AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)

de 24 de febrero de 2015 ( )

«Recurso de casación — Política pesquera — Conservación de los recursos pesqueros — Poblaciones de peces sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales — Consideración conjunta de los componentes norte y sur de la población de bacaladilla del Atlántico Nordeste a efectos del establecimiento del TAC — Admisibilidad del recurso — Acto que no afecta directamente a los particulares — Recurso de casación manifiestamente infundado»

En el asunto C‑164/14 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 4 de abril de 2014,

Pesquerías Riveirenses, S.L., con domicilio social en Ribeira (A Coruña),

Pesquerías Campo de Marte, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Pesquera Anpajo, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Arrastreros del Barbanza, S.A., con domicilio social en Ribeira,

Martínez Pardavila e Hijos, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Lijo Pesca, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Frigoríficos Hermanos Vidal, S.A., con domicilio social en Ribeira,

Pesquera Boteira, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Francisco Mariño Mos y Otros, C.B., con domicilio social en Ribeira,

Pérez Vidal Juan Antonio y Hno, C.B., con domicilio social en Ribeira,

Marina Nalda, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Portillo y Otros, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Vidiña Pesca, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Pesca Hermo, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Pescados Oubiña Pérez, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Manuel Pena Graña, con domicilio en Ribeira,

Campo Eder, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Pesquera Laga, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Pesquera Jalisco, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Pesquera Jopitos, S.L., con domicilio social en Ribeira,

Pesca-Julimar, S.L., con domicilio social en Ribeira,

representados por el Sr. J. Tojeiro Sierto, abogado,

partes recurrentes,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Consejo de la Unión Europea, representado por la Sra. A. Westerhof Löfflerová y el Sr. A. de Gregorio Merino, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

apoyado por:

Comisión Europea, representada por las Sras. A. Szmytkowska e I. Galindo Martín, en calidad de agentes,

parte coadyuvante en casación,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),

integrado por la Sra. K. Jürimäe, Presidenta de Sala, y el Sr. J. Malenovský (Ponente) y la Sra. A. Prechal, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado, conforme al artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia;

dicta el siguiente

Auto

1 Mediante su recurso de casación, Pesquerías Riveirenses, S.L., y otros solicitan que se anule el auto del Tribunal General de la Unión Europea Pesquerías Riveirenses y otros/Consejo (T‑180/13, EU:T:2014:78; en lo sucesivo, «auto recurrido») por el cual se declaró la inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto contra el Reglamento (UE) nº 40/2013 del Consejo, de 21 de enero de 2013, por el que se establecen para 2013 las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE para determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales (DO L 23, p. 54), en su versión modificada por el Reglamento (UE) nº 297/2013 del Consejo, de 27 de marzo de 2013 (DO L 90, p. 10), en la medida en que éste no establece ninguna distinción entre los componentes norte y sur de la población de bacaladilla en el Atlántico Nordeste a efectos de la determinación del total admisible de capturas (TAC), recogido en los anexos I A y I B de dicho Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento nº 297/2013 (en lo sucesivo, «disposiciones controvertidas»).

Marco jurídico

2 El Reglamento nº 40/2013, aplicable retroactivamente desde el 1 de enero de 2013, fija las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la Unión Europea y, en el caso de los buques de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión para determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales.

3 El artículo 5 de dicho Reglamento, con el epígrafe «TAC y asignaciones», prevé en su apartado 1:

«En el anexo I se establecen los TAC para los buques de la UE en aguas de la UE o en determinadas aguas no pertenecientes a la UE y la asignación de dichos TAC a los Estados miembros, así como las condiciones relacionadas funcionalmente con ellos, cuando proceda.»

4 El artículo 10 del mencionado Reglamento, con el epígrafe «Disposiciones especiales sobre las asignaciones de posibilidades de pesca», establece en su apartado 1:

«La asignación de las posibilidades de pesca a los Estados miembros que se establece en el presente Reglamento se efectuará sin perjuicio de:

a) los intercambios realizados en virtud del artículo 20, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 2371/2002;

b) las reasignaciones efectuadas con arreglo al artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 o al artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1006/2008;

c) los desembarques adicionales autorizados con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CE) nº 847/96;

d) las cantidades retenidas de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 847/96;

e) las deducciones efectuadas en virtud de lo dispuesto en los artículos 37, 105, 106 y 107 del Reglamento (CE) nº 1224/2009;

f) las transferencias e intercambios de cuota que prevé el artículo 15 del presente Reglamento.»

