Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

1. Pesca - Política común de estructuras - Conservación de los recursos marinos - Régimen de cuotas pesqueras - Regulación por un Estado miembro de la utilización de sus cuotas - Concesión de licencias - Composición de las tripulaciones de los barcos matriculados en dicho Estado - Proporción mínima de nacionales de la Comunidad - Requisito de cotización al régimen nacional de Seguridad Social - Procedencia - Requisito de residencia en el Estado miembro de que se trata - Improcedencia - Posibilidad de que los particulares invoquen ante el Juez nacional las disposiciones aplicables de Derecho comunitario

((Reglamentos del Consejo nº 1408/71, art. 13, apartado 2, letra c), y art. 14 ter; nº 101/76, art. 2, apartado 1; nº 170/83, art. 4, y nº 172/83))

2. Libre circulación de personas - Trabajador - Concepto - Existencia de una relación laboral - Criterios de apreciación - Personas retribuidas "a la parte" - Inclusión

(Tratado CEE, art. 48; Acta de adhesión de 1985, art. 55)

3. Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades - España - Libre circulación de personas - Trabajadores - Excepciones - Interpretación estricta - Prohibición de introducción de nuevas restricciones en materia de acceso al empleo - Restricciones relativas al empleo a bordo de los buques pesqueros - Procedencia - Requisitos

(Acta de adhesión de 1985, arts. 55 y 56, apartado 1; Reglamento nº 1612/68 del Consejo, arts. 1 al 6)

Índice

1. El Derecho comunitario no se opone a que, para la expedición a uno de sus buques de una licencia que le permita pescar con cargo a las cuotas de pesca nacionales, un Estado miembro exija que el 75 % de la tripulación del buque sea nacional de los Estados miembros de la Comunidad y que su capitán y toda la tripulación coticen al régimen de Seguridad Social de dicho Estado, siempre que la obligación de cotización sea conforme a las reglas de conflictos en materia de aplicación de las legislaciones nacionales establecidas por el Reglamento nº 1408/71. El Derecho comunitario, que puede ser invocado en el presente caso ante el Juez nacional, se opone, por el contrario, a que un Estado miembro exija, a tal efecto, que el 75 % de la tripulación resida, en tierra, en su territorio.

2. El concepto de trabajador, en el sentido tanto del artículo 48 del Tratado como del artículo 55 del Acta de adhesión de 1985, debe definirse siguiendo los criterios objetivos que caracterizan la relación laboral con arreglo a los derechos y deberes de las personas de que se trata. La característica esencial de la relación laboral es la circunstancia de que una persona realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones por las cuales percibe una remuneración. Para determinar si no existe tal relación, hay que tener en cuenta todos los datos y circunstancias que caracterizan las relaciones entre las partes, como son, por ejemplo, la participación en los riesgos comerciales de la empresa, la libertad de elegir su propio horario y de contratar a sus propios ayudantes. El mero hecho de que la retribución de una persona sea "a la parte" y que eventualmente se calcule de forma colectiva no excluye su condición de trabajador en el sentido de las citadas disposiciones.

3. El artículo 55 y el apartado 1 del artículo 56 del Acta de adhesión de España, en cuanto excepción al principio de la libre circulación de los trabajadores establecido por el artículo 48 del Tratado CEE, deben interpretarse estrictamente. De ello resulta que, si se autoriza a los antiguos Estados miembros a mantener anteriores restricciones respecto a los nacionales españoles, no pueden en ningún caso, durante el período de transición, agravar las condiciones de acceso al empleo de dichas personas. Por consiguiente, los citados artículos, que pueden ser invocados por los particulares ante el Juez nacional, no se oponen a una normativa o práctica nacional según la cual los trabajadores españoles quedan excluidos, hasta el 1 de enero de 1993, del 75 % de la tripulación de los buques de otro Estado miembro, a condición de que tal restricción, introducida después del Acta de adhesión de 1985, no agrave en ningún caso la situación de los trabajadores españoles y de que dicha restricción no afecte a los nacionales españoles ya empleados como trabajadores, en el momento de la adhesión, en el territorio o a bordo de un buque de dicho Estado miembro cuando la relación laboral tenga un nexo de unión suficientemente estrecho con dicho territorio.