SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA QUINTA) DE 15 DE JUNIO DE 1995. - COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CONTRA GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO. - INCUMPLIMIENTO - DIRECTIVA 92/44/CEE - TELECOMUNICACIONES - OFERTA DE RED ABIERTA A LAS LINEAS ARRENDADAS. - ASUNTO C-220/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1995 página I-01589



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

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Actos de las Instituciones ° Directivas ° Ejecución por los Estados miembros ° Necesidad de una adaptación del Derecho interno clara y precisa

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

Índice

Para garantizar no sólo jurídicamente, sino también de hecho, la plena aplicación de las Directivas, los Estados miembros deben establecer un marco legal preciso en el ámbito de que se trate mediante la adopción de disposiciones jurídicas que puedan crear una situación suficientemente precisa, clara y transparente para permitir a los particulares conocer sus derechos e invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

No cabe considerar que lleven a cabo una adecuada adaptación del Derecho interno a la Directiva 92/44, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas, las "Condiciones generales aplicables a los servicios de telecomunicaciones" adoptadas y publicadas por la empresa pública de correos y telecomunicaciones de un Estado miembro, aun suponiendo que aquéllas tengan un contenido acorde con dicha Directiva, cuando queda de manifiesto que dicho Estado miembro no adoptó, dentro del plazo establecido, las disposiciones necesarias para, por una parte, obligar a dicha empresa a atenerse a las exigencias de la Directiva y, por otra parte, poner a los particulares en condiciones de conocer plenamente los derechos que ésta les reconoce y de invocarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

Partes

En el asunto C-220/94,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Anders C. Jessen, miembro del Servicio Jurídico, y J.-F. Pasquier, funcionario nacional adscrito a dicho Servicio, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandante,

contra

Gran Ducado de Luxemburgo, representado por el Sr. N. Schmit, conseiller de légation (1ère classe) del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de dicho Ministerio, 5, rue Notre-Dame,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso dirigido a que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE, así como en virtud del artículo 15 de la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas (DO L 165, p. 27), con carácter principal, al no adoptar dentro del plazo establecido las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva y, subsidiariamente, al no haber informado inmediatamente a la Comisión de dichas medidas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por los Sres.: C. Gulmann, Presidente de Sala; P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (Ponente) y L. Sevón, Jueces;

Abogado General: Sr. M.B. Elmer;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 9 de marzo de 1995, durante la cual el Gran Ducado de Luxemburgo estuvo representado por Me G. Harles, Abogado de Luxemburgo;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de mayo de 1995;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de julio de 1994, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, con el fin de que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE, así como en virtud del artículo 15 de la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas (DO L 165, p. 27; en lo sucesivo, "Directiva"), con carácter principal, al no adoptar dentro del plazo establecido las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva y, subsidiariamente, al no haber informado inmediatamente a la Comisión de dichas medidas.

2 La Directiva contiene, entre otras disposiciones, normas que garantizan a los usuarios el acceso a la información sobre las ofertas de líneas arrendadas (artículo 3), normas sobre condiciones de suministro que deben ser publicadas (artículo 4), sobre los derechos de los usuarios en el caso de supresión de estas prestaciones (artículo 5), así como sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales relativos a las condiciones de uso y de acceso y a los criterios de utilización (artículo 6). Además, la Directiva impone a los Estados miembros las obligaciones de garantizar que los organismos de telecomunicación suministren un conjunto mínimo de líneas arrendadas conformes con las características técnicas armonizadas (artículo 7) y de ejercer un control sobre dichos organismos (artículo 8); establece principios para la facturación y cálculo de los costes, tarifas y recibos (artículos 9 y 10) y, por último, instaura un procedimiento de conciliación (artículo 12).

3 La Directiva establece, en el apartado 1 de su artículo 15, que "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del 5 de junio de 1993" e "informarán inmediatamente de ello a la Comisión".

4 Por no haber recibido del Gobierno luxemburgués comunicación de las medidas de adaptación de su derecho interno a la Directiva, la Comisión le requirió, mediante escrito de 9 de agosto de 1993, para que diera cumplimiento a las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva y del Tratado CEE.

5 Al haber quedado sin respuesta dicho escrito, la Comisión le dirigió el 7 de febrero de 1994 un dictamen motivado en el que le instaba a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva en el plazo de dos meses contados a partir de su notificación. Dicho dictamen quedó asimismo sin respuesta.

6 En su escrito de contestación a la demanda, el Gobierno luxemburgués afirma haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de procedimientos acordes con la Directiva. Se basa al respecto en la Ley de 10 de agosto de 1992, por la que se crea la empresa de correos y telecomunicaciones, que transformó la antigua Administración de Correos y Telecomunicaciones en una empresa pública, con autonomía financiera y administrativa, y dotada de personalidad jurídica.

7 En cuanto al acceso a los servicios de que se trata y a las condiciones en que han de prestarse, se rigen, alega el Gobierno luxemburgués, por las "Conditions générales applicables aux services de télécommunication" (Condiciones generales aplicables a los servicios de telecomunicaciones), publicadas, junto con la lista de servicios ofrecidos y precios, por la empresa de correos y telecomunicaciones.

8 El Gobierno luxemburgués reconoce, no obstante, que la normativa sobre los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones sólo existe como proyecto.

9 La Comisión considera que, al no haber sido objeto de publicación oficial, las "Conditions générales", no realizan una adaptación satisfactoria del derecho interno a la Directiva. Además, su redacción carece, a juicio de la Comisión, de la claridad y precisión necesarias para garantizar la seguridad jurídica y la aplicación de un sistema transparente acorde con la Directiva.

10 Con arreglo a reiterada jurisprudencia, para garantizar no solo jurídicamente, sino también de hecho, la plena aplicación de las Directivas, los Estados miembros deben establecer un marco legal preciso en el ámbito de que se trate mediante la adopción de disposiciones jurídicas que puedan crear una situación suficientemente precisa, clara y transparente para permitir a los particulares conocer sus derechos e invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales (véase, en particular, la sentencia de 30 de mayo de 1991, Comisión/Alemania, C-361/88, Rec. p. I-2567, apartado 24).

11 Aun suponiendo que las condiciones generales adoptadas y publicadas por la empresa de correos y telecomunicaciones tengan un contenido acorde con la Directiva, extremo éste que pone en duda la Comisión, queda de manifiesto que el Gran Ducado de Luxemburgo no ha adoptado, dentro del plazo establecido, las disposiciones necesarias para, por una parte, obligar a dicha empresa a atenerse a las exigencias de la Directiva y, por otra parte, poner a los particulares en condiciones de conocer plenamente los derechos que ésta les reconoce y de invocarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

12 En consecuencia, procede declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15 de la Directiva al no adoptar dentro del plazo establecido las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de dicha Directiva

Decisión sobre las costas

Costas

13 Con arreglo a apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandada, procede condenarla en costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

decide:

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15 de la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas al no adoptar dentro del plazo establecido las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.