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Aproximación de las legislaciones - Protección sanitaria de los vegetales - Directiva 77/93/CEE - Introducción en la Comunidad de vegetales originarios de países terceros y sujetos a requisitos particulares - Inexistencia de certificado fitosanitario expedido por los servicios autorizados del país de origen - Expedición de dicho certificado por los servicios autorizados del país exportador - Procedencia - Requisitos

(Directiva 77/93/CEE del Consejo, en su versión modificada por las Directivas 91/683/CEE y 92/103/CEE, art. 12, ap. 1)

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$$La Directiva 77/93, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, en su versión modificada, en particular, por las Directivas 91/683 y 92/103, permite a un Estado miembro dejar entrar en su territorio vegetales originarios de un país tercero y sujetos a la expedición de un certificado fitosanitario relativo, en particular, al cumplimiento de requisitos particulares si, a falta de un certificado expedido por los servicios autorizados del país de origen, los vegetales van acompañados de un certificado emitido en un país tercero del que no son originarios, siempre que dichos vegetales hayan sido importados en el territorio del país en el que se ha producido el control antes de ser exportados hacia la Comunidad, que hayan permanecido en este país durante un período y en unas condiciones tales que se hayan podido llevar a cabo los controles adecuados, y, finalmente, que no estén sujetos a requisitos particulares que sólo pueden cumplirse en su lugar de origen.

No le corresponde al Estado miembro de que se trate tener en cuenta las razones por las que el certificado fitosanitario no se haya expedido en el país de origen de los vegetales para apreciar su conformidad con las exigencias fijadas en la Directiva.

(véanse los apartados 38 y 42 y el fallo)
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1 Competencia - Empresas públicas y empresas a las que los Estados miembros conceden derechos especiales o exclusivos - Normas del Tratado - Efecto directo

[Tratado CE, arts. 86 y 90 (actualmente arts. 82 CE y 86 CE)]

2 Competencia - Posición dominante - Abuso - Empresa que dispone de un monopolio legal - Oficinas públicas de empleo - Criterios de apreciación

[Tratado CE, arts. 86 y 90, aps. 1 y 2 (actualmente arts. 82 CE y 86 CE, aps. 1 y 2)]

3 Derecho comunitario - Disposiciones directamente aplicables - Conflicto entre el Derecho comunitario y una ley posterior - Obligaciones y facultades del órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto - Inaplicación de la norma nacional, aunque sea posterior - Incompatibilidad con el Tratado de toda práctica constitucional que atribuya la solución de un conflicto a una autoridad distinta del órgano jurisdiccional que conoce del asunto

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1 Aun en el marco del artículo 90 del Tratado (actualmente artículo 86 CE), las disposiciones del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE) producen efecto directo y generan, para los justiciables, derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales deben proteger. (véanse los apartados 11 y 17, y el fallo)

2 Las oficinas públicas de empleo están sometidas a la prohibición del artículo 86 del Tratado (actualmente artículo 82 CE), en tanto que la aplicación de esta disposición no impida el cumplimiento de la misión específica que se les ha confiado. El Estado miembro que prohíbe toda actividad de mediación e interposición entre demandas y ofertas de trabajo cuando no la realizan dichas oficinas infringe el artículo 90, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 86 CE, apartado 1) si crea una situación en la que las oficinas públicas de empleo se ven necesariamente obligadas a infringir los términos del artículo 86 del Tratado. Así sucede en particular cuando se cumplen los siguientes requisitos acumulativos:

- Las oficinas públicas de empleo no están manifiestamente en condiciones de satisfacer la demanda del mercado para todos los tipos de actividades.

- El ejercicio efectivo de las actividades de colocación por empresas privadas se hace imposible por el mantenimiento en vigor de disposiciones legales que prohíben tales actividades so pena de sanciones penales y administrativas.

- Las actividades de colocación de que se trata pueden extenderse a nacionales o a territorios de otros Estados miembros. (véanse los apartados 13, 14 y 17, y el fallo)

3 El Juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones de Derecho comunitario tiene la obligación de velar por que dichas normas surtan pleno efecto, dejando de aplicar, si fuera preciso, por su propia autoridad, cualquier disposición contraria de la legislación nacional, incluso posterior, sin que tenga que solicitar o que esperar la previa supresión de ésta por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional. (véanse los apartados 16 y 17, y el fallo)
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1 Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites - Interpretación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en lo que atañe a su aplicación en los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio - Exclusión

[Tratado CE, art. 177 (actualmente, art. 234 CE); Acuerdo EEE]

