Asunto C‑212/05

Gertraud Hartmann

contra

Freistaat Bayern

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundessozialgericht)

«Trabajador fronterizo — Reglamento (CEE) nº 1612/68 — Traslado del domicilio a otro Estado miembro — Cónyuge que no ejerce ninguna actividad remunerada — Prestación de crianza — Concesión denegada al cónyuge — Ventaja social — Requisito de residencia»

Sumario de la sentencia

1. Libre circulación de personas — Trabajadores — Reglamento (CEE) nº 1612/68 — Concepto de «trabajador migrante»

[Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo]

2. Libre circulación de personas — Trabajadores — Igualdad de trato — Ventajas sociales

[Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, art. 7, ap. 2]

1. Un nacional de un Estado miembro que, conservando su empleo en dicho Estado, ha trasladado su domicilio a otro Estado miembro y desde entonces ejerce su actividad profesional como trabajador fronterizo puede invocar la condición de trabajador migrante, en el sentido del Reglamento nº 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad.

(véanse el apartado 20 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, se opone a que se excluya de una prestación de crianza al cónyuge, que no ejerce ninguna actividad remunerada, de un trabajador migrante que ejerce una actividad profesional en un Estado miembro, residente en otro Estado miembro, porque dicho cónyuge no tiene ni domicilio ni residencia habitual en el primer Estado, siempre que la concesión de dicha prestación al cónyuge del trabajador beneficie a la familia en su integridad, con independencia del progenitor que la solicite, pueda rebajar la obligación que tiene el trabajador de contribuir a las cargas familiares y, por tanto, constituya para él una «ventaja social», en el sentido de dicha disposición.

Dicho requisito de residencia debe considerarse indirectamente discriminatorio cuando, por su propia naturaleza, pueda afectar más a los trabajadores migrantes o a sus cónyuges, que residen con mayor frecuencia en otro Estado miembro, que a los trabajadores nacionales e implique por consiguiente el riesgo de perjudicar, en particular, a los primeros.

En el marco de una normativa nacional que establece objetivos de política familiar, concediendo la prestación de crianza a las personas que han establecido un vínculo real con la sociedad nacional y con arreglo a la cual una contribución significativa al mercado de trabajo nacional constituye también un elemento válido de integración en la sociedad, no puede denegarse la concesión de la prestación controvertida a una pareja que no reside en el territorio nacional, pero uno de cuyos miembros ejerce en dicho Estado una actividad profesional en jornada completa.

(véanse los apartados 26, 30 a 33 y 36 a 38 y el punto 2 del fallo)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 18 de julio de 2007 ( )

«Trabajador fronterizo – Reglamento (CEE) nº 1612/68 – Traslado del domicilio a otro Estado miembro – Cónyuge que no ejerce ninguna actividad remunerada – Prestación de crianza – Concesión denegada al cónyuge – Ventaja social – Requisito de residencia»

En el asunto C‑212/05,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundessozialgericht (Alemania), mediante resolución de 10 de febrero de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de mayo de 2005, en el procedimiento entre

Gertraud Hartmann

y

Freistaat Bayern,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, y P. Kūris, Presidentes de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. K. Schiemann (Ponente), J. Makarczyk, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič y L. Bay Larsen, Jueces;

Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;

Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de junio de 2006;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de la Sra. Hartmann, por el Sr. M. Eppelein, Assessor;

– en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. M. Lumma, en calidad de agente;

– en nombre del Gobierno español, por el Sr. F. Díez Moreno, en calidad de agente;

– en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. M. de Mol, en calidad de agente;

– en nombre del Gobierno del Reino Unido, inicialmente por la Sra. C. Jackson, en calidad de agente, asistida por la Sra. E. Sharpston, QC, posteriormente por la Sra. C. Gibbs, en calidad de agente, asistida por el Sr. T. Ward, Barrister;

– en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas por los Sres. V. Kreuschitz y D. Martin, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 28 de septiembre de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).

2 Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la Sra. Hartmann y el Estado de Baviera, en relación con la negativa de este último a concederle la prestación de crianza correspondiente a sus hijos.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

3 El artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1612/68 establece:

«1. En el territorio de otros Estados miembros y por razón de la nacionalidad, el trabajador nacional de un Estado miembro no podrá ser tratado de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, si hubiera quedado en situación de desempleo.

