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21

Así sucede, en particular, cuando uno o varios elementos deben considerarse constitutivos de la prestación principal, mientras que, a la inversa, otros elementos deben considerarse como una o varias prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal de la prestación principal. En particular, una prestación debe ser considerada accesoria de una prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí mismo, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del prestador (sentencia de 2 de diciembre de 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, apartados 24 y 25 y jurisprudencia citada).
3

El artículo 18 del CAAS es del siguiente tenor: «1. Los visados para una estancia superior a 90 días (“visados para estancias de larga duración”) serán visados nacionales expedidos por uno de los Estados miembros con arreglo a su propia legislación o al Derecho de la Unión. Dichos visados serán expedidos con arreglo al modelo uniforme para visados establecido en el Reglamento (CE) n.o 1683/95 [(DO 1995, L 164, p. 1)], especificándose en el encabezamiento el tipo de visado con la letra “D”. Se cumplimentarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del anexo VII del Reglamento (CE) n.o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un código comunitario sobre visados (código de visados) [(DO 2009, L 243, p. 1)]. 2. El período de validez de los visados para estancias de larga duración no será superior a un año. Si un Estado miembro permite a un extranjero permanecer en su territorio por un período superior a un año, el visado para estancias de larga duración se reemplazará antes de la expiración de su período de validez por un permiso de residencia.»
41

Habida cuenta del carácter excepcional del concepto de «sujeto pasivo que actúe como tal» en el sentido del artículo 44 de la Directiva del IVA, el hecho de que, únicamente a efectos de la aplicación del referido artículo, un sujeto pasivo que no actúe para los fines de sus actividades económicas deba considerarse sujeto pasivo que actúe como tal no puede, por tanto, dar lugar a que dicho sujeto pasivo esté asimismo comprendido en el ámbito de aplicación del citado artículo cuando actúa no solo para los fines de sus actividades no económicas, sino, además, con carácter no profesional, en particular con fines privados.
5

El artículo 6 de dicho código, que lleva como epígrafe «Condiciones de entrada para los nacionales de terceros países», dispone lo siguiente: «1. Para estancias previstas en el territorio de los Estados miembros de una duración que no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, lo que implica tener en cuenta el período de 180 días que precede a cada día de estancia, las condiciones de entrada para los nacionales de terceros países serán las siguientes: a) estar en posesión de un documento de viaje válido que otorgue a su titular el derecho a cruzar la frontera […] […] d) no estar inscrito como no admisible en el SIS; e) no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de datos nacionales de ningún Estado miembro por iguales motivos. […] 5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1: […] c) por motivos humanitarios, de interés nacional o por obligaciones internacionales, todo Estado miembro podrá autorizar la entrada en su territorio a nacionales de terceros países que no cumplan alguna de las condiciones establecidas en el apartado 1. En tales casos, cuando un nacional de un tercer país esté inscrito como no admisible con arreglo al apartado 1, letra d), el Estado miembro que le autorice la entrada en su territorio informará de ello a los demás Estados miembros.»
3

El decimotercer considerando de la Directiva 93/13 tiene la siguiente redacción: «Considerando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias imperativas ni [los principios o] disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la [Unión Europea] sean parte; que a este respecto, la expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a Derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo».
28

La Comisión cuestionaba la conformidad con el Derecho de la Unión del sistema instituido por la legge n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Ley n.o 549 de Adopción de Medidas de Racionalización de las Finanzas Públicas), de 28 de diciembre de 1995 (GURI n.o 302, de 29 de diciembre de 1995, p. 5), y por la legge regionale n. 47, Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali (Ley regional n.o 47, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la legislación nacional en materia de reducción del precio en el surtidor de los carburantes para vehículos automóviles en la región, así como de aplicación de la Carta de los Ciudadanos en diversos sectores institucionales), de 12 de noviembre de 1996 (Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n.o 33, de 14 de noviembre de 1996; en lo sucesivo, «Ley regional n.o 47/96»), que reconocía a los residentes de la región el derecho a obtener una reducción del precio de la gasolina «en el surtidor» y, a partir del año 2002, una reducción del precio del gasóleo. El mecanismo en cuestión preveía la concesión de un descuento a los consumidores finales de carburantes residentes en esta región. Con el fin de aplicar este mecanismo, los proveedores de carburante anticipaban a los gestores de los puntos de venta los importes correspondientes a las reducciones de precio y, a continuación, solicitaban el reembolso a la Región.
El título IV —bajo el tenor «Gestión financiera de los fondos»— del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 17), incluye un capítulo IV, bajo la rúbrica «Liquidación de cuentas», cuya sección II, titulada a su vez «Liquidación», contiene el artículo 52 de dicho Reglamento, relativo a la «liquidación de conformidad». Este artículo dispone lo siguiente, en sus apartados 1 y 2:

