Asunto T‑12/06

Deltafina SpA

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado italiano de compra y primera transformación de tabaco crudo — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Fijación de precios y reparto del mercado — Dispensa de pago de las multas — Cooperación — Multas — Proporcionalidad — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Concesión de una dispensa condicional del pago de las multas antes de la adopción de la decisión final de la Comisión — Alcance

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 2002/C 45/03 de la Comisión, puntos 8, letras a) y b), 11, letras a) a c), 15, 16, 18 y 19]

2. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Dispensa total — Requisitos

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 2002/C 45/03 de la Comisión, punto 11, letra a)]

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Pliego de cargos — Carácter provisional

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 27, ap. 1]

4. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Concesión de una dispensa condicional del pago de las multas antes de la adopción de la decisión final de la Comisión — Negativa de la Comisión a conceder una dispensa definitiva — Violación del principio de protección de la confianza legítima — Inexistencia

(Art. 81 CE; Comunicación 2002/C 45/03 de la Comisión, punto 11)

5. Actos de las instituciones — Directrices para el cálculo de las multas impuestas por infracción de las normas sobre la competencia — Acto destinado a producir efectos externos — Alcance

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión]

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Infracciones calificadas de muy graves tomando como base únicamente su propia naturaleza

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión]

7. Competencia — Multas — Decisión por la que se imponen multas — Obligación de motivación — Alcance

[Art. 253 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23]

8. Competencia — Procedimiento administrativo — Acceso al expediente — Obligación de la Comisión de divulgar documentos internos — Inexistencia

[Art. 81 CE]

1. Cuando recibe una solicitud de dispensa del pago de las multas en virtud de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, la Comisión valora los elementos de prueba aportados por la empresa de que se trate en apoyo de su solicitud a fin de comprobar que esa empresa cumple los requisitos establecidos, según proceda, en el punto 8, letras a) o b), de la Comunicación sobre la cooperación. Si dicha empresa es la primera que cumple tales requisitos, la Comisión le concederá por escrito la dispensa condicional del pago de las multas.

La concesión de la dispensa condicional implica, por lo tanto, la creación de un estatuto procedimental particular, durante el procedimiento administrativo, en favor de la empresa que cumpla los requisitos establecidos en el punto 8 de la Comunicación sobre la cooperación, que produce determinados efectos jurídicos. Sin embargo, esta dispensa condicional no es asimilable en absoluto a la dispensa definitiva del pago de las multas, que únicamente se concede al final del procedimiento administrativo.

Más concretamente, la concesión de la dispensa condicional, por un lado, acredita que la empresa de que se trata ha sido la primera que cumplió los requisitos mencionados en el punto 8, letras a) o b), de la Comunicación sobre la cooperación, de modo que la Comisión no estimará otras solicitudes de dispensa de pago antes de haberse pronunciado sobre su solicitud y, por otro lado, ofrece a la referida empresa la garantía de que la Comisión le concederá la dispensa del pago de las multas si, al final del procedimiento administrativo, concluye que dicha empresa cumplió las condiciones establecidas en el punto 11, letras a) a c), de la Comunicación sobre la cooperación.

Sólo es al término del procedimiento administrativo, cuando la Comisión adopta la decisión final y en ella concede o no la dispensa del pago de las multas propiamente dicha a la empresa beneficiaria de la dispensa condicional. Es en ese momento preciso cuando el estatuto procedimental derivado de la dispensa condicional deja de producir sus efectos. Sin embargo, la dispensa definitiva del pago de las multas sólo se concederá si la referida empresa ha cumplido, a lo largo del procedimiento administrativo y hasta el momento de la decisión final, las tres condiciones acumulativas que se establecen en el punto 11, letras a) a c), de la Comunicación sobre la cooperación.

Por lo tanto, del sistema previsto en la Comunicación sobre la cooperación se deduce que, antes de la decisión final, la empresa que solicita la dispensa no obtiene la dispensa del pago de la multa propiamente dicha, sino que goza únicamente de un estatuto procedimental que puede transformarse en dispensa del pago de la multa al final del procedimiento administrativo, si se cumplen las condiciones requeridas.

(véanse los apartados 113 a 115, 117 y 118)

2. La concesión de la dispensa total del pago de las multas constituye una excepción al principio de la responsabilidad personal de la empresa por la infracción de las normas sobre competencia que se justifica por la finalidad de favorecer el descubrimiento, la instrucción y la represión, así como la disuasión, de las prácticas que forman parte de las restricciones más graves de la competencia. En estas circunstancias, resulta lógico, por lo tanto, que se exija que, a cambio de la concesión de la dispensa total del pago de las multas por la conducta infractora que cometió, la empresa que solicita la dispensa preste a la investigación de la Comisión una cooperación que debe ser —según los propios términos del punto 11, letra a), de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel— «plena, continua y [diligente]».

De la calificación de la cooperación de «plena» se deriva que la colaboración que el solicitante de dispensa debe prestar a la Comisión a fin de obtener dicha dispensa debe ser completa, absoluta y sin reservas. La calificación de «continua» y «[diligente]» implica que dicha colaboración debe extenderse a lo largo de todo el procedimiento administrativo y que debe ser, en principio, inmediata.

Además, una reducción de la multa basada en la Comunicación sobre la cooperación sólo se justifica cuando quepa considerar que la información facilitada y, en general, el comportamiento de la empresa de que se trate revelan una auténtica cooperación por parte de ésta. Según se deduce del propio concepto de cooperación y del realce que recibe en el texto de la Comunicación sobre la cooperación, únicamente puede concederse una reducción en virtud de dicha Comunicación cuando el comportamiento de la empresa de que se trate pruebe la existencia de ese espíritu de cooperación. Esta consideración se aplica a fortiori a la cooperación necesaria para justificar el beneficio de la dispensa total del pago de las multas, en la medida en que la dispensa constituye un trato aún más favorable que una mera reducción de la multa.

Por lo tanto, el concepto de cooperación «plena, continua y [diligente]» que justifica la concesión de la dispensa total del pago de las multas implica una colaboración auténtica, completa y caracterizada por un verdadero espíritu de cooperación.

A este respecto, una empresa que desee obtener la dispensa total del pago de las multas sobre la base de su cooperación en la investigación no puede dejar de informar a la Comisión de hechos pertinentes de los que tenga conocimiento y que puedan afectar, aun potencialmente, al desarrollo del procedimiento administrativo y a la eficacia de la instrucción de la Comisión. Por lo tanto, una cooperación auténtica y plena presupone que, durante todo el procedimiento administrativo, la empresa de que se trata informe en tiempo oportuno a la Comisión de cualquier circunstancia pertinente que pueda influir negativamente en el buen desarrollo de la investigación y en el descubrimiento y represión eficaz del cártel en cuestión. Esta obligación de información es tanto más importante cuando tal circunstancia afecta a las relaciones entre dicha empresa y los demás miembros del cártel y, con mayor razón, si la posible aparición de dicha circunstancia fue objeto previamente de una discusión expresa entre la Comisión y la referida empresa en el marco del procedimiento administrativo.

La apreciación de la existencia de un comportamiento que refleje un verdadero espíritu de cooperación sólo puede realizarse en función de las circunstancias existentes en el momento en el que tuvo lugar el comportamiento. En efecto, habida cuenta del carácter «continuo» de la cooperación exigida que debe perdurar a lo largo de todo el procedimiento, cualquier comportamiento contrario al verdadero espíritu de cooperación basta por sí solo para caracterizar un incumplimiento de la obligación de cooperación. Por lo tanto, no puede justificar tal incumplimiento cualquier circunstancia posterior a dicho comportamiento.

De lo anterior se deduce que la eventual comprobación ex post de que el comportamiento por el que se incumple la obligación de cooperación no produjo efectos negativos no puede ser invocada para justificar dicho comportamiento.

(véanse los apartados 125 a 130 y 132 a 134)

3. En materia de competencia, la Comisión puede aportar, en su decisión final en la que impone una multa por infracción de las normas sobre competencia, modificaciones a las alegaciones contenidas en el pliego de cargos, siempre que la decisión respete el derecho de defensa de las partes al no imputar a los interesados infracciones diferentes a las mencionadas en el pliego de cargos y al tener en cuenta únicamente los hechos sobre los que los interesados han tenido posibilidad de justificarse.

(véase el apartado 176)

4. El derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima implica que concurran tres requisitos. En primer lugar, la Administración debe dar al interesado garantías precisas, incondicionales y coherentes, que emanen de fuentes autorizadas y fiables. En segundo lugar, estas garantías deben poder suscitar una esperanza legítima en el ánimo de aquel a quien se dirigen. En tercer lugar, las garantías dadas deben ser conformes con las normas aplicables.

En el marco de un procedimiento administrativo por infracción de las normas sobre competencia de la Unión, una empresa que haya presentado ante la Comisión una solicitud de dispensa del pago de las multas no puede invocar ninguna garantía precisa, incondicional y coherente de que obtendría la dispensa definitiva al final del procedimiento administrativo. En efecto, de conformidad con el punto 19 de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, la Comisión evalúa si se cumplen las condiciones establecidas en el punto 11 de dicha Comunicación únicamente en el momento en el que adopta la decisión final. De ello se deduce que, en la fase del procedimiento anterior a la adopción de la decisión final, la Comisión no puede dar ninguna garantía concreta a la empresa de que se trate en cuanto al beneficio de la dispensa definitiva.

Además, la Comisión no está obligada a informar a los solicitantes de la dispensa de que deben cumplir las obligaciones derivadas de la Comunicación sobre la cooperación y, en particular, la obligación de cooperación, ya que la propia Comunicación indica claramente las consecuencias de tal incumplimiento.

(véanse los apartados 190 a 193)

5. Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA son un instrumento para establecer, respetando el Derecho de rango superior, los criterios que aplicará la Comisión cuando ejerza la facultad de apreciación al fijar las multas que le confiere el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. Las Directrices no constituyen el fundamento jurídico de una decisión mediante la que se imponen multas, la cual se basa en el Reglamento nº 1/2003, pero determinan, de un modo general y abstracto, la metodología que la Comisión se obligó a seguir para determinar el importe de las multas impuestas mediante aquella decisión y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica de las empresas.

Por lo tanto, si bien las Directrices no pueden calificarse de norma jurídica a cuya observancia está obligada en cualquier caso la Administración, establecen sin embargo una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual la Administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin presentar justificaciones.

