Reseña de recurso de un funcionario



Reseña de recurso de un funcionario

Sumario

1. Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Concepto

(Estatuto de los Funcionarios, art. 90, aps. 1 y 2)

2. Funcionarios — Recursos — Motivo consistente en la inobservancia del ámbito de aplicación de la ley — Apreciación de oficio — Requisitos

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, art. 77)

3. Funcionarios — Procedimiento de certificación — Disposiciones de aplicación en la Comisión — Competencia para pronunciarse sobre las candidaturas — Distinción con el procedimiento de calificación — Criterios de admisión

(Estatuto de los Funcionarios, art. 43; anexo XIII, art. 10, ap. 3)

1. La calificación jurídica de un escrito o de una nota depende exclusivamente de la apreciación del Tribunal y no de la voluntad de las partes. Debe considerarse una reclamación en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto el escrito en el que un funcionario solicita a la Administración que adopte determinados actos cuando dicho escrito, pese a haber podido interpretarse como una petición en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, ha sido expresamente interpretado como una reclamación por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, pudiendo así el interesado creer legítimamente que había cumplido con los requisitos del procedimiento administrativo previo establecido en los artículos 90 y 91 del Estatuto y que podía interponer directamente un recurso ante el Tribunal de la Función Pública.

En efecto, en el supuesto de que una institución haya adoptado un comportamiento de tal naturaleza que haya podido provocar, por sí solo o de forma decisiva, una confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que haya obrado con la diligencia propia de una persona normalmente informada, la Administración no puede ampararse en su propia inobservancia de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, que originó el error cometido por el justiciable.

(véanse los apartados 34, 35 y 38 a 40)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 29 de mayo de 1991, Bayer/Comisión (T‑12/90, Rec. p. II‑219), apartado 29; 15 de julio de 1993, Hogan/Parlamento (T‑115/92, Rec. p. II‑895), apartado 36

2. El juez comunitario tiene la facultad, y, en su caso, la obligación de apreciar de oficio ciertos motivos de legalidad interna. Así sucede con un motivo de orden público consistente en la inobservancia por una decisión del ámbito de aplicación de la ley. En efecto, el Tribunal de la Función Pública no desempeñaría su función de juez de la legalidad si se abstuviese de declarar, aun a falta de controversia entre las partes sobre esta cuestión, que la decisión impugnada ante él se adoptó basándose en una norma que no es aplicable al caso de autos y, si, como consecuencia de ello, tuviese que pronunciarse sobre el litigio del que conoce aplicando él mismo dicha norma.

A este respecto, no puede aceptarse la alegación basada en que la apreciación de oficio de un motivo de legalidad interna podría vulnerar el carácter contradictorio del debate contencioso y el principio del respeto del derecho de defensa. En efecto, el artículo 77 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública dispone que el Tribunal podrá apreciar de oficio una causa de inadmisión de orden público, siempre que haya oído previamente a las partes. Pues bien, no hay ninguna razón para pensar que, si dicho requisito constituye garantía suficiente del respeto del principio contradictorio y del derecho de defensa en la hipótesis de que se aprecie de oficio una causa de inadmisión de un motivo de orden público, no ocurra lo mismo en la hipótesis de que se aprecie de oficio un motivo de orden público, ya sea de legalidad interna o de legalidad externa. Por lo tanto, debe considerarse que al comunicar a las partes el motivo de orden público que tenía intención de plantear de oficio, al recabar las observaciones escritas de las partes sobre su intención y al darles la oportunidad de debatir sobre ello en su presencia durante la vista, el Tribunal de la Función Pública responde a los imperativos de los principios contradictorio y del derecho de defensa.

