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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 335/45

Auto del Tribunal General de 10 de junio de 2016 — Pshonka/Consejo

(Asunto T-380/14) (1)

((«Recurso de anulación - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania - Congelación de fondos - Lista de las personas, entidades y organismos a los que se aplica la congelación de fondos y de recursos económicos - Inclusión del nombre del demandante - Plazo para recurrir - Admisibilidad - Prueba del fundamento de la inclusión en la lista - Recurso manifiestamente fundado»))

(2016/C 335/59)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Artem Viktorovych Pshonka (Moscú, Rusia) (representantes: C. Constantina y J.-M. Reymond, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: V. Piessevaux y A. Vitro, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Comisión Europea (representantes: S. Bartelt y D. Gauci, agentes)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2014, L 66, p. 26), y del Reglamento (UE) n.o 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2014, L 66, p. 1), en la medida en que afectan al demandante.

Fallo

1) Anular la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento (UE) n.o 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que afectan al Sr. Artem Viktorovych Pshonka.

2) Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con las del Sr. Pshonka.

3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

(1) DO C 261 de 11.8.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 38/53

Auto del Tribunal General de 30 de noviembre de 2015 — Gmina Kosakowo/Comisión

(Asunto T-217/14) (1)

((«Recurso de anulación - Sustitución del acto impugnado durante el procedimiento - Sobreseimiento»))

(2016/C 038/70)

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: Gmina Kosakowo (Kosakowo, Polonia) (representante: M. Leśny, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: D. Grespan, S. Noë y A. Stobiecka-Kuik, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: República de Polonia (representante: B. Majczyna, agente)

Objeto

Anulación de la Decisión 2014/883/UE de la Comisión, de 11 de febrero de 2014, relativa a la medida SA.35388 (13/C) (ex 13/NN y ex 12/N) — Polonia — Creación del aeropuerto de Gdynia-Kosakowo (DO L 357, p. 51).

Fallo

1) Sobreseer el recurso.

2) En el litigio principal, la Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las de Gmina Kosakowo.

3) En el procedimiento sobre medidas provisionales, Gmina Kosakowo cargará con sus propias costas y con las de la Comisión.

4) La República de Polonia cargará con sus propias costas.

(1) DO C 202 de 30.6.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 245/21

Auto del Tribunal General de 22 de mayo de 2015 — H-O-T Servicecenter Nürnberg y otros/Comisión

(Asunto T-289/14) (1)

((«Ayudas de Estado - Medidas adoptadas por Alemania en apoyo a la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y de empresas electrointensivas - Decisión de incoación del procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2 - Adopción de la decisión final con posterioridad a la presentación del recurso - Sobreseimiento - Recurso de anulación - Solicitud de adaptación de las pretensiones - Inexistencia de nuevos elementos - Inadmisibilidad»))

(2015/C 245/25)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandantes: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Nuremberg, Alemania); H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln, Alemania); H-O-T Servicenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg, Alemania), y EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Nuremberg) (representantes: inicialmente A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler y T. Woltering, posteriormente A. Reuter, C. Bürger, T. Christner y G. Müllejans, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: T. Maxian Rusche y R. Sauer, agentes, asistidos por C. von Donat y G. Quardt, abogados)

Objeto

Pretensión de anulación parcial de la Decisión C(2013) 4424 final de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, de incoación del procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, en relación con las medidas adoptadas por la República Federal de Alemania en apoyo de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y de grandes consumidores de energía [Ayuda de Estado SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Fallo

1) Sobreseer el presente recurso.

2) Declarar la inadmisibilidad de la solicitud de que se adapten las pretensiones del presente recurso de modo que se refieran a la Decisión C (2014) 8786 final de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, relativa a la Ayuda de Estado SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) adoptada por la República Federal de Alemania en apoyo de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y de grandes consumidores de energía.

3) Sobreseer la demanda de intervención presentada por el Órgano de Vigilancia de la AELC.

4) H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH, H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG, H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG y EB Härtetechnik GmbH & Co. KG cargarán con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

5) El Órgano de Vigilancia de la AELC cargará con sus propias costas.

