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—

Plantee las cuestiones prejudiciales siguientes al Tribunal de Justicia: 1. A la luz de los artículos 8, apartado 2, y 41, apartado 1, del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea y de las reglas 15, apartado 2, letra b), y 17 del Reglamento de Ejecución del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea, en un procedimiento de oposición, ¿puede el solicitante de la marca controvertida (recurrido en el procedimiento de oposición) invocar derechos anteriores que pudieran constituir derechos anteriores sobre la marca anterior utilizada como derecho anterior en la oposición? 2. ¿Dispone el Senado de Francia de algún derecho de propiedad intelectual anterior sobre la palabra «France» (esto es, en inglés y francés, «Francia»), que no está contenida en la denominación oficial del Estado francés y que no es más que una entidad geográfica? 3. En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿debe considerarse que el nombre de «France» (esto es, en inglés y francés, «Francia») es una palabra de dominio público y que no puede solicitarse derecho alguno de propiedad intelectual sobre la misma? 4. En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿debe considerarse que la circunstancia de que hasta este momento el Estado francés no haya solicitado la titularidad de derechos sobre la palabra «France» (esto es, en inglés y francés, «Francia») salvo frente a France.com discrimina al solicitante de la marca controvertida?
9.

Noveno motivo, basado en la falta de fundamento de las acusaciones en la solicitud de suspensión de inmunidad, en la medida en que: — para empezar, el demandante no es ni el Director de la publicación de las ediciones en papel del Front National («FN») ni de sus federaciones, ni el Director de los sitios de Internet de las federaciones del FN, ni, por consiguiente, el Director de la publicación de la federación del FN del departamento 66 (Pirineos Orientales). Por tanto, según el demandante el informe adoptado por el Parlamento Europeo es, a este respecto, doblemente falso; — a continuación, el demandante afirma que no es el autor del folleto controvertido y que, a pesar de que sus autores eran conocidos no se llevó a cabo ninguna actuación contra ellos cuando su inmunidad fue suspendida; — además, a juicio del demandante, el hecho de iniciar acciones contra cargos electos con el pretexto de que en su programa reclaman un cargo de la legislación existente supone una deriva antidemocrática extremadamente peligrosa en la medida en que constituye un menoscabo particularmente grave de la libertad de opinión.
2.

Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación. La Comisión incumplió su obligación de motivación al calificar de ayuda de Estado prohibida las normas del impuesto sobre la publicidad tanto en su versión modificada en 2014 como en su versión modificada en 2015 sin haber examinado en cuanto al fondo la diferencia entre ambas normativas. La Decisión impugnada no indica con arreglo a qué excepción normativa una empresa goza de una ventaja patrimonial con respecto a otra empresa en la misma situación; no explica por qué el sistema de tipos progresivos no forma parte del sistema de referencia; no señala la categoría de empresas favorecidas de forma exclusiva por el sistema de tipos impositivos progresivos por tramos, y no motiva por qué no considera satisfactorios los cálculos efectuados por las autoridades húngaras acerca de los costes que se derivan para los sujetos pasivos y para las autoridades fiscales.
1.

Primer motivo: vulneración de los Tratados y de las normas jurídicas de aplicación de los mismos — La parte demandante alega que de conformidad con el artículo 134, apartado 2, del Reglamento (UE, EURATOM) n.o 966/2012 (1) y con el artículo 206, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 (2) no se puede exigir la constitución de ningún tipo de garantía en el caso de subvenciones de escasa cuantía. — Además, la parte demandada no posee interés alguno en la constitución de una garantía porque la solicitud de reconsideración que se ha dirigido contra «Alliance for Peace and Freedom» (en lo sucesivo, «APF») carece absolutamente de contenido y manifiestamente de fundamento. — Por otra parte, la parte demandada ha dilatado deliberadamente durante medio año el procedimiento abierto contra APF, con lo que ha sido ella misma la que ha dado lugar a que exista la necesidad que alega de que se constituya garantía. — Es más, dichas medidas han resultado ser desproporcionadas, puesto que la parte demandante no está en condiciones de constituir la garantía, por lo que la privación de esa financiación conlleva el riesgo de su cierre por motivos económicos, circunstancia que acarrearía una distorsión de la competencia política, lo cual, a su vez, supone una injerencia grave en sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y asociación (artículos 11 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 70/21

Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2016 — MS/Comisión

(Asunto T-435/16)

(2017/C 070/30)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: MS (Castries, Francia) (representantes: L. Levi y M. Vandenbussche, abogadas)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

admita el presente recurso y lo declare fundado.

en consecuencia:

— Anule la resolución de la Comisión de no comunicar los datos de carácter personal referentes al demandante, adoptada el 16 de junio de 2016.

