Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Normas de la Unión — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

2. Competencia — Normas de la Unión — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

3. Competencia — Normas de la Unión — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

4. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia — Decisión que afecta a una pluralidad de destinatarios

(Arts. 81 CE, 82 CE y 253 CE)

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Consideración de las repercusiones concretas en el mercado — Alcance

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A]

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A]

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A]

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Competencia jurisdiccional plena del juez de la Unión

[Arts. 81 CE, ap. 1, y 229 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 48; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 31]

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A]

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Volumen de negocios de la empresa infractora

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo]

11. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción y que se adopta tras otras decisiones condenatorias que tuvieron en cuenta la reincidencia — Violación del principio non bis in idem — Inexistencia

[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 50; art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo]

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes — Conducta que se aparta de la acordada en el marco de las prácticas colusorias

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3, segundo guión]

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Volumen de negocios tomado en consideración — Límite fijado por el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo — Criterios de aplicación

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

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1. El comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica independiente, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplica esencialmente las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas. En efecto, esto se debe a que, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, constituyen una única empresa, lo que permite que la Comisión dirija a la sociedad matriz una decisión que imponga multas sin que sea necesario establecer la implicación personal de ésta en la infracción.

En el caso particular en el que una sociedad matriz participa en el 100 % del capital social de una filial que ha infringido las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, cabe afirmar, por una parte, que esa sociedad matriz puede ejercer una influencia determinante en la conducta de su filial, y, por otra, que existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia determinante sobre el comportamiento de su filial. En estas circunstancias, basta con que la Comisión pruebe que la sociedad matriz posee la totalidad del capital social de la una filial para presumir que aquélla ejerce una influencia determinante en la política comercial de esa filial. Consecuentemente, la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable solidaria del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde destruir dicha presunción, aporta suficientes elementos probatorios que demuestren que su filial actúa de manera autónoma en el mercado.

La aplicación de esta presunción no está supeditada a la existencia de indicios complementarios.

Cuando una sociedad matriz es propietaria de la práctica totalidad del capital de su filial, dicha sociedad se halla, en principio, en una situación análoga a la de un propietario único en cuanto a su capacidad de ejercer una influencia determinante en el comportamiento de su filial, a la vista de los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que las unen. Por consiguiente, la Comisión puede aplicar a esta situación el mismo régimen de prueba, es decir, puede presumir que dicha sociedad matriz hace uso efectivo de su facultad de ejercer una influencia determinante en el comportamiento de su filial.

(véanse los apartados 43 a 46, 50 y 53)

2. Cuando aplica la presunción de ejercicio de una influencia determinante para imputar un comportamiento infractor del Derecho de la competencia de una filial a la sociedad matriz, la Comisión puede considerar a la sociedad matriz responsable solidaria del pago de la multa impuesta a su filial.

Para destruir esta presunción, corresponde a la sociedad interesada aportar «suficientes elementos probatorios» que demuestren que la filial actúa de manera autónoma en el mercado. En cuanto a la Comisión, le incumbe examinar estos elementos de prueba y no le corresponde aportar elementos positivos para acreditar el ejercicio de tal influencia. Por otra parte, si la parte interesada pudiera cuestionar dicha presunción realizando simples afirmaciones carentes de elementos de apoyo, la presunción quedaría privada de utilidad.

(véanse los apartados 101 y 110)

3. El hecho de que una sociedad sea un holding no basta para excluir que una sociedad matriz haya ejercido una influencia determinante en sus filiales al coordinar las inversiones financieras dentro del grupo. En efecto, en el contexto de un grupo de sociedades, un holding es una sociedad que tiene la misión de reagrupar participaciones en diversas sociedades y cuya función es garantizar la unidad de dirección.

La división de un grupo de sociedades en ramas, que, además, hace abstracción de los vínculos de capital existentes entre las sociedades del grupo, constituye un fuerte indicio de que la coordinación de las actividades de estas ramas corresponde a la sociedad matriz cabecera del grupo. Esta función de la sociedad matriz permite descartar la autonomía de comportamiento en el mercado de la filial.

