SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 19 de septiembre de 1996

Asunto T-386/94

Alain-Pierre Allo

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Procedimiento de promoción al grado A 3 a través de la denominada segunda vía — Recurso de nulidad — Expediente personal — Inexistencia de informes de calificación — Recurso de indemnización»

Texto completo en lengua francesa II-1161

Objeto:

Recurso que tiene por objeto, por una parte, una pretensión de anulación de la decisión de la Comisión de 30 de mayo de 1994 que establece una lista de funcionarios que pueden ser promovidos al grado A 3 a través del procedimiento denominado «segunda vía» y, por otra, una demanda de indemnización de los daños y perjuicios morales y materiales sufridos por el demandante.

Resultado:

Condena de la Comisión al pago de 10.000 BFR al demandante en concepto de indemnización por perjuicios morales.

Resumen de la sentencia

La decisión de la Comisión de 19 de julio de 1988 relativa a la provisión de los puestos intermedios de dirección creó un procedimiento de promoción específico para el grado A 3, denominado «segunda vía».

El apartado 4 de esta decisión dice así:

«Cada año, el miembro de la Comisión responsable de los asuntos del personal establecerá, según el procedimiento de seis días, el número de puestos A 3, entre los que no han sido provistos en virtud del apartado 3 anterior, que constituirán una reserva para la promoción al grado A 3.

Esta reserva será utilizada del siguiente modo: el Comité Consultivo de Nombramientos, de acuerdo con los Directores Generales y los Jefes de Servicio informará, al menos una vez al año, sobre los funcionarios promovibles que deberían ser especialmente tenidos en cuenta para una promoción al grado A 3. La lista así establecida superará en un 50 % las posibilidades de promoción creadas por la reserva.

Previa consulta con los Jefes de gabinete, las decisiones de promoción en estos casos serán adoptadas por el miembro de la Comisión responsable del personal y de la administración, de acuerdo con los miembros de la Comisión afectados y según el procedimiento de seis días.»

El 16 de diciembre de 1993, el Comité Consultivo de Nombramientos (CCN) estableció una lista de dieciséis funcionarios que debían ser especialmente tenidos en cuenta en el procedimiento denominado «segunda vía» para las promociones de 1993. A tal efecto, sólo tuvo en cuenta nombres elegidos entre sesenta y nueve funcionarios que figuraban en una lista de «prioridades para la promoción al grado A 3» establecida por los Directores Generales y Jefes de Servicio.

El 30 de mayo de 1994, el miembro de la Comisión responsable del personal y de la administración decidió establecer una lista de doce funcionarios que podían ser tenidos en cuenta para una promoción mediante el procedimiento denominado «segunda vía» (decisión impugnada). Esta decisión fue comunicada al personal mediante las Informations administratives no 847, de 3 de junio de 1994.

El demandante era funcionario de grado A 4 en la Comisión. Podía ser promovido al grado A 3 en la época en que se produjeron los hechos que dieron lugar al litigio. Su nombre no figura ni en la lista elaborada por los Directores Generales y los Jefes de Servicio, ni en el dictamen del CCN, ni en la decisión impugnada.

El 28 de julio de 1994, presentó una reclamación con el fin de obtener, por una parte, la anulación de la decisión impugnada y, por otra, la reparación del perjuicio sufrido. Esta reclamación fue desestimada por silencio administrativo, ya que la parte demandada no respondió en el plazo de cuatro meses establecido por el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios y otros Agentes de las Comunidades Europeas (Estatuto).

El 19 de diciembre de 1994, es decir, una vez interpuesto el presente recurso, la demandada notificó al demandante una decisión desestimatoria expresa, adoptada el 16 de diciembre de 1994.

