SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA PRIMERA) DE 10 DE MARZO DE 1992. - HOECHST AG CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - COMPETENCIA - CONCEPTOS DE ACUERDO Y DE PRACTICA CONCERTADA - RESPONSABILIDAD COLECTIVA. - ASUNTO T-10/89.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página II-00629



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Competencia - Procedimiento administrativo - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción - Elementos de prueba admisibles

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

2. Competencia - Procedimiento administrativo - Puesta de manifiesto del expediente - Obligación de la Comisión derivada de las normas que formuló ella misma en un Informe sobre la Política de la Competencia

3. Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

4. Competencia - Prácticas colusorias - Prohibición - Prácticas colusorias que prolongan sus efectos después de haber cesado formalmente - Aplicación del artículo 85 del Tratado

(Tratado CEE, art. 85)

5. Competencia - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Coordinación y cooperación incompatibles con la obligación de que cada empresa determine de modo autónomo su comportamiento en el mercado - Reuniones entre competidores con el objeto de intercambiar informaciones decisivas para la elaboración de la estrategia comercial de los participantes

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

6. Competencia - Prácticas colusorias - Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada - Calificación única como "acuerdo y práctica concertada" - Procedencia - Consecuencias respecto a los elementos de prueba necesarios

(Tratado CEE, art. 85, ap. 1)

7. Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia

(Tratado CEE, art. 190)

8. Recurso de anulación - Verificación de oficio por parte del Juez de la existencia del acto que se impugna - Requisitos

(Tratado CEE, art. 173, párr. 2)

Índice

1. Una Decisión dirigida a una empresa de acuerdo con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado sólo puede utilizar como medios de prueba contra ésta aquellos documentos de los que resultaba claro, desde la fase de comunicación del pliego de cargos y a través de la mención de los mismos en éste o en sus anexos, que la Comisión pretendía servirse de ellos, de modo que la empresa pudo, a su debido tiempo, cuestionar su fuerza probatoria.

2. Cuando la Comisión, yendo más allá de lo que exige el respeto del derecho de defensa, ha establecido un procedimiento de puesta de manifiesto del expediente en los asuntos de competencia y ha formulado y divulgado las normas que lo regulan en uno de sus Informes sobre la política de competencia, dicha Institución no puede renunciar a las normas que se impuso a sí misma y está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado el conjunto de documentos de cargo y de descargo que recogió durante su investigación, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

3. Para que exista acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 85 del Tratado basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Tal es el caso cuando ha existido concurso de voluntades entre varias empresas para alcanzar unos objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas.

4. El artículo 85 del Tratado es aplicable a los acuerdos entre empresas que han dejado de estar en vigor, pero que continúan produciendo efecto más allá de su terminación formal.

5. Los criterios de cooperación y de coordinación que permiten definir el concepto de práctica concertada deben interpretarse a la luz de la lógica inherente a las normas del Tratado relativas a la competencia, según la cual todo agente económico debe determinar de modo autónomo la política que desea aplicar en el mercado común. Dicho requisito de autonomía, si bien es cierto que no excluye el derecho de los agentes económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o prevén que seguirán sus competidores, se opone sin embargo de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos agentes que tenga por objeto o por efecto, bien influir sobre el comportamiento en el mercado de un competidor actual o potencial, bien revelar a dicho competidor el comportamiento que uno mismo ha decidido o se propone adoptar en el mercado.

Constituye una práctica concertada la participación en reuniones que tienen por objeto establecer objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas, en las cuales los competidores intercambian informaciones sobre los precios que se proponen aplicar, sobre su umbral de rentabilidad, sobre las limitaciones de los volúmenes de venta que consideran necesarias y sobre sus cifras de ventas, pues las empresas participantes tienen necesariamente en cuenta la información así revelada para determinar su comportamiento en el mercado.

6. Como el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no prevé una calificación específica para una infracción compleja, pero sin embargo única, por estar constituida por un comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad e integrado a la vez por unos elementos que deben calificarse de "acuerdos" y por otros elementos que deben calificarse de "prácticas concertadas", tal infracción puede recibir la calificación de "acuerdo y práctica concertada", sin que se exija una prueba simultánea y cumulativa de que cada uno de los elementos de hecho presenta los rasgos constitutivos de un acuerdo y de una práctica concertada.

7. Aunque, en virtud del artículo 190 del Tratado, la Comisión está obligada a motivar sus Decisiones, indicando en ellas los antecedentes de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la medida y las consideraciones que la llevaron a adoptar su Decisión, no se le exige, en el caso de una Decisión de aplicación de las normas sobre la competencia, que discuta todos los puntos de hecho y de Derecho que suscitó cada interesado en el curso del procedimiento administrativo.

8. Aunque corresponde al Juez comunitario examinar de oficio, en el marco de un recurso de anulación basado en el párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, la cuestión de la existencia del acto que se impugna, ello no significa sin embargo que en cada recurso basado en el párrafo segundo del artículo 173 del Tratado proceda realizar de oficio investigaciones sobre la eventual inexistencia del acto que se impugna. El Juez está obligado a verificar de oficio esta cuestión solamente en la medida en que las partes aporten indicios suficientes para sugerir la inexistencia del acto que se impugna.

Partes

En el asunto T-10/89,

Hoechst AG, sociedad alemana, con domicilio social en Fráncfort del Main (Alemania), representada por el Sr. H. Hellmann, Abogado de Colonia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes J. Loesch y Wolter, 8, rue Zithe,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. A. McClellan, Consejero Jurídico Principal, y B. Jansen, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. R. Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149-Polipropileno),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por los Sres.: J.L. Cruz Vilaça, Presidente; R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner y K. Lenaerts, Jueces;

Abogado General: Sr. B. Vesterdorf;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista del 10 al 15 de diciembre de 1990;

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 1991;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el recurso

1 El presente asunto se refiere a una Decisión de la Comisión por la que se impuso a quince productores de polipropileno una multa por infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. El producto al que se refiere la Decisión impugnada (en lo sucesivo, "Decisión") es uno de los principales polímeros termoplásticos brutos. El polipropileno es vendido por los productores a los transformadores, que lo convierten en productos acabados o semiacabados. Los principales productores de polipropileno tienen una gama de más de cien calidades diferentes, que engloban un amplio abanico de utilizaciones finales. Los tipos básicos principales de polipropileno se denominan rafia, homopolímero para moldeo por inyección, copolímero para moldeo por inyección, copolímero "high impact" y laminer. Las empresas destinatarias de la Decisión son todas importantes fabricantes de productos petroquímicos.

2 El mercado del polipropileno en Europa occidental es abastecido casi exclusivamente a partir de centros de producción instalados en Europa. Antes de 1977, eran diez productores los que abastecían el mercado, a saber, Montedison (que se transformó en Montepolimeri SpA, la cual a su vez se transformó más tarde en Montedipe SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc y Shell International Chemical Company Ltd (denominados los "cuatro grandes"), que representaban en conjunto el 64 % del mercado, Enichem Anic SpA en Italia, Rhône-Poulenc SA en Francia, Alcudia en España, Chemische Werke Huels y BASF AG en Alemania y Chemie Linz AG en Austria. Tras la expiración de las patentes de control propiedad de Montedison, en 1977 aparecieron siete nuevos productores en Europa occidental: Amoco y Hercules Chemicals NV en Bélgica, ATO Chimie SA y Solvay et Cie SA en Francia, SIR en Italia, DSM NV en los Países Bajos y Taqsa en España. Saga Petrokjemi AS et Cie, productor noruego, dio comienzo a sus actividades a mediados de 1978 y Petrofina SA en 1980. Esta llegada de nuevos productores con una capacidad nominal de alrededor de 480.000 toneladas supuso un aumento sustancial de la capacidad de producción en Europa occidental, que durante varios años no se vio acompañada por un aumento paralelo de la demanda, lo que produjo como resultado una escasa utilización de la capacidad de producción; sin embargo, la tasa de utilización fue aumentando progresivamente entre 1977 y 1983, pasando de un 60 a un 90 %. Según la Decisión, la oferta y la demanda volvieron a quedar más o menos equilibradas a partir de 1982. No obstante, durante la mayor parte del período de referencia (1977-1983), el mercado del polipropileno se caracterizó por su escasa rentabilidad o por sus grandes pérdidas, debido, sobre todo, a la importancia de los costes fijos y al aumento del precio de la materia prima, el propileno. Según la Decisión (apartado 8), en 1983 Montepolimeri SpA cubría el 18 % del mercado europeo del polipropileno; Imperial Chemical Industries, Shell International Chemical Company Ltd y Hoechst AG un 11 % cada una; Hercules Chemicals NV un poco menos del 6 %; ATO Chimie SA, BASF AG, DSM NV, Chemische Werke Huels, Chemie Linz AG, Solvay et Cie SA y Saga Petrokjemi AS et Cie, de un 3 a un 5 %, cada una, y Petrofina SA alrededor de un 2 %. Existía una vasta corriente de intercambios de polipropileno entre los Estados miembros, porque cada uno de los productores establecidos en la Comunidad en aquella época vendía en todos los Estados miembros, o en casi todos.

3 Hoechst AG era uno de los productores que abastecían el mercado antes de 1977 y uno de los "cuatro grandes". Su cuota de mercado estaba comprendida entre el 10,5 y el 12,6 % aproximadamente.

4 Los días 13 y 14 de octubre de 1983, funcionarios de la Comisión, que actuaban en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, "Reglamento nº 17"), procedieron a realizar visitas de inspección simultáneas en las siguientes empresas, todas ellas productoras de polipropileno y suministradoras del mercado comunitario:

- ATO Chimie SA, hoy Atochem (en lo sucesivo, "ATO");

- BASF AG (en lo sucesivo, "BASF");

- DSM NV (en lo sucesivo, "DSM");

- Hercules Chemicals NV (en lo sucesivo, "Hercules");

- Hoechst AG (en lo sucesivo, "Hoechst");

- Chemische Werke Huels (en lo sucesivo, "Huels");

- Imperial Chemical Industries plc (en lo sucesivo, "ICI");

- Montepolimeri SpA, hoy Montedipe (en lo sucesivo, "Monte");

- Shell International Chemical Company Ltd (en lo sucesivo, "Shell");

- Solvay et Cie SA (en lo sucesivo, "Solvay");

- BP Chimie (en lo sucesivo, "BP").

No se efectuaron visitas de inspección en Rhône-Poulenc SA (en lo sucesivo, "Rhône-Poulenc") ni en Enichem Anic SpA.

5 Como consecuencia de estas visitas de inspección, la Comisión dirigió solicitudes de información, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17 (en lo sucesivo, "solicitudes de información"), no sólo a las empresas citadas, sino también a las siguientes empresas:

- Amoco;

- Chemie Linz AG (en lo sucesivo, "Linz");

- Saga Petrokjemi AS et Cie, que hoy es parte de Statoil (en lo sucesivo, "Statoil");

- Petrofina SA (en lo sucesivo, "Petrofina");

- Enichem Anic SpA (en lo sucesivo, "Anic").