El hecho de que una sociedad matriz deba autorizar las grandes inversiones de su filial constituye un indicio de que la filial actúa en el mercado teniendo en cuenta los intereses de la sociedad matriz.

(véanse los apartados 107, 113 y 114)

4. La motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No es necesario que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de las normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

Cuando una decisión de aplicación del artículo 81 CE afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad de la infracción, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, y en especial a los que, según esa decisión, deben asumir la responsabilidad por tal infracción. De este modo, para estar suficientemente motivada con respecto a las sociedades matrices de las empresas acusadas de las infracciones al Derecho de la competencia, la decisión de la Comisión debe contener concretamente una exposición detallada de los motivos que justifican la imputabilidad de la infracción a dichas sociedades. Por otra parte, dado que dichas empresas se ven afectadas por la imputación, la han rebatido durante el procedimiento administrativo y tienen, por lo tanto, un interés en impugnar la decisión adoptada respecto a ellas, deben tener la posibilidad, al igual que sus sociedades matrices, de conocer la justificación de la posición de la Comisión. De lo anterior resulta que, cuando la Comisión fundamenta la imputación de la infracción en la presunción de ejercicio de una influencia determinante y las sociedades afectadas han expuesto en el procedimiento administrativo elementos dirigidos a destruir dicha presunción, la decisión debe contener una exposición suficiente de los motivos que justifican la posición según la cual dichos elementos no permiten destruir dicha presunción.

No obstante, si bien la Comisión está obligada con arreglo al artículo 253 CE a motivar sus decisiones, mencionando los elementos de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la medida y las consideraciones que la han llevado a tomar su decisión, no se le exige que analice todas las cuestiones fácticas o jurídicas planteadas por cada uno de los interesados durante el procedimiento administrativo. Así, aunque la Comisión deba explicitar en su decisión los motivos por los cuales considera que los elementos alegados son insuficientes para destruir la presunción de ejercicio de una influencia determinante, no por ello está obligada, en todos los casos, a discutir, punto por punto, cada uno de los elementos alegados por las empresas afectadas. Una respuesta global, según las circunstancias del caso, puede bastar para que la empresa pueda defender adecuadamente sus derechos y para que el Tribunal pueda ejercer su control.

(véanse los apartados 133 a 135 y 141)

5. La gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento de las prácticas concertadas, el beneficio que han podido obtener de estas prácticas, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Unión.

De ello resulta que el efecto de una práctica contraria a la competencia no es, en sí mismo, un criterio determinante para apreciar el importe adecuado de la multa. En particular, los elementos que forman parte del aspecto intencional pueden tener más importancia que los relativos a dicho efecto, sobre todo cuando se trata de infracciones intrínsecamente graves. Las prácticas colusorias merecen, por su propia naturaleza, las multas más severas. Su posible repercusión concreta en el mercado, en particular la cuestión de en qué medida la restricción de la competencia llevó a un precio de venta superior al que se habría impuesto en el supuesto de que no hubiera existido el cártel, no es un criterio determinante para fijar el importe de las multas. En ese supuesto, la repercusión concreta de la infracción sólo constituye un elemento entre otros que, si es determinable, permite a la Comisión aumentar el importe de partida de la multa por encima del importe mínimo previsto.

Además, el hecho de que la Comisión haya precisado, mediante las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, su modo de proceder en relación con la valoración de la gravedad de una infracción no se opone a que dicha institución aprecie este criterio de manera global en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos elementos que no se mencionen expresamente en dichas Directrices.

(véanse los apartados 178 a 182)

6. La disuasión constituye uno de los elementos que han de tenerse en cuenta en el cálculo del importe de la multa. En efecto, según reiterada jurisprudencia, las multas impuestas por infracciones del artículo 81 CE, y previstas en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, tienen por objeto castigar los actos ilícitos de las empresas afectadas y disuadir tanto a éstas como a otros operadores económicos de infringir en el futuro el Derecho de la Unión en materia de competencia. Por lo tanto, al calcular el importe de la multa, la Comisión puede tomar en consideración, en concreto, el tamaño y la capacidad económica de la empresa de que se trate.

