3.

La segunda cuestión planteada por el Juez nacional se refiere, como hemos visto, a la interpretación de los artículos 30 y 34 del Tratado CEE y, más en concreto, de la prohibición de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación y a la exportación, respectivamente. Es necesario señalar que el alcance de estas prohibiciones ha sido precisado poco a poco por una jurisprudencia del Tribunal de Justicia particularmente abundante, y que tal jurisprudencia se ha inspirado, casi en su totalidad, en un criterio de severidad. En efecto, no hay duda de que han de considerarse incompatibles con los artículos citados las medidas directamente restrictivas de la circulación de mercancías entre Estados miembros, como los controles sanitarios en la importación (véase, por ejemplo, la sentencia de 15 de diciembre de 1976, Simmenthal, 35/76, Rec. p. 1871), o como la obligación impuesta a los exportadores de presentar un certificado técnico de conformidad expedido por el correspondiente organismo designado por el Estado (véase la sentencia de 3 de febrero de 1977, Bouhelier, 53/76, Rec. p. 197). Pero el Tribunal de Justicia ha adoptado, y mantenido, un concepto mucho más amplio de medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, al incluir en el mismo «cualquier normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, los intercambios intracomunitários» (véase la conocidísima sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, a la cual se atuvo la sentencia de 13 de marzo de 1979, Distilleries Peureux, 119/78, Rec. p. 975, apartado 22); y más recientemente, «cualquier normativa nacional» que posea tales características (apartado 8 de la sentencia de 26 de febrero de 1980, Vriend, 94/79, Rec. pp. 327 y ss., especialmente p. 339). Esta orientación ha dado lugar a que se consideren prohibidas por los artículos 30 y 34 las medidas real o potencialmente restrictivas de los intercambios intracomunitários, aunque no posean carácter discriminatorio; es decir, aunque restrinjan de la misma manera los intercambios que se producen dentro de un Estado miembro concreto y el comercio intracomunitário. De este modo, el Tribunal de Justicia ha considerado como medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa la fijación, por parte de las autoridades nacionales, de precios de venta mínimos o máximos aplicados indistintamente tanto a los productos nacionales como a los importados, si dichos precios resultan, de hecho, desfavorables para los productos importados, porque el nivel establecido impide a los productores extranjeros repercutir sus costes sobre los consumidores (véanse las sentencias de 24 de enero de 1978, Van Tiggele, 82/77, Rec. p. 25, y de 6 de noviembre de 1979, Danis, asuntos acumulados 16/79 a 20/79, Rec. p. 3327). El mismo criterio se ha aplicado a las medidas nacionales cuyo efecto era contingentar la producción, ya que incidían, al menos potencialmente, en la libertad de los intercambios en el comercio intracomunitário (sentencia de 30 de octubre de 1974, Van Haaster, 190/73, Rec. p. 1123; añádase, en materia de sacrificio de aves, la sentencia de18 de mayo de 1977, Van den Hazel, 111/76, Rec. p. 901). No obstante, el Tribunal de Justicia ha atemperado el alcance de las prohibiciones contenidas en los artículos 30 y 34, no sólo mediante la aplicación de las excepciones del artículo 36, sino también reconociendo la legalidad de medidas restrictivas nacionales que persigan «un objetivo de interés general que puede prevalecer sobre las exigencias de la libre circulación de mercancías, que constituye una de las normas fundamentales de la Comunidad» (sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral, 120/78, Rec. p. 649, apartado 14); en particular, medidas cuyo objeto sea garantizar la eficacia de los controles fiscales, proteger la lealtad de las operaciones mercantiles, defender a los consumidores. En mi opinión, esta orientación se basa en la consideración de que, si bien el efecto restrictivo de determinadas medidas estatales puede resultar objetivamente innegable -sobre todo si se tiene en cuenta el amplio concepto, recogido en la sentencia Dassonville, del efecto restrictivo, real o potencial, directo o indirecto-, existen, no obstante, independientemente de las excepciones establecidas por el artículo 36 del Tratado, determinados valores reconocidos por el ordenamiento