Asunto T‑208/06

Quinn Barlo Ltd y otros

contra

Comisión Europea

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de los metacrilatos — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Concepto de infracción única — Duración de la infracción — Multas — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Objeto contrario a la competencia — Comprobación suficiente

(Art. 81 CE, ap. 1)

2. Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Concepto — Necesidad de una relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento de las empresas en el mercado — Presunción de existencia de dicha relación de causalidad

(Art. 81 CE, ap. 1)

3. Competencia — Prácticas colusorias — Infracción compleja que presenta elementos de acuerdo y elementos de práctica concertada — Calificación única como «acuerdo y/o práctica concertada» — Procedencia

(Art. 81 CE, ap. 1)

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Modo de prueba — Utilización de un conjunto de indicios — Grado de fuerza probatoria exigido en relación con cada uno de los indicios

(Art. 81 CE, ap. 1)

5. Competencia — Prácticas colusorias — Participación de una empresa en iniciativas contrarias a la competencia — Aprobación tácita de la empresa, sin distanciarse públicamente de dicha iniciativa, que es suficiente para generar su responsabilidad

(Art. 81 CE, ap. 1)

6. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Utilización, como medios probatorios, de declaraciones de otras empresas que hayan participado en la infracción — Procedencia — Requisitos

(Arts. 81 CE y 82 CE)

7. Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Presunción de inocencia — Procedimiento en materia de competencia — Aplicabilidad

(Art. 81 CE, ap. 1)

8. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Acuerdos y prácticas concertadas que constituyen una infracción única — Imputación de responsabilidad a una empresa por la infracción en su conjunto — Requisitos

(Art. 81 CE, ap. 1)

9. Derecho comunitario — Interpretación — Actos de las instituciones — Motivación — Consideración

10. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración a cargo de la Comisión

(Art. 81 CE, ap. 1)

11. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Gravedad de la participación de cada empresa

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03)

12. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Repercusiones concretas en el mercado — Obligación de demostrar tales repercusiones para calificar una infracción de muy grave — Inexistencia

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03)

13. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Función pasiva o subordinada de la empresa

(Art. 81 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03)

14. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes — Conducta que se aparta de la acordada en el marco de las prácticas colusorias

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación de la Comisión 98/C 9/03)

1. Para apreciar si un acuerdo está prohibido por el artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de sus efectos concretos es superflua cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. En consecuencia, no es necesario examinar los efectos de una práctica concertada una vez que se determina su objeto contrario a la competencia.

(véase el apartado 39)

2. En el marco del artículo 81 CE, apartado 1, aunque el concepto de práctica concertada supone, además de la concertación entre las empresas, un comportamiento en el mercado que siga a la concertación y una relación de causalidad entre ambos elementos, puede presumirse, salvo prueba en contrario que corresponde aportar a los operadores interesados, que las empresas que participan en la concertación y que permanecen activas en el mercado toman en consideración la información intercambiada con sus competidores, a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado.

(véase el apartado 40)

3. Los conceptos de acuerdo y de práctica concertada, en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, recogen formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por las formas en las que se manifiestan.

En el marco de una infracción compleja, en la que se han visto implicados durante varios años diversos fabricantes con un objetivo de regulación en común del mercado, no puede exigirse a la Comisión que califique precisamente la infracción, para cada empresa y en cada momento determinado, de acuerdo o de práctica concertada, puesto que, en cualquier caso, ambas formas de infracción están previstas en el artículo 81 CE.

En este contexto, la doble calificación de una infracción única como «acuerdo y práctica concertada» debe entenderse en el sentido de que designa un todo complejo que incluye elementos de hecho, algunos de los cuales se han calificado de acuerdos y otros de prácticas concertadas a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, que no prevé una calificación específica para este tipo de infracción compleja.

(véanse los apartados 34, 41 y 42)

4. En lo que respecta a la aportación de la prueba de la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, incumbe a la Comisión aportar las pruebas que acrediten de modo jurídicamente suficiente la existencia de los hechos constitutivos de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1. A este respecto, la Comisión debe reunir pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción.

Sin embargo, no es preciso que cada una de las pruebas aportadas por la Comisión se ajuste necesariamente a estos criterios en lo que respecta a cada uno de los elementos de la infracción. Basta con que satisfaga dicho requisito el conjunto de indicios que invoca la institución, valorado globalmente.

Los indicios que la Comisión invoca en la Decisión para demostrar la existencia de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, por una empresa deben apreciarse no de forma aislada, sino en su conjunto.

(véanse los apartados 43 a 45)

5. Basta con que la Comisión demuestre que la empresa afectada ha participado en reuniones en las que se han concluido acuerdos contrarios a la competencia sin haberse opuesto expresamente para probar satisfactoriamente la participación de dicha empresa en el cártel. Cuando la participación en tales reuniones ha quedado acreditada, incumbe a esta empresa aportar los indicios adecuados para demostrar que su participación en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las suyas.

La razón que subyace en este principio jurídico es que, al haber participado en la reunión sin distanciarse públicamente de su contenido, la empresa ha dado a entender a los demás participantes que suscribía su resultado y que se atendría a éste.

Además, el hecho de que una empresa no aplique los resultados de una reunión cuyo objeto es contrario a la competencia no puede eliminar la responsabilidad correspondiente a su participación en un cártel, a menos que se distancie públicamente de su contenido.

Por otra parte, el concepto de distanciamiento público como elemento de exención de la responsabilidad debe interpretarse de manera restrictiva. En particular, el silencio observado por un operador en una reunión en la que se produjo una concertación ilícita sobre una cuestión precisa relativa a la política de precios no puede ser asimilado a la expresión de una desaprobación firme y clara.

(véanse los apartados 47 a 50)

6. En materia de competencia, ninguna disposición ni ningún principio general del Derecho de la Unión Europea prohíbe a la Comisión invocar contra una empresa declaraciones de otras empresas inculpadas. En consecuencia, las declaraciones efectuadas en el marco de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel no pueden considerarse carentes de valor probatorio por este único motivo.

Una cierta desconfianza con respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cártel ilícito es comprensible, ya que dichos participantes podrían minimizar la importancia de su contribución a la infracción y maximizar la de otros. No obstante, dada la lógica inherente al procedimiento previsto por la Comunicación sobre la cooperación, el hecho de solicitar el beneficio de su aplicación para obtener una reducción del importe de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados respecto a los demás participantes en el cártel investigado. En efecto, toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación de la empresa y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación.

En particular, debe considerarse que el hecho de que una persona confiese que ha cometido una infracción y reconozca así la existencia de hechos que rebasan lo que podía deducirse directamente de dichos documentos implica a priori, si no concurren circunstancias especiales que indiquen lo contrario, que tal persona ha resuelto decir la verdad. De este modo, las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables.

Sin embargo, no cabe considerar que la declaración de una empresa inculpada por haber participado en una práctica colusoria, cuya exactitud es cuestionada por varias empresas inculpadas, constituye una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no es respaldada por otros elementos probatorios.

Para examinar el valor probatorio de las declaraciones de las empresas que han presentado una solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación, el Tribunal tiene en cuenta, en particular, la importancia de los indicios concordantes que apoyan la pertinencia de dichas declaraciones y la falta de indicios de que éstas tendieron a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de las otras empresas. Además, la pertinencia de una declaración influye, en su caso, en el grado de corroboración necesario.

La circunstancia de que una declaración se presente en una fase muy avanzada del procedimiento, concretamente en la respuesta al pliego de cargos, no permite, como tal, negar cualquier valor probatorio a esa declaración, que debe examinarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes del asunto. Sin embargo, dicha declaración tiene un valor probatorio menor que si se hubiera realizado espontáneamente, con independencia de una declaración aportada por otra empresa. En particular, cuando la empresa que presenta una solicitud de dispensa conoce los datos recabados por la Comisión en el marco de su investigación, la lógica inherente al procedimiento previsto por la Comunicación sobre la cooperación, con arreglo a la cual cualquier tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación de la empresa, sólo se aplica en la misma medida si se trata de una declaración espontánea, sin conocimiento de las imputaciones formuladas por la Comisión. Asimismo, las consideraciones de que las declaraciones realizadas en virtud de la Comunicación sobre la cooperación son contrarias a los intereses del declarante y deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables pueden no ser plenamente aplicables en lo que respecta a la respuesta al pliego de cargos de una empresa que presenta una solicitud de dispensa.

(véanse los apartados 52 a 56, 97,108 y 109)

7. En lo que respecta al alcance del control jurisdiccional, cuando el Tribunal conoce de un recurso de anulación de una decisión de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe ejercer de modo general un control completo sobre si concurren o no las condiciones de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1.

La existencia de una duda en el juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción, con arreglo al principio de la presunción de inocencia, el cual, como principio general del Derecho de la Unión, se aplica sobre todo a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que pueden conducir a la imposición de multas o multas coercitivas.

(véanse los apartados 57 y 58)

8. En atención a la naturaleza de las infracciones a las normas de la competencia, así como a la naturaleza y gravedad de las sanciones correspondientes, la responsabilidad por la comisión de dichas infracciones tiene un carácter personal.

Los acuerdos y prácticas concertadas que contempla el artículo 81 CE, apartado 1, son necesariamente el resultado del concurso de varias empresas, que son en su totalidad coautoras de la infracción, pero cuya participación puede revestir formas diferentes, en función principalmente de las características del mercado de que se trate y de la posición de cada empresa en dicho mercado, de los fines perseguidos y de las modalidades de aplicación elegidas o planeadas.

No obstante, la mera circunstancia de que cada empresa participe en la infracción de una forma propia a cada una no basta para excluir su responsabilidad por la totalidad de la infracción, incluyendo los comportamientos que son ejecutados materialmente por otras empresas participantes, pero que comparten un mismo objetivo o el mismo efecto contrario a la competencia.

