CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentadas el 27 de febrero de 2020 ( 1 )

Asunto C‑778/18

Association française des usagers de banques

contra

Ministre de l’Économie et des Finances

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia)]

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial — Cuenta de pago o de ahorro — Obligación de que el prestatario domicilie sus ingresos en una cuenta de pago durante un período establecido por el contrato de préstamo — Ventaja individualizada — Directiva 2007/64/CE — Artículo 45, apartado 2 — Directiva (UE) 2015/2366 — Artículo 55, apartado 2 — Directiva 2014/17/UE — Artículo 4, puntos 26 y 27 — Prácticas de venta vinculada — Prácticas de venta combinada — Artículo 12, apartado 1 — Artículo 12, apartado 2, letra a) — Artículo 12, apartado 3 — Directiva 2014/92/UE»

I. Introducción

1. La petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, Francia) versa sobre la interpretación del artículo 12, apartados 2, letra a), y 3, de la Directiva 2014/17/UE, ( 2 ) del artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64/CE, ( 3 ) del artículo 55, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366, ( 4 ) y del artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/92/UE. ( 5 ) Estas disposiciones tienen fundamentalmente por objeto facilitar la movilidad bancaria.

2. Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la Association française des usagers de banques (Asociación francesa de usuarios de bancos; en lo sucesivo, «AFUB») y el ministre de l’Économie et des Finances (Ministro de Economía y Hacienda), en el que la AFUB impugna una normativa nacional que faculta al prestamista para supeditar una oferta de préstamo hipotecario a que el prestatario domicilie, durante diez años o, si la duración del contrato de préstamo es inferior, por esta duración, todas sus retribuciones salariales o ingresos asimilados en una cuenta de pago en la entidad del prestamista, siempre que este otorgue al prestatario una ventaja individualizada como contrapartida de esa domiciliación.

3. La AFUB considera que dicha normativa va en contra del objetivo de facilitar la movilidad bancaria que persiguen las Directivas antes citadas. En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la compatibilidad de esa normativa con las disposiciones del Derecho de la Unión que se exponen a continuación.

4. En las presentes conclusiones explicaré las razones por las que considero que, aun suponiendo que una normativa como aquella de que se trata en el litigio principal permita las prácticas de venta vinculada en el sentido de la Directiva 2014/17, extremo que corresponde verificar en el litigio principal al órgano jurisdiccional remitente, dicha Directiva no autoriza tales prácticas, ni en virtud de su artículo 12, apartado 2, letra a), ni en virtud de su artículo 12, apartado 3. En cambio, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente estima que la normativa en cuestión en el litigio principal se refiere a prácticas de venta combinada en el sentido de la Directiva 2014/17, el artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64, el artículo 55, apartado 2, de la Directiva 2015/2366, y el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/92 no se oponen a tal normativa.

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

1. Directiva 2007/64

5. El artículo 45 de la Directiva 2007/64, titulado «Rescisión», prevé en su apartado 2: «La rescisión de un contrato marco que se haya celebrado por un período superior a 12 meses o indefinido será gratuita para el usuario de servicios de pago si se efectúa una vez transcurridos 12 meses. En todos los demás casos, los gastos derivados de la rescisión serán apropiados y estarán en consonancia con los costes.»

2. Directiva 2015/2366

6. La Directiva 2007/64 fue derogada con efectos a partir del 13 de enero de 2018 por la Directiva 2015/2366, cuyo artículo 55 contiene, en su apartado 2, una disposición sustancialmente idéntica a la del artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64, si bien el período contemplado se ha reducido de doce a seis meses.

3. Directiva 2014/17

7. Los considerandos 24 y 25 de la Directiva 2014/17 tienen el siguiente tenor: «(24) Dadas las peculiares características de los contratos de crédito relacionados con los inmuebles de uso residencial, es práctica habitual que los prestamistas ofrezcan a los consumidores un conjunto de productos o servicios que pueden adquirirse conjuntamente con el contrato de crédito. Por consiguiente, habida cuenta de la importancia de tales contratos, conviene establecer normas específicas sobre las prácticas de ventas vinculadas. Combinar en paquetes un contrato de crédito con uno o más servicios o productos financieros constituye para los prestamistas un medio de diversificar su oferta y competir así entre ellos, a condición de que también puedan comprarse separadamente los componentes del paquete. Aunque la combinación en paquetes de un contrato de crédito con uno o más servicios o productos financieros puede beneficiar a los consumidores, sin embargo puede ir en detrimento de su movilidad y de su capacidad para elegir con conocimiento de causa, salvo si los componentes del paquete pueden comprarse separadamente. Es importante evitar las prácticas que puedan inducir a los consumidores a suscribir un contrato de crédito que no redunde en su mejor interés, sin restringir no obstante la venta agrupada, que puede beneficiar a los consumidores. Los Estados miembros deben seguir supervisando estrechamente sin embargo los mercados financieros minoristas, a fin de garantizar que las prácticas de venta agrupada no distorsionen la elección del consumidor ni la competencia en el mercado. (25) Como norma general, no deben permitirse las prácticas de venta vinculada a no ser que el servicio o producto financiero ofrecido junto con el contrato de crédito no pueda ofrecerse por separado al constituir una parte del crédito plenamente integrada en el mismo, como por ejemplo en el caso de los descubiertos garantizados. En otros casos, cabe justificar, no obstante, que los prestamistas ofrezcan o vendan un contrato de crédito en un paquete junto con una cuenta de pago, una cuenta de ahorro, un producto de inversión o un producto de pensiones, por ejemplo en caso de que el capital de la cuenta se utilice para reembolsar el crédito o sea un requisito previo para agrupar recursos con objeto de obtener el crédito, o en aquellas situaciones en las que un producto de inversión o un producto de pensiones privado sirve de garantía adicional del crédito. […]»

8. El artículo 4 de esta Directiva dispone: «A los efectos de la presente Directiva se entenderá por: […] 26) “prácticas de venta vinculada”: toda oferta o venta de un paquete constituido por un contrato de crédito y otros productos o servicios financieros diferenciados, cuando el contrato de crédito no se ofrezca al consumidor por separado; 27) “prácticas de venta combinada”: toda oferta o venta de un paquete constituido por un contrato de crédito y otros productos o servicios financieros diferenciados, cuando el contrato de crédito se ofrezca también al consumidor por separado, aunque no necesariamente en los mismos términos y condiciones que combinado con otros servicios auxiliares; […]»

9. El artículo 12 de la misma Directiva establece: «1. Los Estados miembros autorizarán las prácticas de ventas combinadas, pero prohibirán las prácticas de ventas vinculadas. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán establecer que los prestamistas puedan pedir al consumidor, a un miembro de su familia o a un pariente próximo del mismo que: a) abra o mantenga una cuenta de pago o de ahorro, siempre que dicha cuenta tenga como única finalidad acumular capital para efectuar reembolsos del crédito, pagar intereses del mismo o agrupar recursos para obtener el crédito u ofrecer una seguridad adicional para el prestamista en caso de impago; […] 3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán también permitir prácticas de ventas vinculadas cuando el prestamista pueda demostrar a su autoridad competente que los productos vinculados o las categorías de productos ofrecidos, en condiciones similares entre sí, que no se presenten por separado acarrean un claro beneficio a los consumidores, teniendo debidamente en cuenta la disponibilidad y los precios de los productos pertinentes ofrecidos en el mercado. El presente apartado se aplicará únicamente a los productos que se comercialicen a partir del 20 de marzo de 2014. […]»

