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El concepto de trabajador a efectos del artículo 7 de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo y del artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que puede comprender a una persona admitida en un centro de ayuda mediante el trabajo, que, como persona discapacitada, no está en condiciones de ocupar un empleo en condiciones normales. En efecto, las actividades que ejercen en ese centro las personas discapacitadas no son puramente marginales y accesorias, en el sentido de que no se han creado con el único fin de dar una ocupación, en su caso derivativa, a los interesados, sino que, a través de prestaciones adaptadas a las capacidades de las personas interesadas, también tienen una cierta utilidad económica. Esas actividades permiten valorizar la productividad, por reducida que sea, de las personas gravemente discapacitadas y asegurar a la vez la protección social que se les debe.

En ese contexto el juez nacional debe comprobar, en particular, si las prestaciones efectivamente ejecutadas por el interesado se pueden considerar comprendidas normalmente en el mercado de trabajo. A tal efecto, podrán tenerse en cuenta el estatuto y las prácticas del centro en cuestión en su función de establecimiento de acogida y los diferentes aspectos de la finalidad de su programa de ayuda social así como la naturaleza y modalidades de ejecución de las prestaciones.

(véanse los apartados 39, 40, 42 y 43 y el fallo)
La Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación previa y obligatoria de un procedimiento administrativo nacional, en el caso de que la administración tributaria sospeche la existencia de una práctica abusiva, siempre que dicha regulación no sea menos favorable que la que rige situaciones semejantes de naturaleza interna ni haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. Éste es el caso de un procedimiento previo que, por un lado, resulta favorable para quien sea sospechoso de haber cometido un abuso de derecho, puesto que pretende garantizar el respeto de ciertos derechos fundamentales y, especialmente, del derecho a ser oído, y que, por otro lado, no es en sí mismo contrario al objetivo de lucha contra el fraude, la evasión fiscal y los posibles abusos, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 26, 29, 32 y 34 y el fallo)
Las autoridades competentes encargadas del examen de una solicitud de asilo fundada en un temor a ser perseguido por razón de la orientación sexual del solicitante de asilo no están obligadas a considerar su orientación declarada como un hecho probado basándose únicamente en las declaraciones de dicho solicitante. Dichas declaraciones sólo constituyen, habida cuenta del contexto particular en el que se inscriben las solicitudes de asilo, el punto de partida en el proceso de examen de los hechos y circunstancias previsto en el artículo 4 de la Directiva 2004/83, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida.

El artículo 4, apartado 3, letra c), de la Directiva 2004/83, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, y el artículo 13, apartado 3, letra a), de la Directiva 2005/85, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en el marco del examen, por las autoridades nacionales competentes, que actúan bajo control judicial, de los hechos y circunstancias referentes a la orientación sexual declarada de un solicitante de asilo, cuya solicitud se basa en el temor a ser perseguido por razón de dicha orientación, las declaraciones de ese solicitante y las pruebas documentales o de otro tipo presentadas para apoyar su solicitud sean objeto de apreciación, por dichas autoridades, mediante interrogatorios basados únicamente en conceptos estereotipados relativos a los homosexuales.

Si bien unos interrogatorios relativos a conceptos estereotipados pueden constituir un elemento útil a disposición de las autoridades competentes a efectos de dicha evaluación, la evaluación de las solicitudes de concesión del estatuto de refugiado basada únicamente en conceptos estereotipados asociados a los homosexuales no responde a lo exigido en las disposiciones anteriormente mencionadas, en la medida en que no permite que dichas autoridades tengan en cuenta la situación particular y las circunstancias personales del solicitante de asilo de que se trate. Por consiguiente, la incapacidad de un solicitante de asilo para responder a tales preguntas no constituye, per se, un motivo suficiente para llegar a la conclusión de que el solicitante carece de credibilidad.

(véanse los apartados 62, 63 y 72 y el fallo)
El hecho de autorizar, a efectos de crear un sistema de transporte seguro y eficaz, a los taxis londinenses a circular por los carriles bus establecidos en las vías públicas durante las horas en que se aplican las limitaciones de circulación relativas a dichos carriles, prohibiendo al mismo tiempo a los vehículos de turismo con conductor circular por éstos, salvo para recoger y dejar a pasajeros que los hayan reservado previamente, no parece que implique que se comprometan fondos estatales ni que confiera a esos taxis una ventaja económica selectiva a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1, lo que corresponde verificar no obstante al tribunal remitente.

