SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 13 DE OCTUBRE DE 1992. - REINO DE ESPANA CONTRA CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. - PESCA - REGLAMENTO POR EL QUE SE DISTRIBUYEN LAS CUOTAS DE CAPTURAS ENTRE ESTADOS MIEMBROS - ACTA DE ADHESION DE ESPANA. - ASUNTO C-71/90.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-05175



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

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1. Pesca - Conservación de recursos marinos - Régimen de cuotas pesqueras - Reparto entre los Estados miembros del volumen de capturas disponibles - Exigencia de estabilidad relativa - Aplicación - Carácter fijo de la clave de reparto

(Tratado CEE, art. 43, ap. 2, párr. 3; Reglamento nº 170/83 del Consejo, arts. 4 y 11)

2. Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades - España - Pesca - Respeto del acervo comunitario - Principio de estabilidad relativa del reparto de recursos - Aplicación a los recursos externos

(Acta de Adhesión de 1985, arts. 2 y 167; Reglamento nº 170/83 del Consejo)

3. Derecho comunitario - Principios - Igualdad de trato - Discriminación por razón de la nacionalidad - Prohibición - Exclusión de España del reparto de cuotas de captura de la Comunidad en aguas de Noruega durante el año 1990 - Procedencia

(Tratado CEE, art. 7; Reglamento nº 4049/89 del Consejo)

Índice

1. La exigencia de estabilidad relativa del reparto entre los Estados miembros del volumen de capturas disponibles para la Comunidad en caso de limitación de las actividades pesqueras, recogida en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento nº 170/83, debe entenderse que significa el mantenimiento de un porcentaje fijo para cada Estado miembro en dicho reparto. La clave de reparto establecida inicialmente en virtud de dicha disposición y según el procedimiento previsto en el artículo 11 del mismo Reglamento continuará aplicándose hasta que se haya adoptado un Reglamento modificativo de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 43 del Tratado.

2. El artículo 2 del Acta de Adhesión de España y Portugal establece que, desde el momento de la adhesión, las disposiciones de los Tratados originarios y los actos adoptados por las Instituciones de las Comunidades antes de la adhesión obligarán a los nuevos Estados miembros y serán aplicables, en dichos Estados, en las condiciones previstas en estos Tratados y en la propia Acta de Adhesión. En relación con la pesca y, en particular, con los recursos externos, dicha Acta (artículo 167 por lo que se refiere a España) establece un régimen de integración que se limita a la asunción por la Comunidad de la gestión de los Acuerdos de pesca celebrados anteriormente con países terceros por los nuevos Estados miembros, así como al mantenimiento provisional, respecto a ellos, de los derechos y obligaciones derivados de los mismos, a la espera de que el Consejo tome las decisiones apropiadas para la preservación de las actividades de pesca que se deriven de dichos Acuerdos. Ante estas circunstancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la referida Acta de Adhesión, procede aplicar el acervo comunitario y, en particular, el principio de estabilidad relativa, tal como lo establece el Reglamento nº 170/83 y lo interpreta el Tribunal de Justicia.

Sin embargo, si bien el Acta de Adhesión no ha modificado la situación existente en materia de reparto de los recursos externos de pesca, no es menos cierto que desde la adhesión España se encuentra en la misma situación que los Estados miembros que no se beneficiaron del reparto inicial. Dicho Estado miembro tiene pues derecho a participar en el reparto de las nuevas posibilidades de pesca disponibles con arreglo a Acuerdos con países terceros celebrados después de la adhesión y puede formular sus pretensiones del mismo modo que todos los demás Estados miembros, al efectuarse una posible revisión del sistema.

3. La exclusión, por el Reglamento nº 4049/89, de España del reparto, para el año 1990, de determinadas cuotas de capturas de la Comunidad en la zona económica exclusiva de Noruega y la zona situada alrededor de Jan Mayen, no constituye una discriminación por razón de la nacionalidad, prohibida por el artículo 7 del Tratado, pues la situación de España no es comparable a la de los Estados miembros beneficiarios del referido reparto, si se tiene en cuenta el contenido del Acta de Adhesión de 1985 respecto a la integración de los nuevos Estados miembros en la política pesquera común.

