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5.

Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Audiencia de las empresas — Anulación de la decisión por la que se declara la existencia de una infracción — Reapertura del procedimiento en el punto en que se cometió la irregularidad constatada — Nueva audiencia de las empresas — Obligación de invitar a otras entidades que no han manifestado su interés en participar en esa nueva audiencia — Inexistencia — Obligación de publicar la decisión de organizar una nueva audiencia — Inexistencia [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 1; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 27; Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, arts. 12 y 13, aps. 1 a 3] (véanse los apartados 75 a 102, 105 a 121 y 133 a 139)
Sentencia del Tribunal General (Juez único) de 9 de diciembre de 2020 — easyCosmetic Swiss/EUIPO — UWI (easycosmetic)

(Asunto T‑858/19)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión easyCosmetic — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 16, 19, 20 y 22)

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 17)

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto — Neologismo compuesto por elementos descriptivos de características de los productos o servicios de que se trata — Inclusión a falta de carácter inusual de la combinación [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 18 y 32)

4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Solicitud de registro de un signo para todos los productos o servicios pertenecientes a una misma categoría — Apreciación del carácter descriptivo del signo relativo al conjunto de productos o servicios [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 21)

5. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa easyCosmetic [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 27, 31, 34, 38 y 39)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de octubre de 2019 (asunto R 973/2019‑2), relativa a un procedimiento de nulidad entre UWI e easyCosmetic Swiss.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) EasyCosmetic Swiss GmbH cargará, además de con sus propias costas, con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
158

Pues bien, el presente asunto no versa sobre contratos celebrados entre dos entidades pertenecientes a la misma persona jurídica. Los criterios previstos para tal supuesto, recogidos en el artículo 28, apartado 2, de la Directiva 2014/25, no pueden extrapolarse a la cuestión de si es preciso sumar la potencia en un mismo mercado de dos entidades que pertenecen ambas al Estado pero que son independientes desde el punto de vista estructural. En efecto, el objetivo que persigue el artículo 28, apartado 2, de la Directiva 2014/25 no es impedir la creación o el refuerzo de una posición dominante. La cuestión de si, en una situación «in house» en la que una de las entidades debe prestar servicios para otra, esta debe poder prestar esos servicios sin competir con empresas externas, no es, en efecto, comparable con la de la determinación de una posible concentración en el mercado en el que operan ambas entidades. La norma del Derecho de contratación pública evocada no tiene por objeto la concertación de las actividades de ambas entidades en el mismo mercado, sino la situación en la que esas partes han celebrado un contrato entre ellas. Por lo tanto, carece de pertinencia para el presente asunto que, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el ámbito del Derecho de contratación pública relativa a las situaciones denominadas «in house», el grupo MVM, por un lado, y la sociedad Paks II, por otro, deban atribuirse al Estado, como sostiene la República de Austria.
13

Mediante escrito de 17 de octubre de 2018 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), la JUR respondió a la demandante. En dicho escrito, la JUR resumió en primer lugar la solicitud de la demandante en lo que atañía, por una parte, a su aportación ex ante para 2018 y, por otra parte, a su aportación ex ante para 2015. A continuación, en lo que respecta a la aportación ex ante para 2018, citando el texto del artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014 y del artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59 en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44), la JUR consideró que ninguna de las disposiciones de esos dos Reglamentos preveía el nuevo cálculo o el reembolso solicitados por la demandante. La JUR indicó que, contrariamente a lo que sostenía la demandante en su solicitud, la revocación de la autorización de una entidad de crédito por el BCE era un cambio de condición en el sentido del artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63. Por tanto, estimó que la decisión del BCE de 11 de julio de 2018 dirigida a la demandante no tenía ningún efecto sobre la aportación anual adeudada por esta última para 2018, ni le obligaba a recalcular o reembolsar una parte de la aportación en cuestión. Por último, en lo que atañe a las aportaciones ex ante para 2015, la JUR precisó que las aportaciones percibidas por los Estados miembros habían sido transferidas al FUR de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del AIG. Consideró que las entidades que habían abonado aportaciones ex ante para 2015 y cuya autorización había sido posteriormente revocada no tenían derecho al reembolso de dichas aportaciones ex ante, como tampoco tenían derecho al reembolso de cualquier otra aportación ex ante debidamente abonada, de conformidad con el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014. La JUR concluyó, a la vista de estos datos, que no estaba en condiciones de volver a calcular la aportación ex ante para 2018 de la demandante, ni de reembolsarle el saldo restante de la aportación ex ante abonada para 2015 por el hecho de que el BCE hubiese revocado su autorización.
100

