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Abstracción hecha de si el Tribunal General podía limitarse, para aceptar la admisión por parte de la Comisión de los documentos controvertidos, a apreciar en el apartado 80 de la sentencia recurrida que su transmisión no había sido declarada ilegal por un tribunal nacional, debe subrayarse que el Tribunal General no sólo examinó en los apartados 82 a 89 de la sentencia recurrida las condiciones en las que dicha comunicación se había llevado a cabo, sino que también descartó acertadamente por infundada, en los apartados 71 a 79 de la mencionada sentencia, la alegación de las recurrentes en casación según la cual, habida cuenta de lo previsto en el artículo 12 del Reglamento n.o 1/2003 en relación con los intercambios de información entre autoridades de la competencia, los documentos transmitidos por la Policía Tributaria a la Comisión no podían ser utilizados como medios de prueba por ésta salvo para la finalidad para la cual fueron recopilados por esta autoridad nacional.
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Mediante su recurso de casación, Hitachi Chemical Europe GmbH (en lo sucesivo, «Hitachi») y Polynt SpA solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 30 de abril de 2015, Hitachi Chemical Europe/ECHA, (T‑135/13, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:253), por la que dicho Tribunal desestimó su recurso que tenía por objeto la anulación parcial de la Decisión ED/169/2012 de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), de 18 de diciembre de 2012, relativa a la inclusión de sustancias extremadamente preocupantes en la lista de sustancias candidatas (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), al amparo del artículo 59 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1, y corrección de errores en DO 2007, L 136, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (DO 2008, L 353, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento REACH»), en la medida en que se refiere al anhídrido hexahidrometilftálico (CE n.o 247‑094‑1), al anhídrido hexahidro-4-metilftálico (CE n.o 243‑072‑0), al anhídrido hexahidro-1-metilftálico (CE n.o 256‑356‑4) y al anhídrido hexahidro-3-metilftálico (CE n.o 260‑566‑1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «MHHPA»).
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Mediante resolución de 27 de julio de 2015, el distrito de Bergstraße denegó dicha solicitud, afirmando, en particular, que la autoridad competente dispone de un margen de discrecionalidad para apreciar si se debe conceder un título de residencia y que consideró que en el presente asunto no procedía hacer uso de él en favor del menor Tekdemir. En efecto, el distrito de Bergstraße señaló que no era inaceptable exigir al menor Tekdemir que instara un procedimiento de visado en un momento posterior, aun cuando ello conllevase inevitablemente que, al menos de forma temporal, él y su madre se vieran separados, respectivamente, del padre y esposo. Asimismo, estimó que no era descabellado esperar que el padre del menor Tekdemir continuara su convivencia familiar o conyugal con su hijo y su esposa en Turquía, dado que no era solicitante de asilo ni tenía reconocida la condición de refugiado y que, al igual que su hijo y su esposa, posee la nacionalidad turca. En último lugar, el distrito de Bergstraße manifestó que se había tolerado la permanencia del menor Tekdemir en Alemania mientras se tramitaba el procedimiento de asilo instado por su madre.
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Ese órgano jurisdiccional considera que la pretensión del Sr. Eschenbrenner no puede prosperar a no ser que la exigencia de igualdad de trato con los trabajadores alemanes, tal como la establece el Derecho de la Unión, excluya la toma en consideración, con carácter ficticio, del impuesto alemán sobre la renta, de conformidad con el artículo 167, apartado 2, del SGB III, al calcular el importe de la indemnización por insolvencia. Al tiempo que declara que la indemnización por insolvencia es una ventaja social a efectos de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento n.o 492/2011, el tribunal remitente señala que, en virtud de este precepto, los trabajadores fronterizos no pueden ser tratados de forma diferente respecto a los trabajadores nacionales por razón de su nacionalidad y deben, en particular, gozar de los mismos beneficios sociales y fiscales que estos últimos.
