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El plazo de tres meses establecido en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto para presentar una reclamación contra un acto lesivo es de orden público y no puede quedar al arbitrio de las partes ni del juez, en la medida en que tiene como finalidad garantizar la claridad y seguridad de las situaciones jurídicas, así como la certeza del Derecho. En consecuencia, corresponde al juez de la Unión comprobar de oficio si se ha respetado dicho plazo.

Tanto una reclamación administrativa como el recurso ante los tribunales derivado de la misma deben ir dirigidos contra un acto lesivo para el demandante, en el sentido de los artículos 90, apartado 2, y 91, apartado 1, del Estatuto, debiendo considerarse acto lesivo aquel que afecta directa e inmediatamente a la situación jurídica del interesado.

Un recurso de anulación interpuesto contra una decisión puramente confirmatoria de una decisión anterior que no ha sido impugnada en los plazos señalados a tal fin es inadmisible. Una decisión es puramente confirmatoria de una decisión anterior si no contiene ningún elemento nuevo con respecto a un acto anterior y si no ha ido precedida de un nuevo examen de la situación del destinatario de dicho acto anterior.

Un escrito de la administración que contiene la decisión de resolver el contrato de un agente temporal de conformidad con el artículo 139, apartado 1, letra d), del Régimen aplicable a los otros agentes no permite que se alberguen dudas acerca de la voluntad de la autoridad facultada para celebrar los contratos de personal de poner fin al contrato del interesado y, en consecuencia, constituye un acto lesivo en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto.

Por el contrario, un escrito dirigido al interesado en el que se fija la fecha de terminación de su contrato no puede sino calificarse de simple confirmación de la decisión anterior de resolución del contrato.

(véanse los apartados 30, 33, 35 y 36)

Tribunal de Justicia: sentencias de 9 de marzo de 1978, Herpels/Comisión,54/77, EU:C:1978:45, apartados 11 a 14; de 10 de diciembre de 1980, Grasselli/Comisión,23/80, EU:C:1980:284, apartado 18, y de 21 de enero de 1987, Stroghili/Tribunal de Cuentas,204/85, EU:C:1987:21, apartado 6

Tribunal de Primera Instancia: autos de 27 de junio de 2000, Plug/Comisión,T‑608/97, EU:T:2000:167, apartado 22, y de 7 de septiembre de 2005, Krahl/Comisión,T‑358/03, EU:T:2005:301, apartado 38

Tribunal de la Función Pública: autos de 19 de diciembre de 2006, Suhadolnik/Tribunal de Justicia,F‑78/06, EU:F:2006:141, apartado 31; de 10 de septiembre de 2007, Speiser/Parlamento,F‑146/06, EU:F:2007:153, apartado 23; de 15 de julio de 2008, Pouzol/Tribunal de Cuentas,F‑28/08, EU:F:2008:100, apartado 45, y de 8 de septiembre de 2011, Pachtitis/Comisión,F‑51/11 R, EU:F:2011:130, apartado 28
Así pues, del compromiso expresado en una propuesta de bonificación de anualidades no se deriva ni una nueva obligación que recaiga en la institución en cuestión ni, por consiguiente, una modificación de la situación jurídica del interesado, en especial porque, incluso cuando el interesado da su consentimiento a la transferencia al régimen de pensiones de la Unión de los derechos a pensión adquiridos por él en otro régimen, la institución que formula la proposición no tiene la obligación correlativa, una vez efectuada la transferencia del importe del capital anunciado por el régimen de pensiones nacional, de reconocer automáticamente al interesado el número de anualidades indicadas en su propuesta inicial, a la vista de la cual el funcionario confirmó su voluntad de transferir dicho capital al régimen de pensiones de la Unión.

A este respecto, en la fase en que se formula la propuesta de bonificación de derechos a pensión, la institución de que se trate se compromete simplemente a aplicar correctamente a la situación del interesado el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto y las disposiciones generales de aplicación. Esta obligación de la institución se deriva directamente de las disposiciones estatutarias de que se trata, incluso cuando no exista un compromiso expreso por parte de la institución.