La autolimitación de la facultad de apreciación de la Comisión derivada de la adopción de las Directrices no es incompatible, sin embargo, con el mantenimiento de un margen de apreciación sustancial por la Comisión. En efecto, el hecho de que la Comisión haya precisado, mediante las Directrices, su modo de proceder en relación con la valoración de la gravedad de una infracción no se opone a que dicha institución examine la gravedad de manera global en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos elementos que no se mencionan expresamente en las Directrices.

(véanse los apartados 217 a 219)

6. Según el método establecido en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, a la hora de valorar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado.

No obstante, estos tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción no tienen el mismo peso en el marco del examen de conjunto. La naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones «muy graves». En cambio, ni las repercusiones concretas sobre el mercado ni la dimensión del mercado geográfico afectado constituyen elementos necesarios para calificar la infracción de muy grave en el caso de prácticas colusorias horizontales que tienen por objeto concretamente la fijación de los precios. Así pues, las prácticas colusorias horizontales que tienen por objeto concretamente la fijación de los precios pueden ser calificadas de «muy graves» sobre la mera base de su propia naturaleza, sin que la Comisión esté obligada a demostrar las repercusiones concretas de la infracción en el mercado y sin que la limitada dimensión del mercado geográfico relevante se oponga a tal calificación.

Para valorar la gravedad de la infracción, es decisivo saber que los miembros del cártel hicieron todo lo que estaba en sus manos para dar un efecto concreto a sus intenciones. Lo que ocurrió posteriormente, respecto a los precios de mercado efectivamente practicados, podía verse influido por otros factores, fuera del control de los miembros del cártel, y éstos no pueden apuntarse en beneficio propio factores externos que entorpecieron sus esfuerzos, invocándolos como elementos que justifiquen una reducción de la multa.

No se puede exigir a la Comisión, cuando queda acreditada la realización de la práctica colusoria, que demuestre sistemáticamente que los acuerdos permitieron efectivamente a las empresas afectadas alcanzar un nivel de precios de transacción superior o, en el supuesto de cárteles de compra, inferior al que habría existido sin la práctica colusoria. Sería desproporcionado exigir dicha demostración, que requeriría recursos considerables puesto que supondría hacer cálculos hipotéticos, basados en modelos económicos cuya exactitud sólo difícilmente puede verificar el juez y cuya infalibilidad no está probada en absoluto.

Además, la dimensión del mercado geográfico no es un criterio independiente en el sentido de que sólo pueden recibir la calificación de «muy graves» las infracciones que afecten a la mayoría de los Estados miembros. Ni el Tratado, ni el Reglamento nº 1/2003, ni las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA permiten considerar que sólo las restricciones a la competencia geográficamente muy extensas pueden ser calificadas de ese modo. Por otra parte, los acuerdos o prácticas concertadas que tienen por objeto concretamente la fijación de los precios de compra y el reparto de las cantidades compradas pueden recibir, basándose únicamente en su propia naturaleza, la calificación de infracción muy grave, sin que sea necesario que tales conductas estén caracterizadas por una dimensión geográfica determinada. De lo anterior se deriva que el tamaño del mercado geográfico afectado, aun suponiéndolo limitado, no se opone, en principio, a que se califique de «muy grave» la infracción declarada.

(véanse los apartados 220, 222 a 224, 226, 248 a 250, 277 y 279)

7. En el marco de la fijación de multas por infringir el Derecho de la competencia, la obligación de motivación se cumple cuando la Comisión indica, en su decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad y la duración de la infracción. Por lo que respecta a una decisión por la que se imponen multas a varias empresas, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse, en concreto, a la luz del hecho de que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.

Como las repercusiones concretas sobre el mercado no constituyen un elemento necesario para calificar la infracción de muy grave en el caso de prácticas colusorias horizontales que tienen por objeto concretamente la fijación de los precios, la Comisión no está obligada a tomarlas en consideración en la determinación de la gravedad de la infracción. El hecho de que la Comisión no haya motivado la falta de consideración de un criterio que no estaba obligada a tener en cuenta y cuya consideración estimaba innecesaria en el caso concreto, no implica una falta de motivación por lo que se refiere a la fijación de la multa.

(véanse los apartados 282 y 284)

8. La Comisión no está obligada a dar acceso, durante el procedimiento administrativo en materia de competencia, a documentos internos de la institución. Además, en el procedimiento ante el juez de la Unión, los documentos internos de la Comisión no se ponen en conocimiento de las partes demandantes, a no ser que así lo exijan las circunstancias excepcionales del caso, sobre la base de indicios serios que les corresponde aportar. Esta restricción del acceso a los documentos internos está justificada por la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la institución de que se trate en el ámbito de la represión de las infracciones de las normas sobre competencia.

(véase el apartado 313)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 9 de septiembre de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado italiano de compra y primera transformación de tabaco crudo – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE – Fijación de precios y reparto del mercado – Dispensa de pago de las multas – Cooperación – Multas – Proporcionalidad – Gravedad de la infracción – Circunstancias atenuantes»

En el asunto T‑12/06,

Deltafina SpA, con domicilio social en Orvieto (Italia), representada por el Sr. R. Jacchia, la Sra. A. Terranova, y los Sres. I. Van Bael, J.‑F. Bellis y F. Di Gianni, abogados,

parte demandante,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. I. Whelan y F. Amato, posteriormente por los Sres. Whelan y V. Di Bucci, y por último por los Sres. É. Gippini Fournier y L. Malferrari, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto una petición de anulación o, con carácter subsidiario, de reducción de la multa impuesta a Deltafina en el artículo 2 de la Decisión C(2005) 4012 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/C.38.281/B.2 – Tabaco crudo – Italia),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y la Sra. E. Cremona (Ponente) y el Sr. S. Frimodt Nielsen, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de septiembre de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 La demandante, Deltafina SpA, es una sociedad italiana cuyas actividades principales son la primera transformación de tabaco crudo y la comercialización de tabaco transformado. Es propiedad al 100 % de Universal Corp., sociedad que tiene su sede en Richmond (Estados Unidos).

I. Procedimiento administrativo

2 Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas llevó a cabo verificaciones con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), en las sedes de la Federación Europea de Transformadores de Tabaco y de la Maison des métiers du tabac en Bruselas (Bélgica). Ese mismo día, mediante fax, la Federación Europea de Transformadores de Tabaco informó de dichas verificaciones a todos sus miembros, incluyendo a la Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI), que cuenta entre sus miembros a las mayores empresas del sector.

3 Asimismo, los días 3, 4 y 5 de octubre de 2001, la Comisión llevó a cabo verificaciones en las sedes de los tres principales transformadores españoles de tabaco crudo y de las dos asociaciones españolas de transformadores y de productores de tabaco. El 16 de enero de 2002, los tres transformadores españoles de tabaco crudo que habían sido objeto de verificaciones y una sociedad del grupo Universal presentaron una solicitud conjunta de dispensa del pago de las multas a la Comisión con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación de 1996»).

4 El 15 de enero de 2002, la Comisión de las Comunidades Europeas dirigió una petición de información a dos asociaciones profesionales italianas, a saber, la APTI, que representa a los transformadores de tabaco crudo, y la Unione Italiana Tabacco (UNITAB), que representa a los productores de tabaco crudo. El 12 de febrero de 2002, la APTI respondió a la petición de información. Ese mismo día se reunió su Consejo de Dirección y, en dicha reunión, se discutió la petición de la Comisión.

5 El 19 de febrero de 2002, Deltafina presentó a la Comisión una solicitud de dispensa del pago de las multas, en virtud de la sección A de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación de 2002») y, con carácter subsidiario, una petición de reducción del importe de la multa, en virtud de la sección B de la misma Comunicación. La solicitud de dispensa se refería a un presunto cártel entre los transformadores de tabaco crudo en el mercado italiano.

6 El 28 de febrero de 2002, tuvo lugar una conversación telefónica entre uno de los abogados de Universal y el funcionario de la Dirección General «Competencia» de la Comisión encargado del expediente.

7 El 6 de marzo de 2002, la Comisión informó a Deltafina de que su solicitud cumplía los requisitos establecidos en el punto 8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y que le concedería, al término del procedimiento administrativo, la dispensa del pago de las multas respecto de cualquier infracción constatada a raíz de la investigación efectuada por la Comisión en relación con los elementos de prueba proporcionados, siempre que Deltafina cumpliera todos los requisitos establecidos en el punto 11 de la citada Comunicación.

8 El 14 de marzo de 2002, tuvo lugar una reunión entre los Servicios de la Comisión y los representantes de Deltafina y de Universal para discutir de las modalidades de la cooperación de Deltafina con la Comisión (en lo sucesivo, «reunión de 14 de marzo de 2002»). En esta reunión, se aludió en concreto al trato confidencial de la solicitud de dispensa de Deltafina.

9 Los días 19, 21, 25 y 26 de marzo de 2002, Deltafina proporcionó a la Comisión información complementaria.

10 El 22 de marzo de 2002, los representantes de Deltafina mantuvieron una conversación telefónica con el funcionario de la Comisión encargado del expediente sobre diversos aspectos relativos a la cooperación de Deltafina con la Comisión.

11 El 2 de abril de 2002, el asesor jurídico externo de Universal informó a los asesores jurídicos externos de Standard Commercial Corp. (en lo sucesivo, «SCC») y de Dimon Inc., sociedades matrices respectivamente de Transcatab SpA y de Dimon Italia Srl, dos sociedades italianas de primera transformación del tabaco crudo, de que Deltafina había presentado una solicitud de dispensa del pago ante la Comisión, referente a los cárteles entre los transformadores en el mercado de tabaco en Italia.

12 La mañana del 4 de abril de 2002 se reunió el Consejo de Dirección de la APTI. En dicha reunión, el Presidente de Deltafina informó a los presentes de que había comenzado a cooperar con la Comisión en el sentido de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, transmitiéndole documentos que la comprometían.

13 La tarde ese mismo día, 4 de abril de 2002, Dimon Italia y Transcatab, cuyos representantes habían estado presentes en la reunión de la APTI mencionada en el apartado anterior, presentaron también una solicitud de trato favorable con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (a las 16.15 y a las 18.47, respectivamente).

14 Los días 18 y 19 de abril de 2002, la Comisión efectuó verificaciones, con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 17, en los locales de Dimon Italia y de Transcatab, así como en los locales de Trestina Azienda Tabacchi SpA (en lo sucesivo, «Trestina») y de Romana Tabacchi SpA.

