ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
121.

Además, del análisis de los motivos de casación anteriores y, en particular, de los puntos 78, 79 y 109 de las presentes conclusiones, se desprende que el Tribunal General declaró, sin incurrir en ningún error, que la Comisión podía considerar en el presente asunto, a la luz de los elementos que había tomado en consideración, que no era necesario profundizar en el análisis del eventual prejuicio derivado de las importaciones serbias, ni a efectos de la determinación prevista en el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento de base, ni a efectos de la decisión de dar por concluido el procedimiento con arreglo al artículo 9, apartados 2 y 3, de ese mismo Reglamento. Se sigue que, toda vez que los datos relativos a la subcotización de los precios y a las ventas con pérdidas del exportador serbio no constituían hechos o consideraciones en función de los cuales la Comisión tuviera previsto recomendar la conclusión de la investigación relativa a las importaciones serbias sin la imposición de medidas, el Tribunal General no ha incurrido en ningún error de Derecho al declarar que la Comisión no había infringido el artículo 20, apartado 2, del Reglamento de base al no comunicar esos datos a Eurofer.
Ese mismo día, también la OLAF publicó un comunicado de prensa en el que, a su vez, anunciaba la incoación del procedimiento penal nacional contra el recurrente. En ese contexto, la OLAF mencionó al recurrente por su nombre, destacando la importancia de sus investigaciones anteriores para que las autoridades nacionales incoaran el procedimiento penal:

«The Romanian National Anticorruption Directorate (DNA) has accused Liviu Dragnea, the leader of the Romanian Social Democrat Party (PSD), of fraud with European Union (EU) funds, of creating an organised criminal group, and of misusing his position for personal gain. […]

The contribution of the European Anti-Fraud Office (OLAF) to this outcome has been emphasised by the DNA. The DNA has explained that their case comes as a result of two investigations conducted by the OLAF into projects financed by the European Regional Development Fund for road construction in Romania, which were concluded in May and September 2016.

[…]» ( 5 )
40.

Por lo demás, la doctrina del TEDH en sus sentencias de 25 de mayo de2021, Big Brother Watch y otros c. Reino Unido ( 27 ) y Centrum för Rättvisa c. Suecia, ( 28 ) así como en la de 4 de diciembre de 2015, Zakharov c. Rusia ( 29 ) concierne a supuestos que, como ha sido la postura predominante entre las partes durante la vista, no son equiparables a los debatidos en los reenvíos prejudiciales aquí debatidos. La solución a estos debe encontrarse aplicando normativas nacionales que se reputen conformes con la regulación exhaustiva de la Directiva 2002/58, tal como la interpreta el Tribunal de Justicia.
9.

A tenor del artículo 59 bis de la citada Directiva: «A fin de evitar los casos de doble imposición, de no imposición o de distorsiones de la competencia, en lo que concierne a las prestaciones de servicios cuyo lugar se rija por los artículos 44, 45, 56 y 59, los Estados miembros podrán considerar: a) que el lugar de prestación de cualesquiera o la totalidad de dichos servicios, que se halla en su territorio, está situado fuera de la [Unión], siempre que la utilización o la explotación efectivas de los servicios se lleven a cabo fuera de la [Unión]; b) que el lugar de prestación de cualesquiera o la totalidad de dichos servicios, que se halla fuera de la [Unión], está situado en su territorio, siempre que la utilización o la explotación efectivas de los servicios se lleven a cabo en su territorio. No obstante, esta disposición no se aplicará a los servicios prestados por vía electrónica en los casos en que se presten a personas que no tengan la condición de sujeto pasivo no establecidas en la [Unión].»
85.

No obstante, en mi opinión, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al declarar que la OLAF no había incumplido la obligación de imparcialidad pese a la presencia de un miembro del Comité de Vigilancia en el interrogatorio de un testigo. En efecto, es cierto que el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 1073/1999 dispone que el Comité de Vigilancia no ha de interferir en las investigaciones en curso. Tal exigencia permite garantizar que la OLAF ejerza sus funciones de manera independiente. Sin embargo, la mera presencia de un miembro del Comité de Vigilancia en el interrogatorio de un testigo no puede considerarse una interferencia de dicho miembro en el desarrollo de la investigación cuando este no ha participado de modo efectivo en esta última. Pues bien, el Tribunal General declaró que la miembro del Comité de Vigilancia en cuestión estaba presente en el interrogatorio del testigo a efectos de interpretación y traducción. En tales circunstancias, no podía considerarse que ese miembro hubiera tenido una participación efectiva en las actuaciones de investigación, por lo que procede aceptar el razonamiento del Tribunal General.
104.

