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Asunto T‑386/15

(Publicación por extractos)

Jordi Nogués, S.L.,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión BADTORO — Marcas figurativa y denominativa anteriores de la Unión TORO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud entre los signos — Similitud entre los productos y servicios — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Suspensión del procedimiento administrativo — Regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) n.o 2868/95»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 20 de septiembre de 2017

Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto ante las Salas de Recurso — Suspensión del procedimiento — Requisitos

[Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 20, ap. 7, letra c), y 50, ap. 1]

Según la jurisprudencia, la Sala de Recurso dispone de una amplia facultad de apreciación para suspender o no el procedimiento de recurso. La suspensión es facultad de la Sala de Recurso, que la ejerce solo cuando la considera justificada. Por tanto, el procedimiento ante la Sala de Recurso no se suspende automáticamente en respuesta a una petición en este sentido de una de las partes ante dicha Sala.

El hecho de que la Sala de Recurso disponga de una amplia facultad de apreciación para suspender el procedimiento pendiente ante ella no significa que su apreciación no esté sujeta al control del juez de la Unión. No obstante, tal circunstancia limita dicho control sobre el fondo a la comprobación de que no existe error manifiesto de apreciación ni desviación de poder.

A este respecto, de la jurisprudencia resulta que, aun suponiendo que se haya demostrado que existía un recurso pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuestionando la marca anterior en la que se basaba la resolución impugnada, dicha demostración no basta por sí misma para calificar de error manifiesto de apreciación la negativa de la Sala de Recurso a suspender el procedimiento. Efectivamente, al hacer uso de su facultad de apreciación en relación con la suspensión del procedimiento, la Sala de Recurso debe respetar los principios generales que rigen un procedimiento justo en una comunidad de Derecho. Así, al hacer uso de dicha facultad, no solo debe tener en cuenta el interés de la parte cuya solicitud de marca de la Unión se impugna, sino también el de las demás partes. La decisión de suspender o no el procedimiento debe ser el resultado de la ponderación de los intereses en conflicto.

(véanse los apartados 21 a 23)
3.

Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación material del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 42, aps. 2 y 3] (véanse los apartados 33 y 34)
6.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Examen de la solicitud — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 57, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, Reglas 22, ap. 3, y 40, ap. 6] (véanse los apartados 61 y 62)
2.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección del proceso de toma de decisiones — Requisitos — Perjuicio concreto, efectivo y grave para dicho proceso — Alcance — Carácter sensible de la información solicitada — Circunstancia que no puede justificar por sí sola la aplicación de la excepción [Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 3, párr. 1] (véase el apartado 34)
3.

Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca denominativa keep it easy [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)] (véanse los apartados 18, 29, 31 y 32)
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 6 de diciembre de 2016 — Groupe Go Sport/EUIPO — Design Go (GO SPORT)

(Asunto T‑703/15)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión GO SPORT — Marcas nacionales denominativas anteriores GO — Denegación parcial de registro por la División de Oposición — Presentación extemporánea del escrito en el que se exponen los motivos del recurso — Inadmisibilidad del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso — Artículo 60 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Regla 49, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2868/95»

1. Marca de la Unión Europea — Procedimientos ante los órganos de la Oficina — Comunicación de escritos a la Oficina — Comunicación por fax — Comunicación incompleta o ilegible [Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 80, ap. 2] (véanse los apartados 61 a 63)

2. Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Plazos — Preclusión — Excepciones — Obligación de vigilancia y de diligencia [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 60; Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 49, ap. 3] (véase el apartado 68)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de septiembre de 2015 (asunto R 569/2015‑2), relativa a un procedimiento de oposición entre Design Go y Groupe Go Sport.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
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A este respecto, el hecho de que, en virtud del artículo 5, apartado 1, letra c), del Reglamento impugnado, cualquier entidad que actúe en nombre o bajo la dirección de Sberbank esté sujeta a restricciones no basta para concluir que el Consejo no podía establecer también en el artículo 5, apartado 1, letra b), del antedicho Reglamento que cualquier entidad que fuera propiedad en más del 50 % de una entidad que figure en la lista del anexo III del referido Reglamento estaría también sujeta a las medidas restrictivas de que se trata. En efecto, habida cuenta del amplio margen de apreciación de que dispone el Consejo a este respecto, no era manifiestamente desproporcionado a la luz del objetivo de los actos impugnados (véase el apartado 15 anterior) restringir el acceso al mercado de capitales de la Unión a Sberbank y a las entidades cuyos derechos de propiedad le pertenezcan en más del 50 %.
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Dichas disposiciones legislativas se reprodujeron en el artículo 36/24, apartado 1, punto 3, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (Ley de 22 de febrero de 1998 por la que se establece el estatuto orgánico del Banco Nacional de Bélgica), en su versión modificada. Adoptado sobre la base de dicho artículo, el arrêté royal du 10 octobre 2011 modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 et modifiant la loi du 2 août 2002 (Real Decreto de 10 de octubre de 2011 por el que se modifica el Real Decreto de 14 de noviembre de 2008 de aplicación de la Ley de 15 de octubre de 2008 y se modifica la Ley de 2 de agosto de 2002; Moniteur belge de 12 de octubre de 2011, p. 62641) permitió a las cooperativas financieras que lo desearan acogerse al sistema de garantía previsto por las medidas antes citadas. Las cooperativas que optaran por acogerse a ese sistema debían abonar al fondo especial de protección de depósitos, de seguros de vida y de capital de sociedades cooperativas reconocidas (en lo sucesivo, «fondo especial»), creado mediante el arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (Real Decreto de 14 de noviembre de 2008 por el que se aplica la Ley de 15 de octubre de 2008 y se modifica la Ley de 2 de agosto de 2002 relativa a la supervisión del sector financiero y a los servicios financieros; Moniteur belge de 17 de noviembre de 2008, p. 4088), una contribución anual equivalente al 0,15 % del importe total garantizado, así como un derecho de entrada equivalente al 0,1 % de dicho importe. La garantía solo debía ejecutarse en caso de quiebra de la sociedad o de notificación de impago constatado por la autoridad de supervisión financiera belga. La garantía solo cubría el capital suscrito y desembolsado por personas físicas antes de la entrada en vigor del Real Decreto de 10 de octubre de 2011 y estaba limitada a un importe máximo de 100000 euros por persona física. El pago de la garantía se efectuaría con cargo al fondo especial y, en caso de dicho fondo no dispusiera de medios suficientes, con cargo a la Caisse des dépôts et consignations (Bélgica).
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El 30 de junio de 2011, la Comisión inició un procedimiento y adoptó un pliego de cargos dirigido a las siguientes entidades: Nexans France, Nexans, Pirelli & C. SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Energia, Prysmian, The Goldman Sachs Group, Inc., Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable, J–Power Systems, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, Viscas Corp., SWCC Showa Holdings Co. Ltd, Mitsubishi Cable Industries Ltd, Exsym Corp., ABB, ABB Ltd, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Silec Cable SAS, Grupo General Cable Sistemas, S.A., Safran SA, General Cable Corp., LS Cable & System Ltd, Taihan Electric Wire Co. Ltd y las demandantes.
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A este respecto, si bien, como el Tribunal de Justicia ha declarado, el concepto de «persona jurídica», que figura en el artículo 263 TFUE, apartado 4, no coincide necesariamente con los de los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, de la jurisprudencia se desprende, sin embargo, que ese concepto implica, en principio, la existencia de una personalidad jurídica constituida en virtud del Derecho de un Estado miembro o de un país tercero y de una capacidad procesal reconocida por ese Derecho (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de marzo de 1959, Nold/Alta Autoridad, 18/57, EU:C:1959:6; de 28 de octubre de 1982, Groupement des Agences de voyages/Comisión, 135/81, EU:C:1982:371, apartado 10, y de 18 de enero de 2007, PKK y KNK/Consejo, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, apartado 114, y el auto de 24 de noviembre de 2009, Landtag Schleswig-Holstein/Comisión, C‑281/08 P, no publicado, EU:C:2009:728, apartado 22). Así pues, sólo en circunstancias excepcionales, en particular, cuando las exigencias de garantizar un tutela judicial efectiva lo imponen, la admisibilidad de un recurso de una entidad que, en virtud de un Derecho nacional específico, no dispone de capacidad procesal puede admitirse (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de enero de 2007, PKK y KNK/Consejo, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, apartados 109 a 114). Por otra parte, esa capacidad procesal debe conservarse a lo largo del procedimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de septiembre de 2007, Salvat père & fils y otros/Comisión, T‑136/05, EU:T:2007:295, apartados 25 a 27, y de 21 de marzo de 2012, Marine Harvest Norway y Alsaker Fjordbruk/Consejo, T‑113/06, no publicada, EU:T:2012:135, apartados 27 a 29). La existencia de una personalidad jurídica y la capacidad procesal deben examinarse a la luz del Derecho nacional pertinente (sentencia de 27 de noviembre de 1984, Bensider y otros/Comisión, 50/84, EU:C:1984:365, apartado 7, y auto de 3 de abril de 2008, Landtag Schleswig-Holstein/Comisión, T‑236/06, EU:T:2008:91, apartado 22).
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Finalmente, como indica acertadamente la Comisión en el considerando 187 de la Decisión impugnada, el análisis del efecto incentivador de la ayuda y de su proporcionalidad, en el contexto de la decisión de la localización en Leipzig, no puede realizarse en función de la inversión en el proyecto de construcción de vehículos i8, ya que dicho proyecto se añadió únicamente al proyecto inicial de construcción de vehículos i3 en una fecha en la que ya había sido decidida la localización en Leipzig. La propia demandante sostuvo ante el Tribunal que la decisión inicial de 2009 relativa al emplazamiento en Leipzig sólo atañía al modelo i3, mientras que la decisión de producir el modelo i8 no se adoptó hasta 2011. Como señala la Comisión, ya no era necesario analizar la decisión relativa al modelo i8 en el contexto de la segunda situación prevista en la Comunicación relativa a los criterios para la evaluación pormenorizada de la ayuda regional para grandes proyectos de inversión (véase el apartado 88 anterior), es decir, en un contexto en el que la inversión ya había sido geográficamente localizada. En efecto, como se observa en el antedicho considerando, el escaso número de vehículos i8 cuya fabricación estaba planificada no permitía contemplar un emplazamiento diferente de Leipzig. Por otra parte, la propia República Federal de Alemania había indicado que los volúmenes de vehículos eléctricos inicialmente planificados no iban a modificarse por la inclusión del modelo i8 y tampoco había sostenido que procediese modificar, a este respecto, el análisis de la ayuda tal como fue notificada.
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Mediante ese mismo escrito de 27 de junio de 2014, la EFSA, por otra parte, desestimó la solicitud confirmatoria de acceso a los documentos anteriormente mencionados, basándose en la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001. La EFSA recuerda que, cuando una solicitud basada en dicho Reglamento tiene por objeto obtener el acceso a documentos que incluyen datos de carácter personal, son aplicables íntegramente las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1). Pues bien, el artículo 8, letra b), del Reglamento n.o 45/2001 exige que el destinatario de los datos de carácter personal demuestre la necesidad de su transmisión mediante justificaciones legítimas o argumentos convincentes. Según la EFSA, la demandante no cumplió dicha condición. Por otra parte, señala que su decisión de no prorrogar la comisión de servicio se basaba únicamente en el hecho de que habían cambiado las necesidades operativas de la unidad a la que estaba afectada la demandante, de modo que su perfil ya no se ajustaba a los requisitos exigidos en su día, y que no existía vínculo alguno entre la referida decisión y los correos electrónicos a los que la demandante pretendía acceder. La EFSA concluye informando a la demandante de que tiene abierta la vía de un recurso de anulación ante el Tribunal General contra las dos decisiones contenidas en el escrito de 27 de junio de 2014, al amparo del artículo 263 TFUE, o que puede interponer una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo en virtud del artículo 228 TFUE.
Por otra parte, el artículo 4, apartado 4, letra b), de la Ley n.o 59 por la que se delega en el Gobierno la atribución de funciones y competencias a las regiones y a las entidades locales, la reforma de la Administración Pública y la simplificación administrativa (legge n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), de 15 de marzo de 1997 (suplemento ordinario n.o 56 del GURI n.o 63, de 17 de marzo de 1997), en su versión modificada por el Decreto Legislativo n.o 422 por el que se atribuyen a las regiones y a las entidades locales funciones y competencias en materia de transporte público de ámbito local, con arreglo al artículo 4, apartado 4, de la Ley n.o 59 de 15 de marzo de 1997 (Decreto Legislativo n. 422 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), de 19 de noviembre de 1997 (GURI n.o 287, de 10 de diciembre de 1997), establece:

