Asuntos acumulados T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02

Bolloré SA y otros

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del papel autocopiativo — Directrices para el cálculo del importe de las multas — Duración de la infracción — Gravedad de la infracción — Incremento a efectos disuasorios — Circunstancias agravantes — Circunstancias atenuantes — Comunicación sobre la cooperación»

Sumario de la sentencia

1. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Acceso al expediente

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo)

2. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción — Exclusión de las pruebas no comunicadas a la empresa destinataria

(Art. 81 CE, ap. 1)

3. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción — Decisión no idéntica al pliego de cargos — Violación del derecho de defensa — Requisito

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo)

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Inaplicabilidad del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos — Aplicabilidad de los principios generales del Derecho comunitario

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 2)

5. Actos de las instituciones — Actos adoptados en ejercicio de una facultad de apreciación — Observancia de las garantías otorgadas al administrado

6. Competencia — Normas comunitarias — Infracción cometida por una filial — Imputación a la sociedad matriz — Requisitos

(Art. 81 CE, ap. 1)

7. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción — Utilización, como medios probatorios, de declaraciones de otras empresas que hayan participado en la infracción

(Art. 81 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11)

8. Competencia — Prácticas colusorias — Participación de una empresa en iniciativas contrarias a la competencia

(Art. 81 CE, ap. 1)

9. Competencia — Prácticas colusorias — Imputación a una empresa

(Art. 81 CE, ap. 1)

10. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de infracción — Pruebas que deben reunirse

(Art. 81 CE, ap. 1)

11. Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Concepto

(Art. 81 CE, ap. 1)

12. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Multas — Determinación — Criterios — Elevación del nivel general de las multas

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

13. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo)

14. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario

(Arts. 81 CE, ap. 1, y 229 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 17 y 19, ap. 1)

15. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Acuerdos y prácticas concertadas que pueden considerarse constitutivos de una infracción única

(Art. 81 CE, ap. 1)

16. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción

(Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

17. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Repercusiones concretas en el mercado

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

18. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

19. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

20. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

21. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

22. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicaciones de la Comisión 96/C 207/04 y 98/C 9/03)

23. Competencia — Multas — Importe — Determinación

(Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)

24. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 2)

25. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3)

26. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

27. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3, tercer guión)

28. Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de la cooperación de la empresa inculpada

(Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)

29. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación de la empresa imputada

(Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 11, aps. 4 y 5, y 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección D, punto 2)

30. Procedimiento — Diligencias de prueba — Solicitud de presentación de documentos

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 65 y 66, ap. 1)

1. En un procedimiento de aplicación de las normas comunitarias sobre la competencia, para permitir a las empresas afectadas defenderse oportunamente de las imputaciones formuladas en su contra en el pliego de cargos, la Comisión está obligada a ponerles de manifiesto el contenido íntegro del expediente de la instrucción, con excepción de los documentos que contengan secretos comerciales de otras empresas u otras informaciones confidenciales y de los documentos internos de la Comisión.

Además, el derecho de las empresas y asociaciones de empresas a la protección de sus secretos comerciales no es menos importante que la garantía del derecho de acceso a la totalidad del expediente.

Por lo tanto, si la Comisión considera que ciertos documentos del expediente de instrucción contienen secretos comerciales u otras informaciones confidenciales, debe preparar versiones no confidenciales de dichos documentos o hacer que las preparen las empresas o asociaciones de empresas de las que proceden los documentos. Si resulta difícil preparar versiones no confidenciales de todos los documentos, la Comisión deberá remitir a las partes afectadas una lista suficientemente precisa de los documentos que plantean problemas, con objeto de que las partes puedan valorar la conveniencia de solicitar acceso a documentos específicos.

(véanse los apartados 45 y 46)

2. Dado que los documentos no comunicados a las partes afectadas durante el procedimiento administrativo no constituyen medios de prueba que puedan oponérseles, si se comprueba que, en la decisión final, la Comisión se basó en documentos que no figuraban en el expediente de la instrucción ni fueron comunicados a las demandantes, habrá que prescindir de dichos documentos como medios de prueba.

De ello se deduce que, si en un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la Comisión se propone basarse en un pasaje de una respuesta a un pliego de cargos o en un documento adjuntado como anexo a dicha respuesta para acreditar la existencia de una infracción, es preciso ofrecer a las demás partes implicadas en dicho procedimiento la oportunidad de pronunciarse sobre ese medio de prueba.

(véanse los apartados 56 y 57)

3. El pliego de cargos debe contener una exposición de éstos redactada en términos suficientemente claros, aunque sean resumidos, como para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que les imputa la Comisión. En efecto, sólo si cumple este requisito puede el pliego de cargos desempeñar la función que le atribuyen los reglamentos comunitarios y que consiste en facilitar a las empresas todos los datos necesarios para que puedan defenderse oportunamente, antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva.

No se cumple este requisito cuando una decisión imputa una responsabilidad en la infracción a una sociedad matriz debido, por una parte, a la participación en el cártel de su filial y, por otra parte, a su implicación directa en las actividades del cártel, mientras que el pliego de cargos no permitió que la sociedad matriz conociera la imputación relativa a su implicación directa en la infracción, y ni siquiera los hechos finalmente invocados en la Decisión en apoyo de dicha imputación.

Sin embargo, aunque la decisión de la Comisión contenga nuevas alegaciones de hecho o de Derecho sobre las que no se hayan pronunciado las empresas implicadas, dicho vicio sólo implicará la anulación de la decisión a este respecto en el caso de que las alegaciones de que se trate no puedan acreditarse de modo jurídicamente suficiente mediante otras pruebas recogidas en la decisión y sobre las cuales las empresas implicadas hayan tenido la oportunidad de defender su punto de vista.

Por lo demás, en la medida en que determinados motivos de la decisión puedan, por sí mismos, justificarla de modo suficiente en Derecho, los vicios de los que pudieran adolecer otros motivos de dicho acto carecen de influencia sobre su parte dispositiva.

(véanse los apartados 67, 71, 77 y 79 a 81)

4. Aunque la Comisión no es un tribunal a efectos del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y las multas impuestas por la Comisión no tienen carácter penal, sigue siendo cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho comunitario en el procedimiento administrativo.

Sin embargo, por una parte, aunque la Comisión puede tomar declaración a las personas físicas o jurídicas cuando lo estime oportuno, dicha institución carece del derecho de citar a testigos de cargo sin haber obtenido su consentimiento y, por otra parte, el hecho de que las disposiciones del Derecho comunitario de la competencia no impongan a la Comisión la obligación de citar a los testigos de descargo cuyo testimonio se solicita no vulnera tales principios.

(véanse los apartados 86 y 87)

5. En los casos en que las instituciones comunitarias disponen de una facultad de apreciación para poder cumplir sus funciones, la observancia de las garantías otorgadas por el ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos reviste una importancia aún más fundamental. Entre estas garantías figura, en particular, la obligación de la institución competente de examinar, detenidamente y con imparcialidad, todas las circunstancias pertinentes del asunto de que se trate.

(véase el apartado 92)

6. La circunstancia de que la filial tenga personalidad jurídica separada no basta para excluir que su comportamiento se impute a la sociedad matriz, en particular cuando la filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz.

A este respecto, la posesión de la totalidad del capital de la filial, pese a constituir un fuerte indicio de que la sociedad matriz dispone de capacidad para influir decisivamente en el comportamiento de su filial en el mercado, no basta por sí solo para permitir imputar a la matriz la responsabilidad del comportamiento de la filial. Junto al porcentaje de participación sigue siendo necesario un elemento adicional, que puede no obstante consistir en indicios. No es imprescindible que dicho elemento adicional sea una prueba de que la matriz impartió efectivamente a su filial instrucciones de participar en comportamientos contrarios a la competencia.

(véanse los apartados 131 y 132)

7. La declaración de una empresa acusada de haber participado en una práctica colusoria cuya exactitud niegan varias de las demás empresas acusadas no puede considerarse una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas.

Por otra parte, las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en principio, pruebas especialmente fiables.

(véanse los apartados 166 y 167)

8. Basta con que la Comisión demuestre que la empresa de que se trate ha participado en reuniones en las que se han concluido acuerdos contrarios a la competencia sin haberse opuesto expresamente a ellos para probar de modo jurídicamente suficiente la participación de dicha empresa en el cártel. Cuando la participación en tales reuniones ha quedado acreditada, incumbe a esta empresa aportar indicios apropiados para demostrar que su participación en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con intenciones diferentes de las suyas.

La razón subyacente de este principio jurídico consiste en que, al haber participado en la reunión sin distanciarse públicamente de su contenido, la empresa dio a entender a los demás participantes que suscribía su resultado y que lo respetaría.

Además, el hecho de que una empresa no aplique los resultados de una reunión cuyo objeto es contrario a la competencia no puede eliminar su responsabilidad por haber participado en un cártel, a menos que se distancie públicamente de su contenido.

Cuando este sistema de reuniones forma parte de una serie de esfuerzos de las empresas implicadas con un único objetivo económico, a saber, falsear la evolución normal de los precios en el mercado afectado, resultaría artificioso subdividir dicho comportamiento, caracterizado por una única finalidad, para ver en él varias infracciones distintas.

(véanse los apartados 188, 189, 196, 312, 360 y 424)

9. Una empresa que haya participado en una infracción multiforme de las normas comunitarias sobre la competencia mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, y que pretenden contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción, cuando se demuestre que la empresa de que se trata conocía los comportamientos ilícitos de los demás participantes o podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo.

La mera identidad de objeto entre el acuerdo en que ha participado una empresa y un cártel global no basta para imputar a dicha empresa la participación en el cártel global. En efecto, la participación de la empresa en el acuerdo de que se trate únicamente puede expresar su adhesión al cártel global en el caso de que, al participar en dicho acuerdo, la empresa supiera o hubiera debido saber que con dicho comportamiento se unía al cártel global.

