Asuntos acumulados T‑102/07 y T‑120/07

Freistaat Sachsen (Alemania) y otros

contra

Comisión Europea

«Ayudas de Estado — Ayuda concedida por Alemania en forma de aportación y de garantías de préstamos — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común — Régimen general de ayudas aprobado por la Comisión — Concepto de empresa en crisis — Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis — Importe de la ayuda — Obligación de motivación»

Sumario de la sentencia

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Régimen general de ayudas aprobado por la Comisión — Ayuda individual presentada como comprendida en la aprobación — Examen por la Comisión

(Art. 87 CE y 88 CE)

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones

(Art. 87 CE, aps. 1 y 3, y 88 CE, ap. 3; Comunicación 1999/C 288/02 de la Comisión, ap. 3)

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales a empresas en crisis

(Comunicación 1999/C 288/02 de la Comisión, aps. 4 a 6)

4. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado — Cálculo del importe de la ayuda a una empresa en crisis

(Art. 87 CE y 253 CE; Comunicación 97/C 273/03 de la Comisión)

1. Cuando considera una ayuda individual de la cual se afirma que fue concedida en ejecución de un régimen previamente autorizado, la Comisión no puede de entrada examinarla directamente en relación con el Tratado. Debe limitarse, antes de iniciar cualquier procedimiento, a controlar, en primer lugar, si la ayuda se halla cubierta por el régimen general y respeta los requisitos impuestos en la Decisión por la que se aprueba éste. Si no actuara de esta forma, la Comisión podría, al examinar cada ayuda individual, revocar su Decisión por la que se aprueba el régimen de ayudas, la cual presuponía ya un examen con arreglo al artículo 87 CE. Una ayuda que constituye una aplicación rigurosa y previsible de los requisitos fijados en la Decisión de aprobación del régimen general se considera, por tanto, una ayuda existente, que no debe ser notificada a la Comisión ni examinada en relación con el artículo 87 CE.

Una decisión de la Comisión que se pronuncie sobre la conformidad de una ayuda con el régimen considerado corresponde al ejercicio de su obligación de velar por la aplicación de los artículos 87 CE y 88 CE. Por ello, el examen de la conformidad de una ayuda con ese régimen realizado por la Comisión no constituye una iniciativa que exceda del marco de sus competencias. En consecuencia la apreciación de la Comisión no puede quedar limitada por la de las autoridades nacionales que hayan concedido la ayuda.

(véanse los apartados 59, 60, 62 y 136)

2. Resulta del apartado 3 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de las que la Comisión se dotó a los efectos del ejercicio de la amplia facultad de apreciación de la que dispone en el marco de la aplicación del artículo 87 CE, apartado 3, y que le vinculan, que «sólo en determinadas circunstancias se pueden considerar legítimas las ayudas estatales destinadas a salvar a las empresas en crisis de la quiebra y a contribuir a su reestructuración». Por esa razón las citadas Directrices prevén un deber de notificación previa a la Comisión de cualquier financiación concedida o garantizada por el Estado a una empresa en crisis.

No puede estimarse la existencia de una definición específica del concepto de empresa en crisis en el marco de un régimen de ayudas regionales aprobado. En efecto, la aceptación de la existencia paralela de diferentes definiciones del concepto de empresa en crisis podría llevar a una situación en la que una empresa que esté en crisis según las Directrices podría sin embargo beneficiarse de una ayuda de Estado sin que existiera obligación de notificación y sin que las Directrices fueran respetadas. Ahora bien, tal situación sería contraria al sistema del artículo 87 CE, apartados 1 y 3, y del artículo 88 CE, apartado 3, según ponen de manifiesto las Directrices.

(véanse los apartados 74 y 76)

3. El apartado 4 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis se limita a enunciar de modo general que se considerará que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a aportarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención pública, a su desaparición económica segura a corto o medio plazo. Por otra parte, de la redacción de los apartados 5 y 6 de las Directrices referidas resulta que, si bien se considerará que una empresa, «en particular y sea cual sea su tamaño», está en crisis cuando una parte importante de su capital social haya desaparecido, también puede demostrarse mediante otros indicios, como los enumerados en el apartado 6, que está en dificultades financieras en el sentido de esas Directrices, incluso si no ha perdido una parte importante de su capital social.

De esa forma, la reducción significativa del capital social es un factor muy grave que indica que una empresa está en crisis. Además, existe cierto número de factores económicos, de los que el apartado 6 de las citadas Directrices contiene una lista no exhaustiva, que también pueden demostrar la existencia de tal estado, incluso sin la pérdida de una parte importante del capital social o sin un estado de insolvencia en el sentido del apartado 5 de las mismas Directrices.

(véanse los apartados 103 a 105, 133 y 135)

4. El alcance de la obligación de motivación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en que fue adoptado. La motivación debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución, de manera que, por un lado, los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada para poder defender sus derechos y comprobar si la decisión es fundada o no y, por otro, para que el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control de legalidad. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. En particular, la Comisión no está obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan, sino que le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión.

No obstante, debe anularse una Decisión de la Comisión declarativa de la existencia de una ayuda de Estado incompatible con el mercado común que no contiene ninguna referencia, en su cálculo del importe de la ayuda a empresas en crisis, a la práctica de los mercados financieros sobre la acumulación de los riesgos (empresa en crisis, falta de garantías, etc.), de modo que la relación entre los incrementos decididos por la Comisión y la situación específica de las sociedades interesadas no se pone de manifiesto con claridad, y al menos en apariencia la elección de los incrementos aplicados es de carácter aleatorio, y a pesar de que la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización no contiene ninguna indicación sobre esa acumulación de los riesgos. La Comisión habría debido explicar el recurso a primas complementarias así como su nivel por medio de un análisis de la práctica en el mercado, para permitir que esas sociedades impugnen el carácter apropiado de los incrementos y que el Tribunal controle su legalidad.

(véanse los apartados 180, 217 y 218)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 3 de marzo de 2010 ( )

«Ayudas de Estado – Ayuda concedida por Alemania en forma de aportación y de garantías de préstamos – Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común – Régimen general de ayudas aprobado por la Comisión – Concepto de empresa en crisis – Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis – Importe de la ayuda – Obligación de motivación»

En los asuntos acumulados T‑102/07 y T‑120/07,

Freistaat Sachsen (Alemania), representado por los Sres. C. von Donat y G. Quardt, abogados,

parte demandante en el asunto T‑102/07,

MB Immobilien Verwaltungs GmbH, con domicilio social en Neukirch (Alemania), representada inicialmente por el Sr. G. Brüggen, posteriormente por los Sres. A. Seidl, K. Lengert y W.T. Sommer, abogados,

MB System GmbH & Co. KG, con domicilio social en Nordhausen (Alemania), representada por el Sr. G. Brüggen, abogado,

partes demandantes en el asunto T‑120/07,

y

Comisión Europea, representada por los Sres. K. Gross y T. Scharf, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto las demandas de anulación de la Decisión 2007/492/CE de la Comisión, de 24 de enero de 2007, relativa a la ayuda estatal C 38/2005 (ex NN 52/2004) concedida por Alemania al grupo Biria (DO L 183, p. 27),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. O. Czúcz (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. K. O’Higgins, Jueces;

Secretaria: Sra. T. Weiler, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de enero de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico y antecedentes del litigio

1. Normativa comunitaria

1 El artículo 87 CE dispone:

«1. Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

[...]

3. Podrán considerarse compatibles con el mercado común:

a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo;

[...]

c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común [...]»

2 Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO 1999, C 288, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 1999») prevén en su punto 2 lo siguiente:

«2.1. Concepto de empresa en crisis

4) No existe una definición comunitaria de empresa en crisis. No obstante, en el marco de las presentes Directrices, la Comisión considerará que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a aportarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo.

5) En particular y sea cual sea su tamaño, se considera que una empresa está en crisis, a efectos de las presentes Directrices, si:

a) tratándose de una sociedad cuyos socios tienen una responsabilidad limitada, ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se ha perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos doce meses, o

b) tratándose de una sociedad de responsabilidad ilimitada, han desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y se ha perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos doce meses, o

c) para todas las formas de empresas, reúne las condiciones establecidas en el Derecho interno para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia.

6) Los síntomas habituales de crisis son el nivel creciente de pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o desaparición de su activo neto. En casos extremos, la empresa puede incluso haber llegado a la insolvencia o encontrarse en liquidación. En este último caso, las presentes Directrices se aplican a las ayudas que se concedan con ocasión de este procedimiento y conduzcan al mantenimiento de la actividad de la empresa. En cualquier caso, las empresas sólo podrán beneficiarse de las ayudas de reestructuración en caso de que se compruebe realmente su incapacidad para reestructurarse con sus propios recursos o con fondos obtenidos de sus accionistas o acreedores.

[...]»

3 En lo que se refiere a los regímenes de ayuda para las pequeñas y medianas empresas (PYME), el punto 4 de las Directrices de 1999 prevé:

«4.1. Principios generales

64) La Comisión sólo autorizará regímenes de ayudas de salvamento o reestructuración de las empresas en crisis que se destinen a [PYME] que se ajusten a la definición comunitaria. Siempre que se cumplan las disposiciones específicas siguientes, se aplicarán los [puntos] 2 y 3 para evaluar la compatibilidad de tales regímenes. Toda ayuda concedida en el marco de un régimen que no cumpla alguna de estas condiciones deberá ser notificada individualmente y autorizada previamente por la Comisión.

4.2. Empresas a las que se pueden aplicar estos regímenes

65) Por lo que se refiere a los regímenes que puedan autorizarse en el futuro y salvo que alguna disposición sectorial disponga lo contrario, sólo podrán quedar exentas de notificación individual las ayudas destinadas a [PYME] que cumplan uno de los tres criterios del [apartado] 5. Las ayudas destinadas a empresas que no reúnan ninguno de estos tres criterios deberán notificarse individualmente a la Comisión para que pueda determinar si el beneficiario es una empresa en crisis.

[...]»

4 El punto 6 de las Directrices de 1999 se refiere a las medidas apropiadas con arreglo al artículo 88 CE, apartado 1. En cuanto a la adaptación de los regímenes de ayudas de salvamento o de reestructuración, prevé lo siguiente:

«94) Los Estados miembros han de adaptar sus actuales regímenes de ayuda de salvamento y de reestructuración que vayan a mantenerse en vigor después del 30 de junio de 2000 para que se conformen a las presentes Directrices, y especialmente a las disposiciones del [punto] 4, con posterioridad a esa fecha.

95) Para que la Comisión pueda supervisar dicha adaptación, antes del 31 de diciembre de 1999 los Estados miembros han de remitirle una lista de todos estos regímenes. A continuación, y en cualquier caso antes del 30 de junio de 2000, habrán de remitirle las informaciones suficientes para que pueda verificar si los regímenes se han modificado con arreglo a las presentes Directrices.»