«disponer que las regiones y entes locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, regulen el ejercicio de los servicios, con independencia del modo en que se presten y de la forma en que se adjudiquen, ya sea por concesión, ya sea con arreglo a las modalidades previstas en los artículos 22 y 25 de la Ley n.o 142, de 8 de junio de 1990, mediante contratos de servicio público, las cuales deberán respetar los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) n.o 1191/69 y el Reglamento (CEE) n.o 1893/91, cumplir las exigencias de seguridad financiera y cobertura presupuestaria y garantizar que a más tardar el 1 de enero de 2000 la relación entre los ingresos obtenidos por el servicio de transporte y los costes operativos será como mínimo de 0,35, una vez deducidos los costes de infraestructuras en aplicación de la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, al transporte por ferrocarril de interés regional y local; definir modalidades destinadas a superar las prácticas monopolísticas en la gestión de los servicios de transporte urbano e interurbano y a introducir las normas sobre competencia en la adjudicación periódica de los servicios; definir, a más tardar el 1 de enero de 2010, las modalidades conforme a las cuales la contratación de servicios públicos de interés regional y local con Ferrovie dello Stato Spa [Sociedad Estatal de Ferrocarriles] se transferirá del ámbito estatal al ámbito regional.»
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La Decisión y el Reglamento impugnados fueron modificados por la Decisión de Ejecución 2014/216/PESC del Consejo, de 14 de abril de 2014, por la que se aplica la Decisión impugnada (DO L 111, p. 91; corrección de errores en DO L 350, p. 16), y por el Reglamento de Ejecución (UE) no 381/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se aplica el Reglamento impugnado (DO L 111, p. 33; corrección de errores en DO L 350, p. 16). Sin embargo, la Decisión de Ejecución 2014/216 y el Reglamento de Ejecución no 381/2014 no modificaron la situación del demandante.
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Por consiguiente, procede asimismo desestimar las alegaciones de la demandante de que el Consejo incurrió en desviación de poder y violó el principio de igualdad de trato. Dichas alegaciones se basan, en lo sustancial, en que la inmovilización de los fondos de la demandante no se veía justificada por ninguna razón. Ahora bien, como se ha declarado en el apartado anterior, al incluir el nombre de la demandante en las listas controvertidas por el apoyo logístico que ésta presta al Gobierno de Irán, el Consejo aplicó correctamente el criterio de inclusión establecido en los artículos 20, apartado 1, letra c), de la Decisión 2010/413, en la redacción que da a ésta la Decisión 2012/635 (véase el apartado 13 anterior), y 23, apartado 2, letra d), del Reglamento no 267/2012 (véase el apartado 14 anterior).
El requisito de que la decisión afecte directamente a una persona física o jurídica, tal como dispone el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, implica que la medida impugnada de la Unión debe producir directamente efectos en la situación jurídica del particular y no dejar ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener esta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin intervención de otras normas intermedias.

