ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El artículo 5 de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, se opone a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que ya no lo consiente, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero.

En cuanto a las limitaciones del derecho exclusivo que resultan de forma inherente del artículo 5 de la Directiva 89/104 en sí mismo considerado, el derecho exclusivo contemplado en dicha disposición se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esa marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca. Entre estas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, sino también sus demás funciones, como la de garantizar la calidad de ese producto o servicio, o las funciones de comunicación, inversión o publicidad.

Es cierto que, como lo confirma la remisión hecha por el sexto considerando de la Directiva 89/104 al Derecho nacional en materia de responsabilidad civil, un órgano jurisdiccional nacional puede condenar al titular de una marca a una sanción o a la reparación del perjuicio sufrido cuando comprueba que dicho titular ha revocado ilícitamente el consentimiento por el que permitía a un tercero hacer uso de signos idénticos a sus marcas. No obstante, la comprobación de tal comportamiento no puede conducir a perpetuar, en virtud de una resolución judicial y por tiempo indefinido, la explotación compartida de dichas marcas cuando ya no existe voluntad común de las sociedades de que se trate para tal explotación.

(véanse los apartados 58, 61 y 62 y el fallo)
El artículo 46 bis del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, según su modificación por el Reglamento no 1386/2001, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación de una normativa de un Estado miembro que contiene una cláusula en virtud de la cual una pensión de viudedad percibida en ese Estado miembro queda reducida como consecuencia del aumento de una pensión de vejez percibida en virtud de la legislación de otro Estado miembro, siempre que se respeten, en particular, los requisitos contenidos en el apartado 3, letra d), de este artículo 46 bis.

A este respecto, el artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que tampoco se opone a la aplicación de tal normativa nacional, siempre que no conduzca, en lo que respecta al interesado, a una situación desfavorable en relación con la de otra persona cuya situación no presente ningún elemento transfronterizo y que, en caso de constatarse tal desventaja, esté justificada por consideraciones objetivas y sea proporcionada a la finalidad legítimamente perseguida por el Derecho nacional, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(véanse los apartados 34, 37 y 47 y el fallo)
El concepto de «producto farmacéutico», al que puede aplicarse un tipo reducido de impuesto sobre el valor añadido, conforme al punto 3 del anexo III de la Directiva 2006/12, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que, si bien engloba el concepto de «medicamento» a efectos de la Directiva 2001/83, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, tiene un alcance más amplio que el que corresponde a este último. Esta interpretación resulta conforme con el concepto de «producto farmacéutico» utilizado en el capítulo 30 de la Nomenclatura Combinada contenida en el anexo I del Reglamento no 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento no 1238/2010, que menciona como productos farmacéuticos no sólo los medicamentos, sino también otras preparaciones y artículos farmacéuticos, como las guatas, las gasas, las vendas y los artículos análogos.

Asimismo, según el punto 3 del anexo III de la Directiva 2006/112, los bienes deben ser «utilizados normalmente para el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades y [el] tratamiento con fines médicos o veterinarios». De las consideraciones anteriores se desprende que el punto 3 sólo se refiere a los productos acabados, susceptibles de ser utilizados directamente por el consumidor final, con exclusión de los productos que pueden emplearse para la obtención de medicamentos, que deben ser objeto normalmente de una transformación posterior.

Esta interpretación resulta corroborada por la finalidad del anexo III de la Directiva 2006/112, que pretende hacer menos onerosos y, por tanto, más accesibles para el consumidor final, quien en definitiva soporta el impuesto sobre el valor añadido, determinados bienes que se consideran particularmente necesarios.

(véanse los apartados 43, 44 y 46 a 48)
El artículo 15, número 6, de la de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, según su modificación por la Directiva 92/111, debe interpretarse en el sentido de que la exención que prevé se aplica también a la entrega de una aeronave a un operador que no es él mismo una compañía de navegación aérea que se dedica esencialmente al tráfico internacional remunerado a efectos de esa disposición, sino que adquiere esa aeronave para su utilización exclusiva por una compañía de esa naturaleza.

La circunstancia de que el adquirente de la aeronave repercuta la carga económica que corresponde a su utilización a un particular que es su accionista, quien utiliza esa aeronave esencialmente para sus propias necesidades, comerciales y/o privadas, habida cuenta de que la compañía de navegación aérea también tiene la posibilidad de utilizarla para otros vuelos, no puede modificar tal interpretación.

