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Únicamente constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que afecten a los intereses del demandante, modificando, de forma caracterizada, la situación jurídica de éste. Cuando se trate de actos o de decisiones cuya elaboración se efectúe en varias fases, en particular al finalizar un procedimiento interno, no constituyen un acto impugnable, en principio, más que las medidas que fijen definitivamente la postura de la institución al finalizar dicho procedimiento, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo sea preparar la decisión definitiva. Además, en materia de recursos de funcionarios, los actos preparatorios de una decisión no son lesivos en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto y sólo pueden impugnarse a título incidental cuando se interponga un recurso contra un acto anulable.

Sin embargo, puesto que la decisión de pasar del procedimiento de la letra a) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto al de la letra b) del mismo apartado para proveer un puesto de trabajo constituye una medida de ejecución de una sentencia del juez comunitario por la que se anula una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, que desestima la candidatura del demandante al finalizar la fase del procedimiento de selección prevista en el artículo 29, apartado 1, letra a), antes citado, y nombra a otra persona para el puesto de trabajo de que se trata, debe considerarse que el demandante está facultado para interponer un recurso de anulación contra la referida decisión, dado que la finalidad del citado recurso es que se declare que dicha decisión ha sido adoptada incumpliendo las obligaciones que incumben a la institución demandada en virtud del artículo 233 CE.

(véanse los apartados 28 y 34)

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión (60/81, Rec. p. 2639), apartado9; Tribunal de Primera Instancia, 15 de junio de 1994, Pérez Jiménez/Comisión (T-6/93, RecFP pp. I-A-155 y II-497), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CES (T-586/93, Rec. p. II-665), apartados 28 y 29
Palabras clave

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Palabras clave

1. Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001 — Limitaciones del derecho de acceso a los documentos — No divulgación de un documento originario de un Estado miembro sin el consentimiento previo de dicho Estado — [Art. 255 CE; Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 5]

2. Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001 — Comunicación de documentos en posesión de la institución y originarios de un Estado miembro — Escrito de oposición dirigido a la institución en nombre de un Estado miembro — Comprobación de la competencia del autor del escrito — Incompetencia de la institución — [Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 5]

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1. Según el artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, tratándose del acceso a los documentos que emanan de terceros en posesión de estas instituciones, los documentos de un Estado miembro son objeto de un trato especial. En efecto, esta disposición confiere a cada Estado miembro la facultad de solicitar a las instituciones que no divulguen sin su consentimiento previo documentos originarios de éste. Esta frase constituye la adaptación del Derecho interno a la Declaración nº 35, anexa al Acta Final del Tratado de Amsterdam, según el cual los principios y condiciones relativos al acceso a los documentos establecidos en el artículo 255 CE debían permitir a un Estado miembro solicitar a la Comisión o al Consejo que no comunicasen a terceros un documento originario de dicho Estado sin el previo consentimiento de éste. La facultad conferida a los Estados miembros por el Reglamento nº 1049/2001 se explica por el hecho de que el citado Reglamento no tiene por objeto ni como efecto modificar las legislaciones nacionales en materia de acceso a los documentos.

véanse los apartados 40 y 41

2. No incumbe a la Comisión pronunciarse sobre el reparto de competencias establecido por las normas institucionales de cada Estado miembro. Por consiguiente, cuando la Comisión está en posesión de un documento que emana de un Estado miembro y recibe un escrito de oposición a la comunicación de dicho documento de conformidad con el artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, no corresponde a esta institución pronunciarse sobre la competencia del autor de dicho escrito para oponerse a la divulgación de los documentos, sino que sólo le incumbe comprobar si el referido escrito era, a primera vista, el de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición.

