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1)

La Cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco alcanzado entre la CES, UNICE y CEEP sobre el trabajo de duración determinada que se incorpora al ordenamiento comunitario por la Directiva 1999/70 (1) del Consejo de la Unión y la Directiva 2001/23 ¿debe interpretarse en el sentido de que el convenio colectivo del Sector de la Construcción en su art. 24.2 establece que con independencia de la duración del contrato general para una sola obra, no será de aplicación lo establecido en el párrafo primero del artículo 15.1 a) del E.T., continuando manteniendo los trabajadores la condición de «fijos de obra», tanto en estos casos como en los supuestos de sucesión empresarial del 44 del E.T. o de subrogación regulado en el artículo 27 del presente Convenio General, no existiendo razón objetiva que justifica que vaya en contra de la legislación nacional, donde el art. 15.1.a) del ET establece, que «Estos contratos no podrán tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa»?
C 61/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’Etat (Francia) el 13 de diciembre de 2019 — Fédération bancaire française (FBF)/Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(Asunto C-911/19)

(2020/C 61/26)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’Etat

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Fédération bancaire française (FBF)

Recurrida: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Pueden ser objeto del recurso de anulación previsto en las disposiciones del artículo 263 TFUE las directrices adoptadas por una autoridad europea de supervisión? En caso de respuesta afirmativa, ¿está legitimada una federación profesional para impugnar, por la vía del recurso de anulación, la validez de directrices destinadas a los miembros cuyos intereses defiende y que no la afectan directa ni individualmente?

2) En caso de respuesta negativa a una de las dos cuestiones formuladas en el punto 1, ¿pueden ser objeto de la remisión prejudicial prevista en las disposiciones del artículo 267 TFUE las directrices emitidas por una autoridad europea de supervisión? En caso de respuesta afirmativa, ¿está legitimada una federación profesional para impugnar, proponiendo una excepción, la validez de directrices destinadas a los miembros cuyos intereses defiende y que no la afectan directa ni individualmente?

3) En el supuesto de que la Fédération bancaire française esté legitimada para impugnar, proponiendo una excepción, las directrices emitidas por la Autoridad Bancaria Europea el 22 de marzo de 2016, ¿rebasa la referida Autoridad, al adoptar dichas directrices, las competencias que le confiere el Reglamento n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea)? (1)

(1) Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO 2010, L 331, p. 12).
2)

¿Se oponen los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a una normativa nacional que, ante la fuerza de cosa juzgada implícita sobre el carácter no abusivo de una cláusula contractual, impide que el órgano jurisdiccional de la ejecución, llamado a decidir sobre la oposición a la ejecución formulada por el consumidor, examine si la cláusula es abusiva y, de ser así, qué requisitos deben concurrir y, por otro lado, se puede considerar que existe tal impedimento cuando, con arreglo a la jurisprudencia y la doctrina vigentes en el momento en que se produjo el efecto de cosa juzgada, no era posible examinar si dicha cláusula presentaba un carácter abusivo debido a que el fiador no podía ser calificado como consumidor?
C 45/31

Recurso de casación interpuesto el 4 de diciembre de 2019 por GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 24 de septiembre de 2019 en el asunto T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Comisión

(Asunto C-889/19 P)

(2020/C 45/29)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (representantes: R. MacLean, Solicitor)

Otras partes en el procedimiento: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Desestime la segunda parte del primer motivo de la demanda en primera instancia, tal como fue reformulada en la sentencia recurrida, por infundada.

— Se pronuncie sobre el fondo de la segunda parte del primer motivo de la demanda en primera instancia, tal como fue reformulada en la sentencia recurrida.

— Devuelva el asunto al Tribunal General para que decida sobre el resto de los motivos de la demandante basados en infracciones del Derecho.

— Condene a la demandante a cargar con las costas del presente procedimiento, del procedimiento en primera instancia y del procedimiento del recurso de casación precedente.

Motivos y principales alegaciones

La recurrente sostiene que la sentencia recurrida debe anularse sobre la base de tres motivos diferentes.