Incumbe al tribunal nacional comprobar, con arreglo a las normas en materia probatoria del Derecho nacional, siempre que no se perjudique la eficacia del Derecho de la Unión, si en el litigio principal concurren los elementos constitutivos de una práctica abusiva. En efecto, la aplicación de la normativa de la Unión no puede extenderse hasta llegar a cubrir las prácticas abusivas de los operadores económicos, esto es, las operaciones que no se realicen en el marco de transacciones comerciales normales, sino únicamente para beneficiarse abusivamente de las ventajas previstas en el Derecho de la Unión.

(véanse los apartados 57, 62, 65 y 66 y los puntos 2 y 3 del fallo)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Ámbito de aplicación

(Directiva 2000/78/CE del Consejo)

2. Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por razón de la edad — Convenio colectivo que regula la clasificación y la retribución correspondiente de los tripulantes de cabina de una compañía aérea — Cómputo, a efectos de determinación del importe de la retribución, únicamente de la experiencia profesional adquirida como tripulante de cabina de dicha compañía y no de la experiencia materialmente idéntica adquirida en otra compañía del mismo grupo de empresas — Procedencia

[Directiva 2000/78/CE del Consejo, art. 2, ap. 1, letra b)]

Índice

1. Véase el texto de la Decisión.

(véanse los apartados 22 y 24)

2. Procede interpretar el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en el sentido de que no se opone a una disposición de un convenio colectivo que, a efectos de clasificación en las categorías profesionales establecidas en dicho convenio y, por consiguiente, a efectos de determinación del importe de la retribución, sólo tiene en cuenta la experiencia profesional adquirida como tripulante de cabina de una determinada compañía aérea, y no la experiencia materialmente idéntica adquirida en otra compañía del mismo grupo de empresas.

Aunque una disposición de un convenio colectivo puede implicar una diferencia de trato en función de la fecha en que la empresa de que se trate haya contratado al trabajador, dicha diferencia no está basada, directa o indirectamente, en la edad ni en un acontecimiento vinculado a la edad. En efecto al clasificar a un tripulante de cabina en una determinada categoría profesional, lo que no se tiene en cuenta es la experiencia eventualmente adquirida por él en otra compañía del mismo grupo de empresas, con independencia de la edad de dicho tripulante en el momento de su contratación. Por tanto, dicha disposición se basa en un criterio que no está vinculado indisociablemente ni indirectamente a la edad de los trabajadores.

(véanse los apartados 29 y 31 y el fallo)
Cuando un Estado miembro ha ejercido la facultad que le otorga el artículo 4, apartado 5, del Reglamento no 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de solicitar que un determinado documento, originario de dicho Estado, no se divulgue sin su consentimiento previo, la posible divulgación de tal documento por la institución exige la obtención previa del consentimiento de dicho Estado miembro. De ello se deduce, a contrario sensu, que la institución que no dispone del consentimiento del Estado miembro de que se trate no está facultada para divulgar el documento en cuestión.

(véanse los apartados 55 y 56)
16

Procede igualmente recordar que, según reiterada jurisprudencia, el objeto de un recurso interpuesto al amparo del artículo 258 TFUE está circunscrito por el procedimiento administrativo previo previsto por dicha disposición. Por lo tanto, el recurso debe basarse en los mismos motivos y alegaciones invocados en el dictamen motivado. No obstante, esta exigencia no puede llegar a imponer en todos los supuestos una coincidencia perfecta entre las imputaciones de la parte dispositiva del dictamen motivado y las pretensiones del recurso, siempre que el objeto del litigio, tal como se define en el dictamen motivado, no se haya ampliado ni modificado (véanse en particular las sentencias de 11 de julio de 2002, Comisión/España, C-139/00, Rec. p. I-6407, apartados 18 y 19, y de 18 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, C-458/08, Rec. p. I-11599, apartados 43 y 44).
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO L 124, p. 1; en lo sucesivo «Convenio de Aarhus»), de los artículos 191 TFUE, apartados 1 y 2, y 267 TFUE, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003 (DO L 156, p. 17) (en lo sucesivo, «Directiva 85/337»), y de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 257, p. 26), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006 (DO L 33, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 96/61»).
13

