ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 147/23

Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2013 — Petro Suisse Intertrade/Consejo

(Asunto T-156/13)

2013/C 147/41

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Suiza) (representantes: J. Grayston, Solicitor, y P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington y D. Sellers, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la Decisión 2012/829/PESC del Consejo, de 21 de diciembre de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 356, p. 71), y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1264/2012 del Consejo, de 21 de diciembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 356, p. 55), en la medida en que los actos impugnados incluyen a la demandante.

— Condene al Consejo al pago de las costas del presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

La demandante formula seis motivos de impugnación, relativos a un vicio sustancial de forma y a la infracción de los Tratados y de las normas jurídicas referentes a su aplicación: violación del derecho a ser oído, infracción de la obligación de practicar adecuadamente una notificación, motivación insuficiente, vulneración del derecho de defensa, error manifiesto de apreciación y vulneración del derecho fundamental a la propiedad.

La demandante considera que el Consejo no le dio audiencia y que ninguna indicación en contrario podría justificarlo. Además, el Consejo no identificó debidamente a la demandante como objeto de la Decisión y del Reglamento, ni tampoco identificó debidamente a la demandante en su carta de notificación, y, en cualquier caso, estos actos contenían una motivación insuficiente. Salvo una breve carta de acuse de recibo, no se ha dado respuesta a las solicitudes de la demandante para confirmar la identificación, extender la motivación y acceder a documentos. Mediante estas omisiones, el Consejo violó el derecho de defensa de la demandante, a la que se negó la posibilidad de oponerse de manera efectiva a las conclusiones del Consejo, ya que estas conclusiones no se facilitaron a la demandante. Contrariamente a lo que alega el Consejo, la demandante sostiene que no es una sociedad pantalla controlada por la National Iranian Oil Company (NIOC), y, en cualquier caso, el Consejo no ha probado que el control de la demandante por parte de NIOC entrañaría una ventaja económica para el Estado iraní que contravendría la finalidad de la Decisión y el Reglamento impugnados. Por último, al restringir la capacidad de contratación de la demandante, el Consejo ha vulnerado el derecho básico a la propiedad adoptando medidas cuya proporcionalidad no puede establecerse.
1)

Primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la violación del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva. A este respecto, alega en particular que la demandada no comunicó a la demandante de modo comprensible la motivación contenida en los actos impugnados ni le comunicó una motivación comprensible por ejemplo de manera separada. Por ello, se produjo una vulneración de su derecho de defensa así como de su derecho a una tutela judicial efectiva. Se violó también el principio de los derechos de defensa. La demandante sostiene que la demandada no le notificó los actos impugnados y que no se celebró una audiencia. Asimismo, alega que la demandada no examinó correctamente las circunstancias que se refieren a la demandante. En opinión de la demandante, se le privó de la posibilidad de un juicio justo con arreglo a los principios de un Estado de Derecho, ya que, al desconocer los correspondientes cargos que le imputaba el Consejo y los supuestos medios de prueba que éste utilizó, no pudo pronunciarse de manera concreta ni tampoco aportar al juicio ninguna posible prueba en contrario.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 108/33

Recurso interpuesto el 18 de febrero de 2013 — Calestep/ECHA

(Asunto T-89/13)

2013/C 108/82

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Calestep, SL (Estepa, España) (representante: E. Cabezas Mateos, abogado)

Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que siguiendo el procedimiento en todos sus trámites, dicte sentencia por la que, estimando la demanda, declare la nulidad de la resolución de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) a la que la misma se refiere.

Motivos y principales alegaciones

La demandante en el presente procedimiento, en razón de su calificación como pequeña empresa ha venido pagando la tasa reducida a que se refieren et artículo 74, apartado 3, del Reglamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias de preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n. 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n. 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1), y el Reglamento (CE) n. 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (DO L 107, p. 6), los que a su vez se remiten a la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124, p. 36).

Tras proceder a una verificación, la ECHA ha considerado que no puede considerarse pequeña empresa, al formar parte de un grupo. Al estimar que dicha empresa no cumple con los requisitos exigidos la demandada requirió a la demandante para que procediese al pago del saldo restante del importe íntegro de la tasa correspondiente a una mediana empresa, además de una tasa administrativa.

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo basado en el incumplimiento de dos de los requisitos del artículo 2, apartado 2, del Anexo a la Recomendación arriba mencionada.

