Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PRIIT PIKAMÄE

presentadas el 20 de octubre de 2022 ( )

Asunto C‑393/21

Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

con intervención de

Arik Air Limited,

Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON),

antstolis Marekas Petrovskis

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania)]

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 805/2004 — Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Suspensión de la ejecución de una resolución certificada como título ejecutivo europeo — Requisitos — Circunstancias excepcionales — Concepto — Medidas de limitación del procedimiento de ejecución — Efectos del certificado de título ejecutivo europeo — Suspensión en el Estado miembro de origen del carácter ejecutivo de la resolución certificada como título ejecutivo europeo»





1. El proceso de elaboración de la norma, ya sea nacional o (sobre todo) europeo, resulta a menudo complejo y laborioso. De igual modo, tampoco resulta inusual comprobar, en los textos finalmente adoptados, la presencia de disposiciones cuya formulación vaga supuestamente resuelve los problemas de negociación de la norma y deja en manos del juez la tarea de decidir allí donde no ha logrado hacerlo el legislador.

2. En el presente asunto, el Tribunal de Justicia deberá, pues, interpretar el concepto «cajón de sastre» de «circunstancias excepcionales» previsto en el artículo 23 del Reglamento (CE) n.º 805/2004 ( ) y que condiciona la posibilidad de que el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución suspenda la ejecución de una resolución certificada como título ejecutivo europeo (en lo sucesivo, «TEE») en el Estado miembro de origen.

I. Marco jurídico

3. Son pertinentes en el marco del presente asunto los artículos 6, 10, 11, 21, y 23 del Reglamento n.º 805/2004.

II. Hechos del litigio, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

4. El 14 de junio de 2019, el Amtsgericht Hünfeld (Tribunal de lo Civil y Penal de Hünfeld, Alemania) notificó a Arik Air Ltd un requerimiento de pago por importe de 2 292 993,32 euros más intereses, a favor de Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH, y después dictó, el 24 de octubre de 2019, una orden de ejecución parcial sobre cuya base dicho órgano jurisdiccional adoptó y expidió, el 2 de diciembre de 2019, un certificado de TEE.

5. Se presentó una solicitud de ejecución de conformidad con dicho certificado ante un agente judicial ejerciente en Lituania, y el 24 de enero de 2020 se procedió al embargo de una aeronave civil perteneciente a Arik Air.

6. Arik Air presentó ante el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania), sobre la base del artículo 10 del Reglamento n.º 805/2004, una solicitud de anulación del certificado de TEE y de cesación de la ejecución forzosa del crédito, ( ) en la que invocaba la notificación irregular de los documentos procesales por el Amtsgericht Hünfeld (Tribunal de lo Civil y Penal de Hünfeld), por lo que no pudo formular en plazo oposición al requerimiento de pago dictado por este órgano jurisdiccional.

7. Asimismo, la sociedad deudora solicitó al agente judicial que suspendiera el procedimiento de ejecución hasta que el órgano jurisdiccional alemán se pronunciase con carácter definitivo sobre la retirada del certificado de TEE y la finalización de la ejecución forzosa del crédito. Mediante escrito de 25 de marzo de 2020, el agente judicial desestimó esta solicitud, al considerar que la normativa nacional pertinente no prevé la posibilidad de tal suspensión por el hecho de que ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen se haya interpuesto un recurso de anulación de la resolución judicial original.

8. Mediante auto de 9 de abril de 2020, el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno) supeditó la suspensión de la ejecución forzosa de la resolución certificada como TEE, adoptada por el Amtsgericht Hünfeld (Tribunal de lo Civil y Penal de Hünfeld) a la constitución de una garantía por importe de 2 000 000 euros ( ) y declaró que Arik Air no había demostrado que el título ejecutivo adoleciera de irregularidades, ni que hubieran expirado los plazos para formular oposición sin que mediara culpa por su parte.

9. Arik Air interpuso recurso contra la negativa del agente judicial a suspender el procedimiento incoado ante el Kauno apylinkės teismas (Tribunal Comarcal de Kaunas, Lituania) y solicitó la aplicación de medidas cautelares. Mediante auto de 11 de junio de 2020, este órgano jurisdiccional desestimó el recurso.

10. Al conocer del recurso de apelación interpuesto por Arik Air contra este auto, el Kauno apygardos teismas (Tribunal Regional de Kaunas, Lituania) anuló, mediante resolución de 25 de septiembre de 2020, el auto del órgano jurisdiccional de primera instancia y ordenó la suspensión del procedimiento de ejecución hasta que una sentencia definitiva del tribunal alemán se pronunciara sobre las pretensiones de Arik Air. El órgano jurisdiccional de apelación declaró que, teniendo en cuenta el perjuicio desproporcionado que podría causarse en el procedimiento de ejecución, la interposición de un recurso contra el certificado de TEE ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen constituía un fundamento suficiente para suspender dicho procedimiento. Asimismo, consideró, a diferencia del órgano jurisdiccional de primera instancia, que, al no haber sido abonada la garantía fijada por el órgano jurisdiccional alemán en esa fase del procedimiento, no había motivo alguno para considerar que ese órgano jurisdiccional estuviera facultado para pronunciarse sobre la pertinencia de la pretensión de suspensión de los actos de ejecución.

