Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Acontecimiento acaecido con posterioridad a la interposición del recurso que puede entrañar la desaparición de tal interés

(Art. 230 CE)

2. Privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas — Miembros del Parlamento Europeo — Inmunidad por las opiniones manifestadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones — Inmunidad durante el período de sesiones

(Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, arts. 9 y 10)

3. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Demanda de amparo de la inmunidad de un miembro del Parlamento que tiene por objeto obtener la suspensión de actuaciones judiciales emprendidas contra él

[Art. 288 CE, párr. 2; Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, art. 10, párr. 1, letra a)]

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1. Procede declarar el sobreseimiento del recurso de anulación cuando el demandante haya perdido su interés en la anulación de la decisión impugnada debido a un acontecimiento acaecido durante el procedimiento, con la consecuencia de que la anulación de dicha decisión no puede producir, por sí misma, efectos jurídicos.

No obstante, el demandante puede seguir teniendo interés en solicitar la anulación de un acto de una institución comunitaria si la supuesta ilegalidad puede repetirse en el futuro, con independencia de las circunstancias del asunto en que el demandante interpuso recurso.

(véanse los apartados 61 y 68)

2. Si bien los privilegios e inmunidades reconocidos a las Comunidades Europeas por el Protocolo relativo a éstos anexo al Tratado tienen un carácter funcional, al ser su finalidad evitar que se obstaculice el funcionamiento e independencia de las Comunidades, no debe perderse de vista que se concedieron de modo expreso a favor de los miembros del Parlamento así como a los funcionarios y otros agentes de las instituciones de la Comunidad. El hecho de que los privilegios e inmunidades se establecieron en aras del interés público comunitario justifica la facultad otorgada a las instituciones para suspender en su caso la inmunidad, pero no significa que dichos privilegios e inmunidades se otorgaran a la Comunidad exclusivamente y no asimismo a sus funcionarios, a sus otros agentes y a los miembros del Parlamento. El Protocolo crea por consiguiente un derecho subjetivo a favor de las personas a las que se aplica, cuyo respeto está garantizado por el sistema de recursos previsto por el Tratado.

A este respecto, es necesario reconocer que el Parlamento dispone de una amplia facultad de apreciación acerca de la orientación que pretende dar a una decisión por la que se resuelve una demanda que tiene por objeto solicitar al Parlamento que requiriera la suspensión de las actuaciones judiciales con arreglo al artículo 10, primer párrafo, letra a), de dicho Protocolo. Sin embargo, la cuestión de si la decisión debe adoptarse sobre la base del artículo 9 o del artículo 10, párrafo primero, letra a), del Protocolo no está comprendida en el ámbito de la facultad de apreciación del Parlamento.

(véanse los apartados 94, 96, 101 y 102)

3. Toda vez que el artículo 10, párrafo primero, letra a), del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, que tiene por objeto —en relación con las disposiciones de Derecho nacional a las que se remite— establecer el régimen de inmunidad del que gozan los diputados del Parlamento en su territorio nacional durante el período de sesiones del Parlamento, crea un derecho subjetivo a favor de las personas a las que se aplica y constituye, por tanto, una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los miembros del Parlamento, al no pronunciarse sobre la base dicha disposición en relación con una demanda que tiene por objeto explícito obtener la suspensión de actuaciones judiciales con arreglo a la mencionada disposición, el Parlamento vulnera de forma suficientemente caracterizada una norma jurídica que persigue conferir derechos a los particulares.

No obstante, la decisión de solicitar la suspensión de las actuaciones judiciales no constituye la consecuencia necesaria de la presentación de una demanda en ese sentido dirigida al Parlamento, habida cuenta del amplio margen de apreciación que se le reconoce en esta materia. En efecto, puede adoptar tanto la decisión de solicitar la suspensión de las actuaciones judiciales como la decisión de no solicitar dicha suspensión. Por tanto, el hecho de que el Parlamento se base en una base jurídica errónea para no acoger la demanda presentada de solicitar la suspensión de las actuaciones judiciales no puede ser la causa directa y determinante de un perjuicio alegado, aun suponiendo que esté acreditado.

(véanse los apartados 108 y 115 a 117)