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—

Que se constate que, al no haber adoptado las medidas necesarias para cerrar lo antes posible, con arreglo a los artículos 7, letra g), y 13 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO 1999, L 182, p. 1), los vertederos que no obtuvieron, de conformidad con el artículo 8 de dicha Directiva, una autorización para continuar sus actividades o al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva citada de los vertederos que obtuvieron una autorización para continuar su actividades, con excepción de los requisitos que figuran en el punto 1 del anexo I de la Directiva, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letras b), segunda frase, y c), de la Directiva en relación con los vertederos de: 1) Avigliano (Loc. Serre Le Brecce); 2) Ferrandina (Loc. Venita); 3) Genzano di Lucania (Loc. Matinella); 4) Latronico (Loc. Torre); 5) Lauria (Loc. Carpineto); 6) Maratea (Loc. Montescuro); 7) Moliterno (Loc. Tempa La Guarella); 8) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), cuyo cierre estaba previsto para septiembre de 2016; 9) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), declarado vertedero no utilizado nunca; 10) Rapolla (Loc. Albero in Piano); 11) Roccanova (Loc. Serre); 12) Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi); 13) Campotosto (Loc. Reperduso); 14) Capistrello (Loc. Trasolero); 15) Francavilla (Valle Anzuca); 16) L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte); 17) Andria (D’Oria G.& C. s.n.c); 18) Canosa (CO.BE.MA); 19) Bisceglie (CO.GE.SER); 20) Andria (F.lli Acquaviva); 21) Trani (BAT-Igea s.r.l.); 22) Torviscosa (Società Caffaro).
1)

¿Se opone la disposición transitoria del artículo 52, párrafo primero, de la Directiva 2013/32/UE (1) a la aplicación de una normativa nacional que, para transponer el artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, que contiene una ampliación de los límites de la autorización conferida por su predecesora, establece que no se admitirá una solicitud de protección internacional cuando al solicitante le haya sido reconocida protección subsidiaria en otro Estado miembro, en la medida en que, a falta de un régimen transitorio nacional, tal normativa nacional es aplicable también a las solicitudes presentadas antes del 20 de julio de 2015? ¿Permite la disposición transitoria del artículo 52, apartado 1, de la Directiva 2013/32/UE a los Estados miembros, en particular, transponer con efectos retroactivos la ampliación de los límites de la autorización que resulta del artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, con la consecuencia de que las solicitudes de asilo presentadas antes de la transposición al Derecho interno y que aún no han sido resueltas con carácter definitivo tampoco son admitidas?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 283/24

Recurso de casación interpuesto el 13 de junio de 2017 por Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA y Novapet SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 5 de abril de 2017 en el asunto T-422/13, Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) y otros/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-363/17 P)

(2017/C 283/33)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA (representantes: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)

Otras partes en el procedimiento: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química, S.A., Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Consejo de la Unión Europea, Comisión de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se declare el recurso admisible y fundado.

— Que se anule la sentencia del Tribunal General en la medida en que desestima la demanda de resarcimiento de los daños.

— Que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el fondo de la demanda de resarcimiento de los años y estime la pretensión de daños o que se remita el caso al Tribunal General para que éste se pronuncie sobre el fondo de la demanda de resarcimiento de los daños.

— Que se condene al Consejo a cargar con las costas de la recurrente.

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal General distorsionó las pruebas presentadas por las recurrentes y las interpretó erróneamente al declarar que no existe nexo causal entre la adopción ilegal de la Decisión 2013/226 (1) y los daños sufridos por las recurrentes (sentencia recurrida, apartados 155 a 197 y, en especial, apartados 187 a 189).

(1) Decisión de Ejecución 2013/226/UE del Consejo, de 21 de mayo de 2013, por la que se rechaza la propuesta de Reglamento de Ejecución del Consejo por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado politereftalato de etileno procedentes de la India, Taiwán y Tailandia, tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009, y se da por concluido el procedimiento de reconsideración por expiración relativo a las importaciones de determinado politereftalato de etileno procedentes de Indonesia y Malasia, en la medida en que la propuesta impondría un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado politereftalato de etileno procedentes de la India, Taiwán y Tailandia (DO 2013, L 136, p. 12).
2.

Dado que la República Checa niega la clasificación de la sustancia de que se trata como residuo sobre la base del registro del material de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (2) («REACH»), se ha producido un conflicto a tratar de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Reglamento n.o 1013/2006, que prevé que el material en cuestión sea tratado como si se tratase de un residuo.
2)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, para restablecer una situación no discriminatoria: a) ¿es necesario, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, colocar al funcionario, a efectos del cálculo de su pensión, en la misma situación que si, en el período que media entre la adquisición de firmeza de la resolución administrativa y el cumplimiento por parte del funcionario de la edad legal de jubilación, éste no hubiese estado jubilado, sino en activo, o bien b) basta con que se le reconozca el importe de la pensión no reducida que le habría correspondido a consecuencia de la jubilación en la fecha dispuesta en la resolución administrativa?
3.