«1. Cuando compruebe que algunos de los gastos a que se refieren el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5 no se han efectuado de conformidad con la legislación de la Unión y, en el caso del Feader, con la legislación de la Unión y nacional aplicable contemplada en el artículo 85 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320)], la Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan los importes que deban excluirse de la financiación de la Unión. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 116, apartado 2.

2. La Comisión determinará los importes que deban excluirse basándose en la importancia de la disconformidad comprobada. Para ello, la Comisión tendrá en cuenta el carácter de la infracción y el perjuicio financiero causado a la Unión. Basará dicha exclusión en la determinación de los importes pagados indebidamente y, cuando estos no puedan determinarse mediante un esfuerzo proporcionado, podrá aplicar correcciones mediante extrapolación o a tanto alzado. Las correcciones a tanto alzado solo se aplicarán cuando, debido a la naturaleza del caso concreto o a que el Estado miembro no haya facilitado a la Comisión la información necesaria, no sea posible determinar con mayor precisión mediante un esfuerzo proporcionado el perjuicio financiero causado a la Unión.»
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 343 TFUE, del artículo 39 del Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (DO 2016, C 202, p. 230; en lo sucesivo, «Protocolo sobre el SEBC y el BCE»), de los artículos 2, 18 y 22 del Protocolo (n.o 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (DO 2016, C 202, p. 266; en lo sucesivo, «Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades») y del artículo 4 TUE, apartado 3, al proceder unilateralmente a la incautación de documentos relacionados con el desempeño de las funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Eurosistema en los locales de la Banka Slovenije (Banco Central de Eslovenia) y al no cooperar lealmente con el Banco Central Europeo (BCE) a este respecto.
35

Por otra parte, el Tribunal de Justicia también ha declarado que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a que se puedan suplir las lagunas de un contrato, derivadas de la supresión de las cláusulas abusivas que figuran en este, sobre la única base de disposiciones nacionales de carácter general —que no han sido objeto de una evaluación específica del legislador a fin de establecer un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes y que, por ello, no gozan de la presunción de carácter no abusivo— que dispongan que los efectos expresados en un acto jurídico son completados, en particular, por los efectos dimanantes del principio de equidad o de los usos, que no son disposiciones supletorias ni disposiciones aplicables en caso de acuerdo entre las partes del contrato (sentencia de 3 de octubre de 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, apartados 61 y 62).
3

El código aduanero fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n.o 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) (DO 2008, L 145, p. 1), y posteriormente por el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2013, L 269, p. 1; corrección de errores en DO 2013, L 287, p. 90, y en DO 2017, L 7, p. 23). No obstante, en virtud del artículo 286, apartado 2, de este último Reglamento, en relación con el artículo 288, apartado 2, del mismo, el código aduanero siguió siendo aplicable hasta el 30 de abril de 2016.
25

Las recurrentes formulan dos motivos de casación contra la sentencia recurrida. Por una parte, sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la excepción al derecho de acceso a los documentos, establecida en el artículo 4, apartado 2, segundo guion, del Reglamento n.o 1049/2001 y basada en la protección de los procedimientos judiciales, no podía justificar que no se divulgara el informe controvertido. Por otra parte, consideran que el Tribunal General incurrió en un segundo error de Derecho al considerar que no habían demostrado qué parte del informe controvertido contenía información comercial sensible y que, por tanto, no resultaba aplicable la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001.
15