2. Se beneficiará de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales.»

Normativa nacional

4 Como se desprende de la resolución de remisión, el artículo 1, apartado 1, de la Bundeserziehungsgeldgesetz (Ley relativa a la concesión de prestaciones y permisos de crianza, en lo sucesivo, «BErzGG»), en su versión vigente en el momento de producirse los hechos del litigio principal, permitía solicitar una prestación por crianza a cualquier persona que tuviese su domicilio o su residencia habitual en Alemania, que tuviese en su familia un hijo a su cargo, se ocupase del cuidado y de la educación de este hijo y no ejerciese ninguna actividad ni profesión en jornada completa.

5 Por otra parte, con arreglo al artículo 1, apartado 4, de la BErzGG, en su versión vigente en la época de los hechos del litigio principal, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y los trabajadores fronterizos de los países que tengan una frontera común con Alemania tienen derecho a la prestación de crianza siempre que ejerzan en dicho Estado miembro una actividad profesional que sea más que un mero empleo menor.

6 Con arreglo al artículo 1, apartado 7, de la BErzGG, en su versión modificada de 12 de octubre de 2000, el cónyuge, residente en otro Estado miembro, de un funcionario o de una persona que tenga una relación laboral de Derecho público en Alemania, tiene derecho a la prestación de crianza. No obstante, esta disposición no resulta de aplicación en relación con los hijos nacidos antes del 1 de enero de 2001, con arreglo al artículo 24, apartado 1, de la BErzGG, en su versión modificada de 12 de octubre de 2000.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

7 La Sra. Hartmann es una nacional austriaca, casada desde 1990 con un nacional alemán que residía anteriormente en Alemania. Desde 1990, la pareja reside en Austria con sus tres hijos, nacidos respectivamente en marzo de 1991, mayo de 1993 y septiembre de 1997. El esposo de la demandante trabaja en Alemania como funcionario (desde 1986, en Deutsche Bundespost, y posteriormente, desde 1995, en Deutsche Telekom AG).

8 Mediante resoluciones de 25 de septiembre de 1991, en la versión de la resolución de 7 de enero de 1992, y de 20 de septiembre de 1993, confirmada, previa oposición, mediante resolución de 26 de enero de 1994, el Estado de Baviera denegó a la Sra. Hartmann la prestación de crianza prevista en la BErzGG, en su versión aplicable en el momento de los hechos del litigio principal, por sus dos primeros hijos.

9 Mediante resoluciones de 10 y 23 de junio de 1998, confirmadas, previa oposición, mediante resolución de 7 de septiembre de 1998, se rechazaron tanto las reclamaciones presentadas por la demandante como su solicitud de prestación de crianza para su hijo menor en el primer año de vida de éste. La denegación de concesión de la prestación de crianza se basó en que la Sra. Hartmann no residía en Alemania y no ejercía ninguna actividad remunerada en dicho Estado miembro.

10 El Sozialgericht München decidió, mediante sentencia de 14 de febrero de 2001, desestimar el recurso interpuesto por la Sra. Hartmann, quien recurrió dicha sentencia en apelación ante el Bayerische Landessozialgericht; este recurso fue asimismo desestimado mediante sentencia de 1 de julio de 2003. Dicho órgano jurisdiccional consideró que, con arreglo al Derecho alemán, la Sra. Hartmann no tenía derecho a la prestación de crianza, ya que no residía en Alemania. En opinión de dicho órgano jurisdiccional, tampoco podía concedérsele la prestación controvertida con arreglo a la normativa comunitaria.

11 Según el Bayerische Landessozialgericht, el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53), modificado por el Reglamento (CEE) nº 1249/92 del Consejo, de 30 de abril de 1992 (DO L 136, p. 28) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71»), no era de aplicación al caso de autos, dado que ni la Sra. Hartmann ni su esposo estaban comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. En efecto, la Sra. Hartmann no ejercía ninguna actividad remunerada y su esposo, al ser funcionario, no podía considerarse «trabajador» en el sentido del anexo I, apartado I, C («Alemania»), del Reglamento nº 1408/71.

