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Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Requisitos para su concesión – Urgencia – Perjuicio grave e irreparable – Carga de la prueba – Perjuicio grave e irreparable para el demandante – Perjuicio económico – Situación que podría poner en peligro la existencia de la sociedad demandante o modificar irremediablemente su posición en el mercado – Decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda de Estado

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que la parte que las solicita sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a ésta aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de tal naturaleza. No es necesario que la inminencia del perjuicio sea probada con absoluta certeza, sino que, especialmente cuando la realización del perjuicio depende de la concurrencia de un conjunto de factores, basta que pueda preverse con un grado de probabilidad suficiente. No obstante, la demandante sigue estando obligada a probar los hechos que supuestamente sirven de base a la creencia de que se producirá un perjuicio grave e irreparable.

Además, para probar que se cumple el requisito de urgencia, la demandante debe demostrar que la suspensión de la ejecución o las demás medidas provisionales solicitadas son necesarias para la protección de sus intereses propios. Por el contrario, para probar la urgencia, la demandante no puede invocar un perjuicio a un interés que no le es propio, como, por ejemplo, un perjuicio a un interés general o a los derechos de terceros, ya sean éstos particulares o un Estado. Estos intereses sólo pueden tomarse en consideración, en su caso, al ponderar los intereses concurrentes.

Finalmente, si bien es jurisprudencia asentada que un perjuicio de carácter financiero no puede, salvo circunstancias excepcionales, ser considerado como irreparable o incluso difícilmente reparable, porque puede ser objeto de compensación económica posterior, también lo es que se justificaría una medida provisional si se revelara que, en defecto de esa medida, la parte demandante se hallaría en una situación que pueda poner en peligro su misma existencia antes de que se pronuncie la sentencia que ponga fin al procedimiento principal o que pueda modificar de forma irreparable su posición en el mercado.

Un menoscabo de los intereses de las personas consideradas como beneficiarios de ayudas de Estado incompatibles con el mercado común es inherente a cualquier decisión de la Comisión que exija la recuperación de tales ayudas, de modo que no puede considerarse que dicha decisión constituya en sí misma un perjuicio grave e irreparable, con independencia de la evaluación concreta de la gravedad y del carácter irreparable del perjuicio que se alegue en cada caso.

(véanse los apartados 26 a 29 y 33)
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En el citado escrito de 6 de octubre de 2003 la Comisión explica por qué razón no procedió a compensar de oficio los créditos que figuran en las notas de adeudo de que se trata y los pagos destinados a la República Italiana cuyo beneficiario final era la demandante. Y así, la Comisión señala, en primer lugar, que tan sólo en el nuevo Reglamento Financiero se previó expresamente la referida compensación como modo de extinguir las deudas. La Comisión observa, en segundo lugar, que, en lo que atañe a los pagos posteriores a la entrada en vigor del citado Reglamento, los intereses de demora adeudados por la República Italiana no tuvieron su origen en la inexistencia de compensación con el pago realizado en 2003, sino en el impago de las cantidades debidas con posterioridad a la fecha de su vencimiento. De este modo, en su escrito de , la Comisión no adoptó decisión alguna, sino que se limitó a justificar por qué no procedió con anterioridad a operar una compensación, que hubiera evitado o interrumpido, en su caso, el abono de intereses de demora.
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de febrero de 2000. - Gustav Hölzl, Günter Wiegert, Firma Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG, Josef Brüninghoff y Lüdger Nienhaus contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Demanda de medidas provisionales - Admisibilidad del recurso principal. - Asunto T-1/00 R.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-00251



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Medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Admisibilidad del recurso principal - Falta de pertinencia - Límites

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

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$$Si bien es cierto que la cuestión de la admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de que se prejuzgue el fondo del asunto, sin embargo, cuando se plantea la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al que se une la demanda de medidas provisionales, puede resultar necesario determinar si existen elementos que permitan, a primera vista, declarar la admisibilidad de dicho recurso.
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 20 de julio de 1999. - Ventouris Group Enterprises SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Pago de la multa - Garantía bancaria - Procedimiento de medidas provisionales - Suspensión de la ejecución. - Asunto T-59/99 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-02519



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1 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Fumus boni iuris - Urgencia - Carácter acumulativo

[Tratado CE, arts. 185 y 186 (actualmente arts. 242 CE y 243 CE); Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)]

2 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de la obligación de constituir una garantía bancaria como requisito para que no se proceda al cobro inmediato de una multa - Requisitos para su concesión - Circunstancias excepcionales

[Tratado CE, arts. 185 y 186 (actualmente arts. 242 CE y 243 CE); Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)]
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 24 de febrero de 2000. - AS Bolderaja, Zaklady Plyt Pilsniowych SA w Krosnie Odrzanskim, Alpex-Karlino SA w Karlino y Zaklady Plyt Pilsniowych SA w Czarnej Wodzie contra Consejo de la Unión Europea. - Recurso de anulación - Dumping - Reglamento (CE) nº 194/99 - Plazo - Inadmisibilidad. - Asunto T-104/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página II-00451



