Palabras clave

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Palabras clave

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1. Funcionarios - Recurso - Informe de calificación - Reclamación administrativa previa - Carácter facultativo - Presentación - Consecuencias - Respeto de las exigencias de procedimiento vinculadas a la reclamación previa

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2. Funcionarios - Recurso - Reclamación administrativa previa - Identidad de objeto y de causa - Motivos y alegaciones que no figuran en la reclamación pero que se relacionan estrechamente con ella - Admisibilidad - Concordancia entre la reclamación y el recurso - Examen de oficio

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

3. Funcionarios - Calificación - Informe de calificación - Modificación de las evaluaciones en relación con la calificación anterior - Obligación de motivación - Alcance

(Estatuto de los Funcionarios, art. 43)

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1. La presentación de una reclamación formal, en el sentido del artículo 90 del Estatuto, no resulta un requisito previo necesario para interponer un recurso jurisdiccional contra un informe de calificación. En efecto, dicho informe, previsto en el artículo 43 del Estatuto, expresa la opinión libremente formulada de los calificadores y no la valoración de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos. Por tanto, es posible interponer un recurso jurisdiccional a partir del momento en que el informe puede considerarse definitivo.

No obstante, si bien el interesado tiene la facultad ya sea de someter el asunto directamente al órgano jurisdiccional comunitario, ya sea de presentar una reclamación administrativa, está obligado, en el segundo caso, a respetar todas las exigencias de procedimiento inherentes a la vía de reclamación previa que ha elegido.

2. Al exigir una reclamación administrativa previa, el artículo 90 del Estatuto tiene por objeto permitir y favorecer un arreglo amistoso de la controversia entre el funcionario y la administración. Para satisfacer dicha exigencia, es preciso que esta última pueda conocer con suficiente precisión los motivos de agravio o pretensiones del interesado. En cambio, esta disposición no tiene por objeto vincular, de forma rigurosa y definitiva, la posible fase contenciosa, siempre y cuando el recurso jurisdiccional no modifique ni la causa ni el objeto de la reclamación. Como consecuencia, después del vencimiento del plazo en que se puede recurrir directamente ante el Tribunal de Primera Instancia, el funcionario que, sin estar obligado a hacerlo al tratarse de impugnar un informe de calificación, ha elegido la vía de la reclamación previa no puede presentar ante el Tribunal, por una parte, más que pretensiones que tengan el mismo objeto que las que fueron expuestas en la reclamación y, por otra parte, más que motivos de impugnación que se basen en la misma causa que los invocados en dicha reclamación. Estos motivos de impugnación pueden exponerse ante el Tribunal mediante la presentación de alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación pero que se relacionen estrechamente con ella.

La concordancia entre la reclamación y el recurso, de la que depende la admisibilidad de este último, constituye una cuestión de orden público que corresponde al Tribunal plantear de oficio.

3. La obligación de motivar la regresión de la calificación de un funcionario respecto a la calificación anterior tiene la finalidad de permitir que el interesado conozca las razones de la modificación de las evaluaciones analíticas, que verifique la realidad de los hechos invocados y, por consiguiente, que formule, en virtud del derecho a ser oído, observaciones sobre esa motivación. Dicha obligación se cumple si, en una nota dirigida al funcionario, el calificador de alzada hace constar que el interesado no ha dado pruebas, durante el período al que se refiere el informe de calificación impugnado, de cualidades excepcionalmente elevadas en el cumplimiento de algunas de sus tareas. Esta motivación, aunque sucinta, es suficiente para justificar la pequeña regresión, de la calificación más alta a la inmediatamente inferior.