4. Directiva 2014/92

10. El considerando 12 de la Directiva 2014/92 está redactado en los siguientes términos: «[…] Todas las disposiciones de la presente Directiva deben referirse a las cuentas de pago mediante las cuales los consumidores pueden realizar las siguientes operaciones: depositar y retirar fondos en efectivo, ejecutar y recibir operaciones de pago a y de terceros, incluida la realización de transferencias. Como consecuencia, han de quedar excluidas las cuentas con funciones más limitadas. Por ejemplo, las cuentas como las cuentas de ahorro, las cuentas de tarjeta de crédito, en las que los fondos únicamente se abonan con el fin exclusivo de pagar el crédito de la tarjeta, hipotecas de cuenta corriente o cuentas de dinero electrónico deben quedar excluidas en principio del ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, en caso de que tales cuentas se utilicen para operaciones ordinarias y contengan todas las funciones arriba enumeradas, entrarán en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. […]»

11. El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», prevé en su apartado 6: «La presente Directiva se aplicará a las cuentas de pago que permitan a los consumidores realizar, como mínimo, las siguientes operaciones: a) depositar fondos en una cuenta de pago; b) retirar dinero en efectivo de una cuenta de pago; c) efectuar pagos a terceros y recibir pagos de terceros, incluidas las transferencias. […]»

12. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 de dicha Directiva, titulado «Comisiones conexas al servicio de traslado de cuenta»: «3. Los Estados miembros velarán por que las comisiones que, en su caso, aplique el proveedor de servicios de pago transmisor al consumidor por la cancelación de la cuenta de pago se determinen con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45, apartados 2, 4 y 6, de la [Directiva 2007/64 ( 6 )].»

B. Derecho francés

1. Ley sobre transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica

13. A tenor del punto II del artículo 67 de la loi n.o 2016‑1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Ley n.o 2016‑1691, de 9 de diciembre de 2016, sobre transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica): «En las condiciones previstas en el artículo 38 de la Constitución, el Gobierno está facultado para adoptar, mediante Decreto Legislativo, en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la presente Ley, cualquier medida perteneciente al ámbito de la Ley que permita establecer, con observancia de lo dispuesto en el artículo L. 312‑1-2 del code monétaire et financier [Código Monetario y Financiero], las condiciones en las que la suscripción por un consumidor de un contrato de crédito hipotecario y el nivel de su tipo de interés pueden vincularse a la apertura de una cuenta de depósito y a la domiciliación de sus ingresos, cualquiera que sea su naturaleza o su origen, durante la vigencia del crédito […]»

2. Código Monetario y Financiero

14. El artículo L. 312‑1-2 del Código Monetario y Financiero dispone: «I. l. Se prohíbe la venta u oferta de venta de productos o de prestaciones de servicios combinados, salvo si los productos o prestaciones de servicios incluidos en la oferta combinada pueden adquirirse de manera individual o si son indisociables. 2. Se prohíbe toda venta u oferta de venta de productos o de prestaciones de servicios efectuada al cliente y que dé derecho de forma gratuita, inmediatamente o en un plazo determinado, a una prima financiera o en especie de productos, bienes o servicios cuyo valor sea superior a un umbral fijado, en función del tipo de producto o de servicio ofrecido a la clientela, por un reglamento adoptado mediante orden del Ministro de Economía, previo dictamen del Comité consultivo establecido conforme al artículo L. 614‑1. Estas disposiciones se aplicarán igualmente a los servicios de pago mencionados en el punto II del artículo L. 314‑1.»

3. Código de Consumo

15. En virtud del artículo L. 313‑25 del code de la consommation (Código de Consumo), tal como fue modificado por el Decreto Legislativo n.o 2017‑1090, de 1 de junio de 2017, relativo a las ofertas de préstamos hipotecarios supeditadas a la domiciliación de las retribuciones salariales o ingresos asimilados del prestatario en una cuenta de pago, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal: «La oferta a que se refiere el artículo L. 313‑24: […] 10o Indicará si el préstamo está supeditado al requisito de domiciliación previsto en el artículo L. 313‑25‑1. Si así sucediera, deberá mencionarse su duración, en su caso, los costes de apertura y de gestión de la cuenta en la que se domiciliarán las retribuciones salariales o ingresos asimilados y la naturaleza de la ventaja individualizada que el prestamista otorgue como contrapartida. La oferta deberá permitir identificar claramente dicha ventaja mediante la mención de las condiciones, de tipo o de otra índole, en las que se establece, y que el prestamista aplicará si el prestatario incumple el requisito de domiciliación. […]»

16. El artículo L. 313‑25‑1 de este Código, añadido por el mencionado Decreto Legislativo n.o 2017‑1090, de 1 de junio de 2017, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, prevé: «El prestamista podrá supeditar la oferta de préstamo a que se refiere el artículo L. 313‑24 a que el prestatario domicilie sus retribuciones salariales o ingresos asimilados en la cuenta de pago mencionada en el artículo L. 314‑1 del Código Monetario y Financiero, siempre que el prestamista otorgue como contrapartida al prestatario una ventaja individualizada. El prestatario no podrá estar sujeto a esta condición por un período superior al máximo establecido mediante decreto del Consejo de Estado. Transcurrido el plazo previsto por el contrato de crédito, el prestatario se beneficiará de la ventaja individualizada hasta el fin de la vigencia del préstamo. Cuando, con anterioridad a la expiración de dicho plazo, el prestatario incumpla la condición de domiciliación antes citada, el prestamista podrá poner fin, respecto de los vencimientos pendientes, a la ventaja individualizada a que se refiere el párrafo primero, y aplicar las condiciones, de tipo o de otra índole, contempladas en el apartado 10 del artículo L. 313‑25. […]»

17. El artículo R. 313‑21‑1, que fue añadido al Código de Consumo por el décret n.o 2017‑1099, du 14 juin 2017, fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domiciliation de salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement (Decreto n.o 2017‑1099, de 14 de junio de 2017, por el que se fija el plazo durante el cual el prestamista puede obligar al prestatario a domiciliar sus retribuciones salariales o ingresos asimilados en una cuenta de pago), dispone: «La duración máxima de la domiciliación de las retribuciones salariales o ingresos asimilados a que hace referencia el artículo L. 313‑25‑1 será de diez años a partir de la fecha de celebración del contrato de crédito o, en su caso, de la fecha de modificación del contrato de crédito inicial. En cualquier caso, dicha duración no podrá rebasar el período de vigencia del contrato de crédito.»

III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales

18. Mediante la Ley n.o 2016‑1691, de 9 de diciembre de 2016, sobre transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica, el Parlamento francés facultó al Gobierno de ese Estado miembro para adoptar, mediante Decreto Legislativo, cualquier medida perteneciente al ámbito de la Ley que permita establecer, con observancia de lo dispuesto en el artículo L. 312‑1-2 del Código Monetario y Financiero, ( 7 ) las condiciones en las que la suscripción por un consumidor de un contrato de crédito hipotecario y el nivel de su tipo de interés pueden vincularse a la apertura de una cuenta de depósito y a la domiciliación de sus ingresos.

19. La adopción del Decreto Legislativo n.o 2017‑1090, de 1 de junio de 2017, relativo a las ofertas de préstamos hipotecarios supeditadas a la domiciliación de las retribuciones salariales o ingresos asimilados del prestatario en una cuenta de pago, trae causa de esa facultad.

