Asunto T-398/07

Reino de España

contra

Comisión Europea

«Competencia — Abuso de posición dominante — Mercados españoles de acceso a Internet de banda ancha — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 82 CE — Fijación de los precios — Estrechamiento de márgenes — Cooperación leal — Aplicación ultra vires del artículo 82 CE — Seguridad jurídica — Protección de la confianza legítima»

Sumario de la sentencia

Por lo que se refiere a las relaciones que se establecen en el marco de los procedimientos tramitados por la Comisión en aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE, las condiciones de cumplimiento del deber de cooperación leal, que emana del artículo 10 CE y al cual debe atenerse la Comisión en sus relaciones con los Estados miembros, han sido precisadas en particular en los artículos 11 a 16 del Reglamento no 1/2003, pertenecientes a su capítulo IV titulado «Cooperación». Tales disposiciones no contemplan ni la obligación de la Comisión de consultar a las autoridades nacionales de regulación ni la posibilidad de que la Comisión emprenda una actuación conjunta junto con éstas en el marco de los procedimientos que tramita en aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE. (véase el apartado 47)

En el supuesto de que no se contemple expresamente una excepción a este respecto, el Derecho de la competencia se aplica a los sectores regulados. Por otra parte, no cabe excluir la aplicación de las normas en materia de competencia, ya que las disposiciones sectoriales en cuestión contemplan la posibilidad de que comportamientos autónomos de las empresas puedan obstaculizar, restringir o falsear la competencia. En cualquier caso, incluso suponiendo que una regulación sectorial tuviera su fundamento en actos de Derecho derivado de la Unión, es preciso destacar que, habida cuenta de los principios que rigen la jerarquía normativa, tales actos no podrían, a falta de alguna disposición del Tratado que así lo autorice, introducir una excepción a la aplicación de alguna de sus disposiciones, concretamente, el artículo 82 CE. (véanse los apartados 50 y 55)

En el marco de la comprobación del cumplimiento de las normas en materia de competencia en los mercados de las telecomunicaciones, el control ex ante de una autoridad nacional de regulación y el control ex post de la Comisión tienen objetos y finalidades distintos, ya que las normas relativas a la competencia previstas por el Tratado completan, mediante el ejercicio de un control ex post, el marco regulador adoptado por el legislador de la Unión con el fin de regular ex ante dichos mercados. Por otra parte, las apreciaciones de la Comisión se efectúan en función de las circunstancias propias de cada asunto y las decisiones relativas a otros asuntos únicamente pueden tener un carácter indicativo dado que los datos circunstanciales de los asuntos no son idénticos. Por consiguiente, las valoraciones efectuadas por la Comisión acerca de las circunstancias fácticas de asuntos anteriores no son trasladables a otros asuntos, ya que estos datos no son iguales. (véanse los apartados 56 y 57)

Si bien el órgano jurisdiccional de la Unión ejerce de modo general un control completo sobre si concurren o no las condiciones de aplicación de las disposiciones sobre la competencia, el control que ejerce sobre valoraciones económicas complejas hechas por la Comisión se limita necesariamente a comprobar si se respetaron las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos y la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder. De igual modo, cuando la decisión de la Comisión es el resultado de apreciaciones técnicas complejas, éstas también son objeto en principio de un control jurisdiccional limitado que no implica que el juez de la Unión sustituya la apreciación de los elementos de hecho de la Comisión por la suya propia. No obstante, si bien es cierto que el juez de la Unión reconoce a la Comisión cierto margen de apreciación en materia económica, ello no implica que deba abstenerse de controlar la interpretación de los datos de esa naturaleza por la Comisión. En efecto, el juez de la Unión no sólo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos. (véanse los apartados 60 a 62)

Para determinar si la empresa que ocupa una posición dominante ha explotado de manera abusiva esta posición mediante la aplicación de sus prácticas tarifarias, procede apreciar el conjunto de circunstancias y examinar si dicha práctica pretende privar al comprador de la posibilidad de elegir sus fuentes de aprovisionamiento, o al menos limitar dicha posibilidad, impedir el acceso al mercado de los competidores, aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes o reforzar su posición dominante mediante la distorsión de la competencia. En particular, una práctica tarifaria de una empresa en posición dominante verticalmente integrada que tenga carácter no equitativo en la medida en que comprime efectivamente los márgenes de los competidores de ésta en el mercado minorista, como consecuencia de la diferencia existente entre los precios de sus productos mayoristas y los de sus productos minoristas, puede constituir un abuso de posición dominante contrario al artículo 82 CE. En efecto, habida cuenta del efecto de expulsión que puede provocar respecto de competidores al menos igual de eficientes que la empresa dominante, el estrechamiento de márgenes, a falta de toda justificación objetiva, puede constituir, en sí mismo, un abuso en el sentido del artículo 82 CE. (véanse los apartados 66 a 68)

