Conclusiones del Abogado General La Pergola presentadas el 28 de mayo de 1998. - Eric Coursier contra Fortis Bank y Martine Bellami, esposa del Sr. Coursier. - Petición de decisión prejudicial: Cour supérieure de justice - Gran Ducado de Luxemburgo. - Convenio de Bruselas - Ejecución de resoluciones judiciales - Artículo 31 - Carácter ejecutorio de una resolución judicial - Procedimiento concursal. - Asunto C-267/97.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-02543



Conclusiones del abogado general

Hechos y marco normativo del litigio principal

1 La cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia en el presente procedimiento tiene por objeto el concepto de «resolución ejecutoria» a efectos del párrafo primero del artículo 31 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (1) (en lo sucesivo, «Convenio» o «Convenio General»). En el citado párrafo primero del artículo 31 del Convenio se dispone, «las resoluciones dictadas en un Estado contratante que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado contratante cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en este último».

Con arreglo al artículo 1 y al apartado 2 del artículo 2 del Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio, (2) la Cour supérieure de justice del Gran Ducado de Luxemburgo planteó a este Tribunal la siguiente cuestión:

«Una resolución judicial dictada en el país de origen en el marco de un procedimiento de liquidación judicial, materia excluida del ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas, y que tampoco es susceptible de ser reconocida en el país requerido con arreglo al Derecho nacional de este Estado, pero que, en el país en el que fue dictada confiere a una de las partes inmunidad de ejecución frente a la resolución cuyo exequátur se solicita, ¿afecta al carácter ejecutorio al que están subordinados el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales con arreglo al párrafo primero del artículo 31 del Convenio?»

2 Los hechos que originaron el litigio principal se pueden exponer del siguiente modo. Mediante sentencia de la cour d'appel de Nancy de 6 de enero de 1993 (en lo sucesivo, «sentencia condenatoria»), los esposos Éric Coursier y Martine Bellami, ambos de nacionalidad francesa y domiciliados en Francia, fueron condenados a pagar a la sociedad luxemburguesa Fortis Bank (en lo sucesivo, «Fortis») el contravalor en francos franceses de 563.282 LFR, más intereses contractuales y costas. El crédito de Fortis reconocido por el Juez francés nació del incumplimiento por el matrimonio Coursier-Bellami de su obligación de reembolsar un importe de 480.000 LFR, recibido en concepto de préstamo en agosto de 1990. De los autos no se desprende que la sentencia condenatoria, notificada a los deudores el 24 de febrero de 1993, haya sido objeto de apelación por su parte.

Posteriormente, mediante sentencia del Tribunal de commerce de Briey de 1 de julio de 1993, se inició contra el Sr. Coursier, que explotaba un bar en Rehon (Francia), un procedimiento simplificado de suspensión de pagos (redressement judiciaire), que se transformó en esa misma fecha en quiebra (liquidation judiciaire), habida cuenta del cese de la actividad empresarial del deudor, de su incapacidad de proponer a los acreedores un plan serio de saneamiento y de la imposibilidad de otras soluciones de saneamiento. (3) En el marco de ese procedimiento, Fortis se integró en la masa de acreedores en calidad de acreedor ordinario.

3 El procedimiento de quiebra del Sr. Coursier terminó por insuficiencia del activo mediante sentencia del tribunal de commerce de 16 de junio de 1994. En dicha decisión se declaró «que los acreedores sólo recuperan sus acciones ejecutivas individuales si concurren los requisitos previstos en el artículo 169 de la Ley de 25 de enero de 1985». (4) Según el párrafo primero del mencionado artículo 169: (5)

«La resolución sobre la terminación de la liquidación judicial por insuficiencia de bienes no faculta a los acreedores para que puedan ejercer individualmente sus acciones contra el deudor, a no ser que la deuda se derive:

1º De una condena penal, bien por hechos ajenos a la actividad profesional del deudor, bien por fraude fiscal, en beneficio exclusivo, en este último supuesto, de la Hacienda Pública.

2º De derechos del acreedor de carácter personalísimo. [(6)]

No obstante, el fiador o el codeudor que haya pagado en lugar del deudor podrá ejercitar acciones judiciales contra este último.»

4 Posteriormente, al encontrar el Sr. Coursier empleo en Luxemburgo como trabajador por cuenta ajena, aunque seguía domiciliado en Francia, Fortis solicitó al Tribunal de paix del Gran Ducado el embargo del salario allí percibido por su deudor. Con el fin de obtener un título ejecutivo para confirmar el embargo, Fortis solicitó y obtuvo el exequátur de la sentencia condenatoria, otorgado, con arreglo a los artículos 31 y 32 del Convenio, (7) mediante auto del Presidente del Tribunal d'arrondissement du Luxembourg de 2 de julio de 196 (en lo sucesivo, «auto de exequátur»).

5 Contra dicho auto, el Sr. Coursier interpuso ante el Juez a quo el recurso previsto en los artículos 36 a 39 del Convenio (véase el punto 14 infra) para invocar la ilegalidad del otorgamiento del exequátur de la sentencia condenatoria. En opinión del Sr. Coursier, dicha sentencia carece de carácter ejecutivo puesto que el crédito de Fortis no está comprendido en las excepciones previstas de modo taxativo en el artículo 169 de la Ley nº 85-98 y, por tanto, el banco no ha recuperado, ni en Francia ni en ningún otro Estado contratante, el derecho a ejercer acciones ejecutivas individuales. En efecto, el artículo 31 del Convenio supedita la ejecución (que en lo sucesivo denominaré «exequátur» para distinguirla de la ejecución forzosa propiamente dicha) (8) al requisito de que la resolución a la que deba darse eficacia revista carácter ejecutivo. Según el ahora demandante, dicho requisito no se cumple en el presente asunto puesto que la Ley francesa concede al deudor insolvente, en el procedimiento de quiebra regulado por dicha Ley, una «inmunidad de ejecución» como consecuencia de la cual no cabe otorgar en Luxemburgo el exequátur de la sentencia condenatoria pronunciada por el Juez francés. (9) Con arreglo al procedimiento de que se trata, no cabe atribuir ninguna eficacia internacional a una resolución que en el ordenamiento jurídico interno del Estado de origen ha perdido su eficacia frente al deudor en virtud de la inmunidad de ejecución otorgada a éste por el legislador. La Comisión comparte estos argumentos, según se desprende de sus observaciones formuladas ante este Tribunal.

6 Fortis objeta que del artículo 169 de la Ley nº 85-98 se deriva una suerte de inmunidad de ejecución que se refiere exclusivamente a la persona del Sr. Coursier (y por tanto no afecta también a la Sra. Bellami) y cuyos efectos territoriales se limitan sólo a Francia. Sin embargo, el hecho de que no se recupere el ejercicio de las acciones ejecutivas individuales frente a un deudor que se encuentra ya en situación de quiebra no afecta en absoluto al carácter ejecutivo de eventuales sentencias condenatorias anteriores al inicio del procedimiento concursal. Por tanto, el demandante en el litigio principal invocó erróneamente el artículo 31 del Convenio. Dicho precepto no permite que se deniegue el exequátur por razón de los efectos de otras resoluciones eventualmente adoptadas frente al demandado en el Estado de origen, relativas a materias no comprendidas en el ámbito de aplicación del Convenio. Así sucede precisamente con la sentencia francesa de terminación de la quiebra por insuficiencia del activo. (10) Por otra parte, en el artículo 34 del Convenio se prevé que la solicitud de exequátur «sólo podrá desestimarse por alguno de los motivos previstos en los artículos 27 y 28», (11) ninguno de los cuales concurre, en opinión del Sr. Coursier, en el presente asunto. Si el Tribunal acoge la tesis según la cual la sentencia condenatoria carece de fuerza ejecutiva en Francia y anula el auto de exequátur, se privaría a Fortis de cualquier posibilidad de solicitar la ejecución forzosa de sus derechos de crédito, tanto en Luxemburgo, Estado en el que el Sr. Coursier dispone de rentas de trabajo que cabe embargar (al menos en parte), como en Francia, donde Fortis obtuvo de modo regular la sentencia condenatoria del deudor, de conformidad con lo prescrito por las normas en materia de competencia judicial en el marco del Convenio. (12) Fortis añade que en Francia los procedimientos concursales se rigen por el principio de territorialidad; de este modo, incluso la eventual reapertura de las operaciones de liquidación -aunque es teóricamente posible- no puede conducir a que se aporten, a la masa de bienes, elementos patrimoniales o rentas de que dispone el deudor en otros Estados contratantes.

