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1. Acuerdos internacionales ° Acuerdos de la Comunidad ° Efecto directo ° Apartado 1 del artículo 39 del Acuerdo de Cooperación CEE-Argelia

(Acuerdo de Cooperación CEE-Argelia, art. 39, ap. 1)

2. Acuerdos internacionales ° Acuerdo de Cooperación CEE-Argelia ° Trabajadores argelinos empleados en un Estado miembro ° Seguridad Social ° Igualdad de trato ° Denegación de un subsidio abonado por un fondo nacional de solidaridad y destinado a aumentar el nivel de ingresos de los titulares de pensiones a la viuda de un trabajador argelino que sigue residiendo en el Estado miembro de empleo del trabajador y que percibe una pensión de viudedad, por razón de su nacionalidad ° Improcedencia

(Acuerdo de Cooperación CEE-Argelia, art. 39, ap. 1)

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1. El apartado 1 del artículo 39 del Acuerdo de Cooperación entre la CEE y Argelia, que establece en términos claros, precisos e incondicionales la prohibición de discriminar, por razón de la nacionalidad, en el sector de la Seguridad Social, a los trabajadores de nacionalidad argelina y a los miembros de su familia que residan con ellos, contiene una obligación clara y precisa que no está subordinada, ni en su ejecución ni en sus efectos, a ningún acto ulterior.

Del tenor literal de dicha disposición, así como del objeto y la naturaleza del Acuerdo en el que está incluida, resulta que puede ser aplicada directamente, con la consecuencia de que los justiciables a los que se aplica pueden invocarla ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

2. El principio de ausencia de cualquier discriminación basada en la nacionalidad en el ámbito de la Seguridad Social, contenido en el apartado 1 del artículo 39 del Acuerdo de Cooperación CEE-Argelia, implica que no puede denegarse a la viuda de un trabajador migrante argelino, que reside en el territorio del Estado miembro en el que dicho trabajador estuvo empleado y que cumple todos los requisitos, excepto el relativo a la nacionalidad, para percibir una prestación abonada por un fondo nacional de solidaridad, prestación especial de carácter no contributivo, que está prevista en beneficio de los titulares de una pensión de viudedad para asegurarles un complemento de ingresos que les garantice un mínimo de medios de subsistencia, y cuya concesión no está vinculada a la condición de antiguo trabajador del beneficiario, la concesión de dicha prestación, debido a su nacionalidad.

En efecto, el ámbito de aplicación de la disposición mencionada cubre, desde el punto de vista personal, no sólo al trabajador argelino, sino también a los miembros de su familia que, tras su fallecimiento, siguen residiendo en el Estado miembro de empleo, sin que proceda distinguir, por lo que respecta a estos últimos, entre derechos derivados y derechos propios, y, desde el punto de vista material, a todas las prestaciones a las que, conforme a su artículo 4, se aplica el Reglamento nº 1408/71.
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Agricultura ° Organización común de los mercados ° Régimen de garantías ° Fuerza mayor ° Concepto ° Anuncios oficiales de un Acuerdo internacional relativo al régimen de importación de maíz en España ° Caída de los precios del maíz en dicho Estado ° Inexistencia de fuerza mayor respecto de los operadores que habían suscrito compromisos con arreglo a la normativa comunitaria anterior a la conclusión de las negociaciones

(Reglamentos del Consejo nos 2913/86 y 1799/87; Reglamentos de la Comisión nos 2220/85, art. 22, y 3593/86)

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Ni las medidas adoptadas por el Reglamento nº 1799/87, relativo al régimen particular de importación de maíz y de sorgo en España para el período 1987-1990, ni los anuncios oficiales, en los primeros meses del año 1987, de la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América, ni la Decisión del Consejo por la que se aprueba el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América referente a la conclusión de las negociaciones con arreglo al artículo XXIV.6 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, constituyen un caso de fuerza mayor a efectos del artículo 22 del Reglamento nº 2220/85, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los productos agrícolas.

