CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. ATHANASIOS RANTOS

presentadas el 15 de diciembre de 2022 ( 1 )

Asunto C‑545/21

ANAS SpA

contra

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia)]

«Procedimiento prejudicial — Fondos estructurales — Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Reglamento (CE) n.o 1083/2006 — Artículo 2, punto 7 — Concepto de “irregularidad” — Comportamientos que supuestamente favorecen a un operador económico durante un procedimiento de adjudicación — Artículo 98, apartados 1 y 2 — Correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros — Contratos públicos de obras — Directiva 2004/18/CE — Artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d) — Causas de exclusión facultativas — Falta grave en materia profesional»

Introducción

1. La presente petición de decisión prejudicial ha sido planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia) en un litigio entre la sociedad Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (en lo sucesivo, «ANAS») y el Ministero delle Insfrastrutture e dei Trasporti (Ministerio de Infraestructuras y Transportes, Italia) en relación con la decisión de este último de recuperar las cantidades satisfechas a ANAS en el contexto de un proyecto para la realización de obras cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), debido a ciertas irregularidades en la adjudicación de un contrato público.

2. En esencia, las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se refieren, en primer lugar, a la interpretación del concepto de «irregularidad», en el sentido del Reglamento (CE) n.o 1083/2006, ( 2 ) por lo que respecta a actos o tentativas de corrupción que afectan a una comisión adjudicadora en relación con la ejecución de obras financiadas con cargo al presupuesto de la Unión; en segundo lugar, a la transposición al Derecho italiano del artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18/CE, ( 3 ) que recoge las causas de exclusión de la participación de un licitador en un procedimiento de adjudicación y, en tercer y último lugar, a los criterios de cálculo del importe de la corrección financiera aplicable en caso de irregularidad.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Reglamento n.o 1083/2006

3. El artículo 1 del Reglamento n.o 1083/2006, titulado «Objeto», dispone: «El presente Reglamento establece las disposiciones generales aplicables al [FEDER], al Fondo Social Europeo (FSE) (en lo sucesivo, “los Fondos Estructurales”), y al Fondo de Cohesión, sin perjuicio de las disposiciones específicas establecidas en los Reglamentos (CE) n.o 1080/2006, [ ( 4 )] (CE) n.o 1081/2006 [ ( 5 )] y (CE) n.o 1084/2006. [ ( 6 )] Define los objetivos a cuya consecución deben contribuir los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión (en lo sucesivo, “los Fondos”), los requisitos que deben cumplir los Estados miembros y las regiones para poder beneficiarse de esos Fondos, los recursos financieros disponibles y los criterios aplicables para decidir su asignación. Define el contexto en el que se inscribe la política de cohesión, incluido el método por el que se establecerán las orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión, el marco estratégico nacional de referencia y el procedimiento comunitario de examen. A estos efectos, el presente Reglamento establece los principios y normas aplicables en materia de cooperación, programación, evaluación, gestión —incluida la gestión financiera—, seguimiento y control, partiendo del principio de responsabilidad compartida entre los Estados miembros y la Comisión.»

4. Con arreglo al artículo 2, punto 7, de este Reglamento: «A efectos del presente Reglamento, los siguientes términos se definen según figura a continuación: […] 7) “irregularidad”: toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una actuación u omisión de un agente económico y que tenga, o que pueda tener, por consecuencia causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión Europea al cargarle un gasto injustificado».

5. De conformidad con el artículo 9, apartado 5, de dicho Reglamento: «Las operaciones financiadas por los Fondos deberán cumplir lo dispuesto en el Tratado y en los actos aprobados en virtud del mismo.»

6. El artículo 70, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento establece: «Los Estados miembros serán los responsables de la gestión y el control de los programas operativos, en particular mediante las siguientes medidas: […] b) prevenir, detectar y corregir las irregularidades y recuperar los importes indebidamente abonados, junto con los intereses de demora, cuando proceda. Comunicarán dichas irregularidades a la Comisión, manteniéndola informada de los progresos realizados en la aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales.»

7. El artículo 98 del Reglamento n.o 1083/2006 preceptúa: «1. Incumbirá en primer lugar a los Estados miembros la responsabilidad de investigar las irregularidades, debiendo actuar cuando haya pruebas de una modificación importante que afecte a la naturaleza o a las condiciones de desarrollo o de control de las operaciones o de los programas operativos, y efectuar las necesarias correcciones financieras. 2. El Estado miembro efectuará las correcciones financieras necesarias por lo que respecta a las irregularidades individuales o sistémicas detectadas en las operaciones o los programas operativos. Esta corrección consistirá en la supresión total o parcial de la contribución pública del programa operativo. El Estado miembro tendrá en cuenta la naturaleza y la gravedad de las irregularidades y las pérdidas financieras que estas acarreen al Fondo. […]»

Directiva 2004/18

8. En virtud del artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18: «Podrá ser excluido de la participación en el contrato todo operador económico: […] d) que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por cualquier medio que los poderes adjudicadores puedan justificar».

Derecho italiano

9. El artículo 38, apartado 1, letras c) y f), del decreto legislativo n. 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto Legislativo n.o 163/2006 por el que se aprueba el código de los contratos públicos de obras, de servicios y de suministros en aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE), de 12 de abril de 2006, ( 7 ) dispone: «Se excluirá de la participación en los procedimientos de adjudicación de concesiones y de contratos públicos de obras, suministros y servicios, y no podrán intervenir en calidad de subcontratistas ni celebrar contratos relacionados con ellos, a las personas en quienes concurran alguna de las siguientes circunstancias: […] c) que hayan sido objeto de una sentencia condenatoria que haya adquirido fuerza de cosa juzgada, de un auto penal condenatorio devenido firme o de una sentencia de aplicación de la pena pactada, en el sentido del artículo 444 del codice della procedura penale [Ley de Enjuiciamiento Criminal], por delitos graves cometidos en perjuicio del Estado o de la Comunidad, que afecten a su ética profesional; constituirá, en todo caso, un motivo de exclusión la condena, pronunciada mediante sentencia que haya adquirido fuerza de cosa juzgada, respecto a uno o varios delitos de participación en una organización delictiva, de corrupción, de fraude o de blanqueo de capitales, tal como se definen en los actos comunitarios citados en el artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2004/18; […] f) que, según la apreciación motivada del poder adjudicador, sean culpables de negligencia grave o mala fe en la ejecución de las prestaciones que les haya atribuido el poder adjudicador que publicó el anuncio del contrato o hayan cometido una falta grave en el ejercicio de su actividad profesional, constatada por cualquier medio de prueba por el poder adjudicador.»

