Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Reglamento por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar (PTU) de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE/PTU - Empresas establecidas en los PTU que han celebrado contratos o acuerdos sin poder ejecutarlos

[Art. 230 CE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 2081/2000 de la Comisión]

2. Asociación de países y territorios de Ultramar - Medidas de salvaguardia respecto a las importaciones de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE/PTU procedentes de los países y territorios de Ultramar (PTU) - Requisitos para su establecimiento - Dificultades que pueden provocar el deterioro de un sector de actividad de la Comunidad o de una región de la misma

[Reglamento (CE) nº 2081/2000 de la Comisión; Decisión 91/482/CEE del Consejo, art. 109, ap. 1]

3. Asociación de países y territorios de Ultramar - Medidas de salvaguardia que limitan el libre acceso al mercado comunitario del azúcar originario de los países y territorios de Ultramar - Principio de proporcionalidad - Violación - Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 2081/2000 de la Comisión; Decisión 91/482/CEE del Consejo, art. 109, ap. 2]

4. Asociación de países y territorios de Ultramar - Medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar - Requisitos para su establecimiento - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites

(Decisión 91/482/CEE del Consejo, art. 109)

5. Recurso de anulación - Motivos - Imposibilidad de invocar los Acuerdos de la OMC para impugnar la legalidad de un acto comunitario - Excepciones - Acto comunitario dirigido a garantizar la ejecución de dichos Acuerdos o que se refiera a ellos expresa y precisamente

(Art. 230 CE)

6. Recurso de anulación - Motivos - Desviación de poder - Concepto

(Art. 230 CE)

7. Actos de las instituciones - Motivación - Alcance - Reglamento por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar

[Art. 253 CE; Reglamento (CE) nº 2081/2000 de la Comisión; Decisión 91/482/CEE del Consejo, art. 109, aps. 1 y 2]

8. Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Acto normativo que implica decisiones de política económica - Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica de rango superior destinada a proteger a los particulares

(Art. 288 CE)

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1. El Reglamento nº 2081/2000, por el que se continúan aplicando medidas de salvaguarda respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE/PTU, afecta directa e individualmente, a efectos del artículo 230 CE, párrafo cuarto, a las empresas de transformación de azúcar establecidas en los países y territorios de Ultramar (PTU), que exportan a la Comunidad los productos a que se refiere dicho Reglamento. En efecto, por una parte, el Reglamento impugnado no deja ningún margen de apreciación a las autoridades nacionales de los Estados miembros encargadas de aplicarlo. Por otra parte, el hecho de que las demandantes hubieran celebrado contratos cuya ejecución se vio impedida, en todo o en parte, por el Reglamento puede individualizarlas a efectos del artículo 230 CE, párrafo cuarto.

( véanse los apartados 45 y 58 )

2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 109, apartado 1, de la Decisión 91/482, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar (PTU) a la Comunidad Económica Europea, la Comisión puede adoptar medidas de salvaguardia si surgen dificultades que pueden provocar el deterioro de un sector de actividad de la Comunidad o de una región de la misma. Pues bien, en el marco del Reglamento nº 2081/2000, por el que se continúan aplicando medidas de salvaguarda respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE/PTU, resultaba razonable la conclusión de la Comisión de que, por una parte, en el contexto específico de un mercado comunitario del azúcar excedentario y de las obligaciones derivadas de los Acuerdos OMC, el fuerte crecimiento de las importaciones de azúcar y de mezclas acogidos al régimen de acumulación de origen CE/PTU constituía una «dificultad» de las contempladas en el artículo 109, apartado 1, de la Decisión 91/482. Por otra parte, en una situación en la que cada importación suplementaria de azúcar y de productos con fuerte concentración en azúcar procedentes de los PTU precisará una mayor reducción de cuotas de productores comunitarios y, en consecuencia, una mayor pérdida de renta, resultaba razonable la conclusión de la Comisión de que existía el riesgo de que las importaciones en aumento de azúcar originario de los PTU desestabilizaran considerablemente la organización común de mercados del azúcar.

