Palabras clave

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Palabras clave

1. Ayudas otorgadas por los Estados — Procedimiento administrativo — Posibilidad de que la Comisión base su decisión en la información disponible — Requisito — Ejercicio previo de la facultad de formular requerimientos al Estado miembro de que se trate — Control jurisdiccional de la constatación de los hechos — Alcance

[Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, arts. 5, ap. 2, 6, ap. 1, 10, ap. 3, y 13, ap. 1]

2. Ayudas otorgadas por los Estados — Ayudas autorizadas por la Comisión — Utilización abusiva por parte del beneficiario — Criterios de apreciación

[Arts. 87 CE y 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 1, letra g)]

3. Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Ejecución de una garantía pública — Calificación de ayuda distinta de la prestación de la garantía — Requisito — Renuncia a sus derechos por parte del garante que reduce la deuda del beneficiario

(Art. 87 CE)

4. Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado

(Arts. 87 CE y 253 CE)

5. Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Alcance de la excepción — Interpretación estricta — Actividades de la Treuhandanstalt — Concepto de privatización

[Art. 87 CE, aps. 1 y 2, letra c)]

6. Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión que declara incompatible con el mercado común una ayuda individual otorgada en virtud de un régimen de ayudas previamente aprobado por ella — Obligación de motivación — Alcance

(Art. 88 CE, ap. 3)

7. Actos de las instituciones — Motivación — Error de hecho que figura en la motivación, por lo demás suficiente, de una decisión — Irrelevancia para la legalidad de la decisión

(Art. 253 CE)

8. Ayudas otorgadas por los Estados — Ayudas existentes y ayudas nuevas — Ayuda financiera utilizada para reembolsar un crédito avalado por una autoridad pública — Calificación de ayuda nueva

(Art. 88 CE)

9. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Desviación de una ayuda — Desviación conocida por la Comisión — Recuperación de la ayuda frente a su destinatario — Exclusión

(Art. 88 CE, ap. 2)

10. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Ámbito de aplicación — Ayuda concedida a un grupo de empresas en el que se aplican mecanismos internos de transmisión de activos — Recuperación de la ayuda frente a una empresa del grupo que no fue beneficiaria de la ayuda y que no obtuvo beneficio alguno de las transmisiones de activos — Exclusión

(Art. 88 CE, ap. 2)

11. Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Recuperación de la ayuda frente a una empresa que no fue beneficiaria de la ayuda pero que compró una parte de los activos del beneficiario y prosiguió la actividad de éste — Requisito — Elusión de la decisión que ordena la recuperación — Apreciación caso por caso

(Art. 88 CE, ap. 2)

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1. En el procedimiento administrativo en materia de ayudas de Estado, la Comisión está facultada para adoptar una decisión basándose en la información disponible cuando se encuentre ante un Estado miembro que no cumpla su deber de colaborar y que se abstenga de proporcionarle la información que aquélla le solicitó a fin de examinar la compatibilidad de una ayuda con el mercado común. Sin embargo, antes de adoptar una decisión en este sentido, la Comisión debe respetar ciertos requisitos de procedimiento. En particular, debe requerir al Estado miembro para que le suministre, en el plazo fijado por ella, todos los documentos, informaciones y datos necesarios para examinar la compatibilidad de la ayuda con el mercado común. Únicamente en el caso de que el Estado miembro no proporcione la información solicitada, pese al requerimiento de la Comisión, tendrá esta última la facultad de dar por terminado el procedimiento y adoptar la decisión en la que declare la ayuda compatible o incompatible con el mercado común basándose en los datos de que disponga. Tales requisitos han sido recogidos y concretados en el artículo 5, apartado 2, en el artículo 10, apartado 3, y en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, relativo a la aplicación del artículo 88 CE.

A este respecto, como el Estado miembro y las demás partes interesadas son informados de los hechos en los que la Comisión proyecta basar su decisión definitiva a través de la decisión de apertura del procedimiento de investigación formal, contemplada en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento, y de la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Unión Europea, si estas partes consideran que algunos de los hechos recogidos en la decisión de apertura del procedimiento de investigación formal son erróneos, es a ellas a quienes incumbe informar al respecto a la Comisión en el procedimiento administrativo, so pena de perder el derecho de impugnar tales hechos en el procedimiento contencioso. En cambio, de no existir información en sentido contrario procedente de las partes afectadas, la Comisión está facultada para basarse en los hechos de que dispone al adoptar la decisión definitiva, aunque sean erróneos, en la medida en que la Comisión haya requerido al Estado miembro para que le proporcione la información necesaria sobre los hechos de que se trata. Por el contrario, si la Comisión se abstiene de requerir al Estado miembro para que le remita información sobre los hechos que ella proyecta tomar en consideración, no podrá justificar posteriormente sus eventuales errores de hecho alegando que, al adoptar la decisión de cierre del procedimiento de investigación formal, estaba facultada para tomar en consideración únicamente la información de que disponía en aquel momento.

