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Palabras clave

Índice



Palabras clave

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1. Funcionarios ° Recurso ° Acto lesivo ° Concepto ° Modificación de las condiciones de ejercicio de las funciones ° Medida de organización interna de los servicios ° Exclusión ° Excepciones

(Estatuto de los Funcionarios, art. 90, ap. 2)

2. Funcionarios ° Concurso ° Convocatoria de concurso ° Objeto ° Información acerca de las modalidades de ejercicio de las funciones ° Carácter no vinculante para la administración

(Estatuto de los Funcionarios, Anexo III, art. 1, ap. 1)

Índice

1. Una decisión que, sin afectar a la naturaleza o a la amplitud de las funciones ejercidas por un funcionario, se limita a modificar sus condiciones de ejercicio en el seno del servicio en el cual se halla destinado el interesado, no constituye un acto lesivo en el sentido del artículo 91 del Estatuto, a saber, un acto que, por sus efectos jurídicos, materiales o económicos, afecta directa e inmediatamente a la situación jurídica del funcionario interesado. Efectivamente, constituye una simple medida de organización interna de los servicios que forma parte de la amplia facultad de apreciación de que dispone a este fin la administración. Sólo las especiales circunstancias que motivaron dicha decisión pueden hacer que se declare la inadmisibilidad de un recurso contra la misma. Este podría ser el caso si se pusiere de manifiesto, bien que la citada decisión tiene el carácter de una sanción encubierta, bien que manifiesta una intención de discriminar al funcionario afectado, o bien que ha incurrido en desviación de poder.

