Pues bien, por un lado, los aeropuertos de los Estados miembros forman parte de dicho espacio geográfico y, por lo tanto, del territorio de la Unión. Por otro lado, debe señalarse que, del mismo modo que las disposiciones del Reglamento n.o 1889/2005 no excluyen la aplicabilidad de la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1, de éste en las zonas internacionales de tránsito de dichos aeropuertos, los artículos 52 TUE y 355 TFUE no excluyen estas zonas del ámbito de aplicación territorial de los Tratados, ni prevén excepciones relativas a ellas. De esto se deduce que, cuando una persona física se desplaza de un lugar que no forma parte del espacio geográfico al que se refieren los artículos 52 TUE y 355 TFUE a un lugar que forma parte de éste, entra en la Unión, en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 1889/2005.

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 1889/2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que la obligación de declaración prevista en esa disposición se aplica en la zona internacional de tránsito de un aeropuerto de un Estado miembro.

En consecuencia, y como señaló el Abogado General en los puntos 44 y 45 de sus conclusiones, se desprende del objetivo perseguido por el Reglamento n.o 1889/2005, del contexto internacional en el que éste se inscribe y de la necesidad de garantizar el objetivo preventivo y disuasorio de la obligación de declaración establecida en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento que el concepto de «persona física que entre en la [Unión] o salga» de ella, recogido en esa disposición, debe ser interpretado de forma amplia.

La cuestión de si un nacional de un Estado tercero que se encuentra en la zona internacional de tránsito de un aeropuerto de un Estado miembro ha cruzado una frontera exterior de la Unión, en el sentido del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 562/2006, carece de incidencia sobre las consideraciones precedentes. Así, a falta de disposición expresa en este sentido en uno u otro de estos textos, la interpretación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 1889/2005 no puede depender de la del concepto de «cruce de una frontera exterior de la Unión», en el sentido del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 562/2006.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos de los Estados miembros no deben excluirse del ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 1889/2005, de modo que, si una persona física que desembarca de una aeronave procedente de un Estado tercero en un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro y que permanece en la zona internacional de tránsito de dicho aeropuerto antes de embarcar a bordo de otra aeronave con destino a un Estado tercero distinto está en posesión de un importe igual o superior a 10000 euros en dinero efectivo cuando entra en la Unión, está sometida a la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 1889/2005. A este respecto, incumbe a los Estados miembros adoptar las medidas adecuadas para permitir a los interesados cumplir esta obligación en condiciones que les garanticen su plena seguridad jurídica.

(véanse los apartados 34, 36 y 40 a 43 y el fallo)