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5

El artículo 2 de esta Directiva incluye, en particular, las definiciones siguientes: «[…] a) Acceso: la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Este término abarca, entre otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital; el acceso a servicios de redes virtuales; b) Interconexión: la conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones utilizadas por una misma empresa o por otra distinta, de manera que los usuarios de una empresa puedan comunicarse con los usuarios de la misma empresa o de otra distinta, o acceder a los servicios prestados por otra empresa. Los servicios podrán ser prestados por las partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red. La interconexión constituye un tipo particular de acceso entre operadores de redes públicas; c) Operador: la empresa que proporciona o que está autorizada para proporcionar una red pública de comunicaciones o un recurso asociado; […]»
53

Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha afirmado que el objetivo de la Directiva 85/337 no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto y que el hecho de que no se considere el efecto acumulativo de varios proyectos no debe tener como consecuencia práctica que se sustraigan en su totalidad a la obligación de evaluación cuando, considerados conjuntamente, puedan tener «efectos significativos en el medio ambiente» en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337 (véase en ese sentido la sentencia Ecologistas en Acción-CODA, antes citada, apartado 44).
11

El Reglamento no 2027/97 fue modificado por el Reglamento (CE) no 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002 (DO L 140, p. 2), que no es aplicable al litigio principal.
46

Si bien es cierto que los términos empleados para designar las exenciones previstas en el artículo 13 de la Sexta Directiva deben interpretarse en sentido restrictivo, dado que constituyen excepciones al principio general de que el IVA se percibe por cada prestación de servicios efectuada a título oneroso por un sujeto pasivo (véanse, en particular, las sentencias MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, antes citada, apartado 63, así como de 19 de abril de 2007, Velvet & Steel Immobilien, C-455/05, Rec. p. I-3225, apartado 14), no es menos cierto que la interpretación propuesta por la Comisión limitaría la exención de que se trata de una forma que no se sustenta en el texto controvertido. En efecto, la expresión «operaciones relativas a acciones» contenida en el artículo 13, parte B, letra d), punto 5, de la Sexta Directiva y en el artículo 135, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112 es suficientemente amplia para no limitarse a la negociación profesional de los títulos.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la validez de la Directiva 2004/73/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por la que se adapta, por vigésima novena vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO L 152, p.1), a la luz de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de (DO 1967, 196, p. 1; EE 13/01, p. 50), en su versión modificada por la Directiva 2001/59/CE de la Comisión, de (DO L 225, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 67/548»), y concretamente de sus anexos V (capítulo A.9) y VI (punto 4.2.3).
23

No obstante, dos argumentos se oponen, según el órgano jurisdiccional remitente, al reconocimiento de competencia de los tribunales austriacos. Por una parte, la Directiva 2000/26 tiene por objetivo proteger a la parte más débil simplificando y aligerando sustancialmente la aplicación de los derechos de indemnización en los casos de accidentes de circulación que presenten un vínculo con el extranjero. Pues bien, refiriéndose a la sentencia de 13 de diciembre de 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C-463/06, Rec. p. I-11321), un organismo de seguridad social no puede considerarse parte débil, que requiera protección en la aplicación de las reglas sobre la competencia judicial internacional. Por otra parte, el artículo 11, apartado 2, del Reglamento no 44/2001 sólo menciona a la persona perjudicada, y no a un eventual cesionario legal.
45

La Sra. Mesko y el Gobierno polaco sostienen que, en caso de doble nacionalidad común de los cónyuges, debe prevalecer el criterio de la nacionalidad más efectiva. A este respecto, la Sra. Mesko, basándose en diversos datos y, en particular, en el hecho de que tanto ella misma como el Sr. Hadadi residen en Francia desde 1980, considera que, en el litigio principal, la nacionalidad francesa es la más efectiva. Alega que la equiparación de las dos nacionalidades desataría una «carrera a los tribunales» y abriría la puerta al abuso, al incitar a cualquiera de los cónyuges a acudir precipitadamente ante los tribunales de un Estado miembro para evitar que el otro cónyuge acuda a los tribunales del otro Estado miembro. El Gobierno polaco considera que no es conveniente atribuir a las partes la elección del tribunal competente, puesto que tal solución supone un privilegio exorbitante para aquellas personas que disfrutan de la doble nacionalidad común y les concede la posibilidad de elegir de facto el tribunal competente, siendo así que el Reglamento no 2201/2003 no reconoce la misma facultad a las demás personas. Además, según ese mismo Gobierno, mantener la competencia de los tribunales de un Estado miembro en el que los cónyuges ya no viven desde hace mucho tiempo podría suponer un obstáculo para la eficacia y la equidad de las resoluciones judiciales y propiciar ciertos abusos, tales como el «forum shopping».
16

