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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 107/20

Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Civil Division) (Reino Unido) el 21 de febrero de 2008 — The Queen a instancia de Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Government

(Asunto C-75/08)

(2008/C 107/31)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Christopher Mellor

Demandada: Secretary of State for Communities and Local Government

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Exige el artículo 4 de la Directiva 85/337 (1), modificada por la Directiva 97/11 (2) y la Directiva 2003/35 (3) (en lo sucesivo, «Directiva»), que los Estados miembros pongan a disposición del público los motivos por los cuales se ha resuelto que no es necesario que un proyecto del anexo II se someta a una evaluación con arreglo a los artículos 5 a 10 de la Directiva?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿satisface esta obligación el contenido de la carta del Secretary of State fechada el 4 de diciembre de 2006?

3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿cuál es el alcance del deber de motivación en este contexto?

(1) Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9).

(2) DO L 73, p. 5.

(3) Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE (DO L 156, p. 17).
—

Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 31, apartados 1 y 2, del Reglamento 2847/1993 (1) y 23, apartados 1 y 2, 24 y 25, apartados 1 y 2, del Reglamento 2371/2002 (2), al no controlar, inspeccionar y vigilar de manera satisfactoria el ejercicio de la pesca, en particular respecto de la prohibición de redes de enmalle de deriva para la captura de determinadas especies, y al no proveer para que se adopten las medidas adecuadas contra los responsables de las infracciones de la normativa comunitaria en materia de utilización de redes de enmalle de deriva.
1)

¿La contracción a que se refiere el artículo 221, apartado 1, del Código Aduanero Comunitario [creado mediante Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992 (1); DO L 302 de 19 de octubre de 1992; en lo sucesivo, «Código aduanero»], es la contracción a la que se refiere el artículo 217 del Código aduanero, consistente en que las autoridades aduaneras anotan el importe de los derechos en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos, y dicha anotación contable debe distinguirse de la contabilización de los derechos como recursos propios, en el sentido del artículo 6 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (2) (DO L 155 de 7 de junio de 1989) [actualmente, artículo 6 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 2000/597/CE, Euratom sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades (3) (DO L 130 de 31 de mayo de 2000)]?
24

Por último, el Reino de Bélgica alega que la presente solicitud de dictamen no es prematura. En particular, sostiene que tanto el contenido de las disposiciones controvertidas del acuerdo previsto como el contexto en el que se enmarcan las negociaciones de dicho acuerdo son lo suficientemente conocidos como para que el Tribunal de Justicia pueda responder de forma útil a esta solicitud. En efecto, en primer lugar, señala que la propuesta de enmienda formulada por la Unión y sus Estados miembros se encuentra en un estadio lo suficientemente avanzado como para comprobar que no contiene aclaración alguna acerca de la aplicabilidad del artículo 26 del TCE modernizado a los litigios intra-UE. En segundo lugar, indica que, habida cuenta del desarrollo de la segunda ronda de negociaciones, no ha cristalizado consenso alguno en cuanto a la inclusión en el TCE modernizado del conjunto de las propuestas formuladas por la Unión. En tercer lugar, añade que, aunque la República de Kazajistán haya presentado, durante la tercera ronda de negociaciones, una propuesta dirigida a aclarar las relaciones jurídicas existentes, a la luz de dicho Tratado, entre las ORIE que son parte en el TCE y sus miembros, el mandato de negociación de la Comisión no le permite debatir sobre esa propuesta. En estas circunstancias, según el Reino de Bélgica, el TCE modernizado no contendrá aclaración alguna acerca de la aplicabilidad de su artículo 26 a los litigios intra-UE, lo que podría interpretarse como una confirmación de la situación actual.
La Comisión considera que el enfoque ex ante previsto por la normativa nacional pretende facilitar la eliminación de importantes obstáculos al acceso a la infraestructura física. La Comisión y el Gobierno polaco subrayan que los enfoques ex ante y ex post contribuyen a facilitar la consecución de los objetivos de la Directiva 2014/61. En este contexto, resulta interesante observar que, según el informe de síntesis de la consulta pública sobre la evaluación y revisión de la Directiva 2014/61, en una gran mayoría de las respuestas se considera que las dificultades para acordar las condiciones de acceso con los propietarios de infraestructuras físicas, así como la dilación y la ineficacia del proceso de resolución de controversias (enfoque ex post), dan lugar a que el despliegue de las redes sea más costoso o largo. Por lo tanto, no es ilógico considerar que el enfoque ex ante —que al parecer prevé la legislación polaca pertinente— puede presentar algunas ventajas frente al enfoque ex post descrito en la Directiva 2014/61 a la hora de facilitar la consecución de los objetivos que persigue.
7.

