Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso de anulación - Plazos - Inicio del cómputo - Notificación - Concepto - Carga de la prueba de la notificación

(Tratado CE, art. 173, párr. 5; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 101 y 102)

2 Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Diferentes denuncias presentadas por las mismas partes y que se inscriben en el mismo contexto fáctico - Tramitación separada - Procedencia - Requisitos

3 Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Motivación de las decisiones de archivarlas - Obligación - Alcance - Aplicación de la excepción a las normas sobre la competencia, prevista, en materia de productos agrícolas, en lo que atañe a los acuerdos, decisiones y prácticas necesarias para la realización de los objetivos enunciados en el artículo 39 del Tratado - Obligación de la Comisión de adoptar, con arreglo al artículo 2 del Reglamento nº 26, una decisión formal dirigida a la parte denunciante - Inexistencia

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 3, ap. 2, letra b), y nº 26, art. 2]

4 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de la Comisión por la que se aplica la excepción a las normas de competencia prevista, en materia de productos agrícolas, en lo que atañe a los acuerdos, decisiones y prácticas necesarias para la realización de los objetivos enunciados en el artículo 39 del Tratado - Decisión que no se inscribe en la línea de las decisiones precedentes - Necesidad de una motivación explícita

[Tratado CE, arts. 39 y 190; Reglamentos del Consejo nº 26, art. 2, ap. 1, y (CEE) nº 234/68]

5 Agricultura - Normas sobre la competencia - Reglamento nº 26 - Excepción prevista respecto a los acuerdos, decisiones y prácticas necesarias para la realización de los objetivos enunciados en el artículo 39 del Tratado - Examen por la Comisión de la cuota que una cooperativa agraria percibe sobre las ventas de productores que no son socios a compradores independientes - Elementos que deben tenerse en cuenta - Objetivos del artículo 39 del Tratado - Principio de proporcionalidad

(Tratado CE, art. 39; Reglamento nº 26, art. 2, ap. 1)

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6 En relación con los plazos fijados en el último párrafo del artículo 173 del Tratado y en los artículos 101 y 102 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, incumbe a la parte que alega que el recurso se ha presentado fuera de plazo aportar la prueba de la fecha en que fue notificada la decisión.

7 La Comisión podrá reservar una tramitación separada a las denuncias relativas a diferentes acuerdos y comportamientos incluidos en un mismo contexto fáctico, a condición de tener en cuenta, en su decisión sobre una denuncia concreta, aquellos aspectos de los diferentes acuerdos y comportamientos objeto de las demás denuncias que puedan afectar a la legalidad del comportamiento a que se refiera la denuncia sobre la que dicha Institución se pronuncie.

8 Cuando desestima una denuncia presentada con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento nº 17, la Comisión debe indicar las razones por las que el atento examen de los elementos de hecho y de Derecho que la parte denunciante ha puesto en su conocimiento no la han llevado a iniciar un procedimiento de declaración de infracción del artículo 85 del Tratado. Al hacerlo, la Comisión puede, en el sector de los productos agrícolas a que se refiere el Anexo II del Tratado, exponer las razones por las que considera que se aplican las disposiciones del artículo 2 del Reglamento nº 26, de modo que no considere que el examen atento de la denuncia deba llevarla a poner en práctica la acción solicitada por la denunciante. Sin embargo, el deber de la Comisión de motivar la desestimación de una denuncia frente a la parte denunciante no implica automáticamente que tenga obligación de adoptar una decisión formal con arreglo al artículo 2 del Reglamento nº 26 dirigida a la parte denunciante.

9 Cuando la Comisión, con arreglo al apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 16, llega a la conclusión de la inaplicabilidad del apartado 1 del artículo 85 del Tratado a la regulación de una cooperativa de productores agrarios, basándose en que tal regulación resulta necesaria para la realización de los objetivos enunciados en el artículo 39 del Tratado, y cuando su decisión tiene un alcance sensiblemente mayor que el de sus precedentes decisiones en la materia, le incumbe desarrollar su razonamiento de un modo particularmente explícito. Y ello es así con mayor razón aun cuanto que, al tratarse de una excepción a la regla de aplicación general del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, el artículo 2 del Reglamento nº 26 debe interpretarse restrictivamente.