12 El Bayerische Landessozialgericht añadió que el derecho a la prestación de crianza tampoco podía basarse en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68, ya que el Reglamento nº 1408/71 prevalece sobre éste.

13 La demandante interpuso entonces recurso de casación ante el Bundessozialgericht (Tribunal federal de lo social).

14 En estas circunstancias, el Bundessozialgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las dos cuestiones siguientes:

«1) ¿Debe considerarse trabajador migrante, en el sentido del Reglamento nº 1612/68 […], en relación con el período comprendido entre enero de 1994 y septiembre de 1998, a un nacional alemán que en 1990 trasladó de Alemania a Austria su domicilio conservando su empleo como funcionario de correos en Alemania, y que desde entonces ejerce su profesión como trabajador fronterizo?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

¿Constituye una discriminación indirecta, en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68, el hecho de que al cónyuge de la persona mencionada en la primera cuestión, residente en Austria y nacional de dicho país y que no ejerce ninguna actividad remunerada, le fuera denegada durante el período pertinente la percepción de una prestación de crianza alemana porque no tenía ni su domicilio ni su residencia habitual en Alemania?»

Cuestiones prejudiciales

Primera cuestión

15 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si un nacional de un Estado miembro que, conservando su empleo en dicho Estado, ha trasladado su domicilio a otro Estado miembro y desde entonces ejerce su profesión como trabajador fronterizo, puede invocar la condición de trabajador migrante, en el sentido del Reglamento nº 1612/68.

16 En sus observaciones escritas, los Gobiernos alemán y del Reino Unido y la Comisión de las Comunidades Europeas, así como el Gobierno neerlandés en la vista, han afirmado que únicamente puede considerarse ejercicio del derecho a la libre circulación de los trabajadores el desplazamiento de una persona a otro Estado miembro con objeto de ejercer una actividad profesional. Por lo tanto, en su opinión, las disposiciones comunitarias en materia de libre circulación de trabajadores no son de aplicación a una persona como el Sr. Hartmann, que no ha abandonado nunca su empleo en el Estado miembro del que es nacional y que simplemente ha trasladado su domicilio al Estado miembro de su cónyuge.

17 Procede recordar, a este respecto, que este razonamiento debe examinarse a la luz de la sentencia de 21 de febrero de 2006, Ritter‑Coulais (C‑152/03, Rec. p. I‑1711). En dicho asunto, al examinar la situación de los demandantes en el litigio principal a la luz del principio de la libre circulación de los trabajadores consagrado en el artículo 48 del Tratado (actualmente artículo 39 CE, tras su modificación), el Tribunal de Justicia recordó en los apartados 31 y 32 de dicha sentencia que todo nacional de un Estado miembro, que haya hecho uso del derecho a la libre circulación de trabajadores y que haya ejercido una actividad profesional en otro Estado miembro, está comprendido, independientemente de su lugar de residencia y de su nacionalidad, dentro del ámbito de aplicación de dicha disposición. En consecuencia, los demandantes en el recurso principal, que trabajaban en un Estado miembro distinto de aquel en el que se encontraba su residencia efectiva, estaban comprendidos dentro del ámbito de aplicación del artículo 48 del Tratado.

18 En el caso de autos, la situación que originó el litigio principal es la de una persona que reside, desde que trasladó su domicilio, en un Estado miembro y que ejerce una actividad profesional en otro Estado miembro. En efecto, la instalación del Sr. Hartmann en Austria por motivos que no son de de carácter profesional no justifica que se le deniegue la condición de trabajador migrante, adquirida desde el momento en que, después del traslado de su domicilio a Austria, ejerció plenamente su derecho a la libre circulación de trabajadores al desplazarse a Alemania para ejercer en dicho país una actividad profesional.

19 De esto se desprende que, durante el período comprendido entre el mes de enero de 1994 y el mes de septiembre de 1998, la situación de un trabajador fronterizo como el Sr. Hartmann estaba comprendida en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre circulación de trabajadores y, por consiguiente, del Reglamento nº 1612/68.

20 Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestión que un nacional de un Estado miembro que, conservando su empleo en dicho Estado, ha trasladado su domicilio a otro Estado miembro y desde entonces ejerce su actividad profesional como trabajador fronterizo puede invocar la condición de trabajador migrante, en el sentido del Reglamento nº 1612/68.

