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1)

¿Deben interpretarse los artículos 28, 28 bis y 33 del Reglamento no 1408/71, (1) lo dispuesto en el anexo VI, parte R, punto 1, letras a) y b) del Reglamento no 1408/71 y el artículo 29 del Reglamento no 574/72 en el sentido de que se oponen a una disposición nacional como el artículo 69 de la Zvw, en la medida en que el titular de una jubilación o de una renta que, en principio, puede beneficiarse de los derechos derivados de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento no 1408/71, está obligado a inscribirse en el Cvz y en la medida en que debe retenerse una cotización de la jubilación o la renta de este titular, aunque no se haya inscrito en el sentido del artículo 29 del Reglamento no 574/72? (2)
1)

Incurrió en error de Derecho al analizar los dos requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) (Reglamento de base), a saber, la exigencia de que una solicitud de estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado (EEM) contenga prueba bastante de que las decisiones relacionadas en dicha disposición se «adopta(ro)n en respuesta a las señales de mercado que reflejan la oferta y la demanda» y que fueron adoptadas «sin interferencias significativas del Estado a este respecto» como un único requisito, haciendo, pues, que la segunda exigencia sea redundante.
1)

¿Debe interpretarse el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas de competencia previstas en los artículos 81 y 82 (1) del Tratado, en el sentido de que las autoridades nacionales de competencia no pueden adoptar una decisión negando que exista un comportamiento que restrinja la competencia en el sentido del artículo 82 CE cuando, tras la instrucción de un procedimiento, concluyan que la empresa no ha infringido la prohibición de abuso de una posición dominante con arreglo a dicha disposición?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 267/31

Petición de decisión prejudicial planteada por el Kammergericht Berlin (Alemania) el 22 de julio de 2009 — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/República Federal de Alemania

(Asunto C-279/09)

2009/C 267/54

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Kammergericht Berlin

Partes en el procedimiento principal

Demandante y recurrente: DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH

Demandada y recurrida: República Federal de Alemania

Cuestión prejudicial

Habida cuenta de que la articulación de los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales de los Estados miembros en materia de reparación de daños y del procedimiento para ejercitar la acción de responsabilidad del Estado conforme a Derecho comunitario no puede hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil la obtención de una indemnización con arreglo a los principios de dicha acción, ¿resulta admisible una normativa nacional según la cual el ejercicio de la acción se supedita al pago de un anticipo de costas procesales y no procede conceder la asistencia jurídica gratuita a una persona jurídica que no pueda satisfacer ese anticipo?
—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 2006/261/CE de la Comisión, de 16 de marzo de 2005, relativa al régimen de ayudas no C 8/2004 (ex NN 164/2003) que Italia ha ejecutado en favor de las sociedades de reciente cotización en bolsa [notificada el 17 de marzo de 2005 con el número C(2005) 591, DO L 94 de 1 de abril de 2006, p. 42] y del Tratado CE, al no haber adoptado en los términos establecidos todas las medidas necesarias para suprimir el régimen de ayudas considerado ilegal e incompatible con el mercado común mediante dicha Decisión y para obtener de sus beneficiarios la recuperación de las ayudas concedidas con arreglo a dicho régimen.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 233/11

Petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) el 27 de julio de 2009 — Paolo Lunardi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

(Asunto C-293/09)

2009/C 233/18

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione tributaria provinciale di Parma

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Paolo Lunardi

Demandada: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

Cuestión prejudicial

Por consiguiente, resulta necesario, para poder resolver sobre el presente asunto, que se determine con carácter prejudicial si el artículo 19, apartado 5, del DPR no 633/72 es contrario al Derecho comunitario y al principio de neutralidad del IVA y, en particular, si se ha producido una adaptación incorrecta del Derecho interno a la Directiva 77/388/CEE, (1) en la medida en que, de hecho, éste no establece el derecho a deducirse el IVA sobre las adquisiciones de bienes instrumentales, a los efectos del cálculo de la prorrata, por parte de sujetos pasivos que realizan, por ley, operaciones exentas.