Linz, empresa con domicilio social en Austria, impugnó la competencia de la Comisión y se negó a responder a la solicitud. Con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento antes citado, los funcionarios de la Comisión procedieron a continuación a realizar investigaciones en Anic y en Saga Petrochemicals UK Ltd, filial inglesa de Saga, así como en agencias de ventas de Linz en Alemania y en el Reino Unido. No se envió ninguna solicitud de información a Rhône-Poulenc.

6 Los datos obtenidos en el marco de estas investigaciones y solicitudes de información llevaron a la Comisión a concluir que, entre 1977 y 1983, los productores de que se trata, infringiendo el artículo 85 del Tratado CEE, habían establecido con carácter regular, mediante una serie de iniciativas sobre precios, unos objetivos sobre precios y organizado un sistema de control anual del volumen de ventas con vistas a repartirse el mercado existente según unas cantidades de toneladas o porcentajes convenidos de antemano. Así pues, el 30 de abril de 1984 la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17 y, a lo largo del mes de mayo de 1984, comunicó por escrito el pliego de cargos a las empresas antes citadas, con excepción de Anic y Rhône-Poulenc. Todos los destinatarios respondieron por escrito al pliego de cargos.

7 El 24 de octubre de 1984, el Consejero-Auditor designado por la Comisión reunió a los Abogados de los destinatarios del pliego de cargos para convenir determinadas medidas de procedimiento para la audiencia prevista en el marco del procedimiento administrativo, que debía comenzar el 12 de noviembre de 1984. En dicha reunión, la Comisión anunció, por su parte, que, ante los argumentos que presentaban las empresas en sus respuestas al pliego de cargos, enviaría de inmediato a éstas las pruebas que completaban las que ya obraban en su poder, en lo referente a la aplicación de las iniciativas sobre precios. Así pues, el 31 de octubre de 1984, la Comisión envió a los Abogados de las empresas una carpeta de documentos en la que figuraban copias de las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, así como cuadros sinópticos de dichos documentos. Con el fin de garantizar el respeto del secreto comercial, la Comisión estableció ciertas condiciones al enviar esta comunicación, especialmente la de no dar a conocer los documentos a los servicios comerciales de las empresas. Los Abogados de varias empresas se negaron a aceptar tales condiciones y devolvieron la documentación antes de la audiencia.

8 A la vista de la información contenida en las respuestas escritas al pliego de cargos, la Comisión decidió hacer extensivo el procedimiento a Anic y a Rhône-Poulenc. A estos efectos, el 25 de octubre de 1984 les envió un pliego de cargos semejante al dirigido a las otras quince empresas.

9 La primera serie de audiencias se celebró del 12 al 20 de noviembre de 1984. Durante la misma fueron oídas todas las empresas, con excepción de Shell (que se había negado a comparecer en audiencia alguna), Anic, ICI y Rhône-Poulenc (que alegaban no haber podido preparar su intervención).

10 En el curso de estas audiencias, varias empresas se negaron a abordar los puntos mencionados en la documentación que se les había enviado el 31 de octubre de 1984, alegando que la Comisión había cambiado radicalmente la orientación de sus argumentos y que se les debía permitir, como mínimo, presentar observaciones escritas. Otras empresas sostuvieron que no habían dispuesto de tiempo suficiente para estudiar los referidos documentos antes de la audiencia. El 28 de noviembre de 1984, los Abogados de BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina y Solvay enviaron a la Comisión un escrito conjunto en este sentido. Mediante escrito de 4 de diciembre de 1984, Huels declaró que compartía el punto de vista expresado por aquéllas.

11 Fue por estas razones por lo que, el 29 de marzo de 1985, la Comisión transmitió a las empresas una nueva serie de documentos, que reproducían las instrucciones sobre precios dadas por los productores a sus oficinas de ventas, acompañados de unos cuadros de precios, así como un resumen de las pruebas correspondientes a cada una de las iniciativas sobre precios sobre las que se disponía de documentos. En dicha comunicación la Comisión invitaba a las empresas a contestarle, tanto por escrito como durante una nueva serie de audiencias, y precisaba que había decidido suprimir las restricciones establecidas inicialmente sobre la transmisión de la información a los servicios comerciales.

12 Mediante otro escrito del mismo día, la Comisión respondió a los argumentos esbozados por los Abogados, según los cuales no había dado una definición jurídica precisa de la práctica colusoria de que les acusaba, con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, e instó a las empresas a presentarle sus observaciones escritas y orales.

13 La segunda serie de audiencias se celebró del 8 al 11 de julio de 1985, y el 25 de julio de 1985. Anic, ICI y Rhône-Poulenc expusieron en ellas sus observaciones, y las restantes empresas (con excepción de Shell) comentaron los puntos mencionados en los dos escritos de la Comisión de fecha 29 de marzo de 1985.

14 El borrador del acta de las audiencias, acompañado de la documentación oportuna, fue transmitido a los miembros del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes (en lo sucesivo, "Comité Consultivo") el 19 de noviembre de 1985, y fue enviado a las empresas el 25 de noviembre de 1985. El Comité Consultivo emitió su dictamen en el curso de su 170.ª reunión, celebrada los días 5 y 6 de diciembre de 1985.

15 Al término de este procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión de 23 de abril de 1986 objeto del litigio, cuya parte dispositiva está redactada así:

"Artículo 1

Anic SpA, ATO Chemie SA (actualmente Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (actualmente Huels AG), ICI plc, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (actualmente Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay et Cie y Saga Petrokjemi AG & Co. (actualmente fusionada con Statoil) han infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, al participar:

- en el caso de Anic, a partir de alrededor de noviembre de 1977 hasta finales de 1982 o principios de 1983;

- en el caso de Rhône-Poulenc, de aproximadamente noviembre de 1977 hasta finales de 1980;

- en el caso de Petrofina, de 1980 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hoechst, ICI, Montepolimeri y Shell, desde mediados del año 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de Hercules, Linz, Saga y Solvay, desde aproximadamente noviembre de 1977 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de ATO, como mínimo desde 1978 hasta al menos noviembre de 1983;

- en el caso de BASF, DSM y Huels, desde una fecha indeterminada entre 1977 y 1979 hasta al menos noviembre de 1983;

en un acuerdo y práctica concertada, cuyo origen se sitúa a mediados de 1977, en virtud de los cuales los productores que abastecían de polipropileno el territorio del mercado común:

a) se contactaron mutuamente y se encontraron de forma regular (desde principios de 1981, dos veces al mes) en una serie de reuniones secretas para examinar y definir sus políticas comerciales;

b) fijaron de vez en cuando precios 'objetivo' (o mínimos) para la venta del producto en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad;

c) convinieron diversas medidas tendentes a facilitar la aplicación de tales objetivos de precios, incluidas (esencialmente) limitaciones temporales de la producción, el intercambio de informaciones detalladas sobre sus entregas, la celebración de reuniones locales y, a partir de finales de 1982, un sistema de 'account management' con el objetivo de aplicar las alzas de los precios a clientes particulares;

d) introdujeron aumentos simultáneos de precios para aplicar dichos objetivos;

e) se repartieron el mercado atribuyendo a cada productor un objetivo o una 'cuota' anual de ventas (1979, 1980 y durante una parte al menos de 1983) o, a falta de un acuerdo definitivo para todo el año, pidiendo los productores limitar sus ventas mensuales con referencia a un período anterior (1981, 1982).

Artículo 2

Las empresas mencionadas en el artículo 1 pondrán fin de forma inmediata a las infracciones antes citadas (si todavía no lo han hecho) y se abstendrán en el futuro, y con relación a sus actividades en el sector del polipropileno, de cualquier acuerdo o práctica concertada que pueda tener un objeto o efecto idéntico o similar, incluido cualquier intercambio de informaciones del tipo generalmente cubierto por el secreto comercial, mediante el que los participantes sean informados directa o indirectamente de la producción, de los suministros, del nivel de las existencias, de los precios de venta, de los costos, o de los planes de inversión de otros productores individualizados, o que les permita controlar la ejecución de cualquier acuerdo expreso o tácito o de cualquier práctica concertada en relación con los precios o el reparto de mercados en la Comunidad. Cualquier sistema de intercambio de datos generales al que los productores estuvieran suscritos (como el Fides) se aplicará de forma que se excluya cualquier dato que permita identificar el comportamiento de productores determinados; las empresas se abstendrán en concreto de intercambiar entre ellas cualquier información suplementaria relativa a la competencia y no cubierta por un tal sistema.

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas a las empresas mencionadas por la presente Decisión, debido a la infracción que se ha hecho constar en el artículo 1:

i) Anic SpA, una multa de 750.000 ECU, o sea, 1.103.692.500 LIT;

ii) Atochem, una multa de 1.750.000 ECU, o sea, 11.973.325 FF;

iii) BASF AG, una multa de 2.500.000 ECU, o sea, 5.362.225 DM;

iv) DSM NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea, 6.657.640 HFL;

v) Hercules Chemicals NV, una multa de 2.750.000 ECU, o sea, 120.569.620 BFR;

vi) Hoechst AG, una multa de 9.000.000 ECU, o sea, 19.304.010 DM;

vii) Huels AG, una multa de 2.750.000 ECU, o sea, 5.898.447,50 DM;

viii) ICI Plc, una multa de 10.000.000 ECU, o sea, 6.447.970 UKL;

ix) Chemische Werke Linz, una multa de 1.000.000 ECU, o sea, 1.471.590.000 LIT;

x) Montedipe, una multa de 11.000.000 ECU, o sea, 16.187.490.000 LIT;

xi) Petrofina SA, una multa de 600.000 ECU, o sea, 26.306.100 BFR;

xii) Rhône-Poulenc SA, una multa de 500.000 ECU, o sea, 3.420.950 FF;

xiii) Shell International Chemical Ltd, una multa de 9.000.000 ECU, o sea, 5.803.173 UKL;

xiv) Solvay et Cie, una multa de 2.500.000 ECU, o sea, 109.608.750 BFR;

xv) Statoil, Den Norske Stats Oljeselskap AS [que engloba hoy a Saga Petrokjemi], una multa de 1.000.000 ECU, o sea, 644.797 UKL.

Artículos 4 y 5

(omissis)"

16 El 8 de julio de 1986 se envió a las empresas el acta definitiva de las audiencias, en la que se incluían las correcciones, añadidos y supresiones solicitados por éstas.

Procedimiento

17 En este contexto, la demandante, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de agosto de 1986, interpuso su recurso en el que solicitaba la anulación de la Decisión. Trece de los catorce destinatarios restantes de la Decisión interpusieron también recurso solicitando la anulación de la misma (asuntos T-1/89 a T-4/89, T-6/89 a T-9/89 y T-11/89 a T-15/89).

18 La fase escrita del procedimiento se desarrolló en su totalidad ante el Tribunal de Justicia.

19 Mediante auto de 15 de noviembre de 1989, el Tribunal de Justicia atribuyó el presente asunto, así como los otros trece, al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988"; DO L 319, p. 1).

20 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia designó un Abogado General.

21 Mediante escrito de 3 de mayo de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a participar en una reunión informal para determinar el modo de organizar la fase oral del procedimiento. Dicha reunión tuvo lugar el 28 de junio de 1990.

