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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 30 de junio de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tallinna Halduskohus — Estonia) — Aktsiaselts M. V. WOOL / Põllumajandus- ja Toiduamet

(Asunto C-51/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Legislación alimentaria - Reglamento (CE) n.o 2073/2005 - Criterios microbiológicos aplicables a los productos alimentarios - Artículo 3, apartado 1 - Obligaciones de los explotadores de empresas alimentarias - Anexo I - Capítulo 1, punto 1.2 - Valores límite para la presencia de Listeria monocytogenes en los productos de la pesca antes y después de la comercialización - Reglamento (CE) n.o 178/2002 - Artículo 14, apartado 8 - Control oficial del producto en la fase de comercialización - Alcance)

(2022/C 318/09)

Lengua de procedimiento: estonio

Órgano jurisdiccional remitente

Tallinna Halduskohus

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Aktsiaselts M. V. WOOL

Demandada: Põllumajandus- ja Toiduamet

Fallo

El artículo 3, apartado 1, en relación con el anexo I, capítulo 1, punto 1.2, del Reglamento (CE) n.o 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2019/229 de la Comisión, de 7 de febrero de 2019, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el fabricante no pueda demostrar, a satisfacción de la autoridad competente, que, durante toda su vida útil, los productos alimenticios no superarán el límite de 100 unidades formadoras de colonias/gramo (g) en cuanto a la presencia de Listeria monocytogenes, el límite que exige la no detección de Listeria monocytogenes en 25 g del producto alimenticio de que se trata, establecido en el punto 1.2 de dicho anexo I, no se aplica a los productos alimenticios que han sido comercializados durante su vida útil.

(1) DO C 128 de 12.4.2021.
C 359/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 14 de julio de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen — Suecia) — CC / VO

(Asunto C-572/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Responsabilidad parental - Reglamento (CE) n.o 2201/2003 - Artículos 8, apartado 1, y 61, letra a) - Competencia general - Principio de la perpetuación de la jurisdicción - Traslado, durante el procedimiento, de la residencia habitual de un menor desde un Estado miembro de la Unión Europea a un tercer Estado parte del Convenio de La Haya de 1996)

(2022/C 359/12)

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Högsta domstolen

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CC

Demandada: VO

Fallo

El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, en relación con el artículo 61, letra a), de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, que conoce de un litigio en materia de responsabilidad parental, no conserva la competencia para resolver dicho litigio con arreglo al citado artículo 8, apartado 1, cuando la residencia habitual del menor de que se trate ha sido trasladada legalmente, durante el procedimiento, al territorio de un tercer Estado que es parte del Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996.

(1) DO C 481 de 29.11.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 28 de abril de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — UAB Romega / Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

(Asunto C-89/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Legislación alimentaria - Reglamento (CE) n.o 2073/2005 - Criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios - Artículo 1 ter - Anexo I - Carne fresca de aves de corral - Control, por las autoridades nacionales competentes, de la presencia de las salmonelas enumeradas en la entrada 1.28 del capítulo 1 de dicho anexo - Control de la presencia de otros microorganismos patógenos - Reglamento (CE) n.o 178/2002 - Artículo 14, apartado 8 - Facultad de apreciación de las autoridades nacionales - Alcance)

(2022/C 237/20)

Lengua de procedimiento: lituano

Órgano jurisdiccional remitente

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: UAB Romega

Recurrida: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Fallo

El artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1086/2011 de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, en relación con el artículo 14, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, debe interpretarse en el sentido de que la autoridad competente de un Estado miembro puede considerar que la categoría de alimentos consistente en carne fresca de aves de corral en la que se han detectado microorganismos patógenos distintos de los serotipos de salmonela mencionados en el anexo I, capítulo 1, entrada 1.28, del Reglamento n.o 2073/2005, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1086/2011, no es segura, en el sentido del artículo 14, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 178/2002.

(1) DO C 163 de 3.5.2021.
1)

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al adoptar y mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 67, apartado 1, párrafo tercero, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la medida en que dichas disposiciones someten la indemnización de los daños ocasionados a los particulares por el legislador español como consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión: — al requisito de que exista una sentencia del Tribunal de Justicia que haya declarado el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada; — al requisito de que el particular perjudicado haya obtenido, en cualquier instancia, una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, sin establecer ninguna excepción para los supuestos en los que el daño deriva directamente de un acto u omisión del legislador, contrarios al Derecho de la Unión, cuando no exista una actuación administrativa impugnable; — a un plazo de prescripción de un año desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia del Tribunal de Justicia que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada, sin abarcar aquellos supuestos en los que no exista tal sentencia, y — al requisito de que solo son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a la fecha de dicha publicación, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
1)

