Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento (CE) nº 2842/98 de la Comisión, arts. 2 y 3]

2. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

3. Competencia — Multas — Decisión por la que se imponen multas — Obligación de motivación — Alcance

(Art. 253 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

4. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03)

5. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1)

6. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

7. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

8. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A)

10. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Carácter disuasorio

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

14. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

15. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

16. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Art. 229 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17)

17. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

18. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

19. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

20. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

21. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de las infracciones — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

22. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición o la reducción de las multas como contrapartida de la cooperación de las empresas implicadas

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

23. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Consideración de la cooperación con la Comisión de la empresa imputada

[Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección B, letra b)]

24. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Consideración de la cooperación con la Comisión de la empresa imputada

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección B)

25. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicaciones de la Comisión 96/C 207/04, sección B, y 98/C 9/03, punto 2)

26. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Consideración de la cooperación con la Comisión de la empresa imputada

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 96/C 207/04, sección B)

27. Competencia — Multas — Control jurisdiccional

(Arts. 81 CE y 229 CE; Acuerdo EEE, art. 53, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17)

28. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Consideración de la cooperación de la empresa implicada con la Comisión fuera del marco establecido por la Comunicación sobre la cooperación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17; Comunicaciones de la Comisión 96/C 207/04 y 98/C 9/03, punto 3)

29. Competencia — Procedimiento administrativo — Secreto profesional

(Art. 287 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 20, ap. 2)

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1. En el marco de la aplicación de las normas sobre competencia, el pliego de cargos debe contener una exposición de las objeciones redactada en términos suficientemente claros, aunque sean resumidos, para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que les imputa la Comisión. En efecto, sólo si cumple este objetivo, puede el pliego de cargos desempeñar la función que le atribuyen los diferentes Reglamentos comunitarios, que consiste en facilitar a las empresas todos los elementos necesarios para que puedan defenderse de forma eficaz antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva. Esta función no varía en virtud de la situación particular de la empresa que sea su destinataria y de su grado de cooperación con la Comisión. La exigencia indicada se respeta siempre que la Decisión no impute a los interesados infracciones distintas de las previstas en el pliego de cargos y sólo se ocupe de hechos sobre los cuales los interesados hayan tenido ocasión de formular observaciones.

En cuanto atañe al ejercicio del derecho de defensa en relación con la imposición de multas, desde el momento en que la Comisión indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas. Al actuar así, la Comisión les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa. De ello se sigue que, por lo que se refiere a la determinación del importe de las multas, el derecho de defensa de las empresas afectadas está garantizado ante la Comisión a través de la posibilidad de formular observaciones sobre la duración, la gravedad y el carácter anticompetitivo de los hechos reprochados.

La Comisión no está obligada a indicar, en el pliego de cargos, ni, por una parte, la posibilidad de un eventual cambio en su política por lo que respecta al nivel general de las multas, posibilidad ésta que depende de consideraciones generales de política de competencia sin una relación directa con las circunstancias particulares del asunto de que se trata, ni, por otra parte, el alcance de un eventual aumento de la multa llevado a cabo con el fin de garantizar el efecto disuasorio de ésta, ya que dicha institución no está obligada, siempre que haya indicado los elementos de hecho y de Derecho en los que basará su cálculo del importe de las multas, a precisar el peso que tiene intención de atribuir a cada uno de estos elementos a la hora de determinar el nivel de las multas. Facilitar indicaciones sobre el nivel de las multas previstas antes de que las empresas hayan podido presentar sus observaciones sobre los cargos existentes contra ellas equivaldría a anticipar de una manera inadecuada la decisión de la Comisión.

(véanse los apartados 46 a 49, 58, 59 y 62)

2. Si bien la Comisión dispone de un margen de apreciación a la hora de fijar el importe de cada multa, sin estar obligada a aplicar una fórmula matemática precisa, no puede renunciar a las reglas que se ha impuesto a sí misma. Como quiera que las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA constituyen un instrumento destinado a precisar, dentro del respeto a las normas jurídicas de rango superior, los criterios que la Comisión pretende aplicar en el ejercicio de su margen de apreciación, la Comisión debe efectivamente tener en cuenta el contenido de las Directrices a la hora de fijar el importe de las multas, y en particular los factores que éstas mencionan con carácter imperativo.

