SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 26 de enero de 1995

Asunto T-549/93

D

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Procedimiento disciplinario — Consejo de disciplina — Investigación — Acoso sexual»

Texto completo en lengua francesa II-43

Objeto:

Recurso por el que se solicita la anulación de la decisión de la Comisión de 30 de septiembre de 1993, por la que se impone al demandante la sanción disciplinaria de separación del servicio sin supresión ni reducción de sus derechos a pensión de jubilación, prevista en la letra f) del apartado 2 del artículo 86 del Estatuto.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El 4 de mayo de 1993, se informó al demandante de la incoación contra él de un procedimiento disciplinario por estar acusado de haber acosado sexualmente al personal femenino de la Delegación y de haber incurrido en irregularidades administrativas durante el período en que desempeñó las funciones de Jefe de Delegación. Después de haber sido oído, fue suspendido en sus funciones sin que se practicara retención alguna en su retribución, tal como prevé el artículo 88 del Estatuto. La Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) encargó entonces a un funcionario que procediera in situ a oír a las denunciantes y a los testigos que habían formulado declaraciones, así como a inspeccionar las dependencias. El 9 de julio de 1993, la AFPN elevó al Consejo de disciplina del presente asunto un informe en el cual se imputaba al demandante haber acosado sexualmente a los agentes locales femeninos empleados en dicha Delegación cuando era Jefe de la misma. Dicho informe no aludía ya a las «graves irregularidades administrativas». En su dictamen de 27 de julio de 1993, el Consejo de disciplina recomendó a la AFPN «imponer al Sr. D. la sanción disciplinaria contemplada en la letra f) del apartado 2 del artículo 86 del Estatuto, a saber la separación del servicio, sin supresión de sus derechos a pensión de jubilación». Al ser oído por el Consejo de disciplina, el demandante solicitó que se realizara una investigación complementaria y contradictoria, que debía incluir, en particular, un careo con las tres denunciantes y un reconocimiento médico. El Consejo de disciplina denegó dicha solicitud. No obstante, después de haber oído de nuevo al demandante, la AFPN le comunicó que había decidido estimar su solicitud de que se practicara un careo con cada una de las denunciantes antes de que se adoptara una decisión sobre su caso. Dicho careo tuvo lugar el 7 de septiembre de 1993 ante un delegado de la AFPN. El 15 de septiembre de 1993, la AFPN oyó por última vez al demandante, según dispone el artículo 7 del Anexo IX del Estatuto.

Al término de este procedimiento, la AFPN impuso al demandante la sanción de separación del servicio sin supresión de sus derechos a pensión de jubilación, a partir del 1 de diciembre de 1993, por cuanto los hechos imputados, en la forma en que resultan de las declaraciones de las víctimas, constituyen una falta muy grave así como un delito de Derecho común que ni el estado de salud del demandante ni ninguna otra circunstancia permiten justificar en ningún caso.

Sobre el primer motivo fundado en la infracción del párrafo tercero del artículo 7 del Anexo IX del Estatuto y del párrafo tercero del artículo 88 del Estatuto

Sobre la infracción del párrafo tercero del artículo 7 del Anexo IX del Estatuto

El plazo señalado en el párrafo tercero del artículo 7 del Anexo IX del Estatuto no es perentorio, si bien dicta una norma de buena administración cuya finalidad es evitar, tanto en interés de la administración como de los funcionarios, un retraso injustificado en la adopción de la decisión que pone fin al procedimiento disciplinario. Por consiguiente, las autoridades disciplinarias tienen la obligación de tramitar el procedimiento disciplinario con diligencia y de actuar de forma que cada medida se adopte dentro de un plazo de tiempo razonable en relación con la precedente. La inobservancia de este plazo -que no puede apreciarse más que en función de las especiales circunstancias del caso- puede provocar la anulación de la decisión (apartado 25).

Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1970, Van Eick/Comisión(13/69, Rec. p. 3); Tribunal de Justicia, 29 de enero de 1985. F./Comisión (228/83, Rec. p. 275); Tribunal de Justicia, 19 de abril de 1988, M./Consejo(asuntos acumulados 175/86y 209/86, Rec. p. 1891); Tribunal de Primera Instancia, 17 de octubre de 1991, De Compte/Parlamento(T-26/89, Rec. p. II-781), apartado 88

Este Tribunal de Primera Instancia observa que, considerando las circunstancias del presente caso, las sucesivas medidas adoptadas contra el demandante se sucedieron dentro de un período de tiempo razonable (apartado 26).

Sobre la infracción del párrafo tercero del artículo 88 del Estatuto

El párrafo tercero del artículo 88 del Estatuto, leído a la luz de los demás párrafos de dicho artículo, tiene por objeto impedir que un funcionario, contra el que se incoa un procedimiento disciplinario, pueda verse privado de su retribución durante más de cuatro meses sin que se haya resuelto sobre su caso. Dicho plazo de cuatro meses es perentorio únicamente en el sentido de que, una vez transcurrido, el funcionario vuelve a percibir su retribución íntegra, como prevé el párrafo cuarto del artículo 88 (apartados 32 y 33).

