ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1)

¿Se opone a la correcta interpretación del artículo 45, apartados 2, letras c) y g), y 3, letra a), de la Directiva 2004/18/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 […] y a los principios del Derecho de la Unión de protección de la confianza legítima, de seguridad jurídica, de igualdad de trato, de proporcionalidad y transparencia, de prohibición de establecer rémoras para el procedimiento y de máxima apertura a la competencia del mercado de los contratos públicos, así como de exhaustividad y determinación de los supuestos sancionables, una normativa nacional, como el artículo 38, apartado 1, letra c), del Decreto Legislativo n.o 163, de 12 de abril de 2006, Código de contratos públicos de obras, servicios y suministros por el que se transponen las Directivas 2004/17/CE (2) y 2004/18/CE (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), en su versión modificada, en la medida en que extiende el requisito que establece dicho artículo, consistente en la obligación de declarar que no se hayan dictado sentencias condenatorias firmes (incluidas las sentencias que impongan una pena pactada entre las partes) por los delitos enumerados en esa norma, a personas que hubiesen sido titulares de cargos en las empresas licitadoras y hayan cesado de los mismos en el año anterior a la publicación del anuncio de licitación, y la configura como causa de exclusión del procedimiento de licitación cuando la empresa no demuestre que se ha desvinculado de manera plena y efectiva de la conducta penalmente sancionable de esas personas, sometiendo a la discrecionalidad de la entidad adjudicadora la apreciación de esa desvinculación y permitiéndole introducir en la práctica, so pena de exclusión del procedimiento de licitación: i) la obligación de informar y presentar declaraciones en relación con asuntos penales sobre los que aún no ha recaído sentencia firme (y, por definición, de resultado incierto), no prevista en la ley, ni siquiera con respecto a las personas cuyo cargo esté vigente; ii) la obligación de desvinculación espontánea, indeterminada en cuanto al tipo de conductas eximentes, al ámbito temporal (que comprende el anterior al momento en que la sentencia penal devenga firme) y a la fase del procedimiento en la que deba cumplirse; iii) la obligación de cooperación leal, cuyo contenido no se define, excepto por cuanto se remite al principio general de buena fe?
1)

¿Cuál es la naturaleza de los actos adoptados por la Comisión Europea en el ejercicio de las competencias que le atribuyen el Reglamento n.o 2052/88, (1) el Reglamento n.o 4253/1988 (2) y el Reglamento n.o 4256/1988 (3) y, en concreto, son actos de Derecho público que dan lugar, en todo caso, a controversias administrativas en cuanto al fondo, en particular cuando el objeto del embargo de bienes de terceros ejecutado por la Comisión Europea sea un crédito privado, si bien la reclamación de deuda inicial en virtud de la cual se despache la ejecución forzosa tenga su origen en una relación jurídica de Derecho público resultante de los citados actos de la Comisión Europea, o, por el contrario, son actos de Derecho privado que dan lugar a controversias de carácter civil?
C 211/31

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Düsseldorf (Alemania) el 25 de marzo de 2016 — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

(Asunto C-172/16)

(2016/C 211/40)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer

Demandada: Swiss International Air Lines AG

Cuestión prejudicial

El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, de 21 de junio de 1999, en su versión resultante de la Decisión n.o 2/2010 del Comité Mixto de transporte aéreo Comunidad/Suiza, de 26 de noviembre de 2010, ¿debe interpretarse en el sentido de que el Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) es aplicable también, en virtud de su artículo 3, apartado 1, letra a), a los pasajeros que pretenden llegar a aeropuertos situados en Suiza en vuelos procedentes de terceros países?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO L 46, p. 1).
c)

En el tercer motivo, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al concluir que la Comisión Europea, al no reducir la multa de Toshiba para reflejar su participación relativa en la infracción, no violó el principio de igualdad de trato; en particular, en la medida en que la Comisión no consideró que la participación más limitada de Toshiba en la conducta colusoria, en comparación con la de los destinatarios de la Decisión adoptada en 2007, justificaba su reflejo en la cuantía de la multa.
—

Que se anule la Decisión 2014/489/UE (1) de la Comisión, de 19 de junio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.28599 (C 23/2010) (Ex NN 36/2010, Ex CP 163/2009) concedida por el Reino de España para el despliegue de la Televisión Digital Terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas (excepto en Castilla La Macha).
3)

¿Es lícito que el Derecho procesal nacional (artículo 42 de la AVG) obligue a la organización ecologista –así como a otras partes del procedimiento– a formular ya sus alegaciones en plazo en el procedimiento ante las autoridades administrativas, y no más tarde en el recurso ante el tribunal contencioso-administrativo, so pena de perder su condición de parte y no poder tampoco interponer recurso ante el tribunal contencioso-administrativo?
1.

