4.

En mi opinión, esta tesis merece ser acogida. En primer lugar, el caso sobre el que versa el procedimiento principal no presenta ningún elemento de conexión con el ordenamiento comunitario. La Directiva 79/112/CEE ( 1 ) establece normas en materia de etiquetado de productos alimenticios, disponiendo, entre otras cosas, que en la presentación del producto se indicará también su fecha de caducidad. Pero la finalidad de este acto normativo, según resulta de su primer considerando, es la de eliminar «las diferencias que existen [...] entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al etiquetado de los productos alimenticios», diferencias que «dificultan la libre circulación de dichos productos y pueden crear condiciones de competencia desiguales». A tal fin, se consideró «necesario [...] establecer la lista de las menciones que deberán figurar en principio en el etiquetado de todos los productos alimenticios». ( 2 ) La Directiva persigue tales finalidades con el sencillo expediente de imponer criterios uniformes para el etiquetado de los productos alimenticios. Así pues, la única posible infracción de sus disposiciones consiste en la comercialización de productos que hayan sido etiquetados sin atenerse a los criterios establecidos. En cambio, la Directiva no regula en modo alguno el supuesto, sobre el que versa el litigio principal, de que un producto, aunque etiquetado de conformidad con las prescripciones comunitarias, sea puesto en venta en un momento posterior al que figura en el embalaje como fecha de caducidad. Pues bien, el problema que aquí se plantea no es el de determinar si los productos fueron etiquetados con sujeción a los requisitos que establece la Directiva, en cuyo caso deberá considerarse que el supuesto de hecho se rige, en efecto, por el Derecho comunitario. Se trata, por el contrario, de examinar de qué manera se sanciona el comportamiento consistente en comercializar productos alimenticios ya caducados: pero de ello no se ocupa ni la Directiva de que se trata ni ninguna otra disposición del Derecho comunitario. La competencia sobre esa materia corresponde al legislador nacional. Por consiguiente, las partes intervinientes alegaron correctamente que el proceso seguido contra el Sr. Maurin se refiere a la infracción de una norma nacional que no presenta ningún elemento de conexión con el Derecho comunitario. Ahora bien, constituye reiterada jurisprudencia que el Tribunal de Justicia «[...] debe velar por el respeto de los derechos fundamentales en el ámbito del Derecho comunitario, pero no puede apreciar la compatibilidad de una normativa nacional ajena al ordenamiento comunitario con el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos». ( 3 ) Teniendo en cuenta que, como ya se ha dicho, la sanción aplicada al Sr. Maurin está prevista en una norma nacional, la cual no constituye ejecución de ninguna norma comunitaria, el Tribunal de Justicia no es competente para apreciar si las modalidades del procedimiento para la aplicación de tales sanciones resultan o no conformes con los principios generales del Derecho y, en particular, con la tutela del derecho de defensa y con el principio de contradicción, cuya observancia debe garantizar el Tribunal de Justicia.