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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 22/37

Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2016 — Enrico Colombo y Giacomo Corinti/Comisión

(Asunto T-690/16)

(2017/C 022/52)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italia) y Giacomo Corinti (Ispra, Italia) (representantes: R. Colombo y G. Turri, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión de adjudicación, cuyo contenido y términos no se conocen, comunicada a través de la nota de 20 de julio de 2016, Ref. Ares (2016) 371182, mediante la cual la Comisión Europea, JRC — Gestión del Sitio de Ispra adjudicó la licitación JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC, relativa a un acuerdo marco para obras de construcción y mantenimiento de las tuberías de agua y las subestaciones de calefacción/enfriamiento en el Centro Común de Investigación de Ispra, a la oferta presentada por la empresa adjudicataria.

— Anule la nota de 20 de julio Ref. Ares (2016) 371182 mediante la cual la Comisión Europea, JRC — Gestión del Sitio de Ispra comunicó el resultado del procedimiento de licitación.

— Anule las actas de la licitación de 13 de mayo y 28 de junio de 2016.

— Con carácter principal, repare el daño sufrido de manera específica, en particular, mediante la declaración de nulidad, anulación o ineficacia del contrato, cuyo contenido y términos no se conocen, celebrado el 19 de agosto de 2016 entre la Comisión y la empresa adjudicataria, con la subsiguiente sustitución.

— Con carácter subsidiario, repare el daño sufrido mediante equivalencia abonando un importe de 500 000 euros o la cuantía superior o inferior que el Tribunal estime apropiada, más los intereses de demora y la revaluación monetaria en el momento del pago.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca, como motivos de recurso, la infracción de los artículos105 y 107 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, pág. 1), la vulneración de la Lex specialis relativa a la licitación en cuestión, la vulneración del principio de igualdad de trato y de un proceso equitativo y una desviación de poder.

A este respecto, se alega que la oferta presentada por la empresa adjudicataria debería haberse excluido, ya que no cumplía los requisitos de capacidad jurídica y técnica exigidos por la Lex specialis.
—

La demandante considera que la decisión de readscripción no se adoptó en condiciones que garantizaran su derecho a ser oída, puesto que no pudo dar a conocer de manera eficaz su punto de vista acerca del proyecto de decisión de nueva adscripción. A ello se añade una violación del deber de asistencia y protección de la administración, ya que la AFPN no tuvo en absoluto en cuenta los intereses de la demandante ni buscó objetivamente un punto de equilibrio entre los intereses del servicio y los de la demandante, en particular considerando una adscripción a un puesto vacante de jefe de unidad.
—

Con carácter principal, anule la Decisión de la Comisión Europea — Dirección General de Movilidad y Transportes (Dirección General de Energía — SRD.3 — Servicios Financieros), ref. n.o ENER/SRD.3/JCM/cID(2016)2952913, de 23 de mayo de 2016, de mera confirmación de la precedente decisión Move.srd.3.dir(2015)2669621, de 6 de julio de 2015, y la Decisión de la Comisión Europea — Dirección General de Movilidad y Transportes (Dirección General de Energía — SRD.3 — Financial management), ref. n.o SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388, de 14 de junio de 2016, con la que se da traslado de la Nota de adeudo n.o 3241608548, que ordena el pago de 494 871,39 EUR dentro del plazo límite del 28 de julio de 2016 y, en consecuencia, anula la Decisión de la Comisión Europea — Dirección General de Movilidad y Transportes (Dirección General de Energía — SRD.3 — Servicios Financieros), ref. n.o Move.srd.3.dir(2015)2669621, de 6 de julio de 2015, en la medida en que excluye el reembolso de los gastos soportados por Terna en relación con los proyectos n.o 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 y n.o 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, y establece la obligación de devolver los importes asignados a dichos proyectos, en la proporción indicada en el cuadro adjunto a la disposición impugnada.
—

