En lo que respecta a la comisión médica contemplada en el artículo 22 de la Reglamentación común relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de la Unión, las apreciaciones médicas propiamente dichas que formule esta comisión deben considerarse definitivas cuando se hayan emitido de un modo conforme a Derecho. El juez únicamente está facultado para verificar, por una parte, si dicha comisión se ha constituido y ha funcionado de un modo conforme a Derecho y, por otra parte, si su dictamen es conforme a Derecho, y en particular si contiene una motivación que permita valorar las consideraciones en que se basa y si establece una relación comprensible entre las constataciones médicas recogidas en él y las conclusiones a las que llega. Cuando se someten a la comisión médica cuestiones complejas de carácter médico, relativas a un diagnóstico difícil o a la relación de causalidad entre las afecciones que sufre el interesado y el ejercicio de su actividad profesional en una institución, aquélla debe, en particular, indicar en su dictamen los datos del expediente en que se basa y precisar, en casos de divergencia manifiesta, las razones por las que se separa de informes médicos, anteriores y pertinentes, más favorables al interesado.

El objetivo de las disposiciones del Estatuto relativas a la comisión médica competente en el contexto del artículo 73 consiste en encomendar a peritos médicos la apreciación definitiva de todas las cuestiones de carácter médico, que ninguna autoridad facultada para proceder a los nombramientos podría llevar a cabo por su composición administrativa interna. En consecuencia, so pena de incurrir en un error de Derecho, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede separarse de las apreciaciones médicas formuladas por la comisión médica, a menos que acredite que tales apreciaciones no son pertinentes por haber sido formuladas de un modo que no es conforme a Derecho. Incluso en el supuesto de que la apreciación médica formulada por la comisión médica fuera errónea, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede tampoco, so pena de extralimitarse en sus facultades, reemplazar a dicha comisión pronunciándose ella misma sobre cuestiones de carácter médico.

En el caso de una sentencia que anule una decisión de una institución por la que se ha fijado un determinado porcentaje de invalidez permanente parcial, incumbe a dicha institución, con arreglo al artículo 266 TFUE, adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia y, en particular, un acto del tipo que sea que, respetando el principio de legalidad, compense equitativamente la desventaja que el acto anulado supuso para el demandante, sin perjuicio de la posibilidad de que este último interponga posteriormente un recurso contra las medidas adoptadas por la institución en ejecución de la sentencia anulatoria.

Sin embargo, dado que la fecha de estabilización de las lesiones no se ha determinado aún, como consecuencia de la sentencia anulatoria, no cabe pensar en valorar en este momento si el plazo de procedimiento fue o no razonable, puesto que la decisión de cierre del procedimiento por la que se fije definitivamente el porcentaje de invalidez del demandante no podrá adoptarse hasta que se haya determinado la fecha de estabilización definitiva de las lesiones.

No obstante, dado que, como consecuencia de la sentencia anulatoria, el demandante se encuentra de nuevo obligado a esperar a que llegue definitivamente a su término el procedimiento abierto con arreglo al artículo 73 del Estatuto, esta prolongación de su situación de espera y de incertidumbre, provocada por el carácter ilegal de la decisión impugnada, constituye un perjuicio moral que la institución debe compensar con una reparación adecuada, cuyo importe puede determinarse ex aequo et bono en la sentencia anulatoria.

(véanse los apartados 90 a 92)

Tribunal de Primera Instancia: 15 de septiembre de 2005, Casini/Comisión, T‑132/03, apartado 98

Tribunal de la Función Pública: 24 de junio de 2008, Andrés y otros/BCE, F‑15/05, apartado 132; 13 de junio de 2012, BL/Comisión, F‑63/10, apartado 108