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3.

Hechos. En mayo de 1987, la sociedad Doux celebró con la sociedad Alimenta un contrato relativo al suministro de cierta cantidad de pollos. La mercancía, embarcada en Francia, fue incautada a su llegada al puerto de El Pireo, ya que el representante de las autoridades veterinarias griegas la consideró no apta para el consumo humano. Esta decisión fue confirmada posteriormente por dos comités compuestos respectivamente por tres y cinco veterinarios especialistas. Ahora bien, la sociedad Doux estaba autorizada, con arreglo al artículo 10 de la Directiva 71/118, a solicitar el dictamen de un veterinario especialista inscrito en la lista correspondiente. El especialista en cuestión, después de haber examinado la mercancía, concluyó que no existía motivo alguno para no declararla conforme con las disposiciones de la citada Directiva. Sin embargo, las autoridades griegas, a las que se comunicó el dictamen, confirmaron la incautación ya dispuesta, impidiendo de este modo la comercialización de la mercancía. Así pues, la sociedad Doux fue demandada por Alimenta, que reclamaba el resarcimiento de los daños sufridos por causa de la falta de suministro. La demandada objetaba a estas pretensiones que, por su parte, había cumplido perfectamente con las obligaciones impuestas por el contrato de venta, sosteniendo, en particular, que el dictamen a que se refiere el artículo 10 de la Directiva de que se trata es vinculante para las autoridades nacionales, por lo que no era posible imputarle el incumplimiento. Considerando que la solución del litigio podía depender de la interpretación del artículo 10 de la Directiva 71/118, el Tribunal de commerce de Quimper decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión de la eficacia jurídica que se debe atribuir al dictamen del veterinario especialista designado en virtud del artículo citado, según el cual «there is no indication that the consignment mentioned above is not certified in conformity with Directive 71/118/EEC», en contra del dictamen expresado por las autoridades competentes griegas. Para una más amplia exposición del contexto jurídico, así como de los hechos que dieron origen al litigio objeto del asunto principal, me remito al informe para la vista, en el que se tratan estos temas.
11.

No obstante, no propondré al Tribunal sumergirse en semejante problemática. En efecto, creo que una situación como la que describe el órgano jurisdiccional no puede ser objeto de un análisis como el efectuado en la sentencia Torfaen Borough Council. Entiendo que sólo cabe comprobar si la normativa que causa efectos perceptibles sobre las importaciones responde a un objetivo legítimo y si dichos efectos no son desproporcionados cuando existen efectivamente dichos efectos perceptibles. Por el contrario, semejante operación no creo que sea pertinente si no puede imputarse a uria legislación ningún, efecto perceptible sobre las importaciones. Ahora bien, creo que la propia existencia de efectos sobre las importaciones derivada de la aplicación de una normativa sobre embargos, como la que se discute en el presente asunto, es muy dudosa. Efectiva, no hay motivo, en el asunto presente, para hacer depender la compatibilidad con el artículo 30 de la mayor o menor importancia dé los efectos sobre las importaciones, sino más bien procede considerar que la compatibilidad con el artículo 30 de la medida nacional controvertida se desprende simplemente de la falta de vinculación con las importaciones.
1.

En sus conclusiones, el Abogado General comenzó examinando la admisibilidad de los recursos interpuestos en los asuntos C-l 12/88 y C-20/89 por la Unión de productores de cidras de Creta contra las Decisiones 88/438/CEE ( 1 ) y 88/600/CEE, ( 2 ) cuyo destinatario era el Gobierno griego. El Abogado General afirmó que, para que hubiese lugar a admitir el recurso interpuesto por la Unión, sería preciso que, en el momento de adoptarse las Decisiones controvertidas, representara a una pluralidad de sujetos jurídicos cuyo número o individualidad estuvieran determinados o pudieran estarlo, de forma que la Comisión se hallara en condiciones de saber que su Decisión afectaba únicamente a los intereses y a la situación jurídica de tales personas. ( 3 ) En el caso de la Unión, no parecía que este requisito se cumpliera. Efectivamente, las citadas Decisiones trataban de suprimir, a partir del 4 de febrero de 1988, la totalidad de las ayudas a la exportación en el sector de la cascara de fruta escarchada destinada a producir confitura, cualquiera que fuera la empresa que pudiera beneficiarse de esta ayuda o pudiera hacerlo en lo sucesivo, por su condición de exportadora de las citadas cascaras. Por consiguiente, no se trata de un grupo «cerrado» de sujetos jurídicos que puedan individualizarse de una vez por todas al dictarse tales Decisiones, sino de un grupo «abierto» de sujetos jurídicos, individualizados en función de su calidad objetiva de agentes en un sector determinado. El mero hecho de que todos ellos exporten cascaras de frutas destinadas a producir confitura no es suficiente para acreditar que se vean afectados directa e individualmente por las Decisiones controvertidas. ( 4 ) El Abogado General afirmó, por otra parte, que esta conclusión no se ve contradicha en el supuesto de que la Decisión controvertida sólo afecte a una empresa (la Unión afirma que es el único exportador en Grecia de cascaras de fruta escarchada): efectivamente, el carácter general de una decisión no se cuestiona únicamente por la posibilidad de determinar el número o, incluso, la identidad de los sujetos jurídicos a los que se aplica en un momento determinado, puesto que es un hecho que esta aplicación se efectúa según unos supuestos objetivos, de índole fáctica o jurídica, establecidos por la norma, en relación con la finalidad de esta última. ( 5 )
8.