El artículo 8, apartados 4 y 5, de la menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Ley n.o LXXX de 2007 sobre el Derecho de Asilo), ( 5 ) de 29 de junio de 2007, en su versión modificada por la 2018. évi CXXXIII. törvény az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról (Ley n.o CXXXIII de 2018 relativa a la Modificación de Determinadas Leyes que tienen por objeto la Migración y de Determinadas Leyes Complementarias), ( 6 ) en vigor a partir del 1 de enero de 2019, dispone: «(4) No podrá reconocerse como refugiado a un extranjero cuya permanencia en el territorio de Hungría constituya un peligro para la seguridad nacional. (5) No se reconocerá como refugiado a un extranjero al que un tribunal a) haya condenado mediante sentencia firme a una pena privativa de libertad de una duración igual o superior a cinco años por la comisión de un delito doloso, b) haya condenado mediante sentencia firme a una pena privativa de libertad por la comisión de un delito como reincidente, reincidente múltiple o reincidente múltiple violento, c) haya condenado mediante sentencia firme a una pena privativa de libertad de una duración igual o superior a tres años por la comisión de un delito contra la vida, la integridad física o la salud, un delito que ponga en peligro la salud, un delito contra la libertad humana, un delito contra la libertad y las buenas prácticas sexuales, un delito de alteración del orden público, un delito contra la seguridad pública o un delito contra la administración pública.»
72.

A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo al Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Veliko Tarnovo, Bulgaria): «La responsabilidad solidaria general de un órgano de una sociedad (persona que no es sujeto pasivo en el sentido de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido) por un comportamiento perjudicial para esta (aquí: la concesión de una retribución excesiva), que origina el impago de las deudas tributarias exigibles de la sociedad no es objeto de la Directiva 2006/112 y no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las cuestiones planteadas.»
29.

El principio de limitación de la finalidad no constituye una manifestación del principio de proporcionalidad en sentido estricto, a diferencia de lo que ocurre con el de limitación del plazo de conservación enunciado en el artículo 5, apartado 1, letra e), del RGPD. Como ha precisado el Tribunal de Justicia, de las exigencias establecidas en dicho artículo se deduce que incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos puede devenir, con el tiempo, incompatible con dicho Reglamento cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron. Este es el caso, en particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido. ( 15 )
38.

Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no son vinculantes los escritos que la Comisión envía posteriormente a la adopción de su decisión para garantizar la ejecución de esta. ( 15 ) En particular, dichas tomas de posición de la Comisión no figuran entre los actos que pueden adoptarse sobre la base del Reglamento n.o 2015/1589. ( 16 ) Lo único vinculante es la Decisión 2019/700 (impugnada), en tanto no sea anulada por los tribunales de la Unión.
2)

