Por lo que respecta al criterio de la identidad de los accionistas, si bien es preciso otorgar una preponderancia a la realidad económica de las ayudas de Estado, las formas jurídicas de estas también pueden resultar pertinentes a fin de apreciar dicha realidad económica. En particular, el tema de la transmisión de la ayuda se aprecia de distinta manera según se inscriba en el marco de una venta de participaciones en el capital social o en el de una venta de la totalidad o de parte de los activos.

En materia de ayudas de Estado, en relación con el criterio del inversor privado diligente, debe distinguirse entre su aplicabilidad y su aplicación. Por lo que se refiere a la aplicación de dicho criterio, se ha establecido que el precio de mercado es el precio más elevado que un inversor privado que actúa en condiciones normales de competencia está dispuesto a pagar por una sociedad en la situación en la que se encuentra y que, cuando un poder público procede a la venta de una empresa de su propiedad por medio de una licitación abierta, transparente e incondicional, puede presumirse que el precio de mercado equivale a la oferta más elevada. Sin embargo, la aplicabilidad del criterio del inversor privado diligente no puede inferirse de un requisito que corresponde habitualmente a su aplicación. Por lo tanto, no cabe concluir que una transmisión en bloque de activos a precio de mercado y con arreglo a un procedimiento de licitación abierto y transparente constituya necesariamente la aplicación de dicho criterio.

En materia de ayudas de Estado, la aplicabilidad del criterio del inversor privado depende de que el Estado miembro de que se trate actúe en su condición de accionista y no en la de poder público. A este respecto, la Comisión lleva a cabo una apreciación global teniendo en cuenta, además de los datos aportados por ese Estado miembro, cualquier otro dato pertinente en el caso concreto que le permita determinar si la medida en cuestión corresponde a la condición de accionista o a la de poder público de dicho Estado miembro. En segundo lugar, a efectos de declarar la existencia de una ayuda de Estado, el criterio del inversor privado permite determinar si las medidas adoptadas por el Estado miembro de que se trate obedecieron a un criterio de racionalidad económica, de forma que un inversor privado podría igualmente aceptarlas. Por consiguiente, es necesario señalar que el criterio del inversor privado supone que el comportamiento de la persona pública pueda compararse con el de un inversor que actúe en condiciones normales del mercado. Es cierto que dicho criterio no prescinde de las obligaciones a las que están sujetos los operadores económicos. Sin embargo, las obligaciones constitutivas de las condiciones normales de mercado no pueden confundirse con las que tienen por objeto prevenir la distorsión de la competencia en dicho mercado.

A este respecto, en lo que se refiere a la imposición por la Comisión de una medida compensatoria destinada a prevenir las distorsiones de la competencia, como la transmisión en bloque de activos, en cuanto que tal medida no corresponde a las condiciones normales del mercado y que la lógica compensatoria de la venta en bloque de activos difiere de la lógica de un inversor privado deseoso de maximizar sus beneficios o de minimizar sus pérdidas, no se aplica el criterio del inversor privado.

(véanse los apartados 156 a 160)