2. Régimen de ayudas aprobado

5 Las Bürgschaftsrichtlinien des Freistaates Sachsen für die Wirtschaft und die, freien Berufe sowie die Land- und die Forstwirtschaft (directivas relativas a las garantías del Freistaat Sachsen a favor de la economía y las profesiones liberales así como la agricultura y la silvicultura) prevé dos formas de garantías: por una parte, las garantías en concepto de ayudas para el funcionamiento y la inversión con finalidad regional (en lo sucesivo, «variante de las ayudas regionales») y por otra parte las garantías en concepto de ayudas de salvamento y reestructuración (en lo sucesivo, «variante de las ayudas de salvamento y reestructuración»). La Comisión de las Comunidades Europeas aprobó las citadas directivas del Freistaat Sachsen mediante la Decisión SG (93) D/9273, de 7 de junio de 1993, relativa a la ayuda de Estado nº 73/93. Se trata por tanto de un régimen de ayudas aprobado (en lo sucesivo, «régimen de ayudas aprobado»). En esa Decisión de 7 de junio de 1993, la Comisión indica que las garantías a favor de empresas cuyo garante sabe, o debería saber, como un operador diligente, que están en crisis, representan una ayuda que no está comprendida en la Decisión de la que se trata y que debe ser notificada de forma individual a la Comisión.

6 El régimen de ayudas aprobado se adaptó a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, según su versión de 1994 (DO 1994, C 368, p. 12; en lo sucesivo, «Directrices de 1994»). Así pues, el 13 de marzo de 1996 la Comisión adoptó la Decisión 96/475/CE, sobre la compatibilidad con el mercado común de las garantías estatales sobre medidas de reestructuración (incluidos proyectos de saneamiento y consolidación) de grandes empresas en crisis en el marco de las normativas sobre garantías de los Estados federados de Sajonia‑Anhalt, Baja Sajonia, Renania del Norte‑Westfalia, Renania‑Palatinado, Baviera, Bremen, Mecklemburgo‑Pomerania Occidental, Schleswig‑Holstein y Sajonia (DO L 194, p. 25), la cual dispuso que la concesión de garantías destinadas a la reestructuración de grandes empresas en crisis, en el marco de una normativa sobre garantías como la del Freistaat Sachsen, debía notificarse a la Comisión en cada caso. En lo que se refiere al concepto de empresa en crisis, esa Decisión remite a los criterios de las Directrices de 1994. Mediante escrito de 19 de diciembre de 1996 la República Federal de Alemania confirmó que el Freistaat Sachsen había adaptado correctamente su normativa a la citada Decisión.

7 Al considerar que la definición del concepto de empresa en crisis era vaga, las autoridades alemanas y la Comisión estimaron necesario hacer operativo dicho concepto a los efectos de la aplicación de los programas de garantías de los Länder alemanes. Ello fue objeto de un escrito de la Comisión de 2 de marzo de 1998.

8 En dicho escrito la Comisión propuso medidas útiles para la aplicación de las normativas sobre garantías de los Länder alemanes, entre ellas el régimen de ayudas aprobado, y en especial la siguiente definición del concepto de empresa en crisis (en lo sucesivo, «medida útil E 16/94»):

«A los efectos de la aplicación de las reglas antes citadas en materia de garantías, se considera que una empresa está en crisis cuando se cumple uno de los siguientes criterios:

– La empresa interesada se encuentra en estado de insolvencia, o sobreendeudada en el sentido [de la Konkursordnung (Reglamento alemán sobre los procedimientos concursales)] o [de la Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung (Ley alemana introductoria del código sobre la insolvencia)];

– Más de la mitad de los fondos propios contabilizados, en el caso de las sociedades personalistas, o más de la mitad del capital social, en el de las sociedades de capital, se ha perdido a causa de las pérdidas, en el sentido del artículo 92 [de la Aktiengesetz (Ley alemana de sociedades anónimas)] y del artículo 49 [de la Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Ley alemana de sociedades de responsabilidad limitada)] y el 25 % de dicho capital se ha perdido durante los doce últimos meses precedentes a la solicitud de concesión de una garantía.

Además, al aplicar dicho concepto deberán tenerse en cuenta [los elementos siguientes], en relación con el Derecho presupuestario, y el garante deberá verificarlos en cada caso singular:

– Como regla general, no puede concederse una garantía cuando la ejecución de ésta contra el garante deba considerarse muy probable (artículo 39 de las instrucciones administrativas provisionales relativas a las reglas presupuestarias del Bund y a las disposiciones correspondientes de las reglas presupuestarias de los Länder); de ello resulta que sólo puede concederse una garantía a favor de las empresas en crisis, en el sentido de los criterios antes expuestos, si el garante comprueba, sobre la base de un informe elaborado por un experto en contabilidad (independiente), en el que se tenga en cuenta el préstamo garantizado, que las perspectivas de continuidad de la empresa beneficiaria son positivas.

– Con ocasión de la concesión de la garantía se debe comprobar en cada caso si no es posible otra financiación en el mercado de capitales.»

9 La República Federal de Alemania ha confirmado la utilización de esa definición del concepto de empresa en crisis en un escrito de 29 de junio de 1998.

10 Por otra parte, en un escrito de la Comisión a la República Federal de Alemania de 11 de noviembre de 1998 se precisa lo que sigue acerca del concepto de empresa en crisis:

«Respecto a los puntos que aún no han sido definitivamente aclarados y en especial la cuestión de la definición de empresa en crisis y la aplicación de la regla “de minimis” a las garantías a favor de empresas en crisis, la Comisión propone esperar a la adopción de la modificación de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas. Una vez adoptada la decisión, los puntos que quedan en suspenso serán adaptados a las Directrices en cuanto sea necesario.»

11 El régimen de ayudas aprobado fue adaptado a continuación a las Directrices de 1999. Conforme a las medidas útiles enunciadas en el punto 6 de las Directrices de 1999 (véase el apartado 4 supra), la República Federal de Alemania comunicó a la Comisión mediante escrito de 1 de diciembre de 1999 una lista de los regímenes de ayudas que permanecerían en vigor tras el 30 de junio de 2000 y que debían adaptarse por tanto a esas medidas útiles (en lo sucesivo, «escrito de 1 de diciembre de 1999»). Esa lista comprendía el régimen de ayudas aprobado. Mediante escrito de 20 de enero de 2000 (en lo sucesivo, «escrito de 20 de enero de 2000»), la República Federal de Alemania aceptó esas medidas útiles. Además, conforme al apartado 95 de las Directrices de 1999, la República Federal de Alemania también comunicó a la Comisión diversos documentos al respecto (escritos de 30 de junio y de 11 de diciembre de 2000, y de 26 de marzo de 2001) en los que se manifestaba la adaptación de los regímenes alemanes de ayuda existentes a las citadas medidas útiles.

12 En ese contexto, mediante un escrito de 30 de junio de 2000 (en lo sucesivo, «escrito de 30 de junio de 2000»), la República Federal de Alemania también envió un Prüfraster für staatliche Bürgschaften aus den Bürgschaftsrichtlinien des Bundes und der Länder (cuadro de control para las garantías del Estado contenidas en las normativas de la Federación y de los Länder sobre las garantías; en lo sucesivo, «cuadro de control»).

3. Empresas interesadas

13 El grupo Biria ejercía actividades en el sector de la fabricación y la distribución de bicicletas.

14 La primera demandante en el asunto T‑120/07, MB Immobilien Verwaltungs GmbH (en lo sucesivo, «MB Immobilien»), es sucesora en derecho de Biria AG (nueva), la antigua sociedad matriz del grupo Biria.

15 Biria AG (nueva) nació en 2003 de la fusión de Biria AG (antigua) y Sachsen Zweirad GmbH, la empresa que en primer lugar pasó a denominarse Biria GmbH, y después Biria AG (nueva). El accionista único de Biria AG (nueva) era el Sr. Mehdi Biria.

16 La segunda demandante en el asunto T‑120/07, MB System GmbH & Co. KG, es sucesora en derecho de Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG (en lo sucesivo, «Bike Systems») que era una de las empresas más importantes del grupo Biria. MB System producía exclusivamente bicicletas, en tanto que otra empresa del grupo llevaba a cabo su comercialización.

4. Medidas en cuestión

17 Entre marzo de 2001 y diciembre de 2003, el grupo Biria recibió tres contribuciones financieras.

18 En primer lugar, en marzo de 2001 gbb Beteiligungs AG (en lo sucesivo, «gbb»), una filial de Deutsche Ausgleichsbank, banco alemán de Derecho público que tiene la función de conceder subvenciones de interés general a favor de la economía alemana, realizó una aportación pasiva por importe aproximado de 2.070.732 euros a Bike Systems, válida hasta fines de 2010 (en lo sucesivo, «medida 1»).

19 En segundo lugar, el 23 de marzo de 2003 el Freistaat Sachsen concedió, en virtud del régimen de ayudas aprobado, una garantía del 80 % para un crédito de explotación de 5.600.000 millones de euros a favor de Sachsen Zweirad cuyo vencimiento se fijó inicialmente a finales de 2008 (en lo sucesivo, «medida 2»). Esa garantía quedó sin efecto el 5 de enero de 2004 y fue sustituída por una garantía a favor de Biria GmbH (véase el apartado 20 infra).

20 En tercer lugar, el 9 de diciembre de 2003 el Freistaat Sachsen concedió, con efecto a partir del 5 de enero de 2004, una garantía del 80 % para un crédito de explotación de 24.875.000 euros a favor de Biria GmbH (en lo sucesivo, «medida 3»), también en virtud del régimen de ayudas aprobado, a la vez que quedaba sin efecto la garantía concedida a Sachsen Zweirad en el marco de la medida 2.

5. Procedimiento administrativo

21 En los meses de julio y agosto de 2003 se presentaron a la Comisión denuncias que informaban de una garantía concedida al grupo Biria y de participaciones públicas en empresas del grupo.

22 Mediante escrito de 9 de septiembre de 2003 la Comisión pidió aclaraciones a la República Federal de Alemania. Ésta accedió a ello.

23 El 18 de octubre de 2004 la Comisión requirió a la República Federal de Alemania para que facilitara información complementaria, ya que ponía en duda que las medidas de ayuda concedidas al grupo Biria fueran conformes con los regímenes de ayudas sobre cuya base habían sido supuestamente concedidas. En respuesta a ese requerimiento la República Federal de Alemania presentó información complementaria mediante un escrito de 31 de enero de 2005 (en lo sucesivo, «escrito de 31 de enero de 2005»). Mediante escrito de 31 de enero de 2005 la República Federal de Alemania manifestó a la Comisión que la medida 3 también se había concedido sobre la base del régimen de ayudas aprobado.

24 El 20 de octubre de 2005 la Comisión inició el procedimiento formal de examen relativo a tres supuestas ayudas de Estado. En la misma decisión declaró que varias ayudas diferentes supuestamente ilegales no constituían ayudas de Estado, o que se habían concedido con observancia del régimen de ayudas aprobado. Esa decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 5 de enero de 2006 (DO C 2, p. 14). La Comisión instó a todas las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre las eventuales ayudas. Diferentes sociedades denunciantes presentaron sus observaciones, que fueron comunicadas a la República Federal de Alemania mediante escritos de 6 de febrero y de 2 de marzo de 2006, a los que ésta respondió mediante escritos de 5 de abril y de 12 de mayo de 2006.

