Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 11 de julio de 2002. - Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA) contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Ayudas de Estado - Recurso de anulación - Ayudas concedidas con arreglo a regímenes generales de ayudas aprobados por la Comisión - Ayudas de salvamento y reestructuración de una empresa en crisis - Criterio del inversor privado - Condonación de deudas - Error manifiesto de apreciación - Afectación de los intercambios entre Estados miembros.. - Asunto T-152/99.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página II-03049



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites

[Tratado CE, art. 92, ap. 3 (actualmente art. 87 CE, ap. 3, tras su modificación)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Ayudas de salvamento de una empresa en crisis - Requisitos - Operación excepcional de mantenimiento de las actividades durante un período limitado - Error manifiesto de apreciación de la Comisión - Inexistencia

[Tratado CE, art. 92, ap. 3 (actualmente art. 87 CE, ap. 3, tras su modificación)]

3. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Consideración de la situación existente en el momento de adopción de la medida

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

4. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Ayudas de reestructuración de una empresa en crisis - Requisitos - Aplicación, bajo el control de la Comisión, de un plan de reestructuración aprobado por ésta

[Tratado CE, art. 92, ap. 3 (actualmente art. 87 CE, ap. 3, tras su modificación)]

5. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas de reestructuración de una empresa en crisis situada en una región promocionable - Requisitos particulares - Apreciación

[Tratado CE, art. 92, ap. 3, letras a) y c) [actualmente art. 87 CE, ap. 3, letras a) y c), tras su modificación]]

6. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Capitalización de una parte de las deudas contraídas por una empresa con un organismo público - Criterio de apreciación - Criterio del inversor privado - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

7. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Carácter selectivo de la medida - Ventajas económicas concedidas de forma discrecional por un organismo público a una empresa - Inclusión

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

8. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Condonaciones concedidas por organismos públicos a una empresa en crisis en el marco de un procedimiento judicial y conforme al Derecho nacional aplicable - Inclusión

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

9. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Carácter jurídico - Interpretación sobre la base de elementos objetivos - Control jurisdiccional - Alcance

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

10. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Condonaciones concedidas por organismos públicos a una empresa en crisis - Relación entre las condonaciones concedidas y el total de las deudas de la empresa - Falta de pertinencia - Criterio de apreciación - Criterio del acreedor privado

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

11. Ayudas otorgadas por los Estados - Perjuicio para los intercambios comerciales entre Estados miembros - Perjuicio para la competencia - Criterios de apreciación

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

12. Ayudas otorgadas por los Estados - Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda no notificada con el mercado común - Obligación de motivación - Alcance

[Tratado CE, arts. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación), 93, ap. 3, y 190 (actualmente arts. 88 CE, ap. 3, y 253 CE)]

Índice

1. La Comisión goza de una amplia facultad de apreciación en el ámbito del artículo 92, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 3, tras su modificación). El juez comunitario, al ejercer su control, debe limitarse a comprobar la observancia de las normas de procedimiento y de la obligación de motivación, la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder. No corresponde al juez comunitario sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia.

( véase el apartado 48 )

2. La Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al llegar a la conclusión de que los préstamos y avales concedidos por una entidad pública a la empresa de que se trata entre mayo y diciembre de 1995 no podían calificarse de ayudas de salvamento conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, puesto que ha quedado demostrado que en 1993 y 1994 dicha entidad pública ya había concedido a la misma empresa préstamos y avales análogos a las supuestas ayudas de salvamento y que estas intervenciones ya estaban destinadas a permitir que la empresa afrontara sus dificultades económicas y financieras y mantuviera sus actividades. Así, la Comisión estimó que la exigencia de que la ayuda de salvamento consista normalmente en una operación excepcional de mantenimiento de las actividades durante un período limitado no se cumplía en el presente caso.

( véanse los apartados 50 y 51 )

3. La cuestión de si una medida constituye una ayuda en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) debe resolverse a la luz de la situación existente en el momento en que se adoptó dicha medida. En efecto, si la Comisión tuviera en cuenta datos posteriores, favorecería a los Estados miembros que incumplen su obligación de notificar en la fase de proyecto las ayudas que pretenden conceder. Por consiguiente, el hecho de que el tipo de interés aplicable a préstamos concedidos por un organismo público a una empresa en crisis sea posteriormente sustituido por el tipo de mercado -con independencia de que esta adaptación se califique de mero «ajuste contable» o no- carece de pertinencia.

( véase el apartado 53 )

4. Las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis exigen que las ayudas de reestructuración de una empresa en crisis se encuentren incluidas en un plan cuya aprobación por la Comisión está supeditada al cumplimiento de tres requisitos materiales: debe permitir el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo de la empresa, prevenir el falseamiento indebido de la competencia y garantizar la proporcionalidad de la ayuda en relación con los costes y beneficios de la reestructuración. Además, la empresa debe aplicar íntegramente el plan de reestructuración tal como fue aprobado por la Comisión, quedando sometida esta aplicación, así como el correcto desarrollo de dicho plan, al control de la Comisión, a la que deberán presentarse informes anuales detallados.

( véase el apartado 78 )

5. De las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis se desprende que el hecho de que una empresa en crisis esté situada en una región promocionable no justifica que se adopte una actitud de plena permisividad, precisándose que «se deben reducir lo máximo posible los efectos falseadores de la competencia, incluso en el caso de las ayudas concedidas a empresas situadas en regiones promocionables». Asimismo, la posibilidad excepcional de flexibilizar el requisito de reducción de capacidad en el supuesto de un mercado que presente un exceso de capacidad estructural no permite prescindir de la exigencia fundamental relativa a la presentación de un plan de reestructuración coherente y realista que permita restablecer la viabilidad de la empresa. En consecuencia, no puede imputarse a la Comisión haber denegado a una empresa la posibilidad de acogerse a una excepción basada en las necesidades de desarrollo regional cuando tal empresa, aun suponiendo que haya efectuado reducciones de capacidad que -aplicando cierta flexibilidad- puedan considerarse suficientes, no reúne uno o varios de los restantes requisitos impuestos por las Directrices.

( véase el apartado 114 )

6. La intervención de las autoridades públicas en el capital de una empresa, cualquiera que sea la forma en que se efectúe, puede constituir una ayuda de Estado.

Con el fin de evaluar si la capitalización de una parte de las deudas contraídas por una empresa con un organismo público constituye una ayuda de Estado, procede aplicar el criterio del inversor privado en una economía de mercado. Así, debe analizarse si, en circunstancias similares, un inversor privado de dimensiones comparables a las del inversor público habría efectuado una operación de esta importancia. A este respecto, aun cuando el comportamiento del inversor privado, al que debe compararse la actuación del inversor público que persigue objetivos de política económica, no es necesariamente el del inversor ordinario que coloca capitales en función de su rentabilidad a un plazo más o menos corto, sí debe ser, por lo menos, el de un holding privado o un grupo privado de empresas que persigue una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de rentabilidad a más largo plazo.

La apreciación que ha de efectuar la Comisión acerca de si una inversión cumple el criterio del inversor privado requiere una valoración económica compleja. Pues bien, cuando adopta un acto que requiere una apreciación económica compleja, la Comisión goza de un amplio poder de apreciación y el control jurisdiccional de dicho acto a este respecto se limita a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para efectuar la elección impugnada, la falta de error manifiesto en la apreciación de dichos hechos o la inexistencia de desviación de poder. En particular, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia.

( véanse los apartados 125 a 127 )

7. La especificidad de una medida estatal, a saber, su carácter selectivo, constituye una de las características del concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación). A este respecto, debe comprobarse si la medida controvertida da lugar o no a ventajas en beneficio exclusivo de determinadas empresas o de determinados sectores de actividad.

En este contexto, cuando el organismo público que concede las ventajas económicas ostenta una facultad discrecional que le permite determinar los beneficiarios o las condiciones de la medida concedida, no puede considerarse que ésta tenga un carácter general.

Esto es lo que sucede con las condonaciones que no se desprenden automáticamente de la aplicación de una ley nacional de suspensión de pagos, por la que se establezca un procedimiento de carácter general aplicable a cualquier empresa en crisis, sino de la facultad discrecional de los organismos públicos de que se trata.

( véanse los apartados 156 y 157 )

8. El artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) no establece una distinción según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos. Por consiguiente, el mero hecho de que algunos organismos públicos concedan condonaciones a una empresa en crisis en el marco de un procedimiento judicial y de conformidad con el Derecho nacional aplicable, no basta para considerar que dichas condonaciones tienen carácter general y no están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado.

( véase el apartado 158 )

9. El concepto de ayuda de Estado, tal y como se define en el Tratado, tiene carácter jurídico y debe interpretarse partiendo de elementos objetivos. Por esta razón, el órgano jurisdiccional comunitario deberá, en principio y teniendo en cuenta tanto determinados elementos concretos del litigio de que conoce como el carácter técnico o complejo de las apreciaciones realizadas por la Comisión, ejercer un control completo por lo que respecta a la cuestión de si una medida está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación).

( véase el apartado 159 )

10. La parte que representan los créditos de los organismos públicos en el importe total de las deudas de una empresa en crisis no puede constituir por sí misma un factor determinante para apreciar si las condonaciones de deudas concedidas por dichos organismos a la empresa contienen elementos de ayuda de Estado. En efecto, tener en cuenta este factor llevaría a restringir de manera injustificada las posibilidades de gestión de la deuda de una empresa en crisis cuando el importe total de los créditos públicos sea superior al de los privados. Por el contrario, en los casos en que el importe total de los créditos privados supera el de los créditos públicos, rara vez puede considerarse que una medida de gestión de la deuda adoptada por un organismo público constituya una ayuda de Estado.

Al otorgar las condonaciones de deuda los organismos públicos de que se trate no tienen por qué actuar como inversores públicos cuya intervención deba compararse con el comportamiento de un inversor privado que persigue una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de rentabilidad a largo plazo de los capitales invertidos. Estos organismos deben, en realidad, compararse con un acreedor privado que trata de recuperar las cantidades que le adeuda un deudor que se enfrenta a dificultades financieras.

En consecuencia, corresponde a la Comisión determinar si la condonación de deuda que cada uno de los organismos públicos de que se trate haya concedido es manifiestamente más importante que la que habría otorgado un hipotético acreedor privado que se encuentre, con respecto a la empresa, en una situación análoga a la del organismo público correspondiente y que trate de recuperar las cantidades que se le adeuden.

A este respecto, aunque la aparente desproporción entre las respectivas condonaciones de los acreedores públicos y privados pueda constituir un indicio de que existe una eventual ayuda de Estado, este elemento, por sí mismo, no dispensa a la Comisión de la obligación de examinar si, a la luz de las circunstancias del presente caso, las condonaciones concedidas por los acreedores públicos van más allá de lo que justifican las exigencias comerciales, de modo que únicamente pueden explicarse por la voluntad de conceder una ventaja a la empresa de que se trata.

