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27.

Team4 Travel alega que el Tribunal de Justicia sostuvo, en relación con una práctica comercial incluida en el ámbito de la Directiva pero que no aparece en la lista negra, que «sólo podrá considerarse desleal –y, por tanto, prohibirse – a raíz de un análisis específico, realizado en particular a la luz de los criterios enunciados en los artículos 5 a 9 de la Directiva». ( 14 ) No obstante, no considero que dicho pasaje sea relevante en el asunto en cuestión. Se refiere al requisito de una evaluación concreta de una práctica comercial impugnada conforme a la Directiva; un requisito que –algo no discutido– se aplica al artículo 6. Por el contrario, el Tribunal de Justicia no aclaró en ese apartado la interrelación existente entre el artículo 5 de la Directiva, por una parte, y los artículos 6 a 9, por otra, que constituye la cuestión debatida en el actual procedimiento. Por el mismo motivo, y en contra de la postura adoptada por el Gobierno polaco y Team4 Travel, en el asunto examinado es irrelevante que el Tribunal de Justicia haya previamente afirmado que «es preciso examinar también si la práctica en cuestión es contraria a los requisitos de la diligencia profesional, en el sentido del artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva». ( 15 ) De hecho, esa afirmación se refiere a la relación entre el artículo 5, apartado 2, letra a), y el artículo 5, apartado 2, letra b), y no a la existente entre el artículo 5 y los artículos 6 a 9.
82.

Supongamos, por ejemplo, que un Estado miembro decide que está dispuesto a destinar ochocientos millones de euros a la financiación para estudiantes de estudios superiores. Analiza las nuevas medidas que proyecta establecer y comprueba que, salvo que imponga un criterio adicional, existe un riesgo de que tenga que pagar más de mil millones de euros. Considera que este riesgo es inaceptable. Tras examinar el historial de residencia previa de un grupo representativo de estudiantes actuales beneficiarios de la financiación (un grupo lo suficientemente amplio como para ser estadísticamente fiable), llega a la conclusión de que, si impusiera el requisito de que el solicitante debe haber residido en su territorio durante cuatro años, se excluirían a suficientes candidatos potenciales como para limitar el riesgo de exceder significativamente el presupuesto. Se elige este criterio único adicional para alcanzar el objetivo económico. Siempre y cuando este análisis coste-riesgo sea riguroso, tales medidas no me parecen en sí mismas censurables, aunque bien podrían dar lugar a una restricción de los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la Unión. Además, cuando se compara con medidas alternativas, tal criterio podría ser proporcionado. Procede recalcar, no obstante, que este análisis sería puramente económico. No se recurriría al requisito de la residencia como una medida representativa de un «cierto nivel de integración».
88.

En tercer lugar, considero que lo dispuesto en la Decisión 2000/642 y en la Directiva 2005/60 no es suficiente para garantizar una cooperación reforzada a los efectos de combatir eficazmente la delincuencia financiera en una situación como la del litigio principal. En efecto, si la entidad de crédito no facilita por propia iniciativa la información requerida y la unidad de información financiera del Estado miembro de origen no la solicita, en caso de no haber indicios o de que no se conozcan los riesgos propios del mercado en el que la entidad de crédito presta sus servicios, no existe medida alguna por la que pueda obligarse a dicha autoridad a exigir a la entidad de crédito que proporcione la referida información y a comunicarla a la unidad de información financiera del Estado miembro de acogida.
30.

La justificación de la protección de una marca comunitaria desaparece si la marca no se utiliza efectivamente. ( 11 ) Si bastase con registrar una marca como marca comunitaria para disfrutar de protección en el territorio de los veintisiete Estados miembros, las empresas podrían solicitar protección para marcas que no usan (y que no tienen intención de utilizar). En consecuencia, podrían denegar así a sus competidores la oportunidad de utilizar dicha marca u otra similar al introducir en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que designan dicha marca. Por ese motivo, el titular de la marca comunitaria ya no podrá invocar derechos exclusivos de monopolio con respecto a la marca si no ha hecho un uso efectivo de ella en la Comunidad en un plazo de cinco años a partir de su registro.
96.

