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No obstante, tal y como ha establecido reiteradamente el Tribunal (véanse sentencias de 13 de octubre de 1977, asunto 22/77, Mura, Rec. 1977, p. 1699; de 14 de marzo de 1978, asunto 98/77, Schaap, Rec. 1978, p. 707; de 2 de julio de 1981, asuntos 116, 117, 119, 120 y 121/80, Celestre, Rec. 1981, p. 1737), en tal caso, no es ya la segunda frase del apartado 2 del artículo 12, sino la primera la que se aplica, con la consecuencia de que las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la legislación nacional pueden invocarse frente al beneficiario. En efecto, si el Reglamento no 1408/71 no afecta a las prestaciones a que se tiene derecho en virtud de las disposiciones de una sola legislación nacional, ésas deben ser consideradas en su conjunto, incluyendo en su caso las normas que prohiben la acumulación que conlleven. Cualquier otra solución no sólo sería contraria a tenor del artículo 12, apartado 2, sino que tendría como consecuencia que el beneficiario pudiera conseguir de la aplicación simultánea de las legislaciones de varios Estados miembros ventajas consideradas como indebidas tanto por la legislación nacional afectada como por la disposición específica del artículo 46 del Reglamento no 1408/71.
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Por lo que se refiere concretamente a los detalles específicos del régimen francés, la Comisión da por probado que, al menos en ciertos casos, las máquinas construidas según las prescripciones de otros Estados miembros y que ofrecen como mínimo las mismas garantías de seguridad, no pueden ponerse en venta en el mercado francés. La Comisión cita como ejemplo concreto el dispositivo de protección de las máquinas para cepillar la madera exigido por las normas alemanas y que no es admitido por las disposiciones técnicas francesas, que exigen un sólo tipo de dispositivo de protección. La Comisión estima además que los requisitos excesivamente detallados del régimen francés hacen que no sea posible cumplirlos si no es fabricando máquinas muy automatizadas. En efecto, las máquinas totalmente automatizadas no están sujetas a un control previo.
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Por lo que respecta al argumento según el cual una directiva no puede ser invocada contra un particular, es menester subrayar que según el artículo 189 del Tratado el carácter obligatorio de una directiva sobre el que se basa la posibilidad de invocar ésta ante un órgano jurisdiccional nacional sólo existe respecto a «todo Estado miembro destinatario». De ello se deriva que una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona. Conviene, pues, examinar si en el presente caso se puede considerar que la demandada ha actuado en calidad de particular.
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En lo que se refiere a la cuestión de determinar si la medida prevista por la legislación fiscal francesa puede considerarse eventualmente como parte integrante de un régimen de ayudas, hay que destacar en primer lugar, como se desprende de las respuestas dadas a una pregunta planteada por el Tribunal de Justicia, que este régimen nunca ha sido notificado como tal a la Comisión. En segundo lugar, procede señalar que los artículos 92 y 94 no pueden utilizarse en ningún caso para desvirtuar las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, ni tampoco las normas relativas a la supresión de las discriminaciones fiscales, como es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia. En efecto, de acuerdo con esta jurisprudencia, las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, las relativas a la supresión de las discriminaciones fiscales y las referentes a las ayudas persiguen un objetivo común, que consiste en garantizar la libre circulación de mercancías entre Estados miembros en condiciones normales de competencia (véanse, además de la sentencia de 22 de marzo de 1977, citada por la Comisión, las sentencias de 13 de marzo de 1979, Hansen, 91/78,↔ Rec. p. 935; de 26 de junio de 1979, Pigs and Bacon Comission, 177/78,↔ Rec. p. 1261, y de 24 de noviembre de 1982, Comisión/Irlanda, 249/81, Rec. p. 4005). El hecho de que una medida nacional pueda ser calificada eventualmente de ayuda a los efectos del artículo 92 no constituye, por ello, razón suficiente para sustraerla a la prohibición del artículo 30. El argumento basado en el régimen comunitario de ayudas, que además sólo ha sido formulado por el Gobierno de la República Francesa a título de hipótesis, en respuesta a las observaciones de la Comisión, no puede por lo tanto estimarse.
