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La Directiva 1999/44, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que, cuando un consumidor que tiene derecho a exigir una reducción adecuada del precio de compra de un bien se limita a reclamar judicialmente únicamente la resolución del contrato de compraventa, resolución que no va a ser acordada porque la falta de conformidad del bien es de escasa importancia, no permite que el juez nacional que conoce del asunto reconozca de oficio la reducción del precio, y ello a pesar de que no se concede al consumidor la posibilidad de modificar su pretensión inicial ni de presentar al efecto una nueva demanda.

En efecto, un sistema de las referidas características obliga a los consumidores a anticipar el resultado de la calificación jurídica de la falta de conformidad del bien, cuyo análisis definitivo corresponde al juez competente, lo que supone que la protección que el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 1999/44 atribuye al consumidor resulte meramente aleatoria y, en consecuencia, inadecuada. Ello es así con mayor razón cuando dicho análisis es especialmente complejo y, por ello, la referida calificación depende esencialmente de las diligencias que practicará el juez que conoce del asunto. En estas circunstancias, tal normativa no se atiene al principio de efectividad, en la medida en que hace excesivamente difícil, cuando no imposible, en los procedimientos judiciales iniciados a instancia de los consumidores en caso de falta de conformidad con el contrato del bien entregado, la aplicación efectiva de la protección que la Directiva pretende conferir a estos últimos. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional determinar cuáles son las normas procesales nacionales aplicables al litigio del que está conociendo, así como hacer todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 1999/44 y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta.

(véanse los apartados 39 y 40 a 43 y el fallo)
El concepto de transporte no comercial de mercancías que figura en el artículo 3, letra h), del Reglamento no 561/2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos no 3821/85 y no 2135/98, debe interpretarse en el sentido de que incluye el transporte de mercancías realizado por un particular por cuenta propia y solamente como parte de una actividad de tiempo libre cuando dicha actividad está financiada en parte mediante ayudas de terceros y dicho transporte no da lugar a ninguna remuneración.

En efecto, por un lado, el transporte no comercial de mercancías designa, en particular, el transporte de mercancías efectuado por un particular fuera de su actividad profesional, en el marco de una actividad recreativa. Por otro lado, el citado Reglamento está destinado a mejorar las condiciones sociales de los empleados a los que se aplica, permitiendo controlar el cumplimiento del tiempo de conducción y de descanso de los conductores. En consecuencia, las disposiciones de dicho Reglamento se aplican esencialmente a los conductores profesionales y no a las personas que conducen como particulares que no ejercen la profesión de conductor de un vehículo pesado y que no prestan servicios de transporte, sino que transportan, por cuenta propia, únicamente en el marco de una actividad de tiempo libre, el vehículo de su propiedad que conducen como pilotos aficionados.

(véanse los apartados 24, 25, 28, 29, 31 y 39 y el fallo)
La Directiva 2008/115, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro prevea que una medida de expulsión anterior en cinco años o más al período comprendido entre la fecha en que dicha Directiva debería haber sido transpuesta y la fecha en que efectivamente tuvo lugar dicha transposición, pueda posteriormente volver a servir de fundamento para el ejercicio de acciones penales, cuando dicha medida se basaba en una sanción penal en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de la citada Directiva y dicho Estado miembro ha hecho uso de la facultad prevista en esa disposición.

En efecto, el uso, por parte de un Estado miembro, de la facultad prevista en el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/115 a más tardar al vencimiento del plazo para la transposición de dicha Directiva tiene como consecuencia que los nacionales de terceros países afectados no están en ningún momento comprendidos en el ámbito de aplicación de esa Directiva, al contrario, mientras un Estado miembro aún no haya hecho uso de dicha facultad tras el vencimiento del citado plazo para la transposición, en particular debido a que todavía no ha transpuesto la Directiva 2008/115 en su Derecho nacional, no puede alegar el derecho a restringir el ámbito de aplicación personal de la mencionada Directiva con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra b), de ésta respecto de personas a las que los efectos de dicha Directiva ya eran aplicables.

