Palabras clave



Palabras clave

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1. Disposiciones fiscales ° Tributos internos ° Disposiciones del Tratado ° Aplicación en el territorio de los Estados del Benelux ° Vinos de fruta y vinos de uva producidos en dichos Estados ° Productos nacionales a efectos del artículo 95 ° Régimen fiscal que favorece los vinos de uva producidos en Luxemburgo ° Procedencia ° Régimen fiscal que favorece los vinos de fruta producidos en los Estados del Benelux ° Prohibición ° Justificación ° Normativa necesaria para el funcionamiento del régimen Benelux ° Inexistencia

(Tratado CEE, arts. 95 y 233; Protocolo relativo al Gran Ducado de Luxemburgo, art. 1, ap. 1, párr. 2; Reglamento nº 541/70 del Consejo, art. 2)

2. Disposiciones fiscales ° Tributos internos ° Prohibición de discriminación entre productos importados y productos nacionales similares ° Productos similares ° Concepto ° Interpretación ° Criterios ° Vinos de fruta, por una parte, y vinos tintos, jerez, vino de Madeira, vermut y champán, por otra

(Tratado CEE, art. 95, ap. 1)

3. Disposiciones fiscales ° Tributos internos ° Prohibición de los tributos que puedan proteger indirectamente otras producciones ° Función ° Criterios de apreciación ° Freno al consumo de los productos importados

(Tratado CEE, art. 95, ap. 2)

4. Cuestiones prejudiciales ° Interpretación ° Efectos en el tiempo de las sentencias de interpretación ° Efecto retroactivo ° Limitación por parte del Tribunal de Justicia ° Requisitos ° Sentencia relativa a la interpretación del artículo 95 del Tratado y a su aplicación en el marco del Benelux ° Requisitos incumplidos ° Importancia de las consecuencias económicas de la sentencia para el Estado miembro afectado ° Criterio no decisivo

(Tratado CEE, arts. 95 y 177)

5. Disposiciones fiscales ° Tributos internos ° Tributos incompatibles con el Derecho comunitario ° Restitución ° Modalidades ° Aplicación del Derecho nacional ° Requisitos ° Consideración de la repercusión eventual del tributo ° Procedencia

(Tratado CEE, art. 95)

1. En el marco de la aplicación del artículo 95 del Tratado, uno de cuyos elementos esenciales es la definición del concepto de "productos nacionales", los territorios de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo deben ser considerados como un territorio único en lo referente a los impuestos especiales sobre el vino, en la medida en que los tipos y los criterios de los impuestos especiales percibidos en estos Estados por las bebidas fermentadas a base de frutas y las bebidas fermentadas espumosas han sido unificados, estableciendo para ello un tipo común y un tipo complementario aplicable en Bélgica y en los Países Bajos y en la medida en que dichos Estados han creado un régimen unificado para la percepción de los impuestos especiales y un mecanismo de liquidación entre las partes.

De lo antedicho se deduce que todos los vinos de fruta o de uva producidos en los Estados del Benelux deben considerarse productos nacionales en el sentido del artículo 95 del Tratado.

Si, por consiguiente, el trato fiscal favorable otorgado al vino de uva luxemburgués en el territorio del Benelux, en relación con los vinos importados, no era contrario al Tratado y, más particularmente, a su artículo 95, habida cuenta de la excepción establecida por el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 1 del Protocolo relativo al Gran Ducado de Luxemburgo anexo al Tratado y mantenida sobre la base del artículo 2 del Reglamento nº 541/70 relativo a la agricultura del Gran Ducado de Luxemburgo y de otros Reglamentos sucesivos, los Estados del Benelux no podían sin embargo conceder privilegios a los vinos de fruta producidos en su territorio en detrimento de bebidas eventualmente similares procedentes de otro Estado miembro de la Comunidad.

Esta discriminación fiscal de los productos importados no puede justificarse sobre la base del artículo 233 del Tratado, porque no puede considerarse como necesaria para el funcionamiento del régimen establecido en el marco del Benelux. En efecto, un Estado miembro no puede invocar la mencionada disposición para sustraerse a las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 95 de ese mismo Tratado, siempre que ello no sea indispensable para el buen funcionamiento del régimen Benelux.

2. Para apreciar el concepto de similitud a efectos del párrafo primero del artículo 95 del Tratado, concepto que debe interpretarse en sentido extensivo, procede examinar si los productos de que se trata presentan propiedades análogas y satisfacen las mismas necesidades de los consumidores, teniendo en cuenta a dicho fin no un criterio de identidad absoluta, sino de analogía y de utilización comparable. Por lo que se refiere, más particularmente, a la apreciación de la similitud entre los vinos de fruta y los vinos de uva, deben tomarse en consideración, por un lado, un conjunto de características objetivas de las dos categorías de bebidas, tales como su origen, su proceso de producción, sus propiedades organolépticas, sobre todo su sabor y su grado alcohólico, y, por otro lado, el hecho de si las dos categorías de bebidas pueden satisfacer o no las mismas necesidades de los consumidores.

