3.

Examinemos, ante todo, las cuatro fuentes —dos comunitarias y dos nacionales— sobre cuyas relaciones se enfrentan las partes en el litigio principal. Adoptada en el ámbito del Plan Mansholt, la Directiva 72/159 tiende a promover una sensible mejora de la renta y de las condiciones de trabajo y de producción en la agricultura estimulando a las explotaciones agrícolas que estén en condiciones de desarrollarse. A este fin, el artículo 1, apartado 1, dispone que los Estados miembros establecerán un régimen selectivo de estímulo a las explotaciones agrícolas, destinado a favorecer sus actividades y su desarrollo en condiciones racionales, mientras que el apartado 2 del mismo artículo les habilita a diferenciar, según las regiones, el importe de los estímulos financieros previstos en la Directiva y, en determinadas regiones, a no aplicarlos total o parcialmente. Según el artículo 2 se consideran «en condiciones de desarrollarse» las explotaciones agrícolas cuyo empresario ejerza la actividad agrícola a título principal, posea una capacidad profesional suficiente, se comprometa a llevar una contabilidad, establezca un plan de desarrollo que reúna las condiciones contempladas en la Directiva y tenga una renta de trabajo inferior a la de las actividades no agrícolas de la región. Sigue el artículo 3 que reviste una importancia crucial. En el párrafo 1 de su apartado 1 dispone que «los Estados miembros definen el concepto de empresario a título principal, con arreglo a la presente Directiva»; respecto a las personas físicas este concepto comprende «por lo menos la condición de que la parte de la renta procedente de la explotación agrícola sea igual o superior al 50 % de la renta global del empresario y la de que el tiempo de trabajo dedicado a actividades ajenas a la explotación sea inferior a la mitad del tiempo de trabajo total del empresario». El párrafo 2 añade que «teniendo en cuenta, en particular, los criterios indicados en el párrafo precedente, los Estados miembros establecen dicho concepto en los casos de [...] personas que no sean personas físicas», de las explotaciones cuyo propietario no sea el empresario y de las explotaciones en aparcería. Mediante la Ley no 153, de 9 de mayo de 1975 (GURI 1975, p. 3298), la República Italiana quiso aplicar la Directiva anteriormente citada. El artículo 13, que figura en el Título III (Modernización de las estructuras agrícolas y aumento de su rendimiento), Sección I (Intervenciones para la realización de los planes de desarrollo), dispone especialmente que pueden gozar de las ayudas previstas en este título, además de las personas físicas, las cooperativas agrícolas constituidas con arreglo a la legislación sobre cooperativas, y las asociaciones de empresarios agrícolas. Por otra parte, es necesario que los socios obtengan de la actividad de explotación y de la actividad asociada al menos el 50 % de su renta y dediquen a ella como mínimo el 50 % de su tiempo de trabajo. La Ley regional no 71, de 7 de septiembre de 1977 (Bollettino ufficiale della Regione Toscana no 52, de 16 de septiembre de 1977) se adaptó a estos principios. Esta ley establece un régimen de intervención que, con arreglo al artículo 6, se aplica a: a) los cultivadores directos, propietarios o arrendatarios, a los aparceros o a los colonos; b) a los propietarios, a los usufructuarios y a los arrendatarios, siempre que ejerzan la actividad agrícola a título principal; c) a las cooperativas agrícolas; d) a las asociaciones de empresarios agrícolas también en la medida en que ejerzan la agricultura a título principal. La última fuente que debe tenerse en cuenta es el Reglamento no 1162/76 del Consejo, de 17 de mayo de 1976, relativo a las medidas destinadas a adaptar el potencial vitícola a las actividades del mercado (DO L 135, p. 32). Este Reglamento prohíbe en su artículo 2, párrafo 1, para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 1976 y el 30 de noviembre de 1978, cualquier nueva plantación de variedades de viñas clasificadas, respecto a la unidad administrativa tomada en consideración, en la categoría de las variedades para uva de vino. Sin embargo, se prevén algunas excepciones; en especial, escapan a la prohibición las nuevas plantaciones realizadas en ejecución de planes de desarrollo de las explotaciones en las condiciones definidas establecidas por la Directiva 72/159. Los considerandos del Reglamento justifican esta exoneración en razón de su escaso relieve; pero, a parte de esto, responde a la evidente exigencia de no obstaculizar el trabajo de los empresarios, cuyos planes de explotación hayan sido aprobados, sobre todo, teniendo en cuenta, el hecho de que para su realización se prevé un período bastante largo (en Italia, según el artículo 14 de la Ley no 153, hasta nueve años). Por último, señalemos que, mediante las Decisiones no 76/480 y no 77/525, la Comisión de las Comunidades Europeas consideró conformes a la Directiva 72/159, y por ello aprobó, las normas italianas de aplicación, admitiendo así la financiación comunitaria de los gastos en que incurrió Italia con base en dichas disposiciones (DO 1976, L 138, p. 14, respecto a la ley nacional, y DO 1977, L 209, p. 25, respecto a la ley regional).