(véanse los apartados 50, 51, 57 y 60)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 21 de noviembre de 2002, Cofidis (C‑473/00, Rec. p. I‑10875), apartados 36 y 38; 1 de junio de 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) y Diputación Foral de Vizcaya/Comisión (C‑442/03 P y C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845), apartado 45; 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, Rec. p. I‑10421), apartado 39

Tribunal de Primera Instancia: 15 de julio de 1994, Browet y otros/Comisión (T‑576/93 a T‑582/93, Rec. p. II‑677), apartado 35

3. El artículo 43, apartado 1, del Estatuto prevé la elaboración, respecto a cada funcionario y en las condiciones fijadas por cada institución, de un informe periódico relativo a su capacidad, su rendimiento y su conducta en el servicio. Por lo que se refiere a los funcionarios del grupo AST, a partir del grado 4, el informe correspondiente puede asimismo contener, en virtud del artículo 43, apartado 2, del Estatuto, un dictamen que indique si, a la luz de las prestaciones realizadas, el interesado posee el potencial necesario para desempeñar funciones de administrador.

El artículo 10 del anexo XIII del Estatuto, en cambio, es una disposición transitoria. Prevé el desarrollo de la carrera de los funcionarios de las antiguas categorías C y D dentro del grupo de funciones de los asistentes, en el que están integrados desde el 1 de mayo de 2006. La certificación se concede en función de la antigüedad, la experiencia, los méritos y el nivel de estudios de los funcionarios, y con arreglo a un procedimiento cuya regulación, aprobada por las instituciones, incluye, en particular, el examen de las candidaturas por un comité conjunto de certificación. En ejecución del artículo 10, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, la Comisión, mediante Decisión de 7 de abril de 2004, adoptó las disposiciones de aplicación del procedimiento de certificación para su personal.

Los procedimientos de calificación y de certificación, definidos por las disposiciones generales de aplicación del artículo 43 del Estatuto adoptadas por la Comisión y por la Decisión de 7 de abril de 2004, respectivamente, son distintos y se basan en regulaciones completamente diferentes.

A este respecto, si bien el segundo calificador es competente para adoptar el informe de evolución de la carrera, sin perjuicio de que el informe sea modificado por el calificador de alzada, incumbe a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos pronunciarse, en cada fase del procedimiento de certificación, sobre las candidaturas a la certificación. Corresponde, en particular, a dicha autoridad, y por lo tanto, a una autoridad distinta del segundo calificador del procedimiento de calificación, apreciar, basándose en los informes de evolución de la carrera disponibles, la experiencia y los méritos de los candidatos a obtener la certificación. Por otra parte, únicamente la autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede armonizar las condiciones de valoración de dichos criterios por los diferentes servicios de la Comisión, puesto que la visión del segundo calificador o del calificador de alzada tiende a circunscribirse a los servicios que se encuentran bajo su responsabilidad.

Cuando, al elaborar el informe de evolución de la carrera de un funcionario de la Comisión de las antiguas categorías C y D, la Administración rehúsa admitir al interesado al procedimiento de certificación previsto en el artículo 10, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, por no haber demostrado en el ejercicio de calificación que disponía del «potencial» necesario para obtener la certificación, la decisión de denegarle la admisión no se adopta, como debería serlo en atención a su objeto, basándose en las disposiciones del citado artículo 10, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, aplicables al procedimiento de certificación, sino basándose en las disposiciones del artículo 43 del Estatuto, aplicables al procedimiento de calificación. Al actuar así, la Administración no respeta el ámbito de aplicación de dicho artículo 43, distinto del artículo 10, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, ni la independencia de los procedimientos de calificación y de certificación, y, en consecuencia, es fundada la pretensión del interesado de que se anule su informe de evolución de la carrera en la medida en que se pronuncia sobre su potencial en relación con las funciones de asistente.

Por otra parte, ni el artículo 10, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto ni la Decisión de 7 de abril de 2004 prevén que la certificación, que permite acceder sin restricciones al grupo de funciones de los asistentes, se conceda basándose en criterios que no sean la antigüedad, la experiencia, los méritos y el nivel de estudios. La admisibilidad de un funcionario a la certificación, segunda etapa del procedimiento, tampoco está supeditada, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Decisión de 7 de abril de 2004, más que al cumplimiento de dos requisitos, a saber, el nivel de estudios y la antigüedad, y no a un requisito de potencial.

(véanse los apartados 64 a 66, 76, 80, 82, 87, 88 y 91)