Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación — Motivos — Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación — Inadmisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 113, ap. 2)

2. Competencia — Normas de la Unión — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación — Presunción de una influencia determinante de la sociedad matriz en las filiales participadas al 100 %

[Art. 101 TFUE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

3. Competencia — Normas de la Unión — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación — Presunción de una influencia determinante de la sociedad matriz en las filiales participadas al 100 % — Carácter refutable

[Art. 101 TFUE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Acceso al expediente — Objeto — Respeto del derecho de defensa — Alcance

(Art. 81 CE)

5. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Observancia de un plazo razonable

[Art. 81 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo]

6. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance

(Arts. 81 CE y 253 CE)

7. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión que impone multas por infracción de las normas sobre la competencia y que afecta a una pluralidad de destinatarios

(Arts. 81 CE y 253 CE)

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1. El recurso de casación no podrá modificar el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General. La competencia del Tribunal de Justicia, en el marco del recurso de casación, está en efecto limitada a la apreciación de la solución jurídica que se haya dado a los motivos objeto de debate ante los jueces de primera instancia. Por tanto, una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que habría podido invocar ante el Tribunal General pero que no invocó, ya que ello equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. En consecuencia, un motivo de ese tipo debe considerarse inadmisible en la fase del recurso de casación.

(véanse los apartados 35, 51 y 78)

2. El concepto de empresa abarca cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación. A este respecto, por una parte, el concepto de empresa, situado en el contexto del Derecho de competencia de la Unión, designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas y, por otra parte, cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre la competencia, le incumbe, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción. El comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tengan una personalidad jurídica distinta, esa filial no decide de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplica esencialmente las instrucciones que le imparte su sociedad matriz, habida cuenta, en particular, de los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a estas dos entidades jurídicas.

En el caso específico de que una sociedad matriz sea titular del 100 % del capital de la filial que ha infringido las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, cabe afirmar, por una parte, que esa sociedad matriz puede ejercer una influencia determinante en la conducta de su filial y, por otra, que existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente tal influencia. En estas circunstancias, basta con que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial es titular de la totalidad del capital de ésta para presumir que aquélla ejerce efectivamente una influencia determinante en la política comercial de esa filial. Consecuentemente, la Comisión puede considerar que la sociedad matriz es responsable solidaria del pago de la multa impuesta a su filial, a no ser que dicha sociedad matriz, a la que incumbe destruir dicha presunción, aporte suficientes elementos probatorios que demuestren que su filial se conduce de manera autónoma en el mercado.

(véanse los apartados 53, 54, 56, 57, 80 y 96)

3. La presunción del ejercicio efectivo de una influencia determinante que una sociedad matriz puede ejercer en la conducta de una filial de la que es titular del 100 % de su capital tiene como principal finalidad establecer un equilibrio entre la importancia, por una parte, del objetivo consistente en reprimir las conductas contrarias a las normas sobre la competencia, en particular al artículo 101 TFUE, y evitar que éstas se repitan y, por otra parte, de las exigencias de determinados principios generales del Derecho de la Unión como son, en particular, los principios de presunción de inocencia, de personalidad de las penas y de seguridad jurídica, así como el derecho de defensa, incluido el principio de igualdad de armas. Precisamente por esa razón dicha presunción es refutable. Dicha presunción se basa en la constatación de que, salvo en circunstancias completamente excepcionales, una sociedad que es titular de la totalidad del capital de una filial puede, por el mero hecho de ser titular de dicha cuota, ejercer una influencia determinante en la conducta de dicha filial y, por otro lado, que para probar la falta de ejercicio efectivo de ese poder de influencia normalmente lo más eficaz es buscar elementos en la esfera de las entidades contra las que opera dicha presunción.

En dichas circunstancias, si para destruir dicha presunción, a la parte interesada le bastase con formular meras afirmaciones sin fundamento, aquélla se vería ampliamente privada de su utilidad. Por otra parte, una presunción, aunque sea difícil de destruir, continúa estando dentro de unos límites aceptables mientras sea proporcionada al fin legítimo que persigue, exista la posibilidad de aportar prueba en contrario y se garantice el derecho de defensa.

(véanse los apartados 59 a 62)

4. Respecto del procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, el procedimiento administrativo ante la Comisión se subdivide en dos fases distintas y sucesivas, cada una de las cuales tiene una lógica interna propia, a saber, una fase de investigación preliminar, por un lado, y una fase contradictoria, por otro. La fase de investigación preliminar, que se extiende hasta el pliego de cargos, está destinada a permitir que la Comisión reúna todos los elementos pertinentes que confirmen o no la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia y adopte una primera postura sobre la orientación y la continuación que proceda dar al procedimiento. Por su parte, la fase contradictoria, que se extiende desde la notificación del pliego de cargos hasta la adopción de la decisión final, debe permitir que la Comisión se pronuncie definitivamente sobre la infracción imputada.

La fase de investigación preliminar tiene como punto de partida la fecha en que la Comisión, en el ejercicio de las facultades que le confiere el legislador de la Unión, adopta medidas que implican la imputación de una infracción y conllevan repercusiones importantes sobre la situación de las entidades sospechosas. La entidad afectada sólo es informada al inicio de la fase contradictoria, por medio del pliego de cargos, de todos los elementos esenciales en los que se basa la Comisión en esa fase del procedimiento. En consecuencia, sólo tras el envío del pliego de cargos puede la entidad afectada invocar plenamente su derecho de defensa.

