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1. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Concepto

(Art. 81 CE, ap. 1)

2. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad

(Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58)

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1. Para constituir un acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que un acto o un comportamiento aparentemente unilateral sea la expresión de la voluntad concordante entre por lo menos dos partes, no siendo determinante per se la forma en que se manifiesta dicha concordancia. La solución contraria tendría como consecuencia la inversión de la carga de la prueba de que existe una infracción de las normas sobre la competencia y la vulneración del principio de presunción de inocencia.

Un requerimiento dirigido por un fabricante de automóviles a sus distribuidores no constituye un acto unilateral, sino que es un acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, cuando forma parte de un conjunto de relaciones comerciales continuadas reguladas por un acuerdo general adoptado anteriormente. Ahora bien, esto no implica que todo requerimiento dirigido por un fabricante de automóviles a los concesionarios constituya un acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, y no exime a la Comisión de demostrar la existencia de un concierto de voluntades de las partes en el contrato de concesión en cada caso particular.

La voluntad de las partes puede desprenderse tanto de las cláusulas del contrato de concesión de que se trata como del comportamiento de las partes y, en particular, de la eventual existencia de un consentimiento tácito de los concesionarios a la medida adoptada por el fabricante de automóviles.

Por esta razón se impone un examen in concreto, en el cual la conformidad o no de un contrato de concesión con las normas sobre la competencia es necesariamente determinante porque no cabe excluir de entrada que un requerimiento contrario a las normas sobre competencia pueda considerarse autorizado por cláusulas aparentemente neutras de un contrato de concesión.

(véanse los apartados 35 a 39 y 43 a 46)

2. De los artículos 225 CE y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el Tribunal de Primera Instancia es el único competente, por una parte, para comprobar los hechos, salvo en el caso de que una inexactitud material de sus observaciones resulte de los documentos obrantes en autos que se le hayan sometido y, por otra parte, para apreciar dichos hechos. Cuando el Tribunal de Primera Instancia ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, con arreglo a dicho artículo 225 CE, un control sobre la calificación jurídica de éstos y las consecuencias en Derecho que de ella ha deducido el Tribunal de Primera Instancia.

(véase el apartado 49)
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1. Agricultura — Armonización de las legislaciones — Comercialización de semillas de hortalizas — Directiva 70/458/CEE

(Directivas del Consejo n os 70/458/CEE, art. 2, ap. 1, parte A, y 92/33/CEE, anexo II)

2. Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente

(Art. 28 CE)

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1. La lectura de las disposiciones de la Directiva 70/458, referente a la comercialización de las semillas de plantas hortícolas, en su versión modificada, en relación con las de la Directiva 92/33, relativa a la comercialización de plantones de hortalizas y de materiales de multiplicación de hortalizas, distintos de las semillas, no permite concluir que, cuando una hortaliza no figura en la lista del artículo 2, apartado 1, parte A, de la Directiva 70/458, una variedad de esta hortaliza pueda ser inscrita, no obstante, como semilla en el Catálogo común de las variedades de las especies de plantas hortícolas por el hecho de que dicha hortaliza figure en la lista del anexo II de la Directiva 92/33.

De ello se deduce que, como el chalote no figura en la lista de hortalizas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 70/458, la inscripción, en el Catálogo común, de las variedades «ambition» y «matador» como semillas de dicha hortaliza, inscripción que la Comisión realizó a raíz de la notificación del catálogo nacional recibida de las autoridades competentes de un Estado miembro, no se efectuó de conformidad con dicha Directiva.

(véanse los apartados 65 y 66)

2. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE un Estado miembro que sólo permite comercializar bajo la denominación de «chalotes» las hortalizas producidas mediante multiplicación vegetativa, con exclusión de las cultivadas con semillas producidas y comercializadas con el mismo nombre en otros Estados miembros.

Tal normativa no puede considerarse justificada a la luz del artículo 28 CE, porque no es necesaria para cumplir exigencias imperativas relativas, en particular, a la protección de los consumidores. En efecto, salvo la diferencia respecto a su modo de reproducción, los dos tipos de chalotes tienen un aspecto exterior muy similar. Por consiguiente, la finalidad perseguida por la normativa nacional controvertida, concretamente, la protección de los consumidores, puede conseguirse mediante un etiquetado adecuado que precise que los chalotes controvertidos se han cultivado con semillas, y no mediante multiplicación vegetativa.

