Como acertadamente subrayó la Comisión, semejante respuesta no puede, sin embargo, resolver de forma exhaustiva y satisfactoria la cuestión prejudicial, puesto que es evidente que la demandante en el litigio principal no posee la calidad de trabajadora en el sentido de las disposiciones de Seguridad Social de los reglamentos comunitarios y que nunca ejerció una actividad remunerada. Así pues, procede examinar además si puede ser decisiva la nacionalidad para los miembros de la familia de un trabajador que soliciten el beneficio de las prestaciones contempladas por la Ley belga relativa a las prestaciones a favor de los minusválidos, o bien, si los Reglamentos nos 3 y 1612/68 excluyen esta posibilidad aun para los miembros de la familia.

En primer lugar, si se considera a ese respecto la jurisprudencia aplicable del Tribunal de Justicia, no puede desconocerse que la medida en que ésta aplica los reglamentos comunitarios a disposiciones como las de la Ley belga relativa a las prestaciones a favor de los minusválidos, dicha jurisprudencia se funda en la cuestión de si los beneficiarios son trabajadores o antiguos trabajadores. En cuanto al concepto de «trabajador» éste lo define la letra a) del artículo 1 del Reglamento no 1408/71. En el presente asunto, sólo debe considerarse la parte contemplada en el inciso ii) en relación con la Ley belga relativa a las prestaciones a favor de los minusválidos. Según esta disposición, procede preguntarse si el beneficiario de las prestaciones «está asegurado en virtud de un seguro obligatorio o facultativo continuado contra una o varias contingencias correspondientes a las ramas de un régimen de Seguridad Social que se aplique a los trabajadores por cuenta ajena, sin perjuicio de las limitaciones del Anexo V». Evidentemente, este requisito no se cumple cuando se trata de miembros de la familia de un trabajador porque éstos únicamente tienen los derechos derivados del seguro de los trabajadores. Si, en consecuencia, se pudiera considerar que la prestación belga a favor de los minusválidos está incluida en la Seguridad Social y sujeta a los reglamentos comunitarios sólo en la medida en que las prestaciones se conceden a trabajadores o a antiguos trabajadores, los reglamentos relativos a la Seguridad Social no darían lugar a ninguna obligación de igualdad de trato a favor de la demandante por su calidad de miembro de la familia.

Sin embargo, es preciso examinar además, ya que este tema también fue discutido, si los reglamentos comunitarios en materia de Seguridad Social dan lugar, a favor de los minusválidos de la familia como tales, derechos que tienen especial importancia para el litigio principal.

En primer lugar, es importante el artículo 4 del Reglamento no 3. En él se establece que «las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a los trabajadores por cuenta ajena o asimilados que estén o hayan estado sujetos a la legislación de uno o de varios Estados miembros y que sean nacionales de un Estado miembro […] así como a los miembros de sus familias y a sus supervivientes». El concepto de «miembro de la familia» está definido en la letra n) del artículo 1 en la siguiente forma: «Personas definidas o admitidas como tales o designadas como miembros del hogar por la legislación del país de su residencia […]». A este respecto, constituyen la «legislación» con arreglo a la letra b) del artículo 1, «las leyes, los reglamentos y las disposiciones estatutarias existentes o futuras de cada Estado miembro que se refieran a las ramas y regímenes de Seguridad Social mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 2».

La Comisión de las Comunidades Europeas y la parte demandante en el asunto principal no están de acuerdo sobre el espíritu de estas disposiciones. La demandante en el asunto principal estima que es suficiente para una persona que el conjunto de la legislación de un Estado miembro relativa a la Seguridad Social la reconozca como miembro de la familia, y que poco importa que ese miembro de la familia posea derechos derivados de los derechos de un trabajador. Por el contrario, la Comisión considera que la cuestión decisiva es saber si se trata de derechos derivados de trabajadores, es decir, si se trata de derechos que no sean exclusivos de un miembro de la familia y si este carácter derivado se deduce de la ley de que se trata en tal supuesto, relativa a la Seguridad Social.