5 El artículo 15 del mismo Reglamento, con el epígrafe «Transferencias e intercambios de cuota», dispone:

«1. Cuando, en virtud de las normas de una organización regional de ordenación pesquera (“OROP”), se permitan transferencias o intercambios de cuota entre las Partes contratantes de la OROP, un Estado miembro (“el Estado miembro interesado”) podrá tratar con [una] Parte contratante de la OROP y, en su caso, establecer las posibles líneas generales de la transferencia o intercambio de cuota que se prevea.

[…]

4. Las posibilidades de pesca recibidas por la Parte contratante de la OROP interesada o transferidas a la Parte contratante de la OROP interesada en virtud de esa transferencia o intercambio de cuota se considerarán posibilidades de pesca añadidas a la asignación del Estado miembro interesado, o deducidas de la asignación del Estado miembro interesado, desde el momento en que surta efecto la transferencia o intercambio de cuota a tenor del acuerdo alcanzado con la Parte contratante de la OROP interesada o de acuerdo con las normas de la OROP competente, en su caso. […]»

6 Los anexos I A y I B del Reglamento nº 40/2013 incluyen cuadros en los que se hace constar un TAC para las distintas poblaciones de peces. Por lo que se refiere a la población de bacaladilla del Atlántico Nordeste, esos cuadros no establecen ninguna distinción entre los componentes norte y sur de dicha población. Por el contrario, de los cuadros se deriva que aún no se ha fijado el TAC correspondiente a esta población de peces.

7 A raíz de un acuerdo, celebrado en 2013, sobre las posibilidades de pesca para los buques de la Unión y del Reino de Noruega y sobre las condiciones de acceso a los recursos pesqueros en las aguas de cada una de esas partes, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento nº 297/2013. Este Reglamento, también aplicable retroactivamente desde el 1 de enero de 2013, modifica el Reglamento nº 40/2013 y establece, en particular, un TAC para la población de bacaladilla del Atlántico Nordeste de 643 000 toneladas.

Antecedentes del litigio, procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido

8 Los recurrentes son armadores de buques destinados a la pesca de arrastre de bacaladilla que faenan en las aguas costeras del norte y noroeste de España.

9 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 21 de marzo de 2013, los recurrentes interpusieron un recurso de anulación contra el Reglamento nº 40/2013 en la medida en que éste no establece ninguna distinción entre los componentes norte y sur de la población de bacaladilla en el Atlántico Nordeste a efectos de la determinación del TAC aplicable a esa población, recogido en los anexos I A y I B de dicho Reglamento.

10 Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 14 de junio de 2013, el Consejo propuso una excepción de inadmisibilidad, con arreglo al artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, alegando que los recurrentes no habían demostrado que cumpliesen los requisitos establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, para poder interponer un recurso de anulación.

11 El 26 de julio de 2013, los recurrentes presentaron sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Consejo. En esa fase, señalaron que el Reglamento nº 40/2013 había sido modificado por el Reglamento nº 297/2013, pero consideraron que este hecho no afectaba al objeto de su recurso de anulación. Respecto a la admisibilidad de dicho recurso, los recurrentes alegaron que, si bien la asignación entre los Estados miembros de las cuotas de pesca de bacaladilla, prevista sobre la base del TAC por el Reglamento nº 40/2013, en su versión modificada, no era definitiva, debido a que existen mecanismos que permiten su intercambio o transferencia, las disposiciones controvertidas les afectan directamente porque los Estados miembros no pueden dejarlas sin aplicación.

12 Mediante auto de 7 de febrero de 2014, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad manifiesta del recurso dirigido contra el Reglamento nº 40/2013, en su versión modificada por el Reglamento nº 297/2013, en la medida en que éste no establece ninguna distinción entre los componentes norte y sur de la población de bacaladilla del Atlántico Nordeste a efectos de la determinación del TAC.

13 En el apartado 18 del auto recurrido, el Tribunal General estimó que las disposiciones controvertidas no afectan directamente a los recurrentes en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. El Tribunal General consideró que la situación jurídica de los propietarios u operadores de buques sólo puede verse afectada por dichas disposiciones una vez que, primero, se hayan asignado las posibilidades de pesca entre los Estados miembros en el marco del anexo I del Reglamento nº 40/2013, en su versión modificada por el Reglamento nº 297/2013; segundo, se hayan tomado en consideración, en su caso, las modalidades de gestión de dichas posibilidades entre los Estados miembros, previstas en el artículo 10, apartado 1, del citado Reglamento, tales como los intercambios realizados en virtud del artículo 20, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (DO L 358, p. 59), o las transferencias o intercambios de cuota que prevé el artículo 15 del Reglamento nº 40/2013, en su versión modificada por el Reglamento nº 297/2013, y, tercero, se hayan distribuido por cada Estado miembro las posibilidades de pesca que le han sido asignadas. El Tribunal General estimó, en consecuencia, que las disposiciones controvertidas, puesto que su aplicación no es meramente automática, únicamente podrán producir, indirectamente, efectos en la situación jurídica de los recurrentes tras la aplicación de esas diversas normas intermedias.

