Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación - Motivos - Irregularidad de procedimiento - Resolución basada en hechos o documentos desconocidos para una de las partes - Violación del derecho de defensa

(Estatuto CECA del Tribunal de Justicia, art. 51)

2. Procedimiento - Duración del procedimiento seguido ante el Tribunal de Primera Instancia - Plazo razonable - Criterios de apreciación

3. Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Desestimación

(Art. 32 quinto CA, ap. 1; Estatuto CECA del Tribunal de Justicia, art. 51)

4. Procedimiento - Diligencias de prueba - Solicitud de presentación de un documento - Facultad de apreciación del Tribunal de Primera Instancia

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 49 y 65, letra b)]

5. CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Efectos de la infracción contrarios a la competencia - Criterio no determinante

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

6. CECA - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Criterios de coordinación y de cooperación - Interpretación - Acuerdo de intercambio de información

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1; art. 81 CE, ap. 1)

7. CECA - Prácticas colusorias - Procedimiento administrativo - Derecho de acceso al expediente - Finalidades - Garantía de un ejercicio efectivo del derecho de defensa - Violación - Existencia de la violación, pese a que se haya garantizado el acceso al expediente durante el procedimiento jurisdiccional, en caso de que existan en el expediente documentos que puedan ser de utilidad para la defensa de la empresa

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1)

8. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas por infracción de las normas sobre la competencia - Carácter meramente deseable de la comunicación del método de cálculo de la multa

(Tratado CECA, arts. 15, párr. 1, y 65, ap. 5)

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$$1. El principio de respeto del derecho de defensa constituye un principio fundamental del Derecho comunitario. Basar una resolución judicial en hechos y documentos de los cuales las propias partes, o una de ellas, no han podido tener conocimiento, y sobre los cuales no han podido presentar sus observaciones, supondría violar dicho principio.

( véase el apartado 19 )

2. El principio general del Derecho comunitario según el cual toda persona tiene derecho a un juicio justo y, en particular, a un juicio en un plazo razonable, es aplicable en el marco de un recurso jurisdiccional contra una decisión de la Comisión por la que se imponen a una empresa multas por violación del Derecho de la competencia.

El carácter razonable del plazo debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la transcendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto, del comportamiento del demandante y del de las autoridades competentes.

A este respecto, la lista de estos criterios no es exhaustiva y la apreciación del carácter razonable del plazo no exige un examen sistemático de las circunstancias del asunto en función de cada uno de ellos cuando la duración del procedimiento se revela justificada en función de uno solo. El cometido de dichos criterios es determinar si el plazo de tramitación de un asunto está o no justificado. Así, la complejidad del asunto o un comportamiento dilatorio del recurrente pueden tenerse en cuenta para justificar un plazo a primera vista demasiado largo. A la inversa, puede considerarse que un plazo sobrepasa los límites del plazo razonable también en función de un solo criterio, en particular cuando su duración se deriva del comportamiento de las autoridades competentes. En su caso, la duración de una fase procesal puede calificarse de razonable en un primer momento cuando parece conforme con el plazo medio de tramitación de un asunto del mismo tipo que el que se analiza.

( véanse los apartados 41 a 43 )

3. De los artículos 32 quinto CA, apartado 1, y 51 del Estatuto CECA del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para constatar y apreciar los hechos relevantes, así como para valorar los elementos de prueba, salvo en el supuesto de que se desnaturalicen dichos hechos y elementos.

( véase el apartado 65 )

4. Corresponde al órgano jurisdiccional comunitario decidir respecto a la necesidad de que se presente un documento, en función de las circunstancias del litigio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento acerca de las diligencias de prueba. Por lo que respecta al Tribunal de Primera Instancia, de lo dispuesto en el artículo 49 en relación con el artículo 65, letra b), de su Reglamento de Procedimiento resulta que la petición de aportación de documentos forma parte de las diligencias de prueba que el Tribunal de Primera Instancia puede ordenar en cualquier fase del procedimiento, si las considera necesarias para el descubrimiento de la verdad.

