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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 123/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de febrero de 2018 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — The Queen, a instancias de: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

(Asunto C-643/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Directiva (UE) 2015/2366 - Servicios de pago en el mercado interior - Artículo 35, apartado 1 - Exigencias en materia de acceso de los proveedores de servicios de pago autorizados o registrados a los sistemas de pago - Artículo 35, apartado 2, párrafo primero, letra b) - Inaplicabilidad de tales exigencias a los sistemas de pago integrados exclusivamente por proveedores de servicios de pago que pertenezcan a un grupo - Aplicabilidad de dichas exigencias a los regímenes de tarjetas de pago tripartitos que hayan celebrado acuerdos de utilización de marcas combinadas o de agencia - Validez])

(2018/C 123/06)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: The Queen, a instancias de: American Express Co.

Demandada: The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

con intervención de: Diners Club International Limited, MasterCard Europe SA

Fallo

1) El artículo 35, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE, debe interpretarse en el sentido de que un régimen de tarjetas de pago tripartito que haya celebrado un acuerdo para la utilización de marcas combinadas con un socio puede acogerse a la excepción prevista en dicha disposición y, por lo tanto, no está sujeto a las exigencias enunciadas en el artículo 35, apartado 1, de la referida Directiva en caso de que ese socio de marca combinada no sea un proveedor de servicios de pago y no preste servicios de pago en ese régimen en lo que concierne a los productos ofrecidos con las marcas combinadas. En cambio, un régimen de tarjetas de pago tripartito que se sirva de un agente para la prestación de servicios de pago no puede acogerse a la susodicha excepción y, por lo tanto, está sujeto a las exigencias enunciadas en el citado artículo 35, apartado 1.

2) El examen de la segunda cuestión prejudicial no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 35 de la Directiva 2015/2366.

(1) DO C 78 de 13.3.2017.
1)

El artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos debe interpretarse, a la luz del artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios, en el sentido de que la fecha de la primera autorización de comercialización, tal como está indicada en una solicitud de certificado complementario de protección y sobre la base de la cual la autoridad nacional competente para emitir ese certificado ha calculado la duración del mismo, es incorrecta en una situación como la del litigio principal, en la que implicó una modalidad de cálculo de la duración de dicho certificado no conforme con lo que establece el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 469/2009, según este fue interpretado en una sentencia posterior del Tribunal de Justicia.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 104/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de enero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of Gibraltar — Reino Unido) — The Queen, a instancias de Albert Buhagiar y otros / Minister for Justice

(Asunto C-267/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Ámbito territorial del Derecho de la Unión - Artículo 355 TFUE, punto 3 - Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a las adaptaciones de los Tratados - Artículo 29 - Anexo I, parte I, punto 4 - Exclusión de Gibraltar del territorio aduanero de la Unión Europea - Alcance - Directiva 91/477/CEE - Artículo 1, apartado 4 - Artículo 12, apartado 2 - Anexo II - Tarjeta europea de armas de fuego - Actividades de caza y de tiro deportivo - Aplicabilidad al territorio de Gibraltar - Obligación de transposición - Inexistencia - Validez))

(2018/C 104/04)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of Gibraltar

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: The Queen, a instancias de Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin Tomlinson, Darren Sheriff

Demandada: Minister for Justice

Fallo

1) El artículo 29 del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a las adaptaciones de los Tratados, en relación con el anexo I, parte I, punto 4, de ésta, debe interpretarse en el sentido de que el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas, en su versión modificada por la Directiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, en relación con su artículo 1, apartado 4, y su anexo II, no se aplica en el territorio de Gibraltar.

2) El examen de las cuestiones prejudiciales no ha revelado aspecto alguno que pueda afectar a la validez de la Directiva 91/477, en su versión modificada por la Directiva 2008/51.

(1) DO C 260 de 18.7.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 72/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de diciembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Asunto C-178/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Contratos públicos de obras - Directiva 2004/18/CE - Artículo 45, apartados 2 y 3 - Requisitos para la exclusión de la participación en un contrato público - Declaración relativa a la inexistencia de sentencias firmes de condena de los antiguos administradores de la sociedad licitadora - Comportamiento delictivo de un antiguo administrador - Condena penal - Desvinculación completa y efectiva de la empresa licitadora de dicho administrador - Prueba - Apreciación por parte del poder adjudicador de las exigencias relativas a esta obligación))

(2018/C 072/11)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA

Demandadas: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

con intervención de: Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA, Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA

Fallo

La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en particular su artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letras c), d) y g), y los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que permite que el poder adjudicador:

— tome en consideración, con arreglo a los requisitos que él mismo ha establecido, la condena penal impuesta al administrador de una empresa licitadora, aun cuando todavía no haya adquirido firmeza, por un delito que afecte a la moralidad profesional de dicha empresa, cuando el administrador haya cesado en su cargo en el año anterior a la publicación del anuncio de licitación, y

— excluya a dicha empresa de la participación en el procedimiento de adjudicación del contrato por considerar que, al haber omitido declarar la existencia de dicha condena, que aún no ha adquirido firmeza, no se ha desvinculado completa y efectivamente de la actuación de dicho administrador.