Además, el volumen de negocios global de una empresa constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, del tamaño de ésta y de su capacidad económica. Así, para determinar el importe de la multa en un nivel que garantice suficientemente su efecto disuasorio, la Comisión puede tener en cuenta el volumen de negocios total de la empresa de que se trate.

En efecto, para garantizar que la multa tenga un efecto suficientemente disuasorio, cuando no motiva la elevación del nivel general de las multas en el marco de la aplicación de una política en materia de competencia, es necesario graduar el importe de la multa con objeto de tomar en consideración el impacto que se pretende producir en la empresa sancionada, a fin de que dicha multa no resulte insignificante o, por el contrario, excesiva, habida cuenta sobre todo de la capacidad económica de la empresa en cuestión, conforme a las exigencias derivadas, por una parte, de la necesidad de garantizar la eficacia de la multa y, por otra, del respeto del principio de proporcionalidad.

Por consiguiente, la posibilidad de que la empresa afectada obtenga más fácilmente los fondos necesarios para el pago de su multa es lo que precisamente puede justificar la aplicación de un coeficiente corrector para lograr que la multa tenga suficiente efecto disuasorio. De ello se desprende que no puede exigirse a la Comisión que establezca un vínculo adicional entre la utilización de los recursos de la empresa y la infracción cometida por ella para que puedan tenerse en cuenta estos recursos a efectos de determinar un nivel de multa suficientemente disuasorio, dado que lo importante en este contexto es el tamaño y la capacidad económica de la empresa infractora como tal.

(véanse los apartados 210, 211, 213 y 214)

7. La necesidad de garantizar el efecto disuasorio de las multas impuestas por las infracciones del Derecho de la Unión en materia de competencia constituye una exigencia general que debe guiar a la Comisión durante toda la fase de cálculo de la multa. No requiere una etapa específica destinada a una eval uación global de todas las circunstancias pertinentes a efectos de la consecución de dicha finalidad. El incremento del importe de partida de la multa para garantizar un efecto disuasorio suficiente habida cuenta del tamaño y de la capacidad económica de cada empresa constituye una etapa del cálculo de la multa que se deriva de la necesidad de graduar el importe de partida de modo que la multa tenga un carácter suficientemente disuasorio habida cuenta de los recursos globales de la empresa y de su capacidad para movilizar los fondos necesarios para el pago de la multa.

Por lo que se refiere a la cuestión de si, en una decisión que sanciona a una empresa, la Comisión debe, para lograr el efecto disuasorio, tener en cuenta las multas infligidas anteriormente a la misma empresa por hechos que se han producido al mismo tiempo que la infracción objeto de la decisión —en el sentido de que un incremento complementario, a efectos de dicho efecto disuasorio, de la multa infligida por la nueva infracción es inútil debido al carácter suficientemente disuasorio de las multas anteriores— debe declararse que tal solución es contraria al objetivo de disuasión perseguido por la Comisión en su política en materia de multas. Esta solución llevaría a una situación paradójica en la que una empresa que multiplicara su participación en distintos comportamientos ilícitos vería como el coste marginal de cada sanción se reduce progresivamente.

Además, tal solución se basa en la premisa según la cual la Comisión hubiera debido fijar el importe de la multa en función de la probabilidad de que la empresa afectada cometiera nuevas infracciones en el futuro, probabilidad que tenía que haber apreciado habida cuenta del importe total de las multas impuestas a esta empresa durante cierto período de tiempo. Pues bien, tal premisa es incompatible con el concepto de disuasión en Derecho de la competencia.

