ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

¿Exige el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001, (1) como requisito adicional no escrito, en los casos en que una página web de un comerciante cumpla el criterio de la actividad «dirigida», que el consumidor haya sido inducido por la página web operada por el comerciante a celebrar el contrato, de modo que la página web guarde una relación causal con la celebración del contrato?
2.1)

Los artículos 5, apartado 1, y 8, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ¿deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca registrada pone fin a su compromiso con un tercero de no usar dicha marca para determinados productos, y pretende de ese modo reanudar él mismo tal uso, el juez nacional puede no obstante prohibir definitivamente la reanudación del uso por considerar que constituye competencia desleal dado que el titular obtendrá de ello un beneficio por la publicidad de la marca efectuada anteriormente por el tercero, y puede inducirse a confusión a la clientela, o deben interpretarse en el sentido de que el juez nacional debe imponer una sanción diferente que no impida definitivamente la reanudación del uso por parte del titular?
—

Que se ejerza plena jurisdicción y se anule la decisión de la Dirección General de Educación y Cultura de seleccionar las ofertas de la recurrente, presentadas en respuesta al procedimiento de licitación abierta EAC/01/2008 para la prestación de servicios externos para programas educativos (ESP-ISEP) (DO 2008/S 158-212752), por el lote no 1 (Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información) y por el lote no 2 (Estudio y puesta a prueba de sistemas de información y servicios de formación y asistencia), como segundo contratante en el sistema de cascada, notificada a la recurrente mediante dos escritos separados de 12 de mayo de 2009, así como una pretensión de indemnización con arreglo a los antiguos artículos 225 CE, 235 CE y 288 CE (actualmente 256 TFUE, 268 TFUE y 340 TFUE) por los daños sufridos con ocasión del procedimiento de licitación por un importe de 9 544 480 euros (3 945 040 euros por el lote no 1 y 5 599 440 euros por el lote no 2).
Recurso de casación interpuesto el 25 de noviembre de 2011 por Alliance One International, Inc. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 9 de septiembre de 2011 en el asunto T-25/06, Alliance One International, Inc./Comisión Europea

(Asunto C-593/11 P)

(2012/C 25/78)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Alliance One International, Inc. (representantes: C. Osti, A. Prastaro y G. Mastrantonio, avvocati)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule, en su totalidad, la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2011, dictada en el asunto T-25/06, Alliance One/Comisión; y, si el estado del litigio así lo permite,

— que se anule el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, en la medida en que se refiere a SCC, Dimon y Alliance One; y en consecuencia

— que se reduzcan las multas impuestas a Transcatab y Dimon Italia (Mindo), de modo que no superen el 10 % del volumen de negocios del último ejercicio fiscal; y

— que se reduzca la multa impuesta a Transcatab y Dimon Italia (Mindo), dado que el coeficiente multiplicador ya no es aplicable puesto que se basaba en el tamaño del grupo.

— En cualquier caso, que se condene en costas a la Comisión, incluidas aquellas en que incurrió Alliance One ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

Alliance One pretende: (i) la anulación, en su totalidad, de la sentencia recurrida y, además, (ii) la anulación del artículo 1, apartado 1, de la Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2005 en el asunto COMP/C.38.281/B.2 — Tabaco crudo — Italia, en la medida en que se refiere a Standard Commercial Corp. («SCC»), Dimon Inc. («Dimon») y Alliance One; y, en consecuencia, (iii) una reducción de las multas impuestas a Transcatab S.p.A. («Transcatab») y a Dimon Italia S.r.l. («Dimon Italia», actualmente Mindo), de modo que no superen el 10 % del volumen de negocios del último ejercicio fiscal; o, con carácter subsidiario, (iv) una disminución de la multa impuesta a Transcatab y a Dimon Italia (actualmente Mindo), dado que no resulta aplicable el coeficiente multiplicador; (v) en cualquier caso, la condena en costas de la Comisión, incluidas aquellas en que incurrió Alliance One ante el Tribunal General.

Alliance One alega que la sentencia recurrida debería ser anulada por los siguientes motivos:

— En primer lugar, el Tribunal General infringió el artículo 296 TFUE y los artículos 48 y 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El hecho de no haber realizado un análisis concreto y completo de las pruebas pertinentes presentadas por la recurrente a fin de refutar la presunción de influencia decisiva y, en consecuencia, de no haber fundamentado suficientemente el razonamiento que le llevó a rechazar dichas pruebas, convirtió en irrefutable dicha presunción de que se ejercía el control, lo que significó una vulneración de los principios de presunción de inocencia, legalidad y responsabilidad individual.
3)

