SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 18 de diciembre de 1997

Asunto T-90/95

Walter GUI

contra

Comisión de Ias Comunidades Europeas

«Funcionarios — Exámenes médicos — No comunicación de datos relativos al estado de salud — Derecho a mantener en secreto su estado de salud»

Texto completo en lengua francesa II-1231

Objeto:

Recurso que tiene por objeto la indemnización del daño pretendidamente sufrido por el demandante a consecuencia del comportamiento lesivo por parte de la administración de la demandada.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

A partir de 1948 y hasta los años setenta el demandante trabaja en minas, en un primer momento como minero y, posteriormente, como director e inspector de minas.

En 1974, el demandante fue contratado por la Comisión en calidad de administrador principal en la División «Problemas de seguridad en el sector carbosiderùrgico» en el seno de la Dirección General de Asuntos Sociales. En el marco de esta función realizó unas veinticinco inspecciones de minas.

Antes de ser contratado y durante su carrera en la Comisión, el demandante se sometió a los exámenes médicos a que se refiere el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto).

En 1981, el demandante, que padece una broconeumopatía crónica, pidió a la Comisión su declaración de invalidez por enfermedad profesional en el sentido del artículo 78 del Estatuto.

En 1987, se desestimó esta petición. La reclamación presentada contra esta Decisión fue asimismo desestimada mediante Decisión de la Comisión de 20 de mayo de 1988. Esta última Decisión fue anulada por el Tribunal de Primera Instancia (sentencia de 6 de abril de 1990, Gill/Comisión, T-43/89, Rec. p. II-173). No obstante, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (sentencia de 4 de octubre de 1991, Comisión/Gill, C-185/90 P, Rec. p. I-4779), y, tras su remisión, el Tribunal de Primera Instancia desestimó, mediante una nueva sentencia, el recurso del demandante (sentencia de 23 de marzo de 1993, Gill/Comisión, T-43/89 RV, Rec. p. II-303).

El 10 de mayo de 1994, el demandante dirigió a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos una petición, con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, de indemnización de los daños pretendidamente sufridos a consecuencia de que la administración de la Comisión no lo había informado, en la visita médica anterior a la entrada en funciones ni en las visitas médicas anuales a las que se sometió, con arreglo al apartado 4 del artículo 59 del Estatuto, de la existencia de una enfermedad pulmonar, y a consecuencia de que la Comisión lo hubiera mantenido ejerciendo funciones incompatibles con su estado de salud, sin haberlo informado de los riesgos que el ejercicio de sus funciones podía tener sobre la evolución de su enfermedad.

La petición iba acompañada de un escrito en el que el asesor del demandante señalaba que, puesto que la petición se refería a la salud del peticionario, debían adoptarse las medidas necesarias para garantizar el respeto de su vida privada, especialmente por aplicación del artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), y que deseaba que se le tuviera al corriente de las medias prácticas adoptadas a tal fin.

Mediante escrito de 20 de mayo de 1994, la Comisión informó al asesor del demandante de que su petición había sido registrada y «trasladada inmediatamente a los servicios competentes con objeto de obtener respuesta en el plazo más breve posible».

El 26 de septiembre de 1994, la Comisión rechazó la petición del demandante. El 28 de diciembre de 1994, la Comisión desestimó la reclamación presentada por el demandante contra la decisión de 26 de septiembre de 1994.

Sobre las pretensiones de responsabilidad

La responsabilidad de la Comisión exige que se reúna un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilegalidad del comportamiento imputado a las Instituciones, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento y el perjuicio invocado. Por consiguiente, procede examinar en primer lugar si, en la tramitación del expediente médico del demandante, la Comisión incumplió sus obligaciones y, especialmente, si llevó a cabo el comportamiento lesivo que el demandante le reprocha (apartado 33).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-82/91, RecFP p. II-61), apartado 72; Tribunal de Primera Instancia, 11 de octubre de 1995, Baltsavias/Comisión(asuntos acumulados T-39/93 y T-553/93, RecFP p. II-695), apartado 80