2. El papel esencial que debe jugar la convocatoria de concurso, según el Estatuto, consiste en informar a los interesados de una forma lo más exacta posible de la índole de los requisitos exigidos para ocupar el cargo de que se trata, con el fin de ponerles en condiciones de apreciar si pueden presentar sus candidaturas. No obstante, las informaciones relativas a las modalidades de ejercicio de las funciones que lleva consigo no tienen por objeto ni por efecto imponer a la autoridad administrativa, so pena de ilegalidad, organizar definitivamente el servicio, con posterioridad a la selección de los que hubieran aprobado el concurso, exclusivamente según las modalidades así previstas.
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Por el contrario, la Institución demandada estima que el segundo motivo no está fundado ni es pertinente. En primer lugar, sostiene que el principio de correspondencia entre el grado y el puesto de trabajo, tal como está definido en el apartado 1 del artículo 7 del Estatuto, significa, en este asunto, que no puede exigirse de un funcionario que desempeñe funciones de un nivel superior a las de su grado, salvo en caso de interinidad. Por el contrario, el hecho de que un funcionario haya aceptado, posteriormente a su nombramiento, desempeñar funciones de un nivel superior a las de su grado, únicamente constituye un dato que debe ser considerado con vistas a una promoción y que no le otorga ningún derecho a que se le clasifique nuevamente. A este respecto, la Comisión se funda en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular en su sentencia de 11 de mayo de 1978, De Roubaix/Comisión (25/77, Rec. p. 1081), apartado 17. Además, afirma que el segundo motivo aducido contra la decisión de nombramiento del demandante no es pertinente, en razón de que la aceptación del demandante en desempeñar tareas de un nivel superior a las de su grado es posterior a la decisión impugnada y, por lo tanto, no guarda relación con la misma.
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En el caso de autos, este Tribunal de Primera Instancia hace constar, por una parte, que no se ha interpuesto ningún recurso de anulación basado en el artículo 33 del Tratado CECA contra la Decisión individual de la Comisión de 11 de junio de 1985, en la medida en que versaba sobre el segundo trimestre de 1985, y, por otra parte, que no se ha interpuesto ningún recurso de anulación basado en el artículo 35 del Tratado CECA contra las Decisiones denegatorias presuntas relativas a los dos últimos trimestres de 1985 y que se presume resultan de no haberse adoptado Decisión alguna en respuesta a las solicitudes de la demandante, solicitudes cuya existencia, que no niega la Comisión, está acreditada por el mendonado intercambio de correspondencia. Como ha reconocido la propia Comisión, dichas Decisiones adolecen de la misma ilegalidad que la Decisión de 11 de junio de 1985, Decisión que, en lo que atañe al primer trimestre de 1985, fue anulada por el Tribunal de Justicia mediante sentencia de 14 de julio de 1988, recaída en el asunto 103/85.
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Por lo que se refiere al carácter colegiado de los trabajos de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia considera que, como en el presente caso tuvo lugar una reunión de cinco horas y cuarenta minutos durante la cual se discutió un proyecto de 98 páginas, no se puede criticar que posteriormente se continuara por escrito el intercambio de opiniones. No existe ningún dato que permita deducir que el procedimiento adoptado por el Doctor Di Paolantonio obstaculizara el derecho de los otros miembros de la Comisión a expresar libremente su opinión. Tampoco existe ningún dato que permita considerar que los otros dos médicos no estuvieran suficientemente informados acerca de la opinión del Doctor Boccardo. Por último, no hay ningún indicio que permita considerar al Tribunal de Primera Instancia que la Doctora Pouthier no firmara los documentos preparados por el Doctor Di Paolantonio con entera libertad y de forma plenamente consciente. En dichas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que se han respetado plenamente los criterios definidos por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 10 de diciembre de 1987 (Jänsch, 277/84, antes citada).
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Entre tanto, el procedimiento para adaptar la normativa nacional, en concreto las directivas del COTG, al contenido del acuerdo OPA seguía su curso. Sin embargo, el 23 de diciembre de 1988 el Gobierno neerlandés informó a las partes del acuerdo OPA, así como a Prodifarma y sus asociados, de que las autoridades neerlandesas no pensaban aprobar las modificaciones de las directivas necesarias para la aplicación del acuerdo antes de poder apreciar, a la luz del «dictamen definitivo de la Comisión», si tal aprobación constituiría o no una violación del Tratado. De hecho, cuando la COTG decidió modificar sus directivas el 29 de diciembre de 1988, los Secretarios de Estado competentes no aprobaron dicha modificación. Por lo tanto, y en contra de lo que las partes del acuerdo OPA y el Gobierno neerlandés habían proyectado inicialmente, el acuerdo no pudo entrar en vigor el 1 de enero de 1989.
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Subraya además este Tribunal de Primera Instancia que la decisión de 11 de junio de 1985 se ha hecho firme dado que el demandante no interpuso ningún recurso contencioso dentro de los plazos previstos en el apartado 2 del artículo 91 del Estatuto. A este respecto, la tesis del demandante de que se reservó sus derechos en lo que se refiere a la aplicación del artículo 78 no puede admitirse. Los plazos señalados en los artículos 90 y 91 del Estatuto para la interposición de la reclamación y del recurso son de orden público: han sido establecidos para garantizar la seguridad de las situaciones jurídicas y no quedan al arbitrio ni de las partes ni del Juez (sentencias de 12 de diciembre de 1967, Collignon contra Comisión, 4/67, Rec. 1967, p. 469; de 12 de julio de 1984, Moussis contra Comisión, 227/83, Rec. 1984, p. 3133, y de 7 de mayo de 1986, Barcelia contra Comisión, 191/84, Rec. 1986, p. 1541). En particular, el hecho de que el demandante manifestara su oposición, al menos de forma implícita, al abandono del procedimiento de aplicación del artículo 78, interponiendo un recurso contra la segunda decisión de separación, en nada modifica tal situación. Efectivamente, a falta de hechos nuevos y en caso de ser desestimado su recurso contra dicha separación del servicio, el demandante únicamente podría impugnar la decisión denegatoria por la que la Comisión desestimaba su pretensión fundada en el artículo 78, que le fue comunicada por carta de 11 de junio de 1985, utilizando los procedimientos de los artículos 90 y 91 del Estatuto. Efectivamente, el demandante interpuso una reclamación ante el Director General del Personal y de la Administración contra la decisión de 11 de junio de 1985, mediante carta de 26 de junio de 1985, en la cual indicaba claramente cuáles eran el objeto y los motivos de la reclamación, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 90. Pero no interpuso ningún recurso dentro de los plazos señalados con objeto de que se anulara la citada decisión. Consta efectivamente en autos que la Comisión no respondió a la citada reclamación dentro del plazo de cuatro meses contados a partir del día de su interposición, lo cual equivale a una decisión desestimatoria presunta al término del citado plazo, es decir, el 26 de octubre de 1985. Esta desestimación presunta podía ser objeto de un recurso contencioso en un plazo de tres meses que, por residir el demandante en Córcega, habría de incrementarse en seis días. Al no haber interpuesto el demandante un recurso ante el Tribunal de Justicia dentro del citado plazo, para conseguir la anulación de la decisión de 11 de junio de 1985 así como de la desestimación presunta de su reclamación, la decisión citada de 11 de junio de 1985 se hizo firme (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 1987, Misset contra Consejo, 152/85, Rec. 1987, p. 223).
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Por consiguiente, la Comisión seleccionó al demandante con pleno conocimiento de la posibilidad de que éste pudiera padecer una enfermedad vinculada a su actividad profesional. Esta posibilidad se vio confirmada cuando la radiografía del tórax llevada a cabo en el momento de su entrada en funciones puso de manifiesto la existencia de una enfermedad pulmonar crónica. Este reconocimiento médico se efectuó en interés de la institución, con arreglo al artículo 33 del Estatuto, y su resultado no puede verse amparado por el secreto profesional del médico, como pretendió el Agente de la Comisión en la vista. Efectivamente, la letra e) del artículo 28 del Estatuto dispone que sólo podrán ser nombrados funcionarios las personas que reúnan las condiciones de aptitud física requeridas para el ejercicio de sus funciones. Precisamente, la finalidad del reconocimiento médico es permitir a la institución el no realizar el nombramiento de un candidato que no resulte apto para las funciones previstas, o bien seleccionarlo para destinarlo a funciones compatibles con su estado de salud. Cuando menos, la institución puede basarse en las disposiciones del artículo 1 del anexo VIII del Estatuto para decidir su no admisión al beneficio de las garantías existentes en materia de invalidez más que al término de un período de 5 años en cuanto a las consecuencias de la enfermedad que padece.
SABBATUCCI / PARLAMENTO 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
(Sala Tercera) 
21 de junio de 1990 * 
En el asunto T-31/89, 
Maria Paola Sabbatucci, funcionaria del Parlamento Europeo, residente en Luxem­
burgo, representada por el Sr. Aloyse May, Abogado de Luxemburgo, que designa 
como domicilio en Luxemburgo el despacho de éste, 31, Grand-Rue, 
parte demandante, 
contra 
Parlamento Europeo, representado por el Sr. Jorge Campinos, Jurisconsulto, y por 
el Sr. Manfred Peter, Jefe de División, en calidad de Agentes, asistidos por el Sr. 
Alex Bonn, Abogado de Luxemburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo 
el despacho de éste, 22, Côte d'Eich, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la anulación de las decisiones de la parte demandada de 15 de 
julio de 1987, relativas a las consecuencias de los accidentes sufridos por la deman­
dante y a la determinación del porcentaje de invalidez permanente parcial aplica­
ble, 
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera), 
integrado por los Sres. A. Saggio, Presidente de Sala; B. Vesterdorf y K. Lenaerts, 
Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
decide: 
1) Desestimar el recurso. 
2) Cada parte cargará con sus propias costas. 
* Lengua de procedimiento: francés. 
II - 267
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de noviembre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Budapest Környéki Törvényszék — Hungría) — WD / Agrárminiszter

