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2)

La Comisión, por su parte, ha precisado en el curso de la fase oral del procedimiento que el objeto de su demanda es que se dé por probado que, por cuanto continuaba otorgando, después de la entrada en vigor del Reglamento (CEE) n° 1698/70 de la Comisión (a saber el 29 de agosto de 1970), nuevas autorizaciones que permitían a empresas no situadas «en la inmediata proximidad de la región determinada en cuestión» elaborar v.c.p.r.d., la República Federal de Alemania ha infringido sus obligaciones conforme al Tratado. Por tanto, las autorizaciones concedidas anteriormente a dicha fecha no han sido nunca discutidas por la Comisión. De todo ello resulta que, a mi entender, el Tribunal de Justicia no tiene que detenerse ni en la cuestión de los «métodos tradicionales» ni en el artículo 64 de la Ley del Vino alemana (que, sin embargo, es claramente contraria al Derecho comunitario), ni a la manera en que la Comisión había formulado la acusación en el punto 22 de su demanda de 31 de marzo de 1982 (donde había indicado que trataba de que se diera por probado que el mantenimiento más allá del 31 de agosto de 1976 de la normativa excepcional para los vinos de calidad constituía una infracción del Tratado). Nos queda ahora por examinar la reacción de la República Federal de Alemania ante la demanda de la Comisión, tal como la hemos resumido. La República Federal de Alemania alega que las excepciones concedidas están plenamente de acuerdo con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n° 817/70. Afirma que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n° 1698/70 de la Comisión, que prescribe que tales excepciones sólo podrán ser otorgadas a establecimientos situados en la proximidad inmediata de la región determinada de que se trate, es inválida porque: — no respeta los límites del mandato atribuido a la Comisión; — viola el principio de proporcionalidad; — viola algunos derechos fundamentales de la persona humana. Examinemos a continuación estos tres motivos.
12

Sin embargo, dicho órgano jurisdiccional observa que la versión rumana de la citada disposición difiere de otras versiones lingüísticas en lo que atañe a la determinación de la hora de salida del vuelo alternativo. En efecto, mientras que la versión rumana del artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento n.o 261/2004 establece que la hora de salida del vuelo alternativo debe fijarse «como muy tarde» una hora antes de la hora de salida del vuelo que fue cancelado, las versiones en lengua inglesa («no more than one hour before the scheduled time of departure») y en lengua francesa («au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue») de esta disposición prevén que la salida del vuelo alternativo no puede anticiparse más de una hora respecto de la hora de salida del vuelo cancelado. El órgano jurisdiccional remitente, a la vez que subraya que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a este Reglamento parece desprenderse que procede atribuir a la excepción prevista en su artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii), el sentido que resulta, en particular, de las versiones en lengua inglesa y francesa de dicha disposición, considera necesario que el Tribunal de Justicia determine la interpretación correcta de tal disposición.
26

En tales circunstancias, puesto que Delgaz Grid no es objeto de un proceso penal y las autoridades competentes no le han comunicado tal información, procede considerar que la situación de que se trata en el litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2012/13 y, por consiguiente, que su artículo 6, apartado 1, al que hace referencia la cuestión prejudicial planteada, no es aplicable en el presente caso.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 29 de septiembre de 2022 — CX/Comisión

(Asunto C‑71/22 P)

«Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Función pública — Funcionario — Investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Negociación no autorizada y clandestina de un contrato — Conflicto de intereses — Sanción disciplinaria — Separación del servicio — Derecho a ser oído — Ausencias reiteradas del demandante y de su abogado en la toma de declaración disciplinaria — Desnaturalización de las pruebas — Deber de asistencia y protección de la Comisión Europea — Obligación de motivación — Principio non bis in idem — Plazo razonable — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»