( véanse los apartados 166, 167, 170 y 171 )

11. Cuando una ayuda estatal fortalece la posición de una empresa frente a otras empresas que compiten con ésta en los intercambios intracomunitarios, dichos intercambios deben considerarse afectados por la ayuda. Además, una ayuda puede afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros y falsear la competencia aunque la propia empresa beneficiaria que compita con las empresas de otros Estados miembros no participe en las actividades transfronterizas. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la oferta interior puede mantenerse o aumentar, con la consecuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de exportar sus productos o de ofrecer sus servicios en el mercado de dicho Estado miembro.

Asimismo, el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria de una ayuda no excluye a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios entre Estados miembros

( véanse los apartados 220 y 221 )

12. En la motivación de una decisión en materia de ayudas de Estado, la Comisión no está obligada, por lo que respecta al requisito relativo a la afectación de los intercambios interestatales, a realizar un análisis económico de la situación real de los sectores afectados, de la cuota de mercado de la empresa interesada, de la posición de las empresas competidoras y de las corrientes de intercambio de los productos y servicios de que se trata entre los Estados miembros, siempre que haya explicado por qué las ayudas controvertidas falsean la competencia y afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

Además, en el caso de ayudas concedidas ilegalmente, la Comisión no está obligada a demostrar el efecto real que estas ayudas han tenido sobre la competencia y sobre los intercambios entre Estados miembros. En efecto, con esta obligación se favorecería a los Estados miembros que conceden ayudas incumpliendo el deber de notificación que impone el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), en detrimento de los que las notifican en fase de proyecto.

( véanse los apartado 223, 225 y 226 )

Partes

En el asunto T-152/99,

Hijos de Andrés Molina, S.A. (HAMSA), en liquidación judicial, con domicilio social en Sevilla, representada por los Sres. L.M. Olivencia Brugger y J.L. Ballester García-Izquierdo, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

apoyada por

Reino de España, representado por el Sr. S. Ortiz Vaamonde, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte coadyuvante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. I. Martínez del Peral y el Sr. D. Triantafyllou, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 1999/484/CE de la Comisión, de 3 de febrero de 1999, relativa a las ayudas estatales concedidas por el Gobierno español a la empresa Hijos de Andrés Molina, S.A. (HAMSA) (DO L 193, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta ampliada),

integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, M. Vilaras y N.J. Forwood, Jueces;

Secretario: Sr. O. Speltdoorn, letrado;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 3 de mayo de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el litigio

1 Hijos de Andrés Molina, S.A. (en lo sucesivo, «demandante» o «empresa»), tiene su domicilio social en la provincia de Jaén y desarrolla actividades consistentes en la fabricación de productos cárnicos, de piensos para ganado y de quesos, así como en la cría y matanza de cerdos. Inicialmente, su capital social pertenecía a la familia Molina.

2 El 13 de marzo de 1995, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Jaén declaró a la demandante, que experimentaba dificultades económicas y financieras desde hacía varios años, en suspensión de pagos.

3 Mediante acuerdo de 5 de mayo de 1995, la familia Molina transfirió, por el precio de 1 peseta, la nuda propiedad de sus acciones al Instituto de Fomento de Andalucía (en lo sucesivo, «IFA»), organismo público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A tenor de dicho acuerdo, la familia Molina recuperaría automáticamente la plena propiedad de las acciones el 31 de diciembre de 1997.

4 En diciembre de 1995, la demandante elaboró un plan de reestructuración dirigido a solucionar sus dificultades (en lo sucesivo, «plan de reestructuración» o «plan»). Este plan fue revisado por primera vez en abril de 1997 (en lo sucesivo, «adenda de abril de 1997») y por segunda vez en enero de 1998.

5 Mediante escrito de 1 de julio de 1996, el Gobierno español notificó a la Comisión, con arreglo al artículo 93, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE, apartado 3) y de forma tardía, las siguientes ayudas concedidas por el IFA a la demandante:

- «ayudas de salvamento», concedidas entre mayo y diciembre de 1995, en forma de:

- dos avales de un importe de 100 millones de pesetas y de 50 millones de pesetas, respectivamente;

- tres préstamos de un importe de 350 millones de pesetas, 125 millones de pesetas y 25 millones de pesetas, respectivamente, con un tipo de interés anual del 6 %, que, el 9 de abril de 1996, fue sustituido por el vigente en el mercado interbancario de Madrid (en lo sucesivo, «MIBOR») más un 0,5 %;

- «ayudas de reestructuración», concedidas entre enero y junio de 1996, en forma de:

- tres avales por un importe de 100 millones de pesetas, 75 millones de pesetas y 25 millones de pesetas (concedido por un importe de 21.748.150 pesetas), respectivamente;

- dos préstamos por un importe de 1.739 millones de pesetas (con un tipo de interés igual al MIBOR más un 0,5 %) y de 850 millones de pesetas (con un tipo de interés del 10,5 %), respectivamente.

6 Al examinar dicha notificación, la Comisión descubrió que, además, antes del mes de mayo de 1995 se habían concedido a la demandante las siguientes ayudas:

- un préstamo de un importe de 375 millones de pesetas con un interés del 10 %, concedido el 12 de agosto de 1993;

- un aval por un importe de 375 millones de pesetas, concedido el 18 de junio de 1993;

- un préstamo de un importe de 550 millones de pesetas con un interés del 6 %, concedido el 28 de junio de 1994;

- un aval por un importe de 200 millones de pesetas, concedido el 28 de junio de 1994.

7 La Comisión comprobó también que, con posterioridad a la notificación, habían sido concedidas a la demandante las siguientes ayudas:

- un préstamo de un importe de 1.100 millones de pesetas con el tipo MIBOR más un 0,5 %, concedido el 5 de noviembre de 1996;

- un préstamo de un importe de 700 millones de pesetas, con el tipo MIBOR más un 0,5 %, concedido en dos partes el 2 de junio de 1997 y el 31 de julio de 1997;

- un aval por un importe de 450 millones de pesetas, concedido el 6 de febrero de 1998;

- un aval por un importe de 300 millones de pesetas, concedido el 2 de mayo de 1997;

- un préstamo por un importe de 275.951.288 pesetas, resultado de la adquisición por el IFA, el 2 de agosto de 1996 y por medio de la empresa pública Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A., del crédito derivado de un préstamo de 300 millones de pesetas concedido a la demandante por la entidad financiera Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona.

8 Mediante escrito de 29 de abril de 1997, la Comisión comunicó al Gobierno español su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 93, apartado 2, del Tratado CE y lo instó a que presentase sus observaciones. Se informó a los demás Estados miembros y partes interesadas de la incoación del procedimiento y se les emplazó para que presentasen sus eventuales observaciones mediante la publicación de dicho escrito en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 26 de junio de 1997 (DO C 196, p. 10). El Gobierno español presentó sus observaciones mediante escritos de 4, 11 y 23 de julio y 21 de agosto de 1997. Por escritos de 27 de enero, 6 de febrero, 26 y 28 de mayo y 22 de julio de 1997, los terceros interesados presentaron sus observaciones. Mediante escrito de 16 de marzo de 1998, el Gobierno español manifestó su opinión acerca de estas últimas observaciones.

9 El 29 de abril de 1997, el IFA capitalizó, por importe de 4.680 millones de pesetas, una parte de la deuda que tenía con él la demandante. A continuación, se redujo el capital de esta última a 500 millones de pesetas. Como resultado de estas operaciones, el IFA pasó a ser propietario del 80,6 % de las acciones de la demandante, quedando en manos de la familia Molina sólo el 19,4 % restante.

10 El 28 de mayo de 1997, la junta general de acreedores de la demandante aprobó un convenio relativo a la concesión de quitas, que fue ratificado por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Jaén el 3 de noviembre de 1997 (en lo sucesivo, «convenio general»). La Agencia Tributaria y la Seguridad Social españolas concedieron a la demandante condonaciones de deudas mediante convenios individuales. Así, por lo que respecta a los organismos públicos, se concedieron a la demandante las condonaciones siguientes:

- el IFA concedió una quita por importe de 2.192.754.000 pesetas, respecto a una deuda total de 2.211.154.000 pesetas;

- la Junta de Andalucía concedió una quita por importe de 69.089.000 pesetas, respecto a una deuda total de 87.489.000 pesetas;

- el Ayuntamiento de Jaén concedió una quita por importe de 158.800.000 pesetas, respecto a una deuda total de 177.199.000 pesetas;

- la Agencia Tributaria concedió una quita por importe de 338.589.000 pesetas, respecto a una deuda total de 927.876.000 pesetas;

- la Seguridad Social concedió una quita por importe de 789.938.000 pesetas, respecto a una deuda total por cotizaciones impagadas de 1.479 millones de pesetas;

- la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir concedió una quita de 5.144.000 pesetas, respecto a una deuda total de 11.221.000 pesetas.

11 Mediante escrito de 10 de octubre de 1997, la Comisión comunicó al Gobierno español su decisión de ampliar el procedimiento a las quitas y a la capitalización de créditos de los organismos públicos antes citados y lo instó a presentar sus observaciones. Se informó a los demás Estados miembros y a las partes interesadas de la ampliación del procedimiento y se les emplazó para que presentaran sus eventuales observaciones mediante la publicación de dicho escrito en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 27 de noviembre de 1997 (DO C 361, p. 3). Las autoridades españolas presentaron sus observaciones mediante escrito de 19 de diciembre de 1997 y los terceros interesados, mediante escritos de 15 y 23 de diciembre de 1997. Las autoridades españolas aportaron información adicional por medio de escritos de 2 y 16 de marzo, 16 de julio, 8 de septiembre y 21 de octubre de 1998.

12 El 3 de febrero de 1999 la Comisión adoptó la Decisión 1999/484/CE, relativa a las ayudas estatales concedidas por el Gobierno español a la demandante (DO L 193, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

13 La parte dispositiva de la Decisión impugnada es del siguiente tenor:

«Artículo 1

Las ayudas siguientes concedidas por España a [la demandante] son ilegales, debido a que han sido concedidas sin que la Comisión se haya podido pronunciar al respecto en la fase de proyecto. Además, son incompatibles con el mercado común de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado y no se ajustan a los supuestos de excepción previstos en los apartados 2 y 3 del citado artículo, por lo que deben ser suprimidas.

1. Ayudas estatales en forma de aval; se trata de:

a) el aval de 375 millones de pesetas concedido el 18 de junio de 1993 y ejecutado el 29 de septiembre de 1996 por un importe de 401.934.206 pesetas;

b) el aval de 200 millones de pesetas concedido el 28 de junio de 1994 y ejecutado el 29 de enero de 1996 por un importe de 207.578.082 pesetas;

c) el aval de 100 millones de pesetas concedido el 16 de agosto de 1995 y sustituido el 19 de agosto de 1996 y el 11 de noviembre de 1997 por un aval del mismo importe;

d) el aval de 50 millones de pesetas concedido el 14 de septiembre de 1995 y sustituido el 19 de agosto de 1996 y el 11 de noviembre de 1997;

e) los tres avales siguientes: uno de 100 millones de pesetas concedido el 8 de octubre de 1996, otro de 75 millones de pesetas concedido el 20 de agosto de 1996 y el último de 21.748.150 pesetas concedido el 11 de noviembre de 1997;

f) los dos avales siguientes: uno de 450 millones de pesetas concedido el 6 de febrero de 1998 y otro de 300 millones de pesetas concedido el 2 de mayo de 1997.