25 La República Federal de Alemania presentó sus comentarios sobre la iniciación del procedimiento formal de examen mediante escrito de 23 de enero de 2006 (en lo sucesivo, «escrito de 23 de enero de 2006»).

26 En un escrito de 6 de febrero de 2006 la Comisión pidió aclaraciones a la República Federal de Alemania, que las envió mediante escrito de 5 de abril de 2006. La Comisión formuló una petición complementaria de información el 19 de julio de 2006, a la que respondió la República Federal de Alemania con un escrito de 25 de septiembre de 2006.

6. Decisión impugnada

27 El 24 de enero de 2007 la Comisión adoptó la Decisión 2007/492/CE, relativa a la ayuda estatal C 38/2005 (ex NN 52/2004) concedida por Alemania al grupo Biria (DO L 183, p. 27; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). La parte dispositiva de la Decisión impugnada está así redactada:

«Artículo 1

La ayuda estatal de [la República Federal de Alemania] en favor de [Bike Systems], [Sachsen Zweirad] y Biria GmbH (actualmente Biria AG) es incompatible con el mercado común. La ayuda comprende las siguientes medidas:

a) medida 1: una aportación pasiva en [Bike Systems] por valor de 2.070.732 euros. El elemento de ayuda corresponde a la diferencia entre el tipo de referencia más 1.000 puntos básicos y la remuneración de la aportación pasiva (remuneración fija más el 50 % de la remuneración variable);

b) medida 2: una garantía por valor de 4.480.000 euros a favor de [Sachsen Zweirad]. El elemento de ayuda de la garantía corresponde a la diferencia entre el tipo de referencia más 800 puntos básicos y el tipo al que se había concedido el préstamo garantizado;

c) medida 3: una garantía por valor de 19.900.000 euros a favor de Biria GmbH (actualmente Biria AG). El elemento de ayuda de la garantía corresponde a la diferencia entre el tipo de referencia más 700 puntos básicos y el tipo al que se había concedido el préstamo garantizado.

Artículo 2

1. [La República Federal de Alemania] adoptará todas las medidas necesarias para recuperar la ayuda mencionada en el artículo 1, que ha sido puesta a disposición del beneficiario de forma ilegal.

2. En el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión se deberá poner fin a la aportación pasiva y a la garantía para Biria GmbH (actualmente Biria AG).

[...]»

28 Los motivos enunciados como fundamento de la Decisión impugnada son en sustancia los siguientes. En cuanto a la medida 1, la Comisión consideró que la aportación de gbb era imputable al Estado y favorecía a Bike Systems, ya que esta empresa no habría podido obtenerla en el mercado en las mismas condiciones. Basándose en el punto 3.2 de su Comunicación relativa a la aplicación de los artículos 87 [CE] y 88 [CE] a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DO 2000, C 71, p. 14), la Comisión estimó que la totalidad de esa aportación debía considerarse como elemento de ayuda, dado que Bike Systems se encontraba en situación de crisis al tiempo de la aportación y el riesgo inherente era tal que ningún inversor en una economía de mercado habría realizado esa aportación. En lo que se refiere a las medidas 2 y 3 la Comisión consideró que los beneficiarios eran grandes empresas que, cuando se concedieron las respectivas garantías, estaban en situación de crisis según los criterios de las Directrices de 1999, y en particular los de su apartado 6. Dichas garantías no estaban comprendidas por tanto en el régimen de ayudas aprobado sino que se le debieron notificar de forma individualizada. La Comisión apreció además que las excepciones previstas por el artículo 87 CE, apartados 2 y 3, no eran aplicables y que, en especial, no se le había presentado ninguna información como exigen las Directrices de 1999, siendo así que se trataba en particular de la ejecución de un plan de reestructuración. Respecto a las medidas 2 y 3 la Comisión indica por otra parte en la Decisión impugnada que, como sea que Sachsen Zweirad se había beneficiado de una ayuda a la reestructuración en abril de 1996 y en marzo de 1998, la concesión de las dos garantías en cuestión no respeta el principio de la ayuda única, ya que habían transcurrido menos de diez años desde la terminación de la reestructuración y no existía ninguna circunstancia excepcional en ese caso concreto. Según la Comisión no se respetaron por tanto las Directrices de 1999.

Procedimiento y pretensiones de las partes

29 Mediante demandas presentadas en el registro del Tribunal los días 5 y 16 de abril de 2007, registradas respectivamente con el número de asunto T‑102/07 y T‑120/07, el Freistaat Sachsen, por una parte, y MB Immobilien y MB System, por otra, interpusieron los presentes recursos.

30 Mediante escrito separado presentado en el registro del Tribunal el 13 de agosto de 2007, MB Immobilien formuló una demanda de medidas provisionales que tenía por objeto la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada. Esa demanda fue desestimada por auto del Presidente del Tribunal de 11 de octubre de 2007, y se reservó la decisión sobre las costas.

31 Mediante auto del Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de 24 de noviembre de 2008, oídas las partes, se acumularon los asuntos T‑102/07 y T‑120/07 a los efectos de la fase oral y de la sentencia, conforme al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.

32 En el asunto T‑102/07, el Freistaat Sachsen solicita al Tribunal que:

– anule la Decisión impugnada en lo que se refiere a las medidas 2 y 3;

– condene en costas a la Comisión.

33 En el asunto T‑120/07, MB Immobilien y MB System solicitan al Tribunal que:

– anule la Decisión impugnada;

– condene en costas a la Comisión.

34 En el asunto T‑102/07, la Comisión solicita al Tribunal que:

– desestime el recurso;

– condene en costas al Freistaat Sachsen.

35 En el asunto T‑120/07, la Comisión solicita al Tribunal que:

– desestime el recurso;

– condene en costas a MB Immobilien y MB System.

Fundamentos de Derecho

36 El recurso en el asunto T‑102/07 comprende tres motivos. El primero se basa en la infracción del Derecho comunitario a causa de la interpretación incorrecta del régimen de ayudas aprobado. Se divide en tres partes. En la primera el Freistaat Sachsen impugna la falta de aplicación de la medida útil E 16/94. En la segunda invoca la falta de motivación. En la tercera mantiene que las empresas interesadas no son empresas en crisis en el sentido del régimen de ayudas aprobado. El segundo motivo se funda en la incorrecta apreciación de los hechos relativos a las dificultades de las empresas interesadas. Se divide en dos partes. En la primera el Freistaat Sachsen alega que la Decisión impugnada es contraria a la práctica de la Comisión. En la segunda invoca la incorrecta apreciación de los criterios del apartado 6 de las Directrices de 1999. El tercer motivo se basa en la falta de motivación del importe del elemento de ayuda.

37 El recurso en el asunto T‑120/07 también comprende tres motivos. El primero se basa en la infracción del Derecho comunitario a causa de la errónea interpretación del régimen de ayudas aprobado. El segundo se funda en la errónea apreciación de los hechos relativos a las dificultades de las empresas beneficiarias. El tercero se funda en la infracción de la obligación de motivación. Se divide en cuatro partes. En la primera MB Immobilien y MB System alegan que la Comisión se separó de las Directrices de 1999 sin motivarlo. En la segunda aducen la falta de motivación sobre el fundamento de la medida útil E 16/94. En la tercera invocan el hecho de que la Comisión no haya motivado su decisión de separarse de la medida útil E 16/94. En la cuarta reprochan un grave error de motivación al determinar el importe de las ayudas que han de recuperarse.

38 Hay que observar que las alegaciones expuestas por el Freistaat Sachsen en el recurso del asunto T‑102/07 y las de MB Immobilien y MB System en el recurso del asunto T‑120/07 coinciden en grado elevado, aun si las alegaciones del Freistaat Sachsen sólo se refieren a las medidas 2 y 3 en tanto que las de MB Immobilien y MB System también tienen por objeto la medida 1. Sus alegaciones plantean en sustancia, en primer lugar, en cuanto a las medidas 2 y 3, la vulneración del régimen de ayudas aprobado, consistente en la supuesta falta de aplicación de la definición estricta de empresa en crisis que figura en la medida útil E 16/94, a la que se antepone la contenida en las Directrices de 1999, y en particular los indicios enunciados en su apartado 6. En segundo lugar los demandantes sostienen que la Comisión ha cometido errores manifiestos de apreciación al calificar a empresas con beneficios como empresas en crisis. En tercer lugar afirman la infracción de la obligación de motivación. Se analizan seguidamente esas alegaciones en ese orden.

1. Sobre las alegaciones basadas en la falta de aplicación de la definición del concepto de empresa en crisis que figura en la medida útil E 16/94

Alegaciones de las partes

39 Los demandantes no refutan que las empresas en crisis estén excluidas de la variante de las ayudas regionales del régimen de ayudas aprobado. No obstante, alegan en sustancia que la Comisión habría debido basar su análisis, según el cual las empresas beneficiarias de las medidas 2 y 3 estaban en crisis, en los criterios de la medida útil E 16/94, y no en los de los apartados 4 a 6 de las Directrices de 1999, supuestamente más amplios.

40 Según el Freistaat Sachsen, la Comisión estaba obligada, atendiendo a la jurisprudencia, a examinar las medidas 2 y 3 con arreglo a los requisitos del régimen de ayudas aprobado (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1994, Italia/Comisión, C‑47/91, Rec. p. I‑4635). Ahora bien, en la Decisión impugnada la Comisión no apreció la incompatibilidad de las medidas 2 y 3 con el régimen de ayudas aprobado basándose en la definición de empresa en crisis que deriva de la medida útil E 16/94, sino en los criterios enunciados en el apartado 6 de las Directrices de 1999. La Comisión sobrestimó de esa forma la amplitud de su facultad de apreciación en la aplicación concreta de un régimen de ayudas que sin embargo había aprobado previamente.

41 El Freistaat Sachsen recuerda que el régimen de ayudas aprobado comprende dos variantes: por una parte la variante de las ayudas regionales, y por otra la variante de las ayudas de salvamento y de reestructuración. Las medidas 2 y 3 fueron concedidas en el marco de la variante de las ayudas regionales, por lo que habría debido aplicarse la definición del concepto de empresa en crisis que resulta de la medida útil E 16/94.

42 En primer lugar el Freistaat Sachsen se basa en la interpretación de hechos existentes y de la correspondencia intercambiada antes de las Directrices de 1999.

43 De esa forma, alega que el concepto de empresa en crisis fue definido en primer término por la Decisión SG (93) D/9273, como toda empresa cuyo garante sabe, o debería saber, como operador diligente, que está en crisis.

44 Según el Freistaat Sachsen, la Comisión dispuso en la Decisión 96/475, relativa a garantías sobre medidas de reestructuración de grandes empresas en crisis en el marco de las normativas sobre garantías de varios Länder alemanes, entre ellos el Freistaat Sachsen, que la concesión de garantías a grandes empresas en crisis tenía que ser objeto de notificación individual. De ello resulta que, en el marco de la variante de las ayudas de salvamento y de reestructuración del régimen de ayudas aprobado, sólo podían concederse garantías a las PYME en crisis. Según el Freistaat Sachsen, la variante de las ayudas regionales del régimen de ayudas aprobado no se incluía, lo que confirma el escrito de 19 de diciembre de 1996 (véase el apartado 6 supra).

