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Respecto a una demanda de suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión por la que se suspende la autorización de comercialización de un producto, la afirmación del solicitante de que terceros Estados han adoptado medidas de suspensión de las autorizaciones del producto de que se trata para reflejar la decisión de la Comisión no es una circunstancia específica que permita concluir la gravedad del perjuicio. En efecto, aun cuando esta alegación resultara cierta, ello no cuestionaría el hecho de que esas decisiones fueron adoptadas por instancias independientes y que incumbe a la demandante interponer eventualmente los recursos oportunos en esos sistemas jurídicos a fin de impugnar su legalidad.

A este respecto, si bien la falta de información sobre los costes de sustitución generados por las obligaciones contractuales mencionadas por el solicitante no permite evaluar la agravación del perjuicio alegado, la existencia de los contratos de que se trata permite, no obstante, deducir que, en cierta medida, el solicitante dispone de una solución para minimizar la importancia del referido perjuicio y conservar las cuotas de mercado que teme perder en los mercados de los productos afines en los Estados miembros pertinentes y fuera de la Unión. En este contexto, habida cuenta de la duración media de los procedimientos ante el Tribunal, la resolución sobre el fondo se dictará, probablemente, en un plazo de dos años. Por consiguiente, en función de la duración de los referidos contratos, el solicitante posiblemente tendrá una resolución sobre la legalidad de la decisión impugnada antes de su vencimiento.

En lo que atañe a una demanda de suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión por la que se suspende la autorización de comercialización de un producto, no concurre el requisito de urgencia cuando el solicitante no aporta al juez de medidas provisionales los elementos esenciales que le permitan examinar la gravedad de las incidencias alegadas por lo que respecta a las obligaciones contractuales que recaen sobre él y los costes que acarrea la necesidad de sustituir el producto prohibido, limitándose a afirmaciones generales sin precisar, por ejemplo, la importancia de los contratos de que se trata en relación con la totalidad de su actividad, el valor estimado de los costes provocados por la sustitución del producto prohibido o la sanción prevista por un eventual incumplimiento de los referidos contratos.

En relación con una demanda de suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión por la que se suspende la autorización de comercialización de un producto, el solicitante no puede invocar válidamente como circunstancia especial que acredite la urgencia el hecho de que la decisión en cuestión le impida participar en licitaciones que exijan una gama completa de productos en el ámbito en cuestión, dado que tienen una autorización de comercialización en la Unión de otro producto, cuya comercialización no se ha visto afectada por la referida decisión, que, sin ser un sustituto exacto del primer producto, podría, no obstante, reducir la intensidad de los inconvenientes temidos por el solicitante.

(véase el apartado 54)
En materia de procedimiento sobre medidas provisionales, para que se concedan las referidas medidas, no es suficiente con haber alegado que la información que se divulgaría reviste carácter confidencial cuando tal alegación no cumple el requisito del fumus boni iuris.

Pues bien, en relación con una solicitud de suspensión de la ejecución de una decisión de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), por la que se denegó una solicitud de tratamiento confidencial presentada en relación con una solicitud de renovación de la aprobación de una sustancia activa, no se cumple el requisito del fumus boni iuris, puesto que la información de que se trata fue elaborada por la EFSA en el contexto de la evaluación de dicha solicitud y, a priori, no parece que pueda ser definida como información para la que pueda solicitarse un tratamiento confidencial en virtud del artículo 63, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. Además, a primera vista resulta que el artículo 63, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento menciona una eventual valoración de la EFSA no como potencial objeto de tratamiento confidencial, sino para excluir la aplicación de ese tratamiento a determinada información presentada por las partes interesadas.

