ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 21 de julio de 1999. - DSR-Senator Lines GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Competencia - Pago de una multa - Garantía bancaria - Procedimiento de medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Urgencia - Inexistencia. - Asunto T-191/98 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-02531



Índice



Palabras clave

1 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos para su concesión - Fumus boni iuris - Urgencia - Carácter acumulativo - Ponderación de todos los intereses contrapuestos

[Tratado CE, arts. 185 y 186 (actualmente arts. 242 CE y 243 CE); Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)]

2 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de la obligación de constituir una garantía bancaria como requisito para que no se proceda al cobro inmediato de una multa - Requisitos para su concesión - Circunstancias excepcionales - Consideración de la situación del grupo al que pertenece la empresa

[Tratado CE, arts. 185 y 186 (actualmente arts. 242 CE y 243 CE); Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)]

Índice

1 El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que las demandas de medidas provisionales especificarán las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de la medida provisional solicitada. Estos requisitos son acumulativos, de manera que debe desestimarse una demanda de suspensión de la ejecución cuando no se dé alguno de ellos. Asimismo, el Juez de medidas provisionales ponderará, en su caso, los intereses en juego.

2 Una demanda de suspensión de la ejecución que tiene como objeto obtener una dispensa de la obligación de constituir una garantía bancaria como condición para que no se proceda al cobro inmediato de la multa impuesta a una empresa sólo puede acogerse si concurren circunstancias excepcionales.

A fin de apreciar la capacidad de la empresa para constituir la garantía de que se trata sin poner en peligro su existencia, procede tener también en cuenta el grupo de sociedades de que depende directa o indirectamente dicha empresa, en particular por lo que respecta a la posibilidad de proporcionar las garantías que los bancos reclaman para concederla.
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 14 de agosto de 1998. - Emesa Sugar (Free Zone) NV contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Régimen de asociación de los países y territorios de Ultramar - Decisiones 91/482/CEE y 97/803/CE - Reglamento (CE) no 2553/97 - Procedimiento de medidas provisionales - Intervención - Urgencia - Inexistencia. - Asunto T-44/98 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-03079



Índice



Palabras clave

Procedimiento de medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Urgencia - Perjuicio grave e irreparable - Apreciación en caso de facultad discrecional de la Institución comunitaria - Perjuicio económico

(Tratado CE, art. 185; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

Índice

El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de decidir provisionalmente, con el fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a la parte que solicita la suspensión de la ejecución de una Decisión impugnada aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio que implique consecuencias graves e irreparables.

Dado que el Consejo, al adoptar la Decisión 97/803 que establece contingentes arancelarios a la importación de determinados productos agrícolas con exención de derechos de aduana en el marco del régimen de asociación de los países y territorios de Ultramar, hizo uso de su facultad discrecional eligiendo la medida más apropiada para evitar perturbaciones en el mercado comunitario de los productos de que se trata, y para evitar que el Juez de medidas provisionales, al acordar la suspensión de la ejecución de un acto, no menoscabe dicha facultad discrecional, únicamente se puede estimar la demanda de la parte demandante si la urgencia de las medidas solicitadas resulta incuestionable.

Un perjuicio de orden meramente económico no puede, salvo en circunstancias excepcionales, considerarse irreparable, toda vez que puede repararse mediante una compensación económica posterior. Puede apreciarse que existen circunstancias excepcionales cuando, de no adoptarse tal medida, el interesado se vería expuesto a una situación que podría poner en peligro su propia existencia o modificar de modo irremediable su cuota de mercado.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 16 de noviembre de 1998. - Nederlandse Antillen contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas. - Separación de asuntos acumulados - Suspensión - Declinación de la competencia. - Asuntos acumulados T-163/97 y T-179/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-04123



Palabras clave

Procedimiento - Reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia - Recurso interpuesto por una persona física o jurídica con arreglo, por una parte, al párrafo cuarto del artículo 173 y, por otra parte, al artículo 178 del Tratado y relativo al establecimiento, en el primer caso por parte de la Comisión, y en el segundo por parte de la Comisión y el Consejo, de medidas de salvaguardia a la importación, pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia - Recurso interpuesto por la misma persona con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado y relativo al establecimiento de las citadas medidas por parte del Consejo, pendiente asimismo ante el Tribunal de Primera Instancia - Acumulación de los dos asuntos - Recurso que tiene por objeto la anulación del acto del Consejo, interpuesto por un Estado miembro, pendiente ante el Tribunal de Justicia - Interés, para una buena administración de la justicia, de que el Tribunal de Justicia tome en consideración las alegaciones de la persona física o jurídica - Separación de los dos asuntos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia - Declinación de la competencia del Tribunal de Primera Instancia en el segundo asunto - Suspensión del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en el primer asunto

