SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 22 de mayo de 1996

Asunto T-140/94

Enrique Gutiérrez de Quijano y Llorens

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Recurso de anulación — Recurso de indemnización — Transferencia interinstitucional — Apartado 1 del artículo 29 del Estatuto»

Texto completo en lengua española II-689

Objeto:

Recurso destinado a: — La anulación de la decisión del Parlamento Europeo de 10 de enero de 1994 por la que se desestima la reclamación del demandante contra la decisión de 16 de agosto de 1993 por la que el Parlamento denegó su solicitud de transferencia a un puesto de intérprete de lengua española. — La reparación del perjuicio moral que considera haber sufrido como consecuencia de dicha negativa de transferencia.

Resultado:

Anulación de la decisión y desestimación del recurso en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

El demandante entró al servicio del Parlamento Europeo (Parlamento) el 6 de enero de 1986, como intérprete de lengua española, y el 1 de enero de 1990 fue transferido al Tribunal de Justicia.

El 4 de julio de 1991, el demandante dirigió un escrito al Director del Servicio de Interpretación del Parlamento, en el que manifestaba su deseo de volver al puesto que ocupaba en el Parlamento antes de su transferencia al Tribunal de Justicia. Al no obtener respuesta, el demandante, mediante escrito de 5 de febrero de 1992 dirigido a su antiguo superior jerárquico en el Parlamento, manifestó su deseo de que se respondiera por escrito a su solicitud de transferencia. Mediante escrito de 19 de marzo de 1992, este último le comunicó que su solicitud había sido transmitida a los servicios competentes de la administración del Parlamento. Mediante escrito de 24 de mayo de 1992 enviado al Servicio de Personal del Parlamento, el demandante pedía de nuevo una respuesta por escrito a su solicitud de transferencia. A falta de respuesta, el demandante acudió personalmente al Servicio referido, que le comunicó que su solicitud de reingreso nunca había llegado.

Mediante escrito de 30 de julio de 1992, la Dirección General de Administración del Parlamento comunicó al demandante que los puestos de intérpretes se cubrían en dicha Institución en función de combinaciones lingüísticas y que no estaba previsto seleccionar a personas que tuvieran las lenguas de trabajo del demandante.

El 26 de noviembre de 1992, se publicó la convocatoria de oposición general PE/161/LA para intérpretes de lengua española. Mediante escrito de 11 de enero de 1993, el demandante recordó al Jefe de la División de Personal del Parlamento que, con arreglo al artículo 29 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), el procedimiento de transferencia precede al de oposición general, y reiteraba formalmente su solicitud de reingreso en la citada Institución.

El 15 de marzo de 1993, el Parlamento publicó la convocatoria para proveer puesto vacante no 7281, relativa al puesto no VI/LA/2759, para la provisión mediante traslado de un puesto de intérprete de lengua española. En la misma fecha, el Parlamento publicó también la convocatoria para proveer puesto vacante PE/LA/91, relativa al mismo puesto no VI/LA/2759, para la provisión mediante transferencia de otras Instituciones comunitarias. Estas dos convocatorias son idénticas por lo que a la naturaleza de las funciones y a las cualidades y conocimientos exigidos a los candidatos se refiere. Entre ellas se encuentran la «capacidad para ocuparse de algunas tareas de coordinación» y el «conocimiento específico de los problemas de competencia de las Comunidades Europeas», requisitos no previstos en la convocatoria de oposición general PE/161/LA.

El 22 de marzo de 1993, el demandante presentó su candidatura para el puesto objeto de la convocatoria de transferencia PE/LA/91. Mediante escrito de 16 de agosto de 1993, el Parlamento le comunicó que no podía acoger favorablemente su solicitud de transferencia. El 30 de septiembre de 1993, el demandante presentó una reclamación contra la decisión denegatoria de su solicitud de transferencia. Dicha reclamación fue desestimada el 10 de enero de 1994.

Sobre las pretensiones de anulación

Sobre la admisibilidad

Por lo que respecta a la pretensión del demandante destinada a obtener que el Tribunal de Primera Instancia nombre al demandante para ocupar el puesto vacante, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que no corresponde al órgano jurisdiccional comunitario, a menos que se usuipen las prerrogativas de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN), dirigir órdenes conminatorias a las Instiüiciones o sustituir a éstas (apartado 31).

