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16

El órgano jurisdiccional remitente sostiene que, aunque, como alega el Gobierno belga, la demandante en el litigio principal hubiese solicitado en Bélgica una prestación para personas con discapacidad, de modo que se habría beneficiado de la exención del impuesto, cosa que no hizo, en realidad no había tenido interés en hacerlo, puesto que ya disfrutaba de ella en los Países Bajos. Además, no es seguro que hubiera podido obtener tal prestación en Bélgica.
5.

Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Afectación directa — Criterios — Reglamento de la Comisión por el que se renueva la aprobación de una sustancia activa en aplicación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 — Recurso de una asociación integrada por productores de trigo y consumidores, así como por sus asociaciones de protección, encargada de defender los intereses colectivos de sus miembros — Acto que no les afecta directamente — Inadmisibilidad [Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y 2017/2324 de la Comisión; Directiva 91/414/CEE del Consejo, anexo I] (véanse los apartados 51, 53, 54 y 56 a 58)
1)

Declarar que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 4, 10 y 15 y del anexo I, puntos A, B y D, de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008: – Al no haber dotado de un sistema colector de aguas residuales urbanas a 31 aglomeraciones urbanas (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou y Pyrgos). – Al no haber garantizado que, en estas mismas aglomeraciones urbanas, las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente.
4

El artículo 4 de esta Directiva, titulado «Autoridad supervisora y derecho aplicable», establece en sus apartados 1, 5 y 6: «1. Los Estados miembros designarán a la autoridad o autoridades competentes para la supervisión de las ofertas que se rijan por las normas adoptadas o introducidas en virtud de la presente Directiva. Las autoridades así designadas deberán ser bien autoridades públicas o bien asociaciones u organismos privados reconocidos por la legislación nacional o por las autoridades públicas expresamente facultadas a tal fin por la legislación nacional. Los Estados miembros informarán a la Comisión [Europea] de dichas designaciones, especificando todo posible reparto de funciones. Los Estados miembros velarán por que esas autoridades desempeñen sus funciones de forma imparcial e independiente de todas las partes de la oferta. […] 5. Las autoridades supervisoras dispondrán de todos los poderes necesarios para el ejercicio de sus funciones y, entre ellas, el deber de velar por que las partes de la oferta cumplan las normas establecidas en aplicación de la presente Directiva. […] 6. La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de designar a las autoridades, judiciales u otras, encargadas de conocer de los litigios y decidir sobre los incumplimientos cometidos durante el procedimiento de oferta, ni a la facultad de los Estados miembros de establecer disposiciones que determinen si las partes de la oferta tienen derecho a emprender acciones judiciales o interponer recursos administrativos y en qué circunstancias. En particular, la presente Directiva no afectará a la facultad de que puedan disfrutar los tribunales de un Estado miembro de renunciar a entender un litigio y de determinar si este influye o no en el resultado de la oferta. La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de determinar las normas jurídicas relativas a la responsabilidad de las autoridades supervisoras o a la resolución de litigios entre las partes de una oferta.»
27

En su Aviso relativo a dicha sentencia (DO 2017, C 296, p. 16; en lo sucesivo, «Aviso de 7 de septiembre de 2017»), la Comisión indicó, en relación con el alcance de la reapertura del procedimiento de dumping, por un lado, que «el procedimiento subyacente [al Reglamento controvertido podía] reanudarse en el punto exacto en el que se [había producido] la ilegalidad. En consecuencia, en la ejecución de la sentencia del Tribunal General de 1 de junio de 2017, la Comisión [tenía] la posibilidad de corregir los aspectos del procedimiento que [habían dado] lugar a la anulación y dejar inalteradas aquellas partes a las que no [afectase] la sentencia». Por otro lado. precisó que «[seguían] siendo válidas las conclusiones establecidas en el Reglamento [controvertido] que no se [habían impugnado] o que se [habían impugnado] pero [habían sido] desestimadas en la sentencia del Tribunal General, o que este no [había examinado] y, en consecuencia, no [habían dado] lugar a la anulación del Reglamento [controvertido]». Además, dicha institución señaló que la «reapertura de la investigación se [limitaba] a la ejecución de la sentencia del Tribunal General en lo que respecta a Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. y no [afectaba] a otras investigaciones. El Reglamento de Ejecución [n.o 349/2012] [seguía] siendo, por tanto, aplicable con respecto al productor exportador afectado».
125