A este respecto, la facultad de la Comisión de imponer multas a las empresas que, deliberadamente o por negligencia, cometan una infracción de las disposiciones del artículo 81 CE, apartado 1, o del artículo 82 CE constituye uno de los medios de que dispone para poder cumplir la función de vigilancia que le atribuye el Derecho de la Unión. Esta función comprende, ciertamente, la tarea de proceder a la instrucción y sanción de las infracciones individuales, pero incluye igualmente el deber de seguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas. Así, las multas impuestas por infracciones del artículo 81 CE, y previstas en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, tienen por objeto castigar los actos ilícitos de las empresas afectadas y disuadir tanto a éstas como a otros operadores económicos de infringir en el futuro el Derecho de la Unión en materia de competencia. Por lo tanto, el factor de disuasión se valora tomando en consideración numerosos elementos y no sólo la situación particular de la empresa de que se trate. Asimismo, al apreciar la necesidad de incrementar el importe de las multas para garantizar su efecto disuasorio, la Comisión no tiene obligación alguna de valorar la probabilidad de que las empresas implicadas reincidan. Por consiguiente, esta etapa del cálculo de la multa consiste en elevar el importe de partida de la multa teniendo en cuenta elementos objetivos, tales como el tamaño y la capacidad económica de la empresa afectada, y no elementos subjetivos relativos a la apreciación de la probabilidad de que se cometan nuevas infracciones en el futuro.

(véanse los apartados 224, 225, 228 y 231 a 235)

8. Por lo que se refiere al control ejercido por el juez de la Unión sobre las decisiones de la Comisión en materia de competencia, la competencia jurisdiccional plena, atribuida al Tribunal de Justicia por el artículo 31 del Reglamento nº 1/2003, sobre la base del artículo 229 CE, le permite modificar el acto impugnado, incluso sin anulación, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, para cambiar, por ejemplo, el importe de la multa impuesta.

El artículo 48 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General no es óbice para que éste tenga en cuenta, en virtud de su competencia jurisdiccional plena, las alegaciones formuladas por una parte demandante durante la vista, con el fin de examinar si el incremento de la multa impuesta a la empresa demandante con fines disuasorios estaba justificado a la vista del elemento fáctico invocado por ésta, máxime cuando la Comisión ha tenido la posibilidad de presentar observaciones sobre esta cuestión.

(véanse los apartados 252 y 253)

9. El objetivo disuasorio que la Comisión puede buscar al fijar el importe de una multa impuesta por la infracción del Derecho de la competencia sólo puede alcanzarse válidamente en consideración a la situación de la empresa sancionada en el momento en que se impone la multa. Por lo tanto, los recursos globales de una empresa, que pueden variar de modo significativo, aumentando o disminuyendo, en un lapso de tiempo relativamente breve, en particular entre el cese de la infracción y la adopción de la decisión en la que se impone la multa, han de valorarse, con el fin de alcanzar correctamente el fin disuasorio, respetando el principio de proporcionalidad en el momento en que se impone la multa.

Es cierto que la Comisión puede tener en cuenta, al determinar el importe de la multa, el hecho de que las grandes empresas disponen casi siempre de conocimientos y mecanismos jurídico-económicos que les permiten apreciar mejor la ilegalidad de su comportamiento y las consecuencias que se derivan de dicha ilegalidad desde el punto de vista del Derecho de la competencia. En esta hipótesis, el volumen de negocios sobre la base del cual la Comisión aprecia el tamaño de las empresas de que se trate y, por tanto, su capacidad para valorar la naturaleza y las consecuencias de su comportamiento, debe referirse a su situación en el momento de la infracción y no en el de la adopción de la decisión.

No obstante, la toma en consideración del elemento relativo a los mecanismos jurídico-económicos que permiten a una gran empresa ser consciente de la ilegalidad de su comportamiento constituye, en el marco del incremento de una multa, un motivo diferente del que se refiere a la necesidad de garantizar un efecto disuasorio suficiente de la multa y que persigue objetivos diferentes.