45 Por otra parte el Freistaat Sachsen afirma que se deduce de la lectura de la correspondencia entre la República Federal de Alemania y la Comisión, como el escrito de 2 de marzo de 1998 (véase el apartado 7 supra) que existían programas de garantía semejantes en varios Länder así como al nivel federal. A causa de la importancia del instrumento de apoyo regional fue preciso encontrar una delimitación operativa del concepto de «empresas sanas». Según el Freistaat Sachsen, esa búsqueda fue objeto de varias discusiones y de un largo intercambio de correspondencia entre la Comisión y la República Federal de Alemania, que no terminó hasta la propuesta por la Comisión de una definición del concepto de empresa en crisis en la medida útil E 16/94.

46 La medida útil E 16/94 redefinió la exclusión de las empresas en crisis de las ayudas regionales. En lo sucesivo quedaron excluidas del beneficio de las ayudas regionales las empresas que se ajustaran a criterios claros, recogidos a continuación en el apartado 5 de las Directrices de 1999, por una parte, y por otra las empresas respecto a las que existiera riesgo de ejecución de la garantía. Esa definición no se modificó posteriormente.

47 El Freistaat Sachsen señala además que en el escrito de 11 de noviembre de 1998 (véase el apartado 10 supra), la Comisión indicó que la cuestión de la definición del concepto de empresa en crisis no estaba aún definitivamente aclarada, pero que en pro de la seguridad jurídica debían aplicarse los criterios de la medida útil E 16/94.

48 En segundo lugar el Freistaat Sachsen alega que la correspondencia entre la República Federal de Alemania y la Comisión, intercambiada después de las Directrices de 1999, no revela ningún cambio en la aplicación de la definición del concepto de empresa en crisis que figura en la medida útil E 16/94 a la variante de las ayudas regionales del régimen de ayudas aprobado.

49 Según el Freistaat Sachsen el escrito de 1 de diciembre de 1999 guarda relación exclusiva con las ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. Así sucede también respecto al escrito de 20 de enero de 2000 en el que la República Federal de Alemania aceptó las medidas útiles previstas en el punto 6 de las Directrices de 1999, pues dichas medidas útiles sólo afectan igualmente a regímenes de ayudas de salvamento y reestructuración. También resulta del escrito citado que respecto a las PYME en crisis debía aplicarse la definición que figura en el apartado 5 de las Directrices de 1999.

50 Los documentos enviados con el escrito de 30 de junio de 2000 también se refieren exclusivamente a los regímenes de ayudas de salvamento y de reestructuración. El cuadro de control resume en su punto 3. 5 los programas o variantes de programas con finalidad regional. En cambio, el punto 4 se aplica exclusivamente a las ayudas de salvamento y de reestructuración. Ello es válido también respecto a las modificaciones ulteriores del punto 4, que son objeto de la correspondencia intercambiada posteriormente entre la Comisión y el Gobierno alemán.

51 En tercer lugar el Freistaat Sachsen estima que la aplicación de dos definiciones ligeramente diferentes del concepto de empresa en crisis en el marco de la variante de las ayudas regionales y de la variante de las ayudas de salvamento y de reestructuración del régimen de ayudas aprobado deriva de los diferentes objetivos de dichas variantes.

52 La variante de las ayudas de salvamento y de reestructuración pretende que sólo las PYME que se ajusten a los criterios del apartado 5 de las Directrices de 1999 puedan beneficiarse de ayudas de salvamento y de reestructuración. El Freistaat Sachsen indica que, en el caso de la variante de las ayudas regionales, las empresas podían beneficiarse de las ayudas de finalidad regional si no estaban en situación de crisis conforme a la medida útil E 16/94, es decir según criterios claramente definidos correspondientes a los del apartado 5 de las Directrices de 1999, o si era improbable que se llegara a ejecutar la garantía.

53 Por último, el Freistaat Sachsen mantiene que los indicios de las dificultades de una empresa enunciados en el apartado 6 de las Directrices de 1999 son demasiado vagos para constituir criterios de apreciación por los Estados miembros de la compatibilidad de una medida de ayuda proyectada con un régimen existente.

54 MB Immobilien y MB System sostienen que la Comisión habría debido examinar las medidas 2 y 3 en relación con los requisitos del régimen de ayudas aprobado, y alegan también al respecto la medida útil E 16/94. Señalan que los requisitos de la medida útil E 16/94 están redactados de forma más estricta que los de las Directrices de 1999. En lugar de los indicios en el sentido de dichas Directrices, en el presente caso es aplicable el criterio derivado del Derecho presupuestario de la medida útil E 16/94. Según ese criterio no deben concederse garantías cuando la ejecución de éstas deba considerarse muy probable. La República Federal de Alemania aceptó esa definición y tanto el Freistaat Sachsen como los beneficiarios tenían que considerar que el régimen de ayudas aprobado se aplicaba en cuanto régimen especial.

55 MB Immobilien y MB System sostienen que la adaptación del régimen de ayudas aprobado a las Directrices de 1999 sólo afecta a la variante de las ayudas de salvamento y de reestructuración. La Comisión propuso la notificación de todas las garantías a favor de grandes empresas con abstracción de su finalidad, pero silencia el hecho de que la República Federal de Alemania rechazó esa propuesta. Esta cuestión aún no se ha aclarado de forma definitiva.

56 Según MB Immobilien y MB System, las garantías en apoyo de medidas de reestructuración y de salvamento a favor de empresas en crisis, en el sentido del régimen de ayudas aprobado, se limitaron a las PYME. Respecto a las ayudas regionales para el funcionamiento y la inversión, como se enuncia en la medida útil E 16/94, la aplicación de los criterios estrictos del apartado 5 de las Directrices de 1999 debía completarse con un doble requisito presupuestario, conforme al cual no puede concederse una garantía cuando la ejecución de ésta sea muy probable, y por tanto sólo pueden constituirse garantías a favor de las empresas en crisis cuando el garante compruebe, sobre la base de un informe elaborado por un auditor independiente, que la empresa beneficiaria, habida cuenta del préstamo garantizado, tiene posibilidades serias de proseguir su actividad. Por otra parte, en lo que atañe a la obligación de notificación de las ayudas de salvamento y reestructuración de grandes empresas en crisis, que resulta de la Decisión 96/475, MB Immobilien y MB System alegan que la República Federal de Alemania la aceptó respecto a las dos variantes sólo en relación con Bade‑Wurtemberg (Alemania) y Hamburg (Alemania). Por lo que se refiere a la variante de las ayudas regionales, el régimen de ayudas aprobado no resultó afectado por la Decisión 96/475. En consecuencia, el criterio que permite verificar la admisibilidad de tales garantías siguió siendo el criterio presupuestario antes citado, y no fue sustituido por los indicios mencionados en las Directrices de 1999.

57 La Comisión solicita la desestimación de esas alegaciones. Refuta la aplicabilidad de la medida útil E 16/94 y alega que en la Decisión impugnada aplicó válidamente los criterios de los apartados 4 a 6 de las Directrices de 1999.

Apreciación del Tribunal

58 Es preciso observar que los demandantes no rebaten que las empresas en crisis están excluidas de la variante de las ayudas regionales del régimen de ayudas aprobado. Mantienen no obstante que, respecto a las medidas 2 y 3, la Comisión no podía basar la Decisión impugnada en la definición del concepto de empresa en crisis que resulta de los apartados 4 a 6 de las Directrices de 1999, para excluir de esa forma a las empresas en cuestión de la aplicación de la variante de las ayudas regionales, sino que habría debido aplicar la definición de la medida útil E 16/94, que es más restrictiva. En efecto, la República Federal de Alemania no aceptó esa definición, supuestamente más amplia, de las Directrices de 1999 respecto a la variante de las ayudas regionales del régimen de ayudas aprobado. Por otra parte, los indicios que figuran en el apartado 6 de las Directrices de 1999 son demasiado imprecisos para que los Estados miembros puedan apreciar la compatibilidad de medidas financieras con un régimen de ayudas aprobado.

59 En lo que atañe al margen de apreciación de la Comisión hay que recordar que, cuando considera una ayuda individual de la cual se afirma que fue concedida en ejecución de un régimen previamente autorizado, la Comisión no puede de entrada examinarla directamente en relación con el Tratado CE. Debe limitarse, antes de iniciar cualquier procedimiento, a controlar, en primer lugar, si la ayuda se halla cubierta por el régimen general y respeta los requisitos impuestos en la Decisión por la que se aprueba éste. Si no actuara de esta forma, la Comisión podría, al examinar cada ayuda individual, revocar su Decisión por la que se aprueba el régimen de ayudas, la cual presuponía ya un examen con arreglo al artículo 87 CE (véase en ese sentido la sentencia Italia/Comisión, apartado 40 supra, apartado 24).

60 Una ayuda que constituye una aplicación rigurosa y previsible de los requisitos fijados en la Decisión de aprobación del régimen general se considera, por tanto, una ayuda existente, que no debe ser notificada a la Comisión ni examinada en relación con el artículo 87 CE (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2002, ARAP y otros/Comisión, C‑321/99 P, Rec. p. I‑4287, apartado 83, y sentencia del Tribunal General de 18 de noviembre de 2004, Ferriere Nord/Comisión, T‑176/01, Rec. p. II‑3931, apartado 51).

61 En cambio, las medidas que no estén comprendidas en los regímenes generales invocados constituyen nuevas ayudas cuya compatibilidad con el mercado común debe someterse al examen de la Comisión. En efecto, del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88] CE (DO L 83, p. 1), resulta que «el Estado miembro interesado deberá notificar a la Comisión con la suficiente antelación cualquier proyecto de concesión de nueva ayuda».

62 Además, es preciso señalar que una decisión de la Comisión que se pronuncie sobre la conformidad de una ayuda con el régimen considerado corresponde al ejercicio de su obligación de velar por la aplicación de los artículos 87 CE y 88 CE. Por ello, el examen de la conformidad de una ayuda con ese régimen realizado por la Comisión no constituye una iniciativa que exceda del marco de sus competencias. En consecuencia la apreciación de la Comisión no puede quedar limitada por la de las autoridades nacionales que hayan concedido la ayuda.

63 En lo que atañe a la alegación de que la República Federal de Alemania no aceptó la definición de las empresas en crisis que resulta de los apartados 4 a 6 de las Directrices de 1999 respecto a la variante de las ayudas regionales del régimen de ayudas aprobado, resulta del artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 que la Comisión recabará toda la información necesaria al Estado miembro interesado para revisar, en cooperación con éste, los regímenes de ayudas existentes de conformidad con el artículo 88 CE, apartado 1. Si la Comisión, a la luz de la información facilitada, llegara a la conclusión de que un régimen de ayudas existente no es, o ha dejado de ser, compatible con el mercado común, emitirá una recomendación en la que propondrá al Estado miembro interesado medidas apropiadas para modificar o suprimir el régimen de ayudas existente, conforme al artículo 18 del Reglamento nº 659/1999.

