ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
C 289/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de junio de 2021 — The Yokohama Rubber Co. Ltd / Pirelli Tyre SpA (C-818/18 P), Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) / Pirelli Tyre SpA (C-6/19 P)

(Asuntos acumulados C-818/18 P y C-6/19 P) (1)

(Recurso de casación - Marca de la Unión Europea - Motivos de denegación absolutos o de anulación de registro - Signo constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico - Reglamento (CE) n.o 40/94 - Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) - Signo constituido por una forma que no representa una parte significativa del producto)

(2021/C 289/04)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

(Asunto C-818/18 P)

Recurrente: The Yokohama Rubber Co. Ltd (representantes: D. Martucci y F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Otras partes en el procedimiento: Pirelli Tyre SpA (representantes: T. M. Müller y F. Togo, Rechtsanwälte), Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (representante: J. Ivanauskas, agente)

Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: European Association of Trade Mark Owners (Marques), (representante: M. Viefhues, Rechtsanwalt)

(Asunto C-6/19 P)

Recurrente: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (representante: J. Ivanauskas, agente)

Otras partes en el procedimiento: Pirelli Tyre SpA (representantes: T. M. Müller y F. Togo, Rechtsanwälte), The Yokohama Rubber Co. Ltd (representantes: D. Martucci y F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: European Association of Trade Mark Owners (Marques) (representante: M. Viefhues, Rechtsanwalt)

Fallo

1) Desestimar los recursos de casación en los asuntos C-818/18 P y C-6/19 P.

2) Condenar a The Yokohama Rubber Co. Ltd y a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) a cargar, a partes iguales, con sus propias costas relativas a los procedimientos de los recursos de casación en los asuntos C-818/18 P y C-6/19 P, y con las de Pirelli Tyre SpA relativas a dichos procedimientos.

3) European Association of Trade Mark Owners (Marques) cargará con sus propias costas.

(1) DO C 148 de 29.4.2019.
C 44/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de diciembre de 2020 — República de Polonia / Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-626/18) (1)

(Recurso de anulación - Directiva (UE) 2018/957 - Libre prestación de servicios - Desplazamiento de trabajadores - Condiciones de trabajo y empleo - Retribución - Duración del desplazamiento - Determinación de la base jurídica - Artículos 53 TFUE y 62 TFUE - Modificación de una directiva existente - Artículo 9 TFUE - Principio de no discriminación - Necesidad - Principio de proporcionalidad - Reglamento (CE) n.o 593/2008 - Ámbito de aplicación - Transporte por carretera - Artículo 58 TFUE)

(2021/C 44/04)

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: República de Polonia (representantes: B. Majczyna y D. Lutostańska, agentes)

Demandadas: Parlamento Europeo (representantes: inicialmente, M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, A. Pospíšilová Padowska y L. Visaggio, posteriormente, M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, L. Visaggio y A. Tamás, agentes), Consejo de la Unión Europea (representantes: inicialmente, E. Ambrosini, K. Adamczyk Delamarre y A. Norberg, posteriormente, E. Ambrosini, A. Sikora-Kalėda, Z. Bodnar y A. Norberg, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo del Parlamento Europeo: República Federal de Alemania (representantes: inicialmente, J. Möller y T. Henze, posteriormente, J. Möller, agentes), República Francesa (representantes: E. de Moustier, A.-L. Desjonquères y R. Coesme, agentes), Reino de los Países Bajos (representantes: M. K. Bulterman, C. Schillemans y J. Langer, agentes), Comisión Europea (representantes: M. Kellerbauer, B.-R. Killmann y A. Szmytkowska, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo del Consejo de la Unión Europea: República Federal de Alemania (representantes: inicialmente, J. Möller y T. Henze, posteriormente J. Möller, agentes), República Francesa (representantes: E. de Moustier, A.-L. Desjonquères y R. Coesme, agentes), Reino de los Países Bajos (representantes: M. K. Bulterman, C. Schillemans y J. Langer, agentes), Reino de Suecia (representantes: inicialmente, C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg y H. Eklinder, posteriormente, C. Meyer-Seitz, H. Shev y H. Eklinder, agentes), Comisión Europea (representantes: M. Kellerbauer, B.-R. Killmann y A. Szmytkowska, agentes)

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar a la República de Polonia a cargar con sus propias costas y con las del Parlamento Europeo y las del Consejo de la Unión Europea.

