ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado - Devolución del excedente - Medidas de retención aplicadas cuando haya presunciones de fraude u otros créditos del Impuesto sobre el Valor Añadido - Procedencia - Requisito - Carácter proporcionado

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 18, ap. 4)

Índice

El apartado 4 del artículo 18 de la Sexta Directiva 77/388 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, que autoriza a los Estados miembros, cuando la cuantía de las deducciones del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado supera a la del impuesto devengado, bien a trasladar el excedente al período impositivo siguiente, o bien proceder a su devolución, no se opone, en principio, a medidas nacionales que permitan que las autoridades tributarias competentes retengan, con carácter cautelar, importes de IVA reembolsables, cuando haya sospechas de fraude fiscal o cuando dichas autoridades invoquen un crédito del IVA que no resulte de las declaraciones del sujeto pasivo y que este último impugne.

Sin embargo, el principio de proporcionalidad es aplicable a tales medidas, adoptadas por un Estado miembro en el ejercicio de su competencia en materia de IVA, en la medida en que, si fueran más allá de lo que es necesario para alcanzar su objetivo, menoscabarían los principios del sistema común de dicho impuesto y, en particular, el régimen de deducciones, que constituye un elemento esencial de éste.

Corresponde al Juez nacional apreciar el carácter proporcionado o no de las medidas de que se trata y de la aplicación que les da la Administración competente. En el marco de dicha apreciación, es preciso no tomar en consideración las disposiciones nacionales o una interpretación de éstas que se opongan a un control jurisdiccional efectivo y, en particular, al control de la urgencia y de la necesidad de la retención del saldo del IVA reembolsable, así como a la posibilidad de que el sujeto pasivo solicite, bajo el control del órgano jurisdiccional, que se sustituya la retención por otra garantía que sea suficiente para proteger los intereses de la Hacienda Pública, pero que sea menos coercitiva para el sujeto pasivo, o que le impidan decretar el levantamiento, total o parcial, de la retención. Además, en caso de levantamiento de la retención, sería contrario al principio de proporcionalidad calcular los intereses adeudados por la Hacienda Pública sin tomar como fecha inicial de cómputo el día en el que normalmente se habría debido restituir el saldo del IVA.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Interpretación de la normativa comunitaria ° Reglamentos por los que se establece un derecho antidumping variable sobre la importación de determinados motores eléctricos polifásicos normalizados ° Ambito de aplicación material ° Elementos o piezas de motor ° Exclusión

[Reglamento (CEE) nº 864/87 del Consejo; Reglamento (CEE) nº 3019/86 de la Comisión]

Índice

El Reglamento nº 3019/86, por el que se establece un derecho antidumping provisional respecto a las importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados, y el Reglamento nº 864/87, por el que se establece un derecho antidumping definitivo respecto de las mismas importaciones, deben interpretarse en el sentido de que sólo se refieren a las importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados completos o acabados.

Esta interpretación viene impuesta, especialmente, por el hecho de que las autoridades comunitarias, en aras de la transparencia y la eficacia y con el objeto de incentivar a los exportadores a aumentar sus precios, decidieron establecer un tipo de derecho, el derecho variable, correspondiente a la diferencia entre un precio mínimo y el precio al primer comprador no vinculado al exportador, derecho que no puede, a diferencia del derecho ad valorem, aplicarse en condiciones satisfactorias a motores incompletos o a partes de motores. En efecto, no es posible determinar el derecho devengado por un motor incompleto tomando como referencia la diferencia entre su precio y el precio mínimo fijado para un motor completo, puesto que ello equivaldría a someter el motor incompleto a derechos superiores a los que gravan el motor completo, ni tampoco cabe efectuar un cálculo específico del derecho sobre el motor incompleto, puesto que el Reglamento no proporciona precio mínimo de éste.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Competencia ° Prácticas colusorias ° Prohibición ° Exención por categorías ° Reglamento (CEE) nº 123/85 ° Objeto ° Exención en favor de determinadas restricciones de competencia pactadas en las relaciones entre fabricantes y concesionarios en el sector de los vehículos automóviles ° Prohibición de la actividad de importación paralela y de reventa independiente de vehículos nuevos de una marca de automóviles ejercida por un operador económico ajeno a su red oficial de distribución y que no tiene la condición de intermediario con mandato ° Inexistencia ° Prohibición de ejercer simultáneamente las actividades de intermediario con mandato y las de revendedor no autorizado de vehículos procedentes de importaciones paralelas ° Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 123/85 de la Comisión]

