Al no tratarse de un acto cuya publicación en el Diario Oficial estuviese prevista por el artículo 254 CE, cualquier otra forma válida de publicación debe considerarse suficiente. Así pues, ya que dicha decisión constituye un acto de organización interna, debe admitirse que se ponga en conocimiento de los interesados con arreglo a las normas establecidas en la institución en relación con tales medidas. A este respecto, una publicación en la intranet del Parlamento, conforme a los usos del Parlamento, es suficiente por lo que se refiere a los diputados en funciones. En cambio, dado que los antiguos diputados no tienen ya acceso a la intranet del Parlamento, es necesaria en su caso una publicación en Internet.

Como acto de alcance general no dirigido a un destinatario, una decisión de la Mesa del Parlamento Europeo por la que se modifica la Reglamentación relativa al régimen (voluntario) de pensión complementaria de los diputados, que figura en el anexo VII de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados, no requiere una notificación individual, sino que debe publicarse para entrar en vigor. En efecto, un principio fundamental del ordenamiento jurídico de la Unión Europea exige que un acto que emane de los poderes públicos no sea oponible a los justiciables antes de que éstos tengan la posibilidad de conocerlo.

El régimen (voluntario) de pensión complementaria de los diputados del Parlamento Europeo, que figura en el anexo VII de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados, es una competencia exclusiva inherente a las prerrogativas de poder público de que está investido el Parlamento al objeto de poder cumplir la misión que le han confiado los Tratados. Los derechos y obligaciones derivados de este régimen para el Parlamento y para los diputados afiliados se inscriben, en consecuencia, en el marco del vínculo estatutario que los une y no son, pues, contractuales, sino que se rigen por el Derecho público, conclusión que no resulta desvirtuada por el hecho de que el interesado se haya adherido voluntariamente a dicho régimen.

En el ejercicio de su competencia para regular el régimen de pensión complementaria de los diputados que figura en el anexo VII de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados, el Parlamento Europeo puede legítimamente introducir modificaciones destinadas en particular a evitar en la mayor medida posible cualquier impacto económico en los contribuyentes europeos, a garantizar que todos los costes se repartan de forma equitativa y teniendo debidamente en cuenta la necesidad de explicar las decisiones al público, y a preservar en la mayor medida posible la liquidez del fondo de pensiones. En efecto, si en ese régimen de pensión, basado en un cálculo actuarial en cuyo marco el total de las contribuciones anuales de los afiliados y del Parlamento debe, en principio, cubrir la totalidad de los derechos a pensión adquiridos en ese mismo año, se pone de manifiesto que las previsiones de rendimiento de los activos del fondo, en función del cual se determinó el importe de las cotizaciones, eran demasiado optimistas, debe concluirse que las cotizaciones de los afiliados y del Parlamento en el pasado eran en realidad demasiado bajas para financiar los correspondientes derechos a pensión. Por lo tanto, está justificado por principio recurrir a los afiliados y al Parlamento para restablecer el equilibrio del régimen.

Por lo que se refiere a la modificación del régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados del Parlamento Europeo, que figura en el anexo VII de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados, el hecho de que la edad de jubilación se haya aumentado sin medidas transitorias no es discriminatorio por el solo hecho de que, para la modificación de otros regímenes de pensión comunitarios, se estableciesen este tipo de medidas. En efecto, los diputados, por una parte, y los funcionarios de la Unión, por otra parte, se encuentran en situaciones que fáctica y jurídicamente presentan diferencias esenciales, capaces de justificar la aplicación de un trato diferente en orden a la adopción de medidas transitorias.

En el caso de la modificación del régimen de pensiones de los funcionarios de la Unión operada por el Reglamento no 723/2004, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, las medidas transitorias consistían, por una parte, en la exención de algunos de los funcionarios que se encontraban en activo en la fecha de entrada en vigor de las modificaciones, y, por otra parte, en una aplicación escalonada de éstas, en función de la edad de los funcionarios en activo en la fecha de su entrada en vigor. En este contexto, es importante poner de relieve que la pensión de vejez que pueden esperar percibir los funcionarios de la Unión constituye, en la mayoría de los casos, el más importante o incluso el único componente de la renta de vejez a la que tienen derecho por su actividad profesional. En cambio, el mandato de diputado del Parlamento no es por regla general una actividad profesional única, ejerciéndose normalmente después o antes de otros períodos de actividad profesional del diputado, o incluso paralelamente a esa otra actividad profesional. Por consiguiente, la pensión complementaria al amparo del régimen objeto de litigio únicamente constituye por lo general una parte de las rentas de vejez de los antiguos diputados, que han adquirido normalmente otros derechos a pensión en el marco de sus otras actividades profesionales. Así pues, una modificación del régimen de pensión complementaria no puede afectar a sus afiliados de la misma manera que afecta a los funcionarios de la Unión una modificación de su régimen de pensiones.

Por otro lado, la modificación del régimen de pensiones de los funcionarios de la Unión aprobada mediante el Reglamento no 723/2004 se basa en motivos diferentes a los invocados por la Decisión de modificación del régimen de pensión complementaria de los diputados del Parlamento Europeo. En efecto, el aumento de la edad de jubilación de los funcionarios y la reducción del porcentaje anual de acumulación de derechos a pensión constituían una adaptación del régimen de pensiones a una progresiva evolución demográfica y no una reacción a una crisis aguda de dicho régimen. En cambio, la decisión de modificar el régimen de pensión complementaria de los diputados, y, en particular, la decisión de aumentar la edad de jubilación prevista en dicho régimen, estaba motivada por la situación de especial urgencia, en lo que respecta a la liquidez y a la tasa de cobertura de los derechos a pensión.

(véanse los apartados 114, 117 a 121, 123 y 124)