2.

Para proseguir con el examen de la pretensión formulada por la Comisión, hay que recordar un principio fundamental que el Tribunal declaró en la sentencia dictada en el asunto 8/70 (Rec. 1970, pp. 961 y ss., especialmente p. 967). El Tribunal afirmó «que las obligaciones derivadas del Tratado incumben a los Estados como tales y que la responsabilidad de un Estado miembro con arreglo al artículo 169 existe independientemente del órgano del Estado cuya acción u omisión haya dado origen al incumplimiento, incluso si se trata de una institución constitucionalmente independiente». Si aplicamos este precepto al presente asunto, vemos que no basta con que el Gobierno italiano pruebe que ha hecho todo lo necesario para depurar la situación jurídica y que el actual estado de cosas tiene su origen en último término en sucesos que pertenecen a la esfera parlamentaria. No obstante, si queremos averiguar si el Gobierno italiano ha hecho lo necesario para ejecutar rápidamente una sentencia que constituye una ultima ratio del Derecho comunitario -como ha afirmado este Tribunal en la sentencia dictada en el asunto 20/59 ↔- y que, además, imputa una infracción del Derecho comunitario ya desde el 12 de enero de 1962, se deduce lo siguiente: A lo largo del procedimiento se ha dicho que después de pronunciada la sentencia de 10 de diciembre de 1968 en el asunto 7/68, se empezaron a preparar las medidas necesarias para modificar la situación jurídica impugnada, con la participación de varios ministerios cuyos intereses debían coordinarse. Para ello no cabía pensar en una abolición pura y simple de la exacción a la exportación, sino que, por el contrario, resultaba necesario modificar todo el sistema italiano de protección del patrimonio cultural nacional teniendo en cuenta el tenor de la mencionada sentencia. De esta manera se llegó a presentar al Parlamento en octubre de 1970 un proyecto de ley, aunque sin insistir en la urgencia del asunto. Creo que este estado de cosas requiere varias consideraciones críticas. a) En primer lugar, no estoy convencido en absoluto de que haya sido necesario un lapso de tiempo tan largo para preparar un proyecto de ley relativamente simple. He de poner de manifiesto especialmente que la comisión jurídica del Senado italiano había aprobado ya el 26 de julio de 1967 un proyecto de ley sobre la supresión de la exacción de exportación discutida. En aquella época, este proyecto no fue adoptado por la Cámara de Diputados a causa de la disolución prematura del Parlamento el 11 de marzo de 1968. No obstante, no se ha probado que el antiguo Parlamento hubiera juzgado el antiguo proyecto insuficiente, puesto que, como reconoce la propia demandada, no llegó siquiera a discutirlo. Por tanto habría sido lógico retomarlo simplemente con objeto de acelerar de esta manera el procedimiento legislativo. No me parece en absoluto verosímil que la necesidad de modificar la estructura del sistema de protección del patrimonio cultural de Italia haya impedido al Gobierno de este país obrar de esta manera, puesto que ya la Ley de 1939, sin la exacción de exportación litigiosa, ponía ya a su disposición un arsenal de medidas suficiente para garantizar la protección del patrimonio cultural (especialmente en la forma de licencias de exportación obligatorias, de un severo procedimiento de examen previo a la concesión de las licencias, de la posibilidad de prohibir determinadas exportaciones así como del ejercicio de un derecho de retracto por parte de la Administración italiana). Tampoco me ha convencido la alegación de que el artículo 81 de la Constitución italiana obliga a buscar una compensación para la pérdida de ingresos fiscales que entrañaría la supresión de la exacción litigiosa. En efecto, de la exposición de motivos del último proyecto de ley se deduce que estos ingresos sólo ascienden anualmente a 20.000.000 de LIT aproximadamente, cuya pérdida no es en modo alguno difícil de compensar. Por consiguiente, ya desde la fase de preparación del procedimiento legislativo la actitud del Gobierno italiano se presta a la crítica, especialmente porque no insistió en que el Parlamento examinara con carácter urgente el proyecto de la ley en cuestión. b) Por otra parte, la Comisión alega que el Gobierno italiano hubiera podido modificar rápidamente la legislación vigente recurriendo al procedimiento del Decreto-ley (como ya pretendió hacer en 1969), es decir, promulgando normas de efecto inmediato que el Parlamento hubiera debido convalidar en un plazo de sesenta días. El Gobierno italiano ha objetado a esta alegación que el Decreto-ley sólo debe ser adoptado en casos de extrema urgencia y en situaciones excepcionales, y que la experiencia había demostrado que el Parlamento no tenía en gran estima este tipo de medida, lo cual hubiera podido dar lugar a nuevos retrasos en el procedimiento legislativo en el caso de que el Parlamento se hubiera negado a convalidarlo. Sin embargo, esta alegación no me parece más convincente que las anteriores. Lo menos que cabe decir respecto a ella es que no cabe ninguna duda sobre la urgencia de una medida adoptada con objeto de ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia en la que se censura una violación del Tratado que viene produciéndose desde hace seis años. Aun cuando no nos corresponda apreciar la oportunidad política de la elección de los medios que un Estado miembro decida utilizar para garantizar la ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia, sin embargo, sí podemos considerar que los motivos aducidos por el Gobierno italiano en este contexto son insuficientes y poco convincentes. c) En tercer lugar, la Comisión entiende que cabía esperar que el Gobierno italiano indicara a su Administración que no siguiera aplicando la Ley impugnada. Comparto su opinión. En efecto, cuando el Gobierno italiano objeta que una medida de este género es impensable mientras la Ley (que impone la obligación contraria) esté en vigor, olvida que el Derecho comunitario prevalece sobre el Derecho nacional contrario y que el Tribunal recogió muy pronto este precepto en su jurisprudencia (véase la sentencia de 15 de julio de 1964, Costa, 6/64,↔Rec. pp. 1141 y ss., especialmente p. 1159). Además, en 1968 ya existía una jurisprudencia considerable sobre la cuestión de la aplicabilidad directa del Derecho comunitario. Como, por otra parte, la disposición del artículo 16 no planteaba ningún problema particular a este respecto, el Gobierno italiano hubiera podido seguir efectivamente la vía indicada por la Comisión. Si quisiéramos limitar nuestro examen a la actitud del Gobierno italiano en este asunto, sería difícil hallar una justificación que refutara el motivo de la violación del Tratado.