(véanse los apartados 26, 30 y 31)
27

Del mismo modo, es preciso distinguir también el presente asunto de otros asuntos anteriores en los que la firma que constaba en la demanda, aunque en teoría correspondía a la de un abogado facultado para formalizar escritos procesales ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, no era auténtica, bien porque sólo se había presentado en la Secretaría una copia de la demanda y no el original (sentencia de 22 de septiembre de 2011, Bell & Ross/OAMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, y auto de 21 de septiembre de 2012, Noscira/OAMI, C‑69/12 P, no publicado, EU:C:2012:589), porque la firma no estaba manuscrita sino que se había estampado mediante un sello (sentencia de 23 de mayo de 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, EU:T:2007:153) o porque, aunque estaba manuscrita, era ilegible y no podía identificarse como la de un abogado facultado para firmar los escritos procesales de que se trataba [autos de 6 de octubre de 2015, Marpefa/OAMI, C‑181/15 P, no publicado, EU:C:2015:678, y de 12 de marzo de 2014, xacom Comunicaciones, T‑252/13, no publicado, EU:T:2014:163)]. Por ende, las referencias jurisprudenciales alegadas por la Comisión en apoyo de la excepción de inadmisibilidad que ha propuesto carecen de pertinencia en el caso de autos.
Para determinar si un acto produce efectos jurídicos obligatorios en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo primero, hay que atenerse a su contenido esencial. La existencia de tales efectos debe establecerse sobre la base del contenido esencial del acto impugnado y no se puede fundar en otros elementos, en particular en la percepción que podrían tener los destinatarios, puesto que dicha percepción, por su propia naturaleza, es de carácter subjetivo. Por tanto, no es posible que la admisión de un recurso se base en elementos que puedan variar en función de la interpretación de las autoridades, las empresas o los particulares.

(véanse los apartados 68, 114 y 115)
Auto del Tribunal General (Sala Sexta) de 28

de noviembre de 2016 — SureID/EUIPO (SUREID)

(Asunto T‑128/16)

«Marca de la Unión — Solicitud de marca denominativa de la Unión SUREID — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»

1. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Objetivo—Imperativo de disponibilidad [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véase el apartado 15)

2. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Concepto—Marca compuesta por una palabra o por un neologismo resultantes de una combinación de elementos [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 16 a 19)

3. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio—Marca denominativa SUREID [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)] (véanse los apartados 22, 32 y 33)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 18 de enero de 2016 (asunto R 1478/2015‑4), relativa al registro del signo denominativo SUREID como marca de la Unión Europea.

Fallo

1) Desestimar el recurso.
15

Según la jurisprudencia dictada con anterioridad a la adopción del Reglamento n.o 659/1999, y codificada por éste en gran parte, la circunstancia de que la Comisión proponga o no medidas apropiadas no surtirá efecto jurídico definitivo alguno, puesto que, a falta de aceptación por parte del Estado miembro de las medidas apropiadas propuestas, dicho Estado no está obligado a ajustarse a ellas (sentencia de 22 de octubre de 1996Salt Union/Comisión, T‑330/94, Rec, EU:T:1996:154, apartado 35).
Auto del Presidente del Tribunal General

de 7 de diciembre de 2015 — POA/Comisión

(Asunto T‑584/15 R)

«Procedimiento sobre medidas provisionales — Publicación de una solicitud de registro de una denominación de origen protegida — “Halloumi” o “Hellim” — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»

1. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carácter acumulativo — Ponderación de todos los intereses en conflicto — Orden en que deben examinarse y modo de verificación — Facultad de apreciación del juez de medidas provisionales (Arts. 256 TFUE, ap. 1, 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal, art. 156, ap. 3) (véanse los apartados 10 a 12)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Perjuicio económico — Situación que podría poner en peligro la existencia de la sociedad demandante — Carga de la prueba — Obligación de facilitar indicaciones concretas y precisas, corroboradas por pruebas documentales detalladas (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal, art. 156, ap. 3) (véanse los apartados 21 a 29)

Objeto

Pretensión de que se suspenda la ejecución del acto de la Comisión de 28 de julio de 2015 titulado «Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios» (DO C 246, p. 9).

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
25

En efecto, mediante su recurso, la demandante no puede obtener una anulación parcial de la resolución impugnada como consecuencia de que se basa en una apreciación —que la Sala de Recurso no realizó— de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto incluyendo en ella productos con un destino concreto con respecto al cual no se solicitó a la Sala de Recurso que se pronunciara. Por el contrario, como justificadamente sostiene la OAMI, en la comparación de los productos controvertidos, la Sala de Recurso supuestamente comprobó si todos los potenciales destinos de dichos productos llevaban a concluir su similitud, incluso su identidad. A este respecto, procede recordar que, en la apreciación de la similitud entre los productos, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación existente entre ellos, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, apartado 23). Además, para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan y que se trata de requisitos acumulativos [sentencias de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, apartado 48, y de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, apartado 42]. Pues bien, en el caso de autos, precisamente la comparación de unos productos con sus características genéricas y variadas como los solicitados inicialmente —y no como los concretados a posteriori— es lo que llevó a la Sala de Recurso a concluir un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por tanto, a diferencia de supuestos en los que un demandante excluye de su solicitud de marca comunitaria determinados productos controvertidos para los que solicitó inicialmente el registro, en el caso de autos, la solicitud de la demandante tiene por objeto una apreciación global e indisociable de la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, que no es susceptible de anulación parcial. A este respecto, el mero hecho de que la demandante hubiese alegado ante los órganos de la OAMI, como puso de relieve en su respuesta a la cuestión escrita del Tribunal, que su actividad comercial se refería únicamente al uso de máquinas recreativas en casinos o salones de juegos no puede desvirtuar esta apreciación puesto que los productos que fueron objeto de su solicitud de marca comunitaria inicial estaban amparados por dicha solicitud en función de sus acepciones y de sus amplios destinos.
70