3) La República Federal de Alemania, la República Francesa, el Reino de los Países Bajos, el Reino de Suecia y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 4 de 7.1.2019.
1)

Los artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, al mismo tiempo que establece el carácter imprescriptible de la acción cuyo objeto es declarar la nulidad de una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, somete a un plazo de prescripción la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de esa declaración, siempre y cuando ese plazo no sea menos favorable que el aplicable a recursos similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, en particular por la Directiva 93/13 (principio de efectividad).
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de mayo de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud — República Checa) — AGROBET CZ, s. r. o. / Finanční úřad pro Středočeský kraj

(Asunto C-446/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Deducción del IVA soportado - Excedente de IVA - Retención del excedente tras el inicio de un procedimiento de inspección tributaria - Solicitud de devolución de la parte del excedente relativa a las operaciones no afectadas por dicho procedimiento - Negativa de la Administración tributaria)

(2020/C 240/03)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Nejvyšší správní soud

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: AGROBET CZ, s. r. o.

Recurrida: Finanční úřad pro Středočeský kraj

Fallo

Los artículos 179, 183 y 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a la luz del principio de neutralidad fiscal, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que no prevé la posibilidad de que, antes de la terminación de un procedimiento de inspección tributaria relativo a una declaración del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que refleja un excedente en un período impositivo determinado, la Administración tributaria conceda la devolución de la parte de dicho excedente relativa a las operaciones que no son objeto de ese procedimiento en el momento de su inicio, siempre que no sea posible determinar de forma clara, precisa e inequívoca que un excedente de IVA, cuyo importe puede ser eventualmente inferior al referido a las operaciones no afectadas por dicho procedimiento, subsistirá cualquiera que sea el resultado de este, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 328 de 17.9.2018.
1)

El artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que la ayuda para la integración de los niños y adolescentes con discapacidad mental, prevista en el artículo 35a del libro VIII del Sozialgesetzbuch (Código de Seguridad Social), no constituye una prestación a efectos de dicho artículo 3 y, por consiguiente, no está comprendida en el ámbito de aplicación material de ese Reglamento.
1)

El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 90/619/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, Segunda Directiva sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE, en su versión modificada por la Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, en relación con el artículo 31 de la Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida), el artículo 35, apartado 1, de la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida, en relación con el artículo 36, apartado 1, de dicha Directiva, y el artículo 185, apartado 1, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), en relación con el artículo 186, apartado 1, de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que el plazo para ejercer el derecho a renunciar a un contrato de seguro de vida comienza a correr a partir del momento en que se informe al tomador de que se celebra el contrato, aun cuando la información remitida por la empresa de seguros a dicho tomador: — no especifique que el derecho nacional aplicable al contrato no establece ningún requisito formal para el ejercicio de dicho derecho de renuncia o bien — indique requisitos formales que en realidad ni el Derecho nacional aplicable a dicho contrato ni sus cláusulas contractuales exigen, siempre que tal indicación no prive a los tomadores de la posibilidad de ejercer su derecho de renuncia, en esencia, en las mismas condiciones que si la información hubiera sido exacta. Corresponde a los órganos jurisdiccionales valorar, evaluándola globalmente, especialmente según el contexto legislativo nacional y los hechos de los litigios principales, si el error en que incurría la información remitida al tomador lo privaba de dicha posibilidad.
1)

El artículo 4, punto 10, del Reglamento (UE) n.o 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un requerimiento de pago, como el que es objeto del procedimiento principal, que no es ejecutivo, no está comprendido en el concepto de «documento público con fuerza ejecutiva», en el sentido de dicha disposición.
C 432/10

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 7 de noviembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, anteriormente Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (C-365/18)

(Asuntos acumulados C-364/18 y C-365/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Directiva 94/22/CE - Energía - Condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos - Cánones - Métodos de cálculo - Índices QE y Pfor - Carácter discriminatorio)

(2019/C 432/10)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partes en el procedimiento principal

(Asunto C-364/18)

Demandante: Eni SpA

Demandadas: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

con intervención de: Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, anteriormente Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, Regione Basilicata, Comune di Viggiano, Regione Calabria, Comune di Ravenna, Assomineraria

(Asunto C-365/18)

Demandante: Shell Italia E & P SpA

Demandadas: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, anteriormente Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico

con intervención de: Regione Basilicata, Comune di Viggiano, Assomineraria

Fallo

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos, analizado a la luz de su sexto considerando, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual el importe de los cánones que adeudan los titulares de concesiones de extracción de gas natural se calcula en función de un índice basado en las cotizaciones del petróleo y de otros combustibles a medio y largo plazo, y no de un índice que refleje el precio de mercado del gas natural a corto plazo.