2. Ayudas estatales en forma de préstamo; se trata de:

a) un préstamo de 375 millones [de pesetas] concedido el 12 de agosto de 1993;

b) un préstamo de 550 millones [de pesetas] concedido el 28 de junio de 1994;

c) dos préstamos de 350 millones de pesetas y 125 millones de pesetas concedidos el 24 de octubre de 1995;

d) un préstamo de 25 millones de pesetas concedido el 17 de octubre de 1996;

e) un préstamo de 1.739 millones de pesetas concedido el 30 de diciembre de 1995;

f) un préstamo de 850 millones de pesetas concedido el 11 de julio de 1996;

g) un préstamo de 1.100 millones de pesetas concedido el 5 de noviembre de 1996;

h) un préstamo de 700 millones de pesetas concedido en dos partes el 2 de junio de 1997 por 400 millones de pesetas y el 31 de julio de 1997 por 300 millones de pesetas;

i) el préstamo de 275.951.288 pesetas resultado de la adquisición por el Instituto de Fomento de Andalucía, a través de la empresa pública Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A., el 2 de agosto de 1996, de la deuda resultante de un préstamo de 300 millones de pesetas concedido a [la demandante] por la entidad financiera Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

3. Ayudas estatales en forma de condonación de deudas por organismos estatales; se trata de la:

condonación de parte de las deudas de [la demandante] por organismos estatales, aprobada en la asamblea de acreedores de [la demandante] celebrada el 28 de mayo de 1997, indicándose a continuación el importe de las deudas:

- Ayuntamiento de Jaén: 158.800.000 pesetas,

- Administración Tributaria: 338.589.000 pesetas,

- Junta de Andalucía: 69.089.000 pesetas,

- Seguridad Social: 789.938.000 pesetas,

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 5.144.000 pesetas.

Artículo 2

España deberá, a la mayor brevedad, rescindir los contratos de los préstamos y revocar las garantías mencionados en el artículo 1 que estén aún vigentes.

Artículo 3

1. España adoptará las medidas necesarias para recuperar las ayudas a que se refiere el artículo 1:

- para las garantías, por la diferencia entre el tipo obtenido en el préstamo y el tipo que pagaría en un mercado libre,

- para los préstamos, las garantías ejecutadas y las condonaciones de deudas, por el 100 % de los montantes en cuestión.

2. La recuperación se efectuará de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación nacional. Los importes pendientes de recuperación devengarán intereses a partir de la fecha de concesión de las ayudas en cuestión. Los intereses se calcularán en función del tipo comercial, con referencia al tipo utilizado para calcular el equivalente de subvención en el contexto de las ayudas regionales.

[...]»

Procedimiento y pretensiones de las partes

14 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de junio de 1999 la demandante interpuso el presente recurso, que tiene por objeto la anulación de la Decisión impugnada.

15 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de septiembre de 1999 el Reino de España formuló demanda de intervención en apoyo de las pretensiones de la demandante. El Presidente de la Sala Quinta ampliada admitió esta intervención mediante auto de 25 de enero de 2000.

16 El Reino de España presentó su escrito de formalización de la intervención el 3 de marzo de 2000, habiendo formulado las partes sus observaciones al respecto.

17 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) decidió iniciar la fase oral y solicitar a las partes, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, que respondieran a algunas preguntas formuladas por escrito y presentaran determinados documentos. Las partes se atuvieron a estas solicitudes. Asimismo, se instó a la demandante y al Reino de España a que proporcionaran ciertas explicaciones orales durante la vista.

18 En la vista de 3 de mayo de 2001 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

19 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Con carácter principal, anule en su totalidad la Decisión impugnada.

- Con carácter subsidiario, anule parcialmente la Decisión impugnada.

- Condene en costas a la Comisión.

20 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso por no fundado.

- Condene a la parte demandante al pago de las costas.

21 El Reino de España apoya las pretensiones de la demandante.

Fundamentos de Derecho

22 En apoyo de su recurso, la demandante formula, en primer lugar, cinco motivos que tienen por objeto la anulación parcial de la Decisión impugnada y que se basan respectivamente:

- en la infracción del artículo 92 del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación) y del artículo 93 del Tratado, así como en un error manifiesto de apreciación de los hechos por lo que respecta a los préstamos y avales concedidos por el IFA en 1993 y 1994;

- en la infracción del artículo 92, apartado 3, letra c), del Tratado y de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO 1994, C 368, p. 12; en lo sucesivo, «Directrices»), así como en un error manifiesto de apreciación de los hechos por lo que se refiere a las ayudas de salvamento concedidas entre mayo y diciembre de 1995;

- en la infracción del artículo 92, apartado 3, letra c), del Tratado y de las Directrices, así como en un error manifiesto de apreciación de los hechos en lo que atañe a las ayudas de reestructuración concedidas con posterioridad a diciembre de 1995;

- en la infracción del artículo 92, apartado 1, del Tratado, así como en un error manifiesto de apreciación de los hechos por lo que respecta a la capitalización de sus deudas por parte del IFA;

- en la infracción del artículo 92, apartado 1, del Tratado, así como en un error manifiesto de apreciación de los hechos por lo que se refiere a las condonaciones de deudas concedidas por sus acreedores públicos.

23 La demandante formula a continuación tres motivos que tienen por objeto la anulación total de la Decisión impugnada y que se basan respectivamente:

- en un error manifiesto de apreciación de los hechos en el análisis general de las medidas de las que se ha beneficiado;

- en la infracción del artículo 92, apartado 3, letra a), del Tratado;

- en la inexistencia de afectación de los intercambios entre los Estados miembros como consecuencia de las medidas controvertidas y en la falta de motivación a este respecto.

Sobre el primer motivo, relativo a las ayudas concedidas en 1993 y 1994

Alegaciones de las partes

24 La demandante y el Reino de España sostienen que los préstamos y avales concedidos por el IFA en 1993 y 1994 (véase el apartado 6 supra) se enmarcan, respectivamente, en el régimen general de ayudas N 624/92, aprobado mediante decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1992, y en el régimen general de ayudas N 428/93, aprobado mediante decisión de la Comisión de 24 de septiembre de 1993. Precisan que, dado que no pueden tener efecto retroactivo, las decisiones de la Comisión por las que se autorizan estos regímenes de ayudas aprueban necesariamente las medidas posteriores que, en el futuro, puedan enmarcarse en dichos regímenes.

25 No refutan la afirmación de la Comisión según la cual ambos regímenes de ayudas constituyen una modificación del régimen de ayudas NN 71/88. Sin embargo, manifiestan su disconformidad con las consecuencias que de ello deduce la Comisión. La demandante alega, en particular, que la Comisión no puede invocar el escrito de las autoridades españolas de 12 de septiembre de 1989, relativo al régimen de ayudas NN 71/88, puesto que éste se refiere en realidad a ayudas en favor de las actividades extractivas de la zona de Huelva. Además, expone que la reserva expresada por la Comisión, según la cual las ayudas a las empresas agrícolas debían ser previamente notificadas, no se aplica en el presente caso.

26 En lo que atañe al préstamo y al aval concedidos por el IFA en 1993, la demandante y el Reino de España consideran que las eventuales beneficiarias del régimen de ayudas NN 71/88 eran las empresas, en general, ubicadas en Andalucía y que lo mismo puede decirse del régimen de ayudas N 624/92. Sostienen que las restricciones impuestas a las cooperativas, sociedades anónimas laborales o empresarios autónomos, categorías contempladas en el régimen NN 71/88, no afectan a la demandante. Esta última añade que los préstamos comprendidos en el régimen de ayudas N 624/92 no sólo estaban destinados a la financiación del activo fijo y circulante, sino también a la refinanciación del pasivo.

27 Por lo que respecta al préstamo y al aval concedidos por el IFA en 1994, la demandante y el Reino de España afirman que las beneficiarias del régimen de ayudas N 428/93 no tenían necesariamente que ser pequeñas y medianas empresas (PYME).

28 La Comisión sostiene, por un lado, que los regímenes de ayudas N 624/92 y N 428/93 autorizaban ayudas concedidas en 1992 y 1993, respectivamente. Por otro lado, niega que las ayudas concedidas en 1993 y 1994 reúnan los requisitos de concesión impuestos por el régimen de ayudas NN 71/88 y por los consiguientes regímenes de ayudas N 624/92 y N 428/93.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

29 Con carácter preliminar, es necesario recordar el contexto de los regímenes de ayudas N 624/92 y N 428/93.

30 Éstos tienen su origen en uno de los dos regímenes generales de ayudas registrados por la Comisión con la referencia NN 71/88, concretamente el que preveía la concesión de ayudas por parte del IFA en favor de empresas ubicadas en Andalucía (en lo sucesivo, «régimen de ayudas NN 71/88 del IFA»). El otro régimen de ayudas designado con la misma referencia se refería a ayudas de inversión en favor de la zona minera de la provincia de Huelva.

31 Las intervenciones contempladas en el régimen de ayudas NN 71/88 del IFA consistían en subvenciones, bonificaciones de intereses, avales, préstamos y adquisiciones de participación. Se preveía una dotación presupuestaria específica para cada uno de estos tipos de intervención.

32 Mediante decisión de 26 de octubre de 1989, la Comisión autorizó los regímenes de ayudas NN 71/88. Indicó a las autoridades españolas que, en caso de prórroga de algunas de las intervenciones previstas en estos regímenes, dichas autoridades estaban obligadas a notificarle, conforme al artículo 93, apartado 3, del Tratado, «los proyectos de dotaciones presupuestarias correspondientes». Les recordó también que estaban obligadas a notificarle «cualquier proyecto de modificación, aunque sea de poca importancia, del sistema de ayudas en Andalucía, en virtud de ese mismo artículo». Por último, las instó a que «[tuvieran] a bien remitirle, antes de que finali[zara] el primer semestre del año 1990, un informe en el que se indi[caran], para cada tipo de ayuda, el importe de las ayudas concedidas durante el año 1989, el importe de las inversiones objeto de ayudas y el número de casos correspondientes; estos datos deb[ían] desglosarse regionalmente, según las provincias, y sectorialmente». Por lo que respecta a las bonificaciones de intereses y a los préstamos del IFA, la Comisión precisó que el informe antes citado debía elaborarse «para cada uno de los cuatro tipos de bonificaciones de intereses y para cada uno de los dos tipos de préstamos».

