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El principio de neutralidad fiscal constituye la expresión, en materia del impuesto sobre el valor añadido, del principio de igualdad de trato que exige que las situaciones similares no reciban un trato diferente, a no ser que éste se justifique objetivamente. Sin embargo, mientras que la vulneración del principio de neutralidad fiscal sólo puede contemplarse entre operadores económicos competidores, la del principio general de igualdad de trato puede caracterizarse, en materia fiscal, por otros tipos de discriminaciones, que afecten a operadores económicos que no son forzosamente competidores, pero que se encuentran, no obstante, en una situación similar en otros aspectos. Pues bien, el principio de igualdad de trato, en materia fiscal, no coincide con el principio de neutralidad fiscal.

(véanse los apartados 17 y 18)
El artículo 44 del Reglamento no 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, no se aplica a la decisión de denegar el cómputo de los períodos de crianza de los hijos en el marco del seguro de vejez adoptada antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Reglamento no 987/2009. Mediante el artículo 97 de este Reglamento, el legislador fijó su entrada en vigor a partir del 1 de mayo de 2010 sin que ningún considerando o disposición de dicho Reglamento pueda entenderse en el sentido de que fija el punto de partida del ámbito temporal de aplicación del artículo 44 de dicho Reglamento en una fecha anterior a la de la publicación de dicho acto. Al contrario, del artículo 87, apartado 1, del Reglamento no 883/2004, aplicable a las situaciones que se rigen por el Reglamento no 987/2009 en virtud de su artículo 93, resulta que éste no origina ningún derecho para un período anterior a la fecha de su aplicación, a saber, el 1 de mayo de 2010.

(véanse los apartados 26 y 27)
La Directiva 98/59 tiene por objeto la mejora de la protección de los trabajadores y del funcionamiento del mercado interior. Sin embargo, si bien es cierto que la dimensión y el funcionamiento de las fuerzas armadas influyen en la situación del empleo en un Estado miembro determinado, no constituyen, en cambio, consideraciones que afectan al mercado interior o a la competencia entre empresas. Se excluyen por principio de la calificación de actividad económica las actividades que, como la defensa nacional, son inherentes al ejercicio de prerrogativas de poder público. El artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva no establece en absoluto, a este respecto, tal distinción entre Estados miembros y terceros Estados.

En virtud de la exclusión prevista en el artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 98/59, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, el despido del personal de una base militar no está comprendido, en cualquier caso, en el ámbito de aplicación de esa Directiva, con independencia de que se trate o no de una base militar perteneciente a un tercer Estado. En consecuencia, no es necesario tener en cuenta específicamente la circunstancia de que se trata de una base militar perteneciente a un tercer Estado, cuestión que tiene consecuencias de Derecho internacional.

La interpretación por el Tribunal de Justicia de las disposiciones del Derecho de la Unión en situaciones que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de éste se justifica porque el Derecho nacional las ha hecho directa e incondicionalmente aplicables a tales situaciones, con el fin de garantizar un tratamiento idéntico de esas situaciones y las comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.

Pues bien, cuando los autos no contienen indicaciones suficientemente precisas de que el Derecho nacional haya declarado automáticamente aplicables las soluciones establecidas por la normativa de la Unión de que se trate, no cabe considerar que las disposiciones del acto de la Unión a las que se refiere la cuestión planteada hayan sido declaradas, como tales, aplicables de manera directa e incondicional por el Derecho nacional. Es cierto que redunda en el interés de la Unión velar por la uniformidad de las interpretaciones de una disposición de un acto de la Unión y de las del Derecho nacional que la trasponen y la hacen aplicable fuera del ámbito de aplicación de ese acto. Sin embargo, no ocurre así cuando un acto de la Unión establece expresamente un supuesto de exclusión de su ámbito de aplicación. En efecto, si el legislador de la Unión señala de manera unívoca que el acto que ha adoptado no se aplica en un ámbito concreto, renuncia, cuando menos hasta la adopción en su caso de nuevas reglas de la Unión, al objetivo de una interpretación y una aplicación uniformes de las normas jurídicas en ese ámbito excluido.

(véanse los apartados 47 y 51 a 55)
Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, a la vez que prevé para las sociedades nacionales la facultad de transformarse, no permite, de manera general, la transformación de una sociedad de otro Estado miembro en sociedad nacional mediante la constitución de esta última.

