3.

La Comisión destaca que el artículo 9 del Reglamento establece una clara distinción entre la. obligación de pago dentro de un determinado plazo (apartado 1) y la obligación de aportar la prueba en un determinado plazo (párrafo 3 del apartado 2). Renunciar al plazo fijado en esta última disposición equivaldría a permitir al destilador que decida cuándo pagar al productor, al no tener el plazo previsto en el párrafo 3 del apartado 2 relación alguna con la fecha de entrega del vino. El plazo de 90 días establecido en el apartado 1 tendría por objeto garantizar al productor el cobro dentro de los 90 después de la entrega. El plazo fijado en el párrafo 1 del apartado 2 del artículo 9, que prevé el pago de la ayuda al destilador dentro de los 90 días siguientes a la aportación de la prueba de la destilación, tendría por finalidad incitar a éste a efectuar la destilación lo más rápidamente posible. La norma del párrafo 3 del apartado 2 del artículo 9, que establece la presentación de la prueba del pago del precio mínimo de compra dentro del plazo de los 120 días siguientes a la aportación de la prueba de la destilación, permitiría al organismo de intervención cerrar la operación y concedería al destilador tiempo suficiente (30 días a partir del cobro de la ayuda) para aportar la prueba de haber cumplido con su obligación de pago. En contra de la opinión del órgano jurisdiccional remitente, la obligación de pagar dentro de los 90 días (apartado 1 del artículo 9) sería una obligación principal, mientras que la obligación de suministrar la prueba en el plazo de 120 días (párrafo 3 del apartado 2 del artículo 9) sería una obligación accesoria. Esto se desprende del considerando no 11 del Reglamento, que expresamente afirma: «conviene establecer que, por regla general, el precio mínimo garantizado a los productores les sea pagado en plazos que les permitan obtener un beneficio comparable al que percibirían si se tratara de una venta comercial»(traducción no oficial). Esta interpretación queda también corroborada por el artículo 13 del Reglamento, que no admite excepciones a esta norma, más que en caso fortuito o de fuerza mayor, y por el apartado 4 del artículo 11 del Reglamento, según el cual no se devolverá la posible fianza que él destilador se haya visto obligado a constituir si no se han respetado los plazos. El órgano jurisdiccional remitente parte de la idea de que el respeto del plazo de 90 días establecido en el apartado 1 del artículo 9 se interpreta como una obligación accesoria cuyo incumplimiento no puede ser sancionado de igual manera que el incumplimiento de una obligación principal (véanse las sentencias de 20 de febrero de 1979, Buitoni, 122/78, Rec. 1979, p. 677; y de 21 de junio de 1979, Atalanta, 240/78, Rec. 1979, p. 2137). En caso de incumplimiento de una obligación principal derivada de un contrato, el Tribunal de Justicia admite la recuperación total de la ayuda pagada o la pérdida total de la fianza, y ello sin tener en cuenta el grado de incumplimiento de la obligación (véanse las sentencias de 2 de diciembre de 1982, RU-MI, 272/81, Rec. 1982, p. 4167; de 23 de febrero de 1983, Fromançais, 66/82, Rec. 1983, p. 395; y de 17 de mayo de 1984, Denkavit, 15/83, Rec. 1984, p. 2171). El Tribunal de Justicia no acepta excepciones a esta distinción entre obligación principal y obligación accesoria más que en decisiones que poseen determinadas características que no concurren en el presente caso (sentencias de 27 de noviembre de 1986, Maas, 21/85, Rec. 1986, p. 3551; y de 30 de junio de 1987, Roquette, 47/86, Rec. 1987, p. 2909). Por tanto, la Comisión propone que se responda a la cuestión planteada del siguiente modo: «Del examen de la cuestión prejudicial no se desprende elemento alguno que pueda afectar a la validez del artículo 9 del Reglamento no 2499/82, en lo que se refiere a la recuperación de la ayuda pagada al destilador, si éste no ha pagado al productor el precio mínimo de compra en un plazo de 90 días a partir de la entrega.»