Declare nula la marca controvertida o, subsidiariamente, declare nula la marca controvertida con respecto a la preparación organizativa de proyectos de construcción en el sector de las energías renovables, en particular plantas eólicas y parques eólicos, comprendida en la clase 35; a los servicios de un promotor de obras en la realización de proyectos en el sector de las energías renovables, en particular instalaciones eólicas y parques eólicos; reparación y mantenimiento de instalaciones eólicas, comprendidos en la clase 37; así como a la planificación técnica de proyectos en el campo del suministro de energía; planificación técnica de proyectos en el ámbito de las energías renovables, en particular de instalaciones eólicas y parques eólicos; servicios de ingeniería en el ámbito de las energías renovables, en particular en el ámbito de las instalaciones eólicas; elaboración de peritajes técnicos y científicos, comprendidos en la clase 42.
3.

Tercer motivo, relativo a la violación del Derecho de la Unión que se produjo al no aplicar, a la fase de preselección de los candidatos, el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad ni el principio de no discriminación por razón de la lengua.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1. — Los demandantes alegan que, en los Países Bajos, el ecologismo es un servicio de interés general, en el sentido del artículo 2 del Protocolo (n.o 26) sobre los servicios de interés general (DO 2012, C 326, p. 308), por lo que no tiene carácter económico. — Los demandantes estiman que han sido cualificados indebidamente como empresas en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Con carácter principal, sostienen que son organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la gestión de terrenos que fueron creadas para cumplir una finalidad pública (de carácter no económico). Subsidiariamente, afirman que no son empresas cuando, en virtud del régimen de subvenciones de organizaciones particulares de protección del medio ambiente dedicadas a la gestión de terrenos, adquieren mediante subvenciones terrenos con el fin de proteger el medio ambiente. — El régimen de subvenciones no da lugar a una ventaja económica, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, dadas las condiciones que lo acompañan. — El régimen de ayuda no puede conllevar el falseamiento de la competencia. — El régimen de ayuda no tiene una repercusión negativa sobre el comercio entre los Estados.
4.

Cuarto motivo, basado en la incorrecta aplicación de los principios jurídicos relevantes. La Sala de Recurso de la ACER limitó su apreciación jurídica del recurso de E-Control a la constatación de que el dictamen de ACER es una medida provisional e intermedia que sólo sirve como etapa preparatoria de potenciales actuaciones futuras de la Comisión. A juicio de la Sala de Recurso de la ACER el dictamen, como medida intermedia, no puede ser objeto de recurso. Ese criterio jurídico no es correcto. El dictamen es un acto independiente, definitivo y diferenciado de una agencia de la Unión Europea y por tanto constituye por sí mismo el objeto de una acción de anulación y en consecuencia también de un recurso conforme al artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 713/2009. Si la Sala de Recurso hubiera aplicado correctamente los principios jurídicos relevantes habría anulado el dictamen.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 136/37

Recurso interpuesto el 23 de febrero de 2016 — Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA

(Asunto T-80/16)

(2016/C 136/52)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd (Dublín, Irlanda) (representantes: D. Anderson, QC, M. Birdling, Barrister, G. Castle y S. Cowlishaw, Solicitors)

Demandada: Agencia Europea de Medicamentos

Pretensiones

La demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión de la Agencia Europea de Medicamentos de 15 de diciembre de 2015, que le fue notificada el 18 de diciembre de 2015, mediante la que se denegó la validación de la solicitud de declaración de medicamento huérfano, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 141/2000 (1)

— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo, basado en que la Decisión impugnada interpretó y aplicó erróneamente el Reglamento (CE) n.o 141/2000. La demandante sostiene que la demandada:

— Aplicó erróneamente el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 141/2000, al no apreciar la naturaleza procedimental del proceso de validación.

— Concluyó indebidamente que no se había demostrado que se cumplieran (o se pudieran cumplir) las condiciones exigidas para la declaración.

— Omitió erróneamente los conceptos de «medicamento» y «principios activos», en contra de lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Reglamento (CE) n.o 141/2000.

