Asuntos acumulados C-191/09 P y C-200/09 P

Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)

«Recursos de casación — Derechos antidumping — Reglamento (CE) no 954/2006 — Importación de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero, originarias de Croacia, Rumanía, Rusia y Ucrania — Reglamento (CE) no 384/96 — Artículos 2, apartado 10, letra i), 3, apartados 2, 3 y 5 a 7, 18, apartado 3, y 19, apartado 3 — Determinación del valor normal y del perjuicio — Concepto de “entidad económica única” — Derecho de defensa — Falta de motivación»

Sumario de la sentencia

La determinación del valor normal y la del precio de exportación obedecen a reglas distintas y, por ello, los gastos de venta, administrativos y generales no deben ser tratados necesariamente de la misma manera en uno y otro caso. No obstante, podrían tenerse en cuenta eventuales diferencias entre los dos valores en el marco de los ajustes previstos en el artículo 2, apartado 10, del Reglamento no 384/96, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea. Tanto de la redacción como del sistema del artículo 2, apartado 10, de dicho Reglamento, resulta que únicamente puede realizarse un ajuste del precio de exportación o del valor normal para tener en cuenta diferencias relativas a factores que afecten a los dos precios, como las comisiones, es decir, diferencias en las comisiones pagadas por las ventas en cuestión, y que afecten, por tanto, a su comparabilidad, para garantizar que la comparación se realice en la misma fase comercial. Por ello, la cuestión de un ajuste del precio de exportación, en el marco de la aplicación del artículo 2, apartado 10, del Reglamento no 384/96, requiere, en primer lugar, un examen de la fase comercial en la que se determinó el precio de exportación. En relación con la carga de probar la existencia del factor sobre la base del cual se solicitó o realizó el ajuste en cuestión, si una parte solicita, basándose en el artículo 2, apartado 10, del citado Reglamento, determinados ajustes para conseguir que el valor normal y el precio de exportación resulten comparables con vistas a determinar el margen de dumping, dicha parte debe demostrar que su solicitud está justificada. En efecto, la carga de la prueba de que deben realizarse los ajustes específicos enumerados en el artículo 2, apartado 10, letras a) a k), del Reglamento no 384/96 incumbe a quienes desean invocarlos, sean quienes sean. Así, cuando un productor reivindica la aplicación de un ajuste del valor normal (en principio, a la baja) o de los precios de exportación (lógicamente, al alza), corresponde a dicho operador indicar y demostrar que concurren los requisitos para la concesión de dicho ajuste. A la inversa, cuando, el Consejo y la Comisión consideran que procede aplicar un ajuste a la baja del precio de exportación basándose en que una sociedad de venta vinculada a un productor ejerce funciones similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión, les corresponde aportar cuando menos indicios convergentes que demuestren que concurre este requisito. (véanse los apartados 51, 53, 57, 58, 60 y 61)

Nada en la redacción del artículo 2, apartado 10, del Reglamento no 384/96, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, y, en particular, lo que precisa en su letra i), impide la aplicación del concepto de«entidad económica única» a la determinación final del precio de exportación para la comparación ecuánime con arreglo a dicho artículo. De este modo, si un productor distribuye sus productos de exportación a la Unión a través de una sociedad, jurídicamente distinta, pero que controla desde el punto de vista económico, ninguna razón imperiosa, de naturaleza jurídica o económica, se opone a que pueda reconocerse la existencia de una «entidad económica única» entre esos dos operadores. Aun cuando el citado concepto fue desarrollado para la determinación del valor normal, no obstante, de dicha consideración no resulta que este concepto se aplique únicamente en el marco del mercado interior de los productores exportadores. En efecto, si un productor distribuye sus productos con destino a la Unión a través de una sociedad jurídicamente distinta pero situada bajo su control económico, la exigencia de una evaluación que refleje la realidad económica de las relaciones entre ese productor y dicha sociedad de venta aboga más bien por la aplicación del concepto de «entidad económica única» para el cálculo del precio de exportación. (véanse los apartados 54 y 55)

En el ámbito de las medidas de defensa comercial, las instituciones de la Unión disponen de una amplia facultad discrecional debido a la complejidad de las situaciones económicas, políticas y jurídicas que deben examinar. En cuanto al control jurisdiccional de tal apreciación debe limitarse por tanto a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para efectuar la elección controvertida, de la ausencia de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la ausencia de desviación de poder. El Tribunal no excede los límites de su control de legalidad cuando estima que las pruebas aportadas por una institución para justificar el ajuste realizado no son suficientemente convincentes y no pueden, por tanto, considerarse indicios que permitan acreditar la existencia del factor en función del cual se realizó el ajuste y determinar su incidencia sobre la comparabilidad de los precios. En efecto, de este modo, el Tribunal no impone a las instituciones ninguna carga de prueba especial, excepto la de demostrar que concurrían los requisitos para que se efectuase tal ajuste. Asimismo la apreciación de la insuficiencia como prueba de determinados documentos realizada por el Tribunal no constituye una nueva apreciación de los hechos que sustituya a la de las instituciones. En estas circunstancias, no puede considerarse que el control jurisdiccional haya lesionado la amplia facultad de apreciación de las instituciones. (véanse los apartados 62, 63, 67 y 68)