2 Política social - Aproximación de las legislaciones - Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario - Directiva 80/987/CEE - Insuficiencia de la adaptación del Derecho interno en un nuevo Estado miembro en la fecha de su adhesión - Invocación de la Directiva o responsabilidad del Estado generada en virtud de acontecimientos anteriores a la fecha de adhesión - Exclusión

(Directiva 80/987/CEE del Consejo)

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1 Si el Tribunal de Justicia es competente en principio para pronunciarse con carácter prejudicial acerca de la interpretación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) cuando tal cuestión se plantea ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, las disposiciones de dicho Acuerdo forman parte integrante, a partir de la entrada en vigor de este último, del ordenamiento jurídico comunitario, dicha competencia únicamente es válida por lo que respecta a la Comunidad, de modo que el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse acerca de la interpretación del Acuerdo EEE en lo que atañe a su aplicación en los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

El hecho que el Estado de la AELC en cuestión se haya convertido posteriormente en Estado miembro de la Unión Europea, de modo que la cuestión emane de un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, no puede producir el efecto de atribuir al Tribunal de Justicia una competencia de interpretación del Acuerdo EEE en lo que se refiere a su aplicación a situaciones que no competen al ordenamiento jurídico comunitario. De este modo, si el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre la interpretación del Derecho comunitario, del cual forma parte integrante el Acuerdo EEE, por lo que respecta a su aplicación en los nuevos Estados miembros a partir de la fecha de su adhesión, no es competente para pronunciarse sobre los efectos del Acuerdo EEE en el ordenamiento jurídico nacional del órgano jurisdiccional remitente en el período anterior a dicha adhesión.

2 El Derecho comunitario no exige que tras la adhesión a la Unión Europea de un Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio, en la fecha en que en virtud del Derecho comunitario debería haberse adaptado el Derecho interno a la Directiva 80/987 relativa a la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario, los particulares puedan hacer valer ante los órganos jurisdiccionales de este nuevo Estado miembro derechos que les otorga directamente la Directiva, ni que dicho Estado pueda incurrir en responsabilidad por los daños que les han sido causados por la adaptación incorrecta del Derecho interno a dicha Directiva, cuando los acontecimientos que condicionan la operatividad de la garantía establecida por la Directiva se hayan producido con anterioridad a la fecha de adhesión.
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1 Estados miembros - Obligaciones - Ejecución de las Directivas - Incumplimiento - Justificación - Improcedencia (Tratado CE, art. 169) 2 Aproximación de las legislaciones - Pilas y acumuladores que contienen determinadas materias peligrosas - Directiva 91/157/CEE - Obligación de los Estados miembros de establecer programas específicos para alcanzar determinados objetivos - Alcance (Directiva 91/157/CEE del Consejo, art. 6)

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1 Un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una Directiva. 2 Para alcanzar los objetivos de la Directiva 91/157, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, su artículo 6 obliga a los Estados miembros a establecer programas y a revisarlos y actualizarlos regularmente. A este respecto, los Estados miembros sobre los que pesa tal obligación deben comunicar a la Comisión las acciones que pretenden adoptar o llevar a cabo en los ámbitos de que se trata. Efectivamente, sólo a la vista de estas precisiones cuantitativas y temporales podrá apreciar la Comisión si las medidas previstas con arreglo a la Directiva contribuyen realmente a la ejecución de los programas destinados a conseguir los objetivos de la Directiva Del tenor del artículo 6 y del sistema general de la Directiva se desprende que los distintos problemas planteados por residuos especiales como las pilas y los acumuladores deben resolverse con arreglo a un calendario preciso. A este respecto, procede señalar que, aunque algunos resultados relativos a los objetivos de la Directiva se alcanzaron antes de que expirara el plazo establecido en ésta para la ejecución de los programas, ello no releva a un Estado miembro de la obligación de establecer los programas previstos. No pueden considerarse programas en el sentido del citado artículo 6 medidas positivas en relación con los objetivos indicados en el párrafo primero de dicha disposición que sólo constituyen una serie de intervenciones normativas o acciones aisladas y que no tienen el carácter de un sistema organizado y articulado de objetivos.
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Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones - Directiva 92/13/CEE - Disposición que obliga a los Estados miembros a instaurar organismos de recurso - No adaptación del Derecho interno - Consecuencias - Facultad de los organismos de recurso competentes en materia de contratos públicos de obras y de suministro para conocer también en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones - Consecuencia no imperativa - Obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de verificar si existe la posibilidad de interponer recurso sobre la base del Derecho nacional en vigor

(Directiva 92/13/CEE del Consejo)

