ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Conclusiones del Abogado General Alber presentadas el 10 de junio de 1999. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica. - Incumplimiento de Estado - Artículos 6 y 52 del Tratado CE (actualmente artículos 12 CE y 43 CE, tras su modificación) - Navegación aérea - Matriculación de aeronaves. - Asunto C-203/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-04899



Conclusiones del abogado general

1 Mediante escrito presentado el 28 de mayo de 1998, la Comisión de las Comunidades Europeas ha solicitado al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 6 y 52 del Tratado CE (actualmente artículos 12 CE y 43 CE, tras su modificación), al exigir a los operadores comunitarios un período de residencia o de establecimiento en Bélgica de un año para matricular aeronaves en ese Estado, en virtud de las letras c) y d) del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto de 15 de marzo de 1954 por el que se regula la navegación aérea.

2 El presente asunto ya había llegado al final de la fase oral del procedimiento y las conclusiones se habían presentado el 4 de marzo de 1999.

3 Mediante auto de 26 de marzo de 1999 el Tribunal de Justicia ordenó la reapertura de la fase oral, con arreglo al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento.

4 No obstante, las partes renunciaron a la celebración de una nueva vista.

5 Dado que, a este respecto, no se han invocado ningún aspecto de hecho o de Derecho nuevo, me remito al contenido de las conclusiones presentadas el 4 de marzo de 1999.

6 Por los motivos expuestos anteriormente propongo al Tribunal de Justicia que:

1) Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 6 y 52 del Tratado CE (actualmente artículos 12 CE y 43 CE, tras su modificación), al exigir a los operadores comunitarios un período de residencia o de establecimiento en Bélgica de un año para matricular aeronaves en ese Estado, en virtud de las letras c) y d) del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto de 15 de marzo de 1954 por el que se regula la navegación aérea.

2) Condene en costas al Reino de Bélgica.
Conclusiones del Abogado General La Pergola presentadas el 5 de mayo de 1998. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a las Directivas 90/220/CEE y 94/51/CE. - Asunto C-343/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-04291



Conclusiones del abogado general

1 Mediante escrito presentado el 1 de octubre de 1997, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que declarara que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben, al no adoptar en los plazos señalados todas las disposiciones necesarias para atenerse a las Directivas 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, (1) y 94/51/CE de la Comisión, de 7 de noviembre de 1994, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 90/219/CEE del Consejo sobre la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente. (2)

2 El Estado miembro demandado no niega las infracciones que se le imputan y se limita a señalar que los actos destinados a hacer la normativa nacional conforme con estas Directivas están en fase de adopción. Sin embargo, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, esta circunstancia no constituye un motivo que justifique el incumplimiento. (3)

3 Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que estime el recurso y condene en costas al Estado demandado.

(1) - DO L 117, p. 15.

(2) - DO L 297, p. 29.

(3) - Véase, entre otras, la sentencia de 6 de abril de 1995, Comisión/España (C-147/94, Rec. p. I-1015).
2)

El apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, no se aplica a casos como el presente. Compete al Juez nacional determinar si concurren los requisitos para la aplicación del apartado 2 del artículo 5 de dicho Reglamento. Para determinar si un error cometido por las autoridades no puede ser razonablemente conocido por el deudor, es preciso tener en cuenta en particular la naturaleza del error, la experiencia profesional del operador interesado y la diligencia de la que este último haya dado prueba. Entre los datos que deben tenerse en cuenta figura la complejidad de la legislación, la generalidad con que se expresa su objetivo político, la confirmación del error en cuestión por actos del Estado miembro interesado y la divergencia de posiciones entre los Estados miembros sobre la correcta interpretación de las normas jurídicas pertinentes.»
33.