(véanse los apartados 75, 77, 79 y 80 y el fallo)
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Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Régimen especial de las agencias de viajes — Ámbito de aplicación — Operadores económicos distintos de las agencias de viajes que ofrecen servicios consistentes en la organización de viajes lingüísticos y de estudios en el extranjero — Inclusión

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 26)

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Según la jurisprudencia, las razones subyacentes al régimen especial aplicable a las agencias de viajes y a los organizadores de circuitos turísticos previsto en el artículo 26 de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, son igualmente válidas en el supuesto en que el operador económico no sea una agencia de viajes o un organizador de circuitos turísticos en el sentido generalmente dado a estos términos, pero efectúe operaciones idénticas en el marco de otra actividad. Sin embargo, no procede gravar a un operador económico con arreglo a dicho artículo si las prestaciones adquiridas a terceros para prestar servicios generalmente relacionados con dichas operaciones siguen siendo meramente accesorias respecto a las prestaciones propias.

Ahora bien, dado que un operador económico ofrece a sus clientes de forma habitual, además de prestaciones relacionadas con la formación y educación lingüísticas de sus clientes, prestaciones de viaje cuya realización no puede dejar de tener una repercusión considerable en el precio global practicado, como el viaje al Estado de destino y/o la estancia en éste, estas prestaciones no pueden asimilarse a prestaciones de servicios meramente accesorias. En efecto, las prestaciones de que se trata no representan una parte meramente marginal con respecto al importe correspondiente a la prestación relacionada con la formación y educación lingüísticas que dicho operador ofrece a sus clientes.

En estas circunstancias, el artículo 26 de la Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido de que se aplica a un operador económico que ofrece servicios consistentes en la organización de viajes lingüísticos y de estudios en el extranjero y que, como contraprestación al pago de un precio global, suministra en su propio nombre a sus clientes una estancia en el extranjero de tres a diez meses y recurre a tal efecto a las prestaciones de servicios de otros sujetos pasivos.

(véanse los apartados 22, 24, 27 a 29 y 48 y el fallo)
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1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter distintivo del signo — Marca compuesta por varios elementos — Posibilidad de que la autoridad competente realice un examen de cada uno de los elementos constitutivos de la marca — Necesidad de considerar la percepción global de la combinación por el público pertinente

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

2. Recurso de casación — Motivos — Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia — No determinación del error de Derecho invocado — Inadmisibilidad

[Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, párr. 1, letra c)]

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1. Para apreciar si una marca comunitaria carece o no de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce. Esto no implica, sin embargo, que la autoridad competente, encargada de comprobar si la marca cuyo registro se solicita puede ser percibida como una indicación de origen por el público, no pueda realizar primero un examen sucesivo de los distintos elementos de presentación utilizados en dicha marca. En efecto, puede ser útil, durante la apreciación global efectuada por la citada autoridad, examinar cada uno de los elementos constitutivos de la marca de que se trata.

En este contexto, es preciso basarse, no obstante, en la percepción global de dicha marca por parte del consumidor medio y no en la presunción de que unos elementos que aisladamente carecen de carácter distintivo no pueden quedar revestidos de dicho carácter una vez combinados, negando toda pertinencia a ciertos aspectos, como la existencia de un elemento de fantasía, que deben tomarse en consideración en dicho análisis.

(véanse los apartados 22, 23, 26 y 27)

2. De los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento de Procedimiento se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión.

No cumple este requisito el recurso de casación que, aunque no incluya ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida, se limite a reproducir los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 42, 49 y 50)
[…] 3. Vehículo de 180 cm de largo, 87 cm de ancho y 100 cm de alto, equipado con órganos de mando, con un motor monocilindro de gasolina de 4 tiempos (cilindrada: 400 cm3), de un volquete reforzado de 400 kg de carga útil que puede volcarse a mano, y orugas de caucho. Este vehículo, que tiene un peso en vacío de 250 kg, una velocidad máxima de 6,8 km/h y una potencia de 5,37 kW, está equipado con una caja de cambios de tres marchas delanteras y una marcha atrás. Se utiliza principalmente en obras de construcción para el transporte y la descarga de tierra, arena y materiales parecidos.

[…] 8704 10 19

[…] La clasificación está determinada por lo dispuesto en las reglas generales 1 y 6 para la interpretación de la nomenclatura combinada, así como por el epígrafe de los códigos NC 8704, 8704 10 et 8704 10 19. En virtud de su concepción, y en particular, por la presencia de un volquete basculable, de orugas de caucho y del lugar donde se utiliza, este vehículo no se puede clasificar en el código NC 8709.
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Funcionarios – Comisión en interés del servicio – Comisión de servicios en un grupo político del Parlamento – Decisión de poner fin a la comisión de servicios – Facultad discrecional del grupo político y competencia reglada de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos – Inexistencia de necesidad de oír al interesado antes de adoptar la decisión