En estas circunstancias, una restricción del ámbito de aplicación personal de la Directiva 2008/115 en virtud del citado artículo 2, apartado 2, letra b), que únicamente se efectúa tras el vencimiento del plazo de transposición de esa Directiva tampoco es oponible a una persona contra quien se ha dictado una medida de expulsión anterior en cinco años o más a la fecha en que la Directiva 2008/115 debería haberse transpuesto y que volvió a entrar en el territorio de ese Estado miembro con posterioridad a la entrada en vigor de las normas nacionales que hacen uso de la facultad prevista en dicha disposición. En efecto, el hecho de oponer el uso de la facultad prevista en el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/115 a una persona en esas circunstancias, que podía alegar directamente las disposiciones de que se trata de dicha Directiva, tendría como consecuencia directa agravar la situación de esa persona.

(véanse los apartados 52 a 56 y el punto 3 del fallo)
El hecho de que las autoridades aduaneras competentes no informen al exportador de que existe un riesgo de fraude cometido por su otra parte contratante no constituye un caso de fuerza mayor a efectos de lo dispuesto en el Reglamento no 3665/87, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento no 2945/94, y, en particular, de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, párrafo tercero, primer guion, de dicho Reglamento. Si bien tal omisión puede constituir un caso excepcional en el sentido del artículo 11, apartado 1, párrafo tercero, segundo guion, del Reglamento no 3665/87, no puede, sin embargo, relevar a ese exportador de su obligación de devolver las restituciones a la exportación indebidamente percibidas, estando éste únicamente exento del pago de las sanciones adeudadas en virtud de este mismo artículo 11.

A este respecto, las disposiciones del artículo 11, apartado 1, párrafo tercero, primer guion, de dicho Reglamento relevan a los exportadores únicamente del pago de las sanciones, pero no del reembolso de las restituciones percibidas por anticipado. En efecto, no puede añadirse a la lista exhaustiva contenida en el artículo 11, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento en cuestión un nuevo supuesto de exención, basado, en particular, en la falta de comportamiento culposo del exportador. Aunque el comportamiento culposo o el error cometido por quien contrate con el exportador pueden constituir una circunstancia que escape al control de éste, no es menos cierto que constituyen un riesgo comercial habitual, incluso en supuestos de condena penal del cocontratante por falsedad en documento en relación con las restituciones a la exportación, y no pueden considerarse imprevisibles en las transacciones comerciales. El exportador puede elegir libremente a sus cocontratantes y le incumbe tomar las adecuadas precauciones, bien mediante la inclusión de cláusulas a tal efecto en los contratos que celebra con éstos, bien mediante la contratación de un seguro específico.

(véanse los apartados 42 , 43 y 49 y el fallo)
El artículo 11, apartado 2, del Estatuto de la Empresa Común Galileo, anejo al Reglamento no 876/2002, por el que se crea la Empresa Común Galileo, debe interpretarse en el sentido de que no son aplicables a los miembros del personal de Galileo contratados mediante un contrato de duración determinada el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, las condiciones salariales establecidas en dicho Régimen.

(véanse el apartado 46 y el fallo)
1

En su demanda, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 56 TFUE y al artículo 36 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), al aprobar y mantener las disposiciones que figuran en el artículo 46, letra c), del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (BOE no 298, du 13 de diciembre de 2002, p. 43361; en lo sucesivo, «Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones»), en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (BOE no 267, de 5 de noviembre de 2004, p. 36602; en lo sucesivo, «Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados»), en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (BOE no 62, de 12 de marzo de 2004, p. 11176), en su versión modificada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal (BOE no 286, de 30 de noviembre de 2006, p. 42087; en lo sucesivo, «Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes»), y en el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE no 302, de 18 de diciembre de 2003, p. 44987; en lo sucesivo, «Ley General Tributaria»), según las cuales los fondos de pensiones domiciliados en Estados miembros distintos del Reino de España y que ofrezcan planes de pensiones de empleo en este Estado miembro, así como las entidades aseguradoras que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, entre otras, están obligados a nombrar un representante fiscal con residencia en este Estado miembro.
25