15 Los días 18 de abril y 17 de mayo de 2002, Deltafina facilitó otras informaciones complementarias a la Comisión.

16 Los días 29 de mayo y 11 de julio de 2002, se celebraron otras dos reuniones entre los representantes de Deltafina y los Servicios de la Comisión.

17 El 8 de octubre de 2002, la Comisión informó a Dimon Italia y a Transcatab de que habían sido la primera y la segunda empresa, respectivamente, que habían aportado elementos de prueba de la infracción en el sentido de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y que, por ello, tenía intención de concederles, al término del procedimiento administrativo, una reducción comprendida entre el 30 y el 50 % y entre el 20 y el 30 %, respectivamente, del importe de la multa que se les habría impuesto por las infracciones eventualmente señaladas.

18 El 25 de febrero de 2004, la Comisión dirigió un pliego de cargos a varias empresas o asociaciones de empresas, entre ellas, Deltafina, Universal, Dimon Italia y Transcatab.

19 El 22 de junio de 2004 se celebró una audiencia oral en la que participó Deltafina. En esta audiencia, un representante de Dimon Italia llamó la atención de la Comisión sobre dos documentos incorporados al expediente –fotocopiados con ocasión de las verificaciones efectuadas por la Comisión en los locales de Dimon Italia el 18 de abril de 2002 y consistentes en unas notas manuscritas tomadas por los representantes de dicha sociedad– que resumían las declaraciones del Presidente de Deltafina en la reunión de la APTI del 4 de abril de 2002.

20 El 21 de diciembre de 2004, la Comisión adoptó una adenda al pliego de cargos de 25 de febrero de 2004 (en lo sucesivo, «adenda»), mediante la que informó a Deltafina y a las demás empresas afectadas de su intención de no concederle a aquélla la dispensa del pago por haber incumplido la obligación de cooperación establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

21 El 1 de marzo de 2005 se celebró una audiencia en relación con la adenda. A raíz de esta audiencia, la Comisión recibió nuevos comentarios por parte de Universal, Deltafina, Dimon y SCC.

II. Decisión impugnada

22 Tras consultar al Comité Consultivo de prácticas restrictivas y posiciones dominantes, y visto el informe final del consejero auditor, la Comisión adoptó, el 20 de octubre de 2005, la Decisión C(2005) 4012 final, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE], (Asunto COMP/C.38.281/B.2 − Tabaco crudo – Italia) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de la Unión Europea de 13 de febrero de 2006 (DO L 353, p. 45).

23 La Decisión impugnada fue notificada a Deltafina el 10 de noviembre de 2005.

24 La Decisión impugnada contiene, en particular, las siguientes disposiciones:

«Artículo 1

1. Deltafina […], Universal […] han infringido el apartado 1 del artículo 81 [CE], durante los períodos indicados, mediante la conclusión de acuerdos o prácticas concertadas, en el sector del tabaco crudo en Italia.

La duración de la infracción ha sido la siguiente:

a) Deltafina, Universal […], del 29 de septiembre de 1995 al 19 de febrero de 2002;

[…]

Artículo 2

Por las infracciones mencionadas en el artículo 1 se imponen las siguientes multas:

a) Deltafina y Universal Corporation, solidariamente: EUR 30.000.000

[…]»

25 La Decisión impugnada se basa en las consideraciones que se exponen a continuación.

A. Sobre la infracción y la imputabilidad de la conducta infractora

26 En la Decisión impugnada, tras la descripción de los hechos pertinentes y la apreciación jurídica de tales hechos, la Comisión concluye que queda acreditado que Deltafina participó directamente, con varias otras empresas, en acuerdos o prácticas concertadas prohibidas por el artículo 81 CE, apartado 1. Esta apreciación no se cuestiona en el presente asunto.

27 La Comisión examina, después, el tema de la imputabilidad de la conducta infractora de las empresas participantes y concluye que tanto Deltafina como su sociedad matriz, Universal, deben ser consideradas responsables de las infracciones de que se trata y destinatarias de la Decisión impugnada.

B. Sobre el cálculo del importe de la multa

1. Determinación del importe de base de la multa

28 Por lo que respecta al cálculo de la multa que se debe imponer a Deltafina, la Comisión recuerda, primero, en el considerando 357 de la Decisión impugnada, que para poder determinar su importe, debe tomar en consideración todas las circunstancias pertinentes, y en particular la gravedad y la duración de la infracción, conforme al artículo 23, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1).

29 Así pues, la Comisión examina, en primer lugar, la gravedad de la infracción. Recuerda que, para evaluarla, es preciso tomar en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado siempre y cuando se puedan determinar y la dimensión del mercado geográfico afectado (considerando 365 de la Decisión impugnada).

30 La Comisión indica, en segundo lugar, que la producción de tabaco crudo en Italia correspondía al 38 % de la producción del contingente en la Unión Europea, lo que representaba 67,338 millones de euros en 2001, esto es, el último año completo de la infracción (considerando 366 de la Decisión impugnada).

31 En cuanto a la naturaleza de la infracción, la Comisión la considera de carácter muy grave, porque consiste en la fijación de los precios de compra de variedades de tabaco crudo en Italia y en el reparto de las cantidades adquiridas (considerando 367 de la Decisión impugnada).

32 En el considerando 368 de la Decisión impugnada, refiriéndose a la parte de dicha Decisión relativa al examen de la restricción de la competencia (considerandos 277 y siguientes), la Comisión afirma que un cártel de compra puede falsear la disposición de los productores a generar un determinado rendimiento y limitar la competencia entre los transformadores en los mercados sucesivos y que esto era particularmente cierto cuando, como en el presente caso, el producto afectado por el cártel de compra (tabaco crudo) constituye un «insumo» fundamental para las actividades ejercidas por los participantes posteriores (en el presente caso, la primera transformación y la venta de tabaco transformado).

33 Habida cuenta de estas consideraciones, la Comisión concluye que la infracción cometida por Deltafina debe ser calificada de muy grave (considerando 369 de la Decisión impugnada).

34 A continuación, la Comisión afirma que, a la hora determinar el importe de la multa, es preciso tener en cuenta el peso específico de cada una de las empresas y las repercusiones probables de su comportamiento ilícito. De este modo, la Comisión estima que las multas deben determinarse en función de la posición en el mercado de cada una de las partes implicadas. Sobre este particular, la Comisión considera que el importe inicial de la multa impuesta a Deltafina debe ser el más elevado, dada su condición de principal comprador con una cuota de mercado cercana al 25 % en 2001 (considerandos 370 a 372 de la Decisión impugnada).

35 No obstante, la Comisión estima que un importe inicial que sólo reflejase la posición en el mercado no tendría un efecto suficientemente disuasorio sobre Deltafina, porque, pese a su volumen de negocios relativamente limitado, pertenece a un grupo multinacional con una fuerza económica y financiera considerable, situado entre los principales comerciantes mundiales de tabaco que operan en distintos niveles de actividad en la industria del tabaco y en diferentes mercados geográficos (considerando 374 de la Decisión impugnada).

36 En consecuencia, a fin de conferir un carácter disuasorio a la multa, la Comisión aplica al importe inicial un coeficiente multiplicador para tener en cuenta el tamaño de las empresas de que se trata. Para Deltafina, el coeficiente multiplicador aplicado por la Comisión es del 1,5. De este modo, en el considerando 376 de la Decisión impugnada, la Comisión establece el importe inicial de la multa de Deltafina, multiplicado por el coeficiente multiplicador, en 37,5 millones de euros.

37 La Comisión incrementa después dicho importe un 60 % debido a la duración de la infracción (considerando 377 de la Decisión impugnada), de modo que el importe de base de la multa de Deltafina se establece en 60 millones de euros (considerando 379 de la Decisión impugnada).

2. Circunstancia atenuante

38 La Comisión tiene en cuenta, acto seguido, como circunstancia atenuante en favor de Deltafina, su cooperación efectiva en el marco del procedimiento fuera del ámbito de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. Comienza recordando que –por las razones expuestas aquí en los apartados 43 y siguientes– Deltafina ya no reúne los requisitos para obtener la dispensa total o la reducción de la multa en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (considerando 385 de la Decisión impugnada).

39 La Comisión indica después que, en los supuestos en los que puede aplicarse la Comunicación sobre la cooperación de 2002, la cooperación de las empresas que participan en el procedimiento debe apreciarse, en principio, en el ámbito de dicha Comunicación. Añade que únicamente en circunstancias excepcionales puede considerarse que la cooperación de una parte tenga –conforme a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»)– un efecto atenuante sobre el importe de la multa que se ha de imponer cuando la Comunicación sobre la cooperación de 2002 sea, en principio, aplicable (considerandos 386 y 387 de la Decisión impugnada).

40 La Comisión considera que así ocurre en el presente caso con Deltafina por dos razones. En primer lugar, Deltafina fue la primera empresa que presentó una solicitud de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (sólo algunos días después de su adopción) y la primera empresa a la que la Comisión concedió una dispensa condicional. Se trata, asimismo, de la primera decisión relativa a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de cooperación impuestas a las empresas que hayan presentado una solicitud de dispensa con arreglo al punto 11 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. En segundo lugar, la Comisión reconoce que Deltafina contribuyó desde el inicio de forma sustancial a su investigación y continuó haciéndolo durante todo el procedimiento, a excepción de los hechos que justifican la denegación de la dispensa definitiva (considerandos 388 a 390 de la Decisión impugnada).

41 Por estas razones, la Comisión contempla favorablemente la cooperación de Deltafina durante el procedimiento. La Comisión añade, por último, que Deltafina nunca negó los hechos objeto de la Decisión impugnada. Dadas estas consideraciones, y el comportamiento en general de Deltafina durante el procedimiento, la Comisión concluye que procede reducir en un 50 % la multa que se le debe imponer (considerandos 391 a 398 de la Decisión impugnada).

42 Habida cuenta de esta circunstancia atenuante, la Comisión establece el importe de la multa que se debe imponer solidariamente a Deltafina y a Universal en 30 millones de euros.

C. Sobre la solicitud de dispensa de Deltafina

43 La Comisión expone acto seguido las razones que la llevaron a concluir que Deltafina no podía obtener una dispensa del pago de la multa en el sentido de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

44 Explica que, tras examinar la solicitud de dispensa del pago de la multa presentada por Deltafina –que reunía los requisitos del punto 8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002– le había concedido una dispensa supeditada al cumplimiento de las condiciones acumulativas establecidas en el punto 11 de la referida Comunicación, siendo una de dichas condiciones el cumplimiento de la obligación de cooperación [punto 11, letra a), de dicha Comunicación] (considerandos 405 a 409 de la Decisión impugnada).