Además, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y considerados aisladamente una violación de dicha disposición. Cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto, aun cuando se haya acreditado que la empresa sólo participó directamente en uno o en varios de los elementos constitutivos de la infracción. Asimismo, el mero hecho de que la empresa no operaba en el sector de que se trata no entraña necesariamente que esa empresa no podía ser considerada responsable de la totalidad de la infracción única.

Para demostrar que una empresa participó en tal infracción única, la Comisión debe probar que dicha empresa intentó contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos materiales previstos o ejecutados por otras empresas en la consecución de los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo.

Por tanto, tal empresa sólo puede ser considerada responsable de una práctica colusoria global si, por una parte, sabía o tenía que saber necesariamente que la colusión en la que participaba, en particular a través de reuniones regulares organizadas durante varios años, formaba parte de un plan de conjunto destinado a falsear el juego normal de la competencia y, por otra, el citado plan abarcaba la totalidad de los elementos constitutivos de la práctica colusoria. El mero hecho de que exista una identidad de objeto entre el acuerdo en el que ha participado una empresa y un cártel global no basta para imputar a dicha empresa la participación en el cártel global. En efecto, la participación de la empresa en el acuerdo de que se trate únicamente podría expresar su adhesión al cártel global en el caso de que, al participar en dicho acuerdo, la empresa supiera o hubiera debido saber que con dicho comportamiento se unía al cártel global.

A este respecto, el mero hecho de que la empresa conociera y persiguiera los objetivos contrarios a la competencia en el ámbito de uno de los productos pertenecientes al sector de que se trata no permitía concluir que existía dicho conocimiento en lo que respecta al objetivo único perseguido por el acuerdo único en el sector en su conjunto. En efecto, el concepto de objetivo único no puede determinarse mediante una referencia general a la distorsión de la competencia en un sector determinado, puesto que el perjuicio para la competencia constituye, como objeto o efecto, un elemento consustancial a todo comportamiento incluido en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1. Tal definición del concepto de objetivo único entrañaría el riesgo de privar al concepto de infracción única y continuada de una parte de su sentido, en la medida en que tendría como consecuencia que varios comportamientos relativos a un sector económico, contrarios al artículo 81 CE, apartado 1, deberían calificarse sistemáticamente de elementos constitutivos de una infracción única.

(véanse los apartados 125 a 128, 143, 144 y 149)

9. La parte dispositiva de un acto no puede disociarse de su motivación, por lo que, en caso necesario, debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción.

(véase el apartado 131)

10. La duración de la infracción es un elemento constitutivo del concepto de infracción a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, elemento cuya prueba incumbe, con carácter principal, a la Comisión. Si no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas.

Además, el hecho de que el cártel, como tal, no quedara interrumpido no permite excluir que uno o varios de sus participantes hubieran interrumpido su participación durante cierto tiempo.

Si bien el período que media entre dos manifestaciones de un comportamiento infractor es un criterio pertinente para acreditar el carácter continuado de una infracción, no es menos cierto que la cuestión de si dicho período es o no suficientemente prolongado para constituir una interrupción de la infracción no puede examinarse en abstracto. Por el contrario, debe apreciarse en el contexto del funcionamiento de la práctica colusoria de que se trate, incluidas, en su caso, las modalidades concretas de la participación en ella de la empresa correspondiente.

(véanse los apartados 155, 156 y 159)

11. En el marco de la determinación del importe de una multa por infracción de las normas de competencia en virtud de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, es preciso distinguir entre la apreciación de la gravedad de la infracción, que sirve para determinar el importe de partida general de la multa, y la apreciación de la gravedad relativa de la participación en la infracción de cada una de las empresas afectadas, que deberá examinarse en el contexto de la posible aplicación de circunstancias agravantes o atenuantes.

En efecto, los puntos 2 y 3 de dichas Directrices prevén una modulación del importe de base de la multa en función de determinadas circunstancias agravantes y atenuantes, que son propias de cada empresa afectada. En particular, el punto 3 de las Directrices establece, bajo el título «Circunstancias atenuantes», una lista no exhaustiva de circunstancias que pueden dar lugar a una disminución del importe de base de la multa. Así, se hace referencia a la función pasiva de una empresa, a la no aplicación efectiva de los acuerdos, a la interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión, a la existencia de una duda razonable de la empresa sobre el carácter ilícito del comportamiento perseguido, al hecho de que la infracción haya sido cometida por negligencia y a la colaboración efectiva de la empresa en el procedimiento, fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación.

En cambio, en el contexto de la determinación del importe de partida de la multa, la Comisión no está obligada a apreciar los efectos del comportamiento de la empresa en particular. En efecto, los efectos que deben tomarse en consideración para determinar el nivel general de las multas no son los que resultan del comportamiento efectivo que pretende haber seguido una empresa determinada, sino los que resultan del conjunto de la infracción en la que la empresa participó.

Sin embargo, cuando la empresa no es responsable de la totalidad del acuerdo, sino que sólo se le puede atribuir una parte del mismo, ese hecho debe tenerse en cuenta en el marco de la determinación del importe de partida de la multa. En efecto, en ese caso, la infracción de las normas del Derecho de la competencia es necesariamente menos grave que la atribuida a los infractores que han participado en todas las facetas de la infracción, los cuales contribuyeron más a la eficacia y a la gravedad de dicha práctica que una infractora implicada únicamente en una sola rama de esta misma práctica colusoria. No obstante, una empresa no puede en ningún caso recibir una multa cuyo importe se calcula en función de una participación en una colusión de la que no se la considera responsable.

(véanse los apartados 183 a 185 y 197 a 200)

12. En el marco de la apreciación de la gravedad de una infracción de las normas comunitarias de competencia para determinar el importe de partida de la multa impuesta a una empresa, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA se desprende que las prácticas colusorias horizontales de precios o de repartos de mercados pueden ser calificadas de infracciones muy graves sobre la mera base de su propia naturaleza, sin que la Comisión esté obligada a demostrar las repercusiones concretas de la infracción en el mercado. En efecto, tales prácticas merecen, por su propia naturaleza, las multas más severas. Su posible impacto concreto en el mercado, en particular la cuestión de en qué medida la restricción de la competencia llevó a un precio de venta superior al que se habría impuesto en el supuesto de que no hubiera existido el cártel, no es un criterio determinante para fijar el importe de las multas.

(véase el apartado 189)

13. Un papel pasivo implica la adopción por la empresa de que se trate de un «perfil bajo», es decir, una falta de participación activa en la elaboración del acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia. Entre las circunstancias que pueden revelar el papel pasivo de una empresa en unas prácticas colusorias cabe mencionar el hecho de que su participación en las reuniones sea mucho más esporádica que la de los participantes ordinarios en las prácticas colusorias, así como su entrada tardía en el mercado afectado por la infracción, con independencia de la duración de su participación en la misma, o también la existencia de declaraciones expresas en tal sentido formuladas por los representantes de otras empresas que participaron en la infracción.

(véase el apartado 224)

14. Para la concesión del beneficio de la circunstancia atenuante relativa a la no aplicación efectiva de los acuerdos o prácticas ilícitos, prevista en el punto 3, segundo guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, es preciso comprobar si las circunstancias alegadas por la empresa de que se trate pueden demostrar que durante el período en el que tomó parte en los acuerdos ilícitos se abstuvo efectivamente de aplicarlos, adoptando un comportamiento competitivo en el mercado o, cuando menos, que incumplió clara y sustancialmente las obligaciones encaminadas a poner en práctica dicha concertación, hasta el punto de perturbar el propio funcionamiento de ésta.

(véase el apartado 231)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 30 de noviembre de 2011 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado de los metacrilatos – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE – Concepto de infracción única – Duración de la infracción – Multas – Gravedad de la infracción – Circunstancias atenuantes»

En el asunto T‑208/06,

Quinn Barlo Ltd, con domicilio social en Cavan (Irlanda),

Quinn Plastics NV, con domicilio social en Geel (Bélgica),

Quinn Plastics GmbH, con domicilio social en Maguncia (Alemania),

representadas por Mes W. Blau, F. Wijckmans y F. Tuytschaever, avocats,

partes demandantes,

contra

Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. V. Bottka y S. Noë, y posteriormente por los Sres. Bottka y N. Khan, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto una demanda de anulación de los artículos 1 y 2 de la Decisión C(2006) 2098 final de la Comisión, de 31 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.645 – Metacrilatos), en cuanto afectan a las demandantes, y, con carácter subsidiario, una demanda de anulación del artículo 2 de dicha Decisión en la medida en que impone una multa a las demandantes o, con carácter subsidiario de segundo grado, una demanda de reducción del importe de dicha multa,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. O. Czúcz, Presidente, y la Sra. I. Labucka (Ponente) y el Sr. D. Gratsias, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de mayo de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 Mediante Decisión C(2006) 2098 final de la Comisión, de 31 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.645 – Metacrilatos) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión de las Comunidades Europeas declaró, en particular, que una serie de empresas habían infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) al participar, durante varios períodos comprendidos entre el 23 de enero de 1997 y el 12 de septiembre de 2002, en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas contrarios a la competencia en el sector de los metacrilatos, que abarcaron todo el territorio del EEE (artículo 1 de la Decisión impugnada).

2 Según la Decisión impugnada, se trataba de una infracción única y continua, que afectaba a los tres productos de polimetilmetacrilato (en lo sucesivo, «PMMA») siguientes: los compuestos de moldeo, las láminas rígidas y el material sanitario. De la Decisión impugnada se desprende que esos tres productos de PMMA son diferentes, tanto física como químicamente, y tienen distintos usos, pero pueden considerarse como un único grupo de productos homogéneo debido a su materia prima común, el metilmetacrilato (en lo sucesivo, «MMA») (considerandos cuarto a octavo de la Decisión impugnada).

3 A tenor de la Decisión impugnada, la infracción en cuestión consistió en conversaciones sobre los precios y en la celebración, aplicación y supervisión de acuerdos sobre los precios, ya sea para su incremento o al menos para la estabilización de los precios existentes; en conversaciones sobre la repercusión de los costes adicionales de los servicios a los clientes; en el intercambio de información comercialmente importante y confidencial sobre el mercado o las empresas, y en la participación en reuniones periódicas y otros contactos destinados a facilitar la infracción (artículo 1 y considerandos 1 a 3 de la Decisión impugnada).

