ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Las competencias del juez de medidas provisionales se limitan a ejercer un control jurisdiccional sobre los actos administrativos que la Comisión ya adoptó, pero no se extienden a la apreciación de las cuestiones sobre las que esta institución todavía no se ha pronunciado. En efecto, tal facultad implicaría una anticipación del debate sobre el fondo del asunto y una confusión de los procedimientos administrativo y judicial, incompatible con el sistema de reparto de competencias entre la Comisión y el juez de la Unión Europea. Por tanto, sólo en circunstancias excepcionales puede el juez de medidas provisionales impedir a la Comisión que ejerza sus competencias administrativas, antes incluso de que haya adoptado el acto definitivo cuya ejecución desea evitar el demandante.

En un procedimiento de medidas provisionales se cumple el requisito del fumus boni iuris cuando al menos uno de los motivos invocados por la parte que solicita las medidas provisionales en apoyo de su recurso principal parezca pertinente, a primera vista o, en cualquier caso, no carente de fundamento serio, en tanto revela la existencia de cuestiones jurídicas complejas cuya solución no se evidencia de manera inmediata y requiere, por tanto, un examen más profundo, que no puede realizar el juez de medidas provisionales, sino que debe ser objeto del procedimiento principal, o cuando el debate llevado a cabo entre las partes pone de relieve la existencia de una controversia jurídica importante cuya solución no surge de un modo inmediato.

En una demanda de suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión que desestima la solicitud del demandante de que no publicara una información confidencial que figura en una de sus decisiones, existe, a primera vista, un fumus boni iuris cuando se trata de un asunto que plantea cuestiones jurídicas complejas que no pueden ser consideradas, a primera vista, como carentes de pertinencia y cuya resolución merece, por el contrario, un examen profundo en el procedimiento principal.

En efecto, la alegación del solicitante plantea la cuestión jurídica, no resuelta aún por la jurisprudencia, de si la decisión impugnada vulnera el derecho al secreto profesional del demandante, garantizado por el artículo 339 TFUE, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque la publicación prevista por la Comisión incluya indicaciones que el demandante le transmitió de acuerdo con la Comunicación sobre la cooperación y que, en consecuencia, por su origen y su esencia, sea información confidencial que debe ser protegida de la publicación.

(véanse los apartados 34, 46 y 56)
En un procedimiento de medidas provisionales, se cumple el requisito del fumus boni iuris cuando al menos uno de los motivos invocados por la parte demandante en apoyo de su recurso principal parezca pertinente a primera vista y, en cualquier caso, no carente de fundamento. Para ello, basta que el motivo suscite cuestiones complejas y delicadas, que no puedan descartarse a primera vista por impertinentes sino que requieran un examen más profundo, que está reservado al órgano jurisdiccional competente para conocer del fondo del asunto, o bien que de las alegaciones esgrimidas por las partes se desprenda que exista, en el marco del procedimiento principal, una controversia jurídica significativa, cuya solución no se impone de entrada.

(véase el apartado 40)
68

La OAMI considera que, debido a la inadmisibilidad de las pretensiones de anulación, las pretensiones de indemnización también deben ser declaradas inadmisibles. Con carácter subsidiario, la OAMI solicita que estas últimas pretensiones sean declaradas inadmisibles o manifiestamente carentes de fundamento legal en virtud del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, por incumplir los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra c), del citado Reglamento. En efecto, según la OAMI, al no describir, ni siquiera someramente, los motivos o elementos de Derecho en que se basan las pretensiones de indemnización, la demanda no cumple el requisito de indicar la naturaleza y la magnitud del perjuicio con suficiente precisión. En particular, las demandantes no aportan en su demanda ningún elemento de prueba del comportamiento ilegal alegado y no explican con suficiente precisión la relación entre dicho comportamiento y el supuesto perjuicio sufrido.
1.

