CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. ATHANASIOS RANTOS

presentadas el 9 de septiembre de 2021 ( 1 )

Asunto C‑581/20

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

contra

TOTO SpA — Costruzioni Generali,

Vianini Lavori SpA

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria)]

«Petición de decisión prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y reconocimiento de decisiones en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Noción de materia civil y mercantil — Medidas provisionales y cautelares — Contrato para la ejecución de trabajos de construcción de una vía pública»

1. En 2015, con objeto de garantizar obligaciones asumidas en el marco de un contrato público celebrado en Polonia para la construcción de un tramo de autovía, las empresas a las que se había atribuido el contrato presentaron ante el poder adjudicador polaco unas garantías suscritas por una aseguradora búlgara.

2. Años después, las empresas adjudicatarias instaron, sin éxito, de un tribunal polaco que, con carácter provisional y cautelar, impidiera al poder adjudicador hacer uso de esas garantías. Dedujeron una pretensión análoga ante los tribunales búlgaros, que la rechazaron en primera instancia y la estimaron en apelación.

3. Ante el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria), el poder adjudicador polaco ha interpuesto un recurso de casación. En él se ha de dilucidar, ente otros extremos, si, habida cuenta del artículo 35 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, ( 2 ) los tribunales búlgaros tienen competencia internacional para adoptar las medidas provisionales y cautelares solicitadas. ( 3 )

4. Salvo error por mi parte, hasta el momento el Tribunal de Justicia se ha pronunciado una única vez a propósito de dicho artículo. ( 4 ) Sentencias recaídas al amparo de los instrumentos previos ( 5 ) arrojan, no obstante, luz sobre los interrogantes del órgano de reenvío, sin llegar a resolverlos.

5. Por indicación del Tribunal de Justicia, estas conclusiones versarán solo sobre la segunda pregunta prejudicial. La respuesta requerirá profundizar en la relación entre dos órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros —el que conoce del litigio en cuanto al fondo y el que lo hace exclusivamente en materia de tutela provisional y cautelar— en supuestos transfronterizos, para los que el artículo 35 quiere evitar «a las partes el perjuicio resultante del alargamiento de los plazos inherentes a todo procedimiento internacional». ( 6 )

I. Marco jurídico

A. Reglamento n.o 1215/2012

6. El considerando trigésimo tercero señala: «Cuando las medidas provisionales y cautelares sean ordenadas por un órgano jurisdiccional competente en cuanto al fondo del asunto, debe garantizarse la libre circulación de las mismas en virtud del presente Reglamento. No obstante, las medidas provisionales y cautelares ordenadas por dicho órgano jurisdiccional sin que el demandado haya sido citado a comparecer no deben reconocerse ni ejecutarse en virtud del presente Reglamento, a no ser que la resolución que contenga la medida sea notificada al demandado antes de su ejecución. Esto no debe obstar al reconocimiento y ejecución de tales medidas en virtud del derecho nacional. Cuando las medidas provisionales y cautelares sean ordenadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no es competente en cuanto al fondo del asunto, su efecto debe circunscribirse, en virtud del presente Reglamento, al territorio de ese Estado miembro».

7. Con arreglo al artículo 2: «A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a) “resolución”: cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, con independencia de la denominación que reciba, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquide las costas del proceso. A los efectos del capítulo III, “resolución” engloba las medidas provisionales o las medidas cautelares acordadas por un órgano jurisdiccional competente, en virtud del presente Reglamento, para conocer sobre el fondo del asunto. No se incluyen las medidas provisionales y cautelares que el órgano jurisdiccional acuerde sin que el demandado sea citado a comparecer, a no ser que la resolución relativa a la medida haya sido notificada al demandado antes de su ejecución; […]».

8. El artículo 29, en la sección «Litispendencia y conexidad», reza: «1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se formule la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera. 2. En los casos contemplados en el apartado 1, a instancia de un órgano jurisdiccional al que se haya sometido el litigio, cualquier otro órgano jurisdiccional al que se haya sometido el litigio informará sin demora al primero de la fecha en que se interpuso la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32. 3. Cuando el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda se declare competente, el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda se abstendrá en favor de aquel».

9. Según el artículo 35 («Medidas provisionales y cautelares»): «Podrán solicitarse a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de dicho Estado miembro, incluso si un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro es competente para conocer del fondo del asunto».

10. A tenor del artículo 36, en la sección «Reconocimiento»: «1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno. […]».

11. El artículo 42, apartado 2, estipula: «A efectos de la ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en otro Estado miembro que ordene una medida provisional o cautelar, el solicitante facilitará a las autoridades de ejecución competentes: a) una copia de la resolución, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica; b) el certificado expedido conforme al artículo 53, con una descripción de la medida y que acredite que: i) el órgano jurisdiccional es competente en cuanto al fondo del asunto, ii) la resolución tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen, y c) en caso de que la medida se haya ordenado sin que se citara a comparecer al demandado, la acreditación de haberse efectuado la notificación de la resolución».

12. El artículo 45, apartado 1, letra c), enuncia: «1. A petición de cualquier parte interesada, se denegará el reconocimiento de la resolución: c) si la resolución es inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido».

B. Derecho nacional. Grazhdanski Protsesualen Kodeks ( 7 )

13. Son relevantes para este asunto el artículo 18 (inmunidad de los Estados); los artículos 389 a 396 (adopción de medidas provisionales); los artículos 397 a 403 (medidas cautelares); y los artículos 274 a 280 (recursos contra autos).

14. Dado que mis conclusiones se centrarán exclusivamente en la interpretación del artículo 35 del Reglamento n.o 1215/12, no es imprescindible transcribir esos artículos.

II. Hechos, litigios y preguntas prejudiciales

15. Mediante un contrato fechado el 30 de julio de 2015, el Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (en lo sucesivo, «Tesoro Público polaco») adjudicó a las empresas TOTO SpA — Costruzioni Generali y Vianini Lavori SpA, que actuaban como un consorcio registrado en Italia, la construcción de la autovía S-5 Poznan-Breslavia, tramo Poznan A2, Gluchovo-Wronczyn.