64 En ese aspecto, del artículo 19 del Reglamento nº 659/1999 resulta que, «cuando el Estado miembro interesado acepte las medidas propuestas e informe de ello a la Comisión, ésta lo hará constar e informará de ello al Estado miembro». Ese artículo indica también que «la aceptación por parte del Estado miembro de las medidas propuestas le obligará a aplicarlas».

65 En el presente caso, conforme a las medidas útiles de las Directrices de 1999 (véase el apartado 4 supra), la República Federal de Alemania envió a la Comisión con el escrito de 1 de diciembre de 1999 una lista de los regímenes de ayudas que continuarían en vigor después del 30 de junio de 2000 y que según ese escrito debían adaptarse a las medidas útiles. El régimen de ayudas aprobado figura en esa lista. Mediante escrito de 20 de enero de 2000 la República Federal de Alemania aceptó las medidas útiles propuestas en el punto 6 de las Directrices de 1999.

66 No obstante, según los demandantes la República Federal de Alemania sólo aceptó las medidas útiles respecto a los regímenes de ayudas de salvamento y de reestructuración, y por tanto sólo respecto a la variante de las ayudas de salvamento y de reestructuración. De ello deducen que la definición de empresa en crisis que figura en la medida útil E 16/94 continúa aplicándose a la variante de las ayudas regionales del régimen de ayudas aprobado.

67 Debe refutarse ese razonamiento.

68 En efecto, la Comisión observa fundadamente que la correspondencia de la República Federal de Alemania que obra en autos no hace distinción entre las diferentes variantes del régimen de ayudas aprobado. Éste se menciona en particular sin más precisiones en el escrito de 1 de diciembre de 1999. El escrito de 20 de enero de 2000 también es de carácter general. No se ha acreditado por tanto ninguna exclusión expresa de la aplicación de las Directrices de 1999 a la variante de las ayudas regionales del régimen de ayudas aprobado.

69 Por otra parte, el cuadro de control que, según resulta del escrito de 30 de junio de 2000, forma parte integrante de los regímenes de garantía alemanes y aplica en ese ámbito las medidas útiles, y en especial su punto 4.1, remite expresamente a la obligación de notificación individual en caso de ayudas de salvamento y de reestructuración destinadas a grandes empresas en crisis en el sentido de las Directrices de 1999. Del punto 4.1 del cuadro de control resulta pues que la República Federal de Alemania aceptó que toda garantía que pueda calificarse como ayuda de salvamento y de reestructuración (con la excepción de las garantías concedidas en el marco de un régimen de ayudas a las PYME que se ajusten al menos a uno de los tres criterios enunciados en el apartado 5 de las Directrices de 1999, véase el apartado 78 infra), debe ser objeto de notificación individual a la Comisión conforme a las Directrices de 1999.

70 Es cierto que, como señala el Freistaat Sachsen, la correspondencia de la que se trata hace referencia expresa en algunos aspectos a los «regímenes de ayudas de salvamento y de reestructuración». Por ejemplo, en el escrito de 1 de diciembre de 1999 se hace mención de una adaptación a las Directrices de 1999 de todos los «regímenes de ayudas de salvamento y de reestructuración existentes» en vigor después del 30 de junio de 2000. Así sucede también respecto al cuadro de control. Ello es plenamente conforme con los términos del punto 6.3 de las Directrices de 1999, que requiere la adaptación de los «regímenes existentes de ayudas de salvamento y de reestructuración a la luz de las presentes Directrices».

71 En contra de lo que sostiene el Freistaat Sachsen, sin embargo, no se deduce de esas referencias a los «regímenes de ayudas de salvamento y de reestructuración» que la aceptación por la República Federal de Alemania de las medidas útiles se limitara a la variante de las ayudas de salvamento y de reestructuración del régimen de ayudas aprobado.

72 En efecto, aun si dicha aceptación de las medidas útiles de las Directrices de 1999 se refería únicamente a los regímenes de ayudas de salvamento y de reestructuración existentes, ello no implica sin embargo que el Freistaat Sachsen pudiera hacer abstracción de las Directrices de 1999 cuando, tras su entrada en vigor el 9 de octubre de 1999 y tras la aceptación por la República Federal de Alemania de las medidas útiles inherentes a ellas, concedió ventajas financieras a empresas potencialmente en crisis. Esto es cierto también incluso si dichas ventajas se ajustaban a priori a los requisitos de un régimen existente de ayudas de finalidad regional para una región que, como se observa en el considerando 10 de la Decisión impugnada, era una zona asistida en el sentido del artículo 87 CE, apartado 3, letra c).

73 Debe recordarse al respecto que la reserva prevista en el artículo 87 CE, apartado 3, letras a) y c), relativa a las ayudas de finalidad regional supone, cuando se trata de ayudas de salvamento, la existencia de un verdadero plan de reestructuración, para que los efectos positivos de la ayuda en el desarrollo regional puedan ser duraderos (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión, C‑305/89, Rec. p. I‑1603, apartado 36) y compensar los efectos de distorsión de la competencia.

74 Del mismo modo, resulta del apartado 3 de las Directrices de 1999, de las que la Comisión se dotó a los efectos del ejercicio de la amplia facultad de apreciación de la que dispone en el marco de la aplicación del artículo 87 CE, apartado 3, y que le vinculan (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2005, Regione autonoma della Sardegna/Comisión, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, apartados 94 y 95, y la jurisprudencia citada), que «sólo en determinadas circunstancias se pueden considerar legítimas las ayudas estatales destinadas a salvar a las empresas en crisis de la quiebra y a contribuir a su reestructuración». Por esa razón las Directrices de 1999 prevén, en particular en su apartado 17, un deber de notificación previa a la Comisión de cualquier financiación concedida o garantizada por el Estado, y que en el marco del examen de esa notificación la Comisión tendrá en cuenta consideraciones de carácter regional mencionadas en el artículo 87 CE, apartado 3, letras a) y c), como resulta de los apartados 19 y 20 de las citadas Directrices.

75 De lo antes expuesto se deduce que, al tiempo de los hechos, antes de conceder una ayuda a una gran empresa que se encontraba en una situación económica cuando menos problemática, que no puede negarse era la del grupo Biria, la República Federal de Alemania habría debido determinar en primer término si se trataba de una empresa en crisis según los criterios de los apartados 4 a 6 de las Directrices de 1999. Si así era, la ayuda en cuestión estaba sometida a una obligación de notificación individual.

76 Se deduce de ello también que debe desestimarse la alegación de los demandantes sobre la existencia de una definición específica del concepto de empresa en crisis en el marco de la variante de las ayudas regionales del régimen de ayudas aprobado. La aceptación de la existencia paralela de diferentes definiciones del concepto de empresa en crisis podría llevar en efecto a una situación en la que una empresa que esté en crisis según las Directrices de 1999 podría sin embargo beneficiarse de una ayuda de Estado sin que existiera obligación de notificación y sin que las Directrices de 1999 fueran respetadas. Ahora bien, tal situación sería contraria al sistema del artículo 87 CE, apartados 1 y 3, y del artículo 88 CE, apartado 3, según ponen de manifiesto las Directrices de 1999 (véase el apartado 74 supra).

77 A continuación, en lo relativo a las alegaciones de los demandantes de que los indicios enunciados en el apartado 6 de las Directrices de 1999 son demasiado vagos para que puedan utilizarse por un Estado miembro al apreciar la compatibilidad de una medida de ayuda proyectada con un régimen existente, hay que recordar, como la Comisión ha señalado fundadamente, que en caso de duda sobre la calificación de la situación de una empresa beneficiaria el Estado miembro debe notificar la medida en cuestión.

78 Por otra parte, respecto a las alegaciones de los demandantes basadas en la comparación entre los criterios de la medida útil E 16/94 y los del apartado 5 de las Directrices de 1999, así como en el hecho de que una determinada correspondencia entre la Comisión y la República Federal de Alemania, intercambiada después de las Directrices de 1999, sólo hacía referencia a los criterios de dicho apartado 5, debe señalarse que resulta claramente de la redacción de las Directrices de 1999, y en particular de su punto 4 (véase el apartado 3 supra), que los únicos regímenes de ayudas a empresas en crisis todavía autorizados son los que se refieren a las PYME. También resulta de ello que, para apreciar si esta últimas están en crisis, sólo los criterios estrictos del apartado 5 de las Directrices de 1999 son a priori pertinentes. Salvo en el caso de la aplicabilidad de dichos criterios estrictos, es obligatoria la notificación individual. Si bien la correspondencia entre la Comisión y la República Federal de Alemania, posterior a la adopción de las Directrices de 1999, pudo contener por tanto una discusión acerca de la definición del concepto de empresa en crisis tal como resulta del apartado 5 de las Directrices de 1999, a fin de definir el marco de apreciación de los regímenes de ayudas todavía autorizados, no puede deducirse de ello, como al parecer mantienen los demandantes, que la República Federal de Alemania sólo haya aceptado esa definición, ni que haya refutado la posibilidad de utilizar la definición de empresa que figura en el apartado 6 de las Directrices de 1999 fuera del contexto específico de regímenes de ayudas de salvamento y de reestructuración a favor de las PYME.

79 Por último, hay que precisar además que, como afirma la Comisión y se deduce del escrito de 23 de enero de 2006, la República Federal de Alemania ha propugnado la apreciación de las medidas 2 y 3 en relación con el apartado 6 de las Directrices de 1999. Por otra parte, no se deduce de la Decisión impugnada ni de los autos que la República Federal de Alemania haya invocado la medida útil E 16/94 en el procedimiento administrativo, ni los demandantes afirman lo contrario por lo demás.

80 De lo antes expuesto resulta que debe hacerse abstracción de toda la correspondencia entre la Comisión y la República Federal de Alemania intercambiada antes de 1999. También debe excluirse la definición supuestamente más estricta del concepto de empresa en crisis que figura en la medida útil E 16/94 ya que carece de pertinencia para la solución del presente litigio.

81 En consecuencia la Comisión no ha infringido el Derecho comunitario ni el régimen de ayudas aprobado al apreciar en la Decisión impugnada la situación de las empresas interesadas a la luz de los criterios de las Directrices de 1999, incluso en relación con su apartado 6, y no los de la medida útil E 16/94.

82 Deben desestimarse por tanto las alegaciones basadas en la vulneración del régimen de ayudas aprobado, presentadas en el marco de los recursos en los asuntos T‑102/07 y T‑120/07.

2. Sobre las alegaciones referidas a la calificación de las empresas beneficiarias como empresas en crisis

83 En primer lugar MB Immobilien y MB System mantienen que la empresa beneficiaria de la medida 1, Bike Systems, no era una empresa en crisis en marzo de 2001. Dado que el régimen de ayudas aprobado se refiere a garantías del Estado y la medida 1 es una aportación pasiva que fue concedida fuera de ese marco, MB Immobilien y MB System no rebaten respecto a ella la aplicabilidad de la definición del concepto de empresa en crisis contenida en las Directrices de 1999.