En tercer lugar, la recurrente en casación alega que el Tribunal General incumplió la obligación de motivación. En particular, no se abordó la cuestión de la obligación de declarar los excedentes de azúcar poseídos a 1 de mayo de 2004. De ahí que no se comprenda la conclusión del Tribunal General de que la no publicación a su debido tiempo del Reglamento n.o 60/2004 en estonio en el Diario Oficial de la Unión Europea no impidió a la República de Estonia basarse en su Derecho interno para exigir a los operadores económicos el gravamen por las cantidades excedentarias de azúcar no eliminadas del mercado.
2.

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 y vulneración de los principios de igualdad de trato, buena administración y seguridad jurídica al no tomar en consideración el hecho de que la EUIPO no siguió su práctica decisoria anterior, como queda recogida en las Directrices de la EUIPO y, como consecuencia de ello, ratificar una resolución contraria a dicha práctica. El Tribunal General no apreció el hecho de que la EUIPO se desvió de su práctica decisoria anterior, recogida en las Directrices relativas a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 y de que no existían circunstancias específicas que justificasen separarse de esa práctica.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 239/32

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 18 de mayo de 2017 — Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce/TUIfly GmbH

(Asunto C-274/17)

(2017/C 239/40)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce

Demandada: TUIfly GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 231/10

Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hannover (Alemania) el 13 de abril de 2017 — Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

(Asunto C-198/17)

(2017/C 231/12)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Amtsgericht Hannover

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ivan Wallmann

Demandada: TUIfly GmbH

Cuestiones prejudiciales

1) ¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

(1) Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
2.

Habida cuenta de que el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72 dispone que las obligaciones de SIG deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y de que el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2009/72 establece que las compensaciones financieras que hayan de pagarse a las personas que presten SIG deben determinarse de modo transparente y no discriminatorio: 2.1. ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartados 2 y 6, de la Directiva 2009/72 en el sentido de que prohíbe restringir los incentivos a los prestadores de SIG que cumplan debidamente las obligaciones que han asumido en relación con la prestación de SIG? 2.2. ¿Debe considerarse discriminatoria, no transparente y restrictiva de la competencia a los efectos del artículo 3, apartados 2 y 6, de la Directiva 2009/72, la exigencia prevista en el Derecho nacional de suspender el pago de compensaciones financieras a prestadores de SIG, al margen de las actividades que hayan desarrollado para prestar SIG y de que hayan cumplido las obligaciones asumidas, que fundamenta y supedita la restricción (suspensión) del pago de las compensaciones por SIG a los actos y obligaciones de una persona vinculada del prestador de SIG (sujeta a una participación de control por parte de la misma empresa que controla al prestador de SIG) en lo que respecta a las tasas por consumo de SIG calculadas para dicha empresa? 2.3. ¿Debe considerarse discriminatoria, no transparente y restrictiva de la competencia a los efectos del artículo 3, apartados 2 y 6, de la Directiva 2009/72, la exigencia prevista en el Derecho nacional de suspender el pago de compensaciones financieras a prestadores de SIG pese a lo cual dichos prestadores de SIG siguen estando obligados a cumplir plenamente sus obligaciones de prestar SIG y otras obligaciones contractuales frente a empresas consumidoras de electricidad?
3)

¿Tiene importancia, a efectos de la primera cuestión, que el bien de inversión está afectado tanto a operaciones sujetas como a operaciones no sujetas al impuesto sobre el valor añadido (llevadas a cabo en el ejercicio de las funciones públicas), no siendo posible la atribución objetiva de los gastos de inversión a una de las operaciones mencionadas en particular?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 213/16

Recurso de casación interpuesto el 16 de febrero de 2017 por Redpur GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 15 de diciembre de 2016 en el asunto T-227/15, Redpur GmbH/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

(Asunto C-86/17 P)

(2017/C 213/19)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Redpur GmbH (representante: S. Schiller, Rechtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Redwell Manufaktur GmbH

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia T-227/15 de 15 de diciembre de 2016 del Tribunal General y se desestime la oposición.

— Que se condene a la EUIPO a cargar con las costas de la recurrente en este procedimiento.

