definitivo es equivalente al de su importe de base.»
33.

No obstante, el hecho de que las dos operaciones de venta no se puedan considerar como una sola no significa que su tratamiento a efectos del IVA no pueda acabar siendo el mismo si se aplican sucesivamente los mismos criterios. Después de todo, el contenido de ambas operaciones y las circunstancias en que se llevaron a cabo son muy similares. Sin embargo, es el órgano jurisdiccional remitente quien ha de determinar si esto es o no así y, en particular, si las tres operaciones celebradas entre KPC y la Asociación de Viviendas Sociales de Kristiansdal el 5 de diciembre de 2013 ( 6 ) deben considerarse una sola a efectos del IVA. ( 7 )
7.

El artículo 3 de la Directiva se refiere a los derechos de los consumidores en relación con los contratos de venta y garantías de los bienes de consumo. Dispone lo siguiente: «1. El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. 2. En caso de falta de conformidad, el consumidor podrá exigir que los bienes sean puestos en conformidad mediante la reparación o la sustitución del bien sin cargo alguno, de conformidad con el apartado 3, o una reducción adecuada del precio o la resolución del contrato respecto de dicho bien, de conformidad con los apartados 5 y 6. 3. En primer lugar, el consumidor podrá exigir al vendedor que repare el bien o que lo sustituya, en ambos casos sin cargo alguno, salvo que ello resulte imposible o desproporcionado. Se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta: – el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, – la relevancia de la falta de conformidad, y – si la forma de saneamiento alternativa pudiese realizarse sin inconvenientes mayores para el consumidor. Toda reparación o sustitución deberá llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza de los bienes y de la finalidad que tuvieran los bienes para el consumidor. 4. La expresión “sin cargo alguno” utilizada en los apartados 2 y 3 se refiere a los gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad de los bienes con el contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los materiales. 5. El consumidor tendrá derecho a una reducción adecuada del precio o a la resolución del contrato: – si no puede exigir ni la reparación ni la sustitución, o – si el vendedor no hubiera llevado a cabo el saneamiento en un plazo razonable, o – si el vendedor no hubiera llevado a cabo el saneamiento sin mayores inconvenientes para el consumidor. 6. El consumidor no tendrá derecho a resolver el contrato si la falta de conformidad es de escasa importancia.»