SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA PRIMERA) DE 10 DE MARZO DE 1992. - HUELS AG CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - COMPETENCIA - CONCEPTOS DE ACUERDO Y DE PRACTICA CONCERTADA - RESPONSABILIDAD COLECTIVA. - ASUNTO T-9/89.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página II-00499



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción - Elementos de prueba admisibles

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

2. Competencia - Procedimiento administrativo - Puesta de manifiesto del expediente - Obligación de la Comisión derivada de las normas que formuló ella misma en un Informe sobre la Política de la Competencia

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto del derecho de defensa - Pliego de cargos - Evolución a lo largo del procedimiento de las apreciaciones formuladas por la Comisión - Procedencia

(Reglamento nº 99/63 de la Comisión, art. 4)

4. Competencia - Procedimiento administrativo - Audiencias - Carácter provisional del acta presentada al Comité Consultivo y a la Comisión - Vicio de procedimiento - Inexistencia

(Reglamento nº 99/63 de la Comisión)

5. Competencia - Procedimiento administrativo - Respeto del derecho de defensa - Derecho de las partes implicadas en un procedimiento a que se les dé traslado del informe del Consejero-Auditor y a comentarlo - Inexistencia

6. Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

7. Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Prácticas colusorias que prolongan sus efectos después de haber cesado formalmente - Aplicación del artículo 85 del Tratado

(Tratado CEE, art. 85)

8. Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Coordinación y cooperación incompatibles con la obligación de que cada empresa determine de modo autónomo su comportamiento en el mercado - Reuniones entre competidores con el objeto de intercambiar informaciones decisivas para la elaboración de la estrategia comercial de los participantes

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

9. Competencia - Prácticas colusorias - Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada - Calificación única como "acuerdo y práctica concertada" - Procedencia - Consecuencias respecto a los elementos de prueba necesarios

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

10. Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Perjuicio del comercio entre Estados miembros - Valoración global y no de cada uno de los participantes

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

11. Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Tratado CEE, art. 190)

12. Recurso de anulación - Verificación de oficio por parte del Juez de la existencia del acto que se impugna - Requisitos

(Tratado CEE, art. 173, párr. 2)

Índice

1. Una Decisión dirigida a una empresa en aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado sólo puede utilizar como medios de prueba contra ésta aquellos documentos de los que resultaba claro, desde la fase de comunicación del pliego de cargos y a través de la mención de los mismos en éste o en sus anexos, que la Comisión pretendía servirse de ellos, de modo que la empresa pudo, a su debido tiempo, cuestionar su fuerza probatoria.

2. Cuando la Comisión, yendo más allá de lo que exige el respeto del derecho de defensa, ha establecido un procedimiento de puesta de manifiesto del expediente en los asuntos de competencia y ha formulado y divulgado las normas que lo regulan en uno de sus Informes sobre la política de competencia, dicha Institución no puede renunciar a las normas que se impuso a sí misma y está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado el conjunto de documentos de cargo y de descargo que recogió durante su investigación, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

3. La Decisión en la que se declara la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia no debe ser necesariamente una copia del pliego de cargos. En efecto, la Comisión debe tener en cuenta los datos que resultan del procedimiento administrativo, bien para retirar los cargos que se hayan revelado mal fundados, bien para adaptar y completar, tanto en lo relativo a los hechos como a los fundamentos de Derecho, sus alegaciones en apoyo de los cargos que mantiene. Esta última posibilidad no se encuentra en contradicción con el principio del derecho de defensa sancionado por el artículo 4 del Reglamento nº 99/63.

4. El carácter provisional del acta de la audiencia presentada al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes y a la Comisión sólo puede constituir un vicio del procedimiento administrativo, capaz de acarrear la ilegalidad de la Decisión que pone fin al mismo, si el texto de que se trate estuviera redactado de manera tal que indujera a error a sus destinatarios sobre un punto esencial.

5. El derecho de defensa no exige que las empresas que intervienen en un procedimiento basado en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado puedan comentar el informe del Consejero-Auditor. En efecto, el respeto del derecho de defensa queda garantizado suficientemente con arreglo a Derecho cuando los diferentes órganos que participan en la elaboración de la Decisión final han sido correctamente informados de los argumentos formulados por las empresas en respuesta a los cargos que les comunicó la Comisión y a las pruebas que presentó la Comisión en apoyo de estos cargos. Ahora bien, el informe del Consejero-Auditor es un documento puramente interno de la Comisión, sin otro valor que el de un dictamen y que no tiene por objeto completar o corregir la argumentación de las empresas, ni formular nuevos cargos o aportar nuevas pruebas en contra de aquéllas.

6. Para que exista acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Tal es el caso cuando ha existido concurso de voluntades entre varias empresas para alcanzar unos objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas.

7. El artículo 85 del Tratado es aplicable a los acuerdos entre empresas que han dejado de estar en vigor, pero que continúan produciendo efecto más allá de su terminación formal.

8. Los criterios de cooperación y de coordinación que permiten definir el concepto de práctica concertada deben interpretarse a la luz de la lógica inherente a las normas del Tratado relativas a la competencia, según la cual todo agente económico debe determinar de modo autónomo la política que desea aplicar en el mercado común. Dicho requisito de autonomía, si bien es cierto que no excluye el derecho de los agentes económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o prevén que seguirán sus competidores, se opone sin embargo de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos agentes que tenga por objeto o por efecto, bien influir sobre el comportamiento en el mercado de un competidor actual o potencial, bien revelar a dicho competidor el comportamiento que uno mismo ha decidido o se propone adoptar en el mercado.

Constituye una práctica concertada la participación en reuniones que tienen por objeto el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas, en las cuales los competidores intercambian informaciones sobre los precios que se proponen aplicar, sobre su umbral de rentabilidad, sobre las limitaciones de los volúmenes de venta que consideran necesarias y sobre sus cifras de ventas, pues las empresas participantes tienen necesariamente en cuenta la información así revelada para determinar su comportamiento en el mercado.

9. Como el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no prevé una calificación específica para una infracción compleja, pero sin embargo única, por estar constituida por un comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad e integrado a la vez por unos elementos que deben calificarse de "acuerdos" y por otros elementos que deben calificarse de "prácticas concertadas", tal infracción puede recibir la calificación de "acuerdo y práctica concertada", sin que se exija una prueba simultánea y cumulativa de que cada uno de los elementos de hecho presenta los rasgos constitutivos de un acuerdo y de una práctica concertada.

10. Debe considerarse que una empresa ha participado en un acuerdo o una práctica concertada que podía afectar al comercio entre Estados miembros e infringido por tanto el apartado 1 del artículo 85 del Tratado cuando éste era el resultado potencial del comportamiento del conjunto de las empresas participantes, independientemente del efecto de la participación individual de aquélla.

11. Aunque, en virtud del artículo 190 del Tratado, la Comisión está obligada a motivar sus Decisiones, indicando en ellas los antecedentes de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la medida y las consideraciones que la llevaron a adoptar su Decisión, no se le exige, en el caso de una Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia, que rebata todos los puntos de hecho y de Derecho que suscitó cada interesado en el curso del procedimiento administrativo.

12. Aunque corresponde al Juez comunitario examinar de oficio, en el marco de un recurso de anulación basado en el párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, la cuestión de la existencia del acto que se impugna, ello no significa sin embargo que en cada recurso basado en el párrafo segundo del artículo 173 del Tratado proceda realizar de oficio investigaciones sobre la eventual inexistencia del acto que se impugna. El Juez está obligado a verificar de oficio esta cuestión solamente en la medida en que las partes aporten indicios suficientes para sugerir la inexistencia del acto que se impugna.

Partes

En el asunto T-9/89,

Huels AG, sociedad alemana, con domicilio social en Marl (Alemania), representada por el Sr. H.-J. Herrmann, Abogado de Colonia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes J. Loesch y Wolter, 8, rue Zithe,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. McClellan, Consejero Jurídico Principal, en calidad de Agente, y el Sr. B. Jansen, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. R. Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149-Polipropileno),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por los Sres.: J.L. Cruz Vilaça, Presidente; R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner y K. Lenaerts, Jueces;

Abogado General: Sr. B. Vesterdorf;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista del 10 al 15 de diciembre de 1990;

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 1991;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el recurso

1 El presente asunto se refiere a una Decisión de la Comisión por la que se impuso a quince productores de polipropileno una multa por infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. El producto al que se refiere la Decisión impugnada (en lo sucesivo, "Decisión") es uno de los principales polímeros termoplásticos brutos. El polipropileno es vendido por los productores a los transformadores, que lo convierten en productos acabados o semiacabados. Los principales productores de polipropileno tienen una gama de más de cien calidades diferentes, que engloban un amplio abanico de utilizaciones finales. Los tipos básicos principales de polipropileno se denominan rafia, homopolímero para moldeo por inyección, copolímero para moldeo por inyección, copolímero "high impact" y laminer. Las empresas destinatarias de la Decisión son todas importantes fabricantes de productos petroquímicos.

2 El mercado del polipropileno en Europa occidental es abastecido casi exclusivamente a partir de centros de producción instalados en Europa. Antes de 1977, eran diez productores los que abastecían el mercado, a saber, Montedison (que se transformó en Montepolimeri SpA, la cual a su vez se transformó más tarde en Montedipe SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc y Shell International Chemical Company Ltd (denominados los "cuatro grandes"), que representaban en conjunto el 64 % del mercado, Enichem Anic SpA en Italia, Rhône-Poulenc SA en Francia, Alcudia en España, Chemische Werke Huels y BASF AG en Alemania y Chemie Linz AG en Austria. Tras la expiración de las patentes de control propiedad de Montedison, en 1977 aparecieron siete nuevos productores en Europa occidental: Amoco y Hercules Chemicals NV en Bélgica, ATO Chimie SA y Solvay et Cie SA en Francia, SIR en Italia, DSM NV en los Países Bajos y Taqsa en España. Saga Petrokjemi AS et Cie, productor noruego, dio comienzo a sus actividades a mediados de 1978 y Petrofina SA en 1980. Esta llegada de nuevos productores con una capacidad nominal de alrededor de 480.000 toneladas supuso un aumento sustancial de la capacidad de producción en Europa occidental, que durante varios años no se vio acompañada por un aumento paralelo de la demanda, lo que produjo como resultado una escasa utilización de la capacidad de producción; sin embargo, la tasa de utilización fue aumentando progresivamente entre 1977 y 1983, pasando de un 60 a un 90 %. Según la Decisión, la oferta y la demanda volvieron a quedar más o menos equilibradas a partir de 1982. No obstante, durante la mayor parte del período de referencia (1977-1983), el mercado del polipropileno se caracterizó por su escasa rentabilidad o por sus grandes pérdidas, debido, sobre todo, a la importancia de los costes fijos y al aumento del precio de la materia prima, el propileno. Según la Decisión (apartado 8), en 1983 Montepolimeri SpA cubría el 18 % del mercado europeo del polipropileno; Imperial Chemical Industries plc, Shell International Chemical Company Ltd y Hoechst AG un 11 % cada una; Hercules Chemicals NV un poco menos del 6 %; ATO Chimie SA, BASF AG, DSM NV, Chemische Werke Huels, Chemie Linz AG, Solvay et Cie SA y Saga Petrokjemi AS et Cie, de un 3 a un 5 %, cada una, y Petrofina SA alrededor de un 2 %. Existía una vasta corriente de intercambios de polipropileno entre los Estados miembros, porque cada uno de los productores establecidos en la Comunidad en aquella época vendía en todos los Estados miembros, o en casi todos.

