B.

Tanto los diferentes Gobiernos que han presentado observaciones escritas como la Comisión estiman que la acción ejercitada por la sociedad Dresdner Bank contra los esposos Reichert no está incluida en la materia de los derechos reales inmobiliarios, a los efectos del apartado 1 del artículo 16. Las razones esgrimidas pueden clasificarse en tres categorías. a) En primer lugar, se alega que la acción pauliana no está incluida en el ámbito del apartado 1 del artículo 16 del Convenio, puesto que, si bien tiene por objeto la revocación de un acto de disposición sobre un bien inmueble, no reviste el carácter de una acción real. Este punto de vista lo defienden tanto los Gobiernos francés, italiano, alemán y del Reino Unido como la Comisión. El Gobierno francés considera que para definir el concepto de derechos reales inmobiliarios es preciso partir del concepto de inmuebles. Se trata de un derecho que atribuye facultades directas sobre un inmueble, tales como gozar y disponer del mismo. Ahora bien, la acción pauliana no atribuye al acreedor derecho alguno sobre un bien inmueble, puesto que su única finalidad es que se declare inoponible contra él un acto celebrado en fraude de su derecho. Según el Gobierno francés, el hecho de que la acción verse sobre un acto de transmisión de derechos reales inmobiliarios no influye sobre el criterio para determinar la competencia. Según el Gobierno italiano, para que sea aplicable la regla para determinar la competencia que figura en el apartado 1 del artículo 16, es preciso que «pueda considerarse que el litigio versa verdadera y estrictamente sobre derechos reales sobre bienes inmuebles». El Gobierno del Reino Unido señala, por su parte, que la acción pauliana puede perfectamente referirse a derechos que no sean derechos relativos a un bien inmueble. El que el acto impugnado verse sobre un bien inmueble es una mera circunstancia de hecho, siendo lo decisivo el derecho del acreedor a no sufrir un perjuicio. El Gobierno alemán considera asimismo que para que resulte aplicable el apartado 1 del artículo 16 no basta con que una acción se refiera incidentalmente a un derecho real inmobiliario, sino que dicho derecho real debe ser la causa misma de la acción. La Comisión comparte estas concepciones. b) Tanto los Gobiernos italiano, alemán y del Reino Unido como la Comisión señalan que la ratio legis del apartado 1 del artículo 16 no existe en lo relativo a la acción pauliana. Basándose en el informe del Comité de expertos que elaborò el Convenio (Informe Jenard, DO C 59 de 5.3.1979, p. 1) y en el informe del grupo de trabajo que elaboró el Proyecto de Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido (Informe Schlosser, DO C 59 de 5.3.1979, p. 71), alegan que la razón de ser de la norma contenida en el apartado 1 del artículo 16 es el interés de una recta administración de la justicia, en la medida en que los litigios sobre derechos reales con frecuencia dan lugar a comprobaciones, inspecciones y dictámenes periciales que deben llevarse a cabo sobre el terreno. Además, esta materia está a menudo sujeta a usos y costumbres que generalmente sólo conocen los órganos jurisdiccionales del lugar donde radica el inmueble. Por lo demás, el Derecho que se aplica al inmueble es siempre el del lugar donde está localizado. Por otra parte, señalan también que, como se afirma en el citado Informe Schlosser, diversas acciones que versan sobre un derecho real inmobiliario, tales como la anulación, la resolución o la rescisión de un contrato, no por ello se incluyen en el apartado 1 del artículo 16. Todo lo anterior aboga por la no inclusión de la acción pauliana en los criterios sobre competencia que establece la disposición que se discute, pues la acción pauliana es una acción personal cuya estructura es común a la mayor parte de los ordenamientos jurídicos afectados. c) Tanto el Gobierno del Reino Unido como el Gobierno de la República Federal de Alemania insisten en la necesidad de interpretar en sentido estricto el apartado 1 del artículo 16; por una parte, porque constituye una excepción al principio general del artículo 2, con arreglo al cual las personas deben estar normalmente sometidas a los órganos jurisdiccionales del Estado donde tengan su domicilio, y, por otra parte, porque establece una competencia exclusiva. El Gobierno del Reino Unido alega que, además, este punto de vista es el adoptado por el Tribunal de Justicia, tanto en la sentencia de 14 de diciembre de 1977, Sanders contra Van der Putte (73/77, Rec. 1977, p. 2383), como en la de 15 de enero de 1985, Rosier contra Rottwinkel, antes citada. El Gobierno de la República Federal de Alemania considera que una interpretación demasiado amplia del apartado 1 del artículo 16 podría afectar negativamente a los intereses de los demandados.