Por una parte, la diferencia de tratamiento en función de la naturaleza transfronteriza o interna de la transformación no puede justificarse por la inexistencia de normas de Derecho derivado de la Unión. Por otra parte, razones imperiosas de interés general, como la protección de los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores, así como la preservación de la eficacia de los controles fiscales y de la lealtad de las transacciones comerciales pueden justificar una medida restrictiva de la libertad de establecimiento siempre y cuanto ésta sea apta para garantizar la realización de los objetivos perseguidos y no vaya más allá de lo que sea necesario para alcanzarlos. Sin embargo, tal justificación no existe cuando la normativa nacional deniega de manera general las transformaciones transfronterizas, lo que conduce al resultado de impedir la realización de tales operaciones, aun cuando los intereses mencionados anteriormente no estén amenazados. En todo caso, tal norma va más allá de lo que es necesario para alcanzar los objetivos de proteger los citados intereses.

(véanse los apartados 38 y 39 a 41 y el punto 1 del fallo)
El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que el funcionario tiene derecho, en el momento de su jubilación, a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas por el hecho de no haber ejercido sus funciones a causa de una enfermedad.

El artículo 7 de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a disposiciones de Derecho nacional que concedan al funcionario el derecho a unas vacaciones retribuidas adicionales, además del derecho a las vacaciones anuales retribuidas por un período mínimo de cuatro semanas, sin prever el pago de una compensación económica cuando el funcionario que se jubila no haya disfrutado del mencionado derecho adicional por no haber podido ejercer sus funciones a causa de una enfermedad.

(véanse el apartado 37 y el punto 3 del fallo)
En caso de investigaciones antidumping referentes a importaciones originarias, en particular, de China, el valor normal se fijará de conformidad con el artículo 2, apartados 1 a 6, del Reglamento antidumping de base no 384/96 si se demuestra que para uno o más productores sujetos a investigación prevalecen unas condiciones de economía de mercado en relación con la fabricación y venta del producto similar afectado. La carga de la prueba de ello recae sobre el productor que desea gozar del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado. Por lo tanto, no corresponde a las instituciones de la Unión probar que el productor exportador no cumple los requisitos establecidos para acogerse a dicho estatuto. Corresponde, en cambio, a estas instituciones apreciar si los elementos aportados por el productor interesado son suficientes para demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, de ese Reglamento para que se le reconozca dicho estatuto y al juez de la Unión verificar si dicha apreciación adolece de un error manifiesto.

(véanse los apartados 31 y 32)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto de sucesiones

(Art. 63 TFUE)

Índice

El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la legislación de un Estado miembro que en materia de derechos de sucesión establece un plazo de prescripción de diez años para la valoración de acciones nominativas de una sociedad de la que el causante era accionista y cuya dirección efectiva está establecida en otro Estado miembro, mientras que ese mismo plazo es de dos años cuando la dirección efectiva está establecida en el primer Estado miembro.

En efecto, la aplicación de un plazo de prescripción superior a los herederos titulares de acciones de una sociedad cuya dirección efectiva está establecida en otro Estado miembro puede tener por consecuencia disuadir a los residentes del primer Estado de invertir o de mantener las inversiones en activos situados fuera de dicho Estado miembro, dado que sus herederos se encontrarán durante más tiempo con la incertidumbre de poder ser objeto de una liquidación tributaria complementaria.

Dicha legislación no está justificada por la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales ni por el objetivo de luchar contra el fraude fiscal en la medida en que la aplicación general del plazo de diez años no depende en modo alguno del lapso de tiempo necesario para recurrir eficazmente a mecanismos de asistencia mutua o a otros medios alternativos que permitan averiguar el valor de las acciones de que se trate. Debe distinguirse en efecto una situación en la que los elementos imponibles se han ocultado a las autoridades tributarias nacionales, y dichas autoridades no disponen de indicio alguno que permita emprender una investigación, de una situación en la que las autoridades tributarias disponen de información relativa a dichos elementos imponibles. Cuando las autoridades tributarias de un Estado miembro disponen de indicios que les permiten dirigirse a las autoridades competentes de otros Estados miembros, por medio de la asistencia mutua prevista en la Directiva 77/799, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos, o por medio de la prevista en los convenios bilaterales, con el fin de que estas últimas autoridades les comuniquen la información necesaria para liquidar correctamente el impuesto, el simple hecho de que los elementos imponibles de que se trate se encuentren en otro Estado miembro no justifica la aplicación general de un plazo suplementario para la liquidación complementaria que no depende en modo alguno del lapso de tiempo necesario para recurrir eficazmente a estos mecanismos de asistencia mutua.

