Asuntos T‑117/07 y T‑121/07

Areva y otros

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de proyectos de conmutadores con aislamiento de gas — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Derecho de defensa — Obligación de motivación — Imputabilidad del comportamiento ilícito — Duración de la infracción — Multas — Responsabilidad solidaria para el pago de la multa — Circunstancias agravantes — Función de líder — Circunstancias atenuantes — Cooperación»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Normas comunitarias — Empresa — Concepto — Unidad económica

(Art. 81 CE, ap. 1)

2. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación — Persona jurídica responsable de la explotación de la empresa cuando se cometió la infracción — Excepciones

(Art. 81 CE, ap. 1)

3. Competencia — Normas comunitarias — Infracción cometida por una filial — Imputación a la sociedad matriz en razón de los vínculos económicos y jurídicos que las unen

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Motivo basado en la falta o insuficiencia de motivación — Motivo basado en la inexactitud de la motivación — Distinción

(Art. 253 CE)

5. Derecho comunitario — Principios generales del Derecho — Irretroactividad de las disposiciones penales — Ámbito de aplicación — Competencia

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 4, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 5]

6. Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba de la duración de la infracción a cargo de la Comisión

[Art. 81 CE, ap. 1; Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3]

7. Competencia — Procedimiento administrativo — Prescripción en materia de actuaciones — Inicio del cómputo

[Art. 81 CE; Acuerdo EEE, art. 53; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 25]

8. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance

(Art. 253 CE)

9. Competencia — Multas — Responsabilidad solidaria para el pago — Requisitos

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

10. Competencia — Multas — Responsabilidad solidaria para el pago — Alcance

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

11. Competencia — Multas — Responsabilidad solidaria para el pago — Posibilidad de que cada uno de los deudores interponga un recurso de anulación contra esa decisión

(Art. 81 CE, ap. 1; Acuerdo EEE, art. 53)

12. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación — Principio de individualización de las penas — Alcance

(Art. 81 CE, ap. 1)

13. Derecho comunitario — Principios — Derecho a una tutela judicial efectiva — Reconocimiento en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reafirmación en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)

14. Competencia — Principios — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Control jurisdiccional efectivo de las decisiones de la Comisión — Tribunal independiente e imparcial — Competencia jurisdiccional plena

[Arts. 81 CE, 229 CE y 230 CE; Reglamentos del Consejo nº 17, art. 17, y (CE) nº 1/2003, art. 31]

15. Competencia — Normas comunitarias — Carácter de orden público

(Art. 81 CE; Acuerdo EEE, art. 53)

16. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción y se impone una multa — Obligación de respetar el principio de competencia de atribución

[Arts. 5 CE y 81 CE; Acuerdo EEE, art. 53; Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, arts. 7, ap. 1, y 23, ap. 2]

17. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Pliego de cargos — Carácter provisional — Retirada de los cargos que se revelan infundados respecto a ciertas sociedades, lo que origina un empeoramiento de la posición de la sociedad que sigue siendo destinataria de la decisión recurrida — Procedencia dado el ejercicio por la sociedad de su derecho a ser oída

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 19, ap. 1, y (CE) nº 1/2003, art. 27, ap. 1]

18. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Papel de líder o de instigador de la infracción — Concepto

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, puntos 2 y 3]

19. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Función de líder de la infracción — Papel desempeñado sucesivamente por diferentes empresas y las sociedades que las dirigen

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2]

20. Competencia — Multas — Importe — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Competencia jurisdiccional plena

[Art. 229 CE; Reglamentos del Consejo nº 17, art. 17, y (CE) nº 1/2003, art. 31]

21. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Consideración del volumen de negocios mundial realizado durante el último año completo de la infracción con los productos y servicios objeto de la infracción

[Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A]

1. En el Derecho de la competencia, debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica desde el punto de vista del objeto de la infracción de que se trate. Al prohibir a las empresas, en particular, la celebración de acuerdos o la participación en prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común, el artículo 81 CE, apartado 1, se dirige a unas entidades económicas cada una de las cuales consiste en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización capaz de participar en la comisión de una infracción de las que contempla dicha norma.

(véase el apartado 63)

2. En materia de competencia, conforme al principio de la responsabilidad personal según el cual no puede considerarse responsable a cada sociedad más que de sus propios actos, en principio incumbe a la persona que dirigía a la empresa en el momento en que se cometió la infracción responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad o la dirección de otra persona.

En determinadas circunstancias excepcionales, la jurisprudencia admite que se pueda exceptuar el principio de la responsabilidad personal en aplicación del criterio llamado de la continuidad económica, en virtud del cual una infracción de las normas sobre la competencia puede ser imputada al sucesor económico de la persona jurídica que la haya cometido, aunque esta última no hubiera dejado de existir en la fecha en que se adoptó la decisión sancionadora, con el fin de que el efecto útil de dichas normas no se vea comprometido a causa de los cambios efectuados, en particular en la forma jurídica de las sociedades de que se trate.

Fundadamente, la Comisión no aplicó el criterio llamado «de la continuidad económica» y consideró personalmente responsable de la participación de una empresa en la infracción a la sociedad matriz que dirigió esa empresa de modo directo antes de transferirla a filiales exclusivas o cuasiexclusivas, hasta la fecha en la que esas filiales y esa empresa fueron transmitidas a otro grupo.

(véanse los apartados 65, 66, 72 y 78)

3. En materia de competencia, incumbe, en principio, a la Comisión demostrar que la sociedad matriz ha ejercido efectivamente una influencia decisiva en el comportamiento en el mercado de su filial, sobre la base de un conjunto de elementos de hecho, entre ellos, en particular, el eventual poder de dirección ejercido por la sociedad matriz sobre su filial No obstante, es razonable que la Comisión presuma que una filial al 100 % de una sociedad matriz aplica en lo esencial las instrucciones que ésta le imparte, y que dicha presunción de responsabilidad implica que la Comisión no está obligada a comprobar si la sociedad matriz ejerció efectivamente ese poder de dirección sobre su filial. Cuando la Comisión expone en el pliego de cargos su intención de considerar a la sociedad matriz personalmente responsable por una infracción imputable a su filial invocando la presunción de responsabilidad derivada de la pertenencia de la totalidad del capital de la filial a su sociedad matriz, incumbe a ésta, si pretende refutar la responsabilidad que le incumbe, presentar durante el procedimiento administrativo, o a más tardar ante el juez de la Unión, medios probatorios suficientes para desvirtuar la presunción demostrando que, a pesar de la pertenencia de la totalidad de su capital a la sociedad matriz, en realidad la filial determinaba con autonomía su conducta en el mercado.

La Comisión ha de poder tener en cuenta, en la decisión que declara una infracción, las respuestas de las empresas afectadas al pliego de cargos. A este respecto, no sólo ha de poder aceptar o rechazar las alegaciones de las empresas afectadas, sino también proceder a su propio análisis de los hechos que éstas exponen, bien para abandonar los cargos que hubieran resultado mal fundados, bien para adaptar o completar, tanto fáctica como jurídicamente, su argumentación en apoyo de los cargos que mantiene. Así sucede cuando la decisión de la Comisión se apoya no sólo en la presunción de responsabilidad derivada de la pertenencia de la totalidad del capital de las filiales a su sociedad matriz, sino también en datos de hecho aportados durante el procedimiento administrativo y acreditativos de que :

— dentro del grupo la organización operativa prevalecía sobre la estructura jurídica y las actividades de proyectos objeto de la infracción estaban dirigidas al nivel más alto por la sociedad matriz y sus predecesores,

— seis miembros del consejo de administración de las sociedades filiales habían sido de manera simultánea o consecutiva miembros del consejo de administración de las sociedades de cabeza del grupo antes de su transmisión ulterior a otro grupo,

— el nombramiento por la sociedad matriz de un nuevo miembro en el consejo de administración de sus filiales activas en el sector considerado sustenta la conclusión de que la primera había ejercido una influencia decisiva en las segundas, y

— respecto a las operaciones de reestructuración dentro del grupo, el cambio de denominación de las filiales activas en el sector en cuestión realizado inmediatamente después de la transmisión entre grupos acredita su integración en el grupo.

La Comisión también apreció fundadamente que la delegación de funciones de carácter comercial no podía exonerar a la sociedad matriz de sus responsabilidades puesto que ella misma reconoce que al tiempo de la infracción tenía que aprobar cualquier propuesta de oferta de proyectos objeto de la infracción superior a cierta magnitud o que conllevara ciertos riesgos sustanciales para el grupo.

(véanse los apartados 86, 87, 91, 97, 116 y 144)

4. En cuanto a la obligación de motivación que incumbe a la Comisión, en especial cuando adopta una decisión que declara una infracción de las reglas sobre la competencia, se debe distinguir entre la imputación basada en la falta o insuficiencia de motivación y la basada en la inexactitud de la fundamentación de la decisión (debido a un error en los hechos o en la apreciación jurídica). Este último aspecto está comprendido dentro del examen de la legalidad de la decisión controvertida en cuanto al fondo y no dentro de los vicios sustanciales de forma y, por lo tanto, no puede dar lugar a una infracción del artículo 253 CE.

(véase el apartado 88)

5. El principio de irretroactividad de las disposiciones penales es un principio común a todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, consagrado igualmente por el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que forma parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el juez de la Unión. Aunque del artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 17 y del artículo 23, apartado 5, del Reglamento nº 1/2003 resulta que las decisiones de la Comisión en las que se imponen multas por infracción del Derecho de la competencia no tienen carácter penal, no es menos cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho de la Unión, y en particular el de irretroactividad, en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una sanción con arreglo a las normas sobre la competencia.

El respeto de dicho principio exige que las reglas de imputación a personas físicas o jurídicas de las infracciones del Derecho de la competencia sean las establecidas en el momento en que se cometió la infracción. Cuando varias personas pueden ser consideradas personalmente responsables por la participación en una infracción de una misma y única empresa, en el sentido del Derecho de la competencia, deben ser consideradas solidariamente responsables de dicha infracción. Además, se puede considerar personal y solidariamente responsables por la participación de una misma y única empresa en una infracción a la persona bajo cuya responsabilidad o dirección directa estaba la empresa en el momento en que se cometió la infracción y a la persona que, por ejercer efectivamente un poder de control sobre la primera y determinar su comportamiento en el mercado, dirigía indirectamente esa misma empresa en el momento en que se cometió la infracción.