Según los hechos que el órgano jurisdiccional nacional ha declarado probados, el «butteroil» exportado por la demandante en el procedimiento principal no es un producto comunitario, de manera que no es posible el pago de una restitución a la exportación con arreglo al artículo 6 del Reglamento n° 876/68. Por otra parte, la excepción establecida en el artículo 7 tampoco se aplica, puesto que el producto exportado (el «butteroil») no es idéntico al producto importado en la Comunidad (el «nutrix»): este último no está incluido en el anexo II del Tratado, mientras que el producto exportado es un «producto del anexo II».
Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas el 11 de mayo de 1989. - CLAUDE BRUS CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - FUNCIONARIO - ANULACION DE UNA DECISION DE NOMBRAMIENTO. - ASUNTO 104/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01873

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Conclusiones del abogado general

++++

El Abogado General Sr. Mischo presentó sus conclusiones el 11 de mayo de 1989.(* )Él mismo propuso que se declarara:

"Al no poderse acoger ninguno de los dos motivos alegados por el Sr. Brus, debe desestimarse su recurso. Con arreglo al artículo 70 del Reglamento de Procedimiento, él mismo debe soportar sus propias costas, siendo a cargo de la Comisión las incurridas por dicha institución."

(*) Lengua original: francés.

TCDA/Sentencia de 22.6.1989 - Asunto 104/88

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera)

22 de junio de 1989(*)

En el asunto 104/88,

Claude Brus, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, domiciliado en Bruselas, representado por el Sr. G. Vandersanden, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. S. van Raepenbusch, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. C. Verbraeken, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. G. Kremlis, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, Centro Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación de una decisión de nombramiento,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por los Sres. F. Grévisse, Presidente de Sala; J.C. Moitinho de Almeida y M. Zuleeg, Jueces,

(no se transcriben los fundamentos de Derecho)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Declarar que cada parte cargará con sus propias costas.

(*) Lengua de procedimiento: francés.
61988C0052

Conclusiones del Abogado General Darmon presentadas el 11 de abril de 1989. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS - PROHIBICION DE IMPORTAR PRODUCTOS A BASE DE CARNE QUE CONTENGA MAS DE UNA DETERMINADA CANTIDAD DE GELATINA ALIMENTARIA. - ASUNTO 52/88.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01137

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CONCLUSIONES ACUMULADAS DEL ABOGADO GENERAL MISCHO PRESENTADAS EL 13 DE DICIEMBRE DE 1990. - KONISHIROKU PHOTO INDUSTRY CO LTD CONTRA CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - ASUNTO C-176/87. - SANYO ELECTRIC CO LTD CONTRA CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - ASUNTO C-177/87. - DERECHOS ANTIDUMPING SOBRE LAS FOTOCOPIADORAS DE PAPEL NORMAL ORIGINARIAS DE JAPON.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-01493



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. Lo esencial de los escritos de contestación presentados por las partes demandantes en los asuntos C-176/87, Konishiroku, y C-177/87, Sanyo, está constituido por las observaciones presentadas en común con las partes demandantes en los asuntos C-174/87 (Rec. 1992, p. I-1335), Ricoh/Consejo, C-175/87, Matsushita/Consejo (Rec. 1992, p. I-1409), y C-179/87, Sharp/Consejo (Rec. 1992, p. I-1635). Dichas observaciones se refieren a la determinación del perjuicio, a la evaluación del interés de la Comunidad y al cálculo del derecho antidumping. Por lo tanto, procede desestimar los motivos invocados por Konishiroku y Sanyo en dichos contextos por las razones indicadas en las conclusiones que presenté en el asunto C-174/87, Ricoh/Consejo (p. I-1368), a las cuales me remito.