14 Como respuesta a la alegación de los recurrentes sobre la imposibilidad de que los Estados miembros dejen sin aplicación las disposiciones controvertidas, el Tribunal General declaró, en el apartado 24 del auto recurrido, que tal circunstancia no consigue demostrar, per se, que dichas disposiciones afecten directamente a la situación jurídica de los recurrentes.

Pretensiones de las partes

15 Los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia, en esencia, que anule el auto recurrido y que devuelva el recurso ante el Tribunal General para que éste lo examine en cuanto al fondo.

16 El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare la inadmisibilidad del recurso de casación.

— En su caso y subsidiariamente, desestime el recurso de casación por manifiestamente infundado, preferentemente mediante auto motivado en aplicación del artículo 181 de su Reglamento de Procedimiento.

— Condene a los recurrentes al pago de las costas.

17 La Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación.

Sobre el recurso de casación

18 Con arreglo al artículo 181 de su Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea, en todo o en parte, manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, desestimar total o parcialmente el recurso de casación mediante auto motivado.

19 Procede aplicar esta disposición en el presente asunto.

Sobre la admisibilidad

20 El Consejo sostiene que el recurso de casación es inadmisible. Por un lado, afirma que dicho recurso no indica suficientemente ni los errores de Derecho en los que supuestamente ha incurrido el Tribunal General en el auto recurrido, ni los fundamentos de Derecho de dicho auto que se impugnan. Por otro lado, según el Consejo, los recurrente se limitan a repetir alegaciones ya formuladas ante el Tribunal General y su recurso de casación constituye, en realidad, una demanda que pretende conseguir un nuevo examen del recurso presentado en primera instancia.

21 A este respecto, debe recordarse que, en virtud de los artículos 256 TFUE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 169 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia o del auto cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyen de manera específica esta pretensión (véase el auto Entorn/Comisión, C‑162/05 P, EU:C:2006:37, apartado 25). No cumple este requisito el recurso de casación que, sin incluir siquiera una argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida o el auto recurrido, se limita a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal General (sentencia Nencini/Parlamento, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, apartado 32).

22 En cambio, conforme a reiterada jurisprudencia, cuando el recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el procedimiento de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal General, se privaría al mencionado procedimiento de una parte de su sentido (sentencia AEPI/Comisión, C‑425/07 P, EU:C:2009:253, apartado 24 y jurisprudencia citada).

23 Pues bien, en el presente asunto, las alegaciones formuladas por los recurrentes tienen por objeto, precisamente, impugnar la interpretación del Derecho aplicable realizada por el Tribunal General para declarar la inadmisibilidad de su recurso de anulación. Los recurrentes se oponen a la respuesta proporcionada en el auto recurrido por dicho órgano jurisdiccional a una cuestión jurídica, respuesta que puede ser objeto de control por el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

24 En estas circunstancias, no puede acogerse la excepción de inadmisibilidad.

Sobre el fondo

Alegaciones de las partes

25 Los recurrentes invocan, en esencia, dos motivos de casación, basados, respectivamente, en la infracción de lo dispuesto en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y en la vulneración de su derecho de acceso a la justicia.

26 Mediante su primer motivo de casación, los recurrentes alegan que el Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho al estimar que las disposiciones controvertidas no les afectan directamente. En su opinión, para llegar a esta resolución, el Tribunal General consideró que, para que un particular pueda estar directamente afectado por las disposiciones de un acto de la Unión, es necesario que su aplicación no requiera la aplicación de ninguna norma intermedia. Pues bien, los recurrentes sostienen que las disposiciones de un acto de la Unión también pueden afectar directamente a un particular, aunque requieran la aplicación de normas intermedias, cuando las autoridades competentes no dispongan de ningún margen de apreciación a este respecto.

