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El artículo 44a de la zákon č. 274/1994 Z. z., o Sociálnej poisťovni (Ley n.o 274/1994 relativa a la Tesorería de la Seguridad Social), en su redacción aplicable hasta el 31 de diciembre de 2003 (en lo sucesivo, «Ley n.o 274/1994»), disponía, en particular en lo que respecta al seguro legal de responsabilidad civil del empresario: «1. El seguro de responsabilidad civil comenzará a correr en la fecha de contratación del primer trabajador asalariado y se extenderá hasta el final del período de contratación del último trabajador asalariado del empresario. 2. El empresario podrá exigir, en caso de materialización del riesgo asegurado, que la Tesorería de la Seguridad Social abone en su lugar los derechos a obtener reparación demostrados en caso de daños corporales causados por un accidente de trabajo ocurrido durante el período cubierto por el seguro de responsabilidad civil […]. 3. Se entenderá por “riesgo asegurado” los daños corporales o el fallecimiento resultantes de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. 4. En el caso de que un órgano jurisdiccional competente deba resolver sobre los daños y perjuicios, el riesgo asegurado se considerará materializado en el momento en que adquiera firmeza la resolución por la que se ordene a la Tesorería de la Seguridad Social proceder al pago.»
93

En efecto, la jurisprudencia no exige que los elementos de prueba relativos a la racionalidad económica de una medida sean coetáneos a la adopción de esta, sino que la apreciación de dicha medida a la luz de ese criterio se sitúe en el contexto de su adopción, de modo que es la perspectiva adoptada en el estudio económico la que debe ser ex ante y no el estudio económico como tal. En efecto, sería absurdo imponer a una empresa privada, como hizo el Tribunal General, la obligación de demostrar la existencia de un documento que corroborara sus previsiones como condición sine qua non para poder beneficiarse del criterio del inversor privado.
8

El Decreto-Lei n.o 422/89 (Decreto Legislativo n.o 422/89), de 2 de diciembre de 1989 (Diário da República I, serie I-A, n.o 277, de 2 de diciembre de 1989), en su versión modificada por el Decreto-Lei n.o 10/95 (Decreto-ley n.o 10/95), de 19 de enero de 1995 (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 422/89»), en su artículo 3, que lleva como epígrafe «Zonas de juegos», establece lo siguiente: «1 — La explotación y la práctica de juegos de suerte o azar únicamente están permitidas en los casinos existentes en las zonas de juego permanente o temporal creadas por Decreto-ley o, fuera de aquellos, en los casos excepcionales previstos en los artículos 6 a 8. 2 — A efectos de la explotación y práctica de juegos de suerte o azar, se establecerán zonas de juego en las Azores, el Algarve, Espinho, Estoril, Figueira da Foz, Funchal, Porto Santo, Póvoa de Varzim, Tróia y Vidago-Pedras Salgadas. 3 — La distancia mínima de protección frente a la competencia entre casinos de zonas de juego se fijará, caso por caso, en el reglamento de desarrollo que determine las condiciones de adjudicación de cada concesión. 4 — Mediante autorización del miembro del Gobierno competente, oída la Inspección General de Juegos, las empresas concesionarias de las zonas de juego podrán optar por explotar salas de bingo que cumplan los requisitos reglamentarios, con sujeción al mismo régimen que se aplica a los casinos, pero fuera de estos, siempre que tales salas estén situadas en el territorio del municipio en el que aquellos estén ubicados.»
35

En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de la República de Austria de que el artículo 35 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO 2009, L 211, p. 55) y el artículo 55 de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (DO 2012, L 343, p. 32; corrección de errores en DO 2015, L 67, p. 32) exigen, respectivamente, a los Estados miembros que designen «una única autoridad reguladora nacional» y que creen un «único organismo regulador nacional», de modo que es preciso considerar, a contrario, que la Directiva 2004/49, que no contiene tales calificativos, permite la designación de varias autoridades, la Comisión replica que, dado que esas disposiciones han sustituido a disposiciones anteriores que preveían la designación de varios órganos u organismos distintos, era necesario que figuraran claramente dichas distinciones respecto de los actos así modificados.
3

El artículo 62 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013 (DO 2013, L 269, p. 1) (en lo sucesivo, «código aduanero»), establece lo siguiente: «1. Las declaraciones efectuadas por escrito deberán cumplimentarse en un impreso conforme al modelo oficial previsto a tal fin. Las declaraciones deberán estar firmadas y contener todos los datos necesarios para la aplicación de las disposiciones que regulan el régimen aduanero para el cual se declaran las mercancías. 2. Deberán adjuntarse a la declaración todos los documentos cuya presentación sea necesaria para la aplicación de las disposiciones que regulan el régimen aduanero para el cual se declaran las mercancías.»
30