En opinión de la República de Austria, no es comprensible la razón por la que estos reglamentos y directrices no son aplicables al caso de autos, habida cuenta de los principios de igualdad de trato y de no discriminación. A su juicio, esta indeterminación impide apreciar correctamente la proporcionalidad de la ayuda y tampoco permite, dado que el presupuesto inicial no puede determinarse, respetar, en caso de aumento de dicho presupuesto, la obligación de efectuar una nueva notificación conforme al artículo 1, letra c), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9), en relación con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 2004, L 140, p. 1), en virtud de los cuales un aumento del 20 % del presupuesto inicial aprobado por la Comisión da lugar a una modificación de la ayuda. Por lo tanto, considera errónea la conclusión del Tribunal General, formulada en el apartado 361 de la sentencia recurrida, de que la posible concesión de ayudas de Estado adicionales no es objeto de la Decisión controvertida.
20

A tenor del artículo 67, punto II, párrafo primero, de la loi no 2016‑1691, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Ley n.o 2016‑1691, sobre transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica), de 9 de diciembre de 2016 (JORF de 10 de diciembre de 2016, texto n.o 2): «En las condiciones previstas en el artículo 38 de la Constitución, el Gobierno está facultado para adoptar, mediante Decreto Legislativo, en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la presente Ley, cualquier medida perteneciente al ámbito de la Ley que permita establecer, con observancia de lo dispuesto en el artículo L. 312‑1‑2 del code monétaire et financier (Código Monetario y Financiero), las condiciones en las que la suscripción por un consumidor de un contrato de crédito hipotecario y el nivel de su tipo de interés pueden vincularse a la apertura de una cuenta de depósito y a la domiciliación de sus ingresos, cualquiera que sea su naturaleza o su origen, durante la vigencia del crédito.»
19

En particular, la Comisión consideró que la cesión a título gratuito de terrenos y las subvenciones para su adquisición y su gestión conferían una ventaja económica inicial a las OGT. Adicionalmente, señaló que no era descartable que las OGT obtuvieran una segunda ventaja económica derivada de las ganancias de capital que pudieran resultar de la reventa de los terrenos adquiridos. A juicio de la Comisión, el régimen PNB no cumplía los requisitos identificados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), para los SIEG, ya que la compensación a los beneficiarios del régimen PNB no se había fijado con arreglo a un procedimiento adecuado.
25

En segundo lugar, y suponiendo que el artículo 96, apartado 1, de la Directiva 2001/83 no prohíba, en cuanto tal, la distribución de muestras gratuitas de medicamentos a los farmacéuticos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 96, apartado 2, de esa Directiva, que autoriza a los Estados miembros a imponer mayores restricciones a la distribución de muestras de determinados medicamentos, habilita a los citados Estados miembros a adoptar, en su caso, una normativa que prevea una prohibición de ese tipo. A este respecto, el citado órgano jurisdiccional señala, no obstante, que el tenor de esa última disposición, al hacer referencia a «determinados medicamentos» y no a determinados destinatarios de la distribución de que se trate, al igual que el considerando 51 de la citada Directiva podrían abogar en favor de una interpretación contraria.
39

En consecuencia, correspondía al Tribunal General interpretar el artículo 1.2 del contrato de trabajo para apreciar el alcance de dicha disposición y, en particular, sus posibles efectos sobre la naturaleza contractual o estatutaria que, con respecto a SC, presentaban las reglas enunciadas en el OPLAN y en los PON relativos a la reorganización. Como el Tribunal General no había realizado previamente dicha interpretación, no podía considerar válidamente que una decisión individual relativa a la situación de SC en Eulex Kosovo, adoptada en el marco de un régimen definido, en particular, por el OPLAN y los PON relativos a la reorganización, producía efectos jurídicos vinculantes ajenos a la relación contractual entre SC y Eulex Kosovo.
21

Las sociedades Rina alegan en sus observaciones escritas que la petición de decisión prejudicial es inadmisible. En esencia, dichas sociedades sostienen al respecto que la interpretación de las disposiciones del Reglamento n.o 44/2001 no resulta pertinente a efectos de la decisión sobre la excepción de inmunidad de jurisdicción suscitada en el litigio principal y sobre la cual, consideran, el tribunal remitente debería haberse pronunciado para determinar su posible competencia antes de plantear un procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Por otra parte, según las sociedades Rina, el Reglamento n.o 44/2001 no es aplicable ratione materiae al litigio principal, puesto que en el caso de autos se trata de una pretensión que tiene su origen en un acto de poder público, lo que es razón bastante para que el litigio se excluya del ámbito de aplicación de aquel Reglamento.
3