22 Mediante escrito de 9 de julio de 1990, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia pidió a las partes que presentaran sus observaciones sobre una posible acumulación de los asuntos T-1/89 a T-4/89 y T-6/89 a T-15/89 a efectos de la fase oral del procedimiento. Ninguna de las partes formuló objeciones al respecto.

23 Mediante auto de 25 de septiembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia acordó la acumulación de los citados asuntos a efectos de la fase oral del procedimiento, por razón de conexión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en aquel momento aplicable mutatis mutandis al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 11 de la Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988.

24 Mediante auto de 15 de noviembre de 1990, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre las peticiones de tratamiento confidencial presentadas por las partes demandantes en los asuntos T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 y T-13/89, y las acogió en parte.

25 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 9 de octubre y el 29 de noviembre de 1990, las partes respondieron a las preguntas que el Tribunal de Primera Instancia les había dirigido mediante los correspondientes escritos del Secretario de fecha 19 de julio.

26 Habiendo considerado las respuestas dadas a sus preguntas y el informe del Juez Ponente, y oído el Abogado General, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral del procedimiento sin previo recibimiento a prueba.

27 En la vista celebrada del 10 al 15 de diciembre de 1990 se oyeron los informes de las partes así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

28 El Abogado General presentó sus conclusiones en audiencia pública el 10 de julio de 1991.

Pretensiones de las partes

29 La sociedad Hoechst solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

1) Anule la Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.149-Polipropileno), en la medida en que se refiere a la demandante, y, con carácter subsidiario, reduzca la cuantía de la multa impuesta.

2) Condene a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento.

La Comisión, por su parte, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

1) Desestime el recurso.

2) Condene en costas a la demandante.

Fondo del asunto

30 Este Tribunal considera que procede examinar, en primer lugar, las imputaciones de la demandante relativas a la violación del derecho de defensa que se cometieron, según ella, al no comunicarle la Comisión algunos de los documentos sobre los que basó su Decisión (1), al no permitir a la demandante examinar la totalidad del expediente (2), al formular por primera vez en la Decisión algunos de los cargos imputados a la demandante (3); en segundo lugar, sus imputaciones relativas a la prueba de la existencia de infracción, que se refieren, por una parte, a la determinación de los hechos efectuada por la Comisión (1) y, por otra parte, a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos (2), al efectuar la cual la Comisión, según la demandante, no calificó correctamente la infracción (A) ni valoró correctamente su efecto restrictivo sobre la competencia (B); en tercer lugar, las imputaciones relativas a la motivación de la Decisión, y, en cuarto lugar, las imputaciones relativas a la determinación del importe de la multa que, según la demandante, está parcialmente cubierta por la prescripción (1) y no es adecuada a la duración (2) ni a la gravedad (3) de la infracción que se le imputa.

El derecho de defensa

1. Falta de comunicación de ciertos documentos con el pliego de cargos

31 La demandante sostiene que, según el artículo 4 del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62; en lo sucesivo, "Reglamento nº 99/63"), la Comisión sólo puede mantener los cargos respecto de los cuales las empresas han podido manifestar su punto de vista. En opinión de la demandante, esto significa que la Comisión debe exponer de manera suficiente, en el pliego de cargos, las circunstancias de hecho y las consecuencias jurídicas que deduce de ellas, y que debe incorporar a este pliego de cargos o permitir que las empresas examinen los documentos en los cuales aquélla tiene la intención de basar su decisión final.

32 Hoechst afirma que, en el caso de autos, la Comisión basa la Decisión en 28 documentos o series de documentos que no se le dieron a conocer. Los documentos a que se refiere son: el informe redactado por un ejecutivo de Hercules sobre la reunión de 13 de mayo de 1982 [letra b) del apartado 15 de la Decisión y apartado 70]; el informe sobre la reunión de 10 de marzo de 1982 redactado por un ejecutivo de ICI [letra b) del apartado 15 de la Decisión]; un documento de fecha 6 de septiembre de 1977 que se dice descubierto en los locales de Solvay (penúltimo párrafo del apartado 16 de la Decisión); la respuesta de Shell al pliego de cargos (apartado 17 de la Decisión); las respuestas de Amoco, ATO, BASF, DSM, Huels, Linz, Monte, Petrofina, Rhône-Poulenc, Saga y Solvay (apartado 18 de la Decisión); las circulares enviadas a los clientes por las oficinas de ventas nacionales relativas a las subidas de precios (apartado 25 de la Decisión); dos informes de reuniones internas de Shell que tuvieron lugar respectivamente el 5 de julio y el 12 de septiembre de 1979 (apartados 29 y 31 de la Decisión); un documento interno de Solvay (apartado 32 de la Decisión) y una nota recordatoria de Solvay a sus oficinas de ventas de 17 de julio de 1981 (apartado 35 de la Decisión); unos artículos de la prensa especializada referidos al precio del polipropileno a finales de 1981 (párrafo tercero del apartado 36 de la Decisión); una nota interna de ICI en la que se hablaba de un "clima de firmeza" (apartado 46 de la Decisión); un documento de Shell con el título "PP W. Europe-Pricing" (apartado 49 de la Decisión); unos documentos de Shell relativos al Reino Unido y a Francia (apartado 49 de la Decisión); una nota interna de ATO de fecha 28 de septiembre de 1983 (apartado 51 de la Decisión); una nota sin fecha de ICI para preparar una reunión con Shell prevista para mayo de 1983 (párrafo segundo del apartado 63 de la Decisión); un documento de trabajo relativo al primer trimestre de 1983 descubierto en los locales de Shell (párrafo tercero del apartado 63 de la Decisión) y, por último, unos documentos procedentes de ATO, DSM y Shell relativos a la marcha de las reuniones (apartado 70 de la Decisión).

33 La demandante sostiene que, según al jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française/Comisión, asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 29, y de 25 de octubre de 1983, AEG-Telefunken/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartado 27), para poder utilizar unas pruebas contra una empresa no basta con darlas a conocer a la misma en la fase de puesta de manifiesto del expediente. Tales pruebas deben no sólo ser comunicadas a las empresas por la Comisión, sino que ésta debe también indicar el valor probatorio y la importancia que les concede para la Decisión que pondrá fin al expediente.

34 Hoechst añade que incluso los documentos meramente confirmatorios pueden tener una importancia decisiva para la aportación de pruebas y que no corresponde a la Comisión decidir si ciertos documentos carecen de importancia en relación con una u otra empresa, tras haber afirmado que cada empresa debe asumir de manera ilimitada la responsabilidad del comportamiento de las demás empresas.

35 La demandante concluye que no pueden utilizarse en su contra las pruebas que no le fueron comunicadas.

36 Por su parte, la Comisión alega que las afirmaciones de la demandante relativas a ciertos documentos de los que esta última pretende que no pudo examinarlos son parcialmente falsas y, por otra parte, totalmente carentes de pertinencia en Derecho.

37 La Comisión alega, en primer lugar, que los documentos mencionados en el apartado 25 de la Decisión le fueron comunicados a la demandante como anexos 19, 42, 46, 50 y 52 al pliego de cargos general (en lo sucesivo, "p.c.g., anexo") y como anexos al escrito de 29 de marzo de 1985 (anexos I 6 a I 9), que el documento mencionado en el apartado 46 de la Decisión constituye el anexo 35 al pliego de cargos general y que los documentos de ATO mencionados en el apartado 70 de la Decisión figuran como anexos 60 y 72 en el pliego de cargos general.

38 La Comisión indica a continuación que el documento mencionado en la letra b) del apartado 15 y en el apartado 70 de la Decisión, las respuestas de las empresas a la solicitud de información de la Comisión mencionadas en el apartado 18 de la Decisión, el documento mencionado en el apartado 40 de la Decisión y los documentos de DSM y de Shell mencionados en el apartado 70 de la Decisión pudieron ser examinados por la demandante en la fase de puesta de manifiesto del expediente en junio de 1984. Y añade que el documento mencionado en la letra b) del apartado 15 y en el apartado 70 de la Decisión se limitaba a confirmar un documento que figuraba como anexo 24 en el pliego de cargos general.

39 La Comisión señala que los restantes documentos enumerados por la demandante no le fueron comunicados, bien porque carecían de interés en el marco del procedimiento incoado contra esta última, por afectar solamente a las empresas que expresamente se mencionan en ellos, o bien porque se limitaban a confirmar otros documentos que la demandante ya conocía. Y concluye afirmando que, por lo que respecta a la demandante, la Decisión no se basó en estos documentos.

40 La Comisión reconoce no obstante que, por error, no se comunicó la nota de ICI relativa a una reunión de "expertos" de 10 de marzo de 1982, mencionada en la Decisión (apartado 58), pero añade que dicha nota se limitaba a confirmar un informe de Hercules sobre la misma reunión, el cual sí se adjuntó al pliego de cargos general (p.c.g., anexo 23).

41 Este Tribunal hace constar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que lo que importa no son los documentos en sí mismos, sino las conclusiones que de ellos extrajo la Comisión, y que, si en el pliego de cargos no se han mencionado ciertos documentos, la empresa afectada pudo acertadamente concluir de ello que éstos no tenían importancia para el asunto. Al no informar a una empresa de que en su Decisión se utilizarían ciertos documentos, la Comisión le impidió expresar dentro de plazo su opinión sobre la fuerza probatoria de tales documentos. De ello se sigue que tales documentos no pueden considerarse medios de prueba válidos por lo que a aquélla respecta (sentencia de 25 de octubre de 1983, 107/82, antes citada, apartado 27, y, más recientemente, sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO Chemie/Comisión, C-62/86, Rec. p. I-3359, apartado 21).

42 En el caso de autos procede subrayar que sólo pueden considerarse medios de prueba oponibles a la demandante en el marco del presente asunto los documentos que se mencionaban en el pliego de cargos general o específico o en el escrito de 29 de marzo de 1985, o que figuraban como anexos de éstos sin ser mencionados específicamente en ellos. Por lo que respecta a los documentos adjuntados como anexos a los pliegos de cargos, pero no mencionados en ellos, sólo pueden utilizarse en la Decisión en contra de la demandante si ésta pudo razonablemente deducir de los pliegos de cargos las conclusiones que la Comisión pretendía extraer de ellos.

43 De las consideraciones precedentes se deduce que, entre los documentos citados por la demandante, sólo pueden utilizarse como pruebas en su contra las circulares enviadas a los clientes por las oficinas de ventas nacionales (apartado 25 de la Decisión), la nota interna de ICI sobre el "clima de firmeza" (apartado 46 de la Decisión) y los documentos descubiertos en los locales de ATO relativos a los temas tratados en las reuniones (apartado 70 de la Decisión), puesto que fueron mencionados respectivamente en los cuadros incluidos en el escrito de 29 de marzo de 1985 y en los apartados 71, 94 y 102 del pliego de cargos general, donde dichos documentos figuran recogidos además en los anexos A a I por lo que respecta al escrito de 29 de marzo de 1985 y en los anexos 35, 60 y 72 por lo que respecta al pliego de cargos general. Los demás documentos que cita la demandante no pueden considerarse medios de prueba oponibles a la demandante en el marco del presente asunto.

