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A la vista de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda como sigue a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Sozialgericht Würzburg:

— Con carácter principal:

«Al no ser aplicable ratione temporis al procedimiento principal, ni siquiera a las circunstancias del asunto principal, el artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, las cuestiones prejudiciales remitidas carecen de objeto. Por consiguiente, no procede darles respuesta.»

— Con carácter subsidiario, en el supuesto de que dicho Reglamento fuese declarado aplicable, propongo al Tribunal de Justicia que declare que:

«El artículo 44, apartado 2, del Reglamento no 987/2009 no se opone a que, cuando, con arreglo a la legislación del Estado miembro que es competente en virtud del título II del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, no se computan los períodos de educación de los hijos, la institución de otro Estado miembro cuya legislación siga siendo aplicable al interesado con carácter subsidiario, en las condiciones establecidas por dicho artículo 44, no compute el período en cuestión como período de educación de los hijos del mismo modo que si el hijo fuese educado en su propio territorio, cuando no se cumplan en la situación controvertida los criterios de cómputo previstos por su propia legislación. El hecho de que se computen legalmente tales períodos, pero no en concreto, respecto de la situación controvertida, ni en el Estado miembro en principio competente, ni en este otro Estado miembro, no afecta en sí mismo a la interpretación del artículo 44 del Reglamento no 987/2009.»

— Con carácter subsidiario de segundo grado, en el supuesto de que las disposiciones del Derecho alemán que son objeto de las cuestiones prejudiciales debiesen regir una situación como la controvertida en el litigio principal a la vista del título II del Reglamento no 883/2004 y del artículo 44 del Reglamento no 987/2009, propongo al Tribunal de Justicia que declare que:

«El artículo 5 del Reglamento no 883/2004 obliga a un Estado miembro, cuando es competente en virtud del título II del Reglamento no 883/2004, o está sujeto a la obligación establecida en el artículo 44, apartado 2, in fine, del Reglamento no 987/2009, a reconocer a los períodos de educación y a las cotizaciones abonadas en otro Estado miembro efectos jurídicos del mismo modo que si estos hechos o acontecimientos hubiesen ocurrido en su propio territorio.»
53.

A la luz de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Court of Appeal: «1) Una base de datos puede estar protegida por el derecho de autor, conforme al artículo 3 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, sólo cuando sea una creación intelectual original de su autor. Para ello no pueden tomarse en consideración las actividades desarrolladas para la creación de los datos. En el caso de un calendario futbolístico, constituye una actividad de creación de los datos la determinación de todos los elementos relativos a cada partido concreto. 2) Dicha Directiva se opone a que una legislación nacional reconozca la protección del derecho de autor a una base de datos que no cumple los requisitos previstos en el artículo 3 de la citada Directiva.»
44.

En efecto, no parece discutible, en especial desde el punto de vista criminológico, que ese tipo de conducta, situada en un contexto exclusivamente familiar, no puede equipararse a la de los «depredadores sexuales». ( 18 ) Aunque el Sr. I. constituye innegablemente un peligro en la esfera familiar, no está acreditado por la naturaleza de los actos cometidos que constituya una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de la Unión, expresión que tomo del apartado 46 de la sentencia Tsakouridis, antes citada. Por muy repulsivo que sea el acto de incesto, en mi opinión no genera la misma clase de peligro para la seguridad pública que ha definido el Tribunal de Justicia en dicha sentencia.
34.

Por otro lado, este argumento carece de fundamento fáctico. En virtud de una jurisprudencia consolidada, ( 30 ) en principio los efectos de una sentencia prejudicial de interpretación son igualmente retroactivos, habida cuenta de su valor declarativo: la interpretación de una norma comunitaria hecha por el Tribunal de Justicia aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma tal como habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor, si bien dicha interpretación se remonta al momento de entrada en vigor de la norma interpretada, y la norma así interpretada debe aplicarse incluso a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia del Tribunal de Justicia. Además, como indicó el juez a quo y precisó el Gobierno español en la vista, la nulidad de la ley española inconstitucional no supone automáticamente la nulidad de los actos administrativos adoptados sobre la base de dicha ley; corresponde al órgano jurisdiccional que conoce de un asunto determinar el alcance de la nulidad de la ley inconstitucional caso por caso. De ello se deduce que el justiciable debe, alegando la declaración de nulidad de la ley inconstitucional, solicitar la anulación de los actos administrativos adoptados sobre su base y que, por razones de seguridad jurídica, puede serle oponible la firmeza de los actos administrativos si no lo hace en los plazos previstos. En otras palabras, expirado el plazo de prescripción, un contribuyente no puede impugnar la liquidación de su impuesto aunque alegue una declaración de inconstitucionalidad de la ley tributaria. Del mismo modo, si el Derecho nacional no prevé esta posibilidad, el Derecho comunitario no obliga a la administración a revisar una resolución que ya no es atacable debido a la expiración del plazo para interponer recursos razonables, para garantizar el pleno efecto del Derecho comunitario en la interpretación que ha dado a éste una sentencia prejudicial posterior, a pesar de su efecto ex tunc. ( 31 ) Por tanto, no existe una diferencia notable de efectos entre las declaraciones de inconstitucionalidad de una ley nacional realizadas por el Tribunal Constitucional español y las sentencias prejudiciales de interpretación del Tribunal de Justicia.
16.

