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La Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965 (DO 1965, 22, p. 369; EE 13/01, p. 18), define el medicamento como «toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades humanas o animales» o «todas las sustancias o composiciones que puedan administrarse al hombre o al animal con el fin de establecer un diagnóstico médico o de restablecer, corregir o modificar las funciones orgánicas del hombre o del animal». La especialidad farmacéutica está definida como «todo medicamento previamente elaborado, comercializado bajo una denominación especial y un determinado acondicionamiento» (artículo 1 de la Directiva). La Directiva 65/65 tiene por objeto esencial someter las especialidades farmacéuticas a una autorización de comercialización. Según su artículo 3, «sólo se podrá comercializar una especialidad farmacéutica en un Estado miembro cuando la autoridad competente de este Estado lo haya autorizado previamente». Las disposiciones de la Directiva fijan, especialmente, los requisitos para la concesión y la revocación de esta autorización de comercialización. La Directiva 65/65 fue modificada en diversas oportunidades, esencialmente con la finalidad de favorecer la libre circulación de productos farmacéuticos. De esta manera, la Directiva 75/319/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975 (DO L 147, p. 13; EE 13/04, p. 92), establece un sistema que permite facilitar la concesión de autorizaciones de comercialización en varios Estados miembros, en particular, mediante la intervención de un «Comité de especialidades farmacéuticas» creado por su artículo 8. Esta disposición fue reforzada y modificada mediante la Directiva 83/570/CEE del Consejo, de 26 de octubre de 1983 (DO L 332, p. 1; EE 13/14, p. 205), y por la Directiva 87/21/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO 1987, L 15, p. 36). La Directiva 87/22/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO 1987, L 15, p. 38), se refiere a los medicamentos de alta tecnología. Finalmente, la Decisión 75/320/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975 (DO L 147, p. 23), crea un «Comité farmacéutico» encargado de examinar las cuestiones relativas a la aplicación de las Directivas sobre las especialidades farmacéuticas y de emitir su dictamen a instancia de la Comisión en el marco de la preparación de las Directivas relativas a las especialidades farmacéuticas.
2.

La Comisión invoca, en lo que se refiere a la segunda cuestión, la sentencia de 28 de junio de 1978 (Kenny, 1/78, Rec. 1978, p. 1489), en la que el Tribunal de Justicia había destacado, en materia de Seguridad Social, el principio de no discriminación de los trabajadores migrantes derivado de los artículos 7 y 48 a 51 del Tratado CEE. En su opinión, de ello se deduce que este principio es directamente aplicable en los Estados miembros y garantiza que los requisitos del derecho a las prestaciones se apliquen sin discriminaciones a los nacionales del Estado miembro de que se trate y a los de los otros Estados miembros. Según la Comisión, la regla de no discriminación contenida en el Tratado no es pues aplicable en un tercer Estado o con relación a un nacional de un tercer Estado. Dado que la situación del interesado debería apreciarse en el momento de la eventual discriminación, en este caso en el momento de la negativa a liquidar la pensión, el Sr. Buhari, de nacionalidad nigeriana y residente en Zaire, no puede acogerse, según opina la Comisión, al principio comunitario de no discriminación. En lo que se refiere a la tercera cuestión, la Comisión destaca que las disposiciones belgas de que se trata establecen, en esencia, que la pensión de jubilación se pagará en el extranjero cuando el interesado resida en el territorio de un país en el que pudiera pagársele una pensión de trabajador por cuenta ajena en aplicación de un acuerdo de reciprocidad. Opina que, en la medida en que los términos «en el extranjero» no comprendan el territorio de la Comunidad, la Ley belga no se encuentra en contradicción con las normas comunitarias, las cuales no se aplican al pago de pensiones en terceros Estados. La Comisión propone, por tanto, responder como sigue a las cuestiones segunda y tercera: «3) Ni la supresión de las cláusulas de residencia establecida en el párrafo 1 del apartado 1 del artículo 10 del Reglamento n° 1408/71 ni el principio de no discriminación contenido en los artículos 7 y 48 a 51 del Tratado y reprodueido en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 1408/71 resultan aplicables cuando el beneficiario de la prestación no reside en el territorio de un Estado miembro. 4) El apartado 2 del artículo 144 del Real Decreto de 22 de diciembre de 1967 (por el que se establece el Reglamento general relativo a la pensión de jubilación y de supervivencia de los trabajadores autónomos), modificado por el artículo 24 del Real Decreto de 17 de julio de 1972 y el apartado 1 del artículo 64 del Real Decreto de 24 de septiembre de 1984, es compatible con el Derecho comunitario, en la medida en que sólo produce efectos en el exterior de la Comunidad.»
26.