En un caso de esta naturaleza, cuando en el marco de un análisis ex ante, es decir, tomando como referencia el momento en que se adoptó el régimen fiscal, no sea posible determinar el alcance exacto de tales componentes y, en consecuencia, su incidencia sobre la imposición fiscal, porque ese alcance depende de que entren en juego elementos externos al régimen fiscal y variables de un ejercicio a otro ( 67 ) que solo se verificarán en un momento posterior al del establecimiento del propio régimen, no será posible determinar ex ante si tales componentes lograrán, en cada ejercicio fiscal, contrarrestar la ventaja conferida por la aplicación del tipo de gravamen preferente previsto por el régimen fiscal en cuestión. En otras palabras, si no es posible determinar ex ante el alcance de las deducciones no será posible conocer, ex ante, si estas podrán compensar, en todos los ejercicios fiscales, la ventaja derivada de la aplicación del tipo de gravamen preferente. Por lo tanto, no será posible excluir ex ante la existencia de tal ventaja en todos los ejercicios fiscales pertinentes.
22.

Mediante sentencia de 5 de diciembre de 2017, el Sąd Rejonowy dla Krakowa (Tribunal de Distrito de Cracovia) desestimó la demanda. En lo que respecta al complemento salarial, el juez señaló que el derecho de VL no estaba recogido en ninguna disposición interna vigente del hospital y no había sido reconocido en el contrato de trabajo individual de VL ni mediante un acto concreto del empresario. En lo tocante a la solicitud de indemnización por discriminación, el juez de primera instancia consideró que el citado complemento no constituía una retribución por el trabajo desarrollado y que el criterio adoptado por el director del hospital para diferenciar a los trabajadores, a saber, la fecha de presentación del certificado de discapacidad, no estaba incluido en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 183a del Código del Trabajo.
41.

Soy consciente de que, como ha insistido el Conseil d’État (Consejo de Estado), el Ministro decidió sobre la solicitud de reagrupación familiar el 25 de marzo de 2014, dentro del plazo especificado por el Derecho belga. Sin embargo, esta no es la cuestión. Las partes recurrentes, por supuesto, tenían derecho, en virtud de la legislación belga, a interponer recurso contra la decisión del Ministro ante el Conseil du contentieux des Étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería). No podían saber cuánto tiempo iba a tardar el órgano jurisdiccional en conocer del asunto y resolverlo, por lo que sus derechos legales no deben depender de una circunstancia imprevisible como la fecha concreta de la emisión de una resolución. Si, por ejemplo, el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería) se hubiera pronunciado en febrero de 2017 —unos tres años después de la resolución inicial—, una de las partes recurrentes habría seguido siendo menor. No cabe sostener que el derecho de la parte recurrente a la reagrupación pueda basarse en el momento preciso en el que se pronuncie el órgano jurisdiccional (o, en su caso, el órgano administrativo), siempre que, por supuesto, fuera menor en la fecha de presentación de la solicitud pertinente de reagrupación familiar.
10.

El artículo 71, apartado 2, de la Ley del IVA establece la siguiente excepción: «No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del [artículo 71 de la Ley del IVA], un sujeto pasivo de la República de Lituania no estará obligado a presentar una solicitud de registro a efectos del IVA ni a calcular el IVA e ingresarlo en la Hacienda Pública, de conformidad con lo dispuesto en la ley […], cuando el importe total anual de las contraprestaciones recibidas en los últimos 12 meses por los bienes entregados o los servicios prestados en el territorio nacional en el ejercicio de su actividad económica no supere las 155000 litas [(LTL)]. El IVA empezará a calcularse a partir del mes en que se supere dicho límite. No se calculará el IVA por los bienes entregados y los servicios prestados cuya contraprestación no supere el importe mencionado de 155000 [LTL]».
79.

Por lo tanto, no cabe cuestionar —sin perjuicio de la verificación por parte del órgano jurisdiccional remitente— que no está garantizada la igualdad de oportunidades entre, por un lado, los operadores que son titulares de los recursos utilizados para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y, por otro lado, los operadores que usan esos recursos, dado que estos últimos pueden deducir de la base imponible de la tasa establecida por la Ordenanza fiscal n.o 22/2014 los importes abonados por el uso de los recursos y, por consiguiente, no soportan un doble gravamen. ( 46 )
73.