45 Sin embargo, la Comisión señala, en el considerando 410 de la Decisión impugnada, que, en la audiencia de 22 de junio de 2004, se reveló que Deltafina había divulgado su solicitud de dispensa con ocasión de la reunión de la APTI mencionada en el anterior apartado 12, en la también habían participado representantes de Dimon Italia, de Transcatab y de Trestina, antes de que la Comisión hubiese tenido oportunidad de realizar las verificaciones relativas al cártel en cuestión. La Comisión señala, asimismo, que tales hechos habían constituido el objeto de las imputaciones recogidas contra Deltafina en la adenda (véase el anterior apartado 20).

46 Así pues, la Comisión examinó, primero, los hechos relevantes de forma detallada para concluir, después, que Deltafina no cumplía las condiciones establecidas en el punto 11 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

1. Hechos relevantes

47 La Comisión señala que, en la reunión de 14 de marzo de 2002, se había planteado el tema del carácter confidencial de la solicitud de dispensa de Deltafina. Según la Comisión, en dicha reunión, sus Servicios habían precisado ciertamente que tenían intención de efectuar verificaciones de improviso en relación con el cártel revelado por Deltafina, que dichas verificaciones no podían tener lugar antes del período comprendido entre el 18 y el 20 de abril de 2002 y que, por lo tanto, era necesario preservar su confidencialidad hasta esa fecha para no alertar a los competidores y no comprometer la eficacia de las verificaciones (considerando 412 de la Decisión impugnada).

48 Asimismo, la Comisión señala que, en dicha reunión, Deltafina había explicado a los Servicios de la Comisión que le resultaría difícil no divulgar su solicitud de dispensa hasta la fecha prevista para las verificaciones por una serie de razones, entre ellas, en primer lugar, la celebración de reuniones inminentes con sus competidores en la APTI, en las que sería difícil preservar la confidencialidad; en segundo lugar, la necesidad de informar de la solicitud a los cuadros intermedios de Deltafina (una quincena de personas) y, en tercer lugar, la necesidad de divulgar dicha solicitud de dispensa en el contexto de operaciones de financiación que implicasen a Universal en Estados Unidos (considerando 412 de la Decisión impugnada).

49 En los considerandos 413 a 415 de la Decisión impugnada, la Comisión reproduce el contenido de un acta interna de la reunión de 14 de marzo de 2002 redactada por los Servicios de la Comisión y unas notas tomadas por uno de los representantes de Universal en dicha reunión.

50 Además, la Comisión señala, en el considerando 416 de la Decisión impugnada, que, en la reunión de 14 de marzo de 2002, sus Servicios habían pedido a Deltafina que les proporcionara una serie de informaciones que les permitiera realizar verificaciones in situ. En el considerando 417 de la Decisión impugnada, se hace referencia al texto de un memorándum interno de los Servicios de la Comisión de 15 de marzo de 2002 que resumía el estado de progreso del asunto a raíz de la reunión de la víspera. El considerando 418 de la Decisión impugnada reproduce el texto del acta de una reunión del Consejo de administración de Deltafina de 1 de marzo de 2002, en el que dicho Consejo toma nota de la necesidad de poner fin inmediatamente a los comportamientos ilegales relacionados con el cártel e insta a los participantes a observar la más estricta confidencialidad en lo referente a la solicitud de dispensa.

51 La Comisión se refiere, acto seguido, a la declaración del Presidente de Deltafina en la reunión de la APTI de 4 de abril de 2002 basándose, por un lado, en el contenido de los dos documentos mencionados por los abogados de Dimon Italia en la audiencia de 22 de junio de 2004 y, por otro, en el de un memorándum firmado por el propio Presidente de Deltafina que explicaba los términos en los que se había efectuado la divulgación de la solicitud de dispensa en dicha reunión (considerandos 421 a 426 de la Decisión impugnada).

52 La Comisión señala que, el mismo día de dicha divulgación, Dimon Italia y Transcatab presentaron también una solicitud de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y que las declaraciones realizadas por el Presidente de Deltafina en la reunión de la APTI no se mencionaban en dichas solicitudes (considerando 427 de la Decisión impugnada).

53 De la Decisión impugnada se desprende, por último, que el 29 de mayo de 2002 tuvo lugar otra reunión entre los Servicios de la Comisión y Deltafina, en cuyo marco ni la Comisión ni Deltafina plantearon el tema de la confidencialidad, ni Deltafina declaró haber divulgado su solicitud de dispensa a Dimon Italia y a Transcatab en la reunión de la APTI de 4 de abril de 2002 (considerando 429 de la Decisión impugnada).

2. Incumplimiento por Deltafina de la condición establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002

54 En la Decisión impugnada, la Comisión afirma que la obligación de cooperar establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 constituye un elemento esencial del acuerdo celebrado entre ella y el solicitante cuando se concede una dispensa condicional. Según la Comisión, dicha obligación debe interpretarse a la luz de la lógica subyacente en su política en materia de dispensa, a saber, la contribución decisiva del solicitante a la apertura de una investigación o al descubrimiento de las infracciones cometidas por un cártel. Por lo tanto, considerando esta lógica, la referida obligación no se limita, según la Comisión, a la transmisión de elementos de prueba relativos a la infracción, sino que supone también abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda comprometer su capacidad para investigar y/o constatar la infracción (considerandos 431 y 432 de la Decisión impugnada).

55 En el considerando 433 de la Decisión impugnada se señala que cuando, como en el presente caso, la Comisión no ha efectuado aún verificaciones y el sector no tiene conocimiento de las verificaciones inminentes de la Comisión, cualquier divulgación de la existencia de una solicitud de dispensa puede poner en peligro total e irrevocablemente su capacidad de realizar verificaciones eficaces y declarar la infracción. El efecto útil de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 requiere, según la Comisión, que las verificaciones no se vean comprometidas por el comportamiento de las empresas que solicitan beneficiarse del trato favorable. Por lo tanto, éstas no pueden invocar una expectativa legítima sosteniendo que, a falta de disposición expresa, la confidencialidad no puede constituir una parte de la condición establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. De ello se deriva, según la Comisión, que la divulgación deliberada y voluntaria de dicha información por un solicitante de la dispensa a sus competidores debe considerarse un incumplimiento de la obligación de cooperación establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

56 La Comisión añade que la «tensión intrínseca» entre dicha obligación y la establecida en el punto 11, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, según la cual el solicitante debe poner fin a su participación en la infracción a más tardar en la fecha de su solicitud de dispensa, no autoriza a un solicitante a informar voluntariamente a los demás miembros del cártel de que presentó una solicitud de dispensa. Esta situación sería diferente de aquella en la que el solicitante se ve obligado a adoptar medidas que pueden llevar a los demás participantes del cártel a sospechar que presentó tal solicitud (considerando 434 de la Decisión impugnada).

57 La Comisión estima, por otra parte, que las circunstancias específicas del presente asunto indican efectivamente que Deltafina había comprendido que la confidencialidad formaba parte de su obligación de cooperación. Según la Comisión, esto se deduce con claridad, en particular, de la resolución del Consejo de administración de Deltafina de 1 de marzo de 2002, que imponía «la más estricta confidencialidad» al respecto (véanse el considerando 418 de la Decisión impugnada y el anterior apartado 50) y de los propios términos del Presidente de Deltafina, según los cuales, la decisión de Deltafina de cooperar con la Comisión «sólo podía comunicarse a las demás empresas con gran prudencia y en caso de necesidad» (considerando 440 de la Decisión impugnada).

58 Habida cuenta de los hechos relevantes recordados anteriormente y del alcance de la condición establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, la Comisión concluye que Deltafina incumplió dicha condición. En efecto, aun cuando ésta sabía que la Comisión tenía la intención de efectuar verificaciones in situ durante el período comprendido entre el 18 y el 20 de abril de 2002, su Presidente informó voluntariamente a sus dos principales competidores de la presentación de su solicitud de dispensa antes de la realización de dichas verificaciones in situ (considerando 441 de la Decisión impugnada).

59 Asimismo, la Comisión señala, en el considerando 442 de la Decisión impugnada, que el comportamiento de Deltafina podía perfectamente comprometer el resultado de tales verificaciones, lo que Deltafina sabía o, al menos, debía haber sabido, en particular por haber sido informada específicamente por la Comisión de la próxima realización de las verificaciones y por habérsela instado a preservar la confidencialidad de su solicitud de dispensa, de modo que no comprometiera el resultado de dichas verificaciones. Según la Comisión, es imposible determinar si perjudicó efectivamente sus verificaciones y, además, esta circunstancia no puede en ningún caso constituir un factor determinante para establecer la responsabilidad de Deltafina (considerando 443 de la Decisión impugnada).

60 A este respecto, la Comisión señala que ni las discusiones en la reunión de 14 de marzo de 2002 ni su comportamiento subsiguiente dejan duda alguna en cuanto al hecho de que no admitió nunca que Deltafina debiera divulgar inevitablemente a sus competidores su solicitud de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y que, por lo tanto, no pudieran ya tener lugar las verificaciones. Por el contrario, la Comisión sostiene haber puntualizado que era necesario mantener la confidencialidad un mes más a fin de preparar dichas verificaciones, para las cuales pidió la información necesaria y comenzó los preparativos desde el día siguiente a la reunión (considerandos 446 y 447 de la Decisión impugnada).

61 La Comisión afirma haber reconocido tanto las dificultades prácticas de Deltafina para preservar la confidencialidad de la solicitud de dispensa como el hecho de que las verificaciones habrían resultado sumamente improbables si Deltafina se hubiera visto obligada a divulgar su solicitud de dispensa a sus competidores. Sin embargo, la Comisión considera que, en el presente caso, la divulgación por Deltafina de su solicitud de dispensa en la reunión de la APTI fue voluntaria y espontánea. Tal comportamiento no podría justificarse nunca en el marco de la solicitud de dispensa (considerandos 444, 448 y 450 de la Decisión impugnada).

62 Del considerando 449 de la Decisión impugnada se desprende que el hecho de que Deltafina no informara nunca a la Comisión de dicha divulgación da a entender que no se esperaba que la Comisión aprobase su comportamiento.