En las sentencias Nolte y Megner, ( 13 ) se suscitó la cuestión de saber si el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7 debía interpretarse en el sentido de que determinadas disposiciones nacionales, que excluyen del régimen legal del seguro de vejez o de la afiliación obligatoria al régimen legal del seguro de enfermedad, las actividades por cuenta ajena que tengan un horario normal inferior a quince horas semanales y una retribución normal que no exceda de una séptima parte de la base mensual de referencia o que excluyen de la cotización obligatoria al régimen legal del seguro de desempleo, las actividades por cuenta ajena habitualmente limitadas, por naturaleza, a un horario normal inferior a dieciocho horas semanales o que sean objeto, con carácter previo, de tal limitación en virtud de un contrato de trabajo, constituyen una discriminación por razón de sexo, cuando dichas disposiciones afectan a muchas más mujeres que a hombres y no están justificadas por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación. Antes de entrar a examinar esta cuestión, el Tribunal se planteó si las personas que ocupaban un empleo menor, de las características descritas, formaban parte de la población activa con arreglo al artículo 2 de la Directiva 79/7. A este respecto afirmó que el hecho de que los ingresos del trabajador no cubran todas sus necesidades no puede privarlo de su condición de persona activa y que, de acuerdo con su jurisprudencia, una actividad por cuenta ajena cuyos ingresos sean inferiores al mínimo vital, ( 14 ) o cuya duración normal de trabajo no exceda de dieciocho horas semanales, ( 15 ) o de doce horas semanales, ( 16 ) o incluso de diez horas semanales, ( 17 ) no impide considerar a la persona que la ejerza como trabajador con arreglo a los artículos 48 o 119 del Tratado o con arreglo a la Directiva 79/7, según los casos. Y añade que el hecho de que algunas de estas sentencias no se refieran al derecho de la seguridad social y no traten sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 79/7 no puede poner en tela de juicio la anterior afirmación, ya que en ellas se precisa el concepto de trabajador en relación con el principio de igualdad. ( 18 )
39.

En caso de que se admitiese que no se comunicó la motivación completa de la decisión impugnada hasta el procedimiento contencioso, motivación que, no obstante, no ha revelado la existencia de ningún vicio en cuanto al fondo de la decisión, la anulación de la misma basándose en que no contenía una motivación suficiente sólo puede conducir a la adopción de una nueva decisión, idéntica en cuanto al fondo a la decisión anulada, pero acompañada de la motivación expuesta por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia. El tribunal del concurso no tendría ninguna facultad de apreciación. Por consiguiente, la parte recurrida no tendría un interés legítimo en solicitar la anulación de la decisión controvertida por un vicio sustancial de forma. En estas circunstancias, la insuficiencia inicial de la motivación de la decisión impugnada ya no podría considerarse un vicio sustancial de forma que justifica por sí mismo la anulación de esta decisión. ( 63 )
8.

Como la Comisión afirmó durante la vista, el incumplimiento imputado sólo se refiere a los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros. La formulación del recurso propiamente dicho difiere ligeramente de la del dictamen motivado (en éste, se imputa el incumplimiento «en lo que respecta a los suministros», mientras que en el recurso se imputa a la República Helénica no haber dado «pleno» cumplimiento a la Directiva «[...] en particular [...] en el ámbito de los contratos públicos de suministros [...]»), pero, a mi parecer, este elemento no puede ser interpretado como constitutivo de una modificación del objeto del recurso. Además, las partes no han discutido dicho punto.
5.

Estos argumentos no aciertan a convencerme. Aun cuando estén en proceso de elaboración las medidas necesarias para adaptar el Derecho interno griego a la Directiva, según reconoce el propio Gobierno helénico, ello no hace sino confirmar que la adaptación no se llevó a cabo dentro del plazo señalado. La República Helénica tampoco puede alegar fundadamente la citada circular ministerial. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones «simples prácticas administrativas, por naturaleza modificables a discreción de la Administración y desprovistas de una publicidad adecuada no pueden ser consideradas como constitutivas de un cumplimiento válido de las obligaciones impuestas por el Tratado». ( 2 )
16.