El respeto del derecho de defensa reviste una importancia capital en los procedimientos de investigación antidumping. A este respecto, debe haberse dado a las empresas, en el curso del procedimiento administrativo previo, la posibilidad de manifestar de forma apropiada su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias alegados y sobre los elementos de prueba admitidos por la Comisión en apoyo de su alegación de la existencia de una práctica de dumping y del perjuicio que de ello se derivaría. Asimismo, no puede exigirse a una sociedad interesada que demuestre que la decisión de la Comisión habría sido diferente, sino, únicamente, que tal posibilidad no queda del todo excluida puesto que ésta habría podido defenderse mejor de no ser por la irregularidad del procedimiento. No obstante, la existencia de una irregularidad en relación con el derecho de defensa sólo dará lugar a la anulación del Reglamento no 954/2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero, originarias de Croacia, Rumanía, Rusia y Ucrania, en caso de que exista una posibilidad de que, debido a dicha irregularidad, el procedimiento administrativo hubiera podido resolverse de modo distinto. (véanse los apartados 76 a 79, y 83)

La obligación de motivación no obliga al Tribunal General a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes del litigio, pudiendo la motivación ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptaron las medidas controvertidas. (véase el apartado 105)

En el marco de una investigación antidumping, del artículo 18, apartado 3, del Reglamento no 384/96, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, resulta que la información presentada en otra forma o en otro documento distinto a la respuesta al cuestionario de la Comisión no debe descartarse cuando se reúnen los requisitos establecidos en dicho artículo. Cuando una parte no ha entregado la respuesta al cuestionario, pero ha aportado información en otro documento, no puede reprochársele falta de cooperación si, en primer lugar, las deficiencias no son tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente precisas, en segundo lugar, si la información es convenientemente presentada en los plazos previstos, en tercer lugar, si es cotejable y, en cuarto lugar, si la parte interesada la ha elaborado lo mejor posible. Por otro lado, no se debe considerar que no coopera un productor de la Unión si las lagunas en la presentación de los datos, derivadas de la falta de entrega de una respuesta al cuestionario de la Comisión por una sociedad vinculada a ésta, no tienen un impacto significativo en el desarrollo de la investigación. Por consiguiente, los datos relativos a tal productor no deben excluirse automáticamente de los tenidos en cuenta para calcular el perjuicio sufrido por la industria de la Unión. (véanse los apartados 150 a 152)

Con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Reglamento no 384/96, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, que establece la regla del derecho inferior, el margen del perjuicio sólo se utiliza para determinar el tipo del derecho antidumping cuando el margen de dumping es mayor que éste. (véase el apartado 153)

No corresponde al Tribunal de Justicia, al resolver sobre un recurso de casación, sustituir por su propia apreciación de las pruebas presentadas ante el Tribunal General la realizada por éste. De este modo, en la medida en que el Tribunal General decide basarse en determinadas pruebas sometidas a su apreciación y rechazar otras, el Tribunal de Justicia no puede controlar esta elección, salvo si observa que ha distorsionado las citadas pruebas realizando declaraciones que no corresponden a su contenido. (véase el apartado 160)

El artículo 19, apartado 3, del Reglamento no 384/96, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, regula las relaciones entre la parte interesada que aporta una información confidencial, sin querer autorizar su divulgación ni siquiera en forma de resumen, y la institución encargada de la investigación antidumping, que puede decidir que la información puede descartarse, salvo si puede demostrarse de manera convincente a partir de otras fuentes adecuadas que dicha información es exacta. Pues bien, desde el momento en que la institución encargada de la investigación decide que la información controvertida podía utilizarse, lo que le permite el Reglamento no 384/96, la cuestión que se suscita en relación con las otras partes interesadas que participan en la investigación es la de si dicha utilización puede afectar a su derecho de defensa. Por consiguiente, la utilización por ésta de información de la que no se había aportado ningún resumen no confidencial únicamente puede ser invocada como motivo de anulación de una medida antidumping por las partes en tal procedimiento si pueden demostrar que la utilización de esta información vulneró su derecho de defensa.