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Asunto C-428/07

The Queen, a instancia de:

Mark Horvath,

contra

Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Política agrícola común — Regímenes de ayuda directa — Reglamento (CE) no 1782/2003 — Artículo 5 y anexo IV — Requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales — Mantenimiento de caminos gravados con servidumbres de paso — Aplicación por un Estado miembro — Transferencia de competencias a las autoridades regionales de un Estado miembro — Discriminación contraria al Derecho comunitario»

Conclusiones de la Abogado General Sra. V. Trstenjak, presentadas el 3 de febrero de 2009 I ‐ 6357

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de julio de 2009 I ‐ 6393

Sumario de la sentencia

Agricultura — Política agrícola común — Regímenes de ayuda directa — Normas comunes [Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, art. 5 y anexo IV] Agricultura — Política agrícola común — Regímenes de ayuda directa — Normas comunes [Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, art. 5 y anexo IV]
El artículo 21, apartado 1, letra c), de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en su versión modificada por la Directiva 91/680, debe interpretarse en el sentido de que, en virtud de esta disposición, el impuesto sobre el valor añadido se adeuda en el Estado miembro al que corresponda el impuesto sobre el valor añadido mencionado en la factura o en cualquier documento que la sustituya, aunque la operación de que se trate no esté sujeta al impuesto en dicho Estado miembro. A diferencia de lo que ocurre con la deuda fiscal que eventualmente genere una operación sometida al impuesto sobre el valor añadido, el lugar de la prestación de servicios que dé origen a una factura carece de pertinencia por lo que se refiere al nacimiento de la deuda fiscal prevista en el artículo 21, apartado 1, letra c), de la Sexta Directiva, que se adeuda exclusivamente porque la factura menciona este impuesto.

Corresponde al tribunal remitente comprobar, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, al impuesto sobre el valor añadido de qué Estado miembro corresponde el impuesto sobre el valor añadido mencionado en la factura de que se trate. A este respecto, pueden ser pertinentes, en particular, el tipo impositivo mencionado, la divisa en la que se exprese el importe que deba abonarse, la lengua en que esté redactada la factura, el contenido y el contexto de la factura, el lugar en que estén establecidos el emisor de la factura y el destinatario de los servicios prestados y el comportamiento de ambos.

(véanse los apartados 27 y 33 y el punto 1 del fallo)
La obligación del Tribunal de Primera Instancia de motivar sus decisiones no supone que deba responder con detalle a cada uno de los argumentos presentados por el demandante, sobre todo si no son suficientemente claros y precisos ni se basan en pruebas detalladas.

En el marco de un recurso de casación, el recurrente no puede alegar motivos declarados inadmisibles por el Tribunal de Primera Instancia cuando no se cuestiona dicha declaración de inadmisibilidad.

La posibilidad de recuperación de las pérdidas sufridas como consecuencia de la aplicación, por una empresa en situación de posición dominante, de precios inferiores a un determinado nivel de costes no constituye un requisito necesario para demostrar el carácter abusivo de tal política de precios. Esto no excluye que la Comisión pueda considerar tal posibilidad de recuperación de las pérdidas como un elemento pertinente a la hora de apreciar el carácter abusivo de la práctica en cuestión, en la medida en que puede contribuir, por ejemplo, a descartar, en caso de aplicación de precios inferiores a la media de los costes variables, justificaciones económicas distintas de la eliminación de un competidor, o a demostrar, en caso de aplicación de precios inferiores a la media de los costes totales pero superiores a la media de los costes variables, la existencia de un plan que tiene como objetivo la eliminación de un competidor. Por lo demás, la inexistencia de toda posibilidad de recuperación de las pérdidas no puede ser suficiente para descartar que la empresa en cuestión logre reforzar su posición dominante a resultas, en particular, de la salida del mercado de uno o varios de sus competidores, de forma que el grado de competencia existente en el mercado, ya debilitado debido precisamente a la presencia de la empresa en cuestión, se reduzca aún más, y que los consumidores sufran un perjuicio como consecuencia de la limitación de sus posibilidades de elección.

