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6)

El artículo 15, apartados 4 y 6, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que no permite, cuando haya terminado el período máximo de internamiento previsto por esa Directiva, que el interesado no sea inmediatamente puesto en libertad, debido a que no esté en posesión de documentos válidos, dé muestras de comportamiento agresivo y no disponga de medios de subsistencia propios ni de una vivienda, o de medios facilitados con ese objeto por el Estado miembro.
1)

El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE al adoptar o mantener en vigor las siguientes disposiciones: — el artículo 4, apartado 1, de la Ley 18/2005, de 27 de diciembre, de equipamientos comerciales, por cuanto prohíbe la implantación de grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada de un número limitado de municipios; — los artículos 7 y 10, apartado 2, del anexo del Decreto 379/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales, así como el anexo 1 de éste, por cuanto dichas disposiciones limitan la implantación de nuevos hipermercados a un reducido número de comarcas y exigen que esos nuevos hipermercados no absorban más del 9 % del consumo de productos de uso cotidiano o del 7 % del consumo de productos de uso no cotidiano; — el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, el artículo 8 de la Ley 18/2005, de 27 de diciembre, de equipamientos comerciales, y los artículos 31, apartado 4, y 33, apartado 2, del Decreto 378/2006, de 10 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 18/2005, por exigir estas disposiciones la aplicación de límites en cuanto al grado de implantación y a la repercusión sobre el comercio minorista existente, más allá de los cuales no se pueden abrir nuevos establecimientos comerciales grandes ni medianos, y — el artículo 26 del Decreto 378/2006, de 10 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 18/2005, por cuanto regula la composición de la Comisión de Equipamientos Comerciales garantizando la representación de los intereses del comercio minorista ya existente y no contemplando la representación de las asociaciones activas en el ámbito de la protección del medio ambiente ni de las agrupaciones de interés que velan por la protección de los consumidores.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 211/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de mayo de 2011 — Comisión Europea/Reino de España

(Asunto C-306/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directivas 93/37/CEE y 2004/18/CE - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras - Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de Valencia)

2011/C 211/05

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Alcover san Pedro, D. Kukovec y M. Konstantinidis, agentes)

Demandada: Reino de España (representante: M. Muñoz Pérez, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 1, 6, apartado 6, 11, 12, así como del título II del capítulo IV (artículos 24 a 29) de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54) y de los artículos 2, 6, 24, 30, 31, apartado 4, letra a), 48, apartado 2, y 53 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) — Normativa urbanística de la Comunidad Valenciana — No conformidad con el Derecho comunitario.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión Europea.

(1) DO C 223, de 30.8.2008.
2)

No constituye abuso de derecho el hecho de que un nacional turco como el demandante en el litigio principal invoque un derecho legalmente adquirido con arreglo al artículo 7, párrafo primero, de la Decisión no 1/80, aunque el interesado, una vez obtenido ese derecho por medio de su ex-esposa, haya cometido contra ésta una infracción grave que haya dado lugar a que se le condenara penalmente. En cambio, el artículo 14, apartado 1, de la misma Decisión no se opone a que se adopte una medida de expulsión contra un nacional turco que haya sido condenado penalmente, siempre que su comportamiento personal constituya una amenaza actual, real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente apreciar si es éste el caso en el litigio principal.
2)

El artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que, cuando se ha instaurado un monopolio público regional en materia de apuestas deportivas y loterías con el objetivo de prevenir la incitación al gasto excesivo en juego y luchar contra el riesgo de adicción, y un órgano jurisdiccional nacional comprueba, al mismo tiempo: — que otros tipos de juegos de azar pueden ser explotados por operadores privados que dispongan de una autorización, y — que con respecto a otros tipos de juegos de azar no sujetos a ese monopolio y que presentan además un potencial adictivo superior al de los juegos sujetos a dicho monopolio, las autoridades competentes llevan a cabo políticas de ampliación de la oferta que pueden desarrollar e incentivar las actividades de juego, en particular con el fin de maximizar los ingresos procedentes de éstas, dicho órgano jurisdiccional puede verse legítimamente inducido a considerar que tal monopolio no es adecuado para garantizar la consecución del objetivo con vistas al cual ha sido instaurado, contribuyendo a reducir las oportunidades de juego y a limitar las actividades en este ámbito de forma coherente y sistemática. La circunstancia de que los juegos de azar que son objeto de dicho monopolio sean competencia de las autoridades regionales y esos otros tipos de juegos de azar sean competencia de las autoridades federales es irrelevante a este respecto.
—

al no haber adoptado, antes del 19 de julio de 2006, fecha de inclusión del lugar «Is Arenas» en la lista de lugares de importancia comunitaria, medidas de protección apropiadas, en relación con el objetivo de conservación perseguido por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, para proteger el interés ecológico pertinente que, a nivel nacional, tiene el lugar propuesto como lugar de importancia comunitaria, y, en particular, al no haber prohibido una intervención que puede alterar significativamente las características ecológicas del lugar, y
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 134/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Reino de España

(Asunto C-392/08) (1)

(«Incumplimiento de Estado - Directiva 96/82/CE - Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas - Artículo 11, apartado 1, letra c) - Obligación de elaborar planes de emergencia externos - Plazo»)

2010/C 134/06

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: S. Pardo Quintillán y A. Sipos, agentes)

Demandada: Reino de España (representante: B. Plaza Cruz, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE (DO 1997, L 10, p. 13) — No elaboración de determinados planes de emergencia externos con respecto a las medidas que deben tomarse fuera del establecimiento.

