A.

En apoyo de su pretensión de anulación de los artículos 1 y 4 a 6 de la Decisión de la Comisión de 25 de enero de 2012 la demandante alega diez motivos de recurso: 1) Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, al haber calificado de ayuda, de manera indebida y en contradicción con la jurisprudencia contenida en la sentencia «Combus» del Tribunal General, (1) financiación parcial estatal de pensiones adeudadas por una antigua empresa estatal: 2) Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 108 TFUE, apartado 1, y 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) no 659/1999, (2) al haber calificado de ayudas«nuevas» la financiación parcial por el Estado de pensiones adeudadas; 3) Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, al haber considerado erróneamente como elemento de ayuda las retribuciones reguladas, en contradicción con la jurisprudencia «PreussenElektra» del Tribunal de Justicia (3) y haber puesto objeciones, por considerarlas un elemento de ayuda, a una mera asignación de costes (supuestamente) errónea entre dos grupos de productos; 4) Cuarto motivo, basado en un error de competencia y de apreciación y en el incumplimiento de la prohibición de discriminación y de la obligación de cooperación leal con los Estados miembros, al haber intervenido retroactivamente en las disposiciones nacionales de retribución a pesar de que conocía dichas disposiciones desde hacía mucho tiempo y en contradicción con el conjunto de la práctica decisoria seguida hasta la fecha por la Comisión; 5) Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartados 1 y 3 al haber determinado erróneamente las contribuciones sociale4s a cargo de competidores privados («Benchmark») y al haber incrementado ficticiamente el importe bruto efectivamente percibido por los funcionarios como base de cálculo para aplicar el «Benchmark»; 6) Sexto motivo, basado en la ausencia de motivación con arreglo al artículo 296 TFUE, en la medida en que el contenido extremadamente extenso de la Decisión impugnada es en parte no claro, contradictorio o incomprensible y no permite reconocer claramente la conexión entre sus distintas partes; 7) Séptimo motivo, basado en la violación del principio de determinación y en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, al haber presentado de manera contradictoria y de manera no clara la base de cálculo de la cantidad reembolsable; 8) Octavo motivo, basado en la vulneración del derecho a una «duración razonable del procedimiento» como elemento del derecho a una «buena administración» conforme al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta de los Derechos Fundamentales» y al artículo 10, apartado 1, del Reglamento no 659/1999, al haber tardado más de doce años en tramitar el procedimiento, desde la decisión de incoación del procedimiento, de 1999, hasta la decisión impugnada, de 25 de enero de 2012; 9) Noveno motivo, basado en la vulneración del derecho a una «buena administración» conforme al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales y al artículo 15, apartado 1, del Reglamento no 659/1999, al no haber actuado en absoluto respecto a la normativa sobre retribuciones con arreglo al artículo 20, apartado 2, de la Postgesetz (Ley sobre servicios postales; en lo sucesivo, «PostG»), que la Comisión conocía al menos desde 1999, pero que tardó más de once años en hacerla objeto del procedimiento, mediante la decisión de ampliación de 10 de mayo de 2011; 10) Décimo motivo, basado en la violación de los principios fundamentales del Derecho, que gozan de protección constitucional, de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima y de buena administración, e infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 659/1999, al hacer caso omiso del carácter conclusivo del procedimiento de la Decisión 2002, que, a pesar de la obligación imperativa que se desprende del artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 659/1999, no reguló «definitivamente» las medidas estatales que eran objeto del procedimiento, entre las que se encontraban las cargas derivadas del pago de las pensiones.