(véase el apartado 119)

3. El alcance del deber de motivación de una decisión por la que se imponen multas a varias empresas como consecuencia de una infracción de las normas comunitarias sobre competencia debe delimitarse partiendo de la base de que la gravedad de las infracciones ha de determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Así pues, las exigencias de esta obligación se cumplen cuando la Comisión indica, en su decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad de la infracción, así como su duración, sin estar obligada a recoger en la misma una exposición más detallada o los datos numéricos relativos al método de cálculo de la multa, aun cuando resulte deseable que la Comisión haga uso de la posibilidad de indicar esos datos numéricos que han guiado, en particular en lo relativo al efecto disuasorio buscado, el ejercicio de su facultad de apreciación.

(véanse los apartados 131, 206, 213 y 214)

4. Las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA prevén como punto de partida del cálculo de la multa un importe determinado dentro de los intervalos de valores que reflejan los diferentes niveles de gravedad de las infracciones y que, como tales, no guardan relación con el volumen de negocios pertinente. Este método se basa pues esencialmente en una tarificación de las multas, aunque relativa y flexible. Así, cuando la Comisión, en una sola decisión, declara la existencia de varias infracciones, este método no impone en modo alguno –ni tampoco prohíbe– que se tome en consideración, a efectos de la determinación de los importes de partida correspondientes a cada una de las infracciones, el tamaño del mercado afectado y, por tanto, aun menos obliga a la Comisión a fijar estos importes de partida en un porcentaje fijo del volumen de negocios conju nto del mercado.

(véanse los apartados 133 a 135)

5. Al determinar el importe de las multas por infracción al Derecho comunitario de la competencia, la Comisión no está obligada a calcularlo partiendo de importes basados en el volumen de negocios de las empresas implicadas ni a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas a las empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global o a su volumen de negocios en el mercado del producto de que se trate. La gravedad de las infracciones debe apreciarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas. Así pues, es cierto que para la determinación del importe de la multa la Comisión puede tener en cuenta el volumen de negocios correspondiente a los productos a los que afecta la infracción en cuanto elemento de apreciación de la gravedad de la misma, pero no hay que atribuir a esta cifra una importancia desproporcionada con relación a los demás criterios de apreciación, pues la fijación del importe de las multas no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en este volumen de negocios.

Por otro lado, aunque las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA no prevén que el importe de las multas se calcule en función del volumen de negocios mundial del producto, tampoco se oponen a que tal volumen de negocios se tenga en cuenta al determinar el importe de la multa, con el fin de respetar los principios generales del Derecho comunitario y cuando las circunstancias así lo exijan. Además, las Directrices subrayan que el principio de igualdad de las sanciones ante comportamientos idénticos puede conducir, cuando las circunstancias lo exijan, a la aplicación de importes diferenciados a las empresas de que se trate, sin que esta diferenciación obedezca a un cálculo aritmético.

Los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato tampoco exigen que el importe de partida de la multa represente para todos los distintos miembros de un cártel un porcentaje idéntico del volumen de negocios individual.

(véanse los apartados 139 y 145 a 149)

6. El método consistente, a efectos de fijar el importe de las multas impuestas a los distintos participantes en un cártel, en clasificar a sus miembros en varias categorías, lo cual entraña una fijación a tanto alzado del importe de partida fijado para las empresas pertenecientes a una misma categoría, aunque no tiene en cuenta las diferencias de tamaño entre empresas de una misma categoría, no puede ser censurado. Sin embargo, dicha distribución por categorías debe respetar el principio de igualdad de trato según el cual está prohibido tratar situaciones comparables de manera diferente y situaciones diferentes de manera idéntica, a menos que tal trato esté objetivamente justificado. Por otra parte, el importe de las multas debe, al menos, ser proporcionado en relación con los elementos tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción.

Para comprobar si una distribución de miembros de un cártel por categorías es conforme a los criterios de igualdad de trato y de proporcionalidad, el juez comunitario, en el marco de su control de legalidad del ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión en la materia, debe no obstante limitarse a controlar que dicha distribución sea coherente y esté objetivamente justificada, sin que su apreciación sustituya desde un principio a la de la Comisión.

