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Al igual que la Audiencia Provincial de Zaragoza, el Juzgado de Primera Instancia de Olot alberga dudas, en primer lugar, acerca de la compatibilidad del Real Decreto 1373/2003 con el artículo 101 TFUE, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En particular, el referido órgano jurisdiccional observa que el artículo 245, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil no permite a los órganos jurisdiccionales nacionales apartarse de los límites fijados por el arancel establecido mediante dicho Real Decreto. En segundo lugar, cuestiona la compatibilidad del referido Real Decreto con la Directiva 2006/123, que establece que no pueden introducirse tarifas mínimas para los servicios salvo en caso de necesidad, y que dicha tarifas deben estar justificadas por una razón imperiosa de interés general y ser proporcionadas. En tercer lugar, el referido órgano jurisdiccional considera que la imposibilidad de impugnar las cantidades fijadas conforme al referido arancel por desproporcionadas, excesivas, o no acordes con el trabajo efectivamente realizado, podría ser incompatible con el CEDH, en concreto con el derecho a un proceso equitativo.
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Nomenclatura Combinada del Arancel Aduanero Común (en lo sucesivo, «NC») que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011 (DO 2011, L 282, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2658/87»).
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En estas circunstancias, el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo, Austria) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Se opone la Directiva 97/67 […], y especialmente su artículo 9, a una normativa nacional con arreglo a la cual los proveedores de servicios postales están obligados a cofinanciar los costes operativos de la autoridad nacional de reglamentación con independencia de si prestan o no el servicio universal? 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: a) ¿Para tener la obligación de participar en dicha financiación basta con que el proveedor de que se trate preste servicios postales que con arreglo a la normativa nacional se consideran servicio universal pero que van más allá de la oferta mínima obligatoria de servicio universal que se prevé en [esta] Directiva? b) ¿Al calcular la aportación de cada empresa a la financiación debe procederse de igual manera que al determinar la aportación a la financiación del fondo de compensación que se prevé en el artículo 7, apartado 4, de la mencionada Directiva? c) En este contexto, ¿exigen la necesidad de cumplir con los principios de no discriminación y proporcionalidad que se recogen en el artículo 7, apartado 5, de la mencionada Directiva y el requisito de ser “intercambiables con el servicio universal” a que se refiere el […] considerando [27] de la Directiva 2008/6 […], que se descuente el volumen de negocios correspondiente a los servicios de valor añadido, es decir, a servicios postales no incluidos en el servicio universal pero estrechamente relacionados con él, de modo que no se tenga en cuenta al calcular la aportación que se ha mencionado?»
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Con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la MPG: «Los requisitos esenciales serán, en el caso de los productos sanitarios implantables activos, los que se establecen en el anexo I de la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables activos (DO 1990, L 189, p. 17), modificada en último lugar por el artículo 1 de la Directiva [2007/47]; en el caso de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, los que se establecen en el anexo I de la Directiva [98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (DO 1998, L 331, p. 1)], y, en el caso de los demás productos sanitarios, los que se establecen en el anexo I de la Directiva [93/42], en la versión que resulte aplicable en cada momento.»
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La Comisión también rebate el argumento de que, al no intervenir la BAM como organismo notificado en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2007/23, sino como autoridad de vigilancia del mercado en el sentido del Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 339/93 del Consejo (DO 2008, L 218, p. 30), el procedimiento de declaración controvertido no puede apreciarse en relación con la Directiva 2007/23. Aun cuando pudiera considerarse que la BAM actúa como autoridad de vigilancia del mercado, no podría aplicar un procedimiento complementario contrario a la libre circulación de los artículos pirotécnicos. En todo caso, la Directiva 2007/23 regula tanto el acceso al mercado como la vigilancia del mercado, pues su artículo 14, apartado 4, precisa que los Estados miembros efectuarán el control del mercado de los artículos pirotécnicos «teniendo debidamente en cuenta la presunción de conformidad de los productos provistos del marcado “CE”».
