No obstante, una medida que encuentre justificación en la naturaleza o en la economía general del sistema fiscal en el que se inscribe no reúne el requisito de selectividad, aunque constituya una ventaja para su beneficiario. Para esa apreciación debe distinguirse entre, por un lado, los objetivos de un régimen fiscal particular que le sean externos y, por otro, los aspectos inherentes al propio sistema fiscal y necesarios para la consecución de estos objetivos, objetivos y mecanismos esos que, como principios fundadores o rectores del sistema fiscal de que se trata, pueden sustentar esa justificación, lo que corresponde demostrar al Estado miembro.

En materia de ayudas de Estado, aun suponiendo que un régimen fiscal específico pueda describirse como una «carga fiscal excepcional limitada a un sector económico circunscrito», ésta no elude por ese hecho la prohibición prevista por el artículo 87 CE, apartado 1, dado que ese régimen puede establecer diferenciaciones dentro de ese mismo sector aptas para reunir los criterios de ventaja y de selectividad. Además, conforme al carácter jurídico del concepto de ayuda, que debe interpretarse sobre la base de factores objetivos, la finalidad de una medida estatal, como el objetivo medioambiental o el carácter de impuesto ecológico de un régimen fiscal específico o sectorial, no basta para que esa medida evite la calificación de ayuda en el sentido de esa disposición puesto que tal medida debe apreciarse en función de sus efectos y haciendo abstracción de sus causas u objetivos. Por consiguiente, el concepto de ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, exige examinar si un régimen fiscal específico o sectorial incluye diferenciaciones cuyo efecto sea favorecer a «determinadas empresas o producciones» dentro del sector objeto de ese régimen, lo que presupone determinar antes la imposición «normal» en la que se basa.

En materia de ayudas de Estado, un impuesto medioambiental que grava la comercialización de áridos cuyo campo de aplicación territorial se limita al territorio de un Estado miembro, con la consecuencia de que toda comercialización de áridos fuera de ese territorio, a saber, toda operación económica ligada a su exportación, está exenta del impuesto, no implica una ventaja selectiva a favor de determinadas empresas o producciones ya que los materiales comercializados en dicho territorio y los exportados al extranjero están en situaciones diferentes por el hecho de que, a raíz de una exportación, la aplicación del criterio de imposición determinante, a saber, la explotación comercial como árido, ya no puede comprobarse en principio por las autoridades nacionales del Estado de exportación.

En efecto, esas autoridades no podrán determinar, o sólo podrán hacerlo con dificultad, si un material exportado puede usarse y explotarse como árido, si lo será realmente o si se utilizará para otros fines, lo que depende también de las especificaciones reglamentarias aplicables en el país de destino. Aun suponiendo que fuera muy fácil para esas autoridades identificar las propiedades físico-químicas de los materiales destinados a la exportación para determinar así si son aptos o impropios para utilizarse en procesos que permitan disfrutar de una exención en virtud del impuesto discutido, la calificación como «árido» o como material exento no depende precisamente de esas propiedades, sino en particular de una exclusión en cada caso específico de algunos materiales singularmente identificados, o derivados de ciertos procesos, del campo de aplicación del impuesto citado. Además, el hecho de que los materiales exportados y los comercializados en el territorio nacional del Estado miembro de que se trata no están en una situación comparable se confirma atendiendo al objetivo medioambiental del impuesto discutido dado que en el caso de la exportación el legislador y las autoridades de ese Estado no están en condiciones de reorientar la demanda de áridos conforme a ese objetivo mediante una imposición diferenciada.

(véanse los apartados 94 y 97)