(1) DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.
—

Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento (CE) no 273/2004 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas, y del Reglamento (CE) no 111/2005 (2) del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, al no haber adoptado las medidas nacionales necesarias para la aplicación de los artículos 10 y 12 del Reglamento no 273/2004 y al no haberlas comunicado con arreglo al artículo 16 del mismo Reglamento, así como al no haber adoptado las medidas necesarias para la aplicación de los artículos 26, apartado 3, y 31 del Reglamento no 111/2005.
2)

Las disposiciones del ordenamiento jurídico italiano contenidas en el artículo 3, apartados 22 y 19, del Código de Contratos Públicos, aprobado mediante el Decreto Legislativo no 163/2006 –según los cuales, respectivamente, «el término “operador económico” incluye el contratista, el suministrador y el prestador de servicios o una agrupación o consorcio de éstos» y «los términos “contratista”, “suministrador” y “prestador de servicios” designan una persona física, una persona jurídica o un ente sin personalidad jurídica, con inclusión del grupo europeo de interés económico (GEIE) constituido al amparo del Decreto Legislativo no 240, de 23 de julio de 1991, que “ofrezcan en el mercado”, respectivamente, la ejecución de una obra, el suministro de productos o la prestación de servicios»– y en el artículo 34 de dicho Código de Contratos Públicos –que enumera las personas que pueden participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos–, ¿se oponen a la Directiva 2004/18/CE, si se interpretan en el sentido de que circunscriben la participación exclusivamente a quienes desarrollan profesionalmente tales actividades, con exclusión de aquellas entidades públicas cuyas finalidad prioritaria no es la obtención de lucro, sino la investigación?
1)

¿Se puede considerar que se han cumplido las formalidades de exportación, en el sentido del [anexo IV, capítulo 5,] punto 1, del Acta de Adhesión, en el caso de que se cumplimente un manifiesto de carga pero no se hayan llevado a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 448 del Reglamento no 2454/93 (1) (la autoridad aduanera alemana no notificó adecuadamente a la autoridad aduanera letona la solicitud de la compañía naviera)?
—

Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE al no establecer, en el Decreto-Lei no 177/92, de 13 de agosto, que establece los requisitos para el reembolso de los gastos médicos efectuados en el extranjero, ni en ninguna otra medida de Derecho nacional, la posibilidad del reembolso de los gastos médicos no hospitalarios efectuados en otro Estado miembro, salvo en los casos previstos en el Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) o, en caso de que dicho Decreto-Lei admita la posibilidad de reembolso de los gastos médicos no hospitalarios efectuados en otro Estado miembro, al someter el correspondiente reembolso a la concesión de una autorización previa.
1)

¿Se opone el artículo 43 CE y, por tanto, la normativa comunitaria sobre competencia a una normativa nacional como la establecida en los artículos 1 de la Ley no 475, de 2 de abril de 1968, y 13 del DPR no 1275, de 21 de agosto de 1971, en la medida en que supeditan la autorización del traslado de sede de una farmacia de un local a otro, aun en el ámbito de la zona asignada, a la observancia de una distancia a otros establecimientos análogos no inferior a 200 metros, medida por el camino peatonal más breve entre los respectivos umbrales de las farmacias? Y, en particular: ¿las restricciones a la libertad de establecimiento previstas en la normativa citada colisionan con las razones de interés general que tales restricciones podrían justificar y, por tanto, son inadecuadas para su satisfacción?
6)

Cuando, más en particular, la concesión de un permiso medioambiental y/o la adopción de otra medidas contribuyen a sobrepasar o sobrepasar inminentemente el techo nacional de emisión de SO2 establecido en la Directiva NEC, a. ¿puede un particular, en virtud del artículo 4 de la Directiva NEC, invocar un derecho general a que el Estado miembro de que se trate adopte un conjunto de medidas con las que se reduzcan, a más tardar en 2010, las emisiones nacionales anuales de SO2 a cantidades que no superen el techo nacional de emisión establecido en la Directiva NEC o a que, de fracasar tales medidas, adopte un conjunto de medidas con las que se reduzcan dichas emisiones, en el plazo más breve posible después de 2010, a las referidas cantidades? b. ¿puede un particular, en virtud del artículo 4 de la Directiva NEC, invocar unos derechos concretos a que el Estado miembro de que se trate adopte medidas específicas con respecto a una determinada instalación, por ejemplo denegando un permiso o supeditándolo a requisitos o restricciones adicionales, que contribuyan a que se reduzcan, a más tardar en 2010, las emisiones nacionales anuales de SO2 a cantidades que no superen el techo nacional de emisión establecido en la Directiva NEC o a que, de fracasar tales medidas, adopte medidas específicas que contribuyan a reducir dichas emisiones, en el plazo más breve posible después de 2010, a las referidas cantidades? c. Para responder a las cuestiones 6.a y 6.b., ¿es relevante en qué medida la instalación contribuye a sobrepasar o sobrepasar inminentemente dicho techo?
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 180/35

Recurso interpuesto el 11 de junio de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Portuguesa

(Asunto C-212/09)

2009/C 180/61

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Braun, M. Teles Romão y P. Guerra e Andrade, agentes)

Demandada: República Portuguesa

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 56 CE y 43 CE., al mantener derechos especiales del Estado y de otros entes públicos o del sector público portugués en GALP Energia, SGPS S.A.