Las condiciones impuestas a las organizaciones de productores por el Reglamento no 1035/72, para poder beneficiarse de financiación por parte del FEOGA, no imponen un «reconocimiento» de las autoridades nacionales. De ello se deriva que la puesta en práctica por un Estado miembro de un procedimiento de reconocimiento de estas organizaciones no puede tener ninguna influencia sobre la susceptibilidad de financiación, que sólo se aprecia en relación al Derecho comunitario. No pueden por consiguiente ser tomados a su cargo por el FEOGA los gastos efectuados por un organismo que no cumpla las condiciones de una organización de productores tal como se definen en el artículo 13 del Reglamento antes citado.
El artículo 177 del Tratado no distingue según el carácter, penal o no, del procedimiento nacional en el que se han suscitado las cuestiones prejudiciales, dado que la eficacia del Derecho comunitario no varía según los diferentes ámbitos del Derecho nacional en los que puede producir sus efectos.
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Pronunciándose en consideración a dicha sentencia, el tribunal d'instance de Lille, mediante sentencia de 15 de julio de 1981, condenó no obstante a la Administración de Aduanas a reembolsar a la sociedad Roquette las cantidades que fueron indebidamente pagadas aplicando los montantes compensatorios monetarios a sus exportaciones a partir del 25 de marzo de 1976. Según el tribunal, el punto 3 de la sentencia del Tribunal de Justicia no podía vincularlo, en la medida en que «el Tribunal de Justicia, que había agotado su competencia, carecía de fundamento jurídico, después de haber interpretado el Derecho comunitario con el fin de responder a las cuestiones prejudiciales, para tomar como hizo la iniciativa de añadir al dictamen así emitido una observación basada en una norma inaplicable a la situación considerada». El tribunal destaca, por otra parte, que, dado que el Tribunal de Justicia no estaba investido de una potestad reglamentaria con respecto a la Comunidad, su iniciativa no pudo modificar el reparto de competencias entre él mismo y los órganos jurisdiccionales nacionales, y que correspondía únicamente a estos últimos deducir, en su ordenamiento jurídico interno, las consecuencias de la invalidez declarada por el Tribunal de Justicia.
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Si bien es cierto que estas normas se refieren al comportamiento de las empresas y no a las medidas legislativas o reglamentarias de los Estados miembros, éstos estarán obligados, sin embargo, con arreglo al párrafo 2 del artículo 5 del Tratado, a no obstaculizar mediante su legislación nacional la aplicación plena y uniforme del Derecho comunitario y el efecto de los actos de ejecución del mismo, y a no adoptar o mantener en vigor medidas, ni siquiera de carácter legislativo o reglamentario, que puedan privar de eficacia a las normas sobre la competencia aplicables a las empresas (sentencias de 13 de febrero de 1969, Wilhelm, 14/68,↔ Rec. p. l,y de 16 de noviembre de 1977, Inno, 13/77,↔ Rec. p. 2115).
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Con el fin de llevar a cabo progresivamente este objetivo, el Consejo, de conformidad con el artículo 54 del Tratado, adoptó, el 18 de diciembre de 1961, el Programa general para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento (DO 1962, 2, p. 36; EE 06/01, p. 7). El párrafo segundo del artículo 54 del Tratado establece que el Consejo, a efectos de ejecución de dicho programa, fijará mediante Directivas las condiciones destinadas a alcanzar la libertad de establecimiento para cada tipo de actividades. Además, el artículo 57 del Tratado encomienda al Consejo la adopción de Directivas para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos, así como para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al acceso y ejercicio de las actividades no asalariadas. Aunque la profesión de Abogado ya está regulada, en lo que se refiere a la libre prestación de servicios, por la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los Abogados (DO L 78, p. 17; EE 06/01, p. 224), no se ha adoptado ninguna Directiva en materia de derecho de establecimiento relativa a la profesión de Abogado conforme a los artículos 54 y 57 del Tratado.
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Tilly Russ propuso una excepción de incompetencia del Juez de Amberes, invocando un convenio atributivo de competencia que figuraba en el reverso de cada uno de los conocimientos de embarque controvertidos, que establecía que «any dispute arising under this bill of lading shall be decided by the Hamburg courts» (cualquier controversia relacionada con el presente conocimiento de embarque será sometida a los Tribunales de Hamburgo).
