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El artículo 35 TFUE no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal.

El artículo 34 TFUE no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece que la denominación de venta «ibérico de cebo» solo puede atribuirse a los productos que cumplen determinados requisitos exigidos por dicha normativa nacional, ya que esta permite la importación y comercialización de productos de Estados miembros distintos del que ha adoptado dicha normativa nacional, con las denominaciones que lleven con arreglo a la normativa de su respectivo Estado miembro de origen, aun cuando sean parecidas, similares o idénticas a las denominaciones establecidas por la normativa nacional controvertida en el litigio principal.

El artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos, en relación con el artículo 12 de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que supedita la utilización de determinadas denominaciones de venta para los productos derivados del cerdo ibérico elaborados o comercializados en España a la observancia, por parte de los fabricantes, de condiciones de cría del cerdo ibérico más estrictas que las establecidas en dicho artículo 3, apartado 1, letra a), y de una edad mínima para el sacrificio de diez meses.

Pues bien, debe señalarse que la normativa nacional en cuestión en el litigio principal no tiene por objeto la protección de los cerdos, sino mejorar la calidad de los productos, razón por la cual no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/120.

No obstante, al aumentar los requisitos mínimos respecto a la superficie del terreno en que deben vivir los cerdos y elevar la edad mínima para el sacrificio, esta normativa no puede menoscabar el bienestar de los animales y, por lo tanto, no es incompatible con dicha Directiva.

(véanse los apartados 34, 35 y 36 y el punto 2 del fallo)
So pena de no cumplir su cometido, el juez de la Unión está obligado a examinar las diferentes pretensiones y los diferentes motivos presentados por la parte recurrente, tal como hayan sido formulados en sus escritos, sin alterar su objeto ni su sustancia.

La obligación de motivación no exige al juez de la Unión que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio. En consecuencia, la motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que no acogió sus argumentos.

A este respecto, habida cuenta de que se trata de una resolución mediante la que el Tribunal de Justicia declara que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al no apreciar, no obstante los elementos invocados por la recurrente, que se hubiera destruido la presunción del ejercicio de una influencia determinante sobre una filial —cumpliendo de ese modo su obligación de motivación—, para cumplir su obligación de motivación basta con que el Tribunal de Justicia recuerde el principio jurídico en el que se basa para estimar que el Tribunal General pudo considerar válidamente que los elementos invocados no eran idóneos para destruir tal presunción.

(véanse los apartados 26 y 27)
Como ha recordado el Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones, procede distinguir el daño inicial, directamente derivado del hecho causal, cuyo lugar de producción podría justificar la competencia en virtud del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, de las consecuencias adversas posteriores que no pueden fundamentar la atribución de competencia sobre la base de esta disposición. A este respecto, en los apartados 14 y 15 de la sentencia de 19 de diciembre de 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289), el Tribunal de Justicia declaró que el concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» no puede interpretarse de forma extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar. Por consiguiente, precisó que dicho concepto no puede interpretarse en el sentido de que incluya el lugar en que la víctima alega haber sufrido un perjuicio patrimonial consecutivo a un daño inicial sobrevenido y sufrido por ella en otro Estado.

Procede, asimismo, considerar que un lucro cesante consistente en la pérdida de ventas supuestamente sufrida como consecuencia de la realización de prácticas contrarias a la competencia en infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE puede calificarse como un «daño» a efectos de la aplicación del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, que permite fundamentar, en principio, la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se ha producido el hecho dañoso.

(véanse los apartados 31, 32 y 36)
Asunto C‑69/17

Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL

contra

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

y

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti)

«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Derecho a la deducción — Adquisiciones efectuadas por un contribuyente declarado “inactivo” por la Administración tributaria — Denegación del derecho a la deducción — Principios de proporcionalidad y de neutralidad del IVA»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 12 de septiembre de 2018

Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Derecho a deducción — Adquisiciones efectuadas por un contribuyente declarado «inactivo» por la Administración tributaria — Normativa nacional que permite denegar el derecho a deducción relativo a dichas adquisiciones — Improcedencia

[Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts. 213, 214 y 273]

La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, en particular sus artículos 213, 214 y 273, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite a la Administración tributaria denegar a un sujeto pasivo que ha efectuado adquisiciones mientras estuvo anulado su número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido (por no haber presentado declaraciones tributarias) el derecho a deducir el IVA correspondiente a estas adquisiciones mediante declaraciones de IVA presentadas —o facturas emitidas— tras reactivarse su número de identificación, basándose exclusivamente en que tales adquisiciones se efectuaron mientras este estuvo desactivado, cuando se han cumplido los requisitos materiales y el derecho a la deducción no se ha invocado de manera fraudulenta o abusiva.

