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4)

¿Implica el artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2008/115/CE que un nacional de un tercer Estado debe presentar en principio una solicitud de revocación o suspensión de una prohibición de entrada válida y definitiva fuera de la Unión Europea, o bien existen circunstancias en las que también puede presentar dicha solicitud en la Unión Europea? a) ¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 3, párrafos tercero y cuarto, de la Directiva 2008/115/CE en el sentido de que en cada caso concreto o en todas las categorías de casos debe cumplirse sin más lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, párrafo primero, de dicha Directiva, según el cual puede considerarse la posibilidad de revocar o suspender la prohibición de entrada únicamente si el nacional de un tercer Estado demuestra que ha abandonado el territorio en pleno cumplimiento de una decisión de retorno? b) ¿Se oponen los artículos 5 y 11 de la Directiva 2008/115/CE a una interpretación en virtud de la cual se considera que una solicitud de residencia en el marco de la reagrupación familiar con un ciudadano sedentario de la Unión que no ha ejercido su derecho a la libre circulación ni a la libertad de establecimiento constituye una solicitud implícita (temporal) de revocación o suspensión de la prohibición de entrada válida y definitiva, si se pone de manifiesto que no se cumplen los requisitos de residencia y se restablece la prohibición de entrada válida y definitiva? c) ¿Es relevante el hecho de que la obligación de presentar una solicitud de revocación o suspensión en el país de origen lleve consigo una mera separación temporal del nacional de un tercer Estado y el ciudadano sedentario de la Unión? ¿Existen circunstancias en las que los artículos 7 y 24 de la Carta se oponen no obstante a una separación temporal? d) ¿Es relevante el hecho de que la obligación de presentar una solicitud de revocación o suspensión en el país de origen tenga como única consecuencia que el ciudadano de la Unión deba abandonar, en tal caso, únicamente por tiempo limitado el territorio de la Unión Europea en su totalidad? ¿Concurren circunstancias en las que no obstante el artículo 20 TFUE se opone al hecho al hecho de que el ciudadano sedentario de la Unión deba abandonar con carácter temporal el territorio de la Unión Europea?
2)

Si se considera correcta la interpretación formulada en la letra b) de la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 86/653 en el sentido de que no constituye una excepción en perjuicio del agente una cláusula del contrato de agencia comercial según la cual el agente esté obligado a reembolsar una parte proporcional de su comisión en el caso de que el contrato celebrado entre el empresario y el tercero no se ejecute en la medida prevista y, en particular, en la medida estipulada en el contrato de agencia comercial?
1)

¿Se ha de interpretar el artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento (CE) no 44/2001 (1) del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que la expresión «materia contractual» comprende también el derecho a compensación con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, ejercitado frente al transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo y con el cual el pasajero interesado no mantiene ninguna relación contractual?
1.

Primer motivo, basado en la incidencia de irregularidades en el procedimiento ante el Tribunal General, que lesionan los intereses del Estado Rumano. Rumanía considera que el auto infringe el artículo 130, apartado 7, en relación con el apartado 8, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. El Tribunal General no verificó ni motivó de manera adecuado si era necesario examinar la excepción de inadmisibilidad junto con el fondo del asunto. Aun cuando concluyó que no estaba justificado examinar la excepción de inadmisibilidad junto con el fondo del asunto, el Tribunal General estableció un marco jurídico para la obligación de pago a cargo de Rumanía en el ámbito regulado por la Decisión 2007/436/CE, Euratom (1) y por el Reglamento no 1150/2000, (2) al considerar que el Estado Rumano tiene la obligación, emanada de dichas disposiciones, de reconocer y pagar el importe de 14 883,79 EUR en concepto de recursos propios tradicionales. Analizando la naturaleza y el fundamento de la obligación de pago, el Tribunal General entro a examinar el fondo del asunto y, con ello, contravino su propia decisión de pronunciarse exclusivamente sobre la excepción de inadmisibilidad.
A)

A efectos de la interpretación del artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (1), de 28 de noviembre de 2006, ¿deben considerarse las terapias no convencionales, en particular la osteopatía, una actividad sanitaria (paramédica)?
4.

