ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
El artículo 5, apartado 4, del Reglamento antidumping de base no 384/96 (actualmente artículo 5, apartado 4, del Reglamento no 1225/2009) no recoge ninguna obligación de la Comisión de finalizar un procedimiento antidumping iniciado cuando el nivel de apoyo de la denuncia fuera inferior a un umbral mínimo del 25 % de la producción comunitaria. En efecto, esta disposición sólo se refiere al grado de apoyo a la denuncia necesario para que la Comisión pueda iniciar un procedimiento. Además, conforme al artículo 9, apartado 1, del citado Reglamento (actualmente artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 1225/2009), la Comisión no tiene obligación de concluir el procedimiento en caso de retirada de la denuncia. Lo mismo debe suceder a fortiori en caso de simple disminución del grado de apoyo a ésta. Dado que el artículo 5, apartado 4, y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento de base son aplicables a los procedimientos de reconsideración en virtud del artículo 11, apartado 5, de dicho Reglamento (actualmente artículo 11, apartado 5, del Reglamento no 1225/2009), los principios expuestos anteriormente son válidos también en el caso en que el nivel de apoyo a la petición de reconsideración pasa a estar por debajo del umbral del 50 % de la producción de la Comunidad en el curso de la investigación de reconsideración. Cabe colegir de ello que las instituciones estaban completamente legitimadas para continuar el procedimiento de reconsideración a pesar del hecho de que era posible que el umbral del 50 % mencionado en el artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base ya no fuera alcanzado.

Además, el artículo 9, apartado 1, del Reglamento de base sólo obliga expresamente a las instituciones, en un plano estrictamente formal, a tener en cuenta el interés de la Unión en el supuesto en que se propongan concluir el procedimiento tras la retirada de la denuncia.

(véanse los apartados 84 a 87)
La facultad de la Comisión de examinar y rechazar un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA), notificado por un Estado miembro con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, está muy limitada, tanto material como temporalmente. Por una parte, este control está limitado al examen, por parte de la Comisión, de la compatibilidad del PNA con los criterios del anexo III y el artículo 10 de la Directiva y, por otra parte, debe ejercerse en un plazo de tres meses a partir de la notificación de dicho PNA por el Estado miembro.

En lo que respecta a la limitación temporal, el artículo 9, apartado 3, de la Directiva sólo establece un plazo de tres meses dentro del cual la Comisión puede pronunciarse sobre el PNA. No hay razón alguna para suponer que el plazo de tres meses del que la Comisión dispone para rechazarlo no empiece a correr por el hecho de que se haya notificado un PNA incompleto. En efecto, un Estado miembro, mediante la notificación de un PNA incompleto, no puede retrasar por tiempo indefinido que la Comisión adopte una decisión con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la citada Directiva.

(véanse los apartados 35 y 36)
Del tenor del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento no 40/94 y que no se prohíbe en modo alguno a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente. En cambio, se deduce con la misma certeza del citado tenor que tal invocación o presentación extemporánea de hechos y pruebas no puede conferir a la parte que la lleve a cabo un derecho incondicional a que tales hechos o pruebas sean tomados en consideración por la Oficina. Al precisar que esta última «podrá», en tal caso, decidir no tener en cuenta dichos hechos y pruebas, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94 otorga en efecto a la Oficina una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tener en cuenta aquéllos. Esa toma en consideración por parte de la OAMI, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración.