(véanse los apartados 131 a 134)

6. Por lo que respecta a la duración de una infracción de las reglas de la competencia, el principio de seguridad jurídica exige que, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas. Respecto a los medios de prueba, es habitual que las actividades que comportan las prácticas y acuerdos anticompetitivos se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en secreto, a menudo en un país tercero, y que la documentación al respecto se reduzca al mínimo. Aunque la Comisión descubra documentos que acrediten explícitamente un contacto ilícito entre los operadores, como las actas de una reunión, dichos documentos solo tendrán normalmente carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por deducción. En la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia. En el marco de una infracción que se prolonga a lo largo de varios años, el hecho de que las manifestaciones del cartel se produzcan en períodos diferentes, que pueden estar separados por lapsos de tiempo más o menos largos, no incide en la existencia de dicho acuerdo si las diferentes acciones que constituyen la infracción persiguen un único fin y se encuadran en el marco de una infracción de carácter único y continuado.

De ello se deduce que, puesto que los acuerdos contrarios a las reglas de la competencia, considerados en conjunto, estaban destinados a producir efectos entre la fecha de entrada en vigor de uno de ellos y la fecha de terminación de la validez de otro, la Comisión podía considerar conforme a Derecho que esos acuerdos constituían un indicio de que la infracción prosiguió de forma ininterrumpida durante todo el período considerado. Las pruebas de manifestaciones repetidas del cartel así como el conjunto de indicios reunidos por la Comisión de que esas actividades en las que la empresa afectada participó dentro del cartel prosiguieron durante todo el período considerado deben estimarse como prueba suficiente de que el cartel prosiguió de forma ininterrumpida entre las fechas señaladas en la decisión de la Comisión.

(véanse los apartados 164 a 166, 176 y 177)

7. En virtud del artículo 25 del Reglamento nº 1/2003, la facultad de la Comisión para imponer una sanción a causa de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo prescribe a los cinco años. El plazo de prescripción comienza a contar a partir del día en que se haya cometido la infracción. No obstante, respecto de las infracciones continuas o continuadas, la prescripción sólo empezará a contar a partir del día en que haya finalizado la infracción.

(véase el apartado 188)

8. No cabe reprochar a la Comisión no haber motivado especialmente la decisión de imponer una multa a dos sociedades, que han de pagarla solidariamente, en caso de infracción de las reglas de la competencia, invocando el hecho de que esas sociedades ya no formaban una entidad económica única en la fecha de la adopción de esa decisión, ya que dicha circunstancia no lo impedía, según la Comisión. En efecto, la Comisión no está obligada a incluir en su decisión una motivación precisa sobre determinados aspectos que le parecen manifiestamente fuera de contexto, carentes de significado o claramente secundarios para la valoración.

(véase el apartado 200)

9. La solidaridad para el pago de las multas debidas a causa de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE es un efecto jurídico que nace de pleno derecho de las disposiciones materiales de esos artículos.

La solidaridad para el pago de una multa debida por varias personas a causa de la participación de una empresa en una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) resulta de que cada una de esas personas puede ser considerada personalmente responsable de la participación de la empresa en la infracción. La unidad de comportamiento de la empresa en el mercado justifica, a efectos de la aplicación del Derecho de la competencia, que las sociedades, o más en general los sujetos de derecho que puedan ser considerados personalmente responsables, sean obligados con carácter solidario. La solidaridad para el pago de las multas impuestas a causa de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, en cuanto contribuye a garantizar la percepción efectiva de esas multas, sirve al objetivo de disuasión que persigue en general el Derecho de la competencia, y ello con observancia del principio ne bis in idem, principio fundamental del Derecho de la Unión, igualmente reconocido por el artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe, respecto a una misma infracción del Derecho de la competencia, que se sancione más de una vez un mismo comportamiento de la empresa en el mercado a través de los sujetos de derecho que puedan ser considerados personalmente responsables.

El hecho de que las responsabilidades personales en las que incurran varias sociedades a causa de la participación de una misma empresa en una infracción no sean idénticas no impide que se les imponga una multa que deban pagar solidariamente, ya que la solidaridad para el pago de la multa sólo abarca el período de la infracción durante el que formaban una unidad económica y constituían por tanto una empresa, en el sentido del Derecho de la competencia.

(véanse los apartados 204 a 206)

10. En el supuesto de que el motivo fundado en la infracción del principio de seguridad jurídica pueda interpretarse como una excepción de ilegalidad contra las reglas en materia de solidaridad para el pago de las multas, porque éstas generen incertidumbre acerca del pago de la multa, de la determinación del deudor de la obligación de pago y de la situación de los codeudores solidarios, dicho motivo implica pronunciarse sobre la legalidad misma del régimen de la solidaridad para el pago de las multas en el Derecho de la competencia y comprobar si los derechos y obligaciones que derivan de él pueden ser conocidos con suficiente precisión por las sociedades sancionadas.

Al igual que el concepto de «empresa», en el sentido del Derecho de la competencia, del que sólo es un efecto de pleno derecho, el concepto de «solidaridad para el pago de las multas» es un concepto autónomo que hay que interpretar con referencia a los objetivos y al sistema del Derecho de la competencia, del que forma parte, y en su caso a los principios generales que se deducen del conjunto de los regímenes jurídicos nacionales. En defecto de indicación contraria en la decisión mediante la que la Comisión impone a varias sociedades una multa que deben pagar solidariamente a causa del comportamiento infractor de una empresa, les imputa ese comportamiento con el mismo grado de responsabilidad. Además, las sociedades condenadas a pagar solidariamente una multa están obligadas al pago de una multa única cuyo importe se calcula con referencia al volumen de negocios de la empresa afectada.

De ello resulta que cada sociedad está obligada frente a la Comisión al pago de la totalidad del importe de la multa y que el pago realizado por una de ellas libera a todas frente a la Comisión. Las sociedades a las que se impone una multa que han de pagar solidariamente y que, salvo indicación contraria en la decisión que impone la multa, han incurrido en igual responsabilidad en la comisión de la infracción, deben contribuir en principio a partes iguales al pago de la multa impuesta a causa de esa infracción. Por consiguiente, la sociedad que, previa reclamación de pago de la Comisión en su caso, pague la totalidad del importe de la multa puede actuar en vía de repetición contra cada uno de sus codeudores solidarios por su cuota en la multa. Así pues, aunque la decisión por la que se impone a varias sociedades una multa que deben pagar solidariamente no permite determinar a priori a cuál de esas sociedades reclamará la Comisión el pago de la multa, dicha decisión no impide que cada una de esas sociedades pueda conocer sin ambigüedad la cuota del importe de la multa que le corresponde personalmente, y actuar contra sus codeudores solidarios en repetición de las cantidades superiores a esa cuota que hubiera pagado.

(véanse los apartados 213 y 215)

11. La solidaridad para el pago de las multas en el Derecho de la competencia no se opone al derecho de cada una de las sociedades sancionadas de interponer un recurso de anulación de la decisión de la Comisión que les haya impuesto una multa que deben pagar solidariamente.

(véase el apartado 217)

12. El principio de individualización de las penas y las sanciones, que es aplicable en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de sanciones en virtud del Derecho de la competencia, exige que una persona sólo sea sancionada por los hechos que se le imputen individualmente. Así sucede cuando dos sociedades han sido sancionadas a causa de la participación de una empresa en la infracción, por hechos que les imputa individualmente la Comisión, en virtud de la responsabilidad que les incumbe por su condición de dirigentes directos o indirectos de esa empresa.

(véanse los apartados 219 y 220)

13. La exigencia de un control jurisdiccional constituye un principio general de Derecho de la Unión, que deriva de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y que está consagrado también en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El derecho a la tutela judicial efectiva ha sido reafirmado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(véase el apartado 224)

14. La exigencia de control jurisdiccional efectivo se aplica en particular a toda decisión de la Comisión por la que se aprecie y sancione una infracción del Derecho de la competencia. Conforme al artículo 17 del Reglamento nº 17 y al artículo 31 del Reglamento nº 1/2003, el Tribunal tiene competencia jurisdiccional plena en el sentido del artículo 229 CE sobre los recursos interpuestos contra las decisiones mediante las cuales la Comisión hubiera fijado una multa y puede suprimir, reducir o aumentar la multa impuesta.

En el marco de los recursos fundados en el artículo 230 CE el control de legalidad de una decisión de la Comisión que imputa una infracción del Derecho de la competencia a personas físicas o jurídicas y les impone por ese motivo una multa debe considerarse como un control jurisdiccional efectivo de esa decisión. La intensidad del control ejercido por el juez de la Unión y por consiguiente el carácter efectivo de los recursos interpuestos contra las decisiones mediante las que la Comisión declara una infracción de las reglas de la competencia y fija una multa se refuerzan aún más por la competencia de plena jurisdicción conferida al Tribunal en esa materia. Más allá del mero control de legalidad, que sólo permite desestimar el recurso de anulación o anular el acto impugnado, la competencia jurisdiccional plena de la que dispone permite al juez de la Unión reformar el acto impugnado, incluso sin anulación, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, para modificar, por ejemplo, el importe de la multa impuesta.

(véanse los apartados 225 a 227)

15. El artículo 81 CE y por analogía el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) son disposiciones de orden público indispensables para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Comunidad Europea y al EEE, por lo que la responsabilidad y la sanción en que incurren las sociedades en caso de infracción de dichas disposiciones no pueden quedar a libre disposición de aquéllas.

(véase el apartado 229)

16. En virtud del artículo 5 CE la Comunidad Europea actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el Tratado y de los objetivos que éste le asigna. Sólo dispone por tanto de competencias de atribución.

Cuando la Comisión inicia un procedimiento con vistas a la adopción de una decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, ella es la única competente en virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, o del artículo 7, apartado 1, y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, para declarar esa infracción e imponer multas a las empresas que de forma deliberada o por negligencia hayan participado en aquélla. So pena de vulnerar el principio de competencias de atribución la Comisión no puede delegar en un tercero las facultades que le confieren de esa forma las disposiciones antes citadas.

