Palabras clave

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Palabras clave

1. Funcionarios - Régimen disciplinario - Sanción - Suspensión de un funcionario conforme al artículo 88 del Estatuto - Requisitos

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 25 y 88, párr. 1)

2. Funcionarios - Régimen disciplinario - Publicación de una obra sin solicitar autorización previa - Apreciación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos a la luz tanto del artículo 17 del Estatuto como de los artículos 11 y 12 del Estatuto - Diferencia

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 11, 12, 17 y 88)

3. Funcionarios - Régimen disciplinario - Procedimiento disciplinario - Control jurisdiccional - Recurso de casación - Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas presentadas al Tribunal de Primera Instancia - Exclusión salvo en caso de desnaturalización - Igualdad de trato de los funcionarios - Alcance

(Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51; Estatuto de los Funcionarios, art. 17; anexo IX)

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1. Del artículo 88, párrafo primero, del Estatuto se desprende claramente que el único requisito que se exige a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos para suspender a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, a la espera del resultado del procedimiento disciplinario incoado en su contra, es el de imputarle una falta grave.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia puede considerar que una decisión de suspensión de un funcionario sujeto a un procedimiento disciplinario contiene, con arreglo al artículo 25 del Estatuto, una motivación suficiente por lo que respecta a la gravedad de la falta imputada a dicho funcionario. En efecto, no corresponde a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos precisar, además de dicha motivación, las razones que exigen la suspensión inmediata del interesado, ni a fortiori al Tribunal de Primera Instancia verificar la existencia y la procedencia de tales razones.

( véanse los apartados 26, 28 y 29 )

2. La violación del artículo 17 del Estatuto se produce por el mero hecho de que un funcionario publique una obra cuyo contenido esté relacionado con la actividad de las Comunidades sin haber obtenido la autorización previa de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, lo que puede ser objeto de una simple comprobación material.

Por el contrario, la verificación de si se han transgredido los artículos 11 o 12 del Estatuto exige la realización de juicios de valor sobre las circunstancias de hecho que es preferible no efectuar o, al menos, no hacerlo con carácter definitivo, cuando se adopta una decisión como la que contempla el artículo 88 del Estatuto.

( véase el apartado 37 )

3. Siempre que las pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que ha de atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, esta apreciación no constituye, sin perjuicio del caso de la desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

Cuando un funcionario, incurso en un procedimiento disciplinario por haber publicado un texto sin autorización previa, no haya aportado indicios ni datos suficientes para identificar otro caso similar que la institución correspondiente haya tratado de modo distinto, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia no haber instado a dicha institución a rendir cuentas sobre la práctica seguida a este respecto ni a demostrar que no se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones ni violado el principio de igualdad de trato entre funcionarios.

En todo caso, no puede interpretarse el principio de igualdad de trato entre funcionarios en el sentido de que un funcionario, que haya sido sancionado por haber infringido las exigencias del artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto, tiene derecho, para eludir la medida que le ha sido impuesta, a invocar que otro funcionario que ha infringido las mismas exigencias no ha sido sancionado.

( véanse los apartados 41 a 43 )