¿Se ajusta al efecto útil del Derecho comunitario el hecho de que el juez nacional no excluya la aplicación de una cláusula penal que debe considerarse una cláusula abusiva en el sentido de la Directiva, sino que se limite a moderar el importe de la penalidad en virtud de la aplicación de la legislación nacional, si un particular ha invocado la facultad de moderación del juez, pero no ha invocado la anulabilidad de tal cláusula?
1)

Sobre la base de las obligaciones internacionales del Estado alemán (artículos 2 y 5, apartado 2, del Tratado de Londres de 1953, relativo a las deudas del Deutsche Reich, etc.), ¿son contrarios al artículo 6 [TUE] y a los artículos 17, 47 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales [de la Unión] Europea de 18 de diciembre de 2000 el supuesto privilegio de inmunidad [de dicho Estado] invocado frente a los órganos jurisdiccionales italianos por los hechos del procedimiento –privilegio del que ya no puede disfrutar desde el 11 de marzo de 2004 (sentencia Ferrini)-, y el acuerdo, celebrado con el Gobierno italiano en Trieste el 18 de noviembre de 2008, de iniciar ante la Corte Internacional el procedimiento no 143/2008 General list, así como la correspondiente normativa italiana, contenida en la Ley no 89/2010, que prohíbe la ejecución de sentencias italianas basadas en graves crímenes contra la humanidad?
1)

Primer motivo: interpretación y aplicación erradas del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 4253/88 y 12 del Reglamento no 2064/97, así como de los artículos 54 y 57 del Reglamento no 1605/2002, en relación con la amplitud del control sobre las empresas privadas que éstos concedieron a la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 340/10

Recurso de casación interpuesto el 2 de septiembre de 2011 por Timehouse GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 6 de julio de 2011 en el asunto T-235/10, Timehouse GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-453/11 P)

2011/C 340/16

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Timehouse GmbH (representante: V. Knies, Rechtsanwalt)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule íntegramente la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 6 de julio de 2011, en el asunto T-235/10 así como la resolución de la Primera Sala de Recurso de 11 de marzo de 2010 en el asunto R 0942/2009-1 y que se condene en costas a la recurrida.

— Con carácter subsidiario, que se anule íntegramente la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 6 de julio de 2011, en el asunto T-235/10 y se ordene la devolución del asunto al Tribunal General para que vuelva a celebrar vista y dictar sentencia, teniendo en cuenta el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como que condene en costas a la recurrida.

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal General de la Unión Europea no aplicó correctamente el criterio determinante para apreciar, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) el carácter distintivo del aspecto global de la marca de que se trata no7 378 888 para los productos a registrar «artículos de joyería y bisutería; artículos de relojería e instrumentos cronométricos» en la medida en que para fundamentar su resolución sólo valoró la falta de carácter distintivo de los componentes individuales de la marca. Deduciendo de la (supuesta) inexistencia de carácter distintivo de los componentes individuales de la marca la inexistencia de carácter distintivo de la marca solicitada en su aspecto global, la sentencia recurrida se apoya en la inadmisible presunción/conclusión, de que una marca cuyos componentes individuales no tienen carácter distintivo, no puede tener carácter distintivo tampoco al combinar sus componentes. Dado que la marca en su conjunto tiene carácter distintivo, la resolución de la Sala de Recurso que fue confirmada por el Tribunal General de la Unión Europea es errónea.

(1) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).
—

Que se declare que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/60/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas al no haber publicado a fecha de 22 de diciembre de 2009 los planes hidrológicos de cuenca finales y no haber enviado a la Comisión los ejemplares correspondientes a fecha de 22 de marzo de 2010 y, en todo caso, al no haber informado a la Comisión de dichos planes.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 232/19

Recurso interpuesto el 31 de mayo de 2011 — Comisión Europea/República Checa

(Asunto C-269/11)

2011/C 232/31

Lengua de procedimiento: checo

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: L. Lozano Palacios, M. Šimerdová, agentes)

Demandada: República Checa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 306 a 310 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al no permitir a las agencias de viaje aplicar, con arreglo al artículo 89 de la Ley no 235/2004 del impuesto sobre el valor añadido, el régimen particular de las agencias de viaje en materia de prestación de servicios de viaje a personas distintas de los viajeros.

— Que se condene en costas a la República Checa.