En particular, la recurrente mantiene que, para cumplir los principios de presunción de validez de que gozan las marcas comunitarias registradas y de reparto de la carga de la prueba en los recursos de nulidad, el Tribunal General debería haber revocado la resolución impugnada, debido a que Nanu-Nana no había cumplido su carga, ya que no había podido demostrar cuáles eran la norma y las costumbres del sector pertinente en la fecha de solicitud de la marca controvertida y, por lo tanto, que la marca controvertida no se apartaba de ellas de manera significativa.
1)

¿Qué información constituye información pertinente a efectos del artículo 24, apartado 1, de la Decisión 2011/278/UE? (1) ¿La restricción se ha de entender en sentido cualitativo o cuantitativo; incluye, en particular, la información sobre cualquier cambio previsto o efectivo de la capacidad, del nivel de actividad y del funcionamiento de la instalación que no implique directamente una anulación o una adaptación de la decisión de asignación con arreglo a los artículos 19 a 21 de la Decisión 2011/278/UE y no genere una obligación de información con arreglo al artículo 24, apartado 2, de la Decisión 2011/278/UE?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 381/18

Petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa (Letonia) el 31 de agosto de 2015 — Verners Pudāns

(Asunto C-462/15)

(2015/C 381/21)

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Augstākā tiesa

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Verners Pudāns

Demandada: Valsts ieņēmumu dienests

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 29, apartado 1, del Reglamento (CE) no 73/2009 (1) del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003, en el sentido de que permite, en principio, a un Estado miembro, gravar con el impuesto sobre la renta los pagos abonados con arreglo a los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I del referido Reglamento?

(1) DO L 30, p. 16.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 346/11

Recurso de casación interpuesto el 28 de agosto de 2015 por Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 25 de junio de 2015 en el asunto T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consejo

(Asunto C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (representantes: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea y J. Iriarte Ángel, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

— Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 25 de junio de 2015 en el asunto T-95/14.

— Que se resuelva definitivamente el pleito en el sentido de admitir las pretensiones solicitadas por la demandante, ahora recurrente, en el litigio de instancia; es decir, que se anule el artículo 1 de la Decisión 2013/661/PESC (1), de 15 de noviembre de 2013, y el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 1154/2013 (2), de 15 de noviembre de 2013, en todo lo que los mismos se refieren o puedan afectar a IOEC y se proceda a excluir su nombre de los respectivos Anexos de las citadas disposiciones.

— Que se condene al Consejo a cargar con las costas de ambas instancias.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca tres motivos de casación:

Error de Derecho en cuanto que la sentencia sostiene erróneamente que el Consejo ha cumplido su obligación de motivar y no ha violado el derecho a la tutela judicial efectiva.

Error de Derecho al sostener la sentencia que las medidas contra la recurrente se fundamentan en pruebas, cuando la realidad es que carecen de fundamento fáctico alguno y la sentencia se basa en presunciones. Lo que incide también en desviación de poder y vulneración de las normas jurídicas aplicables y del principio de igualdad de trato.

Error de Derecho al sostener la sentencia erróneamente que se ha respetado el derecho de propiedad de IOEC y el principio de proporcionalidad.

(1) Decisión 2013/661/PESC del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán DO L 306, p. 18.

(2) Reglamento de Ejecución (UE) no 1154/2013 del Consejo, de 15 de noviembre de 2013, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012 sobre medidas restrictivas contra Irán DO L 306, p. 3.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 354/27

Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Saarbrücken (Alemania) el 28 de agosto de 2015 — Proceso penal contra K. B.

(Asunto C-458/15)

(2015/C 354/28)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Saarbrücken

Parte en el proceso principal

K. B.

Cuestión prejudicial

¿Es nula la inclusión de los Liberation Tigers of Tamil Eelam en la lista prevista en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (1), durante el período comprendido entre el 11 de agosto de 2007 y el 27 de noviembre de 2009 inclusive, en particular en virtud de las Decisiones del Consejo de 28 de junio de 2007 (2007/445/CE) (2), de 20 de diciembre de 2007 (2007/868/CE, en la versión resultante de la rectificación de idéntica fecha) (3), de 15 de julio de 2008 (2008/583/CE) (4), de 26 de enero de 2009 (2009/62/CE) (5), y del Reglamento (CE) no 501/2009, de 15 de junio de 2009 (6)?