33 De los autos se desprende que el régimen de ayudas NN 71/88 del IFA fue objeto de sucesivas prórrogas anuales, que implicaron una modificación de las dotaciones presupuestarias dedicadas a los diferentes tipos de intervención e, incluso, de algunas de las características de dicho régimen. En diversas ocasiones, las autoridades españolas no notificaron estas prórrogas y modificaciones en su fase de proyecto, en contra de lo que exigía la Comisión en su decisión de 26 de octubre de 1989 y en sus decisiones de aprobación posteriores, sino tras haber comenzado a conceder las ayudas correspondientes. Así, los datos relativos al régimen de ayudas del año 1992 (registrado con la referencia N 624/92) no se comunicaron a la Comisión hasta el 18 de octubre de 1992 y los relativos al régimen de ayudas del año 1993 (registrado con la referencia N 428/93), hasta el 1 de julio de 1993. Sin embargo, no parece que la Comisión haya planteado ninguna objeción con respecto a este comportamiento y sus consiguientes decisiones de aprobación han tenido, de facto, carácter retroactivo. La decisión relativa al régimen de ayudas N 624/92 no pudo adoptarse, en efecto, hasta el 16 de diciembre de 1992 y la relativa al régimen de ayudas N 428/93, hasta el 24 de septiembre de 1993.

34 De las consideraciones que preceden se desprende que debe rechazarse el argumento sostenido por la demandante y por el Reino de España según el cual el préstamo de 375 millones de pesetas y el aval de idéntico importe concedidos por el IFA en 1993 corresponden al régimen de ayudas N 624/92. En efecto, este último régimen sólo puede cubrir las ayudas concedidas por el IFA en el año 1992.

35 Asimismo, el préstamo por importe de 550 millones de pesetas y el aval de 200 millones de pesetas concedidos a la demandante en 1994 no pueden incluirse en el régimen de ayudas N 428/93, puesto que éste sólo podía cubrir ayudas concedidas en 1993. En cualquier caso, los requisitos que imponía este último régimen no se cumplían en el presente caso. En efecto, en su comunicación de 1 de julio de 1993, por la que se notificaba dicho régimen, las autoridades españolas habían indicado expresamente que los beneficiarios de tal régimen eran las PYME, es decir, básicamente las empresas que cuentan con un máximo de 250 trabajadores y que bien tienen un volumen de negocios anual que no excede de los 20 millones de ecus, bien presentan un balance anual general que no sobrepasa los 10 millones de ecus. Pues bien, las partes están de acuerdo en que la demandante supera estos límites.

36 Por otro lado, procede destacar que el préstamo y el aval concedidos por el IFA en 1993 no pueden formar parte del régimen de ayudas N 428/93, dado que la demandante no es una PYME, tal como se indica en el apartado precedente. En cualquier caso, ninguna de las partes sostiene que este préstamo y este aval se incluyan en dicho régimen.

37 Igualmente, por lo que respeta al préstamo y al aval concedidos por el IFA en 1994, ninguna de las partes afirma que estas medidas correspondan al régimen de ayudas N 462/94, que constituye una prórroga del régimen de ayudas del IFA para el período comprendido entre 1994 y 1999. En el procedimiento administrativo, el Reino de España sólo invocó el régimen de ayudas N 462/94 para intentar justificar las supuestas ayudas de salvamento y reestructuración concedidas a la demandante en 1995 y 1996 (considerando 11 de la Decisión impugnada).

38 De lo anterior se desprende que no se ha demostrado que los préstamos y avales concedidos por el IFA a la demandante en 1993 y 1994 estén incluidos en los regímenes generales de ayudas autorizados por la Comisión. En consecuencia, la Comisión podía considerarlos intervenciones ad hoc destinadas a permitir que la empresa continuara sus actividades. Por lo tanto, el primer motivo debe desestimarse por infundado, sin que sea necesario examinar las demás alegaciones formuladas por las partes.

Sobre el segundo motivo, relativo a las ayudas de salvamento

Alegaciones de las partes

39 La demandante y el Reino de España sostienen que los avales y préstamos concedidos por el IFA entre mayo y diciembre de 1995 (véase el apartado 5 supra) constituyen ayudas de salvamento conforme a las Directrices y que, en consecuencia, deberían haber sido aprobadas por la Comisión con arreglo al artículo 92, apartado 3, letra c), del Tratado.

40 En primer lugar, señalan que, seis meses después de la concesión de los mencionados préstamos, las autoridades españolas sustituyeron, con carácter retroactivo, el tipo de interés inicialmente previsto por el tipo de mercado, es decir, el MIBOR más un 0,5 %. Refutan la apreciación de que dicha adaptación es un mero «ajuste contable», destacando que constituye el resultado de un verdadero acuerdo jurídico y que los intereses devengados se incluyeron en la operación de capitalización efectuada el 29 de abril de 1997 (véase el apartado 9 supra) tras haber sido calculados conforme al tipo de mercado. La circunstancia de que los préstamos no hubieran sido reembolsados y de que los correspondientes intereses no hubieran sido abonados carece de relevancia, pues las Directrices nada dicen al respecto.

41 La demandante y el Reino de España afirman seguidamente que los avales y préstamos controvertidos estaban estrechamente vinculados a la elaboración del plan de reestructuración, que su objeto era únicamente mantener en funcionamiento a la empresa, que estaban justificados por la existencia de serias dificultades sociales y que no tuvieron repercusiones negativas en el sector de que se trata en otros Estados miembros. Dichas ayudas se diferenciaban pues esencialmente de las otorgadas a la demandante en 1993 y 1994. En cualquier caso, según el Reino de España, la Comisión no puede basarse en la ilegalidad que imputa a estas últimas ayudas para denegar la calificación de ayudas de salvamento a los avales y préstamos concedidos entre mayo y diciembre de 1995.

42 Finalmente, la demandante mantiene que la Comisión se separa de su práctica decisoria. Cita, más en particular, la Decisión 96/115/CE de la Comisión, de 21 de junio de 1995, relativa a la ayuda concedida por el Estado italiano a la empresa Enichem Agricoltura SpA (DO 1996, L 28, p. 18; en lo sucesivo, «Decisión Enichem»), y se remite también a la posición adoptada por dicha institución en el asunto sobre el que recayó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de noviembre de 1997, Ducros/Comisión (T-149/95, Rec. p. II-2031). Según el Reino de España, esta sentencia confirma que la concesión de las ayudas no necesariamente debe tener lugar de una sola vez.

43 La Comisión rebate que los avales y préstamos concedidos entre mayo y diciembre de 1995 constituyan ayudas de salvamento. En su opinión, dichas medidas no cumplen los requisitos previstos en el punto 3.1 de las Directrices.

44 Alega en primer lugar que el tipo de interés aplicable a los préstamos de que se trata era inferior al de mercado y que la modificación retroactiva de dicho tipo por las autoridades españolas constituye un mero ajuste contable, ya que el capital de los préstamos no fue reembolsado, ni se pagaron los intereses. El hecho de que el importe de los intereses devengados se tuviera en cuenta en la operación de capitalización de 29 de abril de 1997 no cambia la situación, puesto que la citada operación también constituye una ayuda de Estado.

45 La Comisión aduce seguidamente que las ayudas de salvamento tienen por objetivo mantener en funcionamiento una empresa que atraviese dificultades durante un período limitado, generalmente no superior a seis meses, con el fin de permitir la elaboración de medidas de recuperación factibles. Ahora bien, ya en 1993 y 1994 la demandante había recibido ayudas que perseguían la misma finalidad que los avales y préstamos de que se trata. Por lo demás, si bien es cierto que las ayudas de salvamento no necesariamente deben concederse de una sola vez, tampoco pueden concederse repetidamente durante un largo período de tiempo.

46 Finalmente, la Comisión considera que las referencias a la Decisión Enichem y a la sentencia Ducros/Comisión, antes citada, carecen de pertinencia.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

47 Procede recordar que, conforme al artículo 92, apartado 3, letra c), del Tratado, pueden considerarse compatibles con el mercado común «las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común».

48 Asimismo, debe destacarse que, según reiterada jurisprudencia, la Comisión goza de una amplia facultad de apreciación en el ámbito del artículo 92, apartado 3, del Tratado (sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, C-142/87, Rec. p. I-959, apartado 56, y de 11 de julio de 1996, SFEI y otros, C-39/94, Rec. p. I-3547, apartado 36). En consecuencia, el juez comunitario, al ejercer su control, debe limitarse a comprobar la observancia de las normas de procedimiento y de la obligación de motivación, la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de octubre de 1996, Skibsværftsforeningen y otros/Comisión, T-266/94, Rec. p. II-1399, apartado 170). No corresponde al juez comunitario sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996, AIUFFASS y AKT/Comisión, T-380/94, Rec. p. II-2169, apartado 56).

49 Conforme al punto 3.1 de las Directrices:

«[...] las ayudas de salvamento [...]:

- deben constituir ayudas de liquidez consistentes en avales para préstamos o en préstamos a los tipos de interés vigentes en el mercado;

- deben limitarse al importe necesario para mantener a la empresa en funcionamiento (por ejemplo, cobertura de los costes de sueldos y salarios y suministros corrientes);

- deben pagarse exclusivamente durante el tiempo necesario (generalmente, durante no más de seis meses) para elaborar el correspondiente plan de recuperación, que ha de ser un plan factible;

- deben justificarse sobre la base de serias dificultades sociales, y no pueden tener, indebidamente, repercusiones negativas sobre la situación del sector en otros Estados miembros.

Otro requisito consiste en que, en principio, el salvamento debería ser una operación única e irrepetible. Una serie de repetidas medidas de salvamento que en realidad se limiten a mantener el status quo, retrasen lo inevitable y, mientras tanto, trasladen los problemas laborales y sociales pendientes a otros productores más eficientes y a otros Estados miembros, es absolutamente inaceptable. Por lo tanto, las ayudas de salvamento deberán consistir, como norma general, en una única operación de sostenimiento realizada durante un período de tiempo limitado en el que pueda evaluarse el futuro de la empresa.

[...]»

50 En la Decisión impugnada, la Comisión llegó a la conclusión de que los préstamos y avales concedidos por el IFA a la demandante entre mayo y diciembre de 1995 no podían calificarse de ayudas de salvamento conforme a las Directrices, puesto que la demandante ya había recibido en años precedentes ayudas «del mismo tipo y con la misma finalidad» (considerando 107). Así, estimó que la exigencia de que la ayuda de salvamento consista normalmente en una operación excepcional de mantenimiento de las actividades durante un período limitado no se cumplía en el presente caso. Por consiguiente, procede observar que, en contra de lo que sostiene el Reino de España, las conclusiones de la Comisión no se basaban en la ilegalidad intrínseca de las ayudas anteriores a las supuestas ayudas de salvamento.

51 No puede afirmarse que tales conclusiones se basen en un error manifiesto de apreciación. En efecto, tal como se desprende de los autos y del examen del primer motivo, ha quedado demostrado que en 1993 y 1994 el IFA ya había concedido a la demandante préstamos y avales análogos a las supuestas ayudas de salvamento y que estas intervenciones ya estaban destinadas a permitir que la empresa afrontara sus dificultades económicas y financieras y mantuviera sus actividades.