44 La cuestión de si estos últimos documentos constituyen una base indispensable para la determinación de los hechos que la Comisión efectuó en contra de la demandante en su Decisión corresponde tratarla cuando el Tribunal examine la fundamentación de dicha determinación de los hechos. Este Tribunal hace constar, por otra parte, que la demandante no ha alegado que estos documentos hubieran podido contener pruebas de descargo en su favor.

2. Puesta de manifiesto del expediente insuficiente

45 La demandante alega que las limitaciones que sufrió en la fase de puesta de manifiesto del expediente atentan contra el principio de contradicción. Los abogados de la demandante examinaron el expediente de la Comisión en junio de 1984, pero, como reconoció el propio instructor de la Comisión encargado del asunto, sólo les fueron presentadas las pruebas en que se había basado la Comisión en el pliego de cargos para demostrar la existencia de una conducta ilegal o las que ésta podría invocar en una fase posterior del procedimiento. En su opinión, para justificar una restricción de este tipo en la puesta de manifiesto del expediente, la Comisión no puede basarse en la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión (asuntos acumulados 43/82 y 63/82, Rec. p. 19), que se refería a una situación diferente, a saber, la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE.

46 Según la demandante, la limitación del examen del expediente a las pruebas de cargo y la selección de documentos que esto implica resultan inaceptables. De este modo se impide a los abogados de las empresas evaluar la importancia de las pruebas de cargo y de descargo y verificar si la Comisión las ha apreciado correctamente. Como tampoco el propio Tribunal tiene generalmente la oportunidad de examinar la totalidad del expediente, unos documentos de descargo que los servicios de la Comisión no han explotado y evaluado, o que han sido explotados y evaluados de manera insuficiente, pueden así permanecer enterrados en los expedientes de la Comisión.

47 Al no haber podido realizar un examen exhaustivo del expediente, la demandante no puede saber en mayor medida que el propio Tribunal si realmente existen pruebas de descargo entre los documentos sustraídos a su examen del expediente. Sin embargo, el gran número de lagunas que existe en la aportación de pruebas en el caso de autos no sólo incita a ponderar con especial cuidado todos los medios de prueba, sino que suscita también el temor a una evaluación tendenciosa de éstos por parte de la Comisión.

48 Hoechst añade que, si se revelara cierta la afirmación de la Comisión en el sentido de que se permitió el examen de todos los documentos con excepción de los que contenían informaciones confidenciales, correspondería al Tribunal verificar que estos últimos documentos no contenían pruebas de descargo en favor de las empresas.

49 La Comisión alega, por su parte, que no está obligada a dar a conocer a los interesados la totalidad del expediente, tal como lo ha afirmado el Tribunal de Justicia en circunstancias análogas (sentencia de 17 de enero de 1984, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, antes citada, apartado 25). Además, en el caso de autos, aunque no estuviera obligada a hacerlo, permitió el examen de la cuasitotalidad de los documentos de que disponía (con excepción de los documentos que contenían secretos comerciales) al enviar el pliego de cargos y el escrito complementario de 29 de marzo de 1985. Y permitió el examen de los demás documentos en el marco de la puesta de manifiesto del expediente en junio de 1984.

50 La Comisión afirma, además, que es inexacto que haya utilizado solamente los documentos de cargo y que haya guardado para sí los documentos de descargo. Subraya, a este respecto, que la demandante no menciona el más mínimo documento en apoyo de sus afirmaciones.

51 Este Tribunal indica que el respeto del derecho de defensa exige que se haya permitido a la demandante defender como lo considerase oportuno su punto de vista sobre todos los cargos formulados en su contra por la Comisión en los pliegos de cargos que se le dirigieron, así como sobre las pruebas destinadas a apoyar estos cargos y mencionadas por la Comisión en sus pliegos de cargos o adjuntas a éstas (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 7).

52 En cambio, el respeto del derecho de defensa no exige que una empresa implicada en un procedimiento basado en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE pueda comentar todos los documentos que formen parte del expediente de la Comisión, puesto que no hay disposiciones que impongan a la Comisión la obligación de comunicar sus expedientes a las partes interesadas (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, antes citada, apartado 25).

53 Sin embargo, conviene señalar que, al establecer un procedimiento de puesta de manifiesto del expediente en los asuntos de competencia, la Comisión se impuso a sí misma unas normas que sobrepasaban las exigencias formuladas por el Tribunal de Justicia. Según estas normas, formuladas en el Duodécimo Informe sobre la política de competencia (pp. 40 y 41):

"La Comisión concederá a las empresas implicadas en un procedimiento la facultad de examinar el expediente que les afecta. Las empresas serán informadas del contenido del expediente de la Comisión, adjuntándose al pliego de cargos o a la carta de archivo de la denuncia una lista de todos los documentos que integran el expediente con indicación de los documentos o partes de los mismos que puedan ponerse de manifiesto. Se solicitará a las empresas que examinen in situ los documentos que puedan ponérseles de manifiesto. Si una empresa desea examinar solamente algunos de ellos, la Comisión puede expedir copias. La Comisión considera que los siguientes documentos son confidenciales y, por consiguiente, no pueden ponerse de manifiesto a una determinada empresa: los documentos o partes de los mismos que contengan secretos comerciales de otras empresas; los documentos internos de la Comisión, tales como notas, proyectos u otros documentos de trabajo; cualquier otra información confidencial como, por ejemplo, aquélla que permita identificar a los denunciantes que deseen que no se revele su identidad, así como los datos comunicados a la Comisión con la condición de que se respete el carácter confidencial de los mismos" (traducción no oficial).

Procede señalar que la Comisión no puede renunciar a las normas que de este modo se impuso a sí misma (sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 1973, Comisión/Consejo, 81/72, Rec. p. 575, apartado 9, y de 30 de enero de 1974, Louwage/Comisión, 148/73, Rec. p. 81).

54 Se deduce de lo anterior que la Comisión está obligada a poner de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE el conjunto de los documentos de cargo y de descargo que recogió durante su investigación, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

55 Este Tribunal hace constar que la Comisión niega categóricamente que sus servicios omitieran poner de manifiesto a la demandante documentos que pudieran contener elementos de descargo en su favor.

56 Ahora bien, frente a las afirmaciones en sentido contrario que realiza la Comisión, la demandante no ha aportado indicio alguno que permita demostrar que los servicios de la Comisión seleccionaron los documentos puestos de manifiesto a la demandante con el fin de impedirle refutar las pruebas aportadas por la Comisión para demostrar su participación en la infracción. En efecto, Hoechst menciona ciertas frases que el instructor de la Comisión dirigió a su Abogado, pero no ha probado ni se ha ofrecido a probar que tales frases se hayan pronunciado y que tuvieran el alcance que ella les atribuye.

57 De ello se sigue que debe desestimarse este motivo.

3. Nuevos cargos

58 La demandante sostiene que la Decisión (artículo 1 y apartado 81) imputa a las empresas el haber participado en un acuerdo marco, que se tradujo en una serie de subacuerdos más detallados, o en un acuerdo único y continuo en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, mientras que no existía la menor referencia a un acuerdo global único en el pliego de cargos, el cual, por el contrario, se refería a un conjunto de acuerdos y/o de prácticas concertadas. El pliego de cargos llegaba incluso a excluir formalmente la existencia de acuerdos para ciertos campos específicos y para determinados períodos. En su escrito de 29 de marzo de 1985, la Comisión contemplaba en efecto la posibilidad de que existiera un "acuerdo central", pero dejaba en suspenso este punto sobre el cual no aportaba precisión alguna. Finalmente, la Comisión mantuvo, sin restricciones, su acusación inicial, que fue confirmada además durante la segunda serie de audiencias. Así pues, la acusación principal que formula la Decisión es, en opinión de la demandante, nueva, tanto material como jurídicamente, y las partes en el procedimiento no tuvieron la posibilidad de adoptar una postura sobre dicha imputación.

59 Hoechst añade que no es válida la réplica de la Comisión en el sentido de que la acusación de infracción continua formulada en los pliegos de cargos fue simplemente reemplazada, a la vista del resultado del procedimiento administrativo, por otra acusación que denunciaba la celebración de un acuerdo marco, sin que ello suponga una modificación de la apreciación de los datos contenidos en el expediente. En efecto, estas dos acusaciones son totalmente diferentes tanto material como jurídicamente. Ahora bien, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck/Comisión (asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125), apartado 68, permite únicamente adaptar o completar los cargos. En su opinión, el carácter absolutamente novedoso de la acusación se deriva del concepto mismo de "acuerdo marco", que es totalmente distinto del concepto de "infracción continua".

60 Según la demandante, el concepto de "acuerdo marco" es un concepto jurídico muy concreto, que ella define como el acto jurídico en virtud del cual las partes se comprometen de antemano y convienen las normas que regularán por anticipado el contenido de los actos o de las operaciones jurídicas futuras o establecen determinadas condiciones generales que se precisarán en cada caso concreto. El elemento esencial del "acuerdo marco" reside pues en un consenso general previo que presupone una voluntad de obligarse para unos actos específicos que se realizarán más adelante. Por tanto, la existencia de un acuerdo marco es necesariamente anterior a los acuerdos y a las prácticas concertadas. Ahora bien, la Comisión no ha presentado pruebas que permitan concluir que en 1977 se celebró un acuerdo marco de tales características, y ni siquiera ha realizado una determinación de hechos que permita llegar a esta conclusión. Aún más, los fundamentos de la Decisión parecen ser de unas características tales que tienden a refutar la idea de un acuerdo marco en vez de apoyarla. Así, en su exposición de los hechos relativa al año 1977, la Decisión no habla de acuerdo marco y no contiene ninguna afirmación en este sentido en su determinación de hechos. Antes al contrario, la Comisión se esfuerza por probar una práctica colusoria concreta sobre precios (el acuerdo inicial sobre precios mínimos), pero sin incluirla dentro de un acuerdo marco. Por otra parte, la Comisión ni siquiera indica qué empresas habrían celebrado dicho acuerdo marco.

61 La demandante sostiene que no es posible llegar, partiendo de unos eventuales acuerdos específicos ulteriores, a la conclusión retrospectiva de que existió un acuerdo marco. Dado que el sentido que tiene el acuerdo marco es el de convenir por adelantado ciertas normas para actos específicos ulteriores, el hecho de descubrir a posteriori ciertas analogías entre acuerdos específicos no permite deducir de ello la existencia de un acuerdo marco sino a condición de que los actos específicos no puedan explicarse en ningún caso de otro modo que por la conclusión previa de un acuerdo marco. Ahora bien, ni la Comisión pretendió antes de presentar su escrito de contestación ni su determinación de los hechos indica que los diferentes actos que se pretenden realizados en 1977 y en los años siguientes se hubieran producido uniformemente o regularmente siguiendo un plan de comportamiento preestablecido. Así, la Comisión habla de un "sistema de reuniones periódicas", pero esta apreciación no resulta confirmada por las pruebas, que no permiten detectar la menor regularidad en la celebración de las reuniones.