— Aplicó e interpretó erróneamente la Comunicación de la Comisión Europea relativa al Reglamento (CE) n.o 141/2000. (2)

— Se basó erróneamente en el hecho de que la demandante había recibido con carácter previo asistencia en la elaboración de protocolos, con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 141/2000.

— Actuó en contra del objetivo del Reglamento (CE) n.o 141/2000, definido en su artículo 1 y en sus considerandos.

(1) Reglamento (CE) n.o 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (DO 2000 L 18, p. 1).

(2) Comunicación (2003/C 178/02) de la Comisión relativa al Reglamento (CE) n.o 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medicamentos huérfanos (DO 2003 C 178, p. 2).
2.

Segundo motivo, basado en el incumplimiento del artículo 107 TFUE. Este motivo se divide en dos partes: — Primera parte, relativa a la aplicabilidad de la prueba del inversor privado, que se divide en cinco apartados. — Primer apartado, conforme al cual la Comisión no tomó en consideración, y ello de forma injustificada y no motivada, numerosos documentos e información comunicada por Francia y EDF. — Segundo apartado, conforme al cual la Comisión confundió sistemáticamente los elementos relativos respectivamente a la aplicabilidad y a la aplicación de la prueba del inversor privado. — Tercer apartado, según el cual la Comisión excluyó erróneamente la aplicabilidad de la prueba del inversor privado prudente, basándose únicamente en que Francia al examinar la medida tomó en consideración, en particular, aspectos en su condición de autoridad pública, junto a consideraciones derivadas de su condición de accionista. — Cuarto apartado, conforme al cual la Comisión impuso erróneamente a EDF una obligación individual de disponer de un plan de negocio formal para justificar la aplicabilidad del criterio del inversor privado prudente. — Quinto apartado, conforme al cual la Comisión ignoró la naturaleza y el objeto de dicha medida, el contexto en el que se inscribe, así como el objetivo perseguido y las reglas a las que la mencionada medida está sometida. — Segunda parte, relativa a la aplicación de la prueba del inversor privado, que se divide en tres apartados. — Primer apartado, conforme al cual la Comisión concluyó erróneamente que el informe Oxera no era admisible como prueba. — Segundo apartado, conforme al cual la metodología de la Comisión adolece de deficiencias flagrantes. En primer lugar, la Comisión no consideró ni el contexto del momento, ni los criterios que los inversores habrían adoptado en aquel momento. En segundo lugar, la tesis del «regalo fiscal» a la que se aferra la Comisión no constituye únicamente un error de Derecho, sino que está también en el origen de errores en la evaluación de la pertinencia de la inversión. En tercer lugar, la Comisión incurrió en numerosos errores metodológicos, cada uno de los cuales basta para demostrar que la Comisión no ha demostrado, de forma manifiesta, que no se aplicó el criterio del inversor privado. — Tercer apartado, sobre las consecuencias de los errores metodológicos cometidos por la Comisión.
3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión incurrió en errores de apreciación al decidir que la exoneración del impuesto sobre los áridos en Irlanda del Norte era compatible con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (1) (en lo sucesivo, «Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente de 2008») y, por tanto, con el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c). En particular, la Comisión incurrió en errores de apreciación al llegar a la conclusión de que se cumplía la tercera parte del criterio de necesidad de las Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente de 2008, es decir, al decidir si las canteras de Irlanda del Norte podían o no repercutir el impuesto sobre los áridos a los clientes sin provocar importantes reducciones de ventas.
1.

Primer motivo, basado en el derecho de la demandante a ser indemnizada por la Unión Europea, conforme a los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo, al haber violado el Tribunal General su derecho a que se dictara sentencia en un plazo razonable, reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Por no haberse dictado sentencia en un plazo razonable la demandante soportó tres tipos de pérdidas entre el 12 de febrero de 2010 y el 27 de septiembre de 2012: (1) mayores costes derivados de la garantía bancaria constituida por el importe de la multa no pagada inmediatamente por la demandante a la Comisión, a raíz de la adopción de la Decisión no C(2007)5791 final, de 28 de noviembre de 2007, en el Asunto COMP/39165 — Vidrio plano; (2) coste de oportunidad, pues el bajo tipo de interés del importe de la multa devuelta a la demandante tardíamente, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2014, era muy inferior a la ganancia que podría haber obtenido si, en vez de abonar ese dinero a la Comisión en 2008, lo hubiera invertido en sus negocios; y (3) daños no pecuniarios derivados de la Decisión que erróneamente impuso a la demandante la multa más cuantiosa en noviembre de 2007 y de que, por no haber resuelto el Tribunal General en un plazo razonable, el Tribunal de Justicia sólo lo corrigió muy posteriormente, en noviembre de 2014.
—

