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Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 28 de septiembre de 2016 — The Art Company B & S/EUIPO — G‑Star Raw (THE ART OF RAW)

(Asunto T‑593/15)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión THE ART OF RAW — Marcas nacional y de la Unión figurativas anteriores art y marca figurativa anterior de la Unión The Art Company — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»

1. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 18 y 19)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 20 y 21)

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca denominativa THE ART OF RAW — Marcas figurativas art y The Art Company [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 23, 24, 49 a 53, 57 y 58)

4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Escaso carácter distintivo de la marca anterior — Relevancia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 37 y 39)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 9 de julio de 2015 (asunto R 1980/2014‑1) relativa a un procedimiento de oposición entre The Art Company B & S y G‑Star Raw.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)

de 6 de julio de 2016

LM

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Pensión de supervivencia — Artículos 18 y 27 del anexo VIII del Estatuto — Artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Derecho del cónyuge divorciado del funcionario fallecido — Pensión alimenticia a cargo del funcionario fallecido»

Objeto:

Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea [confidencial], que tiene por objeto la anulación de dicho auto.

Resultado:

Se desestima el recurso de casación. Se condena en costas a LM.

Sumario

Funcionarios — Pensiones — Pensión de supervivencia — Pensión alimenticia fijada por contrato entre los ex cónyuges — Límite máximo de la pensión de supervivencia

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 25; Estatuto de los Funcionarios, anexo VIII, arts. 18 y 27)

Según el artículo 27 del anexo VIII del Estatuto, el cónyuge divorciado de un funcionario o de un antiguo funcionario tiene derecho a la pensión de supervivencia definida en el capítulo 4 de dicho anexo, siempre que justifique tener derecho, al fallecimiento de su ex cónyuge, a una pensión alimenticia a cargo de éste, fijada por resolución judicial o contrato en vigor entre los antiguos cónyuges oficialmente registrado y ejecutado. En virtud de la misma disposición, la pensión de supervivencia no puede ser superior a la pensión alimenticia que recibía en el momento del fallecimiento de su ex cónyuge, la cual se actualizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del Estatuto.

En cambio, el artículo 18 del anexo VIII del Estatuto, que establece, en esencia, el abono de una pensión de supervivencia cuyo importe mínimo equivale al 35 % del último sueldo base del antiguo funcionario fallecido, se refiere exclusivamente al cónyuge supérstite no divorciado.

A este respecto, es precisamente en el artículo 27 del anexo VIII del Estatuto donde la Unión Europea manifiesta su respeto por la norma establecida en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por lo que se refiere al caso concreto del cónyuge divorciado de un funcionario fallecido al comprometerse a cumplir la obligación que pesaba sobre el antiguo funcionario de abonar al cónyuge supérstite divorciado la pensión alimenticia. Sin embargo, el artículo 25 de la Carta no contiene norma alguna que confiera a los particulares un derecho subjetivo vinculado a un importe mínimo de pensión de supervivencia en beneficio de las personas mencionadas en el artículo 27 del anexo VIII del Estatuto.

(véanse los apartados 13 a 15)

Referencia:

Tribunal de Justicia: sentencia de 15 de enero de 2014, Association de médiation sociale,C‑176/12, EU:C:2014:2, apartado 42
La marca figurativa Mark1, compuesta por una combinación de los colores negro y rojo, cuyo registro ha sido solicitado para productos a base de tabaco y para cigarrillos electrónicos, así como para productos relacionados con ellos comprendidos en las clases 9 y 34 del Arreglo de Niza, carece de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, en la medida en que su sentido elogioso o publicitario, inmediatamente percibido y comprendido como tal por el público pertinente, eclipsa toda indicación del origen comercial de los productos de que se trata, de modo que dicha marca no será memorizada por el público pertinente como una indicación de procedencia.

A este respecto, el hecho de que el término «mark» pueda tener varias acepciones no es decisivo. En efecto, una de esas acepciones es la de marca que tiene manifiesta y esencialmente un sentido elogioso y publicitario de los productos de que se trata, puesto que sugiere en esencia al público pertinente la idea de «marca número 1» para los productos designados por la solicitud. Ante esta marca, el público pertinente no percibiría en ella, aparte de la información publicitaria según la cual la marca solicitada es la «número 1», ninguna indicación del origen comercial de esos mismos productos.