Análisis jurídico

7 En mi opinión, la presente cuestión prejudicial exige un examen preliminar. En primer lugar se debe analizar cómo se configura el procedimiento de control previsto para otorgar, en un Estado parte en el Convenio, el exequátur de resoluciones ejecutivas dictadas en otro Estado contratante. Por otra parte, es necesario examinar qué efectos pueden eventualmente reconocerse, en el ordenamiento jurídico de un Estado contratante, a las resoluciones extranjeras del mismo tipo que la sentencia de 16 de junio de 1994 del Tribunal de commerce de Briey. Dicha resolución, por su parte, se remite al citado artículo 169 de la Ley nº 85-98 (véase el punto 3 supra); por tanto, procede asimismo examinar brevemente la ratio y el alcance de dicho precepto a efectos del presente asunto.

La extinción de las acciones ejecutivas individuales de los acreedores prevista en el artículo 169 de la Ley nº 85-98

8 Comenzaré por este último punto. El citado artículo 169 -según el cual la sentencia de terminación de la quiebra por insuficiencia del activo no implica que los acreedores, tanto ordinarios como privilegiados, recuperen el ejercicio individual de sus acciones contra el deudor por los créditos anteriores al inicio del procedimiento de suspensión de pagos, salvo en casos excepcionales determinados de modo taxativo por el legislador- es entendido por la doctrina en el sentido de que establece la extinción definitiva de los derechos de los acreedores, y no una simple suspensión de los mismos. Por otra parte, ese efecto extintivo no tiene por objeto los derechos sustantivos de los acreedores, sino su facultad de ejercitar acciones judiciales frente al deudor para obtener la satisfacción de tales derechos. Esta distinción es importante puesto que la extinción de las acciones entraña el nacimiento de una obligación natural del deudor: por consiguiente, el eventual cumplimiento a favor de un acreedor no se podrá calificar como pago de lo indebido, sujeto a repetición. (13) El precepto de que se trata no parece tener equivalente en ningún otro Estado miembro; en particular, por lo que respecta al objeto de las presentes conclusiones, en el régimen jurídico luxemburgués sobre la quiebra (véase el artículo 536 del code de commerce) se prevé la norma contraria, según la cual los acreedores recuperan las acciones ejecutivas individuales como consecuencia de la terminación del procedimiento, norma en la que se inspiró el sistema francés vigente antes de la adopción de la Ley nº 85-98. Al parecer, la ratio del referido artículo 169 consiste en equiparar -mediante la distinción entre deudor y empresa- el trato concedido a los empresarios individuales, que responderían en otro caso con todo su patrimonio de las deudas contraídas en ejercicio de la actividad empresarial, al dispensado a los socios de las sociedades de capitales, que no responden personalmente de las deudas sociales, que se extinguen a la disolución de la sociedad. (14) Sin embargo, la doctrina se ha interrogado sobre si el precepto de que se trata es o no adecuado para el objetivo indicado: en efecto, una cosa es sanear la empresa del deudor en dificultades y otra es permitir a éste liberarse de modo instantáneo de todas sus deudas residuales y volver a empezar desde cero, lo que implica una especie de «saneamiento anticipado» de su futura empresa, que excluye el riesgo de una nueva insolvencia. (15) Más concretamente, se ha observado que para justificar el gravoso sacrificio de los derechos de los acreedores y el grave atentado a la autonomía contractual que supone la norma del artículo 169, no cabe invocar la subsistencia de la empresa, que en la fase de liquidación, por definición, ya ha desaparecido. Por el contrario, la proposición de un plan para continuar el ejercicio de la actividad empresarial por parte del deudor tiene precisamente el efecto de impedirle invocar el artículo 169. (16) De aquí proceden los reproches de inconstitucionalidad vertidos por parte de la doctrina con respecto al precepto de que se trata, el cual «prescindiendo de una resolución judicial con fuerza de cosa juzgada, expropia de su derecho a un acreedor que ha cumplido todas las obligaciones que le incumbían». (17)

El procedimiento de reconocimiento y exequátur de las resoluciones ejecutivas extranjeras establecido en el Convenio

9 En el marco del litigio principal, el Sr. Coursier invocó precisamente lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley nº 85-98 para enervar la pretensión del banco acreedor de proceder (en Luxemburgo) a la ejecución forzosa de su crédito reconocido judicialmente (en Francia), después de haber obtenido -en virtud de las disposiciones por las que se adaptó el Derecho interno al Convenio- la homologación de la sentencia extranjera a un título ejecutivo nacional (véase el punto 5 supra).

10 Como es sabido, el objetivo de facilitar entre los Estados miembros el reconocimiento y exequátur de las decisiones judiciales (enunciado en el artículo 220 del Tratado CE) reviste una importancia tal que sugirió a este Tribunal la afirmación según la cual el Convenio debe interpretarse de modo que se promueva la libre circulación de las sentencias en el mercado único. (18) Si bien se mira, los autores del Convenio, precisamente para perseguir mejor tal objetivo, no se limitaron a establecer procedimientos simplificados de reconocimiento y exequátur de resoluciones extranjeras, sino que también establecieron normas de competencia directa (véanse los artículos 2 a 24), es decir, aplicables también en el Estado de origen (y no sólo por el Juez del Estado requerido, al controlar la competencia judicial del Juez extranjero con ocasión del reconocimiento o exequátur). (19)

11 Los procedimientos de reconocimiento y exequátur tienen naturaleza meramente declarativa y se basan en el principio fundamental de la confianza recíproca entre los Estados contratantes. En efecto, las facultades de intervención del Juez del Estado requerido se limitan a un control de la «regularidad internacional» de la resolución extranjera, mucho más simple y rápido que el previsto en las normas de Derecho común. A la luz de las garantías concedidas a la parte demandada en el proceso inicial, en virtud de las normas uniformes sobre competencia directa antes mencionadas, (20) y al garantizarse en todo caso el respeto de los derechos de defensa, incluso en el ámbito de los objetivos perseguidos por el Convenio, (21) la resolución extranjera goza de una especie de presunción de regularidad, aun cuando no tenga fuerza de cosa juzgada en el Estado de origen. Por tanto, pueden constituir objeto de dicho procedimiento incluso sentencias recurribles ejecutivas de pleno derecho o sentencias cuya ejecución provisional haya sido concedida por el Juez, (22) así como, según se desprende del artículo 24 del Convenio, las medidas provisionales y cautelares. (23) Como se ha observado, este régimen «se traduce en realidad en una facilitación notable para el acreedor, al permitirle evitar los expedientes dilatorios que a menudo subyacen a la interposición de recursos [en el Estado de origen] en litigios de carácter meramente patrimonial, interpuestos con el único fin de demorar la ejecución de la deuda. El Convenio ha privilegiado, en principio, la posición del acreedor con respecto a la del deudor», sin excluir lógicamente la protección de este último (véanse los puntos 14 y 17 infra). (24)

12 Los conceptos de «reconocimiento» (véanse los artículos 26 a 30) y exequátur («ejecución»; véanse los artículos 31 a 45) no se definen de modo expreso en el Convenio. A este respecto, observo que el primero de esos conceptos tiene el efecto de otorgar automáticamente, también en el Estado requerido, eficacia sustantiva a la resolución extranjera. Es decir, el Estado requerido acepta integrar de pleno derecho en su ordenamiento la situación jurídica establecida por la medida de que se trata (25) (por ejemplo, una sentencia de carácter declarativo), sin necesidad de acudir a un procedimiento judicial de control. En efecto, la intervención del Juez sólo se establece cuando el reconocimiento se solicite: i) con carácter principal, en el caso de que las partes discutan la regularidad de la resolución de que se trata (en cuyo caso la parte que pretende el reconocimiento puede solicitar la aplicación del procedimiento de exequátur; véase el punto 16 infra), o ii) con carácter incidental (por ejemplo, en apoyo de una excepción de cosa juzgada o de compensación de un crédito), en cuyo caso la competencia corresponde al Juez que conoce de la demanda principal.

