Asunto C‑81/13

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

contra

Consejo de la Unión Europea

«Recurso de anulación — Coordinación de los sistemas de seguridad social — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión del Consejo relativa a la posición que deberá adoptar la Unión en el seno del Consejo de Asociación — Elección de la base jurídica — Artículo 48 TFUE — Artículo 79 TFUE, apartado 2, letra b) — Artículo 217 TFUE»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de diciembre de 2014

Actos de las instituciones — Elección de la base jurídica — Criterios — Decisión 2012/776/UE relativa a la posición que deberá adoptar la Unión con respecto a la coordinación de los sistemas de seguridad social en el marco del Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Adopción basada exclusivamente en el artículo 48 TFUE — Improcedencia — Base jurídica adecuada — Artículos 48 TFUE y 217 TFUE — Irrelevancia de la omisión para la validez de la Decisión

[Arts. 48 TFUE, 79 TFUE, ap. 2, letra b), 217 TFUE y 218 TFUE, aps. 8 y 9; Protocolo (no 21) adjunto a los Tratados UE y FUE; Acuerdo de Asociación CEE-Turquía; Reglamentos (CEE) del Consejo nos 1408/71 y 574/72; Decisión 2012/776/UE del Consejo]

La elección de la base jurídica de un acto comunitario debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto. A este respecto, carece de pertinencia la base jurídica empleada para la adopción de otros actos de la Unión que, en su caso, presenten características similares, puesto que la determinación de la base jurídica de un acto debe realizarse teniendo en cuenta su finalidad y su contenido propios. Sin embargo, el contexto del acto en cuestión puede ser pertinente para la elección de la base jurídica.

Por lo que se refiere a la Decisión 2012/776, relativa a la posición que deberá adoptar la Unión Europea en el seno del Consejo de Asociación establecido por el Acuerdo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía con respecto a la adopción de las disposiciones de coordinación de los sistemas de seguridad social, su aprobación no podía ser válida si se basaba exclusivamente en el artículo 48 TFUE, puesto que se adoptó en el marco de un acuerdo de asociación y tenía por objeto la adopción de medidas de coordinación de los sistemas de seguridad social: dicho artículo faculta a la Unión para adoptar medidas en la mencionada materia únicamente en el ámbito de las políticas y acciones internas de la Unión o de las acciones exteriores seguidas en relación con países terceros que puedan ser asimilados a los Estados miembros de la Unión. Pues bien, entre los objetivos del Acuerdo CEE-Turquía no está la máxima realización posible de la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales entre las partes contratantes, de modo que el mercado interior realizado en el territorio de la Unión se extienda a Turquía, ni tampoco hacer efectiva entre las partes contratantes la libre circulación de personas, y tampoco extiende a Turquía la libre circulación de trabajadores que rige dentro de la Unión. Además, las partes contratantes del Acuerdo CEE‑Turquía no tuvieron la intención de aplicar entre ellas la totalidad de los Reglamentos no 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y no 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71, y Turquía no puede ser asimilada a los Estados miembros a efectos de la aplicación de esos mismos Reglamentos.

Por otra parte, el artículo 79 TFUE, apartado 2, letra b), no puede constituir la base jurídica para la adopción de una medida como la Decisión impugnada, puesto que, habida cuenta del contexto particular en que se sitúa, persigue una finalidad distinta que la política común de inmigración.

De ello resulta que la base jurídica de la Decisión impugnada era errónea, por haberse omitido el artículo 217 TFUE. No obstante, el error en que se incurre en los vistos de la Decisión impugnada constituye un vicio meramente formal que no acarrea su anulación, dado que, en cualquiera de los casos, la Decisión 2012/776 debía ser adoptada por el Consejo, de conformidad con las disposiciones del artículo 218 TFUE, apartados 8, párrafo primero, y 9, tomadas conjuntamente, por mayoría cualificada y sin la aprobación del Parlamento Europeo. Por otra parte, la omisión del artículo 217 TFUE en la base jurídica de la Decisión impugnada carece de consecuencias con respecto al Protocolo no 21.