jurídico comunitario, o correspondientes a principios comunes a los ordenamientos de los Estados miembros, que merecen una prioridad respecto de las normas de los artículos 30 y 34 y que, por tanto, neutralizan las prohibiciones establecidas en éstos. Naturalmente, el Tribunal de Justicia siempre ha afirmado que ninguna medida restrictiva de la producción o de los intercambios puede exceder aquello que resulte necesario, a la luz del objetivo del interés general que la legitima. La sentencia pronunciada el 8 de noviembre de 1979 por la Sala Segunda del Tribunal de Justicia en el asunto Groenveld (15/79, Rec. p. 3409), representa, no obstante, un planteamiento inspirado en otro criterio diferente. Se trataba de valorar una medida nacional que prohibía a los fabricantes de charcutería transformar la carne de caballo y almacenarla, sin diferenciar entre los productos destinados a la exportación y los destinados a la venta dentro del Estado. El Tribunal de Justicia afirmó que el artículo 34 «se refiere a las disposiciones nacionales que tienen por objeto o por efecto restringir específicamente las corrientes de exportación y establecer, de este modo, una diferencia de trato entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio de exportación, para garantizar una ventaja concreta a la producción nacional o al mercado interior del Estado interesado, en perjuicio de la producción o del comercio de otros Estados miembros» (apartado 7 de la sentencia). Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declaró que, «en el estado actual del Derecho comunitario, una medida nacional que prohibe a los fabricantes de charcutería transformar carne de caballo o mantener stocks de ésta no es incompatible con el artículo 34 del Tratado si no implica una diferencia de trato entre los productos destinados a la exportación y los productos comercializados en el Estado miembro interesado». La principal novedad introducida por esta sentencia reside en el hecho de haber establecido, como requisito de aplicación del artículo 34, la existencia de un efecto específico sobre las corrientes de exportación —y, por lo tanto, de un elemento discriminatorio entre comercio interno y comercio de exportación-, mientras que el Tribunal de Justicia se había limitado anteriormente al requisito del efecto restrictivo sobre los intercambios, prescindiendo del carácter discriminatorio de las medidas adoptadas. Me parece innegable el giro jurisprudencial respecto a la citada sentencia Van Haaster y Van den Hazel. No creo que baste observar que estas dos sentencias extrajeron el concepto de prohibición de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas de dos Reglamentos por los que se establecen organizaciones comunes de mercado, mientras que, en el asunto Groenveld, el sector de la carne de caballo, al cual se refería la medida nacional controvertida, no formaba parte de una organización de este tipo. En realidad, el concepto establecido en los artículos 30 y 34 del Tratado no difiere -ni textual ni funcionalmente- del contenido de los Reglamentos que establecen organizaciones comunes de mercado. Por consiguiente, es necesario hacer constar que, tras la sentencia Groenveld, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas ya no es uniforme al cien por cien. A pesar de ello, la orientación que acabo de exponer prevalece totalmente y ha sido confirmada también en sentencias posteriores a la del asunto Groenveld: me refiero a la citada sentencia Vriend, de 26 de febrero de 1980, a la cual se puede añadir la sentencia de 26 de junio de 1980, Gilli (788/79, Rec. p. 2071). Por ello me parece justificado considerar que la solución adoptada en la citada sentencia Groenveld no puede desligarse de las características propias de aquel asunto y, por tanto, queda limitada a la interpretación del artículo 34 en relación con medidas restrictivas adoptadas en la fase de producción, cuyos efectos sobre las exportaciones resultan secundarios. No obstante, permítaseme observar que el abandono de un concepto unitario de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas puede ser fuente de confusión y que, si el Tribunal de Justicia quisiera empezar a restringir también este concepto al interpretar el artículo 30, el control sobre las medidas estatales perjudiciales para la libertad de los intercambios en el mercado común se debilitaría gravemente.