Considere probado el uso de la marca comunitaria no 2423705 para la clase 30 y declare que la solicitud de marca comunitaria no 11406782 es incompatible con la marca comunitaria no 2423705.
—

Subsidiariamente, para el supuesto de que no se anule la Decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 2015 recaída en el procedimiento 2015/4023, por la cual se denegó completamente a la demandante el acceso a la versión no confidencial de la Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 2013 dictada en el procedimiento en materia de prácticas restrictivas de la competencia AT/39914 — EIRD y al índice de contenidos del expediente de la Comisión relativo a dicho procedimiento, por el hecho de que no exista la versión no confidencial de la Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 2013 dictada en el procedimiento en materia de prácticas restrictivas de la competencia AT/39914 — EIRD y/o la versión no confidencial del índice de contenidos del expediente de la Comisión relativo a dicho procedimiento, o en la medida en que dichas versiones no existan, declare que la Comisión omitió de forma contraria a Derecho elaborar y remitir a la demandante una versión no confidencial de su Decisión de 4 de diciembre de 2013 dictada en el procedimiento en materia de prácticas restrictivas de la competencia AT/39914 — EIRD y/o una versión no confidencial del índice de contenidos del expediente de la Comisión relativo a dicho procedimiento.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 414/36

Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2015 — The Art Company B & S/OAMI — G-Star Raw (THE ART OF RAW)

(Asunto T-593/15)

(2015/C 414/47)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: The Art Company B & S, S.A. (Quel, La Rioja) (representantes: J. Villamor Muguerza y L. Sánchez Calderón, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: G-Star Raw CV (Ámsterdam, Países Bajos)

Datos relativos al procedimiento ante la OAMI

Solicitante: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca controvertida: Marca comunitaria denominativa «THE ART OF RAW» — Solicitud de registro no 11 093 036

Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 9 de julio de 2015 en el asunto R 1980/2014-1

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a la OAMI y al solicitante de la marca comunitaria (en caso de que intervenga) al pago de las costas del presente procedimiento.

Motivo invocado
1.

Primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa, en la violación del principio de buena administración, en la infracción de los artículos 41 y 48 de la Carta y de los arts. 135 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (DO L 298, p. 1) y 208 del Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362, p. 1) y en el incumplimiento de la obligación de motivación. — Las demandantes alegan que no fueron oídas por la Comisión antes de que ésta adoptara la Decisión de resolución del grant agreement y ordenase el reembolso de las cantidades percibidas en concepto de financiación anticipada. A su juicio, la Comisión vulneró su derecho de defensa e infringió el artículo 135 del Reglamento no 966/2012, el artículo 208 del Reglamento no 1268/2012 y los artículos 41 y 48 de la Carta. También aducen que la Comisión basó su Decisión únicamente en valoraciones efectuadas por expertos externos, a las que se remitió sin formular una motivación independiente. Sostienen que, en consecuencia, la Comisión violó el principio de buena administración e incumplió la obligación de motivar adecuadamente su Decisión.
B —

