El hecho de que el interesado consienta un acto que le perjudica no da lugar a que dicho acto pierda su carácter perjudicial para su destinatario.

En estas circunstancias, no cabe alegar que la autoridad facultada para proceder a la contratación en una agencia de la Unión haya actuado incorrectamente al solicitar a su personal, en ejecución de la decisión del legislador de la Unión de trasladar la sede de dicha agencia, que entre en funciones en la nueva sede.

A este respecto, el funcionamiento de la administración de la Unión implica, para todo funcionario o agente de la función pública europea, la obligación de aceptar cualquier destino que responda a la categoría y grado de su empleo, según las necesidades del servicio, en toda la Unión, en todo lugar de trabajo de la institución o agencia en la cual haya entrado en funciones. Por otro lado, con arreglo al artículo 20 del Estatuto, aplicable por analogía a los agentes temporales y contractuales en virtud de los artículos 11 y 81 del Régimen aplicable a los otros agentes, los funcionarios y los agentes de la Unión estarán obligados a residir en la localidad de su destino o a una distancia de la misma que no entorpezca el ejercicio de sus funciones.

El hecho de que un agente no se presente en su lugar de trabajo puede equipararse a una actuación dimisionaria por parte del agente que, por consiguiente, equivale a la dimisión a los efectos del artículo 47 del Régimen aplicable a los otros agentes.

La base de la relación de empleo de un agente, temporal o contractual, con la institución o agencia de que se trate está constituida por un contrato de servicios. El acuerdo de voluntades de las partes contratantes, que se materializa en particular mediante la firma del contrato de servicios, genera obligaciones de naturaleza contractual que limitan las posibilidades de la autoridad facultada para proceder a la contratación de actuar unilateralmente, fuera de los supuestos previstos expresamente en el Régimen aplicable a los otros agentes.

No obstante, el alcance y los requisitos del ejercicio de dicha libertad contractual están acotados y limitados por los derechos y obligaciones establecidos en el citado Régimen y, en su caso, traen causa de la aplicación analógica de las disposiciones del Estatuto, por lo que las partes contratantes no pueden liberarse mediante el contrato de las obligaciones derivadas de la particular misión de interés general confiada a las instituciones, órganos y organismos de la Unión.

En lo relativo a la cuestión de si la citada autoridad puede modificar unilateralmente el lugar de destino, en caso de que éste se mencione en el contrato de servicios de un agente temporal o contractual, ha de señalarse que el legislador de la Unión o los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros pueden modificar en todo momento las sedes de las distintas instituciones y agencias de la Unión. Asimismo, ha de recordarse que la obligación que tienen las instituciones y agencias de la Unión de destinar a su personal únicamente en interés del servicio resulta aplicable aunque pueda dar lugar a una modificación del lugar de destino no deseada por el interesado.

Por otro lado, la autoridad facultada para proceder a la contratación puede, en interés del servicio, modificar el lugar de destino de un agente temporal sin que sea necesario el consentimiento del interesado, quien no obstante deberá ser oído.

En el caso de los agentes contractuales, con independencia de que el artículo 7 del Estatuto les resulte o no aplicable por analogía, la autoridad facultada para proceder a la contratación puede decidir igualmente acerca de su destino y cambio de destino a otro lugar, puesto que tan sólo los agentes locales, quienes precisamente son contratados en un lugar determinado, tienen derecho a oponerse a un cambio del lugar de destino porque, en su caso, la estabilidad del lugar de trabajo forma parte integrante de las condiciones de empleo.

(véanse los apartados 68 a 70, 72 y 73)

Referencia:

Tribunal de Justicia: sentencias de 18 de octubre de 1977, Schertzer/Parlamento, 25/68, EU:C:1977:158, apartado 40; de 24 de febrero de 1981, Carbognani y Coda Zabetta/Comisión, 161/80 y 162/80, EU:C:1981:51, apartados 28 y 34; de 14 de julio de 1988, Aldinger y Virgili/Parlamento, 23/87 y 24/87, EU:C:1988:406, apartado 17, y de 19 de junio de 1992, V./Parlamento, C‑18/91 P, EU:C:1992:269, apartado 39

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 11 de julio de 1996, Aubineau/Comisión, T‑102/95, EU:T:1996:104, apartado 29

Tribunal de la Función Pública: sentencias de 4 de junio de 2009, Plasa/Comisión, F‑52/08, EU:F:2009:54, apartado 77; de 12 de febrero de 2014, Bodson y otros/BEI, F‑73/12, EU:F:2014:16, apartado 52 y jurisprudencia citada, y de 16 de julio de 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, apartados 101 y 103