4 La Decisión impugnada se dirigió a Degussa AG, a Röhm GmbH & Co. KG y a Para-Chemie GmbH (en lo sucesivo, conjuntamente, «Degussa»), a Total SA, a Elf Aquitaine SA, a Arkema SA (anteriormente Atofina SA), a Altuglas International SA y a Altumax Europe SAS (en lo sucesivo, conjuntamente, «Atofina»), a Lucite International Ltd y a Lucite International UK Ltd (en lo sucesivo, conjuntamente, «Lucite»), a ICI plc, y a las demandantes, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV y Quinn Plastics GmbH.

5 Las demandantes forman parte del conglomerado irlandés Quinn Group Ltd, el cual, el 7 de mayo de 2004, después del período de infracción de que se trata, adquirió la totalidad del capital social de la sociedad matriz superior del grupo Barlo (Barlo Group plc, que después pasó a denominarse Barlo Group Ltd) (considerando 299 de la Decisión impugnada). Las demandantes se constituyeron a partir de la integración de las actividades de tres antiguas sociedades del grupo Barlo (en lo sucesivo, denominadas conjuntamente, «Barlo») en el grupo Quinn, en enero de 2005:

– Quinn Plastics GmbH es el sucesor de Barlo Plastics GmbH. Con arreglo a la Decisión impugnada, Barlo Plastics GmbH participó en los comportamientos colusorios declarados en el sector de los metacrilatos (considerando 297 de la Decisión impugnada);

– Quinn Plastics NV es el sucesor de Barlo Plastics NV. Esta última era la sociedad matriz de Barlo Plastics GmbH, y poseía indirectamente el 100 % de su capital (considerandos 38, 43 y 301 de la Decisión impugnada);

– Quinn Barlo es el sucesor de Barlo Group Ltd. Se trata de la sociedad matriz del antiguo grupo Barlo, que es titular, directa o indirectamente, del 100 % del capital de las antiguas sociedades Barlo (considerandos 300 y 301 de la Decisión impugnada).

6 Las tres demandantes son destinatarias de la Decisión impugnada, ya que la Comisión consideró que Quinn Barlo y Quinn Plastics NV eran responsables de los comportamientos de Quinn Plastics GmbH (anteriormente Barlo Plastics GmbH) durante el tiempo en que duró la infracción (considerandos 301 y 304, y artículo 1 de la Decisión impugnada).

7 La investigación que dio lugar a la adopción de la Decisión impugnada se inició a raíz de la presentación por Degussa, el 20 de diciembre de 2002, de una solicitud de dispensa al amparo de la Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).

8 El 25 y el 26 de marzo de 2003, la Comisión realizó inspecciones en los locales de Atofina, de Barlo, de Degussa y de Lucite (considerando 59 de la Decisión impugnada). Después de dichas inspecciones, Atofina y Lucite presentaron, el 3 de abril y el 11 de julio de 2003, respectivamente, solicitudes de dispensa o de reducción del importe de la multa con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación (considerandos 60 y 66 de la Decisión impugnada). El 18 de octubre de 2004, ICI presentó una solicitud de reducción del importe de la multa basada en la Comunicación sobre la cooperación (considerando 83 de la Decisión impugnada). Barlo no presentó ninguna solicitud al amparo de dicha Comunicación.

9 Entre el 9 de abril de 2003 y el 29 de julio de 2004, la Comisión envió a Barlo varias solicitudes de información con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), y posteriormente con arreglo al artículo 18 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1) (considerandos 62 a 79 de la Decisión impugnada).

10 El 17 de agosto de 2005, la Comisión emitió un pliego de cargos sobre una infracción única y continua relativa al MMA, así como a los compuestos de moldeo de PMMA, a las láminas rígidas de PMMA y al material sanitario de PMMA, y lo envió, entre otros, a las demandantes y a Quinn Plastics, SA (considerando 85 de la Decisión impugnada).

11 Se celebró una vista el 15 y el 16 de diciembre de 2005.

12 En vista de los datos aportados por las empresas en sus respuestas al pliego de cargos y en la audiencia, la Comisión decidió retirar determinados cargos, en particular:

– los cargos contra todas las sociedades destinatarias del pliego de cargos en relación con la parte de la infracción relativa al MMA;

– los cargos contra las demandantes y Quinn Plastics, SA en relación con los compuestos de moldeo de PMMA;

– los cargos contra Quinn Plastics, SA en relación con las láminas rígidas de PMMA (considerando 93 de la Decisión impugnada).

13 El 31 de mayo de 2006, la Comisión adoptó la Decisión impugnada. En lo que respecta a las demandantes, la Comisión declaró que habían participado en los acuerdos y en las prácticas concertadas contrarios a la competencia indicados en los apartados 1 a 3 supra durante el período comprendido entre el 30 de abril de 1998 y el 21 de agosto de 2000 [artículo 1, letras l) a n), de la Decisión impugnada], y les impuso una multa de 9 millones de euros, de cuyo pago se las consideró responsables solidariamente [artículo 2, letra e), de la Decisión impugnada].

14 Por lo que se refiere al cálculo del importe de la multa, en primer lugar, la Comisión examinó la gravedad de la infracción y afirmó, en primer lugar, que, dada la naturaleza de la infracción y el hecho de que abarcaba todo el territorio del EEE, se trataba de una infracción muy grave en el sentido de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») (considerandos 319 a 331 de la Decisión impugnada).

15 A continuación, estimó que, en la categoría de las infracciones muy graves, era posible aplicar a las empresas un trato diferenciado para tener en cuenta la capacidad económica real de los infractores de causar un daño importante a la competencia. A tal efecto, señaló que, en el presente asunto, las empresas afectadas «[podían] subdividirse en [tres] categorías en función de su importancia relativa en el volumen de negocios realizado al vender los productos de PMMA respecto de los que [habían] participado en el cártel». La Comisión declaró que Barlo, con un volumen de negocios en el EEE de 66,37 millones de euros en 2000 respecto de las láminas rígidas de PMMA, debía clasificarse en la tercera categoría.

16 Además, también en lo que respecta al trato diferenciado, la Comisión aplicó una reducción del 25 % al importe de partida de la multa calculado para las demandantes, fundamentándola del siguiente modo (considerando 335 de la Decisión impugnada):

«La Comisión tiene en cuenta el hecho de que no es fácil saber si Barlo participó o no en los contactos colusorios referentes a los compuestos de moldeo de PMMA o al material sanitario de PMMA. Por consiguiente, parece que Barlo no tenía conocimiento o podía no haber tenido necesariamente conocimiento del sistema global de acuerdos contrarios a la competencia […]»

17 Estas consideraciones llevaron a la Comisión a fijar el importe de partida de la multa que debía imponerse a las demandantes en 15 millones de euros (considerando 336 de la Decisión impugnada).

18 En segundo lugar, la Comisión examinó la duración de la infracción y declaró que, puesto que las demandantes habían participado en la infracción durante dos años y tres meses, el importe de partida debía incrementarse en un 20 % (10 % por año completo de participación) (considerandos 351 a 353 de la Decisión impugnada). Por lo tanto, el importe de base de la multa de las demandantes se fijó en 18 millones de euros (considerando 354 de la Decisión impugnada).

19 En tercer lugar, la Comisión examinó las circunstancias agravantes y atenuantes. No apreció ninguna circunstancia agravante contra las demandantes. En lo que atañe a las circunstancias atenuantes, la Comisión aceptó la alegación de las demandantes de que sólo habían tenido un papel pasivo y de escasa importancia en la infracción y, en consecuencia, les concedió una reducción del 50 % del importe de la multa (considerandos 372 a 374 de la Decisión impugnada).

20 La Comisión desestimó el resto de las circunstancias atenuantes propuestas por las demandantes (considerandos 375 a 396 de la Decisión impugnada) y fijó el importe de la multa en 9 millones de euros (considerando 397 de la Decisión impugnada). Dado que las demandantes no se beneficiaron de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación, ése es el importe final de la multa que se les impuso.

Procedimiento y pretensiones de las partes

21 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de agosto de 2006, las demandantes interpusieron el presente recurso.

22 Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Tercera, por lo que el presente asunto fue atribuido a dicha Sala.

23 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, instar a la Comisión a responder a determinadas preguntas y a presentar documentos. La Comisión cumplimentó este requerimiento dentro del plazo señalado.

24 En la vista celebrada el 10 de mayo de 2011 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal. Además, la Comisión presentó documentos adicionales en respuesta a la solicitud mencionada en el apartado anterior, que fueron aportados a los autos. Al afirmar las demandantes que habían podido definir su posición sobre estos documentos en la vista, la fase oral concluyó al término de ésta.

25 Las demandantes solicitan al Tribunal que:

– Con carácter principal, anule los artículos 1 y 2 la Decisión impugnada en cuanto les afecta.

– Con carácter subsidiario, anule el artículo 2 de la Decisión impugnada en cuanto les afecta.

– Con carácter subsidiario de segundo grado, anule el artículo 2 de la Decisión impugnada por cuanto les impone una multa de 9 millones de euros y reduzca el importe de la multa en vista de las alegaciones formuladas en apoyo del presente recurso.

– Condene en costas a la Comisión

26 La Comisión solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso por infundado.

– Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho

27 En apoyo del recurso, las demandantes formulan dos motivos. El primer motivo se basa en una infracción del artículo 81 CE. El segundo motivo se basa en una infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, de las Directrices y del principio de proporcionalidad.