2. Por lo que respecta a las observaciones que las dos partes demandantes han consagrado al "método utilizado por la Comisión para demostrar la existencia de un dumping", y que, recogidas en una página mecanografiada, forman parte de la introducción de sus escritos de recurso, estimo, con el Consejo, que no procede examinarlas. Habida cuenta de que ambas partes demandantes precisan que

"teniendo en cuenta que otros exportadores plantearán estas cuestiones en distintos escritos de recurso y que parece deseable reducir el volumen de las alegaciones sometidas al Tribunal de Justicia, la presente demanda se limitará a la cuestión del perjuicio y a la del interés de la Comunidad" (p. iii de los escritos de recurso),

cabe considerar que en realidad no forman parte de su recurso. Por otra parte, éstas no son muy precisas y podrían rebatirse fácilmente amparándose, por una parte, en el principio de la independencia de los métodos de cálculo del valor normal y del precio de exportación respectivamente y, por otra, en las consideraciones expuestas en las conclusiones que presenté en los otros asuntos al referirme a los motivos basados en la comparación entre estos dos extremos.

3. En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que desestime los recursos en los asuntos C-176/87 y C-177/87 y condene a Konishiroku y Sanyo al pago de las costas, incluidas las de las partes coadyuvantes.

(*) Lengua original: francés.
61987C0324

Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 19 de enero de 1989. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA ITALIANA. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - NO INCORPORACION DE UNA DIRECTIVA - NORMAS RELATIVAS A MEDIDAS SANITARIAS EN LA IMPORTACION DE CARNES FRESCAS Y DE ANIMALES DE DETERMINADAS ESPECIES. - ASUNTO 324/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01013

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Conclusiones del Abogado General Vilaça presentadas el 25 de mayo de 1988. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA ITALIANA. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - NO ADAPTACION DEL DERECHO INTERNO A LA DIRECTIVA 84/414/CEE DE LA COMISION - ADAPTACION AL PROGRESO TECNICO DE LA DIRECTIVA 76/764/CEE. - ASUNTO 326/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1988 página 04009



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. La Directiva 84/414/CEE de la Comisión, de 18 de julio de 1984, (1) modificó, adaptándola al progreso técnico, la Directiva 76/764/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los termómetros clínicos de mercurio, de vidrio y con dispositivo de máxima, (2) modificada por la Directiva 83/128/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983. (3)

2. La nueva Directiva disponía, en su artículo 2, que los Estados miembros aplicarían las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Directiva a más tardar el 1 de enero de 1986, e informarían de ello inmediatamente a la Comisión.

3. Dado que no recibió ninguna información en este sentido de la República Italiana, la Comisión entabló, a partir del 9 de julio de 1986, el procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado.

4. Las autoridades italianas no reaccionaron durante el procedimiento administrativo; por consiguiente, la Comisión interpuso el presente recurso por incumplimiento, mediante el cual solicita al Tribunal de Justicia que declare que, al no comunicar las disposiciones que estaba obligada a adoptar en virtud de dicha Directiva, o al abstenerse de adoptarlas, la República Italiana incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

5. En su escrito de contestación, el Gobierno italiano reconoció el incumplimiento en lo que se refiere a la no incorporación de la Directiva; se limitó a alegar ciertas dificultades que, en su opinión, se opusieron a que esta incoporación se hubiera efectuado a su debido tiempo; afirmó, además, que había hecho todos los esfuerzos posibles para que la misma tuviera lugar en el plazo más breve posible.

6. Durante la vista, la Comisión confirmó que su demanda se limitaba por supuesto, al motivo de infracción de inadopción de las disposiciones necesarias para aplicar la Directiva en los plazos establecidos.

7. Siguiendo así una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no nos queda por consiguiente más solución que declarar el incumplimiento de la República Italiana y proponer a este Tribunal que estime el recurso condenando en costas a la parte demandada.

