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21

A este respecto procede recordar, de entrada, que tanto el principio de confianza mutua entre los Estados miembros como el principio de reconocimiento mutuo, que se basa a su vez en la confianza recíproca entre aquellos, tienen una importancia fundamental en el Derecho de la Unión, dado que permiten la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores. Más específicamente, el principio de confianza mutua obliga a cada uno de esos Estados, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho [sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartado 36 y jurisprudencia citada].
46

Afirma, asimismo, que la situación en el presente asunto no es comparable a la controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej y Polonia/Comisión (C‑422/11 P y C‑423/11 P, EU:C:2012:553), en la que el Tribunal General se basó en el auto recurrido. En efecto, los intereses de PJ como empresario y titular de la marca controvertida no son en modo alguno idénticos ni se confunden con los del bufete de abogados Z, en el que ejerce el Sr. S. Por otra parte, no existe ningún riesgo de que el Sr. S. no pueda resolver eventuales conflictos entre su función de auxiliar de justicia y los intereses de PJ, puesto que las normas profesionales tienen precisamente como finalidad prevenir tales conflictos. Además, PJ no dispone de ningún medio para dar instrucciones al Sr. S., dado que el otro socio asume la dirección cotidiana del bufete Z y todas las decisiones importantes se adoptan por unanimidad.
«(60)

Con arreglo al principio de subsidiariedad y respetando las excepciones establecidas en el [Reglamento (CE) n.o 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al FEDER y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1783/1999 (DO 2006, L 210, p. 1)], el [Reglamento (CE) n.o 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1784/1999 (DO 2006, L 210, p. 12)], y el [Reglamento (CE) n.o 1084/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1164/94 (DO 2006, L 210, p. 79)], deben establecerse disposiciones nacionales sobre la subvencionabilidad del gasto.
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A este respecto, habida cuenta de lo expuesto en el apartado 82 de la presente sentencia, es preciso señalar que, después del 29 de noviembre de 2018, manifiestamente faltaban determinadas medidas de transposición de la Directiva 2015/849. En efecto, por una parte, de los documentos aportados al Tribunal de Justicia se desprende que las disposiciones nacionales que, según Irlanda, transponían los artículos 61, apartado 3, y 62, apartado 2, de dicha Directiva no solo no se comunicaron hasta el escrito de dúplica el 4 de marzo de 2019, sino que, además, no contienen referencia alguna a la citada Directiva. Por otra parte, como señaló el Abogado General en el punto 72 de sus conclusiones, hasta el 3 de diciembre de 2019 no entraron en vigor medidas nacionales que transponían el artículo 47, apartado 2, de la Directiva 2015/849 al Derecho interno. Lo mismo puede decirse del artículo 48, apartados 5 a 8, de dicha Directiva, respecto de los cuales Irlanda reconoció no haber adoptado, con anterioridad a las medidas que entraron en vigor el 3 de diciembre de 2019, ninguna medida de transposición al Derecho interno debido a que esas disposiciones eran, en su opinión, secundarias o accesorias. Pues bien, tal apreciación de un Estado miembro no puede, manifiestamente, bastar para eximirle de su obligación de adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a una Directiva, ni tampoco de la de comunicar a la Comisión las medidas de transposición de tal Directiva al Derecho interno.
56

En este contexto, el litigio principal no se refiere a la circulación transfronteriza de mercancías en sí misma, sino a los daños causados por las mercancías objeto de tal circulación. En efecto, versa sobre la posibilidad de que una persona, en este caso la demandante en el litigio principal, obtenga, como consecuencia de los daños resultantes de la implantación de prótesis mamarias defectuosas, una indemnización de la entidad aseguradora que estipuló con el productor de esos implantes un contrato que cubría los riesgos derivados de la utilización de dichos productos en Francia metropolitana o en los departamentos y territorios franceses de ultramar. Cabe añadir que el seguro de responsabilidad civil así estipulado no afecta a la comercialización en otro Estado miembro de los productos cuyos riesgos tiene por objeto cubrir ni a su circulación dentro de la Unión. Al no producirse efectos sobre los intercambios de bienes y servicios en la Unión, la situación objeto del litigio principal no es comparable a la que constituía el objeto del asunto que dio lugar a la sentencia de 20 de octubre de 1993, Phil Collins y otros (C‑92/92 y C‑326/92, EU:C:1993:847), apartados 22 y 23.
