5.

La Comisión estima que las cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal d'instance de Paris «presentan el interés de someter a debate ante el Tribunal de Justicia la cuestión de la aplicación por analogía del párrafo segundo del artículo 174 [...] cuestión que no fue debatida en el marco del asunto 145/79 puesto, que únicamente la suscitó la Comisión durante la vista». Ahora bien, en su opinión, esta extensión responde a una doble necesidad de aplicación uniforme del Derecho comunitario y de seguridad jurídica. Se trata de tener en cuenta que las sentencias prejudiciales dictadas por el Tribunal de Justicia producen efectos generales erga omnes que, al menos, van más allá del caso de autos. La Comisión cita, claro está, a este respecto la sentencia del Tribunal de Justicia International Chemical Corporation, ( 3 ) recordando además que este Tribunal indicó una vez más en dicha resolución que corresponde a la Institución comunitaria de la que proceda el acto invalidado adoptar las medidas necesarias para subsanar la incompatibilidad declarada, efectuando así en la cuestión prejudicial una aplicación por analogía del artículo 176 del Tratado, normalmente aplicable a los recursos de anulación o por omisión. A juicio de la Comisión, la asimilación efectuada en la jurisprudencia de este Tribunal entre sentencias de anulación y sentencias de invalidez implica el reconocimiento a estas últimas de un efecto ex tune y tiene la consecuencia de que la conmoción que, a raíz de una sentencia de invalidez, sufren las relaciones jurídicas preestablecidas puede ser idéntica a la resultante de una sentencia anulatória, habida cuenta, en particular, de las importantes divergencias existentes en materia de plazos de prescripción en las distintas legislaciones de los Estados miembros. Ahora bien, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos existen posibilidades de limitar el efecto retroactivo de una anulación. Dicha posibilidad fue consagrada, en el Derecho comunitario, por el párrafo segundo del artículo 174 del Tratado, que permite al Tribunal de Justicia hacer que el principio de seguridad jurídica prevalezca sobre el principio de legalidad. El Tribunal de Justicia, por otro lado, aplicó esta excepción en la sentencia Defrenne, antes citada, al limitar en el tiempo el efecto directo del artículo 119 del Tratado. Por último, añade la Comisión: «Si por motivos de seguridad jurídica [...] pareciera justificado, en un determinado caso, limitar los efectos en el tiempo de una declaración de invalidez, sólo el Tribunal de Justicia puede, tras una apreciación de los diversos intereses en liza, decidir, en la misma sentencia de invalidación, una limitación de los efectos de la invalidación. En ningún caso puede un órgano jurisdiccional nacional, so pena de menoscabar la necesaria unidad del Derecho comunitario, adoptar tal decisión.» La Comisión estima, no obstante, que es necesario un giro de la jurisprudencia que resulta de la sentencia de 15 de octubre de 1980, en el sentido indicado por la sentencia Defrenne del Tribunal de Justicia: la sentencia de invalidación, debido a la aplicación analógica de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 174, tiene a su entender efectos ex nunc, salvo con respecto a los operadores que anteriormente hayan impugnado la validez del Reglamento invalidado, frente a los cuales conserva un efecto ex tune. Esta «excepción a la excepción» se justifica, en su opinión, por la necesidad de salvaguardar una protección jurídica efectiva de los particulares que hayan iniciado oportunamente un procedimiento contencioso, teniendo en cuenta que la Comisión está en condiciones de revisar el cálculo de los montantes compensatorios que deberían haberse aplicado. Sin embargo, la Comisión precisa que, no obstante, dicha inflexión no debería producirse: «— cuando el efecto ex nunc no haya entrañado ninguna carga real para los interesados; — cuando el Tribunal de Justicia declare, como hizo en las sentencias de 15 de octubre de 1980, que el reembolso de las cantidades indebidamente pagadas “podría ocasionar diferencias de trato considerables y, por consiguiente, causar nuevos falseamientos de la competencia [...]” [pudiendo] efectuarse la apreciación de dicho riesgo en función, en particular, de las consecuencias financieras resultantes de un nuevo cálculo de los montantes compensatorios monetarios por la Comisión».