63 La Comisión señala que durante el procedimiento administrativo Deltafina alegó que la divulgación no era voluntaria, sino más bien debida a las presiones que sufría por parte de sus competidores. No obstante, según la Comisión, si bien el cese de la participación en la infracción exigida a raíz de la presentación de una solicitud de dispensa puede implicar dificultades prácticas, Deltafina no demostró de qué modo el cese de su participación en las prácticas ilegales y su rechazo a encontrarse con sus competidores «podían obstaculizar su comportamiento comercial lícito». Por otra parte, según la Comisión, las presiones ejercidas por el entorno, que no representan amenazas serias e inminentes, no pueden excluir el carácter voluntario de la divulgación de que se trata. Dado que el Presidente de Deltafina no actuó bajo el efecto de una amenaza apremiante, la Comisión concluye que la divulgación de la solicitud de dispensa durante la reunión de la APTI era voluntaria (considerandos 451 a 453 de la Decisión impugnada).

64 Por último, la Comisión estima que el hecho de que, a raíz de ciertas presiones ejercidas por los asesores jurídicos externos de las sociedades matrices de Dimon Italia y de Transcatab, el asesor jurídico externo de Universal hubiera confirmado, el 2 de abril de 2002, que Deltafina había presentado a la Comisión una solicitud de dispensa no podía justificar en sí el incumplimiento de la obligación de cooperación por parte de Deltafina ni remediarla. La Comisión considera, en primer lugar, que no existe nexo alguno entre la divulgación en Estados Unidos y el comportamiento del Presidente de Deltafina; en segundo lugar, que una eventual infracción distinta del incumplimiento de la obligación de cooperación con la Comisión no podía utilizarse para justificar un incumplimiento ulterior de la misma obligación (ex iniuria non oritur ius) y, en tercer lugar, que no había prueba alguna de las presiones ejercidas por los asesores jurídicos externos de SCC y de Dimon aparte de un mensaje telefónico que el asesor jurídico externo de SCC había dejado en el contestador del asesor jurídico de Universal (considerandos 454 a 459 de la Decisión impugnada).

65 La Comisión señala acto seguido que, en cualquier caso, Universal no informó rápidamente a la Comisión de la divulgación efectuada por su asesor jurídico externo (considerando 459 de la Decisión impugnada).

66 En el considerando 460 de la Decisión impugnada, la Comisión concluye que, por todas las razones anteriormente expuestas, Deltafina incumplió la obligación de cooperación que debía observar en virtud del punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y que, en consecuencia, no se le podía conceder la dispensa, de modo que debía imponérsele una multa por las infracciones en cuestión.

Procedimiento y pretensiones de las partes

67 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 19 de enero de 2006, Deltafina interpuso el presente recurso.

68 Mediante escrito de 26 de junio de 2006, Deltafina solicitó al Tribunal que ordenase a la Comisión que presentara la versión íntegra de un documento adjuntado como anexo al escrito de contestación a la demanda. Mediante comunicación de 22 de noviembre de 2006, la Secretaría del Tribunal informó a Deltafina de la decisión del Presidente de la Sala Tercera desestimar dicha solicitud.

69 Mediante escrito de 16 de septiembre de 2010, Deltafina informó al Tribunal de que renunciaba a su sexto motivo.

70 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral.

71 En la vista celebrada el 29 de septiembre de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

72 Deltafina solicita al Tribunal que:

– Anule la multa que se le impone en el artículo 2 de la Decisión impugnada.

– Con carácter subsidiario, reduzca el importe de dicha multa.

– Condene en costas a la Comisión.

73 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a Deltafina.

Fundamentos de Derecho

74 En apoyo de sus pretensiones, Deltafina invoca siete motivos.

75 Los cuatro primeros motivos se invocan con carácter principal y se refieren a la anulación de la Decisión impugnada en cuanto que condena a Deltafina a pagar una multa. El primer motivo se basa en un error manifiesto en la medida en que la revocación de la dispensa del pago de la multa se basa en una premisa fáctica errónea. El segundo motivo se basa en un error manifiesto de apreciación, puesto que la Comisión consideró que Deltafina había incumplido la obligación de cooperación establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. El tercer motivo se basa en un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión revocó la dispensa al considerar que la divulgación por Deltafina de su solicitud de dispensa había comprometido la investigación. El cuarto motivo se basa en la violación del principio de protección de la confianza legítima, del principio de buena administración y del principio de proporcionalidad.

76 Los tres últimos motivos se invocan con carácter subsidiario y tienen por objeto obtener la reducción del importe de la multa impuesta a Deltafina. El quinto motivo se basa en la violación del principio de proporcionalidad debido al carácter excesivo del importe inicial de la multa. El sexto motivo se basa en un error en la medida en que la Comisión consideró a Universal responsable solidaria del comportamiento de Deltafina y, en consecuencia, impuso una multa excesiva a esta última. El séptimo motivo se basa en una apreciación errónea de las circunstancias atenuantes.

77 Puesto que Deltafina renunció a su sexto motivo mediante escrito de 16 de septiembre de 2010, no procede examinarlo.

I. Sobre los motivos invocados con carácter principal

78 Con carácter preliminar, procede señalar que los tres primeros motivos de Deltafina se basan todos en errores que tachan presuntamente de ilegal la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión no le concedió la dispensa del pago de la multa debido a que incumplió la obligación de cooperación, establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

79 Toda vez que dichos motivos están estrechamente ligados, es preciso examinarlos conjuntamente.

A. Sobre los tres primeros motivos, basados en errores manifiestos en que incurre la falta de concesión de la dispensa definitiva a Deltafina

1. Alegaciones de las partes

80 En el marco de su primer motivo, Deltafina alega que la revocación de la dispensa por la Comisión se basa en un error manifiesto de hecho, en la medida en que se apoya en una premisa errónea, según la cual los transformadores italianos de tabaco crudo no estaban al corriente de la investigación llevada a cabo por la Comisión.

81 En opinión de Deltafina, del considerando 433 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión estimó que la comunicación efectuada por su Presidente en la reunión de 4 de abril de 2002 constituía un incumplimiento de la obligación de cooperación, porque podía comprometer la eficacia de la investigación. La Comisión afirmó en dicho considerando que cualquier fuga de información sobre la existencia de una solicitud de dispensa podría incitar a los demás participantes del cártel a eliminar o a disimular pruebas. Sin embargo, según Deltafina, una condición esencial para que tal posición estuviera justificada sería que el sector de que se trata no estuviera ya al corriente de la existencia de la investigación y de la posibilidad de verificaciones de improviso. Esto ocurriría únicamente en el supuesto de que una comunicación a terceros de la existencia de una solicitud de dispensa pudiera, teóricamente, comprometer la capacidad de la Comisión para llevar a cabo su investigación de manera eficaz. Por consiguiente, Deltafina alega que la premisa fundamental de la revocación de la dispensa fue necesariamente que el sector de que se trata no tenía conocimiento de la investigación de la Comisión.

82 Ahora bien, según Deltafina, los transformadores italianos de tabaco crudo estaban al corriente de la existencia de la investigación de la Comisión, debido a las verificaciones efectuadas en octubre de 2001 por la Comisión en Bruselas y en España y a las peticiones de información que la Comisión dirigió el 15 de enero de 2002 a la APTI y a la UNITAB. Otros diversos elementos probarían que el sector estaba informado de la investigación, tales como una declaración de Dimon contenida en un formulario presentado a la autoridad americana de control de los mercados financieros, el hecho de que tanto Dimon Italia como Transcatab ya habían comenzado a preparar sus solicitudes de trato favorable antes de la divulgación del 4 de abril de 2002 y la circunstancia de que la investigación de la Comisión había sido discutida en una reunión de la APTI.

83 Además, a juicio de Deltafina, la presentación de una solicitud de dispensa no conduce automáticamente a verificaciones de improviso, puesto que éstas no son necesarias cuando el solicitante proporciona elementos de prueba que permiten a la Comisión señalar una infracción. En su opinión, únicamente son indispensables las verificaciones de improviso para declarar una infracción en el supuesto contemplado en el punto 8, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. Por el contrario, en los supuestos contemplados en el punto 8, letra b), de dicha Comunicación, las verificaciones no serían indispensables, en la medida en que todos los elementos de prueba necesarios ya habrían sido aportados a la Comisión por la empresa que presentó la solicitud de dispensa. Pues bien, en el presente caso, toda vez que la solicitud de dispensa de Deltafina cumplía, según la propia Comisión, las condiciones del punto 8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, se trataría de un supuesto en el que no era necesario que la Comisión efectuase verificaciones de improviso.

84 Por lo tanto, según Deltafina, a la luz de todas estas circunstancias, la revocación por la Comisión de la dispensa de Deltafina se basaría en un error de hecho manifiesto.

85 En el marco del segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación puesto que la Comisión consideró que Deltafina había incumplido la obligación de cooperación establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, Deltafina presenta, en esencia, tres series de alegaciones.

86 En primer lugar, alega que, contrariamente a lo que afirma la Comisión, cumplió escrupulosamente su obligación de cooperación, tal y como se establece en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. Sostiene que advirtió a la Comisión, en la reunión de 14 de marzo de 2002, de la imposibilidad de no revelar que había presentado una solicitud de dispensa. Esta imposibilidad de guardar el secreto derivaría de las cuatro circunstancias siguientes: un procedimiento de control previo (due diligence) en curso en relación con una operación financiera efectuada por Universal en el mercado americano; una acción antitrust colectiva entablada en Estados Unidos contra Universal, Dimon y SCC; la necesidad de informar a los cuadros intermedios de Deltafina de la presentación de la solicitud de trato favorable a fin de evitar que continuasen las actividades del cártel; la inminencia de la reunión de la APTI, en la que Deltafina debía encontrarse, por primera vez desde la presentación de su solicitud de trato favorable, frente a los demás transformadores de tabaco crudo.

87 Dado que el mercado de que se trata se caracteriza por su muy reducido tamaño, su transparencia y la facilidad de contactos personales entre los miembros del cártel, el rechazo de Deltafina a participar en las discusiones habituales durante las semanas posteriores a la presentación de su solicitud de dispensa habría levantado fatalmente sospechas entre los demás miembros del cártel. El riesgo de que de dicho comportamiento pudiera deducirse que había presentado una solicitud de dispensa era aún mayor si se tomaba en consideración el contexto fáctico que rodeaba su solicitud de dispensa y, en particular, las verificaciones en España y en Bruselas en octubre de 2001, la presentación de una solicitud colectiva de dispensa por parte de Dimon, Deltafina y Transacatab en relación con los cárteles ilegales en el mercado español, el hecho de que el comportamiento de Deltafina fuera típico del autor de una solicitud de dispensa y las presiones ejercidas por sus competidores –en concreto, Dimon y SCC– a fin de obtener la confirmación de que Deltafina había presentado una solicitud de dispensa. Deltafina alega que la Decisión impugnada no tiene en cuenta en absoluto este contexto fáctico.

