SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 13 de enero de 1998

Asunto T-176/96

Cornells Volger

contra

Parlamento Europeo

«Funcionarios — Recurso de anulación — Admisibilidad — Decisión por la que se declara a un funcionario en situación de excedencia forzosa — Artículo 41 del Estatuto — Deber de asistencia y protección»

Texto completo en lengua francesa II-1

Objeto:

Recurso que tiene por objeto una pretensión de anulación, por una parte, de la decisión del Parlamento, de 1 de diciembre de 1995, poiła que se declaró al demandante en situación de excedencia forzosa a partir del 30 de noviembre de 1995, así como de todas las decisiones posteriores y conexas adoptadas en aplicación de dicha decisión y, por otra, de la decisión del Parlamento, de 3 de septiembre de 1996, poiła que se modificó la fecha de efectividad de la decisión de 1 de diciembre de 1995, fijándola en el 31 de enero de 1996.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

Mediante escrito de 21 de marzo de 1995, el Director General de la Dirección General del Personal, Presupuesto y Finanzas del Parlamento (DG 5) informó al demandante de que la Institución había decidido aplicar a varios funcionarios el artículo 41 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto), y de que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) tenía previsto suprimir su puesto de trabajo.

En ese mismo escrito, se instó al demandante a comunicar, antes del 3 de abril de 1995, si, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 41 del Estatuto, deseaba ser declarado en situación de excedencia forzosa. En caso de respuesta afirmativa o de que no respondiera antes de la fecha señalada, se precisaba que sería incluido de oficio en la lista de los funcionarios afectados por la medida de reducción del número de puestos de trabajo. En caso de respuesta negativa, se le instaba a presentar antes del 3 de abril de 1995 sus observaciones, seguir en las cuales la AFPN, previo informe de la Comisión paritaria y del Comité de informes, adoptaría bien una decisión por la que se le declarara en situación de excedencia forzosa, bien una decisión de traslado.

El 30 de marzo de 1995, el demandante manifestó que no se oponía a la supresión de su puesto de trabajo «siempre que no se vean afectados [sus] intereses personales». Desde esta óptica, propuso que la declaración en situación de excedencia forzosa no se efectuara hasta el final del ejercicio presupuestario y que su Institución le dispensara de ejercer sus funciones a menos que, entretanto, se le otorgara una promoción.

Mediante escrito de 26 de abril de 1995, el Director General de la DG 5 informò al demandante, por una parte, de que se iba a proponer que se le aplicara el artículo 41 del Estatuto a partir del 1 de diciembre de 1995 y, por otra, de que, con arreglo al artículo 55 del Estatuto, no era posible eximirle de la obligación de ejercer sus funciones antes de la fecha en que surtiera efecto la declaración en situación de excedencia forzosa, salvo si se tomaba unas vacaciones o solicitaba una excedencia voluntaria por interés personal.

Mediante escrito de 30 de octubre de 1995, dirigido al Presidente del Comité de personal, el demandante indicó que había llegado a su conocimiento que «durante una reciente reunión de la Comisión paritaria, [se] afirmó que [él] deseaba incondicionalmente ser declarado en situación de excedencia forzosa conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto». A continuación, precisaba que dicha afirmación era falsa y que no deseaba ser declarado en situación de excedencia forzosa.

El 24 de noviembre de 1995, tras haber recibido una «comunicación dirigida a los funcionarios y agentes temporales que cesan definitivamente en sus funciones», el demandante se dirigió por escrito al Sr. A., del Servicio de Pensiones de la División de Asuntos Sociales de la DG 5, con el fin de saber en que decisión se fundaba el envío de dicha comunicación.

Mediante escrito de 28 de noviembre de 1995, el Jefe de la División de Personal se dirigió por escrito al demandante para confirmarle los términos del escrito de 26 de abril de 1995 y señalarle que, tras haber recibido el informe de la Comisión paritaria y del Comité de informes, la administración había propuesto a la AFPN que le declarara en situación de excedencia forzosa a partir del 1 de diciembre de 1995. En dicho escrito se precisaba asimismo que la decisión oficial se le comunicaría tan pronto como fuera adoptada.

Mediante escrito de 27 de diciembre de 1995, el Parlamento notificò al demandante su decisión de 1 de diciembre de 1995 por la que se le declaraba en situación de excedencia forzosa «a partir del 30 de noviembre de 1995 por la tarde», así como su derecho a la indemnización establecida en el Anexo IV del Estatuto a partir del 1 de diciembre de 1995 (decisión de 1 de diciembre de 1995).

