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Recurso interpuesto el 18 de enero de 2022 — Polynt/ECHA

(Asunto T-29/22)

(2022/C 119/72)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) (representantes: C. Mereu y S. Abdel-Qader, abogados)

Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare el recurso admisible y fundado.

— Anule la Decisión de la Sala de Recurso de la ECHA de 9 de noviembre de 2021 en el asunto A-009-2020.

— Declare o condene a la ECHA a adoptar una nueva decisión por la que se declare que el demandante queda liberado de la obligación de aportar más información a la ECHA debido al cese de producción por fuerza mayor.

— Condene a la ECHA a cargar con todas las costas del presente procedimiento y con aquellas en que incurrió el demandante en el procedimiento ante la Sala de Recurso y a devolver las tasas abonadas en esos procedimientos.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

1. Primer motivo, basado en que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho cuando consideró que el cese de producción de la sustancia 1,3-dioxo-2-benzofurano-5-ácido carboxílico con nonano-1-ol (número CE 941-303-6) (en lo sucesivo, «sustancia») por razones de fuerza mayor no libera a la demandante de la obligación de aportar la información solicitada en la decisión relativa al control de conformidad inicial de la sustancia.

2. Segundo motivo, basado en que la Sala de Recurso desnaturalizó las pruebas que figuran en el expediente y sobre esa base (i) llegó a una conclusión jurídica errónea y (ii) requirió a la demandante que aportase pruebas basándose en hipótesis infundadas.

3. Tercer motivo, basado en que la Sala de Recurso interpretó y aplicó erróneamente los artículos 42, apartado 1, y 50, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 («REACH») (1).

4. Cuarto motivo, basado en que la Sala de Recurso interpretó y aplicó erróneamente los artículos 5 y 6 del REACH.

5. Quinto motivo, basado en que la Sala de Recurso consideró erróneamente que las orientaciones disponibles en el sitio web de la ECHA sobre las consecuencias del cese de producción no daban garantías precisas de la demandante y que ECHA no vulneró los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.

6. Sexto motivo, basado en que la Sala de Recurso interpretó y aplicó erróneamente el principio de proporcionalidad y el derecho a una buena administración.

(1) Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1).
—

Anule la Decisión de 12 de noviembre de 2020 (IA n.o 32-2020) de no incluir el nombre del demandante en la lista de los funcionarios promovidos en 2020, confirmada por la Decisión n.o R/80/21 de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de 8 de junio de 2021 en respuesta a la queja presentada por el demandante el 5 de febrero de 2021.
2.

Segundo motivo, basado en que la demandada no ha justificado la aplicación de las excepciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 y, por ello, ha infringido el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 al no realizar una interpretación y aplicación estricta del artículo 4, apartados 2, primer guion, y 3, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001.
—

