1.

Es pertinente, en primer lugar, examinar la excepción formulada por el Gobierno italiano y según la cual la Comisión, en el presente caso, carece de legitimación procesal, por lo que el recurso debe ser declarado inadmisible. A este respecto el Gobierno italiano ha recordado, por una parte, que la cláusula objetada por la Comisión figuraba en una ley de autorización de gastos cuyo período de validez era sólo de dos años, a saber 1982 y 1983. En el curso de dicho período no se hizo efectivo el pago de ninguna subvención de las que trata el presente asunto y no resulta posible el pago de subvención alguna tras la expiración del período de validez de la ley, de tal suerte que se puede afirmar que la misma no ha tenido efecto. Por otra parte, procede resaltar que se elaboró un nuevo proyecto de ley para el período siguiente, que no contiene la cláusula litigiosa; no cabe, pues, esperar una repetición de la medida que la Comisión considera como contraria al Tratado. En mi opinión, estos argumentos no parecen particularmente convincentes. a) Es preciso partir de la idea, y el tenor del artículo 169 del Tratado CEE no permite albergar ninguna duda a este respecto, que incluso las infracciones del Tratado cometidas en el pasado y plenamente consumadas, pueden ser objeto de un procedimiento de infracción. No se puede, en efecto, renunciar a dicho procedimiento porque, habida cuenta de la duración del procedimiento previo establecido por el artículo 169, en numerosos casos sería imposible el control jurisdiccional de aquellas leyes que tengan un breve período de validez. Es, por tanto, primordial para determinar la admisibilidad de un recurso, y ello se desprende igualmente del artículo 169, que el Estado miembro en cuestión no haya adoptado, en el plazo previsto, las medidas que se le han indicado en el dictamen motivado de la Comisión (cf. sentencia dictada en el asunto 52/84 ( 1 )). Esto es lo que efectivamente se produjo en el presente caso y tampoco se puede ignorar, a este respecto, el hecho de que el dictamen motivado fuera emitido durante el período de validez de la ley impugnada, así como que el Gobierno italiano debía, igualmente, adoptar medidas en el curso de dicho período. b) Por otra parte, por lo que respecta a la aplicación práctica de la ley n° 308, ha llegado a nuestro conocimiento, en respuesta a preguntas formuladas al respecto, que, durante su período de validez, se presentaron once solicitudes por parte de municipios interesados. En nueve de estos casos, se trataba, aparentemente, de meras declaraciones de intención que no tuvieron consecuencias ulteriores, pero hubo, igualmente, dos solicitudes formales que fueron simplemente «archivadas» porque no adjuntaban una documentación completa. Así pues, al no haber sido archivadas definitivamente dos de las solicitudes, difícilmente se puede afirmar que la ley impugnada no producirá efecto alguno y que, por tanto, no hay interés en que se la declare contraria al Tratado. Además, no nos parece oportuno partir, en este contexto, de la idea de que puesto que la ley sólo podría ser aplicada en dos casos como máximo, la infracción del Tratado sería de alcance tan limitado que no justificaría el procedimiento jurisdiccional. Si el asunto se contempla, como de hecho procede hacerlo, a la luz de la situación existente en el momento en que se inició el procedimiento, se puede comprobar que la cantidad de dinero destinada, a la sazón, a las subvenciones, y que hubiese permitido la compra de varios cientos de vehículos, ( 2 ) podría haber tenido un efecto significativo en el comercio entre los Estados miembros y no se podría albergar ninguna duda sobre la pertinencia de un procedimiento por infracción del Tratado. c) Finalmente, en relación con el proyecto de ley relativo al período 1984-1986, debe ponerse de relieve que no es del todo seguro, puesto que el procedimiento legislativo no ha llegado todavía a su fin, que se mantenga la renuncia prevista a la condición objetada por la Comisión. Además, es importante poner de relieve que, como se desprende de este procedimiento, el Gobierno italiano no ha alterado su punto de vista de que las normas aquí enjuiciadas no son contrarias al Tratado. Por tanto, es perfectamente posible, aunque sea en un contexto diferente, que medidas tales como las que contiene la ley n° 308 sean adoptadas de nuevo, es decir, que existe una posibilidad real de que se produzca de nuevo un incumplimiento del Tratado. d) Todo lo anterior me lleva a la conclusion de que si era necesario probar que existía legitimación procesal a los fines de iniciar un procedimiento de conformidad con el artículo 169 del Tratado CEE, ello ha quedado suficientemente probado en el presente caso y, por tanto, el recurso no puede ser rechazado como inadmisible.