88 Además, Deltafina sostiene que lo que la habría puesto en una situación imposible sería la obligación de poner fin inmediatamente a la infracción. En efecto, si no se hubiera obligado a Deltafina a retirarse del cártel a partir de la presentación de la solicitud de dispensa, no se habría visto obligada a efectuar dicha comunicación en la reunión de la APTI para poner fin a una situación que se había vuelto insostenible. Por lo tanto, la divulgación de la solicitud de dispensa es la consecuencia directa, en el presente caso, de la obligación de poner fin a la infracción. La propia Comisión reconoce abiertamente la existencia de una «tensión intrínseca» entre las obligaciones establecidas en el punto 11, letras a) y b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (considerando 434 de la Decisión impugnada), pero no extrae las consecuencias que de ello se derivan. Deltafina se pregunta si el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 obliga al solicitante a mentir para poder conservar el beneficio de la dispensa condicional.

89 Por otra parte, los programas de clemencia en Estados Unidos y en numerosos Estados miembros, entre los que se encuentran Reino Unido, Alemania y Francia, permiten que las autoridades autoricen a los solicitantes de dispensa a seguir participando en el cártel, para preservar el efecto sorpresa de las verificaciones ulteriores. Esta posibilidad se introdujo en la nueva Comunicación sobre la cooperación de 2006 [Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2006, C 298, p. 17; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación de 2006»)]. Además, la obligación de confidencialidad únicamente se introduce expresamente en la Comunicación sobre la cooperación de 2006.

90 En segundo lugar, Deltafina sostiene que la Comisión estaba perfectamente informada de que, por las razones de orden práctico indicadas en la reunión de 14 de marzo de 2002, Deltafina había revelado que había presentado una solicitud de dispensa antes del período comprendido entre el 18 y el 20 de abril de 2002, período a partir del cual la Comisión había indicado que podría efectuar verificaciones. Deltafina afirma que comunicó a la Comisión su preocupación de no poder disimular mucho tiempo la presentación de su solicitud de dispensa, tanto el 28 de febrero de 2002, en una conversación telefónica entre el abogado de Universal y el funcionario de la Comisión encargado del expediente, como en la reunión de 14 de marzo de 2002. Además, en la audiencia de 22 de junio de 2004, dicho funcionario confirmó que había «admitido» que debía realizarse la revelación y que «la confidencialidad no podía acordarse absolutamente».

91 Añade que el acta de la reunión de 14 de marzo de 2002 elaborada por la propia Comisión y las notas del abogado de Universal y de los abogados de Deltafina presentes en la reunión demuestran que los funcionarios de la Comisión habían tomado nota de la imposibilidad en que se encontraba Deltafina de evitar divulgar su solicitud de dispensa en la reunión de la APTI. En su opinión, el contenido de una conversación telefónica realizada el 22 de marzo de 2002 entre los abogados de Deltafina y el funcionario encargado del expediente confirma que la Comisión estaba perfectamente al corriente de la inminente revelación por Deltafina de su cooperación.

92 Además, del acta de la reunión de 14 de marzo de 2002 redactada por la Comisión se desprende que el funcionario encargado del expediente declaró que, en caso de divulgación de la solicitud de dispensa, «la obligación de Deltafina de aportar lo más rápidamente posible elementos de prueba a la Comisión [sería] aún más acuciante». Pues bien, Deltafina cumplió dicha obligación, como resulta de los considerandos 389 a 397 de la Decisión impugnada. Por consiguiente, cumplió su obligación de cooperación, en la medida en que proporcionó información adicional, como le habían pedido los Servicios de la Comisión durante la reunión de 14 de marzo de 2002, aceptando así esa mayor carga debido a la imposibilidad de mantener en secreto su cooperación. Además, la Comisión escuchó largamente a los directivos de Deltafina los días 29 de mayo y 11 de julio de 2002. De hecho, la mayor parte de las pruebas reproducidas en la Decisión impugnada provienen de Deltafina. Así pues, Deltafina se atuvo totalmente a las peticiones de la Comisión en el marco de la «segunda mejor opción» indicada por ésta. A juicio de Deltafina, al pedirle que aportara información adicional, la Comisión permitió que la divulgación de la solicitud de dispensa no comprometiese la investigación.

93 Según Deltafina, la razón por la que no informó a la Comisión de que había revelado su solicitud de dispensa se encontraba en el hecho de que, en la reunión de 14 de marzo de 2002, había advertido a la Comisión de la imposibilidad material de no revelar dicha solicitud con ocasión de la reunión inminente de la APTI. Por lo tanto, Deltafina considera que los funcionarios de la Comisión encargados del asunto sabían perfectamente que Deltafina efectuaría dicha comunicación con ocasión de la referida reunión.

94 Además, señala que los dos documentos relativos a la reunión de la APTI de 4 de abril de 2002 –basándose en los cuales Dimon Italia acusó a Deltafina de haber incumplido su obligación de cooperación– formaban parte del expediente de la Comisión desde hacía mucho tiempo, a saber, desde la verificación efectuada a Dimon Italia el 18 de abril de 2002, y la Comisión nunca había encontrado en ellos nada censurable.

95 En tercer lugar, Deltafina alega que la comprensión inicial errónea de su comportamiento por la Comisión influyó en las conclusiones formuladas en la Decisión impugnada. Sostiene que, en la adenda, la Comisión se basó en la premisa de que Deltafina, Dimon Italia y Transcatab habían organizado juntas su comportamiento en relación con la presentación de las solicitudes de dispensa. Esta afirmación resultaría de los puntos 57 y 60 de la adenda. En este último punto, la Comisión calificó, en concreto, el comportamiento de Deltafina de «manifiestamente fraudulento». Sin embargo, el expediente revela que Deltafina, Dimon Italia y Transcatab prepararon sus respectivas solicitudes de dispensa de manera autónoma y sin concertación alguna en cuanto al orden en el que se presentarían las solicitudes. Así pues, el comportamiento de Deltafina fue conforme a la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

96 Aun cuando las acusaciones formuladas contra Deltafina en la adenda no se hayan reproducido en la Decisión impugnada, en ésta hay todavía trazas de ellas, en particular, en el considerando 441, cuando la Comisión afirma que Deltafina había divulgado la presentación de la solicitud «a sus dos principales competidores», y en el título que sigue al considerando 420 de la Decisión impugnada («Declaraciones hechas por Deltafina a Dimon y a Transcatab el 4 de abril de 2002»).

97 En el marco del tercer motivo, Deltafina alega que la Decisión impugnada está viciada por un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión consideró que la divulgación de su solicitud de dispensa comprometió la investigación. En efecto, según Deltafina, puesto que no podía revelar a los demás miembros de cártel nada que no supieran ya, dicha divulgación no podía comprometer en modo alguno la investigación de la Comisión, contrariamente a lo que ésta sostiene en el considerando 433 de la Decisión impugnada.

98 Por lo que se refiere específicamente a Dimon Italia y Transcatab, considera que el hecho de que hubieran sido informadas por el asesor jurídico de Universal de la presentación de la solicitud de dispensa por Deltafina tuvo como único efecto acelerar la presentación de sus solicitudes de trato favorable que, en cualquier caso, ya estaban preparando. Según Deltafina, la cooperación de estas dos sociedades no comprometió la investigación; muy al contrario, redujo el esfuerzo de investigación de la Comisión. Además, del expediente se desprende que la Comisión acordó con estas dos empresas las verificaciones efectuadas.

99 Deltafina estima que, en el considerando 443 de la Decisión impugnada, la propia Comisión admite que «es imposible determinar si perjudicó efectivamente [sus] verificaciones». Además, el hecho, citado en el mismo considerando de la Decisión impugnada, de que las verificaciones efectuadas en los locales de Trestina hubieran sido infructuosas no es consecuencia de la declaración del Presidente de Deltafina, sino que resultaría más bien de que la propia Comisión, mediante su actuación, había advertido previamente de la investigación a todo el sector italiano. Añade que, en el caso de Romana Tabacchi, la Comisión no se queja de que la verificación hubiera sido infructuosa.

100 Por lo tanto, basándose en todas estas consideraciones, Deltafina solicita al Tribunal que anule la Decisión impugnada en la medida en que la condena a pagar una multa.

101 La Comisión solicita que se desestimen los tres primeros motivos invocados por Deltafina.

2. Apreciación del Tribunal

102 Antes de examinar las diferentes alegaciones formuladas por Deltafina, es preciso recordar el contexto jurídico en el que se inscriben.

a) Sobre el programa de clemencia

103 En el marco de su actividad de persecución de las infracciones del artículo 81 CE, la Comisión puso en práctica un programa de clemencia con objeto de conceder un trato favorable a las empresas que cooperen con ella en las investigaciones relativas a los cárteles secretos que afectan a la Unión.

104 Este programa de clemencia, inicialmente establecido en la Comunicación sobre la cooperación de 1996, fue completado a continuación en la Comunicación sobre la cooperación de 2002, aplicable en el presente caso, y, posteriormente, en la Comunicación sobre la cooperación de 2006.

105 De la Comunicación sobre la cooperación de 2002 se desprende que la creación de un programa de clemencia encuentra su justificación en la consideración de que redunda en el interés de la Unión conceder un trato favorable a las empresas que cooperen con la Comisión en las investigaciones relativas a los acuerdos secretos en relación con prácticas que forman parte de las infracciones más graves del artículo 81 CE, a saber, las que tienen por objeto, en concreto, la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados o la restricción de las importaciones o las exportaciones.

106 En efecto, la Comisión considera que para los consumidores y los ciudadanos prima el interés por que se descubran y prohíban los cárteles secretos sobre el interés en que se multe a las empresas cuya colaboración haya permitido a la Comisión detectar y prohibir tales prácticas (véase el punto 4 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, reproducido en el punto 3 de la Comunicación sobre la cooperación de 2006).

107 Por lo tanto, el programa de clemencia persigue un objetivo de instrucción, represión y disuasión de las prácticas que forman parte de las infracciones más graves del artículo 81 CE. Se basa en un tipo de acuerdo celebrado entre la Comisión y las empresas que participaron en dichas prácticas ilegales que decidan cooperar con la Comisión.

