Conclusiones del Abogado General Darmon presentadas el 7 de julio de 1992. - A. AHLSTROEM OSAKEYHTIOE Y OTROS CONTRA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - PRACTICAS CONCERTADAS ENTRE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN PAISES TERCEROS SOBRE LOS PRECIOS DE VENTA A COMPRADORES ESTABLECIDOS EN LA COMUNIDAD. - ASUNTOS ACUMULADOS C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 Y C-125/85 A C-129/85.



Recopilación de Jurisprudencia 1993 página I-01307

Edición especial sueca página I-00111

Edición especial finesa página I-00123



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. Last but not least [...] Tal es, por numerosas razones, la expresión que viene a la mente de forma natural en el momento de presentar mis conclusiones del asunto denominado "Pastas de madera". En primer lugar, porque éste será el último recurso interpuesto por empresas en materia de competencia que conocerá este Tribunal de Justicia en primera y última instancia. En efecto, el criterio adoptado para el reparto de los asuntos pendientes ante este Tribunal en el momento de la creación del Tribunal de Primera Instancia conducía, dada la fase del procedimiento alcanzada, a que conociera del mismo este Tribunal. En segundo lugar, porque mis conclusiones y su sentencia señalarán la última etapa de un largo camino procesal marcado, en especial, por una vista en enero de 1988, una primera sentencia del Tribunal de Justicia en Pleno con fecha de 27 de septiembre de 1988, por la que se desestimó el motivo relativo a la extraterritorialidad del Derecho comunitario de la competencia, la audiencia en 1990 de los primeros peritos "contables" y, después, en noviembre de 1991, la vista relativa al conjunto de los aspectos de los recursos, durante la cual fueron oídos los peritos económicos. Y ni este asunto ni esta última etapa son los más sencillos. En efecto, las dimensiones verdaderamente tentaculares de este asunto °tanto por la complejidad y la enorme cantidad de argumentos intercambiados, como por el número de partes demandantes° hacen que sea muy poco corriente.

2. A este respecto, he debido inevitablemente resignarme, para tener en cuenta diversas limitaciones objetivas y la preocupación de mantener el presente debate dentro de límites razonables, a descuidar algunos aspectos de la argumentación, siempre que los motivos de la solución que propongo a este Tribunal no parecían resultar afectados por ello.

3. En consecuencia, antes de proceder al examen de un asunto que habrá contribuido a estimular la demanda comunitaria de pasta de papel, teniendo en cuenta la cantidad de documentos que han sido presentados, es necesario recordar las características del mercado de la pasta de madera y, a continuación, los aspectos esenciales del procedimiento y de la Decisión impugnada.

El mercado de la pasta

El producto

4. La Decisión impugnada se refiere a la pasta de madera al sulfato blanqueada que se utiliza en la fabricación del papel y se comercializa en el mercado (en lo sucesivo, "pasta comercial"). Existen otros procedimientos que permiten obtener la pasta (pasta química o mecánica), pero la pasta al sulfato es la de mejor calidad. Se obtiene por tratamiento químico de la celulosa al término de un proceso que se desarrolla en dos tiempos. En primer lugar, una operación conduce a la producción de pasta al sulfato cruda (parda), que sirve para la fabricación de materiales de embalaje (bolsas, cajas, etc.). A continuación, para poder ser utilizada en la fabricación de papeles "nobles" (papel de imprenta, papel de escritura, etc.), que exigen, en especial, un alto grado de blancura, la pasta es blanqueada químicamente. Este proceso presenta la ventaja de consumir menos energía y ser menos contaminante que los otros. Por otra parte, casi todas las variedades de madera son utilizables en la fabricación de la pasta al sulfato blanqueada. El consumo de ésta ha crecido en épocas recientes. Según la Decisión, representaba alrededor de una tercera parte del mercado en 1980.

5. Existen varios tipos de pasta al sulfato blanqueada, cuya clasificación depende de la variedad de árboles de los que procede. La distinción esencial se establece entre la pasta de frondosas y la de resinosas. Las propiedades de estas dos categorías son diferentes: la segunda (softwood) tiene fibras largas y más resistentes. La pasta de frondosas (hardwood), de fibras más cortas, es utilizada para la fabricación de papeles blandos, menos sólidos. La pasta de resinosas es considerada de calidad superior a la de frondosas. Por otra parte, dentro de cada categoría existe una diferencia en función de que la pasta proceda del norte o del sur. De forma general, las pastas de las maderas resinosas y frondosas del norte son consideradas de calidad superior a las del sur. A partir de 1978, destacan cuatro niveles de precios para esos productos, correspondiendo los precios más elevados a los de resinosas del norte y los más bajos a los de frondosas del sur.

6. Teniendo en cuenta las propiedades de las diferentes categorías de pastas, los fabricantes de papel recurren generalmente a hacer mezclas, con objeto de obtener la calidad del papel específica que buscan.

7. Dentro de una determinada categoría de pastas, existe en buena medida la posibilidad de intercambiar la pasta. Por el contrario, la capacidad de intercambio entre las diferentes categorías es reducida a corto plazo. En efecto, un cambio de categoría puede acarrear costes importantes para el fabricante de papel; se trata de un proceso relativamente largo que exige ensayos, e incluso una modificación de los equipos.

Los productores

8. La pasta al sulfato blanqueada es producida por aproximadamente ochocientos productores diseminados en más de treinta países. La mayor parte es utilizada por los productores (o por sus filiales). Recordemos que la pasta que estos últimos comercializan en el mercado se denomina pasta "comercial", y es ésta la que constituye el objeto de la Decisión que se impugna. Según esta última, la producción total de pasta "comercial" blanqueada representó dieciocho millones de toneladas en 1981. Canadá fue el primer productor (más de 6 millones de toneladas), seguido de Estados Unidos (más de 4 millones de toneladas), Suecia (2,5 millones de toneladas) y Finlandia (1,6 millones de toneladas).

9. La Decisión indica que más de cincuenta empresas venden pasta comercial en la Comunidad. Por su parte, algunas demandantes subrayan que la pasta es vendida en la Comunidad por ciento quince empresas y procede de dieciocho países.

10. Desde el punto de vista de la cifra global de ventas, los productores de Estados Unidos y Canadá son más importantes que los productores suecos y finlandeses, proveedores tradicionales del mercado europeo, en el que suministran dos terceras partes de su producción. Los productores canadienses y estadounidenses se introdujeron en el mercado en los años cincuenta. Las importaciones procedentes de Estados Unidos se desarrollaron particularmente en el transcurso de los años setenta. El mercado comunitario no presenta para los productores norteamericanos la misma importancia que reviste para los productores finlandeses y suecos. Los productores canadienses y estadounidenses tienen su mercado principal en el interior de Estados Unidos. Por consiguiente, utilizan el mercado comunitario principalmente para compensar las fluctuaciones cíclicas del mercado estadounidense.

11. En la industria de la pasta, la tendencia a la integración vertical es particularmente significativa: numerosos productores de pasta fabrican, asimismo, papel o poseen participaciones de importancia en empresas de fabricación de papel. (1)

12. La estructura de costes (2) varía en función de las regiones de producción. Por lo general, los costes de la madera son mucho más elevados en Finlandia y Suecia que en Estados Unidos y Canadá. Por el contrario, los costes de transporte de la pasta procedente de estos últimos países son superiores a los de la pasta procedente de Escandinavia. Por otra parte, la Comisión y algunas demandantes consideran que los costes fijos son elevados, mientras que los segundos peritos, por el contrario, consideraron, partiendo de los datos mencionados en la Decisión, (3) que dichos costes representan un porcentaje relativamente reducido en relación con los costes variables.

13. La construcción de una nueva fábrica de pasta exige unas inversiones de capital muy elevadas y exige un largo período para su realización. Las fábricas de pasta se encuentran establecidas cerca de las explotaciones forestales.

14. La Decisión subraya que, entre 1975 y 1981, el porcentaje de utilización de las capacidades de producción y el volumen de las existencias variaron mucho, no sólo entre los diferentes países, sino también entre los productores de un mismo país.

15. Los productores finlandeses son miembros de Finncell, (4) asociación fundada en 1918 que tiene por objeto comercializar, por su propia cuenta, las pastas fabricadas por sus miembros. Finncell fija los precios para la exportación y reparte los pedidos entre sus miembros.

16. En el transcurso del período contemplado en la Decisión, todas las empresas estadounidenses demandantes, (5) excepto Bowater, eran miembros de la Pulp Paper and Paperboard Export Association. Dicha asociación es generalmente designada con la denominación KEA, término que corresponde a las iniciales de su antiguo nombre (Kraft Export Association). Fue creada al amparo de la Ley Webb Pomerene, disposición legislativa estadounidense que permite la constitución de asociaciones destinadas a fomentar las exportaciones sin infringir la normativa de defensa de la competencia de Estados Unidos. La Ley Webb Pomerene autoriza, en especial, a los productores a intercambiar informaciones relativas a la comercialización de sus productos en el extranjero y a ponerse de acuerdo sobre los precios para los mercados de exportación.

17. Un mismo productor suministra, por lo general, a unos cincuenta clientes en la Comunidad. Finncell tenía la clientela más importante (doscientos noventa clientes).

18. Los productores comercializan la pasta en la Comunidad a través de sus filiales, oficinas comerciales, sucursales o agentes. Algunos agentes son comunes a varios productores.

Los clientes

19. En primer lugar, es preciso señalar que el precio de la pasta representa alrededor del 50 % al 70 % de los costes del papel. Según la Decisión, el mercado comunitario era el más importante mercado de pasta al sulfato blanqueada, y en él se realizaba la tercera parte de las ventas mundiales en 1981. En el transcurso de ese mismo año, la producción comunitaria de pasta se elevó aproximadamente a 700.000 toneladas, mientras que las ventas totales en la CEE representaron en torno a 6 millones de toneladas. Alemania, Francia y Reino Unido fueron los principales compradores, con aproximadamente 2 millones de toneladas, 1,3 millones de toneladas y 1,1 millones de toneladas, respectivamente.

20. Más de ochocientos productores de papel compran pasta al sulfato blanqueada en la Comunidad. Según los datos aportados por algunas demandantes, (6) no contradichos por la Comisión, a mediados de los años setenta, sólo diecisiete compradores realizaron el 50 % de las compras y cuarenta y uno, el 80 %. Los compradores de pasta están vinculados frecuentemente a productores de pasta que tienen su domicilio principal fuera de la Comunidad.

21. La mayoría de las transacciones se realizan sobre la base de contratos de suministro a largo plazo, celebrados con duraciones de tres a cinco años, que contienen a menudo cláusulas de prórroga automática (evergreen renewal provisions). En los contratos suele disponerse que el vendedor debe reservar un tonelaje de pasta al comprador, trimestralmente, a un precio que no sobrepasará al anunciado durante el período anterior al principio de dicho trimestre. Ha quedado acreditado que el cliente no compra necesariamente la totalidad del lote que le ha sido reservado.

