Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Fijación de prioridades por la Comisión - Consideración del interés comunitario vinculado a la investigación de un asunto - Facultad de apreciación de la Comisión - Obligación de motivar la decisión de archivo - Control jurisdiccional

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE); Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3]

2. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Apreciación del interés comunitario vinculado a la investigación de un asunto - Consideración de la existencia de numerosas denuncias que imputan comportamientos similares - Valoración de todas las pruebas - Acumulación de procedimientos administrativos - Facultad de apreciación de la Comisión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

3. Competencia - Procedimiento administrativo - Examen de las denuncias - Obligaciones de la Comisión - Observancia de un plazo razonable - Incumplimiento - Consecuencias - Anulación de la decisión de desestimación - Exclusión

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

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1. Cuando la Comisión decide conceder diferentes grados de prioridad a las denuncias que le son sometidas, con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, puede no sólo establecer el orden en el que se examinarán las denuncias, sino también desestimar una denuncia por inexistencia de interés comunitario suficiente para proseguir el examen del asunto.

No obstante, la facultad discrecional de que dispone la Comisión a este respecto no está exenta de límites. Así, la Comisión está sujeta al deber de motivación cuando se niega a proseguir el examen de una denuncia, y esa motivación debe ser suficientemente precisa y detallada para permitir al Tribunal de Primera Instancia ejercer un control efectivo sobre el ejercicio por la Comisión de su facultad discrecional de definir prioridades.

Dicho control no debe llevar al Tribunal de Primera Instancia a sustituir la apreciación del interés comunitario efectuada por la Comisión por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que la decisión controvertida no está basada en hechos materialmente inexactos, no está viciada de ningún error de Derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación, ni de desviación de poder.

( véanse los apartados 30 y 31 )

2. Cuando se trata de apreciar el interés comunitario en la instrucción de una denuncia, la Comisión no debe examinarla aisladamente, sino en el contexto de la situación general del mercado de que se trate. La existencia de numerosas denuncias que imputan comportamientos similares a los mismos operadores económicos es uno de los elementos que la Comisión debe tener en cuenta a la hora de apreciar el interés comunitario.

Asimismo, cuando la Comisión aprecia la posibilidad de comprobar la existencia de una infracción y el alcance de las medidas de investigación necesarias a este respecto, debe tomar en consideración todas las pruebas de que disponga, sin que pueda limitarse a valorar separadamente los indicios aportados por cada denunciante para llegar a la conclusión de que ninguna de las denuncias, consideradas aisladamente, se basa en pruebas suficientes.

No obstante, la Comisión no está obligada a acumular los procedimientos de examen de las diferentes denuncias acerca del comportamiento de la misma empresa, ya que la tramitación de una instrucción está comprendida en la facultad de apreciación de la Institución. En particular, la circunstancia de que se hayan presentado numerosas denuncias por operadores pertenecientes a categorías diferentes, como, por lo que respecta a la actividad de venta de vehículos automóviles, los revendedores independientes, los intermediarios autorizados y los concesionarios, no puede impedir que se desestimen aquellas denuncias que, a la luz de los indicios de que dispone la Comisión, parezcan carecer de fundamento o de interés comunitario. En estos casos, el hecho de que la Comisión tramite las diferentes denuncias por separado no puede considerarse en sí mismo irregular.

( véanse los apartados 34 a 36 )

3. Si bien es cierto que la Comisión está obligada a pronunciarse en un plazo razonable sobre una denuncia presentada con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, el hecho de que se sobrepase dicho plazo, suponiendo que se haya probado, no justifica necesariamente por sí mismo que se anule la decisión impugnada.

En lo que atañe a la aplicación de las normas de competencia, un plazo cuya duración exceda de lo razonable sólo puede constituir un motivo de anulación de una decisión en la que se declare la existencia de infracciones, si se demuestra que la violación de este principio ha vulnerado los derechos de defensa de las empresas de que se trate. Aparte de este supuesto concreto, el incumplimiento de la obligación de pronunciarse en un plazo razonable no influye en la validez del procedimiento administrativo con arreglo al Reglamento nº 17.

( véanse los apartados 51 y 52 )