(1) DO C 223, de 14.7.2014.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 127/27

Auto del Presidente del Tribunal General de 25 de febrero de 2015 — BPC Lux 2 y otros/Comisión

(Asunto T-812/14 R)

((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Ayudas de Estado - Sector financiero - Ayuda concedida en el marco de la resolución de una crisis bancaria - Decisión de no plantear objeciones - Demanda de suspensión de la ejecución - Inexistencia de urgencia»))

(2015/C 127/37)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Luxemburgo) BPC UKI LP (George Town, Islas Caimán, Reino Unido); Bennett Offshore Restructuring Fund, Inc. (George Town); Bennett Restructuring Fund LP (Wilmington, Delaware, Estados Unidos); Queen Street Fund Ltd (George Town); BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP (George Town); BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP (George Town); CSS LLC (Chicago, Illinois, Estados Unidos); Beltway Strategic Opportunities Fund LP (George Town); EJF Debt Opportunities Master Fund LP (George Town); EJF DO Fund (Islas Caimán) LP (George Town); TP Lux HoldCo (Luxemburgo, Luxemburgo); VR Global Partners LP (George Town); Absalon II Ltd (Dublín, Irlanda); CenturyLink, Inc. Defined Benefit Master Trust (Denver, Colorado, Estados Unidos); City of New York Group Trust (Nueva York, Nueva York, Estados Unidos); Dignity Health (San Francisco, California, Estados Unidos); GoldenTree Asset Management Lux Sàrl (Luxemburgo); GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd (Dublín); y San Bernardino County Employees Retirement Association (San Bernardino, California, Estados Unidos) (representantes: J. Webber y M. Steenson, Solicitors, y P. Fajardo, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Flynn y P.-J. Loewenthal, agentes)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión C(2014) 5682 final de la Comisión, de 3 de agosto de 2014, de no formular objeciones en relación con la ayuda estatal SA.39250 (2014/N), notificada por Portugal, para la resolución del Banco Espírito Santo, S.A.

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 202/23

Auto del Presidente del Tribunal General de 6 de mayo de 2014 — Frucona Košice/Comisión

(Asunto T-103/14 R)

((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Ayudas de Estado - Bebidas alcohólicas y espirituosas - Condonación de una deuda tributaria en el marco de un procedimiento de insolvencia colectivo - Decisión que declara la ayuda incompatible con el mercado interior y ordena su recuperación - Demanda de suspensión de ejecución - Inexistencia de urgencia - Inexistencia de fumus boni iuris»))

2014/C 202/29

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Frucona Košice a.s. (Košice, Eslovaquia) (representantes: K. Lasok, QC, B. Hartnett, J. Holmes, Barristers, y O. Geiss, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: K. Walkerová y L. Armati, agentes)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión C(2013) 6261 final de la Comisión, de 16 de octubre de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005) concedida por la República Eslovaca a Frucona Košice, a.s., en la medida en que ordena a la República Eslovaca proceder a la recuperación de la ayuda.

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
—

Que se anule el informe y las conclusiones que adoptó el citado Comité de Investigación el 26 de octubre de 2001, en la parte en que: — no definió correctamente el acoso y no dio respuesta a la denuncia presentada por el demandante, para quien la normativa adoptada por el BEI es a todas luces insuficiente; — desestimó el recurso, sin hacer ninguna referencia a la normativa aplicada; — no presentó ninguna prueba de las pesquisas que afirma haber efectuado y no mencionó ni los hechos denunciados por el demandante ni las justificaciones dadas por el BEI;
—

Que se anulen todos los actos conexos, consecuentes y anteriores, entre los que se incluyen indudablemente las promociones a las que se refiere la nota «2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles» del Director de Recursos Humanos, de abril de 2011 dado que, a la luz de la opinión expresada por sus superiores que se impugna, el BEI no tomó en consideración al demandante en el punto «Promotions from Function E to D».
—

En la medida en que sea necesario, que se compruebe que un funcionario de la Comisión: a) Reenvió o bien hizo reenviar, al Director A.S.L. la nota de 9 de diciembre de 2003, que tenía por objeto el «examen médico en Tricase (Le)»; b) le pidió que sometiera al demandante a un examen médico; c) le informó de que el 14 de febrero de 2003 se había abierto un procedimiento sobre el demandante (comisión de invalidez) debido a su enfermedad prolongada (más de 365 días), con el fin de determinar si éste era o no capaz de trabajar; d) le notificó su opinión, totalmente infundada, de que el demandante «hizo uso de numerosas tácticas dilatorias con el fin de retrasar la convocatoria de la comisión de invalidez, todas las cuales fueron rechazadas por carecer de fundamento por el servicio competente de la Comisión Europea»; e) le informó de que el demandante «fue invitado a presentarse a un examen médico en Bruselas el lunes 8 de diciembre de 2003)»; f) le comunicó el nombre de la persona designada para representar a la institución en la comisión de invalidez; g) le informó de que, a 9 de diciembre de 2003, «no se había enviado por fax ningún certificado médico al Servicio médico de la Comisión»; h) le notificó su opinión, totalmente infundada, de que el demandante estaba obligado a enviar por fax un certificado médico al Servicio médico de la Comisión para justificar el hecho de no haberse presentado al control médico que debería haber tenido lugar en Bruselas el 8 de diciembre de 2003; i) adjuntó a la nota de 9 de diciembre de 2003 dos documentos, el primero de los cuales se refiere a la supuesta consulta a la comisión de invalidez en relación con el caso del demandante y el segundo a una convocatoria del demandante para realizar el control médico.
La aplicación de nuevas disposiciones generales de aplicación de los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto a una transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en el marco de otro régimen de pensiones, solicitada antes de la adopción de dichas disposiciones, pero realizada después de su entrada en vigor, no es contraria al artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