84 En segundo lugar el Freistaat Sachsen y MB Immobilien sostienen ambos que las empresas beneficiarias de las medidas 2 y 3, Sachsen Zweirad y Biria GMBH respectivamente, no estaban en crisis en el sentido de la medida útil E 16/94 al tiempo de la concesión de las garantías. En ese aspecto, del análisis precedente resulta que la Comisión podía fundamentar válidamente la Decisión impugnada en la definición de empresa en crisis que figura en las Directrices de 1999. De ello se deduce que las alegaciones basadas en el hecho de que las empresas beneficiarias no estaban en crisis según los criterios de la medida útil E 16/94 deben refutarse por ineficaces.

85 En tercer lugar el Freistaat Sachsen afirma que Sachsen Zweirad y Biria GmbH tampoco eran empresas en crisis en el sentido de los criterios de las Directrices de 1999, en marzo de 2003 y en diciembre de 2003 respectivamente.

86 Por otra parte MB Immobilien y MB System sostienen también en su réplica, con carácter subsidiario, que, aun en el caso de que las Directrices de 1999 se aplicaran, habría que considerar que Sachsen Zweirad y Biria GmbH no estaban en crisis. Esa alegación debe declarase inadmisible sin embargo, a causa de la infracción del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, según el cual toda demanda debe contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. En efecto, esta exposición debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal pronunciarse sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la Justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa dicho recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de la demanda (auto del Tribunal de 11 de julio de 2005, Internationaler Hilfsfonds/Comisión, T‑294/04, Rec. p. II‑2719, apartado 23).

87 Resulta de ello que el examen de posibles errores de apreciación de la Comisión en la aplicación de los criterios de las Directrices de 1999 a la situación de Sachsen Zweirad y de Biria GmbH se limitará al examen de las alegaciones presentadas por el Freistaat Sachsen al respecto.

88 A continuación se examinará por tanto, sobre la base de las Directrices de 1999, si la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación al calificar a Bike Systems como empresa que estaba en crisis en marzo de 2001, por una parte, y a Sachsen Zweirad y Biria GmbH como empresas que estaban en crisis en marzo de 2003 y en diciembre de 2003 respectivamente, por otra.

Sobre la cuestión de si Bike Systems era una empresa en crisis en marzo de 2001

Alegaciones de las partes

89 En primer lugar MB Immobilien y MB System afirman que los motivos invocados en el considerando 61 de la Decisión impugnada para considerar que Bike Systems era una empresa en crisis no corresponden a criterios o síntomas pertinentes en el sentido de las Directrices de 1999 y son incompletos. La propia Comisión apreció que Bike Systems no se hallaba en quiebra, pero no realizó ninguna apreciación del balance de las empresas beneficiarias, ni por tanto de los criterios de dichas Directrices. Además, no puede deducirse automáticamente de una reestructuración limitada que las perspectivas de futuro de una empresa sean inciertas, sino que para ello habrían sido precisas apreciaciones más exhaustivas. Por otra parte la Comisión no tuvo suficientemente en cuenta el hecho de que Bike Systems fue adquirida por una empresa sana. En efecto, dado que en virtud del plan de recuperación se produjo un cambio de propietario, la Comisión habría debido examinar el peso económico del adquirente para poder emitir una opinión válida sobre las perspectivas de futuro de la empresa. Además, las pérdidas o los capitales propios negativos pueden, pero no necesariamente deben, constituir un indicio de que una empresa está en crisis, como lo demuestran los criterios de las Directrices de 1999.

90 En segundo lugar MB Immobilien y MB System mantienen que la Comisión no analizó una carta de patrocinio vinculante (harte Patronatserklärung) de Biria GmbH de 6 de marzo de 2001 (en lo sucesivo, «carta de patrocinio») a pesar de que la existencia de ese documento fue invocada por la República Federal de Alemania en el escrito de 31 de enero de 2005. La Comisión habría debido tener en cuenta el hecho de que gbb disponía de la garantía de Biria GmbH en lo relativo a las obligaciones nacidas del contrato de aportación pasiva, y que por tanto, en caso de incumplimiento, podía demandar a una empresa que no era una empresa en crisis. La Comisión reconoce por lo demás que no examinó la carta de patrocinio que Biria GmbH había emitido a favor de Bike Systems, a pesar de que conocía ese hecho. Deben diferenciarse las cartas de patrocinio vinculantes (harte Patronatserklärungen) y las cartas de patrocinio no vinculantes (weiche Patronatserklärungen). En el caso de una carta de patrocinio vinculante, el garante no es un deudor cuya responsabilidad sólo nace después de la del deudor principal, sino el codeudor solidario de éste.

91 No contradice ese razonamiento el hecho de que el Gobierno alemán hubiera expuesto en el escrito de 23 de enero de 2006 que estaba de acuerdo con las explicaciones de la Comisión según las cuales una aportación pasiva es comparable a un préstamo subordinado cuyo riesgo, debido a la falta de garantías, es superior al de un préstamo bancario típico destinado a financiar una inversión, por lo que la remuneración de tal aportación pasiva tiene que ser claramente superior al tipo de referencia de la Unión Europea vigente en la fecha de la concesión. Cuando la Comisión indica que, habida cuenta de esa declaración abstracta, no tenía ningún motivo para examinar con mayor detalle la calificación de la carta de patrocinio ni para plantear cuestiones al respecto, olvida que tuvo conocimiento de ella y que por tanto tenía una obligación de averiguación, o al menos la obligación de formular preguntas al Estado miembro.

92 En tercer lugar MB Immobilien y MB System afirman que la Comisión no tuvo en cuenta el informe de auditoria relativo a las cuentas anuales aprobadas el 31 de diciembre de 2002 y al informe de gestión del ejercicio 2002 del Byke Systems (en lo sucesivo, «informe sobre las cuentas 2002 de Byke Systems»), del que tuvo conocimiento y en el que se indicaba que «la presentación y la apreciación de los activos en el balance al 31 de diciembre de 2002 permitían partir del principio de que las perspectivas de futuro eran positivas». La Comisión no aludió en ningún momento a la solvencia del adquirente. MB Immobilien y MB System rebaten la afirmación de la Comisión de que el informe sobre las cuentas 2002 de Byke Systems no tenía ningún valor para apreciar decisiones correspondientes al ejercicio de 2001. Por otra parte, la propia Comisión utiliza esa clase de justificación a posteriori.

93 En cuarto lugar los referidos demandantes alegan que los argumentos que la Comisión expone en relación con períodos posteriores a la Decisión impugnada no pueden servir para justificar esta última.

94 La Comisión refuta las alegaciones de MB Immobilien y de MB System.

Apreciación del Tribunal

95 Con carácter previo hay que precisar que resulta de la demanda en el asunto T‑120/07 que las alegaciones de MB Immobilien y de MB System, presentadas en el marco de su segundo motivo, se refieren a la calificación de Bike Systems como empresa en crisis, por una parte, y por otra a la determinación del elemento de ayuda, en particular a la amplitud del incremento aplicado por la Comisión.

96 En cuanto a la determinación del elemento de ayuda de la medida 1, es preciso observar que el segundo motivo no contiene ninguna exposición que desarrolle la alegación de MB Immobilien y de MB System, formulada dentro de ese motivo de la demanda en el asunto T‑120/07, según el cual la Comisión no prestó suficiente consideración al hecho de que una remuneración superior a 600 puntos básicos por encima del tipo de interés de referencia corresponde suficientemente al riesgo acrecentado de incumplimiento por parte de una empresa en crisis. Debe declarase inadmisible por tanto, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 86 supra. Las alegaciones contra la determinación del elemento de ayuda en relación con el tipo de referencia del mercado que se encuentran en el tercer motivo de la demanda en el asunto T‑120/07, referidas a la falta de motivación, se examinarán posteriormente en el marco del examen de las alegaciones basadas en la falta de motivación de la Decisión impugnada.

97 El segundo motivo del recurso en el asunto T‑120/07 y el examen de posibles errores de apreciación se limitan por tanto a la cuestión de si la Comisión cometió un error de apreciación al estimar que Bike Systems era una empresa en crisis en el momento de la concesión de la medida 1, sobre la base de los criterios de las Directrices de 1999.

98 Debe recordarse de entrada que el examen que debe llevar a cabo la Comisión implica la consideración y la apreciación de hechos y circunstancias económicas complejos. El juez no puede sustituir la apreciación que de los hechos y circunstancias económicas complejos haya hecho la Comisión por la suya propia, por lo que el control del Tribunal debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento y de motivación, de la exactitud material de los hechos así como de la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder (véase la sentencia del Tribunal de 11 de mayo de 2005, Saxonia Edelmetalle y ZEMAG/Comisión, T‑111/01 y T‑133/01, Rec. p. II‑1579, apartado 91, y la jurisprudencia citada).

99 En lo que atañe a la situación de Bike Systems en marzo de 2001, hay que recordar que la Comisión indica en el considerando 61 de la Decisión impugnada lo siguiente:

«[...] Bike Systems acababa de salir de la insolvencia mediante un plan de insolvencia. Sus perspectivas futuras eran inciertas ya que solo se había llevado a cabo una reestructuración operativa limitada. De acuerdo con el balance anual de 2001 la empresa siguió sufriendo pérdidas ese año. El capital propio siguió siendo negativo, si bien gracias a sus reservas ocultas no se declaró insolvencia. Por consiguiente, en ese momento se debería haber considerado Bike Systems como empresa en dificultades.»

100 El análisis de la situación de Bike Systems se basa pues en la existencia de un plan concursal, en el carácter limitado de su reestructuración, del que resulta que sus perspectivas de futuro eran inciertas, en las pérdidas recogidas en el balance de 2001 y en el capital propio negativo.

101 En primer lugar MB Immobilien y MB System alegan que esos factores no se recogen en las Directrices de 1999 y no sustentan de forma suficiente en derecho la conclusión de la Comisión de que Bike Systems estaba en crisis.

102 Esa alegación no puede prosperar.

103 En efecto, en lo que se refiere al marco de análisis de las Directrices de 1999 se debe recordar que su apartado 4 se limita a enunciar de modo general que se considerará que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a aportarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención pública, a su desaparición económica segura a corto o medio plazo.

104 Por otra parte, de la redacción de los apartados 5 y 6 de las Directrices de 1999 resulta que, si bien se considerará que una empresa, «en particular y sea cual sea su tamaño», está en crisis cuando una parte importante de su capital social haya desaparecido, también puede demostrarse mediante otros indicios, como los enumerados en el apartado 6, que está en dificultades financieras en el sentido de las Directrices de 1999, incluso si no ha perdido una parte importante de su capital (véase en ese sentido por analogía la sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2005, Corsica Ferries France/Comisión, T‑349/03, Rec. p. II‑2197, apartado 185).

105 De esa jurisprudencia puede deducirse que la reducción significativa del capital social es un factor muy grave que indica que una empresa está en crisis, por una parte, y por otra que existe cierto número de factores económicos, de los que el apartado 6 de las Directrices de 1999 contiene una lista no exhaustiva (véase la utilización de los términos «como» en la sentencia Corsica Ferries France/Comisión, apartado 104 supra, apartado 185), que también pueden demostrar la existencia de tal estado, incluso sin la pérdida de una parte importante del capital social o sin un estado de insolvencia en el sentido del apartado 5 de las Directrices de 1999.