(véanse los apartados 207, 209 y 236)

10. En lo que respecta a la aportación de la prueba de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, incumbe a la Comisión probar las infracciones que descubra y aportar las pruebas que acrediten de modo jurídicamente suficiente la existencia de los hechos constitutivos de la infracción.

Es necesario que la Comisión aporte pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción. Sin embargo, no es preciso que cada una de las pruebas aportadas por la Comisión se ajuste necesariamente a estos criterios en relación con cada uno de los componentes de la infracción, sino que basta con que satisfaga dicho requisito el conjunto de indicios invocado por la institución, valorado globalmente.

(véanse los apartados 256 a 258)

11. La exigencia de autonomía en lo que respecta a la política seguida por cada empresa, que es inherente a las disposiciones del Tratado relativas a la competencia, se opone rigurosamente a toda toma de contacto directo o indirecto entre empresas que pueda, bien influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real o potencial, bien desvelar a dicho competidor el comportamiento que se haya decidido o se pretenda seguir en el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto o por objeto alcanzar unas condiciones de competencia que no sean las condiciones normales del mercado de que se trate. A este respecto procede presumir, salvo prueba en contrario que corresponde aportar a las empresas interesadas, que las empresas que participan en la concertación y siguen actuando en el mercado toman en consideración la información intercambiada con sus competidores a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado.

(véase el apartado 291)

12. El hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de competencia.

La aplicación eficaz de las normas comunitarias sobre la competencia exige, en efecto, que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política.

Las empresas implicadas en un procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una multa no pueden invocar una confianza legítima en el hecho de que la Comisión no sobrepasará el nivel de las multas que aplicaba con anterioridad.

(véanse los apartados 376 y 377)

13. Una vez que ha indicado los elementos de hecho y de Derecho en que se basará para calcular el importe de las multas, la Comisión no está obligada a precisar en el pliego de cargos el peso que atribuirá a cada uno de estos elementos a la hora de determinar el nivel de las multas. En efecto, facilitar indicaciones sobre el nivel de las multas previstas antes de que las empresas hayan podido presentar sus observaciones sobre los cargos existentes contra ellas equivaldría a anticipar de una manera inadecuada la decisión de la Comisión.

Por consiguiente, la Comisión tampoco está obligada a comunicar a las empresas afectadas, mientras se desarrolla el procedimiento administrativo, su intención de aplicar un nuevo método de cálculo de las multas.

(véanse los apartados 392 y 403)

14. Desde el momento en que la Comisión indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas. Al actuar así, les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa.

De ello se deduce que, en lo que respecta a la determinación del importe de las multas por infracción de las normas sobre la competencia, el derecho de defensa de las empresas afectadas queda garantizado ante la Comisión a través de la posibilidad de formular observaciones sobre la duración, la gravedad y el carácter contrario a la competencia de los hechos que se les reprochan. Por otra parte, existe una garantía adicional para las empresas en lo que se refiere a la fijación del importe de las multas, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia resuelve con competencia jurisdiccional plena y puede suprimir o reducir la multa, en virtud del artículo 17 del Reglamento nº 17.

(véanse los apartados 397 y 398)

15. Aunque el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria no es pertinente para acreditar la existencia de infracción, este hecho debe tomarse en consideración al valorar la gravedad de la infracción y, en su caso, al determinar el importe de la multa.

(véase el apartado 429)

16. A la hora de determinar el importe de las multas por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la apreciación de la gravedad de la infracción debe efectuarse tomando en consideración, en particular, la naturaleza de las restricciones ocasionadas a la competencia.

Las infracciones que consisten en fijar los precios y en repartirse los mercados deben considerarse especialmente graves, en la medida en que implican una intervención directa en los parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que se trate.

Sin embargo, la calificación de infracción muy grave no está supeditada a la existencia de una compartimentación de los mercados. Por el contrario, se presume que las prácticas colusorias horizontales sobre cárteles de precios o cuotas de reparto de mercados menoscaban el correcto funcionamiento del mercado interior, y dicha calificación puede aplicarse también a otras prácticas capaces de producir tal efecto.

En efecto, ni de la jurisprudencia ni de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA se deduce que la calificación de infracción muy grave requiera la acumulación de varias de estas prácticas. Una práctica colusoria horizontal sobre los precios puede constituir por sí sola una infracción muy grave, si pone en peligro el buen funcionamiento del mercado.

Además, ni de la jurisprudencia ni de las Directrices se deduce que la práctica colusoria deba tener una estructura institucional específica para ser calificada de infracción muy grave.

(véanse los apartados 434 a 437 y 441)

17. Según las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, al evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado. En las Directrices no se establece, pues, una conexión directa entre la gravedad de la infracción y sus repercusiones. Las repercusiones concretas de la infracción constituyen un factor más entre otros, del que deberá incluso hacerse abstracción cuando no pueda determinarse.

(véase el apartado 447)

18. El mero hecho de que un mercado esté en declive y de que ciertas empresas experimenten pérdidas no puede impedir ni la aparición de una práctica colusoria ni la aplicación del artículo 81 CE. Además, la mala situación del mercado no permite deducir que el cártel careció de repercusiones. En efecto, las subidas de precios acordadas pueden permitir controlar o limitar la bajada de precios, falseando así el juego de la competencia.

Además, al sancionar una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la Comisión no está obligada a considerar circunstancia atenuante la mala salud financiera del sector de que se trate, y el hecho de que la Comisión haya tenido en cuenta, en asuntos anteriores, la situación económica del sector como circunstancia atenuante no supone que necesariamente deba seguir observando dicha práctica. En efecto, por regla general los cárteles nacen en un momento en que el sector se enfrenta a dificultades.

(véanse los apartados 462 y 663)

19. Entre los criterios de apreciación de la gravedad de una infracción pueden figurar, según los casos, la cantidad y el valor de las mercancías objeto de la infracción, la dimensión y la potencia económica de la empresa y, por lo tanto, la influencia que ésta haya podido ejercer en el mercado. Por una parte, de esto se sigue que, para la determinación del importe de la multa, es posible tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, de su dimensión y de su potencia económica, como la parte de dicho volumen correspondiente a las ventas de las mercancías objeto de la infracción, que puede dar una indicación de la amplitud de esta última. Por otra parte, de ello se deduce que no hay que atribuir a ninguna de estas dos cifras una importancia desproporcionada frente a los demás criterios de apreciación, de modo que la determinación del importe apropiado de una multa no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global.

(véase el apartado 468)

20. Al determinar el importe de las multas en función de la gravedad y de la duración de la infracción correspondiente, la Comisión no está obligada a calcularlo partiendo de importes basados en el volumen de negocios de las empresas implicadas ni a garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas a las empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global o a su volumen de negocios en el mercado del producto de que se trate.

(véase el apartado 484)

21. Cuando la Comisión divide a las empresas implicadas en categorías a efectos de fijar el importe de las multas, la determinación de los límites inferiores para cada una de las categorías así establecidas debe ser coherente y estar justificada objetivamente. En la medida en que el volumen de negocios de cada empresa correspondiente a sus ventas del producto en el Espacio Económico Europeo y su cuota de mercado pueden dar una indicación de la importancia de la empresa, la Comisión dispone de la facultad de tomarlos en consideración en este contexto.

La utilización de las cuotas de mercado, entre otros criterios, para establecer una diferenciación entre las empresas vulneraría el principio de igualdad de trato si no se aplicara a todas las empresas de que se trate.

(véanse los apartados 504, 507 y 511)

22. La toma en consideración del efecto disuasorio de las multas por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia al determinar su importe de partida es parte integrante de la ponderación de las multas en función de la gravedad de la infracción.

La Comisión puede imponer multas más gravosas a una empresa cuyos actos en el mercado, por la posición determinante que ocupa en éste, han tenido repercusiones más importantes que los de otras empresas autoras de la misma infracción. Esta manera de calcular el importe de la multa responde en particular a la necesidad de que ésta sea suficientemente disuasoria.

El incremento a efectos disuasorios de las multas por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia no es incompatible con la aplicación de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe, ya que estos dos elementos son manifiestamente diferentes y su aplicación simultánea no puede considerarse contradictoria. En efecto, el incremento de la multa a efectos disuasorios forma parte de la fase de cálculo del importe de la multa que sancionará la infracción cometida. Una vez determinado dicho importe, la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación pretende recompensar a las empresas que optaron por cooperar con la Comisión. El hecho de que una empresa haya decidido cooperar en una investigación para obtener una reducción de la multa que va a imponérsele en ese contexto no garantiza en absoluto que en el futuro se abstendrá de cometer una infracción similar.

(véanse los apartados 526, 540 y 541)

23. A la hora de determinar el importe de las multas por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la Comisión puede aplicar un primer incremento al importe de partida de la multa en razón de la importancia de la empresa en el mercado del producto de referencia y, a continuación, un segundo incremento a efectos disuasorios, en el que tenga en cuenta el conjunto de actividades de la empresa o del grupo al que pertenece, a fin de tomar en consideración sus recursos globales. En efecto, uno y otro incremento no toman en consideración los mismos criterios.

(véanse los apartados 535 y 536)

24. Cuando una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia ha sido cometida por varias empresas, al determinar el importe de las multas procede examinar la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas, lo que implica, en particular, determinar sus papeles respectivos mientras participaron en la infracción. De ello se desprende que el papel de «líder» desempeñado por una o varias empresas en el marco de un cártel debe ser tenido en cuenta a efectos de cálculo del importe de la multa, ya que las empresas que hayan desempeñado tal papel deben, por ello, asumir una responsabilidad especial en comparación con las demás empresas. Con arreglo a dichos principios, el punto 2 de las Directrices de la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA establece, bajo el título de «Circunstancias agravantes», una lista no exhaustiva de circunstancias que pueden dar lugar a un aumento del importe de base de la multa, entre las que figura la «función de responsable o instigador de la infracción».