Según reiterada jurisprudencia, los Estados miembros están facultados para adoptar medidas con objeto de asegurar la exacta percepción y recaudación del impuesto y evitar el fraude. Sin embargo, estas medidas no deben ir más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos, y no pueden por lo tanto utilizarse de forma que cuestionen la neutralidad del IVA. ( 30 ) El Tribunal de Justicia ha señalado, en particular, que una sanción consistente en la denegación absoluta del derecho a deducir es desproporcionada en caso de que no se hayan demostrado fraude alguno ni perjuicios a la Hacienda pública del Estado. ( 31 ) Pues bien, sin duda, un principio similar deberá ser válido respecto a la negativa absoluta a reconocer a un sujeto pasivo la posibilidad de regularizar el impuesto indebidamente facturado y de obtener la devolución del impuesto indebidamente pagado.
10.

Ratiopharm interpuso recurso de apelación contra dicha resolución. El órgano jurisdiccional de apelación, por su parte, estimó que el artículo 47, apartado 3, de la AMG prohíbe la distribución de muestras gratuitas a los farmacéuticos en la medida en que enumera de manera exhaustiva las personas a las que se pueden entregar esas muestras. Consideró que la Directiva 2001/83 no se opone a tal interpretación puesto que su artículo 96, apartado 1, no incluye a los farmacéuticos entre los destinatarios de la distribución de muestras gratuitas de medicamentos y menciona exclusivamente a las personas facultadas para prescribirlos. El órgano jurisdiccional de apelación estimó que, aun suponiendo que el artículo 96, apartado 1, de la Directiva 2001/83 no regulara la cuestión de la distribución gratuita de muestras de medicamentos a los farmacéuticos, el apartado 2 de esta misma disposición autoriza a los Estados miembros a adoptar medidas más restrictivas en la materia. Por último, ese mismo órgano jurisdiccional no consideró que el objetivo que supuestamente persigue la distribución gratuita de muestras en el caso de autos —a saber, permitir a los farmacéuticos llevar a cabo un ensayo del medicamento, probar su olor y su consistencia y hacer la demostración de este— pueda dar lugar a una interpretación diferente del artículo 47, apartado 3, de la AMG y del artículo 96 de la Directiva 2001/83. En consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por Ratiopharm fue desestimado.
–

La interpretación del artículo 4, apartado 2, letra a), de la Decisión Marco 2004/757 a la luz de los principios de igualdad, no discriminación y legalidad de los delitos y las penas no se opone a una situación en la que el concepto que transpone “grandes cantidades de drogas” en el Derecho nacional no venga definido por el legislador, sino que sea aclarado por interpretaciones en la jurisprudencia. Sin embargo, estas interpretaciones deben permitir a la persona de que se trate valorar la existencia y el alcance de su responsabilidad penal cuando sea hallada en posesión de una cierta cantidad de droga. Una interpretación caso por caso de dicho concepto por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales basándose en un criterio que no proporcione un grado razonable de previsibilidad y certeza no es compatible con el principio de legalidad de los delitos y las penas consagrado en el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si ocurre así efectivamente en su ordenamiento jurídico nacional.»
45.

En cuanto a las prestaciones no contributivas de los artículos 3, apartado 3, y 70 del Reglamento n.o 883/2004, estoy de acuerdo con los argumentos de la República Eslovaca expuestos en el punto 34 de las presentes conclusiones, en el sentido de que la prestación complementaria no encaja en las previsiones del artículo 70. En efecto, el artículo 3, apartado 5, letra a), excluye expresamente del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 883/2004 ( 30 ) la «asistencia social», y el artículo 70, apartado 1, letra a), inciso i), del mismo Reglamento se remite de nuevo a las ramas de seguridad social mencionadas en el artículo 3, apartado 1, y debe ser de carácter «supletorio, complementario o accesorio» respecto a las contingencias enumeradas en el artículo 3, apartado 1. ( 31 ) Como ya he expuesto en el punto 41 de las presentes conclusiones, he llegado a la conclusión de que el complemento de que se trata no está relacionado con ninguna de las categorías que enumera dicho precepto, y de que es más bien una gratificación especial para recompensar la excelencia deportiva. El anexo X del Reglamento n.o 883/2004 no contempla la prestación complementaria y no tiene por objeto procurar un nivel mínimo de subsistencia.
42.