(1) DO L 344, p. 70.

(2) DO L 169, p. 58.

(3) DO L 340, p. 100.

(4) DO L 188, p. 21.

(5) DO L 23, p. 25.

(6) DO L 151, p. 14.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 311/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) el 22 de junio de 2015 — Procedimiento penal contra G. M. y M. S.

(Asunto C-303/15)

(2015/C 311/25)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Okręgowy w Łodzi

Partes en el procedimiento principal

G. M. y M. S.

Cuestión prejudicial

¿Puede interpretarse el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (1), en el sentido de que, en caso de no comunicarse disposiciones calificadas como reglamento técnico, es posible diferenciar las consecuencias de tal manera que, en el caso de disposiciones que afecten a las libertades no sometidas a las limitaciones del artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la no comunicación haya de tener como consecuencia que dichas disposiciones no se puedan aplicar en un determinado procedimiento pendiente, mientras que, en el caso de disposiciones que afecten a las libertades sometidas a las limitaciones del artículo 36 del Tratado, el órgano jurisdiccional nacional, que es también un órgano jurisdiccional de la Unión, pueda apreciar si, pese a la no comunicación, dichas disposiciones cumplen los requisitos del artículo 36 del Tratado y pueden ser aplicadas?

(1) DO L 204, p. 37.
1)

A fin de satisfacer debidamente los requisitos de no discriminación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (1), en relación con el artículo 45 TFUE, apartado 2, en el marco de la consideración del grado real de conexión de una estudiante no residente, que solicita una ayuda económica para estudios superiores, con la sociedad y el mercado de trabajo de Luxemburgo, Estado miembro donde un trabajador transfronterizo está empleado o ejerce su actividad en las condiciones previstas en el artículo 2 bis de la Ley de 22 de junio de 2000, sobre ayuda económica del Estado para estudios superiores, tal y como dicho artículo quedó redactado por la Ley de 19 de julio de 2013, promulgada como consecuencia directa de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2013 (asunto C-20/12) (2), ¿debe determinarse que el requisito de que dicha estudiante sea «hija» del trabajador transfronterizo como equivalente para él de «descendiente en línea directa y en primer grado cuya filiación se presume legalmente con respecto a su autor», haciendo hincapié en el vínculo de filiación acreditado entre la estudiante y el trabajador transfronterizo, en el que se basaría el vínculo de conexión exigido?, o bien ¿debe insistirse en el hecho de que el trabajador transfronterizo «continúa proveyendo al mantenimiento de la estudiante» sin que necesariamente un vínculo jurídico de filiación le una a ella, forjándose así un vínculo de comunidad de vida suficiente para vincularla a uno de los padres de la estudiante con respecto al cual el vínculo de filiación sí está jurídicamente establecido?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 279/22

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour du travail de Bruxelles (Bélgica) el 10 de junio de 2015 — Office national de l’emploi (ONEm), M/M, Office national de l’emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

(Asunto C-284/15)

(2015/C 279/27)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour du travail de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Office national de l’emploi (ONEm) y M

Demandadas: M, Office national de l’emploi (ONEm) y Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el artículo 67, apartado 3, del Reglamento de la seguridad social no 1408/71 (1), en el sentido de que se opone a que un Estado miembro se niegue a totalizar los períodos de empleo necesarios para que se reconozca el derecho a una prestación por desempleo destinada a complementar los ingresos obtenidos por un trabajo a tiempo parcial, si el desempeño de dicho trabajo no ha venido precedido de ningún período de seguro o de empleo en ese Estado miembro?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿es el artículo 67, apartado 3, del Reglamento de Seguridad Social no 1408/71 compatible, en particular, con: — el artículo 48 TFUE, en la medida en que el requisito al que dicho artículo 67, apartado 3, supedita la totalización de los períodos de empleo puede restringir la libre circulación de los trabajadores y su acceso a determinados empleos a tiempo parcial; — el artículo 45 TFUE, que «supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo» y que prevé el derecho de los trabajadores «de responder a ofertas efectivas de trabajo» (incluso para empleos a tiempo parcial) en los demás Estados miembros, «de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros» y de residir en ellos «con objeto de ejercer en ellos un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales»; — el artículo 15, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece que «todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, trabajar, […] en cualquier Estado miembro»?

