ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
70.

La Comisión alegó ante el Tribunal General que Sigma carecía de legitimación activa y de interés en ejercitar la acción contra la Decisión impugnada, puesto que no tenía la condición de beneficiario efectivo de una ayuda concedida en virtud del régimen instituido por la medida controvertida y no estaba obligada a devolverla ni se hallaba expuesta al riesgo de dicha devolución, como exige la jurisprudencia. ( 35 ) Según la Comisión, un régimen fiscal que concede una deducción fiscal únicamente confiere una ventaja si el contribuyente registra beneficios y obtiene una reducción fiscal. En el presente asunto, Sigma no obtuvo ninguna reducción fiscal, dado que su base imponible era negativa. El hecho de que la Decisión impugnada haya dado lugar a la reducción de la base imponible negativa que Sigma estaba autorizada a compensar contra eventuales beneficios en ejercicios posteriores no basta por sí solo para demostrar su condición de beneficiaria que tiene la obligación de devolver la ayuda, dado que, en esas circunstancias, la Decisión impugnada únicamente tiene como efecto no permitirle aplicar la deducción en el futuro. La recurrente contestó a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión que se benefició de una ayuda individual en relación con las operaciones efectuadas en Perú y en los Estados Unidos, ( 36 ) que figuraba en la lista de beneficiarios de las ayudas en cuestión y que la recuperación se produjo mediante la corrección de las bases imponibles negativas efectuada por la autoridad tributaria de conformidad con la Decisión impugnada.
101.

En segundo lugar, tal como ya se ha indicado, los beneficiarios del derecho de residencia no pueden ser expulsados mientras no se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida. Para determinar si el beneficiario es una carga excesiva para la asistencia social de ese Estado miembro y proceder, en caso necesario, a su expulsión, de conformidad con el considerando 16 de la Directiva sobre el derecho de residencia, ese Estado miembro está obligado a examinar «si [el recurso a la asistencia social] obedece a dificultades temporales y [a tener] en cuenta la duración de la residencia, las circunstancias personales y la cuantía de la ayuda concedida». Inspirándose en estos criterios, las autoridades nacionales deberían, por lo tanto, poder comprobar, basándose en el examen del caso concreto, si la persona expulsada, aun cuando no reúna los requisitos enunciados en el artículo 7 de la Directiva sobre el derecho de residencia, ya no es una carga excesiva para la asistencia social, y puede, en consecuencia, invocar un derecho de residencia en virtud del artículo 6 de dicha Directiva. Esta apreciación podría consistir en valorar las circunstancias personales y el comportamiento de la persona de que se trate después de su expulsión. En este sentido, procede señalar que el concepto de «asistencia social» es amplio y se refiere a prestaciones a las que el ciudadano de la Unión no haya contribuido y que se financien con el erario público. ( 49 ) A título ilustrativo, cuando una persona, como el demandante en el procedimiento principal, da muestras de un comportamiento delictivo reiterado tras su expulsión, ( 50 ) dicho comportamiento podría ser pertinente, al ser un posible indicio del riesgo de ser una carga excesiva debido a la movilización, por la conducta de la persona en cuestión, de una parte considerable de los recursos de la policía. No obstante, corresponde al tribunal remitente apreciar si tal recurso a la asistencia social resulta excesivo.
12.

El mecanismo para obtener la exención del IVA se articulaba de este modo: a) Bakati Plus cumplimentaba el formulario de solicitud de devolución del IVA, que era posteriormente visado y sellado por la aduana de salida de los bienes; b) se restituía a Bakati Plus un segundo ejemplar del formulario; c) Bakati Plus devolvía el impuesto a los compradores, con arreglo a la Ley del IVA; y d) Bakati Plus instaba en su liquidación del IVA la deducción del importe devuelto.
91.

Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación que la Comisión formuló en la vista de que toda decisión de inversión se basa en la situación de la sociedad en el momento en que se produce la inversión. A este respecto, la Comisión considera, por lo que se refiere a las inversiones anteriores a la Ley n.o 35/2012, que los inversores no podían prever la obligación de contribuir a la financiación de los costes del servicio universal para el período comprendido entre 2007 y 2012. Por una parte, cabe observar que la posibilidad de un mecanismo de contribución a la financiación de los costes del servicio universal existía desde la adopción de la Ley n.o 5/2004 y, por lo tanto, no podía ser ignorada por los operadores. Por otra parte, y en cualquier caso, si esta alegación estuviera fundada, lo que no ocurre, no constituiría una violación del principio de no discriminación con respecto a las sociedades en cuestión, sino una violación del principio de protección de la confianza legítima de los inversores, violación que, por lo demás, no invoca la Comisión.
180.

