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Del artículo 44, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se deriva que el escrito de demanda debe indicar la cuestión objeto del litigio y contener una exposición sumaria de los motivos invocados y que en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. No obstante, procede declarar la admisibilidad de un motivo que constituya una ampliación de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de demanda y que presente un estrecho vínculo con éste.

De las disposiciones del artículo 3 bis, apartado 1, del Reglamento no 857/84 sobre normas generales para la aplicación de la tasa suplementaria sobre la leche, en su versión modificada por el Reglamento no 764/89, en relación con el artículo 3 bis, apartado 1, del Reglamento no 1546/88 por el que se establecen las modalidades de aplicación de la citada tasa, en su versión modificada por el Reglamento no 1033/89, resulta claramente que la atribución, con carácter provisional, de una cantidad de referencia específica está supeditada a la condición de que el productor interesado acredite que todavía tiene a su cargo, en su totalidad o en parte, la misma explotación que gestionaba en el momento de la aprobación de su solicitud de concesión de la prima de no comercialización o de reconversión con arreglo al Reglamento no 1078/77, es decir, la que fue objeto de su compromiso de no comercialización o de reconversión y que demuestre su capacidad de producción para alcanzar la cantidad de referencia solicitada en la referida explotación.

Por consiguiente, el artículo 3 bis, apartado 1, del Reglamento no 1546/88, en relación con el artículo 3 bis, apartado 1, del Reglamento no 857/84, establece que la producción lechera debe llevarse a cabo en la explotación gestionada por el productor interesado en el momento de la aprobación de su solicitud de concesión de la prima, pudiendo englobar, esta explotación, en su caso, las unidades de producción que los productores gestionaban por cuenta propia en el momento de la concesión de la cantidad de referencia específica, unidades que debían incluir en su totalidad o en parte esta misma explotación inicial.

(véanse los apartados 83 a 85)
Del apartado 2 del Código de conducta sobre las medidas para combatir el acoso sexual, que figura como anexo a la Recomendación de la Comisión 92/131, se desprende que, para que un comportamiento con connotaciones sexuales pueda calificarse de acoso sexual, no es necesario que la víctima considere grave tal comportamiento. Del mismo modo, no existe en el referido Código de conducta ningún elemento que sugiera que no sea necesario abrir una investigación para determinar los hechos que hayan originado una denuncia sobre acoso sexual y, en su caso, imponer una sanción a la persona denunciada, si el denunciante no prueba haber sufrido un daño material como consecuencia de los actos de acoso sexual o si la persona denunciada no tenía intención de humillar a su víctima. Por el contrario, del tenor literal del apartado 2 del Código de conducta se desprende que carecen de importancia tanto la intención del autor del comportamiento cuestionado como las consecuencias materiales de tal comportamiento.

Por otro lado, para iniciar una investigación administrativa no es necesario que el denunciante demuestre que indicó claramente a la persona que según ella le había acosado que su comportamiento era indeseado, cuando, aun suponiendo que haya sido demostrado, se trate de un comportamiento que una persona razonable del mismo sexo que el denunciante no considere como la mera manifestación de un interés sexual.

(véanse los apartados 46 a 48)
El artículo 88 del Estatuto no prevé expresamente que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos deba oír al funcionario antes de adoptar una decisión de suspensión. No obstante, el respeto de los derechos de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario que debe garantizarse incluso cuando no exista ninguna norma expresa que así lo disponga.

Una decisión de suspensión de un funcionario adoptada en virtud del artículo 88 del Estatuto constituye un acto lesivo. En efecto, aunque sólo tenga carácter provisional, ha de fundamentarse necesariamente, con arreglo al artículo 88, párrafo primero, en la imputación al funcionario interesado de una falta grave y puede tener importantes consecuencias para el interesado, lo mismo en el plano profesional que en el personal.

De lo anterior se deduce que, aun teniendo en cuenta la urgencia en adoptar una decisión de suspensión que normalmente existe cuando se produce la imputación de una falta grave, toda decisión de este tipo deberá adoptarse respetando los derechos de defensa. En consecuencia, salvo circunstancias especiales debidamente acreditadas, una decisión de suspensión tan sólo podrá adoptarse después de haber ofrecido al funcionario la posibilidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los cargos que se le imputan, cargos en los que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tiene la intención de fundamentar dicha decisión.

Sólo en circunstancias especiales podrá resultar imposible en la práctica, o incompatible con el interés del servicio, proceder a una audiencia previa antes de adoptar la decisión de suspensión. En tales circunstancias, las exigencias derivadas del principio de respeto de los derechos de defensa pueden satisfacerse dando audiencia al funcionario interesado a la mayor brevedad posible con posterioridad a la decisión de suspensión.