(véanse el apartado 44 y el fallo)
Asunto C‑185/17

Mitnitsa Varna

contra

«SAKSA» ООD

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna)

«Procedimiento prejudicial — Arancel Aduanero Común — Clasificación de las mercancías — Norma europea armonizada EN 590:2013 — Subpartida 27101943 de la Nomenclatura Combinada — Criterios pertinentes para la clasificación de una mercancía como gasóleo»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 22 de febrero de 2018

Unión aduanera — Arancel aduanero común — Partidas arancelarias — Aceite mineral que destila, según la norma ISO 3405, más del 65 % a 250o C — Clasificación en la subpartida 27101943 de la Nomenclatura Combinada — Exclusión — Aceite que cumple los requisitos establecidos en la norma europea armonizada EN 590:2013 — Irrelevancia

[Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, anexo I, subpartida 27101943]

La nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en su versión resultante del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1101/2014 de la Comisión, de 16 de octubre de 2014, debe interpretarse en el sentido de que un aceite mineral como el controvertido en el litigio principal no puede, debido a sus características de destilación, clasificarse como gasóleo en la subpartida 27101943 de esta nomenclatura, aun cuando dicho aceite cumpla los requisitos previstos en la norma armonizada EN 590, en su versión del mes de septiembre de 2013, relativos al gasóleo para uso ártico o inviernos severos.

En el presente asunto, debe señalarse que la subpartida 27101943 de la NC, cuyo tenor se refiere al gasóleo con un contenido de azufre inferior o igual al 0,001 % en peso, forma parte de la partida 2710 de la NC, relativa a los aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos. Para aplicar esta partida, la nota complementaria 2 del capítulo 27 de la NC define, en su letra e), el concepto de «gasóleo».

A este respecto, del tenor de dicha letra e), en relación con la letra d) de la citada nota complementaria, se desprende que tienen la consideración de «gasóleo», en particular, los aceites y preparaciones que destilen en volumen, incluidas las pérdidas, inferior al 65 % a 250 °C y superior o igual al 85 % a 350 °C, según la norma ISO 3405.

Por consiguiente, de la propia redacción de las citadas letras resulta que, a efectos de la clasificación aduanera de una mercancía como gasóleo, únicamente es determinante, en el marco de la partida 2710 de la NC, la tasa de destilación a las temperaturas indicadas, según la norma ISO 3405.

Por consiguiente, puesto que en el presente asunto es pacífico entre las partes del litigio principal que el aceite mineral controvertido destila, según la norma ISO 3405, más del 65 % a 250 °C, dicho aceite no está comprendido en la definición de «gasóleo», con arreglo a la nota complementaria 2, letra e), del capítulo 27 de la NC, y no puede clasificarse en las subpartidas correspondientes a los productos incluidos en esta definición.

(véanse los apartados 32 a 35, 43 y el fallo)
16

El órgano jurisdiccional remitente precisa que ninguna de las autorizaciones controvertidas en el litigio principal estaba motivada y que las emitidas desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012 no indicaban de manera correcta, en particular, quién había actuado, si el Presidente o el Vicepresidente del Sofiyski gradski sad (Tribunal de la ciudad de Sofía). Estos defectos no entrañaban la ilegalidad de las autorizaciones controvertidas en el litigio principal. No obstante, las autorizaciones emitidas durante enero y febrero de 2012 fueron adoptadas por un órgano jurisdiccional sin competencia para ello. En efecto, después de esa fecha, todas las solicitudes de autorización deberían haber sido dirigidas al Presidente del Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial) y no al Presidente del Sofiyski gradski sad (Tribunal de la ciudad de Sofía), quien, al no ser ya competente para examinar y estimar estas solicitudes, debería haberlas remitido al Presidente del Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial).
34

La República Federal de Alemania alega que el propio pago por los GR de la remuneración EEG no está sujeto a control estatal. Los GR adoptan por sí mismos la decisión de pagar o no dicha remuneración y fijan su importe. Del mismo modo, la percepción del recargo EEG solo está sujeta a una supervisión limitada, ya que los GRT son los únicos que deciden si la exigen o no. Contrariamente a lo que afirmó el Tribunal General en el apartado 125 de la sentencia recurrida, añade dicho Estado miembro, los GRT no están estrictamente controlados por las autoridades administrativas alemanas competentes ni, en particular, por la BNetzA, cuya función de control consiste esencialmente en garantizar la correcta aplicación de las disposiciones relativas al recargo EEG. La BNetzA no dispone del derecho de determinar el importe del recargo EEG, puesto que los GRT calculan este último bajo su propia responsabilidad.
2)