(véanse los apartados 113 a 115)

5. En los procedimientos de aplicación del artículo 81 CE, debe evitarse que el derecho de defensa pueda quedar irremediablemente comprometido durante esa fase de investigación preliminar del procedimiento administrativo, dado que las medidas de investigación adoptadas pueden ser determinantes para la constitución de pruebas del carácter ilegal de conductas de las empresas que puedan generar la responsabilidad de éstas.

De ese modo, la apreciación del origen de la eventual vulneración del ejercicio eficaz del derecho de defensa no debe limitarse a la fase contradictoria del procedimiento administrativo, sino que debe extenderse al conjunto de este procedimiento y debe tener en cuenta su duración total.

Sin embargo, no puede considerarse que la Comisión, incluso antes de la primera medida adoptada respecto de una determinada entidad, esté obligada, en todo caso, a advertir a dicha entidad de la propia posibilidad de medidas de investigación o de actuaciones basadas en el Derecho de la Unión en materia de la competencia, sobre todo si, mediante dicha advertencia, pudiera verse comprometida indebidamente la eficacia de la investigación que lleva a cabo la Comisión.

Además, el principio de responsabilidad personal no se opone a que la Comisión contemple, en un primer momento, sancionar a la sociedad autora de una infracción contra las normas sobre la competencia antes de examinar si, en su caso, puede imputarse la infracción a la sociedad matriz.

De ese modo, siempre que el destinatario de un pliego de cargos pueda dar a conocer de modo eficaz su punto de vista durante el procedimiento contradictorio administrativo acerca de la realidad y la pertinencia de los hechos y las circunstancias alegados por la Comisión, esta última no está obligada por principio, a dirigir una medida de investigación a dicho destinatario con carácter previo al envío del pliego de cargos.

(véanse los apartados 117 a 122)

6. El deber de motivar una decisión individual tiene la finalidad, además de permitir el control jurisdiccional, de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión adolece eventualmente de algún vicio que permita impugnar su validez. En principio, pues, la motivación debe ser notificada al interesado al mismo tiempo que la decisión lesiva. La falta de motivación no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado descubra los motivos de la decisión en el procedimiento ante las instancias de la Unión.

La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por el acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del mencionado artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Sin embargo, la motivación de un acto debe ser lógica y no presentar contradicciones internas que obstaculicen la buena comprensión de las razones subyacentes a dicho acto.

(véanse los apartados 148 a 151)

7. Cuando una decisión de aplicación del Derecho de la Unión en materia de competencia afecta a varios destinatarios y se refiere a la imputabilidad de la infracción, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, y en especial respecto a los que, según esa decisión, deben asumir las consecuencias de tal infracción. Así pues, respecto de una sociedad matriz considerada responsable del comportamiento infractor de su filial, dicha decisión debe contener, en principio, una exposición detallada de los fundamentos que pueden justificar la imputabilidad de la infracción a esta sociedad. En relación más concretamente con una decisión de la Comisión que se basa exclusivamente, por lo que atañe a determinados destinatarios, en la presunción del ejercicio efectivo de una influencia determinante, la Comisión está en todo caso obligada —so pena de que dicha presunción se convierta, de hecho, en irrefutable— a exponer de manera adecuada a dichos destinatarios las razones por las que los elementos de hecho y de Derecho invocados no han sido suficientes para refutar dicha presunción. La obligación de la Comisión de motivar sus decisiones sobre este punto resulta en particular del carácter iuris tantum de dicha presunción, cuya refutación requiere que los interesados presenten una prueba acerca de los vínculos económicos, organizativos y jurídicos entre las sociedades de que se trate. Siendo esto así, la Comisión no está obligada, en dicho marco, a definir su postura sobre elementos que estén manifiestamente fuera de contexto, carezcan de significado o sean claramente secundarios.

Por otra parte, si bien una decisión de la Comisión que sea acorde con una práctica decisoria constante puede motivarse de forma sucinta, concretamente mediante una referencia a dicha práctica, la Comisión debe desarrollar su razonamiento de manera explícita cuando va sensiblemente más allá que las decisiones precedentes.

En dicho contexto, incumbe al Tribunal General prestar una particular atención a la cuestión de si una decisión por la que se impone una multa a una empresa formada por una sociedad matriz y su filial, imputando a la primera las actuaciones de la segunda, por infracción de las normas de la competencia, expone de modo detallado las razones por las que la Comisión consideraba que las pruebas presentadas por la sociedad matriz no bastaban para refutar la presunción aplicada en dicha decisión. En un caso particular determinado, el Tribunal General incurre por tanto en error de Derecho al no sancionar la falta de motivación de que adolece una Decisión de la Comisión que no es más que una serie de simples afirmaciones y negaciones, repetitivas y carentes de detalles. En efecto, a falta de aclaraciones adicionales, una serie de afirmaciones y negaciones de ese tipo, en un supuesto de esas características, no permite a los interesados conocer las justificaciones de la medida adoptada ni al órgano judicial competente ejercer su control.

(véanse los apartados 152 a 155 y 167 a 170)