Sobre el primer motivo, basado en una infracción del artículo 81 CE

28 En el marco del primer motivo, las demandantes sostienen, en esencia, que la Comisión no demostró suficientemente por qué razón el comportamiento de Barlo había sido constitutivo de una infracción del artículo 81 CE. Este motivo se subdivide básicamente en tres partes. En la primera parte del primer motivo, las demandantes cuestionan la apreciación que la Comisión realizó de cinco reuniones en las que se basa la Decisión impugnada en cuanto les afecta y le reprochan no haber tenido en cuenta la falta de otros contactos o intercambios que les impliquen. En la segunda parte del primer motivo, alegan que la Comisión no acreditó que Barlo había participado en un «proyecto contrario a la competencia único y común». En la tercera parte del primer motivo, las demandantes afirman que la Comisión no acreditó que Barlo había participado en una infracción continua.

Sobre la primera parte del primer motivo, basada en la apreciación errónea de las reuniones y en la falta de otros contactos o intercambios que implicaran a Barlo

29 Esta parte del primer motivo se basa en tres imputaciones.

30 En primer lugar, aunque admiten la presencia de Barlo en cuatro de las cinco reuniones de que se trata (a saber, en las reuniones que se celebraron en Alemania, en Dernbach en abril de 1998, en Darmstadt el 29 de junio de 1998, en Heidelberg el 24 de febrero de 2000 y en Deidesheim el 21 de agosto de 2000), las demandantes alegan que la Comisión no demostró que su presencia en dichas reuniones había constituido una restricción significativa de la competencia y una infracción del artículo 81 CE. Además, las demandantes niegan la presencia de Barlo en la quinta reunión, esto es, la de Barcelona en mayo o junio de 1999, y consideran que la Comisión no demostró que dicha reunión se había celebrado. Por último, las demandantes aseveran que la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que, aparte de la presencia de un representante de Barlo en las cuatro reuniones indicadas, no había demostrado ningún otro contacto o intercambio contrario a la competencia que las implicara.

– Sobre las cuatro reuniones en las que se admite la presencia de Barlo

31 Las demandantes niegan haber infringido el artículo 81 CE por el hecho de que un representante de Barlo participó en las cuatro reuniones de que se trata. Por una parte, se oponen a la descripción de dichas reuniones realizada en la Decisión impugnada al no estar suficientemente respaldada por pruebas. Por otra, las demandantes sostienen que había una «explicación legítima» al comportamiento de Barlo. Afirman que los intereses de los participantes en el acuerdo no coincidían necesariamente con los de Barlo, en la medida en que está no operaba ni en el ámbito de los MMA ni en el de todos los productos de PMMA. Según las demandantes, dado que la política de precios de Barlo era incompatible con los objetivos del acuerdo y su cuota de mercado aumentaba, es probable que los participantes en el acuerdo quisieran verificar si Barlo podía integrarse en el acuerdo, invitándola a reuniones con un orden del día «inocente» o en ocasiones en las que no estaba prevista ninguna reunión. Las pruebas que constan en el expediente de la Comisión demuestran, a juicio de las demandantes, que dichos intentos fracasaron y que Barlo continuó llevando a cabo su propia política comercial destinada a aumentar su cuota de mercado.

32 A este respecto, ha de recordarse, con carácter preliminar, que, con arreglo al artículo 1 de la Decisión impugnada, las demandantes infringieron el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE «al participar […] en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en el sector de los metacrilatos, que abarcan todo el territorio del EEE y consisten en conversaciones sobre precios y en celebrar, aplicar y supervisar acuerdos sobre precios, estableciendo aumentos o, por lo menos, una estabilización del nivel de precios existente, en el examen de la repercusión del coste de los servicios adicionales a los compradores, en el intercambio de información importante desde el punto de vista comercial y de información confidencial sobre los mercados o las empresas, así como en participar en reuniones periódicas y mantener otros contactos para facilitar la infracción, incluido el control de la ejecución».

33 A tenor del artículo 81 CE, apartado 1, serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

34 Es jurisprudencia reiterada que los conceptos de acuerdo y de práctica concertada, en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, recogen formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por las formas en las que se manifiestan (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartados 131 y 132, y de 4 de junio de 2009, T‑Mobile Netherlands y otros, C‑8/08, Rec. p. I‑4529, apartado 23).

35 Para que exista acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado (sentencias del Tribunal de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, apartado 256, y de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartado 199).

36 El concepto de práctica concertada se refiere a una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas (sentencias del Tribunal de Justicia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 34 supra, apartado 115, y de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartado 158).

37 A este respecto, el artículo 81 CE, apartado 1, se opone de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos operadores por la que se pretenda influir en el comportamiento en el mercado de un competidor actual o potencial, o desvelar a tal competidor el comportamiento que uno mismo va a adoptar en el mercado o que se pretende adoptar en él, si dichos contactos tienen por objeto o efecto abocar a condiciones de competencia que no correspondan a las condiciones normales del mercado de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 34 supra, apartados 115 a 117, y T‑Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 34 supra, apartado 33).

38 De ello resulta, en particular, que el intercambio de información entre competidores puede ser contrario a las normas sobre competencia en la medida en que debilita o suprime el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado de que se trata, con la consecuencia de que restringe la competencia entre las empresas (sentencia T‑Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 34 supra, apartado 35).

39 Además, ha de señalarse que, para apreciar si un acuerdo está prohibido por el artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de sus efectos concretos es superflua cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. En consecuencia, no es necesario examinar los efectos de una práctica concertada una vez que se determina su objeto contrario a la competencia (véase, en este sentido la sentencia T‑Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 34 supra, apartado 29, y la jurisprudencia citada).

40 Por otra parte, aunque el concepto de práctica concertada supone, además de la concertación entre las empresas, un comportamiento en el mercado que siga a la concertación y una relación de causa a efecto entre ambos elementos, puede presumirse, salvo prueba en contrario que corresponde aportar a los operadores interesados, que las empresas que participan en la concertación y que permanecen activas en el mercado toman en consideración la información intercambiada con sus competidores, a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado (véase, en este sentido la sentencia T‑Mobile Netherlands y otros, citada en el apartado 34 supra, apartado 51, y la jurisprudencia citada

41 En el marco de una infracción compleja, en la que se han visto implicados durante varios años diversos fabricantes con un objetivo de regulación en común del mercado, no puede exigirse a la Comisión que califique precisamente la infracción, para cada empresa y en cada momento determinado, de acuerdo o de práctica concertada, puesto que, en cualquier caso, ambas formas de infracción están previstas en el artículo 81 CE (véanse, en este sentido, la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 34 supra, apartados 111 a 114, y la sentencia del Tribunal General de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 696).

42 En este contexto, la doble calificación de una infracción única como «acuerdo y práctica concertada» debe entenderse en el sentido de que designa un todo complejo que incluye elementos de hecho, algunos de los cuales se han calificado de acuerdos y otros de prácticas concertadas a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, que no prevé una calificación específica para este tipo de infracción compleja (sentencias Hercules Chemicals/Comisión, citada en el apartado 35 supra, apartado 264, y HFB y otros/Comisión, citada en el apartado 35 supra, apartado 187).

43 En lo que respecta a la aportación de la prueba de la infracción, ha de recordarse que incumbe a la Comisión aportar las pruebas que acrediten de modo jurídicamente suficiente la existencia de los hechos constitutivos de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1 (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 58). A este respecto, la Comisión debe reunir pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción (véanse las sentencias del Tribunal de 6 de julio de 2000, Volkswagen/Comisión, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, apartado 43, y la jurisprudencia citada, y de 8 de julio de 2008, Lafarge/Comisión, T‑54/03, no publicada en la Recopilación, apartado 55).

44 Sin embargo, no es preciso que cada una de las pruebas aportadas por la Comisión se ajuste necesariamente a estos criterios en lo que respecta a cada uno de los elementos de la infracción. Basta que satisfaga dicho requisito el conjunto de indicios que invoca la institución, valorado globalmente (véase la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartado 180, y la jurisprudencia citada).

45 Los indicios que la Comisión invoca en la Decisión para demostrar la existencia de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, por una empresa deben apreciarse no de forma aislada, sino en su conjunto (véase la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2008, BPB/Comisión, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, apartado 185, y la jurisprudencia citada).

46 También debe tenerse en cuenta que las actividades contrarias a la competencia se llevan a cabo de manera clandestina y, en consecuencia, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartados 55 a 57).

47 Además, es jurisprudencia reiterada que basta con que la Comisión demuestre que la empresa afectada ha participado en reuniones en las que se han concluido acuerdos contrarios a la competencia sin haberse opuesto expresamente para probar satisfactoriamente la participación de dicha empresa en el cártel. Cuando la participación en tales reuniones ha quedado acreditada, incumbe a esta empresa aportar los indicios adecuados para demostrar que su participación en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las suyas (sentencias Hüls/Comisión, citada en el apartado 36 supra, apartado 155; Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 34 supra, apartado 96, y Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 81).

48 La razón que subyace en este principio jurídico es que, al haber participado en la reunión sin distanciarse públicamente de su contenido, la empresa ha dado a entender a los demás participantes que suscribía su resultado y que se atendría a éste (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 82).

49 Además, el hecho de que una empresa no aplique los resultados de una reunión cuyo objeto es contrario a la competencia no puede eliminar la responsabilidad correspondiente a su participación en un cártel, a menos que se distancie públicamente de su contenido (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 85).

50 Por otra parte, se ha declarado que el concepto de distanciamiento público como elemento de exención de la responsabilidad debe interpretarse de manera restrictiva. En particular, el silencio observado por un operador en una reunión en la que se produjo una concertación ilícita sobre una cuestión precisa relativa a la política de precios no puede ser asimilado a la expresión de una desaprobación firme y clara (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 5 de diciembre de 2006, Westfalen Gassen Nederland/Comisión, T‑303/02, Rec. p. II‑4567, apartados 103 y 124).

51 Sin embargo, ha de señalarse también que la jurisprudencia antes citada sobre la aprobación tácita se basa en la premisa de que la empresa afectada ha participado en reuniones en las que se han concluido acuerdos contrarios a la competencia (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 81) o con un carácter claramente contrario a la competencia (sentencia Hüls/Comisión, citada en el apartado 36 supra, apartado 155). Por lo tanto, cuando el carácter contrario a la competencia de una reunión no se demuestre de manera incuestionable, no cabe aplicar esta jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de septiembre de 2007, Coats Holdings y Coats/Comisión, T‑36/05, no publicada en la Recopilación, apartado 91).