3 Chemische Werke Huels era uno de los productores que abastecían el mercado antes de 1977. Su posición en el mercado del polipropileno era la de un productor medio, con una cuota de mercado comprendida entre el 4,5 y el 6,5 % aproximadamente.

4 Los días 13 y 14 de octubre de 1983, funcionarios de la Comisión, que actuaban en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, "Reglamento nº 17"), procedieron a realizar visitas de inspección simultáneas en las siguientes empresas, todas ellas productoras de polipropileno y suministradoras del mercado comunitario:

- ATO Chimie SA, hoy Atochem (en lo sucesivo, "ATO");

- BASF AG (en lo sucesivo, "BASF");

- DSM NV (en lo sucesivo, "DSM");

- Hercules Chemicals NV (en lo sucesivo, "Hercules");

- Hoechst AG (en lo sucesivo, "Hoechst");

- Chemische Werke Huels (en lo sucesivo, "Huels");

- Imperial Chemical Industries plc (en lo sucesivo, "ICI");

- Montepolimeri SpA, hoy Montedipe (en lo sucesivo, "Monte");

- Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, "Shell");

- Solvay et Cie SA (en lo sucesivo, "Solvay");

- BP Chimie (en lo sucesivo, "BP").

No se efectuaron visitas de inspección en Rhône-Poulenc SA (en lo sucesivo, "Rhône-Poulenc") ni en Enichem Anic SpA.

5 Como consecuencia de estas visitas de inspección, la Comisión dirigió solicitudes de información, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17 (en lo sucesivo, "solicitudes de información"), no sólo a las empresas citadas, sino también a las siguientes empresas:

- Amoco;

- Chemie Linz AG (en lo sucesivo, "Linz");

- Saga Petrokjemi AS et Cie, que hoy es parte de Statoil (en lo sucesivo, "Statoil");

- Petrofina SA (en lo sucesivo, "Petrofina");

- Enichem Anic SpA (en lo sucesivo, "Anic").

Linz, empresa con domicilio social en Austria, impugnó la competencia de la Comisión y se negó a responder a la solicitud. Con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento antes citado, los funcionarios de la Comisión procedieron a continuación a realizar investigaciones en Anic y en Saga Petrochemicals UK Ltd, filial inglesa de Saga, así como en agencias de ventas de Linz en Alemania y en el Reino Unido. No se envió ninguna solicitud de información a Rhône-Poulenc.

6 Los datos obtenidos en el marco de estas investigaciones y solicitudes de información llevaron a la Comisión a concluir que, entre 1977 y 1983, los productores de que se trata, infringiendo el artículo 85 del Tratado CEE, habían establecido con carácter regular, mediante una serie de iniciativas sobre precios, unos objetivos sobre precios y organizado un sistema de control anual del volumen de ventas con vistas a repartirse el mercado existente según unas cantidades de toneladas o porcentajes convenidos de antemano. Así pues, el 30 de abril de 1984, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 y, a lo largo del mes de mayo de 1984, comunicó por escrito el pliego de cargos a las empresas antes citadas, con excepción de Anic y Rhône-Poulenc. Todos los destinatarios respondieron por escrito al pliego de cargos.

7 El 24 de octubre de 1984, el Consejero-Auditor designado por la Comisión reunió a los Abogados de los destinatarios del pliego de cargos para convenir determinadas medidas de procedimiento para la audiencia prevista en el marco del procedimiento administrativo, que debía comenzar el 12 de noviembre de 1984. En dicha reunión, la Comisión anunció, por su parte, que, ante los argumentos que presentaban las empresas en sus respuestas al pliego de cargos, enviaría de inmediato a éstas las pruebas que completaban las que ya obraban en su poder, en lo referente a la aplicación de las iniciativas sobre precios. Así pues, el 31 de octubre de 1984, la Comisión envió a los Abogados de las empresas una carpeta de documentos en la que figuraban copias de las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, así como cuadros sinópticos de dichos documentos. Con el fin de garantizar el respeto del secreto comercial, la Comisión estableció ciertas condiciones al enviar esta comunicación, especialmente la de no dar a conocer los documentos a los servicios comerciales de las empresas. Los Abogados de varias empresas se negaron a aceptar tales condiciones y devolvieron la documentación antes de la audiencia. Mediante escrito de 8 de noviembre de 1984, la demandante solicitó a la Comisión que le permitiera examinar el expediente por segunda vez, alegando que el escrito de 31 de octubre de 1984 le había revelado por vez primera la pertinencia de ciertos documentos.

8 A la vista de la información contenida en las respuestas escritas al pliego de cargos, la Comisión decidió hacer extensivo el procedimiento a Anic y a Rhône-Poulenc. A estos efectos, el 25 de octubre de 1984 les envió un pliego de cargos semejante al dirigido a las otras quince empresas.

9 La primera serie de audiencias se celebró del 12 al 20 de noviembre de 1984. Durante la misma fueron oídas todas las empresas, con excepción de Shell (que se había negado a comparecer en audiencia alguna), Anic, ICI y Rhône-Poulenc (que alegaban no haber podido preparar su intervención).

10 En el curso de estas audiencias, varias empresas se negaron a abordar los puntos mencionados en la documentación que se les había enviado el 31 de octubre de 1984, alegando que la Comisión había cambiado radicalmente la orientación de sus argumentos y que se les debía permitir, como mínimo, presentar observaciones escritas. Otras empresas sostuvieron que no habían dispuesto de tiempo suficiente para estudiar los referidos documentos antes de la audiencia. El 28 de noviembre de 1984, los Abogados de BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina y Solvay enviaron a la Comisión un escrito conjunto en este sentido. Mediante escrito de 4 de diciembre de 1984, Huels declaró que compartía el punto de vista expresado por aquéllas.

11 Fue por estas razones por lo que, el 29 de marzo de 1985, la Comisión transmitió a las empresas una nueva serie de documentos, que reproducían las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, acompañados de unos cuadros de precios, así como un resumen de las pruebas correspondientes a cada una de las iniciativas sobre precios sobre las que se disponía de documentos. En dicha comunicación la Comisión invitaba a las empresas a contestarle, tanto por escrito como durante una nueva serie de audiencias, y precisaba que había decidido suprimir las restricciones establecidas inicialmente sobre la transmisión de la información a los servicios comerciales.

12 Mediante otro escrito del mismo día, la Comisión respondió a los argumentos esbozados por los Abogados, según los cuales no había dado una definición jurídica precisa de la práctica colusoria de que les acusaba, con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, e instó a las empresas a presentarle sus observaciones escritas y orales.

13 La segunda serie de audiencias se celebró del 8 al 11 de julio de 1985, y el 25 de julio de 1985. Anic, ICI y Rhône-Poulenc expusieron en ellas sus observaciones, y las restantes empresas (con excepción de Shell) comentaron los puntos mencionados en los dos escritos de la Comisión de fecha 29 de marzo de 1985.

14 El borrador del acta de las audiencias, acompañado de la documentación oportuna, fue transmitido a los miembros del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes (en lo sucesivo, "Comité Consultivo") el 19 de noviembre de 1985 y fue enviado a las empresas el 25 de noviembre de 1985. El Comité Consultivo emitió su dictamen en el curso de su 170.ª reunión, celebrada los días 5 y 6 de diciembre de 1985.

15 Al término de este procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión de 23 de abril de 1986 objeto del litigio, cuya parte dispositiva está redactada así:

"Artículo 1

Anic SpA, ATO Chemie SA (actualmente Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (actualmente Huels AG), ICI plc, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (actualmente Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay et Cie y Saga Petrokjemi AG & Co. (actualmente fusionada con Statoil) han infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, al participar:

- en el caso de Anic, a partir de alrededor de noviembre de 1977 hasta finales de 1982 o principios de 1983;

- en el caso de Rhône-Poulenc, de aproximadamente noviembre de 1977 hasta finales de 1980;

- en el caso de Petrofina, de 1980 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hoechst, ICI, Montepolimeri y Shell, desde mediados del año 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hercules, Linz, Saga y Solvay, desde aproximadamente noviembre de 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de ATO, como mínimo desde 1978 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de BASF, DSM y Huels, desde una fecha indeterminada entre 1977 y 1979 hasta al menos noviembre de 1983;

en un acuerdo y práctica concertada, cuyo origen se sitúa a mediados de 1977, en virtud de los cuales los productores que abastecían de polipropileno el territorio del mercado común:

a) se contactaron mutuamente y se encontraron de forma regular (desde principios de 1981, dos veces al mes) en una serie de reuniones secretas para examinar y definir sus políticas comerciales;

b) fijaron de vez en cuando precios 'objetivo' (o mínimos) para la venta del producto en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad;

c) convinieron diversas medidas tendentes a facilitar la aplicación de tales objetivos de precios, incluidas (esencialmente) limitaciones temporales de la producción, el intercambio de informaciones detalladas sobre sus entregas, la celebración de reuniones locales y, a partir de finales de 1982, un sistema de 'account management' con el objetivo de aplicar las alzas de los precios a clientes particulares;

d) introdujeron aumentos simultáneos de precios para aplicar dichos objetivos;

e) se repartieron el mercado atribuyendo a cada productor un objetivo o una 'cuota' anual de ventas (1979, 1980 y durante una parte al menos de 1983) o, a falta de un acuerdo definitivo para todo el año, pidiendo a los productores limitar sus ventas mensuales con referencia a un período anterior (1981, 1982).

Artículo 2

Las empresas mencionadas en el artículo 1 pondrán fin de forma inmediata a las infracciones antes citadas (si todavía no lo han hecho) y se abstendrán en el futuro, y con relación a sus actividades en el sector del polipropileno, de cualquier acuerdo o práctica concertada que pueda tener un objeto o efecto idéntico o similar, incluido cualquier intercambio de informaciones del tipo generalmente cubierto por el secreto comercial, mediante el que los participantes sean informados directa o indirectamente de la producción, de los suministros, del nivel de las existencias, de los precios de venta, de los costos, o de los planes de inversión de otros productores individualizados, o que les permita controlar la ejecución de cualquier acuerdo expreso o tácito o de cualquier práctica concertada en relación con los precios o el reparto de mercados en la Comunidad. Cualquier sistema de intercambio de datos generales al que los productores estuvieran suscritos (como el Fides) se aplicará de forma que se excluya cualquier dato que permita identificar el comportamiento de productores determinados; las empresas se abstendrán en concreto de intercambiar entre ellas cualquier información suplementaria relativa a la competencia y no cubierta por un tal sistema.