No puede considerarse que en un caso concreto la Comisión haya delegado en un juez nacional o en un árbitro una parte de las facultades que se le han conferido para declarar y sancionar esas infracciones cuando la Comisión ha determinado en la decisión adoptada en ese caso la parte de responsabilidad respectiva de dos diferentes sociedades por la participación de la empresa afectada en la infracción y en consecuencia su cuota respectiva en el importe de la multa a cuyo pago están solidariamente obligadas frente a la Comisión.

(véanse los apartados 233, 234 y 236)

17. El pliego de cargos es un documento preparatorio cuyas apreciaciones de hecho y de Derecho son de carácter meramente provisional. Por esa razón la Comisión puede e incluso debe tener en cuenta los elementos resultantes del procedimiento administrativo, a efectos, entre otros, de retirar los cargos que se hayan revelado infundados. Cuando una sociedad sancionada por infracciones del Derecho de la competencia ha tenido la posibilidad de exponer eficazmente su punto de vista sobre la renuncia por la Comisión en la decisión impugnada a una imputación que previamente había formulado contra otras sociedades, a las que consideraba solidariamente responsables con la primera sociedad por la participación de una misma y única empresa en una infracción, antes de la adopción de esa decisión, el derecho de defensa de esa última empresa no fue vulnerado a causa de la discordancia entre el pliego de cargos y la decisión impugnada.

(véanse los apartados 248, 249 y 262)

18. El papel de dirigente desempeñado por una o varias empresas en el marco de un cartel debe ser tenido en cuenta a efectos del cálculo del importe de la multa, en la medida en que las empresas que hayan desempeñado tal papel deben, por ello, cargar con una responsabilidad especial en relación con las otras empresas. Para ser calificada de líder de un cartel una empresa debe haber supuesto una fuerza motriz significativa para el cartel o haber asumido una responsabilidad particular y concreta en su funcionamiento. Así es cuando una empresa ha ejercido la función de líder de la infracción al asumir las funciones de «secretario europeo» del cartel, que le conferían un papel de dirigente en la coordinación del cartel y en cualquier caso en el funcionamiento concreto de éste, y más en especial cuando ese «secretario europeo» era el punto de contacto entre los miembros del cartel y desempeñaba un papel crucial en su funcionamiento concreto dado que facilitaba el intercambio de informaciones dentro del cartel, centralizaba, compilaba e intercambiaba con los otros miembros del cartel informaciones esenciales para su funcionamiento y en particular las informaciones relativas a los proyectos particularmente importantes, ya que organizaba y ejercía el secretariado de las reuniones de trabajo, y ocasionalmente modificaba los códigos que servían para disimular esas reuniones o contactos.

(véanse los apartados 280, 283 y 287)

19. En el caso de una infracción de larga duración durante la cual diferentes empresas, bajo la dirección de diferentes sociedades, ejercieron sucesivamente durante períodos bien determinados el papel de líder de la infracción, los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad exigen que se imponga a las sociedades que han dirigido a una o a varias empresas que desempeñaron, bajo su dirección, el papel de líder de la infracción un diferente aumento del importe de base de su multa, cuando el período durante el que dichas empresas desempeñaron ese papel bajo su dirección es sustancialmente diferente. El papel de líder se relaciona con el funcionamiento del cartel y, a la inversa del papel de instigador de la infracción, se desarrolla necesariamente con cierta duración. Por tanto, hay que tener en cuenta que se puede imputar a una sociedad que ha dirigido una de las empresas que participaron en el cartel el papel motriz ejercido por esa última en el funcionamiento del cartel durante, como máximo, un poco más de una cuarta parte de la duración de la infracción, en tanto que se puede imputar a otra sociedad, que ha dirigido a otra empresa que participó en el cartel, el papel motriz ejercido por esa última en el funcionamiento del cartel durante casi tres cuartas partes de esa duración.

De ello se deduce que la Comisión ha vulnerado los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, al imponer un aumento idéntico del importe de base de la multa a sociedades que han ejercido, a través las empresas que dirigían, el papel de líder de la infracción, pese a que el período durante el que la o las empresas en cuestión ejercieron bajo su dirección las funciones de líder del cartel fueron sustancialmente diferentes.

En cambio, suponiendo incluso que la Comisión hubiera aplicado ilegalmente los criterios relacionados con la calificación de líder de la infracción, al no apreciar esa calificación en contra de una empresa, no obstante el papel significativo ejercido por ésa dentro del cartel, tal ilegalidad, cometida a favor de tercero, no justificaría la estimación de las alegaciones basadas en la infracción del principio de igualdad de trato o de no discriminación.

(véanse los apartados 307, 308, 311 y 312)

20. La competencia jurisdiccional plena que atribuyen al juez de la Unión el artículo 17 del Reglamento nº 17 y el artículo 31 del Reglamento nº 1/2003 le faculta, más allá del mero control de la legalidad de la sanción, para sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia y, en consecuencia, para suprimir, reducir o aumentar la multa impuesta cuando la cuestión del importe de ésta se somete a su apreciación. En dicha apreciación es preciso cerciorarse de que el aumento inherente al papel de líder de la infracción ejercido por la empresa afectada se fije en un nivel que garantice su carácter disuasorio.

(véanse los apartados 318 y 319)

21. En el caso de la imposición de multas a varias sociedades por la participación de empresas que están bajo su dirección en una infracción de las reglas de la competencia y la determinación de sus importes respectivos, la Comisión no se separa del método de cálculo enunciado en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA], no sale fuera del marco jurídico de las sanciones definido por el artículo 15 del Reglamento nº 17 y el artículo 23 del Reglamento nº 1/2003 ni infringe el principio de proporcionalidad al decidir referirse en principio al volumen de negocios mundial correspondiente a los proyectos objeto de la infracción realizado por cada empresa durante el último año completo de la infracción para apreciar la dimensión y la potencia económica relativas de esa empresa al tiempo de la infracción. Así es en particular cuando la Comisión estima que, atendiendo al carácter mundial del cartel, debe tomarse como base para la comparación de la importancia relativa de cada empresa la parte del volumen de negocios mundial correspondiente a los proyectos objeto del cartel que cada empresa tenía en el último año completo de la participación de la empresa afectada en la infracción declarada ya que esa base de comparación es apta para reflejar fielmente la capacidad de cada empresa para perjudicar gravemente a los demás operadores en el territorio del Espacio Económico Europeo y para proporcionar una indicación de su contribución a la eficacia del cartel en conjunto, o a la inversa, de la inestabilidad que habría imperado dentro del cartel si la referida empresa no hubiera participado en él.

(véanse los apartados 360 y 362)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 3 de marzo de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado de proyectos de conmutadores con aislamiento de gas – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE – Derecho de defensa – Obligación de motivación – Imputabilidad del comportamiento ilícito – Duración de la infracción – Multas – Responsabilidad solidaria para el pago de la multa – Circunstancias agravantes – Función de líder – Circunstancias atenuantes – Cooperación»

En los asuntos acumulados T‑117/07 y T‑121/07,

Areva, sociedad anónima con domicilio social en París,

Areva T & D Holding SA, con domicilio social en París,

Areva T & D SA, con domicilio social en París,

Areva T & D AG, con domicilio social en Oberentfelden (Suiza),

representadas por Mes A. Schild y J.-M. Cot, abogados,

Alstom, sociedad anónima con domicilio social en Levallois-Perret (Francia), representada inicialmente por Me J. Derenne, abogado, el Sr. W. Broere, Solicitor, Mes A. Müller-Rappard y C. Guirado, abogados, y posteriormente por Mes Derenne y Müller-Rappard, abogados,

partes demandantes,

y

Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. X. Lewis y F. Arbault, posteriormente por el Sr. Lewis, y finalmente por los Sres. V. Bottka y N. Von Lingen, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tienen por objeto, con carácter principal, una pretensión de anulación parcial de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas), y con carácter subsidiario una pretensión de reducción de la multa impuesta a las demandantes,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de marzo de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 Los antecedentes del litigio resultan en esencia de las apreciaciones realizadas por la Comisión de las Comunidades Europeas en la Decisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). En cuanto esos aspectos de hecho no hayan sido discutidos, o cuando menos válidamente discutidos por las partes, deben considerarse acreditados a efectos del presente litigio.

Producto afectado

2 Los conmutadores con aislamiento de gas (en lo sucesivo, «GIS») sirven para controlar el flujo energético en las redes eléctricas. Se trata de material eléctrico pesado, utilizado como componente principal en las subestaciones eléctricas llave en mano.

3 Las subestaciones son centrales eléctricas auxiliares que convierten la corriente eléctrica. Además del transformador, los elementos integrantes de las subestaciones son los sistemas de control, los relés, las baterías, los cargadores y el instrumental de conmutación. La función de un instrumental de conmutación es proteger al transformador de una sobrecarga y/o aislar el circuito o el transformador defectuoso.

4 Los conmutadores pueden ser de aislamiento de gas, de aislamiento de aire o de aislamiento híbrido, cuando combinan las dos técnicas precedentes. Los GIS se venden en todo el mundo como parte integrante de subestaciones eléctricas llave en mano o como piezas separadas que tienen que integrarse en esas subestaciones. Representan entre el 30 % y el 60 % del precio total de éstas.

5 La Decisión impugnada se refiere a los proyectos de GIS de tensión superior o igual a 72,5 kV (en lo sucesivo, «proyectos de GIS»), lo que comprende los GIS como productos específicos, incluidos todos los servicios inherentes (transporte, instalación, ensayos, aislamiento, etc.), y las subestaciones eléctricas llave en mano en las que se integran los GIS y los demás componentes de la subestación, como los transformadores y todos los servicios inherentes (transporte, cableado, instalación, aislamiento, etc.).

Empresas afectadas

6 Alstom (anteriormente denominada Alsthom), sociedad anónima francesa dirigida por consejo de administración, es la sociedad matriz de un grupo de sociedades (en lo sucesivo, «grupo Alstom »). Durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 8 de enero de 2004 el grupo Alstom desarrollaba actividades en el sector de la transmisión y la distribución de electricidad (en lo sucesivo, «sector de T & D»), y en particular en materia de GIS.