[Estatuto de los Funcionarios, arts. 37, párr. 1, letra a), segundo guión, y 90]

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Conforme al artículo 37, párrafo primero, letra a), segundo guión, del Estatuto, se podrá encargar a un funcionario una comisión en interés del servicio, para que ejerza temporalmente funciones en un grupo político del Parlamento. Si bien incumbe a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) tomar la decisión de designar en comisión de servicios a un funcionario en un grupo político así como la de poner fin a dicha comisión, la AFPN está obligada a respetar la elección realizada a este respecto por el grupo político que solicita tal medida. En efecto, el grupo político de que se trate dispone de una facultad discrecional para elegir a los colaboradores que desea contratar para ejercer funciones temporales en dicho grupo así como para prescindir de los servicios de éstos. Esta facultad discrecional se justifica, en especial, por la naturaleza específica de las funciones ejercidas en un grupo político y por la necesidad de mantener, en este medio político, relaciones de confianza mutua entre dicho grupo y los funcionarios en comisión de servicios en el mismo. Al aceptar ejercer tales funciones temporales para un grupo político, los funcionarios afectados deben ser conscientes de que éste puede desear prescindir de sus servicios antes del término inicialmente previsto para dicha comisión de servicios. En efecto, cuando se rompe la confianza mutua, por la razón que sea, el funcionario de que se trate ya no está en condiciones de desempeñar correctamente sus funciones. En tal situación, por tanto, es de buena administración que la institución afectada adopte con respecto al funcionario, a la mayor brevedad posible, una decisión que ponga fin a la comisión de servicios. Tal decisión constituye, desde el punto de vista procedimental, un acto lesivo para el funcionario, que, por ello, tiene un interés personal en solicitar su anulación. No obstante, no puede deducirse automáticamente, sin tener en cuenta la naturaleza del procedimiento incoado respecto al interesado, que la AFPN estuviera obligada a dar audiencia al funcionario de que se trata antes de adoptar una decisión de este tipo.

Cuando la AFPN recibe una solicitud para que ponga fin a la comisión de servicios de un funcionario de un grupo político, está obligada en principio a darle curso a la mayor brevedad posible tras comprobar que la solicitud provenga realmente de la persona o del servicio competente para presentarla.

(véanse los apartados 48 a 52, 56, 57, 59 y 60)
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1. Cuestiones prejudiciales – Competencia del Tribunal de Justicia – Interpretación del artículo 28 CE solicitada en circunstancias de hecho que se circunscriben al territorio nacional – Admisibilidad – Requisitos – Caso de autos

(Art. 28 CE y 234 CE)

2. Libre circulación de mercancías – Restricciones cuantitativas – Medidas de efecto equivalente – Normativa nacional que prohíbe las referencias publicitarias al origen comercial de mercancías procedentes de una quiebra pero que ya no forman parte de la masa – Medida que regula de forma no discriminatoria las modalidades de venta – Medida no prohibida por el artículo 28 CE – Inexistencia de violación del derecho fundamental a la libertad de expresión – Objetivos legítimos de protección de los consumidores y de lealtad en las transacciones comerciales

(Art. 28 CE; Directiva 84/450/CEE del Consejo, art. 7)

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1. Una petición de decisión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 28 CE no es admisible por el mero hecho de que, en el caso concreto sometido al órgano jurisdiccional nacional, todos los elementos se circunscriban al interior de un Estado miembro, siempre que no resulte manifiesto que el órgano jurisdiccional nacional no necesita la interpretación solicitada. Una respuesta podría serle útil cuando se trate de determinar si una normativa nacional como la prohibición de que indicaciones publicitarias relativas al origen comercial de bienes que proceden de una quiebra pero que ya no forman parte de la masa puede constituir un obstáculo potencial al comercio intracomunitario prohibido por el artículo 28 CE.

(véanse los apartados 19 y 21)

2. El artículo 28 CE no se opone a una normativa nacional que, con independencia del contenido verídico de la información, prohíbe que se mencione que los bienes proceden de la masa de una quiebra, cuando en publicaciones o anuncios destinados a un gran número de personas se anuncie la venta de bienes que, si bien proceden de la masa de una quiebra, ya no forman parte de ésta.

Tal restricción de la publicidad, que puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 84/450, relativa a la publicidad engañosa, que otorga a los Estados miembros la facultad de asegurar una protección de los consumidores más amplia que la prevista en dicha Directiva, siempre que se ejerza respetando el principio fundamental de la libre circulación de mercancías, debe, en efecto, considerarse que hace referencia a modalidades de venta, y no está prohibida por el artículo 28 CE, puesto que se aplica indistintamente a todos los operadores destinatarios y afecta de la misma forma a la comercialización de productos nacionales e importados.

