2.

El Gobierno de Bruselas no discute los hechos que le imputa la Comisión. Pero, como ya lo hizo en los asuntos 68/81, 69/81, 70/81 y 71/81, los imputa a los obstáculos de orden constitucional que implicó la entrada en vigor de la ley de 8 de agosto de 1980. Como es sabido, mediante esta importante reforma, se transfirieron a título exclusivo a las regiones en que está dividida Bélgica numerosas materias, entre ellas aquellas a que se refieren las cuatro directivas. Las entidades locales correspondientes eran por lo tanto competentes para cumplir las obligaciones derivadas de las directivas, y los órganos legislativos respectivos todavía no lo han hecho. El argumento así resumido carece de valor. Tal como el Tribunal de Justicia afirmó ya en las sentencias de 1982, las circunstancias invocadas por el Gobierno belga se incluyen entre las «disposiciones, prácticas o situaciones» internas a las que la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia niega de raíz la posibilidad de «justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de las directivas comunitarias» (en último lugar, sentencia de 12 de febrero de 1987, asunto 69/86, Comisión contra Italia, Rec. 1987, p. 773, apartado 7). Hay que añadir que, en lo que se refiere a la Directiva 78/176, no se dan estas circunstancias en ningún caso. En efecto, en la materia regulada por esta norma, el Estado belga conserva su propia competencia legislativa: y, a pesar de ello, él mismo reconoce que no se han adoptado completamente las medidas necesarias para aplicarla. Se podría terminar aquí. Sin embargo, el asunto lleva consigo un aspecto delicado sobre el que me parece útil llamar la atención de este Tribunal. El Gobierno de Bruselas recordó en la vista que —a diferencia de los ordenamientos jurídicos italianos (artículo 6 del Decreto del Presidente de la República no 616 de 24 de julio de 1977) y español (artículo 155 de la Constitución)— la legislación belga no atribuye al Estado la facultad de obligar a las regiones a aplicar la legislación comunitaria o de legislar en lugar de ellas en caso de retraso persistente. Ahora bien, el retraso que se imputa a Bélgica alcanza ya cerca de diez años y esto conduce a formular una doble observación. En primer lugar, hay que recordar que las obligaciones impuestas a los países miembros por el apartado 3 del artículo 189 del Tratado CEE (alcanzar el resultado previsto por la directiva en los plazos fijados por ella) y por el apartado 1 del artículo 5 (adoptar las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los actos comunitarios) se imponen indistintamente a todas las autoridades del Estado, comprendidas las jurisdiccionales (sentencias de 10 de abril de 1984, asunto 14/83, Van Colson y Kamann, Rec. 1984, p. 1891, apartado 26, y de 15 de mayo de 1986, asunto 222/84, Johnston, Rec. 1986, p. 1651, apartados 51 a 53); es pues evidente que estas obligaciones recaen igualmente sobre las regiones cuando, como en el caso de autos, a ellas incumben los poderes correspondientes. En segundo lugar, hay que señalar que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Tratado CEE, los Estados deberán abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico «todas aquellas medidas —y por consiguiente, subrayo yo, asimismo una ley de rango constitucional— que puedan poner en peligro la realización de los fines del [...] presente Tratado». Esto significa, en términos todavía más explícitos, que los Estados están obligados «a no poner obstáculos mediante su legislación [...] a la aplicación plena y uniforme del Derecho comunitario y a la eficacia de las correspondientes medidas de ejecución» y, por consiguiente, a no «dictar o mantener en vigor disposiciones [...] que puedan hacer ineficaces en la práctica (sus) normas» (sentencia de 10 de enero de 1985, asunto 229/83, Leclerc contra «Au blé vert», Rec. 1985, p. 1, apartado 14).