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26

En tales circunstancias, el Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Puede una sociedad de responsabilidad limitada que ejerce una actividad económica no ser considerada [pyme] en el sentido del artículo 3, apartado 4, del anexo I del Reglamento n.o 651/2014 por el hecho de que el 90 % de su capital social esté en manos de una fundación de Derecho civil cuyo patronato, sin funciones directivas, está formado por diecisiete miembros, dos de los cuales son representantes de ministerios, uno es el alcalde de una ciudad, otro es el rector de una universidad, tres son profesores de esa misma universidad, uno es el presidente de otro centro de estudios superiores y uno es el gerente de una cámara de comercio e industria? 2) ¿Las universidades y centros de estudios superiores públicos y las cámaras de comercio e industria alemanas constituyen organismos públicos a efectos del artículo 3, apartado 4, del anexo I del Reglamento n.o 651/2014? 3) ¿Las personas que de forma no remunerada forman parte del patronato de la fundación pueden considerarse organismos públicos a efectos del artículo 3, apartado 4, del anexo I del Reglamento n.o 651/2014 por el mero hecho de que desarrollan su actividad profesional principal en un organismo público? 4) ¿Requiere el control por parte de un organismo público a efectos del artículo 3, apartado 4, del anexo I del Reglamento n.o 651/2014 que los órganos de dicho organismo público puedan, en virtud de una relación jurídica, dar instrucciones a los miembros del patronato, que desempeñan su labor de forma no remunerada, sobre el sentido de su voto en las decisiones del patronato? 5) ¿Requiere el control indirecto de los derechos de voto por parte de un organismo público que haya constancia de que dicho organismo público influye en los miembros del patronato para que estos ejerzan sus derechos de voto de la forma establecida por el organismo público? 6) ¿Existe un control indirecto de los derechos de voto por parte de un organismo público si existe la posibilidad de que los miembros del patronato, que desempeñan su labor de forma no remunerada, al ejercer su actividad en este velen por los intereses de su organismo público de origen? 7) ¿Requiere el “control conjunto” a efectos del artículo 3, apartado 4, del anexo I del Reglamento n.o 651/2014 que pueda apreciarse una formación conjunta de la voluntad de los organismos públicos en relación con los derechos de voto? 8) ¿Depende el “control” a efectos del artículo 3, apartado 4, del anexo I del Reglamento n.o 651/2014 de la aplicación efectiva que haga la fundación de los estatutos [del Instituto NMI] o de una posible interpretación del texto de estos?»
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Dicho juzgado reitera, en esencia, las indicaciones proporcionadas por el juzgado remitente en el asunto C‑503/19, que se han resumido en los apartados 19 y 20 de la presente sentencia. Indica que, de aplicarse la normativa española tal como esta es interpretada en la sentencia del Tribunal Supremo mencionada en el apartado 20 de la presente sentencia, no podría realizarse valoración alguna de la situación personal y del arraigo de SI en España, del estado de ejecución de la pena impuesta a este mediante la sentencia del Juzgado de lo Penal n.o 18 de Barcelona a que se ha hecho referencia en el apartado 26 de la presente sentencia, del delito cometido ni de otras circunstancias, ya que se estaría ante un antecedente penal no cancelado. Ahora bien, el juzgado remitente alberga dudas sobre la conformidad de este enfoque con el Derecho de la Unión y, en particular, con la Directiva 2003/109.
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Pues bien, en su opinión, el Reglamento 2016/679 no recoge definición alguna del concepto de «autoridad pública». Según el Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Wiesbaden), a esa expresión se le puede otorgar una acepción funcional o una acepción institucional. Con arreglo a la primera de esas acepciones, serían «autoridades públicas» todas las autoridades públicas que ejerzan funciones de administración pública, incluido, por tanto, el Parlamento del Estado Federado de Hesse cuando lleve a cabo tales funciones. Conforme a la segunda de tales acepciones, la Comisión de peticiones del mencionado Parlamento es un organismo autónomo y por tanto una autoridad pública, en el sentido institucional. En opinión del órgano jurisdiccional remitente, no participa en la actividad legislativa del citado Parlamento dado que, por una parte, su actividad no tiene carácter vinculante y, por otra parte, no dispone ni de un derecho de iniciativa ni de un derecho a establecer normas y su actuación depende siempre de la petición del ciudadano y del contenido de la solicitud.
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Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre BlackRock Investment Management (UK) Ltd (en lo sucesivo, «BlackRock») y los Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Administración tributaria y aduanera, Reino Unido) (en lo sucesivo, «autoridades tributarias») en relación con la negativa de dichas autoridades a concederle el disfrute de la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) prevista en el artículo 135, apartado 1, letra g), de la Directiva del IVA.
