Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Adopción de medidas provisionales - Competencia de la Comisión - Requisitos para su ejercicio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 2, ap. 1)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de medidas provisionales adoptadas en materia de competencia - Alcance de las facultades del juez de medidas provisionales

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de medidas provisionales adoptadas en materia de competencia - Requisitos para su concesión - Fumus boni iuris - Medidas cautelares justificadas por la urgencia - Irrelevancia para el alcance del fumus boni iuris exigido - Consideración de dicha urgencia en la ponderación del conjunto de los intereses por parte del juez de medidas provisionales

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

4. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de una medida provisional adoptada en materia de competencia y por la que se impone al titular de un derecho de propiedad intelectual una obligación de proporcionar una licencia que permita el uso de dicho derecho - Examen por el juez de medidas provisionales - Artículo 295 CE - Relevancia

(Arts. 82 CE, 242 CE, 243 CE y 295 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3, ap. 1)

5. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de medidas provisionales adoptadas en materia de competencia - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Carga de la prueba - Vulneración de la esencia del derecho de autor - Inclusión

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

6. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de medidas provisionales adoptadas en materia de competencia - Requisitos para su concesión - Ponderación de todos los intereses - Prevalencia de la salvaguarda de los derechos de autor

(Arts. 30 CE, 82 CE, 242 CE, 243 CE y 295 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

Índice

1. Para que la Comisión pueda adoptar medidas cautelares en el marco de una investigación en curso con arreglo al Reglamento nº 17 deben cumplirse dos condiciones acumulativas, a saber, en primer lugar, que las prácticas impugnadas puedan constituir una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia susceptible de ser sancionada por una Decisión final de la Comisión y, en segundo lugar, que exista una urgencia probada, para evitar una situación que pueda producir un perjuicio grave e irreparable a la parte que las solicita o intolerable para el interés general.

( véanse los apartados 52 y 55 )

2. Con arreglo a los artículos 242 CE y 243 CE, el juez de medidas provisionales puede, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión del acto impugnado o acordar las medidas provisionales necesarias y, al hacerlo, debe tener en cuenta los requisitos establecidos, por lo que respecta a las demandas presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia, en el artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, tal como han sido precisados en la jurisprudencia.

No hay ningún motivo para suponer que el alcance de las facultades otorgadas al juez de medidas provisionales con arreglo al artículo 104 del Reglamento de Procedimiento, en relación con una Decisión final de la Comisión por la que se aplicaban las normas del tratado en materia de Derecho de la competencia y adoptada en virtud de las facultades expresas de que disfruta la Comisión con arreglo al Reglamento nº 17 deba interpretarse de manera diferente cuando la Decisión objeto de la medida provisional solicitada constituye, en cambio, una Decisión provisional adoptada en virtud de la facultad implícita de adoptar medidas de protección de que dispone la Comisión con arreglo al artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento.

( véanse los apartados 59 y 60 )

3. En el marco de una demanda de medidas provisionales relativas a una medida provisional adoptada en materia de competencia, no hay ninguna razón convincente por la cual deba exigirse a un demandante que demuestre la existencia de argumentos especialmente sólidos o fundados que puedan invocarse contra la validez de lo que tan sólo es una apreciación a primera vista por parte de la Comisión sobre la existencia de una infracción del Derecho comunitario de la competencia. El mero hecho de que el motivo subyacente en la apreciación de la Comisión fuera la urgencia de la adopción de medidas cautelares no justifica que se exija a un demandante que solicita la suspensión de la Decisión por la que se adoptan dichas medidas que demuestre la existencia de un fumus boni iuris especialmente convincente, ya que este aspecto puede ser tenido en cuenta por el juez de medidas provisionales al analizar la ponderación de intereses.

Así, en los procedimientos de medidas provisionales como el presente el demandante debe necesariamente demostrar, para poder acreditar la existencia del fumus boni iuris, que hay motivos fundados para dudar de la corrección de la apreciación de la Comisión en relación con al menos uno de los requisitos para la adopción de medidas provisionales en materia de competencia. No obstante, al determinar si se cumplen todos los requisitos para la concesión de medidas provisionales establecidos en los artículos 242 CE y 243 CE y en el artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, pero especialmente al apreciar si la ponderación de intereses favorece a la demandante o a la Comisión, el Juez que conozca de dicha demanda deberá tener en cuenta tanto el análisis que haga esta última sobre la urgencia que justificó la adopción de las medidas provisionales impugnadas como los motivos por los cuales, tras ponderar los intereses en juego, se inclinó por la adopción de dichas medidas.