La motivación de la inclusión de la demandante en las listas que figuran como anexo de los actos jurídicos impugnados no cumple los requisitos del artículo 296 TFUE, párrafo 2. Es vaga y no lo suficientemente precisa. En primer lugar, de dicha motivación no se desprende con claridad qué ayudas estatales recibió la demandante para desarrollar la zona económica especial «Bremino-Orsha». Tampoco está clara la motivación relativa a la concesión de «una serie de ventajas financieras y fiscales y otros privilegios» a favor de la demandante, porque no se entiende a qué ventajas se hace referencia. La afirmación de que los accionistas de Bremino-Grupp OOO son «los propietarios de Bremino-Orsha» ya es falsa, porque es legalmente imposible ser propietario de una zona económica. Además, la imputación de que los tres accionistas de la demandante pertenecen al «círculo íntimo de empresarios relacionados con Lukashenka», es demasiado general y no puede constituir un motivo suficiente para la imposición de sanciones.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del punto 36 del EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards del 2009 [Declaración del BEI sobre principios y normas sociales y medioambientales (2009)]. — A este respecto, se alega que, en particular, el artículo 36 establece que el BEI exige que todos los proyectos que financia respeten como mínimo: — La legislación nacional aplicable en materia de medio ambiente. — La legislación de la Unión Europea aplicable en materia de medio ambiente, en particular la directiva relativa a la evaluación del impacto ambiental (EIA) y las directivas relativas a la protección del medio natural, así como las directivas sectoriales y las directivas «transversales». — Los principios y las normas de los convenios internacionales pertinentes en materia de medio ambiente incorporados al Derecho de la Unión Europea. A juicio de la demandante, en este caso no se ha respetado ninguno de los puntos precedentes. Considera acreditadas las siguientes infracciones: a. La legislación en materia de medio ambiente de la Unión Europea, en particular: a.I El considerando 36, el artículo 4 y el artículo 14 del Reglamento UE 347/2013, (3) leídos conjuntamente (falta de análisis de los costes y los beneficios). a.II El considerando 31 del Reglamento n.o 347/2013, en relación con el artículo 5, apartado 1, y el Anexo IV, nota 1, de la Directiva 2011/92/UE (impactos acumulativos externos). (4) a.III El considerando 31 del Reglamento n.o 347/2013, en relación con el artículo 5, apartado 1, y el Anexo IV, nota 1, de la Directiva 2011/92/UE (impactos acumulativos internos) — Prohibición de «Salami Slicing» (táctica de fragmentación). a.IV El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2011/92/UE y el artículo 6, apartados 3 y 4, della Directiva sobre hábitats. a.V El artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2009/147, Directiva sobre aves. (5) a.VI El considerando 30 y el artículo 9 del Reglamento 1367/2006, en relación con el artículo 6 de la Directiva EIA (transparencia y participación). a.VII El considerando 28 y el artículo 7 del Reglamento UE 347/2013 (normativa sobre hábitats). a.VIII La infracción del artículo 191 TFUE, apartado 1, considerada conjuntamente con el incumplimiento de la Declaración del BEI sobre principios y normas sociales y medioambientales, aprobado por el Consejo de administración el 3 de febrero de 2009. b. La legislación italiana, en particular: b.I El Decreto Legislativo 42/2004 de aplicación del Convenio del Paisaje, artículo 26. b.II El Decreto Legislativo 42/2004 de aplicación del Convenio del Paisaje, artículo 146. b.III El artículo 14-ter de la Ley n.o 241, de 7 de agosto de 1990, relativo a la Reunión de servicios. b.IV La norma A57 del Decreto Ministerial de compatibilidad mediombiental 223/14. b.V El Decreto Legislativo 152/06 (falta de sanciones). b.VI El artículo 452 quater del Código Penal (desastre medioambiental).
5.

Quinto motivo basado en que se infringieron el artículo 74, apartados 2, y 6, letra a), del Reglamento (UE) 2015/1222 y el artículo 16, apartado 13, del Reglamento 2019/943, al establecer un alcance excesivo para la metodología de reparto de los costes de redespacho e intercambio compensatorio. El alcance de la metodología no debe extenderse a elementos de red no implicados en el comercio transfronterizo de electricidad con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento 2015/1222 y al artículo 16, apartado 13, del Reglamento 2019/943. El alcance de la metodología se vinculó a otras metodologías sin base legal alguna. Un alcance más amplio de lo establecido en la metodología de cálculo de la capacidad no puede acogerse legalmente. El alcance debe ser coherente con las obligaciones y responsabilidades de los gestores de redes de transporte establecidas en el artículo 74, apartado 6, letra a), del Reglamento 2015/1222.
—

La Comisión no tuvo en cuenta, en la Decisión impugnada, la importancia económica de la asignación gratuita de derechos de emisión para la demandante, que afecta no sólo a la situación del empleo en su empresa y a su desarrollo económico a largo plazo, sino también a la competitividad de la demandante con respecto a otros operadores que ofrecen un producto equivalente en el mercado. La Comisión no tuvo suficientemente en cuenta el principio de proporcionalidad, que exige la adopción de disposiciones transitorias cuando un determinado operador soporta costes más elevados que otros operadores del mismo mercado.
—

Por lo que respecta a la promoción o reclasificación, el hecho de que la administración no organice ejercicios de promoción ni permita promociones individuales da lugar a una desigualdad de trato entre la demandante, como agente temporal 2 b), en comparación con otras categorías de agentes temporales, y en particular con los agentes temporales 2 a) y 2 c).
Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2021 — Armadora Parleros/Comisión

(Asunto T-254/21)

(2021/C 252/42)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Armadora Parleros, SL (Santa Eugenia de Ribeira, España) (representante: J. Navas Marqués, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La demandante solicita al Tribunal General que:

— Declare que la Comisión Europea ha vulnerado el art. 118 del Reglamento 1224/2009 regulador de la Política Pesquera Común por omisión, al no proceder a un control y supervisión adecuado de la aplicación correcta de esa normativa por parte del Reino de España, lo cual es susceptible de un acto lesivo para la reclamante ARMADORA PARLEROS, S.L.

