Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 11 de marzo de 1999. - Thyssen Stahl AG contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Tratado CECA - Competencia - Acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas - Fijación de precios - Reparto de mercados - Sistemas de intercambio de información. - Asunto T-141/94.



Recopilación de Jurisprudencia 1999 página II-00347



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

1 CECA - Prácticas colusorias - Procedimiento administrativo - Principio de la investigación de oficio - Obligación de instrucción que incumbe a la Comisión - Límites

(Tratado CECA, art. 65)

2 CECA - Prácticas colusorias - Procedimiento administrativo - Respeto de los derechos de defensa - Obligación de reanudar los debates al término de una investigación interna posterior a la audiencia de los interesados - Inexistencia

(Tratado CECA, arts. 36, párr. 1, y 65)

3 CECA - Prácticas colusorias - Procedimiento administrativo - Paralelismo entre el pliego de cargos y la Decisión por la que se señala una infracción - Respeto de los derechos de defensa

(Tratado CECA, art. 15)

4 Actos de las Instituciones - Procedimiento de elaboración - Decisión de la Comisión - Obligación que incumbe a la Junta de Comisarios - Correspondencia entre la Decisión adoptada y la notificada

5 Actos de las Instituciones - Reglamento interno de la Comisión - Autenticación de los actos adoptados - Documentos «incorporados como anexo» al acta - Concepto

(Reglamento interno de la Comisión de 1993, art. 16, párr. 1)

6 CECA - Prácticas colusorias - Prohibición - Infracción - Prueba

(Tratado CECA, art. 65)

7 CECA - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Concepto - Concurso de voluntades sobre el comportamiento que debe adoptarse en el mercado

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1; Tratado CE, art. 85, ap. 1)

8 CECA - Prácticas colusorias - Prácticas concertadas - Concepto - Coordinación y cooperación incompatibles con la obligación de cada empresa de determinar de modo autónomo su comportamiento en el mercado - Sistema de intercambio de información

[Tratado CECA, arts. 4, letra d), y 65, ap. 1; Tratado CE, art. 85, ap. 1]

9 CECA - Prácticas colusorias - Perjuicio a la competencia - Objeto contrario a la competencia - Comprobación suficiente

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1; Tratado CE, art. 85, ap. 1)

10 CECA - Artículo 65 del Tratado - Interpretación - Protección de la competencia residual

(Tratado CECA, art. 65)

11 CECA - Precios - Listas de precios - Obligación de publicidad - Objeto - Compatibilidad con la prohibición de las prácticas colusorias

(Tratado CECA, arts. 60 y 65, ap. 1)

12 CECA - Prácticas colusorias - Prohibición - Sistema de intercambio de información - Influencia notable en el comportamiento de las empresas participantes - Carácter contrario a la libre competencia

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1)

13 CECA - Prácticas colusorias - Acuerdos de fijación de precios - Fomento por parte de la Comisión - Existencia de un malentendido sobre el alcance de ese fomento - Consecuencias

(Tratado CECA, art. 65, ap. 1)

14 CECA - Prácticas colusorias - Prohibición - Justificación - Tolerancia o laxitud de la Comisión - Improcedencia

(Tratado CECA, art. 65, aps. 1 y 4)

15 Recurso de anulación - Motivos - Desviación de poder - Concepto - Decisión por la que se imponen multas por infracción de las normas sobre la competencia - Inexistencia salvo circunstancias excepcionales

(Tratado CECA, arts. 3, 4, 33 y 65, aps. 1 y 5)

16 Actos de las Instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas por infracción de las normas sobre la competencia - Carácter deseable de la comunicación del método de cálculo de la multa

(Tratado CECA, arts. 15 y 65, ap. 1)

17 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Circunstancias agravantes - Reincidencia - Concepto

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

18 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Situación económica difícil de la empresa afectada - Consideración - Obligación - Inexistencia

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

19 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Consideración de los efectos de la infracción contrarios a la libre competencia - Límites

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

20 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Posibilidad de elevar el nivel de las multas

(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)

21 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Fijación de la multa por el Juez comunitario - Facultad jurisdiccional plena

(Tratado CECA, art. 36, párr. 2)

22 CECA - Prácticas colusorias - Multas - Intereses debidos en caso de pago aplazado - Incidencia de un recurso jurisdiccional - Inexistencia

(Tratado CECA, art. 39)

Índice

1 Habida cuenta del principio de la investigación de oficio, cuando la Comisión se ve ante alegaciones que son ciertamente importantes para la defensa de las empresas afectadas por un procedimiento de aplicación del artículo 65 del Tratado CECA, alegaciones según las cuales uno de sus servicios indujo a dichas empresas a aplicar las prácticas que les son imputadas, y de este modo se encuentra, en lo que se refiere al comportamiento de sus propios servicios, en una posición privilegiada, en comparación con dichas empresas, para demostrar si tales alegaciones eran ciertas o falsas, según los principios de buena administración y de igualdad procesal, la Comisión está obligada a instruir este aspecto del expediente de forma seria, con el fin de determinar hasta qué punto son o no fundadas las alegaciones de que se trate. No obstante, corresponde a la Comisión, y no a dichas empresas, decidir la manera de proceder a tal instrucción.

2 En el marco de un procedimiento de aplicación del artículo 65 del Tratado CECA, la garantía de los derechos de defensa que ofrece el párrafo primero del artículo 36 del Tratado no exige que la Comisión responda a todos los motivos de las empresas interesadas, efectúe investigaciones suplementarias o proceda al examen de testigos indicados por los interesados, cuando considera que la instrucción del asunto ha sido suficiente.

Cuando la audiencia de las empresas afectadas les haya proporcionado la ocasión de exponer detalladamente su postura, el mero hecho de que dichas empresas hayan presentado ciertos documentos después de esa audiencia y de que la Comisión decida después abrir una investigación interna no puede, por sí mismo, obligarla a reanudar los debates al término de dicha investigación.

En tal supuesto, los derechos de defensa de las empresas afectadas son suficientemente respetados cuando la Comisión les informa de los resultados de dicha investigación indicando que los documentos facilitados por ellas no justifican que se celebre una segunda audiencia, y sus derechos procedimentales están suficientemente garantizados por la facultad de dichas empresas de interponer recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.

3 La reproducción textual, en una Decisión en la que se señala una infracción de las normas sobre la competencia, de algunos pasajes del pliego de cargos significa, en sí, únicamente que la Comisión mantuvo su punto de vista. Si no existen elementos de prueba pertinentes, tal paralelismo de textos no demuestra que la Comisión, en su apreciación del asunto, no tuviera debidamente en cuenta los argumentos presentados por el interesado para su defensa.

4 La parte dispositiva y la motivación de una decisión notificada a su destinatario o destinatarios deben corresponder a las de la decisión adoptada por la Junta de Comisarios, con excepción de las adaptaciones puramente ortográficas o gramaticales que aún pueden ser introducidas en el texto de un acto tras su adopción final por la Junta de Comisarios.

A este respecto, el hecho de que una decisión de este tipo haya sido adoptada en forma de dos documentos, el segundo de los cuales aporta algunas modificaciones al primero, algunas de ellas manuscritas, carece de pertinencia en la medida en que no ha podido detectarse ninguna diferencia material entre la versión de la decisión adoptada por la Junta de Comisarios y la notificada a sus destinatarios. Asimismo, el hecho de que en algunas versiones lingüísticas ambos documentos tengan una paginación incoherente o familias de caracteres distintos es irrelevante, dado que el elemento intelectual y el elemento formal de dichos documentos leídos conjuntamente corresponden a la versión de la decisión notificada a sus destinatarios.

5 La finalidad del párrafo primero del artículo 16 del Reglamento interno de la Comisión de 1993, según el cual «los actos adoptados en reunión o mediante procedimiento escrito se incorporarán, en la lengua o lenguas en las que sean auténticos, como anexos al acta de la reunión de la Comisión durante la que se hayan adoptado o durante la que se haya tomado nota de su adopción», es garantizar que la Comisión ha adoptado debidamente el acto tal como éste ha sido notificado al destinatario.

Dado que dicho artículo no define de qué manera los actos adoptados en reunión deben «incorporarse como anexo» al acta, a diferencia del mismo artículo 16 que, en una redacción posterior, prevé que los actos de que se trata se adjunten «de manera indisociable» al acta, debe presumirse que, cuando ésta ha sido recibida por el Tribunal de Primera Instancia acompañada de los documentos que constituyen el acto adoptado en un mismo receptáculo, tal como los agentes de la Comisión afirmaron haberla recibido del Secretario General, dichos documentos fueron «incorporados como anexo» al acta en el sentido de que fueron colocados junto a ésta, sin unirlos físicamente.

En tales circunstancias, y habida cuenta de la presunción de validez que corresponde a los actos comunitarios, dichos documentos deben considerarse, por tanto, autenticados por las firmas del Presidente y del Secretario General estampadas en la primera página de dicha acta.

6 La participación de una empresa en reuniones en las que se hayan llevado a cabo actividades anticompetitivas basta para demostrar su participación en dichas actividades, a falta de indicios que puedan demostrar lo contrario.

7 La voluntad común, expresada por unas empresas, de comportarse en un mercado de determinada manera en materia de precios constituye un acuerdo en el sentido del apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA. A este respecto, no hay ninguna razón para interpretar el concepto de «acuerdo», en el sentido del apartado 1 del artículo 65 del Tratado, de manera diferente al de «acuerdo» en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE.

8 El concepto de práctica concertada debe interpretarse teniendo en cuenta la finalidad del apartado 1 del artículo 65 y el marco jurídico del Tratado CECA. A este respecto, si bien el mercado del acero es un mercado oligopolístico, caracterizado por el régimen del artículo 60 del Tratado que garantiza, mediante la publicación obligatoria de las listas de precios y de las tarifas de transporte, la transparencia de los precios practicados por las diferentes empresas, la inmovilidad o el paralelismo de los precios resultantes no son, en sí, contrarios al Tratado cuando son el resultado no de un acuerdo, incluso tácito, entre los asociados, sino del juego en el mercado de las fuerzas y estrategias de unidades económicas independientes y opuestas. De ello se desprende que el concepto de que toda empresa debe determinar de manera autónoma la política que pretende seguir en el mercado, sin colusión con sus competidores, es inherente al Tratado CECA y especialmente a lo dispuesto en la letra d) del artículo 4 y en el apartado 1 del artículo 65.

La prohibición de las «prácticas concertadas» establecida en el apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA persigue, en principio, la misma finalidad que la prohibición paralela de las «prácticas concertadas» dispuesta en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. Su finalidad es, más concretamente, garantizar el efecto útil de la prohibición establecida en la letra d) del artículo 4 del Tratado comprendiendo, bajo sus prohibiciones, una forma de coordinación entre empresas que, sin llegar hasta la conclusión de un acuerdo propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia normal contemplada por el Tratado por una cooperación práctica entre ellas.

A este respecto, cuando una empresa revela a sus competidores, en una reunión en la que participan la mayor parte de ellos y que se sitúa en el marco de una concertación regular, cuál será su comportamiento futuro en el mercado en materia de precios, exhortándolos a adoptar el mismo comportamiento, y, por tanto, actúa con la intención expresa de influir en sus futuras actividades en el ámbito de la competencia y, cuando dicha empresa puede razonablemente contar con que sus competidores cumplirán en gran medida su petición o, por lo menos, con que la tendrán en cuenta al adoptar su propia política comercial, las empresas de que se trata sustituyen los riesgos de la competencia normal contemplada por el Tratado por una cooperación práctica entre ellas que debe calificarse de «práctica concertada» en el sentido del apartado 1 de su artículo 65.

