Palabras clave

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Palabras clave

1. Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Tributación de los dividendos — Participación de la sociedad beneficiaria en el capital de la sociedad que paga el dividendo inferior al umbral previsto por la Directiva 90/435/CEE

[Art. 56 CE, ap. 1; Directiva 90/435/CEE del Consejo, art. 3, ap. 1, letra a)]

2. Acuerdos internacionales — Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo — Libre circulación de capitales — Normativa nacional que somete los dividendos distribuidos a una sociedad no residente a una imposición más elevada que la que grava los dividendos distribuidos a una sociedad residente — Improcedencia

(Acuerdo EEE, art. 40)

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1. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE, apartado 1, un Estado miembro que somete los dividendos distribuidos a sociedades establecidas en otros Estados miembros, cuando no se alcanza el umbral de participación de una sociedad matriz en el capital de su filial previsto por el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/435, a una imposición más elevada en términos económicos que la que grava los dividendos distribuidos a sociedades cuyo domicilio está en el territorio de dicho Estado miembro.

Es cierto que, en relación con las participaciones no comprendidas en la Directiva 90/435, corresponde a los Estados miembros determinar si debe evitarse, y en qué medida, la doble imposición económica o en cadena de los beneficios distribuidos y establecer, a este efecto, de forma unilateral o mediante convenios celebrados con otros Estados miembros, mecanismos destinados a evitar o a atenuar esta doble imposición económica o en cadena. No obstante, este solo hecho no les permite aplicar medidas contrarias a las libertades de circulación garantizadas por el Tratado CE.

A partir del momento en que un Estado miembro, de forma unilateral o por vía de convenios, somete al impuesto sobre la renta no sólo a las sociedades residentes sino también a las sociedades no residentes, por los dividendos que perciben de una sociedad residente, la situación de las mencionadas sociedades no residentes se asemeja a la de las sociedades residentes. En tal caso, para que las sociedades beneficiarias no residentes no se enfrenten a una restricción a la libre circulación de capitales prohibida, en principio, por el artículo 56 CE, el Estado de residencia de la sociedad que distribuye beneficios debe velar por que, en relación con el mecanismo previsto en su Derecho nacional para evitar o atenuar la tributación en cadena o la doble imposición económica, las sociedades no residentes estén sujetas a un trato equivalente al que disfrutan las sociedades residentes.

Esa restricción no puede justificarse por razones imperiosas de interés general. Es cierto que la justificación relacionada con la necesidad de preservar el reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros, puede acogerse, en particular, cuando el objetivo del régimen de que se trate sea evitar comportamientos que puedan comprometer el derecho de un Estado miembro a ejercer su competencia fiscal en relación con las actividades desarrolladas en su territorio No obstante, en la medida en que un Estado miembro haya decidido no someter al impuesto a las sociedades beneficiarias establecidas en su territorio con respecto a este tipo de rendimientos, no puede invocar la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros para justificar la sujeción al impuesto de las sociedades beneficiarias establecidas en otro Estado miembro. La reducción de ingresos fiscales no puede considerarse una razón imperiosa de interés general susceptible de ser invocada para justificar una medida contraria, en principio, a una libertad fundamental. Esa medida tampoco se justifica por razones relativas a la coherencia del sistema fiscal. El argumento de que la ventaja fiscal considerada se compensa con una desventaja fiscal no puede prosperar ya que no existe un nexo directo entre la exención de la retención en origen sobre los dividendos pagados a las sociedades beneficiarias residentes y la imposición de dichos dividendos ya sea como rendimientos de los accionistas de esas sociedades o bien con ocasión de una posible operación imponible ulterior.

(véanse los apartados 48, 56, 57, 77, 78, 83, 86, 92 y 94 y el punto 1 del fallo)

2. Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) un Estado miembro que somete los dividendos distribuidos a sociedades establecidas en Islandia y en Noruega a una imposición más elevada en términos económicos que la que grava los dividendos distribuidos a sociedades cuyo domicilio está en el territorio de ese Estado miembro.

Si bien las restricciones a la libre circulación de capitales entre nacionales de Estados parte del Acuerdo EEE deben apreciarse a la luz del artículo 40 y del anexo XII de dicho Acuerdo, estas estipulaciones revisten el mismo alcance jurídico que las disposiciones del artículo 56 CE que son fundamentalmente idénticas.

(véanse los apartados 96 y 99 y el punto 2 del fallo)