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177

En efecto, a este respecto, la Comisión no ha rebatido, de modo suficiente en Derecho, la alegación del Gobierno de Gibraltar según la cual el requisito de obtener beneficios es inherente a la lógica de un sistema de imposición que grava el número de empleados y el utilización de la superficie de terreno ocupada, ya que dicho requisito correspondería a un objetivo fundamental de dicho sistema, a saber, el de no someter a imposición a las sociedades no rentables. Por tanto, la Comisión no ha demostrado que esa no sujeción al impuesto no pudiera considerarse como una parte integrante del régimen común o «normal» del sistema fiscal notificado.
125

Sin embargo, la demandante no prueba en modo alguno que, de no haberse producido la ilegalidad constatada por lo que respecta al lote no 2, hubiera obtenido con toda certeza el contrato en lo que atañe a dicho lote. Únicamente sostiene que, al no haber adjuntado el Consejo su informe de evaluación original a sus pretensiones, no es posible comprobar por qué motivos habrían podido excluirse sus ofertas de la licitación controvertida, aun en el caso de que el Consejo no hubiese cometido ninguna falta.
208

En segundo lugar, la demandante alega que las notificaciones efectuadas por el Reino de España en relación con las ayudas que tiene previsto conceder para cubrir cargas excepcionales no distinguen las partidas de costes en función de sus destinos. Dichas notificaciones tuvieron por objeto los importes totales de las ayudas a la minería del carbón, lo que viene confirmado por el hecho de que las decisiones de autorización de la Comisión se referían a importes globales y no presentaban un análisis de los costes individuales de cada una de las empresas a las que se destinaban las ayudas. La demandante añade que la Decisión no 341/94/CECA de la Comisión, de 8 de febrero de 1994, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Decisión no 3632/93 (DO L 49, p. 1), no obligaba a los Estados miembros a indicar los costes concretos a los que debían destinarse las ayudas para cubrir cargas excepcionales y que las ayudas previstas en el artículo 5 de la Decisión no 3632/93 podían notificarse en formato libre en virtud del anexo 2, punto 3, de la Decisión no 341/94. Por lo tanto, en opinión de la demandante, la Comisión no puede sostener que la provisión de 601.012,10 euros (100.000.000 de pesetas), constituida por la demandante para cubrir los costes futuros derivados de daños en superficie, no estaba incluida en la notificación de las ayudas previstas por el Reino de España para el año 2001.
43

En segundo lugar, el Gobierno neerlandés recuerda que siempre indicó en sus contactos con la Comisión que consideraba que las aplicaciones de las PCCC que no figuraban en la Directiva PCCC no estaban comprendidas en el ámbito de aplicación de ésta y que, por ello, podía mantener su normativa nacional sin tener que recurrir al artículo 95 CE, apartado 4. Por tanto, alega que solicitó a la Comisión que se pronunciara sobre la necesidad de una notificación con arreglo al artículo 95 CE, apartado 4, con carácter principal, como resulta del hecho de que, en el escrito de 17 de enero de 2003 explicara, en primer lugar, las razones por las cuales en el caso de autos no era precisa una notificación con arreglo al artículo 95 CE, apartado 4, expresando su confianza en que la Comisión decidiría en breve sobre el margen del que disponía para mantener su normativa nacional y, a continuación, pidió a la Comisión que definiera su postura sobre la necesidad de dicha notificación, que tan sólo se efectuó «a todos los fines para los que sea útil y en la medida en que sea necesario en Derecho». Por tanto, sostiene que sólo pidió a la Comisión que aprobara el mantenimiento de las disposiciones nacionales en cuestión con carácter subsidiario, a saber, «en caso de que la Comisión [hubiera] estimado que las utilizaciones prohibidas por la Decisión Parcom 95/1 y que no [estaban] prohibidas también en la Directiva de 25 de junio de 2002, [estaban] comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva».
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por omisión — Competencia del Juez de la Unión — Orden conminatoria dirigida a una Institución — Improcedencia — Pretensión de que se declare la existencia de una omisión ilegal — Admisibilidad (Art. 232 CE, párr. 2) (véase el apartado 40)

2. Recurso por omisión — Obligación de actuar que recae sobre la Comisión — Plazos razonables para responder a un requerimiento para actuar — Ilegalidad de disposiciones del Derecho de la Unión — Obligación de la Comisión de modificarlas — Inexistencia — Obligación que no se deriva de ninguna disposición ni principio general del Derecho de la Unión (Arts. 211 CE y 232 CE) (véanse los apartados 57, 59, 60 y 65 a 67)

