Asunto C‑234/02 P

Defensor del Pueblo Europeo

contra

Frank Lamberts

«Recurso de casación – Inadmisibilidad – Responsabilidad extracontractual – Tramitación por el Defensor del Pueblo Europeo de una reclamación relativa a un concurso interno de titularización»

Sumario de la sentencia

1. Recurso de indemnización – Objeto – Pretensión de indemnización de un daño causado por la supuesta tramitación incorrecta de una reclamación por el Defensor del Pueblo Europeo – Admisibilidad – Compatibilidad de la competencia del juez comunitario con la facultad de control del Parlamento – Independencia del Defensor del Pueblo que no resulta cuestionada

(Arts. 195 CE, 235 CE y 288 CE, párr. 2; Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, arts. 3, aps. 7 y 8, y 8)

2. Recurso de indemnización – Autonomía respecto a los recursos de anulación y por omisión – Necesidad de apreciar la legalidad del comportamiento de la institución o del organismo comunitario que causa el daño para determinar la existencia de responsabilidad – Recurso que tiene por objeto la reparación de un daño derivado de la supuesta tramitación incorrecta de una reclamación por el Defensor del Pueblo Europeo – Apreciación de la legalidad del comportamiento del Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones

(Arts. 235 CE y 288 CE, ap. 2)

3. Recurso de casación – Motivos – Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia – No determinación del error de Derecho invocado – Inadmisibilidad

[Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]

4. Defensor del Pueblo Europeo – Obligación general de informar a los reclamantes de los recursos y los plazos de interposición – Inexistencia

(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, art. 2, ap. 5)

5. Defensor del Pueblo Europeo – Búsqueda de una solución conforme al interés particular del ciudadano afectado – Obligación de cooperación con la institución afectada – Facultad de apreciación del Defensor del Pueblo – Decisión por la que se declara la imposibilidad de encontrar una solución satisfactoria para el reclamante – Comportamiento lesivo – Inexistencia

(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, art. 3, ap. 5)

1. Si es verdad que el Defensor del Pueblo dispone de un margen de apreciación muy amplio por lo que respecta al fundamento de las reclamaciones de los ciudadanos que recibe y al curso que conviene darles y que no tiene ninguna obligación de resultado en este ámbito, de manera que el control del juez comunitario debe ser limitado, no puede excluirse la posibilidad de que, en circunstancias ciertamente excepcionales, un ciudadano pueda demostrar que el Defensor del Pueblo ha cometido una violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario en el ejercicio de sus funciones que puede causar un perjuicio al ciudadano afectado. Por tanto, un recurso de indemnización basado en la responsabilidad extracontractual de la Comunidad por la supuesta tramitación incorrecta de una reclamación por el Defensor del Pueblo es admisible.

A este respecto, la facultad de control de que dispone el Parlamento sobre el Defensor del Pueblo no excluye un control judicial de sus actividades. En efecto, por una parte no puede considerarse que la obligación del Defensor del Pueblo de presentar un informe al Parlamento constituya un control del Parlamento sobre el correcto ejercicio de sus funciones en la tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos. Por otra parte, el procedimiento de destitución del Defensor del Pueblo tiene por objeto la apreciación de su actividad globalmente considerada y no el control por el Parlamento del cumplimiento de sus funciones al tramitar la reclamación de un ciudadano. En cualquier caso, las competencias de las que dispone el Parlamento respecto al Defensor del Pueblo no se asemejan a la facultad de control judicial. En consecuencia, el control judicial de la actividad del Defensor del Pueblo no se solapa con el control que ejerce el Parlamento.

Por otro lado, no parece que la posibilidad de que, siempre que se cumplan determinados requisitos, se genere la responsabilidad de la Comunidad a causa de un comportamiento del Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones que sea contrario al Derecho comunitario, pueda poner en entredicho la independencia del Defensor del Pueblo.

(véanse los apartados 43 a 48 y 52)

2. El recurso por responsabilidad es un recurso autónomo, con una función determinada en el marco del sistema de recursos y supeditado a requisitos de ejercicio concebidos en función de su objeto específico. Mientras que los recursos de anulación y por omisión persiguen declarar la ilegalidad o la falta de adopción de un acto jurídicamente vinculante, el recurso por responsabilidad tiene por objeto la solicitud de reparación de un perjuicio causado por un acto o un comportamiento ilícito imputable a una institución o a un órgano comunitario.

A este respecto, dado que uno de los requisitos del derecho a indemnización es la existencia de una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiera derechos a los particulares, en materia de responsabilidad extracontractual de la Comunidad debe examinarse el comportamiento que causa el daño para determinar la existencia de la responsabilidad de una institución u órgano comunitario. De hecho, si un órgano jurisdiccional comunitario no pudiera apreciar la legalidad del comportamiento de una institución u órgano comunitario, el procedimiento previsto en el artículo 235 CE quedaría desprovisto de efecto útil.

Por tanto, más concretamente, en el marco de un recurso basado en la responsabilidad extracontractual de la Comunidad y que tiene por objeto la reparación de un perjuicio supuestamente causado por la forma en que el Defensor del Pueblo tramitó una reclamación, es preciso apreciar la legalidad del comportamiento de éste en el ejercicio de sus funciones.

(véanse los apartados 59 a 62)

3. Debe señalarse que cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal de Primera Instancia, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido. Sin embargo, de los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento de este último se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, sin ni siquiera incluir una argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida, se limite a reproducir los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 75 a 77)

4. Las disposiciones que regulan el ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo Europeo y, más concretamente, el artículo 2, apartado 5, de la Decisión 94/262 sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, no imponen a éste ninguna obligación de informar a quien presenta la reclamación de los demás recursos a su disposición ni de los plazos que debe respetar para interponer los recursos judiciales. Con mayor razón, no está obligado a aconsejar a quien presenta la reclamación que siga una vía de recurso u otra. Aunque el correcto cumplimiento de la misión que el Tratado ha conferido al Defensor del Pueblo pueda verse favorecido si, en su caso, éste informa al ciudadano afectado sobre los recursos que debe interponer para proteger sus intereses, el artículo 2, apartado 5, de la Decisión 94/262 no puede ser interpretado en el sentido de que constituye un derecho para quien presenta la reclamación a que se le indique que debe dirigirse al Tribunal de Primera Instancia para presentar ante él un recurso de anulación contra la decisión de la institución objeto de reclamación.

(véanse los apartados 80 y 81)

5. Por lo que ser refiere a la búsqueda de una solución amistosa en el litigio entre la persona que ha presentado una reclamación ante él y una institución comunitaria, con arreglo al artículo 3, apartado 5, de la Decisión 94/262 sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo está obligado únicamente a cooperar con la institución afectada para buscar una solución que suprima el caso de mala administración y satisfaga a quien ha presentado la reclamación. Para ello, dispone de un margen de apreciación muy amplio. En particular, debe examinar si cabe la posibilidad de buscar una solución que satisfaga a quien ha presentado la reclamación, precisándose en el artículo 6, apartado 3, de las normas de ejecución de dicho Estatuto, que hay ocasiones en que una solución de este tipo no es posible, en cuyo caso el Defensor del Pueblo archivará el asunto mediante decisión motivada. En cualquier caso, no se puede acusar al Defensor del Pueblo de no haber realizado correctamente la misión que se le ha confiado por la sola razón de que llegara a la conclusión de que era imposible encontrar una solución satisfactoria para el Sr. Lamberts. En consecuencia, el Defensor del Pueblo puede concluir en la decisión que ponga fin a una investigación determinada, sin incurrir en un comportamiento lesivo, que no es posible alcanzar una solución amistosa que satisfaga a quien ha presentado la reclamación.

(véase el apartado 82)