Por tanto, no me convence el argumento del Gobierno rumano, con arreglo al cual, a diferencia de la obligación examinada por el Tribunal de Justicia en el asunto mencionado, ( 6 ) la obligación establecida en el Derecho rumano no es de carácter exclusivamente formal. Con independencia de si la obligación tiene carácter ex ante o ex post, la consecuencia de su incumplimiento es la misma, a saber, la imposición del producto energético utilizado como combustible para calefacción al tipo aplicable al carburante de automoción. Ello, por su parte, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, resulta incompatible con el artículo 2, apartado 3, primera frase, de la Directiva 2003/96.
115.

La República Checa también solicita la anulación del artículo 1, apartado 19, de la Directiva 2017/853 en la medida en que endurece los controles sobre ciertas armas de fuego. Las disposiciones concretas impugnadas son las siguientes: i) determinadas armas de fuego semiautomáticas han sido incluidas en la categoría de armas prohibidas; ii) la categoría B ahora incluye las armas de fuego cortas de repetición, determinadas armas de fuego largas y cortas semiautomáticas y todas las armas de fuego de la categoría C que hayan sido transformadas para disparar cartuchos de fogueo, productos irritantes, otras sustancias activas o cartuchos pirotécnicos, o para disparar salvas o señales acústicas; iii) las armas de fuego inutilizadas ahora quedan sujetas a declaración (categoría C), y iv) las armas de fuego inutilizadas ya no están excluidas del concepto de arma de fuego a efectos de la Directiva 91/477. ( 100 )
97.

Me es difícil no compartir estas instructivas observaciones sobre la asimetría en la información y no suscribirlas. Describen de forma elocuente una situación real. Sin embargo, como señala el propio Abogado General y como yo ya he aclarado, se trata de observaciones generales. Constituyen una descripción del problema, pero no aportan una solución, de manera que no son (ni pueden servir como tal) un análisis de las correlaciones o relaciones causales entre la calidad y el precio.
18.

Mediante resolución de 9 de octubre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de diciembre de 2017, la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Comisión Tributaria Regional de Lombardía, Italia) planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial, con arreglo al artículo 267 TFUE: «En el supuesto de operaciones consideradas ficticias, que no hayan causado un perjuicio a la Hacienda Pública y no hayan otorgado ninguna ventaja fiscal al contribuyente, ¿es conforme con los principios del Derecho de la Unión en materia de IVA establecidos por el Tribunal de Justicia la normativa nacional resultante de la aplicación de los artículos 19 (Deducción) y 21, apartado 7 (Facturación de las operaciones), del Decreto del Presidente de la República n.o 633 de 26 de octubre de 1972 y del artículo 6, apartado 6, del Decreto Legislativo n.o 471 de 18 de diciembre de 1997 (Incumplimiento de las obligaciones relativas a la documentación, registro e identificación de las operaciones), teniendo en cuenta que la aplicación simultánea de dicha normativa determina: a) la no deducibilidad reiterada del impuesto soportado por el adquirente en cada una de las transacciones impugnadas, en las que interviene el mismo sujeto pasivo y a las que corresponde la misma base imponible; b) la aplicación del impuesto y su pago por el proveedor (y la imposibilidad de recuperar las cantidades abonadas indebidamente) por las correlativas operaciones de venta consideradas a su vez inexistentes; c) la imposición de una sanción por un importe igual a la cuota del impuesto sobre las adquisiciones considerada no deducible?»
–

el número de personas de su empresa afectadas por esas preguntas era muy elevado y que, por motivos de protección de datos, no podía responderlas, pues algunos de sus trabajadores no estaban conformes con que se facilitasen sus datos. Además, las personas afectadas por los puntos 1.1.2, letra c), 1.1.6 y 1.3.1 excedían de las mencionadas en el artículo 24, apartado 1, párrafo segundo, letras b) y c), del RECA.
24.

