ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Un producto que no está incluido en la primera ni en la segunda parte de la definición comunitaria de medicamento que resulta de la Directiva 65/65, sobre especialidades farmacéuticas, no puede ser considerado medicamento a efectos de dicha Directiva.

Las sustancias como las preparaciones vitamínicas que no se «describen o recomiendan» expresamente como adecuadas para curar, cuidar o prevenir una afección pueden, no obstante, ser sustancias «que se presentan como poseedoras de propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades humanas o animales» a efectos de la primera parte de la definición comunitaria de medicamento que resulta de la Directiva 65/65, sobre especialidades farmacéuticas.

En el caso de que determinadas preparaciones vitamínicas o polivitamínicas, importadas de otro Estado miembro, puedan ser consideradas medicamentos a efectos de la Directiva 65/65, sobre especialidades farmacéuticas, pero no estén incluidas en la legislación sobre los medicamentos de uno o varios Estados miembros, o no estén comprendidas en la definición comunitaria de medicamento que resulta de dicha Directiva, la Ley de un Estado miembro puede prohibir su venta o su posesión en existencias, con existencias a su entrega, en particular cuando tales preparaciones se presentan en forma farmacéutica o poseen un grado de concentración elevado. No obstante, dicha normativa sólo está justificada si se conceden autorizaciones de comercialización cuando son compatibles con las necesidades de protección de la salud.
El Secretario por orden H.A. Rühl Administrador principal El Presidente J. Mertens de Wilmars Mertens de Wilmars Koopmans Bahlmann Galmot Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Due Everling Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de noviembre de 1983. Indice Fundamentos de Derecho I. Sobre la regularidad del procedimiento administrativo 1. Sobre la no divulgación de los documentos del expediente 2. Sobre la falta de examen de los resultados de la audiencia y de las declaraciones de los testigos y peritos 3. Sobre la no revelación, durante el procedimiento administrativo, de los criterios basándose en los cuales la Comisión pretendía determinar la cuantía de la multa II. Sobre la posición dominante de NBIM 1. Sobre la parte sustancial del mercado común relevante 2. Sobre la apreciación de la posición de NBIM frente a la competencia a) Sobre la cuota de NBIM en el mercado de los productos relevante aa) Sobre el mercado de neumáticos de recambio para vehículos pesados bb) Sobre la consideración de la competencia de los neumáticos recauchutados b) Sobre los restantes criterios e indicios a favor o en contra de la existencia de una posición dominante III. Sobre la explotación abusiva de la posición dominante 1. Sobre el sistema de bonificaciones en general a) Sobre el funcionamiento del sistema de bonificaciones b) Sobre la aplicación del artículo 86 a un sistema de bonificaciones por objetivos c) Sobre la creación de un vínculo de dependencia de los revendedores con respecto a NBIM d) Sobre la discriminación de determinados revendedores 2. Sobre la bonificación suplementaria de 1977 IV. Sobre el perjuicio del comercio entre los Estados miembros V. Sobre la determinación de la cuantía de la multa VI. Costas El Secretario por orden H.A. Rühl Administrador principal El Presidente J. Mertens de Wilmars
6

Es cierto que, en la materia objeto de examen, el Tratado no prevé que el justiciable en favor del cual una Institución se haya comprometido unilateralmente desde el punto de vista económico tenga derecho a formular una demanda sobre reclamación de cantidad ante el Tribunal de Justicia en contra de la Institución de que se trate. Sin embargo ello no significa que el justiciable no disponga de recurso alguno cuando esta Institución se niega a cumplir sus compromisos. En efecto, en la medida en que, al negarse a pagar, la Institución revisa su compromiso anterior o niega la existencia de tal compromiso, adopta un acto que, considerados sus efectos jurídicos, es susceptible de recurso de anulación en el sentido del artículo 173 del Tratado. Si con este recurso se logra la anulación de la denegación de pago, al demandante le será confirmado su derecho y, a tenor del artículo 176 del Tratado, corresponderá a la Institución de que se trate efectuar el pago ilegalmente denegado. Si, por otra parte, la Institución deja de contestar una solicitud de pago de cantidad puede obtenerse idéntico resultado con arreglo al artículo 175.
1

Mediante resolución de 29 de enero de 1981, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de febrero de 1981, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25), relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), una cuestión prejudicial sobre la interpretación del número 1 del artículo 5 de dicho Convenio, cuyo tenor literal es el siguiente: «Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante: 1. en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda [...]»
Si bien, por regla general, el principio de seguridad jurídica se opone a que el inicio del período de validez de un acto comunitario se establezca en una fecha anterior a la de su publicación, con carácter excepcional puede no ser así cuando lo exija el objetivo que deba alcanzarse y se respete debidamente la confianza legítima de los interesados.

