Asunto T-357/06

Koninklijke Wegenbouw Stevin BV

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado neerlandés del betún para el recubrimiento de carreteras — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Existencia y calificación de un acuerdo — Restricción de la competencia — Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 CE a los acuerdos de cooperación horizontal — Derecho de defensa — Multa — Circunstancias agravantes — Papel de instigador y de responsable — Falta de cooperación — Facultades de verificación de la Comisión — Derecho a la asistencia letrada — Desviación de poder — Cálculo del importe de las multas — Duración de la infracción — Competencia jurisdiccional plena»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 27 de septiembre de 2012

[Art. 81 CE, ap. 1; arts. 261 TFUE y 263 TFUE; Reglamentos del Consejo no 17, art. 15, ap. 2, y (CE) no 1/2003, art. 23, aps. 2 y 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2]

[Art. 81 CE, ap. 1; Reglamentos del Consejo no 17, art. 15, ap. 2, y (CE) no 1/2003, art. 23, aps. 2 y 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2]

[Art. 81 CE, ap. 1; Reglamentos del Consejo no 17, art. 15, ap. 2, y (CE) no 1/2003, art. 23, aps. 2 y 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2]

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamentos del Consejo no 17, art. 15, ap. 1, letra c), y (CE) no 1/2003, art. 23, ap. 1, letra c)]

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamentos del Consejo no 17, art. 15, aps. 1, letra c), y 2, y (CE) no 1/2003, art. 23, ap. 1, letra c); Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2, párr. 2]

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamentos del Consejo no 17, art. 14, y (CE) no 1/2003, art. 20]

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamentos del Consejo no 17, arts. 14 y 15, ap. 1, letra c), y (CE) no 1/2003, art. 20]

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamentos del Consejo no 17, arts. 14 y 19, ap. 1, y (CE) no 1/2003, arts. 20 y 27, ap. 1]

[Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamentos del Consejo no 17, arts. 14 y 15, ap. 1, letra c), y (CE) no 1/2003, art. 20; Reglamento (CE) no 773/2004 de la Comisión]

[Art. 81 CE, ap. 1; Reglamentos del Consejo no 17, art. 15, ap. 2, y (CE) no 1/2003, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A, párr. 6]

[Art. 81 CE, ap. 1; Reglamentos del Consejo no 17, art. 15, ap. 2, y (CE) no 1/2003, art. 23, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A, párrs. 6 y 7]

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 30)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 31 y 62)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 32)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 43)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 44)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 74, 110, 111, 113 y 146)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 122)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 123 a 125 y 127)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 135 a 138)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 155 a 159, 161 y 162)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 160)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 175 a 179)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 185 a 187 y 189)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 193, 195 a 197, 199 y 200)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 198)

En materia de competencia, desde el momento en que la Comisión señala expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica también los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido deliberadamente o por negligencia, dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas. Al actuar así, la Comisión les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa. Por lo que respecta a la fijación del importe de las multas, el derecho de defensa de las empresas afectadas está garantizado ante la Comisión mediante la posibilidad de presentar observaciones sobre la duración, la gravedad y la previsibilidad del carácter contrario a la competencia de la infracción. Además, las empresas gozan de una garantía adicional en lo que se refiere a la determinación del importe de la multa, en la medida en que el Tribunal General resuelve con competencia jurisdiccional plena y puede suprimir o reducir la multa, en virtud del artículo 31 del Reglamento no 1/2003. Por lo que se refiere más concretamente a la circunstancia agravante de la negativa de una empresa a cooperar durante el desarrollo de la investigación, las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA la citan como ejemplo de circunstancia agravante. Dado que la Comisión señala en el pliego de cargos que tendrá en cuenta el papel desempeñado por cada empresa en los acuerdos en cuestión y que el importe de la multa reflejará las posibles circunstancias agravantes o atenuantes, la empresa destinataria no puede desconocer que la Comisión puede apreciar dicha circunstancia agravante si llega a la conclusión de que concurren los requisitos para su aplicación y, por tanto, la Comisión no vulnera su derecho de defensa. (véanse los apartados 217 y 218)

