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2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿deben interpretarse el artículo 5 de la Directiva 2004/38 y su apartado 2 de ese mismo modo en el supuesto de que la persona que es miembro de la familia del ciudadano de la Unión y que no tiene la nacionalidad de otro Estado miembro haya adquirido el derecho de residencia permanente en el Reino Unido y sea este Estado el que le haya expedido la tarjeta de residencia permanente? En otros términos, ¿la posesión de la tarjeta de residencia permanente contemplada en el artículo 20 de esa Directiva, expedida por el Reino Unido, exime a quien dispone de ella de la obligación de obtener un visado, con independencia de que no sea aplicable a dicho Estado ni el Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, mencionado en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/38, ni el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)?
1)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y 54 TFUE en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro sobre un régimen de consolidación fiscal que permite la consolidación de los resultados de sociedades de un mismo grupo exclusivamente en el supuesto de consolidación fiscal vertical entre una sociedad matriz residente o un establecimiento permanente nacional de una sociedad matriz no residente y sus filiales residentes y, en cambio, se opone a la consolidación fiscal horizontal únicamente de las filiales tanto de una sociedad matriz no residente y sin establecimiento permanente nacional como de una sociedad matriz residente o no residente pero que dispone de un establecimiento permanente nacional?
C 112/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 14 de diciembre de 2018 — ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH

(Asunto C-786/18)

(2019/C 112/28)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: ratiopharm GmbH

Recurrida en casación: Novartis Consumer Health GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 96, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE (1) en el sentido de que las empresas farmacéuticas pueden suministrar productos terminados gratuitamente a los farmacéuticos cuando los envases de dichos productos lleven impresa la indicación «artículo de demostración», los medicamentos estén destinados a su ensayo por el farmacéutico, no exista riesgo de que se transmitan (sin abrir) a usuarios finales y se cumplan las demás condiciones para suministrarlos previstas en el artículo 96, apartado 1, letras a) a d), f) y g), de dicha Directiva?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Permite el artículo 96, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE una disposición nacional como el artículo 47, apartado 3, de la Arzneimittelgesetz (Ley del Medicamento) si esta se interpreta en el sentido de que las empresas farmacéuticas no pueden suministrar productos terminados gratuitamente a los farmacéuticos cuando los envases de dichos productos lleven impresa la indicación «artículo de demostración», los medicamentos estén destinados a su ensayo por el farmacéutico, no exista riesgo de que se transmitan (sin abrir) a usuarios finales y se cumplan las demás condiciones para suministrarlos previstas en el artículo 96, apartado 1, letras a) a d), f) y g), de dicha Directiva y en el artículo 47, apartado 4, de la Ley del Medicamento?

(1) Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO 2001, L 311, p. 67), en la redacción que le da el Reglamento (UE) n.o 2017/745 (DO 2017, L 117, p. 1).
Recurso de casación interpuesto el 5 de diciembre de 2018 por Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 25 de septiembre de 2018 en el asunto T-328/17: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Asunto C-766/18 P)

(2019/C 82/11)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (representantes: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, M. J. Dairies EOOD

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Admita el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General en el asunto T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), EU:T:2018:594, y estime la pretensión de nulidad formulada por la recurrente.

— Condene en costas a la Oficina y a la otra parte en el procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

1. El Tribunal General incurrió en error al no conceder a la marca colectiva HALLOUMI el estatus y la protección adecuados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, «RMUE») para tales marcas colectivas, en contra de lo dispuesto en el artículo 74 RMUE.

2. En particular, el Tribunal General incurrió en un error al aplicar exactamente un mismo enfoque para apreciar el carácter distintivo de la marca colectiva HALLOUMI, en contra de lo dispuesto en los artículos 8, apartado 1, letra b), y 74 RMUE.

