ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
21.

El Gobierno alemán alega que el Derecho de la UE únicamente puede tener efecto en terceros Estados a través de Convenios bilaterales o multilaterales. La Unión Europea no tiene ningún Convenio de este tipo sobre procedimientos de insolvencia con Suiza, en cuyo territorio está domicilada la Sra. Hertel. Además, los objetivos del Reglamento no avalan la posibilidad de extender la competencia judicial internacional a procedimientos accesorios destinados a revocar operaciones anteriores en las que participó un demandado situado en un tercer Estado. El Reglamento pretende garantizar que los procedimientos de insolvencia se desarrollen de forma eficaz y efectiva dentro del mercado interior, del que no forman parte los terceros Estados. No regula aisladamente la competencia judicial, sino que las normas de competencia forman parte del marco general creado para unos procedimientos de insolvencia eficaces y efectivos. Como las normas relativas al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales no pueden aplicarse a terceros Estados, no sería efectivo interpretar el artículo 3, apartado 1, en el sentido de que atribuye a los tribunales competencia internacional frente a terceros Estados. Además expondría a esos demandados, que son ya de por sí la parte más débil, a un Derecho concursal y procesal que desconocen, por lo que se debilitaría aún más su posición.
5.

El artículo 58 del Reglamento no 1122/2009 prevé lo siguiente: «Si, para un grupo de cultivos, la superficie declarada a efectos de cualesquiera regímenes de ayuda por superficie, excepto los relativos a las patatas de fécula y las semillas, según lo dispuesto en el título IV, capítulo 1, secciones 2 y 5, del Reglamento (CE) no 73/2009, sobrepasa la superficie determinada de conformidad con el artículo 57 del presente Reglamento, la ayuda se calculará sobre la base de la superficie determinada, reducida en el doble de la diferencia comprobada, si esta es superior al 3 % o a dos hectáreas pero inferior o igual al 20 % de la superficie determinada. Si la diferencia es superior al 20 % de la superficie determinada, no se concederá ayuda alguna por superficie en relación con el grupo de cultivos en cuestión. Si la diferencia es superior al 50 %, el agricultor quedará excluido nuevamente del beneficio de la ayuda hasta el importe que corresponda a la diferencia entre la superficie declarada y la superficie determinada con arreglo al artículo 57 del presente Reglamento. Ese importe se recuperará según lo dispuesto en el artículo 5 ter del Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión. Si el importe no puede recuperarse íntegramente según lo dispuesto en ese artículo en los tres años civiles siguientes a aquel en que se haya descubierto la irregularidad, se cancelará el saldo.»
6.

El artículo 6 de la Directiva 2000/78, que regula la «justificación de diferencias de trato por motivos de edad», tiene el siguiente tenor: «1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios. Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular: a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y recomendación, para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas; b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo; […] 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que no constituirán discriminación por motivos de edad, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo.»
82.

En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por el Landgericht Hamburg como sigue: «Cuando un medicamento de uso humano comprendido en el apartado 1 del anexo al Reglamento no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, ha sido desarrollado y dispuesto para su uso de forma individualizada y le ha sido concedida una autorización de comercialización, un proceso en el cual, 1) previa prescripción y encargo por un médico, se trasvasa a otro recipiente cantidades parciales del medicamento, pero 2) con ello no se altera la composición del medicamento, no puede llevarse a cabo conforme al Reglamento sin que sea necesaria una autorización de comercialización específica o una modificación de la autorización existente. Existe una excepción a esa norma cuando son de aplicación las disposiciones de los artículos 3, apartados 1 y 2, o 5, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. Sin embargo, no se aplicará el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva cuando el producto en cuestión no haya sido preparado en una farmacia, y el artículo 5, apartado 1, sólo se aplicará cuando el medicamento carezca de equivalente autorizado en el mercado del Estado miembro de que se trate o cuando no se halle disponible en ese mercado. La exención prevista en el artículo 40, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva se refiere a las autorizaciones de fabricación y no se aplica a las autorizaciones de comercialización respecto a dichos medicamentos.»
42.