En el procedimiento de transferencia de los derechos a pensión regulado en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, es la decisión que adopte, según los casos, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad facultada para proceder a la contratación, una vez realizada efectivamente la transferencia del capital que representa los derechos a pensión adquiridos por el interesado antes de su entrada en funciones al servicio de la Unión, lo que constituye el acto lesivo que puede ser objeto de recurso con arreglo al artículo 270 TFUE y al artículo 91, apartado 1, del Estatuto. En cambio, una propuesta de bonificación de derechos a pensión, aunque haya sido aceptada por el interesado, no es un acto que pueda ser objeto de recurso con arreglo al artículo 270 TFUE y al artículo 91, apartado 1, del Estatuto.

Con arreglo al principio de economía procesal, el juez de la Unión puede decidir que no procede pronunciarse específicamente sobre las pretensiones dirigidas contra la decisión desestimatoria de la reclamación cuando constate que dichas pretensiones están desprovistas de contenido autónomo y, en realidad, se confunden con las dirigidas contra el acto impugnado en la reclamación. Éste puede ser el caso, en particular, cuando constate que la decisión desestimatoria de la reclamación se limita a confirmar el acto impugnado en la reclamación y que, además, tal acto no constituye un acto lesivo en el sentido del artículo 90 del Estatuto.

(véase el apartado 38)

Referencia:

Tribunal General: sentencia de 21 de septiembre de 2011, Adjemian y otros/Comisión, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, apartado 33

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 19 de noviembre de 2014, EH/Comisión, F‑42/14, EU:F:2014:250, apartado 85
El juez de la Unión no está facultado para tasar los honorarios que las partes adeudan a sus propios abogados, sino para determinar la cantidad máxima hasta la cual estas retribuciones pueden ser reclamadas a la parte condenada en costas. Para que se aprecie si los gastos que realizó a efectos del procedimiento eran indispensables, quien solicite la tasación de costas debe aportar indicaciones precisas. En este mismo sentido, el carácter global de la retribución no afecta a la apreciación que hace el Tribunal de la Función Pública de la cantidad recuperable en concepto de costas, ya que el juez se basa en criterios jurisprudenciales bien establecidos y en las indicaciones precisas que las partes deben aportarle. Si bien la falta de esas indicaciones no impide que el Tribunal determine, mediante una apreciación equitativa, el importe de las costas recuperables, lo coloca no obstante en una situación de apreciación necesariamente estricta con respecto a las peticiones del solicitante.

(véanse los apartados 24, 30 y 34)

Referencia:

Tribunal de Justicia: auto de 17 de febrero de 2004, DAI/ARAP y otros, C‑321/99 P-DEP, no publicado, EU:C:2004:103, apartado 23

Tribunal General: autos de 31 de marzo de 2011, Tetra Laval/Comisión, T‑5/02 DEP y T‑80/02 DEP, no publicado, EU:T:2011:129, apartado 68, y de 28 de mayo de 2013, Marcuccio/Comisión, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, apartado 16

Tribunal de la Función Pública: autos de 10 de noviembre de 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, apartado 22; de 26 de abril de 2010, Schönberger/ Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, apartado 24, y de 27 de septiembre de 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, apartados 40 y 41
Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

1. Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Desestimación expresa de la reclamación administrativa previa notificada con posterioridad a la resolución desestimatoria presunta que pone fin a la vía administrativa — Acto confirmatorio

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2. Procedimiento — Costas — Reparto — Circunstancias excepcionales

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 87, ap. 3, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 122)

1. La resolución desestimatoria expresa de una reclamación administrativa previa notificada al interesado con posterioridad al nacimiento de la resolución desestimatoria presunta que pone fin a la vía administrativa sólo es un acto meramente confirmatorio de esta última resolución y, en consecuencia, no puede ser considerada como un acto lesivo que, en aplicación del artículo 91, apartado 1, del Estatuto, pueda ser objeto de un recurso de anulación.

(véase el apartado 27)

2. Con arreglo al artículo 87, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, aplicable mutatis mutandis a los asuntos pendientes ante el Tribunal de la Función Pública con anterioridad a la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2007, de su propio Reglamento de Procedimiento, en circunstancias excepcionales, el Tribunal de la Función Pública podrá repartir las costas.

A este respecto, constituye una circunstancia excepcional que justifica que se repartan entre la institución de que se trate y el funcionario demandante los gastos en que haya incurrido éste a efectos del litigio el hecho de que, en el marco de un recurso desestimado por la presentación extemporánea de la reclamación previa, la administración no haya informado al interesado de que la resolución objeto de la reclamación sólo era un acto meramente confirmatorio y no podía ser recurrido en anulación y que, por otra parte, la administración no haya evocado el supuesto de una posible presentación extemporánea de la reclamación, de modo que, al vulnerar el deber de asistencia y protección, pudiera dar al funcionario la impresión errónea de que si pretendiera interponer un recurso, el mismo sería inadmisible.