Sin embargo, el tribunal remitente considera que el derecho de residencia concedido con arreglo al artículo 10 del Reglamento n.o 492/2011 no se rige por las disposiciones de la Directiva 2004/38. A este respecto, se basa en las sentencias de 23 de febrero de 2010, Ibrahim y Secretary of State for the Home Department (C‑310/08, EU:C:2010:80), y de 23 de febrero de 2010, Teixeira (C‑480/08, EU:C:2010:83), en las que entiende que el Tribunal de Justicia reconoció la autonomía del derecho de residencia basado en el artículo 12 del Reglamento n.o 1612/68, cuyo tenor era idéntico al del artículo 10 del Reglamento n.o 492/2011. Por otra parte, el tribunal remitente indica que el legislador de la Unión, al aprobar este último Reglamento, que derogó y sustituyó al Reglamento n.o 1612/68, no aprovechó la ocasión para restringir el principio de igualdad de trato dimanante del Reglamento n.o 1612/68, tal como venía siendo interpretado por el Tribunal de Justicia.
11

El 18 de marzo de 2014, la ASF adoptó las Decisiones n.os A/209, A/210 y A/211 (en lo sucesivo, conjuntamente, «Decisiones administrativas controvertidas»), según las cuales: – se presume que los accionistas XV, YW, ZX, Romenergo, Smalling Limited y Gardner Limited actúan de concierto en lo que respecta a Banat Crişana, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, puntos 22, letras a) y c), y 23, letras a) y c), de la Ley sobre los Mercados de Capitales y con el artículo 2, apartado 3, letra j), del Reglamento n.o 1/2006; – SC Depozitarul Central SA debe adoptar las medidas necesarias para inscribir en sus registros la suspensión del ejercicio de los derechos de voto de las acciones emitidas por Banat Crişana que exceden del 5 % de los derechos de voto y pertenecen a XV, YW, ZX, Romenergo, Smalling Limited y Gardner Limited; – el Consejo de Administración de Banat Crişana deberá adoptar las medidas necesarias para que el grupo formado por los accionistas XV, YW, ZX, Romenergo, Smalling Limited y Gardner Limited, del que se presume una actuación concertada, no pueda ejercitar los derechos de voto correspondientes a la participación que mantiene en contra de lo dispuesto en el artículo 286 bis, apartado 1, de la Ley sobre los Mercados de Capitales, así como en el artículo 2, apartado 3, letra j), del Reglamento n.o 1/2006.
21

No obstante, según el órgano jurisdiccional remitente, esa sentencia se diferencia de los litigios principales en que estos no versan sobre un menor al que se ha reconocido el estatuto de refugiado. Además, añade que, dado que la Directiva 2003/86 establece un plazo para la adopción de una resolución sobre una solicitud de reagrupación familiar, el derecho a la reagrupación familiar no depende de la mayor o menor celeridad con la que se tramite dicha solicitud. En cualquier caso, en el presente asunto, las resoluciones denegatorias controvertidas en el litigio principal fueron adoptadas dentro del plazo fijado en el artículo 12 bis, apartado 2, de la Ley de 15 de diciembre de 1980.
«1)

En relación con la situación de transposición extemporánea o incompleta en el Derecho interno de la Directiva [2004/80], que no es directamente aplicable, por lo que respecta al preceptivo establecimiento de un régimen de indemnización para las víctimas de delitos violentos que conlleva, respecto de los viajeros transfronterizos, únicos sujetos considerados por la Directiva, la obligación del Estado miembro de pagar una indemnización, de conformidad con los principios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (en particular, las sentencias [de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428, y de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79]), ¿exige el Derecho [de la Unión] que se imponga una obligación similar al Estado miembro frente a los sujetos que no se hallan en esa situación transfronteriza (es decir, residentes), los cuales, aun no siendo los destinatarios directos de los beneficios derivados de la transposición de la Directiva, podrían o deberían haber obtenido, por extensión, en virtud del principio de igualdad de trato o de no discriminación consagrados por ese Derecho [de la Unión], los beneficios del efecto útil de dicha Directiva (es decir, del régimen de indemnización antes mencionado) si hubiera sido debidamente transpuesta?
3