Procedimiento principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

10. ANAS recibió financiación para la ejecución de un proyecto de obras de modernización de una carretera en el contexto del Programa Operativo Nacional «Redes y Movilidad» para los años 2007 a 2013, aprobado por la Comisión Europea.

11. En 2012, a raíz de una licitación restringida basada en el criterio de la oferta económicamente más ventajosa, ANAS, en su condición de poder adjudicador, adjudicó a una unión temporal de empresas, integrada por Aleandri SpA y CCC Società Cooperativa, un contrato público para la ejecución de tales obras; entretanto las obras han sido concluidas.

12. A consecuencia de una investigación penal por corrupción llevada a cabo en 2020 contra tres funcionarios de ANAS —dos de ellos miembros de la comisión adjudicadora—, Aleandri y su representante legal, ( 8 ) el Ministerio de Infraestructuras y Transportes adoptó una decisión en la que ordenó la recuperación de las cantidades ya abonadas a ANAS para la financiación de dicho proyecto y declaró que no procedía pagar el saldo restante, debido a que la adjudicación del contrato en cuestión adolecía de una «irregularidad» de carácter fraudulento, en el sentido del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 y de los artículos 4 y 5 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95. ( 9 )

13. Mediante su recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, ANAS solicita la anulación de la citada decisión, alegando que no existe ninguna sentencia condenatoria contra ella, ( 10 ) que no hay pruebas de que Aleandri obtuviera ilegalmente el contrato público en cuestión y que no se le puede imputar ningún comportamiento irregular de los miembros de la comisión adjudicadora. Además, al haberse concluido las obras en cuestión, considera que no existe vínculo alguno entre la supuesta irregularidad o el supuesto fraude y los gastos financiados con cargo al presupuesto general de la Unión.

14. El órgano jurisdiccional remitente señala que las obras en cuestión se consideraron subvencionables con cargo al presupuesto general de la Unión y se concluyeron de forma regular y que se desconoce si el procedimiento de licitación se vio distorsionado debido a los comportamientos que son objeto de la investigación penal mencionada. Por consiguiente, se pregunta, en esencia, sobre el concepto de «irregularidad», en el sentido del Reglamento n.o 1083/2006, y sobre las modalidades de cálculo de la corrección financiera que debe efectuarse de resultas de tal irregularidad, así como sobre la compatibilidad de la normativa nacional con el artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18, relativo a la exclusión facultativa de la participación en un contrato público de un licitador que haya cometido una falta grave en materia profesional.

15. En estas circunstancias, el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse el artículo 70, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1083/2006, el artículo 27, letra c), del Reglamento (CE) n.o 1828/2006, [ ( 11 )] el artículo 1 del [Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995], [ ( 12 )] el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95, y el artículo 3, apartado 2, letra b), de la [Directiva (UE) 2017/1371], [ ( 13 )] en el sentido de que los comportamientos que a priori pueden favorecer a un operador económico en un procedimiento de adjudicación están comprendidos en cualquier caso en los conceptos de “irregularidad” o “fraude” y que, por tanto, pueden constituir la base jurídica para la revocación de una ayuda, aun cuando no se acredite de modo suficiente que tales comportamientos se hayan producido efectivamente o que hayan sido determinantes para la selección del beneficiario? 2) ¿Se opone el artículo 45, apartado 2, [párrafo primero], letra d), de la [Directiva 2004/18] a una disposición, como el artículo 38, apartado 1, letra f), del Decreto Legislativo n.o 163/2006, que no permite excluir de la licitación a un operador económico que haya pretendido influir en el proceso decisorio del poder adjudicador, en particular intentando corromper a algunos miembros de la comisión adjudicadora? 3) En caso de que la respuesta a una de las cuestiones anteriores o a ambas cuestiones sea afirmativa, ¿deben interpretarse las disposiciones citadas en el sentido de que exigen en cualquier caso la revocación de la ayuda, por parte del Estado miembro, y la corrección financiera, por parte de la Comisión, en un 100 %, aun cuando las ayudas se hayan utilizado para el fin al que estaban destinadas y para una obra que podía optar a la financiación de la Unión y que efectivamente se ha realizado? 4) En caso de que la respuesta a la tercera cuestión sea negativa, es decir, de que no se exija la revocación de la ayuda o una corrección financiera del 100 %, ¿permiten las disposiciones mencionadas en la primera cuestión, así como el respeto del principio de proporcionalidad, determinar la revocación de la ayuda y la corrección financiera teniendo en cuenta el perjuicio económico efectivamente ocasionado al presupuesto general de la Unión Europea y, en particular, en una situación como la controvertida en el presento asunto, es posible establecer las implicaciones financieras a que se refiere el artículo [99], apartado 3, del Reglamento n.o 1083/2006 [ ( 14 )] a tanto alzado, aplicando los criterios indicados en el cuadro del apartado 2 [del anexo de la Decisión C(2013) 9527 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2013, [ ( 15 )] titulado “Directrices para la determinación de las correcciones financieras que hayan de aplicarse a los gastos financiados por la Unión en el marco de la gestión compartida, en caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación pública” (en lo sucesivo, “Directrices de 2013”)]?»

16. Han presentado observaciones escritas ANAS, el Gobierno italiano y la Comisión. El Tribunal de Justicia decidió resolver sin celebrar vista oral, de conformidad con el artículo 76, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento.

Análisis

Sobre la primera cuestión prejudicial

17. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 70, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1083/2006, el artículo 27, letra c), del Reglamento n.o 1828/2006, el artículo 1 del Convenio PIF, el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 y el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2017/1371 deben interpretarse en el sentido de que los comportamientos que pueden favorecer a un operador económico durante un procedimiento de adjudicación de un contrato público están comprendidos en los conceptos de «irregularidad» o de «fraude» y, por tanto, constituyen un fundamento jurídico que justifica la revocación de la ayuda, aun cuando no se acrediten de modo suficiente tales comportamientos o su incidencia en el procedimiento de selección.