1. Funcionarios — Régimen disciplinario — Procedimiento — Audiencia del interesado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos — No presentación del interesado sobre la base de un certificado médico — Presunción de incapacidad para comparecer — Carácter refutable — Carga de la prueba — Facultad del interesado de hacerse representar o presentar observaciones escritas [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 41, ap. 2, letra a), 51, ap. 1, y 52, ap. 1; Estatuto de los Funcionarios, anexo IX, arts. 4 y 22, ap. 1] [véanse los apartados 5 (16, 40, 45) y 6]

2. Funcionarios — Régimen disciplinario — Procedimiento — Decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos por la que se impone una sanción disciplinaria sin audiencia previa del interesado — Inexistencia de audiencia previa imputable al interesado — Legalidad (Estatuto de los Funcionarios, anexo IX, art. 7, párr. 3) [véanse los apartados 5 (36 a 38) y 6]

3. Procedimiento judicial — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos — Aplicación al procedimiento tras la devolución del asunto que sigue a un recurso de casación [Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 35, ap. 1, letras d) y e)] [véanse los apartados 5 (73) y 6]

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.
2)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi cargará con sus propias costas.
16

El 20 de enero de 2015, la demandante en el litigio principal presentó su declaración tributaria correspondiente al mes de octubre de 2014. No obstante, esta declaración fue archivada por la Dirección de Hacienda y Aduanas por haber sido presentada como declaración trimestral y no como declaración mensual, sin que se registraran los datos numéricos que contenía. El 8 de agosto de 2016, la demandante en el litigio principal presentó una nueva declaración tributaria respetando la periodicidad exigida. Siguieron a esta nueva declaración tributaria varias rectificaciones, la última de 6 de diciembre de 2016. La Dirección de Hacienda y Aduanas consideró que la nueva declaración tributaria citada era errónea debido a que hacía mención a un impuesto deducible cuando, como consecuencia de la revocación del número de identificación fiscal de la demandante en el litigio principal, no podía incluir tal impuesto. Así pues, la Dirección de Hacienda y Aduanas requirió a la demandante en el litigio principal para que la rectificara. Al no rectificarla, la Dirección de Hacienda y Aduanas informó a la demandante en el litigio principal de que archivaba esa nueva declaración tributaria sin examinarla en cuanto al fondo.
21

En tercer lugar, la EUIPO subraya que la cuestión de la desaparición del derecho anterior en el curso del procedimiento dio lugar a resoluciones contradictorias del Tribunal General en lo que respecta a la aplicación del requisito de la persistencia del interés en ejercitar la acción. A este respecto, cita las sentencias de 15 de marzo de 2012, Cadila Healthcare/OAMI — Novartis (ZYDUS) (T‑288/08, no publicada, EU:T:2012:124), apartado 22, y de 8 de octubre de 2014, Fuchs/OAMI — Les Complices (Estrella dentro de un círculo) (T‑342/12, EU:T:2014:858), apartados 26 a 29, así como los autos de 26 de noviembre de 2012, MIP Metro/OAMI — Real Seguros (real,‑ BIO) (T‑549/11, no publicado, EU:T:2012:622), apartado 23, y de 4 de julio de 2013, Just Music Fernsehbetriebs/OAMI — France Télécom (Jukebox) (T‑589/10, no publicado, EU:T:2013:356), apartado 36. La EUIPO expone asimismo que el Tribunal de Justicia solo tuvo ocasión brevemente de abordar esta cuestión en un contexto particular, a saber, el del auto de 8 de mayo de 2013, Cadila Healthcare/OAMI (C‑268/12 P, no publicado, EU:C:2013:296), de modo que no puede deducirse de ello un principio general según el cual se prohíba al juez de la Unión, a efectos de la apreciación de la persistencia de un interés en ejercitar la acción, tener en cuenta hechos cuyos efectos sean posteriores a la resolución que se ha impugnado ante él.
8

