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12

Las actividades de la Santa Casa estaban reguladas, en la época en que acaecieron los hechos del litigio principal, por el Decreto-ley no 322/91, de 26 de agosto de 1991, que aprueba los estatutos de la Santa Casa da Misericordia de Lisboa (Diário da República I, serie A, no 195, de 26 de agosto de 1991), en su versión modificada por el Decreto-ley no 469/99, de 6 de noviembre de 1999(Diário da República I, serie A, no 259, de 6 de noviembre de 1999) (en lo sucesivo, «Decreto-ley no 322/91»).
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Por añadidura, la República de Finlandia alega tres motivos principales para justificar su práctica consistente en valorar la necesidad de reducir la carga de nitrógeno caso por caso para cada instalación de tratamiento sujeta a la obligación de obtener un permiso medioambiental con arreglo a la normativa nacional. En primer lugar, este Estado miembro alega que, en determinados casos, la reducción de la carga de nitrógeno en las aguas residuales urbanas no tiene ninguna incidencia en la eutrofización del mar Báltico debido a la retención del nitrógeno por los lagos y los ríos. En segundo lugar, no puede descartarse que, en determinadas circunstancias, la reducción de la carga de nitrógeno tenga un efecto perjudicial en el estado de las aguas, en concreto provocando que proliferen determinadas algas dañinas. En tercer lugar, la República de Finlandia señala que el bajo nivel de migración del nitrógeno desde la bahía de Botnia, que no presenta signo de eutrofización y en la que el nitrógeno no es el nutriente limitante, hacia otras zonas marítimas no puede considerarse como causante de un daño, en el sentido de la Directiva 91/271, en las zonas de que se trata.
1

La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación del artículo 19 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97, del Consejo, de (DO 1997, L 28, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1386/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de (DO L 187, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»), y de los artículos 18 CE, 39 CE y 49 CE, y del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de , relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), modificado por el Reglamento (CEE) no 2434/92 del Consejo, de (DO L 245, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1612/68»).
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El 26 de julio de 2006, AHP interpuso un recurso contra la resolución de la BIE ante el Rechtbank ’s-Gravenhage, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Se opone el Reglamento […] no 1768/92 […] y, más concretamente, su [artículo 3, letra c)], a que se conceda al titular de una patente de base un [CCP] para un producto para el que, en el momento de presentarse la solicitud de [CCP], ya se han expedido uno o varios [CCP] a favor de uno o varios titulares de otra u otras patentes de base? 2) ¿Recibiría la cuestión primera otra respuesta si se tuviera en cuenta el Reglamento […] no 1610/96 […], especialmente su decimoséptimo considerando y su artículo 3, apartado 2, [segunda frase]? 3) ¿Depende la respuesta a las cuestiones anteriores del hecho de que la solicitud presentada en último lugar, al igual que la solicitud o las solicitudes anteriores, se haya presentado dentro del plazo señalado en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento […] no 1768/92 o del plazo señalado en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento […] no 1768/92? 4) ¿Depende la respuesta a las cuestiones anteriores del hecho de que la duración de la protección concedida al expedir el [CCP] a que se refiere el artículo 13 del Reglamento […] no 1768/92 expire el mismo día o más tarde que la protección que confieran uno o varios [CCP] expedidos anteriormente para el mismo producto? 5) ¿Tiene relevancia para la respuesta a las cuestiones anteriores el hecho de que el Reglamento […] no 1768/92 no fije el plazo dentro del cual las autoridades competentes a que se refiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento deben resolver sobre la solicitud de [CCP] presentada y conceder finalmente el [CCP], por lo que las diferencias que se producen en la celeridad con que las autoridades competentes de los Estados miembros tramitan la solicitud pueden dar lugar a divergencias en la posibilidad de conceder un [CCP]?»
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No obstante, en la medida en que un Estado miembro haya decidido no someter al impuesto a las sociedades beneficiarias establecidas en su territorio con respecto a este tipo de ingresos, no podrá invocar la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros para justificar la sujeción al impuesto de las sociedades beneficiarias establecidas en otro Estado miembro (sentencia Amurta, antes citada, apartado 59).
37

Por otra parte, la Comisión considera que no se vulnera el principio de igualdad de trato por el hecho de que un sujeto pasivo que no ha optado por una afectación de un bien a su empresa no pueda deducir el IVA soportado, puesto que el sujeto pasivo tenía esta posibilidad y no la ha utilizado. Sin embargo, puesto que no ha optado por dicha afectación, no puede invocar una desigualdad de trato.
34