18. Con carácter preliminar, aunque el órgano jurisdiccional remitente se refiere a los conceptos de «irregularidad» y de «fraude», considero, al igual que la Comisión, que el análisis debe centrarse en la cuestión de si los comportamientos en cuestión están comprendidos en el concepto de «irregularidad», que incluye el de «fraude», más restringido. ( 16 ) Por otra parte, la primera cuestión prejudicial no solo debe apreciarse a la luz del artículo 70, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1083/2006 y del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 que menciona el órgano jurisdiccional remitente, sino también, y principalmente, teniendo en cuenta el artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006, referido al concepto de «irregularidad». ( 17 )

19. Hecha esta precisión, he de recordar que, de conformidad con su artículo 1, el Reglamento n.o 1083/2006 establece, entre otras cosas, las normas de gestión, de seguimiento y de control de las operaciones respaldadas financieramente por los Fondos partiendo del principio de responsabilidad compartida entre los Estados miembros y la Comisión. ( 18 ) Además, en virtud, en particular, del artículo 70, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, los Estados miembros serán los responsables de la gestión y el control de los programas operativos, de modo que les incumbe, concretamente, prevenir, detectar y corregir las «irregularidades» y recuperar los importes indebidamente abonados.

20. A tal fin, con arreglo al artículo 2, punto 7, de dicho Reglamento, el concepto de «irregularidad» comprende en el contexto del FEDER, en particular, toda infracción de una disposición del Derecho de la Unión correspondiente a una actuación u omisión de un agente económico y que tenga, o que pueda tener, por consecuencia causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión al cargarle un gasto injustificado. ( 19 ) Más concretamente, el Tribunal de Justicia ha precisado que la existencia de tal irregularidad requiere que concurran tres elementos, a saber, en primer lugar, la existencia de una infracción del Derecho de la Unión, en segundo lugar, que dicha infracción provenga de una actuación o de una omisión de un agente económico y, en tercer lugar, que se cause un perjuicio, real o potencial, al presupuesto de la Unión. ( 20 )

21. A este respecto, en lo que atañe, en primer lugar, a la existencia de una infracción del Derecho de la Unión, del artículo 9, apartado 5, del Reglamento n.o 1083/2006 resulta que la Unión únicamente tiene vocación de financiar, mediante sus fondos las acciones que se realizan en completa conformidad con el Derecho de la Unión, incluidas las normas aplicables en materia de contratos públicos. ( 21 ) Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 no solo se refiere a la infracción de una disposición del Derecho de la Unión como tal, sino también a la infracción de disposiciones del Derecho nacional aplicables a las operaciones respaldadas por los Fondos Estructurales y que contribuyen, de este modo, a garantizar la buena aplicación del Derecho de la Unión relativo a la gestión de los proyectos financiados por los fondos. ( 22 )

22. Así pues, en lo concerniente, en primer término, a la identificación de las disposiciones infringidas, he de recordar que, con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2004/18 y a las normas nacionales correspondientes, los poderes adjudicadores deben dar a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrar con transparencia. Asimismo, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia también se desprende, por lo que respecta a la contratación pública, que el poder adjudicador está obligado a respetar el principio de igualdad de trato entre los licitadores. ( 23 )

23. Al igual que la Comisión, opino que un comportamiento como el que se reprocha a ciertos funcionarios de ANAS consistente en aceptar pagos de la empresa adjudicataria a cambio de favorecer que se le adjudique el contrato constituye, cuando menos, una vulneración del principio de igualdad de trato en el procedimiento de adjudicación del contrato, ( 24 ) con independencia de que dicho comportamiento haya distorsionado realmente el procedimiento de licitación en cuestión. ( 25 )

24. Además, el artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18 permite a la Administración adjudicadora excluir de la participación en el contrato a todo operador económico que haya cometido una falta grave en materia profesional. En mi opinión, la presencia de esta causa de exclusión, que es facultativa pero que ha sido establecida en el Derecho italiano mediante el artículo 38, apartado 1, letra f), del Decreto Legislativo n.o 163/2006, también constituye, de ser confirmada por el órgano jurisdiccional remitente, ( 26 ) una infracción en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el punto 21 de las presentes conclusiones.

25. En segundo término, el órgano jurisdiccional remitente manifiesta dudas en cuanto al nivel de prueba exigido para demostrar la existencia de una infracción y, por tanto, de una irregularidad, y subraya que, en el presente asunto, no ha quedado plenamente probado el comportamiento controvertido y su repercusión en la adjudicación del contrato.

26. A este respecto, basta señalar que, cuando no existe normativa de la Unión en la materia, corresponde al Derecho interno de cada Estado miembro establecer la regulación procesal de las acciones destinadas a garantizar la tutela de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, incluido el nivel de prueba exigido para demostrar la irregularidad, siempre que esta regulación respete los principios de equivalencia y de efectividad. ( 27 )

27. Este enfoque, que ya prima por lo que respecta a los principios de igualdad y de transparencia evocados en el punto 22 de las presentes conclusiones, está reconocido expresamente en el artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18, el cual, suponiendo que sea pertinente en el presente asunto, ( 28 ) permite a la Administración adjudicadora excluir de la participación en el contrato a todo operador económico que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada «por cualquier medio» que los poderes adjudicadores puedan justificar. ( 29 )

28. En el presente asunto me limitaré a puntualizar que, como observa acertadamente la Comisión, la exclusión por falta grave en materia profesional debe basarse en la comprobación autónoma por el poder adjudicador de la existencia de tal comportamiento no profesional, apoyándose en cualquier medio de prueba y, en su caso, en los elementos resultantes de un procedimiento penal, y evitando todo automatismo. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que una resolución jurisdiccional, aun cuando no haya adquirido firmeza, puede constituir, en función de su objeto, un motivo adecuado que permita al poder adjudicador justificar la existencia de una falta profesional grave, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, su decisión puede ser sometida a control jurisdiccional. ( 30 ) Las mismas consideraciones se aplican, en mi opinión, respecto de los principios de igualdad y transparencia mencionados en el punto 22 de las presentes conclusiones.

29. En segundo lugar, el hecho de que la infracción del Derecho de la Unión o del Derecho nacional aplicable deba tener su origen en una actuación u omisión de un agente económico no se cuestiona en el presente asunto.

