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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 234/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 1 de julio de 2010 — Knauf Gips KG, anteriormente Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG/Comisión Europea

(Asunto C-407/08 P) (1)

(Recurso de casación - Prácticas colusorias - Paneles de yeso - Acceso al expediente - Medios de prueba de cargo y de descargo - Concepto de «empresa» - Unidad económica - Sociedad responsable de la acción de la unidad económica - Alegación formulada por primera vez durante el procedimiento judicial)

2010/C 234/09

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Knauf Gips KG, anteriormente Gebr Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (representantes: M. Klusmann y S. Thomas, Rechtsanwälte)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre y R. Sauer, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), de 8 de julio de 2008, dictada en el asunto T-52/03, Knauf Grips/Comisión, por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso que tenía por objeto una solicitud de anulación de la Decisión 2005/471/CE de la Comisión, de 27 de noviembre de 2002, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE contra las empresas BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA y Gyproc Benelux NV (asunto COMP/E-1/37.152 — Paneles de yeso (DO 2005, L 166, p. 8) o, con carácter subsidiario, una solicitud de reducción de la multa impuesta a la recurrente en casación — Práctica colusoria en el mercado de los paneles de yeso — Falta de toma en consideración de la vulneración del derecho de defensa en el procedimiento administrativo — Vulneración del principio in dubio pro reo — Consideración, a efectos del cálculo del importe de la multa, de los volúmenes de negocios de otras empresas que no forman una unidad económica con la recurrente en casación.

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades europeas de 8 de julio de 2008, Knauf Gips/ Comisión (T-52/03), en la medida en que imputa a Knauf Gips KG la responsabilidad de las infracciones cometidas por las sociedades que constituyen el grupo Knauf.

2) Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

3) Desestimar el recurso de Knauf Gips KG que tiene por objeto la anulación de la Decisión 2005/471/CE de la Comisión, de 27 de noviembre de 2002, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE contra las empresas BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA y Gyproc Benelux NV (Asunto COMP/E-1/37.152 — Paneles de yeso).

4) Cada parte cargará con sus propias costas relativas a la presente instancia, y la totalidad de las costas del procedimiento en primera instancia se mantienen a cargo de Knauf Gips KG.

(1) DO C 313, de 6.12.2008.
1)

La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8 de la Decisión 2000/597/CE, Euratom del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas, y de los artículos 2, 6, 10, 11 y 17 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, al no haber puesto a disposición de la Comisión los recursos propios correspondientes a la deuda aduanera derivada del otorgamiento, por parte de la Direzione compartimentale delle Dogane per le Regioni Puglia e Basilicata, con sede en Bari, a partir del 27 de febrero de 1997, de autorizaciones irregulares para crear y gestionar en Tarento depósitos aduaneros de tipo C, y, posteriormente, de las consiguientes autorizaciones de transformación bajo control aduanero y de perfeccionamiento activo, hasta su revocación el 4 de diciembre de 2002.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 179/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de mayo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Asunto C-365/08) (1)

(Azúcar - Reglamento (CE) no 318/2006 - Artículo 16 - Cálculo del importe del canon de producción - Inclusión de la cantidad de azúcar de cuota afectada por la retirada del mercado en la base de cálculo del canon - Principios de proporcionalidad y de no discriminación)

2010/C 179/07

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Agrana Zucker GmbH

Demandada: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Interpretación del artículo 34 CE, en particular del principio de no discriminación, y de los principios de confianza legítima y de proporcionalidad — Interpretación y validez del artículo 16 del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 58, p. 1) — Inclusión, para el cálculo del importe del canon de producción, de la parte de la cuota de azúcar que ha sido objeto de una retirada preventiva del mercado con arreglo al artículo 1 del Reglamento (CE) no 290/2007 de la Comisión, de 16 de marzo de 2007, que fija, para la campaña de comercialización 2007/2008, el porcentaje previsto en el artículo 19 del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo (DO L 78, p. 20).