52 En lo que atañe a las alegaciones de las demandantes sobre el valor de las declaraciones realizadas en el marco de las solicitudes presentadas al amparo de la Comunicación sobre la cooperación, cabe recordar que, a tenor de reiterada jurisprudencia, ninguna disposición ni ningún principio general del Derecho de la Unión Europea prohíbe a la Comisión invocar contra una empresa declaraciones de otras empresas inculpadas (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, citada en el apartado 41 supra, apartado 512). Por ello, las declaraciones efectuadas en el marco de la Comunicación sobre la cooperación no pueden considerarse carentes de valor probatorio por este único motivo (sentencia Lafarge/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartados 57 y 58).

53 Una cierta desconfianza con respecto a las declaraciones voluntarias de los principales participantes en un cártel ilícito es comprensible, ya que dichos participantes podrían minimizar la importancia de su contribución a la infracción y maximizar la de otros. No obstante, dada la lógica inherente al procedimiento previsto por la Comunicación sobre la cooperación, el hecho de solicitar el beneficio de su aplicación para obtener una reducción del importe de la multa no crea necesariamente un incentivo para presentar elementos de prueba deformados respecto a los demás participantes en el cártel investigado. En efecto, toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación de la empresa y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre la cooperación (sentencias del Tribunal de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, apartado 70, y Lafarge/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartado 58).

54 En particular, debe considerarse que el hecho de que una persona confiese que ha cometido una infracción y reconozca así la existencia de hechos que rebasan lo que podía deducirse directamente de dichos documentos implica a priori, si no concurren circunstancias especiales que indiquen lo contrario, que tal persona ha resuelto decir la verdad. De este modo, las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables (sentencias del Tribunal JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 44 supra, apartados 211 y 212; de 26 de abril de 2007, Bolloré y otros/Comisión, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, Rec. p. II‑947, apartado 166, y Lafarge/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartado 59).

55 Sin embargo, es jurisprudencia reiterada que no cabe considerar que la declaración de una empresa inculpada por haber participado en una práctica colusoria, cuya exactitud es cuestionada por varias empresas inculpadas, constituye una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no es respaldada por otros elementos probatorios (sentencias del Tribunal JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 44 supra, apartado 219; de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 285, y Lafarge/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartado 293).

56 Para examinar el valor probatorio de las declaraciones de las empresas que han presentado una solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación, el Tribunal tiene en cuenta, en particular, la importancia de los indicios concordantes que apoyan la pertinencia de dichas declaraciones (véanse, en este sentido, las sentencias JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 44 supra, apartado 220, y Peróxidos Orgánicos/Comisión, citada en el apartado 53 supra, apartado 70) y la falta de indicios de que éstas tendieron a minimizar la importancia de su contribución a la infracción y a maximizar la de las otras empresas (véase, en este sentido, la sentencia Lafarge/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartados 62 y 295).

57 Por último, en lo que respecta al alcance del control jurisdiccional en el presente asunto, procede recordar que, con arreglo a jurisprudencia reiterada, cuando el Tribunal conoce de un recurso de anulación de una decisión de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, debe ejercer de modo general un control completo sobre si concurren o no las condiciones de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1 (véase la sentencia del Tribunal de 26 de octubre de 2000, Bayer/Comisión, T‑41/96, Rec. p. II‑3383, apartado 62, y la jurisprudencia citada).

58 Además, la existencia de una duda en el juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante la que se declara una infracción, con arreglo al principio de la presunción de inocencia, el cual, como principio general del Derecho de la Unión, se aplica sobre todo a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que pueden conducir a la imposición de multas o multas coercitivas (sentencia Hüls/Comisión, citada en el apartado 36 supra, apartados 149 y 150).

59 En el marco de estas consideraciones generales deben examinarse las alegaciones de las demandantes de que, en esencia, la Comisión no demostró que la participación de Barlo en las cuatro reuniones de que se trata constituía una infracción del artículo 81 CE.

60 En primer lugar, en lo que respecta a la reunión de abril de 1998 en Dernbach, ésta se describe del siguiente modo en el considerando 151 de la Decisión impugnada:

«En abril de 1998, la segunda de las reuniones indicadas en el considerando 144 se celebró en el hotel […] en Dernbach. Según Atofina, su objetivo era también la aplicación de las nuevas estructuras de precios en Alemania y los participantes adoptaron medidas para garantizar el buen funcionamiento y el respecto de dichas estructuras, en particular en lo que respecta a la aplicación de precios más altos para las cantidades pequeñas y a las reducciones de costes que han de repercutirse en los clientes […]. Barlo confirma la celebración de esta reunión y la presencia del Sr. [B.], y afirma que la reunión tenía por objeto inicialmente examinar las cuestiones relativas a la evolución del mercado, pero que, en realidad, el orden del día se amplió al anuncio de nuevas estructuras de precios que se tradujeron en la aplicación a los clientes de costes de servicios más elevados. Dado que los participantes no consiguieron ponerse de acuerdo sobre la facturación de los costes de los servicios a clientes, Barlo no hizo ningún intento de incrementar el precio medio de las láminas rígidas de PMMA después de la reunión […]. Aunque Degussa considera que es posible que dicha reunión sea la misma que la del 16 de marzo de 1998 referida en el considerando 148 […], la Comisión concluye, basándose en las declaraciones de Atofina y de Barlo, que la reunión indicada en ese considerando se celebró en realidad en abril de 1998.»

61 De los autos y del propio tenor del considerando 151 de la Decisión impugnada se desprende que, para determinar el contenido de la reunión de que se trata, la Comisión se basó en dos elementos, a saber, en una declaración de Atofina realizada en el marco de su solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación y en la respuesta de las demandantes al pliego de cargos.

62 Pues bien, a la vista de estos datos, procede señalar, en primer lugar, que se demostró de manera suficiente con arreglo a Derecho que dicha reunión tenía un objeto manifiestamente contrario a la competencia.

63 Por una parte, las demandantes se equivocan al sugerir que la descripción realizada por el Sr. B. constituye la única prueba en relación con el carácter contrario a la competencia de esa reunión. En efecto, de la declaración de Atofina se deduce que dicha reunión tenía por objeto garantizar el funcionamiento y la observancia de las nuevas estructuras de precios, objeto que debe calificarse de manifiestamente contrario a la competencia. El mero hecho de que se trate de una descripción general que se aplica a varias reuniones no puede modificar esta conclusión.

64 Por otra parte, cabe señalar que las demandantes no se oponen a la exactitud de la descripción realizada por su propio representante, el Sr. B. Sin embargo, a diferencia de lo que éstas sostienen, dicha descripción permite también afirmar que se trataba de una reunión de un cártel. En efecto, de ella resulta que se llevó a cabo un anuncio de las nuevas estructuras de precios y que éstas fueron abordadas aunque, según el Sr. B., los participantes no se pusieron de acuerdo sobre este extremo. El hecho de que, según el Sr. B., esa conversación no llegara a un acuerdo, no hace que dicha reunión deje de tener un carácter manifiestamente contrario a la competencia, ya que se trataba, cuando menos, de un intercambio de información comercialmente sensible.

65 Además, ha de señalarse que esas dos circunstancias se corroboran mutuamente, en particular en lo que se refiere a la conversación sobre las «nuevas estructuras de precios» y la presencia de Barlo en ella. Por lo tanto, el hecho de que Atofina indicara la presencia de otras empresas en esa reunión, cuya presencia no se consideró en la Decisión impugnada, no permite invalidar la conclusión de la Comisión en cuanto afecta a las demandantes.

66 Además, las afirmaciones de Degussa en su respuesta al pliego de cargos no permiten cuestionar la descripción realizada por Atofina y por el Sr. B. En efecto, Degussa se limitó a afirmar que no podía confirmar concretamente que se hubiera celebrado una reunión en abril de 1998, a la vez que insistió en el hecho de que no podía descartarlo. Señaló que era posible que se tratase de la misma reunión que la del 16 de marzo de 1998. Ahora bien, procede señalar que, como se desprende de la nota a pie de página nº 92 de la Decisión impugnada, Degussa mencionaba también la presencia de un representante de Barlo en esta última reunión.

67 Por lo demás, en una declaración posterior, en respuesta a una solicitud de información de la Comisión, Atofina también situó la reunión de que se trata no en abril, sino en el 16 de marzo de 1998, a la vez que confirmaba su descripción. Sin embargo, esta incertidumbre en cuanto a la fecha exacta de la reunión de que se trata no puede exonerar a las demandantes, teniendo en cuenta sus propias declaraciones y el hecho de que la fecha considerada, esto es, el mes de abril de 1998 en lugar del 16 de marzo de 1998, les beneficia, puesto que esta fecha (el último día del mes de abril) es la que fue considerada por la Comisión como inicio de su participación en la infracción.

68 En segundo lugar, en lo tocante a la apreciación del comportamiento de Barlo en la reunión de Dernbach, ha de recordarse que las demandantes no niegan la presencia de ésta en dicha reunión y no alegan que se distanciara públicamente de su contenido (véase el apartado 47 supra).

69 Por ello, la mera presencia de Barlo en la reunión basta para afirmar que su comportamiento fue contrario al artículo 81 CE, ya que, como se desprende cuanto antecede, ésta trataba, cuando menos, de conversaciones sobre los precios, por lo que debe calificarse de manifiestamente contraria a la competencia (véanse los apartados 37 y 38 supra). En esta situación, a diferencia de lo que sostienen las demandantes, el Sr. B. habría debido darse cuenta de que asistía a una reunión de un cártel y distanciarse públicamente de ella (véanse los apartados 47, 48 y 51 supra).