7 Las actividades en materia de GIS dentro del grupo Alstom se llevaban a cabo en Francia por Alsthom SA (France) hasta 1989, cuando ésta pasó a denominarse GEC Alsthom SA, que pertenecía al 100 % a GEC Alsthom NV. El 16 de noviembre de 1992 se constituyó Kléber Eylau SA a la que se atribuyeron las actividades francesas en materia de GIS por un acuerdo que entró en vigor el 7 de diciembre de 1992. Kléber Eylau pertenecía al 99,76 % a GEC Alsthom SA y al 0,04 % a Étoile Kléber. En junio de 1993 Kléber Eylau pasó a ser GEC Alsthom T&D SA, que en junio de 1998 pasó a ser a su vez Alstom T & D SA. Esta última pertenecía al 100 % a Alstom Holdings (France), que a su vez pertenecía al 100 % a Alstom.

8 A partir de de enero de 1986, las actividades en materia de GIS del grupo Alstom se desarrollaron en paralelo en Suiza y en Francia, cuando Sprecher Energie AG pasó a ser una filial al 100 % de Alsthom. En noviembre de 1993, Sprecher Energie pasó a ser GEC Alsthom T & D AG, que en julio de 1997 pasó a ser GEC Alsthom AG, y en junio de 1998 Alstom AG [en lo sucesivo, «Alstom (Suisse)»]. El 22 de diciembre de 2000 esta última fue adquirida por Alstom Power (Schweiz) AG. La nueva entidad fue denominada Alstom (Schweiz) AG. En noviembre de 2002 se constituyó una nueva entidad jurídica dentro del grupo Alstom, a la que se transfirieron las actividades en el sector de T & D en Suiza. Esa nueva entidad, inicialmente denominada Alstom (Schweiz) Services AG, pasó después a denominarse Alstom T & D AG.

9 El conjunto de las actividades del grupo Alstom en el sector de T & D se transmitió el 8 de enero de 2004 al grupo cuya sociedad matriz es Areva, sociedad anónima francesa administrada por directorio y consejo de vigilancia (en lo sucesivo, «grupo Areva»). Durante el período que va del 9 de enero al 11 de mayo de 2004 las actividades en materia de GIS del grupo Areva se desarrollaron por Areva T & D SA y por Areva T & D AG, filiales pertenecientes al 100 % a Areva T & D Holding SA, a su vez perteneciente al 100 % a Areva (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «sociedades del grupo Areva»).

Procedimiento administrativo

10 El 3 de marzo de 2004, ABB Ltd informó a la Comisión de la existencia de prácticas anticompetitivas en el sector de los GIS y presentó una solicitud oral de dispensa de multas al amparo de la Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

11 Las prácticas denunciadas por ABB consistían en la coordinación a escala mundial de la venta de proyectos de GIS, que comprendía el reparto de mercados, la atribución de cuotas y el mantenimiento de las cuotas de mercado, la atribución de proyectos de GIS a productores designados al efecto y la manipulación del procedimiento de licitación (ofertas trucadas) para que los contratos se adjudicaran a esos productores, la fijación de precios mediante pactos complejos sobre los precios de los proyectos de GIS que no se atribuían, la resolución de los contratos de licencia con sociedades no pertenecientes al cartel y el intercambio de información sensible sobre el mercado.

12 La solicitud oral de dispensa de las multas presentada por ABB se completó, en particular el 7 de mayo de 2004, con observaciones orales y pruebas documentales. El 25 de abril de 2004 la Comisión concedió una dispensa condicionada a ABB.

13 Basándose en las declaraciones de ABB, la Comisión inició una investigación y practicó los días 11 y 12 de mayo de 2004 inspecciones en los locales de varias sociedades que operaban en el sector de los GIS.

14 Entre el 14 y el 25 de mayo de 2004 el grupo Areva cooperó con la Comisión, y le proporcionó, con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación, diversas pruebas documentales e informaciones.

15 El 4 de octubre de 2004 ABB respondió a una solicitud de información de la Comisión.

16 El 6 de febrero de 2006 la Comisión envió una solicitud de información a Alstom, que respondió a ella con un escrito de 24 de febrero de 2006.

17 El 20 de abril de 2006 la Comisión formuló un pliego de cargos que remitió, además de a Alstom y a las sociedades del grupo Areva, a ABB, a Fuji Electric Holdings Co., Ltd y a Fuji Electric Systems Co., Ltd (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «sociedades del grupo Fuji»), a Hitachi y a Hitachi Europe Ltd (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «sociedades del grupo Hitachi»), a Japan AE Power Systems Corp. (en lo sucesivo, «JAEPS»), a Mitsubishi Electric System Corp. (en lo sucesivo, «Melco»), a Nuova Magrini Galileo SpA, a Schneider Electric SA (en lo sucesivo, «Schneider»), a Siemens AG, a Toshiba Corp. y a cinco sociedades del grupo cuya sociedad matriz era VA Technologie AG (en lo sucesivo, «grupo VA Tech»), incluida la misma VA Technologie.

18 El 5 de mayo de 2006 Alstom pudo consultar las declaraciones orales de las demás sociedades implicadas, conforme a la Comunicación sobre la cooperación.

19 El 30 de junio de 2006, dentro del plazo prescrito, Alstom y las sociedades del grupo Areva enviaron a la Comisión sus observaciones respectivas en respuesta al pliego de cargos. Como anexo a su respuesta al pliego de cargos Alstom presentó varios documentos internos del grupo Alstom, para los que solicitó tratamiento confidencial frente a cualquier tercero salvo la Comisión. ABB, las sociedades del grupo Fuji, Hitachi y JAEPS, Melco, Schneider, Siemens AG Österreich, Siemens y Toshiba también respondieron por escrito al pliego de cargos dentro de los plazos prescritos.

20 Mediante escrito de 12 de julio de 2006 las sociedades del grupo Fuji cooperaron con la Comisión y le proporcionaron diversas pruebas documentales e informaciones conforme a la Comunicación sobre la cooperación.

21 El 14 de julio de 2006 ABB envió a la Comisión un «complemento de respuesta al pliego de cargos».

22 Los días 18 y 19 de julio de 2006 la Comisión procedió a la audiencia de las sociedades a las que había enviado el pliego de cargos.

23 El 25 de agosto de 2006 la Comisión puso a disposición de las partes en el procedimiento, para que formularan sus comentarios, extractos de la versión no confidencial de la respuesta de las sociedades del grupo Fuji al pliego de cargos, la solicitud de las sociedades del grupo Fuji de 12 de julio de 2006 con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación (véase el anterior apartado 20), el complemento de respuesta de ABB al pliego de cargos y documentos complementarios. Alstom presentó observaciones sobre esos documentos el 15 de septiembre de 2006, a la vez que aportó una declaración de uno de sus empleados, el Sr. S., que tenía al parecer conocimiento directo de los hechos controvertidos.

24 El 20 de septiembre de 2006 la Comisión envió una solicitud de información a las sociedades del grupo Areva, a la que éstas respondieron el 6 de octubre de 2006, aportando numerosos documentos relativos a la reorganización de las actividades en el sector de T & D dentro del grupo Alstom con vistas a la transmisión entre grupos mencionada en el anterior apartado 9.

25 El 14 de noviembre de 2006 la Comisión comunicó en inglés a Alstom su criterio sobre los documentos complementarios mencionados en el anterior apartado 23, y a raíz de una solicitud de Alstom el 17 de noviembre de 2006 en ese sentido le comunicó en francés ese criterio el 22 de noviembre de 2006. El 27 de noviembre de 2006 Alstom presentó sus observaciones sobre el citado criterio.

26 El 4 de diciembre de 2006 Alstom envió a la Comisión un escrito referido a la determinación de las personas jurídicas afectadas por los hechos controvertidos. Ese escrito contenía en particular numerosos esquemas que ilustraban las diferentes operaciones de reestructuración de las actividades en el sector de T & D dentro del grupo Alstom.

Decisión impugnada

27 El 24 de enero de 2007 la Comisión adoptó la Decisión impugnada, de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de 10 de enero de 2008 (DO C 5, p. 7). Esa Decisión fue notificada a Alstom y a las sociedades del grupo Areva el 8 de febrero de 2007.

28 Además de Alstom y las sociedades del grupo Areva, la Decisión impugnada se dirigió a ABB, a las sociedades del grupo Fuji, a las sociedades del grupo Hitachi, a JAEPS, a Melco, a Nuova Magrini Galileo, a Schneider, a Siemens, Siemens AG Österreich, a Siemens Transmission & Distribution Ltd (en lo sucesivo, «Reyrolle»), a Siemens Transmission & Distribution SA, a Toshiba y a VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG.

29 En los considerandos 113 a 123 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que las diferentes empresas que habían participado en el cartel coordinaron la atribución de proyectos de GIS a escala mundial, excepto en ciertos mercados, según reglas pactadas, para mantener en especial cuotas que reflejaban en amplio grado sus cuotas de mercado históricas estimadas. Puntualizó que la atribución de los proyectos de GIS se realizaba a partir de una cuota conjunta «japonesa» y una cuota conjunta «europea» que después debían repartirse entre sí los productores japoneses y los europeos respectivamente. Un acuerdo firmado en Viena el 15 de abril de 1988 (en lo sucesivo, «acuerdo GQ») establecía reglas que permitían atribuir los proyectos de GIS bien a los productores japoneses, bien a los europeos, e imputar su valor a la cuota correspondiente. Por otra parte, en los considerandos 124 a 132 de la Decisión impugnada, la Comisión precisó que las diferentes empresas participantes en el cartel habían concluido un pacto no escrito (en lo sucesivo, «pacto común»), en virtud del cual los proyectos de GIS en Japón, por un lado, y en los países de los miembros europeos del cartel, por otro, designados conjuntamente como los «países constructores» de los proyectos de GIS, se reservaban respectivamente a los miembros japoneses y a los miembros europeos del cartel. Los proyectos de GIS en los «países constructores» no eran objeto de intercambio de información entre los dos grupos y no se imputaban a las respectivas cuotas.