— Declare que esa vulneración de la Comisión ha producido un daño para la reclamante ARMADORA PARLEROS, S.L., en la pérdida del lucro cesante por la pesca de caballa y de merluza en el periodo de tiempo de 2006 a 2020.

— Condene a la Comisión Europea a abonar a la entidad mercantil ARMADORA PARLEROS, S.L. una cantidad de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (9 881 434,61 €) en concepto de indemnización por daños y perjuicios, junto con los intereses a los tipos legales y de capitalización de los citados intereses.

— Condene a la Comisión Europea a la totalidad de las costas judiciales que se generen.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único.

La demandante denuncia, en efecto, el comportamiento ilícito de la Comisión Europea. En especial respecto a la omisión en su deber de vigilancia y control con respecto al Reino de España acerca de la aplicación efectiva de la Política Pesquera Común (PPC), y en concreto del Reglamento no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común (DO 1993 L 261, p. 1) y el Reglamento no 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (DO 2009 L 343, p. 1). Se hace especial alusión, a este respecto, a «la ausencia de verificación de la potencia de los motores de los buques arrastreros que faenan en aguas del Cantábrico y del Noroeste».

Como consecuencia de este incumplimiento, la demandante sufrió un perjuicio entre los años 2006 y 2020 debido a la imposibilidad de hacer uso del buque «Vianto Tercero» el cual, debido a una mala aplicación de la PPC, tuvo que ser desguazado y como consecuencia, pasó a estar totalmente inutilizado. Todo ello generó un perjuicio económico a la sociedad ARMADORA PARLEROS S.L.
2.

Segundo motivo, basado en que la Decisión de Ejecución impugnada infringe el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 507/2006 debido a: — la inexistencia de una relación beneficio-riesgo positiva de conformidad con el artículo 1, punto 28 bis de la Directiva 2001/83/CE; (2) — el incumplimiento del requisito previo del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 507/2006, dado que es probable que la solicitante no pueda entregar a posteriori los extensos datos clínicos; — el incumplimiento del requisito del artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 507/2006, dado que no existe una necesidad médica no cubierta que pudiera cubrirse con el medicamento autorizado; — el incumplimiento del requisito del artículo 4, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.o 507/2006.
—

Anule, conforme al artículo 263 TFUE, la Decisión de Ejecución (PESC) 2020/2130 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por la que se aplica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (DO L 426I/14) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2129 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO L 426I/1) en cuanto conciernen a la demandante.
4.

Cuarto motivo, basado en un error de apreciación que infringe Derecho de la Unión de rango superior en forma de principios generales del procedimiento, en materia de administración de justicia o del Derecho. — La demandada hizo un uso incorrecto, según la demandante, de su discrecionalidad al no haber tenido en cuenta en absoluto la posición y las consecuencias que la Decisión tendría para ella. — La demandante no ha tenido oportunidad de presentar sus observaciones en relación con los motivos de sospecha y no será oída en el futuro con arreglo al artículo 1 de la Decisión, de modo que está indefensa frente a las decisiones que adopte la solicitante. — El hecho de que la demandante haya hecho uso de su derecho fundamental procedimental, protegido por el Derecho constitucional y el Derecho de la Unión, a demandar a la solicitante ante los tribunales nacionales no puede ser tenido en cuenta en el ejercicio de la discrecionalidad. Al hacerlo, la demandada se ha extralimitado del margen de apreciación de que disfruta. — La demandada no ha considerado en su apreciación medios menos gravosos ni medidas compensatorias, pese a que habría sido absolutamente necesario para llevar a cabo una ponderación y una valoración suficientes.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 3.3 del anexo X de las disposiciones administrativas. En particular, el demandante considera que el citado artículo no es aplicable, por entender que en el presente litigio no existe un caso justificado que permita al servicio médico rechazar los certificados médicos que presentó.
1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 15.2 del pliego de condiciones, en el incumplimiento de los deberes de diligencia y minuciosidad, en la violación de los principios de igualdad, de competencia y de transparencia y en la infracción del artículo 170, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento 2018/1046»). A este respecto, la demandante considera que el Parlamento debería haberle adjudicado el contrato, toda vez que la SPRL IMAGINA EU no disponía de la capacidad económica y financiera suficiente, por lo que no podía ser seleccionada.
1.