11. Lufthansa Technik AERO Alzey interpuso recurso de casación contra esta resolución ante el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania), que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) Teniendo en cuenta los objetivos del Reglamento n.º 805/2004, entre otros el de acelerar y simplificar la ejecución de las resoluciones judiciales de los Estados miembros y garantizar la salvaguarda efectiva del derecho a un juicio justo, ¿cómo debe interpretarse la expresión “circunstancias excepcionales” del artículo 23, letra c), del Reglamento n.º 805/2004? ¿Cuál es el margen de apreciación que tienen las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución para interpretar [dicha] expresión […]?

2) ¿Deben considerarse pertinentes al decidir sobre la aplicación del artículo 23, letra c), del Reglamento n.º 805/2004 circunstancias como las del presente asunto, relacionadas con un procedimiento judicial en el Estado de origen que tiene por objeto una cuestión relativa a la anulación de la resolución judicial en virtud de la cual se expidió un título ejecutivo europeo? ¿Con arreglo a qué criterios debe evaluarse el procedimiento de recurso en el Estado miembro de origen y cuál debe ser el alcance de la evaluación del procedimiento que se tramita en el Estado miembro de origen y que realizan las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución?

3) ¿Cuál es el objeto de la evaluación al decidir sobre la aplicación de la expresión “circunstancias excepcionales” del artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004? ¿Debe valorarse el impacto de las circunstancias específicas del litigio cuando la resolución judicial del Estado de origen se impugna en el Estado de origen? ¿Debe analizarse el beneficio o perjuicio potencial de la medida en cuestión especificada en el artículo 23 de dicho Reglamento? ¿O debe analizarse la capacidad económica del deudor para cumplir la resolución u otras circunstancias?

4) Con arreglo al artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004, ¿es posible la aplicación simultánea de varias medidas especificadas en dicho artículo? En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, ¿en qué criterios deben basarse las autoridades competentes del Estado de ejecución para decidir sobre la procedencia y la proporcionalidad de la aplicación de varias de esas medidas?

5) Debe aplicarse a una resolución del Estado de origen el régimen jurídico establecido en el artículo 36, apartado 1, del Reglamento [(UE) n.º 1215/2012] ( ) en lo que respecta a la suspensión (o anulación) de la fuerza ejecutiva, o es aplicable un régimen jurídico similar al especificado en el artículo 44, apartado 2, de dicho Reglamento?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

12. Han presentado observaciones escritas la parte demandante en el litigio principal, el Gobierno lituano y la Comisión Europea. Las partes del litigio principal, el Gobierno lituano y la Comisión formularon observaciones orales en la vista celebrada el 8 de septiembre de 2022.

IV. Análisis

A. Sobre las cuestiones prejudiciales primera, segunda, tercera y cuarta

13. Mediante estas cuatro cuestiones prejudiciales, que han de examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre el sentido y el alcance del artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004 en lo que atañe tanto a la comprensión del concepto de «circunstancias excepcionales» que justifican la suspensión del procedimiento de ejecución y del alcance de la competencia a este respecto del tribunal de ejecución (cuestiones prejudiciales primera, segunda y tercera) como a la posibilidad de aplicación combinada de esta medida con una limitación del mismo procedimiento (cuarta cuestión prejudicial).

14. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que ha de buscarse teniendo en cuenta no solo su tenor literal, sino también el contexto de dicha disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretenda alcanzar. ( )

15. Ha de señalarse que el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004 no contiene remisión alguna al Derecho de los Estados miembros. Si bien el artículo 20, apartado 1, de este Reglamento dispone que los procedimientos de ejecución se regirán por la legislación del Estado miembro de ejecución, ello se entiende sin perjuicio de las disposiciones del capítulo IV de dicho Reglamento y, en particular, del artículo 23, que define expresamente los requisitos de una posible suspensión o limitación del procedimiento de ejecución en el supuesto específico de interposición previa de un recurso judicial por el deudor en el Estado miembro de origen. ( )

16. La referencia al Derecho del Estado miembro de ejecución contenida en el artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.º 805/2004 no se refiere, a mi juicio, a los elementos constitutivos del concepto de «circunstancias excepcionales», el cual es un concepto autónomo de Derecho de la Unión. Esta referencia tampoco versa sobre la cuestión de la articulación entre la limitación y la suspensión del procedimiento de ejecución.

17. Ha de recordarse que la aplicación uniforme del Derecho de la Unión es una exigencia fundamental del ordenamiento jurídico europeo ( ) y condiciona, en el presente asunto, la realización del objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales certificadas como TEE de conformidad con el artículo 1 del Reglamento n.º 805/2004. Esta aplicación uniforme implica, por consiguiente, que la suspensión del procedimiento de ejecución de tal resolución, aun quedando sujeta a las normas procesales nacionales en cuanto atañe, en particular, a la forma del escrito de incoación, a los órganos implicados en el procedimiento o a los plazos aplicables, esté sujeta en todos los Estados miembros a condiciones uniformes de concesión.

1. Sobre la interpretación literal

18. Una simple lectura literal del artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004 permite aportar varias aclaraciones sobre el sentido y el alcance de esta disposición.

