2.

Un aspecto singular del presente procedimiento obedece al hecho de que, mediante carta de 7 de junio de 1978 dirigida al Tribunal de Justicia, el Presidente del Centrale Raad van Beroep creyó oportuno, a modo de aclaración de las cuestiones planteadas a dicho Tribunal, exponer «los antecedentes del litigio así como el razonamiento seguido por el Centrale Raad van Beroep que determinó la petición de decisión prejudicial». A mi modo de ver, el conocimiento de estos elementos, aun cuando pueda ser útil, no es indispensable ni para comprender el alcance de las cuestiones ni para responder a las mismas. Estimo, no obstante, que no puedo dejar de comentar una afirmación recogida en la mencionada carta, que me ha dejado seriamente perplejo (tanto más cuanto parece tratarse de una fase fundamental del razonamiento seguido por el órgano jurisdiccional remitente); se trata de la afirmación de que el Sr. Lohmann entra dentro del ámbito de aplicación ratione personae del Reglamento no 1408/71 y que la normativa neerlandesa sobre las asignaciones por hijos a cargo, objeto del caso de autos, pertenece al ámbito de aplicación ratione materiae del mismo texto. En el razonamiento seguido por el órgano jurisdiccional neerlandés, los dos puntos están mutuamente relacionados. La carta, en efecto, menciona el inciso ii) de la letra a) del artículo 1 y los apartados 1 y 3 del artículo 2 del Reglamento. A tenor del inciso ii) de la letra a) del artículo 1 el término «trabajador» designa a toda persona «que esté asegurada con carácter obligatorio contra una o varias contingencias correspondientes a las ramas a las cuales se aplica el presente Reglamento, en el marco de un régimen de Seguridad Social que sea de aplicación a todos los residentes o al conjunto de la población activa, cuando las formas de gestión o de financiación de este régimen permitan identificarla como trabajador por cuenta ajena, o cuando, a falta de tales criterios, esté asegurada en virtud de un seguro obligatorio o facultativo continuado contra alguna otra contingencia especificada en el Anexo V, en el marco de un régimen organizado en beneficio de los trabajadores por cuenta ajena». A tenor del apartado 1 del artículo 2 el Reglamento será de aplicación «a los trabajadores que estén o hayan estado sometidos a la legislación de uno o varios Estados miembros y que sean nacionales de uno de los Estados miembros […]». De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 2, el Reglamento se aplica a los funcionarios, «en la medida en que estén o hayan estado sometidos a la legislación de un Estado miembro a la cual es aplicable el presente Reglamento». Ahora bien, lo que se ha planteado el Centrale Raad van Beroep es si las dos leyes neerlandesas sobre asignaciones por hijos a cargo, invocadas por la parte demandante en el litigio principal (la ley que puede denominarse general y la relativa a los hijos de los trabajadores por cuenta ajena), están cubiertas por el concepto de «legislación a la cual es aplicable el presente Reglamento» y, tras responder afirmativamente a esta cuestión basándose en el artículo 4 del Reglamento, el referido órgano jurisdiccional nacional ha deducido que el Sr. Lohmann entra dentro del ámbito de aplicación de dicho texto. A este respecto, la Comisión ha observado, muy acertadamente, que, en una situación como la de autos, los derechos a prestaciones familiares no son autónomos, sino accesorios de otros derechos y ligados al estatuto del titular. Por consiguiente, estimo que comparar las leyes sobre prestaciones familiares con el Reglamento no 1408/71 con el fin de determinar si las primeras entran dentro del ámbito de aplicación del segundo es una manera errónea de abordar el problema. En realidad, cuando el artículo 2 designa como destinatarios del Reglamento a los trabajadores (y después en el apartado 3, a los funcionarios) «sometidos a la legislación» de un Estado miembro, el elemento decisivo es la situación personal del trabajador —es decir, el régimen de Seguridad Social de base que le sea aplicable— Por otra parte y entrando ya a valorar la situación de autos, parece extraño que el Sr. Lohmann seaconsiderado como destinatario del Reglamento no 1408/71 por el mero hecho de que las dos leyes sobre prestaciones familiares tomen parte de las legislaciones a que se hace referencia en dicho texto, cuando lo que hay que demostrar es, precisamente, la posibilidad de aplicar ambas leyes al Sr. Lohmann (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento). La postura del Centrale Raad van Beroep nos parece, en cualquier caso, insostenible, aun cuando se admita que las dos leyes neerlandesas sobre prestaciones familiares podrían, en principio, encajar dentro del concepto de «legislación», en el sentido del apartado 3 del artículo 2, antes citado. Ya sabemos que, en efecto, la parte demandada en el litigio principal no reúne todos los requisitos exigidos por dichas leyes, razón por la cual no está sujeto ni a la una ni a la otra. Ya hemos visto que, en virtud del citado apartado 3 del artículo 2, los funcionarios únicamente pueden invocar el Reglamento no 1408/71, en la medida en que estén o hayan estado sometidos a una legislación nacional a la que el Reglamento sea de aplicación. Por consiguiente, no puedo limitarme a observar que el interesado invoca leyes nacionales a las que el Reglamento es aplicable; es preciso, además, que se reúnan todos los requisitos exigidos para que el interesado esté sujeto a las mismas. En el caso de autos uno desearía apoyarse en el Reglamento no 1408/71 para vencer el obstáculo que representa el hecho de que no se reúnan las condiciones exigidas por las leyes nacionales; ahora bien, es precisamente esto último lo que impide que el apartado 3 del artículo 2 produzca efectos jurídicos. Y tampoco hay que olvidar que el apartado 3 del artículo 2 es una disposición de carácter excepcional. En realidad, el fin fundamental de las normas de armonización contempladas en el Reglamento no 1408/71 es eliminar, en materia de Seguridad Social, los obstáculos a la libertad de circulación efectiva en la Comunidad, que proclama el artículo 48 en favor de los trabajadores asalariados del sector privado. A mi modo ver, la única manera correcta de abordar el problema consiste en determinar el alcance del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento no 1408/71. La interpretación que proceda dar a este precepto influye, en efecto, tanto en el ámbito de aplicación personal del Reglamento, como en el sentido que quepa atribuir al apartado 2 del artículo 77, que, a su vez, es el objeto de la segunda cuestión planteada por el Centrale Raad van Beroep.