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Por otra parte, en lo que se refiere a la llamada cláusula inglesa, según la cual pueden tenerse en cuenta ofertas más ventajosas hechas por competidores, realmente hay que admitir que en ese caso la competencia dispone de cierto margen de maniobra. Sin embargo, independientemente del hecho de que esta cláusula no figura en absoluto en el contrato celebrado con Guyomarc'h, la cuestión fundamental es que el vínculo establecido con la demandante no se ha extinguido, sino que, todo lo más, se ha suavizado. Por lo general, la cláusula en cuestión se redactaba de tal forma que cuando había una oferta más ventajosa los compradores no quedaban libres sin más, sino que tenían que informar a la demandante y dejarle la posibilidad de aplicar esas condiciones más ventajosas. Esto se aplica también al contrato celebrado con Afico, si se interpreta como es debido; en efecto, la expresión «en caso de que Roche […] no pudiese suministrar a un precio competitivo» debe interpretarse, indudablemente, en el sentido de que había que dar a Roche esa oportunidad. Por lo tanto, dependía exclusivamente de la decisión de Roche el que sus competidores pudiesen o no obtener un pedido. Además, debe recordarse que, en muchos aspectos, la cláusula estaba redactada de una forma muy restrictiva. Es por eso que sólo se trataba de ofertas hechas por fabricantes, y no por comerciantes (Anime-dica), o incluso sólo por fabricantes competidores de igual categoría (Organon), lo que posiblemente significaba —aunque de momento esta cuestión puede quedar pendiente—, que había que revelar la identidad del competidor. En ciertos casos, se habla también de ofertas serias por escrito (Isaac y Nitrovit) y de un abastecimiento regular comparable.

En tales circunstancias, la presencia de la cláusula inglesa, de la que ha dicho la Comisión acertadamente que es probable que facilitara la celebración de contratos de exclusividad, no permite negar la existencia de una relación abusiva. Una conclusión distinta sólo es posible en lo que respecta al contrato celebrado con Upjohn, el cual contiene únicamente una cláusula de competencia («siempre y cuando […] los precios de Roche sean competitivos»). Puede decirse que aquí Roche tiene poder para influir en los abastecimientos que hacen otros fabricantes y, por tanto, podría considerarse que ese tipo de relación no es objetable, si en el presente asunto no tuviera una importancia decisiva el hecho de que se tratase de un vínculo que no estaba limitado en el tiempo.
3.

Sin embargo, el Gobierno italiano trata de justificar la compatibilidad de la exacción con el Tratado desde el punto de vista del artículo 36, pero su argumentación es más hábil que convincente. Señala, en primer lugar, que dicho artículo autoriza las medidas justificadas por razones de protección del patrimonio nacional y que ésa es la finalidad de la exacción controvertida. Puede que sea así, pero el artículo 36 no permite adoptar cualquier medida. Se ha dicho también en la vista que se trataba de una restricción que, al referirse sólo a los bienes que no son objeto del derecho de tanteo por parte del Estado y al no prohibir la exportación, tiene el carácter de una «restricción cuantitativa» que admite el Tratado para la protección del patrimonio nacional. Me parece que aquí hay un uso incorrecto de los términos, ya que en la medida impugnada no se fija ningún contingente, que es lo que suele ocurrir cuando se habla de restricciones cuantitativas, sino simplemente se concede una licencia a instancia de parte. Además, una restricción cuantitativa no podría ir acompañada del pago de una exacción sin salirse por eso mismo del marco del artículo 36. Finalmente, se ha alegado que la disposición controvertida es limitada en sus efectos, dado que no puede hacer imposible la exportación. Ahora bien, el Tratado en varios de sus artículos (por ejemplo, el artículo 226 sobre las medidas de salvaguardia) manifiesta su preferencia por las medidas que menos perturben el funcionamiento del mercado común. También en este punto el argumento me parece engañoso. El artículo 36 autoriza una medida tan radical como la prohibición de exportación de objetos de arte porque dicha medida puede proteger el patrimonio nacional; una medida «más suave», que subordine la autorización de exportación al pago de derechos, no es compatible con el Tratado, porque, sin proteger dicho patrimonio, lleva a gravar con una exacción una transacción comercial, cosa que prohíbe el artículo 16. Al igual que los anteriores, este último argumento del Gobierno italiano no puede ser acogido.
17

