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16

En el escrito de réplica, en respuesta a la alegación del Consejo de que la Decisión impugnada no se basa en una «base jurídica derivada», sino en el artículo 218 TFUE, apartado 7, la Comisión añade que coincide con el Consejo en que, a efectos de dicho precepto, la Decisión impugnada tiene por objeto la modificación de un acuerdo, puesto que amplía la aplicación de una disposición del Protocolo. Ello no obstante, estima que no cabe considerar que el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 sea un supuesto de aplicación del artículo 218 TFUE, apartado 7, ya que entiende que el Protocolo, al prever la renovación automática del derecho controvertido por períodos sucesivos adicionales de la misma duración, no establece ninguna etapa procedimental concreta para la renovación del derecho, de modo que no es necesario que el Consejo autorice a la Comisión a aprobar esa renovación.
39

Mediante la primera parte de su primer motivo de casación, el recurrente critica la conclusión a la que llegó el Tribunal General, en el apartado 36 del auto recurrido, según la cual la negativa de la OLAF a iniciar una investigación sobre el desarrollo de las investigaciones anteriores no constituye una decisión que pueda ser objeto de un recurso de anulación, así como las consideraciones expuestas por ese mismo órgano jurisdiccional en los apartados 33 y 34 de dicho auto en los que se basa esta conclusión. El recurrente estima que dicha conclusión resulta de un error de apreciación cometido por el Tribunal General al considerar que no se le podía calificar de «persona implicada», en el sentido del artículo 2, punto 5, del Reglamento n.o 883/2013, que no podía invocar ningún derecho a un juicio justo en el marco de la investigación y que los informes de la OLAF no tenían un impacto significativo en los procedimientos penales nacionales posteriores. En opinión del recurrente, al decidir no considerarlo «persona implicada», aun cuando en realidad se encontraba en el centro de las investigaciones como presidente de la Administración Provincial de Teleorman, y a pesar de que dicha entidad nacional fue considerada «persona implicada», en el sentido del artículo 2, punto 5, del Reglamento n.o 883/2013, la OLAF privó al recurrente de las garantías procesales establecidas en el artículo 9 de dicho Reglamento. Según el recurrente, los informes de la OLAF tuvieron un impacto considerable en la decisión de la autoridad rumana anticorrupción de actuar contra él, como demuestran los comunicados de prensa de la OLAF y de la autoridad rumana anticorrupción de 13 de noviembre de 2017. Además, alega que dichos informes fueron considerados elementos de prueba determinantes durante el proceso penal nacional. El recurrente considera que el fundamento apropiado sobre cuya base procede examinar la admisibilidad de su recurso es la sentencia de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión (T‑48/05, EU:T:2008:257).
En el caso de autos, de las observaciones escritas de la Comisión se desprende que esta no recibió ninguna notificación con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, en relación con una ayuda de Estado concedida a CE Hunedoara y a CE Oltenia en aplicación del Decreto n.o 138/2013. Procede añadir que dichas medidas no parecen estar comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos [107] y [108] del Tratado [FUE]. (Reglamento general de exención por categorías) (DO 2008, L 214, p. 3), ni tampoco en el del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado [FUE] (DO 2014, L 187, p. 1), aplicables durante el período de validez del Decreto n.o 138/2013, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.
3)

El artículo 5, apartado 1, letra c), inciso i), del Reglamento n.o 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que no se considera que el pasajero aéreo, que ha reservado un vuelo a través de un intermediario, ha sido informado de la cancelación de ese vuelo cuando, a pesar de que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo haya transmitido la información relativa a la cancelación al intermediario, a través del cual celebró el contrato de transporte aéreo con ese pasajero, al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista, dicho intermediario no ha informado al pasajero de esa cancelación en el plazo previsto en la referida disposición y ese pasajero no ha autorizado expresamente al intermediario a recibir la información transmitida por el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo.
37

Pues bien, como de los apartados 30 a 32, 34 y 35 de la presente sentencia se desprende que, en cualquier caso, el trabajador tiene derecho a una compensación por los días de vacaciones retribuidas no disfrutados, con independencia de la razón por la que no pudo disfrutarlos, no es necesario que el órgano jurisdiccional nacional compruebe si dicho trabajador no pudo disfrutar de esos días de vacaciones retribuidas.
6

