2.

Considerando que la parte demandada alega que en la letra b) del artículo 11 del Protocolo no se establece la inmunidad total de las retribuciones abonadas a los funcionarios por la Comunidad, sino que se limita a declarar a los funcionarios personalmente exentos de impuestos; que, de ello, la parte demandada deduce que no se trata de «rendimientos inmunes», sino sólo de «contribuyentes exentos de impuestos», para concluir que dichas retribuciones, en principio sujetas a impuestos, «deben tenerse en cuenta a efectos de la correcta determinación de la capacidad contributiva del interesado»; que el Tribunal de Justicia no puede acoger este razonamiento; que, en efecto, por un lado, no se ha demostrado que los términos «exentos» e «inmunes» se utilicen en la terminología tributaria internacional para designar conceptos diferentes; que, por otro, del título del Capítulo V del Protocolo, «Miembros de la Alta Autoridad y funcionarios de las Instituciones de la Comunidad», se desprende que se trataba de regular en su conjunto la situación jurídica de dichas personas, lo que explica por qué los autores del Protocolo optaron por el método consistente en vincular los diferentes aspectos enumerados en las letras a) a d) del artículo 11 a la persona de los beneficiarios más que al objeto de los diferentes privilegios e inmunidades. Considerando que la interpretación literal del texto sustenta la tesis sostenida por el demandante; que, en efecto, la expresión «estarán exentos de los impuestos sobre los sueldos, salarios y emolumentos» denota de un modo claro e inequívoco la exención de cualquier tipo de tributación basada tanto directa como indirectamente en las retribuciones exentas; que no cabe objetar que la expresión «sobre los sueldos, salarios y emolumentos» indica, a contrario, que el artículo 11 no prohíbe una tributación sobre otros rendimientos y que corresponda a un tipo impositivo más elevado debido a que se tengan en cuenta las retribuciones de que se trata; que dicha tributación sería contraria a la exención establecida en el artículo 11, ya que, aun en ese supuesto, la retribución comunitaria, que está exenta de impuestos, constituiría la causa jurídica de la tributación de que se trata. Considerando que, por otro lado, el Protocolo CECA (como, por lo demás, los Protocolos CEE y CEEA) no contiene ninguna disposición en la que se precise que la exención de las retribuciones comunitarias no se opone a que dichos rendimientos puedan incluirse en la base de otro impuesto con efectos análogos al del impuesto complementario belga, mientras que la mayoría de los acuerdos internacionales más recientes en materia de doble imposición contienen de modo expreso esta reserva; que, entre los convenios que contienen dicha reserva, alguno de ellos fueron celebrados por diversos Estados miembros poco antes (véanse, por ejemplo, el apartado 1 del artículo XIX del Convenio de 29 de abril de 1948 entre los Países Bajos y Estados Unidos de América, así como el artículo 6 del Convenio de 25 de septiembre de 1948 entre Bélgica y los Países Bajos) o poco después de la firma del Tratado CECA [véanse, por ejemplo, la letra d) del artículo XVI del Convenio de 27 de marzo de 1953 entre Bélgica y el Reino Unido, el artículo 18 del Convenio de 1 de abril de 1953 entre Bélgica y Suecia, etc.] y en todo caso antes de la firma de los Tratados CEE y CEEA; que, en estas circunstancias, si efectivamente las Altas Partes Contratantes hubieran tenido la intención de permitir a las autoridades nacionales tener en cuenta los emolumentos comunitarios a efectos de la fijación del tipo del impuesto complementario o de otros impuestos de una naturaleza análoga, no se puede explicar por qué omitieron una reserva expresa similar a la contenida en los Convenios antes citados, habida cuenta de que este problema no podía ser ignorado por las delegaciones que elaboraron el texto sometido al examen del Tribunal de Justicia. Considerando que, no obstante, el Tribunal de Justicia no puede limitarse a una interpretación literal, y que considera necesario comprobar si dicha interpretación se ve confirmada por otros criterios relativos, en particular, a la voluntad común de las Altas Partes contratantes y a la ratio legis;