19.

En la sentencia Schumacker, antes citada, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre una serie de cuestiones prejudiciales que tenían por objeto averiguar si eran compatibles con el artículo 48 del Tratado disposiciones nacionales conforme a las cuales se dispensaba distinto trato a los sujetos pasivos de un impuesto dependiendo de que residieran en el Estado miembro de que se trataba. La situación en aquel asunto era la siguiente: el ciudadano belga Roland Schumacker residía en Bélgica pero desempeñaba en la República Federal de Alemania una actividad por cuenta ajena. Su esposa también residía en Bélgica, pero no percibía en dicho país ningún ingreso. En estas circunstancias, Roland Schumacker solicitó a las autoridades tributarias alemanas que se calculara la retención del Impuesto sobre Salarios aplicando la tarifa del «splitting». Sin embargo, se denegó su solicitud debido a que su esposa no residía en Alemania. En su sentencia, el Tribunal de Justicia respondió, en primer lugar, a la cuestión de si la prohibición de discriminación consagrada en el artículo 48 también se aplica a las disposiciones tributarias nacionales, en sentido de que: «[...] el artículo 48 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que puede limitar el derecho de un Estado miembro a establecer los requisitos de sujeción al impuesto y las modalidades de gravamen de las rentas obtenidas en su territorio por un nacional de otro Estado miembro, en la medida en que este artículo no permite a un Estado miembro, en materia de percepción de impuestos directos, dispensar al nacional de otro Estado miembro que, habiendo hecho uso de su derecho de libre circulación, ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio del primer Estado, un trato menos favorable que el dispensado a un nacional propio que se encuentre en la misma situación» (apartado 24). A continuación, el Tribunal de Justicia analizó la cuestión de si existía una discriminación, y declaró: «[...] es jurisprudencia reiterada que las normas sobre igualdad de trato no sólo prohiben las discriminaciones manifiestas basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado» (apartado 26). y «[...] es jurisprudencia reiterada que una discriminación sólo puede consistir en la aplicación de normas distintas a situaciones comparables o en la aplicación de la misma norma a situaciones diferentes» (apartado 30). A la cuestión de si una situación como la descrita constituye una discriminación, el Tribunal de Justicia respondió: «Tratándose de un no residente que obtiene en un Estado miembro distinto del de su residencia la mayor parte de sus ingresos y casi la totalidad de sus ingresos familiares, la discriminación consiste en que la situación personal y familiar de este no residente no se tiene en cuenta ni en el Estado de residencia ni en el Estado de empleo» (apartado 38). El Tribunal de Justicia no consideró que esa discriminación pudiera justificarse por la necesidad de garantizar la coherencia de la normativa tributaria de que se trataba: «En una situación como la del presente asunto, el Estado de residencia no puede tener en cuenta la situación personal y familiar del sujeto pasivo puesto que la carga fiscal en ese país es insuficiente para permitirlo. Cuando así sucede, el principio comunitario de igualdad de trato exige que, en el Estado de empleo, la situación personal y familiar del extranjero no residente sea tenida en cuenta de la misma forma que respecto a los nacionales residentes y que se le concedan las mismas ventajas fiscales» (apartado 41). El Tribunal de Justicia tampoco consideró que la discriminación pudiera justificarse alegando las dificultades administrativas del Estado de ocupación a la hora de recabar información sobre los ingresos que obtenga el no residente en su Estado de residencia: «[...] la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos [...] ofrece posibilidades de obtener informaciones necesarias comparables a las existentes entre los servicios tributarios a nivel interno» (apartado 45). Por estos motivos, el Tribunal de Justicia declaró: «El artículo 48 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una normativa de un Estado miembro que grave a un trabajador nacional de otro Estado miembro, que reside en este último Estado y ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio del primer Estado, con mayor rigor que a un trabajador que resida en el territorio del primer Estado y ocupe en él el mismo empleo, cuando [...] el nacional del segundo Estado obtiene sus ingresos total o casi exclusivamente de la actividad ejercida en el primer Estado y en el segundo Estado no obtiene ingresos suficientes para estar sujeto en él a un impuesto que permita tener en cuenta su situación personal y familiar.»