Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso de anulación ° Legitimación del Parlamento ° Requisitos de admisibilidad ° Defensa de sus prerrogativas ° Participación en el proceso legislativo ° Recurso fundamentado en la exclusión de la base jurídica de un acto de Derecho derivado de una disposición del Tratado que no prevé tal participación ° Inadmisibilidad

(Tratado CEE, art. 173)

2. Actos de las Instituciones ° Elección de la base jurídica ° Criterios

3. Medio ambiente ° Residuos ° Reglamento nº 259/93 relativo a los traslados de residuos ° Base jurídica ° Artículo 130 S del Tratado ° Efectos accesorios sobre el funcionamiento del mercado interior ° Sustitución por un acto que tenga otra base jurídica ° Irrelevancia

(Tratado CEE, arts. 100, 100 A, 130 S; Reglamento nº 259/73 del Consejo; Directiva 91/156 del Consejo)

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1. El Parlamento Europeo está legitimado para plantear ante el Tribunal de Justicia un recurso de anulación contra un acto del Consejo o de la Comisión, siempre y cuando dicho recurso sólo tenga por objeto la protección de sus prerrogativas y se base únicamente en motivos referentes a la violación de éstas. Por dicha razón, debe declararse la admisibilidad de un recurso fundamentado en el motivo que erróneamente ha considerado como base jurídica del acto impugnado no un artículo del Tratado que exija la aplicación del procedimiento de cooperación con el Parlamento, sino un artículo que sólo prevea la simple consulta de éste. En cambio, debe declararse la inadmisibilidad de un recurso fundamentado en la exclusión de la base jurídica del acto impugnado de una disposición del Tratado que no prevea ninguna forma de participación del Parlamento Europeo en el proceso de elaboración de los actos que allí se establecen.

2. En el marco del sistema de competencias de la Comunidad, la elección de la base jurídica de un acto debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional. Entre dichos elementos figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto.

3. El Reglamento nº 259/93 relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos a la entrada y a la salida de la Comunidad se sitúa en el marco de la política de medio ambiente perseguida por la Comunidad y, al igual que la Directiva 91/156, no puede ser considerado como dirigido a ejecutar la libre circulación de los residuos dentro de la Comunidad. Por tanto, el legislador ha podido excluir válidamente el artículo 100 A del Tratado de la base jurídica de dicho Reglamento y basarlo en el artículo 130 S.

A dicha forma de proceder no cabe objetar ni que el Reglamento produzca efectos sobre la circulación de residuos y por tanto de incidencia en el funcionamiento del mercado interior, dado que, como en el caso de autos, no está justificado tomar como base el artículo 100 A cuando el acto que deba adoptarse sólo tenga accesoriamente como efecto armonizar las condiciones del mercado en el interior de la Comunidad, no sustituya a otro acto basado en el artículo 100 del Tratado, puesto que tal circunstancia no implica necesariamente que deba utilizarse para el Reglamento de que se trata dicha disposición o el artículo 100 A, ya que la determinación de la base jurídica de un acto debe realizarse teniendo en cuenta su finalidad y su contenido propios.