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 47, parr. 3; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 50]
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 25 de mayo de 1998. - Broome & Wellington contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Anuncio de apertura de un procedimiento antidumping - Inadmisibilidad. - Asunto T-267/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-02191



Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Decisión de la Comisión por la que se incoa un procedimiento antidumping - Acto de trámite

[Tratado CE, art. 173; Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo]

Índice

Constituyen actos que pueden ser objeto de recurso de anulación, en el sentido del artículo 173 del Tratado, las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de los demandantes, modificando de forma caracterizada su situación jurídica. Cuando se trata de actos cuya elaboración se lleva a cabo en varias fases, sólo constituyen, en principio, actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la postura de la Institución al término de dicho procedimiento, con exclusión de los trámites intermedios cuyo objeto es preparar la decisión final y cuya ilegalidad podría ser alegada debidamente en el marco de un recurso dirigido contra ésta. Por lo demás, sólo los actos que afectan inmediatamente y de forma irreversible a la situación jurídica de las empresas afectadas pueden justificar, desde antes de que finalice un procedimiento administrativo, la admisibilidad de un recurso de anulación.

A este respecto, no puede considerarse acto susceptible de recurso de anulación, por tratarse de un acto puramente de trámite, una decisión de la Comisión por la que se incoa un procedimiento antidumping. En efecto, de las disposiciones del Reglamento antidumping nº 384/96 se deduce que la Comisión es la encargada de instruir las investigaciones y decidir, basándose en éstas, la conclusión del procedimiento, o, por el contrario, que prosiga, bien adoptando medidas provisionales, bien proponiendo al Consejo la adopción de medidas definitivas.

Esta afirmación no puede cuestionarse por la circunstancia de que, ya antes de que se presentara la denuncia, el portavoz de la Comisión hubiera declarado que esta Institución abriría un nuevo procedimiento en el supuesto de que se presentara una denuncia, puesto que dicho elemento forma parte del examen material de la legalidad del anuncio de apertura, ni por el mayor o menor grado de certidumbre en lo relativo al establecimiento de derechos antidumping, ya que la apertura de un procedimiento antidumping no conduce necesariamente a tal establecimiento. Por añadidura, el anuncio de apertura de un procedimiento antidumping no tiene como efecto jurídico obligar a las empresas afectadas a modificar sus prácticas comerciales o a cooperar en el procedimiento así abierto.
17

La parte demandada señala, en particular, que la demandante residía, en el momento de la interposición del recurso, en la Comunidad, y no en Marruecos como afirma. Por consiguiente, la demandante no puede disfrutar del plazo de un mes por razón de la distancia previsto en el apartado 2 del artículo 102 del Reglamento de Procedimiento.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Responsabilidad extracontractual - Objeto - Actos de las Instituciones comunitarias o actos de los agentes de la Comunidad - Concepto - Actos de Derecho comunitario primario - Exclusión - Perjuicio derivado del Acta Única

[Tratado CE, art. 7 A (actualmente art. 14 CE, tras su modificación) y art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

2 Responsabilidad extracontractual - Incumplimiento, por las Instituciones comunitarias, de una obligación legal de actuar - Desaparición de la profesión de comisionista de aduanas resultante del Acta Única - Obligación de actuar de las Instituciones - Inexistencia - Obligación de la Comunidad de indemnizar a los miembros de la profesión - Inexistencia

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

Índice

1 En materia de responsabilidad extracontractual de la Comunidad, no puede imputarse al Consejo y a la Comisión la causa del perjuicio sufrido por los comisionistas de aduanas que resulta de la supresión de las fronteras aduaneras y fiscales entre los Estados miembros. En efecto, la causa directa y determinante de dicho perjuicio no es ni la adopción de actos de Derecho comunitario derivado ni la ausencia de medidas de compensación y de acompañamiento adecuadas, sino el artículo 13 del Acta Única, que incluyó en el Tratado CE un artículo 8 A, posteriormente artículo 7 A del Tratado (actualmente artículo 14 CE, tras su modificación), que dispone, en particular, que «el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores». Pues bien, el Acta Única, que fue adoptada por los Estados miembros, no es imputable a las mencionadas Instituciones y, en consecuencia, no puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad. (véase el apartado 17)