Mediante decisión de 30 de abril de 2018, la ACM declaró inadmisible dicha reclamación, basándose en que Crown Van Gelder no tenía relación directa con TenneT TSO, por lo que no podía ser considerada «parte que [tiene] una controversia con un gestor de red», en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Ley de Electricidad de 1998. Apreció, a este respecto, que la fábrica de Crown Van Gelder no estaba conectada a la red de TenneT TSO, que Crown Van Gelder no había celebrado ningún contrato con el citado gestor de red y que este no le facturaba.
24

En virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, tal cláusula se considerará abusiva cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, cause en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. El artículo 3, apartado 3, de esta Directiva indica que su anexo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. Por lo tanto, si bien el hecho de que el contenido de una cláusula sometida a la apreciación del juez nacional se corresponda con el de una cláusula recogida en este anexo no determina automáticamente y por sí solo el carácter abusivo de esta, sí constituye, no obstante, un elemento esencial en el cual ese juez puede basar su apreciación del carácter abusivo de esa cláusula (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2012, Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, apartado 26).
4

Los considerandos 9, 21, 24, 26 y 29 del Reglamento n.o 1259/2010 enuncian: «(9) El presente Reglamento debe crear un marco jurídico claro y completo en materia de ley aplicable al divorcio y a la separación judicial en los Estados miembros participantes, garantizar soluciones adecuadas para los ciudadanos en términos de seguridad jurídica, previsibilidad y flexibilidad, e impedir situaciones en las que uno de los cónyuges solicite el divorcio antes que el otro con el fin de que el procedimiento se rija por una ley determinada que dicho cónyuge estime más favorable a la protección de sus intereses. […] (21) A falta de elección de la ley aplicable, es conveniente que el presente Reglamento establezca normas armonizadas de conflicto de leyes basadas en una escala de criterios de vinculación sucesivos fundados en la existencia de un vínculo estrecho entre los cónyuges y la ley de que se trate, para garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad e impedir situaciones en las que uno de los cónyuges solicite el divorcio antes que el otro con el fin de que el procedimiento se rija por una ley determinada que dicho cónyuge estime más favorable a la protección de sus intereses. Esos criterios de vinculación deben elegirse de modo que se garantice que el procedimiento de divorcio o separación judicial se rija por una ley con la que los cónyuges tengan un vínculo estrecho. […] (24) En algunas situaciones es oportuno, no obstante, que se aplique la ley del órgano jurisdiccional ante el que se ha interpuesto la demanda, por ejemplo, cuando la ley aplicable no contemple el divorcio o cuando no conceda a uno de los cónyuges, por razones de sexo, igualdad de acceso al divorcio o a la separación judicial. Estos supuestos deben entenderse, no obstante, sin perjuicio de la cláusula relativa al orden público. […] (26) Las referencias del presente Reglamento al hecho de que la ley del Estado miembro participante a cuyos órganos jurisdiccionales se ha recurrido no contempla el divorcio deben interpretarse en el sentido de que la ley de tal Estado miembro carece de la figura del divorcio. En tal caso, no debe obligarse al órgano jurisdiccional a pronunciar una sentencia de divorcio en virtud del presente Reglamento. […] […] (29) […] los objetivos del presente Reglamento [son] el aumento de la seguridad jurídica, la previsibilidad y la flexibilidad en los procesos matrimoniales de ámbito internacional y por lo tanto la facilitación de la libre circulación de personas en la Unión […]».
29

En este sentido, todo acto del Derecho de la Unión, como el Reglamento n.o 261/2004, debe interpretarse, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de conformidad con el conjunto del Derecho primario, incluido el principio de igualdad de trato, que exige que las situaciones comparables no reciban un trato diferente y que no se traten de manera idéntica situaciones distintas, a no ser que este trato esté objetivamente justificado (véase, en particular, la sentencia de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros, C‑402/07 y C‑432/07, EU:C:2009:716, apartado 48).
(3)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un marco común para la prevención y la reparación de los daños medioambientales a un coste razonable para la sociedad, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, en razón de la dimensión de la presente Directiva y de incidencia en otras normas comunitarias, a saber, la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres [(DO 1979, L 103, p. 1; EE 15/02, p. 125)], la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres [(DO 1992, L 206, p. 7)], y la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas [(DO 2000, L 327, p. 1)], puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del [Tratado CE]. De acuerdo con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
13

