Asunto T‑289/16

Inox Mare Srl

contra

Comisión Europea

«Recurso de anulación — Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 — Investigación externa de la OLAF — Informe y recomendaciones — Actos no recurribles — Inadmisibilidad»

Sumario — Auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 21 de junio de 2017

Sólo constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de recurso de anulación las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica. En lo que se refiere a los actos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), de las disposiciones del Reglamento n.o 883/2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF, y en particular de su considerando 31 y de su artículo 11, se desprende que el informe y las recomendaciones elaborados por la OLAF al término de una investigación externa y transmitidos a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados no conllevan automáticamente la incoación de un procedimiento administrativo o judicial a nivel nacional ni, a fortiori, la adopción de actos jurídicos posteriores. En efecto, corresponde a las autoridades nacionales decidir qué medidas deben adoptarse en relación con dichos informes y recomendaciones, y estas autoridades son, por tanto, las únicas que pueden adoptar decisiones que afecten a la situación jurídica de las personas frente a las cuales la OLAF haya recomendado iniciar dichos procedimientos. Del mismo modo, la transmisión de información por la OLAF a las autoridades nacionales no puede considerarse un acto lesivo, puesto que, en virtud del artículo 12 del Reglamento n.o 883/2013, corresponde a las autoridades nacionales que reciben información de la OLAF apreciar en el marco de sus propias competencias el contenido y el alcance de dicha información y, por tanto, el curso que procede darles. Por otra parte, la alegación de que la OLAF, en su informe de investigación, supuestamente ha infringido normas procedimentales y ha vulnerado el derecho a la presentación de pruebas y a un procedimiento contradictorio, así como los derechos fundamentales y el derecho a la tutela judicial efectiva contra los actos de investigación contrarios a Derecho, no basta para que deba considerarse lesivo dicho informe. En efecto, semejantes infracciones sólo pueden ser impugnadas por medio de un recurso dirigido contra un acto recurrible posterior en la medida en que hayan influido en su contenido, y no de forma independiente de tal acto. A este respecto, la gravedad de la supuesta infracción de la institución afectada o la importancia de la violación de los derechos fundamentales que ésta supone no permite en ningún caso excluir la aplicación de los motivos de inadmisibilidad de orden público previstos por el Tratado y convertir en impugnables actos que no lo son por no producir efectos jurídicos obligatorios. En efecto, el carácter impugnable de un acto no puede deducirse de su eventual ilegalidad. (véanse los apartados 13, 22, 29, 42 y 43)

Tomando en consideración el sistema general y la finalidad del Reglamento n.o 883/2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el artículo 11, apartado 1, de este Reglamento no puede interpretarse en el sentido de que acarrea obligaciones para las autoridades nacionales destinatarias del informe y de las recomendaciones de la OLAF en cuanto a las medidas que deban adoptar a la vista de los actos en cuestión con respecto a las personas mencionadas en ellos. En efecto, si bien el artículo 11, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 883/2013 dispone que dichas recomendaciones indicarán, «según proceda», toda medida disciplinaria, administrativa, financiera o judicial de las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate, debe señalarse que esta disposición no se refiere a los efectos, sino únicamente al contenido del informe y de las recomendaciones. Dicho esto, cuando las autoridades nacionales deciden dar curso a las recomendaciones que les transmite la OLAF, les corresponde comprobar por sí mismas si la información recibida justifica o exige que se entable un procedimiento. En consecuencia, la tutela judicial en relación con dicho procedimiento debe quedar asegurada a nivel nacional mediante todas las garantías previstas en el Derecho interno, incluidas las derivadas de los derechos fundamentales, que, como parte integrante de los principios generales del Derecho de la Unión, deben ser respetados asimismo por los Estados miembros cuando aplican una normativa de la Unión. En el marco de un recurso interpuesto a nivel nacional, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto puede, o incluso en determinados casos debe, por la vía de una petición de decisión prejudicial dirigida al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE, preguntar a este último, en su caso a instancia de las partes, sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión que considere necesaria para dictar su resolución. (véanse los apartados 23, 26, 27 y 40)

Véase el texto de la resolución. (véase el apartado 25)

Véase el texto de la resolución. (véanse los apartados 34 y 35)

Ni de los artículos 38 y 39 del Reglamento n.o 952/2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, ni del artículo 24 del Reglamento 2015/2447, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del código aduanero de la Unión, resulta que, en virtud de un informe a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) relativo a la recuperación indebida de derechos de aduana y de las recomendaciones del director general de la OLAF sobre el curso que haya de darse a la investigación, deba considerarse automáticamente que un importador mencionado en dicho informe no cumple el criterio, mencionado en el artículo 39, letra a), del Reglamento n.o 952/2013, relativo a la falta de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de la normativa fiscal y de delitos graves en relación con la actividad económica del solicitante de la devolución o de la condonación en cuestión. En efecto, en virtud del artículo 29, apartado 4, del Reglamento 2015/2447, corresponde a la autoridad aduanera nacional examinar si se cumplen los criterios enunciados en el artículo 39 del Reglamento n.o 952/2013. A tal efecto, dispone de una facultad de apreciación propia, que le permite, en particular, tener en cuenta las características específicas de los operadores económicos, en particular de las pequeñas y medianas empresas. La autoridad aduanera nacional puede también considerar, en virtud del artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2015/2447, en lo referente al criterio mencionado en el artículo 39, letra a), del Reglamento n.o 952/2013, que una infracción reviste escasa importancia en relación con el número o la magnitud de las operaciones conexas y tener en cuenta el hecho de que no tenga ninguna duda en cuanto a la buena fe del solicitante. Por tanto, dado que corresponde a las autoridades aduaneras nacionales aplicar el Derecho aduanero de la Unión y, en particular, llevar a cabo su apreciación sobre una eventual solicitud de devolución o de condonación presentada por el importador, así como sobre una eventual solicitud de concesión del estatuto de operador económico autorizado, el informe y las recomendaciones de la OLAF no prejuzgan en absoluto el ejercicio de dicha facultad de apreciación. (véanse los apartados 36 a 38)