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83.

En primer lugar, respondiendo en parte a la última inquietud, el Tribunal de Justicia ha precisado que las medidas nacionales que simplemente regulan una actividad económica sin establecer condiciones con respecto al acceso al empleo no se pueden considerar, por regla general, restricciones de conformidad con el artículo 45 TFUE. ( 36 ) En particular, el artículo 45 TFUE no otorga al trabajador el derecho a reivindicar en el Estado miembro de acogida las condiciones de trabajo de que disfrutaba en el Estado miembro de origen con arreglo a la legislación nacional de este último Estado. ( 37 ) En otras palabras, la libre circulación no significa necesariamente neutralidad social, dadas las disparidades existentes entre las legislaciones nacionales en determinadas materias. Por lo tanto, las normas que son consecuencia necesaria de opciones legislativas objetivas y no discriminatorias en materias no armonizadas en toda la Unión Europea no se pueden calificar de restricciones («sin garantía de neutralidad social»). ( 38 )
74.

No obstante, procede recordar que, según se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/Dinamarca, la aplicación del artículo 220, apartado 2, letra b), del código aduanero no obsta a la obligación del Estado miembro de constatar y poner a disposición los fondos que correspondan a los recursos propios de la Unión y que no hayan sido recaudados de los importadores privados. En efecto, los Estados miembros deben constatar los recursos propios de la Unión tan pronto como sus autoridades aduaneras estén en condiciones de calcular el importe de los derechos derivados de una deuda aduanera y de determinar el deudor, con independencia de si se cumplen o no los criterios para la aplicación del artículo 220, apartado 2, letra b), del código aduanero. Solo si se cumplen las condiciones del artículo 17, apartado 2, del Reglamento n.o 1552/89 (fuerza mayor o razones ajenas a la responsabilidad del Estado miembro que hacen imposible proceder al cobro) se permite al Estado miembro exonerarse de tal obligación. ( 25 )
36.

En este sentido, de la resolución de remisión se colige que la Oficina no logró determinar correctamente la nacionalidad del interesado porque adoptó medidas de investigación insuficientes o inadecuadas, de modo que la representación exacta de los hechos no se obtuvo sino una vez adoptada la decisión. Como señala el órgano jurisdiccional remitente, «nunca se [habían] reunido los requisitos para la concesión de la protección subsidiaria». ( 12 ) Por tanto, consta en el presente asunto que la Oficina no debió, en primer lugar, haber concedido este estatuto al interesado, dado que, habida cuenta de su país de origen, no estaba legitimado para recibir dicha protección internacional.
37.

El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de las normas con arreglo a las cuales los funcionarios pasan del anterior régimen de retribuciones y promoción al nuevo, por un lado, en lo que respecta en particular al criterio elegido de «importe de reclasificación» y, por otro, en lo tocante al carácter meramente declarativo de la supresión de las discriminación (sección B). A continuación, se pregunta, por un lado, si resulta contrario al Derecho de la Unión y, en particular, al artículo 17 de la Directiva 2000/78 y al artículo 47 de la Carta, que los funcionarios no tengan la posibilidad de invocar dicha Directiva a efectos de que se determine el «importe de reclasificación» y, por otro, en caso de respuesta afirmativa, si el principio de primacía del Derecho de la Unión exige que se aplique el régimen derogado para que la reclasificación en el nuevo sistema se haga de forma no discriminatoria (sección C).
68.

No comparto la opinión de que procede calificar la norma anterior de norma profesional y deontológica competencia del Estado miembro de acogida con arreglo al artículo 6 de la Directiva 98/5. En mi opinión, dicha norma, si se analiza con mayor profundidad, es una norma que establece que no se debe permitir que personas con determinadas características ejerzan la abogacía. La asunción tácita es que, dado que la persona A presenta tales características, una vez que comience a ejercer se comportará necesariamente de una forma determinada que resulta inaceptable a la luz del código deontológico. No obstante, se trata de una asunción, y las normas profesionales y deontológicas están concebidas para regular una conducta real, no un posible comportamiento futuro. Si se sustituye la palabra «monje» por «persona pelirroja» en el ejemplo que acabo de dar, se entenderá inmediatamente por qué dicha norma no es una norma profesional y deontológica propiamente dicha.
141.

