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30

No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, en determinadas circunstancias, varias prestaciones formalmente distintas, que podrían realizarse separadamente dando lugar, en cada caso, a gravamen o a exención, deben considerarse como una operación única cuando no son independientes (sentencias de 21 de febrero de 2008, Part Service, C-425/06, Rec. p. I-897, apartado 51, y de 2 de diciembre de 2010, Everything Everywhere, C-276/09, Rec. p. I-12359, apartado 23). Se trata de una operación única, en particular, cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial (sentencias de 27 de octubre de 2005, Levob Verzekeringen y OV Bank, C-41/04, Rec. p. I-9433, apartado 22, y de 29 de marzo de 2007, Aktiebolaget NN, C-111/05, Rec. p. I-2697, apartado 23). Así sucede, asimismo, cuando uno o varios elementos deben considerarse constitutivos de la prestación principal, mientras que, a la inversa, uno o varios elementos deben considerarse como una o varias prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal de la prestación principal (sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP, C-349/96, Rec. p. I-973, apartado 30, y Part Service, antes citada, apartado 52).
16

En un primer momento BLV declaró a las autoridades tributarias que, en relación con dicha operación realizada en el ejercicio de 2005, era deudora del IVA. No obstante, posteriormente, alegó que por lo que a ella se refería no se cumplían los requisitos relativos al nacimiento de una deuda fiscal, dado que según el Derecho de la Unión, la República Federal de Alemania no estaba autorizada a prever la sujeción al IVA no de un prestador, sino del destinatario, en una operación como la operación de la que se trata. En cambio, el Finanzamt no compartía este punto de vista, sino que consideró que BLV era deudora del IVA. BLV planteó esta cuestión ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.
El artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1443/82 de la Comisión, de 8 de junio de 1982, por el que se establecen determinadas modalidades de aplicación del régimen de cuotas en el sector del azúcar, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 392/94 de la Comisión, de 23 de febrero de 1994, debe interpretarse en el sentido de que no resulta aplicable en una situación en la que las autoridades nacionales han comprobado una cantidad excedentaria de azúcar en una inspección posterior al productor, cuando la cantidad excedentaria constituye azúcar C.
20

En efecto, el citado órgano jurisdiccional estimó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 1 de abril de 2008, Maruko, C-267/06, Rec. p. I-1757) no dejaba ninguna duda sobre el hecho de que la ayuda abonada a los funcionarios en caso de enfermedad podía ser calificada de «retribución» en el sentido de esa Directiva. A este respecto, dicho órgano subrayó que la ayuda controvertida se pagaba únicamente en razón de la relación de trabajo y no como prestación del régimen público general de seguridad social o de protección social, como resulta, en particular, de las interdependencias entre la ayuda controvertida y la retribución adecuada con respecto a la función.
1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006 (DO L 301, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»), en particular de las subpartidas 5607 49 11, 7312 10 98 y 7317 00 90 de la NC y de la regla general 3 b) para la interpretación de la NC, y del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1601/2001 del Consejo, de 2 de agosto de 2001, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho antidumping provisional establecido sobre las importaciones de determinados cables de hierro o de acero originarias de la República Checa, Rusia, Tailandia y Turquía (DO L 211, p. 1).
24

Según dicho Gobierno, tampoco cabe considerar admisible la remisión prejudicial atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las remisiones que el Derecho nacional efectúe a las disposiciones del Derecho de la Unión para regular situaciones internas. En efecto, por una parte, el órgano jurisdiccional remitente no menciona en absoluto una remisión del Derecho belga a la Directiva 90/435. Por otra, la Directiva 90/435 no pretende regular las consecuencias fiscales de una fusión, cuestión regulada exclusivamente por la Directiva 90/434. Por lo tanto, a su juicio, la norma establecida en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 90/435 no puede extenderse, en virtud de una remisión efectuada por el Derecho nacional, a una situación jurídica que no está contemplada por dicha disposición, sino regulada, en el Derecho de la Unión, por la Directiva 90/434.
23

El considerando 13 de la Decisión no 573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» y por la que se deroga la Decisión 2004/904/CE del Consejo (DO L 144, p. 1), está redactado así: «La presente Decisión se ha concebido como parte integrante de un marco coherente formado también por la Decisión no 574/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo para las Fronteras Exteriores para el período 2007-2013 como parte del Programa general “Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios”, la Decisión no 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo Europeo para el Retorno para el período 2008-2013 como parte del Programa general “Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios”, y la Decisión no …/2007/CE del Consejo, de …, por la que se establece el Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de Terceros Países para el período 2007-2013 como parte del Programa general “Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios”, marco cuyo objetivo es resolver la cuestión del reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros en lo que respecta a la carga financiera derivada de la introducción de una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea y de la aplicación de políticas comunes de asilo e inmigración, tal como se han desarrollado de conformidad con el Título IV de la Tercera parte del Tratado [CE].»
8

