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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 225/23

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de junio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Syndicat OP 84/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), que se subrogó en los derechos de la Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR), que a su vez se había subrogado en los derechos de la Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR)

(Asunto C-3/12) (1)

(Agricultura - Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola - Concepto de «período de control» - Posibilidad de extensión, por parte de un Estado miembro, del período de control en caso de imposibilidad material de realizar el control durante el plazo previsto - Devolución de las ayudas percibidas - Sanciones)

2013/C 225/37

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Syndicat OP 84

Recurrida: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), que se subrogó en los derechos de la Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR), que a su vez se había subrogado en los derechos de la Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Conseil d’État — Interpretación del artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 4045/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativo a los controles, por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, sección Garantía, y por el que se deroga la Directiva 77/435/CEE (DO L 388, p. 18) — Concepto de «período de control» — Posibilidad de un Estado miembro de extender el período de control en caso de imposibilidad material de realizar el control debido al comportamiento del beneficiario de las ayudas — Devolución de las ayudas percibidas — Sanciones.

Fallo

El artículo 2, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento (CEE) no 4045/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativo a los controles, por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, sección Garantía, y por el que se deroga la Directiva 77/435/CEE, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 3094/94 del Consejo, de 12 de diciembre de 1994, debe interpretarse en el sentido de que la Administración, en caso necesario, puede continuar sus operaciones de control, anunciadas durante el período de control comprendido entre el 1 de julio de un año y el 30 de junio del año siguiente, después de la finalización de dicho período sin incurrir en una irregularidad de procedimiento que pueda ser invocada por la empresa controlada contra la decisión adoptada en función de los resultados de dicho control.

(1) DO C 89, de 24.3.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 174/14

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Proceso penal contra Minh Khoa Vo

(Asunto C-83/12 PPU) (1)

(Espacio de libertad, seguridad y justicia - Reglamento (CE) no 810/2009 - Código comunitario sobre visados - Artículos 21 y 34 - Legislación nacional - Introducción ilegal de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro - Visados obtenidos de forma fraudulenta - Sanción penal para el traficante de personas)

2012/C 174/20

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Parte en el proceso principal

Minh Khoa Vo

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof — Interpretación de los artículos 21 y 34 del Reglamento (CE) no 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (DO L 243, p. 1) — Normativa nacional que sanciona penalmente al traficante de personas que introduce ilegalmente a extranjeros en el territorio nacional — Aplicabilidad de las sanciones cuando se trata de extranjeros en posesión de un visado obtenido de forma fraudulenta de las autoridades competentes de otro Estado miembro, pero que todavía no ha sido anulado en aplicación del mencionado Reglamento.

Fallo

Los artículos 21 y 34 del Reglamento (CE) no 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), deben interpretarse en el sentido de que no impiden que una normativa nacional sancione penalmente el favorecimiento de la inmigración clandestina en el supuesto de que los inmigrantes clandestinos, nacionales de terceros países, dispongan de visados que obtuvieron de forma fraudulenta, engañando a las autoridades competentes del Estado miembro que los expidió sobre la verdadera finalidad de su viaje, y dichos visados no hayan sido anulados previamente.

(1) DO C 126, de 28.4.2012.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 344/9

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 3 de octubre de 2013 — Comisión Europea/República Italiana

(Asunto C-369/11) (1)

(Incumplimiento de Estado - Transporte - Directiva 2001/14/CE - Artículos 4, apartado 1, y 30, apartado 3 - Adjudicación de las capacidades de la infraestructura ferroviaria - Tarifación - Cánones por utilización de infraestructuras - Independencia del administrador de la infraestructura)

2013/C 344/12

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: E. Montaguti y H. Støvlbæk, agentes)

Demandada: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistido por S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: República Checa (representante: M. Smolek, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo previsto, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 6, apartado 3, y al anexo II de la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 237, p. 25), en su versión modificada, y a los artículos 4, apartados 1 y 2, 14, apartado 2, y 30, apartados 1 y 3, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 75, p. 29).

Fallo

1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, apartado 1, y 30, apartado 3, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización, en su versión modificada por la Directiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, al no garantizar la independencia del administrador de la infraestructura para la fijación de la tarifación del acceso a la infraestructura y la adjudicación de las capacidades de la infraestructura ferroviaria.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) La Comisión Europea, la República Italiana y la República Checa cargarán con sus propias costas.

