9.

Debo señalar que el resultado al que he llegado seguiría siendo el mismo aunque, por casualidad, se compartiera la tesis sostenida por la Comisión, y se considerara que la Decisión objeto de examen es un acuerdo internacional. Al invocar el Convenio de Viena, en la medida en que resulta relevante para el presente procedimiento, la Comisión realiza un doble paso lógico: recuerda que el artículo 24 de dicho Convenio establece que a falta de disposición expresa en contrario, «el Tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores de obligarse por el Tratado»; la Decisión se forma mediante el consentimiento de todas las partes, dado que está establecido que el Consejo decide por unanimidad, y por ello mismo, entra en vigor en la fecha de su adopción. No obstante, razonando de este modo, la Comisión confunde la adopción con la entrada en vigor del acto. Una cosa es adoptar la Decisión por unanimidad y otra es manifestar la voluntad de que lo dispuesto en la Decisión —lo cual, respecto a la tesis que aquí nos ocupa, significa el contenido normativo del acuerdo— deba vincular inmediatamente a las partes. En el propio Convenio de Viena, en su artículo 12, se establece, en realidad, que la firma del Tratado —a la cual, según la Comisión, debe equivaler en el presente caso la pura y simple adopción del acto— concreta la voluntad de obligarse únicamente en los siguientes supuestos: «a) cuando el Tratado disponga que la firma tendrá ese efecto; b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto; o c) cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación.» Ahora bien, ninguno de estos supuestos se da en el caso de autos. En primer lugar, ni la Decisión n° 3/80 ni el Tratado de Asociación prevén que el silencio acerca de la fecha de entrada en vigor del acto equivalga al consentimiento de las Partes en obligarse con efectos inmediatos. ( 17 ) No concurre el segundo supuesto por cuanto de ninguna parte se deduce la intención de las Partes de considerar que el acto entraría en vigor desde el momento de su adopción. Por el contrario, teniendo en cuenta el contenido de la Decisión, sus importantes repercusiones económicas, así como la necesidad de prever medidas de ejecución adecuadas, no puede esperarse semejante conclusión. Por último, ni siquiera puede afirmarse que se cumplan los requisitos previstos en la letra c) del mencionado artículo 12. En efecto, aun suponiendo que los representantes de las Partes fueran plenipotenciarios en el sentido del Convenio de Viena, sería necesario que hubieran manifestado su voluntad de comprometer con efecto inmediato ( 18 ) al Estado contratante que representaban. En realidad, el otorgamiento de plenos poderes no es otra cosa que la designación del plenipotenciario como órgano habilitado para expresar el acuerdo del Estado sin necesidad de ulterior ratificación, aceptación o aprobación del Tratado. Sin embargo, no basta con que el plenipotenciario esté habilitado para expresar el acuerdo del propio Estado para que éste quede obligado, illico et immediate, por el Tratado. Es necesario además que haya tenido intención de ejercer tal facultad. Es una cuestión de interpretación determinar si existe o no concretamente la intención que se exige. Considero que la respuesta en el presente asunto debe ser negativa. Si también aquí se tiene en cuenta el contenido de la Decisión, su tenor literal y las consecuencias que pueden derivarse de su aplicación inmediata, no se puede ciertamente presumir que las Partes hubieran consentido quedar vinculadas por la misma desde su adopción.