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2)

Las disposiciones de la Directiva 2006/112 y los principios de neutralidad fiscal, de efectividad y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa y a una práctica nacionales en virtud de las cuales el vendedor de un bien inmueble está obligado a regularizar la deducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) soportado por ese bien como consecuencia de la negativa a reconocerle el derecho a optar por la tributación de dicha venta debido a que, en el momento en que esta se realizó, el adquirente no cumplía los requisitos establecidos para el ejercicio de ese derecho por parte del vendedor. Aunque la utilización efectiva del bien inmueble de que se trate por el adquirente en el marco de actividades sujetas al IVA carece de pertinencia a este respecto, las autoridades competentes están obligadas, no obstante, a comprobar la eventual existencia de un fraude o de un abuso por parte del sujeto pasivo que haya pretendido ejercer su derecho a optar por la tributación de la operación en cuestión.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 28 de abril de 2022 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — «Nikopolis AD Istrum 2010» EOOD (C-160/21), «Agro — eko 2013» EOOD (C-217/21) / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

(Asuntos acumulados C-160/21 y C-217/21) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política agrícola común - Regímenes de ayuda directa - Reglamento (UE) n.o 1306/2013 - Pagos a los beneficiarios - Artículo 75 - Plazo de pago - Cumplimiento - Inexistencia - Denegación presunta de la solicitud de ayuda)

(2022/C 237/21)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Partes en el procedimiento principal

Demandantes:«Nikopolis AD Istrum 2010» EOOD (C-160/21), «Agro — eko 2013» EOOD (C-217/21)

Demandada: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

Fallo

El artículo 75, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que el organismo pagador de un Estado miembro no haya pagado una ayuda solicitada por un agricultor antes de la expiración del plazo fijado en dicha disposición no debe considerarse una decisión denegatoria presunta de la solicitud de ayuda controvertida, y ello con independencia de si se ha informado al agricultor en cuestión de la realización de eventuales comprobaciones suplementarias que podrían justificar el incumplimiento de dicho plazo.

(1) DO C 206 de 31.5.2021.

DO C 242 de 21.6.2021.
1)

El artículo 7, letra c), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y el artículo 6, apartados 1, párrafo primero, letra c), y 3, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), entendidos a la luz de los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que establece la publicación en línea de la declaración de intereses privados que todo directivo de un establecimiento que recibe fondos públicos debe presentar, en la medida en que, en particular, tal publicación verse sobre datos nominales de su cónyuge, compañero sentimental o pareja, así como de personas cercanas o conocidas del declarante que pueden dar lugar a un conflicto de intereses o también sobre cualquier operación realizada durante los últimos doce meses naturales cuyo valor supere los 3 000 euros.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 10 de febrero de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — PF, MF / Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

(Asunto C-564/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Política pesquera común - Reglamento (CE) n.o 1224/2009 - Régimen de control - Artículos 33, apartado 2, letra a), y 34 - Registro de las capturas y del esfuerzo pesquero - Transmisión a la Comisión Europea de información relativa a las cantidades de cigala capturadas - Posibilidad de utilizar datos distintos de los que figuran en el cuaderno diario de pesca - Método razonable y científicamente válido para tratar y comprobar los datos - Cierre de pesquerías)

(2022/C 148/08)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: PF, MF

Demandadas: Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

Fallo

Los artículos 33, apartado 2, letra a), y 34 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen de control de la Unión para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 847/96, (CE) n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007, (CE) n.o 676/2007, (CE) n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008 y (CE) n.o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1627/94 y (CE) n.o 1966/2006, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad única de control de un Estado miembro no está obligada a notificar a la Comisión Europea únicamente los datos consignados por los capitanes de buques pesqueros en el cuaderno diario de pesca, con arreglo a los artículos 14 y 15 de dicho Reglamento, sino que puede utilizar un método razonable y científicamente válido, como el denominado de «tiempo de permanencia», para tratar estos datos con el fin de cerciorarse de la exactitud de las cifras de capturas que notifica a la Comisión.

(1) DO C 19 de 18.1.2021.
1)

El artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán, en relación con el artículo 1, letras h) y j), del Reglamento n.o 423/2007, el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento n.o 423/2007, en relación con el artículo 1, letras h) e i), del Reglamento n.o 961/2010, y el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento n.o 961/2010, en relación con el artículo 1, letras j) y k), del Reglamento n.o 267/2012, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se adopten, sobre fondos o recursos económicos congelados en el marco de la política exterior y de seguridad común, sin autorización previa de la autoridad nacional competente, medidas cautelares que establezcan, en beneficio del acreedor interesado, un derecho de cobro preferente con respecto a los demás acreedores, aun cuando tales medidas no conlleven la salida de los bienes del patrimonio del deudor.
C 502/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de octubre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) — F.C.I. / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Asunto C-244/20) (1)

(Procedimiento prejudicial - Directiva 79/7/CEE - Artículo 3, apartado 2 - Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social - Prestaciones a favor de los supervivientes - Pensión de viudedad basada en una relación de pareja de hecho - Cláusula de exclusión - Validez - Prohibición de toda discriminación por razón de sexo - Prestación no comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 79/7 - Inadmisibilidad - Artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - No discriminación por razón de sexo - Artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Derecho a la propiedad - Situación jurídica que no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión - Incompetencia)

(2021/C 502/12)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: F.C.I.