52 Por lo que respecta a las referencias de la demandante y del Reino de España a la Decisión Enichem y a la sentencia Ducros/Comisión, antes citada, debe declararse su falta de pertinencia. En efecto, ambas versan sobre ayudas de reestructuración y no de salvamento.

53 Además, en lo que atañe, más concretamente, a los préstamos a los que se refiere este motivo, procede destacar que la demandante y el Reino de España no niegan que el tipo de interés inicialmente previsto fuera inferior al de mercado. Ahora bien, la cuestión de si una medida constituye una ayuda en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado debe resolverse a la luz de la situación existente en el momento en que se adoptó dicha medida. En efecto, si la Comisión tuviera en cuenta datos posteriores, favorecería a los Estados miembros que, como el Reino de España en el presente caso, incumplen su obligación de notificar en la fase de proyecto las ayudas que pretenden conceder. Por consiguiente, el hecho de que el tipo de interés aplicable a estos préstamos fuera posteriormente sustituido por el tipo de mercado -con independencia de que esta adaptación se califique de mero «ajuste contable» o no- carece de pertinencia.

54 De lo anterior se deriva que el segundo motivo debe desestimarse por infundado.

Sobre el tercer motivo, relativo a las ayudas de reestructuración

Alegaciones de las partes

55 Mediante su primera alegación, la demandante imputa a la Comisión haber interpretado de modo manifiestamente erróneo el plan de reestructuración.

56 Alega, en primer lugar, que ese plan preveía una reducción de su capacidad de producción.

57 Afirma -con el apoyo del Reino de España- que las cifras de producción de 1995 recogidas en el cuadro del considerando 27 de la Decisión impugnada no son representativas, dado que, como indica el plan de reestructuración, la demandante pasaba entonces por una profunda crisis. A continuación, precisa que adoptó las siguientes medidas concretas con el fin de reducir su capacidad de producción: cierre de un matadero, de una sala de despiece y de su línea de producción de patés, así como venta judicial de una de las empresas de fabricación de piensos. El Reino de España refuta la afirmación efectuada por la Comisión según la cual estas medidas de reducción no corresponden a capacidades reales utilizadas. La demandante alega que la adenda de abril de 1997 aumentó, «sobre la base de la experiencia», las reducciones de capacidad ya previstas inicialmente. En cuanto a las inversiones realizadas, se destinaron sólo a evitar el deterioro o la obsolescencia de determinados activos.

58 En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión no podía considerar inidóneo el plan de reestructuración en razón de que había sido elaborado sobre la base de datos insuficientes y no fiables. Señala que, como manifestaron los interventores judiciales en su dictamen sobre la situación de la empresa en la fecha de presentación del expediente judicial de suspensión de pagos, existían importantes deficiencias en su contabilidad. Más concretamente, cita la inexistencia de libros «habilitados para la llevanza de las cuentas anuales», la falta de «planificación» y la insuficiencia de archivos contables. Por lo demás, su anterior auditor de cuentas fue sancionado por dichas irregularidades. La demandante añade que las cuentas correspondientes al ejercicio de 1994, elaboradas por la familia Molina, no reflejaban una imagen real, sin que en el período de elaboración del plan esas cuentas hubieran sido aún aprobadas por la junta general. Señala también que en aquel momento tampoco se disponía de la revisión especial limitada de cuentas a 7 de mayo de 1995, que había sido encargada a una firma auditora. Según la demandante y el Reino de España, a pesar de estas dificultades, el IFA logró elaborar un plan de reestructuración realista y eficaz.

59 En tercer lugar, la demandante y el Reino de España aducen que la Comisión no tuvo debidamente en cuenta los resultados obtenidos por la empresa durante el período de ejecución del plan de reestructuración. Exponen que la demandante consiguió beneficios de 808 millones de pesetas en 1997 y de 244 millones de pesetas en el primer semestre de 1998, que su margen bruto mejoró sensiblemente, que sus gastos se redujeron de forma drástica y que su flujo operativo pasó a ser positivo. El éxito del plan de reestructuración se demuestra además por el interés de terceras empresas en la adquisición de la demandante. A este respecto, la demandante y el Reino de España precisan que el proceso de venta de la demandante se desarrolló dentro del más estricto respeto de las normas sobre publicidad y competencia, puesto que se encargó a un consultor especializado la identificación de los potenciales compradores y la valoración de sus ofertas. Por último, el Reino de España considera que la Comisión no se atiene a la realidad de los hechos al indicar en el considerando 117 de la Decisión impugnada que, en su escrito de 8 de septiembre de 1998, las autoridades españolas mantenían que la compañía era viable al tiempo que reconocían que se iba a liquidar. En efecto, la alusión a la liquidación de la empresa estaba directamente vinculada a las repercusiones de una decisión negativa de la Comisión.

60 Mediante su segunda alegación, la demandante y el Reino de España ponen de manifiesto que las ayudas concedidas por el IFA después de diciembre de 1995 constituyen ayudas de reestructuración en el sentido de las Directrices.

61 Reiteran, en primer lugar, que el plan de reestructuración permitió restablecer en un plazo razonable la viabilidad de la empresa y provocó que su capacidad de producción y su plantilla fueran objeto de reducción. La demandante se refiere nuevamente al difícil contexto en que se elaboró el plan (véase el apartado 58 supra) y señala que, en su práctica decisoria, la Comisión ha autorizado en otras ocasiones ayudas de reestructuración a pesar de que el plan de reestructuración se había elaborado varios años después de la concesión de las ayudas. Pone de relieve igualmente que, en su decisión Enichem, la Comisión se limitó a «esperar» que la reestructuración permitiera a la empresa de que se trataba recuperar su viabilidad a largo plazo. Pues bien, en el presente caso, la demandante ha restablecido su viabilidad en menos de tres años de aplicación del plan de reestructuración. La demandante aduce que, en varias decisiones, la Comisión ha considerado que la existencia de un proceso de privatización demuestra el retorno de la empresa afectada a la viabilidad y que en la Decisión Enichem le bastó el compromiso de las autoridades italianas de privatizar el sector de actividad reestructurado de la empresa afectada. Por lo demás, la demandante y el Reino de España reiteran que las ayudas otorgadas en 1993 y 1994 se amparan en regímenes generales aprobados por la Comisión, lo que las distingue de las ayudas concedidas a la demandante después de diciembre de 1995. En consecuencia, consideran que no puede estimarse la alegación de la Comisión según la cual las ayudas no se abonaron de una sola vez. Por último, la demandante se refiere de nuevo a la posición adoptada por la Comisión en el asunto que dio lugar a la sentencia Ducros/Comisión, antes citada.

62 En segundo lugar, la demandante y el Reino de España sostienen que se adoptaron medidas para atenuar en todo lo posible las consecuencias desfavorables para los competidores, conforme al punto 3.2.2, inciso ii), de las Directrices. Por una parte, alegan que no existe una excesiva capacidad estructural en el sector cárnico y que la transformación de carne no está contemplada en los sectores excluidos de ayuda por el anexo de la Decisión 94/173/CE de la Comisión, de 22 de marzo de 1994, por la que se establecen los criterios de selección aplicables para las inversiones destinadas a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios y silvícolas y por la que se deroga la Decisión 90/342/CEE (DO L 79, p. 29). Asimismo, observan que, de conformidad con la Decisión 94/173, las inversiones en alimentación animal son subvencionables por la Comunidad si la producción anual es inferior a 20.000 toneladas, situación en la que se encuentra la demandante. Por otra parte, reiteran que el plan de reestructuración preveía una reducción, o al menos una reorientación, de la capacidad de producción y que, como reconoce la Decisión impugnada, dicha reducción se realizó efectivamente en todos los sectores de producción de la demandante. Por lo demás, el Reino de España se sorprende de que la Comisión afirme, en su contestación a la demanda, que «su conclusión de que las ayudas de [la demandante] no cumplían los requisitos de las Directrices no se basó en la ausencia de reducciones de capacidad». En efecto, en la Decisión impugnada, la Comisión señala en varias ocasiones que el plan de reestructuración preveía un aumento de capacidad, para declarar las ayudas incompatibles con el mercado común.

63 En tercer lugar, la demandante y el Reino de España mantienen que las ayudas controvertidas eran proporcionadas a los costes y beneficios de la reestructuración.

64 La demandante considera, a este respecto, que la Comisión no podía invocar que sólo el Estado había contribuido al plan de reestructuración con aportación de nuevos recursos. Observa que en la sentencia Ducros/Comisión, antes citada, el Tribunal de Primera Instancia tuvo por elementos determinantes a este respecto, por una parte, la reducción de la capacidad instalada y, por otra parte, el compromiso de reprivatización de la empresa afectada por parte del Estado. En su Decisión Enichem, la Comisión adoptó la misma posición. En cualquier caso, según la demandante, sus trabajadores y acreedores privados asumieron también sacrificios para garantizar la viabilidad de la sociedad. En lo que atañe a los acreedores privados, más en particular, pone de relieve que concedieron una quita media superior a la de los acreedores públicos. Recuerda que su endeudamiento con el sector privado representaba mucho más del 4 % de su endeudamiento total y añade que, en la Decisión 98/364/CE de la Comisión, de 15 de julio de 1997, relativa a la ayuda de Estado otorgada en favor del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) (DO 1998, L 164, p. 30; en lo sucesivo, «Decisión GEA»), la Comisión consideró que el criterio relativo a la proporcionalidad de las ayudas se cumplía, habida cuenta del «procedimiento de suspensión de pagos que se traduc[e] en una reducción significativa de las deudas». Finalmente, en su Decisión 97/17/CE, de 30 de julio de 1996, relativa a las ayudas concedidas a Santana Motor, S.A. (DO 1997, L 6, p. 34; en lo sucesivo, «Decisión Santana Motor»), a la Comisión le bastó atender a las difíciles circunstancias socioeconómicas de la zona afectada, que es precisamente aquella en la que opera la demandante.

65 En cuarto lugar, la demandante y el Reino de España niegan la afirmación de la Comisión, contenida en el considerando 132 de la Decisión impugnada, según la cual, dado que el plan de reestructuración le había sido entregado tardíamente y que, por tanto, no había tenido la posibilidad de pronunciarse a tiempo sobre él ni de condicionar en su caso su ejecución, debe estimarse que, hasta junio de 1997, sólo hubo una serie de ayudas concretas destinadas a mantener a la empresa en el mercado. La demandante afirma que el plan estuvo en poder de la Comisión dieciocho meses antes de la adopción de la Decisión impugnada. Por su parte, el Reino de España alega que dicho plan se elaboró en el momento oportuno, a saber, tras un período de seis meses necesario para determinar el origen de las dificultades de la empresa y proponer las medidas para garantizar su viabilidad. La demandante y el Reino de España añaden que la Comisión nunca se interesó por el plan de reestructuración, ni propuso cualesquiera medidas o condiciones, ni convocó a las autoridades españolas para debatir este plan, ni pidió aclaraciones a su respecto. Finalmente, la demandante reitera que, en la Decisión Enichem, la Comisión estimó que unas ayudas de salvamento y reestructuración otorgadas tres años antes de la elaboración de un plan de reestructuración eran compatibles con el mercado común.