Se afirma a este respecto que para la exclusión de una empresa como pequeña no basta con que la misma tenga más de cincuenta trabajadores, sino que es también necesario que cumpla alguno de los otros dos requisitos previstos en dicha disposición, ya que ésta impone la conjunción «y», lo que no sucede en el caso de autos.
—

Al omitir todos los datos y cifras económicos decisivos, la Decisión impugnada no muestra de modo claro e inequívoco el razonamiento seguido por la Comisión, impidiendo a las demandantes determinar las razones que llevaron a la conclusión de que las medidas controvertidas no constituyen una ayuda de Estado. Estas deficiencias no pueden ser justificadas remitiéndose al deber de salvaguardar la confidencialidad empresarial.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 101/22

Recurso interpuesto el 4 de febrero de 2013 — Formula One Licensing/OAMI — Idea Marketing (F1H2O)

(Asunto T-55/13)

2013/C 101/49

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Formula One Licensing BV (Róterdam, Países Bajos) (representante: B. Klingberg, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Idea Marketing SA (Lausana, Suiza)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso en el asunto R 1247/2011-4.

— Condene a la demandada a cargar con las costas en el procedimiento ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

— Condene a la parte coadyuvante a cargar con las costas en el procedimiento ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «F1H2O», para productos y servicios de las clases 9, 25, 38 y 41 — Registro internacional no 925.383 que designa a la Unión Europea

Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante

Marca o signo invocado: Registro internacional no 732.134, registro nacional británico no 2.277.746 B, registro comunitario no 3.934.387, registro internacional no 845.571, registro del Benelux no 749.056, registro nacional británico no 2.277.746 D, registro comunitario no 631.531, registro comunitario no 3.429.396, registro internacional no 714.320, registro internacional no 823.226 y registro del Benelux no 732.601 de la marca «F1 et al.» para productos y servicios de las clases 1, 3, 4, 7 a 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 a 30, 32 a 36, 38, 39 y 41 a 43

Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento no 207/2009 del Consejo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 46/21

Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2012 — Teva Pharma y Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

(Asunto T-547/12)

2013/C 46/38

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Teva Pharma BV (Utrecht, Países Bajos) y Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht) (representantes: K. Bacon y D. Piccinin, Barristers, G. Morgan y C. Drew, Solicitors)

Demandada: Agencia Europea de Medicamentos

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la decisión de la Agencia Europea de Medicamentos que figura en su escrito de 26 de noviembre de 2012 por la que se deniega la solicitud de autorización de comercialización de las demandantes de su versión genérica de abacavir/lamivudine.

— Condene en costas a la Agencia Europea de Medicamentos.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, las demandantes invocan un motivo por el que alegan que la denegación de su solicitud de autorización de una versión genérica de una combinación de medicamentos en dosis fija, sobre la base de que el producto estaba protegido por un período de exclusividad de diez años es contraria al Reglamento (CE) no 726/2004 (1) y a la Directiva 2001/83/CE (2) correctamente interpretados. En particular las demandantes sostienen que el titular de la autorización de comercialización del medicamento no tiene derecho a disfrutar de un período de diez años de exclusividad de los datos, dado que el citado medicamento es una combinación en dosis fija de dos sustancias activas que se han suministrado y usado en la UE como componentes de varios medicamentos diferentes desde hace algunos años. Por ello, las demandantes afirman que el medicamento está incluido en la misma autorización de comercialización global que las autorizaciones de comercialización anteriores de sus componentes en el sentido del artículo 6, apartado 1, segundo párrafo, de la Directiva no 2001/83. En consecuencia, las demandantes alegan que el medicamento no disfrutaba de ningún período adicional de exclusividad de los datos tras la expiración de la exclusividad de los datos correspondientes a estas últimas autorizaciones.

(1) Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (Texto pertinente a efectos del EEE).

(2) Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano.
—

En consecuencia, anule — la Decisión de Ejecución 2012/424/PESC del Consejo, de 23 de julio de 2012, por la que se aplica la Decisión no 2011/782/PESC y su corrección de errores, de 9 de agosto de 2012, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, en la medida en que se refiere a la demandante; — y el Reglamento (UE) no 673/2012 del Consejo, de 23 de julio de 2012, por el que se aplica el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) no 36/2012 y su corrección de errores, de 9 de agosto de 2012, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, en la medida en que se refiere a la demandante.
2)