El artículo 1 del Reglamento no 1011/80 del Consejo, de 23 de abril de 1980, confirmó con carácter retroactivo la aplicación por la autoridad nacional competente de los montantes compensatorios monetarios, concedidos con arreglo al Reglamento no 846/80 de la Comisión, es decir, con referencia al ECU y computando la franquicia de 1,50 puntos, a las exportaciones de productos lácteos del Reino Unido a otros Estados miembros efectuadas entre el 1 y el 25 de abril de 1980, sin perjuicio, no obstante, de los derechos definitivamente creados a favor de los operadores en virtud de decisiones individuales adoptadas entre el 1 y el 25 de abril de 1980 por la autoridad nacional competente.
6

Esta tesis no encuentra fundamento alguno en las disposiciones del Tratado en materia institucional. A tenor del artículo 4, la Comisión participa en la realización de las funciones asignadas a la Comunidad, en pie de igualdad con las restantes Instituciones, actuando cada una de éstas dentro de los límites de las competencias atribuidas por el Tratado. En unos términos casi idénticos a los empleados por el artículo 145 para describir la misma función del Consejo, el artículo 155 establece que la Comisión dispondrá de un poder de decisión propio en las condiciones previstas en el Tratado. Por otra parte, las disposiciones del capítulo que, con carácter general, regula los efectos y el contenido de los actos adoptados por las Instituciones, y, en concreto, el artículo 189, no establecen la distinción expuesta por el Reino Unido entre las Directivas de alcance general y aquellas que únicamente prescriben medidas específicas. En virtud del párrafo primero de este artículo, la Comisión ostenta una potestad análoga a la del Consejo en materia de adopción de Directivas, en las condiciones previstas en el Tratado. De lo dicho se desprende que los límites de la competencia conferida a la Comisión por una disposición específica del Tratado no pueden deducirse de un principio general, sino de una interpretación de los términos propios de la disposición de que se trate, que en el caso que nos ocupa es el artículo 90, interpretados a la luz de su finalidad y del lugar que ocupe en el sistema del Tratado.
8

Por el contrario Merck, apoyada por los Gobiernos francés y del Reino Unido, sostiene que la finalidad de la patente, que es la recompensa del inventor, no queda garantizada porque, al no estar reconocido el derecho de patente por la legislación del país donde el titular de la patente ha comercializado su producto, dicho titular no puede conseguir la recompensa de su esfuerzo creativo, ya que no disfruta en dicho país del monopolio de la primera comercialización.
15

Debe por tanto responderse a la cuestión planteada por el Arbeidshof de Amberes de la siguiente forma: a) En tanto que el trabajador perciba una pensión en virtud únicamente de la legislación nacional, las disposiciones del Reglamento n° 1408/71 no se oponen a que dicha legislación nacional sea aplicada en su totalidad, incluidas las reglas nacionales contra la acumulación, sin perjuicio de que, si la aplicación de dicha legislación se revela menos favorable para el trabajador que la del régimen del artículo 46 del Reglamento n° 1408/71, deberán ser aplicadas las disposiciones de dicho artículo. b) Cuando un trabajador disfruta de prestaciones de invalidez transformadas en pensión de vejez en virtud de la legislación de un Estado miembro, y de prestaciones de invalidez todavía no transformadas en pensión de vejez en virtud de la legislación de otro Estado miembro, la pensión de vejez y las prestaciones de invalidez deben considerarse de la misma naturaleza. En consecuencia, son aplicables las disposiciones del capítulo 3 del Reglamento n° 1408/71, y, en virtud de la última frase del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento, queda excluida la aplicación de las reglas nacionales contra la acumulación. c) Cuando el trabajador disfruta de prestaciones de la misma naturaleza de invalidez o de vejez, liquidadas por las instituciones de dos o más Estados miembros, con arreglo a las disposiciones del artículo 46 del Reglamento n° 1408/71, no son aplicables las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la legislación nacional. Se sigue de ello que la cuantía contemplada en el apartado 1 del artículo 46 es la cuantía a la que tendría derecho el trabajador según la legislación nacional si no disfrutara de una pensión en virtud de la legislación de otro Estado miembro. Si, en virtud de la legislación nacional, el trabajador que pueda acreditar un determinado número de años de seguro tiene derecho a una pensión de cuantía completa, deberá tomarse en consideración el importe de dicha pensión de cuantía completa. d) El Reglamento n° 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que establecen las modalidades de aplicación del Reglamento n° 1408/71 (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156), contiene en sus artículos 15 y 46 disposiciones que regulan la superposición de períodos de seguro cubiertos bajo la legislación de dos o más Estados miembros. La institución de un Estado miembro no está por tanto facultada para aplicar, para la totalización y prorrata de períodos de seguro, reglas nacionales que sean menos favorables para el trabajador que las del Reglamento.
10

