De ello se desprende que lo dispuesto en el artículo 81 CE y en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 1/2003 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con un procedimiento incoado después del 1 de mayo de 2004, no son aplicables a un cártel cuya actuación produjo efectos, en el territorio de un Estado miembro que ingresó en la Unión el 1 de mayo de 2004, en períodos anteriores a la citada fecha.

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento no 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 CE y 82 CE, al igual que el artículo 81 CE, contiene normas materiales para que las autoridades de defensa de la competencia aprecien la existencia de acuerdos entre empresas, preceptos que, por lo tanto, constituyen normas sustantivas del Derecho de la Unión. Dichas normas sustantivas, en principio, no pueden aplicarse con carácter retroactivo, con independencia de los efectos positivos o negativos que dicha aplicación pueda tener para los interesados. En efecto, el principio de seguridad jurídica exige que toda situación de hecho sea apreciada, normalmente y salvo indicación expresa en contrario, a la luz de las normas jurídicas que le son contemporáneas. Con el fin de garantizar el respeto de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, las normas sustantivas del Derecho de la Unión deben interpretarse en el sentido de que sólo contemplan situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor en la medida en que de sus términos, finalidad o sistema, se desprenda claramente que debe atribuírseles dicho efecto. No obstante, ni el tenor literal, ni la finalidad, ni tampoco la sistemática del artículo 81 CE, del artículo 3 del Reglamento no 1/2003 y del Acta de adhesión contienen indicaciones claras que permitan la aplicación retroactiva de esos dos preceptos.

La incoación por la Comisión Europea de un procedimiento contra un cártel, con arreglo al capítulo III del Reglamento no 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, no priva a la autoridad de defensa de la competencia del Estado miembro de que se trate, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 6, del Reglamento no 1/2003, en relación con el artículo 3, apartado 1, del mismo Reglamento, de sus atribuciones para sancionar, aplicando el Derecho nacional de la competencia, los efectos contrarios a la competencia producidos por la actividad de dicho cártel en el territorio del citado Estado miembro en períodos anteriores a su adhesión a la Unión Europea.

En los asuntos relativos al Derecho de la competencia, el principio non bis in idem debe ser respetado en los procedimientos para la imposición de multas. La aplicación de este principio está supeditada al triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad del interés jurídico protegido. Por lo tanto, dicho principio prohíbe que se condene o se inicie de nuevo un procedimiento sancionador de nuevo contra una empresa por un comportamiento contrario a la competencia a causa del cual ya ha sido sancionada o del que se la ha declarado no responsable mediante una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso.

De ello se deriva que el principio non bis in idem no se opone a que la autoridad nacional de defensa de la competencia de un Estado miembro pueda imponer multas a las empresas participantes en un cártel con objeto de sancionar los efectos producidos por la actuación de ese cártel en el territorio de dicho Estado miembro antes de su adhesión a la Unión, siempre que las multas impuestas a los miembros del cártel mediante una decisión de la Comisión Europea dictada antes de que se adoptara la resolución de dicha autoridad nacional de defensa de la competencia no hayan tenido por objeto sancionar esos mismos efectos.

(véanse los apartados 94, 97 y 103 y el punto 2 del fallo)