ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
86.

En cuanto a la alegación relativa al objetivo de canalizar las ganas de jugar hacia determinadas modalidades de juego para prevenir la ludopatía, hay que señalar que el Gobierno español, pese a la jurisprudencia reiterada que exige la presentación de análisis que prueben la oportunidad y la proporcionalidad de las medidas restrictivas adoptadas, ( 28 ) no ha aportado ninguna prueba de carácter estadístico ni de otra índole que permita concluir, por un lado, que son únicamente las entidades beneficiarias de la exención las que organizan juegos caracterizados por la exigencia de gastos de pequeñas cantidades y, por otro lado, que aquéllas organizan únicamente tales tipos de juegos de azar. Por otra parte, no se discute que la legislación en cuestión no tiene en cuenta la tipología del juego para conceder la exención, sino que se basa en las características y los objetivos perseguidos por los organizadores de juegos. Por lo tanto, es difícil comprender de qué modo esta regla será capaz de canalizar las apetencias de jugar hacia los juegos que exigen pequeños desembolsos. Así pues, creo que la exención controvertida no es adecuada para garantizar la consecución de tal objetivo.
39.

La relevancia de los Reglamentos comunitarios citados, de directa aplicación en los Estado miembros, ha movido al Rechtbank van koophandel de Bruselas, antes de pronunciarse sobre el fondo, a suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 1891/2004, en el sentido de que prohíbe a la aduana competente efectuar una notificación del artículo 9, apartado 2, o una inspección del artículo 9, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento no 1383/2003, mientras la solicitud de intervención, presentada antes del 1 de julio de 2004, no se haya completado mediante la declaración mencionada en su artículo 6? Con otras palabras, ¿constituye la citada declaración un requisito formal para que la solicitud de intervención continúe produciendo efectos? 2) ¿Brindaba el artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1383/2003, a la aduana de Amberes la opción de presentar al titular de la marca seis muestras de las mercancías para determinar si se trataba de productos falsificados, entendiéndose que esa notificación no es equiparable a una inspección minuciosa del artículo 9, apartado 3, párrafo segundo, del mismo Reglamento, en la que se permite controlar el origen y la procedencia de las mercancías o efectuar un minucioso análisis técnico de una muestra recogida, según se prescribe en el párrafo [tercero] de ese apartado? En caso de respuesta afirmativa, ¿debió efectuarse esta presentación dentro del plazo de tres días laborables fijado en el artículo 4, apartado 1, del citado Reglamento? 3) ¿Se opone el Reglamento no 1383/2003 a que los funcionarios de aduanas faciliten la información obtenida en aplicación de sus preceptos, fuera de los canales previstos en el artículo 9, apartados 2 y 3, párrafo primero, del Reglamento, por ejemplo, en un examen de testigos o en una presentación de documentos ordenados por tribunales de primera instancia belgas? 4) ¿Se opone el Reglamento no 1383/2003 a que la información obtenida en virtud de los artículos 4, apartado 2 (véase la segunda cuestión), y 9, apartados 2 y 3, distinta de la contemplada en el artículo 9, apartado 3, párrafo primero, o en virtud de un examen de testigos o de una presentación de documentos ordenados por un órgano jurisdiccional belga (véase la tercera cuestión), se utilice en un procedimiento cuyo objeto no es hacer constar que las mercancías son falsificadas, por ejemplo, en un procedimiento para impedir importaciones paralelas?»
191.

No obstante, esto no afecta a la conclusión del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la inaplicabilidad del principio de intangibilidad. Incluso en el supuesto en que el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 97/13 no se refiriera al importe de los cánones, me parece posible deducir de las disposiciones de la Directiva 97/13 que ha de ser posible modificar con posterioridad el importe de los cánones.
30.