El Tribunal de Justicia ha manifestado ya que, en virtud de la aplicación de estos criterios, los vinos tintos de mesa y los vinos de fruta deben considerarse como productos similares.

Por lo que atañe a los vinos tintos de calidad producidos en una región determinada, los vinos de licor tipo jerez o madeira y el vermut, por una parte y el champán, por otra, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, habida cuenta de los criterios antes mencionados, si estos productos y, respectivamente, los vinos de fruta tranquilos cuyo grado alcohólico no exceda de 15 % vol y los vinos espumosos a base de fruta cuyo grado alcohólico no exceda de 15 % vol son similares, especificándose que, por lo que respecta a los vinos de licor, el vermut y el champán, pueden registrarse diferencias sensibles bien en los hábitos de consumo, bien en las propiedades organolépticas o bien de los procedimientos de elaboración.

3. El párrafo segundo del artículo 95 del Tratado tiene la función de evitar cualquier forma de proteccionismo fiscal indirecto en el caso de los productos que, sin ser similares, en el sentido del párrafo primero, a los productos nacionales, se encuentran sin embargo en una relación de competencia, aunque sea parcial, indirecta o potencial con algunos de ellos.

La apreciación de la compatibilidad de una carga fiscal con dicha disposición debe efectuarse teniendo en cuenta la incidencia de esta carga sobre las relaciones de competencia entre los productos considerados, de modo que interesa sobre todo verificar si esta carga puede ejercer o no influencia en el mercado correspondiente, disminuyendo el consumo potencial de los productos importados en beneficio de los productos nacionales que compiten con ellos. A este respecto, debe tenerse en cuenta la diferencia existente entre los precios de venta de los productos de que se trata y la incidencia de esta diferencia en las preferencias del consumidor, así como la evolución del consumo de estos productos.

4. La interpretación que, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 177, da el Tribunal de Justicia de una norma de Derecho comunitario, aclara y especifica, cuando es necesario, el significado y el alcance de dicha norma, tal como ésta debe o habría debido entenderse y aplicarse desde el momento de su entrada en vigor. De esto resulta que la norma así interpretada puede y debe ser aplicada por el Juez incluso a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, siempre y cuando, por otra parte, se reúnan los requisitos necesarios para someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma.

Habida cuenta de estos principios, la limitación de los efectos de la sentencia que decida sobre la solicitud de interpretación parece completamente excepcional y sólo debe tomarse en consideración en circunstancias muy determinadas, cuando exista un riesgo de repercusiones económicas graves debidas en particular al elevado número de relaciones jurídicas constituidas de buena fe sobre la base de una normativa nacional considerada válidamente en vigor y sea patente que los particulares y las autoridades nacionales han sido incitados a observar una conducta contraria a la normativa comunitaria en razón de una incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las disposiciones comunitarias, incertidumbre a la que hayan contribuido eventualmente los mismos comportamientos adoptados por otros Estados miembros o por la Comisión.

Dichos requisitos no se reúnen en el caso de una sentencia que versa sobre el trato fiscal diferenciado de los vinos de fruta nacionales y de los productos importados similares o que compiten con ellos, así como sobre la aplicación del artículo 95 del Tratado en el marco del régimen Benelux. En efecto, la interpretación de este artículo, así como la cuestión de su aplicabilidad directa constituyen el objeto de una doctrina jurisprudencial antigua, abundante y variada que no permite que subsista duda alguna sobre el alcance de esta disposición. Apreciación que se impone con mayor fuerza aun en el caso en que el Estado miembro de que se trata ha sido ya objeto de un recurso por incumplimiento en el que se le imputaba precisamente la incompatibilidad de su legislación en la materia con el artículo 95.

Las consecuencias económicas que pudieran derivar para un Gobierno de la ilegalidad de un impuesto no han justificado jamás, por sí solas, la limitación de los efectos de una sentencia de esta naturaleza. Si no fuera así, las violaciones más graves recibirían el trato más favorable, en la medida en que son éstas las que pueden entrañar las consecuencias económicas más cuantiosas para los Estados miembros, y basarse únicamente en este tipo de consideraciones redundaría en un menoscabo sustancial de la protección jurisdiccional de los Derechos que los contribuyentes obtienen de la normativa fiscal comunitaria.

5. Por lo que se refiere a la restitución de tributos nacionales percibidos con infracción del artículo 95 del Tratado y aunque el Derecho comunitario no se opone a que se tenga en cuenta el hecho de que la carga de los impuestos puede haberse repercutido sobre otros agentes económicos o sobre los consumidores, corresponde a los Estados miembros asegurar el reembolso de los impuestos indebidamente percibidos con arreglo a las disposiciones de su Derecho interno, en condiciones que no deben ser menos favorables que las correspondientes a recursos similares de carácter interno y que, de todos modos, no deben hacer prácticamente imposible el ejercicio de los derechos otorgados por el ordenamiento jurídico comunitario.