Palabras clave

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Palabras clave

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Acceso al expediente — Objeto — Respeto del derecho de defensa

[Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 27, ap. 2]

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Audiencia de las empresas — Alcance de la obligación tras la anulación de una primera decisión de la Comisión

[Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 27]

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1. El derecho de acceso al expediente en los asuntos de competencia implica que la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos incluidos en el expediente de la instrucción que puedan ser pertinentes para la defensa de esa empresa. Estos documentos comprenden tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

La vulneración del derecho de acceso al expediente durante el procedimiento previo a la adopción de la decisión puede dar lugar, en principio, a la anulación de dicha decisión cuando se haya vulnerado el derecho de defensa. En tal supuesto, la violación producida no queda subsanada por el mero hecho de que el acceso haya sido posible durante el procedimiento jurisdiccional relativo a un recurso de anulación de la decisión de la Comisión. En efecto, al limitarse a un control jurisdiccional de los motivos invocados, el examen del Tribunal General no tiene por objeto ni por efecto reemplazar la instrucción completa del asunto en el marco de un procedimiento administrativo. Por otra parte, el conocimiento tardío de determinados documentos del expediente no coloca a la empresa que ha interpuesto un recurso contra una decisión de la Comisión en la situación en la que se habría encontrado si hubiera podido basarse en esos mismos documentos para presentar sus observaciones escritas y orales ante dicha institución.

Cuando el acceso al expediente, y más concretamente a las pruebas de descargo, se obtiene en la fase del procedimiento judicial, la empresa de que se trata no debe demostrar que, si hubiera tenido acceso a los documentos no comunicados, la decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que dichos documentos hubieran podido resultar útiles para su defensa. A este respecto, en el supuesto de que, por una parte, la Comisión haya perdido un número determinado de subexpedientes y no quepa excluir la posibilidad de que la empresa afectada hubiera podido encontrar en los mismos elementos que hubieran podido ser pertinentes para su defensa, y, por otra parte, debido a la inexistencia de un listado del contenido de esos subexpedientes, esta empresa no haya podido comprobar si los documentos que faltaban habrían sido útiles para su defensa y si, en consecuencia, hubiera podido invocarlos, no cabe concluir que la falta de acceso de la empresa a todos los documentos del expediente de instrucción no la ha impedido defenderse.

(véanse los apartados 49 a 52, 59 y 60)

2. Cuando la Comisión, tras la anulación de una decisión que sanciona a empresas que han infringido el artículo 81 CE, apartado 1, por un vicio de procedimiento relativo exclusivamente a los mecanismos de su adopción definitiva por el Colegio de Comisarios, adopta una nueva decisión, de un contenido sustancialmente idéntico y basada en las mismas imputaciones, no está obligada a conceder una nueva audiencia a las empresas afectadas.

No sucede lo mismo, sin embargo, cuando la adopción de la primera decisión adolece de un vicio —esto es, una vulneración del derecho de defensa derivada de la circunstancia de que la Comisión no concediera a la empresa afectada, en el procedimiento administrativo que culminó con la adopción de la primera decisión, un acceso suficiente a los documentos y, en particular, a aquéllos que podían haber sido útiles para la defensa de esta empresa— que es muy anterior al vicio de procedimiento citado. La Comisión vulnera el derecho de defensa de la empresa afectada al adoptar, en tales circunstancias, la misma decisión que la que había sido anulada por ese vicio de procedimiento sin iniciar un nuevo procedimiento administrativo en el marco del cual se dé audiencia a tal empresa tras permitirle acceder al expediente.

(véanse los apartados 64 a 68)