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32

En el caso de autos, es preciso señalar que, como alega la Comisión, en primer lugar, el escrito de 5 de diciembre de 2013 cita los textos que ella aplica, a saber el artículo 13 del Reglamento n.o 1290/2005, por un lado, y los artículos 12, letra c), y 25 del Reglamento n.o 247/2006, por otro. En segundo lugar, dicho escrito recuerda el objeto de la medida prevista en el punto 4.6 del anexo I del subprograma para la Región Autónoma de las Azores y las categorías de gastos que pueden optar a la financiación de la Unión enumeradas por esa medida. En tercer lugar, el propio escrito identifica los gastos examinados por la Comisión y precisa, para cada uno de ellos, el ejercicio financiero afectado, la autoridad responsable del gasto y el objeto y el importe de dicho gasto. En cuarto lugar, el escrito declara que «la totalidad de los gastos [controvertidos] ha sido utilizada para financiar el personal y el equipo necesarios para las inspecciones efectuadas por las [autoridades portuguesas] en relación con el programa [de apoyo]». En quinto lugar, el escrito explica que los gastos efectuados por las autoridades de los Estados miembros en el marco de sus obligaciones administrativas y de control se refieren a la actividad principal de los organismos pagadores, de modo que tales gastos no pueden ser asumidos por el FEAGA. En sexto lugar, el citado escrito concluye que los gastos controvertidos no pueden optar a la financiación del FEAGA porque no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento n.o 1290/2005, por un lado, y en los artículos 12, letra c), y 25, del Reglamento n.o 247/2006, por otro.
9

Por otra parte, la Comisión puso de relieve, en el considerando 10 de la Decisión impugnada, que había que tener en cuenta el marco jurídico muy específico que regula las investigaciones de la OLAF. Así, sostuvo que, mediante el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO 2013, L 248, p. 1), el legislador de la Unión ha confiado a la OLAF funciones de investigación que esta, sin dejar de estar vinculada a la Comisión, ejerce con total independencia, incluso con respecto a la propia Comisión. Este marco reglamentario concreto obliga a la Comisión a asegurarse de que, estimando la solicitud de suspensión de inmunidad, no menoscaba la independencia y el buen funcionamiento de la OLAF como organismo independiente de investigación antifraude de la Unión, sin perjuicio de la reprobación por el juez de la Unión tras el recurso interpuesto por el funcionario interesado sobre la base del artículo 17, apartado 3, del Reglamento n.o 883/2013.
69

La demandante también hace alusión al fin de semana del 5 y 6 de octubre de 2013, en el que asistió a la boda de una amiga. En esta ocasión, afirma que la Sra. M. la llamó por teléfono varias veces. Las conversaciones fueron escuchadas por el altavoz, en particular mientras conducía, en presencia de terceros que han aceptado aportar su testimonio escrito. Según estos testigos, las palabras que profirió la Sra. M. a la demandante fueron: «¡Eres una imbécil! Por una cosa u otra, te vas todos los fines de semana; te importa todo una mierda, solo piensas en follar» («Sei solo una stronza! Tutti i weekend sei via, per un motivo o per l’altro non te ne frega un cazzo, pensi solo a scopare»); «¡Eres una imbécil! Nunca estás aquí los fines de semana, eres una malqueda y una pasota que solo piensa en follar» («Sei una stronza! Non ci sei mai il week end, meschina e menefreghista, pensi solo a scopare»); «Lo único que tendrías que hacer es pedirme disculpas, pasota de mierda, que solo piensas en follar» («Dovresti solo chiedermi scusa menefreghista del cazzo, pensi solo a scopare»); «Desgraciadamente, es un problema de neuronas: si no llegas, no llegas […] idiota» («Purtroppo è una questione di neuroni; se non ce la fai non ce la fai […] idiota»); «Eres tonta perdida, cómo puede ser que no lo entiendas, […] estúpida»; («sei proprio una cretina; ma come si fa a non capire […] stupida»); «Eres tonta del culo, […] sois todos imbéciles, ¿cómo es posible que solo me rodee de imbéciles?» («testa di cazzo che non sei altro […] siete tutti degli imbecilli, come facio io a trovare solo imbecilli»).
12

