ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Agricultura - Organización común de mercados - Leche y productos lácteos - Ayudas a la leche desnatada y a la leche desnatada en polvo destinadas a la alimentación animal - Introducción, mediante el Reglamento (CE) nº 2799/1999, de una condición de concesión que excluye la leche desnatada líquida que no haya sido incorporada previamente a una mezcla para la fabricación de piensos compuestos o transformada en leche desnatada en polvo - Condiciones que no suprimen por completo las ayudas a dicho producto - Legalidad - Principio de no discriminación - Confianza legítima - Violación - Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 1255/1999 del Consejo, art. 11, ap. 1; Reglamento (CE) nº 2799/1999 de la Comisión, arts. 8 y 9]

Índice

$$La condición que introdujo la Comisión, en el marco de su amplia facultad de apreciación en la materia, mediante el Reglamento nº 2799/1999 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento nº 1255/1999 en relación con la concesión de una ayuda a la leche desnatada y a la leche desnatada en polvo destinadas a la alimentación animal y con la venta de dicha leche desnatada en polvo, y según la cual la leche desnatada líquida sólo puede beneficiarse de ayudas en la medida en que se haya incorporado previamente a una mezcla para la fabricación de piensos compuestos o se haya transformado en leche desnatada en polvo, no equivale a una supresión completa de las ayudas a la leche desnatada líquida destinada a la alimentación animal, medida que se opondría al artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 1255/1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos. En efecto, el mercado relativo a este tipo de leche desnatada sigue beneficiándose de la ayuda prevista en dicha disposición a través de ayudas a las empresas que produzcan mezclas para la fabricación de piensos compuestos.

Por otra parte, al adoptar dicho Reglamento, la Comisión no ha violado los principios de no discriminación y de protección de la confianza legítima. En efecto, por una parte, existen diferencias entre la leche desnatada líquida y la leche desnatada en polvo destinadas a la alimentación animal que justifican objetivamente su trato diferente respecto al derecho al beneficio de ayudas. Por otra parte, sólo puede invocarse el principio de protección de la confianza legítima contra una normativa comunitaria en la medida en que la propia Comunidad haya creado previamente una situación que puede infundir confianza legítima y no es éste el caso de autos.

( véanse los apartados 38 a 42, 49 a 51, 56 y 57 )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones - Productos cosméticos - Envasado y etiquetado - Directiva 76/768/CEE - Medidas contra la publicidad que atribuye a los productos cosméticos características que éstos no poseen - Normativa nacional que prohíbe las referencias a dictámenes médicos, en particular la expresión «controlado mediante análisis dermatológicos», no acompañadas de determinadas indicaciones - Improcedencia

(Directiva 76/768/CEE del Consejo, art. 6, ap. 3)

2. Aproximación de las legislaciones - Productos cosméticos - Envasado y etiquetado - Directiva 76/768/CEE - Medidas contra la publicidad que atribuye a los productos cosméticos características que éstos no poseen - Normativa nacional que supedita la utilización de cualquier referencia a dictámenes médicos y, en particular, la expresión «controlado mediante análisis dermatológicos», a una autorización previa expedida por el ministro competente - Improcedencia

(Directiva 76/768/CEE del Consejo, art. 6, ap. 3)

Índice

1. El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 76/768, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, en su versión modificada por la Directiva 93/35, y destinada a prohibir las indicaciones engañosas relativas exclusivamente a las características de dichos productos, se opone a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual está prohibido, en la comercialización de productos cosméticos, hacer referencia a dictámenes médicos -especialmente mediante el uso de la expresión «controlado mediante análisis dermatológicos»- cuando esta referencia no contiene indicaciones relativas al objeto y al resultado de dichos dictámenes.

( véanse el apartado 39 y el punto 1 del fallo )

2. El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 76/768, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, en su versión modificada por la Directiva 93/35, y destinada a prohibir las indicaciones engañosas relativas exclusivamente a las características de dichos productos, se opone a la normativa de un Estado miembro que sólo permite hacer referencia a dictámenes médicos -en particular, la utilización de la expresión «análisis dermatológicos»-, previa autorización del ministro competente.

( véanse el apartado 46 y el punto 2 del fallo )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Libre circulación de mercancías – Restricciones cuantitativas – Medidas de efecto equivalente – Práctica administrativa que clasifica como medicamentos determinados preparados vitamínicos o que contienen sales minerales cuando superan la dosis diaria simple – Justificación – Protección de la salud pública – Inexistencia – Necesidad de una evaluación pormenorizada de cada caso

(Arts. 28 CE y 30 CE; Directiva 65/65/CEE del Consejo, art. 1)

Índice

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE un Estado miembro que clasifica sistemáticamente como medicamentos los preparados vitamínicos o que contienen sales minerales producidos o comercializados legalmente como complementos alimenticios en otros Estados miembros, cuando su contenido supere la dosis diaria simple de vitaminas distintas de las vitaminas A, C, D o K, o de sales minerales que no sean del grupo de los cromatos, o bien cuando contengan, en cualquier medida, vitaminas A, D o K.