19. En primer lugar, la suspensión o la limitación de los procedimientos de ejecución, que dependen exclusivamente de la iniciativa del deudor, se prevén para un caso concreto en el sentido de que están indisolublemente vinculadas a la existencia de un procedimiento judicial, incoado por este deudor en el Estado miembro de origen, cuyo objeto es la resolución certificada como TEE o el propio certificado a efectos de obtener su rectificación o revocación de conformidad con el artículo 10 del Reglamento n.º 805/2004. Se trata de un requisito previo, necesario pero no suficiente.

20. En segundo lugar, el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004 dispone que el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución «podrán» limitar o suspender el procedimiento de ejecución. El empleo de este verbo pone de manifiesto que se trata de una facultad cuyo ejercicio queda comprendido en el amplio margen de apreciación que se deja a la autoridad de que se trate, pues la mera impugnación de una resolución certificada como TEE o la solicitud de rectificación o de retirada del certificado de TEE presentada en el Estado miembro de origen no puede por sí sola entrañar necesariamente la limitación o la suspensión del procedimiento de ejecución. Con todo, esta facultad de apreciación está limitada en cuanto atañe a la medida de suspensión, cuya adopción está supeditada a la comprobación de la existencia de circunstancias excepcionales.

21. Si bien la formulación del artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004 no proporciona ningún elemento útil a efectos de la definición del concepto de «circunstancias excepcionales», ha de señalarse que, en el lenguaje corriente, el adjetivo «excepcional» es sinónimo de «raro». El requisito previo relativo a la existencia de una situación de carácter excepcional implica que la suspensión se ha concebido como una medida de carácter extraordinario que es en sí misma excepcional. Dado que el legislador de la Unión tenía la intención de limitar la suspensión del procedimiento de ejecución a situaciones de carácter excepcional, el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004 debe interpretarse necesariamente en sentido estricto. ( )

22. En tercer lugar, las menciones a las tres decisiones ( ) que pueden adoptar el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución están separadas por la conjunción de coordinación «o bien», la cual, desde un punto de vista lingüístico, puede tener un significado alternativo o acumulativo. ( ) Ha de observarse además que el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004 se titula «Suspensión o limitación de la ejecución». ( )

2. Sobre la interpretación teleológica

23. Del tenor literal del artículo 1 del Reglamento n.º 805/2004 resulta que la finalidad del Reglamento es permitir, en lo que atañe a los créditos no impugnados, la libre circulación en todos los Estados miembros de las resoluciones judiciales, sin que deba llevarse a cabo ningún procedimiento intermedio en el Estado miembro de ejecución para el reconocimiento y la ejecución. El principio de confianza mutua entre los Estados miembros, que se basa en particular en la confianza recíproca en la administración de justicia de los Estados, a la que se refiere el considerando 18 de dicho Reglamento, se traduce, con arreglo al artículo 5 del citado Reglamento, en el reconocimiento y ejecución en los demás Estados miembros de las resoluciones que se hayan certificado como TEE en el Estado miembro de origen. ( )

24. Así, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento n.º 805/2004, una resolución que se haya certificado como TEE en el Estado miembro de origen será reconocida y ejecutada en los demás Estados miembros, sin que se requiera ninguna declaración de ejecutividad y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento.

25. En este contexto, el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004, en la medida en que constituye un obstáculo para la realización del objetivo fundamental de este Reglamento en los términos del considerando 8 del referido Reglamento, relativo a la aceleración y simplificación del acceso a la ejecución de una resolución judicial en un Estado miembro distinto de aquel en que esta se haya dictado, debe ser objeto de una interpretación estricta, lo cual respalda la interpretación literal.

3. Sobre la interpretación contextual

26. La interpretación contextual del artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004, que engloba la génesis de este último y de otras disposiciones de dicho Reglamento, pero también otros instrumentos jurídicos comprendidos en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, es, a mi juicio, esencial para determinar el sentido y el alcance de este artículo.

a) Sobre el reparto de competencias entre los órganos del Estado miembro de origen y los del Estado miembro de ejecución

27. En lo tocante al sistema general del Reglamento n.º 805/2004, este viene indudablemente caracterizado por la eliminación de todo procedimiento intermedio en el Estado miembro, previo al reconocimiento y a la ejecución en dicho Estado de la resolución relativa a un crédito no impugnado, es decir, por la supresión pura y simple del exequatur. De conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.º 805/2004, las resoluciones certificadas como TEE se ejecutarán en las mismas condiciones que las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución. ( ) Si bien este nuevo sistema de ejecución de resoluciones resulta manifiestamente favorable para el acreedor ejecutante, no es menos cierto que supone la búsqueda de un justo equilibrio entre el interés de este último y el del deudor, o al menos así se presume.

28. Por un lado, el procedimiento judicial en cuyo marco se haya dictado la resolución en el Estado miembro de origen debe haberse ajustado a las normas mínimas aplicables a los procedimientos, enunciadas en el capítulo III del Reglamento n.º 805/2004, las cuales tienen por objeto garantizar el respeto del derecho de defensa del deudor. ( ) Por otro lado, el Reglamento n.º 805/2004 ofrece al deudor la posibilidad de obtener una revisión ulterior de la resolución original y del certificado de TEE que la acompaña, repartiendo, a este respecto, las competencias entre los órganos del Estado miembro de origen y los del el Estado miembro de ejecución.