16. Las partes incluyeron en el contrato una cláusula, la 20.6, que atribuía la competencia para dirimir sus diferencias a los tribunales del domicilio del poder adjudicador (esto es, a los tribunales polacos). ( 8 )

17. En ese mismo contrato se emitieron las garantías n.o 02900100000348 y n.o 02900100000818 para asegurar, respectivamente, el cumplimiento del contrato ( 9 ) y el eventual pago de una «pena convencional» tras la terminación de las obras. ( 10 ) Ambas garantías las otorgó la compañía de seguros búlgara Evroins AD y se rigen por el derecho sustantivo polaco.

18. Las sociedades adjudicatarias presentaron ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal regional de Varsovia, Polonia) sendas demandas declarativas negativas contra el Tesoro Público polaco. Solicitaban que se declarase que el citado Tesoro Público no tenía derecho a exigir el pago de la pena convencional acordada, puesto que no se cumplían los requisitos para dicho pago, ni a reclamar una pena convencional por el cumplimiento tardío del contrato que alegaba. ( 11 )

19. Igualmente, solicitaron al tribunal que «adoptara medidas provisionales consistentes en ordenar a la demandada, en particular, que no utilizara las garantías n.os 02900100000348 y 02900100000818, concedidas por la compañía de seguros Evroins AD». ( 12 )

20. Por auto de 7 de junio de 2019, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal regional de Varsovia) rechazó adoptar las medidas provisionales y cautelares solicitadas. ( 13 )

21. El 31 de julio de 2019, las sociedades adjudicatarias instaron de nuevo la adopción de aquellas medidas, esta vez ante el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la ciudad de Sofía, Bulgaria), en apoyo de las demandas ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal regional de Varsovia).

22. La solicitud fue denegada en primera instancia, pero estimada en apelación por el Sofiyski apelativen sad (Tribunal de apelación de Sofía, Bulgaria). Este último ordenó, previa prestación de una caución, el embargo preventivo del crédito del Tesoro Público polaco, consistente en las garantías n.o 02900100000348 y n.o 02900100000818, otorgadas a su favor por la compañía de seguros Evroins AD.

23. El Tesoro Público polaco interpuso recurso de casación ante el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria). En ese recurso presentó, además, un requerimiento europeo de pago, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 1896/2006, ( 14 ) formulario E. ( 15 )

24. Las sociedades adjudicatarias, que se habían opuesto al requerimiento por medio del formulario F del Reglamento n.o 1896/2006, lo aportaron en la contestación al recurso de casación.

25. En esta tesitura, el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) eleva al Tribunal de Justicia las siguientes preguntas prejudiciales: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 1 del [Reglamento n.o 1215/12] en el sentido de que un procedimiento como el descrito en la presente resolución de remisión debe considerarse, en todo o en parte, materia civil y mercantil en el sentido del artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento? 2) A raíz del ejercicio del derecho a presentar una solicitud de medidas provisionales o cautelares sobre la que ya se haya pronunciado el órgano jurisdiccional competente para conocer del fondo, ¿debe considerarse que el juez que conoce de una solicitud de medidas provisionales sobre la misma base y con arreglo al artículo 35 del [Reglamento n.o 1215/12] es incompetente a partir del momento en que se presenten documentos justificativos que indiquen que el órgano jurisdiccional que conoce del fondo ya ha dictado una resolución al respecto? 3) Si de las respuestas a las dos primeras cuestiones prejudiciales resulta que el órgano jurisdiccional que conoce de una solicitud con arreglo al artículo 35 del [Reglamento n.o 1215/12] es competente, ¿deben interpretarse de manera autónoma los requisitos para la adopción de medidas cautelares con arreglo al artículo 35 del [Reglamento n.o 1215/12]? ¿Debe dejarse sin aplicación una disposición que, en un caso como el presente, no autoriza la adopción de una medida cautelar contra un organismo público?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

26. La petición de decisión prejudicial fue registrada en el Tribunal de Justicia el 5 de noviembre de 2020. Se denegó tramitarla por la vía del artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

27. Han depositado observaciones escritas TOTO — Costruzioni Generali y Vianini Lavori, la República de Polonia y la Comisión Europea. Todos ellos, así como el Tesoro Público polaco, intervinieron en la vista celebrada el 15 de julio de 2021.

IV. Análisis

28. Como ya he adelantado, mis conclusiones se ceñirán a la segunda pregunta prejudicial. Esta versa, en síntesis, sobre la relación entre órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros ante los que, en aplicación del Reglamento n.o 1215/2012, se solicitan medidas provisionales o cautelares de forma consecutiva.

29. Para responder a esa pregunta se ha de interpretar el artículo 35 del Reglamento n.o 1215/2012, lo que permitirá dilucidar si un órgano jurisdiccional (en este caso, un tribunal búlgaro) que carece de competencia en cuanto al fondo del asunto puede adoptar medidas provisionales y cautelares cuando el juez competente para el fondo del asunto (en este caso, un tribunal polaco) se ha pronunciado ya sobre una solicitud idéntica.

30. Antes de sugerir una respuesta a este interrogante, reseñaré algunos aspectos generales del Reglamento n.o 1215/2012 que pueden contribuir a la reflexión.

A. Consideraciones preliminares: tutela provisional y cautelar en el Reglamento n.o 1215/2012

1. Régimen de competencia judicial internacional y circulación de resoluciones sobre medidas provisionales y cautelares

31. El Reglamento n.o 1215/2012 implanta una doble vía para obtener medidas provisionales y cautelares en litigios comprendidos en su ámbito de aplicación: – En primer lugar, atribuye competencia judicial internacional a los órganos jurisdiccionales que, conforme a las secciones 1 a 6 del capítulo II, también la tengan para resolver el litigio en cuanto al fondo. ( 16 ) La competencia de estos órganos no depende de que exista una conexión determinada entre el objeto de la medida y el foro. ( 17 ) Además, con la salvedad que expondré, una medida adoptada por un juez competente para el litigio principal se beneficia del régimen de reconocimiento y ejecución del Reglamento n.o 1215/2012. – En segundo lugar, el artículo 35 del mismo Reglamento contempla que órganos jurisdiccionales carentes de competencia para resolver sobre el fondo del litigio pronuncien medidas provisionales y cautelares relativas a ese litigio.