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas mencionadas por la presente Decisión, debido a la infracción que se ha hecho constar en el artículo 1:

i) Anic SpA, una multa de 750.000 ECU, o sea, 1.103.692.500 LIT;

ii) Atochem, una multa de 1.750.000 ECU, o sea, 11.973.325 FF;

iii) BASF AG, una multa de 2.500.000 ECU, o sea, 5.362.225 DM;

iv) DSM NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea, 6.657.640 HFL;

v) Hercules Chemicals NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea, 120.569.620 BFR;

vi) Hoechst AG, una multa de 9.000.000 ECU, o sea, 19.304.010 DM;

vii) Huels AG, una multa de 2.750.000 ECU, o sea, 5.898.447,50 DM;

viii) ICI plc, una multa de 10.000.000 ECU, o sea, 6.447.970 UKL;

ix) Chemische Werke Linz, una multa de 1.000.000 ECU, o sea, 1.471.590.000 LIT;

x) Montedipe, una multa de 11.000.000 ECU, o sea, 16.187.490.000 LIT;

xi) Petrofina SA, una multa de 600.000 ECU, o sea, 26.306.100 BFR;

xii) Rhône-Poulenc SA, una multa de 500.000 ECU, o sea, 3.420.950 FF;

xiii) Shell International Chemical Co. Ltd, una multa de 9.000.000 ECU, o sea, 5.803.173 UKL;

xiv) Solvay et Cie, una multa de 2.500.000 ECU, o sea, 109.608.750 BFR;

xv) Statoil, Den Norske Stats Oljeselskap AS [que engloba hoy a Saga Petrokjemi], una multa de 1.000.000 ECU, o sea, 644.797 UKL.

Artículos 4 y 5

(omissis)"

16 El 8 de julio de 1986 se envió a las empresas el acta definitiva de las audiencias, en la que se incluían las correcciones, añadidos y supresiones solicitados por éstas.

Procedimiento

17 En este contexto, la demandante, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de agosto de 1986, interpuso su recurso en el que solicitaba la anulación de la Decisión. Trece de los catorce destinatarios restantes de la Decisión interpusieron también recurso solicitando la anulación de la misma (asuntos T-1/89 a T-4/89, T-6/89 a T-8/89 y T-10/89 a T-15/89).

18 La fase escrita del procedimiento se desarrolló en su totalidad ante el Tribunal de Justicia.

19 Mediante auto de 15 de noviembre de 1989, el Tribunal de Justicia atribuyó el presente asunto, así como los otros trece, al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988"; DO L 319, p. 1).

20 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia designó un Abogado General.

21 Mediante escrito de 3 de mayo de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a participar en una reunión informal para determinar el modo de organizar la fase oral del procedimiento. Dicha reunión tuvo lugar el 28 de junio de 1990.

22 Mediante escrito de 9 de julio de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia pidió a las partes que presentaran sus observaciones sobre una posible acumulación de los asuntos T-1/89 a T-4/89 y T-6/89 a T-15/89 a efectos de la fase oral del procedimiento. Ninguna de las partes formuló objeciones al respecto.

23 Mediante auto de 25 de septiembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los citados asuntos a efectos de la fase oral del procedimiento, por razón de conexión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en aquel momento aplicable mutatis mutandis al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 11 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988.

24 Mediante auto de 15 de noviembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre las peticiones de tratamiento confidencial presentadas por las partes demandantes en los asuntos T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 y T-13/89, y las acogió en parte.

25 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 9 de octubre y el 29 de noviembre de 1990, las partes respondieron a las preguntas que el Tribunal de Primera Instancia les había dirigido mediante los correspondientes escritos del Secretario de fecha 19 de julio.

26 Habiendo considerado las respuestas dadas a sus preguntas y el informe del Juez Ponente, y oído el Abogado General, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral del procedimiento sin previo recibimiento a prueba.

27 En la vista celebrada del 10 al 15 de diciembre de 1990 se oyeron los informes de las partes así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

28 El Abogado General presentó sus conclusiones en audiencia pública el 10 de julio de 1991.

Pretensiones de las partes

29 La sociedad Huels solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986 (IV/31.149-Polipropileno), notificada el 27 de mayo de 1986.

- Con carácter totalmente subsidiario, reduzca la cuantía de la multa impuesta a la parte demandante.

- Condene en costas a la parte demandada.

La Comisión, por su parte, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fondo del asunto

30 Este Tribunal considera que procede examinar, en primer lugar, las imputaciones de la demandante relativas a la violación del derecho de defensa que se cometieron, según ella, al no comunicarle la Comisión algunos de los documentos sobre los que basó su Decisión (1), al permitirle sólo un examen insuficiente del expediente (2), al no mencionar en el pliego de cargos todos los cargos en su contra que se recogieron más tarde en la Decisión (3), al realizar una instrucción insuficiente (4), al no dar traslado del acta definitiva de las audiencias ni a los miembros de la Comisión ni a los del Comité Consultivo (5) y al no dar a conocer a la demandante el informe del Consejero-Auditor (6); en segundo lugar, sus imputaciones relativas a la prueba de la existencia de infracción, que se refieren, por una parte, a la determinación de los hechos efectuada por la Comisión (1) y, por otra parte, a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos (2), al efectuar la cual la Comisión, según la demandante, no calificó correctamente la infracción (A), no valoró correctamente el efecto restrictivo sobre la competencia (B) ni la incidencia sobre el comercio entre los Estados miembros (C) e imputó a la demandante una responsabilidad colectiva (D); en tercer lugar, las imputaciones relativas a la motivación de la Decisión, motivación que, según la demandante, es insuficiente (1) y contradictoria (2); en cuarto lugar, las imputaciones relativas a la determinación del importe de la multa que, según la demandante, está parcialmente cubierta por la prescripción (1) y no es adecuada a la duración (2) ni a la gravedad (3) de la infracción que se le imputa.

El derecho de defensa

1. Falta de comunicación de ciertos documentos con el pliego de cargos

31 La demandante sostiene que el Reglamento nº 17 y el respeto del derecho de defensa exigen que la Comisión base su Decisión únicamente en los elementos de hecho y de Derecho mencionados con anterioridad en el pliego de cargos y sobre los cuales la empresa pudo dar a conocer su punto de vista.

32 La demandante alega que dicho principio se aplica también a la aportación de pruebas, de modo que sólo pueden servir de base a la Decisión las que fueron mencionadas en el pliego de cargos (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983, AEG-Telefunken/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartado 27). La demandante enumera 69 documentos que no se le dieron a conocer, algunos de los cuales figuraban entre las pruebas que la propia Comisión calificó de esenciales en la Decisión. Los documentos a que se refiere son el informe redactado por un ejecutivo de Hercules sobre la reunión de 13 de mayo de 1982 (apartado 15 de la Decisión; véase también el apartado 37); el informe sobre la reunión de 10 de marzo de 1982 redactado por un ejecutivo de ICI (apartado 15 de la Decisión; véase también el apartado 58); unos documentos relativos al acuerdo sobre precios mínimos (apartados 16 y 17 de la Decisión); un documento de fecha 6 de septiembre de 1977 que se dice descubierto en los locales de Solvay (penúltimo párrafo del apartado 16 de la Decisión); la respuesta de Shell al pliego de cargos (apartado 17 de la Decisión); las respuestas de las demás empresas a la solicitud de información (apartado 18 de la Decisión); el informe sobre la reunión de 20 de agosto de 1982 redactado por un ejecutivo de ICI (apartado 19 de la Decisión); las circulares enviadas a los clientes por las oficinas de ventas nacionales informando de modificaciones de precios (apartados 24 a 27 de la Decisión); dos informes de reuniones internas de Shell que tuvieron lugar respectivamente el 5 de julio y el 12 de septiembre de 1979 (apartados 29 y 31 de la Decisión); 48 instrucciones sobre precios enviadas por otros productores a sus oficinas de ventas y un documento interno de Solvay (apartados 32 a 36 de la Decisión); una nota interna de ICI en la que se hablaba de un "clima de firmeza" (apartado 46 de la Decisión); unos documentos de Shell relativos al Reino Unido y a Francia y otro documento de Shell con el título "PP W. Europe-Pricing" y "Market quality report" (apartado 49 de la Decisión); diversos documentos de ATO, sobre todo una nota interna de 28 de septiembre de 1983 (apartado 51 de la Decisión); unos artículos aparecidos en European Chemical News (en lo sucesivo, "ECN"; último párrafo del apartado 51 de la Decisión); una nota sin fecha de ICI para preparar una reunión con Shell prevista para mayo de 1983 (párrafo segundo del apartado 63 de la Decisión); unas declaraciones de Amoco y de BP (apartado 53 de la Decisión); unos documentos descubiertos en los locales de ATO y relativos a un sistema de reparto del mercado francés entre productores franceses (apartado 54 de la Decisión), y, por último, un documento de trabajo relativo al primer trimestre de 1983 descubierto en los locales de Shell (párrafo tercero del apartado 63 de la Decisión).

33 La demandante alega que la puesta de manifiesto del expediente no puede reemplazar válidamente a la comunicación de los documentos al mismo tiempo que el pliego de cargos, puesto que, si se generalizara el recurso a este procedimiento, la Comisión podría acabar no comunicando documento alguno en anexo al pliego de cargos.

34 Huels niega que la Comisión pueda realizar una selección entre los documentos que juzgue pertinentes y los que no considere pertinentes, dando a conocer los primeros, pero no los segundos, sobre todo cuando se trata de probar una práctica colusoria global en la que están implicadas diferentes empresas. Y expresa su más enérgico rechazo contra la actitud de la Comisión, que resta importancia a los documentos que reconoce no haber transmitido a la demandante, mientras que en la Decisión los considera como pruebas esenciales.

35 Por su parte, la Comisión reconoce que, por error, no se comunicó la nota de ICI relativa a una reunión de "expertos" de 10 de marzo de 1982, mencionada en la Decisión (apartado 58), pero añade que dicha nota se limitaba a confirmar un informe de Hercules sobre la misma reunión, el cual sí se adjuntó al pliego de cargos general (pliego de cargos general, anexo 23, en lo sucesivo "p.c.g., anexo"), y que sólo pretendía identificar un cuadro que también había sido comunicado (p.c.g., anexo 71). Lo mismo puede decirse de la nota de ICI mencionada en el apartado 63 de la Decisión que no fue comunicada a la demandante, porque contenía secretos comerciales y porque sólo se refería a la participación de Shell en el sistema de cuotas para 1983 y no concernía por tanto a Huels.

