6.

En realidad, tanto por la vía del Convenio europeo como por la del Convenio bilateral, la ejecución de la resolución recaída en el Estado de origen tropezaría con dificultades del mismo tipo. Su ejecución por la vía del Convenio europeo choca con la sentencia de este Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1976, antes citada. En efecto, la acción judicial ejercitada en el Estado de origen se refería al pago de cánones debidos por una persona de Derecho privado a un organismo nacional o internacional de Derecho público, por la utilización de las instalaciones y servicios de éste, siendo así que esta utilización es obligatoria y exclusiva (apartado 4 de la sentencia). En el caso de autos, el tipo de los cánones, los modos de cálculo y los procedimientos de recaudación estaban fijados de manera unilateral frente a los usuarios, ya que el organismo había fijado unilateralmente el lugar de la ejecución de la obligación en el de su domicilio social y designado los órganos jurisdiccionales nacionales competentes para proceder a su ejecución. En resumen, el litigio oponía una autoridad pública a una persona privada ya que la autoridad pública había actuado en el ejercicio del poder público (apartado 5). Cuando se trata de una demanda para la ejecución de una resolución ejecutiva pronunciada en materia civil y mercantil en el sentido del Convenio europeo, el procedimiento está muy simplificado: la parte contra la que se pide la ejecución no puede, en esta fase del recurso contrario, presentar observaciones; la resolución en ningún caso puede ser objeto de una revisión en cuanto al fondo (artículo 34). Es cierto que la demanda de ejecución puede ser desestimada por (y tan sólo por) alguno de los motivos previstos en los artículos 27 y 28, en particular por ser la ejecución contraria al orden público del Estado requerido (número 1 del artículo 27). Pero precisamente el último párrafo del artículo 28 establece que «no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado de origen; las normas relativas a la competencia (es decir, las establecidas en el Título II) no se refieren al orden público contemplado en el número 1 del artículo 27». La razón última de la sentencia de este Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1976 me parece, pues, ser la siguiente: incluir una demanda para el cobro, como la que fue objeto del litigio nacional, entre las materias civiles y mercantiles, hubiera tenido como efecto que el órgano jurisdiccional del Estado requerido que remitió la cuestión a este Tribunal de Justicia, estaría vinculado por la calificación de su competencia hecha por el órgano jurisdiccional del Estado de origen y como la fiscalización de dicha competencia es ajena al orden público (párrafo tercero del artículo 28) no hubiera podido realizarse por el órgano jurisdiccional del Estado requerido. El Tribunal de Justicia consideró, por su parte, que el litigio principal planteaba en realidad una cuestión de orden público, por lo que se vio obligado a negarle la calificación del litigio «civil o mercantil» en el sentido del Convenio europeo. La vía del Convenio bilateral parece más sencilla a primera vista, pero no es así. Ciertamente, a diferencia del Convenio europeo, el Convenio bilateral comprende la ejecución de laudos arbitrales, pero a reserva de su conformidad con el orden público (artículo 13). Igualmente la definición de lo que hay que entender por resolución [artículo 1 (3), artículo 2 (2)] o por «materia» (artículo 3, artículo 4) en el sentido del Convenio bilateral parece más amplia que los términos del artículo 25 y del artículo 1 del Convenio europeo. Pero este liberalismo está moderado por una importante restricción. Según el artículo 10, la resolución cuya ejecución se solicita no debería ser objeto de ningún otro examen que no sea el de las condiciones enumeradas en el artículo 2. Ahora bien, según dicho artículo, incluso si no se puede proceder a un examen sobre el fondo de la resolución (última frase del apartado 1 del artículo 10) el tribunal requerido -a diferencia de la materia del reconocimiento [artículo 5(1)]— no está vinculado por las comprobaciones de hecho sobre las que el Tribunal de origen basó su competencia y el reconocimiento sólo podrá ser denegado, en el caso de ser contrario al orden público del Estado en que ha sido solicitado [artículo 2(1), 1] y si los tribunales del Estado donde se pronunció la resolución no son reconocidos competentes de acuerdo con los términos del Convenio [artículo 2 (1), 3]: al respecto hay que remitirse especialmente a lo dispuesto por el artículo 3 (1), 2 y al artículo 3 (2). En materia de ejecución el Tribunal requerido puede, y por lo tanto debe, controlar la competencia del órgano jurisdiccional de origen y, al contrario del Convenio europeo, las reglas de competencia se colocan en el mismo plano que el orden público y su observancia debe ser objeto de un examen de oficio. Por lo tanto, el resultado práctico me parece ser de hecho el mismo, tanto si la demanda de ejecución se funda en el Convenio europeo o en el Convenio bilateral: por medio de la excepción de orden público o del control de oficio de la competencia del Tribunal de origen, el Tribunal requerido, en aplicación del Convenio bilateral, debe ejercitar un control sobre la calificación de la materia del litigio presentado ante el Tribunal de origen y, teniendo en cuenta las precisiones dadas por la sentencia de este Tribunal de Justicia del 14 de octubre de 1976, antes citada, no veo cómo los órganos jurisdiccionales alemanes podrían aún incluir, en el campo de aplicación del Convenio bilateral, las demandas relativas al cobro de los cánones de Eurocontrol sin ir contra el orden público alemán o, lo que es equivalente, sin renunciar al control de la competencia de los tribunales de origen. Me parece que en este sentido falló el Tribunal Constitucional Federal alemán en una resolución de 2 de diciembre de 1974. Claro está que, según la fórmula tradicional, corresponde al órgano jurisdiccional nacional pronunciarse sobre este punto.