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1

Mediante resolución de 26 de febrero de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo siguiente, el rechtbank van koophandel te Brussel planteó, con arreglo al artículo 234 CE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 4, apartado 2, 6 y 9, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de , relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (DO L 196, p. 7) y del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1891/2004 de la Comisión, de , por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (DO L 328, p. 16).
2)

Condenar en costas a Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, S.A., Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Co. y Timas Ltd.
I-B-2  - 3AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 26 de enero de 2007
Asunto C-57/06 P
Elisabetta Righini
contra
Comisión de las Comunidades Europeas
«Recurso de casación — Funcionarios — Agentes temporales — Clasificación 
en grado y escalón — Clasificación en el grado superior de la carrera —  
Desnaturalización de los hechos — Vicios de motivación —  
Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte 
manifiestamente infundado»
Texto completo en lengua francesa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . II-B-2 - 15
Objeto:  Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal 
de Primera Instancia (Sala Quinta) de 15 de noviembre de 2005, 
Righini/Comisión (T-145/04, RecFP pp .  I-A-349 y  II-1547), 
mediante la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el r
ecurso por el que se solicitaba la anulación de las decisiones de 
la Comisión de clasificar a la demandante en el grado A7/3 en el 
momento de su incorporación al servicio, y en la medida en que 
fuese necesario, la anulación de la decisión de 21 de enero de 2004 desestimatoria de la reclamación de la demandante
.
Resultado:  Se desestima el recurso de casación . Se condena en costas a la 
Sra. Righini .
I-B-2  - 4SUMARIO — ASUNTO C-57/06 P
Sumario
1. Recurso de casación  — Motivos  — Apreciación errónea de los hechos  — 
Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas — 
E
xclusión salvo en caso de desnaturalización
(
Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)
2. Funcionarios — Recursos — Motivos — Carga de la prueba de un hecho alegado por el 
recurrente que recae sobre éste
3. Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente — Mero error de redacción
4. Recurso de casación — Motivos — Motivo formulado contra un fundamento de Derecho 
de la sentencia que no es necesario para justificar el fallo — Motivo inoperante
I-B-2  - 1AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 22 de enero de 2007
Asunto C-373/05 P
Bart Nijs
contra
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas
«Recurso de casación — Funcionarios — Decisión de no promover  
a un funcionario al grado LA 5 — Reclamación previa — Identidad de objeto  
y de causa — Recurso de casación manifiestamente infundado»
Texto completo en lengua francesa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . II-B-2 - 3
Objeto:  Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de 
Primera Instancia (Sala Segunda) de 26 de mayo de 2005, Nijs/
T
ribunal de Cuentas (T-377/04, no publicado en la Recopilación), 
mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia declaró la 
inadmisibilidad del recurso que tenía por objeto la anulación de 
la decisión del Tribunal de Cuentas de no promover al recurrente al grado de traductor revisor (LA 5) en el marco del ejercicio de promoción 2003
.
Resultado:  Se desestima el recurso de casación . Se condena en costas al 
Sr. Nijs .
I-B-2  - 2SUMARIO — ASUNTO C-373/05 P
Sumario
Funcionarios  — Recursos  — Reclamación administrativa previa  — Inexistencia  —  
Inadmisibilidad
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90, ap. 2, y 91, ap. 2)
Asunto C-164/02





Reino de los Países Bajos

contra

Comisión de las Comunidades Europeas





«Ayudas de Estado – Ayuda para el reciclado de fangos de dragado – Medida notificada a la Comisión y autorizada por ésta – Recurso de anulación – Inadmisibilidad»

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de enero de 2004

Sumario del auto

1. Recurso de anulación – Actos recurribles – Concepto – Actos que producen efectos jurídicos obligatorios – Decisión por la que se declara compatible con el mercado común un régimen de ayuda de Estado notificado – Inexistencia de modificación caracterizada de la situación del Estado miembro que otorga la ayuda y que ha solicitado la apreciación de la legalidad de dicho régimen – Decisión que no puede ser objeto de un recurso de anulación

(Arts. 87 CE, 88 CE y 230 CE)

2. Recurso de anulación – Actos recurribles – Motivos de una decisión – Inexistencia

(Art. 230 CE)

1.

Sólo constituyen actos o decisiones que puedan ser objeto de un recurso de anulación, en el sentido del artículo 230 CE, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de los demandantes modificando de forma caracterizada su situación jurídica.

Para determinar si un acto o una decisión produce tales efectos, hay que atender a su naturaleza.

No produce tal efecto, por no modificar de forma caracterizada la situación jurídica del Estado miembro que otorga la ayuda, una decisión, adoptada al amparo del artículo 87 CE, apartado 1, y del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), que declara compatible con el mercado común un régimen de ayudas notificado en la medida en que, al notificar este régimen, las autoridades de dicho Estado miembro solicitaron a la Comisión que se pronunciase acerca de la legalidad de la ayuda respecto a los artículos 87 CE y 88 CE.