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La Lei n.o 5/2004, das Comunicações Electrónicas (Ley n.o 5/2004, de Comunicaciones Electrónicas), de 10 de febrero de 2004 (Diário da República I, serie I-A, n.o 34, de 10 de febrero de 2004), en su versión modificada por la Lei n.o 15/2016 (Ley n.o 15/2016), de 17 de junio de 2016 (Diário da República, serie primera, n.o 115, de 17 de junio de 2016) (en lo sucesivo, «Ley de Comunicaciones Electrónicas»), prevé, en su artículo 47, apartados 1 y 2, letra c): «1. Las empresas suministradoras de redes de comunicaciones públicas o servicios de comunicaciones electrónicas abiertas al público estarán obligadas a poner a disposición del público, y de quien manifieste la intención de suscribir un contrato de prestación de servicios realizados por ellas, información adecuada, transparente, comparable y actualizada sobre los términos y condiciones habituales en materia de acceso y de utilización de los servicios que presten a los usuarios finales y a los consumidores, precisando de manera detallada sus precios y otras cargas, y, en su caso, los que se refieren a la resolución de los contratos. 2. A efectos de la aplicación del apartado anterior, dichas empresas deberán publicar […] la información siguiente, que habrá de facilitarse asimismo a quien pretenda celebrar con ellas un contrato de prestación de servicios: […] c) los precios normales, precisando los importes que se adeuden por cada uno de los servicios prestados y el contenido de cada elemento del precio, que deberá cubrir en particular: i) las cargas relacionadas con la activación del servicio y el acceso, la utilización y el mantenimiento; ii) la información detallada sobre los descuentos normales aplicados y los sistemas de tarifas especiales o específicos, y las eventuales cargas adicionales; iii) los gastos vinculados a equipos terminales arrendados o de los que el cliente pase a ser propietario; iv) las cargas que resulten de la resolución del contrato, incluidas la restitución de equipos o penalizaciones por la resolución anticipada a instancia de los abonados».
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Los recursos interpuestos por DHU contra esas decisiones fueron desestimados por el tribunal de primera instancia de lo contencioso-administrativo y posteriormente por el tribunal de apelación de lo contencioso-administrativo, quien declaró entre otras cosas que: – las indicaciones relativas a la posología no forman parte ni de la información obligatoria que debe proporcionarse con el medicamento ni de las características esenciales de este, – esas indicaciones no pueden ser objeto de registro por el mero hecho de que DHU esté obligada a prestar información relativa a la posología en el marco del proceso de registro, – la normativa aplicable no prevé la inclusión de la posología entre la información que figura en los medicamentos homeopáticos registrados y, en cualquier caso, la posología no constituye una información útil a efectos de la información al paciente sobre cuestiones de salud.
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Mediante sentencia de 12 de junio de 2018, el Bezirksgericht Graz-Ost (Tribunal de Distrito de Graz-Este) desestimó la demanda de NK en su totalidad. En efecto, dicho órgano jurisdiccional consideró que el contrato controvertido en el litigio principal estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la FAGG, ya que no tenía por objeto la construcción de un edificio nuevo, en el sentido del artículo 1, apartado 2, punto 7, de esta. Consideró asimismo que, con arreglo al artículo 18, apartado 1, punto 3, de la FAGG, MS y AS no disponían de un derecho de desistimiento, en la medida en que el plano de construcción de la vivienda individual debía elaborarse según los deseos específicos de los interesados. No obstante, dicho órgano jurisdiccional declaró que, al no haberse cumplido las obligaciones de información recogidas en el artículo 4, apartado 1, puntos 8 y 10, de la FAGG, MS y AS no debían asumir el pago de la retribución a la que se refiere el artículo 16, apartado 1, de la FAGG.
2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Viasat UK Ltd y Viasat Inc. (en lo sucesivo, tomadas conjuntamente, «Viasat»), por una parte, y el Institut belge des services postaux et des télécommunications (Instituto Belga de Servicios Postales y de Telecomunicaciones; en lo sucesivo, «IBPT») (Bélgica), por otra, en relación con la resolución de dicho instituto por la que se conceden a Inmarsat Ventures Ltd c.o. (en lo sucesivo, «Inmarsat») derechos de uso de componentes complementarios en tierra (en lo sucesivo, «CCT») de sistemas móviles por satélite.
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De ello se desprende que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional solamente está justificada cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 4 de diciembre de 2018, Minister for Justice and Equality y Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, apartado 27 y jurisprudencia citada).