Ahora bien, la Comisión alega que el aparato descrito en la resolución de remisión no puede funcionar en forma autónoma porque está especialmente concebido para conectarse a un ordenador y no puede funcionar sin estar conectado con el mismo. De esta manera, por el hecho de que no funciona en forma autónoma, el aparato considerado cumple los dos requisitos establecidos en la nota 3 B) sobre la partida 84.53 del AAC.
Procede declarar la admisibilidad del recurso de anulación dirigido contra una carta de la Comisión por la que se deniega el examen de los documentos no confidenciales de un procedimiento antidumping a una organización de defensa de los consumidores. En efecto, al denegar a dicha organización el examen del expediente no confidencial, dicha carta no se limita a una mera comunicación que le informa de su situación jurídica respecto a las disposiciones reguladoras de los procedimientos antidumping, sino que constituye una Decisión lesiva para sus intereses.

Dicho procedimiento y las medidas que puedan adoptarse a resultas del mismo no van dirigidos contra prácticas imputables a los consumidores o a organizaciones de defensa de los consumidores. De ello se deduce que el procedimiento incoado a tenor del Reglamento antidumping de base n° 2423/88 no puede dar lugar a un acto lesivo para los mismos, al no haberse formulado acusaciones contra ellos.

Una organización que tiene por objeto estatutario la defensa de los consumidores no puede invocar, en el marco de un procedimiento antidumping o antisubvenciones, el principio fundamental del respeto del derecho de defensa para pretender, a falta de disposición expresa en tal sentido, el examen de los documentos no confidenciales aportados durante el procedimiento administrativo.

La circunstancia de que una organización de consumidores pueda ser autorizada, en su caso, por el Tribunal de Justicia a intervenir en un procedimiento judicial y disfrutar, en calidad de coadyuvante, del derecho a examinar los documentos no confidenciales presentados por las partes litigantes no puede justificar, por consiguiente, que se reconozca también tal derecho en el marco del procedimiento administrativo antidumping.

El Consejo decidió, por el propio tenor literal de la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento antidumping de base n° 2423/88, conceder el derecho a examinar el expediente no confidencial a quienes resultan más directamente afectados por la presunta práctica de dumping, a saber: el denunciante y los importadores y exportadores notoriamente afectados. Tal derecho no se ha concedido a los consumidores contra los cuales no se ha formulado acusación alguna. No puede afirmarse que al tomar tal decisión el Consejo violara el derecho de defensa o el principio de buena administración.

No obstante, no hay nada en el tenor literal de la citada disposición que excluya la posibilidad de que la Comisión permita a las personas que justifiquen tener un interés legítimo examinar el expediente no confidencial.
El Derecho comunitario no se opone a la atribución de un monopolio de la televisión, por consideraciones de interés público, de naturaleza no económica. Sin embargo, las modalidades de organización y el ejercicio de semejante monopolio no deben ir contra las disposiciones del Tratado en materia de libre circulación de mercancías y de servicios ni contra las normas sobre la competencia.
Un Estado miembro no puede eximirse de la obligación que le incumbe, en virtud del apartado 2 del mencionado artículo 10, de prohibir provisionalmente la pesca por parte de los barcos que lleven su bandera o que estén matriculados en su territorio, a partir de la fecha en la que se considere que las capturas sujetas a cuota efectuadas por dichos barcos hayan agotado el contingente nacional, invocando dificultades prácticas que le hayan impedido prever el agotamiento inminente de las cuotas. En efecto, las medidas de control contempladas por el Reglamento n° 2057/82, especialmente por sus artículos 6 y 9, que prevén que todos los desembarques tienen que declararse y registrarse, deben, si se aplican correctamente, proporcionar a las autoridades nacionales suficiente información como para permitirles prever el agotamiento de las cuotas y actuar en consecuencia. Además, si el Estado miembro considera insuficientes dichas medidas, tiene la facultad de prever, con arreglo al artículo 14 del Reglamento n° 2057/82, normas suplementarias que vayan más allá de las exigencias mínimas de dicho Reglamento.

