No es hipotética, es pertinente y, por consiguiente, es admisible la cuestión prejudicial mediante la cual el órgano jurisdiccional remitente plantea, en el marco de un litigio sobre la impugnación formulada por un proveedor de electricidad contra la dispensa acordada, en virtud de una disposición de Derecho nacional, a determinados gestores de redes de suministro energético de permitir el libre acceso a sus redes, si las disposiciones de una directiva se oponen a ese régimen de excepciones que concede dicha dispensa sin tener en cuenta las capacidades técnicas de tales redes.

Una red que se encuentra en un área de explotación que constituye una unidad espacial y se dedica principalmente al transporte de energía dentro de una empresa o a empresas vinculadas, que transporta, con el fin de suministrarla a clientes, electricidad no a muy alta tensión ni a alta tensión, con independencia de la cantidad de energía transportada en esa red y con independencia del hecho de que la explotación de dicha red sea sólo una actividad accesoria de la actividad principal de explotación de la empresa, se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación de esa disposición y, por lo tanto, se considera una red de distribución de electricidad en el sentido del artículo 2, número 5, de la Directiva 2003/54.

El artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2003/54, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que dispensa a determinados gestores de redes de suministro energético de la obligación de permitir a terceros el libre acceso a dichas redes, por el hecho de que éstas se encuentren en un área de explotación que constituye una unidad espacial y se dediquen principalmente al transporte de energía dentro de la propia empresa o a empresas vinculadas.

En efecto, si bien esta disposición deja en manos de los Estados miembros la adopción de las medidas necesarias para que se establezca un sistema de acceso de terceros a las redes de transporte o de distribución y si, por lo tanto, los Estados miembros son competentes, con arreglo al artículo 249 CE, en cuanto a la forma y a los medios empleados para dicho establecimiento, no es menos cierto que, habida cuenta de la importancia del principio de libre acceso a las redes de transporte o de distribución, este margen de maniobra no les autoriza a no aplicar el citado principio, salvo en los casos en que la Directiva prevé excepciones.

No sucede así en el caso de una normativa nacional que no entra dentro del ámbito de aplicación de ninguna de las excepciones al principio previstas en la Directiva, cuando se trate:

— en primer lugar, de la excepción establecida en el artículo 20, apartado 2, el cual, para permitir que un gestor de red pueda denegar el acceso a su red si no dispone de la capacidad necesaria, exige una motivación y una justificación que se habrán de apreciar caso por caso y no autoriza a los Estados miembros a prever excepciones generales sin realizar una apreciación concreta, o

— en segundo lugar, de la excepción contemplada en el artículo 3, apartado 8, de la Directiva, puesto que, por una parte, la excepción prevista en la normativa de que se trata no está justificada por el riesgo de que se impida a los gestores de redes el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público debido a ese libre acceso y que, por otra parte, dicha excepción sólo se justifica por la configuración geográfica o jurídica de la zona en la que tales redes son explotadas, o

— en último lugar, mediante la aplicación del artículo 26, apartado 1, de la Directiva que prevé excepciones al artículo 20 de ésta, justificadas por los problemas importantes que plantea la explotación de pequeñas redes aisladas en la medida en que el Estado miembro del que dimana la normativa controvertida no solicitó ni obtuvo el acuerdo necesario de la Comisión, concretado en una decisión publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(véanse los apartados 55, 57, 58 y 60 a 65 y el fallo)