Ello no significa que la Comisión quede exenta de todo control jurisdiccional en lo que respecta a la constatación de los hechos. En efecto, si el Estado miembro ha cumplido plenamente su obligación de remitir toda la información solicitada por la Comisión, le resultará muy fácil demostrar, con la ayuda de la información remitida por él durante el procedimiento, que los eventuales errores de hecho presentes en la Decisión impugnada no le son imputables. Además, cuando la Comisión basa una decisión en la información de que dispone sobre ciertos hechos sin haber cumplido los requisitos de procedimiento formulados por la jurisprudencia y establecidos en el Reglamento nº 659/1999 precisamente en lo que respecta a tales hechos, el Tribunal de Primera Instancia puede ejercer su control sobre la cuestión de si la toma en consideración de tales hechos pudo provocar un error de apreciación que vicie de ilegalidad la Decisión impugnada.

(véanse los apartados 73, 88 y 89)

2. Se desprende del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero, y del artículo 1, letra g), del Reglamento nº 659/1999, relativo a la aplicación del artículo 88 CE, que, para demostrar que una ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas autorizado ha sido aplicada de manera abusiva, la Comisión debe demostrar que la utilización de dicha ayuda ha infringido el régimen aprobado por la Comisión, es decir, que ha infringido las normas nacionales que regulan dicho régimen o los requisitos adicionales aceptados por el Estado miembro en el procedimiento de aprobación del régimen por parte de la Comisión.

A este respecto, el incumplimiento de un mero requisito adicional impuesto unilateralmente por la entidad que concedió la ayuda, y que no estaba expresamente previsto en las normas nacionales que regulan dicho régimen aprobadas por la Comisión, no puede considerarse suficiente para afirmar la existencia de una utilización abusiva de la ayuda, a efectos del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero.

(véanse los apartados 113, 114, 144, 145 y 149)

3. Tanto la existencia como la importancia de una ayuda de Estado deben valorarse teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que fue concedida. Por lo tanto, la ejecución de una garantía pública en caso de incumplimiento de la empresa beneficiaria no modifica la naturaleza de dicha garantía con arreglo al artículo 87 CE ni genera una nueva ayuda.

Es cierto no obstante que, en determinados casos, puede constituir una ayuda el hecho de que la entidad pública garante renuncie unilateralmente a los derechos de que dispone contra el beneficiario tras la ejecución de la garantía. Así ocurre en particular cuando la entidad pública garante no actúa como un sujeto económico racional, realizando todas las gestiones posibles para obtener la devolución del importe que se vio obligada a abonar al ejecutarse la garantía. Además, si se comprueba que la renuncia al derecho de crédito inicialmente cubierto por un aval, tras la ejecución del aval, es definitiva, provocando así una reducción directa del endeudamiento del beneficiario, dicha renuncia puede constituir, en principio, una ayuda distinta, ya que aporta una ventaja económica adicional con respecto al aval y con respecto a la ejecución del mismo.

(véanse los apartados 125 y 126)

4. La motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar el razonamiento de la autoridad comunitaria de manera clara e inequívoca en el propio texto del acto, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos, y el juez comunitario pueda ejercer su control.

Tratándose de una decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado, la exigencia de motivación debe apreciarse principalmente en función del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por el acto impugnado, en el sentido del artículo 230 CE, puedan tener en recibir explicaciones. Está claro, por tanto, que la exigencia de motivación de una decisión de esta índole no puede determinarse únicamente en función del interés en recibir información del Estado miembro al que vaya dirigida dicha decisión, pues dicho interés puede disminuir por razones particulares en función de que dicho Estado haya impugnado o no determinados argumentos de hecho y de Derecho durante el procedimiento administrativo, sino que abarca todas las consideraciones de hecho y de Derecho en que esté basada la decisión.

(véanse los apartados 127 y 156)

5. El marco normativo que regula las actividades de la Treuhandanstalt, tal como ha sido establecido por la Comisión, comprende una serie de excepciones al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común, enunciado en el artículo 87 CE, apartado 1. Al establecer dichas excepciones, la Comisión pretendía facilitar la misión de la Treuhandanstalt, organismo único en su género, que consistía en reestructurar las empresas de la antigua República Democrática Alemana y asegurar el paso de éstas de una economía planificada a una economía de mercado.