En segundo lugar, en lo que se refiere al uso como marca, la Sala de Recurso estimó que este se había producido efectivamente (apartado 41 de la resolución impugnada). Consideró, a este respecto, que no era pertinente el hecho de haber utilizado la marca controvertida y marcas de productores de aceite de semillas de calabaza de manera combinada. Subrayó que cada productor de aceite posicionaba la etiqueta de manera diferente y que los etiquetados múltiples eran lícitos (apartado 41 de la resolución impugnada). En el apartado 42 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso precisó que el objetivo del artículo 15 y del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 era incitar al titular de la marca a hacer un uso efectivo de su marca y no poner en tela de juicio la validez de un registro. No obstante, la Sala de Recurso consideró que el artículo 15 del Reglamento n.o 207/2009 no exige que el titular de la marca y el fabricante efectivo del producto sean idénticos, puesto que la función de la marca consiste en garantizar que los productos a que se refiere se hayan fabricado bajo el control de una empresa única (apartado 42 de la resolución impugnada). Por último, la Sala de Recurso añadió que carecía de pertinencia la cuestión relativa al papel que desempeña el titular de la marca, en cuanto persona de Derecho público, en el marco de la comercialización del aceite de semillas de calabaza, y la eficacia de los controles que efectúa, habida cuenta de que no se trata de una marca colectiva (apartado 42 de la resolución impugnada).
4.

Presupuesto de la Unión Europea — Ayuda económica de la Unión — Obligación del beneficiario de cumplir las condiciones de concesión de la ayuda — Contratos celebrados en el marco de un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración — Condiciones para no subvencionar los gastos — Conflicto de intereses que afecta al beneficiario — Concepto — Consecuencias — Reintegro de los importes adelantados al beneficiario [Reglamento (CE) n.o 2321/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18, ap. 2; Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 de la Comisión, art. 183] (véase el apartado 65)
1.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Solicitud de acceso a informaciones medioambientales — Reglamento (CE) n.o 1367/2006 — Informaciones relativas a emisiones al medio ambiente — Concepto — Interpretación amplia [Reglamentos (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo n.o 1049/2001, arts. 1 y 4, y n.o 1367/2006, considerando 15 y art. 6, ap. 1] (véanse los apartados 60 a 63)
1.

Contratos públicos de la Unión Europea — Procedimiento de licitación — Adjudicación de los contratos — Oferta más ventajosa económicamente — Criterios de adjudicación — Respeto de los principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia — Aplicación por el poder adjudicador de criterios secundarios que no fueron dados a conocer a los licitadores — Improcedencia [Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 102, ap. 1, y 105, ap. 2; Reglamento (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, art. 149] (véanse los apartados 33 a 37 y 48)
5.

Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Marca denominativa CARACTÈRE [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 37 y 40 a 42)
2.

Parlamento Europeo—Financiación de partidos políticos a escala europea—Concesión de prefinanciaciones de subvención—Procedimiento de inspección—Requisitos de incoación del procedimiento—Necesidad de presentar elementos de prueba que fundamenten su cumplimiento—Inexistencia—Necesidad de demostrar la probabilidad de exclusión definitiva de una prefinanciación de la financiación de la Unión—Inexistencia [Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 2004/2003, art. 5, ap. 2, y (UE, Euratom) n.o 966/2012, art. 134, ap. 1; Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, art. 206, ap. 1; Reglamento interno del Parlamento Europeo, art. 225, aps. 1 y 2; Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo por la que se fijan los procedimientos de aplicación del Reglamento (CE) n.o 2004/2003, art. 6, ap. 1] (véanse los apartados 41 a 43 y 49)
82

