Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que las afectan directa e individualmente - Decisión en materia de ayudas de Estado - Recurso de una asociación que representa los intereses colectivos de las empresas del sector afectado - Admisibilidad - Requisitos

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]

2. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Carácter selectivo de la medida - Criterios de concesión objetivos - Irrelevancia

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

3. Ayudas otorgadas por los Estados - Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros - Perjuicio para la competencia - Criterios de apreciación - Ayudas de funcionamiento

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

4. Ayudas otorgadas por los Estados - Concepto - Medida que no coloca a los beneficiarios en una posición tan favorable como la de sus competidores de los demás Estados miembros - Inclusión

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

5. Ayudas otorgadas por los Estados - Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros - Criterios - Perjuicio para la competencia - Empresa beneficiaria de la ayuda que no participa en las actividades transfronterizas

[Tratado CE, art. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación)]

6. Ayudas otorgadas por los Estados - Perjuicio para los intercambios entre Estados miembros - Perjuicio para la competencia - Ayudas de cuantía reducida

[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]

7. Ayudas otorgadas por los Estados - Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda no notificada con el mercado común - Obligación de motivación - Alcance

[Tratado CE, arts. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación) y 93, ap. 3, y 190 (actualmente arts. 88 CE, ap. 3, y 253 CE)]

8. Ayudas otorgadas por los Estados - Recuperación de una ayuda ilegal - Ayuda otorgada infringiéndose el artículo 93 del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE) - Posible confianza legítima del beneficiario - Protección - Requisitos y límites

[Tratado CE, art. 93 (actualmente art. 88 CE)]

9. Ayudas otorgadas por los Estados - Recuperación de una ayuda ilegal - Facultad discrecional de la Comisión - Violación del principio de proporcionalidad - Inexistencia

[Tratado CE, art. 93, ap. 2, párr. 1 (actualmente art. 88 CE, ap. 2, párr. 1)]

10. Ayudas otorgadas por los Estados - Proyectos de ayudas - Ejecución antes de la decisión final de la Comisión - Decisión de la Comisión por la que se ordena la devolución de la ayuda - Obligación de motivación - Alcance

[Tratado CE, art. 93, ap. 3 (actualmente art. 88 CE, ap. 3)]

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$$1. Una asociación encargada de defender los intereses colectivos de empresas sólo está legitimada, en principio, para interponer un recurso de anulación contra una Decisión final de la Comisión en materia de ayudas de Estado si dichas empresas también pueden hacerlo a título individual, o si puede invocar un interés propio para ejercitar la acción, en especial debido a que el acto cuya anulación se solicita afecta a su posición de negociadora.

( véase el apartado 23 )

2. La especificidad de una medida estatal, a saber, su carácter selectivo, constituye una de las características del concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación). A este respecto, debe comprobarse si la medida da lugar o no a ventajas en beneficio exclusivo de determinadas empresas o de determinados sectores de actividad.

El hecho de que una ayuda no se refiera a uno o varios beneficiarios particulares previamente definidos, sino que esté sujeta a una serie de criterios objetivos con arreglo a los cuales podrá concederse, dentro de los límites de una dotación presupuestaria global predeterminada, a un número indefinido de beneficiarios, no individualizados desde un principio, no puede bastar para desechar el carácter selectivo de la medida y, por tanto, su calificación de ayuda de Estado en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado. En concreto, debe considerarse selectiva y, por tanto, específica en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado, una medida que pretende beneficiar, y benefició efectivamente, entre los usuarios de vehículos industriales, únicamente a las personas físicas, pequeñas y medianas empresas, entidades públicas locales y regionales y entidades de prestación de servicios públicos locales, y a la que no pueden acogerse los demás usuarios de este tipo de vehículos, a saber, las grandes empresas.

Por otro lado, no basta con que las autoridades públicas invoquen la legitimidad de los objetivos perseguidos mediante la adopción de una medida de ayuda para que ésta pueda considerarse una medida general, que eludiría la aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado. Esta disposición no establece una distinción según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos. Por tanto, el mero hecho de que una medida persiga la renovación del parque de vehículos industriales en un Estado miembro con el fin de proteger el medio ambiente y mejorar la seguridad vial no puede bastar para considerar que constituye un régimen o una medida general.

( véanse los apartados 39, 40, 47 y 53 )

3. Las ayudas de funcionamiento, que tienen por objeto liberar a las empresas beneficiarias total o parcialmente de los costes que normalmente hubieran debido soportar en el marco de su gestión corriente o de sus actividades normales, en principio, falsean la competencia.

