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El derecho a ser oído en todo procedimiento, tal y como se aplica en el marco de la Directiva 2008/115, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, y, en particular, de su artículo 6, debe interpretarse en el sentido de que incluye, para un nacional de un tercer país en situación irregular, el derecho a expresar, antes de la adopción de una decisión de retorno en su contra, su punto de vista sobre la legalidad de su estancia, sobre la posible aplicación de los artículos 5 y 6, apartados 2 a 5, de dicha Directiva, y sobre las modalidades de su retorno.

Sin embargo, el derecho a ser oído en todo procedimiento, tal y como se aplica en el marco de la Directiva 2008/115, y, en particular, de su artículo 6, debe interpretarse en el sentido de que no obliga a la autoridad nacional competente a avisar a dicho nacional, antes de la audiencia organizada con vistas a la adopción de una decisión de retorno, de que se propone adoptar una decisión de retorno en su contra, ni de comunicarle los elementos en los que tiene previsto basarse o concederle un plazo de reflexión antes de recabar sus observaciones, siempre que dicho nacional tenga la posibilidad de presentar, de manera adecuada y efectiva, su punto de vista en relación con la irregularidad de su situación y los motivos que puedan justificar, en virtud del Derecho nacional, que dicha autoridad no adopte una decisión de retorno.

El derecho a ser oído en todo procedimiento, tal y como se aplica en el marco de la Directiva 2008/115, y, en particular, de su artículo 6, debe interpretarse en el sentido de que el nacional de un tercer país en situación irregular puede recurrir, con carácter previo a la adopción por la autoridad administrativa nacional competente de una decisión de retorno en su contra, a un letrado para que le asista cuando preste declaración ante dicha autoridad, siempre que el ejercicio de este derecho no perjudique la buena marcha del procedimiento de retorno y no comprometa la aplicación eficaz de la Directiva 2008/115.

No obstante, el derecho a ser oído en todo procedimiento, tal y como se aplica en el marco de la Directiva 2008/115, y, en particular, de su artículo 6, debe interpretarse en el sentido de que no obliga a los Estados miembros a hacerse cargo de dicha asistencia en el marco de la asistencia jurídica gratuita.

(véanse los apartados 68 a 71 y el fallo)
Cuando conoce de una cuestión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del principio general de no discriminación por razón de la edad consagrado en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y de disposiciones de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en el marco de un litigio que opone a un particular y a una Administración pública, el Tribunal de Justicia examina la cuestión teniendo en cuenta únicamente esta Directiva.

Los artículos 2, apartado 2, 4, apartado 1, y 6, apartado 1, párrafo segundo, letra c), de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que fija en 30 años la edad máxima para acceder a una plaza de agente de la Policía Local.

Ciertamente, el hecho de poseer capacidades físicas específicas puede considerarse un «requisito profesional esencial y determinante», en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2000/78, para el ejercicio de la profesión de agente de la Policía Local. Por otra parte, el interés en garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento del servicio de policía constituye un objetivo legítimo a efectos de esta misma disposición.

Sin embargo, tal normativa nacional impone un requisito desproporcionado, dado que no se ha demostrado ni que las capacidades físicas específicas requeridas para el ejercicio de la función de agente de la Policía Local estén necesariamente vinculadas a un grupo de edad determinado y no puedan darse en personas que hayan sobrepasado cierta edad, ni que el objetivo de garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento del cuerpo de agentes de Policía Local exija mantener una determinada estructura de edad en su seno que imponga seleccionar exclusivamente a funcionarios que no sobrepasen la edad de 30 años.

A mayor abundamiento, tal normativa no parece ni apropiada ni necesaria a la luz del objetivo de garantizar la formación de los agentes de que se trata, en el sentido del artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, letra c), de la Directiva. Por último, no se puede considerar que tal normativa sea necesaria para garantizar a dichos agentes un período de actividad razonable previo a la jubilación a efectos de la misma disposición.

(véanse los apartados 41, 44, 48, 56, 57, 70, 72 y 74 y el fallo)
Si el mero hecho de proponer la celebración de un contrato de licencia o de utilización bastase para excluir la aplicación del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29, esa interpretación podría vaciar de contenido en buena medida, o incluso de efectividad, la limitación de derechos prevista en esta disposición, dado que, si tal interpretación fuera aceptada, dicha limitación se aplicaría únicamente a las obras, cada vez más raras, para los que no se ofrece aún en el mercado una versión electrónica, en particular en formato de libro electrónico.

El artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, puesto en relación con el artículo 5, apartado 2, letra c), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro conceda a las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición, el derecho de digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, si este acto de reproducción es necesario para poner tales obras a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, en los locales de esos establecimientos.

En efecto, este derecho de comunicación de obras correría el riesgo de quedar vacío de contenido en buena medida, o incluso de efectividad, si establecimientos tales como las bibliotecas accesibles al público no dispusieran de un derecho accesorio de digitalización de las obras de que se trata.

Además, este último derecho es reconocido a tales establecimientos por el artículo 5, apartado 2, letra c), de la Directiva 2001/29, en la medida en que se trate de actos específicos de reproducción.

Dicho requisito se respeta en principio cuando la digitalización de algunas de las obras de una colección es necesaria para un «uso [consistente] en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados», según los términos del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29.

Por otra parte, el alcance de este derecho accesorio de digitalización debe precisarse interpretando el artículo 5, apartado 2, letra c), de la Directiva 2001/29 a la luz de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, de la misma, que dispone que tal limitación de derechos únicamente se aplicará en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho, sin olvidar, no obstante, que esta última disposición no tiene por objeto ampliar el alcance de las excepciones y limitaciones previstas en el artículo 5, apartado 2, de esta Directiva.

(véanse los apartados 43, 44 a 46, 47 y 49 y el punto 2 del fallo)
Asuntos acumulados C‑256/13 y C‑264/13

Provincie Antwerpen

contra

Belgacom NV van publiek recht

y

Mobistar NV

(Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el hof van beroep te Antwerpen)

«Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/20/CE — Artículo 6 — Condiciones asociadas a la autorización general y a los derechos de uso de radiofrecuencias y números, y obligaciones específicas — Artículo 13 — Cánones por derechos de uso y derechos de instalar recursos — Normativa regional que sujeta a las empresas el pago de un impuesto sobre los establecimientos»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de septiembre de 2014

Aproximación de las legislaciones — Sector de las telecomunicaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Autorización — Directiva 2002/20/CE — Cánones por derechos de uso y derechos de instalar recursos — Concepto — Impuesto sobre el establecimiento de postes, torres o antenas de radiotelefonía móvil — Exclusión

(Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 6 y 13)

Los artículos 6 y 13 de la Directiva 2002/20, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que los operadores que suministran redes o servicios de comunicaciones electrónicas estén sujetos, debido a la presencia en el dominio público o privado de postes, torres o antenas de radiotelefonía necesarios para su actividad, a un impuesto general sobre los establecimientos.

En efecto, puesto que el devengo del impuesto no está vinculado a la concesión de los derechos de uso de radiofrecuencias o de los derechos de instalación de recursos, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20, tal impuesto no constituye un canon, en el sentido de dicho artículo, y, en consecuencia, no está comprendido en el ámbito de aplicación de esta Directiva. A este respecto, los términos «recursos» e «instalación» empleados en dicho artículo 13 remiten, respectivamente, a las infraestructuras físicas que permiten el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y a su colocación física en la propiedad pública o privada de que se trate.

(véanse los apartados 33, 37 y 38 y el fallo)
El Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, según su modificación por el Reglamento no 592/2008, y en particular su artículo 13, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro sea considerado el Estado competente para conceder una prestación familiar a una persona por el solo hecho de que ésta tenga un domicilio registrado en el territorio de ese Estado miembro, sin que esa persona ni los miembros de su familia trabajen o residan habitualmente en dicho Estado miembro. El artículo 13 de ese Reglamento debe interpretarse en el sentido de que se opone también a que el Estado miembro que no es el Estado competente en relación con una persona considerada conceda prestaciones familiares a ésta, a menos que exista una conexión precisa y especialmente estrecha entre la situación en cuestión y el territorio de ese primer Estado miembro.