(véase el apartado 82)
103

En el caso de autos, la Comisión no violó el principio de igualdad al conceder a Kuwait Petroleum una reducción de la multa del 30 % sobre la base de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y al denegar tal reducción a las demandantes, ya que estas empresas se encontraban en situaciones diferentes. En efecto, cabe recordar que Kuwait Petroleum formuló una solicitud para acogerse a la Comunicación de la cooperación de 2002 el 12 de septiembre de 2003, a la que adjuntó una declaración de empresa, y solicitó que una parte de la información comunicada el 16 de septiembre de 2003 se tuviera en cuenta en su solicitud de clemencia. El 18 de septiembre de 2003, tuvo lugar una reunión entre la Comisión y Kuwait Petroleum, y los días 1 y 9 de octubre de 2003 la Comisión dio audiencia a tres antiguos empleados de Kuwait Petroleum. La Comisión consideró, en la Decisión impugnada, que la información proporcionada los días 12 y 16 de septiembre de 2003, y 1 y 9 de octubre de 2003, por su nivel de detalle, aumentaba su capacidad para demostrar la existencia de la infracción, pero que debía tener en cuenta que la solicitud de clemencia no se había presentado hasta once meses después de que se produjeran las inspecciones por sorpresa y una vez enviada su solicitud de información, que ya disponía de ciertos medios de prueba comunicados por otras sociedades y que Kuwait Petroleum se había retractado de algunas de sus declaraciones contra ExxonMobil. De este modo, en contra de lo que afirman las demandantes, Kuwait Petroleum no esperó hasta el 9 de octubre de 2003 para proporcionar información decisiva, sino que, desde el 12 de septiembre de 2003, permitió a la Comisión confirmar la información existente y demostrar así la existencia de la infracción, en particular al haber aportado la primera prueba directa de las reuniones de concertación sobre el betún, ya que BP, primera empresa en informar a la Comisión de la existencia del cartel, no había participado regularmente en tales reuniones (considerando 383 de la Decisión impugnada).
3

Mediante escrito de 22 de diciembre de 2000, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de , por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88] del Tratado CE (DO L 83, p. 1), la República Federal de Alemania notificó a la Comisión un proyecto de ayuda a la inversión en favor de la demandante, de un importe de 77 millones de euros, para la construcción de una fábrica de tableros de fibra orientada, proyecto comprendido en el ámbito de aplicación de las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (DO 1998, C 107, p. 7; en lo sucesivo, «las Directrices multisectoriales»), en su versión vigente en el momento de los hechos. La Comisión registró y tramitó dicha notificación con el número N 813/2000 (en lo sucesivo, «el procedimiento N 813/2000»).
24.

En efecto, según el artículo 78, apartado 5, del Reglamento no 40/94, en su versión modificada, en relación con el artículo 78 bis del Reglamento no 40/94, insertado por el Reglamento (CE) no 422/2004 del Consejo, y, en particular, su apartado 2, la restitutio in integrum no se aplica cuando el plazo inobservado es el plazo de presentación de un recurso establecido en el artículo 59 del Reglamento no 40/94. En virtud de estas nuevas disposiciones, el legislador parece haber deseado colmar una laguna en lo dispuesto en el artículo 78, apartado 5, antes de su modificación, que excluía la restitutio in integrum únicamente cuando el plazo inobservado era el plazo de presentación de una oposición establecido en el artículo 42 del Reglamento no 40/94 (véanse, a este respecto, las resoluciones de 22 de mayo de 2003, en los asuntos acumulados R-388/2001-2 y R-393/2002-2, CosmoOne Hellas MarketSite/Cosmopolitan Television y otros). Mientras que el plazo para formular una oposición (en virtud del artículo 42 del Reglamento no 40/94) y el plazo para promover un recurso (en virtud del artículo 59 del Reglamento no 40/94) son imperativos y fijados por el Reglamento no 40/94, el sistema anterior, que excluía la restitutio in integrum en el primer caso pero no en el segundo, parecía desprovista de coherencia interna y había suscitado el escepticismo de las Salas (véanse la resolución de en el asunto R-194/2003-2, Met-L-Check/Met-L-Check, y la resolución de en el asunto R-937/2002-2, Paragon/Paragon). El legislador corrigió dicha incoherencia en el Reglamento no 422/2004, que establece, ya directamente en el artículo 78, apartado 5, en su versión modificada, ya indirectamente mediante remisión a las disposiciones del nuevo artículo 78 bis del Reglamento no 40/94, los plazos imperativos establecidos en el Reglamento no 40/94 respecto a los cuales no es de aplicación la restitutio in integrum, poniendo en pie de igualdad el plazo imperativo para formular una oposición y el plazo para promover un recurso.
62