A este respecto, una clasificación de los miembros de un cártel en dos categorías, los principales y los demás, es una manera razonable de tener en cuenta su importancia relativa en el mercado al objeto de modular el importe de partida, siempre que no conduzca a una representación burdamente deformada de los mercados controvertidos.

(véanse los apartados 150, 156, 157 y 159)

7. La Comisión dispone de una facultad de apreciación que le permite tomar o no en consideración determinados factores al decidir el importe de las multas por infracción de las normas sobre competencia que piense imponer, en función sobre todo de las circunstancias del caso. Habida cuenta de las expresiones que figuran en el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, procede considerar que, en el caso de infracciones en que estén implicadas varias empresas, la Comisión se ha reservado un cierto margen de apreciación en cuanto a la oportunidad de ponderar las multas en función del tamaño de cada empresa. En efecto, se deduce del empleo de las expresiones «en determinados casos» y «sobre todo», que figuran en el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices, que la ponderación en función del tamaño individual de las empresas no es una fase de cálculo que la Comisión se haya impuesto sistemáticamente, sino un margen de flexibilidad que se ha reservado para los asuntos que lo requieran.

A este respecto, la Comisión no rebasa los límites de su facultad de apreciación cuando, en la fase de fijación de los importes de partida de las multas impuestas por una infracción cometida por los dos únicos operadores del mercado, se abstiene de establecer una diferencia en el trato dispensado a esos dos operadores pese a la diferencia entre sus volúmenes de negocios en ese mercado y entre sus cuotas de mercado, puesto que, por una parte, sólo podría existir un cártel en dicho mercado si ambos operadores participan en el mismo, ya que la participación del segundo operador en términos de cuotas de mercado es tan indispensable para la existencia misma del cártel como la del primer operador, y puesto que, por otra parte, se trata en el presente asunto de dos grandes productores.

(véanse los apartados 180 a 182)

8. Las sanciones por infracción de las normas sobre competencia previstas en el artículo 15 del Reglamento nº 17 tienen por objeto tanto reprimir comportamientos ilícitos como prevenir la reproducción de los mismos. Al constituir la disuasión una finalidad de las multas por infracción de las normas sobre competencia, la necesidad de asegurarla constituye una exigencia general que debe guiar a la Comisión durante toda la fase de cálculo de la multa y no exige necesariamente que este cálculo venga caracterizado por una etapa específica destinada a una evaluación global de todas las circunstancias pertinentes a efectos de la consecución de dicha finalidad.

(véanse los apartados 218 a 220, 226 y 238)

9. En el marco de la fijación del importe de la multa que deba imponerse en virtud del artículo 15 del Reglamento nº 17 por la infracción de las normas sobre competencia, el tamaño y los recursos globales de la empresa sancionada constituyen elementos pertinentes de apreciación que pueden ser considerados a efectos de garantizar el efecto disuasorio de las multas. En efecto, una empresa de gran dimensión, que disponga de recursos financieros considerables en comparación con los de otros miembros de un cártel, puede movilizar más fácilmente los fondos necesarios para el pago de su multa, lo cual justifica, con vistas a un efecto disuasorio suficiente de esta última, la imposición de una multa proporcionalmente más elevada que la impuesta por la misma infracción cometida por una empresa que no disponga de tales recursos.

A este respecto, la aplicación por la Comisión de un factor multiplicador dirigido a tener en cuenta el tamaño y los recursos globales de las empresas con fines disuasorios no queda excluida por el hecho de que las Directrices no la prevean expresamente. En efecto, tomar en consideración el tamaño y los recursos globales de las empresas puede contribuir a satisfacer la necesidad de determinar el importe de la multa a un nivel que la dote de un carácter lo suficientemente disuasorio con arreglo al punto 1 A, párrafo cuarto, de las Directrices, tanto fijando directamente un importe de partida que tenga en cuenta en particular estos elementos como aplicando a un importe de partida fijado en función de otros elementos (como la naturaleza de la infracción o la incidencia del comportamiento ilícito individual) una corrección dirigida a tener en cuenta el tamaño y los recursos globales de las empresas. Este segundo método no sólo no contraviene las Directrices, sino que incluso refuerza la transparencia del cálculo de la Comisión en relación con el primer método.