Primer motivo: El Tribunal General incurrió en un error de Derecho en la sentencia recurrida en la interpretación y aplicación de los conceptos relacionados de «distorsiones significativas» y «situación financiera» a los que se hace referencia en el artículo 2, apartado 7, letra c), tercer guion, del Reglamento antidumping de base (1) y en la subsiguiente inversión de la carga de la prueba, de la demandante a la Comisión, por lo que atañe al trato de economía de mercado

Segundo motivo: El Tribunal General no respetó los límites del margen de apreciación de que dispone la Comisión a la hora de evaluar las solicitudes de concesión del trato de economía de mercado y sustituyó la apreciación de la Comisión acerca de la situación de los productores exportadores por su propia apreciación.

Tercer motivo: La recurrente solicita la anulación del primer punto del fallo de la sentencia recurrida basándose en que el Tribunal General, al hacer esa determinación, se pronunció ultra petita.

(1) Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51).
1.

¿Los pagos que efectúa el comprador de una mercancía, al margen del pago del precio, una vez al año, durante cuatro años, en función del producto de las ventas, a cambio de poder enajenar la mercancía — en un territorio determinado, — por primera vez, — con exclusividad y — de forma permanente, son cánones o derechos de licencia en el sentido del artículo 32, apartado 1, letra c), del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, (1) que deben sumarse al precio efectivamente pagado o por pagar por la mercancía importada conforme al artículo 32, apartado 5, letra b), de dicho Reglamento, en relación con el artículo 157, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del código aduanero comunitario? (2)
2)

¿Se oponen las disposiciones y los principios del Derecho de la Unión Europea, en particular los artículos 3 TFUE, 18 TFUE, 32 TFUE, 44 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE, 101 TFUE y siguientes, 116 TFUE, 120 TFUE, 127 TFUE y siguientes, y las Directivas 2000/31/CE (3) y 2006/123/CE, (4) a una normativa nacional que: — impone, en relación con los administradores de un sitio de Internet para la búsqueda de inmuebles para alquilar, obligaciones de recogida y comunicación de datos relativos a los contratos; — impone, en relación con estos mismos administradores de sitios de Internet que intervienen en el pago de la contraprestación de los contratos de alquiler a corto plazo, la obligación de operar como sustituto del contribuyente o de responsable tributario; — impone, en relación con los administradores de sitios de Internet no residentes y reconocidos, sin establecimiento permanente en Italia, la obligación de designar un representante fiscal? — impone, asimismo por lo que se refiere a los sujetos no residentes y que carecen de establecimiento permanente en Italia, la obligación de actuar como responsables tributarios en relación con la tasa de hostelería?
Recurso de casación interpuesto el 1 de agosto de 2019 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 11 de junio de 2019 en el asunto T-138/18, De Esteban Alonso/Comisión

(Asunto C-591/19 P)

(2019/C 413/26)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: B. Mongin y J. Baquero Cruz, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Fernando de Esteban Alonso

Pretensiones de la parte recurrente

— Anular la sentencia de 11 de junio de 2019 (T-138/18).

— Desestimar el recurso presentado en primera instancia.

— Condenar al Sr. De Esteban a cargar con la totalidad de las costas de ambas instancias.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el primer motivo del recurso de casación, basado en un error en la calificación jurídica de los hechos a la luz del artículo 4 de la Decisión n.o 1999/396 de la Comisión, la Comisión sostiene que el Tribunal General no debería haber considerado que el Sr. De Esteban debía ser «equiparado» con las personas citadas nominalmente en la nota remitida por la OLAF a las autoridades francesas el 19 de marzo de 2003 o que como mínimo debía considerarse que estaba implicado personalmente en los hechos, siendo así que el interesado no estaba comprendido en ninguna de estas categorías.

El segundo motivo se basa en una interpretación jurídicamente errónea del artículo 9, apartado 4, del Reglamento n.o 1073/1999, a tenor del cual las instituciones deben adoptar, en relación con el informe presentado por la OLAF, «las medidas, en particular disciplinarias y judiciales, que procedan en función de sus resultados […]». La Comisión considera que esta disposición no puede ser interpretada a contrario en el sentido de que limita la discrecionalidad de que ella dispone para la defensa de los intereses de la Unión y en particular en el sentido de que le prohíbe personarse como parte actora civil y presentar denuncia ante las autoridades nacionales cuando lo considere oportuno a la luz de la información de que disponga, incluido en una fase anterior a la adopción de un eventual informe de la OLAF.

