Del tenor de la Guía de evaluación del Banco Central Europeo se desprende que está previsto que en la entrevista de evaluación se reúnan únicamente la persona evaluada y el evaluador. A este respecto, mientras que, por regla general, se supone que la entrevista de evaluación es bilateral, no se excluye que pueda participar en ella un tercero. Pues bien, ello no implica en modo alguno que la presencia de un representante sindical sea admisible. En efecto, los casos en los que los miembros del personal tienen la posibilidad de participar asistidos por un representante sindical están limitados a determinadas disposiciones específicas de normas internas del Banco, todas ellas relativas a situaciones de conflicto.

De este modo, un agente no puede ampararse en que eludió mantener esa entrevista so pretexto de que temía enfrentarse a ella a raíz de su tensa relación con el evaluador, ni tampoco en una situación que el misma creó para impugnar a este respecto la corrección del informe de evaluación impugnado o del procedimiento de calificación.

No puede adoptarse definitivamente un informe de calificación de un agente del Banco Central Europeo sin que al agente afectado se le haya ofrecido la posibilidad de ser oído oportunamente, y una irregularidad procesal relativa a la elaboración del informe de calificación constituida por la omisión del diálogo con el agente constituye igualmente una violación del derecho a ser oído. En efecto, sin un intercambio directo entre el calificador y el evaluado, la evaluación no puede cumplir plenamente su función de medio de gestión de los recursos humanos y de acompañamiento del desarrollo profesional del interesado.

Por consiguiente, los correos electrónicos obtenidos por el demandante en circunstancias que no se han aclarado, pero respecto de los cuales no se ha demostrado que el propio demandante los hubiera obtenido ilegalmente y que constituyen una correspondencia interna, por un lado, y personal y confidencial entre el evaluador del demandante y terceros (su cónyuge y su coach profesional) relativos únicamente a cuestiones profesionales, por otro, son admisibles siempre que permitan demostrar los hechos alegados por el demandante y sean necesarios para examinar la regularidad del informe de evaluación que este impugna.

En el marco de una solicitud de que se retiren ciertos documentos que obran en los autos de un asunto sometido al juez de la Unión, ni el eventual carácter confidencial de los documentos en cuestión ni el hecho de que hayan podido ser obtenidos de manera irregular se oponen en principio a que se mantengan en los autos. En efecto, por un lado, no existe una disposición que prohíba expresamente tener en cuenta pruebas obtenidas de forma ilegal. Por otro lado, el Tribunal de Justicia no se excluye que incluso documentos internos puedan, en determinados casos, figurar legítimamente en los autos de un asunto. En lo tocante a la ponderación de los intereses que han de protegerse, es necesario tener en cuenta el valor probatorio de los documentos discutidos, cuya autenticidad no se ha puesto en cuestión, las condiciones de su obtención y la naturaleza interna, confidencial o personal de estos documentos.

En materia de evaluación de agentes del Banco Central Europeo, que la existencia de divergencias entre la persona evaluada y el evaluador y de una cierta irritación de este último no implica per se que el evaluador ya no esté en condiciones de apreciar objetivamente los méritos del interesado. En este contexto, las apreciaciones, incluso las negativas, contenidas en el informe de evaluación impugnado no pueden considerarse por sí solas indicios de que el informe se haya redactado con una falta de imparcialidad y objetividad.

No obstante, en presencia de documentos que constituyan indicios suficientemente precisos, objetivos y concordantes para confirmar la veracidad o verosimilitud de una alegación sobre la falta de imparcialidad subjetiva del segundo evaluador, debe considerarse que el informe de evaluación adolece de una ilegalidad que justifica su anulación. No desvirtúa esta conclusión la alegación según la cual, aun cuando la actitud del segundo evaluador pudiera plantear algún problema, cosa que no ha ocurrido, su intervención no tuvo ninguna incidencia en la evaluación general del agente de que se trata, pues el segundo evaluador, no hizo más que confirmar las críticas formuladas por el primer evaluador. A este respecto, la imparcialidad del primer evaluador no puede impedir considerar que la segunda evaluación adolezca de ilegalidad debido a la falta de imparcialidad del segundo evaluador, ya que el comportamiento de un solo evaluador puede viciar de ilegalidad al informe de evaluación en su conjunto. En efecto, en el procedimiento de evaluación establecido en el Banco Central Europeo, la evaluación por un segundo evaluador, superior jerárquico del primero, constituye una garantía para el miembro del personal afectado, que debe poder contar con la experiencia y la imparcialidad de este responsable jerárquico. Según la Guía de evaluación del Banco Central Europeo, la función del segundo evaluador consiste en completar la evaluación del primer evaluador, revisar las evaluaciones de los primeros evaluadores con el fin de garantizar un trato justo y equitativo en el seno de la división y mediar en caso de grave desacuerdo entre el primer evaluador y la persona evaluada.

Por otro lado, habida cuenta del vínculo indirecto comprobado en virtud de las Directrices relativas a la revisión anual de los salarios y gratificaciones (ASBR) entre el ejercicio de evaluación y el del ASBR que, pese a perseguir objetivos diferentes, deben presentar una coherencia interna, procede anular asimismo la decisión sobre la ASBR del agente de que se trata.

(véanse los apartados 98, 99, 106, 108 y 112)