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C 79/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 21 de enero de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) / BT

(Asunto C-843/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política social - Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social - Directiva 79/7/CEE - Artículo 4, apartado 1 - Jubilación voluntaria anticipada - Pensión de jubilación anticipada - Requisitos de acceso - Exigencia de que el importe de la pensión que se reciba sea al menos igual a la cuantía mínima legal - Proporción de trabajadores de cada sexo excluidos del derecho a la jubilación anticipada - Justificación de una desventaja particular para las trabajadoras - Objetivos de la política social del Estado miembro en cuestión)

(2021/C 79/18)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Recurrida: BT

Fallo

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, en caso de que un trabajador afiliado al régimen general de la seguridad social pretenda jubilarse voluntaria y anticipadamente, supedita su derecho a una pensión de jubilación anticipada al requisito de que el importe de esta pensión sea, al menos, igual a la cuantía de la pensión mínima que correspondería a ese trabajador a la edad de 65 años, aunque esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras respecto de los trabajadores, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, siempre que esta consecuencia quede justificada no obstante por objetivos legítimos de política social ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.

(1) DO C 54 de 17.2.2020.
1)

La República Federal de Alemania, vulnerando el principio de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el efecto útil del derecho a la devolución del IVA de los sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 170 y 171 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro, así como en virtud del artículo 5 de la Directiva 2008/9, al denegar las solicitudes de devolución del IVA que se hayan presentado antes del 30 de septiembre del año civil siguiente al período de devolución, pero a las que no se hayan adjuntado las copia de las facturas o de los documentos de importación exigidas por la normativa del Estado miembro de devolución en virtud del artículo 10 de la Directiva 2008/9, sin requerir previamente a los solicitantes para que subsanen sus solicitudes mediante la presentación, si es necesario pasada esa fecha, de dichas copias o para que aporten la información oportuna que permita la tramitación de sus solicitudes.
2)

Los artículos 3 y 6 del Reglamento n.o 1407/2013 deben interpretarse en el sentido de que los Estados miembros no están obligados a permitir que las empresas modifiquen la solicitud de ayuda antes de la concesión de esta, a fin de no superar el límite máximo de 200 000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales, establecido por el artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.o 1407/2013. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar las consecuencias jurídicas de que las empresas carezcan de la facultad de llevar a cabo tales modificaciones, debiendo precisarse que estas solo pueden ser efectuadas en una fecha anterior a la de la concesión de la ayuda de minimis.
C 414/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de octubre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Cluj — Rumanía) — Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Asunto C-558/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículos 49 TFUE y 63 TFUE - Libertad de establecimiento - Libre circulación de capitales - Determinación de la renta imponible de las sociedades - Personas que se encuentran en una situación de interdependencia - Ventaja anormal concedida por una sucursal residente a una sociedad no residente - Rectificación de las rentas imponibles de la sucursal de una sociedad no residente - No rectificación de las rentas imponibles en caso de ventaja idéntica concedida por su sucursal a una sociedad residente - Principio de libre competencia - Restricción a la libertad de establecimiento - Justificación - Reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros - Proporcionalidad)

(2020/C 414/13)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Cluj

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Demandada: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Fallo

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa de un Estado miembro conforme a la cual una transferencia de fondos realizada por una sucursal residente en favor de su sociedad matriz establecida en otro Estado miembro puede ser recalificada de «operación generadora de ingresos», de modo que la aplicación de las normas en materia de precios de transferencia resulta obligatoria, mientras que, si la misma operación hubiera sido efectuada entre una sucursal y una sociedad matriz establecidas ambas en el mismo Estado miembro, no habría sido calificada de ese modo y tales normas no habrían resultado aplicables.

