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3)

No procede ya pronunciarse sobre las demandas de intervención presentadas por Flachglas Torgau GmbH y Saint-Gobain Isover G+H AG, por Kronotex GmbH & Co. KG y Kronoply GmbH, por Bayer MaterialScience AG, por Sabic Polyolefine GmbH, por Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH e Ineos Vinyls Deutschland GmbH, así como por Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG y Wacker Chemie AG.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 127/26

Auto del Tribunal General de 23 de febrero de 2015 — Seven for all mankind/OAMI — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Asunto T-505/14) (1)

([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa SEVEN FOR ALL MANKIND - Marcas comunitaria e internacional figurativas anteriores Seven - Motivo de denegación relativo - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»])

(2015/C 127/36)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Seven for all mankind LLC (Vernon, California, Estados Unidos) (representante: A. Gautier-Sauvagnac, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: J. Crespo Carrillo, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Seven SpA (Leinì, Italia) (representante: L. Trevisan, abogado)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 9 de abril de 2014 (asunto R 1277/2013-1) relativa a un procedimiento de oposición entre seven SpA y Seven for all mankind LLC.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Seven for all mankind LLC.

(1) DO C 292, de 1.9.2014.
13

Según reiterada jurisprudencia, el objeto del recurso de que conoce el Tribunal de Primera Instancia consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, con arreglo al artículo 63 del Reglamento no 40/94. Pues bien, los hechos invocados ante el Tribunal de Primera Instancia sin haber sido alegados anteriormente ante los órganos de la OAMI sólo pueden afectar a la legalidad de dicha resolución si la OAMI hubiese debido tenerlos en cuenta de oficio. A este respecto, del artículo 74, apartado 1, infine, según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no debe tomar en consideración, de oficio, hechos que no hayan sido invocados por las partes. Por tanto, dichos hechos no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso.
—

Que se anule la decisión del Consejo de Administración del Banco de 16 de diciembre de 2008, en la medida en que no contiene resolución alguna acerca del resultado de la investigación administrativa ni tampoco sobre el curso dado a la denuncia de la demandante; con carácter subsidiario, que se anule la decisión del citado Consejo de Administración de 16 de diciembre de 2008, en la medida en que incluye una decisión «presunta» de archivar sin más la denuncia de la demandante, y de no adoptar otras medidas posteriores, en particular no incoar un procedimiento disciplinario.
La aplicación de nuevas disposiciones generales de aplicación de los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto a una transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en el marco de otro régimen de pensiones, solicitada antes de la adopción de dichas disposiciones, pero realizada después de su entrada en vigor, no es contraria al artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

A este respecto, según un principio generalmente aceptado, una norma nueva se aplica de manera inmediata, salvo excepción, a las situaciones que aún no han surgido, así como a los efectos futuros de las situaciones originadas, y sin embargo no constituidas plenamente, durante la vigencia de la norma anterior. Únicamente se exceptúan de esta regla las situaciones nacidas y definitivamente realizadas bajo el régimen de la norma anterior, que crean derechos adquiridos. Un derecho se considera adquirido cuando el hecho generador de éste se ha producido antes de la modificación legislativa. No obstante, éste no es el caso de un derecho cuyo hecho constitutivo no se ha realizado bajo el régimen de la normativa que ha sido modificada.

Ahora bien, por una parte, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no se opone a tal aplicación inmediata de las nuevas disposiciones generales de aplicación.

Por otra parte, ni la comunicación de una propuesta de bonificación de anualidades al funcionario o agente que ha presentado una solicitud de transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en otro régimen de pensiones ni, menos aún, la mera presentación de tal solicitud modifican la situación jurídica del interesado ni producen efectos jurídicos obligatorios. Por lo tanto, para un funcionario o agente no existen derechos adquiridos que puedan ser vulnerados por la aplicación de las nuevas disposiciones.

Además, el derecho de un funcionario o agente a que se le reconozca una bonificación de anualidades no está plenamente constituido hasta que no se transfiere al régimen de pensiones de la Unión el capital que representan sus derechos adquiridos en otro régimen.

