Palabras clave

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Palabras clave

1. Procedimiento sobre medidas provisionales - Requisitos de admisibilidad - Recurso principal que tiene por objeto la anulación de una decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación de ayudas de Estado - Existencia ante el juez nacional de vías de recurso contra las medidas nacionales de ejecución - Irrelevancia para la admisibilidad de la demanda de medidas provisionales

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Carga de la prueba - Perjuicio económico - Riesgo de quiebra

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Empresa que se ve en la necesidad de tener que solicitar el inicio de un procedimiento por insolvencia - Apreciación en cada caso - Consideración de las características del grupo al que pertenece la empresa

(Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

4. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda de Estado - Medidas nacionales de ejecución - Vías de recurso de Derecho interno - Relevancia

(Arts. 230 CE, 234 CE y 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)

5. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos para su concesión - Ponderación de todos los intereses en conflicto - Decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda de Estado

[Arts. 88 CE, ap. 2, y 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, arts. 7 y 11, ap. 2]

6. Ayudas otorgadas por los Estados - Prohibición - Excepciones - Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común - Facultad de apreciación de la Comisión - Consideración de un contexto ya apreciado en el examen de ayudas anteriores y de la decisión adoptada sobre ellas

(Art. 87 CE, ap. 3)

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1. El hecho de que una empresa beneficiaria de una ayuda de Estado cuya recuperación ha ordenado la Comisión pueda interponer ante el juez nacional un recurso contra las medidas de ejecución de dicha decisión no supone la modificación de la norma, enunciada en el artículo 104, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según la cual la admisibilidad de una demanda de suspensión de la ejecución de un acto de una institución sólo está supeditada a la condición de que el demandante haya impugnado dicho acto mediante recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y a la negativa a conceder a la referida empresa, que efectivamente ha presentado un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia contra una Decisión de la Comisión, una protección jurisdiccional provisional ante el juez comunitario.

( véanse los apartados 38 y 39 )

2. El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que la parte que las solicita sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a ésta aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de tal naturaleza.

No es necesario que la inminencia del perjuicio sea probada con absoluta certeza, sino que, especialmente cuando la realización del perjuicio depende de la concurrencia de un conjunto de factores, basta que pueda preverse con un grado de probabilidad suficiente. No obstante, la parte que solicita la suspensión de la ejecución sigue estando obligada a probar los hechos que supuestamente sirven de base a la creencia de que se producirá un perjuicio grave e irreparable.

Si bien un perjuicio de carácter financiero no puede, salvo circunstancias excepcionales, ser considerado como irreparable o incluso difícilmente reparable, porque puede ser objeto de compensación económica posterior, se justificaría una medida provisional si se revelara que, en defecto de esa medida, la parte demandante se hallaría en una situación que pueda poner en peligro su misma existencia antes de que se pronuncie la sentencia que ponga fin al procedimiento principal.

( véanse los apartados 82 a 84 )

3. En el marco de la apreciación de una demanda de medidas provisionales, una situación en la que una empresa se ve obligada a solicitar el inicio de un procedimiento por insolvencia puede constituir un perjuicio grave e irreparable, en atención a los riesgos que dicho procedimiento entraña para la existencia misma de la empresa afectada, así como a las importantes consecuencias que se derivan de un procedimiento de esta naturaleza y que entorpecen su funcionamiento normal. Dicha apreciación debe realizarse, sin embargo, en cada caso, a la vista de las circunstancias de hecho y de Derecho que caracterizan cada asunto. A este respecto, podrán tomarse en consideración las características del grupo al que pertenece la empresa de que se trate.

( véanse los apartados 88, 89 y 92 )

4. Cuando la legalidad de una decisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda de Estado se impugna al amparo del artículo 230 CE, el juez nacional no está vinculado por el carácter definitivo de dicha decisión y, por tanto, conserva la posibilidad de ordenar la suspensión de la ejecución de una demanda de recuperación de la referida ayuda en espera de que el Tribunal de Primera Instancia resuelva sobre el fondo del asunto, así como de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 234 CE. Además, el hecho de que una demanda solicitando la suspensión no haya sido estimada por el juez comunitario no impide que el juez nacional ordene la suspensión.

Por consiguiente, en el marco de una demanda de medidas provisionales ante el juez comunitario, incumbe al beneficiario de la ayuda demostrar que las vías jurisdiccionales internas que le ofrece el Derecho nacional para oponerse a una recuperación no le permiten evitar un perjuicio grave e irreparable y que, por tanto, el requisito relativo a la urgencia se cumple.

( véanse los apartados 107 a 110 )

5. En los supuestos de demanda de suspensión de la ejecución de una decisión en materia de ayudas de Estado, corresponde al juez de medidas provisionales ponderar, por una parte, el interés de la demandante en obtener las medidas provisionales solicitadas, y, por otra, el interés público que lleva aparejada la ejecución de las Decisiones adoptadas en el marco del control de las ayudas.

A este respecto, es de particular importancia el interés general en cuyo nombre la Comisión ejerce las funciones que le atribuye el artículo 88 CE, apartado 2, y el artículo 7 del Reglamento nº 659/1999, con el fin de garantizar, en esencia, que el funcionamiento del mercado común no sea falseado por ayudas de Estado perjudiciales para la competencia. En consecuencia, el interés comunitario debe normalmente, si no casi siempre, prevalecer sobre el interés del beneficiario de la ayuda en evitar la ejecución de la obligación de devolverla antes de que se pronuncie la futura sentencia en el procedimiento principal.

La cuantía relativamente reducida de la ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios comerciales entre Estados miembros, de modo que la escasa cuota de mercado que posee dicha empresa no puede tenerse en cuenta para admitir la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen conceder la suspensión de la ejecución de la decisión en cuestión.

El hecho de que la Comisión considere que no se dan las condiciones requeridas para adoptar una decisión de recuperación provisional de la ayuda en aplicación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento nº 659/1999 no impide en ningún modo que aquélla compruebe, al término del procedimiento contradictorio, que el interés comunitario justifica la supresión inmediata de la ayuda en cuestión y el restablecimiento sin demora de la situación anterior al desembolso de dicha ayuda. Del mismo modo, el hecho de que, tras un largo procedimiento, la Comisión haya llegado a la conclusión de que la ayuda controvertida es incompatible no modifica en absoluto el interés comunitario en que dicha ayuda sea restituida a la mayor brevedad para garantizar el restablecimiento de la situación anterior al pago de la misma y la supresión de los efectos contrarios a la competencia en el mercado común que de ella se derivan.

( véanse los apartados 111 a 113 y 115 a 117 )

6. En el ámbito del artículo 87 CE, apartado 3, la Comisión goza de una amplia facultad de apreciación y debe tomar en consideración, al examinar los efectos contrarios a la competencia de una ayuda, todos los elementos pertinentes, incluido en su caso el contexto ya apreciado en una Decisión anterior, así como las obligaciones que dicha Decisión anterior haya podido imponer a un Estado miembro.

( véase el apartado 118 )