3. El Tribunal General valoró y aplicó de manera incorrecta los efectos de la resolución del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-673/15 P a C-676/15 P, The Tea Board/EUIPO («Tea Board») y su auto motivado en el asunto C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi v. OAMI («HELLIM»), y no aplicó adecuadamente la sentencia dictada en el asunto C-196/11 P, Formula One Licensing/OAMI, EU:C:2012:314 («F1»).
1)

A la luz de la definición de su objeto y de su ámbito de aplicación con arreglo a sus artículos 1 y 2, ¿se aplica la Directiva 2006/123/CE (1) al arrendamiento a título oneroso, incluso no profesional, de un inmueble amueblado destinado a uso de vivienda que no constituye la residencia principal del arrendador, de forma reiterada y durante breves períodos de tiempo a clientes de paso que no fijan en él su domicilio, habida cuenta, en particular, de los conceptos de prestadores y de servicios?
C 25/19

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul București (Rumanía) el 17 de octubre de 2018 — Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) / Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(Asunto C-648/18)

(2019/C 25/23)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul București

Partes en el procedimiento principal

Apelante: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

Apelada: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Cuestión prejudicial

¿Se opone el artículo 35 TFUE a una interpretación del artículo 23, apartado 1, y del artículo 28, letra c), de la Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (Ley n.o 123/2012 sobre la energía eléctrica y los gases naturales) según la cual los productores de energía eléctrica de Rumanía están obligados a efectuar transacciones de toda la energía eléctrica producida exclusivamente a través de un mercado abierto a la competencia y centralizado de Rumanía, existiendo la posibilidad de exportar energía, pero no directamente, sino a través de empresas de trading?
1)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular la Directiva 2012/13 (1) y los artículos 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE, en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que permite en un proceso penal ordenar al acusado, por el mero hecho de residir en otro Estado miembro, que nombre un representante a efectos de notificaciones para que reciba la notificación de un auto de autorización de decreto de propuesta de imposición de pena dirigido contra aquel, con la consecuencia de que el referido auto deviene firme, cumpliéndose así el requisito legal para la punibilidad de una posterior actuación del acusado (efecto de verificación del tipo delictivo), aunque este realmente no haya tenido noticia del citado auto y el conocimiento de dicho auto por parte del acusado no esté garantizado en la misma medida en que lo estaría en caso de habérsele notificado si el acusado tuviese su domicilio en el primer Estado miembro?
C 399/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Ilfov (Rumanía) el 13 de agosto de 2018 — EP / FO

(Asunto C-530/18)

(2018/C 399/32)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Ilfov

Partes en el procedimiento principal

Demandante: EP

Demandada: FO

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, (1) en el sentido de que establece una excepción a la norma general de atribución de la competencia judicial al tribunal nacional donde el menor tiene su domicilio de hecho?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental en el sentido de que constituyen criterios que ponen de manifiesto una vinculación especial del menor con Francia [los criterios enunciados por la parte litigante son los siguientes: la menor nació en Francia, su padre es nacional francés, tiene en Francia familia consanguínea que consta de dos hermanas, un hermano, una sobrina (hija de su hermana), su abuelo paterno, la novia actual de su padre y la hija menor de estos, mientras que en Rumanía carece de parientes por la rama materna, estudia en la escuela francesa, su educación y mentalidad siempre han sido francesas y la lengua hablada en casa entre los padres y la menor siempre ha sido el francés], de manera que el tribunal nacional debe declarar que el órgano jurisdiccional de Francia está mejor situado para conocer del asunto?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, en el sentido de que las diferencias en el procedimiento entre la normativa de ambos países, como el juicio celebrado a puerta cerrada por jueces especializados, responden al interés superior del menor en el sentido de estas disposiciones del Derecho [de la Unión]?

(1) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
4)

Si analizando el contrato de novación modificativa al amparo de la Jurisprudencia del TJUE y de los artículos 3.1 y 4.2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, la nueva cláusula suelo incluida adolece nuevamente de falta de trasparencia, al volver el banco a incumplir los criterios de transparencia por el mismo fijados en la ST[S] de 9 de mayo de 2013 y no informar al cliente del verdadero coste económico de dicha cláusula en su hipoteca, de manera que pudiera conocer el tipo de interés (y la cuota resultante) que tendría que pagar en el caso de aplicarse la nueva cláusula suelo y el tipo de interés (y la cuota resultante) que tendría que pagar en el caso de no aplicarse ninguna cláusula suelo y se aplicase el tipo de interés pactado en el préstamo hipotecario sin limitación a la baja. Es[t]o es, si al imponer el documento denominado como de novación sobre las «cláusulas suelo», la entidad financiera debiera haber cumplido los controles de transparencia reseñados en los artículos 3. 1 y 4. 2 de la Directiva 93/13/CEE e informar al consumidor sobre el importe de las cuantías en las que había sido perjudicado por la aplicación de las «cláusulas suelo» así como el interés a aplicar en caso de no existir dichas cláusulas y, si al no haberlo hecho, estos documentos también adolecen de causa de nulidad
Recurso interpuesto el 25 de julio de 2018 — Comisión Europea / República de Austria

