Palabras clave

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Palabras clave

1 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación), y art. 190 (actualmente art. 253 CE)]

2 Derecho comunitario - Interpretación - Actos de las Instituciones - Motivación - Consideración

3 Ayudas otorgadas por los Estados - Proyectos de ayudas - Ejecución antes de la decisión final de la Comisión - Decisión de la Comisión por la que se ordena la devolución de la ayuda - Obligación de motivación - Alcance

[Tratado CE, art. 93, ap. 3 (actualmente art. 88 CE, ap. 3)]

4 Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Apreciación según el criterio de las condiciones normales de mercado

[Tratado CE, art. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación)]

5 Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Garantía concedida por el Estado - Inclusión - Inexistencia de movilización inmediata y cierta de fondos estatales - Irrelevancia

[Tratado CE, art. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación)]

6 Ayudas otorgadas por los Estados - Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda no notificada con el mercado común - Obligación de motivación - Alcance

[Tratado CE, art. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación), y arts. 93, ap. 3, y 190 (actualmente arts. 88 CE, ap. 3, y 253 CE)]

7 Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites

[Tratado CE, art. 92, ap. 3 (actualmente art. 87 CE, ap. 3, tras su modificación)]

8 Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Ayudas para el salvamento de una empresa en crisis - Requisitos - Garantía de crédito con un tipo de interés equivalente al del mercado

9 Competencia - Empresas públicas - Igualdad de trato entre empresas públicas y privadas - Régimen de la propiedad pública - Irrelevancia

[Tratado CE, arts. 90, ap. 1, y 222 (actualmente arts. 86 CE, ap. 1, y 295 CE)]

10 Competencia - Empresas públicas y empresas a las que los Estados miembros conceden derechos especiales o exclusivos - Régimen excepcional - Requisitos

[Tratado CE, art. 90, ap. 2 (actualmente art. 86 CE, ap. 2)]

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1 La obligación de motivar sus Decisiones que incumbe a las Instituciones comunitarias conforme al artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE) tiene por objeto permitir al Juez comunitario ejercer su control de legalidad y al interesado conocer las justificaciones de la medida adoptada, para poder hacer valer sus derechos y comprobar si la Decisión está o no fundada. Por otro lado, en la motivación de las Decisiones que debe adoptar para garantizar la aplicación de las normas en materia de competencia, la Comisión no está obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan en apoyo de su solicitud. Le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la Decisión. En lo que atañe a la calificación de una medida de ayuda de Estado, el referido principio exige que se indiquen las razones por las cuales la Comisión considera que la medida de que se trate está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación). (véanse los apartados 34 a 36)

2 La parte dispositiva de un acto no puede disociarse de su motivación, por lo que, en caso necesario, debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción. (véase el apartado 39)

3 En materia de ayudas de Estado, cuando, en contra de lo dispuesto en el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), la ayuda proyectada haya sido ya entregada, la Comisión, que puede intimar a las autoridades nacionales a que ordenen la devolución, no está obligada a exponer motivos específicos para justificar el ejercicio de esa facultad. (véase el apartado 53)

4 El concepto de ayuda de Estado comprende no sólo las prestaciones positivas, como las subvenciones propiamente dichas, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en sentido estricto, tienen la misma naturaleza y producen idénticos efectos. Para apreciar si una medida estatal constituye una ayuda procede determinar si la empresa beneficiaria recibe una ventaja económica que no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado. (véanse los apartados 65 y 66)

5 La concesión de una garantía por el Estado a una empresa no queda al margen de la prohibición del artículo 92 del Tratado (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación) por el mero hecho de que dicha ventaja no se le haya concedido a la referida empresa mediante una movilización inmediata y cierta de fondos estatales. (véase el apartado 81)

6 La Comisión no está obligada a realizar un análisis económico con sus correspondientes cifras y extremadamente detallado de la manera en que una ayuda de Estado afecta a los intercambios comerciales intracomunitarios y a la competencia. Además, cuando se trata de una ayuda que no ha sido notificada a la Comisión, la decisión que declare la incompatibilidad de dicha ayuda con el mercado común no debe obligatoriamente basarse en la demostración del efecto real de la ayuda sobre la competencia o sobre los intercambios comerciales entre Estados miembros. En efecto, decidir lo contrario supondría favorecer a los Estados miembros que conceden ayudas incumpliendo el deber de notificación que impone el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), en detrimento de los que las notifican en fase de proyecto. (véase el apartado 85)

7 En el ámbito del artículo 92, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 3, tras su modificación), la Comisión goza de una amplia facultad discrecional, cuyo ejercicio implica valoraciones de orden económico y social que deben efectuarse en el contexto comunitario. Por consiguiente, el control del Tribunal de Primera Instancia sobre tal apreciación debe limitarse a la observancia de las normas de procedimiento, al carácter suficiente de la motivación, a la exactitud material de los hechos y a la inexistencia de error de apreciación manifiesto y de desviación de poder. (véase el apartado 97)

8 En cuanto al requisito relativo al tipo de interés definido en las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, el objetivo perseguido por la Comisión al autorizar las ayudas de salvamento es contribuir al desarrollo económico sin que los intercambios comerciales resulten afectados en forma contraria al interés comunitario. Desde esta perspectiva, el hecho de que el tipo de interés sea más favorable que el vigente en el mercado no es más aceptable en el caso de un préstamo obtenido gracias a una garantía estatal que en el caso de una ayuda consistente en el propio préstamo. (véase el apartado 107)

9 El artículo 222 del Tratado (actualmente artículo 295 CE) no contraviene el principio según el cual, con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 86 CE, apartado 1), las normas sobre la competencia son aplicables indistintamente a las empresas privadas y a las empresas públicas. (véase el apartado 122)

10 Del artículo 90, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 86 CE, apartado 2) se desprende que, para poder recurrir a la excepción prevista en dicha disposición, es preciso que los poderes públicos hayan confiado a la empresa de que se trate la gestión de un servicio económico de interés general, que la aplicación de las normas del Tratado obstaculice el cumplimiento de la misión específica confiada a dicha empresa y, por último, que el interés de la Comunidad no resulte afectado. A este respecto, a las empresas encargadas de la gestión de un servicio de interés económico general se les debe haber confiado esta misión mediante un acto de los poderes públicos. (véanse los apartados 125 y 126)