El 21 de marzo de 2005, la Comisión envió al Reino Unido un segundo escrito de requerimiento, en el que indicaba que los sistemas de recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas del sector de Londres no cumplían las obligaciones relativas a la recogida y al tratamiento de las aguas residuales urbanas establecidas en el artículo 3, apartado 1, el artículo 4, apartados 1 y 3, el artículo 10 y el anexo I, letras A y B, de la Directiva 91/271. La Comisión afirmó que se vertían al Támesis aguas residuales no tratadas, incluso en condiciones de precipitaciones moderadas, y que no estaba prevista ninguna medida inmediata para resolver ese problema, el cual, en consecuencia, persistiría o incluso se agravaría.
32

Ciertamente, los prestadores de servicios no residentes no están sometidos directamente al control de la Administración tributaria belga. No obstante, la diferencia de trato controvertida en el litigio principal no afecta a los prestadores de servicios según estén o no establecidos en Bélgica, sino a los destinatarios de servicios residentes, que están directamente sometidos al control de dicha Administración. Pues bien, en relación con estos destinatarios, ésta no sólo puede imponer los requisitos que han de satisfacerse para tener derecho a dicha ventaja fiscal, que garanticen que ésta no se concede en los casos en los que la operación tiene por objetivo esencial eludir el impuesto normalmente adeudado, sino también proceder a los controles y verificaciones necesarios a tal fin.
15

La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28) —que se adoptó con fundamento en los artículos 12 CE, 18 CE, 40 CE, 44 CE y 52 CE—, prevé en su artículo 25, apartado 2, que los documentos mencionados en el apartado 1 del mismo artículo, a saber un certificado de registro, un documento acreditativo de la residencia permanente, un resguardo de presentación de la solicitud de tarjeta de residencia de miembro de la familia, una tarjeta de residencia o una tarjeta de residencia permanente, «se expedirán con carácter gratuito o previo abono de una cantidad que no rebasará la impuesta a los nacionales para la expedición de documentos similares».
1

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67), en la versión modificada por el Reglamento (CE) no 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007 (DO L 324, p. 121) (en lo sucesivo, «Directiva 2001/83»), al haber adoptado y mantenido en vigor el artículo 4 de la Prawo farmaceutyczne (Ley del medicamento), de 6 de septiembre de 2011, en la versión modificada por la Dz. U. no 75, posición 492 (Ley de 30 de marzo de 2007) (en lo sucesivo, «Ley del medicamento»), en la medida en que esta disposición legal exime de autorización de comercialización a los medicamentos procedentes del extranjero que presentan las mismas sustancias activas, la misma dosificación y la misma forma que los que obtuvieron una autorización de comercialización en Polonia, siempre que, en particular, el precio de estos medicamentos importados sea competitivo en relación con el de los productos que obtuvieron tal autorización.
28

El órgano jurisdiccional remitente considera que el hito cilíndrico comercializado por PROIN es una reproducción del dibujo o modelo comunitario registrado no 000421649-0001 de Cegasa, ya que dicho hito no produce en el usuario informado una impresión general diferente de la producida por ese dibujo o modelo. Precisa sin embargo que Cegasa no ha presentado ninguna solicitud de declaración de nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado no 000915426-001.
25

El artículo 72 de la legge no 633 recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, de 22 de abril de 1941 (Ley no 633 relativa a la protección de los derechos de autor y otros derechos asociados a su ejercicio) (Gazzetta ufficiale no 166, de 16 de julio de 1941), en su versión introducida por el artículo 11 del decreto legislativo no 68, attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, de 9 de abril de 2003 (Decreto Legislativo no 68, mediante el que se transpone la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información) (suplemento ordinario a la GURI no 87, de 14 de abril de 2003), en su versión aplicable al procedimiento principal (en lo sucesivo, «Ley de 1941»), establece: «Sin perjuicio de los derechos de los autores con arreglo al título I, el productor de fonogramas tiene el derecho exclusivo, durante el plazo y con arreglo a las condiciones establecidas en los artículos siguientes, de: a) autorizar la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte de sus fonogramas a través de cualquier mecanismo de reproducción; b) autorizar la distribución de ejemplares de sus fonogramas. El derecho exclusivo de distribución no se agota en el territorio de la Comunidad Europea salvo en el caso de que el productor efectúe o autorice la primera venta del soporte que contenga el fonograma en un Estado miembro; c) autorizar el alquiler o préstamo de ejemplares de sus fonogramas. Este derecho no se agota con la venta o distribución en cualquier forma de los ejemplares; d) autorizar cualquier comunicación al público de sus fonogramas de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellos desde el lugar y en el momento que elija. Este derecho no se agota con el acto de comunicación al público.»
3