22. La pasta vendida en el mercado de contado (spot market) representa una reducida proporción del consumo.

23. Con objeto de obtener la mezcla deseada y para garantizar la seguridad de los suministros, los compradores diversifican sus pedidos entre varios productores, situados, en algunos casos, en regiones diferentes. Por otra parte, los compradores de pasta vinculados a un productor tienen que recurrir a otros proveedores para comprar determinados tipos de pasta.

Precios anunciados y precios efectivamente aplicados en las transacciones

24. Según una práctica consolidada, en el transcurso de las semanas o, en ocasiones, de los días que preceden al comienzo de un trimestre, los productores comunican el precio que pretenden obtener para los tipos de pasta que comercializan. Esos precios, que incluyen los gastos de transporte hasta los puertos europeos, son determinados, por lo general, de manera diferente según se trate de suministros destinados a puertos europeos del noroeste (zona 1) o a puertos mediterráneos (zona 2). Los anuncios se dirigen a los clientes, a clientes potenciales, a los agentes comerciales y a las oficinas comerciales de los productores. A partir de 1976, durante todo el período contemplado en la Decisión, los precios fueron anunciados en USD por el conjunto de los productores interesados. La prensa especializada publica rápidamente esos precios.

25. Los precios anunciados se distinguen de los "precios de las transacciones", es decir, de los precios que se facturan efectivamente a los clientes. Los precios efectivamente aplicados en las transacciones pueden ser idénticos a los precios que han sido anunciados o diferentes de éstos (descuentos, facilidades de pago o rebajas diversas).

Evolución del mercado de la pasta

26. El mercado de la pasta de madera depende mucho de la demanda de papel y de cartón, que a su vez está sometida a las evoluciones de la coyuntura económica general.

27. El cuadro que figura a continuación (7) muestra la evolución del consumo y de las importaciones comunitarias de pasta al sulfato blanqueada.

Consumo e importaciones de pasta al sulfato blanqueada en la Comunidad

(en miles de toneladas)

Año

ConsumoImportacionescomunitarias

totalesprocedentes

de

Canadá %

del

totalprocedentes

de

Estados Unidos %

del

totalprocedentes

de

Suecia %

del

totalprocedentes

de

Finlandia %

del

total1974 1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982 4571,7

3850,8

4408,8

4439,1

6136,0

6540,8

6774,0

6598,5

6406,5 4 767,5

3 371,6

4 708,0

4 636,8

5 546,7

5 929,3

6 178,8

6 140,9

5 872,9 1 394,0

971,6

1 359,2

1 395,8

1 664,7

1 565,9

1 721,3

1 568,6

1 427,829,24

28,82

28,87

30,10

30,01

26,41

27,86

25,54

24,31 644,0

587,0

718,8

696,2

781,9

934,9

1 090,3

1 085,0

1 127,613,51

17,41

15,27

15,01

14,10

15,77

17,65

17,67

19,20 1 718,6

1 180,1

1 568,7

1 406,3

1 523,5

1 571,2

1 340,3

1 371,0

1 143,536,05

35,00

33,32

30,33

27,47

26,50

21,69

22,33

19,47 466,8

282,7

393,0

437,4

669,9

836,3

838,8

804,8

700,3 9,79

8,38

8,35

9,43

12,08

14,10

13,57

13,11

11,92Fuente: Estadísticas anuales de la Cepac

28. La muy fuerte demanda de pasta de papel del año 1973 °marcado por fenómenos de penuria° disminuyó a finales de 1974, para caer en 1975. Durante este año, los porcentajes de utilización de las capacidades de producción de los productores estadounidenses, suecos y finlandeses disminuyeron substancialmente. Lo mismo sucedió con los de los productores canadienses, que sufrieron huelgas por las que se vio afectada su producción. También en 1975, el Gobierno sueco implantó un sistema de ayudas a la acumulación de existencias, lo que provocó un aumento colosal de las existencias de los productores suecos. En 1976, la demanda de pasta en la Comunidad volvió a situarse prácticamente al nivel de 1974.

29. En el transcurso del año 1977, el consumo se estancó (+0,7 %), mientras que las importaciones disminuyeron ligeramente (-1,5 %). Durante el año 1978, el consumo y las importaciones iniciaron un alza sustancial que continuó a lo largo de 1979, para alcanzar el punto máximo en 1980. En 1981 se asistió a una ligera caída de la demanda, que continuó en 1982.

30. Según la Decisión, la evolución de los precios anunciados en el mercado comunitario fue, esquemáticamente, la siguiente: los años 1975 (8) y 1976 estuvieron marcados por una estabilidad total que persistió hasta el tercer trimestre de 1977, (9) en el que se registró el inicio de una baja, ampliada durante el trimestre siguiente y los dos primeros trimestres de 1978. Entonces se alcanzó el nivel más bajo de los precios anunciados del período considerado en la Decisión. En el tercer trimestre de 1978 se produjo una ligera recuperación de los precios anunciados, que fue seguida de un claro aumento en el cuarto trimestre. Seguidamente, durante cada uno de los sucesivos trimestres hasta el segundo trimestre de 1980, los precios anunciados subieron. A continuación, se mantuvieron estables hasta que se produjo un aumento en los trimestres tercero y cuarto de 1981, el cual, en opinión de la Comisión, no fue "admitido" en todos los Estados miembros.

31. Es preciso señalar, desde este momento, que la Comisión considera que los productores, durante el período litigioso, anunciaron casi simultáneamente precios análogos para períodos análogos, y que facturaron precios efectivos idénticos, hecho que, en su opinión, únicamente podía explicarse por la existencia de una práctica concertada. Sin embargo, señala que, en 1977 y 1978, los precios efectivos de las transacciones se diferenciaron significativamente de los precios anunciados, al haber tenido que renunciar las empresas, según la Decisión, a aplicar precios concertados poco realistas, debido a que la debilidad de la demanda había provocado un aumento de la presión competitiva.

32. Debe observarse que la Comisión inició en abril de 1978 un procedimiento antidumping relativo a la importación de pastas procedentes de Canadá, Estados Unidos, Finlandia y Suecia, (10) procedimiento que fue archivado al final de ese mismo año. (11)

Procedimiento y Decisión

33. En 1977, como consecuencia de las verificaciones realizadas con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 17/62 (12) (en lo sucesivo, "Reglamento nº 17"), la Comisión señaló que había descubierto, en la industria de la pasta de madera, la existencia de un cierto número de prácticas restrictivas y acuerdos que no habían sido notificados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de este Reglamento.

34. Al término de esas investigaciones, la Comisión decidió, el 29 de julio de 1981, iniciar de oficio el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, en contra de cincuenta y siete empresas productoras o asociaciones establecidas en Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Noruega, Suecia, Reino Unido, España y Portugal. El 4 de septiembre siguiente, les fueron notificados los cargos que se les imputaban. Así, se les imputó haber participado en acuerdos sobre precios por medio de prácticas concertadas, en decisiones de asociación, en organizaciones comunes, en acuerdos de representación y de agencia común, en acuerdos sobre las condiciones de venta y en intercambios de informaciones. En este apartado me limito a reproducir los términos del oficio que acompañaba al pliego de cargos, pues el contenido y alcance de éste son discutidos por las partes.

35. Las audiencias de las empresas se desarrollaron en marzo y abril de 1982. A continuación, el 1 de septiembre de 1982, la Comisión remitió a los destinatarios del pliego de cargos una solicitud de información con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17. Por considerar, a la vista de las observaciones expuestas por las empresas en respuesta al pliego de cargos y durante sus audiencias, que era necesario "poner al día y completar la información relativa a los hechos en los cuales se basa el procedimiento", (13) la Comisión pidió a los productores que le remitiesen, en especial, las facturas y los documentos relativos a los precios efectivamente aplicados en las transacciones que difirieran de los precios anunciados, correspondientes al período comprendido entre 1974 y el segundo trimestre de 1982. Entonces, las empresas enviaron a la Comisión más de cien mil facturas.

36. Durante el primer semestre de 1982 se iniciaron conversaciones entre las empresas y la Comisión a propósito de un compromiso por el que aquéllas adoptarían nuevos comportamientos en el mercado comunitario, en especial en lo relativo a la elección de la moneda en la cual serían anunciados o facturados los precios y la duración de la validez de los anuncios de precios. El objetivo perseguido por la Comisión consistía en reducir, de esta manera, lo que denominaba "transparencia artificial del mercado", con el fin, siempre en opinión de la demandada, de "hacer más difícil la concertación sobre los precios entre las empresas". (14) Dicho compromiso debía servir de base, inicialmente, para una solución amistosa del asunto (la Comisión así lo admitió durante la vista, en respuesta a una pregunta precisa que le fue formulada al respecto). Las negociaciones se prolongaron durante los años 1983 y 1984, habiéndose suscitado dificultades aparentemente tanto acerca del contenido del compromiso como de la circunstancia de que algunas empresas se negaban a suscribirlo, en particular porque rechazaban toda acusación de práctica concertada.

37. A comienzos del mes de diciembre de 1984, los productores suecos y finlandeses firmaron el compromiso en los términos que deseaba la Comisión, de los cuales las empresas norteamericanas se oponían a las cláusulas "monetarias". Según estas empresas, el 11 de diciembre de 1984, la Comisión les dio a conocer que no llegarían a una solución amistosa si no adoptaban, como muy tarde en la mañana del día siguiente, un compromiso idéntico al suscrito por las empresas escandinavas. Algunas de ellas asumieron entonces el compromiso, pero el día 12 de diciembre se les indicó que ya se había decidido, el día anterior, adoptar una Decisión.

38. El 15 de diciembre de 1984, la prensa (15) citaba en detalle los productores afectados así como el importe de las multas que les serían impuestas en una próxima Decisión de la Comisión. Se indicaba que ésta, al imponer las multas, había tenido en cuenta el compromiso suscrito por los productores suecos y finlandeses respecto a su comportamiento futuro.

39. El 18 de diciembre de 1984, la Comisión comunicó a las demandantes norteamericanas que no revisaría su decisión de adoptar una Decisión y que se seguiría el procedimiento habitual hasta concluir en la notificación de la misma. (16) Por otra parte, se les precisaba que disponían de un plazo que expiraba a las dieciocho horas (hora belga) de ese mismo día para asumir un compromiso idéntico al que habían asumido las empresas suecas y finlandesas, y beneficiarse de una reducción de las multas en la misma proporción. Parece ser que el plazo se prorrogó en algunas horas. Todas las demandantes, excepto tres (Bowater, St Anne e IPS), asumieron el compromiso y, por ello, sus multas se redujeron en un 90 % en la Decisión que fue adoptada el 19 de diciembre de 1984 en contra de cuarenta y tres de los destinatarios del pliego de cargos. (17) Treinta y seis de ellos fueron sancionados con multas comprendidas entre 50.000 y 500.000 ECU. (18) Seis de los destinatarios de la Decisión estaban establecidos en Canadá, once en Estados Unidos, doce en Finlandia, once en Suecia, uno en Noruega, uno en Portugal y uno en España. Los destinatarios noruego, portugués y español, así como cuatro productores suecos, dos finlandeses y un estadounidense, no fueron sancionados con multa.

