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Palabras clave

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Palabras clave

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Funcionarios - Recurso - Interés para ejercitar la acción - Recurso de anulación dirigido contra el nombramiento de otro funcionario - Inexistencia de perjuicios personales y de interés existente y actual - Inadmisibilidad

(Estatuto de los funcionarios, art. 91, apartado 1)

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Según el apartado 1 del artículo 91 del Estatuto tan sólo son admisibles los recursos interpuestos contra un acto lesivo para el demandante, en el sentido de que afecte de forma directa e inmediata su situación jurídica. Es así como un funcionario, cuando interpone un recurso de anulación contra el nombramiento de otro funcionario, no puede hacer valer más que motivos de perjuicio que le son personales, puesto que no está legitimado para actuar en interés de la ley o de las instituciones, y no puede contentarse con invocar intereses futuros o hipotéticos.
Al exigir una reclamación administrativa previa, la finalidad del artículo 91 del Estatuto es la de permitir y favorecer el arreglo amistoso de las controversias entre los funcionarios y la administración. Para satisfacer esta exigencia, conviene que esta última esté en condiciones de conocer con suficiente precisión los agravios o deseos del interesado. Por el contrario, esta disposición no tiene por objeto vincular, de forma rigurosa y definitiva, la eventual fase contenciosa con tal que el recurso jurisdiccional no modifique ni la causa ni el objeto de la reclamación. Por consiguiente, es suficiente que el funcionario o agente afectado presente al Tribunal de Justicia, por una parte, pretensiones que tengan el mismo objeto que las planteadas en la reclamación y, por otra parte, motivos de impugnación que se basen en la misma causa que los invocados en la reclamación.