En este sentido, cabe recordar también que es inherente a la naturaleza de las medidas adoptadas dentro de la política exterior y de seguridad común (PESC) que estas se sometan a una revisión periódica y que se puedan aplicar reiteradamente en períodos sucesivos. Es lo que sucede, en particular, cuando, a pesar de haberse aplicado previamente las medidas restrictivas, la situación geopolítica no cambia. En esa hipótesis, el Consejo debe poder continuar aplicando las medidas necesarias, aunque la situación no haya cambiado, siempre que los hechos que fundamenten el mantenimiento de las medidas restrictivas sigan justificando su aplicación en el momento de su adopción, en particular por seguir siendo suficientemente recientes (véanse, en este sentido, las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo, C‑225/17 P, EU:C:2018:720, puntos 201 y 202).
19

El 24 de enero de 2018, a raíz de la sentencia de 21 de septiembre de 2017, BASIC (T‑609/15, EU:T:2017:640), el asunto fue remitido por el presidente de las Salas de Recurso a la Segunda Sala de Recurso, con la referencia R 178/2018‑2, sobre la base del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que complementa el Reglamento n.o 207/2009 y deroga los Reglamentos (CE) n.o 2868/95 y (CE) n.o 216/96 (DO 2017, L 205, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1)], y en particular de su artículo 35, apartado 4 (actualmente artículo 35, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625).
127

En cuarto lugar, la Comisión expuso que, en el momento en que se redactó el pliego de condiciones, los productos para los que se requería la formación Nedap aún no estaban instalados en el edificio afectado por el contrato, de modo que dicha formación no era necesaria al comienzo de la ejecución del contrato. Es más, no era seguro que los productos para los que se requería la formación Nedap fueran a instalarse durante la ejecución de dicho contrato, de modo que la formación relativa a sus productos quizá no habría sido necesaria.
69

Procede recordar que el principio de no discriminación por razón de la edad, que constituye un principio general del Derecho de la Unión, ha sido concretado por la Directiva 2000/78 en el ámbito del empleo y la ocupación (sentencia de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, apartado 21) y que la prohibición de toda discriminación, en particular por razón de la edad, viene recogida en el artículo 21 de la Carta. Por otra parte, la Directiva 2000/78 no solo constituye una fuente de inspiración admitida en el marco del contencioso relativo al personal de las instituciones de la Unión, cuando se trata de determinar las obligaciones de la autoridad reglamentaria competente en lo que respecta al principio de no discriminación por razón de la edad (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de febrero de 2019, RK/Consejo, T‑11/17, EU:T:2019:65, apartados 68 a 70 y jurisprudencia citada), sino que, además, en lo que atañe al BCE, vincula a este en virtud del artículo 9, letra c), de las Condiciones de contratación.
83

Habida cuenta de estas alegaciones, cabe recordar que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 80, la demandante no puede invocar su propio interés a fin de demostrar la existencia de un interés público superior. Además, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión realizada por la Comisión no goza de autoridad, puesto que la competencia exclusiva en la interpretación definitiva del Derecho de la Unión corresponde al Tribunal de Justicia (véanse, en este sentido, el dictamen 2/13, de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454, apartado 246, y el dictamen1/17, de 30 de abril de 2019, EU:C:2019:341, apartado 111). Así pues, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión por parte de la Comisión que se plasme a su vez en una decisión adoptada por una autoridad nacional puede ser objeto de una cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia en el ámbito de un litigio ante los tribunales nacionales relativo a dicha decisión. Incluso cuando la Comisión impone a un Estado miembro su interpretación de una disposición del Derecho de la Unión en el contexto de un procedimiento por incumplimiento, tal interpretación podrá ser objeto de control por el Tribunal de Justicia cuando el Estado miembro no se atenga a ella. Por consiguiente, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión efectuada por la Comisión no aporta seguridad jurídica y no se ha demostrado que limite el número de litigios relativos al ámbito de aplicación de dicha disposición. Por otra parte, el hecho de que la Comisión no divulgue su interpretación sobre el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 1370/2007, tal como se plasma en los documentos en cuestión, no da lugar a una desigualdad de trato, puesto que la demandante no se encuentra en una situación comparable a la de la República Francesa y a la de la RATP, las cuales intervinieron en un procedimiento EU Pilot y fueron partes en el procedimiento prejudicial en los asuntos que posteriormente dieron lugar a la sentencia de 21 de marzo de 2019, Mobit y Autolinee Toscane (C‑350/17 y C‑351/17, EU:C:2019:237).
15

