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En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden acordó suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) a) La forma de que se trata en la causa de denegación o de nulidad del artículo 3, apartado 1, letra e), [primer guión, de la Directiva sobre marcas], a saber, que las marcas [tridimensionales] no pueden estar constituidas exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, ¿es una forma que es indispensable para la función del producto, o dicha causa se aplica también ante una o varias características de uso esenciales de un producto que el consumidor puede, en su caso, buscar en los productos de la competencia? b) En caso de que no sea correcta ninguna de estas dos alternativas, ¿cómo debe interpretarse dicha disposición? 2) a) ¿Se refiere la causa de denegación o de nulidad del artículo 3, apartado 1, letra e), [tercer guión, de la Directiva sobre marcas], es decir, que las marcas [tridimensionales] no pueden estar constituidas exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto, al motivo (o a los motivos) que han llevado al público a adoptar la decisión de compra? b) ¿Se refiere el concepto de “forma que da un valor sustancial al producto”, en el sentido de la citada disposición, únicamente a la forma que debe considerarse el valor principal o preponderante en comparación con otros valores (como, en relación con sillas para niños, la seguridad, la comodidad y la calidad del material), o puede referirse también, además de a dicho valor, a otros valores de ese producto que igualmente deben considerarse sustanciales? c) ¿Debe considerarse que, para responder a la segunda cuestión, letras a) y b), el elemento determinante es la percepción de la mayoría del público, o puede el juez estimar que basta la percepción de una parte del público para considerar “sustancial” el valor de que se trate en el sentido de la citada disposición? d) En el caso de que deba responderse a la segunda cuestión, letra c), en el sentido indicado en último lugar, ¿qué exigencia debe imponerse en cuanto a la magnitud de la parte pertinente del público? 3) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva [sobre marcas] en el sentido de que el motivo de exclusión previsto en la letra e) de dicho artículo existe igualmente en el supuesto de que la marca [tridimensional] compuesta por una forma consiste en un signo al que se aplica lo [previsto en el primer guión] y que, en todo lo demás, cumple con lo [dispuesto en el tercer guión]?»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 76 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), según su modificación por el Reglamento (CE) no 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 (DO L 177, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»), y del artículo 87 del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1, y corrección de errores, L 200, p. 1), según su modificación por el Reglamento (CE) no 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (DO L 284, p. 43) (en lo sucesivo, «Reglamento no 883/2004»).
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Esta interpretación del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/115 no implica, sin embargo, que un Estado miembro que, como la República Federal de Alemania, tiene una estructura federal, esté obligado a crear centros de internamiento especializados en cada Estado federado. No obstante, debe garantizarse, en particular por medio de acuerdos de cooperación administrativa, que las autoridades competentes de un Estado federado que no disponga de tales centros puedan internar a nacionales de terceros países en espera de expulsión en centros de internamiento especializados situados en otros Estados federados.
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El artículo 23 del Código del impuesto sobre el valor añadido (Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado), en su versión aplicable en el ejercicio fiscal de 2004 (en lo sucesivo, «CIVA»), dispone lo siguiente: «1. Cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su actividad, efectúe entregas de bienes o prestaciones de servicios, de las que una parte no genere derecho a deducción, el impuesto soportado en las adquisiciones se deducirá sólo con arreglo al porcentaje correspondiente al importe anual de las operaciones que den lugar a deducción. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el sujeto pasivo podrá efectuar la deducción en función de la afectación real de la totalidad o de una parte de los bienes y servicios utilizados, siempre que informe previamente de ello a la Dirección General de Impuestos, sin perjuicio de la facultad que asiste a esta última de imponer condiciones especiales al sujeto pasivo o poner fin a dicho procedimiento en caso de que se produzcan distorsiones importantes en la aplicación del impuesto. 3. La Administración tributaria podrá obligar al sujeto pasivo a aplicar el método establecido en el apartado anterior: a) cuando el sujeto pasivo realice actividades económicas diferenciadas; b) cuando de la aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 1 se deriven distorsiones importantes en la aplicación del impuesto. 4. El porcentaje de deducción específico a que se refiere el apartado 1 es el resultante de una fracción en la que figuran, en el numerador, el importe anual, impuesto excluido, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción conforme a los artículos 19 y 20, apartado 1, y, en el denominador, el importe anual, impuesto excluido, de todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo, incluidas las exentas y las no sujetas al impuesto, especialmente las subvenciones no gravadas que no sean subsidios para la adquisición de bienes de equipo. 5. No obstante, en el cálculo mencionado en el apartado anterior no se incluirán las entregas de bienes del activo inmovilizado que hayan sido utilizadas en la actividad de la empresa, ni las operaciones inmobiliarias o financieras que tengan carácter accesorio en relación con la actividad ejercida por el sujeto pasivo. [...]»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la nota 2, letra a), de la sección XVI de la Nomenclatura Combinada (en lo sucesivo, «NC») que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en sus versiones resultantes del Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001 (DO L 279, p. 1), del Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002 (DO L 290, p. 1), del Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003 (DO L 281, p. 1), y del Reglamento (CE) no 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004 (DO L 327, p. 1).
