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Palabras clave

Comisión - Derecho de acceso del público a los documentos de la Comisión - Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom - Acto que otorga derechos a los particulares - Excepciones al principio de acceso a los documentos - Interpretación - Alcance - Obligación de motivación

(Tratado CE, art. 190; Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisión)

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La Decisión 94/90 sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión, que incluye un código de conducta, es un acto que puede otorgar a terceros derechos que la Comisión está obligada a respetar. En efecto, al adoptar dicha decisión, la Comisión ha indicado a los ciudadanos que deseen acceder a los documentos que obran en su poder que sus solicitudes serán tramitadas con arreglo a los procedimientos, requisitos y excepciones previstos al efecto. Aunque, a este respecto, el código establece excepciones al principio general de acceso de los ciudadanos a los documentos, estas deben interpretarse de tal manera que no hagan imposible alcanzar el objetivo de transparencia perseguido por la Decisión.

Más concretamente, el código distingue dos categorías de excepciones: la primera redactada en términos imperativos, dispone la denegación del acceso a todo documento cuya divulgación pueda suponer un perjuicio para, en particular, la protección del interés público; la segunda, redactada en términos facultativos, establece la posibilidad de una denegación a fin de salvaguardar el interés de la Institución en mantener el secreto de sus deliberaciones. La distinción entre estas dos categorías de excepciones se explica por la naturaleza de los intereses que intentan proteger; la primera protege los intereses de terceros o del público en general, la segunda se refiere a las deliberaciones internas de la Institución que sólo comprometen los intereses de esta última.

Por lo que respecta a la primera categoría, la Comisión está obligada a denegar el acceso a los documentos que correspondan a una de las excepciones que figuran en ella, cuando se aporta la prueba de esta última circunstancia. En lo referente a la segunda categoría, la Comisión dispone de una facultad de apreciación que le permite denegar, en su caso, una solicitud de acceso a documentos relacionados con sus deliberaciones, pero no obstante debe ejercer dicha facultad ponderando realmente, por una parte, el interés del ciudadano en obtener un acceso a estos documentos, y, por otra, su posible interés en preservar el secreto de sus deliberaciones.

Los documentos relativos a una investigación sobre un eventual incumplimiento del Derecho comunitario por parte de un Estado miembro cumplen los requisitos necesarios para que la Comisión pueda invocar la excepción basada en la protección del interés público. A este respecto, la Comisión está obligada a indicar, al menos para cada categoría de documentos, los motivos por los que considera que los documentos de que se trata están vinculados a la eventual incoación de un procedimiento por incumplimiento, precisando a qué se refieren, y en particular, si están relacionados con las actividades de inspección y de investigación que implica la constatación de un incumplimiento. No obstante, dicha obligación no significa que la Comisión esté obligada en cualquier circunstancia a aportar, para cada documento, las «razones imperativas» que justifican la aplicación de dicha excepción, para no perjudicar a la función esencial de ésta, tal como resulta de la naturaleza misma del interés público que debe protegerse y del carácter obligatorio de la excepción.

Para reunir los requisitos de motivación que se derivan del artículo 190 del Tratado, una Decisión denegatoria de una solicitud de acceso debe permitir, para cada una de las categorías de excepciones, al demandante y, por consiguiente, al Tribunal de Primera Instancia, comprobar si la Comisión ha cumplido las obligaciones antes mencionadas.