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No obstante, el notario en cuestión consideró que no se cumplían los requisitos exigidos para expedir el certificado solicitado. Señaló que, según el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 805/2004, debe tratarse de un crédito que se considere no impugnado. Ahora bien, el notario estimó que sólo se consideran créditos no impugnados, por una parte, con arreglo a las letras a) a c) de dicho artículo 3, apartado 1, los créditos que hayan sido objeto de un procedimiento judicial y, por otra parte, en virtud de la letra d) del mismo artículo 3, apartado 1, los créditos expresamente aceptados en un documento público con fuerza ejecutiva, concepto que, con arreglo a lo dispuesto en el citado Reglamento, debe incluir un documento formalizado por un notario como el mandamiento de ejecución emitido en virtud de un «documento auténtico». Sin embargo, el notario concluyó que tal mandamiento no cumple el requisito del reconocimiento expreso del crédito por el deudor.
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En estas circunstancias, la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Es correcto clasificar el componente de dependencia [del subsidio para minusválidos] de prestación de invalidez y no de prestación de enfermedad en metálico, a efectos del Reglamento n.o 1408/71? 2) a) Una persona que deja de tener derecho a percibir [el componente de dependencia del subsidio para minusválidos] en virtud de la legislación nacional británica por haber trasladado su residencia a otro Estado miembro, y que ha dejado de ejercer toda actividad laboral antes del traslado, pero sigue estando asegurada contra el riesgo de vejez en el régimen británico de seguridad social, ¿deja de estar sujeta a la legislación del Reino Unido a efectos del artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento n.o 1408/71? b) En cualquier caso, ¿dicha persona sigue estando sujeta a la legislación del Reino Unido con arreglo al punto 19, letra c), de la rúbrica O del anexo VI del Reglamento n.o 1408/71? c) Si tal persona ha dejado de estar sujeta a la legislación del Reino Unido en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra f), ¿está el Reino Unido obligado, en virtud del punto 20 de la rúbrica O del anexo VI de dicho Reglamento], a aplicarle las disposiciones del capítulo 1 del título III del Reglamento, o simplemente le es posible hacerlo? 3) a) ¿Se aplica la amplia definición de trabajador por cuenta ajena contenida en la sentencia de 7 de junio de 2005, Dodl y Oberhollenzer (C‑543/03, EU:C:2005:364), a efectos de los artículos 19 a 22 del Reglamento n.o 1408/71, si una persona ha dejado de ejercer toda actividad laboral antes de trasladarse a otro Estado miembro, pese a la distinción establecida en el capítulo 1 del título III entre, por un lado, los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y, por otro, los trabajadores en paro? b) Si se aplica esa definición, ¿tiene derecho tal persona a exportar la prestación en virtud, ya del artículo 19, ya del artículo 22 del Reglamento n.o 1408/71? ¿El artículo 22, apartado 1, letra b), produce el efecto de impedir que el derecho de un solicitante al componente de dependencia [del subsidio para minusválidos] quede anulado por un requisito de residencia impuesto por la legislación nacional en relación con el traslado de residencia a otro Estado miembro?»