(véanse los apartados 561 y 622)

25. Si bien es cierto que las circunstancias enumeradas en la lista que figura en el punto 3 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA forman parte, indudablemente, de las que la Comisión puede tener en cuenta en un caso dado, dicha institución no está obligada a otorgar automáticamente una reducción adicional cuando una empresa aporte indicios de la presencia de alguna de estas circunstancias. En efecto, la procedencia de una eventual reducción de la multa en atención a las circunstancias atenuantes debe valorarse con un enfoque global, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias pertinentes. Como las Directrices no establecen imperativamente las circunstancias atenuantes que deben ser tenidas en cuenta, la Comisión ha conservado un cierto margen de apreciación para evaluar globalmente la magnitud de una eventual reducción del importe de las multas en virtud de las circunstancias atenuantes.

(véanse los apartados 602 y 624)

26. La existencia de amenazas y presiones sobre una empresa no modifica en absoluto ni la realidad ni la gravedad de una infracción de las normas comunitarias sobre la competencia ni puede constituir una circunstancia atenuante. En efecto, una empresa que participa con otras en actividades contrarias a la competencia puede denunciar a las autoridades competentes las presiones que sufre y presentar una denuncia ante la Comisión con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, en vez de participar en el cártel. Dicha consideración se aplica a todas las empresas que participen en un cártel, sin que proceda establecer una distinción entre ellas en función de la mayor o menor intensidad de las presiones que afirman haber sufrido.

(véanse los apartados 638 y 639)

27. La finalización de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión es una de las circunstancias atenuantes expresamente enumeradas en el punto 3 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA.

Sin embargo, por regla general, la Comisión no puede considerarse obligada ni a calificar de circunstancia agravante la continuación de la infracción ni a considerar circunstancia atenuante la finalización de la infracción.

Por otra parte, cuando la fecha de finalización de una infracción es anterior a las primeras intervenciones o inspecciones de la Comisión, la aplicación de una reducción duplicaría indebidamente la toma en consideración de la duración de las infracciones a efectos de determinar el importe de las multas, prevista en las citadas Directrices. La toma en consideración de la duración de la infracción tiene precisamente como finalidad sancionar con más severidad a las empresas que infringen las normas sobre la competencia durante un largo período que a aquellas cuyas infracciones son de corta duración. Así pues, reducir el importe de una multa porque una empresa puso fin a sus comportamientos constitutivos de infracción antes de las primeras inspecciones de la Comisión significaría favorecer por segunda vez a los responsables de infracciones de corta duración.

(véanse los apartados 643 a 646)

28. Se deduce del tenor de la sección B, punto b), de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas que no es preciso que la «primera» empresa facilite todas las pruebas de todos los detalles de funcionamiento del acuerdo, sino que le basta con aportar «elementos determinantes». En particular, dicha disposición no exige que los datos facilitados sean «suficientes» por sí solos para elaborar un pliego de cargos, ni tampoco para adoptar una decisión definitiva en la que se reconozca la existencia de una infracción.

Por lo demás, la Comunicación sobre la cooperación muestra claramente que el hecho de ser la primera empresa que facilite elementos determinantes es importante para la aplicación de las secciones B y C, pero no para la sección D, que no hace referencia alguna al hecho de que la cooperación de una empresa preceda a la de otra ni concede prima alguna por ese motivo.

(véanse los apartados 692 y 697)

29. Una reducción del importe de la multa por la cooperación mostrada en el procedimiento administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa de que se trate permitió a la Comisión comprobar la existencia de la infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin.

La Comisión dispone de una facultad de apreciación a este respecto, tal como lo muestra el tenor literal de la sección D, punto 2, de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas.

Además, y muy especialmente, una reducción basada en la Comunicación sobre la cooperación sólo se justifica cuando quepa considerar que la información facilitada y, en general, el comportamiento de la empresa de que se trate revelan una auténtica cooperación por parte de ésta.

Una confesión matizada con salvedades o unas declaraciones equívocas no revelan una auténtica cooperación ni contribuyen a facilitar la tarea de la Comisión, puesto que requieren verificaciones. Esto es especialmente cierto cuando dichas salvedades se refieren a aspectos tales como la duración de la infracción, las cuotas de ventas, las cuotas de mercado o el intercambio de información.

(véanse los apartados 716 y 717)

30. En el procedimiento ante el juez comunitario, las partes demandantes no tienen acceso a los documentos internos de la Comisión relativos al procedimiento de aplicación de las normas comunitarias sobre la competencia, salvo cuando lo exijan las circunstancias excepcionales del asunto, con arreglo a indicios serios que deben ser aportados por dichas partes.

(véase el apartado 736)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 26 de abril de 2007 ( )

«Competencia – Prácticas colusorias − Mercado del papel autocopiativo – Directrices para el cálculo del importe de las multas – Duración de la infracción – Gravedad de la infracción – Incremento a efectos disuasorios – Circunstancias agravantes – Circunstancias atenuantes – Comunicación sobre la cooperación»

En los asuntos acumulados T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02,

Bolloré SA, con domicilio social en Puteaux (Francia), representada por los Sres. R. Saint‑Esteben y H. Calvet, abogados,

parte demandante en el asunto T‑109/02,

Arjo Wiggins Appleton Ltd, con domicilio social en Basingstoke (Reino Unido), representada por el Sr. F. Brunet, abogado, y los Sres. J. Temple Lang, Solicitor, y J. Grierson, Barrister,

parte demandante en el asunto T‑118/02,

apoyada por

Reino de Bélgica, representado por la Sra. A. Snoecx y el Sr. M. Wimmer, en calidad de agentes,

parte coadyuvante en el asunto T‑118/02,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, antes Stora Carbonless Paper GmbH, con domicilio social en Bielefeld (Alemania), representada por el Sr. I. van Bael, abogado, y el Sr. A. Kmiecik, Solicitor,

parte demandante en el asunto T‑122/02,

Papierfabrik August Koehler AG, con domicilio social en Oberkirch (Alemania), representada por los Sres. I. Brinker y S. Hirsbrunner, abogados,

parte demandante en el asunto T‑125/02,

M‑real Zanders GmbH, antes Zanders Feinpapiere AG, con domicilio social en Bergisch Gladbach (Alemania), representada por los Sres. J. Burrichter y M. Wirtz, abogados,

parte demandante en el asunto T‑126/02,

Papeteries Mougeot SA, con domicilio social en Laval‑sur‑Vologne (Francia), representada inicialmente por los Sres. G. Barsi, J. Baumgartner y J.‑P. Hordies, abogados, y posteriormente por los Sres. Barsi y Baumgartner,

parte demandante en el asunto T‑128/02,

Torraspapel, S.A., con domicilio social en Barcelona, representada por los Sres. O. Brouwer, F. Cantos y C. Schillemans, abogados,

parte demandante en el asunto T‑129/02,

Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L., con domicilio social en Derio, Vizcaya, representada por los Sres. E. Pérez Medrano e I. Delgado González, abogados,

parte demandante en el asunto T‑132/02,

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A., con domicilio social en Hernani, Guipúzcoa, representada por el Sr. I. Quintana Aguirre, abogado,

parte demandante en el asunto T‑136/02,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada, en los asuntos T‑109/02 y T‑128/02, por los Sres. W. Mölls y F. Castillo de la Torre, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. N. Coutrelis, abogado; en los asuntos T‑118/02 y T‑129/02, por los Sres. Mölls y A. Whelan, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. M. van der Woude, abogado; en el asunto T‑122/02, inicialmente por los Sres. R. Wainwright y Mölls, y posteriormente por los Sres. Wainwright y Whelan, en calidad de agentes; en los asuntos T‑125/02 y T‑126/02, por los Sres. Mölls y Castillo de la Torre, asistidos por el Sr. H.‑J. Freund, abogado; en los asuntos T‑132/02 y T‑136/02, por los Sres. Mölls y Castillo de la Torre, asistidos por los Sres. J. Rivas Andrés y J. Gutiérrez Gisbert, abogados,

parte demandada,

que tienen por objeto la anulación de la Decisión 2004/337/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, relativa a un procedimiento conforme al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/E-1/36.212 − Papel autocopiativo) (DO 2004, L 115, p. 1), o, subsidiariamente, la reducción de la multa impuesta a las demandantes por dicha Decisión,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. F. Dehousse y D. Sváby, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y después de celebradas las vistas el 2 de junio (T‑132/02 y T‑136/02), 7 de junio (T‑109/02 y T‑128/02), 14 de junio (T‑122/02), 16 de junio (T‑118/02 y T‑129/02) y 21 de junio de 2005 (T‑125/02 y T‑126/02),

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 En el otoño de 1996, el grupo papelero Sappi, cuya sociedad matriz es Sappi Ltd, proporcionó a la Comisión información y documentos que le hicieron sospechar que existía o había existido un acuerdo secreto sobre precios en el sector del papel autocopiativo, en el que Sappi estaba presente como fabricante.

2 A la vista de los datos comunicados por Sappi, la Comisión realizó inspecciones en los locales de varios fabricantes de papel autocopiativo, con arreglo al artículo 14, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22). Así, los días 18 y 19 de febrero de 1997 se realizaron inspecciones con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 en los locales de Arjo Wiggins Belgium SA, de Papeteries Mougeot SA (en lo sucesivo, «Mougeot»), de Torraspapel, S.A., de Sarriopapel y Celulosa, S.A. (en lo sucesivo, «Sarrió»), y de Grupo Torras, S.A. Además, entre julio y diciembre de 1997 se realizaron inspecciones con arreglo al artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 17 en los locales de Sappi, de Arjo Wiggins Appleton plc (en lo sucesivo, «AWA»), de Arjo Wiggins Europe Holdings Ltd, de Arjo Wiggins SA y de su filial Guérimand SA, de Mougeot, de Torraspapel, de Sarrió, de Unipapel, de Sociedade Comercial de Celulose e Papel L.da, de Stora Carbonless Paper GmbH (antes Stora Feldmühle AG; en lo sucesivo, «Stora») y de Papierfabrik August Koehler AG (en lo sucesivo, «Koehler»).