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El artículo 159 de la Legea nr. 571 privind Codul fiscal (Ley n.o 571, sobre el Código Tributario), de 22 de diciembre de 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 927 de 23 de diciembre de 2003), modificada y completada por la Legea nr. 343 (Ley n.o 343), de 17 de julio de 2006 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 662 de 1 de agosto de 2006), que transpuso al Derecho rumano la Directiva IVA, dispone: «(1) La rectificación de las menciones incluidas en las facturas o en otros documentos sustitutivos de estas se efectuará del siguiente modo: (a) en caso de que el documento no haya sido transmitido al beneficiario, se anulará y se emitirá un nuevo documento; b) en caso de que el documento se haya transmitido al beneficiario, bien se emitirá un nuevo documento que deberá incluir, por un lado, las menciones del documento inicial, el número y la fecha del documento rectificado y los valores con signo negativo y, por otro lado, las menciones y valores correctos, o bien se emitirán dos documentos, uno que contendrá las menciones y valores correctos, y el otro con valores con signo negativo, en el que se hará constar el número y la fecha del documento rectificado. […] (3) Los sujetos pasivos que hayan sido sometidos a un control fiscal en el que se haya detectado y declarado la existencia de errores en la determinación correcta del impuesto devengado, imponiéndoles el acto administrativo emitido por la autoridad tributaria competente la obligación de pago de tales importes, podrán emitir facturas rectificativas conforme al apartado 1, letra b), destinadas a los beneficiarios. En tales facturas se hará constar que su emisión se ha realizado después del control fiscal y serán incluidas en una rúbrica aparte en la declaración-liquidación del impuesto. Los beneficiarios tendrán derecho a la deducción del impuesto que figura en estas facturas dentro de los límites y en las condiciones establecidas en los artículos 145 a 147 ter.»
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El artículo 35 de la Directiva 78/660 establece: «1. a) Los elementos del activo inmovilizado deberán ser valorados al precio de adquisición o al costo de producción, sin perjuicio de las letras b) y c). b) El precio de adquisición o el coste de producción de los elementos del activo inmovilizado cuya utilización esté limitada en el tiempo deberá rebajarse con las correcciones de valor calculadas de forma que se amortice sistemáticamente el valor de esos elementos durante su período de utilización. c) aa) Las inmovilizaciones financieras podrán ser objeto de correcciones de valor con el fin de dar a estos elementos el valor inferior que se les debe atribuir en la fecha de cierre del balance. bb) Sea su utilización limitada o no en el tiempo, los elementos del activo inmovilizado deberán ser objeto de correcciones de valor con el fin de dar a estos elementos el valor inferior que se les debe atribuir en la fecha de cierre del balance, si se prevé que la depreciación será duradera. cc) Las correcciones de valor mencionadas en las letras aa) y bb) deberán reflejarse en la cuenta de pérdidas y ganancias y ser indicadas de forma separada en [la memoria], si no se indican por separado en la cuenta de pérdidas y ganancias. dd) La valoración conforme al valor inferior mencionado en las letras aa) [y] bb) no podrá mantenerse cuando las razones que hubieran motivado las correcciones de valor hayan dejado de existir. d) Si los elementos del activo inmovilizado fueran objeto de correcciones de valor excepcionales exclusivamente a causa de la legislación fiscal, se deberá indicar en [la memoria] el importe debidamente motivado de tales correcciones. 2. Los precios de adquisición se obtendrán añadiendo los gastos accesorios al precio de compra. 3. a) El costo de producción se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y consumibles los costos directamente imputables al producto considerado. b) Una parte razonable de los costos que sean solo indirectamente imputables al producto considerado podrá añadirse al costo de producción en la medida en que esos costos se refieran al período de fabricación. 4. La inclusión en el costo de producción de los intereses sobre los capitales tomados en préstamo para financiar la fabricación de inmovilizaciones se permitirá en la medida en que esos intereses se refieran al período de fabricación. En este caso, se señalará en la memoria su anotación en el activo.»