30. En cualquier caso, he de señalar que ANAS es efectivamente un «operador económico» ( 31 ) y que el concepto de «actuación u omisión» no requiere un elemento subjetivo. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, si bien es cierto que la definición del concepto de «irregularidad» que figura en el artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 no contiene ninguna precisión acerca del carácter intencionado o negligente del comportamiento del beneficiario de que se trate, no puede considerarse que tal carácter sea un elemento indispensable para que pueda considerarse que se ha cometido una irregularidad en el sentido de dicha disposición. ( 32 )

31. En tercer lugar, en lo tocante a la existencia de un perjuicio para el presupuesto de la Unión como consecuencia de tal omisión, del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 resulta que una infracción del Derecho de la Unión o del Derecho nacional aplicable a las operaciones respaldadas por los Fondos constituye una «irregularidad», en el sentido de dicha disposición, si tiene o puede tener por consecuencia causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión al cargarle un gasto injustificado.

32. El órgano jurisdiccional remitente señala que, en el presente asunto, no ha quedado acreditado que el presupuesto de la Unión haya sufrido un perjuicio.

33. No obstante, el Tribunal de Justicia ha interpretado la citada disposición en el sentido de que un incumplimiento de las normas relativas a la adjudicación de contratos públicos constituye una irregularidad conforme a dicha disposición siempre que no pueda excluirse la posibilidad de que tal incumplimiento haya incidido en el presupuesto del Fondo de que se trate, no siendo preciso demostrar la existencia de una incidencia financiera concreta. ( 33 )

34. En el presente asunto, considero que un comportamiento como el que describe el órgano jurisdiccional remitente que suponga, cuando menos, una vulneración de los principios de igualdad de trato y de transparencia, podría distorsionar ilegalmente el procedimiento de licitación en cuestión favoreciendo a la empresa adjudicataria. Pues bien, sin que sea necesario demostrar la existencia de una pérdida económica real, no puede excluirse que, de no haberse producido este comportamiento, el contrato se habría adjudicado a otro adjudicatario o en condiciones más favorables para el presupuesto de la Unión, de modo que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el punto anterior, concurre el tercero de los requisitos establecidos por la jurisprudencia citada en el punto 20 de las presentes conclusiones.

35. En conclusión, propongo que se responda a la primera cuestión prejudicial que los artículos 2, punto 7, y 70, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1083/2006 deben interpretarse en el sentido de que un comportamiento que, según la apreciación de las autoridades competentes, puede favorecer a un operador económico durante un procedimiento de adjudicación está comprendido en el concepto de «irregularidad» y conduce, por regla general, a la revocación de la ventaja obtenida indebidamente, siempre que no pueda excluirse la posibilidad de que tal comportamiento haya incidido en el presupuesto del Fondo de que se trate.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

36. Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18 se opone a una disposición, como el artículo 38, apartado 1, letra f), del Decreto Legislativo n.o 163/2006, que no permite excluir de la licitación a un operador económico que haya pretendido influir en el proceso decisorio del poder adjudicador, en particular intentando corromper a algunos miembros de la comisión adjudicadora.

37. El artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18 establece las causas de exclusión de candidatos de la licitación y dispone que podrá ser excluido de la participación en el contrato todo operador económico que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por cualquier medio que los poderes adjudicadores puedan justificar.

38. Al trasponer esta disposición al Derecho italiano, el artículo 38, apartado 1, letra f), del Decreto Legislativo n.o 163/2006 excluye, en particular, de la participación en los procedimientos de adjudicación de concesiones y de contratos públicos de obras, suministros y servicios a las personas que hayan cometido una falta grave en el ejercicio de su actividad profesional, constatada por cualquier medio de prueba por el poder adjudicador.

39. Si bien el órgano jurisdiccional remitente interpreta esta disposición en el sentido de que no permite excluir del procedimiento de adjudicación al operador económico que ha intentado influir en el proceso decisorio del poder adjudicador, en particular mediante tentativas de corrupción, el Gobierno italiano y la Comisión parecen ser de la opinión de que, por el contrario, según la jurisprudencia y la práctica administrativa italianas, dicha disposición sí permite incluir en el concepto de «falta grave» las tentativas de influir en el proceso decisorio del poder adjudicador. ( 34 )

40. A este respecto, por un lado, cabe recordar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia confiere un margen de maniobra al legislador nacional en cuanto a las modalidades de transposición del artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18. ( 35 )

41. Por otra parte, opino que el artículo 38, apartado 1, letra f), del Decreto Legislativo n.o 163/2006, al igual que el artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18, está formulado en unos términos muy amplios y plasma, en lo esencial, el concepto de «falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por cualquier medio» mediante la expresión, análoga, de «falta grave en el ejercicio de su actividad profesional, constatada por cualquier medio de prueba»; ( 36 ) a ello se añade el hecho, puesto de manifiesto por la Comisión, de que la disposición nacional controvertida, al estar formulada de forma amplia, se presta fácilmente a ser interpretada de conformidad con la disposición que transpone. ( 37 )

42. Por consiguiente, sin ánimo de invadir la competencia del órgano jurisdiccional remitente para interpretar el Derecho nacional, considero que el texto de la disposición de transposición es conforme con la disposición transpuesta. ( 38 )

43. Por otra parte, la pertinencia de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional nacional no es evidente, pues de los autos del asunto remitido al Tribunal de Justicia no se desprende claramente que la «irregularidad» detectada en el litigio principal por las autoridades competentes esté relacionada con una infracción del artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18, tal como fue transpuesta en el artículo 38, apartado 1, letra f), del Decreto Legislativo n.o 163/2006, que debería haber llevado a la Administración adjudicadora a excluir del procedimiento de contratación al licitador que después resultó adjudicatario. ( 39 ) En efecto, como subraya la Comisión, es difícil concebir, en el presente asunto, que ANAS cometiera una «irregularidad» por no haber excluido del procedimiento de contratación al licitador en cuestión por una falta grave en materia profesional que se detectó mucho después de la adjudicación del contrato.

44. Sin embargo, he de recordar que, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia ( 40 ) y que, en el presente asunto, no resulta evidente que la interpretación solicitada de la disposición del Derecho de la Unión en cuestión no tenga relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal.