En segundo término, la EUIPO afirma que la cuestión planteada por el recurso de casación va más allá de los propios motivos de casación, de modo que tanto los particulares como las autoridades nacionales competentes precisan una aclaración por parte del Tribunal de Justicia. En efecto, para empezar, esta cuestión no está vinculada exclusivamente a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión, sino que abarca cualquier otro supuesto de desaparición ex nunc del derecho anterior durante el procedimiento administrativo, en particular en el contexto de los supuestos frecuentes de expiración de ese derecho, de su caducidad o de su renuncia en dicho procedimiento. Asimismo, la citada cuestión no se limita a la interpretación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 ni a la desaparición de las marcas anteriores no registradas, sino que abarca todos los motivos de denegación y de nulidad relativos, previstos en los artículos 8 y 53 de dicho Reglamento, y la desaparición de cualquier derecho anterior invocado en virtud de esos motivos, ya que ese derecho anterior puede ser un derecho cuyo alcance no sea únicamente local, una marca de la Unión, una marca nacional, un derecho de autor o incluso un dibujo, un modelo o una patente. Por último, esta misma cuestión no solo se refiere a los procedimientos ante la EUIPO, sino a todos los procedimientos ante las autoridades administrativas o judiciales nacionales que versen sobre los motivos de denegación relativos y sobre los motivos de nulidad basados en derechos anteriores, de conformidad con las normativas nacionales que transponen la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), en particular su artículo 5.
57

En el caso de autos, la Comisión considera que las recurrentes no pueden invocar la existencia de circunstancias excepcionales para justificar la inobservancia del plazo del recurso de casación. La Comisión alega, en particular, que el concepto de «error excusable» debe interpretarse de manera estricta. Pues bien, las recurrentes no pueden alegar que desconocían, antes de la recepción del escrito del Secretario del Tribunal General de 11 de enero de 2022, que el Tribunal General había adoptado una resolución definitiva. Por el contrario, en sus alegaciones reconocen que dicho escrito se limitaba a confirmar la posición anterior del Tribunal General. Por lo tanto, la Comisión entiende que no puede considerarse que el comportamiento del Tribunal General pudiera provocar una confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que acredite haber actuado con toda la diligencia exigible a un operador medio cuidadoso.
50

A continuación, la República de Polonia no ha refutado la alegación de la Comisión según la cual no se ha adoptado ninguna medida nacional para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del punto 1, letras c) y d), del fallo de dicho auto. Además, este Estado miembro no ha facilitado al Tribunal de Justicia información alguna sobre la manera en que los órganos jurisdiccionales y las autoridades polacas se han atenido a esas obligaciones.
2.

Libertad de establecimiento — Restricciones — Persona que reside en el territorio nacional y que es socio-administrador de una sociedad establecida en otro Estado miembro — Utilización de un vehículo matriculado en ese otro Estado miembro — Normativa nacional del Estado miembro de residencia que obliga a esta persona a matricular en él su vehículo — Persona afectada que no recibe salario o ingresos de dicha sociedad — Persona afectada que no puede acreditar la función que desempeña en la citada sociedad — Improcedencia — Requisito — Vehículo que no debe ni estar destinado a ser utilizado fundamentalmente en el Estado miembro de residencia con carácter permanente ni ser utilizado de ese modo (Art. 49 TFUE) (véanse los apartados 45 a 50 y el punto 2 del fallo)
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de noviembre de 2021 — Agrárminiszter

(Asunto C‑273/21) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Agricultura — Política agrícola común — Reglamento (UE) n.o 1307/2013 — Regímenes de ayuda directa — Artículo 4, apartado 1, letras c) y e) — Artículo 32, apartado 2 — Régimen de pago único por superficie — Concepto de “hectárea admisible” — Terreno calificado como aeródromo según el registro catastral — Utilización efectiva con fines agrícolas»

Agricultura — Política agrícola común — Regímenes de ayuda directa — Regímenes de apoyo directo — Normas comunes — Régimen de pago único — Concepto de superficie admisible al pago de la ayuda — Concepto de superficie agraria — Superficie clasificada, en Derecho nacional, como aeródromo, pero utilizada con fines agrícolas — Inclusión — Requisito

[Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4, ap. 1, letras c) y e), y 32, ap. 2, letra a)]

(véanse los apartados 23 a 27 y el fallo)

Fallo

El artículo 4, apartado 1, letras c) y e), y el artículo 32, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que una superficie, catalogada en el registro catastral como aeródromo, pero en la que no tiene lugar ninguna actividad asociada con un aeródromo, debe considerarse superficie agraria utilizada a efectos agrícolas cuando se utilice efectivamente como superficie de pasto permanente para la cría de animales.