32. En esta segunda hipótesis, el Tribunal de Justicia somete a ciertas exigencias la posibilidad de que un juez incompetente para conocer del fondo sea, sin embargo, competente para resolver el incidente cautelar: ( 18 ) – Las medidas provisionales o cautelares han de estar «destinadas a mantener una situación de hecho o de derecho para salvaguardar derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al juez que conoce del fondo del asunto». ( 19 ) – No cabe adoptar medidas que, por sus efectos, sustituyan de facto el procedimiento en cuanto al fondo, esto es, que sirvan para eludir, en la fase de la instrucción, las reglas de competencia. ( 20 ) – Ha de existir un vínculo de conexión real entre el órgano jurisdiccional carente de competencia para conocer del fondo y la medida demandada. La concesión de esta «requiere […] una circunspección particular y un conocimiento profundo de las circunstancias concretas en las que deben producir sus efectos las medidas solicitadas». ( 21 )

33. Estos condicionamientos se deben a que el artículo 35 del Reglamento n.o 1215/2021 confiere al que reclama medidas provisionales y cautelares una ventaja apta para colocar a la parte contraria en situación desfavorable, al suponer una excepción al régimen de competencia organizado por el propio Reglamento. Por eso, su interpretación ha de ser restrictiva. ( 22 )

34. Además, al abrir un foro adicional el artículo 35 podría también favorecer estrategias de forum shopping ( 23 ) y abuso. ( 24 )

35. Bajo el Reglamento n.o 1215/2012, la facultad del juez que adopta medidas provisionales y cautelares en aplicación del artículo 35 experimenta, además, una limitación de envergadura: el efecto de esas medidas se circunscribe al territorio del propio Estado miembro. ( 25 )

36. No hay que olvidar, no obstante, que la admisibilidad de las medidas provisionales y cautelares a cargo de un juez distinto del que conoce o conocerá ( 26 ) del fondo del asunto responde a necesidades prácticas específicas de la protección judicial provisional y cautelar ( 27 ) fácilmente comprensibles.

37. A través de este precepto se ofrece a la parte interesada la posibilidad de obtener una medida provisional y cautelar en el Estado miembro donde se hallan los bienes o la persona sobre los que ejecutará tal medida. Se evitan de este modo los inconvenientes de tener que litigar en el extranjero, primero, y obtener el reconocimiento de la decisión pronunciada en otro foro, en un segundo momento. ( 28 )

38. Esta posibilidad es tanto más necesaria cuanto que las medidas provisionales y cautelares ordenadas inaudita parte por el juez que conoce del fondo (cuya adopción preserva su efecto sorpresa) no están autorizadas, en principio, ( 29 ) a circular libremente ( 30 ) entre Estados miembros al amparo del Reglamento n.o 1215/2012. ( 31 )

39. La exclusión de la libre circulación de este tipo de medidas se canaliza a través de la definición de «resolución» en el artículo 2, letra a), párrafo segundo, del Reglamento n.o 1215/2012. En la práctica, se traduce en la exigencia de su artículo 42, apartado 2: la ejecución, en un Estado miembro, de la medida provisional y cautelar ordenada en otro Estado miembro por el juez del litigio principal está sujeta a la presentación del certificado del artículo 53. Ese certificado incluye menciones específicas que acreditan la cualidad del juez y la citación del demandado a comparecer o, en su defecto, la notificación de la medida.

2. Relación entre los foros

40. No hay una jerarquía formal entre los foros a disposición del solicitante de tutela provisional o cautelar, que puede elegir entre ellos. Caben, por tanto, situaciones de pluralidad de procesos de tutela provisional y cautelar, para las que el legislador no ha previsto expresamente una solución particular.

a) Pluralidad de procedimientos sobre tutela provisional y cautelar

41. El Reglamento n.o 1215/2012 incorpora una norma específica (el artículo 35) para las medidas provisionales y cautelares. Podría decirse que, de este modo, complementa la facultad natural del juez competente en cuanto al fondo para adoptarlas. A la vez, abre la puerta a procedimientos idénticos ante tribunales distintos, con el riesgo de decisiones inconciliables entre sí.

42. El principio de prioridad que, en la sección «Litispendencia y conexidad» del Reglamento n.o 1215/2012, rige la pluralidad de los procesos con identidad de partes, de objeto y de causa, según su artículo 29, puede, a mi juicio, extenderse a la fase cautelar de esos procesos. ( 32 )

43. Con arreglo a ese principio, el juez ante el que se formule la segunda petición «suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera». El juez de la segunda demanda se deberá inhibir a favor del de la primera, una vez que este se declare competente. ( 33 )

44. Como he explicado, la coexistencia de solicitudes de medidas provisionales y cautelares ante un tribunal competente en cuanto al fondo y otro que no lo es (pero al que se acude en virtud del artículo 35 del Reglamento n.o 1215/2012) brinda a la parte interesada una opción para eludir los retrasos que se suelen asociar a la importación a un Estado miembro de la medida acordada en otro.