Me parece discutible que puedan extraerse consecuencias de tanta trascendencia basándose únicamente en la citada formulación. Por lo demás, ello no sería de mucha ayuda en el presente caso, ya que tampoco en el contexto del artículo 85 se ha determinado hasta ahora si una parte de la Administración pública, como por ejemplo los Municipios, constituye una empresa a efectos del artículo 85. Es cierto que la sentencia dictada en el asunto General Motors ( 7 ) se refería a determinadas funciones de Derecho público desempeñadas por una empresa privada. En ella, se consideró aplicable en aquel caso concreto el artículo 86, por lo que no se excluyó la condición de empresa. Ahora bien, procede observar que en aquel caso no se trataba de la cuestión de si debía considerarse empresa a una organización que normalmente desempeña funciones de Derecho público, sino precisamente de todo lo contrario. Esta razón, por sí sola, me basta para no considerar de mucha utilidad remitirse a la jurisprudencia relativa al artículo 85. Pero es que, además, el propio Tribunal, como ha señalado acertadamente la Comisión, enunció como regla general que debe atribuirse al concepto de «empresa» el significado que sea más adecuado a la luz de la finalidad de las normas comunitarias de que se trate y de su efecto útil. ( 8 ) En el presente caso, ello significa que debe determinarse en función de la propia Directiva si procede o no aplicarla a una Corporación local.
20.

Sin embargo, la reglamentación contenida en la Directiva 91/263, la cual, en su versión alemana, ya no habla de «Geräten» sino de «Einrichtungen» es más amplia, en la medida en que prevé normas específicas para los equipos que únicamente pueden ser conectados a la red (y que, a tenor de la definición que da el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva de 1991, ya no pueden considerarse como equipos terminales). Con arreglo a estas normas, dichos equipos deben ir acompañados de una declaración del fabricante o del proveedor que certifique que no están destinados a ser conectados a una red pública de telecomunicaciones y que una conexión de esta índole en los Estados miembros de la Comunidad Europea constituye una violación de la legislación nacional por la que se da cumplimiento a la Directiva 91/263. Además, esta Directiva obliga a colocar en dichos equipos un símbolo en el que figure dicha prohibición. ( 10 ) Dichas normas no se contenían en la Directiva 86/361, de lo cual se desprende que la adaptación del Derecho interno a la Directiva de 1986 no puede bastar para cumplir las exigencias establecidas en la Directiva de 1991.
39.

La Comisión señala, por el contrario, que el concepto de «carácter predominante» no se utiliza en la Sexta Directiva IVA. Conforme a la Directiva, lo determinante es la naturaleza de la propia actividad y no si esta actividad es dominante o no. Por mi parte también considero que, en el marco de la calificación de una actividad como económica en el sentido del apartado 2 del artículo 4, no debe tenerse en cuenta si la actividad presenta un carácter predominante. Para ilustrarlo me gustaría poner el ejemplo de las actividades de Wellcome Trust, respecto a las cuales está registrado como sujeto pasivo. Dichas actividades consisten en la venta de libros, fotografías, etc., es decir, en una actividad que no presenta carácter predominante. Sin embargo, esta actividad debe ser considerada como actividad económica en el sentido de la Sexta Directiva IVA, mientras que la actividad principal del trust, esto es, la administración del patrimonio, no se considera actividad económica en el sentido de la Sexta Directiva IVA.
37.

El Tribunal de Justicia se basó en las disposiciones del artículo 4 de la Directiva 79/623, no incorporada al Derecho interno, y en su noveno considerando, y declaró que las causas de extinción debían basarse en la comprobación de que la mercancía no había recibido realmente el destino económico que justifica la aplicación de derechos a la importación. Sin embargo, en caso de robo, el Tribunal de Justicia estimó que se suponía que la mercancía pasaba al circuito económico de la Comunidad. Por ello, concluyó en que la pérdida de la mercancía, como establece la Directiva, no incluye el concepto de robo, cualesquiera que sean las circunstancias en las que el robo se haya cometido. El Tribunal de Justicia reconoció con ello efecto directo a las disposiciones del artículo 4 de la Directiva 79/623, sin considerar que la expresión «a satisfacción de las autoridades competentes» hiciera perder a este texto su carácter suficientemente preciso e incondicional. ( 25 ) La respuesta del Tribunal de Justicia no debería ser diferente por lo que respecta a la interpretación de la letra d) del artículo 2 de la Directiva 79/623.
20.