En efecto, por una parte, los nuevos Estados miembros no pueden invocar circunstancias anteriores a la adhesión, entre ellas, en particular, sus actividades pesqueras durante el período de referencia, para cuestionar el acervo comunitario, cuando el Acta de Adhesión no ha modificado la situación existente en materia de reparto de los recursos externos. Por otra parte, desde su adhesión, y aun cuando ésta les haya privado de la facultad de celebrar acuerdos autónomos y no hayan recibido contrapartidas a los recursos externos por ellos aportados a la Comunidad, dichos Estados se encuentran en la misma situación que los Estados miembros excluidos de los repartos a tenor del principio de estabilidad relativa de las actividades pesqueras, situación que se plasma concretamente, por lo que respecta a los Acuerdos celebrados antes de la adhesión, en el reparto efectuado en 1983.

Partes

En el asunto C-71/90,

Reino de España, representado en un principio por el Sr. Carlos Bastarreche Sagueés y posteriormente por el Sr. Alberto Navarro González, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y por la Sra. Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, Jefe del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de España, 4-6 boulevard E. Servais,

parte demandante,

contra

Consejo de las Comunidades Europeas, representado por los Sres. Arthur Alan Dashwood, Director del Servicio Jurídico, y John Carbery, Consejero Jurídico, asistidos por el Sr. Germán-Luis Ramos Ruano, miembro del citado Servicio, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Xavier Herlin, Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,

parte demandada,

apoyada por

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Robert Caspar Fischer y Francisco José Santaolalla, Consejeros Jurídicos, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Roberto Hayder, representante del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

República Federal de Alemania, representada por los Sres. Ernst Roeder, Regierungsdirektor del Ministerio Federal de Economía, y Joachim Karl, Oberregierungsrat de este mismo Ministerio, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de la República Federal de Alemania, 20-22, avenue Emile Reuter, y

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por el Sr. John E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Christopher Vajda, Barrister, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada del Reino Unido, 14, boulevard Roosevelt,

partes coadyuvantes,

que tiene por objeto la anulación del Reglamento (CEE) nº 4049/89 del Consejo, de 19 de diciembre de 1989, por el que se distribuyen, para el año 1990, diversas cuotas entre los Estados miembros para los buques que faenen en la zona económica exclusiva de Noruega y la zona situada alrededor de Jan Mayen (DO L 389, p. 44),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; C.N. Kakouris y M. Zuleeg, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida y M. Díez de Velasco, Jueces;

Abogado General: Sr. C.O. Lenz;

Secretario: Sr. D. Triantafyllou, administrador;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 18 de febrero de 1992;

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 6 de mayo de 1992;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el día 20 de marzo de 1990, el Reino de España solicitó, con arreglo al párrafo primero del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación del Reglamento (CEE) nº 4049/89 del Consejo, de 19 de diciembre de 1989, por el que se distribuyen, para el año 1990, diversas cuotas entre los Estados miembros para los buques que faenen en la zona económica exclusiva de Noruega y la zona situada alrededor de Jan Mayen (DO L 389, p. 44). Dicho Reglamento era consecuencia del Acuerdo de pesca entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega (DO 1980, L 226, p. 48; EE 04/01, p. 147) así como de las consultas entre las Partes Contratantes respecto a la atribución de cuotas de capturas para los buques de la Comunidad en la zona de pesca de Noruega, referentes al año 1990.

2 El Consejo adoptó el Reglamento controvertido basándose en el artículo 11 del Reglamento (CEE) nº 170/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se constituye un régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de la pesca (DO L 24, p. 1; EE 04/02, p. 56). Este régimen prevé, entre otras, medidas de conservación que, según el artículo 2, podrán implicar la limitación del esfuerzo pesquero, en particular, mediante la limitación de las capturas.