70 En cuanto al hecho de que Barlo no incrementó sus precios después de dicha reunión, aunque se considerase acreditado, no es suficiente para cuestionar la responsabilidad de las demandantes (véase el apartado 49 supra). En cualquier caso, las demandantes no demuestran que Barlo no tuvo en cuenta la información intercambiada en la reunión en su comportamiento en el mercado (véase el apartado 40 supra).

71 En segundo lugar, en lo que respecta a la reunión de 29 de junio de 1998 en Darmstadt, a la que se hace referencia en el considerando 155 de la Decisión impugnada, las demandantes no niegan su carácter contrario a la competencia. No obstante, señalan que no se demostró que Barlo tuviera la intención de contribuir con su propia conducta a los objetivos comunes de los otros participantes, por lo que consideran que la presencia de Barlo en dicha reunión no puede calificarse de infracción del artículo 81 CE.

72 Sin embargo, no puede acogerse esta alegación.

73 Basta señalar que, en vista de la descripción de esta reunión en el considerando 155 de la Decisión impugnada, no cuestionada por las demandantes, se trataba de una reunión manifiestamente contraria a la competencia. Por lo tanto, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 47 supra, correspondía a Barlo distanciarse públicamente de su contenido.

74 En particular, el hecho de que Barlo no diera a entender que modificaría su política de precios (considerando 155, in fine, de la Decisión impugnada) no puede calificarse de distanciamiento público (véase el apartado 50 supra).

75 Del mismo modo, no cabe acoger la alegación de que los participantes en el cártel invitaron a Barlo a dicha reunión para involucrarla en el cártel y que dicho intento fracasó. En efecto, al no producirse un distanciamiento público, no se ha demostrado que Barlo no hizo creer a los otros participantes que suscribía o se sometería a lo que había sido decidido, como sostienen las demandantes.

76 En estas circunstancias, carecen de pertinencia las alegaciones de las demandantes de que, por una parte, era la primera reunión que trataba sobre negociaciones relativas a los precios en presencia de un representante de Barlo y éste no se esperaba semejante contenido contrario a la competencia; por otra parte, de que Barlo negó cualquier participación activa en la reunión y no se demostró que Barlo había modificado su política de precios después de dicha reunión, y, por último, de que la Decisión impugnada no cita al representante de Barlo en ninguna de las reuniones de seguimiento. Además, como se deduce de cuanto antecede, no se trataba de la primera reunión en la que el representante de Barlo había participado. Las afirmaciones de Lucite en ese sentido son contradichas por las de Atofina, de Degussa y de las propias demandantes, como se ha indicado antes.

77 En tercer lugar, en lo que se refiere a la reunión de 24 de febrero de 2000 en Heidelberg, las demandantes sostienen que la descripción realizada por la Comisión en el considerando 167 de la Decisión impugnada no es correcta y que no se trataba de una reunión de un cártel, sino de un «intento» «inesperado» de lograr un acuerdo de precios e implicar a Barlo, y que dicho intento fracasó.

78 A este respecto, procede señalar, por una parte, que el considerando 167 de la Decisión impugnada reproduce correctamente el contenido de la declaración realizada por las demandantes en su respuesta al pliego de cargos, cuya exactitud no se cuestiona en el marco del presente recurso. Pues bien, a diferencia de lo que sugieren las demandantes, esa declaración ya es suficiente en sí misma para demostrar que la reunión de que se trata tenía un carácter manifiestamente contrario a la competencia. En efecto, de ella se desprende sin ninguna ambigüedad que Degussa y Atofina presentaron sus nuevas estructuras de precios para incitar a los otros participantes a seguirles y que hubo una «conversación» entre los participantes sobre este extremo. Aun suponiendo que se acreditara la circunstancia, alegada por las demandantes, de que dicha «conversación» finalizó sin ningún resultado tangible, ésta no basta para que dicha reunión deje de tener un carácter manifiestamente contrario a la competencia, ya que se trataba, cuando menos, de una conversación sobre los precios y de un intercambio de información importante desde el punto de vista comercial. Pues bien, dado que Barlo no se distanció públicamente de dicho contenido de la reunión, la participación de las demandantes en el cártel queda demostrada por el mero hecho de la presencia de Barlo en esa reunión (véanse los apartados 37 y 47 a 51 supra).

79 Por otra parte, las afirmaciones de la Comisión de que las empresas «[se habían] reunido para verificar la ejecución de los acuerdos sobre los incrementos de precios», de que «en los meses anteriores se había comprobado que los precios en determinados mercados nacionales no habían aumentado o sólo lo habían hecho parcialmente» y de que los «participantes también [habían] intercambiado información sobre el mercado» son respaldadas por el contenido de las declaraciones realizadas por Degussa, que fueron presentadas por la Comisión a solicitud del Tribunal (véase el apartado 23 supra). Además, en la medida en que la Comisión alega, mediante referencia al considerando 117 de la Decisión impugnada, que el intercambio se refería especialmente a los precios en el mercado, dicho dato es corroborado por la declaración de las demandantes indicada en el apartado anterior, que menciona el hecho de que Degussa y Atofina presentaron sus nuevas estructuras de precios.

80 Por lo tanto, teniendo en cuenta, en particular, la propia declaración de las demandantes, no cuestionada, sobre el contenido de la reunión de que se trata, no cabe acoger el resto de sus alegaciones. En particular, carece de pertinencia que la empresa «Repsol» no se mencione en la Decisión impugnada entre los participantes de la reunión, aunque su presencia fuera señalada por Degussa, o que Lucite no recuerde ninguna reunión en esa fecha. Lo mismo sucede en lo que respecta a las alegaciones basadas en el hecho de que, en su respuesta al pliego de cargos, Degussa corrigió determinados aspectos de sus declaraciones anteriores. Además, ésta no cuestionó el carácter contrario a la competencia de las conversaciones entre las empresas implicadas. Por último, en cuanto a la alegación de las demandantes de que carece de fundamento la alegación de la Comisión de que el intercambio versó sobre información «como la mencionada […] en el considerando 117», procede recordar que las propias demandantes admitieron que Degussa y Atofina habían presentado sus nuevas estructuras de precios. Por lo tanto, aun suponiendo que no se hubiera acreditado el intercambio sobre todos los tipos de información señalados en el considerando 117 de la Decisión impugnada, ello no modificaría la conclusión de que en dicha reunión se produjo efectivamente un intercambio de información importante desde el punto de vista comercial.

81 En cuarto lugar, en lo tocante a la reunión de 21 de agosto de 2000 en Deidesheim, cabe señalar que el considerando 168 de la Decisión impugnada contiene una descripción detallada de esa reunión, que se basa principalmente en notas manuscritas tomadas por el representante de Lucite en la reunión, que se encontraron en las oficinas de Lucite durante la inspección y en las que se menciona, en particular, un aumento de precios previsto para Barlo. Dicha reunión, incluido su carácter contrario a la competencia, fue posteriormente confirmada por Lucite en el marco de su solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación, así como por Degussa y Atofina. En cuanto a Barlo, ésta confirmó su presencia en la reunión en cuestión, así como su carácter manifiestamente contrario a la competencia, al afirmar lo siguiente:

«El 21 de agosto de 2000, se celebró una cuarta reunión en Deidesheim […], cuyo orden del día era el “comercio electrónico”, tema que, en aquella época, también era objeto de muchas conversaciones en las reuniones del CEFIC. La invitación a la reunión procedía de nuevo de Degussa. En lugar de hablar de comercio electrónico, Degussa y Atofina modificaron el orden del día de la reunión para proponer un aumento de los precios para noviembre de 2000. Degussa y Atofina, después de haber intercambiado información detallada sobre sus precios, anunciaron su intención de incrementar los precios en noviembre de 2000. Según la información de que disponen [las demandantes], el Sr. Bernard no aceptó ningún aumento de precios […]»

82 En vista de estos datos, debe declararse que el carácter manifiestamente contrario a la competencia de la reunión y la presencia de Barlo en la misma se demostraron de manera suficiente con arreglo a Derecho.

83 Además, en el marco del presente recurso, las demandantes no cuestionan la descripción efectuada en el considerando 168 de la Decisión impugnada, sino que sólo afirman que la Comisión no demostró que la presencia de Barlo en ella fuera contraria al artículo 81 CE, ya que, según ellas, Barlo no accedió a las propuestas de Atofina y de Degussa. De este modo, las demandantes afirman que dicha reunión era un «intento», «inesperado» para Barlo, de incluirla en el cártel. También afirman que no existen pruebas de que Barlo llevara a cabo el aumento decidido en dicha reunión, lo que la Comisión admite, dado que la fecha de la misma se corresponde con el fin de su participación en la infracción.

84 Sin embargo, esa alegación no permite poner en tela de juicio la conclusión de la Comisión relativa a la infracción del artículo 81 CE.

85 Por una parte, el contenido de las notas manuscritas del representante de Lucite, que fue confirmado posteriormente por Lucite, Degussa y Atofina, contradice la alegación de que Barlo no accedió a los incrementos de los precios.

86 Por otra parte, aun suponiendo que Barlo no accediera expresamente a un aumento de los precios, asistió, no obstante, a una reunión manifiestamente contraria a la competencia, en la que se abordaron y decidieron incrementos de precios y se intercambió información comercialmente sensible, sin distanciarse públicamente de su contenido. Por ello, queda demostrada la violación de las normas de competencia, con arreglo a los principios establecidos por la jurisprudencia citada en el apartado 49 supra. En particular, carece de pertinencia que el contenido de la reunión fuera «inesperado» para Barlo y que ésta no actuase en función de los resultados de la reunión.

87 Además, la declaración de Atofina de que «la reunión tenía por objeto tratar de restablecer la confianza entre Degussa, [Atofina], Lucite y Barlo para poder aumentar los precios», lejos de demostrar que la reunión no se concibió como una reunión de cártel, como sostienen las demandantes, confirma más bien su carácter contrario a la competencia, la presencia en ella de Barlo y el hecho de que Barlo había participado ya en el cártel antes de esa reunión.

88 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede concluir que la Comisión consideró correctamente que la participación de Barlo en las cuatro reuniones indicadas constituía una infracción del artículo 81 CE.