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Por ello, tal y como puso de manifiesto el Abogado General en los puntos 28 y 40 de sus conclusiones, el Tribunal Arbitral Tributário, cuyas decisiones son vinculantes para las partes en virtud del artículo 24, apartado 1, del Decreto-Ley no 10/2011, se distingue de un órgano arbitral en sentido estricto. En efecto, su competencia resulta directamente de las disposiciones del Decreto-ley no 10/2011, no estando, por ello, subordinada a la previa expresión por las partes de la voluntad de someter sus diferencias a arbitraje (véase, por analogía, la sentencia Danfoss, 109/88, EU:C:1989:383, apartado 7). Así, cuando el contribuyente recurrente somete su discrepancia al arbitraje tributario, la competencia del Tribunal Arbitral Tributário tiene, conforme al artículo 4, apartado 1, del Decreto-Ley no 10/2001, carácter obligatorio para la autoridad tributaria y aduanera.
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El artículo 2 de esta Directiva contiene, en sus apartados 1, 3 y 5, las disposiciones siguientes: «1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “productos energéticos” los productos especificados a continuación: a) [...] b) los productos de los códigos NC […] 2704 a 2715; c) los productos de los códigos NC 2901 y 2902; [...] 3. Cuando estén destinados a ser utilizados, puestos a la venta o utilizados como carburante de automoción o combustible para calefacción, los productos energéticos para los que la presente Directiva no especifique ningún nivel de imposición se gravarán, en función de su utilización, con el mismo tipo aplicable al combustible para calefacción o al carburante de locomoción equivalente. Además de los productos gravados a que se refiere el apartado 1, también será gravado como carburante cualquier producto destinado al consumo, puesto a la venta o utilizado como carburante o como aditivo o para aumentar el volumen final de los carburantes. Además de los productos gravables enumerados en el apartado 1, cualquier otro hidrocarburo, con excepción de la turba, destinado a ser utilizado, puesto a la venta o utilizado para calefacción, se gravará con el mismo tipo impositivo aplicable al producto energético equivalente. [...] 5. Los códigos de la nomenclatura combinada a que se hace referencia en la presente Directiva son los del Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común [DO L 279, p. 1)]. [...]»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los conceptos de «medicamentos» y de «bebidas» en el sentido de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006 (DO L 301, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 77 y 78 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (DO L 177, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1408/71»), y del artículo 67 del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1; corrección de errores en DO L 200, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (DO L 284, p. 43) (en lo sucesivo, «Reglamento no 883/2004»).
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A tenor del artículo 177 de la ZDDS: «(1) Una persona registrada –destinataria de una entrega imponible– es responsable del pago del impuesto adeudado por otra persona registrada y no pagado, en la medida en que se haya ejercido el derecho a deducción de la cuota soportada que esté en relación directa o indirecta con el impuesto adeudado y no pagado. (2) La responsabilidad a la que se refiere el apartado 1 nace cuando la persona registrada sabía o debería haber sabido que no se iba a abonar el impuesto, y cuando así lo ha comprobado la autoridad de inspección con arreglo a lo dispuesto en los artículos 117 a 120 del Código de procedimiento en materia tributaria y de cotizaciones sociales. (3) A efectos del apartado 2, se considerará que la persona debería haber sabido dicha circunstancia cuando se cumplan acumulativamente los siguientes requisitos: 1. el impuesto adeudado, en el sentido del artículo 1, no haya sido efectivamente pagado durante un período impositivo por cualquiera de los proveedores anteriores en relación con la operación imponible que tiene por objeto el mismo bien o el mismo servicio, de forma idéntica, modificada o transformada; 2. la operación imponible es ficticia, es ilícita o su precio difiere sensiblemente del precio de mercado. (4) La responsabilidad a la que se refiere el apartado 1 no está supeditada a que se obtenga un beneficio concreto por no haber pagado el impuesto adeudado. (5) En las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3, el proveedor que realizó la entrega al sujeto pasivo que adeuda la cuota no pagada es igualmente responsable. (6) En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, podrá exigirse la responsabilidad al sujeto pasivo directamente destinatario de la entrega respecto a la cual no se pagó el impuesto adeudado, y, cuando no sea posible obtener el pago del impuesto, a todo destinatario que le precedió en la cadena de entregas. (7) El apartado 6 se aplicará mutatis mutandis a los proveedores anteriores.»
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De tal manera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha juzgado, acerca de las detenciones con vistas a la extradición, que el artículo 5, apartado 4, del CEDH es una lex specialis respecto a las exigencias más generales del artículo 13 de éste (véase en especial TEDH, sentencia Chahal c. Reino Unido de 15 de noviembre de 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 126). Ese Tribunal ha juzgado acerca de ello que, cuando la decisión privativa de libertad se dicta por un tribunal que resuelve al término de un proceso jurisdiccional, el control exigido por el artículo 5, apartado 4, del CEDH está incorporado a la decisión (véase TEDH, sentencia Khodzhamberdiyev c. Rusia, de 5 de junio de 2012, § 103 y la jurisprudencia citada) y que, además, la disposición referida no obliga a los Estados contratantes a establecer una doble instancia para el examen de la legalidad de la detención y de las solicitudes de puesta en libertad (véase TEDH, sentencia Marturana c. Italia de 4 de marzo de 2008, § 110 y jurisprudencia citada).
El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que las condiciones de remuneración de los jueces entran en el ámbito de aplicación de esa Directiva.