Así, por ejemplo, el Tribunal de Justicia consideró como circunstancia pertinente pero no decisiva el hecho de que la empresa, en el momento de la transmisión, estuviera cerrada temporalmente y no tuviera pues empleados a su servicio, en particular en el supuesto de empresas estacionales. ( 29 ) Del mismo modo, aun cuando la transmisión de activos se halla entre los criterios en virtud de los cuales debe efectuarse la apreciación global de la operación, su inexistencia no permite, según el Tribunal de Justicia, excluir tal operación del ámbito de aplicación de la Directiva, ( 30 ) a menos que no estén afectadas empresas que operen en sectores en los que «los elementos materiales contribuyen de forma importante al ejercicio de la actividad». ( 31 ) Además, si el hecho de hacerse cargo de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal contratado por el anterior empresario, conjuntamente con la continuidad de actividad de empresa, puede bastar para configurar una transmisión en el sentido de la Directiva en sectores en los que la actividad se basa esencialmente en la mano de obra, ( 32 ) tal circunstancia puede no resultar determinante en otros casos. ( 33 ) Por último, en la sentencia Mayeur ( 34 ) el Tribunal de Justicia ha declarado que «no cabe excluir que, en determinadas circunstancias, elementos tales como la organización, el funcionamiento, la financiación, la gestión y las normas jurídicas aplicables caractericen una entidad económica de tal forma que una modificación de estos elementos, debido a la transmisión de dicha entidad, implique un cambio en su identidad». ( 35 ) No obstante descartó que se diera tal supuesto en el caso de autos, que se refería a «un municipio, persona jurídica de Derecho público que actúa conforme a normas específicas de Derecho administrativo, que se hace cargo de las actividades de publicidad e información de los servicios que ofrece al público, hasta entonces ejercidas, en interés de dicho municipio, por una asociación sin ánimo de lucro, persona jurídica de Derecho privado». ( 36 ) No obstante, procede señalar que en tal sentencia, entre los diversos factores considerados, el Tribunal de Justicia otorgó una particular importancia a la circunstancia de la continuación por parte del municipio de la actividad anteriormente desarrollada por la asociación y, en particular, de la parte de tal actividad a la que se vinculaban las funciones del demandante en el litigio principal. ( 37 )
103.

El único interrogante que cabría plantearse es si la Decisión controvertida debe ser anulada por el hecho de que la Comisión no tuvo en cuenta el informe neerlandés sobre la calidad del aire ambiente al efectuar la comprobación prevista en el artículo 95 CE, apartado 6. No obstante, para resolver esta cuestión habría que dar audiencia a la partes. Dado que esto aún no ha sucedido en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, esta institución no puede resolver sobre el asunto en su totalidad.
4.

La tarde del 28 de abril de 2005, el Sr. Feryn participó en una entrevista en la televisión nacional belga, en la que declaró: «Muchos de nuestros representantes visitan a domicilio a los clientes […]. Todo el mundo instala sistemas de alarma y es evidente que, hoy en día, hay mucho miedo. No son sólo inmigrantes los que entran a robar en las casas. No voy a decir eso, no soy racista. Son también belgas los que roban en las casas. Pero es evidente que la gente tiene miedo. Así que nos dicen en muchas ocasiones: “Inmigrantes no” […]. Debo atender a las exigencias de mis clientes. Si usted dice: “quiero ese determinado producto o lo quiero de este modo o de otro”, y yo digo “yo no lo hago, enviaré a esa gente”, luego usted dirá “no me hace falta la puerta”. Entonces, yo mismo me pongo fuera del negocio. Debemos satisfacer las exigencias de los clientes. Ése no es mi problema. Yo no he creado ese problema en Bélgica. Quiero que la empresa funcione bien y que al final del año alcancemos nuestro volumen de negocios, y ¿cómo lo alcanzo? ¡Tengo que hacerlo como el cliente quiera!»
14.

La Región Valona y la Société de développement et de promotion de l’aéroport de Lieja-Bierset (en lo sucesivo, «SAB») celebraron una serie de convenios con determinadas empresas de transporte aéreo. No se ha transmitido al Tribunal de Justicia información sobre el primer contrato celebrado en fecha indeterminada con la sociedad Cargo Airlines Ltd (CAL). En cambio, sí se ha descrito pormenorizadamente el convenio celebrado el 26 de febrero de 1996 con la sociedad de transporte urgente TNT (en lo sucesivo, «convenio»).
20.

En primer lugar, recordemos que aunque el Convenio de Bruselas no contenía una sección específica relativa a los contratos de trabajo, a éstos se les aplicaban las reglas de competencia que establecía. En consecuencia, mientras el Convenio estuvo en vigor, el artículo 6, número 1, que permite demandar a varias personas ante el órgano jurisdiccional de una de ellas, era, tal como la Comisión de las Comunidades Europeas reconoce, perfectamente aplicable a los contratos de trabajo. Pues bien, el Reglamento no 44/2001, sucesor del Convenio de Bruselas, se inscribe en la continuidad y no rompe con las reglas establecidas por el Convenio, según se señala en su quinto considerando. Por tanto, el Reglamento no 44/2001 no pretende modificar sustancialmente las reglas de competencia judicial, así que puede pensarse que los autores de este texto legislativo no quisieron excluir la aplicación del artículo 6, número 1, de dicho Reglamento en el ámbito que nos ocupa.
28.

