A tenor del artículo 240 TFUE, apartado 1, el Coreper está compuesto por representantes permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión y se encarga de preparar los trabajos del Consejo y de realizar las tareas que este le confíe. Así pues, la voluntad de los autores de los Tratados fue que el Coreper constituyera un órgano auxiliar del Consejo que efectuara para este tareas de preparación y de ejecución. Si bien es cierto que la función de preparación de los trabajos y de ejecución de las tareas del Consejo no faculta al Coreper para ejercitar el poder de decisión que, conforme a los Tratados, corresponde al Consejo, no es menos verdad que, puesto que la Unión es una unión de Derecho, un acto adoptado por el Coreper debe poder someterse a un control de legalidad cuando esté destinado, en cuanto tal, a producir efectos jurídicos y, en consecuencia, exceda del ámbito de la función de preparación y ejecución.

Esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que, en virtud del artículo 11 TFUE, las exigencias de la protección del medio ambiente deben integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, incluida la política pesquera común. En efecto, si bien es cierto que la Unión debe cumplir este artículo cuando ejerce una de sus competencias, no lo es menos que la política medioambiental se contempla explícitamente en los Tratados como un ámbito de competencia autónomo y, en consecuencia, cuando la finalidad y la componente principales de una medida corresponden a este ámbito de competencia, tal medida debe ser considerada a su vez comprendida en él.

En relación con el documento de reflexión relativo a una futura propuesta de creación de un área marina protegida en el mar de Weddell, a tres propuestas de creación o de apoyo a la creación de áreas marinas protegidas en la Antártida y a un proyecto de creación de un conjunto de zonas especiales, aprobadas por el Coreper a efectos de su presentación, en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, en la medida en que la pesca resulta no ser sino una finalidad accesoria de dicho documento y de las medidas proyectadas y en que este documento y estas medidas tienen como finalidad y como componente principales la protección del medio ambiente, las decisiones por las que se aprueba la presentación del documento no se inscriben en el ámbito de la competencia exclusiva que atribuye a la Unión el artículo 3 TFUE, apartado 1, letra d), sino en el de la competencia que la Unión comparte, en principio, con los Estados miembros en materia de protección del medio ambiente en virtud del artículo 4 TFUE, apartado 2, letra e).

Existe el riesgo de que unos compromisos internacionales asumidos por los Estados miembros afecten a normas comunes de la Unión o alteren el alcance de las mismas, lo que justifica una competencia externa exclusiva de la Unión en virtud del artículo 3 TFUE, apartado 2, cuando tales compromisos estén comprendidos dentro del ámbito de esas normas, debiendo entenderse que para constatar la existencia de ese riesgo no se requiere una concordancia completa entre el ámbito abarcado por los compromisos internacionales y el abarcado por la normativa de la Unión. En particular, el alcance de las normas comunes de la Unión puede verse afectado o alterado por tales compromisos internacionales cuando estos pertenezcan a un ámbito ya cubierto en gran medida por esas normas. Por otro lado, el riesgo en cuestión puede existir cuando, sin estar necesariamente en contradicción con las normas comunes de la Unión, los compromisos internacionales de que se trate puedan tener incidencia en el sentido, el alcance y la eficacia de tales normas.

Ciertamente, la mera circunstancia de que una acción de la Unión en la escena internacional pertenezca al ámbito de una competencia compartida entre la propia Unión y los Estados miembros no excluye la posibilidad de que el Consejo reúna en su seno la mayoría exigida para que la Unión ejerza sola esta competencia externa. Sentado lo anterior, cuando la Unión decide ejercer sus competencias debe hacerlo observando el Derecho internacional.

En cuanto respecta a la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (en lo sucesivo, «Convención de Canberra»), el ejercicio por parte de la Unión de la competencia externa en materia de protección del medio ambiente, contemplada en el artículo 4 TFUE, apartado 2, letra e), excluyendo a los Estados miembros, sería incompatible con el Derecho internacional. En efecto, de la lectura conjunta del artículo VII, apartado 2, letra c), y del artículo XXIX, apartado 2, de dicha Convención resulta que una organización de integración económica regional, como es la Unión Europea, únicamente puede adherirse a dicha Convención y ser miembro de la Comisión CCRVMA si los Estados miembros lo son. Por consiguiente, la Convención de Canberra no otorga a las organizaciones de integración regional, como la Unión Europea, un estatuto completamente autónomo en el seno de la Comisión CCRVMA. Por otro lado, la Unión Europea figura entre las Partes contratantes de esta Convención a las que van dirigidas las disposiciones del artículo V, apartados 1 y 2, de la misma, en la medida en que no es Parte del Tratado Antártico. De ello se deduce, en particular, que la Unión debe reconocer las obligaciones y las responsabilidades específicas de las Partes consultivas del Tratado Antártico, incluidas las de aquellos de sus Estados miembros que tienen ese estatuto, sean o no miembros de la Comisión CCRVMA.

En tales circunstancias, permitir que la Unión recurra, en el seno de la Comisión CCRVMA, a la facultad de que dispone de actuar sin el concurso de los Estados miembros en un ámbito de competencia compartida, a pesar de que, a diferencia de la propia Unión, algunos de esos Estados miembros tengan el estatuto de Partes consultivas en el Tratado Antártico, podría comprometer las responsabilidades y las prerrogativas de dichas Partes consultivas, habida cuenta del lugar específico que ocupa la Convención de Canberra en el sistema de convenios sobre la Antártida, lo que podría restar coherencia a tal sistema de convenios y, en definitiva, contravendría las disposiciones del artículo V, apartados 1 y 2, de la Convención de Canberra.

(véanse los apartados 126 a 130, 132 y 133)