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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 118/8

Recurso de casación interpuesto el 8 de diciembre de 2011 por la Regione autonoma della Sardegna contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 20 de septiembre de 2011 en los asuntos acumulados T-394/08, T-408/08, T-453/08 y T-454/08, Regione autonoma della Sardegna y otros/Comisión

(Asunto C-631/11 P)

2012/C 118/13

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Recurrente: Regione autonoma della Sardegna (representante: A. Fantozzi, avvocato)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, Selene di Alessandra Cannas Sas y otros

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule y/o modifique la sentencia del Tribunal General dictada el 20 de septiembre de 2011 en los asuntos acumulados T-394/08, T-408/08, T-453/08 y T-454/08.

— Que se anule la Decisión de la Comisión Europea, de 3 de julio de 2008 [ayuda de Estado C1/2004 Italia — SG-Greffe (2008) D/204339], relativa al régimen de ayudas estatales «Ley regional no 9 de 1998 — Aplicación abusiva de la ayuda N 272/98».

Motivos y principales alegaciones

La recurrente alega dos motivos en apoyo de su recurso de casación.

El primer motivo se refiere a la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3. En particular, la recurrente denuncia la violación y la aplicación incorrecta del principio de necesidad y del principio del efecto de incentivación como consecuencia de un enfoque excesivamente formal, contrario al principio de preeminencia de la sustancia sobre la forma, y de que no se tomaran en consideración las peculiaridades de los aspectos de Derecho intertemporal que caracterizan el caso de autos.

El segundo motivo versa sobre la violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, así como la infracción del artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999. (1) Las alegaciones de la recurrente se basan en la peculiaridad intertemporal del caso de autos, que no se tuvo en cuenta en la sentencia recurrida. La recurrente aduce, asimismo, que el Tribunal General fue más allá de cuanto afirma la jurisprudencia en la materia, exigiendo al agente económico un grado de diligencia inalcanzable en la práctica, dado que la necesaria precedencia de la solicitud respecto del inicio de las obras es un parámetro comunitario cuya introducción se produjo de modo contemporáneo a los hechos del caso de autos, de modo que no podía conocerse en el momento en que se formó la determinación volitiva de la empresa.

(1) DO L 83, p. 1.
2)

¿Vulnera los principios de neutralidad fiscal, de proporcionalidad y de protección de la confianza legítima una práctica administrativa y judicial conforme a la cual a una parte (el adquirente o destinatario mencionado en la factura) se le deniega mediante una resolución de la inspección fiscal el derecho a deducir el impuesto soportado, mientras que en relación con la otra parte (la que expidió la factura), también mediante una resolución de la inspección fiscal, no se efectúa una rectificación del IVA consignado en la factura, en los siguientes casos: — cuando quien expidió la factura no haya aportado documentación en el marco de la inspección fiscal de la que fue objeto; — cuando quien expidió la factura haya aportado documentación en el marco de la inspección fiscal, pero sus proveedores no hayan aportado pruebas o cuando a partir de las pruebas aportadas no pueda apreciarse que efectivamente se entregaron bienes o se prestaron servicios; — cuando en el procedimiento de inspección fiscal del que fue objeto quien expidió las facturas no se comprobó la cadena de las entregas controvertidas?
2)