106 En el presente caso la Decisión impugnada evoca la existencia de un capital propio negativo, que en contra de lo alegado por MB Immobilien y MB System puede considerarse un indicador importante de una situación de dificultad financiera de una empresa, incluso al margen de las circunstancias específicas enunciadas en el apartado 5 de las Directrices de 1999.

107 Esa Decisión también menciona otros indicios, en especial la continuación de las pérdidas en el año de la medida 1. Aun si ese último factor no se menciona en la lista no exhaustiva de indicios del apartado 6, que se refiere a un nivel creciente de pérdidas, su pertinencia en el marco del análisis de la situación financiera de una empresa no puede negarse, siempre que esté en relación con la situación existente antes o al tiempo de la concesión de la ayuda, lo que no rebaten MB Immobilien y MB System.

108 En cuanto a la existencia de un plan concursal, resulta de las explicaciones presentadas por MB System y la Comisión en respuesta a preguntas escritas del Tribunal en el asunto T‑120/07 que el procedimiento de plan concursal en el Derecho alemán pretende la recuperación de una empresa insolvente en un momento en el que aún puede evitarse la quiebra, y supone la presentación de un plan concursal.

109 En ese aspecto debe recordarse que el apartado 5, letra c), de las Directrices de 1999 hace referencia a la circunstancia de que una empresa reúna «las condiciones establecidas en el Derecho interno para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia», como un factor que indica que debe considerarse en todo caso que esa empresa está en crisis. Es cierto que la situación Bike Systems en marzo de 2001 no correspondía a la situación descrita en dicho apartado 5, letra c), ya que había superado el procedimiento concursal. No obstante, como la Comisión confirmó en respuesta a las preguntas escritas del Tribunal y en la vista, en la Decisión impugnada consideró que el plan concursal había permitido que Bike Systems superara una situación de insolvencia, pero que su situación seguía siendo vulnerable, en particular porque su reestructuración era limitada, factor que se tomó en cuenta como un indicio de crisis en el sentido del apartado 6 de las Directrices de 1999.

110 Seguidamente, en lo que atañe a la amplitud de esa reestructuración, aun si MB System reconoce que la reestructuración inicial de Bike Systems era de carácter limitado, en el sentido de que era preciso que la empresa superara cuanto antes el procedimiento concursal, para permitir la continuidad de sus actividades, y que por tanto se trataba en esencia de un procedimiento de liquidación de pasivo, dicha parte alega que la Comisión habría debido tener en cuenta el hecho de que la situación de una empresa que ha superado un procedimiento concursal es parecida a la de una nueva sociedad, puesto que ya no tiene deudas. Además, según MB System, los acreedores creían en la recuperación de Bike Systems, dado que aceptaron el plan concursal. Según esa parte, al ser el grupo Biria el segundo en el mercado, Bike Systems, tras su adquisición por este último, tenía perspectivas económicas completamente diferentes.

111 A pesar de los factores mencionados por MB Immobilien y MB System, debe observarse que el procedimiento concursal que afectaba a Bike Systems no terminó hasta diciembre de 2000, es decir sólo tres meses antes de la concesión de la medida 1. En esas circunstancias y habida cuenta del hecho de que se trataba en esencia de una reestructuración de deudas sin cambios operativos importantes, el Tribunal estima que la Comisión podía concluir, sin incurrir en un error manifiesto de apreciación, que la situación de Bike Systems en marzo de 2001 seguía siendo vulnerable y que sus perspectivas de futuro eran inciertas, y ello a pesar de la confianza que ciertos bancos pudieran manifestar acerca de dichas perspectivas de futuro.

112 En cuanto a la supuesta falta de consideración de la situación de la empresa sana adquirente de Bike Systems, alegación que, según resulta de una respuesta a las preguntas escritas del Tribunal, hace referencia a la integración de Bike Systems en el grupo Biria durante el período de reestructuración, es preciso apreciar que la alegación de MB Immobilien y de MB System tiene escaso soporte, y que no explican en particular qué elementos específicos presentados durante el procedimiento administrativo no fueron considerados por la Comisión. La referencia hecha en la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal, a la posición del grupo Biria en el mercado no puede bastar al respecto, y por tanto hay que declarar inadmisible la alegación, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 86 supra. En cualquier caso, como afirma la Comisión, la deudora de la remuneración de la medida 1 era Bike Systems, y no el adquirente, y no puede considerarse indiscutible que un adquirente apoyará a su filial para el pago de tal deuda.

113 En segundo lugar MB Immobilien y MB System mantienen que la Comisión habría debido analizar la carta de patrocinio.

114 Al respecto, es preciso recordar que corresponde al Estado miembro de que se trata, para cumplir su deber de colaboración con la Comisión, aportar todos los datos que permitan a dicha institución comprobar que se cumplen los requisitos de la excepción solicitada (véase la sentencia del Tribunal de 6 de abril de 2006, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Comisión, T‑17/03, Rec. p. II‑1139, apartado 48, y la jurisprudencia citada).

115 Por otra parte, según reiterada jurisprudencia la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado y que las apreciaciones hechas por la Comisión deben examinarse únicamente en función de los elementos de que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones (véase la sentencia Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartado 54, y la jurisprudencia citada).

116 Cuando la Comisión ha ofrecido efectivamente a los interesados la posibilidad de presentar sus observaciones, no puede reprochársele que no haya tenido en cuenta eventuales elementos de hecho que podrían haberle sido presentados durante el procedimiento administrativo previo, pero que no lo fueron, puesto que la Comisión no está obligada a examinar de oficio y por suputación qué elementos podrían habérsele presentado (véase la sentencia Schmitz‑Gotha Fahrzeugwerke/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartado 54, y la jurisprudencia citada).

117 En el presente caso es preciso observar que la carta de patrocinio no fue comunicada a la Comisión durante el procedimiento administrativo. Es cierto no obstante que su existencia fue mencionada por la República Federal de Alemania en el escrito de 31 de enero de 2005 en los siguientes términos:

«La alianza estratégica establecida por el grupo Biria (en especial la agrupación de la compra y el suministro de materiales) ha permitido considerar que las perspectivas de futuro de Bike Systems eran positivas y que su reestructuración había tenido éxito. Una carta de patrocinio exigida a [Sachsen Zweirad] y a Biria GmbH en el marco del desembolso [de la aportación pasiva] debía garantizar que esas empresas apoyarían activamente la evolución de Bike Systems.»

118 Al respecto, debe señalarse que, como alega la Comisión, el hecho de que la República Federal de Alemania haya informado con una sola frase de que, en el marco de la refinanciación de la sociedad de la que se trata, existía una garantía de asistencia continuada por parte de la sociedad matriz no puede significar necesariamente, sin más pruebas que lo sustenten, por ejemplo en relación con la situación financiera del autor de la carta de patrocinio en la fecha de la medida 1, que Bike Systems tuviera que ser valorada de manera diferente en el futuro, ni que sus perspectivas de futuro se hubieran modificado. En cualquier caso la Comisión habría tenido que disponer del documento original para poder valorar el carácter vinculante de la carta de patrocinio.

119 En resumen, en las circunstancias del presente caso, según se han descrito, y conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 114 a 116 supra, no incumbía a la Comisión solicitar a la República Federal de Alemania explicaciones sobre la incidencia de la carta de patrocinio en la situación financiera de Bike Systems. Por tanto, hay que concluir que la Comisión no cometió una ilegalidad al no proceder a un examen ulterior de la referencia a la carta de patrocinio contenida en el escrito de 31 de enero de 2005.

120 En tercer lugar, respecto a la falta de consideración del informe sobre las cuentas 2002 de Byke Systems en la Decisión impugnada, es evidente que la situación financiera de Bike Systems en 2002 no es pertinente para apreciar la legalidad de la medida 1, adoptada en marzo de 2001. La jurisprudencia precisa claramente al respecto que la cuestión de si una medida constituye una ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, debe resolverse a la luz de la situación existente en el momento en que se adoptó dicha medida. En efecto, si la Comisión tuviera en cuenta datos posteriores, favorecería a los Estados miembros que incumplen su obligación de notificar en la fase de proyecto las ayudas que pretenden conceder (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2002, HAMSA/Comisión, T‑152/99, Rec. p. II‑3049, apartado 53).

121 En cuarto lugar, en cuanto a las referencias de la Comisión a la situación de Bike Systems en 2002 y en 2003 y a las circunstancias en las que la medida 1 terminó en 2005, éstas no son pertinentes para valorar la legalidad de la Decisión impugnada, por las mismas razones que se han mencionado en el apartado 120 supra.

122 De lo antes expuesto resulta que los factores enunciados en el considerando 61 de la Decisión impugnada son conformes con las Directrices de 1999 y que la Comisión no incurrió en errores manifiestos de apreciación al concluir que Bike Systems estaba en crisis en marzo de 2001.

Sobre la cuestión de si Sachsen Zweirad y Biria GmbH eran empresas en crisis en marzo y en diciembre de 2003, respectivamente

123 El Freistaat Sachsen expone alegaciones de alcance general ligadas al marco de apreciación de la situación de las empresas beneficiarias de las medidas 2 y 3, por una parte, y por otra, errores manifiestos en la aplicación del citado marco a dichas empresas.

Sobre el marco de apreciación de la situación de las empresas beneficiarias de las medidas 2 y 3

– Alegaciones de las partes

124 El Freistaat Sachsen afirma que en los considerandos 66 a 78 de la Decisión impugnada la Comisión se limita a enumerar algunos «síntomas» característicos de empresas en crisis, con referencia al apartado 6 de las Directrices de 1999, en el que la categoría de las empresas que pueden ser apoyadas con ayudas de salvamento y de reestructuración se amplía a empresas que no se ajustan a los criterios del citado apartado 5. Las empresas en crisis que serían insolventes sin una intervención del Estado presentan en general los «síntomas» enumerados en el apartado 6 de las Directrices, o cuando menos algunos de ellos. Ahora bien, la existencia de algunos de esos «síntomas» no basta para apreciar que una empresa está en crisis de modo tal que, sin una ayuda de Estado, quedaría excluida del mercado.

125 Por otra parte, según el Freistaat Sachsen, la práctica de la Comisión es la contraria. La Comisión no se limita en sus decisiones más recientes a apreciar algunos «síntomas» en las empresas que no se ajustan a los criterios del apartado 5 de las Directrices de 1999.

126 Además, la Comisión sobrestima la amplitud de su facultad de apreciación. No puede sustituir la apreciación de la autoridad que ha concedido la ayuda por la suya propia, ya que al aprobar el régimen de ayudas la Comisión ha atribuido al Estado miembro un cierto margen de actuación. Por consiguiente, la única función que le corresponde además en virtud del artículo 88 CE, apartado 1, es el control permanente de la aplicación del régimen de ayudas aprobado. El Freistaat Sachsen considera por tanto que la apreciación de una autoridad o de un órgano del Estado miembro al conceder una ayuda tiene que ser manifiestamente errónea en el momento de la toma de decisión (y no sobre la base de las informaciones de las que posteriormente disponga la Comisión con ocasión del citado control), para que el régimen de ayudas aprobado no produzca sus efectos.

