SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 30 de noviembre de 1994

Asunto T-498/93

Yvonne Dornonville de la Cour

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Asignación por hijo mayor de edad a cargo, aquejado de una enfermedad grave o de una minusvalía — Revocación de una decisión»

Texto completo en lengua danesa II-813

Objeto:

Recurso por el que se solicita: — Que se anule la decisión de la Comisión por la que se deja de pagar a la demandante la asignación por hijo a cargo, por un hijo mayor de edad aquejado de una enfermedad grave. — Que se condene a la Comisión a pagar dicha asignación y una indemnización.

Resultado:

Anulación de la decisión impugnada, en la medida en que suprime la asignación desde el mes de agosto de 1992 y condena a la Comisión a pagar 5.610,55 DKR e intereses de demora calculados al 8 % anual, a partir del 1 de septiembre de 1992, y desestimación en todo lo demás.

Resumen de la sentencia

La demandante, antigua funcionaria de la Comisión, percibió, desde 1983, una pensión de invalidez. Desde su entrada en funciones, se le pagó por su hija la asignación por hijo a cargo, hasta 1978, cuando dicha hija cumplió 26 años.

Mediante escrito de 24 de septiembre de 1988, la demandante solicitó la concesión de la asignación por hijo a cargo, debido a que su hija, tras haber contraído una enfermedad mental y haber cometido, en 1986, un intento de suicidio, es incapaz de trabajar y subvenir a sus necesidades.

Mediante decisión de 9 de febrero de 1989, la Comisión concedió a la demandante dicha asignación, para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 1991. Esta decisión tuvo como resultado la admisión de la hija de la demandante en la cobertura del Régimen común del Seguro de Enfermedad.

Mediante decisión de 26 de octubre de 1989, la Comisión concedió a la demandante, a petición de la misma, el doble de la asignación por hijo a cargo, con arreglo al apartado 3 del artículo 67 del Estatuto, para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1989 y el 31 de agosto de 1992.

Mediante escrito de 10 de agosto de 1992, la Comisión comunicó a la demandante que la asignación concedida por su hija dejaría de abonarse a partir del 1 de agosto de 1992.

Mediante escrito de 24 de agosto de 1992, la demandante solicitó a la Comisión, sin obtener respuesta, que se mantuviera la doble asignación por hijo a cargo una vez transcurrida la fecha prevista por la decisión de 26 de octubre de 1989.

La demandante interpuso, contra la decisión de la Comisión de 10 de agosto de 1992, una reclamación que fue objeto de una decisión expresa de desestimación.

I. Sobre las pretensiones que tienen por objeto que se anule la decisión de 10 de agosto de 1992, en la medida en que pone fin al pago de la asignación por hijo a cargo a partir del 1 de septiembre de 1992

1. Sobre el motivo relativo a una aplicación errónea por la Comisión de las disposiciones estatutarias aplicables

En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que, a diferencia del apartado 4 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto, los apartados 3 y 5 de dicha disposición sólo confieren a la autoridad competente una competencia reglada (apartado 31).

Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de mayo de 1992, Consejo/Brems (C-70/91 P, Rec. p. I-2973), apañado 5; Tribunal de Primera Instancia, 14 de diciembre de 1990, Brems/Consejo (T-75/89, Rec. p. II-899), apartado 23

El Tribunal de Primera Instancia declara, primero, que una interpretación literal y sistemática del apartado 5 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto no permite excluir que pueda ponerse fin al pago de la asignación de que se trata y que la asignación por hijo a cargo responde a un objetivo de carácter social justificado por los gastos derivados de una necesidad real y efectiva, vinculada a la existencia del hijo y a su manutención. Allora bien, no puede negarse que esta finalidad puede cubrir también, en el marco del apartado 5 del artículo 2, los casos en los que se haya interrumpido el pago de la asignación de que se trata (apartados 33 a 35).

Referencia: Consejo/Brems, antes citada, apartado 9; Tribunal de Primera Instancia, 8 de marzo de 1990, Sch\vedler/Parlamento(T-41/89, Rec. p. II-79), apartado 18

El Tribunal de Primera Instancia considera, en segundo lugar, que el requisito restrictivo, según el cual la enfermedad grave o la minusvalía del hijo sólo puede dar derecho a una asignación con arreglo al apartado 5 del artículo 2 si se ha contraído antes de los 18 o de los 26 años, respectivamente, tampoco se recoge de forma expresa en el tenor literal de la disposición de que se trata. En cuanto a la finalidad de esta última, no puede negarse que las mismas consideraciones relacionadas con la existencia del hijo y con los gastos de su manutención efectiva pueden también ser válidas en caso de que una enfermedad grave o una minusvalía se manifieste, por primera vez, a una edad más avanzada (apartado 37).

Por último, por lo que respecta a la cobertura del régimen danés de Seguridad Social, al que estuvo acogida, a partir de 1989, la hija de la demandante, procede recordar que el apartado 5 del artículo 2 sólo da derecho a la asignación si la enfermedad grave o la minusvalía impide al hijo afectado subvenir a sus necesidades. Dado que las disposiciones de Derecho comunitario que dan derecho a prestaciones económicas deben ser interpretadas restrictivamente, es necesario comprobar, en cada caso concreto, si se cumple el objetivo social perseguido por el pago de la asignación por hijo a cargo, cuya prórroga se concede solamente con arreglo al apartado 5 del artículo 2. Esto ya no sucede cuando se comprueba que la enfermedad grave o la minusvalía confiere un derecho autónomo a percibir prestaciones nacionales por un importe que ya no permite considerar que dicha persona se encuentra en situación de necesidad, a efectos del apartado 5 del artículo 2. La fijación de dicho importe por la junta de jefes de administración en el 40 % de la retribución de un funcionario de grado D 4, escalón 1, constituye una interpretación correcta de dicho apartado 5 (apartados 38 y 39).