En materia de competencia, ni el Reglamento no 17, ni el Reglamento no 1/2003, ni el Reglamento no 773/2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 CE y 82 CE, incluyen disposición alguna acerca de la presencia de un abogado durante las inspecciones realizadas por la Comisión. Ciertamente debe evitarse que el derecho de defensa pueda quedar irremediablemente comprometido en los procedimientos de investigación previa y, en particular, durante las inspecciones, que pueden tener un carácter decisivo para el descubrimiento de pruebas del carácter ilegal de conductas de las empresas que puedan generar la responsabilidad de éstas. Por consiguiente, si bien algunas manifestaciones del derecho de defensa sólo afectan a los procedimientos de naturaleza contradictoria que siguen a una comunicación de los cargos imputados, otras, como el derecho a asesoramiento jurídico y el derecho a la confidencialidad de la correspondencia entre abogado y cliente, deben ser respetadas ya en la fase de investigación previa. Ahora bien, en el marco de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento no 17, se debe garantizar que el respeto al derecho de defensa no menoscabe el efecto útil de las inspecciones para que la Comisión pueda ejercer su función de guardiana del Tratado en materia de competencia. Por ello es necesario ponderar los principios generales del Derecho de la Unión relativos al derecho de defensa y el efecto útil de la facultad de la Comisión para realizar inspecciones, evitando la destrucción o la ocultación posible de documentos pertinentes. Por tanto, un abogado externo o un jurista interno puede estar presente en la empresa cuando la Comisión realice una inspección, pero la presencia de un abogado externo o de un jurista interno no puede condicionar la legalidad de la inspección. Así, cuando una empresa lo desee y, en particular, cuando no disponga de ningún jurista en el lugar de la inspección, puede solicitar el asesoramiento telefónico de un abogado y pedirle que se presente lo antes posible en ese lugar. Para que el ejercicio de este derecho a la asistencia de un abogado no pueda menoscabar el buen desarrollo de la inspección, las personas encargadas de realizar la inspección deben poder acceder inmediatamente a todos los locales de la empresa, notificarle la decisión por la que se ordena la inspección y ocupar los despachos que elijan, sin esperar a que la empresa haya consultado a su abogado. Asimismo, debe darse a las personas encargadas de realizar la inspección la oportunidad de controlar las comunicaciones telefónicas e informáticas de la empresa para evitar, en particular, que ésta se ponga en contacto con otras empresas que sean también objeto de una decisión por la que se ordene una inspección. Por otra parte, el plazo que la Comisión está obligada a conceder a una empresa para que pueda ponerse en contacto con su abogado antes de comenzar a consultar los libros y otros documentos, a hacer copias de ellos, a precintar los locales o la documentación o a solicitar explicaciones orales a cualquier representante o miembro del personal de la empresa, depende de las circunstancias particulares propias de cada asunto concreto y, en cualquier caso, sólo podrá ser extremadamente breve y reducirse al mínimo estricto. Así pues, la Comisión no vulnera el derecho de defensa de una empresa al negarse a estimar la solicitud de ésta de esperar en una sala a que lleguen sus abogados externos antes de permitir a la Comisión acceder a sus locales y, en particular, al despacho de su director general. Por consiguiente, la negativa de dicha empresa a permitir el acceso a su edificio a los inspectores de la Comisión antes de la llegada de sus abogados, que provoca un retraso de cuarenta y siete minutos en las labores de inspección, debe calificarse de negativa a someterse a la decisión por la que se ordena la inspección, en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 17. (véanse los apartados 226, 228 y 230 a 233)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 227)

En materia de competencia, las empresas tienen la obligación de colaborar activamente en las medidas de investigación durante el procedimiento de investigación previa. Por otra parte, tanto la finalidad del Reglamento no 17 como la enumeración, en su artículo 14, de las facultades de que están investidos los agentes de la Comisión ponen de manifiesto que las inspecciones pueden tener un alcance muy amplio. A este respecto, la facultad de acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte presenta una particular importancia, en cuanto debe permitir a la Comisión obtener las pruebas de las infracciones de las normas sobre la competencia en los lugares donde normalmente se hallan, es decir, en los locales empresariales. La Comisión puede también ejercer su facultad de inspección en todos los locales empresariales a los que se refiera la decisión por ella adoptada, respetando el derecho de defensa y los derechos relacionados con la protección de la propiedad. Además, corresponde a la Comisión, y no a la empresa interesada o a un tercero, decidir si se le debe presentar o no un documento. Por consiguiente, el mero hecho de que los abogados de una empresa se nieguen, en un primer momento, a permitir a la Comisión el acceso al despacho de uno de sus directivos basta para considerar que dicha empresa se ha negado a someterse totalmente a la decisión por la que se ordena la inspección, sin que incumba a la Comisión demostrar que el retraso provocado por esta negativa ha podido provocar la destrucción o la ocultación de documentación. (véanse los apartados 236 a 239)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 242)