Motivos y principales alegaciones

En la República Checa, el régimen particular del IVA aplicable a las agencias de viaje, tal como está regulado en los artículos 306 a 310 de la Directiva 2006/112 del Consejo, se aplica no sólo a las prestaciones realizadas por las agencias de viajes a los viajeros, sino también a las realizadas a personas distintas de los viajeros. En la República Checa, el régimen particular se aplica, con arreglo al artículo 89 de la Ley no 235/2004 sobre el impuesto sobre el valor añadido, también cuando se presta un servicio de viaje a una persona jurídica que revende ese servicio a otras agencias de viaje. La Comisión considera que ello es contrario a los artículos 306 a 310 de la Directiva 2006/112 del Consejo, según los cuales el régimen particular de las agencias de viaje se aplica únicamente cuando el servicio de viaje se presta a un viajero. Tanto el tenor de los artículos 306 a 310 de la Directiva 2006/112 del Consejo como la finalidad perseguida por dichas importaciones respaldan la posición de la Comisión.
Primer motivo: error de hecho e infracción de los artículos 87 CE, apartado 1, y 88 CE, apartado 3; del artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) no 659/1999, (1) y del artículo 4 del Reglamento (CE) no 794/2004. (2) Italia, mediante la Ley de presupuestos para 2008, sólo pretendía completar la financiación de la ayuda a la construcción naval prevista en la Ley de presupuestos para 2004 y en el Decreto Ministeriale (Orden Ministerial) de 2 de febrero de 2004, ya autorizada por la Comisión sobre la base del Reglamento (CE) no 1177/2002 (3) (Reglamento MDT), sin modificar los requisitos de la propia ayuda, ni las empresas y contratos que podían beneficiarse de ella. La financiación, de hecho, se había agotado porque se habían presentado más solicitudes de lo previsto. Por su estructura intrínseca, dicho tipo de ayuda no puede tener un importe global predeterminado; en consecuencia, completar la financiación no puede significar introducir una modificación sustancial de la ayuda ya autorizada, esto es, una ayuda nueva. Considera que el Tribunal General incurrió en error al no tener en cuenta estos datos.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 120/8

Recurso de casación interpuesto el 25 de febrero de 2011 por LG Electronics, Inc. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 16 de diciembre de 2010 en el asunto T-497/09, LG Electronics/OAMI (KOMPRESSOR PLUS)

(Asunto C-88/11 P)

2011/C 120/14

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: LG Electronics Inc. (representante: J. Blanchard, avocat)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se admita el presente recurso de casación.

— Que se anule la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010.

— Que se anule parcialmente la resolución dictada el 23 de septiembre de 2009 por la Primera Sala de Recurso de la OAMI en la medida en que desestima parcialmente el recurso interpuesto por la sociedad LG ELECTRONICS contra la resolución de 5 de febrero de 2009, por la que se denegaba el registro de la solicitud de marca comunitaria no 007282924 respecto a los «aspiradores eléctricos».

— Que se condene a la OAMI al pago de las costas de las dos instancias.

Motivos y principales alegaciones

La parte demandante invoca la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. (1)

Al respecto, la demandante señala, en primer lugar, que el Tribunal General se basó en hechos nuevos comunicados por primera vez ante éste por la OAMI, que no se invocaron ante la Sala de Recurso.

La demandante alega, en segundo lugar, que el Tribunal General incurrió en error al desvirtuar los hechos y los elementos de prueba que se le habían presentado y que le condujeron, erróneamente, a considerar que los aspiradores podían utilizarse como compresores.

Por último, señala que, como los aspiradores de polvo no contienen en ningún caso un compresor y no pueden utilizarse como compresores, la marca «KOMPRESSOR PLUS» no puede considerarse en ningún caso compuesta exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características de dichos productos.

(1) DO L 78, p. 1.
2)

¿Es aplicable el artículo 22, número 4, del Reglamento no 44/2001 (1) en un procedimiento dirigido a la obtención de una medida provisional basada en una patente extranjera (tal como una prohibición provisional de violación transfronteriza), si el demandado aduce en su escrito de contestación que la patente invocada es nula, habida cuenta de que el juez, en tal caso, no adoptará una decisión definitiva sobre la validez de la patente invocada, sino que se limitará a valorar el sentido en que se pronunciaría sobre tal extremo el tribunal competente en virtud del artículo 22, número 4, del Reglamento no 44/2001, y que la medida provisional solicitada en forma de una prohibición de violación será denegada si, a juicio del tribunal, existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que la patente invocada sea anulada por el tribunal competente?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 30/27

Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República de Austria

(Asunto C-555/10)

()

2011/C 30/45

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Braun y H. Støvlbæk, agentes)

Demandada: República de Austria

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que, en la aplicación del primer paquete ferroviario, la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, en su versión modificada, así como de los artículos 4, apartado 2, y 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad.

— Que se condene en costas a la República de Austria.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión considera que la independencia del administrador de infraestructuras ferroviarias que impone la Directiva no se ha plasmado correctamente en la normativa nacional.

Si bien es en principio admisible la organización existente en Austria, que reúne en un holding único a una empresa que asume las tareas esenciales de administración ferroviaria y a otra que presta servicios de transporte ferroviario, es también necesario garantizar fehacientemente que estas empresas sean independientes desde el punto de vista económico.

