ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
3.

Agricultura—Organización común de mercados—Frutas y hortalizas—Organizaciones de productores—Reembolso de la ayuda financiera concedida por un Estado miembro—Aplicabilidad de los artículos 67 y 94 bis del Reglamento (CE) n.o 1580/2007—Exclusión [Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, arts. 103 ter y 103 sexies; Reglamento (CE) n.o 1580/2007 de la Comisión, arts. 67, 94 bis y 97] (véanse los apartados 63 a 66)
El concepto de «vendedor», conforme al artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva 1999/44, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, debe interpretarse en el sentido de que comprende también al profesional que actúa como intermediario por cuenta de un particular sin informar debidamente al consumidor adquirente de que el propietario del bien vendido es un particular, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, tomando en consideración el conjunto de las circunstancias del caso. Esta interpretación no depende de si el intermediario percibe o no una remuneración por su intervención.

En efecto, el artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva 1999/44 delimita el círculo de personas contra las que el consumidor puede actuar en ejercicio de los derechos que se derivan de esta Directiva. Por consiguiente, el conocimiento por parte del consumidor de la identidad del vendedor y, en especial, de su condición de particular o de profesional es imprescindible para que este último pueda disfrutar de la protección que la referida Directiva le confiere.

Así, en circunstancias donde, habida cuenta del contexto en el que se efectúa la compraventa, el consumidor puede ser fácilmente inducido a error, debe atribuírsele un grado de protección reforzado. Por tanto, en virtud de la Directiva 1999/44, la responsabilidad del vendedor debe poder ser exigible al intermediario que crea un riesgo de confusión al dirigirse al consumidor, haciéndole creer que actúa en calidad de propietario del bien objeto de la compraventa.

Además, corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si el profesional puede ser calificado de «vendedor» en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva 1999/44, cuando no ha informado debidamente al consumidor de que no es el propietario del bien en cuestión. Pueden ser pertinentes a este respecto, para determinar si el consumidor podía entender que el intermediario actuaba por cuenta de un particular, aspectos como el grado de participación y la intensidad de los esfuerzos empleados por el intermediario en la compraventa, las circunstancias en las que el bien se mostró al consumidor o el comportamiento de este último.

(véanse los apartados 37, 41, 44 y 45 y el fallo)
El artículo 27, apartado 4, letra a), y el anexo VI, puntos 1 y 2, del Reglamento n.o 882/2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, cuando fijan el importe de la tasa que aplicarán a los establecimientos alimentarios, los Estados miembros incluyan el coste relativo a la formación básica obligatoria de los auxiliares oficiales.

Ello es así porque las tasas se podrán destinar únicamente a cubrir los gastos de los Estados miembros que efectivamente se deriven de la realización de los controles en los establecimientos alimentarios, y su finalidad no será la de hacer recaer sobre las empresas del sector el coste de la formación inicial del personal mencionado. Por consiguiente, se ha de interpretar que el anexo VI del Reglamento n.o 882/2004 (al que remite el artículo 27 del propio Reglamento) se refiere exclusivamente al salario y los costes de las personas que en la práctica participan en la realización de los controles oficiales. Por lo demás, dado que la realización de dichos controles corresponde normalmente a veterinarios oficiales, que pueden contar únicamente con la asistencia de auxiliares oficiales o, en determinados casos concretos, del personal del matadero, de ninguna disposición del Reglamento n.o 854/2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, se desprende que las personas que sigan la formación básica obligatoria para obtener la condición de auxiliar oficial puedan participar durante su formación en la realización de los controles oficiales.

(véanse los apartados 39 a 42 y el fallo)
El artículo 24 del Reglamento no 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento no 1347/2000, prohíbe todo control de la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen y precisa incluso explícitamente que el artículo 23, letra a), del mismo Reglamento no puede utilizarse para proceder a tal control. Es cierto que el artículo 24 del Reglamento no 2201/2003 remite únicamente a los artículos 3 a 14 de dicho Reglamento, y no al artículo 15 del mismo. No obstante, el artículo 15 del Reglamento no 2201/2003, que figura en el capítulo II de éste, titulado «Competencia», completa las normas de competencia establecidas en los artículos 8 a 14 del mismo capítulo mediante un mecanismo de cooperación que permite al órgano jurisdiccional de un Estado miembro competente para conocer del asunto en virtud de alguna de dichas normas proceder, excepcionalmente, a la remisión a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro mejor situado para conocer del asunto. Así, una supuesta infracción del artículo 15 de dicho Reglamento por el órgano jurisdiccional de un Estado miembro no permite al órgano jurisdiccional de otro Estado miembro controlar, a pesar de que la prohibición establecida en el artículo 24 del mismo Reglamento no contiene ninguna referencia expresa a dicho artículo 15, la competencia de ese primer órgano jurisdiccional.

