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Palabras clave

1. Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Prórroga de competencia — Comparecencia del demandado sin impugnar la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto

[Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, art. 24]

2. Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales — Motivos de denegación — Inobservancia de las reglas relativas a la competencia especial previstas en el artículo 35 del Reglamento — Ámbito de aplicación

[Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, arts. 24 y 35]

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1. El artículo 24 del Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el juez al que se ha sometido un litigio contraviniendo las reglas de la sección 3 del capítulo II de dicho Reglamento debe declararse competente en el caso de que el demandado comparezca y no proponga una excepción de incompetencia, pues tal comparecencia constituye una prórroga tácita de la competencia.

En efecto, el artículo 24, segunda frase, del Reglamento delimita el ámbito de aplicación de la regla general y, por lo tanto, al enunciar las excepciones a la regla general sobre la prórroga tácita de la competencia, debe ser objeto de interpretación restrictiva. De ello resulta que la segunda frase no puede interpretarse en el sentido de que permite excluir la aplicación de la regla general formulada en la primera frase del mismo artículo en litigios distintos de aquellos a los que se refiere expresamente, a saber, los comprendidos dentro de las reglas de competencia exclusiva.

(véanse los apartados 22 a 24, 26 y 33 y el fallo)

2. Las disposiciones del artículo 35 del Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que establece como causa de no reconocimiento la inobservancia de las reglas de competencia especial, se refieren al no reconocimiento de las resoluciones adoptadas por un juez incompetente que no ha conocido del asunto observando dichas reglas. Por lo tanto, no es aplicable cuando la resolución ha sido adoptada por un juez competente. Éste es precisamente el caso del juez al que se ha sometido un litigio, aunque sea sin respetar las reglas de competencia especial, y ante el cual el demandado comparece sin proponer una excepción de incompetencia. En efecto, dicho juez es competente en virtud del artículo 24 del Reglamento nº 44/2001. Por consiguiente, el artículo 35 del referido Reglamento no impide el reconocimiento de la resolución adoptada por dicho juez.

(véanse los apartados 28 y 29)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de febrero de 2010 — Comisión/Francia

(Asunto C-170/09)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/60/CE — Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 6)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309, p. 15).

Fallo

1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

2) Condenar en costas a la República Francesa.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de febrero de 2010 — Comisión/Francia

(Asunto C-170/09)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 2005/60/CE — Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 6)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309, p. 15).

Fallo

1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de octubre de 2009 — Comisión/Portugal

(Asunto C-30/09)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 96/82/CE — Artículo 11 — Planes de emergencia externos»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 16)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 11 de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (DO L 10, p. 13), en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 345, p. 97) — No elaboración de planes de emergencia externos para determinados establecimientos.

Fallo

1) Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de , al no haber velado por la aplicación de las medidas previstas en el citado artículo.

2) Condenar en costas a la República Portuguesa.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de octubre de 2009 — Comisión/Portugal

(Asunto C-30/09)

«Incumplimiento de Estado — Directiva 96/82/CE — Artículo 11 — Planes de emergencia externos»

Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 16)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 11 de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (DO L 10, p. 13), en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 345, p. 97) — No elaboración de planes de emergencia externos para determinados establecimientos.

Fallo

1) Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de , al no haber velado por la aplicación de las medidas previstas en el citado artículo.
3

De conformidad con el segundo considerando de la Directiva 2004/18: «La adjudicación de contratos celebrados en los Estados miembros por cuenta de autoridades estatales, regionales o locales y otros organismos de derecho público está supeditada al acatamiento de los principios del Tratado CE y, en particular, los principios de la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia. No obstante, para la adjudicación de contratos públicos por importes superiores a una determinada cantidad, es conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordinación de los procedimientos nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios, de forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la contratación pública. Por consiguiente, dichas disposiciones de coordinación deben interpretarse con arreglo a las normas y principios antes mencionados y a las demás normas del Tratado.»
1