Aun cuando los Reglamentos n° 3730/85, por el que se distribuyen determinadas cuotas entre los Estados miembros para los buques que faenen en la zona económica de Noruega y en la zona de pesca situada alrededor de Jan Mayen, y n° 3732/85, por el que se distribuyen las cuotas de capturas entre los Estados miembros para los buques que faenen en aguas de las islas Feroe, no hagan referencia expresa al artículo 10 del Reglamento n° 2057/82, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los barcos de los Estados miembros, no por ello el cumplimiento de dicha disposición deja de imponerse a los Estados miembros como norma general indispensable para garantizar la eficacia de todo régimen de conservación y de gestión de los recursos pesqueros basado en el reparto, en forma de cuotas atribuidas a los Estados miembros, del volumen de capturas disponibles para la Comunidad.

Una disposición de carácter general no puede aplicarse de manera independiente más que en situaciones para las cuales el Derecho comunitario no haya previsto normas más específicas. De esto resulta que, cuando una disposición de carácter general ha sido aplicada por una norma especial y el Tribunal de Justicia ha declarado un incumplimiento, por parte de un Estado miembro, de esta obligación específica, ya no es necesario examinar si dicho Estado ha infringido, además, la disposición general en la que se basa esta obligación.
La condición de «nacional» de «uno de los Estados miembros» exigida por el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento no 1408/71 debe apreciarse situándose en la misma época en que el trabajador ejercía su profesión. Este requisito de nacionalidad no puede considerarse cumplido cuando el trabajador de que se trate era, en el momento en que ejercía su profesión y pagaba sus cotizaciones, nacional de un Estado que no era-aún miembro de la Comunidad y perdió la condición de ciudadano de dicho Estado antes de que éste llegase a serlo.

La situación de un beneficiario de prestaciones sociales garantizadas por la legislación de un Estado miembro por razón del ejercicio de una actividad profesional por cuenta propia, ejercida en un territorio que mantuvo en una determinada época relaciones especiales con un Estado miembro, no está comprendida en el ámbito de aplicación de los Reglamentos no 1408/71 y no 574/72, cuando se considere así que el beneficiario no cumple dicho requisito de nacionalidad.
Asunto C-23/89

Quietlynn Limited y Brian James Richards

contra

Southend Borough Council

Petición de decisión prejudicial planteada por la Chelmsford Crown Court del Reino Unido

«Interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE — Legislación nacional que prohibe la venta de artículos pornográficos lícitos por tiendas de artículos pornográficos no autorizadas»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. C. O. Lenz, presentadas el 3 de mayo de 1990 3069

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de julio de 1990 3077

Sumario de la sentencia

Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Normativa que prohibe la comercialización de artículos pornográficos en determinados establecimientos comerciales — Procedencia

(Tratado CEĶ art. 30)

El artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que unas disposiciones nacionales que prohiben la venta de artículos pornográficos lícitos por tiendas de artículos pornográficos no autorizadas no constituyen una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación.