3. Recurso de anulación — Recurso dirigido contra una decisión por la que se deniega la retirada o modificación de un acto anterior — Apreciación de la admisibilidad en función de la posibilidad de impugnar el acto controvertido (Art. 230 CE) (véanse los apartados 79 y 86)

Objeto del litigio

Objeto

Por un lado, con carácter principal, un recurso que tiene por objeto que se declare que la Comisión se abstuvo ilegalmente de modificar determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº 1896/2000 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, relativo a la primera fase del programa contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre biocidas (DO L 228, p. 6), y del Reglamento (CE) nº 2032/2003 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2003, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8 y por el que se modifica el Reglamento nº 1896/2000 (DO L 307, p. 1), y, con carácter subsidiario, la anulación del escrito de la Comisión de 20 de julio de 2004, por la que ésta se niega a estimar las solicitudes de las demandantes y, por otro lado, con carácter principal, una pretensión de reparación del perjuicio que las demandantes afirman haber sufrido por la falta de actuación de la Comisión y, con carácter subsidiario, una pretensión de reparación del perjuicio causado por el escrito de la Comisión de 20 de julio de 2004.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar los recursos.

2) Arch Chemicals, Inc., Arch Timber Protection Ltd, Rhodia UK Ltd, Sumitomo Chemical (UK) plc y Troy Chemical Co. BV cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
La afectación directa requiere que la medida comunitaria impugnada surta efectos directos en la situación jurídica del particular y no deje ninguna facultad de apreciación a los destinatarios de dicha medida que están encargados de su aplicación, por tener ésta un carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa comunitaria sin aplicación de otras normas intermedias. En lo que respecta a una decisión que autoriza ayudas, ocurre lo mismo cuando la posibilidad de que las autoridades nacionales decidan no conceder las ayudas autorizadas por la Decisión controvertida de la Comisión es puramente teórica y no cabe duda alguna acerca de la voluntad de actuar de dichas autoridades.

Cuando, sin iniciar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, la Comisión declara, mediante una decisión adoptada sobre la base del apartado 3 del mismo artículo, que una ayuda es compatible con el mercado común, los beneficiarios de esas garantías procedimentales sólo pueden hacerlas respetar si tienen la posibilidad de impugnar ante el juez comunitario dicha decisión. Por estos motivos, procederá admitir un recurso interpuesto por un interesado en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, en el que solicite la anulación de tal decisión, cuando el autor de dicho recurso pretenda, mediante su interposición, que se salvaguarden los derechos procedimentales que le confiere esa disposición.

Los interesados en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, que con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, pueden, en consecuencia, interponer un recurso de anulación, son las personas, empresas o asociaciones que puedan verse afectadas en sus intereses por la concesión de la ayuda, es decir, en particular, las empresas competidoras de las beneficiarias de dicha ayuda y las organizaciones profesionales.

En cambio, si el demandante cuestiona el fundamento de la decisión de apreciación de la ayuda en sí misma, el mero hecho de que pueda ser considerado interesado en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, no basta para que se declare la admisibilidad del recurso. En tal caso, debe demostrar que goza de una situación particular en el sentido de la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62. Ello sucedería, en especial, en el supuesto de que la posición del demandante en el mercado se viese afectada sustancialmente por la ayuda objeto de la decisión en cuestión.

(véanse los apartados 36 y 42 a 44)
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 15 de noviembre de 2007 — Sunplus Technology/OAMI — Sun Microsystems (SUNPLUS)

(Asunto T-38/04)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa SUNPLUS — Marca nacional denominativa anterior SUN — Riesgo de confusión — Similitud de los productos — Similitud de los signos»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 43 y 44)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 7 de octubre de 2003 (asunto R 642/2000-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Sun Microsystems, Inc., y Sunplus Technology Co. Ltd.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: Sunplus Technology Co. Ltd Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa SUNPLUS para algunos productos de la clase 9 — Solicitud no 214.346 Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Sun Microsystems, Inc. Marca o signo invocados en oposición: Marca denominativa y figurativa nacional SUN para productos de la clase 9 Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la solicitud de marca comunitaria Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Sunplus Technology Co Ltd.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 15 de noviembre de 2007 — Sunplus Technology/OAMI — Sun Microsystems (SUNPLUS)

(Asunto T-38/04)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa SUNPLUS — Marca nacional denominativa anterior SUN — Riesgo de confusión — Similitud de los productos — Similitud de los signos»

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares [Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 43 y 44)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 7 de octubre de 2003 (asunto R 642/2000-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Sun Microsystems, Inc., y Sunplus Technology Co. Ltd.

