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Mediante su recurso de casación, Credito Fondiario SpA solicita la anulación del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2018, Credito Fondiario/JUR (T‑661/16, no publicado, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2018:806), por el que desestimó el recurso mediante el que solicitaba, por una parte, la anulación, en la medida en que la afectan, de la Decisión adoptada por la Junta Única de Resolución (JUR), en su sesión ejecutiva de 15 de abril de 2016, sobre las aportaciones ex ante relativas a 2016 al Fondo Único de Resolución (FUR) (SRB/ES/SRF/2016/06) (en lo sucesivo, «primera Decisión controvertida») y de la Decisión adoptada por la JUR, en su sesión ejecutiva de 20 de mayo de 2016, sobre la adecuación de las aportaciones ex ante relativas a 2016 al FUR, mediante la que se completa la primera Decisión controvertida (SRB/ES/SRF/2016/13) (en lo sucesivo, «segunda Decisión controvertida» y, junto con la primera Decisión controvertida, las «Decisiones controvertidas»), y, por otra parte, que se declare la ilegalidad del artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44; corrección de errores en DO 2016, L 233, p. 1), y de su anexo I o, en su caso, de la totalidad de ese Reglamento Delegado.
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En apoyo de su solicitud, dicho tribunal ha expuesto que NJ se encuentra actualmente en prisión provisional en relación con un proceso penal que se sigue contra él en Alemania (en lo sucesivo, «prisión provisional anterior»). La prisión provisional con vistas a su entrega a las autoridades austriacas no comenzará hasta que haya finalizado la prisión provisional anterior y, por imperativo legal, no podrá sobrepasar los dos meses a partir de ese momento. En consecuencia, el tribunal remitente teme que, si el Tribunal de Justicia decide no aplicar el procedimiento prejudicial de urgencia, sea necesario liberar a NJ antes de que termine el procedimiento prejudicial, lo que le permitiría eludir las acciones penales ejercitadas en su contra.
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Los artículos 91 y siguientes de la Bundesgesetz über die Wertpapier- und allgemeinen Warenbörsen und über die Abänderung des Börsesensale-Gesetzes 1949 und der Börsegesetz-Novelle 1903 [Ley federal relativa a las bolsas de valores y a las bolsas generales de materias primas y por la que se modifican la Ley de 1949 sobre los Corredores de Bolsa y la Ley de Bolsa de 1903 (Börsegesetz 1989 — BörseG)], de 8 de noviembre de 1989 (BGBl. n.o 555/1989), en su versión publicada en el BGBl. n.o 558/1990 (DFB) (en lo sucesivo, «Ley Federal de Bolsa de 1989»), dan efecto a los requisitos de notificación de las «participaciones importantes» derivados de la sección I del capítulo III de la Directiva 2004/109, que se titula «Información sobre participaciones importantes», y en particular del artículo 9, apartado 1, de esta Directiva.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera a sexta que el artículo 9, apartado 2, del Convenio de Aarhus debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la admisibilidad de los recursos judiciales a que se refiere, interpuestos por organizaciones no gubernamentales que forman parte del «público interesado», al que hace referencia el artículo 2, apartado 5, de dicho Convenio, se supedite a la participación de esas organizaciones en el procedimiento preparatorio de la decisión impugnada, aunque este requisito no se aplique cuando no se les pueda reprochar razonablemente no haber participado en él. En cambio, el artículo 9, apartado 3, de dicho Convenio no se opone a que la admisibilidad de un recurso judicial al que se refiere se supedite a la participación del demandante en el procedimiento preparatorio de la decisión impugnada a no ser que razonablemente no se le pueda reprochar, atendiendo a las circunstancias del asunto, no haber intervenido en dicho procedimiento.
98

Así, por lo que respecta a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece un régimen de autorización previa específico de determinados municipios para las actividades de «arrendamiento de un inmueble amueblado destinado a uso de vivienda de forma reiterada durante breves períodos de tiempo a clientes de paso que no fijan en él su domicilio», a la vez que confiere a las autoridades locales de que se trata la facultad de fijar las condiciones de concesión de la autorización exigida, de establecer una obligación de compensación y de determinar la cuantía de esa eventual obligación, en función, en particular, de las características de los mercados de vivienda y de la necesidad de no agravar la escasez de viviendas, el hecho de que este concepto no venga definido por esa normativa nacional, en particular, mediante umbrales cuantitativos, no constituye, en sí mismo, un elemento que permita demostrar un incumplimiento de los requisitos, enunciados en el artículo 10, apartado 2, letras d) y e) de la Directiva 2006/123, de que los criterios en cuestión sean claros, inequívocos y objetivos.
104

