8.

Esta descripción de los hechos esenciales que se desprende de los autos (y concretamente de la resolución de la Cour de cassation) deja en el aire, como ya hemos dicho, diversas dudas e imprecisiones sobre la situación de hecho ante la que nos encontramos. Sin embargo, a la luz de las consideraciones que hemos expuesto, nos permite formular dos hipótesis y sacar de las mismas dos conclusiones simétricas. Primera hipótesis. El contrato original es considerado por el órgano jurisdiccional competente como jurídicamente válido y en vigor, a pesar de no haber habido prórroga por escrito, entendiéndose en ese sentido la referencia al hecho de haber seguido constituyendo el «fundamento jurídico» de las relaciones contractuales entre las partes. Esta hipótesis se daría —como apunta la Comisión en sus observaciones— en el caso, por ejemplo, de que el Derecho nacional aplicable al contrato reconociera la validez de una revocación meramente verbal de la cláusula original de prórroga por escrito y las partes prorrogaran a continuación verbalmente el contrato original o lo recondujeran tácitamente. Como admite la Comisión, podríamos entonces reconocer, sin más, la plena vigencia de la cláusula atributiva de competencia incluida en el contrato original. Igual que la Comisión, lo haríamos en aras de las exigencias de flexibilidad de la práctica comercial y también porque, al referirse la prórroga verbal al conjunto del contrato escrito, abarcaría la totalidad de sus cláusulas, para las que no hay dudas sobre el consentimiento de las partes. En la hipótesis de prórroga por escrito, se producirían también los mismos efectos, sin que fuera necesaria una confirmación expresa y específica de la cláusula atributiva de competencia. Entendemos, sin embargo, que, aun siendo éste el primer elemento que hay que tener en cuenta en la respuesta a la cuestión prejudicial, no es el único ni, quizá por eso, el decisivo. Efectivamente, repárese en las siguientes circunstancias —probadas o simplemente posibles en el caso que nos ocupa— que hay que tener en cuenta, además de la apreciación meramente jurídica de la situación: no hubo prórroga por escrito del contrato original a partir de cierta fecha; entre la última renovación escrita y la ruptura de relaciones comerciales que mantuvieron las partes pasó un largo período de veinte años; no está claro en qué medida se remitieron las partes durante ese período al contrato inicial, si se acogieron expresamente a sus cláusulas entre ellas o en juicio o si continuó siendo solamente un punto de referencia difuso y genérico; si damos fe a las alegaciones de una de las partes, podrá haber habido entre ellas consentimiento (iverbal o escrito? y ¿con qué valor?) para sustituir el requisito de prórroga escrita por un sistema de renovación tácita; habrá habido a lo largo del tiempo, sin que se perciba exactamente en qué forma (escrita o verbal, expresa o tácita), distintas modificaciones de los términos del contrato acordados por escrito. Es decir, hay circunstancias en que, incluso dando por supuesta la certeza jurídica sobre la subsistencia del contrato original, puede empezar a planear la duda sobre el modo en que este contrato ha seguido constituyendo el «fundamento jurídico» de las relaciones entre las partes. En circunstancias como éstas, y a pesar de los términos de su primera expresión, la forma que reviste el acuerdo atributivo de competencia no ofrece suficientes garantías de prueba de un consentimiento de las partes válido a la luz del artículo 17 del Convenio de Bruselas. Obsérvese que, en los requisitos que analizamos, estamos ante una doble exigencia de seguridad jurídica: la del artículo 17 del Convenio, que exige «acuerdo escrito o acuerdo verbal confirmado por escrito», a tenor de la interpretación rigurosa del Tribunal, y la del contrato celebrado entre recurrente y recurrida en el asunto principal que exige confirmación escrita para su renovación. En estas condiciones, ¿cómo no ser especialmente exigente en la valoración de la existencia de los requisitos formales para la validez del acuerdo atributivo de competencia? Segunda hipótesis. El contrato original no es considerado válido y en vigor (y, por tanto, oponible como tal a ninguna de las partes), pero de acuerdo con el Derecho nacional aplicable sigue constituyendo el marco jurídico de las relaciones comerciales entre las partes, hasta el punto de poderse decir, por ejemplo, con el reconocimiento del Derecho nacional aplicable, que éstas lo aceptan como un conjunto de condiciones generales que regulan sus relaciones comerciales corrientes, subordinándoles todos los contratos verbales que lleguen a celebrar. En tal caso, si las partes se remiten efectivamente a ese contrato, invocándolo en juicio o fuera de él, acogiéndose a sus cláusulas, en las que se habían puesto de acuerdo inicialmente de forma libre y consciente por escrito, de manera que no puedan alegar seriamente su desconocimiento, sería contrario a la buena fe que una de las partes pudiese prevalerse de los requisitos del artículo 17 para sustraerse a la aplicación de una cláusula atributiva de competencia (sobre la importancia de la buena fe en este ámbito, véase la jurisprudencia citada). Se daría una variante radical de esta segunda hipótesis en el caso en que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional, interpretado y aplicado por el juez al caso concreto, estuviese excluida toda forma de vigencia del contrato más allá de su última prórroga por escrito. Estaremos entonces ante un contrato completamente distinto del anterior, celebrado con base en un acuerdo verbal o tácito, con arreglo al Derecho nacional o no, pero, en todo caso, incapaz de satisfacer los requisitos del artículo 17 del Convenio (incluso dando por supuesta la identidad material de las cláusulas de uno y otro), por faltarle totalmente la forma escrita. De otro modo, correríamos el riesgo (al igual que en la primera hipótesis, por otra parte) de estar reconociendo validez, a la luz del artículo 17, a una especie de remisión meramente implícita a un contrato escrito celebrado anteriormente (y, en este caso, expirado), lo que la jurisprudencia del Tribunal, aunque en otro contexto (véase sentencia del asunto Salotti, Rec. 1976, p. 1831, 1842), ya ha considerado inadmisible.