Los recurrentes establecen que la valoración de Deloitte está sesgada a los intereses de la JUR y perjudica a los accionistas entre otras razones porque — Infravalora los activos fiscales diferidos, que han sido íntegramente cobrados por Banco Santander; — No tiene en cuenta que la cobertura de préstamos dudosos entre garantías y provisiones era del 100 %; — Infravalora la cartera de préstamos no dudosos; — No contabiliza todos los activos del grupo Banco Popular separando los activos de la entidad jurídica Banco Popular de los de sus filiales y participadas; — No tiene en cuenta que el valor neto contable de los activos inmobiliarios una vez descontadas las provisiones eran de 10 896 millones de euros.
9.

Noveno motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 2, y el artículo 6 del Reglamento (UE) 2015/1589 (2) del Consejo y vulneró el principio de buena administración, recogido en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales. Más concretamente, las demandantes aducen que la Comisión no indicó en su Decisión de incoar el procedimiento sus dudas relativas a la justificación de la «exención del 75 %» establecida en el artículo 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 para evitar las dificultades prácticas que entraña llevar a cabo un análisis adecuado de las funciones que ejercen las personas influyentes en relación con la actividad de préstamos intragrupo, como ofrecer a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre esta cuestión; al llevar a cabo su investigación, no solicitó a las partes interesadas que formularan comentarios a este respecto y en la Decisión impugnada decidió ignorar los comentarios que habían realizado sobre este particular las partes interesadas. En consecuencia, a juicio de las demandantes, la Decisión impugnada es nula.
2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 respecto al «grado de preocupación equivalente», dado que: — primero, la evaluación del «grado de preocupación equivalente» requerida con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006 no tuvo en cuenta factores distintos de los relacionados con los riesgos derivados de las propiedades intrínsecas de la sustancia y no consideró factores, como la biodegradabilidad del 4-terc-butilfenol, que eran necesarios para tal evaluación (o se basaban en meras conjeturas); — segundo, el Estado miembro proponente, Alemania, se ha basado en datos no fiables y extrapolaciones no demostradas de las propiedades de otra sustancia; — tercero, la decisión impugnada declara que el 4-terc-butilfenol era equivalente a una sustancia CMR con respecto a la cual no existe una evaluación científica que aporte una justificación.
1.

Primer motivo, basado en el carácter ilegal de la medida de denegación de acceso a la decisión del BCE de 2 de enero de 2019, en particular: — Aplicación errónea del artículo 4, párrafo 1, letra c), de la Decisión BCE/2004/3; inexistencia de una presunción general de no accesibilidad a las decisiones del BCE, ya que tienen eficacia vinculante y no carácter meramente preparatorio. — Inexistencia de los requisitos para la aplicación del artículo 4, párrafo 1, letra c), de la Decisión BCE/2004/3; la información relativa a Banca Carige S.p.A. ya fue comunicada al público también en el marco del cumplimiento de las obligaciones informativas impuestas por la normativa sectorial. — Vulneración de los principios de proporcionalidad e imparcialidad que derivan de la no comunicación de una versión no confidencial de la decisión del BCE de 2 de enero de 2019. — Infracción del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, por falta de motivación de la medida de denegación de acceso. — Menoscabo del derecho de defensa y al control judicial de la demandante.
2.

Segundo motivo, basado, por una parte, en la infracción de los artículos 429, apartado 14, y 400, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1), y, por otra parte, en la desviación de poder en que incurrió el BCE. La demandante considera que, al basar su decisión en la existencia de un riesgo de concentración en la Caisse des dépôts et consignations (en lo sucesivo, «CDC») para denegar completamente la exclusión de las exposiciones de Crédit Lyonnais (en lo sucesivo, «LCL») frente a la CDC de su ratio de apalancamiento, el BCE impone a LCL un requisito prudencial en relación con la concentración frente a las exposiciones soberanas que el artículo 400, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 no le permite imponer y utiliza las facultades que le confiere el artículo 429, apartado 14, del mismo Reglamento con fines distintos de los previstos en este artículo.
6.

Sexto motivo, basado en una infracción de los derechos de defensa y del derecho a un proceso equitativo. La demandante no tuvo la posibilidad de ser oída antes de la imposición de las medidas restrictivas controvertidas y no pudo ejercitar debidamente sus derechos de defensa, incluido su derecho a un proceso equitativo, garantizado, en particular, por el artículo 6, apartado 3, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y por el artículo 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
—

Mientras no se dicte sentencia, ordene la suspensión de la aplicación de todas las medidas de ejecución comprendidas en el Reglamento 2019/474 y en la Directiva 2019/475 y, en particular, las relativas a la matriculación de vehículos automóviles previstas en la Ley de 1 de diciembre de 2018 n.o 132 (Ley de conversión del Decreto ley de 4 de octubre de 2018, n.o 113).