Mediante su tercer motivo, formulado con carácter subsidiario, la Comisión alega que el Tribunal General no podía acoger el recurso de indemnización, dado que no existía una relación de causalidad. El Tribunal General se apartó indebidamente de su jurisprudencia según la cual no existe una relación de causalidad suficientemente directa entre la transmisión de información por parte de la OLAF a las autoridades nacionales y el perjuicio supuestamente sufrido.
—

Los contactos que no han sido probados no pueden constituir infracciones del artículo 101 TFUE, apartado 1. No obstante, el Tribunal General ha confirmado la afirmación hecha en la Decisión de que se trataba de una infracción única y continuada basándose en que esos contactos no probados formaban parte de un total de «pruebas e indicios que podían tenerse en cuenta considerándolos un conjunto» en el que la Comisión podía basarse. Al sustituir el razonamiento de la Decisión por la suya propia, el Tribunal General ha incurrido en error de Derecho.
C 372/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Cluj (Rumanía) el 23 de julio de 2019 — Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Asunto C-558/19)

(2019/C 372/15)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Cluj

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Recurrida: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Cuestión prejudicial

¿Se oponen el artículo 49 TFUE y el artículo 63 TFUE a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal [artículo 11, apartado 2, y artículo 29, apartado 3, de la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Ley n.o 571/2003 por la que se establece el Código Tributario)], que prevé la posibilidad de reclasificar una transferencia bancaria de efectivo desde una sucursal residente en un Estado miembro a la sociedad matriz residente en otro Estado miembro como una operación que genera ingresos, con la consiguiente obligación de aplicar la normativa en materia de precios de transferencia, mientras que, si la misma operación se hubiera efectuado entre una sucursal y una sociedad matriz, ambas residentes en el mismo Estado miembro, dicha operación no habría podido reclasificarse del mismo modo y no se habría aplicado la normativa en materia de precios de transferencia?
C 337/4

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (Polonia) el 26 de junio de 2019 — W. Ż.

(Asunto C-487/19)

(2019/C 337/04)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Najwyższy

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: W.Ż.

con intervención de: Prokurator Prokuratury Krajowej Bożena Górecka

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 2 [TUE], 6 [TUE], apartados 1 y 3, y 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y con el artículo 267 TFUE en el sentido de que no es un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, a los efectos del Derecho de la Unión Europea el órgano jurisdiccional unipersonal compuesto por una persona nombrada para desempeñar un cargo judicial en flagrante infracción de las disposiciones del Derecho del Estado miembro relativas al nombramiento de jueces, la cual consiste, en particular, en el nombramiento de una persona para desempeñar el cargo judicial pese a haber sido impugnada con anterioridad ante el órgano nacional competente [Naczelny Sąd Administracyjny, (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia)] la resolución de una autoridad nacional [Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia)] que incluye la propuesta con vistas a su nombramiento para el desempeño de un cargo judicial, pese a la suspensión de la ejecución de esta resolución con arreglo al Derecho nacional y pese a no haber concluido el procedimiento ante el órgano jurisdiccional competente (Naczelny Sąd Administracyjny) con anterioridad a la notificación del nombramiento?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 19 de junio de 2019 — All in One Star Ltd

(Asunto C-469/19)

(2019/C 328/16)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Parte en el procedimiento principal

Demandante y recurrente: All in One Star Ltd

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Se opone el artículo 30 de la Directiva (UE) 2017/1132 (1) a una normativa nacional que, para la inscripción en el registro mercantil de una sucursal de una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio social en otro Estado miembro, exige la indicación del importe del capital o de un valor de capital equivalente?

2) a) ¿Se opone el artículo 30 de la Directiva (UE) 2017/1132 a una normativa nacional que dispone que el administrador de la sociedad, al solicitar la inscripción en el registro mercantil de una sucursal de una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio social en otro Estado miembro, está obligado a declarar que no concurre en su persona ningún impedimento a su nombramiento con arreglo al Derecho nacional, ya sea en forma de inhabilitación judicial o administrativa para una profesión o sector empresarial que corresponda total o parcialmente al objeto de la sociedad, ya sea en forma de condena firme por determinados delitos, y que a este respecto ha sido informado de su obligación absoluta de facilitar información al juzgado por un notario, un asesor jurídico equiparable o un funcionario consular? b) En caso de respuesta negativa a la letra a) de la segunda cuestión: ¿Se oponen los artículos 49 TFUE y 54 TFUE a una normativa nacional con arreglo a la cual al solicitar la inscripción en el registro mercantil de una sucursal de una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio social en otro Estado miembro el administrador de la sociedad está obligado a realizar una declaración como la descrita?