40. La Comisión imputó a los destinatarios las siguientes infracciones. En primer lugar, se declaró, en contra de casi todos ellos, que habían participado en una concertación, por una parte, sobre los precios anunciados de la pasta de madera al sulfato blanqueada con destino a la Comunidad, (19) durante todo o parte, en función de los productores, del período 1975/1981, y, por otra, sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones de esa misma pasta, practicados en los respectivos mercados de cinco Estados miembros durante todo o parte, en función de los productores, de los años 1975, 1976 y 1979 a 1981. (20) En segundo lugar, se imputó a los destinatarios miembros de la KEA haberse puesto de acuerdo sobre los precios anunciados y los precios efectivos aplicables a las ventas de pasta, así como haber intercambiado datos individualizados relativos a los precios de venta de tal modo aplicados. (21) En tercer lugar, se imputó a algunos destinatarios (productores suecos, Finncell, otros productores europeos y un productor canadiense) haberse puesto de acuerdo sobre los precios anunciados y efectivamente aplicados en las transacciones, y haber intercambiado datos individualizados en el marco de la Fides (22) relativos a los precios aplicables a las ventas de pastas al sulfato blanqueadas de frondosas en la Comunidad, durante los años 1973 a 1977. (23) Por último, se imputó a algunos destinatarios una infracción como consecuencia de la inserción, en los contratos relativos a la venta de pasta de madera celebrados con sus clientes establecidos en la Comunidad, de cláusulas por las que se prohibía la exportación o reventa de la pasta de madera adquirida por estos últimos. (24)

41. El compromiso figura anexo a la Decisión, que indica que las multas impuestas a las empresas que lo asumieron fueron reducidas sustancialmente.

42. En relación con la Decisión de la Comisión, es necesario recordar algunos aspectos de las comprobaciones hechas por ésta en relación con la concertación "general" sobre los precios anunciados y sobre los precios efectivos de las transacciones, que se menciona en los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Decisión.

43. La parte dispositiva no indica concretamente entre qué empresas tuvo lugar la concertación. Se imputa a los productores mencionados en ella el haber participado en una práctica concertada durante los años que se indican. Este Tribunal solicitó a la Comisión que precisara sus comprobaciones, que comunicó en la forma de extensos cuadros recogidos en el addendum al informe para la vista.

44. Parece ser que la "Comisión concluyó que había existido una concertación, como mínimo, entre los productores que habían anunciado (o facturado) un precio común para un determinado producto, en una determinada región y durante un determinado trimestre" (25) (traducción no oficial).

45. A este respecto, el detalle de las comprobaciones de la Comisión relativas a los precios figura en los Cuadros 6 y 7 anexos a la Decisión.

46. El Cuadro 6 contiene los precios que anunciaron las empresas que en él se mencionan, en relación con cada trimestre del período contemplado en la Decisión.

47. El Cuadro 7 se refiere a los precios efectivamente aplicados en las transacciones. La versión publicada en el Diario Oficial no menciona nombre alguno. A cada una de las empresas le fue notificada una Decisión, con un Cuadro 7 en anexo, sin indicar el nombre de sus competidores e incluyendo, exclusivamente, sus propios precios. A este Tribunal le fue entregado, durante la fase escrita del procedimiento, el cuadro que contenía la indicación de los precios efectivos de las transacciones de todas las empresas.

48. En el transcurso del mes de abril de 1985, veintiocho de los cuarenta y tres destinatarios de la Decisión interpusieron una serie de diez recursos de anulación. (26)

49. Teniendo en cuenta el hecho de que el 21 de febrero de 1989, The Mead Corporation (C-114/85) desistió de su recurso y que, mediante sentencia de 27 de septiembre de 1988, este Tribunal anuló la Decisión por lo que se refiere a la KEA (C-114/85), el número de demandantes se encuentra "reducido" a veintiséis, a saber, una asociación (Finncell) y veinticinco empresas. Las empresas suecas no interpusieron recurso.

50. Las demandantes solicitan al Tribunal que anule la Decisión adoptada por la Comisión en su contra o, en su defecto, que reduzca las multas impuestas. Asimismo, algunas de ellas solicitan que anule el compromiso o les libere de éste.

51. Es preciso recordar que en la sentencia de este Tribunal de 27 de septiembre de 1988 se desestimó el motivo basado en la incompetencia de la Comunidad respecto de empresas que, como las demandantes, están establecidas fuera del territorio comunitario, cuando los comportamientos que les son imputados hayan sido puestos en práctica dentro del mercado común.

52. Mediante auto de 25 de noviembre de 1988, este Tribunal acordó que se procediera a practicar una prueba pericial esencialmente sobre el análisis de los documentos relativos a los precios anunciados y a los precios efectivamente aplicados en las transacciones, que fue confiada, el 16 de marzo de 1989, a la empresa Moret et Limperg en colaboración con el Sr. Whitehouse.

53. Por lo que respecta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia y a las conclusiones escritas de los peritos, me remito al informe para la vista. Este Tribunal oyó a los peritos el día 5 de junio de 1990.

54. A continuación, el Tribunal encargó a los Sres. Fishwick y Cockram un dictamen pericial, en particular para que expusieran y analizaran las características del mercado de la pasta de madera durante el período contemplado en la Decisión, y que emitieran su opinión, considerando esas características, sobre si el funcionamiento normal del mercado de la pasta de madera debía conducir a la implantación de una estructura de precios diferenciados o de una estructura de precios uniformes, y por qué razones. Tendré ocasión de exponer ampliamente las conclusiones de los peritos, que figuran en el addendum al informe para la vista, durante la exposición que procede iniciar a partir de ahora.

55. Previamente, debo indicar que, simultáneamente con la presentación de los recursos, determinadas demandantes propusieron una excepción con arreglo al apartado 1 del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento. En concreto, se solicitó al Tribunal que acordara que las facturas facilitadas a la Comisión después de la audiencia de las empresas no pudieran ser utilizadas o invocadas por ésta durante el presente procedimiento. Según las demandantes, el pliego de cargos no contenía ninguna alegación referente a una infracción relativa a la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones.

56. La Comisión basó las declaraciones de su Decisión relativa a los precios efectivos de las transacciones, exclusivamente, en el análisis de las facturas facilitadas, después de las audiencias, por las empresas destinatarias. Ahora bien, en el transcurso del procedimiento administrativo, la Comisión les denegó el acceso a dichos documentos. La Comisión no puede subsanar tal irregularidad permitiendo a las empresas la posibilidad de tener conocimiento de ellos ante el Tribunal. En efecto, esa no es la función de éste, que se vería obligado a proceder al examen de hechos complejos y a pronunciarse sobre cuestiones que la Comisión debió examinar normalmente durante el procedimiento administrativo, sobre la base de las observaciones expuestas por las empresas. La demandada no puede, por consiguiente, utilizar dichos elementos de prueba ante el Tribunal.

57. Este Tribunal ha acordado decidir acerca de dicha petición, que la Comisión, por su parte, considera inadmisible, al pronunciarse sobre el fondo, sosteniendo que se trata, en realidad, de un motivo de fondo, por lo demás no pertinente, y no de un incidente o de una excepción. Sin que me parezca indispensable pronunciarme al respecto, señalaré que el argumento de las demandantes, relativo a la demanda incidental, es idéntico, en sustancia, al expuesto en apoyo de los propios recursos, puesto que éstos persiguen que se anule la Decisión relativa a la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones por infracción del derecho de defensa. En consecuencia, insto al Tribunal a que proceda, inicialmente, a examinar los motivos y alegaciones de las demandantes referentes a las irregularidades del procedimiento administrativo relativas a los precios efectivos de las transacciones.

58. Examinaré sucesivamente:

I. Los motivos procesales

II. La concertación "general" sobre los precios anunciados

III. La concertación en el marco de la KEA

IV. La concertación en el marco de la Fides

V. Las cláusulas por las que se prohibía exportar y revender

VI. El perjuicio del comercio entre los Estados miembros

VII. Las alegaciones de discriminación

VIII. El compromiso

IX. Las multas

X. Las costas

I. Motivos procesales (27)

59. Todas las demandantes criticaron el procedimiento seguido por la Comisión, alegando motivos cuyo examen muestra, en su conjunto, determinadas irregularidades manifiestas que afectan ampliamente a la Decisión que se impugna.

60. Antes de proceder a su estudio, señalaré que Bowater indicó que el oficio por el que se le notificó la Decisión lleva una fecha en la cual su signatario no era ya Comisario encargado de los asuntos de competencia. La Comisión explica dicha anomalía por el exceso de trabajo que tenía la Secretaría General en aquella época, debido, en especial, a la emisión de gran número de Decisiones a finales de 1984.

61. No resulta muy satisfactorio para este Tribunal verse confrontado a un documento que no fue firmado en la fecha que menciona [...] No obstante, este hecho, que sólo cabe deplorar, no me parece tener incidencia alguna en cuanto a la validez de la propia Decisión. Tal es la conclusión, a mi entender, que debe deducirse de la jurisprudencia de este Tribunal, según la cual "las irregularidades en el procedimiento de notificación de una Decisión son ajenas al acto y, por consiguiente, no pueden viciarlo". (28) Sin duda, este Tribunal considera que dichas irregularidades pueden, por el contrario, impedir que comience a correr el plazo de interposición del recurso. Pero, en el presente caso, no se puede negar que "(las) demandante(s) tuvieron conocimiento exacto del texto de la Decisión y que (hicieron) uso, dentro del plazo, de (su) derecho a recurrir en vía jurisdiccional". (29) En consecuencia, "la cuestión de las eventuales irregularidades de la notificación carece de interés". (30)

62. Examinaré, sucesivamente, las irregularidades alegadas en relación con:

° la existencia de imputaciones contenidas en la Decisión y no mencionadas en el pliego de cargos;

° la utilización, en la Decisión, de elementos de prueba no comunicados a las partes;

° la negativa a proceder a una audiencia conjunta de las partes;

° la omisión de la consulta al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes, después de que algunas empresas asumieran el compromiso.

A. La Decisión contiene imputaciones que no constaban en el pliego de cargos

1) El pliego de cargos no aludía a la concertación relativa a los precios efectivamente aplicados en las transacciones

63. Las demandantes a las cuales se imputó la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones (31) (es decir, los precios efectivamente practicados) sostienen que el pliego de cargos se refería a una concertación relativa, únicamente, a los precios anunciados. Al declarar en su Decisión una infracción distinta, relativa a la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones, la Comisión infringió el derecho de defensa que garantizan los artículos 19 del Reglamento nº 17 y 4 del Reglamento nº 99/63/CEE, que dispone que la Comisión solamente mantendrá contra las empresas destinatarias las quejas respecto de las cuales aquéllas hayan podido manifestar sus puntos de vista. Según las empresas, hasta octubre de 1984, es decir, dos meses antes de adoptar la Decisión, la Comisión no les indicó que les imputaría, asimismo, una infracción relativa a la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones.

64. En contra de dicha alegación, la Comisión invoca, en primer lugar, el tenor del pliego de cargos. Este contenía pasajes referentes a una concertación relativa tanto a los precios efectivos de las transacciones como a los precios anunciados.

