SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 11 de junio de 1996

Asunto T-111/94

Giovanni Ouzounoff Popoff

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Transferencia de una parte de la retribución en la moneda de un Estado miembro distinto del país en el que tiene su sede la Institución — Inadmisibilidad»

Texto completo en lengua española II-819

Objeto:

Anulación de la decisión implícita denegatoria de la reclamación relativa a la transferencia de una parte de la retribución del demandante a una cuenta de ahorro-vivienda en coronas danesas; reconocimiento del derecho del demandante a efectuar dicha transferencia, y una pretensión de indemnización.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

Marco jurídico y hechos que originaron el litigio

La letra b) del apartado 2 del artículo 17 del Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (Estatuto) establece que el funcionario podrá hacer transferir por conducto de la Institución en la que preste sus servicios una parte de su retribución, siempre y cuando dichas transferencias «estén destinadas a cubrir gastos resultantes de obligaciones regulares y comprobadas a que el interesado estuviera sujeto fuera del país en que la Institución tuviera su sede o en que ejerciera sus funciones».

La Reglamentación por la que se fijan las modalidades relativas a las transferencias de parte de los emolumentos de los funcionarios de las Comunidades Europeas (Reglamentación) dispone en su artículo 2 que constituirán gastos que justifiquen una transferencia, en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 17 del Anexo VII del Estatuto, las primas adeudadas en concepto de pólizas de seguros de vida/invalidez o de contratos de ahorro-vivienda correspondientes a determinadas operaciones inmobiliarias.

El demandante, funcionario de la Comisión destinado en Bruselas, abrió una cuenta de ahorro-vivienda en el Banco Español de Crédito (Banesto) de Bruselas para que la Comisión transfiriera a dicha cuenta 5.000 DKR mensuales. El demandante entregó un ejemplar de dicho contrato en la Dirección General de Personal de la Comisión (DG IX). A partir del mes de febrero de 1992, la Comisión empezó a transferir a dicha cuenta la suma de 5.000 DKR mensuales, a la que se le aplicó el índice corrector para Dinamarca.

El 13 de octubre de 1992 y el 21 de enero de 1993, el demandante modificó su contrato con Banesto, incrementando el importe de la transferencia mensual de 5.000 DKR a 9.800 DKR y de 9.800 DKR a 20.000 DKR, respectivamente. Alega que comunicó dichas modificaciones a la DG IX mediante la entrega de una copia de las modificaciones del contrato de ahorro-vivienda.

El 20 de agosto de 1993, el demandante presentó, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, una reclamación contra la denegación de sus dos «solicitudes» de aumento de la transferencia por importe de 9.800 DKR y 20.000 DKR, respectivamente. La falta de respuesta dentro del plazo de cuatro meses previsto en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto equivale a una decisión implícita de rechazo de la reclamación. La Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) denegó expresamente la reclamación mediante decisión de 30 de marzo de 1994.

Sobre la admisibilidad

Sobre las pretensiones que tienen por objeto la anulación de la decisión implícita denegatoria de la reclamación

Cuando no exista un acto que sea lesivo para el funcionario de que se trate, el procedimiento administrativo previo regulado por el artículo 90 del Estatuto es un procedimiento que se divide en dos fases. Como se deduce del apartado 1 del artículo 90, las personas a las que se aplique el Estatuto podrán presentar ante la AFPN peticiones de que se adopte una determinada decisión con respecto a ellas. En caso de respuesta desfavorable, o a falta de respuesta, el interesado podrá formular ante la AFPN una reclamación contra la decisión expresa o presunta de dicha autoridad, con sujeción a los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 90 del mismo Estatuto.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Cámara Alloisio y otros/Comisión (asuntos acumulados T-17/90, T-28/91 y T-17/92, Rec. p. II-841 ), apartado 45 ; Tribunal de Primera Instancia, 15 de julio de 1993, Camara-Lampitelli y otros/Comisión (T-27/92, Rec. p. II-873), apartado 26

Es un hecho que el demandante nunca dirigió a la parte demandada una solicitud formal por escrito al objeto de obtener las transferencias, conforme al artículo 17 del Anexo VII del Estatuto, por importe de 9.800 DKR y 20.000 DKR, respectivamente. El demandante parece defender, no obstante, que la comunicación a la DG IX de una copia de las modificaciones del contrato de ahorro-vivienda puede asimilarse a una petición, a efectos del apartado 1 del artículo 90 del Estatuto.

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que la petición a que se refiere el artículo 90 del Estatuto debe invitar a la AFPN a que adopte una decisión respecto al funcionario de que se trate. La petición deberá precisar de manera suficientemente clara el objeto de ésta, para que la autoridad competente pueda pronunciarse con conocimiento de causa. Habida cuenta de dichas exigencias, este Tribunal considera que, aun cuando el demandante hubiera aportado una copia de las modificaciones de su contrato de ahorro-vivienda a la DG IX, no puede considerarse que la mera aportación de tales documentos constituya una petición a efectos del apartado 1 del artículo 90 del Estatuto. En efecto, las modificaciones del contrato celebradas entre el demandante y un banco no contienen ninguna solicitud precisa dirigida a la AFPN de adoptar una decisión respecto al demandante.