3 En 1999, la Comisión cursó también solicitudes de información, en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17, a AWA, a Mougeot, a Torraspapel, a Cartiere Sottrici Binda SpA (en lo sucesivo, «Binda»), a Carrs Paper Ltd (en lo sucesivo, «Carrs»), a Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L. (en lo sucesivo, «Divipa»), a Ekman Iberica, S.A. (en lo sucesivo, «Ekman»), a Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A. (en lo sucesivo, «Zicuñaga»), a Koehler, a Stora, a Zanders Feinpapier AG (en lo sucesivo, «Zanders») y a Copigraph SA. En estas solicitudes se instaba a las empresas a que proporcionasen información sobre sus anuncios de subidas de precios, sus volúmenes de ventas, sus clientes, sus volúmenes de negocios y sus encuentros con competidores.

4 En sus respuestas a la solicitud de información, AWA, Stora y Copigraph reconocieron haber participado en reuniones de cártel multilaterales entre productores de papel autocopiativo y facilitaron a la Comisión diversos documentos e informaciones.

5 Mougeot, por su parte, se puso en contacto con la Comisión el 14 de abril de 1999, declarando que estaba dispuesta a cooperar en la investigación acogiéndose a la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»). Dicha empresa reconoció la existencia de un cártel que tenía por objeto la fijación de los precios del papel autocopiativo y proporcionó a la Comisión información sobre la estructura del cártel, y en particular sobre las diferentes reuniones a las que habían asistido sus representantes.

6 El 26 de julio de 2000, la Comisión abrió el procedimiento en el presente asunto, elaborando un pliego de cargos que fue remitido a diecisiete empresas, entre ellas AWA, Bolloré SA y su filial Copigraph, Carrs, Zicuñaga, Divipa, Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH (en lo sucesivo, «MHTP»), antes Stora, Mougeot, Koehler, Sappi, Torraspapel y Zanders. Dichas empresas tuvieron acceso al expediente de instrucción de la Comisión en forma de copia en CD-ROM, que les fue enviada el 1 de agosto de 2000.

7 Todas las empresas destinatarias del pliego de cargos, salvo Binda, International Paper y Mitsubishi Paper Mills Ltd, presentaron observaciones escritas en respuesta a los cargos formulados por la Comisión.

8 Los días 8 y 9 de marzo de 2001 se celebró una audiencia oral sobre este asunto.

9 Tras consultar al Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes, y visto el informe final del Consejero auditor, la Comisión adoptó el 20 de diciembre de 2001 la Decisión 2004/337/CE, relativa a un procedimiento conforme al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/E-1/36.212 – Papel autocopiativo) (DO 2004, L 115, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión»).

10 En el artículo 1, párrafo primero, de la Decisión, la Comisión declara que once empresas infringieron el artículo 81 CE, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE al participar en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en el sector del papel autocopiativo.

11 En el artículo 1, párrafo segundo, de la Decisión, la Comisión indica que AWA, Bolloré, MHTP, Koehler, Sappi, Torraspapel y Zanders participaron en la infracción desde enero de 1992 a septiembre de 1995, Carrs desde enero de 1993 a septiembre de 1995, Divipa desde marzo de 1992 a enero de 1995, Zicuñaga desde octubre de 1993 a enero de 1995 y Mougeot desde mayo de 1992 a septiembre de 1995.

12 En el artículo 2 de la Decisión se exige a las empresas mencionadas en el artículo 1 que pongan fin a la infracción contemplada en el mismo, si todavía no lo han hecho, y que, en lo que atañe a sus actividades en el sector del papel autocopiativo, se abstengan de participar en cualquier acuerdo o práctica concertada que pueda tener el mismo o similar objeto o efecto que la infracción.

13 En el artículo 3, párrafo primero, de la Decisión se imponen las siguientes multas a las empresas implicadas:

– AWA: 184,27 millones de euros;

– Bolloré: 22,68 millones de euros;

– Carrs: 1,57 millones de euros;

– Divipa: 1,75 millones de euros;

– MHTP: 21,24 millones de euros;

– Zicuñaga: 1,54 millones de euros;

– Mougeot: 3,64 millones de euros;

– Koehler: 33,07 millones de euros;

– Sappi Ltd: 0 euros;

– Torraspapel: 14,17 millones de euros;

– Zanders: 29,76 millones de euros.

14 El artículo 3, párrafo segundo, de la Decisión dispone que las multas se harán efectivas en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la misma, y el artículo 3, párrafo tercero, establece que, una vez finalizado dicho plazo, se devengarán automáticamente intereses al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo el 1 de diciembre de 2001 a sus principales operaciones de refinanciación, incrementado en 3,5 puntos porcentuales, esto es, al 6,77 %.

15 Las destinatarias de la Decisión son las once empresas mencionadas en los artículos 1 y 2 de la misma.

16 La Decisión afirma (considerando 77) que los participantes en el cártel establecieron de común acuerdo un plan anticompetitivo global que aspiraba esencialmente a mejorar la rentabilidad de los participantes mediante aumentos colectivos de precios. Según la Decisión, en el marco de este plan global, el objetivo principal del cártel consistía en acordar subidas de precios y el calendario de aplicación de las mismas.

17 A estos efectos se organizaron reuniones a diversos niveles (general, nacional o regional). Según el considerando 89 de la Decisión, las reuniones generales del cártel iban seguidas de una serie de reuniones nacionales o regionales que tenían por objeto garantizar la aplicación, mercado por mercado, de las subidas de precios anteriormente convenidas en las reuniones generales. En dicha reuniones, los participantes intercambiaban información detallada e individual sobre sus precios y sus volúmenes de ventas (considerando 97). Con vistas a garantizar la aplicación de las subidas de precio convenidas, en algunas reuniones nacionales del cártel se asignaron cuotas de ventas y se fijaron cuotas de mercado para cada participante (considerando 81).

18 La Comisión consideró que todos los operadores importantes del EEE habían participado en los acuerdos del cártel, concebidos, dirigidos e impulsados en los niveles jerárquicos superiores de cada empresa participante, y que, por su propia naturaleza, la puesta en práctica de ese tipo de cártel conlleva automáticamente una grave distorsión de la competencia (considerando 377). Teniendo en cuenta la naturaleza del comportamiento examinado, sus repercusiones concretas en el mercado del papel autocopiativo y el hecho de que abarcaba todo el mercado común y, tras su creación, todo el EEE, la Comisión estimó que las empresas destinatarias de la Decisión habían cometido una infracción muy grave del apartado 1 del artículo 81 del Tratado y del apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE (considerando 404).

19 Para determinar el importe de partida de la multa en función de la gravedad de la infracción, la Comisión clasificó a las empresas implicadas en cinco categorías, según su importancia relativa en el mercado de referencia (considerandos 406 a 409). Con objeto de asegurarse de que los efectos de la multa fueran suficientemente disuasorios, la Comisión incrementó a continuación en un 100 % el importe de partida así calculado para las empresas AWA, Bolloré y Sappi (considerandos 410 a 412). La Comisión tuvo después en cuenta la duración de la infracción cometida por cada empresa, a fin de determinar el importe de base de las multas que procedía imponerles (considerandos 413 a 417).

20 La Comisión incrementó en un 50 % el importe de base de la multa de AWA por su papel de líder del cártel, calificándolo de circunstancia agravante (considerandos 418 a 424). La Comisión estimó igualmente que en el presente asunto no concurría ninguna circunstancia atenuante.

21 Por último, la Comisión adaptó los importes finales de las multas para tener en cuenta las disposiciones del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 (considerando 434), y a continuación estimó que, en virtud de la Comunicación sobre la cooperación, procedía aplicar las siguientes reducciones del importe de las multas: 50 % a Mougeot, 35 % a AWA, 20 % a «Bolloré (Copigraph)» y 10 % a Carrs, MHTP y Zanders (considerandos 435 a 458).

Procedimiento y pretensiones de las partes

22 Mediante escritos separados presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 11 y el 18 de abril de 2002, Bolloré (T‑109/02), AWA (T‑118/02), MHTP (T‑122/02), Koehler (T‑125/02), Zanders (T‑126/02), Mougeot (T‑128/02), Torraspapel (T‑129/02), Divipa (T‑132/02) y Zicuñaga (T‑136/02) interpusieron los presentes recursos.

23 Bolloré solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Con carácter principal, anule los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión, en la medida en que se refieren a ella.

– Con carácter subsidiario, reduzca sustancialmente el importe de la multa que se le impuso en el artículo 3 de la Decisión.

– Condene en costas a la Comisión.

24 AWA solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule o, subsidiariamente, reduzca sustancialmente el importe de la multa que se le impuso en la Decisión.

– Condene en costas a la Comisión.

– Adopte cualquier otra medida que pueda estimar oportuna.

25 El Reino de Bélgica, que interviene en el procedimiento en apoyo de las pretensiones de AWA, solicita al Tribunal de Primera Instancia que reduzca sustancialmente el importe de la multa impuesta a dicha empresa.

26 MHTP solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule el artículo 1 de la Decisión en la parte en la que afirma que ella participó en la infracción antes del 1 de enero de 1993.

– Reduzca el importe de la multa que se le impuso.

– Condene en costas a la Comisión.

27 Koehler solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule la Decisión.

– Subsidiariamente, reduzca el importe de la multa que se le impuso en el artículo 3 de la Decisión.

– Condene en costas a la Comisión.

28 Zanders solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule el artículo 3 de la Decisión en la parte en que le impuso una multa de 29,76 millones de euros.

– Subsidiariamente, reduzca el importe de la multa que se le impuso en el artículo 3 de la Decisión.

– Condene en costas a la Comisión.

29 Mougeot solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Con carácter principal, anule la Decisión.

– Con carácter subsidiario, reduzca sustancialmente el importe de la multa que le impuso la Comisión.

– Condene en costas a la Comisión.

30 Torraspapel solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Anule el artículo de la Decisión en la parte en la que declara que la demandante infringió el artículo 81 CE, apartado 1, entre el 1 de enero de 1992 y septiembre de 1993, y reduzca en consecuencia el importe de la multa.

– Reduzca sustancialmente la multa impuesta a la demandante en el artículo 3 de la Decisión.