Referencia: Tribunal de Justicia, 26 de enero de 1989, Koutchoumoff/Comisión(224/87, Rec. p. 99), apartado 12; Tribunal de Primera Instancia, 30 de mayo de 1995, Saby/Comisión (T-556/93, RecFP p. II-375), apartado 30; Tribunal de Primera Instancia, 30 de noviembre de 1995, Branco/Tribunal de Cuentas (T-507/93, RecFP p. II-797), apartado 49

La solicitud de suspensión del concurso PE/161/LA tiene por objeto obtener del Tribunal de Primera Instancia una medida provisional que únicamente será admisible si se presenta con arreglo a lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento de Procedimiento (apartado 32).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 21 de noviembre de 1994, Blanchard/Comisión (T-368/94R, Rec. p. II-1099), apartado 18

Sobre el fondo

Sobre la infracción del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto

Por una parte, el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto establece la obligación de la AFPN de examinar con carácter preferente las posibilidades de promoción y de traslado dentro de la Institución, antes de pasar a una de las fases posteriores previstas en dicho artículo, es decir, por su orden, el examen de la posibilidad de convocatoria de un concurso interno, la consideración de solicitudes de transferencia interinstitucional y, en su caso, la convocatoria de un concurso general, y, por otra parte, la publicación simultánea de las convocatorias correspondientes a diversas fases sucesivas previstas en el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto, tales como una convocatoria interna para proveer plaza vacante y una convocatoria para proveer plaza vacante por transferencia interinstitucional, aun cuando dichas convocatorias no indiquen expresamente el orden de prelación establecido en el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto, no impide el examen prioritario de las candidaturas internas antes de tomar en consideración eventuales solicitudes de transferencia interinstitucional (apartado 41).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento(T-52/90, Rec. p. II-121), apartados 19 y 20

Asimismo, cuando en el ejercicio de su facultad de apreciación la AFPN decide, como en el presente caso, ampliar en interés del servicio sus posibilidades de elección y pasar, en consecuencia, de una fase del procedimiento de selección a otra, que es posterior según el orden establecido en el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto, está obligada a ejercer dicha facultad en el marco de la legalidad que ella misma se impone a través de la convocatoria de vacante, garantizando la correspondencia entre los requisitos establecidos en dicha convocatoria y los que aparecen en las convocatorias relativas a las fases ulteriores y, en particular, como en el caso de autos, en la convocatoria de oposición, dado que, si las Instituciones pudieran modificar los requisitos de participación entre una y otra fase del procedimiento de provisión de un puesto de trabajo, en particular reduciendo sus exigencias, tendrían libertad para recurrir a procedimientos de selección externos sin tener que examinar las candidaturas internas o, como en el presente caso, las candidaturas presentadas durante la fase de transferencia interinstitucional (apartado 43).

Referencia: Tribunal de Justicia, 28 de febrero de 1989, Van Der Stijl y Cullington/Comisión (asuntosacumulados341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86y 266/86, 222/87y 232/87, Rec. p. 511), apartado 52; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CES (T-586/93, RecFP p. II-203), apartado 45

La convocatoria de transferencia PE/LA/91, publicada al igual que la convocatoria interna para proveer plaza vacante no 7281 el 15 de marzo de 1993, establecía unos requisitos más rigurosos de participación que los previstos en la convocatoria de oposición PE/161 /LA, publicada el 26 de noviembre de 1992. En estas circunstancias, la AFPN ya no podía atenerse al respeto del marco que se había impuesto inicialmente al publicar, a pesar del orden previsto por las disposiciones del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto, la convocatoria de oposición PE/161/LA, antes de publicar la convocatoria interna para proveer plaza vacante no 7281 y la convocatoria de transferencia PE/LA/91, ni el marco que ulteriormente se había impuesto al publicar estas dos últimas convocatorias. En la medida en que dichas convocatorias se referían al mismo puesto, la AFPN las ha privado del papel esencial que deben desempeñar en el procedimiento de selección, de conformidad con el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto, a saber, informar a los interesados del modo más exacto posible de la naturaleza de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de que se trate. Si la AFPN hubiera descubierto, en el caso de autos, que los requisitos exigidos por la convocatoria interna para proveer plaza vacante y poiła convocatoria de transferencia, así como por la convocatoria de oposición general, eran más o menos rigurosos de lo que exigían las necesidades del servicio, habría podido comenzar de nuevo el procedimiento de selección, retirando la convocatoria inicial y sustituyéndola por una convocatoria corregida, en uno u otro sentido, para poder proseguir normalmente, con arreglo a dicha convocatoria, las fases ulteriores del procedimiento de selección previstas en el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto (apartado 46).

