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1 Recurso de anulación - Competencia del Juez comunitario - Pretensiones que tienen por objeto obtener una orden conminatoria dirigida a una Institución - Inadmisibilidad (Tratado CE, arts. 173 y 176) 2 Actos de las Instituciones - Decisión individual - Notificación - Concepto (Tratado CE, art. 191, párr. 3) 3 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se declara una infracción de las normas sobre la competencia - Acuerdos de menor importancia (Tratado CE, arts. 85, ap. 1, y 190) 4 Competencia - Prácticas colusorias - Vulneración de la competencia - Criterios de apreciación - Contexto económico y jurídico - Transportes por ferrocarril - Acuerdo de agrupación ferroviaria con arreglo a la Directiva 91/440/CEE - Accesibilidad del mercado (Tratado CE, art. 85, ap. 1; Directiva 91/440/CEE del Consejo, arts. 3 y 10) 5 Transportes - Transportes por ferrocarril - Normas sobre la competencia - Reglamento (CEE) nº 1017/68 - Directiva 91/440/CEE - Concepto de agrupación internacional de empresas ferroviarias a efectos del artículo 3 de la Directiva 91/440/CEE [Reglamento (CEE) nº 1017/68 del Consejo, art. 5; Directiva 91/440/CEE del Consejo, arts. 3 y 10] 6 Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Exención - Requisitos - Restricciones de la competencia indispensables - Productos o servicios indispensables o esenciales para acceder al mercado (Tratado CE, art. 85, párr. 3) 7 Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Exención - Acuerdo por el que se crea una empresa en participación en el sector de los transportes - Exención temporal - Duración de la exención - Criterios de apreciación [Tratado CE, art. 85, párr. 3; Acuerdo EEE, art. 53, párr. 3; Reglamento (CEE) nº 1017/68 del Consejo, art. 5]

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1 Procede declarar la inadmisibilidad de unas pretensiones presentadas en el marco de un recurso de anulación y en las que se solicita que se ordene a la Comisión la adopción de medidas específicas. En efecto, no corresponde al Juez comunitario dirigir órdenes conminatorias a las Instituciones o hacer sus veces, sino que es la Administración interesada quien debe adoptar las medidas que exige la ejecución de una sentencia dictada en el marco de dicho recurso. 2 Una Decisión queda debidamente notificada desde el momento en que se comunica a su destinatario y éste se encuentra en condiciones de tener conocimiento de la misma. Cuando la notificación se efectúa mediante envío por carta certificada con acuse de recibo postal, la regularidad de la notificación de la Decisión está supeditada al respeto de la normativa nacional aplicable en materia de distribución de la correspondencia en el Estado miembro de que se trate. Sin embargo, la existencia de una notificación válida en el domicilio social de la empresa de que se trate no está supeditada, en absoluto, a la toma de conocimiento efectivo por parte de la persona que, según las reglas internas de la empresa destinataria, es competente en la materia. No ha sido debidamente notificada una Decisión remitida por los servicios postales del Estado de que se trate a una persona de la empresa destinataria no habilitada para recibir el correo certificado, según la normativa postal nacional. Por consiguiente, el plazo para interponer recurso contra dicha Decisión sólo empieza a correr a partir de la firma del formulario de acuse de recibo ordinario que la Comisión adjunta a la Decisión notificada. 3 Aunque la Comisión no está obligada a discutir, en la motivación de las decisiones de aplicación de las normas sobre la competencia, todos los elementos de hecho y de Derecho y consideraciones que la llevaron a adoptar su Decisión, el artículo 190 del Tratado la obliga, sin embargo, a mencionar los hechos y las consideraciones que revisten una importancia esencial en la estructura de la Decisión, permitiendo así al órgano jurisdiccional comunitario y a las partes interesadas conocer las condiciones en las que ha aplicado el Tratado. Además, salvo en circunstancias excepcionales, la motivación debe figurar en el cuerpo mismo de la Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia y no puede ser explicada por primera vez y a posteriori ante el órgano jurisdiccional. Cuando unos acuerdos horizontales entre empresas alcanzan o superan apenas el límite del 5 %, límite que la propia Comisión considera un límite crítico, capaz de justificar la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, dicha Institución se encuentra obligada a aportar una motivación suficiente sobre los criterios de análisis, en particular, en lo relativo a las cuotas de mercado de las empresas afectadas, que permiten verificar que efectivamente concurren los elementos esenciales para la aplicación del apartado 1 del artículo 85, a menos que se trate de criterios no impugnados por las partes en el procedimiento administrativo previo. 