30 El acuerdo GQ contenía también reglas sobre el intercambio de la información necesaria para el funcionamiento del cartel entre los dos grupos de productores, que estaba a cargo en particular de los secretarios de ambos grupos, para la manipulación de las licitaciones correspondientes y para la fijación de precios de los proyectos de GIS que no podían ser atribuidos. A tenor de su anexo 2 el acuerdo GQ se aplicaba en todo el mundo, excepto los Estados Unidos, Canadá, Japón y 17 países de Europa occidental. Además, en virtud del pacto común los proyectos de GIS en los países europeos distintos de los «países constructores» también se reservaban para el grupo europeo, ya que los productores japoneses se habían comprometido a no presentar ofertas para los proyectos de GIS en Europa.

31 Según la Comisión el reparto de los proyectos de GIS entre productores europeos se regía por un acuerdo también firmado en Viena el 15 de abril de 1988, titulado «E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement» (Acuerdo del grupo E para la aplicación del acuerdo GQ) (en lo sucesivo, «acuerdo EQ»). La Comisión indicó que la atribución de los proyectos de GIS en Europa se ajustaba a las mismas reglas y procedimientos que regulaban la atribución de los proyectos de GIS en otros países. En particular los proyectos de GIS en Europa también tenían que ser notificados, registrados, atribuidos, arreglados o se les había asignado un nivel de precio mínimo.

32 En el considerando 142 de la Decisión impugnada, la Comisión constató que, en el acuerdo GQ y en el acuerdo EQ así como a efectos de la organización y el funcionamiento del cartel, los diferentes miembros de este se identificaban con un código, compuesto de cifras para los miembros europeos del cartel y de letras para los miembros japoneses. Los códigos iniciales se sustituyeron por números a partir de julio de 2002.

33 En el artículo 1, letra b), de la Decisión impugnada la Comisión declaró que Alstom había infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), al participar en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en el sector de los proyectos de GIS en el EEE durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 8 de enero de 2004. En el artículo 1, letras c), d), e) y f), de la Decisión impugnada también declaró esa doble infracción por parte de Areva y Areva T & D Holding durante el período que va del 9 de enero al 11 de mayo de 2004, por parte de Areva T & D AG durante el período que va del 22 de diciembre de 2003 al 11 de mayo de 2004, y por parte de Areva T & D SA durante el período que va del 7 de diciembre de 1992 al 11 de mayo de 2004.

34 Por las infracciones declaradas en el artículo 1 de la Decisión impugnada, se impuso a Alstom en el artículo 2, letras b) y c), de la Decisión impugnada una multa individual de 11.475.000 euros, y una multa de 53.550.000 euros, que debía pagar solidariamente con Areva T & D SA.

35 Por las infracciones declaradas en el artículo 1 de la Decisión impugnada, se impuso a Areva T & D SA en el artículo 2, letra c), de la Decisión impugnada una multa de 53.550.000 euros, que debía pagar solidariamente con Alstom, importe del cual debía pagar 25.500.000 euros solidariamente con Areva, Areva T & D Holding y Areva T & D AG.

Procedimiento y pretensiones de las partes

36 Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal el 18 de abril de 2007 las sociedades del grupo Areva y Alstom interpusieron los presentes recursos, que se registraron respectivamente con las referencias T‑117/07 y T‑121/07.

37 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda) decidió abrir la fase oral en los asuntos T‑117/07 y T‑121/07.

38 Oídas las partes al respecto, el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal decidió, mediante auto de 12 de marzo de 2009, acumular los asuntos T‑117/07 y T‑121/07 a los efectos de la fase oral y de la sentencia, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Además, acordó el tratamiento confidencial de los documentos anejos a respuesta de Alstom al pliego de cargos (véase el anterior apartado 19), obrantes en los autos del asunto T‑121/07.

39 En la vista de 24 de marzo de 2009 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal. Las demandantes confirmaron que sus motivos o alegaciones basados en la infracción del artículo 81 CE debían entenderse también como referidos al artículo 53 del Acuerdo EEE. La Comisión manifestó su posición en el sentido de que se presume que la responsabilidad solidaria por infracción del Derecho de la competencia es una responsabilidad a partes iguales cuando la parte dispositiva de la decisión que la declara no lo especifica. Por el contrario, las demandantes refutaron que pueda aplicarse esa presunción. Por último, la Comisión afirmó que, al apreciar la función de líder de una infracción del Derecho de la competencia, deben ponderarse todos los criterios, incluida la duración y la intensidad del ejercicio de esa función de líder. Esas observaciones se hicieron constar en el acta de la vista. En sus observaciones finales las sociedades del grupo Areva pusieron de manifiesto el error material consistente en considerar que Areva T & D AG sea la misma sociedad que Alstom T & D, de la que sólo se hubiera modificado la denominación social.

40 Mediante escritos presentados en la Secretaría los días 29 y 30 de abril de 2009, Alstom y las sociedades del grupo Areva formularon respectivamente varias observaciones referidas el contenido del acta de la vista acerca de las respuestas de la Comisión a las preguntas del Tribunal sobre el régimen de la responsabilidad solidaria por infracción del Derecho de la competencia.

41 Mediante auto del Tribunal de 3 de junio de 2009 se reabrió la fase oral. Conforme al artículo 7, apartado 2, de las Instrucciones al Secretario del Tribunal, el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal acordó unir a los autos los escritos presentados los días 29 y 30 de abril de 2009.

42 Mediante escrito registrado en el Secretaría del Tribunal el 18 de junio de 2009 la Comisión presentó sus observaciones sobre dichos escritos. Manifestó que, cuando impone a varias sociedades una multa que deban pagar solidariamente, sin más precisión ni indicación en la parte dispositiva de su decisión, no pretende resolver la cuestión de la contribución respectiva al pago de esa multa en las relaciones entre los diferentes codeudores.

43 Mediante decisión de 1 de julio de 2009 el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal denegó las solicitudes de modificación del acta de la vista, tras las verificaciones usuales sobre el contenido exacto de las respuestas orales de la Comisión en esa vista.

44 Alstom solicita al Tribunal que:

– Anule el artículo 1, letra b), y el artículo 2, letras b) y c), de la Decisión impugnada.

– Con carácter subsidiario, reduzca sustancialmente el importe de la multa que se le ha impuesto en el artículo 2, letras b) y c), de la Decisión impugnada.

– Condene en costas a la Comisión.

45 Las sociedades del grupo Areva solicitan al Tribunal que:

– Anule el artículo 1 de la Decisión impugnada, en cuanto imputa a Areva T & D SA y a Alstom la responsabilidad solidaria por la infracción durante el período que va del 7 de diciembre de 1992 al 8 de enero de 2004, por una parte, y les imputa la responsabilidad solidaria por la infracción durante el período que va del 9 de enero al 11 de mayo de 2004, por otra parte.

– Con carácter subsidiario, anule o reduzca sustancialmente el importe de la multa que se les ha impuesto en el artículo 2, letra c), de la Decisión impugnada.

– Condene en costas a la Comisión.

46 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime los recursos por infundados.

– Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho

47 Dado que los presentes asuntos tienen conexión por su objeto, y que se ha oído sobre ello a las partes, el Tribunal considera que procede acumularlos a efectos de la sentencia conforme al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento.

48 Los recursos pretenden con carácter principal la anulación del artículo 1, letras b), c), d), e) y f), de la Decisión impugnada, con carácter principal o subsidiario la anulación del artículo 2, letras b) y c), de la Decisión impugnada y con carácter subsidiario la modificación del artículo 2, letras b) y c), de la Decisión impugnada.

49 Deben examinarse ante todo las pretensiones de anulación del artículo 1, letras b), c), d), e) y f), de la Decisión impugnada. Se examinarán a continuación de ser necesario las pretensiones de anulación del artículo 2, letras b) y c), de la Decisión impugnada. Finalmente se examinarán en su caso las pretensiones de modificación del artículo 2, letras b) y c), de la Decisión impugnada.

50 En apoyo de sus pretensiones en el asunto T‑117/07 las sociedades del grupo Areva aducen siete motivos. El primero se basa en la infracción de la obligación de motivación establecida en el artículo 253 CE. El segundo se funda en sustancia en la vulneración de las reglas de imputación de las infracciones derivadas del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE así como en la vulneración de los principios generales de seguridad jurídica y de irretroactividad. El tercero se basa en sustancia en la infracción de las reglas de imputación de las infracciones derivadas del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE. El cuarto se funda en sustancia en la infracción de las reglas de imputación de las infracciones y de solidaridad para el pago de las multas derivadas del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE y en la vulneración de los principios generales de igualdad de trato y de proporcionalidad, de seguridad jurídica, de irretroactividad y de tutela judicial efectiva. El quinto se basa la infracción de las reglas de solidaridad para el pago de las multas derivadas del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE. El sexto se basa en sustancia en la vulneración del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO L 1, p. 1) y del punto 2 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»), en un error de apreciación y en la vulneración de los principios generales de igualdad de trato y de proporcionalidad. Por último, el séptimo se basa en sustancia en un error de apreciación y en una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE y de la Comunicación sobre la cooperación.

51 En apoyo de sus pretensiones en el asunto T‑121/07 Alstom aduce ocho motivos. El primero se basa en la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. El segundo se funda en sustancia en la vulneración de las reglas de solidaridad para el pago de las multas derivadas del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE y en la vulneración de los principios generales de seguridad jurídica y de individualización de las penas y en la infracción de la obligación de motivación. El tercero se basa en la infracción de la obligación de motivación derivada del artículo 253 CE. El cuarto se funda con carácter principal en la infracción de las reglas de imputación de las infracciones derivadas del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE y en un error de Derecho, y con carácter subsidiario en la infracción del artículo 25 del Reglamento nº 1/2003. El quinto se basa en sustancia en un error de apreciación, en la vulneración de las Directrices, en la infracción de los principios generales de igualdad de trato y de proporcionalidad y en la infracción de la obligación de motivación. El sexto se funda en sustancia en la infracción de las reglas de prueba de la continuidad de una infracción derivadas del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE], según su modificación (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), y en la vulneración del principio de seguridad jurídica. El séptimo se funda en la vulneración del principio de respeto del derecho de defensa y del artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003. El octavo se basa en sustancia en la vulneración de las Directrices, y subsidiariamente en la infracción del principio de proporcionalidad.

52 Dado que coinciden algunos de los motivos aducidos por las demandantes, éstos se tratarán conjuntamente en interés de la buena administración de justicia.