La Amministrazione Finanziaria ha formulado un único motivo de recurso complejo, afirmando que los motivos indicados en relación con una cuestión decisiva en la controversia carecen de lógica y pertinencia, y alegando una vulneración y aplicación errónea del artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como del artículo 37 bis del Decreto Presidencial no 600/1973 y del artículo 10 de la Ley no 408/1990, ambos declarados no aplicables al presente asunto por el Tribunal Tributario Regional. Dicho motivo de recurso tiene por objeto, en esencia, impugnar la apreciación en la sentencia de la Commissione tributaria regionale del Lazio de que no existió intención de eludir impuestos.
102.

Por consiguiente propongo que: 1) Antes de pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof y sobre las cuestiones primera y segunda planteadas por el Handelsgericht Wien, el Tribunal de Justicia acuerde la reapertura de la fase oral del procedimiento conforme al artículo 61 del Reglamento de Procedimiento e inste a presentar observaciones a los Estados miembros, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo acerca de si los artículos 5 y 7 del Reglamento y el artículo 6 del Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, en cuanto establecen una distinción entre cancelación y retraso (cualquiera que sea su duración), son inválidos a la luz del principio de igualdad de trato. 2) Cuando se dicte sentencia, se debe responder a la tercera cuestión del Handelsgericht Wien como sigue: «El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “circunstancias extraordinarias” utilizado en dicha disposición no se aplica a un problema técnico surgido en una aeronave que provoque la cancelación de un vuelo, a menos que este problema se derive de acontecimientos que, por su naturaleza o por su origen, no sean inherentes al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo de que se trate y escapen al control efectivo de dicho transportista.»
165.

Además, como he expuesto en los puntos 151 y 152 de las presentes conclusiones, después de haber puesto de manifiesto los vicios que afectan al examen de las repercusiones concretas de la infracción llevado a cabo por la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia se negó, no obstante, a hacer uso de su facultad de modificación del importe de partida de la multa fijado en la Decisión controvertida, por considerar, en esencia, que, en las circunstancias del caso de autos, el importe que había sido establecido en la misma estaba atenuado con respecto a la calificación de la infracción como «muy grave» ya resultante de la propia naturaleza de ésta. En contra de lo que las recurrentes sostienen, el Tribunal de Primera Instancia no consideró pues que el importe de partida de 20 millones de euros, fijado en la Decisión controvertida, constituía un límite irrebasable, sino que por el contrario, examinó, en el marco de su competencia jurisdiccional plena, si procedía o no modificar dicho importe, como se desprende del apartado 190 de la sentencia impugnada. ( 62 ) El hecho de que, después de examinar las circunstancias del presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia considerara oportuno no modificar el importe de partida de la multa fijado en la Decisión controvertida, explicando las razones en las que se basa esta apreciación, no puede constituir en sí mismo una vulneración del principio de proporcionalidad. Además, la posibilidad de que la Comisión haya apreciado de manera diferente otras conductas ilícitas en otros asuntos no reviste ninguna pertinencia, ya que la práctica decisoria de la Comisión no sirve de marco jurídico para las multas en materia de competencia. ( 63 )
106.

Por otro lado, la Comisión sostiene que la Directiva sobre las aguas residuales no permite tener en cuenta la disminución natural de la cantidad de nitrógeno. Sin embargo, no existe, a mi juicio, base jurídica para una norma general en ese sentido. Lo que sí es cierto es que la eutrofización, según la definición del artículo 2, punto 11, supone en particular un trastorno del equilibrio natural. ( 38 ) Mientras el vertido de aguas residuales que contienen nitrógeno no cause trastornos en dicho equilibrio o pueda llegar a causarlos conforme al anexo II, parte A, letra a), no será necesario un tratamiento más riguroso.
2.