13 El procedimiento de exequátur, que se refiere sólo a las medidas que precisan de ejecución material -es decir, normalmente, las sentencias que acreditan y documentan que un derecho es cierto, líquido y exigible, (26) incluidas, por ejemplo, las resoluciones en las que se condena a la parte vencida al pago de las costas procesales-, (27) está destinado a conceder fuerza ejecutiva a la resolución extranjera mediante una resolución interna. (28) De este modo, se permite al beneficiario de dicha resolución obtener en el Estado requerido -a través de los instrumentos judiciales propios de su ordenamiento jurídico y, llegado el caso, con el auxilio de la fuerza pública- (29) la satisfacción del derecho sustantivo cuya existencia se ha acreditado y que puede ser objeto de ejecución forzosa en el Estado de origen.

14 Entre los requisitos de regularidad de la sentencia extranjera, reviste aquí especial importancia su carácter ejecutivo. «Si una resolución judicial posible [léase: susceptible] de recurso o ya sometida a recursos en el Estado de origen no tiene aún concedida la ejecución provisional en dicho Estado, no podrá ser ejecutada en el Estado requerido. Esta cualidad del documento cuya ejecución se solicita debe existir, en cualquier caso, con arreglo al derecho del país de origen de la resolución judicial y [...] no hay razones para dar a una resolución extranjera derechos que no tiene en el país de origen». (30) Por el mismo motivo, si en el momento de la solicitud la resolución extranjera había perdido su carácter ejecutivo en el ordenamiento jurídico de origen -como consecuencia, por ejemplo, de caducidad o prescripción- (31) debe considerarse que el requisito positivo previsto en el artículo 31 para el otorgamiento del exequátur no se cumple. (32)

15 El procedimiento de exequátur es de tipo monitorio. El Juez competente (determinado por el artículo 32 del Convenio para cada uno de los Estados contratantes) resuelve a solicitud del interesado en un breve plazo e inaudita altera parte. (33) Sin embargo, se deja a salvo el derecho de defensa de la parte contra la que se solicita el exequátur, puesto que se prevé la posibilidad de iniciar un procedimiento contradictorio posterior, interponiendo un recurso en el plazo de uno o dos meses (en función del Estado del domicilio del destinatario) a contar desde la notificación de la resolución que otorga el exequátur. (34) Dicho eventual recurso puede basarse, entre otros motivos, en el hecho de que la resolución no es todavía ejecutiva, ha sido recurrida en el Estado de origen o no está comprendida en el ámbito de aplicación del Convenio. (35) Además, el deudor podrá formular válidamente excepciones basadas en que el acreedor carece de interés para ejercitar la acción como consecuencia de hechos posteriores a la resolución extranjera (por ejemplo, probando que se ha realizado el pago de la deuda objeto de la sentencia de condena extranjera). (36) Sin embargo, el control del fondo de la resolución que debe ejecutarse o del procedimiento con arreglo al cual se adoptó dicha resolución sólo se permite en la medida prevista en los artículos 27 y 28 (véase el punto 16 infra).

16 Aun cuando las modalidades de presentación de la solicitud de exequátur o de reconocimiento (por ejemplo, las indicaciones que debe contener dicha solicitud o el número de copias que deben presentarse) son determinadas por el Derecho procesal del Estado requerido, el Convenio exige la presentación de determinados documentos, en particular, «una copia auténtica de dicha resolución» extranjera y, si se trata de una resolución dictada en rebeldía, el documento que acredite que la demanda se ha notificado a la parte declarada en rebeldía (véase el artículo 46).

Según el punto 1 del artículo 47 del Convenio -precepto aplicable únicamente a las solicitudes de exequátur- la parte que solicite la ejecución deberá presentar, además, cualquier documento que acredite que: i) según la Ley del Estado de origen la resolución es ejecutiva, y ii) ha sido notificada a la otra parte de modo que haya tenido ocasión de cumplir voluntariamente esa resolución. (37) Huelga señalar que el precepto comentado, al exigir la acreditación del carácter ejecutivo de la sentencia extranjera -que podrá desprenderse de la fórmula ejecutiva o de otras menciones contenidas en dicha resolución, (38) o de documentos separados y, en particular, de la confrontación entre la fecha de la resolución, la fecha de su notificación y los plazos legales para la interposición de eventuales apelaciones o recursos-, se vincula con claridad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 31 del Convenio (véase el punto 14 supra).

17 Además, cuando la resolución extranjera cuyo reconocimiento se solicita sólo se pueda ejecutar de modo provisional y es objeto de recurso, el Juez del Estado requerido, después de haber comprobado eventualmente la inexistencia de los motivos de denegación establecidos en los artículos 27 y 28 (véase el punto 18 infra), podrá suspender el procedimiento (véase el artículo 30 del Convenio). De modo análogo, con arreglo al artículo 38 del Convenio, cuando la resolución extranjera a la que se haya otorgado exequátur sea objeto de recurso en el Estado de origen (o si no ha vencido todavía el plazo para interponerlo), el Juez del Estado requerido ante el que se interponga el recurso podrá: a) suspender el procedimiento, a instancia del recurrente, o b) confirmar, incluso de oficio, el exequátur subordinándolo a la constitución de una garantía que el mismo Juez determinará.

18 El reconocimiento y el exequátur de la resolución extranjera sólo se podrán denegar (o si ya se han concedido, revocar mediante la medida dictada con ocasión del recurso) por uno de los motivos previstos en los artículos 27 y 28 del Convenio, (39) es decir, en los siguientes casos: i) si el reconocimiento (o el exequátur) son contrarios al orden público del Estado requerido; ii) si se vulneran los derechos de defensa del demandado rebelde (falta de notificación con una antelación adecuada de la demanda que inicia el procedimiento); iii) si la resolución es inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado requerido; iv) si el Juez del Estado de origen, al decidir una cuestión prejudicial relativa a determinadas materias excluidas del ámbito de aplicación del Convenio, vulneró una norma de Derecho internacional privado del Estado requerido; (40) v) si la resolución es inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en un Estado no contratante entre las mismas partes en un litigio que tiene el mismo objeto y la misma causa, cuando dicha resolución reúne las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido (artículo 27); vi) si se vulneran disposiciones especiales o imperativas relativas a la competencia (por ejemplo, en materia de seguros y de contratos celebrados por los consumidores), o normas de competencia exclusiva, previstas en el Convenio, y vii) si el reconocimiento o el exequátur se prohíben en un convenio previo celebrado entre el Estado requerido y un Estado tercero en el que el demandado tenga su domicilio o residencia habitual en el momento en que se dicte la resolución, cuando la competencia del Juez del Estado de origen sólo esté fundada en una de las reglas de competencia «exorbitantes» enunciadas en el párrafo segundo del artículo 3 del Convenio (artículo 28).

19 En particular, no se permite en ningún caso una revisión del fondo de la resolución extranjera (véanse los artículos 29 y 34 del Convenio): el Juez del Estado requerido -aun cuando considere que el órgano jurisdiccional de origen ha apreciado de modo erróneo cualquier cuestión de hecho o de Derecho, e incluso en caso de rebeldía del demandado en el procedimiento extranjero- no puede denegar el reconocimiento o el exequátur sustituyendo por su voluntad la voluntad del Juez extranjero. (41) Esta prohibición -que es manifestación del respeto y de la confianza que el ordenamiento jurídico del Estado requerido concede a la soberanía judicial del Estado de origen, (42) y que va acompañada de una prohibición casi completa (43) de controlar la competencia del Juez de origen- constituye, en mi opinión, el principio cardinal de toda la estructura del Convenio.

