La primera cuestión sometida al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional del procedimiento principal se refiere a un problema de Derecho transitorio. Como ya se ha visto, plantea si el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento no 1162/76 (que corresponde al apartado 1 del artículo 2 del Reglamento no 348/79 que lo sustituye) se aplica también a solicitudes de autorización de nuevas plantaciones de vides presentadas a las autoridades nacionales antes de la entrada en vigor del citado Reglamento. Señalaré a este respecto que el régimen actual de la organización común de mercados en el sector vitivinícola no prevé autorización comunitaria para las nuevas plantaciones de vides ni obliga a los Estados miembros a introducir en sus ordenamientos jurídicos respectivos una autorización semejante; no obstante, determinados Estados y en particular la República Federal de Alemania, subordinan las nuevas plantaciones a una autorización administrativa concedida a instancia de los particulares interesados y es evidente que la cuestión que acabo de recordar ha sido planteada en relación con esta situación. Según los autos, en efecto, la parte demandante en el procedimiento principal, la Sra. Hauer, solicitó la autorización a las autoridades alemanas el 6 de junio de 1975, fecha en la que las dos prohibiciones comunitarias no existían todavía; éstas entraron en vigor casi un aflo más tarde, precisamente el 27 de mayo de 1976 (véase el artículo 6 del Reglamento no 1162/76) estando todavía pendiente la reclamación administrativa interpuesta por la Sra. Hauer en la República Federal de Alemania para la concesión de la autorización.

A mi parecer, las prohibiciones previstas en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento no 1162/76 se aplican igualmente a los supuestos en los que el interesado ha presentado la solicitud de autorización de nueva plantación antes de la entrada en vigor del citado Reglamento. Numerosas razones abogan en favor de esta interpretación.

La disposición de que se trata es tan clara y perentoria en sus dos aspectos (prohibición de nuevas plantaciones y de nuevas autorizaciones a tal fin) que no deja lugar a dudas. No comprendo basándose en qué argumentos pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación de estas disposiciones aquellos casos en que los interesados solicitaron una autorización a las autoridades nacionales antes de la entrada en vigor del Reglamento. Opino que el artículo 4 del mismo texto confirma la exactitud de la interpretación que expongo. El artículo de que se trata dispone que «el período de validez de los derechos de plantación o de replantación adquiridos sobre la base de normativas nacionales en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento se prorrogará por un período equivalente» al de la prohibición, y que «durante dicho período, se suspenderá el ejercicio de dichos derechos». Del contenido de esta disposición se deriva que el legislador comunitario consideró digna de protección la posición de quien había obtenido la autorización para proceder a nuevas plantaciones antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y todavía no había hecho uso de la misma; pero únicamente dicha posición. En realidad, si bien parecía justificado proteger a los sujetos titulares de una posición jurídica establecida, no habría estado igualmente justificado adoptar las mismas disposiciones a favor de sujetos que se habían limitado a presentar a las autoridades nacionales competentes una solicitud de autorización. Por otra parte, la protección prevista por el citado artículo 4 consiste en la suspensión de los efectos de las autorizaciones obtenidas: ello significa que la prohibición de nuevas plantaciones se aplica también a quien ya ha adquirido el derecho a efectuarlas y que la única ventaja concedida a quienes se hallan en esta situación reside en que se les evita la necesidad de un nuevo procedimiento de autorización en el momento en que la prohibición llegue a su fin.

Si a continuación se examinan los objetivos de la nueva normativa, aparece en ella una confirmación adicional de la tesis que defiendo. Mediante el Reglamento no 1162/76, el legislador comunitario se propuso adaptar el potencial vitícola a las necesidades del mercado. Los instrumentos inmediatamente aplicados para alcanzar dichos resultados eran la prohibición de nuevas plantaciones (sin perjuicio de las posibilidades de exención previstas por el apartado 2 del artículo 2) y la prohibición de que los Estados miembros concedieran nuevas autorizaciones. Se trataba evidentemente de medidas de carácter temporal, destinadas a ser sustituidas a medio plazo por un conjunto sistemático de intervenciones: ya he tenido ocasión de subrayar que el artículo 5 de este mismo Reglamento preveía la adopción, antes del 1 de octubre de 1978 (plazo prorrogado a continuación hasta el 1 de octubre de 1979), de medidas no provisionales que tendrían en cuenta la vocación vitícola de las diferentes regiones de la Comunidad y la existencia en cada una de las regiones de alternativas válidas en materia de cultivos agrícolas. Dado, por consiguiente, que la finalidad perseguida era contener, con un efecto inmediato, la producción hasta que fueran adoptadas medidas estructurales apropiadas, era lógico que la prohibición de nuevas plantaciones se extendiera a los casos en que estaba pendiente un procedimiento de autorización, e incluso a los casos en los que se había concedido ya una autorización pero no se había utilizado (como resulta del citado artículo 4). El mecanismo para impedir el aumento de la producción de vinos de mesa no sólo adolecería de lagunas sino que sería también contradictorio si, por una parte, hubiera prohibido las nuevas plantaciones y bloqueado la efectividad de las autorizaciones ya concedidas, y si, por otra parte, se hubiera permitido la concesión de autorizaciones a quienes las habían solicitado antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones. Esta es precisamente la razón de que el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 2 prohibiera a los Estados miembros conceder autorizaciones de nuevas plantaciones a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento. Esta prohibición impide de forma absoluta que un procedimiento de autorización iniciado antes de dicha fecha termine, después de ésta, por la aceptación de la solicitud. Añadiré que, frente a la clara formulación de la obligación negativa impuesta a los Estados miembros, resulta inadmisible suponer que el sistema de congelar las autorizaciones ya concedidas, con arreglo al artículo 4 del citado Reglamento, permite la continuación de procedimientos de autorización en curso hasta la concesión de la autorización, con la única restricción de la suspensión de su efecto. Por otra parte, basta destacar que el artículo 4 prorrogó el período de validez de los derechos a plantar vides adquiridos en la fecha de entrada en vigor del Reglamento: ello implica que, de conformidad con las disposiciones del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 1, se excluyó toda posibilidad de adquirir dichos derechos con posterioridad a esta fecha.