Con independencia de la fase en la que estuviera el procedimiento al que presuntamente estaba sujeto el demandante, el Consejo no podía adoptar medidas restrictivas contra él sin conocer los hechos de apropiación indebida de fondos públicos que le reprocharan específicamente las autoridades ucranianas. En efecto, sólo con conocimiento de esos hechos habría podido determinar el Consejo que, por un lado, éstos podían calificarse como apropiación indebida de fondos públicos y, por otro, que podían menoscabar el Estado de Derecho en Ucrania, cuya consolidación y apoyo constituyen, según se ha recordado en el anterior apartado 62, el objetivo perseguido por la adopción de las medidas restrictivas controvertidas (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de enero de 2016, Arbuzov/Consejo, T‑434/14, no publicada, EU:T:2016:46, apartado 55, y Stavytskyi/Consejo, T‑486/14, no publicada, EU:T:2016:45, apartado 48).
5.

Aproximación de las legislaciones — Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos — Reglamento (CE) no 1924/2006 — Condiciones de utilización de dichas declaraciones — Aplicación de medidas transitorias para las declaraciones en trámite de evaluación en el momento de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1924/2006 [Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 13, ap. 1, y 28, aps. 5 y 6] (véanse los apartados 35 a 38)
En el marco de un recurso de anulación en virtud del artículo 263 TFUE, la demandante sólo puede ser considerada destinataria de la decisión impugnada, por un lado, si se cumple el requisito formal de que sea expresamente designada en ésta como destinataria o, por otro, si se cumple el requisito material de que se desprenda de las disposiciones de dicha decisión que la demandante está identificada en la misma como destinataria debido a que esa decisión tiene por objeto, expresando la voluntad del autor, producir efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a sus intereses, modificando sustancialmente su situación jurídica.

En cuanto al requisito material, en el marco de un recurso de una parte que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) reconoce como parte interesada que interviene en un procedimiento ante la Sala de Recurso de la ECHA, conforme al artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 771/2008, por el que se establecen las normas de organización y procedimiento de dicha Sala de Recurso, contra una decisión de esa Sala de recurso con respecto a un tercero, procede examinar si las disposiciones específicas del citado Reglamento conferían a la demandante la calidad de destinatario con respecto a la decisión impugnada y si tal calidad no resultaba del contenido mismo de esta decisión. Pues bien, dado que ninguna de las disposiciones específicas del Reglamento no 771/2008 confiere a tal demandante la calidad de destinatario con respecto a dicha decisión, ésta no podrá considerarse destinataria de la decisión de la Sala de Recurso cuando la finalidad de esta decisión no es crear o modificar ningún derecho ni ninguna obligación legal de la demandante. A este respecto, el artículo 8, apartado 3, del mencionado Reglamento establece que la intervención (legitimación) no podrá tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes u oponerse a las mismas. Por tanto, la intervención es accesoria con respecto al procedimiento principal ante la Sala de Recurso de la ECHA.

Por otro lado, el objeto de la intervención depende igualmente de la admisibilidad del recurso de la parte principal. En efecto, puede declararse la inadmisibilidad del recurso en virtud del artículo 11, apartado 1, letra d), del Reglamento no 771/2008 si el demandante no es destinatario de la decisión de la ECHA impugnada y no puede demostrar que ésta le afecta directa e individualmente. De lo anterior se deduce que el interesado debe aceptar el procedimiento ante la Sala de Recurso de la ECHA en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.