45. Desde esta perspectiva, podría calificarse de paradójico que quien demanda una medida provisional y cautelar ante un segundo tribunal precisamente para obviar los retrasos del primero haya de hacerlo exclusivamente, a tenor de la regla sobre la litispendencia, en el Estado del litigio principal, solo porque la solicitud de esa medida se planteó allí en primer lugar. ( 34 )

46. Como alternativa, sería imaginable dejar inaplicada, para las medidas provisionales y cautelares, la regla general sobre la litispendencia (artículo 29 del Reglamento n.o 1215/2012) y abordar el problema de dos resoluciones inconciliables, si llegaran a dictarse, al resolver a posteriori sobre su reconocimiento y su ejecución. ( 35 )

47. Creo, sin embargo, que esa solución podría no ajustarse a aquel Reglamento.

48. Aunque el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado a propósito de este extremo, ha aludido en términos negativos a la «multiplicación de los criterios de competencia judicial respecto a una misma relación jurídica, que es contraria a los objetivos del Convenio», en relación con el artículo 24 del Convenio de Bruselas. ( 36 )

49. Hoy por hoy, baste decir que las excepciones a la regla de litispendencia están en el propio Reglamento, y ninguna corresponde a la descrita. ( 37 ) Las propuestas de cambio sobre este aspecto, realizadas en cuanto al artículo 35 del Reglamento n.o 1215/2012, no pasaron al texto, lo que habla en contra de un tratamiento especial de la litispendencia para las demandas de medidas provisionales y cautelares en el sistema vigente. ( 38 )

50. En suma, opino que la regla de litispendencia del artículo 29 del Reglamento n.o 1215/2012 se aplica a las demandas de medidas provisionales y cautelares. De ella derivan dos consecuencias: a) tiene prioridad el juez ante quien se hubiera presentado la primera de las demandas cautelares, una vez que se haya declarado competente; y b) desde ese mismo momento, el juez ante quien se interponga la segunda demanda cautelar habrá de abstenerse en favor de aquel.

b) Inconciliabilidad entre medidas provisionales y cautelares de órgano jurisdiccionales diferentes

51. El escenario de medidas provisionales y cautelares ordenadas por dos jurisdicciones (una con competencia en virtud del artículo 24 del Convenio de Bruselas y otra elegida por las partes para resolver en cuanto al fondo) lo abordó el Tribunal de Justicia en la sentencia Italian Leather ( 39 ) a propósito del artículo 27, apartado 3, de aquel Convenio.

52. En esa sentencia, el Tribunal de Justicia: – Aclaró que la inconciliabilidad que impide el reconocimiento de una decisión extranjera se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones, y no a la existencia de marcos jurídicos diversos en los Estados miembros, o a la distinta apreciación por los órganos respectivos de un mismo requisito. ( 40 ) – Confirmó que la inconciliabilidad tiene lugar cuando las consecuencias de las resoluciones en juego, de producirse simultáneamente en un Estado miembro, perturban su orden social. ( 41 ) – Sostuvo que, en esas condiciones, y habida cuenta de que el motivo de denegación del reconocimiento previsto en el artículo 27, apartado 3, del Convenio de Bruselas posee carácter obligatorio, el órgano requerido debe denegar el reconocimiento de la decisión extranjera. ( 42 )

53. La identidad entre el artículo 27, apartado 3, del Convenio de Bruselas y el actual artículo 45, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 1215/2012 ( 43 ) permite afirmar que igual solución se impone en aplicación de este último.

B. Respuesta a la segunda pregunta prejudicial

54. Las dudas del tribunal de reenvío determinantes de su segunda pregunta prejudicial, así como las alegaciones de las partes al respecto, se basan en varios motivos que trataré siguiendo este orden: – en primer lugar, abordaré la incidencia de la cláusula contractual de elección de foro a favor de los tribunales polacos; – a continuación, me ocuparé del vínculo de conexión real entre las medidas solicitadas y el territorio búlgaro; – finalmente, me pronunciaré acerca de la relevancia ante el tribunal búlgaro de la resolución judicial polaca que rechazó las medidas provisionales y cautelares.

1. La cláusula de elección de foro: ¿obstáculo a la adopción de medidas por los tribunales búlgaros?

55. La competencia del juez del litigio principal para adoptar medidas provisionales y cautelares no depende de una vinculación especial entre el objeto de la medida y el foro; basta con que concurran las circunstancias que, a tenor del Reglamento n.o 1215/2012, justifican la atribución de competencia en cuanto al fondo del asunto.

56. Una de esas circunstancias es que las partes hayan pactado la elección de la jurisdicción competente, mediante una cláusula que atribuya competencia exclusiva al amparo del artículo 25 del Reglamento n.o 1215/2012.

57. Ahora bien, debido a su base en la autonomía de la voluntad, es legítimo poner en duda que cualquier pacto atributivo de competencia se extienda, automáticamente, a las medidas provisionales y cautelares. En sentido inverso, cabría preguntarse si una elección de foro excluye, por sistema, la facultad que ofrece el artículo 35 del Reglamento n.o 1215/2012.

58. El Tribunal de Justicia no ha zanjado aún este problema. La sentencia Italian Leather aclara, en todo caso, que la competencia del artículo 35 puede coexistir con la de un tribunal diferente elegido por las partes para resolver definitivamente el litigio.

59. En mi opinión, las partes pueden (al menos, no encuentro razones que lo impidan) prorrogar o derogar, de manera pactada, la competencia judicial internacional para la tutela cautelar, cuando se hallen en una situación cubierta por el Reglamento n.o 1215/2012. Qué controversias cubra el pacto de elección de foro, y cuáles no, es una cuestión de interpretación del pacto que hayan suscrito.

60. Sería, desde luego, aconsejable que las partes manifestaran expresamente su intención de que la cláusula cubra también la tutela cautelar. En ausencia de una voluntad clara, podría presumirse ( 44 ) que una cláusula de elección de foro redactada en términos generales extiende la competencia de la jurisdicción escogida a la adopción de medidas provisionales o cautelares.

61. Esa solución, en cambio, no se aplicaría a la exclusión del acceso a cualquier tribunal de otro Estado miembro distinto del pactado: ( 45 ) la renuncia al beneficio del artículo 35 del Reglamento n.o 1215/2012 no debe ser presunta.