Por otra parte, unas empresas se dedican a una práctica concertada, en el sentido de dicha disposición, cuando participan realmente en un mecanismo que tiende a eliminar la incertidumbre sobre su comportamiento futuro en el mercado y que implica, necesariamente, que cada una de ellas tenga en cuenta la información obtenida de sus competidores. Por tanto, no es necesario demostrar que los intercambios de información de que se trata hayan llevado a un resultado específico o a una puesta en práctica en el mercado de que se trate.

9 En la medida en que el apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA se refiere a prácticas colusorias que «tiendan a» falsear el juego normal de la competencia, esta expresión abarca la fórmula «tengan por objeto» que figura en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. Por tanto, no es necesario demostrar la existencia de un efecto negativo sobre la competencia para probar una infracción del apartado 1 del artículo 65 del Tratado.

10 Si bien es cierto que el carácter oligopolístico de los mercados contemplados por el Tratado CECA puede, en cierta medida, atenuar los efectos de la competencia, esta consideración no justifica una interpretación del artículo 65 que autorice comportamientos de empresas que reducen aún más la competencia, especialmente mediante actividades de fijación de precios. Habida cuenta de las consecuencias que puede tener la estructura oligopolística del mercado, es tanto más necesario proteger la competencia residual.

11 La publicidad obligatoria de las listas de precios prevista por el apartado 2 del artículo 60 del Tratado CECA tiene por objeto, en primer lugar, impedir, en la medida de lo posible, las prácticas prohibidas, en segundo lugar, permitir que los compradores se informen exactamente acerca de los precios y que participen también en el control de las discriminaciones y, en tercer lugar, permitir que las empresas conozcan exactamente los precios de sus competidores para que puedan ajustar su oferta a ellos.

El hecho de que las disposiciones del artículo 60 tiendan a restringir la competencia no impide que se aplique la prohibición de las prácticas colusorias prevista por el apartado 1 del artículo 65 del Tratado. En efecto, los precios que figuran en las listas deben ser fijados por cada empresa de manera independiente, sin acuerdo, ni siquiera tácito, entre ellas.

12 El apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA se basa en el concepto de que todo operador debe determinar de manera autónoma la política que quiera seguir en el mercado común.

Un sistema de intercambio de datos relativos a los pedidos y a las entregas efectuadas por los participantes en dicho sistema en los principales mercados de la Comunidad, desglosados por empresas y por Estados miembros, teniendo en cuenta la actualidad de esos datos, destinados únicamente a los productores participantes, con exclusión de los consumidores y de los demás competidores, el carácter homogéneo de los productos de que se trata y el grado de concentración del mercado, puede influir notablemente en el comportamiento de las empresas participantes y sustituye los riesgos normales de la competencia por una cooperación práctica entre ellas.

13 Ninguna disposición del Tratado CECA autoriza acuerdos anticompetitivos en materia de precios, y ni el Consejo, ni la Comisión, ni las empresas pueden ignorar las disposiciones del apartado 1 del artículo 65 del Tratado o eximirse de su obligación de observarlas.

De ello resulta que, aun suponiendo que los acuerdos sobre precios celebrados en la agrupación profesional Eurofer/Escandinavia se celebrasen en el marco de los actos que limitan los flujos comerciales celebrados entre, por un lado, la Comunidad y, por otro, Suecia, Noruega y Finlandia, y que la Comisión y/o las autoridades de dichos países los hubiesen fomentado o tolerado, por lo menos indirectamente, no por ello dichos acuerdos dejaban de infringir el apartado 1 del artículo 65 del Tratado en la medida en que fijaban precios en el mercado danés.

14 Las disposiciones del apartado 4 del artículo 65 del Tratado CECA, que declaran «nulos de pleno derecho» los acuerdos o decisiones prohibidos en virtud del apartado 1, tienen un contenido objetivo y se imponen tanto a las empresas como a la Comisión, que no puede eximir de ellas a estas últimas. En tales circunstancias, una tolerancia o un laxismo administrativo no puede afectar al carácter de infracción de un comportamiento contrario a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 65 del Tratado.

Esto es así especialmente cuando la tolerancia en cuestión, suponiendo que haya sido demostrada, emana de la Dirección General de la Comisión encargada de los asuntos industriales, y no de la encargada de los asuntos de competencia. Si unas empresas tienen la menor duda sobre la legalidad de sus comportamientos, les incumbe ponerse en contacto con los servicios encargados de la competencia para aclarar la situación.

15 Una Decisión sólo está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada con el fin exclusivo o, al menos, determinante de conseguir otros fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso.

En materia de competencia, la investigación y la represión de las infracciones constituyen un objetivo legítimo de la acción de la Comisión, de conformidad con las disposiciones fundamentales de los artículos 3 y 4 del Tratado CECA. Siempre que la prueba de tales infracciones sea efectivamente aportada y que se demuestre que las multas han sido calculadas de manera objetiva y proporcionada, la Decisión por la que se imponen tales multas, con arreglo al apartado 5 del artículo 65 del Tratado, sólo puede considerarse viciada de desviación de poder en circunstancias excepcionales.

A este respecto, ni la coexistencia de negociaciones paralelas entre la Comisión y la industria sobre la reestructuración de la siderurgia europea, ni la «coincidencia» entre el fracaso de esas negociaciones y la adopción de una Decisión que señala infracciones de las normas sobre la competencia por parte de las principales empresas del sector constituyen, por sí solas, un indicio de desviación de poder.

16 La motivación prescrita por el artículo 15 del Tratado CECA debe, por una parte, permitir al interesado conocer la justificación de la medida adoptada para, en su caso, hacer valer sus derechos y comprobar si la decisión está o no fundada y, por otra parte, permitir al órgano jurisdiccional comunitario ejercer su control de legalidad. En lo que respecta a una Decisión por la que se imponen multas a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias de la competencia, el alcance de esa obligación de motivación debe apreciarse especialmente a la luz del hecho de que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente. Además, al fijar el importe de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación y no puede considerarse obligada a aplicar, a este efecto, una fórmula matemática precisa.

Es deseable que las empresas -para poder decidir con pleno conocimiento de causa qué postura adoptar- puedan conocer detalladamente, del modo que la Comisión considere oportuno, el método de cálculo de la multa que les haya sido impuesta, sin verse obligadas a presentar un recurso jurisdiccional contra dicha Decisión para conseguirlo.

Esto es así máxime cuando la Comisión ha utilizado fórmulas aritméticas detalladas a efectos del cálculo de las multas. En tal caso, es deseable que las empresas afectadas y, si fuere necesario, el Tribunal de Primera Instancia puedan controlar que el método utilizado y las etapas seguidas por la Comisión están exentos de errores y son compatibles con las disposiciones y principios aplicables en materia de multas, y especialmente con el principio de no discriminación.

No obstante, la presentación por la Comisión durante el procedimiento, a petición del Tribunal de Primera Instancia, de los datos numéricos relativos al cálculo de las multas no constituye una motivación suplementaria y a posteriori de la Decisión por la que se imponen dichas multas, sino la expresión en cifras de los criterios enunciados en dicha Decisión cuando éstos, en sí mismos, pueden cuantificarse.

17 El concepto de «reincidencia», tal como se entiende en varios ordenamientos jurídicos nacionales, implica que una persona ha cometido nuevas infracciones después de haber sido sancionada por otras similares.

No puede tenerse en cuenta como circunstancia agravante, que justifique el incremento de una multa, la consideración de que la empresa de que se trate ha sido ya sancionada por infracciones similares en una Decisión anterior, siempre y cuando dicha consideración se refiera a infracciones cometidas antes de la adopción de dicha Decisión.

18 A la hora de determinar el importe de las multas que han de imponerse a empresas siderúrgicas por infracción de las normas sobre la competencia, la Comisión tiene derecho, en principio, a tener en cuenta la difícil situación económica de dichas empresas, sin dejar de mantener las multas a un nivel que le parezca adecuado. No obstante, el reconocimiento de una obligación que exige a la Comisión tener en cuenta la situación económica deficitaria de una empresa equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado.

19 En la medida en que, para constatar una infracción del apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA, no es necesario demostrar que el comportamiento de que se trate ha tenido un efecto anticompetitivo, el efecto que un acuerdo o una práctica concertada haya podido tener sobre el juego normal de la competencia no es un criterio determinante para la apreciación del importe adecuado de la multa. Unos factores que forman parte del aspecto intencional, y, por tanto, del objeto de un comportamiento, pueden, efectivamente, ser más importantes que los relativos a sus efectos, sobre todo cuando se trata de infracciones intrínsecamente graves, tales como la fijación de los precios y el reparto de los mercados.

No obstante, la apreciación de los efectos de una infracción puede ser pertinente, en materia de multas, cuando la Comisión se base expresamente en un efecto y no llegue a demostrarlo o a dar buenas razones para tenerlo en cuenta.

Cuando la Comisión hace que unas empresas intercambien sus puntos de vista sobre la situación económica del mercado y las tendencia futuras, especialmente en materia de precios, los efectos de las infracciones no pueden determinarse comparando la situación resultante de los acuerdos restrictivos de la competencia celebrados por dichas empresas con la que habría existido si no se hubiesen puesto en contacto entre ellas, sino comparando dicha situación con la prevista y aceptada por la Comisión.

20 El hecho de que la Comisión haya sancionado, en el pasado, con multas de cierto nivel determinados tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar ese nivel dentro de los límites indicados en el apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA si ello es necesario para garantizar la eficacia de la política comunitaria de la competencia.

21 Por su naturaleza, la fijación de una multa por el Tribunal de Primera Instancia, en el marco del ejercicio de su facultad de plena jurisdicción, no es una operación aritmética precisa. Por otra parte, este Tribunal no está vinculado por los cálculos de la Comisión, sino que debe efectuar su propia apreciación, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.

22 Según el artículo 39 del Tratado CECA, los recursos interpuestos ante el Tribunal no tienen efecto suspensivo. De ello se deduce que la Comisión no puede estar obligada a tratar de la misma manera a una empresa que, haya o no interpuesto recurso, cumpla con el plago de la multa en su fecha normal de exigibilidad, si fuera necesario utilizando los modos de pago por tramos al tipo de interés preferencial que puede haberle ofrecido la Comisión, y a una empresa que prefiera aplazar dicho pago hasta el pronunciamiento de una sentencia definitiva. Salvo circunstancias excepcionales, la aplicación de intereses de demora al tipo normal debe considerarse justificada en este último caso.

