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16

En efecto, si el impago total o parcial del precio de venta se produce sin mediar rescisión o anulación del contrato, el comprador sigue estando obligado al pago del precio convenido y el vendedor, aunque ya no es el propietario del bien, sigue disponiendo en principio de su crédito y puede exigir judicialmente su pago. Dado que, no obstante, no cabe excluir que el cobro resulte en definitiva imposible, el legislador de la Unión decidió atribuir a cada Estado miembro la facultad de decidir si la situación de impago del precio de venta, la cual, por sí misma y a diferencia de lo que sucede en el caso de rescisión o anulación del contrato no devuelve a las partes a su situación inicial, da derecho a reducir la base imponible en la cuantía correspondiente en las condiciones fijadas por ese Estado miembro, o si no se admite en esa situación tal reducción (sentencia de 15 de mayo de 2014, Almos Agrárkülkereskedelmi, C‑337/13, EU:C:2014:328, apartado 25).
33

Esta interpretación queda confirmada por las Directrices de la Comisión relativas a la calificación y a la clasificación de los programas informáticos autónomos usados en el sector sanitario dentro del marco normativo de los productos sanitarios («Guidelines on the qualification and classification of stand alone software used in healthcare within the regulatory framework of medical devices», Meddev 2.1/6), que tienen por objeto promover una aplicación uniforme de la Directiva 93/42 dentro de la Unión. En efecto, tales Directrices señalan, tanto en su edición publicada en el mes de enero de 2012 como en la publicada en julio de 2016, que constituyen productos sanitarios los programas informáticos afectados por el fabricante a un uso que persiga alguna de las finalidades enumeradas en el artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 93/42 y que estén destinados a crear o a modificar datos médicos, en particular mediante procesos de cálculo, de cuantificación o incluso de cotejo de los datos registrados con determinadas referencias, con el fin de proporcionar información sobre un paciente concreto. Dichas Directrices añaden que no deben considerarse como productos sanitarios los programas informáticos que no llevan a cabo ninguna acción sobre los datos ni aquellos cuya acción se limita al almacenamiento, el archivo, la comunicación, la compresión de datos sin pérdida o, por último, la simple búsqueda, es decir, en este último caso, programas informáticos que tienen una función de biblioteca digital y permiten encontrar información procedente de metadatos, sin modificarlos ni interpretarlos.
21

La cláusula 36, apartado 1, del Acuerdo de empresa entre Varzim Sol y el Sindicato de profesionales de la banca de casinos y otros, publicado en el Boletim do Trabalho e do Emprego n.o 29 de 2003, con modificaciones y texto consolidado en el Boletim do Trabalho e do Emprego n.o 31 de 2007, dispone lo siguiente: «1. Todos los trabajadores cubiertos por este acuerdo de empresa tienen derecho a dos días de descanso semanal consecutivos. […] 5. En los servicios o secciones que hayan optado o que opten por horarios con períodos de descanso rotativos, éstos habrán de coincidir, periódicamente, como mínimo cada cuatro semanas, con el sábado o el domingo, salvo que se trate de una necesidad urgente, o de otra clase, de la empresa debidamente justificada. […]»
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9 del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y la República de Turquía, que fue firmado, el 12 de septiembre de 1963, en Ankara, por la República de Turquía, por un lado, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra parte, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad por la Decisión n.o 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, L 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18; en lo sucesivo, «Acuerdo CEE-Turquía»), de los artículos 4, 5 y 7 de la Decisión n.o 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía, de 22 de diciembre de 1995, relativa al establecimiento de la fase final de la Unión Aduanera (DO 1996, L 35, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión n.o 1/95 del Consejo de Asociación»), del artículo 3 TFUE, apartado 2, y del artículo 1, apartado 2 y apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (DO 2009, L 300, p. 72).
30

Los Gobiernos polaco y austríaco alegan que los artículos 49 TFUE y 54 TFUE no se aplican a un traslado del domicilio de una sociedad como el controvertido en el litigio principal. Según el Gobierno austríaco, la libertad de establecimiento no puede invocarse cuando el traslado del domicilio no viene motivado por el ejercicio de una actividad económica efectiva mediante una instalación permanente en el Estado miembro de acogida. El Gobierno polaco invoca, en particular, las sentencias de 27 de septiembre de 1988, Daily Mail and General Trust (81/87, EU:C:1988:456), y de 16 de diciembre de 2008, Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723), para justificar la conclusión a la que llega, conforme a la cual un traslado del domicilio de una sociedad, como el controvertido en el litigio principal, no está comprendido en el ámbito de aplicación de los artículos 49 TFUE y 54 TFUE.
70