En dicha sentencia el Tribunal no tuvo que precisar qué elementos permiten, en su caso, determinar si una empresa o una firma está o no sometida a la dirección o al control de una casa matriz, dado que el litigio principal afectaba a las relaciones entre una firma y el concesionario exclusivo de ésta, y que, según precisó el órgano jurisdiccional nacional, el concesionario exclusivo no estaba sometido ni a la dirección ni al control de la concedente.
7

Para resolver este litigio, el órgano jurisdiccional nacional planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones: «1) ¿Produce la declaración de invalidez de un Reglamento comunitario conforme al artículo 177 del Tratado, efecto erga omnes, o bien sólo vincula al órgano jurisdiccional a quo? Y en ese supuesto, ¿puede extenderse a la declaración de invalidez el principio establecido en la sentencia de 27 de marzo de 1963 en los asuntos acumulados 28/62 a 30/62? 2) Si se admite el segundo supuesto, ¿es inválido el Reglamento n° 63/76, de 15 de marzo de 1976, por los mismos motivos enunciados en las sentencias de 5 de julio de 1977 en los asuntos 114/76 y asuntos acumulados 116/76, 119/76 y 120/76?; 3) En el supuesto de que el Reglamento citado sea inválido, ¿se desprende de los principios en que se inspira el ordenamiento jurídico comunitario que ha de considerarse permitida, prohibida o permitida dentro de determinados límites o plazos la devolución de cantidades pagadas indebidamente por el particular y, en caso afirmativo, la declaración de invalidez concede al particular la facultad de solicitar, con arreglo al Derecho interno, la devolución de las cantidades pagadas anteriormente en virtud de disposiciones declaradas inválidas y, en caso afirmativo, debe tener lugar dicho reembolso dentro de determinados límites, en determinados plazos o con determinados requisitos, teniendo en cuenta en especial el supuesto de que la petición de reembolso se refiera a cantidades que el demandante haya reembolsado a sus proveedores? 4) Teniendo en cuenta las normas comunitarias y, en particular, los Reglamentos n° 192/75 de la Comisión, de 17 de enero de 1975 (DO L 25, p. 1); n° 2727/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975 (DO L 281, p. 1; EE 03/09, p. 13); n° 2743/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975 (DO L 281, p. 60; EE 03/09, p. 55); n° 677/76 de la Comisión, de 26 de marzo de 1976 (DO L 81, p. 23); n° 1871/76 de la Comisión, de 30 de julio de 1976 (DO L 206, p. 23); n° 2141/76 de la Comisión, de 31 de agosto de 1976 (DO L 240, p. 17), y n° 2372/76 de la Comisión, de 30 de septiembre de 1976 (DO L 268, p. 17), ¿debe considerarse que la restitución a la exportación de piensos compuestos debe pagarse únicamente por los componentes de cereales, y que es contrario a los principios generales que se desprenden de dichas disposiciones que se conceda una restitución a la exportación por los productos compuestos y únicamente en relación con determinados componentes, en el caso de que los demás componentes hayan sido importados en régimen temporal?»
Un escrito firmado por un funcionario de la Comisión, en el que se indica que esta última no ve razón alguna para intervenir en virtud del apartado 1 del artículo 85 del Tratado contra un sistema de distribución que se le notificó, no es oponible frente a terceros y no vincula a.los órganos jurisdiccionales nacionales. Constituye solamente un elemento de hecho que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener en cuenta al examinar la compatibilidad del sistema objeto del litigio con el Derecho comunitario.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA CUARTA) DE 13 DE JULIO DE 1989. - DETALMO PIRZIO-BIROLI CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - FUNCIONARIOS - AGENTE DE LA ASOCIACION EUROPEA PARA LA COOPERACION (AEC) - RECONOCIMIENTO DE LA CONDICION DE FUNCIONARIOS DE LA COMISION. - ASUNTOS ACUMULADOS 80/79 Y 205/81.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 02441