Pues bien, en la medida en que, por una parte, la justificación de la aplicación de un coeficiente corrector al determinar el importe de la multa se basa en la repercusión que se desea lograr en la empresa sancionada, y no en consideraciones relativas a los mecanismos jurídico-económicos antes mencionados, y, por otra parte, la unidad económica que vincula a la empresa sancionada con su sociedad matriz se haya roto antes de la fecha de adopción de la decisión por la que se impone la multa, no cabe tener en cuenta los recursos de la sociedad matriz a efectos de establecer el coeficiente corrector aplicable a dicha empresa.

Por tanto, el tamaño y la capacidad económica de tal empresa deben valorarse, a efectos de la aplicación del coeficiente corrector, cuando se adopta la decisión que impone la multa.

(véanse los apartados 260, 263 a 265 y 270 a 272)

10. Aunque un error en la determinación del importe de la multa que debe imponerse a una empresa le sea imputable, esta circunstancia no puede justificar que se mantenga el importe de la multa impuesta, dado que es el resultado de haber tenido en cuenta un elemento fáctico materialmente erróneo.

(véase el apartado 274)

11. El principio non bis in idem, principio fundamental del Derecho de la Unión, recogido además en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, prohíbe, en materia de competencia, que se condene o se inicie un procedimiento sancionador de nuevo contra una empresa por un comportamiento contrario a la competencia por el cual ya ha sido sancionada o del que se la ha declarado no responsable por una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso. La aplicación del principio non bis in idem está supeditada a un triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido.

Este principio no resulta vulnerado en modo alguno por el hecho de que la decisión de la Comisión por la que se impone una multa a una empresa se base en condenas anteriores que ya habían justificado la aplicación de un incremento de la multa infligida a dicha empresa en concepto de reincidencia en varias decisiones anteriores. En efecto, el hecho de que la Comisión, en varias decisiones, basara la apreciación de la reincidencia en las mismas condenas anteriores no significa en absoluto que la Comisión haya condenado a la empresa afectada varias veces por la misma infracción.

La toma en consideración de la reincidencia, como circunstancia agravante, al analizar la gravedad de cada una de las infracciones cometidas por una empresa, se refiere necesariamente al análisis de la gravedad de cada una de esas infracciones, que constituyen, cada una de ellas por sí sola, y con independencia de las demás, una repetición del comportamiento infractor de las normas en materia de competencia, que refleja una tendencia de dicha empresa a no extraer las consecuencias adecuadas de estas condenas.

Por tanto, la consideración de la reincidencia se justifica en tal caso por la necesidad de disuasión suplementaria acreditada por el hecho de que diversas declaraciones de infracción anteriores no bastaron para impedir la repetición de una nueva infracción.

(véanse los apartados 292, 293, 295, 296 y 299)

12. El hecho de que una empresa reconozca que aplicó parcialmente algunos de los acuerdos contrarios a la competencia no basta, por sí sola, para justificar que no se le aplique la circunstancia atenuante invocada. A estos efectos, lo determinante para aplicar la circunstancia atenuante referida a la falta de aplicación efectiva de acuerdos ilícitos, en virtud del número 3, segundo guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, es comprobar si durante el período en el que la empresa afectada tomó parte en dichos acuerdos se abstuvo efectivamente de aplicarlos, adoptando un comportamiento competitivo en el mercado, o, cuando menos, incumplió clara y sustancialmente las obligaciones encaminadas a poner en práctica dicha concertación, hasta el punto de perturbar el propio funcionamiento de ésta.

(véanse los apartados 308 y 309)

13. El artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 establece que para cada empresa que participe en la infracción la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior.

Según la jurisprudencia, sólo cuando resulte que varios destinatarios de la decisión que impone la multa constituyen la empresa, en el sentido de entidad económica responsable de la infracción sancionada, en la fecha de adopción de la decisión, podrá calcularse el límite máximo sobre la base del volumen de negocios global de esa empresa, es decir, de todos sus elementos acumulados. Por el contrario, si esa unidad económica se disolvió antes de dicha fecha, cada destinatario de la decisión tiene derecho a que se le aplique individualmente el límite máximo de que se trate.

(véase el apartado 352)