La recurrente en el litigio principal interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el tribunal remitente, en el que alegaba que, aun cuando la cafetería en cuestión, que pertenece al patrimonio de la empresa sin posibilidad de utilización privada, ya no se utiliza para actividades gravadas, ello no implica una modificación en la utilización de dicha cafetería que pueda dar lugar a una regularización con arreglo al artículo 15a de la UStG. Esta falta de utilización, en su opinión, debería considerarse el resultado de un error de inversión. El hecho de que la Oficina Tributaria haya denegado la amortización parcial de dicha cafetería demuestra, a su entender, que todavía existía intención de utilizarla durante los años 2009 a 2012. El acceso a la cafetería en cuestión, según afirma, fue bloqueado exclusivamente por razones de seguridad. Añade que la utilización de la cafetería por parte de los residentes no aumentó.
18

El Reglamento n.o 216/2008 fue derogado, con efectos desde el 11 de septiembre de 2018, por el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 2111/2005, (CE) n.o 1008/2008, (UE) n.o 996/2010, [UE] n.o 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 552/2004 y n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) n.o 3922/91 del Consejo (DO 2018, L 212, p. 1). Sin embargo, el Reglamento 2018/1139 no es aplicable ratione temporis al litigio principal.
38

En apoyo de su recurso, KF alegó, en particular, que, en primer lugar, las decisiones de los órganos del CSUE debían poder someterse a un control de legalidad por el Tribunal General con arreglo al artículo 263 TFUE, ya que se trata de actos de mera gestión del personal por parte de un organismo de la Unión, y que, de no ser así, dado que el control ejercido por la Comisión de Recursos no puede asimilarse a un control judicial, tales actos escaparían a todo control judicial, lo que sería contrario a los principios fundamentales de la Unión.
15

El 29 de diciembre de 2014, EIS envió un requerimiento a TO, su competidor en la venta de artículos eróticos en Internet, exigiéndole que pusiera fin a su práctica comercial consistente, en particular, en comunicar información irregular acerca del derecho de los consumidores a ejercer su derecho de desistimiento una vez celebrado el contrato. En este requerimiento, EIS conminó a TO a que le enviara un strafbewehrte Unterlassungserklärung (compromiso bajo apercibimiento de multa coercitiva), en virtud del cual esta persona se comprometiese a poner fin a dicha práctica si no quería ser sancionada.
41

El sistema común del IVA garantiza, por tanto, la perfecta neutralidad con respecto a la carga fiscal de todas las actividades económicas, cualesquiera que sean sus fines o sus resultados, a condición de que dichas actividades estén a su vez, en principio, sujetas al IVA (sentencia de 3 de julio de 2019, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, C‑316/18, EU:C:2019:559, apartado 22 y jurisprudencia citada).
13

El Decreto Legislativo n. 206 — Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Decreto Legislativo n.o 206 por el que se aprueba el código de consumo en virtud del artículo 7 de la Ley n.o 229, de 29 de julio de 2003), de 6 de septiembre de 2005 (suplemento ordinario n.o 162 a la GURI n.o 235, de 8 de octubre de 2005), transpuso las disposiciones de la Directiva 93/13 al ordenamiento jurídico italiano. El artículo 3, apartado 1, del código de consumo define el «consumidor» como «la persona física que actúa con un propósito ajeno a la actividad empresarial, comercial, artesanal o profesional que eventualmente ejerza».
3

El artículo 18 de la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito (Convenio entre la República Italiana y la República Portuguesa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta), hecho en Roma el 14 de mayo de 1980 y ratificado por la República Italiana mediante la legge n. 562 (Ley n.o 562), de 10 de julio de 1982 (suplemento ordinario a la GURI n.o 224, de 16 de agosto de 1982) (en lo sucesivo, «Convenio italo-portugués»), establece lo siguiente: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior solo podrán someterse a imposición en este Estado.»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 17, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35).