En segundo lugar, cabe señalar que en la Decisión impugnada no se abordan los aspectos más amplios del principio de solidaridad energética. En particular, no parece que la Comisión examinara cuáles podrían ser las consecuencias a medio plazo, en particular para la política energética de la República de Polonia, de la transferencia a la ruta de tránsito Nord Stream 1/OPAL de una parte de los volúmenes de gas natural transportados previamente por los gasoductos Yamal y Braterstwo ni que ponderara dichos efectos con el aumento del suministro a nivel de la Unión que ella misma había constatado.
139

En primer lugar, por lo que respecta a la determinación de los gastos de venta, generales y administrativos que deben tenerse en cuenta al calcular los precios de exportación, como la Comisión basó sus cálculos en los gastos reales de las entidades de comercialización de Jindal Saw, las demandantes le reprochan, en primer término, no haber tenido suficientemente en cuenta, a efectos de excluirlos de los ajustes que debían realizarse en concepto de gastos de venta, generales y administrativos, los gastos correspondientes a las actividades de transformación efectuadas por dos de esas entidades de comercialización, a saber, Jindal Saw Italia y Jindal Saw UK, algo que podría haber hecho aplicando a esas dos entidades el margen de gastos de venta, generales y administrativos utilizado para la tercera entidad de comercialización, Jindal Saw España, que no desarrollaba actividades de transformación, o como mínimo aplicando a Jindal Saw UK el mismo margen de gastos de venta, generales y administrativos que a Jindal Saw Italia.
179

Además, por un lado, una eventual limitación de esos derechos fundamentales no sería la consecuencia de la decisión impugnada, mediante la que la Comisión no se opuso a la medida de ayuda notificada, sino de la propia Ley Postal o, en último término, de la decisión individual que aplica dicha Ley, las cuales, según se desprende de los autos, no fueron impugnadas por las demandantes ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes desde esta perspectiva. Por otro lado, procede considerar igualmente que, dado que no ha quedado acreditado que el régimen de compensación controvertido impida a los operadores de servicios postales comercializar en Polonia servicios equivalentes al servicio universal, dicho régimen tampoco puede vulnerar la libertad de empresa o el derecho a la propiedad de las demandantes. En efecto, tal medida contributiva no obstaculiza, en modo alguno, el disfrute, por las demandantes, de su derecho a ejercer una actividad económica en el mercado de que se trata, ni el ejercicio de su derecho a la propiedad en lo que concierne a la producción y a la comercialización de dichos servicios, en particular de sus derechos de propiedad intelectual.
8

En el marco de las medidas transitorias que constituyen el objeto del anexo XIII del nuevo Estatuto, el artículo 31 de dicho anexo establece lo siguiente: «1. No obstante lo dispuesto en el anexo I, sección A, punto 2, el cuadro siguiente de tipos de puestos de trabajo en el grupo de funciones AST será aplicable a los funcionarios en servicio el 31 de diciembre de 2013: Asistente experimentado en transición AST 10 — AST 11 Asistente en transición AST 1 — AST 9 Asistente administrativo en transición AST 1 — AST 7 Agente de apoyo en transición AST 1 — AST 5

2. Con efectos a partir del 1 de enero de 2014, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos clasificará a los funcionarios en servicio el 31 de diciembre de 2013 en el grupo de funciones AST en los siguientes tipos de puestos: a) A los funcionarios de grado AST 10 o AST 11 a 31 de diciembre de 2013 se les asignará el tipo de puesto [de] “Asistente experimentado en transición”; b) A los funcionarios a los que no se aplique la letra a), que antes del 1 de mayo de 2004 pertenecieran a la antigua categoría B o que antes de esa fecha pertenecieran a las antiguas categorías C o D, y se hayan convertido en miembros sin restricción del grupo de funciones AST, así como a los funcionarios del grupo AST reclutados desde el 1 de mayo de 2004, se les asignará el tipo de puesto [de] “Asistente en transición”; c) A los funcionarios a los que no se apliquen las letras a) y b), y que antes del 1 de mayo de 2004 pertenecieran a la antigua categoría C, se les asignará el tipo de puesto [de] “Asistente administrativo en transición”; d) A los funcionarios a los que no se apliquen las letras a) y b), y que antes del 1 de mayo de 2004 pertenecieran a la antigua categoría D, se les asignará el tipo de puesto [de] “Agente de apoyo en transición”. 3. La asignación a un tipo de puesto será válida hasta que el funcionario sea asignado a una nueva función que corresponda a otro tipo de puesto. A los asistentes administrativos en transición y los agentes de apoyo en transición solo se les podrá asignar el tipo de puesto de asistente tal y como se define en el anexo I, sección A, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 4 y en el artículo 29, apartado 1, del Estatuto. Solo se autorizará la promoción en los itinerarios profesionales correspondientes a cada tipo de puesto indicado en el apartado 1. […]»
100

Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la aplicación del artículo 8 de la Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, el derecho de una persona a la protección de su reputación es un elemento del derecho al respeto de la vida privada (TEDH, sentencias de 21 de septiembre de 2010, Polanco Torres y Movilla Polanco c. España, CE:ECHR:2010:0921JUD 003414706, apartado 40, y de 7 de febrero de 2012, Axel Springer AG c. Alemania, CE:ECHR:2012:0207JUD 003995408, apartado 83). La reputación de una persona forma parte de su identidad personal y de su integridad moral, las cuales corresponden a su vida privada (TEDH, sentencia de 25 de febrero de 1992, Pfeifer y Plankl c. Austria, CE:ECHR:1992:0225JUD 001080284, apartado 35). Estas mismas consideraciones son aplicables al honor de una persona (TEDH, sentencias de 4 de octubre de 2007, Sánchez Cárdenas c. Noruega, CE:ECHR:2007:1004JUD 001214803, apartado 38, y de 9 de abril de 2009, A. c. Noruega, CE:ECHR:2009:0409JUD 002807006, apartado 64).
70

En efecto, como se desprende de dichos trabajos, el límite máximo estatutario para países terceros se introdujo con el fin de evitar gastos excesivos derivados del reembolso de los gastos de escolaridad. Pues bien, la interpretación defendida por los demandantes no tiene suficientemente en cuenta la existencia de este límite ni la decisión del legislador de la Unión según la cual, en principio, los reembolsos de las asignaciones por escolaridad no rebasarán dicho límite. En este contexto, ha de recordarse que los gastos de escolaridad para recibir una enseñanza adecuada en un país tercero pueden depender de factores ajenos al control del SEAE, como los tipos de cambio o la demanda de tales opciones de enseñanza. Al prever el límite máximo estatutario para países terceros, el legislador de la Unión pretendía evitar que los gastos excesivos que pueden derivar de tales factores no graven el presupuesto del SEAE. Pues bien, una interpretación del artículo 15, segunda frase, del anexo X del Estatuto según la cual, en casos excepcionales en el sentido de esta disposición, existe un derecho ilimitado al reembolso de los gastos de escolaridad que superan el límite máximo estatutario para países terceros, con independencia de las consecuencias para el presupuesto del SEAE, no tendría en cuenta dicho objetivo.
53

No obstante, el hecho de que se haya elegido a otro candidato para un puesto como el controvertido no entraña, por sí mismo, un perjuicio para los candidatos no seleccionados. En efecto, aun cuando tal elección implica que en esa ocasión se ha considerado más meritorio a otro candidato, ello no supone ningún juicio negativo en lo que concierne a los méritos de los demás candidatos, máxime cuando estos han sido incluidos en la lista examinada por el Comité Consultivo para los Nombramientos, como fue el caso de la demandante.
123

A este respecto, el Tribunal constata que el demandante no ha aportado ningún documento que demuestre de manera irrefutable que, en este asunto, el daño moral fue provocado por el incumplimiento de contrato cometido por la Misión. En particular, de las pruebas aportadas por el demandante no se deduce, al contrario de lo que alega, que su médico afirmara que el empeoramiento de su estado de salud se debía a una situación de acoso laboral. El hecho de que, en su certificado de 14 de octubre de 2015, el psiquiatra que le examinó indicase que el demandante se quejaba de un acoso laboral no constituye tal afirmación, dado que se trata de una observación del demandante sobre la que el médico no se pronunció.
1