En particular, se solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea («Tribunal de Justicia») que responda a las siguientes cuestiones: 1) ¿Es necesario que los tribunales del Estado A esperen al resultado de una eventual solicitud y de la consiguiente resolución de los tribunales del Estado B sobre si estos tribunales deben suspender o desestimar el segundo procedimiento con arreglo al artículo 28 del […] Reglamento […] no 44/2001 antes de adoptar una resolución sobre la suspensión o desestimación del tercer procedimiento? 2) Si no es necesario que los tribunales del Estado A esperen al resultado de una eventual solicitud y de la consiguiente resolución de los tribunales del Estado B sobre si estos tribunales deben suspender o desestimar el segundo procedimiento con arreglo al artículo 28 del […] Reglamento […] no 44/2001 antes de adoptar una resolución sobre la suspensión o desestimación del tercer procedimiento, ¿pueden los tribunales del Estado A tener en cuenta el primer procedimiento a la hora de resolver sobre la suspensión o desestimación del tercer procedimiento? 3) En caso de que los tribunales del Estado B resuelvan que tienen competencia para conocer del segundo procedimiento, ¿pueden los tribunales del Estado A tener en cuenta el primer procedimiento a la hora de resolver sobre la suspensión o desestimación del tercer procedimiento de conformidad con el artículo 28 del […] Reglamento […] no 44/2001? 4) ¿Constituye un criterio esencial que el demandante en el tercer procedimiento hubiera podido interponer (pero no interpuso) dicho tercer procedimiento como una reconvención en el primer procedimiento? En tal caso, ¿qué importancia deberían atribuir los tribunales del Estado A a este criterio a la hora de determinar si deben inhibirse o suspender el tercer procedimiento con arreglo al artículo 28 del […] Reglamento […] no 44/2001?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 49/19

Recurso de casación interpuesto el 19 de diciembre de 2011 por Mindo Srl contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 5 de octubre de 2011 en el asunto T-19/06, Mindo Srl/Comisión Europea

(Asunto C-652/11 P)

2012/C 49/32

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Mindo Srl (representantes: C. Osti, A. Prastaro, G. Mastrantonio, avvocati)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule, en su totalidad, la sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2011, recaída en el asunto Mindo/Comisión (T-19/06), y, como consecuencia,

— Que se devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre el fondo, en la medida en que su sentencia privó a Mindo de su derecho a un control jurisdiccional pleno en primera instancia.

— Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

El recurso de casación se basa en los siguientes motivos.

El Tribunal General afirma que Mindo no tiene interés en proseguir el procedimiento, porque no obtendría beneficio alguno de la anulación de la sentencia recurrida, ni en relación con la acción de reembolso que pueda ejercitar Alliance One International Inc. («Alliance One»), ni en relación con ulteriores acciones entabladas por terceros por daños y perjuicios.

En primer lugar, la recurrente sostiene que deben anularse las declaraciones anteriores, porque infringen las leyes aplicables, se basan en una desnaturalización de los hechos y, en cualquier caso, se caracterizan por una motivación insuficiente y contradictoria.

En segundo lugar, la recurrente alega que la sentencia recurrida debe anularse porque priva a Mindo de su derecho a acceder a los tribunales (y, en consecuencia, de su derecho a un control jurisdiccional pleno), o, si la sentencia recurrida debe interpretarse en el sentido de que Mindo y Alliance One deberían haber interpuesto conjuntamente un recurso en primera instancia, porque viola el derecho de defensa de dichas sociedades.
3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: ¿Cómo [deben] interpretarse el Reglamento (CE) no 883/2004, en particular los artículos 10 y 34 y el artículo 31, y el Reglamento (CE) no 987/2009 en caso de acumulación e imputación de prestaciones del régimen de la seguridad social para cubrir el riesgo de dependencia, en el caso de autos un derecho a una prestación mixta de la asignación alemana por dependencia (elección entre prestación en especie y en metálico) y un derecho a la asignación austriaca por dependencia? En concreto: 3.1. ¿Debe imputarse a la asignación austriaca por dependencia que ha de exportarse, establecida en la BPGG, únicamente la prestación en metálico concedida por el Estado de residencia alemán o únicamente la prestación en especie por dependencia o bien la prestación total por dependencia (importe total de la asignación por dependencia más el valor de la prestación en especie por dependencia) y, en ese caso, debe considerarse el diferente nivel de precios de los Estados miembros afectados? 3.2. Al llevar a cabo la imputación, ¿debe tomarse en consideración si el Estado de residencia concede prestaciones por dependencia de idéntica cobertura y, al realizarse la imputación, deben pasarse por alto las prestaciones por dependencia del Estado de residencia que únicamente se contemplan en el régimen de la seguridad social del Estado de residencia para cubrir el riesgo de dependencia? 3.3. ¿Debe examinar el órgano jurisdiccional de lo social al que acude la persona dependiente los requisitos materiales de la imputación si la autoridad demandada no ha iniciado ningún procedimiento en el sentido del artículo 31 del Reglamento (CE) no 987/2009, no ha presentado alegaciones en lo que atañe a las prestaciones de idéntica cobertura y, en particular, no ha informado a la persona dependiente de la prohibición de acumular prestaciones?
1)