En efecto, una normativa de esas características referente a las modalidades de comercialización de determinados productos, que es indistintamente aplicable a los productos importados y a los productos nacionales y cuyo objeto no es regular los intercambios intracomunitários, no tiene en realidad ninguna relación con dichos intercambios, ya que los productos referidos pueden ser comercializados a través de tiendas autorizadas y también por otros medios, a saber, mediante los establecimientos en los que los artículos pornográficos constituyen sólo una parte insignificante de las ventas y que, por esta razón, no están sujetos a autorización y también mediante las ventas por correo.
GATTO 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
22 de febrero de 1990 * 
En el asunto C-12/89, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, por el Bundessozialgericht, destinada a obtener, en 
el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
Antonio Gatto, domiciliado en Radolfzell (República Federal de Alemania), 
y 
Bundesanstalt für Arbeit, Nuremberg (República Federal de Alemania), 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 74 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 
1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajado­
res por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, 
modificado y puesto al día por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 
2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6, anexo I; EE 05/03, p. 52), 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres. O. Due, Presidente; F. A. Schockweiler y M. Zuleeg, Presi­
dentes de Sala; T. Koopmans, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida y 
G. C. Rodríguez Iglesias, Jueces, 
(no se transcriben los fundamentos de Derecho) 
* Lengua de procedimiento: alemán. 
I-559 
SENTENCIA DE 22.2.1990 — ASUNTO C-12/89 
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Bundessozialgericht, mediante 
resolución de 22 de noviembre de 1988, decide: 
Declarar que el artículo 74 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 
de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los 
trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comu­
nidad, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la legislación del Estado 
miembro que conceda determinados subsidios familiares, exija, como requisito para 
la concesión de dichos subsidios, que el miembro de la familia del trabajador se 
ponga a disposición de la oficina de empleo del territorio en que se aplique dicha 
legislación como trabajador en situación de desempleo, debe considerarse que se 
cumple tal requisito en el supuesto de que el miembro de la familia se ponga a 
disposición de la oficina de empleo del Estado miembro en que resida, como traba­
jador en situación de desempleo. 
I-560
11

El apartado 2 de dicho artículo prevé que las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general quedarán sometidas a las referidas normas, en especial a las normas sobre la competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada, sin perjuicio, no obstante, de que el desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado de forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad.
1.

En octubre de 1985, el Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (en lo sucesivo, «Gimelec»), apoyado por las confederaciones empresariales de otros cuatro Estados miembros, se dirigió a la Comisión solicitando el reexamen de determinadas medidas antidumping, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 201, p. 1; EE 11/21, p. 3). Dicha solicitud pretendía que se reexaminaran distintas resoluciones favorables a aceptar los compromisos de precios suscritos por los exportadores afectados por un procedimiento de dumping anterior, relativo a importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados con una potencia de más de 0,75 a 75 kilowatios inclusive (en lo sucesivo, «motores eléctricos»), originarios de Bulgaria, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania y Checoslovaquia [Reglamento (CEE) n° 2075/82 del Consejo, de 28 de julio de 1982; DO L 220, p. 36], de Hungría [Reglamento (CEE) n° 724/82 de la Comisión, de 30 de marzo de 1982; DO L 85, p. 9] y de la Unión Soviética (Decisión 84/189/CEE de la Comisión, de 2 de abril de 1984; DO L 95, p. 28).
15

El Reglamento no 171/83 del Consejo fue derogado y sustituido por el Reglamento no 3094/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986, sobre medidas de conservación, cuyo artículo 3 prevé, básicamente, que la Comisión está obligada a adoptar las normas técnicas de determinación del tamaño de las mallas, según el procedimiento del Comité de gestión. No obstante, el apartado 2 del artículo 16 de este mismo Reglamento dispone que las referencias al Reglamento no 171/83 deben considerarse hechas al Reglamento no 3094/86 sobre medidas de conservación, con arreglo a una tabla de correspondencia que figura anexa a este último Reglamento. Conforme a esta tabla, existe equivalencia entre el artículo 6 del Reglamento no 171/83 del Consejo y el artículo 3 del Reglamento sobre medidas de conservación. De ello se deduce que las normas de determinación del tamaño de las mallas, adoptadas por la Comisión sobre la base del artículo 6 del Reglamento no 171/83 del Consejo, deben considerarse adoptadas sobre la base del artículo 3 del Reglamento sobre medidas de conservación.
19.

