Palabras clave

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Palabras clave

1. Recurso de anulación - Actos recurribles - Concepto - Actos que producen efectos jurídicos obligatorios - Decisión de la Comisión destinada a retirar la exención de multas a un acuerdo notificado - Notificación que no confiere la exención - Exclusión

[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación); Reglamento (CEE) nº 1017/68 del Consejo]

2. Competencia - Prácticas colusorias - Notificación - Efectos - Exención de multas - Necesidad de una disposición expresa - Exención no prevista por el Reglamento (CEE) nº 1017/68 - Existencia de un principio general de Derecho comunitario - Inexistencia

[Tratado CE, art. 85, ap. 1 (actualmente art. 81 CE, ap. 1), y art. 87, ap. 2 (actualmente art. 83 CE, ap. 2, tras su modificación); Reglamentos (CEE) del Consejo nos 17, 1017/68, 4056/86 y 3975/87]

3. Competencia - Prácticas colusorias - Notificación - Acuerdo relativo a la fijación de precios del transporte terrestre en el ámbito del transporte combinado - Acuerdo notificado en virtud del Reglamento (CEE) nº 4056/86 pero comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1017/68 - Consecuencias - Exención de multas - Exclusión

[Tratado CE, arts. 85 y 86 (actualmente arts. 81 CE y 82 CE); Reglamentos (CEE) del Consejo nos 1017/68 y 4056/86]

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1. Constituyen actos o decisiones susceptibles de ser objeto de recurso de anulación con arreglo al artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de forma caracterizada su situación jurídica.

Una decisión de la Comisión destinada a retirar a las empresas que hayan notificado un acuerdo la exención de multas únicamente puede producir efectos jurídicos obligatorios si dicha notificación del acuerdo ha conferido efectivamente a las empresas interesadas tal exención.

No es éste el caso cuando la Decisión tiene por objeto un acuerdo entre compañías marítimas que resulta de las disposiciones relativas a la fijación de los precios de los trayectos terrestres, en el marco de un transporte combinado, comprendidas en el ámbito del Reglamento nº 1017/68, que no prevé la exención de multas en caso de notificación de los acuerdos.

( véanse los apartados 41, 42, 44 y 48 )

2. Como el Reglamento nº 1017/68 no contiene ninguna disposición que prevea la exención de multas en caso de notificación, la notificación de los acuerdos comprendidos en su ámbito de aplicación no confiere dicha exención a las empresas que los hayan notificado.

La exención de multas establecida por el Derecho derivado y que resulte, dentro de ciertos límites, de una notificación constituye una medida excepcional. No puede considerarse que, en virtud de un supuesto principio general del Derecho comunitario, pueda aplicarse a falta de una disposición expresa que la establezca. La mera circunstancia de que los Reglamentos nos 17, 4056/86 y 3975/87 contengan, cada uno, una disposición que establece la exención de multas en caso de notificación no permite llegar a la conclusión de que exista tal principio.

La inexistencia de una disposición específica que prevea la exención de multas en el Reglamento nº 1017/68, a diferencia de lo que sucede con los otros tres Reglamentos, conduce a la conclusión de que la notificación de un acuerdo con arreglo al Reglamento nº 1017/68 no lleva consigo la exención. En efecto, habida cuenta del principio general de prohibición de los acuerdos contrarios a la competencia, establecido en el artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) y de la posibilidad, prevista en el artículo 87, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 83 CE, apartado 2, tras su modificación), de imponer multas para garantizar la observancia de dicha prohibición, las disposiciones que establecen excepciones, como las que prevén la exención en materia de multas en caso de acuerdos notificados, no pueden ser objeto de interpretación extensiva y no pueden interpretarse de forma que extiendan sus efectos a casos no expresamente previstos.

( véanse los apartados 48 y 51 )

3. Las disposiciones de los diversos Reglamentos que determinan los procedimientos de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (actualmente artículos 81 CE y 82 CE) sólo se aplican a los acuerdos comprendidos en su ámbito de aplicación respectivo. En la medida en que las disposiciones de un acuerdo relativas a la fijación de los precios de los trayectos terrestres en el marco de un transporte combinado están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento relativo al transporte terrestre, a saber el Reglamento nº 1017/68, las empresas interesadas no pueden invocar las disposiciones del Reglamento nº 4056/86 relativo al transporte marítimo, alegando la circunstancia de que el acuerdo fue notificado al amparo de este último Reglamento. Las consecuencias inherentes a la notificación de un acuerdo resultan del Reglamento aplicable a dicho acuerdo y no del Reglamento al amparo del cual las partes de dicho acuerdo efectúan la notificación de manera errónea. No puede admitirse que las partes de un acuerdo puedan decidir la aplicación, en su beneficio, de disposiciones sobre la exención de multas únicamente mediante la elección del Reglamento con arreglo al cual notifican el acuerdo.

( véase el apartado 62 )