Palabras clave

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Palabras clave

1 Recurso de casación - Motivos - Irregularidad de procedimiento - Violación del principio del plazo razonable del procedimiento

[Tratado CE, art. 168 A; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51, ap. 1]

2 Recurso de casación - Motivos - Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los elementos de prueba - Exclusión salvo en el caso de desnaturalización

3 Procedimiento - Duración del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia - Plazo razonable - Criterios de apreciación

4 Procedimiento - Duración del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia - Plazo razonable - Litigio acerca de la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia - Incumplimiento del plazo razonable - Consecuencias

5 Procedimiento - Plazo establecido entre la conclusión de la fase oral y la deliberación de la sentencia - Inexistencia

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 55, ap. 1)

6 Procedimiento - Plazo de proposición de pruebas - Artículo 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia - Ambito de aplicación

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 48, ap. 1, y art. 66, ap. 2)

7 Procedimiento - Litigio acerca de la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia - Derecho de acceso al expediente de la Comisión - Diligencias de ordenación del procedimiento - Solicitud de presentación de documentos - Obligaciones del solicitante

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 64, ap. 3, letra d), y ap. 4]

8 Recurso de casación - Motivos - Mera repetición de los motivos y las alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia - Inadmisibilidad

[Tratado CE, art. 168 A; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]

9 Recurso de casación - Competencia del Tribunal de Justicia - Revisión, por razones de equidad, de la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia acerca del importe de las multas impuestas a empresas - Exclusión

10 Competencia - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Volumen de negocios tomado en consideración - Volumen de negocios global de la empresa afectada - Volumen de negocios realizado con las mercancías que constituyen el objeto de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

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1 Del artículo 168 A del Tratado CE y del párrafo primero del artículo 51 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia se deduce que, en el marco de un recurso de casación, el Tribunal de Justicia es competente para controlar si en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia se han cometido irregularidades que lesionen los intereses de la parte recurrente y debe asegurarse de que se han observado los principios generales del Derecho comunitario.

Entre estos principios figura el derecho de toda persona a un juicio justo, enunciado en el apartado 1 del artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y, en particular, a un juicio en un plazo razonable.

2 En el marco de un recurso de casación, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal de Primera Instancia haya admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que ha de atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Esta apreciación no constituye, sin perjuicio del caso de la desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.

3 La estructura del sistema jurisdiccional comunitario justifica, en ciertos aspectos, que el Tribunal de Primera Instancia, encargado de determinar los hechos y de efectuar un examen material del litigio, pueda disponer de tiempo suficiente para instruir los recursos que requieran un examen detallado de hechos complejos. Sin embargo, esa misión no dispensa al órgano jurisdiccional comunitario, creado especialmente para este fin, de respetar la exigencia de un plazo razonable para sustanciar los asuntos de que conozca.

El carácter razonable del plazo del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la transcendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto, del comportamiento del demandante y del de las autoridades competentes.

4 Un procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia sobre la existencia de una infracción de las normas de competencia cuya duración ha sido aproximadamente cinco años y seis meses, rebasa, aun teniendo en cuenta la relativa complejidad del asunto, las exigencias relacionadas con el respeto del plazo razonable cuando conste que:

- el litigio presenta un interés considerable no sólo para la recurrente, aun cuando no ponía directamente en peligro la supervivencia económica de ésta, y para sus competidores, sino también para terceros, debido al gran número de personas afectadas y a los intereses económicos en juego;

- la recurrente no ha contribuido, de manera significativa, a prolongar la duración del procedimiento;

- esta duración no está justificada ni por las exigencias inherentes al procedimiento ante los órganos jurisdiccionales comunitarios, relacionadas especialmente con el régimen lingüístico del procedimiento, ni por circunstancias excepcionales, en particular, porque no hubo ninguna suspensión del procedimiento en virtud de los artículos 77 y 78 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

Una irregularidad de esta naturaleza justifica, como remedio inmediato y efectivo, por una parte, la anulación de la sentencia impugnada del Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que fija el importe de la multa impuesta por la infracción apreciada y, por otra, la fijación de dicho importe por parte del Tribunal de Justicia en un nivel que satisfaga la exigencia de conceder al demandante una compensación equitativa.

En cambio, a falta de cualquier indicio de que la duración del procedimiento haya tenido alguna incidencia en la solución del litigio, una irregularidad de procedimiento como la presente no puede dar lugar a la anulación de la totalidad de la sentencia impugnada.

5 En cuanto a la supuesta violación del principio de inmediatez del procedimiento, ni el apartado 1 del artículo 55 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia ni ninguna otra disposición de ese mismo Reglamento o del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia prevén que las sentencias de este último deban dictarse en un plazo determinado después de la fase oral.

6 A tenor del apartado 1 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en la réplica y en la dúplica, las partes también podrán proponer prueba en apoyo de sus alegaciones. En tal caso deberán motivar el retraso producido en proponerla.

La norma de caducidad prevista en la disposición antes citada no afecta a la prueba en contrario ni a la ampliación de la proposición de prueba formuladas a raíz de la prueba en contrario aportada por la parte adversa en su escrito de contestación a la demanda. En efecto, dicha disposición se refiere a las proposiciones de pruebas nuevas y debe interpretarse a la luz del apartado 2 del artículo 66, que prevé expresamente que podrán presentarse pruebas en contrario y ampliarse la proposición de prueba.

7 Los principios generales de Derecho comunitario que regulan el derecho de acceso al expediente de la Comisión en los asuntos de competencia no se aplican, como tales, al procedimiento judicial, ya que éste se rige por el Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia y por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

A tenor del artículo 64, apartado 3, letra d), y apartado 4 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las diligencias de ordenación del procedimiento podrán ser propuestas por las partes en cualquier fase del procedimiento y podrán consistir en requerir la presentación de documentos o de cualquier escrito relacionado con el asunto.

No obstante, para permitir al Tribunal de Primera Instancia determinar si es útil para el curso correcto del procedimiento ordenar la presentación de determinados documentos, la parte que lo pide debe identificar los documentos solicitados y facilitar al Tribunal de Primera Instancia, cuando menos, un mínimo de elementos que acrediten la utilidad de tales documentos para el proceso.

8 De los artículos 168 A del Tratado y 51 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, así como de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento, se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por este órgano jurisdiccional. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia.

9 No corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia, cuando éste resuelve, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a empresas por haber infringido éstas el Derecho comunitario.

10 Entre los elementos de apreciación de la gravedad de la infracción, puede figurar el volumen y el valor de las mercancías que constituyen su objeto, el tamaño y la pujanza económica de la empresa y, por tanto, la influencia que ésta haya podido ejercer en el mercado.

De lo anterior se deduce que, para determinar la multa, es posible tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, siquiera sea aproximada e imperfecta, de su tamaño y de su pujanza económica, como el porcentaje de dicho volumen de negocios que proviene de las mercancías que constituyen el objeto de la infracción y que puede dar, por tanto, una indicación de la magnitud de ésta. Pues bien, aunque la cuota de mercado que posee una empresa no puede ser determinante para concluir que una empresa pertenece a una entidad económica pujante, sí es pertinente, en cambio, para determinar la influencia que dicha empresa haya podido ejercer en el mercado.