El plazo previsto por el artículo 22, apartado 1, del anexo IX del Estatuto no es un plazo perentorio. Esta disposición enuncia una norma de buena administración cuyo objetivo es evitar, tanto en interés de la administración como de los funcionarios, un retraso injustificado en la adopción de la decisión que pone fin al procedimiento disciplinario. De ello se deduce que las autoridades disciplinarias tienen la obligación de llevar adelante con diligencia el procedimiento disciplinario y de actuar de manera que cada acto del mismo se produzca en un plazo razonable en relación con el acto precedente. El incumplimiento de ese plazo, que únicamente puede ser apreciado en función de las circunstancias particulares del asunto, puede suponer la anulación del acto adoptado fuera de plazo, en particular cuando se vulnere el derecho de defensa.

Así pues, no se priva al consejo de disciplina de su función esencial de órgano consultivo y el funcionario afectado está amparado por una garantía fundamental toda vez que la citada autoridad tiene la obligación de motivar toda elección de apartarse del dictamen del consejo de disciplina, incluso en materia de apreciación de los hechos.

En cambio, del artículo 25 del anexo IX del Estatuto resulta que la citada autoridad puede basarse en consideraciones fácticas efectuadas en una decisión penal que ha pasado a ser definitiva, aunque el funcionario de que se trata impugne el carácter material de tales hechos durante el procedimiento disciplinario. Dicho de otro modo, el legislador ha querido restringir las facultades de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en lo tocante a la apreciación de la realidad de los hechos objeto de un procedimiento disciplinario en los casos precisos en que se hayan iniciado actuaciones penales paralelamente en relación con los mismos hechos. En cambio, no ha previsto que dicha autoridad no pueda apartarse total o parcialmente del dictamen del consejo de disciplina.

En efecto, el artículo 18 del anexo IX del Estatuto no establece que el dictamen del consejo de disciplina sea un dictamen conforme.

En efecto, ninguna disposición del Estatuto prevé que el dictamen del consejo de disciplina sea vinculante para esa autoridad en cuanto a la realidad de los hechos que se le imputan. Del artículo 18 del anexo IX del Estatuto, en relación con el artículo 25 del mismo, se desprende que el dictamen del consejo de disciplina, que es un órgano de carácter consultivo, no vincula a dicha autoridad a este respecto.

Del principio de buena administración se desprende que las autoridades disciplinarias tienen la obligación de llevar adelante con diligencia el procedimiento disciplinario y de actuar de manera que cada acto del mismo se produzca en un plazo razonable en relación con el acto precedente. La duración irrazonable de un procedimiento disciplinario puede deberse tanto al desarrollo de las investigaciones administrativas previas como al del propio procedimiento disciplinario. Para apreciar si la duración del procedimiento fue razonable deben tomarse en consideración las circunstancias propias de cada asunto, en particular la trascendencia del litigio para el interesado, la complejidad del asunto, el comportamiento del demandante y el de las autoridades competentes.

En el supuesto de un funcionario que haya sido objeto de decisiones que le imponen como sanción disciplinaria un descenso de grado y, a continuación, le promueven con efecto retroactivo, tales decisiones constituyen dos actos administrativos distintos y autónomos, que se basan en fundamentos jurídicos diferentes, una en el artículo 86 y la otra en el artículo 45 del Estatuto. Por ello, esas dos decisiones persiguen dos objetivos diferentes y antagonistas. A este respecto, en ninguna parte del Estatuto se prevé que una decisión disciplinaria de sanción de descenso de grado prima de oficio sobre ésta, posterior, de promoción cuando el destinatario de las dos decisiones es el mismo funcionario o agente.

Además, la promoción es, por naturaleza, un acto jurídico que no admite ni condición, suspensiva o resolutoria, ni limitación en el tiempo. En efecto, a la luz en particular de lo dispuesto en los artículos 4 y 6 del Estatuto, procede considerar que el Estatuto no permite la promoción pro tempore de un funcionario o de un agente, del 1 de enero de un año dado, por ejemplo, hasta el 1 de julio del año siguiente.

(véanse los apartados 95, 99 y 100)