4 La valoración de un acuerdo con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado debe tener en cuenta el marco concreto en el que produce sus efectos, y en particular el contexto económico y jurídico en el que operan las empresas afectadas, la naturaleza de los servicios contemplados en dicho acuerdo y la estructura y condiciones reales de funcionamiento del mercado afectado, a menos que se trate de un acuerdo que suponga restricciones evidentes de la competencia, como por ejemplo la fijación de precios, el reparto del mercado o el control de la demanda. El examen de la situación de la competencia en un mercado dado no toma como único punto de partida la competencia actual entre las empresas ya presentes en el mercado de referencia, sino también la competencia potencial, a fin de saber si, habida cuenta de la estructura del mercado y del contexto económico y jurídico que regula su funcionamiento, existen posibilidades reales y concretas de que las empresas afectadas compitan entre sí, o de que un nuevo competidor pueda entrar en el mercado de referencia y competir con las empresas ya presentes. En el contexto del mercado ferroviario, tal como ha sido regulado por la Directiva 91/440 sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, aunque las empresas ferroviarias que operan en los mercados nacionales son, en cierta medida, competidores potenciales en lo que respecta al transporte internacional de viajeros, a condición de crear agrupaciones internacionales con arreglo al artículo 10 de la Directiva, no por ello es menos cierto que la creación de una agrupación internacional de empresas ferroviarias nacionales para la explotación de unas líneas internacionales dadas no puede tener por efecto restringir sensiblemente la competencia actual entre las empresas que participan en la agrupación, en la medida en que la Directiva 91/440 impone como socio obligatorio la empresa ferroviaria de cada Estado afectado por la línea en cuestión, impidiendo así a las demás empresas ferroviarias competir con la agrupación internacional en los enlaces ferroviarios considerados. Por lo que respecta al análisis de las restricciones potenciales de la competencia derivadas de un acuerdo de creación de una agrupación ferroviaria internacional y que afectarían a las filiales de las empresas ferroviarias nacionales, es preciso tener en cuenta el contexto económico, en particular la estructura del mercado pertinente y más concretamente el coste de entrada en el mercado, a fin de determinar la posibilidad de que existan competidores actuales o potenciales. 5 El concepto de agrupación internacional del artículo 3 de la Directiva 91/440 sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios comprende toda asociación de al menos dos empresas ferroviarias establecidas en Estados miembros distintos con el fin de prestar servicios de transportes internacionales entre Estados miembros, independientemente de la forma que adopte la asociación así creada. Aplica, pues, erróneamente las categorías definidas por la Directiva 91/440 una Decisión que reserva el concepto de agrupación internacional únicamente a las formas de asociación de tipo cooperativo entre empresas ferroviarias, tales como los acuerdos tradicionales de explotación en común, excluyendo cualquier otra forma de sociedad, tal como una empresa en participación de carácter cooperativo, o incluso con carácter de concentración. El requisito formulado en el mencionado artículo, que exige la posesión de medios de tracción ferroviaria para justificar la condición de empresa ferroviaria, no implica que sea necesaria la propiedad de dichos medios de tracción. De ello se deduce que no cabe denegar a una agrupación internacional de empresas ferroviarias la calificación de empresa ferroviaria a efectos de la Directiva 91/440 alegando que no es propietaria de sus medios de tracción. 6 Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado y en relación con un acuerdo por el que se crea una empresa en participación, la Comisión impone ciertos requisitos para evitar que las restricciones de la competencia sobrepasen lo indispensable y exige que se ofrezca a terceros un acceso a las infraestructuras, productos o servicios en las mismas condiciones que a la empresa en participación, alegando que dichas infraestructuras, productos o servicios resultan indispensables o incluso que constituyen recursos esenciales, en particular desde el punto de vista del acceso al mercado, sólo puede considerarse que las empresas matrices y/o la empresa en participación así creada disponen de infraestructuras, productos o servicios indispensables o esenciales para el acceso al mercado pertinente si dichas infraestructuras, productos o servicios no pueden sustituirse por otros y si, a causa de sus especiales características y en especial del coste prohibitivo de la reproducción de los mismos y/o del tiempo razonablemente necesario para ello, no existen alternativas viables para los competidores potenciales de la empresa en participación, que se verían por tal motivo excluidos del mercado. 7 La duración de una exención concedida en virtud del apartado 3 del artículo 85 del Tratado o del artículo 5 del Reglamento nº 1017/68, por el que se aplican las normas de la competencia a determinados sectores del transporte, y del apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo, debe ser suficiente para permitir a sus beneficiarios hacer realidad las ventajas que justifican la mencionada exención. Cuando resulta imposible obtener dichas ventajas sin inversiones importantes, el período necesario para rentabilizar las inversiones de que se trate constituye un dato esencial en la apreciación de la duración de la exención. Dicho dato es especialmente importante cuando la exención se aplica a un acuerdo por el que se crea una empresa en participación que ofrece unos servicios totalmente nuevos, que exigen considerables inversiones y entrañan importantes riesgos financieros, al tiempo que requieren que las empresas participantes compartan su «know-how».