62 La demandante sostiene que si la Comisión alega ahora la existencia de un acuerdo marco, es para paliar, mediante una construcción jurídica forzada, su incapacidad para probar la existencia de acuerdos específicos y/o de prácticas concertadas específicas, como lo muestra el hecho de que aquélla declare en su escrito de contestación que "resulta razonable suponer que las reuniones sobre cuyo contenido carece de detalles [esencialmente las celebradas entre finales de 1977 o principios de 1978 y finales de 1981] tenían generalmente el mismo objeto que aquéllas sobre las cuales dispone de detalles".

63 Igualmente, Hoechst indica que, por la misma razón, resulta inútil que la Comisión intente recurrir al concepto de infracción continua. En efecto, dado que este concepto sirve para agrupar en un delito único y global una suma de delitos distintos, cada uno de los cuales reúne todos los requisitos para la existencia de infracción, ello no dispensa a la Comisión de su obligación de aportar la prueba concreta de una infracción del Derecho de la competencia para cada período analizado y para cada acusación.

64 La demandante concluye afirmando que, tanto en el caso del acuerdo marco como en el del acuerdo continuado, la Comisión habría debido precisar para qué actos específicos consideraba que había quedado probado un acuerdo en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, a fin de agrupar a continuación las diferentes infracciones partiendo de esta base. Ahora bien, lo que en realidad hizo es precisamente lo contrario, llegando a la conclusión de que existía un "acuerdo marco" global o un "acuerdo único y continuo" a partir de los hechos tomados en su conjunto, sin demostrar la existencia de infracciones diferenciadas, tal como muestra el apartado 81 de la Decisión.

65 Hoechst alega que este error de Derecho, que afecta tanto a los fundamentos de hecho como a los fundamentos de Derecho de la Decisión y alcanza incluso a la parte dispositiva de la misma, no resulta subsanable ante el Tribunal y debe entrañar, por consiguiente, la anulación de la Decisión. Ciertamente, en teoría, el Tribunal podría examinar por sí mismo los diferentes actos respecto de los cuales considere que la infracción está demostrada y resulta fundada, pero en ese caso el derecho de defensa resultaría vulnerado, puesto que las empresas afectadas deberían defenderse contra acusaciones que la Administración que las acusa aún no ha formulado.

66 Por su parte, la Comisión considera que se ajustó perfectamente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 29 de octubre de 1980, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, antes citada), según la cual ella puede utilizar los resultados del procedimiento administrativo "para adaptar y completar, tanto en lo relativo a los hechos como a los fundamentos de Derecho, sus alegaciones en apoyo de los cargos que mantiene". Citando los términos empleados en el pliego de cargos y en su posterior escrito de 29 de marzo de 1985, la Comisión considera que permitió que se desarrollara un debate muy profundo sobre el tema de la verdadera naturaleza de la práctica colusoria a lo largo del procedimiento administrativo. La Decisión recoge las conclusiones que ella extrajo de dicho debate.

67 La Comisión añade que el pliego de cargos inicial se refería ya en varios lugares (apartados 128 y 132) a una "cooperación continua e institucionalizada". Además, en su escrito de 29 de marzo de 1985, la Comisión indicó que "no excluía la posibilidad de un acuerdo central de los cuatro principales productores" (página 3) y que, por lo que se refería a los demás participantes en las reuniones, los acuerdos "[se basaban] en un plan lo suficientemente detallado como para ser asimilado a un acuerdo o a unos acuerdos en el sentido del artículo 85" (página 4).

68 Según la Comisión, el acuerdo marco consistió en la decisión de establecer un sistema institucionalizado de reuniones de productores a fin de discutir la estrategia comercial que se debía adoptar. Dicho acuerdo marco se completaba, según los casos, con acuerdos específicos sobre medidas concretas. Se trataba así de aplicar un plan de conjunto que se traducía en acciones cada vez más intensas y pretendía influir sobre las fuerzas del mercado mediante una cooperación de los productores de polipropileno en materia de precios, de objetivos sobre ventas, de cuotas de mercado y de medidas de acompañamiento. Este plan de conjunto conservó siempre las mismas características básicas a pesar de las discrepancias a la hora de aplicarlo, nacidas de la desconfianza recíproca de los participantes.

69 A este respecto, la Comisión se defiende de haber "inventado" un acuerdo marco para colmar las lagunas de su demostración, tal como le reprocha la demandante.

70 Este Tribunal hace constar que los pasajes de la Decisión que la demandante critica coinciden, en cuanto a su alcance, con el contenido de los cargos que formuló la Comisión contra la demandante y contra las demás empresas destinatarias de la Decisión en los pliegos de cargos que les dirigió.

71 En efecto, en contra de lo que afirma la demandante, la Decisión no declara pura y simplemente, en su apartado 81, que las empresas de que se trata "participaban en un acuerdo marco global que se manifestaba en una serie de subacuerdos más detallados que se adoptaban de vez en cuando" y que se trataba, por tanto, de un "' acuerdo' único y continuo en el sentido del apartado 1 del artículo 85", puesto que la primera de estas frases está precedida por las siguientes palabras: "En el caso que nos ocupa, los productores, al adherirse a un plan común para regular los precios y la oferta en el mercado del polipropileno [...]", y a la segunda frase la preceden estas palabras: "La Comisión estima que todo el conjunto de sistemas y de acuerdos adoptados en el marco de un sistema de reuniones periódicas e institucionalizadas ha constituido [...]". De ello se sigue que las expresiones "acuerdo marco" o "' acuerdo' único y continuo" que utiliza la Decisión no tienen otro alcance que el de expresar el hecho de que la Comisión consideró que existía, en el caso de las empresas destinatarias de la Decisión, una infracción única, cuyos diferentes elementos constituían un conjunto integrado de sistemas de reuniones periódicas de productores de polipropileno, de establecimiento de objetivos sobre precios y de cuotas, caracterizado por una única finalidad económica, la de falsear la evolución normal de los precios en el mercado del polipropileno.

72 Ahora bien, éste es exactamente el contenido de todo el pliego de cargos general, enviado a la demandante y a las demás empresas destinatarias de la Decisión, y en particular de sus apartados 1, 5, 128, 132 y 151, letra a). Así, el apartado 1 está redactado de este modo:

"El presente pliego de cargos se refiere a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a un conjunto de acuerdos y/o de prácticas concertadas, a través de los cuales, desde aproximadamente 1977 a octubre de 1983, los productores que abastecían de polipropileno (producto termoplástico a granel) al mercado común coordinaron sus políticas de ventas y de precios de manera regular y continuada, estableciendo y aplicando unos precios 'objetivo' y/o mínimos, controlando las cantidades comercializadas mediante la adopción de 'objetivos' y/o de cuotas y reuniéndose regularmente a fin de vigilar la evolución de estas medidas restrictivas." LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC : 689A0010.1

Y la última frase del apartado 132 precisa:

"En efecto, los productores pretendían controlar el mercado y una cooperación permanente e institucionalizada a alto nivel sustituyó al juego normal de fuerzas en régimen de competencia."

73 Es preciso añadir que el mencionado tenor de los cargos formulados contra la demandante y las demás empresas destinatarias de la Decisión resulta confirmado por el escrito que se les dirigió el 29 de marzo de 1985, en el que se puede leer, en su página 4: "Tales compromisos constituían un plan lo suficientemente preciso como para ser asimilable a uno o varios 'acuerdos' en el sentido del artículo 85, por lo menos en el caso de los productores que participaron en las reuniones."

74 Por consiguiente, este Tribunal considera que, en la Decisión, la Comisión no ha hecho sino adaptar y enunciar formalmente los fundamentos de Derecho de la argumentación en la que basa los cargos que mantiene, y que, por consiguiente, no impidió a la demandante dar a conocer su punto de vista sobre estos cargos antes de que se adoptara la Decisión.

75 De ello se sigue que resulta infundada la acusación que la demandante hace a la Comisión de haber violado su derecho de defensa al formular contra ella nuevos cargos en la Decisión.

Prueba de la existencia de infracción

76 Según la Decisión (párrafo primero del apartado 80), a partir de 1977, los productores de polipropileno que abastecían a la Comunidad participaron en todo un conjunto de planes, dispositivos y medidas adoptados en el marco de un sistema de reuniones periódicas y de contactos permanentes. La Decisión (párrafo segundo del apartado 80) añade que el plan de conjunto de los productores estaba dirigido a organizar encuentros para alcanzar acuerdos expresos sobre algunos puntos específicos.

77 Procede pues verificar, en primer lugar, si la Comisión demostró de forma suficiente con arreglo a Derecho su determinación de los hechos relativa al acuerdo sobre precios mínimos (A), al sistema de reuniones periódicas (B), a las iniciativas sobre precios (C), a las medidas destinadas a facilitar la aplicación de las iniciativas sobre precios (D) y a la determinación de las cantidades de toneladas "objetivo" y de las cuotas (E), dando cuenta del acto que se impugna (a) y de los alegaciones de las partes (b), antes de pasar a valorarlas (c); a continuación, procede someter a examen la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE a estos hechos.

1. Determinación de los hechos

A. El acuerdo sobre precios mínimos

a) Acto que se impugna

78 La Decisión (párrafos primero, segundo y tercero del apartado 16; véase también el párrafo primero del apartado 67) indica que, en el año 1977, tras la aparición de siete nuevos productores de polipropileno en Europa occidental, los productores existentes iniciaron conversaciones para intentar evitar una caída brutal de precios y las pérdidas que ésta produciría. En el marco de estas conversaciones, los principales productores, Monte, Hoechst, ICI y Shell, tomaron la iniciativa de un "acuerdo sobre precios mínimos" que debía entrar en vigor el 1 de agosto de 1977. El acuerdo inicial no conllevaba ninguna regulación de volúmenes de ventas, pero, en caso de éxito, se preveían algunas restricciones en cantidades de toneladas para 1978. Este acuerdo debía aplicarse durante un período inicial de cuatro meses y los detalles del mismo fueron comunicados a los demás productores, y especialmente a Hercules, cuyo director comercial señaló que los precios mínimos para las principales calidades del polipropileno, por Estado miembro, se basaban en un precio orientativo de 1,25 DM/kg para la calidad rafia.

79 Según la Decisión (párrafo quinto del apartado 16), ICI y Shell admiten haber tenido contactos con otros productores para estudiar los medios de frenar la caída de precios. Según ICI, es posible que se realizara alguna sugerencia sobre un nivel de precios por debajo del cual estaba prohibido descender. ICI y Shell confirman que las conversaciones no estaban limitadas a los "cuatro grandes". Según la Decisión, no ha podido obtenerse ningún detalle preciso sobre el funcionamiento del acuerdo sobre precios mínimos. Sin embargo, en noviembre de 1977, en un momento en que el precio de la rafia había caído, al parecer, a unos 1,00 DM/kg, Monte anunció su intención de elevarlo a 1,30 DM/kg a partir del 1 de diciembre y el 25 de noviembre la prensa especializada daba cuenta del apoyo de los otros tres grandes a esta iniciativa y de su intención de proceder a alzas similares en la misma fecha o en diciembre.