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y puesta al día por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998 (DO L 209, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de la seguridad social no 1408/71»).
a)

las sociedades establecidas en otro Estado miembro con un establecimiento permanente en Bélgica están sujetas a un impuesto cuando deciden repartir beneficios que no están comprendidos en el resultado imponible definitivo de la sociedad, con independencia de si se traspasa un beneficio desde el establecimiento permanente en Bélgica a la casa matriz, mientras que sociedades establecidas en otro Estado miembro con una filial belga no están sujetas a tal impuesto cuando deciden repartir beneficios que no están comprendidos en el resultado imponible definitivo de la sociedad, con independencia de si la filial ha repartido o no dividendos;
1)

¿Deben interpretarse el artículo 15, apartado 2, y el artículo 8 del Reglamento del Consejo no 1260/2001, de 19 de junio de 2001, (1) aplicado a la luz de sus considerandos 9 y 11 y de las sentencias Zuckerfabrik Jülich I y II, y los principios generales del Derecho Comunitario de prohibición de enriquecimiento sin causa, de proporcionalidad y de libertad de empresa, en el sentido de que un fabricante de azúcar tiene derecho a que se le devuelvan las cotizaciones por producción abonadas en el importe que corresponda a las cantidades de azúcar bajo cuota que aún estaban almacenadas a 30 de junio de 2006, teniendo en cuenta que el Reglamento del Consejo no 318/2006, de 20 de febrero de 2006, (2) no prorrogó el régimen de las cotizaciones por producción más allá de esa fecha?
B.

El Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009 por los motivos siguientes: i. El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al atribuir un grado específico de notoriedad a la marca de AME, lo que no se exige para la ejecución de la protección reforzada conferida por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009; asimismo, el Tribunal General no se ajustó a los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para apreciar el grado de notoriedad de una marca. ii. El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al excluir la existencia de una relación entre las marcas sobre la base de la apreciación de los factores pertinentes (a saber, la naturaleza de los productos y servicios de que se trata, el público relevante, la intensidad del renombre de la marca anterior, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior) lo que no se ajusta a los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009; el Tribunal General también incurrió en un error al considerar que existía riesgo de confusión entre las marcas de que se trata, lo que no se exige para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009. iii. El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al rechazar aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009 sin haber apreciado si el signo solicitado podía aprovecharse indebidamente o ser perjudicial para la marca anterior de renombre.
1.

Grave desnaturalización de las pruebas en relación con la errónea conclusión de la Decisión, confirmada por el Tribunal General, de que la medida examinada había introducido modificaciones sustanciales en la tarifa Alumix establecida por el Decreto de 1995, y consiguiente violación del artículo 107 TFUE, apartado 1, y del principio de seguridad jurídica. En los apartados 81 a 83 de la sentencia recurrida, el Tribunal General adoptó una interpretación errónea de las disposiciones aplicables al presente asunto, y en particular del artículo 15.2 de la Resolución no 204/99 de la Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, el cual muestra clara y unívocamente que, incluso tras la introducción del componente compensatorio, la tarifa Alumix no había sufrido modificación sustancial alguna ni en lo referente al precio neto de la energía eléctrica pagado por Alcoa ni en lo referente al funcionamiento del mecanismo que garantizaba ese precio de suministro a Alcoa.
—

Que se declarare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en los artículos 21 TFUE, 45 TFUE y 49 TFUE y en los artículos 28 y 31 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, al haber adoptado y mantenido una legislación, establecida en los artículos 10 y 38 del Código do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares [Código del impuesto sobre la renta de las personas físicas; en lo sucesivo, «CIRS»], en virtud de la cual un contribuyente 1) que canjee participaciones sociales y que traslade su residencia al extranjero o 2) que ceda activos y pasivos relativos a una actividad ejercida por cuenta propia a cambio de participaciones sociales de una empresa no residente, debe incluir en el primer caso, en relación con las operaciones en cuestión, todos las rentas no afectadas en la base imponible del último ejercicio fiscal en el que todavía sea considerado contribuyente residente, mientras que, en el segundo caso, no disfrutará de ningún aplazamiento en la tributación como consecuencia de la operación de que se trate.