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El Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18), en su versión modificada por el Reglamento n.o 622/2008 (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 773/2004»), establece en su artículo 10 bis, rubricado «Procedimiento de transacción en casos de cártel»: «1. Tras la incoación del procedimiento con arreglo al artículo 11, apartado 6, del Reglamento […] n.o 1/2003, la Comisión podrá fijar un plazo dentro del cual las partes podrán indicar por escrito que están dispuestas a iniciar conversaciones con vistas a una transacción para, posiblemente, presentar una solicitud de transacción. La Comisión no estará obligada a tener en cuenta las alegaciones recibidas después de la expiración de dicho plazo. […] 2. La Comisión podrá informar a las partes que deseen iniciar conversaciones con vistas a una transacción: a) de las objeciones que prevé formular en su contra; b) de los elementos probatorios utilizados para determinar las objeciones previstas; c) de las versiones no confidenciales de cualquier documento específico accesible que forme parte del expediente del caso en dicho momento, en la medida en que la solicitud de la parte en dicho sentido esté justificada con el fin de permitirle evaluar su posición en lo relativo a un período de tiempo o a cualquier otro aspecto particular del cártel, y d) del abanico de multas potenciales. […] Si las conversaciones con vistas a una transacción avanzan, la Comisión podrá fijar un plazo dentro del cual las partes podrán comprometerse a proseguir el procedimiento de transacción presentando una solicitud de transacción que refleje el resultado de las conversaciones mantenidas a tal fin y reconozca su participación en una infracción del artículo [101 TFUE] y su responsabilidad. Antes de que la Comisión establezca un plazo para introducir las solicitudes de transacción, las partes afectadas podrán acceder a la información especificada en el artículo 10 bis, apartado 2, primer párrafo, siempre que lo hubieran solicitado dentro de plazo. La Comisión no estará obligada a tener en cuenta las alegaciones recibidas después de la expiración de dicho plazo. 3. Si el pliego de cargos notificado a las partes afectadas refleja el contenido de sus solicitudes de transacción, la respuesta escrita de las partes al pliego de cargos confirmará, dentro de un plazo fijado por la Comisión, que el pliego de cargos que les ha sido enviado refleja el contenido de sus solicitudes de transacción. A continuación, la Comisión podrá proceder a la adopción de una decisión con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento […] n.o 1/2003, previa consulta al Comité Consultivo de prácticas restrictivas y posiciones dominantes con arreglo al artículo 14 del Reglamento […] n.o 1/2003. 4. La Comisión podrá decidir en cualquier momento del procedimiento suspender las conversaciones con vistas a una transacción en un caso dado o con respecto a una o varias partes afectadas, si considera que se menoscaba la eficacia del procedimiento».
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 202, apartado 3, guiones primero y segundo, y del artículo 212 bis del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (DO 2006, L 363, p. 1), que era aplicable a los hechos del asunto principal (en lo sucesivo, «Código aduanero»).
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Antes de su 80.a modificación, el artículo 40, apartado 2, de la DO.A disponía, con respecto a los empleados de la administración que no hubieran alcanzado la edad mínima de 18 años en la fecha de su contratación, que los menores de 16, 17 y 18 años se clasificarían, respectivamente, en los niveles «a», «b» y «c» de la categoría salarial correspondiente con arreglo al artículo 37 de la DO.A. Sólo después de cumplir 18 años de edad pasaban esos empleados al primer nivel, en el que debía clasificarse igualmente a todo empleado de la administración contratado tras cumplir 18 años de edad pero que no pudiera hacer valer períodos anteriores asimilables a períodos de servicio. Por lo tanto, no podía computarse ningún período de escolaridad. Además, el sueldo de los niveles «a», «b» y «c» era claramente inferior al sueldo del primer nivel. Así pues, una misma actividad o función recibía una retribución diferente en función de la edad con la que se ejercía.
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La autonomía de acción no significa tampoco que una redistribución impuesta o una transferencia voluntaria de competencia deba ser irreversible. En efecto, como se ha señalado en el apartado 41 de la presente sentencia, el reparto de competencias dentro de un Estado miembro no puede considerarse congelado, de modo que son posibles reorganizaciones sucesivas. Además, procede señalar que las situaciones objeto de la sentencia de 20 de octubre de 2005, Comisión/Francia (C‑264/03, EU:C:2005:620), no tenía carácter permanente, ya que se trataba de transferencias puntuales de autoridad pública, a una entidad, para la realización de un proyecto que, en principio, estaba comprendido en el ámbito de la competencia de otra entidad, que conservaba dicha competencia de principio, situaciones que deberían haberse considerado ajenas al Derecho en materia de contratación pública si no hubiera presentado las características señaladas por el Tribunal de Justicia en el apartado 54 de dicha sentencia, que condujeron a considerar que no había una transferencia real en dicho asunto concreto. Por ello, como señaló el Abogado General en el punto 54 de sus conclusiones, nada se opone a que una competencia transferida o redistribuida en el marco de una reorganización de los servicios públicos sea posteriormente objeto de una nueva transferencia o de una nueva redistribución con motivo de una reorganización subsiguiente.
