3.

La primera cuestión se sitúa explícitamente en el marco del capítulo del Tratado CEE que se ocupa de la eliminación de las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros. Como ya he dicho, se trata de verificar si un régimen nacional de precios mínimos, como el creado por la Prijsverordening gedistilleerde dranken, es contrario a la prohibición, impuesta a los Estados miembros por el artículo 30 del Tratado, de aplicar a las importaciones medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas. El artículo 34 no es aplicable al problema que aquí nos ocupa, ya que la regulación de que se trata, que tiene por objeto precios de venta al por menor no tiene incidencia en las exportaciones, de modo que no podría aplicarse la prohibición de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la exportación. Según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, la citada prohibición no se refiere tan sólo a las medidas nacionales que tienen un efecto restrictivo actual sobre la circulación de mercancías. Para que se pueda hablar de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, basta que la regulación comercial de un Estado miembro pueda, incluso sólo de manera potencial e indirecta, obstaculizar los intercambios intracomunitarios. Esta regla se ha afirmado claramente, de manera general, para cualquier normativa nacional referente al comercio, independientemente del carácter agrícola o industrial del producto y, por lo tanto, independientemente de la existencia o no de una organización común de mercados, en la sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville (8/74, ↔ Rec. pp. 837 y ss.), y repetido más tarde, en relación con los productos incluidos en una organización común de mercados, en la sentencia de 30 de octubre de 1974, Van Haaster (190/73, Rec. pp. 1123 y ss.). Como un régimen nacional de fijación de precios mínimos entra sin duda alguna en el marco del concepto de «regulación comercial», la orientación interpretativa que acabamos de recordar también se aplica, por lo tanto, a un régimen de este tipo. Por lo que se refiere más específicamente a las medidas estatales de regulación de precios este Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de indicar criterios relativos a la compatibilidad del establecimiento de precios máximos con el funcionamiento de una determinada organización común de mercados (recuerdo, en particular, las sentencias de 23 de enero de 1975, Galli, 31/74,↔ Rec. pp. 47 y ss., y de 26 de febrero de 1976, Tasca, 65/75, y Sadam, ↔ asuntos acumulados 88/75, 89/75 y 90/75, Rec. pp. 291 y 323, respectivamente). En tanto que la citada sentencia Galli, basada fundamentalmente en la existencia y en las implicaciones de una organización común de mercados, no parece podemos ofrecer elementos útiles para nuestro caso, las sentencias Tasca y Sadam precisan también el alcance del artículo 30 del Tratado CEE en relación con las medidas nacionales de intervención en el sector de los precios. En estas resoluciones, tras haber confirmado la orientación interpretativa que he recordado anteriormente sobre el concepto de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, el Tribunal de Justicia precisó que «si bien un precio máximo, indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los productos importados, no constituye por sí mismo una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, puede sin embargo surtir este efecto cuando se fija a un nivel tan alto que la comercialización de los productos importados se hace o imposible o más difícil que la de los productos nacionales; que un precio máximo, en caso de que se aplique a los productos importados, constituye, pues, una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, sobre todo cuando se fija a un precio tan bajo que —teniendo en cuenta la situación general de los productos importados en comparación con la de los productos nacionales—los operadores que desearan importar el producto de que se trate en el Estado miembro correspondiente no podrían hacerlo más que con pérdidas» (apartado 13 de los fundamentos de Derecho de la sentencia Tasca, apartado 15 de la sentencia Sadam). Más recientemente el Tribunal de Justicia aplicó este mismo criterio en relación con medidas internas que tenían por efecto transformar el precio neto del productor en un precio fijo, impuesto para la venta al por menor de cigarrillos; me remito a la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 1977, INNO (13/77,↔ Rec. pp. 2115 y ss., especialmente p. 2148), apartado 52. Hay que señalar que, a la inversa del caso al que se refería la sentencia Tasca, en el que el litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional de remisión tenía por objeto la conducta de un particular que había sobrepasado el nivel máximo de los precios permitidos por la regulación interna, en el caso de INNO los productos se vendían a precios inferiores al precio impuesto. En la primera hipótesis, la infracción de la prohibición de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas podía resultar del hecho de que, para determinar el nivel máximo de los precios, las autoridades nacionales tal vez no habían tenido en cuenta los costes eventualmente más elevados de los productos importados en relación con los costes de los productos nacionales comparables. En tales circunstancias se hubiera hecho difícil, si no verdaderamente imposible, que los productos de los otros Estados, conservaran un mercado en el Estado considerado. En el caso de establecimiento de un precio fijo, objeto del asunto INNO, lo mismo cabe decir de la prohibición, en la que implícitamente se transforma el precio fijo, de aplicar un precio más elevado, y el Tribunal de Justicia se refirió efectivamente al concepto de «precio máximo». Por el contrario la sentencia INNO no nos da ninguna precisión por lo que se refiere especialmente al carácter de «precio mínimo» que está, sin embargo, incluido en el concepto de precio fijo, y en definitiva, esta característica no se tuvo directamente en cuenta en la resolución del Tribunal de Justicia. Por otra parte hay que señalar, además, que, en el asunto INNO, la disposición estatal, que había sido fundamentalmente aprobada por razones fiscales, se limitaba a conferir valor obligatorio a un precio libremente elegido por el fabricante, en tanto que, en el presente caso, el precio mínimo uniforme que, a falta de una comunicación de tarifas por los productores extranjeros, parece ser el único que, en la práctica, tiene importancia para los productos no neerlandeses, constituye un precio enteramente fijado por las autoridades y, en todo caso, sin consulta previa de los productores no neerlandeses. Todas estas comprobaciones me llevan a la conclusión de que en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las medidas estatales de regulaciones de los precios, los problemas inherentes a un régimen obligatorio de precio mínimos no han sido planteados directamente. No obstante, esta jurisprudencia proporciona dos indicaciones útiles. En primer lugar, confirma que el concepto de medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa se aplica a cualquier régimen de precios que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, actual o potencialmente, los intercambios entre los Estados miembros. En segundo lugar, contiene la idea más específica de que un precio fijado por las autoridades, incluso si se aplica indistintamente a los productos nacionales y a los extranjeros, puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa cuando su nivel hace imposible la comercialización de los productos nacionales o incluso tan sólo más difícil, comparada con la comercialización de los productos nacionales. Examinaré más tarde a qué resultado pueden llevar estas indicaciones en el caso objeto de mi examen. En el mismo orden de ideas y sobre todo en relación con el segundo criterio enunciado anteriormente, es finalmente oportuno recordar la Directiva que la Comisión adoptó el 22 de diciembre de 1969, basada en el apartado 7 del artículo 33 del Tratado, relativa a la supresión de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas no contempladas por otras disposiciones adoptadas con arreglo al Tratado. Esta Directiva se refiere expresamente, ordenando su supresión, a las medidas que «fijan los precios de los productos en función del precio de coste o de la calidad tan sólo de los productos nacionales a un nivel tan alto que resulte un obstáculo a la importación» [letra e) del apartado 3 del artículo 2] y a las que hacen a un producto importado más costoso [letra f) del apartado 3 del artículo 2]. Esto confirma indirectamente que no se debe excluir la repercusión negativa, sobre las importaciones o sobre la comercialización de los productos importados, de un nivel de precios mínimos obligatorio y generalizado.