Habida cuenta de la independencia de los tribunales de concurso, la institución afectada no dispone de la facultad de anular o modificar una decisión adoptada por un tribunal de concurso. No obstante, en el ejercicio de sus propias competencias, la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede quedar vinculada por una decisión de un tribunal de concurso cuya ilegalidad pueda viciar, de rechazo, sus propias decisiones. Por consiguiente, le incumbe comprobar la legalidad de las decisiones adoptadas por el tribunal de concurso especialmente en lo relativo a la admisión al concurso. Cuando el tribunal de concurso admite equivocadamente que un candidato participe en un concurso y lo incluye en la lista de aprobados, la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos debe negarse a proceder al nombramiento de dicho candidato, mediante una decisión motivada que permita al Tribunal de Justicia, en su caso, juzgar sobre si aquélla está fundada.
El destino de una mercancía, que no es una cualidad inherente a la misma, no puede servir como criterio objetivo para su clasificación arancelaria en el momento de su importación, ya que es imposible en ese momento determinar el uso efectivo que se hará de ella. En consecuencia, el uso efectivo de una mercancía no puede considerarse criterio para determinar la clasificación arancelaria.
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La demandante considera que el Reglamento n° 481/82 es ilegal en la medida en que prevé la aplicación de MCM a la importación de carne de bovino, efectuada al amparo del contingente arancelario comunitario de carne de bovino de primera calidad. En efecto, afirma, la percepción de MCM no es conforme con el artículo 1, apartado 3, del Reglamento n° 974/71 del Consejo, de 12 de mayo de 1971, relativo a determinadas medidas de política de coyuntura en el sector agrícola como consecuencia de la ampliación temporal de los márgenes de fluctuación de las monedas de determinados Estados miembros (DO L 106, p. 1), modificado por el Reglamento n° 2746/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO L 291, p. 148). En primer lugar, afirma, la percepción no está justificada por la existencia o la amenaza de una perturbación en los intercambios intracomunitários. Además, la percepción de MCM viola, por una parte, el principio de proporcionalidad ya que la percepción no se limita, en el caso en cuestión, a lo estrictamente necesario, y, por otra parte, la prohibición de un elemento suplementario de protección para los MCM.
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A este respecto conviene recordar que los intercambios de productos textiles entre Macao y la Comunidad se regían, al producirse los hechos que han dado lugar a este procedimiento, por el segundo Acuerdo Multifibras concluido en el marco del GATT. Este Acuerdo, aunque aún no se haya aprobado oficialmente por la Comunidad, se ha hecho aplicable provisionalmente, en particular en las relaciones entre la Comunidad y Macao, en virtud del Reglamento no 3059/78 del Consejo, de 21 de diciembre de 1978 (DO 1978, L 365, p. 1), sustituido por el Reglamento no 3589/82 del Consejo, de 23 de diciembre de 1982, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de ciertos productos textiles originarios de terceros países (DO 1982, L 374, p. 106; EE 11/17, p. 62).
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Sin embargo, a pesar de la formulación de una propuesta en este sentido por la Comisión (DO 1982, C 78, p. 2), el Consejo no ha adoptado hasta el momento una normativa de este tipo aplicable a los transportes aéreos. Efectivamente, el Reglamento no 17 no es aplicable a este sector en virtud del Reglamento no 141 de 26 de noviembre de 1962 (DO 1962, p. 204) y, en consecuencia, dicha normativa no ha sido adoptada más que en relación con los transportes por ferrocarril, carretera o vías navegables (véase Reglamento no 1017/68 de 19 de julio de 1968, DO L 175, p. 1; EE 08/01, p. 106).
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Condenado en primera instancia al pago de 158502 DM en concepto de atrasos de cánones sobre su volumen de ventas de los años 1978 a 1980, el cesionario interpuso recurso contra dicha sentencia ante el Oberlandesgericht de Frankfurt am Main, alegando, para no pagar estos atrasos, que los contratos de que se trata infringían el artículo 85, apartado 1, del Tratado y no se beneficiaban de la exceptuación por categorías concedida a los acuerdos de exclusiva por el Reglamento no 67/67 de la Comisión anteriormente citado. Mediante sentencia de 2 de diciembre de 1982, el Oberlandesgericht hizo suyos los argumentos del cesionario. Estimó que los compromisos de exclusiva recíproca constituían restricciones a la competencia en el mercado común, ya que el cedente no podía abastecer a ningún otro comerciante en la zona contractual y el cesionario sólo podía comprar y vender otras mercancías procedentes de otros Estados miembros de manera limitada. Al no beneficiarse dichos contratos de exceptuación alguna, con arreglo al artículo 85, apartado 3, debían considerarse nulos, en virtud del artículo 85, apartado 2. Respecto a la exceptuación, el Oberlandesgericht estimó especialmente que no era necesario decidir si los contratos atípicos de franquicia estaban excluidos por principio del ámbito de aplicación del Reglamento no 67/67 de la Comisión anteriormente citado. En efecto, según el Oberlandesgericht, los contratos de que se trata contienen en todo caso obligaciones más gravosas que las descritas en el artículo 1 de este Reglamento y que constituyen restricciones a la competencia no permitidas por el artículo 2.