66 En quinto lugar, la demandante indica que las Directrices prevén que la Comisión debe tener en cuenta las necesidades de desarrollo regional a la hora de evaluar las ayudas de reestructuración en las regiones subvencionadas. Pues bien, en el presente asunto, la Comisión no tuvo en absoluto en cuenta las peculiares características socioeconómicas de la provincia de Jaén.

67 Mediante su primera alegación, la Comisión niega haber analizado de modo erróneo el plan de reestructuración.

68 Afirma, en primer lugar, que es indiscutible que el plan de reestructuración preveía un aumento de la producción en todas las líneas productivas de la demandante y la realización de inversiones que exigían cuantiosas aportaciones financieras. Considera ante todo que las observaciones de la demandante y el Reino de España sobre el cuadro que figura en el considerando 27 de la Decisión impugnada son infundadas, puesto que la producción de la empresa había comenzado a disminuir ya en 1992. La Comisión aduce por lo demás que, si bien es cierto que se efectuaron posteriormente reducciones de capacidad en determinadas unidades de la demandante, dichas reducciones no correspondían a las capacidades realmente utilizadas. Además, tales reducciones eran el resultado de decisiones puntuales que se fueron adoptando en función de las circunstancias de cada momento y, en particular, debido a que las ventas realizadas en 1996, 1997 y 1998 no habían alcanzado los objetivos previstos en el plan de reestructuración.

69 En segundo lugar, la Comisión pone de manifiesto que, como afirmaron las propias autoridades españolas, el plan de reestructuración era incompleto, por estar basado en datos insuficientes y poco fiables. Niega la pertinencia de la alusión de la demandante y del Reino de España a las circunstancias en que se elaboró dicho plan y añade que los ajustes necesarios no se efectuaron hasta abril de 1997.

70 En tercer lugar, la Comisión considera infundada la imputación formulada por la demandante y el Reino de España, según la cual no tuvo debidamente en cuenta los resultados obtenidos por la empresa durante la ejecución del plan de reestructuración.

71 Mediante su segunda alegación, la Comisión niega que las ayudas controvertidas cumplan los requisitos impuestos por las Directrices.

72 En primer lugar, reitera que el plan de reestructuración no se elaboró hasta dos años y medio después de que se concedieran las primeras ayudas a la demandante, no era fiable ni completo, no preveía reducciones de capacidad y no permitió que la empresa retornara a la viabilidad. Asimismo, considera que la demandante no puede establecer un paralelismo con la Decisión Enichem.

73 En segundo lugar, la Comisión sostiene que no se adoptaron medidas para atenuar en todo lo posible las consecuencias desfavorables de las ayudas para los competidores. Señala, por una parte, que el plan de reestructuración no preveía medidas de reducción de capacidad. Por otra parte, niega haber afirmado en la Decisión impugnada que existiera exceso de capacidad estructural en el sector de transformación de carne. Afirma haber señalado que tal sobrecarga estructural sólo existe en los sectores de la alimentación animal y de la cría y sacrificio de porcino. Por lo demás, precisa que el apartado 2.1, tercer guión, del anexo de la Decisión 94/173 sólo autoriza las inversiones en alimentación animal realizadas en unidades cuya producción anual sea inferior a 20.000 toneladas, en las regiones objetivo 1, cuando se demuestre insuficiencia de capacidad. Finalmente, la Comisión aduce que, por lo que respecta al requisito relativo a la reducción de capacidad de producción, tuvo en cuenta la posibilidad de ser más flexible en sus apreciaciones, al estar situada la demandante en una región desfavorecida.

74 En tercer lugar, la Comisión estima que las ayudas controvertidas no eran proporcionadas a los costes y beneficios de la reestructuración. Afirma que la familia Molina no realizó ninguna aportación de fondos nuevos, que la operación de recapitalización sólo afectó al IFA y que la reducción de la participación de la familia Molina en el capital de la demandante no supuso a aquélla pérdida alguna. Alega que la condonación de parte de los créditos de los acreedores privados en el marco de un procedimiento de suspensión de pagos no puede considerarse una contribución de la empresa a su propia reestructuración. Añade que, en cualquier caso, las quitas concedidas por los acreedores privados eran insignificantes. Por lo demás, la Comisión discute la pertinencia de las alusiones de la demandante a las Decisiones GEA, Santana Motor y Enichem, así como a la sentencia Ducros/Comisión, antes citada.

75 La Comisión aduce, en cuarto lugar, que no recibió el plan de reestructuración hasta el 23 de julio de 1997, de modo que no pudo pronunciarse a tiempo sobre su contenido ni imponer condiciones a su ejecución. Niega además que no se celebraran reuniones entre sus servicios y las autoridades españolas y sostiene que mantuvo a éstas constantemente informadas acerca de sus dudas sobre la legalidad de las ayudas y sobre la posibilidad de que el plan permitiera el retorno de la empresa a la viabilidad.

76 En quinto lugar, la Comisión mantiene que, para apreciar la compatibilidad de las ayudas con el mercado común, la incidencia de la situación socioeconómica de una región es distinta cuando se trata de ayudas de carácter regional [artículo 92, apartado 3, letra a), del Tratado] o de ayudas sectoriales [artículo 92, apartado 3, letra c), del Tratado]. Las primeras tienen como finalidad el desarrollo de las regiones desfavorecidas mediante el apoyo a las inversiones y la creación de empleo en un contexto de desarrollo sostenible y sólo se consideran compatibles cuando se pueda garantizar el equilibrio entre el falseamiento de la competencia que se deriva de su concesión y las ventajas de las ayudas para el desarrollo regional. Se considera que, en general, este último aspecto no se cumple en el caso de las ayudas individuales, salvo cuando se trata de regímenes plurisectoriales y abiertos al conjunto de las empresas de los sectores afectados en la región desfavorecida. Explica que, sobre la base de estos criterios, concluyó en la Decisión impugnada que las ayudas otorgadas a la demandante no habían sido concebidas como ayudas regionales a nuevas inversiones o a la creación de empleo, ni para superar deficiencias de infraestructuras de manera horizontal para el conjunto de las empresas de la región, sino como ayudas destinadas al salvamento y a la reestructuración de una empresa concreta. Con arreglo al punto 2.4 de las Directrices, la única base de excepción para estas últimas ayudas es el artículo 92, apartado 3, letra c), del Tratado. Invocando a contrario la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 1997, España/Comisión (C-169/95, Rec. p. I-135), la Comisión añade, sin embargo, que los aspectos regionales deben tenerse en cuenta «en el marco de un análisis sectorial». Asimismo destaca que, en la Decisión impugnada, examinó debidamente las ayudas controvertidas a la luz del punto 3.2.3 de las Directrices, que establece condiciones especiales aplicables a las ayudas de reestructuración en las regiones desfavorecidas. A este respecto, precisa que, cuando las necesidades de desarrollo regional lo justifiquen, puede exigir una reducción de la capacidad de la empresa de que se trate menor que la exigida en otros casos. Finalmente, la Comisión reitera que, en la decisión Santana Motor, tuvo en cuenta las circunstancias socioeconómicas, junto con otros factores que no concurren en el presente caso.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

77 A tenor del punto 3.2.1 de las Directrices:

«Las ayudas de reestructuración plantean problemas específicos desde el punto de vista de la competencia, dado que pueden suponer un reparto injusto del peso del ajuste estructural y de los problemas laborales y sociales pendientes, desviándolos a otros productores que sobreviven sin ayudas y a otros Estados miembros. Por lo tanto, como principio general, sólo se deberían permitir estas ayudas en circunstancias en las que se pueda demostrar que su aprobación reviste interés comunitario. Esto sólo resultará posible cuando se cumplan una serie de estrictos requisitos y se tomen plenamente en consideración los posibles efectos distorsionadores de la ayuda.»

78 Las Directrices exigen que las ayudas de reestructuración se encuentren incluidas en un plan. El punto 3.2.2 de las Directrices supedita la aprobación del plan al cumplimiento de tres requisitos materiales: debe permitir el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo de la empresa, prevenir el falseamiento indebido de la competencia y garantizar la proporcionalidad de la ayuda en relación con los costes y beneficios de la reestructuración. Además, la empresa debe aplicar íntegramente el plan de reestructuración tal como fue aprobado por la Comisión [punto 3.2.2, inciso iv)], quedando sometida esta aplicación, así como el correcto desarrollo de dicho plan, al control de la Comisión, a la que deberán presentarse informes anuales detallados [punto 3.2.2, inciso v)].

79 Debe examinarse si la Comisión ha cometido un error manifiesto de apreciación al considerar que no se cumplían estos requisitos en el presente caso. Procede señalar que, sin perjuicio de las disposiciones especiales relativas a las zonas desfavorecidas (véase el apartado 109 infra), todos estos requisitos deben reunirse para que la Comisión pueda aprobar ayudas de reestructuración (punto 3.2.2 de las Directrices).

- Sobre el restablecimiento de la viabilidad

80 El punto 3.2.2, inciso i), de las Directrices prevé:

«El requisito sine qua non de todo plan de reestructuración es que debe restablecer la viabilidad a largo plazo y la solvencia de la empresa en un plazo de tiempo razonable y sobre la base de unas perspectivas realistas en cuanto a sus futuras condiciones de funcionamiento. Por consiguiente, la ayuda deberá estar vinculada a un programa de reestructuración o de recuperación, que, suficientemente detallado, deberá ser presentado a la Comisión. El plan deberá restablecer la competitividad de la empresa en un período de tiempo razonable.

[...]

[El] plan debe ser considerado capaz de situar a la empresa en una posición que le permita cubrir todos los costes, incluidos los relativos a la amortización y las cargas financieras, y generar un mínimo rendimiento del capital, de forma que, finalizada la reestructuración, la empresa no necesite más apoyo estatal y pueda competir en el mercado sobre la base de sus propios recursos. Como para las ayudas de salvamento, para las ayudas de reestructuración, su concesión, por lo general, no debería ser necesaria más que una sola vez.»

81 Procede señalar que, en la Decisión impugnada, la Comisión formuló diversos argumentos que demuestran de modo suficiente que el plan de reestructuración no responde a los requisitos antes citados.

82 Mediante su primer argumento, la Comisión destacó que el plan se había elaborado sobre la base de «datos insuficientes y poco fidedignos» (considerando 111), que se refería tan sólo «a las ayudas ya concedidas entre mayo y diciembre de 1995 y al préstamo de 1.739 millones [de pesetas] concedido en 1996» y que «preveía otras necesidades financieras de la empresa que habían de cubrirse en el mercado, así como la posible concesión de ayudas, aunque sin cuantificarlas» (considerando 112).