20. Dicho Decreto Legislativo añadió un nuevo artículo L. 313‑25‑1 al Código de Consumo que establece, en esencia, que el prestamista podrá supeditar la oferta de préstamo a que el prestatario domicilie sus retribuciones salariales o ingresos asimilados en una cuenta de pago, siempre que el prestamista otorgue como contrapartida al prestatario una ventaja individualizada. Además, el prestatario no podrá estar sujeto a esta condición de domiciliación bancaria por un período superior al máximo establecido, al término del cual se beneficiará de la ventaja individualizada hasta el fin de la vigencia del préstamo.

21. En respuesta a una solicitud de aclaraciones formulada por el Tribunal de Justicia, ( 8 ) el órgano jurisdiccional remitente precisó que el concepto de «cuenta de pago» en el sentido del artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo no se limita a las cuentas de pago destinadas exclusivamente al reembolso de un crédito hipotecario, o más en general de un crédito inmobiliario, sino que incluye las cuentas utilizadas por los prestatarios para ejecutar operaciones de pago ordinarias, como pagos, transferencias y retiradas de fondos.

22. El Decreto n.o 2017‑1099 de 14 de junio de 2017, adoptado sobre la base del Decreto Legislativo mencionado en el punto 19 de las presentes conclusiones, añadió un nuevo artículo R-313‑21‑1 al Código de Consumo, aplicable a las ofertas de préstamo emitidas a partir del 1 de enero de 2018, el cual prevé que la duración de la condición de domiciliación bancaria no podrá ser superior a diez años o a la duración del préstamo si esta es inferior a diez años.

23. La AFUB solicita al Conseil d’État (Consejo de Estado) que anule dicho Decreto por extralimitación competencial.

24. A este respecto, la AFUB sostiene, por una parte, que el Decreto Legislativo n.o 2017‑1090, de 1 de junio de 2017, en aplicación del cual se adoptó el Decreto impugnado, va en contra del objetivo de facilitar la movilidad bancaria que persiguen las Directivas 2007/64, 2015/2366, 2014/92 y 2014/17. Arguye que dicho Decreto Legislativo autoriza a las entidades de crédito a vincular a la domiciliación bancaria unas ventajas cuya renuncia supondría para los prestatarios un coste prohibitivo que va en contra de la movilidad bancaria. Por otra parte, la AFUB alega que el Decreto impugnado pasa por alto este mismo objetivo en la medida en que fija en diez años el período máximo durante el cual las entidades de crédito pueden supeditar la concesión de dichas ventajas a la domiciliación de las retribuciones salariales o ingresos asimilados por parte de los prestatarios.

25. El Ministro de Economía y Hacienda considera que estos motivos no son fundados.

26. Al examinar la pretensión de anulación del Decreto, cuyo fundamento jurídico es el Decreto Legislativo n.o 2017‑1090, de 1 de junio de 2017, el Conseil d’État (Consejo de Estado) se interroga sobre la compatibilidad de las disposiciones contenidas en esos dos actos con las Directivas antes citadas. ( 9 )

27. Más concretamente, ese órgano jurisdiccional considera que la respuesta a los motivos formulados por la AFUB depende, en primer lugar, de si el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17, habida cuenta, en particular, de la finalidad que asigna a la cuenta de pago o de ahorro cuya apertura o mantenimiento autoriza, o el artículo 12, apartado 3, de esta misma Directiva, autorizan, por un lado, al prestamista a obligar al prestatario a domiciliar todas sus retribuciones salariales o ingresos asimilados en una cuenta de pago durante un período establecido por el contrato de préstamo a cambio de una ventaja individualizada, con independencia del importe, los plazos y la duración del préstamo, y, por otro lado, a que la duración establecida por contrato pueda ser de hasta diez años o cubrir toda la duración del contrato, si esta es inferior.

28. En segundo lugar, esta respuesta dependerá de si, por un lado, el artículo 45 de la Directiva 2007/64, aplicable en aquel momento y actualmente reproducido en el artículo 55 de la Directiva 2015/2366, y los artículos 9 a 14 de la Directiva 2014/92, relativos a la incentivación de la movilidad bancaria y a las comisiones por cancelación de una cuenta de pago, se oponen a que la cancelación de una cuenta abierta por el prestatario en la entidad del prestamista para domiciliar en ella sus ingresos a cambio de una ventaja individualizada en el marco de un contrato de crédito conlleve, en caso de que la cancelación se produzca antes de expirar el período establecido en dicho contrato, la pérdida de tal ventaja, incluso transcurrido más de un año desde la apertura de la cuenta y, por otro lado, si estas mismas disposiciones se oponen a que la duración de ese período pueda alcanzar los diez años o a que se prolongue durante toda la vigencia del contrato de crédito, si esta es inferior a diez años.

29. En estas circunstancias, mediante resolución de 5 de diciembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de diciembre de 2018, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Habida cuenta de la finalidad que asignan a la cuenta de pago o de ahorro cuya apertura o mantenimiento permiten, ¿autorizan el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva [2014/17], o el apartado 3 de ese mismo artículo. que, por un lado, el prestamista pueda obligar al prestatario a que, a cambio de una ventaja individualizada, domicilie todas sus retribuciones salariales o ingresos asimilados en una cuenta de pago durante un período establecido por el contrato de préstamo, con independencia del importe, de los plazos y de la duración del préstamo, y que, por otro lado, el período establecido pueda llegar a los diez años o cubrir toda la duración del contrato, si esta fuera inferior? 2) ¿Se oponen el artículo 45 de la Directiva [2007/64], aplicable en aquel momento y actualmente reproducido en el artículo 55 de la Directiva [2015/2366], y los artículos 9 a 14 de la Directiva [2014/92], relativos a la incentivación de la movilidad bancaria y a las comisiones por cancelación de una cuenta de pago, por un lado, a que la cancelación de una cuenta abierta por el prestatario en la entidad del prestamista para domiciliar en ella sus ingresos a cambio de una ventaja individualizada en el marco de un contrato de crédito conlleve, en caso de que la cancelación se produzca antes de expirar el período establecido en dicho contrato, la pérdida de tal ventaja, incluso transcurrido más de un año desde la apertura de la cuenta y, por otro lado, a que la duración de ese período pueda alcanzar los diez años o prolongarse durante toda la vigencia del contrato de crédito?»

30. Han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia el Gobierno francés, el Gobierno checo y la Comisión Europea. El Gobierno francés y la Comisión comparecieron en la vista oral celebrada el 18 de diciembre de 2019.

IV. Análisis

A. Sobre la interpretación del artículo 12, apartados 2, letra a), y 3, de la Directiva 2014/17 (primera cuestión prejudicial)

31. Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17, o el artículo 12, apartado 3, de esta misma Directiva, se oponen a una normativa nacional como aquella de que se trata en el litigio principal, que permite al prestamista obligar al prestatario a que, a cambio de una ventaja individualizada, domicilie todas sus retribuciones salariales o ingresos asimilados en una cuenta de pago durante un período establecido por el contrato de préstamo, con independencia del importe, de los plazos y de la duración del préstamo, y que permite que el período establecido pueda llegar a los diez años o cubrir toda la duración del contrato, si esta fuera inferior.

32. La Directiva 2014/17 establece un marco común en relación con ciertos aspectos de las disposiciones legales de los Estados miembros aplicables a aquellos contratos relativos a créditos al consumo que estén garantizados mediante hipoteca u otro tipo de garantía, en relación con bienes inmuebles de uso residencial, ( 10 ) y su objetivo consiste en garantizar que todos los consumidores que concluyan los contratos de crédito para bienes inmuebles disfruten de un elevado grado de protección. ( 11 )

33. En este contexto, el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2014/17 establece que los Estados miembros autorizarán las prácticas de ventas combinadas, pero prohibirán las prácticas de ventas vinculadas. ( 12 )

34. Aunque las prácticas de venta vinculada están prohibidas, el artículo 12, apartados 2, letra a), y 3, de la Directiva 2014/17 las autoriza no obstante con determinadas condiciones. Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide si una normativa como aquella de que se trata en el litigio principal puede estar comprendida en una de esas dos excepciones.