En efecto, dado que, en cuanto a las vitaminas distintas de las A, C, D y K y a las sales minerales que no sean del grupo de los cromatos, una clasificación de los preparados basada únicamente en la dosis diaria recomendada no satisface plenamente la exigencia de que cada preparado vitamínico o que contenga sales minerales se clasifique en función de sus propiedades farmacéuticas, por lo que no necesariamente todos los preparados de que se trata se ajustan a la definición de medicamento «por su función» en el sentido de la Directiva 65/65, sobre especialidades farmacéuticas, y que, en cuanto a las vitaminas A, D y K, la práctica controvertida puede resultar en la clasificación como medicamentos de preparados que contienen vitaminas A, D o K, incluso cuando el contenido de dichos nutrientes sea demasiado pequeño a efectos de la definición de la Directiva 65/65, la práctica impugnada crea un obstáculo a los intercambios, en la medida en que los preparados vitamínicos o que contienen sales minerales legalmente comercializados o producidos en otros Estados miembros como complementos alimenticios no pueden comercializarse en el Estado miembro de que se trata sin someterse previamente al procedimiento de autorización de comercialización de un medicamento.

Dicha práctica no puede justificarse por los motivos de protección de la salud y de la vida de las personas mencionados en el artículo 30 CE, ya que no distingue entre las vitaminas y sales minerales añadidas, ni, especialmente, en función del nivel de riesgo que su adición puede suponer eventualmente para la salud pública, y que su carácter sistemático no permite identificar ni evaluar un verdadero riesgo para la salud pública, lo que exigiría un análisis pormenorizado, caso por caso, de los efectos que puede producir la adición de las vitaminas y sales minerales en cuestión.

(véanse los apartados 68, 74, 82, 95, 96 y 102 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Legislación nacional que prohíbe comercializar con la denominación de venta «chocolate» productos de cacao y de chocolate que contienen materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao y que han sido fabricados legalmente en el Estado miembro de producción - Obligación de utilizar la denominación «sucedáneo de chocolate» - Improcedencia - Justificación - Protección de los consumidores - Inexistencia

[Tratado CE, art. 30 (actualmente art. 28 CE, tras su modificación); Directiva 73/241/CEE del Consejo]

Índice

$$Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación), un Estado miembro que prohíbe que los productos de cacao y de chocolate que se ajustan a los contenidos mínimos de cacao y manteca de cacao fijados en el anexo I, apartado 1, punto 1.16, de la Directiva 73/241, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana, a los que se han adicionado materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao y que han sido fabricados legalmente en los Estados miembros que autorizan la adición de estas materias, puedan ser comercializados en su territorio con la denominación de venta «chocolate» utilizada en el Estado miembro de producción, y que prevé que dichos productos sólo puedan comercializarse con la denominación «sucedáneo de chocolate».

Una normativa de ese tipo no puede justificarse basándose en que sea necesaria para cumplir exigencias imperativas relativas, en particular, a la protección de los consumidores. En efecto, la adición a los productos de cacao y de chocolate de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao no supone una modificación sustancial de la composición de tales productos o de su naturaleza, de manera que conservan las características con las que cuentan los consumidores cuando compran productos que llevan la denominación «chocolate». Para garantizar la correcta información de los consumidores, es suficiente con incluir en el etiquetado una mención neutra y objetiva que informe a aquéllos de que el producto contiene materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao.

( véanse los apartados 78, 82, 83, 87, 88, 91 y el fallo )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Agricultura - Aproximación de las legislaciones - Comercialización de productos fitosanitarios - Directiva 91/414/CEE - Autorización previa de comercialización - Examen de una solicitud de primera

autorización - Producto genérico que contiene una sustancia activa no incluida en el anexo I de la Directiva - Sustancia que ya se encuentre en el mercado nacional dos años después de la fecha de notificación de la Directiva

[Directiva 91/414/CEE del Consejo, arts. 4, ap. 1, letras b), incisos i) a v), y c) a f), 8, aps. 2 y 3, 13, ap. 6, y anexo I]

Índice

$$El artículo 8, apartado 3, de la Directiva 91/414, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, no se aplica cuando a un Estado miembro se le presenta, con arreglo al artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, una solicitud de primera autorización de comercialización de un producto fitosanitario genérico que contiene una sustancia activa no incluida en el anexo I de la referida Directiva que ya se encuentre en el mercado nacional dos años después de la fecha de notificación de esta Directiva, de modo que dicho Estado miembro no está obligado a examinar tal solicitud de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 4, apartado 1, letra b), incisos i) a v), y letras c) a f), de la mencionada Directiva.