83 Del examen de dicho plan se desprende que tales apreciaciones de hecho están fundadas. Además, en la introducción de la adenda de abril de 1997, las autoridades españolas señalan expresamente que el plan de reestructuración se basa en datos incompletos e inexactos. En sus escritos, la demandante y el Reino de España se limitan a invocar una serie de dificultades que obstaculizaron su elaboración, lo que, sin embargo, no justifica su carácter insuficiente.

84 Mediante su segundo argumento, la Comisión estimó que las medidas previstas en el plan de reestructuración no permitían el restablecimiento de la viabilidad de la empresa.

85 En primer lugar, tras remitirse a los considerandos 26 y 27 de la Decisión impugnada, que describen dichas medidas, así como las previsiones de producción, la Comisión destacó que «el plan [...] preveía para poder obtener la rentabilidad de la empresa un aumento substancial de la producción en todas sus unidades de producción» y consideró que «no era realista basar el restablecimiento de la viabilidad en un aumento de su producción [...], tratándose de un sector con excesiva capacidad estructural» (considerando 113).

86 En respuesta a estas apreciaciones, la parte demandante y el Reino de España sostienen que el plan de reestructuración preveía una reducción de la capacidad de producción y niegan que existiera un exceso de capacidad estructural en los sectores afectados.

87 Por lo que respecta al primer punto, del examen del plan de reestructuración se desprende que éste no tiene por finalidad la reducción de la capacidad de producción de la demandante. Por el contrario, en él se hace efectivamente constar un aumento de tal capacidad en la mayor parte de sus unidades de producción, así como la realización de importantes inversiones. Debe añadirse que la demandante, en respuesta a la solicitud del Tribunal de Primera Instancia, expresamente formulada en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento (véase el apartado 17 supra), de que identificara los pasajes concretos del plan que prevén una reducción de su capacidad de producción, se ha limitado básicamente a mencionar algunas medidas de reducción de sus efectivos.

88 Ciertamente, las partes no discuten que la demandante pasó en 1995 por una profunda crisis y que su volumen de producción en dicho año, tal como consta en el cuadro del considerando 27 de la Decisión impugnada, era por tal razón particularmente bajo. Si se interpretan de acuerdo con dicho volumen, las previsiones de producción de la empresa contenidas en el mismo cuadro podrían, en consecuencia, dar una imagen un tanto engañosa del alcance de las medidas propuestas en el plan de reestructuración relativas a la capacidad de producción. Sin embargo, de la información comunicada por la demandante en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia (véase el apartado 17 supra) se desprende que su volumen de negocios total, así como el volumen de producción de cada una de sus unidades, había comenzado ya a disminuir considerablemente desde 1993. Así, incluso si se toma 1994, en lugar de 1995, como año de referencia, es necesario señalar que las previsiones del plan responden al mantenimiento, cuando no al aumento, de la producción de las unidades de la demandante. En consecuencia, las críticas vertidas en contra de las cifras utilizadas por la Comisión en la Decisión impugnada deben ser desestimadas.

89 Es igualmente cierto que la Comisión menciona, en la Decisión impugnada, reducciones de capacidad efectuadas posteriormente por la demandante (véanse los considerandos 46, 124 y 141 de la Decisión impugnada). Sin embargo, debe observarse que, como señala acertadamente la Comisión en el considerando 125 de la Decisión impugnada, tales reducciones no pasan de aparentes, dado que se refieren a capacidades de producción que ya habían dejado de utilizarse. Así, por lo que respecta al cierre del matadero con capacidad para el sacrificio de doscientos cuarenta cerdos por hora, la adenda de abril de 1997 indica expresamente que este matadero estaba inoperativo desde hacía tres años (página 104). Asimismo, de la misma adenda se desprende que ya no se utilizaba la sala de despiece que fue cerrada (página 104) y que las dos fábricas de piensos para ganado se habían quedado prácticamente sin actividad (página 34).

90 Por tal motivo, la demandante no puede invocar la Decisión Enichem. En efecto, en el asunto que dio lugar a dicha Decisión, la empresa afectada había reducido considerablemente no sólo su personal, sino también su capacidad de producción, en toda su gama de productos.

91 Por lo que respecta a la afirmación de la Comisión según la cual existe un exceso de capacidad estructural en el mercado comunitario de la alimentación animal y de la cría y sacrificio de porcino (considerando 123 de la Decisión impugnada), basta con señalar que la demandante y el Reino de España no proporcionan ningún dato convincente que pueda desvirtuarla.

92 En segundo lugar, la Comisión señaló, en la Decisión impugnada, que «las medidas internas de reestructuración eran irreales también porque estaban basadas en informaciones insuficientes y no fiables» (considerando 113). Por los motivos expuestos en los apartados 82 y 83 supra, no puede discutirse el fundamento de esta conclusión.

93 Mediante su tercer argumento, tras recordar que «las ayudas de Estado deben, en principio, ser apreciadas en el momento de su concesión y no en función de acontecimientos ulteriores» (considerando 115), la Comisión examinó los resultados obtenidos por la demandante como consecuencia de la aplicación del plan de reestructuración y consideró que demostraban que dicho plan no había permitido efectivamente el restablecimiento de su viabilidad.

94 La Comisión reconoció, en esencia, una mejora de los resultados de la demandante en los últimos años, pero consideró que una serie de factores atenuaban considerablemente esta perspectiva positiva.

95 En primer lugar, la Comisión destacó que, pese a que la demandante había recibido continuamente ayudas desde 1993, «la única alternativa a [su quiebra, que] se remonta al menos a 1994 [era] la capitalización de las deudas de la empresa» (considerando 114). Esta observación, cuya pertinencia no puede discutirse, se basa en apreciaciones de hecho totalmente exactas. Así, por un lado, ha quedado claramente demostrado que entre 1993 y 1997 se concedieron ininterrumpidamente a la demandante importantes ayudas. Por otro lado, la adenda de abril de 1997 indica expresamente que, de no capitalizarse las deudas contraídas con el IFA por importe de 4.680 millones de pesetas, debía procederse a la liquidación de la demandante.

96 En segundo lugar, la Comisión consideró que, para admitir el restablecimiento de la viabilidad de la empresa, era necesario que se hubiera saneado su situación, de modo que no era posible a este respecto «hacer abstracción de las cargas financieras que pesan sobre la empresa y que han absorbido su activo ni conformarse con un eventual flujo operativo positivo reciente vistas las pérdidas continuas de la empresa» (considerando 115). Una vez más, tales consideraciones se ven confirmadas por los datos obrantes en autos, aparte de que su pertinencia no puede discutirse. Así, ha quedado demostrado que las pérdidas de la demandante ascendían a 1.231 millones de pesetas, 2.616 millones de pesetas, 2.123 millones de pesetas, 3.229 millones de pesetas, 2.690 millones de pesetas y 1.503 millones de pesetas en 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, respectivamente, y que, en el primer semestre de 1998, se elevaban aún a 126 millones de pesetas. Los beneficios invocados por la demandante y el Reino de España sólo se corroboran si se tienen en cuenta los gastos y los ingresos extraordinarios de la empresa. Ahora bien, en el anexo a sus observaciones de 21 de octubre de 1998, las propias autoridades españolas subrayan que procede, en el presente caso, tomar en consideración el resultado operativo neto «para evitar distorsiones en la comprensión de la evolución de la compañía». Asimismo, en su escrito de intervención, el Reino de España indica que «el motivo por el que no se tuvieron en cuenta los resultados extraordinarios para controlar la evolución de la compañía es que los resultados extraordinarios [...] no se producen de forma continuada en la empresa y, por tanto, aunque sean capaces de hacer viable a una compañía a corto plazo, no puede pretenderse que sobre ellos recaiga la obtención de la viabilidad a largo plazo». Además, el volumen de endeudamiento de la demandante ascendía 6.208 millones de pesetas, 6.966 millones de pesetas, 7.969 millones de pesetas, 9.194 millones de pesetas, 14.005 millones de pesetas, 6.159 millones de pesetas y 6.834 millones de pesetas en los años que van de 1992 a 1998. Por último, los gastos de la demandante, en contra de lo que ésta alega, no se han visto perceptiblemente reducidos, sino que han permanecido relativamente estables entre 1995 y 1998.

97 En tercer lugar, la Comisión no estimó determinante el hecho de que una empresa tercera hubiera manifestado su interés en la adquisición de la demandante. Los motivos expuestos por dicha institución a este respecto no pueden considerarse manifiestamente erróneos. Por un lado, de los autos se desprende que la oferta de compra no se refería a la empresa como unidad económica viable, sino sólo a algunos de sus activos, concretamente los relativos al sector de los productos cárnicos, debiendo iniciarse seguidamente el procedimiento de liquidación de la empresa. Además, la oferta del potencial comprador incluía importantes restricciones en cuanto al pasivo y a las demás cargas que se declaraba dispuesto a asumir [considerandos 50, letra c), y 119 de la Decisión impugnada]. Por otro lado, no ha quedado suficientemente demostrado que la propia operación de compra proyectada no incluyera ningún elemento de ayuda de Estado. En efecto, no fue precedida de un procedimiento de oferta pública, transparente e incondicional, sino que se inició con una mera identificación de posibles compradores y una evaluación de sus eventuales ofertas por un consultor especializado.

98 Procede añadir que la demandante no puede invocar la Decisión Enichem, ya que los hechos en los que aquélla se basa difieren esencialmente de los que aquí se discuten. Así, en el asunto que dio lugar a dicha Decisión, aparte del hecho de que existía un plan de reestructuración que preveía considerables reducciones de capacidad (véase el apartado 90 supra), las actividades reestructuradas de la empresa de que se trataba habían generado resultados positivos desde el primer año de aplicación del plan y las previsiones financieras auguraban «un buen nivel de rentabilidad, aceptable para un inversor privado» a partir del año siguiente. Por añadidura, la autorización de las ayudas controvertidas se había supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos estrictos con los que se pretendía garantizar que las medidas propuestas alcanzaran el resultado deseado. Por último, se consideró que la venta al sector privado hacía «más probable la viabilidad», en la medida en que los ingresos obtenidos a través de la venta de las filiales y activos de la empresa beneficiaria «se utilizar[ían] íntegramente para reducir la deuda que deb[ía] cubrirse con la ayuda autorizada».

99 De las consideraciones que anteceden se desprende que la Comisión no ha cometido un error manifiesto al considerar que no se satisfacía el primer requisito material impuesto por las Directrices.