En efecto, para constatar la existencia de una ayuda de Estado debe acreditarse un vínculo suficientemente directo entre, por una parte, la ventaja concedida al beneficiario y, por otra, una mengua del presupuesto estatal, incluso un riesgo económico suficientemente concreto de cargas que gravan al mismo.

El hecho de que los taxis londinenses puedan utilizar esos carriles sin exponerse a multas no se debe a una renuncia de los poderes públicos a la percepción de las multas impuestas, sino a la autorización concedida a los taxis para utilizar los carriles bus. Por lo tanto, el hecho de que los taxis londinenses no tengan que pagar multas por utilizar los carriles bus no implica cargas adicionales para los poderes públicos que puedan dar lugar a que se comprometan fondos estatales.

Además, cuando un Estado, con el fin de perseguir la realización de un objetivo previsto por la normativa de ese Estado, concede a los usuarios de una infraestructura pública que no se explota económicamente por las autoridades públicas un derecho de acceso preferente a la misma, no confiere necesariamente una ventaja económica a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1.

Las autoridades públicas nacionales competentes disponen de un margen de apreciación con respecto tanto a la necesidad, para lograr el objetivo legalmente perseguido, de renunciar a ingresos potenciales como a la identificación de criterios de atribución adecuados que deben, no obstante, fijarse de antemano de manera transparente y no comportar ningún elemento discriminatorio.

En efecto, el artículo 107 TFUE, apartado 1, requiere que se examine si, en el marco de un régimen jurídico concreto, una medida nacional puede favorecer a determinadas empresas o producciones en relación con otras que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable, habida cuenta del objetivo perseguido por el referido régimen.

A este respecto, la identificación de las respectivas situaciones de los taxis londinenses y de los vehículos de turismo con conductor, así como la apreciación de la eventual comparabilidad de estas situaciones, es una cuestión que compete al tribunal remitente, que es el único que dispone de todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes.

(véanse los apartados 34, 40, 41, 48, 49, 55, 57 y 63 y el punto 1 del fallo)
Los artículos 2, apartados 1 y 2, letra a), y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, para poner fin a una situación de discriminación por motivos de edad, toma en consideración los períodos de formación y servicio anteriores a la edad de 18 años pero que, simultáneamente, introduce únicamente respecto a los funcionarios que sufren esta discriminación una prolongación de tres años del período necesario para poder ascender del primer al segundo nivel de cada tipo de empleo y de cada tramo salarial.

En efecto, en la medida en que la prolongación por tres años del período necesario para la promoción del primer nivel al segundo sólo se aplica a los funcionarios que hayan completado los períodos de formación y servicio antes de cumplir la edad de 18 años, esa normativa contempla una diferencia de trato directamente basada en la edad, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78.

Esta diferencia de trato no puede justificarse únicamente por los objetivos de equilibrio presupuestario o economía administrativa. En efecto, si bien las consideraciones de carácter presupuestario pueden estar en el origen de las opciones de política social de un Estado miembro e influir en la naturaleza o el alcance de las medidas que pretende adoptar, tales consideraciones no pueden constituir por sí solas un objetivo legítimo en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78.

En cambio, el respeto de los derechos adquiridos y la protección de la confianza legítima de los funcionarios favorecidos por el régimen anterior en cuanto a sus retribuciones son objetivos legítimos de la política de empleo y del mercado de trabajo que pueden justificar, durante un período transitorio, el mantenimiento de las retribuciones anteriores y, en consecuencia, el mantenimiento de un régimen discriminatorio por motivos de edad. Una normativa como esa permite lograr dichos objetivos siempre que los funcionarios favorecidos por el régimen anterior no sufran la prolongación retroactiva del plazo de promoción.

No obstante, estos objetivos no pueden justificar una medida que mantenga definitivamente la diferencia de trato por motivos de edad, aun cuando sólo lo haga respecto a algunas personas, situación que pretende suprimir la reforma del régimen discriminatorio en la que se integra esta medida. Una medida así, aun cuando pueda garantizar la protección de los derechos adquiridos y de la confianza legítima respecto a los funcionarios favorecidos por el régimen anterior, no es apta para establecer un régimen no discriminatorio para los funcionarios perjudicados por el citado régimen anterior.

(véanse los apartados 35, 41 a 45 y el punto 1 del fallo)
Los artículos 56 TFUE y 57 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual, en el supuesto de que una empresa establecida en otro Estado miembro efectúe un suministro de trabajadores nacionales de terceros Estados a favor de una empresa usuaria establecida en el primer Estado miembro, la cual utiliza a esos trabajadores para realizar trabajos por cuenta de otra empresa establecida asimismo en el primer Estado miembro, dicho suministro está supeditado al requisito de que se otorgue un permiso de trabajo para esos trabajadores.