Las prestaciones del régimen estatutario de cobertura de los riesgos de accidente no permiten garantizar en todos los supuestos la reparación total del perjuicio sufrido. Esto se deduce del carácter de reparación a tanto alzado, calculada en función principalmente del sueldo del funcionario. Este método de cálculo resulta claramente inadecuado cuando se trata de un perjuicio que no guarda relación con la vida profesional de la víctima. En tales circunstancias, y en ausencia de toda disposición expresa en la reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad profesional y de accidente de los funcionarios de las Comunidades Europeas, no se podría negar el derecho del funcionario víctima de un accidente de trabajo, y de sus derechohabientes, a solicitar una indemnización complementaria cuando la institución sea responsable del accidente conforme al Derecho común y cuando las prestaciones del régimen del Estatuto no basten para garantizar la total reparación del perjuicio sufrido.
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La argumentación de las demandantes equivale, básicamente, a afirmar que la prohibición de imponer multas que establece la letra a) del apartado 5 del artículo 15 del Reglamento no 17 se aplica asimismo en el caso de acuerdos amparados por el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento no 17 que no hayan sido notificados.
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Hay que observar al respecto, en primer lugar, que el derecho a obtener la devolución de los impuestos recaudados por un Estado miembro en contra de las disposiciones de Derecho comunitario es la consecuencia y el complemento de los derechos que reconocen a los particulares las disposiciones comunitarias que prohiben las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana o, en su caso, de la aplicación discriminatoria de impuestos interiores. Si bien es verdad que la devolución solamente puede reclamarse en las condiciones de fondo y de forma previstas en las distintas legislaciones nacionales sobre el tema, no obstante, según jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia, dichos requisitos no pueden ser menos favorables que los que se refieren a reclamaciones análogas reguladas por el Derecho nacional y que, en todo caso, no deben hacer prácticamente imposible el ejercicio de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico comunitario (véanse, al respecto, las sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe, 33/76,↔ Rec. p. 1989, y Comet, 45/76, Rec. p. 2043; de 27 de febrero de 1980, Just, 68/79,↔ Rec. p. 501 y las ya citadas sentencias Denkavit Italiana, Ariete y Mireco, estas tres últimas resoluciones las menciona el órgano jurisdiccional de remisión).
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Dicho «minervai» se aplica en principio en Bélgica, desde el inicio del curso 1976, a todos los estudiantes que no poseen la nacionalidad belga o cuyos padres no tienen domicilio en Bélgica. En la enseñanza superior no universitaria —a la que pertenece el Institut supérieur de sciences humaines appliquées en el que se matriculó la Sra. Forcheri— una circular del ministère de l'éducation nationale de 8 de junio de 1978, vigente en el momento de efectuar las matrículas de que se trata en el asunto principal precisaba que el «minervai estudiantes extranjeros» no era obligatorio para los estudiantes cuyos padres eran funcionarios extranjeros de las Comunidades Europeas destinados en Bélgica, o cuyo cónyuge domiciliado en Bélgica ejerciera una actividad remunerada en este país y pagara sus impuestos al Tesoro belga. Sin embargo, debe observarse que respecto del año escolar 1981/1982, una circular de 12 de mayo de 1981 otorga al cónyuge -y no sólo a los hijos- de un funcionario de las Comunidades Europeas domiciliado en Bélgica, el mismo trato que a los estudiantes de nacionalidad belga.
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En segundo lugar, la aplicación del Derecho nacional debe realizarse de manera no discriminatoria en relación con los procedimientos que tienen por objeto resolver litigios del mismo tipo, pero puramente nacionales. Por una parte, las autoridades nacionales deben proceder en esta materia con la misma diligencia y con arreglo a un procedimiento que no haga la recuperación de las sumas de que se trata más difícil que en casos comparables referidos únicamente a la aplicación de las correspondientes normativas nacionales. Por otra parte, a pesar de la exclusión antes indicada de cualquier apreciación sobre la oportunidad de exigir o no la restitución, las obligaciones impuestas por la legislación nacional a las empresas a las que se hayan concedido irregularmente beneficios económicos fundados en el Derecho comunitario no deben ser más estrictas que las impuestas a las empresas que hayan recibido irregularmente beneficios similares fundados en el Derecho nacional, siempre que ambos grupos de beneficiarios se encuentren en situaciones comparables y que, por consiguiente, no pueda justificarse de forma objetiva un trato desigual.