65. Antes de proceder a examinar los mencionados pasajes, deseo hacer una observación. La demandada invoca pasajes tanto de los antecedentes de hecho del pliego de cargos como de parte relativa a la "aplicabilidad del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE". Ahora bien, considero que al menos esta última parte del pliego de cargos, a falta de una parte dispositiva formal, debería articular con precisión las infracciones imputadas a los destinatarios.

66. Considerando dichas observaciones, la circunstancia de que algunos pasajes de los "antecedentes de hecho" del pliego de cargos hagan referencia a los precios efectivamente aplicados en las transacciones (32) tiene, en mi opinión, únicamente un alcance limitado a efectos de determinar si se hacía referencia a la concertación sobre estos últimos.

67. En cuanto a la parte relativa a la "aplicabilidad del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE", ésta hace referencia a unas "prácticas concertadas de fijación de los precios realizadas, entre otros, mediante el sistema de anuncios de precios". (33) Aunque la expresión "entre otros" (inter alia en la versión original) está subrayada en el texto, hace falta tener una gran imaginación para ver en ella una referencia a la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones. En cualquier caso, dicha referencia sería, cuando menos, muy implícita.

68. Ahora bien, los apartados 54 y siguientes del pliego de cargos, en los que la Comisión analiza las prácticas concertadas de fijación de precios entre los productores, se refieren, esencialmente, a las prácticas de los anuncios de precios y a los "otros contactos entre productores". La única referencia que podría ser pertinente (34) en apoyo de la tesis de la Comisión se encuentra en el apartado 66, que indica que "los productores de Norteamérica practicaron, hasta 1978 [...] los mismos precios que los productores escandinavos, excepto durante la primera mitad de 1977, en que concedieron descuentos y aumentaron su cuota de mercado". En todo caso, de la lectura del pliego de cargos no se desprende ninguna mención expresa y desprovista de ambigueedad que permita concluir que fuese formulada la imputación relativa a la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones.

69. Sin embargo, la Comisión sostiene en su dúplica que las respuestas de determinadas empresas al pliego de cargos o durante la vista ilustran claramente que comprendieron que se refería a la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones.

70. No creo que los extractos invocados por la Comisión a este respecto sean determinantes en favor de su tesis. Sin duda, la KEA consideró que "en el pliego de cargos se afirma, erróneamente, que los precios efectivamente aplicados en las transacciones no fluctuaban en función del mercado", criticando, por otro lado, este documento que consideraba que "los precios efectivamente aplicados en las transacciones eran iguales a los anunciados, denominados también precios corrientes". Asimismo, sin duda las demandantes finlandesas alegaron que había habido una competencia extremadamente dura, que concluyó con la fijación de precios efectivos muy distintos. No obstante, tales declaraciones en absoluto demuestran, de manera irrefutable, que el pliego de cargos se refiriera a la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones. En efecto, el argumento según el cual éstos fueron diferentes de los precios anunciados puede constituir un motivo de defensa contra una acusación de concertación exclusivamente sobre los precios anunciados. No resulta más convincente para la tesis de la Comisión invocar pasajes en los que, por ejemplo, las empresas canadienses declararon que "a cada una de las demandadas canadienses se les imputó haber participado en una concertación para fijar los precios", o aquellos en los que Bowater niega cualquier participación "en toda concertación destinada a anunciar o a fijar los precios". Además, sería necesario acreditar, de forma indiscutible, que la expresión "fijar los precios" incluye la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones: eso es precisamente lo que hay que demostrar [...]

71. Ciertamente, la tesis de la Comisión según la cual la distinción entre precios anunciados y precios efectivos de las transacciones no quiere decir, sin embargo, que deba considerarse que se trata de dos prácticas concertadas totalmente diferentes, no está desprovista de lógica.

72. Pero, ¿no provienen las incertidumbres, ante todo, de la postura adoptada por la propia Comisión? A este respecto, la concertación sobre los precios aplicados y la relativa a los precios anunciados fueron consideradas como dos infracciones distintas en la Decisión. Así, en relación con los años 1977 y 1978, no se declaró la existencia de concertación alguna sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones, mientras que, en esos mismos años, se declaró que existió infracción en relación con los precios anunciados. A St Anne, la Decisión le atribuyó, únicamente, una participación en la concertación sobre los precios anunciados; mientras que a otras empresas se les imputó haber participado solamente en la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones. Por otra parte, de las explicaciones facilitadas por la propia Comisión se deduce que los importes de las multas fueron determinados considerando, de forma independiente, la concertación sobre los precios anunciados, por una parte, y la relativa a los precios efectivamente aplicados en las transacciones, por otra.

73. Por consiguiente, hay que hacer constar que en la Decisión se consideró que realmente habían existido al respecto dos infracciones independientes, mientras que el pliego de cargos no contenía expresamente ninguna acusación expresa en cuanto a la imputación de un motivo relativo a la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones.

74. Una comprobación adicional aporta un elemento decisivo en favor de la tesis de las demandantes. En el Anexo VI del pliego de cargos figura un cuadro que, en realidad, sólo menciona los precios anunciados; la Comisión lo confirmó así durante la vista al responder a una pregunta concreta que le fue planteada al respecto. El pliego de cargos no contiene ningún anexo análogo al Cuadro 7 de la Decisión, que refleja los precios efectivamente aplicados en las transacciones. Dicha diferencia entre el pliego de cargos y la Decisión es, de por sí, muy reveladora. Es cierto que la Comisión sostiene que en el pliego de cargos se citaron los precios anunciados por considerar que correspondían, la mayor parte de las veces, a los precios efectivos de las transacciones. (35) Pero este argumento viene a contradecir la tesis de la Comisión. En efecto, en apoyo de sus afirmaciones según las cuales la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones estaba contemplada en el pliego de cargos, la Comisión pone de relieve, en especial, algunos pasajes de éste que hablan de una diferencia, durante determinados períodos, entre los precios anunciados y los precios efectivos de las transacciones. (36) Ahora bien, el Anexo VI del pliego de cargos no contiene mención alguna sobre los precios efectivos de las transacciones en esos períodos. Para admitir que el pliego de cargos se refirió a la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones, sería preciso, además, que el mencionado cuadro hiciera aparecer, al menos claramente, los períodos durante los cuales, en opinión de la propia Comisión, estos últimos hubieran sido distintos de los precios anunciados.

75. Recordemos que "el pliego de cargos [...] tiene por objeto permitir que los interesados puedan manifestar sus argumentos en el marco del procedimiento iniciado contra ellos". Por ello, el destinatario debe "poder conocer, efectivamente, los cargos que se le imputan". (37)

76. Si, en el caso presente, prosperase la tesis de la Comisión, esa función del pliego de cargos quedaría profundamente desvirtuada. Este Tribunal considera que la exposición de las imputaciones responde a las exigencias del artículo 4 del Reglamento nº 99/63, "desde el momento en que enuncia, incluso de forma somera, pero de manera clara, los hechos esenciales en los que se basa la Comisión". (38) Tal exigencia de claridad, que se recuerda y verifica en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, (39) evidentemente no es respetada cuando son necesarias laboriosas explicaciones para descubrir, en la exposición de los cargos, la existencia de una imputación concreta. La formulación precisa de los cargos (40) comunicados a las empresas es indispensable para permitir a éstas estar en plenas condiciones de ejercer su defensa. Este Tribunal no puede admitir, en terrenos caracterizados por la complejidad de los hechos, la cantidad de informaciones y las consecuencias de los procedimientos de que se trata, que se consideren satisfechas esas exigencias mediante la invocación de los términos del pliego de cargos. En el presente caso, éste no contiene, en ningún caso, una acusación explícitamente formulada relativa a la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones.

77. En consecuencia, propongo al Tribunal que declare que la Comisión, al declarar en su Decisión que existió una infracción relativa a la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones que no había sido contemplada de manera clara, precisa y expresa, en el pliego de cargos, infringió las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 4 del Reglamento nº 99/63 y al artículo 19 del Reglamento nº 17. Tal infracción debe, en mi opinión, dar lugar a que se anule el apartado 2 del artículo 1 de la Decisión, como solicitan las demandantes interesadas. En todo caso, a esta misma conclusión conducirá el análisis de la regularidad del procedimiento que haré posteriormente, en la medida en que se refiere a los elementos de prueba en los que se basó la Comisión para demostrar la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones.

2) Duración de la concertación

78. Algunas demandantes sostienen que la Decisión consideró que la infracción había tenido mayor duración que la que se mencionaba en el pliego de cargos.

a) Duración de la infracción hasta la fecha del pliego de cargos

79. La Decisión declaró que había existido una concertación hasta el momento de la notificación del pliego de cargos, es decir, septiembre de 1981. En efecto, el Cuadro 6 anexo a la Decisión muestra los precios anunciados para los cuatro trimestres de 1981, mientras que el Cuadro 7 menciona los precios efectivamente aplicados en las transacciones de los tres primeros trimestres de 1981.

80. Las demandantes canadienses y Bowater alegan que el pliego de cargos se refería a un período que no excedía del segundo semestre de 1980.

81. La Comisión afirma, por su parte, que el pliego de cargos abarca la totalidad del período que iba de 1973 hasta la fecha de su notificación, en septiembre de 1981. La descripción del mercado y del comportamiento de los destinatarios del pliego de cargos, así como la apreciación de dicho comportamiento, se referían a la totalidad de dicho período. Ningún pasaje del pliego de cargos limitaba a un período más corto la articulación de los hechos relativa a la participación de cada una de las demandantes en las infracciones.

82. En primer lugar, observo que, si el cuadro que figura en el Anexo VI del pliego de cargos finaliza en el segundo trimestre de 1980, una nota indica expresamente que los precios fueron idénticos en los trimestres tercero y cuarto de 1980. Por consiguiente, al menos el año 1980 estaba incluido en su totalidad. Pero, ¿qué sucedió con el año 1981? En mi opinión, teniendo en cuenta las indicaciones del citado cuadro, era necesario una mención clara para indicar que la infracción continuó después de finalizar 1980, puesto que los precios de 1981 no figuraban en el Anexo VI del pliego de cargos. Ahora bien, al afirmar que éste no se limitó nunca a un período más breve que el que finalizó en septiembre de 1981, la Comisión invierte completamente, a mi juicio, los términos de la discusión. En efecto, el hecho de no existir en el Anexo VI referencia al año 1981 excluía, lógicamente, ese período de la duración de la infracción, a no ser que la Comisión hubiera indicado lo contrario expresamente en la exposición de las propias imputaciones.

83. Sin embargo, en opinión de la demandada, de ese documento se deducía "claramente" que ponía en tela de juicio el comportamiento permanente de los destinatarios.

84. No puedo evitar exponer reservas categóricas a este respecto. Ningún pasaje del pliego de cargos puede ser invocado eficazmente por la Comisión en apoyo de tal afirmación, si se exceptúa el apartado 21, en el que puede leerse: "el cuadro del Anexo VI indica los precios anunciados por los productores [...] de 1974 a 1981". Ahora bien, este Tribunal evaluará el valor que debe atribuirse a esa precisión, teniendo en cuenta que el citado cuadro no contiene, precisamente, ninguna indicación sobre precios posterior a 1980 [...] Además, la referida frase precede inmediatamente a una larga exposición en la que se describe la evolución de los precios de la pasta en el período comprendido entre 1974 y 1980. En consecuencia, la mencionada indicación no corrobora en modo alguno la tesis de la Comisión.