(véanse los apartados 24, 30, 33, 36, 39 y 40 y el fallo)
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Recurso por incumplimiento

—

Objeto del litigio

—

Determinación durante el procedimiento administrativo previo

—

Obligación de presentar una exposición coherente y detallada de las imputaciones

—

Alcance (Art. 258 TFUE) (véanse los apartados 19 y 20)

Objeto del litigio

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (DO L 163, p. 41), y del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152, p. 1) — Falta de adopción de las medidas necesarias para que las concentraciones de PM 10 en el aire ambiente no superen los valores límite fijados.

Parte dispositiva

Fallo

1) Declarar que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, al superar en los años 2005 a 2007 los valores límite aplicables a las concentraciones anuales y diarias de PM 10 en el aire ambiente.

2) Condenar en costas a la República de Eslovenia.
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En este contexto, el Bundesverwaltungsgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) a) ¿Debe interpretarse el artículo 2, [punto 2, párrafo segundo, primera frase] de la Directiva [2003/4] en el sentido de que sólo actúan en calidad de órgano legislativo las entidades e instituciones a las que, con arreglo al Derecho nacional, les corresponde la decisión definitiva (vinculante) en el procedimiento legislativo, o también actúan en calidad de órgano legislativo las entidades e instituciones a las que el Derecho nacional otorga competencias y facultades de participación en el procedimiento legislativo, en particular para presentar proyectos de ley y formular dictámenes sobre tales proyectos? b) Los Estados miembros, ¿sólo pueden disponer que el concepto de autoridades públicas no incluya a las entidades e instituciones que actúan en calidad de órgano jurisdiccional o legislativo cuando su ordenamiento constitucional no previera, en la fecha de adopción de la Directiva [2003/4], un procedimiento de recurso en el sentido de lo dispuesto en el artículo 6 de dicha Directiva? c) Las entidades e instituciones que actúan en calidad de órgano legislativo, ¿están excluidas del concepto de autoridades públicas únicamente hasta la conclusión del procedimiento legislativo? 2) a) ¿Está dispuesta por la ley la confidencialidad de los procedimientos en el sentido del artículo 4, apartado 2, [párrafo primero], letra a), de la Directiva [2003/4] cuando la disposición nacional adoptada para adaptar el Derecho interno a la Directiva [2003/4] establece, con carácter general, que procede denegar las solicitudes de información medioambiental si la revelación de la información puede afectar negativamente a la confidencialidad de los procedimientos de las administraciones públicas sujetas a la obligación de información, o para ello es necesario que una disposición legal específica disponga la confidencialidad de los procedimientos? b) ¿Está dispuesta por la ley la confidencialidad de los procedimientos en el sentido del artículo 4, apartado 2, [párrafo primero], letra a), de la Directiva [2003/4] cuando, en virtud de un principio general de Derecho nacional, los procedimientos administrativos de las autoridades públicas no son públicos?»
Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 2, 6 y 9 a 11 de los Reglamentos (CEE, Euratom) nº 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1) y (CE, Euratom) nº 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1), así como del artículo 220 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1) — Inobservancia, en caso de recaudación

a posteriori,

de los plazos prescritos para la contracción y la constatación de los recursos propios comunitarios.
Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309, p. 15).
Palabras clave

Índice



Palabras clave

Transportes — Transportes por carretera — Disposiciones sociales — Excepciones — Obligación de instalar y utilizar un tacógrafo

[Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 13, ap. 1, letra d), segundo guión]

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El concepto de «material», enunciado en el artículo 13, apartado 1, letra d), segundo guión, del Reglamento nº 561/2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos nº 3821/85 y nº 2135/98 y se deroga el Reglamento nº 3820/85, debe interpretarse en el sentido de que no incluye el material de envasado, como las botellas vacías, transportado por un comerciante de vinos y bebidas que gestiona un comercio, suministra sus productos a sus clientes una vez por semana y, al mismo tiempo, recoge las botellas vacías para devolverlas a su mayorista.