Partes

En el asunto T-141/94,

Thyssen Stahl AG, sociedad alemana, con domicilio social en Duisburg (Alemania), representada, en la fase escrita, por los Sres. Jochim Sedemund y Frank Montag, y, en la fase oral, por el Sr. Montag y por la Sra. Barbara Balke, Abogados de Colonia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May, 32, Grand Rue,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por los Sres. Julian Currall y Norbert Lorenz, miembros del Servicio Jurídico, y por el Sr. Géraud Sajust de Bergues, funcionario nacional adscrito a la Comisión, y posteriormente por los Sres. Jean-Louis Dewost, Director General del Servicio Jurídico, Julian Currall y Guy Charrier, funcionario nacional adscrito al servicio de la Comisión, en calidad de Agentes, asistidos por el Sr. Hans-Joachim Freund, Abogado de Francfort, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto principal que se anule la Decisión 94/215/CECA de la Comisión, de 16 de febrero de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de vigas (DO L 116, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Sala Segunda ampliada),

integrado por los Sres.: C.W. Bellamy, en funciones de Presidente, A. Potocki y J. Pirrung, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, Administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista los días 23, 24, 25, 26 y 27 de marzo de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

Hechos que originaron el recurso

A. Observaciones preliminares

1 El presente recurso tiene por objeto la anulación de la Decisión 94/215/CECA de la Comisión, de 16 de febrero de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de vigas (DO L 116, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión»), mediante la cual la Comisión afirmó que diecisiete empresas siderúrgicas europeas y una de las asociaciones profesionales de éstas habían participado en una serie de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de fijación de precios, reparto de mercados e intercambio de información confidencial sobre el mercado comunitario de vigas, en contra de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA, e impuso multas a catorce empresas de ese sector por infracciones cometidas entre el 1 de julio de 1988 y el 31 de diciembre de 1990.

2 La demandante es la más importante filial productora de acero del grupo Thyssen. En 1989/1990, su volumen de negocios era de 8.241 millones de DM. En 1990, sus ventas de vigas en la Comunidad llegaron a 187,5 millones de DM, es decir, a 91 millones de ECU.

3 Otros diez destinatarios de la Decisión, a saber, NMH Stahlwerke GmbH (en lo sucesivo, «NMH», asunto T-134/94), Eurofer ASBL (en lo sucesivo, «Eurofer», asunto T-136/94), ARBED SA (en lo sucesivo, «ARBED», asunto T-137/94), Cockerill-Sambre SA (en lo sucesivo, «Cockerill-Sambre», asunto T-138/94), Unimétal - Société française des aciers longs SA (en lo sucesivo, «Unimétal», asunto T-145/94), Krupp Hoesch Stahl AG (en lo sucesivo, «Krupp Hoesch», asunto T-147/94), Preussag Stahl AG (en lo sucesivo, «Preussag», asunto T-148/94), British Steel plc (en lo sucesivo, «British Steel», asunto T-151/94), Siderúrgica Aristrain Madrid, S.L. (en lo sucesivo, «Aristrain», asunto T-156/94), y Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. (en lo sucesivo, «Ensidesa», asunto T-157/94), interpusieron también sendos recursos ante el Tribunal de Primera Instancia.

4 Dado que los once asuntos fueron acumulados a efectos de la instrucción y de la fase oral mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de diciembre de 1997, en la presente sentencia se hará referencia a varios documentos presentados en los asuntos paralelos. Asimismo, como las demandantes en dichos asuntos formularon algunas alegaciones en la vista en el marco de un informe oral común, se hará referencia a las «demandantes».

B. Relaciones entre el sector siderúrgico y la Comisión entre 1970 y 1990

Crisis de los años setenta y creación de Eurofer

5 A partir de 1974, el sector siderúrgico europeo fue gravemente afectado por una caída de la demanda que creó problemas de exceso de oferta y capacidad y un bajo nivel de precios.

6 El 1 de enero de 1977, la Comisión aprobó, de conformidad con el artículo 46 del Tratado CECA, el denominado «Plan Simonet», en virtud del cual las empresas asumieron frente a la Comisión el compromiso voluntario y unilateral de adaptar sus niveles de entregas a los propuestos por la Comisión en los programas de previsiones que son publicados cada trimestre, con arreglo al número 2) del párrafo tercero del artículo 46 del Tratado. Este sistema resultó insuficiente para estabilizar el mercado, por lo que fue sustituido en 1978 por el «Plan Davignon», que combinaba los compromisos unilaterales y voluntarios con un régimen de precios indicativos y mínimos (Acuerdo denominado «Eurofer I»).

7 Los compromisos voluntarios unilaterales de las empresas para con la Comisión eran previamente discutidos entre ellas en la asociación profesional Eurofer, cuya creación en 1977 fue fomentada por la Comisión. En realidad, esta última se apoyó en gran medida en Eurofer para gestionar la crisis de la siderurgia, hasta el punto de que un escrito del miembro de la Comisión Sr. Davignon al presidente de Eurofer de 13 de julio de 1978 hace referencia a «la gestión en común de la anticrisis por la que han optado la Comisión y los productores» (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 2).

Régimen de cuotas establecido de 1980 a 1988

8 Como la situación del mercado siderúrgico continuó empeorando, la Comisión adoptó la Decisión nº 2794/80/CECA, de 31 de octubre de 1980, por la que se establece un régimen de cuotas de producción de acero para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 291, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión nº 2794/80»). Mediante dicha Decisión, la Comisión declaraba un estado de crisis manifiesta, en el sentido del artículo 58 del Tratado CECA, e imponía cuotas de producción obligatorias para la mayor parte de los productos siderúrgicos, incluidas las vigas.

9 Este régimen de crisis puede describirse de la manera siguiente. La Comisión fijaba un objetivo trimestral de producción comunitaria para las distintas categorías de productos y luego atribuía a cada empresa una cuota de producción, así como una cuota de entrega a escala comunitaria (cuotas «I»). Además, se acordaba asignar a cada empresa una cuota de entrega para cada uno de los mercados nacionales (cuotas «i»). Eurofer se encargaba del reparto de la cuota «I» de cada empresa en cuotas «i», en el marco de los acuerdos Eurofer II a Eurofer V. Si fuera necesario, la Comisión intervendría en caso de controversia entre empresas (véase el laudo arbitral dictado por el Sr. Davignon el 2 de junio de 1982 con respecto a las cuotas «i» de Italsider, anexo 3 del documento 11 de la demanda T-151/94).

10 También debe señalarse que los miembros de la Comisión Sres. Davignon y Andriessen, mediante escrito de 17 de enero de 1983 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 6), dirigieron a Eurofer una advertencia del siguiente tenor:

«La Comisión aprecia la cooperación que las empresas y sus asociaciones han aportado al éxito de las medidas anticrisis, incluso en materia de política de precios. Considera que dicha cooperación es un elemento esencial de su política siderúrgica y desea que continúe.

No obstante, señala a las asociaciones, y especialmente a Eurofer, el hecho de que éstas deben ejercer sus actividades respetando estrictamente el marco y los límites estipulados por el artículo 48 del Tratado CECA.

La Comisión desea precisar que no podrá aceptar que las empresas siderúrgicas o sus asociaciones anticipen o soslayen las Decisiones que la Comisión tome en la elaboración de la política de precios, y que las medidas que adopte y las Recomendaciones que formule en el marco de su política anticrisis se utilicen como pretexto para celebrar prácticas colusorias o para adoptar decisiones contrarias al Tratado. Tales prácticas o decisiones estarían comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 65, serían nulas de pleno Derecho y serían perseguidas por la Comisión.

[...]»

11 Mediante escrito de 8 de febrero de 1983, el presidente de Eurofer respondió a los Sres. Davignon y Andriessen en estos términos (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 7):

«Querríamos [...] recordarles que, en materia cuantitativa, los acuerdos de restricción de producción y de entregas fueron celebrados ante la insistente petición de la Comisión Europea y del Consejo. Su Comisión es informada de todos los detalles del funcionamiento de dichos acuerdos y estamos decididos a seguir actuando de este modo.

En materia de precios, la Comisión y el Consejo no han dejado de insistir en la necesidad de un aumento destinado a permitir a las empresas siderúrgicas obtener suficientes ingresos [...]

Su Comisión es informada escrupulosamente de todos los esfuerzos realizados para lograr el objetivo fijado por ella, y estamos decididos a seguir en esta línea en el futuro.

En tales circunstancias, contamos con que, si un día nuestra actividad pudiera ir más allá de la interpretación que la Comisión da a las disposiciones del Tratado de París, nos lo comunicarían inmediatamente.»

12 Al persistir el estado de crisis manifiesta, las medidas de cuotas adoptadas por la Comisión fueron prorrogadas y completadas en varias ocasiones, especialmente mediante la adopción de un sistema de precios mínimos para las vigas y otros productos, entre 1984 y 1986 (Decisión nº 3715/83/CECA de la Comisión, de 23 de diciembre de 1983, por la que se establecen precios mínimos para determinados productos siderúrgicos; DO L 373, p. 1; EE 13/15, p. 219). Además, la Comisión adoptó la Decisión nº 3483/82/CECA, de 17 de diciembre de 1982, relativa a la obligación que tienen las empresas de la Comunidad de declarar sus entregas de determinados productos siderúrgicos (DO L 370, p. 1; EE 13/14, p. 3; en lo sucesivo, «Decisión nº 3483/82»), que establecía un «sistema de vigilancia» en cuyo marco cada empresa estaba obligada a declarar sus suministros por país.

13 A principios de 1984, la Comisión reforzó el sistema de las cuotas adoptando la Decisión nº 234/84/CECA, de 31 de enero de 1984, por la que se prorroga el régimen de vigilancia y de cuotas de producción de determinados productos para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 29, p. 1; EE 13/15, p. 254; en lo sucesivo, «Decisión nº 234/84»). El noveno considerando de esta Decisión hace referencia a una Declaración del Consejo de 22 de diciembre de 1983, según la cual la estabilidad de los flujos tradicionales de los productos siderúrgicos dentro de la Comunidad «es un elemento esencial que debe preservarse para que la reestructuración del sector siderúrgico se efectúe en un contexto competitivo compatible con la solidaridad impuesta por el sistema de cuotas de producción». En consecuencia, el artículo 15 B de dicha Decisión prevé, en caso de que un Estado miembro presente una denuncia a este respecto, que la Comisión, tras verificar el fundamento de dicha denuncia, pida a las empresas que hayan causado las perturbaciones señaladas que se comprometan por escrito a compensar, durante el trimestre siguiente, el desequilibrio producido en sus entregas tradicionales. En caso de que una empresa no quisiera someterse a ese principio de solidaridad, la Comisión podrá reducir la parte de sus cuotas que puede entregarse en el mercado común.