(1) DO C 232 de 27.6.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 22/13

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 23 de noviembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Salvador Benjumea Bravo de Laguna / Esteban Torras Ferrazzuolo

(Asunto C-381/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Marca de la Unión Europea - Artículo 16 - Marca como objeto de propiedad - Asimilación de la marca de la Unión a la marca nacional - Artículo 18 - Cesión de una marca registrada a nombre del agente o del representante del titular de la marca - Disposición nacional que abre la posibilidad de ejercitar una acción reivindicatoria de la propiedad de una marca nacional registrada con fraude de los derechos del titular o con violación de una obligación legal o contractual - Compatibilidad con el Reglamento n.o 207/2009])

(2018/C 022/16)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Salvador Benjumea Bravo de Laguna

Demandada: Esteban Torras Ferrazzuolo

Fallo

Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento.

(1) DO C 335 de 12.9.2016.
Asunto C-262/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de octubre de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — Shields & Sons Partnership / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículo 296, apartado 2 — Artículo 299 — Régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas — Exclusión del régimen común — Requisitos — Concepto de «categoría de productores agrícolas»)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de octubre de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — Shields & Sons Partnership / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asunto C-262/16) ( 1 )

«(Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículo 296, apartado 2 — Artículo 299 — Régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas — Exclusión del régimen común — Requisitos — Concepto de «categoría de productores agrícolas»)»

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Shields & Sons Partnership

Demandada: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Fallo

1) El artículo 296, apartado 2, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que establece con exhaustividad el conjunto de circunstancias en que los Estados miembros pueden excluir a los productores agrícolas del régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas.

2) El artículo 296, apartado 2, de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que los productores agrícolas respecto de los que se haya constatado que, en régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas, recuperan cantidades sustancialmente superiores a las que recuperarían en caso de que se les aplicaran el régimen normal o el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido no pueden constituir una categoría de productores a efectos de la disposición citada.

( 1 ) DO C 260 de 18.7.2016.
3)

El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» ya no se cumple cuando —tras un desistimiento parcial por un demandante, siempre que se haya formulado válidamente, de una acción por violación basada en una marca de la Unión y dirigida inicialmente a prohibir el uso de dicha marca en el territorio de la Unión Europea, refiriéndose tal desistimiento al territorio del Estado miembro objeto de la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en primer lugar, acción basada en una marca nacional y dirigida a prohibir el uso de dicha marca en el territorio nacional— las acciones de que se trata ya no se refieren a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 300/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Alicante) — Ornua Co-operative Ltd, anteriormente The Irish Dairy Board Co-operative Ltd/Tindale & Stanton Ltd España, S.L.

(Asunto C-93/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Propiedad intelectual e industrial - Marca de la Unión Europea - Carácter unitario - Reglamento (CE) n.o 207/2009 - Artículo 9, apartado 1, letras b) y c) - Protección uniforme del derecho conferido por la marca de la Unión contra los riesgos de confusión y los perjuicios para el renombre - Coexistencia pacífica de esta marca con una marca nacional utilizada por un tercero en una parte de la Unión Europea - Inexistencia de coexistencia pacífica en otras partes de la Unión - Percepción del consumidor medio - Diferencias de percepción eventualmente existentes en distintas partes de la Unión])

(2017/C 300/04)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Audiencia Provincial de Alicante

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Ornua Cooperative Ltd, anteriormente The Irish Dairy Board Co-operative Ltd

Recurrida: Tindale & Stanton Ltd España, S.L.

Fallo

1) El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional.

2) El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión Europea a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la Unión.