Conforme a los considerandos 31 y 33 de la Directiva 2014/24: «(31) Existe una considerable inseguridad jurídica en cuanto a la medida en que los contratos celebrados entre entidades del sector público deben estar regulados por las normas de contratación pública. La correspondiente jurisprudencia del [Tribunal de Justicia] ha sido objeto de diferentes interpretaciones por parte de los distintos Estados miembros e incluso por los distintos poderes adjudicadores. Por tanto, hace falta precisar en qué casos los contratos celebrados en el sector público no están sujetos a la aplicación de las normas de contratación pública. Esta precisión debe guiarse por los principios establecidos en la correspondiente jurisprudencia del [Tribunal de Justicia]. El hecho de que las dos partes de un acuerdo sean poderes públicos no excluye por sí mismo la aplicación de las normas de contratación. No obstante, la aplicación de las normas de contratación pública no debe interferir con la libertad de los poderes públicos para ejercer las funciones de servicio público que le han sido conferidas utilizando sus propios recursos, lo cual incluye la posibilidad de cooperación con otros poderes públicos. Es preciso asegurar que la cooperación entre entidades públicas exentas no acabe falseando la competencia con respecto a los operadores económicos privados, hasta el punto de situar a un proveedor de servicios privado en una posición de ventaja respecto de sus competidores. […] (33) Los poderes adjudicadores han de poder optar por prestar de manera conjunta sus servicios públicos mediante cooperación sin verse obligados a adoptar una forma jurídica particular. Dicha cooperación puede abarcar todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución de los servicios y responsabilidades que hayan sido asignadas a los poderes participantes o que estos hayan asumido, como las tareas obligatorias o facultativas de las autoridades locales o regionales o los servicios conferidos a organismos específicos de Derecho público. Los servicios prestados por los distintos poderes participantes no han de ser necesariamente idénticos; también pueden ser complementarios. Los contratos para la prestación conjunta de servicios públicos no han de estar sujetos a la aplicación de las normas establecidas en la presente Directiva, siempre que se hayan celebrado exclusivamente entre poderes adjudicadores, que la aplicación de dicha cooperación esté guiada únicamente por consideraciones de interés público y que ninguna empresa de servicios privada se encuentre en una situación ventajosa frente a sus competidores. Con el fin de cumplir esas condiciones, la cooperación debe estar basada en un concepto cooperador. Mientras se hayan contraído compromisos de contribuir a la ejecución cooperativa del servicio público de que se trate, no es necesario que todos los poderes participantes asuman la ejecución de las principales obligaciones contractuales. Además, la ejecución de la cooperación, incluidas todas las transferencias financieras entre los poderes adjudicadores participantes, debe únicamente regirse por consideraciones de interés público.»
8

El artículo 5, apartado 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 de agosto de 2012, n. 135 [Decreto-ley n.o 95 de 6 de julio de 2012, convalidado, con modificaciones, por la Ley n.o 135 de 7 de agosto de 2012 (suplemento ordinario de la GURI n.o 156, de 6 de julio de 2012)], en su versión modificada por el artículo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 de agosto de 2014, n. 114 [Decreto-ley n.o 90 de 24 de junio de 2014, convalidado por la Ley n.o 114 de 11 de agosto de 2014 (suplemento ordinario de la GURI n.o 190, de 18 de agosto de 2014)] (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 95/2012»), regula la adjudicación de misiones de estudio y de asesoramiento por las administraciones públicas, prohibiéndoles, entre otras cosas, adjudicar esas misiones a personas jubiladas de los sectores privado y público. Asimismo, se les prohíbe adjudicar a esas personas jubiladas puestos de responsabilidad o de dirección o puestos en los órganos de dirección de esas administraciones, así como de las empresas y sociedades contratadas por aquellas, a excepción de las funciones de miembro de los consejos de administración de las empresas territoriales y de miembro o titular de los órganos elegidos de determinadas empresas. No obstante, se admitirá que se les puedan adjudicar esos puestos, misiones y colaboraciones cuando se ejerzan a título gratuito. Además, queda especificado, por lo que respecta a los puestos de responsabilidad y de dirección, y sin perjuicio de su carácter gratuito, que la duración de esos mandatos no podrá exceder de un año, sin posibilidad de prórroga ni renovación, en el seno de una misma Administración.
13