Fallo

1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, al no haber elaborado los planes de emergencia externos de todos los establecimientos previstos en el artículo 9 de dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de España.

(1) DO C 272, de 25.10.2008.
2)

Las autoridades competentes no pueden invocar el artículo 13, apartado 2, letra c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, si el órgano jurisdiccional remitente declara que el Decreto de la Communauté française de 16 de junio de 2006, por el que se regula el número de estudiantes en ciertos estudios de primer ciclo de enseñanza superior, no es compatible con los artículos 18 TFUE y 21 TFUE.
1)

Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 9 de julio de 2008, Audi/OAMI (Vorsprung durch Technik) (T-70/06), en la medida en que dicho Tribunal declaró que la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, al adoptar su resolución de 16 de diciembre de 2005 (asunto R 237/2005-2).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 51/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de diciembre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano

(Asunto C-376/08) (1)

(«Contratos públicos de obras - Directiva 2004/18/CE - Artículos 43 CE y 49 CE - Principio de igualdad de trato - Consorcios de empresas - Prohibición de que un “consorzio stabile” (“consorcio estable”) y una sociedad que forma parte del mismo participen en la misma licitación compitiendo entre sí»)

2010/C 51/13

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl

Demandada: Comune di Milano

En el que participan: Bora Srl Construzioni edili, Unione consorzi stabili Italia (UCSI), Associazione nazionale imprese edili (ANIEM)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) — Interpretación de los artículos 39 CE, 43 CE, 49 CE y 81 CE y del artículo 4 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) — Normativa nacional que prevé la exclusión automática de las empresas que forman parte de un consorcio de operadores económicos, en caso de participación de éste en el procedimiento.

Fallo

El Derecho comunitario debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece, en el procedimiento de adjudicación de un contrato público cuyo montante no alcanza el umbral establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, pero que reviste un interés transfronterizo cierto, la exclusión automática de la participación en dicho procedimiento y la imposición de sanciones penales tanto a un consorcio estable como a sus empresas miembros, cuando estas últimas han presentado ofertas que compiten con la presentada por el consorcio en el mismo procedimiento, aunque la oferta de dicho consorcio no se haya presentado por cuenta y en interés de dichas empresas.

(1) DO C 327, de 20.12.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 267/22

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de septiembre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Feldkirch — Austria) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

(Asunto C-347/08) (1)

(Reglamento (CE) no 44/2001 - Artículos 9, apartado 1, letra b), y 11, apartado 2 - Competencia en materia de seguros - Accidente de circulación - Subrogación ex lege en los derechos de la víctima en beneficio de un organismo de seguridad social - Acción de reembolso contra el asegurador de la persona supuestamente responsable - Objetivo de protección de la parte más débil)

2009/C 267/38

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesgericht Feldkirch

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vorarlberger Gebietskrankenkasse

Demandada: WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Landesgericht Feldkirch — Interpretación de los artículos 9, apartado 1, letra b), y 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1) — Competencia en materia de seguros — Acción interpuesta en virtud de una subrogación legal por un organismo de la seguridad social ante un tribunal del lugar de establecimiento de dicho organismo contra un asegurador establecido en el territorio de otro Estado miembro

Fallo

La remisión que realiza el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, al artículo 9, apartado 1, letra b), de éste debe interpretarse en el sentido de que un organismo de seguridad social, subrogado ex lege en los derechos de la persona directamente perjudicada en un accidente de circulación, no puede entablar una acción directa ante los tribunales del Estado miembro en que está sito su establecimiento contra la entidad aseguradora de la persona supuestamente responsable del citado accidente, que tiene su domicilio en otro Estado miembro.

(1) DO C 272, de 25.10.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 205/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 2 de julio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica

(Asunto C-465/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2005/36/CE - Derecho de establecimiento - Reconocimiento de cualificaciones profesionales - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

2009/C 205/18

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Karanasou Apostolopoulou y H. Stølvæk, agentes)

Demandada: República Helénica (representante: E. Skandalou, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22), que deroga la Directiva 89/49/CEE (DO L 19, p. 16).

Fallo

1) Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas a la República Helénica.