(Asunto C-273/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Agricultura - Política agrícola común - Reglamento (UE) n.o 1307/2013 - Regímenes de ayuda directa - Artículo 4, apartado 1, letras c) y e) - Artículo 32, apartado 2 - Régimen de pago único por superficie - Concepto de «hectárea admisible» - Terreno calificado como aeródromo según el registro catastral - Utilización efectiva con fines agrícolas)

(2022/C 95/07)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Budapest Környéki Törvényszék

Partes en el procedimiento principal

Demandante: WD

Demandada: Agrárminiszter

Fallo

El artículo 4, apartado 1, letras c) y e), y el artículo 32, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que una superficie, catalogada en el registro catastral como aeródromo, pero en la que no tiene lugar ninguna actividad asociada con un aeródromo, debe considerarse superficie agraria utilizada a efectos agrícolas cuando se utilice efectivamente como superficie de pasto permanente para la cría de animales.

(1) DO C 252 de 28.6.2021.
C 313/6

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 31 de enero de 2020 — Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) / Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Comisión Europea

(Asunto C-172/19 P) (1)

(Recurso de casación - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Medio ambiente - Directiva 2010/75/UE - Conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) - Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 - Grandes instalaciones de combustible - Recurso de anulación - Inadmisibilidad - Inexistencia de afectación directa - Participación en el proceso que condujo a la adopción del acto - Garantías procesales en la adopción del acto - Sustitución de motivos - Inexistencia de motivos basados en un menoscabo de derechos procesales del recurrente - Inexistencia de afectación individual - Recurso de casación manifiestamente infundado)

(2020/C 313/07)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (representantes: W. Spieth y N. Hellermann, Rechtsanwälte)

Otras partes en el procedimiento: Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (representantes: W. Spieth y N. Hellermann, Rechtsanwälte), Comisión Europea (representantes: R. Tricot y A. C. Becker, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación por ser manifiestamente infundado.

2) Condenar en costas a Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal).

(1) DO C 164 de 13.5.2019.
C 383/35

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 5 de septiembre de 2019 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

(Asunto C-239/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Certificado complementario de protección para los medicamentos - Reglamento (CE) n.o 469/2009 - Artículo 3, letra b) - Requisitos de concesión - Autorización de comercialización - Autorización expedida a un tercero - Inadmisibilidad manifiesta)

(2019/C 383/39)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Eli Lilly and Company

Demandada: Genentech Inc.

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Tribunal Superior de Inglaterra y País de Gales, Sala de lo Mercantil (Tribunal de Patentes), Reino Unido], mediante resolución de 4 de marzo de 2019, es manifiestamente inadmisible.

