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Si bien es cierto que sería contrario al objetivo del recurso de anulación basado en el artículo 263 TFUE interpretar restrictivamente los requisitos de admisibilidad del recurso reduciendo su alcance exclusivamente a las categorías de actos mencionados en el artículo 288 TFUE, no es menos cierto que esta competencia del juez de la Unión para interpretar y aplicar las disposiciones del Tratado no tiene la oportunidad de aplicarse cuando la situación jurídica del demandante se encuadra en el marco de unas relaciones contractuales cuyo régimen jurídico viene regulado por la ley nacional designada por las partes contratantes.

En efecto, si se reconociera competente para pronunciarse en anulación sobre actos que se inscriben en un marco meramente contractual, el juez de la Unión correría, no sólo el riesgo de vaciar de contenido el artículo 272 TFUE, que permite atribuir competencia jurisdiccional a la Unión en virtud de una cláusula compromisoria, sino también, en el caso de que el contrato no contuviera una cláusula de este tipo, el riesgo de extender su competencia jurisdiccional más allá de los límites trazados por el artículo 274 TFUE, que atribuye a los tribunales nacionales la competencia de Derecho común para conocer de los litigios en los que la Unión sea parte. De ello se deduce que, cuando exista un contrato entre el demandante y una de las instituciones, los órganos jurisdiccionales de la Unión sólo pueden conocer de un recurso basado en el artículo 263 TFUE si el acto impugnado tiende a producir efectos jurídicos vinculantes situados en el exterior de la relación contractual entre las partes y que implican el ejercicio de prerrogativas de poder público atribuidas a la institución contratante en su condición de autoridad administrativa.

A este respecto, una nota de adeudo emitida por la Comisión en relación con una ayuda financiera comunitaria se encuadra en el marco de una relación contractual, pues tiene por objeto el cobro de una deuda basada en las estipulaciones del contrato celebrado entre dicha institución y el beneficiario de esa ayuda financiera. Efectivamente, esta nota de adeudo debe entenderse como un requerimiento en el que se indican la fecha de vencimiento y las condiciones de pago, sin que pueda asimilarse a un título ejecutivo, aunque mencione la vía ejecutiva del artículo 299 TFUE como una opción posible entre otras de las que dispone la Comisión para el supuesto de que el deudor no cumpla su obligación en la fecha de vencimiento fijada. Por otra parte, en el supuesto de que una institución, y más en particular la Comisión, opte por la vía contractual en el marco del artículo 272 TFUE para conceder aportaciones financieras, está obligada a permanecer dentro de ese marco. La incumbe así, en particular, velar por no utilizar, en sus relaciones con las otras partes contratantes, formulaciones ambiguas que éstas puedan percibir como la expresión de facultades de decisión unilaterales que sobrepasen las estipulaciones contractuales.

(véanse los apartados 17 a 21 y 23)
El artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional que permite, de forma ilimitada e incondicional, a una entidad de crédito ampararse en el secreto bancario para negarse a facilitar, en el marco del artículo 8, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, información relativa al nombre y la dirección del titular de una cuenta.

En efecto, esa autorización ilimitada e incondicional para acogerse al secreto bancario impide que los procedimientos previstos por la Directiva 2004/48 y las medidas adoptadas por las autoridades nacionales competentes, en particular, cuando éstas deseen ordenar la comunicación de datos necesarios en virtud del artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva, puedan tener debidamente en cuenta las características específicas de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción. De ello se desprende que tal autorización puede originar una vulneración sustancial, en el marco del artículo 8 de la Directiva 2004/48, del ejercicio efectivo del derecho fundamental a la propiedad intelectual, en aras del derecho de las personas contempladas en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 a la protección de los datos de carácter personal que les conciernan, a través de la obligación de las entidades de crédito de respetar el secreto bancario. Una disposición nacional como ésta, aisladamente considerada, entraña una vulneración sustancial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, en definitiva, del derecho fundamental a la propiedad intelectual, de los que gozan los titulares de tales derechos, y, por lo tanto, no respeta el requisito consistente en garantizar un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales ponderados en el artículo 8 de la Directiva 2004/48.

Corresponde, no obstante, al órgano jurisdiccional nacional comprobar la existencia, en su caso, en el Derecho interno, de otros medios o recursos que permitan a las autoridades judiciales competentes ordenar que se facilite la información necesaria relativa a la identidad de personas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, atendiendo a las características específicas de cada caso, de conformidad con el considerando 17 de ésta.

