1.

Las demandantes indican, en primer lugar, que Al-Jubail Fertilizer Company (SAMAD) y Saudi Arabian Fertilizer Company (Safco) fabrican urea en Arabia Saudi. Ambas sociedades constituyen una empresa conjunta con accionariado común, Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), sociedad constituida en 1976 por el Gobierno saudí para crear industrias de base que utilizaran y mejoraran los recursos naturales del Reino. Además de su actividad como fabricante, Safco actúa como agente de SAMAD para las ventas en Arabia Saudí y en otros países, incluida la CEE. La urea fabricada por Safco nunca ha sido exportada, según ellas, a la CEE. Las demandantes consideran que la comunicación de informaciones ha sido insuficiente para permitirles el ejercicio de sus derechos. A causa de la insuficiencia de las informaciones comunicadas, no han estado en condiciones de considerar en su totalidad el fundamento de las conclusiones a las que llegaron las Instituciones comunitarias en esta investigación. Por consiguiente, consideran que no han podido ejercitar su derecho a ser oídas. Recuerdan las demandantes que han solicitado verbalmente, en varias ocasiones antes del establecimiento de derechos antidumping provisionales, la comunicación de los fundamentos sobre los que pensaba actuar la Comisión. Esta petición se reiteró por escrito el 20 de marzo de 1987. Dicha carta indicaba que varios importadores habían sabido que la CEE proyectaba establecer los derechos antidumping más elevados sobre las importaciones procedentes de Arabia Saudí y señalaba que, teniendo en cuenta los correspondientes niveles de precios de la urea originaria de diferentes países exportadores, ello constituiría un error manifiesto. La misma carta afirmaba también que la negativa de comunicar informaciones a las demandantes no podía fundarse en consideraciones de urgencia, porque no se habían producido exportaciones desde Arabia Saudí a la CEE durante casi diez meses. Las demandantes entienden que se les ha privado del derecho a ser oídas por lo que se refiere, entre otras cosas, a las siguientes cuestiones específicas : a) A lo largo de todo el procedimiento han alegado su punto de vista, fundado en las estadísticas de importaciones de la CEE y en los datos del expediente de la Comisión, según el cual sus niveles de precios eran más elevados que los de la mayoría de los otros proveedores de urea. Los funcionarios de la Comisión nunca han puesto en duda ante las demandantes la exactitud de este punto de vista. Por el contrario, la última comunicación que tuvo lugar en este asunto recogía expresamente los argumentos de la demandante sin refutarlos. Pese a ello, el Consejo de Ministros, sin previa comunicación de sus comprobaciones, estableció una forma de derecho completamente nueva, basada en la suposición de que era necesario un tipo más elevado de derecho para las importaciones de urea originaria de Arabia Saudi que el aplicable a las importaciones de urea originaria de la mayoría de los demás países. b) Según las demandantes, los funcionarios de la Comisión no han contestado a las preguntas relativas a la determinación del perjuicio, privando así a los interesados de toda posibilidad de presentar de manera útil observaciones sobre las afirmaciones de aquéllos. c) Entienden que, al conceder un reajuste por almacenaje, los funcionarios de la Comisión han fijado una cantidad inferior a la que ellas habían dado y, a pesar de sus expresas peticiones, no se les ha dado ninguna explicación. Por lo tanto, las demandantes no están en condiciones de negar especificamente esta parte de la determinación, porque no conocen su justificación. d) Las demandantes han solicitado un reajuste por las diferencias de fase comercial debidas al hecho de que la mayor parte de la urea vendida en Arabia Saudi la compraban agricultores, mientras que en Europa la mayor parte de la urea se vendía a comerciantes o a sociedades que transformaban la urea en otro producto. Según ellas, los funcionarios de la Comisión han adoptado, a lo largo de todo el procedimiento, el punto de vista de que el reajuste debía rechazarse por diversas razones, pero jamás han puesto en duda el hecho de que había una diferencia de fase comercial. Ahora bien, el citado Reglamento n° 3339/87 precisó que se había rechazado el reajuste porque la mayor parte de las ventas en Arabia Saudi y en Europa se hacían a consumidores finales de manera que no había diferencia de fase comercial. Como esta conclusión y los datos en los que está fundada nunca han sido comunicados a las demandantes, éstas entienden que se les ha privado de la posibilidad de presentar sus observaciones sobre la hipótesis manifiestamente inexacta de que las ventas a los agricultores, por una parte, y a una fábrica o á comerciantes, por otra, eran ventas a consumidores finales en la misma fase comercial. e) A lo largo de todo el procedimiento, las discusiones sobre la solicitud de reajustes por las