SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)

de 12 de noviembre de 2015

Christodoulos Alexandrou

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Función pública — Selección — Convocatoria de oposición EPSO/AD/231/12 — Inadmisión a las pruebas de evaluación — Obligación de motivación — Acceso a los documentos — Denegación de la solicitud de acceso a las preguntas con varias respuestas a elegir formuladas en los test de acceso — Secreto de las actuaciones del tribunal calificador — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Ámbito de competencia del Tribunal de la Función Pública — Artículo 270 TFUE — Concepto de acto lesivo — Artículo 90, apartado 2, del Estatuto»

Objeto:

Recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Tercera) de 14 de mayo de 2014, Alexandrou/Comisión (F‑34/13, RecFP, EU:F:2014:93 y F‑140/12, RecFP, EU:F:2014:94), que solicitan la anulación de dichas sentencias.

Resultado:

Se desestima el recurso de casación en el asunto T‑516/14 P. En el asunto T‑515/14 P se anula parcialmente la sentencia del Tribunal de la Función Pública, de 14 de mayo de 2014, Alexandrou/Comisión (F‑34/13), debido a que: omitió dar respuesta al primer motivo en cuanto se basaba en la falta de motivación, puesto que circunstancias especiales habrían justificado el acceso del Sr. Christodoulos Alexandrou a preguntas controvertidas; y desestimó el cuarto motivo. Se desestima el recurso de casación en el asunto T‑515/14 P en todo lo demás. Se desestima el recurso en el asunto F‑34/13, en cuanto se basa, por un lado, en la motivación insuficiente de las resoluciones impugnadas, puesto que el Sr. Alexandrou invocó circunstancias especiales que justificaban su acceso a las preguntas controvertidas y, por otro lado, en el motivo referido a la vulneración del derecho a un proceso justo y en su caso a un recurso efectivo. En el asunto T‑516/14 P, cada parte cargará con sus propias costas. En el asunto T‑ 515/14 P, cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

Funcionarios — Oposición — Concurso-oposición — Valoración de los méritos de los candidatos — Eliminación de los candidatos en función de sus respuestas ponderadas a las preguntas formuladas en la fase de preselección — Obtención por un candidato de una puntuación muy inferior a las obtenidas en otros test de acceso — Circunstancia que por sí sola no puede afectar a la validez de la prueba

[Estatuto de los Funcionarios, anexo III, art. 6; Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, aps. 2 y 3]

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección del proceso de toma de decisiones — Divulgación de preguntas formuladas en las pruebas de preselección de una oposición general para la selección de funcionarios de la Unión — Presunción de perjuicio para el proceso de toma de decisiones — Límites

[Estatuto de los Funcionarios, anexo III, art. 6; Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 3]

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección del proceso de toma de decisiones — Ámbito de aplicación — Preguntas de respuesta múltiple formuladas en las pruebas de preselección de una oposición general para la selección de funcionarios de la Unión — Inclusión

[Art. 15 TFUE, ap. 3; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 42; Estatuto de los Funcionarios, anexo III, art. 6; Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 3]

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Solicitud de acceso a documentos relativos a una oposición para la selección de funcionarios de la Unión — Sujeción tanto al régimen del Estatuto de los Funcionarios como al del Reglamento (CE) no 1049/2001

Un motivo basado en la falta de respuesta por el juez de primera instancia a una pretensión o a un motivo invocado ante él equivale en sustancia a alegar una vulneración por el Tribunal de la Función Pública de la obligación de motivación que nace del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de la Función Pública en virtud del artículo 7, apartado 1, del anexo I del mismo Estatuto. En ese sentido no se puede reprochar al demandante que invoca una falta de respuesta a su argumentación no citar ningún pasaje ni parte de la sentencia impugnada que sea el objeto específico de su alegación, toda vez que invoca precisamente una falta de respuesta. (véanse los apartados 34 y 35) Referencia: Tribunal General: sentencia de 8 de octubre de 2014, Bermejo Garde/CESE,T‑529/12 P, RecFP, EU:T:2014:861, apartado 43