Aunque esa observación me parece acertada, no extraigo las mismas consecuencias que Krones AG et Gothaer y otros. El artículo 26, apartado 1, del Reglamento no 44/2001 se considera una disposición de protección del demandado domiciliado en la Unión que tiene derecho a las reglas de competencia basadas en la legislación de la Unión. No obstante, la intervención de un primer juez encargado de aplicar las reglas de que se trata garantiza el respeto de su derecho y hace superflua la intervención de otro juez de la Unión. Además, hay que observar que si la apreciación del juez de origen sobre la validez y el alcance de la cláusula de prórroga de competencia hubiera figurado en el fallo de su resolución, habría obligado al órgano jurisdiccional ante el cual se solicitó el reconocimiento.
18.

El Parlamento cuestiona la admisibilidad de los recursos de anulación alegando que las resoluciones impugnadas no son actos impugnables en el sentido del artículo 263 TFUE. Dichas resoluciones se refieren únicamente a la organización interna del Parlamento y no producen efectos jurídicos frente a terceros, tal como confirma en principio el hecho de que no haya obligación de motivar tales resoluciones. Además, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión Europea, si bien el recurso de anulación puede dirigirse contra los actos del Parlamento destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros, los actos que se refieren únicamente a la organización interna de los trabajos del Parlamento no pueden ser objeto de ese recurso. ( 6 ) La planificación de los trabajos del Parlamento exige la adopción de un determinado número de medidas de orden interno, entre ellas las resoluciones impugnadas, que están comprendidas en las facultades conferidas por el artículo 232 TFUE a dicha institución. Las únicas consecuencias de estas resoluciones son de carácter económico y sólo afectan al Estado miembro de la sede. La institución demandada estima que la República Francesa pretende que se declare un eventual incumplimiento del Parlamento de sus obligaciones, cuando esa vía de recurso no está prevista en los Tratados. Por último, el Parlamento rechaza la tesis de la demandante y del Gran Ducado de Luxemburgo de que el Tribunal de Justicia se pronunció, de forma implícita pero necesaria, sobre la admisibilidad del recurso de anulación en la sentencia Francia/Parlamento, antes citada.
123.

En relación con ello, según estimó acertadamente el Tribunal General en la sentencia Westdeutsche Landesbank, ( 51 ) al aplicar el PIEM no era suficiente comparar el rendimiento que el Land obtenía mediante la transacción controvertida con el que obtenía del patrimonio del Wohnbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen antes de dicha transacción. Era preciso comparar el rendimiento obtenido por el Land mediante la transacción controvertida con el rendimiento que un hipotético inversor privado habría exigido por dicha transacción. ( 52 ) El hecho de que la transacción controvertida fuera razonable para el Land no excluía que se aplicara el Derecho de la UE sobre ayudas de Estado. Ese hecho no evitaba que resultara necesario determinar si dicha transacción reforzaba la posición del Westdeutsche Landesbank dándole una ventaja que no habría obtenido en condiciones normales de mercado.
37.

No puede afirmarse lo mismo con respecto a la disposición controvertida en el caso de autos. Tal y como admiten el Gobierno italiano y la Comisión, la misma se refiere a la fase judicial y no a la administrativa, la cual es responsabilidad de las autoridades tributarias. Su carácter procesal se confirma por el hecho de que no es sólo aplicable al IVA, como ocurría con la normativa litigiosa en el asunto C-132/06, sino a los recursos pendientes ante la Commissione Tributaria Centrale relativos a cualquier tipo de impuestos. No se trata de una inmunidad frente a la comprobación o liquidación por parte de las autoridades tributarias. Todos los casos afectados habían sido comprobados y se habían reclamado los importes considerados debidos antes de que la disposición controvertida entrara en vigor. Esta disposición pone fin al recurso de casación interpuesto por la autoridad tributaria contra una resolución judicial desfavorable, pero no favorece específicamente a quienes hubieran sido culpables de fraude fiscal. De hecho, no parece muy probable (y esperemos que de hecho sea especialmente improbable) que dichas personas hubieran vencido dos veces ante los órganos jurisdiccionales —en primera y segunda instancia— en un litigio contra la autoridad tributaria. Por último debe señalarse que la disposición controvertida entró en vigor más de catorce años después de la finalización del plazo en que pudo haberse interpuesto el recurso de casación y no «muy poco [después] de la expiración de los plazos dentro de los cuales los sujetos pasivos debían abonar el IVA». ( 19 )
32.