Es cierto, como subraya la Comisión, que el artículo 3 de la Directiva EIA exige la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, y que el artículo 8 de dicha Directiva obliga a tener en cuenta en el procedimiento de autorización los resultados de dicha evaluación. Pero la Directiva no contiene ninguna regulación sobre cuáles son los proyectos que pueden ser realizados cuando la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente concluye que existen efectos negativos de importancia sobre el medio ambiente. En particular, en contra de lo que opina la Comisión, la exigencia de evaluar las repercusiones de un proyecto sobre el medio ambiente no puede asimilarse a una obligación de sopesar las repercusiones sobre el medio ambiente con otros factores. Por tanto, la Directiva no se opone a la realización de un proyecto ni siquiera cuando la evaluación de las repercusiones de éste sobre el medio ambiente concluye que existen efectos negativos de importancia sobre el medio ambiente.
46.

Si el Elegktiko Synedrio concluye en su decisión que no debe autorizarse el pago, parece que esto no impediría la interposición por parte del Sr. Antonopoulos de un recurso –que podría estimarse- ante los tribunales contencioso-administrativos, los cuales no estarían vinculados por la decisión. ( 28 ) Por tanto, cualquier derecho al pago de remuneración que el Sr. Antonopoulos pueda tener no se vería afectado de forma vinculante por una decisión desfavorable del Elegktiko Synedrio. En estas circunstancias, podría parecer lógico pensar que incumbe únicamente a los tribunales contencioso-administrativos plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, puesto que sus resoluciones son definitivas y vinculantes para todas las partes. No obstante, debe tenerse en cuenta que no ocurre lo mismo en el caso contrario, es decir, el Comisario no puede interponer un recurso ante los tribunales contencioso-administrativos solicitando la prohibición del gasto, aunque la Sección adopte una decisión contraria a sus pretensiones. ( 29 ) Si la Sección resuelve que debe autorizarse el gasto, el Comisario no puede impugnar su decisión y, dada la propia naturaleza de la controversia, tampoco el Ministerio o el Sr. Antonopoulos la impugnarían. En este supuesto, se adoptaría una decisión vinculante sobre una cuestión de Derecho y no habría vía de recurso ante ninguna otra autoridad judicial, ni mediante una apelación ni mediante ningún otro tipo de recurso, y, por tanto, si se considerase que el Elegktiko Synedrio no es un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, no existiría posibilidad alguna de remitir una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. ( 30 )
3)

Si, en relación con las dos cuestiones anteriores, se considera que la concesión –a través de las disposiciones nacionales examinadas en el caso de autos– de un derecho exclusivo para la realización, gestión, organización y funcionamiento de juegos de azar no es compatible con los artículos 43 y 49 del Tratado CE: a) ¿es admisible, en el sentido de las citadas disposiciones del Tratado, que, durante un período transitorio –necesario para la adopción de una normativa compatible con las disposiciones del Tratado CE– las autoridades nacionales no examinen las solicitudes para el ejercicio de las citadas actividades presentadas por personas establecidas legalmente en otros Estados miembros? b) en caso de respuesta afirmativa, ¿con arreglo a qué criterios debe determinarse la duración de dicho período? c) si no se autoriza ese período transitorio, ¿con arreglo a qué criterios deben examinar las autoridades nacionales las citadas solicitudes?»
67.

En consecuencia, sugiero al Tribunal de Justicia responder a la cuestión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato de la manera siguiente: «A los efectos de la excepción in house, es en principio irrelevante que la posición de una entidad pública en el capital de la sociedad instrumental a la que pretenda adjudicar un servicio sea minoritaria o mayoritaria. Por el contrario, no puede hablarse de un “principio de irrelevancia” en la posición de dicha entidad pública en el control efectivo de la sociedad instrumental. En particular, el recurso a la excepción in house no es posible en un supuesto en el que, de una parte, cada una de las entidades adjudicadoras en cuestión sea titular de una única acción de la sociedad instrumental y, de otra, los acuerdos entre socios celebrados por las entidades públicas no concedan a dicho ayuntamiento participante un control apreciable y proporcionado sobre la sociedad instrumental, circunstancias estas que deben ser definitivamente apreciadas por el tribunal nacional.»
58.