A este respecto, según un principio generalmente aceptado, una norma nueva se aplica de manera inmediata, salvo excepción, a las situaciones que aún no han surgido, así como a los efectos futuros de las situaciones originadas, y sin embargo no constituidas plenamente, durante la vigencia de la norma anterior. Únicamente se exceptúan de esta regla las situaciones nacidas y definitivamente realizadas bajo el régimen de la norma anterior, que crean derechos adquiridos. Un derecho se considera adquirido cuando el hecho generador de éste se ha producido antes de la modificación legislativa. No obstante, éste no es el caso de un derecho cuyo hecho constitutivo no se ha realizado bajo el régimen de la normativa que ha sido modificada.

Ahora bien, por una parte, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no se opone a tal aplicación inmediata de las nuevas disposiciones generales de aplicación.

Por otra parte, ni la comunicación de una propuesta de bonificación de anualidades al funcionario o agente que ha presentado una solicitud de transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en otro régimen de pensiones ni, menos aún, la mera presentación de tal solicitud modifican la situación jurídica del interesado ni producen efectos jurídicos obligatorios. Por lo tanto, para un funcionario o agente no existen derechos adquiridos que puedan ser vulnerados por la aplicación de las nuevas disposiciones.

Además, el derecho de un funcionario o agente a que se le reconozca una bonificación de anualidades no está plenamente constituido hasta que no se transfiere al régimen de pensiones de la Unión el capital que representan sus derechos adquiridos en otro régimen.

Por otro lado, los particulares no pueden invocar el principio de protección de la confianza legítima para oponerse a la aplicación de una nueva disposición normativa, en particular en un ámbito en que el legislador dispone de una amplia facultad de apreciación.

(véanse los apartados 25 a 28, 30 y 36)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 13 de octubre de 2015, Comisión/Verile y Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, apartados 151 a 154 y 170 y jurisprudencia citada
La aplicación de nuevas disposiciones generales de aplicación de los artículos 11 y 12 del anexo VIII del Estatuto a una transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en el marco de otro régimen de pensiones, solicitada antes de la adopción de dichas disposiciones, pero realizada después de su entrada en vigor, no es contraria al artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.

A este respecto, según un principio generalmente aceptado, una norma nueva se aplica de manera inmediata, salvo excepción, a las situaciones que aún no han surgido, así como a los efectos futuros de las situaciones originadas, y sin embargo no constituidas plenamente, durante la vigencia de la norma anterior. Únicamente se exceptúan de esta regla las situaciones nacidas y definitivamente realizadas bajo el régimen de la norma anterior, que crean derechos adquiridos. Un derecho se considera adquirido cuando el hecho generador de éste se ha producido antes de la modificación legislativa. No obstante, éste no es el caso de un derecho cuyo hecho constitutivo no se ha realizado bajo el régimen de la normativa que ha sido modificada.

Ahora bien, por una parte, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no se opone a tal aplicación inmediata de las nuevas disposiciones generales de aplicación.

Por otra parte, ni la comunicación de una propuesta de bonificación de anualidades al funcionario o agente que ha presentado una solicitud de transferencia al régimen de pensiones de la Unión de derechos a pensión adquiridos en otro régimen de pensiones ni, menos aún, la mera presentación de tal solicitud modifican la situación jurídica del interesado ni producen efectos jurídicos obligatorios. Por lo tanto, para un funcionario o agente no existen derechos adquiridos que puedan ser vulnerados por la aplicación de las nuevas disposiciones.

Además, el derecho de un funcionario o agente a que se le reconozca una bonificación de anualidades no está plenamente constituido hasta que no se transfiere al régimen de pensiones de la Unión el capital que representan sus derechos adquiridos en otro régimen.

(véanse los apartados 32 a 35 y 37)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 13 de octubre de 2015, Comisión/Verile y Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, apartados 151 a 154 y jurisprudencia citada
En efecto, la exigencia de la firma manuscrita del representante de la parte demandante garantiza, en aras de la seguridad jurídica, la autenticidad de la demanda y excluye el riesgo de que ésta no sea obra del abogado o asesor facultado a tal efecto. De ese modo, este último, en su condición de auxiliar de la justicia, cumple la misión esencial que le confieren el Estatuto del Tribunal de Justicia y el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, al permitir, mediante el ejercicio de su actividad, el acceso del demandante a este Tribunal. Esta exigencia debe, por lo tanto, considerarse una forma sustancial y ser objeto de una aplicación estricta, de modo que su inobservancia acarrea la inadmisibilidad del recurso.