(véanse los apartados 39 a 43 y el fallo)
El artículo 27 del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, modificado por el Reglamento no 1992/2006, leído en relación con el anexo VI, rúbrica R, apartado 1, letras a) y b), del citado Reglamento no 1408/71, debe interpretarse en el sentido de que la pensión de un beneficiario debe considerarse debida desde el inicio del período a título del cual se abonó efectivamente al interesado, con independencia de la fecha en que el derecho a dicha pensión fuera formalmente reconocido, incluido el supuesto de que se hubiera iniciado con anterioridad a la fecha de la resolución de su concesión.

Los artículos 27 y 84 bis del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, modificado a su vez por el Reglamento no 1992/2006, leídos juntamente con el anexo VI, rúbrica R, apartado 1, letras a) y b), del referido Reglamento no 1408/71, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la legislación de un Estado miembro que no permite al beneficiario de una pensión concedida por este Estado miembro con una retroactividad de un año suscribir un seguro de asistencia sanitaria obligatorio con el mismo efecto retroactivo y que tiene como consecuencia que se prive al beneficiario de toda protección en materia de seguridad social, sin tomar en consideración todas las circunstancias pertinentes, en particular, las relativas a su situación personal.

Ciertamente, puede ser legítimo que un Estado miembro limite la posibilidad de suscribir, con efecto retroactivo, un seguro de asistencia sanitaria con el fin de incentivar a los obligados a que lo hagan lo antes posible. No obstante, las condiciones de afiliación a los sistemas de seguridad social de los Estados miembros, cuya determinación es competencia de estos últimos, deben respetar el Derecho de la Unión y no pueden tener por efecto excluir del ámbito de aplicación de una normativa nacional a aquellas personas a las que, en virtud del Reglamento no 1408/71, es aplicable esta misma normativa. El efecto útil del sistema de normas de conflicto establecido por dicho Reglamento, imperativo tanto para los Estados miembros como para las personas interesadas, no puede garantizarse si los Estados, mediante sus legislaciones nacionales, pueden privar a un interesado de la posibilidad de asumir plenamente las obligaciones que le incumben en virtud del citado Reglamento.

Asimismo, según el artículo 84 bis, apartado 2, del Reglamento no 1408/71, el incumplimiento de la obligación de información prevista en el apartado 1, párrafo tercero, del mismo artículo únicamente puede comportar la aplicación de medidas proporcionadas conforme al Derecho nacional, que, por una parte, deben ser equivalentes a las aplicables a situaciones similares de orden jurídico interno y, por otra parte, no deben hacer imposible o excesivamente difícil en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos a los interesados por este reglamento.

(véanse los apartados 48, 49, 53, 57 y 59 y el fallo)
Las exigencias derivadas de la protección de los derechos fundamentales vinculan a los Estados miembros cuando aplican la normativa de la Unión, de lo que resulta que estos últimos están obligados a aplicar esa normativa de modo que no se haga caso omiso de tales exigencias. En este contexto, los Estados miembros deben velar, en particular, por no basarse en una interpretación de un texto de Derecho derivado que entraría en conflicto con esos derechos fundamentales.

A este respecto, el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda discriminación por razón de orientación sexual. Esta disposición es una expresión particular del principio de igualdad de trato, que constituye un principio general del Derecho de la Unión, consagrado en el artículo 20 de la Carta.

(véanse los apartados 41 y 48)
El punto 14 del anexo I de la Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2009/31, debe interpretarse en el sentido de que una perforación de prueba, en relación con la cual está prevista una extracción de prueba de gas natural y petróleo con el fin de comprobar si un yacimiento puede ser explotado comercialmente, no se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de esta disposición.

Si bien una perforación de esa naturaleza es por definición una operación con fines comerciales, se desprende no obstante del contexto y del objetivo de dicho punto 14 que el ámbito de aplicación de esta disposición no comprende las perforaciones de prueba. En efecto, dicha disposición tiene por objeto proyectos de una cierta duración que permiten la extracción continuada de cantidades relativamente importantes de hidrocarburos. A este respecto, la aplicación automática de los criterios establecidos en el citado punto 14 a las perforaciones de prueba carecería de sentido, ya que esta disposición establece umbrales fijos diarios de extracción con los que el límite asignado a una perforación de prueba no tiene correspondencia. Además, con anterioridad a la realización de una perforación de prueba, no puede determinarse con certeza la existencia efectiva de hidrocarburos. Sólo a partir de esta perforación puede determinarse la cantidad de hidrocarburos que puede extraerse diariamente. Asimismo, la cantidad de hidrocarburos cuya extracción está prevista en el marco de tal prueba y la duración de la misma están limitadas a las necesidades técnicas derivadas del objetivo de demostrar que un yacimiento puede explotarse.