3 A este respecto, el artículo 3 del Reglamento nº 170/83 dispone que, cuando, para una especie o especies de la misma familia, se compruebe la necesidad de limitar el volumen de las capturas, el total admisible de las capturas por existencias o grupo de existencias (en lo sucesivo, "TAC"), la parte disponible para la Comunidad así como, en su caso, el total de las capturas autorizadas para terceros países y las condiciones específicas en las que deben efectuarse dichas capturas serán establecidas cada año. La parte disponible mencionada en el párrafo primero se sumará al total de las capturas obtenidas por la Comunidad fuera de las aguas de jurisdicción o soberanía de los Estados miembros.

4 Por otra parte, el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento nº 170/83 establece que "el volumen de las capturas disponibles para la Comunidad, mencionado en el artículo 3, será repartido entre los Estados miembros de manera que se garantice a cada Estado miembro una estabilidad relativa de las actividades ejercidas en cada una de las existencias consideradas". El apartado 2 del mismo artículo dispone, por su parte, que el Consejo adoptará, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 43 del Tratado y de acuerdo con un informe que ha de presentar la Comisión antes del 31 de diciembre de 1991, relativo a la situación de la pesca en la Comunidad, al desarrollo económico y social de las regiones litorales y al estado de las existencias, así como su evolución previsible, los ajustes que pudieran revelarse necesarios en el reparto de los recursos entre Estados miembros.

5 Por último, el artículo 11 del Reglamento nº 170/83 dispone que la elección de las medidas de conservación, la fijación de los TAC y del volumen disponible para la Comunidad y el reparto de dicho volumen entre los Estados miembros serán adoptados por el Consejo por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión. De acuerdo con ello, se han venido adoptando cada año, desde 1983, los Reglamentos por los que se determinan los TAC para las especies de peces cuya conservación ha de garantizarse y los Reglamentos por los que se distribuye el volumen de capturas disponibles para la Comunidad entre los Estados miembros.

6 Mediante el Reglamento (CEE) nº 172/83, de 25 de enero de 1983, que fija para determinadas poblaciones o grupos de poblaciones de peces que se encuentran en la zona de pesca de la Comunidad los totales admisibles de capturas para 1982, la parte de dichas capturas disponible para la Comunidad, el reparto de la referida parte entre los Estados miembros y las condiciones en que pueden pescarse los totales admisibles de capturas (DO L 24, p. 30), el Consejo efectuó el reparto de los recursos disponibles en aguas comunitarias en función de tres criterios, recogidos en la Exposición de motivos del mencionado Reglamento: las actividades pesqueras tradicionales, las necesidades específicas de las regiones especialmente dependientes de la pesca y de las industrias derivadas, así como la pérdida de posibilidades de pesca en aguas de países terceros.

7 Estos mismos criterios han servido de base para el reparto de los recursos disponibles, fuera de las aguas comunitarias, en virtud de Acuerdos con países terceros, que han constituido el objeto de diferentes Reglamentos del Consejo. Este es el caso de los Reglamentos (CEE) nº 173/83, de 25 de enero de 1983, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 370/82 relativo a la gestión y el control de determinadas cuotas de captura autorizadas para 1982 a los buques que enarbolen pabellón de uno de los Estados miembros y pesquen en la zona de reglamentación definida por la NAFO (DO L 24, p. 68); nº 174/83, de 25 de enero de 1983, por el que se distribuyen entre los Estados miembros las cuotas de captura atribuidas en 1982 a la Comunidad en el marco del Acuerdo de pesca entre la Comunidad y Canadá (DO L 24, p. 70); nº 175/83, de 25 de enero de 1983, por el que se distribuyen determinadas cuotas de captura entre los Estados miembros para los buques que faenan en la zona económica de Noruega y en la zona de pesca situada alrededor de Jan Mayen (DO L 24, p. 72), y nº 176/83 y nº 177/83, de 25 de enero de 1983, por los que se distribuyen las cuotas de captura entre los Estados miembros para los buques que faenan en aguas de Suecia (DO L 24, p. 75) y en las de las Islas Feroe (DO L 24, p. 77).