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Entre las medidas adoptadas por la República Italiana para garantizar la puntualidad de los pagos efectuados por los poderes públicos se encuentran el decreto-legge n. 35 — Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (Decreto-ley n.o 35, de medidas urgentes relativas al pago de deudas vencidas de la Administración pública, a la vuelta al equilibrio financiero de las entidades territoriales y al pago de tributos de las entidades locales), de 8 de abril de 2013 (GURI n.o 82, de 8 de abril de 2013), convalidado, con modificaciones, mediante la Ley, de 6 de junio de 2013, n.o 64 (GURI n.o 132, de 7 de junio de 2013), y el decreto-legge n. 66 — Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (Decreto-ley n.o 66, de Medidas Urgentes relativas a la Competitividad y la Justicia Social), de 24 de abril de 2014 (GURI n.o 95, de 24 de abril de 2014), convalidado, con modificaciones, mediante la Ley, de 23 de junio de 2014, n.o 89 (GURI n.o 143, de 23 de junio de 2014). Estos decretos-leyes prevén, en particular, la asignación de recursos económicos adicionales para el pago de créditos ciertos, líquidos y exigibles de las empresas frente a los poderes públicos.
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Por último, en cuanto a la necesidad de garantizar la calidad de los servicios de los contables, la Comisión estima que no puede trasladarse ningún argumento relativo a la profesión de abogado a la profesión de contable IPCF, ya que ambas profesiones no son comparables. Alega que el razonamiento desarrollado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98), no se puede aplicar al presente caso, puesto que los fundamentos de Derecho de dicha sentencia, que se refieren, por una parte, a la independencia del abogado y, por otra, a la observancia del secreto profesional y a la necesidad de evitar los conflictos de intereses, se basan en la especificidad de la profesión de abogado, que la diferencia de las demás profesiones. Así, dicha institución considera que el conflicto de intereses entre, por un lado, la actividad de contable IPCF y, por otro, las actividades de corredor o agente de seguros y agente inmobiliario, así como las actividades bancarias o de servicios financieros, no está acreditado y, en todo caso, no puede ser mayor que el considerado en esa sentencia.
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 90/619/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, Segunda Directiva sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE (DO 1990, L 330, p. 50), en su versión modificada por la Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992 (DO 1992, L 360, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 90/619»), del artículo 31 de la Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida) (DO 1992, L 360, p. 1), de los artículos 35, apartado 1, y 36 de la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida (DO 2002, L 345, p. 1), y de los artículos 185, apartado 1, y 186, apartado 1, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO 2009, L 335, p. 1).
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El artículo 27, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35), señala lo siguiente: «Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas. La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general.»
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A este respecto, y por lo que se refiere a las condiciones mismas en que se produjeron los nombramientos de los miembros de la Sala Disciplinaria, ha de precisarse, para empezar, que el mero hecho de que estos miembros sean nombrados por el presidente de la República no es susceptible de crear una situación de dependencia entre aquellos y este ni de suscitar dudas en cuanto a su imparcialidad si, una vez nombrados, no están sometidos a presión alguna y no reciben instrucciones en el ejercicio de sus funciones (véanse, en este sentido, la sentencia de 31 de enero de 2013, D. y A., C‑175/11, EU:C:2013:45, apartado 99, y TEDH, sentencias de 28 de junio de 1984, Campbell y Fell c. Reino Unido, CE:ECHR:1984:0628JUD000781977, § 79; de 2 de junio de 2005, Zolotas c. Grecia, CE:ECHR:2005:0602JUD003824002, §§ 24 y 25; de 9 de noviembre de 2006, Sacilor Lormines c. Francia, CE:ECHR:2006:1109JUD006541101, § 67, y de 18 de octubre de 2018, Thiam c. Francia, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812, § 80 y jurisprudencia citada).