Esta interpretación queda, además, corroborada por la sistemática de la Directiva 85/337. En efecto, el punto 2, letra d), de su anexo II puede aplicarse a las perforaciones de prueba, de forma que no todas las perforaciones de prueba quedan excluidas por principio del ámbito de aplicación de esta Directiva.

(véanse los apartados 22 a 26 y 32 y el punto 1 del fallo)
Los artículos 1, letra b), y 3, letra a), del Reglamento no 469/2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, a que un principio activo pueda dar lugar a la concesión de un certificado complementario de protección cuando dicho principio se halla en enlace covalente con otros principios activos que entran en la composición de un medicamento.

En efecto, el concepto de «principio activo» a efectos de la aplicación del Reglamento no 469/2009 se refiere a las sustancias que producen una acción farmacológica, inmunológica o metabólica propia. Como el Reglamento no 469/2009 no distingue en modo alguno en función de si un principio activo se halla en enlace covalente con otras sustancias, no procede excluir, por esa razón, la concesión de un certificado complementario de protección para un principio activo de ese tipo. Por el contrario, una sustancia que no ejerce ningún efecto terapéutico propio y que sirve para obtener una determinada forma farmacéutica del medicamento no se halla comprendida en el concepto de principio activo y, en consecuencia, no puede dar lugar a la concesión de un certificado complementario de protección. La respuesta a la cuestión de si una sustancia que entra en la composición de un medicamento es un principio activo en el sentido del artículo 1, letra b), del citado Reglamento depende, en consecuencia, de saber si dicha sustancia tiene una acción farmacológica, inmunológica o metabólica propia, con independencia de la existencia de un eventual enlace covalente con otros principios activos.

(véanse los apartados 25 a 28 y el punto 1 del fallo)
El Derecho de la Unión, en particular los artículos 2 y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, para poner fin a una discriminación por motivos de edad, computa los períodos de servicio cubiertos antes de cumplir 18 años, pero que al mismo tiempo incluye una regla, que en realidad sólo es aplicable a los trabajadores víctimas de esa discriminación, que prolonga en un año el período exigible para la promoción en cada uno de los tres primeros escalones retributivos, y que al hacerlo mantiene definitivamente una diferencia de trato en función de la edad.

En efecto, puesto que esa prolongación en un año sólo es aplicable a los trabajadores que hayan cubierto períodos de servicio antes de cumplir 18 años, debe apreciarse que la normativa nacional referida establece una diferencia de trato directamente basada en la edad, en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78.

En lo concerniente a la justificación de esa diferencia de trato debe observarse que las consideraciones de carácter presupuestario no pueden constituir por sí solas un objetivo legítimo en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78. Por lo que se refiere al respeto de los derechos adquiridos y a la protección de la confianza legítima de los trabajadores favorecidos por el régimen anterior en cuanto a sus retribuciones, debe señalarse que constituyen objetivos legítimos de la política de empleo y del mercado de trabajo que pueden justificar, durante un período transitorio, el mantenimiento de las retribuciones anteriores y, en consecuencia, el mantenimiento de un régimen discriminatorio por motivos de edad.

Sin embargo, estos objetivos no pueden justificar una medida que mantenga definitivamente, aunque sólo sea para algunas personas, la diferencia de trato por motivos de edad que pretende suprimir la reforma de un régimen discriminatorio en la que se integra esa medida. Una medida de esa clase, aun cuando pueda garantizar la protección de los derechos adquiridos y de la confianza legítima para los trabajadores favorecidos por el régimen anterior, no es apta para establecer un régimen no discriminatorio para los trabajadores desfavorecidos por el régimen anterior.

(véanse los apartados 31, 36, 37, 39 y 40 y el punto 1 del fallo)
En el caso de una petición de decisión prejudicial en materia de contratos públicos que plantea la cuestión de la aplicación de los principios de igualdad de trato y de no discriminación y de la obligación de transparencia que resultan de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, corresponde al órgano jurisdiccional remitente señalar los elementos necesarios para que el Tribunal de Justicia pueda verificar si, en el asunto principal, existe un interés transfronterizo cierto que justifique la aplicación de tales principios. Pues bien, tal y como se desprende del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este Tribunal debe poder hallar en una petición de decisión prejudicial una exposición de los datos fácticos en que se basan las cuestiones, así como de la relación que existe, en particular, entre tales datos y las cuestiones. Por consiguiente, la comprobación de los elementos necesarios que permitan verificar la existencia de un interés transfronterizo cierto debería efectuarse con carácter previo a la remisión al Tribunal de Justicia.