( véanse los apartados 67 y 70 )

5. Puede demostrarse la existencia de una infracción del artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA e imponerse una multa con arreglo al apartado 5 del referido artículo incluso a falta de efectos contrarios a la competencia. El efecto que haya podido tener un acuerdo o una práctica concertada en el juego normal de la competencia no es, por tanto, un criterio determinante para la apreciación del importe adecuado de la multa. Elementos que forman parte del aspecto intencional y, por ende, del objeto de un comportamiento, pueden, en efecto, tener más importancia que los relativos a sus efectos, sobre todo cuando guarden relación con infracciones intrínsecamente graves, como la fijación de precios y el reparto de mercados.

( véase el apartado 80 )

6. Un acuerdo de intercambio de información es contrario a las normas sobre la competencia en la medida en que debilita o suprime el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado de que se trata, con la consecuencia de que restringe la competencia entre las empresas.

En efecto, los criterios de coordinación y cooperación constitutivos de una práctica concertada, lejos de exigir la elaboración de un verdadero «plan», deben interpretarse a luz de la lógica inherente a las disposiciones sobre competencia de los Tratados CE y CECA, según la cual todo operador económico debe determinar autónomamente la política que pretende seguir en el mercado común y las condiciones que pretende reservar a sus clientes.

Si bien es cierto que esta exigencia de autonomía no excluye el derecho de los operadores a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o que prevén que seguirán sus competidores, se opone, sin embargo, de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos operadores que tenga por objeto o por efecto abocar a condiciones de competencia que no corresponderían a las condiciones normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos entregados o los servicios prestados, la importancia y el número de las empresas así como el volumen de dicho mercado.

( véanse los apartados 105 a 107 )

7. En los asuntos de competencia, el acceso al expediente tiene fundamentalmente por objeto permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, a fin de que, basándose en tales documentos, puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que la Comisión haya llegado en su pliego de cargos. El derecho de acceso al expediente de la Comisión tiende, por tanto, a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

De ello resulta que la violación del referido derecho durante el procedimiento previo a la adopción de la decisión puede dar lugar, en principio, a la anulación de dicha decisión cuando se haya vulnerado el derecho de defensa de la empresa afectada. En tal supuesto, la violación producida no queda subsanada por el mero hecho de que el acceso al expediente haya resultado posible durante el procedimiento jurisdiccional relativo a un eventual recurso que tenga por objeto la anulación de la decisión impugnada. Cuando el acceso se garantiza en esta fase, la empresa de que se trate no debe demostrar que, si hubiera tenido acceso a los documentos no comunicados, la decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que habría podido utilizar dichos documentos para su defensa.

( véanse los apartados 125 a 128 )

8. La obligación de motivar una decisión individual tiene la finalidad de permitir al Tribunal de Justicia el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión está bien fundada o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez.

En cuanto a la obligación de motivación de una decisión por la que se imponen multas a varias empresas por una infracción de las normas sobre la competencia comunitarias, la indicación de datos numéricos relativos al método de cálculo de las multas, por útiles y deseables que puedan ser aquéllos, no es indispensable, y cabe subrayar, en cualquier caso, que la Comisión no puede renunciar a su facultad de apreciación, y cabe subrayar, en cualquier caso, que la Comisión no puede renunciar a su facultad de apreciación, utilizando exclusiva y mecánicamente una serie de fórmulas aritméticas.

El hecho de que sólo la presentación de dichos datos numéricos permitiera detectar ciertos errores de cálculo no basta para que se considere que la motivación de la decisión controvertida es insuficiente dado que, en el marco del control de una decisión de este tipo por el órgano jurisdiccional comunitario, éste puede hacer que se le presenten todos los elementos que estime necesarios para permitirle un control exhaustivo del método de cálculo de la multa.

( véanse los apartados 145, 149 y 150 )