El artículo 29, apartado 1, letra d), del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996 y el artículo 143, apartado 1, letras b), e) y f), del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 46/1999 de la Comisión, de 8 de enero de 1999, deben interpretarse en el sentido de que: — no cabe considerar que el comprador y el vendedor tienen jurídicamente la condición de asociados o están vinculados por una relación de control de Derecho, directo o indirecto, en una situación en la que no existe ningún documento que permita acreditar tal vínculo; — cabe considerar que el comprador y el vendedor están vinculados por una relación de control de hecho, directo o indirecto, en una situación en la que puede pensarse que las circunstancias de celebración de las operaciones en cuestión, sustentadas en elementos objetivos, son indicativas, no solo de que existe un vínculo de confianza estrecho entre ese vendedor y ese comprador, sino de que uno de ellos se halla en situación de imponer limitaciones u orientaciones al otro o de que una tercera persona se halla en situación de ejercer un poder de esa naturaleza sobre ellos.
C 257/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de mayo de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Comune di Lerici / Provincia di La Spezia

(Asunto C-719/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Contratación pública - Gestión de los residuos - Adjudicación in house - Directiva 2014/24/UE - Artículos 12 y 72 - Pérdida de las condiciones de «control análogo» a raíz de una concentración de empresas - Posibilidad de que el operador sucesor continúe la prestación de servicios)

(2022/C 257/13)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Comune di Lerici

Demandada: Provincia di La Spezia

con intervención de: IREN SpA, ACAM Ambiente SpA

Fallo

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa o a una práctica nacional en virtud de la cual un contrato público adjudicado inicialmente, sin convocar una licitación, a una entidad in house, sobre la que el poder adjudicador ejercía, de manera conjunta, un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, siga siendo ejecutado automáticamente por el operador económico que haya adquirido esa entidad a raíz de un procedimiento de licitación, cuando dicho poder adjudicador no disponga de tal control sobre ese operador y no tenga ninguna participación en su capital.

(1) DO C 79 de 8.3.2021.
2)

El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que se califique de tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la Ley, una sala de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la que forma parte un juez cuyo primer nombramiento como juez o su posterior nombramiento en un órgano jurisdiccional superior se produjo bien a raíz de su selección como candidato para un puesto de juez por parte de un órgano compuesto con arreglo a unas disposiciones legislativas que ulteriormente fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional de ese Estado miembro, o bien a raíz de su selección como candidato para un puesto de juez por parte de un órgano compuesto conforme a Derecho pero siguiéndose un procedimiento que no era ni transparente, ni público ni recurrible en vía judicial, cuando tales irregularidades no tengan un carácter y una gravedad tales que creen el riesgo real de que otras divisiones del poder, en particular el poder ejecutivo, puedan ejercer posteriormente un poder discrecional indebido poniendo en peligro la integridad del resultado al que conduce el proceso de nombramiento y suscitando así dudas legítimas y serias en el ánimo de los justiciables respecto a la independencia e imparcialidad del juez de que se trate.
C 165/19

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 24 de febrero de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asunto C-605/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 2, apartado 1, letra c) - Aplicabilidad ratione temporis - Prestaciones sujetas al IVA - Prestaciones de servicios a título oneroso - Criterios - Relaciones intragrupo - Prestaciones consistentes en reparar o sustituir componentes de aerogeneradores en garantía y realizar informes de disconformidad - Notas de adeudo emitidas por el prestador sin que se mencione el IVA - Deducción por el prestador del IVA que gravó los bienes y servicios que le facturaron los subcontratistas para la ejecución de las mismas prestaciones)

(2022/C 165/22)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Supremo Tribunal Administrativo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda

Recurrida: Autoridade Tributária e Aduaneira

Fallo

El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que las operaciones que se inscriben en un marco contractual en el que se identifica un proveedor de servicios, un adquirente de estos y la naturaleza de las prestaciones contratadas, debidamente contabilizadas por el sujeto pasivo, cuya denominación confirma que las referidas operaciones tienen el carácter de servicios, y que han dado lugar a una retribución percibida por el prestador constitutiva del contravalor efectivo de dichos servicios en forma de notas de adeudo, forman una prestación de servicios realizada a título oneroso en el sentido de la citada disposición, no obstante la circunstancia de que, eventualmente, el sujeto pasivo no registre ningún beneficio, por un lado, y de que, por otro, exista una garantía que cubra los bienes que fueron el objeto de las referidas prestaciones.

(1) DO C 44 de 8.2.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de febrero de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — OE / VY

(Asunto C-522/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Validez - Cooperación judicial en materia civil - Competencia para conocer de una demanda de divorcio - Artículo 18 TFUE - Reglamento (CE) n.o 2201/2003 - Artículo 3, apartado 1, letra a), guiones quinto y sexto - Diferencia en la duración de los períodos de residencia exigidos para determinar el órgano jurisdiccional competente - Distinción entre un residente nacional del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del litigio y un residente que no es nacional de este - Discriminación por razón de la nacionalidad - Inexistencia)

(2022/C 148/07)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: OE

Demandada: VY

Fallo

El principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, consagrado en el artículo 18 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se encuentra la residencia habitual del demandante, tal como se regula en el artículo 3, apartado 1, letra a), sexto guion, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, esté supeditada a una duración mínima de la residencia del demandante, inmediatamente antes de la presentación de su demanda, seis meses más breve que la establecida en el artículo 3, apartado 1, letra a), quinto guion, de dicho Reglamento, por ser el interesado nacional de aquel Estado miembro.