(véanse los apartados 235 y 253)

10. Nada se opone, en las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, respecto a infracciones muy graves de las normas sobre competencia, a un porcentaje de aumento del cien por cien del importe de partida con el fin de garantizar el carácter disuasorio de las multas.

En cuanto atañe específicamente a estas infracciones, las Directrices se limitan a indicar que los importes de las multas previstos son de más de 20 millones de euros. Los únicos límites máximos mencionados en las Directrices que son aplicables en lo que respecta a tales infracciones son el límite general del diez por ciento del volumen de negocios global fijado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y los límites máximos relativos al importe adicional que puede admitirse en virtud de la duración de la infracción (véase el punto 1 B, párrafo primero, guiones segundo y tercero, de las Directrices). Por consiguiente, las Directrices no pueden fundamentar confianza legítima alguna en cuanto al nivel del importe de partida, de los importes adicionales aplicados a este importe en conceptos distintos de la duración de la infracción ni, por tanto, de los importes finales de las multas que deben ser impuestas por infracciones muy graves. Lo mismo sucede en cuanto atañe a la proporción de la multa final que puede representar un importe adicional impuesto en el marco del cálculo.

(véanse los apartados 249, 251 y 252)

11. El hecho de que una empresa sancionada por la infracción de las normas sobre competencia haya adoptado medidas en su seno tras el cese de las infracciones con objeto de prevenir la reincidencia por su parte no obliga en modo alguno a la Comisión a aplicar factores de reducción de la multa. Si bien es importante que una empresa adopte medidas para impedir que los miembros de su personal cometan en el futuro nuevas infracciones del Derecho comunitario de la competencia, este hecho no puede afectar a la realidad de la infracción comprobada. El mero hecho de que, en determinados casos, la Comisión haya tomado en consideración, en su práctica decisoria anterior, la aplicación de un programa de adecuación como circunstancia atenuante no implica en sí mismo una obligación de proceder del mismo modo en cada caso.

(véanse los apartados 266 y 267)

12. La Comisión no está obligada a tener en cuenta, al apreciar las exigencias de disuasión de una empresa que deba ser sancionada por una infracción de las normas comunitarias sobre competencia, las condenas sufridas en terceros países por las mismas actuaciones colusorias. En efecto, el objetivo disuasorio que la Comisión puede lícitamente perseguir al determinar el importe de una multa está destinado a garantizar que las empresas respeten las normas sobre competencia establecidas en el Tratado al desarrollar sus actividades en el interior de la Comunidad o del Espacio Económico Europeo (EEE). En consecuencia, el carácter disuasorio de una multa que sanciona una infracción de las normas comunitarias sobre competencia no puede determinarse, ni exclusivamente en función de la situación particular de la empresa sancionada, ni en función de la observancia por parte de ésta de las normas sobre competencia establecidas por los Estados terceros fuera del EEE.

(véase el apartado 269)

13. Cuando una infracción de las normas sobre competencia ha sido cometida por varias empresas, procede examinar, en el marco de la determinación del importe de las multas, la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas, lo cual implica, en particular, determinar sus respectivos papeles en la infracción durante el tiempo que duró su participación en la misma. De ello se desprende, en particular, que el papel de «líder» desempeñado por una o varias empresas en el marco de un cártel debe ser tenido en cuenta a efectos del cálculo del importe de la multa, en la medida en que las empresas que hayan desempeñado tal papel deben, por ello, cargar con una responsabilidad especial frente a las otras empresas. De conformidad con estos principios, el punto 2 de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA establece, bajo el título de circunstancias agravantes, una lista no exhaustiva de circunstancias que pueden dar lugar a un aumento del importe de partida de la multa que comprende, en particular, la «función de responsable o instigador de la infracción».

(véanse los apartados 280 a 282)

14. Se desprende del propio tenor del punto 2, tercer guión, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA que, a la hora de examinar el papel desempeñado por una empresa en una infracción de las normas sobre competencia, procede distinguir el concepto de líder del de incitador de una infracción y realizar dos análisis independientes para comprobar si dicha empresa desempeñó alguno de estos papeles. En efecto, mientras que el papel de instigador se refiere al momento de establecimiento o de ampliación de un cártel, el papel de líder afecta al funcionamiento de éste.