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El tribunal remitente expone, por una parte, que la normativa fiscal belga no contiene ninguna disposición general que prohíba la utilización de pruebas obtenidas contrariamente a Derecho a efectos de determinar una deuda tributaria y de imponer, en su caso, un recargo o una multa. El uso de tales pruebas por la administración debe apreciarse a la luz de los principios de buena administración y del derecho a un proceso equitativo. Salvo en los casos en que el legislador establezca sanciones específicas a este respecto, solo cabe excluir el uso de tales pruebas en procedimientos tributarios si fueron obtenidas de un modo hasta tal punto contrario a lo que cabe esperar de una autoridad que actúe de conformidad con el principio de buena administración que ese uso deba considerarse siempre inadmisible o si pone en peligro el derecho del contribuyente a un proceso equitativo. En esta apreciación, el juez podría tener en cuenta, en particular, alguno de los siguientes aspectos: el carácter meramente formal de la irregularidad, sus repercusiones en el derecho o la libertad que protege la norma vulnerada, el carácter intencional o no intencional de la irregularidad en que incurrió la autoridad y el hecho de que la gravedad de la infracción supere ampliamente la irregularidad cometida.
El artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una persona física que, en virtud de un contrato CFD celebrado con una sociedad de corretaje, efectúa operaciones en el mercado internacional de divisas FOREX (Foreign Exchange) a través de dicha sociedad debe ser calificada de «consumidor» a los efectos de la citada disposición si ese contrato no se ha celebrado en el marco de la actividad profesional de la persona en cuestión, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. Para esta calificación, por un lado, en principio, carecen de pertinencia, por sí solos, factores tales como el valor de las operaciones efectuadas en virtud de contratos financieros por diferencias, la importancia de los riesgos de pérdidas económicas que implica suscribir tales contratos, los eventuales conocimientos o experiencia de dicha persona en el sector de los instrumentos financieros o su comportamiento activo en la realización de las referidas operaciones, y, por otro lado, es por sí solo irrelevante, en principio, el hecho de que el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), no sea aplicable a los instrumentos financieros o que esa persona sea un «cliente minorista» en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo.
2)

¿Deben interpretarse estas mismas disposiciones en particular en el sentido de que se oponen a que las reducciones de la base imponible que tienen por objeto tomar en consideración la duración de la posesión de los títulos no se apliquen a la plusvalía sujeta a tributación diferida, habida cuenta de que esta norma relativa a la determinación de la base imponible no era aplicable en la fecha en que se realizó dicha plusvalía, y sí se apliquen, en cambio, a la plusvalía derivada de la cesión de los títulos recibidos en el canje teniendo en cuenta la fecha en que este tuvo lugar y no la fecha de adquisición de los títulos entregados en el canje?»
2)

El artículo 168, letra a), de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por la Directiva 2010/45, debe interpretarse en el sentido de que la falta de comprobación, por parte de un sujeto pasivo que participa en la cadena alimentaria, de la inscripción de sus proveedores en el registro de las autoridades competentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, y en el artículo 31, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, no es relevante a efectos de determinar si el sujeto pasivo sabía o debería haber sabido que estaba participando en una operación que formaba parte de un fraude del IVA.
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El análisis comparativo de las diferentes versiones lingüísticas del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/48 no permite determinar el alcance exacto de la reducción del coste total del crédito que prevé. En efecto, por una parte, las versiones en lenguas neerlandesa, polaca y rumana de este precepto indican una reducción de los gastos ligados al período restante del contrato («een verlaging van de totale kredietkosten, bestaande uit de interesten en de kosten gedurende de resterende duur van de overeenkomst», «obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy» y «o reducere a costului total al creditului, care constă în dobânda și în costurile aferente duratei restante a contractului»). Por otra parte, las versiones alemana e inglesa de dicho precepto se caracterizan por cierta ambigüedad y parecen dar a entender que los gastos de este período sirven como orientación para calcular la reducción («das Recht auf Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits, die sich nach den Zinsen und den Kosten für die verbleibende Laufzeit des Vertrags richtet» y «reduction consisting of the interest and the costs for the remaining duration of the contract»). La versión italiana de la misma disposición menciona, como la versión francesa, los intereses y gastos «adeudados» («dovuti») por la duración restante del contrato. Finalmente el tenor en español del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/48 exige una reducción que incluye los gastos correspondientes a la duración restante del contrato («una reducción del coste total del crédito, que comprende los intereses y costes correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir»).
El Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que a un órgano judicial le resulte imposible conocer la dirección del demandado, dicho Reglamento no permite certificar como título ejecutivo europeo una resolución judicial relativa a un crédito, dictada tras una vista en la que no hayan comparecido ni el demandado ni el representante designado a los efectos del procedimiento.