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Mediante resolución de 11 de junio de 1982, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de junio de 1982, el tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse (Ain) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales que versan, por una parte, sobre la interpretación de las disposiciones comunitarias relativas a la determinación de los precios de referencia y de oferta franco frontera en la importación a un Estado miembro de vinos procedentes de un país tercero y a la incidencia de los montantes compensatorios monetarios sobre estos mecanismos de precios [especialmente el Reglamento (CEE) n° 816/70 del Consejo, de 28 de abril de 1970, DO L 99, p. 1, y el Reglamento (CEE) n° 1380/75 de la Comisión, de 29 de mayo de 1975, DO L 139, p. 37, modificado por el Reglamento (CEE) n° 1577/76 de la Comisión, de 30 de junio de 1976, DO L 172, p. 57] y, por otra parte, sobre el valor respecto al Derecho comunitario de una cláusula relativa al abono de los montantes compensatorios monetarios contenida en un contrato celebrado entre dos operadores económicos.
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Este conjunto de alegaciones no encuentra justificación en los hechos. Antes de aludir a la denuncia presentada por Interpar, el pliego de cargos describía el comportamiento de la demandante de la siguiente forma: «GVL se niega a celebrar contratos de gestión con artistas extranjeros no domiciliados en Alemania, se trate o no de artistas nacionales de Estados miembros de la Comunidad, o a proteger de cualquier otra manera los derechos de dichos artistas en Alemania» (apartado 27). Las consideraciones jurídicas de ese mismo documento invocan, en particular, la discriminación presuntamente efectuada por GVL entre, por una parte, los artistas alemanes o lós artistas extranjeros domiciliados en Alemania y, por otra, los «artistas extranjeros no domiciliados en Alemania» (apartados 51, 52 y 55).
Las disposiciones de un contrato celebrado entre un exportador establecido en un Estado miembro y un importador establecido en otro Estado miembro que imponen al comprador, designado por el contrato como importador exclusivo, la obligación de utilizar los suministros para sus propias necesidades, de no vender la mercancía suministrada en una región determinada y de no procurarse nuevos clientes en otra región determinada sin antes avisar al vendedor, estando situadas ambas regiones en el Estado miembro de importación, tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Por lo tanto, son contrarias al apartado 1 del artículo 85 del Tratado y nulas cuando el contrato puede afectar al comercio entre los Estados miembros. Dicho contrato puede afectar de forma sensible al comercio entre los Estados miembros cuando se refiere aproximadamente al 10 % de las exportaciones de la mercancía de que se trata al Estado miembro de importación procedentes del otro Estado miembro.
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El Reglamento n° 1719/80 del Consejo, por el que se establecen para 1980 determinadas medidas de conservación y de gestión de los recursos pesqueros aplicables a buques que arbolen el pabellón de España (DO L 168, p. 27), era aplicable, según el párrafo segundo de su artículo 12, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1980. El Reglamento n° 3305/80 del Consejo, de 17 de diciembre de 1980, por el que se prorrogaba la duración de la validez de las licencias de pesca para los buques que arbolen pabellón español (DO L 344, p. 33), establece que làs licencias de pesca válidas en la fecha de 31 de diciembre de 1980, de conformidad con el Reglamento n° 1719/80, siguen siendo válidas hasta el 31 de diciembre de 1981. El Reglamento n° 544/81 del Consejo, de 27 de febrero de 1981, por el que se establecen determinadas medidas provisionales de conservación y de gestión de los recursos pesqueros aplicables a los buques que arbolen pabellón de España (DO 57, p. 1), entrado en vigor el 4 de marzo de 1981, prevé en el párrafo segundo de su artículo 11 que será aplicable hasta el 31 de mayo de 1981.
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Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de marzo de 1981, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al párrafo primero del artículo 173 del Tratado CEE, que tiene por objeto la anulación, en primer lugar, del Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n° 187/81 del Consejo, de 20 de enero de 1981, por el que se adaptan las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 21, p. 18; sustituido por el texto publicado en DO L 130, p. 26); en segundo lugar, de los artículos la, 2a, 2b y del párrafo primero del artículo 11 del Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n° 397/81 del Consejo, de 10 de febrero de 1981, por el que se establece un cuadro de sueldos, así como otros elementos de retribución, a raíz del Reglamento n° 187/81, en la medida en que son la consecuencia de este último (DO L 46, p. 1; sustituido por el texto publicado en DO L 130, p. 28).