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Sin embargo, las demandadas en el litigio principal alegaron que dichos mandriles no estaban incluidos en el concepto de «envase», tal como lo define el artículo 3 de la Directiva 94/62. En particular, señalaron, en primer lugar, que el propio término «envase» sólo puede hacer referencia a algo que, si no envuelve el producto, al menos es exterior a él y, en segundo lugar, que el mandril no contiene ni protege el producto, dado que no es un envoltorio externo, sino un elemento interno de dicho producto. En tercer lugar, subrayaron que nunca antes se había considerado que el mandril pudiera constituir un envase del producto, precisamente porque no cumple tal función, como se desprende de los debates parlamentarios relativos a la adopción de la Directiva 2004/12. Para las demandadas, en cualquier caso, la Directiva 2013/2, que, como recuerda su preámbulo, no fue aprobada ni por el Parlamento Europeo ni por el Consejo de la Unión Europea, sólo constituye una guía ilustrativa adoptada exclusivamente por la Comisión Europea.
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Así las cosas, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal Tributario) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) Tres asociaciones formadas por distintos miembros de una misma familia, que, como tales, se presentan de manera autónoma ante sus proveedores y ante las autoridades públicas, y que, a excepción de dos bienes, disponen cada una de sus propios medios de producción, pero que comercializan la mayor parte de sus productos bajo una marca común por medio de una sociedad de capital cuyas participaciones poseen los miembros de las asociaciones y otros miembros de la familia, ¿constituyen tres empresarios independientes (sujetos pasivos)? 2) En el supuesto de que las tres asociaciones no puedan considerarse como tres empresarios independientes (sujetos pasivos), ¿se ha de considerar como empresario independiente: a) la sociedad de capital comercializadora o b) una asociación compuesta por los miembros de las tres asociaciones, que no opera como tal en el mercado por lo que respecta a los clientes ni a los proveedores, o c) una asociación compuesta por las tres asociaciones y la sociedad de capital, que no opera como tal en el mercado por lo que respecta a los clientes ni a los proveedores? 3) En el supuesto de que las tres asociaciones no puedan considerarse como tres empresarios independientes (sujetos pasivos), ¿la revocación de la condición de empresario (sujeto pasivo): a) tiene carácter retroactivo, b) opera sólo hacia el futuro o c) no es posible en absoluto, si las asociaciones ya fueron inicialmente reconocidas por la Administración tributaria como empresarios independientes (sujetos pasivos) tras las correspondientes inspecciones fiscales? 4) En el supuesto de que las tres asociaciones deban considerarse como tres empresarios independientes (sujetos pasivos), ¿deben considerarse —como viticultores y, por tanto, productores agrícolas— agricultores en régimen de tanto alzado si, pese a que cada una de dichas asociaciones que colaboran económicamente está sometida al régimen de tanto alzado para productores agrícolas, la sociedad de capital, una asociación propia constituida por los miembros de las tres asociaciones o una asociación propia constituida por la sociedad de capital y los miembros de las tres asociaciones queda excluida del régimen de tanto alzado por la legislación nacional debido al tamaño de la empresa o a su forma jurídica? 5) En el supuesto de que el régimen de tanto alzado para productores agrícolas quede excluido, en principio, para las tres asociaciones, ¿tal exclusión a) tiene carácter retroactivo, b) opera sólo hacia el futuro o c) no es en absoluto efectiva?»
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La Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (DO 2005, L 326, p. 13, y corrección de errores en DO 2006, L 236, p. 35), precisa, en particular, los derechos de los solicitantes de asilo.
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Conforme al artículo 9, apartado 1, letra a), primer guion, y al artículo 10 del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), según su modificación por el Reglamento (CE) n.o 254/2000 del Consejo, de 31 de enero de 2000 (DO 2000, L 28, p. 16) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2658/87»), la Comisión Europea, asistida por el Comité del Código aduanero, adoptará las medidas relativas a la aplicación de la Nomenclatura Combinada, que constituye el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, en lo que se refiere a la clasificación de las mercancías. Con fundamento en la primera de esas disposiciones se adoptó el Reglamento n.o 1051/2009.
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La Directiva 2001/42 se transpuso al Derecho francés mediante una serie de instrumentos jurídicos, entre otros el Decreto Legislativo n.o 2004-489 de 3 de junio de 2004, de aplicación de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (JORF de 5 de junio de 2004, p. 9979); dos decretos de 27 de mayo de 2005, por los que se modifican, respectivamente, el Código de medio ambiente —Decreto n.o 2005-613— y el Código de urbanismo —Decreto n.o 2005‑608—, así como la Ley n.o 2010-788 de 12 de julio de 2010, sobre el compromiso nacional con el medio ambiente (JORF de 13 de julio de 2010, p. 12905). Los artículos L. 122-4 a L. 122-11 del Código del medio ambiente han sido modificados por los artículos 232 y 233 de esta última ley.