Pub.RJ página Pub somm



Índice

Partes

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

Funcionarios - Condición de funcionario - Requisitos de adquisición no cumplidos - Cálculo de la antigueedad de un funcionario con respecto al régimen comunitario de pensiones - Cómputo de los períodos de empleo anteriores a la entrada en funciones - Exclusión

Índice

No puede reconocérsele la condición de funcionario o agente de las Comunidades al personal de la Association européenne pour la coopération, asociación internacional regida por el Derecho de un Estado miembro, la cual, sean cuales fueren las relaciones que mantiene con la Comisión, no puede considerarse entidad administrativa de ésta. Por consiguiente, al objeto de calcular la antigueedad de sus funcionarios para determinar sus derechos a pensión conforme al Estatuto, la Comisión no está obligada a computar los períodos cubiertos por estos funcionarios durante su empleo en tal asociación, con anterioridad a su entrada en funciones al servicio de las Comunidades.

Partes

En los asuntos acumulados 80/79 y 205/81,

Detalmo Pirzio-Biroli, antiguo funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en via di Montori 15, Roma (Italia), representado por el Sr. Marcel Slusny, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest Arendt, Abogado, 4, avenue Marie Thérèse,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. van Solinge, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto el reconocimiento, al objeto de calcular la pensión del propio demandante, de su condición de funcionario o agente temporal durante el tiempo en que el mismo estuvo empleado en la Association européenne pour la coopération,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por los Sres. T. Koopmans, Presidente de Sala; C.N. Kakouris y M. Díez de Velasco, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

Parte dispositiva

1) Desestimar los recursos.

2) Declarar que cada parte cargará con sus propias costas.
13

El hecho de que en el supuesto de autos el litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional no verse sobre las operaciones de retirada de los pecios en sí mismas, sino sobre la recuperación de los gastos inherentes a dicha retirada, y que el Estado neerlandés pretenda recuperar dichos gastos mediante una acción de repetición y no, como prevé el Derecho interno de otros Estados miembros, por la vía administrativa, no basta para encuadrar el litigio dentro del ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas.
8

Los textos que se han de tener en cuenta son el artículo 89 del Reglamento no 1408/71 y los números 8 y 9 de la letra C del Anexo V del mismo Reglamento. Dichos textos dicen lo siguiente: Artículo 89: «Las modalidades particulares de aplicación de las legislaciones de determinados Estados miembros se especifican en el Anexo ». Número 8 de la letra C del Anexo V: «El artículo 1233 de la Ley en materia de Seguridad Social (RVO) y el artículo 10 de la Ley sobre el seguro de los empleados (AVG), modificados por la Ley de 16 de octubre de 1972, por la que se reformó el régimen de pensiones, que regulan el seguro voluntario en el marco de los regímenes alemanes de seguro de pensiones, serán aplicables a los ciudadanos de los demás Estados miembros, así como a los apatridas y refugiados que residan en el territorio de los demás Estados miembros, según las modalidades siguientes: si concurren los requisitos generales, podrán pagarse cotizaciones voluntarias al seguro alemán de pensiones: a) cuando el interesado tenga su domicilio o residencia en el territorio de la República Federal de Alemania; b) cuando el interesado tenga su domicilio o residencia en el territorio de otro Estado miembro y anteriormente, en un momento cualquiera haya estado afiliado obligatoria o voluntariamente al seguro alemán de pensiones; c) cuando el interesado, ciudadano de otro Estado miembro, tenga su domicilio o residencia en el territorio de un tercer Estado y haya cotizado al menos durante sesenta meses al seguro alemán de pensiones o pueda ser admitido al seguro voluntario en base a disposiciones transitorias anteriormente en vigor y no esté asegurado obligatoria o voluntariamente con arreglo a la legislación de otro Estado miembro.» Número 9 de la letra C del Anexo V: «El Reglamento no se opone al apartado 2 del artículo 5 la de la Ley por la que se reformó el régimen de pensiones de los obreros (ArVNG) ni al apartado 2 del artículo 49a de la Ley por la que se reformó el régimen de pensiones de los empleados (AnVNG), modificados por la Ley de 16 de octubre de 1972, por la que se reformó el régimen de pensiones. Las personas a las que las letras b) y c) del apartado 8 permitan acogerse al seguro voluntario no podrán pagar cotizaciones más que respecto a los períodos en los que no hayan cotizado en aplicación de la legislación de otro Estado miembro.»
9