En cuanto al ejercicio de 2011 1. Violación del principio de cooperación leal, en la medida en que la Comisión, en lo tocante a las deficiencias en el funcionamiento del SIPA SIG para el ejercicio de 2011 desautorizó todo el trabajo desarrollado por las autoridades portuguesas, en particular las medidas adoptadas por éstas —Plan de Acción validado por el organismo de Certificación— ejecutado, haciendo especial referencia, a la campaña de 2011, con el consentimiento y el conocimiento de la Comisión. 2. Violación del principio de contradicción, en la medida en que en la notificación conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) no 885/06, (2) correspondiente a la campaña de 2011, el objeto de la investigación consiste en las irregularidades detectadas a nivel del SIPA, pero la Decisión se fundamenta en la consolidación ilegal de derechos, materia que no consta en el escrito enviado conforme al referido artículo 11 y, como tal, las autoridades portuguesas no tuvieron la oportunidad de pronunciarse al respecto. 3. Infracción del artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 885/06, en la medida en que la Decisión no fue debidamente fundamentada, por cuanto adolece de inexactitud de motivos/fundamentación y, como tal, viola la ratio y el objetivo del artículo 11, apartado 1, del Reglamento no 885/2006.
1.

Primer motivo, basado en que la entidad evaluadora excedió los límites de su competencia La demandante sostiene a este respecto, entre otros, que la entidad evaluadora no podía suplantar, en su procedimiento, el derecho exclusivo de la demandante a combinar varias ofertas separadas para garantizar el régimen jurídico de un miembro asociado de la compañía «Shift2Rail» en una oferta única y ha viciado, por tanto, su procedimiento de evaluación. La demandante alega además que, si la presentación de dos ofertas separadas por un licitador para distintos programas de innovación no se adecuaba a la documentación de la licitación, a juicio de la entidad evaluadora, y si tal documentación no prevé tal situación, debería haber sido avisada al respecto, de conformidad con la Parte 8.2 de la documentación de la licitación, y por consiguiente, debería conservar su derecho a disponer de las ofertas presentadas.
—

En segundo lugar, al amparo del artículo 272 TFUE, que se declare que la Comisión ha incumplido la letra a) del apartado 1 del punto II.14 y el apartado 5 del punto II.22 de las condiciones generales FP7, en relación con el informe final de la auditoría 11-INFS-025 y de la auditoría 11-BA119-016 realizadas a Rose Vision en el marco de su participación en el proyecto «Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)», el proyecto «Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Latin America (FIRST)», el proyecto «Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)», el proyecto «Support Action for the NEM European Technology Platform (4NEM)» y el proyecto «Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)».
—

Anule la Decisión (PESC) 2015/1008 del Consejo de 25 de junio de 2015 por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC, relativa a las medidas restrictivas contra Irán (DO L 161, p. 19) y el Reglamento de Ejecución (UE) no 2015/1001 del Consejo de 25 de junio de 2015 por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 relativo a las medidas restrictivas contra Irán (DO L 161, p. 1), en la medida en que dichos actos incluyen a la demandante en la categoría de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas.
3.

Tercer motivo, basado en el ejercicio de la competencia de la Comisión de manera inapropiada — En caso de que el Tribunal General considere que dicha Institución de la Unión Europea actuó dentro de la esfera de competencia que le confieren los Tratados, Rumanía alega que ésta ejerció su competencia de manera inapropiada, violando el principio de buena administración y el derecho de defensa del Estado Rumano. — La Comisión incumplió su obligación de diligencia y de buena administración al no examinar atentamente toda la información pertinente que obraba en su poder ni solicitar otra información necesaria antes de adoptar la decisión impugnada. La Comisión no ha demostrado la existencia de una relación directa de causalidad entre los hechos reprochados a Rumanía y la pérdida de recursos propios de la Unión Europea. La Comisión tampoco acreditó la relación entre el importe reclamado a Rumanía y el importe de los derechos de aduana correspondientes al valor de las operaciones de tránsito de que se trata, sino que se basó en el valor condonado por Alemania. — Las actuaciones de la Comisión carecieron de previsibilidad y no permitieron a Rumanía ejercitar el derecho de defensa.
1.

Primer motivo: infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1 La demandante alega que el recargo EEG reducido no es una ayuda, pues no se concedieron recursos estatales ni se ha renunciado a ellos. El recargo EEG reducido tampoco se efectúa de manera selectiva. Además, no falsea la competencia ni restringe el comercio en el mercado interior.