62. En este asunto, las partes incluyeron en su contrato una cláusula que designaba, en términos generales, a los tribunales polacos como jurisdicción competente para dirimir sus controversias, al ser Polonia la sede del poder adjudicador. ( 46 )

63. El órgano de reenvío no pone en duda la competencia exclusiva de los tribunales polacos para el fondo del asunto; se pregunta, sin embargo, si también es exclusiva en materia de tutela cautelar.

64. Las observaciones del Gobierno polaco y de las sociedades adjudicatarias no coinciden en cuanto al alcance de la elección de foro en el contrato. ( 47 ) Por mi parte, concuerdo con la Comisión en que, si esa elección comprende o no las medidas cautelares, excluyendo cualquier otra jurisdicción, es algo que deberá interpretar el órgano jurisdiccional de reenvío. ( 48 )

65. En este contexto, habrá de tomarse en cuenta que, para proteger la previsibilidad de las partes, «una cláusula atributiva de competencia solo puede abarcar las controversias nacidas o que puedan nacer de una relación jurídica determinada, lo que limita el alcance de un pacto atributivo de competencia únicamente a las controversias que tengan su origen en la relación jurídica con ocasión de la cual se estipuló esa cláusula […]». ( 49 )

66. La cláusula atributiva de competencia no abarcará, pues, un «litigio [que] no era razonablemente previsible para la empresa perjudicada cuando dio su consentimiento a esa cláusula». ( 50 )

67. Sin perjuicio de que, como he dicho, la decisión corresponda al tribunal remitente, creo que las partes signatarias de la cláusula acordada en este asunto podían prever razonablemente que una de ellas, llegado el caso, solicitaría una medida provisional y cautelar para oponerse a la ejecución de las garantías. En el marco de los contratos públicos, las discrepancias sobre la ejecución de las garantías por los poderes adjudicadores no son infrecuentes.

2. Vínculo de conexión real

68. Si se apreciara que la cláusula atributiva de competencia no despliega sus efectos en cuanto a la protección cautelar, negando así la exclusividad de la competencia de los órganos jurisdiccionales polacos, tal apreciación no tendría aún como consecuencia inmediata la afirmación de la competencia de los búlgaros en tanto que tribunales a los que acudir con arreglo al artículo 35 del Reglamento n.o 1215/2012.

69. En esa hipótesis, la competencia de los tribunales búlgaros dependería, en primer término, de lo dispuesto por las reglas nacionales al respecto. Habría de concurrir, además, una conexión real entre el objeto de la medida provisional y cautelar y la competencia territorial del Estado miembro (Bulgaria).

70. Se han expresado dudas acerca de la existencia del vínculo de conexión real en este litigio, por dos motivos: – la naturaleza mobiliaria de los bienes situados en el territorio búlgaro sobre los que se ejecutará la medida; – el pago efectivo de la garantía impugnada debe realizarse al Tesoro Público polaco, en territorio polaco, en relación con irregularidades vinculadas a la ejecución de un contrato de obras celebrado y ejecutado en Polonia. ( 51 )

71. La exigencia del vínculo de conexión real guarda relación directa con la razón de ser del artículo 35 del Reglamento n.o 1215/2012, esto es, que la medida se acuerde y se ejecute en el mismo Estado miembro. Por eso, el vínculo de conexión real se concreta, efectivamente, en los activos sobre los que recae la medida provisional y cautelar.

72. Cuál sea el lugar de pago de la garantía misma resulta, en cambio, irrelevante.

73. En este litigio, como ya se ha expuesto, las medidas provisionales y cautelares tenían por objeto asegurar pretensiones declarativas de la inexistencia de un derecho del Tesoro Público polaco al cobro de las cantidades garantizadas. En ejecución de esas medidas, el tribunal de apelación búlgaro ordenó el embargo preventivo del crédito del poder adjudicador polaco contra la aseguradora búlgara Evroins AD.

74. La conexión real entre los tribunales búlgaros y las medidas provisionales y cautelares dependerá, en definitiva, de que el crédito mencionado se considere localizado en Bulgaria, ( 52 ) lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional de reenvío.

3. La resolución dictada en Polonia como obstáculo a la adopción de medidas cautelares por los tribunales búlgaros

75. ¿Debe declararse incompetente el tribunal búlgaro para adoptar la medida provisional y cautelar solicitada cuando una petición idéntica ( 53 ) se ha ejercitado ante el órgano jurisdiccional (polaco) que conoce del fondo litigio principal, y este ha rechazado acordarla?

76. La respuesta admite dos enfoques, en función de que la resolución del tribunal polaco contraria al otorgamiento de las medidas provisionales y cautelares sea definitiva o no. Como los datos aportados no permiten inferir con plena seguridad el carácter de esa resolución, me ocuparé de las dos hipótesis posibles.

a) Decisión con carácter definitivo: su eventual reconocimiento

77. En el sistema del Reglamento n.o 1215/2012, se puede poner término a un procedimiento, sobre el fondo o cautelar, abierto en un Estado miembro esgrimiendo el carácter final ( 54 ) de una decisión sobre lo mismo recaída en otro Estado, por el cauce procesal que corresponda.

78. De las observaciones de las partes deduzco que la fuerza de cosa juzgada ( 55 ) de la decisión polaca es un punto controvertido, que ha de esclarecer el tribunal de reenvío. En todo caso, más que de cosa juzgada (noción que encuentra dificultades cuando se aplica a resoluciones de carácter cautelar), prefiero hablar de carácter definitivo, esto es, final y sin posibilidad ya de recurso, de la resolución judicial.

79. Si se confirma que la decisión cautelar tiene en Polonia ese carácter final, podrá desplegar su eficacia igualmente en Bulgaria e impedir (mientras las circunstancias de hecho sean las mismas) ( 56 ) la adopción de otra medida con idéntico objeto, partes y causa.

80. El Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) interroga también sobre el momento en el que debe extraer las consecuencias normativas de la existencia de la resolución extranjera. En particular, pregunta si ha de declararse incompetente en cuanto se aporten las pruebas de esa resolución.