2 Las omisiones de las Instituciones comunitarias sólo pueden generar la responsabilidad a la Comunidad en la medida en que las Instituciones hayan incumplido una obligación legal de actuar derivada de una norma comunitaria. En el caso de la desaparición de la profesión de comisionista de aduanas derivada del Acta Única, dicha obligación no resulta ni de la propia Acta Única ni de ninguna otra disposición de Derecho comunitario, ni tampoco de un eventual principio general del Derecho en virtud del cual la Comunidad estaría obligada a indemnizar a aquella persona que haya sido objeto de una medida de expropiación o de restricción del libre ejercicio del derecho de propiedad, puesto que no puede imponerse a la Comunidad la obligación de indemnizar perjuicios derivados de actos que no le sean imputables. De ello se desprende que la Comunidad no está obligada a indemnizar a los miembros de esta profesión. No obstante, no queda excluido que una obligación de indemnizar pueda imponerse, en su caso, en virtud del Derecho interno del Estado miembro en cuyo territorio el comisionista de aduanas intracomunitario ejercía su actividad. (véase el apartado 18)
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 17 de septiembre de 1997. - Antillean Rice Mills NV contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Recurso de anulación - Derogación con efectos retroactivos des acto impugnado - Sobreseimiento. - Asunto T-26/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página II-01347



Índice



Palabras clave

1 Recurso de anulación - Recurso dirigido contra un Reglamento por el que se adoptan medidas de salvaguardia - Reglamento derogado en el transcurso del proceso con efectos retroactivos por otro Reglamento - Reconocimiento por el autor del Reglamento derogado de su desaparición del ordenamiento jurídico comunitario - Recurso que ha quedado sin objeto - Sobreseimiento

(Tratado CE, art. 173)

2 Procedimiento - Costas - Sobreseimiento - Caso de autos

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 87, ap. 6)

Índice

3 Un recurso dirigido contra un Reglamento de la Comisión por el que se adoptan medidas de salvaguardia ha quedado sin objeto, por lo que procede sobreseerlo, en el supuesto de que dicho Reglamento sea derogado, en el transcurso del proceso y con efectos retroactivos, por un Reglamento del Consejo y de que la Comisión reconozca, mediante una petición de sobreseimiento, que el Reglamento impugnado ha desaparecido del ordenamiento jurídico comunitario, de manera que ya no podrá ampararse en su aplicabilidad e invocarlo contra la demandante en caso de anulación del Reglamento del Consejo.

4 Cuando se sobresee un recurso dirigido contra un Reglamento de la Comisión por el que se adoptan medidas de salvaguardia en el marco de la Decisión 91/482 relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar, debido a la derogación del acto impugnado por un Reglamento del Consejo adoptado conforme al procedimiento establecido en la citada Decisión, y dicha derogación no se explica ni por un error de la Comisión ni por el reconocimiento de la fundamentación de los motivos invocados por la demandante en su recurso, sino que es simplemente el resultado del ejercicio de una facultad decisoria conferida al Consejo, procede decidir que cada parte cargará con sus propias costas.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Recurso dirigido directamente contra una Decisión de un órgano comunitario no contemplado en el artículo 173 del Tratado, por un miembro del personal de dicho órgano, y fundado sobre dicha disposición - Inadmisibilidad

[Tratado CE, arts. 4 y 173; Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo]

Índice

Procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso dirigido directamente contra una Decisión del Presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos), por un miembro de una Sala de Recurso de la Oficina, y fundado sobre el artículo 173 del Tratado.

Del párrafo primero del artículo 173 del Tratado se deduce que el Juez comunitario debe controlar la legalidad de los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo, que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. De ello se deduce que no son impugnables sobre la base de esta disposición los actos que emanan de órganos comunitarios que no se enumeran en ella. Pues bien, la Oficina no es ninguna de las Instituciones de la Comunidad enumeradas en el artículo 4 del Tratado, ni contemplada en el párrafo primero del artículo 173 de éste.

Por otra parte, una Decisión de dicha naturaleza no queda sustraída a todo control jurisdiccional, habida cuenta de los medios de impugnación previstos por el Reglamento nº 40/94 y potencialmente ejercitables contra ella.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 20 de marzo de 1998. - CAS Succhi di Frutta SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Intervención. - Asunto T-191/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página II-00573



Índice



Palabras clave

Procedimiento - Intervención - Personas interesadas - Apreciación por el Juez comunitario del interés en intervenir

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 37, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 115]

Índice

El interés de una demanda de intervención, en el sentido del párrafo segundo del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, debe definirse en relación con el propio objeto del litigio de que se trata. Para autorizar una intervención, el Juez comunitario debe verificar que el coadyuvante resulta directamente afectado por la Decisión impugnada y que su interés en la solución del litigio es indudable. De la misma forma, el coadyuvante debe demostrar un interés directo y actual en que se estimen las pretensiones en sí mismas, y no un interés respecto a los motivos invocados. El interés requerido a este efecto no debe referirse simplemente a unas tesis jurídicas abstractas, sino que debe existir en relación con las propias pretensiones de una de las partes en el recurso.