Por otra parte, un particular no puede invocar el principio de protección de la confianza legítima para oponerse a la aplicación de una nueva disposición normativa, en particular cuando el legislador dispone de una amplia facultad de apreciación.

(véanse los apartados 28 a 31, 33 y 40)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 13 de octubre de 2015, Comisión/Verile y Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, apartados 151 a 154 y 170 y jurisprudencia citada
Los plazos para reclamar y para recurrir son de orden público y no están a disposición de las partes ni del juez. La facultad de presentar una petición con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto no autoriza, por tanto, al funcionario a eludir los plazos de presentación de la reclamación y del recurso fijados por los artículos 90 y 91 del Estatuto mediante tal petición posterior que impugne indirectamente una decisión anterior que no fue impugnada dentro de plazo.

(véase el apartado 18)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: auto Michel/Comisión, F‑44/13, EU:F:2014:40, apartado 46, y la jurisprudencia citada
En este sentido, para evitar privar de eficacia al procedimiento previsto en esa disposición, cuyo objetivo es que se resuelva definitivamente sobre las costas del procedimiento, no cabe admitir que sólo surja una discrepancia en el sentido de dicho artículo cuando la parte destinataria de una solicitud de reembolso de costas presentada por la parte vencedora oponga a ésta una negativa expresa e íntegra.

A tenor del artículo 106, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, si hubiere discrepancia sobre las costas recuperables, el Tribunal de la Función Pública decidirá mediante auto no recurrible a instancia de la parte interesada, tras oír las observaciones de la otra parte.

A tenor del artículo 105, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, se considerarán costas recuperables «los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de un agente, asesor o abogado». De esta disposición se desprende que las costas recuperables se circunscriben, por un lado, a los gastos efectuados con motivo del procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública y, por otro, a los gastos que hayan sido indispensables a tal efecto.

A este respecto, el juez de la Unión no está facultado para tasar los honorarios que las partes adeudan a sus propios abogados, sino para determinar la cantidad máxima hasta la cual pueden reclamarse estos emolumentos a la parte condenada en costas. Al resolver la solicitud de tasación de costas, el juez de la Unión no está obligado a tener en cuenta un arancel nacional que fije los honorarios de los abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus agentes o asesores.

Al no prever el Derecho de la Unión la aplicación de una disposición equiparable a un arancel profesional, el juez debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho de la Unión, así como sus dificultades, el volumen de trabajo que el procedimiento contencioso haya podido producir a los agentes o asesores que han intervenido y los intereses económicos que el litigio haya supuesto para las partes.

Al fijar las costas recuperables, el Tribunal de la Función Pública tiene en cuenta todas las circunstancias del asunto hasta el momento en que se dicte el auto de tasación de costas, incluidos los gastos indispensables correspondientes al procedimiento de tasación de costas.

(véanse los apartados 35 a 38)

Referencia:

Tribunal General: auto de 23 de marzo de 2012, Kerstens/Comisión, T‑498/09 P-DEP, no publicado, EU:T:2012:147, apartado 15

Tribunal de la Función Pública: autos de 10 de noviembre de 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, apartado 22; de 26 de abril de 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, apartados 23 y 24, y de 27 de septiembre de 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, apartado 41
El funcionario aquejado de una enfermedad profesional únicamente tiene derecho a solicitar una indemnización complementaria con arreglo al Derecho general cuando el régimen estatutario establecido por el artículo 73 del Estatuto no permita una indemnización apropiada. Por consiguiente, en principio, la solicitud de indemnización que persigue la reparación del perjuicio material y moral supuestamente causado a un funcionario por una enfermedad profesional no es admisible mientras no haya concluido el procedimiento abierto al amparo del artículo 73 del Estatuto.