El artículo 9, párrafos primero y tercero, de la Ley del Impuesto sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, en su versión aplicable a partir del 1 de enero de 2015, establece: «Siempre que el sujeto pasivo pueda acreditar fehacientemente que la cerveza ha sido elaborada en una fábrica de cerveza independiente jurídica y económicamente de otras fábricas de cerveza, que está separada físicamente de otras fábricas de cerveza y no produce bajo licencia, y elabora en el año natural una cantidad de cerveza que no excede de los 15000000 de litros, se reducirá el impuesto sobre las bebidas alcohólicas que grava la cerveza: 1) en un 50 %, si la cantidad de cerveza elaborada por la fábrica de cerveza en el año natural no excede de los 500000 litros; 2) en un 30 %, si la cantidad de cerveza elaborada por la fábrica de cerveza en el año natural asciende como mínimo a 500000 y como máximo a 3000000 de litros; 3) en un 20 %, si la cantidad de cerveza elaborada por la fábrica de cerveza en el año natural asciende como mínimo a 3000000 y como máximo a 5500000 de litros; 4) en un 10 %, si la cantidad de cerveza elaborada por la fábrica de cerveza en el año natural asciende como mínimo a 5500000 y como máximo a 10000000 de litros. […] Cuando dos o varias de las empresas mencionadas en el párrafo primero mantengan una cooperación ligada a la producción y a la actividad operativa, ello no significará que entre ellas exista una relación de dependencia jurídica o económica. Se considerará una cooperación ligada a la producción o a la actividad operativa la obtención de materias primas y materiales necesarios para la elaboración de la cerveza, así como el envasado de la cerveza, su comercialización y su distribución. No obstante, la aplicación de este párrafo queda supeditada al hecho de que la producción común de cerveza de las fábricas de cerveza en el año natural no exceda de los 15000000 de litros.»
3

Los considerandos 17 a 23 de la Directiva 91/250 enuncian: «Considerando que los derechos exclusivos del autor a impedir la reproducción no autorizada de sus obras han de someterse a una excepción limitada que se aplicará a los programas de ordenador para permitir la reproducción técnicamente necesaria para la utilización de los mismos por parte de su legítimo adquirente; que ello significa que los actos de carga y de desarrollo necesarios a la utilización de una copia de un programa legalmente adquirido, y el acto de corrección de sus errores, no pueden ser prohibidos por contrato; que, a falta de cláusulas contractuales específicas, especialmente en caso de venta de una copia del programa, cualquier otro acto necesario a la utilización de la copia de un programa podrá ser ejecutado, de conformidad con su finalidad prevista, por un adquirente legítimo de dicha copia; Considerando que no debe impedirse a la persona facultada para utilizar el programa de ordenador que realice los actos necesarios para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, siempre que dichos actos no supongan infracción de los derechos del autor sobre el programa; Considerando que la reproducción, traducción, adaptación o transformación no autorizadas de la forma del código en el que se suministra la copia del programa de ordenador constituyen una infracción de los derechos exclusivos del autor; Considerando, no obstante, que pueden existir circunstancias en las que dicha reproducción del código y traducción de su forma en el sentido de las letras a) y b) del artículo 4, resulten indispensables para obtener la información necesaria con objeto de lograr la interoperabilidad con otros programas de un programa creado de manera independiente; Considerando que, por tanto, en estas circunstancias concretas, solamente la realización de actos de reproducción y traducción para modificar la forma del código por parte de la persona facultada para utilizar la copia del programa, o en su nombre, ha de considerarse legítima y compatible con una práctica adecuada, y, por consiguiente, no debe exigir la previa autorización del titular de los derechos; Considerando que uno de los objetivos de esta excepción es permitir la interconexión de todos los elementos de un sistema informático, incluidos los de fabricantes diferentes, para que puedan funcionar juntos; Considerando que no debe hacerse uso de tal excepción a los derechos exclusivos del autor de forma que resulte lesiva para los intereses legítimos del titular o que obstaculice la explotación normal del programa».
164

Mediante el primer motivo formulado en primera instancia, Landesbank Baden-Württemberg alega que la Decisión controvertida no está suficientemente motivada, al no contener ciertos datos que eran pertinentes, en particular por lo que se refiere al ajuste de su contribución ex ante al FUR para el año 2017 a su perfil de riesgo.
4