14 La política de estabilidad de los flujos tradicionales y los esfuerzos para mantener los precios a un nivel aceptable han sido objeto de varios intercambios entre la Comisión y Eurofer, especialmente:

- una nota de Eurofer de 2 de julio de 1984, en la que figuran las explicaciones dadas en una reunión entre representantes de la Comisión y del sector siderúrgico, que se celebró en Bruselas el 27 de junio de 1984 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 8), la cual, en lo que respecta a la aplicación del artículo 15 B de la Decisión nº 234/84, precisa lo siguiente:

«La Comisión estableció el sistema del artículo 15 B en respuesta a la preocupación de los Gobiernos nacionales. Éste no puede sustituir de ninguna manera al sistema "i" del Acuerdo Eurofer IV. Por el contrario, la Comisión necesita a Eurofer para las estimaciones de mercado y para arreglar todos los detalles. Sin Eurofer, la Comisión se vería en graves dificultades [...] En general, la Comisión se interesa sólo en el análisis global de la situación, sin entrar en los detalles secundarios [...] En lo que respecta al futuro, la Comisión está dispuesta a considerar un sistema a base de cuotas, pero entonces necesitaría el apoyo total de Eurofer»;

- el acta de una reunión Comisión-Eurofer de 16 de diciembre de 1985, en la que participó el miembro de la Comisión Sr. Narjes (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 10), la cual, en lo que se refiere a los flujos tradicionales, indica lo siguiente:

«La Comisión expresó su profunda preocupación por los desarrollos recientes del mercado. Lamentó que aún no se hubiese celebrado el Acuerdo Eurofer V y recalcó la responsabilidad de los productores en lo que respecta a los precios [...] La Comisión exhortó a los participantes a reconsiderar las modalidades de cooperación entre ellos, dado que estima que Eurofer desempeñó una función esencial en la aplicación del artículo 58. La Comisión tiene la intención de definir los criterios de aplicación del artículo 15 B tan pronto como sea posible, con el fin de hacer frente a la situación en caso de que Eurofer fracasara, o de facilitar un arreglo privado»;

- el acta de una reunión entre el Sr. Narjes y Eurofer de 10 de marzo de 1986 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 13), la cual, a propósito del mercado español, indica:

«Narjes recordó la Decisión de la Comisión relativa a la limitación de las entregas a España [...] En lo que respecta al reparto de la carga, era favorable a un acuerdo interno entre los productores de Eurofer»;

- el acta de una reunión entre el Sr. Narjes y los delegados de Eurofer de 16 de mayo de 1986 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 14), que indica lo siguiente:

«La Comisión insistió en la necesidad de armonizar rápidamente los precios publicados en la Comunidad al mismo nivel y de evitar las diferencias entre los precios publicados y los precios del mercado. Las rebajas sectoriales deberían corresponder a la realidad. Se confirmó que la industria siderúrgica francesa estaba dispuesta a aumentar los precios, pero también que se necesitaba el apoyo, a este respecto, de quienes ya se habían introducido en el mercado. Eurofer expresó la esperanza de que el Acuerdo Eurofer V constituya la base adecuada de un restablecimiento general de los precios.»

15 En la misma época, la Comisión celebró una serie de acuerdos internacionales con el Reino de Suecia, el Reino de Noruega y la República de Finlandia, destinados a garantizar la estabilidad de los flujos tradicionales de intercambios entre estos países y la Comunidad (sistema denominado de «pactos»): véanse los escritos de la Comisión, presentados en la vista por las partes, dirigidos a las autoridades suecas el 4 de marzo de 1986, el 13 de febrero de 1987 y el 21 de enero de 1988, a las autoridades noruegas el 4 de marzo de 1986, el 11 de marzo de 1987 y el 10 de febrero de 1988 y a las autoridades finlandesas el 4 de marzo de 1986, el 10 de abril de 1987 y el 12 de febrero de 1988, intercambiados respectivamente en el marco del Acuerdo de 22 de julio de 1972 entre los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y el Reino de Suecia, por otra (DO 1973, L 350, p. 76; EE 11/05, p. 76), del Acuerdo de 14 de mayo de 1973 entre los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y el Reino de Noruega, por otra (DO 1974, L 348, p. 17; EE 11/05, p. 136), y del Acuerdo de 5 de octubre de 1973 entre los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y la República de Finlandia, por otra (DO 1974, L 348, p. 1; EE 11/05, p. 120).

16 Un pacto similar se aplicó al Reino de España, por un período transitorio de tres años, mediante el Protocolo nº 10 del Acta de adhesión. Así, la Comisión fijó, para cada uno de los años 1986, 1987 y 1988, el nivel de las entregas de productos siderúrgicos de origen español en los mercados comunitarios, excepto Portugal. La aplicación de dichas medidas transitorias específicas finalizó el 31 de diciembre de 1988.

Hechos anteriores al 30 de junio de 1988, fecha en que finalizó el régimen de crisis manifiesta

17 La Comisión preparó la salida del régimen de crisis y el retorno a condiciones normales de mercado, a partir de 1985. Un documento redactado por los servicios de la Dirección General Mercado interior y asuntos industriales de la Comisión (en lo sucesivo, «DG III») durante el año 1985 (documento III/534/FR, demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 5) recuerda: «El sistema de las cuotas se basaba en gran medida en el sistema voluntario que había sido gestionado por Eurofer» y señala: «[Es preciso] que antes de mediados del año próximo se celebre un acuerdo sobre el futuro, ya que, si esto no se hace, durante la segunda mitad del año habrá una batalla por las cuotas de mercado que podría tener efectos desastrosos sobre los precios y sobre los beneficios de las empresas.» Dicho documento termina diciendo: «Por tanto, Eurofer debe animarse a aceptar sus responsabilidades y a formular sus propuestas en cuanto a la manera en que la industria siderúrgica debería emerger de un período de protección para entrar en condiciones de libre mercado.»

18 En su Comunicación al Consejo sobre la introducción de un sistema de cuotas con arreglo al artículo 58 del Tratado CECA después del 31 de diciembre de 1985 [COM(85) 509, demanda en el asunto T-145/94, anexo 14], la Comisión describe en detalle un período transitorio antes del retorno al juego normal de la competencia. Estimando que lo peor de la crisis ha pasado prácticamente, llega a la siguiente conclusión:

«La reestructuración de la industria siderúrgica comunitaria aún no se ha completado. [...] Por lo tanto, es necesario un período de transición. Limitado a un máximo de tres años, dicho período permitirá a la industria pasar progresivamente de los controles extremadamente rígidos aplicados actualmente a un mercado totalmente competitivo, de acuerdo con los objetivos del Tratado CECA. [...] El sistema de las cuotas propuesto a partir del 1 de enero de 1986 [...] será el último antes de la vuelta a un mercado competitivo. [...] La Comisión no pretende incluir en la próxima Decisión las disposiciones del artículo 15 B de la Decisión 234/84/CECA en su forma actual. [...] Por otro lado, tiene la intención de proseguir, durante la primera fase del período transitorio, la vigilancia estadística de los flujos de productos siderúrgicos entre los Estados miembros, sobre la base de los certificados de producción y de los documentos de acompañamiento. Estos documentos permitirán controlar si los flujos tradicionales entre Estados miembros son objeto de perturbaciones graves. En el caso de que la vigilancia estadística mostrase que los flujos son perturbados, la Comisión examinaría inmediatamente si las sociedades interesadas han lanzado una ofensiva para hacerse con nuevos clientes en contra de las normas del Tratado, en particular de las normas sobre los precios.»

19 En su Decisión nº 3485/85/CECA, de 27 de noviembre de 1985, por la que se prorroga el régimen de vigilancia y de cuotas de producción de determinados productos para las empresas de la industria siderúrgica (DO L 340, p. 5; EE 08/03, p. 35), la Comisión indica que, gracias a la mejora de las condiciones del mercado:

«Será posible desmantelar progresivamente el régimen de cuotas en dos o tres años como máximo. En su reunión de 25 de julio de 1985, el Consejo ya señaló la necesidad de volver de manera ordenada a un mercado libre de competencia entre las empresas de la Comunidad».

20 El acta de la reunión Comisión/Eurofer de 16 de mayo de 1986 (demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 14), redactada por Eurofer, indica, en el epígrafe «Aplicación del artículo 58 en 1987»: «En lo que respecta al futuro después de 1987, los representantes de la Comisión declararon que, por su parte, aún no tenían una opinión sobre el tema.» La misma acta muestra que los responsables de Eurofer, reunidos tras la partida de los representantes de la Comisión, preveían, por su parte, varias posibilidades:

«Un debate inicial mostró que había que elegir entre tres posibilidades:

- libertad total y, en ese caso, cómo cooperar de la mejor manera;

- prolongación del artículo 58 y, en ese caso, cómo proceder con la Comisión;

- nada de artículo 58, sino un pacto privado.

En ese caso, qué tipo de pacto (producción, entregas) y qué cobertura (acero bruto, determinados productos, etc.).

Todos los miembros estuvieron de acuerdo en que, de todos modos, el objetivo era fijar un nivel de precios que corresponda a la rentabilidad para muchas sociedades.

Se expresaron diferentes tipos de opiniones, una de ellas, basada en la existencia de excesos de capacidad en los próximos años, estimó que eran inevitables pactos sobre las cantidades, otra, basada en la experiencia del pasado, puso en duda la capacidad de todas las sociedades para aceptar las adaptaciones necesarias a la celebración de un pacto privado después de un largo período de medidas artificiales.»

21 En su Decisión nº 3746/86/CECA, de 5 de diciembre de 1986, por la que se modifica la Decisión nº 3485/85 (DO L 348, p. 1), la Comisión indicó: «La introducción del artículo 15 B se impuso en el momento culminante de la crisis de la industria siderúrgica. En la situación actual, ya no se justifica el mantenimiento de dicha disposición. Por lo tanto, debe ser suprimida.»

22 En su Comunicación al Consejo sobre la política siderúrgica, presentada el 18 de septiembre de 1987 [COM(87) 388 final/2; DO 1987, C 272, p. 3], la Comisión hizo, entre otras, las siguientes declaraciones:

«La Comisión no está dispuesta a prorrogar el régimen de cuotas, que, según el sentir general, debe ser actualizado, salvo si va acompañado de incentivos al cierre y de compromisos firmes por parte de las empresas y los Gobiernos afectados.

[...]

Aunque persiste la situación de crisis para los productos planos y los perfiles pesados, la Comisión, consciente del obstáculo que el sistema de cuotas, en sí mismo, puede representar para la reestructuración de la industria, no pondrá en práctica tal sistema más que en la medida en que obtenga el compromiso firme de las empresas de llevar a cabo un número satisfactorio de cierres, con arreglo a un calendario que no exceda de tres años.

[...]

En particular:

[...]

- pondrá fin al sistema durante el año 1988 si, antes del 1 de agosto de 1988, las empresas no han hecho un esfuerzo suplementario [...]»

23 El 8 de octubre de 1987, la Comisión confió a un grupo de tres «sabios», los Sres. Colombo, Friderichs y Mayoux, el mandato de investigar si, en tres categorías de productos, entre las que se encuentran las vigas, las empresas estaban dispuestas a aceptar compromisos para una reducción suficiente y rápida de las capacidades de producción consideradas excedentarias.

24 Según el «informe de los tres sabios» (DO C 9, de 14 de enero de 1988, p. 6):

«Es evidente que, al estar protegidas desde hace siete años por un sistema de cuotas y estar habituadas a ver que se prorroga, las empresas no están dispuestas a aceptar compromisos de cierre suficientes para justificar una prórroga de este sistema.

[...]

Sin embargo, frente a la situación económica internacional, se puede prever que la situación actual de precios relativamente elevados no durará mucho tiempo y está claro que el exceso de capacidad volverá a pesar sobre el mercado, obligando a la industria siderúrgica a reestructurar y cerrar instalaciones.

Por tanto, la Comisión debe actuar con firmeza y, a la vez, con un gran sentido de su responsabilidad.

El actual sistema de cuotas no puede mantenerse sin que las empresas acepten compromisos firmes para reducir sus capacidades. Por otra parte, si se abandona esta industria bruscamente a las fuerzas del mercado, el deterioro de los precios que probablemente se produciría podría afectar a todas las empresas y hacer así más difícil la reestructuración prevista.»