29. Si bien estos últimos están, pues, facultados para tramitar una solicitud de denegación de la ejecución o una solicitud de suspensión o de limitación del procedimiento de ejecución, ( ) el artículo 21, apartado 2, del Reglamento n.º 805/2004 dispone claramente que «el título ejecutivo europeo y la resolución en que se base no podrán en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro de ejecución». ( ) La impugnación por el deudor de la existencia y de la validez del crédito, o del respeto de los requisitos de certificación, no podrá ser presentada ni examinada en dicho Estado.

30. Esta precisión es esencial para determinar el sentido del concepto de «circunstancias excepcionales», a saber, que, a mi juicio, debe excluir toda referencia a una apreciación por el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución, siquiera prima facie, del fundamento de las acciones ejercitadas por el deudor en el Estado miembro de origen, contempladas en el artículo 23 del Reglamento n º805/2004. ( )

31. Este claro reparto de competencias es el corolario del hecho de que el crédito y el título ejecutivo se han constituido conforme al Derecho vigente en el Estado miembro de origen. ( ) Además, en el marco del procedimiento que da lugar a la certificación de una resolución judicial como TEE, el órgano que procede a tal certificación deberá determinar si el procedimiento judicial en el Estado miembro de origen que concluyó con la adopción de la resolución original se ajustó a los requisitos establecidos en el capítulo III del Reglamento n.º 805/2004. Más allá del control de la regularidad del procedimiento y de la observancia de las normas de competencia, el artículo 6 de ese Reglamento impone, en particular, un control del carácter ejecutivo de la resolución adoptada y de la naturaleza del crédito. ( )

32. El control de la resolución judicial que ha puesto fin a la instancia resolviendo el litigio y del certificado de TEE se atribuye a un órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen, el cual es el más indicado para conocer del marco jurídico del litigio y confirmar, en cuanto al fondo, la validez de la resolución antes mencionada y del certificado que la acompaña. Además, en el caso de presentación de la solicitud de revisión de la resolución en el sentido del artículo 19 del Reglamento n.º 805/2004 o de una solicitud de rectificación o revocación de un certificado de TEE prevista en el artículo 10 de ese Reglamento, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen competente es el mismo que ha adoptado los dos actos en cuestión.

33. En estas circunstancias, no puede aceptarse, en mi opinión, que el concepto de «circunstancias excepcionales» pueda comprender la necesaria comprobación por el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución de un fumus boni iuris de las acciones ejercitadas por el deudor, enunciadas en el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004. Tal conclusión responde a la necesidad de garantizar la ejecución rápida de las resoluciones, puesto que la apreciación de dicho fumus sería sinónimo de una complicación objetiva del proceso, preservando al mismo tiempo la seguridad jurídica en la que se basa la confianza recíproca en la administración de justicia en el seno de la Unión, a la que hace referencia el considerando 18 de dicho Reglamento. Dicho de otro modo, no me parece razonable, desde los puntos de vista jurídico y práctico, instar al órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución a profundizar en el Derecho del Estado miembro de origen para determinar la seriedad de los motivos formulados por el deudor en apoyo de sus acciones ejercitadas en este último. ( )

34. Además, me parece que esta interpretación se encuentra respaldada por la génesis del artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004. Ha de señalarse que esta disposición, tal como fue redactada en la Propuesta de Reglamento, ( ) mencionaba como primera medida posible la suspensión del procedimiento de ejecución, sin ninguna otra precisión. En la exposición de motivos se señalaba que «la evaluación de las perspectivas de éxito de las medidas adoptadas por el deudor […] y la probabilidad de que se ocasione un perjuicio irreparable por una ejecución incondicional» debían ser las principales consideraciones a la hora de aplicar dicha disposición.

35. Procede observar que el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004, al igual que los considerandos de esta norma, no contienen ninguna referencia a estas dos circunstancias y que, además de la inversión del orden de las posibles medidas, la imposición de una medida de suspensión está supeditada a la comprobación de la existencia de «circunstancias excepcionales». Esta evolución del texto refleja, a mi juicio, la coherencia buscada por el legislador con, por un lado, la estricta delimitación ( ) de la función de las autoridades contemplada en el artículo 21, apartado 2, de dicho Reglamento y, por otro, el objetivo de garantizar la libre circulación de las resoluciones en todos los Estados miembros, en el presente asunto regulando la facultad de apreciación de estas autoridades en cuanto a la medida que tenga el mayor impacto. ( )

b) Sobre la aplicación del artículo 6, apartado 2, en relación con el artículo 11 del Reglamento n.º 805/2004

36. Es importante subrayar que el concepto de «certificado» debe emplearse con precisión, puesto que son nada menos que tres certificados con objetos diferentes los que prevé el Reglamento n.º 805/2004. El primero es el contemplado en el artículo 6, apartado 1, de este Reglamento, correspondiente a los anexos I a III, titulado «Certificado de Título Ejecutivo Europeo». ( ) Para que una resolución pueda ser certificada, en aplicación de este artículo 6, como TEE, aquella debe tener por objeto un crédito no impugnado y cumplir determinados requisitos que se establecen en dicho artículo. Uno de los requisitos de esta certificación es el previsto en el apartado 1, letra a), de dicho artículo, a saber, que la resolución sea ejecutiva según el Derecho del Estado miembro de origen. ( ) Una resolución no ejecutiva no podrá servir, pues, de fundamento para la expedición de un TEE y, completando esta disposición, el artículo 11 del Reglamento n.º 805/2004 prevé que el certificado TEE producirá efecto únicamente dentro de los límites de la fuerza ejecutiva de la resolución.

