No es necesario que la normativa aplicable haya autorizado expresamente a que se opte por reabrir el procedimiento para que las instituciones que adoptaron un acto anulado o declarado inválido puedan recurrir a dicha posibilidad.

Por lo tanto, si la irregularidad constatada no conlleva la nulidad de todo el procedimiento, dichas instituciones podrán reabrir éste, con el fin de sustituir un acto anterior anulado o declarado inválido, en el punto en el que se cometió la infracción.

Dicho esto, el artículo 266 TFUE sólo obliga a las instituciones de las que emane el acto anulado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de anulación. Por otro lado, la anulación de un acto de la Unión no afecta necesariamente a los actos preparatorios de éste.

Para satisfacer dicha obligación, las instituciones afectadas deberán respetar no sólo el fallo de la sentencia de anulación o de declaración de invalidez, sino también los motivos que han conducido a aquél y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo. Tales motivos, en efecto, identifican, por una parte, la disposición considerada ilegal, y revelan, por otra parte, las causas de la ilegalidad declarada en el fallo, que la institución de que se trate habrá de tener en cuenta a la hora de adoptar el acto que sustituya al anulado o declarado inválido.

Ahora bien, esta disposición está haciendo referencia únicamente al procedimiento incoado en virtud del artículo 5, apartado 9, del citado Reglamento, es decir, al procedimiento inicial, y, por tanto, su mandato no es aplicable al procedimiento que ha sido reanudado tras una sentencia de anulación o de declaración de invalidez.

Con arreglo al artículo 6, apartado 9, del Reglamento no 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, la investigación consiguiente a la apertura de un procedimiento antidumping deberá, en todo caso, haber concluido a los quince meses de su inicio.

A tenor del artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 1225/2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, el período de referencia de la investigación no deberá ser normalmente inferior a los seis meses inmediatamente anteriores a la apertura del procedimiento.

Ahora bien, las reglas para la determinación del período de referencia que debe tomarse en consideración para las investigaciones antidumping mencionadas en dicha disposición no son normas de Derecho necesario, sino meramente indicativas.

Es cierto que, a fin de poder determinar los derechos antidumping que resultan adecuados para proteger la industria comunitaria contra las prácticas de dumping, la investigación debe realizarse sobre la base de informaciones tan actuales como sea posible.

Pero también es cierto que, en virtud del artículo 11, apartado 2, del citado Reglamento, las instituciones podrán mantener otros cinco años, basándose en datos relativos a un mismo período de referencia, derechos antidumping que resulten adecuados para proteger la industria comunitaria contra las prácticas de dumping.

En consecuencia, en caso de reapertura del procedimiento en la fase de la investigación destinada a los hechos relativos al dumping, con el fin de deducir las consecuencias de una sentencia de invalidación del Tribunal de Justicia, toda vez que el nuevo Reglamento se limita a restablecer derechos antidumping con los mismos efectos temporales que los previstos en el Reglamento anterior, los datos relativos al período de referencia que fue utilizado para adoptar éste, que ha sido declarado inválido, constituyen información lo bastante actual como para justificar el establecimiento de derechos antidumping con efectos limitados a la vigencia del nuevo Reglamento.

Por consiguiente, una vez reabierto el procedimiento, el Consejo y la Comisión pueden decidir, sin riesgo de conculcar el artículo 6, apartado 1, del precitado Reglamento, determinar el valor normal del producto afectado, declarado contrario a Derecho en una sentencia del Tribunal de Justicia, sin utilizar un período de referencia más reciente.

(véanse los apartados 63 a 70)