8 Los porcentajes de reparto, fijados en función de las actividades pesqueras desarrolladas durante el período de referencia 1973-1978 y reflejados en cantidades atribuidas, no se han modificado desde 1983 y han sido utilizados para todos los repartos posteriores. La adhesión de la República Portuguesa y del Reino de España a la Comunidad, el 1 de enero de 1986, no determinó ningún cambio en la clave de reparto, al seguir estando excluidos de la misma ambos Estados miembros.

9 Para una más amplia exposición de la normativa comunitaria aplicable, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

10 En apoyo de su recurso, el demandante invoca dos motivos, basados en la violación del principio de estabilidad relativa de las actividades pesqueras y en la violación del principio de no discriminación, respectivamente.

Sobre el motivo basado en la violación del principio de estabilidad relativa de las actividades pesqueras

11 El demandante afirma que, al adoptar el Reglamento controvertido, que le excluye del reparto, el Consejo aplicó erróneamente el principio de estabilidad relativa de las actividades pesqueras, recogido en el apartado 1 del artículo 4 del citado Reglamento nº 170/83, por cuanto no tuvo en cuenta sus legítimas aspiraciones a obtener recursos pesqueros disponibles fuera de la Comunidad y atribuidos a ésta en su conjunto.

12 En apoyo de su alegación, el demandante formula esencialmente dos argumentos.

13 En primer lugar, alega que la cláusula de revisión prevista en el apartado 2 del artículo 4 del citado Reglamento nº 170/83 no constituye el único medio de adaptar la clave de reparto, fijada en 1983, a las nuevas circunstancias. El propio Consejo reconoció, en una declaración recogida en el acta con motivo de la adopción del Reglamento nº 170/83, que incluso antes de la revisión formal del sistema de reparto procede, al examinar la estabilidad relativa de las cuotas que han de atribuirse a los Estados miembros, tomar en consideración las diversas circunstancias que pueden afectar sustancialmente a la situación general que determinó el reparto inicial. Ahora bien, la adhesión de nuevos Estados miembros constituye una modificación sustancial de dicha situación, al haberse concebido la escala inicial para diez Estados miembros, lo cual no corresponde ya a la composición actual de la Comunidad. Por lo demás, el silencio del Acta de Adhesión al respecto significa que el principio de estabilidad relativa de las actividades pesqueras debe aplicarse teniendo en cuenta la nueva composición de la Comunidad.

14 En segundo lugar, la parte demandante afirma que las posibilidades de pesca atribuidas a la Comunidad a tenor del Acuerdo con Noruega fueron infrautilizadas sistemáticamente por los Estados miembros beneficiarios. Por lo tanto, el principio de estabilidad relativa de las actividades pesqueras no se hubiera violado si se hubieran concedido posibilidades de pesca a otros Estados miembros, porque los Estados miembros, que han sido los beneficiarios exclusivos de dicho principio, no han agotado nunca la totalidad de sus cuotas.

15 Antes de examinar los argumentos expuestos, hay que recordar que ya en la citada sentencia de 16 de junio de 1987, Romkes (46/86, Rec. p. 2681), el Tribunal de Justicia tuvo ocasión de pronunciarse sobre la compatibilidad, con la exigencia de estabilidad relativa de las actividades pesqueras formulada por el Reglamento nº 170/83, de los repartos de cuotas producidos después del reparto inicial de 1983. En el apartado 17 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró en este sentido que esta exigencia de estabilidad relativa debe entenderse como el mantenimiento de un porcentaje fijo para cada Estado miembro en este reparto. El Tribunal de Justicia precisó a este respecto que, en efecto, al prever que los ajustes que puedan aparecer necesarios en el reparto de los recursos entre los Estados miembros, serán adoptados por el Consejo con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 43 del Tratado, el apartado 2 del artículo 4 del mismo Reglamento demuestra que la clave de reparto establecida inicialmente en virtud del apartado 1 del artículo 4, y según el artículo 11, continuará aplicándose hasta que se haya adoptado un Reglamento modificativo según el procedimiento seguido por el Reglamento nº 170/83.

