ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
16.

El procedimiento administrativo relativo a las decisiones con arreglo a los artículos 220, apartado 2, letra b), y 239, apartado 1, segundo guión, del Código aduanero se regula en el capítulo «Recaudación del importe de la deuda aduanera» del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92, ( 10 ) que ha sido objeto de diversas modificaciones. El órgano jurisdiccional remitente, en su tercera cuestión prejudicial, ( 11 ) se refiere al Reglamento no 2454/93 en su versión resultante del Reglamento (CE) no 1677/98 de la Comisión, de , ( 12 ) ( 13 ) que introdujo modificaciones en la distribución de competencias entre las autoridades aduaneras nacionales y la Comisión, en cuanto al procedimiento administrativo de que aquí se trata. Posteriormente, y con efectos de , tuvo lugar una sustancial modificación de las disposiciones relativas a la distribución de competencias entre las autoridades aduaneras comunitarias y la Comisión del Reglamento no 2454/93 mediante el Reglamento (CE) no 1335/2003 de la Comisión, de . ( 14 ) Tanto la versión anterior como la posterior a la modificación del año 2003 pueden ser relevantes para el presente asunto, pues, según se trate de una decisión u otra, adoptadas en uno u otro momento, deberán analizarse aquí ambas versiones.
39.

A mi juicio basta una breve respuesta a la segunda cuestión. Con independencia de si las medidas nacionales controvertidas constituyen de hecho, o no, medidas especiales de esa clase, no pueden considerarse como tales, por la sencilla razón de que —como resulta de los documentos obrantes en autos e indirectamente de los argumentos expuestos por el Gobierno polaco— ( 27 ) la República de Polonia no ha hecho uso del procedimiento formal que establece expresamente el artículo 27 de la Sexta Directiva ni ha obtenido la autorización prevista en el artículo 27, apartado 1. ( 28 )
4.

En el artículo 6, apartados 1 y 2, la Directiva establece exigencias diferentes para la explotación de las instalaciones de incineración y la de las instalaciones de coincineración: «1. Las instalaciones de incineración se explotarán de modo que se obtenga un grado de incineración tal que el contenido de carbono orgánico total (COT) de las escorias y las cenizas de hogar sea inferior al 3 % o su pérdida al fuego sea inferior al 5 % del peso seco de la materia. Si es preciso, se emplearán técnicas adecuadas de tratamiento previo de residuos. Las instalaciones de incineración se diseñarán, equiparán, construirán y explotarán de modo que la temperatura de los gases derivados del proceso se eleve, tras la última inyección de aire de combustión, de manera controlada y homogénea, e incluso en las condiciones más desfavorables, hasta 850o C, medidos cerca de la pared interna de la cámara de combustión o en otro punto representativo de ésta autorizado por la autoridad competente, durante dos segundos. Si se incineran residuos peligrosos que contengan más del 1 % de sustancias organohalogenadas, expresadas en cloro, la temperatura deberá elevarse hasta 1.100o C durante dos segundos como mínimo. Todas las líneas de la instalación de incineración estarán equipadas con al menos un quemador auxiliar que se ponga en marcha automáticamente cuando la temperatura de los gases de combustión, tras la última inyección de aire de combustión, descienda por debajo de 850o C o 1.100o C, según los casos; asimismo, se utilizará dicho quemador durante las operaciones de puesta en marcha y parada de la instalación a fin de que la temperatura de 850o C o 1.100o C, según los casos, se mantenga en todo momento durante estas operaciones mientras haya residuos no incinerados en la cámara de combustión. Durante la puesta en marcha y parada, o cuando la temperatura de los gases de combustión descienda por debajo de 850o C o 1.100o C, según los casos, el quemador auxiliar no podrá alimentarse con combustibles que puedan causar emisiones mayores que las producidas por la quema de gasóleo, definido en el apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 75/716/CEE del Consejo, de gas licuado o de gas natural. 2. Las instalaciones de coincineración se diseñarán, equiparán, construirán y explotarán de modo tal que la temperatura de los gases resultantes de la coincineración se eleve de manera controlada y homogénea, e incluso en las condiciones más desfavorables, hasta una temperatura de 850o C durante dos segundos. Si se coincineran residuos peligrosos que contengan más de un 1 % de sustancias organohalogenadas, expresadas en cloro, la temperatura deberá elevarse hasta 1.100o C.»
47.