20 Por último, en lo que respecta a la delimitación del alcance exacto de los efectos de la resolución extranjera «naturalizada», (44) el Tribunal de Justicia ha declarado -basándose en el informe Jenard- (45) que, en principio, no debe atribuirse a las resoluciones extranjeras más autoridad y eficacia que la que dichas resoluciones tienen en el Estado de origen (teoría denominada de la extensión de los efectos). (46) No obstante, parte de la doctrina añade a esa declaración una advertencia que, en el mencionado asunto Hoffmann, obtuvo la autorizada aprobación del Abogado General Sr. Darmon: la sentencia extranjera no puede producir en el país requerido más efectos que los que tendrían las sentencias locales del mismo tipo (teoría de la denominada asimilación de los efectos). (47)

Las resoluciones dictadas en materia de quiebra y su exclusión del ámbito de aplicación del Convenio

21 A la luz de las características del régimen de reconocimiento mutuo de sentencias hasta aquí descrito (véanse los puntos 10 a 20 supra), establecido por el Convenio, resulta más fácil, en mi opinión, comprender los motivos que impulsaron al Sr. Coursier a adoptar, en el marco del recurso interpuesto en el litigio principal contra el exequátur, la postura antes descrita (véase el punto 5 supra). Como se señala en la resolución de remisión, la sentencia condenatoria está comprendida en el objeto del Convenio y, por tanto, puede ser objeto de exequátur, al menos en abstracto y al margen de la solución que se adopte en el presente asunto. Por el contrario, la sentencia de terminación de la quiebra por insuficiencia del activo del ahora demandante, pronunciada el 16 de junio de 1994 por el Tribunal de commerce de Briey, que se refiere a una materia («la quiebra, los convenios entre quebrados y acreedores y demás procedimientos análogos») excluida del ámbito de aplicación del convenio (véase el punto 2 del párrafo segundo del artículo 1) no puede obtener, en el ordenamiento jurídico de Luxemburgo, el reconocimiento automático en virtud del artículo 26.

Es sabido que la exclusión de los procedimientos sobre la insolvencia del ámbito de aplicación del Convenio obedece históricamente a las dificultades, que en su tiempo parecían insuperables, de alcanzar una solución aceptable para todos los Estados miembros en una materia de especial complejidad como la de la quiebra. Ante tales dificultades, y con el fin de no demorar de modo indebido la conclusión del Convenio general, el Comité de expertos nacionales designados por el Consejo consideró oportuno proceder a la «segregación» de la materia de que se trata del proyecto de Convenio. Se iniciaron paralelamente negociaciones independientes con vistas a la conclusión de un Convenio distinto relativo exclusivamente a la materia de la quiebra, cuyo ámbito de aplicación material, en relación con el del Convenio general, debería «delimitarse de tal forma que se evitara prácticamente cualquier laguna legal». (48) Debe asimismo recordarse que la exclusión de que se trata se refiere -como el Tribunal de Justicia precisó hace mucho tiempo- a todos los procedimientos basados, en las distintas legislaciones de los Estados contratantes, en la situación de suspensión de pagos, en la insolvencia o extinción de la deuda del deudor, que entrañan una intervención de la autoridad judicial que concluye con la liquidación forzosa y colectiva de los bienes o que se limita a un mero control por parte de dicha autoridad judicial. Además, «para que las resoluciones relativas a una quiebra estén excluidas del ámbito de aplicación del Convenio, es preciso que se deriven directamente de la quiebra y se inserten estrechamente en el marco de un procedimiento de liquidación de bienes o de suspensión de pagos, así calificado». (49)

Por tanto, me parece incuestionable que la resolución de terminación de la quiebra del Sr. Coursier -que se deriva de modo directo del inicio del procedimiento concursal y constituye su conclusión- no puede ser invocada por el deudor con el fin de enervar la pretensión de Fortis de que se satisfaga su derecho de crédito. Por tanto, el Convenio opera sólo en perjuicio del ahora demandante, exponiéndole al riesgo de un embargo salarial, no obstante su situación de inmunidad de ejecución en el ordenamiento jurídico francés, en el que se originaron las dos resoluciones judiciales pertinentes en el marco del litigio principal. Como se señala en el informe Jenard, (50) «[a] la espera de la celebración del Convenio distinto sobre la quiebra, el destino de las acciones que se derivan directamente de la quiebra se regulará por el derecho común o por los convenios ya existentes entre determinados Estados contratantes».

22 Ahora bien, Francia y Luxemburgo no están vinculados por ningún Convenio bilateral o multilateral relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones en materia de quiebra. Además, todavía no ha entrado en vigor el Convenio relativo a los procedimientos de insolvencia, (51) que en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 (bajo la rúbrica «Reconocimiento y carácter ejecutorio de otras resoluciones» dispone: «las resoluciones relativas al desarrollo y conclusión de un procedimiento de insolvencia dictadas por el Tribunal cuya resolución de apertura deba reconocerse [con arreglo a las normas del mismo Convenio relativas a la competencia], se reconocerán asimismo sin otros procedimientos. Tales resoluciones se ejecutarán con arreglo a los artículos 31 a 51, con excepción del apartado 2 del artículo 34 del Convenio [general]» (el subrayado es mío).

23 Por otra parte, la posibilidad de que la sentencia del tribunal de commerce de Briey de 16 de junio de 1994 sea objeto en Luxemburgo al menos de un reconocimiento de Derecho común es una cuestión que, como es obvio, sólo puedo analizar con carácter meramente incidental. En efecto, el examen de dicha posibilidad exigiría interpretar las disposiciones nacionales y no los preceptos del Convenio, y es por tanto ajeno no sólo a la presente cuestión prejudicial sino a la propia competencia de este Tribunal.

Por consiguiente, me limitaré a recordar la resolución de remisión, en la que la Cour supérieure de justice observó que, a la luz de la orientación «universalista» en la que se inspira el Derecho internacional privado de Luxemburgo en materia de procedimientos concursales, no cabe excluir, en efecto, que a las resoluciones dictadas por Jueces extranjeros, relativas a la capacidad o al patrimonio del deudor insolvente, se les reconozcan en Luxemburgo, si concurren determinados requisitos, los mismos efectos que producen en el Estado de origen, al margen de la existencia de una medida formal de exequátur de la resolución extranjera. Sin embargo, según el Juez remitente, ese principio no es aplicable a las resoluciones dictadas en un ordenamiento jurídico inspirado en el principio contrario de la «territorialidad y pluralidad» de los procedimientos concursales, como sucede en el caso del ordenamiento jurídico francés. Por tanto, deben reconocerse efectos estrictamente territoriales a una sentencia francesa pronunciada en un procedimiento de insolvencia, que sea invocada en Luxemburgo; por lo que respecta al presente asunto, tal principio entraña que dicha sentencia no puede impedir la sujeción de los bienes del quebrado situados en el Gran Ducado a procedimientos de ejecución individuales. (52)

Solución de la presente cuestión prejudicial

24 En esta fase del análisis, considero que se han delimitado los contornos exactos del problema para cuya solución el Juez a quo ha solicitado el auxilio interpretativo de este Tribunal. En mi opinión, por los motivos que expongo a continuación, debe responderse de modo negativo a la cuestión planteada por la Cour supérieure de justice.