85. Por otra parte, ésta alega que, al ampliar en su Decisión el período de infracción hasta el momento de la notificación del pliego de cargos, no estaba suscitando una nueva imputación. En efecto, simplemente se limitó a dejar constancia de que los destinatarios de la Decisión mantuvieron el mismo comportamiento hasta la fecha de la notificación, al observar que los precios anunciados y practicados entre el tercer trimestre de 1980 y el tercer trimestre de 1981 eran los mismos que los anunciados y practicados durante el segundo trimestre de 1980. Ninguna norma de Derecho comunitario obliga a la Comisión a utilizar solamente las informaciones de que dispone en el momento de dar traslado del pliego de cargos. Por otra parte, las demandantes, al facilitar las facturas y documentos del año 1981, solicitados por la Comisión en su escrito de 1 de septiembre de 1982 con arreglo al artículo 11 °que, no se olvide, comprendía el período 1974/1982° presentaron observaciones acerca de la afirmación de la Comisión, de las cuales se deducía que se pusieron de acuerdo sobre los precios. Ahora bien, el escrito de la Comisión se refería expresamente al pliego de cargos y a la audiencia, y ninguna de las demandantes se negó, sin embargo, a facilitar las facturas del período posterior al segundo semestre de 1980 alegando que ese período no estaba comprendido en el pliego de cargos.

86. Señalaré, para empezar, que el escrito de 1 de septiembre de 1982, destinado a "actualizar y completar las informaciones acerca de los hechos en los que se basó el procedimiento", no puede ser considerado, en ningún caso, como pliego de cargos. A continuación, me parece particularmente arriesgado deducir de la actitud de las demandantes, que no formularon reserva alguna sobre el envío de los mencionados documentos, una confirmación implícita de que el pliego de cargos abarcaba el año 1981.

87. En efecto, tal y como señalan algunas empresas, en sus contestaciones facilitaron, asimismo, documentos relativos al período posterior al pliego de cargos °tercer trimestre de 1981/segundo trimestre de 1982° período que, por definición, no podía haber sido objeto de dicho pliego.

88. En resumen, a la tesis de la Comisión que consiste en sostener, en definitiva, que las demandantes debían saber que el período posterior a 1980 estaba comprendido en el pliego de cargos desde el momento en que no se negaron a facilitar documentos relativos a dicho período, las empresas objetan que su actitud pretendía ser cooperante, al suponer que la información sería utilizada, en especial, con fines de comparación.

89. Este Tribunal considera que la duración constituye un "elemento esencial" de la infracción, que la Comisión debe mencionar "sobre la base de las informaciones de que dispone en el momento de elaborar el pliego de cargos", (41) al precisar que "la Comisión puede ampliar el período así considerado, si lo justifican informaciones suplementarias recogidas durante el procedimiento administrativo, siempre y cuando las empresas hayan tenido ocasión de exponer sus puntos de vista al respecto". (42)

90. En el presente caso, la Comisión, al reivindicar el derecho a utilizar las informaciones obtenidas durante la investigación administrativa, parece estar admitiendo, en consecuencia, que fue esta investigación la que le facilitó los elementos relativos al período posterior a 1980. Sería preciso, además, que las empresas interesadas hubieran podido exponer sus puntos de vista al respecto, lo que no se menciona de manera específica en las observaciones presentadas por la Comisión ante este Tribunal.

91. Por consiguiente, me inclino a proponer al Tribunal que estime el recurso de las demandantes interesadas en relación con el año 1981, salvo si se considera un argumento de pura exégesis basado en el escrito que acompañaba al pliego de cargos, que indica "it is proposed to require the firms concerned to terminate such infringements". (43)

b) Duración de la infracción imputada a algunos productores

92. IPS sostiene que el pliego de cargos únicamente le imputaba infracciones correspondientes al período 1974/1978 (a excepción del primer trimestre de 1977), mientras que, por lo que a ella respecta, la Decisión se refiere al período 1975/1981.

93. No creo que este argumento deba ser estimado. Para el período que comienza a partir del tercer trimestre de 1978, en el Anexo VI del pliego de cargos se mencionan los precios de los "productores US", y ha quedado acreditado que IPS es un productor estadounidense. Por consiguiente, no me parece que pueda negarse que se puso en tela de juicio a dicha empresa por su participación en la concertación sobre los precios en el período posterior a 1978. Este Tribunal debe desestimar por los mismos motivos la tesis de Bowater, sociedad asimismo estadounidense, que niega que el pliego de cargos hubiera puesto en tela de juicio su comportamiento durante el período posterior al primer trimestre de 1978.

94. Por el contrario, el Tribunal de Justicia debe estimar los argumentos de esta última por lo que se refiere al año 1975. El Anexo VI del pliego de cargos no menciona los precios de Bowater en ese año, mientras que indica nominativamente los de los otros productores estadounidenses en el mismo período.

95. La Comisión no niega que Bowater no aparece en la lista que figura en el Anexo VI en relación con 1975. Admite, asimismo, que no contradijo a la sociedad cuando ésta afirmó, durante su audiencia, a propósito del período 1975/1976, "no estar implicada en un procedimiento relativo a un período en el que no hubo denuncia o no la hubo contra nosotros en especial". Sin embargo, la demandada considera que una eventual irregularidad no puede dar lugar a que se anule la Decisión a este respecto, en la medida en que, teniendo en cuenta elementos de prueba convincentes relativos al mencionado período, no parece que la comprobación de la Comisión hubiera sido "materialmente" diferente si las imputaciones relativas al año 1975 hubieran sido expresadas de manera más "específica" en el pliego de cargos.

96. Tal sugerencia no me parece admisible: el comportamiento de Bowater en 1975 no fue contemplado, en todo caso, en el pliego de cargos, si se tiene en cuenta que el Anexo VI no indica en ningún caso los precios de Bowater en ese año. Por otra parte, ya hemos visto que este Anexo se refiere a los precios anunciados, mientras que a Bowater se le imputó únicamente haber participado en una concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones en 1975. Dicha sociedad declaró durante su audiencia que consideraba que su comportamiento en ese período no había sido puesto en tela de juicio. Si, por una parte, la Comisión admite haberse abstenido de responder en ese momento, no puede, por otra, sostener que la irregularidad procesal estaría "subsanada" de alguna manera teniendo en cuenta las pruebas existentes en contra de Bowater correspondientes al mencionado período.

97. La Comisión parece sugerir a este Tribunal que aplique la teoría de las irregularidades sustanciales.

98. Es cierto que, en su sentencia Distillers, (44) este Tribunal consideró que no era necesario examinar las irregularidades procesales alegadas por la demandante, al indicar que "únicamente sería distinto si existiera la posibilidad de que, a falta de tales irregularidades, el procedimiento administrativo hubiera podido conducir a un resultado diferente". (45) Asimismo, hay que precisar qué irregularidades fueron cometidas en este asunto. Se referían en especial al hecho de no haber comunicado al Comité Consultivo la audiencia de la demandante y a algunos aspectos suplementarios de su respuesta al pliego de cargos, así como a la notificación incompleta de la imputación. Y este Tribunal ha declarado que dichos vicios de procedimiento no pueden en ningún caso afectar a la Decisión por haber denegado una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85, puesto que las condiciones de precios no podían ser objeto de un examen con vistas a obtener dicha exención, al no haber sido notificadas a la Comisión.

99. La diferencia de gravedad entre tales irregularidades y la que se desprende de un atentado contra la función fundamental del pliego de cargos °indicar con precisión las imputaciones en contra de las empresas, para permitirles presentar su contestación° es demasiado evidente para que me entretenga en ponerla de relieve en este punto. Señalaré únicamente que la tesis sostenida por la demandada en el marco del presente recurso podría en última instancia conducir, en definitiva, a considerar inútil la formulación de cargos en contra de las empresas, si la Comisión considerara que existían pruebas suficientes en su contra. Esta es exactamente la consecuencia a que conduce la postura de la Comisión sobre el problema concreto de la imputación de concertación contra Bowater en el año 1975, postura que propongo, muy firmemente, que sea desestimada por este Tribunal.

3) Identidad de participantes en la práctica concertada

100. IPS considera que el pliego de cargos se refería únicamente a su participación en una práctica concertada con los productores escandinavos; ahora bien, la Decisión le imputó haberse puesto de acuerdo sobre los precios anunciados durante algunos períodos con los productores canadienses y con otros productores estadounidenses. A continuación, por lo que se refiere a los precios efectivamente aplicados en las transacciones, IPS alega que la Decisión le imputó haber actuado de forma concertada, en relación con las pastas de frondosas del sur, con otros productores que la demandante "cree entender" que se trata de productores estadounidenses.

101. La Comisión subraya que, al referirse a "prácticas concertadas entre productores escandinavos y productores norteamericanos", el pliego de cargos aludía al mismo tiempo a una concertación dentro de cada uno de estos dos grupos de productores. Según la demandada, si el pliego de cargos se hubiera referido únicamente a una concertación entre empresas escandinavas por una parte, y empresas norteamericanas por otra, estaríamos ante un tipo de concertación tan "extraordinario" que cabría calificarlo de "caprichoso". En efecto, ello conduciría a que se interpretara que el pliego de cargos se refería a una serie de concertaciones distintas, comprometiendo cada una de ellas a empresas de los dos continentes, a miles de kilómetros de distancia uno de otro, pero sin comprometer nunca a más de un solo competidor de la misma región, del mismo país o del mismo continente.

102. Por consiguiente, procede decidir si la expresión "prácticas concertadas entre productores escandinavos y productores de Norteamérica" se refería solamente a una concertación entre estos dos grupos de productores, sin aludir a la concertación de las empresas dentro de cada grupo.

103. A mi juicio, el punto de vista de la Comisión, expuesto anteriormente, parece oportuno. En efecto, pone de relieve claramente las consecuencias "irrazonables" de la tesis de IPS en cuanto a la identidad de participantes en la concertación imputada en el pliego de cargos. Sin embargo, es manifiesto que la expresión "concertación entre productores norteamericanos y productores escandinavos" no está exenta de cierta ambigueedad. Pero el propio contenido del pliego de cargos muestra, en mi opinión, que se refería tanto a la concertación entre grupos regionales como dentro de cada grupo.

104. Así, bajo la mencionada expresión figura, como subraya justamente la Comisión, el pasaje siguiente: "C. Prácticas concertadas entre productores escandinavos y productores norteamericanos. Los mencionados documentos [...] muestran que existieron contactos directos entre la sociedad canadiense MacMillan y los productores estadounidenses Weyerhaeuser y Georgia Pacific. Dichos contactos dieron lugar a intercambios de informaciones sobre los precios y las ventas de la KEA". Este pasaje demuestra, sin lugar a dudas, que la concertación en el seno del grupo de productores norteamericanos estaba contemplada en el pliego de cargos. En consecuencia, el Tribunal debe desestimar las alegaciones de IPS al respecto.

