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1)

El artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con su artículo 10, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en caso de litigio entre, por un lado, un profesional que ha adquirido un crédito que pertenecía originariamente a una persona perjudicada frente a una empresa de seguros de responsabilidad civil y, por otro lado, esa misma empresa de seguros de responsabilidad civil, de modo que no impide que la competencia judicial se fundamente, en su caso, en el artículo 7, punto 2, o en el artículo 7, punto 5, del citado Reglamento.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de abril de 2021 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Curtea de Apel Constanţa — Rumanía) — Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea / SC Piscicola Tulcea SA (C-294/19), Ira Invest SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea (C-304/19)

(Asuntos acumulados C-294/19 y C-304/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Agricultura - Política agrícola común (PAC) - Regímenes de ayuda directa - Hectárea admisible - Instalación piscícola - Afectación catastral - Utilización efectiva con fines agrícolas - Uso conforme con las inscripciones en el Registro de la Propiedad)

(2021/C 263/02)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Constanţa

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea (C-294/19), Ira Invest SRL (C-304/19)

Demandadas: SC Piscicola Tulcea SA (C-294/19), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea (C-304/19)

Fallo

Los artículos 2, letra h), y 34, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003, y los artículos 4, apartado 1, letra e), y 32, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y n.o 73/2009 del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que las superficies clasificadas, en el Derecho nacional, como destinadas a la actividad piscícola, pero que son o han sido utilizadas efectivamente con fines agrícolas, son superficies agrarias.

(1) DO C 288 de 26.8.2019.
2)

El artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95 debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que la protección o la asistencia del OOPS haya cesado cuando un apátrida de origen palestino ha abandonado el área de operaciones del OOPS desde una zona de esa área en la que se hallaba en una situación de grave inseguridad personal y en la que dicho organismo no podía proporcionarle su protección o asistencia si, por un lado, se desplazó voluntariamente a esa zona desde otra zona de la referida área en la que no se hallaba en una situación de grave inseguridad personal y en la que podía recibir protección o asistencia de dicho organismo y, por otro lado, sobre la base de la información concreta de que disponía, no podía razonablemente contar con que recibiría protección o asistencia del OOPS en la zona a la que se desplazaba o con que podría retornar en un futuro cercano a la zona de la que provenía, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
1)

El artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra e), de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «comunicaciones internas» incluye toda la información que circule en el seno de una autoridad pública y que, en la fecha de la solicitud de acceso, no haya abandonado la esfera interna de esta autoridad, en su caso tras su recepción por dicha autoridad y siempre que no haya sido o no debiera haber sido puesta a disposición del público antes de esta recepción.
2)

El artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en relación con los artículos 3, apartado 3, y 70, apartado 2, de este Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual un nacional de otro Estado miembro y sus hijos menores, todos los cuales gozan en el primer Estado miembro de un derecho de residencia basado en el artículo 10 del Reglamento n.o 492/2011 en concepto de la escolarización de esos menores en ese mismo Estado y están afiliados en él a un sistema de seguridad social en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, quedan excluidos, en cualesquiera circunstancias y automáticamente, del derecho a percibir las prestaciones especiales en metálico no contributivas.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 2 de julio de 2020 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-231/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Exenciones - Artículo 135, apartado 1, letra g) - Exención de las operaciones de gestión de fondos comunes de inversión - Prestación única utilizada para la gestión de fondos comunes de inversión y de otros fondos)

(2020/C 279/15)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Fallo

El artículo 135, apartado 1, letra g), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que una prestación única de servicios de gestión realizada por una plataforma informática perteneciente a un proveedor tercero a favor de una sociedad de gestión de fondos que incluye tanto fondos comunes de inversión como otros fondos no está comprendida en el ámbito de aplicación de la exención prevista en dicha disposición.

(1) DO C 172 de 20.5.2019.
C 262/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 4 de junio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Koblenz — Alemania) — Remondis GmbH / Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(Asunto C-429/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Contratación pública - Directiva 2014/24/UE - Artículo 12, apartado 4 - Ámbito de aplicación - Contratos públicos entre entidades del sector público - Concepto de «cooperación» - Inexistencia)

(2020/C 262/11)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Koblenz

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Remondis GmbH

Demandada: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Fallo

El artículo 12, apartado 4, letra a), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, debe interpretarse en el sentido de que no cabe considerar que exista una cooperación entre poderes adjudicadores cuando un poder adjudicador, responsable en su territorio de una misión de interés público, no lleva a cabo íntegramente él mismo tal misión que le incumbe en exclusiva en virtud del Derecho nacional y que requiere la realización de varias operaciones, sino que encarga a otro poder adjudicador, que no depende de él y que es también responsable de esa misión de interés público en su propio territorio, que efectúe alguna de las operaciones requeridas a cambio de una retribución.