(1) DO C 372 de 4.11.2019.
—

por un lado, pese a la interposición, por parte de un candidato a una plaza de juez de un tribunal como el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), de un recurso contra la decisión de un organismo como la Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial) de no seleccionar su candidatura, sino de presentar la de otros candidatos al Presidente de la República de Polonia, esa decisión adquiere firmeza en la medida en que presenta a esos otros candidatos, de modo que el referido recurso no impide que sean nombrados por el Presidente de la República de Polonia y la eventual anulación de dicha decisión en lo referente a la no presentación del recurrente para el nombramiento no puede dar lugar a que vuelva a apreciarse la situación de este a los efectos de la eventual atribución de la plaza de que se trate, y
3)

El artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en virtud del Derecho nacional, el titular de los derechos de autor o de los derechos afines a los derechos de autor solo pueda obtener medidas cautelares contra el intermediario cuyo servicio haya sido utilizado por un tercero para vulnerar sus derechos, sin que tal intermediario haya tenido conocimiento de ello, con arreglo al artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/31, cuando, antes del inicio del procedimiento judicial, esa vulneración haya sido previamente notificada a dicho intermediario sin que este haya intervenido con prontitud para retirar el contenido en cuestión o para bloquear el acceso a dicho contenido y para velar por que tales vulneraciones no se reproduzcan. Sin embargo, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales asegurarse de que, en su aplicación, este requisito no lleva a que la cesación efectiva de la vulneración se retrase de tal modo que provoque daños desproporcionados a ese titular.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel d’Aix-En-Provence — Francia) — Proceso penal contra B. S., C. A.

(Asunto C-663/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Libre circulación de mercancías - Organización común de mercados en el sector del lino y el cáñamo - Excepciones - Protección de la salud pública - Normativa nacional que limita la industrialización y la comercialización del cáñamo únicamente a las fibras y semillas - Cannabidiol (CBD))

(2021/C 28/02)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel d’Aix-En-Provence

Partes en el proceso principal

B. S., C. A.

con intervención de: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Fallo

Los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que prohíbe la comercialización del cannabidiol (CBD) legalmente producido en otro Estado miembro cuando se extrae de la planta Cannabis sativa en su totalidad y no solo de sus fibras y semillas, a menos que dicha normativa sea adecuada para garantizar la realización del objetivo de protección de la salud pública y no exceda de lo necesario para alcanzarlo. El Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007, deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a tal normativa.

(1) DO C 4 de 07.01.2019.
3)

El artículo 9, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2006/123 debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional que, en aras de garantizar una oferta suficiente de viviendas destinadas al arrendamiento de larga duración a precios asequibles, somete determinadas actividades de arrendamiento a cambio de una remuneración de inmuebles amueblados destinados a vivienda a clientes de paso que no fijan en ellos su domicilio, efectuadas de forma reiterada y durante breves períodos de tiempo, a un régimen de autorización previa aplicable en determinados municipios en los que la tensión sobre los arrendamientos es particularmente acusada está justificada por una razón imperiosa de interés general como la lucha contra la escasez de viviendas destinadas al arrendamiento y es proporcionada al objetivo perseguido, dado que este no puede alcanzarse con una medida menos restrictiva, en particular porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz.
C 271/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de junio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH

(Asunto C-786/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Protección de la salud pública - Mercado interior - Medicamentos para uso humano - Directiva 2001/83/CE - Publicidad - Artículo 96 - Distribución de muestras gratuitas de medicamentos sujetos a receta médica únicamente a las personas facultadas para prescribir - Exclusión de los farmacéuticos de la distribución - Inaplicabilidad a la distribución de muestras gratuitas de medicamentos no sujetos a receta médica - Consecuencias para los Estados miembros)

(2020/C 271/10)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: ratiopharm GmbH

Demandada: Novartis Consumer Health GmbH

Fallo

El artículo 96, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, debe interpretarse en el sentido de que no autoriza a las empresas farmacéuticas a distribuir gratuitamente a los farmacéuticos muestras de medicamentos sujetos a receta médica. En cambio, la citada disposición no se opone a la distribución gratuita a los farmacéuticos de muestras de medicamentos no sujetos a receta médica.