En cuanto al artículo 6 del Acto de 1976, sostienen que se aplica sólo a los diputados y no a los candidatos no electos, de modo que dicho artículo no engloba la renuncia del Sr. Occhetto declarada el 6 de julio de 2004 cuando no era diputado al Parlamento. Dado que dicho artículo se refiere, según su tenor, sólo al ejercicio del mandato parlamentario, no engloba los avatares del procedimiento electoral y la conducta de los candidatos no electos con anterioridad a su nombramiento como diputados.
1

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Federal de Alemania ha incumplido o sigue incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1 y 5, apartados 3 y 4, de la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 de enero de 1985, relativa a la financiación de las inspecciones y controles veterinarios contemplados en las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE y 91/496/CEE (DO L 32, p. 14; EE 03/33, p. 152), en su versión modificada por la Directiva 97/79/CE del Consejo, de (DO L 24, p. 31) (en lo sucesivo, «Directiva 85/73»), así como, desde el , en virtud del artículo 27, apartados 2, 4 y 10, del Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de , sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO L 165, p. 1, y corrección de errores DO L 191, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 776/2006 de la Comisión, de (DO L 136, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento no 882/2004»), al no haber adaptado el artículo 4 de la Ley de aplicación del Derecho sobre la inspección sanitaria de la carne y sobre la carne de ave del Land Schleswig-Holstein (Ausführungsgesetz zum Fleischhygienerecht und zum Geflügelfleischrecht für das Land Schleswig-Holstein), de (GVOBl. Schl.-H. 1998, p. 2; en lo sucesivo, «Ley de aplicación del Land de Schleswig-Holstein»), a dichas disposiciones comunitarias.
9

Por lo que se refiere a la introducción de mercancías en la Comunidad, el artículo 163 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92 (DO 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2787/2000 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2000 (DO L 330, p. 1), dispone: «1. A efectos de la aplicación de la letra e) del apartado 1 del artículo 32 y de la letra a) del artículo 33 del Código [aduanero], se entenderá por lugar de introducción en el territorio aduanero de la Comunidad: […] c) para las mercancías transportadas por ferrocarril, por vía navegable o por carretera, el lugar donde esté la primera aduana; […]»
37

En consecuencia, el Tribunal de Justicia consideró en los apartados 30 y 31 de esa misma sentencia que el IVA soportado por los gastos en que ha incurrido un sujeto pasivo no conlleva derecho a deducción en la medida en que se vincule a actividades que, habida cuenta de su carácter no económico, no estén incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Directiva y que, cuando un sujeto pasivo realiza indistintamente actividades económicas, gravadas o exentas, y actividades no económicas que no están incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, la deducción del IVA soportado por los gastos incurridos sólo es admisible en la medida en que dichos gastos puedan imputarse a las actividades económicas del sujeto pasivo.
Incumplimiento de Estado — Política pesquera común — Reglamentos (CEE) nº 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común (DO L 261, p. 1), y (CE) nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (DO L 358, p. 59) — Admisión de la thonaille por las autoridades nacionales, no obstante la prohibición comunitaria de las redes de enmalle de deriva de una longitud igual o superior a los 2,5 km — Inexistencia de un sistema de control eficaz que haga que se respete dicha prohibición.
130

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia concluyó justificadamente, en el apartado 344 de la sentencia recurrida, que no se vulneró el principio non bis in idem por falta de identidad de infractores, y que no hubo violación del principio de proporcionalidad al no haber sido doblemente sancionados los miembros directos o indirectos de las federaciones recurrentes por una misma y única infracción.
«(5)

La convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información supone que todos los servicios y las redes de transmisión deben estar sometidos a un único marco regulador. Dicho marco regulador se compone de la presente Directiva y de […] la [Directiva servicio universal] […] (en lo sucesivo denominadas las directivas específicas). Es necesario separar la regulación de la transmisión de la regulación de los contenidos. Por consiguiente, este marco no cubre el contenido de los servicios prestados a través de las redes de comunicaciones electrónicas utilizando servicios de comunicaciones electrónicas, tales como los contenidos de radiodifusión, los servicios financieros y determinados servicios de la sociedad de la información y, por tanto, se entiende sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel comunitario o nacional en relación con dichos servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho comunitario, con el fin de promover la diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del pluralismo de los medios de comunicación. […] La separación entre la regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular, con el fin de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los consumidores.
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Sobre este particular, si bien es cierto, según se ha recordado en el apartado 28 de la presente sentencia, que una instalación de coincineración constituye una modalidad particular de instalación de incineración, no es menos cierto que estos dos tipos de instalaciones responden a unas definiciones que les son propias. Ahora bien, según ha señalado la Abogado General en el punto 71 de sus conclusiones, si bien en ambos casos puede exigirse la condición relativa a la aplicación de un tratamiento térmico a los residuos, cuando se trata de la calificación de la instalación de coincineración, no se exige en el tenor literal del artículo 3, punto 5 de la Directiva 2000/76 que se incineren a continuación las sustancias derivadas del mismo.
1

Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación de la Nomenclatura Combinada contenida en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1719/2005 de la Comisión, de 27 de octubre de 2005 (DO L 286, p. 1; en lo sucesivo, «NC»), y sobre la validez del Reglamento (CE) no 400/2006 de la Comisión, de 8 de marzo de 2006, relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la Nomenclatura Combinada (DO L 70, p. 9).
7

Por otra parte, el artículo 3 admite la compatibilidad de las ayudas a que se refiere el artículo 1 que cumplan las condiciones enunciadas en la Comunicación de la Comisión de 1979 sobre los regímenes de ayudas de finalidad regional (DO C 31, p. 9; EE 08/02, p. 65), en las Directrices de la Comisión de 1998 sobre las ayudas estatales de finalidad regional (DO C 74, p. 9), o en el Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (DO L 10, p. 33).
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Los Commissioners interpusieron un recurso de apelación contra esta resolución ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, alegando que los Hockey Clubs no se podían considerar «transparentes» con respecto al IVA. Los Hockey Clubs, por su parte, se adhirieron a la apelación, alegando que procedía confirmar la resolución del VAT and Duties Tribunal por razones diferentes de las estimadas por dicho órgano jurisdiccional, a saber, que el requisito establecido en el anexo 9, grupo 10, punto 3, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido de 1994, en virtud del cual el servicio debía prestarse a un «individuo», no constituía una adaptación correcta del Derecho interno a lo dispuesto en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra m), de la Sexta Directiva.
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No obstante, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si puede cuestionarse el carácter incondicional y preciso de dicho artículo 14, apartado 1, letra a), por el hecho de que, según la segunda frase de dicha disposición, los Estados miembros pueden gravar los productos energéticos «por motivos de política medioambiental». A este respecto, el referido órgano jurisdiccional observa que, aunque tales razones, que, ciertamente, no establece la Directiva 2003/96, parecen, conferir al legislador nacional una cierta discrecionalidad en cuanto a la elección de los productos energéticos que debe decidir gravar o no, es perfectamente posible comprobar si ese mismo legislador ha hecho o no uso de la competencia que de este modo le fue conferida por el mencionado artículo 14, apartado 1, letra a). Pues bien, dicho tribunal puntualiza que en las normas que modificaron posteriormente la Ley del impuesto sobre los hidrocarburos o en los trabajos preparatorios de tales normas nada indica que el legislador nacional hubiera querido mantener, por motivos de política medioambiental, la tributación del gasóleo utilizado para la producción de electricidad. Infiere que, por lo tanto, el legislador nacional simplemente no tomó ninguna acción al respecto ni adaptó, dentro del plazo señalado, el ordenamiento jurídico nacional a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/96. Añade que sólo tuvo lugar tal adaptación al adoptarse la Ley del impuesto sobre la energía, que entró en vigor el 1 de agosto de 2006.
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En primer lugar, el argumento de este Estado miembro de que la imputación de la Comisión no se formuló de forma adecuada ya que la República de Lituania ha adoptado todas las medidas jurídicas, técnicas y organizativas necesarias para adaptar su Derecho interno al artículo 26, apartado 3, de la Directiva servicio universal no puede prosperar. En efecto, tanto de la formulación como de la motivación de esta imputación se desprende que la Comisión no reprocha a la República de Lituania haber incorporado incorrecta o insuficientemente esta disposición, sino no haber sabido garantizar en la práctica que los datos de que se trata se pongan efectivamente a disposición de los servicios de emergencia.
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El Sr. Schenkel interpuso ante el Amtsgericht Frankfurt am Main un recurso contra Emirates en el que reclamaba una compensación de 600 euros con arreglo a los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 261/2004.
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La instrucción no 4H1-00 del ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie, de 31 de enero de 2000(Bulletin officiel des impôts de 16 de febrero de 2000), establece, remitiéndose a la instrucción no 4H4-99 de dicho Ministerio, de 25 de junio de 1999(Bulletin officiel des impôts de 5 de julio de 1999), normas más detalladas sobre la parte proporcional de gastos y cargas contemplada en el artículo 216 del CGI. En particular, indica que el crédito fiscal al que se refiere «comprende tanto el crédito fiscal nacional por las rentas generadas en Francia […] como el crédito fiscal extranjero por las rentas procedentes de filiales cuyo domicilio se encuentre en un Estado con el que Francia haya suscrito un convenio de doble imposición».
Por lo que se refiere al procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, es preciso distinguir dos fases en el procedimiento administrativo: la fase de instrucción anterior al pliego de cargos y la correspondiente al resto del procedimiento administrativo. Cada uno de esos períodos sucesivos responde a una lógica interna propia, debiendo permitir a la Comisión el primero de ellos adoptar una posición sobre la orientación del procedimiento y el segundo pronunciarse definitivamente sobre la infracción reprochada.