36 Por lo que respecta a los demás documentos citados por Huels, la Comisión ofrece las explicaciones que siguen. La nota de ICI relativa al "clima de firmeza" (p.c.g., anexo 35), las circulares enviadas a las oficinas de ventas (p.c.g., anexos 19, 42, 46, 50 y 52), el informe de la reunión de 20 de agosto de 1982 elaborado por un ejecutivo de ICI (p.c.g., anexo 28) y los diversos documentos relativos al acuerdo sobre precios mínimos (p.c.g., anexos 2 a 7) figuraban reproducidos en los anexos al pliego de cargos general; las 48 instrucciones sobre precios relativas a las iniciativas sobre precios de enero a mayo de 1981 y de agosto a diciembre de 1981 fueron adjuntadas como anexos, en su totalidad, al escrito de la Comisión de 31 de octubre de 1984, y parcialmente, en forma de resumen, al escrito de 29 de marzo de 1985, escritos ambos relativos a las iniciativas sobre precios. La Comisión añade que si la demandante se negó a examinar dichos documentos debido a las restricciones impuestas a la comunicación de los mismos a sus servicios de ventas, sólo puede reprochárselo a sí misma. En cuanto a los demás documentos, se trata, o bien de documentos sin interés para los hechos que se reprochaban a la demandante, puesto que sólo conciernen a otras empresas, o bien de documentos que estaban ya resumidos en otros documentos debidamente comunicados, o bien de artículos de prensa que la demandante no podía ignorar, o bien de documentos que se pusieron a disposición de la demandante en la fase de puesta de manifiesto del expediente, o incluso de documentos desconocidos.

37 A este respecto, la Comisión sostiene que la puesta de manifiesto del expediente tiene precisamente por finalidad permitir a las empresas examinar todas las pruebas con las que cuenta la Comisión y que podrán eventualmente ser utilizadas en su contra. Según la Comisión, se trata en estos casos de documentos que confirman los que se adjuntaron como anexo al pliego de cargos, y resultaría inútil, o incluso perjudicial para la defensa de las propias empresas, enviarlos junto con el pliego de cargos.

38 Este Tribunal hace constar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que lo que importa no son los documentos en sí mismos, sino las conclusiones que de ellos extrajo la Comisión, y que, si en el pliego de cargos no se han mencionado ciertos documentos, la empresa afectada pudo acertadamente concluir de ello que éstos no tenían importancia para el asunto. Al no informar a una empresa de que en su Decisión se utilizarían ciertos documentos, la Comisión le impidió expresar dentro de plazo su opinión sobre la fuerza probatoria de tales documentos. De ello se sigue que tales documentos no pueden considerarse medios de prueba válidos por lo que a aquélla respecta (sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983, 107/82, antes citada, apartado 27, y, más recientemente, de 3 de julio de 1991, AKZO Chemie/Comisión, C-62/86, Rec. p. I-3359, apartado 21).

39 En el caso de autos procede subrayar que sólo pueden considerarse medios de prueba oponibles a la demandante en el marco del presente asunto los documentos que se mencionaban en el pliego de cargos general o en el especial o en los escritos de 8 de octubre de 1984 o 29 de marzo de 1985, o que figuraban como anexos de éstos sin ser mencionados específicamente en ellos. Por lo que respecta a los documentos adjuntados como anexos a los pliegos de cargos, pero no mencionados en ellos, sólo pueden utilizarse en la Decisión en contra de la demandante si ésta pudo razonablemente deducir de los pliegos de cargos las conclusiones que la Comisión pretendía extraer de ellos.

40 De las consideraciones precedentes se deduce que, entre los documentos citados por la demandante, sólo pueden utilizarse como pruebas contra ella los distintos documentos relativos al acuerdo sobre precios mínimos (apartados 16 y 17 de la Decisión), las respuestas de ICI y de Shell a la solicitud de información (apartado 18 de la Decisión), el informe de un ejecutivo de ICI sobre la reunión de 20 de agosto de 1982 (apartado 19 de la Decisión), las circulares enviadas a los clientes por las oficinas de ventas nacionales (apartado 25 de la Decisión) y la nota interna de ICI sobre el "clima de firmeza" (apartado 46 de la Decisión), puesto que fueron mencionados respectivamente en los siguientes apartados del pliego de cargos general dirigido a la demandante: la primera serie de documentos en los apartados 33 a 38, la respuestas de ICI y de Shell en los apartados 39 y 47, el informe de la reunión de 20 de agosto de 1982 en los apartados 65, 80 y 103, las circulares en los apartados 58 y 75 y la nota de ICI en el apartado 71; además, dichos documentos figuran recogidos en dicho pliego de cargos como anexos 2 a 7, 8 y 9, 28, 19, 42, 46, 50 y 52, y 35. A estos documentos hay que añadir las 48 instrucciones sobre precios dadas por diferentes productores que se adjuntaron como anexo al escrito de la Comisión de 31 de octubre de 1984 y a las que se hacía referencia en un resumen y en los cuadros numéricos anexos al escrito de 29 de marzo de 1985, en un contexto del que la demandante pudo razonablemente deducir las conclusiones que de ellas extrajo la Comisión. Los demás documentos que cita la demandante no pueden considerarse medios de prueba oponibles a la demandante en el marco del presente asunto.

41 La cuestión de si estos últimos documentos constituyen una base indispensable para la determinación de los hechos que efectuó la Comisión en contra de la demandante corresponde tratarla cuando el Tribunal examine la corrección de dicha determinación de los hechos.

2. Puesta de manifiesto del expediente insuficiente

42 La demandante sostiene que, al no haber podido examinar la totalidad del expediente de la Comisión en la fase de puesta de manifiesto del expediente, a pesar de la petición en este sentido que había formulado en su escrito de 8 de noviembre de 1984 (anexo nº 21 al recurso; en lo sucesivo, "R., anexo"), no ha tenido la oportunidad de comprobar si los documentos que no se pusieron a su disposición contenían pruebas de descargo en su favor ni de controlar enteramente la valoración que la Comisión hizo de las pruebas.

43 Ahora bien, Huels considera que el respeto del derecho de defensa exige que todo acto de una autoridad dirigido contra una persona o empresa pueda ser verificado mediante una consulta completa del expediente por el interesado. En apoyo de su tesis invoca la sentencia de 25 de octubre de 1983, 107/82, antes citada, apartado 24, en la que el Tribunal de Justicia afirmó que no corresponde a la Comisión el estimar si un documento o una parte de un documento es útil o no para la defensa de la empresa interesada. En su opinión, esta jurisprudencia relativa a un documento determinado es válida, a fortiori, cuando se trata de partes enteras de un expediente.

44 La demandante afirma que la práctica administrativa de la Comisión sigue el mismo principio, puesto que se reconoce en ella a las empresas interesadas el derecho a consultar la totalidad de los expedientes pertinentes (Duodécimo Informe sobre la política de competencia, p. 40), derecho que sólo puede sufrir restricciones en casos excepcionales (secretos comerciales, proyectos internos, etc.). Huels afirma que las legislaciones nacionales reconocen también el derecho a un examen general del expediente. En consecuencia, según ella, las empresas deben tener conocimiento de la totalidad de los resultados de la instrucción, incluidos aquéllos de los que la Comisión no piensa hacer uso en contra de las empresas. La demandante considera que esta exigencia resulta confirmada por el apartado 25 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, (asuntos acumulados 43/82 y 63/82, Rec. p. 19; véase también el apartado 27 de la sentencia de 25 de octubre de 1983, 107/82, antes citada), citado por la Comisión, que excluye del derecho a conocer los documentos aquéllos que sean documentos internos de la Comisión, pero no los que ésta obtuvo de las empresas.

45 Por su parte, la Comisión alega que, según la jurisprudencia más reciente (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, antes citada), basta con que las partes hayan podido examinar los documentos que sirven de base a la Decisión de que se trate. Ahora bien, en el caso de autos la Comisión permitió a la demandante que consultara todos los documentos de los que disponía, en la puesta de manifiesto del expediente realizada en junio de 1984, exceptuando los documentos que contenían secretos comerciales.

46 Este Tribunal indica que el respeto del derecho de defensa exige que se haya permitido a la demandante defender como lo considerase oportuno su punto de vista sobre todos los cargos formulados en su contra por la Comisión en los pliegos de cargos que se le dirigieron, así como sobre las pruebas destinadas a apoyar estos cargos y mencionadas por la Comisión en sus pliegos de cargos o adjuntas a éstas (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 7).

47 En cambio, el respeto del derecho de defensa no exige que una empresa implicada en un procedimiento basado en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE pueda comentar todos los documentos que formen parte del expediente de la Comisión, puesto que no hay disposiciones que impongan a la Comisión la obligación de dar conocimiento de sus expedientes a las partes interesadas (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, antes citada, apartado 25).

48 Sin embargo, conviene señalar que, al establecer un procedimiento de puesta de manifiesto del expediente en los asuntos de competencia, la Comisión se impuso a sí misma unas normas que sobrepasaban las exigencias formuladas por el Tribunal de Justicia. Según estas normas, formuladas en el Duodécimo Informe sobre la política de competencia (pp. 40 y 41):

"La Comisión concederá a las empresas implicadas en un procedimiento la facultad de examinar el expediente que les afecta. Las empresas serán informadas del contenido del expediente de la Comisión, adjuntándose al pliego de cargos o a la carta de archivo de la denuncia una lista de todos los documentos que integran el expediente con indicación de los documentos o partes de los mismos que puedan ponerse de manifiesto. Se solicitará a las empresas que examinen in situ los documentos que puedan ponérseles de manifiesto. Si una empresa desea examinar solamente algunos de ellos, la Comisión puede expedir copias. La Comisión considera que los siguientes documentos son confidenciales y, por consiguiente, no pueden ponerse de manifiesto a una determinada empresa: los documentos o partes de los mismos que contengan secretos comerciales de otras empresas; los documentos internos de la Comisión, tales como notas, proyectos u otros documentos de trabajo; cualquier otra información confidencial como, por ejemplo, aquélla que permita identificar a los denunciantes que deseen que no se revele su identidad, así como los datos comunicados a la Comisión con la condición de que se respete el carácter confidencial de los mismos" (traducción no oficial).

Procede señalar que la Comisión no puede renunciar a las normas que de este modo se impuso a sí misma (sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 1973, Comisión/Consejo, 81/72, Rec. p. 575, apartado 9, y de 30 de enero de 1974, Louwage/Comisión, 148/73, Rec. p. 81).