35. A este respecto, es preciso observar, antes de nada, que la Directiva 2014/17 se aplica a las situaciones cubiertas por una normativa relativa a los préstamos hipotecarios, como la normativa en cuestión en el litigio principal. En efecto, con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, esta se aplica a los contratos de crédito cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre fincas o edificios construidos o por construir.

36. A continuación, procede señalar que la cuestión prejudicial se basa en la premisa de que la normativa nacional en cuestión en el litigio principal autoriza las prácticas de venta vinculada, habida cuenta de que las excepciones previstas en el artículo 12, apartados 2, letra a), y 3, de la Directiva 2014/17 se aplican exclusivamente a las prácticas de venta vinculada.

37. Pues bien, el Gobierno francés alega que la normativa en cuestión guarda relación con las prácticas de venta combinada en el sentido de la Directiva 2014/17, y no con las prácticas de venta vinculada, y, por lo tanto, que dicha normativa nacional está autorizada con arreglo al artículo 12, apartado 1, de la citada Directiva. Este Gobierno arguye que el prestamista está obligado a proponer al consumidor a la vez créditos hipotecarios que incluyan una cláusula de domiciliación bancaria, a cambio de una ventaja individualizada que puede consistir, por ejemplo, en un tipo de interés preferente o en la reducción de las comisiones vinculadas a la gestión de la cuenta de pago o de las comisiones de la tarjeta bancaria, y créditos hipotecarios que no incluyan una cláusula de domiciliación bancaria. En otras palabras, el crédito hipotecario y la cuenta de pago pueden adquirirse por separado. ( 13 )

38. Interrogado sobre este punto, el Conseil d’État (Consejo de Estado) señaló, en respuesta a la solicitud de aclaraciones formulada por el Tribunal de Justicia, ( 14 ) que la cuestión de si la posibilidad, prevista en el artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo, de supeditar el préstamo a la domiciliación de los ingresos en una cuenta abierta en la entidad del prestamista debe interpretarse en el sentido de que autoriza prácticas de venta vinculada o prácticas de venta combinada en el sentido de la Directiva 2014/17 es una cuestión «que corresponderá resolver al Conseil d’État [Consejo de Estado] después de que el Tribunal de Justicia responda a la cuestión prejudicial», y que «se trata de una cuestión difícil, en la medida en que nunca ha sido abordada por la jurisprudencia sentada hasta ahora, incluida la del Tribunal de Justicia sobre el alcance de los conceptos de prácticas de venta vinculada y de prácticas de venta combinada en el sentido del Derecho de la Unión, pero también, lo que forma parte de las funciones del órgano jurisdiccional nacional, habida cuenta de la realidad concreta de las prácticas observadas».

39. De este modo, parece que el Conseil d’État (Consejo de Estado) alberga dudas sobre el ámbito de aplicación de la normativa en cuestión en el litigio principal. ( 15 )

40. A este respecto, es preciso subrayar la incidencia del ámbito de aplicación de la normativa en cuestión en el litigio principal en la respuesta que se ha de dar a la cuestión prejudicial.

41. En efecto, aun suponiendo que el órgano jurisdiccional remitente considere que la normativa en cuestión en el litigio principal permite una práctica de venta vinculada en el sentido de la Directiva 2014/17, esa normativa solo será válida, en virtud de dicha Directiva, si cumple las condiciones que esta última establece bien en su artículo 12, apartado 2, letra a), bien en su artículo 12, apartado 3. En tal situación, procederá en efecto verificar la aplicabilidad de estas dos disposiciones en el litigio principal. En cambio, si el órgano jurisdiccional remitente considera que la normativa en cuestión en el litigio principal se refiere a las prácticas de venta combinada en el sentido del artículo 4, punto 27, de dicha Directiva, esta normativa estará entonces autorizada como tal en virtud del artículo 12, apartado 1, de esta misma Directiva, ( 16 ) que, cabe recordar, permite las prácticas de ventas combinadas. ( 17 )

42. A continuación examinaré la aplicabilidad de las excepciones previstas en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17 (sección 1) y en el artículo 12, apartado 3, de esta misma Directiva (sección 2) partiendo de la premisa de que la normativa en cuestión en el litigio principal permite las prácticas de venta vinculada en el sentido del artículo 4, punto 26, de dicha Directiva. ( 18 )

1. Sobre la aplicabilidad del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17

43. Según mi leal saber y entender, el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17 aún no ha sido objeto de apreciación por el Tribunal de Justicia. ( 19 )

44. Esta disposición prevé que los Estados miembros podrán establecer que los prestamistas puedan pedir al consumidor que abra o mantenga una cuenta de pago o de ahorro, siempre que dicha cuenta tenga como única finalidad acumular capital para efectuar reembolsos del crédito, pagar intereses del mismo o agrupar recursos para obtener el crédito u ofrecer una seguridad adicional para el prestamista en caso de impago.

45. En el presente asunto, debe por lo tanto examinarse si la cuenta de pago a que se refiere el artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo persigue una de estas tres finalidades alternativas y, en su caso, si esta es asimismo su única finalidad en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17.

46. Como expondré más adelante, considero que este no es el caso. Por una parte, albergo dudas sobre la conformidad del objetivo de la cuenta de pago a que se refiere el artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo con las finalidades de la cuenta autorizadas por el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17 (sección a). Por otra parte, de los autos se desprende en cualquier caso que la cuenta de pago a que se refiere el artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo tiene otras funciones distintas de las autorizadas por el artículo 12, apartado 2, letra a), de esta Directiva, lo que se opone, desde mi punto de vista, a la aplicabilidad de esta disposición (sección b).

a) Sobre la finalidad de la cuenta de pago controvertida en el litigio principal

47. Por lo que se refiere a la finalidad de la cuenta de pago en el sentido del artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo, me parece, habida cuenta de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, que las partes interesadas tienen opiniones divergentes.

48. En efecto, es preciso observar, antes de nada, que el Gobierno francés señaló con carácter subsidiario ( 20 ) en la vista que, al permitir que se imponga al consumidor una cláusula de domiciliación de sus ingresos en una cuenta de pago abierta en la entidad del prestamista, la normativa nacional únicamente autoriza al prestamista a solicitar la apertura de una cuenta cuya única finalidad es procurarle garantías adicionales en caso de impago. Según dicho Gobierno, la normativa en cuestión en el litigio principal persigue, en otras palabras, la última de las tres finalidades previstas en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17.

49. A continuación, procede recordar que el órgano jurisdiccional remitente ha precisado que el concepto de «cuenta de pago» en el sentido del artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo no se limita a las cuentas de pago destinadas exclusivamente al reembolso de un crédito hipotecario, sino que incluye también las cuentas utilizadas por los prestatarios para ejecutar operaciones de pago ordinarias, como pagos, transferencias y retiradas de fondos. ( 21 )

50. Por tanto, esta precisión aportada por el órgano jurisdiccional remitente sugiere que la cuenta de pago a que se refiere el artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo persigue diferentes objetivos, de los cuales solo uno está contemplado en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17, a saber, la acumulación de capital para efectuar el reembolso del préstamo.

