Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Decisión por la que se califica una medida notificada de ayuda de Estado y se declara la compatibilidad de ésta con el mercado común — Inclusión

[Arts. 87 CE, 88 CE y 230 CE; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo]

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Carácter selectivo de la medida

(Art. 87 CE, ap. 1)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Carácter selectivo de la medida

(Art. 87 CE, ap. 1)

4. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Apreciación según el criterio de las condiciones normales de mercado

(Art. 87 CE, ap. 1)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Ayudas procedentes de los recursos del Estado

(Art. 87 CE, ap. 1)

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se califica una medida de ayuda de Estado — Obligación de motivación — Alcance

(Arts. 87 CE, ap. 1, y 296 TFUE)

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1. Si la Comisión comprueba, tras el examen previo, que la medida notificada, en tanto en cuanto esté comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, no plantea dudas sobre su compatibilidad con el mercado común, adoptará una decisión de no formular objeciones con arreglo al artículo 4, apartado 3, del Reglamento nº 659/1999, relativo a la aplicación del artículo 88 CE. Tal decisión supone concretamente la aplicación del procedimiento previsto para los regímenes de ayudas existentes en dicho Reglamento y, en particular, el de sus artículos 17 a 19 y 21, que impone al Estado miembro la obligación de notificar un informe anual sobre todos los regímenes de ayudas existentes.

Por tanto, la calificación errónea de una medida de ayuda de Estado tiene consecuencias jurídicas para el Estado miembro notificante, ya que dicha medida está sometida a una supervisión constante y a un control periódico de la Comisión, de modo que ese Estado miembro dispone de un margen de maniobra restringido en la aplicación de la medida notificada.

De ello se infiere necesariamente que una decisión basada en el artículo 87 CE, apartados 1 y 3, por la que, al mismo tiempo que se califica la medida de que se trate de ayuda de Estado, se declara su compatibilidad con el mercado común, debe considerarse un acto impugnable en virtud del artículo 230 CE. Tal decisión de compatibilidad, en el sentido del artículo 87 CE, apartados 1 y 3, tiene asimismo carácter definitivo y no constituye una medida preparatoria.

(véanse los apartados 40 a 42)

2. Para demostrar que una medida que puede calificarse de ayuda de Estado se aplica de manera selectiva a determinadas empresas o producciones, incumbe a la Comisión acreditar que tal medida introduce diferenciaciones entre empresas que se hallan, a la luz del objetivo de la medida de que se trate, en una situación fáctica y jurídica comparable.

A este respecto, cuando la Comisión constate, en su decisión, que determinadas empresas que se benefician de una medida calificada de ayuda de Estado pertenecen a un grupo específico de grandes empresas industriales que ejercen el comercio entre Estados miembros y que se benefician de una ventaja de la que no disponen otras empresas, consistente en que pueden convertir en dinero el valor económico de las reducciones de emisiones que logren, convirtiéndolas en derechos de emisión negociables, o bien, en su caso, de evitar el riesgo del pago de una multa cuando excedan el límite de emisiones de óxidos de nitrógeno fijado por las autoridades nacionales, adquiriendo tales derechos de emisión a otras empresas a las que se aplica la medida estatal de que se trate, en tanto que las demás empresas no tienen estas posibilidades, la Comisión no está obligada a concretar con más detalle su decisión. En el caso de un programa de ayudas, la Comisión puede limitarse a estudiar las características del programa controvertido para apreciar, en los motivos de su decisión, si dicho programa, debido a las modalidades que prevé, concede una ventaja sensible a los beneficiarios en relación con sus competidores y puede beneficiar sustancialmente a empresas que participan en los intercambios entre Estados.

(véanse los apartados 62, 63 y 65)

3. El artículo 87 CE, apartado 1, no establece una distinción según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos. Aun cuando la protección del medio ambiente constituya uno de los objetivos esenciales de la Comunidad Europea, la necesidad de tener en cuenta dicho objetivo no justifica la exclusión de medidas selectivas del ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, pudiendo, en todo caso, tener en cuenta eficazmente los objetivos medioambientales al apreciar la compatibilidad de la medida de ayuda de Estado con el mercado común, de conformidad con el artículo 87 CE, apartado 3.

Por lo que se refiere concretamente a una medida que establece un régimen comercial de derechos de emisión de óxidos de nitrógeno, que implica una diferenciación entre empresas basada en un criterio cuantitativo, como el criterio de la capacidad térmica total instalada de las empresas, las emisiones importantes de óxidos de nitrógeno de las empresas a las que se aplica la medida de que se trate y la norma específica de reducción que se impone a esas empresas no bastan para dejar de calificar a esta medida de medida selectiva, a tenor del artículo 87 CE, apartado 1, ya que la diferenciación entre empresas no puede considerarse inherente a un régimen destinado a reducir la contaminación de origen industrial y, por tanto, justificada únicamente por consideraciones de orden ecológico. Dado que tal criterio de la distinción no se justifica ni por la naturaleza ni por la economía general de la medida de que se trate, no puede privar a ésta de su carácter de ayuda de Estado.