En efecto, aunque el concepto de fuerza mayor en el ámbito de los Reglamentos agrícolas tiene en cuenta la naturaleza particular de las relaciones de Derecho público que existen entre los operadores económicos y la Administración nacional, así como las finalidades de esta normativa, de modo que no queda limitado al supuesto de imposibilidad absoluta, sino que debe entenderse en el sentido de circunstancias ajenas al operador afectado, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias sólo habrían podido evitarse a costa de sacrificios excesivos, a pesar de toda la diligencia empleada, los hechos de que se trata no eran en absoluto anormales e imprevisibles para los operadores económicos afectados, que se habían comprometido, al constituir una garantía, a importar en España maíz subvencionado en las condiciones establecidas por el Reglamento nº 3593/86. Por el contrario, habida cuenta de la información disponible en ese momento, cualquier operador económico normalmente informado podía darse cuenta de que la cuestión de la importación del maíz en España era uno de los elementos importantes de estas negociaciones con los Estados Unidos de América y que se buscaba activamente un acuerdo para evitar un conflicto comercial.

Por otro lado, la caída de los precios que se produjo a principios de 1987 en el mercado español, que no fue una reacción súbita e imprevisible al anuncio del Acuerdo, no puede considerarse que constituya una imposibilidad absoluta de poner el maíz subvencionado en libre práctica en España, sino que constituye más bien un riesgo comercial ordinario.
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1. Cuestiones prejudiciales ° Competencias del Tribunal de Justicia ° Límites ° Competencias del Juez nacional ° Determinación y apreciación de los hechos del litigio ° Necesidad de una decisión prejudicial y pertinencia de las cuestiones suscitadas ° Apreciación por parte del Juez nacional

(Tratado CEE art. 177)

2. Política comercial común ° Defensa contra las prácticas de dumping ° Reglamento por el que se establece un derecho antidumping ° Referencia a los productos contemplados por remisión a una versión caducada de la Nomenclatura Combinada ° Rectificación por la que se sustituyen referencias ° No alteración del ámbito de aplicación del Reglamento ° Validez

(Reglamento nº 165/90 de la Comisión)

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1. En virtud del artículo 177 del Tratado, basado en una clara separación de las funciones del órgano jurisdiccional nacional y del Tribunal de Justicia, éste sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma comunitaria a partir de los hechos que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional. No corresponde al Tribunal de Justicia sino al órgano jurisdiccional nacional determinar los hechos que originaron el litigio y extraer sus consecuencias para la decisión que debe dictar. Además, corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen del litigio y han de asumir la responsabilidad de la resolución judicial que deba dictarse apreciar, en vista de las características específicas de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su resolución como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia.

2. El hecho de que un Reglamento por el que se establecen derechos antidumping haya sido, con posterioridad a su publicación, objeto de una rectificación no puede afectar a su validez en la versión definitiva, habida cuenta de que la rectificación sólo tuvo por objeto sustituir, en la designación de las mercancías afectadas, referencias a una versión de la Nomenclatura Combinada que ya no estaba en vigor por nuevas referencias a los códigos de dicha Nomenclatura, según habían sido modificados entre tanto, manteniéndose idénticos los productos a los que se referían. En efecto, tal rectificación no hizo sino remediar un simple error material, sin modificar el ámbito de aplicación del Reglamento.
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1. Seguridad Social de los trabajadores migrantes ° Normativa comunitaria ° Ambito de aplicación material ° Legislación nacional que coordina las diferentes ramas de la Seguridad Social de un Estado miembro ° Inclusión

(Reglamento nº 1408/71 del Consejo)

2. Seguridad Social de los trabajadores migrantes ° Normativa comunitaria ° Ambito de aplicación material ° Responsabilidad solidaria del contratista principal por las cotizaciones sociales no pagadas por el subcontratista quebrado ° Exclusión

(Tratado CE, art. 51; Reglamento nº 1408/71 del Consejo)

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1. Una ley nacional que tiene por finalidad asegurar la coordinación entre las diferentes ramas de la Seguridad Social de un Estado miembro, figure o no en la declaración de dicho Estado miembro prevista por el artículo 5 del citado Reglamento, está comprendida en el ámbito de aplicación material del Reglamento nº 1408/71.

2. No pueden estar comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71 disposiciones nacionales que prevén que un contratista principal, con independencia de cualquier fraude que haya cometido, sea solidariamente responsable del pago de las cotizaciones y anticipos de cotizaciones impagadas que adeudaba un subcontratista quebrado a causa de las actividades ejercidas por los trabajadores empleados por él en el marco de una obra encargada por el contratista principal.