(véanse el apartado 30 y el punto 1 del fallo)
73

En efecto, el Protocolo (no 25) sobre el ejercicio de las competencias compartidas, invocado en apoyo de esta argumentación, cuyo artículo único dispone que «cuando la Unión haya tomado medidas en un ámbito determinado, el alcance de este ejercicio de competencia sólo abarcará los elementos regidos por el acto de la Unión de que se trate y, por lo tanto, no incluirá todo el ámbito en cuestión», únicamente concierne, como indican sus propios términos, al artículo 2 TFUE, apartado 2, y no al artículo 3 TFUE, apartado 2. Tiene por objeto, pues, precisar el alcance con el que la Unión puede ejercer una competencia compartida con los Estados miembros que le haya sido atribuida por los Tratados, y no limitar el alcance de la competencia externa exclusiva de la Unión en el supuesto contemplado en el artículo 3 TFUE, apartado 2, tal como ha sido aclarado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada más arriba.
a)

Acceso: la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de información o de servicios de contenidos de radiodifusión. Este término abarca, entre otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a sistemas de información o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación; el acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital y el acceso a servicios de redes virtuales;
43

Aunque las Directivas 2007/46 y 70/311 no determinan el emplazamiento de la posición de conducción de un vehículo, disponiendo, por ejemplo, que debe estar siempre situado en el lado opuesto al sentido de la circulación, de ello no se desprende sin embargo que dicho elemento no esté comprendido en su ámbito de aplicación. Procede considerar que el legislador de la Unión concedió a este respecto una libertad a los fabricantes de vehículos automóviles que las normativas nacionales no pueden suprimir ni obstaculizar.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículos 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 9, y corrección de errores DO 2007, L 12, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 116/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010 (DO L 37, p. 16; en lo sucesivo, «Reglamento no 1924/2006»).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 20 TFUE, 21 TFUE, apartado 1, y 45 TFUE, así como de las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28).
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Como se indica en los apartados 2 a 4 de la presente sentencia, el marco jurídico en que se inserta el artículo 28 del Reglamento no 236/2012 está configurado, en particular, por los Reglamentos no 1092/2012, AEVM y no 236/2012. Estos Reglamentos forman parte de un conjunto de instrumentos de regulación adoptados por el legislador de la Unión para que ésta, habida cuenta de la integración de los mercados financieros internacionales y del riesgo de contagio de las crisis internacionales, pueda promover la estabilidad financiera internacional, como indica el séptimo considerando del Reglamento no 1092/2010.
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El artículo 45 TFUE, apartado 2, prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. El artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 492/2011 no constituye sino la expresión particular del principio de no discriminación, consagrado en el artículo 45 TFUE, apartado 2, en el ámbito específico de las condiciones de empleo y de trabajo, y, por consiguiente, ha de ser interpretado del mismo modo que este último artículo (sentencia de 26 de octubre de 2006, Comisión/Italia, C-371/04, Rec. p. I-10257, apartado 17 y jurisprudencia citada).
21

En tercer lugar, el tribunal remitente examina la situación en la que un Estado miembro haya debidamente transpuesto el artículo 11, parte C, apartado 1, de la Sexta Directiva, pero desee excluir, no obstante, la reducción del IVA devengado por el intermediario en el caso de prestaciones de servicios principales exentas. Dicho tribunal duda de que esta exclusión esté amparada por la correcta transposición de dicha disposición y se pregunta si es necesaria una normativa del Estado miembro de que se trata que establezca específicamente esa reducción. Sostiene que los apartados 65 y 66 de la sentencia Comisión/Alemania, antes citada, abogan en favor de esta última apreciación puesto que se refieren a las «posibilidades» de los Estados miembros. No obstante, estima que esta conclusión no se impone forzosamente cuando se trata de limitar las consecuencias que resultan de una interpretación del Tribunal de Justicia.
24

El citado órgano jurisdiccional alberga, no obstante, dudas acerca de si la renuncia a los dos CCP ya concedidos puede tener efecto retroactivo, permitiendo así a Georgetown University obtener un CCP relativo al HPV-16. A este respecto, hace referencia al efecto retroactivo de la renuncia a una patente por parte de su titular, establecido en el artículo 63 de la Ley de Patentes neerlandesa de 1995, y precisa que el artículo 14 del Reglamento no 469/2009 no contempla tal efecto retroactivo. Según el órgano jurisdiccional remitente, el término «renuncia» que figura en el artículo 14, letra b), de dicho Reglamento, debería considerarse e interpretarse como concepto autónomo del Derecho de la Unión. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se inclina a considerar que, en el supuesto de que el artículo 3, letra c), del citado Reglamento no permitiese la expedición de más de un CCP por patente de base, la mera retirada de las solicitudes de CCP no permitiría eludir la aplicación, en el procedimiento principal, del referido artículo 3, letra c), y por ende, la denegación de la solicitud relativa al HPV-16 individualmente considerado.
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En cuanto a la cuestión de si, en el marco de las operaciones controvertidas en el litigio principal, los pagos efectuados por AmEx y Streamline con arreglo a los convenios que habían celebrado con Dixons constituyen una «contraprestación», en el sentido de los artículos 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Sexta Directiva y 73 de la Directiva 2006/112, es preciso recordar que, en el marco del sistema del IVA, las operaciones sujetas a gravamen implican la existencia de una transacción entre las partes y que se haya pactado un precio o un contravalor. De este modo, cuando la actividad de un proveedor consiste exclusivamente en entregar bienes sin contrapartida directa, no existe base imponible y, por tanto, tales entregas de bienes no están sujetas al IVA (véanse, en particular, en materia de prestación de servicios, las sentencias de 3 de marzo de 1994, Tolsma, C-16/93, Rec. p. I-743, apartado 12, y de 27 de octubre de 2011, GFKL Financial Services, C-93/10, Rec. p. I-10791, apartado 17).
24