25 Si bien se mira, el caso de autos no presenta ninguna particularidad que lo distinga de modo sustancial de otros en que se plantea el problema de garantizar la circulación transfronteriza de una sentencia de condena pecuniaria: puesto que el patrimonio del deudor en el Estado de origen no alcanzaba para cubrir sus deudas -extremo que se acreditó judicialmente en la resolución de terminación de la quiebra por insuficiencia del activo- el interesado consiguió sustraerse a la resolución del órgano jurisdiccional en la que se le condenaba al pago y, por tanto, se procedió contra él en el territorio del Estado requerido en el que existen, en cambio, bienes embargables. Esa responsabilidad existe y, en mi opinión, cabe exigirla. En efecto, no se oponen a ello las vicisitudes jurídicas (incluida la inmunidad de ejecución) relacionadas con la ejecución universal posterior, cuyos efectos se limitan al territorio nacional, de la que fue objeto del deudor como consecuencia de su actividad empresarial individual en el ordenamiento jurídico de origen. Por otra parte, al obtener un empleo remunerado en otro Estado contratante, el Sr. Coursier se expuso al riesgo objetivo de verse privado de la protección que le ofrecía en Francia el «escudo» de la inmunidad personal. En efecto, era cuando menos dudoso que su situación jurídica de inmunidad frente a las acciones ejecutivas, derivada en el ordenamiento jurídico de origen de la sentencia del Tribunal de commerce de Briey, pudiera propagarse de modo automático desde el foro francés al del Estado de acogida.

26 Más concretamente, la tesis formulada por el deudor en el litigio principal no encuentra, a mi parecer, apoyo ni en el tenor literal ni en el espíritu del Convenio. En efecto, en el sistema del procedimiento simplificado de exequátur establecido por el Convenio, el requisito del carácter ejecutivo de la resolución con arreglo a la legislación del Estado de origen -previsto en el párrafo primero del artículo 31 y en el punto 1 del artículo 47, artículos invocados ahora por el Sr. Coursier- encuentra su razón de ser exclusivamente en el hecho de que el Convenio no supedita el exequátur al hecho de que la sentencia extranjera tenga fuerza de cosa juzgada. (53) Ya he explicado antes cómo se configura en consecuencia el sistema del Convenio (véase el punto 11 supra). Es cierto que incluso una sentencia ya ejecutiva (de pleno derecho o en virtud de una cláusula añadida por el Juez), que se equipara a una sentencia nacional a efectos de su ejecución forzosa en otro Estado contratante, puede perder su eficacia en el ordenamiento jurídico de origen como consecuencia de una posterior sentencia de revisión o anulación. En el sistema del Convenio, en un supuesto de ese tipo se prevé el reconocimiento automático en el Estado de acogida de la nueva sentencia extranjera que podrá, por tanto, desplegar allí la totalidad de sus efectos extintivos. (54) No obstante, ello no impide que cuando la nueva resolución extranjera de efectos extintivos no pueda ser objeto de reconocimiento (por ejemplo, porque la demanda por la que se inició el procedimiento no se notificó de modo regular y oportuno al demandado rebelde) entre de nuevo en juego el artículo 31, anulando la fórmula ejecutiva añadida a la sentencia posteriormente revocada o revisada, o el registro de la misma. (55)

27 Dicho esto, debe advertirse desde un principio que, indudablemente, el caso de autos se distingue, en más de un aspecto, de los asuntos antes mencionados: la sentencia condenatoria que acredita un derecho líquido y exigible (en la medida en que no está sujeto a plazos o condiciones) de Fortis adquirió fuerza de cosa juzgada mucho antes de que se presentara la solicitud de exequátur; y no consta que la obligación correspondiente a la deuda judicialmente reconocida se haya extinguido como consecuencia de pago u otra causa de extinción. Por tanto, ha de presumirse que el interés de la entidad de crédito en ejercitar la acción permanece invariable (véase el punto 15 supra). Por consiguiente, el Juez luxemburgués que conoció del exequátur, al examinar la regularidad de la sentencia condenatoria, estimó correctamente que, a efectos de ejecución, existía la misma «cualidad del documento» que la legislación francesa prevé para todas las sentencias de ese tipo. De este modo, se excluye que en el ordenamiento jurídico del Gran Ducado se hayan concedido a la sentencia condenatoria «derechos» (por mi parte prefiero hablar de efectos) «que no tiene en el país de origen».

Si bien es cierto que en Francia ha precluido la posibilidad de que Fortis inste la ejecución forzosa del crédito de que se trata, ello es consecuencia de una medida distinta (la sentencia del tribunal de commerce de Briey), que se refiere (al igual que los preceptos legales en los que se basa dicha sentencia) a una materia excluida del Convenio -más concretamente, la relativa a los procedimientos de quiebra y procedimientos análogos- y no puede, por tanto, gozar, en el caso de autos, de libertad de circulación a efectos de su reconocimiento en Luxemburgo (véanse los puntos 21 y 22 supra). Este efecto preclusivo se deriva de una opción clara e inequívoca de los Estados contratantes y, en mi opinión, no hay duda alguna de que las normas dictadas para delimitar el ámbito de aplicación material del régimen del Convenio prevalecen sobre las que, siempre en el ámbito delimitado de este modo, se refieren al carácter ejecutivo de las resoluciones extranjeras cuyo exequátur se solicita. Además, la legislación luxemburguesa no reconoce alcance extraterritorial a la referida resolución del Juez francés (véase el punto 23 supra). Por tanto, dicha resolución carece de pertinencia para el Juez que conoce del exequátur. De no ser así y acogerse la tesis del ahora demandante, se llegaría -como precisamente ha señalado Fortis- a un resultado ilógico: la sentencia francesa de terminación de la quiebra, aunque es ajena al ámbito material del Convenio, obtendría reconocimiento automático en el ordenamiento jurídico de Luxemburgo, en tanto que se denegaría el exequátur de la sentencia condenatoria, a la que, en cambio, el Convenio es ciertamente aplicable.

28 Permítaseme una última precisión. A diferencia de lo que teme la Comisión, la solución propuesta en las presentes conclusiones, al permitir la realización en vía ejecutiva en el Estado requerido del derecho de crédito controvertido, no atenta contra el derecho de igualdad de trato de los acreedores que en su día participaron en el procedimiento concursal sustanciado en el Estado de origen. Los demás acreedores provistos de un título ejecutivo judicial (incluida una transacción judicial) o de un documento público -que fueron privados en el Estado de origen de sus acciones ejecutivas individuales como consecuencia de una resolución del mismo tipo que la del Tribunal de commerce de Briey- podrán, previa declaración del carácter ejecutivo de su documento, intervenir en el procedimiento de ejecución iniciado en el Estado requerido por el acreedor más diligente, participando de modo colectivo y en condiciones de igualdad (sin perjuicio de los efectos derivados de las normas sustantivas en materia de privilegios o que concedan un trato preferente al primer acreedor embargante) en la consiguiente distribución mediante reparto. (56)

Conclusión

Por los motivos expuestos, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la presente cuestión prejudicial planteada por la Cour supérieure de justice:

«Una resolución de condena al pago de una suma de dinero no pierde su carácter ejecutivo, al que está supeditado, con arreglo al artículo 31 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, el otorgamiento en otro Estado contratante del exequátur de la resolución, cuando la parte contra la cual se solicita el exequátur está protegida de modo permanente en el Estado de origen frente a los procedimientos ejecutivos individuales en virtud de otra resolución dictada en el Estado de origen en el marco de un procedimiento concursal de insolvencia, que no puede ser objeto de reconocimiento en el Estado requerido ni en virtud del Convenio ni en virtud de su legislación nacional.»

(1) - DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2. La versión codificada del Convenio de Bruselas, modificado por los sucesivos Convenios de adhesión (el último de los cuales es el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia al Convenio general) se publicó en DO 1998, C 27, p. 1.

(2) - Véase el Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25). La versión codificada del referido Protocolo, modificado por los Convenios de adhesión, se publicó en DO 1998, C 27, p. 28.

(3) - El procedimiento de suspensión de pagos, establecido por la loi nº 85-98, du 25 janvier 1985, sur la liquidation des biens et le règlement judiciaire des entreprises (Ley nº 85-98, de 25 de enero de 1985, sobre la liquidación de bienes y la suspensión de pagos de empresas; en lo sucesivo, «Ley nº 85-98»), persigue permitir la salvaguardia de las empresas en crisis, el mantenimiento de su actividad y del empleo, así como la liquidación de sus deudas. Dicho procedimiento puede conducir, de modo alternativo, a la continuación de la actividad de la empresa, a la cesión total o parcial de dicha empresa o a la liquidación judicial de los bienes (véase el artículo 1).