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Ni los apartados 1 a 3 del artículo 1, ni los apartados 1 y 7 a 9 del artículo 2, ni otras disposiciones de la Directiva 92/13, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, pueden interpretarse en el sentido de que, en caso de que el Derecho interno no se haya adaptado a esta Directiva al finalizar el plazo señalado al efecto, los organismos responsables de los procedimientos de recurso de los Estados miembros competentes en materia de procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras y de suministro estén facultados también para conocer de los recursos relativos a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. No obstante, las exigencias de interpretación del Derecho nacional con arreglo a la Directiva 92/13 y de protección eficaz de los derechos de los justiciables requieren que el órgano jurisdiccional nacional compruebe si las disposiciones pertinentes del Derecho nacional permiten reconocer a los justiciables un derecho a interponer recursos en materia de adjudicación de contratos públicos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. El órgano jurisdiccional nacional está obligado, en particular, a comprobar si este derecho a interponer recursos puede ejercerse ante los mismos organismos que los previstos en materia de adjudicación de contratos públicos de suministro y de obras.

Si las disposiciones nacionales no pueden interpretarse de manera conforme con la Directiva 92/13, los interesados pueden solicitar, siguiendo los procedimientos adecuados del Derecho nacional, la reparación de los daños sufridos como consecuencia de la falta de adaptación del Derecho interno a la Directiva dentro del plazo señalado.
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1 Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales - Directiva 69/335/CEE - Ambito de aplicación - Impuesto nacional que grava la plusvalía inmobiliaria manifestada en el momento de aportación de un bien a una sociedad de capital - Exclusión

[Directiva 69/335/CEE del Consejo, art. 4, ap. 1, letra c)]

2 Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales - Directiva 69/335/CEE - Ambito de aplicación - Impuestos de registro, hipotecario y catastral, percibidos en caso de aportación de bienes inmuebles a una sociedad de capital - Inclusión - Percepción autorizada conforme al artículo 12 de la Directiva - Requisito

(Directiva 69/335/CEE del Consejo, arts. 10 y 12)

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3 La Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, modificada por las Directivas 73/79, 73/80, 74/553 y 85/303, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a un impuesto nacional que grava la eventual plusvalía de un bien inmueble manifestada en el momento de aportación de dicho bien a una sociedad de capital. En efecto, tal impuesto, en tanto que impuesto general sobre las plusvalías inmobiliarias, no constituye un impuesto sobre las aportaciones percibido con motivo de un aumento de capital mediante la aportación de bienes de cualquier naturaleza en el sentido de la letra c) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.

4 La Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada, se aplica a impuestos como el impuesto de registro, el impuesto hipotecario y el impuesto catastral, en la medida en que dichos impuestos se perciben con motivo de la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles en caso de aportaciones de bienes a sociedades de capital. Los tres impuestos constituyen en ese caso impuestos indirectos que presentan las mismas características que el impuesto sobre las aportaciones de capital, y, por tanto, están prohibidos con arreglo al artículo 10 de la Directiva. Sin embargo, el artículo 12 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que autoriza a un Estado miembro, no obstante la prohibición del artículo 10, a percibir dichos impuestos, siempre que no sean superiores a los aplicables a las operaciones similares en el Estado miembro que los liquide.
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Recursos propios de las Comunidades Europeas - Recaudación a posteriori de los derechos de importación o de exportación - Reglamento (CEE) nº 1697/79 - Ambito de aplicación ratione temporis - Deuda aduanera nacida antes de la entrada en vigor del Reglamento - Exclusión

[Reglamento (CEE) nº 1697/79 del Consejo, art. 2, ap. 1, párr. 2]

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El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento nº 1697/79, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos, no se aplica a los derechos no percibidos por una mercancía declarada en un régimen aduanero cuando la obligación de pagar estos derechos nació en una fecha anterior a la entrada en vigor de dicho Reglamento.
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1 Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Control de la apreciación de los elementos de prueba por parte del Tribunal de Justicia - Exclusión, salvo en caso de desnaturalización

[Tratado CE, art. 168 A; Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 51, párr. 1]

2 Competencia - Acuerdos - Decisión de archivo por parte de la Comisión - Naturaleza jurídica - Incoación ulterior de un procedimiento por infracción - Consideración de un elemento de hecho anterior a la decisión de archivo - Requisitos

(Reglamento nº 17 del Consejo)

3 Competencia - Procedimiento administrativo - Cese de las infracciones - Facultad de la Comisión - Imposición a una empresa de una prohibición de celebrar, en el futuro, acuerdos de exclusividad - Exclusión

(Tratado CE, art. 85; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 3)

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1 Con arreglo al artículo 168 A del Tratado CE y al párrafo primero del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, un recurso de casación no puede fundarse más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de hecho.

