Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación – Motivos – Ilegalidad de una inspección efectuada por la Comisión – Reconocimiento por la empresa demandante de determinados hechos revelados por documentos obtenidos durante la inspección – Falta de incidencia en el interés para invocar el motivo

(Art. 230 CE)

2. Competencia – Multas – Importe – Reducción del importe de la multa en contrapartida de la colaboración prestada – Recurso de anulación – Nueva apreciación de la cuantía de la reducción – Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

3. Derecho comunitario – Principios – Derecho de defensa – Respeto en el marco de los procedimientos administrativos

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 14, y (CEE) nº 4056/86, art. 18]

4. Competencia – Procedimiento administrativo – Facultades de inspección de la Comisión – Límites – Protección frente a las intervenciones arbitrarias o desproporcionadas de los poderes públicos

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 14, y (CEE) nº 4056/86, art. 18]

5. Competencia – Procedimiento administrativo – Facultades de inspección de la Comisión – Alcance – Acceso a los locales de las empresas – Límites – Indicación del objeto y de la finalidad de la inspección – Derecho a interponer recurso ante el juez comunitario

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 14, y (CEE) nº 4056/86, art. 18]

6. Competencia – Procedimiento administrativo – Facultades de inspección de la Comisión – Acceso a los locales de las empresas – Empresa no incluida en la decisión de inspección – Requisitos de acceso

[Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 18]

7. Competencia – Procedimiento administrativo – Facultades de inspección de la Comisión – Cooperación voluntaria de la empresa – Consecuencias en cuanto a la posibilidad de invocar una injerencia excesiva de la autoridad pública

[Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, art. 18]

8. Competencia – Normas comunitarias – Ámbito de aplicación material – Comportamiento impuesto por medidas estatales – Exclusión – Requisitos

[Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE)]

9. Competencia – Multas – Importe – Determinación – Criterios definidos en las Directrices adoptadas por la Comisión – Aplicabilidad a las infracciones de las normas sobre la competencia en el ámbito de los transportes marítimos

[Tratado CECA, art. 65, ap. 5; Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CEE) nº 4056/86, art. 19, ap. 2]

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1. La circunstancia de que una empresa haya admitido algunos hechos relativos a una infracción potencial de las normas sobre la competencia no significa en ningún caso que haya renunciado o que se vea imposibilitada para impugnar la legalidad de las inspecciones realizadas por la Comisión durante las cuales ésta obtuvo documentos que pueden constituir pruebas de dicha infracción.

(véase el apartado 28)

2. El riesgo de que una empresa cuya multa se ha reducido a cambio de su colaboración interponga posteriormente un recurso de anulación contra la decisión por la que se declara la existencia de la infracción de las normas de la competencia y se sanciona a la empresa responsable de dicha infracción y logre que sus pretensiones sean estimadas por el Tribunal de Primera Instancia en primera instancia o por el Tribunal de Justicia en casación es una consecuencia normal del ejercicio de los medios de impugnación previstos por el Tratado y por el Estatuto del Tribunal de Justicia. Por tanto, el mero hecho de que se estimen judicialmente las pretensiones de una empresa que colaboró con la Comisión y cuya multa se redujo por ese motivo no justifica que se vuelva a apreciar el importe de la reducción que se le concedió.

(véase el apartado 29)

3. En todos los procedimientos de aplicación de las normas sobre la competencia del Tratado, el derecho de defensa debe ser respetado por la Comisión tanto en los procedimientos administrativos que pueden dar lugar a una sanción como durante el desarrollo de los procedimientos de investigación previa, ya que ha de evitarse que el mencionado derecho quede irremediablemente dañado en los procedimientos de investigación previa, especialmente en las inspecciones, que pueden tener un carácter determinante para la constitución de pruebas del carácter ilegal de conductas de las empresas susceptibles de generar la responsabilidad de éstas.

(véanse los apartados 37 y 38)

4. Por lo que respecta a las facultades de inspección que reconoce a la Comisión el artículo 14 del Reglamento nº 17 y a la cuestión de en qué medida el derecho de defensa limita su alcance, la exigencia de una protección contra las intervenciones de los poderes públicos en la esfera de actividad privada de cualquier persona, sea física o jurídica, que sean arbitrarias o desproporcionadas constituye un principio general del Derecho comunitario. En efecto, en todos los sistemas jurídicos de los Estados miembros las intervenciones de los poderes públicos en la esfera de actividad privada de cualquier persona, sea física o jurídica, han de tener un fundamento legal y estar justificadas por las causas previstas en la Ley y, en consecuencia, dichos sistemas prevén, con diferentes modalidades, una protección frente a las intervenciones arbitrarias o desproporcionadas.

(véase el apartado 39)

5. Tanto la finalidad del Reglamento nº 17 como la enumeración por su artículo 14 de las facultades de que están investidos los agentes de la Comisión ponen de manifiesto que las inspecciones pueden tener un alcance muy amplio. Sin embargo, el ejercicio de estas amplias facultades está sujeto a requisitos que garantizan el respeto de los derechos de las empresas afectadas.

A este respecto, la obligación de la Comisión de indicar el objeto y la finalidad de una inspección constituye una exigencia fundamental, no sólo para poner de manifiesto el carácter justificado de la intervención que se pretende realizar en el interior de las empresas afectadas, sino también para que éstas estén en condiciones de comprender el alcance de su deber de colaboración, preservando al mismo tiempo su derecho de defensa.