Mediante sentencia del 22 de octubre de 2009, el Verwaltungsgericht Berlin desestimó el recurso interpuesto, al considerar que la Sra. Demirkan no tenía derecho alguno a entrar sin visado en territorio alemán. En particular, la demandante no podía invocar la cláusula de «standstill» que se encuentra en el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional, pues dicha cláusula no es aplicable a una autorización de residencia solicitada para una visita familiar. Según ese órgano jurisdiccional, la cláusula de «standstill» no consagró en favor de los nacionales turcos una libertad de circulación general e independiente de cualquier actividad económica.
110

En primer lugar, hay que observar que la argumentación de Portielje acerca de la falta de consideración por la Comisión de todas las circunstancias pertinentes del caso al apreciar la gravedad de la infracción cometida por Gosselin se apoya también en la premisa de que la participación limitada a los acuerdos sobre comisiones y sobre presupuestos de favor era cualitativamente diferente de la participación en los acuerdos sobre precios, y de que los acuerdos en los que participó Gosselin no forman parte de las restricciones más graves de la competencia. Según Portielje, la Comisión no podía considerar fundadamente, por tanto, que la gravedad de la infracción cometida por Gosselin era idéntica a la de la infracción cometida por los otros participantes en el cartel, en particular por quienes tomaron parte en el acuerdo sobre precios, y en consecuencia la Comisión no podía elegir la misma proporción del 17 % del valor de las ventas de todos los participantes para determinar el importe de base de la multa.
37

No obstante, según reiterada jurisprudencia, la prueba exigida por un Estado miembro para admitir la existencia de un vínculo real no debe tener un carácter demasiado excluyente, atribuyendo indebidamente prioridad a un elemento que no es necesariamente representativo del grado real y efectivo de vinculación entre el solicitante y dicho Estado miembro, con exclusión de cualquier otro elemento representativo (véanse las sentencias D’Hoop, antes citada, apartado 39; de 21 de julio de 2011, Stewart C-503/09, Rec. p. I-6497, apartado 95, y de 4 de octubre de 2012, Comisión/Austria C-75/11, apartado 62).
60

No obstante, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una normativa nacional adoptada en un ámbito que no haya sido objeto de armonización completa a nivel de la Unión y que se aplique indistintamente a cualquier persona o empresa que ejerza una actividad en el territorio del Estado miembro de que se trate puede estar justificada, pese a su efecto restrictivo de la libre prestación de servicios, siempre que responda a una razón imperiosa de interés general y que dicho interés no quede ya salvaguardado por las normas a las que está sujeto el prestador en el Estado miembro en el que esté establecido, que la referida normativa sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y que no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo (véanse las sentencias Arblade y otros, antes citada, apartados 34 y 35, y de 21 de septiembre de 2006, Comisión/Austria, C-168/04, Rec. p. I-9041, apartado 37).
1)

El artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, debe interpretarse en el sentido de que permite a un Estado miembro, que los criterios establecidos en el capítulo III de ese Reglamento no designen como responsable, examinar una solicitud de asilo aunque no concurra ninguna circunstancia que dé lugar a la aplicación de la cláusula humanitaria que figura en el artículo 15 de dicho Reglamento. Esta posibilidad no se supedita al hecho de que el Estado miembro responsable en virtud de los mencionados criterios no haya respondido a una petición de readmisión del solicitante de asilo.
2

Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Sweetman, Ireland, el Attorney General y el Minister for the Environment, Heritage and Local Government (Ministro de Medio Ambiente, Patrimonio y Administraciones Locales), por un lado, y el An Bord Pleanála (Consejo nacional de ordenación del territorio; en lo sucesivo, «An Bord»), apoyado por el Galway County Council y el Galway City Council, por otro, en relación con la decisión del An Bord de autorizar el proyecto de la carretera N6 de circunvalación de la ciudad de Galway.
10

De la resolución de remisión se desprende que, para adoptar las citadas resoluciones denegatorias, el VID se basó en comprobaciones según las cuales, en primer término, Ablessio no poseía activos inmovilizados y no había celebrado ningún contrato con vistas al alquiler de dichos activos. Además, se había celebrado un contrato de arrendamiento profesional para alquilar un espacio no residencial cuyas dimensiones eran de sólo 4 m2. Por último, la mencionada sociedad no estaba inscrita en el registro de empresas de construcción y no había ejercido realmente ninguna actividad desde su creación, siendo el único empleado de la empresa –aparentemente no remunerado– el presidente de su consejo de administración.
6

