Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Carácter selectivo de la medida — Medida fiscal que beneficia únicamente a las empresas del sector bancario que realizan determinadas operaciones — Inclusión

(Art. 87 CE, ap. 1)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación

(Art. 87 CE, ap. 1)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Examen por la Comisión — Examen global de un régimen de ayudas — Procedencia — Consecuencia

(Comunicación 96/C 68/06 de la Comisión)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Ayudas que contribuyen a la realización de un proyecto importante de interés común — Ayudas destinadas al desarrollo de un sector de actividad económica — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Límites

[Art. 87 CE, ap. 3, letras b) y c)]

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Proyectos de ayudas — Ejecución sin notificación previa a la Comisión — Decisión de la Comisión por la que se ordena la devolución de la ayuda — Obligación de motivación — Alcance

(Arts. 88 CE, ap. 3, y 253 CE)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Ayuda concedida sin respetarse las normas de procedimiento del artículo 88 CE, apartado 3 — Confianza legítima eventual de los beneficiarios — Seguridad jurídica — Protección — Requisitos y límites

(Art. 88 CE, ap. 3)

7. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Violación del principio de proporcionalidad — Inexistencia — Cantidades que deben rembolsarse — Elementos que deben considerarse

(Art. 88 CE, ap. 3)

8. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común — Medida nacional por la que se ordena la devolución de la ayuda — Impugnación de la validez de la medida nacional de ejecución con arreglo a normas de Derecho comunitario cuando no existen elementos que puedan afectar a la validez de la decisión de la Comisión — Exclusión

[Art. 87 CE; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 14]

Índice

1. El artículo 87 CE, apartado 1, prohíbe las ayudas «[que favorezcan] a determinadas empresas o producciones», es decir, las ayudas selectivas. Una ayuda puede tener carácter selectivo con arreglo a esta disposición incluso cuando afecte a todo un sector económico.

Así sucede en el caso de una reducción impositiva que sólo se aplica al sector bancario y que, dentro de ese sector, beneficia únicamente a las empresas que realizan determinadas operaciones. Al no aplicarse a todos los operadores económicos y suponer, en realidad, una excepción al régimen fiscal ordinario, no puede ser considerada como una medida general de política fiscal o económica.

Tal reducción impositiva debe, por tanto, considerarse prohibida con arreglo al artículo 87 CE, apartado 1, dado que no constituye una adaptación del régimen general a las características específicas de las empresas bancarias, sino que fue concebida como un medio para mejorar la competitividad de determinadas empresas en un determinado momento de la evolución del sector.

(véanse los apartados 44 a 51)

2. El artículo 87 CE, apartado 1, prohíbe las ayudas que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falseen o amenacen falsear la competencia. En el marco de su apreciación de ambos requisitos, la Comisión no está obligada a acreditar la incidencia real de las ayudas sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia, sino únicamente a examinar si tales ayudas pueden afectar a dichos intercambios y falsear la competencia.

En definitiva, la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común debe afirmarse desde el momento en que dicha ayuda tenga o pueda tener una incidencia sobre los intercambios comerciales intracomunitarios y un efecto de distorsión de la competencia existente en éstos. En particular, cuando una ayuda otorgada por un Estado miembro sirve para reforzar la posición de una empresa frente a otras empresas que compiten con ésta en los intercambios intracomunitarios, dichos intercambios deben considerarse afectados por la ayuda. A este respecto, el hecho de que un sector económico haya sido objeto de liberalización a escala comunitaria puede caracterizar una repercusión real o potencial de las ayudas sobre la competencia, así como su efecto sobre los intercambios entre Estados miembros. Por otra parte, no es necesario que la empresa beneficiaria participe en los intercambios intracomunitarios. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la actividad interior puede mantenerse o aumentar, con la consecuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de penetrar en el mercado del Estado miembro en cuestión. Además, el fortalecimiento de una empresa que, hasta entonces, no participaba en los intercambios intracomunitarios puede colocarla en una situación que le permita penetrar en el mercado de otro Estado miembro.

Por consiguiente, debe considerarse prohibida una reducción impositiva que refuerce la posición de las empresas beneficiarias frente a las que operan en los intercambios intercomunitarios, en especial en el contexto de un importante proceso de liberalización a escala comunitaria en el sector de los servicios financieros que intensificó la competencia que podía resultar ya de la libre circulación de capitales ya prevista en el Tratado.

(véanse los apartados 53 a 60)

3. Ante un régimen de ayudas, la Comisión puede limitarse, para comprobar si contiene elementos de ayuda y, en particular, para verificar que dicho régimen no pueda llevar a que se sobrepase el límite máximo de ayuda de minimis fijado en su Comunicación 96/C 68/06, a estudiar las características generales del régimen de que se trate, sin estar obligada a examinar cada caso concreto en que se aplique.

(véanse los apartados 67 y 69)

4. Para la aplicación del artículo 87 CE, apartado 3, la Comisión goza de una amplia facultad discrecional, cuyo ejercicio implica valoraciones de tipo económico y social que deben efectuarse en el contexto comunitario. El órgano jurisdiccional comunitario, al controlar la legalidad del ejercicio de dicha libertad, no puede sustituir la apreciación de la autoridad competente en la materia por la suya propia, sino que debe limitarse a examinar si esta última apreciación incurre en un error manifiesto o en desviación de poder.

