Palabras clave

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Palabras clave

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1. Cuestiones prejudiciales ° Competencia del Tribunal de Justicia ° Límites ° Cuestión manifiestamente desprovista de pertinencia ° Examen de la compatibilidad de una medida nacional con el Derecho comunitario

(Tratado CEE, art. 177)

2. Disposiciones fiscales ° Armonización de las legislaciones ° Impuestos sobre el volumen de negocios ° Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido ° Deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado ° Tributación de un producto importado exclusivamente en la fase de su primera comercialización y sobre el precio practicado en dicha fase ° Infracción de las disposiciones relativas a las deducciones y a la base imponible ° Improcedencia ° Invocabilidad de las disposiciones correspondientes por parte de los particulares

(Directivas del Consejo 67/228, art. 2, y 77/388, arts. 2, 11 y 17)

3. Disposiciones fiscales ° Armonización de las legislaciones ° Impuestos sobre el volumen de negocios ° Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido ° Sexta Directiva 77/388/CEE ° Medidas nacionales de excepción ° Requisitos para su procedencia

(Directiva 77/388 del Consejo, art. 27)

4. Disposiciones fiscales ° Armonización de las legislaciones ° Impuestos sobre el volumen de negocios ° Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido ° Exenciones previstas por la Sexta Directiva del IVA ° Prestaciones de servicios relacionadas con la importación de bienes ° Exención de todos los servicios de transporte y de almacenamiento de productos petrolíferos importados ° Improcedencia

[Directiva 77/388 del Consejo, art. 11, parte B, ap. 3, letra b); art. 14, ap. 1, letra i), y art. 17]

5. Cuestiones prejudiciales ° Interpretación ° Efectos en el tiempo de las sentencias interpretativas ° Percepción del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de una normativa nacional adoptada en infracción de la Sexta Directiva ° Devolución con efecto retroactivo ° Procedimiento ° Aplicación del Derecho nacional ° Límites

(Tratado CEE, art. 177; Directiva 77/388 del Consejo)

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1. En el marco del procedimiento prejudicial previsto en el artículo 177 del Tratado, corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen del litigio y que deben asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia. Una petición presentada por un órgano jurisdiccional nacional puede ser rechazada si resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario o el examen de la validez de una norma comunitaria que dicho órgano jurisdiccional solicita no tiene relación alguna con la existencia real o el objeto del litigio principal.

Además, en el marco del mismo procedimiento, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el Derecho comunitario.

2. Los artículos 2, 11 y 17 de la Sexta Directiva, 77/388, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, a falta de una autorización obtenida conforme al artículo 27 de esta misma Directiva, somete la importación de productos petrolíferos acabados al Impuesto sobre el Valor Añadido calculado sobre un precio de base diferente del establecido por el artículo 11 y que, al eximir a los operadores económicos del sector del petróleo de la obligación de presentar declaraciones, los priva del derecho a deducir el impuesto que grava directamente las operaciones anteriores.

En efecto, según el principio fundamental inherente al sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido, que resulta de los artículos 2 de las Directivas Primera y Sexta, el impuesto se aplica en cada transacción de producción o de distribución, previa deducción del impuesto que haya gravado directamente las operaciones anteriores.

Además, por lo que se refiere a la entrega de bienes, el artículo 11 de la Sexta Directiva, dado que tiene por objeto, especialmente, garantizar la aplicación del impuesto en cada fase de comercialización sobre el precio o el valor de las mercancías en dicha fase, se opone a la aplicación de un régimen de tributación en el que el impuesto se fija, una sola vez, sobre el precio en la primera fase de comercialización.

A este respecto, el derecho a deducción establecido en los artículos 17 y siguientes de la Sexta Directiva, que forma parte del mecanismo del Impuesto sobre el Valor Añadido, en principio no puede limitarse y se ejercita inmediatamente para la totalidad de los impuestos que hayan gravado las operaciones anteriores, incide en el nivel de la carga fiscal y debe aplicarse de manera similar en todos los Estados miembros, de forma que sólo se permiten excepciones en los casos previstos expresamente por la Directiva.

Las disposiciones del apartado 1 de la parte A y de los apartados 1 y 2 de la parte B del artículo 11, así como los apartados 1 y 2 del artículo 17, que indican con precisión las formas de determinar la base imponible y, respectivamente, los requisitos del nacimiento y del alcance del derecho a deducción, y que no dejan a los Estados miembros ningún margen de apreciación en lo que se refiere a su aplicación, confieren a los particulares derechos que pueden invocar ante el Juez nacional para oponerse a una normativa nacional incompatible con dichas disposiciones.

3. Las medidas de inaplicación de la Sexta Directiva, 77/388, previstas en su artículo 27, sólo serán conformes con el Derecho comunitario cuando, por una parte, se limiten al marco de los objetivos contemplados por el apartado 1 del citado artículo y, por otra parte, hayan sido objeto de una notificación a la Comisión y de una autorización del Consejo, expresa o implícita, obtenida en las condiciones que precisan los apartados 1 a 4 del mismo artículo. Para cumplir con estos requisitos, no basta que un Estado miembro se limite a notificar a la Comisión la totalidad de un proyecto de ley relativo a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin proporcionar ningún dato de ponderación particular relativo al régimen especial establecido. En efecto, sólo una notificación que se refiera de manera expresa al apartado 2 del artículo 27 de la Directiva permite a la Comisión y, en su caso, al Consejo, controlar si el controvertido régimen de excepción se limita al marco de los objetivos contemplados por el apartado 1 del artículo 27.

4. Las disposiciones de la Sexta Directiva, 77/388, y, en particular, sus artículos 13 a 17, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una exención general del Impuesto sobre el Valor Añadido sobre todos los servicios de transporte y de almacenamiento de productos petrolíferos importados. En efecto, por una parte, la letra i) del apartado 1 del artículo 14, conjuntamente con la letra b) del apartado 3 de la parte B del artículo 11 de la Directiva, prevé únicamente una exención de los gastos de transporte que se produzcan hasta el primer lugar de destino y, con carácter facultativo, los gastos derivados del transporte hacia otro lugar de destino conocido y, por otra parte, la exención general priva al operador económico del derecho a deducir el impuesto que grave los servicios de transporte y de almacenamiento más allá del segundo transporte de los productos petrolíferos.

5. La interpretación que, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 177 del Tratado, hace el Tribunal de Justicia de una norma de Derecho comunitario, aclara y precisa, cuando es necesario, el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor. De ello resulta que la norma que haya sido interpretada de este modo puede y debe ser aplicada por el Juez incluso a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, si además se reúnen los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma.

Más en particular, de ello se deduce que el derecho a obtener la devolución de cantidades percibidas por un Estado miembro en infracción de las normas de Derecho comunitario es la consecuencia y el complemento de los derechos conferidos a los justiciables por las disposiciones comunitarias tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia. Si bien es cierto que esta devolución sólo puede reclamarse cuando median los requisitos de fondo y de forma fijados por las diferentes legislaciones nacionales en la materia, no lo es menos que esos requisitos y las normas procesales de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que en favor del justiciable se deducen del efecto directo del Derecho comunitario no pueden ser menos favorables que los correspondientes a reclamaciones similares de carácter interno y no pueden estar articulados de tal manera que hagan imposible en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario.

Por lo tanto, los sujetos pasivos pueden solicitar, con efecto retroactivo a la fecha de entrada en vigor de la legislación nacional contraria a la Sexta Directiva, 77/388, la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido pagado indebidamente, conforme a las normas procesales definidas por el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate, siempre que éstas satisfagan las exigencias antes mencionadas.