Referencia: Tribunal de Justicia, 6 de mayo de 1982, BayWa y otros (asuntos acumulados 146/81, 192/81 y 193/81, Rec. p. 1503), apartado 10; Schwedler/Parlamento, antes citada, apartado 23

Según el Tribunal de Primera Instancia, la calificación como excesivas cargas, a efectos del apartado 3 del artículo 67 del Estatuto, de los gastos que exceden del 20 % de la retribución o de la pensión del funcionario procede de una interpretación correcta de dicha disposición por la misma junta (apartado 41).

Dado que los recursos propios de la hija de la demandante exceden ampliamente del límite máximo del 40 %, antes mencionado, y las mensualidades abonadas por la demandante a su hija no rebasan el umbral mínimo del 20 %, debe desestimarse el motivo relativo a una aplicación errónea por la Comisión de las disposiciones estatutarias aplicables.

2. Sobre los motivos relativos a un incumplimiento por la Comisión de los principios generales de seguridad jurídica, de protección de los derechos adquiridos y de respeto de la confianza legítima

Según jurisprudencia reiterada, el derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular a quien la Administración haya hecho concebir esperanzas fundadas; por el contrario, no puede invocarse una violación de dicho principio si la Administración no ha dado unas seguridades concretas. Ahora bien, en el caso de autos, dado que el derecho a percibir la asignación objeto de litigio se limitó al 31 de agosto de 1992, la demandante no puede deducir que la Comisión asegurara que la asignación seguiría abonándose después de dicha fecha (apartado 46).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 27 de marzo de 1990, Chomel/Comisión (T-123/89, Rec. p. H-131), apartados 25 y 26

Además, como el importe de la pensión de invalidez concedida a la hija de la demandante con arreglo al régimen danés de Seguridad Social rebasa el umbral de recursos propios establecido a efectos de la concesión de la asignación por hijo a cargo, debe considerarse que la decisión de 26 de octubre de 1989 es errónea y puede derogarse de cara al futuro (apartado 47).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de marzo de 1978, Herpels/Comisión (54/77, Rec. p. 585), apartado 38

II. Sobre las pretensiones que tienen por objeto que se anule la decisión de 10 de agosto de 1992, en la medida en que suprime la asignación desde el mes de agosto de 1992

Dado que la decisión de 26 de octubre de 1989 concedió la asignación de que se trata desde el 1 de septiembre de 1989 hasta el 31 de agosto de 1992 y la supresión de dicha asignación, el 1 de agosto de 1992, no se comunicó a la demandante hasta el mes de agosto de 1992, este acto tuvo por efecto la revocación retroactiva de un acto administrativo respecto al cual el Tribunal de Primera Instancia había declarado anteriormente que era ilegal. Ahora bien, el derecho de la Administración a revocar con efectos retroactivos un acto viciado de ilegalidad se encuentra limitada por la necesidad de respetar la confianza legítima del beneficiario que pudo confiar en la legalidad del acto (apartado 53).

Referencia: Tribuna! de Justicia, 20 de junio de 1991, Cargill/Comisión (C-248/89, Rec. p. I-2987), apartado 20

A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera que, al limitar expresamente al 31 de agosto de 1992 la validez de su decisión de concesión, la Comisión hizo que la demandante concibiera la esperanza de que la asignación se abonaría hasta dicha fecha. En el caso de autos, la retirada de la asignación se produjo de forma demasiado brusca y, en consecuencia, debe calificarse de medida excesiva y, por lo tanto, anularse (apartados 54 y 56).

III. Sobre las pretensiones que tienen por objeto que se paguen intereses de demora

El Tribunal de Primera Instancia considera que, ya que esta pretensión está comprendida en su competencia jurisdiccional plena, procede estimarla y fijar el tipo de los intereses de demora en el 8 % anual. Dado que cada mensualidad de la asignación de que se trata se pagaba retroactivamente para el mes anterior, los intereses de demora deberán ser abonados a partir del 1 de septiembre de 1992 (apartado 60).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 30 de marzo de 1993, Vardakas/Comisión (T-4/92, Rec. p. II-357), apartado 49

IV. Sobre las pretensiones que tienen por objeto que se conceda una indemnización

El Tribunal de Primera Instancia considera que, para probar que sus pretensiones que tienen por objeto que se conceda una indemnización son fundadas, la demandante debe probar que la Comisión incurrió en un comportamiento lesivo que le causó un perjuicio moral. Allora bien, la decisión de dejar de pagar la asignación por hijo a cargo era legai y, por lo tanto, no puede ser constitutiva de comportamiento lesivo, y la decisión de suprimirla se produjo unos días antes de que finalizara la duración de la validez asignada a la decisión de concesión de 26 de octubre de 1989, lo que excluye también que se declare la existencia de un comportamiento lesivo. Por lo que respecta a la retirada de la asignación desde el mes de agosto de 1992, que fue anulada, el Tribunal de Primera Instancia, que disfruta de una competencia jurisdiccional plena en la materia, considera que no se trata de un elemento que pueda disociarse del choque causado por la supresión global de la concesión de la asignación de que se trata y que, en consecuencia, no puede haber causado a la demandante un perjuicio moral distinto (apartados 63 a 65).

Fallo:

1) Se anula la decisión por la que la Comisión suprimió, desde el mes de agosto de 1992, el pago a la demandante de la asignación por hijo a cargo.

2) Se condena a la Comisión a pagar a la demandante 5.610,55 DKR, más intereses de demora calculados al 8 % anual, a partir del 1 de septiembre de 1992.