5.

Repito una vez más que las normas luxemburguesas sobre la distribución de productos farmacéuticos imponen a los mayoristas residentes en otro Estado miembro y que pretendan vender directamente a las farmacias de Luxemburgo dos condiciones taxativas : a) disponer en el Gran Ducado de almacenes adecuados para el depósito de tales productos y unos equipos técnicos adecuados; b) hacer que en todo momento sean accesibles a las autoridades sanitarias. El Gobierno luxemburgués afirma que tal obligación no constituye una medida de efecto equivalente en el sentido del artículo 30, por cuanto se aplica a cualquier mayorista, nacional o extranjero, que provea a las farmacias del país. No supone por otra parte que el proveedor extranjero deba fijar su residencia en Luxemburgo o establecer allí una representación. El caso de autos no puede por todo ello subsumirse en el que fue resuelto por el Tribunal de Justicia mediante la citada sentencia en el asunto 247/81. Sin embargo, al razonar así, el Gobierno confunde dos fenómenos diversos: la venta de produtos farmacéuticos al por mayor y su exportación a Luxemburgo por parte de un mayorista residente en otro Estado miembro. Sin embargo, no hay duda de que cualquier Estado puede imponer a quien trate de desarrollar la primera actividad en su propio territorio la obligación de una autorización administrativa que se ajuste a determinados intereses públicos. Pero el proveedor extranjero al que se refiere este asunto no tiene de hecho ningún interés en ejercitar en el Gran Ducado las funciones de mayorista. Lo único que pretende es vender directamente a las farmacias del lugar y ello es así por cuanto, si vende una partida de mercancía a un mayorista luxemburgués, no tiene necesidad ni de licencia ni de almacenes in loco. Aplicarle el régimen de las ventas al por mayor, obligarle a sostener locales en Luxemburgo, cuando ya los tiene en el Estado en que radica, significa ni más ni menos que imponerle cargas añadidas y obstaculizar de este modo su acceso al mercado del Estado en que se realiza la importación, si no hacérselo imposible. Es cierto que semejante medida es contraria a la prohibición contenida en el artículo 30 del Tratado CEE; se trata a continuación de comprobar si puede justificarse al amparo del artículo 36 y, especialmente, en las normas relativas a la salud. A este respecto, el Gobierno del Gran Ducado hace observar que los productos farmacéuticos vendidos en Luxemburgo son casi todos importados y que, si no existiera la obligación que aquí se discute, las autoridades sanitarias locales no tendrían ninguna posibilidad de controlar eficazmente el mercado. Por el contrario, es imprescindible un control del mercado por las siguientes exigencias de orden público: a) comprobar el estado de conservación de los productos; b) retirar las partidas que no se adecúen a las normas; c) asegurar el abastecimiento regular del mercado; d) descubrir las ventas ilegales de sustancias tóxicas; e) vigilar la concesión eventual de descuentos y ventajas en el ámbito de las ventas al por mayor. De inmediato diré que las tres últimas exigencias tienen muy poco peso. La quinta parece motivada más por preocupaciones de tipo proteccionista que por la tutela de la salud; la cuarta (lucha contra el comercio de estupefacientes) puede ser atendida con medidas más eficaces y más acordes con el Derecho comunitario, como son los controles en aduana o en las farmacias en particular; por lo que toca a la tercera (abastecimiento permanente del mercado luxemburgués), me parece que toca más bien satisfacerla a los proveedores y mayoristas locales. Pero las otras dos exigencias, relativas a la calidad de los medicamentos comercializados y a su conformidad con las normas nacionales, merecen un análisis más profundo. El representante de Luxemburgo ha observado que en los mercados europeos existen productos farmacéuticos que, aun teniendo denominaciones y presentaciones idénticas, constituyen compuestos en parte diferentes. Precisamente respecto a estos productos, iguales a los ojos del consumidor, pero diversos sustancialmente, es necesario realizar controles periódicos en los depósitos de los que se proveen directamente las farmacias, y tales controles sólo son posibles si los depósitos se encuentran en territorio nacional. ¿Qué decir de este argumento? A mí me parece que el problema en el que se funda está ya resuelto en gran parte por las normas comunitarias. Así, en el sentido del artículo 11 de la Directiva 65/65, el Estado miembro puede suspender o revocar la autorización de la comercialización de cualquier especialidad farmacéutica que pueda resultar nociva en las condiciones normales de utilización o que no tenga la composición cualitativa o cuantitativa declarada. El artículo 13, además, establece que en el embalaje de las medicinas figure la denominación del producto, el nombre y el domicilio del operador que lo comercializa y, si es necesario, del fabricante, así como «la fecha de caducidad en las especialidades cuyo plazo de estabilidad sea inferior a tres años». Por fin, el artículo 30 de la Directiva 75/319 exige que los Estados realicen cuanto sea oportuno para que las autoridades competentes intercambien las informaciones necesarias para garantizar el respeto de las condiciones previstas para la comercialización de las especialidades farmacéuticas. Pero aún hay más. El propio legislador luxemburgués no comparte las preocupaciones de su Gobierno, toda vez que, en una reciente reforma de la normativa sobre la comercialización de los productos farmacéuticos, no ha impuesto a los proveedores extranjeros la obligación de tener depósitos en Luxemburgo y ha fijado los controles en la fase anterior a la distribución al por mayor y a la venta al público. Por ejemplo, los artículos 4 y 13 de la citada Ley de 11 de abril de 1983 prohiben la venta y la importación de productos farmacéuticos que no estén cubiertos por una autorización de comercialización otorgada por las autoridades luxemburguesas. En virtud del artículo 1, además, el titular de dicha autorización y, por consiguiente, el proveedor extranjero que ejerce el comercio en Luxemburgo, está obligado a transmitir inmediatamente al Ministro de Sanidad cualquier nuevo dato relativo al medicamento y, en particular, las prohibiciones y las restricciones impuestas por las autoridades del país de origen y de los países en que se ha comercializado el producto. Incluso la autorización puede ser rehusada, aparte de las razones previstas por la Directiva, cuando la denominación del medicamento: a) coincida con la de otro producto ya presente en el mercado y que tenga diferente composición; b) sea susceptible de inducir a error o de provocar, por motivos de paronimia, confusiones acerca de sus efectos terapéuticos (artículo 11). Ello es suficiente, a mi parecer, para estimar que los peligros invocados por el Gobierno luxemburgués son inconsistentes o, por lo menos, de entidad insuficiente para justificar el recurso a medidas que obstaculicen el comercio comunitario. Esta conclusión parecerá aún más razonable teniendo en cuenta un último argumento que califico de pragmático: consiste en que no se aprecia qué utilidad pueda tener la pretensión de que el proveedor extranjero tenga un almacén in loco, si las autoridades luxemburguesas no le pueden exigir que deposite en él una determinada cantidad de ejemplares de cada especialidad farmacéutica.