De ello se deduce que, como requisito de aplicación de un régimen que constituye una excepción al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común, enunciado en el artículo 87 CE, apartado 1, el concepto de «privatización» en el ámbito de los regímenes de ayudas de la Treuhandanstalt debe interpretarse de manera restrictiva. En el marco de dicha interpretación, sólo puede reconocerse, en principio, la existencia de una privatización, en el sentido de dichos regímenes, si un inversor privado adquiere una participación en el capital de una empresa pública ya existente que le permita obtener el control de dicha empresa.

Así pues, la creación de una nueva empresa que tenga por objeto una nueva actividad comercial y que adopte la forma de una empresa en participación entre una empresa de la antigua República Democrática Alemana y una empresa de la República Federal de Alemania no puede calificarse de privatización a efectos de los regímenes de la Treuhandanstalt antes mencionados. Efectivamente, a diferencia de la privatización contemplada en dichos regímenes, destinada a permitir que las empresas pasen de una economía planificada a una economía de mercado, la creación de una nueva empresa permite desarrollar ex novo un proyecto empresarial con nuevos medios y con una nueva actividad comercial.

(véanse los apartados 176 y 177)

6. En la motivación de una decisión que declara incompatible con el mercado común una ayuda de Estado otorgada en virtud de un régimen de ayudas aprobado por la Comisión, esta última puede limitarse a mencionar el hecho de que la ayuda no respeta los requisitos establecidos al aprobar dicho régimen de ayudas, si no se han presentado en el procedimiento administrativo precisiones destinadas a demostrar, bien que no se trataba en este caso de una ayuda, bien que, en cualquier caso, tal ayuda era compatible con el mercado común y no había sido aplicada de manera abusiva, alegaciones cuya prueba incumbe al Estado miembro afectado.

(véase el apartado 180)

7. Aun en el caso de que un considerando de un acto controvertido contenga una afirmación de hecho errónea, este vicio de forma no puede, sin embargo, conducir a la anulación de dicho acto si en los demás considerandos de la Decisión impugnada se exponen razones que demuestren la procedencia del mismo.

(véase el apartado 191)

8. El mero hecho de que una ayuda financiera otorgada por una autoridad pública haya servido para reembolsar un crédito avalado por dicha autoridad no permite afirmar que se trate de una intervención en virtud de dicho aval, en vez de una nueva ayuda.

(véanse los apartados 247 y 281)

9. La Comisión no puede exigir legítimamente que se reclame la restitución de una ayuda de Estado ilegal a la empresa destinataria de la misma cuando sabe o no puede ignorar, en el momento en que adopta una decisión en ese sentido, que dicha empresa no ha disfrutado de la ayuda.

Así pues, una decisión por la que se ordena que se reclame la restitución de una ayuda a la empresa destinataria de la misma no respeta los principios aplicables a la recuperación de ayudas de Estado ilegales si dicha decisión ha sido adoptada por la Comisión en un momento en el que disponía de un conjunto de indicios válidos y concordantes de los que se deducía que dicha empresa no había disfrutado efectivamente de una gran parte de la ayuda, ya que ésta había sido desviada de sus objetivos en provecho de terceros, y tales indicios permitían determinar la magnitud de la desviación de la ayuda, al menos aproximadamente. La Comisión no puede justificar su decisión escudándose en el hecho de que las autoridades del Estado miembro de que se trata no le aportaron información precisa sobre la parte de la ayuda que había sido desviada de sus objetivos, dado que no ejercitó las facultades de que disponía para hacer que se le facilitasen dichos datos.

(véanse los apartados 321 a 323)

10. No cabe exigir la devolución de una ayuda de Estado ilegal a una empresa que forma parte de un grupo de empresas vinculadas en el que existen mecanismos internos de transmisión de activos y que no ha sido beneficiaria de la ayuda alegando que, en razón de su pertenencia a dicho grupo, tal empresa disfrutó efectivamente de la ayuda, si se ha acreditado que dichos mecanismos de transmisión de activos fueron utilizados únicamente en detrimento de dicha empresa y no en beneficio suyo.

(véase el apartado 324)

11. El hecho de que una empresa haya comprado una parte de los activos del beneficiario de una ayuda ilegal y proseguido la actividad de éste no permite necesariamente concluir que se trata de una operación destinada a eludir las consecuencias de una decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación de dicha ayuda. En efecto, para determinar si hubo efectivamente elusión es preciso tener en cuenta circunstancias tales como las características de dicha compra, y en particular el precio realmente pagado, el mantenimiento de un cierto número de activos en el patrimonio del beneficiario y la lógica económica de la operación.

(véanse los apartados 326 a 343)