En efecto, tales disposiciones, aunque figuren en una ley comprendida dentro del ámbito de aplicación material de dicho Reglamento, no guardan una relación directa y suficientemente pertinente con dicho ámbito de aplicación, en el sentido de que imponen al contratista principal una responsabilidad que no se basa en la existencia de una relación empresario-asalariados entre él mismo y los trabajadores por los que se adeudan las cotizaciones, sino en el hecho de utilizar a un subcontratista que no ha cumplido sus obligaciones de empresario obligado a pagar cotizaciones de Seguridad Social por sus propios trabajadores, y se consideran como una obligación de compensar la pérdida de ingresos sufrida por un organismo de Seguridad Social.
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1. Funcionarios ° Plaza vacante ° Provisión mediante promoción o traslado ° Examen comparativo de los méritos de los candidatos ° Facultad de apreciación de la administración ° Elección de un procedimiento que implica una entrevista con cada uno de los candidatos ° Procedimiento no respetado ° Sentencia del Tribunal de Primera Instancia por la que se declara la ilegalidad de la decisión desestimatoria de la candidatura de un funcionario que no fue convocado a una entrevista ° Desestimación del recurso de casación

(Estatuto CEE del Tribunal de Justicia, art. 51; Estatuto de los Funcionarios, art. 45, ap. 1)

2. Funcionarios ° Decisión lesiva ° Desestimación de una candidatura ° Obligación de motivar no más tarde del momento de la desestimación de la reclamación ° Inobservancia ° Subsanación durante el procedimiento contencioso ° Improcedencia ° Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que sanciona la falta de motivación ° Desestimación del recurso de casación

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 25, párr. 2, y 90, ap. 2)

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1. Desde el momento en que el Tribunal de Primera Instancia, al comprobar y valorar los hechos que entran dentro de su competencia exclusiva, comprobó, por un lado, que, para proveer una plaza vacante, la Autoridad Facultad para Proceder a los Nombramientos había decidido, en el marco de su facultad discrecional, efectuar un examen comparativo de los méritos de los candidatos a la promoción o al traslado sobre la base, especialmente, de una entrevista con cada uno de los candidatos y, por otro lado, que el procedimiento de examen elegido no había sido respetado, ya que no fueron oídos todos los candidatos, actuó acertadamente al considerar ilegal la decisión desestimatoria de la candidatura de un funcionario que no fue convocado a una entrevista. Por lo tanto, el recurso de casación formulado contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia es infundado.

2. Si bien la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos no está obligada a motivar las decisiones de promoción o de traslado en lo que respecta a los candidatos no seleccionados, está obligada, en cambio, a motivar su decisión desestimatoria de una reclamación presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto por un candidato no seleccionado, entendiéndose que la motivación de dicha decisión debe coincidir con la motivación de la decisión contra la cual se dirigió la reclamación.

En efecto, si bien es cierto que, de manera general, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos no está obligada a responder a una reclamación, no sucede lo mismo cuando la decisión que es objeto de la misma carece de motivación, ya que una respuesta motivada que se produzca después de la interposición de un recurso no cumple su función ni con respecto al interesado ni con respecto al Juez.

Por lo tanto, es infundado el recurso de casación formulado contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que sanciona una falta de motivación de estas características.
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Aproximación de las legislaciones - Productos cosméticos - Directiva 76/768 - Lista de las sustancias de uso prohibido - Procedimiento de modificación - Consulta obligatoria al Comité Científico - Inclusión por la Directiva 90/121, incumpliendo dicha formalidad, de la sustancia 11 Alfa OHP - Irregularidad esencial - Invalidez de la disposición aplicable

(Directiva 76/768 del Consejo, art. 8, ap. 2; Directiva 90/121 de la Comisión, art. 1)

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A tenor del apartado 2 del artículo 8, modificado, de la Directiva 76/768 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, las modificaciones necesarias para adaptar al progreso técnico los Anexos II a VII de la Directiva, y más concretamente el Anexo II, relativo a las sustancias cuyo uso está prohibido, se adoptarán previa consulta al Comité Científico de Cosmetología, a iniciativa bien de la Comisión, bien de un Estado miembro. Si bien de las redacciones de dicha disposición en las diferentes versiones lingueísticas, y de su comparación, no se deduce claramente si debe o no consultarse al Comité en todos los casos, resulta de un examen de la función de este último en el marco del procedimiento de que se trata que su consulta, en la medida en que tiene por objeto garantizar que las medidas adoptadas comunitariamente son necesarias y adaptadas al objetivo de protección de la salud humana perseguido por la Directiva, es obligatoria en todos los casos.