Al haberse estimado las pretensiones del Sr. Hütter tanto en primera instancia como en apelación, la TUG interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente. Éste se pregunta más concretamente si el artículo 6 de la Directiva 2000/78 se opone a una medida nacional que permite a los empleadores no tener en cuenta períodos de experiencia profesional adquiridos ante de la mayoría de edad para no desfavorecer a las personas que hayan cursado estudios secundarios, no incitar a los alumnos a abandonar este tipo de estudios y, más genéricamente, para que no resulte costoso para el sector público el aprendizaje dirigido a favorecer la inserción de los jóvenes aprendices en el mercado laboral.
14

Dicho órgano jurisdiccional desestimó la demanda de Har Vaessen al estimar que debe considerarse que el destinatario de las mercancías controvertidas en el litigio principal, en el sentido del artículo 27 del Reglamento no 918/83, en su versión modificada, es ECI y no los clientes que realizaron los pedidos de manera individual. A su juicio, los clientes no se ven implicados en modo alguno en el procedimiento de declaración aduanera, al no ser ni el deudor de la deuda aduanera ni el propietario de la mercancía enviada. En tales circunstancias, dicho órgano jurisdiccional concluyó que las mercancías controvertidas en el litigio principal no se envían directamente a los clientes individuales en calidad de destinatarios, en el sentido del artículo 27 del Reglamento no 918/83, en su versión modificada.
27

En efecto, tanto del tenor literal como del sistema de la Directiva 85/374, y en particular de sus artículos 1 y 9 así como de su noveno considerando, se desprende que la reparación de los daños causados a una cosa destinada a un uso profesional y utilizada para tal uso no forma parte de los aspectos regulados por dicha Directiva, puesto que tales daños no están incluidos en el término «daños» en el sentido del artículo 1 de la Directiva 85/374, según lo delimita el artículo 9 de la misma, tal como se puso de manifiesto en el apartado 17 de la presente sentencia.
22

El Sr. Kqiku sostiene que la Decisión no 896/2006 se refiere al reconocimiento de los permisos de residencia expedidos por la Confederación Suiza y por el Principado de Liechtenstein para fines de tránsito por el espacio Schengen o de estancias de corta duración en este espacio. Alega que su documento de identidad C para extranjeros es uno de los permisos de residencia expedidos por la Confederación Suiza, que figura en el anexo de la mencionada Decisión, que este documento no tiene como efecto eximirle de la obligación de visado establecida en el Reglamento no 539/2001 y que el mencionado documento constituye una autorización válida de entrada y de residencia.
14

Con arreglo a su artículo 38, la Directiva 2004/38 deroga, en particular, los artículos 10 y 11 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2434/92 del Consejo, de 27 de julio de 1992 (DO L 245, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1612/68»).
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Libre prestación de servicios — Libertad de establecimiento — Restricciones — Normativa nacional que obliga a los abogados a respetar las tarifas máximas para la determinación de sus honorarios — Procedencia

(Arts. 43 CE y 49 CE)

Índice

No incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE un Estado miembro cuya normativa obliga a los abogados a respetar las tarifas máximas para la determinación de sus honorarios, siempre que dicha normativa no esté concebida de tal manera que restrinja el acceso, en condiciones de competencia normales y eficaces, al mercado de los servicios de los abogados. Así ocurre con un régimen que se caracteriza por una flexibilidad que parece permitir la remuneración correcta de todo tipo de servicio prestado por abogados, habida cuenta de que es posible exceder, en determinadas condiciones, los límites máximos aumentándolos hasta el doble o el cuádruple o incluso más. Asimismo, en determinadas situaciones, es posible que los abogados celebren un acuerdo especial con su cliente para fijar el importe de los honorarios.

En efecto, la normativa de un Estado miembro no constituye una restricción en el sentido del Tratado CE por el mero hecho de que otros Estados miembros apliquen normas menos rigurosas y más interesantes desde el punto de vista económico a los prestadores de servicios similares establecidos en su territorio. Por consiguiente, la existencia de una restricción en el sentido del Tratado no puede deducirse del mero hecho de que, para calcular sus honorarios por servicios prestados en el Estado miembro de acogida, los abogados establecidos en Estados miembros que no sean el Estado miembro de acogida deban acostumbrarse a las normas aplicables en dicho Estado miembro, sino que tiene que basarse en el hecho de que tal régimen obstaculiza el acceso al mercado del Estado miembro de acogida de los abogados procedentes de los demás Estados miembros.

