AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

de 22 de abril de 1996

Asunto T-23/96 R

Elsa De Persio

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Procedimiento sumario — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales»

Texto completo en lengua italiana II-527

Objeto:

Demanda de suspensión de la ejecución de la decisión de la Comisión por la que se traslada a la demandante al Servicio de Traducción de esta Institución y solicitud de reintegración inmediata al puesto que ocupaba en la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas.

Resultado:

Desestimación.

Resumen del auto

La demandante, funcionaria de categoría LA del Servicio de Traducción de la Comisión en Bruselas, era, en el marco de sus funciones, responsable de la versión italiana del sistema Celex. Como consecuencia de la atribución a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (Oficina de Publicaciones) de las competencias inherentes a la gestión de dicho sistema, la demandante fue trasladada a esta Oficina, donde se le confiaron, en el marco del sistema Celex, las labores propias de los funcionarios de categoría A. Al haberse transferido a Luxemburgo las actividades del grupo Celex, la demandante se niega a trasladarse a dicho país para ejercer en él las mismas funciones que desempeñaba en Bruselas. El 24 de octubre de 1994, presentó una solicitud destinada a obtener su clasificación definitiva en la categoría A. Esta solicitud no fue estimada.

Mediante decisión de 22 de diciembre de 1995, se volvió a destinar a la demandante al Servicio de Traducción. El 4 de febrero de 1996, presentó una reclamación contra dicha decisión.

Fundamentos de Derecho

Las medidas provisionales a que se refieren los artículos 185 y 186 del Tratado deberán tener carácter provisional, en el sentido de que no deben prejuzgar la decisión sobre el fondo del asunto (apartado 19).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de febrero de 1996, Goldstein/Comisión (T-235/95 R, no publicado en la Recopilación)

Sobre la admisibilidad

La demandante indica en su demanda, si bien de forma imprecisa, los elementos de hecho necesarios para la apreciación de un supuesto riesgo de perjuicio, cuando afirma haber sufrido, como consecuencia de la decisión impugnada y del comportamiento intimidatorio de la Administración, perjuicios irreversibles para su salud física y psíquica, para su reputación, para el libre ejercicio de una actividad profesional, así como para el mantenimiento de un puesto de la categoría A (apartado 21).

Sobre el fondo

Los requisitos relativos a la urgencia se cumplen siempre que es necesario pronunciarse con carácter provisional con el fin de evitar que se ocasione a la parte afectada un perjuicio grave e irreparable. Por consiguiente, la parte demandante tiene que aportar la prueba de que no puede esperar al resultado del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de carácter personal que le ocasionaría consecuencias graves e irreparables (apartado 34).

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de junio de 1987, Bélgica/Comisión (142/87 R, Rec. p. 2589), apartados 23 y 24

Por lo que respecta al riesgo de perjuicio, en el expediente del asunto no figura ningún elemento relativo a los riesgos de perjuicios irreversibles para la salud física y psíquica de la demandante, para su reputación y para su carrera, derivados de las decisiones impugnadas o del supuesto comportamiento intimidatorio de la Comisión (apartado 36).

En cuanto al perjuicio derivado de la supuesta «desposesión» del puesto de categoría A que ocupaba en la Oficina de Publicaciones en Bruselas, ha de observarse que una sentencia que anule, en su caso, la decisión por la que se produjo su reintegración en el Servicio de Traducción y/o la decisión de desestimación de la solicitud de clasificación en la categoría A, obligará a la Administración a asignar a la demandante un nuevo destino y, cuando adopte una decisión a este respecto utilizando su facultad discrecional, dicha Administración podrá tener en cuenta las indicaciones que la demandante ha facilitado al respecto (apartado 38).

Por lo que se refiere, más en concreto, a la reintegración solicitada por la demandante en el mismo lugar de trabajo y en las mismas funciones que las que ejercía, debe considerarse que la eventual imposibilidad de conseguir un restablecimiento perfecto de la situación preexistente no se presenta como un hecho relacionado a través de un vínculo de causa a efecto con las decisiones o los comportamientos de que se trata en el marco del presente procedimiento y que, por consiguiente, dicha imposibilidad no puede constituir una hipótesis adecuada para la adopción de una medida provisional que tenga este alcance específico. En efecto, el presente procedimiento se refiere únicamente a decisiones de la Administración destinadas a producir efectos directos en la situación estatutaria de la demandante y no a las distintas decisiones a través de las cuales la misma Administración decidió modificar su organización (apartado 39).

Por otra parte, las medidas solicitadas en el marco de un procedimiento sumario, a pesar de su carácter provisional, no deben ser desproporcionadas en relación con el interés que tiene la Institución demandada en ver sus decisiones ejecutadas, incluso en el caso de que tales decisiones sean objeto de un recurso jurisdiccional (apartado 40).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 11 de marzo de 1994, Ryan-Sheridan/FEMCVT (T-589/93 R, RecFP p. II-257); Tribunal de Primera Instancia, 23 de noviembre de 1994, Vecchi/Comisión(T-356/94R, RecFP p. II-805)

Por lo que respecta al perjuicio consistente en la supuesta pérdida definitiva de la posibilidad de pasar a la categoría A, la reintegración en el Servicio de Traducción no priva definitiva e irreversiblemente a la demandante de la posibilidad de acceder a la categoría A, ya que, conforme a los apartados 3 y 4 del artículo 45 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, tiene la misma facultad que antes de que se adoptara esta decisión para presentar su candidatura a los puestos de categoría A y, si decide ejercer esta facultad, tiene en todo caso la posibilidad de invocar la experiencia adquirida durante el período en que prestó sus servicios en la Oficina de Publicaciones. Por consiguiente, en caso de que se anule la decisión por la que se desestima la solicitud de clasificación en dicha categoría, la Administración podrá volver a examinar la posición estatutaria de la demandante (apartado 41).

Fallo:

Se desestima la demanda de medidas provisionales.