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben, en virtud, por lo que atañe a los plazos aplicables, del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de (DO L 209, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 89/665»), tal como la ha interpretado el Tribunal de Justicia y, en lo que se refiere a la falta de comunicación, del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, tal y como la ha interpretado el Tribunal de Justicia, así como del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de , sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54), en su versión modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de (DO L 328, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 93/37»), en razón de las disposiciones legales nacionales relativas a los plazos a los que está sujeto el ejercicio, por los licitadores, de su derecho al control jurisdiccional en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y por el hecho de no haber comunicado la decisión de adjudicación al denunciante en el marco del procedimiento de adjudicación de que se trata.
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A mayor abundamiento, también se desprende claramente de los considerandos de la Decisión controvertida que, si bien la Comisión había considerado, en el momento de la adopción por el Consejo de las Decisiones de autorización de las exenciones litigiosas, que no suponían ninguna distorsión de la competencia y que no obstaculizaban el buen funcionamiento del mercado interior, no obstante dichas exenciones no habían sido nunca analizadas ni autorizadas a la luz de las normas que rigen las ayudas de Estado, en aplicación de las cuales llegó a la conclusión contraria. También es obligado observar, a este respecto, que la circunstancia de que dichas decisiones fueran adoptadas a propuesta de la Comisión y no mencionaran ninguna posible contradicción con las citadas normas, generó, en los considerandos 95 a 100 de la Decisión controvertida, una motivación específica al término de la cual la Comisión concluyó que la recuperación de las ayudas resultantes de las exenciones concedidas hasta el 2 de febrero de 2002 de sus beneficiarios era contraria a los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica.
63

A continuación, a la cuestión de si un requisito de residencia durante un período continuado de cinco años, como el previsto por la legislación nacional en cuestión en el litigio principal es contrario al principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, debe recordarse que este principio exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente y que las situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (véase, en particular, la sentencia de 3 de mayo de 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec. p. I-3633, apartado 56).
1)

El artículo 11 del Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se modifica el Reglamento (CE) no 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común, debe interpretarse en el sentido de que la parte de la cuota de azúcar asignada a una empresa sujeta a una retirada preventiva en aplicación del artículo 3 del Reglamento (CE) no 493/2006 de la Comisión, de , por el que se establecen medidas transitorias en el marco de la reforma de la organización común de mercados en el sector del azúcar y se modifican los Reglamentos (CE) no 1265/2001 y (CE) no 314/2006, en su versión modificada por el Reglamento no 1542/2006 de la Comisión, de , se incluye en la base de cálculo del importe temporal de reestructuración.
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Nomenclatura Combinada (en lo sucesivo, «NC») que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2587/91 de la Comisión, de (DO L 259, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento no 2658/87»).
1

Las peticiones de decisión prejudicial se refieren a la interpretación de los artículos 12 CE y 39 CE y a la validez del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y sus correcciones de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28).
12

La Cour d’appel de Paris desestimó el recurso de apelación interpuesto por Dior contra dicha sentencia. En particular, declaró que las ventas efectuadas por SIL no eran constitutivas de violación de marca debido a que el respeto de la cláusula del contrato de licencia celebrado entre ésta y Dior relativa a las modalidades de distribución no entraba en el ámbito de aplicación de las disposiciones nacionales del Derecho de marcas por las que se había adaptado el Derecho interno al artículo 8, apartado 2, de la Directiva. Consideró, no obstante, que dichas ventas no habían provocado el agotamiento de los derechos de marca de Dior, en el sentido de la normativa nacional de adaptación del Derecho interno al artículo 7, apartado 1, de la Directiva.
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Schenker considera que el Reglamento no 1383/2003 no permite a las autoridades aduaneras imponer una sanción cuando el titular de un derecho de propiedad intelectual y el importador han entablado un procedimiento simplificado ya que, por una parte, la destrucción de las mercancías de que se trata constituye ya de por sí una sanción y, por otra parte, tales autoridades no están autorizadas a inmiscuirse en la resolución de conflictos entre operadores privados, la cual atañe únicamente al Derecho civil y a los procedimientos judiciales. Por otra parte, en cuanto comisionista de aduanas, Schenker no puede ser objeto de una sanción administrativa, tal como una multa, en lugar del importador o del fabricante.
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Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Devolución del impuesto a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Unión

[Directivas del Consejo 86/560/CEE, art. 2, ap. 1, y 2006/112/CE, arts. 169, letra c), 170 y 171]

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No incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 169 a 171 de la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 86/560, Decimotercera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, un Estado miembro que excluye la devolución del impuesto sobre el valor añadido soportado en las operaciones de seguro y las operaciones financieras a que se refiere el artículo 169, letra c), de la Directiva 2006/112, realizadas por sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Unión.