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Mediante resolución de 6 de febrero de 1981, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de marzo siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25), relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competenciajudicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), (en lo sucesivo, «Convenio») con carácter prejudicial cuatro cuestiones sobre la interpretación de los artículos 1, 18 y 24 de dicho Convenio.
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Por lo que respecta al sometimiento del caso de que se trate a la autoridad competente en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 9 de la Directiva, ésta no contiene disposición imperativa alguna en relación con el procedimiento que ha de seguirse. Si bien la Directiva no excluye que el interesado pueda interponer recurso directamente ante la autoridad administrativa, no es menos cierto que no impone esta solución, dejando la opción a este respecto en manos de los Estados miembros, siempre que la decisión negativa se someta al examen de la autoridad cuando el interesado lo solicite.
La existencia, en el ámbito de la Comunidad, de una unión aduanera caracterizada por la libre circulación de mercancías, implica la libertad del tránsito comunitario. De esta libertad se deduce que un Estado miembro no puede aplicar a las mercancías en tránsito por su territorio, procedentes de o con destino a otro Estado miembro, derechos de tránsito o cualquier otro tributo relacionado con el tránsito. Sin embargo, no puede considerarse incompatible con la libertad de tránsito así definida la percepción de derechos o cánones que correspondan a los gastos de transporte o al coste de otras prestaciones relacionadas con el tránsito, entendiéndose que, a este respecto, deben tenerse en cuenta no sólo las prestaciones directa y específicamente unidas al movimiento de las mercancías, sino también las ventajas más generales que resultan de la utilización de las aguas o de las instalaciones portuarias cuya navegabilidad y mantenimiento corren a cargo de la Administración Pública.
En el marco de un recurso por incumplimiento del que dispone la Comisión con arreglo al artículo 169 del Tratado, el escrito de requerimiento dirigido por la Comisión al Estado miembro y, posteriormente, el dictamen motivado emitido por la Comisión delimitan el objeto del litigio y, en consecuencia, éste ya no puede ser ampliado. En efecto, la posibilidad de que el Estado afectado presente sus observaciones constituye, aun cuando éste considere que no debe utilizarla, una garantía esencial exigida por el Tratado y su observancia es una forma sustancial de la conformidad a Derecho del procedimiento por el que se declare un incumplimiento de un Estado miembro.

No obstante, si bien la exigencia, aunque sea formal, de una licencia es contraria al artículo 30 del Tratado, de ello no se deduce necesariamente que dicha medida no pueda, en ningún caso, quedar justificada con arreglo al artículo 36.

Una medida nacional incluida en la prohibición prevista por el artículo 30 del Tratado no queda fuera de dicha prohibición por el mero hecho de que la autoridad competente disponga, en la materia, de una facultad de apreciación para su aplicación. La libre circulación es un derecho cuyo ejercicio no puede depender de una facultad discrecional o de una tolerancia de la Administración nacional.

Aunque la normativa de un Estado miembro que condiciona la importación de leche en su territorio nacional a un sistema de licencias específicas permite a las autoridades competentes reunir, con ocasión de la tramitación de las solicitudes de licencias presentadas por los importadores, informaciones de carácter administrativo y sanitario que revisten una utilidad indiscutible para alcanzar los objetivos de protección de la salud animal, no obstante no queda cubierta por la excepción del artículo 36 del Tratado cuando la molestia que produce a los intercambios comunitarios puede ser eliminada sin perjuicio de la eficacia de la protección de la salud animal.

Cuando una colaboración entre las autoridades de los Estados miembros permite facilitary aligerar los controles en las fronteras, las autoridades encargadas de los controles sanitarios deben examinar si los documentos de prueba, expedidos en el marco de dicha colaboración, no crean una presunción de conformidad de las mercancías importadas con las exigencias de la legislación sanitaria nacional, que permita un aligeramiento de los controles efectuados con ocasión de las importaciones.

No obstante, esta colaboración necesaria no excluye la posibilidad de que las autoridades del Estado miembro importador efectúen controles pormuestreo para asegurarse del cumplimiento de as normas por ellos definidas o impidan la entrada de los lotes de mercancías declarados no conformes.