El artículo 15 de la Directiva 2006/123 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que exige que el capital social de los establecimientos que comercializan al por menor medicamentos veterinarios pertenezca exclusivamente a uno o a varios veterinarios.

En efecto, los veterinarios titulares del capital de un establecimiento que comercializa al por menor medicamentos veterinarios, a diferencia de los agentes económicos que no son veterinarios, están sujetos a normas deontológicas que tienen por objeto moderar su ánimo de lucro, de manera que su interés en la obtención de beneficios pueda verse mitigado por la responsabilidad que les incumbe, habida cuenta de que la eventual infracción de las normas legales o deontológicas pondría en peligro no solo el valor de su inversión, sino también su propia existencia profesional (véase, por analogía, la sentencia de 19 de mayo de 2009, Apothekerkammer des Saarlandes y otros, C‑171/07 y C‑172/07, EU:C:2009:316, apartado 37). Ahora bien, aunque un Estado miembro puede impedir legítimamente, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 82 de la presente sentencia, que agentes económicos que no sean veterinarios ejerzan una influencia determinante en la gestión de establecimientos que comercializan al por menor medicamentos veterinarios, el objetivo mencionado en ese mismo apartado de la presente sentencia no puede justificar que se excluya totalmente a tales agentes económicos de la titularidad del capital de dichos establecimientos, pues no cabe descartar que los veterinarios puedan ejercer un control efectivo sobre tales establecimientos aun cuando no sean titulares de la totalidad del capital de los mismos, en la medida en que la titularidad de una parte limitada de ese capital por personas que no son veterinarios no obstaculiza necesariamente tal control. Por tanto, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo que persigue.

No pone en entredicho esta consideración la doctrina que dimana de la sentencia de 19 de mayo de 2009, Comisión/Italia (C‑531/06, EU:2009:315), en la que el Tribunal de Justicia declaró compatible con la libertad de establecimiento y con la libertad de circulación de capitales una normativa nacional que no solo se oponía a que las personas que no eran farmacéuticos fueran titulares, en sociedades de explotación de farmacias, de un elevado número de participaciones que les confería una influencia real en la gestión de estas, sino también a que inversores de otros Estados miembros que no eran farmacéuticos adquirieran, en tales sociedades, participaciones en menor número que no confirieran tal influencia. En efecto, aunque, tal como se desprende del apartado 62 de la presente sentencia, las consideraciones relativas al ámbito de los medicamentos para uso humano pueden extrapolarse, en principio, al ámbito del comercio de medicamentos veterinarios, el margen de apreciación que debe reconocerse a los Estados miembros para garantizar la calidad del abastecimiento de medicamentos veterinarios y la independencia de los veterinarios que prestan servicios en los establecimientos que comercializan tales medicamentos es más restringido que aquel del que pueden disponer en otros sectores más estrechamente ligados a la protección de la salud humana y, por ello, tal margen de apreciación no puede extenderse hasta la exclusión de toda participación de personas que no son veterinarios en el capital de los referidos establecimientos.

(véanse los apartados 84 y 86 a 89 y el punto 2 del fallo)