51. Por último, es preciso señalar que la Comisión ha subrayado que el objetivo del artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo y de la supeditación de la oferta a que el prestatario domicilie sus ingresos es proteger a este último de las cláusulas abusivas de domiciliación de ingresos en materia de créditos hipotecarios con arreglo a la recomendación efectuada por una comisión nacional de cláusulas abusivas que consideró que estas cláusulas pueden resultar desproporcionadas si tal obligación no va acompañada de alguna contrapartida individualizada.

52. Con esta observación, la Comisión parece sugerir así que la cuenta de pago a que se refiere el artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo persigue una finalidad distinta de las mencionadas en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17. ( 22 )

53. Dicho esto, cabe preguntarse en cualquier caso de qué forma la cuenta de pago, en el sentido del artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo, puede perseguir una de las finalidades previstas en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17, al mismo tiempo que puede ser utilizada por los prestatarios para ejecutar operaciones de pago, incluida la retirada de fondos, tal como ha precisado el órgano jurisdiccional remitente. En efecto, en la medida en que los prestatarios disponen plenamente de la cuenta de pago, a saber, sin restricciones particulares, la domiciliación de sus ingresos en dicha cuenta no ofrece ninguna garantía a los prestamistas relativa al reembolso del préstamo vinculado a dicha cuenta.

54. Esta observación me lleva al requisito de que la cuenta solo tenga una única finalidad en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17.

b) Sobre el requisito de la «única finalidad» en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17

55. ¿No se opone la circunstancia de que los prestatarios puedan utilizar la cuenta de pago a que se refiere el artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo para ejecutar operaciones de pago a la aplicabilidad del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17, que exige que dicha cuenta tenga uno de los tres objetivos mencionados en esta disposición como única finalidad?

56. Una interpretación literal, teleológica y contextual del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17 me lleva a considerar, al igual que la Comisión, que así es.

57. En efecto, antes de nada, el tenor del artículo 12, apartado 2, letra a), de dicha Directiva exige que la cuenta tenga como única finalidad uno de los tres objetivos mencionados en esa disposición.

58. A este respecto, de los términos en los que se han redactado las dos primeras finalidades se desprende claramente que la cuenta de pago solo puede utilizarse para acumular o agrupar recursos, lo que excluye la retirada de fondos y la ejecución de operaciones. La última finalidad que se menciona en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17 implica una exclusión análoga, en la medida en que se refiere a la «seguridad […] para el prestamista en caso de impago». Por definición, se considera que una cuenta que ofrece seguridad en caso de impago no puede ser utilizada por los prestatarios para otros fines.

59. A continuación, como he indicado en el punto 53 de las presentes conclusiones, la utilización de la cuenta de pago para ejecutar operaciones de pago puede comprometer las finalidades de la cuenta de pago previstas en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17, que justifican la excepción a la prohibición de las prácticas de venta vinculada.

60. En efecto, como se desprende de los considerandos 24 y 25 de la Directiva 2014/17, las prácticas de venta vinculada pueden ir en detrimento de la movilidad de los consumidores y de su capacidad para elegir con conocimiento de causa. Esta es la razón por la que dicha Directiva prohíbe las prácticas de ventas vinculadas de manera general y únicamente las autoriza en determinadas situaciones claramente definidas en las que el legislador europeo ha considerado que no existe este riesgo. Pues bien, permitir otros usos de la cuenta de pago, como los contemplados por la normativa en cuestión en el litigio principal, posibilita que se menoscabe el objetivo del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17.

61. En consecuencia, no comparto la posición del Gobierno francés, que afirmó en la vista que el hecho de excluir algunos de los usos de la cuenta, como los contemplados por la normativa en cuestión en el litigio principal, equivaldría a restringir sin motivo para el prestamista el uso que el consumidor hace de su cuenta de pago en perjuicio de sus propios intereses.

62. Cabe subrayar, a este respecto, que de la interpretación que propongo se desprende prácticamente que los prestamistas tienen la obligación de limitar los ingresos que se han de domiciliar en la cuenta de pago a una parte de los ingresos correspondiente a los importes necesarios para el reembolso del préstamo, para la obtención del crédito o para ofrecer una seguridad adicional para el prestamista en caso de impago. Esta restricción redunda en beneficio de la movilidad bancaria de los consumidores, puesto que les permite colocar el resto de sus ingresos en entidades de crédito distintas de la del prestamista del crédito hipotecario.

63. Por último, la interpretación que propongo se ve confirmada por una interpretación contextual del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17.

64. En efecto, es preciso recordar, por una parte, que el artículo 12, apartado 2, letra a), de dicha Directiva constituye una excepción a la prohibición de las prácticas de ventas vinculadas prevista en el artículo 12, apartado 1, de la misma y que, por lo tanto, es de interpretación estricta. ( 23 )

65. Por otra parte, la interpretación que propongo se ve corroborada por la forma en que la Directiva 2014/17 se articula con la Directiva 2014/92 sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas.

66. En efecto, como la Comisión señaló en la vista, en la medida en que una cuenta de pago puede utilizarse para la retirada de fondos, dicha cuenta está sujeta a las normas de la Directiva 2014/92 relativas al traslado de cuentas. En cambio, una cuenta destinada exclusivamente al reembolso del préstamo queda excluida explícitamente del ámbito de aplicación de esta normativa, ( 24 ) debido a que, cabe presumir, dicha cuenta puede ser autorizada como práctica de venta vinculada en virtud del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17.

67. De lo anterior se desprende que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17 debe interpretarse en el sentido de que no autoriza una normativa nacional como aquella de que se trata en el litigio principal, siempre que esa normativa permita una práctica de ventas vinculadas en el sentido del artículo 4, punto 26, de dicha Directiva, extremo que corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar en el litigio principal.

2. Sobre la aplicabilidad del artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/17

68. El artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/17 exige, por su parte, que el prestamista pueda demostrar a su autoridad competente que las prácticas de ventas vinculadas acarrean un claro beneficio a los consumidores. Además, la disposición establece la manera en la que se debe verificar si este es el caso: procede, al llevar a cabo dicha apreciación, tener debidamente en cuenta la disponibilidad y los precios de los productos pertinentes ofrecidos en el mercado.

69. A este respecto, cabe observar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la transposición en el Derecho interno de una disposición de una directiva no exige necesariamente que dicha disposición se reproduzca formal y textualmente en otra disposición legal expresa y específica, y puede ser suficiente con un contexto jurídico general. No obstante, este deberá asegurar efectivamente la plena aplicación de la directiva de un modo lo suficientemente claro y preciso. En efecto, cada Estado miembro está obligado a dar cumplimiento a las directivas de modo que responda plenamente a las exigencias de claridad y certeza de las situaciones jurídicas impuestas por el legislador europeo, en interés de las personas afectadas establecidas en los Estados miembros. Con este fin, las disposiciones de una directiva deben ser ejecutadas con indiscutible fuerza imperativa y con la especificidad, precisión y claridad exigidas. ( 25 )

70. En lo que atañe a la normativa en cuestión en el litigio principal, es preciso observar que de esta no se desprende que la ventaja individualizada deba apreciarse a la luz de la disponibilidad y los precios de los otros productos ofrecidos en el mercado. Además, de las observaciones del Gobierno francés se deduce que la cláusula de domiciliación bancaria que figura en el contrato de crédito hipotecario es el resultado de la libre negociación entre el prestamista y el consumidor.