Por lo que respecta a las alegaciones de las recurrentes basadas en la supuesta falta de efectos de la infracción en cuestión, analizadas en los apartados 156 y 157 de la sentencia recurrida, es cierto que, en el apartado 156 de esa sentencia, el Tribunal General recordó que, según la propia redacción del punto 22 de las Directrices de 2006, la Comisión no debe necesariamente tomar en consideración el impacto concreto de la infracción sobre el mercado, o la falta de este, como factor agravante o atenuante a la hora de apreciar la gravedad de la infracción a efectos del cálculo de la multa. Esta apreciación podría hacer creer que el Tribunal General se ciñó, a este respecto, únicamente a su misión de controlar la legalidad de la Decisión controvertida a la luz, en particular, de las Directrices de 2006. Sin embargo, si bien estas Directrices resultan vinculantes para la propia Comisión, en la medida en que esta se ha autolimitado en el ejercicio de su facultad de apreciación (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, EU:C:2005:408, apartado 211), las Directrices de 2006 no vinculan al juez de la Unión, en particular en su ejercicio de la competencia jurisdiccional plena a la que se ha hecho referencia en el apartado 96 de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión, C‑389/10 P, EU:C:2011:810, apartados 102 y 103), aunque este puede decidir legítimamente inspirarse en ellas (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2017, Aloys F. Dornbracht/Comisión, C‑604/13 P, EU:C:2017:45, apartado 75).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Decisión n.o 565/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores basado en el reconocimiento unilateral por Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía de determinados documentos como equivalentes a sus visados nacionales de tránsito o para estancias en sus territorios que no excedan de 90 días por período de 180 días, y por la que se derogan la Decisión n.o 895/2006/CE y la Decisión n.o 582/2008/CE (DO 2014, L 157, p. 23), de los artículos 4 y 13 del Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) (DO 2006, L 105, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (DO 2013, L 182, p. 1) (en lo sucesivo «código de fronteras Schengen»), así como de los artículos 4, apartado 3, 14 y 15 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
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El punto 19, apartado 1, del Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal (Decreto del Gobierno n.o 44/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley n.o 571/2003, relativa al Código Tributario, Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 112 de 6 de febrero de 2004), disponía, en su versión vigente en diciembre de 2008: «A efectos del artículo 137, apartado 3, letra a), del Código Tributario, los descuentos, rebajas, bonificaciones, reducciones y otras disminuciones del precio no estarán incluidos en la base imponible del impuesto si el proveedor o prestador los concede directamente en favor del cliente en el momento de la entrega o de la prestación y no constituyen en realidad la remuneración de un servicio o de una entrega. A tal fin, en la factura emitida se hará constar el valor, excluido el impuesto, de los bienes entregados o de los servicios prestados y en una línea distinta se inscribirá el importe de la reducción de la base imponible, que se restará. El [IVA] se calculará sobre la diferencia resultante.»
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, L 145, p. 1), así como de los artículos 7, punto 2, y 17, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
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La Directiva 2001/23 se transpuso al Derecho belga mediante el collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand (Convenio colectivo de trabajo n.o 32 bis, relativo al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario a causa de una transmisión contractual de empresa y por el que se regulan los derechos de los trabajadores de que se hace cargo el cesionario en caso de asunción del activo tras una quiebra o convenio judicial de cesión del activo a los acreedores), de 7 de junio de 1985, declarado obligatorio por el koninklijk besluit van 25 juli 1985 (Real Decreto de 25 de julio de 1985; Belgisch Staatsblad, 9 de agosto de 1985, p. 11527), en su versión modificada por el collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 quinquies (Convenio Colectivo de Trabajo n.o 32 quinquies), de 13 de marzo de 2002, declarado obligatorio por el koninklijk besluit van 14 mars 2002 (Real Decreto de 14 de marzo de 2002; Belgisch Staatsblad, 29 de marzo de 2002, p. 13382). No se discute que dicha transposición se ha realizado de conformidad con la referida Directiva.
14