Cuando, mediante escrito de 24 de junio de 1976, la Comisión comunicó que apreciaba en la normativa de que se trata una infracción del párrafo 1 del artículo 95 del Tratado, la República Italiana hizo observar que, en lo referente a los aceites recuperados, la exención —que está sujeta al requisito de que la recuperación y el nuevo empleo se efectúen en la misma empresa— constituye una aplicación del principio fiscal non bis in idem. El hecho de que, por definición, los productos importados no puedan cumplir este requisito no pone en peligro en absoluto la conformidad de dicha exención con el Tratado. En lo referente a los aceites regenerados, la República Italiana alegó sustancialmente que no había trato discriminatorio en perjuicio de los aceites regenerados extranjeros, ya que la aplicación del tipo reducido —justificado por el coste de producción extremadamente elevado del aceite regenerado en relación al producto de primera fabricación— está vinculada a un riguroso control del proceso de regeneración que implica la identificación de las cantidades de aceites regenerados que deben producirse. Por no existir esta posibilidad de control en los casos de importación, el trato diferenciado no es contrario al artículo 95 del Tratado. Asimismo, el Gobierno italiano señaló a la Comisión que las ventajas fiscales discutidas correspondían, de hecho, a los objetivos perseguidos por la Directiva 75/439 del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados, la cual prevé el establecimiento por parte de los Estados miembros de un sistema armonizado de recogida, gestión o nuevo empleo de los aceites usados y permite, en sus artículos 13 y 14, la concesión de una compensación a las empresas que lleven a cabo dichas operaciones. Las reducciones fiscales impugnadas constituyen, en realidad, una modalidad de subvenciones autorizadas, tanto más cuanto que la Directiva aún no había sido puesta en práctica en la mayoría de los Estados miembros. El Gobierno italiano añadió que estaba estudiando la posibilidad de sustituir las facilidades fiscales por ayudas directas que la Directiva permite conceder.
31

La clasificación arancelaria de las bebidas alcohólicas, concebida en función de las necesidades del comercio exterior, según el Gobierno italiano, no puede proporcionar para el presente supuesto fáctico indicios concluyentes con vistas a la valoración del criterio de similitud del párrafo primero del artículo 95 del Tratado. La misma observación es aplicable a las estadísticas aduaneras, cuyo objetivo es registrar la magnitud de los movimientos de mercancías de las diferentes partidas, pero que no pueden proporcionar un indicio sobre las relaciones de competencia entre las mercancías clasificadas en una o en otra de las diferentes categorías. Más aún, cuando las distinciones introducidas por el ordenamiento fiscal italiano no corresponden sino de forma bastante lejana a las subdivisiones de la subpartida 22.09 C del Arancel Aduanero.
182

Según las demandantes, la recomendación no contiene ninguna restricción que no sea necesaria para alcanzar el objetivo perseguido. En particular, sostienen la necesidad de conceder una ligera prima suplementaria a los mayoristas y minoristas especializados con el fin de asegurar la supervivencia de estos intermediarios ante la competencia del resto de los operadores, y más especialmente de las grandes superficies, que no ofrecen el mismo servicio. La eliminación de un gran número de intermediarios especializados entrañaría, según las demandantes, no sólo una disminución del número de marcas ofrecidas al consumidor, sino también graves consecuencias sociales. Sobre este último extremo, interesa señalar, a su juicio, que el Tribunal de Justicia subrayó, en su sentencia Metro/Comisión, antes citada, que, en el marco del apartado 3 del artículo 85 del Tratado, pueden tenerse en cuenta consideraciones de carácter social y, en particular, la preocupación por mantener el empleo en una coyuntura económica desfavorable.