Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación - Actos recurribles - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Decisión de someter un litigio a un órgano jurisdiccional - Exclusión

(Art. 230 CE)

2. Recurso de anulación - Actos recurribles - Actos carentes de efectos jurídicos obligatorios - Exclusión - Acto que implica una atribución de competencias eventualmente incompatible con el equilibrio institucional - Irrelevancia

(Art. 230 CE)

3. Derecho comunitario - Principios - Derecho a recurrir en vía jurisdiccional - Apreciación - Inadmisibilidad del recurso de anulación contra un comportamiento que no tiene carácter de decisión de una institución comunitaria - Posibilidad de que los justiciables impugnen la legalidad de tal comportamiento mediante un recurso por responsabilidad extracontractual de la Comunidad

(Arts. 230 CE, párr. 4, 235 CE y 288 CE, párr. 2; Convenio Europeo de Derechos Humanos, arts. 6 y 13)

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1. Las decisiones mediante las cuales la Comisión aprobó, por un lado, el ejercicio de una acción civil, en su nombre, dirigida contra varios fabricantes americanos de cigarrillos y, por otro lado, el ejercicio de una nueva acción civil ante los Tribunales americanos conjuntamente por la Comunidad y, al menos, un Estado miembro, dirigida contra los mismos, no producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de dichos fabricantes, modificando sustancialmente su situación jurídica. Por tanto, no constituyen actos que puedan ser objeto de un recurso de anulación.

En efecto, si bien el ejercicio de una acción ante un órgano jurisdiccional es un acto indispensable para obtener un pronunciamiento jurisdiccional vinculante, y puede producir de pleno Derecho varias consecuencias, por ejemplo interrumpir una prescripción o fijar el momento en que comienzan a devengarse los intereses adeudados, en sí mismo no determina de manera definitiva las obligaciones de las partes del litigio. Dicha determinación sólo resulta del pronunciamiento del juez, ya sea el juez comunitario o un juez nacional. Cuando decide interponer un recurso, la Comisión no pretende modificar ella misma la situación jurídica controvertida, sino que se limita a incoar un proceso que tiene por objeto obtener una modificación de dicha situación por medio de un pronunciamiento jurisdiccional.

( véanse los apartados 75 a 81 )

2. Todos los actos de una institución implican una toma de posición de su autor en cuanto a su competencia para adoptarlos. Sin embargo, esta toma de posición no puede calificarse de efecto jurídico obligatorio en el sentido del artículo 230 CE.

Dicha toma de posición implícita, incluso suponiendo que sea errónea, no tiene ningún alcance al margen del acto adoptado y, a diferencia de un acto que tiene por objeto una atribución de competencias, no puede modificar el reparto de competencias previsto en el Tratado.

Sea cual sea la gravedad de los vicios de que puede adolecer un acto, tanto si se refieren a los derechos fundamentales como al equilibrio institucional, no permite excluir la aplicación de las causas de inadmisión de orden público y convertir en impugnables actos que no lo son al no producir efectos jurídicos obligatorios. El carácter impugnable de un acto no puede deducirse de su eventual ilegalidad.

( véanse los apartados 85 a 91 )

3. El acceso a la vía jurisdiccional es uno de los elementos constitutivos de una comunidad de Derecho y está garantizado en el ordenamiento jurídico basado en el Tratado CE, puesto que éste ha establecido un sistema completo de recursos y de procedimientos destinado a confiar al Tribunal de Justicia el control de la legalidad de los actos de las instituciones. El derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional se basa en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Los justiciables no se ven privados del acceso a la justicia por el hecho de que un comportamiento que no tiene carácter de decisión no pueda ser objeto de un recurso de anulación, ya que queda abierta la posibilidad de interponer un recurso por responsabilidad extracontractual previsto por los artículos 235 CE y 288 CE, párrafo segundo, si dicho comportamiento puede comprometer la responsabilidad de la Comunidad.

Si bien sería deseable que los particulares dispusieran, junto al recurso de indemnización, de un medio de impugnación que les permitiera impedir -o poner fin- a los comportamientos de las instituciones que no tienen carácter de decisión que puedan menoscabar sus intereses, es preciso señalar que dicho medio de impugnación, que necesariamente implicaría que el juez comunitario dirigiera órdenes a las instituciones, no está previsto en el Tratado. Pues bien, no corresponde al juez comunitario reemplazar al poder constituyente comunitario a fin de proceder a una modificación del sistema de recursos y de procedimientos establecido en el Tratado.

( véanse los apartados 121 a 124 )