SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 23 de noviembre de 1995

Asunto T-64/94

Dimitrios Benecos

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Funcionarios — Enfermedad profesional — Invalidez permanente parcial — Principio de buena gestión y correcta administración — Deber de asistencia — Desviación de poder — Recurso de indemnización»

Texto completo en lengua francesa II-769

Objeto:

Recurso que tiene por objeto: — La anulación de la decisión de la Comisión de 15 de marzo de 1993 por la que se deniega la solicitud de reconocimiento de una enfermedad profesional padecida por el demandante. — La concesión de una indemnización para reparar el perjuicio material y moral que considera haber sufrido.

Resultado:

Desestimación.

Resumen de la sentencia

El demandante, nombrado funcionario de la Comisión en enero de 1983, es desde su adolescencia miope astigmático. A finales de mayo de 1989, se encontraba en situación de incapacidad laboral temporal y presentó una solicitud de que su afección se considerase una enfermedad profesional con arreglo al artículo 73 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») y de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Reglamentación»).

Después de manifestar su desacuerdo con un proyecto de decisión en el que se manifestaba que no podía acogerse al artículo 73 del Estatuto, el demandante solicitó que se consultase la comisión médica establecida en el artículo 23 de la Reglamentación. Por considerar que las conclusiones de la comisión médica no eran suficientemente claras en cuanto al origen profesional de la afección de que se trata, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN»), después de consultar a los aseguradores, solicitó que dicha comisión se reuniese de nuevo. Antes de que ésta redactara su segundo informe, el demandante se dirigió espontáneamente al Presidente de la misma para manifestarle que su estado de salud había mejorado. Como consecuencia del segundo informe médico, se informó al demandante que su afección podía considerarse consolidada, sin que ello pudiera causar derecho a la atribución de una invalidez permanente parcial.

Después de que se desestimase su reclamación contra dicha decisión y de serle concedida una pensión de invalidez por el período durante el cual estuvo incapacitado para ejercer las funciones correspondientes a un empleo de su grado, el demandante interpuso el presente recurso.

Sobre el fondo

1. Sobre el motivo basado en la infracción del articulo 73 del Estatuto y de la Reglamentación

Según reiterada jurisprudencia, la Comisión está obligada a respetar las comprobaciones de orden médico de la comisión médica, sin poder sustituirlas por sus propias apreciaciones, y a limitarse a apreciar las consecuencias jurídicas que deben deducirse de dichas comprobaciones. Las apreciaciones médicas propiamente dichas, formuladas por la comisión médica, deben considerarse definitivas cuando han sido aportadas en circunstancias regulares. Sólo puede ejercerse el control jurisdiccional sobre la regularidad de la constitución y del funcionamiento de dicha comisión, así como sobre la regularidad de los dictámenes que emite (apartado 42).

Referencia: Tribunal de Justicia, 21 de mayo de 1981, Morbelli/Comisión (156/80, Rec. p. 1357),apartados 18 y 20; Tribunal de Justicia, 29 de noviembre de 1984, Suss/Comisión (265/83, Rec. p. 4029), apartados 9 a 15; Tribunal de Justicia, 21 de enero de 1987, Rienzi/Comisión(76/84, Rec. p. 315), apartado 11; Tribunal de Justicia, 19 de enero de 1988, Biedermann/Tribunal de Cuentas (2/87, Rec. p. 143), apartado 8; Tribunal de Justicia, 4 de octubre de 1991, Comisión/Gill(C-185/90 P, Rec. p. I-4779), apartado 24; Tribunal de Primera Instancia, 12 de julio de 1990, Vidrányi/Comisión (T-154/89. Rec. p. II-445), apartado 48; Tribunal de Primera Instancia, 26 de septiembre de 1990, F./Comisión (T-122/89, Rec. p. II-517), apartados 14 a 16; Tribunal de Primera Instancia, 14 de enero de 1993, F./Comisión (T-88/91, Rec. p. II-13), apartado 39; Tribunal de Primera Instancia, 30 de mayo de 1995, Saby/Comisión (T-556/93, Rec. p. II-375). apartados 35 y 40

En su primer informe, la comisión médica consideró que sólo una parte del conjunto de los trastornos visuales, orgánicos y funcionales podía haber sido ocasionada por una enfermedad profesional, sin cuantificar esta parte. Por tanto, de ello se deduce que la AFPN no recibió una respuesta clara a la cuestión de si las funciones que ejerció el demandante en el seno de la Comisión constituyen la causa esencial o preponderante de sus trastornos oculares o de la agravación de los trastornos oculares preexistentes. Por lo tanto, la AFPN actuó correctamente al no adoptar una decisión respecto de la solicitud de reconocimiento de enfermedad profesional del demandante, y pedir precisiones a la comisión médica (apartados 45 y 46).

