Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización — (Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

2. Recurso de casación — Motivos — Motivo basado en la desnaturalización de las pruebas — Motivo que reproduce literalmente las alegaciones formuladas ante el Tribunal de Primera Instancia — Inadmisibilidad — [Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112, ap. 1, párr. 1, letra c)]

3. Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación — Criterio «de la continuidad económica» de la empresa — Imputación a una sociedad de reciente creación de una infracción cometida por otra sociedad que sigue existiendo — Procedencia habida cuenta de los vínculos de capital entre las dos sociedades — [Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

4. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Solicitud de información dirigida a una empresa — Derecho a negarse a dar una respuesta que implique reconocer una infracción — Solicitud dirigida a una asociación de empresas — Derecho a negarse a declarar contra sus miembros — Exclusión — (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11)

5. Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Carácter provisional — Retirada de los cargos que resulten infundados — Obligación de la Comisión de informar a los interesados mediante un pliego de cargos suplementario — Exclusión — [Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19; Reglamento (CEE) nº 99/63 de la Comisión, art. 2]

6. Competencia — Procedimiento administrativo — Inaplicabilidad del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos — Respeto de las garantías procesales por la Comisión — Principio de contradicción — Alcance — Límites — Derecho de la empresa a interrogar a los autores de los documentos que constituyan pruebas de cargo — Exclusión

7. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Acceso al expediente — Alcance — Negativa a comunicar un documento — Consecuencias — Necesidad de distinguir entre las pruebas de cargo y de descargo en el ámbito de la carga de la prueba que incumbe a la empresa afectada

8. Competencia — Prácticas colusorias — Participación de una empresa en una iniciativa contraria a la competencia — Aprobación tácita de la empresa, sin distanciarse públicamente de dicha iniciativa ni denunciarla a las autoridades competentes, que es suficiente para generar su responsabilidad — [Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

9. Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad y duración de la infracción — Infracción cometida por varias empresas — Gravedad relativa de la participación de cada una de ellas — (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)

10. Competencia — Procedimiento administrativo — Violación del derecho de defensa — Acceso irregular al expediente — Acceso garantizado durante el proceso judicial — Subsanación — Exclusión

11. Recurso de casación — Motivos — Motivo que pone en entredicho la apreciación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia sobre la existencia de una violación del derecho de defensa en un procedimiento de aplicación de las normas sobre la competencia — Admisibilidad — (Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

12. Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Acceso al expediente — Determinación, efectuada únicamente por la Comisión, de los documentos útiles para la defensa — Improcedencia — Exclusión del expediente de los documentos sin relación objetiva con las alegaciones que figuran en el pliego de cargos — Procedencia

13. Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Acuerdos y prácticas concertadas que pueden considerarse constitutivos de una infracción única — Imputación de responsabilidad a una empresa por participar en la infracción considerada en su conjunto pese al carácter limitado de su intervención — Procedencia — [Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1)]

14. Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción adoptada tras la decisión de una autoridad nacional de la competencia que afecta a la misma empresa — Falta de identidad entre las infracciones objeto de las dos decisiones — Violación del principio non bis in idem — Inexistencia

15. Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente — Motivación implícita del Tribunal de Primera Instancia — Procedencia — Requisitos — (Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)

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1. A tenor de los artículos 225 CE y 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación debe limitarse a las cuestiones de Derecho y fundarse en motivos derivados de la falta de competencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades del procedimiento ante dicho Tribunal que lesionen los intereses de la parte recurrente, o de la violación del Derecho comunitario por parte de este último. El recurso de casación sólo puede fundarse en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de hecho. El Tribunal de Primera Instancia es, por una parte, el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprende de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos. De lo anterior resulta que, salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba aportados ante el Tribunal de Primera Instancia, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

(véanse los apartados 47 a 49)

2. Los artículos 225 CE, 51, párrafo primero, del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, y 112, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento de Procedimiento obligan a un recurrente, cuando alega la desnaturalización de los elementos de prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia, a indicar de manera precisa los elementos que en su opinión han sido desnaturalizados por éste y a demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado al Tribunal de Primera Instancia a dicha desnaturalización.

No cumple los requisitos que resultan de las citadas disposiciones el recurso de casación que se limite a repetir los motivos y las alegaciones ya formulados ante dicho órgano jurisdiccional, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por este último. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia.

(véanse los apartados 50 y 51)

3. Para aplicar el artículo 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), el cambio de forma jurídica y de nombre de una empresa no produce necesariamente el efecto de crear una nueva empresa exenta de responsabilidad por comportamientos contrarios a la competencia de la antigua cuando, desde el punto de vista económico, exista identidad entre ambas empresas.

Se está ante una identidad de esta índole cuando las actividades anteriormente ejercidas por una sociedad, antes de su transformación en holding, son asumidas por una sociedad de nueva creación de la cual la primera posee la mitad del capital.

