Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Protección de los consumidores — Artículo 95 CE, apartado 3 — Disposición que no puede invocarse como fundamento directo de las obligaciones que vinculan a un Estado miembro

(Art. 95 CE, ap. 3)

2. Aproximación de las legislaciones — Protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales — Directiva 85/577/CEE — Ámbito de aplicación — Contratos de compraventa de bienes inmuebles que forman parte de una inversión financiada a crédito — Exclusión

[Directiva 85/577/CEE del Consejo, art. 3, ap. 2, letra a)]

3. Aproximación de las legislaciones — Protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales — Directiva 85/577/CEE — Contrato de préstamo destinado a financiar la adquisición de un bien inmueble — Revocación — Efectos — Obligación de devolución inmediata del préstamo más los intereses — Procedencia

(Directiva 85/577/CEE del Consejo, arts. 4, 5 y 7)

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1. El artículo 95 CE, apartado 3, que establece que la Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 de dicho artículo en materia de protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado y que, en el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo, se dirige a las distintas instituciones que participan en el proceso legislativo comunitario. Por consiguiente, no cabe invocar dicha disposición como fundamento directo de las obligaciones que vinculan a un Estado miembro. A lo sumo, puede ser utilizada como elemento de interpretación de un acto adoptado sobre la base del citado artículo 95 CE.

(véanse los apartados 59 y 61)

2. El artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 85/577, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, debe interpretarse en el sentido de que excluye del ámbito de aplicación de esta Directiva a los contratos de compraventa de bienes inmuebles, aunque únicamente formen parte de una fórmula de inversión de capital financiada a crédito y las negociaciones previas a la celebración del contrato tengan lugar, por lo que respecta tanto al contrato de compraventa del bien inmueble como al contrato de préstamo destinado exclusivamente a la financiación de dicha compra, en el marco de una venta a domicilio.

(véanse el apartado 81 y el punto 1 del fallo)

3. Si bien a efectos del artículo 7 de la Directiva 85/577, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, corresponde a los Estados miembros regular los efectos jurídicos de la revocación del contrato por el consumidor, esta competencia debe ejercerse respetando el Derecho comunitario, y más concretamente las normas de la Directiva interpretadas a la luz de su finalidad y de forma que se aseguren sus efectos útiles.

A este respecto, por lo que se refiere a un contrato de préstamo destinado a financiar la adquisición de un bien inmueble, la citada Directiva no se opone a que:

– normas nacionales limiten las consecuencias jurídicas de la revocación de un contrato de préstamo únicamente a la resolución de éste, incluso en el marco de fórmulas de inversión de capital en las que el préstamo no se habría concedido de no haberse adquirido simultáneamente el bien inmueble;

– el consumidor que haya hecho uso de su derecho de revocación con arreglo a dicha Directiva deba devolver al prestamista el importe del préstamo a pesar de que, de acuerdo con la fórmula diseñada para la inversión de capital, el préstamo esté destinado exclusivamente a la financiación de la adquisición del bien inmueble y se abone directamente al vendedor de dicho bien;

– se exija la devolución inmediata del importe del préstamo;

– una normativa nacional establezca que el consumidor, en caso de revocación de un contrato de crédito con garantía real, está obligado no sólo a devolver las cantidades percibidas en virtud de dicho contrato, sino también a abonar al prestamista los intereses normales de mercado. No obstante, en una situación en la que, si el banco de que se trate hubiera cumplido su obligación de informar al consumidor de su derecho de revocación, éste habría podido evitar exponerse a los riesgos inherentes a inversiones, el artículo 4 de la Directiva obliga a los Estados miembros a velar por que sus legislaciones protejan a los consumidores que no pudieron evitar exponerse a tales riesgos, mediante la adopción de medidas que puedan evitarles soportar las consecuencias del acaecimiento de dichos riesgos.

(véanse los apartados 69, 81, 88, 89, 93 y 103 y los puntos 2 y 3 del fallo)