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Procedimiento - Plazo para recurrir - Cálculo que incumbe al demandante, bajo su responsabilidad - Indicaciones dadas por un funcionario de la Secretaría - Irrelevancia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 101 y 102)

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$$El cómputo del plazo para la presentación de un recurso incumbe a las partes demandantes. No entra dentro de las atribuciones y competencias de los funcionarios de la Secretaría pronunciarse acerca de estos extremos. (véase el apartado 26)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 1 de junio de 1999. - Karl L. Meyer contra Consejo de la Unión Europea. - Inadmisibilidad manifiesta. - Asunto T-74/99.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-01749



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Recurso de anulación - Plazos - Preclusión

[Tratado CE, art. 173, párr. 5 (actualmente art. 230 CE, párr. 5, tras su modificación)]

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$$El plazo para recurrir previsto en el artículo 173, párrafo quinto, del Tratado (actualmente artículo 230 CE, párrafo quinto, tras su modificación) tiene por objeto no solamente garantizar al demandante un tiempo razonable para evaluar si existen motivos que permitan impugnar un acto y, en su caso, para preparar su demanda, sino también para garantizar que un acto no pueda ser objeto de recurso de anulación una vez transcurrido un determinado plazo. Sólo una aplicación estricta de dicho plazo responde, en efecto, a la exigencia de la seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia.
61998B0145

Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 14 de septiembre de 1999. - ADT Projekt Gesellschaft der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter mbH contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Diligencias de prueba - Presentación de documentos. - Asunto T-145/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-02627
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 11 de diciembre de 1998. - Scottish Soft Fruit Growers Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Política agrícola común - Frambuesas destinadas a la transformación - Ayuda a tanto alzado a las organizaciones de productores - Recuperación de los importes pagados - Acto no susceptible de recurso - Efectos jurídicos - Recurso de anulación - Inadmisibilidad. - Asunto T-22/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-04219



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Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos vinculantes - Escrito de la Comisión por el que se deniega la petición de que se modifique una disposición de un Reglamento que precisa las cantidades que han de tenerse en cuenta para la concesión de una ayuda comunitaria - Exclusión

[Tratado CE, art. 173; Reglamento (CEE) nº 1991/92 del Consejo; Reglamento (CEE) nº 2252/92 de la Comisión]

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Es inadmisible el recurso de anulación dirigido por una organización de productores de frambuesas destinadas a la transformación, reconocida en virtud del Reglamento nº 1991/92, contra un escrito de la Comisión por el que se deniega la petición de una autoridad nacional destinada en lo esencial a que se modifique el artículo 6 del Reglamento nº 2252/92, el cual define las cantidades comercializadas que deben tenerse en cuenta para la concesión de una ayuda a tanto alzado a las organizaciones de productores reconocidas.

En efecto, únicamente constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, a efectos del artículo 173 del Tratado, las medidas que producen efectos jurídicos vinculantes que pueden afectar a los intereses de los demandantes, modificando sensiblemente su situación jurídica. No sucede así con el referido escrito, puesto que la obligación de restitución, que incumbe a la organización demandante en razón de haber percibido un anticipo superior al importe definitivo de la ayuda calculado con arreglo al artículo 6 del Reglamento nº 2252/92, resulta ya de la aplicación de la normativa vigente. A este respecto, del hecho de que la autoridad nacional competente no haya procedido, por una actitud libérrima, a la recuperación efectiva de la deuda, a la espera de que la Comisión definiera su posición, no cabe deducir que la situación jurídica de la demandante en relación con la deuda dependía de la respuesta que la Institución diese a la petición de que se modificara el Reglamento de que se trata.

Por otro lado, debe declararse la inadmisibilidad de un recurso interpuesto por una persona física o jurídica y dirigido contra la negativa de la Comisión a corregir con carácter retroactivo un acto, cuando la corrección solicitada hubiera debido adoptarse en forma de Reglamento de alcance general, como sucede con una modificación de dicho artículo 6, que prevé la concesión de la ayuda basándose en una situación objetiva.
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Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Negativa de la Comisión a iniciar un procedimiento por incumplimiento - Inaplicabilidad

(Tratado CE, art. 169)

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No procede admitir el recurso de anulación interpuesto por un particular contra la negativa de la Comisión a iniciar un procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro.