Sin embargo, la constatación de una infracción per se de los derechos fundamentales no tiene ningún efecto particular en el presente asunto, pues las propias infracciones de la Directiva de servicios y del artículo 49 TFUE proporcionan un fundamento al recurso por incumplimiento. No obstante, el examen separado del derecho fundamental pone de relieve con mayor claridad la especial gravedad y la calidad de la infracción. Esto es particularmente cierto cuando, como en el presente caso, la infracción denunciada de los derechos fundamentales va más allá de los efectos económicos perjudiciales que determinan la vulneración de las normas del mercado interior.
19.

En cuanto a la alegación de HF relativa a que la AFCC no le había comunicado el informe elaborado por el Comité Consultivo ni las actas de los interrogatorios de los testigos, el Secretario General consideró, concretamente, que, a la luz de la jurisprudencia derivada de las sentencias Tzirani/Comisión ( 5 ) y Cerafogli/BCE, ( 6 ) la AFCC no estaba obligada a comunicar esos documentos a HF, entre otras razones porque, dentro del Parlamento, el Comité Consultivo tenía que trabajar con la mayor confidencialidad y sus trabajos eran secretos. A su juicio, para garantizar que todos los intervinientes, especialmente los testigos, se expresaran con libertad, la AFCC no podía comunicar dichos documentos a HF.
14.

El 5 de julio de 2012, la Administración tributaria interpuso recurso de casación ante el Hof van Cassatie (Tribunal de Casación, Bélgica). Mediante sentencia de 31 de octubre de 2014, el Hof van Cassatie (Tribunal de Casación) anuló la sentencia del Hof van Beroep te Gent (Tribunal de Apelación de Gante) basándose en que resulta contradictorio afirmar, por un lado, que la recurrente no puede invocar el artículo 44, apartado 2, punto 1 bis, del Código del IVA, puesto que Infohos presta servicios no solo a sus miembros sino también a no miembros, lo cual implica que se le atribuye la condición de sujeto pasivo en su integridad, y, por otro lado, que Infohos puede invocar la condición de sujeto pasivo mixto en el sentido del artículo 46 del Código del IVA, para acogerse a la exención de los servicios prestados a sus miembros, en proporción a los servicios prestados a personas no miembros, con el derecho a deducción limitado a los servicios sujetos al impuesto prestados a personas no miembros.
46.

Procede comenzar señalando que la circunstancia, puesta de manifiesto por el BCE y la Comisión, ( 22 ) de que CMA no propusiera una excepción de ilegalidad del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS habida cuenta del artículo 127 TFUE, apartado 6, o del Reglamento MUS no afecta a la alegación formulada por CMA. En efecto, como esta ha puesto claramente de manifiesto, su alegación se basa en un error en la interpretación del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS efectuada por el Tribunal General, en cuanto esta interpretación, a su parecer, no es conforme con la norma de Derecho superior contenida en el TFUE. En cambio, CMA no alega que el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS sea incompatible con dicha norma de Derecho superior. Se trata, por tanto, sin duda, de una alegación concerniente a la interpretación del artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS, y no a su validez. Pues bien, la posibilidad de formular este tipo de alegación no está en modo alguno supeditada a la proposición de una excepción de ilegalidad.
72.

Ciertamente, este artículo no se opone a que el derecho de la Unión conceda una protección más amplia que la del CEDH. ( 43 ) No obstante, opino que en el caso de autos no concurren los presupuestos materiales requeridos a tal fin. Actualmente, no hay ninguna disposición que regule las condiciones de reclusión en la Unión y no corresponde al Tribunal de Justicia formular normas cuantitativas, ni siquiera de carácter mínimo, sobre el espacio personal del que debe disfrutar un recluso. Esta tarea no forma parte de sus funciones, sino de las del legislador. Además, ha de reconocerse que el Tribunal de Justicia no tiene, hoy por hoy, la pericia necesaria para este cometido, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de los demás órganos del Consejo de Europa, que poseen una particular pericia en el ámbito de los sistemas penitenciarios y conocimientos prácticos de las condiciones de reclusión en los Estados, gracias a los litigios que se plantean ante aquel o de los informes y las visitas sobre el terreno de los que se encarga este.
82.