Al adolecer el procedimiento de adopción de la Duodécima Directiva de una irregularidad esencial, por no haberse consultado al Comité Científico respecto a la prohibición de la sustancia 11 Alfa OHP por la Duodécima Directiva 90/121, por la que se adaptan al progreso técnico los Anexos II, III, IV, V y VI de la Directiva 76/768, no son válidas las disposiciones de su artículo 1, por cuanto incluyen la 11 Alfa OHP y sus ésteres en la "lista de las sustancias que no pueden contener los productos cosméticos", que figura en el Anexo II de la Directiva 76/768.
1.

La Comisión considera que la exención de las actividades de que se trata es contraria a la letra b) del apartado 3 del artículo 28 de la Directiva. En efecto, este artículo permitía a los Estados miembros que al adoptarse la Directiva aplicaban ya el IVA, con arreglo a la Primera y a la Segunda Directiva, continuar aplicando la exención. Dicha norma W es aplicable a los Estados miembros que se adhirieron a la Comunidad posteriormente y que, antes de la adhesión, no poseían, como ocurre en el caso de España, un régimen de IVA. Según la Comisión, confirma esta interpretación la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 1988, Comisión/Italia (122/87, Rec. p. 2685). La única manera de que el Reino de España pudiera disfrutar de la posibilidad de declarar exentas las actividades de que se trata, habría sido incluir en el Acta de Adhesión una disposición que estableciera una excepción parecida a la aplicable a la República Portuguesa, que está autorizada a declarar exentas diez de las operaciones enumeradas en el Anexo F. La Comisión añade que, aunque no se admita esta interpretación de la letra b) del apartado 3 del artículo 28, y deba interpretarse que esta disposición permite a un nuevo Estado miembro continuar dejando exentas las actividades de que se trata, cuando dicha exención existe ya en el marco de un impuesto, como el vigente en España antes de la adhesión (Impuestos cumulativos en cascada), la exención objeto del litigio sería ilegal. Efectivamente, al haber sometido dichas actividades al IVA tras la adhesión, el Reino de España no puede, a continuación, declararlas exentas. La Comisión señala que el Reino de España sometió con anterioridad otras actividades (prestaciones de servicios de Procuradores y Abogados) a un régimen de exención con devolución de cuotas soportadas en la fase precedente (tipo cero), y que se atuvo al dictamen motivado de la Comisión, basado en los mismos argumentos del recurso. Además, la Comisión afirma que el argumento del Reino de España, según el cual dicho Estado miembro sería objeto de discriminación si no se permitiera la exención objeto del litigio, no puede admitirse. Ningún Estado miembro autorizado a eximir determinadas actividades puede someterlas al Impuesto, como ha hecho España, para después declararlas exentas. Finalmente, la Comisión señala que la declaración del Consejo, citada por el Gobierno español, muestra que dicha Institución considera también que España no puede ampararse en la letra b) del apartado 3 del artículo 28 para eximir las actividades en cuestión. Se someterán propuestas al Consejo, en las condiciones y dentro de los plazos establecidos en el artículo 3 de la Decimoctava Directiva, encaminadas a la supresión de las excepciones aún subsistentes en el apartado 3 del artículo 28. Entretanto, el Reino de España debe atenerse a las disposiciones de la Sexta Directiva. La Comisión admite que en la Propuesta de la Decimonovena Directiva sugirió la exención de las actividades de que se trata pero, habida cuenta del dictamen contrario del Parlamento Europeo y del Consejo Económico y Social, la propuesta fue modificada para someter dichas actividades al IVA.
12.