71. Desde este punto de vista, considero, como señaló la Comisión en la vista, que esta normativa no garantiza con la especificidad, precisión y claridad exigidas que la ventaja individualizada acarree un claro beneficio a los consumidores a la luz de los precios de los demás productos ofrecidos en el mercado. ( 26 ) Tanto más cuanto que el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/17 constituye una excepción a la prohibición de prácticas de ventas vinculadas y, por lo tanto, es de interpretación estricta. ( 27 )

72. De lo anterior se desprende que el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/17 debe interpretarse en el sentido de que tampoco autoriza una normativa nacional como aquella de que se trata en el litigio principal, siempre que tal normativa permita prácticas de venta vinculada en el sentido del artículo 4, punto 26, de dicha Directiva, extremo que corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar en el litigio principal.

B. Sobre la interpretación del artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64, del artículo 55, apartado 2, de la Directiva 2015/2366 y del artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/92 (segunda cuestión prejudicial)

73. Mediante la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, en esencia, si, por una parte, el artículo 45 de la Directiva 2007/64 y el artículo 55 de la Directiva 2015/2366, que sustituyó a esta primera disposición a partir del 13 de enero de 2018 y, por otra parte, los artículos 9 a 14 de la Directiva 2014/92, se oponen a una normativa nacional con arreglo a la cual la cancelación de una cuenta abierta por el prestatario en la entidad del prestamista para domiciliar en ella sus ingresos a cambio de una ventaja individualizada en el marco de un contrato de crédito conlleva, en caso de que la cancelación se produzca antes de expirar el período establecido en dicho contrato, la pérdida de tal ventaja, incluso transcurrido más de un año desde la apertura de la cuenta, y si la duración de este período puede alcanzar los diez años o prolongarse durante toda la vigencia del contrato de crédito.

74. El órgano jurisdiccional remitente no ha precisado cuáles son los aspectos de dichas disposiciones que le han llevado a preguntarse sobre su interpretación.

75. Si se observa la formulación de la cuestión prejudicial, puede comprobarse no obstante, por una parte, que se especifica que las disposiciones del Derecho de la Unión pertinentes se refieren a las «comisiones por cancelación de una cuenta de pago» y que se indica, por otra parte, que la normativa nacional contemplada permite, en determinadas circunstancias, la pérdida de una ventaja individualizada en caso de cancelación de una cuenta.

76. Por consiguiente, entiendo la cuestión prejudicial en el sentido de que el Conseil d’État (Consejo de Estado) pretende que se dilucide, en esencia, si dicha pérdida de la ventaja individualizada representa las comisiones por cancelación de una cuenta de pago en el sentido de las Directivas 2007/64, 2015/2366 y 2014/92, y, en su caso, si las modalidades de esta pérdida satisfacen los requisitos previstos a este respecto por las citadas Directivas.

77. Por este motivo, aun cuando la cuestión prejudicial, tal como ha sido formulada, se refiere al artículo 45 de la Directiva 2007/64 y al artículo 55 de la Directiva 2015/2366 en su conjunto, así como a todas las disposiciones previstas en los artículos 9 a 14 de la Directiva 2014/92, considero que cabe entenderla en el sentido de que en realidad se refiere al apartado 2 del artículo 45 de la Directiva 2007/64, que ha sido sustituido por el apartado 2 del artículo 55 de la Directiva 2015/2366, y al artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/92, que versan sobre las comisiones por cancelación de una cuenta de pago.

78. Por lo tanto, es preciso verificar si estas disposiciones se oponen a una normativa como la contemplada por la cuestión prejudicial.

79. A este respecto, he de señalar que, a diferencia de la primera cuestión prejudicial que se basa en la premisa según la cual la normativa en cuestión en el litigio principal permite una práctica de venta vinculada en el sentido de la Directiva 2014/17, ( 28 ) la segunda cuestión prejudicial no indica con la misma claridad si esta cuestión se basa igualmente en dicha premisa. No obstante, habida cuenta de la formación de la segunda cuestión prejudicial, me parece que la normativa contemplada se refiere a una práctica de venta combinada en el sentido de la Directiva 2014/17. ( 29 ) Así pues, examinaré desde este prisma la segunda cuestión prejudicial. ( 30 )

80. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la Directiva 2007/64, que armoniza los servicios de pago en el mercado interior, considero que es aplicable al presente asunto. ( 31 )

81. El artículo 45 de la Directiva 2007/64 forma parte del capítulo 3 de esta, titulado «Contratos marco», aplicable a las operaciones de pago reguladas por un contrato marco. ( 32 )

82. En este contexto, el artículo 45, titulado «Rescisión», dispone en su apartado 1 que el usuario del servicio de pago podrá rescindir el contrato marco en cualquier momento a menos que las partes hayan convenido en un preaviso, cuyo plazo no podrá exceder de un mes. El apartado 2 añade que la rescisión de dicho contrato que se haya celebrado por un período superior a 12 meses o indefinido será gratuita para el usuario si se efectúa una vez transcurridos 12 meses. Esta disposición tiene como finalidad facilitar la movilidad de los clientes. ( 33 )

83. En el presente asunto, debe señalarse que la normativa en cuestión en el litigio principal, si bien permite las prácticas de venta combinada en el sentido de la Directiva 2014/17, establece las condiciones de una ventaja individualizada relativa a la obtención de un préstamo.

84. En consecuencia, la pérdida de la ventaja es el resultado de la aplicación de una cláusula del contrato de préstamo acordada entre las partes, que supedita la obtención de dicha ventaja a que el prestatario domicilie sus retribuciones salariales e ingresos.

85. Como han señalado a este respecto los Gobiernos francés y checo, así como la Comisión, la pérdida de esta ventaja solo es la consecuencia del fin de la domiciliación de los ingresos, y por lo tanto no representa gastos por la rescisión de un contrato marco en el sentido del artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64.

86. Las observaciones expuestas anteriormente también son válidas por lo que se refiere al artículo 55, apartado 2, de la Directiva 2015/2366, cuyo ámbito de aplicación, en lo que concierne al litigio principal, es idéntico al de la Directiva 2007/64; ( 34 ) esta disposición es esencialmente idéntica a la del artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64, con la única salvedad de que el período contemplado se ha reducido de doce a seis meses.

87. En lo que atañe, en segundo lugar, a la Directiva 2014/92, esta se añade a las Directivas 2007/64 y 2015/2366 en la medida en que establece, entre otras, normas sobre los traslados de cuentas de pago dentro de un Estado miembro y la facilitación de apertura de cuentas transfronteriza para los consumidores. ( 35 )

88. A este respecto, con arreglo al artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/92, los Estados miembros velarán por que las comisiones que, en su caso, aplique el proveedor de servicios de pago transmisor al consumidor por la cancelación de la cuenta de pago se determinen con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64 y en el artículo 55, apartado 2, de la Directiva 2015/2366. ( 36 )

89. En cuanto a la Directiva 2014/92, esta es aplicable a una normativa como aquella de que se trata en el litigio principal con arreglo a su artículo 1, apartado 6, interpretado a la luz del considerando 12. ( 37 )

90. Dicho esto, habida cuenta de las observaciones expuestas anteriormente relativas al artículo 55, apartado 2, de la Directiva 2014/92 y al artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64, es preciso constatar que la pérdida de la ventaja no representa comisiones conexas al cierre de la cuenta de pago en el sentido de la Directiva 2014/92.

91. De lo anterior se desprende que el artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64, el artículo 55, apartado 2, de la Directiva 2015/2366 y el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/92 no se oponen a una normativa como la contemplada por la cuestión prejudicial.