Esta restricción tampoco viola el derecho fundamental de la libertad de expresión, reconocido por el artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, puesto que es razonable y proporcionada, teniendo en cuenta los fines legítimos perseguidos por ella, a saber, la protección del consumidor y la lealtad en las transacciones comerciales.

(véanse los apartados 31, 33, 34, 39, 41 a 43, 50, 52 y 53 y el fallo)
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Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros — Adaptación del Derecho interno a una directiva sin actividad normativa — Requisitos — Existencia de un contexto jurídico general que garantice la plena aplicación de la Directiva — (Art. 249 CE, párr. 3; Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

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La adaptación del Derecho interno a una directiva no exige necesariamente que las disposiciones de ésta se incluyan formal y textualmente en otra norma expresa y específica, siendo suficiente la existencia de un contexto jurídico general, cuando éste garantiza, efectivamente, la plena aplicación de la Directiva de forma suficientemente clara y precisa. No responde a dicha exigencia una normativa nacional que no prohíbe todas las actividades infractoras mencionadas en la Directiva 98/84, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.

(véanse los apartados 26 y 28)
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1. Ayudas otorgadas por los Estados – Concepto – Trato diferenciado de las empresas en materia de cargas – Exclusión – Requisito – Trato diferenciado inherente al sistema de cargas de que se trate – Carga de la prueba que recae sobre el Estado miembro en cuestión

(Art. 87 CE, ap. 1)

2. Ayudas otorgadas por los Estados – Concepto – Exención permitida en el marco de un régimen que prevé el pago de impuestos, pero no pretende generar ingresos fiscales – Irrelevancia para la calificación de ayuda

(Art. 87 CE, ap. 1)

3. Actos de las instituciones – Motivación – Obligación – Alcance

(Art. 253 CE)

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1. Dado que el concepto de ayuda de Estado no comprende las medidas que introducen una diferenciación entre empresas en materia de cargas cuando dicha diferenciación resulte de la naturaleza y la estructura del sistema de cargas en el que se enmarcan, corresponde al Estado miembro que ha introducido tal diferenciación demostrar que éste es efectivamente el caso.

(véanse los apartados 42 y 43)

2. El hecho de que una medida estatal que prevea el pago de impuestos por una categoría de empresas no pretenda generar ingresos fiscales no basta para excluir automáticamente que la exención que establezca en favor de algunas empresas pueda recibir la calificación de ayuda en el sentido del artículo 87 CE. En efecto, el apartado 1 de dicho artículo no establece una distinción según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos

(véase el apartado 51)

3. La obligación de motivación constituye un requisito sustancial de forma que ha de distinguirse de la fundamentación de la motivación, puesto que esta última afecta a la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. La motivación que el artículo 253 CE exige debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.

(véase el apartado 65)
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Competencia – Normas comunitarias – Empresa – Concepto – Agrupación de cajas del seguro de enfermedad que fija importes máximos de contribución al coste de los medicamentos − Exclusión – Requisitos

(Art. 81 CE)

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En el contexto del Derecho comunitario de la competencia, el concepto de empresa no comprende las entidades gestoras del seguro obligatorio de enfermedad y de vejez que persiguen un objetivo exclusivamente social y no ejercen una actividad económica. En este caso se encuentran las cajas del seguro de enfermedad a las que el legislador ha reconocido un cierto margen de libertad para fijar el tipo de las cotizaciones, con el fin de promover una buena administración, pero que se encuentran obligadas por la ley a ofrecer a sus afiliados prestaciones obligatorias, esencialmente idénticas, que son independientes de la cuantía de las cotizaciones. Por tanto, dichas cajas no tienen posibilidad alguna de influir en tales prestaciones y al estar asociadas en una especie de comunidad basada en el principio de solidaridad, que les permite compensar mutuamente los costes y los riesgos, no compiten entre sí ni con los establecimientos privados para la administración de las prestaciones obligatorias en materia de asistencia sanitaria o medicamentos que constituye su función esencial.

Las agrupaciones de cajas del seguro de enfermedad no constituyen empresas ni asociaciones de empresas en el sentido del artículo 81 CE, cuando establecen, en virtud de una obligación impuesta por el legislador, los importes máximos fijos que corresponden al límite máximo del precio de los medicamentos asumido por dichas cajas, en la medida en que no persiguen un interés propio disociable del objetivo exclusivamente social de las cajas sino que cumplen con una obligación totalmente vinculada a la actividad de éstas en el marco del régimen obligatorio del seguro de enfermedad.

(véanse los apartados 47, 52 a 54, 56, 57, 63 a 65 y el fallo)