Referencia: Tribunal de Justicia, 12 de marzo de 1975, Küster/Parlamento (23/74, Rec. p. 353), apartado 11

La circunstancia de que la Comisión, en un primer momento, había tramitado favorablemente la mera aportación por el demandante de una copia del contrato de ahorro-vivienda, no puede dispensar al demandante de seguir el procedimiento administrativo previo establecido por el artículo 90 del Estatuto. Del mismo modo, el demandante no puede alegar válidamente que algunos funcionarios consiguieran el aumento de una transferencia en DKR previa aportación a la DG IX únicamente de la modificación de su contrato de ahorro-vivienda. Es evidente, en efecto, que un funcionario que considere que tiene derecho a una prestación específica con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto, se pondrá en contacto en primer lugar con el servicio competente de la administración al objeto de obtener la prestación de que se trate. Para las transferencias a efectos del artículo 17 del Anexo VII del Estatuto, el párrafo primero del artículo 6 de la Reglamentación dispone incluso que tales «solicitudes» deberán presentarse por escrito. No obstante, si la administración no diera curso alguno a una solicitud con arreglo al párrafo primero del artículo 6 de la Reglamentación, el funcionario que desee disfrutar de una transferencia o de un aumento de la transferencia que ya tenía concedida, se verá obligado, de no existir un acto lesivo, a presentar por la vía jerárquica una petición formal a efectos del apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, solicitando a la AFPN que adopte una decisión respecto a él.

Pues bien, en el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia comprueba que la administración no ha dado curso alguno a la presentación por el demandante de una copia de las modificaciones del contrato de ahorro-vivienda que había celebrado con Banesto. De ello se deduce que, a falta de acto lesivo, el demandante debería haber presentado, antes de su reclamación, una petición con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto. AI no haberse formulado dicha petición, el demandante no ha seguido, pues, el procedimiento administrativo normal en dos etapas. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones destinadas a la anulación de la decisión implícita denegatoria de la reclamación.

Sobre las pretensiones que tienen por objeto la anulación de la decisión denegatoria expresa de la reclamación

La decisión denegatoria expresa es un acto puramente confirmatorio de la decisión denegatoria presunta de la reclamación, contra la cual ya se han formulado pretensiones de anulación en el marco del presente recurso. Pues bien, es jurisprudencia reiterada que son inadmisibles las pretensiones destinadas a la anulación de un acto confirmatorio.

Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de diciembre de 1988, Irish Cement/Comisión (asuntos acumulados 166/86 y 220/86, Rec. p. 6473), apartado 16; Tribunal de Primera Instancia, 22 de noviembre de 1990, Lestelle/Comisión(T-4/90, Rec. p. II-689), apartados 24 a 27; Tribunal de Primera Instancia, 27 de octubre de 1994. Chavane de Dalmassy y otros/Comisión (T-64/92, RecFP p. II-723), apartado 25

Sobre las pretensiones que tienen por objeto que el Tribunal de Primera Instancia reconozca el derecho del demandante a las transferencias mensuales solicitadas

No corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorios a las Instituciones ni sustituir a estas últimas. Dichas pretensiones son también inadmisibles.

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 11 de julio de 1991, Von Hoessle/Tribunal de Cuentas (T-19/90, Rec. p. II-615), apartado 30; Tribunal de Primera Instancia, 28 de enero de 1993, Piette de Stachelski/Comisión (T-53/92, Rec. p. II-35), apartado21; Camera-Lampitelliy otros, antes citada, apartado 25

Sobre las pretensiones de indemnización

La pretensión de indemnización se funda en el perjuicio derivado del acto cuya anulación se solicita, a saber, la supuesta negativa de la Comisión, incorporada a la decisión denegatoria presunta de la reclamación, a transferir una parte de la retribución del demandante a su cuenta de ahorro-vivienda en DKR. Por consiguiente, la pretensión de indemnización está directamente vinculada con la pretensión de anulación. Al ser inadmisibles las pretensiones de anulación, también lo son las pretensiones de indemnización.

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1989, Bossi/Comisión (346/87, Rec. p. 303), apartado 31; Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T-82/91, RecFP p. II-61), apartado 34

Fallo:

Se declara la inadmisibilidad del recurso.

Funcionarios — Transferencia de una parte de la retribución en la moneda de un Estado miembro distinto del país en el que tiene su sede la Institución — Inadmisibilidad (SENTENCIA DE 11.6.1996 — ASUNTO T-111/94 - OUZOUNOFF POPOFF / COMISIÓN) II-819