25.

Por mi parte, debo señalar que de la resolución de remisión se desprende con claridad que el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) solo se planteó la cuestión de la eventual pertinencia que ha de atribuirse a dicho criterio después de haber ponderado los derechos enunciados en los artículos 7, 8 y 11 de la Carta a la luz de todas las circunstancias del caso de autos y haber concluido, basándose en la hipótesis de que la información controvertida es veraz, que prevalece el derecho de los internautas a la información. La hipótesis a que se refiere el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) consiste, por tanto, en que, una vez ponderados debidamente todos los demás factores pertinentes, la estimación o denegación de la solicitud de retirada de enlaces depende únicamente de la veracidad o falsedad de la información cuya eliminación se pide. De ello se deduce que una eventual respuesta afirmativa del Tribunal de Justicia a la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) no tendría como consecuencia que la estimación o denegación de una solicitud de retirada de enlaces basada en la presunta inexactitud de la información que facilita el motor de búsqueda dependiera únicamente de la posibilidad de que la persona interesada obtenga tutela frente al proveedor del contenido ni, en contra de lo que sostiene Google, implicaría que, en caso de que esa tutela no estuviera disponible, el gestor de un motor de búsqueda quedaría obligado de modo automático a retirar los enlaces. Tales consecuencias serían, además, contrarias a una correcta articulación entre las disposiciones de los apartados 1 y 3, letra a), del artículo 17 del RGPD, que excluyen cualquier automatismo que pudiera interferir con la necesaria ponderación de los derechos fundamentales en juego por parte del responsable del tratamiento, la autoridad de control o el juez. Una respuesta afirmativa del Tribunal de Justicia a la primera cuestión prejudicial implicaría simplemente que, cuando el derecho a la información de los internautas y la libertad de expresión del proveedor de contenidos, a la luz de todas las circunstancias pertinentes, parezcan prevalecer sobre los derechos del solicitante y la estimación de la solicitud de retirada de enlaces solo esté justificada en caso de falsedad efectiva de la información controvertida, el juez nacional y, en la fase previa al litigio, el gestor del motor de búsqueda podrían basarse de forma determinante en la circunstancia mencionada, si esa falsedad no fuera manifiesta y el solicitante no hubiera aportado al menos un principio de prueba en ese sentido. Sin embargo, si se examina con detenimiento, la existencia o inexistencia de una posibilidad razonable de obtener una tutela judicial frente al proveedor de contenidos no solo no puede, por sí sola, constituir un criterio exclusivo o determinante para la denegación o estimación de una solicitud de retirada de enlaces, cualquiera que sea su fundamento, sino que tampoco es un criterio pertinente a efectos de la ponderación que ha de efectuarse con arreglo al artículo 17, apartado 3, letra a), del RGPD. En efecto, dicho criterio, por sí solo, no dice nada acerca de la existencia de un derecho a la supresión de los datos que figuran en el contenido controvertido ni sobre la necesidad de mantener el enlace a dicho contenido para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.