( véanse los apartados 67, 96, 116, 117, 119 y 145 )

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la legalidad de una medida de salvaguardia está subordinada al requisito de que los medios que aplica sean adecuados para la consecución del objetivo legítimamente perseguido por el Reglamento de que se trate y no excedan de lo que sea necesario para obtenerlo, debiendo tenerse presente que, cuando haya que elegir entre varias medidas adecuadas, debe utilizarse la menos severa. No viola el principio de proporcionalidad el Reglamento nº 2081/2000, por el que se continúan aplicando medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar (PTU) de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE/PTU, que limitaba la importación en la Comunidad con exención de derechos de aduana de azúcar o de mezclas acogidos al régimen de acumulación de origen CE/PTU, pero únicamente con carácter excepcional, parcial y provisional. Dicho Reglamento, que limitaba el libre acceso al mercado comunitario del azúcar originario de los PTU dentro de unos límites compatibles con la situación de dicho mercado, al tiempo que respetaba el trato preferente de dicho producto, de conformidad con los objetivos de la Decisión 91/482, relativa a la asociación de los PTU a la Comunidad Económica Europea, era adecuado para la consecución del objetivo perseguido por la Comisión y no excedía de lo necesario para alcanzarlo.

( véanse los apartados 143, 153 y 174 )

4. Las instituciones comunitarias disponen, para la aplicación del artículo 109 de la Decisión 91/482, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar (PTU) a la Comunidad Económica Europea, de una amplia facultad de apreciación. Ante tal facultad, el juez comunitario debe limitarse a examinar si el ejercicio de esta facultad ha estado viciado por un error manifiesto o una desviación de poder o si las instituciones comunitarias han sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación. El respeto de los límites del control del juez comunitario resulta especialmente necesario cuando la Comisión se ve obligada a arbitrar entre intereses contrapuestos -en el presente asunto, la protección de la organización común de mercados del azúcar, por una parte, y la protección de los intereses de los PTU y de las empresas establecidas en los PTU, por otra.

( véanse los apartados 149, 150 y 174 )

5. Habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, las disposiciones de los Acuerdos OMC no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el órgano jurisdiccional comunitario controla la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias. Lo mismo puede decirse cuando el acto comunitario examinado por el juez comunitario establece limitaciones al comercio entre la Comunidad y los países y territorios de Ultramar, con independencia del estatuto de estos últimos en el marco de la OMC. Únicamente en el supuesto de que la Comunidad haya querido ejecutar un obligación específica asumida en el marco de la OMC, o en caso de que el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones específicas de los Acuerdos OMC, corresponderá al órgano jurisdiccional comunitario controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC.

( véase el apartado 194 )

6. Un acto sólo adolece de desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados por la institución demandada o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado.

( véase el apartado 200 )

7. La motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

Cumple estos requisitos un reglamento que establece medidas de salvaguarda basándose en el segundo supuesto previsto en el artículo 109, apartado 1, de la Decisión 91/482, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea, si indica las «dificultades» que han surgido, si explica cómo tales dificultades pueden provocar un «deterioro de un sector de actividad de la Comunidad o de una región de la misma», y si contiene información que permita verificar si se ha respetado el principio de proporcionalidad formulado en el artículo 109, apartado 2, de la Decisión 91/482.

( véanse los apartados 207 y 208 )

8. En materia de responsabilidad extracontractual de la Comunidad, se reconoce un derecho a indemnización cuando se cumplen tres requisitos acumulativos, a saber, que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares y que su violación esté suficientemente caracterizada, que se haya acreditado la realidad del perjuicio y, por último, que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación que incumbe a la Comunidad y el daño sufrido por los perjudicados. Por lo demás, en un contexto normativo caracterizado por el ejercicio de una amplia facultad de apreciación, la Comunidad sólo habría podido incurrir en responsabilidad si la institución de que se trate hubiera transgredido de manera manifiesta y grave los límites impuestos al ejercicio de sus facultades.

( véanse los apartados 222 y 223 )