C 424/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia grad (Bulgaria) el 13 de julio de 2022 — Agentsia «Patna infrastruktura» / Rakovoditel na upravlyavashtia organ na operativna programa «Transport» 2007-2013 i direktor na direktsia «Koordinatsia na programi i proekti» v Ministerstvoto na transporta

(Asunto C-471/22)

(2022/C 424/26)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad Sofia grad

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Agentsia «Patna infrastruktura»

Demandada: Rakovoditel na upravlyavashtia organ na operativna programa «Transport» 2007-2013 i direktor na direktsia «Koordinatsia na programi i proekti» v Ministerstvoto na transporta

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Es válida la Decisión de la Comisión Europea de 27 de julio de 2021, C(2021) 5739, relativa a la anulación parcial de la contribución del Fondo de Cohesión al Programa Operativo «Transporte» 2007-2013 en el marco del objetivo «Convergencia» en Bulgaria, CCI2007BG161PO004, habida cuenta de los requisitos existentes en cuanto a fundamento jurídico, motivación, integridad y objetividad del examen realizado, con arreglo al artículo 296 TFUE, párrafo tercero, y al principio de buena administración establecido por el artículo 41 de la Carta?

2. ¿Debe interpretarse el artículo 100 del Reglamento n.o 1083/2006 (1) del Consejo en el sentido de que, para que las decisiones de la Comisión Europea sean conformes a Derecho, no está obligada a averiguar, comprobar y calificar en el procedimiento todos los hechos jurídicamente relevantes, sino que tiene que limitarse a extraer sus conclusiones de la comunicación y del intercambio de pareceres e información con el Estado miembro?

3. En una situación como la presente, en la que hay un acto jurídico firme de la Comisión Europea por el cual se aplica a un Estado miembro una corrección financiera por una irregularidad en el gasto de los recursos de la Unión Europea en relación con tres procedimientos de contratación pública independientes, ¿están obligadas las autoridades nacionales competentes a instruir por sí mismas un procedimiento para esclarecer las irregularidades, a fin de poder aplicar debidamente la corrección financiera prevista en el artículo 98 del Reglamento n.o 1083/2006?

4. En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿debe considerarse, en tal caso, que está garantizado el derecho de los interesados a intervenir en el procedimiento de aplicación de una corrección financiera instruido por el Estado miembro, de conformidad con el derecho a una buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta?

5. ¿Debe interpretarse el artículo 47 de la Carta en el sentido de que, en una situación como la presente, en la que hay un acto jurídico firme de la Comisión Europea por el cual se aplica a un Estado miembro una corrección financiera por una irregularidad en el gasto de los recursos de la Unión en relación con tres procedimientos de contratación pública independientes, los órganos jurisdiccionales nacionales se hallan vinculados por las apreciaciones y conclusiones de la Comisión Europea cuando conocen de un recurso presentado contra la corrección financiera aplicada por la autoridad nacional competente en relación con uno de dichos procedimientos de contratación, o de la mencionada disposición se deduce que deben averiguar y comprobar, en un procedimiento judicial completo, los hechos y circunstancias jurídicamente relevantes del litigio recurriendo a todos los medios legalmente previstos y resolviendo como proceda conforme a Derecho?

6. En caso de respuesta a la cuestión anterior en el sentido de que los órganos jurisdiccionales nacionales se hallan vinculados por la decisión de la Comisión Europea, incluidas sus apreciaciones de los hechos, ¿puede considerarse que están garantizados los derechos a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento equitativo de las personas afectadas por la corrección financiera, de conformidad con el artículo 47 de la Carta?

(1) Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (DO 2006, L 210, p. 25).