Estas cuestiones se han suscitado en el marco de la acción ejercitada por Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) (en lo sucesivo, «Age Concern England») contra el Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, en la que la primera discute que dicha normativa sea legal.
5.

Todas las partes convienen en que existen diferencias significativas entre el tratamiento de los datos personales de los nacionales alemanes y el de los datos de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Alemania no tiene un sistema centralizado de registro, almacenamiento y tratamiento de datos personales de sus nacionales. Sin embargo, existen unos 7.700 padrones municipales, que recogen los datos personales básicos de los ciudadanos pero no están interconectados y no pueden ser consultados de forma centralizada y simultánea. Por el contrario, los datos personales de los extranjeros, incluidos los de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, están almacenados no sólo en los registros municipales sino también en un registro central de extranjeros dependiente del Departamento Federal de Inmigración y Refugiados. Además, el ámbito del registro central es considerablemente más amplio y contiene información adicional que no está recogida en los registros municipales, como datos de pasaporte, fechas de entrada y salida del país, régimen de residencia, datos sobre solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y las decisiones que recaerán al respecto, datos de órdenes de expulsión y medidas de ejecución de las mismas, información acerca de presuntas actividades delictivas de la persona a la que se refieran los datos e información sobre antecedentes penales. Así pues, la diferencia de trato entre los propios nacionales alemanes y los ciudadanos extranjeros de la Unión se manifiesta en tres aspectos: primero, los datos personales de los extranjeros se recogen no sólo en los registros municipales, donde también aparecen registrados los datos de los nacionales alemanes, sino además en el registro central de extranjeros; segundo, el registro central recoge más información sobre las personas registradas de la que contienen los registros locales; y tercero, a los datos de los extranjeros pueden acceder fácilmente diversos organismos oficiales a través del registro central, posibilidad que no se da por lo que respecta a los nacionales alemanes. La cuestión está en si tal diferencia de trato constituye una discriminación prohibida.
297.

Esta alegación también es infundada. Ciertamente, las empresas soportan la carga de la prueba de que se cumplen los requisitos del artículo 81 CE, apartado 3. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el procedimiento previsto en el artículo 4 del Reglamento no 17 es un procedimiento administrativo que se rige por el principio de actuación de oficio «Offizialmaxime». ( 131 ) Así pues, las empresas pueden exigir que la Comisión examine de forma objetiva sus solicitudes de exención de un acuerdo conforme al artículo 81 CE, apartado 3. A este respecto, la Comisión no puede limitarse a exigir de las empresas que prueben que concurren los requisitos para conceder la exención sino que, en aras de una buena administración, debe intervenir activamente con sus propios medios para determinar los hechos y circunstancias pertinentes. ( 132 ) Ciertamente, esto no significa que la Comisión haya de probar que no concurren los requisitos del artículo 81 CE, apartado 3. Ahora bien, del principio de buena administración y de los principios generales del Derecho procesal se desprende que la motivación de la Comisión relativa a la no concurrencia de los distintos requisitos del artículo 81 CE, apartado 3 debe revestir una determinada sustancia mínima, si la Comisión quiere basar una decisión desestimatoria en tal motivación. Esta sustancia mínima comprende en primer lugar la comprobación de que no concurre el requisito de que se trate. Además, de la motivación debe desprenderse al menos que la Comisión ha examinado tal requisito.
46.

El Gobierno alemán admite que la prohibición de venta por correo que es objeto del procedimiento principal se vincula a un determinado etiquetado, o más bien a su falta. No obstante, ello no debe llevar a asimilar dicha prohibición a una obligación de etiquetado relativa al producto y a excluir que ésta verse sobre una modalidad de venta. La comercialización de soportes gráficos no controlados por el organismo alemán competente y, por tanto, no clasificados no está prohibida, ni lo está con carácter general su venta por correo. Se prohíbe, en cambio, únicamente la venta por correo «no protegido», es decir, el que no garantiza que el producto sea pedido y recibido únicamente por adultos. Dado que para la comercialización de tales productos también se autorizan otros canales de distribución, entre los cuales se encuentra también la venta por correo«protegido», el acceso al mercado alemán de soportes gráficos importados está garantizado y los importadores no están obligados a modificar la presentación de los productos al objeto de su comercialización en Alemania. Se trata pues del régimen de una modalidad de venta que se aplica ya a las mercancías importadas, ya a las mercancías nacionales, y que no determina trato desigual alguno, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el sustancial, entre las mismas.
98.