- Sobre la prevención del falseamiento indebido de la competencia

100 Con el fin de prevenir el falseamiento indebido de la competencia, deben adoptarse medidas «para contrarrestar en lo posible los efectos adversos [...] con respecto a los competidores». En particular, el punto 3.2.2, inciso ii), párrafo segundo, de las Directrices, precisa:

«Cuando un análisis objetivo de la situación de la oferta y la demanda revele la existencia de un exceso de capacidad productiva estructural en un mercado en el ámbito de la Comunidad Europea en el que opere el destinatario de la ayuda, el plan de reestructuración deberá contribuir, de forma proporcional al importe de la ayuda recibida, a la reestructuración de la industria que suministre a dicho mercado de la Comunidad Europea, reduciendo irreversiblemente o cerrando capacidad productiva. Una reducción o un cierre de capacidad es irreversible cuando las instalaciones correspondientes son desmanteladas, cuando se imposibilita con carácter permanente su capacidad de producción al ritmo anterior, o cuando se destinan, también con carácter permanente, a un uso distinto. [...]»

101 En la Decisión impugnada, la Comisión consideró que dicho requisito no se cumplía, tras haber comprobado que algunas de las actividades de la demandante «se desarroll[aban] en sectores en los que existe una excesiva capacidad estructural en el mercado comunitario» (considerando 123), que el plan de reestructuración no preveía reducciones de la capacidad de producción (considerando 125) y que las reducciones efectuadas posteriormente «no parec[ían] corresponder a capacidades reales utilizadas por la empresa» (considerando 125).

102 De los apartados 85 a 91 supra se desprende que la demandante y el Reino de España no han demostrado que estas apreciaciones sean manifiestamente erróneas. Por consiguiente, procede concluir que la Comisión podía legítimamente considerar que no se cumplía el segundo requisito material exigido por las Directrices.

- Sobre la proporcionalidad de la ayuda en relación con los costes y beneficios de la reestructuración

103 En lo que se refiere a la proporcionalidad de la ayuda en relación con los costes y beneficios de la reestructuración, el punto 3.2.2, inciso iii), párrafo primero, de las Directrices señala:

«El importe y la intensidad de la ayuda deberán limitarse a lo estrictamente necesario para permitir llevar a cabo la reestructuración, y deberán guardar proporción con las ventajas que se espere obtener desde el punto de vista de la Comunidad. Por lo tanto, los destinatarios de la ayuda estarán obligados, por lo general, a contribuir significativamente al plan con sus propios recursos o con ayuda de financiación externa comercial. [...] Las ayudas de reestructuración financiera no deberían reducir indebidamente las cargas financieras de la empresa. [...]»

104 En la Decisión impugnada, la Comisión consideró que este tercer requisito no se cumplía debido, en particular, a que «el único que ha[bía] contribuido al plan de reestructuración con la aportación de nuevos recursos ha[bía] sido el Estado» (considerando 127).

105 Las alegaciones formuladas por la demandante y el Reino de España no demuestran que esta apreciación sea manifiestamente errónea.

106 En primer lugar, el hecho de que los acreedores privados de la demandante, incluida la familia Molina, le hayan concedido quitas y sus empleados hayan aceptado sacrificios no puede equipararse a una contribución de la empresa beneficiaria de la ayuda con sus propios recursos o con ayuda de financiación externa comercial, conforme al punto 3.2.2, inciso iii), párrafo primero, de las Directrices. Lo mismo puede decirse de la reducción de la participación de la familia Molina en el capital de la demandante.

107 En segundo lugar, las circunstancias del presente asunto difieren claramente de las que dieron lugar a las Decisiones GEA, Santana Motor y Enichem y a la sentencia Ducros/Comisión, antes citada, invocadas por la demandante. Así, en el asunto que dio lugar a la Decisión GEA, se preveía claramente que la empresa beneficiaria correría con una parte importante de los costes de la reestructuración mediante sus propios recursos. En la Decisión Santana Motor, la Comisión tuvo en cuenta, en particular, el hecho de que la intensidad de la ayuda sólo representaba el 36,3 % de los costes totales de la reestructuración y correspondía aproximadamente al alcance de las reducciones de capacidad efectuadas por la empresa (30 %). En lo que atañe a la Decisión Enichem, además de las particularidades mencionadas en el apartado 98 supra, la Comisión destacó que «la empresa beneficiaria contribuirá de manera importante a financiar el plan de reestructuración y liquidación, mediante la reinversión de los ingresos procedentes de la venta de activos y filiales y de la propia privatización final del sector de actividad reestructurado». Por último, en la Decisión controvertida en la sentencia Ducros/Comisión, antes citada, si bien es cierto que la Comisión había tenido en cuenta, en particular, el hecho de que la capacidad instalada de las dos empresas beneficiarias se vería reducida y de que el Estado italiano se había comprometido a privatizar una de ellas, procede señalar que la reducción prevista era del 50 % y que la privatización debía efectuarse mediante «una licitación incondicional que permitirá al mercado fijar el precio de [la empresa] y, en consecuencia, la desaparición de los elementos eventualmente excesivos de las ayudas concedidas» (apartado 68).

108 Del conjunto de consideraciones que preceden se desprende, sin que sea necesario examinar los dos últimos requisitos impuestos por el punto 3.2.2 de las Directrices (apartados 78 y 79 supra), que la Comisión no ha cometido un error manifiesto al estimar que las ayudas de que se trata no constituían ayudas de reestructuración, sino «una serie de ayudas concretas destinadas tan sólo a mantener a la empresa en el mercado» (considerando 132 de la Decisión impugnada).

- Requisitos particulares aplicables a las ayudas de reestructuración en las regiones promocionables

109 Las Directrices prevén, en el punto 3.2.3, que la Comisión ha de tener en cuenta las necesidades de desarrollo regional a la hora de evaluar las ayudas de reestructuración en regiones promocionables, al tiempo que subraya que los criterios que figuran en el punto 3.2.2 (véase el apartado 78 supra) son igualmente aplicables a dichas regiones. Así, en el punto 3.2.3 de las Directrices se afirma, en particular:

«Más en concreto, el resultado de la operación de reestructuración deberá ser viable desde el punto de vista económico y contribuir al verdadero desarrollo de la región, sin necesidad de recurrir reiteradamente a apoyo externo. Por consiguiente, la repetida concesión de ayudas no será analizada, como hasta ahora, con más indulgencia que en el caso de las regiones no promocionables. Del mismo modo, los planes de reestructuración deberán ser llevados hasta el fin y habrán de ser supervisados. Para evitar que se falsee indebidamente la competencia, la ayuda también deberá guardar proporción con los costes y los beneficios de la reestructuración. No obstante, podría mostrarse cierto mayor grado de flexibilidad en las regiones promocionables con respecto al requisito de reducción de capacidad en los mercados que sufran exceso de capacidad estructural. Si las necesidades de desarrollo regional lo justifican, la Comisión exigirá una menor reducción en las regiones promocionables que en las demás, y diferenciará entre zonas que pueden recibir ayudas regionales conforme a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y las que pueden acogerse a la letra c) del apartado 3 del artículo 92, de forma que se tenga en cuenta la mayor gravedad de los problemas regionales en las primeras.»

110 En la Decisión impugnada, la Comisión aplicó correctamente estos principios, en contra de lo que sostiene la demandante.

111 En primer lugar, confirma que la demandante había recibido ayudas repetidas durante un período de cinco años, sin que éstas hubieran podido garantizar el restablecimiento de su viabilidad, que el plan de reestructuración no se había ejecutado correctamente ni había podido ser debidamente controlado y que dichas ayudas no eran proporcionadas a los costes y beneficios de la reestructuración (considerandos 136 y 137). De las consideraciones expuestas en los apartados 80 a 99 y 103 a 108 supra se desprende que, al menos por lo que respecta a los criterios de restablecimiento de la viabilidad y de proporcionalidad de la ayuda, estas afirmaciones no incurren en errores manifiestos de apreciación.

112 En segundo lugar, la Comisión examinó los argumentos de las autoridades españolas relativos a las reducciones de la capacidad de producción supuestamente efectuadas por la demandante, antes de reiterar que el plan de reestructuración no preveía tales reducciones y que las efectuadas posteriormente fueron realizadas «de forma puntual y no en el marco de un plan de reestructuración» (considerandos 139 y 140).

113 En este contexto, la Comisión tuvo plenamente en cuenta el hecho de que la demandante estuviera situada en una región desfavorecida. En efecto, del considerando 141 de la Decisión impugnada se desprende que, habida cuenta de esta circunstancia, la Comisión aceptó expresamente mostrarse menos exigente por lo que respecta a las reducciones de la capacidad de producción exigidas. Sin embargo, se vio obligada a concluir que, aun siendo flexible, las ayudas controvertidas no podían acogerse a ninguna excepción, dado que no se cumplían las demás condiciones establecidas en las Directrices.

114 Procede considerar que esta última conclusión no es manifiestamente errónea. En efecto, tal como se subraya en el punto 3.2.3 de las Directrices, el hecho de que una empresa en crisis esté situada en una región promocionable no justifica, sin embargo, que se adopte una actitud de plena permisividad, precisándose que «se deben reducir lo máximo posible los efectos falseadores de la competencia, incluso en el caso de las ayudas concedidas a empresas situadas en regiones promocionables». Asimismo, en su sentencia de 15 de marzo de 2001, Prayon-Rupel/Comisión (T-73/98, Rec. p. II-867), apartado 71, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que la posibilidad excepcional de flexibilizar el requisito de reducción de capacidad en el supuesto de un mercado que presente un exceso de capacidad estructural no permite prescindir de la «exigencia fundamental relativa a la presentación de un plan de reestructuración coherente y realista que permita restablecer la viabilidad de la empresa». En consecuencia, no puede imputarse a la Comisión haber denegado a una empresa la posibilidad de acogerse a una excepción basada en las necesidades de desarrollo regional cuando tal empresa, aun suponiendo que haya efectuado reducciones de capacidad que -aplicando cierta flexibilidad- puedan considerarse suficientes, no reúne uno o varios de los restantes requisitos impuestos por las Directrices.

115 Por consiguiente, procede desestimar el tercer motivo por infundado, sin que sea necesario examinar los demás argumentos e imputaciones formulados a este respecto por la demandante y el Reino de España.

Sobre el cuarto motivo, relativo a la capitalización de una parte de las deudas de la demandante

Alegaciones de las partes

116 La demandante y el Reino de España mantienen que la capitalización de una parte de las deudas de la empresa con el IFA, por importe de 4.680 millones de pesetas, no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado. En efecto, al realizar esta operación, dicho organismo público se comportó como un inversor privado.

117 Alegan, a este respecto, que la mencionada operación estaba prevista por el plan de reestructuración y era condición del restablecimiento de la viabilidad de la empresa.

118 La demandante y el Reino de España precisan que la capitalización tenía como objetivo principal permitir que el IFA tomara el control de la demandante. De lo contrario, la familia Molina habría recuperado automáticamente el 31 de diciembre de 1997 el control de una compañía saneada y el IFA habría vuelto a ser un «mero acreedor», sin ningún control sobre la ejecución del plan de reestructuración, la devolución de los créditos y el futuro de la empresa.

119 La demandante y el Reino de España sostienen además que si el IFA no hubiera procedido a tal recapita