3.5.

Según el Gobierno español, una simple lectura del apartado 1 del artículo 51 permite afirmar que en el mismo no se prevé que el control administrativo y médico del interesado deba realizarse, con carácter obligatorio, en el territorio del Estado deudor de la prestación, ni que deba realizarse por la institución competente. De acuerdo con dicho precepto, este control es, en efecto, realizado por la institución del lugar de residencia del beneficiario, y un segundo control potestativo, ejercido por un médico designado por la institución deudora de la prestación, en principio, puede ser sustitutivo del primero o concurrente con él, lo que no implica el traslado del beneficiario al Estado miembro de dicha institución. A juicio del Gobierno español, esta interpretación viene avalada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y especialmente las sentencias dictadas en los asuntos Deghillage y Rindone. Por lo que respecta, en primer lugar, a la sentencia dictada en el asunto Deghillage, el Gobierno español alega que el Tribunal de Justicia distinguió claramente entre la fase de la decisión sobre el fondo (concesión de la prestación) y la fase previa de emisión de un informe, práctica de reconocimientos y pruebas que puede ser realizada por otros Estados miembros distintos de aquél al que pertenece la institución competente. El Gobierno español considera que esta jurisprudencia es aplicable al caso de autos, aunque se refiera a la interpretación del apartado 2 del artículo 57 del Reglamento n° 1408/71, que contempla una situación similar a la del apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 574/72, y consagra la validez y la trascendencia de la actuación médica realizada en otro Estado miembro, aunque respetando la competencia de la institución deudora sobre la decisión última que haya de adoptarse en la materia. El Gobierno español alega que, en la sentencia Rindone, el Tribunal de Justicia interpretó el apartado 5 del artículo 18 del Reglamento n° 574/72 en el sentido de que no existe obligación del beneficiario de trasladarse al Estado de la institución competente para someterse en él a un examen médico. Ahora bien, según el Gobierno español, este artículo obedece a la misma finalidad que la del artículo 51. Sobre el particular, el Gobierno español invoca el apartado 12 de dicha sentencia, del que se deduce que la fase de control del estado de salud del interesado es competencia del Estado de residencia, sin perjuicio del ejercicio de un control potestativo por la institución competente para adoptar la última decisión en la materia. Asimismo el Gobierno español se remite al apartado 13 de la sentencia, a tenor del cual: «Esta interpretación se ve también corroborada por el objetivo perseguido tanto por el artículo 18 del Reglamento n° 574/72 como por el artículo 19 del Reglamento n° 1408/71. Si la institución competente no estuviera vinculada por la apreciación de la incapacidad laboral efectuada por la institución del lugar de residencia, el trabajador que, entre tanto, hubiera recuperado la aptitud para el trabajo, podría encontrarse con dificultades probatorias, como señala el órgano jurisdiccional remitente. Ahora bien, lo que pretende eliminar la normativa comunitaria considerada es, precisamente, este tipo de dificultades. Una situación semejante es inaceptable porque supone un obstáculo al “establecimiento de la más amplia libertad posible en el ámbito de la libre circulación de los trabajadores migrantes, principio que se inscribe en los fundamentos de la Comunidad” (sentencia de 25 de febrero de 1986, L. A. Spruyt, 284/84, Rec. 1986, p. 693).» Según el Gobierno español, se deduce del apartado 21 de la misma sentencia que se presume que el trabajador declarado en situación de incapacidad laboral se halla en un estado de salud precario que hace desaconsejable su desplazamiento, sin que sea preciso comprobar la gravedad de su estado. En opinión del Gobierno español, una interpretación distinta de la sentencia acabaría por imponer al trabajador la carga de la prueba de su estado de salud. Limitaría las competencias del Estado de residencia en relación con el control de la salud del beneficiario en unos términos que no parecen queridos por el legislador y plantearía importantes obstáculos, en la práctica, para determinar, en cada caso, la conveniencia o no del desplazamiento. En apoyo de su argumentación, el Gobierno español cita asimismo el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento n° 1408/71, a tenor del cual: «A menos que el presente Reglamento disponga otra cosa, las prestaciones en metálico de invalidez, de vejez o de supervivencia, las rentas de accidente de trabajo o de enfermedad profesional y los subsidios de defunción adquiridos en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros, no podrán ser objeto de ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora.» A su juicio, esta disposición refleja el principio de que no debe agravarse la situación del beneficiario por razón de su residencia, lo que, sin embargo, sería el caso si se le obligara a retornar al Estado de la institución competente. Según el Gobierno español, procede contestar a la primera cuestión: «La institución deudora de una prestación de invalidez puede, en función de la facultad que le confiere el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento (CEE) n° 574/72, realizar el control médico del beneficiario, disponiendo que éste sea examinado por un médico designado por ella misma; pero sin que el beneficiario esté obligado, en ningún caso, a desplazarse desde el Estado donde se halle o resida al Estado en que radique la institución deudora para ser sometido a dicho control.»