véanse los apartados 46 a 48
396

Según la jurisprudencia del Tribunal, una empresa en posición dominante tiene derecho a conceder a sus clientes un descuento por volumen, vinculado únicamente al volumen de compras efectuadas a dicha empresa. No obstante, las modalidades de cálculo de estos descuentos no deben traducirse en la aplicación a terceros contratantes de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que infringen el artículo 82 CE, párrafo segundo, letra c). A este respecto, procede señalar que la esencia de un sistema de descuentos por volumen consiste en que los compradores o usuarios más importantes de un producto o servicio obtengan precios medios por unidad más bajos o, lo que es lo mismo, porcentajes medios de descuento superiores a los que se conceden a los compradores o a los usuarios menos importantes de este producto o servicio. También procede señalar que, aun en el caso de progresión lineal de los porcentajes de descuento en función del volumen con un descuento máximo, el porcentaje medio de reducción aumenta, o el precio medio disminuye, matemáticamente, en un primer momento, en una proporción superior al aumento de las compras y, posteriormente, en una proporción inferior al aumento de las compras, antes de tender a estabilizarse alrededor del porcentaje máximo de descuento. El mero hecho de que el resultado de un sistema de descuentos por volumen dé lugar a que, sobre determinadas cantidades, ciertos clientes obtengan un porcentaje medio de reducción proporcionalmente superior al de otros en relación con la diferencia de sus volúmenes de compras respectivos es inherente a este tipo de sistema y no permite, por sí solo, deducir que el sistema es discriminatorio. Sin embargo, cuando los umbrales a partir de los cuales se aplican los distintos tramos de descuentos, vinculados a los porcentajes practicados, dan lugar a que se reserve el beneficio del descuento, o de descuentos suplementarios, a determinados terceros contratantes proporcionándoles una ventaja económica no justificada por el volumen de actividad que aportan y por las eventuales economías de escala que permiten obtener a quien proporciona el servicio en relación con sus competidores, el sistema de descuentos por volumen supone la aplicación de condiciones desiguales a prestaciones equivalentes. A falta de justificaciones objetivas, pueden ser indicios de tal trato discriminatorio un umbral de aplicación del sistema elevado, que sólo puedan alcanzar algunos clientes particularmente importantes de la empresa en posición dominante, o un aumento no lineal de los porcentajes de descuentos en relación con las cantidades (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 2001, Portugal/Comisión, C-163/99, Rec. p. I-2613, apartados 50 a 53).
Asunto T-255/01





Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co. Ltd

y Zhejiang Yankon Group Co. Ltd



contra

Consejo de la Unión Europea





«Dumping – Determinación del valor normal – Condiciones de economía de mercado – País análogo – Artículo 2, apartado 7, del Reglamento (CE) nº 384/96»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 23 de octubre de 2003

Sumario de la sentencia

1.. Política comercial común – Defensa contra las prácticas de dumping – Margen de dumping – Determinación del valor normal – Importaciones procedentes de países que no tienen economía de mercado, como los previstos en el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento (CE) nº 384/96 – Aplicación de las normas relativas a los países de economía de mercado – Aplicación limitada a los productores que cumplieran los requisitos mencionados en el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento (CE) nº 384/96

[Reglamentos (CE) del Consejo nº 384/96, art. 2, aps. 1 a 7, y nº 905/98]

2.. Política comercial común – Defensa contra las prácticas de dumping – Margen de dumping – Determinación del valor normal – Importaciones procedentes de países que no tienen economía de mercado, como los previstos en el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento (CE) nº 384/96 – Norma general que consiste en determinar el valor normal sobre la base del precio en un país tercero de economía de mercado – Utilización de otra base razonable únicamente en caso de imposibilidad de aplicar la norma general

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 7, letra a)]

3.. Política comercial común – Defensa contra las prácticas de dumping – Margen de dumping – Determinación del valor normal – Importaciones procedentes de países que no tienen economía de mercado, como los previstos en el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento (CE) nº 384/96 – Distinción entre productores que operan o no en las condiciones de una economía de mercado – Principio de no discriminación – Violación – Inexistencia

[Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 7, letra b)]

1.

2.

3.
Habida cuenta de que el Consejo no comunicó en ningún momento a una persona los datos utilizados en su contra como base de las medidas restrictivas que le fueron impuestas, basándose en el Reglamento no 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, ni le otorgó el derecho a tomar conocimiento de tales datos en un plazo razonable tras la aprobación de dichas medidas, dicha persona no estaba en condiciones de dar a conocer eficazmente su punto de vista a este respecto. Por lo tanto, no se respetó el derecho de defensa de esa persona ni, en particular, su derecho a ser oído.

Además, al no haber sido informada de los datos utilizados en su contra y habida cuenta de las relaciones que existen entre el derecho de defensa y el derecho a un recurso judicial efectivo, la mencionada persona tampoco pudo defender sus derechos ante el juez comunitario en relación con tales datos en condiciones satisfactorias, por lo que también procede declarar una vulneración del referido derecho a un recurso judicial efectivo.