3) El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

(1) DO C 156 de 2.5.2016.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 283/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 28 de junio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Areios Pagos — Grecia) — Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias/Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

(Asunto C-436/16) (1)

([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil - Reglamento (CE) n.o 44/2001 - Artículo 23 - Cláusula atributiva de competencia - Cláusula de prórroga de competencia que figura en un contrato celebrado entre dos sociedades - Acción indemnizatoria - Responsabilidad solidaria de los representantes de una de estas sociedades por actos delictuales - Posibilidad de que dichos representantes invoquen esa cláusula])

(2017/C 283/15)

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Areios Pagos

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias

Demandadas: Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

Fallo

El artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una cláusula atributiva de competencia incluida en un contrato celebrado entre dos sociedades no puede ser invocada por los representantes de una de ellas a fin de negar la competencia de un tribunal para conocer de una demanda de indemnización en la que se solicite que se declare la responsabilidad solidaria de dichos representantes por actos supuestamente delictuales realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones.

(1) DO C 392 de 24.10.2016.
2)

El artículo 204, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2913/1992, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el volumen total de la mercancía en régimen de tránsito comunitario externo no se ha presentado en la aduana de destino establecida con arreglo a dicho régimen, debido a la destrucción total o pérdida irremediable de una parte de esa mercancía, demostrada adecuadamente, tal situación, que constituye un incumplimiento de una de las obligaciones vinculadas al referido régimen, concretamente, la de presentar la mercancía intacta en la aduana de destino, origina, en principio, una deuda aduanera de importación por la parte de la mercancía que no se ha presentado en esa aduana. Corresponde al tribunal nacional comprobar si una circunstancia como el deterioro de un dispositivo de descarga cumple, en este caso, los criterios que caracterizan los conceptos de «fuerza mayor» y «caso fortuito», a efectos del artículo 206, apartado 1, del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, esto es, si tal circunstancia resulta anormal en el caso de un operador que ejerce su actividad en el ámbito del transporte de sustancias líquidas y si es ajena a éste, y si sus consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada. Al realizar esta comprobación, el tribunal nacional debe, en particular, tener en cuenta la observancia, por parte de operadores como el obligado principal y el transportista, de las normas y los requisitos vigentes en lo que respecta al estado técnico de las cisternas y la seguridad del transporte de sustancias líquidas, como es el caso de un disolvente.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 161/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de marzo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Općinski sud u Velikoj Gorici — Croacia) — VG Čistoća d.o.o./Đuro Vladika, Ljubica Vladika

(Asunto C-335/16) (1)

((Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Residuos - Directiva 2008/98/CE - Recuperación de los costes de la gestión de residuos - Principio de quien contamina paga - Concepto de «poseedores de residuos» - Precio exigido por la gestión de los residuos - Tasa especial destinada a financiar inversiones de capital))

(2017/C 161/06)

Lengua de procedimiento: croata

Órgano jurisdiccional remitente

Općinski sud u Velikoj Gorici

Partes en el procedimiento principal

Demandante: VG Čistoća d.o.o.

Demandadas: Đuro Vladika, Ljubica Vladika

Fallo

El artículo 14 y el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, deben interpretarse en el sentido de que, en el estado actual del Derecho de la Unión, no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prevé, a efectos de la financiación de un servicio de gestión y eliminación de residuos urbanos, un precio calculado sobre la base de una evaluación del volumen de residuos generado por los usuarios de dicho servicio y no sobre la base de la cantidad de residuos que éstos efectivamente generaron y entregaron para su recogida, así como el pago por los usuarios, en su condición de poseedores de residuos, de una tasa suplementaria, cuya recaudación se destina a financiar inversiones de capital necesarias para el tratamiento de los residuos, incluido su reciclado. No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar, basándose en los elementos de hecho y de Derecho que se le han presentado, si eso no lleva a imputar a determinados «poseedores» unos costes manifiestamente desproporcionados respecto de los volúmenes o de la naturaleza de los residuos que pueden generar. Para ello, el órgano jurisdiccional nacional podrá, en particular, tener en cuenta criterios ligados al tipo de bienes inmuebles ocupados por los usuarios, a la superficie y a la afectación de dichos bienes, a la capacidad productiva de los «poseedores», al volumen de los contenedores puestos a disposición de los usuarios y a la frecuencia de la recogida, en la medida en que esos parámetros pueden influir directamente en el importe de los costes de la gestión de los residuos.

(1) DO C 296 de 16.8.2016.
2)

El artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, incumbe a la trabajadora afectada acreditar hechos que puedan sugerir que la evaluación de los riesgos que presenta su puesto de trabajo no se llevó a cabo de acuerdo con las exigencias del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 92/85 y que permitan así presumir la existencia de una discriminación directa por razón de sexo, en el sentido de la Directiva 2006/54, lo que incumbe verificar al tribunal remitente. En consecuencia, corresponderá a la parte demandada demostrar que dicha evaluación de los riesgos se realizó con arreglo a las exigencias de esta disposición y que, por tanto, no se vulneró el principio de no discriminación.