Una decisión, por la que la Comisión declara, tras la expiración del Tratado CECA, que una empresa ha cometido una infracción del artículo 65 CA, apartado 1, y le impone una multa, encuentra su base jurídica en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento no 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 CE y 82 CE, para la declaración de la infracción y en el artículo 23, apartado 2, del mismo Reglamento para la imposición de la multa, excluyendo el artículo 65 CA, apartado 1. Además, esa decisión puede hacer referencia al artículo 65 CA, apartado 1, es decir, la disposición material dirigida a las empresas y a las asociaciones de empresas prohibiéndoles determinados comportamientos contrarios a la competencia. También puede hacer referencia a la aplicabilidad del artículo 65 CA, apartado 5, en el marco de una discusión relativa al principio de lex mitior para justificar la aplicación de esta disposición y no del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, para calcular el importe de la multa.

De las consideraciones precedentes resulta que el Reglamento no 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 CE y 82 CE y, más en particular, su artículo 7, apartado 1, y su artículo 23, apartado 2, deben interpretarse en el sentido que permiten a la Comisión declarar y sancionar, después del 23 de julio de 2002, las prácticas colusorias realizadas en los sectores incluidos en el ámbito de aplicación del Tratado CECA ratione materiae y ratione temporis, y ello a pesar de que las disposiciones antes citadas de dicho Reglamento no mencionen expresamente el artículo 65 CA.

El artículo 23 del Reglamento no 1/2003, que autoriza a la Comisión a imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas que hayan infringido los artículos 81 CE y 82 CE, no enuncia una norma material, la cual, por definición, no tiene por objeto suministrar una base jurídica a la acción de la Comisión.

Es preciso señalar que el principio non bis in idem, principio fundamental del Derecho comunitario, recogido además en el artículo 4, apartado 1, del Protocolo no 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, prohíbe, en materia de competencia, que se condene o se inicie un procedimiento sancionador de nuevo contra una empresa por un comportamiento contrario a la competencia por el cual ya ha sido sancionada o del que se la ha declarado no responsable por una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso. La aplicación del principio non bis in idem está supeditada a un triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido.

Cuando el juez comunitario considere que, habida cuenta de la declaración de una empresa dirigida a asumir la responsabilidad de la conducta infractora de una segunda empresa, la Comisión tiene excepcionalmente derecho a imputar a la primera empresa la responsabilidad de la conducta infractora reprochada a la segunda, y posteriormente, tras haber señalado la existencia de un vicio de procedimiento derivado de una violación del derecho de defensa de la primera empresa, anule la decisión en la medida en que imputaba a ésta la responsabilidad de la infracción cometida por la segunda empresa, reduzca, por lo tanto, su multa del importe de la que se le había impuesto por la infracción cometida por la segunda empresa y fije en un determinado importe la multa finalmente impuesta a la primera empresa por su propia conducta contraria a la competencia, corresponde a la Comisión, con arreglo al artículo 233 CE, suprimir la ilegalidad declarada por el juez comunitario. La Comisión puede adoptar legítimamente una decisión que tiene por único objeto, tras subsanar el vicio de procedimiento, imputar a la primera empresa, sobre la base de la declaración mencionada, la responsabilidad de la infracción a las normas de competencia cometida por la segunda empresa e imponerle, en consecuencia, una multa. Esa decisión no constituye en ningún caso una segunda sanción de la conducta infractora de la primera empresa ya reprimida, de manera definitiva, por la primera decisión.

Además, la asunción de la responsabilidad mediante la citada declaración no convierte las dos infracciones cometidas por las empresas de que se trata en una sola infracción. Por otra parte, al referirse de nuevo y únicamente a las actuaciones de la segunda empresa contrarias a la competencia, esa decisión no viola de ningún modo el principio non bis in idem. Por último, el principio non bis in idem no se opone en sí mismo a que se reinicie un procedimiento que tenga por objeto el mismo comportamiento contrario a la competencia, cuando una primera decisión ha sido anulada por motivos de forma sin que haya habido un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos imputados, de manera que la decisión de anulación no tiene el valor de una «absolución» en el sentido que se atribuye a dicho término en el ámbito punitivo. En semejante caso, las sanciones impuestas por la nueva decisión no se añaden a las impuestas por la decisión anulada, sino que las sustituyen.

(véanse los apartados 141, 178, 179 y 183 a 190)