Pero también es cierto que, en una oposición basada en la existencia de un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, los documentos relativos a las disposiciones legales nacionales no son elementos basados en las legislaciones nacionales en los que pueda inspirarse este Tribunal para interpretar el Derecho nacional en el sentido de la jurisprudencia citada, sino que constituyen pruebas presentadas para acreditar el contenido del Derecho nacional aplicable, a los efectos de la regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria. Puesto que no fueron aportados por la demandante en el procedimiento administrativo ante la Oficina, procede declarar la inadmisibilidad de esos documentos.

Es cierto que no puede impedirse que las partes o el Tribunal, al interpretar el Derecho nacional a que se refiere el Derecho de la Unión Europea, se inspiren en elementos basados en la legislación, la jurisprudencia o la doctrina nacionales, cuando lo que se pretenda no sea censurar a la Sala de Recurso por no haber tenido en cuenta determinados hechos de una sentencia nacional en concreto, sino invocar jurisprudencia o doctrina en apoyo de un motivo basado en la incorrecta aplicación por la Sala de Recurso de un precepto del Derecho nacional.

Lo que se pretende con el recurso ante el Tribunal es controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en el sentido del artículo 65 del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea. Por lo tanto, la función del Tribunal no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él.

Por otro lado, la regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, hace que recaiga sobre quien formula oposición la carga de presentar a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para oponerse al registro de una marca de la Unión amparándose en un derecho anterior, sino también los datos que determinan el contenido de dicha legislación. Por consiguiente, si las partes no han presentado alegaciones ni pruebas a este respecto, la Oficina no está obligada a recabar de oficio la información relativa al Derecho nacional aplicable.

A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, deben tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado miembro de que se trate. Sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior.

En el marco de una oposición fundada en la existencia de un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, la regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, no enumera de forma precisa y taxativa los documentos que deben presentarse en apoyo de la oposición. Por tanto, dado que esta última disposición únicamente menciona la obligación de aportar la prueba de la adquisición, existencia continuada y ámbito de protección del derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, sin más precisiones, no puede presumirse que la parte oponente conoce los documentos concretos que debe aportar en apoyo de su oposición. En estas circunstancias, la facultad de apreciación de la Sala de Recurso respecto de la posible consideración de hechos y pruebas presentados de forma extemporánea, contemplada en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, no debe ejercerse de manera restrictiva.

La Sala de Recurso que no ejerció, ni siquiera de modo restrictivo, la facultad de apreciación de la que, sin embargo, está investida, sin justificar su negativa a tener en cuenta a estos efectos las referencias al Derecho nacional aplicable que se le habían aportado, infringe, por tal razón, el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, así como la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.o 2868/95.

(véanse los apartados 53, 55, 56, 59 y 61)