Palabras clave

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Palabras clave

1. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, arts. 2, ap. 7, letras a), b) y c), 11, ap. 3, y 20]

2. Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 6, ap. 1]

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1. Si bien la última frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento antidumping de base nº 384/96 se opone a que, para la determinación de la existencia del dumping, las instituciones reconsideren la información de la que ya disponían en el momento de la determinación inicial del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado, esta frase no puede llevar a que se determine el valor normal de los productos contemplados según las normas aplicables a los países de economía de mercado cuando, durante la investigación y, en su caso, tras la adopción de medidas provisionales, resulta que la parte afectada no opera en condiciones de economía de mercado, en el sentido del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base.

En efecto, el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base prevé un método específico para fijar el valor normal en caso de importaciones procedentes de países que no tienen economía de mercado, precisamente porque los datos en que se basa la determinación del valor normal, regulada en los apartados 1 a 6 de este mismo artículo, no se consideran elementos fiables para el cálculo del valor normal. Ahora bien, aunque el apartado 7, letra b), del artículo 2 del Reglamento de base establece, para algunos países, una excepción al modo de determinar el valor normal contemplado en el apartado 7, letra a), esta excepción debe interpretarse restrictivamente y, por consiguiente, no puede aplicarse cuando, por haber cambiado la situación fáctica o porque han aparecido nuevos elementos que, razonablemente, la Comisión no podía conocer durante la determinación del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado en los tres meses siguientes al inicio del procedimiento antidumping, resulta que el productor de que se trate no reúne los criterios que debe cumplir una empresa que opera en condiciones de economía de mercado.

Por este motivo, la última frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base no impide que no se mantenga la concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado cuando un cambio en la situación fáctica en la que se basó el otorgamiento de dicho estatuto ya no permita considerar que el productor de que se trate opera en condiciones de economía de mercado.

En la medida en que esta retirada del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado se limita a extraer las consecuencias, para el futuro, del cambio observado en las circunstancias pertinentes y, así, produce únicamente efectos ex nunc, no vulnera en absoluto los derechos adquiridos de la empresa afectada.

Por otra parte, la retirada del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado no debe hacerse en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base, ya que esta disposición sólo se refiere a la reconsideración de las medidas definitivas adoptadas al término del procedimiento antidumping. En efecto, el procedimiento de reconsideración tiene como finalidad adaptar los derechos impuestos a la evolución que se produzca, tras el establecimiento de esos derechos, de los datos en que se basaban e implica normalmente la utilización de un período de investigación posterior a la adopción de las medidas definitivas que este procedimiento pretende examinar de nuevo. En cambio, el procedimiento de reconsideración no tiene por objeto volver a examinar los datos en que se basaban tales derechos cuando han permanecido inalterados, ya que tal reconsideración supone, en realidad, una reapertura del procedimiento inicial.

Por último, dado que la empresa afectada tuvo la oportunidad de presentar observaciones sobre las consecuencias que la Comisión tenía la intención de extraer de los nuevos datos que habían llegado a su conocimiento, no puede alegar una violación de su derecho de defensa, reconocido por los principios generales del Derecho comunitario y desarrollado en el artículo 20 del Reglamento de base.

(véanse los apartados 44 a 47, 53, 54 y 56)

2. La fijación de un período de investigación y la prohibición de tener en cuenta elementos posteriores a dicho período tienen por objeto garantizar que los resultados de la investigación sean representativos y fiables. A este respecto, el período de investigación previsto en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 pretende, en particular, asegurar que los datos en que se basa la determinación del dumping y del perjuicio no sean influidos por el comportamiento de los productores interesados después de la apertura del procedimiento antidumping y, por tanto, que el derecho definitivo impuesto al final del procedimiento sea apto para remediar efectivamente el perjuicio resultante del dumping.

Por otra parte, como el establecimiento de derechos antidumping no constituye la sanción de un comportamiento anterior, sino una medida de defensa y protección contra la competencia desleal que resulta de las prácticas de dumping, es preciso realizar la investigación sobre la base de informaciones tan actuales como sea posible, a fin de poder determinar los derechos antidumping que resultan adecuados para proteger la industria comunitaria contra las prácticas de dumping.

De lo anterior se deriva que, al utilizar el término «normalmente», el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base permite excepciones a la prohibición de tomar en consideración datos relativos a un período posterior al período de investigación. En consecuencia, si los datos acerca de un período posterior al de investigación justifican, por el hecho de reflejar el comportamiento actual de las empresas afectadas, el establecimiento o el aumento de un derecho antidumping, las instituciones están facultadas, incluso obligadas, a tenerlos en cuenta.

Por consiguiente, el Consejo aplica correctamente el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base al tener en cuenta la participación, después del período de investigación, de una empresa en un grupo de productores que tiene como objetivo la elusión de los derechos antidumping y al retirarle, en consecuencia, el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado para evitar la adopción de medidas definitivas manifiestamente inadecuadas.

(véanse los apartados 59 a 61 y 63)