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9

El artículo 4, apartados 1 y 3, del Decreto-ley n.o 91, de 24 de junio de 2014 (GURI n.o 144, de 24 de junio de 2014), convalidado y modificado por la Ley n.o 116, de 11 de agosto de 2014 (suplemento ordinario de la GURI n.o 192, de 20 de agosto de 2014) (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 91/2014»), tiene el siguiente tenor: «1. La producción de “Mozzarella di Bufala Campana” DOP, registrada como denominación de origen protegida (DOP) de conformidad con el [Reglamento (CE) n.o 1107/96 de la Comisión, de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n.o 2081/92 del Consejo (DO 1996, L 148, p. 1)], deberá llevarse a cabo en espacios en los que únicamente se efectúe el tratamiento de leche procedente de explotaciones integradas en el sistema de control de la DOP “Mozzarella di Bufala Campana”. En estos espacios podrá llevarse a cabo asimismo la producción de alimentos semielaborados, así como de otros productos, siempre y cuando dicha producción se efectúe exclusivamente con leche procedente de explotaciones integradas en el sistema de control de la DOP “Mozzarella di Bufala Campana”. La elaboración de productos con leche que, en parte o en su totalidad, no proceda de explotaciones integradas en el sistema de control de la DOP “Mozzarella di Bufala Campana” deberá llevarse a cabo en un espacio diferente, en virtud de las disposiciones de la Orden prevista en el apartado 3. […] 3. Mediante Orden del Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal, que habrá de adoptarse, previo acuerdo del Ministerio de Sanidad, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, se definirán las normas de aplicación de las disposiciones contenidas en los apartados 1, tercera frase, y 2, estableciendo que la separación física de las producciones a que se refiere el apartado 1, última frase, deberá impedir cualquier contacto, incluso accidental, entre la leche procedente de explotaciones integradas en el sistema de control de la “Mozzarella di Bufala Campana DOP” y otra leche, así como entre la “Mozzarella di Bufala Campana DOP” y los productos obtenidos a partir de otra leche en cualquier fase de la elaboración y del envasado.»
63

Por lo que se refiere, en primer lugar, al análisis del carácter selectivo de la medida controvertida en el litigio principal, que podría resultar del hecho de que no deben pagar el canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica los productores de energía eléctrica cuya fuente de producción no es la hidráulica, debe señalarse que, si bien el criterio de imposición de este canon, relativo a la fuente de producción de la energía eléctrica, no reviste formalmente el carácter de excepción respecto de un marco jurídico de referencia concreto, no es menos cierto que tiene por efecto excluir a estos productores de energía eléctrica del ámbito de aplicación de dicho canon.
16

Mediante sentencia de 17 de julio de 2013, el tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Cergy-Pontoise) tras declarar que no había necesidad de pronunciarse en relación con las sumas reembolsadas, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de marzo de 2008, rechazó el resto de las pretensiones de UPM. Mediante sentencia de 15 de marzo de 2016 la cour administrative d’appel de Versailles (Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de Versalles, Francia) desestimó el recurso de apelación interpuesto por UPM, debido a que el gas natural utilizado por esta sociedad estaba comprendido únicamente en el ámbito de aplicación del artículo 15 de la citada Directiva, y no en el del artículo 14 de la misma Directiva, y que el régimen impositivo de ese gas natural no podía ser diferente en función de que estuviese destinado a la generación de calor o a la producción de electricidad.
46

En este contexto, el Ministro censuró lo declarado en la mencionada sentencia alegando, en particular, que en la misma no se tenía en cuenta el hecho esencial de que el miembro de la familia de un ciudadano de la Unión no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/38 si dicho ciudadano no ejerce efectiva y actualmente su derecho de libre circulación. En tal supuesto, la decisión de expulsión se rige, según el Ministro, no por las disposiciones del capítulo VI de dicha Directiva, sino por el Derecho nacional aplicable fuera del ámbito cubierto por la citada Directiva.
16