V. Conclusión

92. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Conseil d’État (Consejo de Estado, Francia) del modo siguiente: «1) El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite una práctica de ventas vinculadas en el sentido del artículo 4, punto 26, de aquella Directiva, con arreglo a la cual el prestamista puede obligar al prestatario, a cambio de una ventaja individualizada, a domiciliar todas sus retribuciones salariales o ingresos asimilados en una cuenta de pago durante un período establecido por el contrato de préstamo, en la medida en que el prestatario puede utilizar dicha cuenta para ejecutar operaciones de pago ordinarias, como pagos, transferencias y retiradas de fondos. El artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/17 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite prácticas de ventas vinculadas en el sentido del artículo 4, punto 26, de dicha Directiva, en la medida en que esta normativa no garantiza, por una parte, que las prácticas de ventas vinculadas acarreen un claro beneficio a los consumidores ni, por otra parte, que esta apreciación se efectúe teniendo debidamente en cuenta la disponibilidad y los precios de los productos pertinentes ofrecidos en el mercado. 2) El artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE, el artículo 55, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE, y el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional con arreglo a la cual la cancelación de una cuenta abierta por el prestatario en la entidad del prestamista para domiciliar en ella sus ingresos a cambio de una ventaja individualizada en el marco de un contrato de crédito conlleva, en caso de que la cancelación se produzca antes de expirar el período establecido en dicho contrato, la pérdida de tal ventaja, incluso transcurrido más de un año desde la apertura de la cuenta, y con arreglo a la cual la duración de este período puede alcanzar los diez años o prolongarse durante toda la vigencia del contrato de crédito.»

( 1 ) Lengua original: francés.

( 2 ) Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 60, p. 34; corrección de errores en DO 2015, L 246, p. 11, y DO 2017, L 166, p. 82).

( 3 ) Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO 2007, L 319, p. 1; corrección de errores en DO 2009, L 187, p. 5).

( 4 ) Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO 2015, L 337, p. 35; corrección de errores en DO 2018, L 102, p. 97).

( 5 ) Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (DO 2014, L 257, p. 214).

( 6 ) De conformidad con el artículo 114 de la Directiva 2015/2366, las referencias a la Directiva 2007/64 se entenderán hechas a la Directiva 2015/2366. Por lo tanto, el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/92 remite, a partir del 13 de enero de 2018, al artículo 55, apartados 2, 4 y 6, de la Directiva 2015/2366, que sustituyó al artículo 45, apartados 2, 4 y 6, de la Directiva 2007/64.

( 7 ) El artículo L. 312‑1-2 del Código Monetario y Financiero, citado en el punto 14 de las presentes conclusiones, contiene, en esencia, una prohibición de prácticas de venta vinculada en el sentido del artículo 4, punto 26, de la Directiva 2014/17, y una autorización de prácticas de venta combinada en el sentido del artículo 4, punto 27, de dicha Directiva. Véase, a ese respecto, la nota 15 de las presentes conclusiones.

( 8 ) Respuesta de 23 de octubre de 2019 a la solicitud de aclaraciones formulada por el Tribunal de Justicia el 26 de septiembre de 2019.

( 9 ) El órgano jurisdiccional remitente precisó en su respuesta a la solicitud de aclaraciones formulada por el Tribunal de Justicia (véase la nota 8 de las presentes conclusiones) que, aunque el Decreto Legislativo n.o 2017‑1090, de 1 de junio de 2017, fue derogado por el punto XV del artículo 206 de la Ley n.o 2019‑486, de 22 de mayo de 2019, relativa al crecimiento y a la transformación de las empresas, se aplicó el Decreto controvertido en el litigio principal, razón por la que las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia siguen siendo pertinentes.

( 10 ) Artículo 1 de la Directiva 2014/17.

( 11 ) Considerando 15 de la Directiva 2014/17.

( 12 ) Los conceptos de «prácticas de venta vinculada» y de «prácticas de venta combinada» se definen en el artículo 4, puntos 26 y 27, respectivamente, de la Directiva 2014/17; véanse las definiciones en el punto 8 de las presentes conclusiones.

( 13 ) Aunque el ámbito de aplicación de la normativa en cuestión en el litigio principal depende de la interpretación del Derecho nacional que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional nacional (véanse, en particular, las sentencias de 26 de septiembre de 2000, Mayeur, C‑175/99, EU:C:2000:505, apartado 22; de 1 de junio de 2006, innoventif, C‑453/04, EU:C:2006:361, apartado 29, y de 8 de julio de 2010, Sjöberg y Gerdin, C‑447/08 y C‑448/08, EU:C:2010:415, apartado 54), es preciso reconocer no obstante, habida cuenta de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, que, a primera vista, la postura del Gobierno francés parece convincente. En particular, del propio tenor del artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo se desprende que las entidades de crédito podrán supeditar la oferta de préstamo a que el prestatario domicilie sus retribuciones salariales o ingresos asimilados en una cuenta de pago a cambio de una ventaja individualizada. A este respecto, es preciso señalar que, en la medida en que la domiciliación de los ingresos y, por lo tanto, la cuenta de pago, no es una condición para obtener el préstamo como tal, sino solo para obtener una ventaja individualizada, se trata, a mi parecer, de una práctica de venta combinada en el sentido del artículo 4, punto 27, de la Directiva 2014/17. En efecto, en el caso que nos ocupa, el préstamo representa el contrato de crédito, mientras que la cuenta de pago representa el otro producto financiero en el sentido del artículo 4, punto 27, de la Directiva 2014/17, y, a cambio de la domiciliación de los ingresos, el contrato de crédito se ofrece «en otros términos» en el sentido de esta disposición, a saber, en forma de una ventaja individualizada.

( 14 ) Véase la nota 8 de las presentes conclusiones.

( 15 ) Cabe precisar en estas circunstancias, en primer lugar, que de la respuesta a la solicitud de aclaraciones formulada por el Tribunal de Justicia (véase la nota 8 de las presentes conclusiones) se desprende que el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre este punto pese a que el marco jurídico nacional en el que se basa el Decreto Legislativo cuestionado, a saber, el artículo 67 de la Ley n.o 2016‑1691, de 9 de diciembre de 2016, sobre transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica, exige que se respete el artículo L. 312‑1-2 del Código Monetario y Financiero, que, según el Conseil d’État (Consejo de Estado), autoriza las prácticas de venta combinada en el sentido del artículo 4, punto 27, de la Directiva 2014/17, y prohíbe las prácticas de venta vinculada en el sentido del artículo 4, punto 26, de dicha Directiva. A este respecto, es preciso constatar, en segundo lugar, que las dudas del órgano jurisdiccional remitente relativas al ámbito de aplicación de la normativa nacional en cuestión en el litigio principal parecen traer causa, en particular, del hecho de que las entidades de crédito tienen la posibilidad de supeditar, en la práctica, la obtención del préstamo a una cláusula de domiciliación bancaria y, por lo tanto, a la obtención de una cuenta de pago, lo que constituye una práctica de venta vinculada. En efecto, en la respuesta a la solicitud de aclaraciones formulada por el Tribunal de Justicia, el Conseil d’État (Consejo de Estado), remitiéndose a un informe de enero de 2019 sobre la domiciliación de los ingresos elaborado por el presidente del Comité consultivo del sector financiero a petición del Ministro de Economía y Hacienda, menciona dos partes interesadas cuyas opiniones apuntan en este sentido: los representantes de los intermediarios consideran que, «en realidad, la contrapartida no lo es, puesto que los casos examinados hasta ahora se materializan mediante la calificación de la lista de tipos estándar como lista denominada “con domiciliación”, y la adición de una nueva lista cuyas condiciones son muy desfavorables denominada “sin domiciliación” o con una prima muy punitiva». De igual modo, los representantes de los clientes privados sostienen que «la apertura de una cuenta bancaria, así como la suscripción de diversos productos (paquetes, seguros de vehículos y de vivienda), es habitualmente una condición previa para la obtención de un crédito hipotecario». Es preciso añadir que, en cambio, las entidades de crédito indican que el cliente siempre tiene la posibilidad de no domiciliar sus ingresos y, por lo tanto, de no beneficiarse de la ventaja individualizada. En mi opinión, procede no obstante distinguir la cuestión de la posible infracción de la normativa en cuestión en el litigio principal por las entidades de crédito de la cuestión de la compatibilidad de esta normativa como tal con el Derecho de la Unión.