En efecto, las botellas vacías transportadas por ese comerciante no constituyen bienes necesarios en el ejercicio de su actividad principal. Por un lado, esas botellas no son objeto de elaboración ni transformación, y no se añaden a otro producto ni se utilizan en el ejercicio de una actividad. Por otro lado, no son necesarias como componentes, materias primas o ingredientes para producto alguno fabricado por ese comerciante o para trabajos que éste lleve a cabo. Por último, no constituyen aparatos ni instrumentos necesarios para fabricar ningún producto.

(véanse los apartados 26 y 41 y el fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Libre prestación de servicios — Restricciones — Normativa nacional relativa al reembolso de gastos médicos causados en otro Estado miembro

(Art. 49 CE)

2. Recurso por incumplimiento — Prueba del incumplimiento — Carga que incumbe a la Comisión — Aportación de pruebas que pongan de manifiesto el incumplimiento

(Arts. 10 CE y 226 CE)

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1. Un Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE, al no prever, en el marco de su normativa relativa a la seguridad social, la posibilidad de hacerse cargo de los gastos referentes a los análisis y exámenes de laboratorio efectuados en otro Estado miembro, por medio del reembolso de las cantidades anticipadas por dichos análisis y exámenes, previendo únicamente un sistema de pago directo por parte de las cajas de seguro de enfermedad.

En la medida en que la aplicación de una normativa de esas características equivale a excluir, de hecho, la posibilidad de dar cobertura a los análisis y exámenes de laboratorio efectuados por la casi totalidad, o incluso por la totalidad, de los prestadores de servicios médicos establecidos en otros Estados miembros, dicha normativa desincentiva, o incluso impide, que las personas afiliadas a la seguridad social del antedicho Estado miembro se dirijan a tales prestadores y constituye, tanto por lo que respecta a esas personas como con respecto a los prestadores, una obstáculo a la libre prestación de servicios.

(véanse los apartados 41 y 48 y el punto 1 del fallo)

2. En un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE, incumbe a la Comisión probar la existencia del incumplimiento alegado, aportando al Tribunal de Justicia los elementos necesarios para que éste pueda verificar la existencia de tal incumplimiento.

El mero hecho de que la Comisión no disponga de facultades de investigación en materia de incumplimiento de Estado y que, en lo que atañe a la instrucción de los expedientes, dependa de las respuestas y de la colaboración de los Estados miembros no le permite eludir la obligación antes mencionada, si no reprocha al Estado miembro haber incumplido sus obligaciones derivadas del artículo 10 CE.

(véanse los apartados 49, 57, 58 y 60)
Palabras clave

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Palabras clave

1. Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 2003/88/CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo — Ámbito de aplicación

(Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 1, ap. 3)

2. Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 2003/88/CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo — Período mínimo de descanso

[Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, 17, aps. 2 y 3, letras b) y c)]

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1. Los titulares de contratos de participación en la educación que ejercen actividades ocasionales y de temporada en centros de vacaciones y de ocio y trabajan un máximo de 80 días al año están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

(véanse el apartado 33 y el punto 1 del fallo)

2. Los titulares de contratos de participación en la educación, que ejercen actividades ocasionales o de temporada en centros de vacaciones y de ocio y trabajan un máximo de 80 días al año están comprendidos en el ámbito de la excepción prevista en el artículo 17, apartado 3, letras b) y/o c), de la Directiva 2003/88, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

No obstante, una normativa nacional que limita a 80 días de trabajo por año la actividad de los titulares de esos contratos no cumple los requisitos establecidos por el artículo 17, apartado 2, de esa Directiva para la aplicación de esa excepción, conforme a los cuales se concederán a los trabajadores afectados períodos equivalentes de descanso complementario, o una protección equivalente en casos excepcionales en los que no sea posible la concesión de esos períodos por razones objetivas. Aunque la naturaleza específica del trabajo o el contexto singular en el que éste se ejerce permitan una excepción al artículo 3 de la Directiva y a la obligación de alternancia regular de un período de trabajo y un período de descanso, una normativa nacional que no permite a los trabajadores disfrutar del derecho al descanso diario a lo largo de su contrato de trabajo, incluso si es un contrato con duración máxima de 80 días por año, no solamente vacía de contenido un derecho individual otorgado expresamente por esa Directiva, sino que está también en contradicción con el objetivo de ésta, que es proteger de manera eficaz la seguridad y la salud de los trabajadores.

(véanse los apartados 37, 46, 47, 52 y 60 a 62 y el punto 2 del fallo)