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Como resulta de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia (véanse la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson,C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 22, y el auto de 25 de febrero de 2016, Aiudapds, C‑520/15, no publicado, EU:C:2016:124, apartado 20).
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El Reglamento (CEE) n.o 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO 1968, L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), en su versión modificada por la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1612/68»), quedó derogado, con efectos a partir del 16 de junio de 2011, por el Reglamento (UE) n.o 492/2011.
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Los considerandos 2 a 5, 7, 8 y 14 de la Directiva 2006/115 manifiestan: «(2) El alquiler y préstamo de obras amparadas por los derechos de autor y objetos protegidos por derechos afines tienen cada vez más importancia, en particular para los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas y películas. La piratería constituye una amenaza cada vez más grave. (3) La protección adecuada de las obras amparadas por los derechos de autor y los objetos protegidos por derechos afines mediante derechos de alquiler y préstamo, así como la protección de los objetos protegidos por derechos afines mediante derechos de fijación, distribución, radiodifusión y comunicación pública, pueden considerarse de importancia capital para el desarrollo económico y cultural de la [Unión]. (4) La protección de los derechos de autor y derechos afines ha de adaptarse a las realidades económicas nuevas, como las nuevas formas de explotación. (5) El esfuerzo creativo y artístico de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes exige unos ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos creativos y artísticos y […] las inversiones necesarias, en particular, para la producción de fonogramas y películas son especialmente cuantiosas y aleatorias. Sólo una protección jurídica adecuada de los titulares de derechos permite garantizar eficazmente dichos ingresos y amortizar dichas inversiones. […] (7) Deben aproximarse las legislaciones de los Estados miembros de conformidad con los convenios internacionales vigentes sobre los que se basan las normas sobre derechos de autor y derechos afines de muchos Estados miembros. (8) El marco jurídico [de la Unión] sobre los derechos de alquiler y préstamo y sobre determinados derechos afines a los derechos de autor puede limitarse a disposiciones que prevean que los Estados miembros establezcan los derechos de determinadas categorías de titulares, [y] además los derechos de fijación, distribución, radiodifusión y comunicación pública, para determinados grupos de titulares en el ámbito de la protección de los derechos afines. […] (14) También es necesario proteger al menos los derechos de los autores en el caso de préstamo público mediante un régimen específico. Sin embargo, cualquier medida que suponga una excepción al derecho exclusivo de préstamo público debe ser conforme a la legislación [de la Unión], en particular el artículo 12 del Tratado.»
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Por consiguiente, ni la calificación jurídica en Derecho nacional de la relación que une a la persona de que se trate con la empresa de trabajo temporal, ni la naturaleza de su vínculo jurídico, ni tampoco la forma de esa relación, son determinantes a efectos de la consideración de dicha persona como «trabajador» en el sentido de la Directiva 2008/104. Así, en particular, en contra de lo que sostiene la Ruhrlandklinik en sus observaciones, no puede excluirse a una persona como la Sra. K. del concepto de «trabajador» en el sentido de esta Directiva, y excluirla así de su ámbito de aplicación, por el mero hecho de que no esté vinculada a la empresa de trabajo temporal por un contrato de trabajo y de que, en consecuencia, no tenga la condición de trabajador en virtud del Derecho alemán.