Por el contrario, en el supuesto en que se delegue la realización de la diligencia a un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que reside el testigo, el artículo 13 del mismo Reglamento permite que «el órgano jurisdiccional requerido recurr[a] para la ejecución de la solicitud a medidas coercitivas adecuadas en los casos y en la medida previstos por el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido para la ejecución de solicitudes presentadas con el mismo fin por autoridades nacionales o por una de las partes». No obstante, considero que la decisión de adoptar una medida coercitiva autorizada por el Derecho local contra un testigo reticente no corresponde al órgano jurisdiccional que conoce sobre el fondo sino al órgano jurisdiccional requerido, que debe apreciar si ello resulta «necesario» en el sentido del citado artículo 13 in limine. ( 42 ) Además, dado que la negativa a aplicar dicho dispositivo de coerción no va acompañada de ninguna sanción, puede quedar sin efecto concreto, lo que pone de manifiesto uno de los límites del sistema iniciado por el Reglamento no 1206/2001.
6.

Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd (en lo sucesivo, «Football Dataco et al.»), sociedades actoras en el proceso a quo, son responsables de la organización de los campeonatos de fútbol inglés y escocés. La primera tiene a su cargo la creación y explotación de los datos y derechos de propiedad intelectual relativos a esos campeonatos y pretende ostentar, en virtud del Derecho británico, un derecho sui generis sobre la base de datos denominada «Football Live».
19.

ebookers.com sostiene que la cuestión planteada debe responderse negativamente, puesto que el artículo 23, apartado 1, del Reglamento no 1008/2008 no comprende los gastos de servicios que no forman parte de un contrato de servicios aéreos y que no se prestan por una compañía aérea.
81.

Un obstáculo de este tipo carece por completo de justificación, a mi entender, si el Estado miembro de residencia ya toma en cuenta los ingresos totales del interesado. En efecto, en ese supuesto particular no existen circunstancias que permitirían a una persona con ingresos procedentes de dos Estados miembros hacer uso abusivo del sistema fiscal, y en particular de la doble posibilidad de reducción, con el fin de eludir toda tributación de sus ingresos.
14.

El Decreto-ley no 270/2003, ( 9 ) de 28 de octubre de 2003, establece las condiciones de prestación de servicios de transporte ferroviario y administración de infraestructuras ferroviarias. Dicho Decreto-ley regula, en particular, el equilibrio de las cuentas del administrador de infraestructuras con arreglo a su artículo 63. Según dicho artículo: «1. Las cuentas del administrador de infraestructuras deberán asegurar el equilibrio entre: a) los cánones por utilización de las infraestructuras, los excedentes de otras actividades comerciales y la financiación estatal, en su caso en forma de pagos anticipados, por una parte, y b) los costes del servicio público de administración y mantenimiento de las infraestructuras, por otra parte. 2. Sin perjuicio del eventual objetivo, a largo plazo, de que los costes de infraestructura sean soportados progresivamente por el usuario en todos los modos de transporte sobre la base de una competencia intermodal equitativa y no discriminatoria, el administrador de infraestructuras deberá alcanzar el equilibrio previsto en el apartado 1 sin mediar financiación del Estado y respetando el sistema de cánones previsto en el presente capítulo, si el transporte ferroviario está en condiciones de competir con otros modos de transporte, y en particular cuando exista un nivel equivalente de internalización de costes medioambientales en los otros modos de transporte. 3. A efectos del equilibrio previsto en el apartado 1, y con objeto de evaluar la eventual necesidad de compensaciones por parte del Estado al servicio público de administración de infraestructuras, procede adoptar un método de prorrateo que muestre de modo transparente que únicamente se toman en cuenta los costes derivados de las actividades de administración, mantenimiento, conservación y puesta a disposición de las infraestructuras. […] 7. A efectos del apartado 1, letra b), del presente artículo, los costes financieros y extraordinarios no se considerarán como costes del servicio público de administración de infraestructuras. 8. Los costes extraordinarios derivados de catástrofes naturales deberán ser compensados por el Estado.»
64.

