En el mismo orden de cosas, el Parlamento esgrime un tercer razonamiento. Admitamos (dice el mismo) que siendo solamente cotitular del derecho subjetivo objeto de defensa, cualquier Estado miembro pueda acudir al Juez uti singulus. A fin de que el Juez pudiera pronunciarse, sería, en todo caso, indispensable, que los restantes cotitulares del mismo derecho fueran debidamente oídos. En otras palabras, se estaría ante una hipótesis de litisconsorcio necesario derivada de la naturaleza de la materia objeto de litigio. Ahora bien (asimismo alega el Parlamento), las normas que regulan el procedimiento ante este Tribunal no prevén la intervención iussu iudicis, sino únicamente la intervención voluntaria y además, como veremos, con algunas limitaciones. Por consiguiente, no existe ningún medio técnico para provocar la intervención de las demás partes interesadas. Debido a esta laguna, cada vez que el objeto del procedimiento suponga un litisconsorcio necesario y no sean parte de dicho procedimiento todos los sujetos interesados, el Juez se encontraría ante la imposibilidad de resolver de manera útil, satisfactoriamente para la parte demandante. En este caso se infiere claramente lo siguiente: el Gran Ducado carece de legitimación activa.

Esta tesis no resulta más convincente que la primera y no únicamente por apoyarse en el presupuesto erróneo de que en la materia de que se trata cada Estado miembro no posee un interés independiente. La misma tiene otro punto débil más específico: de la normativa sobre la intervención no pueden deducirse las consecuencias que el Parlamento propugna como razonables y congruentes.

Para empezar debo señalar que para que se dé la figura del litisconsorcio necesario deben existir dos condiciones: que diversos sujetos tengan un interés en el objeto del procedimiento y que la sentencia pronunciada contra uno solo o algunos de dichos sujetos sea inutiliter data. No cabe duda que, en el caso de autos, si este Tribunal admitiese la petición del Gran Ducado, la sentencia sería iiíiliter data; en realidad la misma paralizaría la iniciativa del Parlamento y de este modo, protegería los intereses del Estado demandante. Por lo tanto, no me parece correcto que en nuestro caso pueda hablarse de litisconsorcio necesario. De ello se desprende la necesidad de determinar si las normas procesales comunitarias contemplan la figura de la intervención iussu iudicis. Sobre el particular me limitaré a citar la sentencia de 10 de diciembre de 1969, Wonnerth/Comisión (12/69, Rec. p. 557), este Tribunal de Justicia declaró que «una intervención de esta naturaleza no está prevista en el Reglamento de Procedimiento».

Por contra, la situación de los cotitulares de un derecho que no hayan instado la acción se halla protegida en relación con el procedimiento seguido a instancia de la parte demandante a través de la figura de la intervención voluntaria y de la posición de tercero. Debo recordar que, según el Reglamento vigente, el inicio de un procedimiento se hace público mediante la inserción en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de «un anuncio que contendrá la fecha de inscripción de la demanda que incoe el proceso, el nombre y domicilio de las partes, la cuestión objeto del litigio y pretensiones de la demanda, así como los motivos y las principales alegaciones invocadas» (véase el apartado 6 del artículo 16). De esta forma, se da la posibilidad a todas las partes interesadas, de calibrar la oportunidad de intervenir o no en el proceso, con conocimiento de los datos esenciales.

Es cierto que, sobre el particular, el Parlamento señala que las normas procesales en vigor reconocen únicamente la intervención ad adiuvandum, mientras que, en el caso de autos, los demás Estados habrían podido intervenir incluso en apoyo de tesis distintas de las de la parte demandante y no necesariamente coincidentes con las de la Institución demandada. Por consiguiente, desde este prisma, la protección que el sistema depara a favor de los cotitulares del interés alegado en una acción judicial ejercitada por uno solo de ellos sería relativamente débil. En caso de que no coincidan las tesis de la parte demandante y las que los cotitulares quieran mantener en el curso del procedimiento, la única fórmula que se les ofrece sería la oposición de tercero. Se llega así al examen de la figura de la intervención con arreglo a las normas que a la misma dedican los tres Protocolos sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia. El artículo 34 del Estatuto CECA establece, en su párrafo segundo, que «las conclusiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar o rechazar las conclusiones de una parte». Paralelamente, el párrafo tercero del artículo 37 del Protocolo CEE y el párrafo tercero del artículo 38 del Protocolo Euratom disponen, usando la misma fórmula, que «las conclusiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las conclusiones de una de las partes». La utilización de la locución restrictiva «no [...] que», que aparece en los tres preceptos, se me antoja como un obstáculo difícilmente salvable para el que pretenda sostener la admisibilidad de formas de intervención distintas de la intervención como coadyuvante.

Por lo tanto, al señalar que la protección de los sujetos desprovistos de capacidad para intervenir independientemente es frágil e insuficiente se está diciendo la verdad. Pero entre esto y afirmar que al cotitular de un derecho le está vedado actuar uti singulus hay una gran distancia, que, a mi juicio, no puede ser recorrida. En ambos casos nos encontramos con el peligro de entorpecer el derecho de defensa. Pero entre ambos riesgos -la imposibilidad de actuar judicialmente si no es mediante una acción conjunta (es decir simultáneamente con los demás cotitulares del controvertido derecho) y la posibilidad limitada de intervenir en el procedimiento, por lo demás compensada con la posibilidad de instar a posteriori la oposición de tercero- me parece mucho más grave el primero. En tales circunstancias, considero que debe darse preferencia a la interpretación del sistema que garantiza la protección más completa, o si se prefiere, menos incompleta, de todos los intereses en juego. Por lo tanto, incluso en el caso de que se considere correcto el argumento del Parlamento basado en la tesis de que en el presente caso, el derecho controvertido es único e indivisible, es indiscutible que debe reconocerse el derecho de cualquier Estado de actuar uti singulus, entendiéndose que cualesquiera otros que tengan un interés común están facultados para intervenir, como mínimo, como coadyuvantes en el procedimiento judicial, o, en su caso, a formular oposición de tercero.