El artículo 2 de esa Directiva, que lleva el epígrafe «Definiciones», dispone lo siguiente: «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) “protección internacional”: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g); b) “beneficiario de protección internacional”: una persona a la que se ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g); c) “Convención de Ginebra”: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, celebrada en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954)], [en su versión] modificada por el Protocolo [sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en] Nueva York [el] 31 de enero de 1967; d) “refugiado”: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12; e) “estatuto de refugiado”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado; f) “persona con derecho a protección subsidiaria”: un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplica el artículo 17, apartados 1 y 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país; g) “estatuto de protección subsidiaria”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria; h) “solicitud de protección internacional”: petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado; […]».
14

SAS sostiene que la huelga en cuestión constituye una «circunstancia extraordinaria», en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, en la medida en que no es inherente al ejercicio normal de su actividad y escapa a su control efectivo. En efecto, considera que una decisión de huelga simultánea de cuatro sindicatos no forma parte del ejercicio normal de su actividad, que consiste en la prestación de servicios de transporte aéreo. Además, afirma que las huelgas son muy infrecuentes en el mercado laboral sueco y la huelga en cuestión, que en principio afectó a todos los pilotos de SAS, fue una de las mayores huelgas en el sector del transporte aéreo. En consecuencia, SAS no pudo reorganizar, según ella, su actividad para poder garantizar los vuelos programados. Por otro lado, dado que la huelga en cuestión era legal, SAS aduce que no podía ordenar a sus empleados que regresaran al trabajo.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (DO 1997, L 61, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1320/2014 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2014 (DO 2014, L 361, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 338/97»), y del artículo 57, apartado 5, letra a), del Reglamento (CE) n.o 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 338/97 (DO 2006, L 166, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/870 de la Comisión, de 5 de junio de 2015 (DO 2015, L 142, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 865/2006»).
58

Mediante su tercera cuestión prejudicial, que consta de dos partes, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente, en primer lugar, si, a falta de disposiciones en la legislación del Estado miembro emisor que establezcan un recurso judicial con objeto de controlar las condiciones en que ha dictado una orden de detención europea una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un órgano jurisdiccional, la Decisión Marco 2002/584, leída a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que permite al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso dirigido a impugnar la legalidad del mantenimiento en prisión provisional de una persona que ha sido entregada en virtud de una orden de detención europea dictada sobre la base de un acto nacional que no puede calificarse de «orden de detención [nacional] o […] cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza», en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra c), de esa Decisión Marco, y en el marco del cual se invoca un motivo basado en la invalidez de dicha orden de detención europea a la luz del Derecho de la Unión, declararse competente para realizar dicho control de validez. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Decisión Marco 2002/584, leída a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que impone que la declaración por parte del órgano jurisdiccional nacional de que la orden de detención europea en cuestión ha sido dictada infringiendo el artículo 8, apartado 1, letra c), de dicha Decisión Marco por no basarse en una «orden de detención [nacional] o […] cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza», en el sentido de esta disposición, tenga como consecuencia la puesta en libertad de una persona en situación de prisión provisional después de que el Estado miembro de ejecución la haya entregado al Estado miembro emisor.
14

L interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada en apelación. En apoyo de su recurso de casación, L alega que, al no aplicar la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), y no acordar de oficio la restitución íntegra de las cantidades pagadas en virtud de la «cláusula suelo», la Audiencia Provincial de Valladolid infringió, entre otros, el artículo 1303 del Código Civil, que regula los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de las obligaciones y contratos, en relación con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, que establece la no vinculación de los consumidores a las cláusulas abusivas. La entidad bancaria solicita que se desestime el recurso de casación, basándose en que, al no haber apelado L la sentencia de primera instancia en cuanto a que limitaba en el tiempo los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de la cláusula abusiva en cuestión, no procedía interponer recurso de casación relativo a la limitación en el tiempo de dichos efectos.
19

En cuarto lugar, la Comisión señaló que las ayudas para los controles de rutina de la leche no cumplen las condiciones del apartado 109 de las Directrices de la Unión sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007‑2013 (DO 2006, C 319, p. 1), en relación con el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos [107 TFUE] y [108 TFUE] a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 70/2001 (DO 2006, L 358, p. 3), al que se remite el apartado 109.
81