(véanse los apartados 59, 357 y 358)

4. Al ejercer la misión que le confía el artículo 89 del Tratado (actualmente artículo 85 CE, tras su modificación), la Comisión puede interrogar a la empresa que es objeto de la medida de investigación sobre la actuación del resto de las empresas afectadas y el Reglamento nº 17 impone a la empresa una obligación de colaboración activa, cuyo único límite lo constituye el derecho de esta última, cuando le es dirigida una solicitud de información, a negarse a dar respuestas que impliquen admitir la existencia de una infracción cuya prueba incumbe a la Comisión.

Estas consideraciones se aplican igualmente al interrogatorio de una asociación de empresas sobre el comportamiento individual de sus miembros. Por consiguiente, el reconocimiento de un derecho a guardar silencio de la asociación, que produciría el efecto de proteger a sus miembros al impedir que ésta declare contra ellos, excedería de lo que es necesario para preservar el derecho de defensa de las empresas y constituiría un obstáculo injustificado para el cumplimiento, por parte de la Comisión, de la misión consistente en velar por el respeto de las normas sobre competencia en el mercado común

(véanse los apartados 65, 207 y 208)

5. El pliego de cargos constituye un documento preparatorio cuyas apreciaciones de hecho y de Derecho son de carácter meramente provisional en la medida en que la decisión que pone fin al procedimiento administrativo no debe necesariamente reproducir todos los cargos. Por esta razón, la Comisión puede, e incluso debe, tener en cuenta los elementos resultantes del procedimiento administrativo para, entre otras cosas, retirar los cargos que hayan resultado infundados.

En tal caso, la Comisión no está obligada a dar a las partes interesadas la oportunidad de manifestar su punto de vista sobre la retirada de los cargos, habida cuenta de que la comunicación a los interesados de un pliego de cargos suplementario sólo es necesaria en el supuesto de que el resultado de las investigaciones condujera a la Comisión a imputar a las empresas nuevos actos o a modificar considerablemente los elementos de prueba de las infracciones negadas.

(véanse los apartados 67 y 192)

6. El respeto del principio de contradicción, así como de las otras garantías procesales que figuran en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, sólo tiene por objeto el proceso judicial ante un «órgano jurisdiccional», sin que conlleve ningún principio general y abstracto según el cual, en todos los casos, las partes han de poder asistir a las entrevistas celebradas o recibir una copia de todos los documentos que se han tenido en cuenta y que involucren a otras personas.

En consecuencia, en el marco de un procedimiento administrativo ante la Comisión en materia de aplicación de las normas sobre competencia, no le corresponde a esta última dar a la empresa afectada la posibilidad de interrogar a un testigo determinado, como, por ejemplo, al autor de documentos que contengan elementos de prueba de cargo, y de analizar sus declaraciones en la fase de instrucción.

(véanse los apartados 70 y 200)

7. Corolario del principio de respeto del derecho de defensa, el derecho a acceder al expediente implica, en un procedimiento administrativo en materia de aplicación de las normas sobre competencia, que la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos que figuran en el expediente de la instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa. Ello comprende tanto las pruebas materiales como las de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales.

No obstante, la falta de comunicación de un documento sólo constituye una vulneración del derecho de defensa cuando la empresa afectada demuestra, por una parte, que la Comisión se ha apoyado en dicho documento para fundamentar su imputación relativa a la existencia de una infracción, y, por otra, que dicha imputación únicamente puede acreditarse mediante el citado documento. En particular, incumbe a aquélla demostrar que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si hubiera tenido que descartar como medio de prueba de cargo un documento no comunicado en el que la Comisión se basó para imputar a dicha empresa. En cambio, por lo que se refiere a la falta de comunicación de un documento de descargo, la empresa afectada únicamente debe probar que el hecho de no divulgarlo pudo influir, en su perjuicio, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la Decisión de la Comisión, en la medida en que habría podido invocar elementos que no concuerdan con las deducciones que efectuó la Comisión.

(véanse los apartados 68, 71 y 73 a 75)

8. La aprobación tácita que ha dado una empresa a una iniciativa ilícita por ser contraria a la competencia, sin distanciarse públicamente de su contenido o sin denunciarla a las autoridades administrativas, produce el efecto de incitar a que se continúe con la infracción y pone en riesgo que se descubra. Esta complicidad constituye un modo pasivo de participar en la infracción que puede conllevar la responsabilidad de la empresa. Además, el hecho de que ésta no aplique los resultados de una reunión cuyo objeto es contrario a la competencia no puede eliminar la responsabilidad correspondiente a su participación en un cartel, a menos que se distancie públicamente de su contenido.

(véanse los apartados 84 y 85)

9. El importe de la multa destinada a sancionar la violación de las normas sobre competencia se calcula en función de la gravedad de la infracción y, si procede, de su duración. La gravedad de la infracción debe apreciarse en función de criterios como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas. Deben tenerse en cuenta elementos objetivos como el contenido y la duración de los comportamientos contrarios a la competencia, su número y su intensidad, la extensión del mercado afectado y el deterioro sufrido por el orden público económico. Deben tomarse en consideración igualmente la importancia relativa y la cuota de mercado de las empresas responsables, así como una eventual reincidencia.