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE en el sentido de que se cumple el requisito de que se trate de un “procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia bajo la supervisión de una autoridad pública competente” si la transmisión de (una parte de) la empresa se prepara antes de la declaración de quiebra en un pre-pack y es ejecutada una vez declarada la quiebra, y (i) es supervisada antes de la declaración de quiebra por un futuro síndico y por un futuro juez de la quiebra, nombrados por el tribunal, pero que carecen de competencias legales, (ii) de conformidad con el Derecho neerlandés, antes de la declaración de la quiebra, el futuro síndico deberá guiarse por los intereses del conjunto de los acreedores y por otros intereses sociales, tales como el mantenimiento del empleo, y el futuro juez de la quiebra deberá supervisar todo ello, (iii) las funciones del futuro síndico y del futuro juez de la quiebra no divergen de las del síndico y del juez de la quiebra, (iv) el contrato en virtud del cual se procede a la transmisión de la empresa elaborado durante un pre-pack se celebra y ejecuta únicamente una vez que se haya declarado la quiebra, (v) en el momento de la declaración de la quiebra, el tribunal puede nombrar a un síndico o a un juez de la quiebra distintos del futuro síndico o del futuro juez de la quiebra, y (vi) se aplican al síndico y al juez de la quiebra los mismos requisitos de objetividad e independencia que se aplican al síndico y al juez de la quiebra en una quiebra que no viene precedida por un pre-pack y, con independencia del grado de su participación previa a la declaración de quiebra, están obligados, conforme a su función legal, a apreciar si la transmisión de (una parte de) la empresa preparada con anterioridad a la declaración de quiebra redunda en interés del conjunto de los acreedores, y, en caso de respuesta negativa a esta cuestión, a acordar que la transmisión no se lleve a cabo, aun cuando sigan siendo competentes para acordar por otros motivos, por ejemplo porque otros intereses sociales —tales como la importancia del empleo— se opongan a ello, que no tenga lugar la transmisión de (una parte de) la empresa preparada con anterioridad a la declaración de quiebra?»
–

Las disposiciones de la Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias se oponen a que un órgano jurisdiccional nacional deniegue el reconocimiento y la ejecución de una resolución firme por la que se exige a un particular el pago de una sanción pecuniaria, adoptada por una autoridad administrativa del Estado de emisión, por la simple razón de que no se ha notificado a dicho particular una traducción de la citada resolución en una lengua que comprenda.
63.

El Consejo de la Unión Europea se opuso a esta enmienda señalando que: «[esta] enmienda no ha podido ser aceptada porque no define una práctica considerada desleal en cualquier circunstancia, que es el criterio que se ha de aplicar para poder incluirla en el anexo». ( 34 ) Por su parte, la Comisión no tuvo en cuenta la enmienda en cuestión, de modo que durante los trabajos preparatorios no se introdujo modificación sustancial alguna al anexo I, punto 11, de la Directiva 2005/29. ( 35 ) Ahora bien, estas circunstancias no deben entenderse en el sentido de que el legislador de la Unión se opuso a la interpretación según la cual los publirreportajes pueden divulgarse no solo a cambio del pago correspondiente, sino también al amparo de un acuerdo recíproco.
22.

Sin embargo, no me parece que estas circunstancias sean decisivas para calificar la actividad de la sociedad XY vista la luz de la Directiva 2003/96. Precisamente la forma en que XY presta los servicios y elige a sus clientes es lo que determina las circunstancias específicas de la actividad de dicha empresa. No obstante, tales circunstancias no alteran el hecho de que esa sociedad, en el marco de su actividad, suministra una cantidad de electricidad determinada y mensurable a entidades que deben ser consideradas como empresas independientes respecto de dicha sociedad, las cuales utilizan dicha energía para alimentar los equipos de telecomunicación, es decir, conforme al destino habitual de la electricidad. ( 9 ) Por tanto, son estas, y no XY, los consumidores finales de la electricidad que les suministra dicha sociedad.
28.