No obstante, la afirmación anterior no es aplicable cuando la comprobación saca a la luz una deuda del IVA no declarada que, de haber sido declarada correctamente, hubiera conllevado un derecho concomitante a la deducción y cuando, a falta de tal deuda, no habría podido existir derecho a deducir. En tales casos, el no ejercicio del derecho a deducir es indisociable del hecho de no declarar la deuda fiscal que la Administración intenta ahora exigir. ( 23 )
4.

El 18 de marzo de 1998, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó el Reglamento (CE) no 615/98, de , por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del régimen de restituciones por exportación en lo referente al bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte. ( 5 ) Este Reglamento —adoptado sobre la base del Reglamento (CEE) no 805/68 del Consejo, de , por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino, ( 6 ) en particular su artículo 13, apartado 9, ( 7 ) y precediendo al Reglamento no 1254/99— permaneció en vigor hasta el , fecha a partir de la cual fue reemplazado por el Reglamento (CE) no 639/2003 de la Comisión, de , por el que se establecen disposiciones específicas de conformidad con el Reglamento no 1254/99 del Consejo por lo que respecta a los requisitos para la concesión de restituciones por exportación en relación con el bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte. ( 8 ) El Reglamento no 615/98 se aplicaba así a las declaraciones de exportación introducidas con anterioridad a la adopción del Reglamento no 639/2003, ( 9 ) entre ellas la que se discute en el asunto principal.
40.

La Comisión de las Comunidades Europeas opina que el Estado miembro de acogida no está facultado, en principio, para comprobar el cumplimiento de los requisitos de expedición de un permiso concedido por otro Estado miembro si dicho permiso ha sido expedido con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Directiva. No obstante, añade que, si el Estado de expedición considera que el permiso ha sido expedido incumpliendo el Derecho comunitario, en este caso el titular de dicho permiso no puede invocar el principio de reconocimiento recíproco.
41.

Aunque suministren a varias personas físicas o jurídicas como clientes, algunas redes deben considerarse instalaciones de clientes cuando dichos clientes no pueden ser considerados verdaderos terceros. Así sucede en lo que respecta a las partes que están vinculadas al operador de la instalación de cliente mediante una «comunidad de suministro», que puede ser la consecuencia de circunstancias fácticas o jurídicas. Habida cuenta de que dichos clientes no son verdaderos terceros con respecto al operador de red, no es necesario garantizar su derecho a elegir libremente a su proveedor de electricidad, y las normas relativas a la liberalización del mercado de la energía no les resultan aplicables.
11.

Aprobando el Reglamento (CE) no 2342/1999 ( 6 ) que establece las modalidades de aplicación del Reglamento no 1254/1999, la Comisión ha precisado el concepto de vaca nodriza. En efecto, el artículo 14 del Reglamento de aplicación, en relación con el anexo I de ese Reglamento, indica cuáles son las razas de vacas que no se consideran razas cárnicas y, por ello, no pueden ser consideradas vacas nodrizas, en el sentido del artículo 3, letra f), del Reglamento no 1254/1999.
13.

Por último, en su versión modificada con el fin de adaptar el Derecho nacional a la Directiva 2000/35, el artículo 286 del BGB establece: «1. Si el deudor no cumple su obligación tras recibir una reclamación del acreedor, realizada tras el vencimiento, incurrirá en mora a raíz de dicha reclamación. El ejercicio de una acción con el fin de obtener la ejecución de la prestación y la notificación de una orden de pago en el procedimiento correspondiente se equiparán a una reclamación. 2. No será necesaria reclamación cuando: i) se haya fijado una fecha para la ejecución de la prestación en función del calendario, ii) la ejecución de la prestación deba venir precedida de un hecho preciso y se haya previsto un período adecuado para la realización de la prestación de modo que pueda ser calculado en función del calendario a partir del referido hecho, iii) el deudor se niegue a cumplir su obligación seria y definitivamente, iv) la constitución de la mora inmediata esté justificada por razones especiales y tomando en consideración los intereses de ambas partes. 3. El deudor de un crédito incurre en mora a más tardar treinta días después del vencimiento y de la recepción de una factura o de una solicitud de pago equivalente si no ha pagado con anterioridad; esto sólo será válido para un deudor que sea también consumidor si la factura o la solicitud de pago contiene una referencia explícita a esta consecuencia. Si la fecha de la recepción de la factura o de la solicitud de pago no es segura, el deudor, si no es consumidor, incurrirá en mora a más tardar treinta días después del vencimiento y la recepción de la contraprestación. 4. El deudor no incurrirá en mora en tanto la prestación no se realice debido a circunstancias de las que no es responsable.»
28.