El Tribunal de la Función Pública es exclusivamente competente para conocer de un litigio ligado al procedimiento de oposición general, tanto ratione personae, cuando un candidato eliminado presenta su solicitud de acceso a los documentos en calidad de candidato en un oposición, como ratione materiae, dado que esa solicitud tiene su origen en la exclusión de ese candidato de la oposición. En efecto, en virtud de las disposiciones del artículo 256 TFUE, apartado 1, y del artículo 1 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia, el Tribunal de la Función Pública es competente para resolver en primera instancia sobre los recursos interpuestos en virtud del artículo 270 TFUE, que conforme a ese último artículo tienen por objeto todo litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y las condiciones determinadas por el Estatuto de los Funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión. Esa delimitación de las competencias del Tribunal de la Función Pública se centra en el estatuto personal de la persona interesada y en el origen del litigio. Un litigio entre un funcionario y la institución de la que depende que tenga su origen en la relación de trabajo que une al interesado con la institución entra en el ámbito del artículo 270 TFUE y de los artículos 90 y 91 del Estatuto y por tanto queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 263 TFUE, que define el régimen general del recurso de anulación de los actos adoptados por las instituciones o los órganos de la Unión. Además, resulta expresamente del artículo 270 TFUE, puesto en relación con el artículos 91, apartado 1, del Estatuto, que el criterio que permite determinar si una persona a la que se refiere el Estatuto puede interponer un recurso fundado en el artículo 270 TFUE consiste en comprobar si el acto cuya legalidad se impugna es un acto lesivo en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto. De ese último artículo resulta que están sujetas a los medios de recurso previstos en el capítulo VII del Estatuto las resoluciones o bien la falta de adopción de una medida exigida por el Estatuto. Por otro lado, pueden valerse de los medios de recurso previstos en el capítulo VII del Estatuto los candidatos en oposiciones generales o procedimientos de selección, sean o no agentes de la Unión. (véanse los apartados 59 a 63) Referencia: Tribunal de Justicia: auto de 10 de junio de 1987, Pomar/Comisión,317/85, Rec, EU:C:1987:267, apartado 7 y jurisprudencia citada Tribunal General: auto de 20 de abril de 2012, Pachtitis/Comisión,T‑374/07, EU:T:2012:188, apartados 13 a 15

El artículo 15 TFUE, apartado 3, que prevé la adopción de reglamentos, como el Reglamento no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, para definir los principios y los límites del derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones de la Unión no se opone a la adopción o el mantenimiento de reglas especiales sobre el acceso a ciertos documentos en materias específicas cuando la existencia de esas reglas se justifica por la necesidad de responder a objetivos específicos. No obstante, a falta tanto en el Reglamento no 1049/2011 como en la reglamentación especial de un ámbito específico del Derecho de la Unión, que persiga una finalidad distinta del objetivo de transparencia, de disposiciones que prevean expresamente la primacía de una de esas regulaciones sobre la otra, es preciso asegurar una aplicación de cada una de esas dos regulaciones que sea compatible con la de la otra y permita así una aplicación coherente de ellas. De ello se sigue que el principio del secreto de las actuaciones del tribunal calificador previsto en el artículo 6 del anexo III del Estatuto, según el que esas actuaciones son secretas, no puede excluir la aplicación del Reglamento no 1049/2001, ya que éste debe interpretarse teniendo en cuenta las disposiciones especiales del Estatuto. Sin embargo, esas reglas estatutarias y los principios generales definidos en ese Reglamento deben ser objeto de una aplicación coherente. Siendo así, un solicitante de acceso no puede apoyarse válidamente en el principio general de transparencia derivado del artículo 15 TFUE, apartado 3, y del artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para pretender la aplicación exclusiva de las disposiciones del Reglamento no 1049/2001 y excluir así las del artículo 6 del anexo III del Estatuto. (véanse los apartados 68 a 71) Referencia: Tribunal de Justicia: sentencia de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW,C‑365/12 P, Rec, EU:C:2014:112, apartado 84 y jurisprudencia citada