Sobre las pretensiones de nulidad

Acerca de los motivos primero y tercero basados en las infracciones a los artículos 26 y 45 del Estatuto, así como a los principios de igualdad de trato, de protección de la confianza legítima y del derecho de defensa

El Tribunal de Primera Instancia examina, en primer lugar, las alegaciones mediante la cuales el demandante niega en general la legalidad del procedimiento en cuestión y luego aquellas mediante las cuales pone en duda la legalidad de la apreciación de su situación específica (apartado 28).

Legalidad genérica del procedimiento controvertido

Por lo que respecta a la decisión del CCN de limitar su examen de las candidaturas a los sesenta y nueve funcionarios que figuraban en la lista elaborada por los Directores Generales y los Jefes de Servicio, las Instituciones disponen de la facultad estatutaria de proceder al examen comparativo de méritos exigido por el apartado 1 del artículo 45 del Estatuto, según el procedimiento o el método que consideren más oportuno (apartado 29).

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de julio de 1976, De Wind/Comisión(62/75, Rec. p. 1167), apartado 17; Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1995, Rasmussen/Comisión (T-557/93, RecFP p. II-603), apartado 20

En el presente caso, resulta claro que, al proceder al examen comparativo de los méritos de los funcionarios interesados en una promoción a través del procedimiento denominado «segunda vía», la Comisión debió tener en cuenta no sólo el hecho de que los interesados eran muy numerosos, sino también que estaban repartidos entre unas cuarenta Direcciones Generales y otros servicios (apartado 30).

Pero un examen previo de las candidaturas de los funcionarios que pueden ser promovidos en cada Dirección General de la Comisión no puede invalidar un examen comparativo bien entendido de los méritos de los candidatos, tal como establece el artículo 45 del Estatuto, sino que, por el contrario, es conforme con el principio de buena administración. En efecto, la intervención del Director General permite, por una parte, que se tengan en cuenta los elementos específicos de su Dirección General, que conoce a través de la consulta con los diversos superiores jerárquicos y, por otra, situar en una sola visión de conjunto los informes de calificación de los diversos funcionarios con posibilidades de promoción, realizados por calificadores distintos (apartado 31).

Referencia: Rasmussen/Comisión, antes citada, apartados 21 y 22

No obsta a la legalidad del procedimiento denominado «segunda vía» el hecho de que la lista de los Directores Generales y de los jefes de servicio no sea publicada y que, por consiguiente, los interesados no tengan la posibilidad de formular sus observaciones antes de que emita su dictamen el CCN y de que resuelva la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN). Las opiniones emitidas por los superiores jerárquicos consultados en el marco de un procedimiento de promoción no deben ser comunicadas a los candidatos afectados si contienen sólo una valoración comparativa de los méritos y calificaciones de los candidatos, basada en elementos fácticos recogidos en su expediente individual o bien comunicados a los interesados (apartado 33).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia. 8 de junio de 1995, Alio/Comisión (T-496/93, RecFP p. II-405), apartado 76

Legalidad de la apreciación de la situación específica del demandante

Teniendo particularmente en cuenta el papel determinante que tiene la lista «prioritaria» de los Directores Generales y de los Jefes de Servicio, deben examinarse, en primer lugar, las circunstancias en que el Director General del demandante realizó el examen comparativo de sus méritos (apartado 37).

El informe de calificación constituye un elemento de apreciación indispensable cada vez que la carrera de un funcionario es valorada por sus superiores jerárquicos. Un procedimiento de promoción está viciado por una ilegalidad si los informes de calificación de uno o varios candidatos han sido elaborados por la administración con un retraso notable. Sin embargo, en casos excepcionales, el superior jerárquico puede buscar otros medios que palien la inexistencia de un informe de calificación (apartado 38).