Referencia: Van Der Stijl y Cullington/Comisión, antes citada, apartado 50; Tribunal de Primera Instancia, 18 de febrero de 1993, Me Avoy/Parlamento(T-45/91, Rec. p. II-83), apartado 48; Tribunal de Primera Instancia, 3 de marzo de 1993, Booss y Fischer/Comisión(T-58/91, Rec. p. II-147), apartado 67; Kotzonis/CES, antes citada, apartado 67; Tribunal de Primera Instancia, 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión (T-562/93, RecFP p. II-737), apartado 46

Además, al haber desestimado definitivamente la candidatura del demandante, basándose en que la AFPN no estaba obligada a cubrir un puesto vacante y en que deseaba disponer de mayores posibilidades de comparación y elección, el Parlamento no examinó, en realidad, la candidatura del demandante con respecto a los requisitos establecidos en la convocatoria de transferencia PE/LA/91 ni, tampoco, con respecto a los establecidos en la convocatoria de oposición PE/161/LA, puesto que ya se había desestimado la candidatura del demandante al efectuarse el examen de las candidaturas presentadas con arreglo a esta última convocatoria. El Parlamento no efectuó, pues, un examen comparativo de los méritos del demandante y de los méritos de los candidatos admitidos con arreglo a la convocatoria PE/161/LA, con el fin de garantizar en el presente caso una selección acorde con los criterios establecidos en el artículo 29 del Estatuto, aunque dicho examen se haya indicado claramente como motivo de la decisión de la AFPN de pasar a la fase del concurso oposición general, mediante la publicación de la convocatoria PE/161/LA, que estaba previsto que permitiera unas posibilidades de elección y comparación más amplias, y aunque haya sido posible dicho examen, ya que obraban en poder del Parlamento al mismo tiempo las candidaturas para el concurso externo y la candidatura del demandante (apartado 50).

Sobre las pretensiones de indemnización

Sobre la admisibilidad

Cuando existe un vínculo estrecho entre una pretensión de anulación y una pretensión de indemnización, esta última es admisible, en todo caso, como pretensión accesoria de la pretensión de anulación, cuando esta última sea admisible. Al ser admisible la pretensión de anulación del demandante, debe declararse también la admisibilidad de su pretensión de indemnización (apartados 54 y 55).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia. 24 de junio de 1992. H.S./Consejo (T-l 1/90. Rec. p. II-1869), apartado 25; Tribunal de Primera Instancia. 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-3/92. RecFP p. II-83), apartados 37 y 38; Tribunal de Primera Instancia, 26 de octubre de 1994. Marcato/Comisión(T-18/93. RecFP p. II-681), apartado 58; Branco/Tribunalde Cuentas, antes citada, apartado 42

Sobre el fondo

Para que exista responsabilidad de la Comunidad es preciso que se cumplan un conjunto de requisitos relativos a la ilegalidad del comportamiento imputado a las Instituciones, la realidad del perjuicio alegado y la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio invocado (apartado 56).

Referencia: Latham/Comisión, antes citada, apartado 63; Tribunal de Primera Instancia, 11 de octubre de 1995, Baltsavias/Comisión (asuntos acumulados T-39/93 y T-553/93, RecFP p. II-695), apartado 80

El Estatuto no confiere a los funcionarios comunitarios ningún derecho a la transferencia interinstitucional, aun cuando reúnan todos los requisitos necesarios a tal efecto. De ello se deduce que, aun cuando la decisión por la que se desestima la reclamación del demandante contra la negativa del Parlamento a admitir su solicitud de transferencia sea ilegal, el demandante no tenía derecho, sin embargo, a dicha transferencia. Si bien la ilegalidad de la decisión impugnada, que debe implicar su anulación, puede en principio dar lugar a la responsabilidad de la Institución demandada, dicha responsabilidad sólo podrá producirse efectivamente si se prueba que, de no haber existido dicha ilegalidad, se hubiera concedido al demandante la transferencia que solicitó. Habida cuenta de lo antedicho, el Tribunal de Primera Instancia considera que en este momento no puede pronunciarse sobre las pretensiones de indemnización del demandante, que deben, pues, desestimarse por ser prematuras (apartados 57 a 59).

Referencia: Branco/Tribunal de Cuentas, antes citada, apartado 28

Fallo:

Se anula la decisión del Parlamento de 10 de enero de 1994, por la que se desestima la reclamación del demandante contra la desestimación de su candidatura para ocupar el puesto vacante objeto de la convocatoria PE/LA/91, de 15 de marzo de 1993.

Se desestima el recurso en todo lo demás.

Funcionarios — Recurso de anulación — Recurso de indemnización — Transferencia interinstitucional — Apartado 1 del artículo 29 del Estatuto (SENTENCIA DE 22.5.1996 — ASUNTO T-140/94 - GUTIÉRREZ DE QUIJANO Y LLORENS / PARLAMENTO) II-689