El Tribunal General se ha equivocado al declarar que Deltafina incumplió su obligación de cooperación al no informar a la Comisión de que había revelado que cooperaba con ella. En su opinión, dicho Tribunal debía haberse pronunciado, en cambio, sobre si, a la luz del acuerdo alcanzado en la reunión de 14 de marzo de 2002 entre Deltafina y la Comisión sobre las «reglas del juego», la Comisión podía concluir legítimamente que Deltafina había incumplido su obligación de cooperación al haber revelado, en la reunión de la APTI de 4 de abril de 2002, que había presentado una solicitud de dispensa del pago de la multa. Considera que, al actuar así, el Tribunal General había sustituido a las partes en la definición ex post de las modalidades de la obligación de cooperación de Deltafina, no se había pronunciado sobre el principal motivo invocado por Deltafina y había violado el derecho de defensa de Deltafina.
—

Sexto, el Tribunal ha violado el principio de culpabilidad y la presunción de inocencia [artículo 27, apartado 2, del Reglamento no 1/2003; artículo 48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»); artículo 6, apartado 2, del CEDH] al no haber considerado necesaria una imputación de la infracción cometida por los empleados a la empresa afectada o no haberla realizado.
1)

Según una interpretación correcta del artículo 4 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, (1) introducido por el Reglamento (CE) no 1261/2007, ¿el compromiso de cesar la entrega de determinada parte de la cuota de remolacha azucarera a la empresa con la que haya celebrado un contrato de entrega en la anterior campaña de comercialización debe entenderse en el sentido de una declaración unilateral del productor de que no suministrará remolacha azucarera en la campaña de comercialización 2008/2009, o bien dicho compromiso debe entenderse en el sentido de una resolución por escrito de la relación contractual del productor con la compañía azucarera en lo que respecta al suministro de remolacha azucarera en dicha campaña de comercialización?
2)

El Tribunal General atribuyó un valor exclusive y decisivo al hecho de que los dos signos en conflicto compartieran el elemento «POLO» sin aplicar correctamente los principios de valoración global del riesgo de confusión que se desprenden, en particular, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, Sabel (C-251/95, Rec. p. I-6191). El Tribunal General no aplicó el principio de que el público en general percibe la marca como un todo y no analiza sus diferentes detalles sino que, en relación con la marca anterior, únicamente tomó un componente y lo comparó con la marca posterior. En particular, el Tribunal General no tomó plenamente en consideración las circunstancias del presente asunto al obviar las diferencias que presentan las marcas en conflicto, en particular el llamativo duplicado del elemento «POLO» en la marca anterior. El elemento independiente «POLO» ni predomina en la marca anterior «POLO-POLO» ni desempeña una función distintiva y autónoma en el signo compuesto y el Tribunal General ni siquiera sostuvo en este caso que se cumpliera tal función. Por otra parte, la marca anterior «POLO-POLO», considerada como un todo, no tiene ningún significado en ningún idioma de la Comunidad. En consecuencia, no resulta posible una comparación conceptual.
6)