Fallo

1) El artículo 16 del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, debe interpretarse en el sentido de que la cantidad de azúcar de cuota afectada por la retirada del mercado en virtud del artículo 19 de dicho Reglamento y del artículo 1 del Reglamento no 290/2007 de la Comisión, de 16 de marzo de 2007, que fija, para la campaña de comercialización 2007/08, el porcentaje previsto en el artículo 19 del Reglamento (CE) no 318/2006, está incluida en la base de cálculo del canon de producción.

2) El examen de la segunda cuestión prejudicial no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 16 del Reglamento no 318/2006.

(1) DO C 285, de 8.11.2008.
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y 5 de la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos, al no haber adoptado, en relación con la región de Campania, todas las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valoricen o se eliminen sin poner en peligro la salud del hombre y sin perjudicar el medio ambiente y, en particular, al no haber creado una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación.
1)

El artículo 10 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la aplicable en el litigio principal, que establece a la entidad explotadora de un vertedero como sujeto pasivo de un impuesto especial sobre el depósito de residuos sólidos en vertederos que le debe reembolsar la colectividad local que ha depositado los residuos y que establece sanciones pecuniarias contra aquélla en caso de pago tardío de dicho impuesto, a condición no obstante de que dicha normativa vaya acompañada de medidas cuyo objeto sea garantizar que el reembolso de dicho impuesto se lleve a cabo efectivamente y en un breve plazo y que todos los costes relacionados con el cobro y, en concreto, los costes resultantes de la demora en el pago de cantidades adeudadas por este concepto por dicha colectividad local a la mencionada entidad explotadora, incluidas las sanciones pecuniarias eventualmente impuestas a esta última como consecuencia de dicha demora, se repercutan en el precio que dicha colectividad debe abonar a la mencionada entidad explotadora. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales verificar el cumplimiento de dichos requisitos.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 180/18

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de junio de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Países Bajos) — H.J. Nijemeisland/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Asunto C-170/08) (1)

(Política agrícola común - Carne de vacuno - Reglamento (CE) no 795/2004 - Artículo 3 bis - Sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas - Pago único - Fijación del importe de referencia - Reducciones y exclusiones)

2009/C 180/30

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Partes en el procedimiento principal

Demandante: H.J. Nijemeisland

Demandada: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Objeto

Petición de decisión prejudicial — College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Países Bajos) — Interpretación del artículo 3 bis del Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 141, p. 1), y del artículo 2, letras r) y s), del Reglamento (CE) no 2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducido por el Reglamento (CEE) no 3508/92 del Consejo (DO L 327, p. 11) — Sistema integrado de gestión y de control de determinados regímenes de ayudas — Régimen de pago único — Determinación de la cantidad de referencia — Reducciones y exclusiones

Fallo

El artículo 3 bis del Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, modificado por el Reglamento (CE) no 1974/2004 de la Comisión, de 29 de octubre de 2004, debe interpretarse en el sentido de que las reducciones y las exclusiones basadas en el Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno, no deben ser tenidas en cuenta al efectuar el cálculo previsto en el artículo 37, apartado 1, del Reglamento no 1782/2003.

(1) DO C 197, de 2.8.2008.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de octubre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

(Asunto C-301/07) (1)

(Marcas - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículo 9, apartado 1, letra c) - Marca notoriamente conocida en la Comunidad - Alcance geográfico del renombre)

2010/C 24/04

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: PAGO International GmbH

Demandada: Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberster Gerichtshof — Interpretación del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1) — Derechos del titular de una marca notoriamente conocida en la Comunidad — Marca notoriamente conocida únicamente en un Estado miembro — Protección de la marca en toda la Comunidad o únicamente en un Estado miembro.

Fallo

El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que, para gozar de la protección prevista en dicha disposición, una marca comunitaria debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o los servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio de la Comunidad Europea, y que, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad.

