Palabras clave

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Palabras clave

1. CECA - Ayudas a la siderurgia - Concepto - Financiación con fondos públicos de una prima de remuneración para compensar una disminución de ingresos derivada de una reducción del tiempo de trabajo - Inclusión

[Art. 4 CA, letra c)]

2. CECA - Ayudas a la siderurgia - Plazo previsto en el artículo 6, apartado 5, del Sexto Código de ayudas a la siderurgia para la adopción de la decisión de la Comisión sobre la compatibilidad de una ayuda - Plazo cuya inobservancia no implica la pérdida de competencia

[Decisión General (CECA) nº 2496/96, art. 6, ap. 5]

3. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión CECA

[Arts. 4 CA, letra c), y 15 CA]

4. CECA - Ayudas a la siderurgia - Autorización por la Comisión - Autorización mediante decisión individual - Requisito - Solicitud previa del Estado miembro afectado

(Art. 95 CA)

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1. El término «ayuda» a efectos de lo previsto en el artículo 4 CA, letra c), implica necesariamente la existencia de ventajas otorgadas directa o indirectamente mediante fondos estatales o que constituyen una carga adicional para el Estado o para los organismos designados o instituidos al efecto. Tal es el caso de la financiación con fondos públicos de una prima de remuneración para compensar una reducción del tiempo de trabajo a los trabajadores de una empresa, por su condición y en contrapartida por las horas de trabajo que efectúan en beneficio de ésta. Dicha prima, con independencia de que se derive o no de obligaciones legales o acuerdos colectivos, constituye, en efecto, un elemento accesorio del salario percibido y, por tanto, está comprendida en los costes salariales que esta empresa normalmente debe asumir, y el hecho de que sea asumida por la autoridad pública por obedecer a preocupaciones sociales no basta para que escape a la calificación de ayuda, ya que las ayudas de Estado no se caracterizan por sus causas o sus objetivos, sino que se definen en función de sus efectos.

( véanse los apartados 33, 36, 37, 39, 45 y 46 )

2. En el marco de la aplicación del artículo 6, apartado 5, del Sexto Código de ayudas a la siderurgia, un Estado miembro sólo puede ejecutar legalmente una medida de ayuda en virtud de una decisión expresa de la Comisión en este sentido. De no existir tal decisión, la expiración del plazo de tres meses del que dispone esta institución para pronunciarse no puede suponer, por tanto, la autorización tácita para que el Estado miembro aplique la medida de ayuda prevista. Si dicho plazo de tres meses se debiera interpretar como un plazo cuya inobservancia implica la pérdida de competencia, el hecho de que la Comisión no adoptara una decisión en dicho plazo implicaría que, por una parte, el Estado miembro interesado no podría aplicar dicha medida de ayuda y, por otra parte, le sería imposible obtener una decisión de autorización de la Comisión en este sentido en el marco del procedimiento incoado por ésta, lo que sería contrario al buen funcionamiento de las normas relativas a las ayudas de Estado. Por lo tanto, una decisión adoptada tras la expiración de dicho plazo no está viciada de incompetencia. Por otra parte, si bien es cierto que la Comisión está obligada a respetar, en sus relaciones con los Estados miembros, una condición que ella misma se ha impuesto, el incumplimiento de tal condición sólo puede constituir una irregularidad si puede privar de contenido a una garantía procedimental conferida a los Estados miembros. Pues bien, dado que el plazo de tres meses, antes citado, se estableció para proteger la seguridad jurídica y garantizar la rápida adopción de una decisión por la Comisión, el incumplimiento por la Comisión de su obligación de pronunciarse en dicho plazo no puede sancionarse con la pérdida de su competencia, lo que sólo supondría retrasar la toma de decisión por la Comisión, que únicamente podría producirse después de un nuevo procedimiento, sin ofrecer al Estado miembro interesado un garantía adicional. Esto no prejuzga, sin embargo, la posibilidad de interponer un recurso por responsabilidad en el supuesto de que el retraso de la decisión de la Comisión haya causado un perjuicio real a alguno de los interesados.

( véanse los apartados 57 a 64 )

3. La motivación exigida por el artículo 15 CA debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 15 CA debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. La Comisión, en particular, no está obligada ni a pronunciarse sobre una cuestión que carece manifiestamente de pertinencia ni, en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones del artículo 4 CA, letra c), a medidas controvertidas, a dar explicaciones relativas a las consecuencias y al impacto económico de dichas medidas en el mercado común y en la libre competencia, ya que, para estar comprendida en el ámbito de aplicación de dicho artículo, una medida de ayuda no tiene por qué incidir necesariamente en los intercambios entre Estados miembros o en la competencia.

( véanse los apartados 68, 71 y 75 )

4. La lógica inherente al sistema de autorización, con carácter excepcional, de ayudas que sean necesarias para el buen funcionamiento del mercado común el carbón y del acero implica, por lo que se refiere a la adopción de una decisión individual por la Comisión, que el Estado miembro interesado remita a la Comisión una solicitud para que se aplique el procedimiento previsto en el artículo 95 CA, antes de que esta institución examine la necesidad de la ayuda en relación con la consecución de los objetivos del Tratado.

( véanse los apartados 82 y 85 )