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Reglamento por el que se establecen derechos antidumping — Recurso interpuesto por un importador no asociado al exportador, que no ha participado en el procedimiento administrativo y que no es el importador principal o el utilizador final del producto — Inexistencia de elementos constitutivos de una situación particular que caracterice al demandante en relación con cualquier otro agente económico — Inadmisibilidad [Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (UE) no 723/2011 del Consejo] (véanse los apartados 23 a 40)
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)

de 11 de octubre de 2012

Francesca Cervelli

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Indemnización por expatriación — Solicitud de reconsideración — Hechos nuevos — Recurso de casación manifiestamente infundado»

Objeto:

Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Tercera) de 12 de septiembre de 2011, Cervelli/Comisión (F‑98/10), cuyo objeto es la anulación de este auto.

Resultado:

Se desestima el recurso. La Sra. Francesca Cervelli cargará con sus propias costas y con las costas de la Comisión Europea en la presente instancia.

Sumario

Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Plazos — Preclusión — Reapertura — Requisito — Hecho nuevo y sustancial

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

La existencia de hechos nuevos y sustanciales puede justificar la presentación de una solicitud de revisión de una resolución anterior que se haya convertido en definitiva. A este respecto, una sentencia de anulación de un órgano jurisdiccional de la Unión no puede constituir un hecho nuevo que permita la reapertura de los plazos de reclamación o de recurso, salvo en lo que respecta, por un lado, a las partes en el procedimiento y, por otro, a otras personas directamente afectadas por el acto anulado. Pues bien, aunque, con arreglo al principio de unicidad de la función pública, tal como se formula en el artículo 9, apartado 3, del Tratado de Ámsterdam, todos los funcionarios de todas las instituciones de la Unión se rigen por las mismas disposiciones, tal principio no implica que las instituciones deban hacer uso de forma idéntica de la facultad de apreciación que les ha conferido el Estatuto. Por el contrario, las instituciones disponen de autonomía en la organización de sus servicios. Por tanto, una decisión, adoptada voluntariamente por una institución distinta de la de procedencia del interesado, de extender los efectos jurídicos de una sentencia a todos sus funcionarios no puede considerarse un hecho nuevo que permita al interesado presentar una solicitud de revisión de la resolución administrativa que le afecta.

(véanse los apartados 18, 20 y 25)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 17 de junio de 1965, Müller/Consejos (43/64, Rec. pp. 499 y ss., especialmente p. 515); 16 de diciembre de 1970, Prelle/Comisión (5/70, Rec. p. 1075), apartado 13; 26 de septiembre de 1985, Valentini/Comisión (231/84, Rec. p. 3027), apartado 14; 8 de marzo de 1988, Brown/Tribunal de Justicia (125/87, Rec. p. 1619), apartado 14

Tribunal General: 11 de julio de 1997, Chauvin/Comisión (T‑16/97, RecFP pp. I‑A-237 y II‑681), apartados 37 y 39 a 45; 16 de septiembre de 1997, Gimenez/Comité de las Regiones (T‑220/95, RecFP pp. I‑A-275 y II‑775), apartado 72; 16 de septiembre de 2009, Boudova y otros/Comisión (T‑271/08 P, RecFP pp. I‑B-1-71 y II‑B-1-441), apartado 48
Recurso de anulación de la Decisión C(2009) 8707 final de la Comisión, de 19 de noviembre de 2009, por la que se declara que el régimen relativo a las indemnizaciones pagadas a los trabajadores de las empresas declaradas insolventes y a su financiación, previsto en la normativa alemana, no constituye una ayuda de Estado (ayuda de Estado NN 55/2009) (DO C 323, p. 5).
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 9 de septiembre de 2008

Asunto T‑143/08

Luigi Marcuccio

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Función pública — Seguridad social — Denegación de la solicitud de reembolso al 100 % de determinados gastos médicos del demandante»

Objeto: Recurso por el que se solicita, en particular, la anulación de las decisiones de la oficina liquidadora del régimen común del seguro de enfermedad de las Comunidades Europeas por las que se deniega, por un lado, la asunción al 100 % de determinados gastos médicos efectuados por el demandante y, por otro lado, el reembolso de los gastos de un reconocimiento médico conforme a las normas aplicables a las consultas médicas, solicitándose asimismo que se condene a la Comisión a pagar determinados importes de los gastos médicos.