45. En conclusión, propongo que se responda a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio y habida cuenta de la obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con los objetivos de dicha disposición, a una normativa nacional que excluye de toda participación en los procedimientos de adjudicación de concesiones y de contratos públicos de obras, suministro y servicios a las personas que hayan cometido una falta grave en el ejercicio de su actividad profesional, constatada por cualquier medio de prueba por el poder adjudicador.

Sobres las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta

46. Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, en caso de «irregularidad», las disposiciones mencionadas en las cuestiones prejudiciales primera y segunda deben interpretarse en el sentido de que exigen necesariamente al Estado miembro aplicar un porcentaje de corrección financiera del 100 % y, en caso de respuesta negativa, cuáles son los criterios para determinar ese porcentaje, habida cuenta de tales normas y del principio de proporcionalidad.

47. Más concretamente, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas sobre la compatibilidad de la aplicación de un porcentaje de corrección financiera del 100 % con las normas y el principio citados, dado que las ayudas en cuestión fueron destinadas a obras que podían acogerse a la financiación de la Unión y que se realizaron. Se pregunta si esta corrección financiera no debería determinarse más bien teniendo en cuenta el perjuicio económico ocasionado al presupuesto general de la Unión y si las implicaciones financieras de las insuficiencias detectadas ( 41 ) pueden establecerse a tanto alzado, aplicando los criterios indicados en el cuadro del apartado 2 de las Directrices de 2013. ( 42 )

48. A tenor del artículo 98, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1083/2006, una vez detectada una irregularidad, incumbirá a los Estados miembros la responsabilidad de efectuar las necesarias correcciones financieras, que consistirán en la supresión total o parcial de la contribución pública del programa operativo, y de determinar el importe de la corrección que haya de efectuarse, teniendo en cuenta tres criterios, a saber, la naturaleza de la irregularidad detectada, su gravedad y las pérdidas financieras que esta acarrea al Fondo en cuestión. Además, cuando se trata de una irregularidad puntual, y no sistémica, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha precisado que esta última exigencia implica necesariamente un examen casuístico, que tenga en cuenta todas las circunstancias del caso concreto pertinentes a la vista de cada uno de esos tres criterios. ( 43 )

49. Por lo que respecta, en primer lugar, a la cuestión de si toda irregularidad da lugar a la obligación de aplicar un porcentaje de corrección financiera del 100 %, considero que tal interpretación sería claramente contraria a los principios y la jurisprudencia citados en el punto anterior, que obligan a los Estados miembros, cuando efectúan una corrección financiera a raíz de una irregularidad, a tener en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas las consecuencias de la irregularidad en la asignación de las ayudas y la realización de los trabajos subvencionables. ( 44 )

50. No obstante, de esta conclusión no se deduce, en mi opinión, la obligación de limitar en todo caso la corrección financiera al perjuicio económico sufrido por el Fondo en cuestión. En efecto, hay situaciones en las que el riesgo de perder únicamente la parte proporcional afectada cuando se detectan irregularidades no tiene un efecto disuasorio. En tales situaciones, la retirada total de la financiación podría ser proporcionada, al margen de que se demuestre o no que el Fondo en cuestión ha experimentado una pérdida equivalente ( 45 ) y sin que sea decisivo a este respecto que el proyecto subvencionado se haya llevado a cabo finalmente. ( 46 )

51. En el presente asunto, considero que los actos o tentativas de corrupción que afectan a miembros de la comisión adjudicadora pueden constituir una infracción particularmente grave y reprochable, ( 47 ) con independencia de la acreditación de la prueba de sus implicaciones financieras en el presupuesto de la Unión, de modo que tal comportamiento puede dar lugar, en principio, a una corrección del 100 % de la ayuda, extremo que corresponde apreciar y motivar a la Administración nacional competente, bajo el control del órgano jurisdiccional remitente, a la luz de las circunstancias del caso y con observancia del principio de proporcionalidad.

52. En cuanto atañe, en segundo lugar, al cálculo del importe de la corrección financiera, he de recordar que las Directrices de 2013, mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente, en la medida en que se refieren a la determinación de las correcciones financieras que haya de aplicar la Comisión a los gastos financiados por la Unión en el marco de la gestión compartida, en caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación pública, también pueden proporcionar indicaciones cuando los propios Estados miembros corrigen irregularidades, pese a no ser vinculantes para ellos. ( 48 ) En particular, la sección 1.3 de dichas Directrices, relativa a los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir qué porcentaje de corrección aplicar, menciona, en su párrafo primero, una serie de correcciones (del 5 %, 10 %, 25 % y 100 %) que se aplican al gasto de un contrato en función de la gravedad de la irregularidad, así como del principio de proporcionalidad, cuando no es posible cuantificar con exactitud las consecuencias financieras en lo referente al contrato de que se trate. En el párrafo segundo de esa sección se precisa que la gravedad de una irregularidad y la repercusión financiera en el presupuesto de la Unión se evalúan teniendo en cuenta el nivel de competencia, la transparencia y la igualdad de trato y que la irregularidad se considerará grave si el incumplimiento en cuestión tiene un efecto disuasorio real sobre los licitadores potenciales o da lugar a la adjudicación del contrato a una oferta distinta de la que debería haber sido adjudicada. En la misma sección se dispone a continuación, en particular, que no se efectuará ninguna corrección cuando la irregularidad sea solamente de índole formal y carezca de impacto financiero real o potencial (párrafo tercero) y que podrá aplicarse una corrección financiera del 100 % en los casos más graves, cuando la irregularidad beneficie a uno o varios licitadores o candidatos o cuando la irregularidad esté relacionada con un fraude demostrado por un organismo judicial o administrativo competente (párrafo sexto).

53. Así pues, estas Directrices proporcionan al órgano jurisdiccional remitente criterios pertinentes, a la hora de calcular el importe de la corrección financiera, a efectos de determinarla teniendo en cuenta las pérdidas financieras ocasionadas al presupuesto general de la Unión, en el sentido del artículo 98, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006. ( 49 )

54. En conclusión, propongo que se responda a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que el artículo 98 del Reglamento n.o 1083/2006 debe interpretarse en el sentido de que, si bien la existencia de una irregularidad, con arreglo al artículo 2, punto 7, de dicho Reglamento, obliga sistemáticamente a las autoridades nacionales competentes a efectuar una corrección financiera, el importe de la corrección aplicable deberá determinarse, con observancia del principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta todas las circunstancias concretas pertinentes, a saber, la naturaleza de la irregularidad detectada, su gravedad y las pérdidas financieras que esta acarrea al Fondo en cuestión, aunque sin exigir a tales autoridades que limiten en todo caso la corrección financiera al perjuicio económico sufrido por dicho Fondo, de modo que una infracción particularmente grave y reprochable podría, en principio, dar lugar a una corrección equivalente al 100 % de la ayuda, con independencia de que se acredite la prueba de sus implicaciones financieras en el presupuesto de la Unión.