49 Se deduce de lo anterior que la Comisión está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE el conjunto de documentos de cargo y de descargo que recogió durante su investigación, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

50 Este Tribunal hace constar que la Comisión niega categóricamente que sus servicios omitieran poner de manifiesto a la demandante documentos que pudieran contener elementos de descargo en su favor.

51 Ahora bien, frente a las afirmaciones en sentido contrario que realiza la Comisión, la demandante no ha aportado indicio alguno que permita demostrar que los servicios de la Comisión seleccionaron los documentos puestos de manifiesto a la demandante con el fin de impedirle refutar las pruebas aportadas por la Comisión para demostrar su participación en la infracción.

52 En efecto, en su escrito de 8 de noviembre de 1984, la demandante se limitó a solicitar a la Comisión una segunda puesta de manifiesto del expediente, basándose en que el escrito de la Comisión de 31 de octubre de 1984 le reveló por vez primera la importancia de las instrucciones sobre precios procedentes de diferentes productores contenidas en el expediente que se puso de manifiesto en junio de 1984, pero sin pretender que aquel expediente hubiera estado incompleto. Ahora bien, es preciso hacer constar que la importancia para el caso de estas instrucciones sobre precios se deducía de manera inequívoca del pliego de cargos general, en particular de sus apartados 58 y 75 y de sus anexos 19 y 42 a 52, de modo que, durante la puesta de manifiesto del expediente, la demandante estaba advertida de la utilidad de examinar todos estos documentos con vistas a utilizarlos, en su caso, para su defensa. Por consiguiente, la demandante no ha probado que los servicios de la Comisión le impidieran examinar los documentos de descargo.

53 Por otra parte, este Tribunal recuerda que sólo pudieron utilizarse como pruebas oponibles a la demandante en la Decisión los documentos mencionados en los pliegos de cargos general o específico o en los escritos de 31 de octubre de 1984 o de 29 de marzo de 1985, y los que se adjuntaron como anexo a éstos.

54 De ello se sigue que debe desestimarse este motivo.

3. Nuevos cargos

55 La demandante indica que la Comisión explicó en su pliego de cargos que consideraba que no era necesario determinar si los compromisos denunciados debían incluirse en la categoría de los acuerdos o en la de las prácticas concertadas. Sin embargo, la impresión que predominaba al leer el pliego de cargos era la de que, en definitiva, la Comisión consideraba que no había existido acuerdo, sino únicamente prácticas concertadas. En su respuesta al pliego de cargos y durante la primera serie de audiencias, la demandante centró por tanto sus alegaciones en la demostración de que no habían existido prácticas concertadas. En su escrito complementario de 29 de marzo de 1985, la Comisión, al referirse a los pequeños productores como Huels, hizo hincapié de nuevo en la existencia de prácticas concertadas. En este mismo escrito, según la demandante, la Comisión se esforzaba a continuación en demostrar que existía, en cualquier caso, o un acuerdo o una práctica concertada, pero que la hipótesis preferible en caso de duda era la de la práctica concertada. Así pues, Huels centró la continuación de su defensa, principalmente durante la segunda serie de audiencias, en la refutación de dicha tesis de la Comisión.

56 Ahora bien, la demandante mantiene que la Comisión olvida ahora totalmente los cargos que antes formuló contra las empresas y pasa a reprocharles en la Decisión haber participado en un "acuerdo único y continuo", en un "acuerdo marco" y en el "plan de conjunto" correspondiente. En su opinión, son éstas unas imputaciones nuevas y graves, contra las cuales la demandante no tuvo oportunidad de defenderse de manera detallada puesto que aparecieron por primera vez en la Decisión.

57 Según la demandante, la tardía formulación de estas nuevas imputaciones constituye una violación del derecho de defensa y del artículo 4 del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62; en lo sucesivo, "Reglamento nº 99/63"), puesto que la Decisión no puede basar sus decisiones en imputaciones, es decir, en elementos de hecho y de Derecho, respecto a los cuales las empresas interesadas no pudieron manifestar su punto de vista antes de que se adoptara la Decisión.

58 Por su parte, la Comisión niega haber violado el derecho de defensa en el procedimiento administrativo. La Comisión considera que se ajustó perfectamente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartados 91 a 93, y de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck/Comisión, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 68), según la cual resulta totalmente admisible que utilice los resultados del procedimiento administrativo para adaptar y completar, tanto en lo relativo a los hechos como a los fundamentos de Derecho, sus alegaciones en apoyo de los cargos que mantiene. Citando los términos empleados en el pliego de cargos y en su posterior escrito de 29 de marzo de 1985, que contemplan, para los pequeños productores, la posibilidad de que se tratara de un acuerdo, al hablar de una "cooperación continua e institucionalizada", la Comisión considera que permitió un debate muy profundo sobre el tema de la auténtica naturaleza de la práctica colusoria a lo largo del procedimiento administrativo.

59 Este Tribunal hace constar que se deduce de la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia que "la Decisión no debe ser necesariamente una copia del pliego de cargos. En efecto, la Comisión ha de tener en cuenta los datos que resultan del procedimiento administrativo, bien para retirar los cargos que se hayan revelado mal fundados, bien para adaptar y completar, tanto en lo relativo a los hechos como a los fundamentos de Derecho, sus alegaciones en apoyo de los cargos que mantiene. Esta última posibilidad no se encuentra en contradicción con el principio del derecho de defensa sancionado por el artículo 4 del Reglamento nº 99/63" (sentencia de 29 de octubre de 1980, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, antes citada, apartado 68; traducción provisional).

60 En el caso de autos, del examen del pliego de cargos general y del escrito de 29 de marzo de 1985 que lo completa, que deben ser considerados en su conjunto (sentencia de 29 de octubre de 1980, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, antes citada, apartado 72), se deduce que la imputación de haber participado en un "acuerdo único y continuo", en un "acuerdo marco" y en unos "planes de conjunto" que se hace a la demandante, imputación que se formula en los párrafos primero y tercero del apartado 81 y en el párrafo primero del apartado 83 de la Decisión, había sido formulada ya en el pliego de cargos general.

61 En efecto, en contra de lo que afirma la demandante, la Decisión no declara pura y simplemente, en su apartado 81, que las empresas de que se trata "participaban en un acuerdo marco global que se manifestaba en una serie de subacuerdos más detallados que se adoptaban de vez en cuando" y que se trataba por tanto de un "' acuerdo' único y continuo en el sentido del apartado 1 del artículo 85", puesto que la primera de estas frases está precedida por las siguientes palabras: "En el caso que nos ocupa, los productores, al adherirse a un plan común para regular los precios y la oferta en el mercado del polipropileno [...]", y a la segunda frase la preceden estas palabras: "La Comisión estima que todo el conjunto de sistemas y de acuerdos adoptados en el marco de un sistema de reuniones periódicas e institucionalizadas ha constituido [...]". De ello se sigue que tanto las expresiones "acuerdo marco" o "' acuerdo' único y continuo" como la expresión "planes de conjunto" (apartado 83) que utiliza la Decisión no tienen otro alcance que el de expresar el hecho de que la Comisión consideró que existía en el caso de las empresas destinatarias de la Decisión una infracción única cuyos diferentes elementos constituían un conjunto integrado de sistemas de reuniones periódicas de productores de polipropileno, de establecimiento de objetivos sobre precios y de cuotas, caracterizado por una única finalidad económica, la de falsear la evolución normal de los precios en el mercado del polipropileno.

62 Ahora bien, éste es precisamente el contenido literal del pliego de cargos general enviado a la demandante y a las demás empresas destinatarias de la Decisión, y en particular de sus apartados 1, 5, 128, 132 y 151, letra a). Así, el apartado 1 está redactado de este modo:

"El presente pliego de cargos se refiere a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a un conjunto de acuerdos y/o de prácticas concertadas, a través de los cuales, desde aproximadamente 1977 a octubre de 1983, los productores que abastecían de polipropileno (producto termoplástico a granel) al mercado común coordinaron sus políticas de ventas y de precios de manera regular y continuada, estableciendo y aplicando unos precios 'objetivo' y/o mínimos, controlando las cantidades comercializadas mediante la adopción de 'objetivos' y/o de cuotas y reuniéndose regularmente a fin de vigilar la evolución de estas medidas restrictivas."

Y la última frase del apartado 32 precisa:

"En efecto, los productores pretendían controlar el mercado y una cooperación permanente e institucionalizada a alto nivel sustituyó al juego normal de fuerzas en régimen de competencia."

63 Es preciso añadir que el tenor de los cargos formulados contra la demandante y las demás empresas destinatarias de la Decisión resulta confirmado por el escrito que se les dirigió el 29 de marzo de 1985, en el que se puede leer, en su página 4: "Tales compromisos constituían un plan lo suficientemente preciso como para ser asimilable a uno o varios 'acuerdos' en el sentido del artículo 85, por lo menos en el caso de los productores que participaron en las reuniones."

64 Por consiguiente, este Tribunal considera que, en la Decisión, la Comisión no ha hecho sino adaptar y enunciar formalmente los fundamentos de Derecho de la argumentación en la que basa los cargos que mantiene, y que, por consiguiente, no impidió a la demandante dar a conocer su punto de vista sobre estos cargos antes de que se adoptara la Decisión.

65 De ello se sigue que resulta infundada la acusación que la demandante hace a la Comisión de haber violado su derecho de defensa al formular contra ella nuevos cargos en la Decisión.

4. Instrucción insuficiente

66 La demandante sostiene que la Comisión violó el principio instructorio, en virtud del cual dicha Institución está obligada a verificar las alegaciones de las empresas interesadas y a responder a las mismas (principio que Huels deduce de las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1966, Consten-Grundig/Comisión, asuntos acumulados 56/64 y 58/64, Rec. p. 429, y de 14 de febrero de 1978, UBC/Comisión, 27/76, Rec. p. 207, apartado 271). En efecto, según la demandante, la Comisión omitió investigar los efectos económicos de la práctica colusoria, las distorsiones de la competencia en el mercado del polipropileno provocadas por ayudas de Estado ilegales, la estrategia comercial de Huels, que se había centrado en los productos especiales, y las pérdidas sufridas por los productores.

67 La Comisión indica que este motivo se refiere a la determinación de la existencia de infracción o a la determinación de la cuantía de la multa, y que debe, por tanto, ser examinado al mismo tiempo que estos puntos. LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC : 689A0009.1

68 Este Tribunal considera que la cuestión de si la Comisión llevó a cabo una instrucción suficiente en el curso del procedimiento administrativo -en particular en lo relativo a los efectos económicos de la práctica colusoria, las distorsiones de la competencia en el mercado del polipropileno provocadas por ayudas de Estado ilegales, la estrategia comercial de Huels, que se había centrado en los productos especiales, y las pérdidas sufridas por los productores- se confunde con la apreciación de la fundamentación de la determinación de la existencia de la infracción que se atribuye a la demandante así como del importe de la multa que se le impuso, y que es preciso por tanto examinarla al mismo tiempo que estos puntos.