Por consiguiente, de la sentencia recurrida se desprende que, en apoyo de su conclusión de que el sistema de referencia no podía limitarse solo a la medida controvertida, el Tribunal General no se basó únicamente en la circunstancia de que esta medida se orientaba, al igual que la controvertida en el asunto que dio lugar a las conclusiones del Abogado General Warner, a la consecución de un objetivo específico y, de este modo, a la resolución de un problema particular. De ello resulta que las alegaciones formuladas por la recurrente dirigidas, por un lado, a cuestionar la asimilación del presente asunto a aquel en el que se presentaron las conclusiones del Abogado General Warner y, por otro, a demostrar que el objetivo de la medida controvertida era la salvaguardia del principio de neutralidad fiscal y no la resolución de un problema particular no pueden desvirtuar el razonamiento seguido por el Tribunal General y son, por consiguiente, inoperantes.
17

Ante la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París), la República de Moldavia sostiene que el mencionado tribunal arbitral debería haberse declarado incompetente. Alega, para empezar, que el crédito que Energoalians adquirió a Derimen, derivado de un contrato de compraventa de electricidad, no es una «inversión» en el sentido del artículo 26, apartado 1, del TCE, a la luz del artículo 1, punto 6, de dicho Tratado, por lo que no podía ser objeto de un procedimiento de arbitraje, pues ese procedimiento solo está previsto para la parte III del TCE, que se refiere, precisamente, a las inversiones. Añade que, aun suponiendo que ese crédito hubiera podido constituir una «inversión» en el sentido de estas disposiciones, no habría sido realizada por una empresa de una Parte contratante en el TCE, ya que Derimen es una empresa inscrita en las Islas Vírgenes Británicas. Por último, aduce que el mencionado crédito guarda relación con una operación de compraventa de electricidad que no se realizó en el «territorio» de Moldavia, puesto que la electricidad se vendió y transportó únicamente hasta la parte ucraniana de la frontera entre Ucrania y la República de Moldavia.
4)

El artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a que una empresa de transporte por carretera pague a los conductores un complemento calculado a partir de un ahorro que se refleja en una disminución del consumo de combustible en relación con la distancia recorrida. No obstante, tal complemento infringiría la prohibición establecida en dicha disposición si, en lugar de vincularse únicamente al ahorro de combustible, recompensase ese ahorro en función de las distancias recorridas o del volumen de las mercancías que vayan a transportarse según un régimen que incite al conductor a conductas de tal naturaleza que puedan comprometer la seguridad en carretera o a cometer infracciones de las disposiciones del Reglamento n.o 561/2006.
34

En cuanto al contexto en el que se inscribe esta cuestión, de los autos del procedimiento ante el Tribunal de Justicia y de las sentencias de este relativas a la legislación húngara en la materia (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de diciembre de 2015, Banif Plus Bank, C‑312/14, EU:C:2015:794, apartados 43 y 44, y de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, apartados 26 y 27) se desprende que, a raíz de la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), la Kúria (Tribunal Supremo) dictó su resolución n.o 2/2014 PJE (Magyar Közlöny 2014/91., p. 10975), dictada para la unificación de doctrina en materia de contratos de préstamo celebrados entre profesionales y consumidores. Según esta resolución, las cláusulas relativas al diferencial cambiario contenidas en contratos de préstamo denominados en moneda extranjera, en la medida en que establecen una asimetría entre el tipo de compra de esta divisa aplicado en el momento del desembolso de los fondos y su tipo de venta aplicado para el cálculo de las cuotas mensuales de su amortización, deben considerarse abusivas, puesto que, en particular, el banco recibe del consumidor una retribución igual a la diferencia entre dichos tipos de cambio, sin prestarle ningún servicio como contrapartida. En cambio, por lo que respecta a las cláusulas relativas al riesgo del tipo de cambio, que tienen por efecto que el riesgo de un aumento del valor de dicha divisa recaiga únicamente sobre el consumidor a cambio de un tipo de interés más ventajoso que el ofrecido por un préstamo denominado en moneda nacional, dicha resolución indica que tales cláusulas no pueden controlarse en cuanto a su carácter abusivo, dado que, en principio, se refieren al objeto principal del contrato, en el sentido de la legislación nacional que transpone el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13.
20

Por otra parte, se desprende asimismo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el procedimiento acelerado puede no aplicarse cuando el carácter sensible y complejo de los problemas jurídicos que plantea el asunto no se preste bien a la aplicación de este procedimiento, en particular cuando no resulte adecuado acortar la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia [sentencia de 2 de marzo de 2021, A.B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos), C‑824/18, EU:C:2021:153, apartado 49].