(véanse los apartados 18 a 20)

2.

Cualquiera que sea la motivación que fundamenta una decisión de la Comisión, tan sólo su parte dispositiva puede producir efectos jurídicos y, por tanto, lesivos. Por el contrario, las apreciaciones formuladas en los motivos de una decisión no pueden, por sí mismas, ser objeto de un recurso de anulación. La motivación solamente puede ser sometida al control de legalidad del juez comunitario en la medida en que, tratándose de la motivación de un acto lesivo, constituya el soporte necesario de la parte dispositiva de dicho acto.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Derecho comunitario - Interpretación - Actos de las instituciones - Decisión - Motivación - Consideración

2. Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas - Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Art. 225 CE, ap. 1; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51, ap. 1)

3. Competencia - Posición dominante - Posición dominante colectiva - Concepto - Entidad colectiva

(Art. 82 CE)

Índice

1. La parte dispositiva de una Decisión de la Comisión debe interpretarse a la luz de su motivación.

( véase el apartado 15 )

2. Con arreglo a los artículos 225 CE, apartado 1, y 51 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, un recurso de casación no puede fundarse más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas. El Tribunal de Justicia no tiene competencia para apreciar los hechos. Tampoco tiene competencia, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal de Primera Instancia haya considerado adecuadas para acreditar tales hechos. Incumbe únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar el valor que es necesario atribuir a los elementos de prueba que se hayan presentado ante él. Por lo tanto, esta apreciación no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia.

( véanse los apartados 39 y 59 )

3. Para apreciar si las empresas de que se trata constituyen conjuntamente una entidad colectiva en un mercado determinado, es necesario examinar los vínculos o factores económicos de correlación entre estas empresas y, en especial, si existen vínculos económicos entre ellas que les permiten actuar conjuntamente con independencia de sus competidores, de sus clientes y de los consumidores.

( véase el apartado 46 )
Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1999. - Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). - Petición de decisión prejudicial: Corte dei Conti - Italia. - Artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE) - Concepto de "órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros" - Directiva 92/50/CEE - Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. - Asunto C-192/98.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página I-08583



Índice



Palabras clave

Cuestiones prejudiciales - Sometimiento al Tribunal de Justicia - Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 177 del Tratado (actualmente artículo 234 CE) - Concepto - Determinación en virtud de criterios estructurales y funcionales - «Corte dei Conti» que ejerce, en el contexto que dio lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial, funciones de evaluación y de verificación de los resultados de la actividad administrativa - Inexistencia de carácter jurisdiccional

[Tratado CE, art. 177 (actualmente art. 234 CE)]

Índice

$$La competencia de un organismo para pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie con arreglo al artículo 177 del Tratado (actualmente artículo 234 CE) deberá determinarse basándose tanto en criterios estructurales como funcionales. Cuando se trate de estos últimos, un organismo nacional puede tener la consideración de «órgano jurisdiccional», a efectos de dicho artículo, si ejerce funciones jurisdiccionales, aun cuando en el ejercicio de otras funciones, en particular de carácter administrativo, no pueda reconocérsele tal calificación.

De lo anterior se deduce que para determinar si un organismo nacional, al que la ley atribuya funciones de diversa naturaleza, debe ser calificado de «órgano jurisdiccional», resulta necesario verificar cuál es la naturaleza específica de las funciones que ejerce en el contexto normativo particular en el que se ve obligado a pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie. En el marco de este examen, carece de relevancia el hecho de que deban calificarse de «órganos jurisdiccionales» otras Secciones del organismo de que se trate, o incluso la misma Sección que haya pedido al Tribunal de Justicia que se pronuncie, si bien actuando en el ejercicio de funciones distintas de las que dieron lugar a que se efectuara dicha petición.

La «Corte dei Conti» no ejerce funciones jurisdiccionales, y no puede por tanto pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie, cuando, en el contexto que dio lugar a la cuestión prejudicial, ejerce una función de fiscalización posterior, consistente esencialmente en funciones de evaluación y verificación de los resultados de la actividad administrativa.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de junio de 1998. - Augusto Fichtner contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Funcionarios - Inadmisibilidad manifiesta del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia - Falta de fundamento o inadmisibilidad manifiestas del recurso de casación. - Asunto C-312/97 P.



Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-04135



Palabras clave

Recurso de casación - Inadmisibilidad manifiesta del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia - Falta de fundamento o inadmisibilidad manifiestas del recurso de casación

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 119)
Palabras clave

Índice



Palabras clave

1 Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Denegación - Calificación jurídica de los hechos - Apreciación jurídica del interés del demandante en obtener la suspensión de la ejecución de una Decisión - Admisibilidad

[Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1]

2 Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Medidas provisionales - Requisitos de concesión - Perjuicio grave e irreparable - Interés del demandante en obtener la suspensión solicitada - Decisión administrativa negativa

(Tratado CECA, art. 39, párr. 2)

Índice

3 Si bien con arreglo al párrafo primero del artículo 51 del Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia, un recurso de casación únicamente puede fundarse en motivos relativos a la infracción de normas jurídicas, con exclusión de cualquier apreciación de los hechos, ello no impide, sin embargo, que en apoyo de un recurso de casación se planteen motivos relativos a la apreciación jurídica de dichas circunstancias de hecho y dirigidos a acreditar que el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en error de Derecho.

A este respecto, un recurso de casación contra un auto sobre medidas provisionales que sostiene que se examinó de manera insuficiente el interés de la recurrente en conseguir la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida, no se limita a poner en tela de juicio las apreciaciones de hecho efectuadas por el Juez de medidas provisionales, sino que debe entenderse en el sentido de que va dirigido a acreditar que el auto impugnado incurre en error de Derecho por lo que respecta a la apreciación jurídica de dichas circunstancias.

4 El Juez de medidas provisionales únicamente podrá conceder la suspensión de la ejecución y las medidas provisionales si se demuestra, en particular, que son urgentes, en el sentido de que para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e irreparable es necesario que tales medidas sean acordadas y surtan efectos desde antes que se resuelva sobre el procedimiento principal. Pues bien, unas medidas provisionales que no sean adecuadas para evitar el perjuicio grave e irreparable al que se refiere la parte demandante no pueden a fortiori ser necesarias a tal efecto. A falta de un interés del demandante en la consecución de las medidas provisionales solicitadas, estas últimas no pueden, por consiguiente, cumplir el criterio de la urgencia.

En principio, no está prevista la formulación de demanda de suspensión de la ejecución contra una decisión administrativa negativa, dado que la concesión de una suspensión no puede tener como efecto la modificación de la situación de la parte demandante.
61996O0046

Auto del Tribunal de Justicia de 4 de marzo de 1997. - República Federal de Alemania contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Sobreseimiento. - Asunto C-46/96.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-01189
17

Matra alega, además, que la Decisión está viciada de errores manifiestos de apreciación. Según ella, es erróneo admitir que el proyecto subvencionado no dará lugar a una saturación. La optimista estimación de la evolución del mercado de los vehículos monocorps, sobre la que se basa la Comisión, no la comparten muchos expertos y las capacidades de producción para 1995 anunciadas actualmente por los distintos fabricantes europeos, incluida la empresa conjunta, ascienden ya a más de 450.000 unidades al año, cifra que no tiene en cuenta las importaciones. La evaluación de los desequilibrios estructurales inherentes a la localización elegida no es realista y la ayuda concedida, que corresponde a una subvención de 4.000 a 7.000 FF por vehículo fabricado, es desproporcionada respecto a los costes de transporte suplementarios de que se trata. Además, en contra de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 92, la Comisión incluyó en su cálculo una prima para fomentar las inversiones en las regiones desfavorecidas. Por último, añade Matra, la Comisión consideró erróneamente que el programa de formación, de tan elevada cuantía, y las inversiones en infraestructuras que realizan las autoridades portuguesas no constituyen ayudas al proyecto.
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 20 DE JULIO DE 1988. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA REPUBLICA ITALIANA. - ADJUDICACION DE UN CONTRATO PUBLICO DE OBRA - HORNO INCINERADOR. - ASUNTO 194/88 R.



Recopilación de Jurisprudencia 1988 página 04547



Partes

Motivación de la sentencia

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

Procedimiento sobre medidas provisionales - Medidas provisionales - Facultades conferidas al Presidente por el apartado 2 del artículo 84 del Reglamento de Procedimiento

(Tratado CEE, art. 186; Reglamento de Procedimiento, art. 84, apartado 2)

Partes

En el asunto 194/88/R,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Guido Berardis, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

parte demandante,

contra

República Italiana,

parte demandada,

que tiene por objeto obtener, en procedimiento sobre medidas provisionales, la suspensión de la adjudicación de un contrato público de obra relativo al horno incinerador del "Consorzio per la costruzione e la gestione di un impianto per l' incenerimento e la trasformazione dei rifiuti solidi urbani", con domicilio en el municipio de La Spezia,

el Presidente del Tribunal de Justicia

de las Comunidades Europeas

dicta el siguiente

Auto

Motivación de la sentencia

1 En lo que se refiere a los hechos de que se trata, se hace remisión a la demanda interpuesta el 18 de julio de 1988, en la que la Comisión solicitó que el Tribunal de Justicia ordenara en procedimiento de medidas provisionales, de conformidad con el apartado 2 del artículo 84 del Reglamento de Procedimiento, la suspensión de la adjudicación del contrato público de obra relativo al "Consorzio per la costruzione e la gestione di un impianto per l' incenerimento e la trasformazione dei rifiuti solidi urbani" (Consorcio de entidades locales para la construcción y gestión de un horno para incinerar y transformar residuos sólidos urbanos).

