Palabras clave

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Palabras clave

1. Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Obligación de un órgano jurisdiccional nacional que inicie un procedimiento prejudicial de informar simultáneamente al Ministro de Justicia — Irrelevancia

(Art. 267 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 23)

2. Aproximación de las legislaciones — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusula abusiva a los efectos del artículo 3 — Concepto — Cláusula atributiva de competencia

(Directiva 93/13/CEE del Consejo, art. 3, ap. 1)

3. Aproximación de las legislaciones — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Obligación del juez nacional de examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula que se haya incluido en un contrato sometido a su apreciación — Alcance

(Directiva 93/13/CEE del Consejo, art. 3)

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1. El artículo 23, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se opone a una disposición de Derecho nacional que establece que el juez que inicie un procedimiento prejudicial lo comunicará de oficio, simultáneamente, al Ministro que, en el Estado miembro de que se trate, sea competente en materia de Justicia.

Tal obligación no puede considerarse una injerencia en el mecanismo de diálogo jurisdiccional establecido en el artículo 267 TFUE. En efecto, la obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de que se trata de informar al ministro de Justicia cuando se transmita la resolución de remisión al Tribunal de Justicia no constituye un requisito de dicha remisión. Por lo tanto, no puede incidir en la facultad de dichos órganos jurisdiccionales de interponer una petición de decisión prejudicial ni menoscabar las prerrogativas que se les confiere en virtud del artículo 267 TFUE. Por otra parte, no se aprecia que un eventual incumplimiento de dicha obligación de información produzca consecuencias jurídicas que puedan interferir en el procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE, cuando no se ha aportado ningún indicio del que pudiera inferirse que dicha obligación de información disuade a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de que se trata de plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial.

(véanse los apartados 31 a 35 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprende la interpretación del concepto de cláusula abusiva, a la que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y en el anexo de esta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la Directiva, entendiéndose que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta dichos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual particular en función de las circunstancias propias del caso.

El carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, inclusive el hecho de que una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional haya sido incluida sin haber sido objeto de negociación individual y atribuya competencia exclusiva al tribunal en cuya circunscripción está situado el domicilio del profesional.

(véanse los apartados 42 a 44 y el punto 2 del fallo)

3. El juez nacional debe acordar de oficio diligencias de prueba para determinar si una cláusula atributiva de competencia jurisdiccional territorial exclusiva, que figura en el contrato que es objeto del litigio del que conoce y que se ha celebrado entre un profesional y un consumidor, está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y, en caso afirmativo, apreciar de oficio el carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula.

En efecto, con el fin de garantizar la eficacia de la protección de los consumidores que persigue el legislador de la Unión en una situación caracterizada por el desequilibrio entre el consumidor y el profesional que solo puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes del contrato, el juez nacional debe, en la primera fase de su examen, en todos los casos y sean cuales fueran las normas de su Derecho interno, determinar si la cláusula controvertida ha sido o no negociada individualmente entre un profesional y un consumidor.

En lo que atañe a la segunda fase del mencionado examen, una cláusula que se haya incluido sin haber sido objeto de negociación individual en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional y que confiera competencia exclusiva a un tribunal situado a proximidad del domicilio social del profesional tanto geográficamente como a efectos de las posibilidades de transporte debe considerarse abusiva a los efectos del artículo 3 de la Directiva, en la medida en que, a pesar de la exigencia de buena fe, esta crea, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

(véanse los apartados 48, 51 a 53 y 56 y el punto 3 del fallo)