En efecto, si bien ha de reconocerse a un Estado miembro tanto la facultad de comprobar que una empresa establecida en otro Estado miembro, que presta a una empresa usuaria establecida en el primer Estado miembro un servicio consistente en el suministro de trabajadores nacionales de terceros Estados, no está utilizando la libre prestación de servicios con un fin que no sea la prestación del servicio en cuestión, como la posibilidad de adoptar las medidas de control necesarias al respecto, el ejercicio de dicha facultad no permite a ese Estado miembro imponer requisitos desproporcionados. La imposición por un Estado miembro, con carácter permanente, del requisito de obtener un permiso de trabajo para los nacionales de terceros Estados suministrados a una empresa establecida en dicho Estado por una empresa establecida en otro Estado miembro excede de lo necesario para alcanzar el objetivo de dicha normativa.

A este respecto, la obligación de que la empresa de prestación de servicios proporcione a las autoridades del Estado miembro de acogida datos que acrediten que los trabajadores de que se trata se encuentran en situación regular, especialmente en cuestiones de residencia, permiso de trabajo y cobertura social, en el Estado miembro en el que dicha empresa los tenga en plantilla, garantizaría a las mencionadas autoridades, de una manera menos restrictiva e igualmente eficaz que el requisito del permiso de trabajo, que los trabajadores se encuentran en situación regular y que ejercen su actividad principal en el Estado miembro en el que está establecida la empresa de prestación de servicios.

Asimismo, la obligación de que la empresa de prestación de servicios notifique previamente a las autoridades del Estado miembro de acogida el desplazamiento de uno o varios trabajadores por cuenta ajena, la duración prevista para su estancia y la prestación o prestaciones de servicios que justifican tal desplazamiento constituiría una medida igualmente eficaz y menos restrictiva que el requisito del permiso de trabajo. Permitiría a dichas autoridades controlar la observancia de la normativa social nacional durante el desplazamiento teniendo en cuenta las obligaciones que ya impone a la empresa la normativa social aplicable en el Estado miembro de origen.

(véanse los apartados 55 a 57, 59 y 60 y el fallo)
En el caso de que una caja de prestaciones familiares de un Estado miembro haya concedido y pagado mediante compensación unos subsidios por hijo a cargo, una vez deducidos los subsidios familiares suizos, la conversión monetaria de los subsidios familiares suizos devengados en el período comprendido entre el 1 de junio de 2002 y el 31 de marzo de 2012 por un trabajador fronterizo cuyos familiares residen en un Estado miembro diferente del Estado de empleo para calcular un complemento diferencial de esos subsidios en virtud del artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento no 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71, debe efectuarse de conformidad con el artículo 107, apartado 6, de ese Reglamento, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en su versión modificada por el Reglamento no 1386/2001.

En efecto, del artículo 1, apartado 1, del anexo II del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, en relación con la Decisión no 1/2012 del Comité mixto establecido en virtud del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, de 31 de marzo de 2012, por la que se sustituye el anexo II de dicho Acuerdo relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social, resulta que, en el ámbito de la coordinación de las prestaciones a que se refiere dicho Acuerdo, los Reglamentos nos 1408/71 y 574/72 se aplican durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2002 y el 31 de marzo de 2012. En cambio, el Reglamento no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento no 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento no 883/2004 y que sustituye el Reglamento no 574/72, se aplican a partir del 1 de abril de 2012.

Por consiguiente, la conversión monetaria de las prestaciones familiares satisfechas por el Estado suizo en relación con el período comprendido entre octubre de 2006 y noviembre de 2011 debe realizarse en virtud del artículo 107 del Reglamento no 574/72, relativo a la conversión de las prestaciones a que se refieren las disposiciones de los Reglamentos nos 1408/71 y 574/72, y no sobre la base del artículo 90 del Reglamento nos 987/2009 puesto que, a tenor de esta disposición, la misma se destina únicamente a la aplicación de lo dispuesto en los Reglamentos nos 883/2004 y 987/2009.

Por otra parte, puesto que el artículo 107, apartado 6, del Reglamento no 574/72 debe aplicarse, según su tenor, en los casos no previstos por el artículo 107, apartado 1, de dicho Reglamento, esta primera disposición regula la conversión monetaria de las prestaciones mencionadas.

