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2

Los considerandos 5 a 8 del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO 2008, L 353, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 286/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011 (DO 2011, L 83, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1272/2008»), tienen la siguiente redacción: «(5) Para facilitar el comercio mundial, al tiempo que se protege la salud humana y el medio ambiente, se han venido desarrollando cuidadosamente, durante doce años, criterios armonizados de clasificación y etiquetado en la estructura de las Naciones Unidas, lo que ha dado lugar al Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (en lo sucesivo, “SGA”). (6) En el presente Reglamento se plasman diversas declaraciones de la Comunidad afirmando su intención de contribuir a la armonización mundial de los criterios de clasificación y etiquetado, no solo a escala de las Naciones Unidas, sino también mediante la incorporación a la legislación comunitaria de los criterios del SGA acordados internacionalmente. (7) Las ventajas para las empresas aumentarán conforme más países del mundo vayan incorporando los criterios del SGA a su legislación. La Comunidad debe liderar este proceso para animar a otros países a hacerlo y con el fin de ofrecer una ventaja competitiva a la industria comunitaria. (8) Por ello es esencial armonizar las disposiciones y los criterios de clasificación y etiquetado de las sustancias, las mezclas y ciertos artículos específicos en la Comunidad, teniendo en cuenta los criterios de clasificación y las normas de etiquetado del SGA, pero también apoyándose en los [cuarenta] años de experiencia en la aplicación de la legislación comunitaria existente sobre productos químicos y manteniendo el nivel de protección obtenido gracias al sistema de armonización de la clasificación y el etiquetado, mediante clases de peligro que todavía no forman parte del SGA, y también mediante las actuales normas de etiquetado y envasado en vigor.»
26

El órgano jurisdiccional remitente considera que de la sentencia de 28 de enero de 2021, Spetsializirana prokuratura (Declaración de derechos) (C‑649/19, EU:C:2021:75) se desprende que lo dispuesto en los artículos 4, 6 y 7 de la Directiva 2012/13 no es aplicable a la información que debe transmitirse a la persona detenida antes de su entrega al Estado miembro emisor. De ello resulta que la autoridad judicial emisora no está sujeta a la obligación, con arreglo a dicha Directiva, de informar a esa persona antes de la entrega. No obstante, se plantea la cuestión de si los principios en los que se basa el Derecho de la Unión se oponen a esta interpretación.
15

Con carácter preliminar, procede precisar que la acción ejercitada en el litigio principal está comprendida en el concepto de «materia contractual», en el sentido del artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.o 1215/2012. En efecto, por lo que respecta a la interpretación del artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), que es igualmente válida para la interpretación de las disposiciones equivalentes que figuran en el artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.o 1215/2012, el Tribunal de Justicia ha declarado que el concepto de «materia contractual» incluye la acción de compensación de los pasajeros aéreos por gran retraso de un vuelo de conexión, ejercitada, sobre la base del Reglamento n.o 261/2004, contra un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que no es quien contrata con el pasajero afectado (sentencia de 7 de marzo de 2018, flightright y otros, C‑274/16, C‑447/16 y C‑448/16, EU:C:2018:160, apartado 65), como es el caso, en el presente asunto, de LOT Polish Airlines.
121

Por consiguiente, al declarar, en el apartado 77 de la sentencia recurrida, que, dado que el Reglamento 2018/1971 no ha atribuido expresamente a la Oficina del ORECE ni a ningún otro organismo la competencia para establecer normas de trabajo aplicables a la participación de las ANR de terceros países, en particular de la ANR de Kosovo, esta competencia corresponde a la Comisión, el Tribunal General no se atuvo ni al reparto de las competencias entre, por una parte, la Comisión y, por otra, el ORECE y la Oficina del ORECE ni a las normas que garantizan la independencia del ORECE consagradas en el Reglamento 2018/1971.
35