El Hof van Cassatie van België se vio confrontado a dos problemas. En primer lugar, comprobó que, con arreglo al apartado 2 del artículo 89 de la Ley belga de 5 de junio de 1928, por la que se regula el enrolamiento (Belgisch Staatsblad de 26.7.1928), el contrato de enrolamiento expira, con independencia de su naturaleza, entre otras causas, por la declaración oficial de inhabilitación del buque para navegar. Basándose en que el buque «Hosanna» había sido declarado no apto para navegar, el Hof van Cassatie concluyó que, con arreglo a la legislación belga, Piet Ackx no se encontraba vinculado por un contrato de trabajo en el momento del accidente. No obstante, se planteó la cuestión de si para aplicar la letra b) del apartado 2 del artículo 13 y la letra c) del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento n° 1408/71, la relación laboral entre un marinero y la empresa que le retribuye debe apreciarse de acuerdo con la legislación del Estado en el que dicha empresa tenga su domicilio social.
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1. Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Legislación aplicable - Principio de unicidad - Ambito de aplicación - Inaplicabilidad a los beneficiarios de una pensión de jubilación anticipada o de una pensión de jubilación complementaria

(Reglamento nº 1408/71 del Consejo, arts. 13, ap. 2, y 14 a 17)

2. Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Normativa comunitaria - Ambito de aplicación material - Disposiciones convencionales - Inaplicabilidad - Retenciones efectuadas por un Estado miembro por un riesgo que corre a cargo de otro Estado miembro sobre pensiones pagadas con arreglo a disposiciones convencionales - Procedencia

((Reglamento nº 1408/71 del Consejo, arts. 1, letra j), y 33))

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1. El principio de unicidad de la legislación aplicable a los trabajadores que se desplazan en el interior de la Comunidad sólo rige para las situaciones previstas en los artículos 13, apartado 2, y 14 a 17 del Reglamento nº 1408/71, los cuales determinan las normas de conflicto que deben aplicarse en cada situación.

Dado que los beneficiarios de una pensión de jubilación anticipada o de una pensión de jubilación complementaria no se encuentran en una de las situaciones contempladas por estos artículos, se debe concluir que éstos no pueden invocar en su favor el principio de unicidad de la legislación aplicable.

2. Los regímenes nacionales de Seguridad Social adoptados mediante convenios celebrados por las autoridades competentes con los organismos profesionales o interprofesionales, o mediante convenios colectivos celebrados entre los interlocutores sociales que no han sido objeto de la declaración mencionada en el párrafo segundo de la letra j) del artículo 1 del Reglamento nº 1408/71, no son legislaciones en el sentido del párrafo primero de este artículo 1, y las prestaciones que atribuyen no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento. De ello se deduce que su artículo 33, que prohíbe a los Estados miembros practicar retenciones sobre las pensiones correspondientes a Regímenes Generales de los nacionales comunitarios cuando estas prestaciones que son su contrapartida no corren a cargo de una de sus instituciones, no puede oponerse a un Estado miembro que establezca, para cubrir los riesgos de enfermedad y maternidad, retenciones sobre las pensiones de jubilación anticipada y de jubilación complementaria de origen convencional, pagadas a las personas que residen en otro Estado miembro y que se benefician de prestaciones de enfermedad con arreglo a la legislación de este último Estado miembro.
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Libre circulación de personas - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Normativa nacional que reserva ciertas actividades incluidas en el sector de los negocios inmobiliarios a las personas que ejercen la profesión regulada de Agente de la Propiedad Inmobiliaria - Procedencia

(Directiva 67/43 del Consejo)

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La Directiva 67/43 relativa a la realización de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades no asalariadas incluidas en: 1. el sector de los "Negocios inmobiliarios (salvo 6401)" (grupo ex 640 CITI); 2. el sector de determinados "Servicios prestados a las empresas no clasificados en otro lugar" (grupo 839 CITI), no se opone a una normativa nacional que reserva ciertas actividades incluidas en el sector de los negocios inmobiliarios a las personas que ejercen la profesión regulada de Agente de la Propiedad Inmobiliaria.
El punto 2 del párrafo primero del artículo 7 del Reglamento no 1546/88, relativo, en el marco del régimen de tasa sobre la leche, a la devolución de las cantidades de referencia exentas de la tasa en caso de transmisión de una explotación, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro no ha establecido otros criterios objetivos a efectos de esta disposición, ni ha aplicado el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento no 857/84, modificado por el Reglamento no 590/85, la cantidad de referencia correspondiente a la explotación debe repartirse, en caso de transmisión de una parte de esta última, entre los productores interesados en función solamente de las superficies utilizadas para la producción de leche sin que puedan tenerse en cuenta otros elementos, como los edificios que forman parte de la explotación.