(1) DO C 223, de 22.9.2007.
1)

Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 39 CE, y del artículo 7, apartado 2 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, así como del artículo 18 CE, al establecer y mantener las disposiciones relativas a las pensiones complementarias en los artículos 79 a 99 de la Ley federal sobre el impuesto de la renta (Einkommensteuergesetz), en la medida en que dichas disposiciones: — deniegan a los trabajadores fronterizos y a sus cónyuges el derecho a una ayuda para ahorro-pensión, si no son sujetos pasivos del impuesto por obligación personal en dicho Estado miembro; — no permiten que el capital acumulado se invierta en la adquisición o la construcción de una vivienda para uso personal del beneficiario si el inmueble no está situado en Alemania; y — exigen la devolución de dicha ayuda si cesa la sujeción al impuesto por obligación personal en ese mismo Estado miembro.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 6/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa

(Asunto C-214/07) (1)

(Ayudas de Estado - Régimen de ayudas - Incompatibilidad con el mercado común - Ejecución de la Decisión - Recuperación de ayudas satisfechas - Imposibilidad absoluta de ejecución)

(2009/C 6/08)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: C. Giolito, agente)

Demandada: República Francesa (representantes: G. de Bergues, S. Ramet y J.-Ch. Gracia, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para atenerse a la Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Francia ligadas al salvamento de empresas en crisis [Ayuda de Estado C(2003) 4636, DO 2004, L 108, p. 38] — No realización de las gestiones necesarias para recuperar la ayuda concedida ilegalmente — Inexistencia de una imposibilidad absoluta de ejecución de la Decisión por la que se ordenó la recuperación de la citada ayuda.

Fallo

1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Decisión 2004/343/CE de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Francia ligadas al salvamento de empresas en crisis, al no haber ejecutado, dentro del plazo señalado, la referida Decisión.

2) Condenar en costas a la República Francesa.

(1) DO C 170 de 21.7.2007.
2)

Dicho artículo 20 debe interpretarse también en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece que los equipos de un cliente cualificado únicamente pueden conectarse a una red de transporte si el gestor de una red de distribución se niega, por razones técnicas o de explotación impuestas, a conectar a su red los equipos del cliente cualificado situados en la zona de actividad definida en su licencia. No obstante, corresponde al juez nacional comprobar que el establecimiento y la aplicación del sistema se realicen con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios entre los usuarios de las redes.
1)

Los artículos 73 B y 73 D del Tratado CE (actualmente artículos 56 CE y 58 CE, respectivamente) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional –como la controvertida en el litigio principal– relativa a la liquidación de los impuestos sobre sucesiones y sobre transmisiones patrimoniales a título gratuito que gravan un bien inmueble situado en un Estado miembro que no prevea la deducibilidad, a efectos de la liquidación de dichos impuestos, de las deudas por el exceso de adjudicación resultante de una partición hecha por el testador, cuando la persona cuya sucesión se abre no residiera en el momento de su fallecimiento en dicho Estado sino en otro Estado miembro, siendo así que tal deducibilidad sí está prevista cuando la persona en cuestión residiera en el momento de su fallecimiento en el Estado donde está sito el bien inmueble que es objeto de la sucesión, en la medida en que tal normativa aplica un tipo de gravamen progresivo, y puesto que el hecho de no tener en cuenta tales deudas, unido a la aplicación de un tipo progresivo, podría dar lugar a una carga fiscal superior para aquellos herederos que no puedan invocar la deducibilidad de que se trata.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 142/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de abril de 2008 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Landesgericht Bozen — Italia) — Othmar Michaeler (asuntos C-55/07 y C-56/07), Subito GmbH (asuntos C-55/07 y C-56/07) y Ruth Volgger (asunto C-56/07) — Amt für sozialen Arbeitsschutz (anteriormente Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen), Autonome Provinz Bozen

(Asuntos acumulados C-55/07 y C-56/07) (1)