89 Esta conclusión no se desvirtúa por las alegaciones de las demandantes de que, en el presente asunto, debe prestarse una «atención especial» a la carga de la prueba, que, según ellas, la Comisión trata de invertir, debido a la adquisición de Barlo por las demandantes cuatro años después del cese de la infracción y a la imposibilidad en la que se encuentran las demandantes de presentar sus propias pruebas. En efecto, de lo anterior se desprende que la infracción del artículo 81 CE ha quedado acreditada con arreglo a la jurisprudencia reiterada en materia de prueba.

90 Asimismo, dado que la conclusión basada en el apartado 88 supra se basa en las pruebas inequívocas reunidas por la Comisión, no cabe acoger las alegaciones de las demandantes destinadas, fundamentalmente, a sustituir la explicación de la Comisión por otra «explicación plausible» de los hechos (véase, en este sentido, la sentencia Coats Holdings y Coats/Comisión, citada en el apartado 51 supra, apartados 72 y 74).

91 Por consiguiente, debe desestimarse la presente imputación.

– Sobre la reunión cuestionada de Barcelona (España) de mayo o junio de 1999 (considerando 164 de la Decisión impugnada)

92 A diferencia de las cuatro reuniones que se acaban de analizar, las demandantes afirman que Barlo no participó en ninguna reunión en mayo o junio de 1999, y sostienen, además, que la Comisión ni siquiera demostró que ésta se celebró. Sin embargo, esa reunión tiene una «importancia crucial» en lo que les afecta, ya que constituye el vínculo entre las dos reuniones de 1998 y las dos reuniones de 2000, en las que Barlo participó.

93 A este respecto, ha de recordarse que el considerando 164 de la Decisión impugnada señala:

«En mayo o junio de 1999, se celebró una reunión entre representantes de Atofina, de ICI, de Degussa, de Barlo y de Irpen (un productor local) en un hotel de Barcelona. El objeto de la reunión era informar a Irpen de los acuerdos sobre los precios e integrarlos en los acuerdos. Las conversaciones también trataron de la definición de los precios mínimos, incluido por paleta. Las conversaciones se desarrollaron país por país y cliente por cliente, ya que el calendario de los incrementos de precios se estableció de manera concreta para cada país.»

94 Como señalan las demandantes, ha quedado acreditado que la Comisión no dispuso de ninguna prueba documental de esta reunión, no sólo en lo que respecta a su carácter contrario a la competencia, sino también en lo referente a su propia celebración y a las personas que participaron en ella. En efecto, en apoyo de la descripción de esta reunión, la Comisión sólo citó, en la Decisión impugnada, una declaración de Atofina realizada en el marco de su solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación y la confirmación de Degussa, facilitada en su respuesta al pliego de cargos.

95 Por lo tanto, debe comprobarse si esas declaraciones permitían demostrar de manera suficiente con arreglo a Derecho la participación de Barlo en la reunión alegada.

96 A este respecto, ha de recordarse que, como resulta de la jurisprudencia citada en los apartados 52 a 54 supra, las declaraciones realizadas en el marco de la política de clemencia desempeñan un papel importante. Estas declaraciones efectuadas en nombre de empresas revisten un valor probatorio nada desdeñable, por cuanto implican riesgos jurídicos y económicos considerables (véase, asimismo, la sentencia del Tribunal de 24 de marzo de 2011, Aalberts Industries y otros/Comisión, T‑385/06, Rec. p. II‑0000, apartado 47). Sin embargo, de la jurisprudencia citada en los apartados 53 y 55 supra se deduce también que las declaraciones realizadas por empresas acusadas en el marco de las solicitudes formuladas al amparo de la Comunicación sobre la cooperación deben apreciarse con prudencia y, en general, no pueden aceptarse sin que sean corroboradas.

97 Por otra parte, para examinar el valor probatorio de las declaraciones de las empresas que hayan presentado una solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación, el Tribunal tiene en cuenta, concretamente, la importancia de los indicios concordantes que apoyan la pertinencia de esas declaraciones (sentencias JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 44 supra, apartado 220, y Peróxidos Orgánicos/Comisión, citada en el apartado 53 supra, apartado 70). Del mismo modo, la pertinencia de una declaración influye, en su caso, en el grado de corroboración necesario (véase, en este sentido, la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 44 supra, apartado 220).

98 En el presente asunto, en lo que respecta a la declaración de Atofina, formulada en su solicitud presentada al amparo de la Comunicación sobre la cooperación, las demandantes afirman que carece de valor probatorio porque no es suficientemente precisa.

99 A este respecto, procede señalar que Atofina sitúa la reunión de que se trata en el contexto de una serie de reuniones que, según ella, se celebraron en el período comprendido entre el verano de 1997 y 1999, que se describen en una página extraída de su solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación, adjunta al escrito de contestación. En el encabezamiento de dicha página, bajo el título «Actores», Atofina indicó las empresas afectadas, a saber, Atoglas, Röhm, Degussa, Lucite (ICI), Repsol y Barlo, y la identidad de sus representantes, en particular «W. [B.] + E. [S.] a partir de 99» en lo que respecta a Barlo. A continuación, Atofina describió varias reuniones en Alemania, entre ellas dos reuniones en Darmstadt en verano y en otoño de 1998, en Francia y en Italia. Por último, en la parte inferior de dicha página, Atofina señaló lo siguiente:

«En mayo/junio de 99

Reunión en un hotel del centro de Barcelona: los mismos más Irpen (productor local) y la presencia de los representantes de las redes locales.

Contenido de las conversaciones en Darmstadt y a nivel local:

Los niveles de precios de los distribuidores (70 % del mercado), definición de objetivos de precios mínimos para los transformadores, fijación de precio mínimo por paleta.»

100 Es preciso señalar que, a diferencia de lo que afirman las demandantes, esta declaración permitía identificar tanto a los participantes en la reunión como el contenido contrario a la competencia de ésta. En efecto, la mención «los mismos más Irpen» debe interpretarse a la luz de la indicación de los participantes en las diferentes reuniones que figura en el encabezado de la página de la declaración de Atofina, en la que está indicó, en particular, «Barlo[:] W. [B.] + E. [S.] a partir de 99». Asimismo, la indicación «contenido de las conversaciones […] a nivel local», en el contexto de esa página, debe entenderse necesariamente como referida a la reunión controvertida en Barcelona. Así, según Atofina, el contenido de esa reunión consistió en la fijación de los «niveles de precios de [los] distribuidores», en la «definición de objetivos de precio mínimo para los transformadores» y en la «fijación [de] precio mínimo por paleta». Además, aunque este documento no se cita en el considerando 164 de la Decisión impugnada, de los autos se desprende que, posteriormente, en respuesta a una solicitud de información de la Comisión, Atofina presentó observaciones adicionales en relación con la reunión controvertida y señaló expresamente la presencia del representante de Barlo. Además, Atofina añadió una precisión adicional sobre el contenido contrario a la competencia de la reunión, al afirmar que su «finalidad […] era ampliar la estructura tarifaria a España y Portugal y convencer a los productores locales de que se asociaran.»

101 De ello se deduce, sin ninguna ambigüedad, que, según Atofina, el representante de Barlo se encontraba entre los participantes en la reunión de que se trata y que ésta tenía un carácter contrario a la competencia.

102 Sin embargo, cabe señalar también que las demandantes sostienen con razón que la declaración de Atofina no contiene muchas precisiones sobre la reunión de Barcelona alegada. Así, no permite identificar ni el lugar exacto de la reunión ni las cuestiones expresamente abordadas en ella. Sólo posteriormente se añadieron precisiones sobre este último aspecto (véase el apartado 100 supra). Esta descripción contrasta con la de las otras reuniones mencionadas en la página en cuestión, que indica los nombres de los hoteles en los que se celebraron dichas reuniones, las cuestiones concretas analizadas y, en ocasiones, también otras precisiones, como la indicación de la empresa que pagó los gastos del hotel. Asimismo, excepción hecha de la mención del representante de Barlo entre los participantes en la reunión, la declaración Atofina no contiene ninguna información concreta en lo que a ella respecta.

103 Además, cabe afirmar que la pertinencia de la declaración de Atofina puede relativizarse en vista de la apreciación que la Comisión realizó de las otras reuniones que mencionó. En efecto, procede señalar que, en lo que respecta a las otras ocho reuniones que forman parte de la serie que consta en la declaración de Atofina [reuniones de septiembre de 1997 en Dernbach, de abril de 1998 en Dernbach, de junio de 1998 en Idstein (Alemania), en la primavera de 1998 en París (Francia), durante el verano de 1998 en Darmstadt, en el otoño de 1998 en Darmstadt y dos reuniones en Milán (Italia) o cerca de Milán en 1999], sólo dos, en las que Barlo admitió su participación, a saber, la reunión de Dernbach en abril de 1998 y la reunión de Darmstadt en junio de 1998, fueron consideradas contra las demandantes en la Decisión impugnada. Pues bien, ha de recordarse que, según Atofina, los «actores», entre ellos Barlo, mencionados en el encabezado de la página de su declaración, participaron en todas las reuniones de la serie.

104 Por lo tanto, al no existir ninguna prueba documental sobre la reunión controvertida, procede examinar con especial atención la confirmación de Degussa en lo referente a la presencia de Barlo en dicha reunión.

105 Pues bien, en primer lugar, debe señalarse que la pertinencia de la confirmación de Degussa es limitada, en lo que respecta a su contenido, por una parte, y a las circunstancias en las que se produjo, por otra.

106 En efecto, por una parte, Degussa confirmó, de manera muy general, «la celebración, el contenido y los participantes» de la reunión y no proporcionó ninguna información concreta con respecto a Barlo. La única precisión que figura en esa declaración se refiere a su objeto (la participación de Irpen en los acuerdos) y no atañe específicamente a Barlo. Por lo demás, Degussa afirmó expresamente que no recordaba los detalles y, en particular, que no podía precisar la fecha de la reunión porque faltaba un certificado de los gastos de transporte del Sr. F. correspondiente a ese período.