Me inclino a pensar como la Comisión. En efecto, no parece lógico, por una parte, contentarse con el hecho de que una persona sea designada como miembro de la familia en cualquier disposición de Derecho social del Estado miembro considerado. Efectivamente, es posible que los derechos de los miembros de la familia estén regulados de forma muy diferente en las distintas ramas de la Seguridad Social y por ello es probablemente necesario examinar si la calidad de miembro de la familia está expresamente reconocida a la interesada en el campo de que se trata. Por otra parte, también parece oportuno preguntarse si se trata de derechos causados por los trabajadores o de derechos puramente personales. En mi opinión, es lo que ya sugiere el texto de la letra n) del artículo 1 del Reglamento no 3, según la cual los miembros de la familia deben ser reconocidos como tales, es decir, que se los considera como titulares de derechos solamente en su calidad de miembros de la familia, o sea, en relación con otra persona. Al respecto revisten particular interés las exposiciones que ha presentado la Comisión a propósito de las situaciones provocadas por la adhesión de nuevos Estados miembros a la Comunidad. El principio que acabo de describir ha experimentado evidentemente una modificación para tener en cuenta los regímenes particulares vigentes en los nuevos Estados miembros. Pero esta modificación se limitó, como ya se ha visto, a las prestaciones que son objeto de derechos derivados en los Estados miembros originarios. Esto es importante, no sólo para la interpretación del Reglamento no 1408/71, sino también para la del Reglamento no 3 en el que no tuvo lugar esta modificación. Finalmente, tampoco debe olvidarse que la jurisprudencia relativa a casos como el de autos, ha subrayado que semejante legislación en realidad cumplía una doble función y que, evidentemente, también presentaba determinadas características propias de la asistencia social. Si a pesar de ello, el Tribunal de Justicia ha seguido al respecto una interpretación que algunos llamarían atrevida y ha incluido dicha legislación en el Derecho de Seguridad Social por aplicarse a los trabajadores resulta que este último criterio constituye el punto de referencia decisivo. Ello también me conduce a no considerar decisiva en este asunto la calidad de miembro de la familia más que cuando existan derechos derivados de trabajadores.

Pero, como la Ley belga relativa a las prestaciones a favor de los minusválidos no crea evidentemente derechos individuales para los cuales el criterio determinante sea el domicilio y, por consiguiente, las relaciones con un trabajador no tienen ninguna importancia, esto me lleva a concluir que, en este ámbito, no pueden derivar derechos a favor de los miembros de la familia como tales a partir del Derecho comunitario de la Seguridad Social ni tampoco por consiguiente el derecho a solicitar el mismo trato del que benefician los nacionales del Estado miembro considerado.

Si se pueden enjuiciar así las prestaciones de la demandante respecto a los Reglamentos nos 3 y 1408/71, hay que considerar todavía lo que sigue respecto al Reglamento no 1612/68 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad.

Según su exposición de motivos y la sistemática de sus disposiciones, el Reglamento no 1612/68 fue redactado en favor de los trabajadores de un Estado miembro que estén empleados o que busquen empleo en el territorio de otro Estado miembro. En cuanto a los miembros de la familia y en lo que nos interesa en este asunto, el artículo 10 del Reglamento se refiere al cónyuge del trabajador nacional de un Estado miembro y empleado en el territorio de otro Estado miembro. Esto basta para concluir que no se puede deducir del Reglamento ningún argumento en favor de la demandante, que no tiene por sí misma la calidad de trabajadora y cuyo cónyuge no cumple los requisitos que se acaban de mencionar.

En lo que respecta al concepto de ventaja social establecido en el artículo 7, hay que añadir el hecho de que la jurisprudencia (Michel S., 76/72,<-> Rec. 1973, p. 457) ya ha establecido que sólo pueden considerarse ventajas sociales las que se relacionen con el empleo y que se hayan concedido a los propios trabajadores y no a los miembros de su familia. Sobre este tema, podrá recordarse el tenor literal y la sistemática del Reglamento no 1612/68, así como la colocación del artículo 7 que está incluido en la primera parte bajo el Título II de la misma, «Del ejercicio del empleo y de la igualdad de trato». Por lo demás, el considerando primero del Reglamento también se orienta en este sentido.

Finalmente, en verdad debe reconocerse que el Reglamento no 1612/68 también contiene disposiciones en favor de los miembros de la familia. Pero sólo pueden derivar de las mismas un derecho de libre establecimiento (artículo 10) y un derecho al empleo (artículo 11) con exclusión sin embargo, de cualquier otro derecho más amplio establecido en beneficio de los cónyuges.

Todo ello explica por qué razón tampoco es apto el Reglamento no 1612/68 para fundar un derecho de igualdad de trato en beneficio de los cónyuges de trabajadores en lo que se refiere a la concesión de la prestación belga a favor de los minusválidos.