ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

a) ¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 49 CE en el sentido de que son contrarios, en principio, a una normativa de un Estado miembro como la del artículo 3, en relación con los artículos 14 y s. y 21 de la Glücksspielgesetz (Ley austriaca sobre los juegos de azar), según la cual: — únicamente puede otorgarse una licencia para sorteos (p. ej. loterías, loterías electrónicas, etc.) por un período de hasta 15 años a un único solicitante, que entre otras cosas, ha de ser una sociedad de capital con domicilio social en el interior del país, no puede establecer filiales fuera de Austria, tiene que disponer de un capital social desembolsado de al menos 109 000 000,00 de euros y del que, por las circunstancias, quepa esperar que se alcanzará la mayor recaudación de impuestos para el Estado federal; — únicamente puede otorgarse una licencia de casino por un período de hasta 15 años a un máximo de 12 solicitantes, que, entre otras cosas, han de ser una sociedad anónima con domicilio social en el interior del país, no pueden establecer filiales fuera de Austria, tienen que disponer de un capital social desembolsado de 22 000 000,00 de euros, y de los que, por razón de las circunstancias, quepa esperar que se alcanzará la mayor recaudación de impuestos para las entidades territoriales? Estas cuestiones se plantean en particular ante el hecho de que Casinos Austria AG es titular del total de las 12 licencias de casino, que fueron otorgadas el 18 de diciembre de 1991 por un período máximo de 15 años y que mientras tanto fueron prorrogadas sin licitación o anuncio público. b) En caso de respuesta afirmativa, ¿puede justificarse tal normativa por razones de interés general en que se limiten las apuestas, cuando los titulares de una licencia por su parte llevan a cabo una política expansionista en el ámbito de los juegos de azar mediante publicidad intensa dentro de una estructura de cuasi monopolio? c) En caso de respuesta afirmativa, ¿ha de considerar el órgano jurisdiccional remitente al examinar la proporcionalidad de tal normativa, por la que se pretende prevenir delitos sometiendo a control a los operadores económicos activos en dicho ámbito y encauzando la actividad de los juegos de azar de manera que esté sometida a los referidos controles, que están comprendidos en ella los prestadores de servicios transfronterizos, que de todos modos están sujetos en el Estado de su domicilio a estrictos requisitos y controles relacionados con su licencia?
4)

a) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión y de que sea necesario un certificado relativo al impuesto de sociedades: ¿Deben interpretarse los principios de efectividad y de efecto útil en el sentido de que se oponen a una norma, como el artículo 175, apartado 2, segunda frase, del AO en relación con el artículo 97, apartado 3, de la EGAO, con arreglo a la cual la presentación de un certificado relativo al impuesto de sociedades, a partir del 29 de octubre de 2004, ya no se considera un acontecimiento retroactivo que impide, desde el punto de vista del procedimiento, la imputación del impuesto de sociedades a efectos del crédito fiscal a expensas de la determinación definitiva del impuesto sobre la renta, sin que se haya concedido un período transitorio para solicitar el crédito fiscal del impuesto de sociedades? b) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión y de que no sea necesario un certificado relativo al impuesto de sociedades: ¿Deben interpretarse la libre circulación de capitales del artículo 56 CE, los principios de efectividad y del efecto útil en el sentido de que se oponen a una norma, como el artículo 175, apartado 1, número 2, de la AO, con arreglo a la cual debe modificarse una liquidación tributaria, en la medida en que se produzca un acontecimiento retroactivo, como la presentación de un certificado relativo al impuesto de sociedades, que permite el crédito fiscal del impuesto de sociedades en el caso de los dividendos nacionales, incluso cuando se trate de liquidaciones tributarias definitivas del impuesto sobre la renta, mientras que ello no sería posible en el caso de dividendos extranjeros en ausencia de un certificado relativo al impuesto de sociedades?
—

Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento (CE) no 273/2004 (1) sobre precursores de drogas y del Reglamento no 111/2005 (2) por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, al no haber adoptado las medidas nacionales necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 del Reglamento (CE) no 273/2004, al no haber comunicado dichas medidas con arreglo al artículo 16 de dicho Reglamento y al no haber adoptado las medidas nacionales necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 26, apartado 3, y 31 del Reglamento (CE) no 111/2005.
2)