Conclusión

55. A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia) del siguiente modo: «1) Los artículos 2, punto 7, y 70, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999, deben interpretarse en el sentido de que un comportamiento que, según la apreciación de las autoridades competentes, puede favorecer a un operador económico durante un procedimiento de adjudicación está comprendido en el concepto de “irregularidad” y conduce, por regla general, a la revocación de la ventaja obtenida indebidamente, siempre que no pueda excluirse la posibilidad de que tal comportamiento haya incidido en el presupuesto del Fondo de que se trate. 2) El artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio y habida cuenta de la obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con los objetivos de dicha disposición, a una normativa nacional que excluye de toda participación en los procedimientos de adjudicación de concesiones y de contratos públicos de obras, suministro y servicios a las personas que hayan cometido una falta grave en el ejercicio de su actividad profesional, constatada por cualquier medio de prueba por el poder adjudicador. 3) El artículo 98 del Reglamento n.o 1083/2006 debe interpretarse en el sentido de que si bien la existencia de una “irregularidad”, con arreglo al artículo 2, punto 7, de dicho Reglamento, obliga sistemáticamente a las autoridades nacionales competentes a efectuar una corrección financiera, el importe de la corrección aplicable deberá determinarse, con observancia del principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta todas las circunstancias concretas pertinentes, a saber, la naturaleza de la irregularidad detectada, su gravedad y las pérdidas financieras que esta acarrea al Fondo en cuestión, aunque sin exigir a tales autoridades que limiten en todo caso la corrección financiera al perjuicio económico sufrido por dicho Fondo, de modo que una infracción particularmente grave y reprochable podría, en principio, dar lugar a una corrección equivalente al 100 % de la ayuda, con independencia de que se acredite la prueba de sus implicaciones financieras en el presupuesto de la Unión.»

( 1 ) Lengua original: francés.

( 2 ) Reglamento del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (DO 2006, L 210, p. 25).

( 3 ) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114).

( 4 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1783/1999 (DO 2006, L 210, p. 1).

( 5 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1784/1999 (DO 2006, L 210, p. 12).

( 6 ) Reglamento del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1164/94 (DO 2006, L 210, p. 79).

( 7 ) Suplemento Ordinario de la GURI n.o 100, de 2 de mayo de 2006, p. 1; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 163/2006». Este Decreto, aplicable al litigio principal, fue derogado por el decreto legislativo n. 50 — Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n.o 50, Código de contratos públicos), de 18 de abril de 2016 (suplemento ordinario de la GURI n.o 91, de 19 de abril de 2016).

( 8 ) En esa investigación, un funcionario de ANAS fue condenado por cohecho en virtud de un acuerdo transaccional y los procedimientos penales contra el resto de personas implicadas seguían en curso en el momento de la remisión prejudicial. Más concretamente, se acusaba a algunos funcionarios de ANAS de haber aceptado pagos de la empresa adjudicadora a cambio de favorecer que se le adjudicara el contrato.

( 9 ) Reglamento del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1).

( 10 ) Por otra parte, ANAS aduce que la sentencia por la que se condenó por cohecho a uno de sus funcionarios no surte efectos fuera del ámbito penal, pues fue adoptada en virtud de un acuerdo transaccional.

( 11 ) Reglamento de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento n.o 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento n.o 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DO 2006, L 371, p. 1; corrección de errores en DO 2007, L 45, p. 3).

( 12 ) DO 1995, C 316, p. 48 (en lo sucesivo, «Convenio PIF»).

( 13 ) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO 2017, L 198, p. 29).

( 14 ) El órgano jurisdiccional remitente se refiere erróneamente al artículo 98, apartado 3, de este Reglamento. Véase asimismo la nota 41 de las presentes conclusiones.

( 15 ) Decisión relativa al establecimiento y aprobación de las directrices para la determinación de las correcciones financieras que haya de aplicar la Comisión a los gastos financiados por la Unión en el marco de la gestión compartida, en caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación pública.

( 16 ) En efecto, a mi parecer, el concepto de «irregularidad» engloba cualquier tipo de infracción de las normas de la Unión y nacionales (véase el punto 21 de las presentes conclusiones), incluidas las que regulan el concepto de «fraude». Además, este último concepto exige el carácter intencionado de la actuación u omisión y una declaración judicial de carácter penal, elementos que no se desprenden de los hechos del presente asunto, tal como han sido expuestos por el órgano jurisdiccional remitente.

( 17 ) En cambio, las demás disposiciones mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente, a saber, el artículo 27, letra c), del Reglamento n.o 1828/2006, el artículo 1 del Convenio PIF y el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2017/1371, no son pertinentes a este respecto, pues solo se refieren al concepto de «fraude».

( 18 ) Véase, a este respecto, la sentencia de 1 de octubre de 2020, Elme Messer Metalurgs (C‑743/18, EU:C:2020:767), apartado 46 y jurisprudencia citada. El considerando 65 del Reglamento n.o 1083/2006 precisa que, de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la responsabilidad principal de la ejecución y del control de las intervenciones debe corresponder a los Estados miembros.

( 19 ) Del mismo modo, el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 establece, en esencia, que constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho de la Unión correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de la Unión o a los presupuestos administrados por esta, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de la Unión, bien mediante un gasto indebido. Cabe precisar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el Reglamento n.o 2988/95 se limita a establecer normas generales de controles y de sanciones con la finalidad de proteger los intereses financieros de la Unión y que la recuperación de fondos incorrectamente utilizados ha de efectuarse en virtud de disposiciones sectoriales (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de mayo de 2016, Județul Neamț y Județul Bacău, C‑260/14 y C‑261/14, EU:C:2016:360, apartado 32 y jurisprudencia citada). Por tanto, si bien es cierto que el concepto de «irregularidad», en el sentido del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 y en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95, requiere una interpretación uniforme, dado que ambos Reglamentos forman parte de un mismo dispositivo que garantiza la buena gestión de los fondos de la Unión y la protección de sus intereses financieros (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de mayo de 2016, Județul Neamț y Județul Bacău, C‑260/14 y C‑261/14, EU:C:2016:360, apartado 34), en el presente asunto este concepto debe interpretarse principalmente a la luz del Reglamento n.o 1083/2006.