En el marco de la prestación de servicios de traducción, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que el recurrente no podía ser admitido como subcontratista de una sociedad invitada a presentar una oferta porque «[…] si bien el título [que había] obtenido en la Universidad de Poitiers (Máster en Derecho, Economía y Gestión, orientado a fines profesionales, en el área de Derecho privado, especialidad de jurista lingüista) constitu[ía] efectivamente un título de nivel Máster 2, no sanciona[ba] una formación jurídica completa» y que «esta apreciación [resultaba] conforme con una práctica constante de la unidad de traducción de lengua francesa, según la cual se considera que la formación de “jurista-lingüista” que ofrece la Universidad de Poitiers (Máster 2) no es una formación jurídica que corresponda a los requisitos que figuran en el punto III.2.1 del anuncio de licitación», precisándose que «el modo de obtención del diploma [“VAE”, es decir “Validation des acquis de l’expérience” (reconocimiento de la experiencia adquirida)] no [había] tenido ninguna incidencia en la apreciación […]».
4)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda pregunta y negativa a la tercera pregunta, ¿cuál de las partes -trabajadora demandante o empleadora demandada- tienen, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2006/54/CE, la carga de acreditar, una vez se acredita la existencia de riesgos para la madre o el hijo lactante derivados de la realización del trabajo, (1) que la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del lactante -artículo 26, apartado 2- en relación con el 4, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que traspone el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 92/85/CEE, y (2) que el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados –artículo 26, apartado 3 en relación con el 4, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que traspone el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 92/85/CEE?
(ii)

El Tribunal General cometió un error de Derecho respecto a la aplicación de las normas en materia de responsabilidad solidaria por las multas y al cálculo del límite máximo del 10 %, en la medida en que fijó el importe final de la multa impuesta a SLM en 1 9 56 000 euros, en aplicación del límite legal del 10 % del volumen de negocios total de SLM en el año de referencia, con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003. (1) En el caso de autos, la sentencia debería haber indicado que SLM no sólo estaba obligada al pago de 1 9 56 000 euros a título individual, sino también al de 1 3 3 00 000 euros adicionales, solidariamente con Ori Martin. De hecho, el cálculo de los importes máximos debía hacerse de modo diferente para SLM, a título individual, en relación con el período durante el cual había participado en la infracción en el cual no estaba controlada por Ori Martin (el límite máximo relativo al volumen de negocios mundial de SLM), y, solidariamente con Ori Martin, respecto del período en el que la filial estaba controlada por la matriz (el límite máximo relativo al volumen de negocios mundial de Ori Martin, que en el caso de autos no se alcanzó).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 381/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 11 de septiembre de 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Albini & Pitigliani SpA

(Asunto C-483/15)

(2015/C 381/24)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Recurrida: Albini & Pitigliani SpA

Cuestión prejudicial

¿Se opone el principio de proporcionalidad que debe inspirar la cuantificación de las sanciones, consagrado en el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a una interpretación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento no 1/2003 (1) como la consolidada por la Comisión Europea en las Directrices para el cálculo de las multas (2006/C 210/02) y a su aplicación práctica, también en el ámbito nacional, conforme a las cuales la sanción que debe imponerse a las empresas que hayan incumplido la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia debe calcularse teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes sobre el importe de base resultado del cómputo de los distintos elementos que han de ser tomados en consideración con arreglo a la normativa de la Unión y, en todo caso, antes de aplicar el límite del 10 % de la facturación, de modo que puede ocurrir que la aplicación de las circunstancias atenuantes al importe de base no permita personalizar la sanción, cuyas circunstancias, no obstante, están preestablecidas a través de la ponderación del correspondiente importe en función de las características específicas del caso concreto?

(1) Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).
—

Mediante el primer motivo, las recurrentes aducen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, vulneró su derecho de defensa e incurrió en vicios sustanciales de forma, al rechazar la alegación de las recurrentes de que la remisión a la Comisión de documentos obtenidos por la Administración tributaria italiana en un procedimiento de inspección tributaria nacional fue ilegal, y de que ello tuvo consecuencias. En primer lugar, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión no tiene una obligación clara, en virtud del ordenamiento jurídico de la UE, de evitar que el derecho fundamental de defensa pueda quedar irremediablemente afectado durante la fase administrativa de una investigación sobre competencia. En segundo lugar, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no apreciar que la Comisión vulneró el derecho de defensa de las recurrentes e incurrió en vicios sustanciales de forma en relación con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1/2003. (1) En tercer lugar, el Tribunal General incurrió en error de Derecho por cuanto desnaturalizó las pruebas aportadas, al declarar que carece de relevancia que la remisión de los documentos utilizados como prueba por la Comisión fuera ilegal.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 354/25