Índice

El Reglamento nº 123/85, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles, se limita a dar a los operadores económicos del sector de los vehículos automóviles ciertas posibilidades que les permitan, a pesar de la presencia de determinados tipos de cláusulas de exclusividad y de no competencia en sus acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa, que éstos queden eximidos de la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Dicho Reglamento sólo se refiere a las relaciones contractuales entre los abastecedores y sus distribuidores autorizados y, por el contrario, si bien establece lo que las partes de dichos acuerdos pueden o no pueden comprometerse a hacer en sus relaciones con terceros, no tiene por función regular la actividad de terceros que pueden intervenir en el mercado fuera del circuito de los acuerdos de distribución.

En consecuencia, el Reglamento nº 123/85 debe interpretarse en el sentido de que no prohíbe que un operador económico, que no es revendedor autorizado de la red de distribución del constructor de una determinada marca de vehículos automóviles ni intermediario con mandato en el sentido del punto 11 del artículo 3, ejerza una actividad de importación paralela y de reventa independiente de vehículos nuevos de dicha marca, ni tampoco se opone a que un operador independiente ejerza simultáneamente las actividades de intermediario con mandato y las de revendedor no autorizado de vehículos procedentes de importaciones paralelas.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

1. Recurso por incumplimiento ° Declaración de inadmisibilidad del recurso por discordancia entre el dictamen motivado y el recurso ° Interposición de un nuevo recurso sin repetir el procedimiento administrativo previo ° Procedencia

(Tratado CEE, art. 169)

2. Aproximación de las legislaciones ° Procedimiento de adjudicación de los contratos públicos de obras ° Directiva 71/305/CEE ° Excepciones a las normas comunes ° Interpretación estricta ° Existencia de circunstancias excepcionales ° Carga de la prueba

[Directiva 71/305 del Consejo, art. 9, letra b)]

Índice

1. Cuando se haya declarado la inadmisibilidad de un recurso presentado con arreglo al artículo 169 del Tratado, a causa de que el escrito inicial de la Comisión se base en un motivo de infracción distinto del formulado en el dictamen motivado, la Comisión podrá subsanar este vicio, sancionado por el Tribunal de Justicia, presentando un nuevo recurso en relación con los mismos hechos, basado en las mismas imputaciones, motivos y alegaciones que el dictamen motivado emitido inicialmente, sin necesidad de iniciar de nuevo en su totalidad el procedimiento administrativo previo o emitir un dictamen complementario.

2. Las disposiciones del artículo 9 de la Directiva 71/305, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, que autorizan excepciones a las normas que pretenden garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por el Tratado en el sector de los contratos públicos de obras, deben ser objeto de una interpretación estricta. La carga de la prueba de que existen realmente las circunstancias excepcionales que justifican la excepción incumbe a quien quiera beneficiarse de ellas.

Habida cuenta del tenor literal de la letra b) del artículo 9 de la Directiva, en cuya virtud los órganos de contratación podrán adjudicar sus contratos de obras sin aplicar las disposiciones de la Directiva, en particular las que prevén la publicación de un anuncio de licitación "en aquellas obras en las cuales la ejecución no pueda ser confiada más que a un determinado contratista, por razones técnicas, artísticas, o por razones de protección de los derechos de exclusividad", para justificar la utilización del procedimiento de contratación directa un Estado miembro deberá no sólo demostrar que existen razones técnicas en el sentido de esta norma, sino también probar que estas razones técnicas hacen absolutamente necesaria la adjudicación del contrato público contravertido a una empresa determinada.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

1. Libre circulación de mercancías ° Libre prestación de servicios ° Disposiciones del Tratado ° Ambito de aplicación ° Transferencia material de valores ° Exclusión ° Aplicación de las disposiciones relativas a los movimientos de capitales o a los pagos

(Tratado CEE, arts. 30, 59, 67 y 106; Directiva del Consejo 88/361)

2. Libre circulación de capitales ° Liberalización de los movimientos de capitales ° Directiva 88/361 ° Medidas nacionales de control ° Sujeción de las transferencias materiales de valores a autorización previa ° Improcedencia ° Posibilidad de que los particulares invoquen las disposiciones correspondientes

(Directiva del Consejo 88/361, arts. 1 y 4)

Índice

1. Una normativa que supedita la exportación de monedas, billetes de banco o cheques al portador a una autorización administrativa o a una declaración previa y que apareja sanciones penales a dicha exigencia no está comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 30 y 59 del Tratado.