80 La Decisión señala (párrafos primero y segundo del apartado 17) que es aproximadamente en ese momento cuando comenzó el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno y que ICI sostiene que no se celebró reunión alguna antes de diciembre de 1977, pero admite que los productores mantenían ya contactos entre ellos con anterioridad, probablemente por teléfono y cuando la ocasión lo requería. Shell declaró que sus directivos "podían haber mantenido discusiones relativas a los precios con Montedison durante o en los alrededores de noviembre de 1977 y Montepolimeri pudo haber sugerido la posibilidad de aumentar los precios y pudo haber solicitado el punto de vista [de Shell] sobre sus reacciones a cualquier aumento de precios". La Decisión indica (párrafo tercero del apartado 17) que, aunque no existe ninguna prueba directa de que tuvieran lugar reuniones de grupo para fijar los precios antes de diciembre de 1977, los productores informaban ya a una asociación profesional de clientes, la European Association for Textile Polyolefins (en lo sucesivo, "EATP"), en las reuniones de ésta de mayo y noviembre de 1977, de que consideraban necesario organizar una acción común para mejorar el nivel de precios. Ya en mayo de 1977 Hercules había subrayado que la iniciativa debería venir de los "líderes tradicionales" del sector, mientras que Hoechst daba a entender que, a su juicio, los precios debían aumentarse entre un 30 y un 40 %.

81 Y precisamente dentro de este contexto, la Decisión (párrafo cuarto del apartado 17, párrafo tercero del apartado 78 y párrafo segundo del apartado 104) acusa a la demandante de haber declarado, exactamente igual que Hercules, Linz, Rhône-Poulenc, Saga y Solvay, que apoyaría el anuncio que hizo Monte, en un artículo aparecido el 18 de noviembre de 1977 en la prensa especializada (European Chemical News; en lo sucesivo, "ECN"), de su intención de subir el precio de la rafia a 1,30 DM/kg a partir del 1 de diciembre. Las diferentes declaraciones que se hicieron a este respecto durante la reunión de la EATP, celebrada el 22 de noviembre de 1977, tal como se recogieron en el informe correspondiente, indican, según la Comisión, que los demás productores habían adoptado el precio de 1,30 DM/kg fijado por Monte como "objetivo" para la totalidad del sector.

b) Alegaciones de las partes

82 La demandante hace constar que, para apoyar su afirmación de que en 1977 se celebró un acuerdo sobre precios mínimos, la Comisión presenta únicamente una prueba, a saber, una nota manuscrita redactada por un empleado de Hercules (p.c.g., anexo 2), el cual no fue testigo directo de las conversaciones de las que da cuenta dicha nota. Por otra parte, según la demandante, no se ha probado que Hercules participara en dicho acuerdo.

83 Hoechst añade que la palabra "agreement" ("acuerdo") que se utiliza en dicha nota es ambigua, en el sentido de que podría referirse sólo a una convergencia de opiniones.

84 La demandante utiliza también como argumento en su favor el hecho de que no se produjera el aumento de precios previsto en la nota, sin que exista prueba alguna de que se hubiera decidido retrasarlo. Alega, a este respecto, que en ningún caso puede deducirse la decisión de retrasar dicho aumento del informe de la reunión de la EATP de 22 de noviembre de 1977 (p.c.g., anexo 6). En efecto, la referencia que en él se hace al anuncio de la decisión de Monte de aumentar sus precios no puede servir de base a dicha afirmación por dos razones: por una parte, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE no prohíbe el anuncio público de aumentos de precios y, por otra parte, ningún dato permite afirmar que dicho anuncio fuera el resultado de un acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que Monte no era miembro de la EATP en 1977. La demandante añade que el hecho de que Monte anunciara en otra reunión de la EATP, celebrada el 26 de mayo de 1978 (p.c.g., anexo 7), un aumento de precios decidido con anterioridad resulta totalmente irrelevante.

85 Hoechst recuerda que el documento descubierto en los locales de Solvay que se menciona en el último párrafo del apartado 16 de la Decisión no puede utilizarse como prueba en su contra puesto que no se le dio a conocer.

86 La Comisión responde que la demandante no presenta argumento alguno que permita poner en duda el contenido de la nota de Hercules que describe el acuerdo sobre precios mínimos (p.c.g., anexo 2). La Comisión subraya que esta nota concuerda muy bien con los anuncios de aumentos de precios uniformes realizados simultáneamente por los diferentes productores con ocasión de las reuniones de la EATP de 22 de noviembre de 1977 y de 26 de mayo de 1978 (p.c.g., anexos 6 y 7).

c) Apreciación del Tribunal

87 Este Tribunal hace constar que el texto de la nota del empleado de Hercules al que la Comisión se refiere es claro y desprovisto de ambigueedad. En efecto, se lee allí lo siguiente:

"Major producers have made agreement (Mont., Hoechst, Shell, ICI) 1. No tonnage control; 2. System floor prices - DOM less for importers; 3. Floor prices from July 1. definitely Aug. 1st when present contracts expire; 4. Importers restrict to 20 % for 1 000 tonnes; 5. Floor prices for 4 month period only - alternative is for existing; 6. Com.(panies) to meet Oct. to review progress; 7. Subject (of the) scheme working - Tonnage restrictions would operate next year."

["Los principales productores [Mont., Hoechst, Shell, ICI] llegaron a los siguientes acuerdos: 1. No al control de la cantidad de toneladas; 2. Sistema de precios mínimos para los DOM [productores nacionales] sin incluir los importadores; 3. Precios mínimos a partir del 1 de julio o como muy tarde del 1 de agosto cuando los actuales contratos expiren; 4. Los importadores se limitarán a un 20 % por 1000 toneladas; 5. Precios mínimos para un período de cuatro meses solamente - La alternativa es la situación actual; 6. Las sociedades de reunirán en octubre para examinar los progresos; 7. El tema del plan avanza - El año próximo podrían aplicarse restricciones sobre la cantidad de toneladas."]

(A continuación aparece una lista de precios para tres calidades de polipropileno en cuatro monedas nacionales, con un precio de 1,25 DM/kg para la rafia.)

88 Frente a esta prueba, la demandante se limita a afirmar que no existen pruebas de que se celebrara un acuerdo sobre precios mínimos en la medida en que, por una parte, al no haber participado el autor de la nota en dicho acuerdo, ésta resulta poco fiable y, por otra parte, la palabra "agreement" ("acuerdo") que allí se emplea se limita a reflejar una identidad de puntos de vista entre las empresas sobre la necesidad de aumentar los precios.

89 Este Tribunal considera que los argumentos de la demandante no desvirtúan la fuerza probatoria que la Comisión atribuyó a esta nota. En efecto, el hecho de que Hercules no fuera parte en el acuerdo inicial sobre precios mínimos resulta irrelevante, puesto que la Comisión utiliza explícitamente esta nota como un testimonio escrito y contemporáneo de los hechos, que prueba que unos productores, entre los cuales no se contaba Hercules, celebraron un acuerdo.

90 Igualmente, aunque la palabra "agreement" ("acuerdo") puede referirse, en su caso, a una identidad de puntos de vista, procede subrayar que, en la nota, forma parte de la expresión "made agreement", que, en inglés, sólo puede significar "celebrar un acuerdo" y que, por consiguiente, se refiere, más allá de una identidad de puntos de vista, a un concurso de voluntades alcanzado entre la demandante y otros tres productores y relativo a unos precios mínimos.

91 El hecho de que no se pudieran alcanzar los precios mínimos acordados no sirve tampoco para desmentir la adhesión de la demandante al acuerdo sobre precios mínimos, puesto que, incluso suponiendo que tal hecho estuviera probado, tendería a demostrar como mucho que los precios mínimos no fueron aplicados y no que no se alcanzó un acuerdo sobre ellos. Ahora bien, la Decisión, lejos de afirmar que se alcanzaron los precios mínimos, indica en cambio (último párrafo del apartado 16) que el precio de la rafia cayó hasta aproximadamente 1,00 DM/kg en noviembre de 1977.

92 Se deduce de las consideraciones precedentes que la Comisión demostró de manera suficiente con arreglo a Derecho que, a mediados del año 1977, se produjo entre varios productores de polipropileno, entre los cuales figura la demandante, un concurso de voluntades sobre el establecimiento de precios mínimos, y que, para demostrar esto, la Comisión no tuvo necesidad de recurrir a documentos que no hubiera mencionado en sus pliegos de cargos o que no hubiera dado a conocer a la demandante.

B. El sistema de reuniones periódicas

a) Acto que se impugna

93 La Decisión afirma (apartado 17) que el sistema de reuniones periódicas de productores de polipropileno comenzó aproximadamente a finales de noviembre de 1977. En ella se indica que ICI sostiene que no se celebró ninguna reunión antes de diciembre de 1977 (es decir, después del anuncio de Monte), pero que reconoce que los productores mantenían ya contactos entre ellos con anterioridad.

94 Según la Decisión (párrafo primero del apartado 18), en 1978 se celebraron al menos seis reuniones de altos cargos directivos responsables del sector del polipropileno de ciertos productores ("jefes"). Este sistema se completó pronto con unas reuniones de nivel menos elevado entre técnicos con mayores conocimientos de marketing ("expertos"; se hace referencia aquí a la respuesta de ICI a la solicitud de información basada en el artículo 11 del Reglamento nº 17; p.c.g., anexo 8). La Decisión reprocha a la demandante haber asistido con regularidad a estas reuniones al menos hasta finales de septiembre de 1983 (párrafo cuarto del apartado 105).

95 La Decisión (apartado 21) afirma que las reuniones periódicas de productores de polipropileno tenían por objeto principal el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas y el control de su cumplimiento por parte de los productores.

96 Según la Decisión (párrafos segundo y tercero del apartado 68), a finales de 1982 los "cuatro grandes" comenzaron a reunirse en sesiones cerradas la víspera de cada reunión de "jefes". Estas "prerreuniones" ofrecían a los cuatro grandes productores un marco apropiado para acordar una posición común antes de la reunión plenaria, a fin de impulsar el movimiento de estabilización de precios presentando un frente común. ICI reconoció que los temas discutidos en estas prerreuniones eran idénticos a los que se trataban en las reuniones de "jefes" que se celebraban a continuación; en cambio, Shell negó que las reuniones de los "cuatro grandes" prepararan, del modo que fuera, la reuniones plenarias o sirvieran para alcanzar una posición común antes de la siguiente reunión. La Decisión afirma, sin embargo, que los informes de algunas de estas reuniones (octubre de 1982 y mayo de 1983) contradicen la afirmación de Shell.

b) Alegaciones de las partes

97 La demandante sostiene que la Comisión se refiere a un "sistema de reuniones periódicas" sin aportar la más mínima prueba. En efecto, las pruebas con las que cuenta la Comisión no permiten detectar la más mínima regularidad en la celebración o en el desarrollo de las reuniones o en el nombre de los participantes en las mismas. Así, según el cuadro 3 de la Decisión, en 1978 se celebraron únicamente seis reuniones, ninguna en 1979, sólo una en 1980 y diez en 1981.