37. El segundo es el mencionado en el artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.º 805/2004, correspondiente al anexo IV, titulado «Certificado de falta o limitación de ejecutoriedad». En el supuesto de que la resolución original certificada como TEE haya dejado de ser ejecutiva o que su carácter ejecutivo haya sido suspendido o limitado por un órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen, el deudor podrá obtener dicho certificado, previa solicitud dirigida en cualquier momento al órgano jurisdiccional que haya expedido inicialmente el título ejecutivo.

38. El tercero es el previsto en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento n.º 805/2004, correspondiente al anexo V, titulado «Certificado sustitutorio de Título Ejecutivo Europeo emitido como consecuencia de un recurso». Esta disposición tiene por objeto permitir al acreedor actualizar su posición a través de la certificación como TEE de la resolución adoptada a raíz de un recurso en el Estado miembro de origen, por la que se ratifica la resolución originaria.

39. He de señalar que, en este contexto, la parte demandante en el litigio principal alega que los motivos de suspensión o de limitación de la ejecución de una resolución previstos en el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004 deben analizarse en el marco de los artículos 6, apartado 2, y 11 de dicho Reglamento. Según esta parte, únicamente la presentación ante el tribunal de ejecución del certificado previsto en el artículo 6, apartado 2, de dicho Reglamento podría servir de fundamento a la resolución de suspender o limitar la ejecución que adoptase tal órgano jurisdiccional.

40. Esta interpretación supone, a mi juicio, confundir dos supuestos contemplados de forma distinta en el Reglamento n.º 805/2004. El artículo 23 de este último versa sobre una situación provisional e incierta, en el presente asunto los recursos interpuestos por el deudor ante el órgano jurisdiccional de origen contra la resolución original certificada o contra el certificado en sí, que no dejan de producir plenos efectos a falta de disposiciones que prevean un efecto suspensivo vinculado a tales recursos. A la espera del resultado de estos procedimientos, aleatorio por definición, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de ejecución podrán adoptar, en el ejercicio de su margen de apreciación, medidas de suspensión o de limitación del procedimiento de ejecución.

41. Esta situación no es la contemplada en el artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.º 805/2004, en relación con el artículo 11 de esa norma, que se refiere a una alteración probada de la fuerza ejecutiva del título que da lugar a la expedición de un nuevo certificado correspondiente al anexo IV de dicho Reglamento. Habida cuenta del vínculo, expresado en términos imperativos en esta segunda disposición, entre la fuerza ejecutiva de la resolución y el TEE, toda modificación ulterior de esta fuerza ejecutiva (cesación definitiva o temporal a raíz de la suspensión o de la limitación de su alcance) afectará necesariamente al procedimiento de ejecución. Como subraya la Comisión, corresponderá al órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución, destinatario del certificado antes mencionado, garantizar, en la ejecución de su Derecho nacional, la aplicación efectiva del artículo 11 del Reglamento n.º 805/2004.

42. En estas circunstancias, considero que circunscribir la adopción de medidas de suspensión o de limitación del procedimiento de ejecución previstas en el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004 al único caso de presentación del certificado que indique que la resolución ya no es ejecutiva o que su carácter ejecutivo ha quedado limitado supondría privar de su efecto útil a esta disposición, lo que no se puede aceptar.

c) Sobre la vulneración del orden público en el Estado miembro de ejecución

43. No cabe reprochar al legislador de la Unión que no haya tratado de facilitar el cobro transfronterizo de créditos en materia civil y mercantil: TEE, requerimiento europeo de pago ( ) y proceso europeo de escasa cuantía, ( ) son muchos los instrumentos jurídicos que tienen como finalidad la libre circulación de resoluciones judiciales en sus ámbitos respectivos, a los que ha de añadirse la norma de Derecho común que constituye el Reglamento n.º 1215/2012. Esta producción normativa, que algunos consideran significativa o incluso inflacionista, ( ) no deja de suscitar interrogantes sobre la coherencia del conjunto del sistema.

44. Lo mismo cabe afirmar respecto a la posibilidad de que el deudor inste la revisión de la resolución original en la fase de su ejecución por las autoridades del Estado miembro de ejecución. Si bien el conjunto de los instrumentos antes citados prevé procedimientos tanto de suspensión o de limitación del procedimiento de ejecución como de denegación de la ejecución, ha de hacerse constar que los requisitos de aplicación de estas medidas no son homogéneos. ( )

45. El artículo 21 del Reglamento n.º 805/2004 dispone que el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución denegará la ejecución si la resolución certificada como TEE es incompatible con una resolución dictada con anterioridad en un Estado miembro o en un tercer país. Se trata del único motivo de denegación previsto en este Reglamento, mientras que el Reglamento n.º 1215/2012 contiene no menos de cinco, entre los que se encuentra la vulneración del orden público en el Estado miembro requerido. Ahora bien, ha de señalarse que el Gobierno lituano alega que el concepto de «circunstancias excepcionales» que figura en el artículo 23, letra c), del Reglamento n.º 805/2004 debe interpretarse en el sentido de que engloba las situaciones en las que la ejecución de una resolución certificada como TEE puede afectar al orden público procesal del Estado miembro de ejecución.