El artículo 14 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París de 24 de julio de 1971), en su versión modificada el 28 de septiembre de 1979 (en lo sucesivo, «Convenio de Berna»), dispone: «(1) Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra cinematográfica se protege como obra original. El titular del derecho de autor sobre la obra cinematográfica gozará de los mismos derechos que el autor de una obra original, comprendidos los derechos a los que se refiere el artículo anterior. (a) La determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica queda reservada a la legislación del país en que la protección se reclame. (b) Sin embargo, en los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos titulares a los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra cinematográfica, éstos, una vez que se han comprometido a aportar tales contribuciones, no podrán, salvo estipulación en contrario o particular, oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por hilo al público, radiodifusión, comunicación al público, subtitulado y doblaje de los textos, de la obra cinematográfica. (c) Para determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por aplicación del apartado b) anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto escrito equivalente, se estará a lo que disponga la legislación del país de la Unión en que el productor de la obra cinematográfica tenga su sede o su residencia habitual. En todo caso, queda reservada a la legislación del país de la Unión en que la protección se reclame, la facultad de establecer que este compromiso conste en contrato escrito o un acto escrito equivalente. Los países que hagan uso de esta facultad deberán notificarlo al Director General mediante una declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión. (d) Por “estipulación en contrario o particular” se entenderá toda condición restrictiva que pueda resultar de dicho compromiso. (3) A menos que la legislación nacional no disponga otra cosa, las disposiciones del apartado 2) b) anterior no serán aplicables a los autores de los guiones, diálogos y obras musicales creados para la realización de la obra cinematográfica, ni al realizador principal de ésta. Sin embargo, los países de la Unión cuya legislación no contenga disposiciones que establezcan la aplicación del [apartado] 2) b) citado a dicho realizador deberán notificarlo al Director General mediante declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.»
Si bien el Reglamento relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Unión Europea tiene por objeto la recopilación de información, ésta se establece por dicho Reglamento para que la Unión pueda realizar determinados objetivos que se le han asignado en el ámbito energético. Además, el contenido del Reglamento no 617/2010 revela que éste tiene por objeto esencialmente el establecimiento de un sistema de recopilación de información sobre proyectos de inversión en las infraestructuras energéticas destinado a permitir a la Unión realizar determinados objetivos en el ámbito de la energía, en particular, en lo que respecta al funcionamiento del mercado interior de la energía, la garantía de la seguridad del abastecimiento energético en la Unión y el desarrollo de energías nuevas y renovables.

Habida cuenta de su finalidad y de su contenido, dicho Reglamento no puede fundamentarse en el artículo 337 TFUE. En efecto, dicha disposición constituye la base jurídica de los actos relativos a la actividad general de recopilación de información que ejerce la Comisión, sin exigir que dicha recopilación sea necesaria para la realización de los objetivos de una política determinada de la Unión.

Por lo tanto, el Reglamento no 617/2010 debe basarse en el artículo 194 TFUE que, como se desprende de su tenor, en particular del de su apartado 2, constituye la base jurídica de las medidas de la Unión «necesarias» para alcanzar los objetivos asignados a la política de la Unión en materia de energía. En efecto, la finalidad y el contenido del referido Reglamento se hallan estrechamente vinculados a los objetivos que se persiguen con la política de la Unión en el ámbito energético y la referida recopilación de información únicamente se justifica por el objetivo consistente en la realización de determinadas misiones relativas a la política energética conferidas a la Unión en el artículo 194 TFUE, apartado 1.

Por último, si bien es cierto que el Reglamento no 617/2010 también tiene por objeto la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión relativos a determinadas infraestructuras nucleares, no es menos cierto que el referido Reglamento, habida cuenta de su finalidad y su contenido, se refiere a la puesta en práctica de la política de la Unión en el ámbito de la energía en general, y no de la política de la Unión en el ámbito específico de la energía nuclear tal como ésta se define en el Tratado CEEA. Resulta que el Reglamento impugnado tampoco está comprendido en el artículo 187 EA.

(véanse los apartados 52, 61, 64, 66, 69, 73, 82 y 85)