(1) DO C 112 de 25.3.2019.
C 240/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 30 de abril de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia — Italia) — Société Générale S.A. / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Asunto C-565/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 63 TFUE - Libre circulación de capitales - Impuesto sobre transacciones financieras - Operaciones que tienen por objeto instrumentos financieros derivados cuyo activo subyacente es un título emitido por una sociedad residente en el Estado miembro de tributación - Impuesto adeudado con independencia del lugar donde se celebre la transacción - Obligaciones de carácter administrativo y de declaración)

(2020/C 240/06)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Société Générale S.A.

Demandada: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Fallo

El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que grava con un impuesto las transacciones financieras que tienen por objeto instrumentos financieros derivados, el cual debe ser abonado por las partes de la operación, con independencia del lugar donde se celebre la transacción o del Estado de residencia de las partes o de los eventuales intermediarios que participen en su ejecución, cuando dichos instrumentos tienen como activo subyacente un título emitido por una sociedad establecida en ese Estado miembro. Sin embargo, las obligaciones de carácter administrativo y de declaración que acompañan a este impuesto y que incumben a las entidades no residentes no deben ir más allá de lo necesario para su recaudación.

(1) DO C 436 de 3.12.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de noviembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Brussel — Bélgica) — Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Asunto C-233/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Solicitantes de protección internacional - Directiva 2013/33/UE - Artículo 20, apartados 4 y 5 - Violación grave de la normativa aplicable en los centros de acogida o comportamiento violento grave - Alcance del derecho de los Estados miembros a determinar las sanciones aplicables - Menor no acompañado - Reducción o retirada del beneficio de las condiciones materiales de acogida)

(2020/C 10/09)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Arbeidshof te Brussel

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Zubair Haqbin

Demandada: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Fallo

El artículo 20, apartados 4 y 5, de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, debe interpretarse, a la luz del artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que un Estado miembro no puede establecer, entre las sanciones que pueden imponerse a un solicitante en caso de violación grave de la normativa aplicable en los centros de acogida o de comportamiento violento grave, una sanción consistente en retirar, aunque solo sea temporalmente, el beneficio de las condiciones materiales de acogida, en el sentido del artículo 2, letras f) y g), de dicha Directiva, relativas al alojamiento, a la alimentación o al vestido, ya que ello tendría como efecto privar al solicitante de la posibilidad de satisfacer sus necesidades más elementales. La imposición de otras sanciones con arreglo a dicho artículo 20, apartado 4, deberá cumplir, en cualquier circunstancia, los requisitos establecidos en el apartado 5 del citado artículo, en particular los relativos al respeto del principio de proporcionalidad y de la dignidad humana. A la vista, en particular, del artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el caso de un menor no acompañado, tales sanciones deberán adoptarse teniendo en cuenta especialmente el interés superior del menor.

(1) DO C 211 de 18.6.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 2 de octubre de 2019 — Crédit Mutuel Arkéa (C-152/18 P) Crédit Mutuel Arkéa (C-153/18 P)/Banco Central Europeo, Comisión Europea

(Asuntos acumulados C-152/18 P y C-153/18 P) (1)

(Recurso de casación - Política económica y monetaria - Artículo 127 TFUE, apartado 6 - Reglamento (UE) n.o 1024/2013 - Artículo 4, apartado 1, letra g) - Supervisión prudencial de las entidades de crédito en base consolidada - Reglamento (UE) n.o 468/2014 - Artículo 2, punto 21, letra c) - Reglamento (UE) n.o 575/2013 - Artículo 10 - Grupo supervisado - Entidades afiliadas de forma permanente a un organismo central)

(2019/C 413/09)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

(Asunto C-152/18 P)

Recurrente: Crédit mutuel Arkéa (representante: H. Savoie, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Banco Central Europeo (BCE) (representantes: K. Lackhoff, R. Bax y C. Olivier, agentes, asistidos por P. Honoré, avocat), Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik y A. Steiblytė, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de las otras partes en el procedimiento: Confédération nationale du Crédit mutuel (representantes: M. Grégoire y C. De Jonghe, avocats)