( 20 ) Véase la sentencia de 1 de octubre de 2020, Elme Messer Metalurgs (C‑743/18, EU:C:2020:767), apartado 51.

( 21 ) Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2017, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C‑408/16, EU:C:2017:940), apartado 57 y jurisprudencia citada.

( 22 ) Véase la sentencia de 1 de octubre de 2020, Elme Messer Metalurgs (C‑743/18, EU:C:2020:767), apartado 52 y jurisprudencia citada.

( 23 ) Véase la sentencia de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta (C‑496/99 P, EU:C:2004:236), apartado 108 y jurisprudencia citada.

( 24 ) Véanse el artículo 2 de la Directiva 2004/18, titulado «Principios de adjudicación de contratos», según el cual los poderes adjudicadores darán a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con transparencia, y la jurisprudencia en virtud de la cual el poder adjudicador está obligado a respetar el principio de igualdad de trato entre los licitadores (véase, en particular, la sentencia de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta,C‑496/99 P, EU:C:2004:236, apartado 108 y jurisprudencia citada).

( 25 ) Por añadidura, he de observar anticipadamente que no es necesario demostrar el carácter intencionado o negligente del comportamiento del beneficiario para la existencia de una «irregularidad» en el sentido del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006, ya que se puede atribuir a ANAS una responsabilidad «objetiva» basada en las responsabilidades de sus funcionarios, tal como expondré en el punto 30 y en la nota 32 de las presentes conclusiones.

( 26 ) Siempre y cuando el artículo 38, apartado 1, letra f), del Decreto Legislativo n.o 163/2006 sea aplicable al presente asunto, lo cual no me parece evidente (véase, a este respecto, el análisis de la segunda cuestión prejudicial).

( 27 ) Véase, por analogía, la sentencia de 22 de noviembre de 2012, Cuadrench Moré (C‑139/11, EU:C:2012:741), apartado 25 y jurisprudencia citada.

( 28 ) En efecto, como ya he indicado en la nota 26 de las presentes conclusiones, dudo que esta disposición —o, más concretamente, la disposición nacional de transposición, a saber, el artículo 38, apartado 1, letra f), del Decreto Legislativo n.o 163/2006— sea aplicable en el caso de autos.

( 29 ) A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, para la comprobación de la comisión de una falta profesional, en el sentido del artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18, no se exige una resolución judicial con autoridad de cosa juzgada (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de diciembre de 2012, Forposta y ABC Direct Contact, C‑465/11, EU:C:2012:801, apartado 28, y de 20 de diciembre de 2017, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani y Guerrato, C‑178/16, EU:C:2017:1000, apartado 44).

( 30 ) Véase la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani y Guerrato (C‑178/16, EU:C:2017:1000), apartado 47.

( 31 ) Efectivamente, el artículo 27, letra a), del Reglamento n.o 1828/2006 define como «agente económico» toda persona física o jurídica, u otra entidad, que participe en la ejecución de la ayuda procedente de los Fondos, a excepción de los Estados miembros en el ejercicio de sus prerrogativas de autoridad pública.

( 32 ) Véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2020, Elme Messer Metalurgs (C‑743/18, EU:C:2020:767), en la que, a raíz, por un lado, de una interpretación contextual del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 (apartados 59 a 62) y, por el otro, de una interpretación teleológica de dicho Reglamento (apartado 63), y tras precisar que la obligación de devolver una ventaja indebidamente percibida a través de una práctica irregular no constituye una sanción, sino la mera consecuencia de la constatación de que no se han respetado las condiciones exigidas para la obtención del beneficio resultante de la normativa de la Unión, lo que convierte la ventaja percibida en indebida (apartado 64 y jurisprudencia citada), el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que no es necesario demostrar el carácter intencionado o negligente del comportamiento del beneficiario para la existencia de una «irregularidad» en el sentido del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 1083/2006 (apartado 65). Asimismo, en lo concerniente a la eventual atribución a ANAS de una responsabilidad «objetiva», basada en las responsabilidades de sus funcionarios, el Tribunal de Justicia también ha precisado que el Derecho de la Unión parte de la premisa de que las personas jurídicas actúan por medio de sus representantes y que, en particular, la conducta contraria a la moralidad profesional de estos últimos puede constituir un factor pertinente para apreciar la moralidad profesional de una empresa (véase la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani y Guerrato, C‑178/16, EU:C:2017:1000, apartado 34).

( 33 ) Véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de julio de 2016, Wrocław — Miasto na prawach powiatu (C‑406/14, EU:C:2016:562), apartados 44 y 45 y jurisprudencia citada; de 6 de diciembre de 2017, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C‑408/16, EU:C:2017:940), apartados 60 y 61, y de 1 de octubre de 2020, Elme Messer Metalurgs (C‑743/18, EU:C:2020:767), apartado 67.

( 34 ) La Comisión considera que la jurisprudencia del Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) mencionada por el órgano jurisdiccional remitente (sentencia n.o 5704, de 4 de diciembre de 2017) no lleva a la conclusión que este último deduce de ella. El Gobierno italiano cita, en apoyo de su interpretación, otra jurisprudencia del Consiglio di Stato (Consejo de Estado) (sentencia n.o 5299, de 20 de noviembre de 2015), así como una resolución y unas directrices de la autoridad nacional anticorrupción que, en su opinión, refutan la interpretación propuesta por el órgano jurisdiccional remitente.

( 35 ) En efecto, según dicha jurisprudencia, el artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18 no persigue una aplicación uniforme de las causas de exclusión que en ella se mencionan a escala de la Unión, en la medida en que los Estados miembros están facultados para no aplicar en absoluto dichas causas de exclusión o bien integrarlas en la normativa nacional con un grado de rigor que podría variar según el caso, en función de consideraciones de carácter jurídico, económico o social que prevalezcan en el plano nacional (véase la sentencia de 14 de diciembre de 2016, Connexxion Taxi Services, C‑171/15, EU:C:2016:948, apartado 29 y jurisprudencia citada).