En efecto, aunque el artículo 153 TFUE, apartado 5, prevé una excepción a la competencia de la Unión en materia de política social, ya que la Unión no está facultada para intervenir en el ámbito de las remuneraciones, ha de distinguirse entre el término «remuneración», en el sentido de esa disposición, y el mismo término que figura en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, puesto que este último término forma parte de las condiciones de empleo y no se refiere directamente a la determinación del importe de la remuneración.

(véanse los apartados 26, 27 y 29 y el punto 1 del fallo)
En efecto, no puede considerarse que el hecho de que la República Federal de Alemania y la República de Austria hayan negociado una excepción específica, recogida en el capítulo 1, apartado 13, del anexo X de dicha Acta, relativa a ciertos sectores sensibles en relación con los cuales ambos Estados miembros tienen derecho a restringir la libre prestación de servicios que implica una circulación de trabajadores, les concede un menor margen de maniobra que a los Estados miembros que no negociaron tal excepción para regular la afluencia de trabajadores húngaros a su territorio.

El capítulo 1, apartados 2 y 13, del anexo X del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que la República de Austria tiene derecho a restringir el suministro de mano de obra en su territorio, con arreglo al capítulo 1, apartado 2, del mencionado anexo, aun en el supuesto de que dicho suministro de mano de obra no afecte a un sector sensible, en el sentido del capítulo 1, apartado 13, de ese anexo.

Ante una relación contractual relativa a una prestación de servicios, es preciso, para determinar si esta relación contractual debe calificarse de suministro de mano de obra, en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra c), de la Directiva 96/71, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, tener en cuenta todo elemento que indique si el desplazamiento del trabajador al Estado miembro de acogida es el propio objeto de la mencionada prestación de servicios a la que se refiere la relación contractual o no. En principio, constituyen indicios de que tal desplazamiento no es el propio objeto de la prestación de servicios controvertida, concretamente, el que el proveedor de servicios soporte las consecuencias de la ejecución no conforme de la prestación estipulada en el contrato y el que ese proveedor tenga libertad para determinar el número de trabajadores que considera oportuno trasladar al Estado miembro de acogida. En cambio, el que la empresa beneficiaria de la prestación controle la conformidad con dicho contrato de la mencionada prestación o que pueda dar instrucciones generales a los trabajadores de ese proveedor no permite, como tal, declarar la existencia de un suministro de mano de obra.