Resulta oportuno recordar al respecto que el Tribunal de Justicia ha declarado que el principio de tutela judicial efectiva que reafirma el artículo 47 de la Carta no obsta a normativas nacionales que supediten la presentación de recursos judiciales en materia de servicios de comunicaciones electrónicas y consumo a la tramitación previa de procedimientos de conciliación y mediación extrajudicial cuando dichos procedimientos no conduzcan a una decisión vinculante para las partes, no impliquen un retraso sustancial a efectos del ejercicio de la acción judicial, interrumpan la prescripción de los correspondientes derechos y no ocasionen a las partes gastos, u ocasionen gastos escasamente significativos, siempre y cuando la vía electrónica no constituya el único medio de acceder a esos procedimientos y sea posible adoptar medidas provisionales en aquellos supuestos excepcionales en que la urgencia de la situación lo exija (véanse en ese sentido las sentencias de 18 de marzo de 2010, Alassini y otros, C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146, apartado 67, y de 14 de junio de 2017, Menini y Rampanelli, C‑75/16, EU:C:2017:457, apartado 61).
13

El artículo 204 («Requisitos para acogerse al régimen») del mencionado Reglamento establece lo siguiente: «Los requisitos a que se refiere el artículo 203 son los siguientes: a) La persona acreditará a la [Administración Tributaria] que ejerce una o varias actividades consideradas aptas a estos efectos; b) Durante los tres ejercicios fiscales anteriores a su solicitud de autorización: i) no habrá sido condenada por ninguna infracción vinculada al IVA; ii) no habrá procedido a ninguna regularización económica en materia de IVA para evitar la incoación de un expediente de los previstos en el artículo 152 de la Customs and Excise Management Act 1979 [Ley de 1979 sobre aduanas e impuestos especiales] con arreglo al artículo 72, apartado 12, de la [Ley de 1994]; iii) no se le habrá impuesto ninguna sanción al amparo del artículo 60 de la [Ley de 1994]; c) Dicha persona solicitará su autorización mediante la presentación del formulario n.o 14 del anexo 1 del presente Reglamento; y d) Dicha persona acreditará a [la Administración Tributaria] que los importes totales a que se refiere el artículo 209 en relación con las entregas de bienes y prestaciones que vaya a llevar a cabo durante el ejercicio fiscal siguiente a su autorización no superarán en 3000 [libras esterlinas (GBP) (unos 3410 euros)] el importe de IVA soportado que podría deducirse respecto de dicho ejercicio. […]»
1) El artículo 34 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, en relación con el artículo 53 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, debe interpretarse en el sentido de que la Comisión Europea no está obligada a adoptar medidas de emergencia con arreglo a este último artículo cuando un Estado miembro le informa oficialmente, en virtud del artículo 54, apartado 1, de este último Reglamento, de la necesidad de adoptar esas medidas, si no es evidente que un producto autorizado por el Reglamento n.o 1829/2003 o de acuerdo con lo dispuesto en él pueda constituir un riesgo grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente. 2) El artículo 34 del Reglamento n.o 1829/2003, en relación con el artículo 54 del Reglamento n.o 178/2002, debe interpretarse en el sentido de que, tras haber informado oficialmente a la Comisión Europea de la necesidad de recurrir a medidas de emergencia y cuando ésta no haya actuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento n.o 178/2002, un Estado miembro puede, por un lado, adoptar tales medidas a escala nacional y, por otro, mantenerlas o renovarlas, mientras la Comisión no haya adoptado una decisión, en virtud del artículo 54, apartado 2, de este último Reglamento, que imponga su ampliación, modificación o derogación. 3) El artículo 34 del Reglamento n.o 1829/2003, en relación con el principio de cautela tal como se enuncia en el artículo 7 del Reglamento n.o 178/2002, debe interpretarse en el sentido de que no confiere a los Estados miembros la facultad de adoptar, con arreglo al artículo 54 del Reglamento n.o 178/2002, medidas de emergencia provisionales basándose únicamente en dicho principio si no se cumplen los requisitos sustanciales establecidos en el artículo 34 del Reglamento n.o 1829/2003.
55