(véanse los apartados 35, 36, 38, 46, 50, 57 a 59, 63, 64, 66 y 67)

Asunto C‑81/13

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

contra

Consejo de la Unión Europea

«Recurso de anulación — Coordinación de los sistemas de seguridad social — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión del Consejo relativa a la posición que deberá adoptar la Unión en el seno del Consejo de Asociación — Elección de la base jurídica — Artículo 48 TFUE — Artículo 79 TFUE, apartado 2, letra b) — Artículo 217 TFUE»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de diciembre de 2014

Actos de las instituciones — Elección de la base jurídica — Criterios — Decisión 2012/776/UE relativa a la posición que deberá adoptar la Unión con respecto a la coordinación de los sistemas de seguridad social en el marco del Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Adopción basada exclusivamente en el artículo 48 TFUE — Improcedencia — Base jurídica adecuada — Artículos 48 TFUE y 217 TFUE — Irrelevancia de la omisión para la validez de la Decisión

[Arts. 48 TFUE, 79 TFUE, ap. 2, letra b), 217 TFUE y 218 TFUE, aps. 8 y 9; Protocolo (no 21) adjunto a los Tratados UE y FUE; Acuerdo de Asociación CEE-Turquía; Reglamentos (CEE) del Consejo nos 1408/71 y 574/72; Decisión 2012/776/UE del Consejo]

La elección de la base jurídica de un acto comunitario debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto. A este respecto, carece de pertinencia la base jurídica empleada para la adopción de otros actos de la Unión que, en su caso, presenten características similares, puesto que la determinación de la base jurídica de un acto debe realizarse teniendo en cuenta su finalidad y su contenido propios. Sin embargo, el contexto del acto en cuestión puede ser pertinente para la elección de la base jurídica.

Por lo que se refiere a la Decisión 2012/776, relativa a la posición que deberá adoptar la Unión Europea en el seno del Consejo de Asociación establecido por el Acuerdo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía con respecto a la adopción de las disposiciones de coordinación de los sistemas de seguridad social, su aprobación no podía ser válida si se basaba exclusivamente en el artículo 48 TFUE, puesto que se adoptó en el marco de un acuerdo de asociación y tenía por objeto la adopción de medidas de coordinación de los sistemas de seguridad social: dicho artículo faculta a la Unión para adoptar medidas en la mencionada materia únicamente en el ámbito de las políticas y acciones internas de la Unión o de las acciones exteriores seguidas en relación con países terceros que puedan ser asimilados a los Estados miembros de la Unión. Pues bien, entre los objetivos del Acuerdo CEE-Turquía no está la máxima realización posible de la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales entre las partes contratantes, de modo que el mercado interior realizado en el territorio de la Unión se extienda a Turquía, ni tampoco hacer efectiva entre las partes contratantes la libre circulación de personas, y tampoco extiende a Turquía la libre circulación de trabajadores que rige dentro de la Unión. Además, las partes contratantes del Acuerdo CEE‑Turquía no tuvieron la intención de aplicar entre ellas la totalidad de los Reglamentos no 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y no 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71, y Turquía no puede ser asimilada a los Estados miembros a efectos de la aplicación de esos mismos Reglamentos.

Por otra parte, el artículo 79 TFUE, apartado 2, letra b), no puede constituir la base jurídica para la adopción de una medida como la Decisión impugnada, puesto que, habida cuenta del contexto particular en que se sitúa, persigue una finalidad distinta que la política común de inmigración.

De ello resulta que la base jurídica de la Decisión impugnada era errónea, por haberse omitido el artículo 217 TFUE. No obstante, el error en que se incurre en los vistos de la Decisión impugnada constituye un vicio meramente formal que no acarrea su anulación, dado que, en cualquiera de los casos, la Decisión 2012/776 debía ser adoptada por el Consejo, de conformidad con las disposiciones del artículo 218 TFUE, apartados 8, párrafo primero, y 9, tomadas conjuntamente, por mayoría cualificada y sin la aprobación del Parlamento Europeo. Por otra parte, la omisión del artículo 217 TFUE en la base jurídica de la Decisión impugnada carece de consecuencias con respecto al Protocolo no 21.

(véanse los apartados 35, 36, 38, 46, 50, 57 a 59, 63, 64, 66 y 67)