(véanse los apartados 85 y 86)
Un período de instalación de un funcionario en el lugar de su destino de dos meses y medio para cumplir las obligaciones derivadas del artículo 20 del Estatuto no es suficiente para probar que el traslado de la residencia de dicho funcionario a este lugar tiene carácter efectivo. No obstante, este razonamiento no es aplicable a los casos en los que el funcionario es jubilado de oficio por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos con arreglo al artículo 53 del Estatuto, como consecuencia de las conclusiones de la comisión de invalidez que reconocen, en virtud del artículo 78 del Estatuto y de su anexo VIII, que el citado funcionario está afectado por una invalidez permanente total que le impide ejercer las funciones correspondientes a un puesto de trabajo de su carrera. En tal supuesto, la duración limitada de la estancia del funcionario en el lugar de su destino, derivada del cese de su actividad en la institución por motivos relacionados con su estado de salud, es totalmente independiente de la voluntad o de las intenciones de dicho funcionario. En cualquier caso, suponiendo que tal situación corresponda también a los deseos del funcionario en cuestión, no es menos cierto que el reconocimiento de su derecho a la pensión de invalidez por los motivos mencionados se produce porque lo exige el interés del servicio.

(véanse los apartados 67 y 68)

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 30 de enero de 1990, Yorck von Wartenburg/Parlamento (T-42/89, Rec. p. II-31), apartado 20; Miranda/Comisión, ames citada
325

En lo referente al desgaste psicológico supuestamente sufrido por el demandante, hay que señalar que éste se limita a exponer meras alegaciones y no presenta prueba documental que acredite la existencia de un verdadero problema de orden psíquico. Por lo que respecta a la pérdida de tiempo y de energía alegada, corresponden a los contratiempos inherentes al inicio y seguimiento de cualquier procedimiento judicial, que no pueden asimilarse a un daño moral indemnizable. Sobre este particular, es necesario señalar que, conforme al artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el demandante estaba representado, en la presente instancia y en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia en el asunto que dio lugar a la sentencia Pitsiorlas, citada en el apartado 38 supra, por un abogado, cuya función es precisamente asistir al justiciable, en particular, elaborando los escritos procesales y siguiendo el desarrollo del procedimiento en nombre y por cuenta de su mandante.
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Palabras clave

Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común y se ordena su devolución — Obligación de motivación relativa al modo de cálculo del importe que se ha de devolver

(Art. 253 CE)

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Incumple la exigencia de motivación establecida en el artículo 253 CE una decisión de la Comisión por la que se declara la ilegalidad y se ordena la restitución de una ayuda de Estado consistente en una cesión de un terreno acondicionado a un precio preferencial, dado que resulta imposible su control por el destinatario ni por el juez al no facilitar suficiente información acerca de la manera en que la Comisión calculó el importe que ha de restituirse. Dicha insuficiencia se debe a que no se precisa que se aplicó un tipo de interés compuesto, lo cual no está previsto legalmente y no responde a la práctica anterior de la Comisión, dándose la circunstancia de que, en el caso de autos, la aplicación de un interés compuesto incide considerablemente en el importe que debe restituirse. Asimismo, no se facilita ninguna explicación que permita entender la elección del tipo aplicado, falta toda explicación acerca de la relación entre la ventaja que ha obtenido el beneficiario y el importe que debe restituir y, finalmente, resulta incoherente la aplicación de un interés compuesto a efectos del cálculo del importe que ha de restituirse, realizado a fecha de la decisión, y la aplicación de un interés simple a efectos de los intereses correspondientes al período comprendido entre la decisión y el reembolso efectivo.

(véanse los apartados 35 a 53)
La Comisión no puede invocar su decisión relativa a la nueva política del personal de investigación para prohibir que un agente temporal al que se le aplica el artículo 2, letra d), del Régimen aplicable a otros agentes y que es parte de un contrato sujeto a un plazo de tres años se presente como candidato para ocupar una plaza vacante relativa a un puesto permanente retribuido mediante los créditos de investigación y de inversión, por el mero hecho de que su nombramiento supondría, en contra de las orientaciones establecidas en dicha decisión, una prórroga de su contrato o el otorgamiento de un nuevo contrato que transcendería el límite máximo de tres años. Una regla interna no tiene, en efecto, el valor de una disposición legal y sólo puede aplicarse si se observan los principios consagrados por el Estatuto y el Régimen aplicable a otros agentes, los cuales, en el caso de autos, no dispensan base jurídica alguna para tal prohibición.

En efecto, por otra parte, el artículo 8 del Régimen aplicable a otros agentes establece, en su cuarto párrafo, que la contratación de un agente de la categoría A encargado de desempeñar funciones que exijan una capatización científica y técnica se realizará por un tiempo no superior a cinco años y que el contrato podrá ser renovado y, en su párrafo quinto, que tal renovación sólo podrá realizarse una vez por una duración determinada, siendo toda renovación ulterior de este contrato por duración indeterminada, por lo que una regla interna no puede establecer un límite máximo de tres años. Por otra parte, las funciones de carácter científico y técnico que incumben a los agentes a que se refiere el artículo 2, letra d), antes citado, pueden implicar la necesidad de un puesto de trabajo estable a fin de que se puedan realizar programas plurianuales de investigación, realización que sería más difícil si el agente temporal que se ocupara de ellos debiera necesariamente interrumpir su actividad en un momento dado, mientras que las funciones administrativas no tienen esta particularidad en lo que atañe a los agentes temporales a que se refiere el artículo 2, letra d), del régimen citado.

