Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de diplomas y títulos — Ámbito de aplicación de las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE

[Directivas del Consejo 89/48/CEE, art. 3, párr. 1, letra b), y 92/51/CEE]

2. Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años — Directiva 89/48/CEE

(Directiva 89/48/CEE del Consejo, art. 4, ap. 1, párr. 3)

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1. La Directiva 92/51, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, ambas en sus versiones modificadas por la Directiva 2001/19, no se aplica a un solicitante que acredite una cualificación como el título «Bachelor of Arts in Fine Arts Valuation», que quiere ejercer la profesión de director de ventas de bienes muebles en subastas públicas no judiciales en un Estado miembro en donde el ejercicio de esta profesión se reserva a quienes poseen un título con arreglo a la Directiva 89/48.

En cambio, esta última Directiva, y, en particular, su artículo 3, párrafo primero, letra b), puede aplicarse a tal solicitante si la profesión de director de ventas de bienes muebles en subastas públicas no judiciales en el Estado miembro en el que dicho solicitante obtuvo la cualificación que alega no es una profesión regulada en el sentido del artículo 1, letra c), de dicha Directiva. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, en su caso, si así es.

(véanse el apartado 49 y el punto 1 del fallo)

2. Con el fin de permitir una excepción al principio de libre elección del solicitante entre el período de prácticas de adaptación y la prueba de aptitud, el artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la Directiva 2001/19, impone dos requisitos cumulativos a los Estados miembros para que estos últimos puedan elegir la medida de compensación. Por una parte, debe tratarse de una profesión cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del Derecho nacional. Por otra, la asesoría y/o asistencia relativas al Derecho nacional debe ser un elemento esencial y constante de la actividad de que se trate.

Por lo que respecta al primer requisito, una profesión cuyo acceso está sujeto a la posesión de un título de Derecho que sancione unos estudios de una duración mínima de dos años constituye una profesión en la que se presume que su ejercicio exige un conocimiento preciso del Derecho nacional en el sentido de la citada disposición.

En cuanto al segundo requisito, para la aplicación de esa disposición, no es necesario que la actividad controvertida implique la asesoría y/o asistencia sobre todas las materias del Derecho nacional; basta con que ataña a un ámbito especializado y constituya un elemento esencial y constante de dicha actividad. En este contexto, es preciso referirse, en particular, a la práctica corriente de la profesión controvertida.

(véanse los apartados 53 y 60 y el punto 2 del fallo)