27 En este contexto, los recurrentes recuerdan que su recurso de anulación sólo se refería a las disposiciones controvertidas. Afirman que, en consecuencia, el Tribunal General debería haberse limitado a examinar si los Estados miembros disponen de un margen de apreciación que les permita distinguir distintos componentes geográficos dentro de la población de bacaladilla. Los recurrentes consideran que, si el Tribunal General hubiera actuado así, habría declarado que las disposiciones controvertidas les afectan directamente porque, según ellos, por una parte, el establecimiento de un TAC y, por tanto, la determinación de los componentes geográficos de la población de peces al que éste se refiere es competencia exclusiva del Consejo y, por otra parte, el TAC no puede ser modificado por los eventuales intercambios y transferencias que puedan llevar a cabo los Estados miembros. Por otro lado, los recurrentes estiman que su situación jurídica habría sido sustancialmente modificada si el Consejo hubiera considerado que en el Atlántico Nordeste coexisten dos poblaciones distintas de bacaladilla, porque habría más posibilidades de pesca en la zona sur, donde ellos faenan. En consecuencia, los recurrentes alegan que tienen un interés legítimo en solicitar la anulación de las disposiciones controvertidas y que, por tanto, debe considerarse que éstas les afectan directamente.

28 Mediante su segundo motivo de casación, los recurrentes sostienen que el Tribunal General les remite a un órgano jurisdiccional nacional que no tiene la posibilidad de examinar la legalidad de las disposiciones controvertidas, puesto que el Consejo es el único competente en la materia. Por tanto, estiman que el Tribunal General les impide impugnar, ante un juez, la legalidad de esas disposiciones.

29 En su escrito de contestación, el Consejo alega, respecto al primer motivo de casación, que, para que un particular pueda invocar que un acto de la Unión del que no es destinatario le afecta directamente, deben cumplirse dos requisitos acumulativos. En primer lugar, ese acto debe afectar directamente a la situación jurídica del particular, en el sentido de que debe poder producir efectos jurídicos respecto a dicho particular sin que sea necesaria la aplicación de normas intermedias. En segundo lugar, el acto de que se trate no debe dejar ningún margen de apreciación a las autoridades encargadas de aplicarlo. En consecuencia, en opinión del Consejo, el Tribunal General no ha incurrido en ningún error de Derecho al declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación y al estimar, en el apartado 18 del auto recurrido, que «el TAC para la bacaladilla establecido en el anexo I del Reglamento nº 40/2013, en su versión modificada [por el Reglamento nº 297/2013], únicamente puede producir, indirectamente, efectos en la situación jurídica de los demandantes tras la aplicación [de] diversas normas intermedias, puesto que su aplicación no es meramente automática».

30 En cuanto al hecho de que los Estados miembros no puedan cuestionar las disposiciones controvertidas, el Consejo estima que esto no permite poner en duda la falta de relación directa entre los recurrentes y esas disposiciones. Según el Consejo, puesto que los Estados miembros disponen de una facultad de apreciación respecto a la ejecución de determinados aspectos del Reglamento nº 40/2013, en su versión modificada por el Reglamento nº 297/2013, no puede considerarse que sus disposiciones puedan afectar directamente a los particulares, sin que sea necesario que esa facultad incluya específicamente la posibilidad de modificar los aspectos criticados por las partes.

31 Respecto al segundo motivo de casación, el Consejo recuerda que las personas físicas o jurídicas que, debido a los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, no pueden impugnar directamente los actos de la Unión de alcance general, cuya aplicación corresponde a los Estados miembros, sí tienen la posibilidad de alegar ante los órganos jurisdiccionales nacionales la invalidez de tales actos de la Unión y, de este modo, de instarlos a consultar a este respecto al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 267 TFUE, mediante una petición de decisión prejudicial.

32 La Comisión, por su parte, señala en particular, respecto al primer motivo de casación, que las disposiciones controvertidas no se oponen, en sí mismas, a que el Reino de España mantenga las posibilidades de pesca asignadas a los recurrentes en los años anteriores. De ello se deduce que no puede considerarse seguro que esas disposiciones modifiquen la situación jurídica de los recurrentes.

Apreciación del Tribunal de Justicia

33 En relación con el primer motivo de casación, debe recordarse, por una parte, que, cuando el recurso de anulación sólo tenga por objeto la anulación parcial de un acto, para determinar si ese recurso es admisible únicamente deberá tomarse en consideración esa parte del acto (véase, en ese sentido, la sentencia Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 31).