El decreto legislativo n. 216 — Attuazione della direttiva 2000/78 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (Decreto Legislativo n.o 216, por el que se traspone la Directiva 2000/78 para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación), de 9 de julio de 2003 (GURI n.o 187, de 13 de agosto de 2003, p. 4), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 216»), establece, en su artículo 2, apartado 1, letra a), lo siguiente: «A efectos del presente Decreto […], se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en la religión, convicciones personales, discapacidad, edad u orientación sexual. Este principio exige que no se lleve a cabo ninguna discriminación directa o indirecta, según las definiciones que figuran a continuación: a) existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivos de religión, convicciones personales, discapacidad, edad u orientación sexual.»
13

El artículo R. 541‑1 de dicho código tiene el siguiente tenor: «Para la aplicación del párrafo primero del artículo L. 541‑1, el porcentaje de incapacidad permanente que debe tener el hijo discapacitado para causar derecho a la prestación por crianza de un hijo con discapacidad deberá ser como mínimo del 80 %. El grado de incapacidad se apreciará según el baremo adjunto al décret no 93–1216 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d’État) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 [Decreto n.o 93‑1216, relativo al baremo aplicable para la concesión de diversas prestaciones a las personas con discapacidad y por el que se modifican el Código de Familia y Asistencia Social, el Código de Seguridad Social (segunda parte: decretos aprobados previo dictamen del Conseil d’État [Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso- Administrativo, Francia]) y el Decreto n.o 77‑1549, de 31 de diciembre de 1977], de 4 de noviembre de 1993. […]»
1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto, en esencia, la interpretación del artículo 1, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO 1989, L 395, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 (DO 2007, L 335, p. 31) (en lo sucesivo, «Directiva 89/665»); del artículo 1, apartados 1 y 3, de la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO 1992, L 76, p. 14), en su versión modificada por la Directiva 2007/66 (en lo sucesivo, «Directiva 92/13»); del artículo 83, apartados 1 y 2, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65); del artículo 99, apartados 1 y 2, de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO 2014, L 94, p. 243), y de los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), así como de los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad.
a)

al ejercicio de la actividad contemplada en el artículo 2, letra a), será del 0 % sobre el tramo de la base imponible que no rebase los 500 millones de forintos [húngaros (HUF)]; del 0,1 % sobre el tramo de la base imponible que sea superior a 500 millones de HUF pero no rebase los 30000 millones de HUF; del 0,4 % sobre el tramo de la base imponible que sea superior a 30000 millones de HUF pero no rebase los 100000 millones de HUF, y del 2,5 % sobre el tramo de la base imponible que sea superior a 100000 millones de HUF.
3

Los considerandos 7, 9, 26, 28 y 47 de la Directiva 2008/48 son del siguiente tenor: «(7) Para facilitar la emergencia de un mercado interior con un funcionamiento satisfactorio en el ámbito del crédito al consumo es necesario prever un marco comunitario armonizado en una serie de ámbitos esenciales. […] […] (9) Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los consumidores de la Comunidad se beneficien de un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y para crear un auténtico mercado interior. En este sentido, los Estados miembros no deben poder mantener o introducir disposiciones nacionales distintas a las previstas por la presente Directiva, pero tal restricción solo debe aplicarse cuando en la Directiva haya disposiciones armonizadas. En caso de que no existan esas disposiciones armonizadas, los Estados miembros deben ser libres de mantener o adoptar normas nacionales. […] Del mismo modo, los Estados miembros pueden, por ejemplo, mantener o adoptar disposiciones nacionales sobre la terminación del contrato de venta de bienes o prestación de servicios en caso de que el consumidor ejerza su derecho de desistimiento del contrato de crédito. […] […] (26) […] En un mercado crediticio en expansión, en particular, es importante que los prestamistas no concedan préstamos de forma irresponsable o sin haber evaluado previamente la solvencia del prestatario, y que los Estados miembros lleven a cabo el control necesario para evitar tales comportamientos, así como los medios necesarios para sancionar a los prestamistas en caso de que ello ocurra. […] Los prestamistas deben tener la responsabilidad de controlar individualmente la solvencia del consumidor. A tal efecto, se les deberá permitir servirse de la información facilitada por el consumidor no solo durante la preparación del contrato de crédito, sino también durante toda la relación comercial. Las autoridades de los Estados miembros podrían también dar instrucciones y orientaciones adecuadas a los prestamistas. Los consumidores, por su parte, deben actuar con prudencia y cumplir sus obligaciones contractuales. […] (28) Para evaluar la situación financiera de un consumidor, el prestamista debe también consultar las bases de datos pertinentes; las circunstancias jurídicas y reales pueden requerir que dichas consultas tengan distinto alcance. […] […] (47) Los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y garantizar su aplicación. Si bien la elección de las sanciones queda a discreción de los Estados miembros, estas han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.»