81. La respuesta es, en principio, afirmativa. A tenor del artículo 36, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, el reconocimiento de la decisión de un Estado miembro en otro no requiere de procedimiento alguno. Quien la invoque habrá de respetar, no obstante, las condiciones formales que prevé el artículo 37, aportando una copia auténtica de la decisión y el certificado del artículo 53 que, conforme al tenor literal del Reglamento, no es prescindible. ( 57 ) El órgano jurisdiccional o la autoridad ante quienes se invoca la decisión extranjera pueden también pedir una traducción o transcripción, en los términos del artículo 37, apartado 2.

82. Corresponde a la parte a la que afecte negativamente el reconocimiento de la resolución ya dictada pedir su denegación por alguno de los motivos del artículo 45, si lo estima conveniente. Tal solicitud podrá cursarse por vía incidental, con arreglo al artículo 36, apartado 3, del Reglamento.

83. No podrá alegarse en este marco lo indicado en el artículo 45, apartado 1, letra c): en las circunstancias del asunto no existe aún en Bulgaria una medida de efectos inconciliables con los de la decisión polaca, por lo que el argumento contra el reconocimiento de esta no prosperaría.

b) Decisión sin carácter definitivo: la regla de litispendencia

84. Si la decisión polaca es susceptible de apelación en Polonia habrá de entenderse, a efectos del Reglamento n.o 1215/2012, que el procedimiento relativo a las medidas cautelares se encuentra aún pendiente en ese país.

85. En este marco, la parte interesada puede ciertamente solicitar el reconocimiento de la medida en Bulgaria. ( 58 ) No obstante, el hecho de que la misma sea aún susceptible de recurso puede convertir tal solicitud en prematura. El Reglamento autoriza al tribunal requerido a suspender el reconocimiento de una decisión extranjera cuando esta es impugnada en el Estado miembro de origen ( 59 )

86. Estando pendiente en Bulgaria una solicitud idéntica y posterior de tutela cautelar, la regla de litispendencia, que impone obligaciones de oficio al tribunal llamado a conocer en segundo lugar, me parece más apropiada.

87. El documento acreditativo de la decisión polaca tiene (o puede tener, si reúne las condiciones determinadas por el ordenamiento aplicable) ( 60 ) valor probatorio de los elementos centrales del artículo 29 del Reglamento n.o 1215/2012: – sirve para examinar la identidad entre las partes, el objeto y la causa de los dos procedimientos; – deja constancia de la fecha en la que se interpuso la demanda ante el primer tribunal; – acredita que el primer tribunal se consideró competente para ordenar o denegar la medida provisional y cautelar. ( 61 )

88. Si, comprobados estos extremos, se confirma que el órgano jurisdiccional de Polonia fue el primero en conocer del litigio, así como la triple identidad de objeto, partes y causa, el tribunal búlgaro habrá de abstenerse de conocer, en aplicación del artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012.

V. Conclusión

89. A la luz de lo anterior, sugiero al Tribunal de Justicia responder a la segunda pregunta prejudicial del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria) como sigue: «1) El artículo 35 del Reglamento (UE) n.o 1215/12 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el juez ante el que está pendiente una solicitud de medidas provisionales y cautelares ha de abstenerse de pronunciarlas cuando: a) el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, que conoce sobre el fondo del asunto, ha pronunciado una resolución final sobre tales medidas; b) el interesado hace valer esa resolución final, aportando la documentación que el Reglamento n.o 1215/2012 requiere para su reconocimiento en el Estado miembro donde el proceso aún se encuentra pendiente; y c) las solicitudes ante ambas jurisdicciones tienen el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes. 2) Si la resolución adoptada por el órgano jurisdiccional competente en cuanto al fondo del litigio no es aún final, el juez llamado a conocer en segundo lugar con arreglo al artículo 35 del Reglamento n.o 1215/2012, ante el que esté pendiente la solicitud de medidas provisionales y cautelares sobre la misma base, con el mismo objeto y entre las mismas partes, deberá abstenerse de conocer en favor del primero, en aplicación del artículo 29, apartado 3, del Reglamento n.o 1215/2012».

( 1 ) Lengua original: francés.

( 2 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).

( 3 ) Empleo los términos «medidas provisionales y cautelares» por ser los del Reglamento n.o 1215/2012. En realidad, habría que precisar a qué categoría de medidas corresponde la solicitada en cada caso.

( 4 ) Sentencia de 3 de septiembre de 2020, Supreme Site Services y otros (C‑186/19, EU:C:2020:638).

( 5 ) El artículo 24 del Convenio de Bruselas de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32, texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»); y el artículo 31 del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento n.o 44/2001»). El tenor de estos preceptos y del actual artículo 35 no es idéntico; además, el legislador ha determinado el régimen de la tutela cautelar en otros lugares del Reglamento n.o 1215/2012. Los cambios, no obstante, no afectan a la utilidad de la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia como referente para este asunto.

( 6 ) Sentencia de 28 de abril de 2005, St. Paul Dairy (C‑104/03, EU:C:2005:255; en lo sucesivo, «sentencia St. Paul Dairy»), apartado 12.

( 7 ) Ley de enjuiciamiento civil, Bulgaria; en lo sucesivo, «GPK».

( 8 ) Según el apartado 2 de las observaciones del Gobierno polaco, la cláusula estaba redactada de la siguiente forma: «La jurisdicción competente de la sede del poder adjudicador […] será competente para resolver cualquier litigio que pudiera suscitarse sobre la ejecución [del contrato]».

( 9 ) Según el resumen del auto de reenvío, se prestó esa garantía para el cumplimiento de conformidad con el contrato, por un importe total de 52294272,43 [eslotis polacos (PLN)]; en el anexo 4, de 25 de enero de 2019, se estableció la eficacia de esta garantía hasta el 31 de julio de 2019 por el citado importe, como garantía en caso de incumplimiento o de ejecución defectuosa del contrato hasta su importe máximo, y hasta el 30 de junio de 2024 como garantía de la ejecución de las obras conforme al contrato hasta 15877,73 PLN.