( véanse el apartado 45 y el fallo )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Funcionarios - Recursos - Reclamación administrativa previa - Plazos - Caducidad - Reapertura - Requisito - Hecho nuevo - Decisión por la que se modifican los criterios para la clasificación en grado en el momento del nombramiento

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 31, ap. 2, 90 y 91)

2. Funcionarios - Igualdad de trato - Nombramiento - Clasificación en grado - Revisión - Derecho a solicitar la revisión limitado a los funcionarios nombrados con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia de 5 de octubre de 1995, T-17/95 - Inexistencia de justificación objetiva

(Estatuto de los Funcionarios, art. 5, ap. 3)

Índice

1. La decisión de la Comisión, de 7 de febrero de 1996, por la que se modificaron los criterios de clasificación en grado de los funcionarios nombrados después del 5 de octubre de 1995, debe considerarse una decisión de aplicación general que cuestionaba determinadas decisiones administrativas que habían adquirido firmeza, y que constituía un hecho nuevo que podía afectar a los funcionarios que se incorporaron antes del 5 de octubre de 1995 y que les confería la posibilidad de presentar una petición de revisión de su clasificación dentro de los plazos previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto.

( véase el apartado 49 )

2. La decisión de 7 de febrero de 1996, adoptada a raíz de la sentencia de 5 de octubre de 1995, Alexopoulou, T-17/95, y por la que se modificaron los criterios de clasificación de los funcionarios nombrados después del 5 de octubre de 1995, violó el principio general de igualdad de trato enunciado en el artículo 5, apartado 3, del Estatuto, ya que la diferencia de trato que resulta del hecho de que los funcionarios de la Comisión nombrados después del 5 de octubre de 1995 pudieran solicitar que se revisase su clasificación, mientras que aquellos que habían sido nombrados antes de esa fecha no podían hacerlo, no se justifica objetivamente por el hecho de que el 5 de octubre de 1995 sea la fecha en que se dictó la referida sentencia.

En efecto, la ejecución de la sentencia no exigía, respecto de los funcionarios que no eran partes en el litigio, que se eligiese esta fecha como momento a partir del cual iba a surtir efectos la decisión de 7 de febrero de 1996. Por otra parte, si, al adoptar esta decisión, la Comisión cumplió su deber de asistencia y protección respecto a los funcionarios que habían sido nombrados después del 5 de octubre de 1995 y que no habían impugnado su decisión de clasificación dentro de los plazos previstos, nada permite justificar, ni siquiera explicar, por qué no lo hizo respecto a los funcionarios que habían sido nombrados entre el año 1983 y el 5 de octubre de 1995 y que se encontraban en la misma situación.

( véanse los apartados 55 a 57 )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Medio ambiente - Conservación de las aves silvestres - Directiva 79/409/CEE - Declaración de zonas de protección especial - Obligación de los Estados miembros - Apreciación - Alcance

(Directiva 79/409/CEE del Consejo, art. 4)

2. Medio ambiente - Conservación de las aves silvestres - Directiva 79/409/CEE - No declaración de zona de protección especial - Consecuencias - Dualidad de regímenes de protección aplicables

(Directivas del Consejo 79/409/CEE, art. 4, aps. 1, 2 y 4, y 92/43/CEE, arts. 6, aps. 2 a 4, y 7)

Índice

1. El inventario de las zonas de gran interés para la conservación de las aves silvestres, comúnmente conocido por las siglas IBA (Inventory of Important Bird Areas in the European Community), aunque no sea jurídicamente vinculante para los Estados miembros interesados, contiene datos científicos que permiten apreciar en qué medida un Estado miembro ha cumplido su obligación de declarar como zonas de protección especial los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies protegidas. Cuando una zona determinada cumple los criterios para ser declarada zona de protección especial, debe ser objeto, según se desprende del sistema del artículo 4 de la Directiva 79/409 relativa a la conservación de las aves silvestres, de medidas de conservación especial que garanticen, especialmente, la supervivencia y la reproducción de las especies de aves mencionadas en el anexo I de dicha Directiva.

( véanse los apartados 25 y 26 )

2. El artículo 7 de la Directiva 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres indica expresamente que su artículo 6, apartados 2 a 4, se aplicará, en sustitución del artículo 4, apartado 4, primera frase, de la Directiva 79/409 relativa a la conservación de las aves silvestres, a las zonas clasificadas con arreglo al artículo 4, apartados 1 o 2, de esta última Directiva. De ello se desprende que, según una interpretación literal del artículo 7 de la Directiva 92/43, sólo las zonas declaradas de protección especial entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 6, apartados 2 a 4, de la citada Directiva. El hecho de que el régimen de protección del artículo 4, apartado 4, primera frase, de la Directiva 79/409 se aplique a las zonas no declaradas de protección especial aunque hubieran debido serlo, no implica, por sí mismo, que el régimen de protección contemplado en el artículo 6, apartados 2 a 4, de la Directiva 92/43 sustituya al primer régimen citado en lo que respecta a dichas zonas.