Sobre las pretensiones de anulación del artículo 1, letras b), c), d), e) y f), de la Decisión impugnada

53 Contra el artículo 1, letras b), c), d), e) y f), de la Decisión impugnada se dirigen los motivos o alegaciones de los recursos que impugnan la apreciación de la Comisión de que las sociedades del grupo Areva y Alstom infringieron el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE por su participación en un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas en el EEE durante los períodos que menciona ese artículo (véase el anterior apartado 33).

54 En el asunto T‑117/07 las pretensiones de anulación del artículo 1, letras c), d), e) y f), de la Decisión impugnada se sustentan en los motivos o alegaciones, aducidos en la demanda, que impugnan las apreciaciones de la Comisión según las cuales se considera que Areva T & D SA, durante el período que va del 7 de diciembre de 1992 al 11 de mayo de 2004, Areva T & D AG, durante el período que va del 22 de diciembre de 2003 al 11 de mayo de 2004, y Areva así como Areva T & D Holding SA, durante el período que va del 9 de enero al 11 de mayo de 2004, son personalmente responsables por la participación de su rama de actividad en materia de GIS o por la participación de sus filiales en un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas en el EEE (motivos segundo, tercero, cuarto y quinto), o que invocan un vicio sustancial de forma que pudo repercutir en esas apreciaciones (primer motivo).

55 En el asunto T‑121/07 las pretensiones de anulación del artículo 1, letra b), de la Decisión impugnada se sustentan en los motivos o alegaciones, aducidos en la demanda, que impugnan las apreciaciones de la Comisión según las cuales se considera que Alstom es personalmente responsable por la participación de su rama de actividad en materia de GIS o por la participación de sus filiales en un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas en el EEE durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 8 de enero de 2004 (motivos cuarto y sexto) o que invocan un vicio sustancial de forma que pudo repercutir en esas apreciaciones (motivos tercero y séptimo).

Observaciones previas

56 De los motivos o de las alegaciones aducidas en las demandas resulta que las sociedades del grupo Areva, por una parte, y Alstom, por otra, mantienen tesis radicalmente opuestas sobre la imputación de la infracción durante la totalidad o una parte del período que va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004.

57 Alstom afirma en sustancia que la responsabilidad personal en que incurría a causa de la participación en la infracción de su rama de actividad en materia de GIS durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 8 de enero de 2004 se transfirió a Alstom T & D SA y a Alstom T & D AG, a raíz de las operaciones de reestructuración dentro de su grupo de las actividades en el sector de T & D. Mantiene además que no se le puede imputar ninguna responsabilidad personal a causa de la participación de dichas filiales en la infracción durante los períodos que van del 7 de diciembre de 1992 al 8 de enero de 2004 y del 22 de diciembre de 2003 al 8 de enero de 2004, respectivamente, dado que Alstom T & D SA y Alstom T & D AG, a quienes se habían transferido esas actividades, determinaban con autonomía su comportamiento en el mercado. Finalmente, Alstom sostiene que la responsabilidad personal que se le imputa a causa de la participación en la infracción de su rama de actividad en matera de GIS, de Alstom T & D SA y de Alstom T & D AG durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 8 de enero de 2004 se transfirió, junto con esa rama de actividad y esas filiales (que a continuación pasaron a ser Areva T & D SA y Areva T & D AG), a las sociedades del grupo Areva, en el contexto de una operación de transmisión entre grupos de las actividades en el sector de T & D.

58 En cambio, las sociedades del grupo Areva afirman que no se les puede imputar ninguna responsabilidad personal a causa de la participación de las sociedades del grupo Alstom en la infracción durante los períodos que van del 7 de diciembre de 1992 al 8 de enero de 2004 y del 22 de diciembre de 2003 al 8 de enero de 2004, ya que el comportamiento en el mercado de Alstom T & D SA y de Alstom T & D AG, a quienes se transfirieron las actividades en materia de GIS, se determinaba por Alstom. Por otra parte, Areva y Areva T & D Holding SA mantienen que no se les puede imputar ninguna responsabilidad personal a causa de la participación de sus filiales en la infracción durante el período que va del 9 de enero al 11 de mayo de 2004, puesto que Areva T & D SA y Areva T & D AG, a quienes se habían transferido esas actividades, determinaban con autonomía su comportamiento en el mercado.

59 Es preciso señalar que en sus escritos procesales las demandantes se apoyan en el hecho de que Areva T & D SA y Areva T & D AG son tan solo las nuevas denominaciones sociales atribuidas a Alstom T & D SA y a Alstom T & D AG tras su transmisión al grupo Areva que tuvo lugar el 8 de enero de 2004. No pueden tomarse en consideración al respecto las alegaciones expuestas por las sociedades del grupo Areva en sus observaciones finales en la vista, según las cuales la Comisión cometió un error material al estimar que Areva T & D AG era la misma sociedad que Alstom T & D AG, En efecto, en cuanto esas alegaciones dan soporte a un motivo basado en que la Decisión impugnada incurre en un error de hecho en ese aspecto, es preciso recordar que, a tenor del artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, está prohibida la invocación de motivos nuevos en el curso del proceso, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. Dado que en el presente caso las sociedades del grupo Areva no han expuesto los elementos esenciales de hecho en los que se base su nuevo motivo, ni a fortiori han alegado que ésos hayan aparecido durante el procedimiento, deben declararse inadmisibles esas alegaciones. Por tanto, hay que considerar en los asuntos T‑117/07 y T‑121/07 que Alstom T & D AG y Areva T & D AG designan con denominaciones sociales diferentes a una misma y única persona jurídica.

Sobre la transferencia a Areva T & D SA y a Areva T & D AG de la responsabilidad personal que incumbe a Alstom a causa de la participación en la infracción de su rama de actividad en materia de GIS durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 6 de diciembre de 1992

– Alegaciones de las partes

60 En la segunda parte de su cuarto motivo, basado en un error de Derecho, Alstom reprocha a la Comisión no haber transferido a Areva T & D SA y a Areva T & D AG en la Decisión impugnada la responsabilidad personal que le incumbía a causa de la participación de una parte de su «sector T & D» en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 6 de diciembre de 1992.

61 Según Alstom, la Comisión cometió un error de Derecho en la aplicación de las reglas de imputación de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, al no aplicar en sus relaciones con sus antiguas filiales activas en el sector de T & D el criterio llamado «de la continuidad económica», según lo define la jurisprudencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartados 356 a 359, y sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, apartado 132), y al considerarla personalmente responsable por la participación en la infracción de una parte de su «sector T & D» durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 6 de diciembre de 1992, sin tener en cuenta que esa empresa se había transmitido a sus antiguas filiales activas en el sector de T & D, a raíz de operaciones de reestructuración dentro del grupo Alstom. Considera en sustancia que, aun si el «sector T&D» del grupo Alstom no tenía personalidad jurídica antes del 7 de diciembre de 1992, la constitución en esta fecha, fuera de Suiza, de una filial específicamente encargada de éste, a saber Kléber Eylau (posteriormente denominada Alstom T & D SA, y más tarde Areva T & D SA), habría permitido que la Comisión identificara en la fecha de adopción de la Decisión impugnada una persona jurídica a la que había sido transferida la empresa que participó en la infracción, y a la que ésta podía imputarse por tanto. Un razonamiento análogo puede aplicarse a la transferencia el 22 de diciembre de 2003 de las actividades del grupo Alstom en el sector de T & D en Suiza a Alstom (Schweiz) Services AG (posteriormente denominada Alstom T & D AG, y más tarde Areva T & D AG).

62 La Comisión rebate los argumentos de Alstom y solicita la desestimación de la presente alegación

– Apreciación del Tribunal

63 En el contexto del Derecho de la competencia, debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica desde el punto de vista del objeto de la infracción de que se trate (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec. p. 2999, apartado 11; las sentencias del Tribunal General de 29 de junio de 2000, DSG/Comisión, T‑234/95, Rec. p. II‑2603, apartado 124, y de 15 de septiembre de 2005, DaimlerChrysler/Comisión, T‑325/01, Rec. p. II‑3319, apartado 85). Al prohibir a las empresas, en particular, la celebración de acuerdos o la participación en prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común, el artículo 81 CE, apartado 1, se dirige a unas entidades económicas cada una de las cuales consiste en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización capaz de participar en la comisión de una infracción de las que contempla dicha norma (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de 17 de diciembre de 1991, Enichem Anic/Comisión, T‑6/89, Rec. p. II‑1623, apartado 235, y de 10 de marzo de 1992, Shell/Comisión, T‑11/89, Rec. p. II‑757, apartado 311).

64 A efectos de la aplicación y de la ejecución de las decisiones adoptadas en aplicación del artículo 81 CE es necesario sin embargo dirigirlas a una entidad dotada de personalidad jurídica (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 978, y de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, apartado 59). Así pues, cuando la Comisión adopta una decisión en aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe identificar a la o las personas físicas o jurídicas que puedan ser consideradas responsables del comportamiento de la empresa de que se trate y que puedan ser sancionadas en ese concepto, a las que se dirigirá la decisión (véase en ese sentido la sentencia Hydrotherm Gerätebau, apartado 63 supra, apartado 11).

65 Conforme al principio de la responsabilidad personal (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, Rec. p. 619, apartados 131 a 141; de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 78, y de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros, C‑280/06, Rec. p. I‑10893, apartado 39; véanse también las conclusiones de la Abogado General Kokott en el asunto ETI y otros, antes citado, Rec. p. I‑10892, puntos 71 y siguientes), según el cual no puede considerarse responsable a cada sociedad más que de sus propios actos (conclusiones del Abogado General Cosmas en el asunto que dio lugar a la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, Rec. p. I‑4130, punto 74), en principio incumbe a la persona que dirigía a la empresa en el momento en que se cometió la infracción responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad de otra persona (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, apartado 27, y Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, apartado 37; véase también en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Cascades/Comisión, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, apartado 79).

