Asunto C-274/08

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

Reino de Suecia

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2003/54/CE — Artículo 15, apartado 2 — Artículo 23, apartado 2 — Mercado interior de la electricidad — Aprobación previa de las metodologías utilizadas para calcular o determinar las condiciones de conexión y de acceso a las redes nacionales, incluidas las tarifas de transporte y de distribución — Autoridad reguladora nacional»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de octubre de 2009 I ‐ 10649

Sumario de la sentencia

Aproximación de las legislaciones — Medidas destinadas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior de la electricidad — Directiva 2003/54/CE — Organización del acceso a las redes

[Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 23, ap. 2, letra a)]

Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/54, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92, un Estado miembro que al no haber encargado a la autoridad reguladora que fijara o aprobara, antes de su entrada en vigor, como mínimo, las metodologías utilizadas para calcular o establecer las condiciones de conexión y de acceso a las redes nacionales, incluyendo las tarifas de transporte y de distribución, conforme al artículo 23, apartado 2, letra a), de esta Directiva.

Efectivamente, aun cuando la adaptación del Derecho interno a la Directiva o bien la interpretación de lo dispuesto en una Directiva propuesta por un Estado miembro permitan alcanzar o respetar mejor determinadas finalidades perseguidas por la citada Directiva, el referido Estado miembro no puede eludir la aplicación de las disposiciones expresamente previstas por ésta. Ahora bien, para respetar las exigencias de la Directiva 2003/54, un Estado miembro no puede limitarse a aplicar un sistema en el que el control de la metodología utilizada para establecer, en concreto, las tarifas de transporte y de distribución de electricidad se efectúe a posteriori, y ello aun suponiendo que dicho control sea tan eficaz como un mecanismo de control previo, puesto que la Directiva establece expresamente que se utilice un mecanismo de aprobación previa y no confiere a los Estados miembros la posibilidad de aplicar otro. De la propia redacción del artículo 23, apartado 2, letra a), de la citada Directiva, se deduce que, por un lado, las autoridades reguladoras nacionales fijarán o aprobarán, antes de su entrada en vigor, como mínimo, las metodologías utilizadas para calcular o establecer las condiciones de conexión y de acceso a las redes nacionales, incluyendo las tarifas de transporte y de distribución y, por otro lado, que estas tarifas deben permitir que se realicen las inversiones necesarias para garantizar la viabilidad de las redes. Por tanto, la finalidad de la Directiva sólo puede alcanzarse mediante el establecimiento de tarifas concretas o de unos elementos de una metodología de cálculo de las tarifas que alcance un nivel de precisión tal que permita a los operadores económicos estimar sus costes de acceso a las redes de transporte y de distribución.

(véanse los apartados 33, 34, 37, 40 y 43 y el fallo)