En caso de respuesta afirmativa a las letras a) y b) del punto 1) y si se interpretan los artículos 56 y 43 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en el sentido de que se oponen al régimen fiscal de la retención descrito antes y, por lo tanto, la Administración está, en principio, obligada a restituir las cantidades percibidas con arreglo a dicho régimen en la medida en que lo han sido percibidas contraviniendo el Derecho comunitario, ¿es contrario ese Derecho, en el marco de un régimen que, en sí mismo, no se traduce en una posibilidad de que el sujeto pasivo pueda repercutir un impuesto sobre un tercero: a) a que la Administración pueda oponerse al reembolso de las cantidades pagadas por la sociedad matriz porque dicha restitución supondría un enriquecimiento sin causa para ésta, y b) en caso de respuesta negativa, a que pueda oponerse, para no ordenar la restitución a la sociedad de dicha cantidad, la circunstancia de que la cantidad pagada por la sociedad matriz no constituye para ésta una carga contable o fiscal sino que se imputa únicamente sobre la masa de las cantidades que pueden ser redistribuidas a sus accionistas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 167/4

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Schwerin (Alemania) el 4 de mayo de 2009 — André Grootes/Am für Landwirtschaft Parchim

(Asunto C-152/09)

2009/C 167/06

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Schwerin

Partes en el procedimiento principal

Demandante: André Grootes

Demandada: Am für Landwirtschaft Parchim

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Se puede considerar el reconocimiento de dificultades excepcionales en el sentido del artículo 40, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1782/2003, (1) en relación con las ayudas por superficie, también en el caso de que la medida medioambiental aún vigente el 15 de mayo de 2003 constituya únicamente el mantenimiento de un uso para pastos (permanentes), pero sucede en el tiempo sin solución de continuidad (o, al menos, «inmediatamente») a una medida en virtud de la cual unas tierras de cultivo se convirtieron en pastos permanentes?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Se puede considerar el reconocimiento de dificultades excepcionales en el sentido del artículo 40, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1782/2003, en relación con las ayudas por superficie, sólo en el caso de que se haya producido un cambio en el uso de tierras de cultivo en pastos en virtud de (precisamente) la participación en una medida medioambiental en el sentido de la citada disposición?

3) ¿Exige el reconocimiento de dificultades excepcionales en el sentido del artículo 40, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1782/2003, que el agricultor solicitante sea el mismo que haya llevado a cabo el cambio en el uso, o también puede invocar dificultades excepcionales en el sentido de dicha disposición un agricultor «incorporado» con posterioridad a la medida medioambiental?

(1) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (DO L 270, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 90/11

Petición de decisión prejudicial planteada por el VAT and Duties Tribunal, Manchester (Reino Unido) el 29 de enero de 2009 — Astra Zeneca UK Limited/The Commisioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-40/09)

2009/C 90/17

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Astra Zeneca UK Limited

Recurrida: The Commisioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales

1) En las circunstancias que concurren en el presente asunto, en el supuesto de que se reconozca a un empleado, con arreglo a las condiciones de su contrato de trabajo, la posibilidad de percibir parte de su retribución en forma de un vale de compra de determinado valor nominal, ¿debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, (1) Sexta Directiva IVA [actualmente artículo 2, apartado 1, letra c), de la Principal Directiva IVA], en el sentido de que la entrega de un vale de estas características a su empleado por parte del empresario constituye una prestación de servicios a título oneroso?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 6, apartado 2, letra b) [actualmente artículo 26, apartado 1, letra b)] en el sentido de que exige que la entrega del vale a su empleado por parte del empresario con arreglo al contrato de trabajo se considere prestación de servicios, cuando dicho vale esté destinado a ser utilizado por el empleado para atender a sus necesidades privadas?

3) En el supuesto de que la entrega del vale no constituya ni una prestación de servicios a título oneroso en el sentido del artículo 2, apartado 1, ni una prestación de servicios de las contempladas en el artículo 6, apartado 2, letra b), ¿debe interpretarse el artículo 17, apartado 2 [actualmente artículo 168] en el sentido de que permite que el empresario exija la devolución del IVA soportado por él en la adquisición y la entrega del vale a su empleado con arreglo al contrato de trabajo, cuando dicho vale esté destinado a ser utilizado por el empleado para atender a sus necesidades privadas?

(1) Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).
3)

¿Puede interpretarse artículo 2, número 1, del Reglamento (CE) no 1535/2003 de la Comisión (2), en el sentido de que los productos designados con los códigos NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92, ex 2008 70 94 y ex 2008 70 99 constituyen también productos acabados a efectos del Reglamento?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 82/9

Recurso de casación interpuesto el 12 de noviembre de 2008 por Matthias Rath contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) el 8 de septiembre de 2008 en el asunto T-373/06, Matthias Rath/Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Asunto C-488/08 P)

(2009/C 82/16)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Matthias Rath (representantes: S. Ziegler, C. Kleiner y F. Dehn, Rechtsanwälte)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 8 de septiembre de 2008 en el asunto T-373/06.

