Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación - Motivos - Mera repetición de los motivos y alegaciones presentados ante el Tribunal de Primera Instancia - No determinación del error de Derecho invocado - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 168 A (actualmente art. 225 CE); Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, párr. 1, letra c)]

2. Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - No adopción de una propuesta de reglamento para el establecimiento de un derecho antidumping

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación); Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 6, ap. 9]

3. Recurso de anulación - Actos recurribles - Reglamento por el que se establecen derechos antidumping definitivos y decisión de concluir el procedimiento antidumping sin imposición de derechos antidumping - Relevancia del carácter reglamentario del procedimiento - Inexistencia

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]

4. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Reglamento por el que se establecen derechos antidumping - Admisibilidad de recursos interpuestos por los denunciantes y, en determinadas circunstancias, por los productores, los exportadores y los importadores de los productos considerados

[Tratado CE, art. 173, párr. 4 (actualmente art. 230 CE, párr. 4, tras su modificación)]

5. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - No adopción de una propuesta de reglamento para el establecimiento de un derecho antidumping definitivo

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, arts. 9, ap. 4, y 21]

6. Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Acto normativo - Motivación insuficiente - Inexistencia de responsabilidad

[Tratado CE, arts. 190 y 215, párr. 2 (actualmente arts. 253 CE y 288 CE, párr. 2)]

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1. Se desprende de los artículos 168 A del Tratado (actualmente artículo 225 CE), 51, párrafo primero, del Estatuto CE del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión.

No cumple este requisito el recurso de casación que, sin incluir siquiera una argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que supuestamente adolece la sentencia recurrida, se limita a reproducir los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia.

( véanse los apartados 46 y 47 )

2. Sólo constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, a efectos del artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de los demandantes. Cuando se trata de actos cuya elaboración se efectúa en varias fases, en particular a través de un procedimiento interno, en principio sólo constituyen actos que pueden impugnarse las medidas que fijan definitivamente la postura de la Comisión o del Consejo al finalizar dicho procedimiento, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo es preparar la decisión definitiva.

No puede ser objeto de un recurso de anulación el acto que no puede producir efectos jurídicos y tampoco está destinado a producir tales efectos. Para determinar si un acto impugnado produce tales efectos hay que atenerse a su contenido esencial.

En consecuencia, la no adopción de una propuesta de reglamento por el que se establecía un derecho antidumping definitivo, presentada por la Comisión, junto con la expiración del plazo de quince meses previsto en el artículo 6, apartado 9, del Reglamento antidumping de base nº 384/96, que fijó definitivamente la postura del Consejo en la última fase del procedimiento antidumping, reúne todas las características de un acto impugnable a efectos del artículo 173 del Tratado, al producir efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a los intereses de las empresas que han presentado una denuncia, al inicio de la investigación antidumping, en nombre de la industria comunitaria.

( véanse los apartados 54 a 56 y 65 a 67 )

3. El procedimiento en materia de derechos antidumping es análogo en muchos aspectos a un procedimiento administrativo. En efecto, en esta materia, el Consejo actúa en el marco de una normativa -el Reglamento de base- que fija límites claramente definidos a las facultades de las instituciones y confiere garantías procesales a los operadores económicos interesados y a sus asociaciones profesionales. De este modo, el Consejo actúa dentro de un marco reglamentario que él mismo se ha impuesto y que especifica las condiciones en las que debe adoptarse un reglamento antidumping y el margen de maniobra del Consejo en la adopción o no de tales medidas.

De ello se infiere que se puede recurrir ante los órganos jurisdiccionales comunitarios no sólo contra los reglamentos por los que se establezcan derechos antidumping definitivos, aprobados al término del procedimiento antidumping, sino también contra las decisiones de la Comisión o del Consejo por las que se dé por concluido el procedimiento antidumping sin imposición de tales derechos.

( véanse los apartados 69 a 72 )

4. Si bien los reglamentos por los que se establecen derechos antidumping tienen, por su naturaleza y su alcance, carácter normativo, al aplicarse a todos los operadores económicos, tales reglamentos pueden, no obstante, afectar individualmente no sólo a los productores comunitarios, por su condición de denunciantes, sino también, en determinadas circunstancias, a los productores y exportadores del producto considerado a los que se les haya acusado de prácticas de dumping, así como a los importadores del producto.

( véase el apartado 73 )

5. La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE) debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias de dicho artículo 190 debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

Cuando el Consejo decide no adoptar una propuesta de reglamento por el que se establezcan derechos antidumping definitivos, le corresponde dar una motivación suficiente que ponga de manifiesto, de forma clara e inequívoca, las razones por las que, a la luz del Reglamento de base, no procedía adoptar tal propuesta.

En efecto, a partir del momento en que, en virtud del artículo 9, apartado 4, del Reglamento antidumping de base nº 384/96, «el Consejo [...] podrá establecer un derecho antidumping definitivo» cuando «de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda que existe dumping y perjuicio y que, con arreglo al artículo 21», el respeto de la obligación de motivación implica que el acto por el que el Consejo decide no adoptar una propuesta de reglamento por la que se establezcan derechos antidumping definitivos ponga de manifiesto que no existe dumping o el perjuicio correspondiente o, también, que los intereses de la Comunidad no exigen una acción comunitaria.

( véanse los apartados 88 a 91 )

6. El Derecho comunitario reconoce un derecho a indemnización cuando concurren tres requisitos, a saber, que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la violación esté suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al autor del acto y el daño sufrido por las víctimas.

Si la eventual insuficiencia de motivación de un acto reglamentario no puede originar la responsabilidad de la Comunidad, con más razón la insuficiencia de motivación de un acto que pone fin a un procedimiento en materia de derechos antidumping no puede, por sí misma, generar dicha responsabilidad de la Comunidad.

( véanse los apartados 97 a 99 )