( 10 ) Según el auto de reenvío, se prestó esta garantía para asegurar el pago de una pena convencional por importe de 9314671,95 PLN hasta el 31 de julio de 2019, que tenía por objeto garantizar la finalización oportuna de las obras de construcción, tal como se especificaba en el contrato.

( 11 ) Auto de reenvío, apartado 2.

( 12 ) Auto de reenvío, apartado 4.

( 13 ) Según el auto de reenvío, apartado 4, el tribunal polaco consideró que las solicitudes de medidas provisionales carecían de fundamento por falta de interés en ejercitar la acción, ya que no había razón aceptable alguna para que la demandada no pudiera firmar otro anexo, y, además, las empresas no habían justificado que fuera probable que la denegación de las medidas provisionales hiciera imposible o sustancialmente difícil la ejecución de una eventual futura resolución que tuviera en cuenta los derechos potenciales de las demandantes. Asimismo, consideró que las empresas no habían demostrado que pareciese probable que la denegación de las medidas provisionales diese lugar a un perjuicio irreparable ni en qué medida las eventuales penas convencionales podían poner en peligro su estabilidad financiera.

( 14 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO 2006, L 399, p. 1).

( 15 ) El requerimiento de pago estaba expedido a su favor contra la compañía de seguros Evroins AD, por importe de 4086197,80 PLN en concepto de capital, intereses por valor de 3322112,05 PLN y un importe de 76405,75 PLN.

( 16 ) Su competencia para adoptar medidas provisionales o cautelares no consta de manera expresa, pero resulta naturalmente de su familiaridad con el asunto. De forma implícita se recoge en el considerando trigésimo tercero del Reglamento n.o 1215/2012; véase también la sentencia de 17 de noviembre de 1998, Van Uden (C‑391/95, EU:C:1998:543; en lo sucesivo, «sentencia Van Uden»), apartado 19.

( 17 ) Sentencia de 27 de abril de 1999, Mietz (C‑99/96, EU:C:1999:202), apartado 41.

( 18 ) Las condiciones se han perfilado al hilo de la interpretación de las disposiciones correspondientes del Convenio de Bruselas y del Reglamento n.o 44/2001.

( 19 ) Sentencias de 26 de marzo de 1992, Reichert y Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149), apartado 34; Van Uden, apartado 37; y de 3 de septiembre de 2020, Supreme Site Services y otros (C‑186/19, EU:C:2020:638), apartado 50.

( 20 ) Sentencias Van Uden, apartados 43 y ss.; de 27 de abril de 1999, Mietz (C‑99/96, EU:C:1999:202), apartado 42; y St. Paul Dairy, apartado 18.

( 21 ) Sentencia Van Uden, apartado 38.

( 22 ) Sentencia St. Paul Dairy, apartado 11. El artículo 35 constituye ciertamente una anomalía en el sistema: lo revela también su posición en una sección singular, alejado de las reglas de competencia propiamente dichas, si bien todavía dentro del capítulo II del Reglamento n.o 1215/2012.

( 23 ) Esta preocupación fue puesta de manifiesto por los intervinientes en la vista, que no se mostraron de acuerdo sobre el alcance real del riesgo. La Comisión, en particular, sugirió que el propio artículo 35 encierra elementos de auto-restricción. Ello es cierto: el legislador, así como el Tribunal de Justicia en su interpretación, han ido ciñendo el perímetro del precepto. No puedo coincidir, sin embargo, con alguno de los argumentos de la Comisión: en concreto, con la idea de que las medidas que cabe otorgar al amparo del artículo 35 han de ser urgentes. Ocurre, en primer lugar, que en la mayoría de los casos la tutela cautelar y provisional se solicita con tal carácter, lo que de facto resta eficacia al supuesto límite. En segundo lugar, es aún incierto si la urgencia es o no una condición de la aplicación misma del artículo 35; en caso afirmativo, su comprensión debería ser autónoma.

( 24 ) En la vista se aludió específicamente al peligro de la «sobregarantía», consecuencia de la adopción de varias medidas cautelares para el mismo fin ante dos jurisdicciones distintas, que no están obligadas a comunicarse entre sí en este contexto (sobre el frustrado intento de incluir un deber en ese sentido en el Reglamento no 1215/2012 véase infra, nota al pie 38 de estas conclusiones). El Reglamento no ofrece una solución para esa situación más allá de la que resulte de la aplicación de las reglas de litispendencia o relativas al reconocimiento.

( 25 ) Considerando trigésimo tercero y artículo 2, letra a), párrafo segundo, del Reglamento n.o 1215/2012. Esta restricción se intuía ya en el régimen previo, que demandaba un vínculo de conexión real entre el objeto de las medidas solicitadas y la competencia territorial del Estado del juez que conoce del asunto.

( 26 ) Puede tratarse tanto del juez que conoce del fondo actualmente como del que lo hará en el futuro, si la medida se acuerda antes de que comience el procedimiento principal.

( 27 ) Sentencias de 21 de mayo de 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:130), apartados 15 y 16; de 26 de marzo de 1992, Reichert y Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149), apartado 33. Véase también, con referencia al perjuicio inherente al alargamiento de los plazos en los procedimientos internacionales, la sentencia St. Paul Dairy, apartado 12.

( 28 ) Inconvenientes que existen incluso en el régimen simplificado de reconocimiento automático y ejecución sin exequatur del Reglamento n.o 1215/2012: el interesado deberá obtener en el Estado de origen la documentación que se le reclamará en el requerido; no cabe descartar a priori que la parte contra la que se pida el reconocimiento o la ejecución solicite su denegación por el cauce procesal correspondiente; tampoco, que la medida acordada en un Estado miembro precise de adaptación para ser ejecutada en otro.

