Palabras clave

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Palabras clave

1 Acuerdos internacionales - Acuerdos de los Estados miembros - Acuerdos anteriores al Tratado CE - Artículo 234 del Tratado - Objeto - Alcance - Importaciones procedentes de un país tercero que se adhirió a un Acuerdo después de la entrada en vigor del Tratado - Inaplicabilidad del artículo 234

[Tratado CE, art. 234, párr. 1; Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo; Reglamento (CEE) nº 478/95 de la Comisión]

2 Agricultura - Organización común de mercados - Plátanos - Régimen de importaciones - Contingente arancelario - Reparto en contingentes nacionales - Discriminación - Inexistencia - Implantación de un régimen de certificados de exportación que afecta únicamente a los operadores de las categorías A y C - Violación del principio de no discriminación

[Tratado CE, art. 40, ap. 3; Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo; Reglamento (CEE) nº 478/95 de la Comisión, arts. 1, ap. 1, y 3, ap. 2]

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1 El párrafo primero del artículo 234 del Tratado tiene por objeto precisar, conforme a los principios del Derecho internacional, que la aplicación del Tratado no afecta al compromiso del Estado miembro de que se trata de respetar los derechos de los países terceros que resultan de un Convenio anterior y de cumplir sus obligaciones correspondientes. Por tanto, para que un Convenio internacional pueda obstaculizar la aplicación de una norma comunitaria deben concurrir dos requisitos: que se trate de un Convenio celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado y que el país tercero afectado obtenga derechos cuyo respeto por parte del Estado miembro de que se trate pueda exigir.

En consecuencia, la disposición controvertida no se aplica en asuntos relativos a la importación de plátanos procedentes de un país tercero que no es parte de un Convenio internacional celebrado por Estados miembros antes de la entrada en vigor del Tratado.

Así ocurre precisamente con las importaciones de plátanos procedentes de Ecuador que tuvieron lugar durante el año 1995 y a las que se aplicaban las disposiciones de los Reglamentos nos 404/93 y 478/95, supuestamente contrarias a determinados artículos del GATT. En efecto, el citado país tercero no era parte contratante del GATT de 1947 y no pasó a ser miembro de la Organización Mundial del Comercio y, en consecuencia, del GATT de 1994, hasta el año 1996.

2 El Reglamento nº 478/95, por el que se establecen disposiciones complementarias de aplicación del Reglamento nº 404/93 en lo que se refiere al régimen del contingente arancelario para la importación de plátanos en la Comunidad y por el que se modifica el Reglamento nº 1442/93 establece, en el apartado 1 de su artículo 1 que el contingente arancelario para las importaciones de plátanos de países terceros y de plátanos no tradicionales ACP se dividirá en cuotas específicas asignadas a diferentes países o grupos de países terceros, reservando un porcentaje determinado a los Estados contratantes de un Acuerdo marco celebrado con la Comunidad, y, en el apartado 2 de su artículo 3, que únicamente los operadores de las categorías A y C, con exclusión de la categoría B (que comprende los operadores que han comercializado plátanos comunitarios y/o tradicionales ACP), están obligados a obtener certificados de exportación ante las autoridades competentes de Colombia, Costa Rica y Nicaragua, a efectos de la importación de plátanos procedentes de dichos países.

Por lo que se refiere al reparto del contingente arancelario en contingentes nacionales, que favorece a determinados países terceros y limita así las posibilidades de importación de los operadores económicos que importan tradicionalmente plátanos procedentes de los demás países terceros, éste no es contrario al principio general de no discriminación, tal como figura en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 40 del Tratado.

En efecto, no existe en el Derecho comunitario un principio general que obligue a la Comunidad, en sus relaciones exteriores, a conceder un trato igual en todos los sentidos a los diferentes países terceros y, si una diferencia de trato entre países terceros no es contraria al Derecho comunitario, tampoco puede considerarse contraria a este Derecho una diferencia de trato entre operadores económicos comunitarios que no sea más que una consecuencia automática de los diferentes tratos concedidos a los países terceros con los que dichos operadores han establecido relaciones comerciales. Pues bien, las restricciones a las posibilidades de importación que la implantación de los contingentes nacionales pueda ocasionar a los operadores económicos de las categorías afectadas son consecuencia automática de los diferentes tratos concedidos a los países terceros, según que sean o no partes contratantes del Acuerdo marco y según la importancia del contingente que se les haya atribuido en dicho Acuerdo.

Por lo que se refiere, en cambio, a la diferencia de trato consistente en la exención de los operadores de la categoría B del régimen de certificados de exportación, que implica únicamente para los operadores de las categorías A y C un incremento del precio de adquisición de los plátanos originarios de países terceros afectados del orden del 33 %, ésta es incompatible con la prohibición de discriminación antes citada, que no es sino la expresión específica del principio general de igualdad que forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario y da lugar a la invalidez del Reglamento nº 478/95, en la medida en que únicamente somete a los operadores de las categorías A y C a la referida obligación.

Es cierto que la organización común de mercados en el sector del plátano, establecida por el Reglamento nº 404/93, y, en particular, su régimen de reparto del contingente arancelario, implica determinadas restricciones o diferencias de trato en detrimento de los operadores de las categorías A y C, que no son contrarias al principio general de no discriminación, en la medida en que son inherentes al objetivo de una integración de mercados hasta entonces fragmentados, habida cuenta de la distinta situación en la que se hallaban las diferentes categorías de operadores económicos antes del establecimiento de la organización común de mercados, y que la consecución del objetivo de ésta, que consiste en garantizar la salida al mercado de la producción comunitaria y de la producción tradicional ACP, implica el establecimiento de un determinado equilibrio entre las diferentes categorías de operadores económicos afectados.

Sin embargo, no se ha demostrado que dicho equilibrio, en la medida en que se ha roto por el aumento del contingente arancelario y la consiguiente reducción de los derechos de aduana previstos en el Acuerdo marco, de los que se benefician también los operadores de la categoría B, sólo pudo restablecerse mediante la concesión de una ventaja considerable a esa misma categoría de operadores y, por consiguiente, a expensas de una nueva diferencia de trato en detrimento de las demás categorías de operadores, que ya habían sufrido restricciones y diferencias de trato similares con motivo de la implantación del contingente arancelario y del mecanismo de reparto de éste.