Sobre la violación del deber de asistencia

El servicio médico de la Institución tiene la obligación de prevenir al funcionario de la existencia de cualquier enfermedad revelada en su historial y de llamar su atención acerca de los comportamientos peligrosos para su salud, lo que supone que todos los datos y las indicaciones pertinentes a estos efectos han de serle comunicados. El servicio médico también debe prevenir al funcionario de los factores de riesgo que puedan dar lugar a la aparición de una enfermedad (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de septiembre de 1991, Nijman/Comisión (T-36/89, Rec. p. II-699), apartado 37

Tras haber estudiado los informes de los distintos exámenes a los que se sometió el demandante en el servicio médico de la Comisión en el período pertinente, el perito designado por el Tribunal llegó a la conclusión de que ni el acta del examen médico anterior a la entrada en funciones ni las actas de los exámenes médicos anuales habían puesto de manifiesto «la presencia de una enfermedad pulmonar o de factores de riesgo que pudieran dar lugar a una enfermedad pulmonar». En estas circunstancias, no puede afirmarse que, en el período de autos, el servicio médico de la Comisión hubiera diagnosticado al demandante una enfermedad pulmonar o factores de riesgo que pudieran dar lugar a una enfermedad pulmonar. Por consiguiente, procede desestimar la primera alegación del demandante, destinada a que se declare la existencia de un comportamiento lesivo por parte de la Comisión (apartados 36 y 37).

Sobre la infracción del artículo 8 del CEDH

El derecho al respeto de la vida privada, consagrado en el artículo 8 del CEDH, constituye uno de los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. Este derecho incluye, entre otros, el derecho de toda persona a mantener en secreto su estado de salud. No obstante, un funcionario no puede prevalerse de este derecho frente a las personas encargadas de examinar una petición y una reclamación en las que él mismo proporciona determinados datos y apreciaciones relativas a su estado de salud. Tampoco es razonable exigir de estas personas que redacten versiones anónimas de la petición, de la reclamación y de los documentos presentados en apoyo de éstas. Con arreglo a los artículos 214 del Tratado y 17 del Estatuto, cada funcionario y agente de la Comunidad está obligado, incluso tras el cese de sus funciones, a no divulgar las informaciones que, por su naturaleza, están amparadas por el secreto profesional. En principio, estas disposiciones deben constituir una garantía suficiente para prevenir la divulgación de datos que se refieran a la vida privada de un funcionario, contenidas en una petición o una reclamación, más allá del círculo restringido de las personas encargadas de examinarlas. Por otra parte, el demandante no ha probado que su petición y su reclamación hayan sido comunicadas a personas distintas de las encargadas de examinarlas. Por consiguiente, también debe desestimarse la alegación basada en una violación del artículo 8 del CEDH (apartados 38 y 40).

Referencia: Tribunal de Justicia, 8 de abril de 1992, Comisión/Alemania (C-62/90, Rec. p. I-2575), apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 15 de mayo de 1997, N/Comisión (T-273/94, RecFPp. II-289), apartado 72; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1995, K/Comisión (T-176/94, RecFP p. II-621), apartados 31, 39 y 42

Sobre la pretensión de anulación

La decisión de una Institución mediante la cual se desestima una petición de indemnización forma parte del procedimiento administrativo previo al recurso por responsabilidad interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia y, por consiguiente, tales pretensiones no pueden apreciarse de forma autónoma respecto a las pretensiones de responsabilidad. En efecto, el acto que contiene la definición de postura de la Institución en la fase administrativa previa únicamente produce el efecto de permitir a la parte que haya sufrido un perjuicio presentar al Tribunal de Primera Instancia un recurso de indemnización (apartado 45).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de febrero de 1992, Marcato/Comisión (T-64/91, Rec. p. II-243), apartado 33

En el presente asunto, la desestimación de la pretensión de indemnización del demandante incluye la desestimación de la pretensión de anulación formulada por el demandante (apartado 46).

Fallo:

Se desestima el recurso.