98 Hoechst repite que la Comisión alega la existencia de un acuerdo marco precisamente para paliar las lagunas en materia de pruebas, como lo muestra el hecho de que indique en su escrito de contestación que "resulta razonable suponer que las reuniones sobre cuyo contenido carece de detalles [esencialmente las celebradas entre finales de 1977 o principios de 1978 y finales de 1981] tenían generalmente el mismo objeto que aquéllas sobre las cuales dispone de detalles". Esto demuestra, además, que la Comisión no cuenta con prueba alguna de sus alegaciones referentes al objeto de las reuniones celebradas durante los años 1977 a 1981.

99 La demandante sostiene que, para determinar el objeto de las reuniones, la Comisión se basa en unas notas relativas a ciertos encuentros de productores redactadas por un empleado de ICI, en las cuales se califica algunas veces el resultado de los encuentros de "agreed" ("acordado"). Y llama la atención sobre el hecho de que, por una parte, dicha calificación puede significar que las opiniones fueron unánimes y, por otra parte, dichas notas pueden no ser un reflejo objetivo de los resultados de las reuniones a causa, por ejemplo, del interés personal de la persona que las redactó en presentar los resultados como mejores de lo que eran en realidad.

100 Por su parte, la Comisión alega que de la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8) se deduce que las reuniones comenzaron en 1977 y que se sugirió continuar celebrándolas con carácter ad hoc. A continuación, las reuniones pasaron a ser reuniones muy organizadas, más frecuentes y más regulares. ICI declaró en su respuesta que Hoechst formaba parte de los participantes regulares en estas reuniones.

101 La Comisión añade que la participación de la demandante de las reuniones resulta también probada por numerosos informes descubiertos en los locales de ICI, que a su vez vienen corroborados por diferentes cuadros descubiertos en los locales de ICI y ATO (p.c.g, anexos 55 a 61), que recogen entre otras las cifras de ventas de diferentes productores. ICI declaró en su respuesta a la solicitud de información que fueron los propios productores quienes aportaron estas cifras.

102 La Comisión afirma que el objeto de estas reuniones era acordar unos precios objetivo y unas iniciativas en materia de precios, ponerse de acuerdo sobre unos objetivos en materia de volúmenes de ventas, comparar las cuotas de mercado y adoptar ciertas medidas de acompañamiento, tales como el "account leadership". Se trataba pues en ellas de acordar una armonización de las estrategias comerciales de los participantes en las mismas.

103 La Comisión añade que la demandante no da razones válidas para dudar de la fiabilidad de los documentos aportados por la Comisión y, en particular, de los informes de reuniones redactados por los empleados de ICI.

c) Apreciación del Tribunal

104 Este Tribunal hace constar que la respuesta de ICI a la solicitud de información (p.c.g., anexo 8) sitúa a la demandante, a diferencia de otros dos productores, entre los participantes regulares en las reuniones de "jefes" y de "expertos". Esta respuesta debe interpretarse en el sentido de que la participación de la demandante remonta a la época en que comenzó el sistema de reuniones de "jefes" y de "expertos", creado a finales de 1978 o a comienzos de 1979.

105 La respuesta de ICI a la solicitud de información se ve corroborada por la mención de las cifras de ventas de la demandante de distintos meses y años, al lado de su nombre, en los distintos cuadros que se encontraron en los locales de ICI y ATO (p.c.g., anexos 55 a 61), si se tiene en cuenta al mismo tiempo que, como han reconocido la mayoría de los demandantes en sus respuestas a una pregunta por escrito que les dirigió este Tribunal, habría resultado imposible elaborar los cuadros descubiertos en los locales de ICI, ATO y Hercules basándose en las estadísticas del sistema Fides de intercambio de datos. En su respuesta a la solicitud de información, ICI declaró, por otra parte, a propósito de uno de estos cuadros, que "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" ("la fuente de información para las cifras reales correspondientes al pasado que figuran en el cuadro debieron de ser los propios productores"). Además, en el curso del procedimiento ante este Tribunal, la demandante, confrontada a estos significativos indicios, nunca negó específicamente su presencia en las reuniones, ni negó tampoco que éstas hubieran tenido lugar.

106 En cuanto a la cuestión de si la demandante participó en las reuniones del año 1978, este Tribunal afirma que, al poner en relación el apartado 18 de la Decisión y el pliego de cargos especial dirigido a Hoechst, se llega a la conclusión de que efectivamente se le imputa a ésta el haber participado en ellas.

107 Este Tribunal hace constar que la demandante, en vez de negar su participación en las reuniones celebradas entre 1978 y 1982, lo que hace es afirmar que la Comisión carece de pruebas sobre la celebración de las mismas y sobre su objeto.

108 Ahora bien, la existencia de reuniones de productores durante el año 1978 resulta probada por la respuesta de ICI a la solicitud de información, en la que se lee lo siguiente:

"During the first year (1978) about six 'ad hoc' meetings took place at about two monthly intervals between the Senior Managers responsible for the polypropylene business of some producers."

["En el primer año (1978) se celebraron unas seis reuniones 'ad hoc' , con unos dos meses de intervalo, entre los principales directivos responsables del sector del polipropileno de varios productores."]

Esta misma respuesta indica que dichas reuniones comenzaron aproximadamente en el mes de diciembre de 1977:

"Because of the problems facing the polypropylene industry ... a group of producers met in about December 1977 to discuss what, if any, measures could be pursued in order to reduce the burden of the inevitable heavy losses about to be incurred by them."

("Ante los problemas con que se enfrentaba la industria del polipropileno [...] aproximadamente en diciembre de 1977 se reunió un grupo de productores para discutir qué medidas podrían adoptarse para reducir el impacto de las grandes pérdidas que inevitablemente iban a sufrir."),

es decir, inmediatamente después de la reunión de la EATP de 22 de noviembre de 1977 en la que Hoechst participó.

109 Este Tribunal hace constar, además, que las reuniones celebradas durante el año 1978 y los años siguientes tenían el mismo objeto que las reuniones de la EATP, es decir, discutir las medidas que se tomarían para poner fin a las pérdidas sufridas por los productores de polipropileno. En efecto, en la respuesta de ICI a la solicitud de información se puede leer lo siguiente:

"It was felt to be essential for producers to consider appropriate means of alleviating this impending crisis which could, unless controlled in some way, lead eventually to the collapse of the polypropylene industry. It was proposed that future meetings of those producers who wished to attend should be called on an 'ad hoc' basis in order to exchange and develop ideas to tackle these problems ... Generally speaking however, the concept of recommending 'Target Prices' was developed during the early meetings which took place in 1978 ..."

("Se consideró que resultaba esencial para los productores estudiar las medidas oportunas para reducir los efectos de la inminente crisis, que, si no era controlada de algún modo, podía desembocar incluso en el colapso de la industria del polipropileno. Se propuso que las próximas reuniones de los productores interesados en participar en las mismas fueran reuniones ad hoc dedicadas al estudio e intercambio de ideas para intentar resolver estos problemas [...] Sin embargo, hablando en términos generales, la idea de recomendar unos 'precios objetivo' fue tomando forma durante las primeras reuniones, celebradas en 1978 [...]")

110 Ahora bien, en la reunión de la EATP de 22 de noviembre de 1977, los diferentes productores indicaron que los precios eran demasiado bajos y que no podrían soportar esta situación indefinidamente. Hoechst realizó allí la siguiente declaración:

"Yesterday morning, Hoechst announced a European wide modest price increase. The price increase will not bring us to a level which suits us, but we hope that it is going to improve our critical situation.

We hope that this move will not be misinterpreted. We think that it cannot be in the interests of both polymer makers and processors to go on in the way in which we have been during recent months."

("Ayer por la mañana Hoechst anunció un ligero aumento de precios para toda Europa. Este aumento de precios no nos llevará al nivel que nos conviene, pero esperamos que ayude a mejorar la dramática situación en la que nos encontramos.

Confiamos en que no se malinterprete nuestra actitud. Pensamos que ni los fabricantes de polímero ni los industriales que lo transforman tienen interés en continuar por el camino que hemos recorrido durante estos últimos meses.")

Los productores hicieron también hincapié en la necesidad de aumentar los precios y apoyaron el anuncio de aumento de precios realizado por Monte.

111 Por consiguiente, este Tribunal considera que, para los productores, la reuniones del año 1978 y de los años siguientes eran la prolongación lógica de sus declaraciones en las reuniones de la EATP de 22 de noviembre de 1977.

112 Por otra parte, es preciso hacer constar que la respuesta de ICI a la solicitud de información muestra que dichas reuniones constituyeron el punto de partida del sistema de reuniones de "jefes" y de "expertos" -en el que la demandante participó a partir de finales de 1978 o principios de 1979- tanto en lo relativo a la organización de las mismas como a su objeto. En efecto, en dicha respuesta se puede leer:

"By late 1978/early 1979 it was determined that the 'ad hoc' meetings of Senior Managers (' Bosses' , of 1978) should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing knowledge (' Experts' )."

["A finales de 1978 o comienzos de 1979 se decidió que las reuniones ad hoc de altos cargos directivos (' jefes' , de 1978) se completarían mediante reuniones de directivos de categoría inferior con mayores conocimientos de marketing (' expertos' )."]

Procede recordar aquí que la idea de recomendar unos precios objetivo, que se aplicó en el marco de sistema de reuniones de "jefes" y de "expertos", había cobrado forma durante las reuniones de 1978.

113 Por consiguiente, este Tribunal declara que, al haber participado la demandante, por un lado, en la reunión de la EATP de 22 de noviembre de 1977 y, por otro lado, en el sistema de reuniones de "jefes" y de "expertos", la Comisión actuó con acierto al considerar que la demandante había participado en las reuniones de 1978 que constituyeron para los productores la prolongación de sus declaraciones en la reunión de la EATP de 22 de noviembre de 1977 y que les permitieron organizar el sistema de reuniones de "jefes" y de "expertos".

114 Este Tribunal considera que la Comisión obró con acierto al estimar, basándose en los datos proporcionados por ICI en su respuesta a la solicitud de información y confirmados por numerosos informes de reuniones, que las reuniones tenían por objeto, principalmente, establecer los objetivos sobre precios, por una parte, y sobre volúmenes de ventas, por otra. En efecto, en esta respuesta se lee lo siguiente:

"Generally speaking however, the concept of recommending 'Target Prices' was developed during the early meetings which took place in 1978"; "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ...",

y también:

"A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings."

("Sin embargo, hablando en términos generales, la idea de recomendar unos 'precios objetivo' fue tomando forma durante las primeras reuniones, celebradas en 1978"; "Los 'precios objetivo' propuestos periódicamente por los productores desde el 1 de enero de 1979 para la calidad de base de cada una de las principales categorías de polipropileno se recogen en el anexo [...]",

y también:

"Durante las reuniones se discutieron cierto número de propuestas relativas al volumen de ventas de los distintos productores.")

115 Este Tribunal subraya que el contenido de los informes de reuniones procedentes de ICI resulta confirmado por diferentes documentos, como cierto número de cuadros numéricos relativos a los volúmenes de ventas de los diferentes productores y unas instrucciones sobre precios que corresponden, en su cuantía y en su fecha de entrada en vigor, a los objetivos sobre precios mencionados en dichos informes de reuniones. Igualmente, las respuestas de diferentes productores a las solicitudes de información que les dirigió la Comisión corroboran globalmente el contenido de los informes.