Por lo que se refiere a la significación de los elementos figurativos, la combinación de los colores negro para el término y rojo para el número, el tipo de letra poco distintivo y la diferencia de tamaño entre el término y el número tienen una naturaleza tan poco característica que no aportan ningún carácter distintivo al conjunto de la marca solicitada. En efecto, dichos elementos no presentan ningún aspecto, en particular en cuanto a fantasía o al modo en el que se combinan, que permita a la marca cumplir su función esencial por lo que se refiere a los productos cubiertos por la solicitud de registro.

(véanse los apartados 40, 41, 43 y 44)
123

La demandante considera que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el asunto objeto de la denuncia de 1999 no puede ser sometido válidamente a las autoridades nacionales, en la medida en que estas no están en condiciones de evaluar un asunto de tal naturaleza. Según la demandante, la Comisión está generalmente en mejor posición que las autoridades nacionales. En primer término, dispone de los elementos pertinentes del expediente. En segundo término, el comercio paralelo, por su especial naturaleza, afecta por definición a varios Estados miembros. En tercer término, es indiscutible que las autoridades y los órganos jurisdiccionales españoles no disponen de los medios, los conocimientos o incluso de la experiencia necesarios para obtener y analizar los datos económicos complejos que son indispensables a efectos del análisis realizado con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3. En cuarto término, la demandante señala que la Comisión cometió un error manifiesto de interpretación de los artículos 5 y 10 del Reglamento n.o 1/2003 al afirmar que la autoridad española de competencia podía «adoptar una decisión válida relativa al artículo 101 TFUE, apartado 3, en el asunto GSK». Según la demandante, a tenor del artículo 5 del Reglamento n.o 1/2003, las autoridades nacionales no pueden adoptar decisiones individuales que afirmen que se cumplen los requisitos del artículo 101 TFUE, apartado 3, y, conforme al artículo 10 del Reglamento n.o 1/2003, solo la Comisión puede declarar mediante decisión que los cuatro requisitos establecidos en el artículo 101 TFUE, apartado 3, son aplicables. En quinto término, la Comisión estaba también en mejor disposición de examinar y adoptar una decisión relativa al artículo 101 TFUE, apartado 3, con el fin de garantizar, por un lado, la eficacia administrativa, dado que la Comisión ya había dedicado mucho esfuerzo a ese asunto, y, por otro lado, la seguridad jurídica en relación con las autoridades nacionales de competencia que hayan de enfrentarse a casos similares en el futuro.
339

Por último, ha de observarse que, en la demanda, la demandante también mencionó el principio de imputación (Anrechnungsprinzip). Como respuesta a las preguntas escritas formuladas por el Tribunal, la demandante precisó que el tercer motivo se basaba en la vulneración del principio non bis in idem y que el principio de imputación constituía un principio diferenciado del principio non bis in idem, aunque vinculado al mismo, que se había aplicado en supuestos en los que el principio non bis in idem no entraba del todo en juego. Asimismo, la demandante precisó que, en su opinión, siendo de aplicación el principio non bis in idem, no era preciso recurrir al principio de imputación en el presente asunto. Sostiene que, en cualquier caso, aunque el Tribunal considerara que existen razones para aplicar el principio de imputación en este asunto, el resultado habría de ser, sin lugar a dudas, el mismo: deducir el importe de la primera multa del importe de la segunda multa.
138

En efecto, el demandante no explica por qué su alegación relativa a Giprotransmost es aplicable a los demás actos impugnados, que no mencionan a esa sociedad. Por lo tanto, no concurren los requisitos establecidos en el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, sustancialmente idénticos a los fijados en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991.
16

Mediante carta certificada con acuse de recibo de 20 de marzo de 2006, la Comisión informó a la demandada de que no podía aceptarse su solicitud de prórroga porque, por un lado, no se habían obtenido las autorizaciones necesarias para la realización del proyecto, de forma que no existía «ninguna posibilidad de llevar a término el proyecto en un plazo razonable», y, por otro lado, la Comisión no recibió la solicitud hasta el 3 de febrero de 2006, es decir, después de haber vencido el plazo que establecía el artículo 7 del contrato para pedir una modificación, a saber, el 1 de enero de 2006.
43