( 16 ) Es preciso observar no obstante que la Comisión subrayó en la vista que el considerando 24 de la Directiva 2014/17 contiene una precisión relativa al alcance de la autorización prevista en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2014/17 de las prácticas de ventas combinadas. El considerando 24 precisa que no conviene restringir la venta agrupada, que puede beneficiar a los consumidores, si bien los Estados miembros deben seguir supervisando estrechamente los mercados financieros minoristas, a fin de garantizar que las prácticas de venta agrupada no distorsionen la elección del consumidor ni la competencia en el mercado. En consecuencia, la autorización de dicha venta deberá efectuarse siempre atendiendo a los intereses del consumidor y de la libre competencia y el legislador debe, en ese contexto, evitar las situaciones que puedan resultar contrarias a sus intereses.

( 17 ) Puesto que la cuestión prejudicial podría quedar, por ello, carente de pertinencia, cabe subrayar, en aras de la exhaustividad, que la cuestión planteada es no obstante admisible. En efecto, habida cuenta, en particular, del hecho de que no cabe excluir la calificación de la normativa en cuestión en el litigio principal como práctica de venta vinculada, es preciso considerar que la respuesta a la cuestión planteada será de utilidad al órgano jurisdiccional remitente para resolver el litigio principal y, por lo tanto, que la cuestión es admisible. Véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 27 de octubre de 1993, Enderby (C‑127/92, EU:C:1993:859), apartados 11 y 12; de 7 de diciembre de 2010, VEBIC (C‑439/08, EU:C:2010:739), apartados 44 a 48, y de 2 de mayo de 2019, A-Fonds (C‑598/17, EU:C:2019:352), apartados 34 a 40.

( 18 ) Con arreglo a la definición de prácticas de venta vinculada que figura en el artículo 4, punto 26, de la Directiva 2014/17, ello implica que el contrato de crédito no se ofrezca al consumidor por separado de la cuenta de pago y, en consecuencia, que la obligación de domiciliar los ingresos en dicha cuenta es una condición para la propia obtención del crédito.

( 19 ) Cabe observar que la disposición prevista en el artículo 12 de la Directiva 2014/17 no formaba parte de la propuesta de Directiva presentada por la Comisión [COM(2011) 142 final], sino que fue introducida en la primera lectura del Parlamento Europeo.

( 20 ) Cabe recordar que el Gobierno francés alega, con carácter principal, que la normativa en cuestión en el litigio principal permite las prácticas de venta combinada (véase el punto 37 de las presentes conclusiones).

( 21 ) Véase el punto 21 de las presentes conclusiones.

( 22 ) A este respecto, es preciso observar asimismo que del informe de enero de 2019 sobre la domiciliación de los ingresos elaborado por el presidente del Comité consultivo del sector financiero a petición del Ministro de Economía y Hacienda, al que el órgano jurisdiccional remitente se refiere en su respuesta a la solicitud de aclaraciones, se desprende que, «en particular, la domiciliación de los ingresos puede constituir una garantía complementaria que resulta útil a la hora de examinar la solicitud de préstamo». Esta observación no permite extraer conclusiones sobre si la normativa en cuestión persigue una de las finalidades mencionadas en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2014/17.

( 23 ) Véase, en ese sentido, en particular, la sentencia de 10 de septiembre de 2014, Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189), apartado 77.

( 24 ) Artículo 1, apartado 6, de la Directiva 2014/92, en relación con el considerando 12 de esta.

( 25 ) Véase en este sentido, en particular, la sentencia de 4 de junio de 2009, SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft (C‑102/08, EU:C:2009:345), apartados 40 a 42 y jurisprudencia citada. Es preciso subrayar que esta jurisprudencia también se aplica cuando se trata de la transposición de una excepción facultativa, como el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2014/17. Véase en este sentido, en particular, la sentencia de 21 de octubre de 2010, Accardo y otros (C‑227/09, EU:C:2010:624), apartado 55.

( 26 ) El hecho de que la normativa en cuestión en el litigio principal exija que la oferta permita identificar la ventaja individualizada mediante la mención de las condiciones, de tipo o de otra índole, en las que se establece, y que el prestamista aplicará si el prestatario incumple el requisito de domiciliación (L. 313‑25 del Código de Consumo), no puede poner en tela de juicio dicha afirmación.

( 27 ) Véase a este respecto la nota 23 de las presentes conclusiones.

( 28 ) Véase el punto 36 de las presentes conclusiones.

( 29 ) En efecto, en la medida en que la cancelación de una cuenta abierta por el prestatario en la entidad del prestamista para domiciliar en ella sus ingresos a cambio de una ventaja individualizada solo implica la pérdida de esta ventaja, se trata a mi juicio de una práctica de venta combinada en el sentido de la Directiva 2014/17; véase la nota 13 de las presentes conclusiones.

( 30 ) Por otro lado, dado que de mi respuesta a la primera cuestión prejudicial se desprende que la normativa en cuestión en el litigio principal está vedada en virtud de la Directiva 2014/17, en la medida en que dicha normativa permite una práctica de venta vinculada en el sentido de la citada Directiva, es superfluo examinar igualmente la compatibilidad de tal normativa con las disposiciones contempladas por la segunda cuestión prejudicial.

( 31 ) Con arreglo al artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2007/64, esta Directiva se aplica a los «servicios de pago» dentro de la Unión. El concepto de «servicio de pago» se define en el artículo 4, punto 3, de la misma Directiva como cualquiera de las actividades comerciales contempladas en el anexo. El punto 1 del anexo menciona los «servicios que permiten el depósito de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago».

( 32 ) Artículo 40 de la Directiva 2007/64. Un contrato marco se define en el artículo 4, punto 12, de esta Directiva como un contrato de servicio de pago que rige la ejecución futura de operaciones de pago individuales y sucesivas y que puede estipular la obligación de abrir una cuenta de pago y las correspondientes condiciones.

( 33 ) Véase el considerando 29 de la Directiva 2007/64.

( 34 ) Véase el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2015/2366, en relación con el artículo 4, punto 3, y el anexo de dicha Directiva.

( 35 ) Véanse el considerando 2 y el artículo 1 de la Directiva 2014/92.

( 36 ) Véase la nota 6 de las presentes conclusiones.

( 37 ) En efecto, cabe recordar que el concepto de «cuenta de pago» en el sentido del artículo L. 313‑25‑1 del Código de Consumo incluye asimismo las cuentas utilizadas por los prestatarios para ejecutar operaciones de pago ordinarias. A este respecto, el considerando 12 de la Directiva 2014/92, citado en el punto 10 de las presentes conclusiones, precisa el ámbito de aplicación de la Directiva previsto en el artículo 1, apartado 6. De esta precisión se desprende fundamentalmente que la Directiva se aplica a una cuenta de pago destinada exclusivamente al reembolso de un crédito hipotecario, cuando dicha cuenta se utilice asimismo para ejecutar operaciones de pago ordinarias.