16 Por lo que respecta al argumento basado en la adhesión del Reino de España a la Comunidad el 1 de enero de 1986, hay que considerar que el hecho objetivo de la adhesión de un Estado no puede producir, por sí solo, efectos jurídicos, dado que las condiciones de adhesión se regulan en el Acta correspondiente.

17 En el presente caso, el artículo 2 del Acta de Adhesión de referencia establece que, desde el momento de la adhesión, las disposiciones de los Tratados originarios y los actos adoptados por la Instituciones de las Comunidades antes de la adhesión obligarán a los nuevos Estados miembros y serán aplicables en dichos Estados en las condiciones previstas en estos Tratados y en la propia Acta de Adhesión.

18 Ahora bien, es un hecho que, en relación con la pesca y, en particular, con los recursos externos, el Acta de Adhesión (artículo 167 por lo que se refiere a España) establece un régimen de integración que se limita a la asunción por la Comunidad de la gestión de los Acuerdos de pesca celebrados anteriormente con países terceros por los nuevos Estados miembros, así como al mantenimiento provisional, respecto a ellos, de los derechos y obligaciones derivados de los mismos, a la espera de que el Consejo tome las decisiones apropiadas para la preservación de las actividades de pesca que se deriven de dichos Acuerdos.

19 Ante estas circunstancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Acta de Adhesión, procede aplicar el acervo comunitario y, en particular, el principio de estabilidad relativa, tal como lo establece el citado Reglamento nº 170/83 -que no ha experimentado ninguna modificación, excepto la adaptación técnica del número de votos en el procedimiento de decisión a que se refiere el apartado 2 del artículo 14 (punto XV del Anexo I del Acta de Adhesión)- y lo interpreta el Tribunal de Justicia.

20 Por consiguiente, debe desestimarse este motivo.

21 Hay que precisar, sin embargo, que si bien el Acta de Adhesión no ha modificado, como podía haberlo hecho, la situación existente en materia de reparto de los recursos externos de pesca, no es menos cierto que desde la adhesión el Reino de España se encuentra en la misma situación que los Estados miembros que no se beneficiaron del reparto inicial.

22 De ello se deriva que, por una parte, dicho Estado miembro tiene derecho a participar en el reparto de nuevas posibilidades de pesca, que puedan resultar disponibles con arreglo a acuerdos con países terceros celebrados después de la adhesión y que tengan por objeto recursos pesqueros que deban repartirse aún; y, por otra parte, que al efectuarse una posible revisión del sistema, con arreglo al apartado 2 del artículo 4 del Reglamento nº 170/83, el referido Estado podrá formular sus pretensiones del mismo modo que todos los demás Estados miembros.

23 Por lo que respecta al argumento fundado en una presunta infrautilización de las cuotas, debe señalarse que, en realidad y como ha señalado además el Consejo, sin que se haya demostrado convincentemente lo contrario, las posibilidades de pesca atribuidas a la Comunidad a tenor de un Acuerdo con un país tercero se basan en previsiones respecto al estado y la evolución de las existencias que pueden resultar inexactas y no reflejar las cantidades que puedan efectivamente capturarse. En dichas circunstancias, la mera comprobación de la existencia de resultados de pesca inferiores a las cantidades previstas no puede originar una obligación de proceder a un nuevo reparto para el año siguiente. Debe añadirse que la parte demandante no ha aportado ninguna prueba de una infrautilización voluntaria, por parte de los Estados miembros beneficiarios, de las cuotas de pesca que le habían sido atribuidas con arreglo al Reglamento controvertido.