(véanse los apartados 49, 50, 53 y 54)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE (Directiva 92/43/CEE del Consejo, arts. 3, ap. 1, y 4, ap. 1) (véanse los apartados 30 y 31)

2. Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE (Directiva 92/43/CEE del Consejo, art. 6, ap. 2) (véanse los apartados 38 a 40, 42 y 43)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7) — Lugares de importancia comunitaria — Lugar «Is Arenas» — Planificación de un campo de golf.

Parte dispositiva

Fallo

1) En relación con el proyecto de complejo turístico e inmobiliario «Is Arenas» que afecta al lugar «Is Arenas», declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y, más concretamente, por lo que se refiere a la segunda imputación, del artículo 6, apartado 2, de la misma:

— al no haber adoptado, antes del 19 de julio de 2006, fecha de inclusión del lugar «Is Arenas» en la lista de lugares de importancia comunitaria, medidas de protección apropiadas, en relación con el objetivo de conservación perseguido por la Directiva 92/43, para proteger el interés ecológico pertinente que, a nivel nacional, tiene el lugar propuesto como lugar de importancia comunitaria, y, en particular, al no haber prohibido una intervención que puede alterar significativamente las características ecológicas del lugar, y

— al no haber adoptado, después del 19 de julio de 2006, medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales que han motivado la designación del mencionado lugar de importancia comunitaria.

2) Condenar en costas a la República Italiana.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Agricultura — Organización común de mercados — Carne de vacuno — Prima especial por bovinos machos — Pagos por extensificación

[Reglamento (CE) nº 1254/1999 del Consejo]

Índice

La normativa comunitaria, y en particular el Reglamento nº 1254/1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno, no supedita la admisibilidad de las solicitudes de primas especiales por bovinos machos y de pagos por extensificación a la presentación de un título jurídico válido que justifique el derecho del solicitante de las ayudas a utilizar las superficies forrajeras objeto de dicha solicitud. Sin embargo, la normativa comunitaria no se opone a que los Estados miembros impongan en su normativa nacional una obligación de presentar tal título, siempre que se respeten los objetivos perseguidos por la normativa comunitaria y los principios generales del Derecho comunitario, en particular el principio de proporcionalidad.

(véanse el apartado 90 y el fallo)
Palabras clave

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Palabras clave

Medio ambiente — Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas — Directiva 96/82/CE

[Directiva 96/82/CE del Consejo, art. 11, ap. 1, letra c)]

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La elaboración de los planes de emergencia externos previstos por el artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/82, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, forma parte por tanto de un proceso con varias etapas que exige, en un primer momento, la elaboración de los planes de emergencia internos por los titulares de los establecimientos en los que se hallan cantidades importantes de sustancias peligrosas y la comunicación de la información necesaria a las autoridades competentes, en un segundo momento, la elaboración por éstas de los citados planes de emergencia externos y, en un tercer momento, la revisión y, en su caso, la modificación y la actualización de los planes de emergencia internos y externos por los titulares y las autoridades mencionados.

Es cierto que el artículo 11, apartados 1 y 4, de esa Directiva sólo prescribe un plazo respecto a las etapas primera y tercera. No obstante, el hecho de que esa disposición no establezca un plazo expreso para la elaboración de los planes de emergencia externos no implica en sí que los Estados miembros no estén sujetos a ningún plazo para cumplir la obligación de elaborarlos.

De la interdependencia entre los planes de emergencia internos y externos, cuya coordinación asegura la eficacia del mecanismo previsto en el artículo 11 de la Directiva, deriva que las autoridades competentes están obligadas a elaborar los planes de emergencia externos dentro de un plazo que, por una parte, no pueda limitar la eficacia de las disposiciones de ese artículo pero que, por otra parte, tenga en cuenta el tiempo necesario para la finalización de dichos planes, por tanto, dentro de un plazo razonable a partir de la comunicación de la información necesaria por los titulares de los establecimientos.