Segunda cuestión

21 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si, en circunstancias como las del litigio principal, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 se opone a que se excluya de la prestación de crianza alemana al cónyuge de un trabajador migrante que no ejerce ninguna actividad remunerada, residente en Austria y nacional de dicho Estado miembro, debido a que dicho cónyuge no tiene ni domicilio ni residencia habitual en Alemania.

22 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que la prestación de crianza alemana constituye una «ventaja social», en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 (véase la sentencia de 12 de mayo de 1998, Martínez Sala, C‑85/96, Rec. p. I‑2691, apartado 26).

23 Los Gobiernos alemán y del Reino Unido han señalado que permitir a un trabajador fronterizo, que tiene su domicilio y su lugar de trabajo en dos Estados miembros distintos, beneficiarse de las mismas ventajas sociales en los dos Estados miembros y combinarlas es injusto. En su opinión, para minimizar este riesgo, y teniendo en cuenta el hecho de que el Reglamento nº 1612/68 no contiene reglas de coordinación destinadas a evitar la acumulación de de prestaciones, debe excluirse la posibilidad de «exportar» la prestación de crianza.

24 A este respecto, procede señalar que la condición de trabajador fronterizo del Sr. Hartmann no le impide en absoluto exigir la igualdad de trato establecida en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 por lo que respecta a la concesión de ventajas sociales. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que los trabajadores fronterizos pueden ampararse en lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento nº 1612/68 en las mismas condiciones que el resto de trabajadores a los que se refiere dicha disposición. En efecto, el cuarto considerando de dicho Reglamento establece, de manera expresa, que el derecho a la libre circulación debe reconocerse «indistintamente a los trabajadores “permanentes”, de temporada, fronterizos o que ejerzan sus actividades con ocasión de una prestación de servicios» (sentencia de 27 de noviembre de 1997, Meints, C‑57/96, Rec. p. I‑6689, apartado 50).

25 Procede recordar que, en el caso de autos, quien solicita la prestación de crianza es la Sra. Hartmann quien, al ser la esposa de un trabajador comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1612/68, es sólo una beneficiaria indirecta del trato nacional concedido al trabajador migrante en el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento. En consecuencia, sólo puede concederse a la demandante la prestación de crianza alemana si dicha prestación constituye para su esposo una «ventaja social» en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 (véase, por analogía, la sentencia de 26 de febrero de 1992, Bernini, C‑3/90, Rec. p. I‑1071, apartado 26).

26 Éste es el caso en el presente asunto. Una prestación como la prestación de crianza alemana, que permite que uno de los padres se dedique a la educación de un hijo de corta edad, compensando las cargas familiares (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de octubre de 1996, Hoever y Zachow, C‑245/94 y C‑312/94, Rec. p. I‑4895, apartados 23 a 25), beneficia a la familia en su integridad, con independencia del progenitor que la solicite. En efecto, la concesión de dicha prestación al cónyuge del trabajador puede rebajar la obligación que tiene este último de contribuir a las cargas familiares, y por tanto, constituye para él una «ventaja social», en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 (véase, por analogía, la sentencia Bernini, antes citada, apartado 25).

27 El artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 establece que el trabajador migrante se beneficiará en el Estado miembro de acogida de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales. Dado que la prestación de crianza supone una «ventaja social» en el sentido de dicha disposición, un trabajador migrante que se encuentre en una situación como la del Sr. Hartmann, y en consecuencia su esposa, debe poder tener derecho a dicha prestación en las mismas condiciones que un trabajador nacional, por los motivos expuestos en los apartados 25 y 26 de la presente sentencia.

28 Pues bien, de los documentos que obran en autos se desprende que la normativa alemana supedita primordialmente la concesión de la prestación de crianza al requisito de que los beneficiarios residan en territorio alemán. Comoquiera que dicha normativa puede tener como consecuencia una discriminación indirecta de los trabajadores que no residen en Alemania, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si esta normativa puede estar justificada y si cumple el requisito de proporcionalidad.

29 Procede recordar que la regla de igualdad de trato recogida tanto en el artículo 39 CE como en el artículo 7 del Reglamento nº 1612/68 prohíbe no sólo las discriminaciones manifiestas, basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado (sentencia Meints, antes citada, apartado 44).

