ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
18.

Competencia — Multas — Importe — Carácter apropiado — Control jurisdiccional — Factores que puede tomar en consideración el juez de la Unión — Elementos de información no contenidos en la decisión por la que se impone la multa y no exigidos para su motivación — Inclusión — Elementos referidos a la constatación de la infracción — Inclusión [Arts. 229 CE y 253 CE; Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, art. 23] (véanse los apartados 619 a 624)
1.

Recursos propios de las Comunidades Europeas — Devolución o condonación de derechos de importación [Reglamento (CEE) no 2913/92, art. 239, Reglamento (CE) no 2584/98, Reglamento (CE) no 710/95 y Reglamento (CE) no 1531/2002 del Consejo; Reglamento (CEE) no 2454/93, art. 905 y anexo 11, y Reglamento (CE) no 2376/94 de la Comisión] (véanse los apartados 66 a 68, 72 a 132 y 137 a 154)
No existe, para el público en general, un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, entre el signo denominativo easyHotel, cuyo registro como marca comunitaria se ha solicitado para «Servicios de información relacionados con servicios de transporte, incluyendo servicios de información prestados en línea desde una base de datos informática o Internet; servicios de reservas de viaje y de contratación de viajes prestados por medio de la Malla Mundial» y para «servicios informáticos de reserva de alojamiento en hoteles», comprendidos respectivamente en las clases 39 y 42 del Arreglo de Niza, así como para los productos y servicios comprendidos en las clases 16, 25, 32, 33, 35, 36 y 41, y la marca denominativa EASYHOTEL, registrada anteriormente en Alemania para «Programas informáticos para la producción de tiendas en línea independientes de cualquier plataforma y herramientas de autoría en Internet destinadas fundamentalmente a la reserva, al pedido y al pago de habitaciones de hotel» y «Desarrollo y concepción de programas informáticos, en particular para las tiendas en línea y las herramientas de autoría en Internet, en particular para la reserva, el pedido y el pago de habitaciones de hotel» comprendidos respectivamente en las clases 9 y 42 de dicho Arreglo.

Los productos y los servicios afectados se diferencian en cuanto a su naturaleza, a su destino y a su utilización y no presentan un carácter competidor o complementario. En efecto, procede observar que los productos y los servicios afectados designados por la marca anterior son de naturaleza informática mientras que los servicios de información, de pedido y de reserva designados por la marca controvertida son de naturaleza distinta y sólo utilizan la informática para transmitir una información o permitir reservas de habitaciones de hotel o de viajes.

Los productos y los servicios de que se trata cubiertos por la marca anterior se destinan especialmente a las empresas del sector de la hostelería y a las agencias de viajes y los servicios de información, de pedidos y de reservas designados por la marca controvertida se destinan al gran público.

Además, los productos y servicios de que se trata cubiertos por la marca anterior sirven para que funcione un sistema informático y, más concretamente, una tienda en línea, mientras que los servicios de información, de pedido y de reserva designados por la marca de que se trata sirven para reservar una habitación de hotel o un viaje.

La mera circunstancia de que los servicios de información, de pedido y de reserva designados por la marca de que se trata se presten exclusivamente a través de Internet y necesiten, por lo tanto, de un apoyo informático como el ofrecido por los productos y servicios designados por la marca anterior no es suficiente para descartar las diferencias existentes entre los productos y los servicios afectados en cuanto a su naturaleza, su destino y su utilización.

