SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 8 de junio de 1995

Asunto T-583/93

P

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Decisión de asignación de oficio de nuevo destino que implica, en particular, la pérdida de la indemnización prevista en el artículo 56 bis del Estatuto — Obligación de motivación»

Texto completo en lengua francesa II-433

Objeto:

Recurso dirigido a obtener la anulación de una decisión de asignación de oficio de un nuevo destino, así como la indemnización del perjuicio económico ocasionado por dicha decisión.

Resultado:

Anulación y concesión de indemnización de daños y perjuicios.

Resumen de la sentencia

El demandante participó de forma regular en un sistema de servicio por turnos y percibió, por ello, la indemnización prevista en el artículo 56 bis del Estatuto y disfrutó de un servicio de transporte gratuito.

En el informe de calificación del demandante correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 1989 y el 30 de junio de 1991, elaborado en abril de 1992, el primer calificador hizo constar un descenso notable en los epígrafes «rendimiento, regularidad de las prestaciones y adaptación a las exigencias del servicio» y «conducta en el servicio, sentido de la responsabilidad» y formula, en el epígrafe «apreciación de carácter general», observaciones negativas sobre las prestaciones del demandante. En la calificación de alzada, solicitada por el demandante y elaborada el 24 de julio de 1992, el calificador de alzada no modificó las apreciaciones analíticas hechas por el primer calificador y señaló que el superior jerárquico del demandante comprobó, durante el período de referencia, que al demandante le resultaba difícil aceptar una nueva forma de organización del trabajo, lo que provocó un descenso de la regularidad de sus prestaciones.

Mediante escrito de 22 de febrero de 1993, el Sr. A., en nombre de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), dirigió una comunicación al demandante en los siguientes términos:

«A pesar de los numerosos y generosos intentos realizados por integrarle de nuevo a todos los efectos en el Cuerpo de bomberos, lamento tener que decir que los resultados han sido sumamente decepcionantes. Me veo obligado, por tanto, a retirarle de nuevo del servicio por turnos [...] Seguirá en el cuartel en el servicio diurno, a la espera de una posible asignación de otras funciones en el Centro.»

El 18 de mayo de 1993, el demandante formuló una reclamación contra la decisión de asignación de oficio de nuevo destino recogida en dicho escrito. Dicha reclamación no fue objeto de una decisión denegatoria expresa en el plazo de contestación de cuatro meses previsto en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto. Se adoptó, sin embargo, una decisión denegatoria expresa el 22 de diciembre de 1993, después de la presentación del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.

Sobre la admisibilidad de las pretensiones de obtención de una declaración y de una orden conminatoria

No incumbe al Tribunal de Primera Instancia, en el marco de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 91 del Estatuto, se trate de un recurso de anulación o de indemnización, hacer declaraciones de principios o dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones comunitarias. Por un lado, el órgano jurisdiccional comunicatorio es manifiestamente incompetente para dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones comunitarias. Por otro lado, en caso de anulación de un acto, la Institución de que se trate está obligada, con arreglo al artículo 176 del Tratado CE, a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia (apartado 17).

Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones que tienen por objeto que el Tribunal de Primera Instancia declare que debe integrarse de nuevo al demandante en sus funciones anteriores (apartado 18).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de junio de 1991, Valverde Mordt/Tribunal de Justicia (T-156/89, Rec. p. II-407); Tribunal de Primera Instancia, 9 de junio de 1994, X/Comisión (T-94/92, RecFP p. II-481)

Sobre las pretensiones de anulación

Sobre el motivo basado en una insuficiencia de motivación

A tenor del párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto, toda decisión lesiva para un funcionario será motivada. Dicha obligación de motivación constituye un principio esencial del Derecho comunitario, y tiene por objeto, por una parte, permitir al Juez controlar la legalidad de la decisión y, por otra parte, proporcionar al interesado los datos necesarios para saber si la decisión es o no fundada (apartado 24).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 20 de marzo de 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Comisión(T-l/90, Rec. p. II-143); Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión(T-80/92, Rec. p. II-1465)

Una mera medida de organización interna que no afecta a la situación estatutaria del interesado o al cumplimiento del principio de correspondencia entre el grado y el puesto de trabajo no es lesiva y no debe, por tanto, ser motivada (apartado 25).

No obstante, debe considerarse que la medida controvertida es lesiva para el demandante, porque le priva del derecho a la indemnización prevista por el artículo 56 bis del Estatuto y, en consecuencia, supone para él una pérdida económica nada desdeñable (apartados 29 y 30).

De ello resulta que procede que el Tribunal de Primera Instancia controle si la decisión controvertida está suficientemente motivada (apartado 31).

Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de mayo de 1984, Albertini y Montagnani/Comisión (338/82, Rec. p. 2123); Tribunal de Justicia, 7 de marzo de 1990, Hecq/Comisión (asuntos acumulados C-l 16/88 y C-149/88, Rec. p. I-599)

A efectos del control de la suficiencia de motivación de una decisión lesiva, no procede tener en cuenta el contenido de una decisión denegatoria de la reclamación del demandante que ha sido adoptada extemporáneamente, después de la interposición del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. La eventual motivación recogida en tal decisión no puede cumplir su función ni respecto al interesado ni al Juez (apartado 32).

