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Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación de los artículos 29, 43 y 44 del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2012/2006 del Consejo, de 19 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 384, p. 8) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1782/2003»).
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La regla 30 del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 355/2009 de la Comisión, de 31 de marzo de 2009 (DO 2009, L 109, p. 3), titulada «Renovación del registro», establece: «1. La solicitud de renovación incluirá: [...] c) en caso de que la renovación no se solicite para todos los productos y servicios para los que esté registrada la marca, la indicación de las clases o los productos y servicios para los que se solicite la renovación o las clases o los productos y servicios para los que no se solicite la renovación, agrupados en función de la clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase de dicha clasificación a la que pertenezca ese grupo de productos o servicios y figurará en el orden de las clases de la clasificación mencionada. 2. Las tasas que se habrán de abonar para la renovación de una marca de la Unión en aplicación del artículo 47 del Reglamento serán las siguientes: a) una tasa de base; b) una tasa por clase por cada clase que exceda de tres con respecto a aquellas para las que se solicite la renovación; c) en su caso, el recargo por el abono tardío de la tasa de renovación o por la presentación tardía de la solicitud de renovación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47, apartado 3, del Reglamento, tal y como se establece en el Reglamento de tasas. [...] 5. En el caso de que no se haya presentado una solicitud de renovación o si se presentase una vez expirado el plazo contemplado en la tercera frase del artículo 47, apartado 3, del Reglamento, o si no se pagasen las tasas o se pagasen una vez expirado el citado plazo, o cuando no se subsanasen durante ese período las deficiencias observadas, la Oficina declarará expirado el registro e informará de ello al titular de la marca [de la Unión]. [...]»
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La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación del Reglamento (CE) n.o 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados reglamentos (DO 1999, L 160, p. 80), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1783/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003 (DO 2003, L 270, p. 70) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1257/1999»), del Reglamento (CE) n.o 817/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 1257/1999 (DO 2004, L 153, p. 30, y corrección de errores en DO 2004, L 231, p. 24), del Reglamento (CE) n.o 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO 2004, L 141, p. 18), y de los artículos 17 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
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C solicitó al Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) autorización para recurrir en casación contra la sentencia del Helsingin hallinto-oikeus (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Helsinki). Según el órgano jurisdiccional remitente, las disposiciones fiscales controvertidas en el litigio principal no guardan relación con las condiciones de empleo y trabajo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, y, en términos más generales, no pueden considerarse comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Directiva. En particular, no establecen un criterio para la determinación del salario. Así pues, a su juicio, y al contrario de lo que ocurría en el asunto en el que se dictó la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105), tales disposiciones son ajenas al Derecho material de la Unión.
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A este respecto, procede estimar que no cabe imputar a un anunciante actos autónomos de otros agentes económicos, como los realizados por esos operadores de sitios de Internet de referenciación, con los cuales el anunciante no guarda ninguna relación directa ni indirecta y que no actúan por encargo ni por cuenta de dicho anunciante, sino por su propia iniciativa y en su propio nombre.
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El órgano jurisdiccional remitente señala, refiriéndose a los trabajos preparatorios de la Ley de aviación, que si bien dicha Ley confiere al Secretario de Estado facultades generales para adoptar medidas coercitivas en caso de incumplimiento del Reglamento n.o 261/2004, en particular, en aquellos casos en los que el examen de los autos pone de manifiesto que el transportista aéreo se niega sistemáticamente a cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de dicho Reglamento, no le permite sin embargo adoptar medidas coercitivas a solicitud de un pasajero en cada caso concreto en el que el transportista aéreo se niegue a atender una solicitud de compensación basada en los artículos 5, apartado 1, letra c), y 7 del Reglamento n.o 261/2004.
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La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en la redacción que le dio el Reglamento (CE) no 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008 (DO L 291, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»), y en particular de la subpartida 9027 10 10 de la propia NC.
El artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que esta no se aplica a tasas cuyo hecho imponible está vinculado a los derechos de las empresas facultadas para suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas a instalar cables para una red pública de comunicaciones electrónicas.

Las disposiciones del capítulo III de la Directiva 2006/123, relativo a la libertad de establecimiento de los prestadores, deben interpretarse en el sentido de que se aplican también a una situación en la que todos los elementos pertinentes se circunscriben al interior de un único Estado miembro.