En el caso de que no se cumplan los requisitos de regularidad del transporte establecidos, la única posibilidad de probar el carácter comunitario de las mercancías es hacer que se expida a posteriori un documento de tránsito T2L (artículo 9 del Reglamento n° 222/77). Concretamente, no puede efectuarse la prueba presentando otros documentos acreditativos, pues el Reglamento n° 222/77 y sus disposiciones de aplicación enumeran taxativamente los medios de justificación del carácter comunitario de la mercancía. Dicha normativa tiene por objeto garantizar que, por lo que respecta a la circulación de las mercancías entre los Estados miembros, se apliquen de forma rigurosamente idéntica medios de prueba uniformes y que no se admitan otros medios de prueba cuyo valor concreto no estén en condiciones de apreciar los Estados miembros, o únicamente puedan apreciar con dificultad.
El artículo 34 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que los comerciantes no afiliados a un organismo creado con el fin de cumplir las obligaciones legales de sus miembros con arreglo a la Ley de aplicación de la Directiva 68/414 del Consejo, de 20 de diciembre de 1968, que deseen exportar productos comprados en el mercado nacional, no tengan ninguna posibilidad de conseguir la restitución de los cánones pagados por su proveedor a dicho organismo y repercutidos por éste en sus precios de venta o solamente puedan obtenerla bajo ciertas condiciones, siempre que no exista ninguna diferencia de trato entre los productos destinados a la exportación y los productos comercializados dentro del Estado miembro de que se trate.
Asunto C-370/88

Procurator Fiscal

contra

Andrew Marshall

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justiciary (Escocia)

«Discriminación — Medida nacional de conservación de los recursos pesqueros»

Informe para la vista

Conclusiones del Abogado General Sr. G. Tesauro, presentadas el 6 de junio de 1990 4079

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de noviembre de 1990 4087

Sumario de la sentencia

Pesca — Conservación de los recursos marinos — Medidas nacionales de carácter local autorizadas por U normativa comunitaria — Prohibición impuesta a los nacionales de estar en posesión de un tipo particular de red a bordo de los barcos que naveguen en aguas adyacentes a una parte del territorio nacional — Inaplicabilidad de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad — Discriminación entre productores o consumidores — Inexistencia — Violación del derecho fundamental al libre ejercicio de actividades profesionales — Inexistencia

(Tratado CEĶ arts. 7 y 40, apartado 3, párrafo 2; Reglamento n° 171/83 del Consejo, art. 19, apartado 2)

Una medida adoptada por un Estado miembro que prohiba a sus nacionales estar en posesión de determinado tipo de red a bordo de los barcos de pesca, cuando éstos naveguen en aguas adyacentes a una parte de sus costas, está comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento n° 171/83, que autoriza a los Estados miembros a adoptar medidas de carácter puramente local, aplicables únicamente a los pescadores nacionales, dirigidas a limitar las capturas a través de medidas técnicas que complementen a las definidas en los reglamentos comunitarios, con la condición de que tales medidas sean compatibles con el Derecho comunitario.

La referida medida no vulnera el artículo 7 del Tratado puesto que esta disposición no obliga a los Estados miembros a tratar a sus propios nacionales de una manera idéntica. Por otra parte, aunque impone restricciones que afectan específicamente a una parte de los pescadores nacionales, no infringe el párrafo 2 del apartado 3 del artículo 40 del Tratado, disposición que deben observar los Estados miembros cuando hayan de adoptar, con relación únicamente a sus nacionales, medidas de ejecución de un reglamento comunitario de organización de mercados agrícolas. En efecto, una diferencia de trato no puede calificarse de arbitraria cuando está justificada por los objetivos de conservación perseguidos.

La medida tampoco viola el derecho fundamental al libre ejercicio de una actividad profesional, ya que está justificada por un objetivo de interés general y no vulnera en lo sustancial el derecho de pesca.