(véanse los apartados 27, 28. 30 a 32 y 34)

Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de mayo de 1966, Gutmann/Comisión (asuntos acumulados 18/65 y 35/65, Rec. pp. 149 y ss., especialmente p. 169); Tribunal de Primera Instancia. 6 de mayo de 1997, Quijano/Comisión (T-169/95, RecFP pp. I-A-91 y II-273), apartado 44; Tribunal de Primera Instancia, 10 de julio de 1997, Gaspari/Parlamento(T-36/96, RecFP pp. I-A-201 y II-595), apartado 32; Tribunal de Primera Instancia, 19 de mayo de 1999, Connolly/Comísión (T-203/95, RecFP pp. I-A-83 y II-443), apartado 33
Si bien las disposiciones del Estatuto no permiten que un funcionario en activo, con arreglo al artículo 35 del citado Estatuto cumpla al mismo tiempo un contrato de agente temporal en la Institución en la que está destinado o en otra Institución, aquéllas no indican en modo alguno que exista incompatibilidad en principio entre la condición de funcionario y la condición de agente temporal en la misma Institución o en otra Institución.

En efecto, de los artículos 35 y 40 del Estatuto se desprende que un funcionario sujeto a las disposiciones del Estatuto puede, en particular, encontrarse en situación de excedencia voluntaria y ejercer otras actividades profesionales sin perder, no obstante, el derecho a una reincorporación posterior. En particular, el Estatuto no contiene definición alguna de excedencia voluntaria que excluya, en cuanto tal, la ejecución de un contrato de agente temporal.

Además, según el artículo 12 del Régimen aplicable a otros agentes, todo procedimiento de contratación de agentes temporales tendrá por objeto garantizar a la Institución la colaboración de personas que posean las más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad. No puede excluirse tampoco que la contratación de un funcionario para un puesto de agente temporal interese a la Comunidad.

Por otra parte, un funcionario, candidato a un puesto de agente temporal dispone, para ocupar dicho puesto, del derecho a presentar su dimisión como funcionario, conforme al artículo 48 del Estado. Los términos de dicho artículo «causar baja definitivamente en el servicio de la Institución», no significan en modo alguno que quede excluido que un funcionario que ha dimitido ejerza posteriormente una actividad dentro de su Institución como agente temporal, sino que significan únicamente que el funcionario que presenta su dimisión pone fin a toda actividad en la Institución como funcionario, tal como se define dicha actividad en el artículo 35 del Estatuto.

(véanse los apartados 32, 36, 48, 52 y 55)

Referencia: Tribunal de Justicia, 16 de diciembre de 1976, Mascetti/Comisión (2/76, Rec. p. 1975), apartado 6
De los artículos 1 y 6 del Régimen aplicable a otros agentes se desprende que la condición de agente de las Comunidades no puede reconocerse a una persona cuyo empleador no sea una Institución de las Comunidades, sino una persona jurídica sometida al Derecho de un Estado miembro, que no puede equipararse a una unidad administrativa de una institución.

A este respecto, carecen de pertinencia las circunstancias de que la contratación del interesado deba ser previamente aprobada por la Institución y de que la persona jurídica de que se trate mantenga estrechos vínculos con dicha Institución y dependa de ella en gran medida. De igual modo, las circunstancias tácticas, invocadas para demostrar la identidad de las condiciones de trabajo o de retribución, no permiten ignorar la diferencia jurídica que existe entre la situación de los agentes contratados por una asociación de Derecho privado y la de los funcionarios y agentes nombrados conforme al Estatuto.

Por ùltimo, queda excluido que la celebración de un contrato de agente de una institución pueda deberse no a una decisión de la autoridad a la que se hayan atribuido competencias al efecto, sino a una decisión de un Juez nacional.

(véanse los apartados 38 y 43 a 45)

Referencia: Tribunal de Justicia, 11 de marzo de 1975, Porrini y otros/CEEA y otros (65/74, Rec. p. 319), apartado 15; Salerno y otros/Comisión y Consejo, antes citada, apartados 43 y 50; Alexis y otros/Comisión, antes citada, apartado 11; Tribunal de Justicia, 3 de octubre de 1985, Comisión/Tordeur (232/84, Rec. p. 3223)
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1. Responsabilidad extracontractual Requisitos Ilicitud Perjuicio Relación de causalidad Inexistencia de uno de los requisitos Desestimación del recurso de indemnización en su totalidad

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2)]

2. Responsabilidad extracontractual Requisitos Ilicitud Perjuicio Relación de causalidad Carga de la prueba

[Tratado CE, art. 215, párr. 2 (actualmente art. 288 CE, párr. 2); Reglamento (CEE) nº 2340/90 del Consejo, art. 2, aps. 2 y 3]

3. Política comercial común Embargo comercial contra Irak Reglamento (CEE) nº 2340/90 Ámbito de aplicación Límites

[Reglamento (CEE) nº 2340/90 del Consejo, art. 2, aps. 2 y 3]

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1. Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, a la que se refiere el artículo 215, párrafo segundo, del Tratado (actualmente artículo 288 CE, párrafo segundo), es necesario que concurran un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilicitud de la actuación imputada a las instituciones comunitarias, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre la actuación de la institución y el perjuicio invocado. Teniendo en cuenta que estos tres requisitos deben concurrir acumulativamente, en el supuesto de que no se cumpla cualquiera de ellos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás.