En lo que atañe al acceso a los documentos relacionados con las actuaciones del tribunal calificador de una oposición, las excepciones al derecho de acceso a los documentos previstas en el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, no se pueden interpretar sin tener en cuenta las reglas especiales previstas por el artículo 6 del anexo III del Estatuto y el punto 6.2 de la guía aplicable a las oposiciones. En efecto, esas reglas especiales persiguen objetivos diferentes del objetivo de transparencia que pretende el Reglamento no 1049/2001. En el sistema de ese Reglamento el derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones y de los órganos de la Unión se eleva a principio para facilitar al máximo el ejercicio de ese derecho y promover las buenas prácticas administrativas, asegurando la mayor transparencia posible del proceso decisorio de las autoridades públicas y de las informaciones que sustentan sus decisiones. En consecuencia, las excepciones a ese principio son de interpretación restrictiva. En cambio, el artículo 6 del anexo III del Estatuto, relacionado específicamente con los procedimientos de oposición, establece el principio del secreto de las actuaciones del tribunal calificador para garantizar la independencia de los tribunales calificadores y la objetividad de sus actuaciones, poniéndoles a cubierto de toda injerencia o presión externa, ya proceda de la administración misma de la Unión, de los candidatos o de terceros. Además, respecto a las oposiciones generales más concretamente, del punto 6.2 de la guía aplicable a éstas resulta que el principio del secreto de las actuaciones del tribunal calificador abarca el texto de las preguntas con varias respuestas a elegir formuladas en los test de preselección. Esa restricción al derecho de acceso a los documentos trata de evitar que las preguntas, que se podrían utilizar de nuevo en ulteriores oposiciones, sean comunicadas a candidatos futuros. Dado el gran número de candidatos en las oposiciones, que lleva a organizar las pruebas de preselección a lo largo de varios días, es notorio que las preguntas formuladas en esas pruebas a cada candidato, en cada grupo de preguntas de naturaleza y dificultad comparables, definido por el tribunal calificador de la oposición con criterios objetivos e iguales para todos los candidatos, se eligen aleatoriamente por el útil informático a partir de una base de datos de preguntas con varias respuestas a elegir. Siendo así, se debe reconocer que, dado que están estrechamente ligadas al proceso de selección, las preguntas con varias respuestas a elegir formuladas en los test de acceso de una oposición para la selección de funcionarios de la Unión se incluyen en el proceso decisorio de la Comisión y por tanto en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 3, del Reglamento no 1049/2001. En efecto, aunque esas preguntas se dirijan a miles de candidatos en una oposición general, no deja de ser cierto que forman parte de una base de datos interna de la institución destinada a ser utilizada por los tribunales calificadores de oposiciones con ocasión de la organización de éstas por la Oficina europea de selección de personal, y que por tanto constituyen documentos internos comprendidos en la excepción referida a la protección del proceso decisorio de la Comisión. (véanse los apartados 78 a 81 y 86) Referencia: Tribunal de Justicia: sentencia de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW, EU:C:2014:112, apartado 83 y jurisprudencia citada Tribunal General: sentencias de 5 de abril de 2005, Hendrickx/Consejo, T‑376/03, RecFP, EU:T:2005:116, apartado 56, y de 14 de julio de 2005, Le Voci/Consejo, T‑371/03, RecFP, EU:T:2005:290, apartado 123

Para justificar la denegación de acceso a un documento cuya divulgación se ha solicitado en virtud del Reglamento no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, no basta en principio que ese documento se relacione con una actividad mencionada en el artículo 4, apartados 2 y 3, de ese Reglamento. La institución interesada debe explicar también de qué manera el acceso a ese documento podría causar un perjuicio concreto y efectivo para el interés protegido por una excepción prevista en ese artículo. No obstante, la institución interesada de la Unión puede basarse en presunciones generales aplicables a determinadas categorías de documentos, toda vez que consideraciones similares de carácter general pueden aplicarse a solicitudes de divulgación de documentos de igual naturaleza. En ese sentido, en lo concerniente a una solicitud de acceso a preguntas con varias respuestas a elegir formuladas en los test de preselección de una oposición general para la selección de funcionarios de la Unión, conforme a los objetivos perseguidos por el principio de protección del secreto de las actuaciones del tribunal calificador, la Comisión está facultada para presumir, sin realizar un examen concreto e individual de esos documentos, que la divulgación de esas preguntas perjudicaría gravemente en principio su proceso decisorio. La aplicación de esa presunción general a las preguntas con varias respuestas a elegir formuladas en una oposición general se inserta plenamente en el sistema del Reglamento no 1049/2001, que debe conciliarse con las reglas especiales aplicables, justificadas por objetivos específicos. Por tanto, la aplicación de esa presunción general cuando la Comisión decide valerse de la excepción referida a la protección del proceso decisorio para denegar una solicitud de acceso a preguntas con varias respuestas a elegir formuladas en una oposición general, presentada en virtud del Reglamento no 1049/2001, no puede entenderse como la adición de una nueva excepción. Por otro lado, en ciertas circunstancias específicas esa presunción general puede desvirtuarse en el contexto de la ponderación de los intereses concurrentes conforme al régimen previsto por el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001. Así sucede cuando un candidato impugna concretamente la pertinencia de algunas preguntas o el fundamento de las respuestas calificadas como correctas, a condición de que la diferencia entre sus resultados y el umbral de superación de la prueba sea tal que, suponiendo acertada su respuesta, pudiera estar entre los candidatos que han superado la prueba considerada. En efecto, en ese supuesto la comunicación al interesado del texto de las preguntas de que se trata es necesaria para permitirle apreciar la validez de la decisión que le excluye de la oposición y la oportunidad de interponer un recurso y para hacer posible el control jurisdiccional. En ese caso el derecho de acceso del interesado a las factores que motivan esa decisión prevalece sobre el principio del secreto de las actuaciones del tribunal calificador. (véanse los apartados 87, 88, 94, 95 y 98) Referencia: Tribunal de Justicia: sentencia de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW, EU:C:2014:112, apartados 64 y 65 y jurisprudencia citada