(véanse los apartados 58, 59, 61 y 62)

Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de diciembre de 1983, Blomefield/Comisión (190/82, Rec. p. 3981), apartado 21; Tribunal de Primera Instancia, 5 de octubre de 1995, Alexopoulou/Comisión (T-17/95, RecFP pp. I-A-227 y II-683), apartado 24
Las medidas de cese definitivo en las funciones que se autorizaron mediante el Reglamento no 2688/95 no tienen su origen legal en el Estatuto y, por tanto, no constituyen un elemento ordinario de la carrera de las personas afectadas. Por el contrario, tales medidas, denominadas de «cese definitivo de funcionarios de categoría superior» deben considerase como una práctica que la Comunidad ha utilizado de forma puntual en interés del buen funcionamiento de sus instituciones. De ello se desprende que la institución interesada no está obligada ni a acoger las peticiones que se le presenten ni a hacer uso, aunque sea parcialmente, de la facultad de que dispone de decidir sobre el cese definitivo en sus funciones de una parte de sus funcionarios.

De ello se desprende que la institución de que se trata dispone de una amplia facultad de apreciación para aplicar los criterios establecidos en el artículo 3 del referido Reglamento. Por consiguiente, el control jurisdiccional de esta apreciación debe estar limitado a la verificación de la observancia de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos considerados para llevar a cabo la elección controvertida, de la inexistencia de un error manifiesto en la apreciación de los hechos y de la falta de desviación de poder.

(véanse los apartados 36 y 37)

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de octubre de 2000, Consejo/Chvatal y otros (asuntos acumulados C-432/98 P y C-433/98 P, Rec. p. I-8535), apartados 28 y 29
Sin embargo, el hecho de que una institución haya solicitado a la comisión médica que se pronuncie sobre dicha cuestión no puede afectar a la validez de la decisión adoptada por la institución como consecuencia del informe de la comisión médica. En efecto, puesto que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos ha aprobado este informe y ha hecho suyas la totalidad de las conclusiones de dicha comisión, procede declarar que las apreciaciones de índole jurídica aportadas por la comisión médica no revisten carácter definitivo, al contrario que sus apreciaciones médicas. En este caso, el Tribunal de Primera Instancia es competente para examinar si la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, al aprobar la opinión de la comisión médica relativa al concepto de accidente, ha respetado el alcance de las disposiciones reglamentarias pertinentes.

La cuestión de si una contingencia puede ser calificada de accidente con arreglo al artículo 2, apartado 1, de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios es competencia exclusiva de la administración, bajo el control del Juez comunitario, y una institución no puede solicitar a la comisión médica que determine si una enfermedad y/o su origen pueden ser considerados como un accidente en el sentido de dicho artículo.

Los conceptos de aceptación de un riesgo o de culpa no resultan de la definición de accidente a que se refiere el artículo 2, apartado 1, de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios. Por lo tanto, su aplicación a un caso particular no puede impedir que se califique de accidente un acontecimiento o un factor externo, sino que sólo puede dar lugar a que un accidente en el sentido de dicha Reglamentación quede excluido de la cobertura establecida en el artículo 73 del Estatuto.

(véase el apartado 59)
75

En efecto, el artículo 3 bis del Reglamento no 1546/88, en su versión modificada por el Reglamento no 1033/89, se limita a aplicar las prescripciones del Reglamento no 857/84, en su versión modificada por el Reglamento no 764/89, para la asignación de una cantidad de referencia específica al recordar que el productor debe acreditar, ante la autoridad competente designada por el Estado miembro, que tiene a su cargo, en su totalidad o en parte, la misma explotación que gestionaba en el momento de la aprobación de su solicitud de concesión de la prima. A continuación, esta disposición especifica de manera no exhaustiva las pruebas que pueden admitirse para demostrar la capacidad de producción del productor para alcanzar la cantidad de referencia solicitada, a saber, las ventas directas o las entregas de leche ya efectuadas después del término del período de no comercialización o de reconversión, el ganado lechero de que disponga la explotación, la superficie herbácea permanente o la superficie forrajera de la explotación, tal como resulten del plan de rotación de cultivos y de la siembra realizada, y las inversiones efectuadas sin plan de desarrollo.