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1 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Acto normativo que implica decisiones de política económica - Decisión de la Comisión por la que se prohíbe, con la finalidad de evitar la propagación de una epidemia, la exportación de una especie animal desde determinadas partes del territorio nacional - Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica de rango superior destinada a proteger a los particulares

(Tratado CE, art. 215, párr. 2; Directiva 90/425/CEE del Consejo; Decisiones de la Comisión 93/566/CEE, 93/621/CEE, 93/671/CEE, 93/720/CEE, 94/27/CEE, 94/178/CEE y 94/292/CEE)

2 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Acto normativo que implica decisiones de política económica - Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica de rango superior destinada a proteger a los particulares - Prohibición de exportación de una especie animal desde determinadas partes del territorio nacional con la finalidad de evitar la propagación de una epidemia - Principios de no discriminación y de proporcionalidad - Derecho de propiedad - Libre ejercicio de una actividad profesional - Violación - Inexistencia - Existencia de base jurídica - Responsabilidad no generada

(Tratado CE, arts. 40, ap. 3, párr. 2, y 215, párr. 2; Directiva 90/425/CEE del Consejo; Decisiones de la Comisión 93/566/CEE, 93/621/CEE, 93/671/CEE, 93/720/CEE, 94/27/CEE, 94/178/CEE y 94/292/CEE)

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3 Las Decisiones 93/566, 93/621, 93/671, 93/720, 94/27, 94/178 y 94/292, adoptadas por la Comisión en el marco de la lucha contra la peste porcina clásica basándose en la Directiva 90/425, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior, y por las que se prohíbe la exportación de cerdos vivos o de carne de porcino fresca desde determinadas partes del territorio nacional a otras partes de dicho territorio o a los demás Estados miembros constituyen actos normativos que implican decisiones de política económica, para cuya adopción la Comisión dispone de una amplia facultad discrecional. Dichas Decisiones sólo pueden generar la responsabilidad de la Comunidad si la Comisión hubiera violado, de forma manifiesta y grave, una norma jurídica de rango superior destinada a proteger a los particulares.

4 Las Decisiones 93/566, 93/621, 93/671, 93/720, 94/27, 94/178 y 94/292, adoptadas por la Comisión en el marco de la lucha contra la peste porcina clásica basándose en la Directiva 90/425, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior, y por las que se prohíbe la exportación de cerdos vivos o de carne de porcino fresca desde determinadas partes del territorio nacional a otras partes de dicho territorio o a los demás Estados miembros no generan la responsabilidad de la Comunidad frente a un criador de cerdos cuya explotación no está afectada por la peste porcina, pero está situada en las zonas de territorio contempladas por las prohibiciones de expedición, y para el cual la adopción de dichas decisiones no ha constituido una violación grave y manifiesta del principio de no discriminación, de los derechos de propiedad y de libre ejercicio de una actividad profesional, del principio de proporcionalidad o de la regla que exige la existencia de una base jurídica apropiada.

En efecto, por lo que respecta, en primer lugar, al principio de no discriminación, no son comparables la situación en una región de un Estado miembro con una densidad muy elevada de explotaciones de cría de cerdos, en la que aparecieron numerosos brotes de peste porcina y las autoridades no tuvieron informados a los servicios de la Comisión, y la situación reinante en otro Estado miembro, así como en otra región del primer Estado, donde, debido, respectivamente, a un número mucho menor de tales explotaciones y a la ausencia de casos de peste porcina registrados durante el mismo período, la Comisión pudo considerar que las autoridades podían controlar eficazmente la peste porcina y que no era necesario tomar medidas de protección adicionales respecto a las unidades territoriales administrativas afectadas o situadas en proximidad de las afectadas por la peste porcina. Por otra parte, dado que la Directiva 90/425 no fija criterio geográfico ni administrativo para delimitar las partes del territorio afectadas por las medidas de protección y de vigilancia dictadas por la Comisión, ésta podía delimitar las partes del territorio en función de las fronteras de las unidades administrativas.

En segundo lugar, el mero hecho de que las prohibiciones de expedición tuvieran repercusiones negativas para el criador de que se trata no puede implicar por sí solo que dichas prohibiciones constituyeran restricciones inadmisibles del derecho de propiedad y del libre ejercicio de actividades profesionales, pues toda medida de salvaguardia produce, por definición, efectos que atañen a estos derechos fundamentales.

En tercer lugar, la vacunación de emergencia no habría tenido un carácter menos coercitivo que las prohibiciones de expedición decididas por la Comisión.

Por último, el ámbito de aplicación de la Directiva 90/425, ninguna de cuyas disposiciones prevé que las medidas adoptadas por la Comisión sólo puedan referirse al comercio entre Estados miembros y no a los intercambios en el interior de un Estado miembro, no se limita a la organización de controles veterinarios y zootécnicos, sino que permite igualmente a la Comisión adoptar medidas de salvaguardia, tales como las prohibiciones de expedición.