( 36 ) He de señalar que el artículo 38, apartado 1, letra f), del Decreto Legislativo n.o 163/2006 emplea los mismos términos («falta grave») que los que figuran en la versión italiana del artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2004/18, si bien esta disposición, en otras versiones lingüísticas, utiliza unos términos diferentes, que remiten al concepto de «falta» (por ejemplo, «faute grave» en la versión francesa, o «grave professional misconduct» en la inglesa).

( 37 ) En efecto, la exigencia de interpretación conforme del Derecho nacional, que se impone siempre y cuando no sirva de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional (véase, en particular, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact, C‑44/21, EU:C:2022:309, apartado 50 y jurisprudencia citada), incluye asimismo la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada si esta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact, C‑44/21, EU:C:2022:309, apartado 52 y jurisprudencia citada).

( 38 ) Esta consideración no obsta al principio según el cual el alcance de una disposición de Derecho nacional debe determinarse teniendo en cuenta la interpretación que hacen de ella los órganos jurisdiccionales nacionales (véase en particular, en este sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2009, Comisión/España, C‑154/08, no publicada, EU:C:2009:695, apartado 125), cuestión que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente a la luz de la jurisprudencia citada en la nota anterior. Ahora bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado, en esencia, que no cabe tomar en consideración decisiones judiciales aisladas o muy minoritarias en un contexto jurisprudencial marcado por una orientación diferente, o una interpretación desautorizada por el órgano jurisdiccional nacional supremo, pero sí debe tenerse en cuenta una interpretación jurisprudencial significativa no desautorizada por dicho órgano jurisdiccional supremo o incluso confirmada por este (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de diciembre de 2003, Comisión/Italia, C‑129/00, EU:C:2003:656, apartados 31 y 32).

( 39 ) En cambio, parece que esta irregularidad guarda más bien relación con la violación de los principios de igualdad de trato y de transparencia (véanse los puntos 21 a 24 de las presentes conclusiones).

( 40 ) Véase, en particular, la sentencia de 1 de agosto de 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (C‑184/20, EU:C:2022:601), apartado 48 y jurisprudencia citada.

( 41 ) He de observar, en aras de precisión, que dicho órgano jurisdiccional, pese a citar el artículo 98 del Reglamento n.o 1083/2006, relativo a las correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros, se refiere a las «implicaciones financieras de los fallos detectados en el programa operativo» mencionadas en el apartado 3 del artículo 99 de dicho Reglamento, que regula las correcciones financieras efectuadas por la Comisión, cuando el citado artículo 98 alude, en su apartado 2, a las «pérdidas financieras que [las irregularidades] acarreen al Fondo».

( 42 ) Tal como dispone su artículo 1, la Decisión C(2013) 9527 incluye como anexo las directrices para la determinación de las correcciones financieras que hayan de aplicarse al gasto financiado por la Unión en el marco de la gestión compartida para los períodos de programación 2007‑2013 y 2014‑2020, en caso de incumplimiento de las normas sobre contratación pública. Su artículo 2 añade que la Comisión aplicará estas directrices —que sustituyen a las anteriores directrices correspondientes a los períodos de programación 2000‑2006 y 2007‑2013— a la hora de efectuar las correcciones financieras relativas a las irregularidades detectadas después de la fecha de adopción de la citada Decisión.

( 43 ) Véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2016, Wrocław — Miasto na prawach powiatu (C‑406/14, EU:C:2016:562), apartado 48.

( 44 ) Además, tal obligación de retirar «automáticamente» la totalidad de la ayuda supondría, de hecho, una sanción, lo que se opone a la jurisprudencia citada en la nota 32 de las presentes conclusiones, según la cual la obligación de devolver una ventaja indebidamente percibida a través de una práctica irregular no constituye una sanción.

( 45 ) A modo de ejemplo, en un asunto relativo a la financiación de una inversión con cargo al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) en el que solo una parte de la inversión (a saber, el 28 %) adolecía de una irregularidad derivada de la presentación de informaciones falsas, el Tribunal de Justicia declaró que la posibilidad de que una irregularidad no sea sancionada mediante la reducción de la ayuda en una cantidad equivalente a dicha irregularidad sino mediante la supresión completa de dicha ayuda es la única que puede producir el efecto disuasorio necesario para la buena gestión de los recursos del FEOGA (véase la sentencia de 24 de enero de 2002, Conserve Italia/Comisión, C‑500/99 P, EU:C:2002:45, apartado 101). En ese mismo asunto, el Abogado General precisó que si el perceptor de la subvención que actúa ilícitamente solo corre el riesgo de perder la ayuda en la medida en que esta se basa en su comportamiento inadecuado, esto constituiría una invitación al abuso (conclusiones del Abogado General Alber presentadas en el asunto Conserve Italia/Comisión, C‑500/99 P, EU:C:2001:415, puntos 94 y 97).

( 46 ) En efecto, como resulta de la jurisprudencia del Tribunal General, el hecho de que el beneficiario de financiación no cumpla todas sus obligaciones justifica, con carácter general, que se revise la ayuda de la Unión, sin que la mera circunstancia de que el proyecto haya sido llevado a cabo baste para justificar el pago de dicha ayuda (véase, a este respecto, la sentencia de 13 de julio de 2011, Grecia/Comisión, T‑81/09, no publicada, EU:T:2011:366, apartado 68 y jurisprudencia citada, confirmada mediante auto de 10 de octubre de 2012, Grecia/Comisión, C‑497/11 P, no publicado, EU:C:2012:625).

( 47 ) Ciertamente, el hecho de que un operador económico indebidamente favorecido haya recibido y utilizado fondos europeos perjudica gravemente a los intereses financieros de la Unión, en la medida en que compromete los principios de libre competencia y de igualdad de trato en la adjudicación de un contrato público.

( 48 ) En la sección 1.1, último párrafo, de las Directrices de 2013 se recomienda a las autoridades competentes de los Estados miembros que apliquen los mismos criterios y porcentajes cuando corrijan las irregularidades detectadas por sus propios servicios, a no ser que apliquen normas más estrictas.

( 49 ) El órgano jurisdiccional remitente cita erróneamente el artículo 98, apartado 3, de este Reglamento.