34 Por otra parte, el requisito, previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, de que una persona debe estar directamente afectada por el acto objeto del recurso exige que se cumplan dos criterios acumulativos, a saber, que la medida impugnada, por un lado, produzca directamente efectos en la situación jurídica de esa persona y que, por otro lado, no otorgue ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de aplicarla, por tener dicha medida un carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias (auto Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Comisión, C‑248/12 P, EU:C:2014:137, apartado 21).

35 En el presente caso, los recurrentes sólo impugnan las disposiciones controvertidas. A estos efectos, sostienen que el Tribunal General basó su razonamiento en la premisa errónea de que, cuando la ejecución de las disposiciones de un acto de la Unión requiere la aplicación de normas intermedias, está excluido que dichas disposiciones puedan afectar directamente a los particulares.

36 No obstante, esta alegación se fundamenta en una interpretación incorrecta del auto recurrido. En efecto, en el apartado 18 de dicho auto, el Tribunal General no consideró en absoluto que los particulares sólo puedan verse directamente afectados por las disposiciones de un acto de la Unión cuando la ejecución de éstas no requiera la aplicación de ninguna norma intermedia, sino que declaró que, en el caso de las disposiciones controvertidas, éstas únicamente pueden producir, indirectamente, efectos en la situación jurídica de los recurrentes tras la aplicación de diversas normas intermedias.

37 Pues bien, razonando de este modo, el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho. En efecto, si bien es cierto que los Estados miembros no pueden dejar sin aplicación las disposiciones controvertidas, no lo es menos que, mientras las diversas normas intermedias mencionadas no hayan sido aplicadas, no será posible determinar los efectos jurídicos que esas disposiciones puedan tener respecto a los recurrentes. En particular, como ha indicado la Comisión, no cabe excluir que, una vez aplicadas dichas normas intermedias, los recurrentes dispongan de las mismas posibilidades de pesca que se les han atribuido hasta la fecha.

38 En cuanto a la alegación de los recurrentes según la cual debe considerarse que las disposiciones controvertidas les afectan directamente, puesto que tienen un interés en ejercitar una acción contra éstas, dicha alegación no puede prosperar. En efecto, la existencia de un interés en ejercitar la acción y la exigencia de estar directamente afectado por las disposiciones controvertidas constituyen dos requisitos distintos de admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por un particular.

39 En consecuencia, procede desestimar el primer motivo de casación por manifiestamente infundado.

40 En relación con el segundo motivo de casación, debe recordarse que el control judicial del cumplimiento del ordenamiento jurídico de la Unión corresponde, tal como se desprende del artículo 19 TUE, apartado 1, al Tribunal de Justicia y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Con esta finalidad, el Tratado FUE, mediante sus artículos 263 y 277, por una parte, y mediante su artículo 267, por otra, ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de la Unión, confiando dicho control al juez de la Unión (sentencia Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, apartados 90 y 92).

41 A estos efectos, corresponde a los Estados miembros establecer un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (sentencia Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, EU:C:2013:625, apartado 100).

42 En este asunto, de los apartados 37 y 38 del presente auto se desprende que las disposiciones controvertidas no afectan directamente a la situación jurídica de los recurrentes. En consecuencia, habida cuenta de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, los recurrentes no están legitimados para impugnar directamente dichas disposiciones ante el juez de la Unión.

43 No obstante, los recurrentes pueden utilizar las posibilidades que les ofrece el sistema completo de vías de recurso al que se hace referencia en el apartado 40 del presente auto y, en este contexto, teniendo en cuenta la obligación de los Estados miembros mencionada en el apartado 41 de éste, alegar la invalidez de las disposiciones controvertidas ante los tribunales nacionales para instarlos a que se dirijan al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 267 TFUE, mediante una petición de decisión prejudicial.

44 De este modo, contrariamente a lo que alegan los recurrentes, el auto recurrido no les coloca en una situación de imposibilidad de impugnar ante un juez la legalidad de las disposiciones controvertidas.

45 De ello resulta que debe desestimarse el segundo motivo de casación por manifiestamente infundado.

46 En conclusión, procede desestimar el recurso de casación en su conjunto por manifiestamente infundado.

Costas

47 En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de éste, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que el Consejo ha solicitado la condena en costas de los recurrentes y que han sido desestimadas las pretensiones formuladas por éstos, procede condenarlos en costas.

48 El artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento dispone que los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por lo tanto, procede decidir que la Comisión cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) resuelve:

1) Desestimar el recurso de casación por manifiestamente infundado.

2) Pesquerías Riveirenses, S.L., y otros cargarán con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido el Consejo de la Unión Europea.

3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 24 de febrero de 2015.

El Secretario La Presidenta de la Sala Novena