(1) DO C 282, de 24.9.2011.
1)

El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, debe interpretarse en el sentido de que no están comprendidas en su ámbito de aplicación material disposiciones nacionales como las contenidas, por una parte, en el artículo 12, apartado 1, del Código de deontología médica del Land de Hesse, según el cual los honorarios deben ser adecuados y, sin perjuicio de disposiciones legales en contrario, calculados sobre la base del Reglamento oficial de honorarios por actos médicos, y, por otra parte, en el artículo 27, apartado 3, de dicho Código, que prohíbe a los médicos efectuar toda forma de publicidad contraria a la ética profesional. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, teniendo en cuenta las indicaciones facilitadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si la normativa de que se trate constituye una restricción en el sentido del artículo 56 TFUE y, en caso afirmativo, si persigue un objetivo de interés general, es adecuada para garantizar la realización de éste y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 252/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de junio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien — Austria) — Bundeswettbewersbehörde/Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, anteriormente Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, anteriormente Ashland Südchemie Hantos GmbH

(Asunto C-536/11) (1)

(Competencia - Acceso al expediente - Procedimiento judicial relativo a multas que sancionan una infracción del artículo 101 TFUE - Empresas terceras que desean ejercitar una acción por daños y perjuicios - Normativa nacional que supedita el acceso al expediente al consentimiento de todas las partes en el procedimiento - Principio de efectividad)

2013/C 252/16

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Wien

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Bundeswettbewersbehörde

Demandadas: Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, anteriormente Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, anteriormente Ashland Südchemie Hantos GmbH

con intervención de: Bundeskartellanwalt, Verband Druck & Medientechnik

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Wien — Interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de cárteles — Acceso al expediente — Normativa nacional que supedita, en el procedimiento administrativo en materia de competencia, el acceso de los terceros al expediente al acuerdo de todas las partes en el procedimiento sin que sea posible ponderar todos los intereses en juego, mientras que en los procedimientos civiles y penales comparables sí se realiza esta ponderación.

Fallo

El Derecho de la Unión, en concreto, el principio de efectividad, se opone a una disposición del Derecho nacional en virtud de la cual el acceso a los documentos que figuran en el expediente relativo a un procedimiento nacional de aplicación del artículo 101 TFUE, incluido el acceso a los documentos comunicados en un programa de clemencia, de terceros que no son parte en dicho procedimiento que se plantean interponer recursos por daños y perjuicios contra partícipes en una conducta colusoria se supedita únicamente al consentimiento de todas las partes en dicho procedimiento, sin que se deje a los órganos jurisdiccionales nacionales posibilidad alguna de ponderar los intereses en juego.

(1) DO C 13, de 14.1.2012.
2)

El Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, en su versión resultante del Reglamento (CE) no 552/2009 de la Comisión, de 22 de junio de 2009, en particular su anexo XVII, toda vez que autoriza la utilización con sujeción a ciertas condiciones de la madera tratada con una solución llamada «CCA» (cobre-cromo-arsénico), debe interpretarse en el sentido de que es relevante en circunstancias como las del litigio principal para determinar si esa madera puede dejar de ser un residuo porque, si se cumplieran esas condiciones, su poseedor no estaría obligado a desprenderse de él, en el sentido del artículo 3, punto 1, de la Directiva 2008/98.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 156/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de marzo de 2013 — Comisión Europea/Buczek Automotive sp. z o.o., República de Polonia

(Asunto C-405/11 P) (1)

(Recurso de casación - Ayudas de Estado - Reestructuración de la industria siderúrgica polaca - Concepto de “ayuda de Estado” - Cobro de créditos públicos - Calificación como ayuda de Estado de la falta de solicitud de la declaración de quiebra de la empresa deudora - Criterio del acreedor privado - Reparto de la carga de la prueba - Límites del control jurisdiccional)

2013/C 156/11

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: A. Stobiecka-Kuik y T. Maxian Rusche, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Buczek Automotive sp. z o.o. (representantes: J. Jurczyk, radca prawny) y República de Polonia (representante: M. Krasnodębska-Tomkiel, agente)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 17 de mayo de 2011 — Buczek Automotive/Comisión (T-1/08), mediante la cual el Tribunal General anuló parcialmente la Decisión 2008/344/CE de la Comisión, de 23 de octubre de 2007, relativa a la ayuda estatal C 23/06 (ex NN 35/06) concedida por Polonia a favor del productor siderúrgico Grupo Technologie Buczek (DO 2008, L 116, p. 26) — Calificación como ayuda estatal de la falta de solicitud de la declaración de quiebra de la empresa deudora — Error de Derecho en la apreciación de la aplicación por la Comisión del test del hipotético acreedor privado y en el reparto de la carga de la prueba.

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la Comisión Europea.

3) La República de Polonia cargará con sus propias costas.