(4) - Véase la nota 3 supra.

(5) - Tal como fue modificado, con efecto desde el 1 de octubre de 1994, por el artículo 75 de la loi nº 94-475, du 10 juin 1994, relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (Ley nº 94-475, de 10 de junio de 1994, relativa a la prevención y solución de las dificultades de las empresas).

(6) - En el concepto de «derechos del acreedor de carácter personalísimo» están comprendidos los créditos cuyo objeto es una pensión alimenticia o una prestación en concepto de indemnización de daños morales o físicos (véase Derrida, F., Godé, P., y Sortais, J.-P.: Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, cinq années d'application, 3.° ed., París, 1991, pp. 430 y 431).

(7) - En el artículo 32 del Convenio se dispone, en la parte pertinente para el presente asunto, que «[l]a solicitud [prevista en el párrafo primero del artículo 31 (véase el punto 1 supra)] se presentará: [...] en Luxemburgo, ante el Presidente del "Tribunal d'arrondissement"».

(8) - Según declaró tiempo atrás este Tribunal, «[e]l Convenio se limita a regular el procedimiento de exequátur en los títulos ejecutivos extranjeros y nada dice de la ejecución propiamente dicha, que sigue sometida al Derecho nacional», bien entendido, no obstante, que la aplicación de las normas procesales nacionales no debe comprometer la eficacia del Convenio (véanse las sentencias de 2 de julio de 1985, Deutsche Genossenschaftsbank, 148/84, Rec. p. 1981, apartado 18, y de 4 de febrero de 1988, Hoffmann, 145/86, Rec. p. 645, apartados 27 a 29).

(9) - Donnier, M.: Voies d'exécution et procédures de distribution, 3.° ed., París, 1993, pp. 49 a 51, habla de la «immunité d'exécution» como un trato de favor previsto con carácter excepcional por la Ley, dispensado a la persona del deudor y que persigue sustraerle de la ejecución forzosa cuando concurren determinadas circunstancias.

(10) - Véase el punto 19 infra.

(11) - Véase el punto 16 infra.

(12) - Según el párrafo primero del artículo 2 del Convenio: «salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado». Se observa que cuando se cumplen los requisitos de aplicación del Convenio relativos a la materia, territorio y tiempo, los órganos jurisdiccionales del Estado contratante están obligados a aplicar el Convenio [véase el informe sobre el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio, elaborado por el profesor Dr. P. Schlosser (en lo sucesivo, «informe Schlosser»); DO 1979, C 59, pp. 71 y ss., especialmente p. 97; texto en español en DO 1990, C 189, pp. 122 y ss.]. No es casual que las cuestiones relativas al ámbito de aplicación de las disposiciones del Convenio que determinan la competencia judicial en el ámbito internacional deban considerarse de orden público (véase la sentencia de 19 de enero de 1993, Shearson Lehmann Hutton, C-89/91, Rec. p. I-139, apartado 10).

(13) - Véase Guyon, Y.: Droit des affaires et des entreprises, 6.° ed., París, 1997, vol. 2, p. 375; Chaput, Y.: Droit du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises, París, 1987, pp. 254 y 255, y Derrida-Godé-Sortais, op. cit., nota 6 supra, p. 431.

(14) - Véase Chaput, op. cit., nota 13 supra, p. 253. De modo análogo, las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 169 en los supuestos en que el deudor no merece, por su conducta negligente, el trato legal de favor reflejan el trato análogo previsto para los directivos de las personas jurídicas, sujetos a la acción de liquidación del pasivo social (y en caso de abusos graves, sujetos personalmente a suspensión de pagos; véanse los artículos 178 y ss. de la Ley nº 85-98).

(15) - Véase Guyon, op. cit., nota 13 supra, p. 13. Véase también Dureuil, B., y Mestre, J: «La "purge" des dettes par l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985», Rev. proc. coll., 1989, p. 389.

(16) - Véase Dureuil-Mestre, op. cit., nota 15 supra, p. 398.

(17) - Véase Derrida, Godé y Sortais, op. cit., nota 6 supra, p. 426.

(18) - Véase la sentencia de 4 de febrero de 1988, citada en la nota 8 supra, apartado 10. Como observó el Abogado General Sr. Tesauro, la circunstancia de que el citado artículo 220 «atribuya a los Estados miembros y no a las Instituciones comunitarias la tarea de lograr los objetivos por él fijados, se debe al hecho de que la competencia judicial en materia civil y mercantil permanece, en cualquier caso, en el ámbito de la soberanía de los Estados; lo cual no es óbice, sin embargo, para considerar que la normativa a que se refiere está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Tratado, a efectos del artículo 2. La libre circulación de sentencias tiene, en efecto, una importancia fundamental, al objeto de evitar las dificultades que pueden derivarse para el funcionamiento del mercado común de la imposibilidad de hacer que se acepten y apliquen con facilidad, incluso por vía judicial, los derechos individuales resultantes de la multiplicidad de relaciones jurídicas que se dan en él» (véanse las conclusiones de 16 diciembre de 1993, Mund & Fester, C-398/92, Rec. 1994, p. I-467, punto 8; nota omitida).

(19) - Véase Gaudemet-Tallon, H.: Les conventions de Bruxelles et de Lugano, París, 1993, p. 211.

(20) - Se recuerda, por ejemplo, que el Juez del Estado de origen debe declarar de oficio su incompetencia si el litigio se refiere a una materia para la que se prevé la competencia exclusiva del Juez de otro Estado contratante (véase el artículo 19 del Convenio) y, en caso de incomparecencia del demandado extranjero, si su competencia no estuviera fundada en el Convenio (véase el párrafo primero del artículo 20). Además, el Juez debe suspender el procedimiento en tanto no se acredite que el demandado rebelde está en condiciones de ejercer su derecho de defensa (véase el párrafo segundo del artículo 20).

(21) - Véase la sentencia de 21 de mayo de 1980, Denilauler (125/79, Rec. p. 1553), apartado 13. Según Kerameus, K.D.: «el Convenio, al prever que el órgano jurisdiccional a quo resuelve casi todas las cuestiones de competencia, ha conseguido sustraer el procedimiento de reconocimiento y ejecución al obstáculo más grave para la aplicación concreta de todos los demás Tratados bilaterales o multilaterales. El resultado de esta importancia destacada de las normas sobre competencia es, precisamente, una mejora significativa tanto del reconocimiento como de la ejecución» (véase «Basic rules relating to recognition and enforcement of foreign judgments under the Brussels Convention», en Studia juridica, 1995, vol. III, pp. 495 y ss., especialmente p. 505).

(22) - Véase Droz, G.A.L.: Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun, París, 1972, p. 353.

(23) - Por «medidas provisionales o cautelares» a efectos del artículo 24 debe entenderse «las medidas que, en las materias incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio, están destinadas a mantener una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al Juez que conoce del fondo del asunto» (véase la sentencia de 26 de marzo de 1992, Reichert y Kockler, C-261/90, Rec. p. I-2149, apartado 34). Sin embargo, se excluyen del beneficio del régimen de reconocimiento y exequátur previsto en el Título III del Convenio las medidas provisionales o cautelares dictadas o autorizadas sin que la parte contra la que se dirigen haya sido citada a comparecer y que se vayan a ejecutar sin notificación previa (véase la sentencia Denilauler, citada en la nota 21 supra).

(24) - Véase Pocar, F.: La convenzione de Bruxelles sulla giuridizione e l'esecuzione delle sentenze, Milán, 1995, 3.° ed., p. 27.

(25) - Véase Gaudemet-Tallon, op. cit., nota 19 supra, p. 227.