– Condene a la Comisión al pago de las costas, incluyendo los gastos e intereses derivados de la prestación de una garantía bancaria o del pago total o parcial de la multa.

31 Divipa solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Declare la nulidad de la Decisión en la medida en que imputa a la demandante, además de la participación en acuerdos colusorios relativos al mercado español, una participación en el cártel que abarcaba todo el mercado común y el EEE y, con carácter subsidiario, reduzca la multa que se le impuso en dicha Decisión.

– Condene en costas a la Comisión.

32 Zicuñaga solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

– Con carácter principal, anule los artículos 1, 3 y 4 de la Decisión, en la medida en que se refieren a ella.

– Con carácter subsidiario, reduzca del siguiente modo el importe de la multa impuesta por la Comisión:

– anulando el incremento de un 10 % del importe de la multa, dado que su participación en la infracción no duró más de un año, y

– reduciendo sustancialmente, al menos en un 60 %, el importe de base de la multa en atención a la existencia de circunstancias atenuantes.

– Condene en costas a la Comisión.

33 En todos estos asuntos, la Comisión solicita que se desestime el recurso y se condene en costas a la demandante.

34 En los asuntos T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑128/02, T‑132/02 y T‑136/02, el Tribunal de Primera Instancia formuló ciertas preguntas por escrito a las partes, a las que éstas respondieron dentro del plazo fijado.

35 En un escrito de fecha 14 de junio de 2005 en el que formulaba sus observaciones sobre el informe para la vista, la demandante en el asunto T‑126/02 informó al Tribunal de Primera Instancia de la modificación de su denominación social y de su forma jurídica, que de «Zanders Feinpapiere AG» había pasado a ser «Zanders GmbH» (en lo sucesivo, igualmente, «Zanders»).

36 Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia se oyeron en las vistas separadas que se celebraron los días 2, 7, 14, 16 y 21 de junio de 2005.

37 En la vista de cada asunto, el Tribunal de Primera Instancia instó a las partes a formular sus observaciones sobre la eventual acumulación de todos los asuntos a efectos de la sentencia. No habiendo presentado objeciones las partes, el Tribunal de Primera Instancia ha estimado que procede acumular los presentes asuntos a efectos de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de su Reglamento de Procedimiento.

Fundamentos de Derecho

38 Las pretensiones de las demandantes tienen por objeto la anulación de la Decisión o la supresión o reducción de la multa.

I. Sobre los motivos en que se solicita la anulación de la Decisión

39 Las demandantes solicitan, según los casos, que se anule la Decisión en su totalidad o las disposiciones de la misma que les conciernen. Estas pretensiones de anulación se basan en motivos de forma, relacionados con el desarrollo del procedimiento administrativo, y en motivos de fondo, dirigidos contra las constataciones y apreciaciones de la Comisión sobre la participación en la infracción de ciertas empresas.

A. Sobre los motivos relativos al desarrollo del procedimiento administrativo

1. Sobre el primer motivo, relativo a la violación del derecho a ser oído producida al no haberse dado acceso en el procedimiento administrativo a ciertos documentos calificados de confidenciales por la Comisión

a) Alegaciones de las partes

40 Zicuñaga sostiene que se desprende tanto de la doctrina como del artículo 19 del Reglamento nº 17 que el acceso completo al expediente de la instrucción constituye una garantía de procedimiento destinada a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa, y en particular del derecho a ser oído. Pone de relieve que dicha garantía tiene por objeto permitir, no sólo que la parte afectada impugne los documentos inculpatorios invocados por la Comisión, sino también que tenga acceso a los documentos exculpatorios que puedan serle útiles para su defensa.

41 Por lo que respecta a los documentos confidenciales, Zicuñaga sostiene que la Comisión debe conciliar, por una parte, el interés legítimo de la empresa afectada en que se respete su carácter confidencial y, por otra, el derecho de defensa. Sin embargo, la Comisión no puede basarse, en la decisión final, en documentos sobre los que el acusado no haya podido manifestar su opinión. La negativa de la Comisión a comunicar un documento durante el procedimiento administrativo constituye además una violación del derecho de defensa si existe la posibilidad de que el procedimiento administrativo hubiera podido terminar de otro modo en el caso de que se hubiera comunicado dicho documento al interesado. De ello se deduce, según Zicuñaga, que la negativa a dar acceso a unos documentos que la Comisión califica de confidenciales supone una violación del derecho de defensa de la demandante.

42 La Comisión pone de relieve que llevó a cabo la instrucción respetando todas las garantías exigidas y sin violar principio jurídico alguno. Estima además que procede declarar la inadmisibilidad de la alegación de Zicuñaga, en la medida en que ésta no precisa qué documentos inculpatorios utilizó la Comisión.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

43 Procede comenzar por subrayar la ambigüedad de la argumentación de Zicuñaga. El título del motivo invocado («Violación del derecho de audiencia. No aportación de documentos de cargo») da a entender que la demandante impugna únicamente el hecho de que la Comisión no le comunicara durante el procedimiento administrativo documentos de cargo utilizados en la Decisión. Otros pasajes de su escrito de demanda sugieren que también denuncia el hecho que no se le diera acceso, durante dicho procedimiento, a documentos que a su juicio podían contener pruebas de descargo.

44 En la medida en que Zicuñaga pretende denunciar el hecho de que la Comisión no le comunicase durante el procedimiento administrativo documentos de cargo supuestamente utilizados en la Decisión, procede destacar, como ha hecho la Comisión en sus alegaciones, que Zicuñaga no identifica ningún documento de esta naturaleza. Como nada respalda la alegación así entendida, procede desestimarla.

45 En la medida en que Zicuñaga critica el hecho de que la Comisión no le diera acceso durante el procedimiento administrativo a documentos supuestamente útiles para su defensa, ya que podían contener pruebas de descargo, procede recordar que, con arreglo a la jurisprudencia, para permitir a las empresas afectadas defenderse oportunamente de las imputaciones formuladas en su contra en el pliego de cargos, la Comisión está obligada a ponerles de manifiesto el contenido íntegro del expediente de la instrucción, con excepción de los documentos que contengan secretos comerciales de otras empresas u otras informaciones confidenciales y de los documentos internos de la Comisión (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 170, y la jurisprudencia que allí se cita).

46 Además, el derecho de las empresas y asociaciones de empresas a la protección de sus secretos comerciales no es menos importante que la garantía del derecho de acceso a la totalidad del expediente. Por lo tanto, si la Comisión considera que ciertos documentos del expediente de instrucción contienen secretos comerciales u otras informaciones confidenciales, debe preparar versiones no confidenciales de dichos documentos o hacer que las preparen las empresas o asociaciones de empresas de las que proceden los documentos. Si resulta difícil preparar versiones no confidenciales de todos los documentos, la Comisión deberá remitir a las partes afectadas una lista suficientemente precisa de los documentos que plantean problemas, con objeto de que las partes puedan valorar la conveniencia de solicitar acceso a documentos específicos (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión, T‑30/91, Rec. p. II‑1775, apartados 88 a 94).

47 En el presente asunto, se deduce de las alegaciones de Zicuñaga que esta última denuncia sobre todo el hecho de que la Comisión le denegara el acceso a una información mencionada en el considerando 288 de la Decisión, la información detallada sobre las ventas por país en el territorio del EEE de varias empresas incriminadas, entre ellas Zicuñaga, durante el período de referencia del cártel. Según dicha empresa, esta información contiene seguramente datos que le habrían permitido demostrar que ella no aplicó una política de precios concertada con los fabricantes europeos de papel autocopiativo.

48 A este respecto, la lista de documentos que integran el expediente en el asunto T‑136/02, presentada por la Comisión en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Primera Instancia, revela que la Comisión puso a disposición de las partes durante el procedimiento administrativo una versión no confidencial de los documentos que contenían la información mencionada en el considerando 288, en el caso de que dichos documentos estuvieran clasificados como no accesibles. Zicuñaga pudo por tanto valorar la conveniencia de solicitar el acceso a documentos específicos.

49 Procede recordar al respecto que, en un procedimiento de apreciación de infracción del artículo 81 CE, la Comisión no está obligada a dar, por propia iniciativa, acceso a los documentos que no figuran en su expediente de instrucción y que no se propone utilizar en la decisión final como pruebas de cargo contra las partes afectadas. Por consiguiente, una demandante que llega a saber durante el procedimiento administrativo que la Comisión posee documentos que podrían ser útiles para su defensa está obligada a presentar a la institución una solicitud expresa de acceso a dichos documentos. El hecho de no actuar así durante el procedimiento administrativo tiene un efecto preclusivo sobre este extremo con respecto al recurso de anulación que en su caso se interponga contra la decisión final (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491; en lo sucesivo, «sentencia del cemento», apartado 383).

50 Pues bien, durante el procedimiento administrativo, Zicuñaga no presentó ninguna solicitud formal de acceso a la versión confidencial de la información antes mencionada. En efecto, aunque dicha empresa ha aludido, en su respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Primera Instancia, a una solicitud escrita de acceso a dicha información y ha presentado el escrito en el que la Comisión desestimó dicha solicitud, resulta obligado hacer constar que esta solicitud data de 3 de abril de 2002 y es por tanto posterior al cierre del procedimiento administrativo y a la adopción de la Decisión. El hecho de que Zicuñaga no formulase tal solicitud durante el procedimiento administrativo tiene por tanto un efecto preclusivo con respecto al recurso de anulación.

51 Por consiguiente, procede desestimar el motivo invocado por Zicuñaga.

2. Sobre el segundo motivo, relativo a una violación del derecho de acceso al expediente al no haber comunicado la Comisión documentos no incluidos en el expediente de la instrucción remitido en formato CD‑ROM

a) Alegaciones de las partes

52 Koehler acusa a la Comisión de no haberle dado acceso a ciertos documentos que no formaban parte del expediente de la instrucción remitido en formato CD-ROM a los destinatarios del pliego de cargos el 1 de agosto de 2000; se refiere en particular a las respuestas al pliego de cargos de los demás destinatarios de éste y a los anexos a dicha respuestas, y en especial al informe técnico presentado por AWA a la Comisión que se menciona en la nota a pie de página nº 365 de la Decisión. Alega en este sentido que las numerosas alusiones de la Decisión a las respuestas al pliego de cargos demuestran que la Comisión se basó en dicha respuestas para analizar los hechos y calcular el importe de las multas. Koehler añade que la respuesta de Mougeot al pliego de cargos muestra claramente que el expediente contenía también otras informaciones que habrían sido útiles para su defensa.