4) Participación de St Anne en la Fides

105. St Anne, empresa canadiense, sostiene que el pliego de cargos no se refería a su participación en la Fides, mientras que la Decisión le ha imputado una infracción por este motivo.

106. La Comisión reconoce que el Anexo VII del pliego de cargos, que relaciona a los miembros de la Fides, no menciona a St Anne y que las referencias que se hacen en otros pasajes a las prácticas concertadas entre "productores escandinavos y productores europeos", para describir dichas prácticas en el seno de la Fides, son "poco afortunadas" puesto que no mencionan a St Anne, sociedad canadiense. Sin embargo, teniendo en cuenta, en particular, un télex que se menciona en la parte relativa a los hechos del pliego de cargos y que hace referencia a St Anne, la demandada estima que corresponde a este Tribunal apreciar si dicha sociedad debió considerar que el pliego de cargos aludía a su participación en las prácticas concertadas en el marco de la Fides.

107. Señalaré, en primer lugar, que la parte relativa a los "fundamentos de Derecho" del pliego de cargos no se refiere a St Anne en relación con la concertación dentro de la Fides. Tampoco figura dicha sociedad en la lista del Anexo VII del pliego de cargos, titulada "principales miembros de la sección de pasta de frondosas de la Fides".

108. A continuación, los antecedentes de hecho del pliego de cargos reproducen el texto de un télex procedente de una tercera empresa, que se refería a una reunión durante la cual diferentes empresas, entre las cuales se encuentra St Anne, procedieron a intercambiar precios. No obstante, no considero que dicha alusión pueda bastar para imputar a la referida sociedad haber participado en la Fides. En efecto, otra sociedad que se menciona en el mismo télex por haber participado en la misma reunión, Celbi, no se encontraba entre los destinatarios del pliego de cargos y no fue implicada en el procedimiento. En consecuencia, si la referencia a Celbi en el documento no llevó a la Comisión a dirigir a ésta última el pliego de cargos, considero excluido que ese mismo télex, por sí solo, pueda bastar para que se articule una imputación contra St Anne por haber participado en la Fides.

109. Por otra parte, no me parece procedente que la Comisión justifique, en el presente caso, la no formulación de una imputación contra St Anne por el motivo, alegado en su contestación, de que "habría sido demasiado largo citar, en cada ocasión, a todos los productores interesados". Era necesario indicar claramente, al menos una sola vez, que se imputaba a St Anne haber participado en la concertación en el seno de la Fides. Por otro lado, la Comisión subraya que si St Anne no fue mencionada en el Anexo VII del pliego de cargos, es porque dicha lista no es exhaustiva e incluye sólo a los principales miembros. Este argumento conduce, a mi parecer, a la conclusión inversa a la que pretende llegar la Comisión. Si St Anne no es considerada en el pliego de cargos como miembro suficientemente "importante" de la Fides como para aparecer en la lista de las empresas que por dicho motivo figura en anexo al pliego de cargos, la única consecuencia lógica que puede deducirse es que no le fue imputado ningún cargo al respecto. La interpretación que la Comisión parece querer deducir del hecho de que la lista no sea exhaustiva ignora las más elementales obligaciones en cuanto al carácter preciso y claro que debe tener la formulación de cargos. El hecho de no haber respetado dichas exigencias, al referirse a la participación de St Anne en la Fides, debe conducir a este Tribunal a anular el apartado 4 del artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión, por lo que se refiere a dicha sociedad.

B. Elementos de prueba en los cuales se basa la Decisión

1) Precios efectivamente aplicados en las transacciones

110. A este respecto, para empezar debo recordar que anteriormente llegué a la conclusión de que en el pliego de cargos no se había expuesto, en todo caso de manera clara, precisa y expresa, es decir, con arreglo a las exigencias del derecho de defensa, la imputación relativa a la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones.

111. A continuación, con objeto de facilitar la comprensión de las alegaciones de las demandantes, procede recordar brevemente la cronología del desarrollo del procedimiento. Después de haber oído a las empresas, entre marzo y abril de 1982, la Comisión les indicó, el 1 de septiembre de 1982, que deseaba "poner al día y completar la información relativa a los hechos en los cuales se basa el procedimiento". Con tal fin, les pidió que la facilitaran las facturas y documentos relativos al período comprendido entre 1974 y 1982 para poder comprobar si los precios efectivos de las transacciones habían sido distintos de los anunciados, como alegaron las demandantes durante sus audiencias. En respuesta a la referida solicitud, formulada con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17, como he indicado anteriormente, fueron enviadas a la Comisión cerca de cien mil facturas.

112. Las demandantes a las cuales se imputó una concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones impugnan la legalidad del procedimiento seguido por la Comisión. (46) Sostienen que la Comisión se basó exclusivamente en un análisis comparativo de los mencionados documentos para justificar las declaraciones de su Decisión por lo que se refiere a los precios efectivos de las transacciones. Por consiguiente, consideran que se infringió el derecho de defensa, pues la demandada no les dio a conocer, antes de adoptar la Decisión, los resultados de dicho análisis. En relación con las facturas facilitadas por otras empresas, invocan la jurisprudencia de este Tribunal y, en especial, la sentencia Hoffmann-La Roche, (47) y subrayan que si el carácter confidencial de dichos documentos impedía que les fueran facilitados, la Comisión no hubiera debido poder utilizarlos en su contra. En cualquier caso, la demandada debió preguntar a las empresas, antes de adoptar la Decisión, si se oponían a que sus facturas fueran facilitadas a sus competidores o a sus abogados.

113. La Comisión niega, en primer lugar, haberse basado exclusivamente en documentos facilitados después de las audiencias. Precisa que, en el transcurso de sus investigaciones realizadas en 1977, solicitó a las empresas interesadas que le facilitaran facturas representativas en las que se demostrara que los precios realmente aplicados correspondían normalmente a los precios "anunciados". Las facturas aportadas después de las audiencias confirmaron simplemente dicha identidad. A continuación, la Comisión indica que se basó exclusivamente en los documentos facilitados por cada demandante para confirmar que sus precios efectivos de las transacciones no diferían, por lo general, de sus precios anunciados. Cuando éstos eran idénticos a los precios efectivos de las transacciones, no era necesario extraer conclusiones de la comparación con documentos de otras sociedades que eran inaccesibles a las demandantes. Por consiguiente, éstas no acreditaron, en modo alguno, que la Comisión se basara íntegramente en conclusiones de esta naturaleza o exclusivamente en documentos facilitados después de las audiencias. Las empresas no necesitaban ver las facturas de las otras para alegar que sus precios efectivos de las transacciones diferían de sus precios anunciados, puesto que las facturas no desempeñaron papel alguno en la apreciación por la Comisión de sus respectivas participaciones en la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones.

114. La demandada alega, por último, que no estaba obligada a comunicar a cada demandante los resultados del análisis de los documentos que había aportado, ni a darle la posibilidad de presentar observaciones acerca de los mismos. Todas las empresas pudieron manifestar su punto de vista sobre los hechos alegados y sobre la apreciación jurídica de éstos contenida en el pliego de cargos, así como oponerse a ella. Pero no podían exigir que les fuera comunicado el carácter más o menos convincente de su oposición ni discutir la postura adoptada por la Comisión antes de que se adoptara una Decisión.

115. Examinemos, en primer lugar, el argumento de las demandantes según el cual la Comisión basó exclusivamente sus declaraciones relativas a la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones en documentos facilitados después de las audiencias.

116. Recordemos que el Tribunal preguntó a los peritos "contables" si los documentos de los cuales disponía la Comisión en el momento de redactar el pliego de cargos le permitían deducir que los precios efectivos de las transacciones aplicados por las empresas a los clientes fueron idénticos a los que habían anunciado.

117. A la pregunta mencionada, los peritos facilitaron la siguiente respuesta: los mencionados documentos no bastaban para que la Comisión pudiera deducir que los precios efectivos de las transacciones ofertados por las empresas a sus clientes fueran los mismos que los precios anunciados.

118. Para llegar a tal conclusión, los peritos señalaron, en relación con el análisis de los documentos de los cuales disponía la Comisión en el momento de notificar el pliego de cargos, que:

° únicamente existían ciento noventa y nueve facturas de trece empresas, de las cuales sólo nueve se encuentran entre las "demandadas"; no había factura alguna en el expediente en relación con veintiocho "demandadas";

° las facturas correspondían solamente a los años 1974 a 1978, mientras que no había en los expedientes factura alguna correspondiente a los años 1979 a 1981;

° el número de facturas seleccionadas como tales era muy reducido en comparación con su totalidad, es decir, con el número total de facturas de todas las empresas durante el período afectado;

° estaba claro que las facturas no fueron escogidas al azar, pues ciento cincuenta y nueve facturas de las ciento noventa y nueve seleccionadas correspondían a cinco empresas. (48)

119. Muy motivadas, las precedentes conclusiones demuestran de forma indiscutible que, en el momento de elaborar el pliego de cargos, la Comisión no disponía en ningún caso de elementos objetivos que revelaran una identidad entre los precios anunciados y los practicados por el conjunto de las empresas. En efecto, suponiendo incluso que la muestra que poseía la Comisión mostrara una identidad entre precios practicados y anunciados, las facturas únicamente se referían a un reducido número de empresas y de operaciones. Por consiguiente, los documentos relativos a los precios efectivamente aplicados en las transacciones que se encontraban en el expediente de la Comisión en el momento de elaborar el pliego de cargos distaban de constituir una prueba objetiva en relación con los precios efectivos de las transacciones en contra de la inmensa mayoría de los productores.

120. En consecuencia, los elementos en los cuales se basa la comprobación de la existencia de una concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones °es decir, los que sirvieron de base a los Cuadros 7 y 8 de la Decisión° fueron efectivamente obtenidos después de haber dado audiencia a las empresas. Por otra parte, la lectura del apartado 25 de la Decisión no parece dejar ninguna duda al respecto. (49)

121. Esta comprobación suscita una pregunta: ¿tenía la Comisión la obligación de elaborar un nuevo pliego de cargos?

122. Según la jurisprudencia de este Tribunal, "la Comisión debe tomar en consideración los elementos que resulten del procedimiento administrativo [...] para ordenar y completar, tanto de hecho como de Derecho, sus argumentos en apoyo de las imputaciones que formule" y "la Decisión no debe necesariamente ser copia de la exposición de los cargos". (50) A continuación, el Tribunal considera que la Comisión "tiene la facultad y, eventualmente, el deber de proceder, durante el procedimiento administrativo, a realizar nuevas investigaciones si el desarrollo del procedimiento revela la necesidad de realizar verificaciones complementarias", (51) y que no está obligada sistemáticamente a elaborar un pliego de cargos suplementario como consecuencia de dichas investigaciones. Pero su jurisprudencia es, por el contrario, muy clara al indicar que dicho pliego sería necesario cuando el resultado de las investigaciones complementarias condujera a la Comisión "a imputar a las empresas nuevos hechos, o a modificar considerablemente los elementos de prueba de las infracciones negadas". (52)

123. Examinemos las razones que parecen haber conducido al Tribunal a plantear esta exigencia. El pliego de cargos constituye el "acto que fija la postura de la Comisión respecto a las empresas". (53) Por una parte, indica a las empresas el comportamiento o comportamientos constitutivos de infracción contra las normas del Derecho de la competencia, es decir, lo que se las imputa. Pero, por otra parte, les da a conocer asimismo los elementos de prueba esenciales que tiene en su poder la Comisión, es decir, los que permiten imputarles una o varias infracciones. Ahora bien, cuando las pruebas se modifican de forma muy considerable como consecuencia de las investigaciones del procedimiento administrativo, el pliego de cargos inicial no puede describir correctamente la base en que descansan las imputaciones. En otros términos, es entonces preciso que la Comisión actúe formalmente ante las empresas indicando la modificación sustancial de los elementos de prueba que desde ese momento se encuentran en su poder.