El 3 de agosto de 2000, Gedelson, S.A., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
50

Para empezar, debe señalarse que ni la convocatoria controvertida ni la guía para los candidatos contienen elementos que pudieran haber permitido a los candidatos percatarse de que Fusion for Energy no deseaba organizar una prueba escrita y que las indicaciones incluidas en dicha guía relativas a la organización de una prueba escrita eran consecuencia de un error administrativo. En efecto, contrariamente a lo que sostiene Fusion for Energy, el mero hecho de que el punto 5 de la guía para los candidatos señalara que en la carta de invitación se ofrecerían detalles adicionales sobre el procedimiento de selección no permite considerar que existieran dudas respecto a que se organizaría una prueba escrita. Efectivamente, el punto 5, primera sección (titulada «Evaluación de las candidaturas»), párrafo quinto, de dicha guía se limitaba a indicar que las cartas de invitación contendrían información más detallada respecto a la fecha, hora y dirección en las que tendrían lugar las pruebas oral y escrita. De ello no cabía deducir, sin embargo, que no se previera ninguna prueba escrita ni que Fusion for Energy pudiera estar exenta de organizarla.
17

Según el Parlamento, de la legislación belga se desprende que los centros libres subvencionados imparten una educación gratuita y no son escuelas privadas que cobren unos gastos de escolaridad de los que condicionen la matriculación de los alumnos y el acceso a los cursos. Aunque en determinadas circunstancias puedan facturarse ciertos gastos, su impago no puede constituir en ningún caso para el alumno un motivo de sanción, como la denegación de matriculación o la expulsión. La enumeración de los gastos de escolaridad no reembolsables que figura en el artículo 3 de las DGE no es exhaustiva. En efecto, únicamente se consideran gastos de escolaridad los que condicionan la propia admisión del alumno a la escuela y a su programa. En el caso de autos, la matriculación de los alumnos en las escuelas en cuestión no está condicionada al pago de gastos de matrícula. En opinión del Parlamento, las cotizaciones de los padres a las asociaciones sin ánimo de lucro en cuestión cubren los programas específicos de esas dos escuelas.
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima) de 28 de abril de 2021 — repowermap.org/EUIPO — Repower (REPOWER)

(Asunto T‑872/16)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca denominativa REPOWER — Causa de nulidad absoluta — Carácter descriptivo — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Obligación de motivación — Derecho a ser oído — Artículo 75 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 94 del Reglamento (UE) 2017/1001] — Libertad de expresión»

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 36, 38 a 40, 44 y 45)

2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 52, ap. 1, letra a)] (véase el apartado 37)

3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa REPOWER [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 46, 50, 58, 65, 70, 77, 83, 88, 93, 94 y 107)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 26 de septiembre de 2016 (asunto R 2311/2014‑5), relativa a un procedimiento de nulidad entre repowermap.org y Repower.

Fallo

1) Modificar la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 26 de septiembre de 2016 (asunto R 2311/2014‑5), en el sentido de anular la marca impugnada para los servicios siguientes: – Clase 37: «Servicios técnicos de calefacción». – Clase 42: «Servicios en el ámbito científico, así como servicios de investigación y desarrollo correspondientes; análisis e investigaciones industriales».

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
4.

Parlamento Europeo—Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados—Recuperación de cantidades indebidamente pagadas—Decisión del Secretario General del Parlamento Europeo—Violación de los principios electa una via y non bis in idem—Inexistencia (Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo por la que se establecen medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, art. 68) (véanse los apartados 65 a 67, 70 y 71)
1.

Marca de la Unión Europea—Observaciones de terceros y oposición—Examen de la oposición—Prueba del uso de la marca anterior—Uso efectivo—Concepto—Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, considerando 10 y art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3] (véase el apartado 19)