53 La Comisión responde que, si bien es cierto que ella sólo puede basarse en hechos con respecto a los cuales las empresas interesadas hayan tenido la oportunidad de explicarse, las respuestas al pliego de cargos no forman parte del expediente de la instrucción al que las partes deben tener acceso. El procedimiento administrativo debe considerarse cerrado desde la recepción de estas respuestas y no puede continuar abierto indefinidamente, mientras cada empresa quiera pronunciarse sobre las observaciones de las demás. La Comisión alega que Koehler no ha identificado ninguna prueba utilizada por ella para formular imputaciones contra dicha empresa sin que ésta haya podido pronunciarse al respecto.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

54 La argumentación de Koehler puede dividirse en dos partes. Por una parte, dicha empresa alega que la Comisión ha utilizado como pruebas de cargo en la Decisión ciertos documentos no incluidos en el expediente de la instrucción al que ella tuvo acceso, sin que se le haya dado acceso a dichos documentos durante el procedimiento administrativo y sin que haya podido pronunciarse al respecto. Por otra parte, Koehler sostiene que la Comisión no le comunicó ciertos documentos que no figuran en el expediente de la instrucción al que ella tuvo acceso y que podían contener pruebas de descargo. Procede analizar por separado estos dos aspectos.

55 En primer lugar, con respecto a la falta de comunicación de unas supuestas pruebas de cargo no incluidas en el expediente de la instrucción al que Koehler tuvo acceso, procede recordar con carácter preliminar que un documento sólo puede ser considerado prueba de cargo contra una demandante cuando la Comisión lo utilice en apoyo de su conclusión de que se ha producido una infracción en la que dicha demandante ha participado (sentencia del cemento, apartado 284).

56 Dado que los documentos no comunicados a las partes afectadas durante el procedimiento administrativo no constituyen medios de prueba que puedan oponérseles (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, Rec. p. I‑3359, apartado 21, y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Shell/Comisión, T‑11/89, Rec. p. II‑757, apartados 55 y 56, e ICI/Comisión, T‑13/89, Rec. p. II‑1021, apartados 34 y 35), si se comprueba que, en la Decisión impugnada, la Comisión se basó en documentos que no figuraban en el expediente de la instrucción ni fueron comunicados a las demandantes, habrá que prescindir de dichos documentos como medios de prueba (sentencia del cemento, apartado 382; véanse también, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983, AEG/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartados 24 a 30, y las sentencias Solvay/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 57, e ICI/Comisión, antes citada, apartado 36).

57 De ello se deduce que, si en un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la Comisión se propone basarse en un pasaje de una respuesta a un pliego de cargos o en un documento adjuntado como anexo a dicha respuesta para acreditar la existencia de una infracción, es preciso ofrecer a las demás partes implicadas en dicho procedimiento la oportunidad de pronunciarse sobre ese medio de prueba (véanse, en este sentido, las sentencias AKZO/Comisión, citada en el apartado 56 supra, apartado 21, Shell/Comisión, citada en el apartado 56 supra, apartado 55, e ICI/Comisión, citada en el apartado 56 supra, apartado 34).

58 En el presente asunto, la demandante afirma genéricamente en su demanda que, «dadas las numerosas remisiones en las notas a pie de página, no cabe duda de que la Comisión utilizó las observaciones de los demás participantes en el procedimiento para respaldar tanto su exposición de los hechos como el cálculo del importe de la multa». Sin embargo, una afirmación tan genérica no permite determinar cuáles son los documentos concretos supuestamente utilizados como pruebas de cargo contra Koehler en la Decisión. Por lo demás, Koehler reconoció en la vista que no existía ninguna prueba documental de cargo a la que no hubiera tenido acceso.

59 En segundo lugar, con respecto a la falta de comunicación de unas supuestas pruebas de descargo no incluidas en el expediente de la instrucción al que Koehler tuvo acceso, dicha empresa hace referencia a las respuestas al pliego de cargos de los demás destinatarios del mismo y a los anexos a dichas respuestas. Sin embargo, Koehler no ha demostrado haber solicitado expresamente a la Comisión que le comunicase dichas pruebas, y ha reconocido incluso en la vista que no había presentado una solicitud de acceso a esos documentos. Por lo tanto, no es admisible la alegación que ahora formula ante el Tribunal de Primera Instancia criticando el que no se le diera acceso a tales documentos (véase, en este sentido, la sentencia del cemento, apartado 383; véase igualmente el apartado 49 supra).

60 A mayor abundamiento, Koehler no ha demostrado que, en el caso de que hubiera tenido acceso a las respuestas al pliego de cargos de los demás destinatarios del mismo y a los anexos a dichas respuestas, habría podido invocar argumentos capaces de alterar la conclusión a la que llegó la Decisión (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1980, Distillers/Comisión, 30/78, Rec. p. 2229, apartado 26, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de noviembre de 1990, Kobor/Comisión, T‑7/90, Rec. p. II‑721, apartado 30).

61 En efecto, por lo que respecta en primer lugar al informe técnico que AWA adjuntó a su respuesta al pliego de cargos, en la medida en que la alusión que Koehler hace a dicho informe pretenda identificar un documento no recogido en el expediente de la instrucción al que tuvo acceso y que habría podido serle útil para su defensa, se afirma en la Decisión (considerandos 390, 392 y 396) que la Comisión desestimó explícitamente las alegaciones sobre la supuesta falta de repercusiones concretas de la infracción en el mercado que AWA había expuesto en el procedimiento administrativo basándose en dicho informe. Por lo tanto, no cabe acoger la alegación de Koehler de que la falta de acceso a dicho informe durante el procedimiento administrativo resultó perjudicial para su defensa.

62 A continuación, en lo que respecta a la respuesta de Mougeot al pliego de cargos, Koehler sostiene en su réplica que dicha respuesta muestra claramente que el expediente contenía informaciones útiles para su defensa. A este respecto hace referencia al pasaje de dicha respuesta citado en el considerando 293 de la Decisión en el que Mougeot afirma, modificando sus declaraciones anteriores a la Comisión, que «el pliego de cargos no prueba que las reuniones de la AEMCP [Association of European Manufacturers of Carbonless Paper] hayan servido de marco para mecanismos colusorios antes de la reestructuración de la asociación en septiembre de 1993». Sin embargo, en el considerando 295 de la Decisión, la Comisión rechaza expresamente dicho argumento alegando que al poner en relación las declaraciones de Sappi, de Mougeot y de AWA se demuestra que las reuniones generales del cártel comenzaron no más tarde de 1992. Remitiéndose a los considerandos 112 y 113 de la Decisión, la Comisión añade que las pruebas aportadas por Sappi confirman que antes de septiembre de 1993 existió una colusión en el marco de las reuniones de la AEMCP o en reuniones celebradas con ocasión de estas últimas. Por lo tanto, el pasaje de la respuesta de Mougeot al pliego de cargos citado por Koehler no prueba, en contra de lo que alega esta última, que las respuestas al pliego de cargos y los documentos anexos a las mismas le habrían permitido desarrollar argumentos capaces de modificar el resultado de procedimiento administrativo.

63 Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede desestimar el presente motivo.

3. Sobre el tercer motivo, en el que se invoca una violación del derecho de defensa y del principio de contradicción derivada de la discordancia entre el pliego de cargos y la Decisión

a) Alegaciones de las partes

64 Bolloré sostiene que, en la fase de envío del pliego de cargos, la Comisión la consideró implicada en la infracción únicamente a causa de su responsabilidad como sociedad matriz por las actuaciones personales de su filial Copigraph. En cambio, la Decisión formula una nueva imputación en su contra, basada en su implicación personal y autónoma en el cártel. Bolloré sostiene que la Comisión violó su derecho de defensa al no ofrecerle la posibilidad de pronunciarse sobre dicha imputación en el procedimiento administrativo.

65 La Comisión niega que en la Decisión se considere que Bolloré estuvo personalmente implicada en la infracción. A dicha empresa se le imputan las actuaciones de su filial, por constituir con esta última una sola y misma empresa. La Comisión sostiene, por tanto, que el presente motivo sólo podría ser acogido si se demostrase que la imputación de la infracción a la demandante por esta razón no aparecía en el pliego de cargos, o bien que, en la Decisión, la Comisión había basado su apreciación en hechos sobre los cuales Bolloré no había podido defender su punto de vista en el procedimiento administrativo previo. Ahora bien, a su juicio, no concurre ninguno de estos supuestos.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

66 Sobre esta cuestión, procede recordar que el respeto del derecho de defensa, que constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe ser observado en todos los casos, especialmente en todo procedimiento que pueda dar lugar a la imposición de sanciones, aunque se trate de un procedimiento administrativo, exige que la empresa interesada haya tenido la posibilidad de manifestar oportunamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos, imputaciones y circunstancias alegados por la Comisión (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de diciembre de 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie/Comisión, T‑5/00 y T‑6/00, Rec. p. II‑5761, apartado 32, y la jurisprudencia que allí se cita).

67 Según la jurisprudencia, el pliego de cargos debe contener una exposición de éstos redactada en términos suficientemente claros, aunque sean resumidos, como para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que les imputa la Comisión. En efecto, sólo si cumple este requisito puede el pliego de cargos desempeñar la función que le atribuyen los reglamentos comunitarios y que consiste en facilitar a las empresas todos los datos necesarios para que puedan defenderse oportunamente, antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva (sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 y C‑125/85 a C‑129/85, Rec. p. I‑1307, apartado 42, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, apartado 63).