En este sentido, la Comisión subraya, por una parte, que la solicitud de asistencia tiene por objeto liquidar correctamente el impuesto sobre la renta, materia ésta que no ha sido armonizada por el Derecho de la Unión, y, por otra parte, que la Directiva 77/799 no indica de qué modo el Estado requirente debe tratar la información que recibe a efectos de liquidar el referido impuesto. La Comisión añade que la citada Directiva prevé una mera facultad de los Estados miembros para recurrir a la asistencia de otros Estados miembros. Por consiguiente, concluye la Comisión, la cuestión de si el Estado miembro requirente tiene la obligación de informar al contribuyente acerca de la solicitud de asistencia que ha formulado no se rige por el Derecho de la Unión, sino exclusivamente por el Derecho nacional.
15

En el procedimiento principal Belgacom basa sus recursos, en particular, en los artículos 43 CE y 49 CE, a los que corresponden actualmente los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, respectivamente. Sostiene que se imponen los principios de igualdad de trato y de no discriminación, así como el principio de proporcionalidad, cualquiera que sea la calificación que deba darse al acuerdo controvertido, y que no existe ninguna razón imperiosa de interés general que pueda justificar el hecho de que no haya habido convocatoria de licitación antes de la celebración del acuerdo controvertido.
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Cabe señalar, por una parte, que el Reglamento no 1408/71 fue sustituido por el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1), y, por otra parte, que el Reglamento no 574/72 fue sustituido por el Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento no 883/2004 (DO L 284, p. 1), siendo estos dos nuevos Reglamentos aplicables desde el 1 de mayo de 2010, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento no 883/2004 y el artículo 97 del Reglamento no 987/2009. No obstante, atendiendo a la época en que tuvieron lugar los hechos de que se trata en el litigio principal, éstos siguen estando regulados por los Reglamentos nos 1408/71 y 574/72.
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Debe señalarse que el Reglamento no 1408/71 fue sustituido por el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1), que pasó a ser aplicable el 1 de mayo de 2010, fecha a partir de la cual quedó derogado el Reglamento no 1408/71. El anexo II del Acuerdo CE-Suiza fue actualizado con arreglo a la Decisión no 1/2012 del Comité mixto establecido en virtud del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, de 31 de marzo de 2012, por la que se sustituye el anexo II de dicho Acuerdo relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social (DO L 103, p. 51), que entró en vigor el 1 de abril de 2012. El anexo II del Acuerdo CE-Suiza se remite desde entonces al Reglamento no 883/2004. No obstante, toda vez que los hechos de los litigios principales son anteriores a la fecha de entrada en vigor de la aludida Decisión, el Reglamento no 1408/71 sigue siendo de aplicación ratione temporis a los litigios principales, y ello debido a que, por una parte, según el artículo 90, apartado 1, del Reglamento no 883/2004, el Reglamento no 1408/71 se mantiene en vigor y se preservan sus efectos jurídicos a los efectos, entre otras cosas, del Acuerdo CE-Suiza entre tanto este Acuerdo no se modifique, y que, por otra, el anexo II, sección A, punto 3, del Acuerdo CE-Suiza, en su versión modificada, sigue remitiéndose al Reglamento no 1408/71 «por lo que respecta a asuntos ocurridos en el pasado».
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Procede señalar que el concepto de «mala fe» está contemplado en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, en virtud del cual la nulidad de la marca comunitaria se declarará «cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe». Dicha disposición se recogió en términos idénticos en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que derogó y sustituyó al Reglamento no 40/94.