(1) DO C 35 de 1.2.2021.
C 11/12

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de noviembre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soud v Brně — República Checa) — ELVOSPOL / Odvolací finanční ředitelství

(Asunto C-398/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 90 - Reducción de la base imponible del IVA - Impago total o parcial del precio por declaración del deudor en concurso de acreedores - Requisitos impuestos por normativa nacional para la rectificación del IVA devengado - Requisito de que el derecho de crédito total o parcialmente no satisfecho no se hubiera adquirido en los seis meses anteriores a la declaración en concurso de la sociedad deudora - Incumplimiento)

(2022/C 11/15)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Krajský soud v Brně

Partes en el procedimiento principal

Demandante: ELVOSPOL

Demandada: Odvolací finanční ředitelství

Fallo

El artículo 90 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones nacionales que supediten la rectificación de la cuota del impuesto sobre el valor añadido al requisito de que el crédito total o parcialmente no satisfecho no se hubiera adquirido en los seis meses anteriores a la declaración del concurso de la sociedad deudora, cuando en realidad dicho requisito no permite descartar que al final ese crédito pueda, con carácter definitivo, resultar incobrable.

(1) DO C 359 de 26.10.2020.
2)

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece imperativamente, en caso de puesta a disposición con fines comerciales de loterías prohibidas: — la imposición de una multa mínima por cada máquina tragaperras no autorizada, sin límite máximo del importe total de las multas impuestas, siempre que el importe total de las multas impuestas no sea desmesurado en relación con la ventaja económica que pudieran procurar las infracciones sancionadas; — la imposición de una pena sustitutiva de privación de libertad por cada máquina tragaperras sin límite máximo de la duración total de las penas sustitutivas de privación de libertad impuestas, siempre que la duración de la pena sustitutiva de privación de libertad efectivamente impuesta no sea excesiva a la vista de la gravedad de las infracciones comprobadas, y — una contribución a los gastos del procedimiento del 10 % de las multas impuestas, siempre que dicha contribución no sea excesiva en relación con el coste real de tal procedimiento ni vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
2)

El artículo 83, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable al examen de la validez de la elección de la ley aplicable, efectuada antes del 17 de agosto de 2015, para regir solamente un pacto sucesorio, a los efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), de este Reglamento, referido a un bien concreto del de cuius, y no a la totalidad de su sucesión.
C 490/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 6 de octubre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Salzburg — Austria) — CS / Eurowings GmbH

(Asunto C-613/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Transportes aéreos - Reglamento (CE) n.o 261/2004 - Artículo 5, apartado 3 - Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de cancelación o gran retraso de los vuelos - Exención de la obligación de compensación - Concepto de «circunstancias extraordinarias» - Huelga del personal de la compañía aérea - Huelga del personal de una filial por solidaridad con el personal de la sociedad matriz)

(2021/C 490/14)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesgericht Salzburg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CS

Demandada: Eurowings GmbH

Fallo

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, debe interpretarse en el sentido de que una huelga destinada a hacer valer reivindicaciones salariales o sociales de los trabajadores, convocada por un sindicato del personal de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo para solidarizarse con la huelga convocada contra la sociedad matriz de la que ese transportista constituye una filial, que es seguida por una categoría del personal de esa filial cuya presencia es necesaria para operar un vuelo y que continúa más allá del término inicialmente anunciado por el sindicato convocante de la huelga, a pesar de que entretanto se ha alcanzado un acuerdo con la sociedad matriz, no está comprendida en el concepto de «circunstancia extraordinaria» en el sentido de dicha disposición.

(1) DO C 35 de 1.2.2021.
C 431/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 2 de septiembre de 2021 — Comisión Europea / Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Asunto C-57/19 P) (1)

(Recurso de casación - Ayudas de Estado - Régimen de ayudas - Artículo 108 TFUE, apartados 2 y 3 - Reglamento (CE) n.o 659/1999 - Artículo 4, apartados 3 y 4 - Concepto de «dudas en cuanto a la compatibilidad de una medida notificada con el mercado común» - Decisión de no formular objeciones - No incoación de un procedimiento de investigación formal - Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 - Código de buenas prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales - Contactos «previos a la notificación» - Derechos procesales de las partes interesadas - Mercado de capacidad de electricidad en el Reino Unido)

(2021/C 431/13)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: É. Gippini Fournier y P. Němečková, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd (representantes: J. Derenne y D. Vallindas, avocats, y C. Ziegler, Rechtsanwalt), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: inicialmente F. Shibli, S. McCrory y Z. Lavery, y posteriormente F. Shibli y S. McCrory, agentes, asistidos por G. Facenna QC y D. Mackersie, Barrister)

Parte coadyuvante en apoyo de la recurrente: República de Polonia (representante: B. Majczyna, agente)

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2018, Tempus Energy y Tempus Energy Technology/Comisión (T-793/14, EU:T:2018:790).

2) Desestimar el recurso en el asunto T-793/14.

3) Tempus Energy Ltd y Tempus Energy Technology Ltd cargarán, además de con sus propias costas, con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea en el marco de los procedimientos ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia.

4) La República de Polonia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 148 de 29.4.2019.