Como la Comisión y Tele2 han subrayado en sus observaciones, parece que el Tribunal de Justicia reconoció implícitamente que el derecho de recurso previsto por el artículo 5 bis, apartado 3, de la Directiva 90/387, debe extenderse también a determinados terceros interesados que, como Connect Austria, no eran destinatarios de las decisiones adoptadas por las autoridades de reglamentación, aun cuando resultaban efectivamente afectados por tales decisiones. ( 21 ) No obstante, considero que, si bien tal conclusión puede deducirse fundadamente de la sentencia Connect Austria, antes citada, ello no permite resolver la cuestión planteada en el presente asunto. En efecto, en el asunto Connect Austria el Tribunal de Justicia examinó el problema de si el artículo 5 bis, apartado 3, de la Directiva 90/387 debía interpretarse en el sentido de que tenía efecto directo, y no la cuestión específica de si el concepto de «parte afectada por una decisión» en el sentido de dicho artículo abarcaba a una empresa como Connect Austria en las circunstancias de dicho asunto. Por tanto, el Tribunal de Justicia no abordó específicamente la cuestión —que es clave en el presente asunto— de determinar los requisitos para que un tercero interesado, como Tele2, pueda ser considerado un sujeto cuyos derechos han resultado afectados como consecuencia de una decisión administrativa de la autoridad de reglamentación.
«Artículo 39 CE – Libre circulación de los trabajadores – Impuesto sobre la renta – Discriminación entre contribuyentes residentes y no residentes – Tramo de base no imponible – Estudiante que ha percibido una beca estatal y una pensión de sus padres en su Estado de residencia – Recursos no sujetos, por su naturaleza, al impuesto sobre la renta – Consideración de la situación personal y familiar en el Estado de residencia – Inexistencia»
Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas el 11 de febrero de 1999. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 92/101/CEE. - Asunto C-185/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-03047



Conclusiones del abogado general

1 El recurso que ha interpuesto la Comisión de las Comunidades Europeas ante el Tribunal de Justicia, con arreglo al párrafo segundo del artículo 169 del Tratado CE, tiene por objeto que el citado órgano jurisdiccional declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de la Directiva 92/101/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1992, por la que se modifica la Directiva 77/91/CEE relativa a la constitución de sociedades anónimas, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital, (1) al no haber adoptado y, subsidiariamente, al no haber comunicado a la Comisión, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2 El artículo 3 de esta Directiva dispone que «los Estados miembros adoptarán antes del 1 de enero de 1994 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión».

3 La República Helénica reconoce que su ordenamiento jurídico aún no se ha adaptado a la Directiva 92/101. Expone, sin embargo, que está en proceso de aprobación un proyecto de Decreto Presidencial por el que se adapta la legislación nacional a la citada Directiva.

4 Por consiguiente, dado que ni es indiscutible ni se discute que la adaptación del Derecho interno a la Directiva 92/101 no se ha realizado dentro del plazo señalado en ésta, debe considerarse fundado el recurso de la Comisión. (2)

Conclusión

5 En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que estime el recurso de la Comisión y que:

1) Declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/101/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1992, por la que se modifica la Directiva 77/91/CEE relativa a la constitución de sociedades anónimas, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condene en costas a la República Helénica.

(1) - DO L 347, p. 64.