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La SVB fundamentó esta decisión en el hecho de que la esposa del Sr. De Jong no había estado asegurada conforme a la AOW entre la fecha de la partida a Italia de los cónyuges y aquélla en que el Sr. De Jong cumplió los 65 años, no pudiendo por tanto asimilarse a un residente en los Países Bajos en el sentido de los artículos 43 y 44 de la AOW. Si, en virtud de lo que dispone el punto 2, párrafo c) del Anexo VI, título I, del Reglamento no 1408/71, el período transcurrido entre la marcha de los esposos a Italia y el 65o cumpleaños del Sr. De Jong, igual por supuesto que el que corrió entre la instalación de los esposos en los Países Bajos en 1951 y la entrada en vigor de la AOW, en cuanto a períodos de matrimonio que tienen consideración de períodos del seguro del marido, debían «ser tomados en consideración como períodos de seguro», ello no produciría el resultado de que se aplicase el régimen transitorio del artículo 43 de la AOW y del Real Decreto de 20 de diciembre de 1956, porque tales períodos, que habría que tener en cuenta en virtud del citado punto 2, párrafo c), no constituirían verdaderos períodos de seguro.
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Con arreglo a estas disposiciones, el Real Decreto al que se refiere la cuestión prejudicial autoriza el empleo de los colorantes de que se trata en el asunto principal para determinados productos alimenticios distintos de los huevos de pescado no ahumados y también autoriza que se añadan a este último producto determinados colorantes distintos de los que aquí se examina. Por el contrario, no autoriza los colorantes controvertidos para los huevos de pescado no ahumados. Efectivamente, según las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia por el Gobierno belga, en aquella época nadie había solicitado la inscripción de dicha combinación en la lista positiva de aditivos y, por esta razón, las autoridades belgas no habían tenido ocasión de definir su postura sobre dicha inscripción.
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El Gobierno italiano, como respuesta al dictamen motivado, explicaba que la preocupación de los servicios veterinarios italianos era únicamente la de programar los transportes por carretera en función de la capacidad de recepción de las infraestructuras existentes en los distintos puestos fronterizos. Al contrario, según él, el transporte ferroviario no era preferido por sistema al transporte por carretera y el comercio de animales destinados al mercado italiano no resultaba favorecido respecto al de animales destinados a otros mercados. Además, el Gobierno italiano informaba a la Comisión de que, después de reuniones entre las autoridades veterinarias belgas y los servicios italianos, se habían concedido autorizaciones para el tránsito de determinado número de animales transportados en camiones, previa prueba de que dichos animales no iban a ser rechazados por el Estado de destino y de que se ajustaban a las normas sanitarias de la Comunidad.
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En su resolución de remisión, el Vicepresidente del Tribunal estima que «CLT y por consiguiente su filial IPB» ocupan una «posición preponderante» en el mercado del anuncio publicitario televisivo, destinado en particular al público belga francófono, dado que en Bélgica ni siquiera existe o no existe aún publicidad comercial televisiva en las cadenas nacionales y la publicidad de las otras cadenas de lengua francesa que puede captarse en Bélgica no va destinada apenas, o en absoluto, al público belga. El Vicepresidente del Tribunal se pregunta, no obstante, si dicha posición preponderante constituye una posición dominante a efectos del artículo 86 del Tratado, dado que a tenor de los Tratados y de las leyes sobre la materia, CLT disfruta de un monopolio legal en un mercado en el que no existe una libertad de establecimiento real.
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Basándose también en la interpretación de la expresión discutida, a la luz del conjunto del Reglamento n° 802/68, el Reino Unido sostiene que, aunque la maniobra de las redes constituye efectivamente una operación importante para la captura del pescado, coger el pescado en la red sin sacarlo del agua no constituye una «transformación o elaboración justificada económicamente» a los efectos del séptimo considerando de la exposición de motivos del Reglamento n° 802/68. Además, según ha dicho Gobierno, la interpretación propuesta por la Comisión puede referirse a los productos de la pesca que no son pescado. De este modo los términos «taking out of the sea» («sacar del mar») serían los únicos que podrían aplicarse a todos los productos a los que se refiere la letra f) del apartado 2 del artículo 4 de este Reglamento.
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La FNPVTP alega en sustancia que, a pesar de que el apartado 3 del artículo 43 del Reglamento n° 337/79 establezca como regla general que la mezcla de un vino de mesa blanco con un vino de mesa tinto no podrá proporcionar vino de mesa, dicho Reglamento no regula exhaustivamente la mezcla de vinos de mesa. De este modo, dicho Reglamento no se ha pronunciado sobre el vino rosado, producto de una vinificación especial y cuyas características no son las del vino tinto. En defecto de cualquier normativa comunitaria que prohiba o permita la mezcla del vino rosado con vino tinto, los usos leales y constantes que prohiben la venta de un producto derivado de la mezcla de vino rosado con vino tinto bajo la designación «vino rosado» son compatibles con el Derecho comunitario. La FNPVTV no niega que semejante mezcla, en determinadas condiciones, puede ser lícita, pero insiste en que dicha combinación no se venda nunca bajo la designación de «vino rosado». Añade que la laguna de la normativa comunitaria no puede utilizarse contra la aplicación de una ley, o de una normativa, o de una doctrina jurisprudencial nacional, lo que también se contiene en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente de las sentencias de 30 de septiembre de 1975, Lahaille (asuntos acumulados 10/75 a 14/75, Rec. p. 1053), y de 16 de febrero de 1982, Vedel (204/80, Rec. p. 465).
Cuando no es ése el caso, la Comisión, según el artículo 115, tiene competencia para autorizar a los Estados miembros a adoptar, respecto a dichas mercancías, medidas de protección destinadas a hacer frente al riesgo de desviaciones del tráfico o de dificultades económicas.