A este respecto, ha de señalarse, en primer lugar, que el tenor de dichas disposiciones no contiene ningún requisito relativo a la existencia de un elemento de extranjería. En particular, el artículo 9, apartado 1, el artículo 14 y el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2006/123, que tratan, respectivamente, de los regímenes de autorización, los requisitos prohibidos y los requisitos supeditados a evaluación, no hacen referencia a ningún aspecto transfronterizo. En segundo lugar, por lo que atañe al contexto en el que se inscribe el capítulo III de la Directiva 2006/123, el artículo 2, apartado 1, de esta última dispone, en términos generales, sin establecer ninguna distinción entre las actividades de servicios que presenten un elemento de extranjería y las actividades de servicios que carezcan de un elemento de esta naturaleza, que dicha Directiva se aplicará a los «servicios prestados por prestadores establecidos en un Estado miembro».

Por último, la interpretación según la cual las disposiciones del capítulo III de la Directiva 2006/123 se aplican no solo al prestador que desee establecerse en otro Estado miembro, sino también al que desee establecerse en su propio Estado miembro, se ajusta a los objetivos que persigue esta Directiva. A este respecto, debe señalarse que la Directiva 2006/123, como se desprende de su artículo 1, en relación con los considerandos 2 y 5 de esta, establece disposiciones generales cuyo objeto es eliminar las restricciones a la libertad de establecimiento de los prestadores en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre estos, a fin de contribuir a la realización de un mercado interior libre y competitivo (sentencia de 1 de octubre de 2015, Trijber y Harmsen, C‑340/14 y C‑341/14, EU:C:2015:641, apartado 44). Pues bien, la plena realización del mercado interior de servicios exige, ante todo, la supresión de los obstáculos que encuentran los prestadores para establecerse en los Estados miembros, ya sea en el propio o en otro Estado miembro, y que pueden perjudicar su capacidad para prestar servicios a destinatarios que se encuentran en toda la Unión.

(véanse los apartados 99, 100, 103 a 105 y 110 y el punto 3 del fallo)
Asunto C‑646/15

Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements

contra

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber)]

«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad directa — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Libre circulación de capitales — Trust — Trustees — Demás personas jurídicas — Concepto — Impuesto sobre las plusvalías de los bienes incluidos en un trust como consecuencia del traslado del lugar de residencia fiscal de los trustees a otro Estado miembro — Liquidación del gravamen en el momento de ese traslado — Cobro inmediato del impuesto — Justificación — Proporcionalidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de septiembre de 2017

Libre circulación de personas—Libertad de establecimiento—Disposiciones del Tratado—Ámbito de aplicación—Concepto—Demás personas jurídicas—Trust que dispone de derechos y de obligaciones que le permiten actuar como persona jurídica y que lleva a cabo una actividad económica efectiva—Inclusión (Art. 54 TFUE) Libre circulación de personas—Libertad de establecimiento—Disposiciones del Tratado—Ámbito de aplicación—Traslado de la sede de dirección efectiva de una sociedad de Derecho nacional a otro Estado miembro—Normativa tributaria nacional aplicable en el momento del traslado—Inclusión (Arts. 49 TFUE y 54 TFUE) Libre circulación de personas—Libertad de establecimiento—Restricciones—Legislación tributaria—Traslado del domicilio de la mayoría de los trustees de un trust de Derecho nacional a otro Estado miembro—Normativa nacional que grava las plusvalías latentes de los bienes incluidos en un trust—Inexistencia de opción de cobro aplazado del impuesto—Improcedencia (Art. 49 TFUE)
Tras haber constatado acertadamente que las Directivas 98/24, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, y 2004/37, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, no contienen ninguna disposición particular relativa al trióxido de cromo que imponga requisitos mínimos sobre protección de la salud o del medio ambiente para el uso de dicha sustancia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que dichas Directivas no constituyen disposiciones específicas existentes en la legislación, en el sentido del artículo 58, apartado 2, del Reglamento n.o 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). Por tanto, el Tribunal General pudo concluir fundadamente que no concurría el primero de los dos requisitos exigidos por dicha disposición y justificar, así, la desestimación del motivo de recurso basado en la infracción del artículo 58, apartado 2, del Reglamento REACH.

