Por un lado, las Decisiones 2006/105, sobre determinadas medidas provisionales de protección en relación con la sospecha de casos de gripe aviar altamente patógena en aves silvestres en Hungría, y 2006/115, relativa a determinadas medidas de protección frente a la gripe aviar altamente patógena en aves silvestres en la Comunidad, deben interpretarse en el sentido de que no contienen ni se remiten a disposiciones que establezcan un régimen de indemnización de los daños causados por las medidas previstas en dichas Decisiones y, por otro lado, la apreciación de la legalidad de una normativa nacional que no prevé una indemnización total, incluido el lucro cesante, de los daños sufridos como consecuencia de la adopción, de conformidad con el Derecho de la Unión, de medidas nacionales de protección contra la gripe aviar, con respecto a los derechos a la tutela judicial efectiva, de propiedad y de libertad de empresa, no es competencia del Tribunal de Justicia.

En efecto, por un lado, las Decisiones 2006/105 y 2006/115 no contienen ninguna disposición que establezca un régimen de indemnización de los daños causados a particulares por la aplicación de las medidas contra la gripe aviar previstas en dichas Decisiones. Además, ni del tenor ni de la finalidad tanto de la Directiva 89/662, relativa a los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior, como de la Directiva 90/425, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior, que han servido de base para la adopción de las Decisiones 2006/105 y 2006/115, se desprende competencia alguna que atribuya a la Comisión la facultad de establecer un régimen de indemnización. Finalmente, si bien el legislador de la Unión puede considerar, en el marco de la amplia facultad de apreciación de que dispone en materia de política agrícola, que procede indemnizar, parcial o totalmente, a los propietarios de las explotaciones en las que se destruyan o sacrifiquen animales, de esta apreciación no cabe deducir que exista en el Derecho de la Unión un principio general que obligue a conceder una indemnización en todas las circunstancias.

Por otro lado, dado que del Derecho de la Unión no se desprende ninguna obligación de indemnización, una medida nacional que prevé que el Estado en cuestión abone una indemnización correspondiente a los daños y gastos efectivos, excluyendo el lucro cesante, no está incluida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, sino que depende exclusivamente de la voluntad del legislador nacional. Pues bien, en el marco de un procedimiento prejudicial, no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación de disposiciones nacionales ni juzgar si la interpretación que el órgano jurisdiccional remitente hace de ellas es correcta. Asimismo, a tenor del artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que define el ámbito de aplicación de ésta, las disposiciones de la Carta están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Dicha disposición confirma la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas. Cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia.

(véanse los apartados 46 a 48, 52 a 54 y 57 y el punto 2 del fallo)