(1) DO C 288 de 26.8.2019.
1)

Declarar que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 4, 10 y 15 y del anexo I, puntos A, B y D, de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008: — Al no haber dotado de una sistema colector de aguas residuales urbanas a 31 aglomeraciones urbanas (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou y Pyrgos). — Al no haber garantizado que, en estas mismas aglomeraciones urbanas, las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente.
1)

Declarar que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14 de la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, de 7 de abril de 2016, por la que se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva Delegada y, por lo tanto, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión Europea antes de que expirara el plazo señalado en el dictamen motivado.
1)

Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 67 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, al no haber adoptado, antes de que expirara el plazo señalado en el dictamen motivado de 8 de marzo de 2018, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2015/849 y, por ende, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión Europea.
C 61/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019 — Viscas Corp./Comisión Europea, Furukawa Electric Co. Ltd

(Asunto C-582/18 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Mercado europeo de los cables de energía subterráneos y submarinos - Reparto del mercado en el marco de proyectos - Multas - Directrices de 2006 para el cálculo de las multas - Determinación del peso relativo de los participantes europeos y no europeos en el cartel - Participación de empresas europeas en varios niveles del cartel - Principio de igualdad de trato)

(2020/C 61/15)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Viscas Corp. (representante: J.-F. Bellis, avocat)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: H. van Vliet, A. Biolan e I. Zaloguin, agentes), Furukawa Electric Co. Ltd (representantes: inicialmente A. Luke y C. Pouncey, Solicitors, y posteriormente A. Luke y K. Fountoukakos-Kyriakakos, Solicitors)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Viscas Corp. cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3) Furukawa Electric Co. Ltd cargará con sus propias costas.

(1) DO C 427 de 26.11.2018.
1)

El artículo 3, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 967/2006, de la Comisión, de 29 de junio de 2006, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 318/2006 del Consejo en lo que se refiere a la producción obtenida al margen de cuotas en el sector del azúcar, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad competente de un Estado miembro remite una rectificación del importe por excedentes del azúcar al fabricante de azúcar interesado dentro del plazo establecido en dicho precepto, dicho plazo, en principio, se aplica asimismo a la rectificación de la notificación a raíz de una inspección llevada a cabo con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 952/2006 de la Comisión, de 29 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 318/2006 del Consejo en lo referente a la gestión del mercado interior del azúcar y al régimen de cuotas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 707/2008 de la Comisión, de 24 de julio de 2008. No obstante, puede admitirse que se sobrepase ese plazo cuando la autoridad nacional competente ignoraba los detalles de la producción de azúcar de la empresa, salvo negligencia por parte de dicha autoridad, y esa ignorancia puede razonablemente imputarse a la empresa porque no ha actuado de buena fe y no ha cumplido todas las disposiciones relevantes. Incumbe al tribunal remitente determinar si sucede así en el procedimiento principal, para lo que deberá tener en cuenta todas las circunstancias del asunto.
C 399/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de septiembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

(Asunto C-222/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Asistencia sanitaria transfronteriza - Directiva 2011/24/UE - Artículos 3, letra k), y 11, apartado 1 - Receta - Concepto - Reconocimiento de una receta extendida en otro Estado miembro por una persona facultada - Requisitos - Libre circulación de mercancías - Prohibición de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la exportación - Artículos 35 TFUE y 36 TFUE - Restricción a la dispensación por una farmacia de medicamentos sujetos a receta médica - Orden de pedido extendida en otro Estado miembro - Justificación - Protección de la salud y la vida de las personas - Directiva 2001/83/CE - Artículo 81, párrafo segundo - Abastecimiento de medicamentos a la población de un Estado miembro)

(2019/C 399/12)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Partes en el procedimiento principal

Demandante: VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Demandada: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Fallo

Los artículos 3, letra k), y 11, apartado 1, de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que no permite a una farmacia del mismo dispensar medicamentos sujetos a receta médica mediante una orden de pedido en caso de que esta haya sido extendida por un profesional sanitario facultado para prescribir medicamentos y ejercer su actividad en otro Estado miembro, mientras que esa dispensación está permitida en caso de que la orden de pedido la haya extendido un profesional sanitario facultado para ejercer su actividad en ese primer Estado miembro, debiendo precisarse que, de conformidad con la referida normativa, dichas órdenes de pedido no incluyen el nombre del paciente.