No obstante, en el presente caso no se cumplen las definiciones típicas de una restricción a los movimientos de capitales en las transacciones gratuitas. Ni el gravamen del uso de vehículos por residentes puede disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o de mantener esas inversiones, ( 15 ) ni se produce una disminución del valor de la sucesión. ( 16 )
147.

En opinión de la demandante en el procedimiento principal, el artículo 10, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115 no es de aplicación en un caso como el presente. Tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sentencia SGAE, en ese caso no estamos ante un uso privado en el sentido de dicha disposición. Afirma que el hotel explota comercialmente los fonogramas que utiliza, al comunicarlos al público persiguiendo su interés comercial. A este respecto es irrelevante el carácter privado del uso que hace el cliente del hotel o del lugar en que se hace ese uso. En cualquier caso, el artículo 10 de la Directiva 2006/115, que por ser una excepción se ha de interpretar de forma estricta, sólo permite limitaciones del derecho a una remuneración equitativa y, por tanto, no autoriza una excepción tan amplia como la normativa irlandesa. Además, dicha normativa no cumple los requisitos del test en tres fases previsto en el artículo 10, apartado 3, de la Directiva.
64.

Además, he señalado que el legislador comunitario se cuidó de recordar, en el noveno considerando de la Directiva 2003/41, que ésta no debía menoscabar la competencia reservada de los Estados miembros de organizar sus sistemas de pensiones y, en particular, de definir el papel del segundo pilar. La formulación en términos imperativos de los artículos controvertidos confirma, a la luz de dicho recordatorio, que dicho legislador, es decir, los propios Estados miembros, consideró que la adaptación del Derecho interno a dichos artículos no podía cuestionar dicha competencia.
99.

Por lo que atañe a la alegación de Lancôme con la que recrimina al Tribunal de Primera Instancia no haber aceptado sus observaciones relativas al lenguaje del público interesado en hechos comprobados, hay que convenir con la OAMI, a la luz del giro jurisprudencial evocado en los puntos precedentes, que el uso de los dos vocablos que integran la marca COLOR EDITION en el lenguaje de los consumidores de productos cosméticos carece de pertinencia en el marco del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94. Por lo tanto, procede declarar inoperantes tales alegaciones.
7.

La Comisión alega que Francia permite la adjudicación de contratos sobre la base de un acuerdo mutuo, o con competencia limitada, en situaciones no previstas por la Directiva. A juicio de la Comisión, es imposible que el objeto y los criterios de adjudicación del contrato de ejecución puedan fijarse con precisión en un momento en que el proyecto todavía no está definido y en el que los marchés de définition todavía no se han ejecutado. El marché de définition y el marché d’exécution son dos contratos públicos completamente diferentes y no pueden adjudicarse mediante un sólo procedimiento. Según la Comisión, el procedimiento de adjudicación de los marchés de définition no está incluido ni en el ámbito del diálogo competitivo ni en el acuerdo marco en el sentido de los artículos 29 y 32 de la Directiva y no puede analizarse como una derivación del diálogo competitivo.
29.

En consecuencia, las autoridades belgas han entendido y aplicado el artículo 93 de la Ley belga de 14 de julio de 1994 a la luz de esta interpretación del artículo 40, apartado 3, letra a), del Reglamento no 1408/71. Como el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente, en el ejercicio de su competencia de organizar y aplicar su régimen de seguridad social, los Estados miembros deberán respetar el Derecho comunitario, y, en particular, las disposiciones del Tratado CE relativas a la libertad de circulación de los trabajadores. ( 17 ) La competencia de los Estados miembros no es, por tanto, ilimitada, puesto que han de respetar, en particular, el espíritu y los principios del Reglamento no 1408/71, entre ellos el que asegura que una persona no sea penalizada en el ejercicio de su derecho a la libre circulación, y garantizar que el régimen así elaborado no prive a esta persona de protección social. ( 18 ) Además, si bien, en principio, una desventaja eventual, en relación con la situación en la que el trabajador ejerce todas sus actividades en un mismo Estado miembro, consecuencia de la extensión de sus actividades o de su traslado a uno o varios Estados miembros distintos y de su sujeción a una nueva legislación de seguridad social, no es contraria a las disposiciones de los artículos 39 CE y 43 CE, dicha legislación no debe significar pura y simplemente un abono de cotizaciones sociales a fondo perdido. ( 19 ) Como se ha indicado ya, si la Sra. Leyman no percibiera ningún pago de las instituciones de seguridad social belga durante el primer año de su incapacidad, las cotizaciones abonadas en Bélgica lo habrían sido a fondo perdido.
24.