— Ordene la reparación del perjuicio moral derivado del comportamiento ilícito de la Comisión Europea, valorado ex aequo et bono en 20 000 euros.

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1), en particular de los artículos 8, 13 y 20. Asimismo, el demandante invoca la vulneración del derecho fundamental de acceso a los datos personales y del derecho al respeto de la vida privada y la violación del principio de los derechos de defensa, de la igualdad de armas y del derecho a una buena administración. Además, señala que la resolución impugnada adolece de una motivación irregular e infundada. Alega que todas estas ilegalidades son constitutivas de otras tantas infracciones que han causado al demandante un perjuicio real y determinado.
3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, por estimar que la Comisión i) no examinó con la diligencia necesaria y objetivamente si la ayuda de que se trata podía afectar al comercio entre los Estados miembros, ii) no tomó en consideración la inexistencia de un límite o porcentaje mínimo por debajo de los cuales se pueda considerar a priori que el comercio entre los Estados miembros no se ve afectado, iii) no tuvo en cuenta que el menoscabo para el comercio entre los Estados miembros no depende del carácter local o regional de los servicios prestados ni de la importancia de la actividad en cuestión, iv) no destacó suficientemente que cuando una ayuda concedida por el Estado refuerza la posición de una empresa frente a otras empresas competidoras debe considerare que las empresas competidoras de la beneficiaria disfrutarán de condiciones menos favorables para financiar nuevas inversiones en dicho Estado.
2.

Segundo motivo, basado en la extralimitación manifiesta por la Comisión de su facultad de apreciación cuando aceptó compromisos que pueden responder a preocupaciones sobre la competencia de los que no había dejado constancia en su evaluación preliminar. Este motivo se divide en dos partes. — Primera parte, según la cual la decisión impugnada se aplica a compromisos que afectan a todos sus contratos celebrados con las emisoras de televisión del EEE pese a que la evaluación preliminar sólo se refería a los contratos relativos a derechos exclusivos en el Reino Unido e Irlanda. — Segunda parte, según la cual la redacción de los compromisos llevaría a excluir su aplicación en el Reino Unido una vez que éste haya abandonado la Unión Europea mientras que éstos continuarán aplicándose en los demás mercados que no son objeto del pliego de cargos y no han sido analizados por la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 22/41

Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2016 — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

(Asunto T-792/16)

(2017/C 022/56)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: N & C Franchise Ltd (Nicosia, Chipre) (representantes: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia y A. Vasilogamvrou, abogados)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Eschenbach Optik GmbH (Núremberg, Alemania)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente

Marca controvertida: Marca figurativa que incluye los elementos denominativos «ojo sunglasses» — Marca de la Unión n.o 13224761

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 9 de septiembre de 2016 en el asunto R 32/2016-5

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la EUIPO.

Motivo invocado
1.

Primer motivo, basado en el error de Derecho que el Banco Central Europeo (BCE) cometió, a juicio de la demandante, en la interpretación de las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento n.o 575/2013»). La parte demandante alega así, en particular, que la decisión del BCE de 24 de agosto de 2016 por la que se denegó la solicitud que presentó para obtener la autorización de exclusión de las exposiciones frente al sector público del cálculo del ratio de apalancamiento (en lo sucesivo, «decisión impugnada»): — Es contraria a la voluntad del legislador europeo y a los objetivos del Reglamento n.o 575/2013. — Priva al artículo 429, apartado 14, del citado Reglamento de todo efecto útil. — Es el resultado de una usurpación en las competencias del legislador europeo por parte del BCE.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 14/37

Recurso interpuesto el 25 de octubre de 2016 — Vincenti/EUIPO

(Asunto T-747/16)

(2017/C 014/46)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Guillaume Vincenti (Alicante) (representante: H. Tettenborn, abogado)

Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución de la EUIPO por la que se le deniega el reconocimiento de la incapacidad permanente total para el desempeño de sus funciones y la jubilación de oficio.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

1. Primer motivo, basado en la infracción de las disposiciones pertinentes del Estatuto de los funcionarios, en particular, los artículos 7 a 9, 13, 33 y 78, con especial énfasis en el artículo 53, y los artículos 13 a 16 del anexo VIII de dicho Estatuto.

2. Segundo motivo, basado en el incumplimiento del deber fiduciario de la parte demandada y en la violación del principio de buena administración que resulta, en particular, del apartado 1 y del apartado 2, letras a), b) y c), del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en la vulneración de los derechos procesales del demandante, por motivo de fundarse la resolución impugnada en hechos que han sido desvirtuados.

3. Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 3, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Para sustentar los anteriores motivos, la parte demandante alega, en particular, por un lado, que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no ha sido investida de facultad discrecional alguna en el procedimiento relativo a la incapacidad, conforme a las disposiciones pertinentes del Estatuto de los funcionarios, a efectos del reconocimiento o la denegación de la incapacidad permanente de un funcionario para el desempeño de sus funciones, habida cuenta del carácter vinculante de la resolución de la Comisión de invalidez, y por otro, que, aun admitiendo que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos gozara de facultades discrecionales en el referido procedimiento, no existía en el presente asunto ninguna razón que justificara la denegación de la incapacidad permanente del demandante.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 392/47

Recurso interpuesto el 2 de septiembre de 2016 — Remag Metallhandel y Jaschinsky/Comisión

(Asunto T-631/16)

(2016/C 392/62)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Remag Metallhandel GmbH (Steyr, Austria) y Werner Jaschinsky (St. Ulrich bei Steyr, Austria) (representante: M. Lux, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

Habida cuenta de la petición y la posterior insistencia por parte de la OLAF para que las autoridades de los Estados miembros recaudasen derechos antidumping por todos los envíos de silicio metálico exportados desde Taiwán a la Unión Europea en virtud del Reglamento del Consejo (CE) n.o 398/2004, de 2 de marzo de 2004, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de silicio originario de la República Popular China (DO 2004, L 66, p. 15), y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 467/2010 del Consejo, de 25 de mayo de 2010, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de silicio originario de la República Popular China, ampliado a las importaciones de silicio procedente de la República de Corea, independientemente de que esté declarado como producto originario de dicho país (DO 2010, L 131, p. 1), aunque sin aportar pruebas —al menos, no suficientes— de que el silicio importado por Remag procedente de Taiwán fuese de origen chino, los demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Condene a la parte demandada a pagar a los demandantes una indemnización por daños y perjuicios en los términos que se indican en la demanda, además de un interés de demora del 8 % anual.

— Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

1. Primer motivo, basado en que, al instar a los Estados miembros a recaudar derechos antidumping antes de que la investigación hubiese confirmado el origen de las mercancías, para evitar que prescribiesen los derechos supuestamente adeudados, la OLAF ordenó a las Administraciones nacionales que infringiesen los artículos 220, apartado 1, y 221, apartado 1, del Código aduanero comunitario y las instigó a hacerlo.

2. Segundo motivo, basado en que, al no haber tenido en cuenta en su solicitud de cobro que un transbordo de silicio desde China no prueba que el silicio sea de origen chino, la OLAF vulneró el principio de buena administración e incumplió la obligación de basar sus conclusiones en pruebas fundadas.

3. Tercer motivo, basado en que, al afirmar que en todas las exportaciones de silicio procedente de Taiwán se trataba de mercancía originaria de China, la OLAF vulneró las reglas de la carga de la prueba del origen no preferencial.

4. Cuarto motivo, basado en que, al afirmar que la transformación realizada en Taiwán era insuficiente para conferir origen taiwanés al silicio transformado, sin tener en cuenta el uso del mismo, la OLAF infringió las normas de origen, tal como las interpreta el Tribunal de Justicia.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 5, apartado 12, letra b), del Reglamento (CE) n.o 141/2000, sobre medicamentos huérfanos, (1) en combinación con el principio de proporcionalidad. — En primer lugar, con arreglo al artículo 5, apartado 12, letra b), del Reglamento (CE) n.o 141/2000, sobre medicamentos huérfanos, un medicamento para el que se ha concedido una autorización de comercialización tras la solicitud de autorización de comercialización de medicamentos huérfanos no puede ser considerado a los efectos del artículo 3, letra b), del Reglamento (CE) n.o 141/2000. — En segundo lugar, conforme al artículo 5, apartado 12, del Reglamento (CE) n.o 141/2000, sobre medicamentos huérfanos, la inscripción de un medicamento declarado huérfano sólo podrá cancelarse cuando haya dejado de cumplir los criterios del artículo 3 de dicho Reglamento. — En tercer lugar, con arreglo al artículo 5, apartado 12, letra b), del Reglamento (CE) n.o 141/2000, sobre medicamentos huérfanos, la EMA y la Comisión deben aplicar un criterio en materia de prueba que respalde el objetivo del Reglamento.
4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del derecho fundamental de defensa de la demandante. La citada demandante alega que la Comisión se remite a y fundamenta su Decisión en: (i) La existencia de una compañía que no puede exportar y no ha exportado durante el período de investigación original y que no puede ser ni es un vínculo empresarial legal con otros exportadores; (ii) información a la que la demandante nunca tuvo acceso y sobre la que no pudo hacer alegaciones; y (iii) los supuestos hechos ocurridos en una audiencia de la que no hay constancia ni actas.
—

El demandante sostiene que el artículo 29 TUE no es una base jurídica adecuada para la Decisión 2014/119/PESC de 5 de marzo de 2014 porque la queja dirigida contra el demandante no le identificaba como un individuo que hubiese menoscabado la democracia en Ucrania o privado al pueblo ucraniano de los beneficios del desarrollo sostenible de su país (en el sentido del artículo 23 TUE y de las disposiciones generales del artículo 21 TUE, apartado 2). El demandante alega que, dado que la tercera Decisión de modificación era invalida, el Consejo no podía basarse en el artículo 215 TUE, apartado 2, para adoptar el Reglamento (UE) n.o 208/2014 del Consejo de 5 de marzo de 2014.
—

Ordene la producción de los documentos que figuren en el expediente de adjudicación en los cuales se dejó constancia de los diferentes contactos que hubo entre el Parlamento y los licitadores, de conformidad con el artículo 160, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por la que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo.
4.