Referencia: Rasmussen/Comisión, antes citada, apartados 30 a 32

En presencia de un conjunto de indicios lo bastante concordantes como para apoyar la alegación del demandante relativa a la inexistencia de un verdadero examen comparativo de las candidaturas, es la Institución demandada la que debe aportar la prueba, mediante elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, de que ha respetado las garantías establecidas por el artículo 45 del Estatuto a favor del funcionario promovible y de que ha realizado tal examen comparativo (apartado 39).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 30 de enero de 1992, Schönherr/CES (T-25/90, Rec. p. II-63), apartado 25; Rasmussen/Comisión, antes citada, apartado 33

En el presente caso, cuando se desarrolló el procedimiento objeto del litigio, el último informe de calificación recogido en el expediente individual del demandante se refería al período 1987/1989. La inexistencia de un informe de calificación del demandante relativo al ejercicio 1989/1991, cuando fueron examinados los méritos de los candidatos por el Director General de la Dirección General de Relaciones Políticas Exteriores (DG IA), es en gran medida imputable a la conducta de la Comisión. Al menos, la Comisión no ha presentado ningún elemento o alegación que permita concluir que el Director General de la DG IA procuró obtener otros elementos que pudieran paliar la inexistencia de un informe de calificación del ejercicio 1989/1991 (apartados 41 a 44).

Sobre el segundo motivo basado en una infracción al artículo 25 del Estatuto

Dado que el Juez comunitario está obligado a comprobar de oficio si una Institución ha cumplido la obligación de motivar su decisión, un demandante no debe verse privado de la posibilidad de alegar este motivo sólo porque no lo haya hecho durante el procedimiento administrativo previo (apartado 53).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 14 de julio de 1994, Grynberg y Hall/Comisión (T-534/93. RecFPp. II-595), apartado 59; Tribunalde Primera Instancia, 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión (T-562/93, RecFP p. II-737), apartado 89

Si bien la AFPN no está obligada a motivar las decisiones de promoción frente a los candidatos no promocionados, por el contrario si lo está cuando se trata de decisión desestimatoria de una reclamación presentada al amparo del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto por un candidato no promocionado, y la motivación de esta decisión debe coincidir en principio con la de la decisión contra la cual se dirigió la reclamación (apartado 56).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 diciembre de 1993, Parlamento/Volger (C-115/92 P, Rec. p. I-6549). apartado 22

En el presente caso, no puede tenerse en cuenta el contenido de la decisión de 16 de diciembre de 1994, desestimatoria de la reclamación del demandante, en la medida en que dicha decisión fue adoptada una vez presentado el presente recurso y por lo tanto no puede cumplir su función para el demandante ni para el Juez (apartado 57).

Referencia:Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento(T-52/90, Rec. p. II-121). apartados40 y 41

Por lo que respecta al documento Informations administratives no 847, no puede considerarse que contenga una motivación suficiente de la decisión impugnada. Por una parte, no puede considerarse suficiente una motivación general y de índole puramente procedimental cuando no se ha comunicado a un candidato el motivo individual y pertinente de la desestimación de su candidatura. Por otra parte, y en cualquier caso, este documento, que omite cualquier referencia a la elaboración de la lista de los Directores Generales y Jefes de Servicio, no puede considerarse como un resumen correcto del procedimiento seguido (apartado 58).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión(T-16/94, RecFP p. II-335), apartado 35

Sobre las consecuencias que se derivan de las irregularidades comprobadas

Cuando la anulación de promociones concedidas puede constituir una sanción excesiva de la irregularidad cometida, el Tribunal puede, por una parte, desestimar el recurso de anulación y, por otra parte, condenar a la Institución demandada al pago de una indemnización como reparación del perjuicio moral sufrido por el interesado a causa del acto lesivo cometido por la administración. En efecto, en virtud del principio de proporcionalidad, deben concillarse los intereses de los demandantes, víctimas de una irregularidad y los intereses de terceros y, por consiguiente, tener en cuenta no sólo la necesidad de restablecer en sus derechos a los demandantes, sino también la de preservar las expectativas legítimas de terceros (apartado 60).