Recurrida: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Fallo

1) La primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es inadmisible.

2) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

(1) DO C 320 de 28.9.2020.
3)

El artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2012/34 debe interpretarse en el sentido de que se aplica, incluso en cuanto al criterio de la competitividad óptima de los segmentos del mercado ferroviario, respecto de aquellos de esos segmentos en los que no exista competencia, por ejemplo, cuando sean explotados por un operador de servicio público al que, en virtud de un contrato de servicio público, se le haya conferido un derecho exclusivo a los efectos del artículo 2, letra f), del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo.
3)

El artículo 40, apartado 4, de la Directiva 2013/32 debe interpretarse en el sentido de que no permite que, en aplicación de las normas generales de procedimiento administrativo nacional, un Estado miembro que no ha adoptado actos específicos de transposición de dicha disposición se niegue a examinar el fondo de una solicitud posterior cuando las nuevas circunstancias o los datos invocados en apoyo de tal solicitud ya existieran en el procedimiento relativo a la solicitud anterior y no hubieran sido presentados en el marco de ese procedimiento, siendo esto imputable al solicitante.
1)

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, en particular sus artículos 1 y 10, letra b), debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a una situación en la que una persona que solicita el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales no ha obtenido un título de formación que la califique, en el Estado miembro de origen, para ejercer en él una profesión regulada.
1)

El artículo 195 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, modificado por el Reglamento (CE) n.o 1186/2009 del Consejo, de 16 de noviembre de 2009, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, debe interpretarse en el sentido de que el fiador de una deuda aduanera a que se refiere el citado artículo no puede ser calificado de «deudor» en el sentido del artículo 221, apartado 3, del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1186/2009, y, por consiguiente, no se le puede aplicar el plazo de prescripción de tres años a partir del nacimiento de la deuda aduanera establecido en dicha disposición.
C 119/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de enero de 2022 — Comisión Europea / Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

(Asunto C-891/19 P) (1)

(Recurso de casación - Dumping - Reglamento de Ejecución (UE) 2017/804 - Importaciones de determinados tubos sin soldadura originarios de China - Derecho antidumping definitivo - Reglamento (UE) 2016/1036 - Artículo 3, apartados 2, 3 y 6, y artículo 17 - Determinación del perjuicio - Examen del efecto de las importaciones objeto de dumping en los precios de productos similares vendidos en el mercado de la Unión Europea - Análisis de la subcotización de los precios - Aplicación del método de los números de control de producto (NCP) - Obligación de la Comisión Europea de tener en cuenta los diferentes segmentos de mercado relativos al producto considerado y la totalidad de las ventas de productos similares de los productores de la Unión incluidos en la muestra)

(2022/C 119/05)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: inicialmente T. Maxian Rusche y N. Kuplewatzky, posteriormente T. Maxian Rusche y A. Demeneix y finalmente T. Maxian Rusche y K. Blanck, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd (representantes: E. Vermulst y J. Cornelis, advocaten), ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH, (representante: G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 septiembre de 2019, Hubei Xinyegang Special Tube/Comisión (T-500/17, no publicada, EU:T:2019:691).

2) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3) Reservar la decisión sobre las costas.

(1) DO C 45 de 10.2.2020.
1)

El Reglamento (UE) n.o 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable en el supuesto de que un transportista cancele un servicio de pasaje respetando un plazo de preaviso de varias semanas antes de la salida inicialmente prevista, debido a que el buque que debía prestar ese servicio fue objeto de un retraso en la entrega y no pudo ser sustituido.
C 217/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de abril de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln — Alemania) — The North of England P & I Association Ltd., sucesora legal de Marine Shipping Mutual Insurance Company / Bundeszentralamt für Steuern

(Asunto C-786/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Seguro directo distinto del seguro de vida - Segunda Directiva 88/357/CEE - Artículo 2, letra d), segundo guion - Directiva 92/49/CEE - Artículo 46, apartado 2, párrafo primero - Impuesto sobre las primas de seguro - Concepto de «Estado miembro en el que se localice el riesgo» - Vehículos de cualquier naturaleza - Concepto de «Estado miembro de matriculación» - Seguro de buques de navegación marítima - Buques inscritos en el registro de buques llevado por un Estado miembro pero que enarbolan pabellón de otro Estado miembro o de un tercer Estado en virtud de una autorización de cambio de pabellón temporal)