De igual modo, incumbe a la Comisión indicar en la decisión que ordena una inspección, con la mayor precisión posible, qué es lo que se busca y los elementos sobre los que debe versar la inspección. Tal exigencia va encaminada a proteger el derecho de defensa de las empresas afectadas, en la medida en que los referidos derechos resultarían gravemente perjudicados si la Comisión pudiese invocar frente a las empresas pruebas que, obtenidas durante una inspección, sean ajenas al objeto y a la finalidad de ésta.

Por último, la empresa destinataria de la decisión puede interponer un recurso contra ésta ante el órgano jurisdiccional comunitario. En el caso de que se estimase el recurso, la Comisión se vería impedida de utilizar todos los documentos probatorios que hubiera reunido en el ámbito de esta inspección.

(véanse los apartados 41 y 44 a 46)

6. La Comisión debe respetar en sus actividades de inspección el principio de legalidad de la actuación de las instituciones comunitarias y el principio de protección contra las intervenciones arbitrarias de los poderes públicos en la esfera de actividad privada de cualquier persona física o jurídica. Sería excesivo y contrario a lo dispuesto en el Reglamento nº 4056/86, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos, y a los principios fundamentales del Derecho reconocer a la Comisión con carácter general un derecho de acceso, sobre la base de una decisión de inspección dirigida a una entidad jurídica determinada, a los locales de una entidad jurídica tercera con el mero pretexto de que dicha entidad está estrechamente vinculada a la destinataria de la decisión de inspección o de que la Comisión piensa que puede encontrar en esos locales documentos de ésta y el derecho a realizar inspecciones en ellos sobre la base de la citada decisión.

Sin embargo, la Comisión no sobrepasa sus facultades de inspección cuando actúa con diligencia y respetando con creces su deber de asegurarse en la medida de lo posible, antes de la inspección, de que los locales que planea inspeccionar son efectivamente locales de la entidad jurídica en relación con la cual desea investigar. Se mantiene dentro del marco de la legalidad cuando, al darse cuenta de que los locales objeto de la inspección no pertenecen a la empresa mencionada en la decisión, puede considerar que, no obstante, dichos locales son utilizados por la empresa inicialmente contemplada en la decisión para realizar sus actividades comerciales, puesto que la sociedad instalada en ellos, aunque es jurídicamente distinta de la destinataria de la decisión, es su representante y la gestora exclusiva de las actividades objeto de la investigación. En efecto, la facultad de acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas presenta una particular importancia, en cuanto debe permitir a la Comisión obtener las pruebas de las infracciones de las normas sobre la competencia en los lugares donde normalmente se hallan, es decir, en los locales empresariales. Por tanto, en el ejercicio de sus facultades de inspección, la Comisión puede aplicar la lógica según la cual las probabilidades de encontrar pruebas de la infracción presunta son mayores si investiga en los locales desde los cuales la sociedad objeto de la investigación desarrolla habitualmente y de facto su actividad empresarial.

(véanse los apartados 66, 67, 71, 72 y 76)

7. No puede hablarse de injerencia excesiva de la autoridad pública en la esfera de actividad de una empresa cuando una inspección se efectúa con la colaboración de la empresa afectada y no se ha invocado ningún elemento para sostener que la Comisión fue más allá de la colaboración ofrecida por los empleados de la empresa objeto de la inspección.

(véase el apartado 82)

8. Los artículos 85 y 86 del Tratado (actualmente artículos 81 CE y 82 CE) sólo se refieren a los comportamientos contrarios a las normas sobre la competencia que hayan sido adoptados por las empresas por iniciativa propia. Si una legislación nacional impone a las empresas un comportamiento contrario a la competencia, o si crea un marco jurídico que elimina por sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplican los artículos 85 y 86. En tal situación, la restricción de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones, a comportamientos autónomos de las empresas.

Por el contrario, cabe aplicar los artículos 85 y 86 del Tratado si la legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una competencia que puede ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas. Asimismo, la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado un determinado comportamiento contrario a la competencia debido a que ha sido impuesto a las correspondientes empresas por la legislación nacional existente o porque ésta ha eliminado cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por su parte, ha sido utilizada de forma restrictiva por los órganos jurisdiccionales comunitarios.

En consecuencia, cuando no existe una disposición reglamentaria obligatoria que imponga un comportamiento contrario a la competencia, la Comisión sólo puede concluir que los operadores imputados carecían de autonomía si se pone de manifiesto, sobre la base de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que este comportamiento les fue impuesto unilateralmente por las autoridades nacionales mediante el ejercicio de presiones irresistibles tales como la amenaza de adopción de medidas estatales que pudieran ocasionarles pérdidas importantes.

(véanse los apartados 119 a 122)

9. El método general de cálculo del importe de las multas expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA es asimismo aplicable a las multas impuestas con arreglo al artículo 19, apartado 2, del Reglamento nº 4056/86, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos.

Dado que, siguiendo este método, el cálculo de las multas se realiza en función de los dos criterios mencionados en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento nº 4056/86, a saber, la gravedad y la duración de la infracción, al tiempo que se respeta el límite máximo proporcional al volumen de ventas de cada empresa previsto en dicha disposición, las Directrices no van más allá del marco jurídico de las sanciones tal y como lo establece dicha disposición.

(véanse los apartados 158 y 167)