Si bien el Reglamento no 3589/82 constituye, en lo relativo a los productos originarios de terceros países adheridos al Acuerdo Multifibras, un progreso cierto hacia el establecimiento de una política comercial común basada en principios uniformes, sin embargo, no se desprende del régimen establecido por el Reglamento que éste haya logrado una uniformidad completa en lo que se refiere a los requisitos de importación de dichos productos. En esas condiciones, la Comisión sigue siendo competente para autorizar, conforme al artículo 115 del Tratado, a un Estado miembro a adoptar, en circunstancias justificadas, medidas de protección para los productos textiles sometidos al régimen del Reglamento no 3589/82 y despachados a libre práctica en otro Estado miembro.
Asunto 153/84

Antonio Ferraioli

contra

Deutsche Bundespost

petición de decisión prejudicial, presentada por el Bundessozialgericht

«Seguridad social — Subsidios familiares — Suspensión del derecho a las prestaciones»

Sumario

Seguridad social de los trabajadores migrantes — Prestaciones familiares — Reglas comunitarias contra la acumulación — Suspensión del derecho a las prestaciones en el Estado del lugar de empleo — Prestaciones debidas en virtud de la legislación del Estado del lugar de residencia de los miembros de la familia — Requisitos — Importe de las prestaciones abonadas en el Estado del lugar de residencia inferior al que resulta de la legislación del otro Estado miembro — Derecho a un complemento de prestaciones

(Reglamento del Consejo no 1408/71, arts. 73 y 76)

La suspensión del derecho a los subsidios familiares debidos en virtud del artículo 73 del Reglamento no 1408/71 en el Estado miembro del lugar de empleo de uno de los padres no se produce, conforme a las disposiciones del artículo 76 de dicho Reglamento, cuando el otro reside con los hijos en otro Estado miembro y ejerce en él una actividad profesional sin percibir, no obstante, subsidios familiares por los hijos debido a que no se reúnen todos los requisitos exigidos por la legislación del referido Estado miembro para percibir efectivamente dichos subsidios.

El derecho a los subsidios familiares debidos a uno de los padres en el Estado miembro del lugar de empleo en virtud del artículo 73 de dicho Reglamento solo queda en suspenso, conforme al artículo 76, hasta el importe de los subsidios de la misma naturaleza efectivamente abonados en el Estado miembro en cuyo territorio residen los miembros de la familia. Cuando el importe de los subsidios familiares efectivamente percibido en el Estado miembro del lugar de residencia es inferior al de los subsidios previstos por la legislación del otro Estado miembro, el trabajador tiene derecho, a cargo de la institución competente de este último Estado, a un complemento de subsidio igual a la diferencia entre los dos importes.
Asunto 130/84

República Italiana

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Liquidación de cuentas FEOGA — Ejercicio 1979»

Sumario

Agricultura — Organización común de mercados — Frutas y hortalizas — Organizaciones de productores — Financiación por el FEOGA — Condiciones establecidas por el Derecho comunitario — Reconocimiento de las organizaciones por las autoridades nacionales — Ausencia de incidencia

(Reglamento del Consejo n° 1035/72, art. 13)

Las condiciones impuestas a las organizaciones de productores por el Reglamento n° 1035/72, para poder beneficiarse de financiación por parte del FEOGA, no imponen un «reconocimiento» por las autoridades nacionales. De ello se deriva que la puesta en práctica por un Estado miembro de un procedimiento de reconocimiento de estas organizaciones no puede tener ninguna influencia sobre la susceptibilidad de recibir dicha financiación, que sólo se aprecia en relación al Derecho comunitario. No pueden por consiguiente ser tomados a su cargo por el FEOGA los gastos efectuados por un organismo que no cumpla las condiciones de una organización de productores tal como se definen en el artículo 13 del Reglamento antes citado.
El artículo 51 del Tratado prevé una coordinación y no una armonización de las legislaciones de los Estados miembros y deja subsistir por tanto diferencias entre los regímenes de seguridad social de los Estados miembros y, por consiguiente, entre los derechos de las personas que en ellos trabajan. Las diferencias de fondo y de procedimiento entre los regímenes de seguridad social de cada Estado miembro, y por ello entre los derechos de las personas que en ellos trabajan, no son pues afectados por el artículo 51 del Tratado. Sin embargo, el objetivo de asegurar a los trabajadores la libre circulación dentro de la Comunidad, tal como lo regulan los artículos 48 a 51 del Tratado, queda comprometido y se hace más difícil su realización si el Derecho comunitario introduce diferencias evitables en las reglas de seguridad social. De ahí se sigue que la regulación comunitaria en materia de seguridad social, adoptada en virtud del artículo 51 del Tratado, debe abstenerse de añadir disparidades suplementarias a las que ya resultan de la falta de armonización de las legislaciones nacionales.

La regla de igualdad de trato prohibe no sólo las discriminaciones ostensibles, fundadas en la nacionalidad, sino también todas las formas disimuladas de discriminación que, por aplicación de otros criterios de distinción, llegan de hecho al mismo resultado.