( véanse los apartados 65, 66 y 73 )

4. Del artículo 295 CE se desprende que, normalmente, un juez de medidas provisionales debe tratar con cautela una decisión de la Comisión por la que se impone al propietario de un derecho de propiedad intelectual reconocido y protegido por el Derecho nacional, bajo la forma de medidas provisionales adoptadas en el curso de una investigación pendiente con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17 y basada en una interpretación provisional del artículo 82 CE, la obligación de conceder licencias de uso de dicho derecho de propiedad.

( véase el apartado 91 )

5. La urgencia de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse a la luz de la necesidad de adoptar una resolución provisional para evitar que se produzca un daño grave e irreparable para la parte que solicita la medida provisional. Corresponde a la parte que invoque un daño grave e irreparable demostrar su existencia. Es suficiente con que el daño, especialmente cuando depende de la concurrencia de un conjunto de factores, pueda preverse con un grado de probabilidad suficiente.

No obstante, una apreciación de los factores que pueden justificar la suspensión de la aplicación de una medida como una Decisión relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 82 CE y que obliga a una empresa a proporcionar a todos sus competidores una licencia que permita la utilización de un derecho de autor de su propiedad, en razón de los daños que probablemente ocasione, debe tener en cuenta el hecho de que se trata, en sí misma, de una medida provisional adoptada por la Comisión en el curso de una investigación que todavía no ha concluido. Por consiguiente, debe examinarse si existe o no un grave riesgo de que, en el caso de que deba ser ejecutada de inmediato, los efectos perjudiciales de dicha Decisión sobrepasen los de una medida cautelar y, mientras tanto, irroguen daños y perjuicios que excedan apreciablemente de los inconvenientes inevitables, pero pasajeros, que se derivan de una medida de tal naturaleza.

Un perjuicio de índole puramente económica no puede considerarse, salvo en circunstancias excepcionales, irreparable, ni siquiera difícilmente reparables, si puede ser objeto de una compensación económica posterior. En efecto, los perjuicios de índole económica que no sean subsanados mediante la ejecución de la sentencia en el procedimiento principal constituyen una pérdida económica que puede ser reparada a través de los recursos previstos en el Tratado, en particular, en los artículos 235 CE y 288 CE. Sin embargo, cuando las vías de recurso en caso de anulación de la Decisión impugnada consisten en que la demandante reclame una indemnización ante los órganos jurisdiccionales nacionales. No es posible, ni siquiera apropiado, que el juez que conoce de la presente demanda de medidas provisionales especule sobre la probabilidad de que la demandante obtenga una reparación adecuada ante estos órganos jurisdiccionales.

Reducir los derechos de autor a un derecho puramente económico a recibir un canon diluye la esencia de dichos derechos y puede causar, en principio, un perjuicio grave e irreparable al titular del derecho. En efecto, la razón de ser fundamental de los derechos de autor es conferir al creador de obras de invención originales el derecho exclusivo a explotar dichas obras, asegurando de este modo que haya una retribución del esfuerzo creador. Los derechos de autor tienen una importancia fundamental tanto para el titular individual del derecho como para la sociedad en general. El carácter supuestamente sólo temporal de la interferencia en el objeto específico del derecho de propiedad intelectual de la demandante no basta, por sí solo, para eliminar el riesgo real de que se produzca un perjuicio grave e irreparable.

( véanse los apartados 116, 117, 119, 125 y 127 )

6. El interés público por lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad en general y de los derechos de propiedad intelectual en particular aparece reflejado de manera expresa en los artículos 30 CE y 295 CE. El mero hecho de que una parte demandante invoque e intente ejercer sus derechos de autor por razones económicas no merma su capacidad de invocar el derecho exclusivo que le confiere el ordenamiento nacional con el fin precisamente de retribuir la innovación.

En el marco de una demanda de suspensión de la ejecución de una medida provisional adoptada por la Comisión que ordena la expedición de una licencia para la utilización de los derechos de autor, cuando no es evidente la calificación como comportamiento abusivo, con arreglo al artículo 82 CE, de la negativa de la demandante a conceder una licencia, y en el que existe un riesgo tangible de que aquélla sufra un perjuicio grave e irreparable en el caso de que sea obligada, entretanto, a conceder licencias a sus competidores, la ponderación de intereses favorece el mantenimiento sin restricciones de sus derechos de autor hasta que se dicte sentencia en el procedimiento principal.

( véanse los apartados 143 y 144 )