El recurso interpuesto por la sociedad Regards Photographiques contra dichas liquidaciones de IVA fue desestimado tanto por el tribunal administratif d’Orléans (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Orleans, Francia) como por la cour administrative d’appel de Nantes (Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de Nantes, Francia). En su sentencia de 21 de abril de 2016, este último órgano jurisdiccional estimó que las fotografías controvertidas en el litigio principal no podían beneficiarse del tipo reducido de IVA, dado que no tenían carácter original y no tenían una intención creadora, de modo que no procedía considerarlas fotografías tomadas por un artista.
23

El tribunal remitente también menciona el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 112/2014 de la Comisión, de 4 de febrero de 2014, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (DO 2014, L 38, p. 18), el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 114/2014 de la Comisión, de 4 de febrero de 2014, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (DO 2014, L 38, p. 22), y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 877/2014 de la Comisión, de 8 de agosto de 2014, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (DO 2014, L 240, p. 15), que, aunque no aplicables ratione temporis al litigio principal, muestran que la Comisión, para clasificar determinadas pantallas planas de cristal líquido (en lo sucesivo, «LCD»), se basó en que hay que tener en cuenta una serie de características y propiedades de las pantallas y no limitarse a su aptitud para el trabajo de proximidad.
21

El órgano jurisdiccional de apelación consideró también que no había transmisión de empresa en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23, toda vez que el contrato de transmisión celebrado entre Banka Koper y Alta Invest no implicaba un cambio de empresario, en el sentido de esa disposición. Consideró determinante que la primera empresa no cediera la clientela a la segunda. A este respecto, precisó que la circunstancia de que la casi totalidad de la clientela decidiera de hecho dirigirse a Alta Invest no bastaba para llegar a la conclusión de que existía una «transmisión de empresa», en el sentido de la Directiva 2001/23. Por otro lado, la circunstancia de que Banka Koper continuara ejerciendo una actividad de intermediación bursátil, en particular para Alta Invest, confirma, según el mismo órgano jurisdiccional, que no hubo transmisión de empresa.
18

En lo que respecta a las actividades económicas que consisten en la explotación de un conjunto inseparable de bienes muebles e inmuebles, el Tribunal de Justicia ha declarado, además, que no existe transmisión de una universalidad de bienes, en el sentido del artículo 19, párrafo primero, de la Directiva IVA, cuando no se ponen a disposición del cesionario los locales. En particular, si los locales comerciales están equipados con instalaciones fijas necesarias para desarrollar la actividad económica, dichos inmuebles deben formar parte de los elementos enajenados para que se produzca una transmisión de una universalidad total o parcial de bienes, en el sentido de la Directiva IVA (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 2011, Schriever,C‑444/10, EU:C:2011:724, apartado 28).
1)

Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual los dividendos distribuidos por una sociedad residente a un fondo de pensiones residente, por una parte, están sometidos a una retención en origen que puede imputarse íntegramente al impuesto sobre sociedades de dicho fondo y dar lugar a una devolución cuando el impuesto percibido mediante retención en origen sea superior al impuesto sobre sociedades adeudado por el fondo y, por otra parte, no dan lugar a un incremento del resultado gravado por el impuesto sobre sociedades, o dan lugar únicamente a un incremento mínimo de este, debido a la facultad de deducir de dicho resultado las provisiones para hacer frente a los compromisos en materia de pensiones, mientras que los dividendos abonados a los fondos de pensiones no residentes están sujetos a una retención en origen que constituye, para estos, un gravamen definitivo, cuando el fondo de pensiones no residente destina los dividendos percibidos a la provisión de las pensiones que deberá abonar en el futuro, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.
En primer lugar, por lo que respecta a la alegación de Guardian Europe en cuanto al supuesto lucro cesante que sufrió por la vulneración del principio de igualdad de trato cometido en la sentencia de 27 de septiembre de 2012, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión (T‑82/08, EU:T:2012:494), como resulta de los apartados 122 a 125 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no desestimó la pretensión de reparación basada en esa vulneración alegada con fundamento en las consideraciones realizadas en los apartados 103 y 153 de esa sentencia relativas a que la demandante no soportó personalmente la carga consistente en el pago de la multa impuesta por la Decisión controvertida, sino porque no puede generar la responsabilidad de la Unión una resolución judicial que no haya sido dictada por un órgano jurisdiccional de la Unión que resuelva en última instancia. De ello se deduce que esta alegación se basa en una lectura errónea de la sentencia recurrida y, por tanto, carece de fundamento, máxime cuando como resulta del apartado 84 de la presente sentencia, en cualquier caso, el Tribunal General declaró acertadamente que tal vulneración no puede generar la responsabilidad de la Unión, con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo.
18

