Asunto C-303/07

Procedimiento iniciado por

Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus)

«Libertad de establecimiento — Directiva 90/435/CEE — Impuesto sobre sociedades — Distribución de dividendos — Retención en origen sobre los dividendos abonados a sociedades no residentes distintas de las sociedades en el sentido de dicha Directiva — Exención de los dividendos abonados a sociedades residentes»

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mazák, presentadas el 18 de diciembre de 2008 I ‐ 5148

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de junio de 2009 I ‐ 5159

Sumario de la sentencia

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Tributación de los dividendos

[Arts. 43 CE y 48 CE; Directiva 90/435/CEE del Consejo, art. 2, letra a)]

Los artículos 43 CE y 48 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro que exime de retención en origen a los dividendos distribuidos por una filial residente en dicho Estado a una sociedad anónima establecida en este mismo Estado, pero que somete a dicha retención en origen a dividendos similares abonados a una sociedad matriz de tipo «société d’investissement à capital variable» (SICAV) residente en otro Estado miembro, que reviste una forma jurídica que no está prevista en el ordenamiento jurídico del primer Estado, que no está incluida en la lista de sociedades recogidas en el artículo 2, letra a), de la Directiva 90/435, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en su versión modificada por la Directiva 2003/123, y que está exenta del impuesto sobre la renta en virtud de la normativa del otro Estado miembro.

En efecto, una diferencia de trato fiscal semejante de los dividendos entre las sociedades matrices en función del lugar de su domicilio social constituye una restricción a la libertad de establecimiento, prohibida en principio por los artículos 43 CE y 48 CE, en la medida en que hace menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento por parte de las sociedades domiciliadas en otros Estados miembros, las cuales, en consecuencia, podrían renunciar a la adquisición, la creación o el mantenimiento de una filial en el Estado miembro que adopte tal diferencia de trato.

Ciertamente, en lo que atañe a las medidas previstas por un Estado miembro a fin de evitar o atenuar la tributación en cadena o la doble imposición económica de los beneficios distribuidos por una sociedad residente, los accionistas beneficiarios residentes no se encuentran necesariamente en una situación comparable a la de los accionistas beneficiarios residentes en otro Estado miembro. Sin embargo, a partir del momento en que un Estado miembro, de forma unilateral o por vía de acuerdos, sujeta al impuesto sobre la renta, no sólo a los accionistas residentes sino también a los accionistas no residentes, por los dividendos que reciben de una sociedad residente, la situación de los mencionados accionistas no residentes se asemeja a la de los accionistas residentes. En consecuencia, cuando un Estado miembro ha optado por evitar que las sociedades matrices residentes sean objeto de una tributación en cadena de los beneficios distribuidos por una filial residente, debe extender dicha medida a las sociedades matrices no residentes que se encuentran en una situación comparable, debido a que una imposición análoga que afecta a estas sociedades no residentes resulta del ejercicio de su competencia fiscal sobre éstas.

El hecho de que no exista en el Derecho nacional un tipo de sociedades que tengan una forma jurídica idéntica a la de una SICAV residente en otro Estado miembro no puede por sí mismo justificar un trato diferenciado, en la medida en que, dado que el Derecho de sociedades de los Estados miembros no está totalmente armonizado a escala comunitaria, ello privaría a la libertad de establecimiento de cualquier efecto útil. Además, la circunstancia relativa a la inexistencia de gravamen de los beneficios de una SICAV en su Estado miembro de residencia, aun suponiéndola probada, no establece una diferencia entre ésta y una sociedad anónima residente que justifique un trato diferenciado en lo que se refiere a la retención en origen de los dividendos percibidos por ambas categorías de sociedades, cuando el Estado miembro de la sociedad distribuidora ha elegido no ejercer su competencia impositiva sobre tales rendimientos cuando las sociedades residentes los perciben. Por otro lado, tampoco es pertinente el argumento según el cual, debido a que un Estado miembro no grava los rendimientos de una SICAV, la tributación en cadena no se produce en este plano, sino en el de los accionistas y debe ser evitado por el Estado miembro en el que éstos residen, ya que ciertamente es el Estado miembro de que se trata el que, al someter a retención en origen los rendimientos que ya han sido gravados en el plano de la sociedad distribuidora crea la tributación en cadena, tributación que este Estado miembro ha decidido evitar respecto de los dividendos abonados a las sociedades residentes. En estas circunstancias, las diferencias existentes entre una SICAV extranjera y una sociedad anónima nacional no bastan para crear una distinción objetiva respecto de la exención de la retención en origen de los dividendos percibidos.

Tal régimen fiscal no puede estar justificado por motivos relacionados con la prevención de la evasión fiscal, en la medida en que no tiene por objeto específico los montajes puramente artificiales, carentes de realidad económica, y creados únicamente con el objetivo de eludir el impuesto normalmente adeudado sobre los beneficios generados por las actividades llevadas a cabo en el territorio nacional. En relación con la alegación relativa al reparto equilibrado de la potestad tributaria, cuando un Estado miembro haya decidido no someter al impuesto a las sociedades beneficiarias establecidas en su territorio con respecto a este tipo de ingresos, no podrá invocar la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros para justificar la sujeción al impuesto de las sociedades beneficiarias establecidas en otro Estado miembro. La restricción a la libertad de establecimiento constituida por dicha normativa tampoco está justificada por la necesidad de preservar la coherencia del régimen fiscal. En efecto, toda vez que la exención de la retención en origen de los dividendos no está sometida al requisito de que los dividendos percibidos por la sociedad anónima se redistribuyan por ésta y que su imposición a los titulares de participaciones de dicha sociedad permita compensar la exención de la retención en origen, no existe vínculo directo entre la exención de la retención en origen y el gravamen de dichos dividendos como ingresos de los poseedores de participaciones de una sociedad anónima.

(véanse los apartados 41 a 44, 50, 51, 54 a 56, 65 a 67 y 73 a 76 y el fallo)