Además, según la jurisprudencia citada en el apartado 55 supra, la demandante no puede invocar el télex que presentó por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia (véase el apartado 29 supra). En cualquier caso, procede señalar que dicho télex no indica que el aeropuerto JFK no concediera una franja horaria a la demandante para el 15 de septiembre de 2001, sino únicamente que la demandante disponía de una franja horaria para el 16 de septiembre de 2001. Por lo tanto, la no concesión de una franja horaria para el 15 de septiembre de 2001 no puede demostrarse sobre la base del citado télex, sino únicamente mediante una interpretación a contrario sensu en apoyo de la que la demandante no ha invocado ningún otro elemento de prueba.
Un Estado miembro cuyas autoridades han concedido una ayuda infringiendo las normas de procedimiento previstas en el artículo 88 CE, puede invocar la confianza legítima de la empresa beneficiaria para impugnar ante el juez de la Unión la validez de una decisión de la Comisión mediante la cual se le ordene recuperar la ayuda, pero no para eludir la obligación de adoptar las medidas necesarias al objeto de ejecutarla. No obstante, habida cuenta de la función fundamental que desempeña la obligación de notificación para permitir la eficacia del control de las ayudas de Estado por parte de la Comisión, que reviste un carácter imperativo, las empresas beneficiarias de una ayuda sólo podrán tener, en principio, una confianza legítima en la legalidad de una ayuda si ésta se ha concedido con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 88 CE, y normalmente un operador económico diligente debe poder verificar si se ha respetado dicho procedimiento.

El mero hecho de que el Reglamento n.o 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 CE, a excepción de un plazo de prescripción de diez años, a partir de la concesión de la ayuda, al cabo del cual no puede ordenarse su recuperación, no prevea ningún plazo, ni siquiera indicativo, para el examen por la Comisión de una ayuda ilegal, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del citado Reglamento, que dispone que la Comisión no está sujeta al plazo fijado en el artículo 7, apartado 6, de ese mismo Reglamento, no impide que el juez de la Unión compruebe si dicha institución no observó un plazo razonable o si actuó de manera excesivamente tardía.

En efecto, con arreglo al artículo 7, apartado 6, del Reglamento n.o 659/1999, el plazo de referencia para llevar a cabo un procedimiento de investigación formal en el marco de las ayudas de Estado notificadas es de 18 meses. Este plazo, aun cuando no es aplicable a las ayudas ilegales, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 659/1999, es una referencia útil para apreciar si la duración de un procedimiento de investigación formal relativo a una medida de ejecución que ha sido aplicada de manera ilegal es razonable.

A este respecto, un plazo de algo más de 49 meses entre la adopción de la decisión de incoación del procedimiento de investigación formal y la adopción de una decisión que declara la existencia de una ayuda de Estado y que ordena su recuperación, que es un poco más del doble del previsto en el artículo 7, apartado 6, del Reglamento n.o 659/1999 para llevar a cabo un procedimiento de investigación formal en el marco de las ayudas de Estado notificadas, no parece razonable. Tal plazo tampoco está justificado respecto a expedientes que no tienen ninguna dificultad manifiesta y sobre los que la Comisión pudo formarse una opinión mucho antes de la incoación del procedimiento de investigación formal.

(véanse los apartados 46, 62, 66 a 68, 71 y 77)
Tal interpretación no es contraria al principio de confianza legítima, ya que la Comisión en ningún momento dio garantías concretas a la empresa sobre la posibilidad de beneficiarse de una dispensa de la multa. Generalmente, en materia de clemencia, cualquier solicitante comunica información a la Comisión sin saber qué información obra ya en poder de ésta y, por tanto, no puede concebir ninguna esperanza legítima sobre el importe de la reducción de que podrá beneficiarse.

Por tanto, la Comisión no incurrió en error de Derecho al considerar que, en la fijación de la multa de una empresa, podía tener en cuenta hechos que esta última sólo contribuyó a confirmar mediante la comunicación de algunas pruebas, pero cuya existencia no era ignorada por la Comisión.

