La carga de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, recae sobre la autoridad que la alega, la cual deberá aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de dicha infracción. Además, las dudas que pueda albergar el juez deben beneficiar a la empresa destinataria de la decisión que declare la existencia de una infracción, y, de conformidad con el principio de presunción de inocencia, el juez no puede concluir que la Comisión ha acreditado de modo suficiente en Derecho la existencia de la infracción de que se trate si aún alberga dudas sobre esta cuestión, principalmente en el marco de un recurso en el que se solicita la anulación de una decisión por la que se impone una multa. Por lo tanto, es preciso que la Comisión aporte pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción. Sin embargo, no es preciso que cada una de las pruebas aportadas por la Comisión se ajuste necesariamente a estos criterios en relación con cada uno de los componentes de la infracción. Basta con que satisfaga dicho requisito el conjunto de indicios invocado por la institución, valorado globalmente.

La obligación de delimitar el mercado en una decisión adoptada con arreglo al artículo 81 CE se impone a la Comisión exclusivamente cuando, sin dicha delimitación, no es posible determinar si el acuerdo de que se trate puede afectar al comercio entre Estados miembros y tiene por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. En principio, si el propio objeto de un acuerdo es restringir la competencia, no es necesario definir con precisión los mercados geográficos de que se trata, puesto que la competencia real o potencial en los territorios afectados se ha visto restringida necesariamente, constituyan o no dichos territorios mercados en sentido estricto. Para determinar el ámbito geográfico de la infracción, que será tenido en cuenta para evaluar la gravedad de la misma, basta con que la Comisión aprecie el carácter más o menos amplio de la zona geográfica o de los mercados afectados, sin que esté obligada a definir concretamente los mercados de referencia.

Igualmente, el hecho de que las empresas implicadas, según su alegación, no ejecutaran algunos de los acuerdos contrarios a la competencia que se hubieran adoptado no basta para demostrar que tuvieran un comportamiento competitivo en el mercado.

En el ámbito de las multas impuestas por infracciones de las normas de competencia del Derecho de la Unión, el carácter disuasorio de dichas multas constituye uno de los elementos que ha de tomarse en consideración a la hora de calcular su importe. En efecto, las multas impuestas por infracciones del artículo 81 CE, conforme a lo previsto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, tienen por objeto castigar los comportamientos ilícitos de las empresas incriminadas y disuadir tanto a éstas como a otros operadores económicos de infringir, en el futuro, las normas de la Unión sobre competencia. Sin embargo, la Comisión no está obligada, al calcular el importe de las multas en función de la gravedad y la duración de la infracción de que se trate, a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas a las empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global o a su volumen de negocios pertinente.

Ni el Reglamento no 1/2003 ni las Directrices para el cálculo de las multas en aplicación del apartado 2, letra a), del artículo 23 del Reglamento no 1/2003 prevén un plazo de prescripción máximo transcurrido el cual la reincidencia no pueda tenerse en cuenta, y la inexistencia de ese plazo no vulnera el principio de seguridad jurídica.

Sin embargo, el principio de proporcionalidad exige que se tenga en cuenta el tiempo transcurrido entre la infracción de que se trata y un incumplimiento anterior de las normas sobre la competencia para apreciar la tendencia de la empresa a infringir esas normas. En el marco del control judicial ejercido sobre los actos de la Comisión en materia de Derecho de la competencia, corresponde, por lo tanto, al juez comprobar si la Comisión ha respetado dicho principio al incrementar por reincidencia la multa impuesta y, en particular, si debía aplicarse tal incremento en vista del tiempo transcurrido entre la infracción de que se trate y el incumplimiento anterior de las normas sobre la competencia.

Cuando han transcurrido más de quince años antes del inicio de la segunda infracción de las empresas de que se trata y no se ha demostrado que exista continuidad entre la primera y la segunda infracción, tal período de tiempo no permite confirmar la tendencia de dichas empresas a infringir las normas sobre la competencia. Por consiguiente, la Comisión no violó el principio de no discriminación al considerar que el tiempo transcurrido entre ambas infracciones era suficientemente largo como para no incrementar por reincidencia la multa impuesta.

(véanse los apartados 121 a 123)