(1) DO C 327, de 20.12.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 180/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de junio de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sozialgericht Nürnberg, Alemania) — Athanasios Vatsouras (asunto C-22/08), Josif Koupatantze (asunto C-23/08)/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

(Asuntos acumulados C-22/08 y C-23/08) (1)

(«Ciudadanía de la Unión - Libre circulación de personas - Artículos 12 CE y 39 CE - Directiva 2004/38/CE - Artículo 24, apartado 2 - Apreciación de validez - Nacionales de un Estado miembro - Actividad profesional en otro Estado miembro - Nivel de la retribución y duración de la actividad - Mantenimiento del estatuto de “trabajador” - Derecho de los demandantes de empleo a la percepción de prestaciones»)

2009/C 180/22

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Sozialgericht Nürnberg

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Athanasios Vatsouras (asunto C-22/08), Josif Koupatantze (asunto C-23/08)

Demandada: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Sozialgericht Nürnberg — Validez del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77) — Interpretación de los artículos 12 CE y 39 CE — Derecho a prestaciones de asistencia social para un nacional de otro Estado miembro que se halla en situación de desempleo y que ha ejercido antes una actividad profesional menor en el Estado miembro de que se trata — Normativa nacional que excluye de la asistencia social a los nacionales de otros Estados miembros en el supuesto de que se supere la duración máxima de residencia a que se refiere el artículo 6 de la Directiva 2004/38 y de no disponer de ningún otro derecho de residencia.

Fallo

1) Respecto al derecho de los nacionales de los Estados miembros que buscan trabajo en otro Estado miembro, el examen de la primera cuestión no ha puesto de relieve ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

2) El artículo 12 CE no se opone a una normativa nacional que excluye a los nacionales de los Estados miembros del acceso a prestaciones de asistencia social mientras que las concede a los nacionales de Estados terceros.

(1) DO C 107, de 26.4.2008.
1)

El hecho de que el Reglamento (CE) no 1788/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos, no tenga en cuenta, al determinar la cantidad de referencia nacional, el carácter deficitario del Estado miembro de que se trate, no afecta a la conformidad de este Reglamento con los objetivos señalados, en particular, en el artículo 33 CE, apartado 1, letras a) y b).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 167/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de mayo de 2009 — Philippe Guigard/Comisión de las Comunidades Europeas

(Asunto C-214/08 P) (1)

(«Recurso de casación - Recurso de indemnización - Requisitos para que se genere la responsabilidad contractual y extracontractual de la Comunidad - Artículos 313, apartado 2, letra k), 314 y 317, letra a), del Cuarto Convenio de Lomé, en su versión revisada mediante el Acuerdo firmado en Mauricio»)

2009/C 167/02

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Philippe Guigard (representantes: S. Rodrigues y C. Bernard-Glanz, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: A. Bordes y F. Dintilhac, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 11 de marzo de 2008, Guigard/Comisión (T-301/05), mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso del demandante dirigido a obtener la reparación del perjuicio sufrido debido al comportamiento de la Comisión al no renovarle su contrato de trabajo celebrado en el marco de la cooperación técnica entre la Comunidad y la República de Níger, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo — Requisitos para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad — Infracción de los artículos 313, apartado 2, letra k), y 314 del Cuarto Convenio de Lomé (DO 1991, L 229, p. 1), en su versión revisada mediante el Acuerdo firmado en Mauricio (DO 1998, L 156, p. 3) — Incumplimiento de la obligación de motivación y vulneración del derecho de defensa.

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 11 de marzo de 2008, Guigard/Comisión (T-301/05), en cuanto que se declaró la admisibilidad del recurso del Sr. Guigard.

2) Desestimar el recurso del Sr. Guigard en el asunto T-301/05.

3) Sobreseer el recurso de casación interpuesto por el Sr. Guigard.

4) Condenar al Sr. Guigard a cargar con las costas en que haya incurrido la Comisión de las Comunidades Europeas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

(1) DO C 223, de 30.8.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 32/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de diciembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

(Asunto C-239/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2006/100/CE - Libre circulación de personas - Adaptación de determinadas directivas con motivo de la adhesión de la República de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

(2009/C 32/17)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: C. Huvelin, agente)

Demandada: Reino de Bélgica (representante: D. Haven, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, en el plazo señalado, de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/100/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía (DO L 363, p. 141).

Fallo

1) El Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de la Directiva 2006/100/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, al no haber adoptado, en el plazo establecido, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

(1) DO C 183 de 19.7.2008.
1)

Una vez dictada y comunicada al órgano jurisdiccional de origen una resolución de no restitución, es irrelevante, a efectos de la expedición del certificado previsto en el artículo 42 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, que esta resolución haya sido suspendida, reformada, anulada o, en cualquier caso, no haya devenido firme o haya sido sustituida por una resolución de restitución, en tanto la restitución del menor no se haya producido efectivamente. Sin que se haya expresado duda alguna en cuanto a la autenticidad de este certificado y habiéndose expedido éste conforme al formulario cuyo modelo figura en el anexo IV del Reglamento, no se permite la oposición al reconocimiento de la resolución de restitución y al órgano jurisdiccional requerido le incumbe únicamente constatar la fuerza ejecutiva de la resolución certificada y disponer la restitución inmediata del menor.