(véase el apartado 316)

15. Para ser calificada de incitador de un cártel, una empresa debe haber impulsado o animado a otras empresas a establecer el cártel o a unirse a él. En cambio, no basta con haber figurado simplemente entre los miembros fundadores del cártel. Así, por ejemplo, en un cártel creado únicamente por dos empresas, no estaría justificado calificar automáticamente a estas empresas de incitadores. Esta calificación deberá quedar reservada a la empresa que, en su caso, haya tomado la iniciativa, por ejemplo sugiriendo a otra la oportunidad de un acuerdo colusorio o intentando convencerla para actuar de tal modo.

(véanse los apartados 321 y 456)

16. En el marco de un recurso dirigido contra una decisión de la Comisión por la que se impone una multa por infracción de las normas sobre competencia, la declaración de la ilegalidad de la apreciación de la Comisión acerca de las circunstancias agravantes que condujeron a un incremento de la multa con respecto a su importe básico abre la vía al ejercicio por el juez comunitario de su competencia jurisdiccional plena con vistas a confirmar, suprimir o modificar dicho incremento de la multa a la luz de todas las circunstancias pertinentes del asunto.

(véanse los apartados 303, 338 y 394)

17. Por lo que se refiere a la calificación como líder de una infracción de las normas sobre competencia, el hecho de que los aumentos de precio en el marco de un cártel se decidan de común acuerdo en las reuniones entre los miembros del cártel, incluido en lo que respecta a su alcance, la fecha y el mecanismo de su puesta en práctica, no puede borrar la responsabilidad particular que asume una u otra empresa cuando decide ser la primera en lanzar efectivamente el aumento convenido. Al adoptar tal iniciativa, sin haber sido encargada oportuna y específicamente mediante el acuerdo de aumento de los precios estipulado en una reunión del cártel, la empresa da espontáneamente un impulso fundamental a la ejecución de este acuerdo para que éste, en lugar de convertirse en letra muerta, produzca sus efectos en el mercado.

En cambio, el mero hecho de que un miembro de un cártel sea el primero en anunciar un nuevo precio o un incremento de precio no puede considerarse como un indicio de su papel de líder del cártel cuando las circunstancias del asunto demuestren que el precio o el incremento de que se trate fueron fijados previamente de común acuerdo con el resto de los miembros del cártel y que éstos decidieron también cuál de ellos sería el primero en hacer el anuncio, ya que tal designación revela que el hecho de anunciar el precio o el incremento en primer lugar no es más que un acto de estricta observancia de un plan predefinido por voluntad común y no una iniciativa espontánea impulsora del acuerdo.

(véanse los apartados 348 y 427)

18. El hecho de que una empresa ejerza presiones, e incluso dicte el comportamiento de otros miembros del cártel, no es una condición necesaria para que esta empresa pueda ser calificada de líder del cártel. Basta, en efecto, que la empresa haya supuesto una fuerza motriz significativa para el cártel, lo que puede inferirse en particular del hecho de que se encargara de elaborar y de sugerir la conducta que debían observar los miembros del cártel, aunque no estuviera necesariamente en condiciones de imponerla.

(véase el apartado 374)

19. La convergencia de intereses, de objetivos y de posiciones de un grupo de empresas dentro de un cártel más amplio no entraña necesariamente ni la atribución del papel de líder a los miembros de este grupo ni la extensión de esta calificación, que por otras razones se predique de uno de ellos, a todos los demás.

(véase el apartado 402)

20. Cuando varias empresas han cometido conjuntamente diversas infracciones de las normas sobre competencia, el hecho de que las reuniones relativas a un acuerdo pudieran celebrarse al mismo tiempo que las relativas a otro acuerdo y de que su objeto pudiera tener sustancialmente la misma estructura no prejuzga la cuestión de qué empresa ejerció concretamente el papel de líder en cada uno de dichos acuerdos. De este modo, no cabe presumir, a partir de dichas similitudes entre los dos acuerdos considerados, que la empresa que desempeñó un papel de líder en uno de esos acuerdos desempeñó igualmente dicho papel en el otro.

