1.

La parte demandante en el asunto principal estima, en relación con el primer punto, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la prohibición impuesta por el artículo 30 se aplica a cualquier normativa de un Estado miembro que pueda obstaculizar directa o indirectamente, actual o potencialmente, el comercio intracomunitário, tanto si esta normativa nacional se aplica solamente a los productos importados como si se aplica también a los productos nacionales. Sostiene a continuación que las disposiciones contenidas en los apartados 16 y 17 del artículo 17 de la Ley 64/86 constituyen una medida discriminatoria de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, en la medida en que impiden que las Administraciones y organismos públicos o con participación estatal se aprovisionen de mercancías que procedan de otras partes del mercado común. A este respecto, alega que de una abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que cualquier discriminación fundada en el origen de las mercancías y en el lugar en que éstas son transformadas infringe el artículo 30. Además, Du Pont de Nemours estima que no es posible aplicar al caso de autos una de las excepciones al artículo 30 previstas por el artículo 36, puesto que el Tribunal de Justicia ha excluido siempre la posibilidad de que este artículo se invoque para justificar medidas de carácter económico, sin que puedan justificarse tampoco estas medidas restrictivas basándose en las «exigencias imperativas» enumeradas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ya que estas exigencias imperativas no son aplicables a medidas que tengan carácter discriminatorio. Según la demandante, el sistema de la parte reservada de los contratos públicos de suministro prevista por la Ley 64/86 es contraria a la Directiva 77/62. Al aplicar esta Directiva los principios superiores del Tratado, prohibe cualquier discriminación, ya se funde en el origen de producto que se haya de suministrar, o en el lugar en que se encuentra establecido el posible proveedor. La demandante alega que tampoco puede invocarse el artículo 26 de la Directiva 77/62 para defender la parte reservada de suministros. Este artículo, declara, dispone simplemente que la Directiva no es obstáculo para que se apliquen las disposiciones de la Ley n° 8.35/50, sin perjuicio de la compatibilidad de dichas disposiciones con el Tratado. Sostiene que, además, en la medida en que la citada parte reservada engloba no solamente los suministros de productos, sino también las prestaciones de servicios, el artículo i 7 de la Ley 64/86 infringe el artículo 59 del Tratado, puesto que reserva a las empresas del Mezzogiorno una parte importante de lös suministros necesarios, discriminando claramente a los proveedores potenciales instalados en otras regiones de Italia o en otros Estados miembros. En lo que se refiere al segundo punto suscitado por el Juez a quo, la demandante recuerda que, según jurisprudencia constante de este Tribunal de Justicia, el artículo 92 no puede servir para eludir la prohibición que impone el artículo 30. Además, estima muy dudoso, por no decir imposible, que la reserva de suministros públicos a favor de empresas meridionales pueda tener carácter de ayuda, En efecto, según ella, la circunstancia de que las disposiciones relativas a la parte reservada de suministros puedan tener el objetivo de desarrollar, la actividad de producción del Mezzogiorno no supone necesariamente que estas disposiciones puedan calificarse de ayuda de Estado regulada por los artículos 92 y siguientes del Tratado. En la hipótesis en que la reserva de suministros se juzgue asimilable a una ayuda de Estado en el sentido del apartado 1 del artículo 92, la demandante precisa que tal «ayuda» no tiene las características necesarias para ser considerada compatible con el Mercado Común a tenor del apartado 3 del artículo 92. En apoyo, de este argumento, Du Pont de Nemours se refiere a los criterios que aplica la Comisión para decidir sobre la compatibilidad con el Mercado Común de un determinado régimen de ayudas, publicados por ella en una Comunicación de 3 de febrero de 1979 (DO C 31 p.. 9; EE 08/02, p. 65). Por estas razones, Du Pont de Nemours pide al Tribunal de Justicia que declare que la parte reservada de los contratos públicos de suministro y de obras prevista en el artículo 17 de la Ley 64/86 no debe calificarse de ayuda financiera a las empresas