La Región interpuso recurso de apelación contra esta sentencia ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), el cual, tras comprobar, en particular, que los residuos en cuestión habían sido objeto de un tratamiento que no había alterado sustancialmente sus propiedades iniciales como residuos municipales, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «En un supuesto en el que se han tratado mecánicamente residuos municipales mezclados, que no contienen residuos peligrosos, en una instalación para su valorización energética (operación R1/R12, en sentido del anexo C del [Decreto Legislativo n.o 152/2006]) y, tras esta operación resulta en principio que dicho tratamiento no ha alterado sustancialmente las propiedades originales de los residuos municipales mezclados, a los que se les asigna [el código] 19.12.12., no impugnad[o] por las partes [en el marco de la clasificación establecida por el CER]; a efectos del examen de la legitimidad de las objeciones del país de origen a la solicitud de autorización previa al traslado a un país europeo, y en particular a una instalación para su utilización, en régimen de combustión combinada o, en cualquier caso, como medio de producción de la energía, de los residuos tratados, formuladas por la autoridad competente del citado país de origen sobre la base de los principios de la Directiva 2008/98, y en particular de objeciones como las propuestas en el caso de autos, basadas: – en el principio de protección de la salud humana y el medio ambiente (artículo 13 [de la Directiva 2008/98]); – en el principio de autosuficiencia y proximidad, establecido en el artículo 16, apartado 1, [de la Directiva 2008/98] […]; – en el principio establecido en el propio artículo 16, apartado 1, párrafo segundo, última frase, […]; – y en el considerando 33 de la [Directiva 2008/98], […]; ¿afecta de algún modo [el CER] (en el caso de autos, el código […] 19 12 12, residuos procedentes de instalaciones de tratamiento mecánico de residuos, para operaciones de valorización R1/R12) y la clasificación que contiene, y, en caso de respuesta positiva, en qué medida y límites, a la normativa [de la Unión] relativa al traslado de residuos que, antes de su tratamiento mecánico, eran residuos municipales mezclados? En particular, en lo que respecta a los traslados de residuos resultantes del tratamiento de residuos municipales ¿prevalecen el artículo 16 de la [Directiva 2008/98] y su considerando 33, que versan expresamente sobre el traslado de residuos, sobre la clasificación resultante [del CER]? Asimismo, se solicita al Tribunal de Justicia que precise, de considerarlo oportuno y útil, si [el citado catálogo] tiene carácter normativo o constituye, en cambio, una mera certificación técnica que facilita la trazabilidad homogénea de todos los residuos.»
95.

En el supuesto de que el Tribunal de Justicia estime que los artículos 10 y 12 del Reglamento n.o 2201/2003 no son aplicables al presente asunto, considero que, a la luz de los apartados 41 y 42 de la sentencia UD, no debería inadmitir la presente petición de decisión prejudicial, sino declararse incompetente.
84.

A este respecto, es particularmente importante observar que la medida controvertida no contiene prohibición alguna de hacer publicidad de los productos o de la marca de la demandante en el litigio principal. Sus efectos se limitan a restringir únicamente la posibilidad de la demandante de promocionar su actividad mediante una sola vía de comunicación, a saber, los canales de televisión nacionales a través de la publicidad regional. Aun cuando, según la demandante, se trate del medio publicitario más rentable, también es cierto que tiene a su disposición otros canales promocionales, en particular la publicidad en Internet que la propia demandante presenta como prácticamente equivalente a la publicidad televisiva. Así pues, por lo que respecta a la libertad de expresión de la demandante, es preciso señalar que la medida nacional controvertida no afecta al contenido esencial de sus derechos. ( 31 ) A lo sumo afecta a sus oportunidades comerciales.
73.

En consecuencia, la «autoridad judicial de ejecución», en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Decisión marco, debe estar en condiciones de ejercer esta función con objetividad e independencia. No podrá estar expuesta, como tampoco debió estarlo la autoridad judicial de emisión, «al riesgo de que su potestad decisoria sea objeto de órdenes o instrucciones externas, en particular del poder ejecutivo, de modo que no exista ninguna duda de que la decisión de [ejecutar] la [ODE] corresponde a esa autoridad y no, en definitiva, a dicho poder». ( 24 )
6.

