Únicamente constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica. A este respecto, el requisito de la afectación directa implica que se reúnan dos requisitos acumulativos, a saber, que la medida impugnada de la Unión, en primer lugar, surta efectos directamente en la situación jurídica del particular y, en segundo lugar, que no deje ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener ésta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias.

Por lo que se refiere a una decisión de la Comisión que deniega a un Estado miembro una contribución financiera del FEDER a un gran proyecto nacional, el primer requisito de la afectación directa no se cumple en el caso de un recurso interpuesto contra esa decisión por una empresa designada en la solicitud de contribución presentada por el Estado miembro como empresa responsable de la realización del proyecto y que ha celebrado con dicho Estado miembro un contrato relativo a la concesión de una subvención para la realización de ese proyecto. Por un lado, dicha decisión no produce efectos en la situación jurídica de tal empresa, dado que es el Estado miembro de que se trate el titular del derecho a la ayuda financiera en cuestión de la Unión. En efecto, de las disposiciones del Reglamento n.o 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, resulta que únicamente en el marco de las relaciones entre la Comisión y el Estado miembro se llevan a cabo las operaciones que tienen por objeto que la Comisión examine y confirme o no a un Estado miembro una contribución financiera del FEDER para un gran proyecto. Ello es conforme con el hecho de que la ayuda del FEDER se concibe como un sistema entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate. A este respecto, la designación, en una decisión de concesión de una ayuda financiera de la Unión con cargo al FEDER, de una entidad como autoridad responsable de la ejecución del proyecto no implica que tal entidad sea titular del derecho a esa ayuda. Así sucede con mayor razón cuando la ayuda del FEDER no se ha concedido todavía al Estado miembro y, por tanto, cuando la relación entre la entidad designada como responsable de la ejecución del proyecto, responsable de la solicitud o beneficiaria de la ayuda y la ayuda del FEDER es aún más indirecta.

Por otro lado, la ejecución de la decisión impugnada por el Estado miembro de que se trate no implica, en virtud de la propia decisión impugnada o de las disposiciones del Derecho de la Unión que puedan regular sus efectos, ninguna consecuencia para la parte demandante, dado que sus efectos se circunscriben exclusivamente a las relaciones entre la Unión, en especial el FEDER, y dicho Estado miembro. Así, la decisión impugnada no impide a la parte demandante ejecutar el proyecto o al Estado miembro financiarlo mediante recursos financieros distintos de los procedentes del FEDER. Asimismo, la decisión impugnada no impone al Estado miembro que rescinda el contrato o que recupere las cantidades que hubiera abonado a la parte demandante por la ejecución del proyecto. En tales circunstancias, procede constatar que de la decisión impugnada no se deriva directamente ninguna repercusión para la parte demandante en virtud del Derecho de la Unión o de la propia decisión y que, por tanto, tampoco se cumple es este caso el segundo requisito de la afectación directa.

(véanse los apartados 23, 32, 37 a 40, 45, 54, 64, 65 y 67)