a tenordel artículo 92, sino que debe considerarse como una medida discriminatoria destinada a orientar la demanda a favor de los productos nacionales, y que como tal está comprendida en el ámbito de aplicación del arr tículo 30. Con caracter subsidiario, la demandante pide al Tribunal de Justicia que declare que, al no poder servir en ningún caso el artículo 92 para eludir las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, el hecho de que una medida nacional pueda llegar a considerarse ayuda no constituye motivo suficiente para sustraerla de la prohibición dispuesta por el artículo 30. Con carácter subsidiario de segundo grado, la demandante pide al Tribunal de Justicia que declare que una ayuda como la parte reservada de contratos públicos de suministro a favor de empresas localizadas en el Mezzogiorno es incompatible con el mercado común en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, y que semejante ayuda no puede declararse compatible con el mercado común en el sentido de la letra a) del apartado 3 del artículo 92. En lo que se refiere al tercer punto, la demandante señala que, como afirmó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 22 de marzo de 1977 (Steinike & Weinlig, 78/76, Rec. 1977, p. 595), es indiscutible que la apreciación de la compatibilidad de un proyecto de ayuda incumbe de manera exclusiva a la Comisión, si bien la decisión de esta última puede someterse posteriormente al examen del Tribunal de Justicia por medio de un recurso de anulación. Según la demandante, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no puede pues pronunciarse sobre la compatibilidad de un proyecto de ayuda con el mercado común en el sentido del artículo 92, debido a que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 92 no produce efecto directo. Sin embargo, indica, ello no excluye que el Juez nacional pueda tener que pronunciarse sobre el carácter de ayuda de una medida determinada, con el fin de apreciar si se adoptó con infracción de las normas de procedimiento del apartado 3 del artículo 93. A este respecto, la demandante estima que el Estado italiano infringió por partida doble el apartado 3 el artículo 93: la primera vez cuando comunicó el plan de ayudas el 2 de mayo de 1986, es decir, después de convertirse en Ley del Estado (1 de marzo de 1986) y, por tanto, no en forma de proyecto ni con tiempo suficiente para que la Comisión pudiera presentar sus observaciones, sino por el contrario poniendo a la Comisión ante el hecho consumado; la segunda, dando ejecución a la disposición que contiene la obligación de reservar una parte de los contratos públicos antes de que la Comisión haya llegado a una decisión definitiva sobre su compatibilidad con el mercado común. La demandante expone que esta infracción también se ha cometido después de haber iniciado la Comisión el procedimiento administrativo del apartado 2 del artículo 93, a pesar de que, en el anuncio de iniciación del procedimiento, la propia Comisión había llamado la atención de las partes interesadas sobre el hecho de que la apertura del procedimiento tiene efecto suspensivo, de forma que las ayudas sólo pueden concederse si la Comisión las aprueba y cuando lo haya hecho (Comunicación de 29 de septiembre de 1987; DO C 259, p. 2). La obligación de no dar ejecución a la medida considerada seguía pesando sobre el Estado italiano incluso después de la publicación —el 2 de marzo de 1988— de la Decisión no definitiva, en la que la Comisión se reservaba el derecho de analizar posteriormente las disposiciones relativas a la parte reservada. Además, Du Pont de Nemours considera que la incompetencia del Juez nacional para apreciar si debe admitirse una ayuda se extiende igualmente al caso de que la Comisión no llegue a pronunciarse sobre este aspecto. Sin embargo, en el caso de autos no se había dado esta omisión por parte de la Comisión. La demandante llega a la conclusión de que, tal como está prevista por la Ley 64/86, la parte reservada está comprendida en la definición de ayuda incompatible con el mercado común contemplada por el apartado 1 del artículo 92, y no reúne los requisitos necesarios para poder ser autorizada de acuerdo con el apartado 3 del artículo 92. Por estas razones, Du Pont pide al Tribunal de Justicia que declare que una ayuda como la parte reservada de los contratos públicos de suministro no puede considerarse compatible con el mercado común.