El artículo 5, apartado 1, en relación con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento n.o 987/2009, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 1244/2010, debe interpretarse en el sentido de que los certificados A1 expedidos por la institución competente de un Estado miembro al amparo del artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 1244/2010, vinculan tanto a las instituciones de seguridad social como a los tribunales del Estado miembro en que se ejerza la actividad mientras no sean retirados o invalidados por el Estado miembro en el que hayan sido emitidos, aun cuando las autoridades competentes de ese último Estado miembro y del Estado miembro en que se ejerza la actividad hayan elevado el asunto a la Comisión Administrativa de coordinación de los sistemas de seguridad social y esta haya llegado a la conclusión de que los certificados habían sido emitidos indebidamente y de que procedía retirarlos. El artículo 5, apartado 1, en relación con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento n.o 987/2009, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 1244/2010, debe interpretarse en el sentido de que los certificados A1 expedidos por la institución competente de un Estado miembro al amparo del artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, en la redacción que le dio el Reglamento n.o 1244/2010, vinculan tanto a las instituciones de seguridad social como a los tribunales del Estado miembro en que se ejerza la actividad, en su caso con efecto retroactivo, aun cuando los certificados únicamente se hayan expedido después de que el segundo Estado miembro hubiera determinado la sujeción del trabajador en cuestión al seguro obligatorio con arreglo a su legislación.
59

La República Federal de Alemania alega que la retirada de la homologación anunciada por la KBA en ese escrito en caso de que el fabricante no obedeciera el mandamiento de restablecer la conformidad de los vehículos afectados con el tipo homologado antes del 30 de junio de 2013 no podía aplicarse, ya que Daimler había cesado definitivamente en la producción de esos vehículos antes de cumplirse dicho plazo. Por lo demás, considera que la Directiva marco no contiene regla alguna que especifique lo que debe hacerse con los vehículos producidos y comercializados hasta el momento de retirarse la homologación de tipo. El artículo 32 de dicha Directiva establece la revisión de los vehículos, pero únicamente cuando «presentan un riesgo grave para la seguridad vial, la salud pública o la protección del medio ambiente». En su opinión, sin embargo, no era esta la situación en el caso de autos. Considera que la inobservancia de la conformidad no podía implicar un riesgo acrecentado para la seguridad vial y la salud pública, y que no hacía presagiar que una repercusión marginal en el medio ambiente, atendiendo a las disposiciones transitorias de la Directiva sobre los sistemas de aire acondicionado, que permitieron continuar utilizando el antiguo refrigerante en millones de vehículos nuevos hasta el final del período transitorio de seis años, cumplido el 31 de diciembre de 2016, y también en muchos vehículos como los autobuses urbanos, autocares y vehículos utilitarios no incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva.
6

El artículo 8, apartado 4, de la KStG fue derogado, con efectos a 1 de enero de 2008, por la Unternehmensteuerreformgesetz (Ley de Reforma de la Fiscalidad Empresarial). Esta Ley introdujo en la KStG el artículo 8c, apartado 1 (en lo sucesivo, asimismo «norma de cancelación de pérdidas»), que limita, cuando no excluye, la posibilidad de trasladar pérdidas en caso de adquisición del 25 % o más del capital social (en lo sucesivo, «adquisición lesiva de participación»). Según dicha disposición, por un lado, si en el plazo de cinco años se transfiere entre un 25 % y un 50 %, del capital suscrito, de los derechos corporativos, de los de participación o de los de voto en una entidad, las pérdidas no utilizadas se extinguen proporcionalmente al porcentaje de cambio en el capital. Por otro, las pérdidas no utilizadas ya no se podrán deducir si se transfieren a un comprador más del 50 % del capital suscrito, de los derechos corporativos, de los de participación o de los de voto en una entidad.
39

Pese a haber concluido entretanto el procedimiento de investigación formal con la adopción de la Decisión controvertida, el Tribunal, mediante autos de 9 de junio de 2015, Stahlwerk Bous/Comisión (T‑172/14, no publicado, EU:T:2015:402), Georgsmarienhütte/Comisión (T‑176/14, no publicado, EU:T:2015:414), Harz Guss Zorge/Comisión (T‑177/14, no publicado, EU:T:2015:395), y Schmiedag/Comisión (T‑183/14, no publicado, EU:T:2015:396), acordó el sobreseimiento de los recursos interpuestos por las demandantes en el litigio principal debido a que habían quedado sin objeto.
3