En particular, el holding no debe ejercer ningún control sobre la filial que asuma las tareas esenciales de administración ferroviaria. En Austria no se ha garantizado el cumplimiento de esta exigencia. Ningún organismo autónomo vela por la independencia del administrador de infraestructuras, al tiempo que los competidores no cuentan con posibilidades efectivas de reclamación en caso de que se dispense un trato preferente a alguna empresa determinada.

Por otro lado, no se han previsto suficientes estipulaciones legales o contractuales para la regulación de la relación entre la sociedad holding y aquella de sus filiales que asume las tareas esenciales de administración de las infraestructuras ferroviarias.

A juicio de la Comisión, los numerosos vínculos personales entre la sociedad holding y sus filiales, como la duplicidad de funciones en sus respectivos consejos de administración, ponen en entredicho su independencia económica. Estima necesario que se excluya durante algunos años la posibilidad de que los directivos de una sociedad desempeñen funciones ejecutivas en la otra. Además, el nombramiento del personal directivo de la entidad que se ocupa de las tareas esenciales de administración ha de supeditarse necesariamente al control de un organismo independiente.

Asimismo, la Comisión considera precisa la separación física y personal de los respectivos sistemas de información para garantizar la necesaria independencia de la empresa que asume las tareas esenciales de administración ferroviaria.
2)

Infracción del artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, (3) así como una motivación contradictoria e insuficiente, por cuanto el Tribunal General concluyó que la orden de recuperación contenida en la Decisión no es contraria al principio de la confianza legítima. La sentencia del Tribunal General es errónea y carece de motivación adecuada porque éste rechazó que el prolongado silencio de la Comisión a raíz de las aclaraciones presentadas por las autoridades italianas a finales de 1991, en relación con el hecho de que la primera prórroga de la Tariffa Terni mantuviera la finalidad compensatoria inicial, representa una circunstancia que permite basar la confianza legítima a favor de la recurrente en relación con el hecho de que las prórrogas de la Tariffa Terni, entre las que se incluye la medida controvertida, no constituyen una ayuda de Estado.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 110 TFUE (anteriormente artículo 90 CE), párrafo primero, en el sentido de que se opone a que un Estado miembro establezca una tasa con las características de la tasa de contaminación instaurada por la OUG no 50/2008, en su versión modificada por la OUG no 218/2008, de la que están exentos los vehículos M1, con norma de contaminación Euro 4 y cilindrada no superior a 2 000 cm3, así como todos los vehículos N1 con norma de contaminación Euro 4 que se matriculen por primera vez en Rumanía o en otro Estado miembro entre el 15 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, pero que se aplica a los vehículos automóviles de segunda mano similares o competidores procedentes de otros Estados miembros y matriculados antes del 15 de diciembre de 2008, ya que dicha tasa puede constituir un tributo interno sobre los bienes procedentes de otros Estados miembros que resulta indirectamente discriminatorio en comparación con la tributación de los productos nacionales, protegiendo la fabricación nacional de vehículos automóviles nuevos?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 246/34

Recurso interpuesto el 14 de julio de 2010 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-355/10)

()

2010/C 246/58

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Parlamento Europeo (representantes: M. Dean y A. Auersperger Matić, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

— Que se anule la Decisión 2010/252/EU del Consejo, (1) de 26 de abril de 2010, por la que se completa el Código de fronteras Schengen por lo que se refiere a la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea.

— Que se resuelva mantener los efectos de la Decisión del Consejo hasta que se adopte una nueva.

— Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

El Parlamento solicita la anulación de la Decisión impugnada por exceder de las competencias de ejecución a las que se refiere el artículo 12, apartado 5, del Código de fronteras Schengen (2) en la medida en que establece disposiciones relativas a «interceptación», «búsqueda y salvamento» y «desembarco» que no pueden entenderse comprendidas dentro del concepto de «vigilancia» definido en el artículo 12 del Código de fronteras Schengen y que no pueden considerarse como elementos no esenciales, y en que modifica los elementos esenciales del Código de fronteras Schengen cuya regulación es competencia del legislador. Igualmente, la Decisión impugnada modifica las obligaciones de los Estados miembros de la UE en relación con las operaciones de FRONTEX que se establecen en el Reglamento FRONTEX. (3)

Si el Tribunal de Justicia anulara la Decisión impugnada, el Parlamento entiende conveniente, no obstante, que el Tribunal de Justicia ejerza su discreción de mantener los efectos de la Decisión impugnada, con arreglo al artículo 264 TFUE, párrafo segundo, hasta que se adopte una nueva.

(1) DO L 111, p. 20.

(2) Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen). DO L 105, p. 1.

(3) Reglamento (CE) no 2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. DO L 49, p. 1.