Los artículos 35 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro como esta, siempre que esté justificada por el objetivo de proteger la salud y la vida de las personas, sea adecuada para garantizar la consecución de dicho objetivo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo, extremos que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

(1) DO C 221 de 25.6.2018.
C 280/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de junio de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Asunto C-348/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos - Reglamento (CEE) n.o 3950/92 - Artículo 2, apartado 1, párrafo segundo - Determinación de la contribución de los productores al pago de la tasa suplementaria adeudada - Reasignación de las cantidades de referencia no utilizadas - Medida nacional que reasigna las cantidades no utilizadas sobre la base de criterios objetivos de prioridad)

(2019/C 280/08)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice

Demandada: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

con intervención de: Comitato Spontaneo Produttori Latte (COSPLAT), Società Agricola Galleana — Società semplice, VS y otros

Fallo

El artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) n.o 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1256/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro decide reasignar las cantidades de referencia no utilizadas, esta reasignación debe realizarse, entre los productores que hayan superado sus cantidades de referencia, en proporción a las cantidades de referencia de las que dispone cada uno de dichos productores.

(1) DO C 394 de 20.8.2018.
2)

El artículo 152, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar el precio unitario de las mercancías importadas según el método previsto en el artículo 30, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 2913/92, el plazo de 90 días en el que las mercancías importadas deben venderse en la Unión Europea, previsto en el artículo 152, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 2454/93, es un plazo imperativo.
3)

La nota 1, letra m), de la sección XVI de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1031/2008, debe interpretarse en el sentido de que, si una mercancía está comprendida en el capítulo 90 de la nomenclatura combinada, no puede estar comprendida también en sus capítulos 84 y 85.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 2 de mayo de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Lavorgna Srl/Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

(Asunto C-309/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Contratación pública - Directiva 2014/24/UE - Costes de mano de obra - Exclusión automática del licitador que no ha indicado de forma separada en la oferta dichos costes - Principio de proporcionalidad)

(2019/C 220/16)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Lavorgna Srl

Demandadas: Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

con intervención de: Gea Srl

Fallo

Los principios de seguridad jurídica, de igualdad de trato y de transparencia, en los términos contemplados en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, según la cual el hecho de no indicar por separado los costes de mano de obra, en una oferta económica presentada en un procedimiento de adjudicación de contratos públicos, conlleva la exclusión de dicha oferta sin posible subsanación de defectos de tramitación, incluso en el supuesto de que en la documentación de la licitación no se especificase la obligación de indicar esos costes por separado, puesto que esa condición y esa posibilidad de exclusión están claramente previstas en la normativa nacional relativa a los procedimientos de contratación pública a la que se hacía una remisión expresa. Sin embargo, si las disposiciones de la licitación no permiten a los licitadores indicar esos costes en sus ofertas económicas, los principios de transparencia y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que se permita a los licitadores regularizar su situación y cumplir las obligaciones previstas por la normativa nacional en la materia en un plazo establecido por el poder adjudicador.

(1) DO C 268 de 30.7.2018.
C 408/32

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Proceso penal seguido contra Emil Milev

(Asunto C-310/18 PPU) (1)

([Procedimiento prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Cooperación judicial en materia penal - Directiva (UE) 2016/343 - Presunción de inocencia - Referencias públicas a la culpabilidad - Vías de recurso - Procedimiento de control de la legalidad de una medida de prisión preventiva])

(2018/C 408/41)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte en el procedimiento penal principal

Emil Milev

Fallo

Los artículos 3 y 4, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la adopción de resoluciones preliminares de carácter procesal —como una resolución de mantenimiento de una medida de prisión preventiva dictada por una autoridad judicial— basadas en indicios o en pruebas de cargo, siempre que no presenten como culpable a la persona privada de libertad. En cambio, esta Directiva no rige las condiciones en las que pueden adoptarse las resoluciones de prisión preventiva.

(1) DO C 268 de 30.7.2018.
1)

El artículo 132, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que las prestaciones de asistencia como las que son objeto del litigio principal, realizadas por un médico especialista en análisis clínicos y diagnóstico de laboratorio, pueden estar incluidas en la exención del impuesto sobre el valor añadido prevista en el artículo 132, apartado 1, letra c), de esta Directiva cuando no cumplen todos los requisitos de aplicación de la exención contemplada en el artículo 132, apartado 1, letra b), de dicha Directiva.