(véanse los apartados 26, 32, 35 a 37 y 44)
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)

de 19 de diciembre de 2013

Asunto T‑32/13 P

Mario Paulo da Silva Tenreiro

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Selección — Convocatoria para proveer plaza vacante — Nombramiento al puesto de director de la Dirección A “Justicia Civil” de la Dirección General “Justicia” de la Comisión — Desestimación de la candidatura del demandante — Nombramiento de otro candidato — Desviación de poder — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»

Objeto:

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Tercera) de 14 de noviembre de 2012, da Silva Tenreiro/Comisión (F‑120/11), y que pretende la anulación de dicha sentencia.

Resultado:

Se desestima el recurso. El Sr. Mario Paulo da Silva Tenreiro cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea en el marco de la presente instancia.

Sumario

Recursos de funcionarios — Motivos — Desviación de poder — Concepto

El concepto de desviación de poder tiene un alcance muy preciso, que se refiere al uso de sus competencias por una autoridad administrativa con un fin distinto de aquel para el que le fueron concedidas. Una decisión sólo incurre en desviación de poder si resulta, sobre la base de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que se adoptó para alcanzar fines distintos de los alegados. A este respecto, no basta con invocar determinados hechos en apoyo de sus pretensiones, sino que es también necesario aportar indicios lo suficientemente precisos, objetivos y concordantes para confirmar su veracidad o, cuando menos, su verosimilitud; en su defecto, no puede cuestionarse la exactitud material de las afirmaciones de la institución de que se trate. Así, la apreciación global de los indicios de desviación de poder no puede basarse en simples alegaciones, indicios sin la suficiente precisión o que no son ni objetivos ni pertinentes.

(véanse los apartados 31 a 33)

Referencia:

Tribunal General: 5 de julio de 2000, Samper/Parlamento (T‑111/99, RecFP pp. I‑A‑135 y II‑611), apartado 64; 2 de diciembre de 2008, Karatzoglou/AER (T‑471/04, RecFP pp. I‑A‑2‑79 y II‑A‑2‑485), apartado 49; 5 de octubre de 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Comisión (T‑40/07 P y T‑62/07 P, RecFP pp. I‑B‑1‑89 y II‑B‑1‑551), apartados 172 y 173
3.

Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Solicitud relativa a documentos que ya obraban en poder del solicitante y que tienen por objeto obtener copias exentas de la obligación de no divulgación — Procedencia — Obligación de motivación — Inexistencia [Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, aps. 1 y 2, y 10, aps. 1, 2 y 3] (véanse los apartados 46 a 48)
Demanda de anulación de la Decisión 2011/273/PESC del Consejo, de 9 de mayo de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 121, p. 11), del Reglamento (UE) nº 442/2011 del Consejo, de 9 de mayo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 121, p. 1), de la Decisión de Ejecución 2011/515/PESC del Consejo, de 23 de agosto de 2011, por la que se aplica la Decisión 2011/273, y del Reglamento de Ejecución (UE) nº 843/2011 del Consejo, de 23 de agosto de 2011, por el que se aplica el Reglamento nº 442/2011 (DO L 218, p. 1).
Palabras clave

Objeto del litigio

Parte dispositiva



Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Relación de causalidad entre el perjuicio alegado y el acto recurrido — Ponderación de todos los intereses en conflicto — Facultad de apreciación del juez de medidas provisionales (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 14 a 16)

2. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carga de la prueba — Perjuicio económico — Perjuicio que puede repararse posteriormente mediante un recurso de indemnización — Perjuicio que no puede considerarse irreparable (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 21 a 24 y 26)

3. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio moral que no puede ser reparado en mayor medida en el procedimiento sobre medidas provisionales que en el principal (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 32 a 34)

4. Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Perjuicio resultante de la violación de determinados derechos fundamentales — Derecho de propiedad y derecho al libre ejercicio de una actividad económica — Inexistencia de protección absoluta (Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 104, ap. 2) (véanse los apartados 41 y 42)

Objeto del litigio

Objeto

Esencialmente, demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión 2011/522/PESC del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 228, p. 16), del Reglamento (UE) nº 878/2011, del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 442/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 228, p. 1), de la Decisión 2011/684/PESC del Consejo, de 13 de octubre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 269, p. 33), así como del Reglamento (UE) nº 1011/2011 del Consejo, de 13 de octubre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 442/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 269, p. 18), en la medida en que dichos textos se refieren al demandante.

Parte dispositiva

Fallo

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2) Reservar la decisión sobre las costas.