( 1 ) DO C 252 de 28.6.2021.
1)

El artículo 3, apartado 3, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que la condición relativa a la disponibilidad directa o indirecta al público que figura en dicha disposición no hace referencia a los pasajeros que viajen gratuitamente.
3)

Mantener los efectos de la Decisión de la Junta Única de Resolución, en sesión ejecutiva de 11 de abril de 2017, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2017 al Fondo Único de Resolución (SRB/ES/SRF/2017/05), en lo que respecta a Hypo Vorarlberg Bank AG, hasta que entre en vigor, en un plazo razonable que no podrá exceder de seis meses a partir de la fecha de notificación del presente auto, una nueva decisión de la Junta Única de Resolución por la que se fije la contribución ex ante al Fondo Único de Resolución de dicha entidad para el año 2017.
24

A este respecto, también procede recordar que, en la medida en que el Reglamento n.o 1215/2012 deroga y sustituye al Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), la interpretación por el Tribunal de Justicia de las disposiciones de este último Reglamento será igualmente válida para el Reglamento n.o 1215/2012 cuando las disposiciones de ambos instrumentos de Derecho de la Unión puedan calificarse como equivalentes (sentencia de 8 de mayo de 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, apartado 19 y jurisprudencia citada).
34

Por lo tanto, esta última disposición se limita a reconocer a los Estados miembros, en el contexto del derecho a guardar silencio y del derecho a no declarar contra sí mismo, la facultad de permitir a sus autoridades judiciales que, al dictar una sentencia que imponga una sanción, tomen en consideración el comportamiento cooperador de los acusados. Así pues, como dicha disposición no impone a los Estados miembros ninguna obligación de garantizar que tales autoridades tengan en cuenta esa cooperación, no confiere a un acusado derecho alguno a obtener una sanción reducida en caso de cooperar con las autoridades judiciales, por ejemplo, mediante la celebración de un acuerdo con el fiscal en el que dicho acusado reconozca su culpabilidad.
5

El considerando 16 de la Directiva 2016/343 está redactado en los siguientes términos: «Se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades pública[s] o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable. Todo ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la culpabilidad del sospechoso o acusado, como por ejemplo el escrito de acusación, y sin perjuicio de las resoluciones judiciales como resultado de las cuales adquiere eficacia una condena suspendida, siempre y cuando se respete el derecho de defensa. Se entiende, asimismo, sin perjuicio de las resoluciones preliminares de carácter procesal, adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en sospechas o pruebas de cargo, como las resoluciones relativas a la prisión preventiva, siempre y cuando no se refieran al sospechoso o acusado como culpable. Antes de adoptar una resolución preliminar de carácter procesal, la autoridad competente debe comprobar previamente que existen suficientes pruebas de cargo contra el sospechoso o acusado que justifiquen la resolución de que se trate, y la resolución podría contener una referencia a dichas pruebas.»
6

El decreto legislativo n.o 50 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo n.o 50 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión, de la Directiva 2014/24 sobre contratación pública y de la Directiva 2014/25/UE relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y por el que se reorganiza la normativa vigente en materia de contratos públicos de obras, servicios y suministro), de 18 de abril de 2016 (GURI n.o 91, de 19 de abril de 2016), constituye el nuevo Codice dei contratti pubblici (Código de Contratos Públicos; en lo sucesivo, «Código de Contratos Públicos»).
1

En su recurso de casación, Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (en lo sucesivo, «Hércules CF»), solicita la anulación del auto del Presidente del Tribunal General de la Unión Europea de 22 de marzo de 2018, Hércules Club de Fútbol/Comisión (T‑766/16 R, no publicado, EU:T:2018:170; en lo sucesivo, «auto recurrido»), por el que se desestimó su demanda destinada a obtener la suspensión de la ejecución de la Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al Valencia Club de Fútbol[, S.A.D.], al Hércules Club de Fútbol[, S.A.D.,] y al Elche Club de Fútbol[, S.A.D.] (DO 2017, L 55, p. 12; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
19

En estas circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, en cada uno de los asuntos, la siguiente cuestión prejudicial: «¿Es incompatible con el principio de no discriminación por razón del sexo, previsto en la [Directiva 2006/54] y en la [Carta] (artículo 21), la normativa nacional recogida en el artículo 3, apartado 7, del [Decreto-ley n.o 64/2010], según el cual “para los trabajadores del sector de espectáculos comprendidos en la categoría de bailarines, la edad de jubilación de hombres y mujeres se fija en la fecha en que cumplan los 45 años, utilizándose, en el caso de los trabajadores a los que se aplica íntegramente el sistema contributivo o mixto, el coeficiente de transformación previsto en el artículo 1, apartado 6, de la Ley n.o 335 de 8 de agosto de 1995, correspondiente a la edad superior. En los dos años siguientes a la entrada en vigor de la presente disposición, los trabajadores contratados por tiempo indefinido que hubieran alcanzado o superado la edad de jubilación podrán ejercer la opción, renovable anualmente, de permanecer en su puesto de trabajo. Dicha opción deberá ejercitarse presentando una solicitud formal al [Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) (Instituto Nacional de Previsión y Asistencia de los Trabajadores del Sector de Espectáculos)] en los dos meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición o al menos tres meses antes de causar derecho definitivo a la jubilación, sin perjuicio del límite máximo, a efectos de la pensión de jubilación, de 47 años para las mujeres y 52 para los hombres”?»
Auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 5 de septiembre de 2018 — Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/Rumanía y Comisión

