La primera de ellas exige, en primer lugar, dos precisiones.

Habla de «impuestos adeudados a la Comunidad». Sin embargo, del contexto se desprende claramente que esta expresión no debe entenderse textualmente, en el sentido de los derechos que únicamente revierten en la Comunidad. En aquel momento, no era el caso de los montantes compensatorios monetarios. Por tanto, sólo puede tratarse de impuestos recaudados en virtud del Derecho comunitario.

Además, de los hechos se desprende que la cuestión debe limitarse al problema de la condonación por razones de equidad objetivas, en particular, cuando la percepción del impuesto es supuestamente contraria a la finalidad de la ley y cuando se realiza al margen de la intención del legislador. En el presente caso, no es necesario, por tanto, examinar si es factible la condonación por motivos personales o por los efectos de ciertas disposiciones formales y procesales.

La demandante en el litigio principal propone una respuesta afirmativa a esta cuestión, tal y como se acaba de precisar. La citada demandante concede una gran importancia al hecho de que el Reglamento comunitario únicamente se refería a la posibilidad de percibir la compensación monetaria, por lo que, según la actora, los derechos recaudados con arreglo al Reglamento alemán sobre recaudación de montantes compensatorios para la protección de la agricultura alemana, de 14 de mayo de 1971, constituyen impuestos sometidos al Derecho nacional. En su opinión, ello significa, además, que la condonación de tales cánones por motivos de equidad se rige por el Derecho procesal alemán. En efecto, es reiterada jurisprudencia en Derecho procesal alemán (sentencia de 16 de diciembre de 1976, Rewe, 33/76,↔ Rec. p. 1989), que, en tanto no exista normativa comunitaria, la regulación de este Derecho incumbe a los Estados miembros. Por otra parte, hay que referirse a la jurisprudencia sobre los dictámenes oficiales de clasificación arancelaria, que existen en Derecho alemán. Tales dictámenes se han declarado lícitos, a pesar de que, en algunas circunstancias, puedan conducir a aplicaciones divergentes de las exacciones aduaneras impuestas por el Arancel Aduanero Común. Ahora bien, la condonación por razones de equidad de los tributos previstos por el Derecho comunitario constituye una categoría semejante de medidas jurídicas de aplicación.

La Comisión y el Gobierno alemán sostienen, por su parte, una opinión contraria, en apoyo de la cual sus representantes -especialmente el de la Comisión- alegan que los Estados miembros no tienen la facultad de regular la condonación por motivos objetivos de equidad, porque la Comunidad hizo uso de las competencias que le habían sido atribuidas por el Tratado y estableció todos los requisitos necesarios para la recaudación de los impuestos. En estas circunstancias no es admisible que los Estados miembros modifiquen, mediante medidas nacionales, el alcance de la normativa comunitaria. Por lo demás, la jurisprudencia ya ha subrayado este principio en numerosas ocasiones en casos equiparables.

Para la apreciación de esta controversia, en nuestra opinión, es preciso partir de las observaciones realizadas en la sentencia dictada en el asunto 5/73, anteriormente citado. En esta resolución, el Tribunal de Justicia subrayó que la normativa comunitaria sobre compensación monetaria, a la que se refiere el Reglamento no 974/71, fue adoptada con arreglo al artículo 103 del Tratado CEE, que era necesario evitar cualquier medida unilateral y que las medidas adoptadas conforme al artículo 103 eran indispensables en interés de la protección de los objetivos y de los mecanismos de la política agrícola común. Como la validez de la normativa comunitaria, incluida la de las disposiciones de ejecución del Reglamento no 974/71 adoptadas por la Comisión, no se ha puesto en duda, puede, por consiguiente, afirmarse que los órganos comunitarios han hecho un uso correcto de las facultades que les confiere el Tratado. Por añadidura, hay que recordar que, ciertamente, el Reglamento no 974/71 solo se refiere a una posibilidad de los Estados miembros, pero su artículo 7 establece formalmente que no puede hacerse uso, parcial o temporalmente, de la autorización prevista por este texto y que, por tanto, no podían establecerse excepciones por medio de medidas nacionales.

En fin, no debemos olvidar que, en la sentencia en el asunto 5/73, en la cual el Tribunal de Justicia examinó la validez del Reglamento no 974/71 y del Reglamento de la Comisión que había fijado montantes compensatorios para diversos productos, éste declaró expresamente que la elección de un criterio uniforme y global para la fijación de montantes compensatorios no era criticable. El hecho —declaró expresamente— de que los montantes compensatorios no correspondan exactamente en cada caso a la incidencia monetaria de la revaluación del marco alemán, no constituye una violación del principio de proporcionalidad.