Puesto que el demandante siguió percibiendo su retribución durante el período en que estuvo suspendido, no puede aceptarse el argumento fundado en la inobservancia del plazo previsto en el párrafo tercero del artículo 88 del Estatuto (apartado 34).

Sobre el segundo motivo fundado en la infracción del párrafo segundo del artículo 87 del Estatuto y en la violación del derecho de defensa

En virtud del artículo 6 del Anexo IX del Estatuto, el Consejo de disciplina dispone de una amplia facultad de apreciación sobre la necesidad de ordenar una investigación contradictoria (apartado 44).

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1985, R./Comisión (asuntos acumulados 255/83 y 256/83, Rec. p. 2473), apartado 24

En el presente caso, la AFPN, al serle elevado un dictamen del Consejo de disciplina del cual consta que era conforme a Derecho, decidió, en interés del demandante, proceder a un careo entre éste y las denunciantes, aun cuando el Consejo de disciplina había considerado que dicho careo era innecesario. El demandante entiende que, dado que el Consejo de disciplina no podía actuar de oficio, la AFPN tenía la obligación de volver a elevarle el resultado del careo (apartados 43 y 45).

El hecho de que el tenor literal del artículo 11 del Anexo IX del Estatuto no imponga ninguna obligación a la AFPN de volver a abrir el procedimiento disciplinario elevando un nuevo informe al Consejo de disciplina no impide que esta obligación pueda resultar de dicha disposición, leída a la luz del principio jurídico superior del respeto del derecho de defensa (apartados 47 y 48).

El contenido del concepto de «hechos nuevos» que utiliza el artículo 11 del Anexo IX del Estatuto debe determinarse a la luz del artículo 1 de este mismo Anexo, el cual establece que, en el informe elevado al Consejo de disciplina deben constar «claramente los hechos imputados y, en su caso, las circunstancias en que hubieren sido cometidos». Por consiguiente, si una medida de instrucción complementaria pone de manifiesto un hecho nuevo imputado o una nueva circunstancia en la cual se cometieron los hechos que se imputan o cualquier otro elemento susceptible de modificar sustancialmente la apreciación de la realidad, del alcance o de la gravedad de los hechos imputados, modificando de esta forma el contenido del informe elevado al Consejo de disciplina, la AFPN se halla obligada, en virtud del artículo 11 del Anexo IX del Estatuto, leído a la luz del principio jurídico superior del respeto del derecho de defensa, a reabrir el procedimiento disciplinario elevando un nuevo informe al Consejo de disciplina (apartado 49).

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, en el presente caso, la AFPN concluyó con pleno fundamento en que el careo no había puesto de manifiesto la existencia de hechos nuevos, por lo cual no tenía la obligación de volver a elevar un informe al Consejo de disciplina (apartado 54).

La AFPN está autorizada para delegar sus facultades, por razones relativas al buen funcionamiento de los servicios durante el procedimiento disciplinario, siempre que se respeten las garantías concedidas a los funcionarios por el Estatuto y no se conculquen las normas de una buena administración en materia de gestión del personal (apartado 57).

Referencia: Tribunal de Justicia, 8 de julio de 1965, Fonzi/Comisión (asuntos acumulados 27/64 y 30/64, Rec. p. 615); Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1973, De Greef/Comisión (46/72, Rec. p. 543); Tribunal de Justicia, 30 de mayo de 1973, Drescig/Comisión(49/72, Rec. p. 565)

Este Tribunal de Primera Instancia entiende que, en el presente caso, no se han ignorado las garantías concedidas al demandante por el Estatuto, dado que la AFPN estuvo suficientemente informada acerca del desarrollo del careo mediante un acta que lo describía detalladamente (apartado 58).

Sobre el tercer motivo referente a un error de apreciación manifiesto

La AFPN no ha confundido las denuncias de las víctimas y la prueba al considerar acreditados los hechos imputados. Los hechos se refieren a actos de connotación sexual, cometidos por el demandante contra tres agentes femeninos de su Delegación en su despacho, en general cerrado con llave, o en un apartamento privado que se hallaba a disposición de un funcionario en prácticas, ausente en aquella época. Entre otros actos, el demandante se dirigió a las víctimas en términos vulgares, manifestando sus deseos sexuales. Cometió actos de exhibicionismo, se masturbo ante una de las víctimas, obligó a una de éstas a tocar sus órganos genitales e intentó mantener relaciones sexuales con una de ellas. Todos estos actos se produjeron en repetidas ocasiones y sin el consentimiento de los agentes locales implicados (apartados 67 y 68).