Mediante resolución de 19 de enero de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso de la coadyuvante, anuló la resolución de la División de Anulación y denegó la solicitud de declaración de nulidad. En esencia, en primer lugar, consideró que las diferencias entre los dibujos o modelos en cuestión bastaban para excluir que pudiera considerarse que el dibujo o modelo controvertido carecía de novedad con respecto al dibujo o modelo anterior, en el sentido del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 6/2002, en relación con el artículo 5 de dicho Reglamento. En segundo lugar, contrariamente a la División de Anulación, declaró que el dibujo o modelo controvertido no carecía de carácter singular a efectos del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 6/2002, en relación con el artículo 6 de este. A este respecto, la Sala de Recurso señaló, por un lado, que las diferencias entre los dibujos o modelos controvertidos eran numerosas y de suficiente envergadura, y, por otro lado, que el dibujo o modelo controvertido producía en el usuario informado una impresión general distinta de la resultante de la observación del dibujo o modelo anterior. Por último, ejerciendo las facultades de la División de Anulación en virtud del artículo 60 del Reglamento n.o 6/2002, la Sala de Recurso se pronunció sobre las dos otras causas de nulidad alegadas por la recurrente ante la División de Anulación, a saber, las contempladas en el artículo 25, apartado 1, letras e) y f), de dicho Reglamento. Así, por una parte concluyó que la marca anterior no se utilizaba en el diseño o modelo controvertido, debido, entre otras cosas, a las evidentes diferencias de estilo entre estos y al alto nivel de atención del público pertinente de la marca anterior, por lo que la causa de nulidad prevista en el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento n.o 6/2002 no era de aplicación. Por otra parte, por lo que se refiere a la causa de nulidad prevista en el artículo 25, apartado 1, letra f), del Reglamento n.o 6/2002, la Sala de Recurso consideró que la nulidad del dibujo o modelo controvertido por infracción de los derechos de autor italiano y francés no estaba justificada ya que el dibujo o modelo anterior, como obra de carácter intelectual, no se utilizaba en el dibujo o modelo controvertido, y su estética y las impresiones que producían eran diferentes.
135

En el presente caso, hay que señalar que el deterioro del estado de salud del demandante solo puede haberse producido, tal como reconoció este mismo en sus escritos, a partir de su inculpación el 10 de septiembre de 2008 y hasta el 15 de junio de 2016, fecha en la que se dictó la sentencia de la Cour de cassation (Tribunal de Casación). No obstante, aun suponiendo que las pruebas aportadas por el demandante demuestren que su estado de salud se deterioró a consecuencia de los procedimientos penales entablados en su contra, esta circunstancia no puede desvirtuar el hecho de que el demandante no ha demostrado de forma suficiente en Derecho, tal como se desprende de la presente sentencia, que el comportamiento de la Comisión dirigido a impugnar el auto de sobreseimiento en apelación y más adelante en casación fuera ilegal.
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima ampliada) de 24 de febrero de 2021 — Universität Koblenz-Landau/EACEA

(Asunto T‑606/18)

«Cláusula compromisoria — Programas Tempus — Convenio de subvención — Gastos subvencionables — Suspensión de los pagos — Devolución de las cantidades abonadas — Obligación de motivación»

1. Procedimiento judicial — Sometimiento del asunto al Tribunal General en virtud de una cláusula compromisoria — Competencia del Tribunal General determinada exclusivamente en virtud de los artículos 256 TFUE y 272 TFUE y de la cláusula compromisoria — Competencia para conocer de una acción declarativa y en ejecución de un contrato — Apreciación (Arts. 256 TFUE y 272 TFUE) (véase el apartado 22)

2. Agencias de la Unión Europea — Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) — Convenio de subvención — Solicitud de devolución — Obligación de motivación de las decisiones — Alcance [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 41, ap. 2, letra c), y 51, ap. 1] (véanse los apartados 27 a 31)

3. Agencias de la Unión Europea — Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) — Convenio de subvención — Solicitud de devolución — Obligación de motivación de las decisiones — Alcance — Apreciación de la obligación de motivación en función de las circunstancias del asunto [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra c)] (véanse los apartados 35 y 46)

4. Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Exposición clara y precisa de los motivos invocados — Motivo basado en la falta o insuficiencia de motivación — Recurso en parte inadmisible y en parte infundado [Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)] (véanse los apartados 61 y 67)

Objeto

Recurso basado en el artículo 272 TFUE por el que se solicita al Tribunal, por una parte, que declare la inexistencia del crédito de 22454,22 euros que estima poseer la EACEA por la ejecución del convenio de subvención n.o 2012‑3075 relativo a la realización del proyecto «Qualification Frameworks in Central Asia: Bologna‑Based Principles and Regional Coordination» y, por otra parte, que condene a esta a abonar a la demandante la cantidad de 41408,15 euros en virtud del mismo convenio, junto con los intereses de demora.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
2.