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Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 16 y 28 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y corresponden, respectivamente, a la siguiente descripción: — clase 9: «Soportes de sonido, audiovisuales y datos de todo tipo (comprendidos en la clase 9), en particular casetes de vídeo, discos acústicos, casetes de música, CD, videodiscos, DVD, CD‑ROM, CD-I, disquetes, en particular en forma de productos editoriales electrónicos para instrucción y enseñanza, así como videojuegos y juegos de ordenador en forma de aparatos complementarios para televisores, en particular para instrucción y enseñanza; software, en particular para instrucción y enseñanza; equipos informáticos, ordenadores y otro hardware de ordenador, así como sus partes y accesorios (comprendidos en la clase 9), excepto productos relacionados con automóviles o partes de automóviles de todo tipo»; — clase 16: «Productos de imprenta y editoriales de todo tipo (comprendidos en la clase 16), en particular libros, cuadernos, archivadores, revistas, periódicos, calendarios, carteles, hojas, pancartas, películas, tarjetas de fichero, mapas y mapas murales, en particular para instrucción y enseñanza; material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos), en particular en forma de productos de imprenta, juegos, globos terráqueos, pizarras y dispositivos para dibujar en pizarras; fotografías (copias y originales); carteles; artículos e instrumentos de escritorio, en particular plumas estilográficas, bolígrafos, lápices de colores y lápices; artículos de oficina (excepto muebles), en particular sellos, tampones para sellos, tintas para sellos, abrecartas, cortapapeles, sacas de correspondencia, expedientes, tableros para escribir, perforadoras, clasificadores, clips y grapas; calcomanías, imágenes para frotar, pegatinas de papel y plástico»; — clase 28: «Juegos, en particular juegos de mesa, juegos de dominó, juegos de salón, naipes, juegos pedagógicos y juegos de estrategia, en formato convencional o electrónico (excepto aparatos creados para su utilización con televisores); juguetes; videojuegos y juegos de ordenador electrónicos, excepto los concebidos para ser utilizados únicamente con un televisor, en particular para instrucción y enseñanza.»
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Por lo que respecta, en particular, a las marcas nacionales anteriores, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de señalar que de la coexistencia de las marcas de la Unión con ellas, y del hecho de que su registro no se incluya dentro de la competencia de la EUIPO ni su control jurisdiccional dentro de la competencia del Tribunal General, resulta que en un procedimiento de oposición a una solicitud de registro de una marca de la Unión no puede cuestionarse la validez de las marcas nacionales. Por lo tanto, en el marco de dicho procedimiento de oposición, tampoco es posible declarar, en relación con un signo idéntico a una marca protegida en un Estado miembro, la existencia de un motivo de denegación absoluto, como el carácter descriptivo y la falta de carácter distinto, previsto en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.o 40/94 y en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95 (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de mayo de 2012, Formula One Licensing/OAMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, apartados 40 y 41).
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De ello se deduce que, en cambio, la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112 no es aplicable al plasma denominado «industrial», a saber, el plasma cuya entrega no contribuya directamente a actividades de interés general por estar destinado a ser integrado en una producción industrial, en particular con vistas a la fabricación de medicamentos.
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El Presidente de la UKE y Petrotel recurrieron la sentencia del Sąd Okręgowy w Warszawie — Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunal Regional de Varsovia — Tribunal de Protección de la Competencia y del Consumidor) de 26 de octubre de 2012 ante el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia), el cual desestimó sus recursos mediante sentencia de 19 de septiembre de 2013, por considerar, en particular, que no procedía aplicar en la materia los principios del procedimiento administrativo establecidos por la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo polacos según los cuales la anulación de una resolución administrativa sólo produce efectos ex nunc. El Presidente de la UKE y Petrotel han recurrido en casación contra esta sentencia ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia).
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Estas empresas alegan que todas las afirmaciones de la ACM relativas a los efectos positivos que se esperan de la aplicación del modelo «Bulric puro» a la estructura tarifaria en un mercado minorista no pueden justificar la imposición de obligaciones tarifarias como las que se les habrían impuesto a tenor de la decisión de 5 de agosto de 2013. Entienden que los precios determinados según dicho modelo suponen que las tarifas de terminación de llamadas sean inferiores a las que se obtendrían en un mercado competitivo. Por consiguiente, consideran que la Recomendación 2009/396 no es conforme con el artículo 13 de la Directiva acceso. Por otro lado, las referidas empresas estiman que tales obligaciones tarifarias, al no ser proporcionadas a la luz de los objetivos de la decisión de la ACM, son contrarias en particular al artículo 6a.2, apartado 3, de la Ley de Telecomunicaciones.