(Directiva 97/81/CE - Igualdad de trato entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo - Discriminación - Obstáculo administrativo que limita las posibilidades de trabajo a tiempo parcial)

(2008/C 142/11)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesgericht Bozen

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Othmar Michaeler (asuntos C-55/07 y C-56/07), Subito GmbH (asuntos C-55/07 y C-56/07) y Ruth Volgger (asunto C-56/07)

Demandadas: Amt für sozialen Arbeitsschutz (anteriormente Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen), Autonome Provinz Bozen

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Landesgericht Bozen — Interpretación del Derecho comunitario, en particular, del artículo 137 CE y de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES — Anexo: Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial (DO L 14, p. 9) — Normativa nacional que obliga a los empresarios, so pena de sanción administrativa, a enviar a la autoridad nacional competente fotocopias de los contratos de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial — Obligación de los Estados miembros de eliminar los obstáculos de naturaleza jurídica o administrativa que puedan limitar las posibilidades de trabajar a tiempo parcial — Principio de no discriminación entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo

Fallo

La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, anejo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la que es objeto del procedimiento principal, que exige que se notifique a la Administración una copia de los contratos de trabajo a tiempo parcial en el plazo de 30 días contados desde su celebración.

(1) DO C 95 de 28.4.2007.
1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 2 y 9 a 11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, en su versión modificada por el Reglamento (Euratom, CE) no 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996, y de los mismos artículos del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, al haber eximido de derechos de aduana la importación de material militar durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002 y al haberse negado a calcular, constatar y poner a disposición de la Comisión de las Comunidades Europeas los recursos propios no recaudados debido a esta exención, así como los intereses de demora devengados por la falta de puesta a disposición de la Comisión de las Comunidades Europeas de dichos recursos propios en los plazos señalados.
1)

Un contrato de suministro exclusivo de carburantes y combustibles así como de lubricantes y demás productos afines puede estar incluido en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, cuando el titular de la estación de servicio asume, en una proporción no insignificante, uno o varios riesgos financieros y comerciales relativos a la venta de estos productos a terceros y dicho contrato contiene cláusulas que pueden menoscabar el juego de la competencia, como la referente a la fijación de los precios de venta al público. En el caso de que el titular de la estación de servicio no asuma tales riesgos o asuma únicamente una parte insignificante de éstos, sólo pueden entrar dentro del ámbito de aplicación de dicha disposición las obligaciones impuestas al titular en el marco de los servicios de intermediario que éste ofrece al comitente, como las cláusulas de exclusividad o de no competencia. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, además, si el contrato celebrado el 7 de febrero de 1996 entre CEPSA Estaciones de Servicio, S.A., y L.V. Tobar e Hijos, S.L., tiene por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el sentido del artículo 81 CE.
2)

El hecho de no considerar sujetas al impuesto las actividades u operaciones que un punto de venta de cuotas lecheras lleva a cabo en cuanto autoridad pública en el sentido del artículo 4, apartado 5, de la Directiva 77/388, en su versión modificada por la Directiva 2001/41, no puede conducir a graves distorsiones de la competencia, debido a que no se enfrenta, en una situación como la del litigio principal, a operadores privados que prestan servicios que compiten con las prestaciones públicas. Al ser válida esta consideración para todos los puntos de venta de cuotas lecheras que operan en un área de cesión determinada, definida por el Estado miembro de que se trata, dicha área es el mercado geográfico pertinente para determinar la existencia de distorsiones graves de la competencia.
1)

El artículo 9, apartado 3, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, en su versión modificada por la Directiva 92/108/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1992, no permite someter, de manera general, al pago de impuestos especiales en el Estado miembro de consumo el gasóleo de calefacción adquirido en otro Estado miembro por un particular para satisfacer sus propias necesidades y transportado por él mismo al referido Estado miembro de consumo, cualquiera que sea la forma en que dicho particular realice ese transporte.