En efecto, las disposiciones de la Decimotercera Directiva y, en concreto, su artículo 2, apartado 1, que no remite a las operaciones contempladas en el artículo 169, letra c), de la Directiva 2006/112, han de ser consideradas como una lex specialis respecto a los artículos 170 y 171 de la Directiva 2006/112, que se oponen a que el derecho a la devolución, formulado en términos generales en dicho artículo 170, pueda prevalecer sobre el texto claro y preciso del artículo 2, apartado 1, de la Decimotercera Directiva.

Aun suponiendo que la no remisión al artículo 169, letra c), de la Directiva 2006/112 se deba a un error del legislador de la Unión, no le corresponde al Tribunal de Justicia proceder a una interpretación dirigida a corregir el citado artículo 2, apartado 1. Además, no se puede reprochar a un Estado miembro cuya normativa es conforme con el texto claro y preciso de dicho artículo 2, apartado 1, que haya incumplido las obligaciones que le incumben precisamente en virtud de esta disposición por el hecho de que no haya procedido a una interpretación dirigida a corregir dicha disposición a fin de adaptarla a la lógica general del sistema común del impuesto sobre el valor añadido y no haya subsanado un error del legislador comunitario. A este respecto, el principio de seguridad jurídica exige que una normativa de la Unión permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone. En efecto, los justiciables deben poder conocer, sin ambigüedad, sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia. Este principio es también pertinente en el contexto de la adaptación del Derecho interno a una directiva en materia fiscal. En efecto, no puede realizarse una interpretación dirigida a corregir una disposición como el citado artículo 2, apartado 1, pese a su tenor literal claro y preciso, y a ampliar por medio de tal interpretación las correspondientes obligaciones de los Estados miembros.

(véanse los apartados 35, 46 y 48 a 51)
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Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2001/80/CE — Ámbito de aplicación — Grandes instalaciones de combustión — Excepciones

(Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 2, punto 7, párr. 2, primera frase)

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Dado que la Directiva 2001/80, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, define la instalación de combustión como cualquier dispositivo técnico en el que se oxiden productos combustibles a fin de utilizar el calor así producido, la electricidad no es un producto físico de combustión. En efecto, son productos de combustión los gases residuales, las cenizas y demás residuos, así como el calor generado en la combustión. La electricidad no es ni un producto físico de combustión ni calor, sino que resulta de una serie de operaciones en las que la combustión libera calor que se utiliza para producir, en una caldera, vapor que impulsa una turbina que, finalmente, produce la electricidad. Considerar la electricidad un producto de combustión requeriría interpretar dicho concepto de manera tan amplia que incluiría también otros productos que no resultan directamente de una combustión y que no corresponden a la acepción habitual de dicha expresión ni en el lenguaje científico ni en el ordinario.

El artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2001/80 no se limita a precisar el concepto de instalación de combustión, sino que excluye determinadas instalaciones del ámbito de aplicación de dicha Directiva. El carácter de excepción de dicha disposición se desprende además expresamente de su tenor, puesto que prevé que la referida Directiva se aplique a las instalaciones de combustión destinadas a la producción de energía, a excepción de las que usen de manera directa los productos de combustión en procedimientos de fabricación. Una interpretación estricta de dicha disposición se impone tanto más por cuanto que la exclusión de determinadas instalaciones de combustión del ámbito de aplicación de dicha Directiva es contraria a su propio objetivo. En efecto, la citada Directiva tiene por objeto luchar contra la acidificación reduciendo las emisiones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno a las que contribuyen considerablemente las grandes instalaciones de combustión, entre ellas instalaciones para la producción de electricidad. Resultaría contrario al efecto útil de esa misma Directiva extender la excepción del artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de la referida Directiva a las centrales eléctricas cuya producción de electricidad se utilice directamente en un procedimiento de fabricación.

(véanse los apartados 36, 37 y 40 a 42)