127 El Freistaat Sachsen mantiene además que el margen de apreciación para decidir si una empresa puede considerarse como una empresa en crisis es más limitado en el marco de regímenes de ayudas regionales que en el de ayudas de salvamento y reestructuración. En el caso de estas últimas el efecto anticompetitivo resulta del hecho de que la empresa en crisis es favorecida en relación con las demás empresas. En cambio, en el caso de ayudas regionales la empresa en crisis resulta desfavorecida en relación con las demás empresas que disfrutan de ayudas regionales para el mismo proyecto.

128 En ese contexto el Freistaat estima que también hay que considerar de forma diferente los criterios del apartado 5 y del apartado 6 de las Directrices de 1999. En tanto que los criterios del apartado 5 pueden ser objeto de control, los «síntomas» enumerados en el apartado 6 pueden manifestarse tanto en el caso de empresas en crisis como en el de empresas que no están en crisis. Por consiguiente, si una empresa sólo presenta algunos de esos «síntomas», no puede considerarse acreditado que la apreciación de la autoridad otorgante de la ayuda, según la cual la empresa no es una empresa en crisis, sea manifiestamente errónea. No obstante, dado que los criterios del apartado 5 y la mayoría de los «síntomas» del apartado 6 no se reunían en el caso de las dos empresas de las que se trata en la época pertinente, la apreciación en la Decisión impugnada de que concurrían algunos «síntomas» no basta para justificar a posteriori la falta de aplicación de un régimen de ayudas aprobado.

129 Según el Freistaat Sachsen, la afirmación por la Comisión de que el Tribunal General estimó en su sentencia Corsica Ferries France/Comisión, citada en el apartado 104 supra, que la presencia de dos indicios, a saber, el nivel creciente de las pérdidas y de las deudas, bastaba para presumir el carácter de empresa en crisis es engañosa ya que ese litigio se refería a una Decisión en la que la Comisión había apreciado también la presencia de uno de los criterios previstos por el apartado 5 de las Directrices de 1999. Por otra parte, los dos indicios antes mencionados no concurrían precisamente en el caso de Sachsen Zweirad en marzo de 2003 y de Biria GmbH en diciembre de 2003.

130 Además, la Comisión no apreció correctamente los criterios enunciados en el apartado 6 de las Directrices de 1999. En efecto, en sus observaciones sobre la iniciación del procedimiento formal de examen la República Federal de Alemania presentó a la Comisión un cuadro que pone de manifiesto que dichos criterios no se cumplían. Ese cuadro se refiere ante todo a la situación de Sachsen Zweirad, dado que esa empresa sufrió pérdidas en 2001 y 2002, en tanto que, tras la adquisición de Biria AG (antigua denominación), obtuvo de nuevo beneficios en 2003 (como Biria GmbH). Los criterios del apartado 6 de las Directrices se basan en una evolución negativa (pérdidas crecientes, existencias en aumento, cash‑flow en descenso, endeudamiento y carga de intereses crecientes, disminución o pérdida de fondos propios). Pues bien, el cuadro presentado por la República Federal de Alemania muestra que en 2003 la situación mejoró y que ninguno de los indicios subsistía aún. La cuestión de la tendencia del desarrollo económico es decisiva para examinar la empresa en relación con los criterios del apartado 6 de las Directrices de 1999. Una empresa solvente que aún dispone de más de la mitad de sus fondos propios o que ha perdido menos de una cuarta parte de éstos durante los doce últimos meses no se ajusta a los criterios de una empresa en crisis en el sentido del apartado 5 de las Directrices citadas. Las pérdidas de fondos propios no pueden bastar, por consiguiente, para cumplir el criterio ligado a las pérdidas previsto en el apartado 6 de las Directrices de 1999 y calificar a la empresa como empresa en crisis, cuando no se han alcanzado los umbrales fijados en el apartado 5. Al contrario, tendría que producirse también una degradación manifiesta de la situación económica. La Comisión no reconoció en la Decisión impugnada que la situación económica de las empresas interesadas había mejorado en realidad desde 2001.

131 Acerca de la afirmación de la Comisión de que la definición propiamente dicha de una empresa en crisis en el sentido de las Directrices de 1999 se enuncia en su apartado 4, basta observar que no aplicó esa definición en la Decisión impugnada. Hay que señalar además que de ese criterio no se deduce que deba considerarse a una empresa en crisis cuando sea incapaz de reunir fondos propios o fondos en préstamo para financiar los proyectos necesarios para mejorar su situación económica. Esto se desprende en particular del documento SEC (2005) 795 de la Comisión titulado «Plan de acción de ayudas estatales – Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos: programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005 ‑ 2009» (en lo sucesivo, «Plan de acción»), según el cual tal situación puede explicarse también por los fallos del mercado. La variante de las ayudas regionales del régimen de ayudas aprobado sólo puede aplicarse cuando no pueda encontrarse ninguna otra financiación para el proyecto, y ello también en el caso de las empresas que no están en crisis. La experiencia adquirida en el marco de la aplicación de ese instrumento de apoyo regional desde 1993 ha mostrado que las empresas que no están en dificultades económicas tienen sin embargo necesidad de la garantía del Land para realizar sus proyectos. Así sucede, por ejemplo, cuando su banco habitual reestructura su cartera y se retira de la financiación.

132 La Comisión rebate las alegaciones del Freistaat Sachsen.

– Apreciación del Tribunal

133 Del análisis expuesto en los apartados 103 a 105 supra resulta que el apartado 6 de las Directrices de 1999 contiene una lista no exhaustiva de factores que pueden servir para demostrar que una empresa está en crisis, incluso sin una fuerte reducción del capital social ni un procedimiento concursal como los previstos en su apartado 5, circunstancias que según este último llevan en todo caso a considerar que la empresa está en crisis. En contra de lo que mantiene el Freistaat Sachsen, es posible apreciar por tanto en el marco de las Directrices de 1999, sobre la base de algunos de los indicios enunciados en el apartado 6 o incluso de otros indicios, que una empresa se encuentra en crisis de forma tal que, sin una intervención pública, su supervivencia está en peligro.

134 Por otra parte, respecto a los paralelismos que el Freistaat Sachsen pretende establecer con otros procedimientos de ayudas de Estado, hay que recordar que es únicamente en el marco del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), en el que debe apreciarse la legalidad de una decisión de la Comisión en la que se declare que una ayuda nueva no cumple los requisitos de aplicación de dicha excepción, y no a la luz de una práctica decisoria anterior de la Comisión, aun suponiendo probada tal práctica (sentencia Regione autonoma della Sardegna/Comisión, citada en el apartado 74 supra, apartado 177). Las comparaciones con otros procedimientos de ayudas de Estado carecen por tanto de pertinencia para determinar si hay un número mínimo de criterios que deben cumplirse en el sentido del apartado 6 de las Directrices de 1999, habida cuenta de que exista o no capital propio afectado en el sentido de su apartado 5.

135 Acerca de la referencia del Freistaat Sachsen a la sentencia Corsica Ferries France/Comisión, citada en el apartado 104 supra, se debe observar que el Tribunal consideró en el apartado 191 de esa sentencia que el nivel de las pérdidas y de las deudas financieras de la empresa en cuestión eran criterios que por sí solos podían acreditar el carácter de empresa en crisis. Ahora bien, de ello no puede deducirse que exista un número mínimo de criterios a cumplir para calificar a una empresa como empresa en crisis, ya que la apreciación del Tribunal al respecto era específica en relación con los hechos y los elementos del caso concreto. No obstante, de ello resulta que no es necesario que se cumplan todos los criterios enumerados en el apartado 6 de las Directrices de 1999 para que pueda considerarse que una empresa está en crisis en el sentido de estas últimas.

136 Además, en lo que atañe a la alegación del Freistaat Sachsen de que el margen de apreciación de la Comisión es diferente en el contexto de un régimen de ayudas aprobado, se ha recordado en el apartado 62 supra que el examen por la Comisión de la conformidad de una ayuda con un régimen de ayudas no constituye una iniciativa que exceda del marco de sus competencias. Dado que las empresas en crisis están excluidas de la variante de las ayudas regionales del régimen de ayudas aprobado y que su definición se rige por las Directrices de 1999, como resulta del análisis del marco jurídico aplicable al presente caso en los apartados 58 a 81 supra, la Comisión podía conforme a derecho verificar si las Directrices de 1999 se habían aplicado correctamente en el presente caso. Las alegaciones basadas en un margen de apreciación de la Comisión posiblemente más reducido en el caso de las ayudas regionales en comparación con las ayudas de salvamento y de reestructuración deben refutarse por las mismas razones.

137 A continuación, en cuanto a la alegación del Freistaat Sachsen de que, a falta de una situación de pérdida de fondos propios como la descrita en el apartado 5 de las Directrices de 1999, sería necesario demostrar la existencia de una tendencia negativa por medio de los criterios de su apartado 6, de la jurisprudencia resulta que la importancia concedida en las Directrices a los indicadores de tendencia no priva necesariamente de pertinencia a otros tipos de indicadores. No obstante, tales indicadores sólo pueden mostrarse pertinentes si permiten comprobar la existencia de una crisis verdadera y demostrada (véase en ese sentido y por analogía la sentencia Regione autonoma della Sardegna/Comisión, citada en el apartado 74 supra, apartado 111). De ello se sigue que, aun cuando los indicadores de tendencia negativa sean ciertamente pertinentes, en particular, para determinar si una empresa está en crisis, no puede deducirse de la formulación de los criterios en el apartado 6 de las Directrices de 1999 obligación alguna de la Comisión de demostrar la existencia de una tendencia negativa, siempre que compruebe de forma suficiente en derecho que se trata de una sociedad cuya supervivencia está en peligro si no se produce un intervención pública.

138 Por último, acerca de la referencia del Freistaat Sachsen al Plan de acción, dicho documento propugna un recurso más frecuente al criterio económico en el ámbito de las ayudas de Estado e indica que uno de los principales elementos en ese aspecto es el análisis de las deficiencias del mercado, que pueden ser las razones por las que los mercados no permiten alcanzar los objetivos de interés común deseados (puntos 22 y 23 del Plan de acción). No obstante, es preciso observar que esas afirmaciones son de carácter muy general y sin relación alguna con la definición del concepto de empresa en crisis. No confirman en absoluto la tesis del Freistaat Sachsen de que la Comisión habría debido tener en cuenta el hecho de que los problemas de liquidez de una empresa pueden estar ligados a ciertos factores económicos no persistentes, como una fase de crecimiento. Debe refutarse por tanto esa alegación.

139 De ello resulta que deben desestimarse todas las alegaciones formuladas por el Freistaat Sachsen acerca del marco general de análisis aplicado por la Comisión para apreciar si las empresas beneficiarias estaban en crisis.

Sobre la apreciación de la situación de Sachsen Zweirad

– Alegaciones de las partes

140 El Freistaat Sachsen sostiene que Sachsen Zweirad no había registrado pérdidas crecientes en marzo de 2003. Reconoce que había sufrido pérdidas en 2001 y en 2002, pero éstas ya se redujeron de 2001 a 2002, pasando de 1.274.000 euros a 733.000 euros. En el momento de la concesión de la medida 2 se esperaba un resultado anual positivo en 2003. Adem