46. A mi juicio, no cabe admitir esta interpretación, en el sentido de que pasa por alto el claro reparto de competencias entre los órganos del Estado miembro de origen y los del Estado miembro de ejecución antes analizado. Estas últimas autoridades no han de examinar, en modo alguno, la legalidad de la resolución original. A la vista del principio de seguridad jurídica no cabe aceptar a este respecto un riesgo de conflicto jurisdiccional.

47. Además, el examen de los trabajos preparatorios pone de manifiesto que, con ocasión de la 2515.ª reunión del Consejo «Justicia y Asuntos de Interior» de 5 y 6 de junio de 2003, en los debates se abordó la posibilidad de una denegación de la ejecución en el Estado miembro de ejecución, entre otros, sobre la base del criterio de «orden público», ya mencionado, en particular, en el Reglamento (CE) n.º 44/2001, ( ) cronológicamente anterior al Reglamento n.º 805/2004. El texto final del Reglamento n.º 805/2004 muestra que no se mantuvo este criterio. Me parece, pues, difícil admitir que la cuestión de la vulneración del orden público en el Estado miembro de ejecución pueda reintroducirse mediante una interpretación del concepto de «circunstancias excepcionales» que justifique la suspensión del procedimiento de ejecución al amparo del artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004.

48. Por último, un motivo de suspensión basado en una vulneración del orden público en el Estado miembro de ejecución, ya sea sustancial o procesal, me parece incompatible con la naturaleza provisional de las medidas enunciadas en el artículo antes citado, las cuales tienen necesariamente como único horizonte jurídico y temporal la resolución adoptada en el Estado miembro de origen sobre las acciones iniciadas por el deudor. Una resolución de confirmación de la validez de la resolución original marcaría el cese de los efectos de la suspensión del procedimiento de ejecución, pero dejaría intacto el problema de la vulneración del orden público en el Estado miembro de ejecución que haya dado lugar a la adopción de tal medida. Ahora bien, este problema no podría resolverse en el marco del Reglamento n.º 805/2004, a falta de disposiciones idóneas en el mismo, situación que tampoco resulta aceptable a la vista del principio de seguridad jurídica, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión.

d) Sobre la aplicación combinada de las medidas contempladas en el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004

49. En lo tocante a la cuestión antes expuesta, ha de tenerse en cuenta la evolución de la redacción de las disposiciones de los Reglamentos n.º 1896/2006, n.º 861/2007 y n.º 1215/2012 relativas a la posibilidad de suspender o limitar el procedimiento de ejecución.

50. Así, aunque la formulación del artículo 23 del Reglamento n.º 1896/2006 es idéntica a la del artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004, con un doble empleo de la conjunción «o bien» entre la mención de cada una de las medidas posibles, lo cual reflejaría el carácter alternativo de la misma, no ocurre así en las demás normas ulteriores de Derecho derivado antes mencionadas. El artículo 23 del Reglamento n.º 861/2007 y el artículo 44 del Reglamento n.º 1215/2012 únicamente mencionan la conjunción de que se trata entre las posibles medidas segunda y tercera, dándose a entender que las medidas primera y segunda pueden combinarse.

51. Me parece que esta evolución legislativa refleja y confirma la singularidad de la suspensión, la medida más rigurosa en cuanto que implica la falta de toda realización de un acto de ejecución cualquiera por el acreedor. Ha de señalarse a este respecto que, a diferencia del artículo 44 del Reglamento n.º 1215/2012, el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004 no prevé que el procedimiento de ejecución pueda suspenderse «en todo o en parte». La sola mención del hecho de que el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de ejecución pueda «suspender» dicho procedimiento solo puede remitir, en mi opinión, al supuesto de una paralización total de este último.

52. La acumulación de las medidas de limitación con la de suspensión, en el sentido indicado, me parece impensable tanto desde un punto de vista lógico como en la práctica, conclusión a la que ya daba cabida el título del artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004 con el empleo de la conjunción «o bien» que marca la disyunción. ( ) En cambio, resulta teóricamente concebible, si bien poco probable en la práctica, que el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de ejecución puedan imponer al acreedor ejecutante la constitución de una garantía como condición de la aplicación de medidas de ejecución de carácter exclusivamente preventivo. Esta combinación quedaría comprendida en el amplio margen de apreciación de que disfrutan estas autoridades y debe efectuarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares del asunto de que se trate.

4. Conclusión intermedia

53. A mi juicio, las diferentes acepciones del concepto de «circunstancias excepcionales» propuestas por las partes interesadas y analizadas anteriormente se apartan, en realidad, de una interpretación lógica y razonable del artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004.