La demandante considera que la realización de una acometida individual no constituye una prestación independiente respecto del suministro de agua. Desde el punto de vista del cliente, la acometida individual de agua sólo sirve para permitir el suministro de agua, sin que tenga otra finalidad. A su juicio, refuerza esta conclusión el hecho de que el cliente, por razones jurídicas y prácticas, no puede obtener agua de otra empresa. La demandante considera que el hecho de que la realización de la acometida individual de agua se cobre de forma específica o mediante un pago único no es relevante a efectos del IVA. La circunstancia de que los costes asociados a la realización de la acometida individual se deduzcan de la cuota mensual de costes fijos y de la cuota asociada al consumo efectivo de agua indica que existe un precio único para el suministro del agua, del cual una parte se calcula de forma específica. Por otra parte, si bien la acometida se realiza una sola vez, resulta indispensable para el suministro continuo de agua y, en consecuencia, no puede considerarse una prestación independiente. Lo que aumenta el valor del inmueble en cuestión de forma permanente no es sólo la acometida, sino también la existencia del suministro de agua. Contrariamente a lo alegado por la demandada, la suposición de que puede no consumirse agua en edificios con acometida no se ajusta a la realidad. La demandante añade que el (elevado) coste que representa la acometida individual no es un argumento válido para llegar a la conclusión de que representa una prestación independiente. Mientras que la acometida puede costar mil euros, el consumo de agua de un hogar puede elevarse a ocho o doce mil euros en un periodo de cuarenta a cincuenta años.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 12 de diciembre de 2002. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 91/439/CEE. - Asunto C-85/02.



Recopilación de Jurisprudencia 2003 página 00000



Conclusiones del abogado general

1. En el presente asunto, la Comisión solicita, conforme al artículo 226 CE, que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al punto 12 de su anexo II.

2. La Directiva 91/439 establece los requisitos para la expedición del permiso de conducción. Su anexo II enumera los requisitos mínimos del examen de conducción. El punto 12 de dicho anexo se refiere a la duración del examen para diversas categorías de vehículos y determina que «el tiempo mínimo de conducción consagrado al control de los comportamientos no deberá en ningún caso ser inferior a 25 minutos» para las categorías A, B y B+E.

3. No se discute que la normativa francesa que regula el permiso de conducción exige duración media del examen de 22 minutos. El Gobierno francés reconoce en su escrito de contestación que aún no ha adoptado las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno al punto 12 del anexo II de la Directiva y explica las dificultades encontradas para hacerlo. También afirma que está haciendo todo lo posible para adoptar a la mayor brevedad las disposiciones necesarias.

4. De ello se deduce que el recurso de la Comisión está fundado.

Conclusión

5. En consecuencia, opino que el Tribunal de Justicia debería:

1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al punto 12 de su anexo II.

2) Condenar en costas a la República Francesa.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 5 de julio de 2001. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a las Directivas 96/49/CE y 96/87/CE. - Asunto C-370/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2001 página I-06329



Conclusiones del abogado general

1. En el presente asunto, la Comisión interpuso un recurso, con arreglo al artículo 226 CE, con el fin de que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/49/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril y de la Directiva 96/87/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 1996, para la adaptación al progreso técnico de la Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dichas Directivas.

2. En su defensa, Irlanda no niega la censura de la Comisión, pero afirma que está trabajando en un proyecto de reglamentos para integrar dichas Directivas en su ordenamiento jurídico interno.

Conclusión

3. En estas circunstancias, opino que el Tribunal de Justicia debería:

1) Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/49/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril y de la Directiva 96/87/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 1996, para la adaptación al progresotécnico de la Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, al no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dichas Directivas.

2) Condenar en costas a Irlanda.
61999C0101

Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas el 15 de mayo de 2001. - The Queen contra Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte British Sugar plc. - Petición de decisión prejudicial: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Reino Unido. - Agricultura - Organización común de mercados - Azúcar - Calificación de una cantidad de azúcar producida durante una determinada campaña de comercialización como "azúcar C" - Exacción devengada por el azúcar vendido en el mercado interior - Percepción en caso de exportación al amparo de un certificado de exportación - Restituciones a la exportación. - Asunto C-101/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-00205
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 22 de febrero de 2001. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 94/56/CE. - Asunto C-494/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2001 página I-02761



Conclusiones del abogado general

1. En el presente caso, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare con arreglo al artículo 226 CE, que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de la Directiva 94/56/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil, al no haber adoptado o, con carácter subsidiario, al no haber comunicado a la Comisión, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar pleno cumplimiento a la citada Directiva.