108 Dichas empresas ofrecen una cooperación activa y voluntaria en la investigación al facilitar la labor de la Comisión consistente en la comprobación y represión de las infracciones de las normas en materia de competencia (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2007, BASF y UCB/Comisión, T‑101/05 y T‑111/05, Rec. p. II‑4949, apartado 90, y la jurisprudencia citada). Como contrapartida de dicha cooperación, pueden obtener un trato favorable en lo referente a las multas que, de otro modo, se les habrían impuesto, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la Comunicación sobre la cooperación.

109 El programa de clemencia, tal y como se establece en la Comunicación sobre la cooperación de 2002, prevé la posibilidad de que la Comisión pueda conceder tanto una dispensa total del pago de la multa a la primera empresa que coopere en la investigación, como reducciones de las multas a las empresas que cooperen posteriormente. En el primer caso, la empresa de que se trate disfrutará de una excepción total al principio de responsabilidad personal, en virtud del cual, cuando una empresa infringe las normas sobre competencia, le incumbe a ella responder por esta infracción (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y otros/Comisión, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P y C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, apartado 77). En los demás casos, el grado de aplicación de dicha excepción variará en función del orden cronológico de la presentación de la solicitud de cooperación y de la calidad de la cooperación prestada.

110 A este respecto, es preciso subrayar que es inherente a la lógica del programa de clemencia que sólo uno de los miembros de un cártel pueda beneficiarse de la dispensa total del pago de la multa, pues el efecto perseguido es crear un clima de incertidumbre dentro de los cárteles al fomentar su denuncia ante la Comisión. Esta incertidumbre resulta precisamente de que los participantes en el cártel saben que sólo uno de ellos podrá beneficiarse de la dispensa total del pago de la multa al denunciar a los demás participantes en la infracción, exponiéndoles así al riesgo de que se les impongan multas.

111 De la Comunicación sobre la cooperación de 2002 se desprende que, en el marco del programa de clemencia establecido en ella, reproducido en esencia en la Comunicación sobre la cooperación de 2006, el procedimiento de concesión a una empresa de la dispensa total del pago de las multas comprende tres fases distintas.

112 En una primera fase, la empresa que tiene intención de cooperar con la Comisión debe entrar en contacto con ella y proporcionarle elementos de prueba en relación con un presunto cártel que afecte a la competencia en la Unión. Dichos elementos de prueba deben permitir a la Comisión bien adoptar una decisión por la que se ordene una verificación, en el supuesto previsto en el punto 8, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, bien comprobar una infracción del artículo 81 CE, en el supuesto previsto en el punto 8, letra b), de esa misma Comunicación.

113 En una segunda fase, una vez recibida la solicitud de dispensa, la Comisión valora los elementos de prueba aportados en apoyo de dicha solicitud a fin de comprobar que la empresa de que se trata cumple los requisitos establecidos, según proceda, en el punto 8, letras a) o b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. Si dicha empresa es la primera que cumple tales requisitos, la Comisión le concederá por escrito la dispensa condicional del pago de las multas (puntos 15 y 16 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002).

114 La concesión de la dispensa condicional implica, por lo tanto, la creación de un estatuto procedimental particular, durante el procedimiento administrativo, en favor de la empresa que cumpla los requisitos establecidos en el punto 8 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, que produce determinados efectos jurídicos. Sin embargo, esta dispensa condicional no es asimilable en absoluto a la dispensa definitiva del pago de las multas, que únicamente se concede al final del procedimiento administrativo.

115 Más concretamente, la concesión de la dispensa condicional, por un lado, acredita que la empresa de que se trata ha sido la primera que cumplió los requisitos mencionados en el punto 8, letras a) o b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, de modo que la Comisión no estimará otras solicitudes de dispensa de pago antes de haberse pronunciado sobre su solicitud (punto 18 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002) y, por otro lado, ofrece a la referida empresa la garantía de que la Comisión le concederá la dispensa del pago de las multas si, al final del procedimiento administrativo, concluye que dicha empresa cumplió las condiciones establecidas en el punto 11, letras a) a c), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

116 A este respecto, es preciso señalar que, a tenor del punto 11, letras a) a c), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002:

«Además de las condiciones establecidas, según proceda, en la letra a) del punto 8 y en el punto 9 o en la letra b) del punto 8 y en el punto 10, para obtener la dispensa del pago de una multa, deberán en cualquier caso cumplirse las siguientes condiciones cumulativas:

a) la empresa cooperará plena, continua y diligentemente a lo largo de todo el procedimiento administrativo de la Comisión y facilitará a ésta todos los elementos de prueba que obren en su poder o se hallen a su disposición, relacionados con la presunta infracción. En particular, quedará a disposición de la Comisión para responder con prontitud a todo requerimiento que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos;

b) la empresa deberá poner fin a su participación en la presunta infracción a más tardar en el momento en que facilite los elementos de prueba contemplados, según proceda, en las letras a) o b) del punto 8;

c) la empresa no deberá haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la infracción.»

117 Por último, sólo es en una tercera fase, al término del procedimiento administrativo, cuando la Comisión adopta la decisión final y en ella concede o no la dispensa del pago de las multas propiamente dicha a la empresa beneficiaria de la dispensa condicional. Es en ese momento preciso cuando el estatuto procedimental derivado de la dispensa condicional deja de producir sus efectos. Sin embargo, la dispensa definitiva del pago de las multas sólo se concederá si la referida empresa ha cumplido, a lo largo del procedimiento administrativo y hasta el momento de la decisión final, las tres condiciones acumulativas que se establecen en el punto 11, letras a) a c), la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (punto 19 de esta Comunicación).

118 Por lo tanto, del sistema previsto en la Comunicación sobre la cooperación de 2002 se deduce que, antes de la decisión final, la empresa que solicita la dispensa no obtiene la dispensa del pago de la multa propiamente dicha, sino que goza únicamente de un estatuto procedimental que puede transformarse en dispensa del pago de la multa al final del procedimiento administrativo, si se cumplen las condiciones requeridas.

119 Pues bien, en sus escritos y en la vista, Deltafina invocó en repetidas ocasiones una supuesta decisión de la Comisión de «revocarle» la dispensa condicional que se le había concedido con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

120 A este respecto, es preciso señalar que, en el presente caso, el 19 de febrero de 2002, Deltafina presentó su solicitud de dispensa o de reducción de la multa. Después, el 6 de marzo de 2002, la Comisión, al estimar que cumplía los requisitos establecidos en el punto 8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, le concedió, por escrito, el estatuto procedimental de la dispensa condicional. Por último, al final del procedimiento administrativo, por considerar que Deltafina había incumplido la condición establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, la Comisión decidió no concederle la dispensa definitiva.

121 De lo anterior se desprende que la Decisión impugnada no procedió en absoluto, como alega Deltafina, a una «revocación» de la dispensa condicional, toda vez que el estatuto procedimental correspondiente a esta última dejó de producir efectos en el momento en el que la Comisión adoptó su decisión final. Por lo tanto, en dicha Decisión, la Comisión no «revocó» la dispensa condicional, sino que decidió no conceder a Deltafina la dispensa definitiva.

122 En la medida en que no existe ninguna «revocación» de la dispensa condicional, procede interpretar las alegaciones de Deltafina en el sentido de que tienen por objeto la decisión de la Comisión de no concederle la dispensa definitiva.

b) Sobre el alcance de la obligación de cooperación

123 Toda vez que Deltafina alega principalmente la ilegalidad de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión decidió no concederle la dispensa definitiva por haber incumplido la obligación de cooperación, establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, es preciso aclarar previamente el alcance de dicha obligación.

124 De los propios términos del punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (véase el anterior apartado 116), y en concreto de la calificación de la cooperación requerida de «plena, continua y [diligente]», se deriva que la obligación de cooperación de la empresa que solicita la dispensa constituye una obligación muy general de límites definidos de manera imprecisa, y cuyo alcance exacto sólo puede comprenderse en el contexto en el que se inscribe, a saber, en el marco del programa de clemencia.

125 De las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 103 y siguientes se desprende que la concesión de la dispensa total del pago de las multas constituye una excepción al principio de la responsabilidad personal de la empresa por la infracción de las normas sobre competencia que se justifica por la finalidad de favorecer el descubrimiento, la instrucción y la represión, así como la disuasión, de las prácticas que forman parte de las restricciones más graves de la competencia. En estas circunstancias, resulta lógico, por lo tanto, que se exija que, a cambio de la concesión de la dispensa total del pago de las multas por la conducta infractora que cometió, la empresa que solicita la dispensa preste a la investigación de la Comisión una cooperación que debe ser, según los términos de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, «plena, continua y [diligente]».

126 Pues bien, de la calificación de la cooperación de «plena» se deriva que la colaboración que el solicitante de dispensa debe prestar a la Comisión a fin de obtener dicha dispensa debe ser completa, absoluta y sin reservas. La calificación de «continua» y «[diligente]» implica que dicha colaboración debe extenderse a lo largo de todo el procedimiento administrativo y que debe ser, en principio, inmediata.

127 Además, de reiterada jurisprudencia se desprende que una reducción de la multa basada en la Comunicación sobre la cooperación sólo se justifica cuando quepa considerar que la información facilitada y, en general, el comportamiento de la empresa de que se trate revelan una auténtica cooperación por parte de ésta (véanse, en relación con la Comunicación sobre la cooperación de 1996, las sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 395; de 29 de junio de 2006, Comisión/SGL Carbon, C‑301/04 P, Rec. p. I‑5915, apartado 68, y Erste Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 109 supra, apartado 281).

128 En efecto, según se deduce del propio concepto de cooperación y del realce que recibe en el texto de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, únicamente puede concederse una reducción en virtud de dicha Comunicación cuando el comportamiento de la empresa de que se trate pruebe la existencia de ese espíritu de cooperación (véanse, en este sentido, en relación con la Comunicación sobre la cooperación de 1996, las sentencias Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 127 supra, apartado 396, y Erste Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 109 supra, apartado 282).

129 Esta consideración se aplica a fortiori a la cooperación necesaria para justificar el beneficio de la dispensa total del pago de las multas, en la medida en que la dispensa constituye un trato aún más favorable que una mera reducción de la multa.

130 De lo anterior se deriva que el concepto de cooperación «plena, continua y [diligente]» que justifica la concesión de la dispensa total del pago de las multas implica una colaboración auténtica, completa y caracterizada por un verdadero espíritu de cooperación.