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A este respecto procede recordar, de entrada, que tanto el principio de confianza mutua entre los Estados miembros como el principio de reconocimiento mutuo, que se basa a su vez en la confianza recíproca entre aquellos, tienen una importancia fundamental en el Derecho de la Unión, dado que permiten la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores. Más específicamente, el principio de confianza mutua obliga a cada uno de esos Estados, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho [sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartado 36 y jurisprudencia citada].
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Aunque esta decisión de remitir a las autoridades nacionales la determinación de las modalidades concretas de aplicación del término «sucesivos», a efectos del Acuerdo Marco, se explica por el afán de preservar la diversidad de las normativas nacionales en esta materia, procede no obstante recordar que el margen de apreciación así atribuido a los Estados miembros no es ilimitado, ya que en ningún caso puede llegar hasta el punto de poner en peligro el objetivo o el efecto útil del Acuerdo Marco. En particular, las autoridades nacionales no deben ejercitar esta facultad de apreciación de tal modo que se llegue a una situación que pueda dar lugar a abusos, lo que sería contrario al mencionado objetivo (sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C‑212/04, EU:C:2006:443, apartado 82, y de 19 de marzo de 2020, Sánchez Ruiz y otros, C‑103/18 y C‑429/18, EU:C:2020:219, apartado 58).
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Hungría, apoyada por la República de Polonia, considera que el recurso es admisible porque la Resolución impugnada es un acto recurrible a los efectos del artículo 263 TFUE, habida cuenta de los efectos que acarrea, en particular por mor del artículo único, letra b), del Protocolo (n.o 24) y de la doctrina jurisprudencial dimanante de la sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586). Por lo demás, estima que el artículo 269 TFUE debe interpretarse estrictamente y no priva al Tribunal de Justicia de su competencia para conocer del presente recurso.
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Por otra parte, John Mills argumenta que la EUIPO no puede invocar válidamente la sentencia de 13 de abril de 2011, Safariland/OAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171), en apoyo de la interpretación que defiende. Aquella sentencia del Tribunal General no solo no es vinculante para el Tribunal de Justicia, sino que el punto pertinente de la misma —a saber, el apartado 61— no trata sobre la cuestión objeto del presente recurso de casación. John Mills añade que, tal como se desprende del apartado 74 de la sentencia que acaba de citarse, el Tribunal General no hubo de pronunciarse sobre el extremo de si las marcas deben ser idénticas o similares, ya que el recurso no prosperó por no concurrir el requisito relativo a la existencia de una relación de representación.
–

no se opone a que el Estado miembro de destino de un servicio de venta en línea de medicamentos no sujetos a prescripción médica aplique al prestador de ese servicio establecido en otro Estado miembro una normativa nacional que prohíbe que las farmacias hagan ofertas promocionales relativas a la concesión de un descuento sobre el precio total del pedido de medicamentos cuando este supere determinado importe, siempre que tal prohibición esté regulada de manera suficiente y, en particular, solo tenga por objeto medicamentos y no simplemente productos parafarmacéuticos, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente;
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Los considerandos décimo, duodécimo, vigesimoprimero, vigesimotercero y vigesimocuarto de la Directiva 93/13 tienen la siguiente redacción: «Considerando que puede obtenerse una protección más eficaz del consumidor mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas; que tales normas deben aplicarse a todos los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor; que por consiguiente quedan excluidos de la presente Directiva, en particular, los contratos de trabajo, los contratos relativos a los derechos de sucesión, los contratos relativos al estatuto familiar, los contratos relativos a la constitución y estatutos de sociedades; […] Considerando no obstante que en el estado actual de las legislaciones nacionales solo se puede plantear una armonización parcial; que, en particular, las cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, dentro del respeto del Tratado, de garantizar una protección más elevada al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la presente Directiva; […] Considerando que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para evitar que se estipulen cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores por un profesional y que, si a pesar de ello figuraran tales cláusulas, estas no obligarían al consumidor y el contrato seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que las cláusulas abusivas no afecten a su existencia; […] Considerando que las personas u organizaciones, que, con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección del consumidor, deben poder presentar un recurso contra las cláusulas contractuales redactadas con vistas a su utilización general en los contratos celebrados con consumidores, en especial las cláusulas abusivas, ya sea ante un órgano judicial o ante una autoridad administrativa con competencia para decidir sobre las demandas o para emprender las acciones judiciales adecuadas; que esta facultad, sin embargo, no supone el control sistemático previo de las condiciones generales utilizadas en tal o cual sector económico; Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores».
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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 14, puntos 1, letra a), y 2, letra a), del Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), y modificado por el Reglamento (CE) n.o 631/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 (DO 2004, L 100, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»), y de los artículos 12 y 13, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»).