Por tanto, ¿cómo se ajustan los criterios alemanes, que limitan la definición de la equidad en ese sentido, a las características imperativas de la Directiva antes expuestas? Como ya he señalado antes el HGB, según es interpretado por los tribunales alemanes, considera que no es equitativa la indemnización que supere la pérdida de comisiones por el agente. Según señala la demandada, ese criterio se basa en la idea de que la indemnización no puede colocar al agente en mejor posición que la que tendría si el contrato continuara. El demandante y el Gobierno italiano consideran que ese criterio priva al agente de un derecho que le confiere la Directiva, a saber el de obtener una indemnización que sea equitativa en todas las circunstancias y no sólo considerando las comisiones perdidas. Además, está claro que la aplicación de un criterio de equidad no debe privar de todo efecto útil al criterio basado en los méritos, reconocido por la Directiva y reflejado en particular en el artículo 17, apartado 2, primer guión.
38.

Sin embargo, si el Tribunal de Justicia considerase, a semejanza de lo que defienden el Gobierno francés y la Comisión, que la Directiva 85/337, pudiera ser pertinente para interpretar el concepto de «aves de corral» contenido en la Directiva 96/61, por razón, concretamente, del objetivo común que comparten estos dos actos, ( 13 ) considero que no es posible concluir que el ámbito de aplicación de la Directiva 96/61 no debe extenderse más que a los pollos y a las gallinas, como alega el Gobierno francés. Es cierto que el punto 17, letra a), del anexo I de la Directiva 85/337 somete a la evaluación previa establecida en el artículo 4, apartado 1, de esta Directiva, los proyectos relativos a las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan de más de 85.000 emplazamientos para pollos o de más de 60.000 emplazamientos para gallinas. No obstante, el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337 no se limita a las citadas instalaciones, puesto que incluye también, conforme al punto 1, letra e), del anexo II de esta misma Directiva, los proyectos relativos a las «instalaciones para la cría intensiva […] (proyectos no incluidos en el Anexo I).». Aunque los proyectos enumerados en este último anexo no están sujetos a una evaluación previa sistemática, conforme a la regla establecida en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337, no es menos cierto que todas las instalaciones de cría intensiva, incluidas, por tanto, las de explotación de aves de corral no enumeradas en el punto 17, letra a), del anexo I de la Directiva 85/337, entran en el ámbito de aplicación de esta última. Por consiguiente, no es posible alegar, en relación con las disposiciones de la Directiva 85/337, que las instalaciones de cría intensiva de codornices, de perdices o de palomas queden excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 96/61.
6.

Conforme al Derecho procesal penal húngaro, en determinadas circunstancias la víctima de un delito puede constituirse como acusación particular sustituoria en lugar del Ministerio fiscal. Salvo disposición en contrario, la acusación particular sustitutoria ejerce en el procedimiento judicial los derechos del Ministerio fiscal. En comparación con las facultades que corresponden al Ministerio fiscal, las de la acusación particular sustitutoria están limitadas en el sentido de que ésta no puede proponer la retirada de la patria potestad del inculpado, no tiene acceso a los documentos que, por ser objeto de tratamiento confidencial, no se unan a los autos y no puede ampliar la acusación.
6.

Al estimar que no cumplen los requisitos de estas excepciones a la regla de la no consideración como sujetos pasivos y viéndose reforzadas a este respecto por la sentencia Fazenda Pública, ( 4 ) las entidades locales han solicitado la devolución del IVA abonado desde 2000 a las autoridades fiscales competentes (Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs; demandantes en el litigio principal). En efecto, dichas entidades estiman que su no consideración como sujetos pasivos no da lugar a ninguna distorsión de la competencia ni, a fortiori, a ninguna distorsión grave de la competencia en las zonas que administran.
24.