Cuarto motivo, basado en que no se ha producido un cambio injustificado de las características del comercio La demandante aduce que, aun suponiendo que se hubiera producido un cambio de las características del comercio en relación con Taiwán y Suiza, quod non, la Comisión no ha comprobado que no existiera una justificación.
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Anule la Decisión Ares(2015)5632670, de 7 de diciembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se deniega la solicitud confirmatoria que la demandante presentó mediante escrito de 15 de septiembre de 2015, en el que, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), pidió acceder a documentos relativos a la solicitud de registro de la denominación «Halloumi» presentada por una organización de productores chipriota en virtud del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343, p. 1).
6.

Sexto motivo, basado en que la Decisión impugnada también adolece de falta de motivación. Según la demandante, esta Decisión aplica la técnica de la extrapolación, consistente en hacer extensivo al gasto que no ha objeto de control el porcentaje de error obtenido del gasto que sí ha sido inspeccionado, a pesar de que dicha técnica sólo esté contemplada en los reglamentos aplicables a los programas que comprenden desde 2007 hasta 2013. En lo que respecta a los años 2007 a 2009 el porcentaje de error estimado es del 8,39 %, aun cuando las autoridades italianas explicaron que la muestra contemplada en el art. 10 del Reglamento (CE) n.o 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (DO L 63, pág. 21), no era equilibrada, ya que a pesar de haberse formulado como una auténtica muestra estadística se concentraba deliberadamente en los proyectos que presentaban factores de riesgo.
2.

En caso de que el Tribunal no estimara el primer motivo, la demandante aduce un segundo motivo basado en la infracción del artículo 52, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1306/2013. — Incluso si la aplicación de una edad máxima inferior en el caso de apoyo a la jubilación sin un cambio del programa de desarrollo rural constituyera un infracción del Reglamento no 1698/2005 (quod non), la Comisión valoró erróneamente la importancia de esa infracción y el perjuicio económico para la Unión Europea. La importancia de una posible infracción es mínima y no se causó perjuicio económico a la Unión Europea.
—

Estime la oposición de la demandante no B 002 181 272 y deniegue la solicitud de NIL no 11 438 074; con carácter subsidiario, declare que la demandante ha demostrado el uso de sus marcas comunitarias nos 5 208 418 y 5 208 201 a efectos de la oposición no B 002 181 272, y devuelva el asunto a la Quinta Sala de Recurso para que ésta resuelva las cuestiones suscitadas en relación con cada una de estas marcas con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC; con carácter aún más subsidiario, devuelva el asunto en su integridad a la Quinta Sala de Recurso.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del Reglamento no 1107/2009 y la violación del derecho fundamental a la protección del secreto comercial. — La demandante cuestiona la base jurídica sobre la que la demandada fundamentó su obligación de publicar sus conclusiones. Incluso aunque la publicación de las conclusiones de la EFSA adoptadas al amparo del artículo 21 del Reglamento no 1107/2009 fuera legítima, la demandada infringió el artículo 63 del Reglamento no 1107/2009 al publicar información confidencial.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 45 y en la ausencia de examen comparativo de los méritos, que se divide en dos partes: — Primera parte, basada por un lado en que el TFP incurrió en error de Derecho en el marco del análisis de los documentos presentados y desnaturalizó las pruebas presentadas por las partes, en que no existió control jurisdiccional efectivo y en la falta de motivación, y basada por otro lado en que incurrió en error de apreciación, en la falta de motivación, en que no existió control jurisdiccional efectivo y en que desnaturalizó las pruebas. — Segunda parte, basada por un lado en que el TFP incurrió en error de Derecho al apreciar los motivos invocados por el demandante, ya que consideró que el demandante no había formulado excepción de ilegalidad contra las disposiciones generales de ejecución (DGE) C(2011) 8190 del artículo 45 del Estatuto que la Comisión Europea adoptó el 14 de noviembre de 2011, y ya que en que en el Comité Paritario de Promoción no se previó la realización de examen comparativo alguno, y basada por otro lado en que incurrió en error de apreciación y desnaturalizó las pruebas presentadas.