68 Además, una violación del derecho de defensa en el procedimiento administrativo debe ser examinada en función de los cargos formulados por la Comisión en el pliego de cargos y en la Decisión (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, ICI/Comisión, T‑36/91, Rec. p. II‑1847, apartado 70, y Solvay/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 60). Por lo tanto, para constatar la existencia de una violación del derecho de defensa es preciso que la imputación que, según la empresa, no fue formulada en su contra en el pliego de cargos haya sido recogida por la Comisión en la Decisión impugnada.

69 Habida cuenta de la jurisprudencia recordada en los tres apartados anteriores, en el presente asunto procede comenzar por verificar en qué se basó la Comisión para considerar a Bolloré responsable de la infracción en la Decisión. Las indicaciones pertinentes figuran los considerandos 353 a 356 de la Decisión [parte II (Apreciación jurídica), punto 2.3 (Responsabilidad de la infracción), 2 (Copigraph y Bolloré)].

70 Dichos considerandos están redactados así:

«(353) Filial al 100 % de [Bolloré] (antiguamente Bolloré Technologies SA) durante el período de infracción, Copigraph fue adquirida por AWA en el mes de noviembre de 1998. Copigraph cesó su actividad el 2 de febrero de 2000 con efectos a partir del 30 de diciembre de 2000. Bolloré alega que no puede considerarse responsable del comportamiento de Copigraph, dado que dicha empresa tenía autonomía económica completa. Según Bolloré, esta autonomía se basa en lo siguiente: las estructuras de gestión de Copigraph y Bolloré eran estrictamente independientes; Copigraph tenía su propia infraestructura y su política comercial era independiente porque adquiría casi el 35 % de la materia prima que necesitaba fuera del grupo Bolloré (una de sus fuentes era un competidor).

(354) Copigraph pertenecía a la división [de Papeles especiales] de Bolloré y el entonces jefe de división, [Sr. V.], era a la vez director general de Copigraph. Además, el entonces director comercial de Copigraph, [Sr. J.B.], también había sido responsable de ventas en la fábrica Thonon desde 1994. Por lo tanto, [Bolloré] estaba necesariamente informada de la participación de su filial en el cártel.

(355) También existen pruebas que implican directamente a la sociedad matriz, [Bolloré], en las actividades del cártel. Bolloré era miembro de la AEMCP, cuyas reuniones oficiales también sirvieron de reuniones del cártel desde enero de 1992 hasta septiembre de 1993. El representante de Bolloré, jefe de su división especial de papel, [Sr. V.], asistió a estas reuniones del cártel junto con el director comercial de Copigraph. El jefe de la división [de Papeles especiales] de Bolloré también participó en la reunión del cártel sobre el mercado francés del 1 de octubre de 1993. El director comercial de Copigraph asistió a todas las reuniones posteriores del cártel en las que se identifica la presencia de representantes de Copigraph. Todas estas reuniones tuvieron lugar en 1994 y, según lo mencionado anteriormente, el director comercial de Copigraph también era responsable de ventas en Bolloré.

(356) Fundamentándose en ello la Comisión concluye que, en relación con el cártel, Bolloré es responsable no sólo de su conducta sino también de la de Copigraph para todo el período anteriormente mencionado.»

71 Del extracto de la Decisión que se acaba de citar se deduce que a Bolloré se le imputó una responsabilidad en la infracción debido a que, por una parte, procedía considerarla responsable de la participación en el cártel de su filial Copigraph y, por otra parte, existían pruebas de su implicación directa en las actividades del cártel.

72 Bolloré no niega que el pliego de cargos le permitió comprender que la Comisión le imputaba en él la infracción como responsable de la participación de Copigraph en el cártel, por ser sociedad matriz al 100 % de ésta en la época de los hechos, de modo que pudo pronunciarse sobre dicha imputación. Lo que esta empresa critica es el hecho de que el pliego de cargos no mencionase la intención de la Comisión de imputarle también la infracción por su implicación directa en las actividades del cártel.

73 Los pasajes pertinentes del pliego de cargos figuran en los puntos 240 a 245 y 248 [parte II (Apreciación jurídica), punto B (Aplicación de las normas de competencia), 8 (Responsabilidad de la infracción)].

74 En primer lugar procede señalar que en estos puntos del pliego de cargos la Comisión no hizo referencia alguna a una implicación directa de Bolloré en el cártel, a diferencia de lo ocurrido con otras sociedades matrices mencionadas en el pliego de cargos, como AWA y Torraspapel, de quienes la Comisión indicó, refiriéndose a AWA, que «participó de manera directa y autónoma en el cártel ilícito a través de su división Arjo Wiggins Carbonless Paper Operation» y, refiriéndose a Torraspapel, que «existen igualmente pruebas que implican directamente a la sociedad matriz en las actividades colusorias».

75 A continuación, como subraya acertadamente Bolloré, el punto 243 del pliego de cargos muestra que la Comisión estableció una diferencia entre dos tipos de situaciones:

«En cuanto a las relaciones entre las sociedades matrices y sus filiales, la Comisión remite el presente pliego de cargos a la sociedad matriz si

– dos o más de sus filiales han participado en la infracción,

– la sociedad matriz ha estado implicada en la infracción.

En los demás casos de participación de una filial, el pliego de cargos se remite a ésta y a su sociedad matriz.»

76 En el caso del grupo formado por Bolloré y Copigraph, el pliego de cargos no fue remitido únicamente a Bolloré, sino también a Copigraph. Habida cuenta de los criterios formulados en el punto 243 del pliego de cargos, esto contribuyó a persuadir a Bolloré de que, en la fase de envío del pliego de cargos, la Comisión no consideraba que ella, sociedad matriz del grupo, hubiera estado directamente implicada en la infracción.

77 Por lo tanto, es preciso hacer constar que, según los términos del pliego de cargos, la Comisión pretendía imputar la responsabilidad de la infracción a Bolloré únicamente porque ésta, como sociedad matriz del grupo constituido en el momento de infracción por Bolloré y Copigraph, debía ser considerada responsable de la conducta ilícita de Copigraph, filial suya al 100 %. Leyendo el pliego de cargos, Bolloré no podía prever que la Comisión pretendía imputarle la responsabilidad de la infracción basándose igualmente en su implicación directa en las actividades del cártel, como hizo después en la Decisión.

78 Procede añadir que los hechos invocados por la Comisión en el considerando 355 de la Decisión en apoyo de su tesis sobre la implicación directa de Bolloré en la infracción, a saber, la pertenencia de Bolloré a la AEMCP y el hecho de que fuera representada por los Sres. V. y J.B. en varias reuniones del cártel, no eran mencionados en el pliego de cargo. En efecto, aún reconociendo que, como alega la Comisión, ciertos documentos anexos al pliego de cargos aludían a la pertenencia de Bolloré a la AEMCP, es preciso hacer constar que en el propio pliego de cargos la Comisión sólo mencionó entre los miembros de la AEMCP a Copigraph, y en ningún momento a Bolloré. En cuanto a los Sres. V. y J.B., el pliego de cargos los calificó sistemáticamente de representantes de Copigraph, y no de Bolloré, en las reuniones del cártel. Además, la Comisión no mencionó a Bolloré entre las empresas representadas en dichas reuniones en ningún pasaje del pliego de cargos.

79 Por lo tanto, el pliego de cargos no permitió que Bolloré conociera la imputación relativa a su implicación directa en la infracción, y ni siquiera los hechos invocados por la Comisión en su Decisión en apoyo de dicha imputación, de modo que, como muestra la lectura de su respuesta al pliego de cargos, Bolloré no pudo defenderse oportunamente en el procedimiento administrativo contra dicha imputación ni con respecto a tales hechos.

80 Sin embargo, procede subrayar que, aunque la Decisión contenga nuevas alegaciones de hecho o de Derecho sobre las que no se hayan pronunciado las empresas implicadas, dicho vicio sólo implicará la anulación de la Decisión a este respecto en el caso de que las alegaciones de que se trate no puedan acreditarse de modo jurídicamente suficiente mediante otras pruebas recogidas en la Decisión y sobre las cuales las empresas implicadas hayan tenido la oportunidad de defender su punto de vista (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container Line y otros/Comisión, T‑191/98, T‑212/98 a T‑214/98, Rec. p. II‑3275, apartado 196; véase también, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de febrero de 2002, Compagnie générale maritime y otros/Comisión, T‑86/95, Rec. p. II‑1011, apartado 447). Por otra parte, la violación del derecho de defensa de Bolloré sólo podría afectar a la validez de la Decisión en lo que respecta a dicha empresa en el caso de que dicha Decisión se basara únicamente en la implicación directa de Bolloré en la infracción (véase, en este sentido, la sentencia Mo och Domsjö/Comisión, citada en el apartado 67 supra, apartado 74). En efecto, en tal caso, al no ser admisible la nueva imputación formulada en la Decisión sobre la implicación directa de Bolloré en las actividades del cártel, no sería posible imputar la responsabilidad de la infracción a dicha empresa.

81 En cambio, si al proceder al examen de fondo (véanse los apartados 123 a 150 infra) se demostrara que la Comisión actuó legítimamente al considerar a Bolloré responsable de la participación en el cártel de su filial Copigraph, la ilegalidad cometida por la Comisión no bastaría para justificar la anulación de la Decisión, porque no habría podido tener una influencia decisiva en la parte dispositiva de la Decisión aprobada por la Comisión (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 2002, Graphischer Maschinenbau/Comisión, T‑126/99, Rec. p. II‑2427, apartado 49, y de 14 de diciembre de 2005, Honeywell/Comisión, T‑209/01, Rec. p. II-5527, apartado 49). En efecto, en la medida en que determinados motivos de una Decisión puedan, por sí mismos, justificarla de modo suficiente en Derecho, los vicios de los que pudieran adolecer otros motivos de dicho acto carecen de influencia sobre su parte dispositiva (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de septiembre de 2005, EDP/Comisión, T‑87/05, Rec. p. II‑3745, apartado 144; véase también, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2001, Comisión y Francia/TF1, C‑302/99 P y C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, apartados 26 a 29).