Una cooperación en la investigación que no sobrepase el nivel exigido por las obligaciones que incumben a las empresas en virtud del artículo 11, apartados 4 y 5, del Reglamento no 17 no justifica una reducción del importe de la multa en atención a la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel. En cambio, tal reducción está justificada cuando la empresa facilite una información que supere ampliamente a la que la Comisión puede exigir que se le aporte en virtud del artículo 11 del Reglamento no 17. Para justificar que se reduzca el importe de una multa en atención a la cooperación, el comportamiento de la empresa debe haber facilitado la labor de la Comisión consistente en comprobar y reprimir las infracciones a las normas de la Unión en materia de competencia y demostrar un auténtico espíritu de colaboración. Por una parte, incumbe pues al Tribunal General examinar si la Comisión ignoró la medida en que la cooperación de las empresas en cuestión superó lo que les era exigible de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento no 17. A este respecto, ejerce un control pleno, atinente, en particular, a los límites que el derecho de defensa de las empresas impone a su obligación de responder a las solicitudes de información. Por otra parte, el Tribunal General debe comprobar si la Comisión apreció correctamente, a la luz de la Comunicación sobre la cooperación, la utilidad de la cooperación para la determinación de la infracción. Dentro de los límites que marca dicha Comunicación, la Comisión goza de una facultad de apreciación para valorar si la información o los documentos, voluntariamente aportados por las empresas, facilitaron su labor y si procede conceder una reducción a una empresa al amparo de esta Comunicación. Esta valoración es objeto de un control jurisdiccional limitado.

Asimismo, en el marco de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel, la Comisión goza de una facultad de apreciación para valorar si la información o los documentos, voluntariamente aportados por las empresas, facilitaron su labor y si procede conceder una reducción a una empresa al amparo de esta Comunicación. Tal valoración también es objeto de un control jurisdiccional limitado.

(véanse los apartados 49 y 50)
No existe riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, para los consumidores medios de Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Reino Unido y Suecia, entre el signo figurativo Torre Albéniz, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «Vinos», incluidos en la clase 33 del Arreglo de Niza, y la marca figurativa TORRES, registrada anteriormente en dichos Estados miembros para productos idénticos.

En efecto, en el marco de una apreciación global de las marcas enfrentadas, las diferencias visual, fonética y, en su caso, conceptual de los signos en conflicto son suficientes para impedir que las semejanzas entre ellos entrañen un riesgo de confusión en el consumidor relevante, pese a que los productos designados sean idénticos y pertenezcan al mismo sector de producción y comercialización.

Dado que la impresión global producida por la marca solicitada difiere en gran medida de la producida por la marca anterior, el elevado carácter distintivo de ésta, resultante del conocimiento que el público tiene de ella en el mercado, no puede, por sí solo, desvirtuar la conclusión de que no existe riesgo de confusión.

Además, aparte de la palabra en plural, «torres», y/o la representación de tres torres, las marcas anteriores no presentan características que, al adoptar una forma particular y constante, puedan inducir al consumidor relevante a asociar la marca solicitada con el conjunto de las marcas anteriores, concebido como una «familia» o una «serie» de marcas y a confundirse, de esta forma, sobre la procedencia o el origen de los productos designados por ella. En efecto, tanto en su dimensión denominativa como en su dimensión figurativa, el signo Torre Albéniz se distingue de las marcas anteriores por su singularidad antes descrita, y en particular, por la adición distintiva del elemento «albéniz».

(véanse los apartados 45, 74, 76 y 83)
127

Por otra parte, debe señalarse que, si dicha disposición debiera entenderse en el sentido de que no se refiere al uso de la marca cuya anulación se solicita después de su registro, sería superflua y carecería de sentido. En efecto, debe registrarse un signo descriptivo que, debido al uso que se haya hecho de él con anterioridad a la presentación de una solicitud cuyo objeto es su registro como marca comunitaria, ha adquirido carácter distintivo para los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento no 40/94. No puede anularse una marca así registrada con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento no 40/94, dado que no se trata de una marca «registrada contraviniendo las disposiciones del artículo 7». En modo alguno, por lo tanto, es pertinente el artículo 51, apartado 2, del Reglamento no 40/94 en este supuesto. De ello se deduce que esta última disposición se refiere únicamente a las marcas cuyo registro hubiese sido contrario a los motivos de denegación establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento no 40/94 y que, a falta de tal disposición, deberían haberse anulado, con arreglo al artículo 51, apartado 1, del Reglamento no 40/94. Precisamente, el objetivo del artículo 51, apartado 2, del Reglamento no 40/94 es mantener el registro de aquellas marcas que, debido al uso que de ellas se haya hecho, hayan adquirido mientras tanto, es decir, después de su registro, un carácter distintivo respecto a los productos o servicios para los cuales se hubieran registrado, a pesar de la circunstancia de que, en el momento en que tuvo lugar, tal registro era contrario al artículo 7 del Reglamento no 40/94.
5