5. Acta de las audiencias que no se dio a conocer

69 La demandante señala que, con arreglo al apartado 4 del artículo 9 del Reglamento nº 99/63, "las declaraciones esenciales de cada persona oída serán consignadas en un acta a la que esa persona dará su conformidad tras haberla leído". Ahora bien, según Huels, ni los miembros de la Comisión ni los del Comité Consultivo pudieron disponer del acta definitiva de las audiencias. Por lo tanto, éstos no pudieron formarse una idea exacta de los argumentos que se intercambiaron, al no haber asistido todos ellos a las audiencias y al no poder estudiar todas las observaciones escritas de las empresas afectadas. Así pues, la Decisión no fue adoptada con pleno conocimiento de causa.

70 La demandante añade que, con arreglo a la exposición de motivos del Reglamento nº 99/63, el Comité Consultivo debe ser consultado una vez terminada la instrucción, y por tanto tras la aprobación del acta, y que la participación de los Estados miembros en las audiencias no puede reemplazar al acta definitiva que es preciso transmitir al Comité Consultivo.

71 Huels subraya que el acta provisional no mencionaba el carácter puramente interno de sus instrucciones sobre precios ni sus desmentidos a varios de los reproches formulados contra ella y que tras las observaciones que ella formuló dicha acta sufrió modificaciones sustanciales.

72 La demandante alega que es a la Comisión a quien corresponde probar que la Decisión no habría sido diferente si no se hubiera cometido esta irregularidad de procedimiento. Concluye afirmando que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 15 de julio de 1970, Boehringer Mannheim/Comisión, 45/69, Rec. p. 769, apartado 17, y de 14 de julio de 1972, Farbenfabriken Bayer/Comisión, 51/69, Rec. p. 745, apartado 17), una Decisión que se basa en un borrador de acta de tales características es nula.

73 Por su parte, la Comisión llama la atención sobre el hecho de que el apartado 4 del artículo 9 del Reglamento nº 99/63 no da indicación alguna sobre los órganos a los que la Comisión debe enviar el acta provisional o definitiva de las audiencias. Ciertamente, los miembros del Comité Consultivo sólo disponían de un acta provisional, pero las autoridades competentes de todos los Estados miembros estuvieron representadas en las audiencias, con la excepción de Grecia y Luxemburgo en la segunda serie de audiencias. Poco importa, a este respecto, que el funcionario presente en las audiencias no fuera necesariamente el representante del Estado en el seno del Comité Consultivo.

74 La Comisión añade que, en cualquier caso, las modificaciones que deseaba la demandante parecen mínimas, atendiendo al contexto en el que se enmarcan, puesto que el acta provisional contenía ya las principales observaciones de la demandante.

75 Afirma también que, para adoptar su Decisión, los miembros de la Comisión dispusieron, por su parte, tanto del acta provisional como de todas las observaciones que las partes habían formulado sobre dicha acta.

76 En cualquier caso, la Comisión considera que la Decisión no habría sido diferente si se hubiera podido disponer del acta definitiva de las audiencias (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1980, Distillers Company/Comisión, 30/78, Rec. p. 2229, apartado 26, conclusiones, p. 2290, y sentencia de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, Rec. p. 619, apartados 28 a 32).

77 Este Tribunal hace constar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que el carácter provisional del acta de la audiencia presentada al Comité Consultivo y a la Comisión sólo puede constituir un vicio del procedimiento administrativo, capaz de acarrear la ilegalidad de la Decisión que pone fin al mismo, si el texto de que se trate estuviera redactado de manera tal que indujera a error a sus destinatarios sobre un punto esencial (sentencia de 15 de julio de 1970, Buchler/Comisión, 44/69, Rec. p. 733, apartado 17).

78 Por lo que respecta al acta transmitida a la Comisión, se debe indicar que esta última recibió, junto con el acta provisional, los comentarios y observaciones sobre dicha acta realizados por las empresas, y que procede concluir, por tanto, que los miembros de la Comisión fueron informados de todos los datos pertinentes antes de adoptar la Decisión.

79 Por lo que respecta al acta transmitida al Comité Consultivo, este Tribunal declara que, en contra de lo que afirma la demandante, el texto de que se trata no estaba redactado de manera tal que indujera a error al Comité sobre algún punto esencial. En efecto, es preciso señalar que el acta provisional transmitida al Comité Consultivo consta de dos partes, una relativa a la audiencia de 12 de noviembre de 1984 y otra relativa a la audiencia de 25 de julio de 1985. La lectura simultánea de las dos partes del acta provisional de las audiencias indica que las peticiones de modificación del acta provisional que formuló la demandante se refieren bien a una bien a otra de las partes de dicha acta, pero que pierden su significación cuando se consideran la una a la luz de la otra. Así, la crítica de la demandante según la cual el acta provisional no daba cuenta del carácter puramente interno de sus instrucciones sobre precios no puede ser aceptada, puesto que, aunque la primera parte contiene en efecto una referencia errónea a instrucciones sobre precios de Huels dirigidas a sus clientes, la segunda parte contiene el resumen de una discusión entre el representante de la Comisión y el de la demandante que se refería específicamente al carácter puramente interno de las instrucciones sobre precios de Huels, la cual no impugna el contenido de dicho resumen. Igualmente, la crítica de la demandante en el sentido de que el acta provisional no daba cuenta de sus desmentidos a diferentes reproches carece por completo de pertinencia, puesto que se dirige en realidad solamente contra la segunda parte del acta provisional, mientras que los desmentidos de que se trata estaban incluidos en la primera parte.

80 De ello se sigue que debe desestimarse este motivo.

6. Informe del Consejero-Auditor que no se dio a conocer

81 La demandante afirma que pidió, en vano, que se le diera a conocer el informe del Consejero-Auditor. Según ella, existen motivos más que fundados para pensar que este informe no se tuvo en cuenta en la Decisión, mientras que sin duda el Consejero-Auditor había realizado una apreciación más matizada que la Comisión de las alegaciones en réplica de Huels. Dicha negativa va en contra del objetivo que se perseguía al crear la figura del Consejero-Auditor y al confiarle el mandato correspondiente. Y restringe, además, según la demandante, sus posibilidades de defensa, al impedirle verificar si las audiencias y el resultado de las mismas se tuvieron en cuenta de una manera objetiva, normal y verificable al adoptar la Decisión. Huels se reserva el derecho de solicitar al Tribunal que conmine a la Comisión a aportar dicho informe.

82 Según la Comisión, no existe disposición alguna que establezca que el informe del Consejero-Auditor debe comunicarse a los destinatarios de la Decisión de la Comisión. La Comisión considera que el Consejero-Auditor desempeña un importante papel en el proceso interno de formación de la voluntad de la Comisión y que las empresas no pueden pretender verse asociadas a dicho proceso, so pena de poner en peligro la franqueza y la independencia del Consejero-Auditor. Según ella, el Tribunal de Justicia ratificó este punto de vista en su auto de 11 de diciembre de 1986, ICI/Comisión (212/86 R, no publicado en la Recopilación), apartados 5 a 8.

83 Este Tribunal señala, con carácter preliminar, que las disposiciones pertinentes del mandato conferido al Consejero-Auditor, que se publicaron como anexo al Decimotercer Informe sobre la política de competencia, son las siguientes:

"Artículo 2

El Consejero-Auditor tendrá por misión garantizar la buena marcha de la audiencia y contribuir de este modo a la objetividad de la propia audiencia y de la eventual Decisión ulterior. Velará especialmente por que, en la elaboración de los proyectos de Decisión de la Comisión en materia de competencia, se tomen debidamente en cuenta todos los datos pertinentes, ya sean favorables o desfavorables a los interesados. En el ejercicio de sus funciones, velará por el respeto del derecho de defensa, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de aplicar eficazmente las normas en materia de competencia, de conformidad con la normativa en vigor y con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia.

Artículo 5

El Consejero-Auditor informará al Director General de Competencia sobre el desarrollo de la audiencia y sobre las conclusiones que extraiga de ella. Formulará sus observaciones sobre el curso que debe seguir el procedimiento. Dichas observaciones pueden referirse, entre otras cosas, a la necesidad de información adicional, al abandono de determinados cargos o a la comunicación de nuevos cargos.

Artículo 6

En el ejercicio de sus funciones, definidas en el artículo 2 anterior, el Consejero-Auditor podrá, si lo estima necesario, comunicar directamente sus observaciones al miembro de la Comisión encargado de los asuntos de la competencia, cuando se someta a este último el anteproyecto de Decisión destinado al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes.

Artículo 7

Llegado el caso, el miembro de la Comisión encargado de los asuntos de la competencia podrá decidir, a petición del Consejero-Auditor, adjuntar el dictamen final emitido por éste al proyecto de Decisión sometido a la Comisión, con el fin de garantizar que esta última, cuando se pronuncie sobre un asunto individual en su calidad de órgano decisorio, esté plenamente informada de todos los elementos del asunto" (traducción no oficial).

84 De los propios términos del mandato conferido al Consejero-Auditor se deduce que no existe obligación de dar traslado de su informe ni al Comité Consultivo ni a la Comisión. En efecto, ninguna disposición prevé la transmisión de dicho informe al Comité Consultivo. Aunque es cierto que el Consejero-Auditor debe elevar su informe al Director General de la Competencia (artículo 5), y que está facultado para, si lo estima oportuno, someter directamente sus observaciones al miembro de la Comisión encargado de los asuntos de la competencia (artículo 6), el cual a su vez tiene la facultad de adjuntar, a petición del Consejero-Auditor, el dictamen final de este último al proyecto de Decisión sometido a la Comisión (artículo 7), no existe sin embargo disposición alguna que obligue al Consejero-Auditor, al Director General de la Competencia o al miembro de la Comisión encargado de los asuntos de la competencia a transmitir a la Comisión el informe del Consejero-Auditor.

85 Por consiguiente, la demandante no puede alegar en su favor el hecho de que el informe del Consejero-Auditor no haya sido transmitido al Comité Consultivo o a los miembros de la Comisión.

86 Por otra parte, este Tribunal señala que el derecho de defensa no exige que las empresas que intervienen en un procedimiento basado en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE puedan comentar el informe del Consejero-Auditor, que constituye un documento puramente interno de la Comisión. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que este informe tiene el valor de un dictamen para la Comisión, que ésta no está en absoluto obligada a ceñirse al mismo y que, en consecuencia, el informe no presenta ningún aspecto decisivo que el Juez comunitario esté obligado a tener en cuenta para ejercitar su control (auto de 11 de diciembre de 1986, 212/86 R, antes citado, apartados 5 a 8). En efecto, el respeto del derecho de defensa queda garantizado suficientemente con arreglo a Derecho cuando los diferentes órganos que participan en la elaboración de la Decisión final han sido correctamente informados de los argumentos formulados por las empresas, en respuesta a los cargos que les comunicó la Comisión y a las pruebas que presentó la Comisión en apoyo de estos cargos (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, 322/81, antes citada, apartado 7).