Referencia:Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento(T-52/90, Rec. p. II-121); Tribunal de Justicia, 9 de diciembre de 1993, Parlamento/Volger(C-115/92P, Rec. p. I-6549)

En el caso de autos, de ello se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no puede tener en cuenta la motivación recogida en la decisión denegatoria de la reclamación sino unicamente la recogida en el escrito de 22 de febrero de 1993. Examinando dicho escrito, este Tribunal observa que la motivación que contiene resulta, de buenas a primeras, insuficiente, por cuanto no permite identificar, de forma suficientemente precisa, las razones que justifican la exclusión del demandante del servicio por turnos y su destino a otro servicio (apartado 33).

A este nivel del razonamiento, el Tribunal de Primera Instancia examina el contexto en que se produjo la decisión controvertida, ya que se cumple la obligación de motivación prevista en el párrafo segundo del artículo 25 del Estatuto cuando el acto objeto de recurso se produce en un contexto que conoce el funcionario y que le permite comprender el alcance de una medida que le afecta personalmente (apartado 36).

Referencia: Hecq/Comisióny Turner/Comisión, antes citadas

El Tribunal de Primera Instancia considera que no se ha probado que el demandante conocía hasta tal punto el contexto en que se produjo la decisión controvertida, que la mera afirmación de que «los resultados han sido sumamente decepcionantes» le permitió identificar, con suficiente precisión, las razones que justifican su exclusión, primero del servicio por turnos, y después del grupo de bomberos. En particular, este Tribunal estima que la Comisión no puede apoyarse en la circunstancia de que determinadas observaciones se habían realizado en el informe de calificación del demandante correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 1989 y el 30 de junio de 1991 en relación con su comportamiento en el servicio de bomberos. Para probar que el demandante conocía, en el sentido de la citada jurisprudencia, el contexto en que se produjo la decisión controvertida, la Comisión hubiera debido demostrar, en el presente caso, que a raíz de que se integrara de nuevo en el servicio por turnos, éste había sido informado claramente, en relación con acontecimientos específicos, de los aspectos de su comportamiento considerados insuficientes (apartados 35 y 36).

Resulta de lo antedicho que la decisión recogida en el escrito dirigido al demandante de 22 de febrero de 1993 está insuficientemente motivada y debe ser anulada (apartado 38).

Sobre las pretensiones de indemnización

El Tribunal de Primera Instancia considera que el demandante tiene derecho a obtener una compensación por las pérdidas económicas derivadas directamente de la adopción de la decisión controvertida (apartado 43).

Por lo que respecta, en primer lugar, a la pérdida del derecho a utilizar un servicio de transporte gratuito, el Tribunal de Primera Instancia considera oportuno fijar, ex aequo et bono, el importe de dicha pérdida, para todo el período de que se trata, en 2.000.000 LIT, incluidos intereses (apartado 46).

Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la indemnización prevista en el artículo 56 bis del Estatuto para el servicio por turnos, el Tribunal de Primera Instancia observa que la Comisión no discrepa del argumento según el cual, de no haber existido la decisión controvertida, el demandante hubiera seguido percibiéndola, en las condiciones habituales, cada mes a partir del 1 de marzo de 1993. En estas circunstancias, este Tribunal condena a la Comisión a pagar al demandante los importes que hubiera percibido en concepto de indemnización por servicios por turnos a partir del 1 de marzo de 1993, hasta que se tome una decisión por la que se regularice su situación actual (apartados 47 y 48).

El Tribunal de Primera Instancia ordena que, a falta de acuerdo respecto al cálculo de dichos importes en un plazo de tres meses a partir del pronunciamiento de la presente sentencia, las partes le comuniquen sus pretensiones cifradas (apartado 49).

En relación con la pretensión del demandante que tiene por objeto que se ordene a la demandada que le pague intereses de demora, el Tribunal de Primera Instancia recuerda, en primer lugar, que en el supuesto de una solicitud de pago de intereses de demora en caso de anulación de la decisión controvertida no es necesario, para que se declare su admisibilidad ante el Tribunal, que haya sido mencionada expresamente en la reclamación administrativa. Este Tribunal considera que procede admitir dicha pretensión y, en la medida en que se refiere a la indemnización por servicio por turnos, fijar en el 8 % anual el tipo de los intereses de demora, a partir de la fecha de presentación de la reclamación administrativa previa, es decir, el 18 de mayo de 1993 (apartados 50 y 51).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 30 de marzo de 1993, Vardakas/Comisión(T-4/92, Rec. p. II-357); Tribunal de Primera Instancia, 30 de noviembre de 1993, Vienne/Parlamento (T-15/93, Rec. p. II-1327)

Fallo:

1) Se anula la decisión contenida en el escrito dirigido al demandante el 22 de febrero de 1993 por el Sr. A.

2) Se condena a la Comisión a pagar al demandante la suma de 2.000.000 LIT, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, como compensación por la pérdida del derecho a utilizar un servicio de transporte gratuito.