Los artículos 49 TFUE, 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la legislación de un Estado miembro en virtud de la cual, cuando un residente de ese Estado miembro, accionista de una sociedad establecida en otro Estado miembro, percibe dividendos gravados en los dos Estados y la doble imposición se regula mediante la imputación en el Estado de residencia de un crédito fiscal de importe igual al del impuesto pagado en el Estado de la sociedad que los distribuye, un mecanismo de limitación de diversos impuestos directos a un determinado porcentaje máximo de los rendimientos percibidos durante un año no tiene en cuenta el impuesto pagado en el Estado de la sociedad distribuidora o sólo lo hace parcialmente.

En efecto, a causa de la diferencia de trato que establece entre los contribuyentes residentes según perciban dividendos de una sociedad establecida en territorio nacional o de una sociedad establecida en otro Estado miembro, esa legislación fiscal puede disuadir a las personas físicas sujetas al impuesto sobre la renta con carácter principal en el Estado miembro de residencia de invertir sus capitales en sociedades con domicilio en otro Estado miembro y constituye una restricción de la libre circulación de capitales, prohibida en principio por el artículo 63 TFUE.

Además, esa diferencia de trato fiscal puede constituir una restricción de la libertad de establecimiento, prohibida en principio por el artículo 49 TFUE, ya que hace menos atractivo el establecimiento en otro Estado miembro de un nacional del primer Estado miembro.

Esa restricción no puede justificarse por la necesidad de asegurar la coherencia del sistema fiscal nacional ni por la de preservar el reparto de la potestad impositiva entre los Estados miembros.

En lo referente a la necesidad de garantizar la coherencia del régimen fiscal nacional, para que una argumentación basada en tal justificación pueda prosperar, se exige demostrar una relación directa entre la ventaja fiscal de que se trate y la compensación de esa ventaja con un gravamen fiscal determinado, debiendo apreciarse el carácter directo de ese vínculo en relación con el objetivo de la normativa en cuestión. Pues bien, no existe nexo directo entre la ventaja fiscal representada por la devolución de impuesto que el mecanismo de limitación puede originar a favor del contribuyente y la compensación de esa ventaja por un gravamen específico. En efecto, el importe del impuesto devuelto como consecuencia de la limitación depende del importe global de los impuestos directos pagados por el contribuyente y de si ese importe supera el límite máximo fijado por la legislación. Por tanto, la ventaja fiscal referida no se concede de forma correlativa a un determinado impuesto percibido, sino únicamente cuando el importe pagado por todos los impuestos considerados es superior a un porcentaje específico de los rendimientos anuales del contribuyente. De ello resulta que no se puede acreditar ningún nexo directo entre la ventaja fiscal referida y un gravamen fiscal determinado.

En lo que se refiere a la necesidad de preservar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros, ese mecanismo de limitación de la imposición no afecta a la facultad del Estado miembro interesado de gravar las actividades ejercidas en su territorio ni tampoco obstaculiza la facultad de ese Estado miembro para gravar los rendimientos obtenidos en otro Estado miembro. Por tanto, en lo concerniente a las condiciones de aplicación de ese mecanismo fiscal no se suscita cuestión alguna sobre el reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros.

(véanse los apartados 55, 56, 59, 69, 72, 74 y 85 a 88 y el fallo)