En particular, cuando una infracción ha sido cometida por varias empresas, se examinará la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas. Ésta puede establecerse teniendo en cuenta, entre otras cosas, la adhesión continuada a un acuerdo contrario a la competencia por medio de la participación o de la colaboración en una o varias de las medidas de ejecución de éste y la incidencia de los comportamientos en la competencia y en la compartimentación de los mercados nacionales.

(véanse los apartados 89 a 92 y 374)

10. Sólo puede anularse total o parcialmente la decisión que impone multas a empresas que hayan violado las normas sobre competencia por un acceso irregular al expediente del procedimiento administrativo, cuando se haya comprobado que la irregularidad de dicho acceso impidió a las empresas afectadas conocer documentos que podían haber sido útiles para su defensa, vulnerando de este modo sus derechos de defensa.

En el marco de un recurso jurisdiccional interpuesto contra dicha decisión, el Tribunal de Primera Instancia está facultado para acordar medidas de ordenación del procedimiento y organizar un acceso completo al expediente con el fin de apreciar si la negativa de la Comisión a divulgar o remitir un documento puede perjudicar a la defensa de la empresa imputada.

El presente examen se limita a un control jurisdiccional de los motivos invocados, no tiene por objeto ni por efecto reemplazar a la instrucción completa del asunto en el marco de un procedimiento administrativo. En efecto, el conocimiento tardío de determinados documentos del expediente no coloca a la empresa que ha interpuesto un recurso en la situación en la que se habría encontrado si hubiera podido basarse en esos mismos documentos para presentar sus observaciones escritas y orales ante dicha institución y no subsana la vulneración del derecho de defensa producida durante el procedimiento administrativo.

(véanse los apartados 100 a 104)

11. La cuestión de si el Tribunal de Primera Instancia aplicó los criterios correctos para determinar si la denegación de acceso a un documento por parte de la Comisión, durante un procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre competencia, vulneró el derecho de defensa de la empresa imputada es una cuestión de Derecho que puede ser objeto de control por el Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de casación. Lo mismo sucede con la cuestión de si un documento debe calificarse de documento de descargo que puede ser útil para la defensa de una empresa.

(véase el apartado 125)

12. En el marco del procedimiento administrativo de aplicación de las normas sobre competencia, no puede corresponder únicamente a la Comisión, que notifica los cargos y toma la decisión de imponer una sanción, determinar cuáles son los documentos útiles para la defensa de la empresa afectada. No obstante, le está permitido excluir del expediente del procedimiento administrativo los elementos que no tienen ninguna relación con las alegaciones de hecho y de Derecho que figuran en el pliego de cargos y que no tienen ninguna relevancia para la instrucción. Dicho criterio, que se funda en una relación objetiva, no permite excluir los documentos que contengan elementos de descargo o incluso indicaciones sobre el contexto del mercado o sobre el comportamiento de los operadores presentes en dicho mercado siempre que se refieran, de manera objetiva, a los cargos que eventualmente se le imputan a la empresa afectada.

(véanse los apartados 126 y 128)

13. Una infracción del artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. De ello se desprende que, cuando estas diversas acciones se inscriben en un plan conjunto debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto.

Asimismo, la distinción entre un acuerdo único y un propósito delictivo único no reviste ninguna importancia, habida cuenta de que a los efectos de la aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado, la toma en consideración de los efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulte que el acuerdo tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el interior del mercado común.

Cuando se demuestra que una empresa conoce los comportamientos ilegales de otros participantes en el acuerdo o cuando puede preverlos razonablemente y está dispuesta a aceptar el riesgo, se considera también responsable, durante todo el tiempo que duró su participación en dicha infracción, de los comportamientos de otras empresas en el marco de la misma infracción.

El hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado no es relevante para imputarle la existencia de una infracción; este extremo sólo debe tomarse en consideración cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, cuando se determine la multa.

(véanse los apartados 258, 261, 292 y 328)

14. La aplicación del principio non bis in idem está supeditada a un triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido. El citado principio prohíbe, por tanto, sancionar a una misma persona más de una vez por un mismo comportamiento ilícito con el fin de proteger el mismo bien jurídico.

De lo anterior se desprende que no se vulnera el principio non bis in idem cuando la Comisión sanciona un comportamiento de una empresa diferente del imputado a la misma empresa en la decisión de una autoridad nacional sobre competencia.

(véanse los apartados 338 a 340)

15. La obligación de motivación no exige al Tribunal de Primera Instancia que elabore, en su sentencia, una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio. La motivación puede ser, pues, implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones en las que se basa la sentencia y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control en el marco de un recurso de casación.

(véase el apartado 372)