No se trata de una cuestión totalmente inédita. La legalidad del recurso a una base jurídica derivada para ejercer una actividad legislativa ya se ha sometido a examen ante el Tribunal de Justicia. ( 23 ) El Reglamento (CE) no 820/97 del Consejo, de 21 de abril de 1997, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno, ( 24 ) adoptado por el Consejo sobre la base del artículo 43 del Tratado CE (actualmente, tras su modificación, artículo 37 CE), disponía en su artículo 19 que el Consejo adoptase, a partir del 1 de enero de 2000, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, las normas generales de un sistema de etiquetado de la carne de vacuno. Sobre esta base, el Consejo adoptó un Reglamento que fue impugnado por el Parlamento por la ilegalidad de la base jurídica derivada que permitía adoptar, mediante un procedimiento decisorio simplificado que no contemplaba la consulta al Parlamento Europeo, no una medida de ejecución, sino un acto legislativo en el marco de la política agrícola común sin tener en cuenta el artículo 37 CE. Al considerar que el Reglamento impugnado no contenía las normas generales de un sistema de etiquetado obligatorio de la carne de vacuno, sino que tenía por objeto prorrogar el sistema de etiquetado facultativo más allá del 31 de diciembre de 1999, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que no estaba cubierto por la habilitación conferida por el Reglamento de base y que tenía por objeto, en realidad, modificarlo. Declaró que la modificación del Reglamento de base «sólo podía tener lugar al amparo de una base jurídica que tuviese naturaleza equivalente a la que sirvió de base para su adopción, es decir, al amparo del propio Tratado y respetando el procedimiento legislativo previsto por este último». ( 25 ) En consecuencia, anuló el Reglamento por violación del paralelismo de las competencias y de los procedimientos, sin que fuera «necesario examinar la cuestión de si el Consejo podía, sin infringir las normas del Tratado sobre competencia de las instituciones, atribuirse la competencia para adoptar, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, las normas generales de un sistema de etiquetado obligatorio de la carne de vacuno». ( 26 ) Como vemos, el problema sigue pendiente.
9.

A partir del 1 de enero de 2005, estas disposiciones del Reglamento no 1254/1999 fueron derogadas y sustituidas por el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001. ( 8 )
47.

En este contexto, de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros se desprende que los intereses legítimos del titular de la marca a los que se refiere el Tribunal de Justicia son i) que el consumidor no sea inducido a error sobre la procedencia del producto; ii) que el reenvasado no afecte al estado original del producto; iii) que la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca, y iv) que el producto que vaya a ser comercializado no infrinja el derecho de marca. ( 27 ) Debe tenerse en cuenta que el titular de la marca tiene derecho, no sólo a una advertencia previa, sino también a solicitar un ejemplar del producto reenvasado antes de su comercialización. En este contexto, estoy de acuerdo con Paranova, Grecia y la Comisión en que ninguno de dichos intereses se satisface exigiendo al importador paralelo que identifique el Estado de exportación.
86.

Más en general, debe observarse que cuando una persona decide trasladarse a otro Estado miembro ejerciendo sus derechos con arreglo al artículo 18 CE, o a cualquier otra disposición que pueda garantizar la libre circulación, ello no implica que su cambio de residencia o de actividades vaya a ser neutral desde un punto de vista impositivo. ( 61 ) Cualquier decisión de traslado a otro Estado miembro implica incurrir en ciertas desventajas y disfrutar de nuevas ventajas como resultado de las diferentes legislaciones de los Estados miembros en cuestión, en particular, en lo que respecta a la seguridad social y al régimen tributario. Es el ciudadano comunitario quien tiene que sopesar estos pros y contras al tomar su decisión, pero ello no debe significar una expectativa de ampliar sus derechos a cualquier tipo de ventaja social que el Estado miembro de origen pueda conceder por razón de las distintas políticas. Tal como he expuesto anteriormente, ello depende por entero de la naturaleza de las ventajas en cuestión. Dado que no existen garantías de neutralidad fiscal en el traslado de la residencia a otro Estado miembro, habría que aplicar el mismo principio para preservar los derechos de la seguridad social. No hay que pasar por alto que, al trasladar la residencia a otro Estado miembro, pueden nacer otros derechos en el Estado miembro de acogida. Parafraseando la exposición del Gobierno alemán en la vista, dado que los Estados miembros están obligados a no imponer restricciones a sus nacionales cuando desean trasladarse a otro Estado miembro, tampoco se les puede exigir que les inciten a marcharse.