En efecto, no se puede impugnar la negativa porque, por una parte, del artículo 169 del Tratado se desprende que la Comisión no está obligada a incoar un procedimiento por incumplimiento, sino que dispone, a este respecto, de una facultad de apreciación discrecional que excluye el derecho de los particulares a exigir que defina su postura en un sentido determinado y, por otra, que el acto solicitado al que responde sólo puede ser un dictamen motivado de la Comisión, el cual no puede ser objeto de un recurso de anulación.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 13 de junio de 1997. - TEAM Srl y Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego (Kolprojekt) contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Programa PHARE - Decisión de anular una licitación y convocatoria de una nueva licitación - Recurso de anulación y de indemnización - Demanda de sobreseimiento - Excepción de inadmisibilidad. - Asunto T-13/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-00983



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Recurso de anulación - Recurso en el que se impugnan la decisión de anular una licitación convocada en el marco del programa PHARE y la convocatoria de una nueva licitación - Retirada del proyecto que constituía el objeto de las dos licitaciones - Recurso que queda sin objeto - Sobreseimiento

(Tratado CE, arts. 173 y 176)

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Un recurso en el que se impugnan la decisión de la Comisión de anular una licitación convocada en el marco del programa PHARE, relativo a la ayuda económica a los países de Europa central y oriental, y la convocatoria de una nueva licitación queda sin objeto, y el Tribunal de Primera Instancia debe por tanto sobreseerlo, en el caso de que el país beneficiario solicite, durante el proceso, que se retire del programa PHARE el proyecto que constituía el objeto de las dos licitaciones y la Comisión acceda a lo solicitado. En efecto, en un supuesto como éste, en el que ha desaparecido el contrato que iba a adjudicarse y en el que, por lo tanto, una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que anulara la decisión controvertida y la nueva licitación controvertida no podría dar lugar a las medidas de ejecución contempladas en el artículo 176 del Tratado, el demandante no tiene ya interés alguno en obtener la anulación de dichos actos.
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1 Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Decisión de la Comisión por la que se inicia un procedimiento antidumping - Acto de trámite - Existencia de un procedimiento de solución de los problemas de dumping en el marco del Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Irrelevancia

[Tratado CE, art. 173; Acuerdo de Asociación CEE-Turquía, Protocolo Adicional, art. 47; Reglamento (CE) nº 3283/94 del Consejo]

2 Recurso de indemnización - Recurso interpuesto contra la Comisión en relación con un acto que carece de efectos jurídicos - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 178 y 215, párr. 2)

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3 Constituyen actos que pueden ser objeto de recurso de anulación, en el sentido del artículo 173 del Tratado, las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de los demandantes, modificando de forma caracterizada su situación jurídica. Cuando se trata de actos cuya elaboración se lleva a cabo en varias fases, sólo las medidas que fijan definitivamente la postura de la Institución al término de dicho procedimiento, con exclusión de los trámites intermedios cuyo objeto es preparar la decisión final y cuya ilegalidad podría ser planteada debidamente en el marco de un recurso dirigido contra la misma, constituyen, en principio, actos impugnables.

A este respecto, una Decisión de la Comisión de incoación de un procedimiento antidumping no puede considerarse, por su naturaleza y sus efectos, como un acto susceptible de recurso. En efecto, de las disposiciones del Reglamento antidumping de base nº 3283/94 se deduce que la Comisión es la encargada de instruir las investigaciones y decidir, basándose en las mismas, la conclusión del procedimiento o, por el contrario, que prosiga bien adoptando medidas provisionales, bien proponiendo al Consejo la adopción de medidas definitivas, de modo que el acto mediante el cual la Comisión inicia un procedimiento antidumping debe considerarse un acto puramente de trámite que no puede afectar inmediatamente y de modo irreversible a la situación jurídica de la demandante.

La existencia de un procedimiento de solución por parte del Consejo de Asociación de los problemas de dumping en el marco del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía no invalida en modo alguno el mencionado carácter de trámite. En efecto, por una parte, este procedimiento, establecido por el artículo 47 del Protocolo Adicional anexo a dicho Acuerdo, no impide la aplicación de los instrumentos de defensa comercial establecidos por la Comunidad y, por otra, no se paraliza por la incoación, por parte de la Comunidad, de un procedimiento antidumping.

4 No procede admitir un recurso de responsabilidad cuyo objetivo consiste en la reparación de un perjuicio causado por la supuesta ilegalidad de un acto de una Institución, si dicho acto carece de eficacia jurídica.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) de 10 de junio de 1998. - Cementir - Cementerie del Tirreno SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Inadmisibilidad - Acto confirmatorio - Litispendencia. - Asunto T-116/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02261



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Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Escrito de la Comisión por el que se desestima una petición de reducción del importe de una multa impuesta en una Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia y en el que se explican las razones que justifican dicho importe - Decisión confirmatoria - Exclusión

(Tratado CE, art. 173)

