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El artículo 186 bis de la Ley de quiebras, titulado «Convenio con continuidad de la empresa», dispone: «Cuando el proyecto de convenio mencionado en el artículo 161, apartado 2, letra e), prevea el mantenimiento de la actividad de empresa por parte del deudor, la cesión de la empresa en funcionamiento o bien la aportación de la empresa en funcionamiento a una o varias sociedades, incluso de nueva constitución, se aplicarán las disposiciones del presente artículo. El proyecto también podrá prever la liquidación de los bienes que no sean necesarios para el ejercicio de la actividad del empresario. En los casos previstos en el presente artículo: a) el proyecto mencionado en el artículo 161, apartado 2, letra e), deberá contener asimismo una indicación analítica de los costes y de los ingresos que se prevé obtener con la continuación de la actividad empresarial prevista en el proyecto de convenio, de los recursos económicos necesarios y de las correspondientes modalidades de cobertura; b) el informe del profesional mencionado en el artículo 161, apartado 3, deberá certificar que la continuación de la actividad de empresa prevista en el proyecto de convenio contribuirá a la mejor satisfacción posible de los acreedores; c) el proyecto podrá prever, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 160, apartado 2, una moratoria de hasta un año desde la homologación del convenio para el pago de los acreedores con un derecho preferente, prenda o hipoteca, a menos que se prevea la liquidación de los bienes o derechos en que se funde esa causa de prelación. En tal caso, los acreedores que disfruten de las causas de prelación mencionadas en la frase anterior no tendrán derecho de voto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 169 bis, los contratos en curso de ejecución en la fecha de presentación de la solicitud, incluidos los celebrados con administraciones públicas, no quedarán resueltos como consecuencia de la apertura del procedimiento. Será nulo cualquier eventual pacto en contrario. La admisión de la solicitud de convenio preventivo no impedirá la continuación de los contratos públicos si el profesional designado por el deudor mencionado en el artículo 67 ha certificado su conformidad con el proyecto y una capacidad razonable de cumplirlos. Cuando concurran los requisitos legales, podrá beneficiarse de tal continuación la sociedad cesionaria o que reciba en aportación la empresa o una de sus ramas de actividad a la que se hayan atribuido los contratos. En el acto de la cesión o de la aportación, el juez competente ordenará la cancelación de las inscripciones y transcripciones. Después de la presentación de la solicitud, la participación en procedimientos de adjudicación de contratos públicos deberá ser autorizada por el tribunal, tras recabar el dictamen del comisario judicial, si ha sido designado; a falta de tal designación, decidirá el tribunal. La admisión de la solicitud de convenio preventivo no impedirá la participación en procedimientos de adjudicación de contratos públicos cuando la empresa presente en la licitación: a) un informe de un profesional que reúna los requisitos establecidos en el artículo 67, apartado 3, letra d), y que certifique la conformidad con el proyecto y una capacidad razonable de cumplimiento del contrato; b) la declaración de otro operador que reúna los requisitos de carácter general, de capacidad financiera, técnica, económica y de certificación exigidos para la adjudicación del contrato, que se hubiera comprometido frente al licitador y a la entidad adjudicataria a poner a disposición, durante la vigencia del contrato, los recursos necesarios para la ejecución del contrato y para subrogarse en la posición de la empresa auxiliada en el caso de que ésta quiebre en el curso de la licitación o tras la celebración del contrato, o deje de estar en condiciones, por cualquier motivo, de cumplir adecuadamente el contrato. Se aplicará el artículo 49 del [decreto legislativo n.o 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto Legislativo n.o 163 — Código de contratos públicos de obras, de servicios y de suministros en aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE), de 12 de abril de 2006 (GURI n.o 100, de 2 de mayo de 2006)]. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa en situación de convenio también podrá concurrir agrupada en una unión temporal de empresas, siempre que no asuma la condición de representante autorizada y que las demás empresas pertenecientes a tal unión no estén sometidas a un procedimiento de insolvencia. En tal caso, la declaración prevista en el párrafo cuarto, letra b), podrá ser efectuada también por un operador que forme parte de la unión de empresas. Si en el curso de un procedimiento iniciado de conformidad con el presente artículo, la empresa cesa de desarrollar su actividad o ésta resulta ser manifiestamente perjudicial para los acreedores, el tribunal actuará de conformidad con el artículo 173. Ello no afectará a la facultad del deudor de modificar la propuesta de convenio.»