— Que se estimen las pretensiones formuladas en primera instancia.

— Que se condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, así como a la parte interviniente.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia confirmó la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, según la cual existe riesgo de confusión, en relación con los suplementos nutritivos y productos dietéticos con fines no médicos, entre la marca denominativa solicitada «EPICAN» y la marca denominativa comunitaria anterior «EPIGRAN».

La recurrente funda su recurso en una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento no 40/94. Señala que al analizar la similitud de los productos y la semejanza de las marcas, el Tribunal de Primera Instancia se basó en hechos erróneos. Considera que si el referido Tribunal hubiera examinado correctamente los hechos, debería haber llegado a la conclusión de que no existe ningún riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. Afirma que es así, en particular, porque, como sostuvo el Tribunal de Primera Instancia, el grado de atención del usuario de las mercancías objeto de litigio es elevado.
—

Que se anule el artículo 15 del Reglamento no 1954/2003 en la medida en que la derogación de los Reglamentos no 685/95 (3) y no 2027/95 (4): a) priva a la Comunidad de la competencia para fijar el esfuerzo pesquero en función no sólo de las especies perseguidas y de las zonas CIEM/CPACO sino también del tipo de arte de pesca utilizado y suprime la fijación del esfuerzo pesquero efectuada en el Reglamento no 2027/95; b) suprime la facultad de fijar el nivel máximo anual de esfuerzo pesquero por zona en relación con las especies de aguas profundas (es decir, las especies demersales contempladas en el Reglamento no 2347/2002) y suprime la fijación del nivel máximo anual de esfuerzo pesquero efectuada en el Reglamento no 2027/95; c) suprime la prohibición de acceso de los buques españoles a las aguas de las Azores para la pesca de atún y especies afines.
1)

El Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al interpretar y aplicar el Derecho comunitario en relación con los requisitos con arreglo a los cuales la Comunidad no incurre en responsabilidad extracontractual según el artículo 288 CE, apartado 2. Los recurrentes sostienen, en primer lugar, que la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia ignoró completamente el comportamiento ilegal imputado en el contexto de la determinación de la relación de causalidad y no lo investigó en su marco legal, cuando debería haberlo hecho para determinar la responsabilidad legal de la Comunidad. El Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al no apreciar correctamente, conforme al Derecho comunitario, la existencia de un nexo causal directo entre la conducta de las instituciones comunitarias y el perjuicio resultante sufrido por los recurrentes y al determinar que no había una relación de causalidad suficientemente directa entre la conducta de las instituciones comunitarias y el daño producido, basándose en que, o bien los recurrentes no mostraron una diligencia razonable y/o bien, que la responsabilidad recaía exclusivamente en las autoridades alemanas.
4.

La Comisión sostiene asimismo que el Derecho interno no se ha adaptado correctamente al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/409/CEΕ, porque no se ha previsto ningún procedimiento formal de clasificación de las zonas como ZPE, no hay ninguna referencia expresa ni vinculación alguna entre las especies del Anexo Ι y la obligación de clasificación de las ZPE y no se hace ninguna referencia a la obligación de tener en cuenta las tendencias y las variaciones en los niveles de población de las especies protegidas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 209/20

Recurso de casación interpuesto el 29 de abril de 2008 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) el 14 de febrero de 2008 en el asunto T-351/05, Provincia di Imperia/Comisión

(Asunto C-183/08 P)

(2008/C 209/28)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: Sres. D. Martin y L. Flynn, agentes)

Recurrida: Provincia di Imperia (Italia)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de febrero de 2008 en el asunto T-351/05.

— Que se declare la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la Provincia di Imperia en dicho asunto.

— Que se condene a la Provincia di Imperia al pago de las costas de la Comisión en el presente asunto.

Motivos y principales alegaciones

En su recurso de casación, la Comisión reprocha a la sentencia recurrida el que haya hecho caso omiso de los requisitos de admisibilidad de los recursos de anulación interpuestos al amparo del artículo 230 CE, en particular al estimar que la parte demandante ostentaba un interés en ejercitar la acción. En efecto, un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica sólo es admisible en la medida en que el resultado de dicho recurso pueda aportar un beneficio a la persona que lo interpone. Ahora bien, en el presente caso, el recurso de la parte demandante era manifiestamente inadmisible, dado que, por sí misma, una sentencia de anulación del acto impugnado no podía aportar «beneficio» alguno a dicha parte. En efecto, la concesión de una subvención es un acto de liberalidad realizado por la Comisión y, en consecuencia, quien presenta una solicitud de subvención en respuesta a una convocatoria de propuestas no tiene derecho alguno a obtener tal subvención.