Si bien es cierto que el artículo 21, apartado 2, de la Carta consagra el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, procede, no obstante, recordar que el artículo 52, apartado 2, de la Carta dispone que los derechos reconocidos por esta que constituyen disposiciones de los Tratados se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por estos. Es lo que sucede con el artículo 21, apartado 2, de la Carta que corresponde, como confirman las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17) relativas a esa disposición, con el artículo 18 TFUE, párrafo primero, y debe aplicarse con arreglo a este (véase, por analogía, la sentencia de 4 de julio de 2013, Gardella, C‑233/12, EU:C:2013:449, apartado 39).
14

En este contexto, el tribunal remitente considera que no resulta evidente interpretar los artículos 2, letra a), 3, apartado 1, y 5, apartado 3, letras c) y d), de la Directiva 2001/29 a la luz de los derechos fundamentales, especialmente, de la libertad de información y de la libertad de prensa. Se pregunta, en particular, si estas disposiciones dejan algún margen de apreciación para su transposición al Derecho nacional. A este respecto, señala que, según la jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal, Alemania), cuando una directiva de la Unión Europea no deje a los Estados miembros ningún margen de apreciación para su transposición, las disposiciones del Derecho nacional que transponen dicha directiva deben apreciarse, en principio, no de acuerdo con los derechos fundamentales garantizados por la GG, sino únicamente a la luz de los derechos fundamentales garantizados por el Derecho de la Unión.
21

No obstante, en el apartado 55 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia precisó que, aunque se trate de una restricción en principio justificada, no deja de ser desproporcionado que el Estado de residencia de la sociedad matriz excluya la posibilidad de que esta compute las pérdidas de una filial no residente, que se consideran definitivas, cuando: – la filial no residente ha agotado las posibilidades de tener en cuenta las pérdidas en que haya incurrido en su Estado de residencia en el período impositivo correspondiente a la solicitud de consolidación y en ejercicios anteriores, en su caso, mediante una transferencia de dichas pérdidas a un tercero o mediante la imputación de estas a los beneficios obtenidos por la filial durante ejercicios anteriores, y – no existe la posibilidad de que las pérdidas de la filial extranjera puedan tenerse en cuenta en su Estado de residencia en ejercicios futuros respecto de ella misma o de un tercero, en especial, en caso de cesión de la filial a este.
6

El artículo 1 de la legge n. 107 — Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Ley n.o 107, sobre la reforma del sistema nacional de educación y de formación y de delegación para la refundición de las disposiciones legislativas vigentes), de 13 de julio de 2015 (GURI n.o 162, de 15 de julio de 2015; en lo sucesivo, «Ley n.o 107/2015»), dispone lo siguiente en su apartado 95: «Para el curso escolar 2015/2016, se autoriza al Ministerio de Educación a aplicar un plan extraordinario de contratación por tiempo indefinido de personal docente para los centros escolares públicos de todo tipo y nivel con objeto de proveer todas las plazas comunes y de apoyo del personal “de derecho” que sigan estando vacantes y disponibles al término de los procesos de titularización llevados a cabo para este mismo curso escolar con arreglo al artículo 399 del texto unificado establecido por el [decreto legislativo n. 297 — Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto Legislativo n.o 297, por el que se adopta el texto unificado de las disposiciones legales aplicables en materia de enseñanza), de 16 de abril de 1994 (suplemento ordinario la GURI n.o 115, de 19 de mayo de 1994; en lo sucesivo, Decreto Legislativo n.o 297/1994)], al término de los cuales se suprimirán las listas de aptitud de los concursos-oposición publicadas antes de 2012 […]».
35