En efecto, del sistema del Tratado resulta que una transferencia material de valores no está sometida a tales artículos, sino al artículo 67 y a la Directiva 88/361 para la aplicación de esta disposición, y, aun cuando se demostrara que dicha transferencia constituye un pago correspondiente a intercambios de mercancías o de servicios, tal operación no estaría regulada por los artículos 30 y 59, sino por el artículo 106 del Tratado.

2. La Directiva 88/361 para la aplicación del artículo 67 del Tratado y, en particular, sus artículos 1, que obliga a los Estados miembros a suprimir las restricciones a los movimientos de capitales, y 4, que les autoriza a adoptar las medidas indispensables para impedir las infracciones a las Leyes y Reglamentos nacionales, se oponen a que la exportación de monedas, billetes de banco o cheques al portador se supedite a una autorización previa, pero, por el contrario, no se oponen a que dicha operación se supedite a una declaración previa.

En efecto, aunque dicho artículo 4 se aplica no sólo a las medidas que tienen por objeto impedir las infracciones en materia fiscal o de control prudencial de las entidades financieras, sino también a las destinadas a impedir actividades ilícitas de gravedad comparable, como el blanqueo de dinero, el tráfico de estupefacientes y el terrorismo, la exigencia de una autorización no puede considerarse una medida indispensable a efectos de esta disposición, ya que equivaldría a someter el ejercicio de la libre circulación de capitales a la discrecionalidad de la Administración y, por este motivo, podría hacer que esta libertad fuera ilusoria. Por el contrario, una declaración previa puede constituir dicha medida indispensable ya que, a diferencia de la autorización previa, no suspende la operación de que se trata, permitiendo, no obstante, que las autoridades nacionales realicen un control efectivo para impedir las infracciones a sus Leyes y Reglamentos.

Las disposiciones antes mencionadas pueden invocarse ante el órgano jurisdiccional nacional y dar lugar a la inaplicabilidad de las normas nacionales contrarias a dichas disposiciones.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Libre prestación de servicios ° Restricciones ° Control técnico de los vehículos de motor ° Normativa de un Estado miembro que reserva la expedición de los certificados de inspección técnica a las empresas establecidas en el territorio nacional ° Justificación ° Protección de la seguridad en carretera ° Desventaja, para los prestatarios establecidos en otros Estados miembros, que resulta de la gratuidad del certificado expedido con motivo del mantenimiento periódico efectuado por una empresa autorizada ° Falta de incidencia ° Conformidad con la Directiva 77/143/CEE ° Infracción de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y a la competencia ° Inexistencia

(Tratado CEE, arts. 30, 59, 62 y 85; Directiva 77/143/CEE del Consejo)

Índice

Las disposiciones del Tratado en materia de libre circulación de mercancías, de libre prestación de servicios y de competencia, así como la Directiva 77/143/CEE relativa al control técnico de los vehículos de motor no se oponen a una normativa de un Estado miembro que excluye la expedición, por talleres establecidos en otro Estado miembro, de certificados de inspección técnica para los automóviles matriculados en el primer Estado.

En efecto, en materia de libre prestación de servicios, por una parte, el reconocimiento de la calidad de inspector autorizado a operadores establecidos en otro Estado miembro, en la medida en que supone la extensión de una prerrogativa de poder público fuera del territorio nacional, no está comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 59 del Tratado; por otra parte, el hecho de que tal normativa nacional, al prever la expedición gratuita del certificado de inspección técnica en el marco de una revisión o de una reparación del vehículo, puede causar una pérdida de clientela para los talleres extranjeros que, por no estar autorizados, no pueden hacer que su clientela se beneficie de dicha gratuidad cuando se les confía actividades de mantenimiento, no permite concluir que haya violación del Tratado, porque las exigencias de la seguridad en carretera pueden justificar el monopolio para la expedición del certificado de inspección conferido únicamente a las empresas sobre las que, por razón de su establecimiento, las autoridades nacionales pueden ejercer una vigilancia.

