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Responsabilidad extracontractual - Alineamiento anticipado de los precios del azúcar aplicables en España con los precios comunes - Falta de compensación para los productores de isoglucosa - Principios de confianza legítima y de no discriminación - Violación - Inexistencia - Falta de responsabilidad

[Tratado CE, arts. 40, ap. 3, párr. 2, y 215, párr. 2; Acta de adhesión de 1985, art. 70, ap. 3, letra b); Reglamentos (CEE) del Consejo nos 1716/91 y 3814/92]

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El Reglamento nº 3814/92, que aproxima anticipadamente, con efectos a partir del 1 de enero de 1993, los precios del azúcar aplicables en España a los precios comunes, otorga ayudas a los productores de remolacha y de caña de azúcar y a los productores de azúcar por el azúcar almacenado y autoriza a España para conceder una ayuda de adaptación a las empresas azucareras, no genera la responsabilidad de la Comunidad respecto de los productores españoles de isoglucosa, para quienes la adopción de dicho Reglamento no constituyó una violación ni del principio de protección de la confianza legítima, ni del de no discriminación mencionado en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 40 del Tratado.

En efecto, por una parte, en primer lugar, de la interpretación de la letra b) del apartado 3 del artículo 70 del Acta de adhesión de España se deduce que las recurrentes no pudieron, en virtud de la citada Acta, confiar legítimamente en que se les garantizara un período transitorio de aproximación más allá del comienzo de la campaña de comercialización 1992/1993. En segundo lugar, el Reglamento nº 1716/91, que dispone la aproximación de los precios en dos etapas hasta 1995, tampoco pudo generar una confianza legítima por parte de estos productores, dado que, al prolongar el período de aproximación de los precios, el Consejo sólo tuvo en cuenta manifiestamente los intereses de los agricultores y de los productores de azúcar, salvaguardados por la concesión sucesiva de ayudas; que, aunque el Reglamento nº 1716/91 fue adoptado después de la entrada en vigor del Acta Unica Europea que preveía la realización del mercado único el 1 de enero de 1993, un operador económico prudente e informado debía prever un ajuste anticipado de los precios, sobre todo teniendo en cuenta que la propuesta de Reglamento nº 3814/92 se conocía desde varios meses antes de su adopción, y que, por último, en lo relativo, más particularmente, a la segunda etapa de aproximación, la facultad de establecer las condiciones de que se trata en una fecha posterior, reservada al Consejo en el artículo 7 del Reglamento nº 1716/91, permitía descartar que los productores hubiesen podido depositar una confianza legítima en dichas condiciones.

Por otra parte, el hecho de que el Reglamento no establezca en favor de los productores españoles de isoglucosa medidas transitorias destinadas a permitirles hacer frente a la situación creada por el ajuste anticipado de los precios, cuando las prevé para los productores de azúcar, no constituye una discriminación en detrimento de los primeros, puesto que unos y otros se encuentran, en lo referente tanto al almacenamiento de existencias como a las condiciones de abastecimiento de materias primas, en situaciones objetivamente diferentes.