116 En consecuencia, la Comisión pudo considerar que los informes de las reuniones descubiertos en los locales de ICI reflejaban con bastante objetividad el contenido de unas reuniones en las que ocupaban la presidencia distintos miembros del personal de ICI, lo que hacía aun más necesario que éstos informaran correctamente del contenido de las reuniones a los miembros del personal de ICI que no participaban en alguna de ellas, elaborando informes sobre las mismas.

117 En estas circunstancias, corresponde precisamente a la demandante proporcionar una explicación diferente sobre el contenido de las reuniones en las que participó, aportando datos precisos, como las notas tomadas por los miembros de su personal en las reuniones en las que participaron o el testimonio de dichas personas. Resulta obligado hacer constar que la demandante no ha aportado ni se ha ofrecido a aportar datos de este tipo ante el Tribunal.

118 Además, al informar sobre la organización, junto a las reuniones de "jefes", de reuniones de "expertos" en marketing a partir de finales de 1978 o de principios de 1979, la respuesta de ICI a la solicitud de información revela que las discusiones relativas al establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas se hacían cada vez más concretas y precisas, mientras que en 1978 los "jefes" se habían limitado a desarrollar el concepto mismo de precios "objetivo".

119 Además de los pasajes antes citados, en la respuesta de ICI a la solicitud de información se lee la frase siguiente: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" ("Sólo las reuniones de 'jefes' y de 'expertos' llegaron a celebrarse con carácter mensual"). La Comisión dedujo acertadamente de esta respuesta, así como del hecho de que las reuniones tuvieran una naturaleza y un objeto idénticos, que éstas se inscribían en el marco de un sistema de reuniones periódicas.

120 Por lo que respecta al especial papel que desempeñaron los "cuatro grandes" en el sistema de reuniones, procede señalar que Hoechst no niega que se celebrasen unas reuniones de los cuatro grandes los días 15 de junio de 1981 (en ausencia de Hoechst), 13 de octubre y 20 de diciembre de 1982 y 12 de enero, 15 de febrero, 13 de abril, 19 de mayo y 22 de agosto de 1983 (cuadro 5 de la Decisión, así como p.c.g., anexo 64).

121 Ahora bien, estas reuniones de los "cuatro grandes" se celebraban, a partir de diciembre de 1982, la víspera de las reuniones de "jefes" y tenían por objeto determinar las acciones que éstos podrían llevar a cabo juntos en dichas reuniones con vistas a conseguir una elevación de precios, como lo muestra la nota resumen elaborada por un empleado de ICI para informar a uno de sus colegas del contenido de una prerreunión de 19 de mayo de 1983, en la que habían participado los "cuatro grandes" (p.c.g., anexo 101). Dicha nota recoge una propuesta que se presentará en la reunión de "jefes" de 20 de mayo.

122 De las consideraciones precedentes se deduce que la Comisión ha demostrado de forma suficiente con arreglo a Derecho que la demandante participó de manera regular en las reuniones periódicas de productores de polipropileno entre finales de 1977 y septiembre de 1983, que dichas reuniones tenían por objeto, principalmente, el establecimiento de objetivos sobre precios y sobre volúmenes de ventas y que se inscribían en el marco de un sistema.

C. Las iniciativas sobre precios

a) Acto que se impugna

123 Según la Decisión (apartados 28 a 51), el sistema de establecimiento de objetivos sobre precios se aplicó mediante unas iniciativas sobre precios, de las cuales se han podido identificar seis; la primera se extendió de julio a diciembre de 1979, la segunda de enero a mayo de 1981, la tercera de agosto a diciembre de 1981, la cuarta de junio a julio de 1982, la quinta de septiembre a noviembre de 1982 y la sexta de julio a noviembre de 1983.

124 A propósito de la primera de estas iniciativas sobre precios, la Comisión subraya que no dispone de detalles sobre las reuniones celebradas o las iniciativas previstas durante la primera parte de 1979 (apartado 29 de la Decisión). El informe correspondiente a una reunión celebrada durante los días 26 y 27 de septiembre de 1979 indica, no obstante, según ella, que se había previsto una iniciativa centrada en un precio para la calidad "rafia" de 1,90 DM/kg a partir del 1 de julio y de 2,05 DM/kg a partir del 1 de septiembre. La Comisión dispone de las instrucciones sobre precios de algunos productores, entre ellos Hoechst, de las que se deduce, según ella, que estos productores habían ordenado a sus oficinas de ventas aplicar dicho precio o su equivalente en moneda nacional a partir del 1 de septiembre, y esto, en la mayoría de los casos, antes de que la prensa especializada hubiera anunciado la subida prevista (apartado 30 de la Decisión).

125 Sin embargo, a causa de las dificultades que suponía el aumento de precios, los productores decidieron, en la reunión de los días 26 y 27 de septiembre de 1979, retrasar varios meses la fecha prevista para alcanzar el objetivo, hasta el 1 de diciembre, mediante un nuevo plan que consistía en "mantener" durante todo el mes de octubre los niveles ya alcanzados, con una posible subida intermedia en noviembre, que elevaría el precio a 1,90 ó 1,95 DM/kg (párrafos primero y segundo del apartado 31 de la Decisión).

126 En cuanto a la segunda iniciativa sobre precios, la Decisión (apartado 32), aunque reconoce que no se ha descubierto informe alguno sobre las reuniones de 1980, afirma que los productores se reunieron al menos siete veces durante ese año (remitiéndose al cuadro 3 de la Decisión). A comienzos de ese año, continúa la Decisión, la prensa especializada anunció que los productores eran partidarios de una fuerte subida de precios durante el año 1980. Se pudo comprobar, sin embargo, que los precios de mercado experimentaron una importante baja, cayendo a un nivel de 1,20 DM/kg, e incluso inferior, antes de estabilizarse aproximadamente a partir del mes de septiembre. Las instrucciones sobre precios enviadas por algunos productores (DSM, Hoechst, Linz, Monte, Saga e ICI) revelan que para restablecer el nivel de precios se fijaron como objetivos para diciembre de 1980-enero de 1981 unos precios basados en 1,50 DM/kg para la rafia, 1,70 DM/kg para el homopolímero y 1,95 a 2,00 DM/kg para el copolímero. Un documento interno de Solvay contiene un cuadro en el que se comparan los "precios alcanzados" en octubre y noviembre de 1980 con los "precios de catálogo" para enero de 1981, que eran de 1,50, 1,70 y 2,00 DM/kg. La Decisión termina afirmando que inicialmente se había previsto aplicar estos importes a partir del 1 de diciembre de 1980 - una reunión al respecto tuvo lugar en Zúrich del 13 al 15 de octubre -, pero que esta iniciativa se aplazó hasta el 1 de enero de 1981.

127 A continuación, la Decisión subraya (apartado 33) que Hoechst participó en dos reuniones de enero de 1981 en las que se reconoció la necesidad de proceder, tras el aumento de precios acordado en diciembre de 1980, centrado en un precio de 1,75 DM/kg para la rafia para el 1 de febrero de 1981, a un aumento en dos etapas: el objetivo continuaría siendo 1,75 DM/kg para febrero y a partir del 1 de marzo se fijaría un nuevo objetivo de 2,00 DM/kg, "sin excepciones". Según la Decisión, se estableció un cuadro de precios objetivo de las seis principales calidades en seis monedas nacionales, que había de entrar en vigor el 1 de febrero y el 1 de marzo de 1981.

128 El apartado 34 de la Decisión indica que parece, sin embargo, que el proyecto de subir los precios a 2,00 DM/kg para el 1 de marzo no tuvo éxito. Los productores modificaron sus expectativas, esperando alcanzar el nivel de 1,75 DM/kg en marzo. Según la Decisión, el 25 de marzo de 1981 se celebró en Amsterdam una reunión de "expertos", de la que no queda ningún informe, pero inmediatamente después, al menos BASF, DSM, ICI, Monte y Shell dieron instrucciones de elevar los objetivos sobre precios (o precios "de catálogo") a un nivel equivalente a 2,15 DM/kg para la rafia a partir del 1 de mayo. Con un retraso de cuatro semanas respecto a los otros, Hoechst dio instrucciones idénticas para el 1 de mayo. Algunos de los productores dieron cierto margen de maniobra a sus oficinas de ventas, permitiéndoles aplicar unos precios "mínimos" o "mínimos absolutos" algo inferiores a los objetivos acordados. Durante la primera parte del año 1981, los precios aumentaron sensiblemente, pero, aunque los productores apoyaron decididamente la subida del 1 de mayo, el ritmo se hizo más lento. Hacia mediados del año, los productores contemplaban la posibilidad de estabilizar los precios o incluso de reducirlos un poco, pues la demanda había caído durante el verano.

129 Por lo que respecta a la tercera iniciativa sobre precios, la Decisión (apartado 35) afirma que ya en junio de 1981 Shell e ICI habían previsto una nueva iniciativa sobre precios para septiembre-octubre de 1981, en un momento en que la subida de precios del primer trimestre comenzaba a perder impulso. Según la Decisión, Shell, ICI y Monte se reunieron el 15 de junio de 1981 a fin de discutir los métodos que se usarían para aumentar los precios en el mercado. Pocos días después de la reunión, ICI y Shell dieron ambas a sus oficinas de ventas instrucciones de preparar al mercado para una subida sustancial en septiembre, centrada en un nuevo precio de 2,30 DM/kg para la rafia. Igualmente, Solvay recordó a su oficina de ventas del Benelux, el 17 de julio de 1981, que era necesario avisar a los clientes de que el 1 de septiembre se produciría una subida sustancial, cuyo importe se decidiría en la última semana de julio; en ese momento estaba prevista una reunión de expertos para el 28 de julio de 1981. El proyecto inicial centrado en un precio de 2,30 DM/kg en septiembre de 1981 fue revisado probablemente en esta reunión; el nivel para agosto se redujo a 2,00 DM/kg para la rafia. El de septiembre debía ser de 2,20 DM/kg. Una nota manuscrita encontrada en los locales de Hercules de fecha 29 de julio de 1981 (es decir, el día siguiente a la reunión, a la que seguramente Hercules no asistió) cita estos precios, calificándolos de "oficiales", para agosto y septiembre, y se refiere en términos velados a la fuente de la información. El 4 de agosto de 1981 en Ginebra y el 21 de agosto del mismo año en Viena tuvieron lugar nuevas reuniones. Tras dichas reuniones los productores enviaron unas nuevas instrucciones, que establecían como objetivo 2,30 DM/kg para el 1 de octubre. BASF, DSM, Hoechst, ICI, Monte y Shell dieron unas instrucciones de aplicar estos precios en septiembre y en octubre prácticamente idénticas.

130 Según la Decisión (apartado 36), el nuevo proyecto preveía para los meses de septiembre y de octubre de 1981 la subida de los precios a un "precio de base" de 2,20 a 2,30 DM/kg para la rafia. Un documento de Shell indica que se habló de una segunda etapa en la que el precio subiría a 2,50 DM/kg para el 1 de noviembre, pero que más tarde se renunc