(véanse los apartados 51 a 54)
83

En el presente asunto, la Comisión expuso, en los considerandos 162 a 168 de la Decisión impugnada, las razones por las que consideraba que la participación del W5 en los acuerdos no podía calificarse de compras conjuntas en el sentido de las Directrices sobre los acuerdos de cooperación horizontal. Así, la Comisión recuerda, en el considerando 163 de la Decisión impugnada, que esas disposiciones no tienen por objeto autorizar los acuerdos de cooperación horizontal con carácter general, sino que exponen los principios que permiten apreciarlos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 CE, ya que tales acuerdos pueden causar problemas de competencia. En el presente asunto, dicha institución precisa, en el considerando 165 de la Decisión impugnada, que los acuerdos controvertidos tenían por objeto restringir la competencia y entrañaban consecuencias para empresas que no participaban en ellos (fijación de precios para todos los constructores de los Países Bajos y establecimiento de topes máximos de descuento para los pequeños constructores). Además, y en cualquier caso, como señaló acertadamente la Comisión en el considerando 166 de la Decisión impugnada, el W5 no realizó compras durante estas negociaciones con los proveedores, que sólo tenían por objeto fijar los precios y descuentos, conducta que el apartado 124 de las Directrices sobre los acuerdos de cooperación horizontal califica de cartel encubierto. Asimismo, debe destacarse que el W5 celebró esos acuerdos con un grupo de vendedores que también había adoptado una conducta colusoria y que no lo comunicó a las autoridades competentes. Por último, lo dispuesto en el artículo 81 CE, apartado 3, no es, en cualquier caso, aplicable, dado que, conforme al apartado 133 de las Directrices sobre los acuerdos de cooperación horizontal, los acuerdos de compra no pueden quedar exentos si imponen restricciones que no son indispensables para la consecución de las ventajas económicas que aportan los acuerdos. En efecto, en el presente asunto, los acuerdos controvertidos imponían restricciones a los pequeños constructores en forma de descuentos limitados, restricciones impuestas a terceros y no indispensables para conseguir las ventajas económicas pretendidas.
127

Del mismo modo, el informe G. de julio de 2006, al que hace referencia la demandante en varias ocasiones, explica la emergencia de un exceso de capacidad dentro de la Comunidad, por una parte, por la esperanza de los productores comunitarios relativas a un crecimiento rápido de la demanda extracomunitaria, que llevaron a éstos a desarrollar nueva capacidad, y, por otra parte, por los cambios ulteriores de circunstancias en el mercado, que han hecho que la nueva capacidad haya creado un excedente en relación con la demanda en el mercado mundial. A este respecto, el citado informe indica lo siguiente: «La relación entre las ventas domésticas y de exportación era de 70/30 en favor de las ventas domésticas, pero los mercados domésticos estaban estancados, mientras que los mercados de exportación parecían insaciables. La casi totalidad de las ampliaciones o de las nuevas fábricas se referían a las zonas favorables para la exportación, Rouen, Amberes, Rulsbroek, Eemshaven y Halmstad. El ambiente ya había cambiado cuando comenzó la construcción de nueva capacidad y se habían alcanzado cifras récord de exportación. Las ventas domésticas de cerveza eran decepcionantes, la industria de la cerveza japonesa producía y vendía cerveza con bajo contenido de malta y también cerveza sin malta, los productores de cerveza brasileños compraban volúmenes crecientes de Argentina, vecino miembro de Mercosur. El cambio más importante, no obstante, había tenido lugar en Rusia, donde las compañías internacionales y rusas construyeron una industria de malta de casi 1,5 millones de toneladas, que hacían innecesaria cualquier importación, con excepción de pequeñas cantidades de sus vecinos directos.» [The relation of domestic and export sales was 70: 30 in favour of domestic sales, but domestic markets were stagnant at best, and export markets seemed to be insatiable. Almost all expansion or new construction plans of the industry concerned export locations, Rouen, Antwerp, Rulsbroek, Eemshaven, Halmstad. When construction of the new capacities started and when record export numbers were achieved, the mood had already changed. Domestic beer sales were disappointing, Japan’s industry brewed and sold low-malt and later no-malt beer, the Brazilian brewers purchased increasing quantities from their Mercosur-neighbour Argentina. The most important change, however, occurred in Russia, where international and Russian companies built a malting industry of almost 1,5 Mill. tons, making any malt imports unnecessary, except small quantities from direct neighbours.]
1)

Anular las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 26 de septiembre de 2006 (asuntos R 353/2006‑1, R 354/2006‑1, R 355/2006‑1 y R 356/2006‑1), en la medida en que deniegan el registro de las marcas solicitadas por lo que se refiere a los productos y servicios de las clases 6, 7, 16, 20, 35, 39 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, excepto en lo que respecta a los «palets de carga metálicos», a las «bandejas y palets de carga metálicos para embalaje y transporte» y a los «palets de transporte metálicos» de la clase 6, a los «palets de carga no metálicos», a las «bandejas y palets de carga no metálicos para embalaje y transporte» y a los «palets de transporte no metálicos» de la clase 20, y a los servicios de «alquiler de palets de carga» de la clase 39.
5.

Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Participación bajo una presunta coacción — Circunstancia que no justifica a una empresa que no haya hecho uso de la posibilidad de presentar una denuncia ante las autoridades competentes [Art. 81 CE, ap. 1; Reglamentos del Consejo no 17, art. 3, y (CE) no 1/2003, art. 7] (véanse los apartados 50 y 95)
En consecuencia, no procede declarar la inadmisibilidad de un recurso por incumplimiento del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento cuando la demanda indica brevemente los motivos de que se trata y cuando ni la parte demandada, que ha respondido en su escrito de contestación a las alegaciones presentadas, ni el juez comunitario se han encontrado en la imposibilidad de comprender las alegaciones formuladas al respecto.

El Protocolo no 8 sobre la reestructuración de la industria siderúrgica polaca anexo al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión constituye una lex specialis respecto de los artículos 87 CE y 88 CE. Amplía el control de las ayudas de Estado que realiza la Comisión en virtud del Tratado CE a las ayudas concedidas a favor de la reorganización de la industria siderúrgica polaca durante un determinado período anterior a la adhesión de la República de Polonia a la Unión Europea. De la propia redacción del Protocolo no 8 se desprende que éste es aplicable a las ayudas concedidas antes de la adhesión. En efecto, el objetivo del Protocolo no 8 era establecer un régimen global en relación con las ayudas destinadas a la reestructuración de la industria siderúrgica polaca y no sólo evitar la acumulación de ayudas por las empresas beneficiarias.

(véanse los apartados 43 y 44)
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 9 de julio de 2008 — Coffee Store/OAMI (THE COFFEE STORE)

(Asunto T-323/05)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa THE COFFEE STORE — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 42 y 43)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 15 de junio de 2005 (asunto R 855/2004-2) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo THE COFFEE STORE como marca comunitaria.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: The Coffee Store GmbH Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa THE COFFEE STORE para los productos y servicios de las clases 30, 32 y 43 Resolución del examinador : Denegación del registro Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a The Coffee Store GmbH.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 9 de julio de 2008 — Coffee Store/OAMI (THE COFFEE STORE)

(Asunto T-323/05)

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa THE COFFEE STORE — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 42 y 43)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 15 de junio de 2005 (asunto R 855/2004-2) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo THE COFFEE STORE como marca comunitaria.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: The Coffee Store GmbH Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa THE COFFEE STORE para los productos y servicios de las clases 30, 32 y 43 Resolución del examinador : Denegación del registro Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Presupuesto de las Comunidades Europeas — Reglamento financiero — Disposiciones aplicables a los procedimientos de licitación

[Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, art. 94]

2. Presupuesto de las Comunidades Europeas — Reglamento financiero — Disposiciones aplicables a los procedimientos de licitación

[Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, art. 146, ap. 3, párr. 2]

Índice

1. El artículo 94 del Reglamento nº 1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, se aplica, según sus propios términos, a todos los contratos públicos financiados total o parcialmente por el presupuesto de las Comunidades. Por tanto, no distingue entre el procedimiento de adjudicación relativo a un contrato marco y el relativo a otro tipo.

No obstante, esta disposición sólo permite excluir a un licitador de un procedimiento de adjudicación si la situación de conflicto de intereses a que se refiere es real y no hipotética. Esto no significa que un riesgo de conflicto de intereses sea insuficiente para excluir una oferta. Efectivamente, en principio, un conflicto de intereses únicamente puede concretarse durante la ejecución del contrato. Antes de la conclusión del contrato, el conflicto de intereses sólo puede ser potencial y el artículo 94 del Reglamento financiero implica, pues, un razonamiento en términos de riesgo. Para que el licitador pueda ser excluido del procedimiento es preciso que dicho riesgo sea efectivamente constatado, tras una valoración en concreto de la oferta y de la situación del licitador. A estos efectos resulta insuficiente la mera posibilidad de un conflicto de intereses.

De ello se deduce que, en el procedimiento de adjudicación de un contrato-marco es preciso tener en cuenta que, antes de que se encomiende al adjudicatario del mismo la ejecución de misiones particulares, deberán redactarse en principio contratos específicos, cuya celebración dará lugar a una verificación de la inexistencia de riesgos de conflicto de intereses. Así, en tal supuesto, sólo procede reconocer un riesgo de que se produzca una situación de conflicto de intereses cuando existan circunstancias decisivas que hagan que el licitador sea incapaz de evitar el riesgo de parcialidad en la ejecución de la mayoría de las misiones previstas en el contrato-marco.

