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2)

Los artículos 4 y 6 del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003, en relación con el artículo 39, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional según la cual un mismo requisito puede a la vez constituir un requisito mínimo en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales y un requisito que vaya más allá de esos requisitos mínimos, a saber, un requisito para la concesión de ayudas agroambientales.
1)

Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, y de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, al no haber transpuesto correctamente: — el artículo 9, apartado 1, letra a), tanto de la Directiva 2009/72 como de la Directiva 2009/73; — el artículo 37, apartado 4, letras a) y b), de la Directiva 2009/72 y el artículo 41, apartado 4, letras a) y b), de la Directiva 2009/73, así como — el artículo 37, apartados 6, letras a) a c), y 9, de la Directiva 2009/72, y el artículo 41, apartados 6, letras a) a c), y 9, de la Directiva 2009/73.
1)

El artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/82 de la Comisión, de 21 de enero de 2015, por el que se impone un derecho antidumping definitivo a las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China, tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo y de unas reconsideraciones provisionales parciales de tales importaciones, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que no cabe eximir las importaciones de mercancías del derecho antidumping establecido en el artículo 1 de dicho Reglamento de Ejecución cuando la factura de compromiso necesaria para obtener esa exención no hace referencia, en la declaración contemplada en el punto 9 de la enumeración que figura en el anexo del referido Reglamento de Ejecución, a la Decisión de Ejecución (UE) 2015/87 de la Comisión, de 21 de enero de 2015, por la que se aceptan los compromisos ofrecidos en relación con un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China, sino a la Decisión 2008/899/CE de la Comisión, de 2 de diciembre de 2008, por la que se aceptan los compromisos ofrecidos en relación con un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China.
2)

La Directiva 77/388, en particular su artículo 2, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que el permiso de explotación de una cantera concedido unilateralmente por una Administración de un Estado miembro no constituye la contraprestación obtenida por un sujeto pasivo que ha realizado, sin contraprestación en dinero, obras de ampliación de una carretera perteneciente a un municipio, de manera que dichas obras de ampliación no constituyen una operación efectuada a título oneroso, en el sentido de dicha Directiva.
C 297/16

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 16 de julio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) — MH, NI / OJ, Novo Banco, S. A.

(Asunto C-253/19) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Procedimientos de insolvencia - Reglamento (UE) 2015/848 - Artículo 3 - Competencia internacional - Centro de intereses principales del deudor - Particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente - Presunción refutable de que el centro de intereses principales de esa persona es su residencia habitual - Destrucción de la presunción - Situación en la que el único bien inmueble del deudor está situado fuera del Estado miembro en el que reside habitualmente)

(2020/C 297/21)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal da Relação de Guimarães

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: MH, NI

Demandadas: OJ, Novo Banco, S. A.

Fallo

El artículo 3, apartado 1, párrafos primero y cuarto, del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que la presunción que establece para determinar la competencia internacional a efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia —según la cual el centro de intereses principales de un particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente es su residencia habitual— no se destruye por el mero hecho de que el único bien inmueble de esa persona esté situado fuera del Estado miembro en el que reside habitualmente.

(1) DO C 206 de 17.6.2019.
2)

El artículo 47 de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por la Directiva 2008/8, y el artículo 31 bis del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, deben interpretarse en el sentido de que los servicios de alojamiento en un centro de datos en cuyo marco el prestador de esos servicios pone a disposición de sus clientes armarios rack para que instalen sus servidores en ellos y les suministra bienes y servicios accesorios, como la electricidad y diversos servicios destinados a garantizar la utilización de esos servidores en condiciones óptimas, no constituyen servicios vinculados a bienes inmuebles, en el sentido de esas disposiciones, cuando esos clientes no gozan, extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente, de un derecho de uso exclusivo de la parte del inmueble en el que están instalados los armarios rack.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 9 de septiembre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Austria) — FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP / Übernahmekommission

(Asunto C-546/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Derecho de sociedades - Ofertas públicas de adquisición - Directiva 2004/25/CE - Artículo 5 - Oferta obligatoria - Artículo 4 - Autoridad supervisora - Resolución firme por la que se declara un incumplimiento de la obligación de presentar una oferta pública de adquisición - Efectos vinculantes de esta resolución en el marco de un procedimiento administrativo sancionador posterior incoado por la misma Autoridad - Principio de efectividad del Derecho de la Unión - Principios generales del Derecho de la Unión - Derecho de defensa - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 47 y 48 - Derecho a guardar silencio - Presunción de inocencia - Acceso a un tribunal independiente e imparcial)

(2021/C 462/03)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Recurrida: Übernahmekommission

Fallo

Los artículos 4 y 17 de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición, en su versión modificada por la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, a la luz del derecho de defensa garantizado por el Derecho de la Unión, en particular del derecho a ser oído, así como de los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una práctica de un Estado miembro conforme a la cual una resolución firme por la que se declara que se ha cometido una infracción de esta Directiva tiene efectos vinculantes en un procedimiento posterior dirigido a imponer una sanción administrativa de carácter penal por infracción de las disposiciones de dicha Directiva, por cuanto las partes objeto de este procedimiento no pudieron, en el procedimiento anterior dirigido a declarar tal infracción, ejercer plenamente el derecho de defensa, en particular el derecho a ser oído, ni acogerse al derecho a guardar silencio, ni gozar de la presunción de inocencia respecto de los hechos que se utilizarán posteriormente en apoyo de la acusación, o no pueden disfrutar del derecho a la tutela judicial efectiva frente a tal resolución ante un tribunal competente para resolver tanto las cuestiones de hecho como las de Derecho.

(1) DO C 427 de 26.11.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 24 de septiembre de 2020 — Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl / Comisión Europea, The Goldman Sachs Group, Inc., Pirelli & C. SpA

(Asunto C-601/18 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Mercado europeo de los cables de energía subterráneos y submarinos - Reparto del mercado en el marco de proyectos - Infracción única y continuada - Sucesión de entidades jurídicas - Imputabilidad del comportamiento infractor - Principio de igualdad de trato - Desnaturalización de pruebas - Reglamento (CE) n.o 1/2003 - Artículo 20 - Facultades de inspección de la Comisión Europea en procedimientos por prácticas colusorias - Facultad de copiar los datos sin examinarlos previamente y de examinarlos a continuación en las oficinas de la Comisión - Multas)

(2020/C 399/09)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl (representantes: inicialmente C. Tesauro y L. Armati, avvocati, posteriormente C. Firth y C. Griesenbach, Solicitors)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: F. Castilla Contreras, C. Sjödin, T. Vecchi y P. Rossi, agentes), The Goldman Sachs Group Inc. (representantes: J. Koponen, advokat y A. Mangiaracina, avvocatessa), Pirelli & C. SpA, (representantes: G. Rizza y M. Siragusa, avvocati)

Fallo

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar a Prysmian SpA y Prysmian Cavi e Sistemi Srl a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3) Pirelli & C. SpA cargará con sus propias costas.

(1) DO C 427 de 26.11.2018.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de julio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep — Países Bajos) — AFMB Ltd y otros / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Asunto C-610/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Trabajadores migrantes - Seguridad Social - Legislación aplicable - Reglamento (CEE) n.o 1408/71 - Artículo 14, punto 2, letra a) - Concepto de «persona que forma parte del personal itinerante de una empresa» - Reglamento (CE) n.o 883/2004 - Artículo 13, apartado 1, letra b) - Concepto de «empleador» - Conductores de vehículos de transporte por carretera que ejercen normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros o Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) - Conductores de vehículos de transporte por carretera que han celebrado un contrato de trabajo con una empresa pero que están sometidos al poder de dirección efectivo de otra empresa establecida en el Estado miembro de residencia de los conductores - Determinación de la empresa que tiene la condición de «empleador»)

(2020/C 297/09)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Centrale Raad van Beroep

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: AFMB Ltd y otros

Demandada: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Fallo

El artículo 14, punto 2, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, y modificado por el Reglamento (CE) n.o 631/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, y el artículo 13, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, deben interpretarse en el sentido de que el empleador de un conductor de vehículos de transporte internacional por carretera, a efectos de estas disposiciones, es la empresa que ejerce el poder de dirección efectivo sobre dicho conductor, por cuya cuenta corren de hecho los correspondientes costes salariales y que dispone de la facultad efectiva para despedirlo, y no la empresa con la que el conductor ha celebrado un contrato de trabajo y que figura formalmente en ese contrato como empleador del conductor.

(1) DO C 455 de 17.12.2018.
2)

Anular la Decisión C(2015) 4805 final de la Comisión, de 15 de julio de 2015, relativa a la ayuda estatal SA. 41187 (2015/NN) — Hungría — Contribución sanitaria de las empresas del sector del tabaco, y la Decisión C(2015) 4808 final de la Comisión, de 15 de julio de 2015, relativa a la ayuda estatal SA. 40018 (2015/C) (ex 2014/NN) — Modificación de 2014 de la tasa de inspección de la cadena alimentaria en Hungría, en la medida en que ordenan la suspensión de la aplicación del tipo impositivo progresivo, respectivamente, de la contribución sanitaria y de la tasa de inspección de la cadena alimentaria, tal como resultan de la Ley n.o XCIV de 2014 sobre la contribución sanitaria de las empresas del sector del tabaco y de la modificación de 2014 de la Ley n.o XLVI de 2008 sobre la cadena alimentaria y su supervisión oficial.
—

no ha comparecido en una de esas vistas por una razón ajena a su voluntad si, una vez celebrada dicha vista, ha sido informada de los actos realizados en su ausencia y, con conocimiento de causa, ha tomado una decisión, declarando o bien que no invocaría su ausencia para impugnar la legalidad de tales actos, o bien que deseaba participar en tales actos, lo que ha llevado al órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto a repetirlos, procediendo, en particular, a practicar un segundo interrogatorio de un testigo, interrogatorio en el que el acusado ha tenido la posibilidad de participar plenamente.
1)