(véanse los apartados 35 a 39)
8

La versión inglesa del apartado 6 de las DGA del CESE dispone: «In order to identify which applications best serve the interests of the service and to ensure complete transparency in the drawing-up of the list of officials who can benefit from the facility, a following points system shall be established based on the following criteria: [...] b) Length of [employment] [...] [...]»
57

El Tribunal observa que, además de que sus afirmaciones son muy genéricas, el demandante no ha expuesto ningún argumento jurídico en apoyo de su alegación según la cual, al adoptar la decisión impugnada, la AFPN no respetó el principio de igualdad de trato. Concretamente, no intentó demostrar que se le trató de modo menos favorable que a otro funcionario que se hallara en una situación jurídica parecida a la suya. Este motivo no puede sino declararse inadmisible con arreglo al artículo 35, apartado 1, letra e), del Reglamento de Procedimiento aplicable en el momento en que se presentó la demanda, actualmente, tras su modificación, artículo 50, apartado 1, letra e), del Reglamento de Procedimiento.
El mero hecho de que, incumpliendo las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 11 bis del Estatuto, un miembro del tribunal calificador que tiene una relación de parentesco con un candidato no haya informado a sus homólogos que forman parte del tribunal calificador encargado de un concurso en el que participa el candidato pariente no puede eximir a éste, en su condición de candidato a funciones cuya contratación exige, de conformidad con el artículo 27 del Estatuto, la demostración de las más altas cualidades de integridad, de su responsabilidad por no haber considerado por sí mismo útil informar a la Oficina Europea de Selección de Personal y/o al tribunal calificador de su relación de parentesco con un miembro del tribunal calificador, ya que dicho trámite es lo mínimo que puede esperarse de un candidato aspirante a ser seleccionado como funcionario de la Unión Europea, máxime en un contexto en el que la citada Oficina ha recordado, en repetidas ocasiones, a los candidatos la prohibición de ponerse en contacto con uno de los miembros del tribunal calificador.

En consecuencia, en el marco de su amplio margen de apreciación, un tribunal calificador, habilitado para elaborar la lista de aptitud de conformidad con el artículo 30 del Estatuto, está facultado para considerar que un candidato, debido a su relación de parentesco con un miembro del tribunal calificador, aunque esté en un ámbito conexo, se encuentra, sin saberlo el tribunal calificador, en una situación privilegiada en relación con otros candidatos al concurso general y tal situación puede menoscabar el requisito esencial de todo concurso, a saber, la garantía de igualdad de trato de todos los candidatos.

(véanse los apartados 36 y 53)
30

Sin embargo, el diálogo mantenido entre el demandante y el evaluador en ese procedimiento de evaluación no puede demostrar por sí mismo que, incluso de no haber concurrido la irregularidad de procedimiento constatada en el apartado 27 supra —es decir, incluso en el supuesto de que se hubiera oído al demandante antes de adoptar la decisión impugnada, dándole así la oportunidad de defenderse ante el riesgo de perder su empleo—, el procedimiento de renovación del contrato no habría podido desembocar en un resultado diferente, ya que los dos procedimientos de que se trata, de los cuales uno tiene por objeto la elaboración de un informe de evaluación y el otro la renovación o no de un contrato, tienen objetos ciertamente próximos, pero sin embargo diferentes, y pueden emplear criterios de valoración diferentes. En particular, el nivel de las prestaciones y de las competencias del agente de que se trate es sólo uno de los datos que la AFPC puede tener en cuenta cuando debe pronunciarse sobre la renovación de un contrato.
En el sistema de calificación establecido por la Comisión, habida cuenta de la importancia del derecho de todo funcionario calificado a que su informe sea examinado por un comité paritario constituido a tal efecto, el informe de calificación de un antiguo funcionario elaborado a raíz de una sentencia anulatoria del juez de la Unión adolece de vicios sustanciales de forma, que vulneran los derechos del interesado y que afectan a su validez, en el caso de que el comité paritario de calificación (CPC) no reciba ni siquiera el expediente del interesado para pronunciarse sobre la calificación y el contenido del nuevo informe, al no haber convocado la Comisión a sus miembros.