El régimen jurídico de la concesión de la red nacional de carreteras a EP está regulado por el Decreto-Lei n.o 380/2007, que atribui à EP — Estradas de Portugal, S.A., a concessão do financiamento, concepção, projecto, construção, conservação, exploração, requalificação e alargamento da rede rodoviária nacional e aprova as bases da concessão (Decreto-ley n.o 380/2007, por el que se adjudica a [EP] la concesión de la financiación, la concepción, la planificación, la construcción, la conservación, la explotación, la modernización y la ampliación de la red nacional de carreteras y se aprueban las bases de la concesión), de 13 de noviembre de 2007 (Diário da República n.o 218/2007, serie I, de 13 de noviembre de 2007).
7

El artículo 175, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1), dispone lo siguiente: «2. A reserva de las excepciones y condiciones determinadas en el anexo I del presente Reglamento, […] el órgano de contratación no firmará el contrato o el contrato marco con el adjudicatario hasta que haya transcurrido un período de espera. 3. En caso de que se utilice un medio electrónico de comunicación, el período de espera será de 10 días, y de 15 días cuando se utilicen otros medios.»
247

Por último, por lo que respecta, en particular, al artículo 72, apartado 1, punto 1, de la Ley del Tribunal Supremo modificada, la República de Polonia alega que la pretensión de suspensión de esta disposición es extemporánea y totalmente incomprensible. En este contexto, este Estado miembro alega, por una parte, que la Comisión no ha formulado justificación alguna para suspender la aplicación de una disposición históricamente enraizada en la tradición constitucional de Polonia y, por otra, que el hecho de que la Comisión, en el marco del recurso por incumplimiento en el asunto C‑791/19, impugnara una disposición similar que figura en el artículo 107 de la Ley de los Tribunales Ordinarios sin no obstante haber solicitado que se suspendiera su aplicación demuestra que no percibe, en realidad, riesgo alguno de que se produzca un perjuicio como consecuencia de la aplicación del artículo 72, apartado 1, punto 1, de la Ley del Tribunal Supremo modificada.
Además, al reproducir meramente de modo conciso las pretensiones de GR y de HS basadas en la supuesta violación del principio non bis in idem sin explicar, por lo que respecta a los documentos invocados por esas mismas personas, en qué medida podría eventualmente llegarse a la conclusión de que existe una identidad de los hechos materiales y, por otra parte, al no explicitar el tenor de la cuestión prejudicial planteada, tanto desde el punto de vista jurídico como por lo que atañe a los hechos pertinentes, y las dudas que alberga sobre la aplicación del principio non bis in idem respecto del criterio de la identidad de los hechos y, en su caso, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, el órgano jurisdiccional remitente no ha expuesto con un nivel de claridad y de precisión suficiente las razones que le han llevado a plantear esta cuestión prejudicial, por lo que no ha cumplido la exigencia que figura en el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 3 de marzo de 2021 — Koppány 2007

(Asunto C‑523/20) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia — Seguridad social — Reglamento (UE) n.o 1231/2010 — Legislación aplicable — Certificado A1 — Artículo 1 — Extensión de los beneficios del certificado A 1 a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de un Estado miembro — Residencia legal — Concepto»

Seguridad social — Trabajadores migrantes — Normativa de la Unión — Ámbito de aplicación personal — Ampliación a los nacionales de terceros Estados a los que no se aplique dicha normativa por razón de su nacionalidad — Requisito — Residencia legal — Concepto — Alcance — Nacionales de terceros países que residen legalmente de manera temporal en un Estado miembro y trabajan legalmente en diferentes Estados miembros para un empresario establecido en el primer Estado miembro — Inclusión — Determinación de la legislación de seguridad social aplicable según la normativa de la Unión

[Reglamentos (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo n.o 883/2004, n.o 987/2009 y n.o 1231/2010, considerandos 10 y 11 y art. 1]

(véanse los apartados 23 a 29, 31 y 32 y el fallo)

Fallo

El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se amplía la aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos, debe interpretarse en el sentido de que los nacionales de terceros países que residen temporalmente en un Estado miembro en virtud de un permiso de residencia, disponen de una declaración de lugar de alojamiento validada por la autoridad competente en materia de extranjería y trabajan en diferentes Estados miembros para un empresario establecido en dicho Estado miembro pueden invocar las normas de coordinación previstas en el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, y en el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, con objeto de determinar a qué legislación de seguridad social están sujetos, siempre que permanezcan y trabajen legalmente en el territorio de los Estados miembros.