(Asunto C-487/18)

(2018/C 328/39)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Noll-Ehlers y M. Patakia, agentes)

Demandada: República de Austria

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15, apartado 4, en relación con el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, (1) al no haber notificado a la Comisión su programa nacional de gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.

— Que se condene en costas a la República de Austria.

Motivos y principales alegaciones

Hasta la fecha, la parte demandada solamente ha comunicado a la Comisión un proyecto de programa nacional. En sus respuestas al escrito de requerimiento y al dictamen motivado ha indicado que el programa nacional aún debe ser aprobado por el Gobierno Federal, algo que no ha ocurrido hasta ahora. La notificación del programa nacional no será posible mientras no se produzca tal aprobación. Hasta la fecha, sin embargo, la parte demandada no dado cumplimiento todavía a lo anunciado, esto es, no ha notificado aún un programa nacional, y ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15, apartado 4, en relación con el artículo 13, apartado 1, de la Directiva.

(1) DO 2011, L 199, p. 48.
Asunto C-344/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Gent (Bélgica) el 25 de mayo de 2018 — ISS Facility Services NV / Sonia Govaerts, Euroclean NV

Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Gent (Bélgica) el 25 de mayo de 2018 — ISS Facility Services NV / Sonia Govaerts, Euroclean NV

(Asunto C-344/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Arbeidshof te Gent

Partes en el procedimiento principal

Demandante: ISS Facility Services NV

Demandadas: Sonia Govaerts, Euroclean NV

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse las disposiciones contenidas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE ( 1 ) del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, en el sentido de que cuando se da una transmisión simultánea de diversas partes de una empresa en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva que son trasmitidas a diversos cesionarios, se transfieren a cada uno de los cesionarios los derechos y obligaciones que resulten del contrato de trabajo existente en la fecha de transmisión de un trabajador que trabajaba en cada una de las partes transmitidas, en proporción al volumen de trabajo del trabajador antes citado en la parte de la empresa adquirida por cada cesionario,

o bien en el sentido de que los derechos y obligaciones antes citados se transmiten en su totalidad al cesionario de la parte de la empresa en la que trabajaba primordialmente el trabajador antes mencionado,

o bien, si las disposiciones de la Directiva no pueden interpretarse en ninguna de las formas antes mencionadas, no se produce una transmisión a cesionario alguno de los derechos y obligaciones resultantes del contrato de trabajo del trabajador antes mencionado, lo cual también ocurrirá cuando no resulte posible determinar individualmente el volumen de trabajo del trabajador en cada una de las partes transmitidas de la empresa?»

( 1 ) DO 2001, L 82, p. 16.
Asunto C-253/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 12 de abril de 2018 — Stadt Euskirchen / Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 12 de abril de 2018 — Stadt Euskirchen / Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

(Asunto C-253/18)

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Stadt Euskirchen

Demandada: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Otros intervinientes: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH

Cuestión prejudicial

¿La obligación de prestar por sí mismo la mayor parte del servicio público de transporte de viajeros, impuesta por el artículo 5, apartado 2, segunda frase, letra e), del Reglamento n.o 1370/2007, ( 1 ) excluye que el operador interno pueda prestar esa mayor parte del servicio a través de una sociedad en la que posee el 2,5 % de las participaciones, y si el resto de las participaciones, directa o indirectamente, está en manos de otras autoridades competentes?

( 1 ) Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (DO 2007, L 315, p. 1).
5.

