Palabras clave

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Palabras clave

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1. Recurso por incumplimiento ° Derecho de la Comisión a recurrir en vía jurisdiccional ° Ejercicio no supeditado a la existencia de un interés específico para ejercitar la acción ° Recurso dirigido a que se declare la inobservancia, en un caso concreto, de una obligación resultante de una Directiva a la que no ha sido adaptado el Derecho interno ° Admisibilidad ° Efecto directo de las disposiciones controvertidas ° Falta de pertinencia

(Tratado CEE, arts. 155 y 169)

2. Medio ambiente ° Evaluación del impacto ambiental de determinados proyectos ° Directiva 85/337/CEE ° Medidas nacionales de ejecución tardías, por las que se dispensa de la obligación de evaluación a los procedimientos de autorización iniciados después de haber expirado el plazo de adaptación del Derecho interno ° Improcedencia ° Fecha de inicio del procedimiento ° Criterio de determinación ° Concepto de "centrales térmicas de una potencia calorífica de al menos 300 MW" ° Interpretación ° Obligaciones a cargo de las autoridades nacionales establecidas en los artículos 2, 3 y 8 ° Obligaciones concretas e inequívocas

(Directiva 85/337 del Consejo, arts. 2, 3, 8 y 12, ap. 1, y Anexos I, ap. 2, y II, ap. 12)

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1. En el marco del ejercicio de las competencias que le otorgan los artículos 155 y 169 del Tratado, la Comisión, al interponer un recurso por incumplimiento, no necesita demostrar la existencia de un interés específico en ejercitar la acción. En efecto, el artículo 169 no se propone proteger los derechos propios de la Comisión. Esta tiene por misión, en el interés general comunitario, velar de oficio por que los Estados miembros apliquen el Tratado y las disposiciones adoptadas por las Instituciones con arreglo a éste e instar la declaración de la existencia de posibles incumplimientos de las obligaciones que derivan de él, con vistas a poner fin a éstos. Dada su función de guardiana del Tratado, la Comisión es, por consiguiente, la única competente para decidir si es oportuno iniciar un procedimiento de declaración de incumplimiento, y debido a qué actuación u omisión imputable al Estado miembro afectado debe interponerse dicho procedimiento.

Por consiguiente, un Estado miembro que no haya adaptado, dentro del plazo establecido, su Derecho interno a una Directiva comunitaria, y contra el cual se interponga un recurso por incumplimiento que tenga por objeto, no esa omisión, sino la inobservancia, en un caso concreto, de una obligación impuesta por una Directiva, no puede invocar el hecho de no haber adoptado las medidas necesarias para la adaptación del Derecho interno a la Directiva para oponerse a la admisibilidad del recurso y, por consiguiente, a que el Tribunal de Justicia examine la pretensión dirigida a que se declare el incumplimiento de dicha obligación.

Tampoco puede, en relación con un recurso basado en el hecho de no haber observado, en un caso concreto, las obligaciones que le impone la Directiva, y cuya procedencia en cuanto al fondo ha de examinarse, por lo tanto, a partir de una interpretación de la Directiva en cuanto a las obligaciones que de ella resultan a cargo de los Estados miembros, alegar su inadmisibilidad aduciendo que las disposiciones de la Directiva examinadas no generan derechos individuales en favor de los particulares, ya que la cuestión de la invocabilidad de la Directiva por parte de los particulares es ajena a dicho recurso.

2. La Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y más concretamente el apartado 1 de su artículo 12, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro que haya adaptado su ordenamiento jurídico nacional a dicha Directiva con posterioridad al 3 de julio de 1988, fecha en que expiraba el plazo señalado al efecto, dispense de las obligaciones impuestas por la Directiva al procedimiento de autorización de un proyecto iniciado después de la referida fecha límite de adaptación. A tal respecto, el único criterio que, por ser conforme al principio de seguridad jurídica y adecuado para mantener el efecto útil de la Directiva, cabe seguir para determinar la fecha de inicio del procedimiento es la fecha de presentación formal de la solicitud de autorización, con exclusión de contactos y encuentros informales entre las autoridades competentes y el titular del proyecto.

Por otra parte, el apartado 2 del Anexo I de la Directiva, por el que tienen que ser sometidos a evaluación los proyectos de centrales térmicas con una potencia calorífica de al menos 300 MW, debe interpretarse en el sentido de que dichos proyectos tienen que serlo con independencia de si se ejecutan de manera autónoma, de si se agregan a una construcción preexistente o, incluso, de si tienen con ésta vínculos funcionales estrechos. Un proyecto de este tipo que presente vínculos con una construcción existente no puede, pues, entrar en la categoría de "modificación de los proyectos que figuran en el Anexo I", mencionada en el apartado 12 del Anexo II, para la cual sólo se establece una mera facultad de evaluación.

Por último, el artículo 2 de la Directiva, que establece la obligación, a cargo de la autoridad competente en cada Estado miembro en materia de aprobación de los proyectos, de someter algunos de éstos a una evaluación de su impacto ambiental, el artículo 3 de la Directiva, que define el contenido de la evaluación, enumerando los factores que han de tenerse en cuenta al practicarla y dejando a la autoridad competente un margen de apreciación cierto en cuanto a la manera apropiada de efectuar la evaluación, en función de cada caso particular, y el artículo 8 de la Directiva, que impone a las autoridades nacionales afectadas la obligación de tomar en consideración, en el marco del procedimiento de autorización, las informaciones recogidas a lo largo del procedimiento de evaluación, deben interpretarse en el sentido de que, con independencia de sus pormenores, imponen, sin equívocos, a las autoridades nacionales competentes para expedir las autorizaciones la obligación de efectuar una evaluación del impacto ambiental de los proyectos afectados.