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el pago de dicha indemnización fuere equitativo, habida cuenta de todas las circunstancias, en particular, de las comisiones que el agente comercial pierda y que resulten de las operaciones con dichos clientes. Los Estados miembros podrán prever que dichas circunstancias incluyan también la aplicación o la no aplicación de una cláusula de no competencia con arreglo al artículo 20.»
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Este concepto incluye, en particular, las medidas estatales de carácter discriminatorio en la medida en que establezcan, directa o indirectamente, una diferencia de trato entre los movimientos nacionales de capitales y los movimientos transfronterizos de capitales que no corresponda a una diferencia objetiva entre las situaciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, apartado 46, y de 16 de julio de 2015, Comisión/Francia, C‑485/14, no publicada, EU:C:2015:506, apartados 25 y 26), medidas que, por tanto, pueden disuadir a las personas físicas o jurídicas de otros Estados miembros o de países terceros de efectuar movimientos transfronterizos de capitales.
El artículo 52, relativo a la «liquidación de conformidad», del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 17), figura en la sección II, titulada «Liquidación», del capítulo IV, titulado a su vez «Liquidación de cuentas». Este artículo dispone en sus apartados 2 y 3:

«2. La Comisión determinará los importes que deban excluirse basándose en la importancia de la disconformidad comprobada. Para ello, la Comisión tendrá en cuenta el carácter de la infracción y el perjuicio financiero causado a la Unión. Basará dicha exclusión en la determinación de los importes pagados indebidamente y, cuando estos no puedan determinarse mediante un esfuerzo proporcionado, podrá aplicar correcciones mediante extrapolación o a tanto alzado. Las correcciones a tanto alzado solo se aplicarán cuando, debido a la naturaleza del caso concreto o a que el Estado miembro no haya facilitado a la Comisión la información necesaria, no sea posible determinar con mayor precisión mediante un esfuerzo proporcionado el perjuicio financiero causado a la Unión.

3. Antes de adoptar cualquier decisión de denegación de la financiación, los resultados de las comprobaciones de la Comisión y las respuestas del Estado miembro serán objeto de comunicaciones escritas, tras las cuales ambas partes intentarán ponerse de acuerdo sobre el curso que deba darse al asunto. Llegado este momento del procedimiento, los Estados miembros contarán con la posibilidad de demostrar que el alcance real del incumplimiento ha sido inferior al estimado por la Comisión.

Si no se llega a un acuerdo, el Estado miembro dispondrá de un plazo de cuatro meses para solicitar la apertura de un procedimiento para conciliar las respectivas posiciones; los resultados de dicho procedimiento serán objeto de un informe que se transmitirá a la Comisión. La Comisión tendrá en cuenta las recomendaciones del informe antes de adoptar una decisión de denegación de la financiación y expondrá sus motivos si decide no seguirlas.»
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En el presente asunto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, a la luz de las pruebas eventualmente aportadas por Agrobet, la Administración tributaria identificó o debía haber identificado de manera clara, precisa e inequívoca, en cualquier fase del procedimiento de inspección tributaria de que se trata en el litigio principal, la existencia de una parte no controvertida del excedente de IVA y si, en particular, determinó o debería haber determinado que los importes del impuesto devengado y del impuesto deducible correspondientes a las operaciones no afectadas por dicho procedimiento ya no podían variar, antes de la terminación de este, en relación con las cantidades declaradas por el sujeto pasivo. Asimismo, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la Administración tributaria —habida cuenta de las dudas que había manifestado en el procedimiento de inspección tributaria y a la luz de todos los documentos de dicho procedimiento y de las circunstancias pertinentes del presente asunto— podía o debería haber podido determinar del mismo modo que un excedente de IVA, cuyo importe puede ser inferior al relativo a las operaciones no contempladas por la inspección, subsistiría cualquiera que fuera el resultado de dicho procedimiento. En la comprobación efectuada por el órgano jurisdiccional remitente deberían tenerse en cuenta, en particular, eventuales sanciones que se pudieran imponer al sujeto pasivo en el supuesto de devolución parcial o provisional de la parte del excedente de IVA reclamada en caso de prosperar la inspección tributaria.
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Así, un nacional de un Estado miembro que, manteniendo su empleo en este Estado, traslada su domicilio a otro Estado miembro está comprendido en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre circulación de los trabajadores y, por consiguiente, del Reglamento n.o 492/2011 [véase, en este sentido, por lo que se refiere al Reglamento (CEE) n.o 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO 1968, L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), derogado y sustituido por el Reglamento n.o 492/2011, la sentencia de 18 de julio de 2007, Hartmann, C‑212/05, EU:C:2007:437, apartado 19].