Con carácter preliminar, debe recordarse que el régimen del registro de una marca comunitaria se basa en el principio del «primer solicitante», ínsito en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento no 207/2009. En virtud de este principio, sólo puede registrarse un signo como marca comunitaria cuando no se oponga a ello una marca anterior, ya se trate de una marca comunitaria, de una marca registrada en un Estado miembro o en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux, de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro o de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en la Unión. En cambio, sin perjuicio de la eventual aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009, el mero uso por un tercero de una marca no registrada no se opone al registro de una marca idéntica o similar como marca comunitaria para productos o servicios idénticos o similares [sentencia de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, Rec, EU:T:2013:372, apartado 17]. Lo mismo puede afirmarse, en principio, en relación con la utilización por un tercero de una marca registrada fuera de la Unión [sentencia de 21 de marzo de 2012, Feng Shen Technology/OAMI — Majtczak (FS), T‑227/09, Rec, EU:T:2012:138, apartado 31].
157

En cuarto lugar, en lo que atañe a las alegaciones formuladas por la demandante en el asunto T‑424/14 y basadas en que el interés público en la transparencia y la participación en el debate público resulta tanto más necesario dado que el proceso legislativo se refiere al acceso a la justicia en materia de medio ambiente habida cuenta del Reglamento no 1367/2006, procede recordar que, como se expuso en el apartado 108 anterior, el artículo 6 del Reglamento no 1367/2006 añade al Reglamento no 1049/2001 normas específicas sobre las solicitudes de acceso a información medioambiental. Así, por una parte, el artículo 6, apartado 1, primera frase, del Reglamento no 1367/2006 se refiere a las disposiciones del artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento no 1049/2001 y establece que, «con excepción de las investigaciones, en particular aquellas relativas a posibles incumplimientos del Derecho [de la Unión], se considerará que la divulgación reviste un interés público superior cuando la información solicitada se refiera a emisiones al medio ambiente». Esta presunción legal se relaciona con el último inciso del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001 que excluye la denegación del acceso a un documento cuando su divulgación revista un interés público superior a los intereses protegidos. Por otra parte, el artículo 6, apartado 1, segunda frase, del Reglamento no 1367/2006 dispone que, «por lo que respecta a las demás excepciones contempladas en el artículo 4 del Reglamento [...] no 1049/2001, los motivos de denegación serán interpretados de manera restrictiva, teniendo en cuenta el interés público que reviste la divulgación y si la información solicitada se refiere a emisiones al medio ambiente». Esta última frase menciona las «demás excepciones contempladas en el artículo 4 del Reglamento [...] no 1049/2001» y se aplica, por tanto, a las excepciones que figuran en el artículo 4, apartado 1, apartado 2, segundo guion, y apartados 3 y 5 de este último Reglamento (sentencia LPN y Finlandia/Comisión, citada en el apartado 64 supra, EU:C:2013:738, apartados 79 a 81 y 83).
Aunque es cierto que esas disposiciones instituyen prohibiciones que se aplican en primer lugar a las entidades de crédito y a los demás organismos financieros establecidos en la Unión, tales prohibiciones tienen como objetivo y efecto afectar directamente a las entidades controladas en más del 50 % por una entidad cuyo nombre figure en los anexos de los referidos actos, que ven limitada su actividad económica como consecuencia de la aplicación de esas medidas por lo que a ellas respecta. Es obvio que corresponde a los organismos establecidos en la Unión aplicar las antedichas medidas, dado que, en principio, los actos adoptados por las instituciones de la Unión no están concebidos para aplicarse fuera del territorio de la Unión. Sin embargo, ello no significa que las entidades afectadas por las disposiciones relativas al acceso al mercado de capitales no se vean directamente afectadas por las medidas restrictivas que se aplican por lo que a ellas respecta.

El requisito de que la decisión afecte directamente a una persona física o jurídica, tal como dispone el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, implica que la medida de la Unión impugnada debe producir directamente efectos en la situación jurídica del particular y no dejar ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener ésta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin intervención de otras normas intermedias.