66 En determinadas circunstancias excepcionales, la jurisprudencia admite que se pueda exceptuar el principio de la responsabilidad personal en aplicación del criterio llamado «de la continuidad económica», en virtud del cual una infracción de las normas sobre la competencia puede ser imputada al sucesor económico de la persona jurídica que la haya cometido, aunque esta última no hubiera dejado de existir en la fecha en que se adoptó la Decisión sancionadora, con el fin de que el efecto útil de dichas normas no se vea comprometido a causa de los cambios efectuados, en particular en la forma jurídica de las sociedades de que se trate (sentencia del Tribunal de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartados 105 y 106).

67 En la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 61 supra (apartados 356 a 359), el Tribunal de Justicia estimó que el Tribunal General no había cometido un error al afirmar que, en el contexto de una transmisión de empresa dentro de un grupo, la Comisión podía válidamente considerar a la sociedad adquirente responsable de la infracción cometida por la empresa antes de su transmisión, y ello aun cuando la sociedad transmitente seguía existiendo jurídicamente. Para separarse así de la solución definida en el apartado 145 de su sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, apartado 65 supra, según la cual el criterio llamado «de la continuidad económica» sólo puede aplicarse en el caso de que la persona jurídica responsable de la explotación de la empresa deje de existir jurídicamente tras haber cometido la infracción, el Tribunal de Justicia se fundó en la circunstancia de que la sociedad transmitente había transferido a la sociedad adquirente la totalidad de sus actividades económicas a la vez que mantenía un vínculo estructural con la última, de la que poseía el 50 % de sus acciones.

68 En la sentencia Jungbunzlauer/Comisión, apartado 61 supra (apartados 132 y 133), el Tribunal estimó, con referencia a la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 61 supra, que el hecho de que una sociedad siga existiendo como entidad jurídica no excluye que, en relación con el Derecho de la competencia, dicha sociedad pueda transferir una parte de sus actividades, que constituyen una empresa en el sentido del Derecho de la competencia, a otra sociedad, que se convierta en responsable de los actos cometidos por la primera. Por tanto, el Tribunal consideró que la Comisión no había cometido un error al estimar, en el contexto de una transmisión de empresa dentro de un grupo, que la infracción cometida antes de la transmisión por esa empresa debía imputarse a la sociedad adquirente, aun cuando la sociedad transmitente siguiera existiendo jurídicamente. En ese asunto, si bien la sociedad transmitente había conservado la actividad de producción ligada a la empresa en cuestión, había transferido en particular la gestión o la dirección de esa empresa a la sociedad adquirente, a la que podía considerarse por esa razón sucesora económica de la sociedad transmitente.

69 En los apartados 38 a 42 de la sentencia ETI y otros, apartado 65 supra, el Tribunal de Justicia justificó el criterio llamado «de la continuidad económica» por la necesidad de asegurar un efecto disuasorio de la sanción de las infracciones del Derecho de la competencia. Con referencia a su sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 61 supra, el Tribunal de Justicia indicó en los apartados 48 a 51 de aquella sentencia que imponer de esta forma la sanción es admisible y no se opone al principio de la responsabilidad personal, incluso si la entidad que cometió la infracción existía aún en el momento en que se sancionó a la entidad a la que la primera transfirió sus actividades económicas, cuando ambas entidades habían estado bajo el control de la misma persona y, habida cuenta de los estrechos vínculos que las unían desde el punto de vista económico y organizativo, habían aplicado, esencialmente, las mismas instrucciones comerciales. El Tribunal de Justicia declaró así pues que los artículos 81 CE y siguientes deben interpretarse en el sentido de que, en el caso de entidades dependientes de la misma autoridad pública, cuando un comportamiento constitutivo de una misma infracción a las normas sobre competencia ha sido iniciado por una entidad y, después, continuado hasta su término por otra entidad que ha sucedido a la primera, la cual no ha dejado de existir, esta segunda entidad puede ser sancionada por la infracción en su conjunto si se demuestra que esas dos entidades se encontraban bajo la tutela de la autoridad pública en cuestión.

70 La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía al artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.

71 En el presente caso es preciso ante todo identificar la «empresa», en el sentido del Derecho de la competencia, que ha participado en la infracción imputada a Alstom en el artículo 1, letra b), de la Decisión impugnada. De la descripción expuesta en los considerandos 5 a 87 de la Decisión impugnada, relativos al «sector afectado por el procedimiento» y en los considerandos 16 a 22 de la Decisión impugnada, referidos a las «empresas afectadas por el procedimiento» resulta que la empresa considerada corresponde a la organización unitaria de los elementos personales, materiales e inmateriales que, en primer término dentro del grupo Alstom, y tras la transmisión entre grupos realizada el 8 de enero de 2004 (véase el anterior apartado 9), dentro del grupo Areva, explotaba las actividades en materia de GIS (en lo sucesivo, la «empresa afectada»). Por tanto, Alstom alega erróneamente que la empresa afectada estaba constituida por el «sector T & D» del grupo Alstom, o más ampliamente por el conjunto de los elementos que concurrían en la actividad de ese sector al tiempo de los hechos.

72 También resulta de los considerandos 357 y 358 de la Decisión impugnada que, para imputar a Alstom la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 6 de diciembre de 1992, la Comisión observó que, antes del 7 de diciembre de 1992, las actividades en materia de GIS dentro del grupo Alstom se ejercían directamente por Alsthom SA, y después por GEC Alsthom SA, y no por los predecesores de Areva T & D SA y de Areva T & D AG. También señaló que, antes de diciembre de 2002, las actividades del grupo Alstom en el sector de T & D en Suiza se habían ejercido por Sprecher Energie (adquirida por Alsthom SA en enero de 1986), que pasó a ser Alstom AG (Suisse). Tras haber constatado que las entidades jurídicas consideradas seguían existiendo dentro del grupo Alstom con nuevas denominaciones, la Comisión consideró que Alstom, como sociedad matriz al 100 % de esas diferentes entidades, seguía siendo responsable por sus actividades antes de la creación de los predecesores de Areva T & D SA y de Areva T & D AG. La Comisión dedujo de ello que Areva T & D SA y Areva T & D AG no debían ser consideradas responsables por la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período de que se trata, en calidad de sucesoras jurídicas y económicas, aun si las actividades del sector de T & D del grupo Alstom se transfirieron a continuación a sus respectivos predecesores.

73 Alstom no aduce ningún motivo ni alegación específicos sobre los fundamentos de la Decisión impugnada que le imputan la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 6 de diciembre de 1992, debido a que al tiempo de los hechos dirigió esa empresa a través de filiales exclusivas o cuasiexclusivas. En efecto, se limita a afirmar que la responsabilidad en la que incurría al respecto se había transferido a Areva T & D SA y a Areva T & D AG, conforme al criterio llamado «de la continuidad económica», enunciado en las sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión y Jungbunzlauer/Comisión, apartado 61 supra.

74 Es necesario precisar ante todo que no puede estimarse que el considerando 339 de la Decisión impugnada, al que remite el considerando 357, dé soporte a la decisión de la Comisión de no transferir a Areva T & D SA y a Areva T & D AG la responsabilidad por la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 6 de diciembre de 1992. En efecto, el considerando 339 de la Decisión impugnada, a la vista de los principios enunciados en los apartados 356 a 359 de la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión y en el apartado 132 de la sentencia Jungbunzlauer/Comisión, apartado 61 supra, examina la posibilidad de una transferencia de responsabilidad entre las sociedades de un mismo grupo en virtud del criterio llamado «de la continuidad económica». La Comisión indica en él que el hecho de que una sociedad conserve su personalidad jurídica tras haber transferido una parte de sus actividades a otra sociedad del mismo grupo no le impide considerar a la segunda sociedad responsable de las infracciones cometidas por la primera. De ello se deduce que la remisión al considerando 339 de la Decisión impugnada, que realiza el considerando 357, no puede tenerse en cuenta para apreciar el fundamento de la inexistencia de transferencia a Areva T & D SA y a Areva T & D AG de la responsabilidad por la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 6 de diciembre de 1992.

75 En el escrito de contestación a la demanda en el asunto T‑121/07 la Comisión alega que en la Decisión impugnada se atuvo a la aplicación de las reglas que derivan del principio de la responsabilidad personal (véase el anterior apartado 65). En efecto, de los considerandos 357 y 358 de la Decisión impugnada, cuyo contenido se resume en el anterior apartado 72, resulta que la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 6 de diciembre de 1992 se imputa a Alstom debido a que al tiempo de los hechos había dirigido dicha empresa a través de filiales exclusivas o cuasiexclusivas que seguían existiendo dentro del grupo Alstom.

76 Por tanto, es preciso responder a la cuestión de si, como alega Alstom, la responsabilidad por la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 6 de diciembre de 1992 debe transferirse a Areva T & D SA y a Areva T & D AG porque la empresa afectada fue transmitida a sus respectivos predecesores, a saber Kléber Eylau y Alstom (Schweiz) Services, por GEC Alsthom SA, el 7 de diciembre de 1992, y por Alstom AG (Suisse), el 22 de diciembre de 2003.

77 Acerca de ello, hay que señalar que la tesis mantenida por Alstom daría lugar a que Areva T & D SA y Areva T & D AG respondieran por una infracción personalmente imputable a GEC Alsthom SA y a Alstom AG (Suisse), que dentro del grupo Alstom eran al tiempo de los hechos filiales exclusivas o cuasiexclusivas de Alstom o de sus predecesores.

78 En esa situación, el criterio llamado «de la continuidad económica» sólo se aplicaría si la empresa afectada hubiera dejado de estar bajo la responsabilidad o la dirección de Alstom a raíz de las operaciones de reestructuración dentro del grupo Alstom que se realizaron entre el 7 de diciembre de 1992 y el 22 de diciembre de 2003. En cambio, en el supuesto de que Alstom nunca hubiera dejado de dirigir, a través de sus filiales exclusivas o cuasiexclusivas, la empresa afectada hasta la transmisión entre grupos que tuvo lugar el 8 de enero de 2004, Alstom seguiría siendo personalmente responsable por la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 6 de diciembre de 1992, y la Comisión no habría cometido un error de Derecho al no aplicar el criterio llamado «de la continuidad económica» en las relaciones entre Alstom y sus filiales activas en el sector de T & D, a la vista de las operaciones de reestructuración dentro del grupo antes mencionadas (véanse en ese sentido las conclusiones del Abogado General Mischo en el asunto que dio lugar a la sentencia SCA Holding/Comisión, apartado 65 supra, Rec. p. I‑10104, punto 26).

