Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Prácticas colusorias — Prueba

(Art. 81 CE, ap. 1)

2. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba

(Art. 81 CE, ap. 1)

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Concepto — Incompatibilidad de la coordinación y cooperación con el deber de cada empresa de determinar de manera autónoma su comportamiento en el mercado

(Art. 81 CE, ap. 1)

5. Competencia — Prácticas colusorias — Participación de una empresa en iniciativas contrarias a la competencia — Aprobación tácita de la empresa, sin distanciarse públicamente de dicha iniciativa, que es suficiente para generar su responsabilidad

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Acuerdos y prácticas concertadas que pueden considerarse constitutivos de una infracción única — Concepto

(Art. 81 CE, ap. 1)

7. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Empresa que ha participado en un acuerdo contrario a la competencia — Conducta que se aparta de la acordada en el marco de las prácticas colusorias

(Art. 81 CE, ap. 1)

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada — Requisitos

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, título D]

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1. En lo que atañe a la práctica de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, la Comisión debe aportar pruebas precisas y concordantes para sustentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción alegada. La existencia de una duda en el juez de la Unión debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción. El juez no puede, pues, llegar a la conclusión de que la Comisión ha acreditado la existencia de la infracción de que se trata de modo suficiente en Derecho si sigue albergando dudas sobre esta cuestión, en particular en el marco de un recurso por el que se solicita la anulación de una decisión mediante la que se impone una multa. No obstante, no es preciso que cada una de las pruebas aportadas por la Comisión se ajuste necesariamente a estos criterios en relación con cada uno de los componentes de la infracción. Basta con que satisfaga dicho requisito el conjunto de indicios invocado por la institución, valorado globalmente.

Por otra parte, es habitual que las actividades que los acuerdos contrarios a la competencia implican se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en secreto y que la documentación al respecto se reduzca a lo mínimo. De ello resulta que, aunque la Comisión descubra documentos que acrediten explícitamente un contacto ilícito entre operadores, como los informes de reuniones, normalmente tales documentos sólo tendrán carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por deducción. En consecuencia, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia debe inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia.

(véanse los apartados 56 a 58)

2. Las declaraciones formuladas en relación con la política de clemencia desempeñan un importante papel. Esas declaraciones, realizadas en nombre de empresas, revisten un valor probatorio nada desdeñable, en la medida en que implican unos riesgos jurídicos y económicos considerables. No obstante, la declaración de una empresa acusada de haber participado en una práctica colusoria, cuya exactitud niegan varias de las demás empresas acusadas, no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otros elementos probatorios.

(véase el apartado 59)

3. La duración de la infracción es un elemento constitutivo del concepto de infracción a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, elemento cuya prueba incumbe a la Comisión. Si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas.

(véase el apartado 60)

4. Un intercambio de información no debe ser necesariamente recíproco para resultar contrario al principio de comportamiento autónomo en el mercado. La divulgación de información sensible elimina la incertidumbre relativa al comportamiento futuro de un competidor y, de este modo, influye, directa o indirectamente, en la estrategia del destinatario de la información.

(véase el apartado 70)

5. El concepto de distanciamiento público como elemento de exención de la responsabilidad debe interpretarse en sentido restrictivo. La comunicación cuyo objeto consiste en distanciarse públicamente de una práctica contraria a la libre competencia debe manifestarse de una forma firme y clara, de manera que los demás participantes en la práctica colusoria comprendan la intención de la empresa interesada. A falta de un distanciamiento explícito, la Comisión puede considerar que no se ha puesto fin a la infracción.

(véanse los apartados 75, 76 y 102)

6. Tratándose de comportamientos consistentes en la organización regular, durante varios años, de contactos multilaterales y bilaterales entre productores competidores cuyo objeto era el establecimiento de prácticas ilícitas, destinadas a organizar artificialmente el funcionamiento del mercado de los empalmes de cobre, en particular, en lo tocante a precios, el hecho de que determinadas características o de que la intensidad de tales prácticas hubieran cambiado con posterioridad a las verificaciones efectuadas por la Comisión no resulta pertinente a efectos de la continuación de la práctica colusoria, en la medida en que el objetivo de las prácticas contrarias a la libre competencia seguía siendo el mismo, a saber, la concertación sobre los precios de los empalmes. A este respecto, es probable que, tras las verificaciones de la Comisión, una práctica colusoria conozca una forma menos estructurada y una actividad de intensidad más variable. Sin embargo, el que una práctica colusoria pueda pasar por períodos de actividad de intensidades variables no implica que pueda llegarse a la conclusión de que ha cesado.

(véanse los apartados 82 y 85)

7. El hecho de no observar una práctica colusoria no cambia nada en cuanto a su propia existencia. En efecto, los miembros de una práctica colusoria siguen siendo competidores, pudiendo cada uno de ellos intentar, en cualquier momento, aprovecharse de la disciplina de los demás en materia de precios inherentes a la práctica colusoria para bajar sus propios precios con el fin de aumentar su cuota de mercado, aunque manteniendo un nivel general de precios relativamente elevado.

(véanse los apartados 98 y 99)

8. La reducción del importe de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa de que se trate permite a la Comisión apreciar la existencia de una infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin. Una reducción del importe de la multa basada en la Comunicación sobre la cooperación de 1996 sólo se justifica cuando quepa considerar que la información facilitada y, en general, el comportamiento de la empresa de que se trate revelan una auténtica cooperación por parte de ésta.

(véase el apartado 114)