Dado que los acuerdos celebrados por la Unión vinculan a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros, la validez de un acto de Derecho derivado de la Unión puede ser afectada por su incompatibilidad con tales reglas del Derecho internacional. Por tanto, la validez de la Decisión 2014/512/PESC y del Reglamento n.o 833/2014, relativos a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, puede apreciarse a la luz del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía y de sus Protocolos Adicionales siempre y cuando, por una parte, la naturaleza y el sistema del acuerdo de que se trata no se opongan a ello y, por otra parte, las disposiciones invocadas sean, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas. Sin embargo, la primacía de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión con respecto a los actos del Derecho derivado de la Unión no se extiende al Derecho primario de la Unión. En consecuencia, aunque no exista ninguna disposición expresa en el Acuerdo de Asociación CEE-Turquía y sus Protocolos Adicionales que permita a una parte adoptar las medidas que considere necesarias para proteger intereses esenciales de su seguridad, el Consejo tiene la facultad de restringir los derechos que se derivan de dicho Acuerdo y sus Protocolos Adicionales basándose en los poderes que le otorgan el artículo 29 TUE y el artículo 215 TFUE, siempre y cuando tales restricciones no sean discriminatorias y resulten proporcionadas.

(véanse los apartados 147, 148, 150 y 151)
1)

Anular el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 307/2014 del Consejo, de 24 de marzo de 2014, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 875/2013 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado maíz dulce en grano preparado o conservado originario de Tailandia, tras una reconsideración provisional en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009.
7.

Actos de las instituciones — Ámbito de aplicación temporal — Normas de procedimiento — Normas sustantivas — Distinción — Ámbito de aplicación temporal del Reglamento (UE) n.o 1168/2012, que modifica el Reglamento de base (CE) n.o 1225/2009 — Modificación del plazo para resolver sobre la solicitud de obtención del trato de empresa que opera en condiciones de economía de mercado — Aplicación a las investigaciones en curso — Procedencia [Reglamento (UE) n.o 1168/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 1, punto 1, letra a), y 2] (véanse los apartados 156 a 162)
5.

Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal — Utilización del valor calculado — Cálculo de los costes de producción con arreglo a los registros contables — Excepción — Gastos relacionados con la producción y venta del producto y sujetos a la investigación que no fueron correctamente consignados en esos registros — Carga de la prueba que corresponde a las instituciones — Control jurisdiccional — Alcance [Reglamentos (CE) del Consejo n.o 1972/2002, considerando 4, y n.o 1225/2009, arts. 2, ap. 3, párr. 2, y 5, párrs. 1 a 3] (véanse los apartados 72 a 76 y 80 a 105)
2.

Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de descartar una oferta en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios — Apreciación a la vista de la información a disposición del demandante en el momento de la interposición del recurso — Información puesta a disposición del demandante que no muestra con claridad los motivos de la desestimación de la oferta ni aclara suficientemente las características y las ventajas de la oferta seleccionada — Motivación insuficiente [Art. 296 TFUE; Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 113, ap. 2; Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, arts. 158, ap. 1, y 161, ap. 3] (véanse los apartados 35 a 37, 40 a 42, 45, 46, 48 a 50 y 56)
2.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas figurativas Polycart A Whole Cart Full of Benefits y POLICAR [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 36 a 38)
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda)

de 8 de diciembre de 2015 — Giand/OAMI — Flamagas (FLAMINAIRE)

(Asunto T‑583/14)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa FLAMINAIRE — Marcas nacionales e internacional denominativas anteriores FLAMINAIRE — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Ne bis in idem»

1. Marca comunitaria — Procedimientos ante los órganos de la Oficina — Relación entre una resolución en materia de oposición y una oposición formulada ulteriormente en un procedimiento distinto — Fuerza de cosa juzgada — Inaplicabilidad [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo] (véase el apartado 21)

2. Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3] (véanse los apartados 23 a 28)

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 42 a 45)

4. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 54, 56 y 58)

5. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca denominativa FLAMINAIRE y marcas denominativas FLAMINAIRE [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letras a) y b)] (véanse los apartados 56, 58, 64, 68 y 69)

6. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Sentencias confirmatorias — Exclusión [Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, art. 65, aps. 2 y 3] (véase el apartado 71)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 11 de junio de 2014 (asunto R 2117/2011‑4) relativa a un procedimiento de oposición entre Flamagas, S.A., y Giand Srl.

Fallo

1) Desestimar el recurso.