(véase el apartado 32)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 15 de diciembre de 1999, Latino/Comisión, T‑300/97, apartado 94

Tribunal de la Función Pública: 13 de enero de 2010, A y G/Comisión, F‑124/05 y F‑96/06, apartados 151 y 152
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA UNIÓN EUROPEA

de 6 de junio de 2012

Asunto F‑54/12 R

Luigi Carosi

contra

Comisión Europea

«Función pública — Concurso general — No admisión a participar en las pruebas de evaluación — Procedimiento sobre medidas provisionales — Demanda de suspensión de la ejecución — Fumus boni iuris — Inexistencia — Requisitos específicos de admisión al concurso — Experiencia profesional»

Objeto: Demanda presentada al amparo de los artículos 278 TFUE y 157 EA, así como del artículo 279 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante la cual el Sr. Carosi solicita, en particular, la suspensión de la decisión del tribunal de la oposición general EPSO/AST/117/11 de no admitirle a participar en las pruebas de evaluación de dicha oposición.

Resultado: Se desestima la demanda de medidas provisionales presentada por el demandante. Se reserva la decisión sobre las costas.

Sumario

Funcionarios — Concurso — Concurso-oposición — Requisitos de admisión — Fijación por la convocatoria del concurso — Apreciación de la experiencia profesional de los candidatos por el tribunal del concurso — Control jurisdiccional — Límites — Concurso en el ámbito de la funciones de secretaría

(Estatuto de los Funcionarios, anexo III, arts. 2 y 5)

El tribunal de un concurso tiene la responsabilidad de apreciar, caso por caso, si la experiencia profesional aducida por cada candidato corresponde al nivel exigido por la convocatoria del concurso. El tribunal dispone, a este respecto, de una facultad discrecional, en el marco de las disposiciones del Estatuto relativas a los procedimientos de concurso, por lo que se refiere a la apreciación tanto de la naturaleza y duración de la experiencia profesional anterior de los candidatos, como a la relación más o menos estrecha que ésta pueda tener con las exigencias del puesto que debe cubrirse. Así, en el marco del control de la legalidad, el Tribunal de la Función Pública debe limitarse a comprobar que el ejercicio de tal facultad no adolece de un error manifiesto.

A este respecto, el tribunal de un concurso no incurre en apreciación manifiestamente errónea si, al adoptar la decisión de no admisión a un concurso en el ámbito de las funciones de secretaría, estima que un título universitario y una experiencia profesional, concretamente en el ámbito jurídico, no corresponden, respectivamente, ni a un título obtenido en el ámbito de las funciones de secretaría ni a una experiencia profesional en este mismo campo.

(véanse los apartados 35, 39, 40 y 47)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: 1 de julio de 2010, Časta/Comisión (F‑40/09), apartado 58, y la jurisprudencia citada
Aun cuando el Estatuto de los Funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes no regulan la cuestión del uso de las lenguas por las instituciones de la Unión en las decisiones dirigidas a su personal, incumbe a la administración, con arreglo a su deber de diligencia, cuando remite a un funcionario o agente una decisión individual, redactarla en una lengua que el interesado conozca en profundidad.

Cuando se trata de una decisión desestimatoria de una reclamación, la notificación de dicha decisión en una lengua que no sea la lengua materna del funcionario o agente ni la lengua en que se redactó la reclamación puede ser considerada correcta siempre que el interesado haya podido tener conocimiento de ella de forma útil. No obstante, si el destinatario de esta decisión considera que no se halla en condiciones de comprenderla, debe solicitar a la institución competente que le facilite una traducción, bien en la lengua de la reclamación, bien en su lengua materna. Cuando una solicitud de ese tipo se formula sin retraso, el plazo sólo empieza a computarse a partir de la fecha en que esa traducción se notifica al funcionario o agente interesado.

En cambio, cuando un funcionario o agente opta voluntariamente por presentar su reclamación en una lengua determinada que no es su lengua materna, tal opción implica que el interesado acepta que la institución utilice en su respuesta aquella lengua.

En cualquier caso, se admite que una administración pueda escoger sus lenguas internas de comunicación si la elección se basa en consideraciones objetivas. Ahora bien, al redactar su decisión en la que resuelve sobre la reclamación, el uso por la administración de la lengua escogida por el reclamante se basa en consideraciones objetivas, ligadas precisamente a la elección de lengua efectuada por el mismo reclamante. Por ello, el uso por la institución de que se trate de la misma lengua que aquella en que se presentó la reclamación no tiene carácter arbitrario.

