Palabras clave

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Palabras clave

1 Procedimiento - Escrito de interposición del recurso - Exigencias de forma - Identificación del objeto del litigio - Exposición sumaria de los motivos invocados - Demanda dirigida a obtener la reparación de los daños causados por una Institución comunitaria - Exigencias mínimas

[Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, art. 19, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1, letra c)]

2 Responsabilidad extracontractual - Objeto - Actos de las Instituciones comunitarias o actos de los agentes de la Comunidad - Concepto - Actos de Derecho comunitario primario - Exclusión - Pretensión de indemnización derivada del Acta Unica - Inadmisibilidad

(Tratado CE, arts. 178 y 215, párr. 2)

3 Responsabilidad extracontractual - Incumplimiento, por las Instituciones comunitarias, de una obligación legal de actuar - Desaparición de la profesión de comisionista de aduanas resultante del Acta Unica - Obligación de actuar de las Instituciones - Inexistencia - Obligación de la Comunidad de indemnizar a los miembros de la profesión - Inexistencia

(Tratado CE, art. 215, párr. 2)

4 Responsabilidad extracontractual - Requisitos - Acto normativo que implica opciones de política económica - Infracción suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que protege a los particulares - Insuficiencia de las intervenciones de las Instituciones comunitarias en favor de la profesión de comisionista de aduana con motivo del establecimiento del mercado único - Violación del principio de protección de los derechos adquiridos - Inexistencia

(Tratado CE, art. 215, párr. 2)

5 Derecho comunitario - Principios - Protección de la confianza legítima - Requisitos

6 Derecho comunitario - Principios - Derechos fundamentales - Libre ejercicio de las actividades profesionales - Restricciones impuestas en el marco de la realización del mercado interior - Procedencia

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7 En virtud del párrafo primero del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia y de la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda deberá contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta exposición debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal pronunciarse sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la Justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa dicho recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de la demanda.

Para atenerse a estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los daños causados por una Institución comunitaria deberá contener los elementos que permitan identificar el comportamiento que el demandante reprocha a la Institución, las razones por las que estima que existe una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio que alega haber sufrido, así como el carácter y el alcance de dicho perjuicio.

8 Procede declarar la inadmisibilidad de una demanda que exige la responsabilidad de la Comunidad por un daño derivado del Acta Unica, que es un acto de Derecho comunitario primario y no constituye, pues, un acto de las Instituciones comunitarias ni un acto de los agentes de la Comunidad en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, no puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad.

Por lo demás, de la jerarquía de las normas se deduce que las disposiciones del artículo 178 y del párrafo segundo del artículo 215 del Tratado, que regulan la responsabilidad extracontractual de la Comunidad y que forman parte del Derecho primario, no pueden aplicarse a los actos de nivel equivalente, como las disposiciones del Acta Unica, puesto que ello no está expresamente previsto.

9 Las omisiones de las Instituciones comunitarias sólo pueden generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad en la medida en que las Instituciones hayan incumplido una obligación legal de actuar derivada de una disposición comunitaria.

Por lo que se refiere a la desaparición de la profesión de comisionista de aduanas intracomunitario como consecuencia del Acta Unica, tal obligación no resulta ni de la propia Acta Unica, ni de ninguna otra disposición formal del Derecho comunitario escrito, así como tampoco de un posible principio general del Derecho en virtud del cual la Comunidad estaría obligada a indemnizar a aquella persona que haya sido objeto de una medida de expropiación o de restricción del libre ejercicio del derecho de propiedad, ya que no puede imponerse a la Comunidad la obligación de indemnizar actos que no le sean imputables. Por consiguiente, la Comunidad no está obligada a indemnizar a los miembros de esta profesión.

No obstante, no queda excluido que una obligación de indemnizar pueda imponerse, en su caso, en virtud del Derecho interno del Estado miembro en cuyo territorio el agente o el comisionista de aduanas intracomunitario ejercía su actividad.

10 La responsabilidad extracontractual de la Comunidad por los daños causados, bien por actos normativos adoptados por sus Instituciones, o bien por omisiones culposas por las que no se adoptaron tales actos, sólo puede generarse cuando exista un incumplimiento de una norma superior de Derecho que protege a los particulares. Además, si una Institución ha adoptado, o ha omitido adoptar, un acto normativo ejercitando su amplia facultad de apreciación, la responsabilidad de la Comunidad sólo podrá generarse cuando el incumplimiento esté caracterizado, es decir, cuando sea manifiesto y grave.

La posible insuficiencia de las intervenciones de la Comunidad en favor de la profesión de los comisionistas de aduanas en el momento del establecimiento del mercado único, suponiendo que las Instituciones incumplieran una obligación de actuar, no permite generar la responsabilidad de la Comunidad por violación del principio de protección de los derechos adquiridos, dado que las Instituciones disponen, en la adopción de actos de carácter normativo que implican opciones de política económica, de una amplia facultad de apreciación para determinar sus intervenciones.

A este respecto, el Reglamento nº 3632/85, que define las condiciones en las que se permite a una persona hacer una declaración aduanera, que no define ni determina, en Derecho comunitario, el ejercicio de las profesiones de agente o de comisionista de aduana y se limita a armonizar las condiciones en las que está facultada una persona para hacer una declaración aduanera, no otorgó a la demandante una ventaja que pueda ser calificada de derecho adquirido. Además, aun suponiendo que el Reglamento nº 3632/85 haya concedido, efectivamente, una ventaja específica a la categoría profesional de los agentes y comisionistas de aduanas, los miembros de esta profesión no pueden, por ello, invocar el derecho adquirido a conservar esta ventaja, puesto que las Instituciones comunitarias tienen derecho a adaptar las normativas a las necesarias evoluciones de las que deben ser objeto, y puesto que los operadores económicos no pueden invocar un derecho adquirido para conservar una ventaja derivada de tal normativa y de la que se han beneficiado en un momento determinado.

11 El derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le ha hecho concebir esperanzas fundadas. Por el contrario, nadie puede invocar una violación del principio de protección de la confianza legítima si la Administración no le ha dado unas seguridades concretas.

12 El derecho al libre ejercicio de las actividades profesionales forma parte de los principios generales del Derecho comunitario cuyo respeto garantizan los órganos jurisdiccionales comunitarios. Sin embargo, dicho principio no se presenta como una prerrogativa absoluta, sino que debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad. Por consiguiente, pueden imponerse restricciones al libre ejercicio de una actividad profesional, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho así garantizado.

En vista de la finalidad esencial perseguida, la realización del mercado interior, que constituye un objetivo de interés general evidente, no contiene ninguna limitación indebida al ejercicio del derecho fundamental de que se trata.