Del mismo modo, si, desde el pliego de cargos inicial, la empresa de que se trata estaba al corriente de que la Comisión tenía la intención de garantizar el efecto disuasorio de la multa impuesta y, como mínimo desde la decisión inicial, podía comprender que esa intención implicaba la imposición de un importe adicional por un período de actividad determinado, siendo así que tal intención no fue cuestionada en la sentencia de anulación parcial de la decisión inicial y que fue reafirmada tanto en el referido escrito de hechos como en una reunión entre la Comisión y dicha empresa, no queda demostrado que se vulnerase el derecho de defensa de esa empresa en lo referente a la intención de la Comisión de imponerle el importe adicional.

Por otra parte, desde el momento en que de las observaciones de la demandante sobre un escrito de hechos, que le remitió la Comisión, se desprende que pudo manifestar su punto de vista, de manera detallada, sobre las distintas etapas del cálculo del importe de la multa que se le iba a imponer, no cabe sostener que la Comisión vulneró su derecho de defensa al no comunicarle elementos pertinentes para el cálculo del importe de la multa y, en particular, cifras relativas a las ventas.

La motivación de una decisión en la que se declaró una infracción de los artículos 81 CE, apartado 1, y 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico europeo y por la que se impusieron unas multas puede ser tenida en cuenta en el examen del cumplimiento de la obligación de motivación de una decisión por la que se modifica dicha decisión inicial, adoptada a raíz de una anulación parcial de esta última por el juez de la Unión, en la medida en que tal motivación no fue afectada por la sentencia de anulación y que no es contradicha por el tenor de la decisión modificativa.

En materia de determinación del importe de una multa impuesta por infracción de las normas sobre competencia, si, durante el año de referencia elegido para la determinación del valor de las ventas, las actividades de algunos participantes en el cártel en el sector de que se trata se ejercieron por una sociedad conjunta, disuelta posteriormente, de modo que tales participantes, contrariamente a los demás, no registraron ventas en dicho sector, la Comisión no viola el principio de igualdad de trato al establecer, en un primer momento, un importe inicial hipotético para dicha sociedad conjunta y al repartirlo, en un segundo momento, entre los participantes que tenían la condición de accionistas de dicha sociedad. En efecto, la circunstancia de que éstos transfirieron sus actividades a la citada entidad distinta implica que la multa que se les impuso no puede calcularse exactamente del mismo modo que la de los demás participantes en el cártel y que, en este aspecto, su situación no es comparable a la de éstos.

Por otra parte, en tal contexto, aun cuando cada uno de los participantes en cuestión tenga el mismo porcentaje en el capital de dicha sociedad conjunta, la Comisión puede repartir el importe inicial hipotético en función de la proporción de sus ventas del producto de que se trate realizadas durante el año previo a la constitución de la sociedad conjunta, para reflejar su desigual capacidad para contribuir a la infracción. En efecto, este método permite conciliar el principio de igualdad de trato, que obliga a considerar el mismo año de referencia para todos los participantes en la infracción, con la voluntad de reflejar la desigual posición competitiva, al tiempo de la constitución de la sociedad conjunta, de los participantes propietarios de ésta.

(véanse los apartados 108 a 112, 130, 133 y 143)