A este respecto, sostiene que se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular del apartado 50 de la sentencia de 23 de abril de 2015, Franzen y otros (C‑382/13, EU:C:2015:261), dictada en el contexto del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 1971, L 149, p. 2), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n.o 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 392, p. 1), extrapolable al contexto del Reglamento n.o 883/2004, que las personas que ejercen normalmente su actividad profesional en un Estado miembro están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 3, letra a), del Reglamento n.o 883/2004 mientras no hayan cesado definitiva o temporalmente esa actividad y siguen sometidas igualmente a esa legislación durante los días en que no ejerzan esa actividad de manera efectiva. Así pues, según el órgano jurisdiccional remitente, la circunstancia de que exista una relación laboral no es decisiva a este respecto. Ese mismo órgano jurisdiccional no excluye, por tanto, que los intervalos entre las misiones de trabajo temporal de X e Y, especialmente de X, no constituyan, efectivamente, un cese de su actividad por cuenta ajena en los Países Bajos. Se pregunta cuáles son los factores pertinentes que deben tenerse en cuenta a este respecto, en particular, cuál es el plazo a partir del cual puede considerarse que una persona como X o Y, que ya no tiene relación laboral, ha cesado su actividad en el Estado miembro de empleo.
2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre GE Aircraft Engine Services Ltd (en lo sucesivo, «GEAES») y The Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs (Administración tributaria y aduanera del Reino Unido; en lo sucesivo, «Administración tributaria») en relación con una liquidación tributaria complementaria, por el período de diciembre de 2013 a octubre de 2017, en concepto de impuesto sobre el valor añadido (IVA) no declarado sobre el importe de vales de compra entregados por GEAES a sus empleados de forma gratuita en el marco de un plan de reconocimiento y gratificación instaurado por esta empresa.
104

En segundo término, en cuanto a los criterios de competencia establecidos en los artículos 4 y 5 del Reglamento n.o 4/2009, si bien de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que sean aplicables en el litigio principal, es necesario precisar, en particular, que, por un lado, la elección de foro prevista en el artículo 4 de dicho Reglamento está excluida en todo caso, en virtud del apartado 3 de dicho artículo, para los litigios relativos a una obligación de alimentos respecto de un menor de edad inferior a dieciocho años y que, por otro lado, en lo que atañe a la competencia basada en el artículo 5 de dicho Reglamento, de los autos no resulta que el demandado en el litigio principal hubiera comparecido voluntariamente por más razón que la de impugnar la competencia del órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se había presentado la demanda. En cambio, no parece descartado que los órganos jurisdiccionales de la República Portuguesa puedan, en su caso, basar su competencia en el artículo 6 del mismo Reglamento, habida cuenta de la nacionalidad portuguesa común del padre y sus hijos, si estos últimos son parte en el procedimiento relativo a la pretensión de alimentos como acreedores de dichos alimentos, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
40

Por otra parte, aunque el citado artículo no precisa, para cada disposición, si es sustantiva o no, del tenor de dicho artículo, cuyo apartado 1 se refiere a las «disposiciones sustantivas de la presente Directiva», se desprende inequívocamente que son las disposiciones de dicha Directiva las contempladas como sustantivas o como no sustantivas, y no las medidas nacionales adoptadas para transponerla.
14

El Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión, de 18 de julio de 2008, por el que se aplica y modifica el Reglamento n.o 715/2007 (DO 2008, L 199, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) n.o 566/2011 de la Comisión, de 8 de junio de 2011 (DO 2011, L 158, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 692/2008»). Con efectos de 1 de enero de 2022, el Reglamento n.o 692/2008 fue derogado por el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión, de 1 de junio de 2017, que complementa el Reglamento n.o 715/2007, modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos n.o 692/2008 y (UE) n.o 1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento n.o 692/2008 (DO 2017, L 175, p. 1). Sin embargo, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, el Reglamento n.o 692/2008 era aplicable a este.
10

El artículo 185 del Código do Trabalho (Código de Trabajo), aprobado por la Lei n.o 7/2009 (Ley n.o 7/2009), de 12 de febrero de 2009 (Diário da República, 1.a serie, n.o 30, de 12 de febrero de 2009) (en lo sucesivo, «Código de Trabajo»), titulado «Condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal», dispone en su apartado 6: «Los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal tendrán derecho, en proporción a la duración de su respectivo contrato, a vacaciones retribuidas y a pagas extraordinarias de vacaciones y de Navidad, así como a otras prestaciones regulares y periódicas a las que tengan derecho los trabajadores de la empresa usuaria por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor.»
17