(26) - Véase Tarzia, G.: «Les titres exécutoires et le recouvrement des créances dans l'Union européenne», en Actualité du droit/Annales de droit de Liège, 1995, pp. 381 y ss., especialmente p. 383. Una ejecución efectiva en el Estado requerido por parte de los órganos jurisdiccionales de ejecución de dicho Estado supone necesariamente que el título, habida cuenta de su formulación concreta, permita la ejecución en el marco de las competencias atribuidas a dichos órganos. Por consiguiente, aunque para conceder el exequátur es preciso verificar, igual que en el caso de resoluciones nacionales, si el título reviste carácter ejecutivo, el Convenio no prescribe que esa verificación deba atribuirse a los órganos encargados de la ejecución. Para determinar el contenido ejecutivo de la sentencia extranjera, el Juez del Estado requerido puede interpretar el fallo a la luz de la motivación de dicha sentencia [véase Oberlandesgericht Saarbrücken, auto de 3 de agosto de 1987, nº 5 W 102/87 (Repertorio de jurisprudencia de Derecho comunitario, serie D, I-31-B 12), mediante la que se concedió el exequátur de una sentencia francesa en la que se condenaba a la devolución de sumas prestadas, pero sólo en lo que respecta al capital y no en lo que se refiere a los intereses contractuales, que según dicha sentencia se adeudaban previa deducción de los importes ya pagados por el deudor en concepto de intereses, devengados durante un determinado período anterior a la sentencia pero no liquidados].

(27) - Véase la sentencia de 5 de mayo de 1993 de la cour de cassation de Francia, nº 676/90-21 473, Times Newspapers/Pordéa (Gazette du Palais, 1994, I, p. 383).

(28) - Mientras que «en los países en los que el modelo de importación de sentencias se deriva del Derecho francés, que fueron los miembros iniciales del Convenio, la acción [concedida al interesado] está destinada a que se incorpore la "fórmula ejecutiva", con la que tradicionalmente el poder judicial: [...] mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement) à exécution[...], [e]n los países de common law, que se adhirieron al Convenio con posterioridad, la ejecución se realiza mediante la "registration" [en uno o varios de los distritos judiciales autónomos del Reino Unido: Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte], que consiste en inscribir la sentencia extranjera en los "records" o registros del Juez requerido, casi mediante la ficción de que dicha sentencia fue dictada por el referido Juez. De este modo se consigue el mismo efecto que la sentencia así registrada: [...] shall, for the purposes of execution, be of the same force and effect [...] as [if] the judgment had been originally given in the registering court [...]» (véase Miele, A.: La cosa giudicata straniera, Padua, 1989, pp. 20 y 21; nota omitida).

(29) - Véase Gaudemet-Tallon, op. cit. en la nota 19 supra, p. 228; Miele, A., op. cit. en la nota 28 supra, p. 10, y Moreau, P: «De l'exequatur et des causes de préférence», en Actualité du droit/Annales de droit de Liège, 1995, pp. 395 y ss., especialmente p. 398.

(30) - Véase el informe sobre el Convenio, elaborado por el Sr. P. Jenard (en lo sucesivo, «informe Jenard»), DO 1979, C 59, pp. 1 y ss., especialmente p. 48 (nota omitida; el subrayado es mío); texto en español en DO 1990, C 189, p. 122.

(31) - Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico inglés, una vez transcurridos seis años desde que se dictó una sentencia, es necesaria una autorización para que se adopte un auto de ejecución (writ of execution) [véanse las Rules of the Supreme Court (Rev.) Ord. 46, r. 2, y O'Malley, S., y Layton, A.: European Civil Practice, Londres, 1989, p. 744, nota 20].

(32) - Véase Droz, op. cit., nota 22 supra, p. 351. Según O'Malley-Layton, op. cit., nota 31 supra, p. 744, la fecha en que la sentencia extranjera debe revestir carácter ejecutivo es aquella en la que el Juez requerido dicta su resolución.

(33) - Esta solución persigue, evidentemente, permitir «el efecto de sorpresa, que debe acompañar al procedimiento de exequátur, si quiere evitarse que el demandado tenga ocasión de sustraer sus bienes a cualquier medida de ejecución» (véase el informe Jenard, citado en la nota 30 supra, p. 50). En cambio, la parte procesal que obtuvo en un Estado contratante una resolución favorable que puede declararse ejecutiva, con arreglo al artículo 31 del Convenio, en otro Estado contratante no tiene la posibilidad de solicitar a un Juez de este último Estado que pronuncie frente a la otra parte una sentencia de condena idéntica a la dictada en el primer Estado, aun cuando el ejercicio de dicha acción ordinaria sea más fácil o menos costoso, desde el punto de vista procesal, que el procedimiento de reconocimiento (véase la sentencia de 30 de noviembre de 1976, De Wolf, 42/76, Rec. p. 1759).

(34) - Si se interpone recurso o, en todo caso, hasta que expire el plazo para interponerlo, la eventual resolución de exequátur no permite a la parte que la obtuvo iniciar la ejecución forzosa sobre los bienes del deudor, sino sólo solicitar las medidas cautelares previstas en la legislación del Estado requerido (véanse los artículos 33 a 39 del Convenio). Si se deniega el exequátur, el solicitante podrá interponer recurso contra dicha denegación ante el órgano jurisdiccional indicado en el artículo 40 del Convenio y ante dicho órgano jurisdiccional el procedimiento se sustanciará de modo contradictorio.

(35) - Véanse el informe Jenard, citado en la nota 30 supra, p. 51, y el informe Schlosser, citado en la nota 12 supra, p. 134.

(36) - Véase el informe Jenard, citado en la nota 30 supra, p. 51, según el cual «un medio de defensa de este tipo es propio del procedimiento de exequátur» y el auto de 30 de noviembre de 1979 del Oberlandesgericht München (25 W 1937/79, Repertorio de jurisprudencia de Derecho comunitario, serie D, I-34-B 4, por el que se anula un auto de exequátur por la extinción parcial de la obligación pecuniaria derivada de una sentencia condenatoria italiana).

(37) - Se observa que la falta de presentación de los documentos previstos en los artículos 46 y 47 no entraña necesariamente la denegación del reconocimiento o del exequátur solicitado, sino que hace necesario suspender el procedimiento y fijar un plazo al solicitante. Sólo si los documentos presentados no son suficientes para que el Juez se forme una convicción, puede éste declarar la inadmisibilidad de la solicitud (véase el informe Jenard, citado en la nota 30 supra, p. 50).

(38) - Véase el informe Jenard, citado en la nota 30 supra, p. 55. Si el carácter ejecutivo de la resolución no se desprende de modo inequívoco de su contenido, el Juez del Estado requerido puede interpretarla a la luz de sus conocimientos sobre la legislación del Estado de origen [y denegar eventualmente el otorgamiento del exequátur; véase el auto de l'Oberlandesgericht Stuttgart, de 19 de mayo de 1976, nº 5 W 9/76 (Repertorio de jurisprudencia de Derecho comunitario, serie D, I-47-B 1), en el que se excluyó el carácter ejecutivo provisional de una sentencia francesa de divorcio sólo en lo que respecta a la condena del marido a pagar una pensión alimenticia a su antigua esposa].

(39) - Sin embargo, véase el punto 14 supra con respecto a un motivo adicional de denegación del exequátur -previsto de modo implícito en el párrafo primero del artículo 31 y en el punto 1 del artículo 47 del Convenio- que consiste en la falta de carácter ejecutivo de la resolución extranjera en el momento en que se presenta la solicitud.

(40) - El estado o capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos o las sucesiones. No obstante, no podrá denegarse el reconocimiento o el exequátur cuando la aplicación de las normas de Derecho internacional privado del Estado requerido hubiere llevado al mismo resultado que al que se llegó mediante la resolución extranjera (véase el punto 4 del artículo 27 del Convenio).

(41) - Véase el informe Jenard, citado en la nota 30 supra, p. 46.

(42) - Véase Beauchard, J., y Houssa, C.: «La procédure d'exequatur», en Les conventions de Bruxelles et de La Haye en matière civile et commerciale (G. de Leval, ed.), Bruselas, 1994, pp. 55 y ss., especialmente p. 57.