El Tribunal General incurrió en graves errores de Derecho al analizar el conocimiento implícito. Concretamente: a) Se equivocó al identificar a las partes cuyo conocimiento implícito resultaba relevante (primer fundamento del presente recurso de casación). En particular, el Tribunal General interpretó erróneamente la jurisprudencia y los principios jurídicos al tomar en consideración el conocimiento implícito de la Comisión. El Reino Unido alega que sólo tiene relevancia el conocimiento implícito del Reino Unido. Con carácter subsidiario, para el caso de que se considere de que es relevante el conocimiento implícito de alguna parte diferente del Reino Unido, debe estimarse que ésta parte es quien adoptó la decisión (esto es, la Comisión y el Comité Hábitats) y no únicamente la Comisión; y b) Aplicó un criterio equivocado al determinar el objeto de aquello que «pudo haberse conocido» (segundo fundamento del presente recurso de casación). En particular, el Tribunal General no aplicó correctamente o no aplicó en absoluto el criterio adecuado; concretamente aquel según el cual únicamente cabe considerar que una parte conoce lo que resulta razonable que una persona prudente conozca. Por otra parte, el Tribunal General incurrió en un error manifiesto de apreciación de los hechos al concluir que se cumplía el criterio del conocimiento implícito.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 282/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) el 25 de julio de 2011 — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-392/11)

2011/C 282/27

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Field Fisher Waterhouse LLP

Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Cuestiones prejudiciales

1) La cuestión principal en el presente asunto es si los servicios prestados (en adelante, «servicios») por los propietarios en virtud de lo dispuesto en un contrato de arrendamiento con sus inquilinos deberían considerarse un elemento de una única prestación exenta de un arrendamiento de inmueble, bien porque los servicios forman, objetivamente, una sola prestación económica indisociable con el arrendamiento, o bien porque son «accesorios» al arrendamiento, el cual forma la prestación principal (en adelante, «prestación principal»). Para determinar esta cuestión, y en vista de la resolución emitida por el Tribunal de Justicia en el asunto Tellmer (C-572/07), ¿en qué medida es relevante que los servicios pudieran ser (aunque, de hecho, no lo sean) prestados por personas distintas de los propietarios, si bien, en virtud de lo previsto en las condiciones de los presentes contratos de arrendamiento en cuestión, los arrendatarios no tenían otra opción que recibir los servicios de los propietarios?

2) Para determinar si existe una única prestación ¿es relevante el hecho de que el impago del importe correspondiente a los gastos comunes por parte del inquilino faculte al propietario no solo a negarse a prestar los servicios, sino, además, a resolver el contrato de arrendamiento con el primero?

3) Si la respuesta a la primera cuestión es que la posibilidad de que los servicios sean prestados por un tercero directamente al inquilino resulta relevante, ¿se trata, meramente, de un factor que contribuye a determinar si los servicios constituyen bien una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial, bien una prestación meramente accesoria al servicio principal, o se trata de un factor determinante? En caso de que se trate meramente de un factor que contribuye a aclarar si los servicios constituyen una prestación meramente accesoria, o de que no resulte en absoluto relevante, ¿qué otros factores lo son para determinar el carácter accesorio de la prestación? En particular, ¿qué relevancia tiene que los servicios se presten en los locales objeto del alquiler o respecto de estos, o en otras partes del inmueble?

4) Si la posibilidad de que sea un tercero quien preste los servicios fuese relevante, ¿es lo relevante, más concretamente, el que los servicios los pueda prestar legalmente un tercero, incluso en el caso de que resultase complicado en la práctica organizarlo o acordarlo con el propietario, o es, más bien, la posibilidad práctica o la práctica común en la prestación de dichos servicios lo que ha de tenerse en cuenta como aspecto relevante?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 269/35

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Montreuil (Francia) el 4 de julio de 2011 — International Values Series of the DFA Investment Trust Co./Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

(Asunto C-344/11)

2011/C 269/70

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal administratif de Montreuil

Partes en el procedimiento principal

Demandante: International Values Series of the DFA Investment Trust Co.

