4.

Recordé anteriormente la importancia de recurrir a los principios generales, que se deducen del conjunto de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, para determinar de manera autónoma el significado de las expresiones adoptadas por el Convenio. Hay, pues, que preguntarse si, en la materia que tratamos, existen estos principios y cuáles sean en su caso. No se puede ciertamente decir que el fenómeno de la venta a plazos esté regulado en los Estados miembros de manera uniforme. Los legisladores contemplan este fenómeno desde tres puntos de vista diferentes: a veces en el marco de la regulación ordinaria de los contratos (como en Italia y en los Países Bajos), otras veces mediante leyes especiales adoptadas para proteger a los compradores a plazos (leyes de este tipo están actualmente en vigor en casi todos los Estados miembros); por fin, más raramente, en el marco de leyes limitativas, cuyo objeto es evitar las consecuencias inflacionistas que pudiera tener el mecanismo del pago a plazos (Francia, Bélgica, Reino Unido y, durante cierto tiempo, Italia). Está claro que, al variar el punto de vista, también puede cambiar la calificación del fenómeno; ésta es una de las razones por las que no existe un concepto uniforme de la venta a plazos en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Como primera aproximación se puede decir que en un extremo se sitúa la concepción bastante amplia, según la cual es necesario y suficiente que el precio de compra de un bien, del que el comprador entra inmediatamente en posesión, sea pagado en dos o más entregas sucesivas; en el extremo opuesto se encuentran numerosos planteamientos restrictivos, que utilizan como criterios de delimitación elementos subjetivos (calidad de las partes contratantes) u objetivos (tipos de objetos, valor y destino de los mismos) o inherentes al precio (número mínimo o máximo de los plazos, cuantía total del precio, plazo máximo de pago) o finalmente relativos a la transmisión de la propiedad (cláusula de reserva de propiedad hasta que el precio sea pagado íntegramente). Claro está que, más allá de la frontera que permiten establecer uno u otro de estos criterios, se encuentra la venta pura y simple, con pago diferido en dos o más plazos, no sujeta a una regulación especial: es un tipo de transacción comercial que se encuentra con bastante frecuencia, como ha señalado acertadamente la sociedad Ott, en las relaciones internacionales, sin que se la identifique sin más con la venta a plazos ni en la práctica ni en el Derecho. Ante esta situación tan ampliamente diferenciada podría parecer inútil ir en busca de principios comunes a los Estados miembros. No obstante, se puede advertir una tendencia común si la examinamos desde el ámbito de las leyes adoptadas para la protección de los compradores a plazos; y subrayo que es lógico y justo colocarse en este terreno ya que, como se ha visto anteriormente, los artículos 13 a 15 del Convenio de Bruselas son igualmente normas destinadas a favorecer a los compradores a plazos. La tendencia común de la que hablo consiste en excluir determinadas categorías de compradores del régimen protector de la venta a plazos; esto se consigue bien directamente, declarando dicho régimen no aplicable cuando la compra se hace por comerciantes, empresarios o personas jurídicas, bien indirectamente, refiriéndose a las compras de maquinaria industrial y a las compras relacionadas con una actividad profesional del comprador. Comparten esta orientación las legislaciones de casi todos los Estados miembros, exceptuadas Dinamarca e Italia. Volvamos al problema que se trata de resolver. Me parece que la tendencia de los Derechos internos que acabo de señalar, aunque no pueda equipararse a la existencia de principios comunes propiamente dichos, nos da una confirmación significativa de las conclusiones a las que se había llegado anteriormente mediante la interpretación sistemática del Convenio. En suma: mientras el que compra a plazos es un consumidor privado y el objeto de la compra es un bien de consumo, se justifica una regulación particular de la venta a plazos, ya que se está en presencia de un contratante más débil que merece una protección particular; fuera de este marco no hay razón para ampliar la regulación «protectora» de la venta a plazos y, por lo tanto, cesa de ser aplicable el propio nomen juris de «venta a plazos» a los efectos del artículo 13 del Convenio.