En el presente asunto, parece existir un cierto grado de confusión en cuanto a la «práctica comercial» concreta que está en juego. Los acusados alegan que su utilización de la denominación de título de «máster» forma indiscutiblemente parte de la estrategia comercial de sus sociedades, lo que es suficiente para clasificarla como una práctica comercial; esto supone, a su vez, que la Directiva les es aplicable. Asimismo, opinan que la concesión de títulos de máster por un centro de enseñanza no homologado no está incluida en la lista de prácticas que los legisladores nacionales pueden prohibir específicamente. Además, insisten en que no se les está procesando por vulnerar la prohibición de las prácticas comerciales desleales. Por su parte, el Gobierno belga se centra en la protección que la legislación flamenca otorga al diploma de curso o título de «máster». Consideran que no se trata de una «práctica comercial» en el sentido de la Directiva porque el ámbito de aplicación de la normativa nacional no se solapa con el de la Directiva.
52.

En cuarto y último lugar, quizá por sentido común, siempre que este no haya sido aún eviscerado de este campo del Derecho, me veo obligado a compartir con el Gobierno danés la opinión de que el concepto de «contaminación» difícilmente se puede reducir al hecho de que el producto alimenticio sea nocivo para la salud. La contaminación de los productos alimenticios ha de incluir también la situación de la carne que sencillamente no es apta para el consumo humano, ( 18 ) aunque tal consumo no cause necesariamente una intoxicación u otro perjuicio directo para la salud. Así pues, aunque una canal que contenga heces residuales, bilis o contenido del buche resulte no ser perjudicial de forma directa para la salud a escala microbiológica, según alegan las demandantes, se puede afirmar que, aparte del extraño gusto de algún peculiar gourmet, esa carne probablemente no sea apta para el consumo humano (normal).
122.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia): «1) El artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que el artículo 5 de este Reglamento no es aplicable en el marco de un procedimiento de adjudicación llevado a cabo antes de la expiración del período transitorio establecido en el artículo 8, apartado 2, de dicho Reglamento, como el controvertido en el litigio principal, salvo en el supuesto de que esta adjudicación forme parte de un régimen nacional que aplique de manera anticipada dicho artículo 5, y ello conforme a lo previsto en tal régimen. 2) Con carácter subsidiario, el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 1370/2007 debe interpretarse en el sentido de que el artículo 5 de este Reglamento no es aplicable, durante un período de treinta años que expirará el 3 de diciembre de 2039, a un contrato contemplado en el artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letra b), de dicho Reglamento, pese al hecho de que este contrato expirará después del 3 de diciembre de 2039. 3) Con carácter subsidiario de segundo grado, el artículo 5 del Reglamento n.o 1370/2007 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la adjudicación mediante licitación de un contrato de servicio público de transporte, como el controvertido en el litigio principal, a un operador controlado por otro operador que ha resultado beneficiario de una adjudicación directa antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento. 4) Con carácter aún más subsidiario, el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.o 1370/2007, a la luz del artículo 2, letra j), de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que cabe calificar de “operador interno” a una persona jurídica de Derecho público que es titular de un contrato de servicio público de transporte local adjudicado directamente por la autoridad estatal, siempre que dicha autoridad ejerza sobre esta persona un “control análogo” al que ejerce sobre sus propios servicios. Además, el artículo 5, apartado 2, de dicho Reglamento n.o 1370/2007, a la luz de su artículo 2, letra b), debe interpretarse en el sentido de que la transferencia de las facultades de organización de los servicios de transporte, de la autoridad estatal a un ente que no ejerce ningún “control análogo” sobre el adjudicatario, no implica la exclusión del contrato adjudicado del ámbito de aplicación de esta disposición siempre que, por una parte, la autoridad estatal conserve, en exclusiva o junto con este ente, la facultad de intervenir en los transportes públicos de viajeros en la zona geográfica en cuestión (y, en consecuencia, pueda ser calificada de “autoridad competente”) y que, por otra parte, dicha autoridad continúe ejerciendo un “control análogo” sobre el adjudicatario.»
65.