(véanse los apartados 42 a 45)
a)

si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 2 a 4 de la Decisión 2011/678/UE de la Comisión, de 27 de julio de 2011, relativa a la ayuda estatal en favor de la financiación para la detección de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en los animales de la especie bovina, aplicada por Bélgica [ayuda de Estado C 44/08 (ex NN 45/04)] (DO 2011, L 274, p. 36; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), al no haber adoptado, dentro de los plazos establecidos a tal efecto, todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior por el artículo l, apartados 3 y 4, de dicha Decisión y al no haber informado a la Comisión, dentro del plazo señalado, de las medidas tomadas para atenerse a ella.
8

A tenor del artículo 7 de la Directiva 2005/29, titulado «Omisiones engañosas»: «1. Se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación, omita información sustancial que necesite el consumidor medio, según el contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa y que, en consecuencia, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. 2. Se considerará también que hay omisión engañosa cuando un comerciante oculte la información sustancial contemplada en el apartado 1, teniendo en cuenta las cuestiones contempladas en dicho apartado, o la ofrezca de manera poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea el adecuado, o no dé a conocer el propósito comercial de la práctica comercial en cuestión en caso de que no resulte evidente por el contexto, siempre que, en cualquiera de estos casos, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. 3. Cuando el medio utilizado para comunicar la práctica comercial imponga limitaciones de espacio o de tiempo, a la hora de decidir si se ha omitido información deberán tenerse en cuenta esas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el comerciante para poner la información a disposición del consumidor por otros medios. 4. En los casos en que haya una invitación a comprar se considerará sustancial la información que figura a continuación, si no se desprende ya claramente del contexto: a) las características principales del producto, en la medida adecuada al medio utilizado y al producto; b) la dirección geográfica y la identidad del comerciante, tal como su nombre comercial y, en su caso, la dirección geográfica y la identidad del comerciante por cuya cuenta actúa; c) el precio, incluidos los impuestos, o, en caso de que éste no pueda calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza del producto, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, cuando tales gastos no puedan ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que pueden existir dichos gastos adicionales; d) los procedimientos de pago, entrega y funcionamiento, y el sistema de tratamiento de las reclamaciones, si se apartan de las exigencias de la diligencia profesional; e) en el caso de los productos y transacciones que lleven aparejado un derecho de revocación o cancelación, la existencia de tal derecho. 5. Se considerarán sustanciales los requisitos establecidos por el Derecho comunitario en materia de información relacionados con las comunicaciones comerciales, con inclusión de la publicidad o la comercialización, de los que el anexo II contiene una lista no exhaustiva.»
1)

El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que el solicitante de una autorización de comercialización de un producto fitosanitario o biocida no solicitara, durante el procedimiento previsto para la obtención de esta autorización, el tratamiento confidencial de la información presentada en el marco de este procedimiento sobre la base del artículo 14 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, del artículo 19 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas, o de los artículos 33, apartado 4, y 63 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, no obsta para que la autoridad competente, ante la que un tercero ha presentado, tras la finalización de dicho procedimiento, una solicitud de acceso a esta información sobre la base de la Directiva 2003/4, examine la oposición de dicho solicitante a esta solicitud de acceso y, en su caso, deniegue ésta en aplicación del artículo 4, apartado 2, párrafo primero, letra d), de esta Directiva basándose en que la divulgación de dicha información afectaría negativamente a la confidencialidad de la información comercial o industrial.
1)

