Palabras clave

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Palabras clave

1. Estados miembros – Obligaciones – Ejecución de las directivas – Incumplimiento – Justificación basada en la imputabilidad del incumplimiento a autoridades descentralizadas – Improcedencia

(Art. 226 CE)

2. Recurso por incumplimiento – Medidas nacionales incompatibles con el Derecho comunitario – Existencia de recursos de Derecho interno – Irrelevancia para la interposición del recurso por incumplimiento

(Art. 226 CE)

3. Medio ambiente – Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente – Directiva 85/337/CEE – Sujeción a evaluación de los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el anexo II – Facultad de apreciación de los Estados miembros – Alcance y límites

(Directiva 85/337/CEE del Consejo, art. 4, ap. 2)

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1. La aplicación del artículo 226 CE no puede depender de la circunstancia de que un Estado miembro haya encomendado a sus regiones la tarea de aplicar las directivas. En efecto, un Estado miembro no puede ampararse en situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos previstos en las directivas comunitarias. Si bien en el orden interno cada Estado miembro goza de libertad para atribuir como considere oportuno las competencias normativas, no es menos cierto que en virtud del artículo 226 CE es el único responsable frente a la Comunidad del cumplimiento de las obligaciones que resultan del Derecho comunitario.

(véase el apartado 38)

2. La interposición de un recurso, ante un órgano jurisdiccional nacional, contra una decisión de una autoridad nacional objeto de un recurso de incumplimiento y la decisión de dicho órgano jurisdiccional de no suspender la ejecución de la citada decisión no pueden incidir sobre la admisibilidad del recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión. En efecto, la existencia de vías de impugnación ante los órganos jurisdiccionales nacionales no puede obstaculizar la interposición del recurso contemplado en el artículo 226 CE, ya que las dos acciones tienen objetivos y efectos diferentes.

(véase el apartado 39)

3. El artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 85/337 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente menciona, a título de ejemplo, los métodos a que pueden recurrir los Estados miembros para determinar cuáles de los proyectos enumerados en el anexo II de la Directiva deben ser objeto de una evaluación con arreglo a la Directiva.

Por consiguiente, la Directiva 85/337 confiere un margen de apreciación a este respecto a los Estados miembros y no les impide utilizar otros métodos para especificar qué proyectos requieren una evaluación de sus repercusiones sobre el medio ambiente con arreglo a la Directiva. Por tanto, la Directiva no excluye en absoluto que uno de tales métodos consista en indicar que un proyecto específico de los comprendidos en el anexo II de la Directiva no se encuentra sujeto al procedimiento de evaluación de sus repercusiones sobre el medio ambiente, basándose en un examen individual de cada uno de los proyectos afectados o en virtud de un acto legislativo nacional.

No obstante, el hecho de que el Estado miembro disponga de un margen de apreciación no basta por sí solo para excluir un determinado proyecto del procedimiento de evaluación previsto en la Directiva. De no ser así, los Estados miembros podrían aprovechar el margen de apreciación que les reconoce el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337 para liberar a un proyecto específico de la obligación de evaluación, aun cuando pudiera tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización.

Por consiguiente, sea cual sea el método elegido por un Estado miembro para determinar si un proyecto específico requiere o no una evaluación, a saber, la designación de un proyecto específico por vía legislativa o tras proceder a un examen individual del mismo, este método no debe menoscabar el objetivo de la Directiva, que es el de no eximir de la correspondiente evaluación ningún proyecto que pueda tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en el sentido de la Directiva, salvo si una apreciación global permitiera descartar que el proyecto específico excluido pueda tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente.

A este respecto, una decisión por la que la autoridad nacional competente estima que las características de un proyecto no exigen que sea sometido a una evaluación del impacto ambiental debe contener o ir acompañada de todos los elementos que permitan controlar que se funda en una comprobación previa adecuada, realizada conforme a las exigencias de la Directiva 85/337.

(véanse los apartados 41 a 44 y 49)