Palabras clave

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Palabras clave

1. Derecho de la Unión — Efecto directo — Tributos nacionales incompatibles con el Derecho de la Unión — Devolución — Modalidades — Aplicación del Derecho nacional — Previsión, por parte de éste, de plazos de prescripción o caducidad

2. Derecho de la Unión — Efecto directo — Tributos nacionales incompatibles con el Derecho de la Unión — Devolución — Modalidades — Aplicación del Derecho nacional — Previsión, por parte de éste, de un plazo de prescripción mayor para obtener la devolución del tributo de un particular intermediario que el aplicable al Estado — Procedencia — Requisito

3. Cuestiones prejudiciales — Interpretación — Efectos en el tiempo de las sentencias interpretativas — Efecto retroactivo — Sentencia que declara la incompatibilidad con el Derecho de la Unión del carácter retroactivo de una normativa nacional

(Art. 267 TFUE)

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1. El Derecho de la Unión no se opone a que se aplique un plazo de prescripción de cinco años, establecido por el ordenamiento jurídico interno de un Estado miembro para los créditos frente al Estado, a las acciones de devolución de tributos abonados en infracción de dicho Derecho al amparo de un «régimen mixto de ayudas y de tributos».

En efecto, a falta de normas armonizadas que regulen el reembolso de tributos impuestos en infracción del Derecho de la Unión, los Estados miembros mantienen el derecho a aplicar la regulación procesal establecida por su Derecho nacional, en particular en materia de plazos de caducidad, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.

Pues bien, no se vulnera el principio de equivalencia, toda vez que el plazo de prescripción de cinco años se aplica a todos los créditos frente al Estado miembro en cuestión y que su aplicabilidad no está supeditada a si dichos créditos proceden de una infracción del Derecho nacional o del Derecho de la Unión, extremo que corresponde verificar a los órganos jurisdiccionales nacionales. Por lo que respecta al principio de efectividad, establecer plazos razonables de recurso de carácter preclusivo, en interés de la seguridad jurídica, que protege tanto al contribuyente como a la Administración interesados es compatible con el Derecho de la Unión. En efecto, plazos de este tipo no hacen imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, aun cuando por definición el transcurso de estos plazos da lugar a la desestimación, total o parcial, de la acción ejercitada.

(véanse los apartados 34 a 36 y 38 y el punto 1 del fallo)

2. El Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que concede a un particular un plazo más largo para recuperar los tributos de otro particular que ha intervenido en concepto de intermediario, a quien los ha abonado indebidamente y que los ha satisfecho por cuenta del primero en beneficio del Estado, mientras que, si hubiera abonado dichos tributos directamente al Estado, la acción de dicho particular estaría sujeta a un plazo para solicitar la devolución más corto, con carácter de excepción respecto del régimen de Derecho común de la acción de devolución de lo indebido, ya que los particulares que actúan como intermediarios pueden efectivamente reclamar al Estado los importes eventualmente satisfechos en beneficio de otros particulares.

(véanse el apartado 45 y el punto 2 del fallo)

3. El hecho de que el Tribunal de Justicia determine, en una sentencia sobre una petición de decisión prejudicial, que el carácter retroactivo de la normativa nacional controvertida es incompatible con el Derecho de la Unión no afecta al inicio del cómputo de plazo de prescripción que el ordenamiento jurídico nacional establece para los créditos frente al Estado miembro de que se trata.

En efecto, por un lado, la cuestión de la determinación del momento en que comienza a correr el plazo de la prescripción depende en principio del Derecho nacional. Por otro lado, una sentencia prejudicial no tiene valor constitutivo, sino meramente declarativo, con la consecuencia de que produce sus efectos, en principio, a partir de la fecha de entrada en vigor de la norma interpretada. En consecuencia, el Derecho de la Unión sólo se opone a que una autoridad nacional alegue el transcurso de un plazo de prescripción razonable en aquellos casos en los que la conducta de las autoridades nacionales, junto con la existencia del plazo de caducidad, implique que una persona haya quedado totalmente privada de la posibilidad de hacer valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

(véanse los apartados 47, 48, 51 y 53 y el punto 3 del fallo)