25 El informe concluía diciendo:

«Al terminar nuestro trabajo, tenemos que subrayar una vez más la gravedad de la crisis siderúrgica, mucho más importante de lo que piensa la mayoría de los industriales.

Esta crisis exige una actitud resuelta e inequívoca de las autoridades comunitarias para hacer que la industria admita su responsabilidad.

En efecto, es urgente que las empresas siderúrgicas se reestructuren para hacer frente a la competencia mundial y se hagan plenamente competitivas, en un mercado que cada vez será más abierto.»

26 Fue también durante el año 1987 cuando la Comisión abandonó su doctrina en materia de mantenimiento de los «flujos tradicionales». Así, en el Anexo I de su Comunicación al Consejo de 18 de septiembre de 1987, antes citada, expresó su opinión de que «el mantenimiento de los flujos comerciales tradicionales de productos siderúrgicos entre los Estados miembros no es coherente con el objetivo comunitario de crear un mercado interior abierto en 1992».

27 La nueva política siderúrgica de la Comunidad se expuso en la Comunicación de la Comisión sobre la política siderúrgica, presentada al Consejo el 16 de junio de 1988 [COM(88) 343 final; DO 1988, C 194, p. 23]. En lo que se refiere a las medidas que deben tomarse, indicaba lo siguiente:

«Cabe señalar que el Tratado de París considera como situación normal la de la libre competencia en el mercado y sólo pide a la Comisión, en su artículo 5, que intervenga directamente en la producción cuando las circunstancias lo exigen [...] El Tratado también estipula que la competencia debe llevarse a cabo en condiciones normales.

Además, hay que tener en cuenta que la realización del mercado interior de 1992 también constituye un objetivo primordial para el mercado siderúrgico. La preparación para 1992 exigirá por parte de los empresarios un cambio radical de estrategias que, en determinadas ocasiones, sigan definiéndose en términos de mercados nacionales.»

28 La Comisión llegaba a la siguiente conclusión:

«El mercado siderúrgico ha mejorado hasta tal punto que el sistema de cuotas ya no se justifica. Dicho sistema también ha resultado inadecuado para impulsar a las empresas a acabar la reestructuración [...] la Comisión opina que la readaptación estructural debe proseguirse según las reglas normales del mercado.»

29 En su sesión nº 1255, de 24 de junio de 1988, el Consejo tomó nota de que la Comisión tenía previsto poner fin al régimen de cuotas en lo que respecta a la totalidad de los productos siderúrgicos el 30 de junio de 1988. Haciendo referencia a las medidas de acompañamiento y de vigilancia del mercado contempladas por la Comisión (estadísticas mensuales sobre la producción y las entregas, programas de previsiones y consulta a los interesados), el Consejo señaló que «nadie debe utilizar el sistema de vigilancia para soslayar el artículo 65 del Tratado CECA» (véase el resumen del proyecto de acta de la sesión nº 1255 del Consejo, anexo 3 del escrito de contestación en el asunto T-151/94).

30 Por otra parte, el 4 de mayo de 1988, la Comisión publicó un comunicado de prensa [IP(88) 261, véase la demanda en el asunto T-151/94, anexo 5, documento 4] relativo a la inspección que acababa de efectuar en el marco del asunto del acero inoxidable (véase el apartado 36 de la presente sentencia). En él se decía lo siguiente:

«Es la primera inspección en materia de cárteles en el sector del acero efectuada por la Comisión desde hace trece años. Cuando el sistema oficial de cuotas de la Comisión ya ha sido suprimido para algunos productos y se han presentado propuestas para poner fin al sistema de cuotas el 30 de junio de 1988, es obvio que la Comisión no puede tolerar que unos acuerdos no oficiales e ilegales celebrados por la propia industria sustituyan al sistema comunitario.»

31 En lo que se refiere a las vigas, el régimen de crisis concluyó el 30 de junio de 1988, fecha en que finalizó también el Acuerdo Eurofer V. No obstante, el sistema de vigilancia de las entregas entre Estados miembros establecido mediante la Decisión nº 3483/82 se mantuvo en vigor hasta noviembre de 1988.

Régimen de vigilancia instaurado a partir del 1 de julio de 1988

32 Aun cuando el régimen de crisis manifiesta finalizó el 30 de junio de 1988, de una nota interna de la DG III de 24 de octubre de 1988, presentada por la parte demandada con arreglo al auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de diciembre de 1997, se desprende que el Consejo y la Comisión se habían puesto de acuerdo sobre la necesidad de facilitar la adaptación de las empresas a posibles cambios de la demanda. Para ello, se había convenido que la Comisión seguiría vigilando el mercado de tres maneras:

- recogiendo estadísticas mensuales sobre la producción y sobre las entregas de ciertos productos;

- siguiendo la evolución de los mercados de esos productos, en el marco de los programas trimestrales de previsiones;

- consultando regularmente a las empresas sobre la situación y las tendencias del mercado.

33 La Comisión aplicó esta política principalmente mediante su Decisión nº 2448/88/CECA, de 19 de julio de 1988, por la que se establece un régimen de vigilancia para determinados productos de las empresas de la industria siderúrgica (DO L 212, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión nº 2448/88»), en cuyo marco cada empresa estaba obligada a declarar sus entregas. Este sistema finalizó el 30 de junio de 1990, siendo sustituido por un régimen de información individual y voluntario.

34 Así, las empresas siguieron manteniendo contactos regulares y estrechos con la DG III, en los que se analizaban los parámetros del mercado (producción, entrega, existencias, precios, exportaciones, importaciones, etc.). Dichos contactos se mantuvieron en los siguientes marcos:

a) las reuniones trimestrales oficiales que reúnen a los representantes de los productores, de los usuarios y de los comerciantes y a los de la Comisión, en el transcurso de las cuales se analizan, de conformidad con el artículo 46 del Tratado CECA, los programas de previsiones («forward programmes»). Dichas reuniones se celebraron los días 4 de mayo de 1988, 1 de septiembre de 1988, 3 de noviembre de 1988, 1 de febrero de 1989, 28 de abril de 1989, 1 de septiembre de 1989, 7 de noviembre de 1989, 7 de febrero de 1990, 3 de mayo de 1990, 4 de septiembre de 1990 y 5 de noviembre de 1990;

b) las «reuniones de consulta» («consultation meetings»), limitadas a un reducido número de representantes del sector siderúrgico, miembros o no de Eurofer, y de la Comisión, que se celebraron, en particular, los días 27 de octubre de 1988, 26 de enero de 1989, 28 de abril de 1989, 27 de julio de 1989, 26 de octubre de 1989, 25 de enero de 1990 y 27 de julio de 1990;

c) las «reuniones restringidas» («restricted meetings»), limitadas a un número muy reducido de representantes de la industria, miembros o no de Eurofer, y de la Comisión, celebradas los días 8 de diciembre de 1988, 21 de marzo de 1989, 15 de junio de 1989 y 13 de diciembre de 1989;

d) los «almuerzos del acero» («steel lunches»), en los que se reunían en un marco informal los representantes de Eurofer y de la Comisión, con ocasión de las reuniones de consulta o de las reuniones restringidas.

35 El objetivo principal de estas diferentes reuniones era facilitar a la Comisión la información procedente del sector necesaria para la aplicación del artículo 46 del Tratado y del régimen de vigilancia establecido por la Decisión nº 2448/88. En ellas participaban funcionarios de la DG III (especialmente los Sres. Ortún, Kutscher, Evans, Drees, Aarts y Vanderseypen), el presidente del CDE, los presidentes de las comisiones de productos de Eurofer, algunos representantes de otras asociaciones siderúrgicas y ciertos miembros del personal de Eurofer. Los representantes del sector facilitaban a la Comisión una información general sobre la situación económica de cada producto. Los datos, generales y por productos, intercambiados en tales ocasiones, se referían al consumo real, al consumo aparente, a los precios, pedidos, entregas, importaciones, exportaciones y estado de las existencias. Eurofer enviaba a la DG III, generalmente algunos días después de la reunión de que se tratase, un resumen de las reuniones de consulta, más conocido con el nombre de «speaking notes».

Decisión «acero inoxidable» de 18 de julio de 1990

36 El 18 de julio de 1990, la Comisión adoptó la Decisión 90/417/CECA, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA en relación con el acuerdo y prácticas concertadas de los productores europeos de productos planos de acero inoxidable laminados en frío (DO L 220, p. 28; en lo sucesivo, «Decisión "acero inoxidable"»), mediante la cual impuso multas de cuantía comprendida entre 25.000 y 100.000 ECU a algunas empresas siderúrgicas, entre ellas British Steel, Thyssen Edelstahlwerke AG, sociedad hermana de la demandante, y Ugine aciers de Châtillon y Gueugnon, filial de Unimétal, por haber infringido el apartado 1 del artículo 65 del Tratado al celebrar, el 15 de abril de 1986, un acuerdo de cuotas y precios.

Reflexiones de la Comisión, a partir de 1990, sobre el futuro del Tratado CECA

37 La Comisión inició una reflexión sobre el futuro del Tratado CECA en el transcurso de 1990, como lo atestigua un proyecto de Comunicación del Sr. Bangemann, miembro de la Comisión encargado de la política industrial, a los miembros de la Comisión sobre esta cuestión, fechado el 23 de octubre de 1990 (anexo 10 de la demanda en el asunto T-156/94). En dicho documento, la Comisión se inclinaba por la opción de que el Tratado CECA expirara al llegar a su término, en el año 2002 «pero utilizando las facilidades que este Tratado ofrece para adaptar, en la medida de lo posible, su aplicación a la situación de los dos sectores, e introduciéndolas progresivamente ("phasing in") en el Tratado CEE en 2002» [véase también la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 1991, sobre el futuro del Tratado CECA, SEC(91) 407 final, demanda en el asunto T-151/94, anexo 3, documento 1].

38 En su Comunicación de septiembre de 1991 sobre la política de la competencia CECA (IV/832/91) (réplica en el asunto T-151/94, anexo 5), la Comisión propuso «procurar que las prácticas de competencia CECA y CEE estén armonizadas en la medida de lo posible en el futuro». Asimismo, en su Vigésimo Informe sobre la política de competencia, publicado en 1991, la Comisión señaló (apartado 122) lo siguiente: «Ha llegado el momento de armonizar, en la medida de lo posible, las normas de competencia CECA con las del Tratado de Roma.»

C. Procedimiento administrativo ante la Comisión

39 Los días 16, 17 y 18 de enero de 1991, la Comisión, basándose en decisiones individuales adoptadas con arreglo al artículo 47 del Tratado, llevó a cabo algunas inspecciones en las oficinas de siete empresas y de dos asociaciones de empresas. Los días 5, 7 y 25 de marzo de 1991, se efectuaron otras inspecciones. A raíz de varias peticiones realizadas al amparo del artículo 47 del Tratado CECA, se obtuvieron otras informaciones de algunas de las empresas y asociaciones de empresas interesadas.

40 El 6 de mayo de 1992, la Comisión envió un pliego de cargos a las empresas y asociaciones afectadas, entre ellas la demandante. Ésta respondió al mismo mediante escritos de 18 de agosto y 20 de diciembre de 1992.