En una circular del Ministerio de Hacienda, que constituye una instrucción administrativa interpretativa que no vincula a los órganos jurisdiccionales, se indicaba lo siguiente: «El artículo 3 bis, apartados 3 y 4, número 6, letra a), de la UStG no se aplicará para determinar el lugar de realización de las operaciones en caso de gestión de activos. Tampoco se admite invocar directamente el artículo 56, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/112/CE, con arreglo al cual en determinadas “operaciones bancarias, financieras y de seguro” el lugar de la realización se determina en función del lugar en que el destinatario de los servicios tenga su domicilio o establecimiento permanente. Las “operaciones bancarias, financieras y de seguro” son conceptos del Derecho comunitario y deben interpretarse como tales. Ni la Directiva 2006/112 ni, hasta el 31 de diciembre de 2006, tampoco la [Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54)], los definen en concreto. Sin embargo, la Directiva 2006/112 contiene en su artículo 135, apartado 1, letras a) a f), […] instrucciones específicas sobre la interpretación de dichos conceptos. En dichas disposiciones no se incluye la gestión de activos. Del artículo 56, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/112 […] tampoco se desprende que esta disposición deba abarcar además otras operaciones bancarias, financieras y de seguro. La “gestión de activos”, que es una prestación única, está sujeta al impuesto. No procede la exención prevista en el artículo 4, número 8, letra e), de la UStG, ya que la gestión de activos (gestión de carteras) no está entre las operaciones favorecidas por las disposiciones mencionadas. […]»
9

A efectos de la solución del litigio principal son aplicables las versiones de la NC derivadas de los Reglamentos (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, por el que se modifica el anexo I del Reglamento no 2658/87 (DO L 279, p. 1), no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, por el que se modifica el anexo I del Reglamento no 2658/87 (DO L 290, p. 1), y no 1789/2003. En lo que atañe al presente asunto son idénticas las disposiciones pertinentes de esas tres versiones.
15

El artículo 40 de la Ley de la República de Lituania no IX-751 relativa al impuesto sobre el valor añadido (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas no IX-751, Žin., 2002, no 35-1271, 2002, no 40, 2002, no 46, 2002, no 48), en su versión modificada (Žin., 2004, no 17-505) (en lo sucesivo, «Ley del IVA»), que lleva por título «Casos particulares en los que los productos importados no están sujetos al IVA a la importación», establece en su apartado 1, número 21, que se admitirán con exención de IVA a la importación «los carburantes y lubricantes a bordo de los vehículos automóviles, necesarios para el funcionamiento de dichos vehículos».
32

A su juicio, son posibles varias interpretaciones. En primer lugar, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 podría ser aplicable cuando el titular de los derechos de autor autoriza a un cliente —tras celebrar un contrato de licencia— a realizar una copia del programa de ordenador mediante su descarga de Internet y su almacenamiento en el ordenador. La disposición controvertida asociaría la consecuencia jurídica del agotamiento del derecho de distribución a la primera venta de una copia del programa y no supondría necesariamente la puesta en circulación de una copia física del programa de ordenador. En segundo lugar, el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva podría ser aplicable por analogía en el caso de la venta de un programa de ordenador mediante la transmisión en línea. Según los defensores de esta tesis, respecto a este extremo existe una laguna normativa no intencionada («planwidrige Regelungslücke») al no contemplar ni regular los autores de esa Directiva la transmisión en línea de programas de ordenador. En tercer lugar, el artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva no sería aplicable porque el agotamiento del derecho de distribución en virtud de tal disposición supondría siempre la puesta en circulación de una copia física del programa de ordenador por el titular de los derechos o con su consentimiento. Los autores de la Directiva 2009/24 habrían renunciado deliberadamente a someter la transmisión en línea de programas de ordenador a la regla del agotamiento.
1)

Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 13, apartados 2, 3 y 6, y 15, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, al no haber elaborado, en el plazo establecido, la totalidad de los planes hidrológicos de cuenca, tanto para las demarcaciones hidrográficas situadas totalmente en su territorio como para las internacionales, y al no haber comunicado a la Comisión, en el plazo establecido, una copia de dichos planes, asimismo, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, apartado 1, letra c), de la citada Directiva al no haber iniciado, en el plazo establecido, el procedimiento de información y consulta públicas de los proyectos de planes hidrológicos de cuenca.
6

El artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 90/314 es del siguiente tenor: «1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que la responsabilidad respecto al consumidor por la buena ejecución de las obligaciones derivadas del contrato recaiga en el organizador y/o en el detallista que sean parte de dicho contrato, con independencia de que dichas obligaciones las deban ejecutar él mismo u otros prestadores de servicios, y ello sin perjuicio del derecho del organizador y/o del detallista a actuar contra esos otros prestadores de servicios. 2. Por lo que respecta a los daños sufridos por el consumidor a causa de la no ejecución o mala ejecución del contrato, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que la responsabilidad recaiga en el organizador y/o el detallista a menos que dicha no ejecución o mala ejecución no sean imputables ni a estos ni a otro prestador de servicios [...]».
2.

Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión, en el marco del procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios, de no seleccionar una oferta — Incumplimiento, por parte de la Comisión, del deber de diligencia y de buena administración — Motivación comunicada al licitador con ocho días de retraso con respecto al plazo máximo — Retraso que no supone, en sí mismo, la anulación de las decisiones controvertidas — Motivo infundado [Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, art. 100, ap. 2, párr. 1; Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, art. 149, ap. 2] (véanse los apartados 37, 39 y 40)
En materia de competencia, la Comisión dispone de un margen de apreciación en lo referido a la decisión de imponer o no una multa a una empresa que ha cometido una infracción de lo dispuesto en el artículo 101 TFUE. Los posibles límites a las facultades de apreciación concedidas a este respecto a la Comisión están regulados exclusivamente por el Derecho de la Unión, ya que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003 no contiene remisión alguna a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En lo que se refiere a dichos límites, la Comisión está obligada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 TFUE, apartado 1, a velar por la aplicación de los principios enunciados, en concreto, en el artículo 101 TFUE.

Pues bien, es incuestionable que está en consonancia con estos principios la imposición de multas a las empresas que hayan concluido un acuerdo contrario a la competencia, con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003; de tal modo que cuando la Comisión decide, de forma excepcional, no imponer una multa a una empresa, aun cuando ésta haya cometido una infracción de las normas de competencia de la Unión Europea, debe fundamentar esa decisión con razones objetivas, que puedan justificar tal excepción a los principios enunciados en el artículo 101 TFUE. Es apta para constituir tal razón objetiva, en particular, la circunstancia de que la Comisión, en un caso concreto, no esté en condiciones de probar de modo suficiente en Derecho que la sociedad matriz ha ejercido una influencia decisiva en su filial, que es la que está directamente implicada en la infracción; prueba que, por lo demás, es notablemente facilitada en caso de que la sociedad matriz posea todo el capital de su filial.

Además, la obligación de la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 TFUE, apartado 1, de velar por la aplicación de los principios enunciados, en particular, en el artículo 101 TFUE, cuando decide imponer o no una multa, se aplica de la misma manera, tanto si se trata de la sociedad matriz en cuestión como de su filial. En efecto, no existe prioridad en lo que se refiere a la imposición de una multa, por parte de la Comisión, a una u otra de esas sociedades. Por otra parte, cuando adopta, respecto a un cártel, un método específico para determinar la responsabilidad de las sociedades matrices implicadas por las infracciones de sus filiales, debe basarse en los mismos criterios para todas esas sociedades matrices, salvo circunstancias especiales. La Comisión sólo tendría fundamento para no imponer la multa a una sociedad matriz en caso de existir razones objetivas, que pudieran justificar una excepción a los principios enunciados en el artículo 101 TFUE, y si tal decisión no desemboca en un trato preferencial a una sociedad matriz respecto a las otras sociedades matrices implicadas en la infracción.

(véanse los apartados 44, 46, 47 y 49 a 51)
El artículo 2, número 1, de la Directiva 84/450, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 2005/29, y el artículo 2, letra a), de la Directiva 2006/114, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, deben interpretarse en el sentido de que el concepto de publicidad, tal como lo definen dichas disposiciones, abarca el uso de un nombre de dominio y el de indicadores de hipertexto en los metadatos de un sitio de Internet, en un supuesto en el que el nombre de dominio o los indicadores de hipertexto formados por palabras clave («keyword metatags») hacen referencia a determinados productos o a determinados servicios o incluso al nombre comercial de una sociedad y constituyen una forma de comunicación que se dirige a los consumidores potenciales y les sugiere que encontrarán un sitio de Internet en relación con tales productos o servicios o incluso con la pertinente sociedad.