( véanse los apartados 44, 45 y 49 )
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido - Regularización del impuesto indebidamente facturado - Determinación de los requisitos para la regularización - Competencia de los Estados miembros - Alcance y límites

(Directiva 77/388/CEE del Consejo)

Índice

$$Dado que la Sexta Directiva 77/388 no prevé ninguna disposición sobre la regularización, por parte de quien expide la factura, del Impuesto sobre el Valor Añadido indebidamente facturado, corresponde en principio a los Estados miembros determinar las condiciones en que puede regularizarse el Impuesto indebidamente facturado. No obstante, cuando quien expide la factura haya eliminado por completo, y en tiempo oportuno, el riesgo de pérdida de ingresos fiscales, el principio de neutralidad del Impuesto sobre el Valor Añadido exige que el Impuesto indebidamente facturado pueda ser regularizado, sin que dicha regularización pueda quedar supeditada a la buena fe de quien expide la factura. Así pues, cuando se haya eliminado este riesgo, la regularización del Impuesto sobre el Valor Añadido indebidamente facturado no puede depender de la facultad de apreciación discrecional de la Administración tributaria.

(véanse los apartados 48, 49, 58, 60, 63, 68, 70 y los puntos 1 y 2 del fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Agricultura - Organización común de mercados - Leche y productos lácteos - Protección de denominaciones - Utilización de la denominación «queso» para designar un producto dietético en el que la materia grasa natural ha sido sustituida por grasa de origen vegetal - Improcedencia - Menciones descriptivas añadidas - Irrelevancia

[Reglamento (CEE) nº 1898/87 del Consejo, art. 3, ap. 1; Directiva 89/398/CEE del Consejo, art. 3, ap. 2]

Índice

$$El artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 1898/87, relativo a la protección de la denominación de la leche y de los productos lácteos en el momento de su comercialización, en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 89/398, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos alimenticios destinados a una alimentación especial, debe interpretarse en el sentido de que un producto lácteo en el que la materia grasa de la leche haya sido sustituida, por razones dietéticas, por materia grasa de origen vegetal no puede denominarse «queso».

En el caso de productos derivados de la leche en los que un constituyente natural de ésta haya sido sustituido por una sustancia ajena, no está permitido utilizar una denominación como «Queso dietético con aceite vegetal (o queso dietético de pasta blanda con aceite vegetal) para una alimentación con grasas de sustitución», aun cuando esta denominación se complete con menciones descriptivas que figuran en los envases, como «Este queso dietético tiene un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados» o «Este queso dietético es ideal para un régimen que implique controlar el colesterol». En efecto, dichas menciones descriptivas no sólo no indican claramente que la materia grasa de la leche ha sido sustituida enteramente por la materia grasa de origen vegetal, sino que aumentan incluso el riesgo de confusión por parte del consumidor, puesto que dan a entender, mediante la utilización ilegal del término «queso», que los citados productos son productos lácteos, contraviniendo el artículo 3, apartado 2, del Reglamento.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales - Competencias exclusivas - Litigios «en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles» - Concepto - Acción por daños y perjuicios relativa a la conservación deficiente y al deterioro causado a un alojamiento de vacaciones - Inclusión - Subrogación del demandante, organizador de viajes profesional, en los derechos del propietario del inmueble - Irrelevancia

[Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 16, número 1, letra a)]

Índice

$$La regla de competencia exclusiva establecida en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles en el artículo 16, número 1, letra a), del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica y por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa, es aplicable a una acción por daños y perjuicios relativa a la conservación deficiente y al deterioro causado a una vivienda tomada en arriendo por un particular para pasar unas semanas de vacaciones, aun cuando dicha acción no sea ejercitada directamente por el propietario del inmueble, sino por un organizador de viajes profesional a través del cual dicho particular había arrendado la vivienda y que acude ante el órgano jurisdiccional tras haberse subrogado en los derechos del propietario del inmueble.

Las cláusulas accesorias relativas al seguro en caso de resolución y a la garantía del precio pagado por el cliente, que figuran en las condiciones generales del contrato celebrado entre dicho organizador y el arrendatario y que no son objeto del litigio principal, no afectan a la naturaleza del contrato de arrendamiento de un bien inmueble en el sentido de la referida disposición del Convenio. (véanse el apartado 38 y el fallo)