41 También se ofreció a las partes la oportunidad de presentar sus alegaciones en la audiencia celebrada en Bruselas del 11 al 14 de enero de 1993, cuya acta les fue enviada el 8 de julio y el 8 de septiembre de 1993. En dicha ocasión, el Consejero auditor, habida cuenta de las numerosas alusiones de las partes presentes a determinados contactos que mantuvo la DG III con los productores de vigas durante el período objeto del pliego de cargos, les pidió que le comunicasen todas las pruebas que obrasen en su poder sobre el particular. La demandante respondió a esa petición mediante escrito de 16 de febrero de 1993.

42 Mediante escrito de 22 de abril de 1993, el Consejero auditor comunicó a las partes afectadas su intención de no proceder a una segunda audiencia.

43 El 15 de febrero de 1994, es decir, la víspera de la adopción de la Decisión, las negociaciones entonces en curso entre la Comisión y los representantes del sector siderúrgico, que tenían como objeto la reestructuración de dicho sector mediante reducciones voluntarias de capacidades de producción, se rompieron tras comprobarse su fracaso.

44 Según el acta de la reunión nº 1189 de la Comisión (mañana y tarde), presentada por la parte demandada a petición del Tribunal de Primera Instancia, la Decisión fue definitivamente adoptada en la sesión de la tarde del 16 de febrero de 1994.

45 El 16 de febrero de 1994, a mediodía, el Sr. Van Miert, miembro de la Comisión encargado de los asuntos de competencia, celebró una rueda de prensa durante la cual anunció que la Comisión acababa de adoptar la Decisión e indicó el importe de las multas impuestas a las demandantes British Steel, Preussag y ARBED. Dichos importes no corresponden a los indicados en la Decisión. También detalló ciertos criterios utilizados para la fijación de las multas y respondió a las preguntas de los periodistas. En particular, negó cualquier conexión entre la adopción de la Decisión y el hecho de que fracasaran, la víspera, las negociaciones sobre las reducciones voluntarias de las capacidades de producción.

46 El 24 de febrero de 1994, durante un debate en el Parlamento Europeo, algunos parlamentarios se preguntaron sobre los motivos que habían inducido a la Comisión a adoptar la Decisión el día siguiente del fracaso de las negociaciones sobre la reestructuración del sector. El Sr. Van Miert defendió la postura de la Comisión señalando que se trataba de dos expedientes distintos.

D. Decisión

47 La Decisión, que fue notificada a la demandante el 3 de marzo de 1994 mediante un escrito del Sr. Van Miert de 28 de febrero de 1994 (en lo sucesivo, «Escrito»), contiene la siguiente parte dispositiva:

«Artículo 1

Las siguientes empresas han participado, en los términos descritos en la presente Decisión, en las prácticas contrarias a la competencia que se indican a continuación del nombre de cada una, y que han tenido por efecto evitar, limitar y falsear la competencia normal en el mercado común. En los casos en que se imponen multas, la duración de la infracción se expresa en meses, salvo en el caso de la armonización de los suplementos, en el que la participación en la infracción se indica con una "x".

[...]

Thyssen

a) Intercambio de información confidencial a través del Comité de vigas y la Walzstahl-Vereinigung (30)

b) Fijación de precios en el Comité de vigas (30)

c) Fijación de precios en el mercado alemán (3) d) Fijación de precios en el mercado italiano (3)

e) Fijación de precios en el mercado danés (30)

f) Reparto de mercados, "sistema Traverso" (3 + 3)

g) Reparto del mercado francés (3)

h) Reparto del mercado italiano (3)

i) Armonización de suplementos (x)

Artículo 2

Eurofer ha infringido el artículo 65 del Tratado CECA al organizar el intercambio de información confidencial en relación con las infracciones que se enumeran en el artículo 1 cometidas por sus miembros.

Artículo 3

Las empresas y asociaciones de empresas enumeradas en los artículos 1 y 2 pondrán fin inmediatamente a las infracciones mencionadas en los mismos, en el supuesto de que no lo hubieran hecho todavía. Para ello las empresas y asociaciones de empresas se abstendrán de repetir o continuar cualquiera de las actuaciones mencionadas en el artículo 1 o en el artículo 2 y de adoptar medidas con efectos equivalentes.

Artículo 4

Se imponen las siguientes multas por las infracciones descritas en el artículo 1 que tuvieron lugar con posterioridad al 30 de junio de 1988 (31 de diciembre de 1989 [(1)] en el caso de Aristrain y Ensidesa):

[...]

Thyssen Stahl AG6.500.000 ECU

[...]

Artículo 5

Las multas impuestas en el artículo 4 deberán abonarse, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión [...]

El importe de las multas devengará intereses automáticamente a partir del momento en que expire el plazo citado, al tipo que aplique el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria a las operaciones en ECU el primer día laborable del mes en que se adopte la presente Decisión, incrementado en un 3,5 % es decir, 9,75 %.

No obstante, las multas superiores a 20.000 ECU podrán pagarse en cinco tramos anuales del mismo importe:

- el primero deberá abonarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión;

- el 2º, 3º, 4º, y 5º deberán abonarse 1, 2, 3 y 4 años respectivamente después de la notificación de la presente Decisión. A cada tramo habrá que sumarle el interés calculado sobre el saldo total de la multa pendiente de pago, aplicando el tipo de interés utilizado por el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria en sus operaciones en ECU el mes precedente a la fecha de vencimiento de cada pago anual. Esta facilidad de pago estará condicionada a la constitución en la fecha prevista en el primer guión, de una garantía bancaria, considerada aceptable por la Comisión, que cubra el principal restante y los intereses.

En caso de demora en el pago, el tipo de interés se incrementará en tres puntos y medio porcentuales.

[...]

Artículo 6

Los destinatarios de la presente Decisión serán:

[...]

- Thyssen Stahl AG

[...]»

48 Tras recordar las disposiciones del artículo 5 de la Decisión, el Escrito señala:

«Sin embargo, en caso de que interpongan recurso ante los órganos jurisdiccionales de las Comunidades Europeas, la Comisión no procederá a adoptar ninguna medida de cobro entre tanto esté pendiente el asunto ante dichos órganos, siempre que se reúnan las dos condiciones siguientes:

- que acepten que su deuda devengue intereses, entre el momento de su exigibilidad y el del pago que debe realizarse durante el mes siguiente a la resolución judicial definitiva, a los tipos siguientes:

- 7,75 %, en caso de que ustedes hayan escogido pagar en una sola vez,

- en caso de que ustedes hayan escogido el pago por tramos, 7,75 % para el primer tramo y, para los tramos siguientes, el tipo de interés previsto para cada uno de ellos en el artículo 5 de la Decisión, incrementado en un punto y medio;

- y que faciliten a la Comisión, a más tardar en la fecha de expiración del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 5 de la Decisión, una garantía aceptable por la Comisión, que cubra el importe de la deuda, tanto por lo que respecta al principal como a los intereses [...]»

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, trámites posteriores a la interposición del recurso y pretensiones de las partes

49 El presente recurso fue interpuesto mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de abril de 1994.

50 Mediante escrito de 7 de septiembre de 1994 dirigido a la Secretaría, Aristrain, demandante en el asunto T-156/94, pidió que se determinase si la Comisión había respetado en el presente caso las obligaciones que para ella se derivan del artículo 23 del Estatuto (CECA) del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «artículo 23»), relativo a la transmisión de documentos. La Comisión, a la que se instó para que presentase sus observaciones sobre dicha petición, respondió básicamente, mediante escrito de 12 de octubre de 1994, que consideraba que había satisfecho las exigencias del citado artículo 23.

51 La Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, mediante escrito de 25 de octubre de 1994, solicitó a la Comisión que cumpliese las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23. La Comisión presentó en la Secretaría un conjunto de unos 11.000 documentos relativos a la Decisión, a los que acompañaba un escrito de 24 de noviembre de 1994, en el que señaló, en particular, que no debería facilitarse el acceso de las empresas afectadas a los documentos que contienen secretos comerciales, así como a los propios documentos internos de la Comisión.

52 A raíz de una reunión informal con las partes, celebrada el 14 de marzo de 1995, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada), mediante escrito de 30 de marzo de 1995, pidió a las referidas partes que definieran su posición por escrito sobre los problemas de confidencialidad planteados, así como sobre una eventual acumulación de los asuntos. Habida cuenta de las respuestas incompletas de las partes, el Tribunal de Primera Instancia les dirigió una segunda serie de preguntas, mediante escrito de la Secretaría de 21 (25 en el caso de British Steel) de julio de 1995. Además, este Tribunal pidió a la parte demandada que definiera su posición sobre una nueva petición de British Steel, de fecha 14 de julio de 1995.

53 En sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, recibidas entre el 6 y el 15 de septiembre de 1995, las partes demandantes precisaron, en particular, sus peticiones de acceso a los documentos internos de la Comisión, a la luz de una lista de dichos documentos anexa a un escrito que ésta dirigió al Tribunal de Primera Instancia el 25 de junio de 1995.

54 Mediante auto de 19 de junio de 1996, NMH Stahlwerke y otros/Comisión (T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 y T-157/94, Rec. p. II-537; en lo sucesivo, «auto de 19 de junio de 1996»), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) se pronunció sobre el derecho de las demandantes a acceder a los documentos del expediente transmitido por la demandada procedentes, por un lado, de las propias demandantes y, por otro lado, de terceras partes en los presentes procedimientos, clasificados por la Comisión como confidenciales en interés de estas partes. En cambio, el Tribunal se reservó su pronunciamiento sobre las peticiones de acceso de las partes demandantes a los documentos de dicho expediente clasificados por la demandada como documentos internos, así como sobre sus peticiones dirigidas a la aportación de documentos que no figuran en el citado expediente ordenando a la demandada que especificara de manera detallada y concreta las razones por las que consideraba que determinados documentos calificados por ella como «internos», de entre los documentos que integran dicho expediente, no podían, a su juicio, ser comunicados a las demandantes.

55 La parte demandada respondió a dicha petición del Tribunal de Primera Instancia mediante escritos de fechas 11, 12 y 13 de septiembre de 1996. En estos mismos escritos, sugirió la atribución de los presentes asuntos al Pleno del Tribunal de Primera Instancia, con arreglo al artículo 14 del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal. A la solicitud de que presentasen sus observaciones sobre esta última petición, las demandantes respondieron mediante escritos dirigidos al Tribunal de Primera Instancia entre el 4 y el 18 de octubre de 1996. Las demandantes en los asuntos T-134/94, T-137/94, T-138/94, T-148/94, T-151/94 y T-157/94 se opusieron a dicha atribución.

56 Mediante auto de 10 de diciembre de 1997, NMH Stahlwerke y otros/Comisión (T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 y T-157/94, Rec. p. II-2293; en lo sucesivo, «auto de 10 de diciembre de 1997»), el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) se pronunció sobre las peticiones de acceso de las demandantes a los documentos calificados por la Comisión como «internos», acordando que se aportasen a los autos ciertos documentos transmitidos a este Tribunal con arreglo al artículo 23, relativos a los contactos mantenidos entre la DG III y la industria siderúrgica durante el período de infracción que se tuvo en cuenta en la Decisión a efectos de fijar el importe de las multas, así como ciertos documentos de la Dirección General Relaciones Exteriores (DG I) relativos a los contactos mantenidos entre la Comisión y determinadas autoridades nacionales escandinavas. El Tribunal acordó asimismo que se practicaran determinadas diligencias de prueba, ordenando a la Comisión que presentara sus propias actas o notas de las reuniones que tuvieron lugar entre la DG III y los representantes de la industria siderúrgica entre julio de 1988 y noviembre de 1990. Por último, el Tribunal acordó y ordenó la acumulación de los asuntos a efectos de la prueba y de la fase oral, sin atribuirlos al Pleno.