En efecto, la determinación del significado y del alcance de la expresión «disposiciones específicas», para la cual el Reglamento REACH no ofrece ninguna definición, debe efectuarse conforme al sentido habitual de ésta en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. Así, el sentido habitual del adjetivo «específico» se refiere, en el lenguaje corriente, a aquello que es propio de algo y lo caracteriza y distingue de otras cosas, y puede por tanto oponerse a lo que es general. De conformidad con este sentido habitual, la expresión «disposiciones específicas» empleada en el artículo 58, apartado 2, del Reglamento REACH debe interpretarse en el sentido de que se refiere, cuando menos, a cualquier Directiva o Reglamento que establezca normas propias de la sustancia de que se trate. Esta expresión debe considerarse contrapuesta a la legislación que regula un grupo de sustancias o una categoría de usos o utilizaciones, definidos de manera general y abstracta.

Si bien es cierto que la primera frase del artículo 58, apartado 2, del Reglamento REACH se refiere, no al concepto de sustancia, sino únicamente al de usos o categorías de usos, no es menos cierto que el mecanismo de exención implica, sin embargo, un vínculo indisociable entre una sustancia y sus usos o categorías de usos. En efecto, tal y como se desprende del título y de la estructura general del Reglamento REACH, éste tiene como finalidad regular las sustancias. Más concretamente, el régimen de autorización establecido en el título VII de dicho Reglamento está destinado a aplicarse a las sustancias que, debido a sus propiedades intrínsecas, se consideran extremadamente preocupantes y que, por ello, deben ser sustituidas progresivamente.

(véanse los apartados 34, 35, 37, 38 y 42)
Asunto C‑321/15

ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA

contra

État du Grand-duché de Luxembourg

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (Luxemburgo)]

«Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea — Directiva 2003/87/CE — Artículo 3, letra a) — Artículos 11 y 12 — Cese de las actividades de una instalación — Entrega de los derechos de emisión no utilizados — Período 2008‑2012 — Ausencia de indemnización — Sistema del régimen para el comercio de derechos de emisión»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 8 de marzo de 2017

Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Cese de actividades de una instalación — Incumplimiento por el titular de la obligación de informar a la autoridad competente a su debido tiempo — Normativa nacional que exige la entrega de los derechos de emisión no utilizados sin mediar indemnización — Procedencia — Calificación de los derechos de emisión no utilizados como derechos de emisión en el sentido de la Directiva — Exclusión

[Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 219/2009, art. 3, letra a)]

La Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61, en su versión modificada por el Reglamento n.o 219/2009, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional que permite a la autoridad competente exigir la entrega total o parcial, sin mediar indemnización, de los derechos de emisión no utilizados, que fueron indebidamente asignados a un titular al haber incumplido éste la obligación de informar a su debido tiempo a la referida autoridad del cese de la explotación de una instalación.

Los derechos de emisión asignados después de que un titular ha puesto fin a las actividades realizadas en una instalación afectada por tales derechos, sin informar de ello con carácter previo a la autoridad competente, no pueden calificarse de «derechos de emisión» en el sentido del artículo 3, letra a), de la Directiva 2003/87, en su versión modificada por el Reglamento n.o 219/2009.

(véase el apartado 40 y el fallo)
Para considerar que existe una infracción suficientemente caracterizada como consecuencia del incumplimiento de la obligación de diligencia que pesa sobre el Defensor del Pueblo, es necesario demostrar que al no actuar con toda la minuciosidad y la prudencia debidas, éste rebasó de manera manifiesta y grave los límites impuestos a su facultad de apreciación en el contexto del ejercicio de las facultades de investigación de que dispone. A tal fin han de tenerse en cuenta, además de dicho contexto, todas las circunstancias que caractericen la situación de que se trate, entre las que figuran, en particular, el carácter manifiesto de la falta de diligencia demostrada por el Defensor del Pueblo al llevar a cabo su investigación, su carácter excusable o inexcusable, o incluso el carácter inadecuado y poco razonable de las conclusiones extraídas del examen llevado a cabo por él.

