En segundo lugar, por lo que se refiere a la cuestión de la definición de la categoría de personas autorizadas a participar en la acción especial que se discute en el caso de autos, se sabe que la Comisión dio importancia al principio que establece el artículo 7 del Reglamento no 805/68 para la salida al mercado de los productos comprados por los organismos de intervención, y con arreglo al cual se garantizará «la igualdad de acceso a las mercancías, así como la igualdad de trato de los compradores». A juicio de la demandante, por el contrario, se habría debido velar principalmente por que la industria de transformación resultase beneficiada. Si se hubiese querido evitar cualquier discriminación contra ella, se habría debido reservar en su favor la participación en la acción especial que se discute. En realidad, tal comportamiento tampoco resulta contrario al principio enunciado por la Comisión. En efecto, el Reglamento (CEE) no 98/69 [DO 1969, L 14, p. 2; EE 03/03, p. 57; en la versión del Reglamento (CEE) no 429/77; DO 1977, L 61, p. 18; EE 03/12, p. 35] recoge una interpretación oficial del referido principio. En aplicación de dicho Reglamento, se admiten plenamente las diferenciaciones llevadas a cabo con arreglo a criterios objetivos; concretamente, es posible prever condiciones particulares -y esto se aplica también al régimen de vinculación- cuando se trata de la salida al mercado de productos destinados a una utilización particular. Según la demandante, también es interesante señalar que, en el marco de un régimen especial de importación análogo (importación de bovinos machos jóvenes destinados al engorde de conformidad con el artículo 13 del Reglamento no 805/68), el Reglamento (CEE) no 2902/77 concedió sin equívoco prioridad a los productores agrícolas, desviándose en este punto del criterio adoptado por el Reglamento no 2900/77, el cual, en realidad, concede prioridad al comercio.

Por lo que se refiere a este motivo de impugnación, es preciso poner de relieve, en primer lugar, que la última observación alegada no constituye seguramente una argumentación válida, habida cuenta de que el régimen de importación aplicable a los bovinos jóvenes se circunscribe a la suspensión total o parcial de la exacción reguladora (artículo 13 del Reglamento no 805/68, en la versión del Reglamento no 425/77), es decir, que no prevé ningún tipo de vinculación con la salida al mercado de carnes en poder de los organismos de intervención, como sí lo hace el artículo 14 del Reglamento no 805/68.

Hay otro elemento que también me parece convincente: El hecho de que la normativa no podía circunscribirse a la industria de transformación, habida cuenta de que se trata de la importación de carnes y de que numerosos interesados -y en Italia esto se aplica sobre todo a las pequeñas empresas de transformación— no importan directamente sino valiéndose de intermediarios comerciales. Tales interesados no habrían podido beneficiarse del régimen preferencial en el marco de la regulación preconizada por la demandante, resultado éste que habría constituido ciertamente una discriminación; en efecto, el artículo 11 del Reglamento no 585/77, en la redacción que le dio el Reglamento no 1384/77, se opone a la obtención en nombre propio de certificados de importación y a su ulterior cesión a los importadores.

Por otra parte, debe considerarse que, en principio, es posible una vinculación con arreglo al artículo 14 del Reglamento no 805/68, ya que no existe ninguna limitación clara a este respecto; por consiguiente, no sólo es posible vincular las importaciones con exención de la exacción reguladora a la salida al mercado de carnes en poder del organismo de intervención que únicamente son utilizables para su transformación, sino que también se pueden vincular dichas importaciones con la salida al mercado de carnes en poder de los organismos de intervención en general, es decir, incluyendo las carnes destinadas a una utilización ordinaria. Parece ser que, a la vista de las circunstancias del caso de autos, se ha escogido en realidad la segunda posibilidad. Es lo que cabe deducir de una declaración de la demandante según la cual no se trataba de carnes en poder de las organizaciones de intervención destinadas a la industria de transformación. Esta opinión viene corroborada por el ya mencionado balance estimativo del Consejo, de 13 de diciembre de 1977, balance en el que se basó el anuncio de licitación del mes de enero de 1978. En dicho balance se reflejaban, por una parte, las necesidades de la industria de transformación, y, por otra parte, las cantidades disponibles en la Comunidad, cantidades integradas, entre otras, por las existencias públicas y privadas, los contingentes arancelarios y las importaciones procedentes de los países ACP. Si de lo anterior se deduce que quedaba por cubrir un déficit de 50.000 toneladas para las necesidades de la industria de transformación, con respecto a la cual convenía prever la posibilidad de importaciones especiales, ello tan sólo puede significar que no se consideró necesario reservar además a la industria de transformación las carnes en poder de los organismos de intervención y vinculadas a las importaciones. Pero tratándose de una vinculación de esta naturaleza, evidentemente está excluida la posibilidad de prever la obligación de transformar las referidas carnes en poder de los organismos de intervención, como solicita la demandante. Resulta igualmente insensato reservar a las industrias de transformación el dar salida a dichas carnes, en poder de los organismos de intervención, ya que de esta manera se obligaría a tales industrias a desempeñar un papel ajeno a sus actividades, como es el de comerciante. En semejante supuesto, será preciso, por el contrario, hacer hincapié en el principio recogido en el artículo 7 del Reglamento no 805/68 y, tal como ha hecho la Comisión, garantizar la igualdad de acceso a la acción de vinculación de todos los agentes económicos interesados.

A lo anterior hay que añadir -y de este modo se pone de relieve con claridad que no se puede imputar a la Comisión ilegalidad alguna— el hecho de que, en realidad, no puede hablarse de una igualdad de trato para todos los agentes económicos interesados, sino que, por el contrario, se puso de relieve que la industria de transformación disfrutaba de una situación privilegiada. En efecto, se procuró de modo satisfactorio velar por que los restantes interesados a los que se permitió tener acceso a las importaciones preferenciales destinasen las carnes importadas a la utilización prescrita, es decir, a su transformación. A este respecto, permítaseme citar el artículo 9 del Reglamento no 585/77, en la redacción que le dio el Reglamento no 1384/77, a cuyo tenor el certificado deberá mencionar el establecimiento en el que la carne se destinará a la fabricación de conservas. Por otra parte, a tenor del artículo 11 de dicho Reglamento el solicitante se comprometerá por escrito, bien a efectuar él mismo, bien a hacer efectuar bajo su responsabilidad las operaciones de transformación, y deberá aportar la prueba de que la fabricación de las conservas en el establecimiento indicado en la solicitud ha recabado el acuerdo del responsable de dicho establecimiento. Por último, debe hacerse referencia al artículo 11 bis, redactado de tal manera que, por efecto del Reglamento no 2901/77, completa el Reglamento no 585/77.

A la vista de todos estos elementos, no puede afirmarse que sólo pueda considerarse legal la normativa cuando se haya concebido con arreglo a las propuestas de la demandante. Por el contrario, precisamente porque dicha normativa tiene en cuenta tanto el principio de igualdad de acceso a la carne en poder de los organismos de intervención como el principio del régimen preferencial para la industria de transformación, es preciso hacer constar que la misma se ajusta a las normas de la organización común en el sector de la carne de bovino y que en modo alguno vulnera el principio de no discriminación.