( 29 ) Su libre circulación únicamente será posible si se ha citado al demandado para comparecer o, en caso contrario, se le ha notificado la resolución que contenga la medida antes de su ejecución.

( 30 ) Conforme al considerando trigésimo tercero, la limitación opera a efectos de ejecución y también de reconocimiento.

( 31 ) A tenor del considerando trigésimo tercero, sí podrían hacerlo, en cambio, si así lo permite el derecho nacional.

( 32 ) No ignoro que existen dudas sobre una aplicación mecánica del artículo 29 en materia de medidas provisionales y cautelares, por motivos que varían según las características del escenario de dualidad de procesos.

( 33 ) La regla de prioridad temporal se invierte, excepcionalmente, si media una elección de foro con carácter exclusivo: véase el artículo 31, apartados 2 y 3. En el asunto que ahora nos ocupa la primera solicitud de medidas cautelares se produjo ante el tribunal polaco, elegido por las partes del contrato para solucionar sus diferencias.

( 34 ) Este argumento no convence a todos. La propuesta del Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/3), elaborado a solicitud de la Comisión, era la de conferir, en todo caso, prioridad al órgano jurisdiccional competente sobre el fondo, en atención a su mejor conocimiento del asunto: véase el apartado 777. En esta línea se encuentra el artículo 15 del Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (DO 2019, L 178, p. 1), sin parangón en ningún otro instrumento.

( 35 ) Así lo propone alguna doctrina: véase Eichel, F., «Art. 35 Brüssel Ia-VO», en Wieczorek/Schütze, Zivilprozessordnung und Nebengesetze, Band 13/2, 4.a ed., 2019, marg. 83, con otras referencias.

( 36 ) Sentencia St. Paul Dairy, apartado 20.

( 37 ) Recuerdo, además, que el argumento de la duración excesiva de los procesos, como base para dejar de aplicar el (entonces) artículo 21 del Convenio de Bruselas, fue descartado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 9 de diciembre de 2003, Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657).

( 38 ) Véase el Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/3), citado en la nota 34. Tampoco tuvo éxito la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, COM(2010) 748 final, a favor de una comunicación entre jueces para la coordinación de los procedimientos.

( 39 ) Sentencia de 6 de junio de 2002 (C‑80/00, EU:C:2002:342; en lo sucesivo, sentencia «Italian Leather»).

( 40 ) Ibidem, apartado 44.

( 41 ) Ibidem, apartado 48.

( 42 ) Ibidem, punto 2 de la parte dispositiva.

( 43 ) «[…] Se denegará el reconocimiento de la resolución […] si la resolución es inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido».

( 44 ) La presunción admitiría prueba en contrario, lógicamente.

( 45 ) En atención a sus consecuencias: y es que toda medida que no pudiera ejecutarse en el Estado miembro del tribunal elegido estaría sujeta a reconocimiento y ejecución. Sobre ello, supra, nota 28 de estas conclusiones.

( 46 ) Véase el punto 16 de estas conclusiones. Doy por sentado que el Tesoro Público polaco ha impugnado la competencia de los tribunales búlgaros apoyándose en esa cláusula.

( 47 ) Apartados 7 y ss., especialmente, apartado 11, de las observaciones de la República de Polonia y apartados 28 y 29 de las observaciones de TOTO — Costruzioni Generali y Vianini Lavori.

( 48 ) Apartado 19 de las observaciones escritas de la Comisión. Véase, entre otras, la sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), apartado 67.

( 49 ) Por analogía, sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), apartado 68.

( 50 ) Ibidem, apartado 70.

( 51 ) Observaciones de la República de Polonia, apartado 36.

( 52 ) En tanto que bien intangible, el derecho de crédito carece de ubicación física; su localización puede determinarse por referencia a la anotación de cuenta en la que esté representado, o a través de una ficción legal.

( 53 ) El tribunal de reenvío no plantea ninguna objeción basada en la supuesta ausencia de identidad o en un cambio sobrevenido de circunstancias, por lo que no ahondaré en este extremo.

( 54 ) Sobre el reconocimiento de una decisión extranjera que no es aún definitiva véase el punto 85 de estas conclusiones.

( 55 ) A la cosa juzgada aluden el auto de reenvío y las observaciones de las partes.

( 56 ) Debo insistir en que ha de darse la identidad de objeto, de partes y de causa: de no ser así (por ejemplo, porque han surgido hechos sobrevenidos que provocan variaciones significativas en la situación originaria), nada impediría una nueva solicitud de medidas provisionales y cautelares, eventualmente ante un tribunal extranjero no competente sobre el fondo. Por su propia naturaleza, ese tipo de medidas se adopta o se deniega en función de las circunstancias presentadas ante el juez en un momento concreto. Si tales circunstancias cambian, el rechazo inicial no impide la concesión ulterior.

( 57 ) La prueba parece ser tasada, a diferencia de lo que ocurría en el régimen anterior: el artículo 55 del Reglamento n.o 44/2001 preveía la posibilidad de dispensar del certificado del anexo V de aquel Reglamento, o de sustituirlo por documentos equivalentes. Es discutible que deban constar las menciones que reclama el actual artículo 42, ya que literalmente solo se exigen para la ejecución de la medida; el considerando trigésimo tercero se refiere en cambio a una circulación restringida también a efectos del reconocimiento; y la «resolución» que define el artículo 2 lo es para el capítulo III en su conjunto. En cualquier caso, para el presente asunto la cuestión puede quedar abierta.

( 58 ) El Reglamento n.o 1215/2012 no supedita el reconocimiento o la ejecución de resoluciones extranjeras a su carácter final.

( 59 ) Artículo 38, letra a).

( 60 ) El nacional del Estado requerido, o el previsto en un convenio; el Reglamento n.o 1215/2012 no regula este aspecto.

( 61 ) Para lo que no hace falta una declaración formal: véase la sentencia de 27 de febrero de 2014, Cartier parfums-lunettes y Axa Corporate Solutions assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109).