(véanse el apartado 41 y el punto 2 del fallo)
El artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, modificado por el Reglamento no 1992/2006, debe interpretarse en el sentido de que el residente de un Estado miembro, que está comprendido en el ámbito de aplicación de ese Reglamento y que trabaja durante varios días al mes en virtud de un contrato de trabajo eventual en el territorio de otro Estado miembro, está sometido a la legislación del Estado de empleo tanto durante los días en los que ejerce una actividad por cuenta ajena como durante los días en que no la ejerce.

El artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, modificado por el Reglamento no 1992/2006, puesto en relación con el apartado 1 del mismo artículo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un trabajador migrante, sometido a la legislación del Estado miembro de empleo, cuya aplicación no dio lugar a su afiliación al régimen de seguridad social de ese Estado en lo concerniente a las prestaciones familiares y a la pensión de vejez, que reúne las condiciones materiales para la concesión de esas prestaciones en aplicación de la legislación de su Estado miembro de residencia y cuya situación no da lugar a una acumulación de prestaciones de la misma naturaleza relacionadas con el mismo período, perciba en virtud de una legislación nacional del Estado de residencia las prestaciones correspondientes al régimen de seguro de vejez y las prestaciones familiares de ese último Estado.

(véanse los apartados 55, 65 y 66 y el punto 2 del fallo)
La admisibilidad de una cuestión prejudicial que verse sobre la validez de un acto de la Unión no puede supeditarse al hecho de que se haya solicitado la suspensión de la ejecución de dicho acto sobre la base del artículo 278 TFUE. La eventual inadmisibilidad de tal cuestión prejudicial no depende, en realidad, del carácter ejecutivo del acto de la Unión cuya validez se cuestiona, sino del riesgo de que pueda eludirse la firmeza de dicho acto.

Es ilegal toda medida de ayuda que se ejecute sin observar las obligaciones derivadas del artículo 108 TFUE, apartado 3. Además, una decisión de la Comisión relativa a la compatibilidad de una ayuda no afecta a la ilegalidad de ésta derivada del incumplimiento de la obligación establecida en la primera frase del artículo 108 TFUE, apartado 3.

En estas circunstancias, el hecho de que una decisión mencione fechas diferentes a partir de las cuales la ayuda estatal debe considerarse por una parte ilegal y por otra parte incompatible con el mercado interior no implica contradicción alguna entre los motivos subyacentes. Por lo tanto, una ayuda puede considerarse ilegal a partir de una fecha posterior a aquella en la que se declaró que la ayuda era incompatible con el mercado interior. En particular, se da tal supuesto cuando la declaración de compatibilidad de una medida de ayuda estatal con el mercado interior tiene carácter provisional y la ayuda se declara definitivamente incompatible con dicho mercado por no haberse respetado las condiciones a las que se había supeditado su aprobación.

(véanse los apartados 56, 57, 59 a 61 y 63)
Los respectivos artículos 2, letra a), del Reglamento no 273/2004, sobre precursores de drogas, y del Reglamento no 111/2005, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, deben interpretarse en el sentido de que un medicamento, según se define en el artículo 1, punto 2, de la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por el Reglamento no 1901/2006, no puede, en cuanto tal, calificarse de «sustancia catalogada», y ello aun suponiendo que contuviera una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento no 273/2004 y en el anexo del Reglamento no 111/2005 que pueda ser utilizada fácilmente o extraída con medios de fácil aplicación o económicamente viables.

En efecto, no se desprende de ninguna disposición del Reglamento no 273/2004 que éste tuviera la intención de someter los medicamentos que contienen una sustancia incluida en su anexo I que puede ser utilizada fácilmente o extraída con medios de fácil aplicación o económicamente viables a un régimen adicional de autorización y de control distinto del aplicable a los medicamentos en virtud de la Directiva 2001/83. En cuanto al Reglamento no 111/2005, aunque es cierto que éste prevé un conjunto de normas concretas que no encuentran correlación en la Directiva 2001/83, no se puede deducir de este único hecho que el legislador de la Unión quisiera someter los medicamentos que contienen una sustancia incluida en el anexo de dicho Reglamento que puede ser utilizada fácilmente o extraída con medios de fácil aplicación o económicamente viables no sólo a la Directiva 2001/83, sino también a este Reglamento. También por esta razón el legislador de la Unión, en el marco del Reglamento no 1259/2013, que modifica el Reglamento no 111/2005, decidió someter exclusivamente los medicamentos que contienen dos sustancias catalogadas al régimen de control del comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países.

(véanse los apartados 59, 61, 62, 65 y 67 y el fallo)