No obstante, a la luz de la sentencia de 28 de julio de 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611), el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la conformidad del artículo 140, apartado 3, de la MarkenG con los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48. En primer lugar, considera que el reembolso automático de los gastos relativos a la actuación de un agente de la propiedad industrial cuya intervención no era, en la práctica, «necesaria para obtener la tutela judicial pretendida» podría resultar inútilmente gravoso, en particular, en caso de que la actividad realizada por dicho agente hubiera podido ser efectuada del mismo modo por el abogado especialista en propiedad industrial ya contratado por la parte interesada. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que, por lo que se refiere al ejercicio extrajudicial de los derechos y, en particular, a la participación del agente de la propiedad industrial en un requerimiento con arreglo al Derecho de marcas, ya ha declarado que no cabía aplicar por analogía el artículo 140, apartado 3, de la MarkenG y que, por consiguiente, los gastos relativos a la participación de dicho agente solo son reembolsables si su intervención era necesaria.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 34, apartado 1, letra a), 53, apartados 1 y 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2018, L 323, p. 37, y DO 2020, L 376, p. 27).
1)

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de [la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad, no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, para impugnar una decisión de recuperación de cantidades indebidamente pagadas, adoptada una vez transcurrido el plazo de prescripción de las diligencias previsto en dicha disposición, su destinatario está obligado a alegar la irregularidad de esa decisión en un plazo determinado ante el tribunal de lo contencioso-administrativo competente, so pena de caducidad, y ya no puede oponerse a la ejecución de la referida decisión invocando la misma irregularidad en el marco del procedimiento judicial de ejecución forzosa incoado en su contra.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación, por un lado, de los artículos 4, apartado 1, letras a) y c), y apartado 2, letra b), y 9, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608), y, por otro lado, del artículo 60 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549).
37

En tercer término, esa interpretación no queda desvirtuada por los objetivos perseguidos por la Directiva 2008/104, tal como se enuncian en el considerando 12 y en el artículo 2 de esa Directiva, que consisten en establecer un marco protector para los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal que sea no discriminatorio, transparente y proporcionado, respetando al mismo tiempo la diversidad de los mercados de trabajo y las relaciones entre los interlocutores sociales, y en favorecer el desarrollo de formas de trabajo flexibles, la creación de empleo y la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, en la medida en que, como ha señalado el Abogado General, en esencia, en el punto 42 de sus conclusiones, la consecución de esos objetivos no exige que los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal no puedan ser contratados para cubrir puestos que tengan carácter permanente y que no sean ocupados para realizar una sustitución. Por el contrario, el hecho de que la Directiva 2008/104 tenga también por objeto, como recordó el Tribunal de Justicia, fomentar que los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal accedan a una relación laboral de duración indefinida con la empresa usuaria [sentencia de 14 de octubre de 2020, KG (Cesiones sucesivas en el marco del trabajo a través de empresas de trabajo temporal), C‑681/18, EU:C:2020:823, apartado 51] respalda la interpretación según la cual un trabajador temporal puede ser puesto a disposición de una empresa usuaria para cubrir, temporalmente, un puesto de carácter permanente, que podría ocupar posteriormente de forma permanente.
4

Conforme al artículo 2 de dicho Reglamento: «1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 2. El presente Reglamento no se aplica al tratamiento de datos personales: a) en el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión; b) por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V del TUE; c) efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas; d) por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención. 3. El Reglamento (CE) n.o 45/2001 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1),] es de aplicación al tratamiento de datos de carácter personal por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. El Reglamento (CE) n.o 45/2001 y otros actos jurídicos de la Unión aplicables a dicho tratamiento de datos de carácter personal se adaptarán a los principios y normas del presente Reglamento de conformidad con su artículo 98. […]»
4