Esta conclusión no se desvirtúa por el hecho de que los miembros del CPC que formaban parte del comité en el ejercicio de calificación correspondiente al período comprendido por el informe hayan fallecido o se hayan jubilado, que la constitución de un CPC ad hoc no esté prevista por las disposiciones generales de aplicación pertinentes o que no sea posible recurrir al comité paritario de evaluación, comité sucesor del CPC. En efecto, para atenerse a la obligación que le impone el artículo 266 TFUE, la institución de que se trata debe adoptar medidas concretas que permitan eliminar la ilegalidad cometida frente a la persona afectada, y no puede alegar las dificultades prácticas que pueda implicar el restablecimiento del interesado en la situación jurídica en la que se encontraba antes del acto que se ha anulado para sustraerse a dicha obligación.

A este respecto, únicamente con carácter subsidiario, cuando la ejecución de una sentencia anulatoria resulte especialmente difícil, el deber de asistencia y protección obliga a la Comisión a advertir lo antes posible al demandante así como a establecer un diálogo con el mismo para alcanzar una compensación equitativa de su daño. Este deber se impone a fortiori en el caso de la elaboración de manera adecuada de un informe de calificación de un antiguo funcionario para un ejercicio de calificación realizado casi 20 años antes, dado que el referido informe ya no puede tenerse en cuenta para una eventual promoción del demandante ni para reconstruir su carrera, ya que los ejercicios de promoción posteriores a ese ejercicio de calificación y durante los cuales el demandante habría podido aspirar a una promoción finalizaron hace mucho tiempo.

(véanse los apartados 74, 77, 79, 80, 84 y 123)

Referencia:

Tribunal de Justicia: sentencia Gordon/Comisión, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, apartado 72

Tribunal de Primera Instancia: sentencias Meskens/Parlamento, T‑84/91, EU:T:1992:103, apartado 78, y C/Comisión, T‑166/04, EU:T:2007:24, apartado 52

Tribunal de la Función Pública: sentencia Andrés y otros/BCE, F‑15/05, EU:F:2008:81, apartado 132, y la jurisprudencia citada
30

El 8 de marzo de 2012, el órgano de recurso modificó la resolución de la ANS y le ordenó que concediera la habilitación de seguridad de nivel «secret» al demandante. La resolución de dicho órgano era del siguiente tenor: «[…] En su recurso y durante la audiencia […], [el demandante] niega los hechos que han justificado la resolución, salvo las condenas del tribunal de police [tribunal competente para conocer de ilícitos civiles y penales relativos al tráfico] por infracciones del Código de la circulación. Declara que no ha sido condenado jamás por los hechos mencionados en el expediente y que no tiene antecedentes penales, salvo en materia de tráfico. A este respecto, presenta copias de los atestados de los diferentes autos citados en la resolución. En el expediente relativo a los hechos más graves, […] la propia policía federal concluye en el informe de síntesis que los hechos denunciados relativos [al demandante] no están probados y que éste no desempeñó sino un papel marginal. Por lo que respecta al resto de atestados citados, declara no haber sido denunciado nunca ante el tribunal correctionnel [Juzgado de lo penal], remitiéndose a su certificado de antecedentes penales. […] [El demandante] no niega tener algunas deudas, pero de importes reducidos. […]. El órgano de recurso sólo puede declarar que los servicios de policía conocen al interesado por hechos antiguos, que nunca ha sido imputado por tales hechos y que no existen deudas importantes que puedan constituir un riesgo de compromiso para el interesado.» […]
El Reglamento no 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse con arreglo al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho a una buena administración y, en particular, el derecho de acceso de toda persona al expediente que le concierna. Si bien es cierto que el Reglamento no 45/2001 no incluye ninguna disposición que permita a una institución denegar al interesado el acceso a sus datos médicos, no lo es menos que dicho Reglamento precisa los procedimientos de acceso a los datos personales, a fin de proteger a las personas. Por tanto, no constituye una infracción del Reglamento no 45/2001, ni, en particular, del artículo 13, letra c), de dicho Reglamento, una decisión de la institución que deniega a un funcionario el acceso directo a un informe final de la comisión de invalidez.