Mediante nota de 9 de enero de 1996, el Servicio de Pensiones fijó los derechos del demandante con arreglo al artículo 41 del Estatuto.

El 1 de abril de 1996, el demandante presentó una reclamación, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, contra la decisión de 1 de diciembre de 1995 y contra todas las decisiones posteriores y conexas (reclamación).

El 10 de septiembre de 1996, el Jefe del Servicio «Estatuto y gestión del personal» de la División de Personal de la DG 5 dirigió un escrito al demandante en el que le informaba de que la AFPN había decidido, «a raíz de la decisión de la autoridad presupuestaria de prorrogar durante el ejercicio de 1996 las posibilidades de aplicación del artículo 41 del Estatuto [...] que se habían decidido para 1995, y habida cuenta de [su] reclamación relativa a la fecha de efectividad de la decisión por la que se [le] declaraba en situación de excedencia forzosa», modificar la decisión de 1 de diciembre de 1995«de modo que surta efecto a partir del primer día siguiente a su notificación, a saber, el 1 de febrero de 1996». Como anexo de dicho escrito figuraba la decisión del Parlamento de 3 de septiembre de 1996.

El 18 de noviembre de 1996, el demandante presentó una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto contra la decisión de 3 de septiembre de 1996. El Parlamento denegó dicha reclamación mediante decisión de 9 de enero de 1997.

Sobre la admisibilidad

Mediante su decisión de 3 de septiembre de 1996, la AFPN no atendió las pretensiones del demandante en su totalidad. En efecto, mediante dicha decisión, la AFPN modificó la fecha de efectividad de la decisión de 1 de diciembre de 1995, pero no revocó la decisión por la que se declaraba al demandante en situación de excedencia forzosa. Por consiguiente, la decisión de 3 de septiembre de 1996 supone una denegación parcial explícita de la reclamación (apartado 37).

En consecuencia, el presente recurso no quedó por completo sin objeto, ya que la decisión de 1 de diciembre de 1995 no fue sustimida por una nueva decisión que estimara las pretensiones del demandante en su totalidad, sino que tan sólo se modificó teniendo en cuenta que el demandante había manifestado su disconformidad con la fecha de efectividad de la decisión por la cual se le había declarado en situación de excedencia forzosa (apartado 38).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de octubre de 1993, B./Comisión (T-41/93, Rec. p. II-1037), apartado 19

Procede declarar la admisibilidad del recurso en la medida que tiene por objeto impugnar la legalidad de la decisión de 1 de diciembre de 1995 por la que se declara al demandante en situación de excedencia forzosa (apartado 40).

Dado que la decisión de 3 de septiembre de 1996 constituyó una respuesta afirmativa a las imputaciones formuladas en la reclamación en relación con el carácter retroactivo de la decisión de 1 de diciembre de 1995, carecen de objeto las alegaciones invocadas por la parte demandante en el marco del presente recurso en relación con dichas imputaciones (apartado 41).

Sobre el fondo

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 25 del Estatuto y en la violación de los principios de confianza legítima, irretroactividad y seguridad jurídica

Las imputaciones basadas, respectivamente, en el efecto retroactivo de la decisión de 1 de diciembre de 1995 y en su publicación fuera de plazo en el Boletín Mensual del Personal de las Comunidades carecen de objeto, al haber fijado la AFPN en el 1 de febrero de 1996 la fecha de efectividad de la decisión de 1 de diciembre de 1995 (apartado 48).

La decisión de 3 de septiembre de 1996 no constituye una nueva decisión por la que se declara al interesado en situación de excedencia forzosa. Por tanto, al adoptar la decisión de 3 de septiembre de 1996 la AFPN no modificó la situación jurídica del demandante, sino que se limitó a modificar la fecha a partir de la cual se hizo efectiva la situación de excedencia forzosa (apartado 50).

Además, la imputación según la cual, en la medida en que produce efectos retroactivos, la decisión de 3 de septiembre de 1996 adolece de motivación insuficiente carece de fundamento (apartado 51).

En efecto, el Parlamento no estaba obligado a motivar el hecho de que la nueva fecha de efectividad no se fijara en una fecha posterior a la adopción de la decisión de 3 de septiembre de 1996. El escrito de 10 de septiembre de 1996 también proporciona explicaciones suficientes en relación con el hecho de que la autoridad presupuestaria prorrogara durante el ejercicio de 199 las posibilidades de aplicación del artículo 41 del Estatuto (apartados 52 y 53).