Segundo motivo, basado en la incorrecta aplicación de la normativa en materia de ayudas estatales y, en particular, de lo establecido por las Directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (DO 2009, C 235, p. 7) (en lo sucesivo, «Directrices sobre banda ancha»). La incorrecta aplicación por la demandada de las disposiciones del TFUE en materia de ayudas estatales y de las Directrices sobre banda ancha incluye, inter alia, las siguientes carencias: — no haber refutado la presunción en contra de la legalidad de la ayuda estatal en un área en la que existen servicios de banda ancha residenciales competidores (apartados 77 y 78 de las Directrices sobre banda ancha); — no haber demostrado la existencia de una deficiencia de mercado (apartado 35 de las Directrices sobre banda ancha), y, en particular, no haber definido el mercado de referencia que supuestamente presentaba deficiencias; y no haber presentado pruebas significativas para considerar que existe una «deficiencia» basándose únicamente en el precio; — no haber realizado una consulta de mercado adecuada [apartado 51, letra a), de las Directrices sobre banda ancha]; — no haber evaluado la incidencia de la ayuda estatal en la competencia en los mercados de referencia con arreglo a los apartados 34 y 35 de las Directrices sobre banda ancha.
—

Anule el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) no 626/2012 del Consejo, de 26 de junio de 2012, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido tartárico originario de la República Popular China (1) (en lo sucesivo, «Reglamento impugnado») en la medida en que los tipos de los derechos antidumping aplicados a Ninghai Organic Chemical Factory y a Changmao Biochemical Engineering Company Co. Ltd han sido establecidos ilegalmente basándose en errores manifiestos de apreciación que vician la medida, en infracciones de los artículos 2 y 11, apartado noveno, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo (2) (en lo sucesivo, «Reglamento antidumping de base»), en vulneraciones al derecho a la defensa de las demandantes y en la insuficientemente motivación del Reglamento impugnado.
1)

Primer motivo, basado en unos errores de Derecho, unos errores manifiestos de apreciación y una falta de motivación en la aplicación del artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001 (2) y del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) 1367/2006, (3) en la medida en que: — El procedimiento previsto en la Directiva 98/34/CE no se encuentra cubierto por la excepción del artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001 al principio general de divulgación establecido en dicho Reglamento. — El artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001 y el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006 fueron incorrectamente aplicados al concluir que la divulgación del documento solicitado supondría un perjuicio concreto y efectivo para los intereses de la Comisión en el procedimiento previsto en la Directiva 98/34/CE.
1)

Primer motivo, basado en la violación de la prohibición de resolver ultra petita, dado que el TFP, por una parte, amplió el objeto del litigio al anular la decisión de la Comisión no sólo porque deniega la prórroga del contrato del Sr. Macchia, sino también debido a su negativa a concederle un nuevo contrato, pese a que el petitum de la demanda en primera instancia mencionaba exclusivamente la anulación de la decisión de la Comisión de no renovar el contrato del interesado y, por otra parte, alteró sustancialmente el objeto del litigio al declarar que no procedía examinar la alegación del demandante en primera instancia, Sr. Macchia, dirigida contra el motivo de denegación basado en la regla de los ocho años pese a que dicha alegación era el núcleo principal del recurso en primera instancia.
1)

Primer motivo, basado en que los derechos de importación fueron contraídos vulnerando el artículo 220, apartado 2, letra b), del CCC, (1) puesto que la demandada consideró erróneamente que la normativa antidumping adoptada frente a importaciones de terceros países se aplica automáticamente a bienes en libre práctica en la unión aduanera UE-Turquía, y, por tanto, erróneamente, no informó a los operadores económicos de que el Reglamento Antidumping de que se trata se aplicaba también a bienes en libre práctica en la unión aduanera UE-Turquía. Alternativamente, las autoridades turcas incurrieron en un error al confirmar que los derechos antidumping impuestos a bienes procedentes de terceros países no eran aplicables a bienes en libre práctica en la unión aduanera EU-Turquía. Además, el demandante alega que las autoridades aduaneras españolas también se equivocaron pues presumieron que los bienes acompañados de un certificado A.TR no podían estar sometidos a ningún derecho complementario ni a medidas de defensa comercial y no informaron al operador económico de que sus importaciones procedentes de Turquía podían estar sometidas a medidas comerciales, incluso aunque tales bienes estuviesen en libre práctica.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 258/24

Recurso interpuesto el 28 de junio de 2012 — Flying Holding y otros/Comisión

(Asunto T-280/12)

2012/C 258/45

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: Flying Holding NV (Amberes-Wilrijk, Bélgica); Flying Group Lux SA (Luxemburgo); y Flying Service NV (Amberes-Deurne, Bélgica) (representantes: C. Doutrelepont y V. Chapoulaud, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:

— Proceda a acumular el presente asunto al que tiene el número T-91/12.