Con carácter subsidiario, la Comisión alega que, incluso en el supuesto de que la demandante ostentase un interés en ejercitar la acción el día en que presentó su recurso, dicho interés habría desaparecido en todo caso el día en que se dictó la sentencia recurrida, dado que el presupuesto fijado para la convocatoria de propuestas ya estaba agotado y el período de programación había concluido.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 197/2

Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Países Bajos) el 23 de abril de 2008 — H.J. Nijemeisland/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Asunto C-170/08)

(2008/C 197/03)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandante: H.J. Nijemeisland

Demandada: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 3 bis del Reglamento (CE) no 795/2004 (1), en relación con el artículo 2, letras r) y s), del Reglamento (CE) no 2419/2001 (2), en el sentido de que mediante él únicamente se pretende evitar que se perpetúen las reducciones o exclusiones impuestas en virtud del Reglamento (CE) no 2419/2001, o también se aplica dicho artículo en el caso de reducciones o exclusiones impuestas en virtud de otros Reglamentos?

(1) Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 41, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducido por el Reglamento (CEE) no 3508/92 del Consejo (DO L 327, p. 11).
4.

Por el contrario, la Comisión considera que los servicios prestados a las Comunidades Autónomas por los registradores de la propiedad deben estar sujetos al IVA de acuerdo con la regla general contenida en el artículo 2 de la Sexta Directiva. Esta constatación deriva del hecho de que los registradores-liquidadores actúan como profesionales que organizan de modo autónomo e independiente los recursos humanos y materiales con vistas a la prestación del servicio, tal y como se exige por el artículo 4, apartado 1, de la mencionada Directiva, y que no se dan en este caso las características de subordinación y dependencia que resultan esenciales para que los servicios en cuestión puedan ser considerados como prestados por un funcionario a la Administración a la que pertenece y, en esta hipótesis, no sujetos al IVA. El registrador-liquidador no es ni un órgano administrativo de la Comunidad Autónoma, ni un elemento intrínseco, incorporado o interno de la misma, sino una parte independiente y diferenciada con la que la Comunidad Autónoma celebra un pacto de prestación de servicios a título oneroso.
2)

En el caso de un nacional de un Estado miembro que trabaje para una persona jurídica de Derecho público en virtud de un contrato laboral de Derecho privado por tiempo indefinido y al que le haya sido otorgada una autorización para el ejercicio de su profesión con arreglo a las disposiciones de la Directiva 89/48/CEE, tal como fueron integradas en el ordenamiento jurídico griego por el Decreto interministerial no A4/4112/247/1992, ¿están facultada las autoridades competentes, con arreglo a las disposiciones de la Directiva 89/48/CEE, tal como fueron integradas en el ordenamiento jurídico griego por el Decreto interministerial no A4/4112/247/1992 e interpretadas a la luz de lo dispuesto en los artículos 39, apartado 1, 40, párrafo primero, 43, 47, apartado 1, 49 y 55 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para denegarle el ejercicio de los derechos profesionales que se derivan de la autorización para el ejercicio de su profesión que le fue otorgada, por no haberse reconocido también la equivalencia académica de su título de enseñanza?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 158/13

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 21 de abril de 2008 — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, esposa de Hadadi (Hadady)

(Asunto C-168/08)

(2008/C 158/20)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Iaszlo Hadadi (Hadady)

Recurrida: Csilla Marta Mesko, esposa de Hadadi (Hadady)

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Se ha de interpretar el artículo 3, apartado 1, letra b) [del Reglamento (CE) no 2201/2003] (1), en el sentido de que debe hacer prevalecer la nacionalidad del tribunal que conoce del litigio, en el caso de que los cónyuges posean a la vez la nacionalidad del Estado del tribunal que conoce del litigio y la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea?

2) Si la respuesta a la anterior cuestión es negativa, ¿debe interpretarse dicha disposición en el sentido de que, cuando los cónyuges poseen cada uno dos nacionalidades, de los dos mismos Estados miembros, aquélla designa la nacionalidad más efectiva de ambas nacionalidades?

3) Si la respuesta a la anterior cuestión es negativa, ¿hay que considerar que dicha disposición ofrece a los cónyuges una opción adicional, consistente en que pueden a su elección ejercer la acción ante uno u otro de los tribunales de los dos Estados cuya nacionalidad poseen ambos cónyuges?

(1) Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1).