(véanse los apartados 66 a 68)

2. El artículo 146, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero, confiere al comité de evaluación la facultad de solicitar a los licitadores información adicional acerca de los documentos justificativos presentados sobre los criterios de exclusión y de selección. De ello se deduce que no cabe interpretar tal disposición en el sentido de que imponga al comité de evaluación la obligación de solicitar a los licitadores tales precisiones.

(véase el apartado 102)
10

Mediante Decisión de 30 de junio de 2004, relativa a las ayudas estatales NN 34A/2000 en materia de programas de calidad y etiquetas de calidad «AMA Biozeichen» y «AMA Gütesiegel» en Austria, la Comisión decidió no formular objeciones contra las medidas «notificadas» (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). A este respecto, consideró que dichas medidas eran compatibles con el mercado común en el sentido del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), al cumplir los criterios de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (DO 2000, C 28, p. 2), en sus apartados 13 y 14, y de las Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de determinados productos no incluidos en el mismo (DO 2001, C 252, p. 5; en lo sucesivo, «Directrices sobre ayudas estatales para publicidad»).
93

Además, no puede discutirse que el volumen de negocios de una empresa o de un mercado, como factor de evaluación de la gravedad de la infracción, es necesariamente vago e imperfecto. No distingue ni los sectores con alto valor añadido de los de escaso valor añadido, ni las empresas rentables de las que no lo son. Sin embargo, a pesar de su naturaleza aproximativa, tanto el legislador comunitario como la Comisión y el Tribunal de Justicia consideran que el volumen de negocios, en la actualidad, es un criterio adecuado, en el marco del Derecho de la competencia, para apreciar el tamaño y el poder económico de las empresas implicadas [véanse, en particular, la sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 64 supra, apartado 121; el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17, el considerando 10 y los artículos 14 y 15 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 24, p. 1)].
86

Puesto que los plazos fijos previstos por el Reglamento no 659/1999 para las ayudas notificadas no son aplicables a las ayudas no notificadas, procede desestimar la alegación de la demandante de que la Comisión debería, en principio, poder adoptar tal decisión en un plazo de dos meses.
La aplicación del criterio del inversor privado prudente, esencialmente, sólo a las declaraciones del Gobierno de un Estado miembro para llegar a la conclusión de que existe una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior es errónea y aún con mayor motivo cuando la Comisión no dispone de elementos suficientes para poder pronunciarse sobre si esas declaraciones son, por sí mismas, constitutivas de una ayuda estatal. A este respecto, aunque la Comisión demuestre de forma suficiente en Derecho que dichas declaraciones, en particular, permitieron mantener la calificación de la empresa afectada en el rango de inversión, así como recuperar la confianza de los mercados financieros, que hicieron posible, más fácil y menos costoso el acceso de esa empresa a nuevos créditos necesarios para refinanciar sus deudas a corto plazo y que, en definitiva, contribuyeron a estabilizar su fragilísima situación financiera, que, en el momento de las referidas declaraciones, estaba a punto de deteriorarse sustancialmente, para la constatación de la existencia de una ayuda estatal, la Comisión debe demostrar un vínculo suficientemente directo entre, por una parte, la ventaja concedida al beneficiario y, por otra, una mengua del presupuesto estatal, incluso un riesgo económico suficientemente concreto de cargas que lo gravan.

Asimismo, no basta con que el mercado simplemente perciba que las declaraciones de las autoridades públicas revelan un compromiso firme de éstas para concluir que dichas declaraciones pueden generar consecuencias económicas o jurídicas perjudiciales. El reconocimiento de la existencia de una ayuda debe, en efecto, basarse en constataciones objetivas y no únicamente en la percepción de los agentes del mercado. Por lo tanto, tales declaraciones no pueden generar ninguna obligación jurídica a cargo del Estado miembro de que se trate, en particular, la obligación de sostener financieramente a la empresa afectada.

(véanse los apartados 212, 214, 216, 218, 235, 245 y 246)
3.

Agricultura — Política agrícola común — Financiación por el FEOGA — Concesión de ayudas y de primas [Art. 10 CE; Reglamentos del Consejo (CEE) no 729/70, art. 8, ap. 1, y (CE) no 1258/1999, art. 8, ap. 1; Reglamento (CE) no 504/97 de la Comisión, art. 15, ap. 1] (véanse los apartados 51 a 55)