(véanse los apartados 110 a 112)
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, letras a), c) y d), y 193 a 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, que sustituyeron, a partir del 1 de enero de 2007, a los artículos 2 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, y en el artículo 10 CE, al haber hecho extensible al año 2002, mediante el artículo 2, apartado 44, de la Ley no 350, relativa a las disposiciones para la elaboración del presupuesto anual y plurianual del Estado (Ley de presupuestos para 2004) [legge n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)], de 24 de diciembre de 2003, la condonación fiscal establecida en los artículos 8 y 9 de la Ley no 289, relativa a las disposiciones para la elaboración del presupuesto anual y plurianual del Estado (Ley de presupuestos para 2003) [legge n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)], de 27 de diciembre de 2002, y al haber establecido, por consiguiente, una renuncia general e indiscriminada a la comprobación de las operaciones imponibles efectuadas en el período impositivo correspondiente al año 2002.
Puesto que el artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS) no exige que el interesado haya sido juzgado en territorio de una Parte contratante, no cabe interpretar esta disposición, cuya finalidad es proteger a una persona juzgada en sentencia firme contra un nuevo enjuiciamiento por los mismos hechos, de tal modo que los artículos 54 a 58 del CAAS no se puedan aplicar en ninguna circunstancia a personas que han sido juzgadas por un Estado contratante en el ejercicio de su jurisdicción fuera del territorio cubierto por dicho Convenio.

(véase el apartado 30)
Asunto C-151/07

Theologos-Grigorios Chatzithanasis

contra

Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis

y

Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (OEEK)

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias)

«Directiva 92/51/CEE — Reconocimiento de títulos — Estudios cursados en un “centro de estudios libres” no reconocido como centro educativo por el Estado miembro de acogida — Óptico»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de diciembre de 2008 I ‐ 9015

Sumario de la sentencia

Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de títulos — Directiva 92/51/CEE

[Directiva 92/51/CEE del Consejo, arts. 1, letra a), 3 y 4]

Los artículos 1, letra a), 3 y 4 de la Directiva 92/51, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48, en su versión modificada por la Directiva 2001/19, deben interpretarse en el sentido de que, en virtud del artículo 3 de dicha Directiva, las autoridades competentes de un Estado miembro de acogida están obligadas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 4 de la misma Directiva, a reconocer un título expedido por una autoridad competente en otro Estado miembro, aunque dicho título sancione una formación cursada, total o parcialmente, en un centro situado en el Estado miembro de acogida y no reconocido como centro educativo, con arreglo a la normativa de este último Estado.

En efecto, por un lado, la Directiva 92/51 no contiene limitación alguna en cuanto al Estado miembro en que un solicitante debe haber adquirido sus cualificaciones profesionales, y por otro lado, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes que expiden los títulos que dan acceso a una profesión regulada verificar, a la luz de las normas aplicables a su sistema de formación profesional, si se cumplen las condiciones exigidas para su expedición, en particular las relativas al centro educativo en que el poseedor del título cursó su formación. Esta interpretación no cuestiona la competencia del Estado miembro de acogida para establecer el contenido de la enseñanza y la organización del sistema educativo, dado que en el marco de dicha Directiva el título en cuestión no pertenece al sistema educativo del Estado miembro de acogida, sino al sistema educativo del Estado miembro del cual depende la autoridad competente que ha expedido dicho título. Por consiguiente, es a ésta a quien corresponde garantizar la calidad de las formaciones en cuestión.

Además, el hecho de que un nacional de un Estado miembro que desea ejercer una profesión regulada elija acceder a ella en el Estado miembro de su preferencia no puede constituir, en sí mismo, un uso abusivo del sistema general de reconocimiento establecido por la Directiva 92/51, y el derecho de los nacionales de un Estado miembro a elegir el Estado miembro en que prefieren adquirir sus cualificaciones profesionales es inherente al ejercicio, en un mercado único, de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado.

(véanse los apartados 30 a 32 y 34 y el fallo)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 5 de junio de 2008 — Comisión/Alemania

(Asunto C-395/07)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

1. Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las directivas — Incumplimiento — Justificación basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia (Art. 226 CE) (véase el apartado 7)

2. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 8)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo establecido, de todas las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45, y —corrección de errores— DO L 195, p. 16).