Por último, el demandante no está facultado para invocar la violación del principio de confianza legítima. El demandante no recibió de la administración garantía alguna con respecto a la revocación de la decisión de 1 de diciembre de 1995 por la cual se le declaró en situación de excedencia forzosa (apartado 54).

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 41 del Estatuto y en el incumplimiento del deber de asistencia y protección

La administración debe examinar las reclamaciones con un espíritu abierto. El motivo basado en la infracción del artículo 41 del Estatuto ya fue formulado previamente, en el marco del procedimiento administrativo, de una forma suficientemente clara como para que la AFPN tuviera ocasión de conocer las críticas del interesado contra la decisión impugnada (apartado 65).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de marzo de 1989, Del Amo Martínez/Parlamento (133/88, Rec. p. 689), apartado 11; Tribunal de Primera Instancia, 21 de febrero de 1995, Moat/Comisión (T-506/93, RecFP p. II-147), apartado 18

Sobre la supuesta infracción del artículo 41 del Estatuto

Esta imputación debe entenderse en el sentido de que hubo una infracción del artículo 41 del Estatuto constituida por la inclusión de oficio del demandante en la lista de los funcionarios afectados por la medida de reducción del número de puestos de trabajo, pese a que el demandante no había expresado su deseo de ser declarado en situación de excedencia forzosa (apartado 66).

A este respecto, de una nota de 26 de septiembre de 1995 dirigida por el Director General de la DG 5 al Presidente de la Comisión paritaria y aportada por el Parlamento en la vista se desprende que se consideró que el demandante se hallaba incluido en la categoría de los «funcionarios que no habían expresado su deseo de ser declarados en situación de excedencia forzosa» (apartados 71 a 73).

La imputación basada en una infracción del artículo 41 del Estatuto carece de fundamento. Esta conclusión no se ve afectada en modo alguno por el hecho de que, en contra de la postura expuesta por la Administración, los comités consultivos consideraran, en el ejercicio de las competencias que les confiere el Estatuto, que el demandante había expresado su deseo de ser declarado en situación de excedencia forzosa (apartado 75).

Sobre el supuesto incumplimiento del deber de asistencia y protección

El deber de asistencia y protección de la administración para con sus agentes refleja el equilibrio de derechos y obligaciones recíprocos que el Estatuto creó en las relaciones entre la autoridad pública y los agentes del servicio público, y las exigencias del deber de asistencia y protección no pueden impedir a la AFPN adoptar las medidas que estime necesarias en interés del servicio. Además, si bien la autoridad que decide sobre la situación de un funcionario debe tener en cuenta no sólo el interés del servicio sino también el del funcionario interesado, esta consideración no puede impedir que la autoridad proceda a una racionalización de los servicios si lo considera necesario (apartado 76).

Referencia: Tribunal de Justicia, 29 de octubre de 1981, Arning/Comisión (125/80, Rec. p. 2539), apartado 19; Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1992, Eppe/Comisión (asuntos acumulados T-59/91 y T-79/91, Rec. p. II-2061), apartado 66.

En el presente caso, se cumplieron las exigencias impuestas por el deber de asistencia y protección (apartado 77).

Efectivamente, a raíz de las observaciones presentadas por el demandante el Parlamento propuso que el artículo 41 del Estatuto se aplicara a partir del 1 de diciembre de 1995. Además, el demandante dio pruebas de una indudable negligencia al no formular ninguna observación en respuesta al escrito del Director General de la DG 5 de 26 de abril de 1995 (apartados 78 y 79).

Por ùltimo, el documento aportado por el Parlamento en la vista pone de manifiesto que la situación del demandante se considerò tomando en cuenta los elementos enumerados en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 41 del Estatuto, a saber, la capacidad, el rendimiento, la conducta en el servicio, la situación familiar y la antigüedad de los funcionarios. Estos elementos, que la AFPN está obligada a tener en cuenta al confeccionar la lista de los funcionarios afectados por la medida de reducción del número de puestos de trabajo, figuran expresamente en el documento, acompañados de un comentario. Por otra parte, se explica que no se consideró que el demandante pudiera continuar su carrera en el seno de la Institución, «al no existir la posibilidad de trasladarle a un nuevo destino» con arreglo a los criterios expuestos en la misma nota (apartado 80).

Fallo:

Se desestima el recurso.