Resultado: Se declara la inadmisibilidad del recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Seguridad social — Seguro de enfermedad — Gastos de enfermedad — Enfermedad grave — Reembolso al 100 % — Requisitos

(Estatuto de los Funcionarios, art. 72, ap. 1; Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad, art. 28 y anexo I, punto IV)

La asunción de los gastos médicos al 100 %, con arreglo al artículo 72, apartado 1, del Estatuto presupone que se considere que la enfermedad de que se trate forma parte de las enfermedades mencionadas expresamente en dicha disposición o que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos reconozca que esa enfermedad es de gravedad comparable a la de las enfermedades mencionadas en la referida disposición. A tal efecto, corresponde manifiestamente al interesado indicar de qué enfermedad se trata y aportar los documentos justificativos. A este respecto, por un lado, conforme al artículo 28 de la reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas, las solicitudes de reembolso de los gastos deberán ir acompañadas de documentos justificativos originales y, por otro lado, según el punto IV del anexo I de dicha reglamentación, las solicitudes dirigidas a que se reconozca que una enfermedad es de gravedad comparable a la de las cuatro enfermedades mencionadas en el artículo 72, apartado 1, del Estatuto deberán ir acompañadas del informe del médico de cabecera del interesado.

En la medida en que una solicitud no contenga ningún elemento nuevo que justifique la asunción al 100 % de los gastos médicos del funcionario de que se trate, el silencio de la administración ante dicha solicitud no modifica en modo alguno su situación jurídica, resultante de la decisión denegatoria implícita de una solicitud anterior mediante la cual ya puso en conocimiento de la administración dicha pretensión, y no constituye, por tanto, una acto lesivo en el sentido de los artículos 90 y 91 del Estatuto.

(véanse los apartados 37, 39 y 41)
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Funcionarios — Seguridad social — Seguro de enfermedad — Gastos de enfermedad — Enfermedad grave — Reembolso al 100 % — Requisitos

(Estatuto de los Funcionarios, art. 72, ap. 1; Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad, art. 11, ap. 2 y anexo I, punto IV)

La asunción de los gastos médicos al 100 %, con arreglo al artículo 72, apartado 1, del Estatuto presupone que se considere que la enfermedad de que se trate forma parte de las enfermedades mencionadas expresamente en dicha disposición o que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos reconozca que esa enfermedad es de gravedad comparable a la de las enfermedades mencionadas en la referida disposición. A tal efecto, corresponde manifiestamente al interesado indicar de qué enfermedad se trata y aportar los documentos justificativos. A este respecto, por un lado, conforme al artículo 11, apartado 2, de la reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas, las solicitudes de reembolso de los gastos deberán ir acompañadas de documentos justificativos originales y, por otro lado, según el punto IV del anexo I de dicha reglamentación, las solicitudes dirigidas a que se reconozca que una enfermedad es de gravedad comparable a la de las cuatro enfermedades mencionadas en el artículo 72, apartado 1, del Estatuto deberán ir acompañadas del informe del médico de cabecera del interesado.

En la medida en que una solicitud no contenga ningún elemento nuevo que justifique la asunción al 100 % de los gastos médicos del funcionario de que se trate, el silencio de la administración ante dicha solicitud no modifica en modo alguno su situación jurídica, resultante de la decisión denegatoria implícita de una solicitud anterior mediante la cual ya puso en conocimiento de la administración dicha pretensión, y no constituye, por tanto, una acto lesivo en el sentido de los artículos 90 y 91 del Estatuto.