(*) Traducido del italiano.

(1) DO L 228 de 25.8.1984, p. 25; EE 13/16, p. 36.

(2) DO.L 262 de 27.9.1976, p. 139; EE 13/05, p. 178.

(3) DO L 91 de 9.4.1983, p. 29.
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 22 de noviembre de 1988. - REPUBLICA HELENICA CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - LIQUIDACION DE CUENTAS DEL FEOGA - EJERCICIO 1982. - ASUNTO 214/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 00367

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Conclusiones del abogado general

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El Abogado General Sr. Carl Otto Lenz presentó sus conclusiones el 22 de noviembre de 1988.* Proponía al Tribunal de Justicia que se pronunciase como sigue:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante.

* Lengua original: alem§n.
Conclusiones del Abogado General Lenz presentadas el 25 de febrero de 1988. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REINO DE BELGICA. - INCUMPLIMIENTO DE ESTADO - NO ADAPTACION DEL DERECHO INTERNO A LA DIRECTIVA 82/470/CEE DEL CONSEJO - EJERCICIO EFECTIVO DE LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y DE LA LIBRE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES POR CUENTA PROPIA DE DETERMINADOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE Y DE LOS AGENTES DE VIAJES, ASI COMO DE LOS ALMACENISTAS. - ASUNTO 283/86.



Recopilación de Jurisprudencia 1988 página 03271



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. En el procedimiento por incumplimiento que nos ocupa, la Comisión de las Comunidades Europeas, parte demandante, solicita que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 82/470/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1982, relativa a las medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades por cuenta propia de determinados auxiliares del transporte y de los agentes de viaje (grupo 718 CITI) así como de los almacenistas (grupo 720 CITI)(1) y en virtud del párrafo 3 del artículo 189 y del párrafo 1 del artículo 5 del Tratado CEE, al no haber adoptado dentro del plazo prescrito las disposiciones jurídicas y administrativas necesarias para adecuarse a dicha Directiva.

2. El artículo 8 de esta Directiva establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para cumplir la Directiva en un plazo de dieciocho meses a partir de su notificación e informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Este plazo expiró el 2 de enero de 1984.

3. La parte demandada no discute que en Bélgica no se adoptaron las medidas necesarias para adecuarse a la Directiva a su debido tiempo.

4. Aunque en la vista celebrada hoy hemos oído que entretanto se han adoptado, mediante un Real Decreto, medidas de adaptación en relación con una parte de la Directiva, no obstante queda fuera de toda duda que ésto no ha ocurrido dentro del plazo prescrito.

5. Por tal motivo propongo al Tribunal de Justicia el siguiente fallo:

"1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE al no haber adoptado dentro del plazo prescrito las disposiciones jurídicas y administrativas necesarias para adecuarse a la Directiva 82/470/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1982.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica."
Conclusiones del Abogado General Darmon presentadas el 19 de noviembre de 1986. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA ITALIANA. - INTERCAMBIOS INTRACOMUNITARIOS DE ANIMALES BOVINOS Y PORCINOS - ADAPTACION DEL DERECHO NACIONAL A DETERMINADAS DIRECTIVAS. - ASUNTO 364/85.



Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 00487



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana, al no incorporar en los plazos que prescriben las Directivas 80/219 CEE, 80/1098 CEE y 80/1102 CEE del Consejo, que modifican la Directiva 64/432 CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales bovinos y porcinos, incumplió las obligaciones que le impone el Tratado.

2. El Estado demandado no ha negado dicho incumplimiento. Su representante lo confirmó en la vista; el régimen legal destinado a la aplicación de las mencionadas directivas en Italia se sigue discutiendo en el Parlamento.

3. Una vez más, como en un asunto parecido, debo recordar que

"los Gobiernos de los Estados miembros participan en los trabajos preparatorios de las directivas y deben, por tanto, poder elaborar en el plazo fijado el proyecto de las disposiciones legales necesarias para su ejecución" (traducción provisional) (asuntos 136, 148, 149 y 151/81, sentencias de 12 de octubre de 1982, Rec. 1982, pp. 3547, 3555, 3565 y 3573).

4. Por lo tanto, debe admitirse el recurso de la Comisión, ya que la República Italiana incumplió las obligaciones a que se refieren los artículos 5 y 189 del Tratado CEE.