Así sucede cuando la Comisión aplica esta excepción a la regulación de una cooperativa de cultivadores de flores y plantas ornamentales que impone una cuota sobre las transacciones entre dos categorías de terceros, a saber, los mayoristas independientes establecidos en su recinto y los proveedores que no son socios. En efecto, por una parte, la Comisión nunca ha declarado, hasta la fecha, que un acuerdo entre los socios de una cooperativa que afecta al libre acceso de los no socios a los canales de distribución de los productores agrícolas sea necesario para la realización de los objetivos enunciados en el artículo 39 del Tratado. Por otra parte, en su práctica decisoria anterior, la Comisión ha llegado normalmente a la conclusión de que los acuerdos que no figuran entre los medios previstos por el Reglamento que establece la organización común para alcanzar los objetivos contemplados en el artículo 39 no son necesarios, en el sentido de la primera frase del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 26. Pues bien, la organización común de mercados en el sector de las plantas vivas y de los productos de la floricultura, establecida por el Reglamento nº 234/68 del Consejo, no prevé la posibilidad de que las cooperativas agrarias impongan a terceros una cuota de este tipo. Lo mismo sucede en relación con las medidas comunitarias aplicables en otros sectores agrícolas.

Por otra parte, la primera frase del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 26 sólo se aplica si el acuerdo de que se trata favorece la realización de todos los objetivos del artículo 39 del Tratado. De ello se deduce que la motivación de la Comisión debe poner de manifiesto de qué manera el acuerdo controvertido satisface cada uno de los objetivos de este artículo. En caso de conflicto entre tales objetivos, a veces divergentes, la motivación de la Comisión debe, cuando menos, poner de manifiesto de qué manera pudo ella conciliarlos para hacer posible la aplicación de la primera frase del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 26.

10 La concentración de la oferta realizada por una cooperativa de cultivadores de flores y de plantas ornamentales, basada en la obligación de sus socios de vender mediante subasta, contribuye en particular a la mejora de las estructuras de comercialización, al permitir a gran número de pequeños productores participar en el proceso económico a una escala que rebasa la escala regional, cumpliendo así algunos objetivos del artículo 39 del Tratado.

No obstante, una cuota que dicha cooperativa perciba sobre las ventas de productores que no sean socios a compradores independientes puede tener efectos perjudiciales para tales productores que no son socios, pero cuyos intereses ampara también el artículo 39 del Tratado. En particular, una cuota de este tipo tiene normalmente como efecto aumentar los precios de tales transacciones y constituye cuando menos un obstáculo importante para la libertad de los restantes productores agrícolas de vender a través de los canales de distribución de que se trata.

De lo anterior se deduce que, aun cuando el sistema de una cooperativa de tal tipo obedece a algunos de los objetivos del artículo 39 del Tratado, la referida cuota de utilización puede en ciertos aspectos resultar contraria a tales objetivos, concretamente al obstaculizar el aumento de la renta individual de aquellos productores que no son socios de la cooperativa, al menoscabar la seguridad de los abastecimientos de esos otros productores y al impedir la evolución favorable de los precios desde el punto de vista de los consumidores.

Por otro lado, en la medida en que la cuota de utilización representa un modo esencial de disuadir a los socios de abandonar la cooperativa con el fin de vender directamente a los compradores, si en lo relativo a determinados productores tales ventas directas a los mencionados compradores resultaran menos costosas o más eficaces que el sistema de la cooperativa, la cuota controvertida podría tener, bajo este ángulo también, efectos negativos para el desarrollo racional de la agricultura, para el aumento de la renta individual de los productores agrícolas y para los precios de venta a los consumidores. Así pues, una disposición que tuviera por efecto restringir desmesuradamente la libertad del socio de una cooperativa agraria para abandonarla resultaría difícilmente compatible con los objetivos enunciados en el artículo 39 del Tratado.

Por otra parte, si la referida cuota de utilización no se aplicara de una manera proporcionada, como contraprestación de un servicio o de alguna otra ventaja cuyo valor pueda justificar su importe, tendría por efecto perjudicar a determinados productores agrícolas en beneficio de los socios de la cooperativa y constituiría una restricción encubierta de la competencia, desprovista de suficiente justificación objetiva. Teniendo en cuenta que procede interpretar restrictivamente la primera frase del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 26, una cuota con tales efectos sólo puede considerarse «necesaria» para la realización de los objetivos del artículo 39 del Tratado, en el sentido de dicha disposición, si respeta el principio de proporcionalidad.