El anexo I, capítulo V, punto 1.4, letra d), del Reglamento (CE) n.o 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.o 1255/97, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un transporte por carretera de animales de las especies que menciona, en particular de bovinos con excepción de los terneros, por un lado los descansos entre períodos de desplazamiento pueden, en principio, tener una duración superior a una hora. No obstante, esta duración, si excede de una hora, no debe ser tal que, en las condiciones concretas en las que tienen lugar ese descanso y el transporte en su integridad, constituya un riesgo de lesiones o sufrimiento para los animales transportados. Además, la duración combinada del viaje y del descanso, tal y como está prevista en el punto 1.4, letra d), de dicho capítulo, no puede exceder 29 horas, pudiendo prolongarse dos horas en interés de los animales, con arreglo al punto 1.8 de dicho capítulo, y sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de dicho Reglamento en caso de producirse una circunstancia imprevista. Por otro lado, los períodos de desplazamiento de un máximo de 14 horas cada uno pueden incluir una o varias fases de parada. Estas fases de parada deben añadirse a las fases de desplazamiento a efectos del cómputo de la duración total del período de desplazamiento de un máximo de 14 horas del que forman parte.
71

En efecto, una situación de este tipo no es diferente de aquella en la que se encuentra un solicitante que no reúna alguno de los requisitos exigidos para poder ser beneficiario de una prestación familiar por alguna razón distinta y que, por ello, no tendría efectivamente derecho a tal tipo de prestación en ningún Estado miembro. Ahora bien, esta circunstancia no obedecería al hecho de que no le resultara aplicable ningún Derecho, sino a que el solicitante en cuestión no cumpliría los requisitos materiales previstos en el Estado miembro cuya legislación le resulta aplicable en virtud de las normas de conflicto.
21

Por último, la falta de indicación de los antecedentes de hecho y de Derecho pertinentes puede constituir una causa de inadmisibilidad manifiesta de la petición de decisión prejudicial (véanse, en este sentido, los autos de 8 de septiembre de 2011, Abdallah, C‑144/11, no publicado, EU:C:2011:565, apartado 12; de 4 de julio de 2012, Abdel, C‑75/12, no publicado, EU:C:2012:412, apartados 6 y 7; de 19 de marzo de 2014, Grimal, C‑550/13, no publicado, EU:C:2014:177, apartado 19, y de 19 de marzo de 2015, Andre, C‑23/15, no publicado, EU:C:2015:194, apartados 8 y 9).
24

A este respecto, el Tribunal de Justicia consideró, en primer lugar, que la puesta a disposición de sus clientes, por parte del prestador de un servicio principal, de una infraestructura que les permite pagar el precio de dicho servicio, también mediante tarjeta de crédito, no constituye un fin en sí mismo para sus clientes, y que esta supuesta prestación de servicios, a la que los clientes no podrían recurrir sin utilizar el servicio principal, no reviste para tales clientes ningún interés autónomo en relación con el servicio (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, apartado 27).
23

El órgano jurisdiccional remitente se inclina por entender que un sistema de acuerdos de rebaja como el que es objeto del litigio principal no constituye un contrato público. Afirma que, dado que en dicho sistema se admite a todos los operadores que reúnen los requisitos establecidos y que solicitan integrarse en él, no hay selección; por consiguiente, no hay concesión de una ventaja económica a un operador y, por tanto, no hay riesgo de discriminación. Pues bien, como se desprende del considerando 2 y del artículo 2 de la Directiva 2004/18, el Derecho en materia de contratación pública tiene como objetivo, precisamente, evitar las derivas asociadas a ese tipo de riesgos.
9

El artículo 3 de la Wet op de Omzetbelasting 1968 (Ley del impuesto sobre el volumen de negocios de 1968), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Wet OB»), dispone: «1. Constituyen entregas de bienes: [...] c) la entrega de inmuebles por quien los haya producido, con excepción de los terrenos no edificados distintos de los terrenos edificables [...] [...] h) el hecho de disponer, para necesidades empresariales, de bienes producidos en la propia empresa, en aquellos casos en los que, si dichos bienes se hubieran adquirido de un empresario, el impuesto que grava tales bienes no podría deducirse, o no podría deducirse en su totalidad; se asimilarán a los bienes producidos en la propia empresa los bienes producidos por encargo mediante la puesta a disposición de materiales, incluido el suelo; quedan exentos de la presente sección los terrenos no edificados distintos de los terrenos edificables [...] [...] 2. También se considerará entrega de bienes la constitución, transmisión, modificación, renuncia y resolución de derechos sobre bienes inmuebles, con excepción de la hipoteca y el censo reservativo, a menos que la contraprestación, incrementada con el impuesto sobre el volumen de negocios, sea inferior al valor económico de los mencionados derechos. El valor económico será, por lo menos, igual al precio de coste, incluido el impuesto sobre el volumen de negocios, del inmueble al que se refiera el derecho, tal como resultaría si lo produjera un tercero independiente en el momento de la operación.»
1