No obstante, no puede deducirse de las sentencias de 13 de julio de 1989, Tournier (395/87, EU:C:1989:319), y de 13 de julio de 1989, Lucazeau y otros (110/88, 241/88 y 242/88, EU:C:1989:326), que diferencias como las apreciadas en el litigio principal no puedan nunca calificarse de «notables». En efecto, no existe un umbral mínimo a partir del cual una tarifa deba considerarse «notablemente más elevada», dado que las circunstancias propias de cada caso son determinantes a tal efecto. De este modo, una diferencia entre cánones podrá calificarse de «notable» si, vistos los hechos, es significativa y persistente, en lo que atañe, concretamente, al mercado de que se trate, lo que incumbe comprobar al tribunal remitente.
8

Bajo el título «Condiciones de entrada para los nacionales de terceros países», el artículo 5 de dicho código establecía: «1. Para estancias previstas en el territorio de los Estados miembros de una duración que no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, lo que implica tener en cuenta el período de 180 días que precede a cada día de estancia, las condiciones de entrada para los nacionales de terceros países serán las siguientes: a) estar en posesión de un documento de viaje válido que otorgue a su titular el derecho a cruzar la frontera […] […] b) estar en posesión de un visado válido, cuando así lo exija el Reglamento […], salvo que sean titulares de un permiso de residencia válido o de un visado de larga duración válido; c) estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista y disponer de medios de subsistencia suficientes, tanto para el período de estancia previsto como para el regreso al país de origen o el tránsito hacia un tercer país en el que su admisión esté garantizada, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios; d) no estar inscrito como no admisible en el [Sistema de Información de Schengen (SIS)]; e) no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de datos nacionales de ningún Estado miembro por iguales motivos. […] 4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1: a) podrá autorizarse la entrada al territorio de los demás Estados miembros a aquellos nacionales de terceros países que no cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, pero que sean titulares de un permiso de residencia o de un visado de larga duración, al objeto de que puedan llegar al territorio del Estado miembro que haya expedido el permiso de residencia o el visado de larga duración, a no ser que figuren en la lista nacional de personas no admisibles del Estado miembro en cuyas fronteras exteriores se presenten y que la descripción que les afecte esté acompañada de medidas que se opongan a la entrada o al tránsito; b) podrá autorizarse la entrada al territorio de los Estados miembros a aquellos nacionales de terceros países que se presenten en la frontera y cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, excepto la de la letra b), si se les puede expedir un visado en la frontera […] […] c) por motivos humanitarios, de interés nacional o por obligaciones internacionales, todo Estado miembro podrá autorizar la entrada en su territorio a nacionales de terceros países que no cumplan alguna de las condiciones establecidas en el apartado 1. En tales casos, cuando un nacional de un tercer país esté inscrito como no admisible con arreglo al apartado 1, letra d), el Estado miembro que le autorice la entrada en su territorio informará de ello a los demás Estados miembros.»
51

En consecuencia, aunque las operaciones controvertidas en el litigio principal, o algunas de ellas, se refieran a bienes inmuebles en el sentido del artículo 135, apartado 1, letras j) y k), de la Directiva 2006/112, al no haber hecho uso Rumanía, en su normativa, de la facultad —establecida por el artículo 137, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2006/112— de conceder a sus sujetos pasivos el derecho a optar por la tributación de tales operaciones o al no haber solicitado expresamente el Sr. Marcu, conforme al referido artículo 137, la aplicación del IVA a tales operaciones, no concurren los requisitos de aplicación del artículo 199, apartado 1, letra c), de dicha Directiva y, en consecuencia, no puede aplicarse el mecanismo de autoliquidación, tal como está previsto en la propia Directiva.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13, apartado 3, y del artículo 72 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1, y corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), y de los artículos 14 y 16 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 (DO 2009, L 284, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento n.o 465/2012 (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), así como del artículo 34, apartados 1 y 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»).
11

La Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) [(Tribunal de Apelación) (Inglaterra y País de Gales) (Sala de lo Civil), Reino Unido] aplicó esa jurisprudencia al ámbito de las solicitudes de deducción del IVA soportado, pues el Reino Unido había reducido igualmente, de seis años a tres, el plazo de prescripción de tales solicitudes a partir del 1 de mayo de 1997. En el asunto Michael Fleming (t/a Bodycraft)/Commissioners [(2006) EWCA Civ 70], dicho órgano jurisdiccional declaró que, como esa reducción del plazo de prescripción se había operado sin período transitorio, las personas cuyo derecho a la deducción del IVA soportado hubiera nacido antes del 1 de mayo de 1997 debían tener derecho a presentar tal solicitud y ese nuevo plazo no debía aplicárseles. Dicha sentencia de la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) [(Tribunal de Apelación) (Inglaterra y País de Gales) (Sala de lo Civil)] fue confirmada el 23 de enero de 2008 por la House of Lords, en su sentencia Fleming y Condé Nast/Commissioners [(2008) UKHL 2].
6

