Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación

(Art. 43 CE)

2. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites

(Art. 234 CE)

3. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Legislación tributaria — Impuestos sobre la renta

(Arts. 43 CE y 56 CE)

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1. La adquisición por una o más personas físicas residentes en un Estado miembro de la totalidad de las participaciones en una sociedad que tenga su domicilio social en otro Estado miembro, lo cual confiere a dichas personas una influencia real en las decisiones de la sociedad y les permite determinar sus actividades, está comprendida en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas libertad de establecimiento. Por lo tanto, dichas disposiciones resultan aplicables a una situación en la que todas las participaciones de la sociedad se encuentran, directa o indirectamente, en poder de los miembros de una misma familia que tienen los mismos intereses, adoptan las decisiones relativas a la sociedad de común acuerdo, a través de un mismo representante en la junta general de la sociedad, y determinan sus actividades.

(véanse los apartados 30 a 32)

2. El Tribunal de Justicia no es competente, en el marco del artículo 234 CE, para resolver acerca de la eventual infracción por un Estado miembro contratante de lo dispuesto en convenios bilaterales destinados a eliminar o atenuar los efectos de la doble imposición. En efecto, el Tribunal de Justicia no puede entrar a examinar la relación entre una medida nacional y lo dispuesto en un convenio para evitar la doble imposición, dado que no se trata de una cuestión de interpretación del Derecho comunitario.

(véanse los apartados 46 y 47)

3. Los artículos 43 CE y 56 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa tributaria de un Estado miembro en virtud de la cual los rendimientos de un residente en dicho Estado derivados de inversiones de capital en un establecimiento con domicilio social en otro Estado miembro no quedan exentos del impuesto sobre la renta en el Estado del residente, sino que se someten a tributación con imputación del impuesto recaudado en el otro Estado, a pesar de la existencia de un convenio para evitar la doble imposición firmado por ambos Estados.

En efecto, en el estado actual de armonización del Derecho tributario comunitario, los Estados miembros disponen de cierta autonomía. De dicha competencia tributaria se desprende que la libertad de las sociedades para elegir entre los diferentes Estados miembros de establecimiento no implica en absoluto que éstos tengan obligación de adaptar su propio régimen tributario a los diferentes regímenes tributarios de los demás Estados miembros para garantizar que una sociedad que haya elegido establecerse en un determinado Estado miembro tribute, a nivel nacional, del mismo modo que una sociedad que haya optado por establecerse en otro Estado miembro. Dicha autonomía fiscal implica igualmente que los Estados miembros tienen libertad para establecer las condiciones de tributación y la carga fiscal aplicables a los distintos tipos de establecimientos de las sociedades nacionales que operen en el extranjero, siempre y cuando les otorguen un trato que no resulte discriminatorio con respecto a los establecimientos nacionales comparables.

(véanse los apartados 43, 45, 51, 53 y 57 y el fallo)