En efecto, el concepto de publicidad, en el sentido de las Directivas 84/450 y 2006/114, no puede interpretarse ni aplicarse de forma que la actividad realizada por un comerciante para promover la venta de sus productos o de sus servicios, que pueda influir en el comportamiento económico de los consumidores y, por lo tanto, afectar a los competidores de ese comerciante, quede al margen de las normas sobre competencia leal establecidas en dichas Directivas.

En cambio, no engloba este concepto el registro, como tal, de un nombre de dominio. Efectivamente, se trata de un acto meramente formal que, de por sí, no implica necesariamente la posibilidad de que los consumidores potenciales tomen conocimiento del nombre de dominio y que, por lo tanto, no puede influir en la elección de aquéllos.

(véanse los apartados 39, 43, 48, 53 y 60 y el fallo)
El único objeto de un Reglamento por el que se amplía un derecho antidumping es asegurar la eficacia de éste y evitar que sea eludido. En consecuencia, una medida mediante la que se amplíe un derecho antidumping definitivo tendrá solamente carácter accesorio respecto del acto inicial que impuso ese derecho, el cual protege que las medidas definitivas se apliquen de manera eficaz. De ello se desprende que la obligación de registro de las importaciones de que se trata, en el marco específico de la elusión, también tiene por objeto la eficacia de las medidas definitivas ampliadas, haciendo posible la aplicación retroactiva de los derechos para evitar que las medidas definitivas que deben aplicarse se vean privadas de efecto útil. En este sentido, cuando la Comisión haya instado a las autoridades nacionales competentes a adoptar las medidas adecuadas para el registro de las importaciones de que se trate, para garantizar la recaudación retroactiva de los derechos antidumping ampliados, las mencionadas autoridades deberán cumplir dicha obligación.

A falta de precisión alguna tanto en el Reglamento no 1225/2010, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, como en el Reglamento no 966/2010, por el que se abre una investigación relativa a la posible elusión de las medidas antidumping impuestas por el Reglamento no 91/2009, acerca de las condiciones en las que los Estados miembros deben llevar a cabo el registro, es responsabilidad de éstos determinar las modalidades de tal manera que se garantice adecuadamente la recaudación retroactiva de los derechos antidumping ampliados y, con ello, se alcance el objetivo de dicho Reglamento.

Por lo tanto, el artículo 14, apartado 5, del Reglamento no 1225/2009, al que remite el artículo 2 del Reglamento no 96672010 debe interpretarse en el sentido de que las modalidades de registro, en la medida en que no dejan ninguna duda en cuanto a la identificación de todas las operaciones imponibles de importaciones de los productos de que se trata, y permiten recopilar eficazmente el conjunto de informaciones disponibles para exigir una recaudación retroactiva de los derechos antidumping ampliados, son conformes con dicha disposición y bastan, por lo tanto, para la recaudación retroactiva del derecho antidumping en virtud del artículo 1 del Reglamento de Ejecución no 723/2011, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento no 91/2009 a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan declarados o no originarios de Malasia, como consecuencia de una investigación que lleve a la conclusión de que existe elusión de los derechos antidumping definitivos establecidos mediante el Reglamento no 91/2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China.

(véanse los apartados 28, 29, 32, 33 y 38 y el fallo)
El concepto de «discapacidad» a que se refiere la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que comprende una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable o incurable, cuando esta enfermedad acarrea una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, y si esta limitación es de larga duración. A este respecto, procede considerar que el concepto de «discapacidad» debe entenderse en el sentido de que se refiere a un obstáculo para el ejercicio de una actividad profesional, pero no como una imposibilidad de ejercer tal actividad. El estado de salud de una persona discapacitada que puede trabajar, aunque sólo sea a tiempo parcial, puede, por tanto, entrar dentro del concepto de «discapacidad».

Por otra parte, la naturaleza de las medidas que el empleador ha de adoptar no es determinante para considerar que al estado de salud de una persona le es aplicable este concepto. En efecto, la constatación de la existencia de una discapacidad no depende de la naturaleza de los ajustes, como la utilización de equipamiento especial. A este respecto, procede señalar que la definición del concepto de «discapacidad» en el sentido del artículo 1 de la Directiva 2000/78 precede a la determinación y a la apreciación de las medidas de ajuste adecuadas a que se refiere el artículo 5 de ésta. Conforme al decimosexto considerando de la Directiva 2000/78, estas medidas tienen por objeto la adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad. Por lo tanto, son la consecuencia y no el elemento constitutivo del concepto de discapacidad.

(véanse los apartados 44 a 47 y el punto 3 del fallo)