87 A este respecto, es importante subrayar que el informe del Consejero-Auditor no tiene por objeto completar o corregir la argumentación de las empresas, ni formular nuevos cargos o aportar nuevas pruebas en contra de aquéllas.

88 De ello se sigue que las empresas no tienen derecho a exigir, invocando el respeto del derecho de defensa, que se les dé a conocer el informe del Consejero-Auditor para poder comentarlo (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, antes citada, apartado 25).

89 Por consiguiente, debe desestimarse este motivo.

Prueba de la existencia de infracción

90 Según la Decisión (párrafo primero del apartado 80), a partir de 1977, los productores de polipropileno que abastecían a la Comunidad participaron en todo un conjunto de planes, dispositivos y medidas adoptados en el marco de un sistema de reuniones periódicas y de contactos permanentes. La Decisión (párrafo segundo del apartado 80) añade que el plan de conjunto de los productores estaba dirigido a organizar encuentros para alcanzar acuerdos expresos sobre algunos puntos específicos.

91 Procede pues verificar, en primer lugar, si la Comisión demostró de forma suficiente con arreglo a Derecho su determinación de los hechos relativa, por una parte, al período comprendido entre 1977 y finales de 1978 o principios de 1979 (I) y, por otra, al período comprendido entre finales de 1978 o principios de 1979 y noviembre de 1983 (II), en lo referente al sistema de reuniones periódicas (A), a las iniciativas sobre precios (B), a las medidas destinadas a facilitar la aplicación de las iniciativas sobre precios (C) y a la determinación de las cantidades de toneladas "objetivo" y de las cuotas (D), dando cuenta del acto que se impugna (a) y de los alegaciones de las partes (b), antes de pasar a valorarlas (c); a continuación, procede someter a examen la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos.

1. Determinación de los hechos

I. Período comprendido entre 1977 y finales de 1978 o principios de 1979

A. Acto que se impugna

92 La Decisión afirma (párrafo cuarto del apartado 78 y párrafo tercero del apartado 104) que el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno comenzó aproximadamente a finales de 1977, pero que no es posible precisar la fecha a partir de la cual cada productor comenzó a asistir a estas reuniones. E indica que Huels, que figura entre los productores de los que no se ha probado que "apoyaran" la iniciativa de diciembre de 1977, afirma haber asistido sólo a una reunión antes de la segunda mitad del año 1982.

93 Sin embargo, la Decisión señala (párrafos primero y segundo del apartado 105) que la fecha precisa en que cada productor comenzó a asistir a las sesiones plenarias periódicas no puede establecerse con certeza. Según ella, la fecha en que Anic, ATO, BASF, DSM y Huels comenzaron a participar en los acuerdos no puede haber sido posterior a 1979, ya que se ha demostrado que estos cinco productores participaron todos en el reparto del mercado o en el sistema de cuotas que comenzó a aplicarse por primera vez en ese año.

B. Alegaciones de las partes

94 La demandante alega que, aunque ICI la designa como participante regular en las reuniones, en su respuesta a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8), es en relación con el período 1979-1983. No es posible pues deducir de ello que la demandante participara en las reuniones antes de 1979 y aún menos que participase desde 1977. En realidad, según ella, los datos que figuran en el expediente muestran como máximo una participación irregular a partir de 1981 y una más regular a partir de 1982.

95 La Comisión se remite a la respuesta de ICI a la solicitud de información para afirmar que la demandante participó regularmente en las reuniones desde una fecha indeterminada entre 1977 y 1979. En efecto, según ella, ICI situó a Huels entre los participantes regulares en las reuniones sin añadir restricciones en cuanto al comienzo de la participación, en contra de lo ocurrido con otras empresas para las cuales se limitaba su participación al período 1979-1983. Ahora bien, según otro pasaje de esta respuesta, las reuniones comenzaron a finales del año 1977 y cobraron cierta regularidad en 1978. Estos datos indican pues, a su juicio, que la demandante formaba parte de los "miembros fundadores" de la práctica colusoria.

C. Apreciación del Tribunal

96 Este Tribunal hace constar que la única prueba que aduce la Comisión para demostrar la participación de Huels en las reuniones durante el período de que se trata es la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8).

97 A este respecto, este Tribunal hace constar que la respuesta de ICI a la solicitud de información incluye a la demandante entre los participantes regulares en las reuniones de "expertos" y de "jefes", sin precisar a partir de cuándo. En efecto, en dicha respuesta se puede leer:

"The regular participants at meetings of 'Experts' and 'Bosses' were as follows: ATO, BASF, Chemie Linz, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Montepolimeri, Petrofina, Saga, Solvay. The following producers participated regularly during those periods between 1979 and 1983 while they were engaged in the West European polypropylene industry: Anic - polypropylene business taken over by Montepolimeri; SIR - believed to be no longer in business; Rhône-Poulenc - polypropylene business sold to BP. In addition, Alcudia and Hercules attended meetings on an irregular basis."

["Los participantes regulares en las reuniones de 'expertos' y 'jefes' fueron los siguientes: ATO, BASF, Chemie Linz, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Montepolimeri, Petrofina, Saga, Solvay. Los siguientes productores participaron regularmente en las reuniones durante los períodos, entre 1979 y 1983, en los que aún participaban en la industria del polipropileno de Europa occidental: Anic (cuyo sector de polipropileno pasó a ser controlado por Montepolimeri); SIR (de la que se piensa que cesó en su actividad); Rhône-Poulenc (cuyo sector de polipropileno fue vendido a BP). Además, Alcudia y Hercules asistían a las reuniones de modo irregular."]

98 Al no disponer de datos precisos sobre la fecha en que la demandante comenzó a participar en las reuniones, la Comisión se remite a un segundo pasaje de la respuesta de ICI, en el que se puede leer:

"Because of the problems facing the polypropylene industry ..., a group of producers met in about December 1977 to discuss what, if any, measures could be pursued in order to reduce the burden of the inevitable heavy losses about to be incurred by them ... It was proposed that future meetings of those producers who wished to attend should be called on an 'ad hoc' basis in order to exchange and develop ideas to tackle these problems."

("Ante los problemas con que se enfrentaba la industria del polipropileno [...], aproximadamente en diciembre de 1977 se reunió un grupo de productores para discutir qué medidas podrían adoptarse para reducir el impacto de las grandes pérdidas que inevitablemente iban a sufrir [...] Se propuso que las próximas reuniones de los productores interesados en participar en las mismas fueran reuniones ad hoc dedicadas al estudio e intercambio de ideas para intentar resolver estos problemas.")

La Comisión deduce de este pasaje que el comienzo de la participación de la demandante en las reuniones se remonta al mes de diciembre de 1977. Y considera, por otra parte, que esta interpretación de la respuesta de ICI a la solicitud de información viene corroborada por el hecho de que, aunque ICI únicamente precisó el período durante el que las empresas habían participado en las reuniones (1979-1983) para las empresas cuyos nombres figuran en la segunda frase del primer pasaje citado, esto era precisamente para hacer resaltar que las empresas cuyos nombres figuran en la primera frase de dicho pasaje participaron en las reuniones desde el comienzo de las mismas.

99 Este Tribunal hace constar que la respuesta de ICI a la solicitud de información, al incluir a la demandante entre los participantes regulares en las reuniones, se refiere explícitamente a su participación en las reuniones de "jefes" y de "expertos". Ahora bien, el pasaje que cita la Comisión para hacer remontar la participación de la demandante en las reuniones al mes de diciembre de 1977 se refiere a unas reuniones ad hoc y no a las reuniones de "jefes" y de "expertos", las cuales comenzaron a finales del año 1978 o a principios de 1979, al sumarse a las reuniones ad hoc de "jefes" unas reuniones de "expertos", según se indica en otro pasaje de la respuesta de ICI a la solicitud de información en el que se lee:

"By late 1978/early 1979 it was determined that the 'ad hoc' meetings of Senior Managers should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing knowledge. This two-tier level of representatives became identified as (a) 'Bosses' and (b) 'Experts' ".

("A finales de 1978 o comienzos de 1979 se decidió que las reuniones ad hoc de altos cargos directivos se completarían mediante reuniones de directivos de categoría inferior con mayores conocimientos de marketing. Este sistema de representación a dos niveles acabó por denominarse de (a) 'jefes' y (b) 'expertos' ").

100 Procede subrayar que esta interpretación de la respuesta de ICI a la solicitud de información resulta confirmada al realizar una interpretación analógica de las dos primeras frases del primer pasaje antes citado. Dicha interpretación está justificada por el hecho de que lo que establece la distinción entre las empresas mencionadas en la primera frase y las mencionadas en la segunda no es el comienzo de la participación en las reuniones, sino el final de la misma, puesto que todas las empresas mencionadas en la segunda frase abandonaron el mercado antes de que finalizara la infracción. Por consiguiente, se deben interpretar estas dos frases la una a la luz de la otra, teniendo en cuenta el hecho de que las reuniones de "jefes" y de "expertos" no comenzaron antes de finales del año 1978 o de principios del año 1979.

101 Este Tribunal señala, además, que la Comisión expresó en la Decisión ciertas dudas en cuanto a la participación de la demandante en las reuniones antes de 1979, al indicar en el párrafo segundo del apartado 105 de la Decisión que la fecha en que la demandante comenzó a participar en los acuerdos no puede haber sido posterior a 1979.

102 Se deduce de todo lo anterior que la Comisión no puede presentar dato alguno que permita demostrar la participación de Huels en la infracción antes de finales de 1978 o de principios de 1979 y que, por tanto, no ha demostrado de manera suficiente con arreglo a Derecho dicha participación.

II. Período comprendido entre finales de 1978 o principios de 1979 y el mes de noviembre de 1983

A. El sistema de reuniones periódicas

a) Acto que se impugna

103 La Decisión (párrafo cuarto del apartado 78) indica que Huels declara haber participado sólo en una reunión antes de la segunda mitad del año 1982. En el párrafo segundo del apartado 105, se llega a la conclusión de que la fecha en la que Huels comenzó a participar en los acuerdos no puede haber sido posterior a 1979, ya que se ha demostrado que Huels participó en el reparto del mercado o en el sistema de cuotas establecido por primera vez durante ese mismo año.

104 La Decisión afirma (párrafo tercero del apartado 104 y párrafos segundo y cuarto del apartado 105), por un lado, que ICI declaró que Huels era una participante regular en las reuniones y, por otra parte, que el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno estuvo funcionando al menos hasta finales de septiembre de 1983. Y acusa a Huels de haber participado en dicho sistema (párrafos primero y tercero del apartado 18).