(véanse los apartados 19 a 22)

Tribunal de Primera Instancia: 23 de marzo de 2000, Rudolph/Comisión (T-197/98), apartados 44 y 46, y la jurisprudencia citada; 7 de febrero de 2001, Bonaiti Brighina/Comisión (T-118/99), apartados 15 y 17

Tribunal de la Función Pública: 3 de marzo de 2009, Patsarika/Cedefop (F-63/07), apartado 31, y la jurisprudencia citada; 29 de junio de 2011, Angioi/Comisión (F-7/07), apartados 91 y 106
Como se desprende del artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de la Función Pública en virtud del artículo 7, apartado 1, del anexo I de dicho Estatuto, las instituciones de la Unión pueden recurrir a la asistencia de un abogado. La remuneración de este último está comprendida, pues, en el concepto de gastos indispensables efectuados con motivo del procedimiento, sin que la institución esté obligada a demostrar que la asistencia de abogado resultaba objetivamente justificada.

En lo que respecta a la determinación del importe máximo que puede recuperarse en concepto de honorarios de abogado, el juez de la Unión no es competente para tasar los honorarios que las partes adeudan a sus propios abogados, sino para determinar el importe máximo que por esa remuneración puede recuperarse de la parte condenada en costas. Al resolver sobre la solicitud de tasación de costas, el juez de la Unión no está obligado a tener en cuenta un arancel nacional que fije los honorarios de los abogados ni un eventual acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus agentes o asesores.

En este mismo sentido, el hecho de que la remuneración se haya fijado a tanto alzado no afecta a la apreciación por parte del Tribunal del importe recuperable en concepto de costas, ya que el juez se basa en criterios jurisprudenciales bien establecidos y en las indicaciones precisas que las partes deben aportarle. Si bien la inexistencia de esa información no impide que el Tribunal de la Función Pública fije el importe de las costas recuperables con arreglo a una valoración en equidad, le coloca no obstante en una situación de apreciación necesariamente estricta de las peticiones del solicitante.

Del mismo modo, el importe de los honorarios del abogado de la institución de que se trate susceptible de recuperación no puede estimarse haciendo abstracción del trabajo ya efectuado por los servicios de dicha institución, antes incluso de que se sometiera el asunto al Tribunal de la Función Pública. En efecto, desde el momento en que la admisibilidad de un recurso se supedita a la presentación de una reclamación y a la desestimación de ésta por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, los servicios de la institución intervienen, en principio, en la tramitación de los litigios antes incluso de que éstos se sometan al Tribunal de la Función Pública.

En lo que respecta a la magnitud del trabajo correspondiente al procedimiento administrativo previo, corresponde al juez de la Unión realizar una apreciación justa del trabajo indispensable a efectos del procedimiento principal fijando el número de horas de trabajo del abogado.

(véanse los apartados 18 a 20, 22 y 30)

Tribunal General: autos Marcuccio/Comisión, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, apartado 20, y Marcuccio/Comisión, T‑366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, apartado 33, y la jurisprudencia citada

Tribunal de la Función Pública: auto Chatzidoukakis/Comisión, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, apartados 21, 22 y 24, y la jurisprudencia citada
ES
RecopilacióndelaJur isprudenci a
ECLI:EU:F:2010 :157 1AUTO D EL PR ESIDENTE DE LA SA LA PR IMERA
DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚ BLICA
de 8 de diciembre de 2010
Asunto F-79/10
Charles Dubus
contra
Comisión Europea
«Solución a mistosa — Archivo»
Objeto: Recurso interpuesto en virtud del ar tículo 270 TFUE, aplicable al Tratado C EEA 
conforme a s u ar tículo 106 bis, por el que el Sr. Dubus solicita la anulación d e la 
decisión d e la Comisión, de 20 de noviembre de 2009 , de no i ncluirlo en la lista de 
funcionarios promovidos al grado AS T 4 p or el ejercicio de promoción 2009 .
Resultado:Se ar chiva el asunto F-79/10, Dubus/Comisión, haciéndolo constar e n el registro del 
Tribunal. Las partes se repartirán las costas con arr eglo a l o acordad o entre ellas.
Sumario
Funcionarios — Recursos — Solución amistosa de l litigio ante el Tribunal de l a Función Pública — 
Archivo
(Reglamento de P rocedimiento del Tribunal de l a Función Pública, art. 69)
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LA FUNCION PÚBLICA