Los considerandos duodécimo y decimotercero de la Directiva 93/13 tienen el siguiente enunciado: «[12] Considerando no obstante que en el estado actual de las legislaciones nacionales solo se puede plantear una armonización parcial; que, en particular, las cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, dentro del respeto del Tratado, de garantizar una protección más elevada al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la presente Directiva; [13] Considerando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta [necesario] someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo».
27.

En el origen del litigio se encuentra una exégesis de ciertos preceptos de la Ley n.o 123/2012 que no es pacífica. ANRE hace una lectura del artículo 23, apartado 1, y del artículo 28, letra c), de la Ley n.o 123/2012 con arreglo a la que todas las transacciones mayoristas de energía eléctrica deben llevarse a cabo exclusivamente en las plataformas de Opcom. Sin embargo, conforme al auto de reenvío, otros tribunales rumanos llegan a conclusiones distintas. ( 8 )
72.

En particular, es manifiesto que, a pesar de esas medidas, hubo lagunas respecto a determinadas disposiciones de la Directiva 2015/849. Por ejemplo, en lo relativo al artículo 30, apartados 1, párrafo segundo, 2 y 7, y al artículo 31, apartados 1, 2, 3 y 7, de esa Directiva, Irlanda indicó en su escrito de dúplica que el plazo de transposición para estas disposiciones fue ampliado por la Directiva 2018/843, pero en cualquier caso se estaban adoptando instrumentos para transponer los elementos de dichas disposiciones que identificó la Comisión, que se comunicaron el 30 de enero de 2019 y el 27 de marzo de 2019. No obstante, como ha indicado la Comisión, tal ampliación no cubría todas las obligaciones previstas en los artículos 30 y 31 de la Directiva 2015/849 (véanse los puntos 7 y 23 de las presentes conclusiones). Además, Irlanda indicó en su escrito de dúplica que se podía introducir una disposición en relación con obligaciones previstas en el artículo 47, apartado 2, de la Directiva 2015/849, y que el artículo 48, apartados 5 a 8, de esa Directiva no requería que el Derecho nacional estableciera obligaciones específicas. Así, tal como indicó la Comisión en la vista (véanse los puntos 21 y 23 de las presentes conclusiones), Irlanda no había adoptado medidas de transposición respecto a determinadas obligaciones establecidas en esas disposiciones hasta la comunicación de tales medidas el 22 de noviembre de 2019 y el 3 de diciembre de 2019. En consecuencia, aunque las medidas comunicadas el 29 de noviembre de 2018 garantizaban la transposición de una parte importante de la Directiva 2015/849, la Comisión declaró que Irlanda cumplió sus obligaciones a fecha de 3 de diciembre de 2019.
43.

Además, varios documentos de la Comisión confirman que este sentido es el que prevalece en general. Por ejemplo, en su Libro Blanco de 2004 sobre los servicios de interés general, ( 25 ) la Comisión señala que el concepto de OSP se refiere «a las obligaciones específicas impuestas por los poderes públicos al proveedor del servicio con el fin de garantizar la consecución de ciertos objetivos de interés público […]». ( 26 ) En su documento titulado «Un marco de calidad para los servicios de interés general en Europa», publicado en 2011, la Comisión define el concepto de «Servicio de interés general» como «aquellos [servicios] que las autoridades públicas de los Estados miembros clasifican como de interés general y que, por lo tanto, están sujetos a obligaciones específicas de servicio público (OSP)». ( 27 ) Del mismo modo, en el documento de trabajo denominado Guide to the application of the European Union rules on state aid, public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to social services of general interest [Guía relativa a la aplicación a los servicios de interés económico general y, en particular, a los servicios sociales de interés general, de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales, de contratación pública y de mercado interior], la Comisión explica que la OSP «se impone […] sobre la base de un criterio de interés general que garantice que el servicio se presta en condiciones que le permitan desempeñar su misión». ( 28 )