57 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral y formular determinadas preguntas escritas a las partes, con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento. Mediante escrito de la Secretaría de 26 de noviembre de 1997, pidió a la parte demandada que presentara el texto del acta definitiva de la reunión de la Comisión de 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde), en la medida en que se refiriese a la adopción de la Decisión impugnada. Mediante ese mismo escrito, el Tribunal pidió también a la Comisión que indicase, en lo que respecta a cada demandante y a las empresas Norsk Jernverk e Inexa Profil AB:

- el volumen de negocios que había tenido en cuenta para imponer la multa a cada empresa;

- los diferentes tipos que había aplicado al volumen de negocios para calcular la multa de cada empresa afectada;

- los argumentos o consideraciones, detallados para cada empresa, que había tenido en cuenta en lo que se refiere a las diferentes circunstancias, agravantes o atenuantes, para obtener el resultado final de la multa.

58 La parte demandada respondió a esas preguntas del Tribunal de Primera Instancia mediante escrito de 19 de enero de 1998, presentado en la Secretaría el 22 de enero. La demandada adjuntaba a dicho escrito dos documentos, titulados respectivamente «Proyecto de acta de la reunión nº 1189 de la Comisión, celebrada en Bruselas (Breydel) el miércoles 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde)» y «Proyecto de acta especial de la reunión nº 1189 de la Comisión, celebrada en Bruselas (Breydel) el miércoles 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde)», alegando que esos dos documentos estaban amparados por el secreto de las deliberaciones y no debían comunicarse a las partes demandantes.

59 Mediante escrito de la Secretaría de 27 de noviembre de 1997, el Tribunal de Primera Instancia pidió también a la demandante que precisara en qué medida mantenía la alegación de que no había tenido acceso a ciertos documentos de cargo durante el procedimiento administrativo. La demandante respondió a dicha petición mediante escrito de 19 de enero de 1998.

60 El 14 de enero de 1998, el Tribunal de Primera Instancia celebró una reunión informal con las partes a efectos de planificar el desarrollo correcto de la vista. Especialmente, indicó a las partes que tenían derecho de acceder al expediente que le había sido transmitido con arreglo al artículo 23, en la medida indicada en los autos de 19 de junio de 1996 y de 10 de diciembre de 1997 y en la forma que estableciese la Secretaría. Pidió, asimismo, a las partes que le indicasen, después de haber tenido acceso al expediente, a qué otros documentos específicos pretendían hacer referencia en la vista.

61 Las demandantes ARBED, Aristrain, Cockerill-Sambre, British Steel, Ensidesa, Preussag y Unimétal consultaron el referido expediente del Tribunal y obtuvieron copia de los documentos que consideraban necesarios para su defensa. Mediante escrito de 9 de febrero de 1998, Ensidesa presentó observaciones sobre algunos de los documentos en cuestión.

62 Mediante escritos de la Secretaría de 30 de enero de 1998, el Tribunal de Primera Instancia formuló a la Comisión y a Eurofer algunas preguntas adicionales relativas al sistema de intercambio mensual de información sobre pedidos y entregas establecido por Eurofer y mencionado en la Decisión con el nombre de «fast bookings». Dichas partes respondieron mediante escritos de 18 y 23 de febrero de 1998, respectivamente.

63 Mediante escrito de la Secretaría de 6 de febrero de 1998, el Tribunal también formuló a la parte demandada ciertas preguntas complementarias sobre el método de cálculo de las multas utilizado en el presente asunto, preguntas a las que la Comisión respondió mediante escrito de 20 de febrero de 1998, presentado en la Secretaría el 24 de febrero.

64 Mediante auto de 16 de febrero de 1998, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) resolvió que fuese aportado a los autos, y comunicado a las partes demandantes, únicamente el documento titulado «Proyecto de acta de la reunión nº 1189 de la Comisión, celebrada en Bruselas (Breydel) el miércoles 16 de febrero de 1994 (mañana y tarde)», presentado en la Secretaría el 22 de enero de 1998.

65 Mediante escritos de 13 y 19 de febrero de 1998, las demandantes formularon solicitudes comunes a efectos de que se practicaran diligencias de prueba en lo que respecta, especialmente, al cálculo de las multas y a la presentación de los documentos relativos a la adopción de la Decisión. La Comisión respondió mediante escrito de 2 de marzo de 1998.

66 Mediante escrito de la Secretaría de 11 de marzo de 1998, el Tribunal de Primera Instancia pidió a la parte demandada, por un lado, que completase sus respuestas de 19 de enero y 20 de febrero de 1998 a las preguntas del Tribunal, indicando, para cada parte demandante, los cálculos aritméticos precisos que permitieran comprender concretamente cómo se habían determinado los importes de las multas y, por otro lado, que presentase el acta definitiva de la reunión de la Comisión (mañana y tarde), durante la que se adoptó la Decisión, así como sus anexos en la medida en que se refiriesen a dicha Decisión. La parte demandada respondió a esta petición mediante escrito de 19 de marzo de 1998 y presentó en la Secretaría el acta definitiva de la reunión de la Comisión de 16 de febrero de 1994, así como sus anexos.

67 Mediante auto de 23 de marzo de 1998, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que los Sres. Ortún y Vanderseypen, funcionarios de la DG III, así como el Sr. Kutscher, antiguo funcionario de la DG III, fuesen examinados en calidad de testigos sobre los contactos mantenidos entre la DG III y la industria siderúrgica durante el período de infracción que se tuvo en cuenta a efectos de fijar el importe de las multas, o sea, del 1 de julio de 1988 al final de 1990.

68 En la vista que tuvo lugar del 23 al 27 de marzo de 1998, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Segunda ampliada, integrado por los Sres. A. Kalogeropoulos, Presidente, C.P. Briët, C.W. Bellamy, A. Potocki y J. Pirrung, Jueces. Las partes demandantes presentaron un informe oral común sobre determinados puntos. El Prof. Steindorff, antiguo Secretario General de la delegación alemana en las negociaciones previas a la firma del Tratado CECA, fue oído en calidad de experto por el Tribunal de Primera Instancia. Este Tribunal examinó también en calidad de testigos a los Sres. Ortún, Vanderseypen y Kutscher, así como, a petición de Preussag, a sus empleados Sres. Mette y Kröll. Además, el Tribunal vio una grabación en vídeo de la rueda de prensa del Sr. Van Miert de 16 de febrero de 1994, aportada por Aristrain.

69 Varios documentos nuevos fueron presentados en la vista, bien a petición del Tribunal de Primera Instancia o bien con su autorización. El Tribunal pidió también a la Comisión que aportara ciertos documentos referentes a sus relaciones con las autoridades nacionales escandinavas durante 1989 y 1990. Estos documentos fueron presentados en la Secretaría con un escrito de la Comisión de 11 de mayo de 1998.

70 La fase oral concluyó al terminar la vista de 27 de marzo de 1998. Dado que, una vez expirado su mandato el 17 de septiembre de 1998, dos miembros de la Sala no podían participar en las deliberaciones del Tribunal, éstas fueron concluidas por los tres Jueces cuya firma lleva la presente sentencia, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Procedimiento.

71 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule los artículos 1, 3 y 4 de la Decisión en la medida en que la afectan.

- Con carácter subsidiario, reduzca a un importe adecuado la multa que le impone el artículo 4 de la Decisión.

- Con carácter subsidiario, anule el Escrito en la medida en que fija un tipo de interés diferente del indicado en el artículo 5 de la Decisión.

- Condene en costas a la Comisión.

72 La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la parte demandante.

Sobre la pretensión de que se anule el artículo 1 de la Decisión

73 En apoyo de su pretensión de que se anule el artículo 1 de la Decisión, la demandante formula varias alegaciones que pueden agruparse como sigue. En primer lugar, presenta una serie de alegaciones relativas a una vulneración de sus derechos procedimentales. En segundo lugar, la demandante formula varias alegaciones relativas a vicios sustanciales de forma en que incurrió la Comisión durante el procedimiento administrativo. Una tercera serie de alegaciones de la demandante invoca una infracción del apartado 1 del artículo 65 del Tratado (véanse los apartados 171 y 172 de la presente sentencia).

A. Sobre la vulneración de los derechos procedimentales de la parte demandante

Sobre el hecho de no haber transmitido todos los documentos a los que hace referencia la Decisión

Resumen de las alegaciones de la parte demandante

74 La demandante imputa a la Comisión haber vulnerado sus derechos de defensa por cuanto la Decisión se basa en varios documentos, asimismo citados en el pliego de cargos, que no se adjuntaron ni transmitieron en una fase posterior del procedimiento administrativo. La demandante señala que denunció, mediante escrito de 20 de diciembre de 1992 y en la audiencia administrativa, el hecho de no haberse transmitido la mayor parte de esos documentos.

75 En su réplica, la demandante reconoce que «la mayor parte de los documentos a los que se refiere la [presente] imputación [...] le fueron transmitidos el 19 de enero de 1993», y añade que «desiste de su imputación en la medida en que ésta se refiere a los referidos documentos».

76 Instada por este Tribunal a precisar en qué medida y respecto a qué documentos específicos mantiene el presente motivo, la demandante indicó, mediante escrito presentado en la Secretaría el 19 de enero de 1998, que desistía de este motivo en la medida en que había alegado que los documentos mencionados en el punto 17 de la demanda no se le habían comunicado antes de adoptarse la Decisión. No obstante, lo mantiene en la medida en que había reprochado a la Comisión no haberle comunicado dichos documentos con el pliego de cargos, impidiéndole así valerse de ellos en la audiencia administrativa.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

77 Este Tribunal recuerda que, en el presente asunto, los derechos de defensa invocados por la demandante están garantizados por el párrafo primero del artículo 36 del Tratado CECA, según el cual, antes de imponer una de las sanciones pecuniarias previstas en dicho Tratado, la Comisión debe ofrecer al interesado la posibilidad de formular sus observaciones. En lo que respecta, en el caso de autos, a la observancia de esta garantía, procede distinguir entre, por un lado, los documentos cuya no transmisión ya fue cuestionada en el escrito de la demandante de 20 de diciembre de 1992 y, por otro, aquellos respecto de los cuales dicha crítica fue formulada por primera vez en la demanda.

- Sobre los documentos cuya no transmisión fue cuestionada en el escrito de la parte demandante de 20 de diciembre de 1992

78 Del anexo 3 del pliego de cargos resulta que, con el escrito de la Comisión de 6 de mayo de 1992, se envió a la demandante copia de los documentos que la afectaban. Varios de los documentos invocados en el escrito de la demandante de 20 de diciembre de 1992 se mencionan en dicho anexo 3.

79 Por otra parte, la Comisión proporcionó a la demandante, en el anexo 2 del pliego de cargos, una lista de todos los documentos que constituían el expediente en el presente asunto, indicando a cuáles de ellos estaba dispuesta a darle acceso. Todos los documentos invocados en el escrito de la demandante de 20 de diciembre de 1992, con excepción de una serie de ellos que se refieren al intercambio de información a través de Eurofer, que le fueron transmitidos mediante escrito de la Comisión de 14 de julio de 1992, fueron clasificados, en el anexo 2 del pliego de cargos, como «accesibles» o, en lo que respecta a algunos documentos internos de British Steel, como «parcialmente accesibles» para la demandante. En lo que se refiere a esta última categoría, la demandante no ha discutido que las imputaciones se basan sólo en los pasajes accesibles.