Procede señalar que, en su segundo informe, la comisión médica consideró que el grado de invalidez del demandante había disminuido. Se pronunció igualmente acerca del origen de la patología oftalmológica del demandante y afirmó que el grado de invalidez había sido originado en su totalidad por una afección orgánica y que, por consiguiente, ya no tenía origen profesional (apartado 47).

El Tribunal de Primera Instancia comprueba que el mandato de la AFPN que precedió al segundo informe médico señalaba que sólo debía tenerse en cuenta la diferencia entre el grado de invalidez en la fecha de la entrada en funciones y el grado de invalidez en la fecha de la consolidación para establecer el grado de invalidez resultado de la agravación de los trastornos visuales del demandante. No puede acogerse la alegación del demandante según la cual la comisión médica, al estimar el grado de invalidez eventual en la fecha de la entrada en funciones, añadió un apartado ultra petita que excede los límites de las preguntas concretas formuladas por la AFPN. La AFPN estaba obligada efectivamente a tomar en consideración el segundo informe médico en su totalidad (apartados 48 y 49).

El Tribunal de Primera Instancia manifiesta que del segundo mandato de la AFPN se deduce que ésta consideraba que la proporción de trastornos orgánicos y funcionales carecía de pertinencia. La cuestión importante era si la agravación de los trastornos visuales, en su conjunto, tenía un origen profesional. De esto se deduce que la AFPN no estaba obligada a preguntar a la comisión médica acerca de cómo se repartían (apartados 50 y 51).

El Tribunal de Primera Instancia añade que, con arreglo a la jurisprudencia antes citada, las apreciaciones médicas propiamente dichas formuladas por la comisión médica deben considerarse definitivas cuando han sido expresadas en circunstancias regulares. Ahora bien, no consta en autos ningún elemento que permita suponer que las apreciaciones de la comisión médica no hayan sido emitidas en dichas circunstancias. Por lo tanto, el hecho de que se discuta la distinción entre trastornos orgánicos y funcionales en otro informe médico carece de pertinencia. Debe, pues, desestimarse el motivo (apartados 52 y 53).

2. Sobre el motivo basado en la violación del principio de buena gestión y correcta administración

El Tribunal de Primera Instancia declara que, incluso si la AFPN formuló diversos mandatos dirigidos a la comisión médica y, por este motivo, se prolongó la duración del procedimiento, las circunstancias del caso de autos justificaban dichas medidas. El examen de los distintos informes de la comisión médica prueba que la determinación del origen de los trastornos visuales del demandante era muy delicada, habida cuenta de la complejidad de las cuestiones médicas, lo que explica por qué tuvo que formular la AFPN varios mandatos dirigidos a la comisión médica con la finalidad de obtener una respuesta clara a este respecto. Procede, pues, declarar que el demandante no ha presentado ningún indicio que pueda demostrar que la Gomisión ha incurrido en violación del principio de buena gestión y correcta administración (apartados 58 y 59).

Referencia:Tribunal de Primera Instancia, 16 de octubre de 1990, Galione/Consejo(T-132/89, Rec. p. II-549), apartado 44

3. Sobre el motivo basado en la violación del deber de asistencia

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que la obligación de asistencia prevista en el artículo 24 del Estatuto persiste igualmente cuando el autor de los hechos mencionados en dicha disposición es otro funcionario de las Comunidades Europeas. No obstante, es jurisprudencia reiterada que la obligación de asistencia, a que se refiere el artículo 24, tiene por objeto la defensa de los funcionarios, por parte de la Institución, contra las actuaciones de terceros y no contra los actos originados por la propia Institución, cuyo control se prevé en otras disposiciones del Estatuto (apartados 64 y 65).

Referencia: Tribunal de Justicia, 14 de junio de 1979, Sra. V./Comisión (18/78, Rec. p. 2093), apartado 15; Tribunal de Justicia, 17 de diciembre de 1981, Bellardi-Ricci y otros/Comisión (178/80, Rec. p. 3187), apartado 23; Tribunal de Justicia, 25 de marzo de 1982, Munk/Comisión (98/81, Rec. p. 1155); Tribunal de Justicia, 9 de diciembre de 1982, Plug/Comisión (191/81, Rec. p. 4229); Tribunal de Primera Instancia, 30 de junio de 1992. Gómez González y otros/Consejo (T-24/91, Rec. p. II-1881), apartado 58; Tribunal de Primera Instancia, 30 de junio de 1992, Ano Hijos/Consejo(T-25/91, Rec. p. II-1907), apartado 58; Tribunal de Primera Instancia, 18 de febrero de 1993, Mc Avoy/Parlamento(T-45/91, Rec. p. II-83), apartado 60; Tribunal de Primera Instancia, 21 de abril de 1993, Tallarico/Parlamento (T-5/92, Rec. p. II-477), apartado 30

Consta que la decisión impugnada en el presente recurso es un acto que emana de una Institución, la Comisión. Por consiguiente, el artículo 24 del Estatuto no es aplicable en el caso de autos (apartado 66).