El hof van beroep te Gent (Tribunal de Apelación de Gante, Bélgica), que conoce del recurso de apelación interpuesto por el Procureur-generaal (Fiscal General, Bélgica) contra el citado auto, alberga dudas acerca de a qué versión del Derecho del Estado miembro emisor ha de atenderse a los efectos de decidir si se cumple el requisito, establecido en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584, de que el delito esté castigado con una pena privativa de libertad de un máximo de al menos tres años. Considera que, en virtud del artículo 578 del Código Penal, en su versión vigente en el momento en que se cometieron los hechos del litigio principal, el rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Tribunal de Primera Instancia de Flandes Oriental, Sección Gante) estaba facultado para comprobar la doble tipificación de los hechos y denegar la ejecución de la orden de detención europea complementaria, puesto que, en esa versión, el artículo 578 del referido Código establecía una pena de prisión de un máximo de dos años. No obstante, señala que, si la versión de este artículo a la que debe atenderse fuera la vigente en la fecha de emisión de dicha orden de detención europea, habría que considerar que el rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Tribunal de Primera Instancia de Flandes Oriental, Sección Gante) no estaba facultado para comprobar la doble tipificación de los hechos y, por lo tanto, no podía denegar la ejecución de la orden de detención europea, toda vez que, en esa nueva versión, el citado artículo establece una pena de prisión de un máximo de tres años.
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El Sr. Alba Aguilera y otros sostienen, con carácter principal, que el primer motivo es inadmisible. Aducen que la obligación de adoptar disposiciones generales de aplicación del artículo 10 del anexo X del Estatuto, recordada por el Tribunal General en los apartados 30 a 33 de la sentencia recurrida, se basa en una reiterada jurisprudencia que no fue cuestionada por el SEAE en primera instancia, como se desprende del apartado 25 de la sentencia recurrida y del apartado 16 del escrito de contestación presentado por el SEAE ante el Tribunal General. Sostienen que el apartado 27 de la sentencia recurrida demuestra que el SEAE únicamente invocó que las Decisiones de 17 de diciembre de 2013 y de 3 de diciembre de 2014 constituían disposiciones generales de aplicación del artículo 10 de dicho anexo o, cuando menos, podían asimilarse a ellas. No obstante, el Tribunal General declaró que dicha asimilación no era posible porque el SEAE no había recabado el dictamen del Comité del Estatuto con arreglo al artículo 110 del Estatuto, lo que el SEAE no impugna en el presente recurso de casación. Añaden que el SEAE no alega que, en el apartado 25 de la sentencia impugnada, el Tribunal General haya desnaturalizado su argumentación.
17

El artículo 78 del RD/CIR 1992 dispone: «De los beneficios determinados con arreglo a los artículos 74 a 77 bis se deducirán las pérdidas profesionales experimentadas durante los períodos impositivos anteriores a que se refiere el artículo 206 del [CIR] 1992, en la medida en que tales pérdidas, determinadas con arreglo a la legislación aplicable a los períodos impositivos a los que corresponden, no hayan podido deducirse anteriormente o no se hayan cubierto antes con beneficios exentos por convenio o no se hayan repartido anteriormente entre los socios. Esta deducción se realiza según los procedimientos previstos en el artículo 75, párrafo 2, entendiéndose que las referidas pérdidas, sufridas en países en los que los beneficios no estén exentos por convenio, solo se deducirán en la medida en que superen los beneficios exentos por convenio.»
115

A este respecto procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General no está obligado a facilitar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos formulados por las partes en el litigio. Por tanto, la motivación del Tribunal General puede tener carácter implícito siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que no ha acogido sus argumentos, y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control. En particular, no incumbe al Tribunal General responder a las alegaciones de una parte que no sean suficientemente claras y precisas por no haber sido desarrolladas de manera particular y no venir acompañadas de una argumentación específica que las fundamente (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo y Comisión, C‑120/06 P y C‑121/06 P, EU:C:2008:476, apartados 91 y 96, y de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 64).
3)

