Asunto C-470/08

Kornelis van Dijk

contra

Gemeente Kampen

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Arnhem)

«Política agrícola común — Sistema integrado de gestión y de control de determinados regímenes de ayudas — Reglamento (CE) no 1782/2003 — Régimen de pago único — Cesión de derechos de ayuda — Extinción del contrato de arrendamiento — Obligaciones del arrendatario y del arrendador»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de enero de 2010 I ‐ 606

Sumario de la sentencia

Agricultura — Política agrícola común — Sistema integrado de gestión y de control relativo a determinados regímenes de ayudas — Régimen de pago único

[Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, arts. 1, párr. 2, segundo guión; 2, letras a) y c); 33, ap. 1, letra a); 36, ap. 1; 43, ap. 1, y 46; Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión]

Ninguna disposición de los Reglamentos no 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, y no 795/2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento no 1782/2003, prevé que el arrendatario esté obligado a devolver al arrendador al término del contrato de arrendamiento, junto con las tierras objeto del arrendamiento, los derechos de ayuda generados en virtud de dichas tierras o relacionados con ellas.

En cambio, tanto de los objetivos como de la sistemática del Reglamento no 1782/2003 se desprende que, salvo estipulación en contrario, los derechos de ayuda los adquiere definitivamente el arrendatario al término del contrato de arrendamiento.

En efecto, a tenor del segundo guión del artículo 1 del Reglamento no 1782/2003, el régimen de pago único constituye una ayuda a la renta de los agricultores que tiene como objetivo garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria. Con arreglo al artículo 43, apartado 1, del mismo Reglamento, los derechos de ayuda atribuidos al agricultor en el marco del régimen de pago único dependen del número de hectáreas en su posesión durante el período de referencia, así como de las cantidades que se le concedieron en virtud de los regímenes de ayuda contemplados en anexo a dicho Reglamento. En este contexto, el artículo 36, apartado 1, del Reglamento no 1782/2003 dispone que la ayuda derivada del régimen de pago único se abonará con referencia a los derechos de ayuda, acompañados de un número igual de hectáreas admisibles. En cambio, del citado artículo no se desprende en modo alguno que los derechos de ayuda estén vinculados a parcelas concretas, en particular a aquellas que estuvieran en posesión del agricultor durante el período de referencia.

El artículo 46 del Reglamento no 1782/2003, que contempla la posibilidad de transferir los derechos de ayuda, de conformidad con el objetivo que figura en el trigésimo considerando del mismo Reglamento, prevé específicamente, en su apartado 2, que en caso de arrendamiento u otros tipos de transacciones similares, la cesión de derechos de ayuda sólo estará permitida si se acompaña de la cesión de un número equivalente de hectáreas admisibles. Esta disposición tiene por objeto, conforme a la finalidad enunciada en el trigésimo considerando citado, evitar cesiones de carácter especulativo que den lugar a la acumulación de derechos de ayuda sin la correspondiente base agraria. Por otro lado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33, apartado 1, letra a), del Reglamento no 1782/2003, y del artículo 2, letras a) y c), del mismo Reglamento, el régimen de pago único está destinado a los agricultores, es decir, a aquellas personas que ejercen una actividad agraria, consistente en la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales. Ahora bien, el arrendador de tierras no es necesariamente un agricultor en el sentido del artículo 2, letra a), de dicho Reglamento. Por lo tanto, si el legislador comunitario hubiera querido que los derechos de ayuda revirtieran en todos los supuestos al arrendador al término del contrato de arrendamiento, habría previsto una disposición en este sentido.

Por consiguiente, el Derecho comunitario no obliga al arrendatario a entregar al arrendador al término del contrato de arrendamiento, junto con las tierras arrendadas, los derechos de ayuda generados en virtud de dichas tierras o relacionados con ellas, ni tampoco a pagarle una indemnización.

(véanse los apartados 25 a 28, 30, 32, 34 a 38 y 43 y el fallo)