El artículo 82 CE sólo se refiere a las prácticas contrarias a las normas sobre la competencia que hubieran sido adoptadas por las empresas por iniciativa propia. Si una legislación nacional impone a las empresas una práctica contraria a la competencia o si crea un marco jurídico que limita por sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplica el artículo 82 CE. En tal situación, la restricción de la competencia no se debe, como requiere esta disposición, a comportamientos autónomos de las empresas. Por el contrario, cabe aplicar el artículo 82 CE si se verifica que la legislación nacional no elimina la posibilidad de que la competencia sea obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas. Si, pese a la existencia de tal legislación, una empresa en posición dominante verticalmente integrada dispone de margen de maniobra para modificar incluso únicamente sus precios minoristas, le resulta imputable, sólo por esa razón, el estrechamiento de márgenes. (véanse los apartados 70 a 72)

Las condiciones necesarias para determinar que existe una denegación abusiva de suministro no deben aplicarse necesariamente a la hora de apreciar el carácter abusivo de un comportamiento consistente en someter la prestación de servicios o la venta de productos a condiciones desfavorables o a condiciones en las que el adquirente pudiera no estar interesado. En efecto, tales comportamientos podrían, por sí mismos, ser constitutivos de una forma autónoma de abuso diferente de la denegación de suministro. Una interpretación contraria supondría la exigencia de que, para que pueda considerarse abusivo cualquier comportamiento de una empresa dominante que tenga por objeto las condiciones comerciales de ésta, se cumplan siempre las condiciones requeridas para declarar que existe una negativa a contratar, lo que reduciría indebidamente el efecto útil del artículo 82 CE. (véanse los apartados 74 y 75)

Al prohibir la explotación abusiva de una posición dominante, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, el artículo 82 CE tiene por objeto los comportamientos de una empresa en posición dominante que, en un mercado donde la competencia está ya debilitada en razón precisamente de la presencia de la empresa en cuestión, tienen por efecto impedir, por medios distintos de los que rigen una normal competencia entre productos o servicios sobre la base de las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del grado de competencia que aún existe en el mercado o su desarrollo. Este efecto no se refiere necesariamente al efecto concreto del comportamiento abusivo denunciado. Para poder demostrar la existencia de una infracción del artículo 82 CE, basta con demostrar que el comportamiento abusivo de la empresa que ocupa una posición dominante tiene por objeto restringir la competencia o, en otros términos, que el comportamiento puede tener dicho efecto. Así pues, debe existir el efecto contrario a la competencia de la práctica tarifaria en cuestión, si bien éste no tiene que ser necesariamente concreto, siendo suficiente que se demuestre un posible efecto contrario a la competencia que sea de naturaleza tal que expulse a los competidores al menos igual de eficientes que la empresa que se encuentra en una posición dominante. Dado que el artículo 82 CE no se refiere únicamente a las prácticas que pueden causar un perjuicio inmediato a los consumidores, sino también a las que los perjudican impidiendo el juego de la competencia, recae sobre la empresa que ocupa una posición dominante una responsabilidad especial de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común. De ello se deduce que el artículo 82 CE prohíbe, en particular, a una empresa en posición dominante llevar a cabo prácticas tarifarias que provoquen la expulsión de sus competidores igualmente eficaces, actuales o potenciales, es decir, prácticas que pueden dificultar o imposibilitar el acceso al mercado de éstos, así como dificultar o imposibilitar, para sus otras partes contratantes, la elección entre varias fuentes de aprovisionamiento o entre diferentes socios comerciales, reforzando de ese modo su posición dominante gracias a medios distintos de los que rigen una competencia basada en los méritos. Así pues, desde esta perspectiva, no toda competencia a través de los precios puede considerarse legítima. (véanse los apartados 89, 90, 92 y 93)