— Que se condene en costas a la República Portuguesa.

Motivos y principales alegaciones

En virtud de la legislación portuguesa, el Estado posee en GALP acciones privilegiadas con facultades excepcionales. El Estado tiene derecho a designar al Presidente del Consejo de Administración. En las materias de su competencia, los acuerdos sociales están sujetos a su ratificación.

Están sujetos a la aprobación del Estado cualesquiera acuerdos de modificación del contrato de sociedad, cualesquiera acuerdos que tengan por objeto autorizar la celebración de «contratos de grupo paritário ou de subordinação» y cualesquiera acuerdos que, de algún modo, puedan comprometer el abastecimiento del país en petróleo, gas o productos derivados.

La Comisión entiende que tanto el derecho del Estado a designar un administrador con poderes para ratificar los acuerdos como el derecho de veto del Estado en significant corporate actions son gravemente restrictivos de la inversión directa y de la inversión de cartera.

Los referidos derechos especiales del Estado constituyen medida estatales, ya que las acciones privilegiadas no resultan de la aplicación normal del Derecho de sociedades.

El Derecho comunitario derivado no admite derechos especiales del Estado en empresas minoristas de petróleo y de productos derivados del petróleo. GALP no tiene responsabilidad alguna de garantizar la seguridad del abastecimiento. El Estado pretende hacer de GALP una empresa cuyo centro de decisión radique en Portugal. En cualquier caso, el Estado portugués no respeta el principio de proporcionalidad, ya que las medidas controvertidas no son adecuadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos y exceden de lo necesario para conseguir tales objetivos.
1)

Una normativa, como la controvertida en el asunto principal, relativa al acceso de los no residentes a los coffeeshops, ¿está comprendida total o parcialmente en el ámbito de aplicación del Tratado CE y, en particular, del principio de la libre circulación de mercancías y/o la libre prestación de servicios o bien del principio de no discriminación consagrado en el artículo 12 CE, en relación con el artículo 18 CE?
1)

¿Son inválidos los artículos 42, párrafo primero, número 8 ter), y 44 bis del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 209, de 11.8.2005, p. 1), añadidos por el Reglamento (CE) no 1437/2007 del Consejo, de 26 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 322, de 7.12.2007, p. 1)?
2.

El Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente las exigencias de carácter cualitativo y cuantitativo del requisito de Derecho comunitario relativo a la «(utilización) en el tráfico económico», en virtud del artículo 8, apartado 4. En primer lugar, declaró que no debía interpretarse el requisito en el sentido de cualquier uso de índole comercial al margen de la esfera meramente privada, puntualizando que, en realidad, no era necesario ejercer el supuesto derecho del artículo 8, apartado 4, como ocurre en relación con las marcas. En este contexto, señaló que podía considerarse que los transportes «gratuitos» era una «utilización en el tráfico económico», así como uso con una función diferente (uso de marca y no uso de denominación de origen). En segundo lugar, la resolución impugnada consideró indebidamente que debía tenerse en cuenta la utilización con posterioridad a la fecha de la solicitud de la marca opuesta y, por lo tanto, pasó por alto el hecho de que para que un derecho anterior constituya un motivo de oposición lícito con arreglo al artículo 8, deben concurrir todos los requisitos de este motivo de oposición en el momento en que se formula la solicitud objeto de oposición. En tercer lugar, el Tribunal de Primera Instancia interpretó incorrectamente el artículo 8, apartado 4, al considerar, en contra del principio de territorialidad, que podía tenerse en cuenta el uso que se había realizado en países distintos de aquellos en que existen los supuestos derechos previstos en el artículo 8, apartado 4.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 90/14

Petición de decisión prejudicial planteada por la House of Lords (Reino Unido) el 9 de febrero de 2009 — Commisioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Baxi Group Limited

(Asunto C-55/09)

2009/C 90/21

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

House of Lords

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Commisioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Recurrida: Baxi Group Limited

Cuestiones prejudiciales

En un supuesto en el que:

A. un sujeto pasivo aplique un programa de promoción comercial gestionado por una empresa de marketing y publicidad, en virtud del cual se otorguen «puntos» a los clientes del sujeto pasivo por la compra de productos de dicho sujeto pasivo;

