En efecto, cuando un empleado de una empresa de seguros lleva a cabo actividades de mediación de seguros fuera de la relación de subordinación que le vincula a dicha empresa, debe considerarse, en principio, que no actúa bajo la responsabilidad de ésta y, por tanto, que él mismo actúa como intermediario de seguros en el sentido del artículo 2, punto 5, de la Directiva 2002/92, con la consecuencia de que debe cumplir los requisitos mencionados en el artículo 4 de la citada Directiva. El hecho de que la empresa de seguros ejerza cierta supervisión de sus actividades no basta para eximir a dicho intermediario de la obligación de cumplir los referidos requisitos profesionales previstos por la Directiva.

Los artículos 2, punto 3, párrafo segundo, y 4, apartado 1, de la Directiva 2002/92, sobre la mediación en los seguros, deben interpretarse conjuntamente en el sentido de que se oponen a que un empleado de una empresa de seguros que no posee la cualificación prevista en esta última disposición ejerza, con carácter ocasional y fuera de su actividad profesional principal, actividades de mediación de seguros, cuando dicho empleado no actúa en el marco de la relación de subordinación que le vincula a la citada empresa pero esta última ejerce una supervisión de sus actividades.

La Directiva 2002/92, sobre la mediación en los seguros, tiene una doble finalidad, a saber, por una parte, la culminación y el buen funcionamiento del mercado único del seguro, mediante la eliminación de los obstáculos a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios y, por otra parte, la mejora de la protección de los consumidores en ese ámbito.

Ahora bien, una interpretación que permitiera a determinada categoría de personas ofrecer servicios de mediación sin cumplir los requisitos previstos al efecto en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/92 contravendría esta doble finalidad. Por una parte, recurrir a tal interpretación de esta Directiva crearía diferencias notables entre los intermediarios que operan en el mercado único del seguro, en la medida en que tales intermediarios, cumplieran o no dichos requisitos, podrían llevar a cabo actividades de mediación para los mismos tipos de contratos de seguro. Dicha interpretación además sería contraria al objetivo de garantizar la igualdad de trato entre todas las categorías de intermediarios de seguros. Por otra parte, tal interpretación no permitiría garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores en el mercado del seguro, a saber, de los tomadores de seguros. En efecto, no puede considerarse que los empleados de una empresa de seguros que se ocupan, en el seno de la misma, de la venta directa de servicios de seguros posean, en todo caso, los conocimientos y aptitudes que se precisan para efectuar, a título personal, la mediación en los seguros, ni que puedan así garantizar la calidad de tal mediación. Tampoco puede suponerse que tales empleados, sin poseer esos conocimientos y aptitudes, sean capaces de proporcionar a sus clientes, en la celebración, modificación o renovación de sus contratos de seguro, la información prevista en el artículo 12 de la Directiva 2002/92.

(véanse los apartados 27 a 30)