¿Debe interpretarse la relación entre el artículo 4, apartado 2, letra d), y el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 1346/2000 en el sentido de que el artículo 6, apartado 1, solo resulta aplicable si no existe la posibilidad de compensación en el ordenamiento jurídico del Estado de apertura o también puede aplicarse dicho artículo en otros casos, por ejemplo, cuando solo exista una cierta diferencia en la posibilidad de compensación con arreglo a los ordenamientos jurídicos de que se trate o cuando no exista ninguna diferencia en absoluto, pero se deniegue sin embargo la compensación en el Estado de apertura?
1)

¿El principio de «quien contamina paga» recogido en el art. 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales, que establecen como principios básicos la igualdad y no discriminación, proyectados sobre la regulación contenida en la Directiva 2009/72/[CE] (1), artículo 3, apartados 1 y 2, en cuanto procura, entre otras finalidades, un mercado de electricidad competitivo y no discriminatorio, sin que quepa alterarlo más que por motivos de interés económico general, incluida la protección del medio ambiente, se oponen al establecimiento de unos impuestos que recaen exclusivamente sobre las empresas de producción de energía eléctrica que utilizan energía nuclear, cuando la finalidad principal de dichos gravámenes no es medioambiental sino aumentar el volumen del sistema financiero de la energía eléctrica de suerte que asuman estas empresas, en comparación con otras que realizan la misma actividad, una mayor carga en la financiación del déficit tarifario?
1)

¿El principio de «quien contamina paga» recogido en el art. 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales, que establecen como principios básicos la igualdad y no discriminación, proyectados sobre la regulación contenida en la Directiva 2009/72/[CE] (1), artículo 3, apartados 1 y 2, en cuanto procura, entre otras finalidades, un mercado de electricidad competitivo y no discriminatorio, sin que quepa alterarlo más que por motivos de interés económico general, incluida la protección del medio ambiente, se oponen al establecimiento de unos impuestos que recaen exclusivamente sobre las empresas de producción de energía eléctrica que utilizan energía nuclear, cuando la finalidad principal de dichos gravámenes no es medioambiental sino aumentar el volumen del sistema financiero de la energía eléctrica de suerte que asuman estas empresas en comparación con otras que realizan la misma actividad una mayor carga en la financiación del déficit tarifario?
3)

En la consideración de que en el sector público y en el ejercicio de servicios esenciales, la necesidad de cubrir vacantes, enfermedades, vacaciones (…) en esencia es «permanente», haciéndose necesario delimitar el concepto de «causa objetiva» que justificaría la contratación temporal: a) ¿Se puede entender que sería contraria a la Directiva 1999/70/CE (cláusula 5a, [apartado] 1, [letra] a), y por tanto no existir causa objetiva cuando el trabajador temporal, encadena, sin solución de continuidad, sucesivos contratos de interinidad, trabajando todos o casi todos los días del año, con nombramientos/llamamientos consecutivos y sucesivos, que se dilatan, con plena estabilidad, en el transcurso de los años, eso sí, siempre cumpliéndose la causa para [la] que fue llamado? b) ¿Se debe […] entender por necesidad permanente y no temporal y por tanto no amparada como «razón objetiva» contenida en la cláusula 5a [apartado] 1, [letra] a), partiendo tanto de los parámetros descritos, es decir de la existencia de que innumerables nombramientos y llamamientos, que se dilatan durante años, como de la existencia de defecto estructural, defecto que se plasmaría en el porcentaje de interinidad en el sector de que se trate, [y/o en] que estas necesidades siempre y como norma se cubren con trabajadores temporales, convirtiéndose de forma estable en pieza esencial en el desenvolvimiento del servicio público? c) [¿]O podemos entender que en esencia, solo debemos, para fijar cuál es el límite consentido de temporalidad, acudir a la literalidad de la norma que ampara el uso de estos trabajadores temporales, cuando dice que podrán nombrarse por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, en definitiva su uso para que se entienda causa objetiva debe […] responder a estas circunstancias de excepcionalidad, dejando de serlo y por tanto existiendo abuso cuando su uso deja de ser puntual, ocasional o circunstancial[?].
4)

¿Es conforme al principio de cautela el Reglamento europeo [(CE) n.o 1107/2009] en la medida en que no tiene en cuenta la pluralidad de sustancias activas y su empleo acumulado, en particular, al no prever ningún análisis específico completo a escala europea de la acumulación de sustancias activas en un mismo producto?