2)

Fundándose en dichos criterios, la Comisión señala en primer lugar que los editores italianos no comercializan la prensa extranjera. La normativa colectiva de que se trata, al menos en el plano formal, sólo monopoliza la distribución y la venta en Italia de la prensa nacional, por tanto sólo es eficaz en el territorio de un Estado miembro. Observa, asimismo, que el acuerdo no le fue notificado con arreglo al Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962. Aun cuando afirma que no existe ningún acuerdo entre editores italianos y editores extranjeros y que estos últimos nunca se han quejado de la organización de la distribución de prensa en Italia, la Comisión reconoce, no obstante, que a menudo restricciones de la competencia de este tipo (es decir, que producen sus efectos exclusivamente en el comercio interior de un Estado miembro) no pueden dejar de tener un efecto, al menos indirecto, sobre el comercio entre Estados miembros. Por más que el «mercado afectado» debe entenderse en este caso como el de la prensa extranjera, es decir, la prensa originaria de países de la Comunidad y vendida en Italia, es igualmente cierto que el sistema de distribución de la prensa italiana a través de un circuito cerrado tiene repercusiones indiscutibles sobre la distribución de la prensa extranjera. En efecto, esta prensa sólo puede ser distribuida utilizando la red de distribución existente. De esta forma, aunque el acuerdo sólo se refiera formalmente a la prensa italiana que circula en Italia, tiene inevitablemente repercusiones en la distribución y la venta de la prensa extranjera en dicho país. Por su parte, el propio Tribunal nacional había comprobado que esta organización interprofesional es aplicable tanto a la prensa nacional como a la prensa editada en los otros Estados miembros de la Comunidad y que permite a la federación italiana de editores de periódicos, en caso de aparición de nuevos puntos de venta «abusivos» imponer a los distribuidores la obligación de no aumentar en ningún caso las cantidades de publicaciones habitualmente destinadas a la reventa. La Comisión llega así a la conclusión de que el acuerdo de que se trata es un «clásico acuerdo de exclusiva recíproca en virtud del cual los productores se obligan a abastecer únicamente a determinados grupos de compradores quienes a su vez se obligan a abastecerse únicamente en los productores de que se trata». Este tipo de acuerdo tuvo por otra parte «el honor» de ser objeto de la primera Decisión de prohibición adoptada por la Comisión por aplicación del artículo 85 (Recomendación de 24 de julio de 1963, Convention faïence). La Comisión examina a continuación si este acuerdo, que afecta al Comercio entre Estados miembros lo hace de modo sensible. Recuerda que, para concretar este concepto, notificó a las empresas con carácter indicativo, en su Comunicación de 27 de mayo de 1970 relativa a los acuerdos de importancia menor no sujetos a las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE (DO C 64, p. 1), que la propia Comisión considera que «la prohibición establecida por el artículo 85 no se aplica a los acuerdos celebrados entre empresas cuando los productos contemplados por el acuerdo no representan, en la parte del mercado común en la que el acuerdo produce su efecto, más del 5 por ciento del volumen de negocios realizado y cuando el volumen de negocios anual total realizado por las empresas que participan en el acuerdo no excede de 15 millones de unidades de cuenta o, si se trata de acuerdos entre empresas de comercialización, 20 millones de unidades de cuenta». Este texto fue.sustituido por la Comunicación de la Comisión de 19 de diciembre de 1977 (DO C 313, p. 3) que, entre otras cosas, aumentó dicha cantidad a la de 50 millones de unidades de cuenta. Basándose en las estadísticas de que disponía en el mes de julio de 1980, la Comisión supone que la venta de periódicos extranjeros no representa apenas más del 7 % del volumen de negocios de la prensa italiana que, para el año 1978, se elevó a 1.109.000 millones de LIT. Me parece dudoso que las citadas comunicaciones de la Comisión puedan aplicarse pura y simplemente al presente caso, tanto más cuanto que ella misma se confiesa incapaz de afirmar si el acuerdo de que se trata sólo afecta al comercio entre Estados miembros de modo insignificante. El Tribunal de Justicia instó a la parte demandante en el litigio principal y a la Comisión a facilitar en la vista la cifra de las importaciones en Italia desde 1972 a 1977 de periódicos y revistas procedentes de los otros Estados miembros, así como el volumen de negocios de los editores italianos de prensa en ese período. La Comisión afirmó que, como respuesta, desde 1972 a 1978, el volumen de negocios de los editores italianos y las importaciones en Italia de periódicos y revistas procedentes de los otros Estados miembros permanecieron, en valor constante, prácticamente estables en relación con las importaciones procedentes del resto del mundo. Por mi parte observaré que lo que había de saberse sobre todo son las cifras que podría alcanzar la difusión de la prensa extranjera en Italia si dicho acuerdo no existiera, es decir, si «la interpenetración económica que el Tratado pretende» y si el «mercado único entre Estados» se hubieran alcanzado en este sector. Ahora bien, semejante investigación sólo puede emprenderla el órgano jurisdiccional nacional. Por otra parte, el representante de la Sra. Giglio, demandada en el litigio principal, repitió en la fase oral -como ya lo había manifestado ante el Tribunal nacional- que el acuerdo de 23 de octubre de 1974, que vinculaba a la Federazione sindacale unitaria giornalai y a la Federazione italiana editori giornali había dejado de estar en vigor a partir del 31 de octubre de 1976, a raíz de su denuncia por las organizaciones nacionales de vendedores de periódicos y que había sido sustituido, a partir del 15 de diciembre de 1976, por un nuevo acuerdo cuyo texto, al igual que le sucede al órgano jurisdiccional nacional, no conozco. El representante de la Sra. Giglio señaló además que este último acuerdo también había sido denunciado a partir del 31 de marzo de 1977. La Comisión ha precisado que un nuevo acuerdo, celebrado el 13 de marzo de 1980, entró en vigor el 1 de abril siguiente entre las organizaciones representativas de los editores y de los vendedores de periódicos. No dispongo del texto de este acuerdo, pero la Comisión afirma que ya no contiene las cláusulas restrictivas del acuerdo de 1974. Pero ignoro si el acuerdo de 1974 continuaba, de hecho, siendo aplicado en forma de práctica colusoria, al menos en Sicilia, en la época de los hechos del litigio. Entiendo, pues, que el órgano jurisdiccional nacional debería comprobar previamente que, en el momento en que la Sra. Salonia solicitó ser abastecida, los titulares de los depósitos de distribución a los que se dirigió podían fundar su negativa en un acuerdo que continuaba en vigor. Suponiendo que así fuera, a dicho órgano jurisdiccional le correspondería reexaminar el asunto sobre la base de las estadísticas que ahora ha proporcionado a este Tribunal de Justicia la Comisión.