— Que se condene a Redwell Manufaktur GmbH a cargar con las costas causadas a la recurrente en el procedimiento ante la División de Oposición y ante la Sala de Recurso de la EUIPO.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La recurrente

Marca comunitaria controvertida: Marca denominativa «Redpur» para productos de la clase 11 — Solicitud de marca comunitaria n.o 10934305

Titular de las marcas o de los dibujos y modelos invocados en el procedimiento de oposición: La otra parte en el procedimiento

Marcas o dibujos y modelos invocados en el procedimiento de oposición: Marca comunitaria figurativa n.o 004769717 «redwell INFRAROT HEIZUNGEN» para productos de la clase 11; marca denominativa austriaca n.o 232549 «Redwell» para productos de la clase 11; marca denominativa internacional (WIPO) [Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)] registrada con el n.o 914971, «Redwell» para productos de la clase 11 y denominaciones sociales en Austria «REDWELL Manufaktur GmbH» para sistemas y aparatos de calefacción, en especial, calefacción mediante infrarrojos e instalaciones de calefacción mediante infrarrojos

Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos del recurso: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009. (1)

(1) Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).
4)

El Tribunal General incurrió en un error de Derecho respecto al razonamiento relativo a la cuarta parte del primer motivo expuesto en los apartados 144 a 169 y en la parte del apartado 177 que establece «Aunque se había acreditado que la marca de que se trata había adquirido carácter distintivo por el uso en Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido». La cuarta parte se refiere a la falta de acreditación del carácter distintivo adquirido por el uso de la marca en toda la Unión Europea. El Tribunal General consideró acertadamente que Nestlé no había demostrado que la marca hubiera adquirido carácter distintivo en toda la Unión Europea y Mondelez no desea discutir esta decisión. Sin embargo, Mondelez no acepta que Nestlé haya acreditado en ningún momento el carácter distintivo adquirido para los productos en 10 Estados miembros de la Unión Europea o simplemente que haya adquirido carácter distintivo alguno. El Tribunal General incurrió en un error al aplicar un criterio jurídico incorrecto en relación con cada uno de los Estados miembros de que se trata dado que ni el reconocimiento, la atribución o la asociación equivale a que los consumidores pertinentes de la marca la perciban como indicativa del origen, como exige el criterio establecido por el Tribunal de Justicia en el asunto C-215/14.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 161/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) el 24 de marzo de 2017 — Swedish Match AB/Secretary of State for Health

(Asunto C-151/17)

(2017/C 161/19)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Queen’s Bench Division (Sala de lo Contencioso-Administrativo) (Reino Unido)]

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Swedish Match AB

Recurrida: Secretary of State for Health

Cuestión prejudicial

¿Son nulos los artículos 1, letra c), y 17 de la Directiva 2014/40/UE (1) en la medida en que:

I. vulneran el principio general de no discriminación del Derecho de la Unión;

II. vulneran el principio general de proporcionalidad del Derecho de la Unión;

III. infringen el artículo 5 TUE, apartado 3, y vulneran el principio de subsidiariedad del Derecho de la Unión;

IV. infringen el artículo 296 TFUE, apartado 2;

V. infringen los artículos 34 TFUE y 35 TFUE;

VI. infringen los artículos 1, 7 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

(1) Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (DO 2014, L 127, p. 1).
4)

Acreditados los «hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta» con arreglo al art. 19.1 de la Directiva 2006/54/CE en relación con el art. 5 de la Directiva 92/85/CEE –traspuesto en el ordenamiento español en el art. 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales– en un litigio donde se discute la existencia de riesgo durante la lactancia natural con dispensa de la obligación de trabajar: ¿Sería exigible a la trabajadora en período de lactancia que acreditara para ser dispensada del trabajo con arreglo a la legislación interna –que traspone el art. 5.2 y 3 de la Directiva 92/85/CEE– que la adaptación de las condiciones de trabajo y/o del tiempo de trabajo no resulta técnica y/u objetivamente posible o no puede razonablemente exigirse y que no resulta técnica y/u objetivamente posible o no puede razonablemente exigirse un cambio de puesto de trabajo? ¿O bien, por el contrario, la acreditación de tales extremos correspondería a las partes demandadas (empresario y entidad que cubre la prestación de Seguridad Social anudada a la suspensión del contrato de trabajo)?
2)

¿Debe interpretarse la expresión “se redacten de manera clara y comprensible” recogida en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, habida cuenta de las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia en las sentencias relativas a los asuntos C-26/13 y C-96/14, en el sentido de que una cláusula contractual puede considerarse redactada de manera no clara y comprensible —con la consecuencia jurídica de que quedará sujeta [de oficio] al examen judicial de su carácter abusivo— incluso en el caso de que el concepto jurídico (instrumento) que regula revista una complejidad particular, sus consecuencias jurídicas sean difícilmente previsibles para un consumidor medio y para su comprensión se necesite generalmente asesoramiento jurídico profesional, cuyo coste no sea proporcional al valor de la prestación que el consumidor recibe en virtud del contrato?