En un contexto fáctico caracterizado por obstáculos importantes que limiten seriamente las posibilidades de distribución televisiva transfronteriza, la circunstancia de que el titular del derecho de autor conceda a un único licenciatario el derecho exclusivo de difundir contenidos audiovisuales en el territorio de un Estado miembro y, por consiguiente, de prohibir, durante un período determinado, la emisión por otros operadores que no hayan obtenido la autorización de los titulares de derechos ni abonado una remuneración a estos no basta para declarar que dicho acuerdo deba considerarse objeto, medio o consecuencia de una práctica colusoria prohibida por el Tratado.

Si bien es cierto que el objeto específico de la propiedad intelectual es, en particular, asegurar a los titulares de los derechos que de ella se derivan la posibilidad de explotarlos comercialmente, no lo es menos que ese objeto no garantiza a dichos titulares la posibilidad de reclamar la máxima remuneración posible, sino únicamente una remuneración adecuada. Esta conclusión resulta corroborada por el considerando 10 de la Directiva 2001/29 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y por el considerando 5 de la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

Si bien es cierto que la libertad de empresa no constituye una prerrogativa absoluta y debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad, no lo es menos que, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, su limitación deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de esa libertad.

Cuando una decisión sobre los compromisos adoptada por la Comisión en relación con determinados acuerdos entre empresas, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 relativo a la aplicación de las normas de competencia previstas en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, imponga a una empresa la obligación de dejar de cumplir las cláusulas pertinentes en sus relaciones con las otras partes contratantes, esta obligación no prejuzga en modo alguno la facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales de apreciar si esas cláusulas son efectivamente contrarias al artículo 101 TFUE, apartado 1, y de extraer, en su caso, las consecuencias oportunas en virtud del apartado 2 del mismo artículo y del Derecho nacional. En este contexto, dicha Decisión de la Comisión podrá, a lo sumo, influir en las apreciaciones del juez nacional únicamente en la medida en que contiene una apreciación preliminar que este debe tener en cuenta solo como indicio del carácter contrario a la competencia del acuerdo examinado a la luz del artículo 101 TFUE, apartado 1. Así, debido a su carácter sumario y provisional, el análisis que la Comisión haga desde el punto de vista del Derecho de la competencia en una decisión adoptada con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 no puede impedir al órgano jurisdiccional nacional, en último término, llegar a una conclusión total o parcialmente diferente sobre el mismo asunto tras efectuar nuevas averiguaciones y un análisis más profundo.

Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya convertido en obligatorios los compromisos individuales propuestos por una empresa no significa que las demás empresas queden privadas de la posibilidad de proteger sus eventuales derechos en sus relaciones con la primera empresa.

En este contexto, si el juez nacional considera, al término de su análisis y tras estudiar la posibilidad de recurrir a las vías previstas en los artículos 15 y 16 del Reglamento n.o 1/2003, que las cláusulas pertinentes infringen el artículo 101 TFUE, apartado 1, sin que cumplan los requisitos del apartado 3 del mismo artículo, le corresponderá declarar su nulidad en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 2. En cambio, si considera que las cláusulas pertinentes no infringen el artículo 101 TFUE, apartado 1, o que cumplen los requisitos del apartado 3 del citado artículo, deberá, en su caso, apreciar el fundamento de la demanda de la que conozca, al no oponerse el artículo 101 TFUE a la aplicación de las cláusulas pertinentes.

En este último supuesto, si el resultado del procedimiento seguido ante el juez nacional lleva a la empresa afectada a incumplir el compromiso que la Decisión de la Comisión ha convertido en obligatorio, incumbirá a la Comisión, en su caso, reabrir su investigación conforme al artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1/2003, en cuyo caso esa institución no estará vinculada por la resolución del juez nacional.

(véanse los apartados 100 a 103)