Fallo

1) Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 5 de junio de 2008 — Comisión/Alemania

(Asunto C-395/07)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

1. Estados miembros — Obligaciones — Ejecución de las directivas — Incumplimiento — Justificación basada en el ordenamiento jurídico interno — Improcedencia (Art. 226 CE) (véase el apartado 7)

2. Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 8)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo establecido, de todas las disposiciones necesarias para atenerse a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45, y —corrección de errores— DO L 195, p. 16).

Fallo

1) Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
Los artículos 18 CE y 27 de la Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 y 93/96, no se oponen a una normativa nacional que permita restringir el derecho de un nacional de un Estado miembro a trasladarse al territorio de otro Estado miembro, en particular por haber sido repatriado anteriormente del mismo debido a que se encontraba en él en «situación ilegal», siempre que, por una parte, la conducta personal de ese nacional constituya una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad y que, por otra parte, la medida restrictiva prevista sea apropiada para garantizar la consecución del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo que sea necesario para alcanzarlo. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho que motivaron la solicitud de limitación del derecho de salida, si sucede así en el asunto del que conoce.

En cuanto al primer requisito, una medida que limite el ejercicio del derecho a la libre circulación habrá de adoptarse a la luz de consideraciones relativas a la protección del orden público o de la seguridad pública del Estado miembro que adopte la citada medida. De esta forma, dicha medida no puede fundarse exclusivamente en los motivos invocados por otro Estado miembro para justificar una decisión de expulsión de un nacional comunitario del territorio de este último Estado, aunque tal consideración no excluye que puedan tenerse en cuenta dichos motivos en el marco de la apreciación efectuada por las autoridades nacionales competentes para adoptar la medida restrictiva de la libre circulación.

(véanse los apartados 25, 28 y 30 y el fallo)
3

En la Comunicación de la Comisión que lleva por título «Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA » (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo las «Directrices»), se afirma en particular: «Los principios fijados en las […] Directrices deben servir para asegurar la transparencia y el carácter objetivo de las Decisiones de la Comisión, de cara tanto a las empresas como al Tribunal de Justicia, al tiempo que se asienta el margen discrecional que el legislador deja a la Comisión a la hora de fijar las multas dentro del límite del 10% del volumen de negocios global de las empresas. No obstante, este margen deberá expresarse dentro de una línea política coherente y no discriminatoria adaptada a los objetivos perseguidos en la represión de las infracciones de las normas de la competencia. La nueva metodología aplicable para la determinación del importe de las multas obedecerá, de ahora en adelante, al modelo que figura a continuación, que se basa en la fijación de un importe de base al que se aplican incrementos para tomar en consideración las circunstancias agravantes y reducciones para tomar en consideración las circunstancias atenuantes.»
150

Con carácter preliminar, es preciso subrayar, como ha hecho el Abogado General en los puntos 221 y 222 de sus conclusiones, que el propio tenor de la sección B, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación no exige que la «primera» empresa facilite todas las pruebas de todos los detalles de funcionamiento del cártel. Con arreglo a esa disposición, para poder ser considerada como tal, a una empresa le basta con aportar«elementos determinantes» para probar la existencia del acuerdo. Dicha disposición tampoco exige que los datos facilitados sean suficientes por sí solos para elaborar un pliego de cargos, ni tampoco para adoptar una decisión definitiva en la que se reconozca la existencia de una infracción. No obstante, si bien los elementos a los que se refiere la antedicha sección B, letra b), no deben necesariamente ser, por sí mismos, suficientes para probar la existencia del cártel, deben, al menos, ser determinantes a este efecto. Por tanto, no debe tratarse simplemente de una fuente que permita orientar las investigaciones que ha de llevar a cabo la Comisión, sino de elementos que puedan ser utilizados directamente como base probatoria principal para una decisión en la que se constate una infracción.
34

Por otra parte, hay que observar que la conexión, por el Derecho internacional privado alemán, de la determinación del apellido de una persona con su nacionalidad no carece de excepciones. En efecto, consta que las reglas alemanas de conflicto de leyes relativas a la determinación del apellido de un niño permiten una conexión con la residencia habitual de uno de sus progenitores cuando ésta se encuentra en Alemania. Por tanto, a un niño que no posea, al igual que sus padres, la nacionalidad alemana se le puede no obstante atribuir en Alemania un apellido formado conforme a la legislación alemana cuando uno de sus progenitores tiene su residencia habitual en ese país. Podría pues producirse también en Alemania una situación semejante a la de Leonhard Matthias.
48