El artículo 23 del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 (DO 2009, L 30, p. 16), titulado «Reducción o exclusión del beneficio de los pagos en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad», dispone en su apartado 1, párrafo primero, lo siguiente: «Cuando no se respeten los requisitos legales de gestión o las buenas condiciones agrarias y medioambientales en cualquier momento de un año natural determinado (denominado en lo sucesivo “el año natural considerado”) y el incumplimiento en cuestión resulte de un acto u omisión que se puedan atribuir directamente al agricultor que presentó la solicitud de ayuda en el año natural considerado, el importe total de los pagos directos que, previa aplicación de los artículos 7, 10 y 11, se haya abonado o deba abonarse al agricultor, se reducirá o anulará de conformidad con las normas de desarrollo establecidas en virtud del artículo 24.»
33

Por lo que respecta a la obligación de declarar el comienzo de una actividad económica, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Directiva del IVA no se opone a una normativa nacional que exige a un sujeto pasivo una declaración como esta cuando los beneficios procedentes de dicha actividad no exceden del umbral que da derecho a la exención para las pequeñas empresas (véase, en este sentido, el auto de 30 de septiembre de 2015, Balogh, C‑424/14, no publicado, EU:C:2015:708, apartado 30). Asimismo, ha declarado que la Directiva del IVA no se opone a que el incumplimiento de la obligación de declarar de un sujeto pasivo se sancione con una multa administrativa, siempre que dicha multa sea proporcionada (véase, en este sentido, el auto de 30 de septiembre de 2015, Balogh, C‑424/14, no publicado, EU:C:2015:708, apartado 37).
9

El artículo 32, apartado 5, de la legge n. 183 — Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Ley n.o 183, relativa a las delegaciones al Gobierno en materia de actividades penosas, reorganización de organismos, licencias, excedencias y permisos, medidas de protección social, servicios de empleo, medidas de fomento del empleo, formación, empleo de las mujeres y medidas contra el empleo sumergido y disposiciones en materia de empleo en el sector público y de conflictos laborales), de 4 de noviembre de 2010 (suplemento ordinario de la GURI n.o 262, de 9 de noviembre de 2010; en lo sucesivo, «Ley n.o 183/2010»), dispone: «En los casos de conversión del contrato de duración determinada, el juez condenará al empresario a abonar al trabajador una indemnización global de entre 2,5 y 12 mensualidades de la última retribución total percibida según los criterios indicados en el artículo 8 de la Ley n.o 604 de 15 de julio de 1966.»
20

No obstante, una diferencia de trato resultante de la normativa de un Estado miembro en perjuicio de las sociedades que ejercen su libertad de establecimiento no constituye obstáculo a dicha libertad si se refiere a situaciones que no sean objetivamente comparables o si está justificada por una razón imperiosa de interés general y proporcionada a dicho objetivo (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, apartado 167, y de 25 de febrero de 2010, X Holding, C‑337/08, EU:C:2010:89, apartado 20).
16

Los términos y condiciones aplicables al derecho a optar por la tributación, previsto en el artículo 12 del CIVA, se precisaron en el Decreto-ley n.o 241/86 (Diário da República, 1.a serie, n.o 190, de 20 de agosto de 1986), modificado por el Decreto-ley n.o 21/2007 (Diário da República, 1.a serie, n.o 20, de 29 de enero de 2007) (en lo sucesivo, «Régimen de renuncia a la exención»).
9

El artículo 24, apartados 1 a 3, de este Reglamento precisa: «1. Cuando un Estado miembro, en cuyo territorio se encuentra una persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letras b), c) o d), sin documento de residencia y que no haya presentado una nueva solicitud de protección internacional, considere que es responsable otro Estado miembro, de conformidad con el artículo 20, apartado 5, y el artículo 18, apartado 1, letras b), c) o d), podrá pedir a ese otro Estado miembro que readmita a la persona en cuestión. 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular [(DO 2008, L 348, p. 98)], cuando el Estado miembro en cuyo territorio se encuentra una persona sin documento de residencia, decida buscar en el sistema Eurodac […] la petición de readmisión de una persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letras b) o c), del presente Reglamento o de una persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra d), cuya solicitud de protección internacional no haya sido denegada mediante una resolución definitiva, lo hará lo antes posible y, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a la recepción de la respuesta positiva de Eurodac […] Si la petición de readmisión se basa en pruebas distintas de los datos obtenidos del sistema Eurodac, se enviará al Estado miembro requerido dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el Estado miembro requirente tuvo conocimiento de que otro Estado miembro podía ser responsable de la persona en cuestión. 3. Cuando la petición de readmisión no se formule en los plazos establecidos en el apartado 2, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la persona en cuestión sin documento de residencia dará a ésta la oportunidad de presentar una nueva solicitud.»