124. En mi opinión, éste es exactamente el trámite al que estaba obligada la Comisión en el presente caso, si llegó a la conclusión de que las casi cien mil facturas "confirmaban" °por emplear sus propios términos° la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones.

125. La lógica más elemental indica que en este caso hubo una modificación considerable de los elementos de prueba de las infracciones: basta con comprobar que la Comisión no disponía, en el momento de adoptar el pliego de cargos, de los elementos que permitían elaborar los Cuadros 7 y 8 de la Decisión. Además, la considerable labor administrativa °subrayada por la propia Comisión° que supuso el análisis de las facturas constituyó una profundización y una ampliación de sus investigaciones que revelan la modificación sustancial de los elementos de prueba relativos a la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones.

126. Aplicada al caso presente, la jurisprudencia del Tribunal habría conducido a exigir a la Comisión que notificara un nuevo pliego de cargos después de haber examinado las casi cien mil facturas y notas de abono. En mi opinión, este nuevo pliego de cargos era tanto más indispensable cuanto que, en mi opinión, debo recordar que el pliego de cargos de 4 de septiembre de 1981 no aludía a la imputación relativa a la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones de conformidad con las exigencias del derecho de defensa. Tal es mi primera conclusión y me conduce, por consiguiente, a estimar las alegaciones según las cuales la Comisión fundamentó ilegalmente el elemento esencial de su declaración de existencia de concertación sobre los precios efectivos de las transacciones, en documentos presentados después de las audiencias de las empresas, cuando en realidad tenía obligación de remitir un nuevo pliego de cargos.

127. No obstante, continuaré mi análisis abordando las dos preguntas siguientes:

° ¿Tenía la Comisión, antes de adoptar la Decisión, la obligación de dar a conocer a cada empresa sus conclusiones relativas a los precios efectivamente aplicados en las transacciones tal y como se deducían del análisis de las facturas facilitadas por ella?

° ¿Podía negarse la Comisión a dar traslado a cada empresa de los documentos facilitados por las demás?

128. Para empezar, recordaré que la Comisión no permitió a cada empresa la posibilidad de rebatir, antes de que fuera adoptada la Decisión, las conclusiones a las que llegó en relación con sus propias facturas y notas de abono. En un escrito de 12 de noviembre de 1984 se indica al respecto:

"It was the respondents in their replies who alleged that although the announced prices were similar the transaction (applied) prices widely differed. In raising this defence and submitting relevant documents the respondents have therefore already commented on the finding of the Commission that their transaction (applied) prices were broadly identical. Each respondent had the opportunity 'to make known its views on the truth and relevance' of the invoices, credit notes, etc. submitted by him". (54)

129. En primer lugar, recordemos que, como indican muy correctamente las demandantes canadienses, la audiencia no pudo hipotéticamente tratar de las conclusiones deducidas por la Comisión en su Decisión, según la cual los precios efectivos de las transacciones habían sido idénticos, porque, como hemos visto, fueron esencialmente las facturas recibidas con posterioridad las que permitieron fundamentar dicha conclusión.

130. A continuación, no consigo comprender cuál es el alcance que la Comisión otorga a la indicación según la cual las empresas pudieron comentar la exactitud y pertinencia de los referidos documentos al mismo tiempo que los remitieron. El punto crucial es saber si cada empresa tenía derecho a que le fueran comunicadas, antes de que se adoptara la Decisión, las conclusiones individuales del análisis realizado por la Comisión en relación con los documentos que le había enviado.

131. En favor de una respuesta afirmativa hay que recordar que este Tribunal indicó en su sentencia Allgemeine Elektricitaets-Gesellschaft AEG-Telefunken/Comisión:

"procede señalar, a este respecto, que lo que importa no son los documentos en sí, sino las conclusiones que de ellos extrajo la Comisión". (55)

para hacer abstracción de los documentos que, aunque procedieran de la propia sociedad, no pudieron ser rebatidos por ésta antes de que se adoptara la Decisión.

132. Aquel caso presentaba, sin embargo, una diferencia con los presentes asuntos. En efecto, en éstos, los documentos fueron entregados por las propias empresas a la Comisión, mientras que AEG no fue quien se los facilitó. AEG no podía saber que los documentos serían utilizados en aquella Decisión. Por el contrario, en el presente caso las empresas no podían excluir dicha eventualidad.

133. No obstante, de la sentencia del Tribunal se desprende claramente que el hecho de conocer el documento "en bruto" no es necesariamente suficiente para garantizar el respeto del derecho de defensa. Ahora bien, no puede negarse que en el marco del presente procedimiento, teniendo en cuenta en especial la cantidad de documentos manejados y la necesidad de apreciar el carácter competitivo de los descuentos o de las bonificaciones, las conclusiones deducidas de los documentos suponían la existencia de un análisis profundo y complejo, como lo acreditan los debates ante este Tribunal a propósito del primer dictamen.

134. A pesar de ello, las empresas nunca pudieron rebatir antes de que fuera adoptada la Decisión las conclusiones de la Comisión, ya que, precisamente, durante sus audiencias, las mencionadas facturas no estaban en poder de la demandada. Por consiguiente, es evidente que el cargo relativo a la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones les fue imputado sin que hubieran podido exponer sus puntos de vista sobre el análisis realizado por la Comisión de sus propias facturas, que sirvieron de base para la imputación. En cuanto a la importancia de discutir las conclusiones deducidas de documentos que, vuelvo a repetir, fueron facilitados después de notificar el pliego de cargos, queda suficientemente ilustrada por el hecho de que representan la suma de los Cuadros 7 y 8 de la Decisión, en los que se basa la declaración de concertación sobre los precios efectivos de las transacciones. A mi juicio, este es un motivo suplementario por el que el Tribunal debería anular las declaraciones de la Decisión en lo relativo a la concertación sobre los precios efectivos de las transacciones, si adopta mi punto de vista en cuanto a la necesidad de haber dado traslado a cada empresa de las conclusiones del estudio relativo a las facturas que había facilitado.

135. Segunda pregunta: ¿podía negarse la Comisión a dar traslado a las empresas, antes de que fuera adoptada la Decisión, de las facturas facilitadas por las otras empresas?

136. La negativa opuesta por la demandada a este respecto se basa en dos consideraciones:

° la necesidad de proteger la confidencialidad: las facturas y los documentos facilitados por la mayor parte de las empresas, después de sus audiencias, contenían datos individualizados sobre la política de precios que éstas consideran secretos comerciales;

° la inutilidad de tal comunicación para la oposición de las empresas, puesto que éstas tenían que acreditar, únicamente, que sus propios precios facturados eran diferentes de los precios que habían anunciado.

137. Examinaré primeramente esta última justificación. La Comisión alega que no era necesario comparar las facturas de los productores. En efecto, en su opinión, hubiera bastado con comprobar que los precios efectivamente aplicados en las transacciones de cada productor no fueron, por lo general, diferentes de los precios que había anunciado. Sin embargo, la lectura de la Decisión destaca, precisamente, la existencia de comprobaciones relativas a la similitud o identidad de los precios efectivos de las transacciones de los productores.

138. Así, en el siguiente pasaje se pone de manifiesto la similitud de los precios efectivamente aplicados en las transacciones en estos términos: "Las empresas interesadas aplicaron estos descuentos en condiciones muy similares. Los descuentos rara vez excedieron del 3 % y nunca del 7 %". (56) Por otra parte, la propia Decisión describe el comportamiento, en determinados períodos, de dos productores en materia de precios practicados para reforzar su tesis según la cual era posible que existiera diferenciación en los precios de la pasta de madera al sulfato blanqueada. En relación con el primero, Domtar, la Decisión afirma que "los precios variaron, en función de los clientes, entre 420 y 565 USD por tonelada en las resinosas del norte, mientras que las empresas destinatarias de la presente Decisión facturaban uniformemente a 545 USD la tonelada". (57) En cuanto a Bowater, su comportamiento fue descrito de la siguiente manera: "Si, en este último caso, sus precios efectivos de las transacciones coincidieron a la vez con los precios anunciados y los precios efectivamente aplicados en las transacciones de sus competidores, en el primer caso, por lo general, se diferenciaron mucho". (58) Por último, ¿no tiene por objeto el Cuadro 7 de la Decisión precisamente poner de relieve la identidad de los precios efectivos de las transacciones y, el Cuadro 8, la analogía de los descuentos o bonificaciones? Sin embargo, las empresas no podían conocer los documentos facilitados por sus competidores que permitieron elaborar dichos Cuadros. En contra de lo que sostiene la demandada, el derecho de defensa sólo puede ser ejercido plenamente si las empresas pueden no sólo verificar si los análisis de sus propias "estructuras" de precios son correctos, sino, asimismo, y sobre todo, examinar por sí mismas si existe identidad entre sus propios precios y los de sus competidores. La postura de la Comisión, en el presente caso, evoca irresistiblemente esos planos de las cárceles en los que el vigilante puede ver él solo a todos los detenidos, quienes, por el contrario, no pueden verse unos a otros.

139. Por lo que se refiere al menos a los precios efectivamente aplicados en las transacciones, las empresas no pudieron nunca conocer, además, antes de que se adoptara la Decisión, la identidad exacta de los competidores con los que supuestamente se pusieron de acuerdo sobre los precios efectivos de las transacciones durante un período determinado.

140. En consecuencia, no puedo admitir la tesis de la Comisión según la cual no era necesario para la defensa de cada productor individual conocer las facturas y las notas de abono de otros competidores. Señalaré, por otra parte, que la propia Comisión reconoció, en correspondencia posterior a la adopción de la Decisión, que el acceso completo a los mencionados documentos era "psicológicamente más satisfactorio". (59) En mi opinión, ese acceso no es menos importante desde el punto de vista de las exigencias jurídicas [...]

141. Sin embargo, ¿qué partido debió adoptar la Comisión teniendo en cuenta que dichos documentos se consideraban secretos comerciales y, por consiguiente, confidenciales?