(Asunto C-153/18 P)

Recurrente: Crédit mutuel Arkéa (representante: H. Savoie, avocat)

Otras partes en el procedimiento: Banco Central Europeo (BCE) (representantes: K. Lackhoff, R. Bax y C. Olivier, agentes, asistidos por P. Honoré, avocat), Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik y A. Steiblytė, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de las otras partes en el procedimiento: Confédération nationale du Crédit mutuel (representantes: C. De Jonghe y M. Grégoire, abogados)

Fallo

1) Desestimar los recursos de casación.

2) Condenar en costas a Crédit mutuel Arkéa.

(1) DO C 161 de 7.5.2018.
C 383/15

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de septiembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG

(Asunto C-28/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros - Reglamento (UE) n.o 260/2012 - Zona única de pagos en euros (SEPA) - Pago mediante adeudo domiciliado - Artículo 9, apartado 2 - Accesibilidad en los pagos - Requisito de domicilio)

(2019/C 383/14)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Verein für Konsumenteninformation

Demandada: Deutsche Bahn AG

Fallo

El artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.o 924/2009, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una cláusula contractual como la controvertida en el litigio principal, que excluye el pago por adeudo domiciliado denominado en euros efectuado a través del régimen de adeudos domiciliados establecido a nivel de la Unión Europea (adeudo domiciliado SEPA) cuando el ordenante no tiene su domicilio en el mismo Estado miembro que aquel en el que el beneficiario ha establecido la sede de sus actividades.

(1) DO C 104 de 19.3.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 27 de junio de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Okresní soud v Českých Budějovicích — República Checa) — RD/SC

(Asunto C-518/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) n.o 805/2004 - Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados - Certificación de una resolución judicial como título ejecutivo europeo - Normas mínimas aplicables a los procedimientos relativos a los créditos no impugnados - Demandado sin dirección conocida que no ha comparecido en la vista)

(2019/C 280/10)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Okresní soud v Českých Budějovicích

Partes en el procedimiento principal

Demandante: RD

Demandada: SC

Fallo

El Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que a un órgano judicial le resulte imposible conocer la dirección del demandado, dicho Reglamento no permite certificar como título ejecutivo europeo una resolución judicial relativa a un crédito, dictada tras una vista en la que no hayan comparecido ni el demandado ni el representante designado a los efectos del procedimiento.

(1) DO C 392 de 29.10.2018.
C 263/20

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de junio de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Copebi SCA/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Asunto C-505/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Ayudas de Estado - Decisión 2009/402/CE - Planes de campaña en el sector hortofrutícola ejecutados por la República Francesa - Declaración de la incompatibilidad de la ayuda - Orden de recuperación - Ámbito de aplicación de la Decisión - Comités Económicos Agrarios)

(2019/C 263/25)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Copebi SCA

Demandada: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

con intervención de: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Fallo

La Decisión 2009/402/CE de la Comisión, de 28 de enero de 2009, relativa a los «planes de campaña» en el sector hortofrutícola ejecutados por Francia, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a las ayudas pagadas por la Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oficina nacional interprofesional del sector de las frutas, las hortalizas y la horticultura) (Oniflhor) al Comité économique bigarreau industrie (Comité Económico de la cereza garrafal destinada a la industria) (CEBI) y atribuidas a los productores de cereza garrafal destinada a la industria por las agrupaciones de productores miembros de dicho Comité, aunque, por una parte, ese Comité no figure entre los ocho Comités Económicos Agrarios mencionados en dicha Decisión y, por otra, las referidas ayudas, a diferencia del mecanismo de financiación descrito en la citada Decisión, se financiaran únicamente mediante subvenciones de la Oniflhor y no, también, mediante contribuciones voluntarias de los productores.

(1) DO C 364 de 8.10.2018.