(véanse los apartados 31 a 33, 36 y 40 y el punto 1 del fallo)
El artículo 8 de la Directiva 1999/31, relativa al vertido de residuos, según su modificación por la Directiva 2011/97, no se opone a una disposición normativa nacional, que, como excepción a la regla de que no puede autorizarse ningún centro de enterramiento técnico fuera de los lugares previstos por el plan de gestión de residuos exigido por el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 75/442, relativa a los residuos, prevé que los centros de enterramiento técnico autorizados antes de la entrada en vigor de ese plan pueden obtener después de esa fecha nuevas autorizaciones en los mismos terrenos, y que puede tener su fundamento jurídico en el artículo 14 de la Directiva 1999/31 y aplicarse a vertederos ya autorizados o que ya estén en funcionamiento en la fecha de la transposición de ésta, siempre que se cumplan los otros requisitos mencionados en ese artículo 14, lo que incumbe comprobar al tribunal remitente.

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 75/442, relativa a los residuos, según su modificación por la Decisión 96/350, debe interpretarse en el sentido de que una disposición normativa nacional, que, como excepción a la regla de que no puede autorizarse ningún centro de enterramiento técnico fuera de los lugares previstos por el plan de gestión de residuos exigido por ese artículo, prevé que los centros de enterramiento técnico autorizados antes de la entrada en vigor de ese plan puedan obtener después de esa fecha nuevas autorizaciones en los mismos terrenos, no constituye un plan de gestión de residuos, en el sentido de esa disposición de la Directiva 75/442. En efecto, esa disposición normativa nacional, si su alcance consistiera únicamente en prever, como excepción de la regla jurídica general, que la autorización de explotación de los vertederos ya autorizados en la fecha de entrada en vigor del plan de gestión de residuos en el Estado miembro puede ser concedida para los mismos terrenos aunque éstos no figuren en ese plan, no puede ser considerada por sí sola un sistema organizado y articulado destinado a realizar los objetivos constitutivos de un «plan de gestión de residuos», en el sentido del artículo 7, apartado 1, de esa Directiva.

(véanse los apartados 29 y 37 y el fallo)
El ámbito de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por lo que se refiere a la acción de los Estados miembros, se define en su artículo 51, apartado 1, según el cual las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. El artículo 51, apartado 1, de la Carta confirma la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas. Pues bien, cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia.

En primer lugar, una normativa nacional que impone tasas judiciales en caso de interposición de un recurso de apelación en el ámbito de la legislación social y que regula, con carácter general, determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia no tiene por objeto aplicar disposiciones del Derecho de la Unión. Por otro lado, éste último no contiene ninguna normativa específica en la materia o que pueda afectar a la normativa nacional.

(véanse los apartados 28 a 30 y 32 y el fallo)
En efecto, de la distinción entre, por un lado, las medidas destinadas a modernizar las explotaciones agrícolas mediante una utilización más adecuada de los factores de producción, contempladas por el considerando 21 y por el artículo 26 de dicho Reglamento, y, por otro, las medidas destinadas a aumentar el valor añadido de los productos agrícolas, contempladas por el considerando 23 y por el artículo 28 del mismo Reglamento, se desprende que procede entender por explotación agrícola una explotación cuya actividad consista en la producción de productos agrícolas primarios. Por consiguiente, una empresa que no produce productos agrícolas primarios, sino que explota molinos en los que transforma tales productos, no es una explotación agrícola en el sentido de del artículo 26 del citado Reglamento.

El artículo 26, apartado 1, letra a), del Reglamento no 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), debe interpretarse en el sentido de que el concepto de mejora del rendimiento global de la explotación agrícola, en el sentido de dicha disposición, no comprende una operación mediante la cual una empresa dedicada a la actividad molinera cierra explotaciones molineras anteriores para sustituirlas por una nueva explotación molinera, sin ampliación de la capacidad existente.

El artículo 28, apartado 1, letra a), del Reglamento no 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a la adopción de una normativa nacional que establece una ayuda para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas, la cual, tratándose de empresas dedicadas a la explotación molinera, únicamente puede concederse en el caso de operaciones dirigidas a la modernización de las capacidades existentes en dichas explotaciones, y no en el caso de operaciones que impliquen la creación de nuevas capacidades. No obstante, si se procede al cierre de una o varias instalaciones molineras para sustituirlas por una nueva instalación molinera, sin aumento de la capacidad, incumbe al órgano jurisdiccional nacional cerciorarse de que dicha normativa se aplica de tal modo que se garantiza el respeto del principio de igualdad de trato.

(véanse el apartado 71 y el punto 3 del fallo)