En todo caso, el artículo 20, apartado 1, letra c), del Reglamento no 45/2001 justifica la negativa de una institución a conceder a sus funcionarios el acceso directo a un informe final de una comisión de invalidez. En lo que atañe a un informe final que establece, concretamente, la existencia de problemas psiquiátricos, la institución puede considerar que procede proteger al funcionario afectado y conciliar esta protección con las necesidades del secreto médico. De este modo, la institución puede decidir, con arreglo al artículo antes mencionado, que el funcionario afectado no pueda acceder al informe final de la comisión de invalidez salvo a través de la intermediación de un médico de confianza, a fin de que éste último le proporcione las explicaciones necesarias para comprender el informe médico que ha fundamentado la declaración de invalidez.

(véanse los apartados 40 y 41)
86

El Tribunal observa de entrada que la decisión controvertida se basa en el informe final de la investigación, que se expresa en los siguientes términos: «[La Sra. C] tenía favoritos y no era capaz de ocultar ciertas preferencias. [Algunos] testimonios confirmaron que tenía tendencia a dividir sus compañeros de trabajo entre los que le gustaban y los que no le gustaban. [...] Parece ser que [la Sra. C] no tiene el propósito malintencionado de hacer daño, que tiene ese estilo “de la vieja escuela” en que los superiores jerárquicos tenían una actitud cuasi paternal hacia sus subordinados y que no se da cuenta de que los destinatarios de sus comentarios pueden sentirse ofendidos. Se desprende asimismo de la investigación que la actitud de [la Sra. C] no iba dirigida a un compañero en particular, sino a toda una categoría de compañeros que ella clasificaba entre los “malos”, y de los que [la demandante] formaba parte, pero no era la única. Varios testigos han declarado que una misma persona podía estar un día entre los “buenos” y al día [siguiente] entre los “malos”, según el humor de [la Sra. C] u otras circunstancias.»
Reseña de recurso de un funcionario



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Sumario

Funcionarios — Selección — Aplicación del apartado 2 del artículo 29 del Estatuto

[Estatuto de los Funcionarios, art. 29, ap. 2; anexo XIII, art. 5, ap 5; Reglamento (CE, Euratom) nº 723/2004 del Consejo]

A falta de disposición transitoria en el Reglamento nº 723/2004, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios y el Régimen aplicable a otros agentes, para determinar la clasificación en grado y en escalón de un funcionario nombrado en un puesto superior después de la entrada en vigor de dicho Reglamento, el 1 de mayo de 2004, tras un procedimiento de selección iniciado antes de dicha fecha con arreglo al artículo 29, apartado 2, del Estatuto, procede seguir la solución acogida por el legislador comunitario en el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto para los supuestos de nombramiento en puesto de director mediante promoción y, de este modo, prever una clasificación en el «grado inmediatamente superior».

En efecto, el procedimiento de selección iniciado con arreglo al artículo 29, apartado 2, del Estatuto, puede asimilarse a una promoción, cuando beneficia a un funcionario o a un agente en situación de servicio activo. En tal caso, el nombramiento para un puesto superior no se puede considerar como una segunda contratación en el seno de la institución, con el efecto de interrumpir la carrera del beneficiario, sino como un avance en su carrera, y no puede traducirse en una disminución de su grado o de su escalón, y en consecuencia, en un descenso de su retribución, sin incumplir el principio del derecho de todo funcionario a progresar en su carrera dentro de su institución, tal y como está reflejado en el Estatuto. Esta solución se impone, además, por ser conforme con el deber de asistencia y protección que incumbe a la administración, que implica en particular, que, al adoptar una decisión sobre la situación de un funcionario, la autoridad competente debe tomar en consideración la totalidad de los elementos que pueden influir en su decisión y, al hacerlo, tener en cuenta no sólo el interés del servicio, sino también el del funcionario afectado, dado que un funcionario nombrado en un empleo superior en reconocimiento de sus méritos personales tiene un interés legítimo, que no es contrario a las normas estatutarias vigentes, en que su retribución no se reduzca.

(véanse los apartados 63, 75, 76, 79 y 80)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 13 de diciembre de 1984, Vlachos/Tribunal de Justicia (20/83 y 21/83, Rec. p. 4149), apartado 23; 29 de junio de 1994, Klinke/Tribunal de Justicia (C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009), apartado 38

Tribunal de Primera Instancia: 20 de junio de 1990, Burban/Parlamento (T‑133/89, Rec. p. II‑245), apartado 27; 1 de junio de 1999, Rodríguez Pérez y otros/Comisión (T‑114/98 y T‑115/98, RecFP p. I‑A‑97 y II‑529), apartado 32