En particular, en el asunto CFE sería preciso comprobar si la inclusión de tipos de hábitats y especies de interés regional en la protección del lugar en virtud de los artículos 8 y 9 y del anexo 4 del Decreto modificó en grado suficiente el marco para la autorización de proyectos. Su protección no se deduce de la Directiva sobre los hábitats, sino únicamente de la legislación de la Región de Bruselas-Capital. Asimismo, para la inclusión del lugar en la lista comunitaria es irrelevante que figuren los hábitats y las especies correspondientes. Por lo tanto, no se puede excluir que, antes de la designación de la zona especial de conservación, la correspondiente propuesta no incluyese aún la protección de dichos tipos de hábitats y especies.
31.

Me pregunto en qué medida, al aceptar que el Consejo pueda invocar estos datos y elementos de prueba con posterioridad a la manifestación de la conducta reprochada, el Tribunal General no debería haber tomado también en cuenta, para no arriesgarse a ser criticado por aplicar un doble criterio, como aduce HTTS, los acontecimientos que afectaron a HTTS después de 2010. Pues bien, a este respecto, ha de señalarse que el Reglamento n.o 961/2010 fue anulado, en la medida en que la concernía, por el Tribunal General en la sentencia de 7 de diciembre de 2011, HTTS/Consejo, debido al incumplimiento de la obligación de motivación. ( 32 ) No obstante, como el Tribunal General no excluyó que la inclusión pudiese estar justificada en cuanto al fondo, decidió mantener los efectos del Reglamento ilegal durante dos meses. ( 33 ) El 23 de marzo de 2012, el Reglamento (UE) n.o 267/2012 ( 34 ) derogó el Reglamento n.o 961/2010, con arreglo al cual HTTS fue nuevamente incluida en las listas mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 54/2012, ( 35 ) si bien dicha inclusión de HTTS se mantuvo con base en los mismos motivos que en el marco del Reglamento de Ejecución n.o 54/2012. El Tribunal General anuló, con efecto de 22 de agosto de 2013, esta permanencia, mediante su sentencia de12 de junio de 2013, HTTS/Consejo ( 36 ) en la que censuró el hecho de que el Consejo no dispusiera de pruebas concretas y el error manifiesto de apreciación cometido por esta institución. El 15 de noviembre de 2013, el Consejo volvió a incluir a HTTS en las listas mediante la adopción del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1154/2013. ( 37 ) El Tribunal General anuló este Reglamento de Ejecución en la medida en que afectaba a la recurrente por falta de fundamentación de su inclusión. Al pronunciarse sobre la solicitud del Consejo de mantener en el tiempo los efectos del acto anulado, el Tribunal General desestimó esta solicitud, en particular, debido a que «el modo en que el Consejo trató los expedientes de las demandantes en el ámbito administrativo se caracteriza[ba] por la falta de diligencia». ( 38 ) El Tribunal General puso de relieve el hecho de que se trataba de la tercera sentencia de anulación consecutiva referente a HTTS. ( 39 ) Esta última sentencia se dictó el 18 de septiembre de 2015 y el recurso de indemnización interpuesto por HTTS ante el Tribunal General data, por su parte, del 25 de noviembre de 2015, de modo que las tres sentencias de anulación dictadas por el Tribunal General y la constatación última relativa a la falta de diligencia del Consejo podrían asimismo haber constituido pruebas confirmatorias de la existencia de un incumplimiento manifiesto y grave del Consejo desde la primera inclusión en las listas mediante las medidas controvertidas, si la lógica seguida por el Tribunal General en la sentencia recurrida debiese aplicarse igualmente en beneficio de la recurrente.
120.

En aras de la exhaustividad, he de añadir que la argumentación expuesta ante el Tribunal de Justicia en el sentido de que, cuando la orden de detención europea se ha emitido exclusivamente en relación con la pena principal y la decisión de entrega solo se refiere a dicha pena, el Estado emisor solo puede ejecutar la pena principal no encuentra fundamento jurídico alguno en la Decisión Marco. Me parece que esta argumentación está basada en una óptica de extradición y de soberanía nacional, en la que el Estado requirente no puede ir más allá de los elementos cubiertos por el consentimiento del Estado requerido. Ahora bien, en el contexto del espacio de libertad, seguridad y justicia, conformado por la confianza mutua, ya no se trata de poner en contacto a dos Estados soberanos, el requirente y el requerido, que actúan desde posiciones autónomas. ( 57 ) Se trata, por el contrario, de cooperar de buena fe con el fin de alcanzar los objetivos de la Decisión Marco que convergen en la entrega rápida y eficaz de las personas buscadas.
73.