( 1 ) DO C 28 de 25.1.2021.
5

Las disposiciones del artículo único, apartado 1223, de dicha Ley fueron derogadas y recogidas, no obstante, en términos idénticos, en el artículo 16 bis, apartado 11, de la legge n. 11 che reca norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (Ley n.o 11 que incluye disposiciones generales sobre la participación de Italia en el proceso legislativo de la Unión Europea y sobre los procedimientos de cumplimiento de las obligaciones comunitarias), de 4 de febrero de 2005 (GURI n.o 37, de 15 de febrero de 2005; en lo sucesivo, «Ley n.o 11/2005»). Según estas disposiciones: «Los destinatarios de las ayudas contempladas en el artículo 87 CE solo podrán beneficiarse de tales ventajas si declaran, en virtud del artículo 47 del texto único del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 (Decreto del Presidente de la República n.o 445), de 28 de diciembre de 2000 (suplemento ordinario a la GURI n.o 42, de 20 de febrero de 2001)] y de las modalidades establecidas por el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros —que ha de publicarse aún en la Gazzetta ufficiale—, no encontrarse entre quienes recibieron, y después no devolvieron o ingresaron en una cuenta bloqueada, las ayudas declaradas ilegales o incompatibles por la Comisión Europea especificadas en el decreto mencionado en el presente apartado.»
52

Según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, el requisito del fumus boni iuris se cumple cuando al menos uno de los motivos invocados por la parte que solicita las medidas provisionales en apoyo de su recurso principal parezca, a primera vista, no carente de fundamento serio. Este es el caso, en particular, cuando alguno de estos motivos revela la existencia de cuestiones jurídicas complejas cuya resolución no se evidencia de manera inmediata y requiere, por tanto, un examen profundo, que no puede realizar el juez de medidas provisionales, sino que debe ser objeto del procedimiento principal, o cuando el debate suscitado entre las partes pone de relieve la existencia de una controversia jurídica importante cuya solución no surge de un modo inmediato [auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2019, Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres/Parlamento, C‑646/19 P(R), no publicado, EU:C:2019:1149, apartado 52 y jurisprudencia citada].
14

El referido órgano jurisdiccional precisa, no obstante, que, en el asunto que se ha sometido a su apreciación, el pasillo en cuestión no podía considerarse en modo alguno un establecimiento mercantil del comerciante, ya que no le servía para ejercer su actividad, sino que daba acceso a todos los estands de los comerciantes presentes en el pabellón. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, puesto que el considerando 22 de la Directiva 2011/83 precisa que un espacio público que el comerciante utiliza de forma excepcional no constituye, en principio, un «establecimiento mercantil», en el sentido del artículo 2, punto 9, de esta Directiva, la situación controvertida en el presente asunto corresponde al supuesto descrito en dicho considerando.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 13 de febrero de 2020 — Solak

(Asunto C‑258/18) ( 1 )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía — Artículo 59 del Protocolo Adicional — Decisión n.o 3/80 — Seguridad social de los trabajadores inmigrantes turcos — Supresión de las cláusulas de residencia — Artículo 6 — Prestación complementaria — Suspensión — Renuncia a la nacionalidad del Estado miembro de acogida — Reglamento (CE) n.o 883/2004 — Prestaciones especiales en metálico no contributivas — Requisito de residencia»

Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía — Seguridad social de los trabajadores inmigrantes — Decisión n.o 3/80 del Consejo de Asociación — Supresión de las cláusulas de residencia — Prestaciones complementarias concedidas con arreglo a la legislación nacional — Normativa nacional por la que se suspende el pago de una prestación para los beneficiarios que ya no residan en el territorio nacional — Aplicación a los antiguos trabajadores turcos que pertenecen al mercado regular de trabajo del Estado miembro de acogida — Nacionales turcos que han renunciado a la nacionalidad de dicho Estado miembro y han retornado a su país de origen — Procedencia

(Decisión n.o 3/80 del Consejo de Asociación CEE‑Turquía, art. 6, ap. 1, párr. primero; Protocolo adicional al Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía, art. 59)

(véanse los apartados 51 a 53, 55, 57, 59 y el fallo)

Fallo

El artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión n.o 3/80 del Consejo de Asociación CEE‑Turquía, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los miembros de sus familias, en relación con el artículo 59 del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) n.o 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual se suspende el pago de una prestación que complementa una pensión de invalidez destinada a garantizar unos ingresos mínimos, y que se ha concedido con arreglo a dicha normativa, a un nacional turco que pertenece al mercado regular de trabajo de un Estado miembro y que ha retornado a su país de origen tras haber renunciado a la nacionalidad de dicho Estado miembro, adquirida durante su residencia en él.

( 1 ) DO C 276 de 6.8.2018.
4.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección de los objetivos de las actividades de inspección, investigación y auditoría — Interés público superior que justifica la divulgación de los documentos — Concepto — Interés de un particular en obtener la divulgación de documentos relativos a un procedimiento EU Pilot en curso sobre la compatibilidad de normas nacionales con el Derecho de la Unión con el fin de garantizar el respeto de este Derecho en el Estado miembro de que se trate — Exclusión [Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2, tercer guion] (véanse los apartados 5 y 6)
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019 — M‑Sansz/Comisión

(Asunto C‑757/18 P) ( 1 )

«Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Ayudas de Estado — Ayuda ejecutada por Hungría en favor de empresas que han empleado a trabajadores discapacitados — Recurso de anulación — Presuntas decisiones de no formular objeciones — Falta de legitimación para ejercitar la acción — Persona no afectada individualmente — Recurso no interpuesto para salvaguardar los derechos procesales — Inadmisibilidad del recurso en primera instancia — Recurso de casación manifiestamente infundado»

1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Decisión de la Comisión por la que se declara una ayuda de Estado compatible con el mercado interior sin incoar el procedimiento de investigación formal — Recurso de los interesados en el sentido del artículo 108 TFUE, apartado 2 — Recurso que no pretende salvaguardar los derechos procesales de los interesados — Inadmisibilidad [Arts. 108 TFUE, aps. 2 y 3, y 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, art. 1, letra h)] (véanse los apartados 16 a 18)

2. Procedimiento judicial — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos — Motivo basado en elementos que han aparecido durante el procedimiento — Inexistencia — Ampliación de un motivo existente — Inexistencia de ampliación — Inadmisibilidad (Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 84, ap. 1) (véase el apartado 19)

3. Recurso de casación — Motivos — Motivo formulado contra un fundamento de Derecho del auto que no es necesario para justificar el fallo — Motivo inoperante (Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) (véanse los apartados 23 a 25)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación por ser manifiestamente infundado.

2) M‑Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M‑Sansz Kft.) cargará, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea.

( 1 ) DO C 148 de 29.4.2019.
49

Pues bien, es reiterada jurisprudencia que, dado que no existe, en el estado actual del Derecho de la Unión, un baremo de remuneración de los abogados o de los expertos en materia económica, únicamente en el supuesto de que la tarifa media por hora facturada resulte manifiestamente excesiva, el juez de la Unión podrá apartarse de ella y determinar ex aequo et bono el importe de los honorarios de abogados y de los expertos en materia de economía recuperables (véase, en este sentido, el auto de 4 de julio de 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 P‑DEP, no publicado, EU:C:2017:530, apartado 16).