(1) DO C 172 de 20.5.2019.
2)

El Derecho de la Unión, en particular la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, y la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de los disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 2007/66, y los principios de equivalencia y de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que no autoriza la revisión de una sentencia con fuerza de cosa juzgada dictada por un órgano jurisdiccional de dicho Estado miembro que se ha pronunciado sobre un recurso de anulación contra un acto de un poder adjudicador sin abordar una cuestión cuyo examen se contemplaba en una sentencia anterior del Tribunal de Justicia dictada en respuesta a una petición de decisión prejudicial presentada en el marco del procedimiento relativo a ese recurso de anulación. No obstante, si las normas procesales nacionales aplicables implican la posibilidad de que el tribunal nacional reconsidere una resolución con fuerza de cosa juzgada con objeto de restablecer la conformidad de la situación derivada de dicha sentencia con una resolución judicial nacional firme anterior, de la que ya tenían conocimiento el órgano jurisdiccional que dictó dicha sentencia y las partes del asunto que dio lugar a esta, esta posibilidad debe prevalecer, con los mismos requisitos, de acuerdo con los principios de equivalencia y de efectividad, a fin de que se restablezca la conformidad de dicha situación con el Derecho de la Unión, según la interpretación que el Tribunal de Justicia ha hecho de este en una sentencia anterior.
C 319/20

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 15 de julio de 2019 [petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asunto C-438/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros - Directiva 90/434/CEE - Artículos 4 y 11 - Directiva 2009/133/CE - Artículos 4 y 15 - Fusión denominada «inversa» - Régimen fiscal que tiene como resultado que, en el caso de una fusión denominada «inversa», los gastos efectuados por la sociedad matriz correspondientes a un préstamo contraído por esta sociedad con vistas a la compra de las acciones de una filial suya que la absorbe, que son gastos deducibles para la sociedad matriz, sean considerados como no deducibles para la filial)

(2019/C 319/22)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais S.A.

Demandada: Autoridade Tributária e Aduaneira

Fallo

La Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro, modificada por la Directiva 2006/98/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que tiene como resultado que no se consideren gastos fiscalmente deducibles para la sociedad absorbente unos gastos que sí fueron deducibles para la sociedad absorbida antes de la fusión de ambas sociedades, y que lo habrían sido para la sociedad absorbente de no haberse llevado a cabo la fusión.

(1) DO C 319, de 10.9.2018.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 343/10

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 7 de julio de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Município de Vila Pouca de Aguiar/Sá Machado & Filhos SA

(Asunto C-214/15) (1)

([Procedimiento prejudicial - Contratos públicos de obras - Directiva 2004/18/CE - Artículo 55 - Anuncio de licitación - Oferta no acompañada de justificantes de precios anormalmente bajos - Criterios de determinación - Artículo 7, letra c) - Valor de mercado - Umbral no alcanzado - Interés transfronterizo cierto - Falta de información - Inadmisibilidad manifiesta])

(2016/C 343/14)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Supremo Tribunal Administrativo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Município de Vila Pouca de Aguiar

Demandada: Sá Machado & Filhos SA

con intervención de: Norcep Construções e Empreendimentos Lda

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), mediante resolución de 9 de abril de 2015, es manifiestamente inadmisible.

(1) DO C 254 de 3.8.2015.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 279/3

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de abril de 2016 — Dansk Automat Brancheforening/Comisión Europea, Reino de Dinamarca, Betfair Group plc, Betfair International Ltd, European Gaming and Betting Association (EGBA)

(Asunto C-563/14 P) (1)

((Recurso de casación - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Recurso de anulación - Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto - Derecho de recurso - Legitimación - Personas físicas o jurídicas - Ayudas de Estado - Decisión por la que se declara la compatibilidad de un régimen de ayudas con el mercado interior - Acto que afecta individualmente a la recurrente - Acto reglamentario que no incluye medidas de ejecución))

(2016/C 279/03)

Lengua de procedimiento: danés

Partes

Recurrente: Dansk Automat Brancheforening (representantes: K. Dyekjær, T. Høg y J. Flodgaard, advokater)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: L. Grønfeldt y P-J. Loewenthal, agentes), Reino de Dinamarca (representantes: C. Thorning, agente, asistido por R. Holdgaard, advokat), Betfair Group plc, Betfair International Ltd, (representantes: A. Pliego Selie, O. Brouwer y M. Groothuismink, advocaten), European Gaming and Betting Association (EGBA) (representantes: J. Heithecker, C.-D. Ehlermann y J. Ylinen, Rechtsanwälte)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Dansk Automat Brancheforening.

3) El Reino de Dinamarca cargará con sus propias costas.

(1) DO C 46 de 9.2.2015.