SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 19 de octubre de 1995

Asunto T-562/93

Dieter Obst

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionario — Procedimiento de selección — Acto lesivo — An'culo 45 del Estatuto — Convocatoria para proveer plaza vacante — Desviación de poder — Motivación — Reparación del perjuicio»

Texto completo en lengua alemana II-737

Objeto:

Recurso que tiene por objeto: — La anulación del dictamen no 45/93 del Comité consultivo de nombramientos, en la medida en que indica que no debería tenerse en cuenta la candidatura del demandante. — La anulación de la decisión de la parte demandante por la que se desestima dicha candidatura. — La reparación del perjuicio material y moral que el demandante alega haber sufrido.

Resultado:

Condena de la Institución al pago de una indemnización y desestimación del recurso en todo lo demás

Resumen de la sentencia

Tras la «republicación», idéntica en todos sus términos, de una convocatoria para proveer plaza vacante, el demandante, que había presentado el impreso de candidatura correspondiente, interpuso un recurso de anulación contra «la decisión denegatoria implícita» de su candidatura cuya inadmisibilidad declaró el Tribunal de Primera Instancia mediante auto de 20 de mayo de 1994, Obst/Comisión (T-510/93, RecFP p. II-461).

Después de nombrar a otro candidato para el puesto y de notificar al demandante la decisión de desestimar su candidatura adoptada por la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN»), éste presentó una nueva reclamación contra el escrito del Comité consultivo de nombramientos (en lo sucesivo «CCN») en el que se le informaba de la conclusión contenida en su dictamen no 45/93 según la cual no debería tenerse en cuenta su candidatura para el puesto discutido, y contra la decisión de la AFPN.

Tras producirse la denegación implícita de su reclamación contra estas decisiones, el demandante interpuso el presente recurso.

Sobre las pretensiones de anulación del dictamen del CCN, en la medida en que indica que no debería tenerse en cuenta la candidatura del demandante

Sobre la admisibilidad

Sólo las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar directa e inmediatamente a los intereses del demandante, por modificar de forma caracterizada su situación jurídica, constituyen actos o decisiones susceptibles de recurso de anulación (apartados 22 y 23).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 13 de julio de 1993, Moat/Comisión (T-20/92, Rec. p. II-799), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/Comisión (T-586/93, RecFP p. II-203), apartados 28 y 29

El CCN sólo posee competencia consultiva. Por consiguiente, la deliberación del CCN constituye un acto de trámite, que, como tal, no puede afectar a la posición estatutaria del demandante ni, como consecuencia, resultarle lesivo (apartado 24).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T-27/90, Rec p II-35), apañado 27; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Moat/Comisión (T-58/92, Rec. p. II-1443), apartado 36; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-3/92, RecFP p. II-83), apañado 20; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 1994, Caló/Comisión (T-108/92, RecFP p. II-213), apartado 13

La tesis expuesta por el demandante, según la cual la AFPN no se consideró vinculada por el dictamen del CCN, no se apoya en ningún dato del expediente. El Tribunal de Primera Instancia considera, por tanto, que no procede apartarse de la jurisprudencia antes citada (apartado 25).

El hecho de que el demandante haya dirigido también su recurso contra la decisión adoptada por la AFPN al término del procedimiento de nombramiento no puede modificar esta apreciación. La regularidad de un acto de trámite sólo puede ser cuestionada, de manera incidental, al fundamentar un recurso interpuesto contra la decisión por la que se desestima la candidatura al término del procedimiento (apartado 26).

Referencia: Tribunalde Primera Instancia. 24 de enero de 1991, Latham/Comisión, antes citada; Caló/Comisión, antes citada, apartado 13

Sobre las pretensiones de anulación de la decisión de la parte demandada poiła que se desestima la candidatura del demandante, notificada mediante escrito de 22 de marzo de 1993

1. Sobre el motivo basado en la existencia de errores de procedimiento

Respecto a la cuestión de si la AFPN no realizó su propia apreciación de los méritos de los candidatos, el Tribunal de Primera Instancia destaca que del texto de la decisión de la Comisión de 19 de julio de 1988, relativa a la provisión de los puestos de trabajo de dirección intermedia, se deduce que el dictamen emitido por el CCN no vincula a la AFPN. Vistas las apreciaciones de hecho y dado que el demandante no ha aducido dato alguno que acredite que la APPN efectuó el nombramiento de que se trata sin ajustarse al procedimiento previsto en la decisión, procede desestimar este motivo (apartados 32 a 34)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión, antes citada, apartado 27