107 Por lo tanto, procede señalar que el grado de corroboración de esa declaración, en lo que respecta a la presencia de Barlo en la reunión controvertida, es relativamente bajo.

108 Por otra parte, en lo que respecta a las alegaciones de las demandantes basadas en que esa confirmación se presentó en una fase muy avanzada del procedimiento, concretamente en la respuesta al pliego de cargos, ha de señalarse que esa circunstancia no permite, como tal, negar cualquier valor probatorio a la declaración de Degussa, que debe examinarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes del presente asunto.

109 Sin embargo, dicha declaración tiene un valor probatorio menor que si se hubiera realizado espontáneamente, con independencia de la declaración de Atofina. En particular, cuando la empresa que presenta una solicitud de dispensa conoce los datos recabados por la Comisión en el marco de su investigación, la lógica inherente al procedimiento previsto por la Comunicación sobre la cooperación, con arreglo a la cual cualquier tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación (véase el apartado 53 supra), sólo se aplica en la misma medida si se trata de una declaración espontánea, sin conocimiento de las imputaciones formuladas por la Comisión. Asimismo, las consideraciones de que las declaraciones realizadas en virtud de la Comunicación sobre la cooperación son contrarias a los intereses del declarante y deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables (véase el apartado 54 supra) pueden no ser plenamente aplicables en lo que respecta a la respuesta al pliego de cargos de una empresa que presenta una solicitud de dispensa, como Degussa.

110 Además, no cabe excluir que el alcance de dicha confirmación esté influido por el contenido del pliego de cargos cuando se trata, como en el presente asunto, de una confirmación muy general de la «celebración», del «contenido» y de los «participantes» de una reunión. Esta consideración se confirma por el trato de dos reuniones en Milán o cerca de Milán que se celebraron en 1999, según la declaración de Atofina. En su respuesta a una pregunta del Tribunal, la Comisión explicó que «no [había] tenido en cuenta [esas] dos reuniones mencionadas por Atofina [en su declaración] contra [las demandantes], en la medida en que la segunda solicitud de clemencia, la de Degussa, no confirmaba expresamente la presencia de Barlo en dichas reuniones». Además, señaló que, «[en el] apartado 160 de su respuesta al pliego de cargos, Degussa [se había] limitado a recordar la presencia de Atofina, Degussa, Lucite, Madreperla y Plastidit, como se indica en el punto 240 del pliego de cargos». Ahora bien, la Comisión no explicó por qué, en el punto 240 del pliego de cargos, había decidido no incluir a Barlo entre los participantes en dos reuniones en Milán o cerca de Milán, cuando lo había hecho con respecto a la reunión de Barcelona controvertida, en una situación en la que, en los dos supuestos, la presencia de Barlo había sido señalada por Atofina en los mismos términos («los mismos más […]»). Por consiguiente, no cabe excluir que, en lo que respecta a la identidad de los participantes en reuniones contrarias a la competencia, Degussa se fiara, en cierta medida, del tenor del pliego de cargos, en lugar de llevar a cabo una reconstitución objetiva de los hechos.

111 Por último, es preciso recordar, por una parte, que las demandantes niegan firmemente la presencia de Barlo en la reunión controvertida, a pesar de que admiten expresamente su presencia en las demás reuniones alegadas contra ellas en la Decisión impugnada, y, por otra parte, que en la Decisión impugnada no consta ninguna otra confirmación de esa reunión que, según Atofina, implicaba también a ICI (posteriormente Lucite) y a las empresas «Repsol» e «Irpen», aun cuando ICI y Lucite presentaron también solicitudes al amparo de la Comunicación sobre la cooperación.

112 En consideración de todos los datos que se han analizado y, en particular, de la incapacidad de la Comisión para reunir pruebas documentales sobre la reunión de que se trata o declaraciones más detalladas en lo que respecta a la presencia de Barlo en ella, y teniendo en cuenta el principio de que una duda en el juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión (véase el apartado 58 supra), procede declarar que la reunión de Barcelona indicada en el considerando 164 de la Decisión impugnada no podía alegarse contra las demandantes.

113 A este respecto, ha de señalarse que es cierto que la Comisión sostiene con razón que, aunque debe presentar pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se cometió la infracción (véanse, en este sentido, las sentencias Volkswagen/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartado 43, y la jurisprudencia citada, y Lafarge/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartado 55), no es preciso que cada una de las pruebas aportadas por ella se ajuste necesariamente a estos criterios en relación con cada uno de los componentes de la infracción, sino que basta con que satisfaga dicho requisito el conjunto de indicios invocado por la institución, valorado globalmente (véase, en este sentido, la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, citada en el apartado 44 supra, apartado 180, y la jurisprudencia citada). Del mismo modo, la Comisión insiste acertadamente en el hecho de que las pruebas han de apreciarse en su conjunto teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión, T‑141/94, Rec. p. II‑347 apartado 175).

114 Sin embargo, en la medida en que la Comisión alega que la reunión de Barcelona de mayo o junio de 1999 debe apreciarse a la luz de la cooperación continua entre los miembros del cártel, que, según Degussa, se inició en 1984-1985, ha de recordarse que la Comisión admitió en la Decisión impugnada que «la participación de Barlo en el cártel no [podía] compararse con la de la mayoría de las otras empresas», debido, en particular, a que «los contactos contrarios a la competencia acreditados [demostraban] más bien que Barlo asistía de manera esporádica a las reuniones que se limitaban a tener al corriente a la empresa de los acuerdos o prácticas contrarios a la competencia convenidos para las láminas rígidas de PMMA» (considerando 373 de la Decisión impugnada). Además, la Comisión admitió también que Barlo había participado en la infracción durante un período más corto que las otras empresas, a saber, del 30 de abril de 1998 al 21 de agosto de 2000, mientras que la infracción como tal se demostró respecto al período comprendido entre el 23 de enero de 1997 y el 12 de septiembre de 2002. Teniendo en cuenta estas circunstancias, es perfectamente posible que la participación de Barlo en el cártel se limitase exclusivamente a las cuatro reuniones en las que las demandantes admitieron su presencia. En consecuencia, ni la apreciación global del conjunto de indicios reunidos por la Comisión contra las demandantes ni el contexto del asunto permiten modificar la conclusión formulada en el apartado 112 supra.

115 De ello se deduce que procede admitir la presente imputación.

– Sobre la falta de otros contactos o intercambios en los que Barlo participó

116 Las demandantes cuestionan la exactitud de las afirmaciones que figuran en el considerando 227 de la Decisión impugnada. Por una parte, alegan que la descripción detallada de las reuniones en las que Barlo participó pone de manifiesto que éstas no sirvieron para informarle del contenido de las reuniones a las que no había asistido. Por otra parte, las demandantes aducen que la Decisión impugnada no indica en modo alguno que existieron otros contactos o intercambios en los que Barlo participó y que no se aporta ninguna prueba en apoyo de la existencia de tales contactos o intercambios.

117 A este respecto, cabe recordar que el considerando 227 de la Decisión impugnada indica lo siguiente:

«[…] el hecho de que Barlo quizá no participara en todas las reuniones dedicadas al producto en el que esta empresa está especializada (a saber, las láminas rígidas de PMMA) no afecta de ningún modo a la apreciación de su participación en el cártel, ya que participó en reuniones anteriores y posteriores a las reuniones a las que no asistió y podía ser informada y tener en cuenta información intercambiada con sus competidores para determinar su comportamiento comercial en el mercado […]».

118 Procede señalar que el razonamiento de las demandantes se basa en una interpretación errónea de ese considerando. En efecto, en éste último la Comisión se limitó a desestimar la tesis de que las demandantes no podrían ser consideradas responsables de la infracción única y continua debido al número limitado de reuniones en las que Barlo había participado. En cambio, la Comisión no alegó ni que Barlo había sido efectivamente informada del contenido de las reuniones a las que no había asistido ni la existencia de otros contactos o intercambios que implicaran a Barlo. Se limitó a mencionar la posibilidad de que Barlo hubiera sido informada («podía»), la cual, por otra parte, no se niega en la demanda.

119 Por consiguiente, las alegaciones de las demandantes son inoperantes.

120 Además, las partes están de acuerdo en que las imputaciones formuladas por la Comisión contra las demandantes se basan en la participación de Barlo en cinco reuniones contrarias a la competencia sobre las láminas rígidas de PMMA, que han sido examinadas más arriba.

121 Por lo demás, en la medida en que las demandantes niegan su responsabilidad por la infracción única, procede remitirse al examen de la segunda parte del primer motivo, efectuada más adelante.

122 En consecuencia, debe desestimarse la presente imputación.

– Conclusión relativa a la primera parte del primer motivo

123 Habida cuenta de cuanto antecede, procede acoger la primera parte del primer motivo, basada en la apreciación errónea de las reuniones y de otros contactos o intercambios que impliquen a Barlo, en lo que respecta a la apreciación de la supuesta participación de Barlo en la reunión de mayo o de junio de 1999 en Barcelona, y desestimarse en todo lo demás. La posible incidencia de esta conclusión en la legalidad de la Decisión impugnada y en la determinación del importe de la multa será examinada más adelante.

Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en una apreciación errónea de la participación de Barlo en un «proyecto contrario a la competencia único y común» que afecta a tres productos de PMMA

124 Las demandantes alegan que, en la Decisión impugnada, la Comisión se equivocó al considerar que habían infringido el artículo 81 CE por haberse adherido o contribuido a un «proyecto contrario a la competencia único y común» que afecta a tres categorías de productos, concretamente a los compuestos de moldeo de PMMA, las láminas rígidas de PMMA y el material sanitario de PMMA.

125 A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que, en atención a la naturaleza de las infracciones a las normas de la competencia, así como a la naturaleza y gravedad de las sanciones correspondientes, la responsabilidad por la comisión de dichas infracciones tiene un carácter personal (sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 34 supra, apar