Política económica y monetaria — Política económica — Supervisión del sector financiero de la Unión — Mecanismo Único de Supervisión — Supervisión prudencial de los grupos de entidades de crédito en base consolidada — Requisitos de capital — Amplitud del control y de la evaluación efectuados por el Banco Central Europeo — Obligación de llevar a cabo un examen prudencial individual [Reglamento (CE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 92, ap. 3; Reglamento (CE) n.o 1024/2013 del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra f), y 16, aps. 1, letra c), y 2, letra d)] (véanse los apartados 51 y 65 a 72)
13.

Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Medidas restrictivas adoptadas contra la República Democrática del Congo — Alcance del control — Control restringido respecto a las reglas generales — Criterios de adopción de las medidas restrictivas — Obstáculo a una resolución de la crisis consensual y pacífica de cara a la celebración de elecciones, en particular, mediante actos de violencia, represión e incitación a la violencia, o acciones que socavan el Estado de Derecho — Alcance — Respeto del principio de seguridad jurídica que exige claridad, precisión y previsibilidad de los efectos de las normas jurídicas [Art. 3 TUE, ap. 5, y 21 TUE, ap. 2, letras b) y c); art. 275 TFUE, párr. 2; Decisiones 2010/788/PESC, art. 3, ap. 2, letra a), y (PESC) 2016/2231, considerandos 3 y 4, del Consejo; Reglamento (CE) n.o 1183/2005 del Consejo] (véanse los apartados 151 a 161)
41

En apoyo de la excepción de inadmisibilidad, la Comisión alega que de la jurisprudencia se desprende que, en el marco de una reclamación que impugna una decisión de un tribunal de una oposición, un candidato no puede basarse en la supuesta irregularidad de la convocatoria si no ha impugnado a su debido tiempo las disposiciones de dicha convocatoria que, desde su punto de vista, le resultan lesivas. A su juicio, un demandante solo podría impugnar la legalidad de la convocatoria si se demostrara la existencia de un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y la excepción de ilegalidad de la convocatoria de la oposición. En el caso de autos, según la Comisión, no existe relación entre los motivos de la no inclusión del nombre de la demandante en la lista de reserva y la limitación de la elección de la segunda lengua de la oposición de que se trata al alemán, el inglés o el francés. En particular, a su entender, tal vínculo no puede deducirse de los comentarios formulados en el pasaporte de competencias de la demandante en relación con la competencia general «comunicación». En efecto, según la Comisión, el rendimiento de la demandante a este respecto se consideró «satisfactorio», lo que prueba que el hecho de haber realizado las pruebas del Centro de Evaluación en francés no es la causa de la no inclusión de su nombre en la lista de reserva.
156

Por otra parte, la mera presentación de datos relativos a su volumen de negocios y a sus gastos de comercialización y publicidad, recopilados en cada Estado miembro, no puede bastar para demostrar la existencia de uno o varios mercados transnacionales compuestos por diferentes Estados miembros. En particular, la recurrente no demuestra que, como consecuencia de la organización de las redes de distribución y de las estrategias de comercialización de los operadores económicos, o de los conocimientos del público relevante, los mercados nacionales de los 23 Estados miembros no afectados por los estudios de mercado mencionados en los puntos 129 y 151 sean comparables a los mercados nacionales de los cinco Estados miembros en los que se han llevado a cabo dichos estudios. Asimismo, aunque la recurrente invoca, para demostrar el uso de la marca controvertida, el hecho de que patrocina competiciones deportivas a escala europea e internacional, no alega ni demuestra, con esta alegación basada en su actividad de patrocinio, que los mercados de los distintos Estados miembros sean comparables.
72

A este respecto, procede señalar, como se ha recordado en el apartado 60 anterior, que la presunción general de confidencialidad de los documentos que guardan relación con el expediente del procedimiento de control de ayudas de Estado no excluye la posibilidad de demostrar que un documento determinado cuya divulgación se solicita no está amparado por esa presunción o que exista un interés público superior que justifique la divulgación de ese documento al que se refiere el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001 (sentencias de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, apartado 62, y de 14 de julio de 2016, Sea Handling/Comisión, C‑271/15 P, no publicada, EU:C:2016:557, apartado 39).