de 8 de noviembre de 2007

Asunto F‑50/07 AJ

Valentina Hristova

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Justicia gratuita»

Objeto: Solicitud de concesión del beneficio de justicia gratuita presentada por la Sra. Hristova, con arreglo al artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, aplicable mutatis mutandis al Tribunal de la Función Pública en la fecha de presentación de la solicitud de justicia gratuita en virtud del artículo 3, apartado 4, de la Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (DO L 333, p. 7), a fin de presentar un recurso de anulación contra la decisión del tribunal calificador del concurso EPSO/AST/14/06, de 3 de abril de 2007, por la que se rechazó su participación en el citado concurso, organizado por la Oficina de Selección de Personal de las Comunidades Europeas (EPSO) a fin de crear una lista de reserva para la contratación de asistentes de nacionalidad búlgara en el ámbito del secretariado (DO C 145 A, p. 22).

Resultado: Se otorga el beneficio de justicia gratuita a la demandante. Se abonará a los abogados encargados de asistir a la demandante, contra la presentación de justificantes, un importe equivalente a los gastos en que incurra la demandante, con un límite de 1.000 euros para la fase escrita del procedimiento y de 1.000 euros para la fase oral. Se designan como abogados que representarán a la demandante a los Sres. A. Kerelov y G. Kerelov.

Sumario

Procedimiento — Solicitud del beneficio de justicia gratuita — Requisitos para su concesión

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 94, aps. 1 a 3, y 96, ap. 3; Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo,art. 3, ap. 4)
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Identidad de objeto y de causa

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

En virtud del artículo 91, apartado 2, del Estatuto, sólo podrá ser admitido un recurso si previamente se hubiese presentado una reclamación ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, a tenor del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra el acto lesivo, dentro del plazo de tres meses que establece dicho artículo.

No puede admitirse el recurso de un funcionario contra una decisión de la administración por la que se fijan sus derechos a pensión, cuando se ha presentado una reclamación previa contra una decisión posterior de la administración por la que se desestima su solicitud de cotización con carácter retroactivo al régimen comunitario de pensiones. En efecto, en la medida en que se dirige contra la primera decisión, el recurso no ha ido precedido de una reclamación previa con el mismo objeto y, por lo tanto, no cumple el requisito establecido en el artículo 91, apartado 2, del Estatuto. Por otra parte, suponiendo que, en la medida en que se refiere al cálculo, por la administración, de los derechos a pensión del demandante, pudiera considerarse que la reclamación igualmente cuestiona la legalidad de la primera decisión y que, en consecuencia, se ha formulado subsidiariamente contra esa decisión, tal reclamación debería haberse presentado dentro del plazo previsto en el Estatuto.

(véanse los apartados 18 y 22 a 24)
22

La demandante presentó su candidatura a la vacante convocada. El 17 de julio de 2013, la AESPJ le comunicó por correo electrónico que había sido seleccionada para el puesto y le pidió que confirmara su interés por el mismo. Asimismo, en el correo electrónico se indicaba que si la demandante aceptaba la oferta, ser[ía] destinada provisionalmente al nuevo grado por un período de seis meses y que, si] superaba dicho período, sería confirmada en ese grado («In case you accept it, you will be on provisional assignment on that new level for the period of 6 month. If you have passed it, you will be confirmed on that new level»). Al día siguiente, la demandante confirmó que aceptaba el puesto en las condiciones propuestas.