( véase el apartado 39 )

2. Se admite la existencia de una relación de causalidad en el sentido del artículo 215, párrafo segundo, del Tratado (actualmente artículo 288 CE, párrafo segundo) cuando existe una relación directa de causa a efecto entre la falta cometida por la institución de que se trate y el perjuicio alegado, relación que incumbe probar al demandante.

Una relación de este tipo entre la adopción del Reglamento nº 2340/90, por el que se impiden los intercambios de la Comunidad relativos a Irak y Kuwait, y el perjuicio consistente en que una empresa establecida en un Estado miembro no pueda cobrar sus créditos frente al Gobierno iraquí, no queda acreditada cuando, por una parte, el impago del crédito no es la consecuencia de la adopción por dicho Gobierno de medida alguna de retorsión contra el citado Reglamento y contra el mantenimiento del embargo comunitario y, por otra parte, la transacción que dio lugar al crédito controvertido no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

( véanse los apartados 41, 43, 44 y 46 )

3. La prohibición prevista en el artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 2340/90, por el que se impiden los intercambios de la Comunidad relativos a Irak y Kuwait, no se aplica a las operaciones financieras relacionadas con suministros que hayan sido íntegramente efectuados más de un año antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento y que no tengan por objeto ni por efecto favorecer suministros posteriores a dicha fecha.

( véase el apartado 44 )
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1 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Perjuicio - Margen de beneficio utilizado para el cálculo del precio indicativo - Margen que puede estimarse razonablemente para el supuesto de no haber existido dumping

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, arts. 4, ap. 1, y 13, ap. 3]

2 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Perjuicio - Facultad de apreciación de las Instituciones - Control jurisdiccional - Elementos que pueden tomarse en consideración

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 4]

3 Política comercial común - Defensa contra las prácticas de dumping - Perjuicio - Margen de beneficio utilizado para el cálculo del precio indicativo - Procedimientos de control

[Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, art. 4]

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1 En el marco de un procedimiento antidumping, el margen de beneficio que el Consejo debe utilizar para calcular el precio indicativo capaz de eliminar el perjuicio sufrido por la industria comunitaria debe limitarse al margen de beneficio que la industria comunitaria podría obtener de forma razonable en condiciones normales de competencia, en ausencia de importaciones objeto de dumping. Conceder a la industria comunitaria un margen de beneficio que no podría haber conseguido en ausencia de dumping no respetaría los artículos 4, apartado 1, y 13, apartado 3, del Reglamento antidumping de base nº 2423/88. El criterio del margen de beneficio necesario para garantizar la supervivencia de la industria contemplada no respeta, por tanto, el Reglamento de base.

2 Con ocasión del control jurisdiccional de un procedimiento antidumping, corresponde al Tribunal de Primera Instancia comprobar si las Instituciones se basaron en hechos materiales exactos y si éstos no fueron apreciados de manera errónea, en el marco de la situación tal como se presentaba en el momento en que se adoptó el acto impugnado. No se debe tomar en consideración, a los efectos de dicho control, un estudio sobre el margen de beneficio que no se haya comunicado a la Comisión durante el procedimiento administrativo.

3 En el marco de un procedimiento antidumping, cuando deba determinarse el margen de beneficio a tener en cuenta a fin de calcular el precio indicativo capaz de eliminar el perjuicio, en la medida en que las empresas de la industria comunitaria tienen costes de producción diferentes y, por tanto, niveles de beneficio diferentes, las Instituciones comunitarias no tienen otra alternativa, a fin de determinar el precio indicativo, que calcular la media ponderada de los costes de producción de la totalidad de los productores comunitarios y añadirle el margen de beneficio medio que les parezca razonable, a la vista del conjunto de circunstancias pertinentes.
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1. Actos de las Instituciones ° Motivación ° Decisión erróneamente motivada ° Consecuencia ° Anulación ° Formulación ante el Tribunal de Primera Instancia de otros motivos que pueden justificar la decisión ° Improcedencia

(Tratado CE, art. 190; Decisión 92/217/CEE del Consejo)

2. Responsabilidad extracontractual ° Requisitos ° Perjuicio real y cierto causado por un acto ilegal ° Candidato a una beca al que se deniega su solicitud por un motivo erróneo ° Indemnización del perjuicio moral supeditada a la demostración de que se reúnen los requisitos exigidos para la obtención de la beca

(Tratado CE, art. 215, párr. 2)

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1. Dado que se considera erróneo el único motivo expuesto por la Comisión en la decisión denegatoria, comunicada a un candidato a una beca en el marco del programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito del capital humano y de la movilidad, adoptado mediante la Decisión 92/217 del Consejo, en este caso el hecho de que el interesado no reunía los requisitos de nacionalidad y de movilidad exigidos para la concesión de dicha beca, debe anularse la referida decisión.