54. En la medida en que se trata de suspender actos de ejecución, queda claro que a lo que se hace referencia es a los efectos de esta ejecución, de forma que las «circunstancias excepcionales» son las vinculadas al perjuicio que podría causarse al deudor por la ejecución inmediata de la resolución. Habida cuenta del carácter excepcional requerido, estas circunstancias deben caracterizarse por la gravedad y el carácter irreparable del perjuicio derivado de esta ejecución, en el contexto de una situación provisional e incierta derivada de procedimientos iniciados por el deudor en el Estado miembro de origen. Así, estos elementos deben reflejar una situación de urgencia que justifique la necesidad de un pronunciamiento provisional para evitar que la parte que solicita la medida de suspensión sufra tal daño. ( )

55. En lo tocante a la interpretación del perjuicio antes mencionada, me parece posible encontrar criterios en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la concesión de la suspensión de la ejecución de un acto, prevista en el artículo 278 TFUE.

56. Conforme a esta jurisprudencia, incumbe siempre a la parte que solicita la adopción de una medida provisional, y por tanto en el presente asunto al deudor, exponer y demostrar la probable producción de un perjuicio grave e irreparable. ( ) Si bien es cierto que, para demostrar la existencia de dicho perjuicio, no es necesario exigir que la producción e inminencia de este se acrediten con absoluta certeza y que basta con que sea previsible con un grado de probabilidad suficiente, no es menos cierto que el demandante sigue estando obligado a probar los hechos en que, a su juicio, se basa la perspectiva de ese perjuicio. ( )

57. En cuanto a la naturaleza del perjuicio, el Tribunal de Justicia ha declarado de forma reiterada que, en principio o salvo en circunstancias excepcionales, un perjuicio de tipo puramente pecuniario no puede considerarse irreparable, ya que, por lo general, una compensación pecuniaria puede colocar de nuevo al perjudicado en la situación en que estaba antes de producirse el perjuicio, en su caso, mediante una reclamación de indemnización. ( ) El órgano competente del Estado miembro de ejecución deberá apreciar los elementos que permitan determinar si la ejecución inmediata de la resolución que constituye el objeto de la petición de suspensión puede entrañar para el deudor daños irreversibles que no podrían repararse si esta resolución fuera declarada inválida en el Estado miembro de origen o si se retirara el certificado de TEE, que condiciona la posibilidad de una ejecución directa en otro Estado.

58. Ha de señalarse que, habida cuenta del ámbito de aplicación del Reglamento n.º 805/2004, resultan afectados tanto los créditos civiles como los mercantiles y que los deudores pueden ser, pues, personas físicas o jurídicas. En lo tocante a los operadores económicos, ha quedado probado que la perspectiva de una situación que podría poner en peligro su viabilidad económica antes de que se dicte la resolución que pone fin al procedimiento sobre el fondo incoado contra la resolución original o el certificado podría caracterizar el perjuicio requerido. ( ) Si el deudor es una persona física, habrá de determinarse si la ejecución de la resolución entrañaría un embargo total o parcial de su patrimonio que pudiera deteriorar gravemente las condiciones materiales de existencia del interesado y de su familia, como la venta forzosa de la vivienda familiar. ( )

59. En el supuesto de que los elementos expuestos por el deudor permitieran caracterizar dificultades de carácter económico o social que no cumplan los requisitos de gravedad e irreversibilidad, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución tendría, pues, la facultad de aplicar las medidas de limitación previstas en el artículo 23, letras a) y b), del Reglamento n.º 805/2004, a condición de que el deudor solicite acogerse a ellas, en su caso con carácter subsidiario. Ha de subrayarse a este respecto que la aplicación de dicho artículo obedece al principio dispositivo, según el cual son las partes las que definen el objeto del litigio.

60. Ha de recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el juez que conoce de las medidas cautelares procederá asimismo a la ponderación de los intereses en juego cuando concurren los otros dos requisitos ( ) de suspensión de la ejecución. ( ) Me parece que esta solución debe extrapolarse al presente asunto, habida cuenta del amplio margen de apreciación del órgano competente del Estado miembro de ejecución previsto en el artículo 23 del Reglamento n.º 805/2004, el cual persigue lograr un justo equilibrio entre el interés del acreedor, que consiste en garantizar una ejecución rápida de la resolución, y el interés del deudor, que es el de evitar daños potencialmente graves e irreparables si no puede recuperarse la pérdida causada por la ejecución inmediata. En el marco de esta ponderación de intereses, la parte demandada y acreedora podrá alegar que el hecho de verse privada de la posibilidad de obtener la ejecución inmediata de la resolución y, por tanto, de percibir sin demora los importes en cuestión, puede privarla definitivamente del disfrute de sus derechos en el supuesto de que las acciones del deudor fueran ulteriormente desestimadas.

61. Corresponde, pues, al órgano jurisdiccional remitente, en el marco del examen de la solicitud de suspensión del procedimiento de ejecución presentado por la sociedad deudora, apreciar, a la vista de todas las circunstancias pertinentes en el asunto principal, si aquella puede sufrir un perjuicio grave e irreparable en el sentido indicado en el caso de que la resolución original fuera ejecutada inmediatamente y, en caso de respuesta afirmativa, realizar una ponderación de los intereses en juego. ( )

B. Sobre la quinta cuestión prejudicial

62. Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende saber si, en caso de suspensión en el Estado miembro de origen de la fuerza ejecutiva de la resolución certificada como TEE, el procedimiento de ejecución tramitado en el Estado miembro de ejecución queda automáticamente suspendido, de conformidad con el régimen jurídico establecido en el artículo 36, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, o si la autoridad competente de dicho Estado debe adoptar una resolución específica, que se corresponda con la del artículo 44, apartado 2, de dicho Reglamento.