Sin embargo, la normativa francesa controvertida en el litigio principal no ofrece ninguna alternativa a los no residentes. Por consiguiente, al solicitar la deducción de los gastos vinculados directamente a la percepción de los dividendos de la que disponen los residentes, los no residentes no practican el cherry-picking, sino que lo que buscan es obtener el mismo trato.
42.

En primer lugar, el artículo 20 de la Carta, que consagra la igualdad ante la ley. En efecto, según la información proporcionada por Bastei Lübbe en sus observaciones, alrededor del 70 % de las conexiones a Internet en Alemania son «conexiones familiares», es decir, que se usan en un entorno familiar. Resta, pues un 30 % de conexiones, que no se usan en ese entorno y que es muy probable que sean titularidad de personas que viven solas. Si el uso de una conexión a Internet en el entorno familiar permitiera eludir fácilmente la responsabilidad por infracciones de los derechos de autor, se dispensaría un trato desfavorable a las personas que, al vivir solas, no permiten a otros miembros de la familia acceder a su conexión a Internet. No obstante, si bien las personas que viven en familia no están en las mismas circunstancias que las que viven solas, desde el punto de vista del derecho al respeto de la vida familiar, tal diferencia circunstancial no existe en cuanto a la responsabilidad por infracciones de derechos de autor. Así pues, el mero hecho de convivir con otros miembros de la familia no puede suponer la exclusión automática de dicha responsabilidad.
16.

Por lo que se refiere a las estipulaciones contractuales en materia de consumo, el artículo 385 del Kodeks cywilny (Código Civil; en lo sucesivo, «KC») dispone lo siguiente: «§ 1. Las disposiciones de un contrato celebrado con consumidores que no hayan sido pactadas de forma individual no serán vinculantes para el consumidor cuando establezcan un régimen de sus derechos y obligaciones que sea contrario a las buenas costumbres y vulnere gravemente sus intereses (cláusulas contractuales ilícitas). Lo anterior no se aplicará a las disposiciones relativas a las prestaciones principales de las partes, en particular al precio o retribución, cuando hayan sido formuladas de forma inequívoca. § 2. En caso de que una disposición no sea vinculante para el consumidor con arreglo al apartado 1, ello no afectará al resto del contrato, que seguirá obligando a las partes.»
27.

Además, por el hecho mismo de esta suspensión, no parece que exista más tensión entre la situación controvertida en el litigio principal y el artículo 7 de la Directiva 2003/88. En la medida en que la relación laboral se considera, con arreglo al Derecho nacional y en plena conformidad con el Derecho de la Unión, suspendida por motivos no relacionados con la enfermedad de la trabajadora en cuestión, ( 45 ) la situación de la Sra. Dicu por lo que respecta al derecho a las vacaciones anuales retribuidas me parece comparable a la de un trabajador cuyo tiempo de trabajo se ha reducido provisionalmente. Pues bien, a propósito de este último, el Tribunal de Justicia ha declarado que, «si bien se excluye […] que pueda disminuirse el derecho de un trabajador a disfrutar de las vacaciones anuales retribuidas mínimas, garantizado por el Derecho de la Unión, en una situación caracterizada por el hecho de que el trabajador no ha podido responder a su obligación de trabajar debido a una enfermedad durante el período de devengo de las vacaciones anuales», ( 46 ) la jurisprudencia en virtud de la cual el artículo 7 de la Directiva 2003/88 se opone a disposiciones nacionales que prevean que, al finalizar la relación laboral, no se abonará compensación económica alguna en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al trabajador que se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo de las vacaciones anuales y/o del período de prórroga, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas, ( 47 )«no puede aplicarse mutatis mutandis a la situación de un trabajador con reducción del tiempo de trabajo». ( 48 ) El Tribunal de Justicia continúa afirmando claramente que «la situación de un trabajador incapacitado para trabajar por causa de enfermedad, por una parte, y la de un trabajador con reducción del tiempo de trabajo, por otra, son fundamentalmente diferentes». ( 49 )
4.