(1) DO C 311, de 22.10.2011.
1)

El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una persona física que tiene estrechos vínculos profesionales con una sociedad, como su gestión o una participación mayoritaria en ella, no puede considerarse consumidor en el sentido de dicha disposición cuando avala un pagaré emitido para garantizar las obligaciones asumidas por esta sociedad en virtud de un contrato relativo a la concesión de un crédito. Por consiguiente, esta disposición no es aplicable a afectos de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción jurisdiccional mediante la cual el tenedor de un pagaré, domiciliado en un Estado miembro, invoca los derechos derivados de ese pagaré, incompleto en la fecha de su firma y completado posteriormente por el tenedor, contra el avalista domiciliado en otro Estado miembro.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 86/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 31 de enero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Komisia za zashtita ot diskriminatsia — Bulgaria) — Valeri Hariev Belov/CHEZ Elektro Balgaria AD y otros

(Asunto C-394/11) (1)

(Petición de decisión prejudicial - Artículo 267 TFUE - Concepto de «órgano jurisdiccional nacional» - Incompetencia del Tribunal de Justicia)

2013/C 86/06

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Komisia za zashtita ot diskriminatsia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Valeri Hariev Belov

Demandadas: CHEZ Elektro Balgaria AD, Lidia Georgieva Dimitrova, Roselina Dimitrova Kostova, Kremena Stoyanova Stoyanova, CHEZ Razpredelenie Balgaria AD, Ivan Kovarzhchik, Atanas Antonov Dandarov, Irzhi Postolka, Vladimir Marek, Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Komisia za zashtita ot diskriminatsia — Interpretación de los artículos 2, apartado 1, letras a) y b), 3, apartado 1, letra h), y 8, apartado 1, de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180, p. 22); del artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; del vigésimo noveno considerando y de los artículos 1 y 13, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo (DO L 114, p. 64); del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE — Declaraciones sobre las actividades de desmantelamiento y de gestión de residuos (DO L 176, p. 37), y del artículo 3, apartado 7 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO L 211, p. 55) — Práctica administrativa consistente en permitir que la empresa de distribución de electricidad instale en los barrios gitanos contadores eléctricos en postes eléctricos situados en la calle a una altura inaccesible para los usuarios, de forma que no se permite a los consumidores de tales barrios leer su contador, mientras que fuera de los barrios gitanos los contadores eléctricos están instalados a una altura accesible — Derecho del usuario final de electricidad a comprobar regularmente la lectura del contador de electricidad o interés del mismo en realizar tal comprobación — Carga de la prueba en materia de discriminación.

Fallo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para responder a las cuestiones planteadas por la Komisia za zashtita ot diskriminatsia mediante resolución de 19 de julio de 2011.

(1) DO C 298, de 8.10.2011.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 63/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de enero de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Haarlem — Países Bajos) — Hewlett-Packard Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp

(Asunto C-361/11) (1)

(Arancel Aduanero Común - Nomenclatura Combinada - Clasificación arancelaria - Impresoras multifuncionales constituidas por la combinación de un módulo de impresión láser y un módulo de digitalización, con función de copia - Subpartida 8443 31 91 - Validez del Reglamento (CE) no 1031/2008)

2013/C 63/06

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank Haarlem

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Hewlett-Packard Europe BV

Demandada: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Rechtbank Haarlem — Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria de impresoras multifuncionales constituidas por la combinación de tres módulos (impresora, escáner, fotocopiadora) — Clasificación, antes del 1 de enero de 2007, en la subpartida 8471 60 20 de la Nomenclatura Combinada, que permitía eximirlas de los derechos de aduana, en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de diciembre de 2008, Kip Europe (C-362/07 y C-363/07, Rec. p. I-9489) — Validez del Reglamento (CE) no 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 291, p. 1).

Fallo

El examen de las cuestiones prejudiciales no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento (CE) no 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en la medida en que clasifica en la subpartida 8443 31 91 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento no 2658/87, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 254/2000 del Consejo, de 31 de enero de 2000, unas impresoras multifuncionales, como las que son objeto del litigio principal, constituidas por la combinación de un módulo de impresión láser y un módulo de digitalización, con función de copia, despachadas a libre práctica en abril de 2009.

(1) DO C 282, de 24.9.2011.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 46/11

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de diciembre de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugal) — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

(Asunto C-579/11) (1)

(Fondos Estructurales - Reglamento (CE) no 1083/2006 - Subvencionabilidad geográfica - Ejecución de una inversión cofinanciada por la Unión Europea a partir de una localidad situada fuera de las regiones subvencionables y por un operador establecido en dicha localidad)

2013/C 46/19

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)

Demandadas: Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

En el que participa: Instituto Nacional de Administração, Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Instituto do Desporto de Portugal

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Interpretación de los artículos 174 TFUE, 175 TFUE y 176 TFUE, de los artículos 5 a 8, 22, 32, 34, 35 y 56 del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999 (DO L 210, p. 25), y del Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154, p. 1) — Intervenciones de carácter estructural — Financiación por la Unión — Programas operativos — Subvencionabilidad de los gastos — Nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS).

Fallo

Las disposiciones del Derecho primario de la Unión relativas a la cohesión económica, social y territorial y el Reglamento no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una inversión cofinanciada por la Unión Europea se ejecute a partir de una localidad situada fuera de las regiones subvencionables y por un operador establecido en tal localidad, siempre que esa inversión se dirija, como finalidad específica e identificable, a las regiones subvencionables.

(1) DO C 32, de 4.2.2012.