(véanse los apartados 30, 32 y 34)
224

Por otra parte, la ejecución de la Directiva controvertida puede afectar muy significativamente a los intereses no sólo de las demandantes, sino también de los terceros. En particular, aunque las demandantes no han llegado a demostrar, a primera vista, tal como se ha declarado en los apartados 162 a 173 supra, que la Directiva controvertida pueda provocar el cierre de su planta industrial de Cernay, sí puede razonablemente esperarse que las consecuencias de una reducción irreversible de las cuotas de mercado de las demandantes sean graves. En particular, no puede descartarse el probable recorte de la plantilla de esta planta industrial ni que las empresas de tratamiento del flusilazol se vean afectadas.
Asunto T‑78/04 R

Sumitomo Chemical (UK) plc

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Procedimiento sobre medidas provisionales – Reglamento (CE) nº 2032/2003 – Biocidas – Admisibilidad de la solicitud»

Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2004

Sumario del auto

1. Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión – Urgencia – Fumus boni iuris – Interés del demandante en obtener la medida solicitada

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales – Requisitos de admisibilidad – Admisibilidad del recurso principal – Falta de pertinencia – Límites

(Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales – Requisitos de admisibilidad – Demanda – Requisitos de forma – Indicación precisa del objeto de la demanda

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 1, letra d), y 104, ap. 3]

1. El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia prevé que las demandas de medidas provisionales deben especificar el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de la medida provisional solicitada. Además, la parte demandante debe justificar un interés en la obtención de las medidas solicitadas.

(véanse los apartados 22 y 52)

2. El problema de la admisibilidad del recurso de que conoce el juez del fondo no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de prejuzgar el fondo del asunto. No obstante, cuando lo que se plantea es la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal al cual se acumula la demanda de medidas provisionales, puede resultar necesario determinar si existen elementos que permitan, a primera vista, inferir la admisibilidad de dicho recurso.

(véase el apartado 23)

3. Una demanda de medidas provisionales que no precisa su objeto no cumple los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, al que remite el artículo 104, apartado 3, del mismo Reglamento, y por tanto es inadmisible.

(véase el apartado 50)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente

(Art. 230 CE, párr. 4)

Índice

Para que el demandante resulte directamente afectado, como requisito para la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto al amparo del artículo 230 CE, párrafo cuarto, la medida comunitaria impugnada debe surtir efectos directos en la situación jurídica del demandante y no debe atribuir ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener ésta un carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa comunitaria sin aplicación de otras normas intermedias. Ello significa que, en caso de que una institución dirija un acto comunitario a un Estado miembro, si la acción que debe poner en práctica el Estado miembro para ejecutar dicho acto tiene carácter automático, o si sus consecuencias se imponen de manera inequívoca, el referido acto afecta entonces directamente a cualquier persona respecto de la cual surte efectos tal acción. Si, por el contrario, el acto deja al Estado miembro la posibilidad de actuar o no actuar, o no le obliga a actuar en un sentido determinado, es la acción o inacción del Estado miembro lo que afecta directamente a la persona interesada, y no el acto comunitario en sí mismo.

A este respecto, la Decisión 2004/69, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina, que designa como lugares de importancia comunitaria zonas del territorio alemán, no afecta a los derechos ni a las obligaciones de los propietarios de bienes inmuebles, ni al ejercicio de esos derechos, ya que no crea obligación alguna a cargo de los operadores económicos ni de las personas particulares y no contiene ninguna disposición sobre el régimen de protección de los lugares de importancia comunitaria, como serían, por ejemplo, medidas de conservación o procedimientos de autorización.

Asimismo, las obligaciones derivadas de la citada Directiva 92/43, y en particular de sus artículos 4 y 6, que incumben a los Estados miembros interesados una vez que los lugares de importancia comunitaria han sido designados por la Decisión impugnada, no son directamente aplicables a los referidos operadores, ya que necesitan un acto del Estado miembro interesado que precise la forma en la que ese Estado se propone darles cumplimiento.