105 Según la Decisión (apartado 21), estas reuniones periódicas de productores de polipropileno tenían por objeto, principalmente, establecer objetivos sobre precios y volúmenes de ventas y comprobar que los productores los respetaban.

b) Alegaciones de las partes

106 La demandante indica que no existió un "sistema institucionalizado de reuniones periódicas". En efecto, las reuniones, en las que por otra parte Huels no participaba regularmente, eran simplemente reuniones ad hoc, como lo indica la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8). En su opinión, la celebración de varias reuniones sucesivas no permite llegar a la conclusión de que todas las empresas habían acordado reencontrarse periódicamente a partir de 1977. En cualquier caso, la demandante niega resueltamente haber participado en semejante acuerdo.

107 Huels alega que los datos recogidos en el expediente muestran como máximo que ella participó de manera irregular en las reuniones a partir de 1981 y de manera más regular a partir de 1982. Los cuadros numéricos elaborados en 1979 que recogen los "revised targets" ("objetivos revisados") en materia de volúmenes de ventas para ciertas empresas entre las cuales figura la demandante no desvirtúan esta afirmación. En efecto, según ella, las propuestas que allí se mencionan se referían al conjunto del mercado del polipropileno de Europa occidental y debían, por consiguiente, englobar a todos los productores, independientemente de su participación en las reuniones.

108 Por otra parte, la demandante indica que, en su calidad de pequeño productor, estaba obligada a participar en las reuniones y que siguió en ellas una política que combinaba falsas informaciones y reservas mentales para no debilitar su estrategia comunicando información delicada a sus competidores. Además, su estrategia de abandonar los productos básicos para dirigirse hacia los productos especiales tuvo por consecuencia, según afirma, que sus intereses fueran hasta tal punto divergentes de los de los demás productores que su participación en las reuniones no pudo tener por objeto restringir la competencia.

109 Huels subraya, por último, que fue la inacción de la Comisión frente a las ayudas de Estado francesas e italianas en el sector del polipropileno lo que hizo indispensables las reuniones de productores, preocupados por hacer frente a la crisis que vivía el sector.

110 Por su parte, la Comisión no discute que la regularidad y la frecuencia de las reuniones aumentara con el paso del tiempo. Estas se fueron haciendo cada vez más estructuradas. Se trataba en ellas de aplicar un plan de conjunto que se tradujo en acciones cada vez más enérgicas encaminadas a modificar la tendencia de las fuerzas del mercado por medio de una cooperación de los productores de polipropileno en materia de precios, de objetivos sobre volúmenes de ventas y de medidas de acompañamiento. Según la Comisión, este plan de conjunto, elaborado de manera progresiva, consistía en un acuerdo marco que preveía un sistema de reuniones institucionalizadas con vistas a elaborar en común estrategias de mercado y que se completaba a su vez mediante subacuerdos particulares relativos a medidas concretas. El denominador común de este acuerdo marco continuó existiendo durante todo el período a que se refiere la Decisión. El compromiso de Huels en el seno de este plan de conjunto o del acuerdo marco se deriva principalmente, afirma la Comisión, de su participación regular en las reuniones periódicas.

111 La Comisión sostiene que la participación regular de la demandante en las reuniones se deduce de la respuesta de ICI a la solicitud de información, que menciona a Huels entre los participantes regulares en las reuniones. Esta prueba viene corroborada por la mención del nombre de la demandante en un cuadro sin fecha, con el título "Producers' Sales to West Europe" ("Ventas de los productores en Europa occidental"; p.c.g., anexo 55), descubierto en los locales de ICI, que recoge las cifras de ventas en miles de toneladas de cada uno de los productores de polipropileno de Europa occidental en 1976, 1977 y 1978, así como otras cifras agrupadas bajo los encabezamientos "1979 actual" ("cifras reales de 1979") y "revised target" ("objetivo revisado"). Dado que en este cuadro se recogen informaciones que deben preservarse celosamente como secreto comercial, no pudo ser elaborado, a juicio de la Comisión, sin la participación de Huels. Ahora bien, el informe de una reunión durante los días 26 y 27 de septiembre de 1979 (p.c.g., anexo 12) indica que los objetivos sobre volúmenes de ventas recogidos en el cuadro precedente constituían el objeto de las reuniones.

112 Por otra parte, la Comisión alega, en primer lugar, que los demás productores no habrían podido dejar de descubrir una política de falsas informaciones como la que la demandante pretende haber llevado a cabo, gracias al contraste de informaciones que podían realizar basándose en el sistema Fides de intercambio de datos, lo que habría tenido para Huels consecuencias más graves que el no participar en las reuniones. En segundo lugar, alega que la práctica colusoria no afectaba sólo a los productos básicos, sino también a los productos especiales y que la política de especialización de Huels no se oponía por tanto a que ésta participara en las reuniones.

113 La Comisión considera, por último, que las ayudas de Estado francesas e italianas no son circunstancias que puedan justificar la participación de la demandante en las reuniones.

c) Apreciación del Tribunal

114 Este Tribunal hace constar que la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8) sitúa a la demandante, a diferencia de otros dos productores, entre los participantes regulares en las reuniones de "jefes" y de "expertos" sin límite de tiempo. Esta respuesta debe interpretarse en el sentido de que la participación de la demandante se remonta a la época en que comenzó el sistema de reuniones de "jefes" y de "expertos", creado a finales de 1978 o a comienzos de 1979.

115 La respuesta de ICI a la solicitud de información se ve corroborada por la mención de las cifras de ventas de la demandante de distintos meses y años, al lado de su nombre, en los distintos cuadros que se encontraron en los locales de ICI, ATO y Hercules (p.c.g., anexos 55 a 62), si se tiene en cuenta al mismo tiempo que, como han reconocido la mayoría de los demandantes en sus respuestas a una pregunta por escrito que les dirigió este Tribunal, habría resultado imposible elaborar los cuadros descubiertos en los locales de ICI, ATO y Hercules basándose en las estadísticas del sistema Fides. En su respuesta a la solicitud de información, ICI declaró, por otra parte, a propósito de uno de estos cuadros, que "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" ("la fuente de información para las cifras reales correspondientes al pasado que figuran en el cuadro debieron ser los propios productores"), lo que priva completamente de pertinencia a la alegación de la demandante basada en que todos los productores sin excepción figuraban en dichos cuadros.

116 A estos datos hay que añadir que la respuesta de la demandante a la solicitud de información es incompleta, en la medida en que omitió referirse en ella a su participación en una reunión de enero de 1981, mientras que un informe sobre la misma (p.c.g., anexo 17) revela que Huels se encontraba entre los participantes.

117 Además, la demandante reconoció ante el Tribunal que había participado regularmente en las reuniones durante los años 1982 y 1983, mientras que en su respuesta a la solicitud de información afirmaba no haber participado en las reuniones antes de la segunda mitad de 1982, cosa que desmiente sobre todo el informe de la reunión de 13 de mayo de 1982 (p.c.g., anexo 24), que indica claramente que Huels tomó parte en ella.

118 En tales circunstancias, la Comisión actuó correctamente al considerar que la demandante participó regularmente en las reuniones periódicas de productores de polipropileno desde finales del año 1978 o principios de 1979 y hasta finales del mes de septiembre de 1983.

119 La Comisión estimó acertadamente, basándose en los datos que ICI aportó en su respuesta a la solicitud de información y que han sido confirmados por numerosos informes sobre las reuniones, que el objeto de las reuniones era, principalmente, establecer los objetivos sobre precios, por una parte, y sobre volúmenes de ventas, por otra. En efecto, en esta respuesta se lee:

"' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ...", y también: "A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings."

("Los 'precios objetivo' propuestos periódicamente por los productores desde el 1 de enero de 1979 para la calidad básica de cada una de las principales categorías de polipropileno se recogen en el anexo [...]", y "Durante las reuniones se discutieron cierto número de propuestas relativas al volumen de ventas de los distintos productores.")

120 Además, al informar sobre la organización, junto a las reuniones de "jefes", de reuniones de "expertos" en marketing a partir de finales de 1978 o de principios de 1979, la respuesta de ICI a la solicitud de información revela que las discusiones relativas al establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas se hacían cada vez más concretas y precisas, mientras que en 1978 los "jefes" se habían limitado a desarrollar el concepto mismo de precios "objetivo".

121 Además de los pasajes antes citados, en la respuesta de ICI a la solicitud de información se lee la frase siguiente: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" ("Sólo las reuniones de 'jefes' y de 'expertos' llegaron a celebrarse con carácter mensual"). La Comisión dedujo acertadamente de esta respuesta, así como del hecho de que las reuniones tuvieran una naturaleza y un objeto idénticos, que éstas se inscribían en el marco de un sistema de reuniones periódicas.

122 Por otra parte, no pueden aceptarse los argumentos que presenta la demandante para demostrar que su participación en las reuniones no podía considerarse reprensible.

123 En efecto, la demandante no puede pretender que, en su calidad de pequeño productor, no podía quedarse sin participar en las reuniones, puesto que podía denunciar éstas a la Comisión y solicitarle que ordenara poner fin a las mismas.

124 La política de la demandante de alejarse de los productos básicos para dedicarse a los productos especiales y la oposición de intereses entre ella y los demás productores a que dicha política daba lugar no pueden tampoco excusar la participación de la demandante en las reuniones, puesto que las discusiones relativas al establecimiento de objetivos sobre volúmenes de ventas se referían no sólo a los productos básicos, sino también a los productos especiales. En efecto, la demandante indicó en su recurso que el total de sus ventas de polipropileno, sin distinguir calidades, se elevó en el año 1983 a 64.349 toneladas para Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Italia y Luxemburgo (únicos Estados de Europa occidental en los que realizaba ventas importantes de polipropileno), de las cuales solamente un 45 % correspondía a productos básicos. Ahora bien, según diferentes documentos, la cuota que se asignó a la demandante para dicho año se situaba entre 65.000 toneladas, sobre un volumen total del mercado estimado en 1.470.000 toneladas (propuesta de Saga; p.c.g., anexo 81), y 77.910 toneladas (5,3 % sobre el mismo volumen de mercado, propuesta de los productores alemanes; p.c.g., anexo 83). Por consiguiente, las discusiones relativas a los volúmenes de ventas se referían tanto a los productos especiales como a los productos básicos.

125 En cuanto a las falsas informaciones y a la reserva mental que, según afirma, practicaba la demandante en las reuniones y que demuestran, en su opinión, que no le guiaba en absoluto un espíritu contrario a la competencia, procede señalar que, dado que la demandante no niega haber participado en dichas reuniones y que se ha demostrado que éstas tenían por objeto, principalmente, el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas, lo menos que puede decirse es que la demandante dio a sus competidores