El Vredegerecht del cantón de Brasschaat vuelve a interrogar al Tribunal de Justicia sobre la legalidad de esta diferencia de trato.

Antes de examinar a fondo la cuestión planteada por el Juez a quo, es conveniente precisar su alcance.

Ante todo, es necesario señalar que la solicitud de reembolso de la tasa, que constituye el objeto del litigio principal, se presentó en el marco de un procedimiento de Derecho interno y no del procedimiento «comunitario» previsto a tal efecto por el Reglamento no 3779/88.

A este respecto, creo que puedo limitarme a dos observaciones.

En primer lugar, el Reglamento no 3779/88 prevé y regula la posibilidad de que los productores se dirijan directamente a los organismos nacionales competentes para obtener el reembolso de las tasas indebidamente soportadas; esta facultad se establece también, si no especialmente, en beneficio de los propios productores y, en particular, de aquellos que, no habiéndose opuesto al pago de la tasa ante los órganos jurisdiccionales nacionales, ya no tenían posibilidad de actuar con arreglo a procedimientos de Derecho interno cuando se dictó la sentencia 300/86. Dicho esto, y a falta de normas explícitas en el propio Reglamento, hay que considerar que el procedimiento «comunitario» en él previsto no excluye que los interesados puedan recurrir, con la misma finalidad (obtener el reembolso), a procedimientos de Derecho interno.

En segundo lugar, aunque se trate de un ámbito procedimental distinto del que se contempla en el Reglamento, el Juez a quo, no obstante, para pronunciarse sobre la petición que se le ha planteado, deberá aplicar las normas fundamentales del Reglamento no 3779/88, que definen los casos en los que existe derecho al reembolso (independientemente de cómo se ejercite este derecho). Por tanto, no hay duda de que la cuestión de la validez de tales normas es fundamental para la solución del litigio principal.

Ahora bien, a este respecto, hay que señalar que las disposiciones a que hace referencia el Juez a quo en la cuestión prejudicial son las del segundo guión del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento no 3779/88, es decir, las que se refieren al reembolso de las tasas satisfechas con arreglo al régimen de exacción instaurado por el Reglamento no 1432/88 de la Comisión.

No obstante, es evidente que la cuestión prejudicial debe referirse más bien a lo dispuesto en el primer guión de la citada norma, puesto que la tasa controvertida fue satisfecha con arreglo al anterior sistema de exacción, establecido en el Reglamento no 2040/86.

En cualquier caso, me parece que el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento no 3779/88, a pesar de distinguir entre operaciones realizadas al amparo de dos regímenes de aplicación distintos, prevé una única hipótesis, común a ambos, en la cual el derecho al reembolso existe, es decir, el supuesto de operaciones de transformación efectuadas por un tercero «por cuenta» del productor de cereales. Por lo tanto, fundamentalmente se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la validez de todo el apartado 1 del artículo 1 y no sobre una parte del mismo (cualquiera que sea la adecuada).

A ello hay que añadir que la cuestión de validez de que se trata también afecta necesariamente a las normas del Reglamento no 2324/88 que, también con el fin de ejecutar la sentencia 300/86, modificaron el ámbito de aplicación de la tasa. Ello se desprende de la propia resolución del Juez remitente y además resulta evidente, en la medida en que el alcance del derecho al reembolso se define necesariamente en relación con el alcance de la tasa y viceversa.

En resumen, pues, la cuestión que el Tribunal de Justicia ha de examinar me parece, fundamentalmente, la siguiente: si constituye una violación del principio de igualdad de trato la circunstancia de que, en virtud de la legislación comunitaria en vigor, se hallen exentos de la tasa de corresponsabilidad los productores que hayan encargado la transformación de los cereales, por su cuenta, a un transformador industrial y, posteriormente, hayan utilizado los productos transformados, como piensos, dentro de su propia explotación, mientras los mismos productores están sometidos a la tasa cuando venden los cereales a una empresa de transformación y, posteriormente, compran, para utilizarlos dentro de su propia explotación, piensos a base de cereales de la misma calidad que los anteriormente vendidos.