1. Sobre la admisibilidad

63. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. El procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir. La justificación de la remisión prejudicial no es la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino su necesidad para la resolución efectiva de un litigio. Como se desprende de los propios términos del artículo 267 TFUE, la decisión prejudicial solicitada debe ser «necesaria» para que el tribunal remitente pueda «emitir su fallo» en el asunto de que conoce. ( )

64. En el presente asunto, ha quedado probado que, en la fecha en que el órgano jurisdiccional remitente planteó al Tribunal de Justicia la presente petición de decisión prejudicial, se hallaba efectivamente pendiente un litigio en cuyo marco aquel debía dictar una sentencia que pudiera tener en cuenta la futura sentencia prejudicial, ( ) si bien ha de observarse que aunque no se había adoptado ninguna resolución de cesación o de suspensión temporal de la fuerza ejecutiva de la resolución originaria en el Estado miembro de origen a tal fecha, ( ) era y es posible que tal acontecimiento se produzca en el marco del procedimiento de recurso, aún pendiente, incoado por el deudor en dicho Estado y que dé lugar a una nueva solicitud de este último.

65. Asimismo, procede recordar que, aunque la expresión «emitir su fallo», en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo segundo, hace referencia a la totalidad del procedimiento en el que recae la sentencia del órgano jurisdiccional remitente, tal concepto debe ser objeto de una interpretación amplia, a fin de evitar que numerosas cuestiones procesales sean consideradas inadmisibles y no puedan ser objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia ni este pueda pronunciarse sobre la interpretación de cualquier disposición del Derecho de la Unión que deba aplicar el órgano jurisdiccional remitente. ( )

2. Sobre el fondo

66. Contrariamente a cuanto cabría deducir de una redacción, ciertamente equívoca, de la quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no contempla la posibilidad de aplicar disposiciones del Reglamento n.º 1215/2012 en un procedimiento de ejecución comprendido, como en el presente asunto, en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 805/2004. ( ) Se pregunta sobre las consecuencias jurídicas de una resolución en el Estado miembro de origen que suspenda la fuerza ejecutiva de la resolución original en este procedimiento, una vez comprobado que el Reglamento n.º 805/2004 no regula expresamente esta cuestión, a diferencia del Reglamento n.º 1215/2012, ya se trate del artículo 36, apartado 1, o del artículo 44, apartado 2, de este último. ( )

67. Esta premisa es, a mi juicio, errónea, puesto que el artículo 6 y, más concretamente, sus apartados 1 y 2, así como el artículo 11 del Reglamento n.º 805/2004, constituyen el marco jurídico pertinente, ya expuesto en las presentes conclusiones. ( ) De lo anterior resulta que, una vez que el órgano jurisdiccional de origen ha expedido el certificado previsto en el artículo 6, apartado 2, de dicho Reglamento y que este, a continuación, ha sido comunicado a las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución por la parte contra la que se insta la ejecución, lógicamente, dichas autoridades deberán extraer —conforme a los términos del artículo 11 del Reglamento n.º 805/2004, que excluyen todo margen de apreciación— todas las consecuencias correlativas en relación con la tramitación del procedimiento de ejecución.

68. Así pues, la indicación en el certificado antes mencionado de la suspensión de la fuerza ejecutiva inherente a la resolución inicialmente certificada como TEE solo puede dar lugar a una medida idéntica en el Estado miembro de ejecución. La declaración de invalidez y la subsiguiente anulación de esta resolución en el Estado miembro de origen, que supone tanto como la desaparición de la fuerza ejecutiva, tendrían necesariamente como consecuencia la finalización del procedimiento de ejecución. Como subraya acertadamente la Comisión, dado que los aspectos procesales de la aplicación del artículo 11 no están previstos en el Reglamento n.º 805/2004, se rigen por el Derecho del Estado miembro de ejecución, el cual deberá aplicarse de forma que se garantice la plena efectividad de dicha disposición.

V. Conclusión

69. A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania) del modo siguiente:

«1. El artículo 23 del Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados,

debe interpretarse en el sentido de que

la expresión “circunstancias excepcionales”, recogida en esta disposición, comprende el perjuicio grave e irreparable que puede causarse al deudor por la ejecución inmediata de la resolución certificada como título ejecutivo europeo, que caracteriza una situación de urgencia que corresponde al deudor demostrar. En caso de que se demuestre, incumbirá al órgano jurisdiccional o a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución ponderar los intereses en juego a la vista del conjunto de las circunstancias pertinentes del caso concreto.

Solamente las medidas de limitación del procedimiento de ejecución, contempladas en el artículo 23, letras a) y b), de dicho Reglamento podrán ser objeto de una aplicación combinada.

2. Los artículos 6 y 11 del Reglamento n.º 805/2004

deberán interpretarse en el sentido de que:

cuando se haya suspendido el carácter ejecutivo de la resolución certificada como título ejecutivo europeo en el Estado miembro de origen y el certificado previsto en el artículo 6, apartado 2, de dicho Reglamento haya sido transmitido a la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución, esta última estará obligada, en el marco de la aplicación de las normas nacionales aplicables, a garantizar la plena eficacia del artículo 11 de dicho Reglamento mediante la suspensión del procedimiento de ejecución.»