Pues bien, una sociedad mercantil especializada en la prospección y producción de petróleo y de gas, la venta y la distribución de petróleo crudo y la producción y la venta de productos petrolíferos cuyo nombre figura en los anexos de la Decisión 2014/512/PESC y del Reglamento n.o 833/2014, relativos a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, estaba directamente afectada por las disposiciones de los referidos actos relativas al acceso al mercado de capitales, que no dejan ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación. En efecto, las medidas restrictivas que se derivan de estas, prohíben a todos los operadores de la Unión realizar ciertas operaciones financieras o concluir un acuerdo con entidades establecidas en Rusia que estén sujetas a control público o con más de un 50 % de propiedad pública, que posean activos estimados totales superiores a 1 billón de rublos rusos, cuyos ingresos estimados provengan en al menos un 50 % de la venta o transporte de petróleo crudo o productos del petróleo y cuyo nombre figure en esos anexos, se aplican directamente contra ella como consecuencia inmediata del hecho de que es una entidad afectada por el artículo 1, apartados 2, letra b), y 3, de la Decisión 2014/512/PESC y en el artículo 5, apartados 2, letra b), y 3, del Reglamento n.o 833/2014 y que su nombre figura en el anexo III de la citada Decisión y en el anexo VI de dicho Reglamento impugnado.

Si bien es cierto que dichas disposiciones establecen prohibiciones que se aplican, en primer lugar, a las entidades de crédito y a los demás organismos financieros establecidos en la Unión, tales prohibiciones tienen como objetivo y efecto afectar directamente a las entidades cuyo nombre figura en los anexos de los referidos actos, que se ven limitadas en su actividad económica por la aplicación de esas medidas en su contra. Es obvio que corresponde a los organismos establecidos en la Unión aplicar las citadas medidas, puesto que los actos adoptados por las instituciones de la Unión, no se aplican, en principio fuera del territorio de la Unión. Ello no significa, sin embargo, que las entidades afectadas por las disposiciones relativas al acceso al mercado de capitales no se vean directamente afectadas por las medidas restrictivas aplicadas en su contra.

(véanse los apartados 72 a 75)