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Una empresa que ha interpuesto un recurso contra una Decisión por la que se le impone una multa por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia no puede impugnar un escrito mediante el cual la Comisión desestima su petición de que se reduzca el importe de dicha multa y explica las razones que justifican este importe. En efecto, dicho escrito es una decisión puramente confirmatoria de la Decisión por la que se impone la multa y no modifica la posición jurídica de la empresa que resulta de la adopción de esta última.
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Mediante escrito dirigido al Tribunal de Primera Instancia de fecha 4 de abril de 1996, ENI y Enichem se opusieron a dicha petición y solicitaron que se acordara una excepción al empleo de la lengua de procedimiento, a tenor de la letra b) del apartado 2 del artículo 35 del Reglamento de Procedimiento. Alegaban que la traducción de los anexos de que se trata constituía una exigencia excesiva, habida cuenta, en particular, de que: i) la lengua inglesa no tenía ninguna relación con el presente asunto, salvo en la medida en que la parte demandante la eligió como lengua de su demanda, al haberse redactado la Decisión objeto de litigio en lengua italiana y dirigido al Gobierno italiano a raíz de un procedimiento administrativo seguido en lengua italiana y relativo a dos sociedades italianas; ii) la mayoría de los documentos de que se trata forman parte del expediente administrativo y, si se hubieran adjuntado al escrito de formalización de la intervención del Gobierno italiano, su traducción posiblemente hubiera corrido a cargo del Tribunal de Primera Instancia; iii) sería injusto imponer a las partes coadyuvantes la carga adicional de traducir las pruebas documentales que han debido presentar para defender sus intereses, además de la preparación de una intervención voluminosa en una lengua que no es la suya, al no haber aportado la demandante prueba alguna en apoyo de sus alegaciones relativas al fondo del asunto.
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1. Procedimiento - Costas - Tasación - Costas recuperables - Gastos efectuados durante el procedimiento administrativo en materia de competencia - Gastos efectuados con posterioridad a la fase oral del procedimiento - Exclusión

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

2. Procedimiento - Costas - Tasación - Elementos que deben considerarse

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 91, letra b)]

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1. Las costas recuperables se circunscriben, por un lado, a los gastos efectuados con motivo del procedimiento ante el juez comunitario y, por otro, a los gastos que hayan sido necesarios con tal motivo.

El artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se refiere únicamente al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, con exclusión de la fase administrativa previa. De ello se desprende que ha de desestimarse la solicitud de tasación que pretenda el reembolso de las costas efectuadas con motivo del procedimiento administrativo ante la Comisión en materia de competencia.

También ha de rechazarse que la demandante pueda recuperar las costas correspondientes al período posterior al día de la fase oral del procedimiento, dado que en esa fecha no se adoptó ningún acto procesal. En efecto, los gastos efectuados después de esa fecha no están directamente relacionados con su defensa ante el juez comunitario y, por tanto, no pueden ser considerados gastos necesarios con motivo del procedimiento a los efectos del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento.

( véanse los apartados 28 y 31 )

2. El juez comunitario no es competente para tasar los honorarios que las partes deben a sus propios abogados sino para determinar la parte de tales retribuciones que puede recuperarse de la parte condenada en costas. Al resolver sobre la solicitud de tasación de costas, el juez comunitario no está obligado a tener en cuenta las normas nacionales que fijan los honorarios de los abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus agentes o abogados. Al no prever el Derecho comunitario disposiciones equiparables a un arancel profesional, el juez comunitario debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario, así como sus dificultades, el volumen de trabajo que el procedimiento contencioso haya podido producir a los agentes o abogados que intervinieron y los intereses económicos que el litigio haya supuesto para las partes.

La importancia de un litigio desde el punto de vista del Derecho comunitario, en razón de las cuestiones de Derecho nuevas y de las cuestiones de hecho complejas que suscite, puede justificar honorarios elevados y la circunstancia de que una de las partes sea representada por varios abogados.

( véanse los apartados 32, 33 y 37 )
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Procedimiento sobre medidas provisionales ° Medidas provisionales ° Requisitos para su concesión ° Perjuicio grave e irreparable ° Perjuicio estrictamente pecuniario

(Tratado CEE, art. 186; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

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La urgencia de una demanda de medidas provisionales, prevista en el apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, debe ser determinada en relación con la necesidad de pronunciarse con carácter provisional para evitar que se ocasione un daño grave e irreparable a la parte que solicita la medida provisional.

A este respecto, un perjuicio meramente pecuniario no puede, en principio, ser considerado como irreparable, o incluso como difícilmente reparable, ya que, en teoría, puede ser objeto de una compensación económica posterior. No obstante, incumbe al Juez que entiende del procedimiento sobre medidas provisionales valorar los elementos que permiten determinar, en las circunstancias propias de cada caso, si, a falta de las medidas provisionales solicitadas, la parte demandada corre el riesgo de sufrir un perjuicio que no podría ser reparado, ni siquiera si los actos impugnados se anulasen en el marco del procedimiento principal.