(*) Traducido del francés.
2.

El CES rechazó in limine litis que el recurso fuera admisible por cuanto iba contra una decisión de 3 de abril de 1979, que era firme desde hacía años y, por tanto, inatacable. El hecho de que la administración diera nuevas aclaraciones a la demandante en varias ocasiones sucesivas no autorizaba la reapertura de los plazos de recurso, puesto que se trataba de actos de confirmación, privados de efectos jurídicos. La Sra. Trenti replicò con dos líneas de argumentación, fundada la primera de ellas en la existencia de un hecho nuevo. En febrero de 1982, afirma, la administración sometió el caso a un experto, el profesor Vander Elst, que expresó la opinión de que la interesada podía, de hecho y de Derecho, renunciar a la nacionalidad belga dentro de los seis meses siguientes a la celebración del matrimonio. El CES —añade, sin embargo, la demandante— no proporcionó al profesor todos los datos indispensables para un examen objetivo del caso. Ella misma no se dio cuenta hasta el 5 de marzo de 1984, cuando la administración le comunicó el texto del dictamen, y entonces decidió informar personalmente al profesor Vander Elst, que, mediante carta de 21 de marzo de 1984, no dudó en reconocer lo fundado de sus razones. Este dictamen divergente es el hecho nuevo que le ha inducido a dirigirse de nuevo a la administración para hacer valer su derecho a la indemnización, y esta vez no hay duda de que se han respetado los plazos para presentar la reclamación y el recurso. En su segundo argumento, la demandante sostiene que las actuaciones anteriores al 17 de agosto de 1984, especialmente la nota de 3 de abril de 1979, deben considerarse simples informaciones administrativas, que no fueron adoptadas por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, que es, para los funcionarios de su grado, el Secretario General. La reclamación, por lo tanto, sólo se podía dirigir contra la primera actuación de la administración que tuviera carácter de decisión con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, es decir, la comunicación de 17 de agosto de 1984. Desde este punto de vista, por tanto, debe asimismo reconocerse que el recurso se interpuso en tiempo debido.
8.

Para eludir su responsabilidad, la Comisión invoca la propia negligencia de la demandante que se había abstenido de comunicarle su situación personal aun cuando el apartado 2 del artículo 23 del Estatuto exige que: «Siempre que se pongan en cuestión (los) privilegios e inmunidades, el funcionario interesado deberá comunicarlo inmediatamente a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.» La Comisión, sin embargo, no puede invocar válidamente a este efecto ni la carta que la Sra. Sommerlatte dirigió a la BEK el 4 de marzo de 1983 —de la que no se puede deducir que ella estuviera a la sazón informada del contenido de la legislación aleman — ni la respuesta de la BEK, de la que no se ha probado que tuviera conocimiento la demandante. No deja de ser verdad que la Sra. Sommerlatte no informó a la Comisión de la decisión adoptada el 2 de marzo de 1983 por la BEK de calcular la cotización de enfermedad en base a su pension comunitaria, corno se lo imponía el citado párrafo 2 del artículo 23, y que no insistió ante la BEK por el retraso en responder a su carta de 4 de marzo, si admitimos que tuvo conocimiento de la carta de 18 de marzo. No obstante, esta doble omisión no bastaría para eximir a la Comisión de toda su responsabilidad, la cual, aunque no sea exclusiva de la Comisión, a nuestro parecer le es imputable en tres cuartas partes por el perjuicio causado a la Sra. Sommerlatte, que sin discusión se le produjo y subsiste.
B.

La cuestión del efecto directo de la Directiva o de determinadas disposiciones de ésta ya no es pertinente; como hemos señalado, la Directiva no implica ninguna obligación incondicional y suficientemente precisa que obligue a los Estados miembros a adoptar un determinado comportamiento, en este caso, a establecer sanciones de uno u otro tipo; ( 10 ) este punto no ha sido discutido por las partes en el caso de autos. Así pues, debemos contestar que la Directiva 76/207 no obliga a los Estados miembros a establecer sanciones de un determinado tipo en caso de violación del principio de no discriminación entre trabajadores masculinos y femeninos. Ello no quiere decir, sin embargo, que los Estados miembros tengan libertad para imponer cualquier sanción; no existe contradicción alguna en ello: hay que tener presentes en este punto, las exigencias que implica para todo Estado miembro la aplicación de una norma de Derecho comunitario.