En lo que respecta a la zona biológicamente sensible definida en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 1954/2003, de los documentos obrantes en autos se desprende que el solapamiento de dicha zona con el «Irish Box» es limitado, en la medida en que la zona biológicamente sensible abarca menos de la mitad del «Irish Box». ( 42 ) En tales circunstancias, difícilmente puede afirmarse que el régimen restrictivo al que estuvo sometido en el «Irish Box» el Reino de España en virtud del Reglamento no 685/95, durante el período comprendido entre 1998 y 2002, haya sido prorrogado, en detrimento de dicho Estado miembro, por el artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 1954/2003. Además, el método de evaluación del esfuerzo pesquero en la zona biológicamente sensible contemplado en el citado artículo se basa igualmente en un criterio objetivo —a saber, el esfuerzo pesquero ejercido efectivamente por los buques de eslora total igual o superior a 10 metros, como una media anual del período comprendido entre 1998 y 2002— que me parece justificado, además, a la luz del objetivo de limitar el esfuerzo pesquero en una zona de gran concentración de juveniles de merluza.
«Recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 17 de septiembre de 2003, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH y Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH/Comisión (asuntos acumulados T-309/01 y T-239/02) – Anulación parcial de la Decisión C (2001) 2533 de la Comisión, de 14 de agosto de 2001 (asunto T-309/01) y anulación de la Decisión C (2002) 857 de la Comisión, de 5 de marzo de 2002 (asunto T-239/02), por las que se declaró que debía procederse a la recaudación a posteriori de los derechos de importación que no se habían reclamado a las demandantes por las importaciones de carne de aves de corral procedente de Tailandia»
Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 7 de marzo de 2002. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 98/8/CE. - Asunto C-372/01.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-04553



Conclusiones del abogado general

1. En el presente asunto, la Comisión solicita, con arreglo al artículo 226 CE, que el Tribunal de Justicia declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2. El ámbito de aplicación de la Directiva se refiere a:

a) la autorización y la comercialización para el uso de biocidas en los Estados miembros;

b) el reconocimiento mutuo de autorizaciones en el interior de la Comunidad;

c) la elaboración de una lista positiva de alcance comunitario de las sustancias activas que pueden utilizarse en los biocidas.

3. Según el artículo 34 de la Directiva, los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva el 13 de mayo de 2000 y debían informar inmediatamente de ello a la Comisión.

4. Al no haber recibido comunicación alguna del Gran Ducado de Luxemburgo sobre las medidas de adaptación del Derecho interno a la Directiva, la Comisión interpuso el presente recurso.

5. El Gran Ducado de Luxemburgo alega en su defensa que se ha presentado ante el Parlamento de Luxemburgo un proyecto de Ley que adapta el Derecho interno a las disposiciones esenciales de la Directiva y que dicho proyecto ha sido sometido al Conseil d'État para su dictamen. Un proyecto de Reglamento granducal completará dicha adaptación en los aspectos de detalle.

6. De lo que se deduce que el recurso de la Comisión está fundado.

Conclusión

7. En consecuencia, considero que el Tribunal de Justicia debería:

1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
Conclusiones del Abogado General Tizzano presentadas el 20 de junio de 2002. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda. - Incumplimiento de Estado - No adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/28/CE. - Asunto C-328/01.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-08827



Conclusiones del abogado general

1. Mediante recurso presentado el 30 de agosto de 2001, con arreglo al artículo 226 CE, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/28/CE de la Comisión, de 21 de abril de 1999, por la que se modifica el anexo a la Directiva 92/14/CEE del Consejo relativa a la limitación del uso de aviones objeto del anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil internacional, volumen 1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1988) (DO L 118, p. 53), al no haber adoptado, o, en todo caso, al no haber comunicado a la Comisión, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno a la mencionada Directiva.

2. El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 1999/28 exige a los Estados miembros poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva antes del 1 de septiembre de 1999 e informar inmediatamente de ello a la Comisión. En el escrito de contestación, Irlanda reconoce que aún no ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Directiva y se limita a anunciar la adopción inminente de las disposiciones de adaptación del Derecho interno necesarias.

3. Por no discutirse que, al finalizar el plazo señalado en el dictamen motivado, subsistía la infracción denunciada por la Comisión, considero que debe acogerse el presente recurso y que, como ha solicitado la parte demandante, Irlanda debe ser condenada en costas.

Conclusión

4. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que:

1) Declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/28/CE de la Comisión, de 21 de abril de 1999, por la que se modifica el anexo a la Directiva 92/14/CEE del Consejo relativa a la limitación del uso de aviones objeto del anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil internacional, volumen 1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1988), al no haber adoptado, o, en todo caso, al no haber comunicado a la Comisión, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno a la mencionada Directiva.

2) Condene en costas a Irlanda.