Palabras clave

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Palabras clave

1. Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades ° España ° Portugal ° Libre circulación de mercancías ° Propiedad industrial y comercial ° Derecho de patente ° Productos farmacéuticos ° Derecho del titular de una patente para un producto farmacéutico de impedir, durante un período transitorio, la importación y la comercialización de los productos farmacéuticos comercializados en España o en Portugal por él mismo o con su consentimiento ° Fechas de expiración de los períodos transitorios respectivos

(Acta de adhesión de 1985, arts. 47 y 209)

2. Libre circulación de mercancías ° Propiedad industrial y comercial ° Derecho de patente ° Protección ° Límites ° Principios establecidos por la sentencia de 14 de julio de 1981, 187/80 ° Producto farmacéutico protegido por una patente en un Estado miembro comercializado por el titular de la patente por primera vez en otro Estado miembro tras la adhesión de este último a las Comunidades, pero antes de que comience la posibilidad de patentarlo en él ° Legislación del Estado miembro que ha expedido la patente que concede a su titular el derecho a oponerse a la importación por un tercero de este producto en dicho Estado ° Improcedencia ° Justificación basada en la obligación jurídica del titular de la patente de comercializar el producto en el Estado miembro de exportación ° Procedencia ° Justificación basada en una obligación moral de abastecer el mercado de dicho Estado o en el control de precios impuesto por este último ° Improcedencia

(Tratado CE, arts. 30 y 36)

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1. Los períodos transitorios previstos en los artículos 47 y 209 del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados, con arreglo a los cuales el titular de una patente para un producto farmacéutico puede, hasta el final del tercer año tras la introducción por estos nuevos Estados miembros de la patentabilidad de este tipo de productos, invocar el derecho que le confiere esta patente para impedir la importación y la comercialización de productos farmacéuticos comercializados en España o en Portugal por él mismo o con su consentimiento, expiraron, para el Reino de España, el 6 de octubre de 1995, y, para la República Portuguesa, el 31 de diciembre de 1994.

En efecto, los citados artículos deben, en la medida en que establecen una excepción al principio de libre circulación de mercancías, ser objeto de una interpretación restrictiva, que, en el presente asunto, lleva a hacer que el período transitorio expire lo antes posible, es decir, exactamente tres años después de la introducción de la patentabilidad, y no tres años después del final del año civil en el que se produjo. Pues bien, la patentabilidad se introdujo en España el 7 de octubre de 1992 y en Portugal, el 1 de enero de 1992.

2. Los artículos 30 y 36 del Tratado impiden la aplicación de una legislación nacional que concede al titular de una patente relativa a un producto farmacéutico el derecho a oponerse a la importación por un tercero de este producto procedente de otro Estado miembro, cuando el titular ha comercializado por primera vez el producto en dicho Estado tras la adhesión de este último a la Comunidad Europea, pero en una fecha en la que el producto no podía estar protegido por una patente en tal Estado, a no ser que el titular de la patente pueda aportar la prueba de que está sometido a una obligación jurídica real y actual de comercializar el producto en dicho Estado miembro.

En efecto, según la sentencia de 14 de julio de 1981, Merck, 187/80, cuyo razonamiento y los principios que en ella se establecen en materia de importación paralela de productos protegidos por una patente no han sido contradichos por las evoluciones legislativas posteriores, que han supuesto, en el ámbito de los Derechos nacionales, la generalización de la patentabilidad de los medicamentos y, en el ámbito del Derecho comunitario, la concesión de una protección reforzada a los titulares de patentes sobre productos farmacéuticos, la esencia del derecho de patente consiste fundamentalmente en la concesión al inventor de un derecho exclusivo de primera comercialización del producto. Dicho derecho permite al inventor, al reservarle el monopolio de explotación de su producto, obtener la recompensa de su esfuerzo creador, sin garantizarle, no obstante, que la conseguirá en cualesquiera circunstancias. Corresponde al titular de la patente decidir, con pleno conocimiento de causa, en qué condiciones va a comercializar su producto y optar por venderlo o no en un Estado miembro en el que no exista legalmente la protección mediante patente para el producto de que se trate, pero, una vez se haya decidido, deberá aceptar las consecuencias por lo que respecta a la libre circulación del producto dentro del mercado común, principio fundamental que forma parte de los datos jurídicos y económicos que el titular de la patente debe tener en cuenta para determinar las modalidades de aplicación de su derecho de exclusiva.

Sólo si el titular de una patente está jurídicamente obligado, con arreglo a su Derecho nacional o al Derecho comunitario, a comercializar sus productos en un Estado miembro, puede considerarse que no ha consentido la comercialización en el sentido de la jurisprudencia Merck y, por consiguiente, puede oponerse a la importación y a la comercialización de tales productos en el Estado en que el producto está protegido.

En cambio, esta excepción al principio de libre circulación de mercancías no puede justificarse por el hecho de que el titular de la patente se considere moralmente obligado a responder a la demanda que se manifiesta para su producto en un Estado miembro, aun cuando éste no admita la patentabilidad de los medicamentos, ya que dicha obligación puede resultar difícil de determinar y de distinguir de las consideraciones comerciales. Tampoco puede justificarse por el hecho de que el titular no haya podido decidir libremente el precio de comercialización de su producto debido a la existencia de un control de precios impuesto por las autoridades públicas, ya que las distorsiones de competencia que pueden provocar tales controles en los intercambios entre Estados miembros deben remediarse a través de medidas adoptadas por las Instituciones comunitarias y no mediante medidas nacionales unilaterales incompatibles con las normas relativas a la libre circulación de mercancías.