Esta opinión no puede ser acogida porque, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el establecimiento permanente no puede ser tenido en cuenta cuando la sede de la actividad económica de quien preste el servicio constituya un punto de referencia adecuado para el devengo del impuesto. Hay que recordar que, con arreglo a la jurisprudencia antes citada, el lugar en el que tenga la sede de su actividad económica quien preste los servicios, constituye el punto de referencia más útil desde el punto de vista fiscal. ( 16 ) La vinculación de la prestación de servicios imponible con algún establecimiento de quien la presta sólo ofrece interés en el supuesto de que, como elemento de vinculación, la sede no comporte una solución lógica desde el punto de vista fiscal o produzca un conflicto de competencias con otro Estado. Sin embargo, en el presente caso, el riesgo de conflictos de competencias entre Estados miembros no resulta de la vinculación de la prestación de servicios de que se trata con la sede de quien presta los servicios, sino del hecho de que en el presente caso las normativas fiscales de dos Estados miembros califican la misma actividad de manera diferente. Ahora bien, esta discrepancia de calificaciones, así como el conflicto de competencias que de ella se deriva se evita por medio de la calificación de la actividad objeto del litigio con base en una interpretación comunitaria uniforme del concepto de «prestación de servicios» contendido en el artículo 9 de la Directiva.
48.

En lo relativo a la posición de la Comisión sobre este punto, puede plantearse otro problema, que no ha sido suscitado por el Gobierno helénico. El artículo 11 del Reglamento n° 3061/84, modificado, ( 61 ) prevé un plazo que expira el 31 de octubre de 1990, por consiguiente, después de que finalizase, el 15 de octubre de 1990, el ejercicio financiero 1990, para el establecimiento de los ficheros informatizados. ¿Puede invocar la Comisión el pretendido incumplimiento de una obligación que no se había aún «concretado»? No se acierta a ver de qué forma hubiera podido interponer un recurso con arreglo al artículo 169 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea con el fin de que se respetara la obligación, antes citada, antes del vencimiento del plazo, aun cuando fuera posible ejercitar una acción antes de la referida fecha con objeto de hacer observar la obligación subsidiaria de utilizar con fines de control los datos procedentes de los ficheros informatizados en la forma que habían sido establecidos. En cualquier caso, deseo poner de manifiesto que, cuando liquida las cuentas del FEOGA, la Comisión no desempeña la misma función que cuando interpone un recurso al objeto de garantizar la observancia del Derecho comunitario, por ejemplo, con arreglo al artículo 169 y al apartado 2 del artículo 171 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. En el primer caso, no tiene la misma discrecionalidad que en el segundo y debe actuar con la finalidad de proteger al Fondo contra las posibles pérdidas provocadas por la inobservancia de las normas comunitarias. ( 62 ) Por consiguiente, la Comisión podía afirmar que el hecho de que Didagep no utilizara los datos disponibles contenidos en los ficheros informatizados y la circunstancia de que, según se iba aproximando el plazo límite, el Estado helénico no hubiera establecido un sistema completo de ficheros informatizados que debían estar operativos para la citada fecha, ponían de manifiesto una laguna adicional en el sistema de control previsto.
18.