De acuerdo con la versión alemana del artículo 13, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2008/50, los Estados miembros se asegurarán de que, «überall in ihren Gebieten und Ballungsräumen», los niveles de dióxido de azufre, PM10, plomo y monóxido de carbono en el aire ambiente no superen los valores límite establecidos en el anexo XI. Esta formulación podría entenderse en el sentido de que esos límites deben respetarse en todos los puntos, es decir, no pueden sobrepasarse en ningún lugar. Por lo tanto, el que se sobrepasen los valores en un punto de muestreo ya constituiría una infracción de dicha disposición. La versión inglesa utiliza la expresión «throughout their zones and agglomerations» y, por lo tanto, tiene un contenido similar.
3.

Según el órgano jurisdiccional remitente, las disposiciones pertinentes del Derecho nacional se recogen en los siguientes instrumentos jurídicos, en su versión vigente en el momento de autos: la Elektros energijos įstatymas, n.o VIII 1881 (Ley de la Electricidad, n.o VIII 1881), de 20 de julio de 2000; la Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo n.o XI 1375 (Ley de la República de Lituania de Fuentes de Energía Renovables, n.o XI 1375), de 12 de mayo de 2011; la Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymas n.o XI 2052 (Ley de la República de Lituania de integración del sistema de electricidad en los sistemas europeos de electricidad, n.o XI 2052), de 12 de junio de 2012; la Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas n.o XII 169 (Ley de la República de Lituania por la que se aplica la Ley de modificación de los artículos 2, 11, 13, 14, 16, 20 y 21 de la Ley de fuentes de energía renovables, n.o XII 169), de 17 de enero de 2013, y las normas de desarrollo de dichas leyes; en particular, la Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo n.o 916 dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Resolución n.o 916 del Gobierno de la República de Lituania por la que se aprueba el procedimiento de prestación de servicios de interés público en el sector de la electricidad), de 18 de julio de 2012, y la Vyriausybės Nutarimas n.o 1157 «Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas» (Resolución n.o 1157 del Gobierno, por la que se establece el procedimiento de administración de fondos para los servicios de interés público en el sector de la electricidad), de 19 de septiembre de 2012 (en lo sucesivo, «legislación nacional pertinente»).
93.

Es cierto que, conforme a reiterada jurisprudencia, una vulneración de los derechos procesales, en particular del derecho a ser oído, solo justifica la anulación de una decisión adoptada al término de un procedimiento si este hubiera podido llevar a un resultado diferente de no concurrir tal irregularidad. ( 51 ) No ocurre así, en particular, cuando la Administración carece de margen alguno de discrecional sobre la decisión que se ha de adoptar al término del procedimiento.
48.

En efecto, la protección efectiva de la competencia en la Unión Europea, que tiene debidamente en cuenta los derechos de las empresas que operan en el mercado interior, puede lograrse sin sujeción al requisito de la identidad del interés jurídico protegido. De hecho, sobre la base del doble requisito basado en la identidad de los hechos y la unidad del autor, el principio non bis in idem no haría sino evitar que varias autoridades de competencia sancionen las consecuencias (reales o potenciales) derivadas de una determinada manera de proceder respecto a un mismo territorio y a un mismo período de tiempo dentro de la Unión Europea. Por el contrario, no impediría que varias autoridades de competencia enjuicien o sancionen restricciones de la competencia derivadas de un mismo hecho en territorios o períodos de tiempo diferentes. ( 30 )
19.

El artículo 64, apartados 1 a 3, de dicha Ley dispone: «1. Los vehículos no homologados únicamente podrán circular con sujeción a las siguientes condiciones: 1) que obtengan un permiso de circulación para vehículos no homologados de la categoría correspondiente, expedido por la autoridad competente mediante decisión administrativa […]; 2) que cumplan las condiciones de circulación establecidas en permiso mencionado en el punto 1; 3) que el vehículo no homologado sea conducido por un piloto [ ( 21 )] cuando las dimensiones del vehículo excedan alguno de los límites siguientes: a) longitud: 23 m; b) ancho: 3,2 m; c) altura: 4,5 m; d) peso total real: 60 t; 4) que el conductor del vehículo no homologado sea particularmente vigilante. 2. Queda prohibido el transporte en vehículos no homologados de cargas que no sean indivisibles, a excepción de los vehículos no homologados autorizados a circular en virtud de un permiso de la categoría I o II. 3. Las dimensiones, el peso y el peso por eje de los vehículos no homologados autorizados a circular en virtud de un permiso de las categorías I a VII y las carreteras por las que estos pueden circular se especifican en el cuadro [ ( 22 )] del anexo 1 de la presente Ley.»
47.