En ambos casos, la RDW desestimó las solicitudes por las siguientes razones. En primer lugar, considera que, dado que los vehículos no cumplen los requisitos técnicos establecidos en la Directiva Marco, no se trata de «vehículos» a los efectos de la Directiva relativa a los documentos de matriculación. En el caso de que los vehículos estuvieran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los documentos de matriculación, la RDW considera que los permisos de circulación no son documentos armonizados, por lo que no tienen que ser objeto de reconocimiento recíproco en virtud de dicha Directiva. En la medida en que los permisos de circulación estén sujetos a la Directiva, la RDW considera que los vehículos no pueden identificarse sobre la base de dichos documentos, debido a las inexactitudes que contienen. Por último, en opinión de la RDW, es imposible que los vehículos, en su estado actual, obtengan la homologación de sus características técnicas, y no está claro si fueron homologados con carácter individual tras su modificación.
15.

Con arreglo al artículo 8, punto 5: «5. 1 Por cada hora no trabajada debido a una baja por enfermedad no imputable al trabajador en que no se adquiera derecho a salario, la remuneración por vacaciones calculada conforme al punto 4.1 se incrementará en un 14,25 % del último salario bruto notificado con arreglo al artículo 6, apartado 1, primera frase, punto 1, del [Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (Convenio colectivo relativo al sistema de cajas de la seguridad social en el sector de la construcción; en lo sucesivo, «VTV»)]. 5. 2 Por cada hora no trabajada durante el período comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo en que el trabajador perciba un subsidio de reducción del tiempo de trabajo por causas empresariales de carácter estacional, la remuneración por vacaciones calculada conforme al punto 4.1 tras las finalización de ese período se incrementará en un 14,25 % del último salario bruto notificado con arreglo al artículo 6, apartado 1, primera frase, punto 1, del VTV. No computarán las primeras 90 horas no trabajadas en que se perciba el subsidio de reducción del tiempo de trabajo por causas empresariales de carácter estacional. [...] 5. 4 No obstante lo dispuesto en los puntos 5.1 y 5.2, en el caso de las vacaciones generadas después del 31 de diciembre de 2015 y antes del 1 de enero de 2018, el porcentaje de la remuneración mínima por vacaciones ascenderá al 13,68 %.»
11.

Esta cláusula, redactada en lengua inglesa, tenía, en la última versión del contrato de distribución de 20 de diciembre de 2005, el tenor siguiente: «This Agreement and the corresponding relationship between the parties shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Ireland and the parties shall submit to the jurisdiction of the courts of the Republic of Ireland. Apple reserves the right to institute proceedings against Reseller in the courts having jurisdiction in the place where Reseller has its seat or in any jurisdiction where a harm to Apple is occurring.» ( 3 )
65.

A este respecto, es preciso recordar que, en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo tercero, el carácter obligatorio de una directiva, fundamento de la posibilidad de invocarla, únicamente existe respecto «al Estado miembro destinatario». ( 25 ) De ello resulta, según reiterada jurisprudencia, que una directiva no puede crear, por sí sola, obligaciones a cargo de un particular y que, por tanto, no puede invocarse como tal contra dicho particular ante un órgano jurisdiccional nacional. ( 26 ) Según el Tribunal de Justicia, ampliar la invocabilidad de las directivas no transpuestas al ámbito de las relaciones entre los particulares equivaldría a reconocer a la Unión Europea la facultad de establecer con efectos inmediatos obligaciones a cargo de los particulares, cuando solo tiene dicha competencia en aquellos supuestos en que se le atribuye la facultad de adoptar reglamentos. ( 27 ) De esta jurisprudencia se desprende que, aun cuando un particular esté comprendido en el ámbito de aplicación subjetivo de una Directiva, las disposiciones de esta no pueden invocarse como tales en su contra ante los tribunales nacionales. ( 28 ) Por consiguiente, no cabe reconocer un efecto directo vertical descendente a las disposiciones de una directiva, puesto que un Estado no puede invocar su propia falta de cumplimiento ante los particulares. ( 29 )
50.

Según SEB bankas, no. Esta parte considera, en primer lugar, que no se produjo ninguna modificación en los elementos pertinentes que afectan a su derecho a deducción posterior a la operación. En consecuencia, nada le obligaba a regularizar sus obligaciones en materia de IVA. La única modificación que tuvo lugar fue la (re)calificación de la operación a efectos del IVA de «sujeta al IVA» a «exenta del IVA», puesto que ya no se consideraba «terreno edificable» con arreglo al Derecho nacional. En segundo lugar, si se demostrara que el IVA no se adeudaba y que, por lo tanto, la deducción no estaba justificada (quod non según esta parte), la devolución de las cantidades correspondientes se regirá por el Derecho de los Estados miembros y no por la Directiva del IVA.