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Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2) (en lo sucesivo, «Directrices de 2006»), disponen en relación con la «Capacidad contributiva» lo siguiente: «35. En circunstancias excepcionales, la Comisión podrá, previa solicitud, tener en cuenta la incapacidad contributiva de una empresa en un contexto económico y social particular. La Comisión no concederá por este concepto ninguna reducción de la multa por la mera constatación de una situación financiera desfavorable o deficitaria. La reducción sólo podrá concederse sobre la base de pruebas objetivas de que la imposición de una multa, en las condiciones fijadas por las presentes Directrices, pondría irremediablemente en peligro la viabilidad económica de la empresa en cuestión y conduciría a privar a sus activos de todo valor.»
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No obstante, el Tribunal de Justicia ha admitido que, tras la expiración del plazo de presentación de las ofertas, un poder adjudicador pueda determinar coeficientes de ponderación para los subcriterios que correspondan sustancialmente a los criterios previamente dados a conocer a los licitadores, bajo tres condiciones, a saber, que esa determinación ex post, primero, no modifique los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación; segundo, no contenga elementos que, de haberse conocido en el momento de la preparación de las ofertas, hubiesen podido influir en esa preparación y, tercero, no se haya adoptado teniendo en cuenta elementos que puedan tener un efecto discriminatorio en relación con uno de los licitadores (véase la sentencia de 21 de julio de 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, no publicada, EU:C:2011:512, apartado 33 y jurisprudencia citada).
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO 2003, L 275, p. 32), según su modificación por la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 (DO 2009, L 140, p. 63; en lo sucesivo, «Directiva 2003/87»), y del artículo 19, apartado 2, de la Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87 (DO 2011, L 130, p. 1).
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El Sr. Riskin y la Sra. Timmermans interpusieron ante el tribunal remitente un recurso contra esta decisión de la Administración tributaria alegando que, a diferencia del Convenio belga-polaco, otros convenios para evitar la doble imposición celebrados entre Bélgica y ciertos Estados terceros, no miembros de la Unión Europea, no establecen una remisión al Derecho belga y permiten por tanto imputar el impuesto pagado en esos Estados terceros en el impuesto debido en Bélgica, sin tomar en consideración los requisitos previstos por el Derecho belga. Los recurrentes en el asunto principal estiman que no es legítimo que Bélgica pueda conceder a un Estado tercero un trato fiscal más favorable que el otorgado a los Estados miembros.
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En estas circunstancias, el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunal de lo Contencioso-administrativo y de lo Social de la Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Procede considerar que un traslado de residuos se efectúa “de un modo no especificado concretamente en el documento que figura en el anexo VII”, en el sentido del artículo 2, punto 35, letra g), inciso iii), del Reglamento n.o 1013/2006, cuando el organizador del traslado cumplimenta de manera discordante entre sí las casillas correspondientes al “Importador/destinatario”, a la “Instalación de valorización” y a los “Países/Estados afectados”, situadas respectivamente en los apartados 2, 7 y 11 del documento que figura en el anexo VII del citado Reglamento, aunque la información relativa a estos apartados conste claramente en la carta de porte internacional y en otros documentos disponibles? 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede considerarse proporcionada una multa impuesta por este motivo cuyo importe equivalga al de la multa que se impone a quien infringe la obligación de cumplimentar el documento que figura en el anexo VII del Reglamento n.o 1013/2006? 3) ¿Es necesario para declarar ilícito un traslado de residuos, en el sentido del artículo 2, punto 35, letra g), inciso iii), del Reglamento n.o 1013/2006, que quien cumplimenta el documento que figura en el anexo VII de dicho Reglamento induzca deliberadamente a error a la autoridad? 4) ¿Es pertinente para poder declarar ilícito un traslado de residuos que se efectúa “de un modo no especificado concretamente en el documento que figura en el anexo VII”, en el sentido del artículo 2, punto 35, letra g), inciso iii), del Reglamento n.o 1013/2006, que la información o los datos no especificados concretamente sean relevantes desde el punto de vista de la protección del medio ambiente? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué información o datos del documento que figura en el anexo VII de dicho Reglamento deben considerarse relevantes desde el punto de vista de la protección de medio ambiente? 5) ¿Puede declararse que un traslado de residuos se efectúa “de un modo no especificado concretamente en el documento que figura en el anexo VII”, en el sentido del artículo 2, punto 35, letra g), inciso iii), del Reglamento n.o 1013/2006, en caso de que la autoridad no tramite el procedimiento establecido en el artículo 24 de dicho Reglamento, no dé participación a las autoridades afectadas y no ordene la devolución de los residuos trasladados ilícitamente? 6) ¿Cómo debe entenderse y examinarse la jurisdicción en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1013/2006? 7) ¿Cómo debe interpretarse la expresión recogida en el anexo I C, parte IV, punto 15, del Reglamento n.o 1013/2006, conforme a la cual, para que un negociante o agente pueda ser destinatario, debe estar bajo la jurisdicción del país de destino?»