80 El 5 de junio de 1992, la demandante tuvo acceso al expediente en la forma regulada según el escrito de la Comisión de 6 de mayo de 1992. Por tanto, pudo obtener copia de todos los documentos clasificados como «accesibles» o «parcialmente accesibles» por la Comisión.

81 En su respuesta de 18 de agosto de 1992 al pliego de cargos, la demandante no se queja de que no se transmitieran documentos, con la única excepción del «documento citado en el punto 266» de dicho pliego de cargos (p. 5 del escrito de respuesta). Hasta el 20 de diciembre de 1992, es decir, más de siete meses después de comunicarse el pliego de cargos, la demandante no envió a la Comisión una lista de los documentos que, según ella, no le habían sido comunicados.

82 En la audiencia administrativa celebrada del 11 al 14 de enero de 1993, el Consejero auditor consideró la posibilidad de que se le transmitiera (de nuevo) copia de los documentos mencionados en el escrito de la demandante de 20 de diciembre de 1992, y le pidió que comprobara si, a la luz de dichos documentos, debía modificarse su respuesta al pliego de cargos, añadiendo que luego él determinaría si todo el asunto debía ser examinado nuevamente (acta de la audiencia, p. 176).

83 El 19 de enero de 1993, un representante de la demandante firmó un acuse de recibo que dice lo siguiente:

«Following your access to files June 5, 1992, your letter dated December 20, 1992, and your request at the hearing January 12, 1993, the documents listed in the above mentioned letter, have been given to the undersigned as of this date. All of these documents were available either in the appendix 3 to the Statement of Objections or in the files you consulted on June the 5th, 1992.» [«Después de que accediesen Vds. a los expedientes el 5 de junio de 1992, de su escrito de 20 de diciembre de 1992 y de su petición en la audiencia de 12 de enero de 1993, los documentos que se relacionan en el citado escrito han sido remitidos hoy al abajo firmante. Todos estos documentos figuraban en el anexo 3 del pliego de cargos o bien en los expedientes que Vds. consultaron el 5 de junio de 1992.»]

84 No obstante, del escrito de contestación de la Comisión se desprende que, en contra de lo que dice dicho acuse de recibo, cinco documentos mencionados en el escrito de la demandante de 20 de diciembre de 1992 no le fueron remitidos el 19 de enero de 1993. Sin embargo, esos cinco documentos estaban clasificados como «accesibles» en la lista adjunta como anexo 2 al pliego de cargos, con excepción de uno de ellos (se trata de una nota de expediente de British Steel relativa a una reunión que se celebró el 14 de septiembre de 1988, citada en el considerando 172 de la Decisión) que no fue utilizado en contra de la demandante.

85 Esta última no insistió sobre la cuestión del acceso al expediente, aun cuando escribió al Consejero auditor el 16 de febrero de 1993 a propósito de los contactos mantenidos entre la DG III y la industria siderúrgica y recibió el acta de la audiencia el 8 de septiembre de 1993, a más tardar.

86 Este Tribunal considera que, en tales circunstancias, la demandante no ha demostrado que no se le dio la posibilidad, durante el procedimiento administrativo, de expresar de forma útil su punto de vista sobre los documentos mencionados en su escrito de 20 de diciembre de 1992.

87 De ello se deduce que las alegaciones de la demandante según las cuales no se transmitieron los documentos a los que hace referencia la Decisión deben desestimarse en la medida en que se refieren a los documentos mencionados en el escrito de la demandante de 20 de diciembre de 1992.

- Sobre los documentos cuya no transmisión fue alegada por primera vez en el escrito de interposición del recurso

88 Esta categoría sólo comprende un número reducido de documentos, a saber, los cuadros de entregas, de 3 de diciembre de 1990, citados en el considerando 26 del Anexo 1 de la Decisión; la nota manuscrita de Peine-Salzgitter mencionada en el considerando 63 de la Decisión; todos los documentos citados en el considerando 115 de la Decisión y el fax del asesor jurídico de Eurofer enviado el 3 de diciembre de 1990 a esa asociación (considerando 140 de la Decisión).

89 En lo que respecta a los documentos que se adjuntaban al pliego de cargos según su anexo 3, a saber, todos los documentos antes citados con excepción del primero, se debe señalar que, en su escrito de 20 de diciembre de 1992, la demandante no denunció que no se hubieran comunicado. Por tanto, debe presumirse que efectivamente se adjuntaron al pliego de cargos. En cualquier caso, esos documentos también se recogían en el anexo 2 de dicho pliego de cargos, como documentos a los que la demandante tenía acceso en los expedientes de la Comisión.

90 En cuanto a los cuadros de entregas fechados el 3 de diciembre de 1990, no se utilizaron en contra de la demandante y no contienen ningún elemento en su descargo, lo que, por otra parte, la demandante no discute después de haber tenido acceso a ellos en el marco del procedimiento judicial, a raíz del auto de 19 de junio de 1996.

91 De ello se desprende que las alegaciones de la demandante según las cuales no se transmitieron los documentos a los que hace referencia la Decisión deben desestimarse en su totalidad.

Sobre la violación del «principio de la investigación de oficio» y del derecho a un procedimiento justo

92 Mediante una primera imputación, la demandante reprocha a la parte demandada no haber verificado detalladamente, a pesar de las peticiones formuladas por ella durante el procedimiento administrativo, en qué medida los funcionarios de la DG III indujeron a las empresas a aplicar las prácticas que les son imputadas en la Decisión, ni en qué medida participaron en ellas. La afirmación que figura en el considerando 312 de la Decisión, según la cual la Comisión llevó a cabo a este respecto una investigación en profundidad es dudosa, habida cuenta del carácter lapidario de la respuesta dada, en los considerandos 312 y 315 de dicha Decisión, a la exposición detallada que la demandante hace en sus solicitudes. Además, dicha afirmación es contradicha por el correo interno intercambiado entre la DG III y la Dirección General Competencia (DG IV), presentado por la Comisión en anexo al escrito de contestación.

93 La demandante señala que los funcionarios de la DG IV encargados del presente expediente no consultaron ellos mismos en ningún momento los expedientes de la DG III relativos a las reuniones de los representantes de las empresas y la Comisión. En el informe oral presentado conjuntamente por las demandantes en la vista se imputó más concretamente a la parte demandada haberse abstenido en el procedimiento administrativo, por un lado, de examinar las 26 notas internas de la DG III relativas a las reuniones que tuvieron lugar con los productores de acero entre julio de 1988 y noviembre de 1989, así como los documentos relativos a los contactos entre la Comisión y las autoridades suecas, que fueron presentados posteriormente en cumplimiento del auto de 10 de diciembre de 1997, y, por otro lado, de recabar los testimonios de los Sres. Ortún, Kutscher y Vanderseypen.

94 Mediante una segunda imputación, la demandante reprocha a la Comisión no haber puesto los resultados de su investigación a disposición de las empresas y no haberles dado la posibilidad, garantizada por los derechos de defensa, de exponer su punto de vista a este respecto antes de la adopción de la Decisión, bien celebrando una segunda audiencia o bien dándoles la ocasión de hacer comentarios por escrito.

95 El Tribunal señala, a título preliminar, que las imputaciones relativas a la violación del principio de la investigación de oficio y de los derechos procedimentales de la demandante, especialmente por cuanto la Comisión se negó a celebrar nuevas audiencias, son formalmente distintos de la cuestión de si la parte demandada podía legítimamente considerar que los documentos presentados por las demandantes después de la audiencia no corroboraban las alegaciones de éstas. Dicha cuestión se examinará más adelante (véase la parte D de la presente sentencia, relativa a la implicación de la Comisión en las infracciones reprochadas a la parte demandante).

96 Por lo que respecta, en primer lugar, a la imputación basada en la supuesta violación del principio de la investigación de oficio, este Tribunal señala que la Comisión, por un lado, se vio ante alegaciones que eran ciertamente importantes para la defensa de las empresas afectadas, como ella misma reconoció en el considerando 312 de la Decisión, y, por otro lado, en lo que se refiere al comportamiento de sus propios servicios, se encontraba en una posición privilegiada, en comparación con dichas empresas, para demostrar si dichas alegaciones eran ciertas o falsas.

97 En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que, según los principios de buena administración y de igualdad procesal, la Comisión estaba obligada a instruir este aspecto del expediente de forma seria, con el fin de determinar hasta qué punto eran o no fundadas las alegaciones de que se trata. No obstante, correspondía a la Comisión, y no a las demandantes, decidir la manera de proceder a tal instrucción.

98 Pues bien, de los autos se desprende que, mediante nota nº 002793, de 22 de julio de 1991 (anexo 2 del escrito de contestación), o sea, antes de que se enviara el pliego de cargos, el Sr. Temple Lang, Director de la Dirección D «Acuerdos, abusos de posición dominante y otras distorsiones de la competencia III» de la DG IV, se dirigió al Sr. Ortún, Director de la Dirección E «Mercado interior y asuntos industriales III» de la DG III, en los términos siguientes:

«Nos gustaría [...] esclarecer el grado de información intercambiada entre la DG III y el CDE Eurofer en las reuniones de preparación de los programas de previsiones respecto al acero. ¿Podrían describirnos:

- el método de cálculo de los volúmenes comunitarios de acero bruto y de las categorías de productos cuando se publicaban;

- los datos estadísticos recibidos por la DG III en las reuniones con la delegación del CDE, así como su nivel de agregación y periodicidad?

¿Han oído hablar, en sus reuniones, de un "método Traverso" que parece tener como objetivo la adaptación de la demanda y de las entregas por mercado nacional para las diferentes categorías de productos?»

99 En su nota de respuesta nº 10018, de 12 de septiembre de 1991 (anexo 3 del escrito de contestación), el Sr. Ortún señaló al Sr. Temple Lang lo siguiente:

«2. En cuanto a las informaciones recibidas de Eurofer, además de copia de las estadísticas rápidas de Eurofer sobre pedidos y entregas que Vds. ya conocen, recibimos unas previsiones en el formulario anexo [...] Los datos se agregaban siempre al nivel de la CEE.

Les recuerdo también que la DG III se había preocupado (al empezar a funcionar el sistema de previsiones por productos) de publicar sólo previsiones de producción (no de entregas), de redondearlas y de cambiar su definición [...] con el fin de alejarse de las definiciones adoptadas por Eurofer.

3. Las reuniones con el CDE habían tenido lugar en el marco de las reuniones del grupo de expertos de la vigilancia, en principio, cada tres meses, para comentar la situación del mercado. Dichas reuniones han tomado recientemente un carácter más ocasional. La última de ellas, en la que se nos entregó la "speaking note" adjunta, data del 19 de julio de 1991. Consideramos que estas reuniones son útiles para asegurar un seguimiento regular del mercado [...]

4. En cuanto al método denominado "Traverso", confieso que ninguno de mis actuales colaboradores había oído hablar [de él] [...]»

100 El expediente transmitido por la Comisión al Tribunal de Primera Instancia con arreglo al artículo 23 contiene también una no