4. Sobre el cuarto motivo, en el que se invoca una violación del derecho de defensa, del derecho a un juicio justo y del principio de presunción de inocencia

a) Alegaciones de las partes

82 Zicuñaga sostiene, en primer lugar, que la Comisión ha violado el principio de la presunción de inocencia al afirmar que ella ha participado en el cártel sin otra base que meras presunciones y declaraciones indirectas. Alega así que la inexistencia de sanciones suficientemente claras en caso de información inexacta o incompleta puede incitar a las empresas a transmitir a la Comisión información reconstituida o deformada, con objeto de aumentar el valor de su cooperación. Zicuñaga añade que inicialmente una empresa sólo podía esperar obtener un trato más indulgente de la Comisión aportando pruebas decisivas, pero que con el tiempo dicha institución ha adoptado una posición más flexible. A su juicio, dadas estas circunstancias, las declaraciones de Sappi deben acogerse con prudencia y sólo pueden considerarse fiables si existen otras pruebas que las apoyen.

83 En segundo lugar, Zicuñaga alega que la Comisión no puede basar sus conclusiones en el testimonio de una persona cuya identidad se desconoce, so pena de violar el derecho de defensa al no permitir que se impugne lo afirmado por dicho testigo en su declaración. Invocando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicha empresa alega que resulta indispensable poder confrontar al testigo con sus afirmaciones, a fin de medir el grado de credibilidad del testimonio y del testigo, y ofrecer al acusado la posibilidad de impugnar un testimonio inculpatorio e interrogar a su autor, en el momento en que preste declaración o posteriormente.

84 La Comisión alega que las pruebas en que se ha basado para demostrar la participación de Zicuñaga en la infracción no pueden calificarse de meras suposiciones o declaraciones indirectas, y subraya que los tribunales comunitarios nunca han puesto en duda la legalidad de la Comunicación sobre la cooperación ni el valor probatorio de las declaraciones formuladas por los empresas al amparo de ésta. Por otra parte, el Reglamento nº 17 no contempla la posibilidad de un interrogatorio de testigos en el marco del procedimiento administrativo y la demandante no ha formulado petición alguna en ese sentido al Tribunal de Primera Instancia.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

85 En la medida en que, mediante esta argumentación, Zicuñaga pretende negar valor probatorio a las declaraciones de personas no identificadas invocadas por la Comisión en apoyo de sus imputaciones contra dicha empresa en la Decisión, el análisis de dicha argumentación forma parte del examen de fondo, que se llevará a cabo posteriormente y en el que se verificará si dichas imputaciones se hallan suficientemente acreditadas.

86 En la medida en que la argumentación expuesta pretende igualmente denunciar una violación del derecho de defensa y del derecho a un proceso equitativo, sosteniendo que el hecho de que el pliego de cargos no mencionase la identidad del autor o autores de las declaraciones que apoyan las apreciaciones de la Comisión sobre Zicuñaga impidió que esta empresa impugnara tales apreciaciones solicitando la citación de dicho testigo o testigos en el procedimiento administrativo, procede recordar que, aunque efectivamente el artículo 6, apartado 3, letra d), del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), dispone que «todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: […] A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra», constituye sin embargo jurisprudencia reiterada que la Comisión no es un tribunal a efectos del artículo 6 de CEDH (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión, 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 81, y de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 7). Por otra parte, el artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 17 dispone expresamente que las decisiones de la Comisión en las que se impongan multas por violación del Derecho de la competencia no tienen carácter penal (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T‑83/91, Rec. p. II‑755, apartado 235).

87 No obstante, sigue siendo cierto que la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho comunitario en el procedimiento administrativo (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 86 supra, apartado 8). Procede subrayar sin embargo, por una parte, que, aunque la Comisión puede tomar declaración a las personas físicas o jurídicas cuando lo estime oportuno, dicha institución carece del derecho de citar a testigos de cargo sin haber obtenido su consentimiento y, por otra parte, que el hecho de que las disposiciones del Derecho comunitario de la competencia no impongan a la Comisión la obligación de citar a los testigos de descargo cuyo testimonio se solicita no vulnera tales principios (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartado 392).

88 Por otra parte, en el presente asunto Zicuñaga no ha aportado dato alguno que indique que ella solicitó a la Comisión, en el procedimiento administrativo, precisiones sobre la identidad de las personas cuyas declaraciones había invocado esta última en apoyo de las imputaciones formuladas contra Zicuñaga en el pliego de cargos, a fin de que dichas personas prestasen testimonio en su presencia. Dicha empresa tampoco ha demostrado haber solicitado en el procedimiento administrativo la citación y el interrogatorio de testigos de descargo.

89 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el presente motivo en la medida en que invoca una violación del derecho de defensa y del derecho a un proceso equitativo. En la medida en que dicho motivo pretende negar valor probatorio a las pruebas invocadas por la Comisión en apoyo de las imputaciones formuladas contra Zicuñaga en la Decisión, corresponde analizarlo al proceder al examen de fondo.

5. Sobre el quinto motivo, en el que se invoca una violación del principio de buena administración durante la instrucción del asunto y un defecto de motivación en la Decisión

a) Alegaciones de las partes

90 Zanders reprocha a la Comisión haber instruido el asunto únicamente a cargo, alegando que la Comisión hubiera debido tener en cuenta la información suministrada por ella, en diciembre de 2000 y en marzo de 2001, sobre su papel decisivo en la desaparición del cártel, o habría debido realizar investigaciones complementarias si dudaba del valor de dicha información. Denuncia igualmente el hecho de que la Comisión no tuviera en cuenta un dictamen pericial presentado por ella en marzo de 2001 a fin de demostrar que la repercusión de las tentativas de acuerdo sobre los precios fue irrisoria, por no decir inexistente. A su juicio, la Decisión no contiene tampoco motivación alguna sobre la negativa a tomar en consideración estas dos circunstancias, ni pasaje alguno en el que se analice el papel individual de Zanders.

91 La Comisión afirma que Zanders no ha aportado pruebas que respalden su afirmación de haber desempeñado un papel particular en el cese de la infracción. En cuanto a la repercusión en el mercado de los acuerdos de precios, la Comisión sostiene haber consagrado a este tema una sección entera de la Decisión (considerandos 382 a 402), en la parte relativa al examen de los efectos concretos de la infracción. La Decisión respetó además plenamente el deber de motivación al examinar conjuntamente el comportamiento de la demandante y el de otras cinco empresas en los considerandos 263 a 271. Por otra parte, según la Comisión, en su respuesta al pliego de cargos Zanders no alegó haber desempeñado un papel meramente pasivo.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

92 Procede recordar que en los casos en que, como sucede en el presente asunto, las instituciones disponen de una facultad de apreciación para poder cumplir sus funciones, la observancia de las garantías otorgadas por el ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos reviste una importancia aún más fundamental; entre estas garantías figura, en particular, la obligación de la institución competente de examinar, detenidamente y con imparcialidad, todas las circunstancias pertinentes del asunto de que se trate (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, apartado 14; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de enero de 1992, La Cinq/Comisión, T‑44/90, Rec. p. II‑1, apartado 86, y de 11 de julio de 1996, Métropole télévision y otros/Comisión, T‑528/93, T‑542/93, T‑543/93 y T‑546/93, Rec. p. II‑649, apartado 93).

93 Por otra parte, según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones (sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 63, y del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, Lögstör Rör/Comisión, T‑16/99, Rec. p. II‑1633, apartado 368).

94 A este respecto, resulta obligado hacer constar que la Decisión muestra de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Comisión y permite que Zanders conozca las razones de la medida adoptada y que el Tribunal de Primera Instancia ejerza su control. En efecto, la Comisión ha analizado la participación de Zanders en el cártel, junto con la de AWA, de Koehler, de Sappi, de Stora y de Torraspapel, en los considerandos 263 a 271 de la Decisión.

95 Zanders alega más específicamente que la Comisión no tuvo en cuenta su papel en el cese de la infracción ni el dictamen pericial presentado por ella.

96 En lo que respecta al papel de Zanders en el cese de la infracción, procede señalar que, en su respuesta de 12 de diciembre de 2000 al pliego de cargos, Zanders invocó la carta del Presidente y Director General de International Paper a todos los empleados del grupo de fecha 1 de abril de 1996, en la que les recordó que el grupo atribuía la máxima importancia al respeto de las leyes y de la ética en sus contactos con clientes y proveedores, con la Administración y con los demás organismos. También mencionó la reunión interna organizada por ella con objeto de garantizar que sus directivos respetasen el Derecho de la competencia y de adoptar un programa de ajuste a las disposiciones de dicho Derecho. Zanders recordó por otra parte que el Presidente de su Consejo de Administración, que obtuvo la presidencia de la AEMCP el 1 de enero de 1996, había declarado públicamente y sin ambigüedades, tras convertirse en Presidente de dicha asociación, que la empresa había renunciado a las actividades colusorias.

97 Resulta obligado hacer constar que, en su respuesta al pliego de cargos, Zanders expuso los datos mencionados en el apartado anterior en apoyo de las alegaciones con las que pretendía rebatir la imputación de haber proseguido sus contactos colusorios con posterioridad al otoño de 1995, como alegaba la Comisión en el pliego de cargos. Más concretamente, la presentación de estos datos formaba parte de la argumentación desarrollada por Zanders para demostrar que, a partir del otoño de 1995, había dejado de participar en reuniones secretas del cártel y en prácticas concertadas sobre los precios con sus competidores y había fijado de manera autónoma su política de precios, de modo que, concretamente, la subida de precios aplicada por ella en septiembre de 1996 no tenía por origen una reunión colusoria.

98 Ahora bien, resulta innegable que la Comisión tuvo en cuenta en el procedimiento administrativo la argumentación de Zanders expuesta en el apartado anterior. En efecto, en la Decisión, el período de infracción que se imputa a Zanders finaliza en septiembre de 1995 y no en marzo de 1997, como en el pliego de cargos.

99 En ca