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El Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 17, p. 1) (en lo sucesivo, «Código aduanero»), dispone en su artículo 29, apartado 1: «El valor en aduana de las mercancías importadas será su valor de transacción, es decir, el precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación con destino al territorio aduanero de la Comunidad, ajustado, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33, siempre que: a) no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, con excepción de las restricciones que: — impongan o exijan la ley o las autoridades públicas en la Comunidad, — limiten la zona geográfica en la que se puedan revender las mercancías, o — no afecten sustancialmente al valor de las mercancías; b) la venta o el precio no dependa de condiciones o prestaciones cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías objeto de valoración; c) ninguna parte del producto de cualquier reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías por el comprador revierta directa o indirectamente al vendedor, salvo que pueda efectuarse un ajuste apropiado en virtud del artículo 32; y d) no exista vinculación entre comprador y vendedor o, en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el apartado 2.»
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La República Helénica sostiene, a este respecto, que, si los herederos forzosos no residen de modo permanente en Grecia, ninguna otra persona podrá acogerse a la exención del impuesto de sucesiones, que el sistema fiscal griego contiene baremos únicos, de aplicación tanto a los nacionales griegos como a los nacionales de los demás Estados miembros, por lo que no existe discriminación alguna en el cálculo del impuesto de sucesiones ni en el importe de la exención de que se trata. Añade que el pago del impuesto de sucesiones sin la aplicación de la exención no representa una «sobreimposición», sino una imposición ordinaria, que, para acogerse a esa exención, los nacionales griegos y los de los demás Estados miembros de la Unión deben cumplir los mismos requisitos y que el hecho de no conceder exención a los herederos no residentes no puede disuadir a una persona a invertir en un bien inmueble situado en Grecia.
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No obstante, como ha indicado igualmente el Abogado General en el punto 107 de sus conclusiones, si bien las citadas disposiciones de la Decisión Marco no permiten la existencia de ningún motivo de no ejecución distinto de los enumerados en ellas, no es menos cierto que dichas disposiciones se basan en la premisa de que la orden de detención europea de que se trate cumple los requisitos de regularidad de dicha orden previstos en el artículo 8, apartado 1, de la Decisión Marco.
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En estas circunstancias, no es necesario aludir, como hace el Gobierno del Reino Unido, al concepto de «mediación de seguros», que figura en el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros (DO 2003, L 9, p. 3), ni a las actividades de los corredores y agentes de seguros a las que se hace referencia en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 77/92/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, relativa a las medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades de agente y de corredor de seguros (ex grupo 630 CITI) y por la que se establecen, en particular, medidas transitorias para estas actividades (DO 1977, L 26, p. 14; EE 06/01 p. 219), sustituidas por la Directiva 2002/92. Tal y como afirmó la Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, estas Directivas tienen como finalidad fomentar la libre prestación de los servicios de que se trata en la Unión y persiguen un objetivo distinto del perseguido por la Directiva IVA. Por consiguiente, las definiciones en cuestión no pueden utilizarse como tales para determinar, en el marco de la Directiva IVA, el ámbito de las operaciones exentas del IVA.
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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la partida 9025 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006 (DO L 301, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»).
El artículo 17, apartado 3, letra c), inciso iii), de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros no pueden establecer excepciones, con respecto a determinadas categorías de bomberos contratados por los servicios públicos de protección contra incendios, al conjunto de obligaciones derivadas de esta Directiva, incluido su artículo 2, que define, en particular, los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de descanso».

(véanse el apartado 39 y el punto 1 del fallo)