(véanse los apartados 45 a 47 y 52)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Procedimiento – Intervención – Requisitos de admisibilidad – Interés en la solución del litigio – Litigio relativo a la anulación de una decisión de la Comisión por la que se imputa una infracción del artículo 81 CE, apartado 1 – Litigio que se circunscribe a la anulación o a la reducción de las multas impuestas a la demandante – No impugnación de la dispensa total de pago concedida a la parte que solicita intervenir – Inexistencia de interés

(Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 40, párr. 2, y 53, párr. 1)

Índice

El concepto de interés en la solución del litigio, en el sentido del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, debe definirse en relación con el propio objeto del litigio y entenderse como un interés directo y actual en que se estimen las pretensiones en sí mismas, y no como un interés respecto a los motivos o alegaciones invocados. En efecto, por «solución» del litigio hay que entender la decisión final que se solicita al juez que conoce del asunto, tal como quedará consagrada en el fallo de la sentencia. Para pronunciarse sobre la admisibilidad de una demanda de intervención, debe verificarse, en particular, que el coadyuvante resulta directamente afectado por el acto impugnado y que su interés en la solución del litigio es real. En este contexto, debe distinguirse entre quienes solicitan intervenir como coadyuvantes y justifican un interés directo en la suerte deparada al acto específico cuya anulación se solicita y quienes justifican sólo un interés indirecto en la solución del litigio, a causa de semejanzas entre su situación y la de una de las partes.

Una empresa que haya participado en una práctica colusoria, pero a la que se haya reconocido la dispensa total de pago en la decisión de la Comisión por haber sido la primera en aportar elementos de prueba determinantes en el marco de la investigación, no tiene interés directo y actual en un recurso de anulación que otra empresa participante en la práctica colusoria haya interpuesto, por estimar que le corresponde a ella la calificación de primera empresa en cooperar, contra la parte de la misma decisión en la que se le impone una multa por este concepto. En efecto, en la medida en que las disposiciones de la decisión que concedan la dispensa total de pago a la parte que solicita la intervención no sean objeto del litigio principal, una sentencia que anulara o modificara la decisión, en lo que afecta a la demandante, no puede tener influencia alguna en las disposiciones de la mencionada decisición que se refieran a la parte que solicita intervenir.

(véanse los apartados 14, 19 y 22)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación – Personas físicas o jurídicas – Actos que les afectan directa e individualmente – Decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro por la que se pone fin definitivamente a una ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional – Recurso interpuesto por una autoridad regional – Acto que no le afecta directamente – Inadmisibilidad

(Art. 230 CE, párr. 4)

Índice

Un ente público territorial, como es una autoridad regional, no está directamente afectado por la decisión de la Comisión, dirigida a un Estado miembro y relativa a una ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por la que se deniega la solicitud presentada por el Estado miembro afectado de que se prorrogue el plazo de presentación de las solicitudes de pago definitivo, relativas a dicha ayuda, y por la que se pone fin definitivamente a ésta sobre la base, únicamente, de los gastos incurridos con anterioridad a dicho plazo.

En efecto, semejante decisión sólo produce directamente efectos en la situación jurídica de dicho ente si, sin que el Estado miembro afectado disponga de una facultad de apreciación al respecto, dicho ente, por una parte, es privado del pago de los importes liberados correspondientes a las cantidades aún no recibidas del FEDER en concepto de la ayuda discutida y relativas a gastos que, a raíz de esa decisión, ya no eran subvencionables y, por otra, si está obligado a devolver los importes indebidos correspondientes a las cantidades ya percibidas en concepto de esa ayuda y destinadas a realizar gastos que dejaron de ser subvencionables. Tales circunstancias no resultan de una decisión de la Comisión que ponga fin a una ayuda financiera del FEDER ni de ninguna otra disposición de Derecho comunitario que pueda regir el efecto de esa decisión. En particular, la eventual solicitud de reembolso de los fondos comunitarios pagados a un ente público territorial no es consecuencia directa de la decisión de la Comisión, sino de la acción ejercida con dicho fin por el Estado sobre la base de su legislación nacional para cumplir las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria en la materia.

(véanse los apartados 54, 57, 58 y 70)