En la actualidad, la demandante en el litigio principal reclama la condonación de los montantes compensatorios fijados por la Comunidad, por razones de equidad. En apoyo de la aplicación de las normas nacionales sobre equidad, la citada demandante alega la economía de la normativa comunitaria y, a este respecto -como acertadamente señaló la Comisión—, recurre en gran medida a los mismos argumentos que en el asunto 5/73, entre otros, al hecho de que la revaluación del marco alemán, en su opinión, no tuvo influencia en la operación realizada por ella, pues el contrato se había celebrado basándose en el marco alemán.

Se trata ni más ni menos, por tanto, de una modificación de la normativa comunitaria, que ha sido objeto de un Reglamento directamente aplicable y que —como lo ha expresado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de octubre de 1973, Merkur Außenhandels GmbH/Comisión (43/72, Rec. p. 1055)- tiene un carácter global. Estimar la demanda equivaldría a intervenir en el ámbito de aplicación de esta normativa y a poner parcialmente en peligro la aplicación del Derecho comunitario.

En mi opinión, resulta ciertamente dudoso que semejante actitud pueda conciliarse con las normas relativas al reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros, o con la primacía del Derecho comunitario y el principio de su aplicación uniforme.

La demandante evidentemente se equivocó al remitirse, a este respecto, a la sentencia en el asunto 33/76, antes citada, en la que se declaró que, mientras no existieran disposiciones comunitarias, la regulación de las cuestiones procesales incumbía a los ordenamientos jurídicos nacionales. En este caso, no se trata efectivamente de la aceptación de ciertos efectos sobre el Derecho material como consecuencia de la inobservancia de disposiciones nacionales formales y procesales; el presente asunto, por el contrario, se refiere a una condonación por razones de equidad, que la demandante basa en consideraciones estrictamente de Derecho material, derivadas en particular de la economía de la ley.

Igual de poco convincente resulta la remisión de la demandante a la jurisprudencia sobre la admisibilidad de los dictámenes. oficiales de clasificación arancelaria emanados de las autoridades nacionales (sentencia de 24 de noviembre de 1971, Siemers & Co., 3/71, Rec. p. 919). Tales dictámenes no suponen, en realidad, sino una aplicación anticipada del Derecho comunitario, que puede también, naturalmente, conllevar errores, mientras que una condonación por motivos de equidad, de cánones regulados por el Derecho comunitario, constituiría una excepción a este Derecho comunitario y equivaldría a su modificación.

Por el contrario, es necesario recordar algunas otras sentencias que se han dictado en casos semejantes y que han descartado claramente la aplicación de normas nacionales de equidad u otras reglas nacionales que se apartan del Derecho comunitario. Así ocurrió en el asunto en el que recayó la sentencia de 15 de diciembre de 1970, Deutsche Getreide- und Futtermittel Handelgesellschaft, 31/70,↔ Rec. p. 1055), que versaba sobre el problema de la percepción de exacciones sobre el maíz deteriorado como consecuencia de la humedad. La remisión, efectuada por el Gobierno neerlandés, a la posibilidad existente en su ordenamiento jurídico, de reducir el tipo de la exacción por motivos de equidad, fue tácita, aunque no por ello menos claramente declarada inoperante. Hay que mencionar también la sentencia de 30 de noviembre de 1972, Granaría (18/72, Rec. p. 1163), en la que el Tribunal de Justicia expresó claramente que las autoridades nacionales no podían aplicar el Derecho interno y, basándose en éste, conceder excepciones a la exacción por motivos de equidad. Esta sentencia añade —con absoluta nitidez— que no es compatible con el reparto de competencias vigente, que los Estados miembros modifiquen, mediante medidas nacionales, la aplicación del Derecho comunitario. En fin, aún ha de citarse la sentencia de 2 de febrero de 1977, Amsterdam Buld BV (50/76, Rec. p. 137), en la que -en un contexto ciertamente más ajeno— el Tribunal de Justicia declaró que los servicios nacionales no podían conceder exenciones a los precios mínimos fijados por la Comunidad.

En conclusión, la primera cuestión, en mi opinión, sólo puede recibir una respuesta negativa, es decir, que sólo puede afirmarse que, en el ámbito de la compensación monetaria, íntegramente regulado por la normativa comunitaria, las autoridades nacionales no poseen la facultad de regular la condonación por motivos de equidad objetivos, independientemente de que estos tributos reviertan en la Comunidad o en los Estados miembros.