Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Obligaciones de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo)

2. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)

3. Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente o contradictoria

4. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Prueba

(Art. 81 CE, ap. 1)

5. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Acuerdos y prácticas concertadas que pueden considerarse constitutivos de una infracción única

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Recurso de casación — Competencia del Tribunal de Justicia

(Art. 81 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

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1. La observancia de un plazo razonable en la tramitación de procedimientos administrativos en materia de política de la competencia constituye un principio general del Derecho comunitario cuyo respeto es garantizado por el órgano jurisdiccional comunitario.

Sin embargo, la comprobación de una excesiva duración del procedimiento, no imputable a las empresas afectadas, sólo puede dar lugar a que se anule, por vulneración de dicho principio, una decisión en la que se declare la existencia de una infracción, si esta duración, al vulnerar los derechos de defensa de las empresas, ha podido tener una influencia sobre el resultado del procedimiento.

En su análisis, el juez comunitario debe tomar en consideración el conjunto del procedimiento, desde el inicio de las investigaciones de la Comisión hasta la adopción de la decisión final.

En efecto, debe evitarse que el derecho de defensa quede irremediablemente dañado a causa de la excesiva duración de la fase de investigación anterior al envío del pliego de cargos y que esta duración pueda impedir la constitución de pruebas para negar la existencia de conductas susceptibles de generar la responsabilidad de las empresas afectadas. Por este motivo, el examen de la eventual vulneración del ejercicio del derecho de defensa por la duración excesiva del procedimiento administrativo no debe limitarse a la segunda fase del mismo, sino que debe referirse también a la fase anterior a la notificación del pliego de cargos y, en particular, determinar si su duración excesiva podía afectar a las futuras posibilidades de defensa de las empresas de que se trate.

(véanse los apartados 35, 42, 43 y 49 a 51)

2. De los artículos 225 CE y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se deriva que el Tribunal de Primera Instancia, por una parte, es el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos. Cuando el Tribunal de Primera Instancia ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, con arreglo al artículo 225 CE, un control sobre la calificación jurídica de éstos y las consecuencias en Derecho que de ella haya deducido el Tribunal de Primera Instancia.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal de Primera Instancia haya admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, esta apreciación no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 69 y 70)

3. La cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia es contradictoria o insuficiente constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casación.

A este respecto, la obligación de motivación no exige al Tribunal de Primera Instancia que presente una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio. La motivación puede ser, pues, implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones tenidas en cuenta para la adopción de la decisión y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control.

(véanse los apartados 71 y 72)

4. En la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertos indicios y coincidencias que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia.

En efecto, tales indicios y coincidencias no sólo pueden revelar la existencia de acuerdos o prácticas contrarios a la competencia, sino también la duración de prácticas colusorias continuadas y el período de aplicación de acuerdos celebrados en contra de las reglas en materia de competencia.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia puede, sin cometer un error de Derecho, basar su apreciación de la existencia y de la duración de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia en una evaluación global de todas las pruebas e indicios pertinentes. Sin embargo, la cuestión de qué valor probatorio atribuyó el Tribunal de Primera Instancia a cada elemento de estas pruebas e indicios aportados por la Comisión constituye una cuestión de apreciación fáctica que, como tal, escapa al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

El hecho de que no se haya aportado la prueba de la existencia de una infracción continuada para algunos períodos determinados no impide considerar que la infracción existió durante un período global más largo que dichos períodos, a condición de que tal comprobación se base en indicios objetivos y concordantes. En el marco de tal infracción que dura varios años, el hecho de que las manifestaciones del acuerdo se produzcan en períodos diferentes, pudiendo separarse por intervalos de tiempo más o menos largos, no influye en la existencia de dicho acuerdo, siempre que las diferentes acciones que formen parte de esta infracción persigan una única finalidad y se inscriban en el marco de una infracción única y continuada.

(véanse los apartados 94 a 96, 98 y 135)

5. Una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado también puedan constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Cuando las distintas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto.

A este respecto, la toma en consideración de los efectos concretos de tales acciones es superflua, cuando resulta que éstas, con independencia de que consistan en acuerdos o prácticas concertadas, tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el interior del mercado común. En efecto, resulta del propio texto del artículo 81 CE, apartado 1, que, al igual que los acuerdos entre empresas y las decisiones de asociaciones de empresas, las prácticas concertadas están prohibidas, con independencia de cualquier efecto, cuando tienen un objeto contrario a la competencia. Además, si bien el propio concepto de práctica concertada supone la existencia de un comportamiento de las empresas participantes en el mercado, no implica necesariamente que dicho comportamiento produzca el efecto concreto de restringir, impedir o falsear la competencia.

(véanse los apartados 110, 125, 136 a 139, 160, 161 y 179)

6. El Tribunal de Primera Instancia es el único competente para controlar el modo en que la Comisión aprecia en cada caso concreto la gravedad de los comportamientos ilícitos a la luz de las normas del Tratado en materia de competencia. En el marco del recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia tiene por objeto, por un lado, examinar en qué medida el Tribunal de Primera Instancia ha tomado en consideración, de manera jurídicamente correcta, todos los factores esenciales para apreciar la gravedad de un determinado comportamiento a la luz de los artículos 81 CE y 15 del Reglamento nº 17 y, por otro lado, examinar si el Tribunal de Primera Instancia ha contestado de modo suficiente con arreglo a Derecho a todas las alegaciones formuladas en apoyo de la solicitud de supresión de la multa o de reducción del importe de la misma.

(véase el apartado 217)