Palabras clave

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Palabras clave

1 Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido - Prohibición de recaudar otros impuestos nacionales que tengan el carácter de impuestos sobre el volumen de negocios - Objetivo - Concepto de «impuestos sobre el volumen de negocios» - Alcance - Impuesto sobre la entrega de helados y bebidas - Exclusión

(Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 33)

2 Derecho comunitario - Interpretación - Efecto útil

3 Derecho comunitario - Interpretación - Textos plurilingües - Divergencias entre las diferentes versiones lingüísticas

4 Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos especiales - Directiva 92/12/CEE - Alcoholes y bebidas alcohólicas - Impuestos indirectos distintos de los impuestos especiales - Requisitos - Impuesto sobre la entrega de bebidas alcohólicas que tiene una finalidad meramente presupuestaria y que no respeta la sistemática general ni las normas sobre los impuestos especiales ni las aplicables en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido - Improcedencia

(Directiva 92/12/CEE del Consejo, art. 3, ap. 2)

5 Cuestiones prejudiciales - Interpretación - Efectos en el tiempo de las sentencias interpretativas - Efecto retroactivo - Límites - Seguridad jurídica - Facultad de apreciación del Tribunal de Justicia

[Tratado CE, art. 177 (actualmente art. 234 CE)]

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1 Aunque el artículo 33 de la Sexta Directiva 77/388, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, se opone al mantenimiento o al establecimiento de derechos de registro u otros tipos de impuestos, derechos y tasas, que presenten las características esenciales del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se opone al mantenimiento o al establecimiento de un impuesto que no tenga estas características. Por tanto, la disposición antes citada no se opone al mantenimiento de un tributo previsto por la legislación de un Estado miembro que grava la entrega a título oneroso de helados, incluidas las frutas transformadas que contienen o las suministradas con ellos, y de bebidas, comprendidos en ambos casos los envases y accesorios vendidos con ellos. En efecto, este tributo que sólo se aplica a una categoría limitada de bienes no constituye un impuesto general, puesto que su objeto no es abarcar el conjunto de operaciones económicas realizadas en el Estado miembro de que se trate.

(véanse los apartados 23 a 25 y el punto 1 del fallo)

2 Cuando una disposición de Derecho comunitario puede ser objeto de varias interpretaciones debe darse prioridad a la que garantice su efecto útil.

(véase el apartado 41)

3 En caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición comunitaria, la norma de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra.

(véase el apartado 42)

4 El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, según el cual los productos mencionados en el apartado 1 del mismo artículo podrán estar sujetos a impuestos indirectos distintos del impuesto especial si, por una parte, persiguen una o varias finalidades específicas, en el sentido de dicha disposición, y, por otra parte, respetan las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o con el Impuesto sobre el Valor Añadido para la determinación de la base imponible, la liquidación, el devengo y el control del impuesto, se opone al mantenimiento de un impuesto, previsto por la legislación de un Estado miembro, que grava la entrega a título oneroso de bebidas alcohólicas y que, por una parte, sólo persigue una finalidad meramente presupuestaria, y, por otra, no respeta la sistemática general, ni las normas relativas a los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas, puesto que su importe se determina con relación al valor del producto y no sobre la base del peso del producto, de la cantidad del producto o del alcohol que contiene, ni las normas aplicables en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido respecto a la liquidación y devengo.

(véanse los apartados 30, 31 y 47 a 50 y el punto 2 del fallo)

5 En el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), sólo con carácter excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico comunitario, verse inducido a limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de buena fe. Tal limitación únicamente puede admitirse en la sentencia que resuelve sobre la interpretación solicitada. Para decidir si procede o no limitar el alcance temporal de una sentencia, es necesario tener en cuenta que, si bien las consecuencias prácticas de cualquier decisión jurisdiccional deben sopesarse cuidadosamente, no puede llegarse hasta el punto de influir en la objetividad del Derecho y comprometer su aplicación futura por causa de las repercusiones que pueda tener una resolución judicial por lo que respecta al pasado.

Dado que el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, no había sido interpretado en ninguna sentencia sobre una cuestión prejudicial y, por tanto, el comportamiento de la Comisión pudo llevar al Estado miembro afectado a estimar razonablemente que la normativa nacional relativa al impuesto sobre las bebidas alcohólicas era conforme con el Derecho comunitario, razones imperiosas de seguridad jurídica se oponen a que se cuestionen relaciones jurídicas que han agotado sus efectos en el pasado, puesto que ello perturbaría retroactivamente el sistema de financiación en el Estado miembro afectado.

En consecuencia, procede que el Tribunal de Justicia resuelva que no se pueden invocar las disposiciones del artículo 3, apartado 2, de la Directiva en apoyo de demandas relativas a dicho impuesto, cuando se haya pagado o devengado antes de la fecha de la sentencia que declara su incompatibilidad con el Derecho comunitario, salvo por los demandantes que hayan iniciado una acción judicial o hayan presentado una reclamación equivalente antes de esta fecha.

(véanse los apartados 57 a 60 y el punto 3 del fallo)