B. los clientes canjeen los puntos obteniendo gratuitamente productos de regalo de la empresa de marketing y publicidad;

C. el sujeto pasivo haya acordado con esa otra empresa abonarle el precio de venta al público recomendado de los productos de regalo, 1) ¿cómo deben interpretarse los artículos 14, 24, 73 y 168 de la Directiva comunitaria en materia de IVA (1) [anteriormente, artículos 5, 6, 11, parte A, apartado 1, letra a), y 17, apartado 2, de la Sexta Directiva (2)] en lo concerniente a los pagos del sujeto pasivo a la otra empresa? 2) En particular, ¿deben interpretarse dichas disposiciones en el sentido de que los pagos del sujeto pasivo a la otra empresa han de ser calificados: a) únicamente como una contraprestación por la prestación de servicios por parte de la otra empresa al sujeto pasivo; b) únicamente como una contraprestación de un tercero por la entrega de bienes por parte de la otra empresa a los clientes; c) como una contraprestación debida, en parte, por la prestación de servicios por la otra empresa al sujeto pasivo y, en parte, por la entrega de bienes por la otra empresa a los clientes; o d) como una contraprestación debida tanto por la prestación de servicios de marketing y publicidad como por la entrega de productos de regalo por la otra empresa al sujeto pasivo? 3) Si la respuesta a la segunda cuestión es que los pagos deben calificarse en parte como una contraprestación debida por la prestación de servicios por la otra empresa al sujeto pasivo y en parte como una contraprestación de un tercero, el sujeto pasivo, a la otra empresa por razón de la entrega de bienes por parte de esa otra empresa a los clientes, ¿cuáles son los criterios establecidos por el Derecho comunitario para determinar la forma en que el pago ha de ser repartido entre esas dos prestaciones?

(1) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).

(2) Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de los negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1).
1)

Las disposiciones del artículo 3, apartados 2 y 3, párrafo tercero, de la Directiva 1999/44/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, ¿deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que dispone que, en caso de cumplimiento contractual mediante sustitución de un bien de consumo, el vendedor no tiene que soportar los costes de instalación del bien de consumo de sustitución en un objeto al que el consumidor había incorporado el bien de consumo que no era conforme con el contrato según su naturaleza y finalidad, si originalmente no se estaba obligado a la instalación de acuerdo con el contrato?
—

Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y 8 de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos, por la que se codifica la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, y de los artículos 3 y 5 de la Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, por un lado, al no haber tomado las medidas necesarias para garantizar que los residuos depositados en las canteras «dos Limas», «dos Linos» y «dos Barreiras», situadas en la pedanía de Lourosa, se valoricen o se eliminen sin poner en peligro la salud del hombre, sin perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua y el suelo, ni para remitirlos a un recolector privado o público o a una empresa que se encargue de su eliminación o valorización, y, por otro lado, al no haber tomado las medidas necesarias para limitar la introducción en las aguas subterráneas de sustancias de la lista II de la Directiva 80/68/CEE con el fin de evitar la contaminación de estas aguas por dichas sustancias.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 69/23

Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Asunto C-582/08)

(2009/C 69/41)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: R. Lyal y M. Afonso, agentes)

Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Pretensiones de la parte demandante

— Que se declare que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 169, 170 y 171 de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido y del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 86/560/CEE (2) del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, Decimotercera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad, al denegar la recuperación del impuesto soportado por determinadas operaciones realizadas por sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad Europea.

— Que se condene en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión alega que no puede interpretarse que el artículo 2, apartado 1, de la Decimotercera Directiva IVA excluya la devolución del IVA aplicado a bienes o servicios utilizados para las necesidades de las operaciones financieras y de seguros a que se refiere el artículo 17, apartado 3, letra c), de la Sexta Directiva IVA (3). Por ello, la Comisión considera que la legislación del Reino Unido es contraria al Derecho comunitario en la medida en que deniega el derecho a la devolución de dicho IVA a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad Europea.

(1) DO L 347, p. 1.

(2) DO L 326, p. 40.

(3) Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).
2)

En consecuencia, si se responde a la primera cuestión en el sentido de que con la expresión «las mismas partes» se pretende dar una interpretación, más precisa y autónoma del citado Reglamento, del ámbito subjetivo de la eficacia de las resoluciones concurrentes: i) a la hora de interpretar esta expresión, contenida en el artículo 34, inicio y número 3, del Reglamento no 44/2001, ha de buscarse una vinculación con la interpretación que, en su sentencia de 19 de mayo de 1998, Drouot Assurances (C-351/96, Rec. p. I-3075), el Tribunal de Justicia hizo de la expresión «entre las mismas partes» recogida en el artículo 21 del Convenio de Bruselas, actualmente artículo 27 del Reglamento no 44/2001, y ii) K-Line, que fue parte del procedimiento de Rótterdam, pero no del procedimiento de Düsseldorf, como consecuencia de la cesión y el otorgamiento de un mandato, tiene la consideración de «la misma parte» que Zeuner, que fue parte en el procedimiento de Dusseldorf, pero no del de Róterdam?