De lo anterior se deduce que, una vez sentado por la jurisprudencia citada en los precedentes apartados que el derecho a vacaciones anuales retribuidas —que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 garantiza a los trabajadores— no puede resultar afectado por disposiciones nacionales que impidan la constitución o nacimiento de dicho derecho, no cabe admitir una solución distinta en lo que respecta a disposiciones nacionales que establezcan la extinción del mencionado derecho en el supuesto de un trabajador que durante todo el período de devengo de las vacaciones anuales y/o a lo largo del período de prórroga se haya encontrado en situación de baja por enfermedad, como sucede en el caso del Sr. Schultz-Hoff, quien no estuvo en condiciones de ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas. En efecto, lo mismo que en las circunstancias del asunto que dio lugar a la sentencia BECTU, antes citada, en la que el Tribunal de Justicia declaró que los Estados miembros no podían impedir el nacimiento del derecho a vacaciones anuales retribuidas, en una situación como la del Sr. Schultz-Hoff los Estados miembros no pueden prever la extinción de ese derecho.
36

El demandado en el litigio principal y el Gobierno polaco señalan además que sólo un requisito de residencia como el controvertido en el litigio principal puede permitir la comprobación de que la situación del beneficiario de la prestación en cuestión no ha experimentado modificaciones que puedan tener incidencia en el derecho de aquél a dicha prestación. A este respecto subrayan que la imposibilidad de recurrir a la asistencia administrativa y médica de los demás Estados miembros, prevista para las prestaciones de seguridad social por el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), priva de eficacia y de efectividad al control que realizan los organismos polacos competentes. Las citadas partes alegan también que otras medidas menos restrictivas no tendrían una eficacia equivalente a la del requisito mencionado.
11

A raíz de la desestimación de su recurso administrativo, Marks & Spencer acudió al VAT and Duties Tribunal, el cual, mediante sentencia de 22 de abril de 1998, confirmó el argumento de los Commissioners. Marks & Spencer interpuso un recurso ante la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Crown Office) que, de nuevo, desestimó su petición, mediante resolución de 21 de diciembre de 1998. Se interpuso recurso de apelación contra esta resolución ante la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), que, por lo que respecta a la solicitud de devolución relativa a los «teacakes», desestimó una vez más la petición de Marks & Spencer. Sin embargo, este último órgano jurisdiccional, en relación con otro aspecto del litigio (relativo a la tributación de cheques regalo vendidos por Marks & Spencer), planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, mediante resolución de 14 de diciembre de 1999, sobre la compatibilidad de la prescripción retroactiva de tres años (véase el apartado 10 de la presente sentencia) con los principios de efectividad del Derecho comunitario y de protección de la confianza legítima. Dicha cuestión se refería, en concreto, a si un particular podía deducir derechos directamente de una directiva, tras haberse adaptado correctamente el Derecho interno a ella, en el supuesto de que el Estado miembro no tuviera en cuenta el alcance de dicha directiva.
1

Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 178, p. 1), sobre la validez del artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) no 314/2002 de la Comisión, de 20 de febrero de 2002, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de cuotas en el sector del azúcar (DO L 50, p. 40), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1140/2003 de la Comisión, de 27 de junio de 2003 (DO L 160, p. 33), así como sobre la validez de los Reglamentos (CE) no 1837/2002 de la Comisión, de 15 de octubre de 2002, por el que se fijan, para la campaña de comercialización de 2001/02, los importes de las cotizaciones a la producción y el coeficiente de la cotización complementaria en el sector del azúcar (DO L 278, p. 13), (CE) no 1762/2003 de la Comisión, de 7 de octubre de 2003, por el que se fijan, para la campaña de comercialización de 2002/03, los importes de las cotizaciones por producción del sector del azúcar (DO L 254, p. 4), y (CE) no 1775/2004 de la Comisión, de 14 de octubre de 2004, por el que se fijan, para la campaña de comercialización de 2003/04, los importes de las cotizaciones por producción del sector del azúcar (DO L 316, p. 64).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los Reglamentos (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 179, p. 1), y (CE) no 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas (DO L 118, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1512/2005 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2005 (DO L 241, p. 15) (en lo sucesivo, «Reglamento no 753/2002»).