Sin embargo, en aras del espíritu de cooperación que preside las relaciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia en el ámbito del procedimiento prejudicial, la falta de tales comprobaciones previas por el órgano jurisdiccional remitente acerca de la existencia de un eventual interés transfronterizo cierto no dará lugar a la inadmisibilidad de la petición si, a pesar de dichas carencias, el Tribunal de Justicia considera, a la vista de los elementos que se desprenden del expediente, que está en condiciones de proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente. Así sucede, en particular, cuando la resolución de remisión contiene suficientes elementos pertinentes para la apreciación de la eventual existencia de tal interés. No obstante, la respuesta que proporcione el Tribunal de Justicia estará supeditada a que el órgano jurisdiccional remitente pueda comprobar, sobre la base de una valoración detallada de todos los elementos pertinentes relativos al asunto principal, la existencia de un interés transfronterizo cierto en dicho asunto.

(véanse los apartados 47 y 48)
El artículo 45 de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento no 1177/2009, en relación con el artículo 2 de aquélla, así como el principio de igualdad de trato y la obligación de transparencia, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la exclusión de un operador económico de un procedimiento de adjudicación por el hecho de que ese operador no haya cumplido la obligación, establecida en los documentos relativos al contrato, de adjuntar a su oferta, so pena de exclusión, una declaración a tenor de la cual la persona designada en esa oferta como director técnico de dicho operador no es objeto de ningún procedimiento o de una condena penales, incluso cuando, en una fecha posterior al transcurso del plazo concedido para la presentación de las ofertas, se haya presentado esa declaración al poder adjudicador o se demuestre que la condición de director técnico se atribuyó por error a tal persona.

(véanse el apartado 50 y el fallo)
En efecto, de no exigir que la carne fresca de aves de corral cumpla el criterio microbiológico en todas las fases de la distribución, incluida la fase de venta al por menor, peligraría uno de los objetivos fundamentales de la normativa alimentaria, a saber, el de asegurar un nivel elevado de protección de la salud pública, al que se remite el primer considerando del Reglamento no 2073/2005, puesto que se comercializarían alimentos que contuviesen microorganismos en cantidades que presentaran un riesgo inaceptable para la salud humana.

El anexo II, parte E, apartado 1, del Reglamento no 2160/2003, sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos, en su versión modificada por el Reglamento no 1086/2011, debe interpretarse en el sentido de que la carne fresca de aves de corral procedente de las poblaciones de animales indicadas en el anexo I de dicho Reglamento debe cumplir el criterio microbiológico del anexo I, capítulo 1, entrada 1.28, del Reglamento no 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, en su versión modificada por el Reglamento no 1086/2011, en todas las fases de distribución, incluida la fase de venta al por menor.

El Derecho de la Unión, en concreto el Reglamento no 178/2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, y el Reglamento no 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, en su versión modificada por el Reglamento no 1086/2011, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional que sanciona a los explotadores de empresas alimentarias cuyas actividades tienen lugar únicamente en la fase de distribución para la comercialización de un alimento por el incumplimiento del criterio microbiológico indicado en el anexo I, capítulo 1, entrada 1.28, del Reglamento no 2073/2005. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar si la sanción es conforme con el principio de proporcionalidad del artículo 17, apartado 2, del Reglamento no 178/2002.

A este respecto, en el caso de que el sistema de sanciones sea un sistema de responsabilidad objetiva, dicho sistema, como tal, no es desproporcionado en relación con el fin perseguido, si dicho sistema incita a las personas de que se trate a cumplir lo dispuesto en un Reglamento y los objetivos revisten un interés general que puede justificar la implantación de tal sistema.

(véanse los apartados 36, 37, 42 y 44 y el punto 2 del fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Signos que pueden constituir una marca — Representación de la disposición de un espacio de venta de productos por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones — Concepto de «servicios» — Servicios consistentes en prestaciones relativas a dichos productos — Inclusión — Requisitos

(Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2 y 3)

2. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestiones generales o hipotéticas — Cuestión de carácter abstracto y meramente hipotético habida cuenta del objeto del litigio principal — Inadmisibilidad

(Art. 267 TFUE)

Índice

1. Los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95, sobre marcas, deben interpretarse en el sentido de que la representación de la disposición de un espacio de venta de productos por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios consistentes en prestaciones relativas a dichos productos pero que no formen parte integrante de la comercialización de éstos, siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del autor de la solicitud de registro de los de otras empresas y que no se opongan a ello ninguna de las causas de denegación establecidas en la Directiva.

(véanse el apartado 27 y el fallo)

2. Una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional debe inadmitirse cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal.

(véase el apartado 30)