Para estar incurso en la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, un acuerdo debe tener «por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común». El carácter alternativo de este requisito, como indica la conjunción «o», lleva en primer lugar a la necesidad de considerar el objeto mismo del acuerdo, habida cuenta del contexto económico en el que se debe aplicar. Para apreciar si un acuerdo está prohibido por el artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de sus efectos concretos es superflua cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el interior del mercado común. Sin embargo, en caso de que el análisis de las cláusulas de dicho acuerdo no revele un grado suficiente de nocividad respecto de la competencia, es necesario entonces examinar los efectos del acuerdo y, para proceder a su prohibición, exigir que se reúnan los elementos que prueben que el juego de la competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de manera sensible. La distinción entre «infracciones por objeto» e «infracciones por efecto» reside en el hecho de que determinadas formas de colusión entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia.

No puede acogerse el argumento de que la finalidad de un acuerdo entre empresas competidoras no es menoscabar la competencia y el bienestar de los consumidores, sino racionalizar una rama de actividad para hacerla más competitiva, reduciendo los excesos de capacidad de producción, pero sin eliminarlos. Sólo en el marco del artículo 81 CE, apartado 3, en su caso, pueden examinarse tales consideraciones a efectos de obtener una exención de la prohibición establecida en el apartado 1 de dicho artículo.

Para determinar si un acuerdo incurre en la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, procede examinar el contenido de sus disposiciones y la finalidad que pretende alcanzar. A este respecto, aun cuando se demuestre que las partes de un acuerdo actuaron sin intención subjetiva alguna de restringir la competencia, sino con el propósito de remediar los efectos de una crisis sectorial, tales consideraciones carecen de pertinencia en la aplicación de dicha disposición. En efecto, puede considerarse que un acuerdo tiene carácter restrictivo aun cuando no tenga como único objetivo restringir la competencia, sino que persiga también otros objetivos legítimos.

Los tipos de acuerdos contemplados en el artículo 81 CE, apartado 1, letras a) a e), no forman una lista exhaustiva de prácticas colusorias prohibidas.

Los acuerdos que pretenden esencialmente permitir que varias empresas competidoras apliquen una política común que tiene por objeto modificar de manera sensible la estructura del mercado mediante un mecanismo destinado a fomentar la salida del mercado de algunas de ellas y, consiguientemente, a reducir el exceso de capacidad que afecta a su rentabilidad, impidiéndoles realizar economías de escala chocan manifiestamente con la concepción inherente a las disposiciones del Tratado relativas a la competencia, según la cual los operadores económicos deben determinar de forma independiente la política que vayan a adoptar en el mercado. El artículo 81 CE, apartado 1, prohíbe cualquier forma de coordinación que sustituya conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre los empresarios. Sin estos acuerdos, en el marco de la competencia, el único medio para mejorar su rentabilidad que habrían tenido las empresas que los suscribieron habría sido intensificar su rivalidad comercial o recurrir a operaciones de concentración. Dichos acuerdos les permiten evitar tal proceso y repartir una parte importante de los costes necesarios para incrementar el grado de concentración del mercado.

En cuanto a la ejecución de tales acuerdos, el establecimiento de una contribución abonada a los transformadores que cesan su actividad por los que continúan en el mercado constituye un obstáculo al desarrollo natural de las cuotas de mercado de algunos de los transformadores que continúan con su actividad, a los que se incita a no exceder su volumen habitual de producción, incluso a congelar su producción, y constituye una restricción cuyo objeto tiene carácter anticompetitivo. Éste es también el caso de las restricciones impuestas a los transformadores que cesan su actividad en lo relativo a la disposición y utilización de sus instalaciones de producción en la medida en que tales restricciones pretenden evitar que estas instalaciones puedan volver a ser utilizadas por nuevos operadores que entren en el mercado con el fin de competir con los transformadores que continúan con su actividad. El hecho de que dichas restricciones, al igual que la cláusula de no competencia impuesta a los que cesan su actividad, estén limitadas en el tiempo no puede cuestionar la afirmación del carácter contrario a la competencia de su objeto.

En el sector de la transformación de carne de vacuno, un acuerdo con tales características, celebrado entre las diez principales empresas competidoras en un Estado miembro y que establece, en particular, una reducción de la capacidad de transformación del orden del 25 %, tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1.

(véanse los apartados 31 y 33 a 40 y el fallo)