Datos relativos al asunto

Solicitante de la marca comunitaria: Sunplus Technology Co. Ltd Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa SUNPLUS para algunos productos de la clase 9 — Solicitud no 214.346 Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Sun Microsystems, Inc. Marca o signo invocados en oposición: Marca denominativa y figurativa nacional SUN para productos de la clase 9 Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la solicitud de marca comunitaria Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Fallo

1) Desestimar el recurso.
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Ayudas otorgadas por los Estados

—

Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común (Arts. 87 CE, ap. 1, y 253 CE) (véanse los apartados 60 a 78)

Objeto del litigio

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión 2006/177/CE de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, relativa a la ayuda estatal nº C 4/2003 (ex NN 102/2002) concedida por Italia en favor de WAM S.p.A. (DO 2006, L 63, p. 11).

Parte dispositiva

Fallo

1) Anular la Decisión 2006/177/CE de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, relativa a la ayuda estatal nº C 4/2003 (ex NN 102/2002) concedida por Italia en favor de WAM S.p.A. (DO 2006, L 63, p. 11).

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) La Comisión soportará sus propias costas y las costas en que hayan incurrido la República Italiana, en el asunto T‑304/04, y Wam, en el asunto T‑316/04, incluidas las correspondientes al procedimiento de medidas provisionales.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa Turkish Power y marca denominativa POWER

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

Índice

Para el público alemán no existe riesgo de confusión entre el signo figurativo integrado por las dos palabras «Turkish» y «power» separadas por una cabeza de león que ruge con la melena llameante –objeto de una solicitud de registro como marca comunitaria para diferentes productos que comprenden «tabaco, artículos para fumadores y cerillas» pertenecientes a la clase 34 del Arreglo de Niza–, y la marca denominativa POWER –registrada con anterioridad en Alemania para «tabaco, artículos para fumadores, [...] cerillas» pertenecientes a la misma clase–, puesto que el elemento «power», común a los dos signos, no constituye el elemento dominante del signo cuyo registro se ha solicitado ni determina la impresión general que éste produce hasta el punto de permitir afirmar la existencia de un riesgo de confusión por parte del público de referencia, de modo que, habida cuenta de que entre los signos en conflicto existen diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, y a pesar de que los productos designados por dichos signos son idénticos y de que tienen en común el mencionado elemento verbal, el público pertinente, perspicaz, que presta una atención considerable y es fiel a las marcas que adquiere habitualmente, no se ve inducido a pensar que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
21

Mediante resolución de 1 de octubre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En primer lugar, declaró inadmisibles, a la vista de su práctica decisoria y de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, los documentos presentados por primera vez como anexo al escrito en el que se exponían los motivos del recurso. En segundo lugar, confirmó la apreciación de la División de Oposición según la cual la oposición era inadmisible en la medida en que se basaba en los registros españoles nos 2.035.508 a 2.035.513, 2.227.732 y 2.227.734, porque la demandante no formuló ninguna alegación para rebatir que no había especificado los productos y servicios contemplados en dichos registros. En tercer lugar, la Sala de Recurso consideró que, fundamentalmente, la regla 16, apartados 1 a 3, la regla 17, apartado 2, y la regla 20, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión aplicable a los hechos, autorizaban a la División de Oposición a desestimar la oposición basándose en que la demandante no había presentado, en la lengua del procedimiento de oposición, los documentos necesarios para acreditar la existencia de los derechos anteriores nos 2.163.613 y 2.163.616. En cuarto lugar, confirmó las conclusiones de la División de Oposición según las cuales, por una parte, no se habían presentado pruebas de la existencia del registro griego no 109.387 ni del registro español no 456.466, ya que la demandante no expuso argumento alguno que demostrase lo contrario; y, por otra parte, las pruebas aportadas por la demandante no eran suficientes para demostrar que concurrían los requisitos para la protección de las marcas notorias en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, puesto que la demandante no expuso ningún argumento que demostrase lo contrario.
147

Del mismo modo, carece de validez la argumentación de Itochu en el sentido de que no intentó utilizar la infracción en beneficio propio, ya que mientras duró la infracción sufrió pérdidas y experimentó ciertas dificultades económicas. Con independencia del hecho de que la Comisión no está obligada a tener en cuenta tales factores al pronunciarse sobre la existencia de circunstancias atenuantes (véase en este sentido, en materia de cárteles, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Rec. p. II-1181, apartado 345), no se ha acreditado que esas supuestas dificultades estuvieran relacionadas con el hecho de no haber procedido a una aplicación efectiva de las medidas controvertidas. En particular, procede señalar que la propia demandante reconoció, en su respuesta al pliego de cargos, que los mediocres resultados obtenidos por Itochu Hellas mientras duró la infracción se explicaban por una serie de factores no relacionados con la aplicación de su acuerdo con Nintendo.
76