[Asunto C‑717/17 P(I)]

«Recurso de casación — Intervención — Artículo 40, párrafo segundo, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Litigio entre un Estado miembro y una institución de la Unión Europea — Iniciativa ciudadana europea “Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe” — Demanda de intervención de los promotores de esa iniciativa ciudadana europea — Desestimación»

1. Procedimiento judicial — Intervención — Personas interesadas — Demanda de intervención presentada por personas físicas o morales en los asuntos entre un Estado miembro y una institución de la Unión — Inadmisibilidad (Art. 13 TUE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 40, párr. 2) (véanse los apartados 23, 24, 33 y 37)

2. Ciudadanía de la Unión — Derechos del ciudadano — Presentación de una iniciativa ciudadana — Reglamento (UE) n.o 211/2011 — Propuesta de una iniciativa ciudadana que no puede asimilarse a las propuestas que pretenden la adopción de actos jurídicos de las instituciones de la Unión [Art. 24 TFUE, párr. 1; Reglamento (UE) n.o 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo] (véanse los apartados 30 y 31)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Comitetul cetăţenilor ai iniţiativei cetăţeneşti europene Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe cargará, junto con sus propias costas, con las costas de Rumanía.
4

Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 y el 21 de agosto de 2017, Generics, en primer lugar, alega que la demanda de intervención del Reino Unido debe desestimarse por no cumplir los requisitos del artículo 130, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 190, apartado 1. Afirma que no contiene ni la indicación del asunto al que se refiere ni las pretensiones en cuyo apoyo solicita intervenir la coadyuvante, extremo que, en su opinión, perjudica particularmente a Generics por el carácter extemporáneo de esta demanda. Seguidamente indica que, teniendo en cuenta la demanda de intervención del Reino Unido presentada el 10 de marzo de 2017 en el asunto conexo C‑591/16 P Lundbeck/Comisión, considera que la demanda de intervención carece de interés en el presente asunto, en particular si el Tribunal de Justicia decidiera no celebrar una vista. Sostiene también que, en el supuesto de que se celebre una vista, su derecho de defensa se vería perjudicado por la intervención del Reino Unido. Finalmente, Generics alega que la presente demanda de intervención tiene por objeto permitir a este Estado miembro acceder a información, en particular a la contenida en el expediente administrativo de la Comisión, a efectos de formular demandas de indemnización contra Generics ante los tribunales británicos a instancias del National Health Service (Servicio Nacional de Salud, Reino Unido) y del Secretary of State for Health (Ministro de Sanidad, Reino Unido).
29

Mediante su segundo motivo, los recurrentes reprochan al Tribunal General, en esencia, haber incurrido en un error al declarar, por una parte, que el artículo 13 TUE no era pertinente en este asunto y, por otra parte, que la Comisión no había infringido ni los artículos 13 TUE y 17 TUE ni el principio de protección de la confianza legítima, dado que dicha institución no había hecho concebir esperanzas fundadas con respecto a los recurrentes. Sostienen que, al violar el principio general de seguridad jurídica, la Comisión infringió también el artículo 13 TUE. Por otro lado, dado que, en su opinión, esta institución no actuó de conformidad con el artículo 17 TUE, en particular al no velar por la buena aplicación del Derecho de la Unión por la República de Croacia, considera que la Comisión también ha infringido este artículo. En efecto, según los recurrentes, el Tratado de adhesión, en la medida en que establece la obligación de este Estado de crear la función de agente público de ejecución, les garantiza, en particular, el derecho al trabajo, por lo que podían esperar legítimamente que iban a comenzar a ejercer las funciones para las que habían sido nombrados.
2.

Procedimiento sobre medidas provisionales—Suspensión de la ejecución—Requisitos para su concesión—Fumus boni iuris—Examen prima facie de los motivos invocados en apoyo del recurso principal—Recurso contra una decisión de la Agencia Europea de Medicamentos que concede a un tercero acceso a informes de estudios clínicos—Motivos que se refieren al carácter confidencial de la información cubierta por el secreto comercial y a la aplicabilidad de una presunción general de aplicación de una excepción al derecho de acceso del público con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1049/2001—Motivos que revelan la existencia de cuestiones jurídicas complejas—Motivos no carentes de fundamento a primera vista [Art. 278 TFUE; Reglamentos (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo n.o 141/2000, arts. 4, ap. 7, y 8, n.o 1049/2001, art. 4, ap. 7, y n.o 726/2004, arts. 11, 13, ap. 3, 14, ap. 11, 57, 73 y 76; Reglamento (CE) n.o 507/2006 de la Comisión, art. 8; Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo] (véanse los apartados 60, 61, 68, 69, 74 a 78, 80, 81, 83 y 85)