24 Al no poder acogerse, por tanto, este segundo argumento, debe desestimarse en su totalidad el motivo basado en la violación del principio de estabilidad relativa de las actividades pesqueras.

Sobre el motivo basado en la violación del principio de no discriminación

25 La parte demandante afirma que, al adoptar el Reglamento controvertido sin incluirla en la clave de reparto, el Consejo ha violado el principio de no discriminación establecido en el artículo 7 del Tratado.

26 En apoyo de su alegación, el demandante pone de relieve, en primer lugar, que durante el período de referencia, a saber, entre 1973 y 1978, la flota española llevó a cabo importantes actividades pesqueras en aguas de Noruega. Ahora bien, la toma en consideración de dichas actividades tradicionales en la clave de reparto es conforme a la citada sentencia de 16 de junio de 1987, Romkes, en la que el Tribunal de Justicia declaró que el sistema de reparto no era contrario al principio de no discriminación establecido en el artículo 7 del Tratado, porque impone a los pescadores de cada Estado miembro esfuerzos de limitación proporcionados a lo que pescaban antes de la entrada en vigor del régimen comunitario de conservación de los recursos pesqueros.

27 En segundo lugar, alega que la discriminación se deriva asimismo, por una parte, del hecho de que los nuevos Estados miembros, aunque a raíz de la adhesión han perdido, en favor de la Comunidad, la facultad de negociar acuerdos de pesca con países terceros, siguen estando excluidos de las posibilidades de pesca que la Comunidad obtiene al negociar por sí misma tales acuerdos con los países terceros; la parte demandante señala, por otra parte, que los demás Estados miembros se han beneficiado de los acuerdos de pesca celebrados por España con países terceros antes de la adhesión, mientras que España ha quedado excluida de las cuotas que obtiene la Comunidad en virtud de Acuerdos por ella celebrados durante el mismo período.

28 Debe señalarse, a este respecto, que la situación del demandante no es comparable a la de los demás Estados miembros beneficiarios de los repartos, si se tiene en cuenta el contenido del Acta de Adhesión, tal como se ha recordado más arriba, respecto a la integración de los nuevos Estados miembros en la política pesquera común y, en particular, por lo que se refiere a los recursos externos de pesca ya disponibles y repartidos con motivo de la adhesión.

29 En efecto, dado que el Acta de Adhesión no ha modificado la situación existente en materia de reparto de los recursos externos, sigue siendo aplicable el acervo comunitario. Por consiguiente, los nuevos Estados miembros no pueden invocar circunstancias anteriores a la adhesión, entre ellas, en particular, sus actividades pesqueras durante el período de referencia, para excluir la aplicación de las disposiciones controvertidas. A partir de su adhesión, se encuentran en la misma situación que los Estados miembros excluidos de los repartos a tenor del principio de estabilidad relativa de las actividades pesqueras, situación que se plasma concretamente, por lo que respecta a los Acuerdos celebrados antes de la adhesión, en el reparto efectuado en 1983. Dicha valoración no puede desvirtuarse por el hecho de que, mediante la adhesión, los nuevos Estados miembros pierden la facultad de celebrar Acuerdos autónomos, lo que les coloca en una situación idéntica a la de todos los demás Estados miembros, ni por la circunstancia de no haber recibido contrapartidas a los recursos externos por ellos aportados a la Comunidad.

30 Por consiguiente, debe desestimarse asimismo el motivo basado en la violación del principio de no discriminación.

31 De todo lo dicho anteriormente se deduce que el recurso debe desestimarse en su totalidad.

Decisión sobre las costas

Costas

32 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino de España, procede condenarle en costas. Conforme al apartado 4 del artículo 69, la Comisión y los Estados miembros coadyuvantes cargarán con sus propias costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas al Reino de España. La Comisión, la República Federal de Alemania y el Reino Unido cargarán con sus propias costas.