Palabras clave

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Palabras clave

1 Cuestiones prejudiciales - Planteamiento al Tribunal de Justicia - Organo jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 177 del Tratado - Concepto - Organo que conoce de los recursos en materia de ayudas agrícolas

(Tratado CE, art. 177)

2 Agricultura - Política Agrícola Común - Reforma de las estructuras - Mejora de la eficacia de las estructuras - Régimen de zonas agrícolas desfavorecidas - Indemnización compensatoria por limitaciones naturales permanentes - Concesión no sujeta a la condición de residente en la explotación - Normativa nacional que establece un requisito adicional de residencia y, en su defecto, requisitos relacionados con la actividad - Violación de los principios de igualdad de trato o de seguridad jurídica - Inexistencia

[Reglamento (CEE) nº 2328/91 del Consejo, arts. 17 y 18; Directiva 75/268/CEE del Consejo, art. 1]

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1 Para apreciar si un organismo posee el carácter de un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 177 del Tratado, cuestión que pertenece únicamente al ámbito del Derecho comunitario, es preciso tener en cuenta un conjunto de elementos, tales como el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia. Cumple estos criterios el maaseutuelinkeinojen valituslautakunta (Comisión de recursos sobre actividades rurales), que fue creado por Ley y que está integrado por miembros nombrados por la autoridad pública, que disfrutan de la misma inamovilidad que los Jueces. Su competencia en materia de ayudas relativas a las actividades rurales tiene como base una ley y se pronuncia conforme a Derecho, con arreglo a las disposiciones aplicables y según las normas procesales generales y, en determinadas circunstancias, puede interponerse un recurso contra sus decisiones ante el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo Administrativo).

2 Los artículos 17 y 18 del Reglamento nº 2328/91, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, y el artículo 1 de la Directiva 75/268, sobre la agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas, no se oponen a la concesión de una indemnización compensatoria por las limitaciones naturales permanentes a un agricultor cuando éste no reside, de forma duradera, en su explotación. En efecto, un agricultor cumple el objetivo esencial de la normativa comunitaria, que consiste en apoyar el ejercicio de la actividad agrícola en zonas desfavorecidas, cuando mantiene activa su explotación y el objetivo de población, a cuya consecución tiende a contribuir, ciertamente, el mantenimiento de la actividad agrícola, no puede, por sí mismo, entrañar la obligación de residir de forma permanente.

El apartado 3 del artículo 18 del Reglamento antes citado autoriza expresamente a los Estados miembros a prever condiciones complementarias o restrictivas para la concesión de la indemnización compensatoria. Habida cuenta de esta facultad de apreciación, ni el principio de igualdad de trato, ni el principio de seguridad jurídica se oponen a que se exija al agricultor que desee percibir una indemnización compensatoria y que resida fuera de su explotación, a una distancia de más de 12 kilómetros por carretera de su centro económico, que la gestione por sí mismo y obtenga al menos el 50 % de sus ingresos de una actividad agrícola o similar y, además, que se demuestre la existencia de un motivo particular.