SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 14 de julio de 1995

Asunto T-291/94

Zudella Patricia Pimley-Smith

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Concurso-oposición — Decisión del tribunal calificador por la que se declara que un candidato no ha superado la prueba oral — Alcance de la obligación de motivación — Límites del control jurisdiccional frente a la inexistencia de infracción de normas de procedimiento»

Texto completo en lengua francesa II-637

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de la decisión del tribunal del concurso-oposición denegatoria de la inclusión de la demandante en la lista de aptitud y, en la medida en que sea necesario, la anulación de la decisión de la Comisión por la que se desestima la reclamación de la demandante.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

La demandante presentó su candidatura para un concurso-oposición organizado por la Comisión y por el Tribunal de Justicia para la constitución de una lista de reserva para la contratación de asistentes adjuntos de grado B 5/B 4. El concurso abarcaba dos ámbitos de actividad, «Biblioteca-documentación», por una parte, y «Archivos», por otra. Las solicitudes de participación debían limitarse a uno de estos dos ámbitos, la demandante presentó la suya en el ámbito Biblioteca-documentación.

La demandante superó las pruebas eliminatorias y la prueba escrita pero no así la prueba oral.

La Comisión le comunicó los resultados obtenidos en las pruebas eliminatorias y escritas. En un primer momento, la Comisión se negó a comunicarle los resultados obtenidos en la prueba oral. Sin embargo, en la decisión de desestimación de su reclamación, la Comisión informó a la demandante que había obtenido la nota 19/40 en la prueba oral cuando la puntuación mínima requerida era de 20/40.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 30 y del Anexo III del Estatuto

En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia desestima la alegación de la demandante según la cual el tribunal calificador no ha cumplido su misión debido a que no examinó suficientemente sus conocimientos en el ámbito de la documentación.

Un tribunal calificador dispone de una amplia facultad de apreciación en cuanto al contenido de las pruebas y sólo corresponde al Juez comunitario censurar dicha elección si ésta excede del marco indicado en la convocatoria del concurso o si no tiene relación con las finalidades de la prueba o del concurso. En el presente asunto, habida cuenta, por una parte, del objeto de la prueba oral, que consistía en permitir al tribunal calificador completar su apreciación acerca de las aptitudes de los candidatos y, por otra, que en el impreso de candidatura de la demandante se hacia constar una experiencia profesional adquirida en el ámbito de la documentación aunque sin poner de manifiesto que hubiese adquirido una formación o una experiencia profesional en el ámbito de la biblioteconomia, el Tribunal de Primera Instancia considera que el tribunal calificador no ha incumplido su misión al formular a la demandante más preguntas en materia de biblioteconomia que sobre documentación (apartados 26 a 30).

Referencia: Tribunal de Justicia, 24 de marzo de 1988, Goossensy otros/Comisión (C-228/86, Rec. p. 1819); Tribunal de Primera Instancia, 16 de octubre de 1990, Gallone/Consejo (T-132/89, Rec. p. II-549); Tribunal de Primera Instancia, 27 de junio de 1991, Valverde Mordt/Tribunalde Justicia (T-156/89, Rec. p. II-407)

Seguidamente, el Tribunal de Primera Instancia desestima la alegación de la demandante según la cual los miembros del tribunal calificador no poseían los conocimientos necesarios para valorar los de la demandante en el ámbito de la documentación.

El Tribunal de Primera Instancia observa que, a la vista de los extractos de los informes de calificación de los miembros del tribunal que se hallaban presentes en la prueba oral, al menos tres de ellos poseían la cualificación necesaria para valorar los conocimientos de la demandante (apartado 35).

Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia desestima asimismo la tercera alegación de la demandante según la cual la valoración de sus conocimientos en lengua española había sido efectuada por el secretario del tribunal calificador, con total independencia de dicho tribunal.

Leídos los extractos de los informes de calificación de los miembros del tribunal calificador presentados por la Comisión, este Tribunal de Primera Instancia observa que dos de los miembros del tribunal presentes en la prueba oral de la demandante habían declarado poseer una buena comprensión de la lengua española y que uno de ellos había seguido cursos en esta lengua en el nivel más alto organizado en su Institución. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estima que no existe razón para dudar que la valoración de los conocimientos de la demandante en lengua española se haya efectuado, al menos, por uno de los miembros del tribunal calificador (apartados 38 y 39).

Además, este Tribunal de Primera Instancia considera que el hecho de que las preguntas destinadas a valorar los conocimientos lingüísticos de la demandante hayan sido elegidas y formuladas por el secretario del tribunal calificador no constituye una infracción de las normas que rigen las actuaciones de dicho tribunal. Por ello, como resulta de las explicaciones proporcionadas por la Comisión, el tribunal calificador decidió que el examen de los conocimientos lingüísticos consistiría en una conversación con los candidatos y que sus preguntas sólo tendrían por objeto suscitar una conversación; el hecho de que el tribunal calificador haya dejado en manos de su secretario la elección de las preguntas que iban a formularse, no puede haber tenido una influencia decisiva en la valoración de los conocimientos de la demandante (apartado 40).