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de junio de 1980, Oberthür/Comisión(24/79, Rec. p. 1743), apartados 13 y 14; Tribunal de Justicia, 6 de julio de 1993, Comisión/Albani y otros (C-242/90P, Rec. p. I-3839), apartado 14; Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1992, Barbi/Comisión(T-68/91, Rec. p. II-2127), apartados 36, 43 y 44; Tribunal Primera Instancia, 23 de febrero de 1994, Coussios/Comisión (asuntos acumulados T-18/92 y T-68/92, RecFP p. II-171), apartado 105, confirmada tras recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, 1 de junio de 1995, Coussios/Comisión(C-l 19/94 P, Rec. p. I-1439)

Además, para anular una decisión de promoción, no basta con que al proceder al examen comparativo de los méritos de los candidatos el expediente individual de uno de ellos haya sido irregular o incompleto, a causa en particular de la inexistencia de un informe de calificación, salvo si se demuestra que esta circunstancia ha podido tener una influencia decisiva sobre el procedimiento de promoción (apartado 61).

Referencia: Alio/Comisión, antes citada, apartado 71; Rasmussen/Comisión. antes citada, apartado 31

La anulación de la decisión impugnada, en la medida en que provocaría la anulación de las decisiones individuales de promoción adoptadas en virtud del procedimiento denominado «segunda vía» para el ejercicio de 1993, constituiría una sanción excesiva de las irregularidades comprobadas (apartado 63).

En efecto, dado que el demandante no ha demostrado que el procedimiento objeto del litigio esté afectado por un vicio sistemático que afecte de modo general a su legalidad, los únicos vicios comprobados se refieren a su situación específica (apartado 64).

En el presente caso, sería poco realista suponer que el hecho de reiniciar el procedimiento controvertido pudiera desembocar en una promoción del demandante, teniendo en cuenta, por una parte, el escaso número de puestos disponibles (doce como máximo) en relación al número de funcionarios del grado A 4 susceptibles de promoción y, por otra, el hecho de que un examen en profundidad de su expediente habría puesto de manifiesto ciertas carencias del demandante a nivel de las relaciones humanas (apartado 65).

En tales circunstancias, la concesión de una indemnización simbólica de 10.000 BFR por el daño moral causado al demandante por el vicio de procedimiento y la inexistencia de motivación constituirá la reparación más adecuada tanto en relación a los intereses del demandante como a las exigencias del servicio (apartado 66).

Sobre las pretensiones de indemnización

El demandante no ha demostrado el perjuicio material que pretende haber sufrido (apartado 73).

En cuanto al perjuicio moral, procede condenar a la Comisión a reparar el perjuicio moral sufrido por el demandante a causa, en particular, de no haber sido consultado su informe de calificación en el curso del procedimiento de promoción impugnado (apartado 74).

La inexistencia de un informe de calificación en el expediente individual de un funcionario puede engendrar un perjuicio moral no sólo si su carrera ha podido verse afectada por tal circunstancia, sino también si ello ha provocado en el demandante un estado de incertidumbre o de inquietud respecto a su futuro (apartado 76).

Referencia: Alio/Comisión, antes citada, apartado 89

No obstante, en el presente caso el demandante difícilmente puede mantener que la inexistencia de su informe de calificación 1989/1991 haya provocado un estado de incertidumbre o inquietud respecto a su futuro, puesto que él mismo había solicitado que se reprodujera su informe anterior sin modificar las apreciaciones del calificador (apartado 77).

En cuanto al informe de calificación 1991/1993, el retraso de cuatro meses en su elaboración no es hasta tal punto excesivo como para provocar un estado de incertidumbre o inquietud en el demandante (apartado 78).

En consecuencia, procede desestimar la pretensión de indemnización, en la medida en que se refiere a la existencia de un perjuicio material y de un perjuicio moral independiente del cubierto por la compensación ya concedida en la presente sentencia (apartado 79).

Fallo:

1) Se condena a la Comisión a pagar al demandante la suma de 10.000 BFR en concepto de indemnización por perjuicio moral.