En efecto, el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional tan pronto como disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello. A este respecto, dado que el derecho a la tutela judicial efectiva requiere que el consumidor pueda impugnar ante el juez nacional la validez de los derechos de créditos derivados de un contrato de crédito que contenga cláusulas que puedan ser declaradas abusivas, con independencia de que tales derechos de crédito vayan acompañados o no de una garantía, una normativa nacional con arreglo a la cual un deudor que pretende impugnar un crédito no garantizado únicamente puede invocar la prescripción o la extinción de dicho crédito puede atentar contra la efectividad de la protección querida por los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13.

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa procesal nacional que, en un procedimiento concursal, por un lado, no permite que el juez concursal examine de oficio el carácter supuestamente abusivo de las cláusulas contractuales de las que se derivan los créditos comunicados en el marco de tal procedimiento, aunque este juez disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello, y que, por otro lado, sólo permite que dicho juez examine los créditos que no vayan acompañados de una garantía, y ello únicamente en relación con un número limitado de alegaciones basadas en la prescripción o en la extinción de tales créditos.

El artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48, relativa a los contratos de crédito al consumo, debe interpretarse en el sentido de que impone al órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio relativo a unos derechos de crédito derivados de un contrato de crédito, en el sentido de esta Directiva, la obligación de examinar de oficio si se cumple la obligación de información establecida en dicha disposición y de deducir las consecuencias previstas en el Derecho nacional para el incumplimiento de tal obligación, siempre que las sanciones respeten las exigencias del artículo 23 de la misma Directiva.

En efecto, la información previa y simultánea a la celebración del contrato, sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de tal celebración, reviste para el consumidor una importancia fundamental. En particular, el consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información. Además, existe un riesgo no desdeñable de que, entre otras razones, por ignorancia, el consumidor no invoque la norma jurídica destinada a protegerle. De ello se deduce que no podría alcanzarse una protección efectiva del consumidor si el juez nacional no estuviera obligado a apreciar de oficio el cumplimiento de las exigencias resultantes de las normas de la Unión en materia de consumidores. A este respecto, como el juez nacional ha de garantizar el efecto útil de la protección de los consumidores que persiguen las disposiciones de la Directiva 2008/48, el papel que el Derecho de la Unión le atribuye así, en la materia de que se trata, no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre el cumplimiento de tales exigencias, sino que incluye asimismo la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto como disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello.

(véanse los apartados 64 a 66, 70 y 74 y el punto 2 del fallo)