Demandada: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe tenerse en cuenta la situación de los partícipes, además de la de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 269/27

Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Breda (Países Bajos) el 27 de junio de 2011 — A.T.G.M. van de Ven y M.A.H.T. van de Ven-Janssen/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Asunto C-315/11)

2011/C 269/51

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Breda

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: A.T.G.M. van de Ven, M.A.H.T. van de Ven-Janssen

Demandada: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Cuestiones prejudiciales

1) En caso de retraso, ¿es el derecho a compensación, en los términos previstos en el artículo 7 del Reglamento no 261/2004, (1) compatible con el artículo 29 in fine del Convenio de Montreal, habida cuenta de que, de conformidad con la frase primera del artículo 29 del Convenio de Montreal, (2) las acciones de indemnización de daños, se funden en un contrato, en un acto ilícito o en cualquier otra causa, solamente podrán iniciarse con sujeción a condiciones y a límites de responsabilidad que se hallen previstos en el Convenio de Montreal?

2) En caso de retraso, si el derecho a compensación, en los términos previstos en el artículo 7 del Reglamento no 261/2004, no fuera compatible con el artículo 29 del Convenio de Montreal, ¿se plantean limitaciones con respecto al momento en que la resolución del Tribunal de Justicia produzca efectos en relación con el presente asunto y/o en general?

(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).

(2) Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, sobre la celebración por la Comunidad Europea del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Convenio de Montreal) (DO L 194, p. 38).
El tercer motivo se refiere al hecho de no tener en cuenta que Tomkins formaba parte de una empresa de la que se reconoce que cometió una infracción. El Tribunal General cometió un error de Derecho al reducir la responsabilidad de una entidad (la casa matriz Tomkins) incluida en la «empresa Tomkins» por el hecho de que se redujo la duración respecto a otra parte de dicha empresa, la filial Pegler. Sin embargo, la reducción de la responsabilidad de Pegler por la infracción se basó en la condición de Pegler de «sociedad dormida» y no en el hecho de que el grupo de que se trata no hubiera participado en la infracción. A juicio de la Comisión, la circunstancia de que esta concreta filial (Pegler) del grupo pudiera no haber sido la adecuada destinataria dentro del grupo por un determinado período de tiempo afecta únicamente a la filial y no exime a la «empresa» en su integridad. Esto es así especialmente en una situación en la que el Tribunal General (ni la propia Tomkins) no ha negado que la empresa encabezada por Tomkins participó en la infracción durante una gran parte del período pertinente.
—

Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, al no haber adaptado su normativa interna a los artículos 2, letras a), b), d), e) y f), 3, apartado 3, 4, apartado 3, 6, 7, 8, 9, apartados 1 y 2, letra a), 10, apartados 3 y 4, 18, apartados 1, párrafo segundo, 3 y 4, así como al anexo V, Parte A, cuarto guión, Parte B, primer guión, y Parte C, primer guión, de dicha Directiva o al no haberlo hecho correctamente.
a)

¿Debe entenderse el artículo 2 del Reglamento (CE) no 2042/2003, en relación con la disposición Μ.Β.902, letra b), punto 1, de la subparte I de la sección B del anexo I de dicho Reglamento, y habida cuenta de lo dispuesto en la disposición ΑΜC Μ.Β. 102, letra c), punto 1 (párrafos 1.1 a 1.4, 1.6, 1.7) de la subparte A de la sección B del anexo I de la Decisión 2003/19/RΜ, de la EASA de 28 de noviembre de 2003, sobre los medios aceptables de cumplimiento del mencionado Reglamento no 2042/2003, en el sentido de que el legislador nacional, al adoptar medidas adicionales para la aplicación de dicho Reglamento, tiene la facultad discrecional de asignar la tarea de inspección de las aeronaves para comprobar que se cumplen las exigencias vigentes en materia de aeronavegabilidad entre varias categorías o especialidades de inspectores, controlando cada una de ellas cuales controlará la aeronavegabilidad de la aeronave únicamente respecto de un ámbito concreto? Εn particular, ¿es conforme con el Reglamento no 2042/2003 una normativa nacional, como la controvertida en el presente asunto, que establece Inspectores de Aeronavegabilidad (Airworthiness and Avionics Inspectors), Inspectores de Operaciones de Vuelo (Flight Operations Inspectors), Inspectores de Seguridad de la Cabina de Pasajeros (Cabin safety Inspectors) e Inspectores de Titulaciones y Licencias (Licensing Inspectors)?