De nada sirve que, para librar a su decisión de dicha anulación, la Comisión afirme que existían otros motivos para desestimar la solicitud. En efecto, en todo caso, la Comisión no puede invocar válidamente en apoyo de la decisión impugnada motivos que no figuran en ésta y a los que no se ha referido hasta después de la interposición del recurso, dado que sólo basándose en los motivos expuestos en la decisión que le fue comunicada podía el demandante apreciar la fundamentación de la desestimación de su candidatura y la oportunidad de interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. De nada sirve tampoco que, dado que no ha probado de modo suficiente en Derecho que quede excluida cualquier subsanación de las deficiencias de la solicitud, niegue al interesado todo interés legítimo en obtener la anulación de una decisión que, según la referida Institución, sólo podría sustituirse por otra decisión denegatoria, al no cumplirse los requisitos exigidos para la concesión de una beca.

2. Para que se genere la responsabilidad de la Comunidad es necesario que concurran un conjunto de requisitos relativos a la ilegalidad del comportamiento imputado a las Instituciones, la realidad del daño alegado y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento de que se trate y el perjuicio alegado.

No puede, en consecuencia, pretender que se le indemnice por el perjuicio moral resultante de la pérdida de la oportunidad de continuar sus estudios e investigaciones el candidato a una beca cuya candidatura ha sido desestimada por un motivo erróneo, pero que, al no haber demostrado que cumplía todos los requisitos exigidos para obtener dicha beca, no puede invocar un perjuicio real y cierto.
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La demandante alega que, en el momento de la firma de su contrato, estaba sometida a una fuerte presión psicológica debido a la precariedad de su situación de agente temporal en prácticas y a que todavía no se le había comunicado su Informe sobre la fase de prácticas. Por temor a un Informe desfavorable, que habría motivado la resolución de su contrato de trabajo, decidió firmar el contrato sin formular reservas a fin de no lesionar sus propios intereses. A este respecto, la demandante se remite a las conclusiones que el Abogado General Sir Gordon Slynn presentó en relación con la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de junio de 1985, De Santis/Tribunal de Cuentas (146/84, Rec. pp. 1723 y ss., especialmente p. 1727), en las que presumía que un funcionario en prácticas no osaría impugnar la decisión de clasificación a fin de no poner en peligro su nombramiento.
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1. Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance

[Tratado CE, art. 190 (actualmente art. 253 CE)]

2. Agricultura - Política agrícola común - Ayuda alimentaria - Préstamos concedidos por la Comunidad a las Repúblicas de la antigua Unión Soviética para la financiación de compras y de suministros - Modalidades de aplicación - Reconocimiento por la Comisión de la conformidad de los contratos con las disposiciones comunitarias aplicables - Requisito relativo al precio - Alcance - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites

[Reglamento (CEE) nº 1897/92 de la Comisión; Decisión 91/658/CEE del Consejo]

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1. La motivación exigida por el artículo 190 del Tratado (actualmente artículo 253 CE) debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 190 del Tratado debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

( véase el apartado 35 )

2. El requisito relativo al precio en la adjudicación de los contratos resulta esencial para el funcionamiento del mecanismo de crédito instaurado por la Comunidad en el contexto de una asistencia alimentaria y médica a la Unión Soviética y a sus Repúblicas. En la medida en que garantiza una óptima utilización de los fondos disponibles, dicho requisito pretende, en efecto, proteger tanto a la Comunidad, en su condición de prestador, como a dichas Repúblicas, en su condición de beneficiarias de la asistencia alimentaria.

Dado que el Reglamento nº 1897/92, por el que se establecen las normas de aplicación del préstamo concedido mediante la Decisión 91/658 en concepto de asistencia alimentaria y médica a la Unión Soviética y a sus repúblicas, exige que los contratos ofrezcan las condiciones de compra más favorables, el precio propuesto debe apreciarse teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones del contrato, y entre ellas las condiciones de entrega.

En este examen global, la Comisión dispone de un margen de apreciación. En estas circunstancias, el control ejercido por el Juez comunitario debe limitarse a comprobar el cumplimiento de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.

( véanse los apartados 46, 50 y 51 )