La Comisión no incurre en un error manifiesto de apreciación al estimar que no constituye un «proyecto de interés común europeo», en el sentido del artículo 87 CE, apartado 3, letra b), una reducción impositiva que pretende esencialmente mejorar la competitividad de los operadores establecidos en un Estado miembro, con el único objetivo de reforzar su posición competitiva en el mercado interior. No cabe objetar válidamente frente a dicha institución que dicha medida supone la culminación de un proceso de privatización, puesto que no puede considerarse que un proceso de este tipo emprendido por un Estado miembro constituya, por sí mismo, un proyecto de interés común europeo.

La Comisión tampoco incurre en un error manifiesto de apreciación al considerar que una medida, cuyo efecto principal es mejorar la competitividad de los beneficiarios en un sector caracterizado por una competencia internacional intensa y que está destinada, en realidad, a reforzar la posición de dichos beneficiarios con respecto a los competidores que no lo son, no cumple el requisito de no alterar las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, que deben cumplir las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades con arreglo al artículo 87 CE, apartado 3, letra c).

(véanse los apartados 71, 72, 74 a 77, 79, 82 y 83)

5. En principio, la exigencia de motivación prevista en el artículo 253 CE debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que su destinatario pueda tener en recibir explicaciones. No obstante, en materia de ayudas de Estado, cuando, en contra de lo dispuesto en el artículo 88 CE, apartado 3, la ayuda haya sido ya entregada, la Comisión, que puede requerir a las autoridades nacionales para que ordenen la devolución, no está obligada a exponer motivos específicos que justifiquen el ejercicio de esa facultad.

De esta forma, cuando un Estado miembro no ha notificado a la Comisión, antes de su ejecución, un régimen de ayudas que establece una reducción impositiva, la Comisión no está obligada a señalar motivos específicos para fundamentar su orden de recuperación.

(véanse los apartados 99 a 101)

6. Habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas estatales que, con arreglo al artículo 88 CE, efectúa la Comisión, las empresas beneficiarias de una ayuda sólo pueden, en principio, depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando ésta se conceda con observancia del procedimiento que prevé dicho artículo, y, por otra parte, en circunstancias normales, todo agente económico diligente debe poder comprobar si ha sido observado dicho procedimiento.

En particular, cuando se ejecuta una ayuda sin notificación previa a la Comisión, de modo que es ilegal en virtud del artículo 88 CE, apartado 3, el beneficiario de la ayuda no puede, en ese momento, depositar una confianza legítima en la legalidad de la concesión de la misma. Tampoco el Estado miembro de que se trate ni el operador afectado pueden invocar a continuación el principio de seguridad jurídica a fin de impedir la devolución de la ayuda, ya que el riesgo de provocar un contencioso interno podía preverse desde el momento en que se ejecutó ésta.

La recuperación de una ayuda otorgada al margen del procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 3, constituye un riesgo previsible para el operador beneficiario de la misma, por lo que este último no puede invocar la protección de la confianza legítima para evitar dicho riesgo.

Por otra parte, las empresas beneficiarias de una ayuda ilegal tienen habitualmente en cuenta la cuantía de la misma para adoptar sus decisiones económicas y la recuperación posterior de la ayuda suele afectarles negativamente desde un punto de vista financiero. Si tal situación impidiera la recuperación, los beneficiarios conservarían definitivamente las ayudas recibidas en la práctica totalidad de los casos y el control comunitario de las ayudas de Estado quedaría desprovisto de eficacia.

Por consiguiente, no procede admitir que el beneficiario de una ayuda ilegal reivindique la posibilidad de invocar circunstancias excepcionales que puedan haber fundado legítimamente una confianza en la validez de la ayuda.

(véanse los apartados 104 y 108 a 111)

7. La supresión de una ayuda ilegal mediante su recuperación es la consecuencia lógica de la declaración de su ilegalidad. Esta recuperación, con objeto de restablecer la situación anterior, no puede considerarse, en principio, una medida desproporcionada respecto a los objetivos de las disposiciones del Tratado en materia de ayudas de Estado. Mediante la devolución de la ayuda, el beneficiario pierde la ventaja de la que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores y se restablece así la situación anterior al pago de la ayuda. Las cantidades que se deben rembolsar no pueden calcularse en función de otras operaciones que podrían haber realizado las empresas si no hubiesen optado por el tipo de operación que llevaba aparejada la ayuda. En efecto, dicha elección se realizó a sabiendas del riesgo de recuperación de las ayudas otorgadas al margen del procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 3. Las citadas empresas hubieran podido evitar este riesgo optando desde el principio por operaciones estructuradas de forma distinta.

Por lo que respecta a una ayuda otorgada en forma de reducción impositiva, el restablecimiento de la situación anterior sólo permite considerar, durante la fase de la recuperación de la ayuda por parte de las autoridades nacionales, la existencia en su caso de un trato fiscal, más favorable que el del régimen ordinario, que se habría aplicado a la operación efectivamente realizada de no haber existido la ayuda ilegal y con arreglo a normas internas compatibles con el Derecho comunitario.

(véanse los apartados 113 a 116 y 119)

8. Los artículos 87 CE y siguientes, el artículo 14 del Reglamento nº 659/1999 y los principios de protección de la confianza legítima, de seguridad jurídica y de proporcionalidad no pueden oponerse a una medida nacional que ordena la recuperación de una ayuda para dar cumplimiento a una decisión de la Comisión que calificó dicha ayuda como incompatible con el mercado común, cuando el análisis de esta última a la luz de estos mismos preceptos y principios generales no haya revelado ningún elemento que pueda afectar a su validez.

(véanse el apartado 125 y el punto 2 del fallo)