Con arreglo al artículo 30, apartado 3, y al artículo 53, apartado 2, del Reglamento General, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 1685/2000, de 28 de julio de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento General en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales (DO L 193, p. 39). Dicho Reglamento entró en vigor el 5 de agosto de 2000. Fue modificado posteriormente por el Reglamento (CE) no 1145/2003 de la Comisión, de 27 de junio de 2003 (DO L 160, p. 48), con efectos a partir de su entrada en vigor en relación con las disposiciones pertinentes en el presente asunto. Más adelante, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 448/2004, de 10 de marzo de 2004 (DO L 72, p. 66), que deroga el Reglamento no 1145/2003 y modifica el anexo del Reglamento no 1685/2000, reemplazándolo por el texto que figura en el anexo de aquél (en lo sucesivo, «anexo del Reglamento no 448/2004»). El Reglamento no 448/2004 entró en vigor el 11 de marzo de 2004. Con arreglo a su artículo 3, se aplica con efecto retroactivo desde el 5 de julio de 2003, fecha de entrada en vigor del Reglamento no 1145/2003, excepto en lo referido, en particular, a los puntos 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3 de la Norma no 1 de su anexo, que se aplican a partir del 5 de agosto de 2000, fecha de entrada en vigor del Reglamento no 1685/2000.
116

Por otra parte, los gastos de financiación con cargo al FEOGA deben calcularse supuesto que se respetan los plazos previstos por la normativa agrícola aplicable. En consecuencia, como indica el cuarto considerando del Reglamento no 296/96, cuando las autoridades nacionales proceden al pago de las ayudas con posterioridad a la expiración del plazo, están imputando al FEOGA gastos irregulares y, por tanto, no subvencionables (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de octubre de 1999, Italia/Comisión, C-253/97, Rec. p. I-7529, apartado 126). Por consiguiente, el Estado miembro debe establecer su sistema de controles teniendo en cuenta el plazo fijado para los pagos de las ayudas por el artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 1251/1999 (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de junio de 2006, Grecia/Comisión, T-251/04, no publicada en la Recopilación, apartado 76). Además, el margen del 4 % previsto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 296/96 sirve precisamente para dar a los Estados miembros la posibilidad de efectuar controles adicionales, precisándose al mismo tiempo que el número de meses de retraso no influye en absoluto en los pagos que no superen ese umbral.
226

En primer lugar, la República de Polonia citó el segundo considerando del Reglamento no 3108/94, que se refiere, según ella, al artículo 4, apartado 3, segundo guión, del citado Reglamento. Esta disposición, a tenor de la cual las mercancías no comunitarias que se encuentren al 1 de enero de 1995 incluidas en el régimen de depósito aduanero, de perfeccionamiento activo o de importación temporal, se han visto sometidas a una tasa adicional que se aplicará, en su caso, además de la imposición del nuevo Estado miembro en esa fecha en el caso de que se comercialice a partir de esa fecha, tiene similitudes con la del artículo 3 del Reglamento no 1972/2003. No obstante, contrariamente a lo que sostiene la República de Polonia, la citada disposición no tiene una motivación precisa en el segundo considerando del Reglamento no 3108/94. En efecto, dicho considerando se limita a explicar que, en aras de una mayor simplificación, procede aplicar un régimen basado en el principio según el cual toda operación iniciada antes del debe seguir sometida a las disposiciones existentes antes de esa fecha.