3.

El segundo motivo se apoya en dos argumentos: a) el interés de DEFI con respecto a la anulación de la decisión se confunde con el interés del Estado francés o es absorbido por el mismo, y b) DEFI no está afectado por la decisión de forma individual y directa. En lo que se refiere al punto a), la Comisión afirma que DEFI es una simple prolongación de la administración francesa, y que ésta se sirve de ella para repartir las ayudas en el sector de que se trata. Su composición, sus competencias e instrumentos están definidos por la ley; sus recursos consisten en exacciones parafiscales y son controlados por el Estado; sus decisiones son propuestas y su eficacia está sujeta al previo vencimiento de los plazos establecidos para permitir la intervención de la autoridad tutelar. En definitiva, si bien las normas relativas a la composición del Comité prevén la participación mayoritaria de los beneficiarios de las ayudas que gestiona, es imposible distinguir un interés de DEFI distinto de aquel del Estado francés. En cuanto al punto b), tanto la Comisión como el Gesamtverband der Textilindustrie in der Bundesrepublik Deutschland (Gesamttextil), parte coadyuvante, niegan que en este caso se cumplan los requisitos a que se refiere el artículo 173, párrafo 2. De hecho, la decisión controvertida no afecta a DEFI individualmente, ya que no le perjudica a causa de su peculiaridad o por una situación de hecho que lo caracterizase con respecto a cualquier otra persona y, por lo tanto, le identificara como su destinatario. En realidad, DEFI es del todo extraño a la decisión y el efecto lesivo que haya sufrido es secundario o indirecto. En cuanto a este primer motivo, DEFI afirma tener plena autonomía con respecto al Estado francés, ya que puede, según el artículo 6 del Decreto 84-388, determinar su propia política; y no menos elocuente es la circunstancia de que, entre los quince miembros de su consejo de administración, catorce representen a las categorías profesionales interesadas, Es cierto que el miembro decimoquinto es un comisario del Gobierno, pero no participa en las votaciones y se limita a llevar a cabo un control que se justifica por la índole parafiscal de los recursos puestos a disposición del comité. Es cierto que la administración posee, con respecto a las decisiones de DEFI, un poder de veto restringido; sin embargo, no es menos cierto que aún no ha hecho uso del mismo. En lo que se refiere al segundo argumento, DEFI argumenta que la decisión le afecta individualmente en cuanto afecta a los intereses específicos de un sector de cuya tutela está encargado, En efecto, a él corresponde decidir el reparto de las ayudas que han de concederse a las distintas empresas; por ello, es imposible no reconocerle características que permiten identificarle como destinatario de la decisión controvertida. Por otra parte, ésta le afecta también directamente por cuanto le impide realizar la tarea —repartir las ayudas— que constituye su misión. Finalmente, el demandante atrae la atención de este Tribunal sobre el hecho de que, además de no poder impugnar la decisión controvertida ante los jueces nacionales, no puede ampararse en el artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia; no está, pues, legitimada para intervenir en el procedimiento promovido por Francia; acoger la excepción de inadmisibilidad equivaldría a privarle de tutela judicial.