2. El artículo 1 de la Directiva establece que ésta tiene por objeto «mejorar la seguridad aérea facilitando la realización diligente de investigaciones técnicas cuyo único objetivo sea la prevención de futuros accidentes o incidentes». La Directiva dicta las normas básicas que regulan las citadas investigaciones.

3. El artículo 12, apartado 1, de la Directiva dispone que:

«Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más tardar, el 21 de noviembre de 1996. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.»

4. La República Helénica reconoce que aún no ha adaptado su ordenamiento jurídico interno a lo dispuesto en la Directiva, si bien señala en su contestación que en breve se presentará un proyecto de ley al Parlamento. Dicho Estado miembro expone, en su réplica, que se ha remitido un proyecto de ley al Consejo de Estado.

5. De lo anterior se desprende que procede estimar el recurso de la Comisión.

Conclusión

6. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia:

1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de la Directiva 94/56/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de los accidentes de aviación civil al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar pleno cumplimiento a la citada Directiva.

2) Condenar en costas a la República Helénica.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 22 de enero de 1998. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana. - Incumplimiento de Estado - Directiva 94/57/CE - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado. - Asunto C-313/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-01191



Conclusiones del abogado general

1 En el presente procedimiento, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado al no haber adoptado dentro del plazo señalado y/o al no haber comunicado a la Comisión las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas. (1)

2 El artículo 16 de la Directiva dispone:

«1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1995.

[...]

3. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión toda disposición de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros.»

3 La República Italiana no ha negado el hecho de no haber ejecutado la Directiva y manifiesta en su contestación que están en proceso de adopción las disposiciones necesarias.

4 En estas circunstancias, es evidente que el recurso de la Comisión está bien fundado.

Conclusión

5 En consecuencia, entiendo que el Tribunal de Justicia debe:

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado al no haber adoptado dentro del plazo señalado, las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas.

2) Condenar a la República Italiana al pago de las costas del procedimiento.

(1) - DO L 319, p. 20.
26.

Se trata de una solución particularmente restrictiva que conlleva efectos rigurosos cuando el pedido o la iniciativa del pedido emane de la sucursal o de la fábrica situadas en el sector de otro agente. En tal caso, el pedido y la consiguiente celebración del contrato pueden atribuirse con fundamento a todas las actividades desarrolladas por este último agente encargado de velar por los intereses de su comitente en el sector concedido. Aunque sea independiente de la intervención concreta del agente, su derecho a comisión por los contratos celebrados con clientes que pertenezcan al sector que se le ha concedido constituye, en el fondo, una retribución (indirecta), no sólo por cada contrato en particular, sino también por la totalidad de la actividad del agente en el sector geográfico que esté a su cargo. ( 15 ) Estas reflexiones me llevan a concluir en que debe preferirse el criterio de fondo, es decir, quién efectuó el pedido, al criterio formal del domicilio social. Cuando la sucursal o la fábrica funcionen como establecimientos independientes y dispongan de un derecho a efectuar pedidos que les haya sido concedido por la administración central de la persona jurídica, entonces deben ser consideradas, en el sentido de la disposición interpretada, como clientes que pertenecen al sector concedido al agente. Por el contrario, si la fábrica o la sucursal situadas en el sector de que se trata no tienen libertad para actuar de forma autónoma, habrá que considerar como cliente a la propia sociedad, cuyo domicilio social se halla fuera del sector concedido. Esta fue la solución adoptada por los órganos jurisdiccionales alemanes, como explicó el Gobierno alemán en sus observaciones, cuando tuvieron que interpretar el apartado 2 del artículo 87 del HGB, que contiene, como antes se ha dicho, una disposición análoga a la del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva. ( 16 ) Según dicha interpretación, el agente comercial tiene derecho a comisión por los contratos concluidos por el comitente como consecuencia de un pedido que emana de un establecimiento de la sociedad que funciona como entidad independiente dentro de su sector, aun cuando el contrato haya sido celebrado fuera del sector concedido. Por el contrario, el agente comercial no puede reclamar una comisión por un contrato que haya sido concluido por el comitente con un cliente que no pertenezca a su sector, en el sentido antes expuesto, aun cuando el contrato haya sido celebrado dentro de su sector. ( 17 ) De esta forma, el criterio adicional que, al parecer, según el tenor literal de la segunda cuestión prejudicial, el Juez nacional también quiere tener en cuenta, o sea, el lugar en el que el contrato haya sido concluido, es irrelevante según el sistema de la Directiva.