La AFPN ha presentado varios medios de prueba. Están, en primer lugar, las declaraciones de las tres víctimas, realizadas en tres ocasiones y que son plenamente concordantes. El hecho de que tres agentes femeninos formulen denuncias al propio tiempo contra un mismo tipo de comportamiento confiere a sus declaraciones mayor autoridad que si las hubiere hecho una sola de ellas. La credibilidad de las citadas declaraciones se ve corroborada por las declaraciones de otros miembros del personal de la Delegación, recogidas por los inspectores de la Comisión (apartados 69 a 71).

Este Tribunal de Primera Instancia observa que dichos medios de prueba eran suficientes para permitir que la AFPN considerara que los hechos imputados habían quedado acreditados (apartado 72).

Dado que dichos actos atenían contra la dignidad de la función en el sentido del artículo 12 del Estatuto, la AFPN podía afirmar que el demandante había incumplido gravemente sus obligaciones estatutarias y las inherentes al ejercicio de sus funciones (apartado 75).

Los hechos así acreditados se hallan comprendidos dentro del concepto de acoso sexual, en la forma que se desprende del Anexo a la Recomendación 92/131, la cual exige que el comportamiento tenga una connotación sexual o se funde en el sexo, que se considere indeseable por parte de la persona que fue objeto del mismo, y que cree un clima de intimidación, hostilidad o humillación frente a la persona que ha sido objeto del mismo o que se le manifieste en el sentido de que tendrá para ella ventajas o inconvenientes profesionales según que lo acepte o lo rechace. En presencia de un comportamiento como el del demandante, no es preciso, para que exista acoso sexual, que las víctimas manifiesten claramente que era indeseable, ya que dicha exigencia sólo se requiere cuando los hechos imputados únicamente guardan relación con un mero interés sexual (apartados 76 y 77).

Este Tribunal de Primera Instancia señala que, en el presente caso, concurren los tres elementos constitutivos del acoso sexual (apartado 81).

Sobre el cuarto motivo fundado en desviación de poder

Dado que los hechos que han quedado acreditados justifican ampliamente, en principio, la decisión impugnada, la cual tiene por objeto reprimir un comportamiento del demandante merecedor de sanciones disciplinarias, no puede considerarse fundado el motivo basado en la existencia de una desviación de poder (apartado 87).

Sobre el quinto motivo fundado en la violación del principio de proporcionalidad, así como en el incumplimiento de la Recomendación 92/131 y de la obligación de motivación

Dado que ha quedado acreditada la realidad de los hechos imputados al funcionario, corresponde a la autoridad disciplinaria determinar la sanción adecuada. Por consiguiente, este Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir su apreciación a la de la AFPN, salvo en caso de error manifiesto o de desviación de poder (apartado 96).

Referencia: F./Comisión, antes citada

Este Tribunal de Primera Instancia considera que, dada la gravedad de los hechos imputados, la sanción disciplinaria impuesta por la AFPN no es el resultado de un error de apreciación manifiesto (apartado 97).

Un acto de acoso sexual constituye un incumplimiento disciplinario para el que el artículo 86 del Estatuto prevé un conjunto de sanciones aplicables. El régimen disciplinario previsto en el Estatuto no establece una relación fija entre la sanción y el incumplimiento en el que se haya incurrido. Por lo tanto, la Comisión no estaba obligada a establecer un conjunto de sanciones correspondientes a los distintos tipos de acoso sexual para poder sancionar disciplinariamente dichos actos (apartado 98).

La obligación de motivar una decisión lesiva tiene como finalidad, por una parte, permitir al Juez comunitario ejercer su control sobre la legalidad de la decisión y, por otra parte, facilitar al interesado las indicaciones necesarias sobre la fundamentación de ésta. Esta obligación debe apreciarse en cada caso concreto teniendo en cuenta las especiales circunstancias de la decisión controvertida (apartado 99).

Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de junio de 1983, Verzyck/Comisión (225/82, Rec. p. 1991) ; Tribunal de Justicia, 13 de julio de 1989, Cendoya/Comisión(108/88, Rec. p. 2711); Tribunal de Justicia, 21 de junio de 1984, Lux/Tribunal de Cuentas (69/83, Rec. p. 2447), apartado 36

Este Tribunal de Primera Instancia declara que la motivación de la decisión controvertida es suficiente (apartados 100 y 101).

Sobre el sexto motivo fundado en el incumplimiento de la obligación de someter al demandante a un reconocimiento psiquiátrico

Lo anormal del comportamiento del demandante no constituye, en sí mismo, un indicio de que no hubiera sido responsable de sus actos y no podía obligar al Consejo de disciplina ni a la AFPN a proceder a un reconocimiento psiquiátrico del demandante (apartados 105 y 106).

Fallo:

Se desestima el recurso.