(1) DO C 294 de 20.8.2018.
2)

Anular la Decisión (PESC) 2015/364 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/357 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, la Decisión (PESC) 2016/318 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, la Decisión (PESC) 2017/381 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/374 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la parte en que se refieren al Sr. Oleksandr Viktorovych Klymenko.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de julio de 2019 — Comisión Europea/NEX International Limited, anteriormente Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd

(Asunto C-39/18 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Sector de los derivados sobre tipos de interés en yenes japoneses - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE - Responsabilidad de una empresa por su papel de facilitador del cártel - Cálculo de la multa - Obligación de motivación)

(2019/C 305/15)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: B. Mongin, M. Farley, T. Christoforou y V. Bottka, agentes)

Otras partes en el procedimiento: NEX International Limited, anteriormente Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (representantes: C. Riis-Madsen, advokat, y S. Frank, avocat)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación

2) Condenar en costas a la Comisión Europea.

(1) DO C 142 de 23.4.2018.
C 131/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de febrero de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por la Labour Court, Irlanda — Irlanda) — Tomás Horgan, Claire Keegan/Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland, Attorney General

(Asunto C-154/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Directiva 2000/78/CE - Artículo 2, apartado 2, letra b) - Discriminación indirecta por motivos de edad - Personal docente recién incorporado - Fecha de incorporación - Escala salarial y clasificación en escalón en la fecha de incorporación inferiores a las aplicables al personal docente ya en funciones)

(2019/C 131/16)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Labour Court, Irlanda

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Tomás Horgan, Claire Keegan

Demandadas: Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland, Attorney General

Fallo

El artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que una medida como la controvertida en el litigio principal, que a partir de una determinada fecha prevé, al incorporar nuevo personal docente, la aplicación de una escala salarial y una clasificación en escalón inferiores a las aplicadas, en virtud de las reglas anteriores a dicha medida, a los profesores que se incorporaron antes de esa fecha, no constituye una discriminación indirecta por razón de la edad en el sentido de la referida disposición.

(1) DO C 166 de 14.5.2018.
1)

El artículo 7, punto 5, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no es competente para conocer de un litigio relativo a una demanda de indemnización interpuesta en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, y dirigida contra una compañía aérea establecida en otro Estado miembro por el hecho de que dicha compañía tiene una sucursal en la demarcación del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda, no habiendo participado dicha sucursal en la relación jurídica entre la compañía y el pasajero afectado.
2)

En el supuesto de que no puedan interpretarse las disposiciones nacionales de conformidad con la Directiva 2000/78, los tribunales nacionales estarán obligados a garantizar en el marco de sus competencias la protección jurídica que para los justiciables se deriva de dicha Directiva y garantizar la plena eficacia de esta, sin que pueda aplicarse ninguna disposición nacional contraria. El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que, a partir del momento en que se haya constatado la existencia de una discriminación contraria al Derecho de la Unión y mientras no se adopten medidas que restablezcan la igualdad de trato, dicho restablecimiento implicará, en casos como el controvertido en el litigio principal, la concesión al personal laboral perjudicado por el régimen anterior de retribuciones y promoción de las mismas ventajas de que hubiera podido disfrutar el personal laboral favorecido por dicho régimen, tanto en el cómputo de períodos de servicio que se hubieran cubierto antes de cumplir 18 años como en la promoción en el escalafón retributivo y, en consecuencia, la concesión de una compensación económica al personal laboral discriminado por un importe igual a la diferencia entre el importe de la retribución que debería haber percibido si no se lo hubiera tratado de manera discriminatoria y el importe de la remuneración efectiva que percibió.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 7 de marzo de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Suez II Water Technologies & Solutions Portugal, Unipessoal Lda, anteriormente GE Power Controls Portugal Unipessoal, Lda/Fazenda Pública

(Asunto C-643/17) (1)

(Procedimiento prejudicial - Unión aduanera - Reglamento (CEE) n.o 2913/92 - Artículo 37 - Código aduanero comunitario - Reglamento (CEE) n.o 2454/93 - Artículo 313 - Estatuto aduanero de las mercancías - Presunción del carácter comunitario de las mercancías)

(2019/C 148/04)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Supremo Tribunal Administrativo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Suez II Water Technologies & Solutions Portugal, Unipessoal Lda, anteriormente GE Power Controls Portugal Unipessoal, Lda

Recurrida: Fazenda Pública

Fallo

El artículo 313 del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 75/98 de la Comisión, de 12 de enero de 1998, debe interpretarse en el sentido de que se ha de considerar que mercancías como las controvertidas en el litigio principal, que han sido entregadas y facturadas por empresas establecidas en terceros países a una sociedad establecida en el territorio aduanero de la Unión a fin de ser utilizadas en él, han sido introducidas en dicho territorio conforme al artículo 37 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, y que están comprendidas en la excepción prevista en el artículo 313, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.o 75/98, puesto que el estatuto de mercancías comunitarias solo se reconoce a las mercancías en relación con las cuales se ha presentado la prueba de que han sido sometidas a los procedimientos de despacho a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión.

(1) DO C 52 de 12.2.2018.