En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 2 y el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que la calificación como «marca de color» o como «marca figurativa» que un solicitante da a un signo en el momento de su registro constituye un elemento pertinente entre otros para determinar si dicho signo puede constituir una marca en el sentido del artículo 2 de dicha Directiva y si, en su caso, esa marca reviste carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la referida Directiva, pero no dispensa a la autoridad competente en materia de marcas de su obligación de realizar un análisis in concreto y global del carácter distintivo de la marca considerada, lo que implica que dicha autoridad no puede denegar el registro de un signo como marca por el único motivo de que ese signo no ha adquirido carácter distintivo por su uso en relación con los productos o servicios para los que se solicita.
–

en nombre de Morgan Stanley & Co International plc, por el Sr. C. Aldebert y la Sra. C. Reinbold, abogados;
31

En tercer lugar, procede señalar que un análisis del contexto en el que se inscribe el artículo 316 de la Directiva del IVA permite también desestimar la alegación del Gobierno alemán según la cual el régimen del margen de beneficio no puede aplicarse a la entrega de objetos de arte adquiridos de operadores establecidas en otros Estados miembros debido a que el hecho imponible, en particular, la adquisición intracomunitaria, no se menciona en el artículo 316, apartado 1, letra b), de esa Directiva. En efecto, como señaló el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, el régimen del margen de beneficio regula la imposición de los bienes no en la fase de su adquisición por el sujeto pasivo revendedor, sino de su venta, extremo confirmado por el hecho de que la base imponible se calcula, según los artículos 315 y 317 de esa Directiva, en función del precio de venta del bien solicitado por el sujeto pasivo revendedor.
37

No es óbice a esa conclusión el hecho de que esa jurisprudencia se dictara en el contexto de medidas restrictivas basadas en la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO 2001, L 344, p. 93), que, en su artículo 1, apartado 4, se refiere explícitamente a que una autoridad competente haya adoptado la decisión. Las diferencias en el tenor literal, la sistemática y el objetivo que el Tribunal General identificó en los apartados 168 a 172 de la sentencia recurrida entre, por un lado, el modelo de medidas restrictivas establecido por esta Posición Común y, por otro lado, el modelo de medidas restrictivas establecido por la Decisión 2014/119, en la redacción que dio a esta la Decisión 2015/143, y por el Reglamento n.o 208/2014, en la redacción que dio a este el Reglamento 2015/138, no pueden surtir el efecto de limitar la aplicación de las garantías que de esa misma jurisprudencia se derivan a las medidas restrictivas adoptadas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, modeladas sobre la citada Posición Común, y de no aplicar dichas garantías a las medidas restrictivas adoptadas en el contexto de la cooperación con un Estado tercero que el Consejo decide realizar a raíz de una opción política.
16

El artículo 38, apartado 5, del Decreto Legislativo n. 93 — Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gase di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54CE e 2003/55/CE (Decreto Legislativo n.o 93 de aplicación de las Directivas 2009/72/CE, 2009/73/CE y 2008/92/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural y relativas a un procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales finales de gas y de electricidad y por las que se derogan las Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE), de 1 de junio de 2011 (GURI n.o 148, de 28 de junio de 2011; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 93/2011»), establece lo siguiente: «Sin perjuicio de las disposiciones referentes a las redes de uso eficiente contempladas en el artículo 2, apartado 1, letra t), del Decreto Legislativo n.o 115/2008, constituyen redes de distribución cerradas las redes internas de uso definidas en el artículo 33 de la Ley [n.o 99/2009] y las demás redes privadas definidas en el artículo 30, apartado 27, de la Ley n.o [99/2009] […]».
128