Por lo que se refiere a la Directiva 77/143/CEE, ésta establece el carácter territorialmente limitado del control periódico y, en todo caso, no realiza una armonización parcial de los criterios de control.

Por lo que se refiere a las disposiciones del Tratado en materia de libre circulación de mercancías, éstas no se cuestionan dado que los suministros a los que pueden dar lugar las actividades de mantenimiento de vehículos sólo son accesorios a la prestación de servicios que constituye dicho mantenimiento.

Por último, por lo que se refiere a las normas sobre la competencia es preciso declarar que tal normativa nacional no tiene por objeto imponer o favorecer un comportamiento que prohíben.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Libre circulación de mercancías ° Restricciones cuantitativas ° Medidas de efecto equivalente ° Prohibición de vender objetos fabricados con metales preciosos que no lleven el contraste legalmente exigido colocado por un organismo independiente ° Aplicación a los objetos del mismo tipo importados de otros Estados miembros ° Procedencia ° Requisitos ° Apreciación por el Juez nacional ° Aplicación a las importaciones de una prohibición de vender dichos objetos que no lleven la indicación de su fecha de fabricación ° Improcedencia

(Tratado CEE, art. 30)

Índice

El artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación de una normativa nacional por la que se prohíbe la puesta a la venta de objetos fabricados con metales preciosos que no lleven un contraste que certifique la ley de acuerdo con las exigencias de dicha normativa, en cuanto dichos objetos no hayan sido objeto, con arreglo a la legislación del Estado miembro de exportación, de un contraste que tenga un contenido informativo equivalente al de los contrastes establecidos por la normativa del Estado miembro de importación, y que sean comprensibles para el consumidor de dicho Estado. De la misma forma, cuando una normativa nacional exige que el contraste sea colocado por un organismo independiente, puede prohibirse la comercialización de dichos objetos importados de otros Estados miembros en aquellos casos en que dichos objetos no hayan sido efectivamente contrastados por un organismo independiente en el Estado miembro exportador.

Las apreciaciones de hecho necesarias para establecer la equivalencia de las indicaciones proporcionadas por el contraste deben ser efectuadas por el Juez nacional, al cual incumbe asimismo verificar si los objetos fabricados con metales preciosos han sido contrastados por un organismo independiente en el Estado miembro exportador.

Por el contrario, el artículo 30 se opone a la aplicación de una normativa nacional por la que se prohíbe la comercialización de objetos fabricados con metales preciosos que no lleven la mención de la fecha de fabricación pero que, importados de otros Estados miembros, se comercialicen en éstos legalmente, sin esta indicación.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Seguridad Social de los trabajadores migrantes ° Igualdad de trato ° Cómputo, a efectos del seguro de vejez, por parte del régimen neerlandés, en virtud de un Convenio bilateral de Seguridad Social, de los períodos cotizados en Alemania por los nacionales neerlandeses sometidos a trabajos forzados ° Prestación neerlandesa inferior a la prestación abonada en Alemania a los nacionales alemanes sometidos a los mismos trabajos ° Discriminación por razón de la nacionalidad ° Inexistencia

[Tratado CEE, art. 7, párr. 1; Reglamento nº 1408/71 del Consejo, arts. 3, ap. 1, 7, ap. 2, letra c), y Anexo III]

Índice

El Derecho comunitario, y, concretamente, el párrafo primero del artículo 7 del Tratado y el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 1408/71, no se opone a que, en aplicación del artículo 2 del Acuerdo complementario nº 4 entre la República Federal de Alemania y el Reino de los Países Bajos, relativo a la regulación de los derechos adquiridos conforme al régimen alemán de seguros sociales por los trabajadores neerlandeses entre el 13 de mayo de 1940 y el 1 de septiembre de 1945, que figura en el Anexo III del Reglamento entre los Convenios internacionales que, a tenor de la letra c) del apartado 2 del artículo 7 del mismo Reglamento, continúan siendo aplicables no obstante las disposiciones de este último, los trabajos forzados desempeñados por nacionales neerlandeses en Alemania durante la segunda guerra mundial no generen ningún derecho a prestación con cargo al régimen alemán de seguro de vejez, sino que se computen en el régimen neerlandés como si hubieran sido desempeñados en los Países Bajos.