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) el 17 de agosto de 2015 — The Queen, a instancia de Nutricia Limited/Secretary of State for Health

(Asunto C-445/15)

(2015/C 354/27)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Nutricia Limited

Demandada: Secretary of State for Health

Cuestiones prejudiciales

1) Para que un producto pueda constituir un alimento dietético destinado a usos médicos especiales con arreglo a la definición del artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 1992/21/CE de la Comisión sobre alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales: a. ¿Debe ocurrir objetivamente que: i) todos los pacientes padecen la enfermedad, trastorno u otra afección específica para cuyo tratamiento dietético se comercializa el producto (en lo sucesivo; «afección indicada»), ii) o bien que un subgrupo de dichos pacientes tenga su capacidad para ingerir, digerir, absorber, metabolizar o excretar alimentos normales o determinados nutrientes de los mismos o metabolitos limitada deficiente o alterada, o bien necesite otros nutrientes determinados clínicamente, como resultado de la afección indicada? b. O, alternativamente: ¿basta también con que el fabricante desee que el uso del producto sea «determinado clínicamente» a los efectos del artículo 1, apartado 2, letra b), entendiendo que: i) el fabricante pretende que el producto se utilice sólo bajo supervisión médica llevada a cabo por facultativos que tratan a pacientes con la afección indicada, y que ii) un médico supervisor responsable pudiera formarse adecuadamente un juicio médico, individualizado caso por caso, de que el uso de dicho producto sería una forma adecuada de tratamiento dietético para algunos pacientes que padecen la afección indicada porque el facultativo considere razonablemente que dicho paciente tiene unas necesidades nutricionales concretas en relación con la afección indicada? c. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 1, letra a), inciso ii): i) ¿Qué proporción de pacientes con la afección indicada debe tener la capacidad de que se trata limitada, deficiente o alterada, o bien necesitar otros nutrientes determinados clínicamente, o bien no existe proporción mínima? ii) ¿Es necesario que sea posible la identificación de este subgrupo de pacientes con anterioridad a la comercialización del producto? d. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, letra b), ¿cuáles son, a los efectos del artículo 3, las «necesidades nutricionales particulares» que deben satisfacerse eficazmente y de forma segura y beneficiosa mediante el consumo del producto?
1.

Primer motivo: Error de Derecho, motivación contradictoria e insuficiente de la sentencia recurrida, en la valoración de la excepción relativa a la tutela de los objetivos de las actividades de investigación prevista en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento no 1049/2001 (1). El Tribunal General incurrió en error de Derecho en la parte en que considera legal el recurso de parte de la Comisión a la presunción general de secreto frente a una solicitud de acceso dirigida a documentos específicos. La interpretación que da el Tribunal General de la excepción relativa a la tutela de los objetivos de las actividades de investigación prevista en el artículo 4, apartado 2, guion tercero, del Reglamento no 1049/2001 introduce una restricción al derecho de acceso a los documentos a) desproporcionada respecto de los fines perseguidos por el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001 y b) no adecuadamente motivada. Por lo que respecta a la primera imputación, la recurrente sostiene que el Tribunal General no puede permitir a la Comisión oponer la presunción general a una solicitud de acceso a los documentos de un procedimiento en materia de ayuda de Estado que identifica de modo puntual y precisa los documentos solicitados. Y ello máxime cuando, en un contexto como el que nos ocupa, en el que hay que lamentar vulneraciones de procedimiento imputables a la Comisión, una mera acción termina por convertir la presunción general de secreto en una presunción absoluta, que no puede revertir el sujeto que solicita el acceso a los documentos, en vulneración de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento no 1049/2001. Por lo que atañe a la segunda imputación, la recurrente sostiene que la sentencia recurrida no motivó adecuadamente las razones por las que el Tribunal General considera que se puede aplicar el principio de Derecho sancionado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, en el asunto C-139/07 P, EU:C:2010:376, a supuestos caracterizados por una solicitud de acceso no a la totalidad del expediente sino a documentos concretos identificados.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 320/20

Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 27 de julio de 2015 — Elaine Farrell/Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

(Asunto C-413/15)

(2015/C 320/28)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Elaine Farrell

Demandadas: Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

Cuestiones prejudiciales

1) ¿Debe interpretarse el criterio enunciado en el apartado 20 de la sentencia Foster y otros (C-188/89) para delimitar el concepto de emanación de un Estado miembro en el sentido de que los elementos integrantes de tal criterio han de aplicarse: a) de modo acumulativo, o b) de modo disyuntivo?