Por lo que se refiere a la decisión de publicar nuevamente la convocatoria para proveer plaza vacante, el Tribunal de Primera Instancia declaró ya en el auto dictado el 20 de mayo de 1994, el cual no ha sido recurrido en casación, que no cabe imputar a la Comisión una extralimitación a este respecto en la facultad de apreciación que posee la AFPN para seleccionar a los candidatos con las mejores aptitudes. De una jurisprudencia consolidada se deduce, por una parte, que la AFPN no está obligada a continuar un procedimiento de selección iniciado con arreglo al artículo 29 del Estatuto y, por otra, que los funcionarios, aun cuando cumplan los requisitos para poder ser promovidos, no tienen, sin embargo, un derecho subjetivo a la promoción. Por lo tanto, no procede acoger este motivo (apartado 35).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 14 de febrero de 1990, Hochbaum/Comisión (T-38/89, Rec. p. II-43); Tribunal de Justicia, 1 de junio de 1995, Coussios/Comisión, C-119/94 P, Rec. p. I-1439

En cuanto a la presunta irregularidad del procedimiento seguido por el CCN, basta observar que, con arreglo al apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento, procede declarar la inadmisión de este motivo, el cual sólo se suscitó en la fase oral. Por oiro lado, debe señalarse que la conclusión del CCN, según la cual el puesto debería proveerse en el nivel A 5/A 4, no puede excluir la candidatura del demandante, habida cuenta de que éste es funcionario de grado A 4 (apartado 36).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Benecos/Comisión (T-16/94, RecFP p. II-335)

2. Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 45 del Estatuto

La AFPN dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de evaluar el interés del servicio, así como los méritos que deben tenerse en cuenta respecto a la decisión de promoción prevista en el artículo 45 del Estatuto. El control del Juez comunitario debe limitarse a la cuestión de si, habida cuenta de las razones que han podido conducir a la administración a su decisión, ésta se ha mantenido dentro de unos límites no criticables y no ha ejercido su facultad de una manera manifiestamente errónea (apartado 44).

Referencia:Tribunalde Justicia, 23 de octubre de 1986, Vaysse/Comisión (26/85, Rec. p. 3131), apañado 26; Tribunal de Primera Instancia, 18 de febrero de 1993, Me Avoy/Parlamento (T-45/91, Rec. p. II-83), apañado 47

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que la función esencial de la convocatoria para proveer plaza vacante consiste en informar a los interesados de una manera tan exacta como sea posible acerca de la índole de las cualidades requeridas para ocupar el puesto. La convocatoria constituye de esta manera el marco de legalidad que la AFPN se impone a sí misma (apartado 46).

Referencia: Me Avoy/Parlamento, antes citada, apartado 48

El Tribunal de Primera Instancia considera que el perfil requerido para el puesto discutido era el de un especialista en la aplicación práctica de la normativa fitosanitaria. El examen del expediente no revela ningún dato que permita afirmar que la apreciación de los méritos de los candidatos adolezca de un error de hecho o de Derecho (apartados 47 a 56).

Referencia: Benecos/Comisión, antes citada, apartado 50

3. Sobre el motivo relativo a la desviación de poder o a la utilización de procedimiento inadecuado

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que el concepto de desviación de poder tiene un alcance muy concreto y se refiere al hecho de que una autoridad administrativa haya usado sus atribuciones con una finalidad distinta de aquella para la cual le fueron concedidas. Una decisión sólo incurre en desviación de poder cuando se manifiesta, de acuerdo con indicios objetivos, oportunos y concordantes, que fue adoptada para alcanzar una finalidad distinta de las que se alegan (apartado 62).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión (T-80/92, Rec. p. II-1464), apartado 70

Ahora bien, en el presente caso, los indicios invocados por el demandante no son oportunos ni concordantes (apartados 63 a 66).

4. Sobre el motivo basado en el incumplimiento del deber de asistencia y protección y de lealtad de la administración para con sus agentes

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, en lo que se refiere a la provisión de plazas vacantes, las exigencias del deber de asistencia y protección no pueden impedir que la AFPN adopte las medidas que considere necesarias en interés del servicio, ya que la provisión de todos los puestos de trabajo debe basarse, en primer lugar, en el interés antes citado. El control del Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a saber si la AFPN se ha mantenido dentro de unos límites no condenables, sin haber utilizado su facultad de apreciación de manera manifiestamente errónea (apartados 69 y 70).

Referencia: Turner/Comisión, antes citada, apañado 77; Tribunal de Justicia, 29 de junio de 1994, Klinke/Tribunal de Justicia (C-298/93 P, Rec. p. I-3009), apartado 38

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión no ha excedido los límites de su facultad de apreciación y, por consiguiente, tampoco ha incumplido el deber de asistencia y protección que le incumbe (apartados 71 y 72).