(2021/C 217/14)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Köln

Partes en el procedimiento principal

Demandante: The North of England P & I Association Ltd., sucesora legal de Marine Shipping Mutual Insurance Company

Demandada: Bundeszentralamt für Steuern

Fallo

El artículo 46, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida), en relación con el artículo 2, letra d), segundo guion, de la Directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, Segunda Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE, debe interpretarse en el sentido de que, cuando los contratos de seguro se refieren a la cobertura de diversos riesgos relacionados con la explotación de buques de navegación marítima inscritos en el registro de buques de un Estado miembro, pero que enarbolan el pabellón de otro Estado miembro o de un tercer Estado en virtud de una autorización de cambio de pabellón temporal, debe considerarse como «Estado miembro de matriculación» del buque de que se trate y, por tanto, como «Estado miembro en el que se localice el riesgo», en el sentido de esas disposiciones, que tiene la facultad exclusiva de gravar las primas pagadas en virtud de tales contratos de seguro, el Estado miembro que lleva el registro de buques en el que dicho buque está inscrito a efectos, principalmente, de acreditar su propiedad.

(1) DO C 45 de 10.2.2020.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — VK/An Bord Pleanála

(Asunto C-739/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Libre prestación de servicios por los abogados - Directiva 77/249/CEE - Artículo 5 - Obligación de un abogado visitante prestador de servicios, que representa a un cliente en un procedimiento jurisdiccional nacional, de actuar de acuerdo con un abogado que ejerza ante el tribunal que conoce del asunto - Límite»)

(2021/C 182/19)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court

Partes en el procedimiento principal

Demandante: VK

Demandada: An Bord Pleanála

con intervención de: The General Council of the Bar of Ireland, The Law Society of Ireland and the Attorney General

Fallo

El artículo 5 de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, debe interpretarse en el sentido de que:

— El citado precepto no se opone, por sí mismo, habida cuenta del objetivo de una buena administración de justicia, a que un abogado visitante que presta los servicios de representación y defensa de su cliente se vea obligado a actuar de acuerdo con un abogado que ejerza ante el tribunal que conoce del asunto y que sea responsable, si procede, ante ese tribunal, en el marco de un sistema que impone a los abogados obligaciones deontológicas y procedimentales tales como las de señalar al tribunal que conoce del asunto cualquier dato jurídico, tanto legislativo como jurisprudencial, a efectos del correcto desarrollo del procedimiento, de las cuales está dispensado el justiciable si decide actuar en su propia defensa.

— No es desproporcionada, atendido el objetivo de una buena administración de justicia, la obligación del abogado visitante prestador de los servicios de actuar de acuerdo con un abogado que ejerza ante el tribunal que conoce del asunto, en un sistema en el que ambos abogados están en condiciones de definir sus respectivas funciones, de modo que, por regla general, el abogado que ejerce ante el tribunal que conoce del asunto únicamente habrá de asistir al abogado visitante prestador de los servicios para permitirle garantizar la adecuada representación y defensa del cliente y el correcto cumplimiento de sus obligaciones ante el mencionado tribunal.

— Una obligación general de actuar de acuerdo con un abogado que ejerza ante el tribunal que conoce del asunto, que no permita tener en cuenta la experiencia del abogado visitante prestador de los servicios, iría más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de una buena administración de justicia.

(1) DO C 413 de 9.12.2019.
1)

Los artículos 55, 65 y 78 del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 248/2008 del Consejo, de 17 de marzo de 2008, deben interpretarse en el sentido de que no excluyen del cómputo de las cuotas nacionales de producción de leche y otros productos lácteos y de las tasas por excedentes las cantidades de leche destinadas a la fabricación de quesos con denominación de origen protegida para su exportación a países terceros.
C 53/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de diciembre de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier / Société Fromagère du Livradois SAS

(Asunto C-490/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Agricultura - Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios - Reglamento (CE) n.o 510/2006 - Reglamento (UE) n.o 1151/2012 - Artículo 13, apartado 1, letra d) - Práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto - Reproducción de la forma o de la apariencia características de un producto con denominación protegida - Denominación de origen protegida (DOP) «Morbier»)

(2021/C 53/15)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Recurrida: Société Fromagère du Livradois SAS

Fallo

Los respectivos artículos 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, y del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, deben interpretarse en el sentido de que no prohíben únicamente la utilización por un tercero de la denominación registrada.

Los respectivos artículos 13, apartado 1, letra d), de los Reglamentos n.os 510/2006 y 1151/2012 deben interpretarse en el sentido de que prohíben la reproducción de la forma o de la apariencia características de un producto amparado por una denominación registrada cuando dicha reproducción pueda inducir al consumidor a creer que el producto en cuestión está amparado por esa denominación registrada. Es necesario evaluar, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso, si esa reproducción puede inducir a error al consumidor europeo, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

(1) DO C 288 de 26.8.2019.