Tal es el caso cuando el criterio de residencia de los miembros de la familia es utilizado por el ordenamiento comunitario para determinar la legislación aplicable a las prestaciones en razón de familia de un trabajador migrante. Incluso si la legislación de un Estado miembro aplica el mismo criterio para determinar el derecho al subsidio familiar de un trabajador ciudadano del mismo Estado empleado en el territorio nacional, este criterio no reviste en modo alguno la misma importancia para esta categoría de trabajadores, porque el problema de la residencia de los miembros de la familia fuera de un Estado miembro en que se está empleado se plantea esencialmente para los trabajadores migrantes. Desde luego, este criterio no es el adecuado para asegurar la igualdad de trato prescrita por el artículo 48 del Tratado y no puede por ello ser empleado en el marco de la coordinación de las legislaciones nacionales, previsto por el artículo 51 del Tratado con el objeto de promover la libre circulación de trabajadores en la Comunidad conforme al artículo 48.

De ahí se sigue que el artículo 73, apartado 2, del Reglamento n° 1408/71 es nulo, por cuanto excluye la concesión de las prestaciones francesas por razón de familia a los trabajadores sujetos a la legislación francesa respecto a los miembros de su familia que residan en el territorio de otro Estado miembro.
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El párrafo segundo del artículo 173 del Tratado subordina la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por un particular al requisito de que el acto impugnado, aunque revista la forma de un Reglamento, constituya, en realidad, una Decisión que afecte al demandante directa e individualmente. El principal objetivo de esta disposición radica, en particular, en evitar que por el simple hecho de elegir la forma de un Reglamento, las Instituciones comunitarias puedan impedir que un particular interponga un recurso contra una Decisión que le afecta directa e individualmente y precisar de este modo que la elección de la forma de un acto no puede cambiar su naturaleza.
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Procede, pues, responder a las cuestiones segunda y tercera que el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 77/187 debe interpretarse en el sentido de que no engloba los derechos y obligaciones que resultan para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha de la transmisión y celebrado con los trabajadores que, aunque no pertenezcan a la parte transmitida de la empresa, ejercen determinadas actividades que implican la utilización de medios de producción asignados a la parte transmitida o que, estando destinados a un departamento administrativo de la empresa que no ha sido transmitido, realizan determinadas actividades en beneficio de la parte transmitida.
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A raíz de una oposición planteada basándose en el apartado 4 del artículo 111 del Reglamento y opuesta a esta interpretación (acta de la sesión de 7 de junio de 1983, doc. 85.065; DO 1983, C 184, p. 17) el Parlamento aprobó en la sesión de 9 de junio de 1983, «la petición de devolución a la comisión de esta interpretación» (acta de la sesión de 9 de junio de 1983, doc. PE 85.067; DO 1983, C 184, p. 104).
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En estas circunstancias, el BCF invocó los términos del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 72/166, según los cuales la oficina nacional no afianzaba el pago de los siniestros más que «en las condiciones que establezca su propia legislación nacional sobre el seguro obligatorio». Como el vehículo de que se trata había sido robado y como la legislación francesa excluye del seguro obligatorio de automóviles la responsabilidad del guarda o del conductor no autorizado, el BCF alegó que no estaba obligado a cargar con la indemnización del propietario del coche francés.
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No se discute que el Gobierno belga pudo considerar que, en el sector del automóvil, existe un riesgo real de evasión o de fraude fiscales que justifica medidas como las que el artículo 27 de la Sexta Directiva permite mantener. No se excluye que semejantes medidas puedan, llegado el caso, incluir determinados elementos globales, siempre que las medidas especiales no constituyan una excepción al régimen establecido por el artículo 11 que vaya más allá de lo necesario para evitar dicho riesgo de evasión o de fraude.
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No obstante, no se estableció ningún derecho antidumping, ni provisional ni definitivo, sobre las maquinarias de dichos relojes. Los considerandos del Reglamento n° 84/82 de la Comisión exponían a este respecto que «en lo que respecta a las maquinarias de los relojes mecánicos, la Comisión ha determinado que, si bien existen márgenes de dumping sustanciales, el escaso nivel de penetración en eí mercado y el efecto de las restricciones cuantitativas en vigor en Francia son tales que no se ha causado ningún perjuicio considerable y que no existe ningún riesgo de que se cause dicho perjuicio». En cambio, la motivación del Reglamento n° 1882/82 del Consejo no menciona las maquinarias de los relojes mecánicos.