79 Por todas esa razones, antes de pronunciarse sobre la presente alegación es oportuno responder a los motivos y las alegaciones aducidos contra la imputación a Alstom en el artículo 1, letra b), de la Decisión impugnada de la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 7 de diciembre de 1992 al 8 de enero de 2004, en calidad de sociedad matriz al 100 % de Alstom T & D SA y de Alstom T & D AG.

Sobre la responsabilidad personal que incumbe a Alstom por la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 7 de diciembre de 1992 al 8 de enero de 2004, en calidad de sociedad matriz al 100 % de Alstom T & D SA y de Alstom T & D AG

– Alegaciones de las partes

80 En la primera parte de su cuarto motivo, basada en la vulneración de las reglas de imputación de las infracciones del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, Alstom reprocha a la Comisión haberle imputado en la Decisión impugnada la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 7 de diciembre de 1992 al 8 de enero de 2004, en calidad de sociedad matriz al 100 % de Alstom T & D SA y de Alstom T & D AG.

81 En su tercer motivo Alstom reprocha a la Comisión haber infringido el artículo 253 CE al no motivar de forma suficiente en Derecho la imputación de la infracción por su calidad de sociedad matriz al 100 % de Alstom T & D SA y de Alstom T & D AG, habida cuenta de los datos que esa parte había aportado en el procedimiento administrativo. En la vista también invocó al respecto la vulneración del principio del respeto del derecho de defensa y del principio de igualdad de las partes en un proceso ante el juez de la Unión.

82 En su séptimo motivo Alstom alega una infracción del principio del respeto del derecho de defensa y del artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003, consistente en que, para imputarle la responsabilidad por la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 7 de diciembre de 1992 al 8 de enero de 2004, en su calidad de sociedad matriz al 100 % de Alstom T & D SA y de Alstom T & D AG, la Comisión apreció en la Decisión impugnada ciertos datos de hecho comunicados por las sociedades del grupo Areva, sin haberle indicado previamente que podrían ser apreciados en su contra ni haberle permitido exponer su criterio. Así sucede respecto a los datos mencionados en los considerandos 351 y 354 de la Decisión impugnada, referidos a la sanción impuesta a Alsthom SA, uno de sus predecesores, por una resolución del Conseil de la concurrence francés de 1 de marzo de 1988 y respecto al desempeño simultáneo o consecutivo de cargos de dirección en su seno por seis miembros del consejo de administración de Alstom T & D SA.

83 La Comisión rebate los argumentos de Alstom y solicita la desestimación de los motivos o alegaciones antes mencionados.

– Apreciación del Tribunal

84 A efectos de la aplicación de las normas sobre competencia, la separación formal entre dos sociedades, resultado de su personalidad jurídica distinta, no es determinante y lo importante es la unidad o no de su comportamiento en el mercado (véase, en este sentido, la sentencia ICI/Comisión, apartado 65 supra, apartado 140). Por consiguiente, puede resultar necesario determinar si dos sociedades que tienen personalidades jurídicas separadas constituyen o forman parte de una misma y única empresa o entidad económica que desarrolla un comportamiento único en el mercado (sentencia DaimlerChrysler/Comisión, apartado 63 supra, apartado 85).

85 Así pues, según reiterada jurisprudencia, la circunstancia de que la filial tenga personalidad jurídica separada no basta para excluir que su comportamiento se impute a la sociedad matriz, en particular cuando la filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz (sentencias ICI/Comisión, apartado 65 supra, apartados 132 y 133, y PVC II, apartado 64 supra, apartado 960). Cuando la filial no dispone de autonomía real para determinar su línea de actuación en el mercado, las prohibiciones impuestas por el artículo 81 CE, apartado 1, pueden considerarse inaplicables a las relaciones entre aquélla y la sociedad matriz, con la cual forma una unidad económica (sentencia ICI/Comisión, apartado 65 supra, apartado 134; sentencia del Tribunal de 12 de enero de 1995, Viho/Comisión, T‑102/92, Rec. p. II‑17, apartado 51).

86 En ese contexto, incumbe, en principio, a la Comisión demostrar que la sociedad matriz ha ejercido efectivamente una influencia decisiva en el comportamiento en el mercado de su filial, sobre la base de un conjunto de elementos de hecho, entre ellos, en particular, el eventual poder de dirección ejercido por la sociedad matriz sobre su filial (véase la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Avebe/Comisión, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, apartado 136, y la jurisprudencia citada). No obstante, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General resulta que es razonable que la Comisión presuma que una filial al 100 % de una sociedad matriz aplica en lo esencial las instrucciones que ésta le imparte, y que dicha presunción de responsabilidad implica que la Comisión no está obligada a comprobar si la sociedad matriz ejerció efectivamente ese poder de dirección sobre su filial. Cuando la Comisión expone en el pliego de cargos su intención de considerar a la sociedad matriz personalmente responsable por una infracción imputable a su filial invocando la presunción de responsabilidad derivada de la pertenencia de la totalidad del capital de la filial a su sociedad matriz, incumbe a ésta, si pretende refutar la responsabilidad que le incumbe, presentar durante el procedimiento administrativo, o a más tardar ante el juez de la Unión, medios probatorios suficientes para desvirtuar la presunción demostrando que, a pesar de la pertenencia de la totalidad de su capital a la sociedad matriz, en realidad la filial determinaba con autonomía su conducta en el mercado (véase la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Akzo Nobel/Comisión, T‑330/01, Rec. p. II‑3389, apartados 82 et 83, y la jurisprudencia citada).

87 La Comisión ha de poder tener en cuenta, en la decisión que declara una infracción, las respuestas de las empresas afectadas al pliego de cargos. A este respecto, no sólo ha de poder aceptar o rechazar las alegaciones de las empresas afectadas, sino también proceder a su propio análisis de los hechos que éstas exponen, bien para abandonar los cargos que hubieran resultado mal fundados, bien para adaptar o completar, tanto fáctica como jurídicamente, su argumentación en apoyo de los cargos que mantiene (sentencia del Tribunal General de 15 de marzo de 2006, BASF/Comisión, T‑15/02, Rec. p. II‑497, apartado 93; véanse también en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartados 91 y 92; de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados 437 y 438, y de 29 de octubre de 1980, van Landewyck y otros/Comisión, 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 68).

88 En cuanto a la obligación de motivación que incumbe a la Comisión, en especial cuando adopta una decisión que declara una infracción de las reglas sobre la competencia, hay que recordar que según reiterada jurisprudencia se debe distinguir entre la imputación basada en la falta o insuficiencia de motivación y la basada en la inexactitud de la fundamentación de la decisión (debido a un error en los hechos o en la apreciación jurídica). Este último aspecto está comprendido dentro del examen de la legalidad de la Decisión controvertida en cuanto al fondo y no dentro de los vicios sustanciales de forma y, por lo tanto, no puede dar lugar a una infracción del artículo 253 CE (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartados 67 y 72; de 30 de marzo de 2000, VBA/Florimex y otros, C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, apartado 114, y de 2 de octubre de 2003, International Power y otros/NALOO, C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P y C‑180/01 P, Rec. p. I‑11421, apartado 145; sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 1997, Cipeke/Comisión, T‑84/96, Rec. p. II‑2081, apartado 47). Como forma sustancial, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2003, Volkswagen/Comisión, C‑338/00 P, Rec. p. I‑9189, apartado 124). Si bien, con arreglo al artículo 253 CE, la Comisión está obligada a mencionar los aspectos de hecho y de derecho que pueden justificar su decisión así como las consideraciones jurídicas que le llevaron a adoptarla, esta disposición no exige que la Comisión examine la totalidad de los elementos de hecho y de derecho abordados durante la fase administrativa (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, 43/82 y 63/82, Rec. p. 19, apartado 22; de 11 de julio de 1989, Belasco y otros/comisión, 246/86, Rec. p. 2117, apartado 55, y Volkswagen/Comisión, antes citada, apartado 127). La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular, del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por éste puedan tener en recibir explicaciones (véase la sentencia Comisión/Sytraval y Brink’s France, antes citada, apartado 63, y la jurisprudencia citada).

89 La jurisprudencia que precede es aplicable por analogía a las decisiones de la Comisión que declaran una infracción del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.

90 En el presente caso, en los apartados 331 y 337 del pliego de cargos la Comisión indicó su intención de considerar responsable a Alstom, conjunta y solidariamente con Areva T & D SA y Areva T & D AG, por la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 8 de enero de 2004, y ello con apoyo en la presunción de responsabilidad derivada de la pertenencia de la totalidad del capital de las filiales a su sociedad matriz (véase el anterior apartado 86).

91 De los considerandos 335, 348 a 356 y 358 de la Decisión impugnada resulta que, para considerar a Alstom responsable solidariamente con Areva T & D SA por la participación de la empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 8 de enero de 2004, la Comisión se apoyó finalmente no sólo en la presunción de responsabilidad derivada de la pertenencia de la totalidad del capital de las filiales a su sociedad matriz, sino también en datos de hecho aportados durante el procedimiento administrativo. Así, la Comisión se refirió en el considerando 351 de la Decisión impugnada a una resolución del Conseil de la concurrence francés de 1 de marzo de 1988, que impuso una multa a Areva en virtud del Derecho francés de la competencia por prácticas de trucaje de las ofertas también relacionadas con material eléctrico (transformadores de media tensión). También se refirió en el considerando 353 de la Decisión impugnada a los propios datos presentados por Alstom, que pretendían demostrar que dentro del grupo Alstom la organización operativa prevalecía sobre la estructura jurídica y que, al igual que el sector de T & D, las actividades de proyectos de GIS estaban dirigidas al nivel más alto por Alstom y sus predecesores. Finalmente, se refirió en los considerandos 354 y 355 de la Decisión impugnada a los datos aportados por las sociedades del grupo Areva, que permitían identificar a seis miembros del consejo de administración de Alstom T & D SA que habían sido de manera simultánea o consecutiva miembros del consejo de administración de las «sociedades de cabeza» del grupo Alstom antes de enero de 2004, o que incluso habían ocupado el cargo de director general.

92 Alstom no refuta las apreciaciones de hecho que figuran en la Decisión impugnada,