4. Sobre el motivo basado en la existencia de una desviación de poder

El Tribunal de Primera Instancia recuerda, por una parte, que el concepto de desviación de poder se refiere al hecho de que una autoridad administrativa haya utilizado sus potestades con un objetivo distinto de aquel para el que le fueron concedidas y, por otra, que según reiterada jurisprudencia, una decisión sólo incurre en desviación de poder si se demuestra, basándose en indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada para alcanzar objetivos distintos de los alegados (apartado 76).

Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 26 de noviembre de 1991, Williams/Tribunal de Cuentas (T-146/89, Rec. p. II-1293), apartados 87 y 88; Tribunal de Primera Instancia, 16 de diciembre de 1993, Turner/Comisión (T-80/92, Rec. p. II-1465), apartado 70; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CES (T-586/93, RecFP p. II-203), apartado 73

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que el párrafo tercero del artículo 20 de la Reglamentación especifica que la AFPN otorgará una indemnización provisional, «correspondiente a la parte incontestable del porcentaje de invalidez permanente», si se considera que el grado de invalidez asciende como mínimo al 20 %. Ahora bien, de las alegaciones formuladas por las partes se deduce que el grado de invalidez era objeto de litigio. De esto se desprende que el demandante pretende erróneamente que la AFPN habría podido concederle una indemnización provisional (apartado 78).

El Tribunal de Primera Instancia observa que el dictamen de la comisión de invalidez, por el que se reconoce que la invalidez temporal del demandante tiene un origen profesional, se refiere a una invalidez temporal y no permanente. El artículo 25 de la Reglamentación señala que «el reconocimiento de una invalidez permanente, total o parcial, en aplicación del artículo 73 del Estatuto y de la presente Reglamentación, no será óbice en ningún caso para la aplicación del artículo 78 del Estatuto y viceversa». De esto se deduce, pues, que en el presente procedimiento, el dictamen de la comisión de invalidez carece de pertinencia (apartado 79).

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que los contactos entre la AFPN y los aseguradores no constituyen, por sí mismos, una irregularidad. En cualquier circunstancia, conforme a una doctrina asentada, una irregularidad de procedimiento sólo implica la anulación total o parcial de una decisión si se demuestra que, de no haber existido dicha irregularidad, la decisión impugnada habría podido tener un contenido diferente. Ahora bien, en el presente asunto, ninguno de los documentos que obran en autos indica que los contactos que se produjeron entre la AFPN y los aseguradores pudieran influir sobre la decisión impugnada (apartado 80).

Referencia: Tribunal de Justicia, 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión (asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125); Tribunal de Justicia, 23 de abril de 1986, Bernardi/Parlamento (150/84, Rec. p. 1375), apartado 28; Biedermann/Tribunal de Cuentas, antes citada, apartado 12; Tribunal de Primera Instancia, 21 de junio de 1990, Sabbatucci/Parlamento (T-31/89. Rec. p. II-265), apartado 3; Tribunal de Primera Instancia, 18 de febrero de 1993, Tallarico/Parlamento (T-l/92, Rec. p. II-107), apartados 32 y 47

Del examen de todos los elementos invocados por el demandante se deduce que la Comisión no empleó sus potestades con un objetivo distinto de aquel para el que fueron otorgadas (apartado 81).

5. Sobre la demanda de indemnización

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que el recurso de indemnización es un recurso distinto y que posee, con arreglo al apartado 1 del artículo 91 del Estatuto, una competencia jurisdiccional plena en los litigios de carácter pecuniario (apartado 87).

No obstante, procede manifestar que en el caso de autos existe un vínculo estrecho entre el recurso de indemnización y el recurso de anulación. Dado que el examen de los motivos expuestos en apoyo de las pretensiones de anulación no ha revelado que la Comisión cometiese ilegalidad alguna, de modo que no se ha probado que ésta haya cometido un acto lesivo que comprometa su responsabilidad, deben desestimarse igualmente las pretensiones de indemnización (apartado 88).

El demandante solicita igualmente que el Tribunal de Primera Instancia nombre, en concepto de perito, a un médico especialista para poner término a las incertidumbres y contradicciones relacionadas con su estado de invalidez y con la existencia de una enfermedad profesional como causa de la agravación y del deterioro de dicho estado. Resulta obligado señalar, por una parte, que esta solicitud se basa en las alegaciones expuestas en el marco de los motivos precedentes y no se sustenta en ninguna alegación adicional y, por otra, que el examen de dichos motivos ha demostrado que no existe ninguna razón para cuestionar la conclusión de la comisión médica. Por lo tanto, no puede acogerse esta pretensión (apartados 89 y 90).

De todo lo expuesto se deduce que debe desestimarse la totalidad del recurso (apartado 91).

Fallo:

Se desestima el recurso.