En efecto, la diferencia entre el importe de las pensiones a que tienen derecho los nacionales neerlandeses y los nacionales alemanes obligados a efectuar trabajos forzados, con cargo a sus respectivos regímenes de seguro de vejez, no se deduce del propio Acuerdo, que se limita a determinar la ley aplicable a los trabajadores de que se trata, sin precisar la cuantía de las prestaciones, sino que se debe al hecho de que el legislador neerlandés ha fijado, para las pensiones que quedan a su cargo en virtud del Acuerdo, un importe diferente del fijado por el régimen alemán de seguro de vejez para las pensiones que le corresponden liquidar. Ahora bien, en el estado actual del Derecho comunitario, cada Estado miembro determina libremente el importe de las pensiones que abona, a condición de que este importe no implique ninguna discriminación por razón de la nacionalidad. Puesto que la ley neerlandesa no trata de forma diferente, por razón de su nacionalidad, a los distintos grupos de ciudadanos comunitarios sometidos a trabajos forzados, no se puede concluir que lleve a cabo una discriminación por razón de la nacionalidad.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Seguridad Social de los trabajadores migrantes ° Igualdad de trato ° Disposición nacional que prevé el reembolso de las cotizaciones de un trabajador por cuenta ajena a un seguro obligatorio en caso de afiliación al régimen especial de la Función Pública ° Denegación del reembolso en el caso de un trabajador que se hace funcionario en otro Estado miembro ° Procedencia

[Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, arts. 3, 9, 10, ap. 2, y 13, ap. 2, letra d)]

Índice

Los artículos 3 y 9, el apartado 2 del artículo 10 y la letra d) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento nº 1408/71 no se oponen a que la legislación de un Estado miembro, que prevé el reembolso de cotizaciones abonadas por los trabajadores por cuenta ajena al seguro obligatorio en caso de afiliación al régimen especial de Seguridad Social de los funcionarios en dicho Estado, excluya dicho reembolso cuando el trabajador ingrese en la Administración pública de otro Estado miembro.

En efecto, con arreglo a la referida legislación, el reembolso de las cotizaciones a que tiene derecho el trabajador por cuenta ajena que ingresa en la Administración pública nacional después de haber cotizado a un seguro obligatorio constituye la contrapartida del hecho de que, en caso de no alcanzar una duración mínima de cotización, su paso al régimen de la Función Pública le hace perder todo derecho a una pensión con arreglo al régimen al que estaba afiliado anteriormente, mientras que el trabajador que ingresa en la Administración pública de otro Estado miembro disfruta, en virtud de la legislación que se discute, del derecho a conservar su afiliación y a cotizar con carácter voluntario, de manera que se trata de dos situaciones que no son comparables y en relación con las cuales no ha lugar a aplicar el principio de no discriminación.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Aproximación de las legislaciones ° Etiquetado y presentación de los productos alimenticios ° Directiva 79/112/CEE ° Concepto de etiquetado ° Marca nacional destinada a facilitar la realización de controles por la autoridad pública ° Exclusión

[Directiva 79/112/CEE del Consejo, art. 1, ap. 3, letra a)]

Índice

Debe entenderse por etiquetado, a efectos de la letra a) del apartado 3 del artículo 1 de la Directiva 79/112, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final, las menciones, indicaciones y otros datos relacionados con un producto alimenticio que están especialmente destinados a informar al consumidor sobre las características del producto de que se trate.

No tiene esta finalidad y, por consiguiente, no constituye un etiquetado a los citados efectos, una marca nacional de queso que constituye un signo impuesto por los poderes públicos, destinado a permitir que éstos controlen el cumplimiento de las normas de fabricación, que contiene, además de la indicación del país de fabricación y del tipo de queso, una o dos letras que varían en función de la región de fabricación, un número de orden y una combinación de letras o de letras y cifras. En consecuencia, esta marca no está comprendida dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva.