Palabras clave

Índice



Palabras clave

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1. Funcionarios ° Invalidez ° Comisión de invalidez ° Control jurisdiccional ° Alcance ° Límites

(Estatuto de los Funcionarios, art. 78)

2. Funcionario ° Invalidez ° Comisión de invalidez ° Consideración de los informes médicos anteriores ° Facultad de apreciación de la comisión de invalidez

(Estatuto de los Funcionarios, art. 78)

3. Funcionarios ° Invalidez ° Verificación del origen profesional de la invalidez ° No comunicación al funcionario del resultado de los exámenes médicos previstos en el Estatuto ° Prueba del origen profesional de la invalidez o de su agravación ° Inexistencia

(Estatuto de los Funcionarios, art. 78, pár. 2)

4. Procedimiento ° Invocación de motivos nuevos en el curso del proceso ° Requisitos ° Aplicación al procedimiento tras la devolución derivada de un recurso de casación

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 48, ap. 2, y 120)

5. Funcionarios ° Invalidez ° Comisión de invalidez ° Origen profesional de la invalidez ° Necesidad de una demostración clara y precisa

(Estatuto de los Funcionarios, art. 78, pár. 2; Anexo VIII, art. 13)

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1. Si bien el control jurisdiccional no puede extenderse a las apreciaciones médicas propiamente dichas formuladas por una comisión de invalidez, el Tribunal de Primera Instancia es, sin embargo, competente para examinar si el dictamen de dicha comisión contiene una motivación que permite apreciar las consideraciones en las que se basan las conclusiones que formula.

La impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia de las conclusiones regulares de una comisión de invalidez presupone que se tome en consideración un elemento nuevo. Este elemento nuevo no puede consistir en la presentación por parte del interesado de certificados médicos que cuestionan las conclusiones de la comisión de invalidez, pero que no aportan ninguna razón que permita considerar que dicha comisión no tuvo conocimiento de los elementos principales de su historial médico.

2. Corresponde a la comisión de invalidez decidir en qué medida hay que tomar en consideración los informes médicos elaborados previamente.

El hecho de que las conclusiones de la comisión de invalidez sean contrarias a un dictamen médico anterior no basta, por sí solo, para cuestionar la regularidad de las conclusiones de dicha comisión.

3. La mera afirmación por parte del interesado de que no se le informó de los resultados de los exámenes médicos a que se sometió antes o después de su entrada en funciones, no puede aportar la prueba de la existencia de una relación de causalidad entre la enfermedad profesional, o su agravamiento, y las funciones desempeñadas por un funcionario al servicio de las Comunidades, tal y como el párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto la exige, ni siquiera cuando se demuestre la exactitud de dicha afirmación y de la interpretación que el funcionario da de dichos exámenes. La cuestión de si puede generarse la responsabilidad de la administración por no comunicar al interesado las informaciones recabadas con ocasión de los exámenes médicos previstos por el Estatuto es totalmente distinta.

4. A tenor del apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, aplicable igualmente, con arreglo al artículo 120 del mismo Reglamento de Procedimiento, al procedimiento posterior a la devolución, no podrán invocarse motivos nuevos en el curso del proceso a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

A este respecto, son admisibles, aunque se presenten por primera vez en el marco del procedimiento posterior a la devolución, un motivo relativo a declaraciones de hecho efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia anulada, un motivo basado en parte en observaciones formuladas por el Tribunal de Justicia en su sentencia de casación y que constituye, por lo demás, una formulación nueva de uno de los argumentos expuestos por el demandante desde el inicio del procedimiento, así como un motivo relativo a elementos de hecho de que el demandante no haya tenido conocimiento en el momento de la interposición del recurso.

5. La existencia de una enfermedad profesional como causa de la invalidez de un funcionario, en el sentido del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, debe deducirse, de manera clara y precisa, de las conclusiones de la Comisión de invalidez prevista por el artículo 13 del Anexo VIII del Estatuto.

Este no es manifiestamente el caso cuando dichas conclusiones califican de poco probable la relación de causalidad entre la enfermedad que haya provocado la invalidez del funcionario y las funciones desempeñadas por éste.