Los considerandos 8 a 10, 14 y 31 de la Directiva 2008/48 enuncian: «(8) Es importante que, para garantizar la confianza de los consumidores, el mercado les ofrezca un grado de protección suficiente. […] (9) Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los consumidores de la Comunidad se beneficien de un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y para crear un auténtico mercado interior. En este sentido, los Estados miembros no deben poder mantener o introducir disposiciones nacionales distintas a las previstas por la presente Directiva […] (10) […] La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros, conforme al Derecho comunitario, apliquen las disposiciones de la misma a aspectos que no pertenezcan a su ámbito de aplicación. Por lo tanto, un Estado miembro podría mantener o adoptar normas nacionales que correspondan a las disposiciones de la presente Directiva o a algunas de sus disposiciones en materia de contratos de crédito al margen del ámbito de aplicación de la presente Directiva, por ejemplo en materia de contratos de crédito para cantidades inferiores a 200 [euros] o superiores a 75000 [euros]. Por otra parte, los Estados miembros también podrían aplicar las disposiciones de la presente Directiva a los créditos vinculados que no se ajusten a la definición de contrato de crédito vinculado contenida en la presente Directiva. […] […] (14) Conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos relativos a la concesión de un crédito que esté garantizado por una hipoteca sobre un inmueble, dado que este tipo de crédito tiene un carácter muy específico. Asimismo, aquellos contratos de crédito cuyo propósito consista en financiar la adquisición o conservación de derechos de propiedad sobre terrenos o edificios existentes o por construir deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, no podrán excluirse del ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos relativos a la concesión de un crédito únicamente porque el objetivo sea la renovación o el aumento del valor de un inmueble ya existente. […] (31) Con el fin de que el consumidor pueda conocer sus derechos y obligaciones en virtud del contrato, este debe contener toda la información necesaria de forma clara y precisa.»
«(16)

Se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. […] Todo ello sin perjuicio […] de las resoluciones preliminares de carácter procesal, adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en sospechas o pruebas de cargo, como las resoluciones relativas a la prisión preventiva, siempre y cuando no se refieran al sospechoso o acusado como culpable […].
20

Con arreglo al artículo 8 de este Reglamento, titulado «Contratos individuales de trabajo»: «1. El contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las partes de conformidad con el artículo 3. No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habrían sido aplicables en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo. 2. En la medida en que la ley aplicable al contrato individual de trabajo no haya sido elegida por las partes, el contrato se regirá por la ley del país en el cual o, en su defecto, a partir del cual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su trabajo habitualmente. No se considerará que cambia el país de realización habitual del trabajo cuando el trabajador realice con carácter temporal su trabajo en otro país. […]»
21

JZ interpuso recurso de casación contra esta sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos). Este último observa que, en la sentencia de 26 de julio de 2017, Ouhrami (C‑225/16, EU:C:2017:590), el Tribunal de Justicia declaró, en particular, que la prohibición de entrada no despliega efectos jurídicos hasta que el nacional del tercer país haya retornado efectivamente a su país de origen o a otro tercer país. Para una parte de la doctrina, lo resuelto en esa sentencia conlleva que no sea posible ejercitar acciones penales, sobre la base del artículo 197 del Código Penal, contra un nacional de un tercer país que aún no ha retornado efectivamente a su país de origen o a otro tercer país. En cambio, según otra parte de la doctrina, dicha sentencia no puede ser objeto de tal interpretación, puesto que dicho artículo del Código Penal únicamente hace referencia al momento en que se pronuncia la prohibición de entrada y al conocimiento por el nacional de un tercer país de dicho pronunciamiento.
2

El Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. El Reglamento n.o 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro controvertida en el presente asunto, a saber, el 27 de enero de 2015, que resulta determinante para la identificación del Derecho sustantivo aplicable, los hechos de este litigio se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.o 207/2009, en su versión inicial (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2019, FTI Touristik/EUIPO, C‑99/18 P, EU:C:2019:565, apartado 2).
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El artículo 2 de la Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst (Ley por la que se modifica la Ley de 4 de abril de 2014 relativa a los Seguros y se garantiza la libre elección de abogado o de cualquier otra persona que, en virtud de la ley aplicable al procedimiento, reúna las cualificaciones requeridas para defender sus intereses en cualquiera de las fases judiciales, en el marco de un contrato de seguro de defensa jurídica), de 9 de abril de 2017 (Belgisch Staatsblad, 25 de abril de 2017, p. 53207; en lo sucesivo, «Ley de 9 de abril de 2017»), establece lo siguiente: «El texto del punto 1.o del artículo 156 de la Ley de 4 de abril de 2014 se sustituye por el siguiente: “1.o cuando se deba acudir a un procedimiento judicial, administrativo o de arbitraje, el asegurado podrá elegir libremente a un abogado o a cualquier otra persona que, en virtud de la ley aplicable al procedimiento, reúna las cualificaciones requeridas para defender, representar o servir sus intereses y, en caso de arbitraje, de mediación o de cualquier otra forma extrajudicial reconocida para la resolución de conflictos, a una persona que reúna las cualificaciones requeridas y sea nombrada a tal fin”».
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En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, si bien es cierto que el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO 1968, L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), y el Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 1971, L 149, p. 2), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»), que han sido derogados y sustituidos, respectivamente, por los Reglamentos n.os 492/2011 y 883/2004, no tienen el mismo ámbito de aplicación ratione personae, no es menos cierto que, al tener el Reglamento n.o 1612/68 un alcance general por lo que respecta a la libre circulación de trabajadores, su artículo 7, apartado 2, puede aplicarse a las ventajas sociales que también entran en el ámbito de aplicación específico del Reglamento n.o 1408/71 (sentencia de 5 de mayo de 2011, Comisión/Alemania, C‑206/10, EU:C:2011:283, apartado 39; véase igualmente, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 1998, Martínez Sala, C‑85/96, EU:C:1998:217, apartado 27).
152

Pues bien, habida cuenta de que, como se ha señalado en los apartados 142 y 146 de la presente sentencia, es inherente a la lógica de las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas estatales que los Estados miembros no puedan financiar proyectos que solo existirían gracias a ayudas incompatibles con el mercado interior, no se puede reprochar a la Comisión que no especificara que la apreciación expuesta en los considerandos 244 y 245 de la Decisión controvertida se basa en dichas disposiciones, y en menor medida se le puede reprochar que no haya citado una disposición específica del Tratado en ese contexto. Así pues, el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en el apartado 87 de la sentencia recurrida, en la media en que consideró que la apreciación de que la ayuda de funcionamiento sería incompatible con el mercado interior por serlo también la propia ayuda a la inversión no encuentra apoyo en los términos de la Decisión 2014/883 ni en la Decisión impugnada.
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En sus observaciones escritas y en la vista ante el Tribunal de Justicia, la Aduana de Varna y el Gobierno búlgaro alegaron que esta última obligación no constituye una sanción, en el sentido del artículo 42, apartado 1, del Reglamento n.o 952/2013, sino una medida comprendida en el artículo 198, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, en virtud del cual las autoridades aduaneras deben adoptar todas las medidas necesarias, inclusive el decomiso y venta o la destrucción, para «disponer de las mercancías» sustraídas a la vigilancia aduanera. Según estos interesados, como la enumeración de las medidas a que se refiere esta disposición no es exhaustiva, el pago del valor de las mercancías de que se trate, cuando las autoridades competentes no puedan cerciorarse de la presencia física de estas, constituye un «medio para disponer de las mercancías», en el sentido de esa disposición, análogo a un decomiso de dichas mercancías.
56

No obstante, como destacó el Abogado General en el punto 96 de sus conclusiones, solo puede acogerse esta interpretación si el Estado miembro de que se trata ha atribuido al PSV la obligación de garantizar la protección mínima en materia de prestaciones de vejez exigida por el citado artículo 8, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. En efecto, como se desprende en particular de las observaciones presentadas por el PSV y por el Gobierno alemán, la función de garantía que debe cumplir la mencionada institución no se extiende a las prestaciones abonadas por cajas de pensiones como las referidas en el litigio principal.
43

Pues bien, ese objetivo no puede cumplirse plenamente si los productos que contienen «sustancias activas», en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 528/2012, no se calificaran como «biocidas» debido a su efecto meramente preventivo sobre los organismos nocivos que combate y no estuvieran sujetos a las normas relativas a la comercialización y a la utilización de esos productos establecido por dicho Reglamento.
1)

El artículo 148, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, no se opone a una normativa nacional, como la prevista en el artículo 3, apartado 3, punto 1, de la Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII-1907 (Ley XII‑1907 de la República de Lituania por la que se prohíben las prácticas desleales de los operadores lituanos que compran y venden leche cruda y comercian con productos lácteos), de 25 de junio de 2015, en su versión modificada por la Ley de 22 de diciembre de 2015, que, al objeto de luchar contra las prácticas comerciales desleales, prohíbe a los compradores de leche cruda pagar un precio de compra diferente a los productores que deben considerarse pertenecientes a la misma categoría en función del volumen diario de leche cruda vendida, de misma composición y calidad y entregada según los mismos métodos, siempre que dicha normativa sea adecuada para garantizar el cumplimiento del objetivo perseguido y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.