Palabras clave

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Palabras clave

Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Normativa nacional que reserva determinadas denominaciones de venta a los preparados a base de foie gras que cumplan determinados requisitos - Inexistencia de cláusula de reconocimiento mutuo de productos de los otros Estados miembros - Improcedencia - Justificación - Protección de los consumidores - Represión de fraudes - Inexistencia

(Tratado CE, art. 30)

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Un Estado miembro que adopta una normativa relativa a los preparados a base de foie gras, reservando determinadas denominaciones de venta a los productos que cumplen determinados requisitos, sin incluir una cláusula de reconocimiento mutuo para los productos procedentes de otros Estados miembros que cumplan las normas establecidas por dichos Estados, incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado.

Una normativa de dicha naturaleza que prohíba la comercialización con una denominación determinada de un producto procedente de un Estado miembro, que cumpla las reglas establecidas por dicho Estado, pero que no satisfaga totalmente las exigencias previstas por la referida normativa, debe considerarse apta para obstaculizar, al menos de modo potencial, el comercio interestatal.

Tal normativa no puede estar justificada por exigencias imperativas relativas a la protección de los consumidores, así como a la represión de los fraudes. Por una parte, si bien es legítimo garantizar una protección eficaz de los consumidores permitiéndoles conocer la naturaleza real de los productos, este objetivo puede alcanzarse por medios distintos que el consistente en reservar determinadas denominaciones de venta a los productos que tienen unas calidades determinadas, que restrinjan en menor medida la comercialización de los productos, tales como los consistentes en la colocación de un etiquetado adecuado referente a la índole y a las características del producto vendido.

Por otra parte, una reglamentación de dicha clase no es proporcionada a la exigencia de la represión de los fraudes. A este respecto, el hecho de que una mercancía no se atenga totalmente a las condiciones establecidas por una legislación nacional relativa a la composición de determinados productos alimenticios que tengan una determinada denominación no implica que su comercialización pueda prohibirse. En efecto, si los servicios nacionales competentes están facultados para controlar los preparados con el fin de verificar que se observan las indicaciones relativas a las materias primas utilizadas y al método de producción que figuran en el etiquetado y para instruir diligencias contra los responsables de la comercialización de aquellos productos alimenticios que utilizan unas denominaciones idénticas a las previstas en una normativa nacional, pero cuyo contenido sea tan distinto que quepa llegar a la conclusión de que existe un engaño, esta posibilidad se refiere sólo a una situación en la cual un producto alimenticio procedente de un Estado miembro, y que se atenga a las normas establecidas por dicho Estado, difiera de modo sensible en relación con las exigencias previstas en la legislación del Estado de que se trata.