131 Sobre este particular, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, cuando una empresa presenta a la Comisión una exposición de los hechos incompleta o inexacta, no cabe considerar que su comportamiento sea reflejo de un verdadero espíritu de cooperación en el sentido de su jurisprudencia (véanse, en este sentido, las sentencias Dansk Rørindustri y otros/Comisión citada en el apartado 127 supra, apartado 397; Comisión/SGL Carbon, citada en el apartado 127 supra, apartado 69, y Erste Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 109 supra, apartado 283).

132 Igualmente, una empresa que desee obtener la dispensa total del pago de las multas sobre la base de su cooperación en la investigación no puede dejar de informar a la Comisión de hechos pertinentes de los que tenga conocimiento y que puedan afectar, aun potencialmente, al desarrollo del procedimiento administrativo y a la eficacia de la instrucción de la Comisión. Por lo tanto, una cooperación auténtica y plena presupone que, durante todo el procedimiento administrativo, la empresa de que se trata informe en tiempo oportuno a la Comisión de cualquier circunstancia pertinente que pueda influir negativamente en el buen desarrollo de la investigación y en el descubrimiento y represión eficaz del cártel en cuestión. Esta obligación de información es tanto más importante cuando tal circunstancia afecta a las relaciones entre dicha empresa y los demás miembros del cártel y, con mayor razón, si la posible aparición de dicha circunstancia fue objeto previamente de una discusión expresa entre la Comisión y la referida empresa en el marco del procedimiento administrativo.

133 Asimismo, es preciso señalar que la apreciación de la existencia de un comportamiento que refleje un verdadero espíritu de cooperación conforme a las exigencias indicadas en los anteriores apartados 124 a 132 y, en particular, a la jurisprudencia mencionada en los anteriores apartados 127 y 128, sólo puede realizarse en función de las circunstancias existentes en el momento en el que tuvo lugar el comportamiento. En efecto, habida cuenta del carácter «continuo» de la cooperación exigida que debe perdurar a lo largo de todo el procedimiento, cualquier comportamiento contrario al verdadero espíritu de cooperación basta por sí solo para caracterizar un incumplimiento de la obligación de cooperación. Por lo tanto, no puede justificar tal incumplimiento cualquier circunstancia posterior a dicho comportamiento.

134 De lo anterior se deduce que la eventual comprobación ex post de que el comportamiento por el que se incumple la obligación de cooperación no produjo efectos negativos no puede ser invocada para justificar dicho comportamiento.

135 A la luz de estas consideraciones procede apreciar los hechos pertinentes y las alegaciones formuladas por Deltafina.

c) Sobre el incumplimiento por Deltafina de la obligación de cooperación

136 En el marco de sus tres primeros motivos, Deltafina alega, en esencia, que la Comisión incurrió en varios errores al no concederle la dispensa del pago de la multa al final del procedimiento administrativo debido al incumplimiento por su parte de la obligación de cooperación establecida en el punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

137 A este respecto, en primer lugar, queda acreditado que el 4 de abril de 2002, en una reunión de la APTI, el Presidente de Deltafina hizo una declaración espontánea mediante la que informó a los allí presentes de que Deltafina había presentado una solicitud de dispensa ante la Comisión en el marco del programa de clemencia en relación con los cárteles existentes entre los transformadores en el mercado de tabaco en Italia y de que, por lo tanto, Deltafina había empezado a cooperar con la Comisión. El propio Presidente de Deltafina describe detalladamente esta comunicación en una declaración escrita reproducida literalmente en el considerando 426 de la Decisión impugnada. De esta declaración se desprende que el Presidente de Deltafina afirmó haber decidido él mismo realizar dicha comunicación en la reunión de 4 de abril de 2002.

138 Deltafina no discute el hecho, aludido en concreto en el considerando 449 de la Decisión impugnada, de que, si bien se reunió con los Servicios de la Comisión en repetidas ocasiones después de dicha divulgación, nunca les informó de la declaración realizada por su Presidente en la reunión de la APTI de 4 de abril de 2002. En su recurso, incluso confirma expresamente este hecho.

139 Además, queda demostrado que la Comisión sólo tuvo conocimiento de la divulgación realizada por el Presidente de Deltafina a raíz de una indicación de Dimon Italia en la audiencia de 22 de junio de 2004, es decir, más de dos años después de dicha divulgación (véanse los considerandos 410, 422, 423 y 449 de la Decisión impugnada).

140 En segundo lugar, también queda acreditado que, el 2 de abril de 2002, el asesor jurídico externo de Universal, sociedad matriz de Deltafina, informó a los asesores jurídicos externos de SCC y de Dimon –sociedades matrices respectivamente de Transcatab y de Dimon Italia, competidoras de Deltafina en el mercado italiano– de que Deltafina había presentado una solicitud de dispensa ante la Comisión en relación con los cárteles existentes entre los transformadores en el mercado de tabaco en Italia. Este hecho, que Deltafina no discute, resulta de la declaración realizada por el asesor jurídico externo de Universal reproducida en el considerando 455 de la Decisión impugnada y, en concreto, de la última frase de dicha declaración, en la que afirma expresamente «[haber comunicado] tal información a los asesores jurídicos de las demás partes el 2 de abril de 2002».

141 Deltafina no niega el hecho de que, si bien ella y Universal se reunieron con los Servicios de la Comisión en repetidas ocasiones después de dicha comunicación, no informaron a la Comisión de la comunicación realizada por el asesor jurídico externo de Universal el 2 de abril de 2002 hasta febrero de 2005, a raíz del envío por la Comisión de la adenda (véase el considerando 454 de la Decisión impugnada). En su recurso, Deltafina confirma incluso expresamente este hecho.

142 Por lo tanto, la Comisión sólo tuvo conocimiento de la comunicación realizada por el asesor jurídico externo de Universal casi tres años después de que se produjera dicha comunicación. El hecho de que la Comisión no fuera informada rápidamente de dicha comunicación se menciona expresamente en el considerando 459 in fine de la Decisión impugnada.

143 Ahora bien, al haber presentado Deltafina una solicitud de dispensa el 19 de febrero de 2002 y al haber obtenido, el 6 de marzo de 2002, el reconocimiento por la Comisión del estatuto procedimental de la dispensa condicional, estaba obligada, para poder obtener la dispensa definitiva al final del procedimiento administrativo, a cumplir plenamente las obligaciones derivadas del punto 11 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y, en particular, la obligación de cooperar plena, continua y diligentemente que se establece en el punto 11, letra a), de dicha Comunicación.

144 Como se ha recordado en los anteriores apartados 127, 128 y 131, de reiterada jurisprudencia se desprende que la empresa que solicitó el beneficio del trato favorable previsto en la Comunicación sobre la cooperación de 2002 podrá disfrutar de dicho trato únicamente cuando su comportamiento demuestre un verdadero espíritu de cooperación. Además, cuando una empresa presenta a la Comisión una exposición de los hechos incompleta o inexacta, no cabe considerar que su comportamiento sea reflejo de un verdadero espíritu de cooperación en el sentido de dicha jurisprudencia.

145 En el presente caso, queda acreditado que Deltafina no informó a la Comisión de hechos relevantes para la investigación, a saber, el hecho de que su Presidente había revelado, en la reunión de la APTI de 4 de abril de 2002, que Deltafina había presentado la solicitud de dispensa y que el asesor jurídico externo de su sociedad matriz Universal había hecho lo mismo respecto a las sociedades matrices de algunas de sus competidoras el 2 de abril de 2002. También queda acreditado que la Comisión no tuvo conocimiento durante más de dos años de estos hechos relevantes para la investigación.

146 Además, de la Decisión impugnada y de los autos se desprende que el tema de la exigencia de mantener en secreto la presentación de la solicitud de dispensa para no alertar a los competidores y no comprometer la eficacia de las verificaciones había sido objeto de discusiones expresas entre las partes en los contactos producidos en el marco del programa de clemencia y, en concreto, en la reunión de 14 de marzo de 2002 (véanse los anteriores apartados 8 y 47 a 49, así como las actas de dicha reunión mencionadas en los considerandos 413 a 415 de la Decisión impugnada facilitadas por Deltafina). En particular, de dichos documentos se desprende que la Comisión había pedido expresamente a Deltafina que mantuviera en secreto la solicitud de dispensa debido a su intención efectuar las verificaciones. Así pues, Deltafina tenía conocimiento de que una eventual divulgación de la solicitud de dispensa era considerada un hecho relevante que podía influir, al menos potencialmente, en el buen desarrollo de la investigación y en la capacidad de la Comisión para comprobar, instruir y reprimir de manera eficaz el cártel en cuestión.

147 Por otra parte, no cabe negar que, en aquel momento, una eventual divulgación de la solicitud de dispensa era percibida tanto por Deltafina como por la Comisión como un hecho capaz de generar, al menos potencialmente, efectos negativos en la investigación. Esto queda confirmado, por un lado, por el hecho de que la propia Deltafina consideraba necesario mantener la más estricta confidencialidad sobre la solicitud de dispensa (véase el anterior apartado 50 in fine), lo que muestra que era consciente de los posibles efectos negativos de una revelación de dicha información, y, por otro lado, por el hecho de que ella misma alega haber aceptado una carga más onerosa debido a la imposibilidad de mantener en secreto su cooperación (véanse el anterior apartado 92 y el posterior apartado 163), lo que muestra que estaba de acuerdo en que una revelación de dicha información constituía un problema que requería solución. Por lo tanto, Deltafina no puede alegar que no sabía que el mantenimiento de la confidencialidad de la solicitud de dispensa fuera considerada un elemento importante para el éxito de la investigación.

148 En estas circunstancias, es necesario señalar que un comportamiento que reflejase un verdadero espíritu de cooperación habría requerido que Deltafina hubiera informado rápidamente a la Comisión de que se había divulgado su solicitud de dispensa.

149 Ahora bien, al no haber informado a la Comisión de las divulgaciones de la solicitud de dispensa producidas los días 2 y 4 de abril de 2002, siendo así que tales hechos podían afectar, al menos potencialmente, el buen desarrollo de la investigación, Deltafina no puede alegar que su comportamiento demostró una verdadera cooperación por su parte en el sentido de la jurisprudencia mencionada en los anteriores apartados 127, 128 y 131 y que, por lo tanto, no incumplió su obligación de cooperación derivada del punto 11, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 a la que estaba sujeta como solicitante de la dispensa.

150 Las alegaciones específicas formuladas por Deltafina en el marco de sus tres primeros motivos no desvirtúan esta conclusión.

d) Sobre las alegaciones específicas expuestas por Deltafina en relación con errores que vician la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión no le concedió la dispensa