2) En la medida en que los distintos aspectos mencionados en la sentencia Foster y otros (C-188/89) puedan considerarse, subsidiariamente, factores que han de tenerse adecuadamente en cuenta para efectuar una valoración global, ¿existe algún principio fundamental que sustente los factores mencionados en dicha sentencia, que deba ser aplicado por un órgano jurisdiccional para motivar la conclusión de que un determinado organismo es una emanación del Estado?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 302/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 11 de junio de 2015 — Beca Engineering Srl/Ministero dell’Interno

(Asunto C-285/15)

(2015/C 302/19)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en apelación: Beca Engineering Srl

Recurrida en apelación: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Se opone la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción (1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de septiembre de 2003 (2), a que las chimeneas «se deban fabricar con materiales incombustibles», con arreglo a lo previsto en el Anexo IX a la Parte Quinta, Parte II, del Decreto Legislativo no 152, de 3 de abril de 2006, relativo a las «instalaciones térmicas en los edificios y las obras de ingeniería civil», que no ha sido objeto de notificación?

(1) DO L 40, p. 12.

(2) Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, sobre la adaptación a la Decisión 1999/468/CE del Consejo de las disposiciones relativas a los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado CE (DO L 284, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 302/16

Recurso de casación interpuesto el 15 de junio de 2015 por Slovenská pošta a.s. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 25 de marzo de 2015 en el asunto T-556/08, Slovenská pošta/Comisión

(Asunto C-293/15 P)

(2015/C 302/21)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Slovenská pošta a.s. (representantes: O.W. Brouwer y A.A.J. Pliego Selie, advocaten)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea, República de Eslovaquia, Cromwell a.s., Slovak Mail Services a.s., Prvá Doručovacia, a.s., ID Marketing Slovensko s.r.o. (anteriormente TNT Post Slovensko s.r.o.)

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia recurrida en parte o en su totalidad, y se anule la resolución en parte o en su totalidad o —con carácter subsidiario— que se devuelva el asunto al Tribunal General.

— Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del procedimiento ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia incluidas las costas de las partes.

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal General desestimó el recurso de anulación de la Decisión de 7 de octubre de 2008, de la Comisión, sobre la legislación postal eslovaca relativa a servicios postales híbridos C(2008) 5912, dirigida a la República de Eslovaquia.

Slovenská pošta a.s. solicita al Tribunal de Justicia que:

a) Anule, en todo o en parte, la mencionada sentencia del Tribunal General por los siguientes motivos: i) Primer motivo: Errores de Derecho, aplicación de un nivel de prueba erróneo y error en la aplicación de la carga de la prueba al determinar que la República Eslovaca infringió el artículo 86, apartado 1, en relación con el artículo 82 CE. a. Errores de Derecho al llegar a la conclusión de que conceder un derecho exclusivo puede constituir en sí mismo una infracción del artículo 86 CE, apartado 1, en relación con el artículo 82 CE. b. Errores de Derecho al aplicar un nivel de prueba erróneo y error de aplicación de la carga de la prueba al llegar a la conclusión de que la República de Eslovaquia infringió el artículo 86 CE, apartado 1, en relación con el artículo 82 CE al limitar servicios en sentido descendente a los usuarios finales. ii) Segundo motivo: Errores de Derecho, nivel insuficiente de control y desnaturalización de la prueba al revisar y aceptar la definición de mercado pertinente presentada por la Comisión de la Unión Europea. a. Error de Derecho y nivel insuficiente de control al aceptar que un mercado relevante de servicios postales integrados híbridos debe definirse únicamente en la (supuesta) existencia de demanda y suministro de un servicio. b. Desnaturalización de la prueba y aplicación de un nivel insuficiente de control a llegar a la conclusión de que la demanda predominante en el mercado podía deducirse de la prueba presentada por la Comisión.

b) Se pronuncie sobre el fondo, anulando la decisión impugnada en todo o en parte, o —con carácter subsidiario— devuelva el asunto al Tribunal General.
1)

¿Deben interpretarse las Reglas generales para la interpretación 2, letra b), y 3, letra b), que figuran en el Reglamento (CE) no 1031/2008 ( 1 ) de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, por el que se modifica el anexo I del Reglamento no 2658/87, y en el Reglamento (CE) no 948/2009 ( 2 ) de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009, por el que se modifica el anexo I del Reglamento no 2658/87, en el sentido de que, si el carácter esencial de la mercancía (gas licuado de petróleo) viene determinado por todos los componentes de la mezcla del gas en su conjunto y no puede identificarse separadamente ningún componente de ésta como factor que confiera a dicho gas su carácter esencial, debe presumirse que el factor que confiere su carácter esencial a la mercancía en el sentido de la regla general de interpretación 3, letra b), es aquella sustancia que se halla presente en mayor proporción en la mezcla?