En caso de que se responda negativamente a la primera cuestión y, por tanto, el Estado miembro pueda aplicar otros requisitos aparte del que se recoge en el artículo 10, apartado 2[, de la Directiva 2003/86] (que esté “a cargo del refugiado”), ¿quiere esto decir que el Estado miembro está facultado para establecer, si lo considera conveniente, cualquier requisito, incluidos los establecidos en relación con otros miembros de la familia en el artículo 4, apartados 2 y 3[, de dicha Directiva], o puede aplicar exclusivamente el requisito que se recoge en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva? En ese caso, ¿qué situación de hecho implica el requisito “objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health” del artículo 4, apartado 3, de la Directiva? ¿Debe interpretarse en el sentido de que el miembro de la familia no pueda [proveer] “a sus propias necesidades” o en el sentido de que “no sea capaz” de cuidar “de sí mismo”, o debe interpretarse, en su caso, de otra forma?»
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El órgano jurisdiccional remitente señala que tanto el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 de enero de 1985, relativa a la financiación de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral (DO 1985, L 32, p. 14; EE 03/33, p. 152), como el artículo 81, letra a), del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 999/2001, (CE) n.o 396/2005, (CE) n.o 1069/2009, (CE) n.o 1107/2009, (UE) n.o 1151/2012, (UE) n.o 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 1/2005 y (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 854/2004 y (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO 2017, L 95, p. 1), autorizan la retribución de los gastos administrativos y de los gastos y salarios del personal de apoyo y del personal administrativo. En comparación, dado que el anexo VI del Reglamento n.o 882/2004 solo menciona los gastos del personal encargado de los controles oficiales, cabe deducir que los gastos del personal administrativo y de apoyo no pueden incluirse.
7

El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190), está redactado en los siguientes términos: «A los efectos de la presente Directiva se entenderá por: […] 5) “filial”: una filial según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 16, del Reglamento (UE) n.o 575/2013; 6) “empresa matriz”: una empresa matriz según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 15, letra a), del Reglamento (UE) n.o 575/2013; […] 26) “grupo”: una empresa matriz y sus filiales; […]».
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 30, apartado 1, y 33, apartado 1, respectivamente, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO 2008, L 312, p. 3), al no haber revisado los planes de gestión de residuos conforme establece la citada Directiva por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas de Illes Balears y de Canarias y al no haberla informado oficialmente de la revisión de tales planes.
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El artículo 20 de la Directiva 2013/33, única disposición del capítulo III de la misma, se titula «Reducción o retirada del beneficio de las condiciones materiales de acogida». Este artículo tiene el siguiente tenor: «1. Los Estados miembros podrán reducir o, en casos excepcionales y debidamente justificados, retirar el beneficio de las condiciones materiales de acogida cuando un solicitante: a) abandone el lugar de residencia determinado por la autoridad competente sin informar a esta de ello o, en caso de ser necesario un permiso, sin haberlo obtenido, o b) no cumpla sus obligaciones de comunicación de datos o de respuesta a las peticiones de información o de comparecencia a la entrevista personal relativa al procedimiento de asilo durante un plazo razonable fijado por el Derecho nacional, o c) haya presentado una solicitud posterior según se define en el artículo 2, letra q), de la Directiva 2013/32/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60)]. En relación con las letras a) y b), cuando se localice al solicitante o este se presente voluntariamente a la autoridad competente, se tomará una decisión motivada, basada en las razones de la desaparición, sobre la nueva concesión de alguna o todas las condiciones materiales de acogida retiradas o reducidas. 2. Un Estado miembro también podrá reducir las condiciones materiales de acogida cuando pueda establecer que el solicitante, sin razón que lo justifique, no ha presentado la solicitud de protección internacional lo antes posible tras la entrada en dicho Estado miembro. 3. Un Estado miembro podrá reducir o retirar las condiciones materiales de acogida, cuando el solicitante haya ocultado sus recursos económicos y, por lo tanto, se haya beneficiado indebidamente de las condiciones materiales de acogida. 4. Los Estados miembros podrán fijar sanciones para los casos de violación grave de la normativa aplicable en los centros de acogida, así como para los casos de comportamiento violento grave. 5. Las decisiones de reducir o retirar el beneficio de las condiciones materiales de acogida o las sanciones a que se refieren los apartados 1, 2, 3 y 4 del presente artículo se tomarán de forma individual, objetiva e imparcial y estarán motivadas. Las decisiones se basarán en la situación particular de la persona en cuestión, especialmente por lo que respecta a las personas a que se refiere el artículo 21, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. En cualquier caso, los Estados miembros asegurarán el acceso a la atención sanitaria de conformidad con el artículo 19 y garantizarán condiciones de vida dignas para todos los solicitantes. 6. Los Estados miembros velarán por que el beneficio de las condiciones materiales de acogida no se retire ni reduzca antes de que se haya tomado una decisión de conformidad con el apartado 5.»