No obstante, sobre ese aspecto me parece necesario tener en cuenta los avances en la ejecución de la Decisión 91/1 y de la sentencia de 2002 que han tenido lugar tras la interposición del presente recurso. Quiero subrayar dos hechos en particular: el primero es que los créditos relativos a la restitución de las ayudas concedidas a Indosa fueron inscritos finalmente como deudas de la masa en el procedimiento concursal de CMD, y el segundo es que las autoridades nacionales han actuado para lograr el cese definitivo y no sólo formal de la actividad subvencionada por las ayudas de Estado ilegales, aun si sus iniciativas no han alcanzado por ahora el objetivo pretendido.
35.

Al contrario de lo que ocurre en el Reglamento no 2201/2003, el Reglamento no 44/2001 no prescinde del procedimiento de exequátur. Pero también en lo que concierne al procedimiento de expedición del certificado existen diferencias importantes. Así, el certificado del Reglamento no 2201/2003 lo expide necesariamente un tribunal, mientras que la certificación prevista en el artículo 54 del Reglamento no 44/2001 simplemente resume información ya disponible, sin que sea necesario que la expida un juez. Asimismo, sólo el Reglamento no 2201/2003 recoge, en el artículo 43, una norma explícita acerca del procedimiento de rectificación del certificado. Finalmente, conforme al artículo 34, número 2, del Reglamento no 44/2001, la posibilidad de examinar la notificación sólo se admite cuando en el Estado de origen de la resolución no existe la posibilidad de recurrir.
75.

En cuanto a la interpretación del Derecho de la UE relativa al artículo 6, apartado 4, de la Sexta Directiva IVA, a mi parecer se debe considerar que los distribuidores del presente caso actúan por cuenta de Lebara por las siguientes razones: En primer lugar, la entrega de tarjetas telefónicas a los distribuidores no significa que Lebara transmita ningún riesgo económico. Esto es así porque los distribuidores no parecen tener que pagar por las tarjetas no activadas. Partiendo de las alegaciones de Lebara, llego a la conclusión de que los distribuidores no pagan ninguna contraprestación a Lebara si no consiguen vender a los usuarios finales las tarjetas que comercializan. Cuando esto sucede, no solicitan su activación. En otras palabras, desde el punto de vista económico, actúan por cuenta de Lebara.
32.

Sobre este particular, el órgano jurisdiccional remitente no puede pasar por alto el hecho de que, dado que el empresario se ha negado a comunicar estas informaciones, hay una probabilidad nada desdeñable de que dicho empresario pueda, de este modo, hacer inimpugnables sus decisiones. En otros términos, el empresario mantiene en su exclusivo poder elementos importantes de los que finalmente depende la fundamentación y, por lo tanto, las posibilidades de prosperar, de una acción judicial que el candidato finalmente no contratado pueda entablar. En el contexto de un proceso de selección, también ha de tenerse presente que la posición del candidato —necesariamente externa en relación con la empresa contratante— hace que obtener indicios o hechos que permitan presumir la existencia de una discriminación sea aún más difícil que cuando se trata de demostrar que el empresario lleva a cabo algunas medidas discriminatorias en lo que se refiere, por ejemplo a las condiciones de los trabajadores en materia de retribución. ( 20 ) Por lo tanto, el candidato a un puesto de trabajo suele quedar a merced de la buena voluntad del empresario en lo que atañe a la obtención de información relativa a hechos que permitan presumir la existencia de una discriminación, pese a que ésa es indispensable para que entre en juego la atenuación de la carga de la prueba, y puede encontrar, objetivamente, dificultades reales a la hora de obtener dicha información. Sobre este particular, señalo que las soluciones propuestas por el Gobierno alemán durante la vista para que dicho candidato obtenga información, por su propia iniciativa, no han resultado muy convincentes. En efecto, exigir que el candidato se ponga directamente en contacto con el comité de empresa o que se persone en el lugar de trabajo a la hora de la entrada para hacer un recuento, por «categorías», de los trabajadores presentes es particularmente hipotético y , a fin de cuentas, poco razonable, en la medida en que, por una parte, no todos los empresarios disponen de un comité de empresa y, por otra, todas las características que están en la raíz de alguno de los motivos de discriminación no necesariamente pueden identificarse con la mera observación.
9.