A tenor del artículo 6 del Reglamento Roma I, titulado «Contratos de consumo»: «1. Sin perjuicio de los artículos 5 y 7, el contrato celebrado por una persona física para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional (“el consumidor”) con otra persona (“el profesional”) que actúe en ejercicio de su actividad comercial o profesional, se regirá por la ley del país en que el consumidor tenga su residencia habitual, siempre que el profesional: a) ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el país donde el consumidor tenga su residencia habitual, o b) por cualquier medio dirija estas actividades a ese país o a distintos países, incluido ese país, y el contrato estuviera comprendido en el ámbito de dichas actividades. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las partes podrán elegir la ley aplicable a un contrato que cumple los requisitos del apartado 1, de conformidad con el artículo 3. Sin embargo, dicha elección no podrá acarrear, para el consumidor, la pérdida de la protección que le proporcionen aquellas disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habría sido aplicable de conformidad con el apartado 1. […] 4. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los siguientes contratos: […] c) contratos que tengan por objeto un derecho real inmobiliario o contratos de arrendamiento de un bien inmueble distintos de los contratos relativos al derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido con arreglo a la definición de la Directiva 94/47/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (DO 1994, L 280, p. 83)]; […]».
2

En el momento en que ocurrieron los hechos que han dado lugar al litigio, las disposiciones que regulaban la adopción de medidas antidumping por parte de la Unión Europea figuraban en el Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51; corrección de errores en DO 2016, L 44, p. 20), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2014 (DO 2014, L 18, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1225/2009»).
«(9)

El ámbito de aplicación de la presente Directiva debe comprender todos los [aparatos eléctricos y electrónicos (AEE)], tanto los de consumo como los de uso profesional. La presente Directiva se debe aplicar sin perjuicio de las normas de la Unión que establecen requisitos sobre seguridad y salud para proteger a todos los agentes en contacto con RAEE, así como de las normas específicas de la Unión sobre gestión de residuos […] y de las normas de la Unión sobre diseño de productos […]. Los objetivos de la presente Directiva pueden alcanzarse sin incluir en su ámbito de aplicación las instalaciones fijas de gran envergadura tales como las plataformas petrolíferas, los sistemas aeroportuarios de transporte de equipajes o los elevadores. No obstante, todo equipo que no esté concebido e instalado específicamente como parte de dichas instalaciones y que pueda cumplir su función incluso no siendo parte de las mismas debe incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Esto se refiere, por ejemplo, a equipos como aparatos de iluminación o paneles fotovoltaicos.
19

A este respecto, tras indicar que, desde su punto de vista, la Decisión Marco 2002/584 y, en consecuencia, la Carta son aplicables al presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente explica que, antes de emitir una orden de detención europea, debe cerciorarse, en particular, de que se garantice la protección de los derechos fundamentales de la persona afectada. A tal fin, desea saber, para empezar, si una resolución firme que pone fin a las diligencias penales queda incluida en el principio non bis in idem consagrado en el artículo 50 de la Carta, en particular en un contexto en el que tal resolución se adoptó al amparo de una amnistía para ser posteriormente anulada mediante una medida legislativa que revocó esa amnistía, sin mediar una decisión judicial específica o un procedimiento judicial.
3

Los considerandos decimosegundo y decimotercero de la Directiva 93/13 tienen la siguiente redacción: «Considerando no obstante que en el estado actual de las legislaciones nacionales solo se puede plantear una armonización parcial; que, en particular, las cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, dentro del respeto del Tratado, de garantizar una protección más elevada al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la presente Directiva; Considerando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo».
50

A su entender, ninguno de los actos de la Unión pertinentes contiene una disposición relativa a una compensación de derechos entre varios períodos. Por otra parte, señala que no se estableció ninguna reserva específica de derechos de emisión en previsión de resoluciones judiciales. Dicho esto, podría encontrarse un indicio a favor de la tesis de que el paso del tercer al cuarto período no extingue los derechos a asignación aún no satisfechos el 31 de diciembre de 2020 en la Decisión 2015/1814, que exige que determinados derechos de emisión no asignados a 31 de diciembre de 2020 se incorporen a una reserva.