La IRU imprime los cuadernos TIR y las asociaciones garantes los distribuyen a los transportistas, que mencionan en ellos una serie de informaciones, en particular, sobre las mercancías transportadas. Cada cuaderno TIR está compuesto de un juego de hojas que comprende un par de ejemplares (números 1 y 2). Al principio de la operación de transporte, la aduana de partida comprueba la carga, en especial, que concuerde con las mercancías declaradas en el cuaderno TIR, y luego la precinta. A continuación, anota la primera hoja del cuaderno TIR, que le ha sido presentado por el usuario, separa el ejemplar n.o 1, visa la matriz correspondiente y le devuelve el cuaderno. Al salir del territorio, la aduana de paso comprueba el estado de los precintos, separa el ejemplar n.o 2, visa la matriz correspondiente y devuelve el cuaderno TIR a su usuario. Luego transmite el ejemplar n.o 2 a la aduana de partida, que entonces comprueba que concuerde con el ejemplar n.o 1. Cuando el ejemplar n.o 2 no contiene ninguna reserva sobre la regularidad de la operación TIR, esta se liquida de manera regular en el territorio atravesado. En cambio, cuando el ejemplar n.o 2 contiene reservas o no se recibe en la aduana de partida, la operación TIR se considera irregular en el territorio de que se trate. En dicho caso, las autoridades aduaneras de dicho territorio pueden reclamar el pago de los derechos y tributos devengados por dicha circunstancia. Este procedimiento se repite en el territorio de cada país atravesado, salvo entre los Estados miembros de la Unión, porque constituyen un solo y único territorio aduanero. ( 33 )
45.

En el asunto Martin Meat, ( 13 ) el Tribunal de Justicia impartió orientaciones adicionales, en particular, sobre el segundo requisito antes citado. Asimismo, aclaró los elementos que podrían indicar que el servicio (transfronterizo) prestado constituía un suministro de mano de obra en lugar de un desplazamiento en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra a), de la Directiva. El Tribunal de Justicia declaró a este respecto que ha de tenerse en cuenta, en particular, todo elemento apropiado para indicar que el proveedor de los servicios no carga con las consecuencias de la ejecución no conforme de la prestación estipulada en el contrato. En concreto, si el proveedor de servicios está obligado a la buena ejecución de la prestación estipulada en el mencionado contrato, en principio es menos probable que se trate de un suministro de mano de obra que si no está obligado a cargar con las consecuencias de la ejecución no conforme de dicha prestación. ( 14 )
115.

La República Helénica rebate los coeficientes de gravedad y de duración de la infracción establecidos por la Comisión. A este respecto, alega que la Comisión no ha tenido en cuenta una serie de elementos que atenúan la gravedad de la infracción, como el hecho de que EN no tuviera ninguna actividad civil desde 2010 y, por tanto, no ejerciera ninguna presión competitiva sobre otras empresas del sector naval. Asimismo, hace referencia a las diversas dificultades con que se topó al ejecutar la Decisión 2009/610, entre las que destaca la decisión del tribunal arbitral de la CCI de 27 de junio de 2017. ( 47 ) Por último, rechaza la supuesta repetición del comportamiento infractor por su parte en el ámbito de las ayudas de Estado. Por estos motivos, considera que los coeficientes de gravedad y de duración no pueden ser superiores a «1».
38.

Ha de subrayarse que el hecho de que DPAS no sea una entidad financiera no basta para excluir los servicios prestados por esta empresa del ámbito de aplicación de la exención prevista en el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva IVA. Según reiterada jurisprudencia, las operaciones exentas en virtud de ese precepto se definen en función de la naturaleza de las prestaciones de servicios efectuadas, y no en función del prestador del servicio o del destinatario de este. ( 18 ) En este sentido, el Tribunal de Justicia ha considerado, en particular, que en dicha exención están comprendidos determinados servicios prestados en favor de fondos profesionales de pensiones que implican, en particular, la gestión de las cuentas individuales de los trabajadores y de las cotizaciones pagadas por los empresarios. ( 19 )