En los procedimientos judiciales relativos a la función pública de la Unión, a efectos de la presentación del original de cualquier escrito procesal dentro de los plazos señalados, el artículo 34 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública no permite al representante de la parte de que se trate poner dos firmas manuscritas distintas, aunque sean auténticas, una en un documento transmitido por fax a la Secretaría del Tribunal de la Función Pública y otra en el original que se enviará por correo o que será entregado en mano en dicha Secretaría.

En esas circunstancias, si resulta que el original del escrito presentado materialmente en la Secretaría en los diez días siguientes a su transmisión mediante copia por fax al Tribunal de la Función Pública no lleva la misma firma que la que figura en el documento enviado por fax, procede determinar que a la Secretaría del Tribunal de la Función Pública han llegado dos escritos procesales distintos, provistos cada uno con una firma propia aunque hayan sido estampadas por la misma persona. Como la transmisión del texto enviado por fax no cumple los requisitos de seguridad jurídica que impone el artículo 34 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, la fecha de transmisión del documento enviado por fax no puede tenerse en cuenta a efectos del cumplimiento del plazo para interponer recurso.

Por lo demás, el plazo para interponer recurso está establecido en el artículo 91, apartado 3, del Estatuto, respecto del cual el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública no puede introducir ninguna excepción. En consecuencia, el original del recurso debe elaborarse a más tardar al finalizar dicho plazo. Desde ese punto de vista, el envío por fax es no sólo un medio de transmisión, sino que permite además probar que el original del recurso recibido en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública fuera de plazo había sido elaborado dentro del plazo para interponer recurso.

(véanse los apartados 22 a 24)

Tribunal de Justicia: 22 de septiembre de 2011, Bell & Ross BV/OAMI, C‑426/10 P, apartados 37 a 43

Tribunal de la Función Pública: 21 de febrero de 2013, Marcuccio/Comisión, F‑113/11, apartado 22
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Nota en que la administración informa al interesado de su intención de efectuar una retención sobre su asignación por invalidez — Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

Una nota en que la administración informa al interesado de su intención de efectuar una retención sobre su asignación por invalidez, en el supuesto de que aquél no presente ante el juez comunitario una solicitud de tasación de las costas a las que fue condenado en un asunto anterior, no constituye una toma de posición definitiva de la administración y no cabe considerar que haya afectado directa e inmediatamente a los intereses de aquél, modificando de forma caracterizada su situación jurídica.

(véanse los apartados 21 y 24)
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

de 27 de marzo de 2007

Asunto F‑11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Justicia gratuita»

Objeto: Demanda por la que el Sr. Montes Dória solicita la concesión de la justicia gratuita, con arreglo al artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, aplicable mutatis mutandis al Tribunal de la Función Pública, en virtud del artículo 3, apartado 4, de la Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (DO L 333, p. 7), hasta que entre en vigor el Reglamento de Procedimiento de este último.

Resultado: Se deniega la solicitud de justicia gratuita.

Sumario

Procedimiento — Solicitud del beneficio de justicia gratuita — Requisitos para su concesión

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 94, ap. 3; Estatuto de los Funcionarios, art. 48; Decisión 2004/752/CE, Euratom, del Consejo, art. 3, ap. 4)

Deberá denegarse, con arreglo al artículo 94, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la solicitud de justicia gratuita para una acción que sea manifiestamente inadmisible. Este es el caso de la acción de un funcionario cuya dimisión fue aceptada y que quiere obtener la anulación de la negativa a readmitirlo en el servicio, mientras que su declaración de dimisión no ha sido objeto con anterioridad de una solicitud dirigida a que se declare su nulidad conforme al procedimiento de los artículos 90 y 91 del Estatuto. Tal solicitud puede, en efecto, analizarse bien como una retractación de su declaración de dimisión, que no tiene ningún efecto jurídico frente a una dimisión definitiva, bien como una candidatura espontánea a un puesto cuya desestimación, tratándose de una candidatura que conserva obligatoriamente un carácter informal, no constituye un acto lesivo.

(véanse los apartados 3 a 10 y 12)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 23 de febrero de 2001, De Nicola/BEI (T‑7/98, T‑208/98 y T‑109/99, RecFP pp. I‑A‑49 y II‑185), apartados 119 y 287 a 307; 17 de octubre de 2006, Bonnet/Tribunal de Justicia (T‑406/04, RecFP pp. I‑A‑2‑213 y II‑A‑2‑1097), apartado 33