La finalidad de las apreciaciones realizadas en el pliego de cargos previsto en los reglamentos comunitarios es circunscribir el objeto del procedimiento administrativo en relación con empresas contra las cuales se ha iniciado éste. A tal efecto, el pliego de cargos debe exponer con claridad todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento. Esta indicación se puede hacer de manera resumida, ya que dicho pliego de cargos constituye un documento preparatorio cuyas apreciaciones de hecho y de Derecho son de carácter meramente provisional.

De la Comisión sólo cabe esperar que exponga, en la citada comunicación, no sólo los elementos de hecho y de Derecho esenciales que, en esa fase del procedimiento administrativo, considera constitutivos de una infracción del Derecho comunitario de la competencia, sino que además exponga, al menos de manera resumida, las razones por las que no tiene intención, en el marco de ese mismo procedimiento, de basarse en determinados elementos con respecto a los cuales inicialmente ha investigado o tiene previsto investigar. De no ser así, la obligación de motivación que incumbe a la Comisión en la fase de la comunicación del pliego de cargos se extendería a elementos por definición no esenciales para el desarrollo del procedimiento que se propone seguir. Tal obligación de motivación va más allá de las exigencias definidas en la jurisprudencia.

(véanse los apartados 27, 28 y 33)
En la medida en que de una lectura del apartado 1 del artículo 20 de la Directiva 93/38, en relación con el apartado 2 del mismo artículo, se desprende que el segundo de dichos apartados constituye una excepción al primero, al prever éste los supuestos en los que una entidad adjudicadora puede recurrir a un procedimiento de adjudicación de contrato público sin previa convocatoria de licitación, procede concluir que no han de interpretarse de manera estricta únicamente las disposiciones del artículo 20, apartado 2, letras c) y d), de la citada Directiva, sino también todas las demás disposiciones de dicho artículo 20, apartado 2.

En primer lugar, ha de recordarse que, en cuanto excepciones a las normas reguladoras de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, las disposiciones del artículo 20, apartado 2, letras c) y d), de la Directiva 93/38 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones deben ser objeto de interpretación estricta, y que la carga de la prueba incumbe a quien pretenda beneficiarse de ella.

Deben calificarse de «inadecuadas» en el sentido del artículo 20, apartado 2, letra a), de la Directiva 93/38 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 2001/98, las ofertas que no se conformaban a las especificaciones técnicas fijadas por la entidad adjudicadora, que se derivan de las exigencias legales nacionales y comunitarias en materia de protección del medio ambiente. En efecto, tales especificaciones han de considerarse elementos indispensables para que las instalaciones, cuya entrega y puesta en funcionamiento son objeto del contrato, permitan a la entidad adjudicadora alcanzar los objetivos que se le imponen por vía legislativa o reglamentaria. Por lo tanto, la falta de conformidad de las ofertas presentadas con tales especificaciones impide a la entidad adjudicadora llevar a cabo de manera válida el proyecto para el que se lanzó la convocatoria de licitación, dicha no conformidad no constituye una mera imprecisión o un simple detalle, sino que, por el contrario, debe considerarse que impide a las referidas ofertas satisfacer las necesidades de la entidad adjudicadora.

(véanse los apartados 42 a 44)
Asunto C-302/07

J D Wetherspoon plc

contra

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Petición de decisión prejudicial planteada por el VAT and Duties Tribunal, London)

«Primera y Sexta Directivas IVA — Principios de neutralidad fiscal y de proporcionalidad — Normas relativas al redondeo de las cuotas del IVA — Métodos y criterios de redondeo»

Conclusiones de la Abogado General Sra. E. Sharpston, presentadas el 20 de noviembre de 2008 I ‐ 1470

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de marzo de 2009 I ‐ 1487

Sumario de la sentencia

Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Sexta Directiva — Disposiciones relativas al redondeo de la cuota del impuesto [Directivas del Consejo 67/227/CEE, art. 2, y 77/388/CEE, arts. 11, parte A, ap. 1, letra a), 12, ap. 3, letra a), y 22, ap. 3, letra b)] Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Sexta Directiva — Disposiciones relativas al redondeo de la cuota del impuesto [Directivas del Consejo 67/227/CEE, art. 2, y 77/388/CEE, arts. 11, parte A, ap. 1, letra a), 12, ap. 3, letra a), y 22, ap. 3, letra b)] Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Sexta Directiva — Redondeo de la cuota del impuesto (Directiva 77/388/CEE del Consejo)