Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Multas — Sanciones comunitarias y sanciones impuestas en un Estado tercero por infracción del Derecho nacional de la competencia

[Art. 3 CE, ap. 1, letra g); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15]

2. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Art. 225 CE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, ap. 1)

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1)

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios

(Reglamento nº 17 del Consejo; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

6. Recurso de casación — Competencia del Tribunal de Justicia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Situación económica de la empresa afectada

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15)

8. Competencia — Multas — Facultad de apreciación de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

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1. En el caso de un cártel situado en un contexto internacional que se caracteriza, en particular, por la intervención, en sus respectivos territorios, de ordenamientos jurídicos de Estados terceros, el ejercicio de las facultades por las autoridades de dichos Estados encargadas de la protección de la libre competencia en el marco de su competencia territorial obedece a exigencias propias de dichos Estados. Los elementos que subyacen en los ordenamientos jurídicos de otros Estados en el ámbito de la competencia no sólo comprenden finalidades y objetivos específicos, sino que conducen también a la adopción de normas materiales particulares y a consecuencias jurídicas muy variadas en el ámbito administrativo, penal o civil, cuando las autoridades de dichos Estados han demostrado la existencia de infracciones a las normas aplicables en materia de competencia.

De ello se desprende que, cuando la Comisión sanciona el comportamiento ilícito de una empresa, que incluso puede derivarse de un cártel de carácter internacional, dicha institución trata de salvaguardar la libre competencia en el mercado común que constituye, con arreglo al artículo 3 CE, apartado 1, letra g), un objetivo fundamental de la Comunidad. En efecto, por la especificidad del bien jurídico protegido a escala comunitaria, las apreciaciones realizadas por la Comisión, en virtud de sus competencias en la materia, pueden ser considerablemente diferentes de las efectuadas por las autoridades de Estados terceros.

Por tanto, el principio non bis in idem, consagrado en el artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no se aplica a situaciones en las que los ordenamientos jurídicos y las autoridades en materia de competencia de Estados terceros intervinieron en el marco de sus propias competencias.

(véanse los apartados 24 a 30)

2. El Tribunal de Primera Instancia, por una parte, es el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos. De esto se desprende que la apreciación de los elementos sometidos al Tribunal de Primera Instancia no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

De ello resulta la inadmisibilidad del motivo, invocado en el marco de un recurso de casación, que tiene por objeto que el Tribunal de Justicia controle el fundamento de la constatación que llevó a cabo el Tribunal de Primera Instancia tras un examen detallado de las circunstancias fácticas y en virtud de la cual una empresa desempeñó el papel de líder de cártel, papel que constituye una circunstancia agravante.

(véanse los apartados 41, 42 y 48)

3. Una vez que la Comisión indica, en el pliego de cargos, los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido deliberadamente o por negligencia, dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas.

El derecho de defensa se respeta debido a la posibilidad que se concedió a SGL Carbon de formular sus observaciones sobre la duración, la gravedad y la naturaleza de la infracción cometida. La Comisión no está obligada a explicar en el pliego de cargos el modo en que podría utilizar cada factor para determinar el importe de la multa.

Siempre que el pliego de cargos contenga la afirmación de que la empresa en cuestión ha desempeñado el papel de dirigente e instigadora de la infracción, dicha empresa está advertida de que esta circunstancia puede ser tenida en cuenta para la determinación de la multa. El hecho de que la decisión sancionadora considere a la empresa en cuestión único líder del cártel no modifica la posición de dicha empresa con respecto a éste hasta el extremo de lesionar de modo apreciable su derecho de defensa, dado que, por su propia naturaleza, el pliego de cargos es intrínsecamente provisional y está sujeto a modificaciones durante la apreciación que realiza posteriormente la Comisión a la luz de las observaciones presentadas por las partes y de otras constataciones fácticas.

(véanse los apartados 56 a 58, 60 y 62)

4. El respeto del derecho de defensa exige, en particular, que la empresa objeto de una investigación pueda dar a conocer efectivamente durante el procedimiento su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos alegados y sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta. Los conocimientos lingüísticos de un miembro del equipo encargado de la investigación de un cártel no pueden ser determinantes en sí mismos para apreciar si la Comisión ha cometido una eventual vulneración del derecho de defensa.

(véanse los apartados 71 y 73)

5. La Comisión goza de un amplio margen de apreciación por lo que se refiere al método de cálculo de las multas y puede tener en cuenta, a este respecto, numerosos factores, entre los que figura la cooperación de las empresas implicadas en la investigación realizada por los servicios de esta institución. La cooperación de una empresa con la Comisión puede justificar la reducción de la multa, con arreglo a la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, sólo si ésta permite efectivamente a la Comisión cumplir su cometido, consistente en apreciar la existencia de una infracción y ponerle fin. La Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de valorar la relevancia y utilidad de la cooperación prestada por una empresa, en especial en comparación con las contribuciones de otras empresas.

(véanse los apartados 81, 83 y 88)

6. No corresponde al Tribunal de Justicia, cuando resuelve un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia cuando este último se ha pronunciado, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a determinadas empresas por haber infringido las reglas del Derecho comunitario. El motivo que tiene por objeto contestar la proporcionalidad de la multa que le fue impuesta debe inadmitirse, ya que pretende obtener un nuevo examen de las apreciaciones de hecho, para lo que el Tribunal de Justicia carece de competencia en el marco de un recurso de casación.

(véanse los apartados 98 y 99)

7. La Comisión no está obligada a tener en cuenta la situación económica de la empresa en cuestión al determinar el importe de la multa, ya que el reconocimiento de tal obligación equivaldría a procurar ventajas competitivas injustificadas a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado.

(véase el apartado 100)

8. Las facultades otorgadas a la Comisión conforme al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 comprenden fijar la fecha en la que las multas serán exigibles y aquélla en que empezarán a devengar intereses, así como el tipo de tales intereses y establecer detalladamente cómo deberá ejecutarse su Decisión. Por consiguiente, la Comisión está facultada para adoptar un punto de referencia situado en un nivel superior al del ofrecido a un prestatario medio, aplicable en el mercado, en la medida necesaria para desalentar conductas dilatorias por lo que respecta al pago de la multa.

(véanse los apartados 109 a 111)