Se trata, entonces, de examinar qué importancia tiene el hecho de que, durante el período de espera, el trabajador en desempleo —tras expirar el período de suspensión debido a la indemnización por despido— está asegurado contra enfermedad y accidentes. Tanto la letra g) del apartado 1 del artículo 4 como el artículo 74 del Reglamento utilizan la expresión genérica «prestaciones por desempleo». No se precisa en dichas disposiciones si este concepto sólo contempla las prestaciones en metálico o si puede también incluir otras prestaciones vinculadas al desempleo. A mi parecer, ninguna de estas disposiciones establece requisitos en cuanto a la naturaleza de las prestaciones por desempleo ni fija un mínimo para las prestaciones percibidas. Como he señalado anteriormente, lo que ha de considerarse decisivo es la existencia o no de un flujo de bienes materiales. Así, nada puede impedir que prestaciones que no consistan en el abono de cantidades de dinero puedan responder a los requisitos del artículo 74, siempre que haya que considerar que ha existido un flujo de bienes materiales en favor del trabajador en desempleo. El hecho de que la legislación alemana reconozca al trabajador en desempleo la cobertura de los riesgos de enfermedad y accidente implica, por una parte, un gasto para la entidad gestora del seguro de desempleo, o para los poderes públicos que abonen los gastos de cobertura de dichos riesgos, y, por otra parte, una ventaja económica para el trabajador en desempleo que no tiene que aplicar a ese fin su propio dinero. Así pues, existe un flujo de bienes materiales en favor del trabajador en desempleo y, por consiguiente, procede, en mi opinión, considerar que estamos en presencia de prestaciones por desempleo al amparo de la legislación de un Estado miembro.
33.

En suma, el Gobierno italiano hubiera podido no agravar su incumplimiento temporal (de la obligación de incorporar la Directiva) con otro incumplimiento sustantivo o de contenido. Le bastaba para ello arbitrar, en el Decreto presidencial de adaptación, fórmulas que no sólo permitieran a los estudiantes matriculados después de 1987 optar por el nuevo plan de estudios, ya adaptado al derecho comunitario, sino que exigieran, a quienes no hubieran hecho uso de tal opción, un complemento de formación adecuado. Al no haberlo hecho así, el doble incumplimiento denunciado por la Comisión resulta evidente.
45.

Como hemos visto, la Directiva no tiene por objeto obligar a los Estados miembros a modificar la estructura de las actividades profesionales. A fortiori, no puede tener por objeto dirigir los comportamientos de los agentes económicos haciendo que contraten empleados que no justifiquen estar en posesión de la aptitud específicamente deseada ni disfrazar la realidad permitiendo que personas que no están en posesión de un título particular hagan uso de un título que no poseen.
19.

Así pues, ha de comenzarse tomando posición sobre el extremo de si el Reglamento —en particular, el apartado 1 de su artículo 19— regula la facultad de los Estados miembros para imponer sanciones a los importadores por haberse abstenido de asignar a las mercancías, dentro de los plazos fijados, un destino aduanero determinado. Creo que debe responderse a esta cuestión en sentido negativo. Por una parte, el Reglamento no obliga a los Estados miembros a sancionar tales infracciones. Por otra, considero que las disposiciones del Reglamento tampoco pueden oponerse a que los Estados miembros establezcan tales sanciones, que evidentemente tienen como finalidad, en su caso, incitar a que los importadores cumplimenten las formalidades requeridas para asignar las mercancías a un destino aduanero determinado antes de que finalicen los plazos. En particular, el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento no toma posición sobre la cuestión de la facultad de imponer sanciones al importador por el hecho de no haber cumplido las formalidades necesarias antes de la expiración de los plazos. El apartado 1 del artículo 19 se refiere, por el contrario, al alcance de la obligación de las autoridades aduaneras de adoptar medidas después de la expiración de los plazos, con vistas a garantizar el pago de las cantidades debidas. El hecho de que las autoridades aduaneras tengan la obligación de recaudar las cantidades debidas, a través, por ejemplo, de la venta de los productos, no excluye que los Estados miembros impongan a los importadores sanciones penales o administrativas, por no haber hecho a su tiempo lo necesario para cumplir las formalidades aduaneras, de tal manera que no se colocase a las autoridades aduaneras en la situación de tener que proceder a la ejecución forzosa, con todos los riesgos de perjuicios que ello conlleva.