Por otra parte, si bien es cierto que conforme al artículo 11, apartado 1, de esa Directiva la obligación de elaborar los planes de emergencia externos está ligada a la obligación a cargo de los titulares de los establecimientos afectados de comunicar a las autoridades competentes la información necesaria para que éstas puedan elaborar dichos planes, no lo es menos que esa misma disposición impone a los Estados miembros la obligación de velar por que esos titulares proporcionen la información necesaria en los plazos prescritos. Siendo así, el hecho de que en algunos casos las autoridades competentes no dispongan de la información necesaria dentro de esos plazos no puede justificar la falta de planes de emergencia externos.

(véanse los apartados 13, 14, 17, 21 y 25)
Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2003/41, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, cuando no adopta, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8, 9, 13, 15 a 18 y 20, apartados 2 a 4, de esta Directiva, que imponen obligaciones a los Estados miembros en cuyo territorio se hallen establecidos los fondos de pensiones de empleo.

Aun cuando, según la normativa nacional aplicable, ningún fondo de pensiones de empleo pueda establecerse legalmente en el territorio de este Estado miembro por no existir un segundo pilar en el sistema nacional de pensiones de jubilación, dicho Estado tiene la obligación de adaptar enteramente su Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva, aprobando y poniendo en vigor en su Derecho interno las normas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ello.

Dicha obligación de adaptación del Derecho interno no puede atentar contra la competencia que ostenta dicho Estado por lo que atañe a la organización del citado sistema nacional de pensiones de jubilación y al mantenimiento del equilibrio financiero de éste, obligándole a establecer, en el marco de esa adaptación del Derecho interno, un segundo pilar, desconociendo las prerrogativas que le confiere el artículo 137 CE, apartado 4, primer guión. Ninguna de las disposiciones de la Directiva 2003/41 obliga a los Estados miembros a aplicar semejante normativa. Esta Directiva constituye efectivamente tan sólo un primer paso hacia el establecimiento de un mercado interior de regímenes de jubilación profesional, mediante la observancia, a escala europea, de unos requisitos prudenciales mínimos. En cambio, la citada Directiva no tiene como finalidad, ni siquiera parcialmente, armonizar los sistemas nacionales de pensión de jubilación obligando a los Estados miembros a modificar o a derogar las normas de su Derecho nacional que determinan la propia organización de los citados sistemas. En particular, la Directiva 2003/41 como tal no obliga a un Estado miembro que prohíbe el establecimiento en su territorio de fondos de pensiones de empleo debido a la inexistencia de un segundo pilar en su sistema nacional de pensiones de jubilación, a suprimir dicha prohibición con el fin de permitir a los fondos de pensiones de empleo establecerse en su territorio para prestar unos servicios que están comprendidos dentro del segundo pilar de los sistemas nacionales de pensiones de jubilación.

(véanse los apartados 48, 52, 53, 57, 59, 62 y 69 y el fallo)
El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50, se opone a que un precepto nacional, como el controvertido en el litigio principal, permita a un tribunal nacional inadmitir por caducidad un recurso destinado a que se declare la infracción de las normas de adjudicación de los contratos públicos o a obtener una indemnización de daños y perjuicios por la infracción de estas normas, en virtud de la aplicación del criterio, valorado de forma discrecional, de que tales recursos deben interponerse sin demora.

A este respecto, un precepto nacional de acuerdo con el cual sólo se podrá interponer un recurso cuando «se presente sin demora y, en cualquier caso, en el plazo de tres meses», conlleva una incertidumbre. En efecto, no cabe descartar que tal precepto faculte a los tribunales nacionales para inadmitir un recurso por caducidad de la acción, aun antes de expirar el plazo de tres meses, si consideran que el recurso no se ha interpuesto «sin demora» en el sentido de este precepto. No puede preverse el tiempo disponible de un plazo de caducidad cuya duración se deja a la libre discreción del tribunal competente. Por ello, un precepto nacional que establece tal plazo no garantiza la adaptación efectiva del Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva 89/665.

(véanse los apartados 41 a 43 y el fallo)
El Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, no forma parte de las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación es competencia del Tribunal de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 CE.

En efecto, la Comunidad no ha asumido todas las competencias anteriormente ejercidas por los Estados miembros en el ámbito de aplicación del Convenio de Varsovia. A falta de una transferencia plena de las competencias anteriormente ejercidas por los Estados miembros a la Comunidad, ésta no puede, por el mero hecho de que, en el momento de los hechos, todos esos Estados fueran partes contratantes del Convenio de Varsovia, estar vinculada por la reglas de ese Convenio, que la propia Comunidad no ha aprobado.

(véanse los apartados 32 a 34 y el punto 1 del fallo)