No se puede negar el hecho de que la rápida evolución de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia en este terreno no ha estado exenta de polémica y, dicho suavemente, de incoherencias internas. En primer lugar, el Tribunal de Justicia dictó la sentencia Taricco. ( 2 ) Después llegaron las sentencias M.A.S. y M.B. ( 3 ) y Scialdone, ( 4 ) que parecían seguir un rumbo diferente (y, al menos en mi opinión, más razonable). Más recientemente se pronunció la sentencia Kolev, que parece volver a la posición de Taricco. ( 5 ) Con numerosas otras sentencias del Tribunal de Justicia girando en torno a la jurisprudencia, ciertamente no es del todo fácil discernir cuál es la situación jurídica actual. Por este motivo, en las presentes conclusiones voy a intentar explicar por qué creo que la forma correcta de entender la sentencia Taricco y sus secuelas es la adoptada en las sentencias M.A.S. y Scialdone, y no en la sentencia Kolev.
43.

En efecto, tal como he mencionado anteriormente, con independencia de cualquier sanción que se pueda imponer de forma legítima por fraude o evasión fiscal, las autoridades tributarias no pueden exigir, en concepto de IVA no declarado, un importe superior al que el contribuyente haya percibido (o debería haber percibido) de sus clientes. Las administraciones tributarias no pueden confundir la recuperación del IVA impagado con la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas sobre el IVA. Se trata de instrumentos distintos, con naturalezas y funciones diferentes. ( 17 )
(9)

La experiencia adquirida con anteriores inclusiones en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE de sustancias activas evaluadas en el marco del Reglamento (CEE) n.o 3600/92 [ ( 5 )] pone de manifiesto que pueden surgir dificultades a la hora de interpretar las obligaciones de los titulares de las autorizaciones vigentes en lo que se refiere al acceso a los datos. Por lo tanto, para no añadir nuevas dificultades, es necesario aclarar las obligaciones de los Estados miembros, en particular la de comprobar que el titular de una autorización demuestre tener acceso a una documentación que cumpla los requisitos del anexo II de la mencionada Directiva. Esta aclaración, no obstante, no impone nuevas obligaciones a los Estados miembros o los titulares de autorizaciones respecto a las de directivas ya adoptadas para modificar el anexo I.»
37.

Además, la coherencia del Derecho laboral europeo exige que el concepto de «condiciones de trabajo» o de «condiciones de empleo» no se interprete desligándolo de su significado en otras disposiciones similares de Derecho de la Unión. ( 26 ) En este contexto debe hacerse referencia, en particular, a las Directivas antidiscriminación 2000/78/CE ( 27 ) y 2006/54/CE, ( 28 ) que concretan el principio general de la igualdad de trato en el empleo y la ocupación en relación con diferentes motivos de discriminación como el sexo, la edad o la orientación sexual. Según jurisprudencia reiterada, dichas Directivas comprenden asimismo las condiciones de despido. Así pues, los pagos vinculados a la relación de empleo que —por efecto del contrato de trabajo o por ley— debe efectuar el empresario al extinguirse la relación laboral están comprendidos también en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación. ( 29 ) Lo mismo cabe decir, en definitiva, respecto del concepto de «condiciones de trabajo» en relación con el principio de no discriminación con arreglo a la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco. ( 30 )
46.

No obstante, con independencia de la existencia y del alcance de tal principio, en mi opinión, es evidente que la presente situación es fundamentalmente diferente del tipo de asuntos examinados por el Abogado General Saugmandsgaard Øe. Tanto el derecho a deducción ( 11 ) como el derecho a exención en el caso de entregas intracomunitarias ( 12 ) son derechos que el Derecho de la Unión confiere directamente al sujeto pasivo y que la legislación nacional simplemente aplica. En cambio, como ya he expuesto, la adopción de un régimen de exención para las pequeñas empresas constituye tan sólo una opción para los Estados miembros, que gozan también, dentro de los límites a los que me he referido anteriormente, de un amplio margen de apreciación en cuanto al diseño y la aplicación de tal régimen.
13.