2 Al tenerse pro veritate las afirmaciones de la Comisión en esta fase del procedimiento, parece necesario que se adopten medidas provisionales.

3 Por otro lado, procede que el Tribunal de Justicia sea suficientemente informado y que se encuentre en condiciones para resolver en una situación compleja.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

El PRESIDENTE,

pronunciándose con carácter provisional,

resuelve:

1) La República Italiana tomará todas las medidas necesarias para suspender la adjudicación del contrato público de obra del "Consorzio per la costruzione e la gestione di un impianto per l' incenerimento e la trasformazione dei rifiuti solidi urbani", con domicilio en el municipio de La Spezia, hasta el 15 de septiembre de 1988 o hasta la fecha que este Tribunal fije mediante auto posterior.

2) La República Italiana deberá presentar sus observaciones relativas a la demanda de la Comisión antes del 5 de septiembre de 1988.

3) Reservar la decisión sobre las costas.

Dictado en Luxemburgo, a 20 de julio de 1988.
Palabras clave

Índice



Palabras clave

++++

Recurso de anulación - Personas físicas o jurídicas - Actos que les afectan directa e individualmente - Reglamento que establece derechos antidumping - Importador exclusivo

(Tratado CEE, art. 173, párrafo 2; Reglamento nº 2176/84 del Consejo, art. 2, apartado 8; Reglamento nº 1043/87 de la Comisión)

Índice

El importador exclusivo en un Estado miembro de productos gravados por un derecho antidumping, que no esté asociado con el exportador y cuyos precios de reventa no se hayan tenido en cuenta al calcular el margen de dumping, no pertenece a la categoría de operadores económicos legitimados para impugnar directamente ante el Tribunal de Justicia, a través de un recurso de anulación, un reglamento que establece tales derechos antidumping, aunque haya participado en las sucesivas fases de la investigación anterior a la adopción del reglamento.
9

A partir de entonces, la Comisión interrumpió su investigación hasta mediados de junio de 1985, fecha en la que las empresas que habían formulado la queja comunicaron nuevamente situaciones de dumping y un nuevo perjuicio causado por las importaciones chinas de magnesita natural calcinada a muerte sinterizada. Basándose en estas informaciones, la Comisión decidió proseguir el procedimiento antidumping relativo a estas importaciones (DO C 149, p. 2), pero esta vez, sobre la base del Reglamento n° 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de un país no miembro de la CEE (DO L 201, p. 1), que reemplazó al Reglamento n° 3017/79 del Consejo, antes citado.
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También cuestiona la parte demandante el argumento esgrimido por la parte demandada en sus observaciones escritas, según el cual las partidas que la Comunidad deberá prever para hacer frente tanto a los gastos originados por el normal funcionamiento de las Comunidades, y aún no cubiertos, como a los originados por la ampliación, no se corresponde con ninguna de las previstas en el presupuesto de 1985, por lo que no están sometidas al tipo máximo de aumento de los gastos no obligatorios contemplado por el Tratado CEE, puesto que este tipo es exclusivamente aplicable a los «gastos de la misma naturaleza», utilizando los términos del artículo 203, apartado 9, párrafo 1, del Tratado CEE. A este respecto, la parte demandante hace resaltar que del propio texto del artículo 203, apartado 9, párrafo 4, del Tratado CEE se desprende claramente que los términos «gastos de la misma naturaleza» hacen referencia a los gastos no obligatorios contemplados desde una perspectiva global y no a números específicos de gastos no obligatorios que figuren en el presupuesto correspondiente al ejercicio precedente, puesto que se prescribe expresamente que el Parlamento Europeo, tratándose de gastos no obligatorios, puede aumentar el importe total de dichos gastos hasta la mitad del tipo máximo. Recuerda la parte demandante que, por otra parte, el artículo 203, apartado 9, párrafo 5, del Tratado CEE permite afrontar nuevos gastos resultantes del normal funcionamiento de la Comunidad al prever, para el caso en que fuese necesario, la posibilidad de fijar un nuevo tipo de aumento de los gastos no obligatorios superior al establecido en virtud del procedimiento previsto en el artículo 203, apartado 9, del Tratado CEE, pero únicamente con la condición de que exista acuerdo al respecto entre las dos instituciones investidas con la potestad presupuestaria.