Por lo que se refiere en particular a la valoración de las pruebas, incumbe al Tribunal de Primera Instancia apreciar con entera libertad el valor que ha de atribuir a los elementos de prueba que se aportan, sin perjuicio del supuesto de desnaturalización de dichos elementos.

2 Habida cuenta de la naturaleza jurídica de un escrito de archivo de actuaciones, el envío de dicho escrito, en el cual la Comisión se reservaba el derecho a reabrir el procedimiento si determinados elementos de hecho o de Derecho sobre los que se basaba su valoración se modificaban sensiblemente, no puede implicar la consecuencia de que la Comisión, con motivo de la reapertura efectiva del procedimiento, deje de estar habilitada para tener en cuenta un elemento de hecho cuando éste hubiera existido ya antes de la expedición de dicho escrito, pero no hubiera sido puesto en conocimiento de la Comisión sino más tarde, en particular, con ocasión de una denuncia presentada con posterioridad.

3 Dado que la aplicación del artículo 3 del Reglamento nº 17 debe efectuarse en función de la naturaleza de la infracción comprobada, aunque la Comisión pueda obligar mediante Decisión a las empresas y asociaciones de empresas a poner fin a una infracción del artículo 85 del Tratado a través de un acuerdo de compra en exclusiva, no tiene derecho a imponer la prohibición de celebrar cualesquiera acuerdos futuros de este tipo.
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Acuerdos internacionales - Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Libre circulación de personas - Trabajadores - Nacional turco que ha ocupado durante más de cuatro años un empleo en un Estado miembro y después lo ha abandonado voluntariamente - Derecho de residencia para buscar trabajo - Requisito - Duración de la estancia - Fijación, dentro de límites razonables, por la normativa o, en su defecto, por el órgano jurisdiccional nacional

(Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía, art. 6, ap. 1, tercer guión)

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El tercer guión del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía debe interpretarse en el sentido de que un trabajador turco que ha trabajado legalmente durante más de cuatro años en el territorio de un Estado miembro, que decide espontáneamente abandonar su empleo para buscar en el mismo Estado miembro una nueva actividad y que no consigue iniciar inmediatamente otra relación laboral goza en dicho Estado, durante un período razonable, de un derecho de residencia con objeto de buscar en él otro trabajo por cuenta ajena, siempre y cuando siga perteneciendo al mercado de trabajo legal del Estado miembro de que se trate, ajustándose, en su caso, a las disposiciones de la normativa vigente en tal Estado, por ejemplo, inscribiéndose en él como solicitante de empleo y poniéndose a disposición de los servicios de empleo. Corresponde al Estado miembro interesado y, a falta de normativa en este sentido, al órgano jurisdiccional que conozca del asunto, fijar dicho plazo razonable, que, no obstante, debe ser suficiente para no menoscabar las posibilidades reales del interesado de encontrar otro empleo.
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1. Competencia ° Prácticas colusorias ° Acuerdos entre empresas ° Concepto ° Acuerdos entre sociedad matriz y filiales sin autonomía ° Exclusión ° Aplicación eventual del artículo 86 del Tratado

[Tratado CE, arts. 2, 3, letras c) y g), 85, ap. 1, y 86]

2. Recurso de casación ° Motivos ° Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia ° Inadmisibilidad ° Desestimación

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 49; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, letra c)]

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1. Cuando una sociedad matriz y sus filiales constituyen una unidad económica en cuyo interior las filiales no disfrutan de verdadera autonomía para determinar su línea de acción en el mercado, sino que aplican las instrucciones que les imparte la sociedad matriz que las controla al 100 %, el hecho de que la política seguida por esta última y que consiste principalmente en repartir los distintos mercados nacionales entre sus filiales pueda producir efectos fuera de la esfera del grupo, que puedan afectar a la situación competitiva de terceros, no conduce a la aplicación del apartado 1 del artículo 85, aunque se interprete a la luz del artículo 2 y de las letras c) y g) del artículo 3 del Tratado. Sin embargo, el artículo 86 del Tratado puede resultar aplicable a dicho comportamiento unilateral, si cumple los requisitos que en él se exigen para su aplicación.

2. De la letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se deduce que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia cuya anulación se solicita así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión.

No cumple este requisito el recurso de casación que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por este órgano jurisdiccional; en efecto, tal recurso de casación constituye, en realidad, una demanda destinada a obtener un mero reexamen de la presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual, a tenor del artículo 49 del Estatuto del Tribunal de Justicia, excede de la competencia de este último.