Procede señalar, de entrada, que el Reglamento no 17 atribuye a la Comisión amplias facultades de investigación y de inspección para comprobar las infracciones de los artículos 81 CE y 82 CE. En particular, a tenor de los artículos 11 y 14 de dicho Reglamento, la Comisión podrá recabar la información y proceder a las inspecciones que resulten necesarias para perseguir las infracciones de las normas sobre la competencia [desde el 1 de mayo de 2004, las facultades de inspección de la Comisión en esta materia se encuentran recogidas en los artículos 17 a 22 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1)]. En particular, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento no 17 habilita a la Comisión para exigir la presentación de documentos profesionales, es decir, de aquellos documentos ligados a la actividad mercantil de la empresa. Pues bien, tal como ha precisado el Tribunal de Justicia, en la medida en que se refiera a dicha actividad, la correspondencia mantenida entre abogado y cliente está comprendida en el tipo de documentos contemplados en los artículos 11 y 14 del Reglamento no 17 (sentencia AM & S, apartado 16). El Tribunal de Justicia también ha declarado que corresponde a la propia Comisión, y no a la empresa interesada o a un tercero, sea un experto o un árbitro, decidir si un determinado documento debe serle presentado o no (sentencia AM & S, apartado 17).
48

En el presente asunto, no obstante, la OAMI no ha demostrado, ni siquiera alegado, la existencia de tal relación de complementariedad entre los productos del segundo grupo y los de la clase 25. La OAMI parece más bien referirse a un carácter complementario desde el punto de vista estético, y por tanto subjetivo, definido por las costumbres o las preferencias de los consumidores, a las que pueden haber sido inducidos por los esfuerzos de marketing de los fabricantes, o por meros fenómenos de la moda. También procede señalar que, según la alegación de la OAMI, esta complementariedad no parece haber llegado al punto de ser una verdadera «necesidad» estética, en el sentido de que los consumidores consideren extraño o sorprendente llevar un bolso que no combine con su ropa o sus zapatos.
16.

Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Facultad de apreciación de la Comisión — Toma en consideración de la reincidencia — Violación de los principios de legalidad de las penas, de seguridad jurídica y non bis in idem — Inexistencia (Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento no 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión) (véanse los apartados 716 a 730)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Aproximación de las legislaciones — Especialidades farmacéuticas — Autorización de comercialización

(Art. 5 CE, párr. 1; Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 30; Directiva 75/319/CEE del Consejo, art. 11)

Índice

El artículo 11 de la Directiva 75/319, sobre especialidades farmacéuticas, correspondiente al artículo 30 del Código comunitario sobre medicamentos para uso humano (Código HUM), que instaura un procedimiento al que puede acudirse cuando los Estados miembros hayan adoptado decisiones discrepantes relativas a la autorización, a la suspensión de ésta o a su retirada, se aplica exclusivamente en relación con autorizaciones meramente nacionales. Por consiguiente, al término de dicho procedimiento, la Comisión no es competente para adoptar una decisión vinculante, como la que establece la modificación del resumen de características de un producto.

En efecto, el citado artículo 11 no forma parte de las disposiciones que regulan el procedimiento de reconocimiento mutuo que constituye un mecanismo vinculante, sino que se limita a instaurar un procedimiento consultivo dirigido a facilitar la adopción de decisiones comunes por parte de los Estados miembros en el ámbito de su competencia exclusiva en materia de autorizaciones de comercialización meramente nacionales en el supuesto de decisiones discrepantes.

A este respecto, aun cuando tenga por objeto la salvaguardia de la salud pública por medios que no obstaculicen el desarrollo de la industria farmacéutica ni los intercambios de medicamentos entre Estados miembros, el Código HUM, a falta de disposiciones expresas en este sentido y teniendo en cuenta el principio, enunciado en el artículo 5 CE, párrafo primero, en virtud del cual la Comunidad actúa dentro de los límites de las competencias que le han sido atribuidas, no puede privar a los Estados miembros de su competencia exclusiva en materia de autorizaciones expedidas en el marco de procedimientos meramente nacionales. De este modo, a falta de dichas disposiciones expresas, el artículo 30 HUM debe interpretarse en el sentido de que no pone en cuestión las competencias exclusivas de los Estados miembros, sino que, por medio del procedimiento consultivo que establece en el ámbito comunitario, tiene por objeto orientar el ejercicio de las competencias nacionales en una dirección común.

(véanse los apartados 80, 85, 87 y 90)