(véase el apartado 459)

21. En una infracción de larga duración, los miembros del cártel pueden ejercer alternativamente, en diferentes momentos, el papel de líder, de modo que no cabe excluir que pueda aplicarse a todos ellos la circunstancia agravante del papel de líder.

(véase el apartado 460)

22. La Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas crea expectativas legítimas en las que se basan las empresas que deseen informar a la Comisión de la existencia de un acuerdo. Habida cuenta de la confianza legítima que las empresas que deseen cooperar con la Comisión han podido basar en esta Comunicación, la Comisión está obligada a atenerse a ella al apreciar, en el marco de la determinación del importe de la multa impuesta a una empresa, la cooperación de ésta.

(véase el apartado 488)

23. La concesión de la inmunidad total o de una reducción del importe de la multa en aplicación de la sección B de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas requiere, en particular, que la empresa interesada haya sido la primera en facilitar elementos determinantes para probar la existencia del acuerdo.

A este respecto, aunque tales elementos no deben necesariamente ser suficientes en sí mismos para probar la existencia del acuerdo, deben, no obstante, ser determinantes para ello. Por consiguiente, no debe tratarse tan sólo de una fuente de orientación para las investigaciones que ha de llevar a cabo la Comisión, sino de elementos que puedan utilizarse directamente como base probatoria principal para una decisión de declaración de infracción. Dichos elementos deben, además, facilitarse efectivamente a la Comisión, de modo que una mera oferta o indicación de la fuente a partir de la que pueden obtenerse no es suficiente.

Así pues, no merecen esta calificación ni, por una parte, los elementos de carácter informativo que ofrecen a la Comisión la posibilidad de dirigir solicitudes de información, e incluso de ordenar verificaciones, pero que dejan, sin embargo, prácticamente entera la labor de dicha institución de reconstituir y probar los hechos, pese a la admisión de su responsabilidad por la empresa que los ha facilitado, ni, por otra parte, la propuesta de una empresa de poner a sus empleados a disposición de la Comisión para prestar declaración testifical, ya que, además, dicha propuesta no es de aceptación obligatoria para la Comisión, que puede instar a la empresa a recabar información de sus empleados y a transmitírsela por escrito, con el fin de no aumentar inútilmente la carga de trabajo de la institución.

Por último, la Comisión no tiene la obligación de advertir a la empresa del carácter insuficiente de la información facilitada ni de la necesidad de completarla, pues, a tenor de la sección E, apartado 2, de la Comunicación, «la Comisión evaluará, solamente en el momento de adoptar su decisión, si se cumplen las condiciones establecidas en las secciones B, C o D».

(véanse los apartados 492, 493, 517, 518, 521, 522, 526 y 568)

24. A efectos de la concesión de la inmunidad total o de una reducción del importe de la multa en aplicación de la sección B de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, la empresa interesada puede facilitar oralmente a la Comisión los elementos determinantes para probar la existencia del acuerdo. La comunicación oral de información no presenta ningún inconveniente importante desde el punto de vista de la seguridad jurídica, en la medida en que una información facilitada oralmente a una administración pública en el marco de una reunión normalmente puede recogerse y conservarse mediante la grabación sonora o consignarse por escrito mediante el levantamiento de un acta.

A este respecto, si bien es cierto que la Comisión no tiene una obligación general de levantar actas de las reuniones que celebra con personas o empresas, la falta de una disposición expresa que prevea el levantamiento de un acta no excluye que, en un supuesto determinado, la Comisión pueda estar obligada a consignar las declaraciones recibidas por ella en tal acta. En efecto, dicha obligación puede, en función de las circunstancias concretas del asunto, derivarse directamente del principio de buena administración, que figura entre las garantías otorgadas por el ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos. Pues bien, cuando una empresa se pone en contacto con la Comisión con vistas a una cooperación que puede ser recompensada en virtud de la Comunicación sobre la cooperación y se organiza una reunión en dicho contexto entre los servicios de la institución y esa empresa, se impone, en virtud del principio de buena administración, si la empresa de que se trata lo solicita a más tardar al principio de la reunión, el levantamiento de un acta de dicha reunión, en la que se recoja lo esencial de cuanto en ella se ha dicho o, como mínimo, una grabación sonora.