(2) - En este sentido, véase, en particular, la sentencia de 29 de octubre de 1998, Comisión/Luxemburgo (C-410/97, Rec. p. I-6813).
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 12 de marzo de 1998. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa. - Incumplimiento de Estado - Directivas 86/280/CEE Y 88/347/CEE - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido. - Asunto C-213/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-03289



Conclusiones del abogado general

1 En el caso de autos, la Comisión interpuso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, un recurso dirigido a que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no haber adoptado dentro del plazo previsto y/o al no haber comunicado inmediatamente a la Comisión las medidas necesarias para la aplicación de la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE, (1) en la versión modificada por la Directiva 88/347/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1988. (2) La Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, (3) se refiere a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad.

2 El artículo 7 de la Directiva 86/280 dispone lo siguiente:

«1. Los Estados miembros pondrán en vigor las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva antes del 1 de enero de 1988. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, inmediatamente después de su aprobación, el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.»

3 El artículo 2 de la Directiva 88/347 dispone lo siguiente:

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes del 1 de enero de 1989 en lo que se refiere al aldrín, dieldrín, endrín e isodrín, y antes del 1 de enero de 1990 en lo que se refiere a las demás sustancias. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

[...]»

4 La República Portuguesa no niega que omitió adaptar su ordenamiento interno a la Directiva y en su escrito de contestación a la demanda expone que la adopción de las medidas necesarias sigue su curso.

5 En tales circunstancias, el recurso de la Comisión resulta manifiestamente procedente.

Conclusión

6 En consecuencia, estimo que el Tribunal de Justicia debería:

1) Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no haber adoptado dentro del plazo establecido las medidas necesarias para la aplicación de la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE, en la versión modificada por la Directiva 88/347/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1988.

2) Condenar en costas a la República Portuguesa.

(1) - DO L 181, p. 16.

(2) - DO L 158, p. 35.

(3) - DO L 129, p. 23; EE 15/01, p. 165.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 24 de abril de 1997. - Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica. - Incumplimiento - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 92/43/CEE. - Asunto C-329/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-03749



Conclusiones del abogado general

1 En el marco del presente asunto, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, que declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no haber adoptado ni haber comunicado a la Comisión, en el plazo señalado, las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (1)

2 La Directiva 92/43 establece una serie de medidas destinadas al mantenimiento o restablecimiento de los hábitats naturales y de especies de la fauna y flora silvestres que presentan un interés para la Comunidad.

3 El apartado 1 del artículo 23 de la Directiva está formulado en los siguientes términos:

«Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva en un plazo de dos años a partir de su notificación. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.»

4 La República Helénica no niega el incumplimiento que se le imputa, pero invoca determinadas dificultades técnicas. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados miembros no pueden invocar dichas dificultades en procedimientos como el presente.

5 De ello se deduce que la pretensión de la Comisión está fundada.

Conclusión

6 En consecuencia, opino que el Tribunal de Justicia debe:

«1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no haber adoptado, en el plazo señalado, las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

2) Condenar en costas a la República Helénica.»

(1) - DO L 206, p. 7.
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 16 de enero de 1997. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica. - Incumplimiento de Estado - Directiva 91/659/CEE - No adaptación del Derecho interno. - Asunto C-135/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-01061



Conclusiones del abogado general

1 En el presente asunto, la Comisión interpuso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, un recurso con el objeto de que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 91/659/CEE de la Comisión, de 3 de diciembre de 1991, por la que se adapta por primera vez al progreso técnico el Anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (amianto). (1)

2 El artículo 2 de la Directiva establece:

«1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 1993 e informarán inmediatamente de ello a la Comisión. Dichas disposiciones entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 1993.

[...]

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de su adopción el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.»

3 El Reino de Bélgica no niega el incumplimiento de la Directiva. En su escrito de contestación afirma que las medidas necesarias se encuentran en fase de preparación.

4 De ello se deduce que debe estimarse el recurso de la Comisión.

Conclusión

En consecuencia, considero que el Tribunal de Justicia debería:

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 91/659/CEE de la Comisión, de 3 de diciembre de 1991, por la que se adapta por primera vez al progreso técnico el Anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (amianto).

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

(1) - DO L 363, p. 36.