— Declare la presente demanda admisible y fundada.

— Anule la Decisión de la Comisión Europea que adjudica el contrato no PMO2/PR/2011/103 a la sociedad ABELAG AVIATION NV, en los términos que figuran en el anuncio de adjudicación de contrato no 2012/S 83-135396, publicado el 28 de abril de 2012, en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea (JO/S — S83).

— Condene a la Comisión Europea a pagar a las partes demandantes una indemnización de 1 014 400 euros revisada según la depreciación monetaria hasta la fecha en que el Tribunal dicte la sentencia que debe adoptarse relativa a la liquidación del daño, incrementada en los intereses moratorios que deberán calcularse a partir de esta última fecha hasta el pago íntegro.

— Condene a la Comisión Europea a cargar con todas las costas, incluidas las de las partes demandantes.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso de anulación, las partes demandantes invocan dos motivos.

1) Primer motivo, basado en la infracción del artículo 89 del Reglamento financiero (1) al adjudicar por dos veces sucesivas el contrato controvertido a la sociedad ABELAG AVIATION, dentro de los contratos-marco, sin que haya habido competencia efectiva pues considera que sólo se permitió a la sociedad ABELAG AVIATION presentar una oferta en los dos supuestos.

2) Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 123, apartado 1, párrafo tercero, de las Normas de desarrollo (2) al adjudicar a ABELAG AVIATION el contrato controvertido sin haber admitido un número suficiente de candidatos para garantizar una competencia real que comparase distintas ofertas y seleccionase la más ventajosa.

(1) Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1).

(2) Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, EURATOM) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 357, p. 1).
2)

Segundo motivo, basado en la vulneración de los derechos de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la parte demandante no fue oída en el procedimiento que dio lugar a la imposición de la sanción, en la medida en que el Consejo no le ha remitido los datos que se han tenido en cuenta en su contra y en la medida en que la parte demandante no ha tenido oportunidad de formular eficazmente alegaciones en ese sentido.
4)

Violación de los Tratados, según lo previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, inciso tercero, por incumplimiento de las normas relativas a la comprobación, con arreglo al artículo 114 TFUE, apartados 4 y 6, en relación con el antimonio, el arsénico y el mercurio. La demandante alega que, por cuanto la Comisión consideró que el Gobierno alemán no había demostrado que la Directiva 2009/48/CE (1) ya no deparaba ninguna protección adecuada ni, en su caso, que fuera perjudicial para la salud se da una violación de los Tratados, según lo previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, inciso tercero, toda vez que, según la demandante, la Comisión ha incumplido las normas contenidas en el artículo 114 TFUE, apartados 4 y 6, relativas a la comprobación de si y en qué medida debe aprobarse el mantenimiento de disposiciones nacionales tras la adopción de una medida de armonización sobre la base exigencias de mayor importancia, en el sentido del artículo 36 TFUE. A juicio de la demandante, –en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sentada en la sentencia C-3/00, Dinamarca/Comisión– debe atenderse al criterio de si el Estado miembro solicitante ha probado que las medidas nacionales garantizan un grado de protección de la salud pública más elevado que las medidas de armonización comunitarias, y que tales medidas no traspasan los límites de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
1)

Primer motivo, basado en — que en su caso no concurren los criterios materiales para su inclusión con arreglo a los actos impugnados y que no existe base jurídica o fáctica para su inclusión, y/o que el Consejo incurrió en un error manifiesto de apreciación al determinar si se cumplían o no dichos criterios, y — que el Consejo incluyó a la demandante basándose en pruebas insuficientes para demostrar que concurrían los criterios y al proceder de ese modo incurrió en un (nuevo) error manifiesto de apreciación, ya que la demandante no cumple ninguno de los cinco criterios de inclusión previstos en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 267/2012, y que el Consejo no ha presentado ninguna prueba que demuestre lo contrario.
—

Anule la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, de 2.12.2011, p. 71), y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010 sobre medidas restrictivas contra Irán (DO L 319, de 2.12.2011, p. 11), en cuanto afecte a los demandantes; y que la sentencia al respecto se efectiva con carácter inmediato, sin suspensión.