Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de anulación ° Personas físicas o jurídicas ° Actos que las afectan directa e individualmente ° Reglamento por el que se establecen derechos antidumping ° Importadores asociados al exportador y cuyos precios de reventa han servido para fijar el precio de exportación

(Tratado CE, art. 173, párr. 4)

2. Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Margen de dumping ° Determinación del valor normal ° Importaciones procedentes de países que no tienen economía de mercado ° Facultad de apreciación de las Instituciones ° Obligación de motivación ° Control jurisdiccional ° Límites

[Tratado CE, art. 190; Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 2, ap. 5]

3. Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Perjuicio ° Producción comunitaria afectada ° Exclusión de determinados productores importadores del producto objeto de dumping ° Efectos de las exportaciones procedentes de otros países terceros ° Facultad de apreciación de las Instituciones ° Obligación de motivación

[Tratado CE, art. 190; Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 4]

4. Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Fijación de los derechos antidumping ° Facultad de apreciación de las Instituciones ° Establecimiento de un derecho variable igual a la diferencia entre el precio mínimo y el precio neto franco frontera ° Legalidad

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 13, ap. 2]

5. Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Inicio de la investigación ° Obligación de informar a los representantes del país de exportación que incumbe a la Comisión ° Obligación de reiterar la notificación en caso de sucesión de Estados ° Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b), puntos 4 y 5]

6. Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Desarrollo del procedimiento ° Duración superior a un año ° Procedencia ° Requisito ° Duración razonable

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 7, ap. 9, letra a)]

7. Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Desarrollo de la investigación ° Período que comprende la investigación ° Facultad de apreciación de las Instituciones ° Elección de un período distinto al de los seis meses anteriores a la iniciación del procedimiento ° Legalidad ° Obligación de motivación ° Límites

[Tratado CE, art. 190; Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

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1. Los Reglamentos por los que se establecen derechos antidumping, aunque tienen, por su naturaleza y alcance, un carácter normativo, afectan directa e individualmente, entre otros, a los importadores asociados al exportador cuyos precios de reventa de las mercancías de que se trate sirvan para fijar el precio de exportación.

2. Se desprende del sistema y del tenor del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base nº 2423/88, que dispone que, "en el caso de importaciones procedentes de países que no tengan economía de mercado [...], el valor normal se determinará de manera apropiada y no irrazonable [...]", y en particular del empleo del término "no irrazonable", que la determinación del valor normal se inserta en el marco de la amplia facultad de apreciación de que disponen las Instituciones para el análisis de situaciones económicas complejas.

El Juez comunitario no puede intervenir en la apreciación reservada a las autoridades comunitarias, sino que debe limitar su control a verificar el cumplimiento de las normas de procedimiento, la exactitud material de los hechos considerados para operar la elección impugnada, la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o la inexistencia de desviación de poder y, por consiguiente, debe únicamente asegurarse de que las Instituciones hayan tenido en cuenta todas las circunstancias pertinentes y hayan evaluado las informaciones obrantes en el expediente con toda la diligencia necesaria para que pueda considerarse que el valor normal se ha determinado de manera apropiada y no irrazonable.

De este modo, no incumbe al Juez censurar la elección del país de referencia, ni que sólo se empleen los datos proporcionados por un productor vinculado a los productores comunitarios, ni la utilización conjunta, no anunciada al iniciarse el procedimiento de investigación, de los métodos para la determinación del valor normal establecidos, respectivamente, en los incisos i) e ii) de la letra a) del artículo antes citado, cuando dicho modo de proceder, que fue expuesto durante el procedimiento administrativo a las empresas que supuestamente practicaban el dumping, sin que se suscitara su oposición, y que se halla expuesto de nuevo, aunque no detalladamente, habida cuenta de la falta de impugnación por parte de los interesados, en el Reglamento por el que se establecen los derechos antidumping, puede considerarse apropiado y no irrazonable, a la vista de las dificultades surgidas y de las explicaciones aportadas.

3. Cuando examinan en qué medida unas prácticas de dumping causan un perjuicio a la producción comunitaria, las Instituciones disponen de una facultad de apreciación tanto para decidir si procede excluir de la producción comunitaria a los productores que son ellos mismos importadores del producto que es objeto de dumping, como para evaluar en qué medida unas importaciones, distintas de las que son objeto del procedimiento antidumping que tramitan, han contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria.

Ciertamente, están obligadas a incluir en el Reglamento, adoptado al finalizar el procedimiento administrativo, que establece los derechos antidumping, una motivación que especifique los fundamentos de Derecho y los antecedentes de hecho pertinentes, pero ésta no debe precisar necesariamente todos los detalles de su razonamiento, cuando este último no se enfrenta a objeciones planteadas durante el procedimiento por las empresas interesadas.

4. Se deduce del propio tenor del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento antidumping de base nº 2423/88 que las Instituciones son libres de escoger, dentro de los límites de su margen de apreciación, entre los distintos tipos de derechos. En particular, tienen la posibilidad de optar por un derecho variable, igual a la diferencia entre un precio mínimo, que estas fijan, y el precio neto franco frontera comunitario antes de despacho aduanero.

5. Si bien la letra b) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento antidumping de base nº 2423/88 dispone que la Comisión está obligada a informar a los representantes del país de exportación de la apertura de un procedimiento antidumping, ninguna disposición del Reglamento de base, ni ningún principio general, exige, no obstante, que la Comisión reitere la notificación a los Estados que, en su caso, le sucedan. Estos últimos, asumidos los derechos y obligaciones del Estado al que suceden, retoman el procedimiento antidumping en el estado en que se encuentre y se pueden acoger, en particular, al derecho de acceso a las informaciones facilitadas a la Comisión o al derecho a ser oídos, conforme a los apartados 4 y 5 del artículo 7 del Reglamento de base.

6. El plazo de un año previsto para el desarrollo de los procedimientos por la letra a) del apartado 9 del artículo 7 del Reglamento antidumping de base nº 2423/88 es indicativo y no imperativo. No obstante, de esta disposición se deduce que el procedimiento antidumping no debe prolongarse más allá de un plazo razonable, que se debe valorar en función de las circunstancias especiales de cada caso. A este respecto, un plazo de casi dos años no parece excesivo, debido a las dificultades que tuvo que superar la Comisión para encontrar, en el país de referencia elegido, empresas que quisieran cooperar en el procedimiento.

7. Del propio tenor de la letra c) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento antidumping de base nº 2423/88 se deduce que dicha disposición no prohíbe a la Comisión elegir un período de investigación distinto al de los seis meses inmediatamente anteriores a la apertura del procedimiento.

Por lo tanto, tiene la posibilidad, en el marco de su facultad de apreciación, de optar por un ligero desfase de dicho período, sin que dicha opción, a falta de impugnación por parte de las empresas interesadas, deba motivarse en el Reglamento, adoptado al concluir el procedimiento administrativo, que establece el derecho antidumping.