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Palabras clave

Libre circulación de capitales — Restricciones — Derecho de sociedades

(Art. 56 CE)

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El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional según la cual los estatutos de una sociedad anónima pueden conferir al Estado o a un ente público que ostente una participación en su capital la facultad de nombrar directamente a uno o varios administradores, disposición que, por sí sola o en relación con una disposición que reconoce a dicho Estado o ente el derecho a participar mediante votación de listas en la elección de los administradores no directamente nombrados por él, puede permitir que tal Estado o ente ostente un poder de control desproporcionado con respecto a su participación en el capital de dicha sociedad.

En efecto, dicha disposición permite que los accionistas públicos disfruten de la posibilidad de participar en la actividad del consejo de administración de una sociedad anónima con mayor peso del que les conferiría normalmente su condición de accionistas, y pone así a disposición de dichos accionistas públicos un instrumento que les permite ejercer una influencia mayor que la que corresponde a sus inversiones. Al entregar a los accionistas públicos un instrumento que les permite limitar la posibilidad de que los demás accionistas participen en la sociedad a fin de crear o de mantener con ella vínculos económicos duraderos y directos que permitan una participación efectiva en su gestión o en su control, tal normativa nacional puede disuadir a los inversores directos de otros Estados miembros de invertir en el capital de esta sociedad y constituye, pues, una restricción a los movimientos de capitales.

Si bien es cierto que la normativa nacional controvertida no confiere directamente al Estado o a los entes públicos el mencionado derecho de nombramiento, sino que exige un acuerdo de la junta general de accionistas de la sociedad de que se trate, no es menos cierto que ello no impide que la normativa controvertida tenga carácter restrictivo. En efecto, con independencia de que el accionista público disponga por sí solo de la mayoría necesaria para lograr que se incluya en los estatutos de la sociedad su derecho al nombramiento directo de administradores o de que sólo pueda conseguir tal inclusión con la ayuda de otros accionistas, es preciso declarar que es únicamente la normativa controvertida, que constituye una excepción al Derecho común de sociedades, la que permite reconocer al accionista público, a diferencia de los accionistas privados, el derecho a participar en la actividad del consejo de administración con mayor peso del que le conferiría normalmente su condición de accionista.

Las preocupaciones que, en función de las circunstancias, pueden justificar que los Estados miembros conserven cierta influencia en las empresas inicialmente públicas que se privaticen posteriormente, cuando dichas empresas actúen en el ámbito de los servicios estratégicos o de interés general, no pueden sin embargo justificar tal disposición, dado que ésta no somete a requisito alguno la inclusión en los estatutos de una sociedad anónima del derecho del Estado o ente público que posee una participación en ella a nombrar directamente a uno o varios administradores.

(véanse los apartados 22 a 24, 29, 33, 34 y 41 a 43 y el fallo)