diferencias de cantidades, con arreglo a la letra b) del apartado 10 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984 (DO L 201, p. 1; EE 11/21, p. 3), se han concentrado en la interpretación de esta disposición. Según las demandantes, los funcionarios de la Comisión han indicado varias veces que no era necesario realizar un reajuste suplementario porque las diferencias de cantidades se habían tenido en cuenta al aplicar los descuentos de cantidad a las ventas para las que habían sido concedidas. Las demandantes presentaron observaciones demostrando que la interpretación de los funcionarios de la Comisión era exactamente la contraria a la interpretación de términos idénticos de la legislación antidumping de otro país y a la interpretación defendida en una publicación de funcionarios de grado elevado de la división antidumping de la CEE. A partir de estas observaciones, las Instituciones de la Comunidad modificaron su razonamiento, pero no su conclusión. En este nuevo razonamiento, el Consejo alegó la insuficiencia de los medios de prueba presentados. Sin embargo, a lo largo del procedimiento, no se ha discutido que fueran suficientes los medios de prueba. Por ello las demandantes no han tenido la posibilidad de demostrar que los elementos de prueba eran suficientes o de completarlos si no lo eran. Todavía ahora las demandantes no saben por qué razón fueron considerados insuficientes los medios de prueba. En concreto, las demandantes señalan que no se ha comunicado ningún elemento por lo que se refiere a la modificación de la naturaleza de la resolución, que se produjo entre la determinación provisional y la determinación definitiva. El Reglamento n° 3339/87 se publicó el 7 de noviembre de 1987. Fue entonces cuando ellas recibieron la primera noticia de que el derecho fundado en un precio de base se cambiaba por un derecho ad valorem fijado a un tipo del 40 %. En el Reglamento por el que se establecen los derechos provisionales, la Comisión ha adoptado un precio de base de 133 ECU. Este nivel de precio es mucho más elevado que los precios aplicados en Arabia Saudi durante el período de investigación. Por consiguiente, no era conforme a la exigencia planteada por el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento n° 2176/84, según la cual el importe de los derechos antidumping «no podrá sobrepasar el margen de dumping [...] provisionalmente estimado o definitivamente establecido». En lugar de corregir este error manifiesto en que había incurrido la determinación provisional, las Instituciones comunitarias han adoptado un derecho de naturaleza completamente diferente, con consecuencias mucho más gravosas para los importadores de urea saudí. Han establecido el nuevo derecho sin dar a las demandantes la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto. Las demandantes afirman que el derecho ad valorem establecido por el Consejo de Ministros conduce al resultado absurdo de aplicar un tipo de derecho más elevado cuando una sociedad aumenta sus precios. En otras palabras, cuanto menor sea el perjuicio causado por los precios de la sociedad, más derechos tendrá que pagar la misma. Según las demandantes, el nivel del derecho extremadamente elevado y su carácter ad valorem tienen como consecuencia excluir por completo la urea saudí de la CEE. No habrá ningún comprador dispuesto a pagar una prima del 40 % por una mercancía como la urea. En definitiva, las demandantes entienden que, al no haber respondido a las solicitudes y a las preguntas planteadas, a pesar de las garantías dadas al respecto, la Comisión ha privado a las demandantes de la posibilidad de ser oídas efectivamente. Además, la adopción de un derecho completamente diferente y que imponía un gravamen mucho más pesado, sin ninguna comunicación previa ni posibilidad anterior de presentar observaciones, ha privado a las demandantes de su derecho fundamental de «ser informadas de los hechos y consideraciones en función de los cuales haya previsto actuar la autoridad». Las Instituciones comunitarias no han «tratado [...] de comunicar a la demandante indicaciones útiles para la defensa de sus intereses» (véanse las sentencias NTN Toyo Bearing Company, Rec. 1979, p. 1185, y Timex, Rec. 1985, p. 861). Según ellas, al hecho de que las demandantes se hayan visto privadas del derecho de ser oídas en lo que se refiere al fundamento y a la naturaleza de la resolución, se ha añadido la omisión por parte de las Instituciones comunitarias de presentar una motivación suficiente que explicara las modificaciones de la naturaleza del derecho. Y ello ha conducido también a adoptar medidas que se fundan en errores manifiestos. Las demandantes afirman que el Reglamento n° 3339/87 debe ser anulado porque las Instituciones comunitarias han infringido normas esenciales de procedimiento al efectuar una comunicación insuficiente o, en determinadas cuestiones, inexistente de los fundamentos sobre los que se proponían actuar.