A este respecto, corresponde al Estado miembro que ha introducido tal diferenciación entre empresas demostrar que está efectivamente justificada por la naturaleza y la estructura del sistema de que se trate.

(véanse los apartados 75 a 78)

4. Se consideran ayudas de Estado las intervenciones que, bajo cualquier forma, puedan favorecer directa o indirectamente a las empresas o que pueden considerarse una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado.

Tal es el caso de un régimen en el que sólo determinadas empresas tienen la posibilidad de poder convertir en dinero el valor económico de las reducciones de emisiones de óxidos de nitrógeno que logren, convirtiéndolas en derechos de emisión negociables, o bien, en su caso, de evitar el riesgo del pago de una multa cuando excedan el límite de emisiones de óxidos de nitrógeno fijado por las autoridades nacionales, adquiriendo tales derechos de emisión a otras empresas a las que se aplica la medida estatal de que se trate, puesto que el carácter negociable de los derechos de emisión de óxidos de nitrógeno depende ante todo de que el Estado, por una parte, autorice la venta de tales derechos y, por otra, permita a las empresas que hayan emitido un excedente de óxidos de nitrógeno adquirir a otras empresas los derechos de emisión que le falten, permitiendo de este modo la creación de un mercado de tales derechos.

El carácter negociable de estos derechos no puede considerarse una contrapartida, a precio de mercado, de los esfuerzos realizados por las empresas a las que se aplica la medida de que se trate para reducir sus emisiones de óxidos de nitrógeno, ya que los costes de reducción de dichas emisiones representan cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de la empresa.

Por otra parte, la facultad de que disponen estas empresas de optar, bien por los costes de adquisición de derechos de emisión, bien por los costes aparejados a las medidas de reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno, constituye una ventaja para aquéllas. Además, la facultad que tienen las empresas a las que se refiere la medida de que se trate de negociar todos los derechos de emisión y no solamente los créditos liberados al finalizar el año por la diferencia positiva entre la emisión autorizada y la emisión realizada, constituye una ventaja adicional para tales empresas. En efecto, éstas pueden disponer de liquidez vendiendo derechos de emisión antes de que se reúnan los requisitos para su asignación definitiva, con independencia de que se les aplique un techo y las empresas que excedan la norma de emisión establecida deban compensar el excedente al año siguiente.

(véanse los apartados 87 a 91)

5. Para que unas ventajas puedan ser calificadas de ayudas en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, es necesario, por una parte, que sean otorgadas directa o indirectamente mediante fondos estatales y, por otra, que sean imputables al Estado.

Tal es el caso de una medida estatal que pone a disposición de determinadas empresas de manera gratuita derechos de emisión de óxidos de nitrógeno en lugar de venderlos o subastarlos, y que establece un régimen que contempla la posibilidad de negociar tales derechos en el mercado, aunque estén vinculados a un techo máximo, concediendo al mismo tiempo a las empresas a las que se aplica la medida de que se trate la posibilidad de adquirir derechos de emisión para evitar el pago de multas. El carácter negociable de los derechos de emisión de óxidos de nitrógeno constituye una ventaja concedida por el legislador nacional a determinadas empresas, que puede implicar una carga adicional para los poderes públicos, en forma concretamente de exoneración de la obligación de pagar multas u otras sanciones pecuniarias. Además, dado que dicho régimen da lugar a la creación, sin ofrecer una contrapartida concreta al Estado, de derechos de emisión que, por su carácter negociable, tienen un valor económico, otorgando a esos derechos de emisión el carácter de bienes inmateriales negociables y poniéndolos a disposición de las empresas de manera gratuita en lugar de venderlos o subastarlos, el Estado renuncia a fondos estatales.

Asimismo, el hecho de que semejante medida permita a las empresas compensar entre ellas los excedentes y las faltas en relación con la norma impuesta y que tal medida establezca un marco legal para limitar las emisiones de óxidos de nitrógeno de manera rentable para las empresas con grandes instalaciones demuestra que las empresas a las que se aplica la medida de que se trate disponen de una alternativa a la imposición de una multa por el Estado.

(véanse los apartados 103 y 106 a 108)

6. Aplicada a la calificación de una medida de ayuda de Estado, la obligación de motivación exige que se indiquen las razones por las cuales la Comisión considera que la medida de que se trate está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1. A este respecto, la Comisión no está obligada a acreditar la incidencia real de las ayudas sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia, sino únicamente a examinar si tales ayudas pueden afectar a dichos intercambios y falsear la competencia. Así pues, cuando de las circunstancias en las que se concedió una ayuda se deduzca que ésta puede afectar a los intercambios entre los Estados miembros y falsear o amenazar con falsear la competencia, la Comisión debe mencionar dichas circunstancias en los motivos de su decisión.

(véase el apartado 131)