(43) - Sin perjuicio de las excepciones previstas en el párrafo primero del artículo 28 del Convenio (véase el punto 16 supra).

(44) - La expresión feliz es de Bellet, P.: «Reconnaissance et exécution des décisions en vertu de la Convention du 27 septembre 1968», en Revue trimestrielle de droit européen, 1975, pp. 32 y ss., especialmente p. 41.

(45) - Op. cit., nota 30 supra.

(46) - «Una resolución extranjera reconocida en virtud del artículo 26 del Convenio debe desplegar, en principio, en el Estado requerido los mismos efectos que en el Estado de origen» (véase la sentencia de 4 de febrero de 1988, citada en la nota 8 supra, en la que el Tribunal declaró que una resolución (alemana) que condenaba a un marido a pagar una prestación alimenticia a su esposa -resolución que seguía siendo ejecutiva en el Estado de origen (en el que se no se reconoció una sentencia neerlandesa posterior de divorcio) y respecto a la cual se realizaron, a instancia de la parte beneficiaria, las formalidades necesarias para que fuera ejecutiva en el Estado requerido (Países Bajos), con arreglo al artículo 31 del Convenio- no debía seguirse ejecutando, no obstante el otorgamiento del exequátur, cuando a la ejecución se oponen motivos ajenos al ámbito de aplicación del Convenio (a saber, la desaparición de la obligación de mantenimiento a cargo del marido a raíz de la disolución del vínculo matrimonial, declarada en el Estado requerido; se recuerda que de conformidad con el punto 1 del párrafo segundo del artículo 1, el estado civil de las personas físicas está comprendido entre las «materias excluidas»). Además, el Tribunal de Justicia declaró que la resolución de condena al pago de una pensión alimenticia y la sentencia de divorcio eran inconciliables a efectos del punto 3 del artículo 27 del Convenio). Véase G. de Leval, «Une harmonisation des procédures d'exécution dans l'Union européenne est-elle concevable?», en Seizure and Overindebtedness in the European Union (G. de Leval, ed.), La Haya, 1997, pp. 595 y ss., especialmente p. 606.

(47) - Véanse Droz, op. cit., nota 22 supra, p. 280, y Gaudemet-Tallon, op. cit., nota 19 supra, pp. 228 y 229. Según el Abogado General Sr. Darmon, «[e]sta segunda limitación se explica por la necesidad de uniformar las interpretaciones y por evitar que se recurra demasiado a la cláusula de orden público» (véanse las conclusiones de 9 de julio de 1987 en el asunto Hoffmann, citado en la nota 8 supra, Rec. pp. 645, especialmente p. 657). Más en general, el Abogado General advirtió de los riesgos de que se produzcan distorsiones en la aplicación del régimen del Convenio, derivadas de reconocer la primacía del ordenamiento jurídico del Estado de origen sobre el del Estado requerido que conducirían, por tanto, a «relativizar, cuando no a negar» este último ordenamiento jurídico (ibidem, p. 658).

(48) - Véanse el informe Schlosser, citado en la nota 12 supra, p. 90; dictamen de la Comisión de 10 de diciembre de 1981, relativo al proyecto de convenio sobre la quiebra, los convenios y los procedimientos análogos (DO L 391, p. 23); Daniele, L.: «Fallimento e Convenzione di Bruxelles del 1968», en La Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano, Milán, 1985, p. 85, así como Vallens, J.L.: «Le droit européen de la faillite: la Convention relative aux procédures d'insolvabilité», en Actualité législative Dalloz, 1995, p. 217.

(49) - Véase la sentencia de 22 de febrero de 1979, Gourdain (133/78, Rec. p. 733), apartado 4 (el subrayado es mío), mediante la que el Tribunal declaró que era ajena al ámbito de aplicación del Convenio la resolución en la que un Juez civil francés, acogiendo la acción de liquidación del pasivo social instada por el síndico de la quiebra, condenó a los directivos de hecho de una sociedad mercantil a abonar una determinada suma de dinero a la masa de la quiebra. Con carácter incidental, observo que las resoluciones relativas a la terminación de un procedimiento de insolvencia, como la sentencia de 16 de junio de 1994 del tribunal de commerce de Briey, están comprendidas en el ámbito de aplicación del Convenio relativo a los procedimientos de insolvencia, hecho el 23 de noviembre de 1995 en Bruselas (en lo sucesivo, «Convenio sobre la insolvencia»; véase la nota 51 infra).

(50) - Citado en la nota 30 supra, p. 12.

(51) - El Convenio relativo a los procedimientos de insolvencia (véase Actualité législative Dalloz, 1995, p. 239, para el texto en francés, International Legal Materials, 1996, p. 1223, para el texto inglés, y Derecho procesal civil europeo, McGraw-Hill, 1996, p. 421, para el texto español), que ha estado abierto a la firma hasta el 23 de mayo de 1996 y ha sido firmado por todos los Estados miembros, con excepción del Reino Unido. Con arreglo al apartado 3 de su artículo 49, debería haber entrado en vigor el primer día del mes siguiente al depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del Estado miembro que lleve a cabo dicho trámite en último lugar. Al igual que los distintos proyectos que le precedieron sin éxito, el Convenio relativo a los procedimientos de insolvencia se basa en el principio de la unidad y universalidad del procedimiento concursal, iniciado en el Estado en el que está radicado el «centro de los intereses principales» del deudor. Este principio está limitado por la previsión del posible inicio en otros Estados contratantes, en los que se haya reconocido el procedimiento principal, de procedimientos secundarios de carácter liquidativo con efectos territoriales (principio de la universalidad limitada).

(52) - En cambio, la resolución de remisión no aborda la cuestión de si el Juez luxemburgués puede o no atribuir a la sentencia de 16 de junio de 1994 del Tribunal de commerce de Briey al menos una fuerza probatoria de plano, teniéndola en cuenta como «mero hecho», para atribuirle efectos sustanciales indirectos o secundarios, que deben determinarse con arreglo a las disposiciones internas, incluidas las de Derecho internacional privado (véanse Carella, G.: «Sentenza civile straniera», en Enciclopedia del diritto, vol. XLI, Milán, 1989, pp. 1272 y ss., especialmente p. 1275, y Huet, A.: «note sous Tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon, ordonnance du 26 octobre 1990, PEBSA/Marinoil Service», en Revue de jurisprudence commerciale, 1991, pp. 177 y ss., especialmente p. 179).

(53) - Esta disposición va ligada, por tanto, como ya se ha observado (véase el punto 15 supra), a la facultad del Juez del Estado requerido de suspender el eventual procedimiento de recurso o de supeditar el exequátur a la constitución de una garantía, si en el ordenamiento jurídico de origen se ha interpuesto un recurso contra la resolución «naturalizada» o en tanto no expire el correspondiente plazo.

(54) - Véase Starace, V.: «Sull'estinzione di efficacia, nell'ordinamento di origine, della sentenza straniera riconosciuta o resa esecutiva», en Riv. dir. intern. priv. proc., 1969, pp. 152 y ss, especialmente p. 153.

(55) - Ibidem, pp. 154 y 155. Según O'Malley-Layton (op. cit., nota 31 supra, pp. 744 y 745), se llega al mismo resultado -en todo caso mediante la aplicación del párrafo primero del artículo 31 del Convenio- si la sentencia extranjera perdió su carácter ejecutivo como consecuencia de la prescripción (véase la nota 31 supra).

(56) - Véase Krings, E.: «Synthèse. Le droit des saisies dans les États membres de l'Union européenne», en Seizure and overindebtedness in the European Union (op. cit., en la nota 46 supra), pp. 3 y ss., especialmente pp. 41 a 44. El autor recuerda que en los ordenamientos jurídicos de algunos Estados contratantes (como Italia, Grecia y Bélgica) se permite, en determinados condiciones, para proteger el principio de la par conditio creditorum, que intervengan en el procedimiento ejecutivo incluso acreedores carentes de un título ejecutivo.