El artículo 3 de la citada Directiva establece lo siguiente: «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
44

Por otro lado, esta interpretación resulta conforme con el concepto de «producto farmacéutico» utilizado en el capítulo 30 de la Nomenclatura Combinada contenida en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 1238/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010 (DO L 348, p. 36), que menciona como productos farmacéuticos no sólo los medicamentos, sino también otras preparaciones y artículos farmacéuticos, como las guatas, las gasas, las vendas y los artículos análogos.
35

En su escrito de formalización de la intervención, el Gran Ducado de Luxemburgo mantiene concretamente, en primer término, que el Parlamento, al adoptar las resoluciones impugnadas, no ejerce su competencia para dictar disposiciones de organización interna con el fin de mejorar su propio funcionamiento, sino que pretende en realidad fijar él mismo el lugar de su sede. En segundo término, dicho Estado miembro recuerda la distinción entre los períodos de sesiones plenarias mensuales que se celebran en Estrasburgo y los períodos de sesiones plenarias adicionales que el Parlamento está autorizado a celebrar en Bruselas. Añade que estos distintos períodos de sesiones, que también se diferencian por su duración, debiendo ser más cortos los que tienen lugar en Bruselas, no son intercambiables. Según ese Estado miembro, debe considerarse que los dos períodos de sesiones plenarias que las resoluciones impugnadas prevén para el mes de octubre de 2012 y de 2013 constituyen un solo período de sesiones mensuales. Así, el número de períodos de sesiones plenarias mensuales que se celebran en Estrasburgo se ve reducido a once, vulnerando los Protocolos sobre las sedes de las instituciones.
15

A tenor del artículo 2 de la referida Directiva, a efectos de ella, se entenderá por: «a) “protección internacional”: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria definidos en las letras d) y f); [...] c) “refugiado”: nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12; d) “estatuto de refugiado”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado; e) “persona con derecho a protección subsidiaria”: nacional de un tercer país o apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplican los apartados 1 y 2 del artículo 17 [relativo a las causas de exclusión del derecho a la protección subsidiaria], y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país; [...]»
10

El artículo 1 del Reglamento (CE) no 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje (DO L 285, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002 (DO L 140. p. 2) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2027/97»), establece: «El presente Reglamento desarrolla las disposiciones pertinentes del Convenio de Montreal en relación con el transporte aéreo de pasajeros y su equipaje y establece determinadas disposiciones complementarias. […]»
3

El Reglamento no 3665/87 fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas (DO L 102, p. 11, y rectificación en DO 1999, L 180, p. 53), el cual, a su vez, fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) no 612/2009 de la Comisión, de 7 de julio de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas (DO L 186, p. 1). No obstante, el litigio principal continúa rigiéndose por el Reglamento no 3665/87, en su versión modificada.
12

El Reglamento (CE) no 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 343/2003 (DO L 222, p. 3), establece en su artículo 11, titulado «Situaciones de dependencia»: «1. El apartado 2 del artículo 15 del Reglamento [...] no 343/2003 será aplicable tanto cuando el solicitante de asilo sea dependiente de la asistencia del miembro de su familia presente en un Estado miembro como cuando el miembro de la familia presente en un Estado miembro sea dependiente de la asistencia del solicitante de asilo. 2. Las situaciones de dependencia contempladas en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento [...] no 343/2003 se evaluarán, en la medida de lo posible, sobre la base de elementos objetivos como certificados médicos. Cuando dichos elementos no estén disponibles o no puedan presentarse, los motivos humanitarios sólo podrán considerarse establecidos sobre la base de informaciones convincentes aportadas por las personas afectadas. [...] 4. La aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento [...] no 343/2003 se supeditará, en todo caso, a la garantía de que el solicitante de asilo [o] el miembro de la familia preste efectivamente la asistencia necesaria. [...]»