Asunto C-500/10

Ufficio IVA di Piacenza

contra

Belvedere Costruzioni Srl

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna)

«Fiscalidad — IVA — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Sexta Directiva — Artículos 2 y 22 — Terminación automática de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional tributario de casación»

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Recaudación del impuesto — Regulación procesal nacional

(Art. 4 TUE, ap. 3; Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 2 y 22)

El artículo 4 TUE, apartado 3, y los artículos 2 y 22 de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, en materia del impuesto sobre el valor añadido, de una disposición nacional excepcional, que establece la terminación automática de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional tributario de casación cuando dichos procedimientos se iniciaron mediante un recurso interpuesto en primera instancia más de diez años antes de la entrada en vigor de la citada disposición y se desestimaron las pretensiones de la Administración tributaria en las dos primeras instancias, terminación automática en virtud de la cual la resolución de segunda instancia adquiere fuerza de cosa juzgada y se extingue el crédito reivindicado por la Administración tributaria.

En efecto, en primer lugar, la necesidad de garantizar que los recursos de la Unión se perciban de forma eficaz no puede ir en contra del respeto del principio del plazo razonable que, con arreglo al artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se impone a los Estados miembros cuando éstos aplican el Derecho de la Unión y cuya protección se impone igualmente en virtud del artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En segundo lugar, una normativa nacional que permite poner fin a los procedimientos más antiguos pendientes ante el órgano jurisdiccional tributario de casación no constituye una renuncia indiscriminada a la percepción del impuesto sobre el valor añadido durante un período determinado, sino una disposición excepcional que trata de hacer respetar el principio del plazo razonable. Asimismo, debido a su carácter puntual y limitado, derivado de sus requisitos de aplicación, esa normativa no crea diferencias significativas en el modo en que son tratados los sujetos pasivos en su conjunto y, por lo tanto, no viola el principio de neutralidad fiscal.

(véanse los apartados 23 y 26 a 28 y el fallo)

Asunto C-500/10

Ufficio IVA di Piacenza

contra

Belvedere Costruzioni Srl

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna)

«Fiscalidad — IVA — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Sexta Directiva — Artículos 2 y 22 — Terminación automática de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional tributario de casación»

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Recaudación del impuesto — Regulación procesal nacional

(Art. 4 TUE, ap. 3; Directiva 77/388/CEE del Consejo, arts. 2 y 22)

El artículo 4 TUE, apartado 3, y los artículos 2 y 22 de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, en materia del impuesto sobre el valor añadido, de una disposición nacional excepcional, que establece la terminación automática de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional tributario de casación cuando dichos procedimientos se iniciaron mediante un recurso interpuesto en primera instancia más de diez años antes de la entrada en vigor de la citada disposición y se desestimaron las pretensiones de la Administración tributaria en las dos primeras instancias, terminación automática en virtud de la cual la resolución de segunda instancia adquiere fuerza de cosa juzgada y se extingue el crédito reivindicado por la Administración tributaria.

En efecto, en primer lugar, la necesidad de garantizar que los recursos de la Unión se perciban de forma eficaz no puede ir en contra del respeto del principio del plazo razonable que, con arreglo al artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se impone a los Estados miembros cuando éstos aplican el Derecho de la Unión y cuya protección se impone igualmente en virtud del artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En segundo lugar, una normativa nacional que permite poner fin a los procedimientos más antiguos pendientes ante el órgano jurisdiccional tributario de casación no constituye una renuncia indiscriminada a la percepción del impuesto sobre el valor añadido durante un período determinado, sino una disposición excepcional que trata de hacer respetar el principio del plazo razonable. Asimismo, debido a su carácter puntual y limitado, derivado de sus requisitos de aplicación, esa normativa no crea diferencias significativas en el modo en que son tratados los sujetos pasivos en su conjunto y, por lo tanto, no viola el principio de neutralidad fiscal.

(véanse los apartados 23 y 26 a 28 y el fallo)