Mediante su demanda, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Malta ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 46 ter del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (DO L 177, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»), y del artículo 54 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»), al deducir de las pensiones de vejez maltesas el importe de pensiones de la función pública de otros Estados miembros.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1; corrección de errores en DO 2007, L 136, p. 3), modificado por el Reglamento (CE) n.o 552/2009 de la Comisión, de 22 de junio de 2009 (DO L 164, p. 7) (en lo sucesivo, «Reglamento REACH»), y sobre la interpretación de los artículos 34 TFUE y 36 TFUE.
4

Los considerandos 79, 81, 83, 85 y 87 de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual disponen: «(79) [...] Sin embargo, toda comunicación comercial audiovisual debe observar, no solo las normas de identificación, sino también un conjunto básico de normas cualitativas orientadas a la consecución de objetivos claros de política pública. [...] (81) La evolución del mercado y la tecnología ofrece a los usuarios una mayor capacidad de elección y responsabilidad en el uso que hacen de los servicios de comunicación audiovisual. Para guardar la proporcionalidad con los objetivos de interés general, la regulación debe permitir un cierto grado de flexibilidad con respecto a la radiodifusión televisiva. El principio de separación debe limitarse a la publicidad televisiva y la televenta, mientras que procede permitir el emplazamiento de producto en determinadas circunstancias, a menos que un Estado miembro decida otra cosa. No obstante, se debe prohibir el emplazamiento de producto cuando se realiza de manera encubierta. El principio de separación no debe impedir el uso de las nuevas técnicas de publicidad. [...] (83) Para asegurar de forma completa y adecuada la protección de los intereses de los consumidores como telespectadores, es básico que la publicidad televisiva se someta a un cierto número de normas mínimas y de criterios y que los Estados miembros tengan la facultad de fijar reglas más detalladas o más estrictas y, en determinados casos, condiciones diferentes para los organismos de radiodifusión televisiva que dependan de su competencia. [...] (85) Dado el incremento de posibilidades que tienen los espectadores para eludir la publicidad a través del uso de las nuevas tecnologías, como los grabadores personales de vídeo digital y la mayor oferta de canales, no está justificada una reglamentación pormenorizada en materia de inserción de anuncios con el objetivo de proteger al espectador. La cantidad de tiempo por hora en que es admisible la publicidad no debe incrementarse, pero la presente Directiva debe ofrecer a los organismos de radiodifusión televisiva flexibilidad con respecto a su inserción cuando ello no perjudique indebidamente la integridad de los programas. [...] (87) Debe establecerse un límite del 20 % de anuncios de publicidad televisiva y anuncios de televenta por hora de reloj, que también se aplicará a los períodos de máxima audiencia. El concepto de anuncio de publicidad televisiva debe entenderse como publicidad televisiva en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra i), con una duración inferior a 12 minutos.»
40

En el marco de la reintegración de las pérdidas de un establecimiento permanente no residente precedentemente deducidas, el Tribunal de Justicia ha precisado que la reintegración de dichas pérdidas no puede disociarse del cómputo anterior de éstas. Así, el Tribunal de Justicia consideró que esa reintegración, en el caso de una sociedad que posee un establecimiento permanente situado en un Estado miembro distinto de aquél en el que está establecida, respecto al que el Estado miembro de residencia de dicha sociedad no dispone de potestad alguna de imposición, refleja una lógica de simetría. Existía, por tanto, un vínculo directo, personal y material entre los dos elementos de ese régimen fiscal, pues dicha reintegración constituía el complemento indisociable de la deducción previamente concedida (véase, en este sentido, la sentencia Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, C‑157/07, EU:C:2008:588, apartado 42).