Referencia: Tribunal de Justicia, 24 de marzo de 1983, Colussi/Parlamento (298/81, Rec. p. 1131)

5. Sobre el motivo relativo a la violación del principio de igualdad de trato

El Tribunal de Primera Instancia considera que el demandante no puede ampararse en el principio de igualdad de trato invocando en su beneficio una ilegalidad cometida en favor de otra persona (apartados 74 y 75).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 14 de mayo de 1991, Zoder/Parlamento (T-30/90, Rec. p. II-207), apartado 26

6. Sobre el motivo basado en la falta de motivación

La AFPN no está obligada a motivar las decisiones de promoción respecto de los candidatos que no hayan sido promovidos, en cambio, está obligada a motivar su decisión desestimatoria de una reclamación formulada por un aspirante que no haya sido promovido. La falta absoluta de motivación de una decisión no puede quedar subsanada mediante unas explicaciones de la AFPN posteriores a la interposición del recurso pues, en esa fase, tales explicaciones pierden su utilidad que es, por una parte, proporcionar al interesado una indicación suficiente para apreciar la procedencia de la desestimación de su candidatura y la oportunidad de interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y, por otra, permitir a éste ejercer su control. En el presente asunto, este Tribunal considera que la desestimación de la candidatura del demandante no tuvo lugar en un contexto conocido de este último, en el sentido expuesto por la jurisprudencia, que dispensara a la Comisión de la obligación de motivar su decisión. El mero conocimiento de los trabajos preparatorios de la creación de la nueva unidad no podía bastar al demandante para conocer de forma suficientemente precisa los motivos concretos que condujeron a la AFPN a desestimar su candidatura. Por consiguiente, procede estimar este motivo (apartados 79 y 80).

Referencia: Kotzonis/Comisión, antes citada, apartado 105

No obstante, procede analizar las consecuencias de este incumplimiento de la obligación de motivación. El Tribunal de Primera Instancia considera que la anulación de la decisión desestimatoria de la candidatura del demandante constituiría una sanción desproporcionada y que la concesión de una indemnización constituye la forma de reparación que más conviene a los intereses del demandante y a las exigencias del servicio. De lo que antecede se deduce que procede desestimar las pretensiones de anulación (apartados 81 y 82).

Sobre las pretensiones destinadas a que se declare que la desestimación de las candidaturas del demandante para el puesto discutido se ha llevado a cabo de forma ilegal

A la vista del auto del Tribunal de Primera Instancia de 20 de mayo de 1994 y habida cuenta de que esta pretensión persigue esencialmente el mismo resultado que la pretensión anterior, que ha sido desestimada, procede, a su vez, desestimarla (apartado 84).

Sobre las pretensiones tendentes a la reparación del perjuicio material y moral

Es jurisprudencia reiterada que para que la Comunidad incurra en responsabilidad es necesario que concurran una serie de requisitos: la ilegalidad de la conducta que se imputa a las Instituciones, que se haya producido el daño alegado y que exista una relación de causalidad entre esta conducta y dicho daño. En el presente caso, el demandante no puede alegar ningún perjuicio material que pudiera resultar para él del hecho de que el puesto objeto de litigio se proveyera en el grado A 4, categoría que ostenta actualmente el demandante. Además, procede desestimar las pretensiones tendentes a la reparación del perjuicio material o moral siempre que, como en le presente caso, presenten una estrecha relación con las pretensiones de anulación que han sido, por su parte, inadmitidas o desestimadas (apartados 86 a 88).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 16 de julio de 1992, Della Pietra/Comisión (T-1/91, Rec p II-2145)- Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comision, antes citada, apartado 43; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Com.sion, antes citada, apartado 63

El Juez comunitario debe examinar de oficio si la Comisión ha cumplido la obligación que le incumbe de motivar la decisión desestimatoria de la candidatura. De lo que precede se deduce que no puede privarse a ningún demandante de esgrimir este motivo por el mero hecho de que no lo haya invocado en su reclamación (apartado 89).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 14 de julio de 1994, Grynberg y Hall/Comisión (T-534/93, RecFPp. II-595)

La falta absoluta de motivación de una decisión constituye un acto lesivo que da derecho a la reparación del perjuicio moral sufrido por el demandante. El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, al poseer competencia jurisdiccional plena en los litigios de carácter pecuniario, puede condenar a la Institución demandada al pago de una indemnización por el daño moral causado por su acto lesivo, aunque las pretensiones al respecto no hayan sido formuladas en debida forma (apartado 90).

Referencia: Kotzonis/Comisión, antes citada, apartado 108

Para evaluar el daño sufrido, procede considerar que el demandante se ha visto obligado a iniciar un procedimiento judicial para conocer la motivación de la decisión que desestima su candidatura. El Tribunal de Primera Instancia considera, al evaluar el perjuicio sufrido ex aequo et bono, que la concesión de un importe de 2.000 ECU constituye una indemnización adecuada (apartado 91).

Fallo:

1) Se condena a la Comisión a pagar al demandante la suma de 2.000 ECU en concepto de indemnización por daños y perjuicios por acto lesivo.