Si una sociedad filial no se integra en una unidad fiscal, las pérdidas de dicha sociedad no podrán ser compensadas con los beneficios de la sociedad matriz. Para la sociedad matriz, las acciones en la sociedad filial constituyen una participación. Con arreglo al artículo 13, apartado 1, de la Wet Vpb, los resultados (positivos o negativos) relativos a una participación no se toman en consideración a la hora de determinar los beneficios. Por tanto, en principio, no puede deducirse de los beneficios imponibles de la sociedad matriz una pérdida relativa a una participación (pérdida por reducción del valor). No obstante, el artículo 13, letra d), de la Wet Vpb permite, en determinadas condiciones, deducir de los beneficios una pérdida producida con motivo de la liquidación de una participación.
35.

En el asunto Royal Society for the Protection of Birds, ( 18 ) se preguntó al Tribunal de Justicia si esas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede, para clasificar un lugar como ZPE o para delimitar dicha zona, tener en cuenta las consideraciones económicas en la medida en que obedezcan a razones imperiosas de interés público de primer orden, como las mencionadas en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats. El Tribunal de Justicia declaró que las razones imperiosas de interés público de primer orden que, de acuerdo con el artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats, pueden justificar un plan o proyecto que afectara a una ZPE de forma apreciable podían, en su caso, comprender las razones de orden social o económico. Sin embargo, el Tribunal de Justicia observó que, aunque los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats, en cuanto modifican la primera frase del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva sobre las aves, han instaurado un procedimiento que permite a los Estados miembros adoptar, por razones imperiosas de interés público de primer orden y bajo ciertas condiciones, un plan o proyecto que afecte a una ZPE y, por tanto, revisar así una decisión de clasificación de esta zona reduciendo su superficie, sin embargo, no ha introducido modificaciones en lo que respecta a la fase inicial de clasificación de una zona como ZPE a que se refiere el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre las aves. De ello se deduce que, aun en el ámbito de la Directiva sobre las hábitats, la clasificación de lugares como ZPE debe efectuarse, en todo caso, según los criterios admitidos con arreglo al artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre las aves, y que las exigencias económicas, en cuanto razón imperiosa de interés público de primer orden que permite soslayar la obligación de clasificar un lugar en función de su valor ecológico, no pueden ser consideradas en esa fase. ( 19 )
8.

En el artículo 1 del Decreto de 2001 figura una definición de los «aditivos usados con fines tecnológicos» y se determina el ámbito de aplicación material del referido Decreto. Según esta definición, se entenderá por aditivos usados con fines tecnológicos: «cualquier sustancia que no se consuma como ingrediente alimenticio en sí y que se utilice voluntariamente en la transformación de materias primas, productos alimenticios o sus ingredientes, para responder a un objetivo tecnológico determinado durante el tratamiento o la transformación y que pueda tener como resultado la presencia no intencional de residuos técnicamente inevitables de dicha sustancia o de sus derivados en el producto acabado, con la condición de que los citados residuos no presenten ningún riesgo sanitario y no produzcan efecto tecnológico alguno sobre el producto terminado».