Los artículos 2 y 6 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una medida que concede a los funcionarios y jueces, para garantizarles una retribución adecuada, una retribución complementaria por importe de un porcentaje del sueldo base que percibían anteriormente en virtud, en particular, de un escalón de sueldo base que se había determinado en el momento del respectivo nombramiento, dentro de cada grado, en función de la edad, siempre que dicha medida responda a la necesidad de garantizar la protección de los derechos adquiridos en un contexto caracterizado, en particular, tanto por el gran número de funcionarios y jueces afectados como por la inexistencia de un sistema de referencia válido, y no dé lugar a la perpetuación de una diferencia de trato por razón de la edad.
1)

La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que las partes de una operación cuyo objeto sea la transmisión de la propiedad de inmuebles acuerden una cláusula por la que el futuro comprador soporte la totalidad o una parte de los gastos relativos a las formalidades administrativas relacionadas con dicha operación, en particular los referidos a la inmatriculación registral de los inmuebles. Sin embargo, la mera existencia de tal cláusula en una promesa sinalagmática de venta de inmueble no es determinante a la hora de saber si el futuro comprador tiene derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido que grava el pago de los gastos derivados de la inmatriculación registral de los inmuebles en cuestión.
2)

El artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que los frutos de una variedad vegetal no utilizables como material de propagación no pueden considerarse obtenidos «mediante el empleo no autorizado de componentes» de dicha variedad vegetal, según los términos de esa disposición, cuando un vivero haya multiplicado y vendido dichos componentes de la variedad a un agricultor en el período comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a esa variedad vegetal y la concesión de dicha protección. En el caso de que, tras la concesión de esa protección, dichos componentes de la variedad hayan sido multiplicados y vendidos sin el consentimiento del titular de dicha protección, este último puede invocar los derechos que le confiere el artículo 13, apartado 2, letra a), y apartado 3, de este Reglamento en lo que respecta a tales frutos, siempre y cuando ese titular no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre esos mismos componentes de la variedad.
1)

Los artículos 146, apartado 1, letras a) y b), y 131 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, así como los principios de neutralidad fiscal y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una práctica nacional, como la controvertida en el litigio principal, que consiste en considerar, en todos los casos, que no existe entrega de bienes, en el sentido de dicha disposición, y en negarse a reconocer el derecho a la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) cuando los bienes de que se trate hayan sido exportados fuera de la Unión Europea y, tras su exportación, las autoridades fiscales hayan comprobado que el adquirente de los bienes no era la persona mencionada en la factura emitida por el sujeto pasivo, sino otra entidad que no ha sido identificada. En tales circunstancias, debe denegarse el derecho a la exención del IVA prevista en el artículo 146, apartado 1, letras a) y b), de dicha Directiva si la falta de identificación del adquirente real impide demostrar que la operación de que se trate constituye una entrega de bienes en el sentido de dicha disposición, o si se demuestra que el sujeto pasivo sabía o debía haber sabido que la operación estaba relacionada con un fraude cometido contra el sistema común del IVA.
3)

El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que el canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica controvertido en los litigios principales no recaiga, por una parte, sobre los productores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas hidrográficas situadas en el territorio de una única comunidad autónoma y, por otra parte, sobre los productores de energía eléctrica procedente de fuentes diferentes de la hidráulica no constituye una ayuda de Estado en el sentido de esta disposición en favor de esos productores, ya que estos últimos no se encuentran, habida cuenta del marco de referencia pertinente y del objetivo perseguido por el canon, en una situación comparable a la de los productores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas hidrográficas situadas en el territorio de más de una comunidad autónoma sujetos a dicho canon, extremo este que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 5 de septiembre de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — procedimiento penal contra AH, PB, CX, KM, PH

(Asunto C-377/18) (1)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia penal - Directiva (UE) 2016/343 - Artículo 4, apartado 1 - Presunción de inocencia - Referencias públicas a la culpabilidad - Acuerdo celebrado entre el fiscal y el autor de una infracción - Jurisprudencia nacional que prevé la identificación de los acusados que no hayan celebrado tal acuerdo - Carta de los Derechos Fundamentales - Artículo 48)

(2019/C 383/29)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Spetsializiran nakazatelen sad

Partes en el procedimiento penal principal

AH, PB, CX, KM, PH

Fallo

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un acuerdo en el que la persona acusada reconoce su culpabilidad a cambio de una reducción de la pena, que debe ser aprobado por un órgano jurisdiccional nacional, mencione expresamente como coautores de la infracción penal en cuestión, no solamente a esta persona, sino también a otras personas acusadas, que no han reconocido su culpabilidad y que están acusadas en un procedimiento penal distinto, siempre que, por una parte, esta mención sea necesaria para la calificación de la responsabilidad jurídica de la persona que ha celebrado dicho acuerdo y, por otra parte, ese mismo acuerdo indique claramente que estas otras personas están acusadas en un procedimiento penal distinto y que su culpabilidad aún no ha sido declarada legalmente.

(1) DO C 294 de 20.8.2018.