(véanse los apartados 498 a 502, y 506)

25. Las expresiones «función de responsable o instigador de la infracción» y «haya sido la instigadora o haya desempeñado un papel determinante», utilizadas respectivamente en el punto 2, tercer guión, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, y en la sección B, letra e), de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, como circunstancias agravantes a efectos del cálculo de las multas, por una parte, y circunstancias que se oponen a la inmunidad total o la reducción muy importante del importe de las multas, por otra parte, tienen sustancialmente el mismo alcance.

De ello se desprende que, cuando se declara el papel de líder o de instigador de una empresa dentro de un cártel, dicha empresa no puede beneficiarse de la inmunidad o de una reducción muy importante del importe de la multa en virtud de la Comunicación sobre la cooperación.

(véanse los apartados 535, 536, 544 y 545)

26. Habida cuenta del tenor de la sección B, letra b), de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, que sólo pretende recompensar mediante una reducción de multa muy importante a la única empresa que haya sido realmente la «primera» en facilitar elementos determinantes, no cabe sostener que dos empresas cumplan conjuntamente dicho requisito cuando éstas no hayan facilitado tales elementos en la misma fecha.

(véase el apartado 550)

27. El control que el juez comunitario debe ejercer sobre una decisión mediante la que la Comisión declara una vulneración del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo e impone multas se limita a la legalidad de dicha decisión. La competencia jurisdiccional plena de que dispone el juez comunitario con arreglo al artículo 229 CE y al artículo 17 del Reglamento nº 17 sólo puede ejercerse, en su caso, una vez que aquél haya comprobado que la decisión adolece de una ilegalidad de la que la empresa afectada se haya quejado en su recurso, y con el fin de subsanar las consecuencias de dicha ilegalidad sobre la determinación del importe de la multa impuesta, si es necesario a través de la supresión o la modificación de ésta.

Por lo tanto, debe desestimarse la pretensión de una demandante, a la que la Comisión haya aplicado la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, de que el Tribunal de Primera Instancia aprecie y recompense su cooperación en la investigación administrativa prescindiendo de las disposiciones de dicha Comunicación, cuya ilegalidad no invoca.

(véanse los apartados 581 a 583)

28. La posibilidad de conceder a una empresa que haya cooperado con la Comisión durante un procedimiento por vulneración de las normas sobre competencia una reducción de multa fuera del marco fijado por la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, tal como se encuentra prevista en el punto 3, sexto guión, de las Directrices adoptadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, supone necesariamente que la cooperación de que se trate no pueda ser recompensada en el marco de la Comunicación sobre la cooperación y que haya sido efectiva, es decir, que haya facilitado la labor de la Comisión que consiste en comprobar y en sancionar las infracciones a las normas comunitarias de la competencia.

(véanse los apartados 585 y 588)

29. En los procedimientos regidos por el principio contradictorio que puedan dar lugar a una condena, la naturaleza y el importe de las sanciones propuestas están, por sí mismos, cubiertos por el secreto profesional mientras la sanción no haya sido definitivamente aprobada e impuesta. Este principio se deriva, en particular, de la necesidad de respetar la reputación y dignidad del interesado mientras no haya sido condenado. Además, el deber de la Comisión de no divulgar a la prensa información sobre la sanción precisa que se proponía imponer no sólo coincide con su obligación de respetar el secreto profesional, sino también con su obligación de buena administración.

Admitiendo que los servicios de la Comisión fueran responsables de la filtración a los medios de comunicación de detalles concretos relativos a una multa por infracción de las normas sobre competencia antes de su adopción, tal irregularidad sólo puede entrañar la anulación de la decisión de que se trata si se acredita que, a falta de dicha irregularidad, la decisión no habría sido adoptada o su contenido habría sido diferente. Incumbe al interesado aportar al menos indicios que respalden dicha conclusión. Este criterio no implica que irregularidades de ese tipo permanezcan prácticamente impunes. En efecto, independientemente de la posibilidad de obtener la anulación de la decisión controvertida en la hipótesis en que la irregularidad cometida repercuta en su contenido, el interesado está legitimado para exigir la responsabilidad de la institución de que se trate por el perjuicio que estime haber sufrido a causa de dicha irregularidad.

(véanse los apartados 604, 606 y 607)