Sobre el motivo basado en una infracción del principio de no discriminación

El Tribunal de Primera Instancia examina esencialmente si el tribunal calificador estaba obligado a fijar, antes de las pruebas orales, criterios de valoración más precisos que los que resultan de la convocatoria del concurso. A estos efectos, recuerda que el tribunal calificador dispone de una amplia facultad de apreciación en cuanto a las modalidades y al contenido detallado de las pruebas previstas en el marco de un concurso y estima, a la luz de la convocatoria para proveer plaza vacante, que no ha quedado acreditado que los criterios de valoración fijados por este último no fueran lo bastante detallados como para permitir a dicho tribunal elaborar una lista de aptitud garantizando al mismo tiempo la igualdad de trato de los candidatos.

Referencia: Goossens y otros/Comisión, antes citada

Sobre el motivo basado en un error manifiesto de apreciación

Un tribunal calificador dispone de un amplio margen de discrecionalidad y el fundamento de sus juicios de valor sólo puede ser objeto de control por parte del Juez comunitario si se infringen las normas que rigen las actuaciones de dicho tribunal (apartado 54).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cámara Alloisio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-17/90, T-28/91 y T-17/92, Rec. p. II-841); Tribunal de Primera Instancia, 15 de junio de 1994, Pérez Jiménez/Comisión (T-6/93, RecFP p. II-497); Tribunal de Primera Instancia, 1 de diciembre de 1994, Michaël-Chiou/Comisión (T-46/93, RecFPp. II-929)

Por consiguiente, dado que del examen de los motivos precedentes se desprende que la demandante no ha aportado la prueba de una infracción de las normas que rigen las actuaciones del tribunal calificador, el fundamento de la apreciación de la prueba oral de la demandante por parte de dicho tribunal calificador escapa al control del Tribunal de Primera Instancia (apartado 55).

Sobre el motivo basado en la insuficiencia de motivación de la decisión del tribunal calificador

La obligación de motivación constituye un principio esencial de Derecho comunitario y tiene por objeto, por una parte, permitir al Juez que ejerza su control de la legalidad de la decisión y, por otra, proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la decisión es o no fundada.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1995, P/Comisión (T-583/93, RecFP p. II-433)

Para apreciar el alcance de la obligación de motivación que incumbe a un tribunal calificador, hay que distinguir, por una parte, entre las decisiones de no admisión a las pruebas y, por otra, las decisiones por las cuales el tribunal calificador declara que el candidato no ha superado una prueba.

La decisión de un tribunal calificador de no admitir a un candidato a participar en las pruebas es consecuencia de aplicar a su impreso de candidatura los criterios objetivos fijados por la convocatoria del concurso o precisados por el propio tribunal calificador. Respecto a estas decisiones, se deduce claramente de una reiterada jurisprudencia que, si bien en el caso de un concurso con muchos participantes el tribunal puede limitarse, en una primera fase, a no comunicar a los candidatos más que los criterios y el resultado de la selección, tiene la obligación de dar posteriormente a los candidatos que lo solicitan una explicación individual precisando las razones por las cuales no hayan sido admitidos.

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento (195/80, Rec. p. 2861); Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, González Holguera/Parlamento(T-115/89, Rec. p. II-831); Tribunal de Primera Instancia, 21 de mayo de 1992, Fascilla/Parlamento (T-55/91, Rec. p. II-1757)

Una decisión por la que el tribunal calificador declare que un candidato no ha superado una prueba constituye la expresión de un juicio de valor sobre la actuación del candidato en dicha prueba. Según una reiterada jurisprudencia, el tribunal calificador dispone de una amplia facultad de apreciación para valorar los resultados de las pruebas de un concurso y el fundamento de sus juicios de valor sólo puede ser controlado por el Juez comunitario en caso de infracción evidente de las normas que rigen sus actuaciones.

Referencia: Cámara Alloisio y otros/Comisión, antes citada; Pérez Jiménez/Comisión, antes citada; Michaël-Chiou/Comisión, antes citada

De lo que se deduce que, al motivar la decisión en la que declara que un candidato no ha superado una prueba, un tribunal calificador no está obligado a precisar las respuestas de dicho candidato que han sido consideradas insuficientes o a explicar por qué han sido consideradas insuficientes esas respuestas. Este grado de motivación no es necesario para permitir al Juez que ejerza su control jurisdiccional ni, por consiguiente, para permitir al candidato apreciar la oportunidad de presentar una reclamación o, llegado el caso, de interponer un recurso. No se deduce de lo que antecede que una decisión por la que se declara que un candidato no ha superado una prueba no debe, en su caso, estar más motivada. El candidato que lo solicite expresamente tiene derecho a obtener explicaciones sobre otros extremos que no sean el juicio de valor emitido por el tribunal calificador sobre su actuación, como, por ejemplo, sobre el desarrollo del procedimiento.

En el presente asunto, resulta de lo que antecede que la comunicación de la puntuación obtenida por la demandante en la prueba oral constituía una motivación suficiente de la decisión controvertida.

Fallo:

Se desestima el recurso.