El artículo 10 de la EStG de 2002, rubricado «Gastos especiales», establece en su apartado 1, punto 1, que son gastos especiales las cargas enumeradas en este precepto cuando no sean gastos de explotación ni gastos profesionales. El artículo 10, apartado 1, puntos 2 y 3, de la EStG de 2002 enumera las cargas que son gastos especiales y es del siguiente tenor: «2. a) Las cotizaciones a los regímenes legales de jubilación o de jubilación agraria y a los regímenes de jubilación profesionales que proporcionan prestaciones equiparables a las de los regímenes legales de jubilación. b) Las cotizaciones del obligado para constituir un régimen de jubilación mediante capitalización cuando el contrato sólo establezca el pago, a partir de los 60 años de edad, de una renta vitalicia mensual durante la vida del obligado, o el seguro complementario por incapacidad laboral (pensión de invalidez), por disminución de la capacidad de trabajo (pensión de invalidez parcial), o a los herederos supervivientes (pensión de supervivencia); […] Los citados derechos no son transmisibles por sucesión, ni transferibles, y no pueden ser objeto de garantía, venta o capitalización, no pudiendo tampoco conferir derecho a indemnización alguna. A las cotizaciones mencionadas en las letras a) y b) debe añadirse la cuota del empresario al régimen legal de jubilación exenta de tributación y un subsidio del empresario exento de tributación que se le asimila. 3. a) Las cotizaciones por desempleo, por incapacidad de obtener ingresos y laboral que no se rigen por lo dispuesto en el punto 2, primera frase, letra b), por enfermedad, tratamiento médico, accidente y responsabilidad civil, así como por riesgos que sólo establecen una prestación en caso de fallecimiento. […]»
22

Con carácter previo, procede, en primer lugar, señalar que el Reglamento n.o 44/2001 fue derogado por el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1). No obstante, este último Reglamento, de conformidad con su artículo 81, únicamente es aplicable desde el 10 de enero de 2015. Por tanto, la petición de decisión prejudicial, que se refiere a una acción judicial iniciada por HanseYachts el 21 de noviembre de 2014, debe examinarse a la luz del Reglamento n.o 44/2001.
39

En primer lugar, por lo que respecta a la estructura general de la Directiva 86/653, su artículo 7, apartado 1, establece que el agente comercial tendrá derecho a la comisión, en particular, cuando la operación se haya concluido gracias a su intervención. No obstante, el artículo 10, apartado 1, de la Directiva precisa que la comisión se devengará «en el momento y en la medida en que» la operación se haya ejecutado o hubiere debido ejecutarse. Ciertamente, no debería extraerse ninguna conclusión del empleo de la locución «en la medida en que», dado que no se emplea en todas las versiones lingüísticas de dicha disposición.
24

El órgano jurisdiccional remitente señala, no obstante, que el recurso contra esa sentencia interpuesto ante el Raad van State (Consejo de Estado) no fue examinado en cuanto al fondo y ni siquiera en cuanto a su admisibilidad, en la medida en que, puesto que no se solicitó la continuación del procedimiento dentro del plazo legal tras la notificación del informe del magistrado instructor, se declaró la existencia de una presunción legal de desistimiento de la instancia por parte del recurrente en el litigio principal. Se suscita entonces la cuestión de si, en tales circunstancias, debe considerarse que dicha sentencia emana de un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia, puesto que el procedimiento de casación no ha dado lugar a una apreciación en cuanto al fondo. En efecto, la solicitud del recurrente en el litigio principal dirigida a que el Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consejo del contencioso de extranjería) planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia se denegó por haber sido formulada en un escrito procesal que, debido a su fecha de presentación, no pudo ser tenido en cuenta.
8

Conforme al artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 218/92 (DO 2003, L 264, p. 1): «Cada Estado miembro mantendrá una base de datos electrónica en la que se incluirá un registro de las personas a las que se haya asignado un número de identificación a efectos del IVA en dicho Estado miembro.»
1)

El examen de las cuestiones de validez planteadas al Tribunal de Justicia no ha mostrado elemento alguno que afecte a la validez del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1395 de la Comisión, de 18 de agosto de 2016, por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y fabricado por Buckinghan Shoe Mfg Co. Ltd, Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd, Win Profile Industries Ltd, y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C‑659/13 y C‑34/14, ni a la del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1647 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2016, por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y fabricado por Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd y su empresa vinculada Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C‑659/13 y C‑34/14.