A este respecto, la mera violación del principio de diligencia no basta para demostrar la existencia de una infracción suficientemente caracterizada capaz de generar la responsabilidad de la Unión. En efecto, sólo la infracción suficientemente caracterizada —y no una infracción cualquiera— de una norma de Derecho de la Unión que proteja a los particulares puede dar lugar a la responsabilidad extracontractual de la Unión. Además, cuando una institución u órgano de la Unión dispone de facultad de apreciación, sólo la inobservancia manifiesta y grave por su parte de los límites impuestos a dicha facultad puede constituir una violación del Derecho de la Unión suficientemente caracterizada. Lo mismo sucede en caso de incumplimiento de la obligación de diligencia por el Defensor del Pueblo, que no constituye automáticamente un comportamiento ilícito que genere la responsabilidad de la Unión, sino que ha de ser apreciado tomando en consideración el hecho de que, en el desempeño de su misión, el Defensor del Pueblo ésta únicamente sujeto a una obligación de medios y goza de un amplio margen de apreciación en lo que concierne, en primer término, al fundamento de las reclamaciones que recibe y al curso que conviene darles, en segundo término, al modo de llevar a cabo las investigaciones abiertas y de proceder a las indagaciones y, en tercer término, al análisis de los datos recabados y a las conclusiones que procede extraer de dicho análisis.

(véanse los apartados 36 a 38 y 41)
Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Medidas que pueden obstaculizar las importaciones — Improcedencia — Carácter leve del obstáculo — Irrelevancia

(Arts. 34 TFUE y 35 TFUE)1. Cuando un artículo pirotécnico ha sido objeto de una primera puesta a disposición en el mercado de la Unión, es decir, en el territorio de uno de los Estados miembros, respetando los requisitos de la Directiva 2007/23, sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos, los demás Estados miembros ya no pueden, en principio, obstaculizar su comercialización o su distribución en su territorio, exigiendo, en particular, más allá de tales requisitos, el respeto de obligaciones o el cumplimiento de formalidades complementarias, no establecidas por la citada Directiva. En efecto, no puede existir una puesta en el mercado de un producto individual, en el sentido del artículo 2, punto 2, de dicha Directiva, cuando dicho producto no puede circular libremente en todo el mercado de la Unión.
Ciertamente, una base de datos electrónica puede permitir la extracción de cualquier información que contenga. No obstante, la posibilidad de crear un documento a partir de tal base de datos no permite concluir que ese documento deba calificarse de existente en el sentido del Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. En efecto, el derecho a acceder a los documentos de las instituciones se refiere únicamente a los documentos existentes y que estén en posesión de la institución de que se trate y el Reglamento n.o 1049/2001 no puede invocarse para obligar a una institución a crear un documento que no existe. De ello se infiere que una solicitud de acceso que obligara a la institución de que se trate a crear un nuevo documento, incluso sobre la base de elementos que ya figuran en documentos existentes y en su poder, queda fuera del ámbito del Reglamento n.o 1049/2001.

En lo que respecta a los documentos de naturaleza estática, especialmente en papel o en un simple archivo electrónico, basta con verificar la existencia del soporte y de su contenido para determinar si un documento existe. En cambio, la naturaleza dinámica de las bases de datos electrónicas apenas es compatible con tal manera de proceder, toda vez que un documento que puede generarse muy fácilmente a partir de la información ya contenida en una base de datos no es necesariamente un documento existente en el sentido propio del término. Por consiguiente, en lo atinente a las bases de datos electrónicas, la distinción entre documento existente y documento nuevo debe hacerse con arreglo a un criterio adaptado a las peculiaridades técnicas de tales bases de datos y de acuerdo con el objetivo del Reglamento n.o 1049/2001, cuya finalidad es, según se desprende del considerando 4 y del artículo 1, letra a), de éste, que se garantice el acceso más amplio posible a los documentos.

En estas circunstancias, debe calificarse de documento existente toda información que pueda extraerse de una base de datos electrónica en el marco de su utilización corriente mediante herramientas de búsqueda preprogramadas, aun cuando tal información no se haya mostrado aún en este formato o nunca haya sido objeto de una búsqueda por parte de los agentes de las instituciones. De lo anterior resulta que, para satisfacer las exigencias del Reglamento n.o 1049/2001, las instituciones pueden verse abocadas a elaborar un documento a partir de la información contenida en una base de datos utilizando las herramientas de búsqueda existentes. En cambio, debe considerarse documento nuevo y no documento existente toda información cuya extracción de una base de datos requiera una inversión sustancial en tiempo y esfuerzo. Cabe colegir de lo anterior que toda información cuya obtención requiera una modificación, bien de la organización de una base de datos electrónica, o bien de las herramientas de búsqueda disponibles actualmente para la extracción de información, debe calificarse de documento nuevo.

(véanse los apartados 30, 31, 33 a 35 y 37 a 40)