Un acto de una institución comunitaria incurre en desviación de poder si se adopta con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso. Una decisión solamente está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada con el fin exclusivo, o al menos determinante, de conseguir otros fines distintos de los alegados. A este respecto, las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, que prevén expresamente la posibilidad de que, al fijar la multa, la Comisión tenga en cuenta en concepto de agravante una negativa a cooperar o un intento de obstrucción durante el desarrollo de la investigación, no se adoptaron con el fin determinante de eludir el procedimiento de sanción previsto en el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 17 y, en concreto, el límite máximo de 5.000 euros. En efecto, el Reglamento no 17 dejaba un margen considerable de apreciación a la Comisión para fijar las multas. Por tanto, el establecimiento por la Comisión de un nuevo método de cálculo de las multas mediante las Directrices para el cálculo de las multas, que puede dar lugar en ciertos casos a un incremento de su importe, aunque sin sobrepasar el límite máximo fijado en dicho Reglamento, no puede considerarse un aumento con efectos retroactivos de las multas previstas en el artículo 15 del Reglamento no 17 contrario a los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Además, dado que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 no enumera de forma taxativa los criterios que puede tener en cuenta la Comisión para fijar la cuantía de la multa, el comportamiento de la empresa durante el procedimiento administrativo —en particular, la negativa a cooperar o los intentos de obstrucción durante el desarrollo de la investigación— puede formar parte de los elementos que han de tenerse en cuenta para hacerlo. Por consiguiente, la Comisión tiene la posibilidad de sancionar una negativa a cooperar, bien imponiendo a la empresa en cuestión una multa máxima de 5.000 euros en virtud de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 17, bien teniendo en cuenta, al fijar el importe de la multa impuesta a la empresa con arreglo al artículo 15, apartado 2, del mismo Reglamento (actualmente artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003), la circunstancia agravante de la negativa a cooperar durante el desarrollo de la investigación. (véanse los apartados 246 a 251)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 253 y 254)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 262 a 272)

Para ser calificada de responsable de un cartel, una empresa debe haber supuesto una fuerza motriz significativa para el cartel o haber asumido una responsabilidad particular y concreta en el funcionamiento de éste. Esta circunstancia debe apreciarse en términos globales y teniendo en cuenta el contexto del asunto de que se trate. Puede deducirse en especial del hecho de que la empresa, con iniciativas específicas, haya dado espontáneamente un impulso fundamental al cartel. También puede deducirse de un conjunto de indicios que revelen la dedicación de la empresa a garantizar la estabilidad y el éxito del cartel. Lo mismo ocurre cuando la empresa haya participado en las reuniones del cartel en nombre de otra empresa que no asiste a ellas y haya comunicado los resultados de dichas reuniones a ésta. Y también cuando resulte que dicha empresa desempeñó un papel central en el funcionamiento concreto del cartel, por ejemplo, organizando numerosas reuniones, recabando y distribuyendo la información dentro del cartel, y formulando en la mayoría de los casos propuestas relativas al funcionamiento del cartel. Además, el hecho de velar activamente por el respeto de los acuerdos celebrados en el seno del cartel constituye un indicio determinante del papel de responsable desempeñado por una empresa. En cambio, el hecho de que una empresa ejerza presiones e incluso dicte el comportamiento de los otros miembros del cartel no es un requisito necesario para que esa empresa pueda ser calificada de responsable del cartel. La posición en el mercado de una empresa o los recursos de que dispone tampoco pueden constituir indicios del papel de responsable de la infracción, aunque forman parte del contexto atendiendo al cual deben apreciarse tales indicios. La Comisión puede considerar que varias empresas desempeñaron el papel de responsable en un cartel. (véanse los apartados 283 a 287)