(1) Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (DO 2017, L 169, p. 46).
Recurso de casación interpuesto el 2 de julio de 2019 por Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd and IRISL Europe GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 8 de mayo de 2019 en el asunto T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo

(Asunto C-506/19 P)

(2019/C 319/27)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd and IRISL Europe GmbH (representantes: M. Taher, Solicitor, R. Blakeley, Barrister)

Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de las partes recurrentes

Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia del Tribunal General.

— Declare que el Consejo cometió una infracción suficientemente caracterizada de una norma que confería derechos a los particulares, al designar a las partes recurrentes.

— Devuelva el asunto al Tribunal General para que este se pronuncie sobre las eventuales medidas de instrucción contenidas en la demanda y, a continuación, resuelva sobre las cuestiones de causalidad y cuantía.

— Condene al Consejo a cargar con las costas de las partes recurrentes correspondientes al procedimiento de casación, así como con las correspondientes al procedimiento ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal General cometió cinco errores de Derecho por los que la sentencia debería ser anulada:

1. Un error en la aplicación de la conclusión según la cual el Consejo no tenía una facultad discrecional.

2. Un error en la aplicación del razonamiento de la sentencia anulatoria IRISL [de 2013] al criterio de la infracción suficientemente caracterizada.

3. La ausencia de fundamento jurídico de la distinción «inexistencia de prueba/prueba inadecuada», distinción que, en cualquier caso, era inaplicable.

4. Un error de Derecho al basarse en pruebas que no habían sido presentadas ante el Tribunal General.
1)

¿Excluyen los Reglamentos (CE) n.o 854[/2004] (1) y n.o 882[/2004] (2) un procedimiento con arreglo al cual, en virtud del artículo 9 de la Food Safety Act 1990 (Ley sobre seguridad alimentaria de 1990), un Justice of the Peace (Juez de Paz) decida sobre el fondo del asunto, y a la vista de las pruebas aportadas por los peritos designados por cada una de las partes, si una canal no cumple los requisitos de seguridad alimentaria?
C 295/6

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Erding (Alemania) el 28 de mayo de 2019 — E. M., M. S./Eurowings GmbH

(Asunto C-414/19)

(2019/C 295/09)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Erding

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: E. M., M. S.

Demandada: Eurowings GmbH

Cuestión prejudicial

¿A la hora de determinar la distancia, a los efectos del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) en caso de una conexión aérea integrada por varios tramos, deben considerarse también los vuelos previos que no se vieron afectados por la incidencia producida en un vuelo de conexión?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) el 17 de junio de 2019 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Wellcome Trust Ltd

(Asunto C-459/19)

(2019/C 280/38)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Recurrida: Wellcome Trust Ltd

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Debe interpretarse el artículo 44 de la Directiva 2006/112 (1) en el sentido de que, cuando un sujeto pasivo que desarrolla una actividad no económica consistente en la compra y venta de acciones y otros valores con motivo de la gestión de los activos de un trust benéfico adquiere una prestación de servicios de gestión de inversiones de una persona ajena a la Comunidad, exclusivamente para los fines de esa actividad, debe ser considerada «sujeto pasivo que actúe como tal»?

2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión y de que no sean aplicables los artículos 46 a 49 de la Directiva, ¿es aplicable el artículo 45 de la Directiva a dicha prestación o no lo son ni el artículo 44 ni el artículo 45?

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Países Bajos) el 3 de mayo de 2019 — De Ruiter vof/Minister van Ladvouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Asunto C-361/19)

(2019/C 270/18)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandante: De Ruiter vof

Demandada: Minister van Ladvouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Cuestión prejudicial

¿Son válidos el artículo 99, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, (1) [y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo] y el artículo 73, apartado 4, inicio y letra a), del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad, (2) en la medida en que en ellos el año de descubrimiento del incumplimiento resulta decisivo para determinar el año respecto al cual se calculará la reducción de la condicionalidad en una situación en la que el año de incumplimiento de la condicionalidad no coincide con el año de descubrimiento de este?

(1) DO 2013, L 347, p. 549.

(2) DO 2014, L 227, p. 69.