Por último, procede señalar una repetición del comportamiento infractor de dicho Estado miembro en el ámbito de las ayudas de Estado. En efecto, la República Helénica fue condenada, por un lado, en el marco de recursos en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 2, por no ejecutar decisiones de recuperación de ayudas, en los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 1 de marzo de 2012, Comisión/Grecia (C‑354/10, no publicada, EU:C:2012:109), de 17 de octubre de 2013, Comisión/Grecia (C‑263/12, no publicada, EU:C:2013:673), de 9 de noviembre de 2017, Comisión/Grecia (C‑481/16, no publicada, EU:C:2017:845) y de 17 de enero de 2018, Comisión/Grecia (C‑363/16, EU:C:2018:12), y, por otro lado, en el marco de un recurso en virtud del artículo 228 CE, apartado 2, párrafo tercero, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 7 de julio de 2009, Comisión/Grecia (C‑369/07, EU:C:2009:428).
10

A tenor del artículo 15 del Reglamento n.o 2201/2003, que lleva por título «Remisión a un órgano jurisdiccional mejor situado para conocer del asunto»: «1. Excepcionalmente, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro competentes para conocer del fondo del asunto podrán, si consideran que un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro con el que el menor tenga una vinculación especial está mejor situado para conocer del asunto o de una parte específica del mismo, y cuando ello responda al interés superior del menor: a) suspender el conocimiento del asunto o de parte del mismo e invitar a las partes a presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional de ese otro Estado miembro con arreglo al apartado 4, o b) solicitar al órgano jurisdiccional del otro Estado miembro que ejerza su competencia con arreglo al apartado 5. 2. El apartado 1 se aplicará: a) a instancia de parte, o b) de oficio, o c) a petición del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro con el que el menor tenga una vinculación especial, a tenor del apartado 3. No obstante, para que la remisión pueda efectuarse de oficio o a petición del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, será preciso el consentimiento de al menos una de las partes. 3. Se considerará que el menor tiene una vinculación especial con un Estado miembro, a los efectos del apartado 1, si: a) dicho Estado miembro se ha convertido en el de residencia habitual del menor después de la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional a que se refiere el apartado 1, o b) el menor ha residido de manera habitual en dicho Estado miembro, o c) el menor es nacional de dicho Estado miembro, o d) dicho Estado miembro es el de residencia habitual de un titular de la responsabilidad parental, o e) el asunto se refiere a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de los bienes de este que se encuentran en el territorio de dicho Estado miembro. 4. El órgano jurisdiccional del Estado miembro competente para conocer del fondo del asunto establecerá el plazo en el que deberá presentarse la demanda ante los órganos jurisdiccionales del otro Estado miembro, con arreglo al apartado 1. Si no se presenta demanda ante los órganos jurisdiccionales en dicho plazo, el órgano jurisdiccional ante el que se presentó seguirá ejerciendo su competencia con arreglo a los artículos 8 a 14. 5. Los órganos jurisdiccionales de este otro Estado miembro podrán declararse competentes en el plazo de seis semanas a partir de la fecha en que se les haya presentado la demanda en virtud de las letras a) o b) del apartado 1 si, por las circunstancias específicas del asunto, ello responde al interés superior del menor. En este caso, el órgano jurisdiccional ante el que se presentó inicialmente la demanda deberá inhibirse. De lo contrario, será competente el órgano jurisdiccional en el que primero se presentó la demanda, de conformidad con los artículos 8 a 14. 6. Los órganos jurisdiccionales cooperarán a efectos del presente artículo, directamente o a través de las autoridades centrales designadas de conformidad con el artículo 53.»