30 A menos que esté justificada objetivamente y sea proporcionada al objetivo perseguido, una disposición de Derecho nacional debe considerarse indirectamente discriminatoria cuando, por su propia naturaleza, pueda afectar más a los trabajadores migrantes que a los trabajadores nacionales e implique por consiguiente el riesgo de perjudicar, en particular, a los primeros (sentencia Meints, antes citada, apartado 45).

31 Tal es el caso de un requisito de residencia como el controvertido en el litigio principal que, como señala el órgano jurisdiccional remitente, es naturalmente más fácil de cumplir por los trabajadores alemanes o sus cónyuges, residentes en Alemania, que por los trabajadores nacionales de otros Estados miembros o sus cónyuges, que residen con mayor frecuencia en otro Estado miembro (véase por analogía la sentencia de 8 de junio de 1999, Meeusen, C‑337/97, Rec. p. I‑3289, apartados 23 y 24).

32 Según las informaciones proporcionadas por el órgano jurisdiccional remitente, la prestación de crianza alemana es un instrumento de política familiar nacional destinado a promover la natalidad en el país. El objetivo principal de dicha prestación es permitir a los padres que atiendan ellos mismos a sus hijos, renunciando a una actividad económica o bien limitándola para dedicarse a educar a sus hijos durante la primera fase de su vida.

33 El Gobierno alemán añade, en esencia, que la prestación de crianza se concede para favorecer a las personas que, mediante la elección de su domicilio, han establecido un vínculo real con la sociedad alemana. En su opinión, en este contexto está justificado un requisito de residencia como el controvertido en el litigio principal.

34 Con independencia de la cuestión de si los objetivos perseguidos por la legislación alemana pueden justificar una normativa nacional basada con carácter exclusivo en el requisito de residencia, procede constatar que, según las informaciones proporcionadas por el órgano jurisdiccional remitente, el legislador alemán no se ha limitado a aplicar estrictamente el requisito de residencia para conceder la prestación de crianza, sino que ha admitido excepciones que permiten también a los trabajadores fronterizos disfrutar de ella.

35 En efecto, de la resolución de remisión se desprende que, con arreglo al artículo 1, apartado 4, de la BErzGG, en su versión aplicable en el momento de los hechos del litigio principal, los trabajadores fronterizos que ejercen una actividad profesional en Alemania pero residen en otro Estado miembro puede solicitar la prestación de crianza alemana si su actividad profesional no puede considerarse menor o de escasa entidad.

36 En consecuencia, de la normativa alemana en vigor en el momento de los hechos del litigio principal resulta que la residencia no se consideraba el único vínculo de conexión con el Estado miembro interesado y que una contribución significativa al mercado de trabajo nacional constituía también un elemento válido de integración en la sociedad de dicho Estado miembro.

37 En estas circunstancias, no puede denegarse la concesión de la prestación controvertida en el litigio principal a una pareja, como los esposos Hartmann, que no reside en Alemania, pero uno de cuyos miembros ejerce en dicho Estado una actividad profesional en jornada completa.

38 Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la segunda cuestión que, en las circunstancias del litigio principal, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 se opone a que se excluya de una ventaja social que tenga las características de la prestación de crianza alemana al cónyuge, que no ejerce ninguna actividad remunerada, de un trabajador migrante que ejerce una actividad profesional en un Estado miembro, residente en otro Estado miembro, porque dicho cónyuge no tiene ni domicilio ni residencia habitual en el primer Estado.

Costas

39 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1) Un nacional de un Estado miembro que, conservando su empleo en dicho Estado, ha trasladado su domicilio a otro Estado miembro y desde entonces ejerce su actividad profesional como trabajador fronterizo puede invocar la condición de trabajador migrante, en el sentido del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad.

2) En las circunstancias del litigio principal, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 se opone a que se excluya de una ventaja social que tenga las características de la prestación de crianza alemana al cónyuge, que no ejerce ninguna actividad remunerada, de un trabajador migrante que ejerce una actividad profesional en un Estado miembro, residente en otro Estado miembro, porque dicho cónyuge no tiene ni domicilio ni residencia habitual en el primer Estado.

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