Más concretamente, debe establecerse una distinción entre quienes solicitan intervenir como coadyuvantes justificando un interés directo en la suerte deparada al acto específico cuya anulación se solicita y aquellos otros que justifican sólo un interés indirecto en la solución del litigio a causa de las semejanzas existentes entre su situación y la de una de las partes. A este respecto, el mero hecho de que un operador económico se encuentre en una situación análoga a la de la demandante, en particular en la medida en que considera haber sufrido un perjuicio causado por el mismo acto comunitario, y de que los motivos de la sentencia que haya de dictarse podrían influir en la forma en que la Institución demandada abordara su propia situación, no basta, por sí solo para demostrar un interés en intervenir a efectos de la citada disposición.
Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 4 de octubre de 1996. - Sveriges Betodlares Centralförening y Sven Åke Henrikson contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Política agrícola común - Remolacha azucarera - Reglamento (CE) nº 1734/95 - Tipo de conversión agrario específico - Falta de tipo de conversión para Suecia - Recurso de anulación - Inadmisibilidad. - Asunto T-5/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1996 página II-01299



Índice



Palabras clave

Recurso de anulación - Actos susceptibles de recurso - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Escrito de la Comisión por el que se deniega la modificación de un Reglamento mediante la fijación de un tipo de conversión agrario específico para un Estado miembro - Exclusión

[Tratado CE, art. 173; Reglamento (CE) nº 1734/95 de la Comisión]

Índice

Procede declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación dirigido por una asociación de productores de remolacha de un Estado miembro contra un escrito de la Comisión por el que se deniega la estimación de su demanda, que tiene por objeto, fundamentalmente, que se modifique el Reglamento nº 1734/95, por el que se fija, para la campaña de comercialización 1994/1995, el tipo de conversión agrario específico aplicable a los precios mínimos de la remolacha, a las cotizaciones por producción y a la cotización complementaria del sector del azúcar, pero que no fija el tipo de conversión aplicable en el Estado miembro de que se trata.

En efecto, únicamente constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, a efectos del artículo 173 del Tratado, las medidas que producen efectos jurídicos vinculantes que pueden afectar a los intereses del demandante, modificando sensiblemente su situación jurídica. No ocurre así con un mero escrito de información, que se limita a explicar brevemente al destinatario las razones de una definición de posición normativa anterior contenida en el citado Reglamento. Además, debe declararse la inadmisibilidad de un recurso interpuesto por una persona física o jurídica y dirigido contra la negativa de la Comisión a corregir con carácter retroactivo un acto, cuando la corrección solicitada hubiera debido adoptarse en forma de Reglamento de alcance general, ya que la jerarquía de los actos jurídicos de la Comunidad implica que un acto de alcance general no puede ser modificado implícitamente por una Decisión individual.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Medidas provisionales - Solicitud de asignación de certificados para la importación de plátanos sin sujeción al contingente arancelario establecido para la campaña en curso - Necesidad de observar los límites impuestos por el Reglamento (CEE) nº 404/93 - Desestimación de la solicitud de un importador de plátanos procedentes de Somalia que se considera en condiciones de reanudar sus importaciones tradicionales

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, art. 30]

Índice

En el marco del examen de la fundamentación de una demanda de medidas provisionales, presentada por una empresa importadora de plátanos tradicionales ACP procedentes de Somalia y cuyo objeto es conseguir la asignación, sin sujeción al contingente arancelario establecido para la campaña en curso, de certificados para la importación de plátanos desde países terceros o no tradicionales ACP en una cantidad equivalente a la diferencia entre la cantidad de plátanos somalíes que logre importar durante la citada campaña y la cantidad importada por dicha sociedad antes de estallar la guerra civil en Somalia, el Juez de medidas provisionales está obligado a verificar no sólo si concurren los requisitos exigidos por el artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, sino también la observancia de los límites impuestos a la posibilidad de introducir excepciones al sistema general de asignación de certificados creado por el Reglamento nº 404/93, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano y, en particular, por su artículo 30, relativo a las medidas transitorias que se estimen oportunas para facilitar el paso de los regímenes nacionales a la organización común de mercados.

A este respecto, no parece que sean necesarias medidas correctoras del actual reparto de los certificados de importación, dado que la previsión de producción de una cantidad de plátanos somalíes suficiente para permitir a la empresa de que se trata reanudar sus importaciones tradicionales permite afirmar prima facie que el régimen de la organización común de mercados no parece limitar la posibilidad de dicha empresa de importar plátanos de Somalia en el marco del contingente arancelario establecido por el Reglamento nº 404/93 y que, para la campaña en curso, no parecen subsistir dificultades, debidas al paso de los sistemas nacionales existentes antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 404/93 al régimen actual de la organización común de mercados, que puedan poner en peligro la supervivencia de la empresa.