la tesis que he expuesto encuentra confirmaciones convincentes si se examina la norma del apartado 1 del artículo 67 en el contexto de las restantes disposiciones conexas del Tratado en materia de circulación de capitales y política económica.

Me refiero, ante todo, al párrafo primero del artículo 71, según el cual: «Los Estados miembros procurarán no introducir dentro de la Comunidad ninguna nueva restricción de cambio que incida en los movimientos de capitales y en los pagos corrientes realizados con tales movimientos ni hacer más restrictivas las regulaciones existentes.» A primera vista, esta norma parecería estar comprendida en la categoría de las cláusulas de bloqueo; ciertamente, presenta afinidades con las cláusulas de este género contenidas en los artículos 12, 31, 32, 53 y 62. Existe, no obstante, una particularidad que constituye su connotación específica: el empleo de los términos «procurarán no introducir» en lugar de «se abstendrán de introducir» o, más brevemente, «no introducirán», que fueron los adoptados en los otros artículos que he mencionado. La utilización de una formula distinta, más dúctil y menos vinculante, revela que los autores del Tratado quisieron limitarse a señalar una dirección política, para orientar la elección de los Estados miembros en materia de regulación de la circulación de capitales, y que éstos prometieron únicamente hacer cuanto estuviera a su alcance por no agravar la situación existente en dicha materia.

Lo que se conoce de los trabajos preparatorios refuerza la tesis de la inexistencia de una auténtica y verdadera cláusula de bloqueo. En un primer momento, una delegación propuso un proyecto de artículo que preveía la obligación de los Estados miembros de consolidar el grado de liberalizáción alcanzado en el sector de que se trata en el momento de la entrada en vigor del Tratado. Sin embargo, determinados expertos, miembros del denominado Grupo del Mercado Común, observaron que imponer, en esta área, una obligación de bloqueo no hubiera sido equitativo para con los países que habían alcanzado ya un grado muy avanzado en materia de libre circulación de capitales, al no ser posible prever si dichos países podrían mantener tal grado después de la entrada en vigor del Tratado. Por otro lado, los métodos monetarios que habían permitido un cierto grado de liberalizáción hubieran podido revelarse indeseables en el régimen del mercado común. El comité de los jefes de las delegaciones decidió acoger estas observaciones y adoptar, en consecuencia, un proyecto correspondiente al actual texto del artículo 71, inspirado en el criterio de que no existe una verdadera y auténtica obligación de los Estados miembros. Huelga añadir que el contenido no vinculante del artículo 71 se armoniza con la tesis de la inadecuación del apartado 1 del artícul 77 para ejercer efecto directo.

Procede, todavía, tener en cuenta el artículo 104, inserto en el capítulo III (Balanza de pagos) del Título II (Política económica). Este artículo establece que «Cada Estado miembro aplicará la política económica necesaria para garantizar el equilibrio de su balanza global de pagos y mantener la confianza en su moneda, procurando asegurar un alto nivel de empleo y la estabilidad del nivel de precios.» Durante este procedimiento, el representante del Gobierno italiano destacó que no sería coherente atribuir a los distintos Estados miembros la responsabilidad de su respectiva política monetaria e imponerles «una obligación incondicional e ilimitada de liberalizáción de las transferencias sin [...] contraprestación». Este punto de vista me parece correcto. La necesidad de atemperar la liberalizáción de los movimientos de capitales a la eficacia de las medidas nacionales encaminadas a garantizar la estabilidad de los tipos de cambio y de los precios internos, reconociendo a los Estados miembros unos márgenes de maniobra adecuados, es conforme con el sistema del Tratado, en el cual las normas sobre los movimientos de capitales no pueden interpretarse independientemente de las relativas a la política económica (como lo reconoció este Tribunal al poner de relieve, en los fundamentos de Derecho de la sentencia de 23 de noviembre de 1978, Thompson, antes citada, que los movimientos de capitales están comprendidos en la categoría más amplia de las transferencias monetarias). Y entiendo que también después de la creación del Sistema Monetario Europeo los Estados miembros deben conservar la posibilidad de intervenir en los movimientos de capitales sin contraprestación, con el fin de garantizar la estabilidad de los tipos de cambio, esencial para el correcto funcionamiento del sistema.