Según el artículo 263 de dicha Directiva: «1. Deberá presentarse un estado recapitulativo por cada mes natural, en un plazo no superior a un mes y con arreglo a las condiciones que establezcan los Estados miembros. 1 bis. No obstante, los Estados miembros podrán autorizar, en las condiciones y límites que ellos mismos determinen, a los sujetos pasivos a presentar el estado recapitulativo para cada trimestre civil, en un plazo que no exceda de un mes a partir del final del trimestre, cuando el importe total trimestral, excluido el IVA, de las entregas de bienes mencionadas en el artículo 264, apartado 1, letra d), y el artículo 265, apartado 1, letra c), no supere ni para el trimestre en cuestión ni para ninguno de los cuatro trimestres anteriores, la suma de 50000 [euros] o su contravalor en moneda nacional. La facultad mencionada en el primer párrafo dejará de ser aplicable a partir del final del mes durante el cual el importe total, excluido el IVA, de las entregas de bienes mencionadas en el artículo 264, apartado 1, letra d), y el artículo 265, apartado 1, letra c), supere, para el trimestre en curso, el importe de 50000 [euros] o su contravalor en moneda nacional. En tal caso, se establecerá un estado recapitulativo para el mes o los meses transcurridos desde el comienzo del trimestre, en un plazo que no exceda de un mes. 1 ter. Hasta el 31 de diciembre de 2011, los Estados miembros podrán fijar la cantidad prevista en el apartado 1 bis en 100000 [euros] o su contravalor en moneda nacional. […] 2. Los Estados miembros autorizarán y podrán exigir que el estado recapitulativo contemplado en el apartado 1 se presente por transferencia electrónica de fichero, en las condiciones que ellos establezcan. […]»
11.

El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf) desestimó la demanda, mediante resolución de 24 de junio de 2015, basándose en que Hanssen Beleggingen no podía ejercitar una acción frente la Sra. Prast-Knipping basada en un enriquecimiento sin causa, ya que la inscripción de la Sra. Prast-Knipping como titular registral de la marca controvertida en la Oficina de Marcas del Benelux no se había producido indebidamente. Dicho tribunal consideró que la marca controvertida formaba parte del patrimonio del Sr. Knipping a la fecha de su fallecimiento y que, por lo tanto, esa marca había sido transmitida a la Sra. Prast-Knipping, como única heredera, a título de sucesión universal. El referido tribunal no se pronunció sobre la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales alemanes, competencia que la Sra. Prast-Knipping no ha impugnado.
41.

El citado precepto prevé la imposición de sanciones a aquellas personas que ofrezcan «servicios de intermediación» relativos a los juegos de azar no autorizados (por oposición a la «oferta» de juegos de azar no autorizados —norma del artículo 10, apartado 1, punto 1— y a la «publicitación» de juegos de azar no autorizados —norma del artículo 10, apartado 3, punto 3—). Según los comentarios al proyecto de modificación de 2003, en el ámbito de los juegos de azar no autorizados, por «servicios de intermediación» se entiende «todo tipo de actividad destinada a la organización de juegos de azar o que permita la participación en juegos de azar ilegales». Los comentarios asimismo incluyen como ejemplos a) la prestación de servicios bancarios; b) facilitar espacio de servidores; o c) servicios de recopilación de información a operadores que ofrecen servicios relativos a los juegos de azar no autorizados; o d) conexión a sitios de Internet en los que se ofrecen servicios de juegos de azar no autorizados.
Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda del modo siguiente a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Finanzgericht München (Tribunal de lo Tributario de Múnich, Alemania):

«El artículo 1, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 412/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de artículos de cerámica para el servicio de mesa o de cocina originarios de la República Popular China no se opone a que, en una situación en la que no exista riesgo de elusión ni de aplicación incorrecta de los derechos antidumping, un importador pueda, a efectos de la fijación del derecho antidumping definitivo, presentar a posteriori, en el marco de un procedimiento incoado en virtud del artículo 78 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, modificado por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, una factura comercial válida, que se ajuste a los requisitos del anexo II de dicho Reglamento de Ejecución. En tal supuesto, si se cumplen todos los demás requisitos necesarios para obtener un tipo de derecho antidumping individual, las autoridades aduaneras, con arreglo al artículo 78, apartado 3, del Reglamento n.o 2913/92, modificado por el Reglamento n.o 2700/2000, adoptarán, dentro del respeto de las disposiciones que pudieran estar establecidas, ( 16 ) las medidas necesarias para regularizar la situación, teniendo en cuenta la presentación de esta factura».