( véase el apartado 83 )

4. Una intervención pública no puede eludir la calificación de ayuda en el sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) por el hecho de que, a pesar de haber proporcionado una ventaja a sus beneficiarios, no los colocó en una posición tan favorable como la de sus competidores de los demás Estados miembros.

( véase el apartado 85 )

5. Cuando una ayuda económica otorgada por un Estado o utilizando fondos estatales refuerza la posición de ciertas empresas frente a otras que compiten con ellas en los intercambios comerciales intracomunitarios, procede considerar que la ayuda influye sobre dichos intercambios.

Además, una ayuda puede afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros y falsear la competencia aunque la propia empresa beneficiaria que compita con las empresas de otros Estados miembros no participe en las actividades transfronterizas. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la oferta interior puede mantenerse o aumentar, con la consecuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de ofrecer sus servicios en el mercado de dicho Estado miembro.

( véase el apartado 86 )

6. La prohibición que establece el artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación) se aplica a toda ayuda que falsee o amenace falsear la competencia, sea cual fuere su importe, en la medida en que afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros. A este respecto, la cuantía relativamente reducida de una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios comerciales entre Estados miembros. Así, las ayudas de cuantía relativamente reducida pueden afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros cuando el sector de que se trate se caracteriza por una fuerte competencia.

A este respecto, la jurisprudencia no exige que la distorsión de la competencia o la amenaza de dicha distorsión, y el perjuicio a los intercambios comerciales intracomunitarios, sean sensibles o sustanciales.

( véanse los apartados 92 y 94 )

7. Si bien es posible, en determinados casos, deducir de las propias circunstancias en las que se concedió la ayuda que ésta podía afectar a los intercambios entre los Estados miembros y falsear o amenazar falsear la competencia, la Comisión debe al menos mencionar dichas circunstancias en los motivos de la Decisión.

Sin embargo, la Comisión no está obligada a realizar un análisis económico de la situación real del mercado considerado, de la cuota de mercado de las empresas beneficiarias de una ayuda, de la posición de las empresas competidoras y de las corrientes de intercambio de los servicios de que se trata entre los Estados miembros, siempre que haya expuesto las circunstancias que hacen que la ayuda controvertida falsee la competencia y afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

Además, en el caso de ayudas concedidas ilegalmente, la Comisión no está obligada a demostrar el efecto real que estas ayudas hayan tenido sobre la competencia y sobre los intercambios comerciales entre Estados miembros. En efecto, con esta obligación se favorecería a los Estados miembros que conceden ayudas incumpliendo el deber de notificación que impone el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), en detrimento de los que las notifican en fase de proyecto. Por último, en la motivación de las decisiones que debe adoptar para garantizar la aplicación de las normas en materia de competencia, la Comisión no está obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan; le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la Decisión.

( véanse los apartados 100 y 102 a 105 )

8. Habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas de Estado que efectúa la Comisión con arreglo al artículo 93 del Tratado (actualmente artículo 88 CE), una empresa sólo puede, en principio, depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda recibida cuando ésta se haya concedido observando el procedimiento que prevé dicho artículo. En efecto, en circunstancias normales, todo operador económico diligente debe poder comprobar si ha sido observado dicho procedimiento.

Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que el beneficiario de una ayuda ilegal invoque circunstancias excepcionales, que pudieron legítimamente originar su confianza en el carácter lícito de dicha ayuda, para oponerse a su reembolso.

( véanse los apartados 121 y 122 )

9. Cuando la Comisión comprueba la incompatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común, puede ordenar con carácter conminatorio al Estado miembro de que se trate que ordene a los beneficiarios su devolución, ya que la supresión de una ayuda ilegal por vía de recuperación es la consecuencia lógica de dicha comprobación, en la medida en que permite restablecer la situación anterior.

Salvo circunstancias excepcionales, la Comisión no rebasa los límites de su facultad discrecional cuando pide al Estado miembro que recupere las sumas concedidas en virtud de una ayuda ilegal, ya que lo único que hace es restablecer la situación anterior.

Asimismo, la recuperación de una ayuda ilegal, puesto que persigue restablecer la situación anterior, no puede, en principio, considerarse una medida desproporcionada en relación con los objetivos de las disposiciones del Tratado en materia de ayudas de Estado. Tampoco puede constituir una sanción no prevista por el Derecho comunitario, incluso si se ejecuta mucho tiempo después de la concesión de la ayuda.

( véanse los apartados 160, 161 y 164 )

10. En materia de ayudas de Estado, cuando, en contra de lo dispuesto en el artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3), la ayuda proyectada haya sido ya entregada, la Comisión, que puede intimar a las autoridades nacionales a que ordenen la devolución, no está obligada a exponer motivos específicos para justificar el ejercicio de esa facultad.

( véase el apartado 172 )