142. La reiterada jurisprudencia de este Tribunal afirma que la Comisión no puede "imputar a la empresa, por medio del procedimiento previsto en el Reglamento nº 17, hechos, circunstancias o documentos que considera no poder divulgar, si dicha negativa se refiere a la posibilidad que tiene la empresa de manifestar de forma apropiada su punto de vista sobre la realidad o el alcance de esas circunstancias, esos documentos o, incluso, acerca de las conclusiones que deduce de ellos la Comisión". (60)

143. He tenido ocasión de evocar en profundidad las dificultades que suscita la necesidad de conciliar el respeto de la confidencialidad y el derecho de defensa en el marco de los procedimientos antidumping, cuando señalé, en particular, lo siguiente:

"[...] Si la Comisión Europea de Derechos Humanos declara que no procede admitir los recursos formulados contra resoluciones nacionales adoptadas en cumplimiento de un acto comunitario [...] es por la razón fundamental de que este Tribunal de Justicia ha elaborado una jurisprudencia conforme a la cual dicho Tribunal controla que las Instituciones comunitarias respeten los derechos fundamentales. No carece pues de interés, sino todo lo contrario, el evitar notables divergencias entre lo que este Tribunal de Justicia podría deducir del derecho a un proceso justo respecto a las exigencias que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha podido resolver hasta ahora.

Sobre este extremo no creo que quepa duda de que el procedimiento antidumping, aunque instruido por una autoridad administrativa, debe satisfacer la necesidad de un 'proceso justo' [...] lo que supone que se reconozca una igualdad de armas entre las diferentes partes [...] Por otra parte, el respeto del principio del proceso contradictorio exige que la parte, o su representante, tenga la ocasión de consultar y de criticar el expediente del asunto, en especial los datos que hayan servido de base para la resolución [...]". (61)

144. Y este Tribunal, después de recordar el carácter fundamental que se atribuye al respeto del derecho de defensa, subrayó:

"Procede admitir por lo tanto que, al cumplir su deber de información, las Instituciones comunitarias deben actuar con toda la diligencia requerida procurando, como lo ha precisado el Tribunal de Justicia en la sentencia de 20 de marzo de 1985, Timex Corporation (264/82, Rec. p. 849), dar a las empresas interesadas, en la medida en que lo permita el secreto comercial, indicaciones útiles para la defensa de sus intereses eligiendo, de oficio si es preciso, las modalidades adecuadas para tal comunicación. En todo caso, a las empresas interesadas debe habérseles ofrecido la posibilidad, en el curso del procedimiento administrativo previo, de manifestar de forma apropiada su punto de vista sobre la realidad y la oportunidad de los hechos y circunstancias alegadas y sobre los elementos de prueba tenidos en cuenta por la Comisión en apoyo de su alegación de la existencia de una práctica de dumping y del perjuicio consiguiente." (62)

145. A la vista de dichos principios, (63) la Comisión debió, para acreditar la existencia de la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones basándose en documentos confidenciales, definir las modalidades para dar traslado de los datos necesarios para ejercer el derecho de defensa o renunciar a utilizar las facturas, a pesar de que constituyeran la base de sus afirmaciones.

146. La correspondencia que se intercambió entre las demandantes y la Comisión, después de que ésta adoptara la Decisión, muestra que ambas partes pudieron estudiar distintas fórmulas para permitir que las empresas tuvieran conocimiento de los mencionados documentos. No considero necesario hacer ahora una apreciación sobre las ventajas y los inconvenientes de las referidas fórmulas. Señalaré únicamente que las demandantes evocaron la práctica seguida por la Comisión en otros asuntos en materia de competencia para proteger los secretos comerciales, al mismo tiempo que se garantizaba el derecho de defensa. Pero, en todo caso, la comunicación posterior a la adopción de la Decisión no puede ser considerada como realizada en un momento apropiado para satisfacer las exigencias de ese derecho, si la comprobación de la existencia de la infracción se basa precisamente en los documentos litigiosos. Sin embargo, hemos visto que la infracción relativa a la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones fue tenida en cuenta, esencialmente, sobre la base de documentos y facturas facilitados después de la audiencia.

147. La jurisprudencia de este Tribunal es suficientemente clara cuando afirma que:

"el respeto del derecho de defensa exige que la empresa interesada haya podido, en el curso del procedimiento administrativo, manifestar de forma apropiada su punto de vista sobre la realidad y la oportunidad de los hechos y circunstancias alegadas, y sobre los documentos tenidos en cuenta por la Comisión en apoyo de su alegación de la existencia de una infracción". (64)

Es evidente que dichos requisitos no fueron respetados en el caso presente. Por consiguiente, tal ilegalidad afecta a la Decisión en la medida en que en la misma se declara una concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones y, por consiguiente, debe conducir a que sea anulado este motivo de infracción.

148. Queda por definir el "estatuto" de los documentos de que se trata en el marco del procedimiento seguido ante este Tribunal, respondiendo, en especial, a la excepción planteada por algunas demandantes en virtud del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento. A este respecto, en la medida en que propongo que se anule la Decisión por lo que respecta a la concertación sobre los precios efectivamente aplicados en las transacciones, queda sin objeto la cuestión de la utilización de las facturas en apoyo de dicha imputación. Por otro lado, me parecería lógico que este Tribunal considerase que la Comisión no puede invocar, en el marco del presente recurso, las conclusiones deducidas de los documentos facilitados después de las audiencias, en apoyo de sus declaraciones relativas a los precios anunciados, teniendo en cuenta las ilegalidades procesales que he señalado.

2) Documentos relativos a la Fides

149. Finncell alega que las comprobaciones de la Comisión, relativas a su participación en la concertación en el marco de la Fides, se basan en documentos que no le fueron dados a conocer, a saber, en especial, anuncios escritos y verbales procedentes de empresas terceras, así como en una nota relativa a una reunión celebrada en Zurich el 31 de marzo de 1977. Dichos documentos, que se mencionan en los apartados 57 a 60 de la Decisión, provienen de contestaciones al pliego de cargos, (65) de indicaciones facilitadas durante las audiencias (66) o de documentos aportados en el marco de la información complementaria solicitada por la Comisión después de la audiencia. (67)

150. La Comisión no niega que no se dio traslado de dichos documentos a la demandante, pero sostiene que otros documentos mencionados en el pliego de cargos demostraron, en todo caso, la participación de Finncell en dicha infracción.

151. Considero que los elementos y documentos mencionados en los apartados 57 a 60 no pueden ser invocados en contra de la demandante, puesto que no tuvo conocimiento de ellos antes de que se adoptara la Decisión.

152. Por consiguiente, procede verificar, al pronunciarse sobre el fondo, si este motivo de infracción imputado a Finncell queda demostrado por los otros elementos de prueba mencionados en la Decisión, sobre los cuales la demandante tuvo la debida oportunidad de explicarse en su momento.

C. Negativa a proceder a una audiencia conjunta

153. Con excepción de St Anne y de IPS, todas las demandantes sostienen que la Comisión infringió su derecho de defensa al negarse a realizar una audiencia conjunta de las empresas o, por lo menos, audiencias conjuntas sobre una base regional. En opinión de las empresas, las referidas audiencias eran necesarias, ya que la Comisión les imputó haber llevado a cabo una práctica concertada. Por consiguiente, debían conocer las observaciones de las otras partes durante sus audiencias para organizar su propia defensa individual. Concluyen que debieron poder asistir, por consiguiente, a las audiencias de los otros productores. Por otra parte, la Comisión podía cometer abusos durante las audiencias individuales, enfrentando unos con otros a los "coacusados" o extrayendo confidencias. Por consiguiente, aun cuando el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento nº 99/63, en virtud del cual las personas serán oídas por separado, no prescribe una audiencia conjunta, la citada disposición debería ser interpretada en el sentido de que corresponde a las propias empresas decidir si procede realizar una audiencia conjunta en lugar de separada. En resumen, la Comisión no cumplió su promesa de dar audiencia a las empresas, posteriormente, sobre todos los nuevos hechos o argumentos que surgieron de las audiencias de unas y otras. Por último, algunas empresas indican que no recibieron el acta de la audiencia hasta finales de 1985, es decir, dos meses después de la adopción de la Decisión.

154. A este argumento, la Comisión contesta afirmando que es a ella a quien corresponde decidir si es necesario organizar una audiencia conjunta. En el presente asunto, consideró que las empresas debían ser oídas separadamente. En efecto, era previsible que las principales cuestiones abordadas en el curso de tales reuniones se referirían a la política de fijación de precios de los distintos productores y a la situación en materia de producción y de ventas. Informaciones de esta naturaleza estaban amparadas por el secreto comercial y no podían ser divulgadas. Así, la mayor parte de las empresas insistieron en que las reuniones se desarrollaran separadamente. En cualquier caso, correspondía a cada productor pronunciarse, por lo que a él se refiere, sobre las conclusiones de la Comisión acerca de su propia estructura de precios. No existe un derecho general que autorice a las partes de un procedimiento a manifestar sus puntos de vista sobre cada uno de los argumentos expuestos por las otras partes en relación con el comportamiento competitivo de éstas. En todo caso, la motivación de la Decisión no tuvo en cuenta ninguno de los elementos que se desprendieron de las audiencias de las empresas y que fueron utilizados en contra de las otras.

155. No me parece que la tesis de las demandantes esté fundada. Aun cuando el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento nº 99/63 no lo prevea expresamente, es a la Comisión, autoridad investida de la responsabilidad de determinar las modalidades del procedimiento administrativo, a quien corresponde decidir si procede organizar reuniones conjuntas, y no a las empresas.

156. No obstante, tales prerrogativas deben ejercerse respetando el derecho de defensa, que impide que la Comisión utilice en apoyo de su Decisión elementos recogidos durante la audiencia de una empresa, en contra de otra, sin haberlos sometido previamente a ésta última.

157. Ahora bien, de la lectura de la Decisión que se impugna no se desprende que la Comisión basara sus declaraciones sobre la existencia de infracción en informaciones recogidas en el curso de las audiencias. (68) Por otra parte, las demandantes no han acreditado que la Decisión se basara en datos obtenidos de esta forma.

158. En consecuencia, el Tribunal debe desestimar sus argumentos a este respecto.

D. Omisión de la consulta al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes

159. Según Bowater, la Comisión cometió una ilegalidad al no consultar al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes (en lo sucesivo, "Comité") después de que algunas empresas hubieran asumido el compromiso °que Bowater, por su parte, no suscribió° obteniendo de esta manera una reducción del 90 % del importe de sus multas.

160. Ahora bien, la consulta al Comité habría permitido a la Comisión darse cuenta de lo ilógico del importe de la multa impuesta a Bowater. Esta sociedad, que subraya que nunca fue miembro de la KEA y que se le imputó haber participado en una práctica concertada durante períodos más cortos que otras muchas empresas, recuerda que se le impuso una de las dos multas más elevadas, a pesar de que la Comisión reconoció, por otra parte, su actitud cooperante en el curso del procedimiento. El Comité hubiera llamado la atención sobre esta situación a la demandada, y ésta habría reducido, entonces, el importe de la multa impuesta a Bowater.

161. La Comisión señala que las multas fueron determinadas inicialmente sobre la base del dictamen del Comité de fecha 26 de septiembre de 1984. Admite que no se procedió a consultar de nuevo al Comité después de que se asumieran los compromisos pero antes de que se adoptara la Decisión. Pero se opone a los argumentos de Bowater sobre las consecuencias del hecho de la inexistencia de una nueva consulta al Comité tras haber asumido el compromiso a